PS 1-2-6. FINANCIACIÓN PPCV Y ORANGE MARKET : LA SUERTE ESTÁ ECHADA

 

LAS NOTICIAS 2012-2099

LA PRECIPITADA REHABILITACIÓN DE IBARS

El juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Ceres, dictó el miércoles el sobreseimiento provisional de la causa contra Dora Ibars, al no estar acreditada su participación en los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y otros en la millonaria adjudicación a la red corrupta de los contratos de la feria turística Fitur. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, anunció este viernes que Ibars recuperaba el cargo de directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, del que fue destituida a raíz de ser imputada en el caso. 
La lectura del auto del juez Ceres hace pensar, sin embargo, que la recuperación de Ibars para ocupar el alto cargo puede haber sido imprudente. En la misma resolución en que decretaba el sobreseimiento de la causa, el magistrado abría la puerta para que la directora general vuelva a ser imputada dentro del mismo caso Gürtel, solo que no por la adjudicación de Fitur —que es lo que se va a juzgar ahora— sino por otros de los contratos de los que se benefició la red de Francisco Correa.  2002-2009
Siguiendo el razonamiento expuesto por Ciscar, si Ibars fuera imputada de nuevo tendría que volver a dimitir, en lo que sería uno de los capítulos más rocambolescos en la ya de por sí pesada digestión del caso Gürtel para la Administración autonómica. 
El auto del juez Ceres señala que procede el sobreseimiento de Ibars "sin perjuicio de la investigación que se pueda realizar en relación con la contratación del montaje del Stand de Grandes Eventos", que iba a tener lugar en la misma feria Fitur del año 2009, pero no dependía directamente de la Agencia Valencia de Turismo. Poco después el juez va aún más lejos y señala que "procede deducir testimonio" del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se vierten las sospechas sobre Ibars. Deducir testimonio podría traducirse al lenguaje llano, salvando las distancias, como una denuncia planteada por el propio juez instructor al apreciar en unos hechos indicios de delitos que, por distintas razones, no puede investigar en el mismo procedimiento (en este caso, en la pieza separada sobre los contratos de Fitur firmados entre la Agencia Valenciana de Turismo y la trama) que está investigando. 
La red Gürtel logró cerca de seis millones con Fitur. Pero obtuvo también de forma delictiva, según la Fiscalía Anticorrupción, decenas de otros contratos menores con muchos departamentos de la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia valenciano rechazó inicialmente ser competente para investigar estos últimos contratos, pero el Supremo zanjó este verano que sí le correspondía hacerlo. Dichos contratos formarán, probablemente, una nueva pieza separada del caso Gürtel en Valencia. Y el magistrado ha dado a entender que será en esa pieza en la que podría volver a imputar a Ibars.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/14/valencia/1355509724_585991.html
EL JUEZ PROCESA A UN EXVICEPRESIDENTE Y DOS EXCONSEJERAS DE CAMPS POR PREVARICAR
El TSJ los acusa de tráfico de influencias por contratos con la red Gürtel 
El juez encargado de instruir el caso Gürtel, en su vertiente de las contrataciones de la Generalitat valenciana con la empresa de la red Orange Market para la feria Fitur, ha acordado procesar por tráfico de influencias y prevaricación al exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla, a las ex consejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such. Los tres ocupan escaño en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas. 
La investigación sobre la contratación de la Generalitat con Orange Market por el pabellón valenciano de Fitur entre 2005 y 2009, en la etapa de gobierno de Francisco Camps, es una de las piezas separadas dentro de la supuesta financiación irregular del PP valenciano a través de la red Gürtel. 
El instructor José Francisco Ceres también ve indicios de un delito de cohecho activo en la cúpula de Gürtel y acusa al cabecilla, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, según ha informado el TSJCV.
También aprecia indicios de tráfico de influencias y prevaricación en el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret -que ya fue procesado en el caso de los trajes- y en otros cuatro empleados públicos, mientras que archiva la causa contra cinco imputados, entre ellos la exdirectora general de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat Dora Ibars. 
El instructor imputa tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude a la Administración Pública y falsedad en documento oficial a los responsables de Orange Market Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Francisco Correa, Mónica Magariños, Isabel Jordán y Cándido Herrero. 
El auto señala que Betoret, previo acuerdo con la consejera Milagrosa Martínez, indicó a los empleados de la Agencia Valencia de Turismo que realizaran en los nuevos pliegos de contratación para Fitur con las "adaptaciones o modificaciones que fueran necesarias para lograr la adjudicación a dicha mercantil, manifestándoles que a tal efecto, personas vinculadas a Orange Market se pondrían en contacto con ellos". 
El magistrado asegura que las personas vinculadas a Orange Market, que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, elaboraron "paralelamente un borrador de criterios de adjudicación". Además, añade que esta influencia en los pliegos de contratación "una vez conseguida en la anualidad más complicada (Fitur 2005) continuó en unidad de propósito y similar método, en las sucesivas anualidades de los certámenes (2006 a 2009)". 
Sobre el exvicepresidente Vicente Rambla, el auto señala que "en la concesión del referido trato de favor por parte de la AVT(Agencia Valenciana de Turismo) a la mercantil Orange Market y singularmente en las de los años 2008 y 2009, pudiera haber tenido algún grado de intervención" que, en aquellos años "tenía una estrecha relación personal con Álvaro Pérez que éste fue fomentando y de la que trató de aprovecharse, sabedor que intervenía de alguna forma en nombre de la Generalitat en la decisión sobre los denominados Grandes Eventos que se realizan en la Comunidad Valenciana, pretendiendo obtener facilidades para la adjudicación en las referidas contrataciones". 
Sobre el presunto delito de cohecho pasivo, el magistrado indica que en el registro judicial de la sede de Orange Market se encontró "un listado de presuntos regalos a diversas autoridades, funcionarios y personalidades así como la compra de diversos productos en distintos establecimientos de la localidad de Valencia" en el que figuraban tanto las dos exconsejeras de Turismo, Milagrosa Martínez y Angélica Such, como el entonces vicepresidente Vicente Rambla. 
En sus conclusiones, el juez José Francisco Ceres sostiene que las diligencias practicadas "revelan un abanico y pluralidad de irregularidades en la mencionada contratación administrativa objeto de investigación, en la facturación así como la existencia de relaciones personales no habituales entre un adjudicatario y funcionarios o autoridades" y considera que estas son indicadoras de "la existencia de una voluntad de favorecimiento en la adjudicación del concurso". 
Los indicios sobre indicios el tráfico de influencias y la prevaricación también se sostienen, según el juez, en conversaciones como la mantenida por El Bigotes con un alto directivo de un banco, al que, como argumento para conseguir la renovación del crédito y "a modo de garantía o aval" le dice: "Todos los años hago el stand del Gobierno Valenciano de Fitur, vale?", o "que tengo la suerte de que el Gobierno valenciano siempre me paga antes de lo que está pactado en el pliego, en el contrato", en el pliego de condiciones". 
También menciona otra conversación en la que Álvaro Pérez afirma: "El tema del trabajo para el partido se me ha acabado, y yo he pactado pues que como no tengo curro de partido pues que me darán otras cosas, por cojones, y que como me van a dar otras cosas, pues entonces se supone que me van a ayudar a que yo consiga un par de campañas buenas".
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/12/actualidad/1355325225_896695.html
DIMITE EN ELCHE UNO DE LOS PROCESADOS POR EL ‘CASO GÜRTEL’
Ciscar dice que si se abre juicio oral el PP expedientará a los exconsejeros
El gerente del patronato municipal de turismo VisitElche, Isaac Vidal, dimitió ayer tras ser procesado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la pieza del caso Gürtelrelacionada con la adjudicación irregular a Orange Market del pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
Vidal está procesado por su participación en la adjudicación a Orange Market como responsable del área de Mercados y Comunicación de la Agència Valenciana de Turisme. 
Junto a Vidal están procesados en la misma causa el expresidente del Consell Vicente Rambla, las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such y otros cuatro cargos de la Agència Valenciana de Turisme (Rafael Betoret, Jorge Guarro, Ana Grau y Francisco Bover). También están procesados en la misma causa otros cinco miembros de la trama Gürtel, incluidos Francisco Correa, Álvaro Pérez El Bigotes y Pablo Crespo. 
En un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Elche, Vidal explica que presentó su dimisión el miércoles por la noche. "Estoy muy tranquilo y con la convicción de que todo se aclarará. Presento mi dimisión porque soy un hombre de honor y hasta que no se reconozca mi inocencia no debo estar en ningún cargo público", aseguraba el exgerente de VisitElche. 
El procesamiento de los tres exaltos cargos de la Generalitat ha colocado en un aprieto al Consell que preside Alberto Fabra, porque el auto del Tribunal Superior de Justicia no ve acreditada la participación de la exdirectora general de Promoción Institucional Dora Ivars y le retira la imputación apenas un mes después de su destitución. Una decisión, adoptada por sorpresa tras meses de imputación, y que levantó ronchas en sectores del PP y de la Administración valenciana y que ayer volvieron a reproducirse. 
El vicepresidente José Ciscar recordó que la decisión de destituir a Ivars se realizó en el ejercicio de sus competencias y argumentó que la politica del presidente de la Generalitat ante los casos de corrupción sigue siendo la misma. "Continua exactamente en el mismo sitio", recalcó Ciscar, que recordó que las actas de los diputados son personales. "Otra cosa es que ahora nos demos cuenta de por qué hay que respetar siempre la presunción de inocencia", admitió. En ese sentido se expresó la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, 
Respecto a los tres exaltos cargos procesados que siguen en las Cortes Valencianas, Ciscar argumentó que "los estatutos del PP dicen que en el momento en el que se decrete apertura de juicio oral, el partido con los estatutos en la mano, debería abrir, y así lo haría, expediente disciplinario". 
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no quiso hacer comentario alguno sobre el procesamiento de Rambla, Martínez y Such. "No tengo nada que comentar", remachó. 
La oposición, por su parte, acusó a Fabra de ser el principal responsable de que los altos cargos procesados sigan en las Cortes.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/13/valencia/1355429785_340549.html
FABRA SE DESHACE DEL INTERVENTOR IMPUTADO Y RENUEVA SANIDAD 
La remodelación del segundo escalón del Gobierno valenciano, aprobada este viernes, evidenció dos cosas. Por un lado, una línea de actuación errática respecto a los altos cargos implicados en casos de corrupción. Y, por otro, las enormes dificultades del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para confeccionar los equipos de gestión de las consejerías. 
La manera de abordar los escándalos de corrupción se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para Fabra y en un galimatías para el PP. 
El Consell aprobó la destitución del interventor general de la Generalitat, Salvador Hernándiz, imputado —igual que el exconsejero de Hacienda José Manuel Vela— por un delito de revelación de secretos al haber filtrado, supuestamente, un informe encargado por el juzgado al exconsejero imputado en el caso Cooperación Rafael Blasco. 
Una reunión en la que aprobó también el nombramiento de Dora Ibars como directora general de Promoción Institucional. Un puesto que ha permanecido vacante desde que hace un mes fue destituida del mismo cargo por estar imputada en una de las piezas separadas del caso Gürtel. Lo sorprendente es que Ibars llevaba imputada desde el 17 de noviembre de 2011 y el Consell no decidió aplicarle "la tolerancia cero contra la corrupción" hasta hace mes y medio. Ahora, la rehabilita dos días después de que el auto del magistrado José Ceres no hallase indicios suficientes para mantener la imputación a Ibars en la pieza de la adjudicación de los contratos de la Agència Valenciana de Turisme a Orange Market. 
Ciscar desvincula la destitución del interventor de su situación judicial 
Para acabar de redondear el galimatías, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, argumentó que la destitución del interventor general no está motivada por su imputación, sino por la reestructuración que se prepara en la Consejería de Hacienda. Aunque el Consell dejó, por el momento, la vacante libre en un puesto clave para el funcionamiento de la Administración valenciana. 
Ciscar recalcó de nuevo que no se pedirá al exvicepresidente Vicente Rambla ni a las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such que renuncien a su acta de diputados en las Cortes Valencianas. 
Las indefiniciones sobre cómo abordar la situación de los cargos implicados en escándalos incluyen también la promoción de Laura Chorro, pareja sentimental de Ricardo Costa —el exsecretario general del PP imputado en dos piezas del caso Gürtel por supuesta financiación ilegal del partido—. Chorro abandona la gerencia de la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado (Fundar) para ocupar la dirección general de Familia y Mujer con la nueva consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez. Ambas coincidieron como ediles en el Ayuntamiento de Alicante. 
En este departamento también ha encontrado acomodo la secretaria autonómica Manuela García Reboll, hasta ahora número dos de Sanidad y ahora se encargará de gestionar con el mismo rango la Dependencia en Bienestar Social.
La política contra la corrupción se convierte en un galimatías 
Su salida de la Consejería de Sanidad se daba por hecho desde que se anunció que el nuevo consejero sería Manuel Llombart, el director del Instituto Valenciano de Oncología (IVO). Las relaciones entre ambos eran tensas a cuenta de enfrentamiento que mantuvieron por los impagos de la Generalitat con el IVO y la consideración desde Sanidad de que la fundación dirigida por Llombart estaba facturando en exceso a la consejería. 
El nombramiento de Llombart ha dado un vuelco a esta situación a la vez que plantea dudas sobre el conflicto de intereses que puede derivarse del hecho de que el gerente de un importante y particular cliente de la Generalitat, como es el IVO, pase a dirigir la consejería. Aún más, teniendo en cuenta que el centro oncológico está ligado a la familia del nuevo consejero. 
Llombart ha aterrizado en un departamento muy renovado respecto a la etapa de su antecesor, Luis Rosado. Aunque menos de lo que parece. Los nuevos números dos y tres de la consejería son viejos conocidos del departamento, y antiguos colaboradores del ex consejero de Sanidad Manuel Cervera (2007-2011). 
Manuel Escolano, director general en la consejería desde 1999 sucederá en la secretaría autonómica a García Reboll, cuyo nuevo destino en Bienestar Social causó sorpresa en el seno del PP por ser uno de los cargos más quemados con el fracasado intento de privatización no asistencial de toda la sanidad pública.
García Reboll, enfrentada a Llombart, sigue en Bienestar Social 
El nuevo subsecretario de la consejería es Ignacio Ferrer. Para este cargo, el equivalente a número tres del departamento, Llombart cuenta con el que fuera jefe de gabinete del ex consejero Cervera, que en la etapa de Rosado se mantuvo en segundo plano en la dirección general de Evaluación, Calidad y Atención al Paciente. 
Quizás estos nombramientos traten de aportar experiencia a Llombart ante la difícil tarea que se le presenta en el horizonte: una sanidad con una aguda debilidad financiera y un programa de privatización de la gestión de servicios por el que las operadoras sanitarias no han demostrado demasiado interés a la vez que ha sembrado de incertidumbres a los trabajadores de la red pública. En ese sentido, cobra especial importancia el fichaje de la secretaria general de la Sindicatura de Comptes como directora general de Régimen Económico de la Consejería. 
En la remodelación realizada tras la desaparición de las consejerías de Agricultura y Turismo se salvan también buena parte de los altos cargos. Sorprende en la Consejería de Economía la repesca de Mar Casanova como directora general de Internacionalización, porque inició la legislatura como secretaria autonómica de Economía con Enrique Verdeguer de consejero y tras la llegada de Buch pasó a ser secretaria autonómica de Agricultura. Y también la reconversión de Ignacio Ventura, que pasa de director general de Proyectos Estratégicos a director general del Sector Público Empresarial en la Consejería de Hacienda.
El PP quiere quitar a la mitad de los miembros de los órganos consultivos 
Tras el baile de cargos y de puestos, el Consell acabó por suprimir dos subsecretarías y una dirección general, creó una nueva secretaría autonómica de Turismo y dejó por ocupar la plaza del Interventor General de la Generalitat, una secretaría autonómica y una dirección general.
En la misma reunión, el Consell aprobó cuatro anteproyectos de ley para reducir a la mitad los miembros del Consell Jurídic Consultiu, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Económico y Social y el Consell Valencià de Cultura.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/14/valencia/1355514125_970486.html
‘EL PRÍNCIPE’ Y ‘EL CANTANTE’ NIEGAN QUE FINANCIARAN AL PP 
Los responsables de dos empresas declaran en el TSJ por la rama valenciana del 'caso Gürtel' 
A medida que van desfilando los empresarios de la construcción ante el magistrado José Ceres se repiten las declaraciones en las que los imputados intentan justificar los trabajos abonados a las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, y niegan que participaran en el pago de actividades electorales del PP. 
Este martes le tocó el turno a dos de los últimos empresarios identificados por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía y que supuestamente engordaron las cuentas de Orange Market, la firma de Álvaro Pérez, El Bigotes, para financiar el partido conservador. Se trata de Rafael Martínez Berna, representante del grupo Vallalba al que según la policía los líderes de la trama llamaban El Cantante, y de Felipe Almenar, presidente de la constructora Cyes y apodado en Gürtel como El Príncipe. Ambos negaron cualquier irregularidad relacionada con la trama. 
Ceres, que instruye desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana la rama del caso Gürtel referida a la presunta financiación irregular del PP, está intentando desentrañar la relación con Correa y El Bigotes de un grupo de constructores que han protagonizado el boom del ladrillo en la Comunidad Valenciana al tiempo que se han beneficiado de numerosos contratos con la Generalitat. Hasta el momento el sumario eleva a nueve el número de empresas y sus principales responsables están siendo llamados a declarar como imputados en la causa. 
Almenar, cuyo grupo habría abonado 200.000 euros a la trama según los informes policiales, negó ayer cualquier tipo de relación con la firma de El Bigotes. "Con Orange Market no hemos trabajado nada y eso ya lo manifestamos cuando salieron las primeras noticias", aseguró Almenar a su salida de la sede del TSJ. Efectivamente, cuando saltó la noticia de que la investigación apuntaba a Cyes, la constructora emitió un comunicado en el que negó pagos a la trama o que hubieran facturado nunca con la firma de Pérez. 
También negó su implicación en la trama Martínez Berna, al que la policía atribuye pagos por 199.520 euros y que además de empresario en el grupo Vallalba fue presidente de la patronal de Alicante Coepa hasta noviembre, cuando dimitió por su implicación en Gürtel y porque la Comisión Nacional de la Competencia multó a dos empresas del grupo, Constructora Hormigones Martínez (CHM) y su filial Padelsa Infraestructuras con 5,3 millones de euros por supuestamente amañar contratos con la administración.
Por otra parte, hoy se espera que comparezcan en el TSJ los principales imputados de la trama Gürtel para cotejar sus voces con las de las conversaciones intervenidas por autorización judicial. Están citados a partir de las 11.00 Correa, su número dos, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, y el exconsejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/25/valencia/1348584801_541268.html
INTERVENCIÓN ADVIRTIÓ TRES VECES DE LAS IRREGULARIDADES DE GÜRTEL EN VALENCIA
La Generalitat siguió con las adjudicaciones sin cumplir la ley y pese a los avisos 
Un informe desvela la continuidad en el trato de favor a Orange Market 
EE UU da a la Audiencia cuentas de la trama Gürtel en Gibraltar 
Mientras por el juzgado siguen pasando cargos políticos y técnicos que defienden su gestión en la contratación de la filial valenciana de la red Gürtel, Orange Market, con la Administración autonómica, el juez ha recibido un informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana en el que señala que las auditorías advirtieron hasta en tres ocasiones de las irregularidades en los contratos firmados con motivo de la Feria de Turismo (Fitur), entre 2005 y 2009. En total, la red corrupta se embolsó por estas ferias cerca de cinco millones de euros. 
El informe, fechado en agosto, fue requerido por la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que investiga la presunta financiación ilegal del PP. Y señala que en la auditoría de cumplimiento de la legalidad respecto a 2005 se detectó una ampliación de contrato por un total de 90.000 euros, por el que ya se puso de manifiesto la "inexistencia de la aplicación de un procedimiento de contratación, conculcando los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación" que deben regir en la contratación pública. 
Lo mismo ocurrió con otros expedientes por un valor global de más de 500.000 euros, sobre los que se advirtió que se habían hecho "por contratación directa, no habiendo dispuesto contrato formalizado con los mismos". Y volvió a pasar en 2006, cuando se adjudicaron, también de manera directa, otros 626.000 euros "no habiendo dispuesto del contrato formalizado con los mismos".
La auditoría avisó de la adjudicación, en 2005, de 590.000 euros sin publicidad 
Sobre los expedientes revisados en 2009, el último año que la Generalitat valenciana adjudicó el expositor de Fitur a la trama Gürtel y el mismo en el que se inició la investigación judicial, el informe no señala irregularidades específicas, pero sí indica que los expedientes revisados se adecuaban "razonablemente" a la ley de contratos y garantizaban "en términos generales" los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación. 
Pese a las advertencias de las auditorías, que comenzaron en 2005, a la vez que las adjudicaciones para la feria Fitur a Orange Market, la Administración pública valenciana, entonces presidida por Francisco Camps, siguió con las irregularidades. Estas han llevado a comparecer ante el juez a los responsables de la red, a los responsables políticos de las instituciones que promovían esas adjudicaciones (la Agencia Valenciana de Turismo) y a los técnicos encargados de los contratos, que también están imputados. 
Y esto es solo una parte de la causa abierta, en la que también se investiga la supuesta financiación ilegal del PP valenciano para averiguar si los populares valencianos cometieron alguna ilegalidad durante las campañas electorales de 2007 (autonómicas) y 2008 (generales). La policía sostiene que la trama Gürtel desvió parte de las deudas del PP a empresarios y que fueron estos quienes corrieron con los gastos electorales. De hecho, el informe de la Sindicatura de Cuentas, que auditó los gastos de los partidos políticos, ya señaló que existían facturas de Orange Market al PP, por valor de 175.000 euros, por las que la empresa no había certificado los servicios prestados. 
El TSJCV tiene además que determinar si es competente para seguir la investigación de la visita del Papa, un pelotazo por el que la trama se embolsó unos tres millones de euros.
http://politica.elpais.com/politica/2012/09/24/actualidad/1348512994_335377.html
UNA EX ALTO CARGO DE BLASCO ACHACA A TURISMO UN EXPOSITOR CON ‘EL BIGOTES’
La exsubsecretaria autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Cristina Serrano atribuyó ayer a la Consejería de Turismo la responsabilidad de la contratación con Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, de las ediciones de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) en las que participó con un expositor propio su departamento cuando se denominaba Consejería de Territorio y Vivienda y el consejero era el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco. 
Las empresas de la trama Gürtel no solo facturaron en Fitur 2005 a la Consejería de Turismo, también cobraron pequeñas cantidades en adjudicaciones sin concurso público tanto de la consejería de Blasco como de Infraestructuras, dirigida entonces por el fallecido José Ramón García Antón. Es más, Gürtel y El Bigotes comenzaron a facturar con el Consell en 2004 gracias a una empresa pública dependiente de Blasco, Vaersa, con la elaboración de unos vídeos promocionales sobre el contenedor amarillo por 138.678 euros, concurso al que se presentaron tres firmas de la trama. Ganó Orange Market, cobró la mitad por entregar un guión y una maqueta y los vídeos nunca llegaron. Vaersa no reclamó. 
Serrano acudió ayer a declarar en calidad de testigo ante el magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que investiga la supuesta financiación ilegal del PP. Estaba citada a declarar por la tercera pieza del procedimiento, relativa a los supuestos delitos de prevaricación y cohecho en la contratación de Fitur.
La exsubsecretariaintentó aclarar al tribunal, según explicó a los medios a la salida, las pautas que se seguían para contratar eventos con empresas. Algunas de las cuestiones las desconocía porque ella, según dijo, no se encargaba de la contratación. 
Su declaración, explicó, se centró en el expositor que Medio Ambiente habilitó en Fitur en 2005. Serrano contó que para este evento fue el propio consejero (en referencia a Blasco) el que la llamó y le comunicó la decisión de instalar en la feria un stand. La testigo indicó que desconocía la empresa adjudicataria, y lo único que reiteró es que la contratación dependía exclusivamente de Turisme. 
Así, su departamento “únicamente” se dedicaba a estructurar el espacio, a dar forma a los contenidos. Turismo les cedía 18 metros cuadrados y allí colocaron pantallas en las que se difundía información sobre los parques naturales valencianos. 
Serrano también señaló, tras mostrarle varios documentos, que es cierto que en la consejería había facturas de la empresa Orange Market, pero aseguró que no sabe quién las autorizó. También recalcó que ella no había firmado ninguna. Asimismo, señaló que ella conoció a Álvaro Pérez a través de la prensa, y que “nunca” le vio por la Consejería de Medio Ambiente.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/25/valencia/1343243208_408245.html
 
VIDAL NIEGA QUE ´EL BIGOTES´ TUVIERA UN TRATO PREFERENTE
El exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo asegura que desconoce si Betoret ordenó cambiar los criterios de adjudicación
El exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Isaac Vidal, negó en su declaración ante el magistrado José Ceres, que instruye una parte del conocido como 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que el dueño de Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', tuviera un trato preferente en la agencia por amistades con la Generalitat o el Partido Popular.
Así se desprende de la declaración que prestó Isaac Vidal, en calidad de imputado, el pasado 26 de abril ante el juez Ceres que instruye la pieza separada, dentro del 'caso Gürtel', y que hace referencia a la presunta contratación irregular en relación con distintas ediciones de Fitur.
En su declaración Vidal aclaró en varias ocasiones que él no se ocupaba de elaborar los pliegos de condiciones para las adjudicaciones de la feria Fitur, y que para todo contaban con un departamento jurídico y otro financiero. Respecto a los pliegos afirmó que con éstos, se elaboraba un borrador que debía contar finalmente con el visto bueno de la "superioridad", y en este caso se refirió a la secretaria general y a la subsecretaria.
Asimismo, especificó que en la fase de ejecución, él solo intervenía a la hora de asistir a la feria, ya que solía ir un día antes. Además, tomaba algunas decisiones o participaba en valoraciones con su equipo a la hora de modificar ciertas cosas en el montaje.
Interpelado por los criterios de valoración, el imputado aclaró -a diferencia de lo que dijo Jorge Guarro en su declaración ante el juez- que él no recuerda instrucciones "concretas" por parte del ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo de la Generalitat, Rafael Betoret, sobre los criterios. "Al señor Guarro no sé si le daría este tipo de instrucciones", añadió. Lo que sí indica, es que Betoret era el interlocutor entre ellos y los "superiores".
Sobre el motivo por el que a partir de 2005 se adjudicó Fitur a Orange Market, afirmó que, por ejemplo, su propuesta ese año, en relación con las características técnicas de imagen, comunicación, visibilidad de la marca, atributos y coherencia con la comunicación de los valores de la Comunitat fue "mucho mejor" que la presentada por otras mercantiles.
Vidal, quien puntualizó que él no intervino en el expediente de los gastos de un almuerzo en Ifema -que al final se adjudicó a Orange Market- también apuntó que con Pérez y con las sociedades Down Town, Consulting, Boomerang, Drive, Easy Concept, tenía una relación derivada de ser cliente y proveedores. "Ninguna otra relación", añadió. Además, describió esta relación como "absolutamente normal", "no había ningún tipo de relación, ni connivencia, ni amistad, nada de esto".
En este contexto, indicó que él no sabe nada respecto a que Pérez tuviera un trato preferente en la agencia por alguna relación de amistad con alguien de la Generalitat o del PP. "No me consta", apostilló ante el juez. "Con la gente de Orange Market he tenido unos contactos escasos, porque el grueso del contacto se hacía más en la parte técnica y específica", aseveró. Sobre éstos, señaló que estos contactos "en ningún caso" fueron previos a la licitación.
Regalos
Preguntado por si recibió algún obsequio por parte de Orange Market o Álvaro Pérez, contestó que "ninguno en ningún año". A Vidal se le mostró un listado de regalos de las navidades de 2005 a 2006, realizado por esta mercantil, y en el que también aparecía su nombre. Al respecto, aclaró que desconocía el motivo por el que figuraba su nombre, porque él no había recibido ningún regalo.
"Si he recibido alguna agenda en concreto no lo recuerdo, pero en todo caso algo irrelevante", añadió en este sentido. Asimismo, agregó que en navidades, por el desempeño de sus funciones, recibe detalles "mínimos", "que si una agenda, que si un pequeño boli, merchandising". En este sentido, apostilló: "no recuerdo si he recibido algún regalo, aunque fuera de merchandising de Orange Market".
"Ninguna explicación"
Vidal también afirmó que no tiene ninguna explicación al hecho de que un pliego de condiciones estuviera en poder de una empresa con antelación a que se iniciara el expediente de contratación y, por lo tanto, a la elaboración de los pliegos en la agencia. "No sé ni tengo ninguna explicación para el hecho de que el pliego sea prácticamente el mismo que el que finalmente sacamos a adjudicación, no tengo ninguna explicación", dijo.
Por último, este imputado insistió en que a él no le consta que ninguna de las adjudicaciones fueran impugnadas, y señaló que ha estado trabajando en la Conselleria de Turisme y ha intentado que todas las actuaciones "fuesen legales".
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/06/24/vidal-niega-bigotes-tuviera-trato-preferente/915555.html
BETORET DABA LOS CRITERIOS DEL CONTRATO DE FITUR, SEGÚN UN IMPUTADO
La trama Gürtel ganó cerca de cinco millones de euros con el pabellón valenciano en la feria
El jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Jorge Guarro, mantuvo en su declaración como imputado ante el juez José Ceres, instructor de la causa sobre la supuesta financiación ilegal del PP valenciano relacionada con la trama Gürtel, que el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, indicaba cada año los criterios económicos y subjetivos de los pliegos de condiciones para adjudicar la feria Fitur.
La empresa Orange Market, de la trama Gürtel, ganó cerca de cinco millones de euros entre 2005 y 2009 con el pabellón valenciano de Ftur.
En su declaración el pasado 26 de abril, Guarro explica que él se encargaba, junto con otra persona, de la redacción de los pliegos y pedía instrucciones. A partir de 2005, señaló, la Agencia de Turismo cambió la forma de contratar el pabellón, de modo que pasó a pesar más la valoración subjetiva que la oferta económica.
Esa modificación "salía directamente del gabinete, del señor Betoret", declaró Guarro. "Estos cambios parten de él, pero no nos los explica", indicó. Guarro también afirmó que el exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia, Isaac Vidal, estaba al tanto. El imputado negó presiones para cambiar sus informes y aseguró que no trató con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/23/valencia/1340468068_600025.html
VARAPALO DE HACIENDA AL CONTABLE DE GÜRTEL EN EL CASO DE FINANCIACIÓN DEL PP
La Agencia Tributaria afirma que recibió más de 250.000 euros de dos empresas de la trama
En la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia valenciano por la supuesta financiación ilegal del PP están imputados, además de destacados cargos en el partido y el Gobierno que dirigía el expresidente Francisco Camps, los cabecillas de la trama Gürtel y numerosos empleados de sus empresas. Uno de ellos, José Luis Izquierdo, contable de la trama corrupta, hizo una solicitud al juez instructor del caso, José Ceres, que ha acabado volviéndose en su contra.
Izquierdo pidió al juez que requiriese de la Agencia Tributaria si constaba en sus bases de datos algún pago a su favor por parte de Orange Market, la empresa valenciana de la red, por cualquier concepto y en cualquier ejercicio fiscal.
Hacienda respondió al magistrado que no constaban pagos a Izquierdo de Orange Market, la empresa que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes. La respuesta de Hacienda añadía, sin embargo, que el contable percibió 87.826 euros de Pasadena Viajes y otros 169.337 de Technology Consulting Management, ambas sociedades de la red entre 2003 y 2010.
Hacienda precisaba, además, que en Technology Consulting Management, Izquierdo fue autorizado en las cuentas bancarias de 2004 a 2010 y administrador en 2004 y 2005. En Pasadena Viajes figura como representante desde el año 1997.
La Agencia Tributaria y la policía ya han acreditado en las diferentes causas del caso Gürtel que, aunque formalmente aparentaban ser empresas independientes, las diferentes sociedades del grupo de Francisco Correa se hallaban en realidad bajo una dirección común y efectuaban frecuentes intercambios de fondos, tanto lícitos como en dinero negro.
La contestación de la Agencia Tributaria fue muy mal recibida por la defensa de Izquierdo que, en otra alegación al juez, le solicitó la expulsión del escrito de la causa, la declaración de nulidad del mismo y el envío de un nuevo requerimiento a Hacienda en el que se respondiera exclusivamente si la empresa de El Bigotes le había abonado alguna cantidad. El magistrado ha rechazado ahora esa posibilidad y ha decidido mantener el escrito dentro de la causa.
Izquierdo está imputado también la causa central de Gürtel que se instruye en la Audiencia Nacional. Al ser detenido en 2009, a Izquierdo se le intervino una memoria digital y documentación que revelaba que la trama Gürtel ingresó 20 millones en dinero negro que destinó, en parte, a pagar sobornos y comisiones a políticos del Partido Popular.
En la causa abierta en Valencia se investiga la financiación ilegal de las campañas electorales del PP regional en 2007 y 2008 por parte de ocho constructoras —que eran, al mismo tiempo, receptoras de grandes contratos de la Generalitat— a través de Orange Market.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/22/valencia/1340392084_427627.html
LA POLICÍA CONCLUYE QUE OTRA CONSTRUCTORA PAGÓ 110.000 EUROS AL PP DE CAMPS
Lubasa habría aportado los fondos para la campaña electoral del año 2007
El Bigotes lo camufló como una venta de 8.000 camisetas y gorras y un plan estratégico
La policía sigue reconstruyendo la supuesta financiación ilegal del PP valenciano por parte de ocho grandes empresas del sector de la construcción y la obra pública. La Unidad de Delincuencia Financiera y Económica (UDEF) ha aportado un nuevo informe al magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres, que investiga la vertiente valenciana del caso Gürtel, centrado en la empresa castellonense Lubasa que, destaca la policía, cambió su nombre por el de Durantia Infraestructuras en 2009. Este grupo empresarial habría contribuido con 110.200 euros a la campaña electoral del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en las elecciones autonómicas de 2007, las penúltimas que ganó antes de dimitir por su implicación en el caso.
El sistema empleado fue el mismo que en el caso de las otras empresas ya analizadas por la policía, como Sedesa y Grupo Vallalba. Orange Market, cuyo responsable era el cabecilla de Gürtel y amigo de Camps Álvaro Pérez, El Bigotes, organizaba todos los actos electorales del partido. Pero una parte de los mismos no fueron pagados por el PP, sino por las ocho constructoras que, a su vez, obtenían grandes contratos de obra pública del Gobierno valenciano.
Para disimular el supuesto delito electoral —financiar irregularmente campañas electorales—, Orange Market facturó a dos empresas del grupo Lubasa por servicios que el análisis de la UDEF revela falsos. Una de las facturas, por 52.200 euros, tuvo como motivo teórico el suministro de 4.000 camisetas y 4.000 gorras "promocionales"; la otra, la elaboración de un "plan de marketing". Ambas contienen deficiencias y coincidencias llamativas.
La policía señala, por ejemplo, que uno de los documentos de Word que utilizó Orange Market en la contratación con Lubasa —en concreto un borrador del convenio sobre el plan estratégico de mercadotecnia—, se llama "Ortiz". Su contenido es calcado a otro convenio que la sociedad de El Bigotes firmó con el grupo del constructor alicantino Enrique Ortiz, el cual, según la policía, también enmascaró el pago de actos electorales de Camps.
Orange Market recicló para Lubasa una factura que había usado para Enrique Ortiz
"Se infiere que se ha utilizado algún documento confeccionado con anterioridad, relacionado con alguna de las sociedades vinculadas a Enrique Ortiz para elaborar el documento finalmente destinado al Grupo Lubasa", afirma la UDEF.
El análisis de la documentación incautada a la trama revela, además, que la intención inicial de la red era cobrar de una vez todo el importe. Así lo indica otra factura que, a nombre de "Luis Batalla", dueño de Lubasa, elaboró Orange Market el 19 de diciembre de 2007 y que no llegó a emitirse. El importe y los conceptos que englobaba eran parecidos a los que terminaron divididos en dos facturas, la primera de las cuales tiene la misma fecha, 19 de diciembre de 2007.
La policía deduce que Orange Market "elabora los mismos en función de una previsión de cantidad de dinero global a recibir inicialmente por parte del cliente final, en este caso 104.400 euros, a través de una única factura". Es decir, lo que la trama corrupta quería cobrar estaba predeterminado desde un principio porque venía condicionado por unos actos electorales ya efectuados. Y tras proponer la fórmula de una única factura, acaba aceptando dividirlo en dos por "adecuarse a las cantidades y forma de pago solicitada" por Lubasa.
La elaboración de las nuevas facturas, que la UDEF atribuye al empleado de la red habitual, Cándido Herrero, presenta otro error de bulto. La factura única por 104.400 euros era por "material gráfico" y "merchandising", y este último apartado incluía 3.000 gorras talla M y otras 2.000 talla S. Al dividir las facturas en dos, la de merchandising pasa a ser por un total de 4.000 gorras, pero en el presupuesto que la acompaña siguen figurando 3.000 gorras de talla mediana y otras 2.000 pequeñas.
La policía constata que no constan las hojas que la trama utilizaba para saber cuánto ganaba con un negocio tras descontar los gastos. Ni hay rastro de que Orange Market comprara camisetas ni gorras, tuviera contacto con proveedores o cualquier otro indicio de que realmente trabajó para Lubasa.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/valencia/1339615354_555603.html
LA POLICÍA ACREDITA 200.000 EUROS ILEGALES EN LA CAMPAÑA DE CAMPS EN 2007
La UDEF atribuye el origen de los fondos al Grupo Vallaba, del expresidente de Coepa
La investigación revela que El Bigotes cobró de las constructoras antes de emitir la factura
Mientras los principales imputados niegan ante el juez las irregularidades, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía sigue aportando al Tribunal Superior de Justicia valenciano informes que acreditan la financiación ilegal —delito electoral y falsedad documental— del PP regional en las elecciones de 2007 y 2008.
El último informe de la UDEF concluye que el Grupo Vallalba y dos de sus filiales, vinculados al sector de la construcción y la obra civil, aportaron casi 200.000 euros de forma irregular a la campaña del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en los comicios autonómicos que ganó por mayoría absoluta en 2007.
Las tres empresas —la matriz Grupo Vallalba, Pavimentos del Sureste y Hormigones Martínez— habrían efectuado los pagos a Orange Market, la sociedad de la trama Gürtel que organizaba los actos electorales del partido. El responsable empresarial detrás de los pagos a la red sería, según la policía, Rafael Martínez Berna, presidente de la patronal de Alicante hasta noviembre, cuando dimitió por su implicación en Gürtel y a raíz de la millonaria multa que, por otros motivos, le impuso la Comisión Nacional de la Competencia.
La contabilidad interna de Orange Market refleja el ingreso de 199.520 euros en septiembre de 2007 junto a numerosos ingresos identificados como "Campaña 2007". Pero en la hoja de Excel de la sociedad de la red que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, no figuran los nombres de las tres empresas alicantinas, sino una misteriosa referencia: El Cantante. La policía considera que se trata de otro ejemplo de la tendencia de la trama Gürtel a utilizar apodos "con la finalidad de ocultar" identidades.
La investigación lleva a la policía a concluir que con El Cantante la red hacía referencia a Rafael Martínez Berna, al coincidir "el nombre de pila de este y el de un conocido profesional dedicado a la canción española". Esto es, Raphael.
La mecánica utilizada por las empresas del Grupo Vallalba fue muy parecida a la de otras empresas supuestamente implicadas en la causa, como Sedesa, de la que la policía también aportó recientemente un informe. En el caso de Vallalba, para camuflar el pago de actos electorales populares, Orange Market emitió cuatro facturas por servicios ficticios en las que se plasmaba un concepto "suficientemente amplio y vago en su descripción, que permite acomodarse a las necesidades tanto de Orange Market como de la empresa pagadora", según la UDEF. Esos conceptos fueron: "Ocho lonas publicitarias" (40.600 euros); "asesoramiento en relaciones públicas" (21.460 euros); "estudio corporativo" (69.600 euros), y "estudio impacto" (67.860 euros).
Gürtel redactó los presupuestos de las cuatro facturas en solo tres minutos
A pesar de su apariencia legal, las cuatro facturas y la documentación relativa a las mismas incautada por la policía no han resistido un examen a fondo. Uno de los muchos datos que el informe destaca para deducir su falsedad es el de la elaboración de los presupuestos por parte de Orange Market. Aunque la trama los fechó en momentos diferentes (25 de enero, 6 de febrero, 17 de abril y 2 de julio de 2007), el campo de propiedades de los archivos informáticos revela que los presupuestos fueron redactados consecutivamente y en solo tres minutos: entre las 18.46 y las 18.49 del 17 de julio de 2007.
La contratación presenta más incongruencias. En la de las ocho lonas publicitarias que teóricamente pidió Pavimentos del Sureste —que en junio de 2009 pasó a llamarse Padelsa Infraestructuras— a la empresa de El Bigotes, la policía ha descubierto que en el borrador de presupuesto ya figuraba el mes en el que Orange Market emitió tiempo después la factura (septiembre de 2007) y la fecha exacta de vencimiento del pagaré con el que le pagó la constructora (28 de octubre de 2007).
"Se puede inferir", señala la UDEF, "que antes de la elaboración definitiva del presupuesto por parte de Orange Market, ya existía una previsión o instrucción al respecto de emitir la factura en una fecha determinada y de cuándo se iban a recibir los fondos en pago a la misma". La anomalía se repite en las otras tres contrataciones.
Es común también a los cuatro casos una ausencia llamativa. La policía no ha hallado la "hoja de costes" que las empresas del grupo de Francisco Correa utilizaban habitualmente para conocer con precisión el beneficio de los actos que organizaba. En ella, la trama detallaba "los proveedores que participaban en la preparación, montaje y ejecución de un acto determinado, el importe que los mismos facturaban" y el beneficio que obtenían.
Ni rastro del servicio
Si realmente se hubiera prestado el servicio de las lonas, prosigue la policía, el diseño, fabricación e instalación de las mismas, "habría sido subcontratado por Orange Market a un tercero y debería existir factura de dicho proveedor", ya que la empresa de El Bigotes carecía de los medios para hacerlo, pero no existe rastro de ello.
Y en el "estudio corporativo" que supuestamente realizó Orange Market para Hormigones Martínez —que en junio de 2010 cambió su nombre por el de CHM Obras e Infraestructuras—, el envío del pagaré (24 de septiembre) y el cobro del mismo (26 de septiembre) es anterior a la fecha de la factura (22 de octubre) que los justifica.
La contratación fue firmada por Tomás Martínez Berna por parte de las constructoras, según la policía. El día que la sociedad de la red recibió los 199.500 euros del Grupo Vallada también se ingresaron en su cuenta 7.345 euros provenientes de Arturo Torró, entonces en la oposición y hoy alcalde popular de Gandia. Torró reconoció en 2010 que Orange Market hizo su gran acto electoral de 2007.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/11/valencia/1339444907_683693.html

EL JUEZ EXTIENDE LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PP
Los populares señalan a su gerente Ibáñez como responsable de la contabilidad
El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres ha ampliado la investigación de la causa de financiación ilegal del PP al Grupo Popular en las Cortes autonómicas. Ceres, instructor de la rama valenciana del caso Gürtel, ha requerido al Grupo Popular en la Cámara que identifique a la persona o personas que fueran responsables de los pagos y las que figurasen como administradores de las cuentas bancarias del mismo en los años 2007 y 2008.
En ese periodo, que coincidió respectivamente con las elecciones autonómicas que ganó el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y con las generales que perdió el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue cuando, según numerosas evidencias que obran en la causa, se produjo la financiación ilegal del partido (delito electoral) y la falsificación en documento mercantil. Ambos delitos corresponderían a las aportaciones de empresas de obra civil a las campañas populares, que habrían pagado a la sociedad de la trama Orange Market los actos que ésta organizó para el partido.
El magistrado también ha ordenado que, una vez se conozcan los responsables de pagos y los administradores de las cuentas del grupo parlamentario, las entidades faciliten todos los extractos de los movimientos bancarios de 2007 y 2008.
En junio de 2007, Ricardo Costa, uno de los principales imputados en la causa, se convirtió en secretario del grupo parlamentario, mientras que Esteban González Pons fue nombrado portavoz en sustitución de Serafín Castellano. Costa asumió la portavocía en las Cortes en marzo de 2008.
La extesorera García habría apuntado al grupo en las Cortes ante el juez
Fuentes jurídicas apuntan que la decisión del juez puede estar relacionada con la reciente declaración prestada por la imputada Yolanda García, diputada en las Cortes y hasta el mes pasado tesorera regional del partido. Al ser preguntada por el contenido de las conversaciones intervenidas por orden judicial en las que hablaba con Álvaro Pérez, El Bigotes, —y que, según la policía, versaban sobre la financiación ilegal— García habría afirmado, según las mismas fuentes, que en realidad estaban tratando sobre actos realizados por Orange Market para el grupo parlamentario. Y por ello el magistrado habría decidido examinar todas las transacciones bancarias del grupo popular.
García, Costa y el entonces vicesecretario de Organización del PPCV, diputado y también imputado David Serra, son los principales protagonistas de las conversaciones grabadas por la policía.
En una de ellas, de 23 de diciembre de 2008, Serra le dice a Álvaro Pérez: "El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, y ya fetén lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le prestéis al de las galletas [el constructor Enrique Ortiz] la factura igual que la otra". Serra también dio al juez una explicación curiosa de sus palabras. Tras reconocer que "el de las galletas" era Ortiz, sostuvo que lo único que hizo fue mediar, por la amistad que tenía con El Bigotes, para que éste pudiera cobrar una deuda que tenía pendiente con el constructor por servicios que habría prestado a sus empresas.
Las tensiones que la causa ha generado en el interior del PP valenciano, remodelado a fondo hace unas semanas por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para sacar de los principales cargos a los imputados, continúan.
La causa ha causado tensiones en el PP valenciano
Ante el empeño del juez Ceres por averiguar cómo funcionaba la caja regional del partido, el nuevo secretario general del PPCV, Serafín Castellano, ha respondido al juez que la "competencia para la realización de la contabilidad corresponde a la gerencia regional del partido". Esto es, a la gerente Cristina Ibáñez, hacia quien también Costa habría desviado las responsabilidades durante el interrogatorio al que le sometieron el juez y el fiscal.
Ibáñez es una figura muy discreta y al mismo tiempo extraordinariamente duradera en el aparato regional del partido. Según informó hace poco el PPCV al juez, ocupa el cargo desde 1995, el año en el que el PP ganó por primera vez la Generalitat, lo que implica que ha sobrevivido a las numerosas guerras internas que ha vivido la formación. La dirección regional también indicó que cobra directamente de la calle Génova, la sede nacional del PP.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/08/valencia/1339176986_401159.html
FABRA DESTITUYE AL DIRECTIVO DE RTVV IMPUTADO POR LA VISITA DEL PAPA
Ricardo Calatayud ha sido implicado por el juez en el saqueo de fondos de la visita del Papa
La Generalitat destituyó este viernes al director económico y financiero de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Ricardo Calatayud, pocas horas después de que se conociera que había sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por el saqueo de fondos públicos con ocasión de la visita a Valencia del Papa Benedicto XVI en julio de 2006. Ruz le imputa los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
La posición de Calatayud, que fue señalado ante el juez por otro exdirectivo imputado, Luis Sabater, como el principal responsable del amaño junto al exdirector general de RTVV Pedro García Gimeno, se antojaba doblemente insostenible.
De un lado, por la imagen de dureza contra la corrupción que pretende transmitir el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en la que este viernes insistió su vicepresidente, José Ciscar. Del otro, porque debido a su cargo, Calatayud debía tener un papel destacado en la elaboración del expediente de regulación de empleo (ERE) que prepara la corporación pública y que podría afectar a entre 1.200 y 1.400 trabajadores. Las sospechas de corrupción que pesan sobre él habrían aumentado la polémica que rodea el masivo despido en el ente, y que el jueves se trasladó a las puertas del Palacio de la Generalitat en forma de sonora protesta.
Sabater, exjefe del departamento técnico de RTVV, declaró la semana pasada que Pedro García y Calatayud tejieron la adjudicación a la trama Gürtel del contrato de cobertura de la visita del Papa, que ascendió a 7,4 millones de euros. Sabater aseguró, en concreto, que el hasta este viernes director económico de la corporación alteró fechas en distintos documentos y añadió un párrafo decisivo al informe técnico que sirvió para que el contrato acabara yendo para la constructora leonesa vinculada al grupo de Francisco Correa, Teconsa.
Según la investigación, la red utilizó esta empresa, que carecía de experiencia en el campo audiovisual, como pantalla para después subcontratar los trabajos a firmas especializadas. Estas hicieron la tarea, que incluía la instalación de pantallas por la ciudad de Valencia para retransmitir los actos en los que intervenía el Papa, por menos de la mitad del dinero presupuestado: 3,2 millones de euros. El resto, 4,2 millones de euros, se lo habrían repartido los cabecillas de la red, Pedro García (medio millón de euros, según la policía) y la propia Teconsa, que habría recibido una comisión de 200.000 euros por poner el nombre en el contrato.
Los socialistas, Compromís y Esquerra Unida reclamaron a Fabra que actúe con contundencia frente a la oleada de corrupción que afecta a las instituciones. "Él tiene en su mano iniciar la regeneración democrática que le pedí como necesidad más urgente", afirmó el líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig. Intersindical pidió la paralización del ERE en RTVV y recordó que Calatayud ha estado pilotando el proceso.
El Senado aprobó, por otra parte, una enmienda a la reforma laboral que da prioridad para mantener el empleo, en casos como el ERE de RTVV, a quienes hayan aprobado una oposición.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/08/valencia/1339154651_095517.html
COSTA SE NIEGA TAMBIÉN A CONTESTAR A LA ACUSACIÓN POPULAR DEL PSPV
El exsecretario general del PP declara cuatro horas por la financiación ilegal de los populares
El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha asegurado que su declaración de hoy como imputado ha contribuido a "demostrar la inocencia" de su partido y la legalidad de sus cuentas, por lo que cree que la causa judicial abierta en este sentido debería "archivarse cuanto antes".
El diputado autonómico y ex número dos del PPCV ha comparecido durante cerca de cuatro horas ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano que investiga una presunta financiación irregular de esta formación relacionada con la trama Gürtel.
Al abandonar el Palacio de Justicia, Costa ha dicho a los periodistas que estaba "muy satisfecho" al entender que con su declaración ha ayudado a demostrar que "en el PP valenciano está todo correcto".
El exsecretario regional ha mantenido la postura del resto de sus compañeros de partido que también ha acudido al Tribunal a declarar: responder a las preguntas de todas las partes menos a las de la acusación popular, ejercida por el PSPV.
Según explicó el pasado miércoles David Serra, ex vicesecretario de Organización, los motivos por los que rechazan contestar al letrado que representa a los socialistas son "obvios".
El diputado dice estar "muy satisfecho" porque su declaración ayudará a demostrar que "en el PP valenciano está todo correcto"
Costa ha sido interrogado por dos de las tres piezas en las que han sido divida la causa: supuesto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007 y presunta falsedad documental en las generales de 2008. La tercera es una posible prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market.
Durante esa etapa, en la que Francisco Camps era presidente del partido y de la Generalitat, el PPCV contrató a la empresa Orange Market -supuesta filial valenciana de la trama- para que le organizara diferentes actos de campaña.
El instructor investiga si las facturas de esta sociedad que gestionaba Alvaro Pérez "el Bigotes" fueron saldadas por otras empresas.
Al respecto, Costa ha insistido: "Con mi declaración creo que he contribuido a demostrar la inocencia del PP y que sus cuentas están claras; por lo tanto, creo que este proceso tiene que archivarse cuanto antes".
En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, el vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, ha afirmado que el president de la Generalitat, Alberto Fabra, carece de "capacidad legal" para destituir a los diputados del PPCV imputados por un supuesto delito de financiación irregular del partido, ya que han sido designados por las urnas.
Císcar ha sido preguntado sobre si Fabra no exige a los diputados imputados su renuncia porque tiene miedo a que se queden con el acta y formen un grupo propio, ante lo que el vicepresidente ha afirmado: "En absoluto".
La de hoy es la segunda vez que el ex secretario general del PPCV declara como imputado en el Tribunal Superior de Justicia valenciano por causas derivadas de la investigación de la trama Grtel.
En la primera de ellas, conocida como "causa de los trajes", fue absuelto del delito de cohecho pasivo del que fue acusado junto a Camps.
Las declaraciones de imputados continuarán la próxima semana con la comparecencia del exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla, que deberá responder a preguntas relacionadas con las tres piezas, y la de la exconsellera de Turismo Angélica Such, a quien únicamente se le interrogará sobre la supuesta prevaricación de la Generalitat.
Esta investigación, procedente del Tribunal Superior de Justicia madrileño, fue asumida por el tribunal valenciano en mayo del pasado año tras detectar posibles irregularidades en la contratación pública de empresas vinculadas a la trama Gurtel.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/25/valencia/1337953245_300704.html
EL JUEZ IMPUTA AL JEFE JURÍDICO DE TURISMO EN EL ‘CASO GÜRTEL’
· El instructor adopta la decisión a petición de la Fiscalía
· Bover ya declaró en la causa como testigo
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres, instructor de la causa de financiación ilegal del PP, que engloba la mayor parte de las actividades ilegales que la trama Gürtel supuestamente desplegó en Valencia, ha realizado una nueva imputación, y ya son 26.
Se trata de Juan Bover, jefe del departamento jurídico de la Consejería de Turismo, que avaló contratos entre el entramado empresarial de la trama de Francisco Correa y la Administración valenciana con motivo de la participación de la Generalitat en la feria Fitur, un negocio del que la red corrupta obtuvo unos cinco millones de euros entre 2005 y 2009 y que, según los informes de la policía y la Intervención General del Estado, fueron amañados de principio a fin.
El instructor ha adoptado la decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción y después de que Bover declarase en la causa en calidad de testigo. El ministerio público considera que el informe de Bover de 18 de noviembre de 2004, en el que respaldó las bases del concurso de la edición de Fitur en 2005, fue clave para el amaño.
"Posibilitó que se realizara la contratación con unos criterios y baremos de valoración escasamente definidos y con un elevado nivel de subjetividad, soslayando la aplicación de la normativa de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que resultaba aplicable a la Agencia Valenciana de Turismo, al tratarse de una entidad de derecho público", según el razonamiento de los fiscales acogido por el juez.
Dos consejerías más
El juez también ha dado cinco días a otras dos consejerías bajo sospecha que participaron en Fitur 2005. Ambas lo hicieron con pabellones propios, montados por las empresas del Grupo Correa y, según la investigación, troceando los contratos para adjudicarlos a dedo eludiendo la libre concurrencia.
El instructor reclama a la Consejería de Infraestructuras y a la Consejería de Territorio (hoy unidas) el documento por el cual Turismo les invitó a participar en Fitur y la certificación de las personas que resolvieron cada contrato menor y autorizaron los pagos. El juez requiere igualmente a Presidencia de la Generalitat la autorización para dichos contratos que concedió Dora Ibars, directora de Promoción Institucional, e imputada en la causa.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/24/valencia/1337883619_846445.html
EL CERCO DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL SE ESTRECHA SOBRE EL PP VALENCIANO
Los informes, los argumentos y las declaraciones van cerrando el círculo de la acusación

El intento de la anterior cúpula del PP valenciano por salvarse de las acusaciones de financiación ilegal es cada vez más complicado. El cerco se estrecha sobre quienes, bajo el mandato de Francisco Camps, aceptaron, según la investigación, endosar a empresarios varias facturas de deudas contraídas durante dos campañas electorales con la trama Gürtel. De esa forma, habrían financiado, de manera ilegal al PP valenciano.

Tres son las líneas desde las que se va cerrando el círculo. Por un parte, los informes policiales atestiguan que la filial de la red corrupta Gürtel en Valencia, Orange Market, cambiaba el concepto de sus facturas “a conveniencia, parece que para no mostrar el origen real de los fondos”. Y pone como ejemplo una factura emitida al PP de la Comunidad Valenciana “transformada” en otra emitida a Enrique Ortiz, “que es la pagadora real del acto del partido”. U otra factura emitida al PP de Castellón que “se cambia por otra emitida a Facsa, quien efectúa el desembolso del evento del partido”.

Ambas empresas, junto a otras siete, están implicada en la causa de financiación ilegal que investiga el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana por las prácticas detectadas en las elecciones autonómicas de 2007 y la campaña de las generales de 2008. 

Los informes policiales también hacen referencia a la campaña de las elecciones generales de 2008, en la que se investiga si el Grupo Sedesa, propiedad de la familia del exconsejero de Camps y actual presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. La policía ya ha averiguado que cuatro facturas abonadas por el grupo a Orange Market no respondieron en realidad a “operación económica subyacente” alguna.

La policía y la Agencia Tributaria detectaron el endoso a empresarios de deudas del PP por actos electorales

También la Agencia Tributaria se ha pronunciado sobre estas prácticas. "De los documentos indicados (...) se infiere que algunos servicos prestados al PP habrían sido pagados no por este, sino por terceros (Ortiz, Facsa, Sedesa, Lubasa, Piaf)", explicaba Hacienda en un informe elaborado en 2010 en el que se reclamaba que “habría que examinar documentación que permitiera saber si los trabajos facturados a las constructoras se hicieron”. También la Agencia Tributaria llegó a la conclusión de que el PPCV ocultó al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros y que había "terceras personas" que pagaron, a través de Orange Market, actos electorales del PPCV.
 
El hilo del círculo sigue por los argumentos escritos del propio PP, por una parte el nacional y, por otra, el regional. Y, pese a manifestar que son un único partido, se contradicen. De los informes requeridos por el juez y remitidos desde las calles Génova (Madrid) y Quart (Valencia), se concluye un choque en la exposición sobre cómo se organizaban las cuentas en el partido. En Valencia aseguran que era Madrid quien las perfilaba mientras que en Madrid mantienen que las cuentas regionales nunca se han tocado sino que, simplemente, se consolidan para la contabilidad global del partido.

El exvicesecretario del PPCV ha admitido que "el de las galletas" es el empresario Enrique Ortiz

Ayer se cerró más el círculo después de que el ahora ex vicesecretario general del PP valenciano, David Serra, admitiera que el de “las galletas” y “las magdalenas” del que habla en sus conversaciones grabadas con Álvaro Pérez El Bigotes, es el constructor alicantino Enrique Ortiz, uno de los empresarios a los que, supuestamente, endosaron facturas de deudas del PP. “El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, y ya fetén lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le presentéis al de las galletas la factura igual que la otra”, se le oye decir a Serra en una de ellas. El exvicesecretario argumentó que de lo que trataba con El Bigotes se limitaba a una mediación para que la trama cobrara una deuda que tenía con Ortiz. Afirmó, en su declaración como imputado, que no hablaban de un acto del PP sino de un servicio prestado por Orange Market al Grupo Ortiz. Y mantuvo que su intervención se debió a que era amigo de El Bigotes. Es decir, su teoría es que el vicesecretario general del PP valenciano, como amigo de uno de los cabecillas de la red Gürtel, medió para que la trama cobrara una deuda de uno de los más importantes grupos empresariales valencianos.

http://politica.elpais.com/politica/2012/05/24/actualidad/1337854423_075132.html
 
EL PP VALENCIANO Y GÉNOVA CHOCAN EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL
La dirección nacional niega al juez haber modificado la contabilidad regional

Las direcciones nacional y valenciana del PP se contradicen sobre las cuentas del partido en la Comunidad Valenciana en los ejercicios 2007 y 2008. Esos son los años en los que, según la investigación abierta en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, se cometió un delito electoral —financiación ilegal— y otro de falsedad mercantil en los que habrían participado la cúpula del partido en la época de Francisco Camps, su exvicepresidente Vicente Rambla, empresarios de la construcción y la trama Gürtel. Los hechos se refieren a las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008.

La gerente regional del partido e imputada en la causa, Cristina Ibáñez, ha alegado que no conserva la contabilidad original e individualizada de esos dos años. El motivo sería que al cierre de cada ejercicio la remitía a la sede nacional del PP, en la calle Génova, que efectuaba “asientos de ajustes, aperturas y cierres” sobre el mismo archivo antes de reenviarlos de vuelta a Valencia.

“Al estar refundidos en un mismo archivo todos los datos contables, los remitidos inicialmente desde la gerencia regional y los añadidos posteriores de la sede central”, afirma Ibáñez, la documentación que se conserva “no se corresponde estrictamente a lo procesado en esta sede regional”. La consecuencia es que los listados “que a fecha de hoy pueden sacarse desde nuestra terminal llevan incorporados los asientos efectuados por la sede central”.
 
Un imputado confirma que “el de las galletas” es el constructor Ortiz

El tesorero nacional del PP, José Manuel Romay Beccaria, en cambio, se esfuerza en dejar claro en su alegación al juez instructor que los datos que se reciben “de las distintas provincias y comunidades autónomas de España no son modificados en la oficina central del partido, sino exclusivamente consolidados en la contabilidad de la organización”. Génova, donde está la sede nacional del PP, “no practica asientos modificativos de los datos contables remitidos por las organizaciones territoriales, dado que son estas quienes conocen exclusivamente las diferentes operaciones que hayan dado lugar a la práctica de los correspondientes asientos”, sigue Beccaria. La dirección nacional se limitaría “a la verificación de la corrección contable formal de dichos asientos, a la integración en la contabilidad nacional y a su devolución a la organización territorial”.
El magistrado cita a declarar a tres de los empresarios implicados

Ante el juez instructor de la causa, José Ceres, declararon ayer los imputados David Serra y Yolanda García, que hasta el pasado domingo eran vicesecretario y tesorera del PP valenciano y siguen siendo diputados regionales. Serra confirmó que “el de las galletas” o “el de las magdalenas” del que habla con Álvaro Pérez, El Bigotes, en las grabaciones intervenidas por la policía, es el constructor alicantino Enrique Ortiz. Serra admitió que medió para que El Bigotes cobrara una deuda que tenía con Ortiz pero, según su versión, no se trataba de un acto del PP como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, sino de un servicio prestado por Orange Market al Grupo Ortiz, y que él intervino porque era amigo de Pérez.
 
Según acreditan numerosos informes aportados a la causa, los constructores pagaron actos electorales de las campañas populares organizados por empresas de la trama Gürtel. Y, para justificar los pagos, generaron facturas falsas por servicios inexistentes. El juez ha citado como imputados para el 11 de julio a Ortiz y los también empresarios Vicente Cotino (sobrino del presidente de las Cortes valencianas) y Enrique Gimeno (de la empresa Facsa).

http://politica.elpais.com/politica/2012/05/23/actualidad/1337801232_148424.html
 
EL EXTESORERO DEL PP NIEGA IRREGULARIDADES EN LAS CUENTAS DE SU PARTIDO

• El extesorero nacional del PP rechaza comentarios después de comparecer ante el juez
• Cristina Ibáñez, exgerente regional del PP, asegura sentirse tranquila al dejar el juzgado
• La policía entrega al juez facturas de la financiación ilegal del PP 

Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, exsenador y uno de los principales políticos imputados en el caso Gürtel, declaró este martes en Valencia ante el magistrado José Ceres, que investiga desde la sala de lo Civil y Social del Tribunal Superior de Justicia valenciano un supuesto delito de financiación ilegal del PP valenciano. En concreto, Ceres imputa a Bárcenas en una de las tres piezas de la causa, la relativa a un supuesto delito electoral del PP en los comicios municipales y autonómicos de 2007.

Según fuentes del caso, respondió a preguntas del juez, del fiscal y de su abogado, aunque lo hizo con vaguedades, negó cualquier irregularidad en su actuación y no aportó ninguna novedad a la causa. No admitió cuestiones de los abogados de las partes ni de la acusación particular, que ejerce el PSPV-PSOE. A la salida del TSJ, no quiso hablar con los periodistas.

Aparte de la causa de Valencia, Bárcenas también tiene que responder ante el TSJ madrileño, después de que la Audiencia Nacional revocara la decisión de aquella instancia en la que acordaba en septiembre de 2011 el sobreseimiento provisional y archivo de la causa referida al extesorero del PP y otros cargos populares. La investigación judicial del caso Gürtel vio indicios suficientes de la implicación de Bárcenas en la trama tras encontrar apuntes contables en los que se constataban pagos en comisiones de la caja B de las empresas de Francisco Correa, cerebro de la trama. En los apuntes figuraban iniciales como “L. B.”, como “L. Bárcenas”.
Dinero de empresas

El magistrado valenciano investiga si la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, Orange Market, la matriz de la trama en Valencia, financió con dinero de varias constructoras valencianas actos electorales del PP valenciano.

Este martes también se tomó declaración a Cristina Ibáñez, exgerente del PP valenciano, y al igual que Bárcenas solo respondió a Ceres, al fiscal y a su representante legal. Y hoy le llega el turno a Yolanda García y David Serra, tesorera y vicesecretario de Organización del PPCV hasta el pasado fin de semana. Pero quizá la comparecencia más esperada es la que hará el viernes el diputado Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano cuando los hechos investigados.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/22/valencia/1337679518_622654.html

DAVID SERRA: “TODO SE HA HECHO CORRECTAMENTE”

Tranquilos y contentos. El exvicesecretario de Organización del PP valenciano David Serra y la extesorera Yolanda García han declarado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano en el caso de la supuesta financiación irregular del partido relacionada con la trama Gürtel. Ambos han afirmado haber "aclarado" su papel en el partido en el interrogatorio del magistrado José Ceres.

Yolanda García, tesorera del PP de la Comunidad Valenciana hasta el pasado fin de semana, ha abandonado la sede del TSJ después de hora y media ante el juez con un escueto comentario: "Estoy tranquila, ha ido todo bien, por fin he podido explicarme".García intentó evitar su declaración con un recurso de última hora en el que argumentaba que los hechos que se le imputan, y, en concreto, su participación en el supuesto delito electoral (el nombre técnico de la financiación ilegal) del año 2007 habría prescrito porque el Tribunal Superior de Justicia valenciano no se hizo cargo de la investigación hasta el verano pasado.El juez considera incorrecta esa valoración, y entiende que la denuncia contra García se remonta a un año antes, cuando el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, asumió la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción y la remitió al tribunal valenciano. El juez Ceres también deniega el archivo de la causa porque García no realiza ninguna alegación respecto al segundo delito que se le imputa, la falsedad en documento mercantil del año 2008, vinculada a las elecciones generales que se celebraron ese año, y que es susceptible de ser recatalogado durante la instrucción como otro delito electoral.Tras García ha comparecido durante más de tres horas el exvicesecretario de Organización del PP valenciano David Serra, quien ha asegurado que el magistrado que investiga una supuesta financiación irregular de su partido ha podido comprobar durante su declaración que "todo" se hizo "correctamente".

Serra, actual diputado autonómico y dirigente regional del PP hasta el pasado fin de semana, en el que se renovó la Ejecutiva de esta formación, ha declarado como imputado. Ha contestado a las preguntas de todas las partes, excepto a las formuladas por la acusación popular, ejercida por el PSPV-PSOE."He contestado a todas las partes menos al PSPV por motivos obvios; todo el mundo sabe por qué no se le contesta", ha manifestado a los periodistas al abandonar el Palacio de Justicia. Serra ha contado, además, que se queda "muy tranquilo y contento", viendo que el asunto "se ha aclarado", porque "el magistrado ha tenido una visión clara de que todo se ha hecho correctamente y perfectamente".El exdirigente de los populares valencianos ha sido interrogado en relación a dos de las tres piezas que conforman la causa: supuesto delito electoral durante los comicios autonómicos de 2007 y presunta falsedad documental en las generales de 2008.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/23/valencia/1337761711_045793.html
MILAGROSA MARTÍNEZ RESPONSABILIZA A LOS TÉCNICOS DE LOS CONTRATOS CON 'EL BIGOTES' 
La expresidenta de las Cortes está imputada por cohecho y prevaricación
Adjudicó la feria Fitur a la trama como consejera de Turismo de Camps 
La exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez ha negado la existencia de irregularidades en las adjudicaciones a la empresa Orange Market de la red Gürtel y ha achacado a los técnicos la responsabilidad de la contratación y la supervisión de los trabajos, puesto que ella se limitaba a dar el visto bueno a todo aquello que ya había sido revisado, según fuentes conocedoras de su declaración judicial. Martínez, que también fue presidenta de las Cortes valencianas en la etapa de Francisco Camps al frente de la Generalitat, ha declarado hoy como imputada en el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) en la causa de financiación ilegal del PP. 
A Martínez, a quien los miembros de la trama corrupta llamaban La Perla, el juez le imputa los supuestos delitos de cohecho y prevaricación en la pieza separada del caso que investiga las adjudicaciones de la feria Fitur a Orange Market entre 2005 y 2009 por cerca de cinco millones de euros. Los contratos del diseño, fabricación, montaje y desmontaje del pabellón de la Generalitat fueron ganados en todo ese periodo por Orange Market, la empresa de la trama en Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes. Martínez ha declara durante casi tres horas y se le han exhibido diferentes pliegos de condiciones y contratos adjudicados a Orange Market, en relación con Fitur, principalmente en el año 2005. 
La exconsejera, quien a su salida del TSJCV ha declinado hacer cualquier tipo de declaración, ha negado ante el juez que se cometieran irregularidades en las adjudicaciones que hizo el departamento de la que ella era titular. 
Antes de Martínez ha prestado declaración, pero en calidad de testigo, Isabel Villalonga, exsubsecretaria de la Consejería de Turismo y de la Presidencia, y exletrada de la Generalitat. Actualmente, Villalonga ocupa el cargo de secretaria general de Delegación de Gobierno. 
Villalonga ha llegado al tribunal unos minutos antes de las 10.00 y ha prestado declaración durante tres horas. A su salida, ha afirmado a los medios de comunicación que estaba "tranquilísima" y ha dicho que no hacía comentarios de su comparecencia. También ha comentado que "ha ido todo bien". 
Dentro del tribunal, se le han exhibido diferentes contratos y facturas, y ha tenido que describir, tras pedírselo las partes, el organigrama de todas las personas que participaban en las adjudicaciones, la facturación o la revisión de los trabajos, según han indicado las mismas fuentes a Europa Press. Villalonga, a quien se le ha preguntado sobre todo por su etapa como letrada de la Generalitat, ha insistido en todo momento en que se encargaba de visar, dentro de los servicios jurídicos, los trabajos y facturas que otras personas ya habían conformado previamente. 
Así, ha indicado que aprobaba todo lo que estuviera dentro de la norma en cuanto a la contratación de la Administración. También ha afirmado que eran los técnicos los que trataban directamente con la empresa Orange Market. Ha insistido en que ella validaba las facturas conformadas por los especialistas, porque eran ellos los que estaban a pie de obra y comprobaban la realización de los trabajos encargados. 
A esta testigo también se le ha preguntado de forma reiterada por el almuerzo que organizó la Generalitat en Ifema el 27 de enero de 2005, y por el que Orange Market emitió dos facturas, una de ellas por 119.035 euros, y otra por 30.000. Interpelada por el elevado coste del evento, ha explicado que en esta ocasión, el pabellón de la Feria que siempre utilizaban, estaba ya contratado y, por ese motivo, para organizar el almuerzo, se tuvo que contratar los diferentes servicios de forma rápida y con poco tiempo, por lo que todo fue más caro que en años anteriores. Esta versión coincide con la que ya dio el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, en su declaración ante el tribunal. 
La secretaria general de la Delegación del Gobierno está, por otra parte, imputada en la vertiente valenciana del caso Nóos, en el que está también imputado el duque de Palma, Iñaki Urdangarin. 
"Absolutamente tranquilo" 
El presidente de la Generalitat y del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ha afirmado estar "absolutamente tranquilo" por la labor realizada por "los responsables políticos del partido y por lo que ha hecho la Generalitat" a pesar de la investigación sobre la supuesta financiación irregular de los populares valencianos. 
Fabra ha hecho esta afirmación a preguntas de los periodistas después de visitar el Museo de Lladró en Tavernes Blanques (Valencia), donde ha estado acompañado por la consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, y la consejera de Educación, Formación y Empleo, María José Catalá. 
Fabra ha recordado que la cuentas del PPCV están auditadas por el Tribunal de Cuentas y "todo lo que se ha hecho ha sido cumpliendo la legalidad". "Estamos tranquilos", ha agregado. El presidente ha destacado que "hubo mesas de contrataciones que al final son las que decidieron qué empresas eran las que tenían que hacer los trabajos". 
www.elpais.es 08.05.12
FITUR, LA FERIA DE LAS IRREGULARIDADES 
La adjudicación del certamen ya acumulaba anomalías antes de la llegada de la trama Gürtel
La Intervención General del Estado constata irregularidades en el concurso desde 2001 
Fitur, la principal feria turística española, que se celebra cada año en Madrid, es la protagonista de buena parte de la causa de financiación del PP valenciano que investiga el Tribunal Superior de Justicia valenciano, en la que hay una treintena de imputados, entre ellos diputados y cargos públicos en ejercicio de la Generalitat. La policía y la Intervención General del Estado han acreditado que las condiciones del contrato público de la adjudicación del diseño, construcción, montaje y desmontaje del pabellón valenciano en Fitur en el año 2005, el primero que ganó la trama Gürtel, fue redactada por la propia red, asegurándose así que se impondría a los competidores, tal y como prueba la documentación intervenida por la policía. Las empresas del grupo de Francisco Correa ingresaron cerca de cinco millones de euros entre esa edición y la de 2009, con Francisco Camps al frente de la Generalitat. 
El informe de la Intervención General del Estado (IGE) también revela, sin embargo, que las irregularidades eran la tónica habitual en las adjudicaciones de Fitur en la etapa anterior a Camps, al menos desde el año 2001, cuando Eduardo Zaplana presidía el Gobierno valenciano. 
La IGE señala que la Agencia Valenciana adaptó la redacción de las bases de la edición celebrada en 2005 que hizo la trama. El texto es prácticamente el mismo —incluida alguna errata— pero la Administración introdujo algún cambio. El más significativo es que la red pretendía que toda empresa que se presentase a la adjudicación tuviese que seguir el diseño realizado por Fernando Torres Manso, así, con nombre y apellidos, a quien la IGE describe como “apoderado de Special Events”, una de las sociedades de la red corrupta, “y colaborador y diseñador habitual del grupo” Correa. 
El intento de la trama puede parecer excesivo, pero no lo era tanto desde la óptica de la Agencia Valenciana de Turismo. Porque en todas las ediciones anteriores a 2005 analizadas por la IGE, la Administración autonómica concedía a dedo el diseño del pabellón a la misma persona, Alejandro Guijarro, incumpliendo las advertencias de los técnicos jurídicos de la Agencia Valenciana de Turismo. La IGE subraya que la Sindicatura de Comptes también alertó reiteradamente de que Turismo infringía la ley. 
Turismo incumplía regularmente la Ley de Contratos de las Administraciones 
Como justificación para darle año tras año —al menos entre 2001 y 2004, que es el periodo investigado por la IGE— el diseño a la misma persona desoyendo las advertencias legales, la Agencia Valenciana de Turismo se limitaba a señalar: “Desde 1996 Alejandro Guijarro ha realizado para la Agencia numerosos proyectos demostrando una gran calidad en sus diseños tanto a nivel técnico como decorativo y con los que la Comunidad ha ganado un gran prestigio, consiguiendo numerosos premios como mejor stand en diversos certámenes”. El año 1996 fue el primero en el que la participación valenciana en Fitur corrió a cargo de una Administración autonómica gobernada por Zaplana, que había ganado las elecciones en 1995. 
La IGE también destaca que en los años anteriores al desembarco de la trama Gürtel en Valencia, la Agencia Valenciana de Turismo incumplía regularmente la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, a pesar de que la Sindicatura de Comptes había alertado de ese incumplimiento repetidamente. La agencia está “financiada en su práctica totalidad por la Generalitat valenciana y [fue] creada para satisfacer necesidades de interés general que son competencia de esa Administración autonómica”, y por ello le era de aplicación la ley, insistía sin éxito la Sindicatura, según recoge la IGE. 
La Administración de Camps no aceptó incluir en el concurso la obligación de contratar al diseñador de la trama. Pero la alternativa de Turismo le resultó igualmente favorable: decidió no mantener separados los contratos del diseño del pabellón por un lado, y el montaje y desmontaje por otro, y unificarlo en un único concurso que ganó año tras año Orange Market, la sociedad que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, hasta que fue detenido por la policía en 2009. 
El informe de la IGE demuestra que El Bigotes aterrizó en un territorio, la Consejería de Turismo, que ya estaba abonado de irregularidades. Pero también que con el desembarco de la trama la cosa empeoró, tanto en la redacción de los concursos como en el importe que pagaba por ellos la Generalitat. Para Fitur 2005, el peso del criterio económico para decidir la adjudicación cayó del 50% al 15%, mientras crecía la importancia de los elementos subjetivos. El último informe de la UDEF prueba que ese cambio era una de las principales preocupaciones de El Bigotes como forma de asegurarse las adjudicaciones. 
www.elpais.es 01.05.12 
LA TRAMA OBTUVO MÁS FONDOS DE CAMPS DE FORMA IRREGULAR
La policía ha revelado nuevas adjudicaciones irregulares de la Generalitat valenciana que dirigía el expresidente Francisco Camps a la trama Gürtel, y ha profundizado en la mecánica utilizada en otras que ya se conocían. En total, el último informe aportado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera a la causa de financiación ilegal del PP que se instruye en el Tribunal Superior valenciano y, en concreto, a la pieza que investiga los contratos de la feria Fitur, detecta cuatro adjudicaciones a dedo a empresas de la trama que ascendieron a más de medio millón de euros, “vulnerando los principios de publicidad y concurrencia”. 
La policía confirma la conclusión de la Intervención General del Estado de que las bases del concurso público para el montaje del pabellón valenciano en Fitur en 2005 fueron redactadas por la red corrupta. Subraya que Orange Market llegó a cobrar a la Administración un “precio 3,4 veces superior al coste” del servicio. Y destaca el papel desempeñado por Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, condenado en el caso de los trajes, que ayer declaró ante el juez. 
Betoret era la persona que recibía y supuestamente arreglaba las facturas de las empresas de la trama: “En caso de que los conceptos que figuraban en las facturas no fueran considerados idóneos por él, solicitaba a la Organización [que es como la UDEF se refiere a la trama] la modificación de los mismos. También daba el visto bueno a los importes”, indica el informe. 
La primera facturación irregular analizada se produjo con motivo del almuerzo que Camps ofreció a centenares de personas en Fitur 2005. Se creía que la red había ganado 149.000 euros, señala la UDEF, pero el cobro fue mayor. La trama instruyó a cuatro de sus empresas proveedoras para que facturasen directamente a la Generalitat por el acto. Después Orange Market facturó por “servicios ficticios” a esos proveedores para embolsarse los fondos. “La intención de la organización ha sido utilizar a las sociedades proveedoras como empresas pantalla, quedando las sociedades del grupo [Correa] solapadas en lo que al cobro se refiere”. 
Ese mismo año Orange Market recibió a dedo el montaje, en un certamen celebrado en Valencia, de un stand adicional, dedicado al turismo rural, “que debiera haber sido publicado en concurso público aparte”. Para “ocultarlo”, la trama hinchó el precio, de 250.000 a 350.000 euros, que según su contrato debía cobrar por el montaje del expositor principal de la Generalitat. 
Algo similar ocurrió con la feria Expotural, que se adjudicó directamente a Orange Market después de que Turismo hubiese iniciado un expediente de contratación que tuvo que anular. Tras concedérselo inicialmente por 90.000 euros, la consejería rectificó por segunda vez y elevó el abono a 102.000 euros sin justificar documentalmente por qué. 
La trama habría recibido la ayuda de dos funcionarios para elaborar facturas en otra adjudicación en la que se impidió “la libre concurrencia de otros licitadores”: la de los estands de las consejerías de Territorio e Infraestructuras en Fitur 2005. Para ello, la red fraccionó en contratos inferiores a 12.000 euros el presupuesto de 98.909 euros. 
www.elpais.es 27.04.12 
UNA EXEMPLEADA DECLARA PROTEGIDA POR LAS AMENAZAS DE LA TRAMA 
Isabel Jordán logra que el juez le permita entrar en coche al Tribunal Superior valenciano.
Betoret, condenado en el 'caso de los trajes', llega a declarar a la causa de financiación.
Ignacio Zafra / Federico Simón Valencia 27 ABR 2012 - 20:40 CET14  
La exempleada de la trama Gürtel Isabel Jordán ha entrado esta mañana en coche y custodiada al Tribunal Superior de Justicia valenciano para declarar en la causa de financiación ilegal del PP valenciano. El motivo son las amenazas que recibió de la red corrupta a raíz de una denuncia que presentó en el año 2007 contra quienes entonces eran sus jefes. Jordán había pedido al juez instructor de la causa, José Ceres, que por motivos de seguridad dispusiera de los medios necesarios para no coincidir al llegar al tribunal con ningún otro imputado ni con la prensa, petición que por lo visto esta mañana el magistrado ha aceptado. 
Tras ella está previsto que declare Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, ya condenado en el caso de los trajes, y que ha entrado en torno a las 11.30 en el tribunal. Betoret se ha limitado a decir que se encuentra "muy tranquilo". 
Jordán es un personaje importante en la pieza separada de la causa de financiación que investiga las supuestas adjudicaciones irregulares de la feria Fitur a la trama entre 2005 y 2009 por cerca de cinco millones de euros. Suyo era uno de los correos electrónicos intervenidos por la policía que, según la Intervención General del Estado, demuestran que la red de Francisco Correa redactó el primer concurso público de Fitur que ganó Orange Market, la sociedad de la trama que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes. 
La exempleada de Gürtel dijo, en una conversación grabada por el exedil popular José Luis López Peñas, que su empresa había pagado trajes al expresidente valenciano Francisco Camps. En el juicio de los trajes, sin embargo, Jordán matizó aquellas declaraciones y las atribuyó a que estaba nerviosa. Su testimonio fue uno de los principales argumentos que el dividido jurado del caso, en el que también se juzgó a Ricardo Costa, utilizó para absolverlos. 
Su abogado ha afirmado, por su parte, que la única documentación a la que Jordán tuvo acceso fue a las condiciones del concurso de Fitur de ediciones anteriores al año 2005, y que así lo habría demostrado ante el juez. 
www.elpais.es 26.04.12 
LA TRAMA REDACTÓ LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO QUE LE DIO CAMPS 
Hasta ahora se sospechaba que la Generalitat valenciana filtró a las empresas de la trama Gürtel las bases del concurso público para la adjudicación del montaje de su pabellón en la feria Fitur antes de convocarlo. La feria fue un lucrativo negocio del que la red obtuvo cerca de cinco millones de euros entre 2005 y 2009. El amaño fue, sin embargo, mucho peor. La Intervención General del Estado ha concluido que el itinerario se realizó al revés: fue la trama Gürtel la que redactó las bases del primer concurso que obtuvo, en 2005, del Gobierno del expresidente Francisco Camps. 
“Si tenemos en cuenta las fechas de elaboración, el contenido del documento elaborado por Down Town Consulting [una de las sociedades del grupo Correa], las ampliaciones, modificaciones o rectificaciones que introducen con posterioridad los servicios técnicos de la Agencia Valenciana de Turismo nos lleva a concluir que el contenido y la documentación soporte del informe de condiciones técnicas y el resumen de condiciones técnicas del stand del año 2005, es elaborado inicialmente por la empresa Down Town Consulting”, señala el informe. 
Lo que describe la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con vocabulario administrativo es que fue la trama la que se diseñó a medida las bases del concurso público: qué criterios se valorarían para elegir entre las ofertas presentadas y qué puntuación tendría cada uno de ellos. 
La IGE llega a esa conclusión tras analizar dos correos que se intercambiaron empleados de la trama los días 4 y 5 de noviembre de 2004, que contenían lo que acabarían siendo las bases del concurso. La tramitación administrativa del mismo no se inició hasta el 5 de noviembre. 
La documentación incautada a la trama representaba su propuesta de máximos. Aunque las bases publicadas resultaron ser casi exactamente iguales —incluido un “error material” en una fórmula matemática—, la Agencia Valenciana de Turismo suavizó algún extremo en la tramitación, y las “perfeccionó” para adecuarlas a un boletín oficial. 
El resultado fue “un cambio muy significativo” respecto a las anteriores ediciones del concurso de Fitur, advierte la IGAE. El criterio económico, el único objetivo y cuantificable, pasó de pesar un 50% en la feria de 2004 a un 15% en la primera que ganó Orange Market (la trama intentó reducirlo al 5%). Y los criterios no cuantificables, “cuya valoración tiene un elevado carácter subjetivo y en los que no se especifican los elementos que darán lugar a la asignación final de puntos”, aumentaron su peso hasta el 85% del total. Entre ellos se incluyeron criterios bastante etéreos, como “creatividad, estética y funcionalidad”, apartado al que se atribuyó 40 de los 100 puntos del concurso. 
La propuesta de la trama suprimió el requisito de experiencia en actos similares, que Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, no podía cumplir. La Agencia Valenciana de Turismo aceptó inicialmente la petición. A lo largo de la tramitación, la Administración reintrodujo el requisito de experiencia, pero obvió que la empresa no la cumplía. Esa carencia, destaca la IGAE, “podría haber excluido a Orange Market por no reunir los requisitos de solvencia técnico profesional” exigidos en la convocatoria. 
En las ediciones posteriores, con Orange Market ya dentro y con experiencia, los criterios de selección mejoraron, pero solo aparentemente, señala la IGAE. El criterio económico volvió a pesar un 50%, pero la fórmula matemática utilizada lo mantuvo en un 20% del total. La Intervención detecta igualmente irregularidades en la conformación de la mesa de contratación y en el número de vocales que participaron a lo largo de las cinco ediciones que realizó Gürtel. 
Y confirma la existencia de sobrecostes y duplicidades en los pagos. Una serie de servicios incluidos en lo que, según el contrato, debía hacer Orange Market en la feria de 2005 —acceso a Internet, book fotográfico...—, fue cobrado también por Special Events. Y, uno de sus elementos, los uniformes para azafatas, otra vez por Orange Market con la justificación de que era una mejora. 
www.elpais.es 26.04.12 
LOS TÉCNICOS DE TURISMO CONTRATARON A ‘EL BIGOTES’ EN VALENCIA POR SU CALIDAD 
Hasta el próximo día 30 declararán los imputados en esta causa derivada del ‘caso Gürtel’ 
Cuatro horas ha sido el tiempo empleado en el primer interrogatorio a la veintena de imputados de la causa en la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP valenciano, derivada del caso Gürtel. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, José Ceres, ha iniciado esta mañana la toma de declaraciones con el interrogatorio al que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la Agencia Valenciana de Turismo, Isaac Vidal, que participó en la elaboración de los pliegos de condiciones de los concursos que acabaron con la adjudicación a Orange Market, que formaba parte de la red Gürtel a través de Álvaro Pérez, El Bigotes,del pabellón de la Generalitat valenciana en Fitur durante cinco años consecutivos, entre 2005 y 2009,
En su declaración, Vidal, ha afirmado que ¡las adjudicaciones de Fitur a Orange Market respondieron a criterios de "calidad y estética" y que se hicieron en base a criterios profesionales. Además, ha negado haber recibido órdenes para beneficiar a empresas de la trama 'Gürtel'.Este técnico dejó la Agencia Valenciana de Turismo en mayo, cuando pasó a trabajar para el Ayuntamiento de Elche, también del PP. En su declaración, ha estado explicando que él, como técnico de la AVT, ha actuado siempre bajo criterios profesionales e independientemente de las decisiones políticas que hubiera en ese momento. 
El juez sostuvo en su auto de imputación que tanto Vidal como Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo (que declarará a partir de mediodía), establecieron "criterios de adjudicación de influencia decisiva". Ambos formaron parte, además, de la mesa de contratación que eligió la oferta de Orange Market y emitieron informes que fueron "determinantes para la propuesta" que dicha mesa remitió a la Agencia Valenciana de Turismo, que sirvió como base para la adjudicación de los contratos. 
Para hoy está prevista también la declaración de la directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars, que contrató, también con la trama, la Guía de la Comunicación de 2005, la presentación del Congreso de Nuevo Periodismo en 2006 y la fiesta para la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante. 
El magistrado cree que "dada la documentación e informes incorporados hasta la fecha a las presentes diligencias", los tres pudieron cometer los delitos de cohecho y prevaricación en las adjudicaciones a Orange Market. 
El magistrado del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira se inhibió de la parte valenciana del caso Gürtel a favor del Tribunal Superior de Valencia en mayor de 2010 pero no fue hasta julio de 2011 cuando este tribunal asumió el caso. Desde entonces se han practicado varias diligencias pero hoy se inicia un importante trámite, el de interrogar  cerca de una veintena de imputados, citados hasta el próximo 30 de mayo. Entre ellos, se encuentra la que fue cúpula del PP valenciano bajo el mandato de Francisco Camps, sometida a la investigación de si parte de la deuda que tenía con una de las empresas de la trama, Orange Market, por servicios realizados en las campañas electorales de 2007 de 2008, fue abonada de forma opaca y a través de “donaciones de empresas” encubiertas en facturas falsas. 
www.elpais.es 26.04.12 
EU DENUNCIA QUE UNA EMPRESA DE GÜRTEL RECIBIÓ TRES MILLONES DE SANIDAD 
El portavoz Ignacio Blanco relaciona la trama corrupta de Baleares con la valenciana 
El portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, ha denunciado que la empresa Over Marketing y Comunicación SL, vinculada a la trama Gürtel, recibió dos adjudicaciones de la Consejería de Sanidad valoradas globalmente en casi tres millones de euros para la planificación y difusión de campañas publicitarias. 
Blanco, en un comunicado, ha explicado que la Brigada de la Policía Judicial de la Guardia Civil "sospecha que esta empresa habría hecho costosísimos regalos a dirigentes del Partido Popular balear a cambio de contratos, parte de los cuales fueron a parar a la financiación de la entonces partido de Matas". 
Para el diputado de izquierdas, "esta es una historia de todos conocida, que nos suena mucho: es la historia de Orange Market en el País Valenciano". Así, Blanco ha anunciado que solicitará los expedientes de contratación de las dos campañas publicitarias porque "queremos saber si en 2002 ya existía la trama Gürtel y sus prácticas corruptas que tenemos que extirpar de nuestras instituciones". "Esperamos máxima transparencia por parte del Consell", ha añadido. 
Para el parlamentario de EUPV, "el paralelismo entre la trama valenciana y la trama balear es absoluto". De hecho, ha indicado Blanco, "el modus operandi puesto de manifiesto en la instrucción delata que numerosos políticos del PP presuntamente recibieron regalos de lujo de la empresa Over Marketing y Comunicación SL". 
Según Ignacio Blanco, esta mercantil, "vinculada a la rama balear de la trama Gürtel, recibió dos adjudicaciones de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, en 2002 y 2005, valoradas globalmente en 2.927.220,6 euros por la planificación y difusión de campañas publicitarias". 
Asimismo, ha puntualizado que el 11 de noviembre del 2002, el entonces subsecretario para los Recursos de Sanidad, Máximo Caturla Rubio, adjudicó a esta empresa la campaña publicitaria institucional por un importe total de 2.103.542,37 euros. 
Por otra parte, ha añadido Blanco, el 10 de febrero del 2005, el entonces director general de Recursos Económicos de la Consejería de Sanidad adjudicó la campaña para fomentar el uso racional del medicamento por un importe total de 823.678,23. 
www.elpais.es 24.04.12
LA GENERALITAT COSTEÓ LA DEFENSA DE TRES IMPUTADOS EN EL ‘CASO GÜRTEL’
Uno de los 'protegidos' dejó el Consell meses antes de ser incluido en la causa por el juez
El abogado de la Generalitat defendió a tres imputados en una de las piezas de la causa de financiación ilegal del PP, enmarcada en el caso Gürtel, desde noviembre de 2011 hasta, al menos, mediados del mes pasado. Se trata de Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat, Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, e Isaac Vidal, que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la misma agencia. Lo más llamativo de la situación es que el último de los imputados abandonó la Administración autonómica en verano, es decir, antes de ser imputado a la causa. Vidal fue nombrado director del instituto de turismo de Elche por la nueva alcaldesa, la popular Mercedes Alonso, que ganó las elecciones en mayo. Pese a ello, la Generalitat siguió poniendo a su disposición a su letrado.
Se trata de otra incoherencia en la línea de cero imputados que ha manifestado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Mientras en otro de los escándalos que han sacudido al Gobierno valenciano en los últimos meses, el del supuesto desvío de ayudas de cooperación a países pobres, el presidente fulminó a dos altos cargos inmediatamente después de ser imputados, los implicados por el juez en la causa de financiación ilegal no solo mantuvieron el cargo sino que han podido ahorrarse el coste de su defensa.
El tribunal rechaza su recurso contra la decisión revisar los contratos de Fitur
Ibars, Guarro y Vidal se hallan imputados en la pieza separada que investiga la adjudicación supuestamente irregular a la trama Gürtel del montaje y organización del pabellón valenciano en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. Se trató del negocio más lucrativo de cuantos consiguió en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, el delegado en Valencia de la red, ya que ascendió a cerca de cinco millones de euros. Según las pruebas que acumula la investigación, la empresa de El Bigotes, Orange Market, tenía acceso a las bases del concurso de la Consejería de Turismo antes de que fueran publicadas oficialmente, y habría obtenido la adjudicación de algunas de las ediciones de la feria a pesar de no reunir todos los requisitos o presentar las ofertas más caras.
Los tres imputados habían recurrido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia la decisión del juez instructor, José Ceres, de solicitar a la Intervención General del Estado una ampliación del informe que realizó en su día sobre esta contratación de la trama de Francisco Correa con el Gobierno valenciano. El magistrado pedía a la intervención que comparase la tramitación de los años investigados con las ediciones anteriores, así como con la de Fitur 2010, que se celebró cuando ya se había destapado el caso Gürtel.
El magistrado ha pedido el análisis a la Intervención General del Estado
El juez también solicitó que los técnicos de la Administración General del Estado revisasen si, como ocurrió con estos concursos, "constituye una habitual o adecuada praxis de contratación administrativa" el hecho de que las mismas personas que formaban parte de las mesas de contratación hubieran participado previamente en la fijación de los criterios de adjudicación, y hubieran emitido posteriormente informes sobre las ofertas presentadas que fueron determinantes para la elección final de dicha mesa de contratación. Así como qué porcentaje de la puntuación total es "razonable" darle a los criterios subjetivos en esta clase de concursos. Orange Market se alzó con las adjudicaciones en varios casos porque en los apartados subjetivos (que a diferencia del precio ofrecido son difíciles de medir) era el mejor puntuado.
El tribunal ha rechazado el recurso de los tres imputados al considerar que el juez puede acordar las diligencias que considere adecuadas siempre que se ajusten a las reglas básicas de la obtención de fuentes de prueba. Y respalda a Ceres al considerar que el magistrado puede solicitar la ampliación del informe a la Intervención General del Estado sin estar condicionado por las peticiones pudieran plantear sobre la misma.
El PSPV seguirá como acusación en la causa por la financiación del PP
La dirección de los socialistas valencianos se mantendrá como acusación particular en la causa que investiga la presunta financiación irregular del PP, una derivada del caso Gürtel, cuya instrucción corre a cargo de José Ceres, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Fuentes de la actual ejecutiva del PSPV confirmaron a este periódico que no existe la menor intención de abandonar su personación en este caso, pese a que reconocieron la existencia de una deuda importante con el bufete del abogado Virgilio Latorre, que ha venido representando los intereses de los socialistas en el caso de los trajes del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y en el de la financiación del PP.
Un portavoz autorizado del PSPV reconoció que se están retirando de algunos casos menores porque el coste que les supone es muy elevado. Estos abandonos ya habían sido decididos por la anterior dirección que encabezaba Jorge Alarte. Pero ante la hipótesis de un replanteamiento de la posición de su partido en el caso Gürtel y más concretamente en la rama que investiga la financiación del PP, el portavoz fue taxativo: "Si de algún caso no nos pensamos retirar es de este. Seguiremos hasta el final y confiamos en hacerlo con el despacho de Virgilio Latorre".
La posición oficial del secretario general del PSPV, Ximo Puig, sobre la judicialización de la vida política es conocida. En una entrevista concedida a EL PAÍS reconoció haber dudado de la eficacia de algunos procesos judiciales iniciados por su partido. Una afirmación que no afecta al caso Gürtel.
El nuevo portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, anunció el pasado martes que el PSPV será parte en la causa que siguen los tribunales por las ayudas a la cooperación concedidas desde la consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la que era titular Rafael Blasco, síndico del PP en el Parlamento autonómico.
www.elpais.es 19.05.12
COSTA INTENTA SALPICAR A LA ACTUAL DIRECCIÓN DEL PP EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL
Pide al juez que declare el secretario general y que el partido aporte documentos
La policía revela la estrecha relación de Gürtel con la cúpula de Camps 
Las aguas bajan revueltas en el PP valenciano con motivo de la causa por supuesta financiación ilegal vinculada al caso Gürtel, en el que están imputadas las cúpulas del partido y la Generalitat de la época en que Francisco Camps era presidente. Frente al intento del Ejecutivo autonómico, que dirige Alberto Fabra, de establecer un cinturón sanitario respecto a esa etapa, el ex secretario general del PPCV e imputado Ricardo Costa ha hecho un movimiento que supondría un mayor alcance en la causa hasta salpicar a la actual dirección. Costa pidió al juez que citase a declarar como testigo a Antonio Clemente, secretario general del PPCV, el mismo cargo que él ocupó hasta ser defenestrado por Génova en octubre de 2009.
El magistrado José Ceres ha rechazado la petición, pero sí ha aceptado, en cambio, otra solicitud de Costa que se enmarca en la misma línea: requerir a su propio partido que aporte una docena de documentos sobre las funciones que el secretario general tenía en materia económica y contable durante la etapa en que ocupó el cargo y, especialmente, en los años 2007 y 2008, cuando supuestamente se cometieron los delitos de financiación ilegal (delito electoral) y falsificación mercantil, durante las campañas de las autonómicas y generales que tuvieron lugar respectivamente esos años, por las presuntas aportaciones irregulares de empresas constructoras. Así como que el partido identifique a las personas que entonces y ahora tienen las competencias sobre la gestión diaria de la caja del PPCV.
Algunas de las peticiones de Costa resultan chocantes tratándose de su partido. El hoy diputado autonómico solicitó al juez requerir al PPCV "las tareas concretas que desarrolla en la actualidad la persona encargada de la gestión ordinaria de la tesorería del PPCV, así como su identificación". Costa también solicitó y ha conseguido que el magistrado pida al partido que aporte el acuerdo de comité o de junta en el que se le habría encargado "la gestión ordinaria de la tesorería del PPCV, con expresión de la fecha del acuerdo, fundamentación del mismo en los estatutos del PPCV y, en su caso, cargo orgánico que propuso tal encargo".
El diputado reclama que el PP diga quién gestiona el día a día de la caja del partido
El diputado logró del mismo modo que el juez requiera al PPCV "el acuerdo que acredite la delegación de funciones de Adela Pedrosa [que formalmente fue secretaria general hasta junio de 2007] en Ricardo Costa, así como la expresión normativa que, en su caso, autoriza dicha delegación de funciones".
A petición de Costa, la actual dirección del partido deberá remitir los acuerdos de nombramiento de gerentes regionales desde 2004 hasta hoy, "quién los designa y su dependencia salarial y funcional". Y, finalmente, la identificación de qué "cargo orgánico tiene la facultad estatutaria de aprobación del presupuesto, no de propuesta, así como de control de la corrección de la contabilidad y de la aprobación de la misma".
El ex número dos del PPCV también ha conseguido que el juez pida al Santander información "periodificada", esto es, mes a mes, sobre qué personas estaban autorizadas para acceder a la cuenta del partido en los años 2007 y 2008.
Malestar
El tono y las peticiones de Costa permiten entrever lo que parece un gran malestar con la dirección del partido, que Fabra ha anunciado que depurará de imputados en el congreso que el PPCV celebrará en mayo. De hecho, el diputado quería que el actual secretario general del PPCV acudiera a declarar para explicar la información que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia valenciano sobre la organización y funcionamiento del partido en la época investigada.
El juez Ceres ha llamado a declarar como testigo, por otra parte, a Isabel Villalonga, exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat y hoy secretaria general de la Delegación del Gobierno en Valencia. Villalonga está imputada en el caso Urdangarin.
www.elpais.es 17.04.12
EL JUEZ CITA A ISABEL VILLALONGA COMO TESTIGO EN LA CAUSA DE FINANCIACIÓN ILEGAL
Fue alto cargo de presidencia de la Generalitat durante la etapa de Francisco Camps.
Actualmente ocupa la secretaría general de Delegación del Gobierno Valencia
El juez del Tribunal Superior de Justicia, José Ceres, ha llamado a declarar en condición de testigo a Isabel Villalonga, exsubsecretaria de presidencia de la Generalitat y actual secretaria general de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, en la causa que investiga la supuesta financiación ilegal del PP y la adjudicación a la trama Gürtel de los millonarios contratos de la feria Fitur.
Según ha informado Europa Press, Villalonga, persona de confianza del expresidente valenciano Francisco Camps, declarará el 8 de mayo a las 10 de la mañana. Villalonga fue imputada recientemente en la rama valenciana del caso Urdangarín. Dos horas después lo hará como imputada Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo, expresidenta de las Cortes valencianas y actual diputada autonómica, a quien la red corrupta se refería en las intervenciones intervenidas por orden judicial como La Perla.
La llamada causa de financiación ilegal indaga, por una parte, un supuesto delito electoral y otro de falsificación de documento mercantil por la presunta aportación irregular de empresas de obra pública de fondos a las campañas del PP valenciano en las elecciones de 2007, autonómicas y municipales, y 2008, generales. Y, en otra pieza separada, los supuestos delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación de cerca de cinco millones de euros a la red entre 2005 y 2009 por el montaje y organización del pabellón valenciano en la feria turística de Fitur, que se celebra en Madrid.
www.elpais.es 16.04.12
LA POLICÍA REVELA LA ESTRECHA RELACIÓN DE GÜRTEL CON LA CÚPULA DE CAMPS
Ricardo Costa se convirtió en el hombre de referencia para la trama en Valencia
El último informe policial entregado al juez José Ceres, que investiga la causa de financiación ilegal del PP valenciano, dedica un amplio apartado a constatar la muy estrecha relación que mantuvieron durante años los cabecillas de la trama Gürtel con las cúpulas del expresidente Francisco Camps tanto en su Gobierno como en el partido. Desde ese entorno se gestionaba el pago por actos de partido y electorales a empresas de la red, que en ocasiones abonaban de forma irregular empresas constructoras.
Según el informe, el diputado y exsecretario general del PPCV Ricardo Costa era el encargado de que las empresas de la trama cobraran sus deudas por actos del partido. Y Vicente Rambla, diputado, exvicepresidente de Camps y coordinador de las campañas de 2007 y 2008, de la deuda contraída por la trama por actos electorales, siempre según el informe. En ambos casos parte de los pagos se habrían realizado en "A o Alicante", es decir, con factura, y parte en "B o Barcelona", esto es, con dinero negro.
El análisis de la agenda de Pablo Crespo, lugarteniente de Francisco Correa, revela que la confianza era tal que la trama y la cúpula de Camps trataron la creación de una formación, el Partido Social Demócrata, para restar votos al PSPV-PSOE. Las anotaciones de Crespo son elocuentes: "Nuevo partido político. Con gente del PSOE de buen cartel. Es un montaje de ellos. Necesitan ayuda económica. Ricardo protesta".
La red trató con el PP crear un partido para restarle votos al PSPV-PSOE
Ricardo es, según la policía, Costa. Y junto a la palabra "reunión" en la que se discutiría la cuestión, el número dos de la trama Gürtel apuntó una serie de nombres: "Ana, Víctor, Rambla, Ricardo y Presi". Aparte de que este último término pudiera hacer referencia al entonces presidente Camps, el resto de nombres coinciden con personas que formaban parte en ese momento de su círculo de confianza.
Notas de Crespo
Tomando posiciones. "Álvaro [Pérez, El Bigotes] se quiere situar. Con Víctor [que sería Víctor Campos, entonces vicepresidente de la Generalitat] está imponente".
Satisfacción por el trabajo. "Muchos actos. Todo va de puta de madre".
Confianza en Costa. "Implicar a Ricardo. Que vea que esto es un poco suyo". La policía cree que Crespo se refiere a la "consecución de trabajos para Orange Market".
Problemas a la vista. "Víctor [Campos] lo tranquiliza [a Costa] con lo del Papa".
El amigo en Canal 9. "Pedro [que sería Pedro García, entonces director de Ràdio Televisió Valenciana] se preocupa todos los días. Habla con Víctor, con Juan".
Abriendo el negocio. "Pedro [García] ha organizado una cena con Terra Natura. Van a cenar con el presidente del Valencia".
La documentación intervenida a la trama indica que Costa era la persona de referencia para la trama. En un archivo sobre actos con alcaldes apuntan lo siguiente. "Filiberto dice que Ricardo se hace cargo". Por el municipio al que está asociado, señala el informe de la UDEF, "se infiere que se trata de Filiberto Tortosa", teniente de alcalde de Ontinyent. El archivo incluye numerosos casos similares: "Alfredo Castelló dice que paga Ricardo", en referencia, según la policía, al alcalde de Sagunto.
La trama Gürtel, que en Valencia dirigía Álvaro Pérez El Bigotes, tenía mucho interés en la política valenciana. Antes de las elecciones de 2007, Crespo auguraba los puestos que podían acabar teniendo en el Consell Víctor Campos, Alicia de Miguel, Rambla o Ricardo Costa. "Vice o Economía", auguró el miembro de la trama respecto a este último. Pero Costa nunca llegó a formar parte del Gobierno. Y quizá por ello, El Bigotes le contaba a Crespo en una conversación intervenida que Costa estaba "muy cabreado, muy dolido con el curita [como la red apodaba a Camps] por muchas cosas". "Lógico, lógico", respondía Crespo.
www.elpais.es 11.04.12
ORANGE MARKET ACCEDIÓ AL PLIEGO DE FITUR ANTES DE QUE SE CONVOCARA EL CONCURSO
Un informe policial revela que la red Gürtel dipuso de los documentos antes de la feria de 2005
La unidad de delitos económicos identifica al empresario Felipe Almenar como 'El Príncipe'
Un nuevo informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) desvela que la red Gürtel recibió el pliego de condiciones técnicas de Fitur 2005 antes de que la Generalitat valenciana convocase el correspondiente concurso. De esta manera, Orange Market, que fue la adjudicataria final, pudo adecuarse a la oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos.
Así se desprende de este informe policial, con fecha de 28 de marzo de 2012, al que ha tenido acceso Europa Press, y que ha sido remitido al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Ceres, encargado de instruir la causa de presunta financiación irregular del PP dentro del conocido como caso Gürtel. En esta misma documentación la Policía sostiene que la persona identificada en documentos incautados a la red como El Príncipe es Felipe Almenar, presidente del grupo constructor Cyes.
Respecto al concurso de la feria, el informe recoge que Rocío Perea, trabajadora desde el año 2004 de varias empresas del grupo de Francisco Correa, recibió un correo electrónico, en fecha 4 y 5 de noviembre de 2004, con documentación relacionada con el evento Fitur de 2005.
El informe se remitió al juez Ceres del TSJ valenciano el 28 de marzo 
Entre la misma, se hallaba el pliego de condiciones técnicas de la feria que requirió la empresaria Isabel Jordán, también imputada en la causa, y que le fue remitido por Down Town Consulting, una entidad que luego se convirtió en Easy Concept SL. De esta manera, la red obtuvo estas condiciones antes de que se convocase el concurso, "pudiendo de esta manera adecuar Orange Market su oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos", según consta en el informe. Asimismo, consta que Rocío Perea recibió un total de 1.874,30 euros de la Caja B del grupo entre los meses de febrero y abril de 2005, en forma de "gratificaciones" por su participación en la ejecución de los expositores de Fitur 2005 y otros congresos valencianos.
El informe también recoge que Perea se ocupó de transmitir la petición de asesoramiento para definir la fórmula de adjudicación de unos servicios por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, siguiendo las instrucciones de Jordán.
Por estos datos, la Policía mantiene que Perea era "plenamente consciente" de la "fraudulenta" forma de trabajar de la organización, como se ha podido comprobar en los trabajos efectuados al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y cómo esta persona participaba de manera activa en dicha actividad junto con Isabel Jordán.
Isabel Jordán recibió el pliego en correos electrónicos del 4 y 5 de noviembre de 2004
Otro de los puntos del informe de la Udef es la identificación de distintas personas vinculadas a los hechos objeto de la investigación. Y en este sentido, desvela que "a partir de datos objetivos" se "infiere" que la persona designada como El Príncipe, que aportó la cantidad de 200.000 euros a la sociedad Orange Market SL, es Felipe Almenar presidente del grupo Cyes, especializado en obra civil.
Asimismo, cita a Virginia Beltrán, trabajadora de Orange Market, quien participó en el proceso de elaboración y posterior modificación de diversas facturas emitidas por esta empresa, con destino a la sociedad Facsa, una empresa de Castellón vinculada al Grupo Gimeno, en el año 2007, así como en su ulterior envío al administrador único de esta entidad, tras su remisión previa a Pablo Crespo para su aprobación. En concreto, en uno de los correos, Beltrán envió al administrador de Facsa cuatro facturas, y le pidió que le facilitara una dirección de correo ordinario para poder enviarle las originales. El informe también hace referencia a Juan Enrique Sanz, administrador de la mercantil Juan Sanz SL, que participó en el diseño del expositor de la Comunidad Valenciana para Fitur 2009, también adjudicado a Orange Market. La policía señala que por parte de esta sociedad se elaboró, al menos, una factura a Orange Market con conceptos "ficticios" que no se ajustaban a la realidad del servicio inicialmente prestado, previa petición al respecto por parte de Cándido Herrero y que servían de cobertura a las facturas ficticias emitidas por Orange a nombre de la sociedad constructora Enrique Ortiz e Hijos.
Por otro lado, el informe también alude a Isaac Vidal, exdirector de marketing de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), y expone que su nombre figura en un documento en el que se detalla un listado de personas destinatarias de regalos de Navidad. En este listado también figura Salvadora Ibars, exdirectora general de Promoción Institucional de la Comunitat.
La agenda de Pablo Crespo destaca el papel de Pedro García, exdirector de RTVV
La policía también examinó la agenda de Pablo Crespo y, tras ello, determina en su informe que existe una vinculación "directa" de la organización con responsables políticos y cargos públicos del PP de la Comunidad Valenciana, y que hubo correlación entre éstos y la obtención de negocio para la sociedad Orange Market. En esta agenda se plantea la posición previsible en los órganos de gobierno de la Generalitat tras las elecciones autonómicas de 2007, indicando que Víctor Campos, Ricardo Costa y Vicente Rambla estarían en el mismo; y cuáles eran sus objetivos, que pasaban por implicar a los responsables políticos como a Costa en las operaciones, de tal forma que vieran que la consecución de trabajos para Orange Market era también un logro personal de él.
Asimismo, en esta agenda figuraba la intención de infundir tranquilidad sobre operaciones que realizaban en Valencia, entre ellas, la adjudicación de trabajos relacionados con la visita del Papa; y se indicaba que sus perspectivas de futuro pasaban por la obtención de muchos trabajos con el PPCV en forma de actos o acciones. También resaltaba el papel de Pedro García, exdirector de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), en las actividades de organización como persona que hablaba con los responsables políticos.
De esta agenda intervenida también se deduce que la organización relacionaba, por un lado, el conjunto de actos y acciones de comunicación desarroladas para el PP de la Comunidad Valenciana y el coste de las mismas y, por otro, la fórmula de financiación de esos servicios definiendo la deuda viva existente en un momento determinado diferenciando entre "Deuda Final RC", integrada por las cantidades pendientes de pago con origen en actos de partido y acciones de comunicación; y la "Deuda VR", construida a partir de las acciones de comunicación de las campañas electorales.
Respecto a las siglas RC y VR, la Policía señala que la organización de Correa las utilizaba para hacer alusión a la persona encargada del pago de la deuda generada con motivo del montaje de los actos y campañas de comunicación para el PP valenciano. Identifica las primeras siglas con Ricardo Costa, entonces secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, y las segundas con Vicente Rambla, entonces vicepresidente primero del Consell.
www.elpais.es 10.04.12
EL JUEZ RECHAZA LA QUERELLA DEL PP POR NO IDENTIFICAR A LOS CARGOS DE CAMPS 
El juez considera que debe especificar contra quién se querella y por qué hechos concretos
La querella del PP contra Gürtel apunta a la cúpula de Camps 
Consulta el auto de rechazo de la querella 
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado la querella presentada por la dirección nacional del PP en la causa por la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP valenciano. Los populares la presentaron con el fin de personarse en el procedimiento y acceder, de primera mano, a la instrucción. El tribunal señala en un auto que la querella presentada por la dirección nacional del partido “no concreta mínimamente los hechos por los que se ejercita la acción penal”. Y no se dirige “contra persona alguna aforada ante este tribunal, siendo dicho requisito determinante de la competencia asumida por el mismo”. 
El juez José Ceres, instructor de esta ramificación del caso Gürtel, da por no admitida la querella ya que considera que en la querella se "debe especificar los concretos hechos por los que ejercita la acción penal y contra qué personas determinadas dirige su acción”. En su escrito, el PP solo nombraba al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, y al encargado de su filial en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, y obviaba a la larga lista de caros y excargos del PP que ya están imputados. 
En su texto, el PP hacía extensible la acusación a “cuantas personas físicas o jurídicas que hayan participado en los hechos delictivos como autores (directos, cooperadores o inductores), cómplices y encubridores”, pero no citaba a nadie más. Ahora, el juez le recrimina que no incluyera "ni una mínima referencia concreta" a otra parte de los hechos que también se investiga y que se basa en la contratación de la Generalitat Valenciana con Orange Market. 
La causa que instruye Ceres reúne la mayor parte de la actividad corrupta que la trama Gürtel desarrolló presuntamente en Valencia. De un lado, la financiación ilegal, en la que se investigan los supuestos pagos de actos electorales del PP del expresidente Francisco Camps por parte de empresas constructoras beneficiarias de adjudicaciones de la Generalitat. En este caso, las sociedades de la trama, especialmente Orange Market, habrían actuado de vehículo de los pagos en las campañas de 2007 y 2008. La causa indaga, por otra parte, la supuesta adjudicación irregular del montaje y organización de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur desde 2005 a 2009, por más de cinco millones de euros. 
En su resolución, el magistrado señala, que la querella presentada cuenta con una "descripción de los hechos en términos sumamente genéricos sin que aparezca la necesaria precisión y concreción fáctica" y apunta que “aparecen desprovistos de todo mínimo detalle y concreción, careciendo de una específica imputación fáctica y jurídica, lo que resulta necesario para un válido ejercicio de la acción penal”. 
Tras esta decisión, el PP puede volver a presentar otra querella en la que rectifique e incluya las exigencias del juez para formar parte del procedimiento en el que se investiga no solo la financiación ilegal sino también la posible comisión de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad. 
Se trata del segundo revés del PP en su intento por tener acceso de primera mano a la instrucción de la rama valenciana del caso Gürtel. En diciembre, el juez ya rechazó una maniobra del partido, que pretendía convertirse en acusación en Valencia limitándose a reproducir la querella que en su día presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que solo se relataban hechos referentes a esta comunidad. El segundo intento contiene algunas referencias más específicas a la causa valenciana, pero mucho menos de lo que resulta “legalmente exigible”, apunta el juez. 
La negativa pone de relieve el difícil objetivo del PP: formar parte de la causa, como consiguió en Madrid, sin tener que acusar directamente a quienes integraron las cúpulas en el partido y el gobierno del dimitido presidente Camps, que en muchos casos siguen en el parlamento autonómico o en puestos destacados de la Generalitat. Entre los imputados figuran los diputados del PP Ricardo Costa, Vicente Rambla, Milagrosa Martínez, Angélica Such, David Serra y Yolanda García; el extesorero nacional del partido Luis Bárcenas; la directora general de promoción institucional, Dora Ibars, otros cargos menores, miembros de la trama y los dueños o gestores de ocho constructoras valencianas. 
www.elpais.es 02.04.12 
LA QUERELLA CONTRA GÜRTEL ORDENADA POR COSPEDAL APUNTA A LA CÚPULA DE CAMPS 
El PP valenciano recuerda que la dirección nacional auditaba sus cuentas
La iniciativa pide actuar contra cooperadores o cómplices de El Bigotes 
“Cuantas personas físicas o jurídicas que hayan participado en los hechos delictivos como autores (directos, cooperadores o inductores), cómplices y encubridores”. A todos ellos se dirige la querella que la dirección del PP ha ordenado presentar para personarse en la causa valenciana del caso Gürtel que, entre otras cosas, investiga la presunta financiación de los populares valencianos en la etapa de su anterior presidente, Francisco Camps. También se investigan los posibles delitos de prevaricación y cohecho por la contratación del pabellón de la Generalitat valenciana en Fitur durante cinco años consecutivos, de 2005 y 2009, por un importe total de cerca de cinco millones de euros a la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market. Y la falsedad en la que pudieron incurrir varias empresas por presentar facturas falsas. 
La presentación de la querella (trámite ineludible para que el PP forme parte de la causa) ha supuesto cierta tensión entre la dirección nacional y el partido en Valencia. Sin embargo, la orden de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, fue clara y tajante al respecto, con la intención de frenar el “perjuicio irreparable a la buena imagen del partido”, tal como señala la querella. Mientras, el PP valenciano trata de quitarle hierro al asunto y califica de “normal” que haya sido la dirección nacional la que entre a formar parte de la causa “porque siempre ha sido así”, indican en referencia a que también se personaron en el tronco del caso Gürtel, en Madrid. Además, en Valencia apuntan que, en cualquier caso, si las cuentas del PP no son correctas, la responsabilidad última es de la dirección nacional porque era en Génova (sede de los populares) donde se auditaba toda la contabilidad. 
La querella solo nombra explícitamente al líder de la trama, Francisco Correa, y a Álvaro Pérez, El Bigotes, aunque la hace extensiva a cómplices, colaboradores o inductores. En la causa judicial abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ya están imputados hasta una decena de cargos o excargos del PP valenciano, entre los que se encuentran cinco diputados y el extesorero del PP Luis Bárcenas, que también lo está en la causa inicial de Gürtel. 
Tampoco hace mención el escrito del PP a las empresas a las que, supuestamente, la red corrupta endosó facturas por servicios realizados a la formación política y que acabaron pagando los empresarios. Pero su personación en la causa hace que también vaya contra ellas, contra Lubasa, Ortiz (también implicado en el caso Burgal), Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora de Hormigones Martínez e incluso Sedesa, el grupo empresarial propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino. 
El PP defiende su personación en la causa alegando que cualquier actividad en que se “acuda, invoque o presuma de cualquier influencia o relación con el PP para la consecución de actos ilícitos implica un perjuicio directo para la formación”. La investigación trata de averiguar, respecto a la financiación ilegal, si la deuda que el PP tenía con una de las empresas de la trama, Orange Market, por distintos servicios realizados en la campaña electoral de las autonómicas de 2007 y la de las generales de 2008, se abonó de forma opaca y a través de “donaciones de empresas” encubiertas en facturas falsas. Además, las pesquisas también se dirigen a destapar si hubo un trato preferente e ilegal a la misma empresa en la adjudicación de los cinco contratos para Fitur, entre 2005 y 2009, tiempo en el que, además, la empresa agasajó a varios miembros del PP valenciano con regalos destinados a lograr un trato de favor. 
Pero el PP, en su querella, solo habla de esta formación política y de hecho lo hace a través de su representante del partido. Sostiene que Correa y El Bigotes “al parecer” utilizaron su relación con el PP, del que habían sido proveedores, “para aparentar una capacidad de influencia que favoreciera sus actividades empresariales y así cometer los delitos”. 
También se refiere a las “supuestas ventajas” que pudieron obtener a través de sus “vinculaciones con personas relacionadas con distintas Administraciones públicas, procurando la obtención de un trato preferente en la adjudicación de servicios o concesiones” y al “agravio” al partido. Pero no menciona la defensa de la Administración, de las arcas públicas, en este caso las valencianas, que podrían ser afectadas, ya que una de las partes que se investiga es si las adjudicaciones se realizaron de forma ilegal. 
El PP ya estaba personado en la causa principal de Gürtel, en Madrid, donde se investiga el grueso del caso. La personación le permite tener acceso al sumario de primera mano y estar al tanto de las diligencias que van ordenando los jueces. Sin embargo, al abrirse este procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el instructor, José Ceres, exigió que, para mantenerse como parte en esta ramificación, presentara una querella. La dirección nacional ha optado finalmente por hacerlo y argumenta que el PP “ha hecho un objetivo prioritario de su actividad el responder con el mayor rigor ante cualquier práctica corrupta o actividad delictiva que afecte a la formación política o a las personas que las componen”. Sin embargo, su actuación en la causa principal no ha sido tan recta, al menos, a juicio de la fiscalía y de la acusación popular, que representa a los socialistas, que se han quejado en reiteradas ocasiones de la actitud de bloqueo que el PP ha mantenido en la causa, con continuos recursos que, en muchas ocasiones, no han hecho más que interferir y obstaculizar la marcha del procedimiento, abierto en 2009. 
Una de las ocasiones que provocó la queja de la fiscalía fue con el recurso a una resolución que ni siquiera impugnaron las defensas de los imputados. Y fue, precisamente, cuando el juez remitió un requerimiento a la Generalitat valenciana para que identificara a los responsables de los 17 departamentos que contrataron con empresas de la trama. 
www.elpais. 01.04.12 
OTRA EXCONSEJERA DE CAMPS IMPUTADA EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO 
Angélica Such fue responsable de Turismo cuando se contrató a Orange Market 
La exconsejera de Turismo de la Generalitat Valenciana, Angélica Such, declarará el mes que viene ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en calidad de imputada en la causa de financiación ilegal por la que se investiga al PP valenciano. Según ha dado a conocer el propio TSJCV, Such, que actualmente es secretaria primera de la mesa de las Cortes valenciana, está citada para el próximo 30 de mayo. Con esta imputación ya son seis los miembros de las Cortes valencianas que están imputados en la causa y siguen ocupando un escaño. 
Angélica Such fue responsable de Turismo entre 2007 y 2009, fechas en las que el expositor de la Comunidad Valenciana para la feria de Fitur fue adjudicado a la filial de la trama Gürtel en Valencia, Orange Market. 
La declaración de la exconsejera es una de las primeras diligencias del instructor de la causa, José Ceres, que también ha citado a la directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars, a Isaac Vidal, jefe de área de Mercados y Comunicación en la Agencia Valenciana de Turismo, y Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la misma agencia del Gobierno autonómico, para el día 26 de abril. 
La exadministradora de varias empresas de la supuesta trama, Isabel Jordán y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, lo harán el día 27. Y la también exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez, será interrogada el 5 de mayo. 
www.elpais.es 01.04.12
EL JUEZ CITA A IBARS, GUARRO Y BETORET POR LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP
El magistrado José Ceres fija para los días 25 y 26 de abril las primeras declaraciones
El procedimiento deriva del caso Gürtel e intenta esclarecer contratos de la Generalitat
Fabra cree que Gürtel y Brugal “van a quedar en nada”  
La directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars, el jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Jorge Guarro, la empresaria Felisa Jordán —exadministradora de varias empresas de la supuesta trama—, y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, serán de los primeros en prestar declaración en la investigación de la que se conoce como causa de financiación irregular del PPCV derivada del caso Gürtel. 
El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil, ha fijado para los días 25 y 26 de abril las primeras declaraciones en este procedimiento. En esta primera fase de interrogatorios se pretende ir despejando dudas sobre las mesas de contratación que adjudicaron contratos a Orange Market, entidad que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes, considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama. 
Betoret, quien ya aceptó una condena en la causa de los trajes dentro del caso Gürtel, ocupaba el cargo de jefe del gabinete de la consejería de Turismo cuando la titular de este departamento era Milagrosa Martínez. Esta entidad otorgó diversos contratos a la mercantil Orange Market para la organización y el montaje del pabellón valenciano en la madrileña feria de Fitur. Asimismo, Guarro está imputado por presuntamente haber participado en la redacción de los pliegos de condiciones, las ofertas presentadas y en la Mesa de Contratación para la adjudicación del pabellón de Fitur, que acabaron en la empresa Orange Market. 
Durante la etapa de Ibars se contrató con esta mercantil la Guía de la Comunicación de 2005, la presentación del Congreso de Nuevo Periodismo en 2006 y la fiesta para la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante. Tanto Ibars como Guarro, imputados por un presunto delito de prevaricación y cohecho, ya prestaron declaración, pero en calidad de testigos, en el juicio contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exsecretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, en el caso de los trajes. 
www.elpais.es 06.03.12
ARCHIVADA LA DENUNCIA DE COMPROMÍS SOBRE PRESUNTOS REGALOS A BARBERÁ 
El fiscal superior afirma que el asunto ya se analizó en el sumario del 'caso Gürtel'
La coalición presentó la denuncia tras oírse las grabaciones de la trama en el juicio a Camps 
El fiscal superior de la Fiscalía de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, ha archivado la denuncia presentada por Compromís para que este órgano investigara si los bolsos que supuestamente pudo recibir la alcaldesa de Valencia y diputada autonómica, Rita Barberá, de la trama Gürtel eran por su condición de primera edil. 
El decreto de archivo de Ricard Cabedo, fechado el 18 de enero, responde a una denuncia que realizó la coalición después de que en el juicio de la llamada causa de los trajes contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa se escucharan unas grabaciones en las queÁlvaro Pérez, El Bigotes, indicaba que iban a hacerle un regalo de Louis Vuitton a Barberá como cada año. 
"Supone ello que la empresa Orange Market hizo regalos a Barberá", indica Cabedo, quien añade que de la denuncia de Compromís se desprende que esos hechos eran conocidos por el magistrado instructor del juicio, por el fiscal y por el magistrado presidente del jurado. Sin embargo, "nadie de los referidos halló indicios delictivos en los hechos referidos y al tiempo hay, es evidente, investigación judicial y juicio sobre ello", destaca el fiscal. 
Tras conocer el decreto de Ricard Cabedo, el portavoz del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento, Joan Ribó, ha dicho que no le extraña el archivo de la denuncia teniendo en cuenta "el cambio de parecer de la Fiscalía General del Estado al no recurrir la sentencia que absolvió a Francisco Camps y Ricardo Costa del delito de cohecho pasivo impropio". 
El ministerio fiscal "está para investigar la presunta comisión de delitos  y no para servir a las estrategias de los partidos que gobiernan, antes el PSOE y ahora el PP", sostiene Ribó, que no entiende "cómo en un único folio, el fiscal jefe se quita de encima la denuncia". 
Ribó ha manifestado no estar "nada satisfecho" con la respuesta que ha recibido por parte de la Fiscalía, porque a su juicio "las declaraciones del Bigotes eran contundentes y se merecían, al menos, una investigación". 
www.elpais.es 08.02.12
LA POLICÍA CREE QUE LA ALCALDESA DE ALICANTE PAGÓ EN NEGRO A LA 'GÜRTEL'
Un nuevo informe coloca en el disparadero a Sonia Castedo y siembra dudas sobre Carlos Fabra 
Un nuevo informe policial sobre la presunta financiación ilegal del PP en conexión con la trama Gürtel identifica a Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, como la "Sonia" que entregó 24.000 euros en dinero negro para minorar la deuda contraída por el partido con Orange Market tras las campañas autonómicas y locales de 2007. El sumario del caso Gürtel apunta a que el PP ocultó al fisco 2,5 millones en 2007 con ayuda de la trama, que obtuvo de la Generalitat y sus empresas públicas 14 millones en contratos. Distintos informes incorporados a la causa también indican que varios empresarios afines al PP y con numerosas adjudicaciones públicas contribuyeron a enjugar la deuda del partidocon la red corrupta pagando un millón de euros a través de presuntas facturas falsas. Cohecho (soborno), prevaricación (amaño de contratos) y delito electoral (financiación ilegal) son los delitos que centran la nueva investigación.
Incorporado a la nueva rama del caso cuya investigación acordó en mayo de 2011 el Tribunal Superior valenciano (TSJCV), el informe señala también al expresidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del partido, Carlos Fabra. Según la Policía, Fabra es "el Tuerto" al que alude la trama en sus papeles internos como una de las personas que se comprometieron a aportar fondos para reducir la deuda electoral del PP con Orange Market: exactamente, 90.000 euros, aunque los documentos incautados en cuyo análisis sustenta sus conclusiones la Policía no desvelan si ese importe fue satisfecho ni si, en caso afirmativo, la entrega se hizo utilizando los circuitos legales o en B.
La Policía identifica a la regidora como quien pagó 24.000 euros en negro
El informe toma como base archivos internos de la trama: uno de ellos, un manuscrito; otro, una hoja de cálculo en formato Excel titulada "caja barcelona xls". Según la unidad policial de delitos económicos (UDEF), quienes en ellos aparecen nombrados como "Sonia" y "Alicante Sonia" son en realidad Sonia Castedo. El archivo Excel antes citado se refiere a pagos en negro a Orange Market para enjugar la deuda pendiente. 
Un apunte contable
Uno de los apuntes, del 26 de septiembre de 2007, consigna la cantidad de 24.000 euros abonada por "Alicante Sonia". La hoja Excel enumera una serie de actos bajo el epígrafe común "Alicante". Pero, en este caso y según la Policía, la referencia a la ciudad es literal. Es decir, no se trata de una alusión a pagos legales o en A, bautizados por el grupo de Francisco Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes, como "Alicante".
"La identificación de las personas que se encuentran detrás de los nombres "tuerto" o "Sonia", [o] "Alicante Sonia" se infiere por el contexto en el que se producen", dice el informe policial. Y ese contexto es el de "actos llevados a cabo en Alicante y Castellón". Su contabilidad, explica la UDEF, se llevaba "de forma separada" a la de los servicios prestados para el PP a escala regional y cuyos números quedaron plasmados en el archivo "Deuda Actual Campaña Partido". 
La conclusión en lo relativo al "tuerto" y a "Sonia" queda expuesta así en el informe: "Por su carácter de aportantes de fondos para la financiación de la deuda derivada de la realización de los actos que Orange Market lleva a cabo tanto en Castilla como en Alicante y por la posición de dichas personas dentro de las estructuras de la formación política [se infiere] que se están refiriendo a Carlos Fabra y Sonia Castedo".
La investigación sobre la financiación del PP ya ha situado en el ojo del huracán a cinco destacadísimos miembros de la cúpula regional del PP a los que ahora podría sumarse Castedo. Sobre la alcaldesa alicantina ya pesaban graves sospechas en otro caso de corrupción, el Brugal, pero su imputación dependerá de que el juez que lo instruye se inhiba ante el TSJCV, ante el que Castedo goza de aforamiento como diputada autonómica. Uno de los principales imputados del caso Brugal es el empresario Enrique Ortiz, quien presumiblemente también declarará como presunto financiador del PP.
www.publico.es 07.02.12
GÉNOVA RECIBE UNA ADVERTENCIA POR RESISTIRSE A APORTAR DATOS
"Procede reiterar del Partido Popular el inmediato cumplimiento de lo requerido (...) Invocando el deber de colaboración con la justicia, reitérese el oficio".
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia asumió en mayo la investigación de la financiación irregular del PP autonómico. Dos meses después, el instructor del caso, José Ceres, requirió a la dirección nacional del partido para que aportara un informe sobre el funcionamiento de sus cuentas y determinara quién o quiénes han sido responsables o han intervenido en la contabilidad del partido en la Comunidad Valenciana. El magistrado solicitó que se informara del "modo de funcionamiento", del grado de "autonomía económico-financiera y contable" y del modo en que Génova fiscaliza y controla al PP valenciano. Además, reclamaba una atención especial al funcionamiento de la contabilidad electoral "y en concreto la derivada de las campañas de los años 2007 (autonómicas y locales) y 2008 (generales)".
A principios de octubre, el PP aún no había contestado y el juez les requirió para ello. Ni lo hizo después del día 10, fecha en la que se le recordó, ni tras el 29 del mismo mes, cuando alegó una "inmediata" remisión. El 22 de diciembre la reclamación se hizo vía telefónica y, a finales de ese mismo mes, después de medio año, el juez decidió realizar la advertencia señalando además que, de no cumplirse el requerimiento, el PP podría ser apercibido de la posibilidad de incurrir en responsabilidad penal. Fue con esa "amenaza" con la que, finalmente, Génova (sede del PP nacional) decidió remitir el informe el pasado día 16.
Imprecisiones
Mientras, el PP valenciano envió su propio informe, pero el instructor ha exigido precisiones ya que no indica quién o quiénes fueron responsables de las finanzas en los años 2007 y 2008 y quiénes supervisaron en el PPCV la actividad económico-contable en los mismos años.
Los datos son necesarios para que el magistrado determine quiénes están involucrados en la causa por el posible endoso de facturas a empresarios, que habrían abonado los servicios realizados por la trama al PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008. De momento, están imputados quienes conformaron la cúpula del PP valenciano en aquellos años y el extesorero del PP nacional, Luis Bárcenas, así como varios miembros de la trama Gürtel.
www.elpais.es 30.01.12
 LA POLICÍA RATIFICA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO EN UN INFORME A RUZ
El análisis sobre el cerebro jurídico de Gürtel constata la corrupción en Valencia 
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha recibido el último informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía, en el que se ratifica el sistema que utilizaba la trama Gürtel y se constata el método para la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. El escrito desgrana la forma mediante la que Ramón Blanco Balín, asesor fiscal del cabecilla de la trama, Francisco Correa, manejaba sociedades y cuentas.
Emitían facturas al PP valenciano que se transformaban en deudas de empresas
La "deuda total" englobaba tanto la contabilidad visible como la "B"
El registro en el despacho de Blanco aportó un importante volumen de documentación sobre el método de la trama. Entre otros, se encontraron los documentos respecto al sistema de facturación y contabilidad de las operaciones realizadas por Orange Market. El informe, que fue encargado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira antes de que la competencia en la instrucción del caso volviera a la Audiencia Nacional, señala que la documentación refleja la doble contabilidad en la sociedad que la trama corrupta creó en Valencia. Constata, tal como lo hizo ya en 2009, que Orange Market "mantendría una contabilidad dual", integrada por una contabilidad visible, denominada A, y otra invisible, llamada B. El documento expone cómo en la contabilidad aparecen unas cantidades pendientes de cobro "generadoras de una deuda a favor de la sociedad" y explica que el epígrafe "deuda total" agrupa tanto la derivada de la contabilidad A como de la B.
La brigada de blanqueo de capitales añade que las formas utilizadas para permitir incorporar a la caja esos fondos de la deuda B, de manera que posteriormente pudieran ser utilizados, son "variadas". Y describe cuatro: enmascarando los pendientes de pago dentro de otras facturas; realizando cambios de facturas al alza o a la baja en la base imponible; con facturas de otras empresas de la trama; o incluyendo en la contabilidad facturas con la intención de reducir el saldo de pérdidas y ganancias y así optar a la devolución del IVA.
La policía describe al juez Ruz que Orange Market cambiaba el concepto de sus facturas "a conveniencia, parece que para no mostrar el origen real de los fondos". Y pone como ejemplo una factura emitida al PP de la Comunidad Valenciana que "la transforman" en otra emitida a Enrique Ortiz, "que es la pagadora real del acto del partido". El informe incluye otro ejemplo: una factura emitida al PP de Castellón "se cambia por otra emitida a Facsa, quien efectúa el desembolso del evento del partido". Ambas empresas, junto a otras siete, forman parte de la causa de financiación ilegal que investiga el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, en la que también está imputada la cúpula del PP valenciano, acusada de un delito electoral que incluye financiación ilegal por las prácticas detectadas en las elecciones autonómicas de 2007 y la campaña de las generales de 2008.
"PIEZA CLAVE" EN EL ENGRANAJE DE LA TRAMA
La policía califica a Ramón Blanco Balín como "pieza clave del engranaje de la organización". El informe entregado al juez Pablo Ruz sostiene que acabó convirtiéndose en el cerebro jurídico de la trama y que pese a que "heredó" la estructura del anterior gestor de Correa, acabó teniendo el control directo de las estructuras y posiciones bancarias. De hecho, incluso participaba en algunos negocios.
La policía recalca que la entrada Blanco en escena "dinamiza las estructuras mediante la liquidación de algunas sociedades y la constitución de otras nuevas, el cierre de cuentas bancarias y la apertura de nuevas posiciones en otros países, la utilización de nuevos canales de circulación del dinero y, en definitiva, establece una nueva fórmula de gestión de la estructura financiera y de inversión tanto en España como en el exterior". Así, coincide con la Agencia Tributaria, que ya indicó que Blanco Balín era "un auténtico hombre de confianza" de Correa.
www.elpais.es 30.01.12
GÉNOVA RECIBE UNA ADVERTENCIA POR RESISTIRSE A APORTAR DATOS
"Procede reiterar del Partido Popular el inmediato cumplimiento de lo requerido (...) Invocando el deber de colaboración con la justicia, reitérese el oficio".
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia asumió en mayo la investigación de la financiación irregular del PP autonómico. Dos meses después, el instructor del caso, José Ceres, requirió a la dirección nacional del partido para que aportara un informe sobre el funcionamiento de sus cuentas y determinara quién o quiénes han sido responsables o han intervenido en la contabilidad del partido en la Comunidad Valenciana. El magistrado solicitó que se informara del "modo de funcionamiento", del grado de "autonomía económico-financiera y contable" y del modo en que Génova fiscaliza y controla al PP valenciano. Además, reclamaba una atención especial al funcionamiento de la contabilidad electoral "y en concreto la derivada de las campañas de los años 2007 (autonómicas y locales) y 2008 (generales)".
A principios de octubre, el PP aún no había contestado y el juez les requirió para ello. Ni lo hizo después del día 10, fecha en la que se le recordó, ni tras el 29 del mismo mes, cuando alegó una "inmediata" remisión. El 22 de diciembre la reclamación se hizo vía telefónica y, a finales de ese mismo mes, después de medio año, el juez decidió realizar la advertencia señalando además que, de no cumplirse el requerimiento, el PP podría ser apercibido de la posibilidad de incurrir en responsabilidad penal. Fue con esa "amenaza" con la que, finalmente, Génova (sede del PP nacional) decidió remitir el informe el pasado día 16.
Imprecisiones
Mientras, el PP valenciano envió su propio informe, pero el instructor ha exigido precisiones ya que no indica quién o quiénes fueron responsables de las finanzas en los años 2007 y 2008 y quiénes supervisaron en el PPCV la actividad económico-contable en los mismos años.
Los datos son necesarios para que el magistrado determine quiénes están involucrados en la causa por el posible endoso de facturas a empresarios, que habrían abonado los servicios realizados por la trama al PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008. De momento, están imputados quienes conformaron la cúpula del PP valenciano en aquellos años y el extesorero del PP nacional, Luis Bárcenas, así como varios miembros de la trama Gürtel.
www.elpais.es 30.01.12
EL JUEZ IDENTIFICA A OTRA FUENTE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO
La policía localiza a los empresarios que Gürtel llamaba Príncipe y Cantante 
La investigación sobre la financiación ilegal del PP se encontraba en punto muerto desde el pasado mes de julio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana asumió el caso y se declaró competente para instruir el caso. Sin embargo, el juez que instruye la causa, Francisco José Ceres, está ahondando en las pesquisas después de recibir el informe que requirió a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía y que identifica a El Cantante y El Príncipe, dos personajes que aparecían en los apuntes contables de la trama y que, supuestamente, habrían efectuado "pagos opacos por cuenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a Orange Market".
La novena empresa involucrada también es adjudicataria de la Generalitat
Su identificación elevaría a nueve, según la policía, el número de empresarios incluidos en la causa y sobre los que también pesa la acusación de pagar facturas a la trama Gürtel por trabajos efectuados realmente para el PP valenciano en el marco de las campañas electorales de 2007 (autonómicas, en las que salió elegido presidente Francisco Camps) y 2008 (nacionales, en las que perdió Mariano Rajoy). Todos los empresarios implicados pertenecen al sector de la construcción, que salía en aquellos años de la era del boom del ladrillo, que fue especialmente intenso en la Comunidad Valenciana por la permisiva legislación en la materia.
En su informe, la policía sostiene que El Cantante, que "presuntamente abonó a Orange 199.520 euros" es Rafael Martínez Berna que, tal como indican, ha ocupado distintos puestos directivos del grupo Vallalba. Este conglomerado empresarial ya figuraba en el listado de empresas que habrían aportado, indirectamente, financiación al PP, por lo que Martínez Berna ya figura en la causa como imputado. El empresario presidió hasta hace unos meses la patronal de Alicante. Su dimisión fue atribuida por distintas fuentes a su implicación en el caso de corrupción.
En cuanto a El Príncipe, el escrito de la Udef sostiene que se corresponde con una persona que ostenta un cargo directivo en la sociedad Cyes y "cuyo nombre de pila coincidiría con el del sucesor de la corona española". Según la investigación, este habría abonado 200.000 euros a la misma sociedad de la trama, Orange Market, después de que esta realizara diversos trabajos durante dos de las campañas electorales, la autonómica de 2007 y la de las generales de 2008. En cualquier caso, el juez ha solicitado a la policía que "investigue la persona a quien concretamente pudiera referirse" en su informe, con el fin de comunicarle la causa judicial en la que está involucrado.
El informe que realizó Hacienda sobre el caso de financiación ilegal del PP valenciano se basó en la documentación intervenida en los registros efectuados en las sedes de las empresas corruptas de Gürtel.
Según este informe, por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una cuenta que la trama llamaba "Barcelona".
Otros 872.208 euros de los ingresos que ese año registró Orange Market se contabilizaron en otra cuenta que llamó "Alicante" y que sí fue declarada al fisco. Y es que Orange Market, la empresa cabecera del PP de Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, tenía una doble contabilidad. Al PP le cobraba muchas veces en B y otras en A, según Hacienda, que sostiene que la empresa de El Bigotes recibió en 2007, también en dinero negro, de El Príncipe y El Cantante.
En la causa por financiación ilegal ya estaban imputados los gestores del grupo Enrique Ortiz (implicado también en el caso Brugal), Sedesa (propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), Lubasa, Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste y Constructora Hormigones Martínez. Todas ellas adjudicatarias de contratos millonarios de obra pública por parte del Gobierno autonómico que presidía Francisco Camps. En la página web de Cyes, la última empresa incluida en la causa, la constructora destaca las obras realizadas tanto para la Generalitat como para el Ayuntamiento de Valencia.
Junto a los empresarios figuran imputados en la causa la cúpula del PP que presidía Camps (incluido Ricardo Costa), así como varios miembros destacados de su Gobierno.
www.elpais.es 20.01.12
EL JUEZ EXIGE AL PP VALENCIANO SEÑALAR A LOS AUTORES DE SU FINANCIACIÓN ILEGAL
El instructor requiere que presenten una querella si quieren ser parte del caso 
El juez que instruye la causa por financiación ilegal del PP valenciano ha rechazado el intento del Partido Popular de personarse en el proceso como acusación sin presentar querella contra nadie en concreto, ni mencionar los delitos que presuntamente cometieron, ni dónde tuvieron lugar. El magistrado José Ceres ha rechazado, en un auto conocido ayer, el recurso presentado por el partido, y exige que especifique a los responsables que presuntamente cometieron los delitos que se investigan. El PP ha recurrido la decisión a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano.
La formación trata de evitar el trago de acusar a la cúpula de Camps
El PP logró personarse como acusación en el procedimiento original de Gürtel que instruía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que ahora ha vuelto a la Audiencia Nacional. La actuación del PP como acusación -en una causa que investiga un vasto caso de corrupción vinculado a esa misma formación política- ha estado marcada por la insistente presentación de recursos, que han dificultado el avance del procedimiento. Han sido tantas las demoras causadas que hasta el entonces instructor de la causa, Antonio Pedreira, instó al partido en julio de 2010 a terminar con la "batalla campal" de informes y contrainformes que había desatado.
El magistrado de Valencia José Ceres recuerda en su auto que la querella que el PP "de la Comunidad de Madrid" presentó en su día en la causa troncal de Gürtel, y con la que pretendía darse por personado también en Valencia, iba dirigida únicamente contra Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y el lugarteniente de la trama, Pablo Crespo. Y se limitaba solo a los supuestos delitos de "administración desleal, injurias, calumnias y denuncias falsas".
"No se menciona nada relacionado con los hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana", indica el juez. "Ni aparece mención de persona alguna, aforada o no, con intervención en hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana, no citándose ni mencionándose en momento alguno en el escrito de querella siquiera a la sociedad Orange Market [que administraba Álvaro Pérez El Bigotes], que es la protagonista principal de los hechos", agrega Ceres.
El, de momento, infructuoso objetivo del PP era personarse como acusación para tener acceso directo a la causa sin pasar el mal trago de tener que querellarse contra las cúpulas del PP valenciano y de la Generalitat que presidía, en ambos casos, Francisco Camps. En la causa por financiación ilegal están imputados Ricardo Costa (ex secretario general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat), David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV), Yolanda García (tesorera del PPCV), Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional) y otros.
La causa incluye una pieza separada por delitos contra la Administración Pública: cohecho y prevaricación en la adjudicación a la trama de contratos de Fitur por importe de seis millones de euros. En ella están imputados Rambla, Milagrosa Martínez (exconsejera y expresidenta de las Cortes Valencianas) y Rafael Betoret (exjefe de gabinete en Turismo), ya condenado en el caso de los trajes.
www.elpais.es 17.01.12

EL JUEZ IDENTIFICA A OTRA FUENTE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO
La policía localiza a los empresarios que Gürtel llamaba Príncipe y Cantante
La investigación sobre la financiación ilegal del PP se encontraba en punto muerto desde el pasado mes de julio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana asumió el caso y se declaró competente para instruir el caso. Sin embargo, el juez que instruye la causa, Francisco José Ceres, está ahondando en las pesquisas después de recibir el informe que requirió a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía y que identifica a El Cantante y El Príncipe, dos personajes que aparecían en los apuntes contables de la trama y que, supuestamente, habrían efectuado "pagos opacos por cuenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a Orange Market".
La novena empresa involucrada también es adjudicataria de la Generalitat
Su identificación elevaría a nueve, según la policía, el número de empresarios incluidos en la causa y sobre los que también pesa la acusación de pagar facturas a la trama Gürtel por trabajos efectuados realmente para el PP valenciano en el marco de las campañas electorales de 2007 (autonómicas, en las que salió elegido presidente Francisco Camps) y 2008 (nacionales, en las que perdió Mariano Rajoy). Todos los empresarios implicados pertenecen al sector de la construcción, que salía en aquellos años de la era del boom del ladrillo, que fue especialmente intenso en la Comunidad Valenciana por la permisiva legislación en la materia.
En su informe, la policía sostiene que El Cantante, que "presuntamente abonó a Orange 199.520 euros" es Rafael Martínez Berna que, tal como indican, ha ocupado distintos puestos directivos del grupo Vallalba. Este conglomerado empresarial ya figuraba en el listado de empresas que habrían aportado, indirectamente, financiación al PP, por lo que Martínez Berna ya figura en la causa como imputado. El empresario presidió hasta hace unos meses la patronal de Alicante. Su dimisión fue atribuida por distintas fuentes a su implicación en el caso de corrupción.
En cuanto a El Príncipe, el escrito de la Udef sostiene que se corresponde con una persona que ostenta un cargo directivo en la sociedad Cyes y "cuyo nombre de pila coincidiría con el del sucesor de la corona española". Según la investigación, este habría abonado 200.000 euros a la misma sociedad de la trama, Orange Market, después de que esta realizara diversos trabajos durante dos de las campañas electorales, la autonómica de 2007 y la de las generales de 2008. En cualquier caso, el juez ha solicitado a la policía que "investigue la persona a quien concretamente pudiera referirse" en su informe, con el fin de comunicarle la causa judicial en la que está involucrado.
El informe que realizó Hacienda sobre el caso de financiación ilegal del PP valenciano se basó en la documentación intervenida en los registros efectuados en las sedes de las empresas corruptas de Gürtel.
Según este informe, por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una cuenta que la trama llamaba "Barcelona".
Otros 872.208 euros de los ingresos que ese año registró Orange Market se contabilizaron en otra cuenta que llamó "Alicante" y que sí fue declarada al fisco. Y es que Orange Market, la empresa cabecera del PP de Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, tenía una doble contabilidad. Al PP le cobraba muchas veces en B y otras en A, según Hacienda, que sostiene que la empresa de El Bigotes recibió en 2007, también en dinero negro, de El Príncipe y El Cantante.
En la causa por financiación ilegal ya estaban imputados los gestores del grupo Enrique Ortiz (implicado también en el caso Brugal), Sedesa (propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), Lubasa, Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste y Constructora Hormigones Martínez. Todas ellas adjudicatarias de contratos millonarios de obra pública por parte del Gobierno autonómico que presidía Francisco Camps. En la página web de Cyes, la última empresa incluida en la causa, la constructora destaca las obras realizadas tanto para la Generalitat como para el Ayuntamiento de Valencia.
Junto a los empresarios figuran imputados en la causa la cúpula del PP que presidía Camps (incluido Ricardo Costa), así como varios miembros destacados de su Gobierno.
www.elpais.es 20.01.12
EL JUEZ EXIGE AL PP VALENCIANO SEÑALAR A LOS AUTORES DE SU FINANCIACIÓN ILEGAL
El instructor requiere que presenten una querella si quieren ser parte del caso
El juez que instruye la causa por financiación ilegal del PP valenciano ha rechazado el intento del Partido Popular de personarse en el proceso como acusación sin presentar querella contra nadie en concreto, ni mencionar los delitos que presuntamente cometieron, ni dónde tuvieron lugar. El magistrado José Ceres ha rechazado, en un auto conocido ayer, el recurso presentado por el partido, y exige que especifique a los responsables que presuntamente cometieron los delitos que se investigan. El PP ha recurrido la decisión a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano.
La formación trata de evitar el trago de acusar a la cúpula de Camps
El PP logró personarse como acusación en el procedimiento original de Gürtel que instruía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que ahora ha vuelto a la Audiencia Nacional. La actuación del PP como acusación -en una causa que investiga un vasto caso de corrupción vinculado a esa misma formación política- ha estado marcada por la insistente presentación de recursos, que han dificultado el avance del procedimiento. Han sido tantas las demoras causadas que hasta el entonces instructor de la causa, Antonio Pedreira, instó al partido en julio de 2010 a terminar con la "batalla campal" de informes y contrainformes que había desatado.
El magistrado de Valencia José Ceres recuerda en su auto que la querella que el PP "de la Comunidad de Madrid" presentó en su día en la causa troncal de Gürtel, y con la que pretendía darse por personado también en Valencia, iba dirigida únicamente contra Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y el lugarteniente de la trama, Pablo Crespo. Y se limitaba solo a los supuestos delitos de "administración desleal, injurias, calumnias y denuncias falsas".
"No se menciona nada relacionado con los hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana", indica el juez. "Ni aparece mención de persona alguna, aforada o no, con intervención en hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana, no citándose ni mencionándose en momento alguno en el escrito de querella siquiera a la sociedad Orange Market [que administraba Álvaro Pérez El Bigotes], que es la protagonista principal de los hechos", agrega Ceres.
El, de momento, infructuoso objetivo del PP era personarse como acusación para tener acceso directo a la causa sin pasar el mal trago de tener que querellarse contra las cúpulas del PP valenciano y de la Generalitat que presidía, en ambos casos, Francisco Camps. En la causa por financiación ilegal están imputados Ricardo Costa (ex secretario general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat), David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV), Yolanda García (tesorera del PPCV), Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional) y otros.
La causa incluye una pieza separada por delitos contra la Administración Pública: cohecho y prevaricación en la adjudicación a la trama de contratos de Fitur por importe de seis millones de euros. En ella están imputados Rambla, Milagrosa Martínez (exconsejera y expresidenta de las Cortes Valencianas) y Rafael Betoret (exjefe de gabinete en Turismo), ya condenado en el caso de los trajes.
www.elpais.es 17.01.12
EL JUEZ IMPUTA EN GÜRTEL A OTROS TRES ALTOS CARGOS DE LA GENERALITAT
El magistrado cree que pudieron cometer los delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación de contratos a 'El Bigotes'
El juez José Ceres ha imputado a otros tres altos cargos de la Generalitat en el grueso de la vertiente valenciana del caso Gürtel que instruye en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Se trata de Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat; Isaac Vidal, jefe de área de Mercados y Comunicación en la Agencia Valenciana de Turismo, y Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la misma agencia del Gobierno autonómico.
El magistrado cree, "dada la documentación e informes incorporados hasta la fecha a las presentes diligencias", que los tres pudieron cometer los delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación a Orange Market, la sociedad de la trama corrupta que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes, de los contratos de organización y montaje del pabellón valenciano en la madrileña feria de Fitur.
La red que lideraba Francisco Correa obtuvo casi cinco millones de euros por la adjudicación del pabellón de la Generalitat cinco años seguidos, de 2005 y 2009. La investigación ha revelado que, en unos casos, los miembros de la trama mafiosa conocían las bases oficiales de la adjudicación semanas antes de que fueran publicadas, lo que les permitía elaborar propuestas ganadoras frente al resto de competidores. Y en otros, que la oferta de Orange Market se alzaba con los cuantiosos contratos a pesar de no reunir los requisitos o hacer la oferta más cara.
En la enrevesada trayectoria procesal del caso Gürtel, el TSJ valenciano decidió asumir, por separado, la competencia de dos de sus ramales. El primero es el que sentará en el banquillo el próximo 12 de diciembre al expresidente Francisco Camps y al ex secretario general del PP regional Ricardo Costa por haber aceptado supuestamente dádivas de la trama.
El segundo, en el que han sido imputados los tres nuevos altos cargos, contiene la aparentemente irregular concesión de los contratos de Fitur y, al mismo tiempo, la financiación ilegal del PP (delito electoral), que habría incluido la falsificación en documento mercantil.
En esta segunda y central vertiente del caso Gürtel valenciano ya estaban imputados buena parte de la plana mayor del PP regional y del Gobierno de Camps: Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat); David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV); Yolanda García (tesorera del PPCV); Cristina Ibáñez (administradora del PPCV); Luis Bárcenas (extesorero del PP); Milagrosa Martínez (expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsejera de Turismo); Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de Turismo) y, de nuevo, Costa.
En la providencia que comunica las nuevas imputaciones, que lleva fecha de 11 de noviembre, el magistrado indica que El Bigotes y Cándido Herrero (empleado de la trama) hablan sobre Dora Ibars en una conversación telefónica que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2008 y que fue intervenida por la policía. De su contenido, concluye el juez, "y sin perjuicio de lo que resulte, se puede inferir un no descartable grado de conocimiento o participación en los hechos relativos a una negociación previa que pudiera, en su caso, posibilitar una ventaja o facilitación del direccionamiento de la contratación administrativa mencionada [adjudicación de Fitur] a favor de Orange Market".
El magistrado señala, respecto a Isaac Vidal y Jorge Guarro, que ambos participaron en la elaboración de los pliegos de condiciones del concurso, estableciendo "criterios de adjudicación de influencia decisiva". Al mismo tiempo, participaron en la mesa de contratación que elegía entre las ofertas presentadas; y emitieron informes que fueron "determinantes para la propuesta" que dicha mesa elevó a la Agencia Valenciana de Turismo, sobre la base de la cual se adjudicaron los contratos a Orange Market.
El juez pide en la misma resolución a Presidencia de la Generalitat y a la Consejería de Turismo que amplíen la información sobre cómo se formaban las mesas de contratación investigadas y qué criterio se utilizaba para elegir a sus integrantes.
www.elpais.es 18.11.11
CAMPS OCULTÓ UNA LICITACIÓN DE 500.000 EUROS EN BENEFICIO DE LA 'GÜRTEL'
Orange Market no tuvo competidores para organizar la Volvo Ocean Race
El Govern del expresident valenciano Francisco Camps ocultó la existencia de un contrato público de medio millón de euros para conseguir así que sólo la trama Gürtel optara al mismo. Se trata de la organización de la ceremonia de inauguración de la Volvo Ocean Race o Vuelta al Mundo a Vela, que en octubre de 2008 salió desde Alicante. Orange Market, la filial de la trama en Valencia, consiguió el contrato después de que la empresa pública encargada de otorgarlo redujera la exigencia que marca la ley de publicidad y libre concurrencia a sólo tres días de exposición en una web que no es la habitual para este tipo de anuncios.
Así lo muestra la documentación que, tras dos años y medio de espera y continuas peticiones, fue proporcionada el pasado lunes a EUPV, la marca autonómica de IU. Hasta ahora, se conocía que la Generalitat había privilegiado presuntamente a la trama a través del trasvase de información, el amaño de procesos de selección o el troceamiento de grandes contratos en pequeñas facturas. El contrato exhibido por EUPV muestra que la ocultación de licitaciones fue otra de las técnicas supuestamente utilizadas.
EUPV recibe facturas de la trama tras dos años de peticiones y esperas
Orange Market recibió el encargo de organizar la ceremonia de inauguración por 445.000 euros. Lo llamativo es que, pese a que el Govern valenciano anunció la celebración de este evento en esta ciudad ya en junio de 2006, los trámites para la adjudicación del contrato no se iniciaron hasta el 20 de agosto del año 2008, un mes y dos días antes de la fecha señalada para el inicio de los fastos.
La tardanza sirvió de excusa para las prisas en la contratación que, a su vez, beneficiaron a Orange Market. La empresa pública que otorgó el contrato, la desaparecida Societat de Promoció Estratègica de la Comunitat Valenciana, redujo a su mínima expresión los requisitos de publicidad, transparencia, libre concurrencia y no discriminación que la ley exige para la contratación pública. Así, la manera elegida para encontrar a la empresa adecuada fue seleccionar a tres posibles candidatos y pedirles directamente una oferta. De los tres elegidos, sólo Orange Market accedió a participar en el concurso. A falta de otras opciones, la filial de la trama Gürtel se hizo con el contrato.
Este procedimiento podía resultar ilegal, ya que la ley obliga a garantizar la libre concurrencia. Tal vez por ello la Societat de Promoció Estratègica añadió al proceso una nueva fase. Decidió publicitar el anuncio de la adjudicación, pero sólo lo hizo durante tres días laborables. Además, el lugar elegido para exponer la oferta no fue el que las empresas interesadas habrían esperado, esto es, el perfil del contratante. En la documentación a la que EUPV ha tenido acceso, la Societat de Promoció Estratègica argumenta que su web "no se encontraba operativa". Se opta entonces por exhibir el anuncio en la web del evento, "Alicante 2008, Vuelta al Mundo a Vela". El resultado es que ninguna empresa presentó oferta alguna.
Hay contratos menores troceados para evitar el concurso público
Libre de competidores, Orange Market se hizo con el contrato. La firma se produjo el 12 de septiembre, sólo diez días antes de la celebración de la ceremonia de inauguración, que tuvo lugar el 22 de septiembre en el puerto de Alicante. La rapidez con la que la empresa adjudicataria organizó un evento de tales dimensiones, uno de los proyectos estrella de la Generalitat, sorprendió el lunes a EUPV: "¿Puede una empresa montar en diez días (desde la adjudicación del contrato) un "sarao" de 445.000 euros? Orange Market sí", comentó en su cuenta de Twitter el diputado Ignacio Blanco.
El sumario del caso Gürtel muestra que el presunto trato de favor a Orange Market fue habitual. En 2005, la empresa consiguió el contrato de montaje del stand del País Valencià en la feria de turismo Fitur gracias a la información privilegiada que le llegó desde correos electrónicos de la Conselleria de Turisme, según un informe policial. Tres altos cargos de los gobiernos de Camps entre ellos, su último vicepresidente Vicente Rambla están siendo investigados por presunta prevaricación y cohecho en relación a este asunto. El Tribunal Superior de Justicia valenciano investiga, además, la posible financiación ilegal del PP gracias a la intermediación de Orange Market.
La trama recibió el encargo de un gran evento diez días antes de la cita 
La documentación recibida por EUPV muestra que Orange Market también se benefició de una larga lista de pequeños contratos que, al ser de cuantía inferior a 12.000 euros, no precisan de concurso ni publicidad previa. En cinco ocasiones, la empresa organizó eventos en los que el importe de sus servicios superó esa cantidad, pero la Generalitat troceó el gasto total en varios contratos. De esta forma se eludió la libre concurrencia.
En la documentación también abundan las facturas incompletas, en las que se cobran elevadas cantidades por conceptos que no están suficientemente precisados. Una de ellas recoge el cobro de 5.452 euros a la Conselleria de Educació por el "diseño de la página web", sin detallar cuál. En otra ocasión se cita la "creatividad" como uno de los conceptos de un contrato de 163.181 euros
www.publico.es 05.10.11
LA OPOSICIÓN YA TIENE LOS CONTRATOS DEL TRATO DE FAVOR DE CAMPS A LA RED GÜRTEL
Los encargos a la empresa que dirigía El Bigotes suman siete millones de euros
Los documentos a los que ayer tuvieron acceso los diputados de Esquerra Unida del País Valencià, tras haberlo solicitado en las Cortes Valencianas, ratifican que la Administración que presidía Francisco Camps otorgó a la empresa Orange Market contratos por un valor cercano a los siete millones de euros entre 2004 y 2009. En total fueron una veintena de adjudicaciones (algunas troceadas en varios contratos para no superar el límite y evitar el concurso público) a la sociedad que hacía de cabeza visible de la red Gürtel en Valencia. Al margen de estos, la Administración autonómica adjudicó a la misma empresa los concursos para la creación de los expositores de la Feria de Turismo, Fitur, durante cinco años. La empresa cobró de la Generalitat Valenciana que presidía Francisco Camps más de siete millones de euros.
Los parlamentarios constatan que hubo fraccionamientos de contratos
Los papeles revelan la "connivencia con una empresa corrupta", dice EUPV
El Consell facilitó copia de la documentación a los diputados
Presidencia acusa a la oposición de falta de seriedad porque los datos se conocían
La mayoría de los contratos son menores, es decir, se realizaron sin pasar por el trámite del concurso o el procedimiento negociado, como destacaron ayer en sus primeras declaraciones los parlamentarios que los consultaron. El informe de la Unidad de Auxilio Judicial realizado en 2010 ya expuso que en varias ocasiones hubo un fraccionamiento en el pago "con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación, por lo que se han vulnerado los principios de publicidad y concurrencia". Este es el caso, por ejemplo, del Congreso de Software libre celebrado en Castellón en 2005 y adjudicado por la Consejería de Educación. Orange Market presentó hasta cuatro facturas que, en total, ascienden a un total de más de 48.000 euros. Por separado, ninguna suma más de 12.000 euros. Aún así, la sociedad no tuvo reparos en utilizar el mismo concepto en, al menos, dos de las facturas por el "alquiler, transporte y montaje moqueta en 22 stands".
También se fragmentaron los pagos por el servicio que prestó Orange Market a la vicepresidencia del Gobierno valenciano y a la consejería de Justicia en un acto celebrado en 2007. Por una parte facturó 11.000 euros por el "montaje y desmontaje del acto" y, por otra, otros 8.000 por el "material audiovisual y personal técnico" del mismo.
Entre los "encargos" hechos por la Generalitat Valenciana a Orange Market aparecen cosas tan diversas como un millar de carteras porta documentos y serigrafiadas con motivo del Congreso Familia y Escuela, celebrado en noviembre de 2006, que costaron a las arcas públicas 9.860 euros. Para ese mismo evento la sociedad que encabezaba Álvaro Pérez, El Bigotes, presentó otra factura por 1.972 euros por otro millar de "receptores de radio y sus pilas".
Además de los contratos menores hay otros que se adjudicaron tras un procedimiento negociado, que se realiza tras la solicitud de tres presupuestos a firmas diferentes para posteriormente elegir el mejor. Es el caso de un contrato de Vaersa, por un valor de 120.000 euros. Pero también en este, el informe pericial sostiene que hubo irregularidades, ya que las otras dos empresas a las que se pidieron ofertas formaban parte de la trama. "Dadas las relaciones que existen entre ellas y la falta de independencia real, se habrían vulnerado los principios de publicidad y concurrencia", recoge el informe. Los documentos, dijo el diputado autonómico de Esquerra Unida Ignacio Blanco, revelan la "connivencia de la Generalitat con una empresa que solo se puede calificar de corrupta". Blanco, junto a la coordinadora de la formación, Marga Sanz, y al también diputado Lluís Torró, pudieron consultar y después llevarse fotocopiados 134 folios de documentación sobre las relaciones de la Administración valenciana con la empresa Orange Market entre 2005 y 2009. La documentación, que había sido reiteradamente solicitada sin éxito, como reconoció el diputado tras dedicar unas horas a su estudio, está toda contenida en el sumario del caso Gürtel, pero viene a confirmar por primera vez de manera oficial, desde la propia Generalitat, la extensa relación contractual con la terminal valenciana de la trama de corrupción que dirigía Álvaro Pérez por cuenta del cabecilla de la red, Francisco Correa.
Hasta ahora, los contratos con la trama solo habían salido de los archivos de la Generalitat por orden judicial y el expresidente valenciano Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel, había impedido facilitar cualquier información a la oposición. Ayer, en las oficinas de la Consejería de Presidencia, los diputados de Esquerra Unida no tuvieron acceso a las actas de las mesas de contratación, como destacó el propio Blanco. Pese a ello, "los documentos confirman lo que ya sospechábamos de las estrechas relaciones de Orange Market con el PP y de cómo se utilizó la Administración para contratar a 'amiguitos del alma", comentó el diputado.
Desde la Consejería de Presidencia, que dirige la vicepresidenta de la Generalitat, Paula Sánchez de León, se acusó a Esquerra Unida de hacer "demagogia" y de "falta de seriedad" porque toda la documentación entregada a los diputados "en su momento fue facilitada a los tribunales y forma parte de un sumario judicial que es público". El Gobierno de Fabra ha empezado también a responder por escrito a peticiones de información formuladas por la oposición, aunque las respuestas todavía no han llegado a los solicitantes en su tramitación en las Cortes.
www.elpais.es 04.10.11
EL PSOE EXIGE A RAJOY QUE ACLARE QUIÉN LE FINANCIÓ EN 2008 
"El entramado de su campaña electoral huele que apesta"  
Los socialistas exigen al líder del PP, Mariano Rajoy, que explique "quién o quiénes" financiaron los actos en Valencia de la campaña del PP para las elecciones del 9 de marzo de 2008, en la que él participó y dio mítines. La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia por delito electoral ante el Tribunal Superior de Madrid (Véase EL PAÍS de ayer) contra 16 personas -entre ellas, cuatro diputados del PP valenciano y cinco empresarios contratistas de esa comunidad- en relación con los actos de las elecciones generales de 2008. Los preparativos y escenarios desde los que Rajoy dio sus mítines en Valencia fueron montados por la red Gürtel, la trama corrupta vinculada al PP y, según Anticorrupción, los gastos fueron pagados en parte por empresas adjudicatarias de contratas del Gobierno valenciano. Tanto Rajoy como su partido permanecieron ayer mudos frente a estas acusaciones. 
La corrupción ya afecta al 25% de los diputados del PP de Valencia
Los populares guardan silencio ante las acusaciones de la Fiscalía 
Antonio Hernando, vicecoordinador de la campaña de Alfredo Pérez Rubalcaba para el próximo 20-N, señaló ayer: "Antes de que empiece una nueva campaña electoral, Mariano Rajoy debe dar explicaciones (...) Debe decir cómo se financió esa campaña, quién o quiénes pusieron dinero para pagar actos de campaña y quién era el administrador electoral a quien él nombró siendo candidato. Ya no se trata", añadió Hernando, "de tres trajes, sino de algo mucho más grave y sucio, como es la financiación ilegal de una campaña electoral". 
En este momento, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia investiga un supuesto delito electoral cometido en la campaña de 2007, en la que el PP se hizo con mayoría absoluta en el Parlamento valenciano. Es previsible que el Superior de Madrid remita esta nueva denuncia de la Fiscalía, para su acumulación, a su homónimo valenciano.
Según informes de Hacienda y de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía, el PP de Valencia pudo financiarse ilegalmente en ambas campañas. ¿Cómo? Al menos cinco grandes empresas de esa comunidad -Facsa, Sedesa, Piaf, Lubasa y Enrique Ortiz e Hijos; el patrón de esta última también está implicado en el caso Brugal- abonaron presuntamente a la empresa corrupta Orange Market gran parte de los actos electorales que esta firma preparó para el PP de Valencia. Orange Market habría camuflado esos pagos con facturas falsas por servicios no prestados a esas empresas, y con el dinero se habría cobrado los actos que hacía para el PP. Orange Market era la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, "el amiguito del alma" del expresidente valenciano Francisco Camps, quien dimitió el pasado julio acusado de recibir regalos de trajes y joyas de la red Gürtel. 
Hernando, que califica estos hechos de "muy graves", señala: "En 2008, Rajoy fue el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, participó en una campaña electoral que se pudo financiar ilegalmente, con dinero oscuro (...)". "Todo ese entramado de financiación, corrupción, favores, contratos públicos, huele que apesta", destaca Hernando, y añade: "El señor Rajoy debe una explicación a los electores y a los militantes que le votaron y que participaron en sus actos, sin saber cómo se pagaban y de dónde procedía el dinero". Según Hernando, Rajoy "debería saber que un candidato debe dar explicaciones" si se descubre que el acto en el que interviene -"un gran mitin, bien organizado, con publicidad, con un escenario impresionante, y lleno de gente que ha viajado en autobuses"- ha sido "pagado con dinero sucio". 
Además, el portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las Cortes valencianas, Francisco Toledo, pidió al actual presidente de Valencia, Alberto Fabra, que "tome una decisión" sobre "los cuatro diputados valencianos acusados de nuevos delitos por Anticorrupción". Toledo señaló: "De los 55 diputados del PP, un total de 14, el 25%, están imputados o implicados en graves casos de corrupción, y el candidato nacional del PP mira hacia otro lado". Y cifra "en más de un millón de euros la cantidad que el PP pudo obtener" ilícitamente "por actos en los que participó Rajoy" en 2008. 
www.elpais.es 16.08.11 
"VENTAJISMO ELECTORAL" 
La diputada y coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Marga Sanz, lamentó ayer que el PP tuviese "ventaja" en las elecciones de 2008 gracias a una supuesta financiación ilegal, por lo que ha pedido que se investiguen las denuncias presentadas por la Fiscalía Anticorrupción ante el Tribunal Superior de Madrid. 
Sanz explicó que la denuncia indica que al menos un millón de euros provenientes del PP valenciano y de empresas contratistas de la Generalitat fueron a parar a los actos electorales de la campaña de Mariano Rajoy en 2008. "Es absolutamente antidemocrático e ilegal que la derecha se presente a las elecciones con una ventaja económica de al menos un millón de euros", dijo. 
Sanz añadió: "A pesar del maquillaje que está aplicando ahora Alberto Fabra [actual presidente de la Comunidad Valenciana], el PP valenciano es un partido berlusconiano". Y se preguntó: "¿Cómo se explica si no que abonara en su momento 405.450 euros con fondos opacos? ¿De dónde sacaban los conservadores valencianos casi medio millón de euros opacos?". 
www.elpais.es 16.08.11
EL PSOE PIDE DECISIONES POR LOS CUATRO DIPUTADOS INVESTIGADOS POR DELITO ELECTORAL 
El PSOE pide explicaciones al líder del Partido Popular sobre la campaña electoral de 2008. "Antes de que empiece una nueva campaña electoral, Mariano Rajoy debe dar explicaciones respecto a la campaña electoral del 2008", ha declarado el vicecoordinador de la campaña socialista, Antonio Hernando. "Rajoy debe decir cómo se financió esa campaña, quién o quiénes pusieron dinero para pagar actos de campaña y quién era el Administrador electoral a quien él nombró siendo candidato. Ya no se trata de tres trajes sino de algo mucho más grave y sucio como es la financiación ilegal de una campaña electoral", ha añadido. 
El líder del PP "debe una explicación a los electores y a los militantes que le votaron y que participaron en sus actos, sin saber cómo se pagaban y de dónde procedía el dinero", ha remarcado Hernando. "Debería saber que cuando un candidato va un gran mitin, bien organizado, con muchos medios y mucha publicidad, con un escenario impresionante, y que está lleno de gente que ha viajado en autobuses, si se descubre que todo ese montaje ha sido pagado con dinero sucio tiene que dar explicaciones, es lo mínimo que se le puede exigir a un candidato que se vuelve a presentar a las elecciones", ha insistido. 
La presencia en el Congreso de los cuatro diputados valencianos acusados de delitos electorales es "una burla" a los ciudadanos, según el portavoz adjunto del grupo socialista en el Parlamento autónomo, Francisco Toledo, que ha exigido a Mariano Rajoy y al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que "tomen una decisión" al respecto. 
Ya no se trata de tres trajes sino de algo mucho más grave 
"De los 55 diputados del PP un total de 14, el 25%, están imputados o implicados en graves casos de corrupción, y el candidato nacional del PP mira hacia otro lado", ha señalado Toledo, que se ha referido a la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de 16 personas por actos electorales de Rajoy de 2008. 
Los socialistas valencianos critican que, mientras "el Tribunal Superior de Justicia Valenciano ya investiga la presunta financiación ilegal del PP en los comicios autonómicos de 2007", los nuevos indicios "cifran en más de un millón de euros la cantidad que el partido pudo obtener por el mismo sistema ilícito para actos en los que participó Rajoy en su última campaña". Por ello, creen que el líder popular debe "salir inmediatamente de su plácido escondite vacacional y dar la cara" ya que la investigación "le afecta directamente y pone en tela de juicio su propia campaña electoral y la ética de su partido".  
El hecho de que Rajoy pudiera haberse beneficiado de Gürtel puede explicar por qué encubrió durante más de dos años a Camps 
"El hecho de que Rajoy pudiera haberse beneficiado de Gürtel directamente puede explicar por qué encubrió durante más de dos años a Francisco Camps", ha añadido el diputado socialista, que considera que el Partido Popular "ha instaurado en la Comunitat Valenciana un sistema generalizado de corrupción y el caso de los trajes solo era la punta del iceberg". 
Si Alberto Fabra "continúa negando la realidad y comete los mismos errores que cometió Camps", su destino será el mismo, ha señalado Toledo, que dice que el caso Gürtel "no está muerto, está más vivo que nunca y solo acabará cuando todo esté investigado y juzgado". 
Izquierda Unida, por su parte, ha tildado de "antidemocrático" que el PP concurra a las elecciones "con una ventaja de un millón de euros". La portavoz de en las Cortes valencianas, Marga Sanz, ha añadido que, "a pesar del maquillaje que está aplicando ahora Alberto Fabra, el PP valenciano es un partido berlusconiano". "¿Cómo se explica si no que abonara en su momento 405.450 euros con fondos opacos? ¿De dónde sacaban los conservadores valencianos casi medio millón de euros opacos?", se ha preguntado. 
www.elpais.es 15.08.11 
ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA A 16 PERSONAS POR ACTOS ELECTORALES DE RAJOY DE 2008 
La Fiscalía Anticorrupción acusa a cuatro diputados del PP, cinco empresas y la cúpula de la red Gürtel 

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra 16 personas por supuesto delito electoral relacionado con las elecciones del 9 de marzo de 2008. La denuncia, remitida a las partes del caso Gürtel, afecta a cuatro diputados del PP valenciano, cinco empresarios de esa comunidad, todos ellos contratistas de la Administración autonómica y seis miembros de la red corrupta. 
El delito que Anticorrupción atribuye a estas personas viene recogido en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: “Los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados con la pena de prisión menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas”. 
El relato de Anticorrupción, que ya ha presentado otros escritos por idénticos delitos relacionados con campañas electorales municipales y autonómicas en Valencia, se refiere a la supuesta financiación ilegal de actos en los que participó Mariano Rajoy durante su campaña como candidato a la presidencia del Gobierno en 2008. Rajoy perdió esas elecciones a las que se presentaba como número 1 de su partido por segunda vez. 
El escrito de la fiscalía, de 12 folios, incorpora crónicas periodísticas de dos mítines de Rajoy en Valencia y Alicante que supuestamente fueron pagados por contratistas de la Generalitat Valenciana y ejecutados por Orange Market, la empresa de la red Gürtel que se encargaba de los actos del PP en esa comunidad y, a la vez, recibía decenas de contratos del Gobierno de de Francisco Camps. 
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia tiene abierta una causa por este mismo motivo que afecta a la campaña de 2007, donde el PP ganó por mayoría absoluta las elecciones autonómicas. El juez que instruye el caso ha pedido informes al Tribunal de Cuentas sobre los gastos e ingresos del PP en aquel año. 
Ahora, la Fiscalía Anticorrupción pide que el Tribunal Superior de Valencia se haga cargo de este caso y relata las averiguaciones de la policía con documentación incautada en la sede de Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel que dirigía Álvaro Pérez, el Bigotes, que se hizo muy amigo del expresidente Francisco Camps tras establecerse en esa comunidad a partir de 2005. La operativa que relata la Fiscalía Anticorrupción consistiría en que al menos cinco empresas —Facsa, Sedesa, Lubasa , Piaf y Enrique Ortiz e Hijos— pagaron actos electorales que convocó el PP durante la campaña de las generales de 2008. 
Estas empresas ingresaban el dinero para esos actos en las cuentas de Orange Market, la sociedad que montaba los escenarios de los distintos mítines del PP. 
Para camuflar esta financiación ilegal de la actividad electoral del PP en la Comunidad Valenciana, Orange Market emitía facturas por servicios no prestados a las empresas contratistas que pagaban realmente los gastos de los mítines que Rajoy daba en Valencia.
Anticorrupción describe así los supuestos hechos delictivos: “Los servicios electorales contratados por el PP eran abonados por personas distintas al verdadero deudor o con fondos opacos. Para encubrir los pagos de los servicios prestados al Partido Popular de la Comunidad Valenciana por entidades distintas del deudor, se habrían emitido facturas por Orange Market a las sociedades pagadoras a sabiendas de que no respondían a operaciones realmente mantenidas entre ellas”. 
La Fiscalía Anticorrupción señala en su escrito a los empresarios Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Ortiz (de la sociedad del mismo nombre) y a las firmas PIAF, Lubasa y Sedesa como pagadores de cantidades de dinero a Orange Market que en realidad encubrían la financiación de actos electorales del PP, en alguno de los cuales el protagonista principal era Mariano Rajoy, que presentaba su candidatura a la presidencia del Gobierno. 
Un millón de euros en dinero opaco o de otros 
El PP hizo actos electorales durante la campaña de las generales de 2008 por valor de casi 1,8 millones de euros en la Comunidad de Valencia, pero al menos un millón fueron pagados con dinero opaco del propio PP o con dinero de cinco empresas contratistas de la Administración autonómica valenciana. 
En la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había decidido no investigar este presunto delito electoral sobre actos del PP en 2008 y si otros delitos relacionados con las mismas prácticas (falsedad en documento mercantil). 
El Tribunal Valenciano aducía que de lo investigado no se podía concluir que existiera ese delito electoral en 2008. Anticorrupción señala ahora: “Esa objeción ha quedado superada por el informe de la Agencia Tributaria emitido el 8 de julio de 2011 que expone que el importe de los servicios prestados por Orange Market (la filial valenciana de la red corrupta) en 2008 al Partido Popular de la Comunidad Valenciana habría ascendido a 1,78 millones de euros mientras que solo le facturó 612.322 euros. El resto de la deuda de esa formación política, más de un millón de euros, “parece haber sido abonada, al menos en parte, por el propio partido con fondos opacos (405.450 euros) así como por las empresas (Piaf, Sedesa, Lubasa, Enrique Ortiz y Facsa)”, según explica el escrito de la Fiscalía Anticorrupción. 
El fiscal sostiene en su argumentación jurídica que la Agencia Tributaria ha logrado demostrar que estos pagos irregulares corresponden a “actos de campaña vinculados a las elecciones generales del 9 de marzo de 2008”. 
Anticorrupción detalla en el documento remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid de dónde saca esta conclusión: “Esto se infiere del propio concepto que se refleja en el archivo (incautado en la sede de Orange Market) con fechas de 22 de febrero a 9 de marzo de 2008 (en plena campaña electoral) con los nombres “acto IFA Alicante”, “cierre de campaña”, “plaza de toros”. La Fiscalía ilustra sus afirmaciones con recortes de prensa: “Alguno de esos actos pueden localizarse en publicaciones de esas fechas”, de las que se aportan fotocopias en el escrito. 
www.elpais.es 15.08.11
FABRA ASEGURA QUE GÜRTEL "HA QUEDADO ATRÁS" Y APELA A NO "HURGAR EN EL PASADO" 
El presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra, se pronunció ayer, por primera vez desde su designación, sobre el caso Gürtel y la dimisión de su predecesor en ambos cargos, Francisco Camps, por su implicación en ese asunto de corrupción. A pesar de que Camps será juzgado en otoño tras ser acusado de recibir regalos de la trama corrupta, el nuevo titular del Consell, en una entrevista concedida a Europa Press, afirma que el caso Gürtel "ha quedado atrás" y apela a "no hurgar en el pasado". 
Fabra pretende así dar por zanjado un asunto que afecta de lleno al partido y al Gobierno que preside, así como al grupo parlamentario de las Cortes Valencianas, donde los escaños de la bancada popular dan cobijo a numerosos imputados en este y en otros casos de corrupción.
Con su dimisión, Camps tomó "una decisión valiente, difícil de ver en el panorama político español", sostiene Fabra, para "evitar que alguien pudiera poner en tela de juicio su honorabilidad, la de la institución o la del partido". Respecto a la posibilidad de que el juicio a Camps por el caso de los trajes pueda distorsionar la campaña electoral de los comicios generales del 20 de noviembre, Fabra afirma que la dimisión de Camps ha dejado a algunos "con el pie cambiado" porque "era el único argumento político que usaban estos años". Y añade: "Ahora ya no saben de qué hablar y algunos intentarán alargar, estirar esta situación". A pesar de ello, el titular del Consell se muestra convencido de que la Comunidad Valenciana "ha dado un paso" y ha dejado la situación "atrás, que ya no existe". 
La decisión de dimitir "es muy difícil de tomar, sobre todo cuando estás convencido de que eres inocente", dice Alberto Fabra, y merece "el reconocimiento de todos".Sobre las recientes declaraciones del presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, quien dijo que el exjefe del Consell podría volver a la primera línea de la política, Alberto Fabra afirma en la entrevista que la política "necesita grandes políticos" y subraya que Camps "lo es", al tiempo que se muestra convencido de que "saldrá absuelto y será declarado inocente". En opinión del actual presidente del Consell, "la política no puede desaprovecharlo en estos momentos de extremas dificultades", porque es "uno de los mejores". 
Las reacciones a las declaraciones de Fabra no se hicieron esperar. La portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas Carmen Ninet, recomendó a Fabra que "asuma la realidad de su partido, ya que su antecesor también empezó negándola y tuvo que irse ante la mentira". Y le advirtió de que "se topará de bruces con la realidad cuando acepte que uno de cada cuatro de los diputados de su partido están implicados en casos de corrupción", para considerar acto seguido "intolerable" que el PP valenciano "haya estado utilizando las Cortes para aforar a los cargos que tenían pendiente un desfile por distintos tribunales". Hasta que eso no suceda, afirmó Ninet, "continuaremos sin saber qué piensa hacer un Fabra que cada vez se parece más a Rajoy, porque dice mucho, una cosa y la contraria, pero no hace nada". 
Crisis interna 
En la entrevista concedida a Europa Press, el presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra, se refiere también a la crisis interna de su partido y afirma que las voces críticas han sido más "sobre las formas que sobre el fondo", al tiempo que niega que en el PP existan "familias". 
Preguntado sobre si abrirá la puerta del partido a los militantes que se han ido en los últimos años, Fabra señala que "aquellas personas que han ido contra el partido lo van a tener difícil porque han demostrado que no están dispuestas a sumar". En este capítulo no incluye al expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, que ha demostrado que es "un activo del partido", según Fabra, quien añade que hay que contar con las personas "válidas". "Ripoll ha tenido prestigio allá donde ha estado y seguro que tendrá un espacio donde seguir generando oportunidades y defender el proyecto de todos los valencianos en el lugar que le corresponde", subraya Fabra. 
www.elpais.es 14.08.11
LA JUSTICIA RATIFICA LA IMPUTACIÓN DE LA CÚPULA DE CAMPS POR CORRUPCIÓN
El día que Francisco Camps fue investido de nuevo presidente de la Generalitat valenciana, los jueces le recordaron que los numerosos problemas judiciales con los que cerró la pasada legislatura permanecen intactos. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ratificó, en un auto fechado el martes y hecho público ayer, su decisión de encausar por graves delitos de corrupción vinculados a la trama Gürtel a la cúpula del PP regional y a figuras clave de su Gobierno, incluidos su vicepresidente primero, Vicente Rambla, y la expresidenta de las Cortes Milagrosa Martínez.
La Sala Civil y Penal rechazó los recursos de las partes y confirmó la imputación por financiación ilegal (delito electoral) y falsificación en documento mercantil de Rambla, Ricardo Costa (diputado y ex secretario general del PPCV, cuyo nombre suena para integrar el nuevo Ejecutivo de Camps), David Serra (vicesecretario del PPCV), Yolanda García (tesorera del PPCV), Cristina Ibáñez (administradora del PP valenciano) y Luis Bárcenas (extesorero nacional del PP).
Los jueces imputan esos mismos dos delitos a los cabecillas de la red mafiosa y a los gestores de ocho constructoras que presuntamente sufragaron ilegalmente actos electorales del PP.
Empresas implicadas
Entre las empresas figuran la de Enrique Ortiz (imputado a su vez en el caso Brugal y por amañar supuestamente el urbanismo de Alicante en connivencia con la alcaldesa y diputada, Sonia Castedo) y el Grupo Sedesa, propiedad del vicepresidente tercero del Consell y nuevo presidente de las Cortes, Juan Cotino.
El TSJV se reafirmó igualmente en la imputación por cohecho y prevaricación de Rambla, Martínez y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de Turismo, a punto de sentarse en el banquillo con Camps en la causa de los trajes) por la adjudicación a la trama del montaje de un pabellón en Fitur cinco años seguidos. El auto contiene un voto particular del magistrado Juan Montero, contrario a la imputación de Rambla y Martínez por cohecho y prevaricación.
La sala mantiene el criterio de asumir los supuestos delitos en los que hay aforados. El resto de hechos aparentemente criminales (la visita del Papa, por ejemplo) son remitidos para ser enjuiciados junto al grueso del caso Gürtel, que previsiblemente acabará en la Audiencia Nacional. Frente a los recursos, especialmente los del PP y Álvaro Pérez, El Bigotes, que alegaban defectos de tramitación, el tribunal entiende "que las circunstancias y vicisitudes procesales que relataban no era impedimento del deber que a esta sala asistía" de asumir la competencia de la inhibición dictada por el juez Antonio Pedreira.
www.elpais.es 17.06.11
EL TSJ OBLIGA AL CONSELL A INFORMAR A LA OPOSICIÓN DE CONTRATOS CON GÜRTEL
Compromís vio rechazadas 1.508 peticiones de documentación
El Gobierno que preside Francisco Camps está obligado a entregar a la oposición la documentación que solicitó sobre los contratos de las diferentes consejerías con empresas de la trama Gürtel entre los años 2003 y 2008. Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en respuesta a un recurso contencioso-administrativo de la Coalició Compromís. Según la sentencia, la comunicación del vicepresidente segundo del Consell y consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, del 15 de septiembre de 2009, en la que rechazaba aportar la documentación requerida sobre contratos de la Generalitat con la trama Gürtel porque estaba afectada por el secreto del sumario, es "contraria a la Constitución, viniendo obligado a facilitar la información en los términos solicitados".
"Los que iban a morir te saludan", exclama Mireia Mollà en alusión al PP
La diputada de Compromís Mònica Oltra, que fue también la letrada que presentó el recurso, explicó ayer que la sentencia señala que fue inconstitucional la denegación por parte del vicepresidente Económico, Gerardo Camps, de la documentación solicitada por su formación. Compromís pretendía conocer los contratos menores establecidos por la Generalitat con una decena de empresas de la red de corrupción que dirigía Francisco Correa, entre ellas Orange Market, la sociedad que gestionaba Álvaro Pérez, pero también otras como Down Town Consulting, Easy Concept, Boomerang Drive, Special Events o Pasadena Viajes.
"Con esta sentencia, el Consell tiene que contestar", explicó la diputada electa Mònica Oltra, que añadió que la legislatura todavía está viva hasta el jueves, día de la constitución de las nuevas Cortes. Si el Consell no lo hace, Compromís, como anunció su portavoz, Enric Morera, volverá a presentar la solicitud de documentación, que ahora cuenta con el aval del Tribunal Superior de Justicia. "El PP no va a poder salirse por peteneras", comentó Oltra, que recordó las cinco sentencias del Tribunal Constitucional que ha acumulado la Mesa de las Cortes Valencianas, controlada por el PP, esta última legislatura por vulnerar los derechos de los diputados al impedir la tramitación de iniciativas en muchos casos relacionadas con el caso Gürtel.Según explicó Mònica Oltra, cuando empezaron a producirse las sentencias del Tribunal Constitucional por vulnerar derechos de los diputados por la inadmisión de propuestas molestas, lo que hizo el PP fue admitir a trámite las iniciativas pero contestar cosas distintas a las que la oposición solicitaba o rechazar las peticiones de documentación. En el caso de las 1.508 solicitudes de documentación recurridas por Compromís, el vicepresidente y consejero de Economía, Gerardo Camps, se escudó en que la investigación del caso Gürtel estaba bajo secreto de sumario. El TSJCV, sin embargo, considera que incurrió en una ilegalidad al denegar los documentos. "Siendo el fundamento de la información solicitada el control parlamentario del Gobierno y la causa invocada en la negativa carente de legitimidad, la conclusión ha de ser declarativa de la vulneración constitucional postulada", señala la sentencia del TSJCV.
"Tenemos la férrea voluntad de seguir defendiendo los derechos de los valencianos", señaló Oltra durante la rueda de prensa de presentación de los componentes del nuevo grupo parlamentario de Compromís en las Cortes Valencianas. La diputada señaló que la sentencia del TSJCV, en la que se recoge que el control del Gobierno es una función parlamentaria "básica" que está "garantizada por la Constitución", va a "marcar la legislatura", ya que a partir de ahora el Consell no podrá esquivar las peticiones de información que formule la oposición.
"No ha sido casual", advirtió Oltra sobre la sentencia, que recordó que es uno más de los frutos del trabajo desarrollado por el grupo de Compromís. Su portavoz, Enric Morera, expresó el sentir de los diputados de la coalición al afirmar. "El PP tendrá que soportarnos cuatro años más pero los ciudadanos estarán contentos de ver que podemos trabajar por una alternativa a las políticas de derecha y antivalencianas". La diputada Mireia Mollà fue más expresiva aún. "Los que iban a morir te saludan", exclamó al inicio de su intervención, en referencia a las numerosas veces que tanto el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como el portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, y otros diputados del PP, dieron a su grupo por amortizado tras las elecciones del 22 de mayo.
El grupo parlamentario de Compromís, que estuvo la pasada legislatura, tras la ruptura con Esquerra Unida, integrado por cuatro diputados, contará en el mandato que se abrirá mañana con seis diputados. A Enric Morera, Mònica Oltra, Josep Maria Pañella y Mireia Mollà, se unen Fran Ferri y Juan Ponce. Los temas de juventud en el caso de Ferri y los relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad, en el caso de Ponce, serán los asuntos que centrarán la atención de los dos nuevos parlamentarios de la coalición valencianista, de izquierdas y ecologista.
www.elpais.es 08.06.11
EL TRIBUNAL DE VALENCIA ABRE CAUSA POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS
Los jueces asumen la competencia de la inhibición dictada por el juez Antonio Pedreira
El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJV) se ha declarado competente hoy para investigar el grueso de la vertiente valenciana del caso Gürtel. Como adelantó la semana pasada este diario, la Sala Civil y Penal del tribunal ha avalado los múltiples indicios que constaban en la inhibición dictada por el juez instructor de la causa en Madrid, Antonio Pedreira, que indican que la cúpula del PP valenciano y los principales cargos del Gobierno de Francisco Camps cometieron presuntamente graves delitos de corrupción: delito electoral (financiación ilegal de campañas electorales), cohecho y prevaricación durante la prolongada relación que mantuvieron con la trama dirigida por Francisco Correa, que tenía en Valencia como máximo representante a Álvaro Pérez, El Bigotes.
La decisión del tribunal desvela la secuencia completa de la aparentemente vasta cadena corrupta que forjó la red en la Comunidad Valenciana al amparo del PP regional y la Generalitat. Los procesos judiciales estaban limitados hasta ahora formalmente a los regalos de prendas de vestir a los principales cargos públicos autonómicos, entre ellos Camps, que está a punto de ser juzgado por ello. Según la investigación que ahora avala el TSJV, la red utilizaba la entrega de dádivas como una forma de engrasar la maquinaria corrupta: ganarse la confianza y el favor de los responsables de las Administraciones ante las cuales concurrían para obtener contratos.
La decisión del TSJ supone abrir varios procedimientos contra los numerosos altos cargos implicados en el caso. Los aforados serán encausados por el tribunal y los no aforados, como Pedro García, exdirector de Canal 9 y exresponsable de Comunicación en Presidencia de l Generalitat, en distintos juzgados, incluidos los de Madrid, donde se instruye el grueso del proceso.
www.elpais.es 25.11.11
EL PSOE PIDE QUE CAMPS NO TOME POSESIÓN COMO PRESIDENTE
Los socialistas pasan a la acción en el caso Gürtel y piden que Francisco Camps no tome posesión como presidente valenciano tras conocer el auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el que se acepta la competencia para investigar a la cúpula del Gobierno valenciano y del PP valenciano por financiación ilegal, cohecho y prevaricación.
Durante cuatro años, la empresa Orange Market, perteneciente a la red corrupta que dirigía Francisco Correa, recibió decenas de contratos sin concurso de las distintas consejerías del Gobierno de Francisco Camps y durante esos cuatro años ganó el concurso por casi un millón de euros anuales para montar el pabellón valenciano de Fitur en Madrid. La investigación ha detectado múltiples anomalías en ese concurso que adjudicó la consejería de Turismo cuyos máximos responsables recibieron regalos caros de la red corrupta.
A la vez, la investigación del caso Gürtel también detectó que numerosos actos electorales del PP eran financiados por empresas privadas que, a su vez, recibían numerosos contratos del Gobierno valenciano. Y que esas empresas privadas pagaban los actos electorales del PP a Orange Market, la empresa de la red Gürtel, como si se tratara de otros servicios que en realidad no existieron.
La investigación judicial también ha descubierto que, en muchos casos, el PP pagaba por actos electorales sin declarar esos desembolsos de dinero a Hacienda. Todas estas irregularidades, que ponen bajo sospecha a numerosos cargos del PP valenciano y del Gobierno de Camps, serán investigadas ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
La portavoz del PSOE, Elena Valenciano, declaró: “Camps no debe tomar posesión nuevamente como presidente de la Generalitat Valenciana. Sino lo hace él, debe obligarle Rajoy porque la decisión del TSJV demuestra que la implicación de Camps en Gürtel es por algo más que un par de trajes”.
El PP quiere seguir gobernando
Antes de conocer la decisión del TSJCV, pero adelantándose a la que, probablemente, sea la decisión del PP, la consejera portavoz de la Generalitat, Paula Sánchez de León, ha rechazado “rotundamente” que la posibilidad de que se abra juicio oral al presidente del Gobierno valenciano signifique que no pueda seguir gobernando. “Niego rotundamente que sentarse en el banquillo equivalga a que el presidente no pueda seguir gobernando porque así se lo han pedido los ciudadanos”, ha aseverado. Sánchez de León realizó estas declaraciones en una entrevista concedida a RNE y ha recalcado que “sentarse en un banquillo no significa en absoluto ser culpable” sino que es “una consecuencia de la judicialización de la política que se ha producido”. “Y una vez se inicia un proceso, éste tiene un principio y un fin y tenemos que esperar a que llegue”, ha indicado.
Tras conocer el auto, Sánchez de León ha reclamado un “escrupuloso” respeto a la presunción de inocencia de los cargos públicos a los que se va a investigar. La portavoz del Ejecutivo autonómico ha trasladado “el respeto rotundo del Consell a la labor jurisdiccional” y ha mostrado su confianza en que el Poder Judicial “velará por el secreto de las actuaciones judiciales”.
Honorabilidad "fuera de toda duda"
El PP ha emitido un comunicado en el que reduce el auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a una cuestión “estrictamente competencial”. El escrito precisa que “únicamente se declara competente para investigar, pero ni juzga ni imputa a nadie”. Además, aprovecha para “dejar claro y fuera de toda duda”, tal como señala, “la honorabilidad de todas aquellas personas a las que se refiere el auto” y recuerda que las cuentas del partido están "debidamente" auditadas tanto interna como externamente y por el Tribunal de Cuentas
www.elpais.es 25.11.11
EL TSJ VALENCIANO DA EL PRIMER PASO PARA IMPUTAR POR CORRUPCIÓN A LA CÚPULA DEL PP DE CAMPS
La asunción de la investigación de los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, financiación ilegal y delitos fiscales podría producirse antes de las elecciones del 22 de mayo
El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha dado hoy el primer paso para asumir el grueso de la investigación de la vertiente valenciana del caso Gürtel. En ella figuran múltiples indicios de que la cúpula del PP valenciano y los principales cargos del Gobierno de Francisco Camps cometieron los delitos de prevaricación, cohecho, financiación ilegal (delitos electorales) y delitos fiscales con motivo de la estrecha relación y los numerosos negocios que mantuvieron durante años con la trama corrupta.
La Sala Civil y Penal del TSJ ha solicitado la acreditación de "la actual condición de aforadas de dichas personas por su pertenencia a la Diputación Permanente", una vez que las Cortes Valencianas han sido disueltas por la convocatoria de las elecciones del 22 de mayo. Un paso imprescindible para proceder a asumir la competencia de la investigación de los supuestos delitos, que se deriva de la segunda inhibición dictada por el juez instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira, a favor del tribunal valenciano.
Son miembros de la Diputación Permanente, y por tanto deben acreditar su actual condición de aforados: David Serra (vicesecretario del PPCV, diputado, candidato); Yolanda García (tesorera del PPCV, diputada, candidata); Ricardo Costa (exsecretario general del PPCV, diputado, portavoz parlamentario de Economía, candidato, que ya está imputado en la causa de los trajes) y Milagrosa Martínez (Presidenta de las Cortes Valencianas, exconsejera de Turismo, candidata).
En la inhibición a que se refieren los cinco magistrados que forman la Sala Civil y Penal, figuran también como presuntos autores de graves delitos de corrupción Vicente Rambla (vicepresidente de la Generalitat y candidato); Cristina Ibáñez (administradora del PPCV); Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional); Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, responsable de protocolo en la Diputación de Valencia, también imputado en el caso de los trajes), y Pedro García (exdirector de Canal 9 y exsecretario de Comunicación de Presidencia de la Generalitat).
En la inhibición se hace referencia igualmente a diversos funcionarios y cargos con altas responsabilidades en distintas consejerías de la Generalitat, que habrían adjudicado directamente contratos a dedo a las empresas de la trama o los habrían parcelado en contratos menores para burlar los controles legales. Y se señala que algunas de dichas adjudicaciones precisaban la autorización del Gabinete del presidente Camps.
Los plazos, señalan fuentes jurídicas, van a ir muy justos: no se puede descartar que la asunción de la competencia y por tanto la imputación de los altos cargos mencionados se produzca antes de las elecciones del 22 de mayo, pero también podría tener lugar poco después. Lo que la decisión anuncia, en todo caso, es que el tribunal tomará la decisión en breve, con lo que ello significa en el contexto de los ritmos judiciales.
Si la decisión se anuncia antes de las elecciones, las listas del PP valenciano serían aún más difíciles de digerir, al aumentar de cinco a nueve el número de candidatos imputados por corrupción.
Llegue antes o después de los comicios, la asunción de la investigación por parte del TSJ, que es a lo que todo apunta, completará la secuencia judicial de la corrupción masiva que la red Gürtel presuntamente desarrolló en Valencia al calor del PP y el Ejecutivo autonómicos, ambos presididos por Camps.
Según la investigación, apoyada en declaraciones de testigos, registros en oficinas y propiedades de la trama, intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la red, informes de la policía, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado y la Dirección General del Notariado, la red dirigida por Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, logró unos ocho millones de euros en adjudicaciones de la Generalitat. La red saqueó los fondos públicos destinados a cubrir la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Las empresas de la trama, siempre según la investigación, participaron en la financiación ilegal de las últimas campañas electorales del PP sirviendo del vehículo a los fondos que aportaban ocho constructoras valencianas.
Y, para engrasar esa maquinaria corrupta, se hincharon a hacer regalos (joyas, relojes, artículos de lujo, prendas de vestir e incluso un automóvil) a altos cargos del Gobierno valenciano y del PP. La trama apuntaba todas esas dádivas en sus libros, pero los investigadores sólo han podido confirmar la "realidad" de los mismos en aquellos casos en los que, además, ha podido hallar otros medios de pruebas, como facturas y declaraciones de testigos en los comercios. En esta última situación se encuentra el propio presidente Camps, a quien la Fiscalía Anticorrupción considera sobradamente acreditado que la trama Gürtel entregó, "al menos" 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por valor de 14.021 euros de la trama Gürtel entre los años 2005 y 2008.
www.elpais.es 06.05.11
EL PP INTENTA EVITAR QUE CAMPS SEA JUZGADO CON CORREA Y EL BIGOTES
En Madrid, el partido es acusación mientras que en Valencia tiene imputados
El Partido Popular ha presentado un recurso contra la decisión de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano de aceptar que Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, imputados por aceptar regalos de la trama Gürtel, sean juzgados con quienes presuntamente les hicieron esos obsequios: los cabecillas de la red corrupta Francisco Correa; Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo.
El resto de partes tiene hasta mañana para presentar alegaciones. La respuesta del tribunal se conocerá seguramente la semana que viene. Fuentes jurídicas consideran poco probable que el recurso sea atendido, dado que se presenta ante los mismos magistrados que tomaron la decisión. El PP, autor del recurso, se halla en una posición judicial extraña: en Madrid, donde se instruye el grueso del caso Gürtel, está personado como acusación; mientras que en Valencia, Camps, su candidato en las elecciones del 22 de mayo, figura como acusado.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, presidido por Pilar de la Oliva, aceptó juzgar juntos a los presuntos sobornadores y a los presuntos sobornados, pero dejó al juez instructor del caso de los trajes, José Flors, plena libertad para decidir lo que estimara procedente.
Una posibilidad consiste en que la acusación contra el presidente valenciano por cohecho impropio (solo aceptar regalos) se convierta en otra por cohecho (aceptar dádivas y a cambio adoptar decisiones injustas o ilegales). Según la investigación, la Generalitat adjudicó a dedo contratos por cerca de ocho millones de euros a la trama. Dicho escenario agravaría la situación judicial de Camps (el cohecho lleva aparejada cárcel), pero demoraría la apertura de juicio hasta después de las elecciones.
Otra posibilidad, que las fuentes consultadas consideran más probable, es que el juez, que tiene prácticamente lista la apertura de juicio oral contra Camps por cohecho impropio, no cambie la acusación contra él y derive a otro procedimiento el enjuiciamiento de los cabecillas de la trama, a quienes podría acompañar alguno de los imputados en el caso de los trajes que no está aforado, como Campos o Betoret. Este último intervino directamente en la adjudicación de contratos bajo sospecha a la trama, según subrayó la Fiscalía Anticorrupción. Si fuera así, el juez podría enviar a Camps al banquillo antes de las elecciones. Y ello no impediría, agregan las fuentes, que el presidente pudiera ser imputado más adelante por prevaricación y financiación ilegal.
www.elpais.es 05.05.11
EL CONSELL PAGÓ 600.000 EUROS A LA GÜRTEL CON CORREA YA EN PRISIÓN

El abono se hizo un mes después de que Camps declarara ante el juez Flors
El Consell pagó 606.100 euros a la trama Gürtel en julio de 2009, con la cúpula de la red corrupta en prisión y apenas un mes después de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, compareciera en la sede del Tribunal Superior de Justicia valenciano para declarar ante el juez José Flors por aceptar regalos de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes.
La Generalitat, a la que los proveedores reclaman pagos por facturas de hace dos años, abonó con extraordinaria rapidez la minuta relativa al stand de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 a Orange Market, una de las empresas de la trama, a la que según la investigación el Consell adjudicó a dedo contratos por más de ocho millones de euros. La factura fue registrada en la Agencia Valenciana de Turismo el 1 de junio de 2009. En un mes, el 2 de julio, se libró el pago. La celeridad en el abono destaca si se tiene en cuenta que los 606.000 euros se pagaron a la empresa que administraba El Bigotes. Es decir, el Consell pagó 100 millones de las antiguas pesetas cinco meses después del desmantelamiento de la trama Gürtel, la red acusada de corromper a cargos públicos, financiar ilegalmente al PP y blanquear dinero en paraísos fiscales.
El PSPV mostró ayer la factura para contrastarla con los impagos de la Generalitat a sus proveedores legales.El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, compareció ayer ante los medios para desglosar los problemas financieros de la Generalitat Valenciana. Según las cifras que mostró, los compromisos de pago del Consell se elevan actualmente a más de 50.000 millones de euros (8,3 billones de las antiguas pesetas). "Es el sueldo de todos los valencianos durante un año, tanto de los trabajadores del sector público como los del privado", explicó Luna, "tendríamos que estar todos sin cobrar durante un año para pagar lo que debe la Generalitat".
Luna empleó estos datos para destacar la gravedad del problema de la deuda a los proveedores y para minimizar la importancia de los 633 millones que el PP valenciano reclama al Gobierno central del fondo de competitividad. De hecho, esa cifra solo supone el 1,26% de los referidos 50.000 millones.
Para ver la evolución de la deuda basta analizar los datos disponibles de los últimos años. En 1995, cuando Eduardo Zaplana ganó las elecciones, el PP acusó a los socialistas de haber generado un inmenso agujero económico que heredaban del Consell de Joan Lerma. Y según cifras del Banco de España, en septiembre de 1995, ya con Zaplana instalado en el Palau de la Generalitat, la deuda autonómica, incluidas las empresas y organismos dependientes, se elevaba a 420.000 millones de pesetas (2.253 millones de euros). Es decir, en 16 años de gobierno del PP la deuda se ha multiplicado por 20.
Para llegar a la cifra de un cinco y diez ceros que esgrimió en rojo el portavoz socialista, Luna desglosó varias partidas. La más gruesa fue la de los compromisos de pago con cargo a los ejercicios futuros según las cuentas de la Generalitat de 2009, que sumaban 32.101 millones de euros. Luego sumó los compromisos no reconocidos a finales de 2009 según el informe del Síndic de Comptes de aquel ejercicio, por un total de 3.000 millones de euros. Luego añadió las deudas no reconocidas, lo que denominó "facturas escondidas en el cajón", que según el Síndic se elevan a otros 3.000 millones. Luego sumó otros 5.000 millones en concepto de previsión de incremento de compromisos de 2010, que reconoció que era una estimación a la baja -"vamos a ser benévolos"- basada en los 7.000 de 2009. Y por último incluyó otros 9.600 millones de las empresas públicas según el presupuesto de 2011. Es decir, Luna aseguró que solo ha usado las cifras públicas reconocidas y reconocibles, sin entrar en "las cláusulas de confidencialidad que están ahora tan de moda en los contratos públicos".
Para dar datos más técnicos, el portavoz socialista también habló del fondo de maniobra de la Generalitat (que compara el activo a corto plazo con las deudas a corto plazo). Un parámetro que ha pasado de un saldo negativo en 2005 de 3.071 millones de euros a los 7.906 de 2009.
Luna también abordó la reciente emisión, en apenas unas semanas, de deuda pública del Consell por 1.200 millones de euros, el 90% de lo consignado en los presupuestos para todo 2011 (en total 1.328 millones). "A partir del 22 de mayo no cobrará nadie o tardará un año en cobrar", aseguró Luna, para añadir que esta situación no la va a arreglar quien la ha ocultado y quien no da la cara, en referencia a Camps: "No sé si tiene dolor de corazón por los que no cobran pero desde luego no tiene propósito de enmienda".
Tras las manifestaciones de Luna, el secretario del grupo parlamentario popular en las Cortes, David Serra, acusó al socialista de "desear la quiebra financiera de la Comunidad para que así Alarte pueda conseguir algún voto". Y añadió: "Es triste que un socialista anteponga los intereses electorales al progreso de toda una comunidad".
Orange Market no esperó para cobrar
- Estalla Gürtel. Correa y El Bigotes, detenidos el 9 de febrero de 2009.
- Camps en el TSJ. El presidente declara ante Flors el 20 de mayo.
- Fitur. La factura de 606.100 euros llega a Turismo el 1 de junio.
- El cobro. La consejería paga el 2 de julio.
- Otros proveedores Todavía hay pagos pendientes desde 2009.
www.elpais.es 29.04.11
 EL TRIBUNAL ACEPTA JUZGAR A CAMPS Y LA CÚPULA DE GÜRTEL JUNTOS POR COHECHO
La Sala Civil y Penal deja en manos del magistrado Flors la decisión de unir las acusaciones - El juez podría abrir otra causa para enjuiciar a los jefes de la red
Las fructíferas relaciones que, según múltiples informes policiales y de la fiscalía, mantuvieron el Gobierno y el PP valencianos con la trama Gürtel prometen darle nuevos quebraderos de cabeza al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, posiblemente antes de las elecciones del 22 de mayo. La primera de esas novedades se conoció ayer. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dictó un auto en el que acepta la inhibición decretada hace semanas por su homónimo de Madrid para que los cabecillas de la red corrupta puedan compartir banquillo de los acusados por los regalos de los trajes con Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Lo que se haga al final dependerá del juez que tramita el caso de los trajes, José Flors, en cuyas manos han dejado sus colegas del tribunal valenciano la decisión de si se juzga a Camps y los otros altos cargos junto a los jefes de la trama Gürtel (Correa, Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes) u opta porque unos y otros sean juzgados por separado y con delitos distintos.
La resolución que adopte Flors tendrá consecuencias importantes. Podría implicar que la imputación de Camps y del resto de acusados por cohecho pasivo impropio (aceptar los regalos sin hacer nada a cambio) se transformara en otra causa por cohecho propio y se juzgue a todos bajo esa premisa. De esto cabría colegir que las dádivas que Camps, Costa, Betoret y Camps recibieron lo fueron a cambio de los favores y contratas a dedo (por importe de unos 8 millones de euros) que la Administración dio a la red mafiosa que dirigía Correa en Madrid y el Bigotes en Valencia.
Fuentes jurídicas no creen que Flors vaya a detener ahora el sumario de los trajes, que tiene ultimado y casi listo para juicio ante un jurado popular, para incorporar en él a los jefes de Gürtel. Ven más factible que abra otro procedimiento contra los cabecillas de la trama.
Si es así, antes de las elecciones de mayo, Flors sometería a Camps y los demás políticos imputados a una vistilla, a la que obligatoriamente tendrían que asistir, como paso previo a los preparativos del juicio ante el jurado popular. El auto dictado ayer por el TSJCV, que contiene un voto particular del juez Juan Montero, opuesto a la asunción de la competencia, subraya: "Procede acceder a la inhibición planteada declarando la competencia de este Tribunal para el conocimiento de las conductas realizadas por las personas que presuntamente entregaron las prendas de vestir a las personas respecto de las cuales se sigue el presente procedimiento del Tribunal del Jurado sobre cohecho pasivo impropio, decidiendo el ilustrísimo magistrado instructor con plena libertad de criterio, lo que estime procedente de estos nuevos hechos".
Las "particulares" circunstancias del caso Gürtel, cuya investigación se sigue simultáneamente por tribunales de distintas comunidades, llevan a la Sala a considerar que ambas opciones -mantener tal cual la actual causa contra Camps y los otros altos cargos y abrir otra contra los jefes de Gürtel, o bien juzgarles a todos en un único proceso- "resultan jurídicamente defendibles".
El TSJCV debe decidir también en los próximos días si asume la competencia de la segunda inhibición dictada por Pedreira. En ella están implicados otros siete miembros de las cúpulas del PP y el Gobierno valencianos por supuesta financiación ilegal, cohecho, prevaricación, falsedad y delitos fiscales.
www.elpais.es 27.04.11
ESCENARIOS Y PLAZOS A LA SOMBRA DE LAS ELECCIONES
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dejado "plena libertad de criterio" al instructor del caso de los trajes, José Flors, sobre si el presidente de Valencia, Francisco Camps, debe ser juzgado, o no, junto a los jefes de la trama Gürtel. Flors tiene varias opciones. Una de ellas -y, a la vista de los pasos que ha dado Flors en los dos años que lleva investigando el caso, es la más probable- es que opte por no incluir a los cabecillas de Gürtel en el caso de los trajes.
- Primera opción: el juez no acumula los casos. Si Flors rechaza sentar en el mismo banquillo a los supuestos sobornadores (los cabecillas de Gürtel) y a los supuestos sobornados (los políticos), la audiencia preliminar por el caso de los trajes se celebrará en los próximos días o semanas (antes de las elecciones de mayo, aunque el juicio sería en otoño). Este supuesto, indican fuentes jurídicas, implicaría que Flors se inhibiera a favor de un tribunal ordinario respecto al enjuiciamiento de la cúpula de Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes), ya que, al no ser aforados, pueden ser juzgados por un tribunal normal. En ese caso, Camps y los otros imputados asistirían a ese otro juicio como testigos.
- Segunda opción: el juez sí acumula ambos procesos. Si el juez Flors se inclinara por acumular ambos procesos podría transformar la actual imputación de Camps por cohecho pasivo (que castiga a la autoridad que recibe dádivas en función de su cargo, aunque sea a cambio de nada) en otra por cohecho activo, que implica que los regalos se dieron a cambio de un trato de favor del Gobierno de Camps hacia la red. El cohecho pasivo se castiga con penas de multa; el activo o propio, con la cárcel. Si hay acumulación, la causa de los trajes se retrotraería a una fase anterior y es posible que los nuevos encartados, los jefes de Gürtel, pidan nuevas pruebas, que dilatarían la causa y pospondrían el juicio. Si todo sigue como está, el juicio contra Camps se celebraría el próximo otoño.
- Tercera opción: nueva imputación. El juez Flors podría igualmente, señalan fuentes jurídicas, sentar a sobornados y sobornadores en el banquillo manteniendo la imputación por cohecho impropio contra los primeros y la del propio contra los jefes de Gürtel. Y también cabe la opción de que abra dos procesos y modifique la situación y acusación que pesa sobre algún implicado. Por ejemplo, Betoret, quien sí dio contratos a la red como cargo público.
www.elpais.es 27.04.11
LUNA: "A EFECTOS PENALES EL PRESIDENTE ESTÁ EN LA TRAMA"
Todos los partidos de la oposición en la Comunidad Valenciana coincidieron en señalar que el auto del Tribunal Superior de Justicia era muy explícito a la hora de vincular a Francisco Camps con la trama Gürtel. Una opinión que no era compartida en la Generalitat, desde donde se insistía en que el auto no añadía nada nuevo a la situación procesal del presidente valenciano.
Ángel Luna, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, aseguró que la decisión de la Sala de lo Civil y Penal ponía de manifiesto "con meridiana claridad que, a efectos penales, Camps está en la red Gürtel. Y esto no es un montaje del Partido Socialista ni de ningún aparato extraño del Estado", dijo Luna, quien añadió: "Han sido muchos jueces y dos tribunales superiores de justicia los que están apreciando los indicios reforzados de que Camps ha cometido un delito de cohecho".
En una línea similar se pronunció la coordinadora y candidata a la presidencia de la Generalitat por Esquerra Unida, Marga Sanz: "Cada vez es más evidente la lógica que vincula el presunto delito de cohecho pasivo por el que está imputado Camps con el soborno activo por parte de quienes le ofrecían los regalos". Según Esquerra Unida, el auto del TSJ "cierra el círculo jurídico, al evidenciar la existencia de conexiones entre la trama corrupta y los responsables políticos que, supuestamente, les daban cobertura". Enric Morera, candidato por Compromís, pidió la dimisión del presidente y su retirada como candidato del PP. La causa "no es solo por tres trajes, como han querido hacer creer desde el PP; la cosa es más complicada y va más allá".
Desde la Generalitat se insistió en que no hay cambios en la situación procesal de Camps y se hizo hincapié en el voto particular efectuado por el magistrado Juan Montero.
www.elpais.es 27.04.11
CAMPS PIERDE SU ÚLTIMO RECURSO PARA EVITAR EL JUICIO
El juez Flors decidirá si lo envía al banquillo por cohecho
Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, perdió ayer las últimas apelaciones para evitar ser juzgado en la causa de los trajes. La decisión de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano deja las manos libres al juez instructor, José Flors, para decidir si lo sienta en el banquillo por cohecho impropio: haber recibido regalos de la trama Gürtel. La red de corrupción, según consta en la investigación, halló en Valencia un fértil lugar donde hacer negocios al calor del Ejecutivo autonómico y el PP regional, presididos ambos por Camps. Las pruebas acumuladas por la policía señalan que el entramado de empresas de Francisco Correa consiguió contratos millonarios adjudicados irregularmente por la Generalitat y que, simultáneamente, participó en la financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular.
La desestimación de las apelaciones despeja la convocatoria de la audiencia preliminar, el acto que precede a la decisión de abrir el juicio. Todo apunta, sin embargo, a que Flors esperará al resultado de las dos inhibiciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a favor del de Valencia. En ellas figuran implicados otros siete altos cargos de las cúpulas del PP y el Gobierno regional en supuestos delitos de corrupción.
La decisión de la sala sobre las inhibiciones parece inminente, lo que refuerza la idea de que la vista preliminar tendrá lugar antes de las elecciones del 22 de mayo, en las que Camps vuelve a ser candidato. Una vez celebrada esa audiencia, Flors dispondrá de tres días para decidir si sienta a Camps, Víctor Campos, Ricardo Costa y Rafael Betoret en el banquillo de los acusados.
En las apelaciones rechazadas ayer, las defensas del presidente valenciano y de su exvicepresidente Campos habían solicitado la práctica de dos diligencias que habrían demorado el procedimiento. Por un lado, pedían averiguar si en el grueso de la causa, que se instruye en Madrid, existían más grabaciones en las que aparecieran los cabecillas de la trama: Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Por otro, solicitaban la declaración testifical de Cándido Herrero, gerente de Orange Market; Flors había aceptado que lo hiciera en la vista preliminar, pero las defensas consideraban imprescindible que declarase antes.
La sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano respaldó ayer al juez. Respecto a las diligencias sobre las grabaciones, considera que "no se dirigen a contrastar una fuente de prueba cierta sino que, de alguna forma, no puede negarse que tienen un cierto carácter incierto e indefinido". "El instructor", añade la sala en su auto, "permitió el acceso de las partes a todas las conversaciones telefónicas que figuraban en este tribunal; solicitaron las adiciones que estimaron pertinentes respecto de la selección que en su día realizó el instructor que fueron admitidas, y en consecuencia se ampliaron las mismas al interés de las partes, sin que en dicho momento, se solicitaran las diligencias que actualmente se pretenden".
La sala también fue contundente respecto a la declaración de Cándido Herrero: "El Instructor no entra en el carácter o no de imprescindible de la diligencia, sino que considera que la declaración testifical interesada puede practicarse en la audiencia preliminar, y eso resulta indiscutible, no lo cuestiona la parte recurrente, y no cabe considerarlo un criterio personal del instructor sino que es el criterio legalmente establecido".
www.elpais.es 21.04.11
' AQUÍ, NO ES NADA", AFIRMA RAFAEL BLASCO
"El caso Gürtel, aquí no es nada", aseguró tajante el jueves el consejero de Solidaridad y Ciudadanía y portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco. "El caso Gürtel no tiene absolutamente ninguna incidencia en la Comunidad Valenciana".
Entrevistado por Manel Fuentes para Catalunya Ràdio, Blasco se hizo un lío al responder primero que catalán y valenciano son "una lengua común con sus particularidades perfectamente diferenciadas" y añadir después que no, que se trata de lenguas parecidas y que los valencianos "estamos orgullosos de una lengua propia, que es el valenciano".
También respondió al cierre de emisiones de TV-3 que el Consell estaría "encantando" de que pudiera verse la televisión de Cataluña, pero echó la culpa al Gobierno de España por no otorgar un tercer multiplex y dijo que Acció Cultural del País Valencià tendrá que pagar la multa que le ha impuesto la Generalitat porque se trata de una sanción por "haber emitido ilegalmente".
Blasco reiteró que la imputación del presidente Francisco Camps es un asunto sólo de "tres trajes", que nadie ha podido demostrar que se los hayan regalado y que se trata de una "parafernalia mediático-política absolutamente desproporcionada".
www.elpais.es 22.04.11
EL CONSELL ELUDE ACLARAR LA REUNIÓN DE CAMPS Y RAMBLA CON UN JEFE DE GÜRTEL
Sánchez de León pide un debate electoral a cuatro pero no confirma a su candidato
El Consell evitó aclarar ayer si el presidente Francisco Camps y el vicepresidente Vicente Rambla se reunieron con Pablo Crespo, lugarteniente de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, y cuántas veces lo hicieron. En la rueda de prensa tras el pleno del Consell, la portavoz Paula Sánchez de León dijo no tener "ninguna constancia", salvo por lo que ve y oye a través de los medios de comunicación, de "informaciones que constan en no sé dónde y luego se publican, de reuniones secretas y no secretas, con tramas ni con nadie". "La agenda de Camps es pública y se reúne con quien haga falta para desarrollar su trabajo día a día", añadió.
La portavoz dice que ni les "inquieta" ni les "preocupa" el juicio al presidente
"El PP solo se preocupa del PP y por trabajar para que siga ganando elecciones como ha hecho hasta ahora", dijo Sánchez de León en respuesta a una pregunta sobre la anotación contenida en la agenda de Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, de una reunión en otoño de 2006 con altos cargos del PP en la que se habló de ayudar económicamente a un partido de disidentes para perjudicar a los socialistas. En la anotación de la reunión, que obra entre los documentos de la instrucción del caso Gürtel, figuran "Ana, Víctor, Rambla, Ricardo y el Presi". La portavoz puso "la mano en el fuego" por que todas las reuniones y actuaciones de Camps y Rambla se guiaron por el objetivo de "servir con honestidad e integridad a los intereses de la Comunidad".
En relación con la decisión del juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors, que instruye el caso de los trajes, en el que está imputado Camps, de convocar la audiencia previa al señalamiento de juicio en cuanto se resuelva la aceptación o no de la parte del sumario sobre la red de corrupción procedente del TSJ de Madrid, Sánchez de León aseguró: "Ni nos inquieta, ni nos preocupa, ni nos alegra". Según la portavoz, es "un paso más" dentro de un "larguísimo procedimiento".
Sánchez de León, que también es coordinadora de la campaña electoral del PP valenciano, se refirió a los debates entre candidatos. "Alarte está siendo excluyente", dijo sobre la propuesta del candidato socialista de un cara a cara en Canal 9 como el que ha anunciado TVE. Según Sánchez de León, habría que hacer debates más amplios, con las cuatro fuerzas parlamentarias. Sin embargo, no quiso confirmar que el presidente en funciones y candidato del PP, Francisco Camps, esté dispuesto a participar en ellos.
La suspensión de emisiones de TV-3 en territorio valenciano volvió a planear sobre la habitual comparecencia de Sánchez de León tras el pleno del Consell. Una información publicada ayer por el diario Levante revelaba que la Generalitat reconoció en el caso de una emisora que difunde espacios dedicados al tarot, que no tiene competencias para sancionar a empresas que gestionan repetidores, mientras que sí lo ha hecho con Acció Cultural del País Valencià, entidad propietaria de los reemisores de TV-3. Sánchez de León dijo que el Consell siempre actúa "de acuerdo con la legalidad vigente y con el respaldo de una sentencia judicial", aunque no acabó de concretar en qué se diferencian un caso y el otro. "El debate es jurídico y no político", añadió la portavoz, que reclamó la concesión de un nuevo multiplex por parte del Gobierno y reconoció que el tema de TV-3 puede ser uno de los asuntos que se traten, entre otros, en la reunión que Camps y el presidente catalán, Artur Mas, tienen prevista para el próximo día 20.
La incógnita de la hernia
El presidente en funciones de la Generalitat, Francisco Camps, padece una hernia discal que limita sus actividades públicas. Según Paula Sánchez de León, hace unos días los médicos le infiltraron por tercera vez en busca de un alivio. No le impidió su estado asistir la noche del jueves al partido de baloncesto entre el Power Electronics Valencia y el Real Madrid. "Hay que esperar a ver cómo va reaccionando", dijo la portavoz del Consell, que no quiso aventurar si habrá de ser intervenido quirúrgicamente. En medios de la Generalitat se baraja que Camps pueda decidir operarse, si no hay mejoría, la semana que viene o la otra. La convalecencia podría mantenerle ausente de buena parte de la campaña electoral y de algunas decisiones judiciales sobre su imputación que se prevén inminentes. Una periodista preguntó cuándo comparecerá Camps en rueda de prensa para dar explicaciones del caso Gürtel. La portavoz respondió que "comparece en rueda de prensa diariamente, en sus actos públicos, y aparece ante la prensa para contar las cosas que tiene que contar".
www.elpais.es 09.04.11
LA TRAMA SUPO DE LA VISITA DEL PAPA ANTES DEL ANUNCIO OFICIAL
La red de Francisco Correa y sus secuaces tenían tal poder dentro de la Generalitat de Francisco Camps que fueron conocedores, de manera extraoficial, de la visita del Papa a Valencia, en 2006, antes de que el Vaticano confirmase la noticia, según constatan las anotaciones del 'número dos' de la trama, Pablo Crespo.
Crespo escribió en su agenda: “Papa. Está confirmado (en 2 semanas, público)” en una lista de apuntes que no está fechada, pero que aparece en la página inmediatamente posterior a otra donde quedó constancia de una reunión fijada “para el 07-11″ de 2005. Cuatro páginas más adelante, figura la fecha “viernes 18″. No fue hasta el 18 de noviembre de 2005 cuando el entonces portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro, confirmó el viaje de Benedicto XVI, según precisa Público.
Casi 3 millones por intermediar
La trama corrupta, a través, de su satélite en Valencia Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez (El Bigotes), consiguió el contrato para la cobertura televisiva de la estancia del Papa, que reportó a la empresa de Correa casi tres millones de euros en comisiones por su intermediación.
Canal 9 se saltó el contrato público
La televisión pública valenciana contrató por 6,4 millones el alquiler de pantallas para los multitudinarios actos de Benedicto XVI durante su visita, el 8 y 9 de julio de 2006, pasando por alto la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que obliga a adjudicar los contratos de gran cuantía mediante concurso público, salvo razones de urgencia. El entonces director de Canal 9, Pedro García, recibió presuntamente medio millón de euros en comisiones por adjudicar el trabajo a la empresa Teconsa, para la que la trama actuó como intermediaria.
El proyecto ya estaba trazado
Canal 9 no inició el concurso para la cobertura de la visita del Papal hasta el 6 de abril de 2006, pero para esa fecha el número dos de Correa, Pablo Crespo, ya tenía planteado el proyecto. Un apunte del 9 de febrero de 2006 refleja las negociaciones con la empresa Apogee, que sería subcontratista de la constructora Teconsa. “Pacto transparente”, dice la primera nota situada bajo el nombre de Oscar Fragio, administrador de Apogee. “Asunto Wolfgang”, añade otra en referencia al ingeniero Wolfgang Neumann, cuyos servicios requirió la trama como experto en sonido. A continuación, Pablo Crespo escribió datos sobre el operativo para la cobertura televisiva: “2 pantallas gigantes 80 m2 c.u.”. Y debajo: “40 ” “”[pantallas] 6X4″ y “8 “”[pantallas] 4X3″.
www.elplural.com 13.04.11
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA ABSUELVE A ÁNGEL LUNA DE ENCUBRIMIENTO
Los magistrados reducen a mera "hipótesis" la acusación del PP.-El portavoz socialista se sentó en el banquillo acusado por los populares tras mostrar un informe de la trama Gürtel en el Parlamento

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha absuelto al portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, del delito de encubrimiento del que le acusaba el PP a raíz de un debate parlamentario en el que mostró un informe sobre el negocio multimillonario que logró la trama Gürtel con ocasión de la visita del Papa a Valencia en 2006. El tribunal reduce a una mera "hipótesis" la acusación sostenida por el PP. Los magistrados consideran que la versión de los hechos ofrecida por los populares es "razonable", pero "no la única posible a la vista de la prueba practicada, de la que no se desprende la imposibilidad ni la inconsistencia de la justificación dada por el acusado". Es decir, que siendo ambas versiones igualmente "razonables" y al no haberse aportado ninguna prueba que permita inclinarse a un lado o al otro, debe primar la presunción de inocencia.

Los populares denunciaron a Luna por supuesta revelación de secretos, ya que ese informe estaba bajo secreto de sumario, aunque ya había sido publicado por EL PAÍS y otros medios. El juez instructor de la denuncia, Juan Montero, desechó la acusación de revelación de secretos, por ser materialmente imposible que lo realizara (el diputado no era abogado, procurador, juez, fiscal ni tampoco parte, como exige el tipo penal) pero mantuvo vivo el procedimiento al considerar que Luna podía haber encubierto a la persona que le facilitó el documento.
El portavoz socialista, tanto en la instrucción como en el juicio que se celebró el pasado 5 de abril, declaró que el informe le llegó de manera anónima, que se lo encontró en su despacho y que posteriormente le perdió la pista porque se aceptó la personación del PSPV-PSOE en el caso Gürtel y ello le permitió tener acceso a ese y al resto de documentos integrados en el sumario por vía telemática.
El ministerio público, representado por el teniente fiscal de la Comunidad Valenciana, Gonzalo López Ebri, se opuso desde el principio a la continuación de la causa. El PP pedía dos años y nueve meses de inhabilitación para Ángel Luna, y una multa de 26.250 euros, mientras que la fiscalía pidió su absolución. El fiscal concluyó su intervención en el juicio "desde la esperanza de que este proceso vea su fin con una sentencia absolutoria que ponga fin a la posibilidad de que, en un Estado de derecho, sea la hipótesis un medio válido para destruir la presunción de inocencia, ni del acusado ni de nadie". El fiscal consideró que se acusaba a Luna de un "delito de imposible cumplimiento" y puso el ejemplo de un asesinato: "¿Conocen a algún encubridor que exhiba el cadáver ante 99 personas [en alusión a los diputados] antes de ocultarlo?".

Luna, que ha destacado por su denuncia constante a las implicaciones de la Generalitat en el caso Gürtel, declaró que el juicio era consecuencia del empeño de su grupo "de romper el binomio opacidad-impunidad". Paradójicamente, el portavoz socialista ha sido el primero en sentarse en el banquillo por el caso Gürtel, pese a que no está relacionado con la trama corrupta. Esta causa ahora cerrada con una absolución deja aún más en evidencia la situación judicial de Francisco Camps, presidente de la Generalitat y candidato en las elecciones del 22 de mayo, que está pendiente de que se decida su juicio por un supuesto delito de cohecho por aceptar regalos de la trama Gürtel, y a quien la Fiscalía Anticorrupción pide que también sea juzgado por otros delitos de corrupción.
La cultura de la corrupción
El portavoz socialista ha conocido su absolución en la sede del partido en Valencia. Luna ha declarado que está "contento y satisfecho". En declaraciones a Efe, Luna ha dicho que su absolución representa el "fracaso" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, así como del líder del PP, Mariano Rajoy, y de la "cultura de la corrupción" en la Comunidad Valenciana. "Más que por el hecho de la absolución, por que haya fracasado la cultura de la corrupción en la Comunidad Valenciana", ha remarcado.

Para Luna, con esta sentencia ha triunfado "la guerra contra la corrupción" de quienes intentan "levantar la voz exigiendo explicaciones de los que gobiernan aquí y a quienes están en Madrid".
www.elpais.es 12.04.11
 
LA AGENDA DEL ´DOS´ DE GÜRTEL PRUEBA QUE EL PSD FUE CREADO POR EL PPCV
Álvaro Pérez "El Bigotes" había amortizado ya los 540 euros que le costó el cacharro de contar dinero que compró el 17 de octubre de 2005. El entramado que dirigía Correa tenía, desde abril de 2004, su capital financiera en Valencia. Orange Market se convirtió en la principal fuente de ingresos a las cajas A y B de Madrid, gracias a los contratos que le llovieron de la Generalitat y del PP valenciano. Corría el otoño de 2006 y el grupo Correa había echado ya tantas raíces en la cocina de la Generalitat que la cúpula Gürtel hasta participaba en reuniones de estrategia política.
Así se desprende de una anotación en la página 124 de la agenda de Pablo Crespo, el número dos de la trama: "Nuevo Partido Político con gente del PSOE de buen cartel. Es un montaje de ellos. Necesitan ayuda económica. Ricardo protesta". En el dietario de quien fue secretario de organización del PP gallego, se anotaron las palabras "Ricardo. Reunión" y los participantes: "Ana, Víctor, Rambla, Ricardo, Presi". No consta ninguna fecha en esta hoja de la agenda, contenida en el sumario y de la que ayer informó el diario "Público". La página anterior marca 10 de octubre y la siguiente, 10 de noviembre. El 4 y 5 de noviembre, el Hotel las Arenas (un cinco estrellas) acogió la convención bautismal del Partido Social Demócrata (PSD), de la que dieron fe 355 delegados y 67 invitados.
La formación, que no escatimó en gastos -la sede se ubicó en la calle Colón de Valencia-, fue impulsada desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (Favcova) y la Fundación Central Ciudadana, una plataforma de entidades culturales, de mayores y consumidores que, con Francisco Camps en el Palau, ha recibido unos 12 millones de euros en subvenciones para cursos de formación e inserción laboral, entre otros. Central Ciudadana adeuda 217.000 euros al Consell por ayudas no justificadas, que ha de devolver. A menudo, certificaban gastos con facturas de empresas de dirigentes del entramado de forma irregular, según denunció el Servef. El PSD y esa trama asociativa compartían dirigentes. Como Ana Mª Rodríguez, candidata a alcaldesa de Alicante y presidenta de Favcova, o Fernando Piera, primer líder del partido y número dos de la entidad vecinal. El listado de ex del PSPV en el partido segunda marca del PP es amplio. Piera, Ernest Fenollosa (exalcalde de la Vall d'Uixó) o José Luis Morales (exalcalde de Mislata) son algunos. También había ocupado cargos en el PSPV Carlos Ruiz, alma mater de Favcova. El presidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, lo colocó, en marzo de 2009, de asesor de Bomberos, meses después de que el PSD propició mociones de censura en Dénia y Calp, que destronaron a alcaldes socialistas.
El tinglado de cooperación
El germen del PSD es el PSI, creado en Alzira en 1993 por los blasquistas, cuando Rafael Blasco -quien, desde Bienestar Social subvencionó al entramado asociativo-fue expulsado del PSOE. Su sobrina, Gisela Blasco, ha liderado el PSD en la Ribera. Un ex compañero de Bernardo Blasco -hermano del conseller- en Unió Valenciana como Adolfo Soler también estuvo en el PSD. Y en la Fundación Entre Pueblos (ahora Hemisferio), el corazón del entramado de entidades y ONG que han recibido unos 4 millones de euros de Solidaridad y Ciudadanía y han dedicado una parte de ese dinero a pagar servicios a firmas de sus propios dirigentes. Como la consultora Dinamiz-e, de Soler. Su compañera en UV Amparo Picó sucedió a Piera al frente del PSD. Ayer, se presentó como candidata del Centro Democrático Liberal (CDL) a la Generalitat. En el CDL también han recalado algunos exsocialistas de renombre, como el exalcalde de Benetússer, José Enrique Aguar.
En la parte superior de la página de la agenda de Crespo aparece un número de cuenta. En principio es un asunto al margen de la citada reunión. Fue abierta en una sucursal de Caixa Nova en Pontevedra, ciudad en la que Crespo guardaba documentos sobre la financiación del PP gallego. El líder del PSPV, Jorge Alarte, expresó ayer su "perplejidad e indignación" ante el "sabotaje electoral que practica el PP con dinero público".
www.levante-emv.com 08.04.11
CAMPS MANTIENE EN LAS CANDIDATURAS A LOS IMPLICADOS EN LA TRAMA
El imputado Fabra comunica que la lista de Castellón incluye a Costa y Rambla
A la vista del apoyo sin fisuras del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, a Francisco Camps como candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana, aunque se siente en el banquillo acusado de cohecho impropio, el PP valenciano ha decidido que lo que es bueno para uno es bueno para todos.
La cúpula del PP está molesta por el anuncio del dirigente castellonense
Otros implicados en la trama corrupta pueden concurrir en la lista por Alicante
El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y el ex secretario general del PP regional y exportavoz parlamentario Ricardo Costa, ambos implicados en el caso Gürtel, ocuparán puestos de elección segura en la candidatura por Castellón a las Cortes valencianas.
Rambla, a quien la Fiscalía Anticorrupción implica en dos supuestos delitos electorales por financiación ilegal del PP valenciano en las autonómicas de 2007 y las generales de 2008, figurará en el puesto número cuatro de la candidatura por Castellón. Costa, que está imputado con Camps en la causa de los trajes y también está implicado en los mismos supuestos delitos que Rambla, ocupará el número siete. Ambos son puestos de elección segura.
La candidatura íntegra del PP a las Cortes valencianas por la circunscripción de Castellón la desveló ayer el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, antes de que fuese aprobada por el Comité Electoral Regional y ratificada por Génova.
El anuncio de Fabra, cuya maniobra causó malestar en el seno del PP, supuso una demostración de fuerza del presidente provincial de Castellón. Carlos Fabra, que está imputado por delito fiscal y contra la Administración pública, ha anunciado que no repetirá como presidente de la Diputación, pero que continuará al frente del partido en la provincia de Castellón.
La decisión de Fabra de marcar su territorio político y exhibir su autonomía frente a la dirección regional del PP fue interpretada como una respuesta a la decisión de Camps de anunciar, de improviso, el martes por la noche que el cabeza de lista por Castellón sería el alcalde de la capital, Alberto Fabra.
El presidente de la Diputación de Castellón ni siquiera quiso disimular ayer que el alcalde no era el candidato que él había propuesto. Preguntado por si Alberto Fabra era el cabeza de lista que tenía en mente, el presidente de la Diputación de Castellón respondió: "Es el cabeza de lista que hay". "No era la única opción", prosiguió Carlos Fabra, "aunque nos ha parecido conveniente mantener los criterios del presidente del partido".
El número uno de la lista por la circunscripción de Alicante será la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo, mientras que la lista por Valencia la encabezará el propio Camps con la alcaldesa Rita Barberá de número dos. Fuentes del Partido Popular indicaron que el presidente valenciano pretende minimizar el deterioro de su imagen con el tirón de los alcaldes.
Las candidaturas autonómicas íntegras del PP para Alicante y Valencia se desvelarán, probablemente, antes del viernes. En el PP dan por seguro que en la lista de Alicante también figurarán en puestos de salida la presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez; el vicesecretario de organización regional, David Serra, y la tesorera del PP, Yolanda García, implicados en el caso Gürtel.
www.elpais.es 07.04.11
LUNA: "CONFÍO EN SER ABSUELTO, PERO A CAMPS LE QUEDA MUCHO BANQUILLO"
El PSPV pide la suspensión de 'Bon Dia' en Canal 9 por ser "mítines del PP"
La situación judicial del portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, no es la misma que la del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Uno se sentó ya en el banquillo, el otro está cerca. Ángel Luna declaró ayer en Alicante que su "horizonte es de una sentencia inmediata", que confía en que sea "absolutoria", pero que "el de Camps es de mucho banquillo por delante".
Una contertulia de RTVV llama "sinvergüenza" al portavoz socialista
Martín: "Castedo sigue a Alperi, huye de Alicante y quiere estar aforada"
Los socialistas, una vez más, cerraron filas en torno a Luna. El secretario del PSPV, Jorge Alarte, y la candidata a la alcaldía de Alicante, Elena Martín coincidieron en que "todos los socialistas somos Ángel Luna". Alarte tildó de "duro varapalo" para Camps el auto del juez Flors que le acerca al banquillo y rechaza sus alegaciones ya que supone "el desmontaje de la tesis del líder regional del PP".
Por su lado, Elena Martín no alcanzó a entender cómo es posible que "una persona que defiende la democracia y pregunta en las Cortes por el dinero público sea el primero en sentarse en el banquillo y los presuntos delincuentes no lo hayan hecho". Luna aseguró haber "aguantado estoicamente y respetado la actuación de los jueces, y no como Camps, que despotrica de todos y piensa que hay una gran confabulación contra él".
Los socialistas se mostraron indignados con el nivel y el contenido de la tertulia del programa Bon Dia Comunitat Valenciana, de Canal 9. Los intervinientes, según el PSPV, se explayaron en críticas e insultos al portavoz socialista. Una de las contertulias, Rocío Casanova, dijo: "El tema de los trajes no sé si será verdad o no, pero mostrar un documento que está bajo secreto de sumario es saltarse el Estado de derecho". Luego llamó "sinvergüenza" a Luna porque "jactarse de machacar a Camps y luego cometer ese delito de sacar un documento, es una tomadura de pelo".
Horas más tarde la portavoz del comité electoral del PSPV, Carmen Ninet, exigió la suspensión "inmediata" del programa y la sección de debate que incluye por considerarlos "mítines del PP". Los socialistas presentaron una denuncia ante la Junta Electoral porque en el programa del martes "una vez más no se informó en las noticias de Canal 9 de que el juez Flors había rechazado las alegaciones del presidente de la Generalitat". La televisión valenciana dedicó más tiempo "a la comparecencia de Luna que a todo el caso Gürtel".
Los socialistas aprovecharon su comparencia ante la prensa en Alicante, en el paseo de la Explanada, para valorar la inclusión de la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo como cabeza de lista del PP por Alicante a las Cortes Valencianas. "Sigue la estela de su mentor, Luis Díaz Alperi, abandonar Alicante y sobre todo estar aforada", dijo la candidata socialista Elena Martín, que auguró que las listas del PP estarán "llenas" de personas "envueltas en casos de corrupción". Martín tildó de "huida" la designación de Castedo que "le importa poco la ciudad y mucho estar aforada". El secretario de los socialistas, Jorge Alarte, mucho más parco en palabras, se limitó a comentar que "todo es lo mismo, son Camps, forman parte de un proyecto fracasado" y tildó a Castedo de "copia mala de Alperi".
Martín también criticó el rechazo de la alcaldesa a debatir con ella. La alcaldesa contestó el martes que no pensaba discutir con la candidata socialista: "Si quiere darse a conocer que ponga más vallas, pero no lo hará [discutir] conmigo". Ayer Martín insistió en debatir "donde quiera, como quiera y a la hora que quiera, Castedo no es la importante, ni yo tampoco, son los alicantinos los importantes", resumió la candidata socialista. Por otro lado, el PSPV ha propuesto a José Luis Chover como candidato a la alcaldía de Sagunto y ha abierto expediente disciplinario a Manuel Carbó por faltas muy graves que comportarán su suspensión de militancia.
www.elpais.es 07.04.11
EL FISCAL DICE EN EL JUICIO A LUNA: "NO SE PUEDE CONDENAR POR UNA HIPÓTESIS"
El PP pide inhabilitar al portavoz socialista por no entregar un informe de Gürtel
El primer juicio relacionado con el caso Gürtel sentó ayer en el banquillo a Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes Valencianas, que se ha destacado por pedir explicaciones al presidente Francisco Camps por la aparente connivencia de su Gobierno con la red corrupta. El motivo: Luna enseñó, durante un debate parlamentario con Camps, un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que detallaba cómo la trama sacó tajada (tres millones de euros en pocos días) de la visita de Benedicto XVI a Valencia a través de un contrato del canal autonómico, Canal 9. Uno de los episodios que Anticorrupción quiere unir a la causa de los trajes.
El documento estaba bajo secreto de sumario. El PP lo denunció por revelación de secretos y el juez Juan Montero, del Tribunal Superior de Justicia valenciano, archivó la acusación pero decidió seguir la causa por encubrimiento. El magistrado consideró inverosímil la versión de Luna de cómo encontró el informe (en un sobre sin remitente en su despacho en las Cortes) y su declaración de que no sabía dónde estaba después de habérselo reclamado reiteradamente.
El abogado del PP -que pide dos años y nueve meses de inhabilitación y una multa de 26.250 euros- preguntó a quién le contó Luna que lo había encontrado; qué forma tenía; con qué frecuencia se trasladan documentos entre las sedes del PSPV-PSOE, qué hubiese pasado si el sobre hubiese contenido una bomba... El letrado no citó, en cambio, ninguna prueba que desvirtuara la versión de Luna. Tampoco fueron aportadas durante la instrucción.
El fiscal concluyó su intervención "desde la esperanza de que este proceso vea su fin con una sentencia absolutoria que ponga fin a la posibilidad de que, en un Estado de derecho, sea la hipótesis un medio válido para destruir la presunción de inocencia, ni del acusado ni de nadie". El fiscal consideró que se acusaba a Luna de un "delito de imposible cumplimiento" y puso el ejemplo de un asesinato: "¿Conocen a algún encubridor que exhiba el cadáver ante 99 personas [en alusión a los diputados] antes de ocultarlo?"
La defensa apeló a la inviolabilidad parlamentaria sin la que los diputados no podrían ejercer su función de control al Gobierno. Luna declaró que el juicio es consecuencia del empeño de su grupo "de romper el binomio opacidad-impunidad". El caso quedó visto para sentencia.
www.elpais.es 06.04.11
LA FUNDACIÓN QUE MONTÓ LA VISITA DEL PAPA DEBÍA TRES MILLONES EN 2008
La entidad recibió en 2007 donaciones por valor de 350.000 euros
La Fundación V Encuentro Mundial de las Familia -la entidad constituida por la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valencia para organizar la visita de Benedicto XVI- adeudaba a principios de 2008 tres millones de euros por los gastos realizados en el evento.
El coste del evento superó los 25 millones, según los datos conocidos
Así consta en la última documentación depositada en el registro de fundaciones de la Generalitat valenciana, correspondiente al cierre del ejercicio de 2007. La documentación relativa a 2008 y las anualidades posteriores sigue sin estar accesible pese a tratarse de un registro público. El gasto realizado por las Administraciones valencianas en este evento de carácter confesional sigue sin estar claro cinco años después de la visita del Pontífice a Valencia en julio de 2006.
La última memoria accesible de la fundación indica que a primeros de 2008 se debían todavía 2.993.185 euros, prácticamente la misma cantidad con la que se había cerrado el ejercicio de 2006 en el que tuvo lugar la visita de Benedicto XVI. La fundación que seguía operativa y con un trabajador empleado mantenía viva con Bancaja una póliza de crédito de medio millón de euros de la que había dispuesto un total de 396.255 euros.
De acuerdo con la escasa documentación disponible en el registro, en 2007 la fundación que organizó la visita del Papa a Valencia ingresó 345.655 de donaciones declaradas -sin especificar si estas procedieron de Administraciones públicas o personas privadas y otros 52.988 euros de donaciones anónimas de particulares. En total, casi 400.000 euros que permitieron afrontar los gastos de funcionamiento -fundamentalmente el pago de facturas pendientes- y presentar un balance positivo de algo más de 37.000 euros para reducir ligeramente por debajo de los tres millones la deuda arrastrada del ejercicio de 2006.
El registro de fundaciones de la Generalitat ya alertó en las cuentas de 2006 de la entidad que montó la visita del Papa que la falta de liquidez comprometía el pago de las deudas y la continuidad de la propia Fundación V Encuentro. De hecho, a finales de 2009 el Consell tuvo que inyectar dos millones de euros a la citada entidad.La memoria abreviada de 2007 de la Fundación de la visita del Papa advierte de que sus compromisos económicos cuentan con el respaldo de las instituciones gobernadas por el PP. "La fundación", relata la memoria, "goza del total apoyo económico y financiero de los componentes del patronato". "El fondo de maniobra negativo", prosigue el documento, "se califica como transitorio, como prueba que se ha atendido en tiempo y forma los pagos comprometidos por la fundación". "Esta situación no compromete los pagos futuros, ni la continuidad de la fundación", sentencia. La elevada deuda contraida es la razón de que la Generalitat no haya podido extinguir todavía una fundación que se creó para un evento puntual, la visita pastoral de Benedicto XVI a Valencia entre el 8 y el 9 de julio de 2006.
A través de las modificaciones de crédito publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) se supo en febrero del año pasado que el Consell había destinado dos millones de euros a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, con la intención de liquidar buena parte de las deudas.
El pasado mes de junio el portavoz de Compromís, Enric Morera, preguntó al Consell si había realizado algún donativo al Vaticano para que viniese el Papa a Valencia y, en caso afirmativo, por qué cantidad y a través de que mecanismo. El vicepresidente económico, Gerardo Camps, se limitó a señalar que en la contabilidad de 2006 de la Fundación V Encuentro no aparece ningún donativo público y remitió a la oposición a las cuentas depositadas en el registro de fundaciones. En su respuesta, Gerardo Camps aseguró que ya estaban disponibles en el registro de fundaciones las cuentas de 2006,2007 y 2008, así como que en breve estarían disponibles las correspondientes a 2009. Sin embargo, en el registro de fundaciones la última memoria disponible es la de 2007.
La documentación del registro permite comprobar que en 2006 la fundación incluyó 2,1 millones de donaciones declaradas sin especificar. Una cantidad que en 2007 fue de poco más de 345.000 euros. Este concepto es distinto del utilizado para contabilizar las donaciones anónimas efectuadas por los fieles, que figuran en 2005, 2006 y 2007.
Así, en el último ejercicio disponible en el registro, 2007, la fundación que organizó la visita del Papa recaudó donaciones por importe de 52.988,60 euros (33.817,60 de entidades y 19.171 de particulares). Nada que ver con la cifra obtenida el año de la visita del Pontífice, 2006, en el que la fundación obtuvo 436.381,57 euros de donaciones (212.017,28 de entidades y 204.927,51 de particulares a los que se añadieron 19.436,78 euros de la Diputación de Valencia). En 2005, el año de constitución de la fundación los donativos solo fueron de 315 euros.
Casi un lustro después de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, el gasto público realizado por la Generalitat sigue siendo un secreto. Sin embargo, los datos conocidos a raíz de la investigación judicial del caso Gürtel que realiza el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como la escasa y dispersa información aportada por las propias Administraciones implicadas y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia permiten empezar a acotar el gasto realizado en el citado evento.
El coste conocido del evento superó los 25 millones de euros, procedentes en su gran mayoría de los presupuestos públicos de la Generalitat, que desembolsó el dinero de manera directa o a través de empresas públicas como Ràdio Televisió Valenciana. Las donaciones de los feligreses para sufragar este evento confesional apenas alcanzaron los 500.000 euros, según se desprende de las propias memorias de la fundación.
Lo que se sabe de las cuentas del viaje del Benedicto XVI a Valencia
- La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia: La entidad creada por la Generalitat y el Arzobispado junto a la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia en 2005 para organizar la visita del Papa gastó más de 12 millones de euros en el evento, aunque solo consiguió ingresar 9 millones por distintos conceptos. Cuatro procedentes de cuotas, presumiblemente de los miembros del patronato. Un total de 2,6 millones procedentes de convenios de colaboración, supuestamente grandes empresas que contribuyeron con bienes o servicios, y otros 2,1 de donaciones declaradas, presumiblemente por firmas que contribuyeron con dinero. Otros 500.000 euros fueron donaciones anónimas de feligreses.
- El Consell: Aseguró en febrero de 2007, a través del vicepresidente Víctor Campos, que solo había gastado 1,9 millones de euros en el evento. Nunca se especificó el gasto, ni se ha explicado cuánto dinero se destinó al evento a través de las empresas públicas de la Generalitat. En las respuestas parlamentarias remitidas con posterioridad a la oposición la Generalitat solo admitió haber gastado 214.000 euros en recursos sanitarios, 10.417 euros en carteles y trípticos, 9.969 euros en viajes, 11.948 euros en un estudio de demanda para analizar la asistencia y 1.566 euros en un curso de formación turística para voluntarios. El 18 de diciembre de 2009, el Consell aprobó una modificación presupuestaria de dos millones de euros para pagar parte de las deudas pendientes de la fundación V Encuentro
- Ràdio Televisió Valenciana: Canal 9 y Ràdio 9 gastaron cerca de 11 millones de euros en la retransmisión íntegra de la visita del Papa a Valencia. De esta cantidad, RTVV destinó 6,4 millones a la sonorización, de los cuales 3,3 se los repartieron supuestamente la empresa Teconsa y la trama corrupta del caso Gürtel.
- La Diputación de Valencia: En 2006 realizaron una donación específica de 19.436,78 euros. La Corporación provincial admitió en octubre de 2009 haber gastado 300.000 euros en sillas, dípticos, la confección de un DVD sobre la visita papal y un busto del Pontífice.
- El Ayuntamiento de Valencia: Fue la primera de las tres instituciones gobernadas por el PP que ofreció una cantidad y cifró el gasto municipal del evento en 2,36 millones de euros.
- El arzobispado: Solo consta una aportación de 10.000 euros para la constitución de la fundación. La misma cantidad que aportaron los otros tres patronos. A este dinero hay que añadir las donaciones de los feligreses.
www.elpais.es 04.04.11
EL JUEZ RECHAZA LAS ALEGACIONES DE CAMPS Y CONVOCA EL ACTO PREVIO A SENTARLO EN EL BANQUILLO
El magistrado admite la prueba sobre la supuesta destrucción de pruebas en Forever Young para encubrir al presidente valenciano después de que Trillo se reuniera con el dueño de la tienda
El juez ha dictado un duro auto para la defensa del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que lo sitúa a las puertas del juicio por cohecho impropio, al haber recibido supuestamente trajes y regalos por valor de miles de euros de la trama Gürtel. Unos hechos que el presidente siempre ha negado y que el ministerio fiscal quiere juzgar conjuntamente con otros siete delitos de corrupción.
El magistrado José Flors desestima la mayor parte de las alegaciones de las defensas de Camps y los otros tres acusados contra la instrucción, y convoca la audiencia que precede inmediatamente (puede dictarla en el mismo acto) a la apertura o no de juicio oral.
El juez acepta, no obstante, que la fecha de la vista se señale una vez resueltas las apelaciones a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Se trata básicamente de recursos contra denegación de diligencias dilatorias, una táctica que el juez critica en el auto.
Dado el número de pruebas que figuran en la causa y a la vista de los pasos dados por el instructor, fuentes jurídicas consideran que lo más probable es que Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret sean juzgados por los trajes. A menos que su situación judicial empeore porque el tribunal atienda la petición de Anticorrupción, que quiere sentarlos en el banquillo por más delitos. Entre ellos: cohecho propio, prevaricación y financiación ilegal de las campañas electorales de 2007 y 2008.
El ministerio público ha pedido unir las causas para preservar la visión completa del caso y no seguir troceando el mayor caso de corrupción de la historia democrática, esparcido ya por cuatro comunidades autónomas. Anticorrupción considera que los supuestos delitos están íntimamente conectados porque los regalos, la adjudicación irregular de contratos en multitud de departamentos de la Administración valenciana, y la financiación ilegal del PP por parte de grandes constructoras son diferentes fragmentos de una misma e intensa relación.
El fiscal ha pedido imputar a otros siete miembros de las cúpulas del PP y la Administración autonómica, incluidos Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat, y la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, a quienes los miembros de la red se referían como El cadete y La Perla en las grabaciones intervenidas por la policía.
El juez abre otra preocupación para Camps y el PP al avalar la prueba aportada por Anticorrupción, que apunta a que la contabilidad de la tienda Forever Young fue manipulada para eliminar el rastro de algunos de los trajes de Camps. La destrucción de pruebas habría tenido lugar después de que Federico Trillo, estratega judicial del PP en el caso Gürtel, se reuniera con el propietario del establecimiento.
Los peritos de Hacienda que examinaron la contabilidad del caso el año pasado ya indicaron que los registros parecían haber sido alterados.
La teoría, apoyada en correos electrónicos y extractos de ficheros informáticos, fue aportada por el abogado del sastre José Tomás. La fiscalía la hizo suya y el juez la admite ahora y convoca al sastre, al informático de la tienda y a la responsable que supuestamente le transmitió a este la orden a la vista preliminar.
El acto deberá celebrarse en un plazo corto (la ley dice que el más cercano posible) después de que la sala resuelva las apelaciones, referidas a cuestiones menores, según consideran fuentes jurídicas. El argumento de fondo con el que la sala archivó el caso hace dos años, en este preciso momento procesal, fue corregido con dureza por el Tribunal Supremo, de modo que no es probable que se repita.
Ahora, además, tampoco preside la sala, José Luis de la Rúa, de quien Camps decía que era más que un amigo, sino Pilar de la Oliva, más propensa a limitar al terreno institucional las relaciones entre los poderes del Estado.
www.elpais.es 05.04.11
ANTICORRUPCIÓN PIDE IMPUTAR A CAMPS Y SU CÚPULA POR SEIS DELITOS DE CORRUPCIÓN
El fiscal señala al vicepresidente Rambla y a la presidenta de las Cortes Valencianas
El caso Gürtel está a punto de estallar en la Comunidad Valenciana, y la onda expansiva amenaza a la plana mayor de la Generalitat y el PP valenciano. El anticipo se conoció ayer, con la presentación por la Fiscalía Anticorrupción de las alegaciones sobre una de las dos inhibiciones del juez instructor en Madrid, Antonio Pedreira, a favor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. El ministerio público ha solicitado al tribunal la imputación de 11 cargos populares por delitos relacionados con la corrupción. Empezando por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los otros tres imputados en el caso de los trajes, a quienes quiere sentar en el banquillo por un delito de cohecho propio (en vez de impropio), que se castiga con penas de prisión e inhabilitación.
La fiscalía punta a 11 altos cargos e indica que hay más implicados
Anticorrupción ha solicitado igualmente la imputación del vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla por dos supuestos de financiación ilegal (técnicamente delito electoral), en los comicios de 2007 y 2008. A la presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, por delitos contra la Administración pública en las adjudicaciones a la trama. Al vicesecretario de Organización del PPCV y diputado, David Serra, por delitos electorales. A Yolanda García, tesorera del PPCV y diputada, por delitos electorales. A Ricardo Costa, ex secretario general del PP y portavoz parlamentario de economía, por cohecho y delitos electorales. A Pedro García, ex director general de Canal 9, por delitos contra la Administración pública en la adjudicación del contrato de cobertura de la visita del Papa a Valencia, y por cohecho. Al exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, por cohecho. A Rafael Betoret, jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, por delitos contra la Administración Pública y cohecho. Y a Luis Bárcenas, extesorero del PP nacional, y Cristina Ibáñez, administradora general del PPCV, por financiación ilegal.
La fiscalía quiere acumular los supuestos delitos de las dos inhibiciones dictadas por Pedreira y el caso de los trajes para celebrar un único proceso que juzgue las actividades de la trama en Valencia y la aparente connivencia de la Generalitat. Y ello porque unos y otros delitos "se atribuyen, en parte, a unas mismas personas; guardan evidente analogía entre sí, y se enmarcan dentro de una misma estrategia empresarial", consistente en "la entrega de dádivas a cargos públicos al objeto de conseguir un trato de favor tanto en la contratación pública como en el ámbito de las formaciones políticas, coincidiendo en algún caso responsabilidades en uno y otro ámbito en una misma persona".El ministerio público solicita imputar también a seis miembros de la trama: los cabecillas Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, así como a Cándido Herrero, José Luis Izquierdo y Mónica Magariños. Y a los empresarios del sector de la construcción que supuestamente se dedicaron a financiar, utilizando como vehículo a la sociedad de la red Orange Market, los macroactos electorales del PP. En el año 2007, cuando Camps ganó las elecciones, y en 2008, cuando el líder del PP, Mariano Rajoy, se presentó sin éxito a presidir el Gobierno.
A dos de los constructores los menciona por sus nombres. Se trata de Enrique Ortiz, dueño de Enrique Ortiz e Hijos, imputado también el caso Brugal, la trama de basura de Alicante que también afecta al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Y de Enrique Gimeno, presidente de FACSA. Respecto a los demás, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada los menciona como los "gestores efectivos": Grupo Sedesa (que en aquel momento estaba dirigida por la familia de Juan Cotino, vicepresidente tercero de la Generalitat, consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y ex director general de la Policía); Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez, Piaf y Lubasa.
La mecánica de la supuesta financiación ilegal funcionaba, tal y como figura en la investigación del caso, a cuatro bandas. Orange Market, la empresa que dirigía en Valencia El Bigotes, preparaba los actos electorales del PP. Las constructoras supuestamente abonaban su coste a la trama corrupta. Y el Consell premiaba a estas empresas colaboradoras con adjudicaciones millonarias de obras públicas.
Durante casi dos años, la vasta vertiente valenciana del caso Gürtel ha permanecido prácticamente dormida. En gran medida por la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, presidido entonces por Juan Luis de la Rúa, de archivar en 2009 la causa de los trajes con una interpretación del delito de cohecho pasivo impropio que incurría en error de ley, según estableció el Tribunal Supremo en la dura corrección con la que reabrió el caso en mayo pasado.
Aquella decisión del tribunal valenciano no solo ha demorado durante dos años la causa de los trajes (que vuelve a estar ahora prácticamente donde estaba entonces) sino que se adoptó cuando acababa de llegar a Valencia la primera inhibición de Pedreira, que abría la posibilidad de enjuiciar a Camps, Costa, Campos y Betoret por cohecho propio, dejándola en una especie de limbo.
Una vez reabierto (e instruido) el caso de los trajes; superadas las cuestiones de competencia sobre las dos inhibiciones dictadas por Pedreira, y resueltos los recursos que presentaron en el Tribunal Superior de Madrid miembros de la trama y del PP (que en la causa principal de Gürtel está personado como acusación), el tribunal valenciano debe decidir ahora si, como solicita la fiscalía, une todos los delitos en un solo proceso, acumula solo algunos de ellos, o retoma las instrucciones de forma aislada.
Es probable, por tanto, que el tribunal ordene la suspensión del caso de los trajes para acumularlo con otros delitos. Esa decisión implicaría retrasar durante meses la apertura de juicio oral contra Camps. Pero supondría que el presidente y los otros tres imputados por cohecho pasivo impropio estarían imputados por un delito más grave, penado con cárcel de uno a seis años según su modalidad.
En las alegaciones conocidas ayer, la fiscalía recuerda que aparte de los 11 cargos a los que menciona explícitamente, existen indicios de que el número de miembros de la Generalitat implicados sería mayor. "En relación con la contratación con la Generalitat valenciana [con las empresas de la trama] y las personas que habrían podido participar en las mismas, conviene destacar que las irregularidades detectadas por la Intervención General del Estado se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías, así como que en alguno de los casos era preceptiva la autorización por el gabinete del presidente". "Habrían participado", prosigue, "los distintos cargos que intervinieron en la contratación, cuya concreta identificación queda parcialmente pendiente de investigar".
Anticorrupción dedica un apartado especialmente amplio al exdirector de Canal 9, que era al mismo tiempo un estrecho colaborador de Camps y amigo íntimo de El Bigotes. Para celebrar el cumpleaños de Pedro García, Álvaro Pérez le preparó una fiesta sorpresa en Marraquech, a la que se trasladaron en el avión privado de Vicente Cotino, responsable del Grupo Sedesa, para quien la fiscalía parece solicitar la imputación, aunque sin referirse a él por su nombre.
El ministerio público se detiene en la adjudicación de la cobertura de Canal 9 durante la visita del Papa a Valencia en 2006, que atribuye directamente a Pedro García "como director general de ese ente con una empresa cercana a Francisco Correa". Se trata de Teconsa, la firma del sector de la construcción que obtuvo el contrato de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía de la cobertura, a pesar de no tener experiencia en el sector, por un importe de 7,4 millones de euros. La trama, según la investigación, logró embolsarse en pocos días tres millones de euros. Y Francisco Correa habría destinado parte de ese dinero a comprar su chalé de Ibiza.
"En toda la contratación llevada a cabo por la Televisión Valenciana con motivo de la citada visita [del Papa] se han detectado numerosas irregularidades, conforme expone la unidad de auxilio judicial de la Intervención General de la Administración del Estado en informe de 7 de octubre de 2010", señala la fiscalía.
Precisamente por esgrimir durante un debate parlamentario con Camps otro informe, en este caso de la Brigada de Blanqueo de Capitales, que detallaba cómo la red Gürtel sacó tajada de la breve estancia de Benedicto XVI en Valencia, el portavoz parlamentario Ángel Luna se sentará el martes en el banquillo. Después de que Luna mostrara el documento en la Cámara, el PP le denunció por revelación de secretos, ya que el informe se hallaba bajo secreto de sumario. El juez Juan Montero sobreseyó esa acusación, pero decidió enviar a Luna a juicio por un supuesto encubrimiento: entorpecer la identificación de quien le hizo llegar el documento.
Después de la recepción de las dos inhibiciones de Madrid y de las alegaciones presentadas por el ministerio público, la situación judicial del presidente Camps y del resto de implicados, la mayoría de ellos confirmados como candidatos a las elecciones autonómicas del 22 de mayo, se complica sobremanera. Aunque a corto plazo puede suponer incluso un respiro (si los nuevos delitos se acumulan con el caso de los trajes, la instrucción judicial se demorará durante meses), a medio plazo el caso Gürtel está llamado a marcar la nueva legislatura como ya ha marcado la segunda parte de la actual. Si las encuestas aciertan y el Partido Popular gana las próximas elecciones, la sombra de la actividad judicial afectaría no solo al presidente sino a un buen número de diputados.
Y no se tratará de trajes. La financiación ilegal, por ejemplo, está castigada en la Ley Electoral con penas de uno a cuatro años de cárcel.
Cargos del PP implicados en la rama valenciana de Gürtel
- Francisco Camps. El presidente de la Generalitat está imputado por cohecho impropio en el caso de los trajes pero la fiscalía apunta que la "valoración conjunta" con los supuestos delitos electorales y de tráfico de influencias puede agravar el tipo de su imputación. La fiscalía recuerda que los regalos a Pedro García, relacionados con las comisiones ilegales en RTVV, se compraron en los mismos establecimientos que los de Camps y los otros tres imputados por los trajes. También señala que, en las contrataciones irregulares de la Generalitat con la trama Gürtel, "en algunos casos era preceptiva la autorización por el Gabinete del Presidente."
- Milagrosa Martínez. La actual presidenta de las Cortes Valencianas era consejera de Turismo cuando en 2005 le otorgó a Orange Market, terminal valenciana de la trama, el primer contrato para el pabellón valenciano en Fitur. La Fiscalía Anticorrupción considera que su participación "deberá ser investigada por el tribunal". Martínez recibió regalos de la red de corrupción, como un reloj de lujo.
- Vicente Rambla. El vicepresidente primero del Consell figura implicado en los supuestos delitos electorales por la financiación ilegal del PP valenciano en las campañas municipal y autonómica de 2007 y de las elecciones generales de 2008.
- Ricardo Costa. El ex secretario general del PP valenciano y diputado autonómico está imputado con Camps en el caso de los trajes, que está a punto de ser enviado a juicio por el juez instructor, José Flors. Costa también sería responsable, según la Fiscalía Anticorrupción, de los supuestos delitos electorales cometidos por el PP valenciano en complicidad con la trama Gürtel y ocho empresarios, a quienes el ministerio público también pide imputar.
- David Serra. El diputado autonómico y vicesecretario de Organización del PP valenciano habría participado, según la Fiscalía Anticorrupción, en los delitos electorales cometidos en 2007 y 2008 por la financiación irregular de las campañas del partido a través de la red Gürtel.
- Yolanda García. La diputada autonómica es tesorera del PP valenciano y está implicada, según el escrito presentado por la fiscalía especial ante al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en los supuestos delitos electorales de los años 2007 y 2008.
- Pedro García. El ex director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que dimitió en agosto de 2010 tras hacerse públicas las irregularidades en el canal autonómico, habría cometido, según la Fiscalía Anticorrupción, un delito contra la Administración pública. El escrito se refiere al contrato que RTVV adjudicó a la empresa Teconsa para la instalación de pantallas de vídeo y sonorización en la visita del Papa a Valencia en 2006. La adjudicación fue por un importe de 7,5 millones de euros y la trama habría obtenido 3,3 millones en comisiones ilegales, de los que una parte habría ido a parar al propio García. Según el ministerio público, a Pedro García le fueron regaladas prendas de vestir por parte de la trama de la misma manera que a Francisco Camps. Entre la información recogida en el sumario, hay un informe policial sobre el regalo a Pedro García de un automóvil por parte de la trama Gürtel.
- Víctor Campos. El exvicepresidente del Consell está imputado formalmente por el juez Flors en el caso de los trajes junto al presidente Camps, Ricardo Costa y Rafael Betoret. A Campos le reclama la fiscalía la multa de menor cuantía, 34.250 euros, frente a 42.00 que pide para Camps, Costa y Betoret.
- Rafael Betoret. el ex jefe de gabinete de Milagrosa Martínez como consejera de Turismo, en la actualidad responsable de protocolo de la Diputación de Valencia, habría intervenido en la contratación de Orange Market para los pabellones valencianos en los certámenes de Fitur. Es también uno de los cuatro imputados por el juez Flors por los regalos de prendas de vestir recibidos de la trama corrupta.
- Luis Bárcenas. El exsenador y extesorero nacional del PP, que dimitió a causa del escándalo generado por el caso Gürtel, está involucrado en los delitos electorales del PP valenciano de las campañas de 2007 y 2008, según la Fiscalía Anticorrupción. Bárcenas era el responsable legal de las campañas, debido a la estructura centralizada del PP.
- Cristina Ibáñez. Era la apoderada del PP en Valencia en la campañas electorales en las que la investigación ha aportado indicios de financiación ilegal.
- El "cantante" y el "príncipe". La investigación no ha podido aclarar hasta ahora la identidad de dos personas que figuran con esos apodos en los apuntes contables de la trama y que supuestamente habrían efectuado "pagos opacos por cuenta del PP de la Comunidad Valenciana a Orange Market".
- Más imputados. Además de los cargos del PP, la fiscalía pide la imputación de seis miembros de la trama. Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, José Luis Izquierdo y Mónica Magariños. También implica a ocho empresarios valencianos.
www.elpais.es 02.04.11
LA FUNDACIÓN QUE MONTÓ LA VISITA DEL PAPA DEBÍA TRES MILLONES EN 2008
La entidad recibió en 2007 donaciones por valor de 350.000 euros
La Fundación V Encuentro Mundial de las Familia -la entidad constituida por la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valencia para organizar la visita de Benedicto XVI- adeudaba a principios de 2008 tres millones de euros por los gastos realizados en el evento.
El coste del evento superó los 25 millones, según los datos conocidos
Así consta en la última documentación depositada en el registro de fundaciones de la Generalitat valenciana, correspondiente al cierre del ejercicio de 2007. La documentación relativa a 2008 y las anualidades posteriores sigue sin estar accesible pese a tratarse de un registro público. El gasto realizado por las Administraciones valencianas en este evento de carácter confesional sigue sin estar claro cinco años después de la visita del Pontífice a Valencia en julio de 2006.
La última memoria accesible de la fundación indica que a primeros de 2008 se debían todavía 2.993.185 euros, prácticamente la misma cantidad con la que se había cerrado el ejercicio de 2006 en el que tuvo lugar la visita de Benedicto XVI. La fundación que seguía operativa y con un trabajador empleado mantenía viva con Bancaja una póliza de crédito de medio millón de euros de la que había dispuesto un total de 396.255 euros.
De acuerdo con la escasa documentación disponible en el registro, en 2007 la fundación que organizó la visita del Papa a Valencia ingresó 345.655 de donaciones declaradas -sin especificar si estas procedieron de Administraciones públicas o personas privadas y otros 52.988 euros de donaciones anónimas de particulares. En total, casi 400.000 euros que permitieron afrontar los gastos de funcionamiento -fundamentalmente el pago de facturas pendientes- y presentar un balance positivo de algo más de 37.000 euros para reducir ligeramente por debajo de los tres millones la deuda arrastrada del ejercicio de 2006.
El registro de fundaciones de la Generalitat ya alertó en las cuentas de 2006 de la entidad que montó la visita del Papa que la falta de liquidez comprometía el pago de las deudas y la continuidad de la propia Fundación V Encuentro. De hecho, a finales de 2009 el Consell tuvo que inyectar dos millones de euros a la citada entidad.La memoria abreviada de 2007 de la Fundación de la visita del Papa advierte de que sus compromisos económicos cuentan con el respaldo de las instituciones gobernadas por el PP. "La fundación", relata la memoria, "goza del total apoyo económico y financiero de los componentes del patronato". "El fondo de maniobra negativo", prosigue el documento, "se califica como transitorio, como prueba que se ha atendido en tiempo y forma los pagos comprometidos por la fundación". "Esta situación no compromete los pagos futuros, ni la continuidad de la fundación", sentencia. La elevada deuda contraida es la razón de que la Generalitat no haya podido extinguir todavía una fundación que se creó para un evento puntual, la visita pastoral de Benedicto XVI a Valencia entre el 8 y el 9 de julio de 2006.
A través de las modificaciones de crédito publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) se supo en febrero del año pasado que el Consell había destinado dos millones de euros a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, con la intención de liquidar buena parte de las deudas.
El pasado mes de junio el portavoz de Compromís, Enric Morera, preguntó al Consell si había realizado algún donativo al Vaticano para que viniese el Papa a Valencia y, en caso afirmativo, por qué cantidad y a través de que mecanismo. El vicepresidente económico, Gerardo Camps, se limitó a señalar que en la contabilidad de 2006 de la Fundación V Encuentro no aparece ningún donativo público y remitió a la oposición a las cuentas depositadas en el registro de fundaciones. En su respuesta, Gerardo Camps aseguró que ya estaban disponibles en el registro de fundaciones las cuentas de 2006,2007 y 2008, así como que en breve estarían disponibles las correspondientes a 2009. Sin embargo, en el registro de fundaciones la última memoria disponible es la de 2007.
La documentación del registro permite comprobar que en 2006 la fundación incluyó 2,1 millones de donaciones declaradas sin especificar. Una cantidad que en 2007 fue de poco más de 345.000 euros. Este concepto es distinto del utilizado para contabilizar las donaciones anónimas efectuadas por los fieles, que figuran en 2005, 2006 y 2007.
Así, en el último ejercicio disponible en el registro, 2007, la fundación que organizó la visita del Papa recaudó donaciones por importe de 52.988,60 euros (33.817,60 de entidades y 19.171 de particulares). Nada que ver con la cifra obtenida el año de la visita del Pontífice, 2006, en el que la fundación obtuvo 436.381,57 euros de donaciones (212.017,28 de entidades y 204.927,51 de particulares a los que se añadieron 19.436,78 euros de la Diputación de Valencia). En 2005, el año de constitución de la fundación los donativos solo fueron de 315 euros.
Casi un lustro después de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, el gasto público realizado por la Generalitat sigue siendo un secreto. Sin embargo, los datos conocidos a raíz de la investigación judicial del caso Gürtel que realiza el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como la escasa y dispersa información aportada por las propias Administraciones implicadas y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia permiten empezar a acotar el gasto realizado en el citado evento.
El coste conocido del evento superó los 25 millones de euros, procedentes en su gran mayoría de los presupuestos públicos de la Generalitat, que desembolsó el dinero de manera directa o a través de empresas públicas como Ràdio Televisió Valenciana. Las donaciones de los feligreses para sufragar este evento confesional apenas alcanzaron los 500.000 euros, según se desprende de las propias memorias de la fundación.
Lo que se sabe de las cuentas del viaje del Benedicto XVI a Valencia
- La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia: La entidad creada por la Generalitat y el Arzobispado junto a la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia en 2005 para organizar la visita del Papa gastó más de 12 millones de euros en el evento, aunque solo consiguió ingresar 9 millones por distintos conceptos. Cuatro procedentes de cuotas, presumiblemente de los miembros del patronato. Un total de 2,6 millones procedentes de convenios de colaboración, supuestamente grandes empresas que contribuyeron con bienes o servicios, y otros 2,1 de donaciones declaradas, presumiblemente por firmas que contribuyeron con dinero. Otros 500.000 euros fueron donaciones anónimas de feligreses.
- El Consell: Aseguró en febrero de 2007, a través del vicepresidente Víctor Campos, que solo había gastado 1,9 millones de euros en el evento. Nunca se especificó el gasto, ni se ha explicado cuánto dinero se destinó al evento a través de las empresas públicas de la Generalitat. En las respuestas parlamentarias remitidas con posterioridad a la oposición la Generalitat solo admitió haber gastado 214.000 euros en recursos sanitarios, 10.417 euros en carteles y trípticos, 9.969 euros en viajes, 11.948 euros en un estudio de demanda para analizar la asistencia y 1.566 euros en un curso de formación turística para voluntarios. El 18 de diciembre de 2009, el Consell aprobó una modificación presupuestaria de dos millones de euros para pagar parte de las deudas pendientes de la fundación V Encuentro
- Ràdio Televisió Valenciana: Canal 9 y Ràdio 9 gastaron cerca de 11 millones de euros en la retransmisión íntegra de la visita del Papa a Valencia. De esta cantidad, RTVV destinó 6,4 millones a la sonorización, de los cuales 3,3 se los repartieron supuestamente la empresa Teconsa y la trama corrupta del caso Gürtel.
- La Diputación de Valencia: En 2006 realizaron una donación específica de 19.436,78 euros. La Corporación provincial admitió en octubre de 2009 haber gastado 300.000 euros en sillas, dípticos, la confección de un DVD sobre la visita papal y un busto del Pontífice.
- El Ayuntamiento de Valencia: Fue la primera de las tres instituciones gobernadas por el PP que ofreció una cantidad y cifró el gasto municipal del evento en 2,36 millones de euros.
- El arzobispado: Solo consta una aportación de 10.000 euros para la constitución de la fundación. La misma cantidad que aportaron los otros tres patronos. A este dinero hay que añadir las donaciones de los feligreses.
www.elpais.es 04.04.11
EL CONSELL ADUCE QUE LA FISCALÍA SOLO INCLUYE A CAMPS POR RAZONES POLÍTICAS
El PP reclama la comparecencia del fiscal general del Estado en el Congreso
"Es evidente que Camps no tiene nada que ver, ni nunca ha tenido nada que ver en esto [el caso Gürtel]. Su inclusión [en el sumario judicial] ha obedecido única y exclusivamente a razones políticas, nunca jurídicas". La consejera portavoz, Paula Sánchez de León, hizo ayer una cerrada defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras conocer que no aparece explícitamente mencionado en el último escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción al TSJ de la Comunidad Valenciana. En este escrito, la fiscalía pide al tribunal que acepte instruir la parte relativa a la financiación irregular del PP valenciano del caso Gürtel, tal y como propone el instructor del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira.
La portavoz niega los indicios de financiación irregular en el PP
La alegría duró poco porque a través de la misma agencia de noticias que adelantó que la Fiscalía Anticorrupción excluía a Camps en su escrito, el ministerio público dejó claro que el presidente de la Generalitat no queda excluido de las posibles personas que podrían haber incurrido en supuestos delitos electorales, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda y la Administración pública relacionados con el caso Gürtel.
Pese a ello, el entorno del presidente de la Generalitat no cambió el argumentario inicial. A mediodía de ayer la explicación al escrito de la Fiscalía Anticorrupción era que no había tenido "más remedio que cambiar la postura por la propia inconsistencia, no solo de la inclusión de Camps, sino de la propia acusación que se hace". Tras la aclaración de la Fiscalía Anticorrupción, el argumento era que alguien en fiscalía había cometido el error de no mencionar a Camps y desde instancias gubernamentales se había dado orden de rectificar. En cualquier caso, el PP insistió durante todo el día de ayer en el argumento de la consejera portavoz: "No ha habido ningún tipo de financiación ilegal y la contabilidad está absolutamente contrastada y auditada".
El PP decidió acompañar sus argumentos con una petición en el Congreso de los Diputados para que comparezca el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que explique "detalladamente por qué está persiguiendo al PP utilizando las herramientas del Estado". "Exigimos que [Conde-Pumpido] no intente torcer la actuación de sus fiscales", indicaron en el PP.
Camps, que ayer no contaba con agenda oficial, remitió una nota y unas fotos de su visita a unas rehabilitaciones realizadas en el Centre del Carme de Valencia, pero evitó cualquier referencia relacionada con Gürtel.
En medio de la expectación generada por el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, fuentes del PP reconocieron la existencia de un cierto malestar por la decisión de Camps de cerrar filas en torno a su figura mientras se ignoraba al resto de altos cargos del partido que sí son mencionados en el escrito del ministerio fiscal. Unos cargos entre los que figuran la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez; el vicepresidente primero, Vicente Rambla; o el vicesecretario de Organización del PP regional, David Serra.
www.elpais.es 02.04.11
EL TSJ RECHAZA EL INTENTO DEL PP DE DILATAR EL JUICIO A LUNA
El Partido Popular, interesado en retrasar las causas judiciales relacionadas con la trama Gürtel que afectan al presidente Francisco Camps y a numerosos altos cargos populares, tampoco parece tener prisa en el caso judicial que afecta al portavoz parlamentario socialista Ángel Luna.
El diputado será juzgado el martes por un supuesto delito de encubrimiento. El PP lo denunció después de que mostrara en las Cortes un informe policial que señalaba cómo la trama corrupta sacó tajada de la visita del Papa gracias a un contrato de Canal 9. El informe estaba bajo secreto de sumario. El PP denunció a Luna, primero por revelación y luego por encubrimiento.
El abogado del PP pidió el martes al Tribunal Superior de Justicia valenciano que se transcribieran todas las declaraciones de la fase de instrucción que están en soporte audiovisual y el TSJ lo rechazó. Aceptó, en cambio, la solicitud de que sea llamado a declarar el líder socialista valenciano Jorge Alarte. Y también de que se averigüe si algún juzgado de Madrid (porque allí remitió sus sospechas el juez instructor) está investigando la hipotética revelación de secretos.
www.elpais.es 01.04.11
CORREA GASTÓ EL DINERO DE LA VISITA DEL PAPA PARA ESPECULAR EN LA NUCIA
La policía considera acreditado que la trama corrupta del caso Gürtel destinó parte del dinero logrado con la visita del Papa a Valencia en 2006 a la compra de una finca en La Nucia (Alicante) con la que, una vez recalificada, pretendía obtener más de un millón de euros.
Así lo afirman los investigadores policiales en un informe, adelantado hace semanas por EL PAÍS, que explica que la trama pretendía realizar negocios inmobiliarios en La Nucia. Bien mediante la adquisición de este terreno para su posterior venta recalificado, o mediante la adquisición de participaciones del PAI (Programa de Actuación Integrada) Pie de Monte para ceder posteriormente el derecho urbanizador a otra sociedad de la red.
En concreto, el informe indica que la compra de esta parcela de secano de 12.000 metros cuadrados de terreno yermo estaba destinada a la especulación inmobiliaria.
El número dos de la red, Pablo Crespo, había calculado que el beneficio ascendería a 1.134.360 euros o a 1.890.600 euros, según la documentación incautada en 2009 en una caja de seguridad. No obstante, la operación no llegó a realizarse por la paralización de varios proyectos urbanísticos en La Nucia a causa de la falta de agua existente.
Cobertura para la red
El informe de la UDEF, fechado el pasado 2 de marzo y que ya está en poder del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, analiza también la "operativa de blanqueo" de capitales realizada con este negocio.
Así, como ya explicó este periódico, el informe confirma que la compra de la finca se financió con los fondos que Teconsa recibió de RTVV por retransmitir la visita del Papa. En concreto, 600.000 euros fueron entregados por Apogee Telecomunicaciones, SA, a través de una factura ficticia que Wild Electronics emitió a Teconsa, mientras otros 230.000 euros fueron entregados por medio de una factura que emitió Castaño Corporate a la misma sociedad. En la operación de la trama, Castaño Corporate -cuyo administrador único es Jacobo Gordon, también imputado en el
caso Gürtel- fue la que formalmente compró la finca por 756.240 euros y dio cobertura a la trama. Correa, que era amigo del alcalde de La Nucia, Bernabé Cano (PP) intentó especular con otros proyectos. En el PAI Pie de Monte, Correa intentó que la urbanización se le adjudicase a la constructora Begar de José Luis Ulibarri, otro de los imputados en el caso Gürtel.
www.elpais.es 23.03.11
EL TSJ RECHAZA EL RECURSO DE LUNA Y LO JUZGARÁ POR ENCUBRIMIENTO
La sala desestima las apelaciones sin entrar en el fondo del asunto
Ángel Luna, portavoz parlamentario socialista, distinguido en los últimos dos años por denunciar la connivencia del Gobierno valenciano con la trama Gürtel, será paradójicamente el primero que se siente en el banquillo por unos hechos relacionados con el caso. El juez Juan Montero, tras una denuncia interpuesta por el PP, le abrió juicio oral el 11 de marzo por un supuesto delito de encubrimiento: obstaculizar la identificación de la persona que le hizo llegar un informe policial, que estaba bajo secreto de sumario, en el que se detallaba cómo la trama corrupta se embolsó tres millones de euros con la visita del Papa a Valencia en el año 2006 gracias a un contrato de la televisión pública valenciana, Canal 9. Luna esgrimió ese documento en un debate parlamentario con el presidente Francisco Camps el 24 de marzo de 2010 y siempre ha afirmado que le llegó de forma anónima.
El tipo de proceso impide analizar la consistencia de la acusación
La sala indica que los hechos pueden interpretarse de forma distinta
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestimó ayer, sin entrar en el fondo del asunto, las apelaciones que tanto el diputado como el ministerio público presentaron contra la previa decisión del magistrado de continuar el procedimiento. De ese modo, y dado que contra la apertura de juicio oral dictada por Montero no cabe recurso, Luna será juzgado probablemente en abril. La sentencia podría conocerse ese mismo mes o a principios de mayo.
El auto que rechaza las apelaciones, del que ha sido ponente el juez José Flors, el mismo que mantiene imputado a Camps por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio, subraya que dadas las características del procedimiento abreviado que se sigue contra Luna, la Sala Civil y Penal no podía entrar a analizar la fortaleza o debilidad de los indicios (pruebas no hay) de la acusación contra el portavoz socialista.
"Lo que no resulta posible al tribunal de apelación es realizar un examen directo del resultado de las diligencias practicadas para extraer unas propias conclusiones que sustituyan la valoración indiciaria de los hechos racionalmente realizada por el instructor por otra diferente que pudiera considerarse preferible", señala el auto.
"Se trata solo", prosigue, "de analizar si la imputación en la que se basa la decisión de continuar el procedimiento por los trámites de la preparación del juicio se halla razonablemente fundada". Tras su limitado examen, la sala considera que la conclusión de Montero "no es algo que se aparte completamente de la lógica, ni resulta absurda, irracional o arbitraria".En otro fragmento, referido al razonamiento realizado por el juez instructor, la sala señala: "Cierto es que, a partir de esos mismos antecedentes, interpretados de modo diferente, podría llegarse a una conclusión distinta, pero esa posibilidad no convierte, sin más en absurda o irrazonable, ni tampoco esencialmente imposible aquella otra alternativa (la de Montero); y ya hemos dicho al respecto que en el ámbito de este recurso no le es dado a este tribunal sustituir las valoraciones del magistrado instructor, salvo casos de manifiesta irracionalidad".
Es decir, ese es el grado de exigencia sobre la solidez de la acusación que se exige en esta fase del procedimiento. Pero la sala advierte que la exigencia en el juicio será superior: "No hay que olvidar tampoco que el Tribunal Supremo tiene declarado sobre este particular que el grado de certeza en la fijación de los datos del hecho y el de valoración de la tipicidad penal para garantizar la razonabilidad de la continuación del procedimiento, no es el mismo que se necesita para decidir, en el acto del juicio, sobre la condena (o) la absolución, en cuyo acto debe tomarse en consideración en todo caso el principio in dubio". El principio legal In dubio pro reo establece que en caso de duda, por ejemplo por no existir suficientes pruebas, debe fallarse a favor del acusado.
El apunte es importante al relacionarlo con lo que se ha aportado hasta ahora en el procedimiento. Y en concreto, con el hecho de que en la instrucción no figura ninguna prueba que desvirtúe la versión de Luna.
El relato de hechos es conocido. Hace ahora un año, en un debate en las Cortes con Camps, Luna mostró un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que explicaba cómo la trama Gürtel se había lucrado con la visita del Papa a través de un contrato de Canal 9. La televisión pública valenciana estaba dirigida entonces por Pedro García, estrecho colaborador de Camps y amigo íntimo de Álvaro Pérez, El Bigotes, que ejercía como delegado de la red corrupta en Valencia.
El contenido del informe había sido publicado meses antes en EL PAÍS y también en otros medios, pero se encontraba bajo secreto de sumario. El PP presentó una denuncia por revelación de secretos que el juez Montero archivó porque no había, dijo, nada que la sostuviera. El magistrado decidió seguir la investigación, sin embargo, por un supuesto delito de encubrimiento. La actuación del portavoz socialista, consideró el juez, impedía averiguar quién había efectuado la filtración.
La versión de Luna también es conocida. Afirma que encontró el informe en un sobre sin remitente en la mesa de su despacho en las Cortes; que en el momento en el que lo mostró no sabía que estaba bajo secreto de sumario; y que después de enseñarlo se despreocupó de él porque, tras ser aceptada su personación como acusación en el caso Gürtel, el 7 de mayo de 2010, pasó a tener acceso informático a todo el sumario. Por ello, agregó, cuando Montero le reclamó el documento, el 20 de diciembre, hacía tiempo que se había despreocupado de él.
A pesar de que en el procedimiento el PP no ha aportado ninguna prueba contra esa versión, Montero consideró que el socialista sí sabía que el informe era secreto o lo supo poco después; que era consciente de que quien se lo hizo llegar había cometido un delito (o que en cualquier caso alguien lo cometió en su momento); que su explicación de cómo lo recibió no es razonable; y tiene el documento pero no lo quiere entregar, y por tanto lo está ocultando.
Un razonamiento al que llegó, básicamente, con un indicio: Luna indagó, antes de declarar ante Montero, si los sobres que llegan a las Cortes pasan siempre por registro de entrada. Según Luna, lo hizo para tener la máxima información para responder ante el juez. A Montero, en cambio, le resultó lo bastante sospechoso como para enviarlo al banquillo.
www.elpais.es 25.03.11
EL JUEZ ABRE JUICIO CONTRA LUNA POR ENCUBRIMIENTO
El portavoz socialista: "Camps no me va a callar con querellas"
El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano Juan Montero dictó ayer apertura de juicio oral contra el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, por un supuesto delito de encubrimiento.
El 24 de marzo de 2010, en la tribuna de oradores de las Cortes Valencianas, Luna mostró un informe policial que revelaba el modo en que la trama Gürtel se lucró, gracias a un contrato de la televisión pública autonómica, Canal 9, con la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006. El documento se encontraba bajo secreto de sumario. El PP lo denunció por revelación de secretos. La acusación fue archivada por Montero tras constatar que no existía ningún indicio que la sostuviera, y envió a los juzgados de Madrid las sospechas para que se indagaran allí. El magistrado decidió seguir la instrucción contra Luna, sin embargo, por encubrimiento, a pesar de que el ministerio fiscal había solicitado el sobreseimiento libre.
Montero no le cree
El diputado socialista ha declarado ante el juez que el informe le llegó de forma anónima; que no sabía que estaba declarado secreto y que desconoce dónde está porque se despreocupó de él. El juez no le creyó, y en su auto de ayer señaló: "Existen indicios de criminalidad", "indicios que deben llevar a que el proceso prosiga, pues en este momento de la causa no cabe afirmar, y con efectos de cosa juzgada, que los hechos no sean constitutivos de delito".
El portavoz del PSPV respondió afirmando que el presidente Francisco Camps pretendía "ejemplarizar en el castigo para conseguir una sociedad sumisa"; "por muchas querellas que me ponga, no me va a callar". El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, respaldó a Luna, lo confirmó en su puesto, donde seguirá salvo que lo establezca una sentencia, supuesto, dijo, "que no ocurrirá". Alarte también predijo que en 2012 "los actuales dirigentes del PP habrán salido de la vida política a causa de los procedimientos judiciales por corrupción".
El portavoz del PP, Rafael Blasco, celebró que el juez hubiera encontrado "indicios suficientes contra su manera de actuar". Y el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, añadió que "la naranja podrida está en el cesto del PSPV".
EL PAÍS - Madrid - 12/03/2011
EL TRIBUNAL RECHAZA OTRO INTENTO DE CAMPS DE DILATAR EL CASO DE LOS TRAJES
La sala insta a la fiscalía a solicitar la acumulación de delitos más adelante
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano rechazó ayer un nuevo intento de Francisco Camps, presidente de la Generalitat, de dilatar la causa de los trajes, en la que está imputado por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio junto a tres altos cargos del PP y el Gobierno autonómico por aceptar regalos de la trama Gürtel valorados en miles de euros.
La estrategia de los acusados y especialmente de Camps desde que se inició la investigación en 2009 ha consistido en solicitar diligencias y plantear recursos sin cesar para ralentizar la marcha del procedimiento.
En el desestimado ayer, el presidente valenciano había pedido suspender el trámite de presentación de escritos de conclusiones de las partes (ya los han entregado la Fiscalía Anticorrupción, los socialistas y el propio Camps) para que dos peritos hicieran "aclaraciones" y ratificaran sus informes, que están incorporados al sumario. La sala respalda ahora al juez instructor del caso, José Flors, que ya había indicado que esa diligencia se efectuaría en la audiencia preliminar. Ese acto se celebrará probablemente a principios de abril, una vez que todas las partes hayan presentado sus escritos de conclusiones. Y precederá a la decisión del magistrado de abrir o no juicio oral contra Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.
El presidente de la Generalitat (que ayer suspendió su agenda por problemas lumbares) también solicitaba que se suspendiera la causa hasta que la sala no hubiese resuelto los recursos contra las decisiones de Flors que han presentado las defensas. La Sala Civil y Penal también rechazó ese argumento atendiendo a lo que establece la Ley del Jurado. Tal suspensión podría decretarse, argumenta en su auto, en la propia audiencia preliminar, si para entonces todavía quedase algún recurso pendiente. Fuentes judiciales apuntaron a que la apelación y las dos quejas presentadas por los abogados defensores que aún debe ver la sala estarán con bastante probabilidad resueltos para cuando tenga lugar la audiencia preliminar.
La Sala Civil y Penal desestimó igualmente un recurso de fiscalía en el que pedía suspender la causa hasta que se resolvieran las dos inhibiciones del tribunal superior madrileño en favor del valenciano. Debido a los recursos planteados en Madrid, recuerda el TSJ valenciano, este tribunal todavía no tiene por planteada las inhibiciones. Y el momento oportuno para decretar la suspensión pedida por la fiscalía, agrega la sala, sería tras la celebración de la audiencia preliminar.
www.elpais.es 15.03.11
EL SUPERIOR DE MADRID ANALIZA SI SE JUZGA AL JEFE DE GÜRTEL JUNTO A CAMPS
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolverá previsiblemente esta semana varios recursos presentados contra la decisión que adoptó el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, para que los cabecillas de la trama fueran juzgados junto al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, en el asunto del regalo de los trajes. Pedreira dictó hace meses un auto en el que señaló que tanto Francisco Correa como su número dos, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, el Bigotes, debían ser enjuiciados junto a Camps por ser ellos quienes le sobornaron con trajes y joyas a él y otros altos cargos.
La Sala de lo Penal de Madrid (integrada por los magistrados Francisco Vieira, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro) deberá decidir si anula el auto de Pedreira, lo ratifica o bien envía la causa a Valencia para que sean sus colegas los que tomen allí la decisión.
La Fiscalía Anticorrupción es partidaria de que Camps y los otros tres imputados en la causa de los trajes (Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos) se sienten en el banquillo junto a los responsables de Gürtel por la conexión entre los donantes de los regalos y los que aparecen como receptores. La Fiscalía pide para Camps en este asunto, por cohecho pasivo, una multa de 41.250 euros. Y es partidaria de que el caso del regalo de los trajes, que ya ha instruido el juez de Valencia José Flors, quede paralizado hasta que se decidida si se une con las diligencias sobre financiación ilegal del PP de Valencia que también ha destapado el caso Gürtel.
Desglose
La causa del regalo de los trajes a Camps está ahora, de hecho, desglosada de la de la presunta financiación ilegal, consistente en que grandes empresas valencianas sufragaron actos del PP a través de la empresa Gürtel Orange Market, que dirigía el Bigotes.
El juez Pedreira también acordó remitir a Valencia el tema de la financiación ilegal y estableció que entre los implicados podía haber aforados, entre ellos, Camps. La decisión de Pedreira fue recurrida por el PP, personado en la causa, curiosamente, como acusación particular, lo que obligó a intervenir a la citada Sala Penal de Madrid, la cual decidió que fuera su homónimo de Valencia la que decidiera qué hacer con el asunto de la financiación ilegal y, en su caso, a quién imputar.
www.elpais.es 14.03.11
FERIA VALENCIA FACTURÓ AL CONSELL EN 2008 UN ACTO DEL PP EUROPEO
La institución ferial consignó a Economía un adeudo de 10.874 euros
Feria Valencia facturó a la Consejería de Economía en 2008 el alquiler del espacio utilizado por el Partido Popular Europeo en el Comité de las Regiones de la UE. Los populares europeos se reunieron en Valencia en mayo de 2008 invitados por el PP y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para debatir sobre el cambio climático. El encuentro se tradujo en un dictamen que incluyó el informe a favor de la política de trasvases impulsado por el Consell y aprobado semanas antes por el Comité de Regiones de la Unión Europea.
La información a la que ha tenido acceso este periódico revela la existencia de un apunte identificado con el número de referencia 3030011080 y la leyenda EPP (siglas del Partido Popular Europeo) Group in the Comite regions-espacio. El apunte está referenciado a una factura emitida a la sede de la secretaría autonómica de Empleo.
En la factura de Feria Valencia se detallan diferentes conceptos habituales en la celebración esta clase de encuentros, aunque el coste principal es el alquiler del espacio, valorado en 7.185 euros. El importe conjunto del cargo consignado se eleva a 9.374 euros que, con el IVA, alcanza una cifra global de 10.874 euros con cuatro céntimos.
No consta que la Consejería de Economía abonase el citado cargo. Fuentes del departamento que dirige Gerardo Camps explicaron que necesitaban más tiempo para verificar si se les remitió hace más de dos años un cargo por el citado concepto y cantidad.
La institución ferial de Valencia mantiene una política de estricta confidencialidad y no hace comentarios sobre ninguno de sus clientes, ni presentes, ni pasados. "No podemos decir nada", insisten.
La dirección regional del PP negó que hubiese participado en la organización de la reunión y apuntó que lo habitual es que, tratándose de un encuentro europeo, sea el Partido Popular Europeo el que asuma el coste del evento.
El encuentro del grupo del Partido Popular Europeo en Valencia contó con el presidente del Comité de Regiones, Luc van der Brande, el presidente del grupo popular en este organismo, Isidoro Gottardo, y el propio Camps, entre otros.El año 2008 no fue malo para Orange Market. La firma de Francisco Correa -que dirigía en Valencia Álvaro Pérez El Bigotes- siguió trabajando para sus dos principales clientes: el PP y Feria Valencia, tras ser reelegido Francisco Camps.
Según la documentación incautada por la policía y que figura en el sumario del caso Gürtel, Orange Market cobró 1.670 euros por sus trabajos en la jornada del PP europeo celebrada el 23 de mayo de 2008 en Feria Valencia.
En la misma documentación requisada por la policía e incorporada al sumario del caso Gürtel, que instruye el juez Antonio Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se da la coincidencia de que Orange Market emitió con fecha 23 de mayo -el mismo día que tuvo lugar la jornada del PP europeo- tres facturas a nombre de Feria Valencia. Las facturas, con el IVA incorporado, son por importe de 10.864,56 euros; 3.343,91 euros y 13.789,50 euros y figuraban como pendientes de cobro.
La investigación judicial del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana se ha centrado hasta ahora en las relaciones de Orange Market y la trama corrupta con el PP, la Generalitat y las empresas constructoras que, supuestamente, financiaron de manera irregular a los populares valencianos.
Feria Valencia, según declaró en su día el propio Álvaro Pérez, era uno de los clientes principales de Orange Market. En 2008 Orange Market consiguió un contrato directo por parte de la institución ferial para elaborar un plan de marketing para el certamen Hábitat presupuestado en 800.000 euros. Según la documentación conocida hasta ahora, tan solo en ese ejercicio, la firma de Álvaro Pérez facturó a Feria Valencia un total de 1.438.400 euros.
Feria Valencia, que está presidida por Alberto Catalá desde hace más de una década, mantiene una estricta política de confidencialidad que ha impedido saber con exactitud cuántos contratos tuvo la institución con Orange Market, por qué prestaciones y con qué importes.
La institución ferial, cuyas cuentas anuales correspondientes a 2008 fueron auditadas favorablemente por la consultoría Deloitte, no ha rendido nunca cuentas a la Sindicatura de Comptes. Entre las particularidades que presenta la contabilidad de Feria Valencia es que hasta 2008, cuando se aprobó la modificación, los cierres de ejercicio se cerraban el 31 de agosto en vez del 31 de diciembre, lo que provocaba que las distintas anualidades no coincidiesen con el año natural. Este cambio hizo que, finalmente, el ejercicio 2008 solo incluyese el periodo transcurrido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.
Un reciente informe de la Sindicatura, el órgano que audita las cuentas de las entidades públicas de la Comunidad Valenciana, se queja del vacío legal que permite que sociedades mercantiles, fundaciones o asociaciones participadas mayoritariamente por entidades locales -como es el caso de Feria Valencia, una entidad sin ánimo de lucro controlada por el Ayuntamiento y la Generalitat- eludan presentar sus cuentas pese a su carácter público.
www.elpais.es 14.03.11
EL JUEZ ABRE JUICIO CONTRA LUNA POR ENCUBRIMIENTO
El portavoz socialista: "Camps no me va a callar con querellas"
El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano Juan Montero dictó ayer apertura de juicio oral contra el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, por un supuesto delito de encubrimiento.
El 24 de marzo de 2010, en la tribuna de oradores de las Cortes Valencianas, Luna mostró un informe policial que revelaba el modo en que la trama Gürtel se lucró, gracias a un contrato de la televisión pública autonómica, Canal 9, con la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006. El documento se encontraba bajo secreto de sumario. El PP lo denunció por revelación de secretos. La acusación fue archivada por Montero tras constatar que no existía ningún indicio que la sostuviera, y envió a los juzgados de Madrid las sospechas para que se indagaran allí. El magistrado decidió seguir la instrucción contra Luna, sin embargo, por encubrimiento, a pesar de que el ministerio fiscal había solicitado el sobreseimiento libre.
Montero no le cree
El diputado socialista ha declarado ante el juez que el informe le llegó de forma anónima; que no sabía que estaba declarado secreto y que desconoce dónde está porque se despreocupó de él. El juez no le creyó, y en su auto de ayer señaló: "Existen indicios de criminalidad", "indicios que deben llevar a que el proceso prosiga, pues en este momento de la causa no cabe afirmar, y con efectos de cosa juzgada, que los hechos no sean constitutivos de delito".
El portavoz del PSPV respondió afirmando que el presidente Francisco Camps pretendía "ejemplarizar en el castigo para conseguir una sociedad sumisa"; "por muchas querellas que me ponga, no me va a callar". El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, respaldó a Luna, lo confirmó en su puesto, donde seguirá salvo que lo establezca una sentencia, supuesto, dijo, "que no ocurrirá". Alarte también predijo que en 2012 "los actuales dirigentes del PP habrán salido de la vida política a causa de los procedimientos judiciales por corrupción".
El portavoz del PP, Rafael Blasco, celebró que el juez hubiera encontrado "indicios suficientes contra su manera de actuar". Y el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, añadió que "la naranja podrida está en el cesto del PSPV".
EL PAÍS - Madrid - 12/03/2011
LA POLICÍA CERCA AL CONSTRUCTOR QUE SE ENRIQUECIÓ CON CORREA EN LA VISITA PAPAL
Los agentes piden la imputación del dueño de Teconsa por su relación con Gürtel
La policía estrecha el cerco sobre uno de los mayores y más rápidos negocios hechos por la red corrupta que dirigía Francisco Correa en la Comunidad Valenciana.
La visita de dos días del Papa a Valencia en 2006 sirvió a la trama Gürtel para intermediar en un contrato de siete millones de euros -más de la mitad fueron beneficios- que la televisión autonómica Canal Nou -dirigida entonces por Pedro García, un amigo de la red corrupta-, adjudicó a la constructora leonesa Teconsa. Los dueños de esta constructora eran, a su vez, amigos de Francisco Correa, con el que mantuvieron conversaciones comprometedoras que se han incorporado al sumario judicial del caso.
El contrato multimillonario que adjudicó Canal Nou consistía en poner altavoces y pantallas de televisión por diversas zonas de la ciudad de Valencia coincidentes con el recorrido previsto en la visita del Papa. Teconsa, experta en hacer carreteras y obras públicas pero sin ninguna experiencia en sonorización e instalación de pantallas de televisión en la calle, subcontrató los trabajos con empresas que, a su vez, eran clientes habituales de la red Gürtel.
La constructora leonesa pagó a las subcontratistas del servicio tres millones de euros y ganó casi cuatro millones. Un negocio redondo que el empresario leonés repartió con Francisco Correa y su red corrupta, que había amañado junto a Pedro García, según la investigación, el concurso de la visita del Papa de Canal Nou.
La policía ha seguido el rastro del dinero y se ha encontrado con que Teconsa derivó parte de sus ganancias en el contrato valenciano a una cuenta de Special Events (empresa de Francisco Correa) a través de dos ingresos de 200.000 euros cada uno. Posteriormente, Correa se pagó las obras de reforma de su vivienda en Ibiza, que le hace Teconsa, mediante transferencias de dinero desde la cuenta de Special Events. Esta empresa paga a Teconsa por las obras con dinero que previamente había ingresado de la propia Teconsa por el reparto de los beneficios de la visita del Papa. Todo queda en familia.
El sumario del caso Gürtel incorpora ya un informe con todas las pruebas de este presunto tráfico ilegal de dinero. Ese informe sirve de base a la policía para pedir al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso, la "imputación de José Luis Martínez Parra como administrador de Teconsa" por su participación en la adjudicación del contrato público "realizado de manera ilícita con la Radio Televisión Valenciana con motivo de la organización de la visita del Papa".
La policía sostiene que Teconsa fue utilizada por la red corrupta como "sociedad pantalla" para así "solapar la realización real del acto por la organización de Francisco Correa y facilitando a este la ocultación de los fondos recibidos, cobrando por ello una comisión de 200.000 euros".
El informe policial también da cuenta de la misma operativa con la constructora Begar, que supuestamente pagó un millón de euros a Correa por intermediar en un concurso de suelo en Boadilla del Monte (Madrid).
Los investigadores concluyen igualmente que Correa defraudó al fisco al menos 450.000 euros que pagó en Suiza como parte del precio de compra de su vivienda en Ibiza. La policía pide al juez que ponga en conocimiento de la Agencia Tributaria este supuesto fraude fiscal.
EL PAÍS - Madrid - 12/03/2011
CAMPS INSISTE SIN APORTAR PRUEBAS EN QUE SE PAGÓ TRAJES Y AMERICANAS
Admite ahora que conoció a El Bigotes en 2002 en contra de lo que dijo en 2009
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, imputado por un supuesto delito de cohecho continuado por aceptar regalos de la trama Gürtel, negó en su escrito de defensa, presentado el viernes y conocido ayer, haber recibido obsequios de la red corrupta. Camps repitió los mismos argumentos que hace dos años, cuando se inició la investigación judicial: los pocos trajes y prendas de vestir que se llevó de las tiendas Milano y Forever Young los pagó de su bolsillo salvo en un caso, en el que al no llevar suficiente metálico encima para comprar una americana rebajada se lo pidió prestado a un escolta. Como hace dos años, el presidente valenciano no aportó pruebas de descargo: se limitó básicamente a destacar supuestas contradicciones en la acusación.
El sastre: "Miente porque jamás ha pagado un euro ni se ha preocupado"
Frente a él se alzan, en cambio, numerosas pruebas. Las declaraciones del sastre José Tomás y de la cajera de Milano. Los tíquets de caja y los inventarios semestrales de pagos pendientes de ese mismo establecimiento. Los tíquets generados para la cancelación de pagos pendientes. Las hojas de sastrería rellenadas en Forever Young y enviadas a Satsgor, la empresa que realmente confeccionaba las prendas. El abono por parte de la trama de la deuda que generaban en las tiendas esos artículos. El conocimiento general de los empleados de Milano sobre cómo se suministraban los trajes a los imputados (además de Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret) y otros elementos incriminatorios.
Argumentos de sobra como para que los 11 jueces que hasta ahora han participado en la causa considerasen suficientemente acreditado (en el grado propio de la instrucción de una causa) que recibió los regalos. Así lo hizo incluso la sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano presidida por Juan Luis de la Rúa, que en 2009 archivó el caso al considerar que recibir obsequios sin una contrapartida por parte de los receptores no era delito. Una interpretación que vaciaba de sentido el delito de cohecho pasivo impropio y que fue duramente corregida por el Tribunal Supremo en mayo pasado al reabrir la causa.
Camps, para quien la fiscalía pide una multa de 41.250 euros y los socialistas tres años de prisión, sostiene en su escrito que, en total, adquirió cuatro trajes, una americana y unos zapatos en Forever Young entre 2007 y 2008. Considera incongruente que, entre las muchas otras prendas que las acusaciones mantienen que recibió, se contabilicen cuatro trajes que habrían sido devueltos y que aún así la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV-PSOE los sigan considerando obsequios. Y añade que a principios de 2007, al recoger tres de las prendas, las pagó en efectivo, "abono que se realizó a D. José Tomás".
El sastre le respondió ayer: "Si el señor Camps ha dicho eso y lo mantiene en sede judicial me querellaré contra él por calumnias e injurias porque es falso y en el futuro se demostrarán más cosas que le inculparán todavía más, porque jamás ha pagado un euro ni se ha preocupado. En Milano devolvió cuatro trajes que estaban mal, pero tres americanas de tejido Loro Piana se las quedó y como se le habían quedado anchas se las arreglé en Forever Young, porque decía que eran muy marcadas. Y luego me llamó para decirme: 'Qué éxito".
La defensa del presidente valenciano afirma que el informe de la Agencia Tributaria no respalda la versión de las acusaciones. Y niega que la Generalitat adjudicara irregularmente decenas de contratos a la trama.
Camps sí admite, por primera vez desde que estalló el caso, que conoce a Álvaro Pérez, El Bigotes, a pesar de que en mayo de 2009 lo negó dos veces en las Cortes Valencianas. La relación se inició en 2002 porque Pérez realizaba eventos para el PP y se circunscribió "exclusivamente" a ese ámbito, dice el presidente valenciano, a pesar de que en las conversaciones grabadas por la policía Camps llamaba a El Bigotes "amiguito del alma".
www.elpais.es 09.03.11
"LA NUMBER ONE DE LAS FALTONAS TRAE IDEAS DE XARRADES DE CAFÉ"
 El presidente valenciano, Francisco Camps, que se muestra cada vez más crecido desde que el PP le confirmara como candidato para las próximas elecciones autonómicas, ha hecho gala de su chulería en las Corts, ayer, durante la sesión de control, al mofarse de una diputada de Compromis, a la que acusó de improvisar, a partir de ideas sacadas de una charla en un café. “Es una especie de miscelánea, usted abre aquí un abanico de ideas y de propuestas que se ve que comenta en algún café con algún amigo y viene aquí, vamos a ver campeón, hay que decir todo esto, coges de aquí y de allá, es como xarrades de café, bueno usted es la número uno de las faltonas, la número uno, la number one”, afirmó el dirigente popular. Previamente la había saludado irónicamente diciendo lo mucho que se alegraba de oír su "dulce voz"
 Compromís cuestionó los anuncios de austeridad de Camps, que ayer afirmó que reducirá las consejerías de 13 a 10, “cuando gane en mayo”, siguiendo una directriz de Mariano Rajoy. La portavoz de Economía de la formación, Mireia Mollà, preguntó al president si considera el plan de austeridad del líder del PP " tan válido como su código ético, que tuvieron que romper porque lo incumplió sistemáticamente". Por su parte, la portavoz adjunta de la coalición, Mónica Oltra, le reprochó que se "pasee en Ferrari" mientras la renta per cápita media de los valencianos "se ha desplomado 13 puntos", lo que "nos ha situado en la España pobre".

El portavoz de Compromís, Enric Morera, recriminó a Camps que se jacte de su promesa de disminuir el número de consejerías cuando "tiene 300 asesores y 15.000 personas enchufadas a dedo" porque "este clientelismo le da mucha fuerza".
www.publico.es 04.03.11
CAMPS NO ESTARÁ EN LAS VALLAS ELECTORALES DEL PP PARA EL 22-M
Luna afirma que es un candidato "vergonzante" y por eso no quiere carteles
La sesión de control parlamentario al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ofreció ayer signos propios del agotamiento de la legislatura. Dos años de escándalos relacionados con el caso Gürtel y de preguntas semanales sin respuestas claras tiñeron ayer de ambiente preelectoral el penúltimo de los controles semanales al jefe del Consell.
El jefe del Consell promete que si gana reducirá a diez las consejerías
En este clima, el jefe del Consell intentó ayer argumentar por qué no piensa poner su imagen en las vallas electorales. Camps explicó que no recurrirá a las vallas "por austeridad" y porque es "el presidente con mayor aceptación de la historia". El jefe del Consell, que eludió sus problemas con la justicia y el enorme desgaste de imagen provocado por el caso Gürtel, completó su discurso con una crítica feroz a las vallas del candidato socialista a la Generalitat, Jorge Alarte -una naranja podrida que da paso a una sana con el lema "otro camino es posible"-, que tachó de nuevo "ataque a la Comunidad Valenciana".
[La afirmación de Camps fue aplaudida horas más tarde por el presidente del sindicato agrario AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, que pidió la retirada de los carteles porque dan una mala imagen del sector citrícola].
Las razones de austeridad no convencieron al portavoz socialista, Ángel Luna, que aseguró que Camps "es un candidato vergonzante y por eso no quiere carteles". "Aspira a ver si algún incauto vota sin saber que es usted el de los trajes, el de la corrupción y el que se va a presentar a las elecciones", afirmó el portavoz socialista.
En su alocución, Luna se quejó de las "amenazas" del PP para amedrentar a la oposición y se quejó del recorte de subvenciones a los grupos políticos. Camps evitó entrar en los planteamientos de Luna y se centró en descalificar al portavoz socialista y el proyecto político que representa, a los que volvió a situar en el lado "oscuro".
La tensión con el grupo parlamentario de Compromís todavía fue mayor. Su portavoz, Enric Morera, interrogó a Camps por las razones por las que mantiene gastos millonarios en grandes eventos mientras el desempleo sigue creciendo y hay más de medio millón de parados.
Para el presidente del Consell, la intervención de Morera tuvo la altura de una charla de café. Lo que provocó la intervención de Mònica Oltra, de Compromís, que acusó de "faltón" a Camps. El presidente replicó que "para faltona ella, que era la número uno" y la diputada remachó el clavito con "¡y usted un corrupto!".
Tras el desfase, Camps intentó reconducir su discurso y anunció que si gana las elecciones reducirá el número de consejerías a 10 -ahora son 13-, pero que no lo ha hecho antes porque su actual proyecto "era de legislatura". "Cuando haya otra legislatura, habrá otro proyecto", sentenció. Promesa que no convenció a los diputados de Compromís, que reprocharon a Camps que pague masters de tenis, la fórmula 1 y se pasee en Ferrari mientras hay más de 200.000 parados valencianos sin prestaciones.
Por otra parte, en el pleno de ayer, el PP rechazó una proposición de Compromis, votada por toda la oposición, para promocionar el valenciano en la Administración de la Generalitat.
Las respuestas de Camps en sede parlamentaria en el 'caso Gürtel'
- Sobre El Bigotes: "Yo tengo la suerte de saludar a muchas personas a lo largo del año porque soy el presidente de la Generalitat y hay un montón de actos y actividades". (12/2/2009).
- Sobre los contratos: "Todas las filtraciones aparecidas en los medios de comunicación, todas, han sido rebatidas por su orden. Ni PAI, ni oficinas, ni adjudicaciones a no sé qué tipo de actividades". (19/2/2009).
- Sobre su imputación: "¿Cree de verdad que yo puedo ser imputado por lo que se dice estos días? ¿Cree que hay alguna duda respecto a mi responsabilidad y mis acciones? (19/2/2009).
- Sobre la financiación irregular: "Se sabrá toda la verdad, absolutamente toda, toda, y aquí no ha pasado absolutamente nada. La Administración autonómica valenciana es la más transparente de Europa, de toda Europa. La financiación del PP es absolutamente transparente". (30/4/2009).
- Sobre la trama corrupta: "Ni tramas, ni adjudicaciones que no se correspondan con la legalidad. Esa es la realidad incontestable, por mucho que les duela. Se habló de tramas y se habló de adjudicaciones y de financiaciones irregulares. Y de eso, nada de nada. (...) En cualquier caso, el procedimiento continúa y lo que es importante es que queda clarísimo que no hay ninguna trama". (30/4/2009).
- Sobre su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia: "Tengo unas ganas locas, locas, de explicar publicamente todo lo que hay que es nada. Pero todo tiene que ir con los pasos que corresponde" (30/4/2009).
- Sobre los trajes: "Yo estoy tranquilo. Lo dije hace muchos meses. No hay nada que ocultar, nada. (...) A esa cuestión ya he contestado con absoluta claridad. No hay ninguna duda respecto a esa cuestión, ninguna. (14/5/2009)
- Sobre la insistencia de Luna: "A usted le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta". (12/11/2009).
www.elpais.es 04.03.11
LA FISCALÍA PIDE JUZGAR A CAMPS JUNTO A CORREA Y EL BIGOTES
La Fiscalía Anticorrupción quiere sentar a los cabecillas de la trama Gürtel en el mismo banquillo que al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la causa por cohecho que se sigue contra él y otros tres altos cargos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. No tiene sentido, argumenta Anticorrupción, juzgar por separado a quienes supuestamente aceptaron trajes y otros regalos y a quienes supuestamente pagaron esos sobornos: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes.
El juez del TSJ madrileño Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso Gürtel, se ha inhibido dos veces (en 2009 y el año pasado) a favor del TSJ valenciano: para que sea este tribunal el que juzgue a los sobornadores; y para que investigue el resto de delitos que afectan a la cúpula del Gobierno y del PP valencianos. El Partido Popular (que en la causa central de Madrid está personado como acusación) recurrió ambas inhibiciones, que debe resolver la Sala Civil y Penal del TSJ madrileño. La fiscalía pide ahora a la sala que respalde la decisión de Pedreira.
Abogado de la trama
Mientras, en Valencia, continúa el procedimiento por cohecho contra Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Después de que la fiscalía y el PSPV-PSOE hayan presentado sus escritos de acusación, a final de esta semana deberá entregar su escrito de conclusiones el presidente valenciano. A continuación, contarán con su propio plazo de cinco días hábiles para presentar sus escritos de defensa los otros tres procesados. Uno de ellos, Betoret, ha cambiado de abogado, según informó ayer la Cadena Ser. El elegido por el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y hoy responsable de protocolo de la Diputación de Valencia es Ignacio Peláez.
El letrado lo es al mismo tiempo de José Luis Ulibarri, empresario leonés dueño de Teconsa e imputado en el caso Gürtel. Peláez es también el abogado que se querelló contra el juez Baltasar Garzón por haber intervenido en prisión conversaciones entre los cabecillas de la trama y sus abogados. Aunque Ulibarri no estaba en la cárcel, Peláez se entrevistó con Correa y Crespo, según dijo, para coordinar la defensa de su cliente. Antes de pasar al sector privado, el abogado fue fiscal de la Audiencia Nacional.
www.elpais.es 01.03.11
ALARTE ACUSÓ EN LA NORIA A PONS DE HABER FIRMADO CONTRATOS PARA LA GÜRTEL
El 75% de 6.220 personas que participaron en la encuesta de La Noria consideró que Mariano Rajoy erró al nominar a Francisco Camps como candidato del PP a las autonómicas de mayo. El sondeo revela que los ciudadanos no solo ven en él al president de los trajes, sino al político al que cinco jueces del Tribunal Supremo, por unanimidad, han decidido que hay que seguir investigando por sus más que dudosas adjudicaciones a la trama Gürtel. Unos contratos de los que el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, responsabilizó, también, en el programa de Telecinco, a Esteban González Pons, actual vicesecretario de Comunicación del PP y anteriormente consejero de la Generalitat valenciana desde 2003 hasta 2007.  
Jorge Alarte recordó durante su intervención en La Noria, este sábado, que las sospechas sobre Camps no se limitan a tres o cuatro trajes. “Para la visita del Papa, a través de la Radio Televisión Valenciana se concedieron 14 millones de euros de forma irregular, hay un sumario que el instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha enviado al Tribunal Supremo, en el que los trajes son sólo la punta del iceberg”, precisó.

Isabel Durán y sus viajes semanales a Valencia
Alarte refutó así la defensa apasionada de Francisco Camps hecha por Isabel Durán, ante quien el líder socialista manifestó su sorpresa por su desinformación, a pesar de que, según aseguró, acude todas las semanas a la Televisión Valenciana. “Usted también sabe, -precisó Alarte a Durán-, porque va allí todas las semanas, que detrás de los trajes hay, además de los 14 millones ya mencionados, 6 ó 7 millones más de contratos públicos irregulares de varios departamentos de la Generalitat, en manos de la trama”.
El relevo de González Pons
El dirigente socialista desveló que la dirección de La Noria contaba para este sábado con la presencia de Esteban González Pons, quien finalmente fue sustituido por decisión de su partido por la diputada valenciana Alicia de Miguel. “Él sabrá por qué no quiere venir aquí a defender a Camps y su candidatura. Sin embargo, a mí me encantaría debatir con Camps aquí o donde hiciera falta”, afirmó Alarte, que se mostró muy satisfecho de estar en “un espacio de pluralidad y libertad informativa”, algo que, según dijo, es difícil de encontrar en la Radio Televisión Valenciana.
Durán, "la portavoz del PP"
En una defensa enardecida de Camps, que llevó a María Antonia Iglesias a considerar más digna de una “portavoz política que de una periodista”, Durán lamentó que se lleve dos años “crucificando” al presidente valenciano “por una historia de trajes que es un montaje, una operación tan de diseño y gigantesca. Lo que no pueden ganar en las urnas lo están intentando ganar a costa del honor de un presidente”, sostuvo la presentadora del programa “DBT”, de la Televisión valenciana.
También Camps lo llama montaje
El director de ELPLURAL.COM, Enric Sopena, precisó a Durán que “el Sr. Camps ha utilizado tus mismas expresiones para decir que todo es un montaje, pues que demuestre que lo es, porque está poniendo en cuestión el Estado de derecho”.
El compulsivo mentiroso y su cariño por El Bigotes
Sopena puso en evidencia que el presidente valenciano es un “compulsivo mentiroso”, que cuando le preguntaron si conocía al cabecilla de la Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez (El Bigotes), respondió con un ‘no’. Sin embargo, prosiguió Sopena, "luego nos enteramos por las grabaciones del caso que en una llamada telefónica Camps [en referencia a la grabación fechada en el 24 de diciembre de 2008 incluida en el sumario], le dijo a El Bigotes: ‘Feliz Navidad, amiguito del alma, a lo que Pérez contestó: te sigo queriendo mucho. Ya lo sé, pero sobre todo quería decirte que te quiero yo un huevo’, respondió el presidente valenciano. Estos no se conocían, pues si se llegan a conocer, se van a la cama juntos”, ironizó el director de ELPLURAL.COM.

El problema es Rajoy
Para Maria Antonia iglesias, “el problema no es Camps, es que estamos ante una persona que quiere ser presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no tiene coraje para imponer su decisión en el partido. Hace lo mismo que con el tema de la crisis y el boicot a las medidas económicas, mirar para otro lado para ver si no le pilla el toro. Todos saben que no puede ver a Camps, pero le tiene miedo, por lo que pueda decir”.
Nadie se vende por unos trajes
La diputada popular Alicia de Miguel –que sustituyó a Pons- defendió que Francisco Camps es el candidato que el PP quiere y que su proyecto político es apoyado por la ciudadanía. En su opinión, “aunque le pese al PSOE, el Sr. Camps tiene 20 años de intachable vida política y el sentido común nos dice que no se vende nadie por tres o cuatro trajes”, replicó.

Round entre Iglesias y Durán, y el momento en el que Alarte acusa a Pons
González Pons también firmó contratos para la Gürtel
Jorge Alarte cerró la tertulia política de La Noria con broche de oro: “El 62% de los valencianos piensa que Camps es poco de fiar. El PP quiere perpetuarse en el poder a través de la manipulación de la televisión pública. El Sr. Rajoy es el responsable político de la corrupción y si quita a Camps tendría que quitarlos a todos. Esteban González Pons firmó contratos para la trama Gürtel y también usted, Alicia de Miguel.
www.elplural.com 28.02.11
EL SUPERIOR DE VALENCIA TRAMITA EN TIEMPO RÉCORD LA QUERELLA DEL PP CONTRA EL AZOTE DE CAMPS 
La estrategia de acoso y derribo del PP contra el azote de Francisco Camps, el portavoz del PSOE valenciano en Les Corts, Ángel Luna, está a punto de conseguir que el dirigente socialista se siente en el banquillo por un supuesto delito de encubrimiento, al negarse a revelar quién le facilitó un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía sobre el lucro de la trama Gürtel a costa de la visita del Papa en 2006.  
Curiosamente, la investigación sobre Luna, iniciada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) hace cuatro meses a raíz de una denuncia del PP ante un juzgado ordinario ha avanzado con pasos agigantados, si se compara con lo recorrido por el proceso abierto contra el presidente valenciano, Francisco Camps, en abril de 2009.

Una pena más severa que la que enfrenta Camps
El delito de encubrimiento que se intenta achacar a Luna conlleva penas mucho más severas, de seis meses a tres años de cárcel, que a la que se enfrenta Francisco Camps por haber aceptado, presuntamente, sobornos por parte de los cabecillas de la trama Gürtel.  El instructor del caso, Juan Montero, ha dado diez días a las acusaciones para que pidan el sobreseimiento, la apertura de juicio o nuevas diligencias. El dirigente socialista ya ha anunciado que recurrirá el auto de Montero ante la Sala del TSJCV. 
El primer presunto delito
El juez Juan Montero comenzó sus investigaciones después de que la Sala Civil y Penal del TSJCV se declarase competente para investigar al dirigente socialista por revelación de secretos, un delito que, según pudo comprobar a posteriori el juez, no era atribuible a Luna al no ser funcionario ni estar personado en el caso Gürtel cuando enseñó el informe, según apunta Público.
El segundo delito
El juez, lejos de sobreseer el caso, adujo un delito distinto, el de encubrimiento, y sostiene que Ángel Luna conocía el carácter secreto del informe, cuyo contenido ha sido superado con creces por las informaciones posteriores hechas públicas a partir de datos policiales que atestiguan que la red Gürtel se agenció tres millones de euros por los contratos de Canal 9 para la cobertura de la visita del Papa a Valencia.
El bloqueo del TSJCV
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha rechazado investigar hasta el momento otros posibles delitos contra el presidente Francisco Camps diferentes al presunto cohecho impropio que se le imputa, por el asunto de los trajes. Continúan en el limbo otras presuntas fechorías apuntadas por informes policiales, como que el PP valenciano pudo ocultar 2,5 millones al fisco en 2007; que la Generalitat concedió contratos públicos cuestionables a la trama por un total de 14 millones de euros, y que empresarios afines pagaron en 2008 a una empresa del entramado Gürtel, Orange Market, 846.000 euros en negro.

www.elplural.com 24.02.11
RAJOY CONFIRMA A CAMPS Y PONE EN JUEGO SU CAMPAÑA Y LA DE LOS BARONES
Desconcierto en el PP porque puede ser el único candidato procesado de España
Una pregunta recorría ayer todas las conversaciones internas del PP: ¿por qué? A media mañana se confirmaron los temores de la mayoría del partido. El Comité Electoral Nacional remató la jugada que se venía gestando desde hace semanas y confirmó como candidato al Gobierno de la Comunidad Valenciana a Francisco Camps, junto al resto de presidentes autonómicos. Lo hizo una semana antes de lo previsto, para lo cual forzó a todos a convocar con urgencia comités regionales, incluidos algunos que, como Luisa Fernanda Rudi, ya habían tenido un acto de proclamación con Mariano Rajoy y toda la cúpula en mayo de 2010. Camps nunca ha tenido nada parecido, y más bien parece que no lo tendrá.
Aunque todos daban por hecho que esto sucedería, nadie se lo explicaba. Por qué arriesga tanto Rajoy, se preguntaban todos.
El caso Gürtel trasciende con mucho a Camps. Todos los dirigentes, y Rajoy en especial, saben ya que el juicio por los trajes regalados llegará muy probablemente en otoño, cuando el líder ya esté lanzando su precampaña a las elecciones generales de 2012. Además, los dirigentes mejor informados temen que la otra causa judicial, sobre presunta financiación ilegal, malversación y contratos irregulares, se una a la de los trajes más o menos por entonces.
Solo había una manera de evitar que el caso explotara en las manos de Rajoy en el peor momento: sacando a Camps de la candidatura. Entonces ¿por qué arriesgar? Aparentemente, la decisión debería ser fácil. Camps ya lleva ocho años de presidente, se le podría encontrar en el PP un puesto importante, hay un relevo posible -Alberto Fabra- y el partido está fuerte en la Comunidad Valenciana. Es decir, el PP ganaría con casi cualquier candidato.
Entones ¿por qué arriesgar no solo la campaña del líder sino la de los demás barones autonómicos, que verán cómo los periodistas les preguntan durante su periplo electoral por este asunto? Ahí empiezan las especulaciones sin certezas. Los más próximos, los defensores de Rajoy, sostienen que se debe a dos cuestiones: por una parte la lealtad a quien le apoyó en 2008, cuando "le faltaba la peseta para el duro", en definición de Alfonso Rus, y por otro la dificultad de destituir a un líder que garantiza, según las encuestas, un apoyo muy por encima del 50%. Se ha intentado todo para que Camps dimitiera, señalan, pero si él no quiere es muy difícil echarle sin generar un cataclismo en Valencia de consecuencias imprevisibles. Aunque la situación no es comparable, Rajoy ya ha tenido problemas en el pasado en tres autonomías: Navarra, Baleares y, sobre todo, Asturias.
El resto de dirigentes sigue sin entender el riesgo, que consideran excesivo. Rajoy sabe que esta decisión cuenta con la oposición de muchos barones regionales, que no quieren en su campaña problemas como los que tuvieron Alberto Núñez Feijóo o Antonio Basagoiti en las elecciones gallegas y vascas, que coincidieron con el inicio del caso Gürtel.
La dirección nacional ha vivido en una contradicción permanente. Por un lado, todos deseaban que la investigación judicial acabara pronto para poder forzar la dimisión de Camps. Por otro, Federico Trillo dirigía la estrategia de recursos para dilatar el proceso. Al final, ganó este último. Camps argumenta que su juicio no llegará antes de las elecciones. Sin embargo, casi seguro se producirá la señalación, en abril, con lo que no irá como imputado sino como procesado por cohecho. Sería así no sólo el único imputado del caso Gürtel que no dimite, sino el único candidato procesado de toda España.
www.elpais.es 25.02.11
EL PSOE PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA CAMPS POR EL 'CASO GÜRTEL'

El escrito de acusación estima que ha incurrido en cohecho propio y solicita prisión y ocho años de inhabilitación para el presidente valenciano
Los socialistas valencianos, personados como acusación particular en el caso de los regalos de la red Gürtel al presidente valenciano, Francisco Camps, y a otros altos cargos de la Generalitat y el PP regional han presentado su escrito de acusación en el que piden tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para el líder popular.
El escrito de acusación plantea que los trajes y demás objetos recibidos por Camps (por un valor de 14.000 euros a los largo de tres años en distintas épocas) no son un caso de cohecho impropio (recibir dádivas en función del cargo que ostenta) sino de cohecho propio (recibirlas a cambio de adjudicar contratos).
La red Gürtel comenzó a hacer regalos a Camps, a su esposa y a sus hijos a raíz de que la empresa valenciana de la trama corrupta, Orange Market, consiguiera millonarios contratos de la Administración valenciana. En los cinco años de actividad de esta empresa, el Gobierno que presidía Francisco Camps le adjudicó cerca de 50 contratos, la inmensa mayoría a dedo, sin concurso y saltándose toda la normativa sobre contratación administrativa. Tomando como base esta evidencia, el PSOE pide la pena mayor contemplada en el código penal para este tipo de conductas.
El escrito de los socialistas solicita, igualmente, otras dos penas alternativas. Una de ellas, la de que Camps y los otros tres imputados hubieran cometido un delito de cohecho pasivo impropio al aceptar los regalos de la trama corrupta. Para ese supuesto el PSOE solicita unas penas mayores que las pedidas por la fiscalía: 49.500 euros para Camps y el mismo importe para los otros tres imputados: Ricardo Costa (ex secretario general del PP regional), Víctor Campos (exvicepresidente de la Generalitat) y Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo).
Los socialistas plantean por último y de forma alternativa que el comportamiento de los imputados sea constitutivo de una tercera forma de cohecho, recogida en el artículo 425.1 del Código Penal vigente en el momento de los hechos: "La autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado, incurrirá en la pena de multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años". En este supuesto, el PSPV-PSOE solicita que les sean impuestas a los cuatro acusados las penas de suspensión para empleo o cargo público de dos años. Y además: para Camps, una multa de 46.074 euros; para Campos, 40.497 euros; para Costa, 21.975 euros, y para Betoret, 16.587 euros.
El escrito pide también, de forma accesoria, "el decomiso de los efectos provenientes del delito de cohecho, concretando de las prendas (trajes, abrigos, zapatos, chaqué, corbatas, americanas, esmoquin y pantalones), y en el caso de que no fuera posible, el comiso de otros bienes por su valor equivalente".
Ahora solo faltan las alegaciones del propio Camps y de los otros tres cargos del PP imputados para que el juez José Flors, que instruye la causa, decida si abre juicio oral con jurado popular que, según todas las previsiones, se celebraría entre septiembre y octubre de este año.
www.elpais.es 22.02.11
RAJOY TRANQUILIZA A CAMPS Y PROMETE QUE LE CONFIRMARÁ ANTES DE 15 DÍAS
El PP quiere minimizar conflictos antes de la convención autonómica de Mallorca
 
Todavía va a tener que sufrir un poco más, pero al menos ya tiene un horizonte temporal: 15 días. Es eso, o un poco menos, lo que tendrá que esperar Francisco Camps para ser designado oficialmente candidato del PP a las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana. Aún no hay fecha para reunir al Comité Electoral Nacional, explicó ayer Dolores de Cospedal, la secretaria general, pero será antes de la convención autonómica que se celebrará el 4 y 5 de marzo en Palma de Mallorca. Una cita para la que se quieren evitar los conflictos internos.
El presidente de la Generalitat valenciana lleva semanas presionando a la dirección nacional para que adelante su nombramiento. El hecho de que siga formalmente en el aire -aunque todas las fuentes de la dirección insisten en que la decisión está tomada y será candidato- ha generado una enorme preocupación en el entorno de Camps. Tanto que Alfonso Rus, presidente del PP valenciano, llegó a exigir que se adelante y a insinuar que si no se ha hecho aún es porque Cospedal está presionando a Mariano Rajoy.
Rus ya había recordado que Camps apoyó a Rajoy tras la derrota de 2008, "cuando le faltaba la peseta para el duro". El sábado remató: "Hombre, cerremos ya el tema. Lo único que reivindicamos, que no es nada, es que lo hagan [la confirmación] lo antes posible". "A la Cospedal le dicen la dama de hierro, la fuerte. El fuerte es el presidente y él es el que marca los tiempos", remató Rus.
Estas palabras sentaron mal en la dirección nacional, harta de presiones. En principio querían retrasar el nombramiento hasta finales de marzo, a la espera de cualquier novedad judicial -ganar tiempo es siempre la estrategia favorita de Rajoy-, pero han concluido, según varios dirigentes, que es imposible llegar a la convención de Mallorca sin el asunto resuelto. Eso anularía cualquier mensaje que se quiera trasladar allí sobre el programa marco de las elecciones autonómicas del 22 de mayo.
Cospedal insistió en que no piensa anunciar la fecha del comité porque lo considera "una cuestión interna que no interesa a los ciudadanos". Sin embargo, sí se comprometió a que tenga lugar antes de la reunión de Mallorca.
La secretaria general trató en todo momento de restar relevancia a este asunto, aunque es la cuestión que centra las conversaciones internas. Eso sí, siempre en pasillos, porque ayer se reunió el Comité Ejecutivo y ningún dirigente hizo mención al asunto, ni siquiera para apoyar al valenciano. Camps, de nuevo, no acudió a la reunión, al contrario que otros presidentes como Alberto Núñez Feijóo (Galicia) o Ramón Luis Valcárcel (Murcia). Cospedal insistió en que si el valenciano no ha sido confirmado hasta ahora es "por un tema de tiempos y de plazos". Tampoco lo han sido otros presidentes autonómicos, explicó.
Sin embargo, nadie en el PP oculta que este retraso, que han hecho extensivo a todos los presidentes autonómicos para que no se notara tanto el motivo, solo obedece a una cuestión: las dudas de Rajoy en los últimos meses por el horizonte judicial de Camps.
Lo confirmará, aseguran, pero sin entusiasmo ni grandes actos de adhesión, porque él no quiere dimitir, como desearía la cúpula nacional, y el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por un presunto delito de cohecho -por su relación con la trama Gürtel- tendrá lugar en otoño, tras las elecciones.
www.elpais.es 22.02.11
JUECES Y FISCALES PROGRESISTAS DEFIENDEN A LOS INVESTIGADORES
Las cúpulas nacionales de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales consideran que existe una escalada de "ataques directos mediáticos organizados" que se desarrollan "con fines no legítimos", contra los fiscales, jueces y cuerpos de seguridad que investigan los casos de corrupción en España. En un manifiesto presentado ayer en Mallorca concluyen que con ello se pretende "perturbar el normal desarrollo de las investigaciones y coartar la independencia y la autonomía" de los instructores, acusadores e investigadores, a un nivel inédito.
Entienden que cuando las investigaciones judiciales se desarrollan en "determinados estamentos del poder público, económico o social" surgen operaciones de "descalificación y deslegitimación" que causan "un daño personal e institucional irreparable". El fiscal Emilio Sánchez y la jueza María Calvo mostraron así el apoyo a sus compañeros y a los policías y guardias civiles aludidos por descalificaciones e invasiones de su intimidad que se lanzan desde distintos frentes, a veces sin distinción ideológica ni partidista, y que han arreciado estos días con las nuevas acciones judiciales contra el presidente valenciano, Francisco Camps, en el caso Gürtel.
www.elpais.es 22.02.11
EL PP RECURRE A LA DESESPERADA PARA EVITAR MÁS DAÑOS A CAMPS EN VALENCIA
Pide que se revoque un auto de Pedreira que agravaba los delitos del presidente
En un intento desesperado por reducir daños en el proceso judicial que está a punto de sentar en el banquillo por cohecho impropio a Francisco Camps, presidente valenciano, el PP presentó la semana pasada un recurso de apelación. Con él pretende que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid revoque la decisión adoptada hace año y medio por el juez Antonio Pedreira de enviar parte de la causa a Valencia, que incluía indicios de otros delitos graves contra cargos del PP. Pedreira rechazó en diciembre de 2010 un primer recurso, de reforma, sobre este asunto.
La estrategia dilatoria de Trillo beneficia a Camps, pero no a Rajoy
El PP alega en su recurso que el envío a Valencia le obliga a pagar un procurador
Si prosperase, Camps habría salvado otra situación apurada y la causa entraría en una senda imposible de prever, dado que las pruebas con delitos más graves que el de cohecho regresarían al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no puede juzgar a Camps por ser presidente de otra comunidad autónoma.
No es la primera vez que el PP intenta entorpecer el proceso. De hecho, ha recurrido prácticamente cada movimiento de Pedreira, siempre para tratar de beneficiar a Camps. La estrategia, dirigida por Federico Trillo, responsable de Justicia del PP, en plena coordinación con los abogados de Camps, consiste en dilatar el proceso para que no culmine antes de las elecciones autonómicas. Así, Camps podrá decir que las urnas le han absuelto, y a partir de ahí tomar cualquier decisión.
Este tipo de estrategia, aunque da sus frutos -no habrá juicio antes de las elecciones-, tiene molestos a muchos dirigentes. Los retrasos benefician a Camps, pero no a Mariano Rajoy. De seguir así, tendrá que enfrentarse a la precampaña de las generales de 2012 con Camps sentado en el banquillo y el caso Gürtel en un momento judicial de máxima actualidad. Pero Trillo no ha recibido contraorden de Rajoy y mantiene su estrategia dilatoria.
El PP argumenta en su escrito que el traslado de una parte de la causa al tribunal valenciano "dificulta la acción popular" que está realizando y aclara que recurre para "defender el nombre y la honorabilidad" de este partido político, "dado que el Estado no está sabiendo velar porque no se produzcan las interesadas filtraciones a la prensa que se vienen produciendo desde 2009". Los populares ya han recibido varios avisos tanto de los fiscales como del juez de que están utilizando su personación en la causa de forma torticera. Están allí como acusación popular, esto es como supuestos ofendidos, pero actúan como una defensa más con recursos a cualquier movimiento del juez.
En su enésimo recurso, el PP entiende que la decisión del juez les obliga a incorporarse como parte "a otro proceso ya iniciado", esto es, en Valencia. El PP alega con tono de reproche que de acordarse la inhibición se verá obligado "a desplazarse a otra ciudad, a contratar al menos a otro procurador y a asumir el resto de perjuicios evidentes que de manera natural se deducen de todo cambio de esta naturaleza".
Además, sostiene el PP que la escisión de una parte de la causa y su atribución a un órgano distinto provocará "una mayor demora en la tramitación de los procedimientos, un riesgo de duplicidad de las diligencias que se practiquen y, lo que es más grave, un peligro de que se pueda romper la continencia de la causa, al tratarse de actuaciones que forman parte de un proceder similar y que tiene a unas mismas personas como presuntos autores".
El PP pide ahora que se revoque la inhibición acordada en julio de 2009 por el juez Antonio Pedreira para que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia instruyera nuevas pruebas, además del regalo de trajes, contra Camps y su Gobierno. El Tribunal Supremo ya determinó por unanimidad el 12 de mayo de 2010 que el juez valenciano José Flors podía seguir adelante con el caso por cohecho impropio.
El PP tiene ahora otra preocupación: la causa por cohecho propio, malversación y financiación ilegal que deriva de contundentes informes policiales. El Tribunal Superior de Valencia debe decidir en breve si acepta a trámite el asunto, después de meses de dilaciones también con recursos del PP. Los populares creen que el tribunal valenciano decidirá enviarlo al Supremo para que sea este quien decida si debe ser el tribunal madrileño o el valenciano quien lo investigue, lo que supondría una dilación más y un nuevo éxito de la estrategia de Trillo.
Fuentes judiciales creen sin embargo que el Tribunal valenciano sí aceptará la competencia y designará al juez José Ceres como instructor. La instrucción, pues, se iniciaría antes de las elecciones del 22 de mayo. En los informes de la policía y de la Inspección del Estado hay indicios de que al menos cuatro constructoras que recibían contratos multimillonarios de la Generalitat pagaron actos del PP valenciano. Además, hay contratos públicos -muchos de ellos irregulares- con la red Gürtel por valor de siete millones de euros y una presunta comisión ilegal de al menos un millón de euros en la visita del Papa.
ACEPTAR AHORA EL DELITO O SENTARSE EN EL BANQUILLO EN OCTUBRE
Francisco Camps puede asumir el delito de cohecho impropio por aceptar trajes de la trama Gürtel y pagar la multa que lleva aparejada ese delito -con lo que evitaría el paseillo judicial-, o sentarse en el banquillo. En este caso, el juicio se celebraría en septiembre u octubre, calculan fuentes del Tribunal Superior de Valencia. Aceptar el delito y pagar la multa (que la fiscalía cifra en 41.250 euros) lo puede hacer en cualquier momento. Pero en el estado actual del proceso, si no hay aceptación del delito, Camps y los otros tres imputados (Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos), están abocados a sentarse en el banquillo.
¿Qué pasos quedan? El fiscal ya ha presentado su escrito de acusación, el PSOE lo hará entre hoy y mañana, y las defensas, sucesivamente, tienen cada una cinco días. Todos los escritos estarán listos a comienzos de abril. Hecho esto, el juez José Flors deberá convocar una audiencia preliminar "de forma inmediata", previsiblemente en la primera quincena de abril. Inmediatamente después, tiene que decidir si abre juicio oral (contra esta decisión no cabe recurso) o archiva el asunto (en cuyo caso sí cabe recurso).
Selección del jurado
El juicio con jurado lo presidiría, por riguroso orden de reparto de causas, el magistrado Juan Climent, que ha estado al margen de los recursos y, por tanto, no se ha contaminado para celebrar el juicio. Entonces hay que seleccionar a los nueve jurados, más dos suplentes, que tienen que juzgar a Camps. Se convoca a cuarenta personas como posibles jurados. Cada dos años, del censo se extraen al azar varios miles de personas como candidatas a los juicios con jurado previstos. De ellas, y sin que repitan, para cada juicio se cita a unas cuarenta.
Después hay que fijar la fecha del juicio. En el Tribunal Superior de Valencia se da por hecho que el juicio con jurado no se celebraría hasta, al menos, septiembre. El día del juicio tienen que comparecer, de los 40 jurados inicialmente convocados, y hecha una primera purga, en torno a 26 candidatos. Antes del juicio, los abogados de las partes entrevistan a los candidatos y cada uno de ellos puede recusar a varios. Finalmente, tienen que quedar 11, nueve titulares y dos suplentes, que serán los que emitan veredicto.
La pena la estipula el presidente del tribunal en función de los hechos probados que fije el jurado. El cohecho se halla entre los delitos cuyo conocimiento corresponde al Tribunal del Jurado.
www.elpais.es 21.02.11
FLORS TUMBA OTRO INTENTO DE DEMORAR EL CASO DE LOS TRAJES
Al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, le quedan cada vez menos recursos para retrasar el caso de los trajes, en el que está imputado junto a otros tres altos cargos del Consell y el PP regional por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio. El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano José Flors, instructor de la causa, ha rechazado, según se supo ayer, una nueva petición de suspender el procedimiento. El abogado de Camps había solicitado la comparecencia de varios peritos a fin de pedirles aclaraciones.
El magistrado recordó en su auto que según la Ley del Tribunal del Jurado esa diligencia deberá realizarse en la audiencia preliminar, el acto que precede a la decisión del juez de abrir o no juicio oral. Flors hizo hincapié en lo genérico de la solicitud: "No se concretó ningún extremo que debiera ser aclarado, ni se especificó cuál fuera la razón de necesidad por la que debiera alterarse la normal previsión normativa y resultara ineludible proceder a esas no precisadas aclaraciones con anterioridad a aquel momento".
www.elpais.es 19.02.11
LUNA REPITE ANTE EL JUEZ QUE NO TIENE EL INFORME DE GÜRTEL
Ángel Luna, portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, volvió a declarar ayer en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano por haber mostrado en las Cortes, en marzo pasado, un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que señalaba cómo la trama Gürtel logró beneficios millonarios de la retransmisión de la visita del Papa en Canal 9. El documento estaba entonces bajo secreto de sumario, y el Partido Popular lo denunció. En diciembre, Luna declaró ante el magistrado del TSJ Juan Montero como presunto autor de un delito de revelación de secretos. La acusación fue posteriormente desestimada por el juez que, sin embargo, volvió a citar a Luna ayer para investigar si había cometido un delito de encubrimiento.
La causa por encubrimiento no parece tener mucho recorrido
El portavoz socialista repitió ante el juez que no tiene en su poder el informe (sobre el que se levantó el secreto hace meses) y que desconoce quién se lo hizo llegar. A la salida del tribunal, Luna declaró que su preocupación seguía siendo "el fondo del asunto": cómo logró la trama Gürtel hacerse con tres millones de euros de Canal 9, "de los que 500.000 euros presuntamente están en el bolsillo de Pedro García", exdirector general de la televisión pública valenciana.
El abogado del PP, Jorge Carbó, calificó las explicaciones de Luna ante el juez de "inverosímiles", lamentó que se mantuviera "enrocado" en su postura y dejó abierta la petición de nuevas diligencias.
La causa no parece que vaya a tener, sin embargo, gran recorrido. Según las fuentes jurídicas consultadas, es difícil encajar los hechos en el delito de encubrimiento. Sería necesario probar, en primer lugar, que el diputado del PSPV sabía que al hacerle llegar el informe alguien estaba cometiendo un delito. El portavoz socialista siempre ha manifestado que no sabía que el informe tuviera carácter secreto, y por tanto aún menos que alguien cometiera un delito al enviárselo. Y que cuando lo enseñó a las Cortes el documento había sido desvelado por varios medios (el primero, EL PAÍS, el 16 de octubre de 2010). Y ninguna prueba aportada a la causa ha debilitado esa versión.
Para ser encubridor, además de conocer el delito, Luna tendría que haber ocultado, alterado o inutilizado "el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento". Y lo que hizo el diputado socialista fue más bien lo contrario a ocultar, alterar o inutilizar el cuerpo del delito (es decir, el informe de la policía): lo enseñó ante decenas de parlamentarios, cámaras fotográficas y de televisión.
www.elpais.es 19.02.11
"LA MULTA QUE PIDE LA FISCALÍA PARA CAMPS LE CONDENA AL HAMBRE"
El ministerio público ha solicitado una sanción de 41.250 euros
Los populares valencianos parecen no salir de la confusión en la que los ha sumido la petición de la fiscalía de solicitar una pena de multa por importe de 41.250 euros para Francisco Camps por un supuesto delito continuado de cohecho pasivo impropio.
Los populares recurren al conflicto vasco para cuestionar la justicia
Las conclusiones de la fiscalía -y la decisión del juez que instruye el caso de los trajes, José Flors, de dar por finalizada la investigación- han empañado el proceso oficial de designación del presidente de la Generalitat como candidato del PP y han evidenciado la tensión que preside las relaciones entre Génova y los populares valencianos.
Ayer, los principales cargos del Consell y del PP intentaron desviar la atención del caso de los trajes y de la situación judicial del jefe del Consell, aunque en algunos casos rozaron el esperpento.
El portavoz de Economía del PP en las Cortes Valencianas, José Marí, compareció para hablar de la denuncia que tienen interpuesta contra el portavoz socialista, Ángel Luna, por exhibir en el pleno un informe del caso Gürtel. Sin embargo, al ser preguntado por las conclusiones de la fiscalía en el caso de los trajes, Marí tachó de "desproporcionada, elevadísima y disparatada" la pena de multa -250 euros diarios durante 15 meses y 15 días por haber por haber recibido, supuestamente 14.021 euros en ropa y calzado- solicitada a Camps. "Esta multa le condena al hambre, ya que supone prácticamente el doble de sus ingresos netos diarios [como presidente de la Generalitat], afirmó Marí.José Marí señaló que, en su opinión, con la citada petición de multa a Camps, "la fiscalía se salta la ley a la torera". "Entendería que esta multa la pidiese la acusación particular, pero no el ministerio fiscal", prosiguió el popular, "me da la impresión personal de que este escrito de la fiscalía ha sido redactado, no con la intención de convencer a los jueces, sino a los telediarios".
Las críticas del PP al proceso judicial fueron respondidas por la asociación Jueces para la Democracia, que tachó de "irresponsable" a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por reclamar un debate sobre la independencia judicial a raíz de la imputación de Camps.
"Sería exigible que la clase política asumiera la condena explícita de los abusos de poder que se hayan podido cometer, si es que se han cometido, y no dirigiera sus ataques a las personas que asumen funciones judiciales, menos aún con cuestionamientos generales del poder judicial", indicó la asociación de jueces progresistas.
El posicionamiento de Jueces para la Democracia obligó a replicar al portavoz de campaña del PP de Valencia ciudad, el edil Alfonso Novo, que salió en defensa de la alcaldesa. Novo insistió en la idea de que en el caso Gürtel "se han venido produciendo una serie de actuaciones que aconsejan abrir el debate sobre la situación de la justicia". Sin embargo, el concejal popular derivó el debate sobre la justicia hacia el conflicto vasco. "Algo falla cuando desde determinados procesos judiciales o político-judiciales, como el de Sortu [el partido de la izquierda radical vasca] se dice que la legalización de ese partido variará si los jueces que tengan que resolver esta causa son progresistas o no conservadores".
El vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, fue más allá al intentar colocar el foco sobre el Gobierno. Cotino insinuó que tras el caso Faisán puede esconderse la financiación del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero a ETA durante la tregua previa al atentado de la T-4 en Barajas. Cotino, en una entrevista a Ràdio 9, dejó entrever que gente vinculada al PSOE y el PNV llevaron dinero al citado bar donde la banda terrorista realizaba sus transacciones monetarias.
Sin embargo, el presidente de la Generalitat no pudo evitar ser interpelado por su nominación oficial como candidato del PP. Preguntado por si tiene prisa, el jefe del Consell replicó: "Aquí los ciudadanos de lo que tienen prisa es de que Zapatero convoque las elecciones generales y se vaya a su casa".
En Valencia, el presidente del PP provincial y de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, también trajo a colación el caso Faisán, pero no rehuyó hablar de la situación de Camps. "El PP nacional lo ratificará", dijo Rus, que insistió en que "todos los días no se puede decir que Paco es el mejor"
"Cuando a [Mariano] Rajoy le faltaba la peseta para el duro", dijo Rus en referencia al congreso de Valencia en el que Juan Costa amenazaba con presentar candidatura alternativa, "el primero que dio un paso adelante fue Paco", explicó el presidente provincial del PP. "Alguno [en el PP] no estará de acuerdo con la designación, traidores siempre hay, pero no he escuchado a nadie decir que Camps no será el candidato", manifestó Rus, que recalcó que el jefe del Consell no ha plantado cara a la dirección nacional del PP.
www.elpais.es 17.02.11
RAJOY BARAJÓ RELEVAR A CAMPS Y AHORA LE HARÁ ESPERAR PARA DESIGNARLE
La cúpula evita confirmarle para mostrar distancia pero su salida está descartada
de Mariano Rajoy a la hora de resolver los problemas internos, que consiste en alargar al máximo la decisión y debilitar así políticamente a los afectados, cada vez más ansiosos, provocó ayer una nueva jornada de confusión sobre el futuro de Francisco Camps. Todos los portavoces del PP nacional (en particular Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas) y en Valencia (Rita Barberá) se pusieron de acuerdo para lanzar un mensaje: Camps será el candidato. Eso sí, desde Génova insistían en que no hay fecha para su confirmación, y no se va a adelantar, como él quería.
Pero detrás de la versión oficial en público hay mucha cocina política y una importante tensión interna. Es cierto que la reunión del comité electoral regional que, de forma apresurada, se convocó en la tarde del lunes para proponer a Camps, fue autorizada por Génova. Ana Mato, responsable de organización, habló con Camps y le dio el níhil óbstat. Pero no fue "a instancias" de la dirección nacional, como ayer decía Sáenz de Santamaría. Fue por presiones de Camps, que lleva semanas pidiendo que le confirmen -llama constante y casi obsesivamente a todos los dirigentes- y volvió a hacerlo el lunes. Sin éxito. Solo logró que le dejaran organizar su autoproclamación en Valencia, sin validez legal hasta que no la confirmen en Madrid. Y sigue sin haber fecha para eso, aunque Rajoy, presionado por Camps y por el interés de los medios, podría decidir hacerlo en la primera semana de marzo.¿Qué está pasando en realidad? Dado su estilo de gobierno, nadie sabe realmente qué está pensando Rajoy. Pero de diversas conversaciones en las últimas horas con dirigentes clave se puede concluir un análisis que coincide. La idea de que Camps no fuera el candidato ha estado encima de la mesa del líder mucho tiempo, explican. Frustrada la operación Barberá, porque ella no quiere ser la sustituta, se tenía preparado ya incluso el nombre de Alberto Fabra, alcalde de Castellón. Sin embargo, ese plan tenía una condición: que fuera el propio Camps el que dejara paso. Porque Rajoy no quería echarlo directamente.
Ahora todos están ya convencidos de que Camps no se irá. Él quiere, dicen, ganar las elecciones para decir que los votantes le han absuelto, y a partir de ahí poder pensar en una retirada digna.
Además, en la cúpula ya están casi completamente seguros de que el juicio por cohecho, su gran temor, no llegará hasta después de las elecciones. La señalización de juicio sí puede llegar antes, a finales de marzo o principios o mediados de abril. Pero mientras él no se siente en el banquillo, la foto más temida, y dada la escasa fuerza de la oposición en la Comunidad Valenciana, Rajoy y los suyos piensan que puede aguantar.
Así que el escenario ha cambiado, sostienen varios dirigentes. Ya no está encima de la mesa cambiar -salvo que Rajoy sorprenda a todos- y está asumido, aunque no le guste a casi nadie, que Camps será el candidato.
Eso sí, Rajoy sigue queriendo mantener las distancias. Tanto sus gestos públicos cuando se ven como su decisión de no ir a Valencia salvo en las insalvables Fallas lo evidencian. Para mostrar esa distancia, para mantenerle más controlado desde Génova, y de paso para ganar tiempo por si hay algún imprevisto, Rajoy está alargando todo lo posible la confirmación de su candidatura. Esto es, será candidato, pero tendrá que esperar. Y sufrir.
www.elpais.es 16.02.11
UN DISCURSO HIPERBÓLICO
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, volvió a exhibir ayer su lado más hiperbólico, alimentado por las declaraciones de apoyo del PP nacional. "Soy el candidato más respaldado de todos los candidatos de la historia de las democracias occidentales en todo el mundo", aseguró.
Camps presumió de tener el respaldo mayoritario de los valencianos y "el cariño y el respaldo constantes" de sus compañeros del PP, "de Mariano Rajoy, de la secretaria general María Dolores de Cospedal, de portavoces parlamentarios, de presidentes regionales o de alcaldes". En un acto para hablar del corredor mediterráneo, Camps se avino a responder ayer a varias preguntas de los periodistas. Tras ser propuesto por el comité electoral del PP regional como candidato a la reelección, el presidente de la Generalitat vaticinó: "Tendré la oportunidad y la enorme suerte de presidir el Gobierno valenciano mientras que al frente del Ejecutivo central estará Rajoy, como un amigo y una persona de la que he sido leal y fiel colaborador".
El jefe del Gobierno valenciano aseguró no tener ninguna duda de que volverá a revalidar su mayoría electoral pese a los problemas judiciales.
www.elpais.es 16.02.11
LA DISCRECIÓN QUE PIDIÓ GÉNOVA ACABA EN ESTRÉPITO
La nominación de Camps pone de relieve la tensión en el PP entre Madrid y Valencia
El procedimiento para designar candidato a Francisco Camps se planteó el pasado lunes con sumo cuidado. Casi como si se tratase del traslado de un valioso jarrón chino. Y acabó como si este hubiese rodado por los suelos, con gran estrépito, lo que obligó ayer a dirigentes populares de todo cargo y condición a intentar dar una explicación coherente que salvase la figura de Camps y la jerarquía de Génova sobre el partido en Valencia. Ello no evitó, sin embargo, el estupor y el malestar de muchos cuadros populares que consideran que el proceso de nominación de Camps se ha iniciado de manera "chapucera".
El lunes a primera hora de la tarde, la vicesecretaria de Organización del PP nacional, Ana Mato, telefoneó a Camps al Palau de la Generalitat y le pidió que pusiese en marcha el procedimiento para su nominación oficial como candidato, inicialmente previsto para el 5 de mayo en Mallorca. Mato reclamó de Camps discreción, consciente de la grave situación judicial en que se halla y de su ansiedad por ser proclamado oficialmente.
Dicho y hecho. Tras acabar la conversación con Mato, Camps llamó a las 16.30 al presidente del comité electoral del PP regional, el senador Pedro Agramunt, y le pidió que reuniese de urgencia a los otros ocho miembros que integran este órgano, para proponer oficialmente a Génova su nominación como candidato. El grado de secretismo acordado fue de tal intensidad, que se decidió no informar a la mayoría de altos cargos del PP valenciano, algunos de los cuales -como el consejero y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, entre otros- se enteraron por la prensa de que estaba convocado el comité electoral a las ocho de la tarde en la sede regional.
A esa hora, los integrantes del comité electoral del PP valenciano -a excepción del parlamentario Ignacio Gil Lázaro, que no pudo acudir- ya estaban listos para firmar el acta en la que figuraba Camps como único candidato posible. No hubo ni discusiones, ni debate, conscientes todos de que el futuro de Camps está en manos de Rajoy. Apenas 15 minutos después, la dirección valenciana del PP lanzó los comunicados preparados poco antes, tanto el de designación como candidato, como los escritos de apoyo por parte de cargos públicos afines a Camps. Mientras, Agramunt y el secretario del comité electoral, Vicente Rambla, verbalizaron el acuerdo ante las cámaras a la puerta de la sede del PP.
Sin embargo, el tono imperativo utilizado en la nota de designación del candidato, las reticencias de Génova a poner en marcha la claque, y el secretismo utilizado por Camps, contribuyeron a levantar una enorme polvareda política que ha puesto de relieve la enorme tensión existente en el PP entre Madrid y Valencia. Tanta que ayer, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y otros cargos valencianos tuvieron que asegurar en público que no hay "ningún desafío, ningún reto, ni ninguna presión" a la dirección nacional del PP.
www.elpais.es 16.02.11
BLASCO SE AFERRA A QUE EL JUICIO POR COHECHO A CAMPS "ES UNA HIPÓTESIS, NO UN HECHO REAL"
Que el presidente de la Generalitat tenga que sentarse en el banquillo de los acusados es "una hipótesis; no un hecho real", dado que "no se ha planteado todavía", alegó ayer el portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, al término de la Junta de Portavoces en las Cortes Valencianas. Para restar trascendencia a la situación judicial de Francisco Camps, Blasco descalificó la actuación de la fiscalía y trató de reducir el supuesto cohecho continuado del que se acusa al jefe del Consell a una cuestión "tonta y banal".
"Estamos convencidos de que acabará en archivo en el momento correspondiente", llegó a decir el portavoz popular sobre la investigación que afecta a Camps, aseguró que la acusación de la fiscalía "no empaña la honradez del presidente" y añadió que su apoyo social y electoral tiene "mayor peso político y moral que cualquier iniciativa judicial que esté sin probar".
"Camps será el candidato en la Comunidad Valenciana", vaticinó Blasco, que descartó cualquier falta de sintonía con la dirección nacional del PP y con su presidente, Mariano Rajoy. A la pregunta de si el Grupo Popular en las Cortes mantiene lo que dijo Camps en el hemiciclo, es decir, que se pagó los trajes, o resta importancia al hecho de haber recibido regalos, Blasco respondió que la acusación es infundada -"se trata de una acusación más política que judicial", dijo textualmente-, pero también calificó de "insignificante" la imputación. "Yo no aceptaría de una trama de corrupción ningún tipo de regalo", exclamó Blasco al responder si le parece digno que un presidente acepte que le regalen 11 trajes, cinco americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas. "Pero no está demostrada esa acusación", puntualizó enseguida el portavoz popular, que insistió en reducir el caso a un problema sobre los recibos de "dos trajes" y tildó de "insustancial" la multa de 41.000 euros que solicita la fiscalía por cohecho pasivo impropio.
www.elpais.es 16.02.11
 
LOS TRAJES, SÓLO LA PUNTA DEL ICEBERG VALENCIANO 
La investigación ha destapado graves delitos de corrupción 
Las airadas protestas del PP por el trato "injusto" a Francisco Camps tropiezan con un hecho: que los hallazgos de la investigación judicial indican que la red Gürtel no se tejió en Valencia con el hilo de los trajes regalados al president, sino con una madeja mucho más enmarañada. Y en ella había presunta financiación ilegal, presunta prevaricación por el amaño de contratos y el consiguiente y presunto saqueo de las arcas públicas. Tanto la Policía como Hacienda y, sobre todo, el juez que instruye la parte principal del caso, Antonio Pedreira, consideran involucrada a la plana mayor de Camps. Pedreira se inhibió de seguir investigando esa línea precisamente porque los indicios apuntan a aforados a quienes sólo puede investigar el Tribunal Superior de Justicia valenciano. 
01. La financiación: 2,5 millones ocultos 
La primera alerta sobre financiación ilegal llegó a través de un informe de la Brigada de Blanqueo en julio de 2009, aunque el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) despreció su contenido. La segunda revelación, clave, fue hecha por Hacienda en mayo de 2010: el PP valenciano, constata un informe de esa fecha, ocultó al fisco 2,5 millones en las elecciones de 2007. Lo hizo, mantiene la Agencia Tributaria, gracias a la colaboración de Orange Market, capitaneada por Álvaro Pérez, el Bigotes, el "amiguito del alma" de Camps. 
Además, una parte de la doble campaña autonómica y local de aquel año fue pagada por "terceros", advertía Hacienda. Un posterior informe policial, fechado en julio de 2010, reveló cómo el PP valenciano y tres de las empresas con más contratos públicos en Valencia Sedesa, Lubasa y Ortiz pagaron a Orange Market 846.000 euros en negro durante 2008. El reparto de costes fue paritario: una mitad la abonó el PP; otra, los empresarios, según la Policía. El objetivo, se lee en el informe, era minorar la deuda electoral contraída con Orange Market. Sedesa propiedad de la familia del vicepresidente Juan Cotino, Lubasa y Ortiz pagaron "siguiendo indicaciones" de los responsables del partido, conscientes de que ayudar al PP entrañaría "contrapartidas". 
02. El amaño: 14 millones en contratos 
En apenas cinco años, la trama obtuvo no menos de 14 millones en contratos públicos de la Generalitat y otros entes públicos dependientes gracias, según el juez Pedreira, a "reiteradas irregularidades". Entre esas anomalías, el magistrado destaca las adjudicaciones a Orange Market, consecutivas durante cinco años, del stand de la Generalitat en Fitur. Y las destaca "tanto por su precio como por la gravedad de las irregularidades cometidas". En 2009, la oferta de Fitur fue la más cara. Pero volvió a ganar. Además, Orange Market se benefició del fraccionamiento de contratos, lo que le garantizaba la adjudicación directa de servicios.  
03. El saqueo: tres millones de Canal 9 
En ese cómputo de 14 millones figuran los siete adjudicados por la Generalitat. Pero, también, el contrato adjudicado a Teconsa investigada en el caso por Canal 9 para organizar en 2006 la cobertura de la visita del Papa. El contrato se cifró en 6,4 millones, de los que la red se repartió casi tres millones en comisiones, según la Policía.  
www.publico.es 15.02.11 
GONZÁLEZ PONS PONDRÍA "LAS DOS MANOS EN EL FUEGO" POR CAMPS 
Mientras Génova elude nombrar a Francisco Camps candidato oficial del PP para las próximas elecciones autonómicas, las manifestaciones públicas en apoyo al presidente valenciano de dirigentes del PP crecen. Este martes, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, ha defendido la inocencia del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y ha asegurado que pondría "las dos manos en el fuego" por él.  
En una entrevista de Catalunya Ràdio ha aclarado que su designación como candidato, al igual que el resto, está a la espera de que el Comité Electoral Nacional lo ratifique, eso sí, no hay fecha para ello. Pons ha afirmado que "Camps es el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat" valenciana, después de que ayer el comité electoral regional lo propusiera como candidato a la presidencia.  
Convencidos de su inocencia
Preguntado por la imputación del presidente valenciano en el caso Gürtel, ha subrayado: "Estamos convencidos de su inocencia", y ha manifestado que el hecho de que se le esté investigando no influirá en su designación como candidato. "Tomar una decisión en contra de esta convicción (de que es inocente) es arriesgarnos mucho a ser injustos", ha dicho.

Total, por cuatro trajes...
Siguiendo la línea argumental marcada por el PP, Pons ha restado importancia al proceso judicial y ha recordado que "está imputado porque le han regalado cuatro trajes y cuatro corbatas", a lo que ha agregado: "No creo que nadie considere creíble que por cuatro trajes y cuatro corbatas se venda un presidente de la Generalitat valenciana".
Desafío de Camps
Sin embargo, pese a las continuas muestras de apoyo de dirigentes nacionales, Camps no parece estar muy convencido de que será finalmente el candidato y anoche, intentó forzar de nuevo su nominación convocando al comité electoral del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), que aprobó por unanimidad que sería la cabeza de lista para el 22-M.
¿Buena sintonía?
Las aclaraciones del presidente del comité electoral del PPCV, Pedro Agramunt, y su secretario, Vicente Rambla, de que todo se había hecho en "plena sintonía" con Génova no han convencido a nadie. Tampoco las de Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, quien ha explicado que la reunión en Valencia se convocó "a instancias" de la dirección nacional del PP. Esta coordinación y buena sintonía, sin embargo, no les lleva a incorporar en el orden del día del Comité Electoral Nacional la nominación de Camps y acabar así con las especulaciones.
www.elplural.com 15.02.11
CAMPS SE AUTOPROCLAMA CANDIDATO PARA FORZAR QUE RAJOY LO CONFIRME
El valenciano desafía a la dirección del PP, pero Génova retrasa su proclamación
Francisco Camps lleva semanas pidiendo a la dirección nacional que le confirme como candidato. Solo puede hacerlo el Comité Electoral Nacional, presidido por Miguel Arias Cañete, que Génova retrasa una y otra vez. Y en Valencia la idea sobre la desconfianza de Mariano Rajoy en Camps se instala cada vez más.
Hasta ahora, el presidente valenciano presionaba discretamente, según confirman varias fuentes de la dirección. Y siempre recibía un no por respuesta. Pero ayer pasó de la presión discreta a un desafío público en toda regla. Camps se indignó después de que en la habitual rueda de prensa de los lunes Dolores de Cospedal, la secretaria general, muy distanciada del valenciano, insistiera en que "no hay fecha" para la proclamación de este y otros presidentes autonómicos, y explicara sin embargo que sí está previsto que se reúna el Comité Electoral Nacional esta semana solo para nombrarla precisamente a ella como candidata a Castilla-La Mancha. Cospedal tiene organizado un gran acto el sábado con Rajoy y quiere que el comité la confirme antes.
Camps estalló en cólera ante lo que entendía una injusticia. ¿Por qué se confirma a otros y a él no, que es uno de los pocos que lo está reclamando? Según diversas fuentes, llamó a Génova de nuevo para presionar y sobre todo decidió lanzar su desafío: convocó de urgencia para las ocho de la tarde de ayer un Comité Electoral de la Comunidad Valenciana para que le propusiese como candidato. Legalmente no sirve de nada, es un brindis al sol, pero es un claro gesto de presión.
Todos los dirigentes coinciden en que Rajoy no confirma aún a Camps porque está esperando a ver qué sucede en el proceso por cohecho impropio que el valenciano tiene pendiente. Y que puede estallar en plena campaña. Eso dispara los temores en el campismo: aunque Rajoy insista en que no contempla otra opción que su candidatura, lo cierto es que aún no es oficialmente candidato.
El desafío de Camps generó un enorme malestar en la calle Génova y la dirección contestó de forma tajante a través de sus portavoces oficiales: sigue sin haber fecha para confirmar a Camps y otros presidentes autonómicos, y esta semana -previsiblemente miércoles o jueves- se reunirá el Comité Electoral Nacional solo para nombrar a Cospedal. Camps no estará ahí, aunque se empeñe.
Rajoy ya no quiere a Camps pero tampoco va a echarlo. Le gustaría que dimitiera, insisten en su entorno. Pero él no se va a ir porque quiere que las urnas de alguna manera le absuelvan, siguiendo la doctrina de Carlos Fabra. Así que la situación está bloqueada. Aún así, fuentes de la dirección dan por hecho que Camps irá y que se confirmará su candidatura antes del 5 de marzo, fecha de la convención autonómica en Mallorca. No será esta semana, pero será, explican.
En cualquier caso el tono del comunicado del PPCV demuestra el nivel del desafío. "El Comité Electoral Nacional deberá ratificar la propuesta elevada por el PPCV. Camps encabezará por tercera vez la lista", señala.
Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat, vaticinó que Camps ganará con dos tercios de los votos valencianos, aseguró que todo se había hecho de acuerdo con la dirección nacional y que la candidatura será confirmada "cuando tenga a bien ratificar la propuesta el Comité Electoral Nacional". Pero no será tan pronto como Camps quería.
www.elpais.es 15.02.11
BARBERÁ DUDA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y COSPEDAL HABLA DE "ATAQUE POLÍTICO"
Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, se ha convertido desde que estalló el caso Gürtel en uno de los grandes apoyos del presidente valenciano, Francisco Camps. Ayer, igual que otros colegas del PP, volvió a defenderlo y se mostró orgullosa de abrir un debate sobre la independencia judicial: "Es el mejor servicio que he hecho a España desde que estoy en política", subrayó, para después afirmar que "la transición no ha pasado por el poder judicial".
A la vista de las críticas de la asociación Jueces para la Democracia, que ha pedido a la regidora respeto a los tribunales, Barberá negó que cuestione la imparcialidad de jueces y fiscales. "Dije que la mayoría de jueces y fiscales eran imparciales e independientes pero que podría haber algunos que no", recordó. Y aclaró que, si todos los días se debate sobre el poder ejecutivo y legislativo, "¿por qué no se va a poder hacer lo mismo con el judicial?".
Barberá insistió en que los jueces son "personas, no aquellos antiguos jueces que parecían intocables". "Son unas personas que militan o han militado en partidos políticos, que se han presentado a elecciones... Y [los ciudadanos] lo tienen que saber", afirmó.
Esta ofensiva contra la justicia precisamente cuando Camps está a punto de sentarse en el banquillo -después de que cinco jueces del Tribunal Supremo dictaminaran por unanimidad que había caso- fue respaldada por la dirección nacional del PP. Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido, apoyó a Barberá -aunque dijo que sólo se refería a fiscales y no a jueces, algo que no era cierto- y aseguró que Camps está siendo víctima de un "ataque político en toda regla". Insistió en que hay doble rasero en la fiscalía porque, mientras se pide el enjuiciamiento de Camps, en otros casos que el PP ve más graves, como el de los ERE andaluces, la fiscalía no hace nada.
El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, calificó de "terrorífico" que el PP cargue contra las instituciones para "amparar" a Camps ante la acusación de la fiscalía, que en su escrito pide 41.250 euros de multa al presidente valenciano por supuesto cohecho impropio.
www.elpais.es 15.02.11
UNA CARRERA CONTRA LOS JUECES
Deprisa y corriendo fue designado ayer Francisco Camps por los suyos, mientras los primeros espadas del PP valenciano arremetían contra jueces y fiscales. El 25 de enero saltó por los aires el calendario que manejaba el presidente de la Generalitat, confiado en dilatar, al menos hasta la disolución de las Cortes valencianas, la instrucción del caso de los trajes, ramificación del caso Gürtel que le afecta de lleno.
En esa fecha, el juez José Flors declaró concluida la instrucción sobre Camps y otros tres altos cargos del PP. Comenzó entonces la cuenta atrás para la apertura de juicio oral. El segundo revés se produjo el viernes, cuando la fiscalía concluyó que 11 trajes, cinco americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas regalados por la trama Gürtel suponen un delito continuado de cohecho pasivo impropio. Ese mismo día, el TSJ rechazó recursos que intentaban frenar el procedimiento.
Camps se ha visto obligado a improvisar una estrategia para que Rajoy lo proclame oficialmente candidato. El nerviosismo cunde en la sede nacional del PP, donde hay temor a que la convención autonómica salte por los aires. También en la sede valenciana, donde aumentan las dudas sobre Rajoy y se teme una campaña electoral centrada en los problemas judiciales.
Camps mantuvo ayer un solo acto, de carácter protocolario, en su agenda pública. En su defensa salió la caballería. El vicepresidente del Consell Vicente Rambla dijo que "no es justo" el proceso al que está sometido. Y el portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, aseguró que el Gobierno de España "ha teledirigido de manera descarada a la fiscalía contra la soberanía popular de los valencianos".
www.elpais.es 15.02.11
COSPEDAL DEFIENDE A CAMPS Y ACUSA A LA FISCALÍA "DE SER UN ARMA DE ATAQUE POLÍTICO EN TODA REGLA"
Destacados dirigentes del partido vuelven a arremeter contra la justicia como respuesta a la petición fiscal de que el presidente valenciano se siente en el banquillo  
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha insistido hoy en que el Gobierno utiliza la fiscalía "como un arma de ataque político en toda regla" contra su partido. La número dos de Mariano Rajoy se ha sumado así a las declaraciones de los últimos días de varios dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana, que han arremetido no solo contra el Ministerio Público sino también contra los jueces.
"Camps es un magnífico presidente de la Generalitat Valenciana"
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha insistido hoy en que el Gobierno utiliza la Fiscalía ?como un arma de ataque político? contra su partido. La número dos de Mariano Rajoy se ha sumado así a las declaraciones de los últimos días de varios dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana, que han arremetido no solo contra el Ministerio Público sino también contra los jueces. - AGENCIA ATLAS
Cospedal ha rechazado responder en varias ocasiones y a distintos medios si el presidente valenciano, Francisco Camps, será el candidato del PP en las elecciones autonómicas de mayo, después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pidiera para el presidente de la Generalitat una multa de 41.250 euros por un delito continuado de cohecho impropio pasivo.
El líder regional respondió a la petición de la fiscalía con un acto en el que fue aclamado por su partido. Hoy, sin embargo, Cospedal se ha negado ha confirmar si Camps será el cabeza de lista el próximo 22 de mayo y ante la pregunta de si preferiría que fuera él mismo el que tomara la decisión de retirarse ha asegurado que no sabe "que está en su mente" pero ha reiterado el mantra que se oye en Génova desde que surgieron las relaciones del PPCV y el caso Camps: "Es un magnífico presidente del PP en Valencia".
La respuesta de Cospedal ha venido precedida de la de otros líderes del PP de Valencia. El vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, ha acusado hoy a la Justicia "de no ser justa con Camps". Según Rambla, "la Justicia debemos pretender que sea justa y en este caso creo que no es justo lo que está ocurriendo con el presidente Camps". Sin embargo, preguntado por qué es lo que se está haciendo de manera injusta con Camps, Rambla no ha respondido porque se había explicado "suficientemente".
Otro vicepresidente de la Generalitat, el tercero, aseguró en su blog el pasado sábado que "la fiscalía de Rubalcaba presiona al TSJ contra Camps" ya que "acusa sin pruebas". "Volvemos a la manipulación, a la mentira, a la falsedad", zanja Juan Cotino.
Finalmente, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aprovechó una entrevista con la agencia Efe para arremeter contra los jueces. Una entrevista que se realizó antes de que la Fiscalía remitiera al juez su escrito, pese a que la agencia fue distribuida el pasado sábado.
En ella, Barberá pidió plantear "un debate sobre la independencia de la justicia, que es un poder del Estado de derecho como lo es el Poder Legislativo o el Ejecutivo". "¿Por qué no puede abrirse un debate sobre la realidad del Poder Judicial?".
La asociación Jueces para la Democracia acusó a Barberá tras conocer las declaraciones de "sugerir que los magistrados instructores de los citados procedimientos (Gürtel y Bellver) no actúan con independencia de criterio y que podrían tener otros intereses". Además, sigue la nota, "resulta sorprendente constatar que nos encontramos ante unas autoridades que aplauden la acción de la justicia cuando ésta les da la razón y luego califican de forma poco respetuosa sus actuaciones cuando creen que no resultan beneficiados".
www.elpais.es 14.02.11
JUECES PARA LA DEMOCRACIA PIDEN A BARBERÁ QUE RESPETE A LOS TRIBUNALES
La alcaldesa insiste en pedir un debate sobre la justiciaJpD cree que las declaraciones de Barberá "evidencian su malestar partidista"
Jueces para la Democracia emitió ayer un duro comunicado sobre las manifestaciones realizadas por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en las que solicitaba un debate sobre la independencia de la Justicia. La alcaldesa hizo estas declaraciones el miércoles a la agencia Efe, antes de que se conociera que la Fiscalía fuera a solicitar la apertura de un juicio por cohecho al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Efe no dio a conocer esa parte del contenido de la entrevista hasta el pasado sábado, coincidiendo con un acto del PP, pero ayer Barberá se reafirmó en su petición.
En el PP se procuraba ayer distinguir su posición crítica con los fiscales de la que mantienen con los jueces. Pero la alcaldesa de Valencia volvió a insistir en la posibilidad de plantear "un debate sobre la independencia de la justicia, que es un poder del Estado de derecho como lo es el Poder Legislativo o el Ejecutivo". "¿Por qué no puede abrirse un debate sobre la realidad del Poder Judicial?". Rita Barberá fue ayer más comedida que en sus declaraciones iniciales, en las que se había mostrado "profundamente sorprendida por la evolución judicial" del caso Gürtel y también por el que pesa sobre su concejal de Urbanismo, Jorge Bellver. "Son una muestra", dijo entonces, para que se piense "en darle una vuelta a la independencia de la justicia", ya que aunque hay "jueces y fiscales profundamente independientes, a lo mejor no lo son todos".
Estas manifestaciones, reiteradas ayer con algo de sordina, fueron las que motivaron la nota de Jueces para la Democracia (JpD), "pues llega [Barberá] a sugerir que los magistrados instructores de los citados procedimientos (Gürtel y Bellver) no actúan con independencia de criterio y que podrían tener otros intereses".
JpD asegura que las resoluciones judiciales pueden ser cuestionadas, "pero las críticas deben expresarse con alegaciones jurídicas motivadas y no con descalificaciones hacia los jueces que solo evidencia el malestar partidista de quien las emite". Además, sigue la nota, "resulta sorprendente constatar que nos encontramos ante unas autoridades que aplauden la acción de la justicia cuando ésta les da la razón y luego califican de forma poco respetuosa sus actuaciones cuando creen que no resultan beneficiados".
Jueces para la Democracia opina que "determinados ataques a la actuación judicial no pueden enmarcarse en la aportación de argumentos constructivos, sino que más bien parecen intentar socavar la credibilidad social de nuestros tribunales". JpD finaliza su nota haciendo constar su preocupación por la falta de acatamiento de las resoluciones judiciales y reclamando una mayor responsabilidad por parte de "las autoridades valencianas" e instando a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y al Consejo General del Poder Judicial a intervenir "para recodar el respeto que se debe al principio de separación de poderes como elemento esencial de un Estado democrático".
Por su parte, los socialistas denunciaron que el único objetivo de las declaraciones de la alcaldesa era "distraer a la opinión pública para que no se hable de la petición de la Fiscalía Anticorrupción" contra Camps.
La portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, lamentó que "la alcaldesa, de nuevo, invoca el Estado de derecho cuando su actuación coincide con sus intereses, pero no cuando le perjudican".
Contundente, el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Enric Morera, tras mostrar su respaldo a la nota de JpD, aseguró que el "PP valenciano, con total seguridad, asumió gran parte del coste de la organización del congreso nacional o los actos de las elecciones generales de 2008. Aquí se pagaron los gastos y ni Rajoy ni Bárcenas pidieron las facturas ni nos las han enseñado. Por ese motivo Camps tiene cogido a Rajoy de la mano; si se lo lleva por delante se llevará también a Rajoy en su caída. El presunto delito por falsear la contabilidad de las elecciones generales prescribe a los tres años. Faltan unas pocas semanas. Ése es el principal problema para Rajoy: Que Camps tire de la manta y lo meta de lleno en Gürtel".
www.elpais.es 14.02.11
EL PP VALENCIANO RESPONDE AL FISCAL CON UN ACTO DE ACLAMACIÓN A CAMPS
González Pons: "Le persiguen porque dicen que le han regalado cuatro corbatas"
ayer a Francisco Camps en un multitudinario acto de aclamación de candidatos municipales en Alzira, a 35 kilómetros de Valencia, como respuesta a la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio público pidió el viernes una multa de 41.250 euros para el presidente de la Generalitat valenciana por un supuesto delito continuado de cohecho impropio por aceptar regalos por valor de 14.021 euros de varias empresas de la trama Gürtel a cambio de decenas de contratos públicos.
El presidente del Gobierno valenciano augura una victoria electoral "épica"
Un millar largo de militantes populares aclamó al presidente valenciano cuando minutos después de las diez de la mañana entró en una sala de fiestas para compartir un almuerzo con sus compañeros de partido. Los periodistas que se acercaron al líder del PP en la Comunidad Valenciana cuando entraba en la sala para preguntarle sobre la solicitud del fiscal al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana solo obtuvieron una respuesta: "Todos somos conscientes de que estamos ante un éxito electoral sin precedentes, que demuestra que los valencianos quieren que el PP siga gobernando en la Comunidad Valenciana y en la inmensa mayoría de los ayuntamientos". A cada pregunta, la misma respuesta: "Estamos ante un éxito sin precedentes".
Los militantes de la organización provincial del PP de Valencia se tomaron una hora para almorzar. Ensalada, montaditos de lomo, agua y vino. No hubo café. Camps ocupó la mesa presidencial con cinco consejeros de su Gobierno, el presidente provincial del partido y su compañero Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación de la dirección nacional del PP.
Los primeros oradores insistieron en la honradez de Camps y solicitaron aplausos al presidente "por lo que está sufriendo". Nadie tuvo que hacer explícita la supuesta conspiración de todas las instituciones del Estado para derrocar al presidente valenciano. El auditorio ya la tenía asumida. Pero González Pons quiso aclarar algunos extremos: "Con los fiscales, los españoles no somos todos iguales ante la ley. No veréis a los fiscales impulsar actuaciones judiciales ante casos como los 10 millones de euros dados a la empresa donde trabaja la hija de Chaves ni sobre las obras adjudicadas por el tesorero del PSOE en el ministerio de José Blanco, ni los ERE de lujo de Andalucía. Aquí, total, por el regalo de cuatro corbatas te persiguen, pero si eres de Andalucía no lo hacen. Este no es el país que yo quiero".
En el arranque de su intervención, González Pons dio pie al discurso de Camps: "El PP es el único partido que puede decir que es de la Comunidad Valenciana".
El presidente de la Generalitat subió a la tribuna con tono exultante: "Valencia está orgullosa de ser Valencia y de ser del PP. Estamos convencidos de que hemos hecho la mejor gestión que nunca se ha hecho en la Comunidad Valenciana. Hemos hecho de esta tierra una tierra amable, abierta y potente". Camps auguró "una victoria épica el 22 de mayo" y evitó cualquier mención sobre sus problemas judiciales. Apenas deslizó: "Zapatero ha intentado ganar bajo todo tipo de artimañas esta tierra, porque sabe que si no gana en la Comunidad Valenciana no gana en España. Pero nosotros dijimos no, por aquí no pasarás. Y Rajoy ganará en la Comunidad Valenciana y en toda España".
El presidente valenciano insistió en presentar las próximas elecciones municipales y autonómicas como la antesala del relevo de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno: "Este partido ha contribuido a parar a Zapatero, le quedan pocos meses. Hoy, más que nunca, todos nuestros compatriotas saben que en Valencia comenzó el éxito de una nueva manera de entender España".
Camps recurrió a la identificación de su proyecto con los intereses de la Comunidad Valenciana en el resto de su discurso, una dimensión regionalista que es tónica habitual en sus intervenciones: "Yo sé qué queremos, cómo queréis que sea la Comunidad Valenciana, porque somos de aquí, de esta tierra. Somos las líneas que dicta el corazón de los valencianos. Por eso somos un proyecto indestructible. Por eso estamos más fuertes que nunca".
www.elpais.es 13.02.11
LA FINANCIACIÓN ILEGAL, EN EL LIMBO
El caso Gürtel no son solo los regalos de trajes a altos cargos del PP valenciano por parte de la trama que dirigía Francisco Correa. La policía tiene acreditados delitos de financiación ilegal del PP de Valencia a través de pagos que hacían a Correa potentes empresas de esa comunidad (adjudicatarias de jugosas contratas del Gobierno de Francisco Camps) para saldar deudas del partido con la red Gürtel que, a su vez, organizaban los actos electorales. Hacienda ya señaló que el PP de Valencia le ocultó gastos por importe de 2,5 millones. El juez Pedreira se inhibió a favor de Valencia de todo el asunto de la financiación ilegal, dado que entre los implicados estaría la cúpula del PP de esta comunidad (la mayoría, aforados). Pero el Tribunal Superior de Valencia aún no ha dicho si acepta investigar este asunto porque la inhibición está recurrida y no es firme. Fuentes jurídicas creen que Valencia se declarará incompetente y devolverá el asunto a Pedreira, quien, en ese caso, la elevaría al Tribunal Supremo para que dictamine quién debe investigarla. La causa, pues, sigue en el limbo.
www.elpais.es 12.02.11
EL PP TACHA DE "DESPROPORCIÓN" LA PENA QUE PIDE LA FISCALÍA
El Partido Popular se movió ayer con extrema cautela tras conocer las conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de los trajes en el que se halla imputado Francisco Camps. El presidente de la Generalitat -de regreso a Valencia de un viaje oficial a Berlín con escala en Madrid- logró que Génova saliese en su defensa con una declaración en la que se volvió a descalificar la actuación de la fiscalía, se reiteró la confianza en la inocencia de Camps y se tachó de "desproporcionada" la pena de multa solicitada por el supuesto delito continuado de cohecho pasivo impropio.
En Valencia, la dirección regional del PP reforzó, poco después, el pronunciamiento de Génova al insistir en que "todo el partido" en la Comunidad Valenciana respalda a Camps como candidato a la reelección. Las mismas fuentes indicaron también que la fiscalía ha fracasado en su intento de vincular el caso de los trajes a la financiación irregular del partido.
www.elpais.es 12.02.11
EL FISCAL ACUSA A CAMPS DE UN DELITO CONTINUADO DE COHECHO POR ACEPTAR REGALOS POR VALOR DE 14.021 EUROS
El ministerio público pide para él una multa de 5 meses y 15 días a razón de 250 euros diarios por los presentes que recibió de la trama Gürtel
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este viernes ante el magistrado instructor de la causa de los trajes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), José Flors, su escrito de conclusiones provisionales, en el que acusa al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de un delito continuado de cohecho. Por este delito solicita una multa de cinco meses y 15 días, a razón de 250 euros diarios, es decir, un total de 41.250 euros. El fiscal considera que Camps, en atención a su cargo de presidente de la Generalitat Valenciana, recibió regalos de la trama Gürtel por valor de 14.021,5 euros.
El Bigotes empezó a regalar trajes cuando multiplicó por 10 sus contratos en Valencia
El TSJ sigue el caso de los trajes contra Camps sin acumular otros delitos
El juez Flors corta el intento de Camps de ganar tiempo
Gürtel pone a prueba el nuevo TSJ
La escalera de Camps tiene más peldaños
Anticorrupción pide juzgar a Camps por los trajes y la financiación del PP
El Supremo reabre el caso de los trajes de Camps
El PP regional da por hecho que Camps será proclamado en marzo
Rajoy elude confirmar a Camps como candidato hasta saber si irá a juicio
Las claves del escrito de acusación del fiscal
 Documento: Texto íntegro del escrito de la fiscalía
El fiscal subraya que los regalos eran adquiridos en establecimientos de las firmas Milano Difusión, SA y Forever Young abiertos al público en Madrid, y se facturaban, según los casos, a las sociedades Easy Concept Comunicación, SL; Diseño Asimétrico, SL; Good & Better, SL; Servimadrid Integral, SL y Orange Market, SL, todas ellas vinculadas a Francisco Correa Sánchez y gestionadas por Pablo Crespo Sabaris, las cuales pagaban las correspondientes facturas y tickets de caja, "bien en efectivo, o mediante transferencia o entrega de cheques".
Tanto Camps, como los otros tres imputados en el caso,"aceptaron esos regalos sabedores de que les eran entregados en reiterada consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias en relación con las cuales Francisco Correa Sánchez, Álvaro Pérez Alonso y Pablo Crespo Sabaris", cabecillas de la red corrupta,"mantenían importantes intereses económicos".
Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, logró contratos por más de 16 millones de euros del Gobierno valenciano y del partido entre 2004 y 2009, cuando estalló el escándalo.
La fiscalía pide pide la apertura del juicio oral contra Camps y contra el ex vicepresidente del Consell Víctor Camps; el jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, y el ex secretario general del PP valenciano y diputado Ricardo Costa.
Estos son, según la fiscalía, los regalos recibidos por Camps: entre finales de 2005 y septiembre de 2006, cinco trajes y tres americanas por importe de 5.600 euros adquiridos en Milano Difusión, SA; entre finales de 2006 y julio de 2007, cinco trajes y tres pares de zapatos por importe de 5.393,5 euros adquiridos en Forever Young. Además, a finales de 2007 recibió cuatro corbatas por importe de 348 euros adquiridas también en esa tienda, y con anterioridad al 8 de octubre de 2008, dos trajes, una americana y dos pares de zapatos por importe de 2.680 euros.
Para Ricardo Costa y Rafael Betoret,la fiscalía pide la misma pena de multa que para Camps. En cambio, en el caso de Víctor Campos solicita cuatro meses y 20 días.Según la fiscalía, el ex secretario general del PP valenciano recibió regalos por valor de 7.325 euros; Víctor Campos, por valor de 5.529 euros, y Rafael Betoret, por un importe de 13.499.
La fiscalía vuelve a solicitar igualmente la suspensión del procedimiento en tanto no se resuelva por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano las inhibiciones acordadas por el juez Antonio Pedreira del TSJ de Madrid, para remitir a Valencia la instrucción de nuevos delitos (cohecho propio, financiación ilegal, delitos electorales y contra la Hacienda Pública) contra las cúpulas del Gobierno y el PP valencianos, en los que también estaría implicado Camps.
El juez Flors ya concluyó hace más de un año que había indicios suficientes para juzgar a Camps y al resto de imputados. Sin embargo, el TSJCV archivó la causa en una polémica resolución que fue anulada por el Tribunal Supremo en mayo del año pasado. A finales de enero pasado, Flors dio de nuevo por concluida la instrucción del proceso y abrió el plazo para que las partes presentasen sus conclusiones antes de decidir si cierra el caso de los trajes o abre el juicio oral. Tras la Fiscalía Anticorrupción, le corresponde ahora el turno a la acusación del PSPV-PSOE y después entregarán sus escritos las defensas.
Recursos rechazados
El proceso contra Camps se acelera a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales y con su confirmación formal como candidato aún pendiente. Hoy mismo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha desestimado el recurso planteado por la defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para intentar dilatar la marcha de la causa que se sigue contra él por un presunto delito de cohecho pasivo impropio: haber recibido en función de su cargo trajes y diversos regalos valorados en miles de euros durante varios años de parte de la trama corrupta Gürtel. En la causa están imputados también Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, que ocupan u ocuparon puestos de alta responsabilidad en el Gobierno valenciano y el PP regional.
El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) instructor del caso, José Flors, ha desestimado igualmente dos recursos presentados ante él por las defensas con el objetivo evidente de retrasar la marcha del procedimiento, que ha entrado en su recta final. Flors decidirá, una vez concluya el término dado a las partes para que fijen su posición (entre principios y mediados de marzo) si abre juicio oral. Es decir, si sienta en el banquillo a Camps para que sea juzgado por un jurado popular. Hasta llegar a ese punto es probable, sin embargo, que la sala del TSJ valenciano tenga que volver a pronunciarse, dado el intenso ritmo de petición de diligencias y presentación de recursos que están manteniendo las defensas en esta última fase.
La Sala Civil y Penal del TSJ desestima, en su auto emitido hoy, la petición de Camps (del día 8 de febrero) de que se incorpore al procedimiento unas grabaciones realizadas en prisión a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel. La defensa del presidente valenciano consideraba que dichas cintas serían beneficiosas para su representado. Las grabaciones fueron, sin embargo, declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se instruye el grueso del caso Gürtel.
"No se debe olvidar que la petición de la parte recurrente se centra en una determinada conversación y en un detalle específico de la misma, por entender que una y otro favorecen al imputado Sr. Camps Ortiz, pero que si llegara a admitir que ese extremo concreto sí tiene valor probatorio en este procedimiento tendría que llegarse a la conclusión de que ese valor debería atribuirse, sin duda, a la conversación íntegra, y, luego, la coherencia tendría que llegar a atribuir valor probatorio a todas las conversaciones intervenidas", argumenta la Sala Civil y Penal del TSJ de Valencia.
El juez instructor ha desestimado, por otra parte, otros dos recursos interpuestos por Camps. Uno, contra la decisión del magistrado de dar por concluida la instrucción. Y el segundo, contra la solicitud de la defensa de que declarase Cándido Herrero. El juez Flors recuerda al respecto que dicha declaración testifical puede realizarse directamente en el acto de audiencia preliminar. En ese mismo acto o dentro de los tres días posteriores, Flors deberá decidir sobre la apertura de juicio oral.
www.elpais.es 11.02.11
LAS CLAVES DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN DEL FISCAL
El escrito presentado hoy por la fiscalía describe pormenorizadamente cómo la trama Gürtel agasajaba a "funcionarios públicos y autoridades con importantes responsabilidades en altas instituciones y organismos de la Comunidad Valenciana" para favorecer a sus intereses. Este es el modus operandi que describe el fiscal.
Los agasajados
El auto cita a cuatro: el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps; el jefe de Gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo, Rafael Betoret; el diputado de las Cortes valencianas Ricardo Costa y el vicepresidente y secretario del Consell de la Generalitat valenciana, José Víctor Campos.
Los regalos
Francisco Camps: Según el auto, recibió al menos, los siguientes regalos: 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por un importe total de 14.021 euros.
Rafael Betoret: en atención a su cargo, recibió, al menos, cuatro americanas, 11 trajes, dos abrigos, y un pantalón. Todo por un valor de 13.499 euros.
Ricardo Costa: el auto asegura que recibió de la red Gürtel, al menos, cuatro trajes y seis pantalones por un importe total de 7.325 euros.
José Víctor Campos: en atención a su cargo fue agasajado con al menos dos trajes, dos pantalones, una americana y un chaqué por un importe total de 5.529 euros.
Los agasajados los recibían, bien en su domicilio, bien en Valencia. Previamente, se les habían ido a tomar medidas para calcular sus tallas.
Regalos e intereses económicos
Los cuatro agasajados, asegura el fiscal, "aceptaron esos regalos sabedores de que les eran entregados en reiterada consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias en relación con las cuales Francisco Correa Sánchez (cabecilla de la red Gürtel), Álvaro Pérez y Pablo Crespo mantenían importantes intereses económicos".
Dónde se compraban
Los regalos eran adquiridos en establecimientos de las firmas Milano Difusión S.A. y Forever Young en Madrid y se facturaban a las sociedades Easy Concept Comunicacion SL, Diseño Asimétrico SL, Good&Better SL, Servimadrid Integral SL y Orange Market SL, "todas ellas vinculadas a Francisco Correa Sánchez y gestionadas por Pablo Crespo Sabaris". Se pagaba en efectivo, en cheques o mediante transferencia.
El presunto delito
El fiscal considera a los acusados como autores de cuatro delitos continuados de cohecho.
Las penas
Francisco Camps: multa de cinco meses y 15 días con una cuota diaria de 250 euros
Ricardo Costa: multa de cinco meses y 15 días con una cuota diaria de 250 euros
Rafael Betoret: multa de cinco meses y 15 días con una cuota diaria de 250 euros
José Víctor Campos: multa de cuatro meses y 20 días y una cuota diaria de 250 euros
www.elpais.es 11.02.11
EL TSJCV DESCARTA LAS GRABACIONES QUE EXCULPARÍAN A CAMPS
 
El juez rechaza incluir las conversaciones en prisión entre Crespo y su abogado donde supuestamente reconocía que Camps pagó sus trajes
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado la petición del abogado del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de incluir en la 'causa de los trajes' unas conversaciones telefónicas intervenidas a los considerados cabecillas de la 'trama Gürtel' que consideraba que beneficiaban a su cliente.
En una única resolución, la sala ha resuelto acerca de un doble recurso de apelación, que se han tramitado conjuntamente por el fondo de la cuestión debatida, según consta en un auto de fecha de este viernes, facilitado por el TSJCV. Asimismo, en otro auto, igualmente conocido este viernes y de fecha 9 de febrero, el magistrado instructor de la causa, José Flors, rechaza los recursos de los abogados de Camps y del exvicepresidente del Consell Víctor Campos contra su decisión de dar por practicadas todas las diligencias en esta causa y suspender el curso del procedimiento.
El letrado de Camps solicitó este martes en una vista celebrada a puerta cerrada en la sala de lo Civil y Penal que se tuviera en cuenta el contenido de estas escuchas -parte de las cuales descartan que empresas de la trama pagasen al presidente del Consell los trajes encargados en las tiendas de Forever Young y Milano-, después de que el magistrado instructor, José Flors, denegase su incorporación en un auto dictado el pasado mes de noviembre.
www.levante-emv.com 11.02.11
EL CASO DE CAMPS SIGUE ADELANTE AL MARGEN DE LA FINANCIACIÓN DEL PP
El TSJ espera la remisión de la parte valenciana de Gürtel mientras estudia los recursos contra la instrucción del juez Flors
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano no acumulará, por ahora, los delitos de cohecho, financiación ilegal, delito electoral y contra la Hacienda pública al caso de los trajes que se sigue contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres miembros de la cúpula del Gobierno y el PP valencianos por un presunto delito de cohecho pasivo impropio: haber recibido por razón de sus cargos regalos por valor de miles de euros a lo largo de varios años. De haberse producido la acumulación, el caso de los trajes se habría retrasado meses.
El TSJ rechaza unir los delitos como le pidió la Fiscalía Anticorrupción, porque considera que existe un impedimento procesal insuperable: el envío de esos nuevos delitos desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se instruye el grueso del caso Gürtel, fue recurrido por el PP y por Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los imputados, y por lo tanto no es firme.
Paradójicamente, el PP forma parte de la causa de Madrid como acusación popular, a pesar de la petición de la fiscalía para que fuera expulsado por su implicación en el caso, al menos en la Comunidad Valenciana.
La inhibición (que es como se llama técnicamente a ese envío de delitos de Madrid a Valencia), señala el TSJ, "exige que la resolución que lo acuerde devenga el carácter de firme, así como que mientras ello no ocurra el órgano judicial que acuerde la inhibición debe seguir practicando las diligencias necesarias propias de la instrucción", señala la Sala Civil y Penal del TSJ valenciano en un auto en el que responde a la petición de fiscalía.
Cuando la Fiscalía Anticorrupción pidió la acumulación, indica el tribunal valenciano, el auto inicial de inhibición del juez instructor en Madrid, Antonio Pedreira, "no era firme, como debiera conocer el ministerio fiscal, y quizá por ello no ha insistido el instructor del TSJ de Madrid, porque el mismo había sido recurrido en reforma (es decir, ante el propio Pedreira), cuya resolución desestimatoria tuvo lugar el 14 de diciembre de 2010. Y además sigue sin devenir firme, porque por la misma parte (el PP) fue recurrido en apelación subsidiaria (ante la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid)". En consecuencia, afirma el TSJ valenciano, "la resolución de esta Sala no puede ser otra que la de no tener por planteada la inhibitoria al no ser firme la resolución en que se acuerda".El embrollo judicial, opinan fuentes del TSJ valenciano, tiene varias causas. La principal, porque habría resuelto los problemas actuales y los que están por llegar, fue la negativa del Tribunal Supremo a abrir un macrojuicio que englobara todo el caso Gürtel. No era una solución fácil, porque el Supremo no es un tribunal de instrucción, pero era lo único que hubiera evitado la fragmentación actual, derivada de la implicación de aforados de varias comunidades autónomas.
El apresurado archivo del caso de los trajes por parte del TSJ valenciano, presidido entonces por el juez Juan Luis de la Rúa (de quien Camps dijo que era más que un amigo), en verano de 2009, aumentó el enredo.
Coincidió casi exactamente con la primera inhibición de Pedreira. En aquella ocasión, cuando aún quedaban por abrir cajas con documentación intervenida a la trama, el juez se inhibió solamente de la implicación de los cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez), que serían la parte activa (sobornadores o regaladores) del cohecho pasivo impropio por el que están imputados Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.
Aquella inhibición se quedó en el limbo porque casi a la vez la sala presidida por De la Rúa cerró el caso (que más tarde reabriría el Tribunal Supremo). Si el procedimiento no existía, razona ahora en su auto el TSJ valenciano, "nada podía unirse ni resolverse en relación al mismo".
Mayor calibre
A la reapertura del caso, en mayo de 2010, le siguió una segunda inhibición de Pedreira, en este caso de un calibre mucho mayor. Pedreira hallaba indicios de hasta siete delitos que implicarían a 14 altos cargos, incluido Camps.
Con su último auto, el TSJ valenciano ha respondido a la petición de la fiscalía sobre la primera inhibición. Pero la respuesta de la sala vale igual para la solicitud de acumular los delitos derivados de la segunda inhibición que también ha realizado Anticorrupción: hasta que no sea firme no podrá pronunciarse.
El caso de los trajes siguió ayer adelante, entretanto, con la vista a puerta cerrada de uno de los recursos interpuestos por las defensas: la incorporación a la causa de unas grabaciones a Pablo Crespo realizadas en prisión y declaradas ilegales por el TSJ de Madrid. La decisión de la Sala Civil y Penal del tribunal valenciano se conocerá la semana que viene.
www.elpais.es 09.02.11
LUNA APUNTA "DELITOS GRAVES" SI SE FALSIFICARON PRUEBAS A FAVOR DE CAMPS
Los socialistas pedirán diligencias sobre el papel de Trillo en el caso de los trajes
 "Si la estrategia del señor Trillo no queda limitada a analizar qué artículos del Código Penal o qué eximentes se pueden o no aplicar, sino que además está dirigida a la manipulación de pruebas, hablaríamos de cosas extraordinariamente serias". El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, advirtió ayer de la trascendencia de una prueba aportada por las Fiscalía Anticorrupción al caso de los trajes por el que está imputado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
"Si fuese fiscal, me preguntaría qué hacía Trillo en la tienda", dice Oltra
"Hay visitas que se pueden evitar", indica el portavoz socialista sobre De Rosa
El documento aportado por la fiscalía especial probaría que la contabilidad de la tienda Forever Young, donde Camps compró los trajes, fue manipulada en marzo de 2009, un mes después de estallar el escándalo, para sustituir la referencia al jefe del Consell por la de Álvaro Pérez, gerente de la empresa Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa. El documento procede del abogado de José Tomás, el sastre que hizo los trajes a Camps. Días antes de que se produjera la supuesta manipulación -apoyada con archivos informáticos y correos electrónicos entre un directivo de Forever Young y el informático de la tienda- el diputado y portavoz de Justicia del PP Federico Trillo se reunió con el dueño de la cadena en sus oficinas.
"Si es cierto que se ha producido, y parece que hay algún elemento documental que así lo indica, una manipulación informática para destruir pruebas que podrían resultar determinantes para concluir que el señor Camps, como poco, ha incurrido en un cohecho pasivo impropio, estaríamos hablando de palabras mayores y de delitos extraordinariamente graves", dio Luna, que indicó: "Vamos a pedir alguna diligencia al respecto".
"Si yo fuese fiscal", comentó por su parte la portavoz del grupo Compromís, Mònica Oltra, "me preguntaría qué hacía Trillo con los propietarios de esta tienda, del mismo modo que me preguntaría por qué le regalaron los trajes a Camps, y por qué el presidente tenía tan buena relación con esa gente".
Las ventas de los trajes supuestamente regalados a Camps por una trama de corrupción que obtuvo adjudicaciones millonarias de la Generalitat y a la que se investiga por su intervención en una presunta financiación irregular del PP valenciano, se produjeron entre febrero y julio de 2008 y ascendieron a 2.680 euros.
La evolución judicial del caso, que está en puertas de que el juez instructor, José Flors, decida si sienta en el banquillo al presidente de la Generalitat, ha vuelto a poner al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el centro de atención. La visita que la semana pasada hizo a la sede del tribunal el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y exconsejero de Camps, Fernando de Rosa, se ha interpretado como un elemento de presión. Ángel Luna dijo ayer al respecto que "hay visitas que se pueden evitar". El portavoz socialista señaló que alguien que como De Rosa ha tenido una relación tan cercana con Camps "debería ser extraordinariamente prudente", aunque añadió, en honor del vocal del poder Judicial por el PP, que ayer mismo por la mañana elogió en la radio la instrucción llevada a cabo por el juez Flors.
Una cuestión "banal" y una "auténtica tontería"
En opinión del portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, lo que se reclama judicialmente al presidente de la Generalitat, imputado en un supuesto caso de cohecho pasivo impropio por haber aceptado regalos de una trama de corrupción, "es una auténtica tontería" en comparación con sus responsabilidades públicas. Según Blasco, "lo único que se pretende es demostrar si Camps guarda el tiquet de un par de trajes", lo que resulta "absolutamente banal" y obedece a "una ceremonia encaminada a descalificarlo". Blasco, que eludió responder a una pregunta sobre la implicación de Federico Trillo en la supuesta manipulación de pruebas denunciada por la fiscalía, atribuyó todo el asunto al "nerviosismo" de los socialistas ante las próximas elecciones y reiteró que Camps "continúa teniendo el apoyo de la inmensa mayoría de ciudadanos de la Comunidad Valenciana". El portavoz popular llegó a asegurar que la acusación contra el jefe del Consell no pasará de una falta.
Unos minutos antes, en la propia sala de prensa de las Cortes Valencianas, la diputada de Compromís Mònica Oltra ya había advertido contra esa tergiversación. Se trata de un delito de cohecho impropio y no de una falta. Un delito que hasta hace poco se condenaba con multa de tres a seis meses pero que en la reforma del Código Penal del año pasado ya implica penas de seis meses a un año de prisión y de uno a tres años de inhabilitación. A Camps, llegado el caso, se le aplicaría la previsión más benévola.
El presidente del Consell, mientras tanto, eludió ayer, en una visita a la feria Cevisama junto al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el vicepresidente del Consell Vicente Rambla y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que los periodistas le preguntaran sobre el caso.
El PP se volcó en arremeter contra el socialista Ángel Luna por la investigación que el TSJ realiza sobre él, ahora por encubrimiento, tras una denuncia del PP. Blasco llegó a acusar a Luna de tener "una actitud reprobable e indigna" por mostrar en un pleno un documento del caso Gürtel que estaba bajo secreto de sumario. El propio Luna negó haber incurrido en encubrimiento, dijo que recibe mucha información anónima y que su obligación como portavoz de la oposición es denunciar casos como el desvío a la trama de corrupción de al menos tres de los 14 millones que gastó RTVV en la visita del Papa.
www.elpais.es 09.02.11
UNA PRUEBA APUNTA A QUE FOREVER YOUNG MANIPULÓ SUS CUENTAS PARA ENCUBRIR A CAMPS
El cerco judicial se estrecha sobre Francisco Camps en el caso de los trajes, la causa por cohecho pasivo impropio abierta contra el presidente valenciano por haber recibido regalos por valor de miles de euros por parte de la trama Gürtel que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. La Fiscalía Anticorrupción ha aportado al tribunal un documento que probaría que la contabilidad de la tienda Forever Young fue manipulada en marzo de 2009, tras el estallido del escándalo, para sustituir el nombre del presidente de la Generalitat por el de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado de la trama en Valencia.
"La manipulación habría consistido en sustituir el nombre del adquirente de las prendas (394 que corresponde a Francisco Camps, por 571 que corresponde a Álvaro Pérez)", señala el escrito de fiscalía. Las ventas se efectuaron entre febrero y julio de 2008 y sumaron 2.680 euros. Un importe que coincide con el que figura en una nota manuscrita dirigida a Pablo Crespo, número dos de la trama, por la compra de varias prendas destinadas a Camps, que ya está incorporada a los autos.
La fiscalía recibió la información del abogado de José Tomás, el sastre de Forever Young, que ha explicado cómo tomó medidas al presidente valenciano y le encargó trajes que fueron abonados después por la trama. Los documentos entregados por el abogado incluyen archivos informáticos y correos electrónicos cruzados entre Raquel Vázquez (mano derecha del dueño de Forever Young, Eduardo Hinojosa) y Francisco Ferre, el informático de la tienda, en el que se detallaban las ventas que debían ser manipuladas.
Las fechas son importantes. El caso estalló en febrero de 2009. Los correos para encubrir a Camps se enviaron el 21 de marzo. Pocos días antes (tras la publicación en EL PAÍS de una entrevista con José Tomás), Federico Trillo, coordinador de Justicia del PP, se reunió con el dueño de Forever Young en sus oficinas. El contacto, además de con la supuesta manipulación de la contabilidad ahora aportada, coincidió con el inicio de una intensa campaña contra el sastre en la que se destacó Hinojosa.
www.elpais.es 08.02.11
EL MAGISTRADO RECHAZA EL NUEVO INTENTO DE PARAR EL CASO DE LOS TRAJES
El juez José Flors rechazó ayer un nuevo intento de la defensa de intentar dilatar el caso de los trajes, en el que están imputados por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres altos cargos del Gobierno autonómico y el PP regional. La causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha entrado en la recta final, después de que el magistrado haya pedido a las partes que fijen su posición antes de decidir si abre juicio oral. Y los defensores de Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret han multiplicado la petición de diligencias y la presentación de recursos para frenarlo.
En el auto, Flors considera improcedente la solicitud de que se incorporen a la causa grabaciones de los principales cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez) por ser reiterativa de lo ya realizado durante la instrucción y por asentarse "en meras hipótesis tendentes, no a una concreta averiguación, sino a una prospección respecto de algo que tal vez pudiera ser de interés del solicitante". Es decir, en perder tiempo.
www.elpais.es 08.02.11
EL TSJ SIGUE LA CAUSA CONTRA LUNA, AHORA POR ENCUBRIR
El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Juan Montero descartó ayer en un auto que el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, incurriera en un delito de revelación de secretos al exhibir en el hemiciclo un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que señalaba la relación entre el Gobierno valenciano y la trama Gürtel. No pudo incurrir en el delito porque en aquel momento (marzo de 2010) Luna no era aún parte de la causa y por tanto no estaba sometido a la obligación de custodia de un informe que se encontraba bajo secreto de sumario. Montero rechazó, sin embargo, archivar definitivamente la causa, que nació de una denuncia del PP, como le pedían la defensa y la fiscalía, y volvió a citar al diputado como imputado, en este caso, por un supuesto delito de encubrimiento.
"Lo único que se puede afirmar, y siempre con carácter indiciario propio de esta etapa del proceso penal, es que pudiera haberse cometido un delito por alguna de las personas a las que se refiere el artículo [466 del Código Penal, enmarcado en el capítulo relativo a la obstrucción a la justicia y deslealtad profesional] y que el señor Luna dispuso de un ejemplar de una actuación procesal declarada secreta". Descartada su participación inicial, el magistrado considera ahora que puede estar encubriendo a quien se lo entregó.
Luna declaró ante el juez que recibió el documento de forma anónima y que una vez que se levantó el secreto sobre las actuaciones se despreocupó de él, es decir, que no lo tiene.
Límite a la expresión
Montero dedica una parte del auto a responder a los argumentos de la defensa, que alegó la inviolabilidad que le corresponde como diputado en el ejercicio de sus funciones en el parlamento autonómico. "No todo lo que un diputado diga y especialmente haga en un acto parlamentario puede quedar cubierto por la inviolabilidad", subraya el juez. "Sería contrario a la misma esencia de la inviolabilidad, en tanto que garantía de la libertad de expresión, que dentro de la misma quedaran cubiertas todas las acciones de un diputado"; "se estaría declarando la irresponsabilidad completa y total de los parlamentarios".
El magistrado llamó a declarar en su resolución, además de a Luna, a su escolta. La fiscalía había solicitado el sobreseimiento libre por entender que los hechos no fueron constitutivos de delito.
www.elpais.es 08.02.11
ANTICORRUPCIÓN PIDE JUZGAR A CAMPS POR LOS TRAJES Y LA FINANCIACIÓN DEL PP
La decisión sobre el futuro del presidente valenciano se retrasa varias semanas
La Fiscalía Anticorrupción, que ha impulsado el proceso contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, cree que un posible juicio contra este debería incluir, además del regalo de trajes y otras prendas de vestir, todo lo relacionado con la contratación irregular con Orange Market y la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas contratistas de la Generalitat vinculadas a la trama corrupta. Así, Camps sería juzgado no solo por el delito de cohecho impropio, sino también por los posibles delitos acumulados tras casi dos años de investigación.
El delito imputable al líder popular sería más grave si las causas se juntan
El juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Flors, ha emplazado a las partes para que se pronuncien respecto a si Camps debe sentarse en el banquillo de los acusados y ser juzgado por un jurado popular, tras considerar que se habían practicado todas las diligencias necesarias y era momento de concluir el procedimiento. El plazo inicial se retrasará varias semanas, posiblemente hasta mediados de marzo.
Flors ya encontró hace más de un año indicios suficientes para llevar a juicio al presidente valenciano por haber aceptado trajes pagados por la red Gürtel, pero este recurrió ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El caso fue archivado, hasta que el Tribunal Supremo estimó el recurso de Anticorrupción y apreció que los indicios apuntaban a que Camps recibió trajes "con opacidad y de forma repetida". El caso Camps fue reabierto y devuelto al juez Flors para que siguiera instruyendo.
Anticorrupción entiende que antes de que se decida sobre el juicio a Francisco Camps deberían resolverse dos cuestiones pendientes.
La primera se refiere a que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia quiere limitar el proceso a los dirigentes del PP que han recibido los trajes, pero no a los que los han regalado, es decir, a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Estos están imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero no por el de Valencia. De abrirse juicio oral contra Camps, los jefes de la trama corrupta tendrían que declarar en Valencia en calidad de testigos, pese a que ellos fueron los presuntos promotores de la corrupción, lo que aparentemente carece de sentido. Según fuentes de Anticorrupción, el tribunal valenciano debería pronunciarse sobre la imputación de los cabecillas antes de que la fiscalía formule su escrito de acusación.
También defiende la fiscalía que el asunto de los trajes se enjuicie conjuntamente con todo lo relativo a la contratación e incluso con la financiación irregular del PP. Hace más de un año que la investigación acreditó con numerosos documentos intervenidos y con múltiples conversaciones grabadas a miembros de la trama corrupta y cargos del Gobierno de Camps, que el PP valenciano se financió ilegalmente con empresas contratistas de la Comunidad Valenciana. Estas empresas pagaban los actos del PP a través de un intermediario, la firma Orange Market, propiedad de la trama corrupta. Y mientras los jefes de la red Gürtel regalaban trajes a los dirigentes del PP valenciano, Orange Market recibía múltiples contratos de la comunidad autónoma de manera ilegal, a dedo y sin concurso.
El instructor del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, ya se inhibió en favor de Valencia respecto de la contratación irregular y la financiación, pero el tribunal valenciano aún no ha decidido si acepta la inhibición de Pedreira. Anticorrupción entiende que el regalo de los trajes es solo una parte de los hechos, y que todo se vería de distinta manera si se enjuiciasen conjuntamente la contratación irregular y la presunta financiación ilegal del PP, presidido en Valencia por Camps.
Si se juntaran las causas, en el caso de Camps, que empezó a recibir trajes cuando Orange Market comenzó a recibir contratos de la Comunidad Valenciana, "se vería que el delito de cohecho impropio a lo mejor era un cohecho más propio", es decir, más grave desde el punto de vista penal, según las fuentes de Anticorrupción consultadas.
El Tribunal Superior de Valencia lleva más de un año sin decidirse a asumir esta causa pese a que afecta a las principales autoridades de la Comunidad Valenciana y es, por tanto, el único tribunal competente para investigar los hechos.
www.elpais.es 07.02.11
CAMPS: ´PARECE SER QUE YO CONTINUARÉ SIENDO PRESIDENTE´
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado esta mañana que desconoce el auto del magistrado instructor de la 'causa de los trajes' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Flors, en el que rechaza practicar nuevas pruebas que su defensa había solicitado relacionadas con conversaciones telefónicas intervenidas a los presuntos cabecillas de la 'trama Gürtel'.
Camps, que ha realizado estas declaraciones en Alicante, donde ha asistido en la 'Ciudad de la Luz' al homenaje al director de cine valenciano Luis García Berlanga, ha asegurado en este sentido que tiene el "soporte de la mayoría inmensa de mis conciudadanos".

Al término del acto, el jefe del Consell ha considerado una "barbaridad hablar de una cuestión que, parece ser, acaba de salir en estos momentos", en referencia a la decisión del juez Flors. El jefe del Consell ha remarcado que tiene "el soporte de la mayoría inmensa de mis conciudadanos" y que "es el PP el que continuará gobernando en la Comunitat Valenciana, y, parece ser, que yo continuaré siendo su presidente", ha agregado.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/02/07/camps-parece-continuare-presidente/780717.html
 
GÜRTEL PONE A PRUEBA EL NUEVO TSJ
El vicepresidente del CGPJ, Fernando De Rosa, exconsejero y amigo de Camps, visita el tribunal en vísperas de una decisión clave sobre el caso de los trajes
El caso de los trajes, una de las derivadas de la trama Gürtel, en la que están imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres altos cargos de las cúpulas del Consell y del PP regional, afronta semanas decisivas. El juez José Flors dio por concluida la instrucción el 27 de enero al considerar que ya se habían practicado todas las diligencias necesarias para determinar si Camps y el resto de acusados recibieron durante varios años trajes y otros regalos por valor de miles de euros de la trama corrupta, lo que supone un delito de cohecho pasivo impropio.
Aunque quisiera, la Sala tendría serios problemas para frenar a José Flors
En la judicatura no es ningún secreto que De la Rúa es amigo de Camps
Si la causa sigue su camino, a finales de marzo el juez puede dictar su auto
El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano dio por terminada la investigación y emplazó a las partes a fijar sus posiciones sobre la apertura de juicio oral. Si tras recibir los escritos, lo que se espera para mediados de marzo, el magistrado resuelve ir adelante (y los pasos que ha dado hasta ahora apuntan a que así lo hará), el presidente del Consell se sentará en el banquillo de los acusados y será juzgado por un jurado popular. La causa está sometida a fuerte presión política y mediática porque su evolución afectará a la designación de Camps como candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones de mayo. En la causa también están imputados Ricardo Costa (ex secretario general del PP), Víctor Campos (exvicepresidente del Consell), y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo).
Desde que se conoció la decisión de Flors, el Partido Popular se ha esforzado en transmitir que la Sala Civil y Penal del TSJ dilatará la decisión del juez basándose en los recursos presentados por las defensas contra la denegación por parte del magistrado de la práctica de más pruebas. Se trata de una seguridad similar a la que el PP exhibió en otros momentos del largo procedimiento (se abrió en marzo de 2009), que después se demostró infundada. Su principal objetivo parece ser apuntalar la muy delicada posición de Camps.
Frente a esa visión, fuentes conocedoras del caso recalcan que, aunque quisiera, la Sala tendría serios problemas para retrasar a Flors. La Ley del Jurado establece en su artículo 27 que el magistrado ordenará practicar solo las diligencias "que considere imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y no pudiesen practicarse directamente en la audiencia preliminar".
Flors ya consideraba que tenía suficientes argumentos para sentar a Camps en el banquillo en julio de 2009. La Sala, en aquel momento presidida por Juan Luis de la Rúa, optó, sin embargo, por archivar la causa con una argumentación que suponía vaciar de contenido el delito de cohecho pasivo impropio y que no discutía, en cambio, que el presidente valenciano hubiera recibido los regalos de la trama. La decisión recibió un sonado varapalo por parte del Tribunal Supremo, que desautorizó la decisión de la Sala y devolvió la causa a Flors en mayo de 2010.
Desde entonces y hasta el 27 de enero el juez ha sido más que generoso con la práctica de diligencias solicitadas por la defensa, a pesar de que muchas de ellas parecían tener como único objetivo demorar el procedimiento. Un ejemplo: la defensa de Camps solicitó que se incorporara a la causa una conversación grabada en prisión entre Pablo Crespo, número dos de la trama, y su abogado, porque consideran que beneficia a Camps. Flors lo rechazó porque las grabaciones habían sido declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero permitió que la defensa llamara a declarar a Crespo (lo hizo a través de un exhorto) y éste repitió lo mismo que en las escuchas anuladas. Pese a ello, la defensa ha seguido insistiendo y ese es uno de los recursos que la Sala tendrá que resolver el 8 de febrero y a los que se aferra el PP para adelantar que el caso volverá a retrasarse.
Las miradas vuelven a estar, sin embargo, fijas en la Sala, que ahora preside Pilar de la Oliva. En ese contexto, Fernando de Rosa, exconsejero de Justicia con de Camps y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acudió el viernes al TSJ. Oficialmente, para ser entrevistado en sus instalaciones dado que el consejo no dispone de sede en Valencia. De Rosa aprovechó, sin embargo, para charlar con algunos magistrados. De la Rúa lo recibió con un fuerte abrazo.
En la judicatura no es ningún secreto que De Rosa es amigo de Pilar de la Oliva, la nueva presidenta del TSJ, a quien conoce desde su época en el juzgado de instrucción. Y es también de sobra conocido que De Rosa mantiene una estrecha relación de amistad con el propio Camps, a quien conoce desde los tiempos de Alianza Popular. Fernando de Rosa mantiene una relación privilegiada con el jefe del Consell, de cuyos Gobiernos ha formado parte, siempre en la Consejería de Justicia. En septiembre de 2008, De Rosa renunció para ser nombrado miembro del órgano de gobierno de los jueces a instancias del jefe del Consell y de Federico Trillo.
La estrecha relación que une al presidente de la Generalitat con De Rosa se evidenció pronto. Tras estallar el caso Gürtel en febrero de 2009, De Rosa tardó solo dos semanas en posicionarse. En una entrevista en Canal 9, el vicepresidente del CGPJ elogió la honorabilidad de Camps y advirtió que el juez Baltasar Garzón podría estar cometiendo un delito de prevaricación si no se inhibía en la investigación de la trama de corrupción que afecta al PP. Manifestaciones que le obligaron a pedir disculpas ante las críticas recibidas.
Un escándalo que se agrandó tras conocerse que Camps y De Rosa habían mantenido, al menos, dos encuentros tras estallar el caso Gürtel. El primero, en el domicilio particular del vicepresidente del CGPJ, una semana después de la detención de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado en Valencia de la trama. La segunda, en el Palau de la Generalitat tras difundirse que la Fiscalía Anticorrupción implicaba a Camps en el caso.
Desde entonces, De Rosa ha actuado de manera más prudente, aunque las relaciones con De la Rúa han sido estrechas y la Generalitat no ha dudado en agasajar al vicepresidente del CGPJ cada vez que ha podido, como cuando el pasado mes de septiembre le entregó el premio Justicia.
Pilar de la Oliva, la nueva presidenta del TSJ, sustituyó a De la Rúa al frente del TSJ en diciembre con un mensaje crítico con la corrupción y de defensa de la justicia como un servicio público que debe volcarse en solucionar los problemas de los ciudadanos y no responder a ningún otro tipo de intereses. El ritmo que ha tomado el caso de los trajes pondrá a prueba esa declaración de principios y el rechazo manifestado hacia las influencias externas. El capital de imagen con el que cuenta el tribunal valenciano no es, por ahora, muy alto, a pesar de que la sustitución de De la Rúa por De la Oliva actuó como válvula de escape para rebajar la apariencia de politización con que se marchó el expresidente.
Las fuentes consultadas afirman que Flors ha completado una instrucción muy garantista y muy difícil de atacar. Las pruebas practicadas durante la instrucción señalan que los trajes que Camps compró en una tienda de Madrid fueron abonados con fondos de las cuentas de las empresas que de la trama corrupta. La versión ofrecida por el jefe del Consell de que él pagó los trajes en metálico no ha sido avalada por ningún empleado del comercio, más bien al contrario. Y los obsequios coincidieron en el tiempo con la adjudicación por parte de la Generalitat de numerosos contratos, que no respetaron la normativa, a Orange Market, la firma de la trama que dirigía El Bigotes.
Para paralizar nuevamente la causa y desautorizar otra vez el trabajo realizado por Flors, la Sala tendría que contar con sólidos argumentos jurídicos (que los observadores cercanos no aprecian). Lo contrario situaría en el ojo del huracán a un tribunal todavía afectado por el correctivo que le aplicó el Tribunal Supremo, con la revocación por unanimidad de los cinco magistrados del archivo anterior.
Si la causa sigue su camino con normalidad, hacia mediados de marzo concluirá el plazo de cinco días dado a cada una de las partes (fiscalía y PSPV como acusaciones, y las cuatro defensas) de forma sucesiva (es decir, 30 días hábiles alargados por breves demoras procesales). Es posible que se incorporen nuevos documentos (como el que el fiscal ha pedido que el juez del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, envíe al TSJ valenciano) en la audiencia preliminar con la que concluirán los plazos dados a las partes. En ese acto, o dentro de los tres siguientes, Flors dictará un auto en el que decidirá si Camps, Costa, Campos y Betoret deben sentarse en el banquillo.
www.elpais.es 06.02.11
FERIA CONTRATÓ POR 24.500 EUROS AL MES A UNA FIRMA ASESORA CONSTITUIDA 9 DÍAS ANTES
G&B llegó de la mano de la jefa de imagen de la institución a quien Gürtel pagaba el alquiler de la casa
Feria Valencia ha presentado un ERE tras reconocer perdidas de 2,7 millones de euros.  marga ferrer
La consultora madrileña Goldberry & Bombadil (G&B), encargada desde junio de 2009 de asesorar en marketingy comunicación a Feria Valencia, fue contratada por la institución sólo nueve días después de su constitución como empresa. El administrador único de esta firma asesora, D. C. G., es también administrador de otra empresa vinculada con Feria Valencia aunque, en este caso, su cometido no tiene nada que ver con la imagen de la entidad. Se trata de Sintec, fichada el 1 de junio de 2009 para realizar una auditoría de seguridad en las instalaciones feriales por un coste de 196.000 euros, sin incluir el IVA.
Fue también el 1 de junio de 2009 cuando D. C. G. y el presidente de Feria Valencia Alberto Catalá firmaron el contrato para que G&B asesorara a la institución con el fin de posicionarla en el mercado "identificando las debilidades de la empresa, amenazas, sus fortalezas y oportunidades", según recoge el acuerdo entre ambas partes.
D. C. G. se convirtió así en la mano derecha de la actual directora de imagen de Feria Valencia, a la que, según fuentes de la institución, el empresario madrileño ya conocía al haber coincidido ambos en otra compañía. Tal como recogía ayer Levante-EMV, C. O. -responsable del marketing, comunicación y relaciones institucionales de la entidad- aparece mencionada en los informes policiales remitidos por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales al TSJ de Madrid dentro del marco de la Operación Gürtel.
Según este inf0rme, a C. O. se le atribuyen pagos mensuales procedentes de la contabilidad "b" de Orange Market de 1.000 y 2.000 euros. Entre los conceptos que justifican las entregas de dinero está el de "alquiler de casa". Diversas fuentes señalan que C. O. habría llegado a Feria Valencia en febrero de 2008 de la mano de Álvaro Pérez, gerente de Orange Market.
Por su trabajo como asesor de la directora de imagen de Feria Valencia, D. C. G. -que figura como administrador único de la consultora madrileña-, cobró 18.000 euros al mes, más IVA, durante su primer año. Según recoge el contrato, a partir de junio de 2010 empezó a cobrar 24.500 euros, y recibirá 31.000 a partir de junio de 2011 si se prorroga el acuerdo.
Extrabajadores de la feria presentaron hace dos semanas ante la Inspección Provincial de Trabajo un escrito en el que critican los derroches de la institución, que ha iniciado un Expediente de Regulación de Empelo.
Contratos, incentivos y viajes
En este informe se recoge, entre otros, el caso de Goldberry, cuya actividad supone, según los antiguos empleados, "un coste mensual muy alto para realizar trabajos que podrían haberse asumido internamente sin coste".
Pero el de G&B no sería el único caso de relación laboral con empresas proveedoras que ha acabado dañando la economía de la entidad. Es lo que ha sucedido también, según este informe, con la empresa de ingeniería Áreas, que entre 2000 y 2006 cobró 120.000 euros al mes por el mantenimiento de las instalaciones que antes se hacía con servicios internos. O el caso de Capital Energy Read, con un contrato de 93.000 euros anuales por servicios de buzz research (repercusión en internet), y de Oerreeme, que cobraba 58.000 euros al año por servicios a certámenes.
El informe también denuncia los incentivos que se pagaron hasta junio de 2010 a pesar de las perdidas de 2,7 millones de euros o los numerosos viajes de Alberto Català por asuntos personales
Compromís exigió ayer a la alcaldesa Rita Barberá, que impulse por todo esto una "depuración a fondo" de Feria Valencia.
www.levante-emv.com 06.02.11
LA OPOSICIÓN CREE QUE LAS PRUEBAS ESTRECHAN EL CERCO JUDICIAL A CAMPS
El Consell dice que el Gobierno utiliza la fiscalía para abrir la campaña electoral
"Cada día que pasa aparecen nuevos indicios documentales que le incriminan de manera irremediable", afirmó ayer el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ángel Luna. "Las nuevas pruebas estrechan todavía más el círculo judicial sobre Francisco Camps", dijo la portavoz adjunta de Compromís Mònica Oltra.
Luna pide al PP que cesen las presiones sobre la sala del TSJ
Costa está confiado en una solución positiva del caso de los trajes
La oposición se pronunció ayer de esta manera tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, la remisión al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia de un archivo informático que probaría que la trama corrupta abonó 30.000 euros a la tienda Forever Young para pagar trajes destinados al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
El portavoz socialista advirtió ayer a los populares que "por mucho que pretendan condicionar a la opinión pública en relación con las supuestas pruebas que le absuelven, el sumario está lleno de pruebas que le incriminan [a Camps]". Luna recalcó que lo que hace falta en estos momentos es que los populares den "más explicaciones y menos presiones" sobre el TSJ de Valencia, que ha de pronunciarse sobre los recursos presentados.
Mònica Oltra, de Compromís, argumentó: "Las pruebas son tan claras que Camps ya ha renunciado a demostrar su inocencia y su estrategia se basa en dilatar el proceso para que no se celebre el juicio antes de las elecciones autonómicas de mayo".
"Todo el mundo tiene asumido", prosiguió Oltra, "que la corrupción en el PP y en el Gobierno valenciano fue generalizada en relación con la trama Gürtel y lo más grave es que nadie, dentro del partido, haya exigido todavía responsabilidades".
La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, acusó al Gobierno central de haber iniciado la campaña electoral en la Comunidad Valenciana "a través de la fiscalía".
Sánchez de León calificó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de una nueva maniobra para perjudicar al presidente de la Generalitat en el caso de los trajes.
"Estamos viendo, una vez más, maniobras de la fiscalía y, frente a ello, lo único que puedo decir es que una falsedad, por mucho que se repita, que se recocine, o por muchos refritos que se hagan de ella nunca se convierte en una verdad", señaló la portavoz, que remachó: "Desde el Consell seguiremos defendiendo la única verdad posible".
En referencia al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la consejera sentenció: "Se le están agotando ya los recursos, y mientras tanto se le está engordando el faisán [en referencia a la investigación de un supuesto chivatazo policial al entorno de ETA] y deshinchando el globo de ataque a la Comunidad Valenciana".
En este clima de tensión política también se pronunció ayer el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, imputado también en el caso de los trajes que afecta a Camps.
Costa, que expresó su deseo de seguir de diputado autonómico del PP la próxima legislatura, se mostró convencido de que el caso de los trajes "terminará pronto y bien".
"Sobre temas judiciales y procesales son los abogados los que tienen que tomar las decisiones y ponen de manifiesto la estrategia de cada parte", prosiguió Costa, "pero están tranquilos y confiados en que habrá una solución positiva de este proceso". "Hemos colaborado con la justicia durante estos años y respetamos profundamente el proceso", insistió.
Con la instrucción concluida, José Flors, el magistrado que investiga el caso de los trajes, ha solicitado a las partes que realicen sus peticiones antes de decidir si fija juicio oral por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio. El próximo martes, la sala del TSJ tiene previsto reunirse para ver si acepta el recurso interpuesto por la defensa de Camps que podría retrasar los plazos.
www.elpais.es 05.02.11
'EL BIGOTES' PUSO EN FERIA A UN CARGO QUE SUBCONTRATA SU TAREA
Trabajadores despedidos cargan contra la gestión de Catalá y De Vargas
Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market, la antena valenciana de la trama de empresas corruptas destapada por la investigación del caso Gürtel, se movía con mucha naturalidad por Feria Valencia. En 2008, Orange Market asumió una campaña de promoción por 800.000 euros para Hábitat, certamen que reúne cada año a los sectores del mueble, el textil y la iluminación. En el conjunto del ejercicio, Orange Market facturó a Feria Valencia 1.438.400 euros, según se desprende de la investigación judicial de la trama de empresas corruptas.
Áreas cobra unos 120.000 euros mensuales por mantener la feria
Las buenas relaciones de Álvaro Pérez con Alberto Catalá y Carlos Vargas, presidente y director general de la institución, le llevaron a colocar a la directora y la jefa de mercadotecnia de la institución. La primera dejó Feria Valencia a principios de 2009. La segunda, Cristina Olmeda, asumió la dirección de marketing y, una vez asentada, contrató un servicio de apoyo y asesoría externa a la empresa madrileña Goldberry & Bombadil. Feria Valencia pagaba 24.500 euros al mes por la asesoría hasta junio pasado, cuando la factura subió a 31.000 euros mensuales.El contrato de asesoría externa para la dirección de mercadotecnia de Feria Valencia es solo uno más de una serie que han detallado un grupo de trabajadores, despedidos de Feria Valencia hace dos semanas, en un escrito presentado a la dirección de Empleo de la Consejería de Economía. Feria Valencia tenía 319 empleados a finales de 2010 y ha despedido a 106 de todos los departamentos y categorías.
Los despedidos cargan contra la gestión de Alberto Catalá, presidente de Feria Valencia desde 1999, y de Carlos Vargas, director general desde 2006.
El contrato más oneroso que paga Feria Valencia es con la empresa Áreas, la firma de ingeniería responsable de la ampliación del recinto ferial entre 2000 y 2006. Una vez culminadas las obras, Áreas "pasó a ocuparse del mantenimiento de las instalaciones feriales que se llevaba a cabo con servicios internos, recibiendo un porcentaje de todas las contrataciones que afectan a contratos, obras suministros...", detallan los despedidos, "se estima que su remuneración ha venido siendo de unos 120.000 euros mensuales". Vargas era director general de Áreas cuando fue nombrado director general de Feria Valencia.
La entidad dispone de un departamento propio de rotulación, pero mantiene un contrato externo. Contrata por 93.000 euros anuales servicios de investigación de mercados a través de la red de Internet a la empresa Capital Energy Read. Paga 58.000 euros anuales a la sociedad Oerreeme para que cuide la reputación online de la entidad. La misma sociedad factura a Feria Valencia por servicios a determinados certámenes.
La última edición de Habitat, en septiembre, rindió un homenaje a Isidoro Álvarez, presidente de El Corte Inglés, quien visitó brevemente el certamen. Feria Valencia gastó 78.000 euros para pegar unos vinilos que reproducían la marca de El Corte Inglés en la cúpula acristalada del Centro de Eventos.
El escrito entregado a la Consejería de Economía asegura que "hasta el pasado mes de julio se repartieron importantes incentivos a los directivos de Feria Valencia". Carga directamente contra Catalá, por sus "innumerables viajes a China, Italia, Alemania, Francia, Colombia y otros países para atender asuntos personales y participaciones de su empresa en diferentes ferias y negocios propios".
También cita viajes de Catalá, Vargas, el secretario general Enrique Calomarde y la directora de mercadotecnia Cristina Olmeda a Costa Rica y Uruguay "con el supuesto motivo de conseguir asesoramiento de unas instalaciones feriales con resultados nulos y unos costes desorbitados".
Los despedidos recuerdan que la plantilla de Feria Valencia era de 184 trabajadores en 1999, cuando entró Catalá, y llegó a 319 a finales de 2010 a pesar de las jubilaciones y salidas de decenas de empleados en el mismo plazo. Durante 2010 y hasta el mes de septiembre se contrataron 14 personas.
Feria Valencia evitó ayer cualquier comentario.
www.elpais.es 05.02.11
EN CANAL 9 COMPARAN EL COHECHO DE CAMPS CON "FUMARSE UN CIGARRO EN UN BAR O HACER UN GRAFITTI" 
Entre los dos siguientes vídeos hay mucho más que casi dos años de diferencia. De una grabación a la otra se aprecia el cambio radical que está sufriendo Canal 9 en relación al caso de los trajes por el que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, está imputado por cohecho pasivo y a punto de tener que sentarse en el banquillo. ¿Ahora se informa amplia y objetivamente del tema? No, pero ya se habla del tema en lugar de hacer piruetas orales para evitar decir la palabra “imputado”. Eso sí, en lugar de hacerlo desde los informativos y atendiendo a la obligación de servicio público de la cadena, ahora se hace desde el programa de opinión DBT, que presenta Isabel Durán, y que parece haberse convertido en el gabinete de abogados de Camps, según denuncian los sindicatos. 
“Canal 9 paga las tres nuevas abogadas de Campos. La desvergüenza continúa”. Con este mensaje, los sindicatos de Radio Televisión Valenciana alertaban ayer de la escena vivida en el último programa de DBT y remitían a su página web, donde han colgado un vídeo en el que se observa la encendida defensa que hace la presentadora, Durán, del presidente Camps y de su presunto delito, cuya sanción “es menor que fumarse un cigarro en un bar y le pillan o quien hace un grafitti”. Carmen Gurruchaga y Charo Zarzalejos son las otras dos abogadas que se suman a la presentadora, aunque Alfonso Rojo no parece quedarse a la zaga.  
www.elplural.com 03.02.11 
LA FISCALÍA PIDE EL SUMARIO DE LOS TRAJES PARA PRESENTAR ESCRITO DE ACUSACIÓN CONTRA CAMPS
El juez Flors acepta la petición del Ministerio Público, le entrega el contenido de la causa y le da de plazo hasta el próximo jueves para presentar el escrito de conclusiones provisionales. El presidente de la Generalitat recurre la decisión del magistrado de concluir la investigación abierta contra él, aunque según fuentes jurídicas este recurso no paraliza el proceso.
La Fiscalía Anticorrupción quiere conocer todo el sumario del asunto de los trajes que las empresas de la trama 'Gürtel' presuntamente regalaron al Presidente Camps, al coordinador de economía del PP y antiguo secretario de organización en Valencia, Ricardo Costa, y a los ex altos cargos Víctor Campos y Rafael Betoret, antes de presentar su escrito de conclusiones provisionales contra ellos.
Así se lo ha pedido al juez Flors que ha recogido el guante y le ha dado un nuevo plazo a la Fiscalía para que, una vez que haya estudiado la causa íntegra, presente el escrito el próximo jueves.
Camps recurre
Los pronósticos se han cumplido y el Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha recurrido la decisión del juez Flors de concluir la investigación abierta contra él. Camps le pide que espere a que se resuelva el último recurso que presentó ante la sala de lo civil y penal del Tribunal de Justicia de Valencia. Fuentes jurídicas, consultadas por la SER, subrayan que este recurso ni paraliza, ni suspende la decisión de Flors.
www.cadenaser.com 02.02.11
LA FISCALÍA APORTA NUEVAS PRUEBAS CONTRA CAMPS EN EL CASO DE LOS TRAJES

Un CD con un archivo de excel apuntaría que la trama Gürtel abonó 30.000 euros de prendas de vestir para el presidente y otros altos cargos de la Generalitat y del PP de Valencia.
La Fiscalía ha pedido al juez del tronco central del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que remita de inmediato al Tribunal Superior de Justicia de Valencia pruebas adicionales que, siempre según Anticorrupción, implicarían a Francisco Camps y a otros cargos de la comunidad en la recepción de nuevos sobornos por parte de la empresa de Francisco Correa en Valencia, Orange Market. En concreto, el Ministerio Público reclama al magistrado que envíe al instructor valenciano del «caso de los trajes», José Flors, un CD con un archivo de 'excel' que apuntaría que la trama Gürtel abonó 30.000 euros de prendas de vestir para el presidente y otros altos cargos de la Generalitat y del PP de esa comunidad. Ese archivo, desvela un documento de la Fiscalía al que ha tenido acceso este periódico, ha sido aportado dentro de un disco duro y ante notario en Madrid por Isabel Jordán, ex administradora de Easy Concept, una de las firmas que pagaron con cohechos los supuestos favores de los responsables políticos.
De ese archivo, denominado «orange isabel.xls -alicia/ALICIA/ORANGE MARKET», se infiere, según Anticorrupción, que una de las empleadas de Correa, Alicia Mínguez, dio orden de abonar esos 30.000 euros a la tienda Forever Young, donde los políticos valencianos se confeccionaban los trajes. En la causa de los trajes, que la justicia valenciana consideraba hasta ahora concluida y que sólo está pendiente de los informes finales de las partes, además de Camps figuran como imputados el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de la consellería de Turismo, Rafael Betoret, y el ex secretario general del partido en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa.
http://www.lavozdegalicia.es/espana/2011/02/03/00031296762185676651741.htm
RAJOY DICE QUE CAMPS ´NO ES UN CORRUPTO´
 
González Pons subraya que "ya es el candidato" y que la ratificación del Comité Electoral Nacional es un "trámite"
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha expresado hoy su absoluta convicción de que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, "no es un corrupto" y ha garantizado que no va a "liquidar" su carrera política por la acusación de no haber pagado tres trajes.
Rajoy ha expresado ese respaldo a Camps en una entrevista en "Veo7", recogida por Efe, en la que ha dicho que él no ve un escenario en el que el presidente de la Generalitat tenga que sentarse en el banquillo.
Respecto a la posibilidad de que eso pueda ocurrir finalmente, ha recalcado que el juez aún no ha tomado una decisión de esas características.
"Camps no es un corrupto y tengo la absoluta convicción; no voy a liquidar la carrera política de nadie por acusarle de no haber pagado tres trajes. No lo voy a hacer", ha remachado el dirigente del PP.
Ante la pregunta de si no ser candidato del PP a la presidencia de la Generalitat supone liquidar la vida política de Camps, ha señalado: "en la práctica, sí".
El líder del Partido Popular ha defendido la necesidad de adoptar en todo momento decisiones buenas en vez de tomar decisiones rápidas que, al final, puede ser malas.
Y ha puesto como ejemplo de ello el respaldo que dio en todo momento al presidente de su partido en Canarias, José Manuel Soria, cuando, tras ser imputado, no atendió las críticas socialistas en las que le acusaban de mantenerle en su puesto y, finalmente, fue exonerado de toda responsabilidad.
"Si lo hubiera echado, se habría dicho que fui resolutivo, pero habría cometido un error monumental y un daño injusto a una persona", ha añadido.
Rajoy ha dicho que la percepción que se tenía con Soria es similar a la que ahora existe en el caso de Camps, aunque ha reconocido la repercusión mayor que hay en este último caso porque se trata del presidente de una Comunidad.
DEFENSA DE PONS
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "ya es el candidato" a la Comunitat Valenciana y ha subrayado que la ratificación de su candidatura por parte del Comité Electoral Nacional es sólo un trámite. Además, ha dicho que la dirección nacional no cree que se vaya a sentar en el banquillo por el llamado 'caso de los trajes' de la trama Gürtel.

"Creemos en la inocencia de Camps, creemos que un presidente de Comunidad Autónoma no se vende por cuatro trajes y nos parecería extraordinariamente injusto que esto llevara a algún sitio. Por lo tanto, en la medida en que apostamos por su inocencia apostamos por su candidatura", ha declarado Pons en una entrevista en Punto Radio, recogida por Europa Press.

Al ser preguntado cuándo van a confirmar a Francisco Camps como cabeza de cartel para las próximas elecciones, el responsable de Comunicación ha reiterado que "ya es candidato". "Queda ser ratificado por el Comité Electoral pero es un trámite", ha añadido.

"CREEMOS EN SU INOCENCIA"
En cuanto a si el PP se puede permitir el lujo de llevar en sus listas a un candidato que se va a sentar en el banquillo, el responsable de Comunicación de los 'populares' ha señalado que consideran que eso no se va a producir. "Pensamos que eso no va a ocurrir porque creemos en su inocencia", ha reiterado.
Preguntado si 'Génova' no creía en la inocencia del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, imputado en el 'caso Gürtel', Pons ha explicado que el Partido Popular "no apartó" a Bárcenas sino que él mismo "se apartó voluntariamente". Además, ha aprovechado para recalcar que el ex tesorero "no está imputado de ningun delito que tenga que ver con la gestión del PP".
www.elplural.com 01.02.11
EL FIN DE LA INSTRUCCIÓN DEL CASO DE LOS TRAJES COMPLICA LA CAMPAÑA DEL PP
La portavoz del Consell atribuye las decisiones judiciales a una conspiración
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, confiaba en llegar a disolver las Cortes Valencianas y convocar elecciones sin que el juez José Flors, que instruye el caso de los trajes regalados por la trama Gürtel, hubiese cerrado la instrucción del sumario. La decisión de Flors de dar por concluida la instrucción de la causa abierta hace casi dos años por un supuesto delito de cohecho impropio -en la que está imputado Camps junto a Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret- ha añadido nuevas dosis de incertidumbre a su nominación como candidato y complica la campaña electoral del PP. Este es el único partido con representación parlamentaria que tiene pendiente de confirmar a todos sus candidatos, tanto autonómicos como municipales, así como la aprobación de la confección de las listas electorales.
Fuentes del PP reconocieron ayer el malestar existente en el entorno del presidente por la providencia dictada por Flors el pasado jueves, que da cinco días a la fiscalía y a la acusación particular para que se pronuncien sobre la celebración de un juicio oral por el caso de los trajes. Cargos del PP creen que si Flors fija fecha para celebrar el juicio oral con Camps como imputado, la campaña electoral se pondrá muy cuesta arriba.
La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, aseguró ayer: "Ante esta judicialización y el intento de hacer daño injusto, les digo que quien crea que Camps va a desfallecer en su defensa y en sacar adelante la Comunidad Valenciana es que lo conoce bien poco". Sánchez de León recuperó ayer, otra vez, la teoría de la conspiración para justificar los escándalos que afectan a los cargos populares: "Empezaron con Camps y están terminando con el concejal [de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge] Bellver", dijo la portavoz en referencia a la decisión de otro juez de abrir juicio oral contra el edil por un supuesto delito de prevaricación en los permisos para la construcción de un aparcamiento subterráneo.
En el mismo sentido se pronunció ayer el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que en una entrevista a Canal 9 calificó de "patraña de acusaciones orquestada" las actuaciones judiciales en las que el presidente de la Generalitat está imputado.
Los populares arreciaron ayer las críticas contra los fiscales, la policía y los socialistas sin que se hayan planteado adoptar ninguna medida para atajar los casos de corrupción que asolan sus filas. "Estamos presenciando una campaña orquestada y con tintes electorales en una Comunidad donde el PSOE no puede ganar las elecciones y pretende coger el camino de en medio", remachó Castellano.
Al coro se sumaron voces como las del vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, que aseguró sin explicación alguna que "las diligencias policiales del caso Camps están viciadas por una visión política".
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tampoco se quedó atrás y, junto a sus ediles, exhibió en el pleno municipal celebrado ayer su apoyo al concejal de Urbanismo imputado. Barberá indicó que ella hubiese firmado el mismo expediente que Bellver "con los ojos cerrados", ya que llevaba la firma del secretario general del área y del técnico. La alcaldesa no sólo achacó a los técnicos la situación del concejal popular, sino que acusó a los socialistas de someter a los funcionarios "a un temor continuado que les lleva a no querer firmar ni un papel". Junto a Bellver están imputados cuatro técnicos municipales por la concesión ilegal de la licencia para construir un aparcamiento subterráneo.
En medio de este clima, que ha obligado a la dirección nacional del PP a retrasar hasta finales de febrero la proclamación de candidatos, la tensión ha provocado las primeras escisiones locales en las filas populares. En Torrevieja, el hasta ahora vicepresidente quinto de la Diputación de Alicante Domingo Soler ha decidido abandonar el PP para presentar una candidatura independiente. El PP también tendrá que confrontar sus listas con las de otros ex populares en ciudades importantes como Elche, La Vila, Villena o Calp.
En Elche, uno de los impulsores del Foro Popular, José Manuel Olmedilla, busca apoyos entre los partidarios del defenestrado Francisco Álvarez Cascos para presentar candidatura propia. En La Vila, el ex edil del PP Pedro Alemany presentará en breve su formación Gent per la Vila. Villena Centro Democrático es la denominación elegida por el ex edil popular Juan Carlos Pedrosa para enfrentarse al partido del que fue expulsado por votar en contra del criterio de la alcaldesa Celia Lledó. En Calp, Pedro Fernández decidió dejar el PP tras los escándalos relacionados con la contrata de basuras al estallar el caso Brugal y se ha lanzado a recoger el apoyo de los descontentos para lograr representación municipal.
En Orihuela, un grupo de ex alcaldes pedáneos y de barrio han solicitado que no se vuelva a presentar a la reelección la actual alcaldesa Mónica Lorente y apuestan por el diputado autonómico Andrés Ballester, que aspira a ser cabeza de cartel. En Benidorm, las tensiones entre la presidenta local, Gema Amor, y el ex alcalde Manuel Pérez Fenoll también siguen sin cerrarse a la espera de que se confirme quién será el cartel electoral.
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, reconoció ayer que, probablemente, los candidatos autonómicos y los municipales de las principales ciudades serán proclamados al mismo tiempo por la dirección del PP.
www.elpais.es 29.01.11
CAMPS INSTA AL FISCAL A QUE LE EXCULPE CON LA ´DOCTRINA BONO´
                                                                                               
Exhorta a la Fiscalía a que acabe "definitivamente" con su imputación por la causa de los trajes y no evidencie "una doble vara de medir" según la militancia política
El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha instado hoy a la fiscalía a "aplicar la doctrina Bono o la doctrina Chaves" para "acabar definitivamente" con su imputación en la investigación de la rama valenciana del caso "Gürtel".
Así, ha dicho Camps, el fiscal evidenciará que no tiene "una doble vara de medir" en función de la militancia política de los implicados.
En declaraciones hechas durante la inauguración de una balsa en Museros, Camps se ha referido a la providencia dictada por el instructor del caso "Gürtel" en el TSJCV donde da cinco días a las acusaciones personadas en la investigación de un posible delito de cohecho pasivo impropio por Camps y otros cargos de la Generalitat y del PPCV para que presenten sus conclusiones, paso previo para abrir juicio oral o archivar la causa.
Tras criticar que "una vez más" se haya enterado de novedades judiciales en esta causa por los medios de comunicación, ha añadido que el fiscal tiene en su caso todas las "opciones favorables" para pedir el archivo.
"Desde el mes de mayo las pruebas tanto testificales como documentales me han venido machaconamente dando la razón", ha apuntado.
www.levante-emv.com 27.01.11
LA CAUSA DE LOS TRAJES DE CAMPS, EN SU RECTA FINAL
 
El juez Flors concluye la investigación y da un plazo de cinco días a la partes para presentar su escrito de conclusiones provisionales - La resolución se acerca
El juez José Flors, que investiga a Francisco Camps por un presunto delito de cohecho pasivo al aceptar trajes de la trama Gürtel, ha concluido su investigación y ahora da un plazo de cinco días a las partes para que presenten su escrito de conclusiones provisionales.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, encargado de la rama valenciana del caso, da por concluida así la investigación abierta contra el presidente de la Generalitat, así como contra el ex secretario general del PPCV y diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, y Rafael Betoret, el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia. Según la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV, que presentó la denuncia, supuestamente habrían aceptado regalos de Orange Market a cambio de contratos públicos.

Así lo ha acordado en una providencia de fecha 25 de enero, contra la que cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días ante el mismo magistrado instructor .
Según señala Flors en el escrito, una vez practicadas todas las diligencias que se han declarado "pertinentes" en esta fase del procedimiento a instancias de las partes, y según lo que establece la Ley del Jurado, se da traslado a ministerio fiscal y acusación popular --ejercida por el PSPV-- para que en cinco días "insten lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando, en su caso, escrito de conclusiones provisionales".

Contra esta resolución se puede presentar recurso de reforma, de acuerdo con los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el plazo de tres días ante el propio instructor.


La semana pasada, el magistrado rechazó la solicitud de nuevas pruebas por parte de la defensa de Camps que, previsiblemente, recurrirá la decisión.
En cualquier caso, esta semana se conoció que los peritos de Camps han avalado que el caos contable impide saber quién pagó los trajes, apoyando así la tesis de la Agencia Tributaria al denunciar facturas falsas y alteración de la contabilidad.
www.levante-emv.com 27.01.11
LUNA CREE QUE EL JUEZ HA DADO 'UN PASO ADELANTE' PARA QUE 'SE SIENTE A CAMPS EN EL BANQUILLO'
El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, ha afirmado este jueves que el juez instructor de la rama valenciana del 'caso Gürtel' ha decidido "dar un paso adelante" en la instrucción del procedimiento ante los "intentos de dilatarlo" por parte de la defensa de Francisco Camps y los otros inculpados.
Luna se ha pronunciado así en los pasillos de las Cortes sobre la providencia del magistrado José Flors que da cinco días a las acusaciones personadas en la investigación de un posible delito de cohecho pasivo impropio por el president de la Generalitat para que presenten sus conclusiones, paso previo para abrir juicio oral o archivar la causa.
El portavoz socialista, quien ha precisado que todavía no conocen la providencia, ha considerado que ante el "interés" de Camps de que "se alarguen los procesos para conseguir la nominación formal de su partido" como candidato a la reelección a la Presidencia de la Generalitat, el juez "ha querido adelantarse y dejar muy clara su voluntad de concluir cuanto antes el procedimiento".
Luna se ha mostrado convencido de que se abrirá juicio oral y el presidente estará "sentado en el banquillo", ya que en su opinión existen "pruebas suficientemente contundentes para se siente" en él, aunque ha considerado que eso "no será seguramente antes de las elecciones".
A su juicio, Camps debería haber abandonado la Presidencia de la Generalitat "hace muchos meses", porque "lo que tensa la vida política de la Comunidad es un presidente que no quiere dar ni una sola explicación de todo lo que ha pasado", no sólo "el tema de los trajes", sino de las actividades de una trama que "se ha llevado mucho millones de euros de esta Comunidad".
www.elmundo.es 27.01.11
EL PP RECHAZA MÁS PREGUNTAS SOBRE EL 'CASO GÜRTEL' Y LA VISITA DEL PAPA
El PP es reincidente. Sus representantes en la Mesa de las Cortes Valencianas, que preside la popular Milagrosa Martínez, rechazaron de nuevo ayer una pregunta escrita al director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), José López Jaraba, y otra oral en comisión a la consejera de Turismo, Belén Juste, de los socialistas con el argumento de que incluyen juicios de valor. Hasta tres sentencias del Tribunal Constitucional han condenado a las Cortes por vulnerar los derechos de los diputados esta y la pasada legislatura al impedir la tramitación de iniciativas parlamentarias sin motivo justificado.
La pregunta escrita de los socialistas había sido formulada por la vicepresidenta segunda de las Cortes, Isabel Escudero, integrante por tanto de la Mesa, y hacía referencia al caso Gürtel en relación con la retransmisión televisiva de la visita del Papa en 2006. Tras recordar que RTVV hizo un gasto de 14 millones de euros fuera de presupuesto con motivo de la visita de Benedicto XVI, Escudero explicaba cómo la investigación judicial ha revelado que se obtuvieron comisiones de los contratos, realizados sin publicidad ni transparencia, y añadía que hubo "graves consecuencias económicas por una mala gestión que implica a cargos públicos en posibles delitos". La diputada preguntaba si se ha hecho algún informe de los servicios jurídicos de RTVV "sobre posibles responsabilidades de los miembros del consejo de administración".
Escudero presentó otra decena de preguntas sobre Canal 9 que sí que fueron tramitadas ayer por la Mesa de las Cortes. La de la visita del Papa, sin embargo, fue vetada con la exigencia de que reformule los términos de su redacción.
Política de Turismo
La pregunta oral en comisión que fue rechazada también por la Mesa de las Cortes estaba planteada a la consejera de Turismo por la diputada socialista Maisa Lloret. La parlamentaria preguntaba escuetamente: "¿Va la consejería a seguir la misma política de adjudicación de contratos de forma directa y sin concurso, independientemente de su cuantía?".
La adjudicación amañada por parte de ese departamento de los pabellones valencianos en Fitur durante varios años a la trama de corrupción de la que formaba parte la empresa Orange Market y las adjudicaciones paralelas efectuadas a dedo son aspectos que se investigan en el sumario del caso Gürtel.
www.elpais.es 26.01.11
¿LA TRAMA GÜRTEL? FRANCISCO CAMPS SÓLO RESPONDE A "COSAS SERIAS"
Francisco Camps sólo responde "a cosas serias". Así se lo espetó  el president de la Generalitat valenciana a un reportero de El Intermedio (laSexta) durante la feria de turismo Fitur, que tiene lugar estos días en Madrid. Fernando González Gonzo trató desde que abordó al político del PP de sacarle una respuesta sobre la relación entre estand de su comunidad y la trama Gürtel, pero Camps sólo habló de la ciudad de Vigo —donde nación Gonzo— y de la candidata conservadora, Corina Porro.
- ¿A qué el estand es tan bonito sin necesidad de pagar lo que le pagaban cuando se lo montaba el señor Bigotes? —preguntó el reportero.
- Lo que va a ser precioso es cuando en Vigo gane la candidata del PP, que ya fue alcaldesa. Una candidata excepcional —respondió Camps, que no dejaba hablar a su interlocutor.
- President, no le voy a dejar hacer campaña en El Intermedio. ¿Por qué se han gastado tanta pasta en años anteriores en Fitur, cuando se lo montaba el Bigotes, si este año se ha visto que se puede hacer...?
Camps sigue en sus trece, no contesta a las preguntas y, finalmente, explica que él sólo responde a "cosas serias". Antes, el reportero, irónicamente, trató de preguntarle sobre Vigo para ver si así el presidente le respondía sobre la trama Gürtel. Antes, Gonzo trató de hablar con el presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, a quién le preguntó cuál era la "diferencia entre ser inocente y que el delito haya prescrito". Fabra, eludiendo la cuestión, respondió: "Usted trabaja para el PSOE".
No es la primera vez que, recientemente, Camps responde con evasivas. En Bruselas, ante las preguntas de Público sobre Cascos y el caso de los trajes, el president empleó cinco minutos para referirse a la infraestructura ferroviaria del Corredor Mediterráneo. Luego, al final de su intervención, llegó a presumir ante sus compañeros de rueda de prensa de que mofarse de los periodistas le da votos y que "dos terceras partes del parlamento valenciano van a ser del PP" en las próximas elecciones autonómicas.
www.publico.es 22.01.11
EL JUEZ FLORS CORTA EL INTENTO DE CAMPS DE GANAR TIEMPO
Un auto del juez José Flors, que instruye el caso de los trajes regalados al presidente valenciano y a otros cargos del PP por parte de la trama de corrupción del caso Gürtel, pone fin al intento de Francisco Camps de ganar tiempo antes de que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decida si lo convierte de imputado en procesado por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio. Camps buscaba dilatar el proceso hasta las elecciones autonómicas del 22 de mayo, en las que volverá a presentarse como candidato del PP.
El juez rechaza ahora su pretensión de que se pregunte al Tribunal Superior de Justicia de Madrid si hay más conversaciones grabadas por la policía entre el número dos de la trama, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, gerente de Orange Market, la terminal valenciana de la red; así como la petición de que se reclamen y escuchen las grabaciones al cabecilla de la red, Francisco Correa. El magistrado asegura en su auto del 18 de enero que ya dispuso durante la instrucción la incorporación de las conversaciones intervenidas relativas al caso, "sin que nada se alegara entonces", y que la solicitud "se asienta en meras hipótesis tendentes, no a una concreta averiguación o contrastación de hechos determinados, sino a realizar una prospección respecto de algo que tal vez pudiera ser de interés del solicitante".
Decisiones clave
Por tanto, rechaza practicar nuevas diligencias y se dispone a convocar la vista preceptiva para decidir si abre juicio oral a Camps y a los otros imputados en el caso. Al mismo tiempo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV se prepara a decidir en breve si acepta la inhibición del juez de Madrid Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso Gürtel, todo lo que afecta a la supuesta financiación irregular del PP valenciano y a las contrataciones de la trama con la Generalitat valenciana.
Si la sala decidiera, no solo asumir el caso porque implica a aforados valencianos, sino sumar la investigación al caso de los trajes, Flors todavía no podría llevar a juicio a Camps, que por otra parte se vería investigado por un posible delito de cohecho más grave. Los socialistas, que son acusación particular, piden la agrupación porque entienden que los regalos a Camps forman parte de la red. El PP, que también es acusación popular, pide que no se acepte la inhibición.
www.elpais.es 22.01.11
EL PP RETOMA LA CAMPAÑA DE ACOSO CONTRA EL FISCAL CABEDO
El Consell y el PP retomaron ayer la campaña de acoso contra el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Ricard Cabedo, tan solo unas semanas después de arremeter contra él por su intervención a finales de noviembre en las Cortes Valencianas. Entonces los populares cargaron contra Cabedo porque no abrió de oficio una investigación contra el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, por exhibir en la Cámara un informe policial del caso Gürtel que, aunque ya se había publicado en los medios de comunicación, estaba bajo secreto de sumario.
Ayer las críticas vinieron porque el diario ABC afirmó que Cabedo se reunió en un restaurante con los policías de la brigada de blanqueo de capitales autores del informe, después de declarar en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en el proceso abierto contra Luna tras la denuncia del PP por un posible delito de revelación de secretos.
Ricard Cabedo desmintió la información, reclamó respeto a la institución que representa y explicó que, efectivamente, fiscales y policías coincidieron en el mismo restaurante a la hora del almuerzo y se limitaron a saludarse "cumpliendo las mínimas normas de cortesía".
El PP no aguardó ni a conocer las explicaciones del fiscal jefe del TSJ. Al contrario, el portavoz de Economía de las Cortes y abogado del Estado, José Marí, y la coordinadora regional del PP y alcaldesa de Vall d'Uixó, Isabel Bonig, acusaron al fiscal y a los policías de actuar en connivencia para perjudicar al PP.
Pregunta al Gobierno
Fotografías en mano, ambos dirigentes populares anunciaron que solicitarán en el Congreso de los Diputados la comparecencia urgente del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que explique la situación. Además, Marí anunció que su partido interrogará al Gobierno central y cargó contra el fiscal Cabedo, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
En el mismo sentido se pronunció la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León. Para el PP los fundamentados indicios de corrupción que han aparecido con la investigación judicial del caso Gürtel no son otra cosa que un montaje orquestado por los socialistas para desgastar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a sus principales colaboradores en la cúpula del Consell y del PP, que siguen imputados por cohecho pasivo impropio.
www.elpais.es 22.01.11
LOS POLICÍAS NIEGAN HABER FILTRADO A LUNA EL INFORME DEL 'CASO GÜRTEL'
El jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, un inspector y un subinspector de la misma unidad negaron ayer que la policía sea el origen de la filtración de un informe sobre el caso Gürtel que el portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Ángel Luna, exhibió en un pleno el pasado marzo.
Los tres agentes declararon como testigos ante el magistrado Juan Montero en la causa abierta contra el diputado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana después de que el PP acusara a Luna de un supuesto delito de revelación de secretos. Montero interrogó la semana pasada a los responsables de la seguridad de las Cortes y de la sede de los socialistas valencianos, que tampoco arrojaron luz sobre los hechos.
Los tres policías aseguraron desconocer de dónde partió la filtración. Pero reconocieron, según el abogado que representa al PP, que tampoco se ha llevado a cabo ninguna investigación interna ya que descartaron desde el principio que la revelación tuviera origen en la brigada. El motivo fue que el informe carecía del membrete distintivo de la policía.
En línea con Rubalcaba
La explicación coincide con la que Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, expuso el 14 de enero. Rubalcaba apuntó entonces hacia el Poder Judicial como posible fuente de la revelación, argumentando que el informe filtrado no coincide con el elaborado por la Brigada de Blanqueo que figura en la causa judicial.
El documento que ha dado pie a la denuncia del PP contra Luna señala que la trama Gürtel sacó una tajada cercana al millón de euros en la cobertura que Canal 9 hizo de la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006. El director de Ràdio Televisió Valenciana era, por entonces, Pedro García, amigo íntimo de Álvaro Pérez, considerado delegado de la trama Gürtel en Valencia. García dimitió en agosto de 2009, poco después de que estallara el escándalo de la trama de corrupción.
Luna declaró en diciembre ante el magistrado que recibió el informe de forma anónima y que desconocía su procedencia. Al salir del tribunal dijo que no se arrepentía de haberlo mostrado: "Volvería a hacerlo porque seguimos sin saber lo que ha costado la visita del Papa a Valencia y tenemos derecho a saberlo nosotros y los ciudadanos que pagan sus impuestos".
www.elpais.es 21.01.11
EL TSJ YA TIENE LA CAUSA CONTRA EL PP POR SU FINANCIACIÓN
El destino de la causa derivada del caso Gürtel sobre la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana está más cerca de concretarse. El magistrado José Francisco Ceres, de la sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidirá en breve si acepta o no la inhibición propuesta por el magistrado Antonio Pedreira, instructor en el TSJ de Madrid del grueso del caso Gürtel.
Pedreira envía en soporte digital la documentación del nuevo caso
El magistrado José Francisco Ceres decidirá si acepta o no la causa
Ceres ha recibido nueva documentación de Pedreira en formato digital. Es, en principio, todo lo que el magistrado de Madrid considera que debe enviar para que, como consideró en el auto, se continúe en este tribunal la instrucción iniciada por él. Pedreira se inhibió el pasado mes de mayo. En el auto, que sigue la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, consideró la existencia de delitos cometidos por cargos públicos del PP. En concreto: cohecho, castigado con pena de prisión; delito contra la Administración Pública; delito contra la Hacienda Pública; y delito electoral. Se basó en informes de la Agencia Tributaria y la policía, en los que aparecen vinculados el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla; el ex secretario general del PP, Ricardo Costa; el vicesecretario general del PP David Serra; el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret; la diputada y tesorera del PP, Yolanda García; y Pedro García, ex director general de Ràdio Televisió Valenciana.
El PP presentó a esa decisión un recurso que el propio Pedreira rechazó el pasado julio. Fue entonces cuando la causa quedaba en manos del tribunal valenciano, que ha estado a la espera, no exenta de problemas, de que se le remitiera toda la documentación referida a los aforados valencianos.
Entre tanto, el magistrado José Flors está concluyendo las diligencias que acordó practicar en el caso de los trajes, en el que está imputado el presidente Francisco Camps por cohecho pasivo impropio. El magistrado tiene pendiente tomar declaración a un testigo y recibir del perito de Camps, al que dio una prórroga las pasadas navidades, el informe sobre la documentación contable de la causa. Después de eso, y de resolver un recurso sobre la incorporación de unas grabaciones, Flors tendrá que convocar una vista para conocer si las partes proponen más diligencias, contestarles a ello y, después, resolver sobre si hay o no juicio.
www.elpais.es 13.01.11



LAS NOTICIAS SOBRE TRAMA VALENCIANA 
 
AÑO 2010
LUNA ASEGURA QUE EL INFORME SOBRE EL 'CASO GÜRTEL' LE LLEGÓ DE FORMA ANÓNIMA
Una hora y media duró ayer la comparecencia ante el magistrado Juan Montero del portavoz de los socialistas valencianos en las Cortes, Ángel Luna. Está acusado por el PP de un supuesto delito de revelación de secretos por exhibir en la Cámara autonómica un informe policial del caso Gürtel que recoge lo que cobró la trama por la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Lo enseñó a los diputados el 24 de marzo. El secreto no se levantó hasta pocos días después, el 6 de abril. Ángel Luna dijo ayer que se encontró el informe encima de la mesa y que desconocía quién se lo había enviado. Se lo contó al juez, que fue quien dirigió el interrogatorio y formuló varias cuestiones orientadas a despejar precisamente de dónde salió el informe. Lo hizo de forma insistente y "vehemente", según Jorge Garbó, abogado del PP, Montero solicitó a las partes que cumplieran con "el deber de sigilo" y no desvelaran a los medios nada del contenido de la sesión.
El fiscal, por su parte, centró sus preguntas en saber cuándo se produjo la revelación y desde cuándo está personado Luna en la causa. ¿Por qué? Porque si Luna estaba personado el 24 de marzo, en principio, está obligado a guardar secreto de las actuaciones. Si no lo estaba, no. Eso, al margen del alcance de la inviolabilidad parlamentaria, que es el gran debate jurídico de la causa.
Luna no respondió a las preguntas del abogado del PP que, como ocurre normalmente, fueron incorporadas a la causa por la secretaria de la sala de Lo Civil y Penal. Y no lo hizo, como explicó al terminar su declaración, porque "evidentemente todo esto constituye un montaje dirigido a callar una voz que pregunta y que molesta y, naturalmente, yo no me voy a hacer cómplice de ese juego". Y dijo más: "En las mismas condiciones, volvería a hacerlo porque seguimos sin saber lo que ha costado la visita del Papa a Valencia y tenemos derecho a saberlo nosotros y los ciudadanos que pagan sus impuestos; vamos a seguir investigando lo que ha costado". El portavoz socialista está pendiente del recurso presentado por el PP contra el archivo de la causa por cohecho por unas obras en su casa.
www.elpais.es 21.12.10
LUNA: ´VOLVERÍA A MOSTRAR EL INFORME POLICIAL DE GÜRTEL´
El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Juan Montero ha pedido que no trascienda el contenido de la declaración del portavoz del PSPV en Les Corts, Ángel Luna, por un supuesto delito de revelación de secretos.

Luna ha acudido esta mañana a declarar a la sede del TSJCV después de que cuatro diputados del PP le denunciaran por mostrar, el pasado 24 de marzo en la tribuna de Les Corts, un informe policial del "caso Gürtel" que se refería al coste de la vista del Papa a Valencia en 2006 y que estaba bajo secreto de sumario.
El abogado del PPCV Jorge Carbó ha manifestado a los periodistas que Luna no ha respondido a sus preguntas -se ha acogido a su derecho a no declarar- pero sí lo ha hecho a las cuestiones que le han planteado el magistrado, el fiscal y el letrado del PSPV, a las que ha dado "explicaciones inverosímiles".
A la pregunta de en qué sentido estima "inverosímiles" las respuestas del socialista, ha dicho que "ya se verá" y que a él no le han "convencido", aunque para no dar más detalles ha apelado al "deber de sigilo que compete a todas las declaraciones, sean secretas o no".

En ese sentido, ha destacado la "vehemente" insistencia del magistrado Montero en que no se haga "ningún tipo de comentario" sobre el contenido de la declaración que ha tenido lugar hoy.

"El magistrado ha pedido se respete la Justicia y no se revele nada de lo declarado. Ha llegado a decir que, de no ser así, se estaría incurriendo en una ilegalidad", ha afirmado.
Tras la declaración de Luna, Carbó se ha mostrado "confiado" en que prosiga la instrucción de la causa y que el instructor "llegue hasta el fondo del asunto y determine cuál es el origen de la filtración de ese documento".
Por su parte Luna, en manifestaciones a los periodistas tras su declaración, ha explicado que el juez ha advertido de la "imposibilidad legal" de desvelar el contenido de su testimonio y ha puntualizado que este aviso no está relacionado con "la gravedad del caso", sino que obedece a lo que establece la ley de Enjuiciamiento Criminal.
El socialista, quien ha llegado diez minutos antes de las diez y media de la mañana, hora a la que había sido citado a declarar, se ha negado a responder a las preguntas del abogado del PP, tal y como hizo cuando tuvo que declarar por la querella que los populares interpusieron contra él por unas obras en su vivienda.
En este sentido, ha explicado que, dado que a su juicio "todo esto constituye un montaje" del PP, que pretende "callar una voz que pregunta y que molesta", no está dispuesto a ser "cómplice de ese juego" y por ello ha decidido no responder a las preguntas del abogado de este partido.
Luna, quien se ha mostrado convencido de que todo este proceso acabará con el archivo de la causa, ha incidido en que volvería a actuar "exactamente" igual que lo hizo y ha sostenido que no ha cometido "ningún delito", porque lo único que hizo fue cumplir con su "obligación".

"Yo tengo la obligación de desvelar aquello que el gobierno de Camps quiere ocultar, que es cómo malgasta el dinero público y eso lo voy a seguir haciendo mientras sea diputado en estas Cortes", ha afirmado.
Ha sostenido que no se habría llegado a esta situación si el Consell respondiera a las "innumerables" preguntas del PSPV sobre los gastos de la visita del Papa a Valencia "en tiempo y forma", y ha añadido que, dado que todavía no tienen esta información, seguirán "investigando" porque tienen "derecho a saberlo".
Luna ha incidido en que van a seguir "en la misma línea", y ha recordado que en la actualidad se conoce que la trama Gürtel "se ha llevado tres veces más de lo que se pensaba inicialmente, gracias al último informe de la Brigada de Blanqueo de capitales".
www.levante-emv.com 20.12.10
PEDRO GARCÍA COBRÓ LA 'COMISIÓN DEL PAPA' A TRAVÉS DE SU PRIMO  
La Policía Judicial que investiga el caso Gürtel mantiene que el ex director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García recibió 500.000 euros de comisión por el contrato que Canal 9 adjudicó a la trama corrupta por la visita del Papa, a través de dos empresas ligadas a un primo de su mujer.  
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) considera que el ex director general de RTVV percibió este soborno mediante dos pagos realizados por Teconsa y Promociones Inmobiliarias del Pisuerga (Proinsa) a las empresas Grupo Alvalon y Vianago, ambas ligadas a Vicente Torro Casanova, primo político de Pedro García.  
Los agentes han seguido el rastro de estos abonos y, según un informe del pasado 25 de noviembre, mantienen que corresponden a trabajos no realizados. El primero de los pagos es de 243.600 euros procedentes de Proinsa a Grupo Alvalon, cuyo administrador único es Vicente Torro Casanova, por la intermediación en la compraventa de un solar de las benedictinas en Zamora.  
El segundo pago es directamente de Teconsa a Vianago S. Coop. V. La Policía se puso en contacto con la administradora de esta firma, que les remitió directamente Vicente Torro Casanova como responsable real de la empresa que, además, tiene su domicilio social en la misma finca en la que vive el ex director general de RTVV.  
Torro Casanova fue citado por la Policía y, según su declaración, no puede explicar su relación con Proinsa y el cobro de 243.000 euros, porque la operación la gestionó su padre y ha fallecido. Además, carece de cualquier soporte documental que justifique la mediación en la operación urbanística por la que recibió este dinero. Respecto al segundo pago -de Teconsa a Vianago-, el primo de Pedro García argumenta que es una factura emitida también por su padre por su intermediación en la venta de algún solar, pero que tampoco lo puede demostrar.  
La Udef ha pedido al instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que llame a declarar como imputados a Pedro García y a su primo, y como testigo a la mujer del ex director general de RTVV. Además, le solicita que extienda mandamiento judicial para requerir a las dos empresas vinculadas a Vicente Torro los movimientos bancarios posteriores en las cuentas donde Teconsa y Proinsa le abonaron los dos pagos. En ambos casos, el dinero prácticamente ha desaparecido, ya sea mediante cheques, reintegros y transferencias, que la Policía indaga ahora y que, según sus conclusiones, habría recibido Pedro García. 
(www.elmundo.es, 15/12/10)
MARTÍNEZ DICE QUE SU RELACIÓN CON LA TRAMA GÜRTEL FUE LEGAL
La presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, insistió ayer de nuevo en que su relación con la trama Gürtel durante su etapa de consejera de Turismo fue "dentro del marco estricto de la legalidad". La presidenta de la Cámara, a quien la trama corrupta regaló un reloj de lujo valorado en 2.400 euros en las Navidades de 2005, evitó explicar por qué la trama corrupta tuvo conocimiento de las bases de adjudicación del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur un mes antes de su publicación.
El sumario del caso Gürtel que instruye el juez Antonio Pedreira en Madrid cuenta con un informe policial sobre la adjudicación del pabellón de Fitur en 2005 -el primer gran contrato de Orange Market por un valor de un millón de euros- que aporta pruebas del amaño del concurso con la sucursal de la trama corrupta.
La portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Cortes Carmen Ninet instó a la presidenta de la Cámara a "dar explicaciones inmediatas sobre los chanchullos del contrato de Fitur o a dimitir".
"Hoy todos sabemos que la policía ha encontrado pruebas de que Milagrosa Martínez entregó un pliego de condiciones del contrato de Fitur a Orange Market un mes antes", dijo Ninet. Por su parte el portavoz de Compromís, Enric Morera, se quejó ayer de que el Consell continúa sin facilitar las facturas de las empresas del caso Gürtel, pese a la doctrina del Tribunal Constitucional que obliga a facilitar la documentación pública a la oposición.
Por otra parte, el sumario que instruye el juez Pedreira incluye también un nuevo informe policial que revela que la trama corrupta elaboró los pliegos del concurso del Ayuntamiento de Paterna, que preside el popular Lorenzo Agustí, para adjudicarse el concurso de una oficina de información y atención al ciudadano. La policía cree probada la relación "directa y duradera" entre los gerentes de empresas de la trama y el alcalde y su jefe de gabinete.
www.elpais.es 10.12.10
LA JUEZ DE LA QUERELLA DEL SASTRE PIDE LA DECLARACIÓN DE HINOJOSA
La querella presentada por José Tomás, conocido como el sastre del caso Gürtel, contra el que fuera su jefe en las tiendas que vendieron trajes a la trama, Eduardo Hinojosa, por supuesto falso testimonio, ha sido admitida a trámite. La juez encargada del caso, además, ha solicitado a la sala de Lo Civil y Penal del TSJ copia de la declaración que Hinojosa prestó ante el instructor de la causa en la que está imputado, entre otros, el presidente Francisco Camps por cohecho pasivo impropio.
Según la querella de Tomás, el que fuera su jefe en las tiendas en las que la empresa Orange Market compró regalos para altos cargos del gobierno y el PP valencianos, dijo que había falsificado facturas. Tomás sostiene en la querella ahora admitida a trámite que la justicia ya ha demostrado que la acusación vertida contra él por Hinojosa era falsa, ya que el Juzgado de Lo Social número ocho de Madrid sentenció que el sastre "no había participado en absoluto en la confección de las facturas". Además, el Tribunal Superior de Madrid ha levantado la imputación contra él.
www.elpais.es 09.12.10
LA POLICÍA HALLA LA PRUEBA DEL AMAÑO EN EL MAYOR CONTRATO QUE GANÓ 'EL BIGOTES'
El sumario revela que la red corrupta conoció un mes antes las bases del concurso
Un informe policial sobre la adjudicación por un millón de euros del stand de la Comunidad de Valencia en Fitur en 2005 a Orange Market, la empresa de la trama corrupta que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, aporta pruebas del amaño que rodeó a este concurso. La red tuvo acceso con casi un mes de antelación a las bases oficiales de esta adjudicación, tal como revelan correos electrónicos que circularon entre empleados de Gürtel con instrucciones de cómo y qué aspectos debía contener la propuesta de Orange Market para alzarse ganadora, como así fue, de la adjudicación del pabellón de Valencia en Fitur. Este informe policial pertenece a la tercera parte del sumario (unos 30.000 folios) que el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, acaba de hacer públicos.
Correos electrónicos entre empleados de Gürtel delatan la filtración de las bases

Los agentes quieren interrogar a funcionarios de la Agencia de Turismo

En esos correos se basa la policía para sostener que desde la Generalitat alguien pudo informar a la trama del "núcleo del concurso" de Fitur 2005, lo que permitió a la red tener tiempo suficiente para formular una propuesta ganadora y adaptada a las bases.
Según el informe policial, el pliego de condiciones fue publicado oficialmente el 29 noviembre de 2004. Pero casi un mes antes, sin embargo, la red disponía ya de lo fundamental de las bases. Las pruebas que tiene la policía de la supuesta connivencia entre la Agencia Valenciana de Turismo, que es la que redactó esas bases, y la trama Gürtel se concretan en correos electrónicos fechados los días 4 y 5 de noviembre de 2004 en los que se aprecia que la red "ya contaba con los pliegos administrativos y técnicos" sobre el citado pabellón.
El primero de los correos, del 4 de noviembre, lo remite la firma "Down Town (infodowntown-consulting.com)", vinculada a la trama, con destinatario "Rocío". Incluye como asunto la frase "pliego Fitur Com..Valenciana", así como un documento adjunto, "fitur valencia.doc". Rocío, según la policía, es una empleada de la red Gurtel. La firma Down Town envía a Rocío ese correo "a petición de Isabel [Jordán, entonces una de las directivas de las sociedades del cabecilla, Francisco Correa". El correo contiene, explica la policía, un "resumen de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas para la contratación de la fabricación del stand para Fitur (edición de 2005), así como el montaje del mismo y su adaptación y montaje a otras tres ferias más" de ámbito nacional en las que ese año quería estar presente la Generalitat.
El otro correo electrónico, fechado el 5 de noviembre, también lo remite Down Town, pero esta vez directamente a Isabel Jordán, y en él se anexa un archivo en el que se indica que el stand de Fitur sale a concurso por "un millón de euros" (que luego se ampliaría con otros 500.000 para las otras tres ferias de turismo en las que quería participar la Comunidad Valenciana). Sobre la valoración de las pujas se indica en ese archivo que "la oferta económica tendría el 50%, la agilidad en la construcción y montaje, un 30%, el mantenimiento un 10%.". Y se destacan como importantes "criterios para la adjudicación" aspectos como la "creatividad, estética y funcionalidad del diseño principal y las adaptaciones a otras ferias". La policía ha hallado muchas "similitudes" entre las bases oficiales del concurso aprobadas por la Generalitat y los archivos adjuntos de los citados correos, que contenían aspectos técnicos y un borrador de lo que luego sería la propuesta de Orange Market para ese stand. La policía explica: "Hay similitudes literales entre la documentación del informe de condiciones técnicas para la contratación del suministro e instalación de un stand ferial para la participación de la Comunidad Valenciana en certámenes turísticos durante el año 2005 (aportado por la Generalitat y firmado por los funcionarios Jorge M. Guarro Monllor e Isaac Peral Sánchez) y lo que se le envía [por correo electrónico] con anterioridad a que se hiciera público a Felisa Isabel Jordán". Guarro y Peral son funcionarios de la Agencia de Turismo de Valencia, filial de la Consejería de Turismo, que en 2005 dirigía Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes valencianas. Martínez es uno de los altos cargos del Gobierno de Francisco Camps receptores de regalos de la trama Gürtel (en concreto, un reloj valorado en 2.400 euros). La policía ha pedido que se interrogue a funcionarios de la citada agencia, a Martínez y a otros altos cargos de su ex departamento, entre ellos, a su ex jefe de gabinete, Rafael Betoret, en relación con el montaje del pabellón de Fitur 2005. Aparte de estas "similitudes", otros informes policiales han detectado irregularidades en otras tres contratas que adjudicó Turismo a Gürtel.
www.elpais.es 09.12.10
EL GOBIERNO DE CAMPS NIEGA LA VALIDEZ DEL INFORME POLICIAL
"Todos aquellos informes que emanan del entorno de Rubalcaba [ministro del Interior] tienen una credibilidad muy, muy, muy limitada, por no decir nula". La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, despachó ayer con esta declaración el contenido del último informe policial del caso Gürtel sobre los contratos del cabecilla de la trama, Francisco Correa, en Valencia. Un informe revela cómo se repartieron tres millones de euros en comisiones de los contratos de Canal 9 con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. La investigación apunta que el entonces director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García, hombre de confianza del presidente valenciano, recibió 500.000 euros de comisión.
Sánchez de León indicó que no se han planteado ninguna acción legal contra García. La portavoz insistió: "Hemos revisado la documentación de la adjudicación de RTVV a Teconsa [la empresa tapadera utilizada por la trama] y es conforme a la ley". "No cabe ningún atisbo de irregularidad".
www.elpais.es 04.12.10
LA RED GÜRTEL AMAÑÓ EL CONCURSO DE LA VISITA DEL PAPA CON EL PP VALENCIANO
La agenda secreta del 'número dos' de la trama revela que el ex director de Canal 9 se llevó 500.000 euros; El Bigotes, otros 500.000; y un tal "R", 300.000
Los investigadores descubren cómo, cuánto y quiénes se repartieron los tres millones de euros en comisiones que recibió la red de Correa del viaje de Benedicto XVI. El juez tiene previsto entregar hoy las diligencias a los abogados
El último informe policial incorporado al sumario revela que la red Gürtel negoció y amañó la visita del papa Benedicto XVI a Valencia con la cúpula del PP de esa comunidad y, además, concreta qué personas se repartieron la millonaria comisión que generó a la trama corrupta la visita papal.
Álvaro Pérez gastó en joyas 12.000 de los 500.000 euros que se llevó
El cabecilla de Gürtel invirtió en sus casas de Marbella e Ibiza
La esposa del ex director de Canal 9 adquirió un coche por 54.000 euros
Teconsa, tras actuar como testaferro en la operación, logró 200.000 euros
El informe, de 68 páginas, muy exhaustivo, es demoledor: señala cómo los responsables de la red Gürtel, en connivencia con el ex director de la televisión pública valenciana Canal 9, Pedro García -y presumiblemente también con altos cargos del PP y personas vinculadas a la fundación pública que organizó el evento- inflaron al doble el precio de contratación de la instalación de los equipos de imagen y sonorización del viaje del Papa y se repartieron una comisión de tres millones de euros.
La red usó como testaferro de ese amaño a la firma leonesa Teconsa, sin ninguna experiencia y que fue la adjudicataria de la instalación de los equipos de sonido e imagen de la visita que giró Benedicto XVI a Valencia en 2006 para participar en el V Encuentro Mundial de Familias. El informe describe cómo los responsables de la trama se repartieron casi tres millones en comisiones de los 6,4 que libró Canal 9 de sus arcas exclusivamente para el montaje de los citados equipos (el coste total de la visita se acercó a los 14 millones).
Según este informe, basado en análisis de la caja B de las empresas Gürtel y en anotaciones hechas en su agenda secreta por el número dos de la trama, Pablo Crespo, el reparto de los tres millones fue el siguiente: el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, se metió en su bolsillo 1,4 millones, y su lugarteniente, Pablo Crespo, 630.000 euros. Otra suculenta tajada, 500.00 euros, fue a los bolsillos del jefe de la red mafiosa en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, a quien el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, llama "amiguito del alma" y le dice que le "quiere un huevo" en dos conversaciones telefónicas que ambos mantienen en la Navidad de 2008. Otros 500.000 euros fueron para Pedro García, ex director general de Canal 9, cargo para el que fue nombrado mediante decreto del presidente Camps en septiembre de 2004 y del que dimitió en agosto de 2009 tras salir a luz en EL PAÍS que la visita del Papa también había caído en las redes de Gürtel. El informe sostiene que además hubo una quinta persona que entró en el reparto de los 3 millones. Responde a la inicial de "R", y se llevó otros 300.000 euros. "R=persona sin identificar=300.000 euros", se recoge en el informe policial.
La empresa testaferro, Teconsa, por prestar su nombre al chanchullo, ingresó otros 200.000 euros del total de 2,8 millones en comisiones que deparó la visita del Papa. Aparte de múltiples indagaciones y cotejo de movimientos de dinero, la policía ha llegado a la conclusión de que éste fue el reparto exacto de las comisiones gracias a un archivo de Excel llamado (VISITA PAPA 1/DOCUMENTOS IMPORTANTES/RESUMEN FINAL.XLS/Hoja CIFRAS". Este archivo fue hallado dentro de un disco de memoria, pen drive, decomisado en un piso de seguridad de la trama sito en el madrileño paseo del General Martínez Campos, 32.
No tardaron mucho los implicados en empezar gastar el dinero de la comisión. Correa invirtió parte de su dinero en obras y reformas de casas que posee en Ibiza y Marbella; El Bigotes destinó 12.000 de sus 500.000 euros en comprar joyas y artículos de regalo (posiblemente para agasajar a políticos del PP con poder de contratación en la Administración valenciana). También destinó parte de ese dinero en regalos de bodas, ayudar a su familia, pago de inmueble y viajes. El ex director de Canal 9, siempre según el citado informe, pudo destinar parte de su 500.000 euros en comprarle a su esposa un Volvo XC90 por importe de 54.475 euros, entre otras adquisiciones.
Pero hay más documentos que certifican el increíble amaño que hizo la red Gürtel con la operativa de la visita del Papa a la ciudad del Turia y que dejan entrever que Correa y sus hombres pudieron embolsarse ese dinero en connivencia o, al menos, con la aquiescencia de altos cargos del Gobierno valenciano. La policía no atribuye a ningún alto cargos delito alguno, si bien en su informe aflora un documento que hasta ahora no se conocía. Una agenda secreta intervenida a Pablo Crespo, número dos de la trama. Esa agenda contiene supuestos contactos previos a la visita papal entre Crespo y dos vicepresidentes del Gobierno de Camps, Víctor Campos (que dejó el cargo en mayo de 2007) y Juan Cotino (en la actualidad, vicepresidente tercero). La agenda secreta de Crespo también refleja contactos entre Crespo y un comisionado de la fundación encargada de organizar la visita del Papa; y entre Crespo y el entonces responsable de Canal 9, Pedro García, que fue el que contrató con la citada fundación, integrada por representantes públicos valencianos, la retransmisión a todo el mundo de la visita y quien subcontrató con la empresa testaferro Teconsa la instalación de los equipos audiovisuales por 6,4 millones de euros (casi tres de ellos, comisiones).
En concreto, la citada agenda recoge anotaciones sobre "reuniones y conversaciones" entre Crespo y "Víctor y Ricardo", en alusión, según la policía, al citado Víctor Campos, y a Ricardo Costa, ex secretario general del PP de Valencia. También alude a contactos con Juan Cotino en relación con la visita papal.
De su puño y letra, Crespo escribe en esa agenda: "Todo indica que en las elec. Victor-Presi Dip. Castellón, Ricardo-Vice o Economía". Igualmente se refiere a El Bigotes, su hombre en los tejemanejes de Valencia. "Álvaro se quiere situar. Con Víctor [se supone que Campos] está imponente"; "muchos actos"; "todo va de puta madre"; "implicar a Ricardo (que vea que esto es un poco suyo)", "Víctor lo tranquiliza con lo del Papa"; "Pedro [García] se preocupa todos los días; Habla con Víctor, con Juan [Cotino]"; "no ha hecho nada en Canal 9"; "viene un aluvión de actos, acciones etc"; "No quiere fallar en nada".
La misma agenda contiene anotaciones, anteriores a la visita del Papa, que ya entonces dan cuenta del "suministro de los equipos de sonido y pantallas" para el acto del Papa y señala contactos de Crespo con "Pedro", "Cotino" y "P. Boada". La policía sostiene que "Pedro" es el antes citado director de Canal 9; que "Cotino" es "Juan Gabriel Cotino Ferrer" y que "P. Boada" es Enrique Pérez Boada, "responsable en 2006 del Instituto Valenciano de Finanzas y Comisionado del Patronato de la Fundación V Encuentro Mundial de Familias".
www.elpais.es 03.12.10
ISABEL JORDÁN VIO UN APUNTE CONTABLE DE LOS TRAJES DE CAMPS
La empleada de Gürtel declara por exhorto en Madrid
Isabel Jordán, empleada de la trama Gürtel, vio un apunte de 30.000 euros en la contabilidad que le llamó la atención y preguntó al contable, Javier Nombela, a qué correspondía. El contable le respondió que se trataba de facturas de trajes de Francisco Camps y otros políticos valencianos. Jordán no vio la factura concreta, pero consideró que era como si la tuviera. La administradora de Easy Concept, una de las empresas de Francisco Correa (cabecilla de la trama de corrupción actualmente en prisión), declaró ayer en Madrid por exhorto como testigo en el caso que afecta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por supuesto cohecho y que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Según fuentes del caso, Jordán negó haber visto factura alguna del pago de los trajes por parte de la trama Gürtel, pero declaró haber visto el apunte contable de 30.000 euros que correspondería a esos pagos. En una grabación efectuada por José Luis Peñas, el concejal de Majadahonda que aportó las primeras denuncias y grabaciones del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política destapada hasta ahora en España, Jordán habló de "una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps". Y añadió: "Yo tengo la factura y yo la he pagado". Preguntada por el fiscal sobre esta afirmación, respondió ayer que entiende que, teniendo el apunte contable, es como si tuviera la factura.
La declaración de Isabel Jordán fue breve. El TSJCV investiga a Camps, al ex vicepresidente Víctor Campos, al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret por haber recibido supuestamente trajes regalados a través de Álvaro Pérez, gerente de la empresa Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción que recibió adjudicaciones millonarias de la Generalitat y organizó numerosos actos del PP.
www.elpais.es 02.12.10
BLASCO INSISTE EN ACUSAR A LUNA PESE AL VARAPALO JUDICIAL
Una cosa es el archivo y otra la absolución. Esta fue la diferencia que ayer estableció el portavoz del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, tras el varapalo del juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano a la querella presentada por él mismo y otros diputados populares contra el portavoz socialista, Ángel Luna. Blasco no quiso asumir que su querella se basara en "inexactitudes", como recoge el fallo, ni que el juez ha descartado todas las acusaciones de cohecho contra Luna. Y no lo hará hasta que esté "acabado el proceso". Por ello, se ratificó en que recurrirá el archivo y arremetió de nuevo contra Luna. Sólo aceptó que pedirá disculpas cuando el proceso "no esté vivo". "No es el momento procedimental porque el proceso está en marcha", insistió.
Luna acusó al PP de haber demostrado "un desprecio absoluto" por la coherencia de sus acciones, dado que los diputados populares evitaron especificar sus domicilios en las declaraciones de bienes amparándose en "razones de seguridad" y no han tenido empacho en dar "detalles, pelos y señales" de la ubicación de su vivienda en Alicante, de los planos y de sus datos catastrales. "Me gustaría que el señor Blasco o cualquiera de los firmantes de la querella justificaran por qué entienden que su seguridad es mucho más valiosa que la mía", señaló Luna, que aludió a que la diputada del PP Alicia de Miguel mostró en televisión una foto de la vivienda. A la pregunta de si espera una disculpa del PP, Luna respondió que, conociendo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, lo único que espera es "otra querella en cualquier momento". Luna añadió que algunos amigos abogados le han recomendado que, cuando esté cerrado el procedimiento, presente una querella contra el PP por denuncia falsa. "No lo voy a hacer", concluyó.
Solidaridad
Luna recibió la solidaridad de la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, que declaró: "No vale todo. No vale utilizar procedimientos judiciales para debilitar políticamente al adversario".
La Junta de Portavoces de las Cortes, por otra parte, con los votos del PP y Compromís y la oposición de los socialistas, insistió en invitar a la ministra de Sanidad, Leire Pajín, a comparecer en la ronda de senadores territoriales, pese a la carta del ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, en la que explicaba que la Constitución impide que un miembro del Gobierno se someta a control fuera del Congreso o el Senado.
www.elpais.es 01.12.10
EL JUEZ ARCHIVA LA QUERELLA DEL PP CONTRA ÁNGEL LUNA
El TSJ de Valencia refuta los hechos denunciados y asegura que, en cualquier caso, los delitos estarían prescritos
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha archivado la querella que interpuso el Partido Popular contra el portavoz del PSPV en Las Cortes valencianas, Ángel Luna. El magistrado instructor, Juan Climent, asegura en un auto fechado hoy mismo que la prescripción de los delitos denunciados por el PP impide cualquier investigación al respecto, por lo que archiva las diligencias previas. El juez sigue así el criterio de la Fiscalía.
Auto de archivo de la querella contra Luna
El PP denunció a Luna por un presunto delito de cohecho por unas obras que realizó en 1997 en su casa el constructor Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal que afecta al PP de Alicante, cuando el hoy portavoz socialista no ocupaba ningún cargo público. El propio Luna confirmó que pidió al empresario que le buscara gente para una obra en su domicilio.
En la misma querella, el PP acusaba a Luna de prevaricación por presuntas irregularidades en los procesos de licitación pública durante su etapa como alcalde, pero el TSJ rechazó esta acusación por entender que del relato de los hechos no se desprende indicio alguno de ese delito.
En cualquier caso, el juez asegura en su auto que el PP ha cometido varias imprecisiones en su querella. Por ejemplo, se aseguraba que Ángel Luna fue contratado por Ortiz nada más abandonar la alcaldía de Alicante en 1995 "lo que resulta inexacto, según se desprende de la hoja de vida laboral aportada por el querellado", sino "mucho tiempo después en 1999", asegura el escrito del magistrado.
Otra de las inexactitudes de la querella que refleja el juez respecto de las presuntas dádivas es atribuir a Luna la propiedad del piso cuando entre noviembre de 1997 y febrero de 1998, fechas en las que se desarrollan las obras, el inmueble pertenecía a quien es hoy su esposa, aunque no lo era entonces.
Por último, el juez niega que Ortiz regalara a Luna un coche, tal y como recoge la querella. El portavoz socialista, según el auto, aportó al tribunal "factura de adquisición del dicho vehículo de fecha 30 de junio de 2002, expedida por la empresa 'Enrique Ortiz e Hijos', por importe de 5.181,14 euros, que con el IVA totaliza la cantidad de 6.010,12 euros".
Solo después de hacer estas apreciaciones sobre los motivos de la querella presentada por el PP, el magistrado dice que, aun cuando estos se hubieran producido ("lo que indiciariamente, a tenor de lo dicho y en especial de la secuencia temporal de los hechos en que se concretan, no parece ocurrir", asegura), los delitos denunciados habrían prescrito.
El PP recurrirá
Como era previsible, el grupo popular en las Cortes Valencianas, con el portavoz y consejero Rafael Blasco a la cabeza, recurrirá el archivo de la querella. En un comunicado, el PP lamenta que el TSJ haya desestimado la querella al considerar que ha prescrito el supuesto delito de cohecho del que acusaba el grupo parlamentario a Luna. Para los populares, es "sorprendente, por inusual, la prisa que se han dado" en solicitar el archivo de la querella tanto el fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, como el magistrado instructor.
El PP se queja también de que "no han pedido a la acusación su opinión sobre la eventual prescripción" y que su partido "ni siquiera" conoce el escrito del fiscal en el que solicitaba el archivo.
Los socialistas, mientras, no han ocultado su satisfacción por la decisión del tribunal. El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha hecho "responsable político" de la querella contra Luna al presidente del PP, Mariano Rajoy, por "asentimiento", y al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por "acción". Alarte, que ha comparecido junto a Ángel Luna, ha destacado que, en su opinión, el auto de archivo llama sesen relación al archivo de la querella "mentirosos" a los 'populares" porque señala la "inexactitud" de las acusaciones. Por ello, considera que "alguien tiene que asumir que se haya perseguido" a Luna.
Por su parte, el portavoz socialista en las Cortes valencianas se ha mostrado "satisfecho" porque, a su juicio, el auto es "concluyente" y "desmonta" la versión de la querella al considerar que los hechos que se le imputaban "no pueden ser constitutivos de delito". "Han intentado callar una de las voces del socialismo y han fracasado", ha apostillado Luna, que tiene pendiente otra querella del PP por supuesta revelación de secretos porque mostró un informe del caso Gürtel en el Parlamento.
www.elplural.com 20.11.10
DE ESPAÑA DICE QUE EL COHECHO QUE SE IMPUTA A CAMPS ES "AGRADECIMIENTO"
El ex presidente de las Cortes Valencianas y senador territorial Julio de España, del PP, comparó ayer en la Cámara autonómica al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con uno de aquellos añejos guardias urbanos que regulaban el tráfico rodeados de regalos depositados por anónimos ciudadanos en las fechas navideñas. De España, que intervino en las comparecencias de senadores territoriales, trató de matar de aburrimiento a los diputados explicando sus mociones a favor de la industria del juguete y del helado artesano, así como todas y cada una de las 123 preguntas por escrito que ha formulado en el Senado.
El presidente de la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones, el también popular Rafael Maluenda, le sugirió, cuando llevaba casi una hora de intervención, que "esquematizara". De España abrevió, lo que permitió que los diputados de la oposición Mònica Oltra, de Compromís, y Manuel Mata, del PSPV-PSOE, le apuraran con algunas reflexiones y preguntas sobre los obstáculos que el PP pone al control del Consell y sobre los casos de corrupción. En su primera réplica, De España se puso paternalista, habló de la escasa autocrítica de los políticos, lamentó que a menudo estén más preocupados por "destruir al adversario" y criticó que se "judicialice" la política.
En el segundo turno, sin embargo, Oltra le recriminó que dos fallos del Tribunal Constitucional han establecido que vulneró los derechos fundamentales de la oposición cuando era presidente de las Cortes. Y Mata le señaló que, cuando no se asumen responsabilidades políticas, como ocurre con Camps y los dirigentes del PP implicados en casos de corrupción, son los jueces, los fiscales y la policía los que acaban interviniendo.
De España, visiblemente irritado, entró al trapo y denunció el "acoso constante y desmedido" a Camps, imputado por recibir trajes regalados por la trama de corrupción del caso Gürtel. "Hay una cosa que se llama agradecimiento", dijo De España, "y el agradecimiento ha creado una tradición". El senador añadió que cada vez que entra en casa de personas que han ocupado cargos iunstitucionales comprueba que "no hay jamones porque se los habrán comido, pero botellas de vino aún quedan". Fue ese el momento en que Julio de España comparó a Camps con un urbano.
www.elpais.es 27.11.10
LA AGENCIA TRIBUTARIA CONSTATA QUE LA TRAMA GÜRTEL PAGÓ TRAJES A CAMPS
Los peritos mantienen dudas sobre la veracidad de algunos documentos
"Consta el recibo de pago número 288, de fecha 4 de julio de 2007 en el que se documenta el pago de los recibos 266 y 308. En dicho documento aparece el nombre de Camps. Consta el pago mediante cheque por importe de 2.880 euros" (...) "Existe constancia documental de la confección por parte de Sastgor para Forever Young de dos recibos de venta, que incluyen únicamente 4 trajes a 720 euros cada uno, en los que aparece el nombre Camps nuevo cliente, por importe de 2.880 euros" (...) "Se puede concluir razonablemente que los recibos de venta 266 y 308 han sido pagados, conjuntamente con el pago número 289 de fecha 4/07/07 por importe de 6.617 euros en el que aparece el nombre de Pérez Álvaro, mediante la transferencia de la entidad Diseño Asimétrico".
El informe de los peritos de la Agencia Tributaria, elaborado por encargo de José Flors, juez instructor del Tribunal Superior de Justicia valenciano, establece con claridad el nexo entre el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, Álvaro Pérez, El Bigotes, y la empresa Diseño Asimétrico que formaba parte de la trama orquestada por Francisco Correa en el caso Gürtel. Y sin embargo, esos mismos peritos introducen elementos de duda sobre quién, cómo y cuándo se habría hecho cargo del pago de esas facturas. Y ello por dos razones. Una: el precio atribuido a los trajes en un documento es de 720 y en otro de 950. Dos: los peritos "albergan dudas razonables acerca de la veracidad de dichos documentos".
En cambio, no albergan ninguna duda sobre un hecho: frente a lo que manifestara en su día Camps no existe constancia alguna de que él ni el resto de imputados realizaran pagos en efectivo ni a Milano, ni a Forever Young, ni que utilizaran ninguna de las empresas de la trama como intermediarias para pagar los trajes que adquirieron en las tiendas.
El análisis de la documentación incluida en la causa analiza el pago de las prendas en tres años: 2006, 2007 y 2008. En el primero de ellos estudia dos fases. En la primera, detalla el pago de unas prendas a principios de 2006. El informe establece la existencia de dos tiques: uno por importe de 1.400 euros y otro de 3.300 euros. Aparecen referenciados como "Camps o Campos" y como "Comunidad Valenciana". El primero se paga por un cheque. El segundo, en efectivo. Los pagos los hizo Orange Market, al frente de la cual estaba Álvaro Pérez. La segunda fase se corresponde con los pagos efectuados por Diseño Asimétrico que encabeza el principio de esta información.
Respecto de posibles encargos en la primavera de 2007 y en la primavera y verano de 2008, Hacienda afirma que "no hay justificación documental que permita pronunciarse a estos peritos". Incluso llega a decir que "se advierten errores" en la identificación de documentación. Por eso los peritos no son concluyentes. Su labor ha sido analizar la documentación, sin ponerla en contradicción con las declaraciones realizadas por imputados y testigos en sede judicial.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico analizaron de forma contradictoria el escrito de la Agencia Tributaria. Para unos se trata de un informe que favorece en su totalidad la posición de Camps, mientras otras sostenían todo lo contrario.
www.elpais,es 13.11.10
REGALOS DE LUJO PARA LA FAMILIA DEL PRESIDENTE Y SUS ALTOS CARGOS
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, dispone desde el pasado miércoles de un nuevo informe de la unidad policial contra la delincuencia económica (UDEF) que certifica que la trama corrupta compró regalos de lujo para agasajar a la familia del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a sus altos cargos. "Las anotaciones efectuadas [por la trama Gürtel en sus archivos informáticos] reflejan datos reales", asegura el informe policial, que ha relacionado los apuntes informáticos con los extractos bancarios y las facturas de las tiendas.
A continuación se detallan los regalos que, según el informe, Orange Market compró y remitió a políticos del PP y a sus familiares en las Navidades de 2005, tras implantarse en la Comunidad Valenciana.
- Francisco Camps. La esposa del presidente valenciano, Isabel Bas, recibió un bolso Senda 4 de la firma Loewe, valorado en 750 euros, cuyo importe fue abonado por Orange Market mediante factura del 15 de diciembre de 2005. La compra se hizo en Madrid y se abonó con cheque bancario. En idéntica fecha, la sociedad que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, abonó a Sony-e Solutions Europe, por transferencia, dos pagos por importe de 1.809,48 euros y 249,34 euros, "que reflejan el pago de la compra" de un perro robot y su correspondiente maleta de transporte "con destino a los hijos de Francisco Camps".
- Víctor Campos. La esposa del entonces vicepresidente de la Generalitat recibió un bolso de la marca Louis Vuitton, valorado en 780 euros, abonado por la trama mediante factura del 11 de enero de 2006.
- Ricardo Costa. La mano derecha de Camps en el PP recibió de la empresa de Álvaro Pérez una maleta con ruedas y bolsillo de la firma Loewe valorada en 1.130 euros y comprada en el mismo establecimiento que el bolso de Isabel Bas.
- Milagrosa Martínez. La entonces consejera de Turismo, que concedió el primer gran contrato a Orange Market -para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur-, recibió en las citadas Navidades un reloj Hublot de 2.400 euros, del que deja constancia la facturación de la joyería Suárez.
El informe constata la compra de 10 pares de gemelos de la firma Loewe para otros tantos cargos del PP. La policía admite que "no se ha podido concretar la realidad" de otros regalos de lujo adquiridos en otros comercios por falta de facturas.
www.elpais,es 13.11.10
EL GOBIERNO VALENCIANO CONSIDERA QUE EL INFORME ES EXCULPATORIO
La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, expresó ayer "la absoluta y plena satisfacción" del presidente de la Generalitat y todo su Gabinete por un informe pericial que consideran exculpatorio.
"Lo único que se deduce de la lectura y de lo que se habla en el informe es de recibos falsos, de facturas falsas que no se corresponden con la realidad, de la imposibilidad de determinar qué personas pagaron en efectivo", argumentó la consejera portavoz. Sánchez de León insistió: "Camps siempre ha dicho la verdad [que pagó sus trajes]". Y luego añadió: "Poco a poco se ha dado un paso más hacia la única verdad y el tiempo y los hechos nos están dando la razón". "Si dos peritos profesionales no son capaces de constatar unos hechos que son los que se pretendía constatar, dudo que los demás podamos constatarlos a la vista de este informe", remachó. Para la portavoz, este informe pericial de la Agencia Tributaria es distinto de los otros que apuntan a que el PP valenciano se financió irregularmente a través de Gürtel. La razón está en que "es el primer informe independiente hecho a instancias del juez", según la consejera. Según Sánchez de León, este informe ha quedado "al margen de las instrucciones" dadas desde otras "instancias políticas" y las partes lo han conocido antes que los medios de comunicación.
www.elpais,es 13.11.10
LA AGENCIA TRIBUTARIA CONFIRMA EL PAGO DE TRAJES DE LA RED GÜRTEL A FRANCISCO CAMPS
El informe remitido al juez sostiene que no hay pruebas de que los imputados se pagaran la ropa.-El Consell insiste en que el jefe del gobierno valenciano "siempre ha dicho la verdad"
Un informe pericial de la Agencia Tributaria, que ha analizado toda la documentación del sumario del caso Gürtel en lo referido al supuesto cohecho impropio cometido por Francisco Camps, señala que los recibos correspondientes a los trajes vendidos por la tienda Forever Young fueron pagados por Álvaro Pérez, el Bigotes, a través de trasferencias bancarias de cuentas correspondiente a varias empresas de la trama corrupta. "Se puede concluir razonablemente han sido pagados mediante la trasferencia de la entidad Diseño Asimétrico por 9.497 euros".
Esta circunstancia confirma todas las pruebas recabadas sobre el supuesto cohecho impropio en el que incurrió el presidente valenciano al aceptar regalos en forma de trajes de las empresas de Francisco Correa, a las que el Gobierno valenciano adjudicó de forma directa decenas de contratos. Tras constatar este extremo, el informe de la Agencia Tributaria concluye en su último punto: "Por lo que respecta a los posibles pagos en efectivo satisfechos por los imputados a las entidades Orange Market, Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral, no hay constancia de ingresos en efectivo en las cuentas de tesorería de las mismas que permita identificar a las personas imputadas".
Tanto Camps, que asegura que se pagó los trajes con dinero en efectivo en las propias tiendas -de lo que no existe constancia ni documental ni testifical pues ningún empleado lo avala- como el ex secretario general del PP, Ricardo Costa, como el ex vicepresidente, Victor Campos, aseguraron que habían pagado los trajes en efectivo a Álvaro Pérez, responsable de Orange Market. La Agencia Tributaria no ha encontrado nada que lo justifique así.
"Existe constancia documental de la confección por parte de Sastgor para Forever Young de cinco trajes para un cliente llamado "Francisco Camps", así como de la emisión por parte de Forever Young de dos recibos de venta, que incluyen únicamente cuatro trajes a 720 euros cada uno, en los que aparece el nombre Camps nuevo cliente, por importe de 2.880 euros", según detalla el informe pedido por el magistrado instructor del caso de Camps en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, José Flors.
El informe analiza "la correlación entre los encargos de prendas de vestir, tiques, de caja pendientes de pago, tiques de venta, relaciones de pagos pendientes, hojas de confirmación de pedido, facturas e instrumentos utilizados para el pago de su importe". Los dos peritos dejan claro que no han llevado a cabo "un análisis y valoración de las manifestaciones realizadas en la causa". El informe recoge las relaciones entre Milano, Forever Young y Orange Market, empresa de la trama Gürtel en Valencia cuyo cabecilla era Álvaro Pérez, El Bigotes. Los peritos acreditan que con fecha 14 de noviembre de 2006 existen dos recibos de venta por importes de 2.160 euros y 720 euros. "En ambos consta la referencia Camps, nuevo cliente". Se trata, especifican los peritos, de cuatro trajes a medida. El auto del juez Flors de 6 de julio de 2009, en la imputación a Camps, señaló cinco trajes. El informe, respecto a ese quinto, asegura que "no existe documento".
Los peritos detallan todavía más. Hay hojas de pedido de sastrería, emitidas por Sastgor a Forever Young en las que consta "pedido del Sr. D. Sr. Camps". El nombre del presidente de la Generalitat aparece en las hojas de confirmación de esos pedidos. Más aún, con fecha 4 de julio de 2007 aparece un recibo de pago en el que aparece el nombre de Camps. Se pagó con un cheque de Diseño Asimétrico, empresa de la trama Gürtel. Por eso, los peritos señalan que existe constancia documental de la confección de los trajes a Camps y de que las facturas las emitió Forever Young.
Camps figura en otros documentos. Existe una relación a la atención de Pablo Crespo (hombre importante de la trama, a las órdenes del cabecilla Francisco Correa), en la que se atribuye una deuda por importe de 5.393,50 euros a Francisco Camps. Y, además, el informe da cuenta de la existencia de correos electrónicos remitidos por José Tomás (el que fuera director comerical de Milano y forever Young y asegurara ante el juez que hizo trajes para el presidente Camps y él no los pagó), a Pablo Crespo, y de éste a Álvaro Pérez. En ellos se detallan las compras de la Comunidad Valenciana. Entre ellas, las que fueron para Francisco Camps, aunque en la información aparece reflejado como "Francisco Cans". Fueron tres pares de zapatos y cinco trajes a 950 euros cada uno.
El informe deja claro que no hay en la causa documentación sobre supuestas compras en la primavera de 2007. Y pone en duda la que existe sobre la primavera o el verano de 2008 porque no encaja ninguna cifra con los supuestos pedidos.
"Camps siempre ha dicho la verdad"
A pesar de la rotundidad de las conclusiones de los peritos, el Consell hace una lectura del informe diametralmente opuesta. La consejera portavoz, Paula Sánchez de León, ha destacado tras el pleno del Consell, su "plena satisfacción" por el informe, porque a su juicio "se ha comprobado que Camps siempre ha dicho la verdad". Sánchez de León ha argumentado que este sería el primer informe "independiente" porque lo ha encargado el juez instructor, y ha cuestionado de nuevo las investigaciones policiales y de la Fiscalía Anticorrupción. Del informe se desprende "con una lectura serena", según Sánchez de León, que hasta ahora se ha producido una sucesión de "falsedades y manipulaciones" que ahora "poco a poco se van desmontando". "La prudencia y la serenidad nos han ido dando la razón", ha añadido Sánchez de León antes de insistir de nuevo, a preguntas de los periodistas: "Lo único que se deduce del informe es lo que he venido diciendo, que todo esto era falso".
Los apuntes sobre regalos a Camps reflejan "datos reales", según la Policía
La Policía ha concluido que los apuntes encontrados en las oficinas de la empresa Orange Market -la filial valenciana de la trama Gürtel-, en los que se detallan los regalos recibidos por algunos altos cargos, entre otros el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, reflejan "datos reales". Así lo destaca la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en un informe fechado el 10 de noviembre que ha remitido al juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira.
Tras comparar los apuntes de uno de los archivos del disco duro hallado en Orange Market, llamado "Costes de Navidad.xls", con las facturas facilitadas por diversos establecimientos de lujo y extractos bancarios, la UDEF concluye que la contabilidad de la empresa reflejan "datos reales".
El informe detalla las compras facturadas a nombre de los tres principales cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Alvaro Pérez-, y de varias empresas de la organización, en firmas como Louis Vuitton, Loewe o la Joyería Iborra de Valencia, en las que pagaban en efectivo en la mayoría de las ocasiones. La Policía remite al juez todas las facturas aportadas por dichas sociedades, donde la red dirigida por Correa adquirió entre 2003 y 2009 la mayoría de los objetos que presuntamente regaló a personalidades y cargos públicos.
Los hijos de Francisco Camps aparecen en la contabilidad de Orange Market como destinatarios de un robot "Aibo" y su maleta de transporte, adquiridos en Sony-E Solutions. El precio no se detalla, pero en la contabilidad de Orange Market figuran dos transferencias bancarias a la empresa en diciembre de 2005 por 1.809 y 249 euros, que coinciden con el coste de ese juguete. Otra de las facturas de Loewe a nombre de Orange Market se corresponde con uno de los apuntes del archivo en el que se identifica una maleta de 1.130 euros como regalo para Ricardo Costa, ex secretario general del PP en Valencia y diputado autonómico.
Otro regalos detallados son un bolso de Loewe de 750 euros para Isabel Bas, la esposa de Camps, y diez pares de gemelos de 100 euros cada uno que, según el informe policial, Orange Market regaló a diversas personas relacionadas con organismos públicos de Valencia. La ex consejera de Turismo y presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, aparece como destinataria de un reloj adquirido en la Joyería Suárez por 2.400 euros por parte de la trama Gürtel.
El informe amplía con la documentación facilitada por las empresas el que ya remitió la UDEF a Pedreira en julio de 2009 sobre los documentos encontrados en el registro de Orange Market.
www.elpais.es 12.11.10
FLORS RECHAZA COMO PRUEBA LAS ESCUCHAS FAVORABLES A CAMPS EN LA CAUSA DE LOS TRAJES  
La defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la causa de los trajes que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se ha encontrado con el no del juez instructor José Flors a su petición de que las grabaciones que favorecen al jefe del Consell sean aceptadas como prueba en el procedimiento. Según ha podido saber este diario de fuentes cercanas al caso, Flors ha decidido inadmitir estas conversaciones, de tal manera que en principio no serán tenidas en cuenta en el procedimiento que se sigue contra Camps y tres cargos más por un presunto delito de cohecho impropio por supuestamente haber aceptado regalos de empresas de la trama Gürtel.  
En concreto, Flors quiere dejar fuera de la causa las polémicas escuchas que el juez Baltasar Garzón ordenó realizar a los cabecillas de la trama y sus abogados en la cárcel de Soto Real. Entre las conversaciones intervenidas por la policía figuran varias en las que tanto el responsable de red corrupta, Francisco Correa, como su número dos, Pablo Crespo, se refieren al asunto de los trajes. En ellas, descartan que se hubieran pagado al presidente Camps las prendas encargadas a las tiendas de Forever Young y Milano.  
Aunque las escuchas en la cárcel fueron declaradas nulas en marzo de 2010 la defensa del presidente quería que su contenido, que cree clave para la exculpación de Camps, fuera tenido en cuenta. Tanto el Consell como el propio presidente se han quejado en numerosas ocasiones de la indefensión que, en su opinión, supuso el no contar con estas grabaciones cuando se abrió la causa de los trajes en marzo de 2009. Cabe recordar que las partes tuvieron conocimiento por primera vez de la existencia de las mismas en octubre de 2009 cuando el juez Antonio Pedreira levantó el secreto del sumario sobre el caso Gürtel. En ese momento, el TSJ valenciano ya había archivado el auto de Flors en el que se abría el procedimiento del jurado al entender que Camps no había demostrado que se pagó los trajes. Sin embargo, con la reapertura del caso por el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo, la defensa del presidente ha insistido en que las escuchas deberían ser pruebas exculpatorias. 
Al retomar la instrucción Flors ya dejó entrever su oposición a admitir las conversaciones que secundan la versión del presidente sobre el pago de los trajes. De hecho, rechazó antes del verano que se interrogara a Pablo Crespo y a uno de sus interlocutores en la cárcel -el abogado Ignacio Peláez- sobre su conversación en prisión al entender que había que preservar "el carácter secreto" de la misma. Sólo permitió que se interrogara a Crespo sobre los trajes, aunque adelantó que consideraba su testimonio interesado. 
La controversia sobre las grabaciones en la cárcel no se acaba ahí. Pelaez (abogado del constructor José Luis Ulibarri), ha solicitado la declaración de Flors en el juicio contra Garzón por las escuchas en la cárcel. Pelaez quiere que el instructor valenciano aclare si entre la documentación que Garzón remitió en su inicio al TSJCV se incorporaron las conversaciones sobre los trajes de Camps. Pelaez acusa a Garzón de delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por las escuchas en el locutorio, pero también le reprocha no haber enviado la pieza separada referida a la intervención de las comunicaciones de abogados y presos al TSJCV cuando "se recogían datos que exculpan de forma clara al imputado principal del procedimiento", en referencia a Camps. Pelaez pone en cuestión la tesis del Fiscal, quien tal como reveló en su día Levante-EMV, achacó a Flors la decisión de no incluir las grabaciones a la causa cuando se abrió en marzo d 2009, lo que impidió que las partes conocieran su existencia. 
Pelaez se hace eco en su escrito de la nota de prensa que el TSJCV remitió en respuesta a la información publicada por este diario. Si el Tribunal Supremo admite la petición de la acusación particular, Flors deberá aclarar ante el alto tribunal si contó o no desde el inicio con toda la documentación relativa al caso. Pelaez también ha pedido que declare Pedreira y las fiscales del caso Gürtel.  
(www.levante-emv.com, 05/11/10)
 EL JUEZ DE LA RÚA QUIERE SEGUIR CON LOS CASOS DE CAMPS 
Juan Luis de la Rúa, presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), quiere seguir con los casos que afectan al presidente Francisco Camps, que lo calificó de "más que amigo". Quiere formar parte de la Sala de lo Civil y Penal, la que lleva el caso de los trajes -en el que Camps está imputado por cohecho pasivo impropio- y el caso de la financiación irregular del PP y delito electoral de varios altos cargos de la Administración autonómica popular valenciana. No lo ha comunicado oficialmente, pero sí ha hecho saber que esa es su preferencia frente al destino de la Sala de lo Social, materia en la que es experto y lugar del que proviene. 
El CGPJ es quien debe remitir a la Sala de Gobierno del TSJCV que De la Rúa queda a su disposición. Lo hará una vez se produzca el cese (previsto para los últimos días de noviembre o los primeros de diciembre). Después es la Sala de Gobierno la que debe adscribirle. La sensibilidad de la sala está inclinada a que su destino sea la Sala de lo Social, entre otras cosas, por los antecedentes por los que ha pasado la causa de los trajes por la relación de confianza entre De la Rúa y Camps, públicamente reconocida por el presidente imputado. 
La situación de juez adscrito a la Sala de lo Civil y Penal provoca el rechazo de algunos miembros del Consejo del Poder Judicial. Existe un precedente en el que la comisión permanente indicó el destino de un magistrado en iguales circunstancias, la de Fernando Ruiz Piñeiro, ex presidente del Tribunal Superior del País Vasco. La Ley Orgánica del Poder Judicial dice que las Salas de lo Civil y Penal se componen de cinco miembros: dos de carrera y dos propuestos por los Parlamentos autónomos, además del presidente. No habla de un sexto miembro. 
(www.elpais.com, 05/11/10)
LA LUZ Y LA OSCURIDAD, SEGÚN EL IMPUTADO CAMPS 
En el diccionario de Francisco Camps, las palabras están al servicio de sus deseos. Se vio ayer con claridad en las Corts cuando el portavoz del PSPV, Ángel Luna, le preguntó por los contratos públicos con empresas de la Gürtel, que ascienden a 7,2 millones de euros.  
Una petición de transparencia a la que el president dio la vuelta. "Usted sí que sabe adjudicar de forma rara porque es hijo de la oscuridad administrativa", le contestó.  
Acto seguido, se dedicó a desarrollar su idea de lo oscuro y lo luminoso. "Nosotros estamos en la Comunidad Valenciana, que es un territorio de luz y de prosperidad, y usted está en la parte oscura". 
Luna subió a la tribuna con la luz "de las certificaciones, de las escrituras" que describen una presunta trama corrupta dedicada a succionar los fondos de la Generalitat para cooperación al desarrollo, departamento que dirige el también portavoz del PP, Rafael Blasco.  
"Esta [trama] es más chapuza que la Gürtel, en la que hicieron falta que salieran los jueces a descubrir qué había. En esta no ha hecho falta porque han sido los propios funcionarios los que nos han dado los papeles para que los llevemos al fiscal", explicó Luna, quien pidió el cese de Blasco, expulsado del PSPV por un presunto caso de corrupción en 1989 y rescatado por Camps como político de cabecera tras el seísmo de la Gürtel.  
Una metamorfosis que no pasó desapercibida. "Él [Blasco] sí que supo cruzar la raya entre lo oscuro y la luz que representa el Partido Popular", defendió Camps, imputado por cohecho. Pero el de Blasco no fue el único caso en el que el president mostró su fotofobia a dar respuestas.  
El portavoz de Compromís, Enric Morera, pregunto, sin éxito, por el jugoso pellizco que la Gürtel se llevó de la visita del Papa a Valencia. Según los informes policiales, 900.000 euros al bolsillo de Francisco Correa. "Se han dado cumplidas explicaciones. Todo era correcto", sentenció Camps.  
(www.publico.es, 22/10/10)
REESTRENO DE COSTA CON GÜRTEL AL FONDO 
El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa se reestrenó ayer como portavoz de temas económicos en las Cortes Valencianas. Y lo hizo con el caso Gürtel como telón de fondo.
La intervención de Costa, rehabilitado tras casi un año de suspensión de militancia del PP, estuvo precedida por la difusión de un nuevo informe policial incorporado al sumario del caso Gürtel que indica que Costa disfrutó "del uso particular y privado, al menos temporal", de una motocicleta de lujo Bombardier Can Am Spyder pagada por Orange Market, la franquicia valenciana de la trama corrupta. Otra motocicleta igual estaba a disposición de Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market. 
Costa no quiso pronunciarse sobre este último informe policial en poder del juez Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque su entorno indicó que ya se pronunciará, si corresponde, ante el juez sobre lo que considera una falsedad. 
Con este ambiente previo, Costa saltó a la tribuna de la Cámara en la sesión vespertina para arropar al vicepresidente económico, Gerardo Camps, y su estrategia para reclamar mejor financiación autonómica. 
El parlamentario popular ejerció con profesionalidad y recurrió al estilo cañero contra Zapatero. En su reestreno, Costa eludió las chinitas lanzadas por la portavoz socialista de economía, Cristina Moreno, y fue breve y contundente. Lo que animó a la bancada popular a recompensarle con aplausos, aquellos que eran habituales antes de su defenestración como secretario general del Partido Popular. 
(www.elpais.com, 22/10/10)
UN INFORME POLICIAL CONCLUYE QUE LA RED GÜRTEL PRESTÓ VEHÍCULOS A RICARDO COSTA Y AL EX DIRECTOR DE CANAL 9 
La policía ha informado al juez de que uno de los cabecillas de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, compró dos vehículos para que los usaran el ex director de Canal 9 Pedro García Gimeno y el ex número dos del Partido Popular valenciano Álvaro Costa, implicados en la causa por haber beneficiado presuntamente a la red corrupta desde sus cargos. 
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía Nacional remitió el pasado 11 de octubre un informe al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira sobre operaciones de compra-venta de vehículos presuntamente llevadas a cabo por Pérez. Pedreira instruye la investigación sobre los supuestos lazos de esta red empresarial con altos cargos del Partido Popular y de las Administraciones regionales de Madrid y la Comunidad Valenciana. 
El Mini Cooper del director de Canal 9. Los investigadores concluyen que Isabel Jordán hizo uso de un Mini Cooper blanco entre septiembre y noviembre de 2007, contratado por la empresa de la que era administradora, Special Events (una de las principales compañías de la trama), en régimen de renting. Ese coche fue comprado a continuación por una sociedad intermediaria de la red, Imperauto, con sede en Valencia, que a su vez se lo entregó a Álvaro Pérez por 31.000 euros pagados en efectivo. 
Pérez nunca llegó a poner a su nombre el coche. Entre enero de 2008 y mayo de 2009 siguió matriculado a nombre de Imperauto. En un primer momento la empresa aseguró que el vehículo nunca había salido del concesionario, que pasó esos 16 meses expuesto para su venta al público. Luego, toda vez que existía un recibo de compra por parte de Pérez, su administrador explicó que éste había comprado el coche para regalárselo a su mujer; siguió a nombre del concesionario porque "no sabía a nombre de quién matricularlo". 
Meses después, según el relato de la empresa, el empresario les devolvió el coche para que lo vendieran, "lo que [se] hizo pasado un tiempo a un particular que vino acompañado del propio Álvaro Pérez". En mayo de 2009, tres meses después de haberse iniciado la operación judicial contra la trama corrupta, el coche fue matriculado a nombre de Francisco Xavier Senin Fernández, un gallego de 61 años que "casualmente" es padre de Adrian Senin Rico, empleado de Orange Maket (otra empresa clave de la red) e imputado en la causa. Se pagaron 16.200 euros mediante transferencia bancaria, que fueron a parar a los bolsillos de Pérez. Seis meses después, fue vendido de nuevo. 
Según la investigación policial, Pérez no compró el coche para dárselo a su mujer sino a Pedro García Gimeno, a la sazón director de la televisión pública valenciana (Canal 9) hasta agosto de 2009. Lo deduce del hecho de que García Gimeno fue multado en agosto de 2008 en Valencia por una infracción de tráfico cometida al volante de ese vehículo, del que era al parecer "su usuario real". 
Entre otros vehículos, Pérez tenía una motocicleta Bombardier Can Am Spyder de color amarillo matriculada en mayo de 2008. Orange Market compró por esas mismas fechas otro triciclo del mismo modelo. En los registros efectuados en las oficinas de la trama, los investigadores encontraron una póliza de seguro para esa motocicleta, a nombre de la empresa pero con un papelito post-it adherido en el que se podía leer, escrito a mano: "Seguro original entregado a Ricardo el 21-7-08". 
La policía deduce "a tenor de los documentos analizados" que se refiere a Ricardo Costa, ex secretario general del Partido Popular de Valencia y diputado autonómico de esa formación, que tuvo "el uso y disfrute particular y privado al menos temporal" del vehículo. 
(www.elpais.com, 21/10/10) 
EL BIGOTES PAGÓ DOS VEHÍCULOS QUE USARON COSTA Y PEDRO GARCÍA 
Un informe policial incorporado al sumario del "caso Gürtel" revela que Álvaro Pérez, "el Bigotes", pagó varios vehículos cuyos "usuarios finales" fueron el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex director de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno. 
El informe, fechado el pasado día 5 y al que ha tenido acceso Efe, señala que uno de esos vehículos -un Mini Cooper Cabrio- fue pagado en metálico por "el Bigotes" utilizando una empresa interpuesta, Imperauto S.L., "con la finalidad de que no se le pudiera relacionar directa o indirectamente con la propiedad de dicho vehículo y/o el usuario final del mismo". 
El coche había sido utilizado anteriormente por otra de las imputadas en la causa, Felisa Isabel Jordán, que a finales de 2007 lo vendió a Imperauto, "siendo Álvaro Pérez la persona que se desplaza a Madrid para la recogida del mismo". 
Cuando en febrero de 2009 se destapó el "caso Gürtel", Pérez se apresuró a vender el automóvil al padre de uno de los trabajadores de la empresa que dirigía, Orange Market, considerada la filial en Valencia de Special Events, propiedad de Francisco Correa, el supuesto máximo responsable de la trama de corrupción. 
Durante ese periodo, sin embargo, no fue "el Bigotes" quien hizo uso del vehículo, sino García Gimeno, según ha podido comprobar los investigadores gracias, entre otras cosas, a una multa que le impuso el 24 de agosto de 2008 la Policía Local de Valencia. 
"Por todo lo anteriormente expuesto se infiere que el destinatario final de la compra del vehículo anteriormente indicado se trata del llamado Pedro García Gimeno", dice el informe que recuerda que éste aparece relacionado con las irregularidades en los contratos adjudicados por la RTVV a empresas de la "trama Gürtel" con motivo de la visita del papa a Valencia en 2006. 
El nombre de García Gimeno también está vinculado "con el regalo de diversas prendas de vestir de los establecimientos Milano y Forever Young por parte de Álvaro Pérez a distintas personas con cargos de relevancia pública dentro de la Comunidad Valenciana". 
El informe relata también lo ocurrido con una motocicleta Bombardier Can Am Spyder, cuyo precio fue abonado "en su totalidad" mediante transferencias desde una cuenta bancaria de Orange Market. 
En esta ocasión, los investigadores sostienen que es el ex secretario general del PP valenciano y diputado autonómico Ricardo Costa "el destinatario del uso particular y privado, al menos temporal", del citado vehículo, con el que según varios medios de comunicación fue visto en el circuito de Cheste. 
El nexo entre Costa y el vehículo es la póliza del seguro que, según las investigaciones, fue entregada al primero el 21 de julio de 2008 y en la que consta como tomador del mismo Orange Market. 
La moto es "curiosamente del mismo modelo que otra de la que es usuario Álvaro Pérez, la de éste de color amarillo y la de Ricardo Costa de color blanco y negro", añade el informe que ya está en poder del instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el magistrado Antonio Pedreira.  
(www.elpais.com, 21/10/10)
JARABA ACUSA A HACIENDA DE ACTUAR CON MALA FE EN EL 'CASO GÜRTEL' 
José López Jaraba, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), excusó ayer la implicación del ente público en una gestión irregular en los contratos suscritos a propósito de la visita del Papa en 2006, algunos con empresas de la trama Gürtel, por "la mala fe" y "las falsedades" del perito que redactó el informe judicial. El informe que ya tiene desde el lunes el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y en el que se deja claro que hubo contratos que no siguieron el proceso legalmente establecido porque carecieron de concurso y publicidad, que se fraccionaron para no hacer concurso, que se pagó en exceso por servicios de carácter ordinario, que se duplicaron servicios y que se adjudicó a empresas que no probaron su solvencia económica ni técnica. Según RTVV, el perito "presenta una estrecha vinculación con el ministerio de Presidencia". Pero Jaraba no incluye en ese comunicado explicaciones detalladas sobre la gestión de la visita del Papa. Sólo defiende la legalidad de lo hecho con la excusa de que solo hubo cuatro meses para realizar el trabajo, lo que obligó a actuar con urgencia. El propio informe ya explica que la urgencia fue utilizada para encubrir una masiva vulneración de las normas. 
Miguel Mazón, miembro del consejo de administración a propuesta del PSPV, solicitó ayer por escrito al presidente del órgano colegiado un pleno urgente en el que se requiera a Jaraba toda la documentación, se pida la dimisión de quienes estuvieron en las mesas de contratación y aún ocupan cargos en RTVV, se exijan responsabilidades penales y se inicie el proceso para recuperar las competencias en materia de contratación que tenía el consejo y le fueron sustraídas. 
Por otra parte, el portavoz de Compromís en las Cortes, Enric Morera, solicitó la comparecencia del Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, para que "ratifique o emita otro informe" sobre los contratos de RTVV con motivo de la visita del Papa. Morera criticó con dureza el informe de la Sindicatura que analizó aleatoriamente algunos de los contratos y no halló irregularidades denunciables. 
El portavoz de Compromís, además, aseguró que RTVV, al ceder gratuitamente la explotación de la señal de la retransmisión de la visita, que el Vaticano gestionó sin dar explicaciones, renunció a ingresar unos 12 millones de euros. Por eso, aseguró que el coste del viaje papal superó los 26 millones de euros para la televisión autonómica. 
(www.elpais.com, 14/10/10) 
CANAL 9 SE APUNTA A LA 'CONSPIRACIÓN' POR LA 'GÜRTEL' 
La Radiotelevisión Valenciana (RTVV), Canal 9, criticó ayer el informe de la Unidad de Auxilio Judicial que, enviado al juez Antonio Pedreira e incorporado al sumario Gürtel, ratifica la existencia de múltiples irregularidades en la contratación de empresas ligadas a la trama en la etapa de Pedro García como director.  
Según Canal 9, el informe sobre los contratos por la visita del Papa presenta "inexactitudes y falsedades". Las achaca a "la ignorancia técnica o a la mala fe" de su autor, un funcionario con "una estrecha vinculación al Ministerio de Presidencia", dice la cadena en una nota oficial. De los 14 millones en contratos para la cobertura de la visita que Benedicto XVI giró en 2006 a Valencia, 7,5 millones fueron para Teconsa, constructora que supuestamente pagó comisiones a cargos del PP y a la red corrupta a cambio de adjudicaciones.  
Mientras, Arturo Gianfranco Fasana, el gestor suizo imputado por desviar al extranjero fondos de la Gürtel, sostiene que actuó de manera impecable y de acuerdo con "las estrictas normas de prevención del blanqueo de capitales" que, dice, rigen en el país helvético. En un escrito fechado el día 7 y con el que busca que el juez Antonio Pedreira le levante la imputación, Fasana argumenta que fue él quien ordenó bloquear en Suiza las cuentas de sociedades ligadas a Francisco Correa y Pablo Crespo. Y que lo ordenó cuando supo que ambos habían sido detenidos.  
En su escrito exculpatorio, Fasana afirma que no avisó a los servicios antiblanqueo de su país porque los responsables del banco Crédit Suisse así se lo aconsejaron. 
(www.publico.es, 14/10/10)
LA DEFENSA DE CAMPS NO VALE PARA RTVV 
Los argumentos exculpatorios que la Abogacía de la Generalitat remitió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para defender la legalidad de los contratos formalizados con las empresas de la trama del caso Gürtel no valen para Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). 
Al revés. Los peritos de la Agencia Tributaria que auxilian al juez Antonio Pedreira -y que han analizado los contratos de Canal 9 y Ràdio 9 con motivo de la visita del Papa a Valencia- mencionan varias veces el argumentario de la Abogacía de la Generalitat para concluir que RTVV vulneró la ley. Las ilegalidades se produjeron en la adjudicación de contratos por valor de 14,7 millones de euros y sirvieron para beneficiar a la trama de empresas que dirigía Francisco Correa, que obtuvo un millón de euros en comisiones. 
"De acuerdo con la normativa de contratación pública y con lo indicado por la propia Abogacía de la Generalitat, al superar el suministro el límite de 238.960 euros, IVA incluido, el procedimiento de contratación debería haber sido abierto y la forma de adjudicación mediante concurso", relata el informe. Y, a continuación, los peritos añaden que en un buen número de los contratos analizados "se ha fraccionado indebidamente el objeto del suministro y se han utilizado los procedimientos de contratación y licitación necesarios para que ninguno de ellos fuera superior al límite señalado por la propia Abogacía de la Generalitat, con el fin de vulnerar el cumplimiento de las normas sobre capacidad de las empresas, publicidad y procedimientos de licitación". 
El análisis pericial de las contrataciones realizadas por RTVV, con Pedro García como director general del ente, refuerza los indicios iniciales sobre las graves irregularidades cometidas con motivo de la visita del Papa a Valencia. 
El pasado mes de mayo la Abogacía de la Generalitat remitió, sin que nadie lo solicitase, un informe al TSJ de Madrid para rebatir los informes periciales que cuestionaban la legalidad de los contratos del Gobierno de Francisco Camps con las empresas de la trama corrupta, y en especial con Orange Market. El informe de la Generalitat, además de exonerar a Camps de cualquier responsabilidad por las contrataciones, admitía cierta falta de rigor en "la observancia de los trámites reglados" para contratar, pero negaba que hubiese ilegalidades porque buena parte de la legislación "no les era de aplicación por razón de la cuantía". 
En su informe, la Abogacía de la Generalitat obviaba referirse a los contratos de RTVV, que el Consell y el PP siempre han defendido que eran legales porque Canal 9 y Ràdio 9 habían sido auditadas por la Sindicatura de Comptes.El informe de los peritos de la Agencia Tributaria narra un cúmulo de irregularidades en las contrataciones analizadas realizadas por Ràdio Televisió Valenciana por importe de 14,7 millones de euros (casi 2.500 millones de las antiguas pesetas). Falta documentación administrativa "básica en cualquier expediente", se fraccionan los contratos para vulnerar los procedimientos de contratación y se declaran contrataciones de urgencia para vulnerar los principios de publicidad y concurrencia y por falta de planificación, indica el informe judicial. 
En el mismo análisis de la Agencia Tributaria se destaca la existencia de un buen número de contratos tramitados con "precio libre". Es decir, que carecían de un precio de licitación previo, lo que permitió a RTVV fijar un pliego de prescripciones técnicas con la cantidad y calidad de los suministros que necesitaba y fijar precios unitarios. 
El cúmulo de irregularidades no termina aquí. Teconsa, la empresa pantalla de la trama Gürtel que se quedó con el jugoso contrato de sonorización e instalación de las pantallas de vídeo, subcontrató con otra empresa (Apogee Telecomunicaciones) la práctica totalidad del contrato obtenido de Ràdio Televisió Valenciana. Apogee, además de cobrar de Teconsa, se llevó casi 100.000 euros de RTVV por poner el servicio de seguridad que se encargaba de la vigilancia de las pantallas y el material de sonido. 
Entre los contratos analizados por los peritos figura otro de RTVV por importe de 55.870 euros con la empresa de seguridad Segur Ibérica, que presta normalmente este servicio en Canal 9 y Ràdio 9, con motivo de la visita del Papa. La paradoja es que la propia dirección de gestión de RTVV emitió solo cinco días antes un informe en el que indicaba que Segur Ibérica "no puede cumplir el servicio extraordinario", que justifica la contratación urgente de un servicio de seguridad por importe de 122.000 euros a Eulen, sin solicitar ninguna oferta adicional. "La actuación [de los gestores de RTVV] ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva", concluyen los peritos. 
Tras conocerse la existencia de este informe pericial sobre las irregularidades en las contrataciones de RTVV, la oposición en pleno reclamó la convocatoria de una reunión extraordinaria del consejo de administración del ente y una reunión de la comisión de control de la radiotelevisión valenciana. 
El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, afirmó: "Queremos verlo todo, absolutamente todo. Hasta el último de los contratos de Pedro García como director general". Alarte reclamó "explicaciones claras" al sucesor de Pedro García al frente del ente, José López Jaraba. El dirigente socialista acusó al presidente de la Generalitat de convertir Canal 9 en su No Do privado y en "un lugar de negocio para los corruptos de Gürtel". 
La coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, anunció ayer que reclamará la comparecencia del ex director general de RTVV Pedro García en las Cortes para que explique "toda la verdad que ha estado ocultando". Sanz recordó que, hasta ahora, toda la información se ha conocido a partir "del alzamiento del secreto del caso Gürtel". 
El portavoz de Compromís, Enric Morera, reclamó también la comparecencia urgente del síndico mayor de la Sindicatura de Comptes para que explique cómo controló su institución el dinero de los valencianos en Canal 9 y se pronuncie sobre el informe pericial. 
Por parte del Consell, el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, se limitó a echar balones fuera al ser preguntado por las irregularidades. 
(www.elpais.com, 13/10/10)
LA INSPECCIÓN DETECTA IRREGULARIDADES MASIVAS EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA
Es una de las derivadas del caso Gürtel que más escándalo causó en el PP, sobre todo en los dirigentes más vinculados a posiciones cercanas a la Conferencia Episcopal, pero judicialmente aún no ha avanzado. Se trata de la visita que realizó el Papa a Valencia el 8 y 9 de julio de 2006. La investigación ha detectado que Francisco Correa se llevó en comisiones presuntamente corruptas al menos un millón de euros de esa visita, en concepto de su mediación frente al Gobierno valenciano para una constructora con la que él estaba relacionado, Teconsa, se llevara el principal contrato de esa visita, 7,5 millones de euros para para colocar las pantallas de vídeo, sonido y megafonía para la visita que le adjudicó Canal 9, presidida por Pedro García, hombre de confianza de Francisco Camps y amigo íntimo de Álvaro Pérez, El Bigotes, el hombre de Correa en Valencia.

El juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel, ha pedido a la inspección general del Estado que analice los contratos de esa visita. Y el informe resultante firmado por el inspector Juan Carlos Gómez Condado el pasado 7 de octubre, es demoledor. En la documentación entregada por Canal 9 se han detectado irregularidades masivas en los diferentes contratos. De hecho Pedro García abandonó Canal 9, oficialmente por motivos personales -Camps no reconoce siquiera la existencia del caso Gürtel- poco después de que Pedreira reclamara estos contratos, en agosto de 2009.

La visita del Papa, en solo dos días y en lo que se refiere a los contratos que dependían de Canal 9, supuso un gasto de 14,7 millones de euros en diferentes conceptos, todos ellos relacionados con la cobertura del evento para la televisión pública valenciana, una de las más endeudadas.

De esos 14,7 millones, un millón se fue en contratos pequeños y claramente troceados de manera irregular, según el informe, y los otros 13 millones se fraccionaron en 11 contratos de los que el más importante es precisamente el que se llevó Teconsa, una constructora que no tenía experiencia en sonorización y que subcontrató con otras empresas ese pelotazo millonario.

Según los documentos encontrados a Francisco Correa, la red Gürtel gestionó directamente este contrato. El informe es claro: "En resumen si comparamos la oferta más baja para el vídeo y para el sonido, que ascienden a 3,5 millones de euros, con la oferta conjunta de Teconsa, que es de 6,5 millones [al final fueron 7,5], la diferencia es de 3 millones de euros, que con el IVA asciende a 3,4 millones". Esto es, la oferta de Teconsa, además de las dudas técnicas, era con mucho la más cara, pero se llevó el contrato.

"Queda acreditado que en al menos dos expedientes, se adjudica el servicio a empresas en las que existen grandes dudas sobre la posibilidad de acreditar la necesaria solvencia técnica y profesional para contratar", señala el informe. Uno de ellos es el de Teconsa. También reprocha que esta empresa subcontratara prácticamente la totalidad del trabajo, cuando el límite legal es del 50%. Según la investigación, lo subcontrató todo por 3,5 millones, el resto fue ganancia para Teconsa, que repartió un millón con Correa.

Una de las irregularidades más evidentes es la de la innecesaria declaración de urgencia. "De los 11 expedientes analizados, 10 se tramitan por el procedimiento de urgencia. En ninguno la declaración de urgencia está debidamente motivada. RTVV conocía al menos desde febrero de 2006 que tenía en exclusiva la producción y distribución de la señal institucional", señala el texto.

Para demostrar el descontrol absoluto de los contratos, el informe detalla seis, por un total de 487.000 euros, comprueba que ninguno se ajusta a la normativa y concluye: "Se ha fraccionado indebidamente el objeto del suministro y se han utilizado los procedimientos para que ninguno de ellos fuera superior al límite fijado por la propia abogacía de la Generalitat".

La conclusión es demoledora: "En general la actuación desarrollada por el órgano gestor ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad".

(www.elpais.com, 12/10/10)

CANAL 9 CONTRATÓ A LA 'GÜRTEL' DE FORMA IRREGULAR

La Radiotelevisión Valenciana (RTVV) adjudicó todos los suministros y servicios necesarios para cubrir la visita que el Papa Benedicto XVI realizó a Valencia, en julio de 2006, "de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad". El coste total del acto ascendió a 14.713.924 euros, repartidos en 239 contratos menores, 187 de personal por obra o servicio y 11 expedientes de contratación.

La Unidad de Auxilio Judicial ha examinado la documentación remitida por el ente público valenciano en relación con la visita del pontífice para ampliar el informe policial de 23 de julio de 2009, del que ya disponía el instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, y que ya dejaba constancia de distintas irregularidades.

Lejos de disiparlas, el nuevo informe recibido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) denuncia que la forma en la que RTVV contrató supuso "una menor eficiencia y economía en la gestión de los fondos públicos". No concretaba los parámetros económicos y técnicos necesarios, no disponía de un precio de licitación, ni de ofertas homogéneas y, por falta de planificación, recurría al procedimiento de urgencia, para lo que negociaba con un único proveedor.

Pese a que la Unidad de Auxilio Judicial ha revisado los contratos en el marco de la instrucción del caso Gürtel y que el ex director general de RTVV Pedro García Gimeno aparece entre las personas que presuntamente recibieron trajes de la trama corrupta, las empresas de Francisco Correa tienen mucho menos protagonismo que otras entidades. Así sólo se precisa que Pasadena Viajes percibió 65.996 euros y Orange Market, 2.526, como proveedor, y 32.281, como cliente, ya que actuó como agencia de publicidad de la Diputación de Castellón, que preside Carlos Fabra.

La que sí aparece varias veces es Teconsa, que fue la única que ofertó al ente el suministro conjunto de vídeo y sonido una oferta un 192% más alta que la más baja presentada. Esta empresa cobró 7.493.600 euros por sus servicios. Además, subrogó el trabajo, pese a que su contrato con la Televisión Autonómica Valenciana lo prohibía.

El informe concluye que hubo 231 facturas emitidas por 97 proveedores diferentes, por un importe total de 1.431.452 euros, que se corresponden a contratos menores, adjudicados directamente a un proveedor y abonados tras la prestación de la factura correspondiente.

Con 18 de ellos se contrataron proyectos (por un valor total de 1.019.198 euros) que superaron los 12.020 euros, a partir de los que hay que convocar concurso. La Ley de Contratos de la Administración Pública se eludió mediante el fraccionamiento de los contratos, pagados con facturas sucesivas.

(¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.)
LA TELEVISIÓN DE CAMPS PAGÓ A LA 'TRAMA GÜRTEL' PARA LA VISITA DEL PAPA 
Un informe encargado por el instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, observa irregularidades en los contratos adjudicados por la televisión pública valenciana durante la visita del Papa a Valencia en 2006.  
Según este documento, Radiotelevisión Valenciana (RTVV), que engloba a la Televisión Autonómica Valenciana (TAV) y a la Radio Autonómica Valenciana (RAV), habría incumplido "los principios de publicidad y concurrencia" en la adjudicación de contratos, que ascendieron a un total de 14.713.924,75 euros. 
El informe también analiza las operaciones de la TAV con las empresas de la trama Gürtel y refleja dos facturas por gastos de desplazamiento y alojamiento a favor de Pasadena Viajes que ascienden a un total de 65.996,64 euros y una de 2.526,48 euros pagada a Orange Market por el alquiler y montaje de "125 mesas vestidas con tela azul" para dos "call center". 
Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, considerado el delegado en Valencia del supuesto responsable de la trama Gürtel, Francisco Correa, aparece en la contabilidad de la televisión no sólo como proveedor, sino como cliente, ya que operó como agencia de publicidad de la Diputación de Castellón, presidida por Carlos Fabra (PP) y contrató un campaña por 32.281 euros. 
El informe ha sido elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial, que ha examinado la documentación y los justificantes "de gastos referidos a la contratación celebrada" por RTVV con motivo de la visita papal. 
La conclusión es que "la actuación desarrollada por el órgano gestor (RTVV) ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad". 
Benedicto XVI visitó Valencia los días 8 y 9 de julio de 2006 con ocasión del V Encuentro Mundial de las Familias, del que RTVV tenía asignada "la cobertura internacional audiovisual, tanto técnica como operativa, de los actos", según el convenio firmado por la Fundación organizadora con el director general del ente, Pedro García Gimeno. 
El coste de los actos fue de 14.713.924,75 euros, de los que la mayor parte, 14.688.923,26 euros, fue asumido por Televisión Autonómica Valenciana (TAV), mientras que la otra entidad dependiente de RTVV, Radio Autonómica Valenciana (RAV), se hizo cargo del resto. 
La TAV tramitó 231 facturas, emitidas por 97 proveedores diferentes, por un importe de 1.431.452,94 euros; gastó otros 218.660,85 euros en 183 contratos de personal por obra y destinó el grueso de su inversión, 13.038.809,47 euros, a once expedientes de contratación. 
El más importante de estos últimos, por un importe de 7.493.600 euros, fue adjudicado para el "suministro en régimen de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía" a la empresa TECONSA, que según el informe incumplió los términos del contrato firmado, ya que subcontrató parte de los trabajos a otras compañías pesar de no contar con la autorización expresa de RTVV. La Unidad de Auxilio Judicial señala asimismo que RTVV no inició este expediente hasta abril de 2006, pese a que "conocía al menos desde el 27 de febrero". 
El de TECONSA no es el único caso, ya que "a pesar de conocer con la suficiente antelación los servicios que tenía que ofrecer RTVV, la falta de planificación ha tenido como consecuencia que prácticamente todos los expedientes se hayan tramitado mediante el procedimiento de urgencia". 
Además, en ellos falta "alguna documentación administrativa que sería básica en cualquier expediente: constancia de la publicidad de los concursos, falta de acreditación de la capacidad y solvencia económica y técnica, falta de justificación de la solicitud de ofertas, etc.". 
Otras irregularidades son la falta de publicidad de los expedientes o el fraccionamiento del objeto del contrato, "de manera que un mismo suministro se ha fraccionado y se ha tramitado mediante tres procedimientos diferentes (contrato menor, negociado y concurso), pero siempre había un solo licitador y una sola oferta". 
(www.publico.es, 11/10/10) 
UN INFORME JUDICIAL CONFIRMA QUE TELE-CAMPS PAGÓ A GÜRTEL POR LA VISITA PAPAL 
Un informe judicial concluye que en los contratos adjudicados por la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006, que ascendieron a un total de 14.713.924,75 euros, se dio un "incumplimiento generalizado de los principios de publicidad y concurrencia". 
El informe, al que ha tenido acceso EFE, ha sido elaborado a petición del instructor del caso Gürtel, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, por la Unidad de Auxilio Judicial, que ha examinado la documentación y los justificantes "de gastos referidos a la contratación celebrada" por RTVV con motivo de la visita papal. La conclusión es que "la actuación desarrollada por el órgano gestor (RTVV) ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad". 
La cobertura 
Benedicto XVI visitó Valencia los días 8 y 9 de julio de 2006 con ocasión del V Encuentro Mundial de las Familias, del que RTVV tenía asignada "la cobertura internacional audiovisual, tanto técnica como operativa, de los actos", según el convenio firmado por la Fundación organizadora con el director general del ente, Pedro García Gimeno. El coste de los actos fue de 14.713.924,75 euros, de los que la mayor parte, 14.688.923,26 euros, fue asumido por Televisión Autonómica Valenciana (TAV), mientras que la otra entidad dependiente de RTVV, Radio Autonómica Valenciana (RAV), se hizo cargo del resto. 
Facturas  
La TAV tramitó 231 facturas, emitidas por 97 proveedores diferentes, por un importe de 1.431.452,94 euros; gastó otros 218.660,85 euros en 183 contratos de personal por obra y destinó el grueso de su inversión, 13.038.809,47 euros, a once expedientes de contratación. El más importante de estos últimos, por un importe de 7.493.600 euros, fue adjudicado para el "suministro en régimen de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía" a la empresa TECONSA, que según el informe incumplió los términos del contrato firmado, ya que subcontrató parte de los trabajos a otras compañías pesar de no contar con la autorización expresa de RTVV. La Unidad de Auxilio Judicial señala asimismo que RTVV no inició este expediente hasta abril de 2006, pese a que "conocía al menos desde el 27 de febrero". 
Expedientes 
El de TECONSA no es el único caso, ya que "a pesar de conocer con la suficiente antelación los servicios que tenía que ofrecer RTVV, la falta de planificación ha tenido como consecuencia que prácticamente todos los expedientes se hayan tramitado mediante el procedimiento de urgencia". Además, en ellos falta "alguna documentación administrativa que sería básica en cualquier expediente: constancia de la publicidad de los concursos, falta de acreditación de la capacidad y solvencia económica y técnica, falta de justificación de la solicitud de ofertas, etcétera". 
Más irregularidades 
Otras irregularidades son la falta de publicidad de los expedientes o el fraccionamiento del objeto del contrato, "de manera que un mismo suministro se ha fraccionado y se ha tramitado mediante tres procedimientos diferentes (contrato menor, negociado y concurso), pero siempre había un solo licitador y una sola oferta". 
Operaciones de la TAV 
El informe también analiza las operaciones de la TAV con las empresas de la trama Gürtel y refleja dos facturas por gastos de desplazamiento y alojamiento a favor de Pasadena Viajes que ascienden a un total de 65.996,64 euros y una de 2.526,48 euros pagada a Orange Market por el alquiler y montaje de "125 mesas vestidas con tela azul" para dos "call center". 
Fabra 
Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, considerado el delegado en Valencia del supuesto responsable de la trama corrupta ligada al PP, Francisco Correa, aparece en la contabilidad de la televisión no sólo como proveedor, sino como cliente, ya que operó como agencia de publicidad de la Diputación de Castellón, presidida por Carlos Fabra (PP) y contrató un campaña por 32.281 euros. 
(www.elplural.com, 11/10/10)
HACIENDA DENUNCIA MÚLTIPLES ILEGALIDADES EN LOS 14 MILLONES GASTADOS EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA 
"La actuación desarrollada por el órgano gestor ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad". Un nuevo informe elaborado por Hacienda a petición del juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, pone de manifiesto las múltiples ilegalidades que cometieron los gestores de la televisión autonómica valenciana (RTVV) en la adjudicación de contratos durante la visita del Papa al V Encuentro Mundial de la Familia que se celebró en 2006. 
Según el informe, la televisión valenciana se gastó durante la visita del Papa 14.713.940,75 euros. En los distintos contratos que se firmaron, se dio un "incumplimiento generalizado de los principios de publicidad y concurrencia" al adjudicar servicios o suministros "que por su cuantía deberían haberse tramitado mediante procedimientos de contratación abiertos o negociados y que se han adjudicado como contratos menores" fraccionando el objeto del contrato, procedimiento que "se ha utilizado de forma muy amplia". 
La Unidad de Auxilio Judicial, encargada del informe, asegura además que los gestores de RTVV conocían con tiempo los servicios que debían contratar para cubrir la visita del Papa. Sin embargo, por falta de planificación "prácticamente todos los expedientes" se tramitaron mediante el procedimiento de urgencia con el objetivo de "vulnerar los principios de publicidad y concurrencia y los procedimientos de contratación". 
La televisión autonómica, según el informe, tramitó 231 facturas de 97 proveedores diferentes por un importe de 1.431.452,94 euros. Además, gastó 218.660,85 euros en 183 contratos de personal por obra y destinó el grueso de su inversión, 13.038.809,47 euros, a once expedientes de contratación.
De estos, el mayor se lo adjudicó la constructora Teconsa por un valor cercano a los 7,5 millones. De ellos, tal y como publicó EL PAÍS el pasado mes de mayo, la trama Gürtel se quedó en comisiones ilegales más de un millón. 
(www.elpais.com, 11/10/10)
CAMPS RECHAZA EL 'RETO' DE LUNA DE DEBATIR EN CANAL 9 SOBRE LA CORRUPCIÓN 
"Usted viene a pedir explicaciones a la oposición, le reto a que usted y yo demos explicaciones de nuestras actividades, donde usted quiera, incluso en Canal 9". Fue el desafío que el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, le hizo ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la sesión de control al Consell. El presidente hizo como si no lo hubiera oído. 
Y es que Camps actuó ayer de oposición de la oposición para defenderse de los escándalos de corrupción que le acechan. En su primera sesión de control parlamentario tras el largo paréntesis estival, Camps se encontró otra vez con el caso Gürtel sobre la mesa y un nuevo escándalo que, en esta ocasión, afecta al consejero de Ciudadanía y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, tras descubrirse que ayudas para la cooperación sirvieron para comprar pisos en Valencia. 
Ángel Luna y el portavoz de Compromís, Enric Morera, pidieron al jefe del Consell que se manifestase sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid de remitir a Valencia la investigación del caso Gürtel en la que se apunta que el PP se financió irregularmente, y sobre el escándalo de los fondos de cooperación. Y Camps, sin inmutarse, desmintió el auto judicial del TSJ de Madrid. "No hay nada de nada", dijo el presidente valenciano, que añadió: "El PP está excepcionalmente y extraordinariamente bien financiado". Y, posteriormente, negó que el dinero para cooperación hubiese sido utilizado para comprar pisos en Valencia. 
El portavoz socialista insistió en las críticas y pronosticó que con el reciente auto el TSJ valenciano abrirá un nuevo sumario. Luna indicó que, a partir de ese momento, el propio Camps y otros miembros de la cúpula del PP pueden ser imputados. "A mayor grado de satisfacción de usted, más graves problemas judiciales tiene", dijo Luna, que tachó de "vergüenza" lo sucedido en cooperación. Camps, que hizo oídos sordos a la propuesta de debatir en Canal 9, optó por arremeter contra Luna por una reforma hecha en su casa de Alicante hace 15 años. 
(www.elpais.com, 08/10/10) 
CAMPS: «EL PP VALENCIANO ESTÁ EXCEPCIONALMENTE FINANCIADO» 
El PP valenciano está «excepcionalmente y transparentemente financiado». O al menos así lo afirmó ayer Francisco Camps en su vuelta al ruedo parlamentario. Era una rentrée calentada por la reaparición, el miércoles, del que fue su mano derecha, Ricardo Costa, y por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ese que desestimaba parcialmente el recurso de los populares contra la iniciativa del juez Antonio Pedreira de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que investigue si, como apuntan algunos informes policiales, Camps y otros altos cargos de su Gobierno cometieron delitos ligados a la financiación ilegal, entre otros asuntos. La decisión de quedarse o no con esta parte del caso Gürtel está ahora en manos de los jueces valencianos. 
En este contexto, el portavoz socialista, Ángel Luna, retó al líder autonómico a que «dé explicaciones» en televisión, pero este insistió en que ya las ha dado «ante las instancias pertinentes». Y, en un intento de subrayar su inocencia, señaló que el auto del TSJM «viene sin ninguna imputación», aunque no especificó que los jueces solo tenían obligación de estimar o desestimar un recurso, y no de entrar en imputaciones. 
Camps añadió que su responsabilidad es ser presidente de la Generalitat valenciana «durante esta legislatura, la anterior y, si los ciudadanos quieren, y parece que sí, la siguiente». Pero para Luna, «a mayor grado de satisfacción» del líder popular, «más graves problemas judiciales tiene», y recordó que «esto ya no son los trajes», sino «un montaje de contratos, amigos y medio extorsiones». 
Enric Morera, de Compromís, afirmó que el auto «daña el prestigio» del Gobierno regional y dio la bienvenida a Costa, de quien dijo que está «en el tres en raya del peligro de la política valenciana». «El único tres en raya -replicó Camps- son el Bloc, Iniciativa y Verds, que quieren reeditar aquí el tripartito catalán». 
(www.elperiodico.com, 08/10/10) 
CAMPS Y AGUIRRE RIDICULIZAN LA CORRUPCIÓN DEL PP 
Negar la corrupción y despreciar a quienes se la recuerdan. Es la sístole y la diástole del discurso político de Francisco Camps, que ayer compareció en Les Corts en la habitual sesión de control de los jueves. Apoyado desde Madrid por Esperanza Aguirre, quien ridiculizó el caso de los trajes diciendo que también a ella le regalan "pulseritas", Camps tildó de "papelitos" los informes policiales y de Hacienda que destapan la financiación ilegal del PP valenciano. "El PP valenciano dijo el president de la Generalitat está excepcionalmente y transparentemente bien financiado" y no existe "ningún tipo de implicación ni de imputación". Fue su respuesta al auto que el pasado viernes emitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que corrobora el traslado a Valencia de las pruebas que colocan a Camps y la cúpula de su Gobierno en la antesala de ser juzgados por delitos de soborno y fraude fiscal y electoral. 
Entre las pruebas que deberá estudiar el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) si acepta la competencia, figuran los citados informes de la Brigada de Blanqueo y de la Oficina Antifraude. Los informes indican que el PP benefició a las empresas de la trama Gürtel con contratos irregulares, ocultó 2,5 millones a Hacienda y se financió gracias a facturas falsas pagadas a la red corrupta por empresarios con numerosas adjudicaciones de la Generalitat. 
En realidad, el auto del TSJM remite al Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) lo investigado sobre esa comunidad porque el instructor del caso Gürtel, el juez Antonio Pedreira, observa numerosos indicios de delito. Y eso delitos fueron presuntamente cometidos por miembros de la plana mayor de Camps, todos ellos aforados a quienes sólo puede investigar el TSJCV. Sobre Camps, ya imputado por cohecho en el caso de los trajes, el juez Pedreira avisa de que "no puede desdeñar" el hecho de que preside el PP valenciano, esto es, el partido que supuestamente se financió de manera ilegal.  
El portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Ángel Luna, lamentó que Camps frivolizara sobre "unos hechos que a los valencianos les producen vergüenza". "Lo que mandan aquí no es una felicitación de Navidad. Este auto significa que a partir de ahora pueden estar imputados", explicó Luna antes de subrayar que no se trata "de unos trajes, sino de todo el montaje que ustedes han hecho aquí y que les ha servido para adquirir réditos personales y políticos". 
Camps se envolvió entonces en la capa del mesianismo y la emprendió con el síndico socialista: "Ha creído que estaba hundiendo al PP y lo que intentaba era generar inquietud respecto de una comunidad de gente esforzada y trabajadora que lo único que sabe es convivir en paz, en ilusión y libertad. Ha insultado a la conciencia y la inteligencia de los valencianos".  
La alocución del jefe del Consell fue creciendo en intensidad y alcanzó su cima cuando acusó a Luna de beneficiar con adjudicaciones millonarias al constructor Enrique Ortiz (uno de los presuntos financiadores del PP e imputado en el caso Brugal), mientras fue alcalde de Alicante, entre 1991 y 1995. También de recibir como contrapartida del mismo empresario, unos años después, un coche de alta gama y el pago de la reforma en una vivienda. Estas acusaciones actuaron como dinamita en la paciencia del síndico socialista: "Le reto donde quiera, como quiera y cuando quiera, incluso en su territorio, ante las cámaras de Canal 9, a que usted y yo demos explicaciones de nuestra actividad. Si se atreve, dé explicaciones de sus relaciones con su amiguito del alma", dijo en alusión a Álvaro Pérez El Bigotes, jefe de la Gürtel en Valencia. 
Camps no recogió el guante. "He dado explicaciones constantemente ante las instancias que ha correspondido. Y se ha dicho en nuestras explicaciones claramente que no hay nada de nada", expresó el president, quien acusó a Luna de imponer "un sistema de persecución policial". Luna le replicó con sarcasmo: "Usted dice que habrá que llegar al final. Supongo que estará pensando en el juicio final, cuando no tenga más remedio ya que asumir responsabilidades". 
Les Corts no fueron en el País Valencià el único escenario en el que se habló de corrupción. Ayer trascendió que la reincorporación a la política tras un trasplante de hígado del multiimputado presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, se celebrará por todo lo alto. Su partido le ha preparado un homenaje el 16 de octubre en el Palacio de Congresos de Castellón para el que está prevista la asistencia de más de 1.200 militantes.  
Desde Madrid, Esperanza Aguirre se sumó a la campaña para minimizar la corrupción. Y se unió al alto número de dirigentes conservadores que restan importancia a la posibilidad de que el president pudiera aceptar trajes como regalo de los cabecillas de la trama. Lo hizo muy a su estilo: "Si de lo que le acusan es de cohecho impropio, me parece un delito que está en el código, pero que me lleven a mí a la cárcel ya porque a mí me regalan estas pulseras en consideración a mi cargo", señaló en declaraciones a la Ser.  
Además, en apoyo a su compañero de partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid consideró que Camps "sigue sumando" al proyecto colectivo del PP. Además, recordó que los informes policiales "no condenan a nadie". 
La dirigente regional insistió en que los informes policiales que relacionan a Camps con este escándalo han sido elaborados por Juan Antonio González, el policía que forma parte de "una camarilla" y que "estuvo en la cacería con Garzón".  
(www.publico.es, 08/10/10) 
UNA IMPUTACIÓN FIRME Y UN PORVENIR INCIERTO 
Cohecho impropio 
Camps sí está imputado, pese a que el PP haya desplegado una intensísima campaña en sentido contrario. Está imputado desde que el Supremo ordenó en mayo reabrir el ‘caso de los trajes'. Y lo está como autor de un presunto delito de cohecho impropio (soborno leve) por haber aceptado que la ‘trama Gürtel' le regalara trajes valorados en más de 12.000 euros.  
Delitos mayores 
El cohecho impropio es un delito menor. No lo son aquellos otros que, relacionados con la financiación del PP valenciano, planean sobre su entorno y sobre él mismo. El juez Pedreira observó indicios de hasta siete delitos. Entre ellos, soborno en su máxima dimensión, falsedad documental, delito electoral y fraude fiscal.   
(www.publico.es, 08/10/10)
CAMPS EVITA DAR EXPLICACIONES SOBRE LOS INDICIOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP 
El caso Gürtel regresa a las Cortes Valencianas. En la primera sesión de control tras el debate de política general, el portavoz socialista, Ángel Luna, ha vuelto a reprochar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que no dé explicaciones sobre la vinculación de su Administración con la trama corrupta. Luna ha preguntado al jefe del Consell sobre el auto del TSJ madrileño que envía parte del sumario de la red corrupta a Valencia para que se investiguen los indicios de financiación ilegal del PP valenciano, entre otros posibles delitos. Camps ha replicado que, en su opinión, el auto judicial demostraría que el PP se ha financiado "con transparencia, corrección y ajustándose a derecho". Según el presidente valenciano, la resolución del TSJ madrileño no implica ninguna imputación nueva y es Luna el que debe dar explicaciones por su relación con el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal. 
Camps ha acudido a la sesión de las Cortes con un nuevo escándalo sobre la mesa por las subvenciones concedidas a través de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía a una fundación que destinó el dinero a comprar pisos en vez de invertirlo en proyectos de desarrollo en Nicaragua. El presidente ha evitado entrar en el fondo de la denuncia y se ha limitado a señalar que el consejero de Solidaridad y portavoz popular en las Cortes, Rafael Blasco, ha enviado un "desmentido". 
"Mantiene usted una actitud contumaz de no dar explicaciones políticas y hace afirmaciones asombrosas", le ha reprochado el portavoz socialista. Luna ha asegurado que el caso Gürtel, y ahora "otro tipo de corruptelas" como la "la compra de inmuebles con dinero de la cooperación", producen "vergüenza" a los valencianos. Luna ha destacado que el TSJ madrileño rechaza la nulidad de las actuaciones pedidas por el PP y remite a Valencia un expediente de "indicios de delito" que implica que "a partir de ahora pueden estar imputados" por nuevos delitos tanto Camps como otros altos cargos del Consell y del partido. El portavoz socialista ha acusado al presidente valenciano de haber amparado "un cluster de actividades corruptas" con la trama Gürtel y le ha retado a que ambos expliquen públicamente sus actuaciones políticas. Camps no ha recogido el guante y se ha centrado en descalificar la etapa de Luna como alcalde de Alicante y en airear que encargó la reforma de un piso al empresario Enrique Ortiz. 
Camps también ha rechazado las críticas y reproches a su gestión de Compromís y EU. Antes de comenzar la sesión, se ha acercado a Camps para saludarle Ricardo Costa, que desde ayer vuelve a formar parte de la dirección del grupo parlamentario tras levantarle el partido la suspensión de militancia. Costa se sienta ahora en el escaño que está detrás del portavoz, Rafael Blasco, con quien Camps ha posado tras la sesión de control para mostrarle su apoyo ante el escándalo del dinero de cooperación invertido en inmuebles. 
(www.elpais.com, 07/10/10) 
CAMPS REHABILITA EN LAS CORTES A RICARDO COSTA 
Ricardo Costa regresa. El Grupo Parlamentario Popular, que sustenta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, rehabilitó ayer en las Cortes Valencianas al ex secretario regional del PP, única víctima política del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana. Costa ocupaba desde su defenestración, en octubre del año pasado, el escaño número 98 -el último de la bancada popular en el hemiciclo valenciano- y estuvo suspendido de militancia hasta el pasado mes de septiembre. 
Ayer, el Grupo Parlamentario acordó, por asentimiento, nombrar a Ricardo Costa coordinador del área económica, incluirlo en el consejo de dirección, adjudicarle la defensa parlamentaria del proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2011 y escenificar la recuperación de los galones. Costa se sentará detrás del escaño del portavoz, el consejero de Ciudadanía Rafael Blasco, que se ubica tras el sillón de propio Camps. 
Blasco defendió su decisión y aseguró que Costa "va a tener un protagonismo especial en el debate de Presupuestos" de la Generalitat para 2011. "Creemos que es un valor especialmente importante en este momento de debate de la ley más importante de la Generalitat: la de los Presupuestos", añadió el portavoz popular, quien consideró que el ex secretario general del PP valenciano "va a jugar de nuevo un papel en el consejo de dirección del PP en las Cortes". 
Costa, por su lado, agradeció al PP que le permita seguir haciendo "lo único" que sabe hacer, que es trabajar por el partido, y expresó su agradecimiento a la dirección del grupo, a Rafael Blasco, y al PP valenciano y nacional por haber podido recuperar protagonismo. Remarcó que "viene a sumar" y aseguró que está a disposición del partido "para lo que ellos consideren". 
Los grupos de la oposición reclamaron elecciones anticipadas y acusaron al PP de amparar la corrupción sin ofrecer ninguna explicación. 
(www.elpais.com, 07/10/10) 
CAMPS SIENTA A COSTA JUNTO A SU ´NÚCLEO DURO´ EN LAS CORTS Y LE DA MANDO SOBRE LOS DIPUTADOS 
Rehabilitación con todos los honores, al menos en cuanto a imagen. El ex secretario general del PPCV y ex portavoz en las Corts, Ricardo Costa, pasó ayer de estar proscrito en el último escaño popular del hemiciclo, el 98, tras su cese y suspensión de militancia durante diez meses con motivo del caso Gürtel, a ocupar un escaño "VIP" en la Cámara, el número 52, justo detrás del actual síndic y conseller, Rafael Blasco, y dos por encima del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. La ubicación, aunque en la segunda fila de la bancada del PP, tiene el valor simbólico de "meter" a Costa en la "foto" con el jefe del Consell, además de compartir zona en el núcleo de influencia del presidente en las Corts. Además, Costa orientará el área económica del PP y, para ello, según Blasco, se ocupará de "la coordinación de los diputados populares que forman parte de las comisiones parlamentarias de carácter económico", Economía, Industria, Obras Públicas o Medio Ambiente. 
De este modo, el hombre que desafió a Génova al negarse a dimitir tras las revelaciones sobre la rama valenciana del caso Gürtel y después de que salieran a la luz sus conversaciones con El Bigotes recupera así responsabilidades sobre la labor de los diputados del PP. Su rehabilitación llega casi un año después de su cese forzado por la dirección nacional, que culminó con la retirada de carné cuando Costa afirmó públicamente que continuaba siendo secretario general. Ahora se integra en la dirección del grupo y además llevará el peso del debate de los presupuestos de la Generalitat para 2011. Habrá qué ver hasta dónde llegan esas competencias de coordinación sobre los parlamentarios y si queda por encima de los respectivos portavoces, sobre todo el de Economía, José Marí, secretario de Economía del partido. Todo ello con permiso del portavoz, Blasco.  
Antes del pleno, el grupo aprobó por unanimidad la decisión, acogida con aplausos. Entre los diputados, muchos veían injusta la situación de Costa, al que conside?raban pagano político del caso Gürtel por cumplir con las órdenes de Camps. Otros creen que en puertas del otoño judicial clave sobre el caso Gürtel se ha dado simplemente una salida elegante al problema de la situación de Ricardo Costa -para aplacar el malestar cada vez más creciente del ex número dos, visible en el reciente debate de política general-, en un puesto con escaso contenido real. Fuentes populares lo interpretaban como un primer paso para su restitución completa a medio plazo en mayores responsabilidades. 
En la reunión de grupo, Ricardo Costa agradeció el ofrecimiento a la dirección y, "especialmente", a Blasco, del que dijo que ha demostrado ser su "amigo" y haber reconocido su valor como diputado, así como al PPCV y al de España, además de a sus compañeros de escaño. Olvidó citar al propio Camps, un signo, para muchos, de que quizá no está tan satisfecho como resulta en apariencia. Eso sí, evidenció que no pretende ser una figura decorativa al explicar que la idea es que las portavocías económicas tengan "una coordinación especial en una situación de especial importancia". 
Antes del inicio de la sesión, Costa accedió al hemiciclo, donde recibió felicitaciones de sus compañeros. La presidenta de la Cáma?ra, Milagrosa Martínez, le dio un abrazo. Hasta el vicesecretario David Serra se fotografió con él. Luego ocupó su nuevo escaño, que hasta ahora era del ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi. Éste pasó a sentarse a su lado. Todos los diputados del PP que quedan ahora por detrás de él tuvieron que desplazarse un escaño por la nueva ordenación del grupo, salvo la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. El damnificado por el sillón sobrante en esa segunda fila del grupo fue Eduardo Ovejero, que pasó a la tercera, desplazando a la cuarta a Manuel Bustamante. 
(www.levante-emv.com, 07/10/10) 
JUAN COSTA COMUNICÓ A RAJOY SUS PLANES SOBRE UNA EVENTUAL SUCESIÓN DE CAMPS  
Los movimientos del ex ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, en el PP valenciano para situarse en la carrera de la posible sucesión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no suponen una sorpresa para el presidente del PP, Mariano Rajoy. Según ha podido saber este diario, el propio Costa comunicó al líder nacional su "predisposición" a asumir las riendas del PP valenciano ante un eventual relevo de Camps antes de las elecciones autonómicas de 2011. Durante la conversación, que según las fuentes consultadas, se produjo después de las vacaciones de verano, Costa hizo saber a Rajoy que se sentía con fuerzas para gestionar la crisis que atraviesa la formación a raiz del caso Gürtel.  
Las mismas fuentes añaden que Rajoy admitió al diputado nacional por Castelló que no estaba contento con la situación que se vive en la Comunitat Valenciana, pero le reiteró que, en principio, su hoja de ruta no ha variado y que Camps será el candidato en 2011. Con todo, siempre según las mismas fuentes, Rajoy, fiel a su estilo, no habría pedido expresamente al ex ministro que se mantuviera al margen de los movimientos que están teniendo lugar en el PP valenciano ante la incertidumbre que genera el desenlace judicial del caso Gürtel.  
En este contexto se situarían los contactos que el hermano del ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, está teniendo con dirigentes valencianos para tantear sus posibles apoyos. Aunque tal como publicó ayer este diario, sus manifestaciones sobre Gürtel no han sentado bien en el PP de Castelló, -donde no es una persona querida, llegado el momento, sobre todo con el aval de Génova, podría encontrar apoyos en la provincia que controla Carlos Fabra y de la que ha sido cártel electoral desde 1993. En Alicante, tras la caída en desgracia del líder provincial, Joaquín Ripoll, implicado en el caso Brugal, goza de mayor acogida. 
Las posibilidades reales de un relevo a corto o medio plazo en el PP valenciano ha abierto expectativas en muchos dirigentes, sobre en aquellos con mayor ambición política; un grupo del que forma parte Juan Costa. Ya lo intentó en el ámbito nacional al tratar de conformarse como alternativa a Rajoy tras la derrota de 2008. De ahí que el diputado nacional, reconvertido en ecologista con su libro "La revolución imparable", no acabe de dar el paso de volver al sector privado pese a contar, según el mismo admite, con un atractiva oferta en la consultora Ernest &Young. 
(www.levante-emv.com, 07/10/10)
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR REHABILITA A RICARDO COSTA 
El grupo parlamentario popular ha rehabilitado hoy a su ex secretario general Ricardo Costa en las Cortes valencianas. Costa pasa a formar parte de la dirección del grupo parlamentario como responsable de la coordinación del área económica y defenderá los presupuestos de la Generalitat en el Parlamento valenciano. Además, abandona el escaño número 98, el último de la bancada popular, y se sentará en el número 52, justo detrás del actual portavoz del grupo y consejero Rafael Blasco. 
Como estaba previsto, Blasco ha aprovechado hoy la reunión del grupo parlamentario para rehabilitar la figura del ex secretario general de los populares y ha devuelto protagonismo a quien hasta octubre del año pasado fue la mano derecha del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. La decisión de la dirección nacional del PP, adoptada el pasado mes de septiembre, de indultar a Ricardo Costa y levantarle, antes de tiempo, la suspensión de militancia facilita ahora la rehabilitación de Costa en la recta final de la legislatura. 
Costa regresa a la primera línea en el grupo parlamentario justo un año después de que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmara en la celebración del 9 d'Octubre, día de la Comunidad Valenciana, que "la fiesta en Valencia se acaba". Tras meses de revelaciones en torno a la trama valenciana del caso Gürtel, y de la publicación de conversaciones grabadas por la policía a Costa y Álvaro Pérez, El Bigotes, la dirección nacional del PP forzó a Campa a destituir al entonces secretario regional y portavoz parlamentario. La insinuación de Costa de que continuaba siendo secretario general cuando Génova ya le daba por relevado desembocó en la suspensión de militancia. 
(www.elpais.com, 06/10/10) 
JUAN COSTA SE POSICIONA DE CARA AL POSTCAMPSISMO 
El debate sobre la sucesión del presidente Francisco Camps, pese a las declaraciones de apoyo de Mariano Rajoy, sigue, aunque de manera soterrada, abierto en las filas del PP valenciano ante la incertidumbre por el desenlace judicial del caso Gürtel. Uno de los que está tomando posiciones ante la eventualidad de un relevo de Camps de cara a las elecciones autonómicas de mayo de 2011 es el ex ministro Juan Costa. Fuentes populares aseguraron que ex titular de Ciencia y Tecnología con Aznar y hombre de confianza de Rato está realizando movimientos en los últimos tiempos para situarse en primera línea en esa carrera sucesoria no declarada.  
El ex ministro -que estos días ha mantenido diversas reuniones en Castelló, de donde es diputado nacional, y que ha protagonizado una rueda de prensa sobre los presupuestos del Estado con la parlamentaria Andrea Fabra- intentaría recabar apoyos en una parte del partido en Castelló, provincia controlada por el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, apartado temporalmente de la política por enfermedad y con graves imputaciones. Aunque el PP castellonense no está cómodo con las manifestaciones de Costa sobre Camps y Gürtel -el delfín de Fabra, Javier Moliner, se desmarcó el lunes de su enésimo reproche al presidente-, algunas fuentes sostienen que, a la hora de la verdad, el ex ministro podrían encontrar apoyos importantes en Castelló. 
Juan Costa gozaría de amplio respaldo en Alicante, donde el presidente provincial, Joaquín Ripoll, crítico con Camps pero debilitado por el caso Brugal, podría apostar por Costa como alternativa al jefe del Consell. En contra de Juan Costa juega la pugna que mantuvo con Rajoy en el Congreso de Valencia. No obstante, fuentes del PP matizaron que la relación ha mejorado y recuerdan que Rajoy estuvo en la presentación del libro de Costa sobre ecología. 
También es un lastre el hecho de que su hermano, Ricardo Costa, aparece involucrado en la rama valenciana del caso Gürtel y hasta hace semanas estaba suspendido de militancia por Génova tras arrogarse competencias que ya no tenía. A finales de 2009, el PP nacional -a raíz de grabaciones que revelaron la relación con El Bigotes- forzó su destitución como secretario regional y portavoz de los populares en las Corts, pero Costa mantenía que su apartamiento de la secretaría regional era simplemente una suspensión de funciones temporal. Entonces Génova le retiró el carné. Así casi un año. 
La rehabilitación de Costa, una vez que muchos consideran que ha pagado el error que cometió, empezará hoy a ser realidad. El grupo lo designará como su portavoz en el importante debate de los presupuestos autonómicos para 2011 y le encargará la coordinación de las comisiones relacionadas con Economía. No será el portavoz económico, al menos de momento, un puesto que mantendrá José Marí Olano. Además, la disposición para integrarlo en la dirección por parte del síndic, Rafael Blasco, es total. Igualmente, se pretende que deje "el escaño 98" (que representó su ostracismo político) y pase a la primera o, si no hay hueco, a la segunda fila del PP en el hemiciclo. 
(www.levante-emv.com, 06/10/10)
PERITOS DEL PP PARA DESACREDITAR A LA UDEF  
El Partido Popular ha fichado a un economista y a un auditor de cuentas para tratar de desacreditar los informes de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) sobre la supuesta doble contabilidad del PP valenciano y su relación con la trama de corrupción Gürtel.  
La Udef ha incorporado al caso Gürtel varios informes en los que sostiene que Orange Market -la empresa valenciana ligada a la trama de Francisco Correa- llevaba una doble contabilidad respecto al PP de Valencia (PPCV), su principal cliente y para el que organizaba eventos.  
Según la Policía, la financiación de la deuda B del PP valenciano procedía de las aportaciones de empresarios de esa comunidad que han sido adjudicatarios de contratos de la Generalitat. Esas aportaciones se habrían «enmascarado» con facturas emitidas por Orange Market en las que se hacían figurar contraprestaciones inexistentes.  
A petición del PP, los hermanos Ángel Escandell y Salvador Escandell, auditor de cuentas y economista, respectivamente, han elaborado un contrainforme fechado el pasado 15 de septiembre y que se ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se trata de una ampliación de un anterior dictamen redactado en mayo de 2010 al que se ha incorporado el análisis del demoledor informe policial de 20 de julio de 2010.  
Los peritos del PP afirman que las conclusiones de la Policía se basan en «conjeturas», son «hipótesis no demostradas» y se ven «desmentidas categóricamente» con el examen de la documentación contable del PPCV, que los agentes de la Udef «sorprendentemente no han utilizado». Pese a tratarse de un «Informe económico» -según reza su título- de índole pericial, sus autores deslizan afirmaciones ajenas a su competencia, como que «de los informes policiales podría desprenderse una cierta voluntad inculpatoria» respecto al PPCV.  
Pese a ser economistas, también analizan las escuchas telefónicas del caso Gürtel y opinan que de ellas «no se desprende acuerdo alguno entre los responsables del PPCV y de Orange Market para que los eventos sean pagados por determinados empresarios». El principal reproche a la Udef es que haya basado sus informes en unas hojas de cálculo intervenidas en Orange Market «no se sabe confeccionadas por quién» y, en cambio, no haya analizado ni los libros contables de esa empresa ni tampoco las cuentas del PP valenciano, «presentadas en el Tribunal de Cuentas y auditadas por Ernst&Young sin detectar incidencias dignas de mención».  
«Un análisis contable mínimamente riguroso debería basarse tanto en la contabilidad de una parte como de la otra con la que se quiere relacionar», afirman los peritos del PP.  
«Resulta del todo curioso que la Udef deduzca que los cobros Alicante son los cobros transparentes de Orange Market y los cobros Barcelona son los que no aparecen en los estados contables y declaraciones fiscales, pero, sin embargo, en ningún momento han analizado los libros oficiales, las cuentas de mayor, diario o balances de sumas y saldos» de la sociedad.  
«Ante los mismos elementos de valoración», añaden en referencia a las cifras que aparecen en las hojas de cálculo halladas en Orange Market, «se puede llegar a conclusiones diferentes. Bien podría ser un cobro, un pago, un ingreso, un gasto, un presupuesto, la base imponible de una factura o el total, no habiendo motivos suficientes para deducir que se trata de un cobro que se ha hecho en B para saldar la deuda de un servicio realizado al PPCV». El contrainforme destaca que en la denominada Caja Barcelona Eventos «aparecen conceptos como el pago de sueldos y pagas extras, pagos de facturas al Registro Mercantil, pagos al Ayuntamiento de Valencia o pagos a la Agencia Tributaria».  
«Todos son documentos oficiales», añade, «por lo que no hay motivos para considerar que estamos ante una contabilidad ajena a los circuitos económicos, sino más bien se puede concluir que se trata de un documento provisional (...). En cualquier empresa es práctica habitual hacer borradores de lo que posteriormente se traslada a los libros oficiales». También afirma que en la documentación contable del PP de Valencia «existen numerosas facturas del proveedor Orange Market que no constan mencionadas en el informe de la Udef». «Todos los pagos están justificados en servicios prestados y en las correspondientes facturas», concluye. 
(www.elmundo.es, 05/10/10)
RAJOY EVITA PEDIR PERDÓN AL SASTRE DE CAMPS 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, eludió ayer el caso Gürtel por enésima vez. El dirigente conservador, que reunió a su comité ejecutivo nacional en Barcelona como muestra de respaldo a su candidata Alicia Sánchez-Camacho, prefirió no responder a las preguntas que se le hicieron sobre la trama de corrupción. 
"¿Teme usted que el presidente de la Generalitat acabe en el banquillo por alguno de los delitos que el juez Pedreira ha decidido enviar finalmente al Tribunal Superior de Justicia valenciano para que los investiguen?" "¿Ustedes, que apelan tanto a la presunción de inocencia, tienen pensado pedir disculpas al sastre de Camps por haberle acusado de graves delitos ahora que ha sido desimputado?" Estas fueron las dos cuestiones que se le plantearon al jefe de la oposición. "Le aseguro que ambos asuntos no se han tratado en esta reunión", contestó.  
Con ello Rajoy dio por finalizada la rueda de prensa, como hace habitualmente en cuanto le sacan a relucir la situación en el País Valencià. Su respuesta también sirvió para constatar que el líder del PP no habla ante los suyos de la situación del jefe del Consell, a pesar de que esta siga avanzando procesalmente. Ayer, tocaban Presupuestos y elecciones catalanas. Todo ello sazonado por las críticas a un Gobierno que ve "en tiempo de descuento". 
Rajoy no quiso opinar del auto personalmente ni pedir perdón por los pasos que se han dado en su nombre. Tampoco Federico Trillo tiene previsto retractarse. Y eso que el estratega judicial del PP ha sido una de las personas que más se han cebado con José Tomás. Trillo siempre ha tratado de resaltar "las contradicciones" del sastre, entre bailes de cifras y fechas, con el fin de desacreditar a uno de los testigos principales del caso de los trajes.  
Cuando hace unos días el juez le levantó la imputación, nadie del PP se dirigió a él para excusarse. Al contrario, los conservadores anunciaron que iban a presentar un recurso ante dicha decisión. Este se conocerá en los próximos días. 
No era la primera vez que la Justicia daba la razón al sastre. También lo hizo cuando sentenció que había sido despedido de Forever Young de forma improcedente.
En el auto del pasado 27 de septiembre se señala que las declaraciones prestadas en la causa descartan el delito de falsedad documental. 
Algo de lo que precisamente Trillo le ha acusado hasta la saciedad. El diputado conservador también ha apuntado en numerosas ocasiones que el sastre pudo realizar una doble facturación: por un lado a Camps y, de otro, a la trama corrupta. El juez Pedreira mantiene que el sastre ignoraba si los trajes "se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban". 
Para el PP, sigue siendo "un chorizo" y desde sus filas aseguran que aún tiene que responder a otras cuestiones. Pero Trillo también tiene que dar explicaciones después de que el propietario de la tienda, Eduardo Hinojosa, (al que el sastre ya ha ganado seis pleitos en los tribunales), reconociera hace unos días que se había reunido en dos ocasiones con el responsable de Justicia y que este se había interesado "por el tema de los trajes".  
Por otro lado, Camps, que no acudió al encuentro de ayer, anunció que el jueves responderá a las preguntas de la oposición en Les Corts. A petición del portavoz del PSPV, Ángel Luna, tendrá que razonar porque está "satisfecho" con el auto de Pedreira teniendo en cuenta que se está hablando, entre otros delitos, de financiación ilegal, tráfico de influencias o cohecho propio. Rajoy, mientras tanto, le sigue apoyando para que repita como candidato a la presidencia de la Generalitat y lo seguirá haciendo a menos que ocurra una hecatombe judicial.  
(www.publico.es, 05/10/10)
CAMPS DICE QUE LOS JUECES LE DAN LA RAZÓN AUNQUE PUEDEN INVESTIGARLO POR MÁS DELITOS 
El presidente valenciano, Francisco Camps, y su Gobierno optaron ayer por ver la botella del caso Gürtel medio llena y no medio vacía. Aunque la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de enviar a Valencia la investigación del juez Antonio Pedreira -que afecta a la Generalitat y a varios de sus altos cargos, al PP valenciano y a media docena de conocidos contratistas de la Administración autonómica- es contraria a lo que los populares pretendían, tanto Camps como la portavoz de su Consell se aferraron a la estimación parcial del recurso en lo que se refiere a que la determinación de los posibles delitos cometidos por aforados valencianos debe hacerla el tribunal valenciano y no venir indicada desde Madrid. 
Camps, que puede ser investigado ahora por delitos más graves que el supuesto cohecho pasivo impropio derivado de los trajes que le regaló la trama corrupta, por el que está imputado, expresó ayer su "satisfacción" ante la decisión del TSJ de Madrid. "Yo creo que recoge ampliamente todos nuestros argumentos", apuntó a la salida de un acto público. 
La portavoz de la Generalitat Valenciana, consejera de Justicia y Administraciones Públicas y jefa de la campaña electoral de Camps, Paula Sánchez de León, aseguró al término del pleno del Consell que el auto "va poniendo las cosas en su sitio". Según Sánchez de León, "en un proceso lento y difícil de entender, cada paso y cada decisión judicial que se van dando, va poniendo las cosas en su sitio". 
La portavoz del Consell, que se acoge siempre a la presunción de inocencia para no pronunciarse sobre los casos de corrupción, admitió que el TSJ de Madrid solo ha admitido parcialmente el recurso del PP, pero añadió que lo ha hecho en la parte "fundamental". Sánchez de León, como hizo el jueves en Benidorm Federico Trillo, arremetió contra las fiscales que llevan el caso Gürtel. "No ha atendido [el TSJM] a los informes de la fiscalía que tantas veces hemos dicho que son tendenciosos y manipuladores", aseguró. 
La causa investigada por el juez Pedreira en Madrid, que ahora se remite a Valencia, ha revelado la financiación irregular del PP valenciano y todo un entramado de adjudicaciones amañadas por departamentos de la Generalitat Valenciana. 
(www.elpais.com, 02/10/10)
EL CERCO JUDICIAL DE CAMPS SE AGRAVA
El cerco judicial a Francisco Camps se agrava. El presidente de la Generalitat puede verse obligado a afrontar imputaciones que implican inhabilitación y cárcel frente a la multa que supone el tipo delictivo al que se enfrenta ahora. Esa es la gravedad de la decisión hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así, al supuesto delito de cohecho pasivo impropio que investiga el juez José Flors por recibir regalos de empresas de la trama Gürtel, se le pueden sumar otros, como cohecho propio, financiación ilegal y delito electoral.
A la Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano va a llegar toda la documentación que durante más de un año ha recabado el juez Antonio Pedreira desde el TSJ de Madrid. Esa documentación incluye informes policiales y de Hacienda, testificales y escuchas telefónicas que destapan la existencia de una trama de financiación del PP valenciano, así como numerosas adjudicaciones irregulares, en las que se ven implicados varios consejeros, dirigentes del PP, cargos de la Generalitat y media docena de conocidos constructores, además de los integrantes de la red que dirigía Francisco Correa y que tenía como cabeza visible en Valencia a Álvaro Pérez.
La sala de Lo Civil y Penal del TSJ tendrá que decidir si es o no competente para investigar estos indicios. Ya adelantó en un auto hace meses que entendía que todo aquello que afectara a aforados valencianos le era propio. El pleno de la sala, incluido por tanto el instructor del caso de los trajes, el juez Flors, se reunirá para adoptar una decisión que, con toda probabilidad, será afirmativa. Después tendrá que decidir si lo que remite Pedreira es en efecto una nueva causa o si ha de acumularse a la de los trajes. Esta posibilidad, que defenderán la Fiscalía Anticorrupción y los diputados socialistas personados como acusación popular, colocaría al presidente Camps ante la perspectiva de un supuesto cohecho propio y de una instrucción más larga. Si el tribunal decidiera que lo remitido por Pedreira ha de considerarse una causa nueva, la sala designará instructor siguiendo el turno establecido. Y podría ser también Flors.
Según fuentes de la investigación, la intención inicial de Flors es mantener separados los asuntos. Eso se traduciría en que Camps se sentaría en pocos meses en el banquillo de los acusados y sería juzgado por un jurado por cohecho pasivo impropio. Pero ese juicio no eximiría al presidente de verse ante nuevas imputaciones.Federico Trillo, diputado del PP por Alicante y director de la estrategia del PP en causas como la de supuesta financiación ilegal, falsedad, cohecho propio y delito electoral que afecta a Camps y varios consejeros autonómicos, fue homenajeado ayer en Benidorm por Nuevas Generaciones del PP local. Tomó la palabra y lo hizo para dar su versión del auto que ayer dio el visto bueno a que la causa instruida por el juez Pedreira llegue a manos del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Trillo interpretó que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "ha reconocido que los hechos que las fiscales [de anticorrupción] se empeñan en considerar irregulares e incluso delictivos se han cometido en Valencia". Dijo más: "La causa se remite a Valencia por razones estrictamente geográficas". Y, según él, "deja muy mal a la fiscalía, una vez más manipulada por el interés sectario del Fiscal General del Estado y las fiscales Anticorrupción". De ellas, afirmó que "no han defendido la legalidad y la competencia [en referencia a la negativa del ministerio público de que el PP fuera acusación particular]".
Trillo hizo estas declaraciones ante Francisco Camps. El presidente acudió anoche al acto acompañado de los vicepresidentes Vicente Rambla y Juan Cotino, y de los consejeros Angélica Such y Mario Flores, además del portavoz popular Esteban González Pons. El presidente llegó a las 21.15 a la Ermita Sanz donde se celebró el homenaje. Llegó a tiempo. Antes había dejado plantados a los rectores de las universidades valencianas con los que tenía que firmar el acuerdo de financiación, en el acto de apertura del curso académico de la Universidad de Alicante, el único que tenía previsto presidir este año. Camps no dijo palabra alguna, ni siquiera para explicar su ausencia, y, menos aún, para valorar la situación jurídica en la que se va a ver envuelto una vez llegue al TSJ la causa por cohecho propio, falsedad, financiación ilegal y delito electoral en la que aparece implicado.
(www.elpais.com, 01/10/10)
EL TRIBUNAL DE VALENCIA INVESTIGARÁ LOS DELITOS GRAVES ATRIBUIDOS A CAMPS
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó ayer remitir a su homólogo de Valencia todos los informes con nuevos delitos sobre la parte del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, que afecta al presidente valenciano, Francisco Camps, ya imputado, y a otros cargos de su Gobierno y del PP. Los informes policiales y de la Agencia Tributaria detallan, con pruebas, que el PP valenciano se financió ilegalmente a través de empresas que, a su vez, recibían contratos del Gobierno autónomo. También apuntan a otros delitos de falsedad y cohecho propio.
El auto del tribunal madrileño rechaza parcialmente el recurso del PP contra la decisión que adoptó en mayo pasado el juez Antonio Pedreira, instructor del caso en Madrid, de remitir a Valencia una parte de la causa que afectaba a aforados de ese partido. Pedreira aludía en su resolución a delitos que son más graves aún que el de cohecho impropio imputado a Camps por recibir regalos de trajes de la trama y que investiga ahora el juez de Valencia José Flors por orden del Supremo. El alto tribunal ordenó analizar el regalo de los trajes después de que el Superior de Valencia, presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien Camps definió públicamente como "más que un amigo", archivara el caso.
El Superior de Madrid indica en su auto que, dada la supuesta implicación de aforados, es el tribunal valenciano el competente para valorar y decidir qué nuevos delitos se deben investigar y a quién se les imputan. La página web de EL PAÍS adelantó ayer esta noticia asegurando que Camps iba a ser juzgado por más delitos, cuando en realidad sólo va a ser, de momento, investigado; los jueces deberán resolver si debe sentarse en el banquillo.
El Superior de Valencia tiene varias opciones: investigar los nuevos delitos, no hacerlo, o bien insistir, como ya hizo una vez, en que los hechos de Valencia deben ser investigados en Madrid. Esta última opción obligaría a intervenir al Supremo para dilucidar a quién le corresponde la competencia. Si optasen por no investigar los nuevos delitos, los jueces valencianos irían contra sus propios actos, ya que en un auto del pasado 15 de febrero, que firmaron los cinco miembros de la Sala Penal, estos advierten de que es "necesario" investigar "el cualificado informe" de la policía, de 500 páginas, que detalla delitos cometidos por altos cargos del PP. En ese "cualificado" informe se basó la querella que el PSOE de Valencia interpuso por financiación ilegal contra Camps y otros 15 altos cargos populares. El PSOE interpuso esa querella después de que el tribunal que preside De la Rúa se hubiese negado a investigar el citado informe, donde se denunciaba que empresas contratistas de la Generalitat Valenciana pagaron a través de Orange Market, filial de la trama corrupta, actos que realizó el PP de Valencia entre 2004 y 2008.
El Tribunal Superior de Valencia contestó a la querella del PSOE con el citado auto, en el que se desentendía del asunto y lo remitía al juez Pedreira, al entender que había conexión con la trama Gürtel de Madrid, y advertía de que le remitiesen las actuaciones si surgían aforados valencianos. "La querella y el cualificado informe de la Unidad Especial de Policía contra la Criminalidad organizada que la acompaña contienen hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar para averiguar los mismos, estando en cuestión únicamente qué órgano judicial (...) es el que resulta competente", señalaba el tribunal valenciano. También insistía en que era "necesario investigar" las "actitudes y actuaciones sospechosas de irregularidad" que evidencian las conversaciones telefónicas interceptadas por la policía entre cargos del PP y miembros de la red.
Lo que ahora enviará Pedreira a Valencia no es solo aquel informe de 500 páginas, sino también otros que aportan aun más pruebas sobre financiación ilegal.
(www.elpais.com, 01/10/10)
LOS PASOS
- La causa. La Sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano recibirá en las próximas semanas la causa instruida por el juez Pedreira.
- Discusión de competencia. El pleno de la Sala se pronunciará sobre si considera o no que es de su competencia.
- Denegación de competencia. Si no acepta la causa, enviará el asunto al Tribunal Supremo.
- Aceptación de la competencia. El pleno decidirá si la acumula a la causa de los trajes o abre una nueva, en cuyo caso, nombrará un instructor.
(www.elpais.com, 01/10/10)
EL PP APURA LOS PLAZOS
En el mundo de la política hay muchos juristas. En la dirección del PP, el porcentaje supera la media. Y los pocos que no lo son, se están convirtiendo, gracias al caso Gürtel, en expertos en derecho procesal. Las únicas preguntas que importan en el PP, las que se repiten los dirigentes, dependen precisamente de este área: ¿dará tiempo a que Camps se siente en el banquillo antes de las elecciones? ¿Lo imputarán por cohecho propio antes de que lleguen los comicios?
Prácticamente todos los dirigentes tienen claro lo que hay detrás del caso. Por un lado, un presidente se dejó regalar al menos 12.000 euros en trajes por unos amigos a los que dio siete millones de euros en contratos públicos. Nadie en el PP cree que Camps se llevara dinero, no le ven como un corrupto, pero sí está asumido que dio trato de favor a sus amigos.
Por otro lado, está la financiación ilegal. Los más informados creen que el caso puede acabar mal, con imputaciones a varios dirigentes del PP. Pero, de nuevo, la clave son los tiempos. Mariano Rajoy parece haber tomado la firme decisión de no hacer nada mientras la justicia no impute a Camps u otros por cohecho propio y otros delitos. El cohecho impropio por el que ya está imputado, con una resolución unánime de cinco jueces del Tribunal Supremo, está asumido.
Y si Rajoy no hace nada, nadie va a hacer nada. Así que el PP, y en especial Federico Trillo, que anoche recibió un homenaje en Benidorm, se concentra en dilatar el proceso todo lo posible -gracias al recurso fallado ayer ha logrado cuatro meses de parón, y eso que el informe policial sobre el que se basa todo es de julio de 2009.
Si consiguen retrasarlo lo suficiente, Camps se presentará a las elecciones. Y después de ganar, todo será diferente, dicen en el PP. De nuevo la doctrina, ya aplicada en el caso Fabra, que las urnas absuelven a los políticos. Aún así, muchos dirigentes cercanos a Rajoy están cada vez más convencidos de que hay que limpiar el PP de la Comunidad Valenciana. Lo único que queda es saber cuándo hacerlo.
De momento, con las encuestas a favor y un gran optimismo interno, se limitan a ganar tiempo. Ayer la dirección nacional insistió en destacar que "no hay nuevas imputaciones para Camps ni ningún aforado", y que el caso se envía a Valencia "por razones estrictamente territoriales". Mientras, Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes valencianas, sentenció: "A partir de ahora, dejamos de hablar de los famosos tres trajes, que no eran tres, y hablamos de prevaricación, cohecho, delito electoral y malversación".
(www.elpais.com, 01/10/10)
EL TSJM REMITE A VALENCIA LA CAUSA POR FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
Todo son malas noticias para el PP en relación con la trama Gürtel. La última, la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha desestimado el recurso del PP contra la decisión del juez Antonio Pedreira, instructor del caso, de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en cuanto a la parte que implica a la cúpula de la Generalitat Valenciana con una presunta financiación ilegal y un delito electoral.
En su auto, el TSJM ha acordado remitir la causa a Valencia, aunque será el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad el que decida sobre la posible conexión de los delitos o su investigación por separado, así como su admisión a trámite. En caso de no admitirlo, crearía un conflicto de competencias.
En el escrito se señala que "los hechos relatados jamás podrían atribuirse a los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid", al existir entre los encausados varios aforados valencianos, por lo que el tribunal avala inhibición de Pedreira a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Pero los magistrados de Madrid señalan que la "relevancia penal" de los hechos atribuidos a Camps y a miembros de su administación "tiene que ser determinada por los competenes órganos judiciales de Valencia", que deberán decidir "si hay lugar a proceder y si existen o no hechos de apareciencia delictiva".
En su recurso, el PP sostenía que no se ha demostrado una conexión entre los hechos investigados por el tribunal madrileño y la llamada "causa de los trajes" que se instruye en Valencia. El partido de Mariano Rajoy solicitó que se rechace la inhibición en favor del TSJV "por no estar acreditados los hechos que imputa la fiscalía", así como la participación en los mismos del presidente valenciano, Francisco Camps, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, y por carecer los hechos de relación o analogía con los "hechos de los que se conoce en la causa valenciana".
Pedreira dictó en mayo un auto inhibición parcial con el que remitió a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV la parte de la investigación que se refiere al PP y afecta a Camps. El objetivo de Pedrera era evitar "la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los distintos informes". Además de Camps, el auto de Pedreira señalaba indicios de delitos contra Ricardo Costa, Rafael Betoret, Vicente Rambla, Victor Campos, Pedro Gimeno, David Serra y Cristina Ibáñez.
El magistrado de Madrid tomó esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de mayo al TSJCV reabrir la investigación contra Camps y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel. Pedreira ordenó, además, que la parte del sumario que afecta a las cuentas del PP valenciano se uniese a esta investigación.
El juez tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP valenciano.
El 15 de febrero pasado la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV decidió no investigar por el momento la presunta financiación irregular del PP de Valencia, alegando que los hechos podrían estar incorporados ya en alguna de las causas judiciales que se siguen por el "caso Gürtel".
Según los 50.000 folios del sumario del caso Gürtel, la Policía halló pruebas de financiación ilegal en la Comunidad Valenciana a través de empresas ligadas a la trama corrupta, en concreto Orange Market, que luego recibían millonarias adjudicaciones de la Generalitat. Es más, tal y como adelantó Público a principios de septiembre, la Brigada de Blanqueo de la Policía sostiene en un informe del pasado 20 de julio que el Gobierno de Camps pagó 846.000 euros a Orange Market a través de dinero negro o facturas falsas durante 2008. 
Esto en cuanto a la financiación ilegal. En lo respectivo al delito electoral, el magistrado Pedreira vincula en uno de sus autos al PP valenciano con el falseamiento de cuentas electorales mediante "pagos" que no fueron "reflejados en las cuentas". Según el juez, el PP valenciano ocultó pagos por 2,5 millones de euros.
(www.publico.es, 01/10/10)
EL TSJM TRASLADA A VALENCIA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE CAMPS
El PP ha fracasado en su último intento para evitar que uno de sus dirigentes más controvertidos, Francisco Camps, vuelva a los tribunales para aclarar una presunta financiación ilegal de este partido en Valencia y otros delitos. Así lo decidió ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que avaló la decisión del instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que se inhibió a favor de sus colegas valencianos el pasado mes de mayo.
El PP, que actúa como acusación particular, pidió a los magistrados de la sala civil y penal del TSJM que dejaran sin efecto la decisión de su subordinado. Sin embargo, los jueces se han negado a su pretensión con un argumento muy simple.
Los presuntos delitos descubiertos por sendos informes de la policía judicial y de la Agencia Tributaria afectan a aforados de la Comunidad Valenciana. Por ello, Pedreira «jamás podría tomar declaración como imputados a aforados de otra comunidad autónoma» que no sea Madrid «ni practicar actuaciones a sus espaldas y sin posibilidad de tomar conocimiento de ellas y poder defenderse o contradecirlas».
Los magistrados sostienen que la decisión de Pedreira de remitir esta parte de la causa a Valencia «es necesaria y consecuente». La sala civil y penal del TSJM no condiciona la actuación de sus colegas del Tribunal de Valencia, ya que aclara que son estos los encargados de «establecer si existen o no hechos de apariencia delictiva».
También deberán resolver «sobre la admisión de imputación y sobre la conexidad o no con las actuaciones» que tramita José Flors sobre el caso de los trajes que supuestamente recibieron Francisco Camps y otras tres personas de personas vinculadas con la red que dirigía Francisco Correa. Esta investigación se reabrió el pasado mes de mayo por orden del Tribunal Supremo.
Los nuevos delitos que debe investigar ahora el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) se refieren a un posible delito electoral cometido durante las elecciones autonómicas y locales del 2007. Los informes policiales acreditan que Orange Market pagó servicios del PP en esta comunidad autónoma de forma opaca y en efectivo y que dichos pagos fueron realizados por algunos empresarios que así encubrían donaciones que realizaban al PP.
Además, el TSJCV tendrá que investigar si los dirigentes del PP también han incurrido en los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil por las facturas que falsearon el pago de los servicios por parte de Orange Market y por la omisión en las declaraciones de la renta «de los ingresos recibidos de forma opaca cuyo importe es de 2,5 millones de euros», según uno de los informes policiales. Los jueces de Valencia también tendrán que investigar la posible comisión de un delito de prevaricación y cohecho.
La sala civil y penal del TSJV, que todavía preside Fernando de la Rúa, que es amigo personal del presidente valenciano, será la encargada de decidir sobre esta inhibición. En el caso de rechazarla, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra. De la Rúa está en funciones desde hace más de un año, ya que el Consejo General del Poder Judicial aún no ha nombrado a su sustituto.
(www.elperiodico.com, 01/10/10)
LOS POPULARES SUBRAYAN QUE NO HAY NUEVAS IMPUTACIONES
El PP acogió ayer con preocupación el auto del TSJM que abre la puerta a otra investigación contra Camps, -además por delitos muchos más graves que el podría derivarse por el regalo de los trajes- y abre el melón de la posible financiación irregular del PP. Sin embargo, los populares se agarraron al hecho de que, de momento, no puede hablarse de nuevas imputaciones ni para Camps "ni para ningún aforado del PP valenciano", según fuentes de la dirección nacional.
Es más, Génova subrayó el envío a Valencia obedece a "razones estrictamente territoriales" y "no entra en el fondo del asunto por competencia territorial", al tiempo que se les da la razón en que "los hechos no están probados". A su entender, la propia resolución admite que es "prematuro hablar de conexiones con los hechos que se vienen investigando". Es más, la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, expresó la "satisfacción" de los populares por "no hay nada en la Comunitat Valenciana" y "verdad se va imponiendo".
No lo ve igual la oposición que considera que se estrecha el cerco judicial contra Camps. Para el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, el auto supone el "fracaso" por parte del PP de "impedir" el desarrollo de la investigación del caso Gürtel y celebró que "afortunadamente la justicia ponga las cosas en su sitio".
Por su parte, la coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, lanzó una advertencia al TSJCV al que indicó que "ya no tiene excusa para demostrar que la justicia llega hasta el presidente de la Generalitat". Para Mònica Oltra, portavoz adjunta de Compromís, en cada acto judicial se va evidenciando que "el PP es el partido más corrupto de toda España".
(www.levante-emv.com, 01/10/10)
EL CONSELL CONSIDERA LEGÍTIMO ACUSAR AL JUEZ GARZÓN PARA EXCULPAR A CAMPS
"Ni Garzón ni las fiscales eran quiénes para excluirlas". El secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré, en una intervención en la que no se contuvo a la hora de arremeter contra el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, ni al referirse a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como "míos" o "suyos", "del PSOE" o "del PP", justificó ayer ante una comisión de las Cortes que la Abogacía de la Generalitat acuse al juez Baltasar Garzón para defender grabaciones anuladas que, en su opinión, exculpan al presidente del Consell, Francisco Camps, de las imputaciones de haber recibido regalos de la trama de corrupción del caso Gürtel.
Cabré justificó que la Generalitat haya recurrido al juzgado tras el rechazo por parte del Poder Judicial de una queja contra Garzón y defendió "la espontaneidad" de la conversación grabada en la cárcel entre Pablo Crespo, segundo de Francisco Correa en la trama Gürtel, y su abogado, en la que afirmaba: "Yo creo que Camps, si se hizo los trajes, los habrá pagado". El secretario autonómico añadió que "las estrategias vienen luego", pero fue muy beligerante al descalificar la actuación del magistrado de la Audiencia Nacional. En su opinión, la queja ante el CGPJ obedece a "una cuestión disciplinaria" y no entra en el fondo del caso. En el mismo sentido, defendió que la Abogacía se quejara de que Garzón pretendiera hacerse cargo de la investigación sobre las filtraciones del caso Gürtel.
"¿Están ustedes con los presuntos delincuentes o con los valencianos?", le preguntó el diputado socialista Manuel Mata. "¿Son ustedes los abogados de Camps o los abogados de los valencianos?". El diputado criticó la utilización de la Abogacía de la Generalitat para defender a quienes están imputados por haber perjudicado a la Administración y negó que las grabaciones a Crespo puedan ser usadas en la defensa de Camps porque la ley no considera válidas las exculpaciones entre "coimputados". "Los altos cargos ya tienen los mejores abogados, no hace falta que ustedes lo sean también", añadió Mata, que calificó de "perversión de la democracia" el hecho de que se ponga la Administración valenciana al servicio de la defensa de Camps.
La diputada de Compromís Mireria Mollà, por su parte, destacó la contradicción de que el presidente del Consell se niegue a hablar de sus problemas con la justicia en las Cortes porque son un asunto personal y movilice a la Abogacía de la Generalitat en su defensa.
Poca urgencia tras la sentencia
La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, salió ayer indignada de la Junta de Portavoces de las Cortes Valencianas. Su grupo había propuesto incluir por el procedimiento de urgencia en el orden del día del próximo pleno ordinario una proposición no de ley para reivindicar la figura de Francesc Bosch i Morata, que fue conseller de Cultura de Valencia durante la República, en lo que se considera que fue un embrión de las instituciones autonómicas.
La mayoría de que dispone el PP impidió que eso ocurriera y envió la proposición al trámite en comisión. Se trata de una de las iniciativas que recibieron amparo por parte del Tribunal Constitucional en una sentencia que anuló al PP su rechazo de las iniciativas de la oposición sin justificación. En aplicación del fallo, la Mesa de las Cortes, que preside Milagrosa Martínez, tuvo que aceptar a trámite nueve preguntas sobre adjudicaciones a empresas del caso Gürtel y esta proposición no de ley.
"No tienen vergüenza", exclamó la diputada de Compromís, que acusó al PP de persistir en "el recorte injustificado de derechos democráticos y constitucionales", en este caso de los diputados, y añadió que eso es "la antesala de la corrupción". Oltra acusó a Milagrosa Martínez y los otros dos miembros del PP en la Mesa de las Cortes de considerar que están "por encima del Tribunal Constitucional". "Esta iniciativa se debatirá", anunció Oltra, "aunque el PP quiera eludir el debate público".
Bosch i Morata, político del Partit Valencianista d'Esquerra que murió en el exilio en México en 1950, creó en 1937 el Institut d'Estudis Valencians.
(www.elpais.com, 01/10/10)
MADRID ENVÍA A LOS TRIBUNALES VALENCIANOS LA PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS
Los magistrados se basan en una cuestión formal para avalar el traslado de la causa. Según el auto, "la condición de aforados de alguna de las personas a las que se atribuyen hechos de apariencia delictiva resulta determinante para la inhibición. Los magistrados añaden que jamás se podría tomar declaración en Madrid como imputados a aforados de otra comunidad autónoma ni practicar actuaciones a sus espaldas".
La decisión del alto tribunal supone un nuevo varapalo para los intereses del Partido Popular que por todos los medios a su alcance ha intentado que el juicio contra Camps se quedase sólo en el capítulo de la recepción de los trajes.
Ahora los tribunales valencianos tendrán que investigar la presunta financiación ilegal del PP valenciano y los presuntos delitos de tráfico de influencias que la investigación de la Fiscalía y la policía atribuyen a la cúpula del PP de aquella comunidad.
Presuntos delitos relacionados con la financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas constructoras que, a su vez, recibían contratos del Gobierno valenciano de Francisco Camps.
De abrirse proceso para el presidente valenciano por presuntos delitos de financiación ilegal, tráfico de influencias y cohecho propio su futuro como candidato vuelve a complicarse.
Ésta es una de las decisiones esperadas por la dirección del PP de Rajoy. Hasta el momento, salvo apoyos puntuales en declaraciones públicas Camps no ha sido designado de manera oficial como candidato a las elecciones en su comunidad.
El tribunal sí da la razón al PP al considerar que no ha traspasado las funciones propias de la acusación particular y en que "quien deberá acreditar si los hechos son o no delictivos deberán ser los órganos judiciales de Valencia".
(www.cadenaser.com, 30/09/10)
CAMPS SERÁ INVESTIGADO POR MÁS DELITOS EN VALENCIA
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado parcialmente el recurso interpuesto por el PP contra la decisión del juez Antonio Pedreira de inhibirse a favor del TSJ de Valencia para que sea este tribunal el que investigue y juzgue todos los indicios de delito encontrados en la investigación del Caso Gürtel que afectan al presidente valenciano, Francisco Camps, y a la cúpula del PP regional y del Gobierno autonómo.
Según la información que Pedreira envió a Valencia, la rama valenciana del caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido en democracia, va mucho más allá de los regalos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de los que ya estaba en camino de ser juzgado. Los indicios apuntan a siete delitos vinculados a la corrupción relacionados con el amaño de contratos a favor de la red Gürtel (prevaricación y tráfico de influencias); con la aceptación de regalos pagados por Álvaro Pérez, el Bigotes, jefe de la trama corrupta en Valencia, a dirigentes del PP (cohecho) y con la ocultación a Hacienda de gastos del partido en la campaña de 2007 (delito electoral). El juez recogía en su auto los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que considera que Camps pudo incurrir en cohecho propio (recibir regalos a cambio de adjudicar contratos) en lugar del cohecho pasivo impropio que ahora se le imputa (recibir regalos por su condición de autoridad sin vinculación con la adjudicación de contratos).
El pasado 4 de junio el PP recurrió el auto en el que Pedreira se inhibía y le acusaba de equivocarse al guiarse por la "visión parcial" de la Fiscalía. Los abogados del partido aseguraban también que no existían datos para deducir una conexión entre la causa investigada por el TSJ de Valencia y las actuaciones del tribunal de Madrid.
(www.lavanguardia.es, 30/09/10)
EL PP ASEGURA QUE "NO HAY NUEVAS IMPUTACIONES"
El Partido Popular ha enviado a los medios una valoración tras conocerse la decisión del TSJ de Madrid, que reproducimos a continuación:
1. No hay nuevas imputaciones ni para Camps ni para ningún aforado.
2. Da la razón al PP al estimar que los hechos no están probados.
3. El envío al TSJV es por razones estrictamente territoriales.
4. [El auto] no entra en el fondo del asunto por competencia territorial.
5. Afirma, así mismo, que es prematuro hablar de conexiones con los hechos que se vienen investigando.
6. El auto estima "parcialmente" el recurso del PP.
(www.elpais.com, 30/09/10)
EL TSJM REMITE A VALENCIA LA CAUSA POR FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
Todo son malas noticias para el PP en relación con la trama Gürtel. La última, la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha desestimado el recurso del PP contra la decisión del juez Antonio Pedreira, instructor del caso, de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en cuanto a la parte que implica a la cúpula de la Generalitat Valenciana con una presunta financiación ilegal y un delito electoral.
En su auto, el TSJM ha acordado remitir la causa a Valencia, aunque será el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad el que decida sobre la posible conexión de los delitos o su investigación por separado, así como su admisión a trámite. En caso de no admitirlo, crearía un conflicto de competencias.
En el escrito se señala que "los hechos relatados jamás podrían atribuirse a los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid", al existir entre los encausados varios aforados valencianos, por lo que el tribunal avala inhibición de Pedreira a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Pero los magistrados de Madrid señalan que la "relevancia penal" de los hechos atribuidos a Camps y a miembros de su administación "tiene que ser determinada por los competenes órganos judiciales de Valencia", que deberán decidir "si hay lugar a proceder y si existen o no hechos de apareciencia delictiva".
En su recurso, el PP sostenía que no se ha demostrado una conexión entre los hechos investigados por el tribunal madrileño y la llamada "causa de los trajes" que se instruye en Valencia. El partido de Mariano Rajoy solicitó que se rechace la inhibición en favor del TSJV "por no estar acreditados los hechos que imputa la fiscalía", así como la participación en los mismos del presidente valenciano, Francisco Camps, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, y por carecer los hechos de relación o analogía con los "hechos de los que se conoce en la causa valenciana".
Pedreira dictó en mayo un auto inhibición parcial con el que remitió a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV la parte de la investigación que se refiere al PP y afecta a Camps. El objetivo de Pedrera era evitar "la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los distintos informes". Además de Camps, el auto de Pedreira señalaba indicios de delitos contra Ricardo Costa, Rafael Betoret, Vicente Rambla, Victor Campos, Pedro Gimeno, David Serra y Cristina Ibáñez.
El magistrado de Madrid tomó esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de mayo al TSJCV reabrir la investigación contra Camps y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel. Pedreira ordenó, además, que la parte del sumario que afecta a las cuentas del PP valenciano se uniese a esta investigación.
El juez tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP valenciano.
El 15 de febrero pasado la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV decidió no investigar por el momento la presunta financiación irregular del PP de Valencia, alegando que los hechos podrían estar incorporados ya en alguna de las causas judiciales que se siguen por el "caso Gürtel".
Según los 50.000 folios del sumario del caso Gürtel, la Policía halló pruebas de financiación ilegal en la Comunidad Valenciana a través de empresas ligadas a la trama corrupta, en concreto Orange Market, que luego recibían millonarias adjudicaciones de la Generalitat. Es más, tal y como adelantó Público a principios de septiembre, la Brigada de Blanqueo de la Policía sostiene en un informe del pasado 20 de julio que el Gobierno de Camps pagó 846.000 euros a Orange Market a través de dinero negro o facturas falsas durante 2008. 
Esto en cuanto a la financiación ilegal. En lo respectivo al delito electoral, el magistrado Pedreira vincula en uno de sus autos al PP valenciano con el falseamiento de cuentas electorales mediante "pagos" que no fueron "reflejados en las cuentas". Según el juez, el PP valenciano ocultó pagos por 2,5 millones de euros.
(www.publico.es, 30/09/10) 
EL JEFE DEL SASTRE DE CAMPS ADMITE QUE SE VIO CON TRILLO
¿Actuaron de manera coordinada el PP y el jefe del sastre que desveló los regalos de la trama Gürtel a Francisco Camps? La pregunta cobra especial relevancia tras la declaración judicial prestada ayer en Valencia por Eduardo Hinojosa, propietario de las tiendas donde trabajaba el sastre José Tomás, despedido y vapuleado por el PP y sus medios afines a raíz de sus revelaciones. La pregunta gana valor porque Hinojosa confirmó que Federico Trillo, portavoz de justicia del PP, se reunió con él dos veces en la sede de su empresa tras estallar el caso de los trajes.
Considerado el artífice de la estrategia del PP en el sumario Gürtel, Trillo fue a verlo a la sede de sus empresas para "interesarse" por el tema de los trajes, le contó Hinojosa al juez, según fuentes conocedoras de su declaración como testigo. Por la tarde, Público intentó sin éxito recabar la versión del portavoz de justicia del PP y ex ministro de Defensa.
La primera de las dos entrevistas entre Trillo y el dueño de la cadena de tiendas Forever Young se celebró un día después de la publicación de una entrevista concedida por José Tomás. En ella el sastre relataba el asedio telefónico al que le había sometido Camps cuando se enteró de que la policía y Garzón lo habían llamado a declarar. Preocupado por averiguar qué rastro documental había quedado en Forever Young, el presidente de la Generalitat llegó a llamarlo ocho veces a su móvil mientras Tomás estaba compareciendo ante la policía. La declaración del sastre fue crucial para que el president de la Generalitat fuera imputado por cohecho impropio (soborno). Esa imputación amenaza con sentarlo en el banquillo con independencia de si se investiga o no la financiación del PP valenciano.
Tanto Hinojosa como el PP tensaron todos sus resortes para desacreditar al sastre desde el momento en que este destapó el asunto. Hinojosa lo despidió un día después de declarar ante el juez Garzón y lo denunció por presunta falsificación de facturas. Y Trillo emprendió una durísima campaña en la que acusó al sastre de cobrar a Camps y a la trama corrupta los mismos trajes por partida doble. La semana pasada, el juez Antonio Pedreira, instructor principal del caso Gürtel, levantó la imputación que, por falsedad documental, aún pesaba sobre José Tomás.
De la presencia de Trillo en las oficinas de Forever Young ya había hablado un testigo el pasado junio. Pero, al igual que al sastre, Hinojosa también había despedido a ese testigo, director de compras de la empresa hasta agosto de 2009. Dado su carácter de damnificado laboral, el PP podía alegar sospechas sobre la veracidad de su testimonio. Ahora, la declaración de Hinojosa disuelve cualquier grano de duda.
Fuentes del caso aseguran que, durante las tres horas de interrogatorio judicial, Hinojosa se esforzó por exculpar a Camps ante el juez José Flors, instructor del caso de los trajes. Pero aseguran también que él mismo se lió en una vorágine de fechas y datos contradictorios. A su salida de los juzgados, los periodistas le preguntaron si alguien pagó los trajes de Francisco Camps. El empresario se curó en salud: "Yo creo que los pagaría él. No lo sé".
(www.publico.es, 30/09/10)
EL DUEÑO DE FOREVER YOUNG NO ACLARA SI CAMPS PAGÓ LOS TRAJES
Eduardo Hinojosa, dueño de Forever Young, firma a la que empresas de la trama Gürtel compraron regalos, entre otros, para el presidente Francisco Camps, declaró ayer en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Lo hizo en calidad de testigo y a petición de la Fiscalía. En su intervención, que duró varias horas, Hinojosa reconoció dos reuniones con el diputado del PP Federico Trillo a propósito de la causa contra el presidente Camps y otros tres altos cargos del Gobierno valenciano por supuesto delito de cohecho pasivo impropio.
Hinojosa, ex jefe del sastre José Tomás, figura esencial para desvelar parte de las prácticas de empresas de la trama y al que el juez ha levantado la imputación, lanzó sospechas sobre las certezas que el ministerio público tiene de cómo quedaron contabilizados los encargos de distintas prendas que fueron regalos para Camps y el resto de imputados en la causa.
El dueño de Forever Young explicó que el sistema de contabilidad no permite garantizar que Camps no se pagara los trajes. Hizo mucho hincapié en que entre los clientes existe otra persona con el mismo apellido y que pudo haber confusiones a la hora de registrar pagos o entregas. Relató también que la forma de recoger los pedidos, las notas de entrega y los pagos dependían del cliente. Según él, ese sistema era personalizado. Los clientes llegaban a la tienda, se llevaban prendas, podían pagar solo una parte o adelantar incluso una fracción de un encargo aún no realizado. Según fuentes del caso, Hinojosa extendió ayer la confusión sobre la gestión de las entradas y salidas y eludió pronunciarse con rotundidad sobre el pago de los trajes que Camps dijo haber realizado.
El Ministerio Público solicitó el año pasado la declaración de Eduardo Hinojosa como testigo. La petición fue inicialmente rechazada, pero el recurso a esa negativa no pudo resolverse porque la Sala de lo Civil y Penal archivó el 1 de agosto de 2009 la causa. El tribunal valenciano se pronunció hace pocas semanas, después de reabierta la causa por orden del Tribunal Supremo. La Fiscalía Anticorrupción, que ayer estuvo presente en la sala con tres de sus representantes, consideraba muy importante la comparecencia de Hinojosa para despejar algunas dudas.
Una de ellas nace de un documento de Forever Young sobre una corbata en el que aparecía el nombre de Francisco Camps tachado, prenda que no figura entre las que supuestamente le regalaron al presidente. Para la Fiscalía era determinante que Hinojosa aclarara cómo funcionaba el registro de las prendas, de sus destinatarios, de los pagos que de ellas se realizaban, cómo y quién. Ayer, solo aclaró que algunas de las empresas que eran clientes encargaban y compraban varias prendas para personas distintas y eso generaba comprobantes varios. Reconoce a Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market, como uno de sus clientes. Y reconoció a otro Camps, no al presidente de la Generalitat, también entre sus clientes.
(www.elpais.com, 30/09/10)
RAJOY REITERA QUE CAMPS SERÁ CANDIDATO PESE A NO GUSTARLE LO OCURRIDO CON GÜRTEL
El líder del PP, Mariano Rajoy ratificó ayer como candidato en las próximas elecciones en la Comunitat Valenciana al actual presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aunque reconoció que lo sucedido como consecuencia del caso Gürtel no le ha gustado. "No me hubiera gustado que se produjera lo que se ha producido hasta el presente momento; pero el candidato en las próximas elecciones va a ser el señor Camps", manifestó el líder nacional del PP durante un encuentro con medios de comunicación.No es la primera vez que Rajoy ratifica en público a Camps como cartel electoral para las elecciones autonómicas de 2011, aunque en esta ocasión se mostró más tajante: "El candidato será Camps", dijo al ser preguntado sobre el futuro político del presidente. Eso sí, no quiso profundizar sobre las circunstancias judiciales con las que podría concurrir el mandatario del PP valenciano, quien podría sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de cohecho impropio.
En otro orden de cosas, lo que sí hizo Rajoy es desautorizar al presidente Camps en su anuncio el pasado lunes de que pedirá las competencias sobre políticas de empleo que el Gobierno central ha transferido al País Vasco por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Rajoy planteó una medida totalmente distinta: , blindar la caja única de la Seguridad Social para "evitar tentaciones tanto presentes como futuras". Para Rajoy las competencias transferidas podrían romper la caja única.
(www.levante-emv.com, 29/09/10)
EL DUEÑO DE LA SASTRERÍA NO DICE SI CAMPS PAGÓ SUS TRAJES
El dueño de Forever Young, Eduardo Hinojosa, ha testificado hoy ante el juez que instruye la parte valenciana del caso "Gürtel" y al concluir, preguntado sobre si el president de la Generalitat, Francisco Camps, pagó los trajes que encargó en esta tienda, ha contestado: "Yo creo que los pagaría él, no lo sé".
Hinojosa ha comparecido ante el magistrado José Flors después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) admitiera la petición del fiscal y del PSPV-PSOE para tomarle declaración como testigo en la causa abierta por cohecho impropio contra Camps y otros cargos del Gobierno autonómico y del PP valenciano.
El administrador de la tienda ha prestado declaración durante unas tres horas y al concluir su comparecencia, y después de que los abogados y el propio juez abandonaran el Palacio de Justicia, ha permanecido durante cerca de otra hora en el interior del edificio.
Finalmente ha sido abordado a su salida por los medios de comunicación, que le han preguntado sobre si el president de la Generalitat había pagado los trajes que esta tienda había confeccionado para él -que supuestamente abonó la empresa Orange Market-, a lo que ha contestado: "Yo creo que los pagaría él, no lo sé; pregunten al juez", se ha limitado a decir.
"Saben ustedes que no les puedo decir nada", se ha excusado el magistrado ante los periodistas al abandonar la sede del Tribunal Superior de Justicia. Fuentes próximas al caso han contado a EFE que el propietario de la tienda no ha podido ratificar la afirmación que mantuvo al principio de la instrucción judicial, cuando dijo que Camps había pagado sus trajes.
En la declaración de hoy, según las citadas fuentes, Hinojosa ha incurrido en numerosas contradicciones sobre quién abonó finalmente los trajes.
Tras hacerse público el "caso Gürtel", Hinojosa, como administrador de Forever Young, presentó una denuncia contra el sastre José Tomás -que asegura haber hecho trajes para Camps- por elaborar facturas falsas, motivo por el que fue despedido.
Posteriormente, el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid declaró improcedente el despido de José Tomás y condenó a la empresa a readmitirle o, en su caso, indemnizarle con 232.500 euros.
(www.elplural.com, 29/09/10)
PEDREIRA LEVANTA LA IMPUTACIÓN AL SASTRE DE LOS TRAJES DE CAMPS
El juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha exculpado a ocho implicados en las diligencias que instruye sobre la trama corrupta; entre ellos, a José Tomás García, el sastre al que acudió Álvarez Pérez, El Bigotes, para que confeccionase trajes a medida para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos del Gobierno valenciano. Los otros desimputados son empleados de empresas ligadas a la red que se limitaron a seguir las órdenes de sus jefes.
Tras declarar ante Garzón, Tomás, que trabajaba como sastre en las tiendas de Milano y Forever Young, que dirige Eduardo Hinojosa, fue despedido. La acusación contra él, ahora desmontada por el juez, era que había falseado facturas de trajes.
El auto que hizo público ayer Pedreira señala que la labor de Tomás nada tenía que ver con la elaboración de facturas, y recuerda que un juzgado declaró improcedente su despido tras desechar todas las imputaciones que le hizo Hinojosa, supuestamente en connivencia con el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo.
En el sumario consta el testimonio de Miguel Marqués, director de compras hasta su despido en agosto de 2009 de las empresas de Hinojosa. Marqués manifestó que Trillo estuvo en el despacho de Hinojosa al día siguiente de publicarse la entrevista en la que Tomás explicaba cómo tomó medidas al presidente Camps y a otros políticos; indicaba además que los trajes fueron abonados por la red que dirigía Francisco Correa. Según Marqués, tras aquel encuentro con Hinojosa comenzó una campaña de prensa contra Tomás por parte de sectores afines al PP.
Tomás se mostró ayer satisfecho con el sobreseimiento. Y añadió: "Hinojosa ha perdido seis pleitos laborales conmigo, y en su momento ejercitaré acciones penales contra él por denuncia falsa y falsificación documental, ente otros delitos". El PP anunció ayer que recurriría esta desimputación. Y Tomás replicó: "Trillo ha dado esa orden para retrasar tener que explicar las injurias y calumnias que me hizo".
(www.elpais.com, 28/09/10)
EL SASTRE DICE QUE CAMPS SERÁ DECLARADO CULPABLE Y QUE RAJOY CONOCÍA LA TRAMA
El sastre de Camps, José Tomás, manifestó ayer su confianza en que el presidente Camps será declarado culpable de "cohecho impropio pasivo", aunque consideró que, "tal y como está montado el sistema, es difícil" que el líder del PP acabe en la cárcel.
Además, dijo que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "conocía la trama" Gürtel "porque fue candidato llevándoles ellos la campaña". Tomás "salvó" a Álvaro Pérez y Pablo Crespo y cargó contra Camps y Rajoy.
El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha admitido el sobreseimiento provisional de la imputación del sastre y otros nueve imputados más.
En el escrito, se admite la solicitud de la Fiscalía y se declara el sobreseimiento provisional de José Tomás, Rafael de León Cebreros, María Torres Ribas, Randall Wodbard, Tidie Baez, Miguel Uriel y las cuatro personas relacionadas con la sociedad Willow Investment de Reino Unido, cuando la empresa sospechosa está ubicada bajo el mismo nombre en St Cristopher&Nevis.
El juez Pedreira, que dice haber llegado a la misma conclusión que el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid el 13 de julio de 2009, recoge en su escrito que la falsedad documental que se imputó a José Tomás, según las declaraciones prestadas, "determina una duda importante en relación con la autoría de la falsedad en el seno de los establecimientos de ropa en os que trabajó".
Así, señala que la labor de facturación derivada de la actuación comercial de los establecimientos en los que Tomás prestaba servicios no le estaba a él encomendada. Destaca además que no consta el conocimiento de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban.
Los demás imputados a los que se han levantado las causas son personas sobre las que no se ha podido demostrar su relación con los hechos por cuestión de fechas o porque no consta que conocieran la actividad presuntamente delictiva de otros de los imputados.
El PP recurrirá la decisión del juez Pedreira de admitir el sobreseimiento provisional de la imputación del sastre y otros nueve imputados en el caso Gürtel.
(www.levante-emv.com, 28/09/10)
PEDREIRA RETIRA LA IMPUTACIÓN AL SASTRE DE FRANCISCO CAMPS
El encargado de confeccionarle los trajes a Francisco Camps, esos que aseguró pagarse de su propio bolsillo el imputado presidente regional, puede respirar más tranquilo. El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha levantado la imputación a diez personas, entre ellas, a José Tomás.
En su auto, Pedreira accede así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, y decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto a José Tomás, al considerar que no consta el conocimiento por parte del sastre "de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados, así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban".
José Tomás ha estado en el centro de la actualidad informativa en numerosas ocasiones durante sus declaraciones ante el juez tanto en Madrid como en Valencia. En especial cuando declaró que atendió a Francisco Camps, para quien confeccionó varios trajes a medida, valorados en más de 12.000 euros, supuestamente pagados por la empresa Orange Market, perteneciente a la trama Gürtel. Tras esta declaración, el máximo responsable del PP en Valencia tuvo que salir al paso para aseverar que se pagaba sus propios trajes. 
El sastre estaba imputado por falsedad documental precisamente en relación con las facturas libradas por esas prendas de ropa, pero el juez sostiene que las investigaciones han determinado "una duda importante en relación con la autoría de la falsedad en el seno de los establecimientos en los que aquel trabajó".
Otra de las razones por las que Pedreira ha acordado levantar la imputación a José Tomás es que las diversas declaraciones prestadas en la causa han confirmado la conclusión de la sentencia del Juzgado de lo Social número 8 de Madrid, que el 13 de julio de 2009 declaró improcedente el despido del sastre de Forever Young. Esta empresa había alegado para despedirle que había compras a crédito sin cobrar por 60.309 euros, que firmó facturas que no se correspondían con la realidad y que existían devoluciones no justificadas. Sin embargo, Pedreira se remite a la citada sentencia para concluir que Tomás no tenía encomendada la labor de facturación de los establecimientos en los que trabajaba.
El instructor del caso Gürtel ha retirado también la imputación que pesaba sobre otras nueve personas, entre las que se encuentra el empresario colombiano Miguel Uriel Hernández Chavarro. Hernández, que llegó a ser detenido en Madrid el pasado 1 de julio, reconoció ante el juez que desde 2008 buscaba inversiones inmobiliarias en Colombia, donde tiene varias empresas dedicadas al sector energético, por encargo del considerado líder de la trama Gürtel, Francisco Correa. Sin embargo, el magistrado, al igual que la Fiscalía, indica que la actuación del empresario "no permite concluir su conocimiento sobre el origen de los fondos remitidos (por Correa) fuera de España".
Por otra parte, Pedreira ha rechazado la petición de Correa de que se dicte un nuevo auto detallando las imputaciones que pesan contra él, al poner en duda las conclusiones de los informes periciales que determinaron las cuotas tributarias presuntamente defraudadas.
Uno de esos informes, realizado por la Agencia Tributaria sobre la actividad económica de los imputados entre 2002 y 2007, aseguraba que Correa, que no hizo la declaración de la renta en ese periodo, "debería responder a título de autor de los delitos relacionados con su IRPF cuya cuota total asciende a más de 18 millones de euros".
El instructor rechaza la petición de Correa al considerar que, en realidad, lo que pretende es conocer "cuál podrá ser en el futuro el contenido del auto y que las acusaciones le digan cuál va a ser el contenido de sus escritos de acusación". "Es obvio que en este momento no procede en absoluto", concluye Pedreira.
(www.publico.es, 27/09/10)
EL TSJ IMPIDE QUE SE AVERIGÜE QUIÉN ANOTÓ A MANO ´CAMPS´ EN UN TIQUE DE LOS TRAJES 
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) rechazó en su auto del caso Gürtel del martes, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la práctica de una prueba caligráfica que determinaría quién escribió a mano la palabra "Camps" en "un fax de octubre de 2008 en el que aparecen anotaciones manuscritas referentes al señor Camps de dos trajes, una americana y unos zapatos por un total de 2.860 euros" y en un tique de compra "que refleja una venta de cuatro corbatas por importe de 348 euros". 
Según el escrito de la Fiscalía rechazado por el TSJ, "en ambos casos José Tomás (el sastre) atribuyó dichos escritos a otro testigo, quien en su declaración judicial, lo negó, resultado la autoría de esos escritos especialmente relevante y necesaria para concretar los hechos imputados al señor Camps".
 
El ministerio público prosigue diciendo que "no se ha acreditado que esas corbatas fueran entregadas al presidente de la Generalitat. En consecuencia, con independencia de la valoración que pueda hacerse de los indicios existentes al respecto, la identificación del autor de esa anotación resulta trascendente para conocer el motivo de la anotación y el destino de las prendas". 
De los tres magistrados ponentes, Juan Luis de la Rúa, Juan Montero y José Francisco Ceres, sólo el último emitió un voto particular a este respecto, el magistrado estima que "no aparece precepto alguno que directa o indirectamente se estime que concurra una prohibición de práctica de tal diligencia pericial". 
En cuanto al resto de diligencias rechazas, los miembros de la sala no aceptaron que se una el informe elaborado por el Síndic de Comptes, que se remita documentación bajo secreto de sumario que está en la causa que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se transcriban las declaraciones de los imputados y testigos que han declarado hasta ahora, que se tome declaración a Luis E., empleado que realizó una de las ventas, que se impute a los cabecillas de la trama Gürtel, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Francisco Correa, así como que se advierta a las empresas Sastgor, S. A., Castellana del Inmueble y Locales, S. A., y Cortefiel, S. A. "la advertencia de poder incurrir en delito de desobediencia, si no envían las facturas y documentos mercantiles solicitados por la Fiscalía Anticorrupción que el magistrado instructor admitió para que fueran adjuntados al sumario del caso Gürtel. 
 (www.levante-emv.com, 23/09/10) 
COMPROMÍS LLEVA AL TC EL VETO A INVESTIGAR EL 'CASO GÜRTEL' 
El grupo parlamentario Compromís ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas por el veto de la Mesa de las Cortes, con mayoría del PP, a dos iniciativas parlamentarias de sus diputados. Una de ellas, registrada el 13 de abril de 2010, solicitaba la creación de una comisión de investigación para clarificar la relación del presidente del Consell, consejeros y altos cargos de la Generalitat con las empresas investigadas en el caso Gürtel. 
Tras la negativa a tramitar esta petición de comisión de investigación, Compromís ha presentado los recursos correspondientes en las Cortes, que no han sido estimados, agotando en estos meses la vía reglamentaria de recursos antes de recurrir ante el Constitucional. La segunda iniciativa por la que Compromís una Proposición No de Ley en la que se proponían una serie de cambios en la fiscalización de las cuentas de la Administración valenciana para dotarla de mayor transparencia. 
(www.elpais.com, 23/09/10)
CAMPS REPITE QUE SERÁ EL CANDIDATO A LA GENERALITAT TRAS COMER CON RAJOY 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se mostró ayer seguro sobre su futuro político ante los medios de comunicación que se congregaron a las puertas de la sede nacional PP donde Mariano Rajoy había citado a sus barones para hablar sobre economía. La cita había despertado un gran interés porque implicaba reunir bajo un mismo techo a Rajoy con Camps, una imagen cada vez más difícil de captar por los problemas judiciales del presidente valenciano imputado por un presunto delito de cohecho impropio. Al término de la reunión, un almuerzo que se prolongó por espacio de unas dos horas, Camps respondió, a preguntas de los periodistas, que será el candidato de la Generalitat en 2011 y que cuenta con el respaldo del líder nacional de su partido. El encuentro con las decenas de periodistas que se agolpaban en la calle Génova de Madrid se produjo en las puertas de la sede, por donde Camps salió a pie acompañado por su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel. El presidente llegó en coche con un cuarto de hora de antelación y entró por el garaje, como hicieron otros mandatarios. 
Cuestionado sobre si repetirá como candidato, Camps respondió con un lacónico sí. La primera pregunta dio pie a otras en las que se le inquirió sobre si contaba con el respaldo de Rajoy dada su condición de imputado en el caso Gürtel. "Hemos venido a hablar de, entre otras cosas, el paro y hemos hablado, ya que está aquí el presidente de Murcia, de cuestiones importantes como el agua en Murcia y en la Comunitat Valenciana, pero en cualquier caso, la respuesta es sí", afirmó el jefe del Consell. Acto seguido se centró en el contenido del encuentro con Rajoy y otros dirigentes populares y reiteró el compromiso de su Ejecutivo de "continuar en el nivel de excelencia de las prestaciones de servicios sociales". 
Aunque Camps no pudo evitar que ayer su implicación en la causa de los trajes siguiera siendo el foco de interés, al menos regresó a Valencia con algún que otro gesto de Rajoy que no tuvo la última vez que coincidieron. Cabe recordar que el encuentro de hace unas semanas en Santiago de Compostela sólo arrojó imágenes de una fría relación entre ambos. Aunque desde hace meses las declaraciones de apoyo a Camps por parte de los dirigentes de Génova -incluido el propio Rajoy- se han sucedido, el líder nacional ha evitado darle cariño en público. 
Sin embargo, ayer, el PP, sabedor de que la fotografía de grupo y las imágenes que se permiten captar a los reporteros gráficos antes de las reuniones iban a ser miradas con lupa, decidió situar a Camps en un lugar estratégico en la primera fila, separado de Rajoy tan solo por la número dos del PP, Maria Dolores de Cospedal. A Camps se le vio conversar en una ambiente relajado con la secretaria general cuya relación ha estado marcada por la tirantez desde el primer momento. También intercambió impresiones con Rajoy, aunque según las fuentes consultadas, no hubo ninguna conversación trascendente sobre su futuro político. 
(www.levante-emv.com, 23/09/10)
FLORS CITA A DECLARAR AL DUEÑO DE FOREVER YOUNG, QUE EXCULPÓ A CAMPS EN LA CAUSA DE LOS TRAJES  
El propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa, declarará finalmente ante el juez José Flors que instruye la causa contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por un presunto delito de cohecho impropio al haber aceptado regalos en forma de trajes de las empresas de la trama Gürtel. La declaración de Hinojosa, dueño de unas de las tiendas donde el jefe del Consell encargó prendas a medida, fue solicitada hace más de un año por la Fiscalía, pero fue desestimada por el juez instructor.
Ayer, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, aceptó el recurso de la fiscalía dando vía libre a una declaración que, en principio, favorece al jefe del Consell. Cabe recordar que Hinojosa avaló en su día la versión del presidente de que se pagó sus trajes, si bien su nombre también estuvo envuelto en la polémica al trascender una reunión con el responsable del Justicia del PP, Federico Trillo, en la que supuestamente se preparó la defensa del presidente. 
Cabe recordar que el dueño de Forever Young denunció en su día al sastre José Tomás por presuntamente emitir facturas falsas y adeudar más de 500.000 euros. El testimonio de José Tomás, que ejerció de modisto del presidente en la tienda de Hinojosa, fue crucial en la causa de los trajes, ya que afirmó que las prendas encargadas por Camps fueron pagadas por los cabecillas de la trama corrupta de Correa.
El sastre, también imputado en el caso Gürtel, fue despedido por Hinojosa en febrero de 2009 después de que prestara declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Hinojosa perdió recientemente el pleito que Tomás le planteó por despido improcedente, pero las denuncias por falsificación presentadas por vía penal están todavía pendientes.  
Con todo, precisamente ayer trascendió que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en Madrid, el sobreseimiento provisional de la causa respecto a diez imputados, entre José Tomás García, al concluir que "no consta el conocimiento por parte del sastre de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados, así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban".  
Según defienden las fiscales del caso existe una "duda importante" respecto al delito de falsedad documental que se le imputó en relación con sus trabajos en las tiendas de Milano y Forever Young. El escrito recoge que "las diversas declaraciones prestadas confirman, así, la conclusión en igual sentido aunque con distinta consecuencia jurídica, alcanzada por la sentencia 13 de julio de 2009 del Juzgado de lo Social no 8 de Madrid", en alusión al fallo que dio le dio la razón en el despido improcedente. Añade la Fiscalía que "la fundamentación jurídica de esta sentencia incide en que la labor de facturación derivada de la actuación comercial de los establecimiento en los que José Tomás prestaba servicios no le estaba a él encomendada". 
Cabe apuntar que pese a estar imputado el sastre declaró ante Flors en calidad de testigo, una circunstancia anómala que recientemente fue puesta de relieve por la defensa del presidente. 
La resolución de la sala del TSJ-CV -hecha pública ayer a través de un comunicado de prensa- incluye también la confirmación del rechazo del resto de diligencias solicitadas en julio de 2009, es decir, antes de que el caso fuera archivado. La testifical de Hinojosa -que también reclamó la acusación popular- es la única que los magistrados han considerado "pertinente". Será, además, la primera vez que el empresario declare ante un juzgado. "La sala -prosigue el comunicado- mantiene- la tesis del magistrado instructora para denegar el resto de diligencias, consistentes en la ampliación de la imputación a otras tres personas y varias testificales". Añade que esta resolución, contra la que no cabe recurso, contiene un voto particular de un magistrado ponente que defendía que se aceptara otra prueba solicitada por la fiscalía consistente en una pericial caligráfica. 
(www.levante-emv.com, 22/09/10) 
CAMPS RATIFICA QUE SERÁ CANDIDATO A LA GENERALITAT 
El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha ratificado hoy en la sede nacional del PP que será el candidato de su partido en las próximas elecciones en la comunidad autónoma, en mayo de 2011.

Con un lacónico "sí" ha respondido Camps a la pregunta sobre si repetirá como candidato en Valencia, habida cuenta de que se encuentra presuntamente implicado en una de las tramas del caso "Gürtel" y podría haber incurrido en un delito de cohecho impropio.
El presidente valenciano ha asistido hoy a la reunión que la dirección nacional, con Mariano Rajoy al frente, ha celebrado en la sede del PP en Madrid con los presidentes autonómicos del partido.
Tras un almuerzo de unas dos horas de duración, Camps ha abandonado la sede del partido en compañía de su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel.
Ante los periodistas, que le han preguntado si será el candidato en la Comunitat Valenciana, Camps ha contestado lo siguiente: "Hemos venido a hablar de, entre otras cosas, el paro y hemos hablado, ya que está aquí el presidente de Murcia, de cuestiones importantes como el agua en Murcia y en la Comunitat Valenciana, pero en cualquier caso, la respuesta es sí". 
(www.levante-emv-.com,  22/09/10)
LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN PIDE QUE SE RETIRE LA IMPUTACIÓN AL SASTRE DE CAMPS 
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al juez Antonio Pedreira, que instruye en Madrid la mayor parte del caso Gurtel, la trama de corrupción vinculada al PP, donde pide que se retire la imputación contra el sastre José Tomás. Éste era el encargado de tomar medidas y visitar a numerosos cargos del PP en Valencia, entre ellos el presidente autonómico Francisco Camps, y confeccionarles trajes a medida que pagó la trama corrupta durante varios años, según los documentos incluidos en el sumario del caso. 
La fiscalía pide ahora que se retire la imputación de Tomás, cuyo testimonio creyó el juez José Flors, cuando decidió llevar al banquillo a Camps por cohecho impropio.
En su escrito, la Fiscalía Anticorrupción señala: "La falsedad documental que se le imputó, según las declaraciones prestadas en esta causa y las unidas por testimonio, determina una duda importante en relación con la autoría de la falsedad en el seno de los establecimientos de ropa en los que aquél trabajó. Las diversas declaraciones prestadas confirman, así, la conclusión en igual sentido aunque con distinta consecuencia jurídica, alcanzada por la sentencia 13 de julio de 2009 del Juzgado de lo Social no 8 de Madrid" 
Y continúa: "La fundamentación jurídica de esta sentencia incide en que la labor de facturación derivada de la actuación comercial de los establecimientos en los que José Tomás prestaba servicios no le estaba a él encomendada. Cabe destacar igualmente que no consta el conocimiento por parte del Sr. Tomás García de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban". 
(www.elpais.com, 21/09/10) 
EL PP UTILIZA UNA ACUSACIÓN CONTRA LUNA PARA TAPAR LOS ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN 
El PP arremetió ayer contra el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, tras publicar El Mundo que el empresario Enrique Ortiz, vinculado al caso Gürtel y al caso Brugal, adelantó 4.000 euros de una reforma del ahora diputado en 1997, cuando este estaba apartado de la política y poco antes de que el constructor contratase los servicios jurídicos del ahora portavoz. 
Los populares exigieron explicaciones inmediatas por parte de Ángel Luna y su dimisión. El portavoz socialista, que se ha distinguido por la denuncia de la corrupción que afecta al Consell y al PP valenciano, compareció en conferencia en la sede del PSPV-PSOE y se sometió a las preguntas de los periodistas.  
Luna, cuya relación con Ortiz no es ninguna novedad, ya que lo tuvo de cliente en el bufete de abogados en el que ejercía y trabajó posteriormente para el constructor, explicó que Ortiz fue una de las personas a las que recurrió para hacer obras en la casa que su esposa heredó de su familia y que hoy es el domicilio en el que residen. "He pagado absolutamente todas las facturas", dijo el diputado socialista, que precisó que en algunos casos lo hizo directamente a quien ejecutó los trabajos y en otros a quienes encargó que buscaran a profesionales para ello.  
Así, recordó que el parquet lo encargó al ex concejal socialista en Alicante Conrado Albaladejo, ya fallecido, y que el esposo de la ex teniente de alcalde María Dolores Marcos le instaló el aire acondicionado. 
Luna precisó que en el momento en que se efectuaron las obras él era "una persona privada, con actividad privada en un despacho". El ex alcalde de Alicante pasó a trabajar para Ortiz en 1999, ocupación que mantuvo durante tres años y medio. Durante la comparecencia, a preguntas de un periodista, Luna aclaró también que un coche que utilizó en ese periodo y que la empresa tenía en régimen de leasing, lo adquirió al dejar aquel trabajo y pasó a ser de su propiedad. 
"Si en dos años y medio solo han encontrado esto, me doy por satisfecho", señaló el parlamentario socialista, que se declaró convencido de que el Partido Popular le está investigando para acallar sus denuncias de corrupción."Han pinchado en hueso. No me van a callar con operaciones de esta naturaleza", dijo Ángel Luna al explicar a los periodistas los pormenores de la información sobre la reforma de la vivienda de su esposa en Alicante ("tenemos una separación de bienes rabiosa", señaló con humor), que la televisión autonómica Canal 9 difundió a lo largo de la mañana tras su publicación en El Mundo. 
Luna, que dijo no recordar 13 años después exactamente a quién pagó qué aspectos de la reforma, insistió en que se hizo cargo de todas las facturas y apuntó que, si se trata de insinuar que Ortiz le pagó algo, resulta absurdo, dado que estuvo tres años y medio trabajando para él. "Me estuvo pagando mensualmente una cantidad de dinero por mi trabajo", añadió. 
El portavoz socialista, que no cedió a las presiones de quienes abogaban por no incluir en la querella del caso Gürtel a los empresarios implicados, entre ellos Enrique Ortiz, fue escueto al responder a la pregunta de por qué se fue de la empresa de este constructor en 2002. "Acabé y me marché". Sobre su posterior relación con Ortiz, comentó: "Cuando nos vemos, nos saludamos".  
Consciente de que las informaciones sobre su actividad anterior al regreso a la primera línea de la política, en 2007, van a ser objeto de escrutinio, Luna se declaró "tranquilo" y denunció que tiene constancia de que ha sido investigado, tanto en su trayectoria de alcalde de Alicante, periodo en el que no tenía capacidad de adjudicar contratos porque gobernaba en minoría y esa potestad se la reservaba el pleno municipal, como en su trayectoria profesional posterior.  
Según el diputado socialista, algunos funcionarios de Administraciones que gobierna el PP han recibido órdenes de revisar expedientes de asuntos en los que haya podido intervenir. "La última información me llegó de Murcia", explicó. "Yo, como abogado, he trabajado en muchos sitios". 
"Todo esto es una práctica mafiosa que solo busca acallar a quienes denunciamos la corrupción", aseguró Luna, quien anunció que no piensa dejar de trabajar "denodadamente" contra las prácticas corruptas del Gobierno de la Generalitat valenciana encabezado por Francisco Camps. 
En medios socialistas se daba ayer por hecho que habrá más informaciones relativas a su portavoz en las Cortes. Como explicó el propio Luna, la reacción ante ellas es salir inmediatamente a dar explicaciones, al contrario de lo que hacen el PP y el presidente del Consell. "Llevamos años esperando que el señor Camps dé una explicación", señaló el portavoz del grupo parlamentario del PSPV-PSOE. 
(www.elpais.com, 21/09/10)
RAJOY ALEGA QUE «NO TODOS LOS CASOS SON IGUALES» PARA JUSTIFICAR QUE HA EXPULSADO A ALGUNOS IMPUTADOS PERO NO CASTIGA AL PRESIDENTE VALENCIANO POR SU SITUACIÓN JUDICIAL
Francisco Camps y el PP valenciano son el principal quebradero de cabeza (político) de Mariano Rajoy. Basta contemplar la indisimulable incomodidad que le producen las preguntas de la prensa sobre los casos de corrupción que atañen a los populares de Valencia y su influencia en la elaboración de las próximas listas electorales. O las escasísimas oportunidades que el líder de la oposición responde a los periodistas sobre tan espinoso asunto. Pero ayer Rajoy, en Melilla, pronunció una frase enrevesada en la forma, pero clara en el fondo, que intenta justificar el trato de favor que se da en el PP a algunos de sus imputados por corrupción. Especialmente a Camps. «Hay implicaciones por unas razones que provocan unas convicciones y las hay por otras que provocan convicciones diferentes», dijo.
De esta forma, alentó las esperanzas del actual presidente de la Generalitat valenciana -imputado por haber aceptado, supuestamente, regalos de la red Gürtel de repetir como candidato. Otros imputados no tendrán tanta suerte. ¿Por qué?. «Porque no todos los casos son iguales», se encargó de enfatizar ayer Rajoy. El presidente del PP se refería a que el delito que se le imputa a Camps, el de cohecho impropio, tiene rango menor comparado con el de otros compañeros de filas. En eso tiene razón. Sin embargo, conviene no olvidar que el juez encargado del caso de los trajes, el valenciano José Flors, aún tiene que decidir si, tal y como le aconsejó el instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, engorda el sumario sobre el presidente del PP valenciano con otros delitos como la posible financiación ilegal.
 Mientras el ansiado auto de Flors sobre Camps y algunos de sus más estrechos colaboradores en el PP de Valencia no llega la dirección del partido apoya públicamente al presidente valenciano pero pospone la proclamación de sus candidatos autonómicos para las elecciones del año próximo, en un intento de ganar tiempo por si los tribunales dieran a Rajoy un susto de última hora y la situación de Camps se agrava.
Esta estrategia tiene una consecuencia directa: la ausencia de medidas disciplinarias en el PP de Alicante, donde hay varios implicados en el caso Brugal, ligado a la concesión de la gestión de basura en distintos municipios. Y es que correspondería al jefe del PP de Valencia, o sea, a Camps, proponer la expulsión de los cargos alicantinos implicados en dicha trama. Pero no resultaría demasiado elegante echar a compañeros como José Joaquín Ripoll, presidente de Alicante, mientras él se queda. Y la dirección popular está en una tesitura similar. ¿Cómo hacer limpieza en las filas populares valencianas y perdonar a su máximo responsable?.
A la espera de nuevas decisiones judiciales, la cúpula conservadora no tiene más remedio que defender lo que, para algunos de sus propios militantes, resulta indefendible. «Un imputado puede ir en las listas. Hay que analizar caso por caso. Si uno está imputado por una violación, donde los indicios parecen verdad, pues le diría que no. Pero identificar a un imputado con un condenado es un error», señaló ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Quizá no compartan esta teoría los populares de Madrid -Esperanza Aguirre ha expulsado de sus filas a los imputados por corrupción-, o los de Baleares, cuya dirección ha anunciado que el político que tenga una imputación pendiente no podrá ser candidato.
 (www.elperiodico.com, 17/09/10)
COSPEDAL DESTACA QUE CAMPS NO ESTÁ "IMPUTADO POR VIOLACIÓN"
El PP se ve abocado cada día a tirar de más filigranas para respaldar a Francisco Camps y su candidatura a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en 2011. Ayer, en declaraciones a Punto Radio, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, defendió a su compañero de filas porque su situación judicial acusado de cohecho impropio por recibir unos trajes de la trama Gürtel no es comparable a la de un "imputado por violación".
La número dos del PP repitió que el jefe del Consell será el candidato, pues un imputado "sí puede ir en las listas". No piensa lo mismo el líder del PP de Balears, José Ramón Bauzá, quien anunció unos días que él no pensaba contar con ningún procesado.
Cospedal dijo que cuando uno se refiere a causas judiciales, se debe analizar "caso por caso". "Si uno está imputado por una violación, en donde los indicios parece que son verdad, pues le diría que no", pero "identificar a un imputado con un condenado es un error", resaltó. La mano derecha de Mariano Rajoy reiteró que "no se puede dar lugar a que la presunción de inocencia sea destruida de un día para otro".
Además, defendió que su partido había tomado "muchísimas decisiones" para castigar a los presuntos corruptos, "a diferencia de otros partidos que cuando tienen casos similares no hacen nada". Sin embargo, la cúpula de los conservadores no actúa contra Camps ni tampoco contra los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, imputados por varios delitos de corrupción. Tampoco ha adoptado medidas contra el PP valenciano después de que un nuevo informe policial afianzara las sospechas de financiación ilegal de la formación regional. El lunes, Cospedal ya advirtió de que la dirección nacional no actuaría hasta que hubiera "resoluciones judiciales de cierta entidad".
En Melilla, Rajoy también tuvo que hacer frente a este tema, informa María Jesús Güemes. El líder del PP, que últimamente está concediendo ruedas de prensa en las que permite que se realicen tan sólo tres o cuatro preguntas, señaló que a él le parecía comprensible tratar de forma diferente a los imputados del PP, pero no explicó sus razones. Sólo dijo que "no todos los casos son iguales".
Las comparaciones son odiosas, sobre todo entre los cargos madrileños a los que se expulsó inmediatamente y los valencianos. Pero para él es algo que puede entender "perfectamente" cualquier persona "mínimamente normal". Para justificarse recordó el caso del líder del PP de Canarias, José Manuel Soria, quien estuvo imputado por el caso Salmón y después se archivó. "Se produjo una imputación, no tomamos ninguna decisión y actuamos en justicia. Hicimos las cosas bien", defendió.
(www.publico.es, 17/09/10)
EL PP TRAMITA INICIATIVAS SOBRE EL 'CASO GÜRTEL' OBLIGADO POR EL CONSTITUCIONAL
 "La Mesa no ha tenido ningún problema en tramitar las preguntas y la proposición no de ley", dijo Milagrosa Martínez sin parpadear. La presidenta de las Cortes asumió, tras la reunión del órgano de gobierno de la Cámara, que acataba la sentencia del Tribunal Constitucional amparando las iniciativas parlamentarias del grupo de Compromís que la propia Martínez y los otros dos representantes del PP rechazaron sin fundamento. "Como no podía ser de otra forma, la Mesa acata así la sentencia del Tribunal Constitucional", añadió, para precisar que, aunque la resolución judicial sólo obligaba "a que se retrotrajeran las actuaciones al momento inicial", la doctrina que establece la sentencia recomendaba dar luz verde a tramitar las preguntas.
En realidad, la sentencia del Constitucional, que tiene dos antecedentes en el mismo sentido relativos a legislaturas ya superadas, es todo un varapalo al obstruccionismo del PP con las iniciativas parlamentarias que no le gustan, en esta ocasión relacionadas con el caso Gürtel y la trama de corrupción que afecta, no sólo al presidente del Consell, Francisco Camps, sino a la propia presidenta de las Cortes.
La sentencia, como las dos anteriores, ampara los "derechos fundamentales de los diputados", que considera vulnerados al rechazarse sus iniciativas sin "motivación suficiente y adecuada".
La portavoz adjunta de Compromís y abogada que ha promovido el recurso al Constitucional, Mònica Oltra, se mostró satisfecha de que el PP acate la sentencia, después de que el portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad, Rafael Blasco, sugiriera que podían volver a rechazar las iniciativas amparadas con una nueva excusa. "Rectificar es de sabios", dijo Oltra con ironía. "No se han salido con la suya en el intento de constreñir la libertad y los derechos de los parlamentarios"."Lo más lamentable es que hayan tenido que ser los tribunales los que los pongan en su lugar", aseguró Mònica Oltra, que denunció la persecución que practica el PP de la libertad de expresión y de los derechos de la oposición. "Ha tenido que poner las cosas en su sitio el Tribunal Constitucional porque hay unos gobernantes que no han entendido el Estado de derecho".
Entre las iniciativas que han recibido el amparo del Constitucional hay una serie de preguntas formuladas en 2009 a diversas consejerías en las que se pedía por escrito información sobre los contratos de cada departamento con empresas investigadas en la trama de corrupción del caso Gürtel. También ha obligado la sentencia del Constitucional a tramitar una proposición no de ley en la que Compromís pide un reconocimiento oficial de Francesc Bosch i Morata, que fue conseller de Cultura del Consell Provincial de València durante la República y fundador del Institut d'Estudis Valencians.
Los dos representantes socialistas en la Mesa de las Cortes se opusieron en su día al veto de las iniciativas de Compromís y su grupo tiene planteado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo similar por otras iniciativas sobre la corrupción. La vicepresidenta segunda de las Cortes, la socialista Isabel Escudero, planteó el tema el pasado sábado en el foro interparlamentario autonómico organizado en Logroño por el secretario de Política Institucional del PSOE, Gaspar Zarrías. Escudero denunció que "en gran parte de las instituciones que controla el PP no hay juego limpio, y el menoscabo a los principios de la democracia es constante". Puso como ejemplo "los obstáculos que el PP pone en las Cortes Valencianas a la hora de acceder a la información relacionada con los casos de corrupción. Toda iniciativa relacionada con ello es rechazada de forma sistemática con los más extravagantes argumentos, y lo más grave es que las recientes sentencias del Tribunal Constitucional tampoco garantizan que se vaya a abandonar esas prácticas".
 La vicepresidenta de las Cortes apuntó que tal vez los populares "se están blindando a sí mismos frente a las consecuencias de los posibles delitos que hayan podido cometer al frente de las instituciones, lo que añade gravedad a la situación". Escudero señaló: "Quizá ha llegado el momento, a través de un gran pacto, de reescribir los párrafos constitucionales que contienen las garantías legales para que los parlamentos autonómicos y el conjunto de las instituciones sean verdaderos espacios de debate y auténticas herramientas de defensa de los intereses ciudadanos mediante la transparencia y el respeto a los reglamentos".
(www.elpais.com, 15/09/10)
 RUS ADMITE QUE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA CONTRATÓ CON UNA EMPRESA DE LA TRAMA GÜRTEL
Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, ha reconocido hoy en el pleno del organismo que una empresa de la corporación, Imelsa, contrató con Easy Concept, firma de la trama de corrupción Gürtel. Fue en abril de 2005. La Diputación, dirigida entonces por el popular Fernando Giner, eligió a Easy Concept, con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid) para que montase un escenario en la Feria de Turismo de Valencia de ese año. La empresa de la trama Gürtel, dirigida por Francisco Correa en Madrid y por Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia, cobró por ello 14.829 euros.
El grupo socialista en la corporación provincial, encabezado por Rafael Rubio, ha preguntado al equipo de gobierno del PP por qué no se reconoció esta relación cuando preguntaron si esta existía, en febrero de 2009. Entonces, el diputado portavoz del grupo popular, Juan José Medina, aseguró que ni la Diputación, ni ninguna de las empresas que gestiona, en este caso Imelsa, había contratado con firmas de la trama. Ahora se sabe que sí. Rus ha argumentado que fue "un error", que en la tramitación de la pregunta de los socialistas, el interventor y el secretario obviaron remitírsela a las empresas y patronatos de la Diputación de Valencia, entre ellos Imelsa.
"Las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer mal y se pueden hacer regular, pero este grupo no tiene nada que esconder", ha aseverado el presidente provincial. "Aquí hubo un error. Si se lo quieren creer bien, y si no, ¿qué quieren que haga?", ha añadido. Por su parte, el portavoz socialista ha pedido explicaciones por la contratación de Easy Concept.
(www.elpais.com, 15/09/10)
RAJOY AVALA AL PP VALENCIANO, QUE SE ANIMA CON 'INVICTUS' EN LAS CORTES
Dicen los que están más cerca de él que Mariano Rajoy está muy harto de Francisco Camps. Sin embargo, insiste en defenderlo públicamente y en no tomar ninguna decisión frente a los escándalos de corrupción en la Comunidad Valenciana, que ya afectan al presidente y a los jefes de las diputaciones de Castellón, Carlos Fabra, y Alicante, Joaquín Ripoll.
Rajoy insistió ayer en El programa de Ana Rosa, en Tele 5 -en una de las escasas ocasiones en que respondió a preguntas sobre corrupción- en esa estrategia de defensa del PP valenciano. "Esta situación evidentemente no es grata para nadie, pero tengo que intentar ser justo y equilibrado y no condenar a nadie si no tengo pruebas para hacerlo, sólo hay informes policiales", aseguró tras reiterar su apoyo a Camps.
Con este respaldo, Rajoy estaba dando de nuevo un aval indirecto a la estrategia de Camps, que sigue buscando cualquier resquicio para montar un acto de autoproclamación o de respaldo interno. Ayer, uno de sus hombres fuertes, Rafael Blasco, consejero y portavoz en las Cortes autonómicas, aprovechó una reunión de diputados del PP para proyectar Invictus. Es la misma película que eligió Josep Guardiola, entrenador del Barça, para motivar a su plantilla. Blasco buscaba lanzar un mensaje de unidad como el que sobrevuela el filme de Clint Eastwood sobre Nelson Mandela. El Barça perdió el partido.
Blasco criticó la propuesta de reforma judicial del Gobierno: "El modelo al que aspiran Caamaño [ministro de Justicia] y los socialistas es el de dar la instrucción a los fiscales, pero sujetarlos al Gobierno. El siguiente paso será quitarse la careta y decir ya directamente que dependan del ministro [del Interior] Rubalcaba sin disimulos como ocurre ahora".
 (www.elpais.com, 15/09/10)
RAJOY ENMUDECE AL SER PREGUNTADO POR LOS 'TRAPOS SUCIOS' DE VALENCIA
 Después de la foto en la cola del paro, de la del comedor social y de la que se hizo con los representantes del mundo de las artes escénicas, Mariano Rajoy se reunió ayer con una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para abordar los principales problemas que afectan a este colectivo. Tras el encuentro, el líder del PP visitó una lavandería industrial de la Fundación Once y aprovechó para proclamar que uno de los objetivos de su partido es "la igualdad de oportunidades y la inserción laboral de las personas con discapacidad".
La cita fue muy interesante pero el escenario dio pie a múltiples chascarrillos. Sobre todo cuando uno de los trabajadores invitó al dirigente conservador a que le siguiera para mostrarle el recorrido que hacía la ropa sucia. "Al final sale toda limpia", señaló un dirigente del PP. Fue inevitable que, en ese momento, a algunos de los presentes les recorriera una escalofrío pensando que la visita podía terminar vinculándose a la situación que atraviesa el partido en el País Valencià donde su presidente, Francisco Camps, está imputado por cohecho impropio y los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, están siendo investigados por corrupción.
Al final, en rueda de prensa, fue inevitable que surgiera la pregunta: "¿Piensa usted lavar la imagen de su partido?". "Muchas gracias", fue toda su respuesta. Había hablado de ETA y de los liberados sindicales pero ante el tema de la corrupción, enmudeció. Sus colaboradores insistían en que no había nada que hacer porque la imagen de la formación valenciana es "muy buena tal y como señalan todos los sondeos".
En una entrevista en Telecinco, sí abordó el asunto. Rajoy dijo que le gustaría que "los jueces fallasen" y reconoció que la situación "no es grata para nadie". Reiteró su apoyo a Camps y remarcó que para actuar, él necesita "pruebas". No le vale con los informes policiales, ni con lo que ha denunciado Hacienda y la fiscalía.
 (www.publico.es, 15/09/10)
COSPEDAL YA NO LLAMA "CANDIDATO" A FRANCISCO CAMPS 
“Creo que Francisco Camps debe ser el candidato”, declaraciones realizadas por el presidente del PP, Mariano Rajoy, en su retiro toledano del pasado 3 de septiembre. Al día siguiente, su número dos, María Dolores de Cospedal, suscribía sus palabras asegurando que el presidente de la Generalitat “debe ser el candidato del PP a las próximas elecciones”, sentimiento ratificado con anterioridad por Esteban González Pons, “enviado especial” de Génova a la cena de Teulada, el 28 de agosto, donde sentenció: “Eres el presidente de la Comunitat, nuestro candidato y vas a ser el próximo presidente”. 
Algo está pasando en Valencia y en la sede de Génova para que este lunes, 13 de septiembre, la secretaria general en su habitual comparecencia ante los medios de comunicación eludiera hablar de Francisco Camps como candidato del PP a la presidencia de la Generalitat valenciana, asegurando, por si acaso había dudas del giro dado por la dirección popular en este asunto, que “actuaremos al amparo de resoluciones judiciales de cierta entidad, no de otro tipo”, o lo que es lo mismo, habrá qué ver lo que dice el Alto Tribunal de la Ciudad del Turia.
En unas comunidades, sí; en otras, no 
María de los Dolores de Cospedal, que fue bombardeada a preguntas por los medios de comunicación, interesados exclusivamente en las candidaturas y cómo la corrupción puede afectar a sus nominaciones, recordó a todos que hay que esperar a los tiempos que marca la ley, acusando por enésima vez a la Fiscalía Anticorrupción de tener una “doble vara de medir”. Eso sí, en algunas comunidades no es necesario guardar los tiempos, como es el caso del presidente del PP balear José Ramón Bauza, del que Cospedal dijo que “está claro quién es nuestro candidato”.
Camps era el candidato hace 15 días… 
De nada sirven ya las declaraciones del presidente del PP el pasado día 3 de septiembre, que en su retiro toledano señaló: “Camps debe ser el candidato del PP a las próximas elecciones”. Horas después, su secretaria general ratificaba las palabras del jefe, y a finales de agosto el “enviado especial” de Génova a la cena de Teulada, Esteban González Pons, donde los populares valencianos abrieron curso político con la sonada ausencia de Mariano Rajoy y María de los Dolores de Cospedal, decía tajante: “Eres el presidente de la Comunitat, nuestro candidato y vas a ser el próximo presidente”.
…y en mayo y en julio… 
Que Cospedal quiere acabar con Camps, eso es un secreto a voces, pero mientras llega ese momento a la secretaria general no le ha quedado más remedio que estar al lado del valenciano, como el pasado mes de mayo cuando reconoció que “cuenta con todo el apoyo del partido y, por ello, es el mejor candidato (agencia Efe)". O en el mes de julio, que a preguntas de la periodista Esther Esteban, en la TV 10 de Vocento, dijo: “El presidente del PP valenciano es el candidato, y creo que es el mejor candidato para la Comunidad Valenciana”, a la vez que rechazaba que la situación judicial sea un obstáculo para ello. “Sentarse en un banquillo no tiene por qué ser más grave que otras cosas que se están conociendo de otras personas”, comentó.
…y en agosto
En parecidos términos se expresaba en agosto, declaraciones recogidas por el diario Público: "El PP piensa que el señor Camps es el mejor presidente de la Generalitat valenciana y que es nuestro candidato, y acaban de decirlo además muchos valencianos en las recientes encuestas que se están publicando, que es bastante evidente”. ¿Cómo llamará Cospedal a partir de ahora al “amiguito del alma”? 
www.elplural.com, 14/09/10)
LA EMPRESA DE LIMPIEZA DE ULIBARRI RECLAMA A LA DIPUTACIÓN FACTURAS POR 52.000 EUROS  
La mercantil Limpiezas y Ajardinamientos Seralia, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados en el caso Gürtel, ha reclamado a la Diputación de Valencia el pago de algo más de 52.000 euros en concepto de facturas e intereses de demora por servicios prestados en el Consorcio Provincial de Bomberos. La reclamación formal, que llegó al Consorcio de Bomberos el pasado mes de abril, revela la existencia de otra relación contractual de la diputación con empresarios relacionados con la trama de Correa al margen del contrato con Esy Concept, firma también ligada a la tarama corrupta a la que la empresa pública Impulso Económico Local, SA (Imelsa) pagó 14.824, 21 euros por montar un expositor con motivo de la Feria de Turismo de Valencia.  
Al igual que en el caso del contrato con Easy Concept, que será objeto el próximo miércoles de un pleno monográfico, la relación contractual de la Diputación de Valencia con Seralia se remonta a la etapa de Gobierno de Fernando Giner. Según la información proporcionada a este diario por la diputación que preside Alfonso Rus el Consorcio de Bomberos adjudicó en marzo de 2007 el servicio de limpieza en los parques y oficinas centrales del Consorcio a la empresa Limpiezas y Ajardinamientos Seralia por importe de 221.919 euros. La concesión se hizo tras un concurso público cuyo expedientes se inició a finales de 2006. Al mismo optaron doce empresas, entre ellas Seralia, que por resolución de la Presidencia del Consorcio de Bomberos se hizo con los trabajos del limpieza durante dos años. El contrato fue prorrogado en 2008 durante dos meses hasta que la diputación resolvió en un nuevo concurso público otorgar la concesión a otra sociedad, en concreto, a la firma Geslimp que desde junio de 2008 se encarga de la limpieza de las oficinas de bomberos. 
La empresa Seralia era en aquella época -antes de que las investigaciones del juez Garzón sobre Francisco Correa salieran a la luz- una asidua contratista de la Generalitat. Varias conselleries, entre ellas la de Gobernación, Justicia y Administraciones Públicas o Bienestar Social, entre otras, confiaron en la sociedad distintos servicios de limpieza de sus dependencias. El total de adjudicaciones, según los cálculos del grupo Compromís, alcanzó desde 2007 los tres millones de euros. También logró contratos para limpiar la sede de organismos como la Sindicatura de Comptes o la Agencia Valenciana de Turismo. Seralia, con sede en Valladolid, es una firma de servicios del conglomerado de sociedades del constructor leonés José Luis Ulibarri, adjudicatario también de varias licencias de TDT en la Comunitat Valenciana. Ulibarri , imputado en el caso Gürtel por supuesto pago de comisiones ilegales tras lograr adjudicaciones de suelo en ayuntamiento gobernados por el PP, consiguió al menos 69 millones de euros en contratos públicos en la Comunitat. 
La Diputación de Valencia también fue uno de sus clientes, aunque el actual equipo de gobierno no parece dispuesto a atender la reclamación de Seralia de facturas pendientes por valor de 40.690 millones y 12.097 euros en concepto de intereses de demora. Según informaron a Levante-EMV fuentes de la diputación, el Consorcio de Bomberos que instruye el expediente ha acreditado que parte de las facturas que se reclaman constan como pagadas y las que no aparecen como tal "bien no fueron recibidas, bien fueron devueltas por incumplimiento de pliego de condiciones". Los responsables de la diputación han citado al representante de la empresa vía trámite de audiencia para tratar de resolver el conflicto. 
(www.levante-emv.com, 13/09/10)
NUEVOS DELITOS, Y MÁS GRAVES, PENDIENTES DE INVESTIGAR 
La investigación del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana está en mantillas. Pese a que el sumario recoge múltiples irregularidades con el pago de importantes cantidades de dinero en comisiones ilegales, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tan solo ha admitido abrir una causa por el regalo de trajes al presidente Francisco Camps y a tres de sus colaboradores. 
Desde que Orange Market, una filial de la trama corrupta, se instaló en la Comunidad Valenciana con Álvaro Pérez, El Bigotes, al frente, la Administración que dirige Francisco Camps no ha dejado de adjudicarles contratos, la inmensa mayoría a dedo y sin concurso, justificados en la supuesta experiencia de la empresa en trabajos similares aunque era de reciente creación y nunca antes había trabajado en la Comunidad Valenciana. 
Esta empresa fue el instrumento que utilizó el PP valenciano para su financiación ilegal, según acreditan documentos intervenidos por la policía, además de varios informes incorporados al sumario, grabaciones de conversaciones y documentos oficiales. Este caso de financiación ilegal del PP valenciano aún sigue en el limbo judicial. Aunque el juez madrileño, Antonio Pedreira, tras comprobar que las pruebas son suficientemente solventes, decidió inhibirse y remitir toda la documentación a Valencia, dado que había políticos del PP aforados implicados en el caso. El PP ha recurrido esa decisión y está pendiente de la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la misma que anuló las escuchas en la cárcel. Tampoco se ha podido investigar el amaño del contrato multimillonario por el que una empresa leonesa de construcción, Teconsa, cobró siete millones de euros por la sonorización y el montaje de pantallas de vídeo para la visita del Papa a Valencia. 
(www.elpais.com, 13/09/10)
LA DIPUTACIÓN HARÁ UN PLENO EXTRAORDINARIO SOBRE LOS PAGOS DE IMELSA A LA TRAMA GÜRTEL  
El portavoz socialista en la Diputación de Valencia, Rafael Rubio, pidió ayer al presidente provincial  Alfonso Rus que inicie el curso político "contando toda la verdad" sobre la relación que mantuvo la corporación provincial con una empresa implicada en la trama Gürtel.  
En este sentido, Rubio se refirió a las informaciones que revelaron una relación contractual entre la diputación, a través de la empresa pública Impulso Económico Local S.A (Imelsa), con la firma Easy Concept, una de las empresas de Francisco Correa.  
Según consta en una factura, la corporación pagó 14.829,21 euros por montar un pabellón con motivo de la Feria de Turismo de Valencia. El PSPV pidió ayer el pleno monográfico por registro de entrada y su portavoz explicó a este diario que deberá celebrarse obligatoriamente en un plazo de dos meses porque lo pide más de un tercio de los diputados.  
Asimismo, exigió la comparecencia del diputado de empresas públicas, Salvador Álvarez, para que el equipo de gobierno del PP dé "explicaciones públicas sobre lo ocurrido, enseñen las facturas públicamente y aclaren quién ordenó que se realizara dicho contrato". "De momento lo único que han hecho Rus y el ex presidente Fernando Giner es echarse las culpas mutuamente, ninguno ha querido asumir ninguna responsabilidad", agregó el portavoz socialista.  
Para Rubio, los dirigentes populares han actuado con "total oscurantismo" e "incluso llegaron a ofrecer información falsa a la oposición" al contestar por escrito, en el pleno de febrero de 2009, que no habían mantenido ninguna relación con las empresas de la trama, incluida Easy Concept.  
Por ello, ante la "ausencia de claridad y de información veraz", los diputados socialistas se reunieron ayer para reclamar un pleno extraordinario en el que "Rus y su equipo cuenten la verdad y dejen de mentir sobre la relación de la diputación con la trama". 
(www.levante-emv.com, 07/09/10) 
LUBASA DESTINÓ 58.000 EUROS A FINANCIAR LOS ACTOS QUE ORGANIZABA EL PARTIDO POPULAR  
El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales que investiga la trama Gürtel, al que ha tenido acceso Levante-EMV, confirma que parte de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) habrían sido financiados por empresarios del sector de la construcción de Castelló, entre ellos Luis Batalla Romero, gerente de Lubasa. Estas aportaciones de fondos de la constructora podrían haberse realizado mediante "donaciones finalistas de dinero que no ingresan en la cuenta corriente del partido", según el documento. 
El informe, de 30 folios, viene a ratificar que empresarios de la provincia colaboraron en la financiación del PP valenciano y sigue apuntando a Ricardo Costa como pieza clave de las operaciones. 
Los investigadores tienen pruebas de que empresarios adjudicatarios de numerosos contratos públicos, entre ellos Lubasa, pagaron "facturas ficticias" cuyo importe íntegro se destinó a cubrir "una parte de la deuda generada entre el PPCV y la mercantil Orange Market" (la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, que se encargaba de organizar los grandes eventos del partido). Esto supondría que el PP habría recurrido a la "financiación paralela" de grandes empresas para organizar sus actos en la Comunidad Valenciana. 
La investigación de la Brigada de Blanqueo de Capitales considera que la empresa Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL abonó una factura a Orange Market SL en el mes de julio del año 2008 por importe de 58.000 euros.
Según el informe, este dinero se destinó a minorar la deuda existente entre Orange Market SL y la "formación política Partido Popular/grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, por lo que cabe establecerse que dichas facturas tienen el carácter de ficticio". 
A tenor de la documentación requisada y analizada por los agentes en los registros domiciliarios se llega a la conclusión de que no existe una "explicación lógica del motivo por el cual distintas empresas del sector de la construcción y servicios ubicadas en la Comunidad Valenciana, entre ellas Lubasa Desarrollos lnmobiliarios SA, efectúan el pago de distintas facturas a la mercantil Orange Market SL".  
La Brigada de Blanqueo de Capitales sólo pueda explicar estas operaciones "si existe contraprestación o favorecimiento de algún tipo entre dichas empresas y la formación política expuesta, sistemática de funcionamiento que se repite a lo largo del tiempo". 
Hace unos meses, el Cuerpo Nacional de Policía remitió un primer informe en el que recogía que parte de los actos del Partido Popular han sido financiados por empresarios del sector valenciano de la construcción (Enrique Gimeno Escrig presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz, administrador único de Enrique Ortiz e Hijos; Antonio Pons Dols, presidente del grupo empresarial PIAF; Vicente Cotino Escribá, del grupo empresarial inmobiliario Sedesa; y Luis Batalla Romero, de Lubasa).
Las supuestas aportaciones de estas empresas a la financiación del PP se realizaban mediante "donaciones finalistas de dinero que no ingresaban en la cuenta corriente del partido". El PP, por boca de algunos de sus portavoces, se ha apresurado a decir en las últimas horas que el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales ha sido manipulado.  
Los actos realizados por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) y el grupo parlamentario popular en las Corts fueron financiados mediante diversos mecanismos. En primer lugar, mediante entregas realizadas por el propio PP "con fondos ajenos al sistema económico real que engrosan la caja B de Orange Market". La trama corrupta también operaba con facturas reales emitidas por Orange Market a la formación política y abonadas por ésta.  
Finalmente, los responsables del PPCV realizaban gestiones para que los empresarios cuyas sociedades eran adjudicatarias de contratos públicos financiaran los actos del PP mediante la entrega de fondos a Orange Market, fondos que se enmascaraban a través de facturas "ficticias emitidas por dicha sociedad a éstas empresas en base a unos supuestos acuerdos de prestación de servicios".  
Mediante este sistema ideado por los imputados en la Gürtel se crea un "artificio con el fin de producir una mutación de la verdad a través de la alteración de alguno de los elementos esenciales de documentos del tráfico mercantil con entidad suficiente para afectar al normal desenvolvimiento de las relaciones jurídicas". 
(www.levante-emv.com, 07/09/10)
LOS TRAJES DE CAMPS VAN CAMINO DEL BANQUILLO  
La sombra de la causa de los trajes de Camps planeará sobre la convocatoria de las elecciones autonómicas que deben celebrarse la próxima primavera. La duda está en si el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se sentará en el banquillo de los acusados antes o después de los comicios.  
Las fuentes consultadas señalaron que la instrucción está terminada y que el juicio podría señalarse a comienzos del próximo año, pero todo dependerá de la celeridad que dé a la causa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El Supremo, al reabrir al caso, ordenó que todas las actuaciones retrocedieran al momento previo al de su archivo. 
La instrucción estaba prácticamente terminada, ya que todo apunta a que la nueva causa por la supuesta financiación ilegal del PP se tratará de manera separada a ésta. Si no se practicaran nuevas pruebas, quedaría pendiente que el fiscal presentara su acusación y solicitara la apertura del juicio oral. Lo siguiente será dar traslado de la causa a la defensa para que presentara sus alegaciones. Una vez que ambas partes hayan presentado sus escritos, el juez les citará para una audiencia preliminar para decidir si se abre juicio oral. Hasta esta fase se pueden pedir pruebas.  
El magistrado tiene tres días para decidir y si opta por continuar adelante, es una decisión irrecurrible. Las partes tienen un plazo de quince días para personarse ante el TSJCV. En este trámite es cuando se designa el ponente, es decir, el juez que acabaría dirigiendo el proceso.  
Todo apunta a que ese magistrado sería Juan Climent, ya que es el único de la Sala de lo Civil y de lo Penal que aún no ha tenido que resolver nada sobre el caso de los trajes. Este caso ha puesto al TSJCV en la tesitura de decidir de dónde sacará a los miembros del jurado, tal vez de la bolsa de Valencia. 
(www.levante-emv.com, 05/09/10)
EL CONSELL CREE QUE NO SE ABRIRÁN NUEVAS CAUSAS VINCULADAS A GÜRTEL
La portavoz descalifica el informe policial sobre la financiación ilegal del PP
El Gobierno valenciano trabaja con un escenario único: que no se abran nuevas causas antes de las elecciones contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ahora imputado por un delito de cohecho pasivo impropio por haber recibido trajes regalados por las empresas del caso Gürtel. La portavoz del Ejecutivo valenciano, Paula Sánchez de León, rechazó ayer que haya preocupación en Presidencia por la posición de la Fiscalía Anticorrupción, que defiende que se abra una nueva causa en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por supuestos delitos de cohecho propio, financiación ilegal o tráfico de influencias contra los principales dirigentes del PP valenciano.
El Consell da la información "que por imperativo legal" tiene que dar
"No estamos preocupados, entre otras cosas porque no hay nuevos delitos. No hay nada nuevo en el [último] informe policial y nuestra posición no ha variado en los últimos meses", indicó Sánchez de León, que descalificó la actuación de la policía.
Para la portavoz del Consell, los informes policiales son "sesgados, tendenciosos y falsos, que han sido filtrados a los medios de comunicación y que se están utilizando en momentos puntuales por aquellos que tienen interés en convertir esto en un debate público". "Cada uno puede deducir dónde se emiten esos informes, quién tiene acceso a ellos y quién puede tener interés en que se filtren", remachó.
Sánchez de León negó que los informes policiales y las peticiones de la Fiscalía puedan hacer peligrar la candidatura de Camps en las próximas elecciones autonómicas. "Camps es el presidente más confirmado de toda la historia", dijo la portavoz, que argumentó que Mariano Rajoy ha tenido que confirmarlo nuevamente "porque se ha generado un debate artificial". "Los que han generado dudas son los que todavía no saben quién es su candidato", remachó en referencia a los socialistas.
En este contexto, la también consejera reconoció que el Consell no piensa facilitar a la oposición parlamentaria más información que la estrictamente obligatoria. Interpelada por si facilitarán a los socialistas los contratos de la Generalitat con el grupo Sedesa, que según la policía financió ilegalmente al PP, Sánchez de León dijo que el Consell "siempre ha trasladado y traslada toda aquella documentación que por imperativo legal tenga que trasladar".
La consejera portavoz censuró que se vinculen los informes de la Generalitat con el grupo Sedesa, que es propiedad de la familia del vicepresidente Juan Cotino, con el informe de la brigada de blanqueo de capitales que apunta a que esta empresa financió de manera irregular al PP a través de Orante Market.
El grupo socialista ha solicitado, hasta ahora sin éxito, acceder a los expedientes de la Generalitat de las contrataciones con Sedesa.
Frente a las descalificaciones de los informes policiales, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, salió en defensa del trabajo de la brigada de blanqueo de capitales realizado a instancias del juez.
"La mejor manera de contestar al contenido del informe es dar información cumplida, veraz y concreta de todas las actuaciones y contrataciones adjudicadas a las empresas que aparecen en el mismo", afirmó Peralta. "Cualquier otra respuesta es una excusa de mal pagador", sentenció el delegado del Gobierno.
El posicionamiento del Consell sobre el contenido del nuevo informe policial, que refuerza los indicios sobre la financiación irregular del PP, se produjo poco antes de conocerse que Génova había levantado la suspensión de militancia al ex secretario general de los populares valencianos Ricardo Costa.
El ex secretario general del PP recibió la felicitación de numerosos cuadros del partido, incluido el propio presidente de la Generalitat. Fuentes populares indicaron que Costa esperaba desde hacía meses su regreso a la disciplina popular, aunque ello no supondrá ningún cambio en el estatus que ahora ocupa como último diputado de la bancada popular en las Cortes Valencianas.
El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, tachó "coherente" la decisión del PP de levantar la suspensión de militancia a Ricardo Costa porque en ese partido "todos los corruptos están dentro". La coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, tachó de "burla" la readmisión de Costa en el PP. "Es vergonzoso".
www.elpais.es 04.09.10
RAJOY INDULTA A COBO Y COSTA POR BUEN COMPORTAMIENTO
Levanta las suspensiones de militancia que acaban en noviembre
Mariano Rajoy quería empezar el curso político dejando solucionado un antiguo asunto que estaba enquistado: la suspensión de militancia por distintas razones de Manuel Cobo y de Ricardo Costa, vicealcalde de Madrid y ex secretario general del PP valenciano, respectivamente. Y ayer, el Comité Nacional de Derechos y Garantías, que preside Alfonso Fernández-Mañueco, anunció que les indultaba y les perdonaba los dos meses que les quedaban para cumplir la sanción de un año que se les impuso. La excusa es su "comportamiento plenamente satisfactorio", según la nota del PP.
Los hechos y las sanciones eran de naturaleza distinta, pero Rajoy quiso que ambos casos fueran tratados de forma similar para equilibrar las facciones del partido. Cobo fue sancionado por una entrevista en EL PAÍS muy crítica con la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, y Costa por dar por hecho que se mantenía en su cargo pese a haber sido apartado.
En todo caso, el indulto a Costa es la respuesta de Rajoy al último informe policial que aporta pruebas sobre financiación ilegal del PP valenciano por parte de la trama Gürtel. Costa se despidió de su cargo de secretario general en una rueda de prensa en la que dijo que actuó siempre bajo órdenes de Camps en lo referente a las finanzas del PP de Valencia. Desde ese día ha guardado silencio y su testimonio será fundamental para determinar hasta dónde llegan las responsabilidades penales. Camps llamó ayer a Costa para felicitarle. El fin de las dos sanciones no ha sido tratado en ningún órgano colegiado del PP.
El secretario general del PP, Antonio Clemente, expresó ayer su "profunda satisfacción" por la decisión sobre Costa. El portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, el también consejero Rafael Blasco, recibió la noticia con mayor alborozo: "Es un momento de felicidad e inmensa satisfacción para este grupo, en el que siempre hemos contado con Costa como un activo fundamental". El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, argumentó que "readmitir a Costa es un acto de coherencia política del PP". "Estando todos los imputados dentro del partido, empezando por Camps y terminando por (Carlos) Fabra y (José Joaquín) Ripoll ¿qué hacía Costa fuera?", se preguntó con ironía.
www.elpais.es 04.09.10
EL PP SE GASTÓ 790.000 EUROS EN CONTRATOS CON GÜRTEL PARA UN CONGRESO DE DÍA Y MEDIO 
A finales de 2008, con la crisis a punto de azotar con toda su virulencia a la economía, el PP de la C0munidad, con Francisco Camps al mando, aún disparaba con pólvora de rey. Los populares se gastaron, al menos, 790.ooo euros –más de 130 millones de las antiguas pesetas– en servicios que contrataron con Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel que dirigía El Bigotes, para organizar el congreso regional del PP, celebrado el tercer fin de semana de octubre y que duró apenas un día y medio. Esa deuda, como recoge el último informe de la Policía en el que revela nuevos indicios sobre la supuesta red de financiación ilegal del PP, fue saldada en parte, junto a la de otros actos que se citan en apuntes contables de la red y que suman facturas por casi un millón de euros, con entregas de dinero negro y con «aportaciones» mediante facturas falsas de empresas que cuentan con importantes adjudicaciones públicas, como es el caso del alicantino Enrique Ortiz. 
La contabilidad de Orange Market, la mercantil vinculada a Gürtel que controlaba Álvaro Pérez, durante los meses de noviembre y diciembre de 2008 evidencia que la empresa de El Bigotes era, en ese momento y apenas dos meses antes de que el juez Baltasar Garzón ordenara la detención de Francisco Correa y desmantelara el entramado corrupto, la principal proveedora de servicios del PP de la Comunidad. Tras el congreso nacional que los populares celebraron en Valencia en junio de 2008, Camps se presentaba a su cita regional, convocada para mediados de octubre, convertido en el principal barón territorial del PP y con un poder absoluto que en el anterior cónclave autonómico, celebrado en Castellón en 2004, no pudo exhibir. Estaba ante el foro que iba a convertirle en el presidente del PP de la Comunidad con mayor respaldo interno en la historia de su organización. 
Y Ricardo Costa ni David Serra, que controlaban el aparato popular en ese momento desde la secretaría y la vicesecretaría general, se pusieron manos a la obra con ese objetivo. Contactaron con El Bigotes, su hombre de confianza para la organización de campañas electorales y eventos de todo tipo, y no repararon en gastos. En día y medio, el congreso se inició el sábado 18 de octubre por la mañana y se clausuró a mediodía del domingo con la intervención de Mariano Rajoy, los populares, en un momento en el que la crisis empezaba a arreciar, «quemaron», al menos, 790.000 euros en su congreso. De acuerdo con las facturas y apuntes contables de la red Gürtel que figuran en el informe de la Brigada de blanqueo de capitales de la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía, el PP se gastó nada menos que 300.000 euros –unos 50 millones de las antiguas pesetas– en el «diseño, montaje y desmontaje» del escenario circular en el que se desarrollaron los debates del congreso popular; cerca de 70.000 en una fiesta y un cátering; y otro tanto en vallas para publicitar la convocatoria, sólo por citar algunos de los gastos que aparecen detallados en las hojas contables de la trama que la Policía incautó durante el registro que realizó el 6 de febrero de 2009 en la sede de Orange Market, en una céntrica calle de Valencia. Justo, el mismo día en el que se detuvo a Francisco Correa –cabecilla de la trama corrupta– y en el que también se registraron las oficinas de Turismo en busca de los contratos de Fitur.  
No había problema en asumir ese volumen de gasto. La ronda no la pagaba por completo el PP. Parte de los gastos se abonaban con fondos al margen del sistema financiero –dinero negro–; y parte a través de la «colaboración» de empresarios que abonaban facturas ficticias a El Bigotes que, en realidad, servían para saldar las deudas de los populares con la sociedad vinculada a la red Gürtel. El informe, como se recordará, revela que entre febrero de 2008 y los primeros meses de 2009, la dirección del PP entregó a El Bigotes más de 405.000 euros en dinero negro; mientras que tres empresas pagaron facturas ficticias a Orange Market, señala la documentación, por cerca de 450.000 euros, más de la mitad aportados por Enrique Ortiz, que, en realidad, servían para reducir la deuda del PP con el entramado corrupto. 
De forma global, la contabilidad de la red en Valencia registra, entre noviembre y diciembre de 2008, referencia a actos de los populares por valor de alrededor de un millón de euros y aportaciones económicas desde el PP por más de 780.000 euros, unos 130 millones de las antiguas pesetas. Una situación que, en opinión de la Policía, revela la existencia, señala de forma textual, de una «financiación paralela» de la que se nutriría la organización que lidera Francisco Camps.  
Entre la gran cantidad de documentación a la que las partes tuvieron acceso el pasado 1 de septiembre, tras las vacaciones de verano, figuran diversas diligencias que revelan que, casi veinte meses después de los registros judiciales y de que el juez Baltasar Garzón desmantelara el entramado corrupto de Francisco Correa y El Bigotes, la policía continúa desprecintando cajas de documentación incautada a la red corrupta que, a lo largo de los próximos meses, conformará nuevos informes sobre la actividad del conglomerado Gürtel.  
Entre la documentación ya analizada que figura en este nuevo informe con más indicios sobre la supuesta financiación ilegal del PP, aparece un detalle sobre los movimientos de la llamada «Caja Barcelona» de Orange Market, en la que se recogían los apuntes contables del dinero negro y al margen del sistema financiero que recibía la empresa.  
Una caja que se nutría con aportaciones periódicas de los populares valencianos, tal y como queda reflejado en la contabilidad de la empresa de El Bigotes. Álvaro Pérez utilizaba ese dinero sin justificar que recibía del Partido Popular con los más diversos fines. Pagaba nóminas, viajes, regalos, sesiones de masaje y hasta multas de tráfico... Así figura en el informe de la policía y también se desprende del análisis de la contabilidad «b» de la delegación de la trama corrupta en Valencia.  
Por ejemplo, figura una referencia a un pago de 70.000 euros a un concesionario de coches de Valencia, otro de casi 4.800 euros para la compra de regalos de Navidad, fondos para un viaje a Miami, abonos de las nóminas de los trabajadores de Orange Market, mil euros para una sesión de masaje —no especifica si se trataba de un regalo— y hasta 140 euros para abonar los gastos de una sanción de tráfico. 
(www.levante-emv.com, 03/09/10)
IMELSA PAGÓ A LA FIRMA DE LA TRAMA GÜRTEL EN EL MANDATO DE GINER 
La Diputación de Valencia contó con los servicios de la Empresa Easy Concept, ligada a la trama corrupta Gürtel por la que están imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tantos dirigentes y ex cargos populares en la Comunitat Valenciana. La relación entre la empresa pública del ente provincial, Impulso Económico Local, S. A. (Imelsa), y Easy Concept se produjo en el año 2005, cuando dirigía la diputación Fernando Giner. No fueron 34.829 euros, como se apuntó en un primer momento, y sí 14.829,21 euros los que se gastó Imelsa en un «almacén para la Feria de Turismo de Valencia» de ese año. 
Un informe de la Agencia Tributaria del pasado día uno de septiembre certifica que la diputación declaró esa cantidad a Hacienda. La factura de Easy Concept –empresa del conglomerado creado por el empresario Francisco Corra y ubicada en Pozuelo de Alarcón– refleja que con ese precio se pagaron los servicios de la caseta de diez por tres metros (2.250 euros), un cuadro eléctrico con diez enchufes, dos pantallas de plasma (1.850 euros), un dvd, cuatro cajas de sonido, una cámara, una mesa de sonido y un técnico, estanterías, el transporte y el montaje (1.822,80 euros) y la coordinación de la agencia (2.400 euros), entre otros conceptos, hasta sumar la cantidad final de 14.829,21 euros con el IVA. 
Desde que trascendiera que la Diputación de Valencia contrató los servicios de una firma unida a la red Gürtel y al PP, tanto el ex presidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner, como el actual mandatario, Alfonso Rus, señalaron que en sus etapas al frente de la institución no se produjeron pagos o relaciones comerciales con la trama.  
Sin embargo, la Unidad de Apoyo de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada facilitó los datos, mediante un informe de la Agencia Tributaria, que ponía de manifiesto que existió al menos una relación comercial: la de los 14.829,22 euros. 
Alfonso Rus movilizó a los servicios económicos de la Diputación de Valencia para pedir toda la información a la delegación de Hacienda correspondiente a ese pago. El interventor de la institución provincial, por otra parte, ha informado que «excluida la empresa pública Imelsa no se han contraído obligaciones ni realizado pagos a las mercantiles con las siguientes denominaciones sociales a fecha 31 de diciembre de 2009». El funcionario enumera a todas las empresas de la red corrupta que no aparecen: Special Events, Pasadena Viajes, Easy Concept, Good and Better, Orange Market, Diseño Asimétrico, Inversiones Kintamani, Servimadrid Integral, Hator Consulting y Osiris Patrimonial. 
La ausencia de información sobre el pago de Imelsa a Easy Concept se justificó primero con el cambio de sede social de la empresa pública, que pudo generar la pérdida de facturas. Después se ha explicado que en la diputación no obraban las documentos de ahí a que, en su momento, en el pleno se respondiera que no existía ningún vínculo contractual con mercantiles del universo Gürtel. 
(www.levante-emv.com, 03/09/10)
EL PP VALENCIANO DICE QUE HARÁ SU PROPIO CONTRAINFORME 
La dirección regional del PP tiene previsto elaborar su propio contrainforme para intentar rebatir el documento elaborado por la policía. Ese informe oficial avala los primeros indicios sobre una supuesta financiación ilegal de los populares valencianos. La iniciativa es continuación de un primer informe económico encargado a dos auditores por el propio presidente valenciano, Francisco Camps, en mayo de 2010, que ya criticó "por limitarse a una interpretación parcial de los datos" los informes periciales elaborados por la Agencia Tributaria y solicitados por el juez Antonio Pedreira. 
El vicesecretario de Organización, David Serra, una de las personas que conocían las entregas de dinero que supuestamente hizo el empresario de la construcción Enrique Ortiz, despreció ayer las nuevas pruebas del informe policial, informa Arturo Ruiz. "No aportan nada nuevo con respecto a anteriores informes y su publicación se debe a que las encuestas vaticinan un desastre electoral del PSOE y Zapatero", dijo Serra. El vicesecretario de Organización del PP indicó que su cargo "siempre ha estado a disposición del partido", pero descartó que lo vayan a suspender de militancia como ya ocurrió con el ex secretario regional Ricardo Costa. 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no quiso pronunciarse ante los medios de comunicación, aunque los principales cargos del PP descalificaron de raíz el informe policial. 
El secretario regional, Antonio Clemente, acusó "a una parte de la policía de no realizar el trabajo que le corresponde". La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, afirmó que el informe policial está "manipulado porque no le han pedido datos al PP para su elaboración". El vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino, tachó el informe de "mentira". El grupo empresarial de la familia de Cotino, Sedesa, es uno de los que financiaron irregularmente al PP, según la policía. Otro de los implicados, el empresario Enrique Ortiz, insistió también en que "no hay nada nuevo" en el último informe policial. 
El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, manifestó ayer que "Camps no sabe hacer las campañas más que con trampa". "Ahora no podrá porque los jueces no le van a dejar", prosiguió, "se va a tener que enfrentar a los valencianos sin Gürtel". 
La líder de Esquerra Unida, Marga Sanz, exigió la dimisión fulminante de Camps y la limpieza de la cúpula del PP. 
(www.elpais.com, 03/09/10) 
EL FISCAL PIDE QUE EL TRIBUNAL DE VALENCIA INVESTIGUE A CAMPS POR NUEVOS DELITOS 
La Fiscalía Anticorrupción defiende que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia abra una nueva causa al presidente Francisco Camps, al ex secretario general del PP Ricardo Costa, y a otros ex altos cargos del PP valenciano por los supuestos delitos de cohecho propio, financiación ilegal o tráfico de influencias. 
En un escrito remitido el pasado 2 de agosto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Fiscalía recuerda que la investigación del caso Gürtel ha descubierto numerosas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte del Gobierno valenciano a las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que esos supuestos delitos, en los que habrían participado altos cargos del PP que están aforados porque ocupan un escaño en el Parlamento valenciano, solo pueden ser investigados en el Tribunal Superior de Valencia.
El juez Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, decidió inhibirse en favor del Tribunal valenciano porque durante la investigación se habían descubierto indicios de delito en la actuación de cargos públicos del PP en esa comunidad. Pero el PP, personado como acusación popular en este caso, impugnó esa decisión. 
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anuló las escuchas en la cárcel a los principales jefes de la trama corrupta ordenadas por el juez Baltasar Garzón, deberá resolver en las próximas semanas si acepta la inhibición y se sigue investigando el caso en Valencia o si la rechaza y todos los indicios de delito hallados durante la investigación quedan en un limbo legal sin que nadie pueda instruirlos pues afectan a dirigentes políticos que están aforados y solo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 
La Fiscalía Anticorrupción recuerda en el escrito del 2 de agosto que hay múltiples indicios de irregularidades en la actuación del Gobierno valenciano en relación con la trama corrupta. Entre los ejemplos que cita, la Fiscalía señala que al menos cuatro contratos adjudicados a dedo a la red Gürtel por 41.988 euros necesitaban la "preceptiva autorización que, en algún caso, hubo de dar el gabinete del presidente" Francisco Camps. La red corrupta regaló al presidente valenciano numerosos trajes durante dos años por valor de varios miles de euros. La Fiscalía entiende que podría haber incurrido en un delito de cohecho propio -castigado con penas de cárcel-, y no solamente el de cohecho impropio -cuya máxima sanción son multas- por el que está imputado ya en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 
Además, la Fiscalía recuerda que en los registros efectuados en las sedes de las empresas de la trama corrupta se encontraron "pliegos del concurso de Fitur de 2005 antes de la publicación oficial del concurso". 
Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta, logró el concurso para montar el pabellón de Valencia en Fitur por un millón de euros tan solo unos meses después de iniciar su actividad y ganó el concurso en los años sucesivos, hasta que Garzón desarticuló la trama corrupta en febrero de 2009. 
Las adjudicaciones a Orange Market, según el informe de la Intervención General del Estado, estaban plagadas de irregularidades. La investigación judicial ha llegado a descubrir que Orange Market poseía la documentación del concurso antes incluso de que se hiciera pública, por lo que partía con ventaja respecto al resto de competidores. 
Entre las personas agasajadas con regalos caros por parte de la trama corrupta figuran dos de los principales cargos públicos de la Consejería de Turismo. Por un lado, la entonces consejera Milagrosa Martínez, hoy presidenta del parlamento valenciano, a la que la trama corrupta regaló un reloj valorado en 2.400 euros, según la investigación. Y Rafael Betoret, al que agasajaron con trajes durante varios años y que desempeñaba el cargo de vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de Turismo, encargada de adjudicar el concurso de Fitur. 
(www.elpais.com, 03/09/10) 
GALLARDÓN: 'LA CANDIDATURA DE CAMPS ME PARECE POSITIVA PARA EL PP' 
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado en relación a la candidatura de Francisco Camps a la Generalitat Valenciana que "todas las decisiones que adoptamos en la dirección general del partido me parecen positivas para el mismo". 
Gallardón, que es miembro de la dirección general del PP, quiso restarle importancia a la noticia de que el presidente de los 'populares', Mariano Rajoy, hubiera ratificado la candidatura de Camps pese a los asuntos judiciales a los que todavía tiene que hacer frente el presidente valenciano. 
"Reiterar algo que ya se había dicho no se puede convertir en noticia y esto es una reiteración", insistió durante la rueda de prensa que sigue a la Junta de Gobierno del Consistorio.
El líder del PP afirmó ante los periodistas, este jueves, al término de la reunión de dos días que han mantenido en Toledo los líderes del PP que forman el Comité de Dirección que "Camps debe ser el candidato a las elecciones". 
No obstante, Rajoy explicó que el nombramiento de Camps y el resto de los candidatos autonómicos se aprobará "cuando toque" y de acuerdo a "las normas internas" del partido, es decir, a través del Comité Electoral Nacional con propuesta de las organizaciones regionales. 
(www.elmundo.es, 03/09/10)
RAJOY HACE CASO OMISO DEL INFORME POLICIAL Y MANTIENE A CAMPS 
¿Va a mantener a Camps como candidato si el juez abre juicio oral contra él?, le preguntó un periodista a Mariano Rajoy ayer en Toledo en un corrillo informal. En presencia de Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato y Esteban González Pons, el líder del PP se encogió de hombros y respondió algo así como: "No puedo contestar, porque me pregunta por cosas que no han pasado, es lo mismo que si me pregunta que qué voy a hacer si se muere alguien, y no voy a dar ningún nombre". "Toquemos madera", respondió el alcalde de Madrid entre risas. 
Unos minutos antes Mariano Rajoy había asegurado categórico ante los periodistas que Francisco Camps "debe ser el candidato" en las elecciones autonómicas del 22 de mayo en Valencia. Es decir, que para Rajoy el informe policial que aporta nuevas pruebas de la financiación ilegal del PP valenciano no altera su decisión de mantener a Camps como candidato y no es motivo suficiente aún para sustituirle. 
En su primera comparecencia ante los periodistas desde hace meses, el líder del PP fue preguntado a continuación por las consecuencias del informe y él se limitó a responder: "Ya he dicho todo lo que tenía que decir". De ahí no pasó. Distintas fuentes del PP aseguran que en la reunión no se habló en ningún momento expresamente de la situación de Camps, aunque sí estuviera, lógicamente, en las conversaciones informales. 
La interpretación que dirigentes del PP hacen de las palabras de Rajoy sigue siendo que en este momento Camps es candidato, con la confianza de que el proceso de Gürtel en Valencia quede en nada o no le afecte a él. Pero que deja la puerta abierta a forzar su sustitución si su situación procesal se agrava, porque el juez abra juicio oral contra él, es decir, que le siente en el banquillo por más delitos que el de cohecho impropio. 
La broma del candidato muerto que hizo Rajoy parece sugerir que si se produce alguna causa sobrevenida no prevista se replanteará su posición. Incluso, un miembro de la dirección del PP asegura que esperan que si eso ocurre, sea el propio Camps el que renuncie a ser candidato. 
De la reunión de ayer no salió un calendario concreto para la designación de los cabezas de lista. Está pendiente de que lo cierren en los próximos días el propio Rajoy y la responsable de Organización, Ana Mato. Previsiblemente será a finales de noviembre, después de las elecciones catalanas. 
Tampoco se habló ayer de Asturias, donde sigue en el aire la candidatura de Francisco Álvarez Cascos, rechazada por el partido en esa comunidad. Rajoy mantiene una posición ambigua también sobre el ex secretario general del partido. En Navarra, previsiblemente, el candidato será el diputado Santiago Cervera. 
En la reunión de Toledo, la dirección del PP revisó la estrategia para los próximos meses, basada en acelerar el desgaste del Gobierno. El propio Rajoy se refirió a los datos del paro y a la "inacción" del Gobierno. El presidente del PP anunció que de aquí a final de año, el Grupo Popular presentará en el Congreso y el Senado exactamente 50 propuestas sobre política económica, ni una más ni una menos. "El PP no va a resignarse a que más de cuatro millones y medio de españoles no puedan trabajar", dijo Rajoy. Anunció una iniciativa dando libertad a las comunidades para que puedan privatizar televisiones autonómicas, como propuso el día anterior su número dos, Dolores de Cospedal, sólo para Castilla-La Mancha, y dijo que en septiembre convocará a sus alcaldes para presentar una iniciativa en el Congreso que aborde la gravísima situación económica de los Ayuntamientos. 
En la reunión, los dirigentes escucharon el ya clásico informe detallado del sociólogo Pedro Arriola sobre las perspectivas electorales que muestran las encuestas. Y el no menos clásico de Jaime Mayor Oreja sobre los indicios de un supuesto proceso de diálogo del Gobierno y ETA, los peligros que se avecinan por presuntas cesiones a los terroristas y el vaticinio de que los abertzales estarán en las elecciones municipales de mayo. Como es habitual, todos le escucharon atentamente, nadie hizo ningún comentario y se pasó al siguiente punto. 
(www.elpais.com, 03/09/10)
RAJOY: "CREO QUE CAMPS DEBE SER EL CANDIDATO DEL PP A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES"
Las nuevas pruebas policiales sobre la financiación ilegal del PP de Camps no han variado la posición de Rajoy con respecto al presiente de la Generalitat Valenciana. "Creo que debe ser el candidato del PP a las próximas elecciones", ha afirmado el líder popular, durante una rueda de prensa en Toledo tras la reunión extraordinaria del Comité de Dirección del PP.
El líder del PP, que no había comparecido ante los periodistas desde hacía meses, ha asegurado que durante las reuniones mantenidas ayer y hoy "no se ha pronunciado ni una sola palabra" sobre el nuevo informe policial incorporado al sumario del caso Gürtel, en el que se insiste en que varios empresarios financiaron actos del partido pagando parte de la deuda que la formación política mantenía con Orange Market.
Según la versión oficial, la dirección nacional del PP trabaja con la hipótesis más probable de que Camps finalmente no llegue al banquillo. Si llegara a ser acusado únicamente por cohecho impropio por haber recibido los trajes, el PP también lo mantendría como candidato. Sin embargo, si finalmente el juez le imputara el delito de cohecho propiamente dicho, fuentes de la dirección del PP coinciden en que sería imposible mantenerlo como cabeza de lista en los comicios autonómicos.
Rajoy no ha aclarado, sin embargo, si Francisco Álvarez Cascos será el candidato del PP en Asturias. "Nombraremos los candidatos cuando toque con arreglo a las normas", se ha limitado decir el líder popular.
(www.elpais.com, 02/09/10)
RAJOY: "CAMPS DEBE SER EL CANDIDATO DEL PP POR VALENCIA"
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha vuelto a confirmar a Francisco Camps, imputado por su relación con la trama Gürtel, como candidato a la Comunidad Valenciana para las próximas elecciones autonómicas. "Camps debe ser el candidato", ha afirmado tajante.
Rajoy no ha querido referirse directamente al informe policial q y que apunta a la financiación ilegal del Partido Popular de Valencia, presidido por Camps. "Ayer hubo una nota del partido en Valencia", se ha limitado a decir el conservador que ha concluido su breve intervención en Toledo, donde se encuentra para la celebración de una reunión extraordinaria del Comité de Dirección. 
 El presidente del PP ha confirmado a Camps pese a que ha reconocido que durante la reunión del Comité no se ha hablado "sobre candidatos", tampoco sobre el ex ministro Álvarez Cascos.  
De lo que sí que se ha hablado es de economía y de que el partido presentará en el próximo cuatrimestre "50 iniciativas parlamentarias en materia de economía", referidas a la austeridad, la estabilidad, el sector público, el sistema financiero y la reforma laboral, entre otros asuntos.
En referencia a los datos del paro, Rajoy ha lamentado que el Gobierno "haya dicho resignándose que la situación y las cifras no son tan malas". "Nosotros no nos vamos a resignar", ha aseverado.
(www.publico.es, 02/09/10)
LA POLICÍA HALLA MÁS PRUEBAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
El PP valenciano y tres constructoras con múltiples adjudicaciones de la Generalitat (Sedesa, Lubasa y Ortiz) pagaron en 2008, en negro o con facturas falsas, 846.000 euros a la empresa corrupta Orange Market, la franquicia levantina de la 'red Gürtel'. Así lo sostiene la Brigada de Blanqueo de la Policía en un informe fechado el pasado 20 de julio y que detalla cómo Orange Market destinó la mayor parte de ese dinero a minorar la deuda contraída por el PP valenciano, para el que la empresa había trabajado de nuevo ese año durante la campaña de las elecciones generales de marzo.
El informe, incorporado al sumario y que completa el emitido por la policía en julio de 2009, da un paso más respecto a las revelaciones de hace un año: ahora, los investigadores establecen de manera abierta un nexo causal entre los pagos de las empresas y las "contrapartidas" que les aseguraba su papel como benefactoras del partido de Francisco Camps. Sedesa, Lubasa y Ortiz, dice el informe, pagaron a cambio de favores concedidos por el PP, que gobierna todas las grandes instituciones valencianas. Y se avinieron a pagar siguiendo indicaciones de "los responsables" del partido en Valencia.
 Como dirigentes que tuvieron una "participación activa" en ese complot urdido para ocultar la financiación ilegal del PP, la policía cita al ex número dos de Camps, Ricardo Costa, y al actual vicesecretario general del partido en Valencia, David Serra. Por la noche, el PP valenciano emitió un comunicado en el que tacha de "falso" el informe policial y asegura que "no se da por aludido".
Pero las 104 páginas de este nuevo dossier de la Brigada de Blanqueo acrecientan la sospecha de financiación ilegal en el PP valenciano: tres meses después de que Hacienda cifrase en 2,5 millones lo defraudado por el PP valenciano al fisco en 2007, llega ahora este nuevo informe. Y lo hace pertrechado de una batería de anexos repletos de datos que desmenuzan el modus operandi del trípode presuntamente conformado por el PP, sus empresas de cabecera y la red Gürtel.
El contenido de esos anexos admite difícil refutación. Las conclusiones de la Brigada de Blanqueo se sustentan en la documentación incautada a Orange Market, que incorporó a su contabilidad opaca los 405.450 euros abonados por el PP durante 2008 en ocho entregas. El estadillo de la caja B-Barcelona, en el argot de la trama- se incluye en el informe. Ahí constan anotados los ocho pagos, "sin justificación contractual", dice la policía.
Otros 441.000 euros recibidos por Orange Market tienen su origen en abonos de Sedesa, Lubasa y Ortiz, tríada situada en el ojo del huracán desde que la policía destapó hace un año los primeros indicios de financiación ilegal. En este caso, los ingresos a favor de Orange Market se camuflaron como pagos por trabajos de márketing, publicidad y asesoramiento de imagen.
Según la policía, no se entiende que las tres empresas, "adjudicatarias de numerosos contratos públicos", contribuyeran a enjuagar las deudas del PP "salvo que exista contraprestación o favorecimiento de algún tipo". De no existir tal contraprestación, no habría "explicación lógica" para esos pagos, dice el informe.
El juez Antonio Pedreira, que instruye la pieza principal del caso Gürtel, ya hizo suya en mayo la tesis de que los conservadores captaron fondos ilegalmente e involucró a las mismas tres empresas que ahora analiza la policía. Pero, entonces, los investigadores tenían menos información. Ahora, la Brigada de Blanqueo ha encajado las piezas necesarias para asegurar que tanto Sedesa como Lubasa y Enrique Ortiz e Hijos suscribieron falsos "acuerdos de colaboración" con Orange Market con el único objetivo de sufragar gastos del PP valenciano mediante la emisión de facturas "ficticias".
La policía incluye un dato clave: Orange Market tenía en su poder los documentos relativos a un supuesto "acuerdo de colaboración" con Ortiz e Hijos, acuerdo que en febrero de 2009 seguía sin firmar por los responsables de la empresa constructora. El "artificio" creado, subraya la policía, acabó teniendo los pies de barro. Que ese documento prosiguiera sin firma 13 meses después de la fecha oficial en que fue suscrito denota su falsedad, argumenta el informe. La policía recuerda que la Ley de Financiación de Partidos prohíbe a estos aceptar, directa o indirectamente, donaciones de contratistas públicos.
Ortiz e Hijos desembolsó a Orange Market 232.232 euros. Los últimos pagos se produjeron el 5 de febrero de 2009, un día antes de que el juez Baltasar Garzón hiciera saltar por los aires la trama Gürtel. Ese mismo día, el contable de Orange Market, Cándido Herrero, habló por teléfono con su jefe, Álvaro Pérez, El Bigotes, el "amiguito del alma" de Camps. "Ya me han dado la caja de magdalenas", le contó Herrero a El Bigotes. La policía, que incorpora la transcripción de ese pinchazo, no alberga dudas: la caja de magdalenas hace alusión a Enrique Ortiz, quien también se ha visto involucrado recientemente en la supuesta compra de partidos para el Hércules, equipo de su propiedad.
Pedreira suscribió la tesis de la financiación ilegal tras el informe de Hacienda que reveló fraude fiscal en el PP valenciano. El juez plasmó sus sospechas en un auto dictado el 26 de mayo, donde alertaba de que en 2008 podía haberse producido un delito electoral por exceso de gasto, pero dejaba abierta la cuestión. En esa resolución, Pedreira se inhibía en favor del Tribunal Superior de Valencia en lo concerniente a la financiación ilegal del PP. Pero el caso seguirá en sus manos en tanto el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) no resuelva el recurso del PP contra su inhibición. En teoría, el PP ejerce la acusación particular, aunque todos sus pasos han ido encaminados a demorar la instrucción.
Precisamente, el TSJM sostuvo en un auto que "un sector" de los imputados pretende "paralizar" la causa "interponiendo constantemente toda clase de recursos", informa Efe. En su auto, el tribunal rechaza el recurso que varios de los imputados -entre ellos, los diputados madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco- interpusieron contra una resolución dictada por el juez instructor del caso, Antonio Pedreira, el pasado 27 de abril.
Lo que dice el informe policial 
“Los actos realizados por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y el Grupo Parlamentario del PP en las Cortes Valencianas –reza el informe policial incorporado al sumario de la ‘Gürtel’– son financiados mediante diversos mecanismos”:
1 - "Entregas realizadas por el propio PP con fondos ajenos al sistema económico real que engrosan la caja B de Orange Market"
 2- "Facturas reales emitidas por Orange Market a la formación política y abonadas por esta"
3-  "Los responsables del PPCV realizan gestiones para que empresarios, cuyas empresas son adjudicatarias de contratos públicos en vigor, financien los actos del PP mediante la entrega de fondos a Orange Market que se enmascaran a través de facturas ficticias emitidas por dicha sociedad a estas empresas en base a unos supuestos acuerdos de prestación de servicios"
(www.publico.es, 02/09/10)
 LAS MAGDALENAS LLEGARON ANTES QUE LA CÁRCEL
 La ansiedad de la ‘trama Gürtel’ por cobrar del empresario Enrique Ortiz, propietario del Hércules FC e implicado en la ‘operación Brugal’, se refleja en las conversaciones grabadas por la policía entre diciembre de 2008 y febrero de 2009. Recelosos, nadie citaba a Ortiz por su nombre. Era “el de las galletas” o “el de las magdalenas”, asociando su apellido a la marca repostera, como descubrió de inmediato la policía.
 La clave de las magdalenas era usada por todos: por el jefe de Orange Market, Álvaro Pérez; por su contable, Cándido Herrero; por el lugarteniente de Correa, Pablo Crespo; y por el dirigente del PP David Serra. La última conversación pinchada se produjo el 5 de febrero de 2009. “Ya me han dado la caja de magdalenas”, contó Herrero a El Bigotes. Al día siguiente, Garzón lanzó la ‘operación Gürtel’. Y ya no hubo más magdalenas.
17/12/2008. Álvaro Pérez ‘el bigotes’ y David Serra
D. S: Voy a llamar ahora al de las galletas. Y yo necesito que el lunes nos reunamos tú, Cándido y yo para perfilar números, porque yo he intentado hacer un esfuerzo por varios sitios pero yo quiero que también vosotros hagáis también un poquito.
Á. P: Que sí, que sí.
08/01/2009. ÁLvaro Pérez Alonso y Cándido herrero
Cándido le dice que no le ha llamado el de las magdalenas y le pregunta si está con David [Serra]. Álvaro le contesta que no se preocupe, que mañana le ve y se lo dice. 29/1/2009
Álvaro Pérez y Cándido Herrero
C. H.: Hola Alvarito.
Á. P.: Hola tío, dime.
C. H.: Estuve ya hablando con nuestro amigo.
Á. P.: Sí, y ¿qué tal?
C. H.: Y delante de mí hizo una llamada y yo creo que las  galletas o me las como esta tarde o mañana.
Á. P.: Vale, perfecto, perfecto.
02/2/2009. Pablo Crespo y Álvaro Pérez
P. C.: Cuando me llamaste tú, estaba comiendo.
Á. P.: Nada, no te preocupes tío, nada, que he estado con Ric [supuestamente el entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa] y nada, cuando le he enseñado el papel ese y tal, pues claro, se ha pillado un rebote que te cagas, ha llamado a David Serra. En fin, tío, lo de siempre.
P. C.: Pero ¿qué pasa? ¿Que no lo sabía o qué?
A. P.: Y nada, esta semana, no, él pensaba que lo de las magdalenas ya estaba solucionado, qué tal, entonces claro, pues a mí me jode porque ha pasado lo que yo sabía que iba a pasar, ha llamado a David y se ha cagado en los muertos de David.
P. C.: Pero claro, joder, pero llevamos, ¿cuántos meses llevamos así?
A. P.: Entonces, pues eso tío.
P. C.: ¿Tú qué vas hacer, macho? Ya es que al final no queda más remedio, porque...
A. P.: Ya, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que si él me da los tres y pico..., ya se acabó, ya no me da nada más, claro, y además todo.
P. C.: Bueno, ¿lo va arreglar, no?
A. P.: Sí, sí, esta semana.
P. C.: De acuerdo, vale, vale.
03/02/2009.  Cándido Herrero y Pablo Crespo
P. C.: ¿Me oyes ahora? ¿Estás aún con Álvaro?
C. H.: Sí. Estamos en la ofi, sí.
P. C.: ¿Pero estás ahora con él en este momento?
C. H.: Hemos estado hablando ahora. Me llamaron de la fábrica de galletas.
P. C.: ¿Y qué?
C. H.: Que mañana lo mandan en un mensajero. Por lo que me dicen el mensajero llega mañana o mañana se lo envía al mensajero y me llega pasado. Y me dice, no, no, creo que para mediodía lo tienes.
P. C.: A ver si es cierto. Escucha, ¿tienes línea para descontar eso o no?
C. H.: Sí. Eso no tengo problemas.
P. C.: Bueno de todas maneras, quiero que animes a este, joder dale, súbele un poco la paletilla ¿vale?
C. H.: Vale, vale, vale.
05/02/2009.  Álvaro Pérez y Cándido Herrero
C. H.: Oye una cosa, ya me  dieron la caja de magdalenas.
Á. P.: Ah bien, vale, me alegro.
(www.publico.es, 02/09/10)
EL PP AVALA EL "GRAN TRABAJO" DEL IMPUTADO CAMPS
Si una sentencia desfavorable en los tribunales no obliga a Mariano Rajoy a cambiar de planes, Francisco Camps, imputado por cohecho impropio (soborno), repetirá como candidato para las próximas autonómicas en la Comunitat Valenciana.
Con este panorama como telón de fondo, los conservadores se encuentran en la tesitura de explicar los criterios que emplean para decidir qué tipo de imputaciones permiten que sus dirigentes puedan concurrir a las elecciones. ¿Dónde está el listón? Ayer, preguntada en rueda de prensa sobre esta cuestión, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a apelar a la presunción de inocencia, a recordar que Rajoy ya ha mostrado su apoyo a Camps y a avalar la labor de su compañero. "Me parece que el presidente de la Generalitat hace un gran trabajo por los valencianos al servicio de esa comunidad", destacó.
El presidente de los conservadores de la Comunitat está imputado por haber aceptado trajes como regalo de la trama liderada en Valencia por Álvaro Pérez, El Bigotes. Unas prendas valoradas en 12.000 euros. Pero además, de acuerdo con el auto del juez Antonio Pedreira, el PP de Valencia ocultó a Hacienda pagos por importe de 2,5 millones de euros en dinero negro.
Recientemente, el president ha recibido otro varapalo judicial. A mediados de este mes, el Tribunal Constitucional (TC) condenaba a la mesa de las Corts, controlada por el PP, por violar los derechos de los diputados de la oposición al bloquear algunas de sus preguntas.
Sáenz de Santamaría eludió dar ayer su opinión sobre si el president estaba trasladando una buena imagen a la opinión pública, máxime después de que el viernes deslizara en su discurso un aviso para todos aquellos que buscan "atajos" para derribarlo. "No hay quien mueva a quien tiene raíces en esta tierra", espetó. Tampoco respondió cuando fue cuestionada
Fuentes del PP consultadas por este periódico aseguran que "habrá que ver en qué quedan las acusaciones de Camps". En este sentido, restan importancia al hecho de que el president pudiera haber aceptado regalos de la trama corrupta.
En el caso de los trajes, los conservadores han variado su estrategia. Cuando estalló el caso, a nadie en el PP se le pasaba por la cabeza la idea de que Camps los hubiera aceptado.
Si el sábado la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, salía en defensa de Camps, ayer le tocó el turno al presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti. En una entrevista concedida a Punto Radio, el dirigente conservador consideró que el valenciano es "una persona honesta" que está "volcada en sus ciudadanos".
A su entender, "uno de los pecados" por los que "algunos no le tragan" es que "arrasa" en las elecciones. Basagoiti siempre ha exigido a los suyos "contundencia" ante los casos de corrupción.
Por otra parte, en la Comunidad de Madrid, otro de los focos de actuación de la trama corrupta, no temen los efectos electorales que ello pueda tener. Ni tampoco los del espionaje. Así lo puso ayer de manifiesto Esperanza Aguirre en una entrevista concedida a Antena 3.
Preguntada sobre si cree que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es un "peligro para el Estado de derecho", como se ha dicho desde la dirección del PP, Aguirre recalcó que la policía depende de él y, en ocasiones, "está haciendo ciertas cosas en contra del PP" que, a su juicio, son "impresentables". Además, se refirió a "una cierta cupulilla que se dedica a filtrar informes siempre al mismo medio".
(www.publico.es, 02/09/10)
EL JUEZ PEDREIRA VE INDICIOS DE SIETE DELITOS GRAVES EN EL GOVERN DE CAMPS
El presidente de la Generalitat valenciana no recibe más que buenas noticias. Si hace dos semanas, después de conocer que el Supremo había confirmado que cometió un delito de cohecho impropio al aceptar trajes de la trama corrupta de la Gürtel, el presidente de la Generalitat aseguró estar "feliz", "más feliz que ayer, más feliz", hoy debe estar, como poco, pletórico.
El cerco se estrecha sobre la Generalitat de Valencia y los focos iluminan, aún más si cabe, a Francisco Camps, por los indicios que apuntan a la presunta financiación de los conservadores en la comunidad y a la aceptación de regalos por parte de la trama corrupta de la Gürtel a cambio de la concesión de contratos. No son los únicos presuntos delitos.
El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  Antonio Pedreira, ha hallado hasta siete indicios de delito en la actuación de varios dirigentes del PP valenciano. Concretamente señala al vicepresidente primero del Gobierno, Vicente Rambla, al ex secretario general y diputado autonómico, Ricardo Costa, al vicesecretario general, David Serra, y a la tesorera del partido en Valencia, Yolanda García Santos.
Pedreira remite la investigación al TSJCV ante la presunción de que el Gobierno valenciano podría haber incurrido hasta en siete delitos que afectan a altos cargos del ejecutivo de Camps: financiación ilegal, cohecho propio (se eleva la gravedad desde el impropio), contra la hacienda pública, asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y prevaricación.
El juez se basa para sus conclusiones en el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps, que ocultó al fisco hasta 2,5 millones de euros en 2007. El PP montó en cólera tras conocer la existencia de estos nuevos datos. Los conservadores anunciaron una querella contra el autor del informe y reiteraron que sus cuentas están auditadas por los tribunales de cuentas valenciano y estatal.
El vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, uno de los dirigentes hacia los que apunta Pedreira, ha expresado su "tranquilidad" y "seguridad" por una "gestión absolutamente honesta" en la Comunidad que está, sostiene, "acreditada a lo largo de los años". 
Durante los últimos meses Francisco Camps se ha declarado, entre otras muchísimas cosas, "absolutamente inocente" pese a ser acusado de recibir pagos en especie, como trajes de firmas de lujo, por parte de los dirigentes de la trama a cambio de contratos de la administración pública. "Yo me pago mis trajes", aseguró el 10 de marzo de 2008.
Por eso no sorprende su reacción tras conocer este miércoles las acusaciones. Camps ha asegurado en Cheste (Valencia) que todo es "un montaje de una terrible falsedad, que acabará en nada" porque "no hay absolutamente nada".
Pedreira ha remitido al TSJ de la Comunidad Valenciana la parte de la investigación sobre supuestos delitos electorales que afectan al PP valenciano ante "la hipotética posibilidad de que haya conexión entre los delitos de Valencia y los delitos del TSJ de Madrid" y para evitar la prescripción de los delitos electorales que apuntan los últimos informes de la Agencia Tributaria, de la UDEF y de la Fiscalía.
El magistrado de Madrid ha tomado esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de abril al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) reabrir la investigación contra Camps y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel.
Pedreira tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps.
El auto por el que el Supremo reabría la causa contra Camps por los trajes era rotundo: "Los regalos de las prendas de vestir aparentemente se hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores".
Dictada de modo unánime por la Sala de lo Penal del Supremo, la sentencia desbarata uno por uno los argumentos del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), que en agosto de 2009 cerró el caso en falso gracias al voto de su presidente y juez amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa. Para avalar su decisión, el TSJCV invocó distintas sentencias previas del Supremo. "Ninguna de ellas sirve de verdadero sustento a la decisión de instancia", recriminaba el alto tribunal, que deja así en pésimo lugar la pericia jurídica del TSJCV y de su presidente.
(www.publico.es, 02/09/10)
LOS SIETE PRESUNTOS DELITOS
1. Cohecho
Las irregularidades detectadas en la contratación de Orange Market llevan al juez a concluir que "el delito de cohecho que se investigaba" podría "no ser, en algunos casos" el de cohecho impropio, que castiga la mera recepción de regalos, sino "el tipificado en los artículos 425, 419 o 420". Y en esa panoplia figura el soborno con mayúsculas, el que comete quien adopta una decisión, justa o injusta, a cambio de cobrar. No puede descartarse, dice el auto, la conexión con el hecho de que Camps dirigía el PP.
2. Delito electoral
El auto vincula el delito electoral al pago de los servicios prestados por Orange Market al PP valenciano en las campañas para las autonómicas y locales de mayo de 2007. Una parte "se habría abonado de forma opaca en efectivo" y otra, "al menos 345.200 euros", habría sido satisfecha "por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market". "Se infiere -dice el auto- que estos pagos no habrán sido reflejados en las cuentas" del PP valenciano. Y ello "podría ser constitutivo del delito electoral" tipificado en la ley, que sanciona el falseamiento de las cuentas electorales. El PP valenciano habría ocultado pagos por 2,5 millones.
 3. Delito fiscal
Conectado con el delito electoral aparece el fiscal. Orange Market habría incurrido en delito contra la Hacienda Pública "al omitir en las respectivas declaraciones [de IVA e impuesto de Sociedades] los ingresos recibidos de forma opaca". Asimismo, también habrían cometido ese delito los responsables de la red en los que, como ocurre en los casos de Álvaro Pérez o Francisco Correa, acabó revirtiendo parte de los ingresos opacos. Al no incluirlos en sus declaraciones de IRPF, defraudaron al fisco.
4. Falsedad documental
Penado con hasta seis años de cárcel, este delito "vendría determinado por la elaboración de facturas que reflejarían servicios inexistentes entre Orange Market" y las empresas que financiaron al PP. El auto cita aquí a Facsa, Pavimientos del Sureste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y Piaf. Las facturas emitidas por Orange Market contra estas cinco sociedades "tendrían por objeto ocultar los pagos realizados por estas mercantiles por cuenta del PP" valenciano. En 2008, se repiten los pagos y se incorporan otras tres empresas a la lista pagadora: el grupo Sedesa, Enrique Ortiz e Hijos y Lubasa.
5. Prevaricación
Consistente en adoptar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, lo habrían perpetrado quienes otorgaron a Orange Market contratos de la Generalitat de forma ilegal (por ejemplo, fraccionándolos). El auto destaca los adjudicados para Fitur, "tanto por su precio como por la gravedad de las irregularidades cometidas".
6. Blanqueo
El auto se limita a mencionar que delitos como el de falsedad o el fiscal son los antecedentes del blanqueo. Ese delito se atribuye ya en el sumario de Madrid a las empresas de la trama.
7. Asociación ilícita
Tampoco aquí entra el auto en detalles ni explica quiénes lo habrían cometido. Es el delito inherente a quienes crean una red para delinquir.  
Los supuestos delincuentes
1. Los políticos
Como presuntos artífices del delito electoral, el auto señala al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y a la administradora general del PP valenciano en las elecciones autonómicas de 2007, Cristina Ibáñez. Como cooperadores señala al vicepresidente Vicente Rambla; al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y al vicesecretario general, David Serra. En el delito de falsedad, Rambla, Costa y Serra aparecen como cooperadores junto con la tesorera del PP valenciano, Yolanda García. Por cohecho, el auto apunta al ex director de Canal Nou, Pedro García; al ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret; a Costa de nuevo y, de manera más sutil, al propio Camps. Betoret figura, asimismo, vinculado a un posible delito de prevaricación. El auto subraya que buena parte de los delitos son conexos, es decir, que están ligados unos a otros. Por tanto, la imputación de delitos podría modificarse o ampliarse.
2. Los empresarios
El auto de Pedreira señala como cooperadores en el delito electoral a "los gestores efectivos" de las cinco sociedades que pagaron a Orange Market facturas que, en realidad, se correspondían con gastos del PP durante las campañas para las municipales y autonómicas de 2007. Las cinco son: Facsa, Pavimentos del Sureste SA, Grupo Vallalba SL, Constructora Hormigones Martínez SA y Piaf SL. Asimismo, serían autores directos de un delito de falsedad en documento mercantil por haber aceptado facturas falsas en 2007. En 2008, serían autores de ese delito los gestores de Facsa (el auto menciona a su propietario, Enrique Gimeno), Piaf, Lubasa, Sedesa y el empresario Enrique Ortiz, "quien figura entregando 100.000 euros en pago de la deuda del PP" valenciano.
3. El grupo de Correa
El delito electoral, subraya el auto, no habría podido cometerse sin el concurso de Francisco Correa y sus hombres de confianza: Álvaro Pérez, ‘El Bigotes', y Cándido Herrero, director general y contable de Orange Market, respectivamente; Pablo Crespo, número dos de la red; y José Luis Izquierdo, contable de la trama. El juez señala a los miembros de la red corrupta como autores de un delito fiscal. Si se amplía la investigación por soborno, Álvaro Pérez puede ser imputado por ese delito. 
(www.publico.es, 02/09/10)
LA POLICÍA APORTA MÁS PRUEBAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS
El caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a un partido político más extensa de la democracia, acorrala al Gobierno de Francisco Camps y al PP valenciano por uno de los delitos más graves: la financiación ilegal.
La policía ha depositado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nuevas pruebas de la financiación ilegal del PP valenciano durante el mandato de Francisco Camps, el presidente autonómico que ya está imputado en relación con el caso Gürtel por un delito de cohecho impropio al haber aceptado miles de euros en trajes regalados por las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que lograron en Valencia decenas de contratos a dedo.
El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales , fechado el pasado 20 de julio, sostiene que los nuevos documentos incautados a la trama "confirman los hechos expuestos" en un informe anterior, del verano de 2009, donde se afirmaba que el PP se había financiado ilegalmente a través de, al menos, cinco empresas contratistas de la Administración valenciana.
La nueva investigación policial hace "especial hincapié" en el "pago de diversas facturas ficticias por parte de empresas privadas asentadas en la Comunidad Valenciana y adjudicatarias de numerosos contratos públicos". El importe íntegro de esas facturas, a nombre de Enrique Ortiz e Hijos, Lubasa y Sedesa, entre otras empresas, 440.000 euros, "se destina al pago de una parte de la deuda generada entre el PP valenciano y Orange Market", la empresa de la trama corrupta que dirigía en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes , íntimo amigo de Camps.
En la documentación incautada figura la contabilidad de Orange Market, que emplea "de forma sistemática la clave BARCELONA para referirse a fondos que entran en la empresa y que no proceden del tráfico económico". La policía tiene documentados pagos de 405.000 euros en dinero negro por parte del PP a Orange Market.
En otra parte de la documentación figura una factura con la denominación "Galletas" que, según la Policía, corresponde a la empresa de Enrique Ortiz e Hijos, cuyo propietario principal es el accionista mayoritario del Hércules, implicado en el supuesto amaño de partidos la temporada pasada con el pago a jugadores de equipos contrarios por dejarse perder.
En las conversaciones grabadas a los dirigentes de la trama corrupta con los políticos del PP valenciano se aludía a "Magdalenas" o "Galletas" para denominar a una persona o empresa que pagaría las deudas del PP. La Policía señala en este último informe que las palabras "Galletas" y "Magdalenas" se vinculan "con el empresario Enrique Ortiz Selga, al asociarse su apellido 'ORTIZ' por parte de los responsables de Orange Market con una conocida marca de repostería, fabricante de galletas y magdalenas".
 La Policía sostiene que Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, en la actualidad suspendido de militancia, y David Serra, vicesecretario general del mismo partido, conocían perfectamente a que se referían las palabras "galletas" y "magdalenas": "Entregas de dinero directa por parte de las empresas de Enrique Ortiz, cuyos importes íntegros pasan a descontar la deuda que el PP valenciano mantenía con Orange Market".
Para apuntalar las conclusiones de la investigación, la Policía relata una conversación telefónica entre el contable de Orange Market, Cándido Herrero, y su jefe Álvaro Pérez el 5 de febrero de 2009. Herrero le comenta que ya le dieron la caja de magdalenas. Ese mismo día, según la documentación incautada por la Policía, la empresa Enrique Ortiz e Hijos firmó tres cheques a nombre de Orange Market.
Las empresas constructoras que pagaban a Orange Market para liquidar deudas del PP justificaban esos desembolosos mediante "unos acuerdos de colaboración ficticios relacionados con labores de marketing, publicidad, desarrollo de marca, con un contenido suficientemente amplio y vago, así como flexibles en su ejecución", señala la Policía, que aporta en su informe copia de esos documentos para ocultar la financiación ilegal del PP valenciano.
El informe policial sostiene que existió una "participación activa" de Ricardo Costa y de David Serra "para conseguir que empresarios como Enrique Ortiz financie parte de la deuda del PP de la Comunidad Valenciana con Orange Market mediante el pago de los servicios prestados a la formación política enmascarado mediante el artificio del acuerdo de colaboración empresarial".
 (www.elpais.com, 02/09/10)
"RIC SE HA CABREADO. PENSABA QUE LO DE LAS MAGDALENAS YA ESTABA SOLUCIONADO"
Los interlocutores de las distintas conversaciones intervenidas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, son el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo; el delegado de las empresas de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez (AP), El Bigotes; el vicesecretario general de esa misma formación, David Serra (DS), y Cándido Herrero (CH), el administrador de Orange Market, la filial de las empresas corruptas en la Comunidad Valenciana.
El contenido de las conversaciones revela las gestiones realizadas por el PP valenciano y concretamente por su ex secretario general, Ricardo Costa, para que el constructor y presidente del Hércules Enrique Ortiz -al que se refieren como "el de las magdalenas" o "el de las galletas" por coincidir su apellido con el de una marca de repostería-, pague a Orange Market cantidades que la formación le adeuda por la organización de sus actos.
- David Serra a El Bigotes: "Voy a llamar al de las galletas". La conversación, del 19 de diciembre de 2008, viene precedida por un SMS enviado por El Bigotes al vicesecretario del PP en el que el primero le pregunta "¿Crees que el de las magdalenas cumplirá?
D. S. Voy a llamar ahora al de las galletas. Y yo necesito que el lunes nos reunamos tú, Cándido [CH] y yo, para perfilar números, porque yo he intentado hacer un esfuerzo por varios sitios pero yo quiero que también vosotros hagáis un poquito de esfuerzo.
 A. P. Que sí, que sí...
D. S. Y te lo digo para una cosa, para ver si nos podemos olvidar ya del tema Ramblín. Y si pudiésemos hacer algo... ya te explico el tema.
A. P. Vale.
- Serra a El Bigotes: "El viernes tendrás un talón". 23 de diciembre de 2008.
D. S. El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, y ya fetén lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le prestéis al de las galletas [Ortiz] la factura igual que la otra.
Acto seguido, el vicesecretario general le pregunta "si ha cerrado alguna cifra con Ricardo". A lo que El Bigotes responde que no.
- El Bigotes a Pablo Crespo: "Ric se ha pillado un rebote que te cagas". La conversación, del 2 de febrero de 2009, demuestra, según la policía, que el ex secreterio general del PP, Ricardo Costa, estaba al corriente de las gestiones de Serra para que Ortiz pagara a Orange Market.
A. P. "He estado con Ric [Ricardo Costa] y nada, cuando le he enseñado el papel ese y tal, pues claro, se ha pillado un rebote que te cagas, ha llamado a David Serra, en fin tío lo de siempre...
P. C. Pero ¿qué pasa? ¿no lo sabía?
A. P. Él pensaba que lo de las magdalenas ya estaba solucionado, entonces claro, pues a mi me jode porque ha pasado lo que yo sabía que iba a pasar, ha llamado a David y se ha cagado en los muertos de David.
P. C. [...] Bueno, ¿lo va a arreglar o no?
A. P. Sí, sí, esta semana me va a dar...
P. C. De acuedo vale.
A. P. Además, como él [Ricardo Costa] dice: claro, yo te pagaré todo lo que se ha hecho en Alicante, ) en Barcelona no te puedo pagar nada, y es una tristeza por varias razones, primero porque saldremos en algún tebeo y luego verás...
En Barcelona, según la policía, significa en B, pagos en negro sin ningún tipo de factura previa.
- Herrero a Crespo: "Me llamaron de la fábrica de galletas". La conversación es del 3 de febrero de 2008, el día en que, según la documentación del caso, Enrique Ortiz extiende tres cheques por 58.000, 20.752 y 37.479,60 euros a nombre de Orange Market.
C. H. Me llamaron de la fábrica de galletas.
P. C. ¿Y qué?
C. H. Que mañana lo mandan en un mensajero. Por lo que me dicen el mensajero llega mañana o mañana se lo envía al mensajero y me llega pasado. Y me dice: 'No, no, creo que para mediodía lo tienes'.
- Herrero a El Bigotes: "Ya me dieron la caja de magdalenas". Conversación entre los responsables de Orange Market el 5 de febrero de 2008.
C. H. Oye, ya me dieron la caja de magdalenas.
A. P. Ah bien, vale, me alegro.
(www.elpais.com, 02/09/10)
CAMPS DESAFÍA A LOS TRIBUNALES Y AFIRMA: "NO HAY QUIEN ME MUEVA"
González Pons avala al presidente de la Generalitat como candidato en Valencia
"No hay quien me mueva". Con este envite se presentó ayer Francisco Camps, el presidente de la Generalitat valenciana, imputado por cohecho pasivo impropio relacionado con la trama corrupta Gürtel, ante sus fieles, en el arranque de la precampaña electoral. Esteban González Pons no se quedó atrás y ratificó la frase que todos los asistentes a la cena de inicio del curso político del PP de la Comunidad Valenciana en Teulada (Alicante) querían escuchar. El vicesecretario general de Comunicación del PP dijo alto y claro: "Cada uno está donde debe estar, Federico Trillo y yo en Madrid y tú, Paco, en Valencia, con fuerza, con historia y con vocación". Y acto seguido: "Camps tú eres presidente del PP y de la Generalitat y eres nuestro candidato y el próximo presidente". El anuncio arrancó una fuerte ovación y aplausos de los presentes. "Espero que cumplas con tu deber, estoy orgulloso de ti, sigue así", machacó González Pons.
Más de 2.000 cargos y militantes locales arropan al jefe de la Generalitat
El único representante de la dirección nacional del PP le brindó a Camps para "este año épico fuerza y honor". Y aprovechó para pedir elecciones generales anticipadas, arremetió contra "la política de Jaimito de Zapatero" cuando habló de Melilla, la reforma laboral o la crisis. González Pons acusó al presidente del Gobierno de engañar a los españoles y dijo que es capaz de "besar a los niños con tal de quitarles un caramelo".
Camps bajó del coche oficial a una prudente distancia del restaurante donde el PP valenciano inició el curso político con una cena multitudinaria para evitar los abucheos de varios colectivos agraviados por su gestión e indignados por su imputación por un supuesto delito de cohecho impropio. Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, optaron por la furgoneta de campaña para intentar pasar desapercibidos. Solo les delataron los flases de los fotógrafos. Fue el tenso arranque del curso político más difícil para Camps, quien, pese a su situación jurídica, optó por iniciar la precampaña electoral para los comicios de mayo de 2011, acompañado por más de 2.000 cargos y militantes que pagaron el cubierto a 25 euros.
El otro protagonista de la noche fue el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado también este verano por los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios, en el marco del caso Brugal, que investiga la supuesta trama de corrupción ligada al negocio de la basura en Orihuela, al sur de la provincia de Alicante.
Ripoll, último exponente del zaplanismo, ha mantenido durante los últimos años una fría y tensa relación con Camps. Ayer se mostró muy cercano, pasó de puntillas sobre los escándalos de corrupción que pesan sobre toda la cúpula del partido y encomendó al alcalde de Castellón, Alberto Fabra, que transmitiera "un abrazo" al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, convaleciente de una operación, y también imputado por varios delitos fiscales.
Los periodistas tuvieron que seguir el acto a través de pantallas en una sala paralela.
www.elpais.es 28.08.10
RAJOY ASEGURA QUE "EN ESTE MOMENTO" MANTIENE A CAMPS COMO CANDIDATO
El líder del PP da por hecha por primera vez la nominación, pero con cautela
Por primera vez, el presidente del PP, Mariano Rajoy, dio por hecho ayer que Francisco Camps será el candidato de su partido a las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana el próximo mes de mayo.
El 'número uno' de los populares no aclara si apoya o no a Cascos
"En este momento, el PP sólo trabaja con la hipótesis de que el candidato sea el señor Camps", aseguró Rajoy en una entrevista a Europa Press.
De esta forma, el líder del PP confirma que el proceso judicial sobre el caso Gürtel no es óbice, por el momento, para que Camps opte a repetir mandato en Valencia. Como informó este periódico, la dirección del PP solo se plantea apartarle si es llevado al banquillo por más delitos que el de cohecho impropio, es decir, por más acusaciones que la de recibir los trajes como regalos. El PP sostiene que Camps no será sentado en el banquillo y si lo es solo por los trajes seguirá al frente de la lista. El matiz "en este momento" que introdujo Rajoy apunta a que sería sustituido si la acusación llegara a extenderse a más delitos. Es decir, que su candidatura sigue dependiendo de la decisión de los jueces.
Rajoy también confirmó que será proclamado oficialmente con el resto de cabezas de lista. La fecha y el procedimiento se decidirán en un retiro que los dirigentes del PP celebrarán en Toledo los días 1 y 2 de septiembre, pero será, como muy tarde en noviembre. Rajoy confirmó ayer a Camps como candidato, pero mantiene las distancias porque, a diferencia de lo que hizo el año pasado, no estará hoy en la cena con militantes en Taulada (Alicante) en la que el presidente valenciano abre el curso con un baño de multitudes. Incluso, el líder del PP ha incluido en su agenda en el último momento un acto para hoy por la mañana en Málaga que, en la práctica, será su reaparición pública tras las vacaciones. Sin embargo, en la entrevista con Europa Press, Rajoy asegura no saber nada de esa cena en Valencia con Camps.
La dirección del PP estará representada por el responsable de Comunicación, Esteban González Pons, diputado por Valencia. Previsiblemente, la intervención de González Pons estará centrada en la política nacional, con algunos elogios a Camps y a Joaquim Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, vinculado también por un juez a un caso de corrupción. En la entrevista, Rajoy mantiene la incógnita de si apoyará a Francisco Álvarez Cascos para encabezar la lista de Asturias, después de que el partido en esa comunidad lo haya rechazado expresamente.
No obstante, Rajoy elogia al ex secretario general del PP: "Hablar de la capacidad de Álvarez Cascos tiene poco sentido. Es una persona que ha demostrado muchas cosas a lo largo de muchos años. Ha sido un brillante vicepresidente del Gobierno, ministro de Fomento y le avala una gran trayectoria política. Por tanto, es una persona enormemente valiosa".
El líder del PP parece decantarse por el diputado Santiago Cervera para liderar la candidatura en Navarra. Será la primera vez que el PP concurra con sus siglas, tras la ruptura con UPN. En el resto de comunidades ya están decididos los candidatos y proclamados de forma extraoficial.
www.elpais.es 27.08.10
UNA CENA CON ESCÁNDALOS DE FONDO
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, abre esta noche el curso político del PP en la Comunidad Valenciana con una cena en Teulada (Alicante). Y lo hará con los escándalos de corrupción que azotan a su partido como telón de fondo.
Camps, a pesar de su situación de imputado en un delito de cohecho pasivo, ha decidido convertir la cena de los populares valencianos en un acto de adhesión a su candidatura. "Iniciamos ahora una precampaña electoral que se presume larga [faltan nueve meses hasta los comicios autonómicos] y en la que Camps es el candidato", aseguró ayer el secretario regional de los populares, Antonio Clemente, que prevé que cerca de 2.000 cargos y militantes arropen esta noche a su presidente.
Sin embargo, el acto de esta noche presenta algunas diferencias sustanciales respecto al del año pasado. En esta ocasión, la dirección nacional del PP, con excepción del valenciano Esteban González Pons, ha evitado sumarse al acto protagonizado por Camps. Una cena que ayer recibió duras críticas de los socialistas valencianos porque el local elegido por el PP "figura en informes como lugar de pagos de dinero en negro de [Álvaro Pérez] El Bigotes a los dirigentes populares, según el sumario del caso".
Otra de las novedades de esta cena de inicio de curso del PP es que Camps compartirá atril con el presidente de la Diputación de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, con quien ha acercado posiciones tras la imputación de este en el denominado caso Brugal, abierto por una supuesta corrupción en las contratas de basuras de la provincia.
www.elpais.es 27.08.10
CAMPS DESTINA DOS MILLONES MÁS A PAGAR LA VISITA DEL PAPA
El Gobierno de Francisco Camps ha destinado otros dos millones de euros a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, encargada de organizar la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. La "aportación" resulta llamativa por varios motivos. Primero, porque la fundación está siendo investigada por la justicia por su vinculación con el caso Gürtel. Segundo, porque la oposición y los periodistas han intentado reiteradamente conocer del Consell cuánto costó la visita y se han encontrado siempre con un muro. Y tercero, porque es la segunda vez en lo que va de año que la Generalitat inyecta dinero a una fundación que, técnicamente, dejó de tener sentido el 9 de julio de 2006, el día en que Joseph Ratzinger abandonó la ciudad.
Igual que ayer, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó el 24 de febrero una larga lista de modificaciones presupuestarias, entre las que figuraba una "aportación a la dotación del patrimonio fundacional de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia" por importe de dos millones de euros. Fuentes de la Consejería de Economía explicaron entonces que con ese dinero el Consell ponía su parte para liquidar las cuentas y extinguir la fundación (cuyos patronos son la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el Arzobispado de Valencia).
Trasvase de fondos
A la vista del nuevo trasvase de fondos, o bien aquellos dos millones de febrero no tenían como fin liquidar las cuentas, o bien aquella aportación no fue suficiente. Este periódico intentó ayer obtener una explicación por parte de la Generalitat, pero no obtuvo respuesta.
Fuentes de la oposición socialista recordaron que tras negarse durante años a proporcionar un solo dato sobre la fundación, la Generalitat se vio obligada a facilitárselos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se los reclamó en noviembre. "Es probable que desde entonces estén intentando cuadrar las cuentas como sea", añadieron.
La fundación concedió en exclusiva a Canal 9 la señal para retransmitir la visita. La televisión pública valenciana contrató con una constructora leonesa desconocida en el sector (Teconsa) el alquiler de pantallas y la instalación del sonido por 6,4 millones de euros. Pero el coste real, según la investigación policial, fue de 3,1 millones de euros. La justicia investiga el destino del resto del dinero, que supuestamente se repartieron la constructora y la trama Gürtel.
www.elpais.es 17.08.10
CAMPS SE RÍE DEL CONSTITUCIONAL: "SOMOS LOS MÁS TRANSPARENTES DE EUROPA"
más transparente de España y de toda Europa" Esa fue la respuesta que ayer dio el presidente Francisco Camps a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que condena a las Cortes Valencianas por la "vulneración de los derechos fundamentales de los diputados" del grupo de Compromís, cuyas iniciativas sobre el caso Gürtel fueron rechazadas por la Mesa de la Cámara. Camps no aclaró si el grupo del PP que él preside, que ha mantenido una actitud obstruccionista a cualquier iniciativa de la oposición parlamentaria autonómica para conocer, entre otras cosas, las contrataciones del Gobierno Camps con las empresas de la trama Gürtel, iba a ser distina en el próximo curso político.
El alto tribunal ordena en su fallo "el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política" de los diputados y ordena que las preguntas censuradas vuelvan a la Mesa. Camps, que se reunió en el Centro de Protección y Estudio del Medio Natural en L'Albufera de Valencia con sus tres vicepresidentes, no expresó la opinión que le merece el varapalo judicial firmado por el Tribunal Constitucional.
Nuevas inversiones
Camps, imputado por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio por haber recibido regalos de empresas de la trama Gürtel que lograron más de ocho millones de euros en contratos con la Generalitat, aprovechó la cita para agradecer el respaldo de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, a su competencia como candidato a las próximas elecciones autonómicas. Lo que no despejó es si en la cena que el PP valenciano celebrará el 27 de agosto como inicio de curso político estará ella o el presidente nacional del partido, Mariano Rajoy. Fuentes del PP aseguraron por la tarde que acudirá Esteban González Pons.
Camps se limitó a anunciar nuevas inversiones, a comprometerse a no subir los impuestos, a negar la grave situación económica del Consell -con problemas para pagar los suministros de luz y teléfono hasta el punto de recibir amenazas de corte- y a criticar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. De este dijo que acuña la peor financiación autonómica que ha tenido la Comunidad Valenciana por no reconocer cinco millones de habitantes y que su recorte en infraestructuras puede provocar 5.000 parados.
www.elpais.es 15.08.10
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS CORTES VALENCIANAS A RESPONDER PREGUNTAS VETADAS SOBRE EL GÜRTEL
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Considera que vulneró los derechos fundamentales de los diputados de Compromís
El Tribunal Constitucional (TC) ha fallado contra las Cortes Valencianas por "vulneración de los derechos fundamentales de los diputados" del grupo parlamentario de Compromís, como consecuencia de la decisión de la Mesa de la Cámara, en la que el PP tiene mayoría absoluta, de vetar sin dar una explicación adecuada 30 iniciativas parlamentarias, algunas relativas al 'caso Gürtel'. La sentencia, dictada el pasado 26 de julio sin ningún voto particular, ha tenido como ponente al magistrado Manuel Aragón Reyes. La sala estaba compuesta, además, por la presidenta del Constitucional, Emilia Casas, y los magistrados Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez-Zapata y Pablo Pérez Tremps. El fallo ordena "el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política" de los diputados y ordena que las preguntas censuradas vuelvan a la Mesa.
La presidenta de las Cortes veta una propuesta de reprobación
El PP vulnera los derechos de la oposición, según el Constitucional
El PP veta cinco iniciativas para impedir que se hable de corrupción
El 'caso Gürtel', en el que están implicados numerosos cargos del PP valenciano, entre ellos el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que supuestamente recibieron trajes y otras prendas de vestir regalados por las empresas de la trama corrupta -que desde años atrás se venían adjudicando decenas de contratos de la Generalitat- estalló a principios de febrero de 2009. En el caso está implicada la actual presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, por los contratos adjudicados a la trama cuando era consejera de Turismo. Un mes después de estallar el asunto, los diputados de Compromís en las Cortes presentaron una serie de preguntas sobre el asunto. Reclamaban al Consell información sobre los contratos suscritos por el Ejecutivo de Camps con las empresas ligadas al 'caso Gürtel'.
La Mesa de las Cortes, con los votos del PP, rechazó la tramitación de las iniciativas escudándose en el artículo 153.2 del Reglamento de la Cámara, que permite vetar las preguntas "que se refieran a persona física o jurídica que no tenga una trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad Valenciana". El TC considera que esta limitación del derecho a formular iniciativas, que forma parte del "núcleo de la función representativa" del diputado, solo puede justificarse con "una motivación expresa, suficiente y adecuada" para apreciar su consistencia. Y ello para evitar que la apelación al reglamento esconda un "juicio de oportunidad". El TC se refiere a una práctica por la que un grupo parlamentario, en este caso el PP, utiliza su mayoría para censurar iniciativas perfectamente reglamentarias que no quiere que prosperen o se debatan en el Parlamento.
El alto tribunal desmonta por completo la excusa reglamentaria del PP al señalar que "del tenor literal de las iniciativas parlamentarias no se desprende a primera vista que traten absolutamente de personas sin trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad", por cuanto se inquiere, entre otras, sobre "si se habían celebrado contratos públicos entre las consejerías del Ejecutivo valenciano y una serie de empresas relacionadas con la investigación judicial sobre el conocido como caso Gürtel". Existe, remata, una "innegable vinculación con la actividad de control del Gobierno que integra la esencia de la actividad parlamentaria". Y añade que la "obligación de interpretar las normas parlamentarias del modo más favorable al ejercicio de los derechos y facultades de sus representantes habría obligado, en principio, a su admisión a trámite".
Esta es la tercera sentencia del TC contra la falta de transparencia de las Cortes Valencianas. Las dos anteriores también se referían a iniciativas de Compromís vetadas por la Mesa, aunque eran de la anterior legislatura. El Parlamento valenciano se convierte así en la Cámara autonómica con más fallos del Constitucional por vulnerar los derechos de los diputados.
www.elpais.es 13.08.10
CAMPS AGOTA EL PLAZO PARA HALLAR SU TESIS EXCULPATORIA SOBRE LOS TRAJES
La decisión de abrir juicio oral se cierne sobre los imputados del 'caso Gürtel'
El candidato para las próximas elecciones autonómicas por el PP, Francisco Camps, le queda menos para afrontar ante un jurado popular en el Tribunal Superior de Justicia la acusación de cohecho pasivo impropio por haber recibido como regalo trajes varios de la trama Gürtel. A él y a los otros tres imputados: Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia. El plazo para escuchar las cintas con las grabaciones de las conversaciones que realizó la policía con la autorización del juez de la Audiencia Nacional que inició la investigación, Baltasar Garzón, ha concluido. A pesar de que el magistrado juez instructor de Valencia, José Flors, extendió el plazo hasta invadir el calendario de agosto, lo cierto es que el reproductor habilitado para la audición lleva apagado desde hace 10 días y los abogados ya escucharon en julio todo lo que les pareció oportuno porque no han necesitado usar días de agosto para ello.
Ningún letrado ha acudido a escuchar las grabaciones en la última semana
El 15 de julio fue notificada a las partes la providencia por la que Flors ordenó: "Dispóngase de lo necesario para que tenga lugar la audición por las partes del contenido íntegro de las comunicaciones telefónicas cuya intervención y grabación por el sistema SITEL se acordó por el Juzgado de Instrucción número cinco respecto a los teléfonos pertenecientes a Pablo Crespo y Álvaro Pérez". Fue la respuesta a una petición expresa de la defensa de Camps, que fía a esas conversaciones su exculpación. El contenido de las conversaciones o mensajes que las partes consideren oportunos para su defensa se incorporarán a la causa. Pendiente queda, de momento, el acceso a las conversaciones mantenidas en un locutorio penitenciario. Flors decidirá en septiembre sobre ello. Los abogados de los cuatro imputados por esta causa, reabierta por decisión del Tribunal Supremo, empezaron casi inmediatamente a hacer uso del sistema de audiciones. Pero poco más de una semana les bastó. A la defensa de Camps le interesaban aquellas afirmaciones de Pablo Crespo, segundo de la trama Gürtel encabezada por Francisco Correa, que pudieran, directa o indirectamente, respaldar su afirmación de que se pagó los trajes, aunque Flors ya dijo en un auto que en modo alguno quedó eso acreditado sino, más bien, todo lo contrario.
Con esa intención, la defensa de Camps solicitó la declaración de Ignacio Peláez, ex fiscal y abogado de Crespo y del empresario también imputado José María Ulibarri. En esa conversación, Crespo dijo que creía que Camps se había pagado sus trajes. El juez rechazó la declaración de Peláez pero admitió la de Crespo, que se practicó hace escasos días ante el juez de Vigilancia Penitenciaria de Soto del Real, Madrid. Y, según fuentes de Presidencia de la Generalitat, el ex secretario general de los populares gallegos afirmó que él no había pagado los trajes de Camps ni había dado orden de que se hiciera. Según las mismas fuentes, el camino de la exculpación empezaba a vislumbrarse.
Lo que sí es casi visible es que en tres semanas el juez instructor volverá a tomar decisiones, que parecen directamente encaminadas a la conclusión de las diligencias y apertura de juicio oral contra el presidente y los otros tres imputados. Para tomar esa decisión, el magistrado juez contará también con la declaración practicada, aún pendiente, a Isabel Jordán, ex administradora de varias de las empresas de la trama que aseguró primero en una conversación grabada que ella había pagado los trajes de Camps, que tenía una factura de 30.000 euros que así lo acreditaba, aunque después se desdijo. Tendrá, el juez, el informe pericial de la Agencia Tributaria con el análisis contable de las entradas y salidas de las empresas de la trama, encabezadas por Orange Market, en relación con los pagos a Milano y Forever Young, proveedores de buena parte de los regalos recibidos por los cuatro imputados.
Camps ha consumido ya un plazo más, una diligencia más. Su objetivo es alargar la causa, pero cada vez está más cerca la decisión final de sentarlo en el banquillo de los acusados.
www.elpais.es 11.08.10
LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA TAMBIÉN ESTUVO RELACIONADA CON LA TRAMA GÜRTEL
La empresa pública Imelsa aparece vinculada a las empresas de Correa en un informe de Hacienda
La Diputación de Valencia, a través de la empresa pública Imelsa S A, también mantuvo una relación comercial con empresas de la presunta red corrupta liderada por Francisco Correa, según se recoge en un informe de la Agencia Tributaria.
Cabe recordar que la corporación provincial, presidida por Alfonso Rus desde 2007, es una de las pocas administraciones dirigidas por el Partido Popular que hasta la fecha no había aparecido vinculada al caso Gürtel. Un entramado empresarial cuya filial valenciana, Orange Market, se convirtió en organizadora de eventos de cabecera de los populares valencianos y recibió decenas de contratos de la administración presidida por Francisco Camps.
Según ha ido desgranando este diario y se ha conocido a través de sumario, la trama liderada en la Comunitat Valenciana por Álvaro Pérez se infiltró hasta el tuétano en prácticamente todas las administraciones gobernadas por el PP.
En el ámbito autonómico, casi todos los departamentos del Consell contrataron con empresas de la trama, especialmente con Orange Market.
Según un informe judicial, nueve empresas de la trama recibieron 85 contratos de casi todas las conselleries y varios organismo públicos entre 2005 y 2009. El informe revela irregularidades en la adjudicación, como pagos por duplicado y por trabajos no realizado. El volumen total de contratación del Consell con la trama valenciana de Gürtel asciende a 8,2 millones de euros.
Además, Radio Televisió Valenciana (RTVV) dio el montaje del dispositivo audiovisual de la visita del Papa a Valencia en 2006 -un contrato de 6,4 millones- a la constructor Teconsa, una empresa ajena al sector y que presentó una de las ofertas más caras. El sumario revela que la trama recibió casi un millón en concepto de comisiones por su intermediación en las adjudicación.
En paralelo, conviene recordar que la filial valenciana Orange Market se convirtió en la organizadora de eventos de referencia de la dirección regional del Partido Popular. Durante los años en los que Álvaro Pérez operó en Valencia, el valor de los trabajos facturados al partido por mítines, campaña y otros eventos alcanzó la cifra de 1,8 millones, pero la mayor parte se pagaba en dinero "B".
Al margen de la administración autonómica, otras entidades locales de la Comunitat Valenciana también se relacionaron con la trama. Es el caso de la Diputación de Castelló, presidida por Carlos Fabra. Según el sumario, en 2007 la empresa Orange Market actuó como "agencia de publicidad" para la corporación castellonense.
La trama Gürtel logró infiltrarse también en el escalón más bajo de la administración valenciano. El caso más evidente es el de la Nucia (Alicante) donde Francisco Correa intentó hacer un negocio urbanístico de 72 millones de euros, según se desprende de las grabaciones del sumario Gürtel.
www.levante-emv.com 08.08.10
CORREA DECLARÓ A HACIENDA LOS TRAJES QUE REGALÓ

Documentos de la Agencia Tributaria acreditan que la trama Gürtel registró como compras la ropa adquirida en Milano y Forever para dirigentes del PP valenciano
La trama corrupta que dirigía Francisco Correa declaró como gastos de su actividad empresarial los trajes con los que supuestamente sobornaba a la cúpula valenciana del PP, según se acredita en la numerosa documentación de la Agencia Tributaria que obra en el sumario del caso Gürtel .
"Orange pagó la factura de uniformes para Camps", dice la cajera de Milano

Álvaro Pérez subía su gasto en regalos según iba logrando más contratos

Betoret declaró que Pérez le prestaba dinero para comprar los trajes

El Bigotes ganó los concursos para montar el pabellón valenciano de Fitur

El juez José Flors, que instruye en Valencia la causa contra el presidente Francisco Camps y otros altos cargos del PP valenciano por un supuesto delito de cohecho impropio -aceptar regalos en función del cargo que desempeñaban-, ha pedido a la Agencia Tributaria un informe detallado sobre las empresas de la trama corrupta para conocer si compraron los trajes que, posteriormente, regalaron a cinco dirigentes del Gobierno valenciano y del PP.
En las tiendas Milano y Forever Young, el sastre José Tomás -despedido a raíz de que contase lo que sabía del caso Gürtel- tenía entre sus principales clientes a dos jefes de la trama corrupta, Álvaro Pérez y Pablo Crespo . Ambos compraban ropa para ellos y pagaban los trajes que adquirían en esas tiendas hasta cinco dirigentes del Gobierno valenciano y del PP, entre ellos Camps.
La investigación y los documentos que obran en el sumario acreditan que los trajes para los dirigentes del PP se pagaban en metálico por los directivos de la trama corrupta o a través de talones correspondientes a cuentas propiedad de Orange Market, Diseño Asimétrico o Servimadrid, empresas de la trama corrupta.
La reconstrucción de los pagos, con documentación oficial que obra en el sumario y de la que EL PAÍS muestra en esta página una pequeña parte, es la que sigue:
- Isabel Jordán: "Yo he pagado 30.000 euros de los trajes de Camps". En una grabación efectuada por un ex colaborador de Correa a directivos de la trama, Isabel Jordán, responsable de la empresa Easy Concept, declara: "Yo he pagado 30.000 euros de los trajes de Camps". Un informe de la Agencia Tributaria señala: "Consultada la Base de Datos Central, en las operaciones de compras declaradas en 2005 por Easy Concept Comunicación consta una adquisición a la entidad Milano Difusión por importe de 34.336 euros IVA incluido, es decir la base imponible de la factura ascendería a 29. 600 euros", una cantidad similar a los 30.000 euros de los que hablaba Isabel Jordán en la grabación que consta en el sumario.
- La investigación en la tienda. Cuando se inició la investigación judicial, la dirección de Milano envió un correo electrónico a todas sus tiendas en busca de una factura por esos 30.000 euros a nombre de Easy Concept. No existía, aunque uno de los empleados contestó así: "Mi compañera Elena Rodríguez, que es la cajera de la tienda y quien lleva habitualmente todos los temas de facturación, recuerda haber generado una factura por una cantidad parecida a una empresa llamada Orange Market [la que dirigía Álvaro Pérez en Valencia que, supuestamente, hacía los regalos a los dirigentes del PP], por un importe de 24.308 euros, factura abonada por talón el 13 de julio de 2005. Esta factura se realizó a una empresa que realizaba los eventos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y corresponde a unos uniformes que se hicieron a distintos cargos de este partido, incluido Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana". Camps aseguró después que los primeros trajes que el sastre José Tomás le preparó los devolvió porque no le gustaban.
- Cambio de establecimiento, pero no de clientes ni de pagadores. Posteriormente, Tomás cambió de tienda pero no de clientes ni de pagadores, según la investigación judicial. En Forever Young continuaron los encargos de trajes para dirigentes del PP que pagaba la trama corrupta a través de tres empresas: Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y la propia Orange Market.
En los listados de la Agencia Tributaria sobre la actividad empresarial de estas tres empresas figuran compras tanto a Milano Difusión como a Forever Young (véanse los documentos que ilustran esta misma página).
De esta manera, las empresas de la trama corrupta registraron como compras necesarias para su actividad los trajes que regalaban a la cúpula del Gobierno valenciano y del PP.
Álvaro Pérez aumentó su capítulo de gastos en regalos de trajes para dirigentes del PP a medida que crecía su facturación con la Administración valenciana, presidida por Francisco Camps, y con el PP valenciano, que le encargó todos sus actos públicos.
Los dirigentes sobre los que pesan sólidas sospechas de corrupción se han defendido de distinta manera. Mientras que Camps asegura que pagó los trajes en metálico en la tienda -aunque ningún trabajador se acuerda y todos lo han negado-, otros dirigentes, como Rafael Betoret, jefe de gabinete en la consejería de Turismo, han llegado a sostener que utilizaban a Álvaro Pérez como prestamista. Adelantaba el dinero para los trajes y luego Betoret se lo devolvía en cómodos plazos. La empresa de Pérez ganó todos los concursos para montar el pabellón valenciano en Fitur, la feria de turismo de Madrid, a los que se presentó.
www.elpais.es 06.08.10
EMPRESAS SOSPECHOSAS DE FINANCIAR AL PP TAMBIÉN CONSTRUYEN COLEGIOS
La diputada Ana Noguera reclama en las Cortes las adjudicaciones
La empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa) también ha adjudicado obras a empresas actualmente investigadas por posible financiación ilegal del PP. Se trata de tres de las seis que figuran en el sumario instruido por el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que habrían financiado a través de Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción del caso Gürtel, las campañas electorales del PP valenciano.
De esas tres empresas solicita la diputada socialista Ana Noguera los expedientes de adjudicaciones en una iniciativa presentada en las Cortes Valencianas. Noguera advierte de que Ciegsa dejó de publicar en 2008 las licitaciones y adjudicaciones de las obras en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y atribuye esa decisión al responsable de la empresa pública, José Luis López Guardiola. "La labor de ocultación y oscurantismo ha aumentado desde que López Guardiola, primo hermano de la consejera Paula Sánchez de León y amigo íntimo de la familia de Francisco Camps, está al frente", asegura la diputada.
Según la parlamentaria socialista, Sedesa, la empresa que Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino, ha vendido recientemente al grupo Ezentis, ha recibido adjudicaciones de centros en Alicante, El Campello, L'Alfàs del Pi o La Nucia, "siempre con precios de adjudicación por encima de la licitación". El IES de Ondara ha sido uno de los más polémicos, pues fue inaugurado en 2002 pero ha tenido graves desperfectos e incluso fue desalojado en 2008 por problemas de seguridad en la estructura. "Recientemente", añade Noguera, "han llegado otras adjudicaciones en Villena o el colegio industrializado de Albal".
La empresa castellonense Piaf, que preside Antonio Pons, encargada del mantenimiento de colegios en Castellón, recibió el encargo de remodelar el colegio Sanchis Yago, en Castellón, donde el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, inauguró el curso 2008-2009. Después de 30 años sin obras de mejora, en los días previos al acto, numerosos operarios se afanaron en tapar grietas, pintar, cambiar persianas y arreglar la jardinería del centro docente. Se trata del único centro público de Castellón que aceptó vestir a sus más de 400 alumnos con uniforme.
Otra empresa castellonense, Lubasa, que preside Luis Batalla, cuenta en su haber con una polémica adjudicación: la segunda fase del centro de tecnificación de Vila-real. "Se adjudicó por procedimiento directo y sin concurso", explica Noguera, "esta obra de más de ocho millones de euros. La ley sólo permite adjudicar segundas fases de forma directa si no superan el millón de euros". La diputada añade que Lubasa formó para ello una UTE con Ocide, "vinculada a José Luis Ulibarri, que también tuvo la concesión del hospital de Llíria".
www.elpais.es 01.08.10
CAMPS COMUNICÓ A RAJOY SU INTENCIÓN DE LANZAR LA CAMPAÑA ELECTORAL
Sánchez de León, la nueva coordinadora, delega sus competencias de consejera
"El presidente, como siempre, ha tomado la decisión de acuerdo con el presidente del partido", dijo ayer la flamante coordinadora de la campaña electoral del PP valenciano, la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, que en el pleno de ayer delegó la mayor parte de sus competencias en otros consejeros de la Generalitat Valenciana. En su condición de portavoz del Consell, responsabilidad que conservará, Sánchez de León aseguró que el singular método empleado por el presidente valenciano, Francisco Camps, para designarla y lanzar la campaña de las próximas elecciones autonómicas, en un acto público del PP celebrado la noche del jueves, no se produjo a espaldas del líder del PP, Mariano Rajoy, ya que Camps se lo comunicó. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, había advertido el pasado lunes de que las candidaturas en la Comunidad Valenciana tendrían que esperar a que se pronunciara la justicia.
Mediante la aplicación de un método hasta ahora inédito en la Generalitat, Sánchez de León delega "horizontalmente" la mayor parte de sus competencias para conservar la condición de portavoz y mantener las competencias sobre modernización de la Administración. Las relaciones con el Estado y la Unión Europea pasan al vicepresidente y consejero de Industria Vicente Rambla, mientras que el vicepresidente Económico Gerardo Camps asume las de Administraciones Públicas y Rafael Blasco, consejero de Solidaridad y Ciudadanía, las de Justicia. Aprovechando la centrifugación, las competencias sobre bandas de música y pilota valenciana pasan al consejero de Gobernación, Serafín Castellano.
Aparte del excepcional mecanismo de delegación provisional de competencias, mientras la estructura de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas se mantiene intacta, el lanzamiento de Sánchez de León, una figura hasta ahora de escaso relieve partidario, desaira a dirigentes y cargos públicos como el vicepresidente Rambla, que coordinó la campaña de 2007, o Blasco, que aspiraba a trasladar al partido su peso en el grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas. Nada tiene que ver que la anterior campaña electoral, en 2007, que coordinó Vicente Rambla, esté siendo investigada por supuesta financiación ilegal en el marco del caso Gürtel, para que Camps haya prescindido de él esta vez, dijo la nueva responsable electoral del PP. Sánchez de León argumentó que su nombramiento es coherente porque tanto Rambla como el actual consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, en las elecciones de 2003, fueron elegidos coordinadores electorales cuando ocupaban el cargo de portavoces del Consell. "Es lo que menos distorsión va a producir", argumentó Sánchez de León. Por lo que se refiere a Blasco, la nueva coordinadora evitó confirmar su declaración de hace unos días, cuando aseguró que Camps debería seguir aunque fuese condenado por el caso de los trajes regalados por la trama de corrupción, en avanzado estado de instrucción en el Tribunal Superior de Justicia. Sánchez de León se limitó a decir que confía en la "inocencia absoluta de Camps" y carece de sentido pronunciarse sobre "hipótesis muy poco probables".
El encargo a Serafín Castellano de las bandas de música, por otra parte, supone una desautorización de la consejera de Cultura, Trini Miró, y también del de Educación, Font Mora, tras el enfrentamiento con las sociedades musicales por los recortes presupuestarios que amenazan incluso la continuidad de las escuelas musicales. Pero no deja tampoco bien parado a Blasco, que en su condición de portavoz parlamentario del PP medió el pasado mes de marzo para reconducir la situación sin ningún éxito.
El pleno del Consell, por otra parte, aprobó ayer sendos anteproyectos de ley de cara al próximo período parlamentario. Castellano explicó el primero, que pretende regular la custodia compartida y que se ha denominado "de relaciones familiares de los hijos cuyos progenitores no conviven". El consejero explicó que se ha consensuado con diversas organizaciones sociales y espera que obtenga el consenso parlamentario. La consejera de Cultura, Trini Miró, no acompañó a Sánchez de León y Castellano para explicar el anteproyecto de ley del Deporte y la Actividad Física.
"Sólo le guía su interés personal"
La oposición arremetió ayer contra la maniobra de Francisco Camps que, para nombrar una sorprendente coordinadora de su campaña electoral, ha trastocado provisionalmente el organigrama de la Generalitat. "Está claro que en estos momentos a Camps sólo le guía su interés personal", señaló el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna. "Se siente acosado por la cantidad de errores que ha cometido a lo largo de toda su trayectoria como presidente de la Generalitat; se siente acosado por los procedimientos judiciales que tiene abiertos en estos momentos; se siente acosado porque no siente el respaldo de la dirección nacional de su partido. Y trata de desafiar a todo y a todos con un comportamiento más propio de un dictador de república bananera que de un gobernante democrático". El portavoz socialista, que se ha distinguido en la denuncia de los casos de corrupción que afectan al PP, añadió una reflexión: "Los valencianos hemos venido sufriendo a Camps mucho tiempo y ahora la sensación es que lo van a sufrir en su propio partido".
La coordinadora de Esquerra Unida y diputada autonómica, Marga Sanz, comentó que los cambios en el Consell "muestran una mezcla consciente del PP entre gobierno y partido". Según Sanz, Paula Sánchez de León "será sólo portavoz y estará haciendo tareas de partido, dedicada a la campaña electoral y liberada de responsabilidades gubernamentales, en una clara confusión entre partido y gobierno".
Por su parte, la coordinadora de Iniciativa del Poble Valencià y diputada de la Coalició Compromís, Mònica Oltra, señaló que "las ansias de poder están llevando a Francisco Camps a hacer el ridículo". En opinión de Oltra, "no puede ser más bochornosa la manera en que Camps dio por convocada la junta directiva y dio por aprobadas sus decisiones, una buena muestra de hasta qué punto los escándalos de corrupción están trastocando al PP".
Delegación de competencias
- La consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, se desprende provisionalmente de la mayor parte de sus competencias, aunque sigue de portavoz del Consell.
- Vicente Rambla asume las relaciones con el Estado y la UE.
- Gerardo Camps se hace cargo de Admistraciones Públicas.
- Rafael Blasco asume las competencias de Justicia.
- serafín Castellano asume bandas de música y 'pilota'
www.elpais.es 31.07.10
LUNA ACUSA AL PP DE "BANALIZAR LA CORRUPCIÓN" PARA SOSTENER A CAMPS 
Hizo una "lectura" sobre la estrategia del PP valenciano ante los casos de corrupción que afectan al presidente de la Generalitat y otros cargos públicos de cara al próximo curso político, en el que habrá elecciones municipales y autonómicas. Y se encomendó para ello a Hannah Arendt y su famosa idea sobre "la banalidad del mal", aquí un tanto traída por los pelos -o tal vez no, dado que viene a describir cómo la rutina de la máquina administrativa podía convertir en banales los actos más horrendos bajo el régimen nazi. 
Dilatar el procedimiento principal del caso Gürtel, poner la justicia en cuestión, "banalizar la corrupción" y pervertir la democracia son los cuatro aspectos que, en opinión del portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, caracterizarán la estrategia del PP "en los próximos meses y tal vez en lo que queda de legislatura".  
Luna se refirió ayer a las declaraciones del portavoz popular, Rafael Blasco, en las que dijo el martes que es partidario de que Camps siga en el cargo, aunque acabe siendo condenado por el caso de los trajes regalados por la trama de corrupción, y señaló que el PP intenta transmitir la impresión de que "tampoco tiene tanta importancia la corrupción porque lo que importa es la gestión". "¿Qué gestión?", se preguntó acto seguido el diputado socialista. "Para contraponer la poca importancia de la corrupción a la eficacia de la gestión de Camps ya hace falta tener cuajo". La intención de los populares valencianos, en opinión de Luna -y aquí tiene sentido la cita de Arendt-, es provocar el "hastío" de la opinión pública para que el asunto de la corrupción pase desapercibido. 
El portavoz socialista comentó el recurso de apelación del PP contra la inhibición del juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a favor del TSJ de la Comunidad Valenciana en lo que se refiere a la parte valenciana del caso Gürtel. Luna explicó que los socialistas son partidarios de que no se juzguen por separado el caso de los trajes y el sumario de Madrid. "Que se juzgue lo que ha pasado", reclamó, frente a la voluntad del PP de trocear la realidad. "Los regalos de trajes no se han producido en abstracto", recordó Luna. "Eran regalos de presuntos delincuentes que consiguieron contratos de las Administraciones dirigidas por aquellos a quienes regalaban trajes". "Como decía Hegel, la verdad es el todo", añadió con sarcasmo el portavoz socialista.  
Luna consideró grave la apelación de Blasco a que el presidente se debe fundamentalmente al voto de los electores, como si no existiera la responsabilidad política, recordó que la Constitución establece el principio de legalidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y calificó de "bonapartismo" la estrategia popular, en la medida en que pretende legitimar con plebiscitos una "dictadura personal". El portavoz socialista, de todas maneras, apuntó que las pretensiones de Camps dependen del "dedo de Rajoy", y el presidente nacional del PP no ha ratificado a Camps como candidato ni tiene previsto asistir hoy al acto convocado por los populares valencianos. 
Por su parte, el portavoz popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, afirmó ayer en Castellón que su partido no tiene porqué actuar sobre sus cargos, estén imputados o condenados, mientras exista una posibilidad de recurso. De esta manera, sostuvo que no basta con una sentencia condenatoria de un juzgado, una audiencia o incluso el Tribunal Supremo ya que, a su entender, hasta que no haya un fallo "que no sea recurrible ante ningún organismo de ninguna institución", no se tiene porqué adoptar ninguna medida política. "Acabará en Estrasburgo o donde tenga que acabar", respondió Blasco a una pregunta en referencia al tribunal europeo hasta el que podrían llegar los recursos y, por tanto, prolongarse las causas durante años. 
El portavoz del PP afirmó que "la presunción de inocencia no acaba nunca" y reiteró que el veredicto que debe respetar Camps es "el de los ciudadanos". Del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, en camino de ser juzgado, dijo que es un "excelente político". 
(www.elpais.com, 29/07/10)
PEDREIRA DEJA EN MANOS DE LA SALA DE TSJM LA EXCLUSIÓN DEL PP EN EL PROCESO GÜRTEL  
El magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha rechazado el recurso del PSPV en el que los socialistas reclamaban la exclusión del PP en la causa por considerar que los populares incurren en fraude procesal ya que, personados como acusación popular, ejercen realmente de defensa. El juez, no obstante, no ha entrado en el fondo del planteamiento de los socialistas y deja en manos de la misma sala del TSJM la decisión sobre la continuidad del Partido Popular en el proceso. 
El PSPV pidió la salida del PP del proceso en sus alegaciones al recurso de los populares contra el primer auto de Pedreira en el que se inhibió en favor del TSJ valenciano al entender que existía conexión entre el caso Gürtel y los presuntos regalos de trajes a dirigentes del PP, entre ellos, al presidente Camps. En su segundo auto, Pedreira volvió a rechazar las pretensiones de los populares pero obvió la petición del PSPV.  
Entonces los socialistas recurrieron ese segundo auto del juez pidiendo la exclusión del PP. Pedreira ha resuelto que, como el el PSPV no recurrió su primera resolución, no puede hacerlo contra la segunda, e indica que, en todo caso, esa petición podrá formularla directamente a la sala del TSJM cuando el PP apele. De este modo, será la sala del alto tribunal madrileño la que resuelva si el partido de Rajoy continúa en el proceso, ya que los populares han presentado la apelación y, según fuentes socialistas, el PSPV reiterará a los jueces de Madrid su petición. 
El portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, comparó la estrategia del PP en Gürtel con el régimen franquista, tras las declaraciones del portavoz popular, Rafael Blasco, en las que defendió que Camps "no puede cuestionarse más que por el voto de los ciudadanos" debido a su gestión. "Ya hace falta tener un cuajo suficientemente hecho como para contraponer la poca importancia de la corrupción a la eficacia de la gestión", lamentó Luna, quien recordó que este discurso ya se utilizaba con Franco.
Acusó a los popular de dedicarse a "dilatar y confundir" en el proceso, con el objetivo de provocar el "hastío" en la opinión pública, buscando la "banalización de la corrupción". Y elevó la crítica a Rajoy al denunciar que éste, al condicionar la candidatura de Camps a la actuación de la Justicia, "está poniendo también al aire sus vergüenzas éticas porque está realizando un cálculo exclusivamente electoral". Si Rajoy tuviera claro que Camps ha de ser el candidato, "ya lo habría dicho claramente", aseveró el portavoz socialista. En su opinión, la conexión del caso Gürtel y los trajes "es evidente". "A Camps no le regalaban trajes en 2003", asestó. 
Ni en el más genial de los relatos de Borges cabe imaginar que trece consellers puedan redactar y firmar la misma respuesta por escrito idéntica, palabra por palabra, a unas preguntas parlamentarias sobre los expedientes de enriquecimiento injusto derivados de los impagos a los proveedores, las llamadas "facturas en los cajones", entre 2005 y 2009. 
La portavoz adjunta socialista Cristina Moreno comparó las "respuestas orquestadas" que ha recibido a la "presunta indicación" de Presidencia para que todas las conselleries "contrataran con El Bigotes". Y se preguntó si es "el mismo [en alusión al presidente Camps] que luego no es responsable de nada y envía al juez una lista de más de 200 dirigentes del PP como responsables de contratar con Orange Market, poniéndolos a los pies de los caballos". 
La parlamentaria denunció que, de las respuestas, se desprende que todas las conselleries han tenido facturas en los cajones. Sin embargo, el Consell no da ninguna información al respecto, en lo que constituye, dijo, un "grave acto de opacidad". El Ejecutivo sólo apunta que no ha expedientado a nadie por el pago de estos costes financieros. No es un tema menor, advirtió Moreno, quien recordó que el Síndic, sólo en 2008, habla de 846 millones en expedientes de enriquecimiento injusto. 
(www.levante-emv.com, 29/07/10)
EL EQUIPO DE CAMPS AVISA DE QUE SEGUIRÁ SI ES "CONDENADO" 
Justo en el mismo día y, por poco, coinciden hasta en la hora. El portavoz del Grupo Popular en Les Corts valencianas, Rafael Blasco, afirmó este martes que Francisco Camps “debería continuar” en su cargo “aunque fuera condenado” por su implicación en el caso Gürtel. Y, mientras tanto, Mariano Rajoy decía a los suyos, reunidos en el último comité ejecutivo nacional del curso que celebraba su partido, que habrá que esperar a ver qué pasa con los procesos judiciales abiertos para adoptar cualquier decisión. 
“El president debería seguir en cualquier circunstancia”, dijo Blasco de forma rotunda durante un almuerzo con periodistas. Después resaltó que se trataba de su opinión personal y aseguró que, en cualquier caso, no pensaba que ese extremo llegara a producirse. “Creo que no va a ser condenado porque tengo una absoluta confianza en su inocencia como la inmensa mayoría de los valencianos”, matizó. 
En cualquier caso sus declaraciones ya habían causado estragos en el PP nacional. “¿Quién es Blasco?”, destacaban con sorna. Más de un dirigente conservador minusvaloró a su compañero de filas. Algunos llegaron incluso a decir que no se podían tener en cuenta sus palabras porque cuando Blasco habla “no se sabe si realmente dice lo que piensa”. En la sede del PP creen que tanto él como Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, han “malmetido” mucho contra el jefe del Consell. 
En la dirección nacional mantenían que ese podía ser “el pensamiento” del conseller pero se negaban a suscribirlo. Además insistían en que el líder del PP había dicho exactamente lo contrario. “Él ha pedido esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos”, señalaba un diputado. Otro lo recordaba así: “Ha dicho que con los temas de corrupción confiamos en la Justicia y que vamos a ver qué ocurre”. Cada uno lo expresaba a su manera pero en el fondo la idea era la misma: Camps permanece en cuarentena. “Todo está pendiente. No le hemos dado un sí rotundo e incondicional”, confesaban en el PP. 
En mayo, Rajoy derrapó en su cierre de filas con Camps. El líder del PP comentó en una entrevista que su barón iba a ser cabeza de lista en las próximas elecciones “diga la Justicia lo que quiera”. El Supremo se iba a pronunciar sobre el tema de los trajes y, con ello, Rajoy venía a decir que le daba igual que lo imputaran. 
El jefe de la oposición siempre se ha arrepentido de la expresión que empleó y unos días después incluso llegó a reconocerlo en público. En una reunión con los máximos dirigentes de su partido admitió que había sido “desafortunada” y sostuvo que no iba a volver a decir cosas que se pudiesen “malinterpretar”.  
Por lo visto ha aprendido la lección y ahora prefiere mantener la cautela. Por eso iniciará el curso político en Santiago de Compostela cuando el año pasado lo hizo en la Plaza de Toros de Valencia. Y, por eso mismo, ha pospuesto la designación de candidatos a la vuelta del verano esperando a que los tribunales se pronuncien. 
En rueda de prensa, le preguntaron a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por la situación que vive el partido en la Comunitat Valenciana donde cuentan, además de con Camps, con los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, imputados. “Vamos a esperar y confiar en la actuación de la Justicia”, dijo repitiendo el estribillo de su jefe. 
Además tuvo que defender que el código ético se aplica “a todo el mundo por igual” cuando le preguntaron por qué se había suspendido de militancia al ex secretario general de los conservadores valencianos, Ricardo Costa, por atrincherarse en sus cargos y no se hacía nada contra Fabra, al borde del banquillo por delito fiscal, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. “No tienen absolutamente nada que ver los dos casos aunque haya personas interesadas en mezclarlos”, defendió Cospedal. 
Por su parte, el portavoz del grupo Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, denunció que Fabra y su familia mantienen activa una empresa que se utilizaba para ocultar pagos, informa Toni García de Dios. El nombre de la empresa es Carmacas, creada por el presidente de la Diputación de Castellón en el año 2000 y que desde el año 2004, cuando se descubrió la presunta trama de blanqueo de dinero no obtiene beneficios. Una empresa sin actividad, pero que continúa dada de alta, con un capital cercano al millón de euros y una persona contratada a la que paga 36.000 euros al año, según la documentación a la que ha tenido acceso Mulet.  
La Fiscalía Anticorrupción cree que esta podría ser su tapadera. Según Mulet, en estos años “se está produciendo una descapitalización de Carmacas, se va distribuyendo el patrimonio que se ha ido consiguiendo en los años de bonanza, antes de que estallase el caso Fabra”. 
Además también se conoció que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid había desestimado un recurso interpuesto por Fabra quien consideraba que diversas informaciones publicadas en la revista Interviú referentes a las investigaciones fiscales sobre su patrimonio constituían delitos de revelación de secretos oficiales e información privada. Pero la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, destaca que informar sobre el patrimonio de una “autoridad” no es delito.  
(www.publico.es, 28/07/10) 
BLASCO: ´CAMPS SEGUIRÁ AUNQUE LO CONDENEN, QUE NO LO HARÁN´  
El portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, dio ayer un paso más en la defensa del presidente Francisco Camps y su candidatura para las autonómicas de 2011 al aseverar que, en su opinión "personal", Camps "debería continuar [en su cargo] en cualquiera de las circunstancias, aunque fuera condenado", si bien esta hipótesis, recalcó, no la contempla, "convencido de su inocencia". Blasco respondió así, durante un almuerzo con periodistas para hacer balance del curso parlamentario, al ser preguntado sobre la hipótesis de que el jefe del Consell pueda ser condenado por Gürtel 
Antes de manifestar su "absoluta confianza" en la inocencia de Camps, el conseller aseguró: "Mi opinión personal es que el presidente se debe fundamentalmente a los votos de los valencianos y ni siquiera hablando de un tema que no tiene ninguna trascendencia penal, y de lo que se le está acusando hasta ahora es una cosa menor que además no tiene ningún fundamento -dijo en referencia a la causa de los trajes-, creo que el presidente debería continuar en cualquiera de las circunstancias". "Aunque fuera condenado, pero creo que no va a ser condenado". 
Blasco matizó de inmediato sus palabras: "Yo no digo que si el presidente es condenado tiene que ser presidente; es que yo creo que no va a ser condenado porque tengo una absoluta confianza en su inocencia". El síndic del PP comentó sobre Camps que una persona que está gestionando los asuntos públicos "como ninguno los ha gestionado, no puede cuestionarse más que por el voto de los ciudadanos", ya que "la regla de oro de la democracia es que la última palabra la tienen los ciudadanos".  
Blasco, cuyas declaraciones van en línea opuesta al criterio de Génova de esperar a la Justicia para designar a los candidatos, indicó: "El criterio de Madrid es muy respetable, pero la autonomía del PPCV hay que defenderla y acrecentarla". 
Instó a esperar la decisión de la Justicia -a la que habrá que "darle la razón", dijo- pero defendió que los procesos judiciales "no son infalibles" y en España existen casos de personas que "condenadas de antemano" y cuando finalmente han sido absueltas "no han tenido oportunidad de recuperarse políticamente".  
Admitió que en la Comunitat "pasan cosas" pero de éstas a "derivar responsabilidades políticas es un tramo que hay que recorrer con mucha responsabilidad". Quizá por los acontecimientos judiciales, auguró que va a ser una precampaña y una campaña "épica", con unas situaciones con "dosis de leyenda y de epopeya". 
El conseller, que afirmó que todo el grupo popular "se ha ganado su puesto", auguró que la "división interna" en el PSPV "se va a agudizar en los próximos meses" con la "salida" del portavoz socialista, Ángel Luna, de la Cámara en la próxima legislatura y la marcha del portavoz adjunto, Joaquim Puig al Congreso. 
(www.levante-emv.com, 28/07/10) 
EL PP RECURRE OTRA VEZ LA INHIBICIÓN DEL JUEZ PEDREIRA EN GÜRTEL 
El PP ha presentado otro recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la inhibición del juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, en favor del TSJ de Valencia (TSJV) para que investigue determinados delitos que afectan al Gobierno de Francisco Camps por considerarla "inmotivada y precipitada". 
En el recurso presentado por los 'populares' ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, al que tuvo acceso Europa Press, el partido liderado por Mariano Rajoy solicita que se rechace la inhibición en favor del TSJ de Valencia "por no estar acreditados los hechos que imputa la fiscalía", así como la participación en los mismos del presidente valenciano, Francisco Camps, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, y por carecer los hechos de relación o analogía con los "hechos de los que se conoce en la causa valenciana". 
El PP reitera nuevamente que la falta y defectos de "motivación" vician el contenido y deben determinar la revocación de la decisión adoptada. El auto que se impugna resulta difícil de leer y, en ocasiones, aún más difícil de comprender e interpretar", ya que, según señala, a la reproducción de textos de parte "que no se identifican ni citan como tales" se une el "desorden en la exposición de argumentos", de modo que, concluye, "resulta muy gravoso atacar las verdaderas razones que justifican la decisión adoptada". 
En la misma línea, se alega que en el auto aparecen "hechos, reflexiones y referencias que resultan completamente ajenos a la cuestión debatida" que suponen una "incongruencia por exceso que incide en la propia decisión final, afectando a su motivación". 
Carga igualmente contra el magistrado instructor por haberse limitado, dice, "a reproducir una y otra vez y a veces sin ni siquiera entrecomillarlas, partes enteras del escrito de la Fiscalía, que asume como propias". 
Entre las alegaciones presentadas por el PP figura igualmente una defensa a su derecho a presentarse como acusación particular en la medida que existe un "perjuicio o gravamen" para el partido en el caso de aceptarse la inhibición. "La escisión de una parte de la causa y su atribución a un órgano distinto del que está conociendo del conjunto de la misma, provocará, a juicio de esta parte, una mayor demora en la tramitación de los procedimientos, un riesgo de duplicidad de las diligencias que se practiquen y, lo que es más grave, un peligro de que se pueda romper, como se ha dicho en el recurso, la continencia de la causa, al tratarse de actuaciones que forman parte de un proceder similar y que tiene a unas mismas personas como presuntos autores", se argumenta. 
 En esta línea, sostiene igualmente que el desglose de la causa debería estar "fundado en una prolija y contundente argumentación que justifique" la misma y "la imposibilidad de enjuiciar el nuevo delito al margen del conjunto de los autos", algo que, recuerda, "no ha sucedido" en este caso. 
 Respecto a la conexidad objetiva con la conocida 'rama valenciana' del 'caso Gürtel', los 'populares' recalca que no se justificó la existencia de la misma y recuerda que la 'trama valenciana' del 'caso Gürtel' se está investigando "con el conjunto" del caso por el TSJM "y ello porque en relación con todas estas conductas presuntamente delictivas sí existen motivos concretos de conexión". 
"Romper la conexión actualmente establecida y que nadie discute entre las diferentes conductas investigadas, y separar una parte de ellas para intentar modificar la calificación jurídica de otros hechos perfectamente delimitados y respecto de las cuales ya se ha pronunciado el propio Magistrado Instructor del TSJ de Valencia, carece de todo apoyo legal y debe ser duramente combatido en aras de la propia celeridad y buen fin de la causa principal", señala. 
 En la misma línea, alega que no se ha acreditado la existencia de conexidad subjetiva dado que "la mera condición de aforados no es causa suficiente para ordenar" la acumulación de causas. En esta línea, recuerda que en el presente caso "no se ha practicado ni una sola diligencia judicial de investigación sobre los hechos presuntamente delictivos" cometidos por la 'trama valenciana' del caso. 
(www.levante-emv.com, 28/07/10)
ENSANCHAR LAS COSTURAS DE LOS TRAJES 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por el caso de los trajes regalados por la trama Gürtel, y los socialistas valencianos libran en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia su particular batalla. Desde que el Tribunal Supremo decidió reabrir la causa el pasado 12 de mayo -en una sentencia por unanimidad y muy dura contra el archivo decretado por el tribunal que preside el "más que amigo" de Camps, Juan Luis de la Rúa- las defensas de los imputados y la acusación popular han intentado adecuar las costuras de la instrucción a sus intereses. 
Camps, empeñado en rebatir los indicios que existen en su contra, ha hecho varias peticiones al juez instructor José Flors. La defensa de Camps ha pedido disponer de un perito propio para analizar, al margen del perito judicial, los pagos de las empresas corruptas del caso Gürtel a las tiendas donde el jefe del Consell y los otros tres imputados -el ex secretario del PP, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret- ampliaron su guardarropía. 
También ha pedido que declaren uno de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo, y su abogado Ignacio Peláez -que mantuvieron una conversación en la cárcel en la que el primero señalaba que Camps se había pagado los trajes- y una periodista de El Mundo para que ratifique el contenido de una entrevista realizada a Isabel Jordán -imputada también en el caso Gürtel, que en una conversación grabada afirmaba que había pagado las facturas de la ropa de Camps-. 
Simultáneamente, la Generalitat y el PP han buscado dilatar la instrucción del caso Gürtel en el TSJ de Madrid tras la decisión del juez Antonio Pedreira de inhibirse parcialmente en favor de su homólogo valenciano José Flors. 
Pedreira considera que hay indicios de que personas aforadas del PP podrían haber cometido varios supuestos delitos, incluido el cohecho, el delito electoral y la financiación irregular, que están conectados con la causa de los trajes que instruye el juez Flors. 
Fuentes del PP reconocen, en privado, que la estrategia de Camps pasa por dilatar la instrucción y la convergencia de los dos procesos en uno solo. El objetivo, según estas fuentes, sería ganar tiempo para ver ratificada su candidatura a la presidencia de la Generalitat y buscar la exculpación en las urnas. 
Sin embargo, esta estrategia es vista con preocupación en otras instancias del PP, que creen que, de producirse esta dilación en la instrucción, Camps trasladaría el problema al propio Mariano Rajoy en vísperas de unas elecciones generales. 
Frente a la postura del presidente de la Generalitat, los socialistas han trazado su propia hoja de ruta judicial. Para el PSPV, el delito que Flors imputa a Camps -cohecho pasivo impropio- está relacionado con los otros enumerados por Pedreira, lo que se podría traducir en una imputación de cohecho, cuyas consecuencias son mucho más graves y que en caso de culpabilidad puede penarse con la inhabilitación política. 
En este contexto, los socialistas han solicitado a Flors la inclusión de las declaraciones realizadas en el TSJ de Madrid por tres de los empleados de Forever Young -la empresa donde se vendieron los trajes- y los informes elaborados por la Brigada de Blanqueo de Capitales y la Agencia Tributaria, relativos a la supuesta financiación obtenida por el PP a través de Orange Market y los contratos adjudicados por la Generalitat. 
"Nuestro objetivo es que la causa avance", reconoce el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, personado como acusación popular junto con otros tres diputados del PSPV, en el caso de los trajes y en la instrucción del caso Gürtel en Madrid. 
Para los socialistas valencianos, las causas que instruyen Flors y Pedreira son la misma. "Un proceso independiente [por cohecho, financiación irregular y delito electoral] del caso de los trajes no se entendería en la calle", argumenta Luna, que insiste en que la trama y las prácticas corruptas son una realidad. "La trama viene a la Comunidad Valenciana de la mano de Francisco Camps, que era muy amigo de Álvaro Pérez", insiste. 
El juez Flors ha rechazado todas las peticiones de los socialistas y la mayor parte de las exigencias formuladas por la defensa de Camps, aunque todavía cabe recurso de apelación. De hecho, el instructor del caso de los trajes sólo ha aceptado tomar nueva declaración a Isabel Jordán y a Pablo Crespo. Aunque el juez advierte que Crespo es un imputado que tiene su propio interés en la causa y no tiene obligación de decir la verdad. 
Flors también ha aceptado que un perito de la Agencia Tributaria -y no el propuesto por la defensa de Camps- analice la contabilidad relacionada con los regalos de la trama. Flors ha transigido también con la audición de las grabaciones del caso Gürtel, que ya no están bajo secreto de sumario en el TSJ de Madrid. Una concesión que no incluye las grabaciones tomadas en el locutorio de la cárcel entre los cabecillas de la trama que dirigía Francisco Correa y sus abogados. Decisión que frustra, en parte, las aspiraciones de Camps de encontrar fragmentos exculpatorios de que pagó sus trajes. Hecho que no ha podido acreditar frente a los indicios que demuestran lo contrario. 
A la causa le queda, por ahora, un ratito largo. 
(www.elpais.com, 19/07/10) 
UN DELITO ENTRE DOS INVESTIGACIONES 
En agosto, no se para el trabajo del juez José Flors. Las partes de la causa de los trajes pueden escuchar las conversaciones grabadas por la policía mientras investigaba el caso Gürtel. Si en los brutos hallan algún fragmento de su interés pueden pedir que se incorpore a la causa. A continuación se detallan las claves de la instrucción. 
- ¿Cuándo termina la investigación? Si no se amplía la causa con otros delitos, el juez Flors podría concluir a finales de septiembre su trabajo y proceder a la apertura de juicio oral en octubre. Esa decisión pondría al presidente Francisco Camps frente a un jurado a finales de año o principios de 2011. 
- ¿Qué falta por hacer? Falta tomar declaración a la administradora de varias de las empresas de la trama Gürtel, Isabel Jordán, y a uno de cabecillas de la trama, Pablo Crespo. También se incorporará el informe pericial que Flors ha encargado a la Agencia Tributaria para que analice cómo registraba la trama corrupta en su contabilidad el gasto en regalos. Es decir, cómo registró Orange Market, la firma que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, el pago de las prendas que compraba en las tiendas de Milano y Forever Young. 
- ¿Se puede ampliar la causa de los trajes?
El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, cree que sí. El magistrado se ha inhibido en favor de José Flors de la mayor parte de la investigación relacionada con la Comunidad Valenciana. Según Pedreira, el delito de cohecho pasivo impropio que se imputa a Camps por aceptar regalos está conectado con la adjudicación de contratos a la trama corrupta por parte de la Generalitat y la supuesta financiación irregular del PP valenciano. 
- ¿Quién toma la decisión?
 Pedreira remite la causa al juez Flors. Sin embargo, la decisión sobre el destino final de esta investigación realizada por Pedreira la adoptará la sala de Lo Civil y Penal del TSJ de Valencia, presidida por Juan Luis de la Rúa, con los magistrados José Francisco Ceres, Juan Montero y Juan Climent. 
- ¿Qué puede decidir?
 Que admita el razonamiento de Pedreira y acumule la causa a la de Flors o que considere que se trata de una causa independiente que debe instruir otro magistrado. Aunque es más improbable, el TSJ de Valencia podría rechazar total o parcialmente la investigación del TSJ de Madrid, lo que obligaría a pronunciarse al Tribunal Supremo. 
- ¿Qué consecuencias tendría la acumulación de las dos causas?
La principal consecuencia sería que el regalo de los trajes ya no lo juzgaría un jurado. La responsabilidad recaería en un tribunal y la instrucción se prolongaría en el tiempo. 
(www.elpais.com, 19/07/10)
FLORS DESACREDITA LA VERSIÓN DE CRESPO SOBRE EL PAGO DE LOS TRAJES PARA CAMPS
El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Flors, que instruye la causa de los trajes contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres cargos populares, ha aceptado que las partes interroguen a Pablo Crespo, considerado como el número dos de la trama corrupta, pero afirma que será difícil que este testimonio cambie su planteamiento inicial sobre cómo se pagaron las prendas.
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Pedreira reitera que Camps tiene que ser imputado por el Tribunal valenciano
El magistrado rechazó que el abogado de Crespo fuera también interrogado, aunque no ve inconveniente en que se pueda preguntar al ex dirigente del PP en Galicia, "si es que quiere responder, para que diga cuanto sepa acerca de cómo y por quién se abonó el importe de las prendas de vestir". Flors, no obstante, manifestó sus reservas de que lo que diga Crespo vaya a servir para algo por "el personal interés del Sr. Crespo en la presentación e interpretación" de los hechos, según el dario El Levante.

José Flors mantiene que "la base documental y contable existente en la causa" es "acreditativa de cómo y con cargo a qué cuentas bancarias se hicieron los pagos de aquellas prendas", tal como reflejó en el auto que inició el procesamiento de Camps y que Flor. Además, recuerda que Pablo Crespo está imputado en la causa principal del caso Gürtel, por lo que "no podrá exigírsele juramento de decir verdad".

La defensa de Camps solicitó al juez Flors la declaración de Crespo y de su abogado Ignacio Peláez para que ratificaran la conversación que ambos mantuvieron en la prisión y en la que el secretario del Organización del Pp gallego aseguró que Camps se había pagado sus trajes.

Las conversaciones grabadas en la cárcel y que recientemente fueron declaradas ilegales formaban parte de la documentación que hace un año llegó al TSJ-CV cuando se desgajó del caso Gürtel la pieza sobre los trajes. Sin embargo, las partes no tuvieron conocimiento de la existencia de estas grabaciones, que Camps y su entorno consideran claramente exculpatorias, hasta que Pedreira levantó el secreto de sumario en octubre de 2009.
www.elplural.com 17.07.10
LUNA ACUSA A CAMPS DE "ENTORPECER" LA INSTRUCCIÓN DEL 'CASO GÜRTEL'
La portavoz del Consell dice que el PP no alimenta ninguna "batalla campal"
El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, acusó ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de "entorpecer" la instrucción del caso Gürtel que realiza el magistrado Antonio Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La consejera dice que sus informes tienen la misma validez que los otros
Luna compareció en la sede del PSPV para valorar el auto del juez Pedreira, que rechaza el recurso del PP contra la decisión de inhibirse en favor del TSJ de la Comunidad Valenciana en la mayoría de la instrucción del caso Gürtel que afecta a la Comunidad Valenciana. Pedreira considera que esta parte de la instrucción, en la que detectan indicios de varios supuestos delitos, incluida la financiación irregular del PP y delito electoral, está relacionada con el caso de los trajes por el que están imputados Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.
"El recurso presentado por el PP [contra la decisión de Pedreira] va a suponer un retraso de tres meses. No sabemos por qué, pero Camps está ganando tiempo antes de las elecciones", señaló Luna, que argumentó que el presidente de la Generalitat ha adoptado la estrategia del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. "Entorpecer, retrasar y confundir", remarcó Luna, que censuró la estrategia del presidente de la Generalitat de "manipular las instituciones valencianas para su defensa judicial".
El Consell remitió al juez Pedreira un informe de la Abogacía de la Generalitat en el que enumera un total de 226 cargos de la Administración valenciana que pudieron haber participado en la adjudicación de contratos a empresas de la trama corrupta de Gürtel y que excluye al jefe del Ejecutivo valenciano. Junto a este informe se emitió un dictamen del Consell Jurídic Consultiu con la misma tesis. Informes que el juez considera que tienen como objetivo deslegitimar los estudios periciales de la Agencia Tributaria y la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la policía.
Para el socialista, Camps ha impuesto a sus abogados la estrategia de que incriminen a cualquiera menos a él, aunque en opinión de Luna el juez Pedreira "señala la deslealtad del presidente de la Generalitat frente al resto de sus colaboradores" en su reciente auto judicial.
El PSPV está estudiando si recurre el auto de Pedreira para solicitar la exclusión del PP como acusación popular, ya que, si se concretan las acusaciones de financiación irregular y delito electoral, el partido de Mariano Rajoy podría ser responsable civil subsidiario.
La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, negó ayer que la "batalla campal" de informes y contrainformes a la que alude el auto del Pedreira la hubiese creado la Generalitat. La consejera no quiso valorar el contenido del auto del Tribunal Superior de Madrid pero defendió los informes de la Abogacía de la Generalitat y del Consell Jurídic Consultiu, "que tienen el mismo valor que los de otras instituciones, como la Agencia Tributaria". "Me llama la atención que nadie cuestione la validez de otros informes", dijo Sánchez de León.
Mònica Oltra, de Compromís, indicó que el auto deja en evidencia la intención del PP de "ensuciar la causa".
www.elpais.es 17.07.10
EL PP PONE EL OÍDO A LAS CINTAS
Las cintas con las grabaciones del caso Gürtel ya están disponibles para las partes. Ayer empezó a contar el plazo de 20 días hábiles concedido por el magistrado José Flors para que los letrados del pleito puedan escuchar las conversaciones grabadas por la policía con autorización judicial que están incorporadas a la causa de los trajes (en la que está imputado el presidente Camps) y la que investigó el juez Antonio Pedreira, de Madrid, por financiación irregular del PP y delito electoral, entre otros. Una mesa y un sistema de reproducción en las dependencias de la sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) son la dotación para que los letrados puedan escuchar cuando quieran, entre las 9.00 y las 14.00 las decenas de grabaciones, la mayoría con contenido no transcrito o bien porque era privado o bien porque no tenía directamente que ver con lo que se investigaba.
El PP ha sido el más interesado en que prosperara esta diligencia. Ayer, los abogados de los imputados, al menos los del presidente Francisco Camps y del ex vicepresidente Víctor Campos, iniciaron las audiciones. Fuentes del PP aseguraron que esos letrados ya habían ayer escuchado una primera conversación entre Álvaro Pérez, El Bigotes, y uno de los hombres fuertes de Francisco Correa, líder de la trama corrupta, que podría servir para exculpar a Camps del coecho. En cualquier caso, el juez Flors ya dejó claro en su auto que aunque estudiará todas las peticiones que tras las audiciones hagan las partes, no considerará aquellas que estén fuera del objeto de la causa de los trajes: cohecho pasivo impropio.
Paula Sánchez de León, portavoz del Consell, se mostró ayer esperanzada con el resultado de las audiciones. Pero se refirió a las conversaciones en los locutorios entre abogados e imputados, que Flors no deja escuchar, de momento.
www.elpais.es 17.07.10
PEDREIRA PIDE AL PP QUE NO HAGA DE GÜRTEL UNA "BATALLA CAMPAL" 
El juez Antonio Pedreira, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investiga la llamada trama Gürtel de corrupción masiva vinculada al PP, rechazó  el recurso del este partido contra su decisión de deshacerse de una parte del sumario y enviarla al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La parte de la que se inhibe Pedreira para que sea investigada en Valencia se refiere a la presunta financiación irregular del PP valenciano, supuestos delitos electorales y contra la hacienda pública. 
En su auto, Pedreira considera que los escritos del PP pecan de un uso "desproporcionado de descalificaciones", le advierte de que perseverar por ese camino puede conducir a "la adopción de medidas" y añade que la estrategia de informes y contrainformes puede generar "una batalla campal" que no va a permitir.
Pedreira explica sus dos razones para inhibirse: el riesgo de prescripción de los delitos electorales cometidos supuestamente en las elecciones de 2007; y la conexión entre su investigación y la causa que instruye el juez valenciano José Flors en la que está imputado el presidente autonómico Francisco Camps por posible cohecho impropio. 
Recoge también los argumentos de la fiscalía y la acusación popular del PSPV a las alegaciones del PP, que aducía que se quebraría la unidad de la causa y que en la misma hay aforados estatales. Denunciaba además falta de motivación. Pedreira no admite esas alegaciones, y rechaza la estrategia del PP de recurrirlo todo, aportando además informes de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana y del Consejo Jurídico, cuyo contenido no entra a considerar. 
En Valencia, hoy es el primer día designado por el juez Flors para que las partes personadas en el caso de los supuestos trajes regalados a Camps escuchen las conversaciones grabadas. 
(www.elpais.com, 16/07/10) 
PEDREIRA AFEA AL PP SU ATAQUE AL FISCAL Y VE RIESGO DE ´BATALLA CAMPAL´ EN GÜRTEL  
El PP sumó  un nuevo varapalo a su estrategia judicial ante el caso Gürtel, al tiempo que tuvo que encajar los reproches del juez por sus "desmedidas" críticas al fiscal y la advertencia de que, con su proceder, se corre el riesgo de convertir la causa en una "batalla campal". El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, Antonio Pedreira, rechazó el recurso de los populares contra el auto del pasado 25 de mayo en el que amplia a siete la lista de presuntos delitos cometidos por destacados miembros del PP valenciano y el Consell y se inhibe a favor del TSJ de Valencia para que los investigue.  
La resolución de Pedreira, ratificada en su integridad, abre la puerta a que el juez Flors que instruye en Valencia la causa de los trajes contra el presidente Francisco Camps cambie la imputación que pesa contra él por un presunto delito de cohecho pasivo impropio a cohecho activo al entender que existe relación casual entre los regalos recibidos de la trama y los contratos que llovieron desde la Generalitat. Con todo, el auto no es firme ya que el escrito del PP incluía de forma subsidiaria la apelación ante la sala de lo civil y penal.  
Aunque la decisión de Pedreira era previsible, el auto de 30 páginas no se limita a incidir en los fundamentos jurídicos que le llevó a inhibirse en favor de Valencia, una decisión basada en la existencia de aforados sobre los que pesan indicios de nuevos delitos y que buscaba evitar la prescripción de los electorales que también podrían salpicar a Camps. El escrito del juez está trufado de reproches al PP, personado en la causa de Madrid como acusación particular, pero que, en opinión del PSPV está actuando como defensa de Camps. Pedreira insta al PP a "atemperar" el debate procesal que "ha alcanzado un tono excesivamente crítico" y le afea el uso de un lenguaje "desmesurado y rayano con la descalificación". Tras "declarar la correcta actuación del ministerio fiscal", califica de "inusual" la defensa que hace el PP de "algún encausado" y le recomienda "prudencia y ponderación", si bien rechaza, como pedía el PSPV, expulsarlo del procedimiento.  
Eso sí, con la advertencia de que si sigue por el camino de las "descalificaciones" lanzadas tanto al ministerio fiscal como a los funcionarios públicos que han intervenido en el proceso se adoptarán medidas previstas por el ordenamiento jurídico". Pedreira admite "la gravedad del caso y las agudísimas tensiones sufridas, de las que ninguna culpa tienen el fiscal, ni los funcionarios intervinientes". 
El instructor evidencia también su rechazo a la lluvia de informes y contrainformes remitidos al tribunal y cita, entre otros, el informe sobre contratación de la Abogacía de la Generalitat y el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) encargados por Presidencia de la Generalitat para tratar de contrarrestar el de la unidad de auxilio judicial sobre los contratos de Orange Markek que desvelaba numerosas irregularidades en la contratación del Consell . "La hipótesis de la ruptura de la continencia de la causa -dice Pedreira- sí resulta sumamente probable si se permite que el proceso penal se convierta en una batalla campal o campo de Agramante, llena de informes y contrainformes escritos y en la que se trata de desprestigiar unos informes en beneficio de otros y de originar una indefensión derivada de la utilización de aforados".  
Pedreira rehusa pronunciarse sobre el contenido de estos informes para "impedir la utilización de fuego graneado jurídico entre las partes" y traslada a Flors el análisis de los mismos y la decisión sobre si existe responsabilidad penal en la contratación del Consell que él, a priori, no observa. 
(www.levante-emv.com, 16/07/10)
PEDREIRA RECHAZA EL RECURSO DEL PP CONTRA LA INHIBICIÓN EN FAVOR DE VALENCIA 
El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha desestimado hoy el recurso del PP contra el auto en el que acordó remitir al TSJ de Valencia (TSJCV) la parte de la investigación que afectaría a cargos del Gobierno y del PP valenciano. 
El pasado 4 de junio el PP recurrió el auto en el que Pedreira se inhibió en favor del Tribunal valenciano, argumentando que el juez se había equivocado al guiarse por la "visión parcial" de la Fiscalía y que no existían datos para deducir una conexión entre la causa investigada por el TSJCV y las actuaciones del tribunal de Madrid. 
En un auto notificado hoy, Pedreira desestima el recurso del PP y reitera que al afectar la investigación a personas aforadas, éstas tendrían que ser imputadas en el tribunal valenciano, y no en el TSJM, y defiende su competencia para admitir o rechazar los informes de los diferentes órganos y unidades judiciales que colaboran con el tribunal y han sido cuestionados por el Partido Popular. 
Pedreira remitió a Valencia los indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil durante los ejercicios de 2007 -fecha en que se celebraron las últimas elecciones locales y municipales- y 2008, además de los de cohecho y prevaricación que afectan a destacados dirigentes del PP valenciano y la Generalitat, entre ellos el presidente, Francisco Camps. 
Según el juez, "resulta indubitado" que el TSJM no puede, ni debe, conocer de este asunto, que corresponde al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana "si se intenta imputar al presidente de la Generalitat o a varios aforados", y considera que lo contrario conculcaría el principio de separación de poderes". 
Al tiempo advierte al PP sobre el riesgo de permitir que el proceso penal se convierta "en una batalla campal o campo de Agramante, llena de informes y contrainformes escritos y en la que trata de desprestigiar unos informes en beneficio de otros y de originar una indefensión derivada de la utilización de los aforados". 
Por último, descarta realizar ninguna interpretación de los informes de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, de la Unidad de Auxilio Judicial sobre la empresa Orange Market y de los fraccionamientos de contratos del Gobierno de Valencia, para impedir la utilización de "un fuego graneado jurídico y dialéctico entre las partes y mantener un debate ordenado y razonable". 
Pedreira insiste en que el órgano jurisdiccional que asuma la competencia en relación con Valencia, será el que deba analizar con profundidad dichos informes. Además, resalta que "la resolución recurrida estaba suficientemente motivada y era respetuosa con los principios de proporcionalidad y legalidad".  "En cuanto a la conducta del presidente de la Generalitat valenciana tampoco puede ser conocida por esta magistrado", concluye el instructor del caso Gürtel en el TSJM. 
(www.elpais.com, 15/07/10) 
EL JUEZ ACUSA A CAMPS DE CONVERTIR EL PROCESO EN UNA BATALLA CAMPAL 
El juez Antonio Pedreira, que instruye el ''caso Gürtel'', ha rechazado el recurso de reforma interpuesto por la representación del PP contra el auto de inhibición de Pedreira en favor del TSJ de Valencia de la parte de la causa que alcanza al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a otros dirigentes del PP valenciano. 
El magistrado desestima el recurso del PP porque su condición de juez le permite conocer cuando debe inhibirse en favor de otros órganos jurisdiccionales. Los populares mantienen que a estas alturas de la investigación no hay todavía datos suficientes que señalen a aforados valencianos como presuntos responsables de varios delitos. entre ellos prevaricación, por lo que no es necesario que el caso en su vertiente valenciana sea enviado a los juzgados de esa comunidad autónoma. 
En estas y otras alegaciones se comprueba claramente que los populares actúan mas como una defensa que como una acción popular que es la figura procesal por la que se han personado en la causa. Y en este sentido, Pedreira rechaza los informes realizados por la abogada de la Generalitat Valenciana afirmando que son contradictorios, que son inadmisibles y que en ningún caso debe ser introducidos en la causa. En definitiva, que son informes a instancia de parte. 
Sin entrar a imputar presuntos delitos, de lo que deben encargarse los órganos judiciales precisos, ya sea el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por los aforados de esa comunidad o el Tribunal Supremo por la aparición de diputados o senadores, Pedreira concluye que su capacidad como juez en la comunidad de Madrid le impide investigar este asunto si detecta aforados no madrileños. 
(www.elpais.com, 15/07/10)
EL NÚMERO 2 DE LA GÜRTEL DECLARARÁ POR LOS TRAJES 
El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Flors, ha decidido interrogar por exhorto a Pablo Crespo, considerado lugarteniente de Francisco Correa, en relación con los trajes supuestamente recibidos por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos valencianos. 
El interrogatorio se realizará en el juzgado al que corresponde la cárcel madrileña de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra internado junto al propio Correa y su primo Antoine Sánchez. En ese centro fue donde se intervinieron las conversaciones que los imputados presos mantuvieron con sus abogados y que se anularon. En una de ellas, Crespo negó a su letrado que se hubieran regalado trajes a Camps. 
Esa conversación dio pie al ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo a querellarse contra las fiscales del caso en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el primer instructor de la Gürtel, Baltasar Garzón. El abogado del constructor José Luis Ulibarri consideró que las representantes del ministerio público ocultaron "maliciosamente" esta conversación en el procedimiento seguido en Valencia contra la red corrupta. 
El de Crespo no será el único interrogatorio por exhorto que realizará Flors. Felisa Isabel Jordán, que fue administradora de empresas de la trama, también declarará en el procedimiento por este sistema, pero ella lo hará ante el instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. Jordán fue grabada cuando admitía que habían pagado facturas de trajes del presidente, Francisco Camps. 
El juez Flors también ha pedido a la Agencia Tributaria un informe sobre el supuesto pago de trajes por parte de las empresas de la trama. El objetivo es "cruzar los datos" de los que dispone Hacienda sobre el pago de los trajes con los de las tiendas Milano y Forever Young para concretar si las prendas fueron efectivamente abonadas por la trama. La Agencia Tributaria dispone de 20 días hábiles desde que designe a los peritos que se encargarán del trabajo. 
El Tribunal Supremo reabrió el 12 de mayo el caso contra el presidente de la Generalitat, el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret. Por otra parte, la portavoz socialista en las Cortes valencianas, Carmen Ninet, afirmó ayer que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "ha echado en falta" al ex presidente balear Jaume Matas, "el más ilustre embajador de la corrupción del PPCV", en el encuentro que tuvo con cónsules acreditados en la Comunitat Valenciana. 
"Es vergonzante y una indignidad que el Gobierno de la Generalitat todavía no haya retirado la condición de Ambaixador del Regne de València al imputado por el caso Palma Arena", indicó Ninet. La portavoz socialista lamentó que Camps esté "atado de pies y manos" porque, "de producirse el cese de Matas, puestos a cesar, habría que prescindir de media cúpula del PPCV, empezando por el propio presidente del Consell". Según Ninet, "Matas es Camps, Camps es Matas y no hay distinciones en el PPCV", porque ya nadie se libra.  
(www.publico.es, 13/07/10)
EL JUEZ PIDE A HACIENDA UN INFORME SOBRE LAS COMPRAS DE ROPA DE LAS FIRMAS GÜRTEL  
El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) José Flors ha solicitado a la Agencia Tributaria un informe sobre el supuesto pago de ropa por parte de las empresas de la trama al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos valencianos, según informaron ayer fuentes cercanas a la investigación. Flors quiere "cruzar los datos" de los que dispone Hacienda sobre el pago de ropa con los de las tiendas Milano y Forever Young para tener un "punto de certeza mayor" sobre si las prendas fueron efectivamente abonadas por las empresas de la trama. 
Para elaborar el documento solicitado por Flors, la Agencia Tributaria dispone de un plazo de 20 días hábiles desde la aceptación del encargo. Primero debe designar a los peritos que se encargarán del trabajo. A partir de entonces, comenzaría a contar el plazo, lo que situaría ya la entrega del informe en el mes de septiembre. 
Lo que sí se podría producir en este mes de julio es el interrogatorio en Madrid a Isabel Jordán, ex administradora de empresas de la trama controladas por Francisco Correa. Flors ha autorizado ya las preguntas que se le formularán. Será en una vista que llevará a cabo un juez de Madrid por exhorto. Jordán declarará después de que las partes hayan podido escuchar la grabación en la que la empresaria señala que habían pagado facturas de trajes de Camps. 
(www.levante-emv.com, 13/07/10)
FLORS NIEGA LA DECLARACIÓN DE UN ABOGADO DEL CASO GÜRTEL
El PP quiere que el abogado Ignacio Peláez, que representa entre otros a uno de los principales imputados por el caso Gürtel, el empresario José Ulibarri, declare como testigo en el asunto de los trajes que instruye el magistrado José Flors contra, entre otros, el presidente Francisco Camps. Así se lo pidieron al magistrado las defensas con la intención de que reprodujera lo que incluía una conversación con otro imputado, Pablo Crespo, para fijar la estrategia de defensa de Ulibarri, mantenida en prisión, anulada por el TSJ de Madrid, en la que habría dicho que Camps "debió pagarse sus trajes". Pero el juez Flors ha denegado esa petición. Y las defensas de los cuatro imputados han insistido buscando amparo en la sala de Lo Civil y Penal, que tiene pendiente la respuesta. Las conversaciones están anuladas a todos los efectos, es decir, su contenido también.
Éste es sólo uno de los muchos recursos que las defensas de los cuatro imputados por cohecho pasivo impropio (el presidente Camps; el ex vicepresidente Víctor Campos; el ex secretario general de los populares valencianos Ricardo costa; y el ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo, Rafael Betoret). De cada una de las resoluciones que en las últimas semanas ha tomado el magistrado Flors, que ha desestimado buena parte de las peticiones realizadas por las defensas de los imputados, se ha cursado el correspondiente recurso, lo que ralentiza sustancialmente el ritmo de resolución del asunto por el que previsiblemente Francisco Camps sea juzgado por un jurado en un plazo de pocos meses en Valencia.
www.elpais.es 10.07.10
UN INFORME DEL CONSELL JURÍDIC ALEJA A CAMPS DE LOS CONTRATOS DEL 'CASO GÜRTEL'
rídic Consultiu (CJC), que preside Vicente Garrido, ha emitido un informe por encargo del vicepresidente del Consell Vicente Rambla en el que asegura que el presidente de la Generalitat "no tiene intervención ninguna en materia de contratación pública, pues no ostenta, ni por sí mismo, ni por medio de su gabinete, ninguna facultad ni competencia en la celebración de contratos públicos, ni en la tramitación de expedientes, ni interviene en la determinación del adjudicatario".
 Tampoco tienen atribuciones de contratación los vicepresidentes como tales, según el informe, aunque sí puedan tenerla como consejeros, de quienes asegura el CJC que ejercen "las facultades en materia de contratación administrativa", siempre que no hayan delegado esas funciones.
El pronunciamiento del CJC pretende ser una respuesta al informe de la oficina de auxilio judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que reveló cómo la mayor parte de los departamentos de la Generalitat trocearon y amañaron contratos con empresas de la trama de corrupción del caso Gürtel. En ese informe se aludía a la necesaria participación del gabinete de Presidencia en la autorización de los contratos para la feria turística Fitur con Orange Market, la empresa de la trama que dirigía Álvaro Pérez.
Estrategia de defensa
"Esta manifestación resulta absolutamente innecesaria", dijo ayer del informe el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, que aseguró que Camps "manipula al Consell Jurídic Consultiu para su estrategia de defensa". Según Luna, el dictamen del CJC "certifica lo que es obvio, que el presidente de la Generalitat no asume competencias directas en materia de contratación administrativa". Sin embargo, prosiguió, "todos aquellos que ejercen esas competencias directas se encuentran bajo su círculo de influencia, por citar términos textuales de la sentencia del Tribunal Supremo, dado que su nombramiento depende directamente o indirectamente del señor Camps".
Luna añadió que "el dictamen que emite el CJC abusando de la posición institucional para realizar tareas que no le competen sólo puede entenderse en clave de complementar la estrategia de defensa de Camps en los procedimientos penales que tiene abiertos". El portavoz socialista apuntó a la "íntima amistad" con Camps confesada recientemente por el presidente del CJC.
www.elpais.es 10.07.10
RAJOY BLOQUEA SUS CANDIDATURAS HASTA SABER QUÉ HACEN LOS JUECES CON CAMPS 
Nadie lo mencionó en ningún momento. Ni siquiera estaba en la sala. Pero Francisco Camps fue, de nuevo, como casi siempre en el último año y medio, el gran protagonista ausente de una gran reunión interna del PP, la piedra en el zapato que Mariano Rajoy no quiere o no puede sacarse. 
Toda la maquinaria del partido, con las encuestas a favor, está en marcha con un objetivo: ganar las elecciones autonómicas y municipales en 2011, y antes tener un buen resultado en las catalanas. Rajoy sufrió mucho hasta que, en 2009, el PP ganó en Galicia. Ahora quiere rematar su camino a La Moncloa con nuevos beneficios en la particular cuenta de resultados de la política: los votos. 
Rajoy quería adelantarse al PSOE y consagrar a sus candidatos mucho antes que los socialistas. El año pasado llegó a decir que estarían designados en septiembre... ¡De 2009! Pero ha llegado julio de 2010, y aún quedan muchos candidatos, casi todos, sin designar oficialmente. 
Ningún dirigente oculta en privado el motivo: Camps, que se ausentó de nuevo ayer en la reunión de la Junta Directiva, está esperando una decisión judicial que puede acabar llevándole al banquillo de los acusados. Y Rajoy, que no quiere ser quien eche a su fiel aliado en los tiempos difíciles de 2008, está esperando a esa decisión para que los acontecimientos se precipiten y, tal vez, Camps decida rendirse. Rajoy está muy distanciado del valenciano, aseguran en su entorno, pero se resiste a pedirle que dimita. 
Cada semana, Dolores de Cospedal, la secretaria general, tiene que contestar a la pregunta: ¿Cuándo van a proclamar candidato a Camps? Ella lo salva como puede. Rajoy, que apenas contesta a preguntas -ayer tampoco lo hizo-, no tiene ese problema, pero percibe la presión de los medios y del partido, y ayer estalló muy a su estilo frente a dirigentes, diputados, senadores y eurodiputados. "No hay fecha para la designación de candidatos. Los presentaremos cuando más interese al PP, no conozco otro criterio mejor. Propongo que las cosas que tengáis que decir las habléis con la vicesecretaría de organización, que se ocupa de esto [los candidatos], o con cualquier otro miembro de la dirección o conmigo mismo", sentenció. 
Rajoy dejó en el aire todo, y habló de convocar una convención -una reunión anual de tres días- para presentar un programa marco para las municipales y autonómicas: "No tiene fecha, a lo mejor lo hacemos antes de las proclamaciones, a lo mejor después, está [Baudilio] Tomé con eso, ya veremos, tenemos que hablarlo". 
Todo está pues en el aire por culpa del caso Camps. Es la propia estrategia de defensa de Federico Trillo en este asunto la que está complicando la solución del dilema de Rajoy, según reconocen en la dirección. El estratega de la defensa del caso Gürtel ha recurrido la decisión del juez Antonio Pedreira de enviar parte del caso a Valencia para que se investigue allí la posible implicación de Camps y casi toda la cúpula del Gobierno valenciano en cohechos propios, financiación ilegal y hasta siete graves delitos. 
Y ese recurso puede retrasar la decisión definitiva sobre Camps incluso meses, según los cálculos más pesimistas de algunos dirigentes. Formalmente, la confirmación del valenciano como candidato se podría retrasar hasta marzo de 2011, pero el PP quiere resolverlo mucho antes. 
Otro de los problemas, mucho menor que el del valenciano, que está retrasando la proclamación de candidaturas -no todas, porque Rajoy ya ha empezado a organizar actos de presentación de candidatos locales, especialmente en Andalucía- es el de Asturias. Hasta hace bien poco, todos los dirigentes daban por hecho que Francisco Álvarez-Cascos sería el candidato. A Rajoy, explican en su entorno, no le hace ninguna gracia que un dirigente tan fuerte del que está muy alejado vuelva a la primera línea de la política. Pero no se atreve a decirle que no, por lo que todo el mundo daba por hecho que Cascos, que ha mostrado claramente su voluntad -"hay una marea creciente de personas que consideran oportuno mi regreso", dijo en la Cope- sería el candidato. 
La cosa se complica, porque Cascos parece querer que sea Rajoy quien le pida que vuelva. Y el líder espera que sea el ex vicesecretario general quien reclame un puesto. Este tira y afloja personal -muy parecido al que ya se vivió con la candidatura de Jaime Mayor para las europeas en 2009- y la enemistad de Cascos y Cospedal está complicando las cosas. El PP asturiano está dividido, en Oviedo quieren a Cascos y en Gijón, su tierra, lo rechazan. Pero nadie plantea ninguna alternativa, por lo que la opción más probable -y con más posibilidades de éxito- sigue pasando por su regreso. 
(www.elpais.com, 06/07/10) 
DOS PROCESOS 
- Los trajes. Francisco Camps está imputado por cohecho pasivo impropio. 
El magistrado José Flors ha retomado la causa después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la archivara y el Supremo ordenara reabrirla. 
- Financiación ilegal. El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Madrid, tiene que certificar la firmeza de la sentencia en la que se inhibió al TSJCV para que investigara la supuesta financiación irregular del PP de Camps. 
(www.elpais.com, 06/07/10)
EL BIGOTES ENTREGÓ SOBRES CON DINERO A CARGOS PÚBLICOS DEL PP, SEGÚN EL FISCAL 
El juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, rechazó el pasado 28 de junio la petición de Álvaro Pérez, El Bigotes, para que se le retiraran las medidas cautelares de comparecencia periódica ante las autoridades, por entender que los indicios de delito que existen sobre su actuación así lo recomiendan. 
En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez recoge un durísimo informe de la Fiscalía Anticorrupción que señala que el avance de la investigación ha acreditado delitos incluso más graves de los que se le imputaban a El Bigotes al inicio de la causa. 
Álvaro Pérez fundó en 2004 la empresa Orange Market, una de las que integraban la red corrupta de Francisco Correa, y desde entonces recibió decenas de contratos, la mayoría a dedo, del Gobierno de Francisco Camps, quien consideraba a Pérez un "amiguito del alma", según la conversación entre ambos grabada por orden judicial en las navidades de 2008. 
El Bigotes gastó decenas de miles de euros en decenas de regalos a la cúpula del PP valenciano y a sus familiares en forma de trajes y otras dádivas. 
La Fiscalía Anticorrupción señala en el auto que notificó ayer Pedreira a las partes: "El avance de la instrucción ha corroborado todos los indicios de delitos de blanqueo de capitales, contra la administración y contra la hacienda pública. Además, los indicios se han incrementado con nuevos delitos de falsedad de documento mercantil y delito electoral. Diversos apuntes de archivos informáticos hallados en los registros practicados el 6 de febrero de 2009 [en la sede de Orange Market] han acreditado la entrega de sobres con dinero a cargos públicos en distintos ejercicios". 
Junto a ello, añade el fiscal, "el auto de 25 de mayo de 2010 expone los indicios de la participación del imputado en los delitos electorales referidos a la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 en la Comunidad Valenciana así como delitos contra la hacienda pública relativos a Orange Market, por el concepto de retenciones de trabajo personal de los años 2006 y 2007, cuantificados en 160.275 euros y 170.558 euros respectivamente". 
El fiscal, que propone al juez que mantenga la medida cautelar contra El Bigotes, llega a sugerir la posibilidad de solicitar otras "medidas más gravosas para el imputado". 
El juez Antonio Pedreira, que pretende enviar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia buena parte de la instrucción referida a actuaciones ilegales o delictivas que salpican a cargos del PP en Valencia, rechazó las pretensiones de la defensa de Álvaro Pérez y mantuvo las medidas cautelares. 
El PP, personado en la causa como acusación popular, ha torpedeado la iniciativa de Pedreira para remitir parte del sumario al Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ha impugnado esta decisión. 
(www.elpais.com, 01/07/10)
"EL BIGOTES ENTREGÓ SOBRES O DINERO A CARGOS PÚBLICOS DEL PP" 
El juez Antonio Pedreira, en un auto del pasado 28 de junio, deniega a Álvaro Pérez, El Bigotes, la retirada de las medidas cautelares de comparecencia periódica ante las autoridades, por entender que los indicios de delito que existen sobre su actuación así lo recomienda. 
En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se transcribe un durísimo informe de la Fiscalía donde señala que el avance de la investigación ha acreditado delitos incluso más graves de los que se le imputaban a El Bigotes al inicio de la causa. Álvaro Pérez fundó en 2004 la empresa Orange Market, una de las que integraban la red corrupta de Francisco Correa, y desde entonces recibió decenas de contrato, la mayoría a dedo, del Gobierno de Francisco Camps, al que consideraba "amiguito del alma". El Bigotes llenó de regalos a la cúpula del PP valenciano en forma de trajes y otras dádivas. 
El Fiscal señala en el auto notificado hoy por Pedreira: "El avance de la instrucción ha corroborado todos los delitos de blanqueo, contra la administración y contra la hacienda pública y además los indicios se han incrementado con nuevos delitos de falsedad de documento mercantil y delito electoral. Diversos apuntes de archivos informáticos en los registros practicados el 6 de febrero de 2009 han acreditado la entrega de sobres o dinero a cargos públicos en distintos ejercicios". 
Junto a ello, añade el fiscal, "el auto de 25 de mayo de 2010 expone los indicios de la participación del imputado en los delitos electorales referidos a la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 en la Comunidad Valenciana así como delitos contra la hacienda pública relativos a Orange Market, por el concepto de retenciones de trabajo personal de los años 2006 y 2007, cuantificados en 160.275 euros y 170.558 euros respectivamente". 
El fiscal, que propone al juez que mantenga la medida cautelar contra El Bigotes, llega a sugerir la posibilidad de solicitar otras "medidas más gravosas para el imputado". 
(www.elpais.com, 30/06/10)
LA ADMINISTRADORA QUE DIJO QUE PAGÓ LOS TRAJES DE CAMPS DECLARARÁ DE NUEVO 
El magistrado juez José Flors ha empezado ya a resolver diligencias pendientes de la parte del caso Gürtel que se instruye en Valencia y que se ha reabierto por orden del Tribunal Supremo. Entre esas diligencias del caso de los trajes de Francisco Camps y otros tres altos cargos, el juez Flors ha decidido aceptar la petición de la Fiscalía Anticorrupción y acceder a que declare Isabel Jordán, ex administradora de tres empresas de la trama Gürtel, entre ellas, Easy Concept. Jordán declarará por exhorto en Madrid. En su nueva visita a los juzgados tendrá que dar explicaciones sobre unas declaraciones que figuran en una grabación realizada por la policía, incluida en el sumario, en la que afirmaba: "Incluso he pagado. Una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps. Tengo la factura y la he pagado". 
Jordán reconoció esa grabación como suya ante la policía y también ante el juez Baltasar Garzón, que le recogió testimonio antes de inhibirse en favor de los tribunales superiores. Pero en declaraciones posteriores, Jordán se desdijo. 
La grabación no ha sido, hasta ahora, escuchada en la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Sirvió la transcripción. Tras la decisión de Flors, las partes escucharán esa grabación antes de que Jordán acuda a declarar al tribunal madrileño. 
Esta diligencia fue una petición de la fiscalía previa al archivo que se acordó el pasado 1 de agosto por la sala de Lo Civil y Penal. Quedaba pendiente, como algunas otras cuestiones planteadas por las partes. Y antes de llegar a la vista de concreción de imputación prevista en la Ley del Jurado, el magistrado juez instructor ha empezado a dar respuesta a los recursos pendientes. La declaración de Isabel Jordán se presume como capital. Ella aseguró que pagó los trajes de Camps y tenía las facturas. 
(www.elpais.com, 29/06/10)
FOREVER YOUNG PIDE PERSONARSE COMO ACUSACIÓN CONTRA EL SASTRE JOSÉ TOMÁS DESPUÉS DE REUNIRSE CON TRILLO 
Forever Young, la firma de ropa donde supuestamente Francisco Correa y los suyos compraban trajes para regalárselos a políticos y miembros del PP –entre ellos el propio Francisco Camps- como compensación por los contratos y adjudicaciones que daban a sus empresas, ha solicitado presentarse como acusación particular contra José Tomás (en la foto), el sastre de la cadena que aseguró ante la justicia que el presidente valenciano nunca pagaba sus trajes en la tienda. Según informa la Cadena SER, la empresa matriz de Forever Young habría tomado esta decisión después de mantener dos reuniones con el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo. 
Según recoge una providencia fechada el pasado 25 de junio por Antonio Pedreira, el juez que instruye la trama Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la empresa Castellana Inmuebles y Locales ha pedido personarse como acusación particular contra el sastre José Tomás. Esta compañía es la empresa matriz de Forever Young, la firma donde supuestamente los cabecillas de la trama compraban los trajes con los que agasajaban a políticos del PP. 
Reunión con Trillo 
Según cuenta la SER, la petición llega después de que el administrador único de la compañía, Eduardo Hinojosa, se reuniera con el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo. Al parecer, el ex ministro mantuvo al menos dos encuentros con el propietario de Forever Young. Uno de los testigos declaró ante el juez que se habían producido estas reuniones y que el propio Hinojosa “tras marcharse Trillo” le comentó “que José Tomás se había metido en un buen lío”. 
 Encuentros anteriores 
No es la primera vez que Trillo se reúne con directivos de Forever Young para tratar de salvarle los muebles al PP. Así lo declaró ante el juez el ex director de compras de la firma, Miguel Marqués. Ahora que el Supremo ha decidido reabrir la causa de los trajes contra Camps, parece que las acusaciones contra Tomás vuelven a cobrar importancia. 
Tomás negó el pago de los trajes 
El sastre, que también ha tenido que declarar ante el juez, aseguró en su día que Francisco Camps no pagaba los trajes que encargaba en la tienda, una versión que ha confirmado en reiteradas ocasiones. El president, en cambio, siempre lo ha desmentido, si bien no ha podido entregar ninguna factura que acreditara los pagos de los trajes. 
Pedreira decidirá 
Pedreira ha remitido la providencia que recoge la petición a las partes, y les ha dado un plazo de entre 3 y 5 días para presentar las alegaciones que consideren oportunas. Pasado el plazo, será el propio magistrado quien decida si acepta o rechaza la petición de Forever Young. 
(www.elplural.com, 29/06/10)
LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL SOBRE LA GESTIÓN DE MARTÍNEZ PREOCUPA AL PP 
El PP no oculta, en privado, su preocupación por las pesquisas que la policía está realizando sobre la relación de la cúpula de la Consejería y la Agencia Valenciana de Turismo, en la etapa en la que era consejera Milagrosa Martínez, con las empresas de la trama Gürtel. 
La brigada de Blanqueo de Capitales de la policía, tal y como informó ayer EL PAÍS, propone el interrogatorio de la cúpula de Turismo que adjudicó en 2005 el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur -la feria internacional de turismo- a la franquicia valenciana de la trama corrupta, Orange Market. Entre los cargos que la policía propone interrogar están la ex consejera y actual presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, su ex jefe de gabinete Rafael Betoret -imputado en el caso de los trajes que instruye el TSJ de la Comunidad Valenciana- y la entonces subsecretaria Isabel Villalonga, hoy responsable de la Abogacía de la Generalitat. 
El consejero de Ciudadanía y portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Rafael Blasco, pidió "mucha prudencia y mucha cautela". Blasco insistió en el argumentario oficial de que "ningún responsable político [del PP] ha cometido algo, ni siquiera remotamente, que pudiera ser reprobable". 
La propia presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, optó por no rehuir los micrófonos para transmitir sensación de normalidad. "Todas las actuaciones han estado marcadas por un único marco, que es el de la legalidad", dijo Martínez. La presidenta añadió que, si fuera llamada a prestar declaración, colaboraría con la justicia porque "es un deber y una obligación de cualquier ciudadano". 
El portavoz socialista, Ángel Luna, dijo que la probable declaración de Martínez "era esperable", ya que era ella la consejera cuando Orange Market logró el primer contrato de Fitur. "Es evidente que, si se confirma lo que dice el informe de la oficina de auxilio judicial, ahí ha habido operaciones que rozan la prevaricación. Y la prevaricación tiene diez años de prescripción", dijo Luna. El portavoz socialista añadió: "No se trata de regalos que prescriben a los tres años". Una referencia al regalo de 2.400 euros que, supuestamente, le regaló la trama corrupta a Martínez en la Navidad de 2006. La Fiscalía Anticorrupción observó en este regalo un supuesto delito de cohecho que habría prescrito al cumplirse más de tres años desde que se hizo. 
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario Compromís, Enric Morera, exigió ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a la presidenta del Parlamento que "asuman sus responsabilidades políticas en el caso Gürtel para evitar que se siga dañando el prestigio de las instituciones valencianas". 
"Es evidente que en este asunto no se han dado las oportunas explicaciones y se han negado los hechos", prosiguió Morera, "y los hechos son que la justicia va avanzando", dijo el portavoz de Compromís, que añadió que el nuevo informe policial "no implica únicamente al Gobierno valenciano, que en estos momentos está imputado en delitos gravísimos, sino que ahora es ya la propia presidenta de las Cortes Valencianas". 
La coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, instó a la presidenta de la Cámara a "dar cuenta" de su gestión al frente de la Consejería de Turismo. "La imagen que están dando [los populares] rehuyendo las responsabilidades políticas que les atañen es, simplemente, rechazable", dijo. 
(www.elpais.com, 29/06/10)
LA POLICÍA PIDE QUE TESTIFIQUE POR GÜRTEL LA PRESIDENTA DE LAS CORTES VALENCIANAS 
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía ha reactivado sus pesquisas sobre la trama Gürtel en Valencia y ha propuesto, en un informe que tendrá que analizar la Fiscalía Anticorrupción, el interrogatorio de parte de la cúpula dirigente de la Consejería de Turismo de Valencia en 2005 y de su filial, la Agencia Valenciana de Turismo. Este organismo público adjudicó el montaje del pabellón de Fitur en 2005 a Orange Market, una de las empresas de la red corrupta que dirigía Francisco Correa. 
Entre otros altos cargos, los investigadores demandan que se interrogue, en principio como testigos, a la ex consejera Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes Valencianas; a su ex jefe del gabinete técnico, Rafael Betoret, y a Isabel Villalonga, tercera de a bordo con el rango de subsecretaria en la consejería en la época de Martínez y, en la actualidad, jefa de los servicios jurídicos del Gobierno del presidente Francisco Camps. 
En una reciente conferencia de prensa, Villalonga fue la persona designada por el Gobierno valenciano para tratar de refutar el informe pericial judicial que revela que la Generalitat vulneró la ley al trocear contratos entre 2004 y 2009 por un importe total de 7,2 millones de euros. Además, en decenas de contratos las adjudicaciones se hicieron sin concurso a empresas de la trama corrupta que nunca antes habían trabajado con la Administración valenciana. Para cubrir las apariencias, se invitaba a tres empresas aparentemente distintas pero que en realidad tenían el mismo dueño, Francisco Correa, el jefe de la trama corrupta. 
En estas conductas ilegales incurrieron los departamentos de Presidencia y Vicepresidencia de la Generalitat, siete de sus consejerías y 16 organismos gestores que beneficiaron a nueve empresas de la trama Gürtel en perjuicio de otros empresarios que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de competir para ganar el contrato público. Ese informe, entre otras cosas, detecta indicios de ilegalidad en al menos tres contratas que adjudicó Turismo a Gürtel y que, por su cuantía, más de 12.000 euros, debieron salir a concurso público según establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Se trata de un almuerzo para 1.400 comensales que organizó la Consejería de Turismo en Madrid con motivo de la edición de 2005 de Fitur. La comida, adjudicada a dedo a la firma Orange Market, costó 149.000 euros. 
El pago de esa factura la autorizó Martínez, quien, por otro lado, en la documentación intervenida por la policía en Orange Market figura como receptora del regalo de un reloj valorado en 2.400 euros por parte del gerente de esta firma, Álvaro Pérez, El Bigotes, en la Navidad de 2006.  
En el sumario, Pérez alude a Martínez con el sobrenombre de La Perla. El reloj fue adquirido, según ha constatado la Brigada de Blanqueo de Capitales en la joyería Suárez de Madrid. La red Gürtel logró el contrato para el montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2005 por 1.020.000 euros, merced a un concurso de la Agencia Valenciana de Turismo que entonces presidía Martínez. 
Sobre ese almuerzo, la policía quiere que también sea interrogado el que fuera su mano derecha, Rafael Betoret. Éste se halla imputado en la trama Gürtel, junto al presidente valenciano Francisco Camps, por haber recibido trajes en las tiendas de Milano en Madrid pagados por la red empresarial de Correa.  
Betoret fue quien organizó aquel multitudinario almuerzo. Y ha justificado que ese encuentro se hubiese adjudicado directamente a Orange Market en que acudieron más personas de las previstas y que hubo que improvisar una carpa más grande con carácter de urgencia y fuera del recinto ferial de Fitur. 
Betoret argumentó ante el juez que, realmente, él utilizaba a Álvaro Pérez, El Bigotes, como prestamista de dinero. Compraba trajes en Madrid que pagaba El Bigotes, y Betoret, según su testimonio, se lo devolvía a razón de 500 euros cada varios meses. El juez no creyó este argumento y le imputó por cohecho impropio. 
El informe pericial sobre el costoso almuerzo no ve, en cambio, tales razones de urgencia toda vez que el citado acto de confraternización entre Camps y agentes turísticos de su comunidad se repetía todos los años y, por tanto, era previsible. El sumario de Gürtel eleva a cerca de 180.000 euros el importe de las contratas supuestamente anómalas que recibieron las empresas de Correa de la Consejería de Turismo valenciana.  
La investigación no se limita a Martínez o Betoret. Anticorrupción quiere saber también el grado de responsabilidad que tuvieron, tanto en esa comida como en la adjudicación del stand de Fitur 2005, los altos funcionarios de la Agencia de Turismo de Valencia que intervinieron en la fraudulenta adjudicación y la validaron. 
La actual jefa de los servicios jurídicos de la Generalitat, Isabel Villalonga, puso reparos en su día a esta adjudicación, que debió salir a concurso, y pidió que se abriese una investigación interna para conocer lo ocurrido con esas contratas a dedo, que excedían ampliamente de los 12.000 euros que establece la ley. Entonces era subsecretaria de Turismo, es decir, número tres de la consejería. Pero todo quedó ahí. 
La policía, en sus registros a las empresas de Correa, ha hallado borradores de pliegos de condiciones para organizar los stand de Fitur casi calcados de los requisitos que más tarde impuso la Generalitat para adjudicar el stand. Aunque resultó adjudicataria en todas las ediciones de Fitur desde que se instaló en Valencia, Orange Market, la empresa de El Bigotes no reunía todos los requisitos porque no acreditó su solvencia técnico-profesional. 
Por eso, la policía quiere que, además, se interrogue a los altos funcionarios de la Agencia de Turismo que elaboraron las bases de esa adjudicación para ver si pudo filtrarse información previa a la trama Gürtel y si tales bases estaban amañadas. 
Son una quincena los miembros de la Consejería de Turismo de Valencia que la policía sostiene que deben ser interrogados, incluida la entonces máxima responsable. También Joaquín Valera, responsable financiero de la Agencia Valenciana de Turismo y miembro de la mesa que adjudicó Fitur 2005, y Jorge Monllor, responsable de promocionar el turismo valenciano a instancias de la Generalitat y la persona, según fuentes de la investigación, que redactó las bases para la adjudicación del stand de Fitur 2005. 
(www.publico.es, 28/06/10)
SOSPECHAS EN TORNO A PATERNA 
La Brigada de Blanqueo de Capitales, en sus pesquisas sobre el impacto de la trama Gürtel en Valencia, investiga también los contactos que ha mantenido el actual alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí Pons, presidente del PP de este municipio, con la red que dirigía Francisco Correa. 
Los agentes han pedido que Lorenzo Agustí también sea interrogado para que explique los frecuentes contactos que mantuvo con directivos de las empresas de Correa, en los que, según la investigación, se habló de cómo debían ser los pliegos de adjudicación para que la trama obtuviese el concurso de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de esta localidad valenciana de 63.000 habitantes. 
Este proyecto fue abanderado ante Paterna por la red Gürtel, aunque finalmente quedó desterrado. En esas reuniones se diseñó qué características debía tener la empresa adjudicataria y se acordó adaptar algunas empresas de Correa a esos requisitos para lograr el concurso, según fuentes de la investigación y tal como consta en la documentación intervenida por la policía. 
Aunque el proyecto de oficina de atención al ciudadano para Paterna de Gürtel no cristalizó, la policía tiene fuertes sospechas de que la red mafiosa de Correa pudo sacar tajada en Paterna, y por eso ha pedido que el alcalde sea interrogado sobre ésta y otras contratas de este Ayuntamiento que sí pudieron recaer en la red.  
El alcalde de Paterna ha negado reiteradas veces haber mantenido relación alguna con el caso Gürtel, a pesar de que figura en la lista de beneficiarios de regalos de navidad de Orange Market, la empresa de Correa que en Valencia dirigía El Bigotes. 
(www.elpais.com, 28/06/10)
LOS SOCIALISTAS PIDEN EXPULSAR AL PP DEL 'CASO GÜRTEL' Y PERSEGUIR SUS ATAQUES A LA FISCALÍA
"La actitud del Partido Popular no es solo dilatoria de la investigación, sino obstaculizadora, impropia de una acusación que debe perseguir la obtención de la verdad en el proceso", aseguran los socialistas valencianos en sus alegaciones al juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el caso Gürtel.
El PP, que en teoría ejerce como acusación popular, ha presentado un recurso contra el auto por el que Pedreira se inhibe a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que se investiguen hasta siete delitos por las relaciones de la trama de corrupción con el presidente valenciano, Francisco Camps, su Gobierno y su partido. Los socialistas entienden que no solo debe desestimarse el recurso, sino que el PP debe ser expulsado del procedimiento "por fraude de ley", y debe deducirse testimonio por las imputaciones vertidas contra las fiscales del caso, a quienes atribuye "conductas delictivas que exceden el derecho de defensa".
En opinión del portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, y otros tres diputados personados como acusación popular, se da un claro conflicto de intereses que hace que la estrategia del PP sea "la defensa a ultranza de determinados imputados miembros de su partido". Una estrategia que se extiende a "una defensa general de todos los imputados", con un cuestionamiento de la causa que se basa en la descalificación de la Fiscalía y del proceso. "Una acusación ha pasado de ser acusadora a acusada, y este tormentoso y esquizofrénico estado merece una respuesta procesal, modificando su estatus", alegan los socialistas. También consideran "chocante" que se cuestionen el informe policial de la UDEF, el de la unidad de auxilio judicial y el de la Agencia Tributaria "a través de un informe espúreo de la Abogacía de la Generalitat Valenciana introducido subrepticiamente", ya que no es parte en el caso "y nadie la llamó al procedimiento".
www.elpais.es 26.06.10
EL TSJCV ADMITE QUE SÓLO INCLUYÓ EN LA CAUSA CONTRA CAMPS LAS GRABACIONES A LOS AFORADOS
El tribunal justifica que el resto de las conversaciones no se trasladaron a las partes porque las actuaciones eran secretas Avanza que el juez instructor José Flors comunicará ahora todas diligencias del sumario
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) admitió ayer en un comunicado de prensa que el magistrado instructor del proceso contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres imputados por un presunto delito de cohecho impropio sólo incorporó a la causa "aquellas grabaciones que contenían las conversaciones en que habían intervenido personalmente los imputados, y que pudieran guardar relación directa con el objeto del procedimiento".

Y lo hizo -matiza- "a los efectos de poder recibir declaración a las personas imputadas, aforadas ante el TSJCV". El alto tribunal se pronunció en estos términos después de que Levante-EMV revelara ayer un escrito del teniente fiscal del Tribunal Supremo en el que atribuye al TSJ valenciano la decisión de excluir de la causa las escuchas en la cárcel a los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, que recogieron conversaciones que avalan la versión del presidente de la Generalitat de que se pagó los trajes. En una respuesta al abogado que interpuso una querella contra el juez Baltasar Garzón por el asunto de las escuchas en la prisión -finalmente declaradas ilegales- el fiscal del Supremo afirma que "es obvio" que toda las diligencias prácticas por el juez de la Audiencia Nacional -incluido el tomo con las conversaciones favorables a Camps- fueron remitidas al TSJ valenciano, que optó por no incorporarlas a la causa. "Fue, por tanto, decisión del TSJ de Valencia no incorporar las referidas transcripciones -los supuestos elementos exculpatorios- a las que posteriormente serían sus Diligencias Previas", dice el fiscal en un escrito el pasado 1 de marzo.

De hecho, la defensa de jefe del Consell no tuvo conocimiento de estas grabaciones hasta el pasado mes de octubre cuando el juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, levantó el secreto del sumario. Entonces, la causa por cohecho impropio llevaba dos meses archivada después de que en agosto la sala de lo civil y penal del TSJCV que preside por José Luis de la Rúa tumbara el auto del juez Flors que puso a Camps a las puertas de ser juzgado.

Cuando las conversaciones de Crespo y Correa se hicieron públicas, el Consell se quejó formalmente ante el Consejo General del Poder Judicial al entender que Garzón había ocultado pruebas consideras claramente exculpatorias. Sin embargo, el escrito del teniente fiscal del Supremo atribuye al instructor de Valencia la decisión de no incorporar en la pieza separada de los trajes la documentación relativa a la escuchas en la cárcel. Camps, que vuelve a estar imputado, insiste en que las conversaciones son exculpatorias y quiere usarlas como prueba de su inocencia cuando Flors retome el procedimiento. En el comunicado se afirma que el alto tribunal "no ha excluido absolutamente nada de la causa", aunque acto seguido intenta argumentar porqué se dio cuenta a las partes de una parte de las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía y no de otras. "El magistrado instructor acordó, a efectos de poder recibir declaración a las personas imputadas, aforadas ante el TSJCV, la incorporación a la causa de aquellas grabaciones que contenían conversaciones en que habían intervenido personalmente los imputados, y que pudieran guardar relación directa con el objeto del procedimiento", dice el comunicado. Es decir, tuvo en cuenta aquellas grabaciones en las que participaban "personalmente" los imputados en la causa valenciana (Camps, el ex número dos del PP, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Victor Camps y el ex jefe de gabinete de la conselleria de Turismo, Rafael Betoret). De hecho, al presidente se le mostraron algunas de ellas el día en que declaró como imputado.El TSJCV añade que "todas las actuaciones remitidas, procedentes del juzgado central de instrucción número 5 de Madrid, estaban declaradas secretas para las partes, y se remitieron con la expresa prevención de que se mantuviera el secreto que les afectaba". Con esta reflexión, el alto tribunal parece querer justificar el por qué otro tipo de transcripciones, como las de las conversaciones de Crespo y Correa sobre el asunto de los trajes, no fue trasladada a las partes.

Velar para evitar la indefensión
El TSJCV asegura que "una vez levantado el secreto de las actuaciones, acordado en las diligencias que se siguen en Madrid, el magistrado instructor del caso Gürtel en Valencia dará traslado a las partes, para que éstas aleguen lo que consideren oportuno en defensa de sus intereses". El comunicado finaliza defendiendo la misión del instructor que "es velar por que el procedimiento se sigue con todas las garantías para la totalidad de las partes personadas en el mismo, sin que pueda producirse indefensión".
www.levante-emv.com 25.06.10
LA FISCALÍA REVELA QUE EL TSJCV DECIDIÓ EXCLUIR LAS ESCUCHAS FAVORABLES A CAMPS  
Un escrito de la Fiscalía revela que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana tuvo en su poder las grabaciones que favorecen al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pero decidió no incorporarlas a la causa de los trajes. El documento, que forma parte del sumario del caso Gürtel, lleva la firma del teniente fiscal del Tribunal Supremo y constata que las pruebas que el Consell considera exculpatorias para el jefe del Consell en la causa que se sigue contra él por un presunto delito de cohecho impropio formaban parte de la abultada documentación que el juez Garzón envió a Valencia en marzo de 2009.  
Las escuchas, que el pasado mes de marzo fueron declaradas ilegales por el Supremo, fueron realizadas por orden de Garzón a los cabecillas de la trama y a sus abogados en la prisión de Soto del Real. Entre las conversaciones intervenidas por la policía, figuran varias en las que tanto el líder de la trama, Francisco Correa, como su segundo de a bordo, Pablo Crespo, se refieren a los presuntos regalos en forma de trajes al jefe del Consell. Ambos, en conversaciones con los abogados, rechazan la hipótesis de que la empresa Orange Market, con la que la trama operaba en la Comunitat Valenciana, hubiera pagado las prendas que al jefe del Consell encargó a las tiendas de Milano y Forever Young.  
Estas grabaciones, sin embargo, no fueron incorporadas a la causa que instruyó el magistrado José Flors, por lo que ninguna de las partes personadas en el proceso -incluida la defensa del presidente- tuvo conocimiento de las mismas hasta que el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ordenó el primer levantamiento del sumario en octubre de 2009.  
En ese momento, la sala del TSJ de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, ya había archivado el auto de Flors en el que se abría el procedimiento del jurado al considerar que Camps no había demostrado que se pagó los trajes. Sin embargo, la causa fue reabierta por el Tribunal Supremo el pasado día 12 de mayo al aceptar el recurso presentado por el PSPV y la Fiscalía General del Estado.

El Consell y el propio Camps se han quejado en numerosas ocasiones de la indefensión que, en su opinión, supuso para el presidente no contar en su momento con estas grabaciones que consideran claves para su exculpación. Su propósito es incorporarlas en la causa como elementos probatorios cuando Flors reanude la instrucción.  
El escrito del fiscal del Tribunal Supremo al que ha tenido acceso Levante-EMV da una nueva dimensión a la polémicas grabaciones en la cárcel, ya que revelan que fue decisión del TSJ de Valencia excluirlas de la causa. Así lo dejó dicho el fiscal del Supremo el pasado mes de marzo en su contestación a un recurso presentado por Ignacio Peláez Marqués, abogado del empresario José Luis Ulibarri (también imputado en el caso Gürtel), a cuenta de la querella contra Garzón por las escuchas ilegales.  
Peláez denunció irregularidades en la tramitación de la pieza de intervención de comunicaciones en la cárcel y acusó al juez de no haber enviado las escucha al TSJCV, un extremo que el fiscal estima "manifiestamente inveraz". Y da datos. Se remonta al auto del 5 de marzo del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional de inhibición a favor de los altos tribunales de Madrid y Valencia a los que se remitió "copia íntegra" de las diligencias previas "a fin de que pudieran seleccionar aquellas actuaciones que consideraran relevantes para la asunción de la competencia y la investigación de los hechos".  
La remisión de la documentación se hizo en dos fases; el 13 y el 20 de marzo. Con la segunda entrega llegó, según el fiscal, la copia de la pieza de la intervención de las comunicaciones, así como otros tomos. La documentación fue recibida por los dos tribunales el 20 de marzo, según consta en los oficios remisorios. El fiscal niega que el tomo de las escuchas se retuviera interesadamente, como afirmaba Peláez en su querella. "Fue, por tanto, -afirma el fiscal- decisión del TSJ de Valencia no incorporar las referidas transcripciones -los supuestos elementos exculpatorios-a las que posteriormente serían sus diligencias previas, igual que hizo con otras numerosas actuaciones". 
(www.levante-emv.com, 24/06/10)
PONS CITA AHORA A CAMPS COMO "EJEMPLO DE LAS POLÍTICAS DEL PP" 
Primero fueron Esperanza Aguirre y Alberto Núñez Feijóo y ahora le toca el turno a Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, no tiene ninguna duda: Camps es "un ejemplo de políticas del PP", después de que el lunes dijera lo mismo de Alberto Núñez Feijóo y de Esperanza Aguirre, a los que citó como "ejemplo de austeridad para otras comunidades autónomas". 
En declaraciones a Telecinco, Pons fue preguntado si la defensa que hizo sobre las políticas de austeridad aplicadas en Galicia y Madrid, la extiende también a otros barones como Francisco Camps. Argumentó que puso de ejemplo al presidente de la Xunta y la jefa de la Comunidad de Madrid porque fue por los que se le preguntó en rueda de prensa pero aseguró que Camps es "un ejemplo de políticas del PP exactamente igual que lo son Feijóo y Esperanza Aguirre". 
"Los diputados tenemos que tener recursos para poder trabajar, no tenemos que tener lujos superfluos"
Además, el portavoz del Partido Popular tildó de "impensable" presentarse como candidato a las elecciones autonómicas de la Comunitat Valenciana y aseguró que cuando cogió "el billete de ida hacia la política nacional" no llevó "billete de vuelta". 
Pons enfatizó que su partido esperará a la conclusión final del Tribunal de Cuentas antes de denunciar por qué los bancos han perdonado la deuda al PSOE. "Lo gordo del asunto es que se lo han perdonado cuando han llegado al Gobierno. A ningún español le han perdonado jamás una deuda los bancos", remarcó. 
Por último, al ser preguntado sobre la posibilidad de que los diputados reciban el nuevo iPhone 4, respondió no haber recibido noticias sobre este asunto aunque destacó que el material de trabajo no se debe "despreciar nunca". "Nosotros tenemos que tener recursos para poder trabajar, no tenemos que tener lujos superfluos y menos en ésta época", concluyó. 
(www.publico.es, 22/06/10)
JUAN COSTA: "SI RICARDO TIENE RESPONSABILIDAD EN EL CASO GÜRTEL, MÁS LA TIENEN CAMPS Y OTROS" 
 “Si Ricardo Costa tiene alguna responsabilidad en el caso Gürtel, más la tiene Camps o muchas otras personas”. Son palabras del ex ministro de Ciencia y Tecnología y hermano de Ricardo, Juan Costa, quien ayer volvió a ejercer de azote del PP valenciano en una entrevista en la revista Vogue. En la edición de julio de esa publicación, el todavía diputado ha enfatizado en que no tiene “ninguna duda” de la “honradez” de su hermano, hasta octubre pasado portavoz y secretario general de los populares del Levante. El ex ministro ha dejado claro, en cualquier caso, que si hubo irregularidades en la región tendrán que asumirse responsabilidades. “Desde luego, sea quien sea, empezando por mi hermano, hubiera actuado de manera incorrecta o hubiera ayudado, contribuido o hecho que el PP se financie irregularmente, tendrá que asumir las responsabilidades. Y yo sería el primero en exigírselo”, ha sentenciado, en declaraciones recogidas por Expansión. 
En la misma línea que ha venido defendiendo en los últimos meses, Juan Costa ha criticado la expulsión de su hermano de la portavocía y secretaría general del PPV, cargos que ostentaba hasta octubre del año pasado.

“Mi partido no ha sido ecuánime”
“A mí me preocupa que un partido, en un caso concreto, pueda actuar de manera arbitraria. Y creo que mi partido, a nivel nacional, no ha actuado de una manera ecuánime”, ha indicado, en referencia a la sonada destitución. Según la normativa popular, para purgar al ex portavoz, hacía falta o bien una resolución del Comité Ejecutivo de Valencia o bien un expediente disciplinario de Génova. En el momento de la destitución, no se produjo ninguno de estos extremos.

La autoafirmación
En cuanto a la polémica de la auto-afirmación de Ricardo Costa como secretario general a pesar de las órdenes de Génova, el ex ministro se ha posicionado del lado de su hermano. Tal y como ha dicho, al término del Comité Ejecutivo Regional de Valencia del 13 de octubre de 2009 “él salió como Secretario Regional del partido”. “Alguien mintió en ese Comité. Y no fue él porque yo estaba allí”, ha precisado. “Si hubo una distorsión entre lo que se aprobó en el Comité Ejecutivo y lo que la dirección nacional del partido pensó que se había aprobado, pues es porque alguien no trasladó la realidad”, ha puntualizado.

Costa paga sus trajes
El ex ministro de José María Aznar ha querido, asimismo, defender a su hermano de las acusaciones que se han vertido en su contra, por ejemplo, la de aceptar los famosos trajes de la trama Gürtel. “Yo a Ricardo no le he visto nunca con unos trajes regalados. En mi vida. Él se compra la ropa desde hace muchos años en el mismo sitio y tiene las facturas que acreditan el pago de esa ropa”, ha asegurado.  
www.elplural.com 18.06.10
CAMPS SE ATRINCHERA TRAS LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN Y LAS ENCUESTAS 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, regresó ayer de su viaje oficial a Moscú y se encontró, de nuevo, con las preguntas sobre el caso Gürtel en las Cortes Valencianas. Una situación sobre la que ya no oculta su incomodidad. "Es una persecución histérica de los socialistas contra la Comunidad Valenciana", aseguró Camps, que tachó al portavoz socialista Ángel Luna de ejercer de "fiscal de pacotilla". 
Ayer, en la última sesión de control de este periodo de sesiones del Parlamento valenciano, Camps se atrincheró tras la teoría de la conspiración y las encuestas electorales. Y, además, insistió en inquirir a Luna sobre su pasado como alcalde de Alicante -aunque de ello hace ya casi 20 años- y criticó la labor de oposición que realizan los socialistas. "Vienen, preguntan y luego no trabajan", insistió el jefe del Consell, que dijo: "De cada cuatro expedientes de la Generalitat, que es el Gobierno que más expedientes ha puesto a disposición de la oposición, solo un expediente ha venido a ser estudiado por los diputados socialistas". 
El portavoz socialista, Ángel Luna, sin perder la flema, replicó: "Usted no contesta, pregunta". Y luego volvió a centrar su objetivo. Luna preguntó si Camps conoce a un señor que se llama Álvaro Pérez, El Bigotes, si se hicieron regalos, si conoce una empresa llamada Orange Market, si el PP contrató con esta empresa, si lo hizo la Generalitat, si existen cuatro órganos judiciales que han hallado indicios de delito y si el Consell facilita lo contratos. "¿Es real la realidad?", preguntó.El portavoz socialista argumentó que Camps se empeña en construir una teoría con el abogado de uno de los imputados sobre el tema de los trajes, "pero todo el mundo tiene claro que no da explicaciones sobre cómo utilizó el dinero público". 
"Sólo le queda el recurso de confesar en el juzgado", prosiguió el portavoz socialista, "y si llega a septiembre estaremos aquí defendiendo la democracia y el dinero de los valencianos". 
Camps eludió las preguntas del socialista y le acusó de llevar año y medio "intentando desviar la atención de la realidad". "Le pido que en la noche electoral dé explicaciones a los socialistas por la tremenda derrota que tendrán", prosiguió Camps, "y espero que no se ponga detrás del señor Alarte [secretario general del PSPV] para explicar el fracaso electoral". "Ustedes han montado una de las artimañas más horrorosas de la historia", acusó el jefe del Consell. 
El discurso del presidente de la Generalitat fue respondido con idéntica contundencia por Luna, que le acusó de mentir, de ocultar los contratos relacionados con Gürtel, con los sobrecostes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y con las empresas de la familia del vicepresidente Juan Cotino. 
Tras el turno de Luna llegó el del portavoz de Compromís, Enric Morera, que acusó al presidente de la Generalitat de "traidor" al pueblo valenciano por vender el control de Bancaja y la CAM a entidades foráneas a cambio del apoyo de la dirección nacional del PP en el caso Gürtel. 
"Ha entregado el control de las cajas, pero usted es un traidor a los intereses del pueblo valenciano y ha venido a justificar un desastre que pagaremos todos los valencianos", señaló Morera, que recalcó que Camps "no está capacitado para gobernar". 
El presidente de la Generalitat acusó al portavoz de Compromís de "insolvencia total". "No conoce ni la geografía y si no se sabe de geografía es muy difícil saber de finanzas", prosiguió Camps, que insistió en que tanto Bancaja como al CAM "siguen con sus órganos de dirección y tienen capacidad para decidir a quién le dan los créditos". 
Camps manifestó que si se hubiesen fusionado Bancaja y la CAM -como él mismo llegó a proponer- se hubiese echado "a la calle a 1.500 trabajadores y el 35% de los créditos compartidos se habrían visto menoscabados". Para el jefe del Consell, dentro de unos años se verá que se han fortalecido estas instituciones. 
(www.elpais.com, 18/06/10)
CAMPS: "ESTO ES UNA PERSECUCIÓN HISTÉRICA DE LOS SOCIALISTAS CONTRA LA COMUNIDAD VALENCIANA" 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se ha mantenido hoy a la defensiva en la última sesión de control de este periodo parlamentario. Camps sigue sin contestar a las preguntas de la oposición sobre la relación de su Gobierno con la trama corrupta del caso Gürtel ni explicar otras supuestas irregularidades en la gestión del Consell, como los sobrecostes millonarios sin justificar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias o los contratos de la Administración valenciana con las empresas de la familia del vicepresidente Juan Cotino. 
Camps ha vuelto a atrincherarse tras los sondeos electorales y la teoría de que su imputación por supuesto cohecho pasivo por aceptar regalos de la red Gürtel es un montaje para desalojarle del Gobierno valenciano. El presidente del Consell ha acusado al portavoz socialista de estar obsesionado con la trama corrupta y de hacer de fiscal "de pacotilla". "Esto es una persecución histérica de los socialistas contra la Comunidad Valenciana", ha proclamado Camps en las Cortes valencianas. 
El portavoz socialista, Ángel Luna, ha exigido de nuevo el acceso de la oposición a los contratos de la Generalitat y ha destacado el "desliz" de la consejera portavoz, Paula Sánchez de León, en el pleno de ayer, en el que admitió que "no se dan los papeles" a la oposición. Luna ha encadenado luego una larga serie de preguntasa Campssobre la investigación judicial del caso Gürtel y su relación con la Generalitat y el propio presidente valenciano: "¿Conoce a Álvaro Pérez? ¿Le ha hecho regalos? ¿Existe Orange Market? ¿Existe Francisco Correa y tiene una trama de empresas que ha contratado con la Generalitat? ¿Es posible que haya cuatro órganos judiciales que hayan encontrado indicios de delito en toda esa actividad?...". El portavoz socialista ha concluido que Camps "ha perdido la oportunidad de dar explicaciones" y que ahora sólo le queda "el recurso de confesar en el juzgado". 
El presidente valenciano ha asegurado que "defender la verdad vale la pena" y ha acusado de nuevo a los socialistas de "montar" e insistir en el caso Gürtel para intentar llegar al gobierno de la Generalitat por un "atajo". 
Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, ha reprochado a Camps que su "incapacidad política" haya dejado a los valencianos sin un instrumento financiero propio, en referencia a las fusiones de Bancaja y CAM con otras cajas de ahorros. El presidente valenciano ha replicado que en el futuro se demostrará que las cajas valencianas serán "más fuertes y más solventes". 
(www.elpais.com, 17/06/10)
RAJOY LLEVA TRES MESES HUYENDO DE UNA FOTO CON CAMPS 
14 de marzo de 2010. El líder del PP, Mariano Rajoy, asiste al balcón del Ayuntamiento de Valencia a presenciar la mascletà de las Fallas. Horas antes ha clausurado junto a Francisco Camps la convención del PP de la Comunitat Valenciana Ahora Empleo. Hasta la fecha, esta ha sido la última vez que el presidente de los conservadores ha pisado la Comunitat.  
Hoy se cumplen tres meses desde la última visita de Rajoy al feudo de Camps, imputado por cohecho impropio por haber recibido presuntamente regalos de los cabecillas de la trama Gürtel. La última y la única aparición del líder de los conservadores en el País Valenciano en 2010. 
Atrás queda un 2009 en el que Rajoy se volcó en la región que un año antes había escogido como marco para su proclamación como presidente del PP. Una cita en la que el apoyo de Camps fue fundamental. No en vano, fue uno de los pilares a los que Rajoy se asió en sus horas más bajas de liderazgo.  
Contando el acto del pasado marzo, desde el estallido de la Gürtel en febrero de 2009, Rajoy se ha trasladado a la Comunitat en siete ocasiones. Y siempre que lo hacía, aprovechaba para jactarse de una vinculación especial a esta tierra. Como cuando aseguraba, hace hoy tres meses, que lleva a Valencia "en el corazón".  
También aprovechaba para ensalzar a su barón regional. "Siempre estaré detrás de ti. O delante o al lado. Da igual", llegó a decirle a Camps el 2 de junio de 2009, dos meses antes de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) cerrara en falso la causa de los trajes. Hoy, el apoyo ya no es tan cerrado. 
La muestra más reciente de que no quiere ahora verse en las portadas de los periódicos ni abriendo telediarios de la mano del líder de los conservadores de la Comunitat se produjo el pasado 22 de mayo. Este día, ni Rajoy, ni ningún otro miembro de la dirección nacional del partido acudió a Valencia a arropar a Camps después de que el Supremo ordenara al TSJCV la reapertura de la causa de los trajes. Optaron por otro plan: arropar a Alicia Sánchez Camacho, candidata del PP a las catalanas, en una caracolada en Lleida. 
El argumento de defensa de la dirección nacional del PP es que el acto celebrado en Catalunya tenía perfil "nacional" y el resto de citas que los conservadores había convocado para ese día eran regionales. Pero pocos dirigentes compartían esta tesis. "Rajoy no ha retirado su apoyo a Camps porque le mantiene en el cargo. Pero prefiere mantenerse distante, enfriar la relación", explica un diputado.  
"No hace falta que sigamos volcándonos con Camps. En Valencia ganamos con o sin él", añade un miembro del comité ejecutivo nacional del partido. 
En este contexto, Rajoy ha compensado sus ausencias en la Comunitat multiplicando sus apariciones en actos de partido en Andalucía, Castilla-La Mancha o Aragón. Precisamente, hace un par de semanas el líder del PP acudía a Zaragoza para arropar a Luisa Fernanda Rudi al acto de proclamación de su candidatura para las autonómicas de 2011. Se trata de un momento para el que Camps tendrá que esperar.  
El PP, que agotará todas las vías legales posibles para evitar que Camps se siente en el banquillo, prefiere no precipitarse antes de nombrar a su candidato a la Comunitat. Y es que, además de por cohecho impropio, Camps puede ser encausado por prevaricación, fraude fiscal, falsedad documental o financiación ilegal. 
Por ello, la proclamación del candidato a la Generalitat puede ir para largo. La semana pasada, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del partido, María Dolores de Cospedal aseguró que "de momento", el partido no tiene "ningún acto" próximo en la agenda que vaya a tener a la Comunitat como escenario. "Se irá planteando en cada comunidad", dijo la número dos del PP preguntada sobre la proclamación de candidaturas para las autonómicas.  
Está por ver si Rajoy decide volver a Valencia en las próximas semanas para celebrar el segundo aniversario del XVI congreso nacional de Valencia.  
(www.publico.es, 14/06/10) 
LAS PALABRAS DE LÍDER DEL PP EN LA COMUNITAT DESDE EL ESTALLIDO DE LA ‘GÜRTEL' 
"Me siento muy bien rodeado. Es un honor estar en la ciudad [Valencia] y deseo volver muchas veces"
18 de marzo de 2009. Valencia. Declaraciones de Mariano Rajoy en el balcón del Ayuntamientode Valencia, donde acudió a presenciar la mascletà de las Fallas.  
"Paco [Camps], estamos contigo, como siempre, y la historia será feliz [...] para disgusto de los inquisidores del siglo XXI" 
24 de mayo de 2009. Alicante. El líder del PP acudió a Alicante en la recta final de las elecciones europeas del 7 de junio.  
"Esta autonomíaha sido perjudicada en Europa porla demagogia de los socialistas" 29 de mayo de 2009. Castellón. Escoltado por Camps y Fabra, dirigentes con causas abiertas en los tribunales, Rajoy volvió a acudir a la Comunitat a hacer campaña para el 7-J.  
"[A Camps] Te he visto actuar muchas veces y creo en ti [...] Yo siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado. Da igual" 
2 de junio de 2009. Valencia. El PPCV llenó la plaza de toros de Valencia. Este acto de campaña se transformó realmente en un acto de respaldo al president.  
"Por más que algunos se empeñen no podrán doblegar la voluntad y espíritu del Partido Popular" 
27 de junio de 2009. Valencia. El PP celebraba el primer aniversario de su XVI congreso nacional. El líder del PP evitó cualquier tipo de alusión directa al ‘caso Gürtel'.  
"[Los socialistas] quisieron con sus acusaciones en los juzgados lograr lo que no consiguieron en las urnas" 
4 de septiembre de 2009. Valencia. En esta ocasión, Rajoy volvió a evitar alusiones directas a Camps. Pero habló de la ‘Gürtel' como un invento del PSOE.  
(www.publico.es, 14/06/10)
LA FIRMA QUE MONTÓ UN ACTO DE BARBERÁ CON GÜRTEL COBRÓ 700.000 EUROS DE FUNDACIONES
La actual secretaria ejecutiva del PP local trabajó en la firma hasta que cerró
El grupo empresarial Laterne, al que el PP de Valencia encargó la organización de un gran evento en la precampaña electoral de 2007, acabó recurriendo al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, para intentar salvar un mitin en el polideportivo de El Cabanyal con presencia de Rita Barberá, Mariano Rajoy, Francisco Camps, Alberto Fabra y Luis Díaz Alperi.
Un portavoz oficial asegura que CeyD tiene sus cuentas auditadas

La firma se llevó 500.000 euros por un trabajo de campo de turismo

Laterne, que contrató a la empresa de la trama Gürtel la realización y emisión satélite del acto de presentación de los candidatos del PP a los ayuntamientos de las tres capitales, pinchó en la organización de un acto montado habitualmente por Orange Market por encargo de la dirección regional del PP.
Sin embargo, pese las críticas a la mala organización del mitin, Laterne mantuvo relación ya sea con el Ayuntamiento de Valencia que dirige Rita Barberá o con sus fundaciones o asociaciones municipales hasta que cerró en 2008.
Dos empresas del Grupo Laterne, fallido patrocinador del Valencia C. F., cobraron en cuestión de seis meses algo más de 700.000 euros -de noviembre de 2007 a mayo de 2008- de dos entidades municipales de Valencia: la fundación Valencia Turismo Convention Bureau y la asociación local Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia, CEyD. La fundación pagó a Laterne 500.000 euros fraccionados en cuatro facturas, la mayor de 200.000 euros, según documentación a la que ha accedido este diario, por trabajos relacionados con el turismo. La celeridad con que se libraron estas facturas contrasta con el retraso con que el consistorio paga a alguno de sus proveedores.
El PSPV ha pedido al Ayuntamiento, que financia en más del 90% estas dos entidades, explicaciones de la relación con Laterne, que ha sido denunciada por el Valencia CF por incumplir el contrato de patrocinio de la marca Valencia Experience.Laterne, consultora dirigida por Vicente Sáez Tormo, suspendió pagos en el verano de 2008. La consultora fue denunciada por los trabajadores por impago de salarios. En julio de dos años atrás, los despachos de la sede quedaron vacíos y los empleados en la calle. Según ha rastreado la oposición -que no ha logrado que el Ayuntamiento le informe de su relación con la consultora-, el consistorio o las entidades municipales han abonado 1,2 millones de euros al grupo Laterne desde 2001 por diferentes trabajos.
La Fundación Valencia Convention Bureau pagó a Laterne Product Council 500.000 euros de noviembre de 2007 a enero de 2008. Si el periodo es desde 2001, la facturación asciende a más de 700.000 euros. "Hay un paraíso para los proveedores privilegiados que son las fundaciones y entidades municipales", denunció hace unos meses la edil socialista Ana Botella en el pleno del Ayuntamiento. No es la única entidad que ha pagado religiosamente a las empresas del grupo Laterne. La asociación CeyD abonó a la empresa del grupo Laterne City Marketing Council otros 400.000 euros de 2007 a 2008 por su trabajo en el Observatorio de Políticas Urbanas de Valencia, principalmente. El Observatorio no se presentó hasta 2009, un año después de que Laterne se fuera a pique, y se encargaron de presentarlo otras empresas.
La relación del Grupo Laterne con el Ayuntamiento o sus entidades sin ánimo de lucro arranca al menos de 2001. Pero la etapa más intensa se produjo entre 2006 y 2008. Uno de los últimos actos en los que Laterne tuvo relación con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fue el 16 de febrero, durante la campaña electoral de las municipales de 2007.
Laterne Producciones Council subcontrató a Orange Market, implicada en la trama Gürtel, los servicios audiovisuales para la presentación de la candidatura de Barberá y de los candidatos por Castellón y Alicante. El acto se celebró en el polideportivo de El Cabanyal y costó 22.900 euros. La mayoría de las pantallas, instaladas en la calle para seguir el mitin, fueron innecesarias al incumplirse la previsión de asistentes al mitin, que cerró una jornada de actos de Camps y Barberá con Mariano Rajoy en Valencia.
La nómina de empleados de Laterne incluye nombres y apellidos curiosos. Allí trabajaron un primo del ex concejal de Innovación del Ayuntamiento de Valencia Eduardo Santón Moreno y Patricia Iserte que, tras la caída del grupo, fue fichada como asesora en el Ayuntamiento de Valencia y más tarde se convirtió en secretaria ejecutiva del PP en la ciudad de Valencia.
La relación entre el primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, y Vicente Sáez Tormo no es nueva. Como dijo Grau en el pleno, en respuesta a preguntas de la oposición, Sáez Tormo hizo la residencia de cirugía en su departamento cuando el primer teniente de alcalde ejercía de médico.
En conversación con un portavoz de la fundación Valencia Convention Bureau, los 500.000 euros se pagaron por un trabajo de campo que Laterne hizo de cara a la revisión del plan estratégico de este departamento turístico. La relación duró desde 2006 hasta finales de 2007 "Y no se pagó con celeridad, se pagó al final de los trabajos, por eso fueron tan seguidos", comentó el citado portavoz. Nadie dio ninguna instrucción a la fundación para contratar a Laterne "se buscaron varias propuestas y la que más gustó fue la de Laterne", precisó.
Por lo que respecta a CeyD, la concejalía de Grandes Proyectos, que dirige Alfonso Grau, reconoce que sí hubo relación. Se rescindió la relación con Laterne y se dirigieron a otra empresa. Esta portavoz añadió que la asociación municipal se somete cada año a una auditoría.
www.elpais.es 13.06.10
EL PP VALENCIANO ACUSA AHORA A LA POLICÍA NACIONAL DE ESPIARLE
El Partido Popular valenciano ha presentado una denuncia contra la Policía Nacional ante el juzgado de guardia para que se investiguen supuestas grabaciones y escuchas ilegales junto a la sede del partido en la capital de esa Comunidad.
Los abogados de Madrid renuncian a la cruzada de las escuchas contra Garzón
Cospedal sigue alimentando la conspiración de las escuchas: no se siente “segura” hablando...
De acuerdo con la denuncia, el pasado jueves por la tarde la Policía Local detectó un "vehículo sospechoso" de estar haciendo actuaciones de seguimiento y grabación junto a la sede de los populares valencianos mientras Rita Barberá presentaba su nueva página web. El conductor de la furgoneta camuflada se identificó, según la misma versión, ante los escoltas de la alcaldesa como Policía Nacional y argumentó que estaban realizando tareas de vigilancia del Jardín Botánico, próximo a la sede del PP.

Las escuchas del caso Gürtel
El secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, en rueda de prensa, este viernes, anunció la denuncia contra la Policía Nacional, y recordó las grabaciones realizadas en la cárcel a los abogados de los imputados en el caso Gürtel , que "exculpaban" al president de la Generalitat, Francisco Camps, y que "han sido separadas de la causa", sin que se sepa por parte de quién, según ha afirmado el dirigente popular. ¿Se trata del contraataque de Camps por su implicación en este proceso judicial? 

"Hechos de este estilo"
Clemente destacó que el PP confía en instituciones, como pueden ser la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Policía Local, pero para que esa confianza "siga siempre así es importantísimo que hechos de este estilo se aclaren cuanto antes", dijo.  El secretario general del PP valenciano recordó que en los últimos meses se han conocido noticias "preocupantes en un Estado de Derecho", como escuchas telefónicas "con métodos altamente sofisticados, como Sitel", o la exhibición de informes policiales bajo secreto de sumario exhibidos en la tribuna Les Corts.

"Persecusiones", "vigilancia"
Para Clemente, "son hechos altamente preocupantes, con cierto olor a podrido", y aseguró que desde el PP no se van a "tolerar las persecuciones", porque están "hartos de esta vigilancia" y de que "se vulnere el Estado de Derecho". Según el dirigente popular, "lo que le pasa al PP le puede pasar mañana o estar pasando hoy mismo a cualquier ciudadanos de la Comunitat Valenciana", por eso indicó que el único objetivo de la denuncia es "saber la verdad", ya que han pasado 48 horas desde los hechos y no se ha dado "ninguna explicación".
www.elplural.com 13.06.10
 
CAMPS QUIERE ACALLAR A LA OPOSICIÓN 
"Yo sí que voy a pedir a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen hasta dónde ha vuelto a llegar usted", le respondió ayer Francisco Camps al portavoz socialista, Ángel Luna, en medio del duro intercambio dialéctico de la sesión de control en las Cortes Valencianas. El portavoz de la oposición le había preguntado cuántos casos Gürtel caben en los 600 millones de euros de sobrecoste irregular de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y el presidente de la Generalitat, que ha decidido contraatacar desde su acorralamiento judicial por los escándalos de corrupción política que le afectan, añadió que espera que "alguna vez, algún fiscal" actúe contra el diputado socialista. "Detrás de sus palabras y de cada una de sus insidias, estoy completamente convencido de que hay algún tipo de irregularidad", le espetó. 
Luna respondió en los pasillos con sorna y recitó unos versos del Tenorio -"No me causan pavor vuestros semblantes esquivos..."-, para señalar que, aunque entendió la frase del jefe del Consell como "una amenaza", ha decidido enmarcarse en su despacho las dos reprobaciones que el PP ya ha aprobado contra él en la Cámara autonómica para que le den coraje todos los días. El diputado socialista no olvidó recordar que también la parlamentaria de Compromís Mònica Oltra sufre presiones similares. Una parlamentaria que en el hemiciclo le había lanzado a su vez un cable al acusar a Camps de creerse el "rey Sol" y estar obsesionado "por acallar a la oposición, con reprobaciones al señor Luna y con querellas a diestro y siniestro". 
El caso de Oltra centró una buena parte del debate en las Cortes porque el portavoz de Compromís, Enric Morera, arremetió contra Camps por la querella presentada por cuatro diputados (Rafael Blasco, César Augusto Asencio, Vicente Betoret y Marisol Linares) y tres concejales del PP (Alfonso Grau, Miquel Domínguez y Alfonso Novo), encabezados por Blasco, en su condición de portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, contra la diputada el pasado viernes. Una acción, de la que se tuvo conocimiento el miércoles, que ha sido rechazada por el juez y cuya pretensión era obtener una condena de cárcel y una inhabilitación de Oltra "por tiempo de 10 a 15 años". El caso se instruye en el Tribunal Superior de Justicia por una supuesta "falta leve" de Oltra al oponerse el pasado abril a los derribos exprés que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ordenó en el barrio de El Cabanyal. 
"¿Ha dado usted la orden de presentar esa querella? ¿Es usted el que ha decidido presentar la querella contra Mònica Oltra", le retó Morera desde la tribuna. "Sabemos que desde altas instancias del Ayuntamiento se insistió a la policía para que hiciera un atestado que diera paso a esta querella, y ahora sabemos que al presidente de la Generalitat le molesta la oposición firme de Compromís", dijo Morera, que acusó a Camps de perseguir a la oposición y a "miles de valencianos demócratas" porque "no aguanta la crítica". 
El presidente del Consell, embarcado en una cruzada para intentar que las elecciones de la próxima primavera le absuelvan de las graves imputaciones de corrupción que investigan los tribunales, consideró "paradójico" en la réplica al portavoz de Compromís que la oposición se queje de persecución. "No han dejado de perseguir a los que legítimamente hemos sido elegidos por el pueblo", alegó en referencia a la querella de los socialistas que les ha permitido personarse en la investigación del caso Gürtel, para añadir: "Es antidemócrata intentar llegar a los bancos azules, no a través de las urnas, sino a través de los tribunales". 
Lo cierto es que, al margen del mayor caso de corrupción política registrado hasta ahora en España, el recurso a los tribunales contra políticos de la oposición parecía hasta hace unos meses patrimonio de Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, que cada vez se ve más cerca del banquillo. Denunció, por ejemplo, a la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol por unas pegatinas repartidas durante unas fiestas con el lema "Fabra a la presó!", pero el caso lo acabó archivando el TSJ. 
Sin embargo, ahora, además de la querella contra Mònica Oltra en el caso abierto por la Policía Local de Valencia, y en el que también intentó personarse sin éxito el propio Ayuntamiento; el PP tiene presentada una denuncia contra Ángel Luna por esgrimir en un pleno un informe del caso Gürtel que estaba en ese momento bajo secreto de sumario, mientras el vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino, ha presentado una demanda de conciliación previa a una denuncia contra el propio Luna y el diputado socialista Francesc Signes, que han insistido en acceder a las adjudicaciones de las empresas de su familia, también vinculadas a la supuesta financiación ilegal del PP en el contexto del caso Gürtel. 
Los populares renunciaron a presentar -así lo dejó ver Rafael Blasco- otra querella anunciada contra el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, por asegurar que Camps no se vendió por cuatro trajes sino "por más de 30 millones en contratos con la trama Gürtel", ya que era difícil de argumentar una vez que el juez Antonio Pedreira avaló esa tesis al trasladar al TSJ valenciano la mayor parte del caso. Pero Camps no se da por satisfecho. 
(www.pais.com, 11/06/10) 
CAMPS NO ACLARA EL SOBRECOSTE DE LA CIUDAD DE LAS ARTES 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, evitó ayer explicar el sobrecoste de cerca de 600 millones de euros en las obras de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, cuyo presupuesto inicial, de 311 millones, casi se ha triplicado. 
El portavoz de los socialistas valencianos, Ángel Luna, que interpeló ayer a Camps en las Cortes Valencianas, expresó su preocupación por el descontrol en la gestión de la Generalitat y exigió a Camps que muestre la documentación que justifica el sobrecoste, que fue de 100.000 millones de pesetas, en el complejo urbanístico diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava. 
"Los sobrecostes del Palma Arena han puesto en la picota a un amigo suyo, [el ex presidente balear] Jaume Matas, que ostenta todavía el título de embajador de la Comunidad Valenciana, por 50 millones de euros, y aquí había 600 millones de desfase a finales de 2008", argumentó Luna. "Gürtel [la trama de corrupción] es un problema de dos docenas de millones de euros, y aquí hablamos de 600 sin control de ninguna clase. ¿Cuántos Gürtel caben en ese gasto sin control?", preguntó el socialista. 
Luna señaló que la Sindicatura de Comptes (el órgano que audita las cuentas de la Generalitat valenciana) destaca desde 2004 en sus informes que las modificaciones presupuestarias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias no quedan justificadas. 
"Las cuentas están perfectamente fiscalizadas", se limitó a señalar Camps, que acusó al portavoz socialista de intentar destruir la imagen de la Comunidad Valenciana por pedir explicaciones de un sobrecoste que ha crecido exponencialmente. 
El presidente de la Generalitat no sólo acusó de antivalencianismo a Luna, sino que le advirtió: "Pediré a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen hasta dónde ha llegado usted [con sus declaraciones]". Y sentenció: "Tras sus insidias estoy convencido de que hay algún tipo de delito".
El caso Gürtel volvió a condicionar ayer la sesión de control en las Cortes Valencianas. Luna criticó la relación de Camps con los otros miembros de la trama corrupta. El socialista lamentó que Canal 9, que apenas ha informado del caso Gürtel, emitiese el miércoles una entrevista de 18 minutos de duración con el abogado defensor de los imputados Pablo Crespo y José Luis Ulibarri para defender a Camps y atacar a las instituciones del Estado. "Usted tiene un grado de intimidad procesal [con miembros de la trama] que resulta obsceno, políticamente hablando", señaló Luna. Y Camps replicó: "No es el abogado del señor Crespo, es el abogado que fue grabado ilegalmente en la cárcel y alguien tendrá que dar cuenta de por qué ocultó las conversaciones [en las que se dice que el presidente de la Generalitat pagó los trajes] para iniciar el montaje". 
(www.pais.com, 11/06/10) 
CAMPS USARÁ A LOS ABOGADOS DE LA GENERALITAT PARA DENUNCIAR A LUNA  
El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, amenazó ayer al síndic socialista Ángel Luna con llevarle a los tribunales si continúa acusándole de irregularidades en las sesiones de control de las Corts. Para parar los pies a quien se ha convertido en su azote político -jueves a jueves Luna pone al jefe del Consell frente al espejo del caso Gürtel- el presidente no dudó en afirmar desde su escaño que solicitará a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen la intervención del socialista por si pudieran ser constitutivas de delito. 
Ayer, una vez más el escándalo de la trama de Correa se coló en el hemiciclo, aunque Luna puso el acentó en otro tipo de contratación: la realizada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias que se ha saldado con un sobrecoste de 587 millones de euros, según la Sindicatura de Comptes.  
El portavoz socialista comparó el gasto "sin control" en el complejo de ocio c0n el caso del velódromo Palma Arena, el escándalo de corrupción que afecta al ex presidente de Baleares y embajador de la Comunitat Valenciana, Jaume Matas. Y se preguntó "cuántos gürtels caben en 600 millones de euros". Luna retó al presidente a ensañar a la oposición los expedientes de gestión de las obras dirigidas por el arquitecto Santiago Calatrava y recalcó que la diferencia de este asunto con Gürtel es que los expedientes de la trama "los hemos visto gracias a la intervención de los jueces". Ante el silencio del presidente y ya en los pasillos de las Corts, Luna insinuó que si la vía política falla el PSPV podría llegar a los tribunales para tener acceso a la documentación. 
En su intervención, Camps defendió la fiscalización de las cuentas de la Generalitat y acusó a Luna de tratar de "ensombrecer" a la Comunitat Valencana con sus manifestaciones. "Yo sí que voy a pedir a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen hasta dónde ha vuelto a llegar usted y espero que, alguna vez, algún fiscal, sus palabras o sus hechos, intenten dictaminarlo, porque detrás de cada una de sus palabras y cada una de sus insidias, estoy completamente convencido de que hay algún tipo de irregularidad", declaró Camps. 
(www.levante-emv.com, 11/06/10) 
EL PSPV ACUSA AL GOBIERNO DE CAMPS DE GASTAR 600 MILLONES SIN JUSTIFICACIÓN 
"100.000 millones de pesetas, 600 millones de euros, se ha gastado su Gobierno sin que quede justificado el por qué se realiza el gasto y sin que el organo competente haya aprobado nada". Son las acusaciones que el síndic del PSPV en las Cortes, Angel Luna, lanzó hoy a Francisco Camps.  
Luna recordó que en el caso Palma Arena "se ha puesto en la picota" al ex presidente balear Jaume Matas "por 50 millones de sobrecostes" y subrayó que CACSA en 2008 tenía 600 millones de sobrecoste "sin control sin aprobación, sin justificación de nadie, como dice la Sindicatura de Cuentas". 
De esta manera, le preguntó a Camps "si está dispuesto a enseñar" los expedientes de gestión de las obras y recalcó que la diferencia de este asunto con Gürtel es que los expedientes de la trama "los hemos visto gracias a la intervención de los jueces". 
Francisco Camps respondió asegurando que va a pedir a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen "hasta dónde ha vuelto a llegar" el portavoz del PSPV con sus declaraciones . Camps consideró que, con esta manifestación, se había cometido "algún tipo de irregularidad".  
El síndic socialista explicó que "más allá de Gürtel", les preocupa la gestión económica del Gobierno del PP y del "contexto que ha hecho posible el 'caso Gürtel' y puso como ejemplo la construcción de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC), un proyecto que calificó de "megalómano", y cuyo presupuesto inicial era de 311 millones de euros y en 2008 el sobrecoste era del 188%. "100.000 millones de las antiguas pesetas", recalcó. 
Al respecto, señaló que la Sindicatura de Cuentas ha venido repitiendo desde 2004 que el sobrecoste ha tenido lugar "sin que se haya modificado contractualmente la modificación ejecutada". 
Las modificaciones de la obra, además, "no quedan justificadas" por el director de obra "junto con el proyecto modificado" y su "aprobación por el órgano competente". Luna anunció que pedirán de nuevo los expedientes de obras y en caso de que no se los dejen ver, no descartó llegar a los tribunales, dijo luego en los pasillos. 
Durante la discusión de la cuestión de CAC, el portavoz del PSPV acusó a Camps de "satisfacer los caprichos" del arquitecto Santiago Calatrava, "que llevan a los sobrecostes". Frente a esto, el presidente de la Generalitat quiso hacer saber "a todo el mundo" que Luna había llamado "caprichoso" a uno de los arquitectos que "más esplendor" ha dado a la Comunidad y "más reconocimiento" tiene en España. 
Camps, además, le respondió que "capricho" es lo que hizo Luna como alcalde de Alicante de poner "granito escandinavo" en los bordillos de las aceras de la ciudad, para, a continuación, decir: "por cierto, me enteré que se fue además de crucero por los Fiordos, para ver seguramente dónde estaban los minerales", añadió irónicamente. 
Luna en el pleno negó haber ido y en los pasillos explicó que no fue de crucero, sino en coche desde Alicante para ver a su hijo que estaba con una beca. 
(www.publico.es, 11/06/10)
EL PP ORDENA VER UNA ENTREVISTA POR TV A UN ABOGADO DE GÜRTEL  
Los diputados del PP recibieron el martes mensajes SMS y llamadas telefónicas desde la dirección del grupo de las Corts y, en concreto, del portavoz, Rafael Blasco, para que siguieran la entrevista en una televisión de Ignacio Peláez, letrado de los imputados del caso Gürtel, Pablo Crespo -mano derecha de Francisco Correa- y el constructor José Luis Ulibarri. El seguimiento de la entrevista era obligatorio, según las instrucciones, con el fin de comentarla en la reunión del grupo de ayer a primera hora, antes del pleno. 
En este encuentro, Blasco se aferró a Peláez para proclamar que, con la intervención del letrado, que ha acusado a las fiscales de eliminar una prueba exculpatoria de Camps -la conversación en la que Crespo decía que el jefe del Consell se pagó sus trajes- "por primera vez se va a comenzar a desmontar la trama", según pusieron en su boca fuentes de la reunión. El portavoz consideró que los populares ya pueden "sacar pecho" porque, dijo, se demuestra "que todo era una trama" y una "persecución al presidente". Blasco elogió a Peláez, una tercera persona, "con mejor criterio", y que, probablemente por la distancia, está "viendo cómo se desmonta todo".  
El portavoz del PSPV, Ángel Luna, vio "grotescos" los esfuerzos de Camps y del PP para tratar de "exculparse" de la trama Gürtel. En concreto, aludió al "bochorno" que sufrieron ayer al ver cómo Peláez, en una entrevista por la mañana de 18 minutos en Canal "trataba de defender la posición procesal de Camps". "Es evidente que hay una identidad de intereses en todo este asunto entre los más graves imputados dirigentes de la trama y el señor Camps". 
(www.levante-emv.com, 10/06/10)
LUNA DENUNCIA UN SOBRECOSTE DE 600 MILLONES SIN JUSTIFICAR EN LA CIUDAD DE LAS ARTES 
El portavoz socialista, Ángel Luna, ha exigido hoy sin éxito al presidente valenciano, Francisco Camps, explicaciones sobre el sobrecoste de 600 millones de euros, cerca de 100.000 millones de pesetas, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Luna ha explicado que la Sindicatura de Comptes (el órgano encargado de auditar las cuentas de la Generalitat) registró en su último informe correspondiente a 2008 un sobre coste de 587 millones de euros sin justificar en el complejo urbanístico diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, lo que supone un incremento superior al 188% sobre el presupuesto inicial, cifrado en 311 millones de euros. 
"Los sobrecostes del Palma Arena han puesto en la picota a un amigo suyo, Jaume Matas, que por cierto ostenta todavía el título de Embajador de la Comunidad Valenciana, por 50 millones de euros y aquí había 600 millones de desfase a finales de 2008", ha argumentado Luna. Y ha añadido: "Gürtel es un problema de dos docenas de millones de euros, y aquí hablamos de 600. ¿Cuántos Gürtel caben en ese gasto sin control?". 
El presidente de la Generalitat, lejos de contestar, ha amenazado al portavoz socialista con denunciarle por sus manifestaciones. "Pediré a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen hasta dónde ha llegado usted", ha proseguido Camps, "porque tras sus insidias estoy convencido de que hay algún tipo de delito". "Las cuentas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias están perfectamente fiscalizadas", ha insistido Camps, que ha acusado al socialista de querer destruir la imagen de la Comunidad Valenciana. 
Una advertencia que no ha arredrado a Luna, que ha preguntado a Camps si está dispuesto a poner encima de las mesa los papeles de la Ciudad de las Artes y las Ciencias que justifiquen el sobrecoste de 100.000 millones de las antiguas pesetas. 
Camps ha esquivado todas preguntas y ha vuelto a insistir en que el portavoz socialista desvele quién le facilitó un informe bajo secreto de sumario de la trama corrupta que exhibió en otra sesión de control de las Cortes. Le ha exigido a Luna que diga si los datos del sumario se los facilitó la policía, la fiscalía o un juez, y ha retomado la teoría de que su imputación por cohecho pasivo por aceptar regalos de la trama es un "montaje" de instituciones controladas por el gobierno. 
Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, ha solicitado sin éxito a Camps que respondiera con claridad si dio orden a uno de sus consejeros y varios diputados de que intentaran personarse en la denuncia contra la diputada de su grupo Mònica Oltra por desobediencia a la Policía Local de Valencia en las protestas del pasado abril contra el derribo de varias casas en el barrio de El Cabanyal. 
(www.elpais.com, 10/06/10)
EL JUEZ QUE ARCHIVÓ EL 'CASO CAMPS' CRITICA A LOS MEDIOS 
Juan Luis de la Rúa, presidente en situación de prórroga del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y del que Francisco Camps, presidente valenciano, dice que la palabra amistad no es suficiente para definir la relación que mantiene con él, reprochó ayer a los medios de comunicación la imagen que ofrecen de la Justicia. Lo hizo en el acto de jura de la 60ª promoción de jueces, en la sede del TSJCV. 
De la Rúa, que archivó junto a otro magistrado la causa por cohecho impropio contra Camps y ahora ha visto cómo su criterio ha sido rectificado y vapuleado por el Tribunal Supremo, que ha ordenado reabrir el caso, afirmó ayer que los medios proyectan a la sociedad una imagen de la Justicia que no se corresponde con la realidad porque convierten en noticia los errores. 
De la Rúa no hizo referencia al caso Gürtel en su intervención, en la que definió los tiempos que corren como convulsos. Pero él, desde su presidencia, se enfrenta desde que estalló el caso Gürtel a la constante observación y crítica de los medios de comunicación por el papel que desempeña. El presidente Camps hizo una declaración pública donde le consideraba mucho más que un amigo poco antes de que fuera imputado por un delito de cohecho pasivo impropio. 
De la Rúa no solo no se inhibió por iniciativa propia de cualquier participación en el procedimiento sino que defendió en público y en privado la legitimidad de su participación. Él firmó el auto de archivo que luego ha revocado el Tribunal Supremo, echando por tierra su insólita interpretación, apoyada por el magistrado José Francisco Ceres, del cohecho pasivo impropio. En ella consideraba necesaria la relación directa entre el regalo y la posibilidad de articular una contrapartida, aunque el Código Penal no establece esa relación. 
De la Rúa, que acudió en calidad de presidente del TSJCV a un acto electoral del PP en las últimas elecciones autonómicas, ha querido controlar la evolución del proceso judicial que afecta al presidente Camps y a otros tres altos cargos del PP valenciano. La información ofrecida de su gestión por los medios de comunicación, como dijo ayer en forma de reflexión general, le parece que no refleja la realidad de la Justicia valenciana. 
(www.elpais.com, 10/06/10)
EL TSJ CONGELA LA INVESTIGACIÓN DE LAS FINANZAS DEL PP HASTA QUE PEDREIRA CONTESTE AL PP  
La conocida como causa de los trajes -la rama valenciana del caso Gürtel- ya está otra vez en marcha, según informó ayer la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV). Los magistrados valencianos, tras recibir la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 17 de mayo, trasladaron ayer al juez instructor, José Flors, la documentación sobre la causa, junto con sus anexos y soportes informáticos para que continúe la tramitación del procedimiento tal como establece el fallo. Cuestión aparte es la inhibición del magistrado del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, sobre los posibles delitos de cohecho propio, castigado con pena de prisión; contra la administración pública; de falsedad en documento mercantil; prevaricación; asociación ilícita y delito electoral cometidos por varios altos cargos del Partido Popular de la Comunitat Valenciana y del Consell, así como por varios empresarios valencianos.
Sobre esta cuestión, la Sala afirmó que, "en cuanto al auto de inhibición parcial del magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Sala de lo Civil y Penal acordó solicitar informe sobre la firmeza del mismo". En este sentido hay que tener en cuenta que la Sala sólo podrá valorarlo jurídicamente y adoptar un pronunciamiento en el momento en que esta resolución sea firme, según el comunicado remitido por el TSJ valenciano
Los magistrados han pedido a Pedreira que aclare si el auto de inhibición es firme porque está recurrida por el Partido Popular, un recurso sobre el que el magistrado del TSJ de Madrid todavía no se ha pronunciado.
Mientras la investigación sobre la financiación irregular del PP queda congelada, la sala ha cumplido con el trámite de remitir la sentencia del Supremo al instructor de la causa de los trajes. Sin embargo, es poco probable que Flors tome ninguna decisión de calado sobre esta causa que él mismo ya dejó a las puertas de la celebración de juicio oral. Dada la posible conexidad de delitos que podría darse entre la instrucción de Madrid y el proceso contra Camps por un presunto delito de cohecho impropio, todo apunta a que Flors esperará también a la contestación de Pedreira.
Cabe apuntar que uno de los escenarios posibles es que Flors decida abrir el abanico de supuestos delitos, con lo cual la instrucción empezará prácticamente de nuevo. Se abriría un plazo para tomar nuevas declaraciones y practicar otras diligencias. Algunas fuentes jurídicas apuntan que en este caso el proceso judicial podría demorarse meses incluso hasta después de las elecciones de 2011. 
(www.levante-emv.com, 09/06/10)
EL JUEZ FLORS RETOMA EL SUMARIO DE LOS TRAJES REGALADOS A CAMPS 
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors ya puede concluir la investigación que dirigió contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres altos cargos de su Gobierno por supuesto delito de cohecho pasivo impropio. Tras la sentencia del Tribunal Supremo que estimó por unanimidad de la Sala Segunda que debía continuar la investigación, frente al archivo dictado por el Tribunal Superior valenciano, con su presidente, Juan Luis de la Rúa, al frente, Flors ha recuperado el sumario. 
Queda poco de esa instrucción, salvo sorpresas. De entrada, nada más reabrirla, debe responder a dos recursos. Después de eso, y salvo que el juez considere que deben practicarse nuevas pruebas, Flors convocará la vista de concreción de imputación. En ese trámite, las partes -es decir, la Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular ejercida por los socialistas valencianos y las defensas- concretarán de qué se acusa a Camps; a Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; a Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano y diputado autonómico; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia. 
Las acusaciones solicitarán el procesamiento. Las defensas, el archivo. El juez Flors ya valoró como indicios suficientes para investigar los hechos la información incluida en el sumario y derivada de las testificales, de la documentación de los registros, de Hacienda y de la policía. Por tanto, es previsible que concluya la instrucción con la apertura de juicio oral para jurado, decisión que no admite recurso. Si archiva, sí. Hasta ese momento, Flors se prepara para un alud de recursos de las defensas. 
El TSJCV, además, ha solicitado al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Madrid, que informe sobre la firmeza de su inhibición al tribunal valenciano. Hasta que esa decisión no sea firme, la Sala no podrá decidir sobre su competencia en el asunto. 
(www.elpais.com, 09/06/10) 
LA FISCALÍA ACUSA A EL BIGOTES DE "ENTREGAR SOBRES O DINERO A CARGOS PÚBLICOS" 
Por primera vez en la investigación del caso Gürtel, la Fiscalía Anticorrupción se ha referido sin matices a los sobornos en metálico que habría pagado el supuesto cabecilla valenciano de la red, Álvaro Pérez El Bigotes, a altos cargos del sector público. Así consta en un informe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción fechado el pasado 1 de junio en el que se acusa al gerente de Orange Market de “entregar sobres o dinero a cargos públicos en distintos ejercicios”. El Ministerio Público, en cualquier caso, no cita a responsables de la Generalitat, aunque sí deja claro que se opone de manera tajante a la petición de la defensa de El Bigotes de convertir en mensuales sus comparecencias, que ahora son semanales, informa el diario regional Las Provincias.  
Además de ser contraria a suavizar las medidas cautelares contra Pérez, el fiscal ha advertido de que en cualquier momento se pueden pedir “medidas más gravosas para la libertad del imputado” como por ejemplo su encarcelamiento, dada la “gravedad de los delitos” que siguen apareciendo.

Los “sobres” 
Anticorrupción ha relatado que las investigaciones están adquiriendo nuevos matices y que las pesquisas relacionan a El Bigotes con otros supuestos delitos más graves como el delito electoral, contra la Administración Pública, o falsedad en documento mercantil. Además, ha destapado la existencia de “sobres o dinero” destinado a “cargos públicos” que estarían conectados con los supuestos ilícitos contra la Administración. El fiscal, eso sí, no precisa quiénes serían los supuestos receptores de esos sobornos, ni su cuantía u objeto. Tampoco aclara a qué “ejercicios” alude: Anticorrupción no querría descubrir sus cartas ya que la investigación de esos supuestos cohechos sigue su curso.
Pruebas en los archivos informáticos 
Lo que sí se precisa es que los “indicios” sobre los supuestos sobornos han aparecido en “diversos apuntes de archivos informáticos en los registros practicados el 6 de febrero de 2009”. Es la fecha en la que el juez Baltasar Garzón ordenó las detenciones de los cabecillas de la red y el allanamiento de las sedes de las empresas Gürtel en Madrid y Valencia. Anticorrupción insiste en que los indicios contra El Bigotes se han “visto corroborados con el avance de la instrucción”. En concreto, los que más se habrían clarificado serían los de delito electoral.  
Aforados
En este sentido, los fiscales han precisado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya se inhibió a favor del de Valencia cuando aparecieron nombres de los aforados involucrados en la red. Han insistido, además, en que hay “indicios de la participación de imputados en los delitos electorales referidos a la campaña de las elecciones municipales y autonómicas celebradas en 2007 en la Comunidad Valenciana”, en relación al supuesto pago de deudas del PP por parte de empresarios afines. Recuerdan, asimismo, que El Bigotes estaría involucrado en un delito de falsedad documental y varios fiscales –ocultación de más de 300.000 euros al fisco entre 2006 y 2007-.  
RTVV 
Finalmente, Anticorrupción involucra directamente a Álvaro Pérez en sobornos al ex director de RTVV, la televisión pública valenciana. En su opinión, El Bigotes pudo cometer otro “delito de cohecho que podría constituir la eventual entrega de regalos en forma de prendas de vestir al que fuera director de la Radiotelevisión Valenciana, Pedro García”. Estos últimos datos del informe del fiscal se conocen poco después de que el Supremo requiriese al juez Antonio Pedreira, instructor del caso en Madrid, toda las resoluciones que firmó Garzón antes de inhibirse para ahondar en el caso de las escuchas en prisión a miembros de la Gürtel. Aunque esos pinchazos fueron invalidados, las pruebas de los sobornos en metálico que se hallaron fueron avaladas por el propio TSJM.  
(www.elplural.com,  09/06/10)
FLORS RETOMA LA VERTIENTE VALENCIANA DE LA GÜRTEL
La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ha reactivado el caso Camps después de la sentencia del Tribunal Supremo obligándole a investigar al presidente regional, Francisco Camps, y a varios de sus altos cargos por aceptar regalos del entramado Gürtel. Este martes, la Sala ha "trasladado" al juez José Flors, instructor de la vertiente valenciana de la Gürtel, "los autos, sus anexos y soportes informáticos para que continué la tramitación del procedimiento", según señala una nota del TSJV recogida por El País.
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El tribunal valenciano también ha acordado solicitar al juez Antonio Pedreira, instructor del caso en Madrid, un informe “sobre la firmeza” de su decisión de inhibirse.
Informe sobre el auto
Según ha informado el TSJCV en un comunicado, la Sala "sólo podrá valorarlo jurídicamente y adoptar un pronunciamiento en el momento en que esta resolución sea firme". El pasado 26 de mayo, en su auto de inhibición Pedreira acordó remitir al tribunal valenciano parte de la investigación sobre supuestos delitos electorales y cohecho, entre otros, que afectaría a altos cargos del Gobierno y del PP valenciano, incluido el presidente del Ejecutivo autonómico, Francisco Camps.

Recurso del PP
El magistrado, asumiendo la petición y el informe de la Fiscalía, apreció en la actuación de algunos miembros de la Generalitat y del PP de Valencia indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil durante los ejercicios de 2007 -fecha en que se celebraron las últimas elecciones locales y municipales- y 2008, además de cohecho y prevaricación. El pasado viernes, el PP presentó un recurso contra este auto argumentando que el juez se ha equivocado al guiarse por la "visión parcial" de la Fiscalía.
www.elplural.com 08.06.10
PONS HABLA DE DOCUMENTOS QUE EXCULPAN A CAMPS SIN DAR PRUEBAS 
Sin ningún tipo de dudas, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha afirmado que existen documentos que prueban la inocencia de Francisco Camps, imputado por su relación con el caso Gürtel.   
Aunque no ha aclarado qué documentos son los que supuestamente exculpan a Camps, el conservador sí ha aprovechado su intervención en Los Desayunos de TVE para cargar contra "las fiscalas", acusándolas de ocultar dichas pruebas.  
"Yo sé, porque las he leído, que hay unas conversaciones grabadas en prisión que favorecen a la defensa de Camps, que eran conocidas por las fiscalas cuando el caso se instruyó en Valencia y que las fiscalas no las aportaron al sumario", ha aseverado.  
Pons se ha pronunciado en estos términos después de que este lunes la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, asegurara que su partido respeta la investigación del caso Gürtel.  
"Sabemos que hay documentos, que hay esas conversaciones a las que he hecho referencia anteriormente y conocemos a Camps lo suficiente como para confiar en él", ha continuado el conservador en su defensa a ultranza del imputado president de la Generalitat. Un Camps que seguirá de candidato a renovar su mandato porque el PP no tiene "ninguna razón" para no mantenerle como tal.   
(www.publico.es, 08/06/10)
ÁNGEL LUNA : "HAY UN 'GÜRTEL', PERO TAMBIÉN UN MONTÓN DE 'GÜRTELITOS'"
Ángel Luna. Portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts. Afirma que la política de adjudicaciones de Francisco Camps está "trufada de irregularidades" y resalta que "la opacidad facilita la trampa"
Cuando Ángel Luna (Madrid, 1952) se encarama sobre la tribuna, la bancada del PP contiene la respiración. Sucede en Les Corts cada jueves, único día que Francisco Camps (y no siempre) acude para dar cuentas de su actuación. Luna lleva meses preguntándole sobre la Gürtel, revelando datos y mostrando informes sobre las irregularidades. Algo que no le perdona el PP, que le ha reprobado en dos ocasiones durante esta legislatura. "Algunos diputados populares ni me saludan", asegura este abogado de oratoria afilada y largo recorrido político: senador, diputado en el Congreso, conseller de Sanitat y alcalde de Alicante. En la última sesión, mostró a Camps un ejemplar del Código Penal tras conocerse que el juez ha encontrado indicios de hasta siete delitos graves, entre ellos soborno y financiación ilegal.
El futuro de Francisco Camps, ¿está escrito en el Código Penal?
Está escrito en relación con el Código Penal. Hace un año le dije que tenía la convicción de que era penalmente responsable de una serie de actuaciones. Se montó un gran revuelo y me dijo que le insultaba. Conforme avanza el tiempo cada vez está más claro que su futuro tiene que ver con el Código Penal. Con problemas de inhabilitación e incluso de prisión.
¿Será el primer presidente de la Generalitat en ir a la cárcel?
No sé si llegará a pisar la cárcel, pero de momento será el primero que se siente en el banquillo. Si no en prisión, con condena, aunque no la cumpla por aquello de la libertad condicional y que no tenga antecedentes. Su futuro judicial es complejo.
¿Cómo ha quedado la senyera [la bandera valenciana] después que Camps se envolviera en ella para defenderse de la Gürtel'?
El valor simbólico de la senyera no se ve afectado por Camps.
El tono que emplea, entre grandilocuente y mesiánico, ¿es estrategia o debilidad?
Es la estrategia común de los populistas: vaciar el lenguaje político de contenido para ocultar la realidad. Apelar al vacío como expresión.
¿Alguna aportación de Camps a la historia del populismo?
Sus aportaciones a la dialéctica parlamentaria son exageradamente cutres. Un día trató de sorprendernos con un poema y resultó ser un fragmento de un manual de autoayuda.
¿Pueden las urnas enjugar la mancha de siete delitos graves?
Nunca. Es el recurso de los que no entienden qué es vivir en un Estado de derecho. Ganar las elecciones te da legitimidad para gobernar, pero respetando las leyes. De eso no le van a absolver las elecciones.
¿Por qué, pese a la Gürtel', da la sensación que el PP es imbatible?
Da la sensación. Otra cosa es que lo sea. Son muchos años de ocupar el espacio público, de invisibilizar a la oposición y parasitar los recursos de las administraciones públicas en beneficio de su imagen y propaganda. Con la Gürtel, además de una utilización sectaria de los medios de comunicación públicos, han dispuesto de sobrefinanciación para sus campañas. Pese a ello, el PP sufre una erosión importante y lo comprobaremos en las elecciones. La figura de Camps está muy deteriorada en la calle. Esto va calando a pesar de todos los trucos procesales que intentan.
Sin embargo, el PSPV no despega.
El voto tiene un componente emocional muy importante y es muy difícil, desde una posición de debilidad mediática como la nuestra, romper ese techo. El PP ha basado gran parte de su política en excitar el orgullo valenciano y tratar de asociar su política con acontecimientos como la Copa América o la Fórmula 1. Eso ha configurado un imaginario colectivo que coloca al PP en el éxito, el valencianismo y en la economía boyante. Y al Partido Socialista en la negación de la esencia de los valencianos. Creo que estamos trabajando en la buena dirección, con una alternativa de futuro, que es Jorge Alarte.
Usted es más conocido que Alarte. ¿Podría ser el candidato socialista a la Generalitat?
Radicalmente no. Mi candidato es Alarte. Y creo que el candidato del partido, sin ninguna duda, es Alarte.
El sumario permitió conocer los contratos del gobierno Valenciano con la Gürtel'. Aún así, se niegan a enseñarlos a la oposición. ¿A qué se debe ese empecinamiento?
Si los muestran una vez los van a tener que mostrar siempre. Su norma de funcionamiento es la opacidad más absoluta y la van a mantener.
Este tipo de contratos, ¿son la excepción o la norma de Camps?
Toda la política de adjudicación de Camps está trufada de irregularidades. La opacidad facilita la trampa. En el PP valenciano hay un Gürtel, pero también un montón de gürtelitos. Hay muchos temas que han salido y otros que no, pero que saldrán.
La querella que presentaron contra el PP incluye a cinco influyentes constructoras. ¿Se han enturbiado su relaciones con los empresarios?
No. Nos llegó un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales muy contundente. Con ese informe redactamos un querella donde metimos a todos los que aparecían.
Durante un tiempo de su vida trabajó para uno de ellos, Enrique Ortiz. Algo que el PP le echa en cara siempre que puede.
He sido y sigo siendo investigado hasta la saciedad. Incluso fuera de la Comunitat Valenciana. En mi época de abogado especialista en urbanismo he asesorado a empresas de fuera y me han llamado amigos que me han dicho: "Que sepas que en el ayuntamiento tal han venido y han planteado buscar expedientes en los que hayas participado"
¿Teme que puedan encontrarle alguna irregularidad?
Tengo la conciencia tranquila. Llevan tres años mirándome de arriba abajo. Empezaron nada más ser elegido portavoz. Cuando apareció la trama Gürtel y empecé a preguntar, se convirtió en obsesión. Y conforme van pasando los jueves, cada vez más. Es su estilo de funcionamiento: ver que pueden saber para chantajear en un momento determinado.
www.publico.es 06.06.10
RAJOY APOYA A CAMPS, PIDE RESPETO A LA JUSTICIA Y AVALA QUE EL PP LA ATAQUE
Caamaño y De la Vega exigen a los populares que no "alboroten" ni presionen
Mariano Rajoy apenas contesta a preguntas de la prensa. Por eso, el líder del PP, que habla casi todos los días pero sin preguntas, no había dicho una palabra sobre el caso Gürtel desde que cinco jueces del Tribunal Supremo decidieron por unanimidad, el 12 de mayo, que se siga investigando el caso de los trajes de Francisco Camps, y otro del Superior de Madrid firmó un auto el 26 de mayo en el que se apuntan hasta siete delitos cometidos supuestamente por la cúpula del PP valenciano.
"Mientras no se demuestre lo contrario, para mí Camps es inocente"
Rajoy rompió su silencio ayer en Almería, y lo hizo para respaldar a Camps. Aunque esta vez, más preparado, no llegó tan lejos como el pasado 6 de mayo, en Onda Cero. Rajoy dijo entonces: "Camps será el candidato en las próximas elecciones autonómicas. Que diga la justicia lo que quiera". La metedura de pata fue tan grande que él mismo pidió perdón en privado -ante su cúpula- y prometió: "No se volverá a repetir".
El líder del PP cumplió y midió ayer mucho más sus palabras, pero el mensaje de fondo es el mismo. "Yo esperaré a lo que digan los tribunales, pero vuelvo a decir que yo creo que Francisco Camps es inocente. Y mientras no se demuestre lo contrario, para mí, el señor Camps es inocente".
Algunos dirigentes del PP quisieron ver un ligero cambio en las palabras de Rajoy, ya que pone fecha de alguna manera a esa confianza en Camps. Claro que ese "mientras no se demuestre lo contrario" puede suponer el momento en que haya un auto de imputación, cuando se siente en el banquillo, cuando haya condena o sentencia firme, en función de la interpretación de Rajoy.
Esto es, no queda claro si el líder del PP respaldará a Camps para que sea candidato, esté o no imputado, o le apartará como reclaman en privado una auténtica marea de dirigentes nacionales y regionales, que creen que después de la sentencia del Supremo y el auto de Pedreira, el valenciano debería dejar paso.
Rajoy aprovechó para rectificar: "Respeto y acato lo que ha dicho el Tribunal Supremo, y respetaré y acataré lo que diga cualquier otro tribunal. Es bueno que lo hagamos todos porque ahí están las bases de las reglas de juego de nuestra democracia".
Sin embargo, este alegato a favor del respeto a la Justicia llega después de que Rajoy no haya desautorizado a Camps, que insiste en que todo es un "montaje" -incluida la sentencia del Supremo- y sobre todo haya avalado la estrategia de defensa de Federico Trillo, responsable de Justicia y hombre de confianza del líder, que insiste en atacar a jueces, fiscales, policías, funcionarios de Hacienda y casi cualquiera que haya tenido algo que ver con la investigación del caso Gürtel.
A esta estrategia contestaron ayer tanto el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, como la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. "Es un intento descarado de salvar lo insalvable. Pediría menos alborotar intentando presionar, y más responsabilidad para dar ejemplo", dijo De la Vega. "El PP, cuando se ve acosado ante los tribunales, siempre tiende a cuestionar a los profesionales de la Justicia. El tiempo pone a cada uno en su sitio", auguró Caamaño.
Trillo, después de atacar a las fiscales por interpretar que el Supremo iba a investigarlas por su actuación en el caso Gürtel -algo que no ha sucedido-, evitó rectificar ayer y recuperó un asunto de los 90 para responder al Gobierno: "Todavía estoy esperando una aclaración sobre el caso de los papeles de Laos", le dijo a la agencia Efe, en referencia a la detención del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, en 1995.
Trillo no quiso atender a este periódico, por lo que no se le pudo preguntar por qué se reunió con Eduardo Hinojosa, el dueño de Forever Young, precisamente días antes de que se iniciara una campaña de descrédito contra el sastre de Camps, José Tomás, que insiste en que el presidente valenciano nunca pagó sus trajes. El PP no ha desmentido esa reunión.
Mientras, los campistas siguen echando balones fuera. Según la portavoz y consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, lo importante es que hay unas conversaciones que fueron anuladas, en las que un cabecilla de la trama corrupta le dice a su abogado que cree que Camps se pagó los trajes.
Sánchez de León restó importancia al hecho de que Camps hubiese proclamado su inocencia en base a una información errónea que apuntalaba la teoría de la conspiración. Y tampoco quiso opinar sobre las razones por las que Trillo se reunió con los propietarios de Forever Young tras las manifestaciones del sastre de Camps. "Son cuestiones que no hacen más que enredar".
La defensa del PP
- Recusación de Garzón. El PP ha atacado prácticamente a todos los que han tenido algo que ver con el caso Gürtel. Primero al juez Garzón, a quien Rajoy, después de haberlo aplaudido en los 90 por su instrucción del caso GAL, acusó de ser filosocialista. El PP lo recusó, sin éxito.
- Dimisión del ministro. La presión del PP logró la dimisión del ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo por acudir a una cacería con Garzón.
- Ataques a la policía. Los populares se querellaron contra los agentes de la brigada contra el blanqueo que prepararon el informe más duro contra la cúpula de Camps. El PP dijo que contenía información falsa, pero la investigación sigue.
- La fiscalía, parcial. El centro de los ataques han sido los fiscales, que impulsan la investigación del caso.
- Desmentido a Flors. Cuando el juez Flors imputó y quiso sentar en el banquillo a Camps, Trillo se reunió con la prensa para tratar de desmentir su auto.
- Querella a Hacienda. Hasta el funcionario de la Agencia Tributaria que hizo un informe contra la cúpula de Camps ha sufrido una querella del PP, que aún no ha sido admitida a trámite.
www.elpais.es  05.06.10
TRILLO PRESENTA UN RECURSO CONTRA PEDREIRA QUE HOSTIGA A LAS FISCALES
Mariano Rajoy avala e impulsa la estrategia de Federico Trillo, que lejos de acatar el auto del juez Pedreira que envía al Tribunal Superior de Valencia los indicios por cohecho y financiación ilegal contra la cúpula de Camps, presentó ayer un recurso a la sala para intentar tumbar ese auto. El PP está personado como acusación particular en el caso Gürtel porque teóricamente está afectado, y por tanto debería acusar, pero aquí actúa como defensor de Camps y su cúpula.
El recurso del PP, preparado por el equipo de Trillo -que estuvo esta semana en Valencia ultimando el texto con los abogados de Camps-, critica al juez por hacer caso al informe de la fiscalía y trata de evitar que se investiguen los indicios contra Camps. "Un informe del fiscal que, a nuestro juicio, carece de rigor y objetividad. Perdiendo la imparcialidad que debería regir su actuación, el Ministerio Fiscal presenta una visión fáctica, parcial, subjetiva e incluso tendenciosa y un análisis jurídico tan equivocado como incompleto, que han provocado una desacertada respuesta del instructor que valida lo informado por la fiscalía presumiendo su bondad", señala el texto en el párrafo más claro de ataques al ministerio público.
El recurso, plagado de acusaciones a la fiscalía, trata de garantizar que a Camps sólo se le investigue por el asunto de los trajes, sin vincularlo a los demás posibles delitos. "Los hechos de los que conoce Valencia, guste o no al Ministerio Fiscal, son los que son y han recibido una concreta y específica calificación jurídica, presunto cohecho impropio, es decir, unos supuestos regalos desvinculados", insiste.
www.elpais.es  05.06.10
CAMPS: "PAGUÉ LOS TRAJES EN METÁLICO" EL BIGOTES: "SE LOS PRESTAMOS PARA FOTOS"
Las pruebas contra el presidente valenciano son numerosas y concluyentes
El Partido Popular intenta desde hace meses anular el proceso judicial abierto a una trama de corrupción masiva que, según la investigación, contó con la ayuda interesada de alcaldes, consejeros, diputados, presidentes autonómicos, y el ex tesorero nacional de la formación conservadora.
Desde que estalló el escándalo, Federico Trillo, encargado de diseñar la estrategia para invalidar dos años de investigación policial y judicial, ha insultado a jueces, fiscales, policías, peritos de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado y a varios ministros del Gobierno. Trillo ha presentado recursos e interpuesto diversas querellas para impedir que continúe el proceso a la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido político que se ha conocido en la historia reciente de España.
La investigación judicial ha desmontado los argumentos del PP a favor de la inocencia de sus altos cargos. El PP mantiene su batalla contra los tribunales a los que acusan de ocultar pruebas que favorecen a los imputados. Pero en el sumario, las pruebas contra los dirigentes de una decena de gobiernos del PP son numerosas y concluyentes.
www.elpais.es  05.06.10
CRESPO A UN ABOGADO "Si se hizo los trajes, los habrá pagado él"
El PP sostiene que el juez Baltasar Garzón no remitió al Tribunal Superior de Justicia de Valencia una conversación grabada en la cárcel que favorecía al presidente Francisco Camps. La conversación en cuestión, de febrero de 2009, entre el abogado Ignacio Peláez y el número dos de la trama corrupta, Pablo Crespo, decía así:
Ignacio Peláez: Lo que sí que me pregunta es que afecta indirectamente, que ya te explicaré, que es el tema maldito de las facturas, famoso de los trajes de Camps, lo que yo no me puedo creer que sea de forma directa, que sean trajes para Camps, una cuota general.
Crespo: No creo, lo veo prácticamente imposible que haya alguna factura que especifique el nombre de Paco Camps.
Peláez: Era un encargo y que se pagaba mensualmente y punto, ¿no?
Crespo: Yo creo que Camps, si se hizo trajes allí, los habrá pagado él, de su bolsillo, otra cosa es que apareciera algún listado porque eran clientes que los llevaba Álvaro, igual que podía aparecer yo, que me he hecho trajes allí también, porque Álvaro le ha llevado muchos clientes a este señor, a José Tomas.
PÉREZ A LA MUJER DE CAMPS "El regalo de tu hija es el más especial de todos"
Esta conversación no se remitió al Tribunal Superior de Justicia de Valencia y se conoció mucho tiempo después, cuando el juez Antonio Pedreira levantó el secreto sobre una parte del sumario. Como tampoco se remitieron otras conversaciones grabadas por orden judicial que tenían mucha más fuerza probatoria del cohecho impropio cometido supuestamente por Camps, como la mantenida por Álvaro Pérez, El Bigotes, con Isabel Bas, mujer del presidente valenciano el 5 de enero de 2009:
Álvaro Pérez: Te tengo que mandar un manual de instrucciones, que soy un llorón. Tú no me pongas mensajes ni hostias y menos tan bonitos, que no se puede.
Isabel: No te puedes imaginar la expectación que hay...
Á. P. Vale, vale.
I. Ha llegado a mediodía, y entonces los niños querían abrirlo, y no, que no estaba Paco, y entonces me he venido aquí y cuando ha llegado Paco, están como locos.
Á. P. No, no. Esta noche, esta noche es lo bonito.
I. Hay un ambiente y claro...
Á. P. Bien, bien.
I. La caja tiene una pinta...
Á. P. Ya me conoces.
I. Me va a tumbar los Reyes.
Á. P. Lo que más ilusión me ha hecho es lo de las chicas, o sea, el tuyo y el de tu hija.
I. ¿Sí?
Á. P. Vale, ¿y el de tu hija? Dile a tu hija que el de ella es el más especial de todos porque he hecho para la gente que quiero mucho, que son poquitos, he hecho, lo he diseñado yo... Pero el de tu hija es diferente a todos los demás, ¿vale? Por una razón que ya te explicaré, ¿vale? Pero está diseñado por mí, ¿vale?
I. Vale. Vale, pero de verdad te lo digo que el mensaje es cierto.
EL BIGOTES A CORREA "Compré trajes para sesiones de fotos a Camps y luego me los devolvió"
Otra conversación del 22 de enero de 2009 desmiente las afirmaciones de Pablo Crespo en la cárcel. Su jefe, Francisco Correa, y Álvaro Pérez, quien supuestamente hacía los regalos al PP valenciano, hablan de los trajes de Camps.
El Bigotes asegura que, en realidad, los trajes los paga la trama corrupta pero se los dejan al presidente valenciano para sesiones de fotos.
Á. P. No, con otra cosa más complicada, pero no hables por teléfono, tío, te lo pido por favor. Y entonces, nada, estoy un pelín preocupado.
F. C. ¿Y por qué crees tú que lo sabe el curita?
Á. P. No, no sabe el curita todavía.
F. C. Pero no tiene que ver con el trabajo, ¿o sí?
Á. P. No, tiene que ver con cosas que hemos hecho hace tiempo con el curita, pero es que es muy complicado. Por eso te digo que es muy complicado.
F. C. ¿Tiene que ver con Tomás [José, el director de ventas de Milano, primero, y Forever Young, después, donde la trama corrupta compraba ropa para políticos que les adjudicaban contratos, según declaró Isabel Jordán]?
Á. P. Sí. ¿Sabes quién es?
F. C. Sí, perfectamente. El que me presentaste un día.
(...)
Á. P. Yo no le he regalado ningún traje a ese hombre, al curita. Yo he comprado trajes a su medida porque cuando hemos hecho una sesión de fotos se lo ha puesto y luego me lo ha devuelto. [Camps declaró al juez que compró los trajes y pagó en metálico en la tienda, en ningún momento ha alegado que se los prestaran para unas fotos].
En su declaración ante el juez, Camps contradice la versión de Álvaro Pérez. Nunca recibió trajes de prestado de la trama corrupta para sesiones de fotos, sino que todos los trajes los pagó de su bolsillo, en metálico, con dinero que sacaba de la farmacia que tiene su mujer en Valencia. Pero las cajeras y los empleados de las tiendas de ropa han asegurado al juez que el presidente valenciano nunca pagó los trajes que se llevaba de Forever Young. Incluso otros empleados que han comparecido esta semana ante el juez Pedreira han insistido en que Camps nunca pagó nada en la tienda.
www.elpais.es  05.06.10
EL JUEZ DE LAS ESCUCHAS DE GÜRTEL SOLO PIDE DOCUMENTACIÓN
El juez Alberto Jorge Barreiro, instructor del proceso abierto en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por las escuchas en prisión de varios de los principales acusados en el caso Gürtel y sus abogados, ha dictado dos providencias en las que acepta las peticiones de prueba solicitadas por la fiscalía, las acusaciones y el propio Garzón. En su inmensa mayoría, Barreiro accede a solicitar documentación al juez Antonio Pedreira, instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre la presunta trama de corrupción que afecta a cargos del PP y de la que Garzón fue el primer instructor.
Entre los documentos solicitados por el fiscal figura el informe de la Agencia Tributaria sobre las estructuras fiduciarias del principal responsable de la red corrupta, Francisco Correa, que supuestamente gestionaban el letrado Luis de Miguel y otros abogados de su despacho. También reclama varios documentos contenidos en la memoria externa o pen drive intervenido al contable José Luis Izquierdo, como facturas del abogado De Miguel o la hoja de abogados y procuradores enviada al imputado Pablo Crespo el 10 de septiembre de 2008 y que fue encontrada en la citada memoria.
El magistrado pide también los autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de marzo y 19 de abril, sobre la anulación de las escuchas telefónicas entre los imputados y sus abogados en prisión.
Todas las grabaciones
A petición del letrado querellante, Ignacio Peláez, el juez Barreiro reclama a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal que remita la totalidad de las grabaciones, en cualquier soporte que se hayan realizado, de las comunicaciones intervenidas entre abogados e imputados y las escuchas realizadas sobre la base de las resoluciones dictadas por Garzón.
Sin embargo, la solicitud de documentos más amplia se realiza precisamente a instancias de Garzón. Barreiro pide al TSJ de Madrid testimonio de todas las actuaciones practicadas por el juez Pedreira en el caso Gürtel, desde su inicio hasta el auto del 20 de abril de 2009, resolución por la que se acuerda la prórroga de las escuchas aprobadas por Garzón.
Tanto el fiscal como el propio Garzón han solicitado el sobreseimiento de las actuaciones por no haber delito alguno en su actuación, pero Barreiro responde que resolverá sobre esa petición "una vez que se practiquen las diligencias acordadas en esta resolución".
www.elpais.es  05.06.10
EL PP USA INFORMACIÓN FALSA PARA ATACAR A LAS FISCALES DEL 'CASO GÜRTEL' 
El PP arrojó ayer tinta de calamar sobre el caso Gürtel, extendiendo la falsedad de que el Tribunal Supremo había demostrado la actuación irregular y al margen de la ley de las dos fiscales que investigan el caso desde el principio. El presidente valenciano, Francisco Camps, implicado en la trama corrupta, y los diputados Federico Trillo, estratega jurídico del PP, y Esteban González Pons, portavoz de esa formación política, salieron ayer en tromba contra las dos fiscales y llegaron a sugerir que el proceso judicial abierto hace 15 meses, y que ha costado el cargo a una decena de dirigentes populares, entre ellos el tesorero nacional, Luis Bárcenas, podría ser anulado por la actuación supuestamente ilegal de las dos fiscales. 
La interpretación de Trillo , Camps y González Pons, según indicaron ayer desde el PP, se basa en la noticia publicada ayer mismo en diversos medios sobre una providencia del juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que supuestamente demostraría la actuación irregular de las dos fiscales. Esas informaciones llevaron a Trillo, que no tenía ni había leído la providencia del juez, a asegurar que el caso Gürtel iba a dar un "giro copernicano". En una nota oficial remitida por el PP, Trillo declaraba: "Ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien demuestre a las dos fiscales que habían violentado la presunción de inocencia y que habían actuado de manera sectaria, al margen de la ley, al ocultar la prueba que exculparía al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps". 
El Supremo aclaró ayer a EL PAÍS que no tiene abierta ninguna diligencia contra las fiscales del caso Gürtel y, por tanto, no habría podido demostrar nada. 
La información en la que Trillo basa sus acusaciones sostiene que el juez Barreiro, que instruye la querella contra Garzón por supuestos pinchazos ilegales en la cárcel a implicados en la trama, ha pedido documentación para investigar si las fiscales ocultaron pruebas a favor de Camps, y si pusieron el caso en manos de Garzón pese a que correspondía someterlo a reparto. Esta decisión de Barreiro supondría, según esta información falsa, que se habría admitido a trámite la querella presentada contra las dos fiscales por Ignacio Peláez, el abogado de uno de los miembros de la red corrupta. Sin embargo, esa querella no se ha admitido a trámite por el momento, y tampoco corresponde al magistrado Barreiro resolver sobre esa cuestión, según el Supremo. 
Las dos providencias, firmadas efectivamente por Barreiro los días 27 y 28 de mayo, no pretenden investigar la actuación de las fiscales, ni la ocultación de pruebas ni el reparto del caso. Pretenden indagar, en general, sobre la orden de Garzón de intervenir comunicaciones en la cárcel. Saber si fue legal. 
En las dos providencias, Barreiro solicita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid diversa documentación para dirimir el caso de las escuchas en la cárcel. De hecho, en una de las providencias, en la que el juez admite recabar documentación que solicitan las partes, deniega precisamente que se tome declaración a las dos fiscales de Anticorrupción que investigan el caso, algo que había pedido el abogado Ignacio Peláez. 
Este letrado, que solicitó la declaración de las fiscales como testigos en la causa, cambió de idea el pasado 24 de mayo y decidió querellarse contra ellas porque supuestamente ocultaron una prueba que favorece a Camps. Se refiere a una conversación de Pablo Crespo, número dos de la trama, en la que este señala que el presidente valenciano sí se pagó sus famosos y polémicos trajes. 
Sin embargo, documentos oficiales de las tiendas de ropa, testimonios de los empleados del establecimiento y otras conversaciones y pruebas incluidas en el sumario, como el pen drive del contable de la trama, demuestran todo lo contrario: que la trama corrupta fue la que pagó los trajes a Francisco Camps. 
(www.elpais.com, 04/06/10) 
DE LA RÚA RECIBE EL 'CASO CAMPS' 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, recibió ayer los autos del Tribunal Supremo que le obligan a reabrir el caso Camps, que archivó el pasado mes de agosto. De la Rúa, que pronunció ayer el pregón de la fiesta del Corpus en la iglesia del Patriarca en Valencia  trasladará la causa al instructor José Flors. 
(www.elpais.com, 04/06/10) 
CAMPS CLAMA POR SU INOCENCIA PERO EVITA DAR EXPLICACIONES 
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se agarró ayer a un clavo ardiendo para proclamar su "absoluta inocencia" en el proceso judicial abierto por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio a raíz de haber recibido trajes regalados por la trama Gürtel. 
Camps apenas tardó unos minutos más que el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, en valorar una decisión inexistente del Tribunal Supremo que supuestamente apuntalaba su teoría de la conspiración. Tras concluir un acto sobre educación en el Palau de la Generalitat, Camps, para sorpresa de muchos periodistas, buscó sin dilación los micrófonos. En medio de un tupido círculo de cámaras y grabadoras, el presidente valenciano clamó por su inocencia a partir de una información falsa. 
"Confío en la justicia y en su prontitud, y las informaciones y las noticias que van apareciendo van encaminadas hacia ese objetivo", afirmó. "Hay pruebas que se ocultaron que demuestran lo dicho desde el primer minuto, mi absoluta inocencia", prosiguió Camps, "y lo que es una pena es que esas pruebas se ocultasen porque seguro que no habría comenzado nunca ningún tipo de proceso". 
En su declaración, el presidente de la Generalitat volvió a esgrimir la teoría de la conspiración, según la cual el Gobierno socialista, la policía, los fiscales y los jueces son los autores de un montaje para acabar con su carrera política. "Alguien tendrá que explicar por qué ocultó pruebas exculpatorias tan evidentes y que nos habrían ahorrado este año y medio a todos, a ustedes, a mí y a la Justicia en general", dijo Camps. 
En ese punto terminó su disposición para hablar ante los periodistas. Cuando se le preguntó si tenía conocimiento de los encuentros de Trillo con el propietario de Forever Young tras las denuncias del sastre José Tomás, Camps guardó silencio y tomó las de Villadiego. 
El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, acusó a Mariano Rajoy de "no actuar como un hombre honesto cuando, por acción u omisión, permite que los abogados del PP respalden con sus actuaciones maniobras para defender a los miembros de la trama Gürtel". 
Además, la tensión política se volvió a trasladar a la calle en la tarde del miércoles, cuando un grupo de vecinos abucheó a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante su visita a un barrio. Barberá, irritada por las alusiones a Camps y El Bigotes, acabó discutiendo con un joven antes de retirarse con su comitiva. 
(www.elpais.com, 04/06/10) 
TRILLO, PONS Y EL "GIRO COPERNICANO" 
El estratega jurídico del PP, Federico Trillo, y el portavoz de ese partido, Esteban González Pons, hicieron públicos ayer sendos comunicados en los cuales daban por buenas informaciones periodísticas erróneas, atacaban a las fiscales del caso Gürtel y trataban de desacreditar el proceso abierto contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. 
En su nota, Trillo auguraba que la investigación judicial "podría dar un giro copernicano", y afirmaba que, "de demostrarse que las representantes del Ministerio Fiscal en el sumario buscaron el momento oportuno para que Garzón se quedara con el caso, podría tener consecuencias gravísimas". Y añadía: "Ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien demuestre a las dos fiscales que habían violentado la presunción de inocencia y que habían actuado de manera sectaria al margen de la ley, al ocultar la prueba que exculparía al presidente de la Generalitat valenciana". 
El comunicado de González Pons afirmaba: "Si las fiscales, como sostiene la acusación ante el Tribunal Supremo, resultan imputadas por ocultar pruebas exculpatorias, algo muy probable que suceda, deberán dimitir el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, asumiendo así sus responsabilidades políticas por la utilización política partidista de la Fiscalía General del Estado". 
En el mismo comunicado, González Pons admitía implícitamente que, tal y como publicó ayer EL PAÍS, Trillo se reunió con el empresario de la tienda que confeccionó los trajes para Camps unos días antes del inicio de la campaña de desprestigio contra José Tomás, el sastre que había declarado el presidente valenciano no pagaba sus trajes. 
"Federico Trillo es el representante legal del PP y, por tanto, se reúne en su calidad de letrado con quien juzga necesario", dijo. 
(www.elpais.com, 04/06/10)
UN TESTIGO REVELA AL JUEZ QUE TRILLO SE REUNIÓ CON EL JEFE DEL SASTRE DE CAMPS
El ex director de compras de Forever Young declara que el diputado del PP fue dos veces a las oficinas de Hinojosa tras las denuncias de José Tomás
Miguel Marqués, director de compras hasta su despido en agosto de 2009 de las empresas de Eduardo Hinojosa, propietario de Forever Young, manifestó ayer ante el juez del caso Gürtel , Antonio Pedreira, que el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo-Figueroa, apareció en escena al día siguiente de publicarse en EL PAÍS la entrevista en la que el sastre José Tomás explicaba cómo tomaba medidas al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Según la declaración de Marqués, Trillo apareció por las oficinas de Hinojosa justo antes de que comenzara una campaña de prensa contra José Tomás y de que Hinojosa ampliara una querella contra el sastre por unas supuestas facturas falsas .
"Vi a Trillo en el despacho de mi jefe. Era a él al que había que dar fuego"
En conversación con EL PAÍS, Marqués relató que trabajaba en las oficinas que Eduardo Hinojosa tiene en Serrano 51, 1º D. El diputado del PP Trillo-Figueroa no había ido nunca por allí, pero nada más publicarse la entrevista del sastre (el 15 de marzo de 2009), despedido tras haber declarado ante el juez Baltasar Garzón sobre el caso Gürtel, mantuvo al menos dos encuentros con Hinojosa en esas oficinas.
"Me enteré porque Eduardo Hinojosa estaba en su despacho y uno de sus hijos vino al mío a pedirme un mechero y un cenicero. Ante mi sorpresa, porque Hinojosa no fuma, pasé por el despacho de Eduardo y vi allí a Trillo-Figueroa despachando con él. Era Trillo al que había que darle fuego. Días después, Trillo también estuvo allí. En ambos casos era sobre la una de la tarde, más o menos", relató Marqués a este periódico.
"Tras marcharse Trillo, Hinojosa me comentó que José Tomás se había metido en un buen lío. También hizo referencia a que iba a recibir a una periodista de una cadena de radio, creo que la Cope. Hinojosa daba síntomas de alegría y se mostraba amistoso porque Tomás estaba en un buen lío 'del que se va a arrepentir'. Cuando Trillo estuvo en las oficinas se encontraban allí, además de Eduardo Hinojosa, su hijo y sus hijas Sandra y Silvia. Todos eran consejeros de la firma y supongo que se vieron con Trillo", prosiguió Marqués.
Marqués manifestó en su declaración ante el juez que no sabía para qué ni por qué Trillo se entrevistó con Hinojosa, ni de qué hablaron entre ambos.
Sin embargo, coincidiendo con aquella reunión, Trillo-Figueroa hizo unas durísimas declaraciones contra el sastre José Tomás en Onda Cero, en las que sostuvo que el sastre había sido denunciado por su empresa por falsificación de facturas, mientras que la empresa tenía una contabilidad "absolutamente férrea". Tales asertos de Trillo quedaron desmentidos después en el juicio por despido de Tomás, en el que se desechó que el sastre falsificase facturas, y en el que se condenó a Hinojosa a indemnizarle con 232.500 euros. La misma acusación tampoco fue aceptada por el juez valenciano José Flors.
Tras el primer encuentro con Trillo, Hinojosa reunió a todos los directivos en presencia de su abogado para que firmasen una carta bajo amenaza de despido, según Marqués. Firmaron Miguel Marqués, Ana Fernández, directora de la tienda de Forever Young en Concha Espina; Alfonso, un directivo que firmó sin su apellido y con su carné de identidad; Javier García Fernández, director de Forever Young en paseo de La Habana, y Mariano Estebaranz, director de The Taylor Outlet, en Serrano 25, así como Raquel Vázquez, auditora externa. "Firmamos todos, simplemente porque el que no firmase podía considerarse despedido", dijo Marqués.
"Con dicho documento se trataba de probar que José Tomás había mentido. Tras las firmas, el papel lo cogió el abogado, Jesús Maldonado, que estaba presente. Días después, Abc publicó una ampliación de la denuncia de Eduardo Hinojosa contra Tomás, avalada por las firmas de los directivos. Un par de días más tarde, el 17 o el 18, Trillo estuvo un par de horas en la sala de juntas al lado del despacho de Hinojosa", precisó Marqués.Según el ex director de compras, Hinojosa incluso le obligó a ir al programa El Gato al agua. "Tenía que decir que nosotros no vendíamos a crédito y que, en consecuencia, si Camps sacaba una prenda de la tienda, tenía que estar ya abonada. En la entrevista estuve yo con Ana Fernández, asintiendo con lo que yo digo, pero ella no participó en la conversación. Se hizo una grabación en Concha Espina número 8. El hijo de Eduardo Hinojosa era amigo del presentador. Después, hasta mi salida de la empresa, siguieron los comentarios despectivos hacia Tomás. Fue el tema único de conversación durante meses".
www.elpais.es 03.06.10
LA CAJERA: "CAMPS NUNCA PAGÓ EN EFECTIVO"
María Calero, cajera del establecimiento de Castellana 140, aseguró ante el juez Antonio Pedreira que los principales implicados en la trama Gürtel "jamás pagaban en caja", sino que hacían los abonos por transferencia. La cajera ratificó que, en particular, ni el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ni los demás altos cargos relacionados con la trama Gürtel, como Rafael Betoret, Ricardo Costa, Víctor Campos y Pedro García, de Canal 9, pagaron en caja alguna vez.
Su testimonio contradice el de Camps, quien siempre ha mantenido ante el juez que pagó sus trajes en efectivo y no guarda los recibos.
Los artículos que reservaban Pablo Crespo, Álvaro Pérez y sus amigos eran pagados mediante transferencia y, según el testimonio de Calero, era Javier García, el encargado de la contabilidad en Castellana 140, "el que ordenaba cancelar los pagos a cuenta con cargo a las facturas que él mismo realizaba".
Los tres testigos interrogados ayer por el juez instructor del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira declararon que el sastre José Tomás nunca hizo facturas y no ordenó introducir conceptos falsos.
Antonio del Fresno, ex director de Castellana 140, también despedido por Hinojosa, reconoció que él hizo dos facturas, en concepto de "metros de telas", siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo, el lugarteniente de Correa. Según dijo, el sastre José Tomás no intervino en esas facturas y si él introdujo esos conceptos fue porque Crespo o Álvaro Pérez eran clientes importantes. El resto de la facturación la hizo siempre el contable Javier García. Del Fresno aseguró que es falso que Tomás ordenara hacer ninguna factura.
www.elpais.es 03.06.10
APOYO DEL CONSEJO FISCAL A LAS FISCALES ANTICORRUPCIÓN
El Consejo Fiscal, por unanimidad, expresó ayer su apoyo y solidaridad a las fiscales anticorrupción Myriam Segura y Concepción Sabadell, contra las que recientemente se ha dirigido la querella del abogado Ignacio Peláez por su actuación profesional en relación con las escuchas en prisión entre los imputados y sus abogados en el caso Gürtel. La querella inicial fue dirigida contra el primer instructor del caso, el juez Baltasar Garzón, y fue admitida a trámite por la Sala Segunda del Supremo.
El Consejo Fiscal destaca el firme compromiso de toda la carrera con "los valores de imparcialidad, profesionalidad y rigor que han guiado clara e inequívocamente la actuación de dichas fiscales en un asunto de excepcional dificultad técnica, que se han visto obligadas a afrontar con coraje y sentido de la responsabilidad".
www.elpais.es 03.06.10
TRILLO: "EL CASO GÜRTEL PODRÍA DAR UN GIRO COPERNICANO"
El portavoz del Justicia sugiere que las fiscales anticorrupción maniobraron para que Garzón investigara el asunto.- Camps: "Alguien ocultó pruebas que demuestran mi inocencia".- Trillo elude hablar de sus reuniones con el jefe del sastre del presidente valenciano
En una declaración sin preguntas ante los periodistas al concluir un acto sobre infraestructuras educativas en Valencia, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha vuelto a defender su "absoluta inocencia" en el caso Gürtel. "Hay pruebas que se ocultaron, que demuestran lo dicho desde el primer minuto, mi absoluta inocencia. Lo que es una pena es que esas pruebas se ocultasen porque seguro que no habría comenzado nunca ningún tipo de proceso".
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, insiste en su teoría del "no hay nada de nada" y asegura que todo se trata de un "montaje" y de una "falsedad" -
Mientras, el coordinador de justicia del PP, Federico Trillo, ha emitido hoy un comunicado en el que afirma: "El caso Gürtelpodría dar un giro copernicano". Trillo insinúa que "fiscales buscaron el momento oportuno para que Garzón se quedara con el caso", y asegura que si se demuestra, "tendrá consecuencias gravísimas". Trillo ha eludido contestar sobre sus reuniones con el jefe de José Tomás, el sastre de Camps en Forever Young, justo antes de que comenzara una campaña de desprestigio para el trabajador.
El coordinador de justicia del PP concluye: "Ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien demuestre a las dos fiscales que habían violentado la presunción de inocencia y que habían actuado de manera sectaria al margen de la ley, al ocultar la prueba que exculparía al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps".
Camps, imputado por un presunto delito de cohecho pasivo impropio, se refería a la declaración del número dos de la red Gürtel, Pablo Crespo, en prisión, que supuestamente le exculpaba de haber cometido cohecho en relación con los trajes-regalo de la trama corrupta.
"Alguien tendrá que explicar por qué ocultó pruebas exculpatorias tan evidentes y además se tomaron al principio de la instrucción y que nos habrían ahorrado este año y medio a todos, ustedes, yo y la justicia en general". "Confío en la justicia", ha concluido. Preguntado sobre si tenía conocimiento de que el coordinador de justicia del PP, Federico Trillo, se hubiese reunido con el propietario de Forever Young tras las declaraciones en las que el sastre José Tomás afirmaba haber tomado medidas al presidente valenciano para trajes supuestamente regalados por la trama, Camps ha evitado responder y se ha retirado
En el entorno de Camps no ocultan su satisfacción por que el juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro haya decidido ampliar sus indagaciones, a petición de la defensa de uno de los imputados del caso Gürtel, para saber si el juez Baltasar Garzón y las dos fiscales de Anticorrupción ocultaron de forma deliberada la declaración de Pablo Crespo en la que desmentía que Camps hubiese recibido trajes regalados. Una investigación que también quiere determinar si Garzón se saltó el turno de reparto para instruir el caso Gürtel.
www.elpais.es 03.06.10
PEDREIRA REITERA AL PP SU INHIBICIÓN DE GÜRTEL A FAVOR DE VALENCIA 
El juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, reitera en un auto su decisión de inhibirse de parte de la causa a favor del Tribunal Superior de Valencia. Esta nueva resolución es en respuesta a un recurso del PP en el que pedía al juez que aclarase qué quería decir cuando en el auto en el que se inhibía a favor de Valencia, el 25 de mayo, señaló que hacía "suya" la argumentación jurídica del fiscal sobre este asunto. A lo largo de 18 folios, la fiscalía instaba al juez a inhibirse a favor de Valencia al entender que había indicios de varios delitos (financiación ilegal, cohecho, contra la Hacienda pública...) contra aforados de esa comunidad. Entre ellos, el presidente, Francisco Camps. 
El PP consideró "oscura" esa frase y pidió al juez que la aclarase. Y el juez lo hizo ayer. "El magistrado instructor no considera oscura la expresión (...), como sostiene la parte solicitante, por cuanto implica una remisión a los fundamentos de derecho que invoca el ministerio fiscal y que hacen referencia (...) a la cuestión esencial debatida y que conduce al acuerdo de inhibición parcial", dice Pedreira. 
El juez destaca que el PP "no es representante de personas individuales imputadas o no imputadas en la presente causa, sino del PP, en calidad de acusación popular, contra el que, institucionalmente, no se ha acreditado ningún reproche punitivo". La intervención del PP como acusación en el caso Gürtel ha sido muy polémica. Inicialmente, el juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso, le impidió personarse en el proceso. 
Cuando la causa fue remitida al Tribunal de Madrid, el PP volvió a insistir en que quería ser parte en las diligencias como acusación particular, teóricamente porque se sentía víctima de la trama Gürtel. La fiscalía se opuso, habida cuenta de que no estaba clara la intervención del PP en el proceso, y ante el resquemor de que quisiera estar en él, más que para acusar a los cargos del partido implicados, para defenderlos utilizando torticeramente una figura jurídica cuya finalidad es distinta. Pedreira aceptó como parte al PP. 
(www.elpais.com, 02/06/10) 
EL PP ANUNCIA OTRO RECURSO CONTRA EL AUTO DE PEDREIRA QUE ACUSA AL GOBIERNO DE CAMPS DE SIETE DELITOS 
Partido Popular va a poner todas las trabas posibles a la investigación judicial de las relaciones entre la trama Gürtel y el Gobierno de la Generalitat Valenciana que dirige Francisco Camps. El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, ha anunciado un nuevo recurso contra el auto del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que se inhibió a favor del TSJ de Valencia tras hallar indicios de siete delitos en altos cargos del Ejecutivo valenciano, del PP de la comunidad y de empresarios de la región. 
En concreto, Trillo ha avanzado en una entrevista en Onda Cero que el recurso se dirigirá contra el escrito del fiscal que sirvió de base a Pedreira para su auto y que, a su vez, es fruto de las investigaciones de la Brigada Policial contra el Blanqueo y de las unidades de auxilio judicial de la Intervención del Estado y de la Agencia Tributaria. 
El ex ministro y diputado por Alicante ha recuperado la tesis, ya esgrimida por el PP en múltiples ocasiones, de que los informes fruto de dichas investigaciones están realizados "por el Gobierno" con el objetivo, supuestamente, de atacar a su partido. 
Precisamente el propio juez Pedreira reiteró su inhibición a favor del TSJ de Valencia tras un recurso del propio PP. 
(www.elpais.com, 02/06/10)
TRILLO SE PONE AL LADO DE CAMPS 
Federico Trillo es diputado por Alicante desde hace varias legislaturas. Sin embargo, en la actual, no había participado en ningún acto público en su circunscripción. Hasta ayer. El responsable del área de justicia en la dirección nacional del PP asistió a la inauguración del edificio del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante protagonizada por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El gesto no pasó desapercibido después de que ningún miembro de la ejecutiva de Mariano Rajoy asistiera al acto de autohomenaje que Camps organizó el pasado 22 de mayo con la excusa de celebrar el tercer aniversario de la victoria en las elecciones autonómicas de 2007, o de la suspensión de la conferencia de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, para no coincidir con el jefe del Consell. Fuentes del PP aseguraron que realizaron "una visita privada" a las obras del TRAM, y que su presencia no obedecía a nada en concreto. "Tenía un acto oficial por la mañana en Alicante, venía de los Moros y Cristianos de Elda, y al ser diputado quiso estar", señalaron esas fuentes. Pero a nadie escapa que Trillo es el estratega judicial del PP y que Camps está agobiado por el caso Gürtel. El titular del Conbsell y Federico Trillo se marcharon juntos en el coche oficial del presidente de la Generalitat. A la inauguración también acudió el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. 
(www.elpais.com, 01/06/10)
PONS: "CAMPS ES UNO DE LOS GRANDES LÍDERES DEL PP"
“Camps tiene el apoyo del partido, es el candidato a las próximas elecciones y no hay ninguna novedad a ese respecto”. Con estas palabras el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha escenificado el apoyo del partido al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Además, Pons ha restado importancia a la supuesta minuta de 200.000 euros que ha pasado al partido el abogado del ex tesorero imputado en el caso Gürtel, Luis Bárcenas, asegurando que el grupo ya no costeaba estos honorarios, aunque sí debía responder por una cuenta que se estaba “negociando” en estos momentos. Pons, que hoy ha ofrecido la habitual rueda de prensa al término del Comité de Dirección del partido, ha dedicado gran parte de su intervención a promocionar una Proposición No de Ley (PNL) que presentará su grupo para reducir los gastos electorales y acotar a 15 días la duración de la campaña electoral.
Génova no quiere saber nada de Camps aunque, en público, defiende que "nada ha cambiado" en...
Camps a Luna: "Usted se acoge al Código Penal, yo a la senyera y a mis conciudadanos"
Camps sigue menospreciando a la Justicia: "Es un montaje de una terrible falsedad que acabará...
El PP lograría mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Cantabria y Asturias
El Mundo da una ventaja de 10,5 puntos al PP sobre el PSOE
Pons, quien hoy ha sustituido a la número dos del Partido, María Dolores de Cospedal, en la habitual rueda de prensa de los lunes, ha abogado por impulsar tres reformas: la del sistema electoral, la del Gobierno de España, y la de la Administración pública.

Tres reformas
El vicesecretario popular ha ahondado mucho en el primer aspecto, para el que su partido presentará una PNL pidiendo que se acote la campaña electoral a 15 días y se elimine la llamada precampaña que “puede durar dos, tres o cuatro meses”. “Si nos tomamos en serio que el sacrificio es de todos, no hay que gastar en propaganda, publicidad y autobombo”, ha insistido, asegurando que si hay “un compromiso político” en ese sentido “los ciudadanos tendrán más dinero”.

Recortes en el Gobierno y la Administración
En el segundo sentido, se ha limitado a pedir que se eliminen “la Vicepresidencia tercera y varios ministerios que se podrían fusionar”. En cuanto a la Administración, ha asegurado que “el PSOE debe negociar su reducción” pues “el problema no es de los funcionarios, sino de cuánta Administración disfrutamos los políticos, en muchos casos duplicada”.

Apoyo a Camps
Pasados los anuncios, y como viene siendo habitual, la mayoría de las preguntas han versado sobre el caso Gürtel en general, y el presidente valenciano, Francisco Camps o el ex tesorero Luis Bárcenas, en particular. “El PP considera que Francisco Camps es uno de los grandes líderes de los que disponemos”, además de “el candidato de Valencia con mejor hoja de resultados de la Historia” cuyas declaraciones sobre la Gürtel -de tipo "usted se acoge al Código Penal, yo me cojo a la senyera"-, “lejos de perjudicar” al partido, le “benefician”. En este sentido, Pons ha recalcado que “lo que no se le puede negar a nadie en España su derecho a la presunción de inocencia”.

El caso Bárcenas
En cuanto a Bárcenas, cuyo abogado ha cobrado 200.000 euros al PP, Pons se ha limitado a aclarar que el partido ya no paga la defensa del imputado, aunque sí ha recibido una minuta que está “negociando”. Siguiendo con el ex tesorero del PP, el vicesecretario de Comunicación ha quitado hierro al supuesto delito de financiación ilegal que aprecia el juez instructor de la Gürtel, Antonio Pedreira, en las autonómicas valencianas de 2007, y ha explicado que a Bárcenas se le relaciona con ello porque firmó como tesorero nacional que era. “La aparición en ese auto del nombre de Luis Bárcenas obedece a que como tesorero nacional él firma en última instancia la contabilidad, pero a nada más”, ha señalado. “Esperemos que el progreso de esas investigaciones contribuya a aclarar que el PP nunca se ha financiado de manera irregular”, ha agregado.

Pons presume de Gürtel
En este punto de su alegato, Pons ha aprovechado para pedir al PSOE explicaciones por el caso Pretoria y para afear a este partido en la comparación con el PP. “Nosotros hemos recibido y atendido a muchas exigencias públicas en relación al caso Gürtel, hemos sido muy exigentes sabiendo que podíamos perjudicar con ello el derecho a la defensa de algunas personas y esperamos que el PSOE sea igual”, ha insistido, obviando que, hoy por hoy, el PP sigue negando a los partidos de la oposición datos derivados del caso, como el patrimonio de los imputados en Madrid o los contratos de la visita del Papa o la Fórmula 1 en Valencia.

Otra vez contra CiU
En otros asuntos de actualidad y como ya ha hecho el presidente del PP, Mariano Rajoy, el vicesecretario popular ha cargado contra la abstención de CiU a la hora de votar el decreto que congela las pensiones y recorta los sueldos de los empleados públicos. “Una de las minorías de la Cámara le dio oxígeno a Zapatero para que no caiga en redondo si no unos meses más tarde”, ha precisado Pons. “Si el jueves pasado no se hubiera aprobado el decretazo hoy estaríamos en una situación mejor”, ha ahondado, asegurando que ello habría obligado a adelantar elecciones o a cambiar el Gobierno. El vicesecretario de Comunicación se ha negado a aceptar que el PP sea corresponsable, por acción o por omisión, de la crisis: “la responsabilidad de gobernar la tiene el Gobierno”, ha indicado.

Reforma laboral y encuestas
Pons ha arremetido, además, contra la intervención del Gobierno en la reforma laboral, algo que en su opinión servirá para abaratar el despido. “Hay que decirle a Zapatero que lo relevante no es abaratar el despido sino abaratar la contratación. Zapatero ya ha rebajado las pensiones, cuidado no vaya a abaratar también el despido”, ha sentenciado. Finalmente, en otro momento de su intervención Pons se ha referido a las encuestas recientes que dan ventaja de entre 9 y 10,5 puntos de ventaja al PP utilizándolas para menoscabar el último CIS –que era menos optimista-. “Dijimos aquí que el CIS daba un resultado extraño y contrario, se nos criticó desde el Gobierno, y ahora resulta que el CIS ha vuelto a quedar en evidencia”, ha apuntado, pidiendo a la vicepresidenta “que quite sus manazas del CIS” y le deje “hacer su trabajo”.
www.elplural.com 31.10.05
CAMPS, EN LA HUIDA HACIA NINGUNA PARTE
Su estrategia de defensa levanta ampollas en las filas conservadoras
En el PP son cada vez más las voces que tienen claro el lugar al que conduce la estrategia de defensa y de desprestigio de las resoluciones judiciales puesta en marcha por el presidente valenciano, imputado por cohecho impropio y con un partido amenazado por la sombra de la financiación ilegal. "Más que estar en una huida hacia delante, Francisco Camps está en una huida hacia ninguna parte", sentencia un dirigente conservador.
La historia viene de lejos. El president de la Generalitat valenciana empezó a ensayar este papel hace más de un año. En febrero de 2009, Camps, el barón clave a la hora de aupar a Rajoy a la presidencia del PP en el congreso nacional de los conservadores de 2008, aparecía como sospechoso de haber recibido trajes de manos de los cabecillas de la Gürtel. Y en marzo, arropado por Rajoy en un multitudinario almuerzo en Madrid, proclamaba eso de "yo me pago mis trajes". Una frase que pocos se atreven a secundar ahora en el partido.
"Cada vez está generando más rechazo", reconoce un dirigente
Es en aquel momento en el que destacados miembros de la formación ubican el origen de este viaje a ninguna parte de president. "Lo de que haya pagado los trajes parece una broma. No es muy inteligente pasar a la historia como el presidente autonómico que aceptó regalos de una panda de corruptos. Pero menos inteligente es negarlo sin tener argumentos para ello. Está tocado. Le queda poco recorrido", añade un diputado.
Tras unos meses de calvario y cruzando los dedos para que los tribunales dieran el caso por cerrado, Camps se iba de vacaciones con buen sabor de boca. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) daba carpetazo a la denominada causa de los trajes a comienzos de agosto. Y el partido lo aupaba a la categoría de héroe. El president era aún más intocable y los apoyos en público, lo cotidiano.
Apoyo dosificado
Ningún miembro de la cúpula se arriesga a acudir a actos en Valencia
Pero la luna de miel duró poco. La fiscalía y los socialistas valencianos presentaban un recurso al archivo que ha acabado por devolver al president su condición de imputado. Fue justo hace un par de semanas cuando el Supremo ordenaba reabrir la causa de los trajes. Ahora, el PP ha dosificado los apoyos en público a uno de sus barones regionales con más peso electoral. Y huye de las fotos. "Ningún miembro de la cúpula se arriesga ahora a aparecer de la mano de Camps. Quizá es porque dan por hecho que es un cadáver político", analiza una parlamentaria conservadora.
La reapertura de la causa de los trajes, sumada al auto que el juez Antonio Pedreira ha remitido al TSJCV en el que involucra al PP de Camps en siete delitos, entre ellos la financiación ilegal del partido, han vuelto a disparar las alarmas. No sólo por el futuro desenlace en los tribunales, sino por la reacción del principal protagonista, que ha desacreditado casi a diario a la Justicia y se ha erigido en víctima de una conspiración del "aparato del Estado".
Las formas, perdidas
"Está en una actitud histriónica que le perjudica", dice un diputado
"Está en caída libre", sugiere un dirigente regional que considera que, "sin restar un ápice de valor a la presunción de inocencia", el líder de los conservadores valencianos "ha acabado de perder las formas y se ha visto superado por sus propias palabras". "Primero dijo que pagó los trajes y no hay rastro de facturas; luego que todo iba a quedar en nada, y nos queda Gürtel para rato; y ahora se bautiza como Juan Sin Miedo y se erige en máximo defensor de los valores de la Comunidad Valenciana", resume el mismo dirigente.
Un veterano diputado se suma a esta tesis y mantiene que no es "defendible" que haya llegado a calificar como "de risa" el proceso del Supremo que condujo a la reapertura de la causa de los trajes. O su reacción cuando concluyó que el auto del juez Pedreira era resultado de un "corta y pega". "Está en una actitud histriónica que sólo le perjudica. Cada vez está generando más rechazo y eso le debilita", considera.
En este sentido, un miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido recuerda que "en política, a veces, la forma en la que se manejan los escándalos cobra más importancia que estos en sí mismos porque todo se basa en una relación de confianza". Y no exhibe ninguna duda a la hora de concluir que "Camps no está conduciendo bien su problema, ni el problema que afecta a su partido". En definitiva, que "no ha sabido ganarse la confianza".
Quienes le conocen creen que no asume no ser ya el «niño bonito» del partido
Quizá por ello, un importante número de diputados del PP coinciden a la hora de sostener que Camps se ha equivocado de estrategia. "Él cree que está cumpliendo una misión histórica, espiritual y regional y que la situación que atraviesa es el peaje que los socialistas le quieren hacer pagar por erigirse en defensor de España. Pero su mensaje ya no cuela", relata un parlamentario. Otro, apunta hacia dónde más le duele al partido: los votos. "La Comunitat Valenciana tiene casi seis millones de habitantes. Y la gente no es tonta y ve lo que pasa día a día. Es muy arriesgado dilatar una decisión sobre Camps con el argumento de que ganamos de calle porque, tarde o temprano, vamos a tener que tomarla".
¿El final de un ciclo?
En este contexto, si hace un año era impensable imaginar el futuro de la Comunidad Valenciana sin Francisco Camps, hoy el partido se prepara para lo que pueda pasar. "Los campistas están compungidos. Ven cerca el final del ciclo y cada vez menos gente se imagina otra legislatura con Camps", precisa un diputado regional.
En su entorno están convencidos, sin embargo, de que hay president
Que lo mejor para el partido es que el president se quitara del medio es la tesis más extendida. Pero la percepción más común es que, a día de hoy, Camps "no se mueve ni con agua caliente". Es en este momento en el que todas las miradas se dirigen a Rajoy. ¿Por qué no actúa? La respuesta que dan sus colaboradores es que, pese a que "la cosa pinta regular, nadie le perdonaría haber sido cómplice de romper la carrera política de un dirigente que acabase siendo inocente". Además, señalan que en el "manual de estilo" de su jefe de filas no encajaría un golpe sobre la mesa sin conocer previamente una resolución judicial.
De momento, lo que se están produciendo son gestos que, sumados, pueden llevar a concluir que para Rajoy Camps ya no es un político tan "honrado", tal y como declaró cuando saltó el caso de los trajes. Los últimos actos del PP de la Comunitad han estado huérfanos de cargos de la dirección nacional del partido. Y la proclamación del candidato a la Generalitat para las autonómicas de 2011 ha sido puesta en cuarentena a la espera de novedades en el caso.
Los que en el PP defienden a Camps se abrazan a reducir a "meros trámites procesales" los últimos avances judiciales del caso. Y señalan que la partida no se ha terminado porque "hay Camps para rato". Los que le conocen dicen que mucho de su actitud se debe al "batacazo" que le ha supuesto dejar de ser "el niño bonito del partido". Como el diría, por haber dejado de ser un "líder nacional".
www.publico.es 30.05.10
CAMPS OCULTÓ CIEN VECES A LES CORTS LOS CONTRATOS DE LA 'GÜRTEL'
La oposición lleva año y medio reclamando sin éxito las adjudicaciones a la trama
No. Es el monosílabo preferido del PP valenciano cuando la oposición le pide los expedientes de contratación con empresas de la Gürtel. Desde que en febrero de 2009 estalló la trama, el Partido Socialista ha exprimido todas las vías parlamentarias para llegar a la letra de las adjudicaciones. Los socialistas suman desde entonces más de un centenar de peticiones formales de documentación y 450 preguntas al Consell. Todas a la papelera bajo el argumento de que las empresas de la trama "carecen de trascendencia pública".
No es la primera vez que esto sucede. El PSPV-PSOE ya preguntó durante la pasada legislatura sobre algunas de las firmas de la red de Correa, entre ellas Orange Market, la franquicia de la trama en Valencia. El PP utilizó la mayoría absoluta para no admitirlas a trámite de manera sistemática.
El TC afeó en 2009 la falta de transparencia del Parlament
Esta práctica, habitual desde que gobiernan los conservadores, llevó al grupo l'Entesa (compuesto en su mayoría por diputados de Esquerra Unida) a presentar, en el 2005, un recurso de amparo ante el Constitucional, que el 8 de abril de 2009 emitió una sentencia contra la "falta de transparencia" en el parlament. "No ha servido de nada, el PP continua negando contratos", asegura Ángel Luna, portavoz socialista, y añade: "Hemos sabido lo que pasa gracias a la intervención de un juez, que tiene potestad para pinchar teléfonos y registrar despachos".
1.521 contratos
Tampoco ha tenido mejor suerte Compromís, el otro grupo en la oposición. En mayo de 2009 denunció que el PP ponía el candado a los 1.521 contratos que habían solicitado ver. "Nos dijeron que no los enseñaban porque estaban bajo secreto de sumario", explica su portavoz adjunta, Mònica Oltra. Casi un año después, cuando el magistrado Antonio Pedreira que instruye el caso Gürtel levantó buena parte de este secreto, Compromís volvió a la carga con los 1.521 expedientes. "Ni nos han respondido", critica Oltra.
El PP asegura que la documentación solicitada "carece de trascendencia"
La negativa del PP de dar explicaciones no es nueva, pero se ha multiplicado y perfeccionado desde que se conoce la trama. Un celo sobre la información, que según la dirigente de Compromís, ha llevado a los conservadores a despojarse de todo maquillaje institucional. "¿Qué por qué no? Porque tenemos mayoría absoluta y ya está", asegura Oltra que han llegado a contestar los conservadores en la Mesa de Les Corts o la Junta de Portavoces.
La obsesión del PP por los cerrojos ha derivado por momentos en burla y mofa hacia la oposición. El jueves pasado, Camps compareció en Les Corts y aseguró que su Gobierno es "el más transparente" y que por eso no tenía "miedo" a lo que pudiera venir de los tribunales. "Si es tan valiente, ¿por qué no pone encima de la mesa los contratos de la Gürtel?", le preguntó Ángel Luna momentos antes de acusarlo de vivir instalado en la opacidad. "¿Opaco? O Paco o Francisco", le soltó a Luna.
Desde el PSPV-PSOE aseguran que el bloqueo informativo del PP responde más a la "prepotencia y a su desprecio al parlamentarismo" que a lo que pueda salir. De hecho, buena parte de los expedientes ya son públicos y se pueden descargar de multitud de webs. Se trata de los "sólo 80 contratos" a los que, en tono despectivo, se refirió Camps este miércoles cuando trascendió que Pedreira se inhibía a favor del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) tras hallar indicios de siete delitos graves que afectarían al presidente valenciano y a su Gobierno.
Ochenta contratos que en realidad son 85 y que sumarían 7,2 millones de euros en adjudicaciones públicas a nueve empresas de la Gürtel. Una operación que aparece descrita en un informe de la Unidad de Auxilio Judicial, del 13 de abril, que denuncia un rosario de irregularidades: fraccionamientos para burlar a los órganos fiscalizadores, contrataciones a dedo, pagos por trabajos nunca realizados, pagos dobles, entre otros.
www.publico.es 29.05.10
CAMPS SE ENVUELVE EN LA 'SENYERA' PARA AFRONTAR GÜRTEL 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, decidió ayer envolverse en la senyera valenciana para afrontar la grave situación en la que se halla, tras la decisión del juez Antonio Pedreira de enviar parte de la causa del caso Gürtel al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Pedreira considera que existen múltiples indicios, -de hasta siete delitos diferentes, incluidos el cohecho, el delito electoral y la financiación ilegal- que implican al presidente valenciano y a la cúpula de su Gobierno y del PP regional. 
"Ustedes [los socialistas] se han acogido al Código Penal, yo a la senyera y a mis conciudadanos", afirmó ayer Camps en la sesión de control de las Cortes valencianas. El presidente de la Generalitat atribuyó todas sus penurias judiciales a un "envite de todo el aparato del Estado para generar una sombra de duda sobre un Gobierno democrático". Y, además, contrapuso el auto judicial "de corta y pega" elaborado por el juez Pedreira, y unos informes periciales que considera contaminados por la fiscalía y el Gobierno, con "los informes científicamente probados" de la Abogacía de la Generalitat y la dirección regional del PP. Una documentación que, según Camps, las instancias judiciales no le han permitido presentar hasta la fecha. 
El primero de los dos informes a los que se refiere Camps intenta contrarrestar el informe de la Unidad de Auxilio Judicial sobre las contrataciones irregulares de la Generalitat con la trama corrupta y ya fue remitido a primeros de mayo al TSJ de Madrid. El segundo es un somero informe, encargado por el PP regional a un auditor próximo a Camps, que cuestiona el informe de la Agencia Tributaria sobre la contabilidad de Orange Market que fue solicitado por el juez Pedreira. "Deje de envolverse en la bandera de los valencianos, cuente la verdad de una vez y apártese de un sillón que en este momento no está mereciendo", le dijo el portavoz socialista, Ángel Luna, a Camps. Luego, añadió: "Su megalomanía le enfrenta a su propio partido. ¿Cuánta arenga populista necesitará para tapar el olor a corrupción?". Luna advirtió al presidente valenciano de que su problema ya no es una carrera política "que está terminada", sino el Código Penal, que castiga el cohecho con penas de entre dos y seis años de cárcel. 
La tensión por la que atraviesan Camps y su entorno se tradujo, tras la sesión de control, en una reunión en los despachos de la Cámara entre el president, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; y los vicepresidentes Vicente Rambla y Gerardo Camps, sobre la posibilidad de hacer algún cambio en el Gobierno para retomar la iniciativa. En la misma, Rambla se quejó de la falta de apoyo de Génova tras el auto de Pedreira, lo que le valió el reproche de Camps, que lleva más un año bajo el foco mediático. 
(www.elpais.com, 28/05/10) 
VALENCIA REMATARÁ LA INVESTIGACIÓN QUE PEDREIRA COMPLETÓ 
El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, intentó sin éxito en agosto de 2009 que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana investigara un informe policial sobre la financiación ilegal del PP valenciano y la adjudicación irregular de contratos a la trama Gürtel. 
Casi diez meses después, Pedreira ha enviado al tribunal valenciano resultados de aquella investigación -que implica al presidente valenciano, Francisco Camps, y a la cúpula de su Gobierno-. Él mismo la ha realizado, puesto que en febrero los magistrados valencianos asumieron que sería él quien completara la instrucción del caso. 
Las actuaciones realizadas por Pedreira completan una parte de la instrucción de lo que el propio tribunal valenciano calificó como "complejo delictivo". Los magistrados decidieron que, "al tratarse de una investigación judicial compleja y secreta", debía efectuarse junto con el resto del caso Gürtel hasta que aparecieran indicios sólidos contra políticos valencianos aforados. 
Así, el 15 de febrero se declararon provisionalmente incompetente para investigar la querella por financiación ilegal del PP presentada por cuatro diputados socialistas contra Camps, seis de sus altos cargos, cinco miembros de la trama corrupta y cinco destacados constructores. 
Por entonces, el caso de los trajes presuntamente regalados por la trama a Camps y a otros altos cargos estaba archivado, a la espera de que el Tribunal Supremo dijera la última palabra. La instrucción de Pedreira, por otra parte, seguía siendo secreta. 
"La querella y el cualificado informe de la Unidad Especial de Policía contra la Criminalidad Organizada que la acompaña contienen hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar para averiguar los mismos", señaló entonces el tribunal valenciano, que decidió dejar en suspenso la iniciativa para "no fragmentar" la investigación judicial desarrollada en el tribunal de Madrid. 
El auto, que acordaba "la no asunción de competencia, por el momento", pero advertía además de que la competencia para "realizar juicio formal de inculpación" o "la práctica de otras diligencias que materialmente entrañen ese mismo significado" sobre personas aforadas les correspondía a ellos o, en todo caso, al Supremo. Y depositaba en la Fiscalía Anticorrupción, personada en el caso, la responsabilidad de promover, si fuese procedente, "la remisión de los testimonios indicados a otros tribunales que pudieran ser competentes". 
Y así ocurrió: ha sido un informe de la fiscalía, que el juez Pedreira ha hecho suyo, el que ha terminado por devolver a Valencia un caso en el que los indicios de hasta siete delitos implican a Camps, a su vicepresidente, Vicente Rambla, a tres diputados valencianos, a media docena de empresarios y a miembros de la trama corrupta. Debería acumularse así al asunto de los trajes regalados, que ahora ha vuelto a manos del juez de Valencia José Flors, toda vez que, al final, el Supremo ha decidido reabrir esta investigación judicial. 
(www.elpais.com, 28/05/10)
¿POR QUÉ PROTEGE RAJOY A UN POLÍTICO ACUSADO DE GRAVES DELITOS? 
"Es el ritmo de Mariano", explica uno de sus colaboradores cuando se le pregunta por qué el líder del PP no adopta de una vez por todas medidas contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tras los dos varapalos judiciales recibidos en dos semanas.  
En las filas conservadoras confían en que el dirigente valenciano termine por dimitir si le imputan alguno de los graves delitos apuntados por el juez Pedreira, entre ellos cohecho (soborno) y financiación ilegal, o si abren juicio oral en su contra por la causa de los trajes que le regaló la trama Gürtel. Y, mientras, se desesperan porque Rajoy no mueve ficha. "Él es así. Es su modus operandi. Tranquilidad mientras todos enloquecen. Prefiere que se enfríe el tema y no reaccionar a golpe de titular", comentan los suyos. Si lo hiciera, mantienen, tendría que haber echado al líder del PP canario, José Manuel Soria, nada más conocerse su imputación por el caso Salmón, y recuerdan que este asunto terminó archivándose meses después.  
En el partido destacan que, al final, "el tiempo le da la razón". "Lo que pasa es que nos hace a todos someternos a un castigo y un desgaste innecesario", comentan varios diputados. Pero los que le rodean están convencidos de que Rajoy no le pedirá en ningún momento que renuncie al cargo. Él prefiere que sean los demás quienes lo mediten y lleguen a la conclusión de que eso es lo mejor para su formación. 
Recuerdan que así fue como Jaume Matas, ex president de Balears, pidió la suspensión de militancia cuando lo imputaron por el caso Palma Arena. Y también que ese fue el procedimiento que se siguió con el ex tesorero del partido Luis Bárcenas, quien dimitió de todos sus cargos cuando la situación llegó a ser insostenible. 
Cuentan que entonces el vicesecretario Javier Arenas fue clave para convencer al senador de que lo mejor era abandonar las filas conservadoras para centrarse en su defensa. Algunos creen que ese papel ahora podría recaer sobre el responsable de Justicia, Federico Trillo. El diputado por Alicante ha estado diseñando con Camps la estrategia a seguir desde el primer día.  
Lo ocurrido con Bárcenas dejó un regusto tremendamente amargo en el PP y a algunos no se les ha olvidado. Aún creen que si se mantuvo tanto tiempo en su cargo y contó con tantos privilegios fue porque amenazaba con "tirar de la manta".  
En esta ocasión, la mayoría dentro del partido descarta el chantaje. No cree que Camps esté presionando. Aunque otros no lo descartan teniendo en cuenta que no le tembló el pulso al enfrentarse a su antecesor, Eduardo Zaplana. 
"Sería su fin. Además, con qué va a formar un partido independiente, con qué se va a llevar consigo los votos... El PP gana con y sin él en la Comunitat valenciana", asegura un diputado. Aunque muchos creen que sería conveniente realizar una limpieza, en el Partido Popular no se llegan a plantear la refundación de la marca valenciana.  
El círculo de Rajoy cree que sobre su jefe pesan, además, dos factores: que Camps lo apoyó cuando perdió las elecciones en 2008 y su liderazgo se tambaleaba y, también, que no termina de creerse que sea un delincuente. 
En el partido, sin embargo, hay quien cree que esta es una lealtad mal entendida. Ahora que encima se ha vuelto a poner el foco de atención sobre la financiación ilegal, algunos temen que se estén protegiendo las cuentas de la formación regional para que el asunto no termine salpicando las del partido a nivel nacional. Pero en la cúpula mantienen que tienen todo auditado. "Las cuentas están en regla. No es una preocupación", dicen por mucho que estén bajo lupa judicial.  
Los que conocen bien a Rajoy saben que lo único que no está dispuesto a arriesgar es su independencia y credibilidad. Y si considera que estas pueden estar en peligro puede dar un giro aunque, en ningún caso, será copernicano. 
En las filas conservadoras preferirían acabar con esta angustia "cuanto antes". "Siempre parece que reaccionamos mal y tarde", comentan varios dirigentes indignados con que se vuelva a repetir el calvario de Bárcenas. El nombre del ex senador ha vuelto a aparecer en el auto de Pedreira. Se le atribuye un delito electoral en 2007 y se le investiga por si cometió otro un año después. Pero en el PP dicen que ya es historia. "Se fue y se acabó el debate", reconocen con alivio. Para el núcleo duro ya está "amortizado".  
A pesar de todo, desde la sede nacional reconocen que la defensa hacia Camps se ha rebajado mucho. Ahora dejan que sea él quien dé la cara mientras la cúpula baraja escenarios y estudia soluciones. En la dirección reconocen que les han sorprendido algunas de sus salidas de tono pero que lo que más preocupa a Rajoy es pensar que la Comunitat Valenciana pueda estar paralizada.  
(www.publico.es, 28/05/10)
CAMPS ASEGURA QUE SUFRE "EL ENVITE" INJUSTO DE "TODO UN APARATO DEL ESTADO" 
El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado hoy que sufre el "envite de todo un aparato del Estado para intentar generar una sombra de duda" sobre el Gobierno democrático valenciano, así como un "ataque injusto" que no le "refuerza moralmente", porque no hay ninguna "debilidad". 
Camps se ha pronunciado así en la sesión de control de Les Corts, donde la oposición le ha preguntado sobre el auto del juez instructor del caso "Gürtel" en Madrid, Antonio Pedreira, que traslada al Tribunal Superior de Justicia valenciano la investigación sobre supuestos delitos electorales y cohecho, entre otros, que afectaría a altos cargos del PP valenciano . 
El president, que ha calificado de "corta-pega" el auto del juez Pedreira (en PDF), ha asegurado que no tiene "miedo absolutamente a nada", porque los informes de la Generalitat dicen que "todo se ha hecho correctamente y el partido está financiado correctamente" y desmontan de forma objetiva "cada una de las propuestas" de la Fiscalía. 
El portavoz socialista, Ángel Luna, le ha alertado de que su problema "ya no lo resuelve con una multa", pues el delito de cohecho previsto en el artículo 419 del Código Penal -"uno de los siete delitos" que recoge el auto- habla de 2 a 6 años de cárcel y de inhabilitación de 7 a 12 años, y le ha preguntado si va a montar un partido regionalista. 
"Usted se ha cogido a lo único que les queda, el Código Penal, yo me cojo a la señera y a mis conciudadanos para seguir trabajando por el futuro de esta tierra", ha replicado Camps, quien ha dicho que tiene "la compañía" de sus compañeros de partido, de sus conciuadanos y del partido a nivel nacional, y que forma parte de un partido nacional en el que está "realmente a gusto y convencido del proyecto".  
(www.publico.es, 27/05/10) 
EL CERCO JUDICIAL A CAMPS REBASA LOS TRAJES 
El auto del magistrado Antonio Pedreira es un parte de traslado del presidente Camps directamente a la UCI judicial. Con las consecuencias políticas que pueden derivarse. Porque el auto de inhibición en favor del TSJ valenciano no sólo acorrala al jefe del Consell a título personal sino que, además, deja tocada a toda la plana mayor de su partido y al propio vicepresidente Vicente Rambla. A los hombres del presidente les imputa, por autores o colaboradores, uno o varios presuntos delitos, entre ellos falsedad documental, delito electoral, financiación ilegal, prevaricación, delito contra la hacienda pública o cohecho propio.  
Este último es el que afectaría de lleno al presidente. El auto permite concluir que los problemas de Camps con la Justicia ya no se ciñen a "tres trajes regalados" (12.783 euros exactamente) sin ninguna conexión con los contratos a la trama y que, como cohecho impropio, se saldarían con multa de tres a seis meses, en el peor escenario para el Consell. Pedreira avala la tesis de la Fiscalía Anticorrupción y da una vuelta de tuerca al cohecho impropio para convertirlo en propio. En cohecho crudo, puro y duro. Y eso son palabras mayores cuando se aplican a un presidente. Ese delito está penado con prisión (hasta seis años) e inhabilitación para cargo público con fecha de caducidad de hasta doce años. "El cohecho que se investigaba en el TSJ de Valencia podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal [el pasivo] sino el tipificado en los artículos 425, 419 o 420 del mismo texto legal", esto es, el propio, señala el instructor del caso Gürtel en el TSJ de Madrid. Viene a apreciar relación causal entre los regalos que hizo la trama (pagó Orange Market, Servimadrid y Diseño Asimétrico) a los cargos públicos y los contratos que les llovieron de la Generalitat.  
Hasta 85 concesiones a nueve firmas Gürtel, por unos 8 millones de euros, pescó la red de Correa en el Consell. Los archivos intervenidos en pisos de la trama "evidencian los numerosos regalos que los imputados hacían a importantes cargos públicos (trajes, bolsos, relojes, etc) con el fin de obtener un trato de favor en la contratación pública", dice Pedreira.  
El auto insinúa incluso una posible responsabilidad de Camps en otros delitos, especialmente en el electoral. Lo hace cuando, tras glosar la participación de Ricardo Costa como epicentro en el montaje de la supuesta financiación del partido, añade: "Sobre la conexidad de los delitos investigados, tampoco puede desdeñarse el cargo que ocupa en el PPCV otro de los imputados en la causa tramitada en Valencia, Francisco Camps Ortiz, y que no es otro que el presidente de dicho partido político". 
Con el auto de inhibición, el magistrado propone al TSJ valenciano el traslado de la rama valenciana del caso Gürtel (en realidad, el tronco, deconstruido a través de 800 folios de investigación) al existir varios aforados. Ahora corresponderá a la Sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano decidir, en primer lugar, si acepta la competencia y, después, si acumula esa causa a la de los trajes. Fuentes jurídicas apuntan que la decisión lógica -máxime tras el varapalo del Supremo a De la Rúa y Ceres por el archivo que decretaron- sería aceptar la causa y acumularla para que toda la red Gürtel valenciana la instruya José Flors.  
Se cumpliría así la posibilidad avanzada el pasado 14 de mayo por este diario y Camps no sería juzgado por nueve ciudadanos anónimos en un tribunal del jurado, que entiende del cohecho impropio (artículo 1 de la Ley 5/1995) pero no del activo ni de otros delitos acumulados. Los plazos, en ese supuesto más que probable, se dilatarían hasta no menos de dos años y el presidente nunca se sentaría en el banquillo antes de las elecciones. "Será una instrucción muy larga", señalan las citadas fuentes. El largo proceso es un factor que en el entorno de Camps consideran como de los pocos elementos favorables. 
Pedreira apuesta por aglutinar toda la causa Gürtel tras proclamar la "estrechísima vinculación entre todos los hechos". "Resulta ineludible la investigación de dichos hechos en un solo procedimiento", sentencia el magistrado de Madrid. En otras palabras: "La correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos a los imputados en el procedimiento del Tribunal del Jurado (...) impone su investigación conjunta con la contratación de Orange Market, tanto en el PP como con la Administración a fin de comprobar la posible relación entre los regalos investigados (...) y los cargos que Rafael Betoret, Víctor Campos Ricardo Costa y Francisco Camps ocupan en el PPCV y/o la Generalitat".
(www.levante-emv.com, 27/05/10) 
CAMPS SE ENFRENTA A UN PROCESO LARGO Y SIN JURADO 
Nada está aún claro. Pero todo apunta a que Francisco Camps y el resto de los altos cargos del Gobierno y del PP valencianos se enfrentarán a un proceso judicial largo y sin jurado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha puesto en manos de José Flors, el instructor de la causa de los trajes que reabrió el pasado 17 de mayo el Tribunal Supremo, la evolución del procedimiento. 
Flors, que tenía la intención de abrir juicio oral por cohecho pasivo impropio cuanto antes y, tal como obliga la ley, por jurado, tiene ahora un escenario distinto. El juez de Madrid, Antonio Pedreira, le envía una parte del sumario del caso Gürtel que ha instruido y lo hace invitándole a que las nuevas imputaciones y los nuevos imputados se sumen a la causa abierta por el cohecho pasivo impropio. Los delitos que recoge el auto de inhibición de Pedreira están fuera del catálogo de jurado. La causa debería ser juzgada, por tanto, por un tribunal profesional, con tres magistrados del TSJCV. 
La primera decisión que debe tomar Flors es la de acumular o no ambas causas. Y, si elige la primera opción, el magistrado procederá a instruirla, practicar prueba, oír a los imputados y citar a nuevos testigos. Antes de que eso ocurra, los magistrados de la Sala de Lo Civil y Penal analizarán la decisión procesal que se dibuja con la inhibición del TSJ de Madrid. Aunque no parece probable, Flors también puede rechazar la inhibición y plantear una cuestión de competencia por razones que el auto recoge: "La enorme dificultad que la inhibición implica en esta causa en la que existe una estrechísima vinculación entre todos los hechos objeto de la misma, muy especialmente los delitos contra la Hacienda pública que vinculan a Francisco Correa", el jefe de la trama. 
(www.elpais.com, 27/05/10) 
EL JUEZ PONE DE NUEVO EL FOCO EN LA CÚPULA DEL PP 
Los esfuerzos de la dirección estatal del PP por permanecer ajena a la trama Gürtel han resultado fallidos. El auto del juez madrileño Antonio Pedreira señala a Luis Bárcenas como autor de un presunto delito electoral en el que habría incurrido como "administrador general del PP en las elecciones locales" del 27 de mayo de 2007. El juez investiga, además, si el PP cometió un segundo delito electoral en las elecciones generales de marzo de 2008, año en el que, presuntamente, Orange Market también falseó facturas en connivencia con empresas afines a la formación conservadora.  
El juez está pendiente de que la Agencia Tributaria verifique si los 515.461 euros pagados a Orange Market en 2008 por cinco empresas próximas al PP se correspondían o no con gastos electorales del partido. Dos de esas sociedades Facsa y Piaf ya habían sufragado gastos electorales en 2007, según el auto judicial.  
Si Hacienda confirma que los pagos de 2008 fueron donaciones electorales encubiertas, "los hechos podrían ser constitutivos de un delito electoral del que sería autor el administrador general del PP en esas elecciones, cuya identidad en este momento se desconoce". Fuentes oficiales del PP confirmaron ayer a este diario que, "como gerente del partido", esa responsabilidad recayó en Bárcenas también en la campaña para las generales de marzo de 2008.  
Tesorero del PP hasta abril de este año y senador hasta que, días después, el PP le forzó a dejar el escaño, Bárcenas regresa ahora al centro del escenario. Y vuelve no por los supuestos delitos que haya podido cometer a título personal sino por aquel en el que, según Pedreira, incurrió precisamente como máximo responsable de las cuentas electorales del partido.
Gerente desde años atrás, Bárcenas ascendió a tesorero del PP en el congreso del partido celebrado en junio de 2008, tres meses después de los comicios generales. El artífice de su ascenso fue Rajoy, quien tras aquel congreso premió a quienes se mantuvieron a su lado frente al asalto fallido de Esperanza Aguirre.  
En 2007, el PP ocultó al fisco 2,5 millones de euros de gastos electorales. El hecho de que los dos comicios, locales y autonómicos, coincidieran en fecha 27 de mayo dificulta la tarea de segregar cuánto dinero ocultó en la campaña de las municipales y cuánto en la destinada a la reelección de Camps como presidente de la Generalitat.  
El auto recuerda que, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), son autores del delito electoral "los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores". En virtud de ese precepto, la responsabilidad sobre lo ocurrido durante las elecciones de 2007 recae sobre Bárcenas y sobre Cristina Ibáñez, administradora del PP valenciano para las elecciones autonómicas. 
La resolución de Pedreira lanza un aviso al Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), ante el que se inhibe en lo concerniente a las actuaciones del Gobierno de Camps y de la dirección del PP. Ese aviso se relaciona con la dimisión de Bárcenas como senador y a su consiguiente pérdida de aforamiento ante el Tribunal Supremo. 
Pedreira, que ya ha topado en más de una ocasión con el muro que defiende en Valencia el juez amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa, advierte de que el tribunal competente para investigar los hechos descritos en el auto es el Tribunal Superior Valenciano. Y ello porque entre los implicados hay aforados autonómicos, con independencia de que se les atribuyan delitos cometidos "en y fuera del territorio" valenciano. La competencia corresponde al TSJCV, y no el Supremo, subraya Pedreira, y a renglón seguido pone los puntos sobre las íes: "A ello no puede objetarse la condición de senador de Luis Bárcenas como determinante de la competencia del Tribunal Supremo por cuanto ha renunciado a su acta de senador y, en consecuencia, ha perdido el aforamiento". 
Si el juez Flors opta por que sea la Sala de lo Penal la que acuerde si, tal como pide Pedreira, debe ampliar el marco de sus investigaciones, la decisión volverá a estar en manos de De la Rúa.  
Cuando el juez Antonio Pedreira preguntó a Francisco Correa, conocido como ‘Don Vito', cómo había logrado trabajar para el PP casi en régimen de monopolio, el jefe de la trama corrupta señaló a Luis Bárcenas. Fue él, contó Correa, quien permitió a las empresas que formaban parte de la trama ‘Gürtel' dar un salto cualitativo: de proveedor esporádico a grupo de cabecera del PP.
En esa declaración, Correa trató -sin éxito- de convencer al juez de que cuando le contó a un edil del PP que él le había llevado "mil millones" de pesetas a Bárcenas, sólo quería decir que había proporcionado al PP un ahorro de seis millones de euros.  
En relativa calma mientras la investigación sobre su persona correspondió al Supremo, Bárcenas vuelve ahora a la cuerda floja. Cuando Pedreira levantó en abril el secreto de sumario sobre una nueva tanda de documentos del caso, un alud de pruebas sepultó al entonces todavía tesorero del PP. La policía identificó "sin género de duda" a Bárcenas como el L.B. que aparece en la contabilidad B de la trama. La investigación ha constatado que su patrimonio se ha multiplicado por ocho desde 1984. Ahora, el juez sigue buscando el dinero que, presuntamente, evadió Bárcenas fuera de España.   
(www.publico.es, 27/05/10) 
CAMPS NIEGA LAS EVIDENCIAS: "SE TRATA DE UN PROCESO MEDIÁTICO, NO HAY MÁS" 
La conmoción se apoderó ayer de nuevo de los populares valencianos. Apenas 72 horas después del mitin celebrado en Valencia para aclamar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de celebrar el tercer aniversario de su última victoria electoral, el auto del juez Antonio Pedreira les devolvió a una pesadilla llamada Gürtel, de la que no logran despertar desde hace más de un año. 
Camps conoció la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid durante una inauguración en la localidad valenciana de Cheste. "Se trata de un proceso mediático, no hay más", aseguró Camps, que intentó quitar importancia al auto judicial y se refugió, nuevamente, tras la teoría de la conspiración. "Se está hablando de 80 contratos, cuando la Generalitat en esos seis años ha firmado decenas de contratos de todo tipo. Y estamos hablando de la financiación de un partido que ha fiscalizado sus cuentas en el Tribunal de Cuentas y en la Sindicatura", dijo Camps, que está convencido de que su Gobierno sufre "un acoso sin parangón en la historia de la democracia española". 
"¿Ustedes se creen que un Gobierno que sólo en una obra invierte 350 millones de euros va a estar trapicheando con 80 contratos durante seis años o con una pretendida trama de pequeñas empresas que no sabemos exactamente bien cuál es su razón social y exactamente a qué se dedican?", se preguntó retóricamente Camps. Y añadió: "Las personas que están dirigiendo o instrumentalizando este acoso deben dejar responsablemente las tareas o responsabilidades que tienen en estos momentos cuando se sepa toda la verdad". 
La decisión del TSJ de Madrid sorprendió al vicepresidente Vicente Rambla durante una comparecencia sobre los tres últimos años de Gobierno de Camps. La alerta del teléfono móvil transformó el semblante de Rambla, que reclamó que se respete la presunción de inocencia y proclamó que la gestión de la Generalitat "se ha caracterizado siempre por ser honesta". 
Las alertas de los teléfonos que comunicaban el auto de Pedreira también sorprendieron al vicesecretario de Organización, David Serra; a la tesorera del PP regional, Yolanda García, y al ex secretario regional Ricardo Costa en sus escaños de las Cortes. La conmoción de la bancada popular se trabó con los nervios de los afectados, que se declararon tranquilos pese a que el trajín de entradas y salidas del hemiciclo revelaba lo contrario. Tanto la Generalitat como el PP regional emitieron comunicados pregonando la legalidad de sus actuaciones. 
 (www.elpais.com, 27/05/10) 
RAJOY SE RECLUYE EN GÉNOVA Y LLAMA AL LÍDER VALENCIANO PARA CONFIRMARLE SU APOYO 
El PP está en ebullición, y casi todos los dirigentes tienen su propia opinión sobre cómo ha de resolverse el caso Camps. En privado, hay casi unanimidad: tiene que irse cuanto antes para no perjudicar al partido, una vez comprobado que la situación judicial no para de empeorar. Pero al final, el PP es un partido jerárquico, y pese a la enorme tensión que se respira entre Madrid y Valencia, todo depende de una sola cosa: lo que hablen Mariano Rajoy y Francisco Camps. Y ayer, Rajoy y Camps hablaron. 
El presidente valenciano estaba con el ánimo fuerte, según varios dirigentes. Y le dijo que no tenía ninguna intención de dimitir, que estaba convencido de que judicialmente el asunto acabaría en nada porque tenía facturas que prueban el pago legal de todos los actos del partido -al contrario del pago de los trajes, aquí sí hay papeles, aunque lo que se investiga son los pagos en negro-. Y Rajoy le contestó, de nuevo, con un apoyo cerrado para que aguante. Pero eso sí, le insistió, como ha hecho en otras ocasiones, en que tiene que dar explicaciones públicas y atender a los periodistas, para evitar que sea la dirección nacional la que tenga que explicarlo y quemarse. Y como Camps le hizo caso y habló a los medios, los marianistas estaban un poco más tranquilos. 
Rajoy pudo así, de nuevo, refugiarse en el silencio. La dirección del PP hizo como si el auto del juez Pedreira no existiera. Génova no tiene nada que decir sobre un escrito que desmonta la tesis principal del PP en todos estos meses, la de que en el caso Gürtel no había financiación ilegal. Rajoy estuvo todo el día encerrado en Génova tratando de trasladar, de nuevo, una imagen de calma en medio de la tempestad. De momento, insisten en el entorno del líder, no hay imputaciones. Cuando las haya, si las hay, se volverá a dar una vuelta al asunto. Mientras tanto, el apoyo continúa. Camps, explican en la dirección del PP, ha decidido "jugar a muerte", atrincherarse y no dimitir, lo que sería la mejor opción para Rajoy, que no quiere echarle pero está cada vez más distanciado y pesimista sobre el futuro judicial del valenciano. 
Camps, señalan los marianistas, sigue contando, pese a las dudas de algunos, con el apoyo de la mayoría del partido en la Comunidad Valenciana (excluido Alicante), y la operación de echarlo si él no se quiere ir sería muy arriesgada. Otros dirigentes señalan que muchos valencianos están también hartos de Camps y esperan una señal de Rajoy para empujarle a marcharse, pero mientras el líder no se mueva, nadie se moverá. 
En cualquier caso, diversos dirigentes regionales y nacionales insistían ayer en privado en que la situación es cada vez más insostenible. "El auto es como para refundar el PP en la Comunidad Valenciana. Implican a casi toda la cúpula en casi todos los delitos posibles en política", sentenciaba un dirigente. Aún así, había también un dato positivo que muchos marianistas destacaban: el caso vuelve a la sala presidida por Juan Luis de la Rúa, el juez "más que amigo" de Camps. 
 (www.elpais.com, 27/05/10) 
EL PP SE TEME «LO PEOR» Y SE PREPARA PARA TOMAR MEDIDAS  
Francisco Camps lleva meses pidiendo a la dirección del PP que confíe en él y en su saber hacer ante los tribunales (gracias a la colaboración de su abogado y del dirigente popular Federico Trillo). Da por hecho que no llegará a sentarse ante un jurado por el caso de los trajes y que, además, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) rechazará juzgarle a él y a su Gobierno por posible financiación ilegal del partido, por mucho que se obstinen el juez de Madrid Antonio Pedreira y el instructor en Valencia, José Flors. La dirección del PP, ante tanto empeño de Camps –que se ve a sí mismo como Juan Sin Miedo–, le ha concedido el beneficio de la duda y esperará «hasta el límite de lo posible» para adoptar, si fuera necesario, medidas disciplinarias contra él o sus colaboradores. «Pero, tras leer el auto de hoy [por ayer], nos tememos lo peor», se apuntaba ayer en el entorno de Mariano Rajoy. 
En esta situación, Rajoy elige el camino más largo, como ya hizo con su extesorero Luis Bárcenas: ganar tiempo y, en función de las noticias que vayan surgiendo de los tribunales, inclinar la balanza hacia Camps, que se proclama inocente a los cuatro vientos, o hacia el cada vez mayor número de dirigentes conservadores que ansían que el presidente valenciano dimita cuanto antes, «por su propio bien y por el bien del partido». 
Mientras, Camps mueve sus fichas: ayer hizo público un informe de la abogacía de la Generalitat valenciana para intentar desmontar la investigación sobre financiación ilegal que lleva a cabo la Unidad de Auxilio Judicial. Al tiempo, promete dar muchas explicaciones a la prensa. Eso sí que es novedad.  
 (www.elperiodico.com, 27/05/10)
CAMPS Y SU GOBIERNO AFRONTAN HASTA SIETE DELITOS POR SU RELACIÓN CON LA TRAMA GÜRTEL 
No se trata exclusivamente de un delito de cohecho impropio por haber aceptado regalos de trajes de un contratista de la administración valenciana. La rama valenciana del caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido en democracia, va mucho más allá de los regalos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de los que ya estaba en camino de ser juzgado. Por la puerta que abrió la reciente sentencia del Supremo que volvió a imputar a Camps, el juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha decidido enviar el grueso de la causa valenciana al Tribunal Superior de esta comunidad autónoma. En esa causa figuran indicios de hasta siete delitos vinculados a la corrupción relacionados con el amaño de contratos a favor de la red Gürtel (prevaricación y tráfico de influencias); con la aceptación de regalos pagados por Álvaro Pérez, el Bigotes, jefe de la trama corrupta en Valencia, a dirigentes del PP (cohecho) y con la ocultación a Hacienda de gastos del partido en la campaña de 2007 (delito electoral). 
El juez recoge en su auto los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que considera que Camps pudo incurrir en cohecho propio (recibir regalos a cambio de adjudicar contratos) en lugar del cohecho pasivo impropio que ahora se le imputa (recibir regalos por su condición de autoridad sin vinculación con la adjudicación de contratos). Otros delitos que se apuntan en el auto son los de falsedad en documento mercantil, cometida supuestamente para pagar de forma irregular facturas del PP; y blanqueo de capitales. La decisión de Pedreira de inhibirse en favor del Tribunal valenciano, que ya estableció en febrero pasado que los informes policiales sobre financiación ilegal del PP había que investigarlos aunque rechazó hacerlo por una cuestión de competencias en ese momento procesal, se produce a instancias de la fiscalía, que justifica la necesidad de tomar esta decisión ahora para "evitar la prescripción de los delitos electorales". Anticorrupción se basa en los informes de la Brigada Policial contra el Blanqueo de 31 de julio de 2009 y los de las unidades de auxilio judicial de la Intervención del Estado y de la Agencia Tributaria, de 13 de abril y 6 de mayo de este año. Según esos informes, hay dos grandes bloques de supuestos delitos que, de acuerdo con la fiscalía y el juez, aconsejan "su acumulación" al procedimiento que instruye el juez valenciano José Flors por "la conexidad" con los investigados en esa causa, consistentes en el "regalo de prendas de vestir a funcionarios públicos". 
Por una parte, Pedreira apunta los delitos de tráfico de influencias en la contratación de la empresa Orange Market con la Generalitat valenciana. El Gobierno de Camps adjudicó al menos 85 contratos entre 2004 y 2009 a la empresa Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, en su mayor parte de forma irregular, por un total de 7,2 millones de euros. "Por ello", señala el ministerio público, "el delito de cohecho que se investigaba en el Tribunal de Valencia podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal, sino el tipificado en los artículos 425, 419 o 420", lo que implicaría que no sería objeto de juicio con jurado y la condena pasaría de una multa a la inhabilitación para ejercer cargo público. 
Por otra parte, están los supuestos delitos electorales, que implican a media docena de empresarios que habrían financiado irregularmente al PP valenciano a través de Orange Market y que, también de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, podrían determinar "una diferente valoración jurídica" de los regalos percibidos por Ricardo Costa. Según la Agencia Tributaria, el PP valenciano ocultó a Hacienda 2,5 millones en la campaña autonómica y local de 2007. Costa, que fue forzado a dimitir de su cargo de secretario general para convertirse en la única víctima política hasta el momento del caso Gürtel en el PP valenciano, ve esfumarse así las posibilidades de quedar apartado del procedimiento por cohecho pasivo impropio en el que está envuelto junto a Camps, al ex vicepresidente Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. 
En relación con la supuesta financiación ilegal, el auto señala a Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, y Cristina Ibáñez, administradora del PP valenciano en 2007, como responsables. Y afirma que con ellos habrían cooperado el propio Costa, el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, el diputado y vicesecretario del PP valenciano David Serra, y la ex tesorera y diputada autonómica Yolanda García. Y también dos personajes aún sin identificar, conocidos como El Cantante y El Príncipe, que efectuaron los pagos por cuenta del PP. 
(www.elpais.com, 27/05/10) 
CARGOS PÚBLICOS BAJO SOSPECHA DE CORRUPCIÓN 
- Francisco Camps. El presidente valenciano estaba hasta ahora imputado por supuesto cohecho pasivo impropio a causa de los trajes que le regaló la trama Gürtel. El auto del juez Pedreira vincula los regalos a adjudicaciones irregulares y financiación ilegal del PP, lo que apunta a responsabilidades más graves, y señala figuras de cohecho que implican condenas de inhabilitación. 
- Vicente Rambla. El vicepresidente de la Generalitat había sido aludido en las conversaciones grabadas por la policía a Álvaro Pérez, pero hasta ahora no le había señalado la investigación judicial de una manera expresa. 
- Ricardo Costa. Diputado autonómico, fue obligado por Rajoy a dimitir el pasado octubre de su cargo de secretario general del PP de la Comunidad Valenciana. Hasta ahora acariciaba la posibilidad de eludir el caso de los trajes dado que no desempeñó cargo alguno en la Generalitat. El auto de Pedreira apunta, sin embargo, que los regalos de trajes que recibió pueden adquirir "una diferente valoración jurídica" a la luz de los supuestos delitos electorales cometidos con participación de la empresa de la trama Orange Market. 
- David Serra. Diputado autonómico, también aparece en numerosas conversaciones grabadas por la policía a Álvaro Pérez, que habrían corroborado, según la Fiscalía Anticorrupción y el juez Pedreira, "su papel en la gestión de las finanzas del PP". La documentación intervenida a Orange Market revela que entregó 12.000 euros a la caja B para pagar gastos del PP. 
- Yolanda García. También diputada autonómica en las Cortes valencianas, fue tesorera del PP regional, según las conversaciones intervenidas, participó en 2008 en "el irregular pago de los servicios prestados al partido" junto a Ricardo Costa, Vicente Rambla y el propio David Serra. 
- Rafael Betoret. Actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia y ex jefe de gabinete la Consejería de Turismo, que adjudicó a Orange Market el pabellón valenciano en Fitur de 2005 a 2009, el auto señala que participó en esos expedientes. 
- Víctor Campos. Ex vicepresidente, está apartado de la política e imputado por los regalos de trajes. 
(www.elpais.com, 27/05/10) 
EL JUEZ DEL ‘CASO GÜRTEL’ VE INDICIOS DE MÁS DELITOS DE CAMPS Y SU CÚPULA  
En el argot tenístico sería un revés cruzado y con un efecto envenenado. El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, hizo público ayer un auto en el que admite haber hallado indicios de que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y algunos de sus más estrechos colaboradores pueden haber cometido, además de cohecho impropio ligado al regalo de trajes, otros delitos de carácter electoral, contra la hacienda pública y de falsedad en documento mercantil, además de prevaricación.  
A estas conclusiones ha llegado el magistrado de Madrid siguiendo el hilo de la red corrupta que capitaneaba Francisco Correa. Pero para evitar la prescripción de algunos de estos delitos, y aprovechando que hace solo unos días, el Tribunal Supremo instó al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) a reabrir la causa de los citados trajes, Pedreira decidió inhibirse de la parte de su investigación que atañe a Valencia y pasársela a su colega José Flors, el juez valenciano encargado de reabrir el caso Camps. Flors deberá decidir ahora si, como se le reclama desde Madrid, se hace cargo también de estas nuevas amenazas para el futuro político del presidente de la Generalitat valenciana y sus adláteres.  
Las 20 páginas remitidas por el magistrado no hacen más que agrandar las dudas en torno a algunos miembros de la cúpula popular valenciana. Como Ricardo Costa (diputado y exsecretario general de los populares valencianos), Vicente Rambla (vicepresidente primero del Gobierno valenciano), David Serra (vicesecretario general) y Yolanda García Santos (tesorera). 
En su escrito, el instructor detalla las «irregularidades» en la contratación por parte de diversas conselleries de actos organizados por Orange Market, algunos de los cuales requerían la autorización del Gabinete del Presidente. «Por ello –prosigue–, 
el delito de cohecho que se investigaba en el TSJV podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal, sino el tipificado en los artículos 425, 419 o 420 del mismo texto». Es decir, se pasaría del cohecho impropio al cohecho puro y duro, que puede implicar incluso penas de prisión.  
El magistrado pide en este sentido que se investiguen los regalos recibidos por Costa y Camps y que se indague sobre la contratación de empresas vinculadas a Francisco Correa por parte de la Administración valenciana entre el 2004 y el 2009, puesto que un informe de la Unidad de Auxilio Judicial detectó indicios de prevaricación. A esta se añadirían los delitos de fraude fiscal y falsedad de documento mercantil cometidos por dirigentes del PP valenciano a raíz de varios actos organizados por Orange Market.  
Un capítulo aparte merecen los delitos relacionados con las autonómicas del 2007. El juez desvela que, de acuerdo con la documentación, un importante porcentaje de la deuda contraída por el PP valenciano con Orange Market por los servicios de la campaña electoral «se habría abonado de forma opaca, en efectivo» y sin declaración tributaria. Otra parte de la deuda se sospecha que fue pagada por varios empresarios con facturas que «reflejarían servicios inexistentes» elaboradas con el fin de «encubrir donaciones al PP valenciano».  
(www.elperiodico.com, 27/05/10) 
EL PRESIDENTE DE LA PATRONAL ALICANTINA, IMPLICADO EN LA FINANCIACIÓN DEL PP 
Las empresas del presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), Rafael Martínez, también aparecen implicadas en la supuesta financiación irregular de los populares valencianos. 
Según el auto del TSJ de Madrid, existen indicios de que seis conocidos empresarios de la Comunidad Valenciana -todos ellos relacionados con el sector de la construcción- asumieron el pago de distintos eventos del Partido Popular durante los años 2007 y 2008, bien de manera opaca, bien mediante facturas abonadas a la trama corrupta por servicios inexistentes. 
Así, según el auto del juez Pedreira, el grupo Vallalba y sus sociedades Constructora Hormigones Martínez y Pavimentos del Sureste -sociedades controladas por el presidente de la patronal alicantina, Rafael Martínez- pagaron a Orange Market casi 194.000 euros durante 2007 por supuestos trabajos. 
Esta cantidad, según los indicios investigados, habría servido para rebajar la deuda oficial de los populares valencianos con la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, por los servicios prestados durante la campaña electoral autonómica y municipal de 2007. Ese mismo año, las constructoras Facsa, con 150.000 euros, y Piaf, con casi 27.000 euros, también pagaron facturas a Orange Market que, supuestamente, sirvieron para aminorar la deuda oficial de los populares valencianos. 
La investigación revela que también se produjeron pagos en dinero negro que, a pesar de no figurar en las cuentas del PP ni en los balances de las empresas, quedaron registrados en la contabilidad B de la trama corrupta. 
Según el auto, "los gestores efectivos" de Facsa, Pavimentos del Sureste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y Piaf habrían colaborado en un supuesto delito electoral. 
En 2008, las constructoras que habrían financiado ilegalmente al PP valenciano serían las sociedades del Grupo Sedesa, de la familia del vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino (130.000 euros), Lubasa Desarrollos Inmobiliarios (más de 50.000 euros), Enrique Ortiz e hijos (100.000 euros) y, otra vez, Facsa (231.000 euros) y Piaf (3.800 euros). La fiscalía considera que si los pagos investigados se refieren a los actos del PP con motivo de la campaña de las elecciones generales los hechos podrían ser constitutivos también de un delito electoral. 
Unos delitos que se podrían sumar al de falsedad en documento mercantil, ya que las constructoras habrían intentado encubrir sus donaciones al PP. 
(www.elpais.com, 27/05/10)
EL JUEZ PEDREIRA VE INDICIOS DE SIETE DELITOS GRAVES EN EL GOVERN DE CAMPS 
El presidente de la Generalitat valenciana no recibe más que buenas noticias. Si hace dos semanas, después de conocer que el Supremo había confirmado que cometió un delito de cohecho impropio al aceptar trajes de la trama corrupta de la Gürtel, el presidente de la Generalitat aseguró estar "feliz", "más feliz que ayer, más feliz", hoy debe estar, como poco, pletórico.  
El cerco se estrecha sobre la Generalitat de Valencia y los focos iluminan, aún más si cabe, a Francisco Camps, por los indicios que apuntan a la presunta financiación de los conservadores en la comunidad y a la aceptación de regalos por parte de la trama corrupta de la Gürtel a cambio de la concesión de contratos. No son los únicos presuntos delitos.  
El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  Antonio Pedreira, ha hallado hasta siete indicios de delito en la actuación de varios dirigentes del PP valenciano. Concretamente señala al vicepresidente primero del Gobierno, Vicente Rambla, al ex secretario general y diputado autonómico, Ricardo Costa, al vicesecretario general, David Serra, y a la tesorera del partido en Valencia, Yolanda García Santos. 
Pedreira remite la investigación al TSJCV ante la presunción de que el Gobierno valenciano podría haber incurrido hasta en siete delitos que afectan a altos cargos del ejecutivo de Camps: financiación ilegal, cohecho propio (se eleva la gravedad desde el impropio), contra la hacienda pública, asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y prevaricación. 
El juez se basa para sus conclusiones en el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps, que ocultó al fisco hasta 2,5 millones de euros en 2007. El PP montó en cólera tras conocer la existencia de estos nuevos datos. Los conservadores anunciaron una querella contra el autor del informe y reiteraron que sus cuentas están auditadas por los tribunales de cuentas valenciano y estatal.  
El vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, uno de los dirigentes hacia los que apunta Pedreira, ha expresado su "tranquilidad" y "seguridad" por una "gestión absolutamente honesta" en la Comunidad que está, sostiene, "acreditada a lo largo de los años".   
Durante los últimos meses Francisco Camps se ha declarado, entre otras muchísimas cosas, "absolutamente inocente" pese a ser acusado de recibir pagos en especie, como trajes de firmas de lujo, por parte de los dirigentes de la trama a cambio de contratos de la administración pública. "Yo me pago mis trajes", aseguró el 10 de marzo de 2008. 
Por eso no sorprende su reacción tras conocer este miércoles las acusaciones. Camps ha asegurado en Cheste (Valencia) que todo es "un montaje de una terrible falsedad, que acabará en nada" porque "no hay absolutamente nada".  
Pedreira ha remitido al TSJ de la Comunidad Valenciana la parte de la investigación sobre supuestos delitos electorales que afectan al PP valenciano ante "la hipotética posibilidad de que haya conexión entre los delitos de Valencia y los delitos del TSJ de Madrid" y para evitar la prescripción de los delitos electorales que apuntan los últimos informes de la Agencia Tributaria, de la UDEF y de la Fiscalía.
El magistrado de Madrid ha tomado esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de abril al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) reabrir la investigación contra Camps y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel. 
Pedreira tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps. 
El auto por el que el Supremo reabría la causa contra Camps por los trajes era rotundo: "Los regalos de las prendas de vestir aparentemente se hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores". 
Dictada de modo unánime por la Sala de lo Penal del Supremo, la sentencia desbarata uno por uno los argumentos del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), que en agosto de 2009 cerró el caso en falso gracias al voto de su presidente y juez amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa. Para avalar su decisión, el TSJCV invocó distintas sentencias previas del Supremo. "Ninguna de ellas sirve de verdadero sustento a la decisión de instancia", recriminaba el alto tribunal, que deja así en pésimo lugar la pericia jurídica del TSJCV y de su presidente.  
(www.publico.es, 26/05/10) 
EL JUEZ PEDREIRA VE INDICIOS DE SIETE DELITOS GRAVES EN LA CÚPULA DEL GOBIERNO DE CAMPS 
El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha decidido inhibirse en favor del de Valencia ya que ha observado numerosos indicios de diversos delitos que afectan a altos cargos del Gobierno de Francisco Camps. Pedreira ha atentido a una petición de la Fiscalía Anticorrupción y estima que varios dirigentes del PP valenciano y de la administración regional podrían haber incurrido en delitos relacionados con la financiación ilegal del PP, delito electoral y delitos de cohecho propio al aceptar regalos de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa a cambio de contratos a dedo de la administración valenciana. 
El auto señala al vicepresidente primero del Gobierno, Vicente Rambla, al ex secretario general y diputado autonómico, Ricardo Costa, al vicesecretario general, David Serra, y a la tesorera del PP valenciano, Yolanda García Santos. Nada más conocer la noticia, Rambla, que esta mañana ha protagonizado un acto con los otros dos vicepresidentes, Gerardo Camps y Juan Cotino, para conmemorar los tres años de la victoria electoral del PP en la Comunidad Valenciana, ha declarado simplemente es "una cuestión de competencia entre tribunales" y ha añadido: "Llevamos años en política y la gestión se ha caracterizado siempre por ser honesta. Por eso merece que se tenga en cuenta la presunción de inocencia y los derechos que a todo el mundo le corresponden". 
El vicepresidente primero del Gobierno de Camps ha conocido la noticia a través de una alerta en el teléfono móvil que le ha cambiado la expresión del rostro. 
Se trata del segundo revés judicial para la cúpula del PP valenciano en una semana, después de que el pasado día 18 el Tribunal Supremo rechazara la jurisprudencia alegada por el TSJCV, que por dos votos a uno decidió archivar la causa abierta contra Camps por cohecho pasivo, al apreciar que los regalos recibidos por el presidente valenciano y otros altos cargos "se hicieron de forma repetida y con aparente opacidad". 
Precisamente el auto del Supremo ha desencadenado la decisión de Pedreira que considera que deben acumularse ambos procesos con el fin de evitar la prescripción de los posibles delitos cometidos. 
Pedreira basa su auto en los informes de la Agencia Tributaria del pasado 6 de mayo que confirmaría que el PP de Valencia ocultó 2,5 millones de las elecciones de 2007. Entonces, el PP anunció una querella contra el funcionario de Hacienda que redactó el documento por prevaricación y falsedad en documento público. 
Según la investigación del caso Gürtel, la red corrupta vinculada a varios gobiernos autonómicos del PP, quedó acreditado que Camps y otros altos cargos del Ejecutivo valenciano recibieron valiosos regalos de Álvaro Pérez El Bigotes, cabecilla de la trama en Valencia, y la empresa que este montó poco después de la llegada de Camps al poder, Orange Market. 
Así, el presidente de la Generalitat Valenciana y su familia fueron agasajados con trajes por valor de 12.000 euros, zapatos, pulseras, relojes, juguetes caros e incluso entradas para el Circo del Sol. En una de las conversaciones telefónicas grabadas durante la investigación del caso, Camps llamaba "amiguito del alma" a El Bigotes, al que posteriormente la mujer del presidente valenciano, Isabel Bas, recriminaba la valía de algunos regalos: "Con el mío te has pasado 20 pueblos". 
Según un informe remitido a finales de arbil por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga el caso Gürtel en esa comunidad, la Presidencia y la Vicepresidencia del Gobierno valenciano, así como siete consejerías, adjudicaron al menos 85 contratos entre 2004 y 2008 a nueve empresas de la red corrupta dirigida por Francisco Correa. Estos contratos tenían un valor global de 7,2 millones de euros y señaló que en muchas adjudicaciones menores se fraccionaba "el objeto del contrato en varios contratos menores con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación -negociado o abierto-, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia recogidos en la normativa reguladora de la contratación pública". 
(www.elpais.com, 26/05/10) 
SE BUSCA AL "CANTANTE" Y AL "PRÍNCIPE" 
La investigación de los tejemanejes de la trama Gürtel en Valencia ha añadido dos incógnitas: ¿quiénes son "el cantante" y "el príncipe"?. Ninguno de los dos ha podido ser identificado de momento, pero sus roles en la red son fundamentales, ya que eran los encargados de cobrar a empresas valencianas los servicios que Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, el Bigotes, supuestamente había prestado al PP durante la campaña electoral para las elecciones valencianas de 2007. 
La referencia al "cantante" figura en la página ocho del auto de inhibición hecho público por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. Esa persona fue la encargada de "cobrar, o al menos entregar, el importe facturado a las mercantiles Grupo Vallalba, Constructora Hormigones y Pavimentos del Suroeste a los responsables de Orange Market". Y las facturas tenían como "única finalidad el pago de los servicios prestados por Orange Market al PP de la Comunidad Valenciana durante la campaña electoral de 2007". Es decir, que sería un posible partícipe en un delito electoral. 
El "príncipe", por su lado, sería la persona que figuraría en la contabilidad B o Barelona que habría pagado 200.000 euros. En el listado de pagos supuestamente el negro figura consignado también el PP valenciano. Cantante y príncipe habrían cooperado en un supuesto delito electoral con Ricardo Costa, Vicente Rambla y David Serra, altos cargos del PP o de la Generalitat Valenciana. Para el juez Pedreira, todos van en el mismo saco del posible delito electoral. 
(www.elpais.com, 26/05/10) 
EL JUEZ PEDREIRA VE INDICIOS DE TRES DELITOS GRAVES EN EL GOVERN DE CAMPS 
El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  Antonio Pedreira, considera que hay indicios de delito en la actuación de varios dirigentes del PP valenciano. 
Pedreira cree que podrían haber incurrido en delitos relacionados con la financiación ilegal del PP, delito electoral y delitos de cohecho propio al aceptar regalos de la trama de corrupción liderada por Francisco Correa. 
Ante todo ello, el juez ha enviado parte de la causa al Tribunal Superior de la Comunidad valenciana porque son aforados.  
El magistrado de Madrid ha tomado esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de abril al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) reabrir la investigación contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel. 
Pedreira tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps. 
El 15 de febrero pasado la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV decidió no investigar por el momento la presunta financiación irregular del PP de Valencia alegando que los hechos podrían estar incorporados ya en alguna de las causas judiciales que se siguen por el "caso Gürtel". 
(www.elpais.com, 26/05/10) 
EL PP MANTIENE SU APOYO A CAMPS Y VE "ACERTADAS" SUS EXPLICACIONES 
La dirección nacional del Partido Popular sigue dispuesta a apoyar al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, quien esta mañana ha sufrido un nuevo varapalo judicial después de que el juez Antonio Pedreira viese indicios de financiación ilegal, de cohecho activo y de delito electoral en su Gobierno. Mientras Pedreira se ha inhibido de la vertiente valenciana de la trama Gürtel a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que éste siga investigando a Camps, la cúpula del PP ha calificado de "acertadas" las explicaciones del barón. Fuentes populares consultadas por Europa Press han reiterado que Génova confía en la inocencia del presidente valenciano. 
La cúpula nacional del PP recuerda que el auto de Pedreira es sólo un paso más del proceso judicial y recalca que este asunto ya ha sido rechazado otras veces por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia al que ha vuelto.  
Confianza en la inocencia de Camps 
En el mismo sentido se había pronunciado el presidente Camps: “Lo de hoy ya ha venido por aquí y ya ha sido varias veces rechazado”, dijo, tras asegurar que todo era “un montaje”. Volviendo a la calle Génova, los informantes de Europa Press han insistido en que no habrá pronunciamientos públicos, de momento, y se han limitado a mostrar confianza en la Justicia y en la inocencia del barón valenciano.  
Barberá defiende… 
Otra dirigente destacada como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha defendido las cuentas del Partido Popular de la Comunitat Valenciana. Preguntada por los periodistas sobre los posibles delitos electorales apuntados en el auto de Pedreira, Barberá ha señalado que “las cuentas están auditadas y entregadas al Tribunal de Cuentas sin alegaciones posteriores”.  
…las cuentas del PP y el Gobierno 
“No soy jurista y no he leído el auto, pero sí puedo decir que no entiendo todos estos viajes que hacen los expedientes entre los distintos tribunales”, ha destacado, incidiendo en que los contratos de la Generalitat están garantizados por los servicios jurídicos de la Administración autonómica.  
“Se confirma la peor hipótesis” 
Más escéptico se ha mostrado el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, quien ha sostenido que el auto de Pedreira “confirma la peor de las hipótesis para Camps y los otros altos cargos del PP implicados”. Peralta ha pedido a Camps que deje “liberada” la Generalitat para que esta institución no tenga que acompañarle “en el tránsito judicial que todavía le queda”.  
“Bueno sería que la Generalitat no siguiera implicada y paralizada como consecuencia de esas actuaciones”, “esa es la responsabilidad que tiene hoy Camps, que debe anteponer los intereses de la Comunitat Valenciana a sus intereses personales”, ha zanjado. Para Peralta, tras “casi año y medio de investigación judicial” la defensa del presidente es cada vez “más débil” y ni siquiera ha sido capaz de “presentar cualquier tipo de factura” por los trajes.  
(www.elplural.com, 26/05/10) 
CAMPS HABLA DE "MONTAJE DE UNA TERRIBLE FALSEDAD" TRAS CONOCER EL AUTO DEL JUEZ PEDREIRA 
El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha asegurado hoy, tras conocerse la decisión del magistrado instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por apreciar indicios de delito en el comportamiento de algunos dirigentes valencianos, que todo es "un montaje de una terrible falsedad, que acabará en nada" porque "no hay absolutamente nada". 
Camps, que ha realizado estas declaraciones desde Cheste (Valencia), donde ha presidido la inauguración del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe), ha dicho a los medios de comunicación que su Gobierno "adjudica y gestiona más de 16.000 millones de euros" y que en este caso se está hablando "de 80 contratos en seis años". El presidente de la Generalitat también ha defendido la limpieza en la financiación de su partido porque conidera "demostrado, sindicada y fiscalizadamente" que no hubo irregularidades. 
"Seguiré dándoles todas las explicaciones que quieran. No hay nada que ocultar ni esconder", ha manifestado Camps, quien ha manifestado su confianza en los jueces para que se sepa la "verdad" frente al "proceso mediático". "Lo de hoy ya ha venido por aquí y ya ha sido varias veces rechazado", ha afirmado en alusión a decisiones previas del TSJCV, que archivó la causa por cohecho pasivo contra el presidente valenciano por dos votos contra uno. Uno de los votos favorables fue el de Juan Luis de la Rúa, presidente del tribunal y "más que amigo" de Camps, según confesión pública de éste. 
(www.elpais.com, 26/05/10) 
CAMPS SIGUE MENOSPRECIANDO A LA JUSTICIA: "ES UN MONTAJE DE UNA TERRIBLE FALSEDAD QUE ACABARÁ EN NADA" 
El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, se ha inhibido de la vertiente valenciana de la trama Gürtel a favor del TSJ de Valencia en un auto que apunta indicios de financiación ilegal, cohecho propio y delito electoral en la cúpula del Ejecutivo valenciano, y aún así, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, insiste en que todo es “un montaje de una terrible falsedad que acabará en nada”. Camps, que ha presidido en Cheste la inauguración del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencia (Ivaspe) ha señalado que “no hay nada que ocultar ni esconder” y ha opinado que se trata de “un proceso mediático”. “Lo de hoy ya ha venido por aquí y ya ha sido varias veces rechazado”, ha sentenciado, obviando que el propio Tribunal Supremo ordenó reabrir el trajegate. La oposición, por su parte, ha destacado que el auto de Pedreira abre “la posibilidad de inhabilitar política y penalmente” al presidente “y a algunos miembros de su Gobierno”.  
Camps ha sostenido que su Gobierno “adjudica y gestiona más de 16.000 millones de euros” y que, en este caso, se está hablando “de 80 contratos en seis años” y de una pretendida financiación irregular del PPCV” que “lidera” la Comunitat. 
Nada que ocultar 
“Seguiré dando todas las explicaciones que quieran. No hay nada que ocultar ni esconder”, ha insistido. En el mismo sentido, el vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, ha destacado su “tranquilad” y “seguridad” por una “gestión absolutamente honesta” en la Comunitat, un hecho que, en su opinión, esta acreditado “a lo largo de los años”. Rambla se ha pronunciado de este modo en contestación a preguntas de los periodistas y en una rueda de prensa ofrecida junto a los vicepresidentes segundo y tercero, Gerardo Campos y Juan Cotino, para hacer un balance de sus tres primeros años de gestión.  
Competencias y presunción de inocencia 
Al ser preguntado por el auto de Pedreira, Rambla se ha excusado diciendo que todavía no lo había conocido y ha afirmado que seguramente “estaremos ante una cuestión de competencia entre tribunales”. “Llevamos unos cuantos años en la política y la gestión siempre ha estado caracterizada por ser absolutamente honesta”, ha reiterado, sosteniendo que “nadie ha dicho nunca una sola referencia en sentido contrario”. El vicepresidente además ha pedido “que haya una justa presunción de inocencia sobre cualquier decisión que se pueda tomar”. La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, también se ha referido a la inhibición de Pedreira como una cuestión de “técnica procedimental de competencia”. “No hay nada nuevo, salvo una cuestión meramente competencial”, ha zanjado. 
Luna ve posible la Inhabilitación 
Del lado contrario, el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, ha tachado de “salto cualitativo excepcional” este escrito judicial, y ha opinado que este abre la “posibilidad de inhabilitar políticamente y penalmente, con todo lo que eso supone, al presidente Camps y a algunos de los miembros de su Gobierno”. Camps “ya no se puede esconder tras el manto de aquí no pasa nada y son tres trajes”. Para el socialista, la gravedad de los delitos subrayados por Pederira podría llevar a Camps a “perder su condición de presidente” si una sentencia así lo decide. El socialista ha remarcado que tras el auto del TSJM ya “no hace falta más comentario. Lo que se ha producido es un auténtico varapalo que quiebra completamente la expectativas ilusorias que tenía el presidente Camps”. 
 “Insostenible” 
El socialista también ha hablado hoy con RNE, emisora a la que ha dicho que la situación del jefe del Consell es “insostenible”. Luna ha afirmado que “todos sabíamos que los tres trajes” traían consigo “una colección de adjudicaciones a dedo” y la “utilización privada de bienes públicos”. Además, ha asegurado que la actuación de Camps con esta nueva vuelta de tuerca era imprevisible ya que el dirigente “no maneja la racionalidad política como otras personas” sino que “vive en una ensoñación permanente, en una realidad inventada en la que se despierta cada mañana”. 
Oltra pide dimisiones 
Desde Compromís también han llovido críticas contra el presidente regional y los suyos. La portavoz adjunta de esta formación, Mónica Oltra, ha opinado que Camps “no puede acabar el día siendo presidente de la Generalitat” y ha instado al líder del PP, Mariano Rajoy, a decidir si el partido “quiere ser cómplice de los corruptos y de los dirigentes que han atacado gravemente la democracia”, recoge EFE. Oltra se ha pronuncido de este modo en los pasillos de Les Corts Valencianes. 
El PP debe actuar 
“No creo que a ningún dirigente del PP se le ocurra ya minimizar la gravísima actuación, con todos los visos de ser delictiva, del president de la Generalitat y del presidente del PP en la Comunitat Valenciana”, ha sostenido la diputada, quien ha insistido en que Rajoy tiene hoy “una decisión muy importante que tomar”. “Hoy el PP de España debe tomar la senda de la democracia, de la transparencia y de la ética o de ser encubridor y cómplices de los malhechores, de los corruptos y de los corrompibles”, ha sentenciado. 
(www.elplural.com, 26/05/10) 
EL CASO 'GÜRTEL' EN VALENCIA TAMBIÉN IMPLICA A BÁRCENAS EN UN DELITO ELECTORAL 
El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que hoy se inhibe a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia por siete posibles delitos cometidos por la cúpula del PP valenciano, también implica al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, por un posible delito electoral en las elecciones de 2007. 
"Conforme al artículo 149 LOREG", sigue el documento judicial, "son autores de delito electoral 'los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores'; en este caso, por tanto, Luis Bárcenas y Cristina Ibañez Vidal". 
El artículo 149 al que hace referencia el auto dice, textualmente, lo siguiente: "1. Los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados con la pena de prisión menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas [de 180,30 a 1.803 euros]. 2. Los Tribunales atendiendo a la gravedad del hecho y sus circunstancias podrán imponer la pena en un grado inferior a la señalada en el párrafo anterior". 
El auto explica que los hechos que pudieran ser constitutivos de delito electoral "están vinculados con el pago de los servicios prestados por Orange Market SL al PPCV durante la campaña electoral de las elecciones locales y autonómicas celebradas en la Comunidad Valenciana el 27 de mayo de 2007". "De acuerdo con la documentación tomada en consideración", continúa el auto, "un importante porcentaje de la deuda que el citado partido habría contraído con la mercantil por esos servicios se habría abonado de forma opaca en efectivo por aquél, sin reflejo contable ni declaración tributaria. Otra parte de esa deuda del PP de la Comunidad Valencia -en cuantía de, al menos, 345.200euros-, habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market SL a sus sociedades. Facturas que,en consecuencia, reflejarían servicios inexistentes entre dichas mercantiles y que de acuerdo con todos los indicios obrantes en la causa, se elaborarían con el único fin de encubrir donaciones de esas empresas al Partido Popular de la Comunidad valenciana en cuanto cancelan una deuda de éste". 
(www.elpais.com, 26/05/10)
EL PP DE ALICANTE PIDE A CAMPS QUE CUMPLA EL CÓDIGO ÉTICO DEL PARTIDO 
Mientras el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, reivindicaba ayer en un acto la pervivencia del código ético del partido para gestionar políticamente el caso Camps, el presidente de la Generalitat Valenciana celebraba en otro el poder de la «cercanía» y la «compañía» para «superar cualquier obstáculo».  
Una y otra reflexión, aun realizadas en situaciones dispares, ponen de manifiesto las dos orillas de un partido -el PP valenciano- en el que, hoy por hoy, todas las declaraciones y pronunciamientos parecen inevitablemente sujetos al marchamo Gürtel y -como mínimo- a dos grandes interrogantes sobre la mesa; sobre todo después de que el sábado Camps sugiriera que cuenta con el aval de Rajoy para repetir como candidato.  
¿Continuará Camps como presidente de la Generalitat si el juez lo obliga a sentarse en el banquillo de los acusados por el caso de los trajes? ¿Lo refrendará finalmente Génova como cartel electoral en Valencia?  
El presidente provincial de Alicante, uno de los referentes críticos con Camps, estaba firmando un convenio con asociaciones gitanas cuando los periodistas le preguntaron, expresamente, sobre si el presidente valenciano debería abandonar las filas del PP si finalmente es condenado, de tal modo que el sentido de sus declaraciones resultó inequívoco: «Creo que el PP tiene un código ético que debe mantener. El presidente Mariano Rajoy así lo ha establecido y yo creo que el presidente Camps y yo mismo, y todos, nos tenemos que ceñir a ese código ético».  
No hace falta recordar que hace cinco meses Rajoy revisó y reformuló este reglamento interno de conducta, precisamente para subrayar su compromiso contra la corrupción y los comportamientos recusables. Tampoco, que la defenestración del ya ex número dos de Camps, Ricardo Costa, estuvo motivada por la aplicación sumarísima de este reglamento.  
Ripoll alegó que «tenía un compromiso adquirido con anterioridad» para justificar su ausencia en el acto de autoexaltación que Camps se procuró el sábado. Además, a propósito de las declaraciones en las que el presidente valenciano aventuraba que él seguirá dirigiendo los destinos de la Comunidad, Ripoll se negó a «hacer interpretaciones» y remarcó que es Camps quien tiene que hacerlas.  
Por lo que atañe al presidente de la Generalitat, Camps estaba firmando un protocolo con asociaciones de mayores cuando, en la última frase de su discurso, hizo una digresión que los periodistas interpretaron en clave Gürtel por razones que tocan a los usos del protagonista.  
«Cuando notas cercanía, cuando notas compañía, todo es mucho más fácil. Cercanía es inmediatez, sinceridad... cercanía es decir las cosas con la sonrisa necesaria, pero también con el razonamiento serio y sólido... Y yo noto mucha de todos ustedes, esa cercanía para hacer posible que esta Comunidad siga tranquilamente el curso de la Historia. Cuando uno nota cercanía y compañía todo es mucho más fácil», improvisó.  
Más de un centenar de mayores, a los que Camps saludó largo y tendido, aplaudieron al presidente valenciano. 
(www.elmundo.es, 25/05/10) 
RIPOLL: "CAMPS TIENE QUE EXPLICAR LAS COSAS QUE HACE" 
En las filas del PP cada día se suman más voces que esperan una respuesta contundente por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, acosado por el caso Gürtel. Una vez más, ayer fue el presidente provincial del PP en Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, el que valoró la situación política de Camps. "Todos somos esclavos de nuestras palabras y nuestros silencios", advirtió lacónicamente José Joaquín Ripoll, también presidente de la Diputación de Alicante, al ser preguntado por los periodistas sobre la situación política de Francisco Camps. 
"Es el presidente quien tiene que explicar las cosas que hace", dijo Ripoll, quien rechazó interpretar actos o declaraciones de otras personas. Ripoll recordó que tanto él como Camps y el resto del PP deben ceñirse al código ético de esta formación política y "actuar en consecuencia".
Al ser preguntado sobre si Camps debe dimitir como consecuencia del caso Gürtel, Ripoll respondió. "El PP tiene un código ético y debe mantenerlo, pues así lo ha establecido el presidente Mariano Rajoy". 
Otra voz que se incorporó ayer al rosario de declaraciones sobre el futuro político de Camps fue la del portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, que acudió a un acto en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Mayor Oreja recordó que serán los valencianos "los que dirán" cómo puede afectar el caso Gürtel al PP en las urnas, pero destacó la figura del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, como una persona "ciertamente decente, honrada y ejemplar". 
Entre tanto, el presidente Camps, en un acto con personas mayores en el Palau de la Generalitat, se refirió a la etapa de dificultades por la que atraviesa. "Ante los obstáculos, cuando notas cercanía todo es mucho más fácil", dijo el presidente al cierre del acto. Y añadió: "Todos juntos podremos superar cualquier circunstancia, por complicada que sea". Camps criticó la improvisada política de recortes del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras presidir la firma de varios protocolos de colaboración, dotados con 1,5 millones de euros, y de los que se beneficiarán 450 entidades de mayores. 
(www.elpais.com, 25/05/10)
CAMPS Y SU EQUIPO ENRIQUECIERON A LA TRAMA GÜRTEL CON CONTRATOS IRREGULARES POR 16 MILLONES 
La trama Gürtel logró en sus cuatro años de existencia en la Comunidad Valenciana, coincidentes con el mandato del presidente Francisco Camps, más de 16 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno autónomo o por el PP valenciano de manera fraudulenta, bien porque se amañó la concesión para favorecer a la red corrupta o bien porque no se declaró a Hacienda el servicio contratado con las empresas de Francisco Correa, según la investigación judicial. 
Los partidarios de Camps sostienen que el presidente no se vendió a la trama corrupta por cinco americanas, cinco trajes y dos pares de zapatos, las prendas que, según el sumario, le regaló Orange Market, la empresa de la red Gürtel que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, el Bigotes. La relación de Camps con Álvaro Pérez, contratista de la Comunidad Valenciana, le llevó, según los indicios confirmados por el Supremo, a incurrir supuestamente en un delito de cohecho impropio. 
A las dádivas a medida que Camps lució varios años, regalos de El Bigotes entre 2006 y 2007 -los ejercicios del mayor florecimiento del negocio de la red Gürtel en la Comunidad Valenciana, según la Agencia Tributaria- se añadieron otros agasajos, siempre por Navidad, a diferencia de los trajes, que incluían juguetes para sus hijos por valor de hasta 1.800 euros, según la investigación judicial. 
El Bigotes extendió la práctica de los regalos a otros hombres fuertes del Gobierno valenciano -vicepresidentes, fundamentalmente- a los que enviaba presentes para ellos, sus esposas y sus hijos, según acreditan algunas de las conversaciones grabadas por orden judicial y la documentación incautada en la sede de Orange Market. 
Álvaro Pérez sólo fue generoso cuando su empresa empezó a facturar con la Administración valenciana, nunca lo hizo antes. Entre los beneficiados por su generosidad estaba Rafael Betoret, un cargo aparentemente menor -fue jefe de gabinete de la consejera de Turismo y vicepresidente de la comisión ejecutiva de la Agencia Valenciana de Turismo- pero que ocupaba un puesto estratégico mayor para los intereses de la trama corrupta. 
Betoret fue de los más favorecidos por las visitas a Milano y Forever Young, las dos tiendas de ropa donde compraba los regalos la trama corrupta. Se llevó 11 trajes, cinco americanas, un abrigo, un chaqué y un pantalón, según el sumario. El Bigotes eligió bien donde gastaba el dinero porque la Agencia Valenciana de Turismo, de la que Betoret era alto cargo, le adjudicó durante cuatro años consecutivos el mayor contrato (más de cinco millones en ese periodo por el montaje de un pabellón en la feria Fitur) del que disfrutó la trama en Valencia. El Tribunal de Cuentas destacó en varios informes las irregularidades detectadas en la adjudicación de esos contratos, aunque no hizo nada. 
Betoret intentó explicarle al juez que El Bigotes no le regaló nada, que sólo le prestó el dinero para comprarse todo ese vestuario y él se lo devolvió en cómodos plazos de 500 euros cada cierto tiempo. El juez no creyó esta versión de los hechos. 
Milagrosa Martínez, ahora presidenta de las Cortes Valencianas y consejera de Turismo en tiempos del despegue de Orange Market, recibió un reloj de 2.400 euros regalado por la trama. El tiempo jugó a favor de Martínez para evitar un proceso judicial como el que afecta a Camps. La Fiscalía, según el escrito que consta en el sumario, entendió que Milagrosa Martínez podía ser autora de un delito de cohecho impropio pero había prescrito. 
La investigación judicial de las andanzas de la trama Gürtel por la Comunidad Valenciana ha destapado la adjudicación irregular de contratos en 17 departamentos del Gobierno por más de siete millones de euros en cuatro años. 
Orange Market logró su primer contrato con el Gobierno valenciano, en noviembre de 2004, gracias a "su experiencia en trabajos similares", aunque nunca antes había hecho ese tipo de tareas pues la empresa apenas tenía un año de antigüedad y, según la Agencia Tributaria, no había contratado nunca con la comunidad autónoma. El trabajo en cuestión era un vídeo para concienciar a los valencianos del uso del contenedor amarillo, pero nunca lo hizo. Sólo terminó un guión por el que cobró la mitad de los 120.000 euros asignados en el contrato. El entonces consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, responsable de Vaersa, la empresa que encargó el vídeo, aseguró que este contrato cumplía escrupulosamente con las normas. 
La investigación también ha concluido que otros siete millones de euros gastados por el canal autonómico valenciano de televisión para contratar a Teconsa, una constructora leonesa amiga de los corruptos, era anómalo. Al frente de la televisión autonómica estaba un hombre de confianza de Camps e íntimo amigo de los jefes de la trama llamado Pedro García, que dimitió hace seis meses y que aparecía en muchos tejemanejes sospechosos de corrupción de la Comunidad Valenciana. 
El trabajo de jueces, fiscales y policías también descubrió que al menos 2,5 millones de euros fueron ocultados a Hacienda por el PP valenciano. Se trataba de trabajos hechos por la empresa de El Bigotes y pagados por el PP con supuestos fondos opacos. 
En el trasiego de fondos para los gastos del PP valenciano intervinieron, según la investigación judicial -basada en la documentación incautada en Orange Market y en las conversaciones grabadas a los jefes de la trama corrupta- cualificados dirigentes de la formación política. La tesorera del partido, el vicesecretario general y el secretario general junto al vicepresidente autonómico, Vicente Rambla, y el propio presidente, Francisco Camps, estaban, según las conversaciones intervenidas, al tanto de los enjuagues de Orange Market. Cuatro grandes empresas, todas ellas importantes contratistas de la Administración valenciana, participaban de los amaños para la financiación de los actos del PP de Francisco Camps. 
La investigación judicial ha recabado pruebas de la existencia de prácticas corruptas en la Comunidad Valenciana que afectan al presidente Camps, a su vicepresidente Vicente Rambla, a su ex vicepresidente, Víctor Campos; a su ex director de la televisión pública valenciana, Pedro García; a su presidenta de las Cortes Valencianas y ex consejera de Turismo, Milagrosa Martínez; a su ex secretario general del PP y ex portavoz parlamentario, Ricardo Costa; a su vicesecretario general del PP valenciano, David Serra; a su tesorera del partido, Yolanda García Santos, y a la mayoría de sus consejeros. De todos, sólo ha dejado sus cargos Ricardo Costa. 
(www.elpais.com, 24/05/10) 
GOBIERNO Y PARTIDO, SALPICADOS POR EL ESCÁNDALO 
- Ricardo Costa. Vicesecretario general primero y secretario general del PP valenciano después. Los documentos requisados en Orange Market y las conversaciones grabadas por orden judicial señalan a Costa como negociador con la trama para el pago irregular por servicios prestados al partido. 
- Vicente Rambla. Vicepresidente del Gobierno valenciano. Las conversaciones grabadas por orden judicial acreditan que él y su familia recibieron regalos de la trama corrupta y que él negociaba con El Bigotes la celebración de una gala de los premios Grammy en Valencia con la que la trama quería enriquecerse. 
- Francisco Camps. Presidente del Gobierno valenciano y del PP en esta comunidad. La investigación ha acreditado numerosas irregularidades en la financiación del partido y en la contratación, por parte de la mayoría de consejerías del Ejecutivo presidido por Camps. El presidente recibió regalos de todo tipo de la trama. 
- Víctor Campos. Ex vicepresidente del Gobierno valenciano. Sus tratos con El Bigotes continuaron incluso después del escándalo. Aparece entre los altos cargos que recibieron trajes como regalo de la trama corrupta. El Bigotes también hizo regalos a la esposa de Campos, según el sumario. 
- Rafael Betoret. Ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, departamento que adjudicó el contrato de mayor cuantía a la trama corrupta. El sumario refleja que recibió numerosas prendas de vestir pagadas por El Bigotes cuando su departamento le había adjudicado los primeros contratos. 
- Pedro García. Ex director general de la radiotelevisión pública valenciana. Recibió regalos de la trama corrupta y colaboró en la adjudicación del contrato de la visita del Papa a Teconsa, una constructora leonesa sin experiencia en esos eventos. Teconsa repartío el beneficio con la trama corrupta. 
(www.elpais.com, 24/05/10) 
LA INVESTIGACIÓN DESTAPA OTRA PRUEBA CLAVE DEL AMAÑO DE LA VISITA DEL PAPA 
La trama corrupta que dirigía Francisco Correa pagó de su caja B al menos 9.000 euros a Miguel Torroja, la persona que figuraba como responsable de los eventos que contrató la televisión valenciana por 7,5 millones de euros a la constructora leonesa Teconsa para la sonorización y montaje de pantallas en las calles de Valencia por las que iba a pasar el Papa en julio de 2006. Así figura en la contabilidad requisada a la red delictiva por la policía. 
Torroja, según la documentación recabada por el juez, aparece en un escrito de la constructora Teconsa como responsable del proyecto de sonorización e instalación de pantallas durante la visita de Benedicto XVI los días 8 y 9 de julio de 2006. 
La televisión pública valenciana recibió en febrero de 2006 el encargo de la cobertura audiovisual de la visita del Papa por parte de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, en la que estaban, además del representante de la Iglesia, el presidente Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. 
La televisión pública valenciana decidió subcontratar los trabajos y su director general, Pedro García, íntimo amigo de los jefes de la trama Gürtel, sacó un concurso restringido con la advertencia de que adjudicaría los trabajos a una empresa "contrastada con experiencia en el sector audiovisual y con experiencia en la cobertura de eventos de similar naturaleza". 
El contrato fue adjudicado a Teconsa, una constructora leonesa que en su vida había tenido experiencia en el sector audiovisual y que nunca había cubierto eventos de similar naturaleza a los que se refería el concurso de la televisión pública valenciana. 
Aquel amaño de un concurso multimillonario que supuso un gran negocio a cuenta de la visita del Papa pasó inadvertido hasta que tres años después estalló el caso Gürtel. 
Pese a que en algunas conversaciones grabadas por un ex colaborador de Correa se hablaba de los negocios de la trama corrupta aprovechando la visita del Papa a Valencia, no se había podido acreditar que la red empresarial delictiva hubiera recibido algún contrato con ese motivo. 
De hecho, el Gobierno valenciano llegó a negar a este periódico que la trama corrupta tuviera la más mínima relación con la visita del Papa. 
La policía desbarató esa mentira al hallar en uno de los pisos de Madrid que utilizaba la trama corrupta, en la calle del General Martínez Campos, documentación sospechosa relativa a la visita del Pontífice. 
En la documentación que encontró la policía se detallaba cómo la trama corrupta había utilizado como empresa pantalla a la constructora leonesa Teconsa, con la que mantenía relaciones e incluso cobraba comisiones ilegales por obras públicas en las que había intermediado, para hacerse con el negocio alrededor de la visita de Benedicto XVI. 
En la contabilidad de la trama corrupta figuraban los nombres de las dos empresas, especializadas en el montaje de pantallas en plena calle y en la sonorización de actos, que habían hecho realmente el trabajo en Valencia, y que cobraron sus honorarios habituales. Entre Teconsa y la trama corrupta se repartieron los más de tres millones de euros que sacaron en limpio del contrato que les adjudicó la televisión valenciana. 
Por si no había pruebas suficientes, el sumario ha arrojado una nueva luz al acreditar que Torroja, al que Teconsa definía en sus escritos como el responsable del evento de la visita del Papa, cobró en concepto de provisión de fondos hasta 9.000 euros en las semanas previas a que realmente se desarrollara el trabajo para el que habían sido contratados. 
Miguel Torroja, a diferencia de la constructora leonesa Teconsa, sí tenía cierta experiencia en el mundo del espectáculo, al igual que las dos empresas con las que se subcontrató el trabajo de instalación de pantallas de vídeo, sonido y megafonía para una cobertura televisiva. 
Esas dos empresas con las que subcontrató los trabajos Teconsa cobraron tres millones de euros de los 7,5 que se llevó la constructora leonesa. 
Esas dos empresas no habían trabajado antes con Teconsa sino que eran viejas conocidas de Correa, que les había encargado el montaje de pantallas y megafonía en distintos actos. 
En la relación de proveedores que la red corrupta declaró a la Agencia Tributaria figuran esas dos empresas que hicieron para Teconsa todo el trabajo durante la visita del Papa a Valencia. 
(www.elpais.com, 24/05/10) 
UN NEGOCIO REDONDO 
Los documentos reflejan cómo un supuesto empleado de Teconsa para la visita del Papa cobraba en realidad de la caja B de la trama corrupta y cómo el director de la televisión valenciana adjudicó el contrato a esa empresa a pesar de que nunca había cubierto eventos similares. 
(www.elpais.com, 24/05/10)
CAMPS PIDE PARA SU GOBIERNO "UNA MEDALLA MUNDIAL, INTERPLANETARIA"
Alcaldes y simpatizantes valencianos del PP aclaman al presidente imputado
Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, atribuyó ayer el escándalo de financiación de su partido y su imputación por recibir dádivas de una trama corrupta a una respuesta orquestada por el Gobierno central al "reto de liderar el partido a nivel nacional". Y pidió para su equipo "una medalla mundial, interplanetaria".
"Asumimos el reto de liderar este partido a nivel nacional", afirma
Ante 1.500 cargos y simpatizantes del PP valenciano, Camps resumió así su situación: "Asumimos una tarea hercúlea cuando el PP perdió en España. En 2004 supimos que verían en nosotros la referencia inexcusable. Asumimos el reto de liderar este partido a nivel nacional. Y conseguimos que el PP esté a las puertas de gobernar en España. He ahí el origen de todo lo que está pasando, ¿lo entendéis?".
El presidente valenciano subrayó el peso electoral de la Comunidad Valenciana para el PP nacional y añadió: "Hemos crecido haciendo oposición al peor Gobierno de España. Yo podría haberme humillado a un Gobierno socialista, podría haber convenido con Zapatero la derogación del trasvase del Ebro y nos habrían puesto unas cuántas desaladoras. Podría haber dicho que sí a la falta de financiación. Podría haber sido cómodo para Zapatero. Pero no quise, primero porque, ante todo, la Comunidad Valenciana. Segundo, porque quería que el PP volviera a gobernar en España. Y tercero, por dignidad, dignidad, dignidad".
El corolario de ese "sacrificio", según Camps, ha sido una auténtica persecución. "No hay nada como saber qué ocurre y por qué ocurre", concluyó. El presidente valenciano no tuvo ningún empacho en identificar su situación personal con el conjunto de la Comunidad Valenciana. "Los que nos atacan no saben de nuestro orgullo. Nos hemos levantado después de pedriscos y riadas. Con cuatro eslóganes, un titular o un pie de foto no acaban con la realidad de un pueblo que es grande. No nos vamos porque somos de aquí, ¿lo entendéis?".
Ningún dirigente nacional del PP acudió al Palacio de Congresos de Valencia para aclamar a Camps, ni siquiera los valencianos. Mariano Rajoy, líder del PP, aseguró en Lleida que Camps tiene su apoyo y el de la dirección nacional del partido, pero prefirió acompañar a Alicia Sánchez Camacho, presidenta del Partido Popular en Cataluña. "Hace tiempo que estaba previsto y como comprenderán no es posible estar en dos sitios a la vez", se excusó Rajoy.
El acto de aclamación a Camps en Valencia se convocó con cierta urgencia con la excusa formal de celebrar el tercer aniversario de la victoria en las últimas elecciones municipales y autonómicas. Ni Rita Barberá ni Sonia Castedo ni Alberto Fabra, alcaldes de Valencia, Alicante y Castellón respectivamente, aludieron a Rajoy en sus discursos.
Camps, sí. "He hablado con Rajoy esta mañana camino de Lleida. Conscientes los dos de que él será el próximo presidente del Gobierno de España y de que yo seré quien siga dirigiendo los destinos de la Comunidad Valenciana".
El público se entregó y Camps dio rienda suelta a su discurso de oposición al Gobierno central. "Al Gobierno de Zapatero no le debemos nada. No le votamos y no somos corresponsables de su Gobierno. Dentro de poco, se pondrá una medalla a los que no colaboraron con Zapatero. La medalla del mérito de no colaborar con Zapatero. Nos merecemos una medalla mundial, interplanetaria. La Comunidad Valenciana no ha sido colaboradora. Otros lo han sido. Y los señalaremos. Uno por uno. Serán corresponsables".
Rita Barberá anticipó el tono de las intervenciones posteriores: "Ya está bien de aguantar lo inaguantable. El presidente volverá a ganar con cinco escaños más. Lo publican hasta los periódicos de izquierda". Y Sonia Castedó redondeó: "¡A por ellos, que son pocos y cobardes!".
www.elpais.es 23.05.10
RAJOY Y LA CÚPULA DEL PP EVITAN ACOMPAÑAR AL LÍDER VALENCIANO
El líder del PP, Mariano Rajoy, no asistió ayer a la conmemoración de los tres años de la última victoria en las urnas del presidente valenciano, Francisco Camps. Prefirió visitar el multitudinario encuentro del Aplec del Caragol (fiesta gastronómica que tiene al caracol como principal ingrediente), que se celebra en Lleida. Para justificar que ningún dirigente nacional del PP hubiese acudido a Valencia, Rajoy dijo que el Aplec del Caragol es "una fiesta muy importante", que Lleida es una provincia "fantástica" y que el PP catalán se lo había pedido hace tiempo. El presidente de los populares insistió, igual que hizo el viernes en Córdoba, en su desaprobación de las medidas que ha tomado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para corregir el déficit público. Rajoy aseguró que su partido no las apoyará por "impuestas, injustas e improvisadas", aunque no concretó si votará en contra o se abstendrá. "Esperamos que las medidas se publiquen pronto para poder opinar con mayor conocimiento de causa", afirmó Rajoy, quien destacó que estos recortes, en su opinión injustos, se hubieran podido evitar simplemente "con no haber aprobado el Plan E", que ha supuesto un desembolso de 13.500 millones de euros en los últimos dos años.
El dirigente popular defendió una vez más que la Administración "necesita adelgazar", con medidas como la reducción del 25% de altos cargos del Estado, la supresión de la vicepresidencia tercera porque "es inútil", y la supresión de los Ministerios de Igualdad y de Vivienda.
www.elpais.es 23.05.10
CAMPS DICE QUE LE ATACAN PORQUE NO SE LE PUEDE GANAR EN LAS URNAS
Luna pregunta si se sentará a la vez en el escaño y en el banquillo
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps (PP), aseguró ayer en las Cortes Valencianas que está dispuesto a llegar "hasta el final", pese a la sentencia del Tribunal Supremo que lo devuelve a la condición de imputado por haber recibido trajes regalados por la trama corrupta de Gürtel.
"¡Yo estoy siendo atacado porque soy el presidente de la Generalitat, porque soy el presidente de una comunidad que se puso en pie, porque soy el presidente de una comunidad que ha ganado por dos mayorías absolutas y porque no hay manera de ganarme si no es fuera de las urnas!".
Si el pasado martes, tras conocer la sentencia del Supremo, Camps aseguró sentirse "más feliz" que el día anterior, ayer se permitió el lujo de bromear en el Parlamento a cuenta de los regalos. Y lo hizo cuando el portavoz socialista, Ángel Luna, le preguntó si, además de la policía, los jueces y la Agencia Tributaria, también forman parte de la conspiración contra él los magistrados del Supremo que han reabierto el caso Camps.
"Confío en los jueces y magistrados, pero si otra persona [en referencia a la presidenta del Tribunal Constitucional], por un regalo de un valor diez veces superior, no sé si opaco o Francisco [risas], no tiene responsabilidad y otros sí, es como mínimo curioso, es como para pensárselo", alegó.
"¿Y qué piensa hacer cuando le sienten en el banquillo?, ¿seguirá en este escaño?", insistió el portavoz socialista. "Si me comparo con el presidente del Gobierno [José Luis Rodríguez Zapatero], me siento con mucha más autoridad moral para seguir trabajando", afirmó Camps.
El presidente de la Generalitat se mostró seguro de contar con el apoyo del grupo parlamentario, del PP regional y de la dirección nacional del partido, aunque no pronunció el nombre de Mariano Rajoy. Pero si en alguna cuestión puso énfasis fue en que las fuerzas para seguir adelante se las da "la gente de la calle", que le dice que no se amedrente "ante tanta mentira y tanta insidia". Tanto que, según el jefe del Gobierno valenciano, hay familias enteras que se han afiliado al PP por lo que le están haciendo. "Y me sostiene la verdad, y con eso se va a cualquier rincón del planeta", sentenció.
El portavoz socialista, Ángel Luna, llegó a exasperarse con las respuestas de Camps. "En sus intervenciones sólo hay arengas a sus partidarios y desafíos a todas las instituciones", prosiguió. "Todo es una conspiración mundial contra usted. Ha conseguido abrir todos los informativos y, lo que es más preocupante, también todos los programas de humor", ironizó.
Luna, a quien Camps acusó de "seguir preparando insidias en la negritud de su despacho", expresó su extrañeza por la insistencia del presidente valenciano en pregonar que no se ha enriquecido. "Nadie le ha preguntado si se ha enriquecido. El problema es que los valencianos se han empobrecido con su gestión", indicó el socialista, que acusó a Camps seguir mintiendo. "Usted dice que la sentencia le exculpa de irregularidades en las contrataciones de la Generalitat y en la financiación del PP, cuando el Supremo no habla ni de contratos, ni de financiación. Habla de sus trajes", dijo el portavoz del PSPV.
Para Luna, el jefe del Consell sólo reclama ya "adhesiones incondicionales, pero como no las puede conseguir brega con su agenda para no encontrarse con los ciudadanos". "Solo lo sostiene Rajoy, aunque no sé por qué, porque el resto de barones del PP no quiere asociar su suerte a la de usted", recalcó.
Una sesión de cuentos
Las Cortes Valencianas se convirtieron ayer en improvisado escenario para cuentacuentos. Y es que el portavoz del grupo de Compromís, Enric Morera, quiso contrastar la imagen que tiene de sí mismo el presidente valenciano con la visión de la oposición.
"Dice que es Juan sin miedo", dijo Morera, "pero yo le hubiese puesto Pinocho, al que no le gustaba hacer los deberes y así le iba". El diputado nacionalista le explicó a Camps que el proceso por los trajes regalados por Gürtel "no se abre por unas hienas bolcheviques [como dijo el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz], sino por un sastrecillo valiente que va a declarar".
En este contexto, trufado de referencias a los cuentos infantiles, el parlamentario de Compromís contrapuso la felicidad del jefe del Consell tras conocer la sentencia del Supremo que reabre el caso Camps, con la tristeza de quienes respetan las instituciones valencianas. "Usted está muy feliz, pero es el día más triste para la Generalitat, porque su presidente está imputado y se puede sentar en el banquillo. Es gravísima la situación de las instituciones valencianas", insistió.
Un terreno en el que Camps no quiso entrar ayer, pese a que Compromis insistió en explicarle también el cuento del traje nuevo del emperador. "El cuento les ha salido un poco largo", respondió Camps, "pero seguiremos trabajando pese a ustedes".
www.elpais.es 22.05.10
EL PSPV RELACIONA A TRES ALTOS CARGOS DE CAMPS CON LA FARMACIA DE SU MUJER
La responsable de Educación del PSPV en las Corts, Ana Noguera, acusó ayer al presidente Francisco Camps de ejercer con "nepotismo", tras relacionar hasta tres altos cargos de la Generalitat con la farmacia de la esposa del jefe del Consell, Isabel Bas, ubicada en una zona céntrica de Valencia. La botica, de la que Noguera recordó las múltiples referencias que aparecen a ella en las conversaciones grabadas del caso Gürtel, es el "epicentro del Gobierno valenciano" y de "un entramado familiar donde se mezclan negocios privados y relaciones públicas". Presidencia replicó ayer mismo que la información "es rotundamente falsa" y, señaló que, en todo caso, los altos cargos son personal de confianza, por lo que es habitual que los responsables políticos echen mano en ocasiones de personas con las que tienen una relación más estrecha.

La "tormenta" política se desató en la rueda de prensa de Noguera. Ésta manifestó que el director de la empresa pública Ciegsa, José Luis López Guardiola, es el marido de la socia de Isabel Bas en la farmacia y primo de la portavoz del Consell y titular de Justicia, Paula Sánchez de León, mientras el subsecretario de Economía, José Miguel Escrig Navarro, hermano de la citada socia, "es quien le vendió el 50% del negocio a Bas". Este dato, según fuentes del Ejecutivo, es erróneo, ya que la esposa del presidente adquirió ese 50% directamente al padre y no al actual alto cargo del Consell, lo que llevó al Ejecutivo a tachar de "falsa" la denuncia de la diputada. Noguera sí apuntó que, según le han informado, "la mitad de una farmacia de esas características puede costar 400 millones de las antiguas pesetas".

"Son amigos tan íntimos -aseveró- que además de compartir negocios también los coloca en el Gobierno; así todo queda en casa". Tras admitir que no se trata de algo "ilegal", enfatizó que es "un claro ejemplo de nepotismo y pone en duda la honorabilidad de Camps". La diputada relató que Bas vendió la farmacia que tenía en la playa del Puig en 2003, antes de las primeras elecciones autonómicas que ganó Camps. Siendo ya presidente, adquirió la mitad de la botica a su "amiga Victoria Navarro Escrig, con la que coincide además en el colegio al que llevan los hijos, al igual que El Bigotes, y a cuya boda en Veles e Vents asistieron juntas".

Tras la victoria electoral, prosiguió, Camps nombró el 18 de julio de 2003 a Escrig Navarro director general de Presupuestos y, antes de acabar ese año, subsecretario de Economía. Presidencia enfatizó que la compra fue muy posterior al nombramiento, y la desligó totalmente. Noguera resaltó que Camps lo nombró responsable económico "sin haber tenido nada que ver antes con la Administración ni tampoco un cargo de responsabilidad política, sin más currículum que la amistad íntima con la familia", mientras desde el Consell se destacó que Escrig es economista y había desarrollado su carrera profesional en diversos bufetes.

La parlamentaria también aseveró que al bautizo de la hija de El Bigotes, al que finalmente no asistió Camps tras estallar días antes el escándalo Gürtel, "acudieron Pedro García [ex director general de RTVV] y López Guardiola con su mujer y la socia de la farmacia".

Noguera, quien recalcó que no habría entrado en estas cuestiones de la faceta privada si no fuera por la "provocación" de Camps cuando "puso a la farmacia como ejemplo de pulcritud y honestidad", aseguró que ahora entiende "cómo se cierran filas en torno a un presidente que ya debería haber dimitido porque está imputado". "Si cayera Camps, otros caerían como fichas de dominó", advirtió, porque "probablemente el presidente ordenaba, pero otros firmaban".

"Ciegsa, en fraude de ley"

Noguera denunció asimismo que la empresa para construir colegios Ciegsa está "en fraude de ley" y "debería pasar a ser una dirección general" porque la nueva ley de Contratos no permite a las firmas públicas usurpar el papel de la Administración para adjudicar si no tienen medios propios para hacer el 50% de su actividad. Ciegsa cambió sus estatutos para definirse como servicio técnico del Consell pero no tiene medios. La configuración le sirve para "eludir el control, sobre todo del funcionariado".
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/05/22/pspv-relaciona-tres-altos-cargos-camps-farmacia-mujer/707672.html
EL PSPV ACUSA DE 'NEPOTISMO' A FRANCISCO CAMPS TRAS LA COMPRA DE LA FARMACIA DE SU MUJER
Los socialistas valencianos han denunciado que Francisco Camps nombró director general de Presupuestos y después subsecretario de Economía a la persona que vendió a Isabel Bas, esposa del presidente, la mitad de la farmacia que posee en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y colocó como consejero delegado de la empresa pública Ciegsa al marido de la actual socia de su mujer.
Las fechas, sin embargo, no cuadran. Según ha podido saber ELMUNDO.es, Jose Miguel Escrig Navarro fue nombrado director general de Presupuestos en 2003 y la compra-venta de la farmacia se cerró en 2005. Igualmente, José Luis López Guardiola llegó a Ciegsa en 2007 pero ya era asesor de Camps cuando éste era conseller de Educación en 1997.
"Nunca un negocio tan pequeño, con tan pocos metros cuadrados, ha dado para tantos altos cargos", ha denunciado la diputada autonómica Ana Noguera, que ha asegurado que "la farmacia de la mujer del presidente es el epicentro del gobierno valenciano".
Noguera ha asegurado que la intención de su partido siempre fue mantener al margen los negocios privados y a la familia de Camps, pese a que aparecen mencionados repetidas veces vinculados a la trama Gürtel, pero han decidido destapar lo que consideran un "grave caso de nepotismo" tras "presumir" el presidente valenciano en las Cortes de la "pulcritud" de su gobierno y de "no haber incrementado su patrimonio desde que es presidente".
Según ha relatado Noguera, Isabel Bas decidió vender la farmacia que tenía en la localidad valenciana de El Puig en 2003 para estar más cerca de Francisco Camps durante la campaña electoral que le llevaría al gobierno de la Generalitat. Luego decidió adquirir una nueva en el centro de Valencia y compró el 50% de una farmacia en la Plaza del Ayuntamiento. Se lo vendió Jose Miguel Escrig Navarro, actual subsecretario de la Conselleria de Ecomomía, Hacienda y Enpleo, es decir, 'número dos' del departamento que dirige Gerardo Camps. Antes fue director general de Presupuestos.
Los vínculos de la farmacia con el gobierno valenciano no acabaron ahí. Según el PSPV, la otra mitad del negocio corresponde a una íntima amiga de la esposa de Camps, la mujer de José Luis López Guardiola, un abogado y profesor en la Universitat de València, que entró como asesor en 1997 en la Conselleria de Educación cuando Camps era el titular y que luego fue asesor en Presidencia. En 2007 fue nombrado consejero delegado de Ciegsa, una de las empresas de la Generalitat más polémicas. Es además primo de la actual consellera de Justicia y portavoz del Consell, Paula Sánchez de León Guardiola.
Ciegsa es una empresa pública que se encarga de la construcción de colegios e institutos. El PSPV ya denunció el pasado mes de marzo que el Consell había modificado sus estatutos para adaptarse a la ley de Contratación y para, según los socialistas, ocultar las adjudicaciones de obras. Hoy ha reiterado que cuando Camps llegó a la Generalitat la deuda de la firma era de 1.000 millones de euros y ahora supera los 2.500 millones.
"Siempre nos preguntamos por qué no se cerraba Ciegsa", ha reconocido Noguera, que ha justificado el "oscurantismo" de la empresa por la responsabilidad de López Guardiola.
La responsable socialista ha querido vincular también los "negocios" de la farmacia de Isabel Bas con la trama 'Gürtel' y ha recordado que, al margen de las conversaciones grabadas por la Policía en las que se citaba el local, cuando Camps y su esposa acudieron a la boda de Álvaro Pérez 'El Bigotes' en 2008 lo hicieron acompañados por la socia de la farmacia y su marido, López Guardiola, que también asistió al bautizo de los hijos de 'El Bigotes', esta vez ya sin el presidente de la Generalitat.
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/21/valencia/1274439151.html
EL NUEVO 'CASO CAMPS' 
Toda la estrategia procesal y política de la defensa de Francisco Camps, apoyada por Federico Trillo, se basaba en un presupuesto leguleyo que la sentencia del Tribunal Supremo ha hecho saltar por los aires. ¿Cuál era? Que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que archivó la causa en julio de 2009 no podía ser recurrible en casación ante el Tribunal Supremo. En su sentencia, el Supremo analiza precisamente dicho argumento nada más abordar los fundamentos de derecho.  
"Centran las defensas está impugnación formal, que a su entender habría tenido que conllevar la inadmisión de plano de los recursos [de la Fiscalía Anticorrupción y del Partido Socialista Valenciano], en que tal resolución incumpliría el presupuesto del último inciso del artículo 848.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; a saber, que alguien se hallare procesado como culpable de los mismos". ¿Y qué piensa de esto la Sala? Lo siguiente: "No obstante, una simple lectura del auto combatido [el del TSJ de Valencia] evidencia la concurrencia del mentado requisito al haber recaído imputación judicial equivalente al procesamiento".  
Es decir: al aceptar que el auto del TSJV era recurrible, el Supremo señala claramente que Camps y sus colegas estaban imputados. No es una interpretación. Bastaría con estas líneas para saberlo. ¡Es como si estuvieran procesados, nos dice la sentencia, porque la imputación es, en el procedimiento abreviado, el equivalente del procesamiento!  
Con todo, el magistrado ponente, Juan Saavedra, presidente a su vez de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ilustra todavía más éste punto: "El TSJ valenciano hace suyos, en primer lugar, cuantos elementos fácticos quedaron a su vez delimitados por el auto [del juez Flors], asunción que además reconoce la Sala [presidida entonces por el magistrado Juan Luis de la Rúa] cuando, bajo la rúbrica de "síntesis de los hechos", incorpora el pormenorizado "catálogo fáctico", según sus propias palabras, delimitado por el magistrado instructor. Asume igualmente el conjunto de personas sobre el que habría de girar la imputación. 
Saavedra concluye sobre estos temas procesales que el auto de instrucción fue "acogido en su estructura general por el TSJ valenciano, auto que "fijó con todo detalle los hechos justiciables, el precepto sustantivo en que pudieran incardinarse y las personas que, en línea de principio, habrían de resultar penalmente responsables de los mismos, en total equivalencia a los presupuestos exigibles para el procesamiento". 
El magistrado descarta una a una la jurisprudencia utilizada por Juan Luis de la Rúa y el otro magistrado que apoyó el archivo, hasta el punto de que cualquier parecido con el cohecho pasivo impropio debatido en esta causa, era pura coincidencia.  
Si uno hila fino, parecería que todos los casos que rechaza el Tribunal Supremo fueron utilizados por la sala del TSJV para dotar al auto de archivo de julio de 2009 de cierta verosimilitud jurídica seria, pero carente de la más elemental solidez. Si esto no fuera el caso, Saavedra no podría decir, en línea con el recurso de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que de seguirse la doctrina del TSJV, habría que borrar el delito de cohecho pasivo impropio del Código Penal.  
Ahora bien, si la ausencia de relación causal entre los trajes regalados y lo que Camps pudiera haber favorecido a la trama Gürtel, invocada por el TSJV para el archivo, no era requisito para el cohecho pasivo impropio, según sostiene Saavedra, no quiere ello afirmar la inexistencia de esos favores. Simplemente, en el momento en el que el juez Flors instruyó la causa, esos favores no eran objeto de esa investigación. 
Pero, mira por dónde, casi un año después del archivo, las indagaciones se han profundizado en el TSJ de Madrid por el juez Pedreira junto con la Fiscalía Anticorrupción. Y aquel informe policial que De la Rúa no quiso aceptar en el momento de decidir el archivo se ha multiplicado por varios nuevos documentos sobre la trama Gürtel en relación con la Generalitat Valenciana y los múltiples indicios delictivos. Esos informes pueden ahora incorporarse a la causa para que el juez Flors haga una valoración de los trajes en un nuevo contexto, que antes simplemente no existía. Camps representa para Rajoy la piedra que tenía que empujar Sísifo al verse condenado a subir la empinada ladera, según narra Homero en La Odisea.  
(www.publico.es, 21/05/10) 
CAMPS DICE QUE LE ATACAN PORQUE NO SE LE PUEDE GANAR EN LAS URNAS 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps (PP), aseguró ayer en las Cortes Valencianas que está dispuesto a llegar "hasta el final", pese a la sentencia del Tribunal Supremo que lo devuelve a la condición de imputado por haber recibido trajes regalados por la trama corrupta de Gürtel. 
"¡Yo estoy siendo atacado porque soy el presidente de la Generalitat, porque soy el presidente de una comunidad que se puso en pie, porque soy el presidente de una comunidad que ha ganado por dos mayorías absolutas y porque no hay manera de ganarme si no es fuera de las urnas!". 
Si el pasado martes, tras conocer la sentencia del Supremo, Camps aseguró sentirse "más feliz" que el día anterior, ayer se permitió el lujo de bromear en el Parlamento a cuenta de los regalos. Y lo hizo cuando el portavoz socialista, Ángel Luna, le preguntó si, además de la policía, los jueces y la Agencia Tributaria, también forman parte de la conspiración contra él los magistrados del Supremo que han reabierto el caso Camps. 
"Confío en los jueces y magistrados, pero si otra persona [la presidenta del Tribunal Constitucional], por un regalo de un valor diez veces superior, no sé si opaco o Francisco [risas], no tiene responsabilidad y otros sí, es como mínimo curioso, es como para pensárselo", alegó. 
"¿Y qué piensa hacer cuando le sienten en el banquillo, seguirá en este escaño?", insistió el portavoz socialista. "Si me comparo con el presidente del Gobierno [José Luis Rodríguez Zapatero], me siento con mucha más autoridad moral para seguir trabajando", afirmó Camps. 
El presidente de la Generalitat se mostró seguro de contar con el apoyo del grupo parlamentario, del PP regional y de la dirección nacional del partido, aunque no pronunció el nombre de Mariano Rajoy. Pero si en alguna cuestión puso énfasis fue en que las fuerzas para seguir adelante se las da "la gente de la calle", que le dice que no se amedrente "ante tanta mentira y tanta insidia". Tanto que, según el jefe del Gobierno valenciano, hay familias enteras que se han afiliado al PP por lo que le están haciendo. "Y me sostiene la verdad, y con eso se va a cualquier rincón del planeta", sentenció. 
El portavoz socialista, Ángel Luna, llegó a exasperarse con las respuestas de Camps. "En sus intervenciones sólo hay arengas a sus partidarios y desafíos a todas las instituciones", prosiguió. "Todo es una conspiración mundial contra usted. Ha conseguido abrir todos los informativos y, lo que es más preocupante, también todos los programas de humor", ironizó. 
(www.elpais.com, 21/05/10) 
LA OPOSICIÓN CONTRAPONE PINOCHO A JUAN SIN MIEDO 
Las Cortes Valencianas se convirtieron ayer en improvisado escenario para cuentacuentos. Y es que el portavoz del grupo de Compromís, Enric Morera, quiso contrastar la imagen que tiene de sí mismo el presidente valenciano con la visión de la oposición. 
"Dice que es Juan sin miedo", continuó Morera, "pero yo le hubiese puesto Pinocho, al que no le gustaba hacer los deberes, y así le iba". El diputado nacionalista le explicó a Camps que el proceso por los trajes regalados por Gürtel "no se abre por unas hienas bolcheviques [como dijo el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz], sino por un sastrecillo valiente que va a declarar". 
En este contexto, trufado de referencias a los cuentos infantiles, el parlamentario de Compromís contrapuso la felicidad del jefe del Consell de la Generalitat tras conocer la sentencia del Supremo que reabre el caso Camps con la tristeza de quienes respetan las instituciones valencianas. "Usted está muy feliz, pero es el día más triste para la Generalitat, porque su presidente está imputado y se puede sentar en el banquillo. Es gravísima la situación de las instituciones valencianas", insistió. 
Un terreno en el que Camps no quiso entrar ayer, pese a que Compromís insistió en explicarle también el cuento del traje nuevo del emperador. "El cuento les ha salido un poco largo", respondió Camps, "pero seguiremos trabajando pese a ustedes". 
(www.elpais.com, 21/05/10)
LOS CINCO FAVORES DE DE LA RÚA A SU AMIGO CAMPS 
La sentencia del Tribunal Supremo que ordena la reapertura del caso de los trajes ha anulado el cerrojazo en falso con que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tendió no las tablas de la ley sino la tabla de salvación al presidente de la Generalitat. El archivo fue posible gracias al voto del presidente del tribunal, Juan Luis de la Rúa, el juez más que amigo de Francisco Camps. En los meses precedentes, el tribunal que dirige De la Rúa ya había pergeñado un marco jurídico favorable al líder valenciano. Los pasos fueron estos. 
1. Sólo los trajes. Admisión del caso 
El 21 de abril de 2009, la Sala de lo Penal del TSJCV, ante quien el primer instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón, se había inhibido en lo relativo a Camps, se declaró de manera unánime competente para investigar. Pero sólo para investigar si Orange Market había regalado trajes al presidente valenciano y a otros tres altos cargos del PP.  
Garzón había alertado al TSJCV de que ya había indicios de financiación ilegal del PP, y reseñó datos concretos sobre el uso de dinero negro para pagar el congreso regional del partido celebrado en septiembre de 2002.  
El tribunal valenciano hizo caso omiso y encorsetó la investigación: sólo indagaría si Francisco Camps había cometido cohecho impropio, la modalidad más leve del delito de soborno y castigada sólo con multa. 
2. No se abstiene. Oídos sordos 
Aquel primer auto del 21 de abril ya contó con el voto de Juan Luis de la Rúa. Los demás de la Sala, también. El juez a quien Camps había definido como más que amigo, el que en la campaña para las autonómicas de 2007 había sido el invitado estrella en la presentación del programa de justicia del PP, ni se planteó la opción de abstenerse. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el PSOE, personado en la causa como acusación popular, recusaron a De la Rúa: no se le recusó, razonan personas cercanas al caso, podía imaginar que De la Rúa utilizaría su posición para sobreseer la imputación contra Camps el primer día de agosto de 2009.  
3. El parapeto. Ni un recurso aceptado 
A medida que la investigación del caso Gürtel avanzaba en Madrid y trascendían nuevos datos sobre la contabilidad secreta de Orange Market, la marca levantina de la red corrupta, la fiscalía y el PSOE redoblaron su presión sobre el TSJCV.  
Pretendían que el tribunal escrutara los contratos de Orange Market (14 millones de euros). Bajo la presidencia de De la Rúa, la Sala de lo Penal rechazó todos los recursos. El cénit llegó el 21 de julio de 2009, cuando el TSJCV dictó un auto en el que acusaba al PSOE de promover un proceso inquisitorial contra el PP: "Lo pretendido por la acusación popular es realizar una especie de batida de montería". El ponente fue Juan Montero, quien luego se opuso al sobreseimiento del caso. 
4. ¿Policía para qué? El informe despreciado 
El 31 de julio, cuando el TSJCV aún no había archivado el caso, la policía remitió al tribunal valenciano un informe que afianzaba las sospechas de financiación ilegal del PP al detallar los presuntos pagos opacos y cómo empresas que tradicionalmente habían recibido adjudicaciones de la Generalitat habían abonado supuestamente gastos del partido.  
El TSJCV despreció el informe y ni siquiera lo tuvo en cuenta para archivar el caso. Despreció igualmente la petición del juez madrileño Antonio Pedreira para que imputase a tres jefes de la trama corrupta: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Con cajas destempladas, el tribunal de De la Rúa denegó la petición. Y devolvió el informe alegando que nadie lo había solicitado. 
5. Cerrojazo al caso. Varapalo del Supremo 
El 1 de agosto, el TSJCV exoneró a Camps con un sobreseimiento definitivo que ahora le ha costado una ácida desautorización del Tribunal Supremo. Cuando el TSJCV dictó el auto, el mandato de De la Rúa ya había expirado. El juez no opta a la reelección.  
(www.publico.es, 20/05/10) 
"SI ACEPTAR REGALOS ES COHECHO, TODOS LOS POLÍTICOS DEBEMOS IR AL SUPREMO" 
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha calificado de "muy clarificador" el texto del auto del Tribunal Supremo (TS) sobre el delito de cohecho impropio y ha asegurado que, si recibir regalos es cohecho, el presidente del Gobierno y "todos" los políticos del país tienen que acudir por sí mismos ante el TS. 
"Es muy sorprendente que se diga que recibir regalos en sí es cohecho porque eso significa que lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno y todo su equipo detrás es ir ante el Tribunal Supremo ellos mismos. Y detrás, todos los políticos del país: diputados, senadores, concejales, alcaldes. Todos", ha afirmado. 
Barberá dijo llegó a equiparar el verano pasado los regalos que hizo la trama Gürtel a Camps con las anchoas que ha recibido Zapatero del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Entonces, planteó la necesidad de cambiar el artículo 426 del Código Penal, que establece multas de tres a seis meses para la autoridad o funcionario público que acepte regalos en consideración a su función, para "poner las cosas claras".   
Según un comunicado del Ayuntamiento de Valencia, Barberá se ha manifestado en estos términos al valorar el auto del Tribunal Supremo y se ha referido asimismo al concepto de "opacidad" aplicado a la entrega de regalos a cargos públicos. "¿Qué significa opacidad" , se ha preguntado la alcaldesa, que ha recordado que el diputado nacional Rafael Hernando (PP) preguntó hace un año sobre los regalos recibidos en La Moncloa "y aún no ha tenido respuesta: miren si eso es o no opacidad", ha subrayado. 
Preguntada por la situación del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha destacado que el auto es "aclaratorio en beneficio de la verdad, que es lo que siempre ha pedido el president".
Barberá, además, ha recordado que el proceso, a partir de ahora, continúa con la recepción de pruebas y el calibrado de los presuntos regalos en su relación con la realidad.  
(www.publico.es, 20/05/10) 
CAMPS DISPARA CONTRA TODOS ANTES DE DESPLOMARSE  
La testaruda realidad es la piedra contra la que tropiezan una y otra vez casi todos los políticos que son acusados de corrupción. La tendencia habitual de los imputados es negarlo todo hasta que la verdad de los hechos se acaba por imponer. Una actitud que no les sirve ni para ganar tiempo, porque cuanto más tiempo pasa más se debilita su posición. Es lo que le está ocurriendo ahora al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que va dando traspiés, cada vez más solo y más empeñado en negar las evidencias que ratifican instancias cada vez más elevadas. 
Pero Camps no se arredra. Como en un wéstern, gravemente herido, parece dispuesto a disparar contra todo y contra todos antes de desplomarse. Así, su respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de ordenar al juez José Flors que reabra el caso de los trajes que le habría regalado Álvaro Pérez, el Bigotes, el socio de Francisco Correa en la trama Gürtel, ha sido agitar la teoría de una supuesta conspiración en la que los jueces y el Gobierno se dedicarían a fabricar pruebas falsas. Lo dijo el miércoles, pero el sábado se jactó de que «de la cacería ya han caído dos, Bermejo y Garzón» y, como si estuviera en un reto, recomendó que se «tienten la ropa» quienes él cree que le están sometiendo a una persecución. 
La estrategia de Camps denota falta de respeto al Estado de derecho y supone una huida hacia adelante que no le va a servir para eludir el banquillo de los acusados, si así lo decide el juez Flors. Pero además perjudica seriamente la salud democrática de su partido. No porque el PP corra el riesgo de perder las elecciones en la Comunidad Valenciana –lo que hoy por hoy parece más que improbable cualquiera que sea el candidato que presente–, sino porque desgasta su credibilidad ya mermada por el caso Matas y, más aún, por la investigación de la trama Gürtel, tanto en la Comunidad Valenciana como en Madrid. En la que están apareciendo indicios de enriquecimiento ilícito de varios de sus dirigentes pero también de financiación ilegal de actos del partido, sobre la que el PP tendrá que rendir cuentas ante la justicia y ante la sociedad.  
Así que en la dirección del PP se empieza a extender la idea de que lo mejor sería que Camps lo dejara, aunque parece que nadie está dispuesto a decírselo. Desde luego no Mariano Rajoy, que calla y sigue la misma estrategia que utilizó con el extesorero Jesús Bárcenas, dejar que la situación se pudra y que sea el propio afectado el que tome la decisión. Sería mejor, sin embargo, que Rajoy, de acuerdo con el código ético del que voluntariamente se dotó el PP, sugiriera a Camps la salida más adecuada desde el punto de vista de la limpieza democrática. Por respeto a sus votantes. Por respeto a todos los ciudadanos. 
(www.elperiodico.com, 20/05/10) 
CAMPS REPRUEBA A LA OPOSICIÓN POR PEDIR DATOS DE LA 'GÜRTEL' 
Al PP valenciano le estorba Ángel Luna, el portavoz parlamentario socialista que se ha convertido en una de las voces más incisivas contra un Francisco Camps arrinconado por el caso Gürtel. Ayer, los conservadores hicieron valer su mayoría absoluta para reprobarlo. ¿El motivo? El 24 de marzo, Luna mostró en Les Corts un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que demuestra que Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama, se enriqueció con la visita del Papa a Valencia. El documento estaba bajo secreto de sumario y el portavoz del PP, Rafael Blasco, se agarró a ello para tildar de "delictiva" la actitud de Luna y anunciar su "reprobación parlamentaria". 
Una censura que el PP preparó minuciosamente. A media mañana, Blasco se encaramó a la tribuna y, cuando se disponía a hilvanar las primeras frases, la oposición en pleno se levantó y abandonó silenciosamente el hemiciclo.  
La comitiva continuó por los pasillos hasta la sala noble del Parlamento. A la cabeza, los portavoces de todos los grupos escudaron a Luna. "Quien debería ser objeto de censura es Camps, que ha mentido de forma continuada y sistemática", clamó Joaquim Puig, portavoz adjunto del PSPV-PSOE. 
Por su parte, Mònica Oltra, de Compromís, definió el plantón al PP como "un acto de dignidad democrática; hoy es el señor Luna, mañana puede ser cualquiera de nosotros", alertó. De hecho, Oltra también ha sufrido los rigores de PP por preguntar por la Gürtel. El vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, le espetó que "no conocía a su padre" tras criticar la relación de sus empresas familiares con la trama.  
Según Oltra, los conservadores han convertido Les Corts en una "trinchera para perseguir y callar a la oposición". Igual se expresó la portavoz de IU, Marga Sanz, que describió a Luna como el símbolo de "una institución que debe luchar por la transparencia".
Mientras, el portavoz del PP leía íntegramente su reprobación a los escaños vacíos de la oposición. Blasco, irritado por el desplante, enfatizó su palabras contra Luna: "Ha traspasado la libertad de expresión" con su "conducta indigna" de trazar "un maquiavélico plan que persigue el descrédito del PP". El aludido se dirigió con posterioridad a los periodistas: "Han querido amedrentarnos con su mala manera de entender la democracia. No está escrito en ninguna Constitución que la labor de la oposición deba contar con el visto bueno del que manda". 
No es la primera vez que Luna se enfrenta a las iras del PP. Su obstinación por recomponer todos los agujeros que dejó la Gürtel en las cuentas públicas valencianas ha violentado hasta el extremo al Grupo Popular. Algunos de sus parlamentarios le han retirado el saludo y el president Camps ha convertido sus sesiones de control en un ejercicio de desdén contra el síndico socialista, a quien ha llegado a acusar de querer asesinarle.  
(www.publico.es, 20/05/10) 
TODA LA OPOSICIÓN PLANTA AL PP EN LAS CORTES EN SOLIDARIDAD CON LUNA 
Hoy por ti, mañana por mí. Toda la oposición actuó unida ayer en defensa de la capacidad de control parlamentario sobre el Consell sin que el partido mayoritario se sienta legitimado para amedrentar a los diputados cuando no le gusten las críticas. La reprobación del portavoz socialista, Ángel Luna, planteada por el PP a causa de sus denuncias de la corrupción política que involucra al propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con la excusa de que exhibió en un pleno un informe de la investigación del caso Gürtel bajo secreto de sumario, hizo que todos los grupos del hemiciclo que no dan apoyo al Gobierno de Camps abandonaran ayer la sesión cuando el portavoz popular, Rafael Blasco, empezó a justificar las razones de la iniciativa. 
Los diputados del PSPV-PSOE, de Compromís pel País Valencià y de Esquerra Unida se levantaron, abandonaron el hemiciclo y se concentraron en una escalera de la sede parlamentaria mientras Blasco, que es también consejero de Solidaridad y Ciudadanía, iniciaba su intervención señalando que no era "especialmente grato" para él "reprobar la conducta de un diputado". En el momento en que el último parlamentario de la oposición salía por la puerta, Blasco invitaba a Luna "a reflexionar". 
En las escaleras de la parte noble del Palau dels Borja, la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, fue la primera en explicar el sentido de la protesa. "Hoy se ha cruzado una raya roja en un intento de tapar el caso Gürtel", aseguró. "El nuestro es un acto de defensa de la democracia". Sanz señaló que la actuación del PP contra el portavoz socialista puede afectar mañana a cualquier otro parlamentario que intente combatir la opacidad y la corrupción. La diputada de Compromís Mònica Oltra calificó la protesta de "acto de dignidad democrática". La diputada, que criticó que el PP se atrinchere en las Cortes, añadió: "Hoy tocaba hablar de regeneración democrática y de la grave imputación a Camps". El diputado socialista Joaquim Puig, a su vez, recordó que parlamentarios de otros grupos como la propia Mònica Oltra y Marina Albiol han sufrido la persecución del PP, y aseguró que quien debe ser objeto de censura es Camps, "que no ha dado ninguna explicación al Parlamento". 
Explicó Joaquim Puig que el PP "es absolutamente corresponsable de un presidente que en muchos aspectos ha perdido el sentido común". El portavoz adjunto del Grupo Socialista puntualizó que los diputados quieren estar dentro del hemiciclo, pero para defender los intereses de los valencianos, no para contribuir a actos "esperpénticos". Los diputados de la oposición aplaudieron las intervenciones de sus tres representantes mientras en el interior de la Cámara el PP, en solitario, trataba de dar calor con sus aplausos a la intervención de Blasco, que calificó de "pertinaz" y apoyada "de forma irresponsable" por su grupo, la actitud de Ángel Luna. 
Según los populares, el portavoz socialista, que se ha caracterizado por la contundencia de sus denuncias por los escándalos de corrupción que afectan al PP y al Consell, ha proferido "descalificaciones, insultos, falsas afirmaciones e imputaciones sin base justificada". El PP y el Consell, que han seguido a pies juntillas al presidente de la Generalitat en su negativa a dar la más mínima explicación de los contratos con la trama corrupta que encabezaba Francisco Correa y dirigía en Valencia Álvaro Pérez, íntimo amigo del jefe del Consell y de otros dirigentes y altos cargos, avalaron ayer con su voto la reprobación de Luna, mientras la oposición rechazaba el intento de convertir las Cortes en un "circo" y recriminaba al partido mayoritario la "huida hacia adelante" y la "deriva" que está protagonizando en el caso Gürtel. 
La reprobación del portavoz socialista, cuyos efectos son nulos puesto que no tiene fundamento alguno en el reglamento parlamentario, ya fue la causa de un incidente nada más iniciarse el pleno. Antes de que se renovara con el voto de populares y socialistas como miembros de la Sindicatura de Comptes a Rafael Vicente Queralt, Marcela Miró y Antonio Mira Perceval, y de que se aprobara por unanimidad la declaración de Gandia como "gran ciudad", Luna exigió explicaciones sobre la decisión impuesta por el PP en la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces de modificar el orden del día para que ese punto se debatiera antes que la reforma de la composición del Consell Escolar Valencià. Blasco dio un argumento que no había ofrecido la víspera, ante los portavoces de los otros grupos, y alegó que el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, tenía una visita al médico que no podía posponer. La presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, trató de impedir que Luna volviera a hablar, tras la explicación de Blasco, y amagó con amonestarlo. Al final, el portavoz socialista pudo explicar que, una vez conocida la razón del cambio en el orden del día, su grupo lo apoyaría. 
El presidente del Consell, Francisco Camps, se someterá hoy a la primera sesión de control en el Parlamento autonómico tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo que lo sitúa a un paso de ser juzgado por un supuesto delito de cohecho. Los portavoces de la oposición le interpelarán sobre ese asunto. El socialista Ángel Luna le preguntará si "cree que está en situación de dirigir una acción de gobierno que se ocupe de los intereses y de los problemas de los valencianos, respetando las reglas elementales de funcionamiento de unas instituciones democráticas". El portavoz de Compromís, Enric Morera, por su parte, le preguntará directamente por los efectos del caso Gürtel. 
(www.elpais.com, 20/05/10) 
CAMPS BARAJA APORTAR AL TSJ TODOS LOS REGALOS DE LA GENERALITAT  
La defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps no da por perdida la batalla de intentar demostrar que se pagó los trajes. De hecho, tras el varapalo propinado por el Supremo al decidir que se reabra la causa, el presidente asegura contar con una serie de pruebas que, según sus palabras, demostrarán ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que "nadie me ha regalado nada". Sin embargo, si esta vía falla, el jefe del Consell tiene un plan "b" en la recámara: convencer al tribunal que los supuestos regalos no exceden de los usos sociales y, por tanto, en ningún caso podrían encajar en el tipo del cohecho pasivo impropio.  
El presidente está dispuesto incluso a aportar a la sala la lista de todos los obsequios que llegan al Palau de la Generalitat con el fin de probar que, en todo caso, el haber aceptado las prendas de vestir no sería susceptible de reproche jurídico ni por cuantía, ni por dimensión, ni por proporcionalidad. "Si se quiere abrir el melón de los regalos, de lo que es aceptable o no, que se abra para todos", se reflexionaba desde el entorno de Camps, que apunta que la tesis del TS de que "basta con la aceptación del regalo entregado en consideración de la función" para que haya delito supone abrir la vía para criminalizar a todos los cargos. 
Esta estrategia fue ya explorada en el plano político hace un año cuando el magistrado instructor José Flors dictó el auto en el que veía indicios racionales de delito. En ese momento, desde el PP se intentó minusvalorar las dádivas en forma de trajes y cuestionar la indefinición del artículo 426. ¿Por qué es reprochable que se obsequie con un traje y no una cobarta o un jamón por Navidades?, se preguntaban desde el PP. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, abonó el debate con la polémica mención de las anchoas que el presidente de Cantabria suele regalar en sus visitas a Moncloa. El debate ha vuelto ya a la escena pública. Ayer Barberá afirmó que si a todos los políticos se les aplicara la ley con el mismo rasero todos deberían ir al Supremo empezando, remarcaba, por el presidente del Gobierno y los ministros y "detrás de él todos los políticos de España, los presidentes de las instituciones y después los concejales". 
Pero a Camps, cuya situación judicial se ha complicado enormemente, no le basta con que la controversia de quede en la calle. Su defensa estudia la vía para trasladarla al TSJ y generar una duda razonable que permita el archivo de la causa antes de que llegue a juicio.  
Con todo, los abogados defensores no lo tienen fácil, entre otras cosas, porque ni siquiera la sala del TSJ entró en esta cuestión cuando dio carpetazo provisional al auto de Flors. Cabe recodar que el magistrado determinó que los trajes y demás prendas de vestir que supuestamente la trama regaló al presidente y a los otros tres imputados no podían "por su propia naturaleza, incardinarse en el marco de la adecuación social" ni "equipararse a las atenciones de cortesía o de mero reconocimiento que los usos sociales aceptan como inocuos y admisibles". Además, Flors daba por sentado que "el modo de producirse regalos, el tipo de relación entre Alvaro Pérez y las personas obsequiadas y la entidad y características de los regalos, denotan que la finalidad no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación". 
Este relato de hechos no fue cuestionado por el TSJ cuando tumbó el auto de Flors -se limitó a discrepar de que los hechos constituyeran un delito de cohecho impropio-, una cuestión que el Supremo subraya en un par de ocasiones en su reciente sentencia. 
Por otro lado, desde Presidencia de la Generalitat se matizó ayer el comunicado emitido el día anterior en el que Camps afirmaba contar con documentos "que llegaron una vez dictado el sobreseimiento de la causa por el TSJCV en los que queda claramente certificado, tiquet de compra por tiquet de compra, que todo es un montaje y que son todo documentos falsos".  
Fuentes de Presidencia aclararon que no se refieren a tiquets de compra concretos sino al escrito que en su día el responsable de Forever Young (una de las tiendas donde se encargaron los trajes), Eduardo Hinojosa, presentó a un juzgado de Madrid con motivo del pleito que emprendió contra el sastre José Tomás por presunta falsificación de facturas. Hinojosa mantuvo por escrito que no existía constancia en la empresa de compras a cargo del jefe del Consell y que, de haberlas, "es obvio que se habrían pagado en efectivo o al contado". El entorno del presidente mantiene que la única prueba inculpatoria para Camps es la declaración del sastre y se insiste en poner en valor las declaraciones de los propietarios de las tiendas de que nada se dejó pendiente de cobro. Cabe recordar que en su auto Flors mantuvo que "no existía constancia de que los trajes fueran abonados en caja y en metálico" como había afirmado el presidente , pero sí en cambio "de que el pago pendiente generado por la operación de cuatro trajes se canceló, junto con otras englobadas en una deuda de mayor importe, con cargo a unos cheques librados por la entidad Servimadrid Integral, SL", firma del entremado Gürtel. 
También se insiste en la importancia de las conversaciones de los cabecillas de la trama en la cárcel en las que exculpaban al presidente. Estas escuchas ordenadas por Garzón fueron declaradas ilegales por el TS, pero la defensa de Camps asegura que su transcripción sí puede usarse como elemento probatorio. 
(www.levante-emv.com, 20/05/10)
CASTELLÓN CIERRA LA COMISIÓN SOBRE GÜRTEL CON DISCREPANCIAS 
El PSPV considera que ha existido un presunto trato de favor y de información privilegiada del Ayuntamiento de Castellón a las empresas Lubasa, Facsa y Piaf, que la policía relaciona con la supuesta financiación ilegal del PP. El PP asegura que no hay ninguna irregularidad en la relación contractual entre el Ayuntamiento y las empresas. Y el Bloc apunta que se ha certificado una deficiente gestión administrativa que merece un castigo político. 
La comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Castellón para esclarecer si existen indicios de una supuesta financiación irregular del PP a cambio de adjudicaciones acabó ayer con sonoras discrepancias. Las conclusiones de los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento se han plasmado en dos dictámenes que se debatirán en el pleno. La única consideración común es precisamente la respuesta a la pregunta formulada a los dirigentes de las tres empresas, que aseguraron no haber aportado dinero al PP a cambio de obras. Únicamente el PSPV puntualizó esta afirmación ya que considera que los indicios sobre un supuesto de trato de favor tienen la "entidad suficiente para ser analizados en profundidad en otras instancias al margen del ámbito municipal en las que se pueda sustanciar la conexión con la investigación judicial abierta", tal como exponen en el dictamen que llevarán al pleno y que no será apoyado ni por el PP ni por el Bloc, cuyo concejal, Enric Nomdedéu, presidió la comisión de investigación. 
Por su parte, el popular Juan José Pérez aseguró que, a su entender, tal como sostiene el dictamen redactado por la funcionaria encargada de la comisión, no hay irregularidades, ni indicios, ni nada. Eso pese a que se ha constatado la existencia de más de 25 millones de euros adjudicados sin contrato y que una de las empresas, Piaf, realizó servicios para el Ayuntamiento, y facturó por ellos, pese a que durante cerca de un año no existía relación contractual alguna con el consistorio. 
El Bloc anunció que se abstendrá en el pleno porque no comparte todas las consideraciones planteadas por los socialistas pero tampoco puede ignorar un "volumen inaceptable" de facturas extracontractuales que "merecen un castigo político". 
(www.elpais.com, 20/05/10)
EL SUPREMO CREE QUE CAMPS PUDO COMETER COHECHO AL ACEPTAR TRAJES REGALADOS DE FORMA REPETIDA Y OPACA  
Un contundente varapalo judicial al presidente del TSJ valenciano, Juan Luis de la Rúa , y al magistrado José Francisco Ceres -quienes decidieron enterrar la causa de los trajes Gürtel- y severo correctivo político al presidente Francisco Camps, al ex vicepresidente Víctor Campos y a Rafael Betoret. Los cinco magistrados del Tribunal Supremo que han levantado el archivo del caso consideran, en su sentencia de 30 páginas que justifica el fallo difundido el 12 de mayo, que hay claros indicios de que el jefe del Consell y sus correligionarios pudieron cometer un delito de cohecho pasivo impropio por el mero hecho de aceptar trajes regalados por Álvaro Pérez, el Bigotes. Al margen de que esos presentes condicionaran o no los contratos del Consell con la red de Correa. 
El auto tumba de raíz los argumentos utilizados por De la Rúa y Ceres para justificar el indulto a Camps. El principal, que no existía "relación causal" entre esas dádivas y los contratos de la Generalitat con las empresas Gürtel. "Para el cohecho pasivo impropio basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración a la función o cargo desempeñado", subraya la sentencia, tras citar doctrina jurisprudencial propia. El Alto Tribunal avala las tesis de la Fiscalía y de la acusación popular, ejercida por el PSPV, cuando hablaban en su recurso contra el archivo de un delito que tiene "naturaleza de peligro abstracto y no de resultado". Los socialistas aludían a que no es necesario "resultado lesivo" -trato de favor- para que se produzca el cohecho pasivo.  
El ponente, Juan Saavedra, destaca en otro momento que los regalos de las prendas de vestir "aparentemente se hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores".  
El Supremo redondea así el auto del magistrado instructor de la causa en Valencia, José Flors, quien destacaba que Camps y compañía no demostraron haber pagado los 34.900 euros -12.783, en el caso del presidente- que costaban las prendas de vestir adquiridas en Milano y Forever Young. "No existe constancia de que su precio fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger cada uno de aquellos trajes, como afirmó el señor Camps en su declaración", decía el auto de Flors. 
El TSJ consideraba en su auto de archivo que cuando el artículo 426 del Código Penal [se reproduce arriba], que regula el cohecho pasivo impropio, condena a "la autoridad o funcionario" que acepte regalos que se le hacen "en consideración a su función", donde pone función habría que leer "oficio", esto es, "competencia de la autoridad o funcionario" para otorgar el favor, en este caso los contratos.  
Para el Supremo, contra esa interpretación hay que oponer "serias objeciones". Tantas, que la sentencia concluye que la función debe entenderse en el sentido de que la "razón o motivo del regalo ofrecido y aceptado" es la condición de funcionario o autoridad que da al obsequiado "especial condición de poder". De forma que si esa "función no fuese desempeñada (...) el particular no se hubiere dirigido a él entregando" el regalo. Dicho de otro modo, que si Camps no fuera presidente o Campos vicepresidente del Consell, jamás se le habrían hecho los presentes.  
Es más, reducir el delito del cohecho pasivo sólo a los casos en que el implicado tenga firma para dar los contratos o capacidad directa para conceder el favor, como entiende el TSJ, "conduce en realidad a vaciar de contenido al menos la primera de las modalidades del cohecho impropio tipificado en el artículo 426", sostiene el magistrado ponente Juan Saavedra y avalan sus cuatro compañeros de la Sala Segunda de lo Penal. De hecho, lo reduce a la segunda parte de ese artículo, cuando no al cohecho activo, el directo, el que pena (artículos 419 a 425) el favor recibido a cambio de un regalo previo. Es más, el Supremo considera que esa prohibición de aceptar regalos en tanto que se hacen por ser uno quien es ha de extenderse al "círculo de influencia que puede desplegar la autoridad o político". Esto es, no sólo no constriñe el tipo delictivo a quienes tienen la competencia de adjudicar sino que lo amplía a los que tienen mano, dicho en lenguaje coloquial.  
Al final de la sentencia se explica el espíritu que inspira el artículo 426, que no es otro que penar el regalo para evitar la tentación de quienes tienen en su mano exprimir la teta pública. El legislador, con este tipo llamado residual, pretende cubrir el vacío legal que quedaría por la dificultad probatoria que acarrea el cohecho activo, dado que a menudo es complicado demostrar que el coche regalado por el constructor al alcalde es la inversión que generó una concesión.  
El cordón sanitario en torno a la política que representa ese precepto es explicado de esta forma por el Supremo en la sentencia: "No podemos olvidar que el bien jurídico protegido por el delito de cohecho en general no es otro que preservar la apariencia de imparcialidad, neutralidad y sujeción a la ley en el ejercicio de la función, es decir, que objetivamente no sea susceptible de reproche el modo o forma de ejercer las funciones...". 
¿Qué se entiende por regalo? Dicho de otro modo, ¿dónde está el límite entre un regalo admisible o uno que encaja en el tipo del cohecho? ¿Depende del precio? El artículo 426 no concreta exactamente dónde está la línea roja, pero la jurisprudencia la sitúa en los llamados usos sociales, algo así como el sentido común socializado. Esta cuestión, clave a la hora de determinar si hay delito, no ha sido abordada por el Supremo porque, destaca la sentencia, la propia Sala de lo Civil y Penal del TSj que decretó el archivo del caso de los trajes "no ha cuestionado" -indica el ponente Saavedra- "la potencialidad de que la entrega de las prendas de vestir pueda considerarse dádiva a efectos del delito de cohecho impropio". Se remarca hasta en dos ocasiones. Entiende el Supremo que el propio TSJ ya consideraba los regalos fuera de las costumbres. 
(www.levante-emv.com, 19/05/10) 
EL TS DEJA A CAMPS Y A SU JUEZ AMIGO SIN ARGUMENTOS 
La sentencia del Tribunal Supremo que el 12 de mayo obligó a reabrir el caso de los trajes ha dado un empujón a Francisco Camps no sólo hacia el banquillo de los acusados sino hacia una eventual condena por soborno tras aceptar regalos de la trama Gürtel. El fallo, cuyo contenido íntegro se conoció ayer, afirma lo siguiente: "Los regalos de las prendas de vestir aparentemente se hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores". Y en eso, exactamente, en aceptar regalos ofrecidos en consideración al cargo que ocupa el obsequiado, consiste el delito de cohecho pasivo impropio, tipificado en el artículo 426 del Código Penal. Tras la reapertura, el juez instructor, José Flors, continuará ahora los trámites para que un jurado juzgue a Camps. 
Dictada de modo unánime por la Sala de lo Penal del Supremo, la sentencia desbarata uno por uno los argumentos del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), que en agosto de 2009 cerró el caso en falso gracias al voto de su presidente y juez amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa. Para avalar su decisión, el TSJCV invocó distintas sentencias previas del Supremo. "Ninguna de ellas sirve de verdadero sustento a la decisión de instancia", recrimina ahora el alto tribunal, que deja así en pésimo lugar la pericia jurídica del TSJCV y de su presidente. 
El TSJCV ni siquiera discutió que los trajes constituían un regalo de Orange Market. Simplemente, adujo que no existía relación causal entre el cargo público que ostentaban quienes los recibieron y la decisión de la empresa de obsequiarles con ropa. Pero, como ahora viene a sostener el Supremo, ningún dato permite pensar que Orange Market, la marca levantina de la red corrupta y adjudicataria de contratos públicos por más de 14 millones de euros, habría regalado trajes a Camps de no mediar su condición de máximo responsable del Gobierno valenciano. "Para el cohecho pasivo impropio dictamina la sentencia basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración a la función o cargo desempeñado". 
Frente a quienes minimizan la trascendencia del asunto basándose en el escaso coste de los regalos 12.783 euros, en lo que concierne a Camps, el Supremo mantiene que da igual si se habla de dádiva o regalo. "No podemos olvidar cuál es el bien jurídico protegido por el delito de cohecho en general, que no es otro que preservar la apariencia de imparcialidad, neutralidad y sujeción a la ley", sentencia. 
El fallo empeora las cosas para el jefe de la Generalitat valenciana, cuyo partido se ha afanado infructuosamente estos días en transmitir que Camps no está imputado. El tribunal liquida de un plumazo el argumentario conservador: antes del cerrojazo del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), sobre Camps ya pesaba una "imputación judicial equivalente al procesamiento", dice el fallo.Y hay más: el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, llegó a sostener que, tras negarse a admitir una querella contra la presidenta del Constitucional por aceptar una "dádiva", el Supremo no podía reabrir el caso Camps. El alto tribunal da un revolcón a Pons al precisar que lo ocurrido con Casas, que recibió un premio en metálico ofrecido con publicidad y en homenaje a su trayectoria profesional, en nada se parece al caso de los trajes. 
Si Camps se erige como el máximo damnificado de la sentencia, el juez De la Rúa no le va a la zaga. La sentencia destroza, literalmente y casi hasta ridiculizarlo, el auto por el que el TSJCV sobreseyó el caso al tumbar la resolución de Flors que confirmaba la imputación de Camps. El Tribunal Superior se esforzó en recalcar que ninguno de los cuatro imputados tenía potestades para contratar a la empresa que compró los trajes. En otras palabras: como no firmaban las adjudicaciones, Orange Market carecía, según De la Rúa, de razones espurias para querer agasajarlos. 
Pero ahora, y al hilo de la famosa "relación causal" que, según el TSJCV, jamás existió, el Supremo dirige un aviso: validar el criterio del tribunal valenciano equivaldría a "vaciar de contenido" el delito de cohecho impropio. "Es más, esta interpretación prácticamente haría desaparecer" ese delito. 
El alto tribunal pone varias veces en evidencia al tribunal valenciano. Por ejemplo, destapa la añagaza con que el TSJCV intentó demostrar que, según el artículo 426 del Código Penal, ni Camps ni sus tres correligionarios incurrieron en delito. De la Rúa argüía que, dado que ninguno de los cuatro tenía competencias para adjudicar contratos, tampoco cabía hablar de cohecho impropio porque los regalos no habían servido "para la consecución de un acto no prohibido legalmente". Pero esa es la segunda parte del artículo 426. La primera, simplemente, castiga la mera aceptación de regalos. "El TSJCV dice aquí el Supremo incurre en cierta confusión al entremezclar ambas cláusulas del artículo 426, dejando vacía de contenido la premisa primera". 
La sentencia roza el escarnio cuando, respecto a una supuesta sentencia citada en su auto por el TSJCV valenciano, el Supremo dice lo siguiente: "Debe entenderse como un simple error, pues ninguna resolución de esta Sala cuenta con dicha referencia".  
El Supremo sólo deja abierto el futuro del diputado Ricardo Costa, el único suspendido de militancia por el PP y el único que puede librarse del juicio. Los otros imputados, el ex presidente de la Generalitat, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret, acompañarán a Camps en el banquillo.  
(www.publico.es, 19/05/10) 
"ZAPATERO Y DE LA VEGA HAN MONTADO ESTE LÍO QUE ES UNA AUTÉNTICA MENTIRA" 
La insistencia del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en negar la realidad judicial en la que está envuelto empieza a traducirse en síntomas de fatiga en su entorno más próximo. Camps recurrió ayer al círculo familiar -su esposa Isabel Bas y uno de sus hijos- y al vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, para acudir acompañado a la presentación de una conferencia del eurodiputado popular Carlos Iturgaiz. 
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que ha sido el báculo de Camps en las últimas semanas y que el miércoles le acompañó en coche a la junta directiva regional del PP, apareció cuando el presidente valenciano ya había atendido a los periodistas para dar su versión de la sentencia del Tribunal Supremo, que reabre el caso por haber recibido trajes regalados de la trama corrupta del caso Gürtel. 
Camps optó ayer por negar el contenido de la sentencia del Supremo y refugiarse en la teoría de la conspiración. El presidente valenciano responsabilizó a los socialistas, en especial al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, de montar "este lío que es una auténtica mentira" para ganar lo que no consiguen en las urnas. 
"El Tribunal Supremo ha dicho que no hay adjudicaciones irregulares [de la Generalitat], que no hay financiación irregular del PP y que la causa puede ser sobreseída. Es todo un montaje", aseguró Camps. 
El presidente valenciano explicó que se va a poner en marcha "la defensa del inocente". "Al instructor [el magistrado José Flors] le dicen que hay que seguir haciendo pruebas", prosiguió Camps, "Hay conversaciones exculpatorias ilegales en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid [las de Francisco Correa y Pablo Crespo con sus abogados en la cárcel] que alguien decidió que no llegasen a Valencia y esto es muy importante porque el montaje se venía abajo". 
El presidente valenciano también aseguró que "hay otros documentos que llegaron cuando se cerró el caso en los que queda claramente certificado, tique de compra por tique de compra, que todo es un montaje". 
Camps insistió en que él no se ha enriquecido, mientras que otros sí. Y añadió: "No es ningún mérito, pero aquí hay doble vara de medir. Me gustaría saber la diferencia entre la presidenta del Tribunal Constitucional y yo, porque a ella se le archiva [una querella por haber recibido un premio] y a mí no, si es por su función o por su ideología". La propia sentencia del Tribunal Supremo afirma que no hay "similitud alguna" entre ambos casos. 
Camps realizó estas declaraciones antes de presentar a Iturgaiz -que atribuyó la conspiración contra su anfitrión a "las hienas bolcheviques"- ante un auditorio integrado por casi 500 cargos y militantes del PP. 
Un público que le aplaudió dos veces antes de intervenir, aunque sin la euforia de anteriores ocasiones, y en cuyo ánimo pesó no sólo el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, sino las declaraciones matinales de Camps, tras la entrega de unos premios. Allí dijo: "Solo puedo decir que hoy soy más feliz que ayer y que esto acaba antes de lo esperado". 
(www.elpais.com, 19/05/10) 
CAMPS: "ESTOY MÁS FELIZ QUE AYER" 
Dicha y felicidad. Este es el efecto que provoca en el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, la sentencia del Supremo que deja a un paso del abismo su carrera política.  
Por la mañana, tras conocer la noticia, el jefe del Consell sólo atinó a decir: "Estoy más feliz que ayer, más feliz". Camps se mostró convencido de que todo este asunto terminará "antes de lo que imaginaba".  
Por la tarde, aprovechó su asistencia a una conferencia del europarlamentario Carlos Iturgáiz para ampliar sus primeras declaraciones. El líder del PP valenciano calificó de "montaje" y "auténtica mentira" el "lío" organizado, según él, por los socialistas. A su juicio, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, "tienen mucho que ver y se sabrá el día de mañana". "Si creen en la democracia, que ganen las elecciones en las urnas", les increpó.  
Iturgáiz, por su parte, puso "las dos manos" en el fuego por él y rompió una lanza en su favor afirmando que las acusaciones partían de unas "hienas bolcheviques". 
Camps aseguró que "todos los documentos son falsos" y que "nadie" le ha regalado "nada de lo que se dice". Además, mantuvo que su defensa dispone de "ticket de compra porticket de compra" para rebatir que ha recibido regalos de la trama corrupta. También dijo que tras leer lo que señala el alto tribunal "queda claro" que "no ha habido ni adjudicaciones irregulares en la Administración autonómica ni financiación ilegal del PP". Pasó por alto que eso le corresponde dilucidarlo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "Es un tema de tres trajes", dijo restándole importancia.  
El líder del PPCV comentó que es "inocente", que está "tranquilo" y que no tiene "ningún cargo de conciencia". Y lamentó que exista "una doble vara de medir" entre él y la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, "porque a ella se le hizo un regalo diez veces superior" y mientras a la magistrada "se le archivó de plano, a mí se me reabre" . "Quiero saberlo independientemente de que sea por su función o por su ideología", recalcó obviando que lo que recibió Casas fue un premio por sus méritos académicos. "La verdad está de mi parte", concluyó fiel a su estilo grandilocuente.  
Desde la sede nacional se siguen con atención sus movimientos y de momento se opta por el silencio. Ayer, Mariano Rajoy no movió ficha. Y no parece dispuesto a hacerlo: "Todo sigue igual", decían los que lo rodean. Con ello se da por sentado "su apoyo sin fisuras" a Camps.  
De forma oficial mantienen que el presidente de la Generalitat repetirá como candidato "pase lo que pase". Si lo juzgan y condenan, pagará la multa y asunto zanjado. "Son tres trajes", repiten copiando el salmo de su barón territorial.  
Sólo en privado los dirigentes del PP reconocen que la resolución judicial es "extremadamente dura". En esta se señala que sobre Camps ha recaído una "imputación judicial equivalente al procesamiento" y se determina que recibió trajes "por su función, de forma repetida y con opacidad". 
Ayer, desde la cúpula conservadora echaban balones fuera. "Es a ellos [el PP valenciano] a quienes les corresponde ahora dar explicaciones y gestionar la situación". Se ha producido un giro de estrategia. Antes, la dirección nacional daba siempre la cara por Camps. Ahora, por lo visto, ya no tiene intención de exponerse "para salvarle".  
Los que rodean al líder del PP creen que se debe concentrar en la crisis económica. Por eso, el próximo sábado el jefe de la oposición irá a hablar de este asunto a Catalunya y no a un acto de homenaje que los conservadores valencianos preparan para Camps. Ayer aún no se sabía quién iría del comité de dirección para avalarlo y en la formación regional estaban intranquilos por esa "falta de tutelaje".  
Ayer muchos parlamentario del PP mostraron su indignación por lo ocurrido. "Da vergüenza ajena"; tenía que haber "dimitido en el primer minuto", decían. El Partido Popular valenciano lo ve con otros ojos: "Es bueno para él porque por fin va a tener una defensa completa y presentar pruebas exculpatorias". Entre los diputados se extendía ya una broma amarga: "Es más feliz que ayer, pero menos que mañana".  
(www.publico.es, 19/05/10) 
CAMPS SE DEFENDERÁ CON TIQUETS DE COMPRA Y DIÁLOGOS ´EXCULPATORIOS 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, calificó ayer de "montaje" y "auténtica mentira" el "lío" que a su juicio han "montado" los socialistas contra él, donde a su juicio José Luis Rodríguez Zapatero y María Teresa Fernández de la Vega "tienen mucho que ver". 
"Todos los hechos son falsos", señaló para reiterar que "nadie" le ha regalado "nada de lo que se dice" en esa investigación judicial, así como para añadir que el auto del TS "deja claro" que este es "un tema de tres trajes, no de adjudicaciones irregulares en la Administración autonómica o de financiación irregular del PP". Aseguró tener "tranquilidad" porque ahora podrá defenderse y se mostró convencido de que "la causa puede ser sobreseída en la fase de instrucción". 
Camps, quien ironizó con que "al final" será el culpable de que "la gente no vote a los socialistas", dijo que su defensa dispone "tiquet de compra por tiquet de compra" para rebatir las acusaciones de haber recibido regalos de la trama corrupta. Esos justificantes, aseguró, "llegaron cuando se cerró el asunto" en el TSJCV, el pasado mes de agosto, y certifican "claramente" que "todo es un montaje y que todos los documentos (presentes en el sumario contra él) son falsos". 
"Eso es una buena parte de la defensa que vamos a hacer, la defensa del inocente, de quien no ha hecho nada", agregó para recordar la existencia de "conversaciones capitales y esenciales en esta historia" grabadas a los cabecillas de la trama que le exculparían pero que fueron declaradas ilegales por el TSJM. "Alguien decidió que no llegaran a Valencia antes de que comenzara aquí el proceso", señaló. 
El Supremo, insistió, "no ha podido usar esas conversaciones" porque "alguien intentó por todos los medios que nadie conociera que eran exculpatorias y que el montaje se venía abajo". Camps reiteró que desde que está en política "nunca" se ha enriquecido. "Pido que me expliquen la diferencia entre mi caso y el de la presidenta del Constitucional", María Emilia Casas, pues "a ella se le archivó de plano y a mí me lo reabren". 
Francisco Camps se mostró muy "feliz" ayer por la mañana. El jefe del Consell aseguró a un grupo de periodistas estar "más feliz que ayer, más feliz", además insistió y apuntó: "ésto termina antes de lo que me imaginaba por lo que acabo de leler", sentenció. Desde el entorno del líder valeciano subrayan que en el escrito se reconoce que no ha habido adjudicación irregular en la administración al tiempo que obliga al juez instructor en el TSJCV a recibir pruebas "definitivas y exculpatorias" que no se han tenido en cuenta. Del mismo modo, consideraron que la resolución, en su opinión, obliga al juez a delimitar la proporcionalidad del supuesto regalo.  
El portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, Ángel Luna, dijo tener la sensación de que el presidente quiere que su situación se "enquiste" como ha ocurrido con Fabra. La sentencia del Supremo, destacó, va en "la misma dirección" que el resto de resoluciones que concluyen que Francisco Camps y "sus compañeros de sumario han recibido regalos valiosos, reiterados y opacos" de las empresas de la trama del caso Gürtel.  
(www.levante-emv.com, 19/05/10) 
UN TRIBUNAL VALENCIANO QUE USA SENTENCIAS INEXISTENTES 
El Supremo analiza los argumentos de los dos jueces, entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de la Rúa, que archivaron la causa contra Camps, rechaza los argumentos e ironiza sobre la jurisprudencia usada para archivar el caso. 
- Jurisprudencia inservible. "En apoyo de su pronunciamiento, cita el Tribunal Superior de Justicia de Valencia una serie de resoluciones de esta Sala de Casación. Pero lo cierto es que, ninguna de ellas sirve de verdadero sustento a la decisión de instancia". 
- Regalos en atención a la función pública desempeñada. "Los supuestos [utilizados por el Tribunal Superior de Valencia] no guardan similitud alguna con el aquí examinado, en el que, como afirman las acusaciones recurrentes, los regalos de las prendas de vestir aparentemente se hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores". 
- Un error de bulto. "La aislada referencia a la STS 923/2009, de 3 de febrero, que contiene el auto combatido debe entenderse como un simple error, pues ninguna resolución de esta Sala cuenta con dicha referencia". 
- El cohecho pasivo impropio y el poder de influir. "En el cohecho pasivo impropio la entrega del regalo se realiza para conseguir un acto, tanto si dicho acto lo ha de realizar el funcionario a quien se efectúa la entrega, como si ha de llevarlo a cabo otro funcionario", dice la resolución. "Nuestra jurisprudencia, ha exigido como elemento del cohecho pasivo impropio una conexión causal entre la entrega de la dádiva y la función pública de la autoridad o funcionario, de forma que la única explicación plausible del regalo sea la condición de tal del sujeto. De esta forma deben descartarse desde luego aquellas consideraciones que no sean las propias de la función en el sentido expresado arriba. Pero no debe excluirse del nexo causal la función que se integra dentro del círculo de influencia que puede desplegar potencialmente el titular de aquélla por razón de la misma, es decir, la integración en un órgano de gobierno donde existen competencias interrelacionadas o interdependientes que están sujetas evidentemente al rango y posición en el propio órgano de las autoridades o funcionarios sujetos pasivos de la dádiva". 
(www.elpais.com, 19/05/10) 
EL PP VE "NEGRO" EL FUTURO DEL LÍDER VALENCIANO Y RAJOY GUARDA SILENCIO 
Hace casi una semana que Francisco Camps ha vuelto a ser oficialmente imputado por cohecho impropio, nada menos que tras una decisión del Tribunal Supremo. Pero Mariano Rajoy aún no ha dicho una sola palabra del asunto. El líder del PP, que ha tenido varias intervenciones públicas sin preguntas, como es habitual, ha obviado la cuestión. El sábado, Camps acudió a Madrid con los demás barones autonómicos, que también evitaron públicamente el asunto como si no existiera. Sin embargo, de fondo en el PP se extiende un temor, que es casi certeza, desde que ayer algunos dirigentes leyeron la sentencia del Supremo: Camps acabará sentado en el banquillo. 
Rajoy, insisten en su entorno, mantiene el apoyo cerrado pese a su silencio público. Y ordena a su equipo que trabaje en argumentarios y operaciones políticas -especialmente llamadas a dirigentes provinciales- para seguir respaldándole. 
Lejos de la cúpula, donde también se percibe ya la sensación de que el apoyo no podrá ser infinito, la certeza de que la sentencia augura un futuro judicial "muy negro" para Camps, en palabras de varios diputados, lleva a una conclusión: no tiene sentido estirar la agonía, como sucedió con Luis Bárcenas. Todos se quedan impactados con cada respuesta suya, como la de ayer -"hoy estoy más feliz"- y confían en que Camps se acabe rindiendo como Bárcenas. Aunque no es seguro. La presión, explica un dirigente, está siendo poca porque el anuncio de recortes del Gobierno tapó el caso Camps y lo ha sacado de las portadas. 
(www.elpais.com, 19/05/10) 
UN TÉCNICO DEL PP DE CASTELLÓN AVALÓ SOBRECOSTES A FIRMAS LIGADAS A GÜRTEL 
El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y el vicealcalde, Javier Moliner, alegaron en su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Gürtel abierta en el Ayuntamiento que ellos se limitaron a firmar los informes facilitados por los técnicos municipales y que, únicamente, los avalaron con su rúbrica como responsables políticos. La comisión, que hoy debate sus conclusiones, investiga la relación del consistorio con Lubasa, Piaf y Facsa, tres de las cinco empresas que, según los informes policiales del caso Gürtel, están vinculadas con la presunta financiación ilegal del PP. 
Las tres son adjudicatarias de distintos servicios municipales. Sin embargo, al margen de estos, las empresas han emitido, entre 2003 y 2009, facturas por otros trabajos encargados, a dedo, al margen de los contratos. La mayoría de las facturas correspondientes a este tipo de trabajos, realizados sin consignación presupuestaria para ello, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado, cuenta con el visto bueno del jefe de sección de Infraestructuras del Ayuntamiento de Castellón, Cristóbal Badenes, quien, además, forma parte de la junta directiva provincial del PP de Castellón, elegida en el congreso de 2008, en la que ocupa el cargo de secretario ejecutivo de Infraestructuras. El técnico también fue secretario general del PP de L'Alcora, donde ahora mantiene el puesto de secretario ejecutivo de Empleo. 
Así, Badenes y Moliner comparten reuniones en el órgano de dirección del PP provincial de Castellón desde diciembre de 2008, fecha en la que el vicealcalde de Castellón fue nombrado adjunto a la presidencia del partido en la provincia. Sin embargo, su relación es anterior ya que Badenes fue uno de los ingenieros industriales que realizó las prácticas en la empresa de Javier Moliner en 2004, cuando este ya era concejal del Ayuntamiento de Castellón. 
Cristóbal Badenes entró en el Ayuntamiento de Castellón, como funcionario y por oposición, en 2007. Desde ese momento, pasó a firmar la mayoría de las facturas emitidas sin contrato reglado de dos de las empresas a las que la policía atribuye la financiación ilegal del PP, Piaf y Lubasa. En el caso de las facturas de Facsa, su intervención es mínima. 
El Ayuntamiento de Castellón adjudicó a dedo a las tres empresas, a las que la policía atribuye la financiación ilegal del PP valenciano, servicios por un valor de más de 26 millones de euros, tal como se desprende de las facturas emitidas entre 2003 y 2009. Piaf, Lubasa y Facsa tienen contratos suscritos con el consistorio como concesionarias para la realización de servicios que salieron a concurso de forma reglada. Sin embargo, las tres empresas han emitido infinidad de facturas, sobre todo en el caso de Lubasa y Piaf, por trabajos realizados sin consignación presupuestaria, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado. 
El informe policial realizado tras el análisis de la contabilidad de las empresas del caso Gürtel indica que una de las empresas de Francisco Correa, Orange Market, facturó a las tres mercantiles. Piaf, por ejemplo, aparece como una de las empresas a las que supuestamente se cobró por trabajos realizados al PP. En el caso de Facsa, Orange Market le facturó por trabajos que estaban contabilizados como cargos al PP. 
El caso más voluminoso es el de Piaf. La empresa es actualmente adjudicataria del mantenimiento de los edificios públicos y colegios de la capital de La Plana, ya que resultó elegida tras un concurso en enero de 2007. Antes, la mercantil logró también el contrato, por cuatro años, en 1994 y el de 1999, que fue prorrogado hasta 2006. Este se firmó por 1,2 millones de euros, pero, al menos a partir de 2003, Piaf facturó alrededor de un millón más al año por trabajos realizados, también en edificios públicos, al margen del contrato. En 2007 se sacó a concurso de nuevo el servicio y, tras la experiencia del sobrecoste de estos trabajos, el Ayuntamiento no sólo no incrementó la cantidad presupuestada para tal fin, sino que la rebajó en, aproximadamente, 100.000 euros. 
La comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Castellón ha destapado que, entre 2003 y 2009, Piaf facturó alrededor 19 millones de euros al margen de su contrato. En el caso de Lubasa, la facturación por trabajos realizados a dedo asciende, aproximadamente, a un millón de euros por año. 
Las facturas emitidas al margen de contratos están incluidas en la ley bajo la figura del reconocimiento extrajudicial de deuda, aunque este se reserva a casos excepcionales y urgentes. La norma entiende que si se acredita la realización del trabajo facturado, la Administración debe proceder a su pago para evitar el enriquecimiento injusto de las arcas públicas. Para la aprobación del pago es necesario su paso por el servicio de Intervención. En el caso de las facturas presentadas ante el Ayuntamiento, todas ellas cuentan con el informe negativo de este servicio, ya que las obras o servicios carecen de contrato. En cualquier caso, se procede a su pago si cuentan con la firma de un técnico y la del concejal que, como responsable político, avala el pago. 
Desde 2008, las facturas presentadas por Piaf están firmadas por el jefe de sección de Infraestructuras del Ayuntamiento de Castellón, Cristóbal Badenes, quien, además, forma parte de la junta directiva provincial del PP de Castellón. El montante total de las facturas de Piaf que cuentan con el visto bueno de este técnico es de más de 11 millones de euros. En el caso de Lubasa, entre 2008 y 2009, la empresa facturó, al margen de cualquier tipo de contrato, 3 millones de euros al Ayuntamiento de Castellón. 
La comisión de investigación del Ayuntamiento debatirá hoy sus conclusiones, tras seis meses de análisis de facturas. La intención es concluir con un dictamen que será debatido en el próximo pleno municipal, la semana que viene. 
En el transcurso de la comisión los responsables de las tres empresas fueron preguntados si, entre 2003 y 2009, recibieron indicaciones de aportar dinero al PP "a cambio" de obras o servicios, si durante este tiempo dieron alguna instrucción para realizar dichas aportaciones al PP y, en cualquier caso, si se llegaron a hacer. Los tres contestaron negativamente a las tres cuestiones. 
(www.elpais.com, 19/05/10)
EL BIGOTES SE NIEGA A DECLARAR 
El juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ratificó ayer la imputación de Álvaro Pérez, El Bigotes (en la imagen), en la causa. Pérez se negó a declarar y ratificó lo dicho en la Audiencia Nacional. El juez, que no le impuso ninguna medida cautelar, le imputa los delitos de blanqueo, fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho, entre otros. 
(www.elpais.com, 19/05/10) 
NO DESCARTA EL INDULTO DE COSTA, ÚNICA VÍCTIMA POLÍTICA 
La única víctima política valenciana del caso Gürtel -en Madrid han caído una docena de alcaldes, diputados y hasta el senador ex tesorero del PP- ha sido quien, paradójicamente, ha salido mejor parado de la sentencia del Tribunal Supremo. Sobre Camps, Campos y Betoret, al Alto Tribunal no le tiembla el pulso. En cambio, en el auto admite que las deliberaciones sobre los regalos que las empresas de Correa le hicieron a Ricardo Costa, ex secretario general del PP, "han suscitado dudas razonables".  
¿Por qué? Porque no acaba de tener claro si los presentes que se le hicieron y aceptó Costa fueron en atención a su puesto de secretario general del PP valenciano o como diputado y miembro de la dirección del grupo popular. En su recurso, el fiscal discrepaba del archivo respecto a Costa al apuntar que en tanto que miembro del Parlamento valenciano es "cargo público" y, por tanto, le afecta el artículo 426, que no distingue, destaca el ministerio público, entre autoridad que pertenece al "poder legislativo o al ejecutivo".  
Pero el TSJ entendía que los regalos los recibió por su "condición de diputado". "No es una alternativa irrazonable", dice la sentencia del Supremo. Es más, en ese caso "el sobreseimiento no tendría que ser en principio descartable", abunda. Que a Costa se le mimara para pescar contratos del PP no quedaría comprendido en el cohecho porque el partido no es administración pública.  
Planteados estos dos enfoques, de consecuencias tan distintas para el futuro judicial de Ricardo Costa, el Tribunal Supremo devuelve la pelota al magistrado instructor, José Flors, "que aún podía practicar nuevas diligencias (...) de forma que deberá ser él mismo el llamado en primer lugar a decidir sobre esta cuestión". 
(www.levante-emv.com, 19/05/10
CAMPS RECIBIÓ TRAJES "CON OPACIDAD Y DE FORMA REPETIDA", SEGÚN EL SUPREMO 
La sentencia del Tribunal Supremo que ha ordenado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia que prosiga las investigaciones sobre los regalos de la trama corrupta Gürtel al presidente Francisco Camps y otros altos cargos de la Generalitat valenciana apunta a que los trajes y demás prendas de vestir se entregaron "de forma repetida" y "con aparente opacidad", y sin que hasta el momento haya otra justificación que la función pública de los implicados. 
La sentencia del Supremo deja para el desguace la argumentación del tribunal presidido por Juan Luis de la Rúa, el magistrado "más que amigo" de Camps, según éste, y que suscribió el juez del mismo tribunal José Luis Ceres. Por el contrario, la Sala de lo Penal ha estimado el primer motivo de casación de la fiscalía, lo que es suficiente para no estudiar los demás. 
En síntesis, y de acuerdo con la tesis del fiscal, el Supremo ha estimado que la interpretación de De la Rúa dejaría "vacío de contenido" y "prácticamente haría desaparecer" el delito de cohecho impropio del artículo 426 del Código Penal. 
La sentencia opone serias objeciones al auto de De la Rúa, que no aceptó que hubiese relación de causalidad entre los trajes regalados y la función pública desempeñada por los imputados. Para que se diese esa relación de causalidad era preciso "un acto del funcionario" en atención a la dádiva admitida. 
El recurso de la Fiscalía del Supremo entendía, por el contrario, que en el delito de cohecho impropio no es necesario un "acto" del funcionario que recibe el regalo, porque lo que pretende el que regala es "poner en nómina" al beneficiario, colocándole en una situación de absoluto agradecimiento a su benefactor, de tal forma que cuando se le pida un acto a favor del donante, no tenga posibilidades físicas o morales de negarse. 
La sentencia del Supremo explica que el delito de cohecho impropio exige una "conexión causal" entre la entrega de la dádiva o regalo y la "función" pública de la autoridad o funcionario. Por tanto, debe interpretarse en el sentido de que la razón o motivo del regalo ofrecido y aceptado sea "la condición de funcionario" de la persona cohechada. Es decir, que "sólo por la especial condición de poder que el cargo público desempeñado le otorga le ha sido ofrecida la dádiva objeto del delito". 
El Tribunal Supremo considera "cuestión distinta" la cuantía, proporcionalidad o dimensión de la dádiva o regalo y su adecuación a los usos sociales, que es un criterio "que debe servir para recoger desproporciones evidentes". 
Esta doctrina es aplicable al presidente Francisco Camps, al ex vicepresidente del Consell de la Generalidad, Víctor Campos Guinot, y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, teniendo en cuenta sus respectivas funciones. 
El alto tribunal deja al instructor de la causa, el juez José Flors, la decisión sobre la inculpación del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa. Según la sentencia, el sobreseimiento provisional -no el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones respecto de Costa- no sería en principio "descartable", pero teniendo en cuenta el estado del proceso, debe devolverse este al instructor, "que aún podría practicar nuevas diligencias". Por tanto, la imputación de Costa será cuestión sobre la que tendrá que pronunciarse ahora el juez instructor José Flors. 
Al examinar las cuestiones planteadas con carácter previo por la defensa, el Supremo señala que en la causa contra Camps ha recaído una imputación judicial "equivalente al procesamiento". Según el alto tribunal, el TSJ de Valencia hace suyos los hechos fácticos delimitados en el auto del juez Flors, y asume igualmente el conjunto de personas sobre las que debería girar la imputación. 
(www.elpais.com, 19/05/10)
EL SUPREMO CONFIRMA QUE CAMPS COMETIÓ COHECHO AL ACEPTAR LOS TRAJES 
El auto con el que el Tribunal Supremo reabría la causa contra Francisco Camps y otros altos cargos del PP valenciano por un presunto cohecho impropio, relacionado con el caso Gürtel, deja muy tocado al presidente de la Generalitat, ya que confirma que para la comisión de este delito "basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración a la función o cargo desempeñado". 
El Alto Tribunal asegura que "los regalos de las prendas de vestir aparentemente se hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores". 
La resolución del alto tribunal advierte que la jurisprudencia citada por el propio auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) en el que se sobreseyó provisionalmente la causa "no abona la relación causal defendida" por este órgano (que es necesaria una acción de la autoridad pública consecuencia de la dádiva) "sin más bien lo contrario".  
El pasado miércoles día 12, la Sala de lo Penal del Supremo acordó por unanimidad admitir los recursos de la Fiscalía y los socialistas valencianos contra el sobreseimiento ordenado por el Tribunal TSJCV y reabrió la causa contra Francisco Camps por un presunto delito de cohecho pasivo al haber recibido supuestamente varios trajes de la trama corrupta encabezada por Francisco Correa. 
Este auto contó con el voto particular de uno de los magistrados, Juan Montero, que cuestionó la interpretación que sus dos compañeros (el presidente del Tribunal, Juan Luis de la Rúa y José Francisco Ceres) habían dado al artículo 426 del Código Penal (sobre el delito de cohecho impropio). 
Tanto el fiscal como el PSPV-PSOE basaron sus recursos en este argumento porque consideran que el TSJCV ha hecho una interpreación errónea del citado artículo. 
Según la Fiscalía, el citado artículo dice que comete cohecho impropio "la autoridad o funcionario público que admite dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente", y el TSJCV "prescinde" de la primera de las alternativas y sólo considera delito aceptar un regalo a cambio de un acto concreto.  
La decisión del Alto Tribunal devuelve "las actuaciones al magistrado instructor de la causa (José Flors) para que continúe su tramitación" en el Tribunal Superior de Justicia valenciano contra Camps; el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del gobierno valenciano Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la consellería de Turismo Rafael Betoret.  
Todos ellos aceptaron supuestamente prendas de vestir abonadas por Orange Market, una de las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa. 
Respecto a Costa, el TS indica que no es una alternativa irrazonable la acogida por el TSJCV que sea su cargo en el PP lo que consideraron los donantes y no su condición de diputado, por lo que "el sobreseimiento no tendría que ser en principio descartable, si bien el provisional", aunque señala que tendrá que ser Flors el que decida al respecto. 
(www.publico.es, 18/05/10) 
EL TS DICE QUE CAMPS COMETIÓ COHECHO SI ACEPTÓ LOS TRAJES  
El Tribunal Supremo (TS) justifica su decisión de que se siga investigando la parte del "caso Gürtel" que afecta al president de la Generalitat, Francisco Camps, diciendo que para que haya delito de cohecho pasivo impropio basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración al cargo. 
Así lo indica la Sala de lo Penal del TS en la sentencia, cuyo fallo se conoció el pasado día 12, en la que ordena al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) que siga investigando a Camps y a otros altos cargos de la Administración y el PP valenciano por recibir regalos de la "trama Gürtel". 
El Supremo devuelve las actuaciones al magistrado instructor, José Flors, para que continúe su tramitación contra Camps; el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del gobierno valenciano Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la consellería de Turismo Rafael Betoret. 
Todos ellos aceptaron supuestamente prendas de vestir abonadas por Orange Market, una de las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa. 
Respecto a Costa, el TS señala que el sobreseimiento de la causa abierta contra él "no tendría que ser en principio descartable", porque los donantes podrían haber considerado su cargo en el PP y no su condición de diputado, si bien tendrá que ser Flors el que decida al respecto. 
El TS estima el recurso del Ministerio Fiscal y el del PSPV-PSOE contra el auto del TSJCV que archivó esta causa al estimar que no había relación entre los "agasajos" que pudieron recibir y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market. 
Al respecto, el Supremo, que ya adelantó el fallo de esta sentencia el pasado 12 de mayo, indica que la jurisprudencia del Alto Tribunal "no abona la relación causal defendida por la Sala de lo Civil y Penal (del TSJCV), sino más bien al contrario". 
(www.levante-emv.com, 18/05/10) 
AGUIRRE PONE LA MANO EN EL FUEGO POR CAMPS 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que pone la mano en el fuego por el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, a quien el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) investigará por presuntamente haber recibido unos trajes de una de las empresas vinculadas a la trama 'Gürtel', ya que es un hombre "honradísimo" que no ha utilizado su cargo para enriquecerse. 
"Creo que Camps es un hombre honradísimo cuyo patrimonio desde que está en política, que lleva muchos años, no se ha incrementado en absoluto. Sigue teniendo la mitad de su piso y un coche y por lo tanto se discute si pagó o no unos trajes", subrayó Aguirre. 
A su juicio, lo que los ciudadanos quieren saber es cuánto tenían los políticos cuando empiezan su actividad y cuando la dejaron y, si en ese tiempo se ha producido algún incremento patrimonial, tendrán que explicar "si les tocó la lotería, si han tenido alguna herencia o si hicieron alguna inversión verdaderamente muy rentable". "Lo que quieren saber los ciudadanos es si hemos utilizado el cargo para enriquecernos o no. El señor Camps es de los segundos", matizó. 
La jefa del Ejecutivo autonómico afirmó que con el caso de su homólogo valenciano ha descubierto que existe el delito de cohecho impropio, que supone "aceptar un regalo". En este sentido, dijo que ella ha cometido muchos delitos de este tipo porque hay un frutero que le regala cerezas y las monjas de las clarisas le dan pastas. "¿Cualquier regalo, cualquiera que sea su cuantía es cohecho impropio? Me parece que eso carece de sentido", zanjó. 
(www.levante-emv.com, 18/05/10)
EL BIGOTES SE NIEGA A DECLARAR ANTE EL JUEZ ANTONIO PEDREIRA 
Álvaro Pérez, El Bigotes, se ha negado a declarar ante el magistrado instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, por los delitos que le se impuntan en relación a la trama corrupta. El Bigotes ha asegurado a su llegada al tribunal, a las 9.30, estar "muy tranquilo" y ha abandonado el tribunal apenas una hora después. 
Al término de la comparecencia, las fiscales de caso, Miriam Segura y Concha Sabadell, han acordado no solicitar ninguna nueva medida cautelar sobre el imputado, que afronta una fianza de 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Álvaro Pérez se encuentra en libertad como el resto de los imputados a excepción de Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. 
La declaración ha tenido lugar después de que el Tribunal Supremo decidiera hace una semana reabrir la causa contra Francisco Camps por un presunto delito de cohecho pasivo al haber recibido regalos supuestamente de la trama liderada por Francisco Correa, con El Bigotes como mano derecha en Valencia. 
El imputado era el responsable de Orange Market, filial valenciana de Special Events en Valencia. Esta empresa era la proveedora de servicios de la dirección regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, organizando mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares. 
Según el sumario, Alvaro Pérez pagó trajes al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, por importe de 12.783 euros y que éste pudo facilitar a cambio la concesión de adjudicaciones a esta empresa. 
No fue el único dirigente valenciano que recibió regalos. De hecho, desde que Pérez comenzó con las dádivas los contratos públicos de la trama se multiplicaron. 
Las diligencias recogen que Camps acudía a Madrid a instancias de Alvaro Pérez con el fin de adquirir ropa en las tiendas de Milano y Forever Young, en las que trabajaba el testigo José Tomás. 
El jefe de la rama valenciana de la trama de Correa afronta una fianza de 650.000 euros con el resto de gestores de Orange Market por la deuda procedente de las retenciones de trabajo de esta entidad.
El sumario revela que Correa y Pérez tenían una relación muy cercana con el secretario general del PPCV, Ricardo Costa y que éste incluso recurrió a El Bigotes para intentar entrar en el Gobierno de Francisco Camps, en diciembre de 2008. 
Según las conversaciones contenidas en el sumario, El Bigotes se refiere a Costa como "un amigo de verdad", al que querría aunque fuera "un pobre de pedir". 
(www.elpais.com, 18/05/10)
'EL BIGOTES' SE NIEGA A DECLARAR ANTE PEDREIRA 
El considerado responsable de la trama "Gürtel" en Valencia, Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, ha llegado a las 9:30 horas de hoy a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para negarse a declarar ante el juez instructor del caso, Antonio Pedreira. Antes de entrar, Pérez ha asegurado estar "muy tranquilo". 
Y tan tranquilo como ha entrado ha salido una hora después, abandonando las dependencias judiciales en compañía de su abogada. Al término de la comparecencia, las fiscales del caso, Miriam Segura y Concha Sabadell, han acordado no solicitar ninguna nueva medida cautelar sobre el imputado, que afronta una fianza de 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil.   
Su declaración puede ayudar a clarificar la relación de la Generalitat Valenciana con la red Gürtel y se produce después de que el juez haya recibido varios informes que apuntan a que Álvaro Pérez, como administrador de la empresa Orange Market, recibió un supuesto trato de favor en la adjudicación de contratos por parte del Gobierno regional y del PP valenciano. 
Esta comparecencia ante Pedreira ha tenido lugar una semana después de que el Tribunal Supremo (TS) ordenara al TSJ de Valencia reabrir la investigación sobre los trajes que supuestamente la trama regaló al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a cambio de la organización de eventos del partido. 
Precisamente, la empresa de El Bigotes, era la proveedora de servicios de la dirección regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, organizando mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares. Según el sumario, Alvaro Pérez pagó trajes al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, por importe de 12.783 euros. 
Las diligencias recogen que Camps acudía a Madrid a instancias de Alvaro Pérez con el fin de adquirir ropa en las tiendas de Milano y Forever Young, en las que trabajaba el testigo José Tomás. 
El sumario revela que Correa y El Bigotes tenían una relación muy cercana con el secretario general del PPCV, Ricardo Costa y que éste incluso recurrió a El Bigotes para intentar entrar en el Gobierno de Francisco Camps, en diciembre de 2008. Según las conversaciones contenidas en el sumario, El Bigotes se refiere a Costa como 'un amigo de verdad', al que querría aunque fuera 'un pobre de pedir'. 
(www.publico.es, 18/05/10)
UN CONCEJAL DEL PP DEJA EL PARTIDO POR LA IMPLICACIÓN DE CAMPS EN EL 'CASO GÜRTEL'
Moisés Asensi, el único concejal del PP en Albalat dels Tarongers, a 30 kilómetros de Valencia, dejó ayer el partido por la implicación del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "en un presunto caso de corrupción [el caso Gürtel] que no sólo le afectaría personalmente a él, sino que incluso podría implicar a todo el PP valenciano en una presunta financiación irregular". La dirección provincial del partido, liderada por Alfonso Rus, contestó más tarde, sin embargo, que no consta, ni en el Ayuntamiento de Albalat ni en el partido, que esto haya ocurrido.
Para Asensi, Camps "ha vulnerado de forma flagrante el código ético interno del partido y hasta que no lo abandone, todos los que formen parte de él estarán bajo sospecha". "La falta de iniciativa" del presidente del PP, Mariano Rajoy, añadió el edil, provocará "un goteo incesante de abandonos de cargos públicos".
La huida del concejal ensancha un poco más la división en el PP. El miércoles pasado, después de que el Tribunal Supremo reabriese el caso de los trajes que la trama corrupta regaló a Camps, la reunión de la Junta Directiva Regional para apoyar al líder demostró que no había concitado la unanimidad prevista. El presidente del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, reconoció que la dirección provincial no había acudido de manera "consciente". Decisión que fue criticada por otros dirigentes populares.
Asensi, con su decisión, pasa a ser concejal no adscrito en la corporación de Albalat. El Bloc lidera el gobierno local con su apoyo y el de un ex edil del PSPV ahora independiente. Asensi considera que su responsabilidad ante los votantes está por encima de las siglas.
www.elpais.es 15.05.10
LA IMPUTACIÓN DE CAMPS ABRE FISURAS EN EL PP VALENCIANO 
La decisión del Tribunal Supremo de reabrir la causa por cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, -por haber recibido trajes regalados por las empresas del caso Gürtel- abrió ayer las primeras fisuras en el PP de la Comunidad Valenciana. 
Con el partido convertido en un hervidero, en el que numerosos cargos expresaron en privado su inquietud por la situación creada, el presidente provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, reconoció que tanto él como el comité ejecutivo provincial del PP decidieron, "conscientemente", no acudir a la Junta Directiva Regional convocada el miércoles para apoyar al presidente valenciano. "No fui porque tuviera una excusa. No fuimos porque, conscientemente, los representantes del PP de esta provincia decidimos no ir", aseguró Ripoll, que añadió: "La dirección nacional conoce nuestras razones y esperamos que haya un tiempo para seguir ampliando las conversaciones y la posibilidad de diálogo". 
Ripoll, cuyas discrepancias con Camps son públicas, se atrevió a decir ante los micrófonos lo que otros cargos de Valencia y Castellón admitieron en privado. 
La situación creada por la decisión de Camps de seguir adelante y presentarse a la reelección, pese a su condición de imputado, obligó al vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, a intervenir para apaciguar los ánimos de los populares valencianos. González Pons argumentó que los militantes "no se merecen que sus dirigentes se enreden en complejas batallas internas". "Estoy convencido de que vamos a ser conscientes en la Comunidad Valenciana y nos vamos a entender para no avergonzar a nuestros militantes", sentenció.
En Valencia, los principales apoyos de Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino, intervinieron para reforzar la posición de su jefe de filas. Barberá intentó frenar, de nuevo, las especulaciones que la sitúan como el relevo natural del presidente de la Generalitat si, finalmente, se tiene que sentar ante un jurado para explicar cómo consiguió los trajes. "No voy a alimentar la bola. He dicho por activa y por pasiva que no he hablado con Rajoy de este tema", recalcó. 
Cotino insistió en la teoría de la conspiración, supuestamente organizada por los socialistas, de la que Camps sería la víctima principal. Mientras, varios consejeros y alcaldes se afanaban en intentar minimizar las ausencias registradas en la Junta Directiva Regional celebrada para apoyar a Camps. 
Por su parte, el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, arremetió con suma contundencia contra Camps, al que exigió la convocatoria anticipada de elecciones. Alarte aseguró: "Camps no se vendió por cuatro trajes. Es cierto, nadie se lo cree. Fue por más de 30 millones en contratos públicos con la trama Gürtel, con Álvaro Pérez y Francisco Correa". 
Por la tarde, varios centenares de personas se concentraron en las tres capitales valencianas, convocadas por Esquerra Unida, para protestar contra la corrupción y pedir la dimisión de Camps. 
(www.elpais.com, 14/05/10) 
RIPOLL ROMPE CON CAMPS  
El presidente provincial del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, evidenció ayer la enorme distancia que lo separa del jefe del Consell, Francisco Camps. Ripoll no sólo plantó el jueves al jefe del Consell en la junta directiva regional que Camps convocó para recibir el respaldo del partido tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de reabrir la causa de los trajes , sino que 24 horas después explicitó que su actitud había sido deliberada. En declaraciones a los medios de comunicación, Ripoll aseguró ayer que tanto él como los miembros del comité ejecutivo provincial del partido, decidieron "conscientemente" no ir la reunión. "Si no asistí a la reunión, no fue porque tuviera una excusa", soltó Ripoll. "No fuimos porque conscientemente, los representantes del PP en esta provincia elegidos democráticamente en el congreso de Orihuela, decidimos no ir", admitió. Con estas palabras, Ripoll dejaba claro que no quiere ser partícipe del balón de oxígeno que el resto de los miembros de la junta directiva regional dieron el jueves a Camps en uno de los peores días de su carrera política y cuando se encuentra en una situación de extrema debilidad. 
Ripoll traslado a la prensa su intención ser "parco en palabras" en torno a esta cuestión, ya que, según precisó, él ya ha explicado sus razones "para no estar allí" a las personas a las que considera que debe hacerlo. "La dirección nacional conoce nuestras razones, y esperamos que tengamos tiempo para seguir ampliando las conversaciones y la posibilidad de diálogo", señaló. Además se mostró partidario de "dejar un tiempo para que la situación se vaya aclarando". 
Aunque la ruptura entre la cúpula directiva de Alicante, copada por los que siguieron fieles al ex presidente Eduardo Zaplana no es nueva, la crudeza de las manifestaciones del líder alicantino suponen una vuelta de tuerca a una situación que cada vez se complica más. Ante la decisión del presidente de la Generalitat de no tirar la toalla pese a estar a un paso de sentase en el banquillo para ser juzgado por un presunto delito de cohecho impropio, Génova ha optado por el momento por no intervenir. El jueves la responsable de organización Ana Mato llamó a Ripoll para pedirle que no se desmarcara de la posición oficial del partido.  
El líder alicantino así como la plana mayor de su equipo tenían excusa para no ir a la reunión. Cuestiones familiares y de agenda justificaban de forma razonable las ausencias de los representantes alicantinos. Por ejemplo, la diputada autonómica y vicesecretaria de Comunicación del PP, Gema Amor, en declaraciones a la agencia Europa Press avanzó que por problemas de agenda no podría estar en Valencia. Tanto ella como Miguel Ortiz se encontraban en Madrid visitando un stand del Patronato de Turismo Costa Blanca. También excuso la visita de Ripoll por un problema médico. Sin embargo, tal como contó ayer este diario, el comité provincial optó por comunicar de manera oficial su decisión de no asistir. Por si quedaban dudas dudas, Ripoll verbalizó el plantón. 
La actitud de Ripoll sentó como un tiro a la dirección regional del PP. Ya el jueves, los populares valencianos trataron de minimizar las ausencias de Alicante. De hecho, hubo varias intervenciones durante la reunión del partido de dirigentes alicantinos afines a Camps para desmarcarse de la dirección. En los corrillos, una vez finalizado el encuentro, el plantón de Ripoll y los suyos fue muy comentado. "Esos no son mis compañeros", llegó a contestar una diputada alicantina cuando una persona le preguntó por los ripollistas. 
Con todo no es la primera vez que Ripoll se desmarca tanto en público como en privado del presidente Camps. En las dos últimas reuniones del partido el enfado de los alicantinos fue monumental. Asistieron atónitos y sin poder abrir la boca a la esperpéntica reunión que acabó con el relevo de Ricardo Costa y salieron indignados de la última junta directiva en la que se aprobó el nuevo organigrama, de donde quedaron de nuevo excluidos. Durante todos estos meses en los que el escándalo Gürtel ha marcado la agenda política, los ripollistas también se han desmarcado de la postura oficial del PP.  
La crisis interna del PP valenciano abrió en carnes el partido hasta el punto de que Génova tuvo que hacer un llamamiento a la serenidad en boca de su responsable de comunicación, Esteban González Pons. En su opinión, los militantes del PP no se merecen que sus dirigentes se "enreden" en "complejas batallas internas propias de oligarquías poco democráticas". "Estoy convencido de que vamos a ser conscientes en Valencia y nos vamos a entender para no avergonzar a nuestros militantes", remachó. 
Desde la dirección regional, el coordinador general y alcalde de Castelló negó tener intención de llamar o reunirse con Ripoll, "para pedirle un apoyo explícito" a Francisco Camps. Según dijo a él le corresponde dar explicaciones. Por su parte, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, indicó que con Camps están todos los que tienen que estar". Otros referentes como Rita Barbera advirtieron que Ripoll no representa a Alicante. Fuentes de la dirección regional admitieron su malestar con la actitud de Ripoll, aunque descartan tomar medidas disciplinarias. 
(www.levante-emv.com, 14/05/10) 
EL ESTADO DEL 'PRESIDENT' PREOCUPA EN GÉNOVA, PERO EL APOYO SIGUE 
Paradójicamente, la principal ayuda en el peor día para Francisco Camps vino de José Luis Rodríguez Zapatero. Varios miembros de la dirección nacional coincidían ayer en que el PP logró superar el primer día del nuevo ciclo de crisis del caso Camps porque la decisión del Tribunal Supremo coincidió con los anuncios de recortes sociales. Y eso robó las portadas a Camps, algo que influye mucho en las decisiones del PP. 
Mariano Rajoy resistió así el primer día, y la decisión de respaldar a Camps se mantiene firme. Sin embargo, mientras crecen las voces internas que creen que debe irse cuanto antes para evitar el deterioro de imagen de Rajoy, la cúpula, que obedece sin matices las órdenes del líder y trabaja para respaldar a Camps, está cada vez más preocupada por su estado anímico. Que el president se compare con Juan Sin Miedo y diga que su proceso, avalado por cinco jueces del Supremo, "es de risa", ha dejado atónitos a muchos dirigentes. Su discurso ante la ejecutiva regional, donde se ofreció como un mártir, también. 
El apoyo seguirá, pero la mayoría de los dirigentes empieza a pensar que Camps dimitirá si finalmente se sienta en el banquillo. Aun así, la dirección nacional trabaja ya para impedirlo. Y eso incluye volver a confiar en un nuevo recurso ante la sala presidida por Juan Luis de la Rúa, el "más que amigo" de Camps. 
(www.elpais.com, 14/05/10) 
CAMPS SE ENFRENTA A RAJOY PARA ADELANTAR LAS ELECCIONES A OTOÑO 
Una cosa es apoyar su candidatura para las próximas elecciones, y otra adelantar esos comicios para hacerlos coincidir con las elecciones catalanas, previstas para otoño. Mariano Rajoy, según fuentes de la dirección popular, no quiere ni oír hablar de ese escenario, porque aparte de considerar un error político adelantar las elecciones como respuesta a una actuación judicial, le distorsiona todos los planes políticos que tenía diseñados, y que consisten en volcarse en su apoyo a Alicia Sánchez-Camacho en Catalunya, pensando ya en el apoyo que necesita de cara a las elecciones generales. Tener que dedicar tiempo y esfuerzos a Valencia podría ser contraproducente para los intereses de Rajoy en Catalunya, cuyo resultado, consideran en la dirección popular, podría estar condicionado por la situación del PP valenciano, aunque no dudan de que Camps conseguiría la reelección como presidente. 
El líder del PP de Alicante y presidente de la Diputación provincial, el zaplanista José Joaquín Ripoll, no sólo no acudió el pasado miércoles a la reunión del comité del partido para apoyar a Camps, sino que ayer manifestó que lo hizo "de manera consciente". Era su forma de escenificar su distanciamiento con el president, con quien mantiene una guerra interna abierta desde hace años. El caso Gürtel ha servido para profundizar en la fractura del PP valenciano. De nada sirvió que ayer el vicesecretario de comunicación, el valenciano Esteban González Pons, rogara que el partido "no se enrede en cuestiones internas". 
La dirección del PP cree que el adelanto no tendría justificación y podría hacer que Rajoy no se implicara. De hecho, al líder del PP ni se le ha pasado por la cabeza acudir al acto anunciado por Camps, con la excusa del tercer aniversario de su victoria. Un acto del que en Génova se enteraron por la comparecencia de Camps tras recibir el apoyo de su partido, como también asistió con perplejidad al anuncio de la creación del comité electoral. 
 Pese a todo, Rajoy, mantiene su apoyo a Camps, dado que su situación legal es la misma que hace un año, y entonces apoyó su continuidad. Lo que no hará esta vez Rajoy, según fuentes del PP, será pasearse por la Comunidad Valenciana del brazo de Camps, como sí hizo entonces. El caso está de nuevo en el Tribunal Superior de Justicia, que deberá decidir si abre o no juicio oral, como pasaba hace un año hasta que en agosto decidió archivar el caso. En el PP recuerdan que entonces el plazo para tomar una decisión sobre el futuro de Camps era el archivo o la apertura de juicio oral, y ahora se aplicará el mismo criterio. Lo que sí valoran en la calle Génova es la reacción del presidente valenciano, que ayer "dio la cara" y compareció ante los medios de comunicación para responder a sus preguntas, no como ocurrió hace un año. En la dirección del PP preocupa, no obstante, la falta de unidad interna que se vio el miércoles entre los populares valencianos, ya que el presidente del PP en Alicante decidió no acudir a la reunión de la junta directiva convocada cuando desde Madrid se indicó a su presidente, José Joaquín Ripoll, que no era momento de mostrar discrepancias. 
 Sin embargo, el entorno de Camps defiende que la única salida que tiene el president en estos momentos es "presentar acciones políticas contundentes". Lo contrario, permanecer enrocado, ausente ante los medios y reacio a la actividad pública, "sólo agravará el problema". Dos son de nuevo las posibilidades que se plantean: adelantar las elecciones o una profunda remodelación de un ejecutivo autonómico paralizado. El president, según estas fuentes, rechaza tocar a su gobierno; que le ha mostrado absoluta fidelidad en los peores momentos. Por ello, se centra en el adelanto de los comicios. 
Estas fuentes añaden que ayer se defendió esta posibilidad en una reunión del equipo del president para "tener la iniciativa política, buscar la salvación en las urnas y machacar a una oposición socialista que volvería a perder las elecciones". Camps, añaden, acepta el reto, pero "es consciente de que es lo que menos le interesa a Rajoy y al PP nacional". "Lo que se ha hablado claro es que no podemos mantener la misma actitud del último año". 
En el entorno de Camps nadie quiere oír hablar de una dimisión del president; pero es una hipótesis que sigue abierta en amplios círculos del PP valenciano. El president dejó claro el miércoles que piensa seguir en el cargo, en la Generalitat y en el partido. Pero son muchos los que dudan de que pueda soportar durante semanas la presión de una instrucción que se vuelve a abrir por el tema de los trajes –y que puede llevar al instructor a solicitar nuevas pruebas– o la apertura de un juicio con jurado. "Sería un caso inaudito en España que un presidente autonómico se sentara en un banquillo", añaden estas fuentes. "Es el peor escenario, tanto procesal como político".

A esto se suma el temor a que surjan nuevos datos comprometedores para Camps y el PP en la instrucción del caso Gürtel en Madrid. La presunta financiación ilegal del PP valenciano y las sospechas sobre las irregularidades detectadas en la visita del Papa a Valencia en el 2006 amenazan la tranquilidad de un partido y de un líder que puede sufrir la acción de la justicia durante meses, e incluso años. Por eso, añaden, la posibilidad de adelantar las elecciones se valora como una opción para oxigenar a Camps. "Camps depende más que nunca de sí mismo", añaden en referencia a que es el president el que debe tomar en los próximos días decisiones claves para su futuro. 
(www.lavanguardia.es, 14/05/10) 
CAMPS, ESE POBRE MILEURISTA  
La principal línea argumental del PP para defender a Francisco Camps se basa en asegurar que a todo un presidente autonómico no se le puede «empapelar» (González-Pons dixit) por cuatro trajes, de manera que se entiende que para los populares el delito de cohecho o de robo no es tan importante en sí como la cantidad recibida o sustraída. En otras palabras, a Jaume Matas se le aparta porque se ha pasado cuatro pueblos y a Camps se le perdona porque cuatro trajes se considera que son un desliz (y un cierto grado de corrupción es consustancial a la política, como dijo Esperanza Aguirre). 
Lo malo del argumento es que resulta muy discutible que Camps no se dejara comprar por 12.783 euros (que es lo que recibió en regalos como trajes, zapatos y hasta entradas de circo de las empresas de la trama Gürtel). Rebobinemos un poco y situémonos en el 23 de febrero pasado. Ese día se publicitó a bombo y platillo que el molt honorable estaba en una situación personal próxima a la bancarrota. Camps hizo pública su declaración patrimonial y supimos que poseía una cuenta corriente con 905 euros, otra compartida con su mujer con 2.700 euros, un coche de más de 15 años (de un valor inferior a 1.000 euros) y la mitad de un inmueble en Valencia valorado en 110.000 euros. 
La conclusión es evidente. Una persona que no tiene ni mil euros en el banco pudo resultar un blanco fácil para los corruptores de la trama Gürtel, que basaban su estrategia en inundar de regalos los despachos de la Generalitat valenciana. Los números cantan: Camps recibió de la trama 14 veces más dinero del que figura en su cuenta corriente. Visto así las cosas cambian. Y uno no puede dejar de pensar que los políticos están muy mal pagados en este país si un presidente autonómico no puede ahorrar un poquito con su sueldo y tiene que aceptar regalos de un «amiguito del alma» a quien su Administración colma de contratos. 
Aunque lo más triste es que la situación económica de Camps es representativa de toda la Comunidad Valenciana. Desde que empezó la crisis, el paro se ha disparado hasta el 23,04% –tres puntos más que la media española– lidera junto a Aragón la caída del PIB (un -4,3%) y su renta per cápita ha pasado de ser un 96,5% de la española en el 2000 a un 89,4% en el 2009, hasta el punto de ser superada por cinco autonomías. 
El despertar de la resaca urbanística está siendo muy duro para los valencianos y la cuenta corriente de Camps da buena muestra de ello. Por eso está tan seguro de su gancho electoral, porque es un ciudadano más y no un aspirante al Nobel de la honestidad. Porque, digámoslo claro, en plena crisis, ¿quién habría rechazado esos bonitos trajes? Y sobre todo, ¿quién se hubiera privado de una buena función de circo? 
(www.elperiodico.com, 14/05/10) 
PEDREIRA TIENE EN SU MANO QUE CAMPS NO SEA JUZGADO POR UN TRIBUNAL POPULAR  
El juez instructor del presunto cohecho impropio pasivo cometido por Francisco Camps, Victor Campos, Ricardo Costa y Rafael Betoret, al aceptar regalos por 34.900 euros -12.783 en el caso del presidente- tiene, de momento, muy acotada la causa. Tanto que cuelga prácticamente de una percha y no se sale del territorio que la ley reserva para el tribunal del jurado. De momento. En cuestión de días el recorrido jurídico del mayor caso de presunta corrupción que jamás ha salpicado a la Generalitat y a un presidente valenciano puede sufrir una revolución espectacular. Depende, en buena parte, del magistrado Antonio Pedreira. Porque en sus manos está que el caso se amplíe a otros delitos y, como consecuencia, se salga del marco del tribunal del jurado.  
El instructor de la causa general Gürtel -que pivota sobre los contratos público y presuntas comisiones que recibió la red de Correa en ayuntamientos de Madrid y en el Consell y el PP valenciano- tendrá que decidir cómo embala la trama valenciana y a quién remite el paquete. Podría enviarlo al Tribunal Supremo, junto con toda la causa y en atención a que la misma afecta a aforados de distintas comunidades autónomas. Pero fuentes jurídicas consultadas consideran que lo más lógico es que la parte que atañe a aforados de la Comunitat Valenciana acabe en la Sala de lo Civil y Penal del TSJ valenciano. Lo mismo que sucedió cuando el juez Baltasar Garzón remitió la cuestión de los trajes. ¿Y qué pasará cuando llegue ese sumario La primera decisión será dilucidar si existe la llamada "conexidad" entre los regalos y el resto de los asuntos. Esto es, las comisiones que supuestamente se derivaron de las millonarias facturas de RTVV a propósito de la visita del Papa, la contratación de la Generalitat (empezando por la Agencia de Turismo) con firmas de la trama o la presunta financiación ilegal del PP por parte de constructoras beneficiarias de obra pública y otras concesiones.  
Si las causas se acumulan, quedarían en manos del instructor José Flors. En ese caso, el presidente de la Generalitat ya no dependería de un tribunal del jurado presidido por el magistrado Juan Climent. Porque el caso se extendería a otros delitos que quedan fuera de los tipos sobre los que el jurado popular tiene competencias, determinadas en el artículo 1 de la Ley 5/1995 de 22 de mayo. Estas atribuciones no alcanzan a los delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales o falsedad documental, por ejemplo. El cohecho pasivo impropio pasaría a cohecho activo en el que se vincularían los regalos a la consecución de contratos.  
Existe también la posibilidad, más difícil según las citadas fuentes, de que no se concentraran las dos investigaciones. En ese caso, habría que designar un instructor para la parte que llega de Madrid. Podría ser el propio José Flors u otro miembro de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ valenciano.
 
La acusación popular, encarnada por el PSPV y representada por el letrado Virgilio Latorre, lo intentó en varias ocasiones sin éxito ante el magistrado José Flors. El instructor -cuyo auto sobre Camps fue tumbado por los magistrados Jose Francisco Ceres y Juan Luis de la Rúa, que decidieron el archivo en agosto de 2009- rechazó abrir la causa del cohecho impropio a otros delitos. Flors quiso ceñirse milimétricamente al guión del asunto que le fue remitido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Lo cual no fue óbice para que, hace ahora un año, llamara a declarar a todos los responsables de las consellerias que decidieron en las adjudicaciones de contratos a empresas de la trama Gürtel. En función de lo que decida Pedreira, la causa, ahora sí podría ampliarse a varios presuntos delitos. 
(www.elperiodico.com, 14/05/10)
LA FÁBRICA DE QUERELLAS DEL PP SIGUE EN MARCHA: AHORA LE TOCA EL TURNO A JORGE ALARTE
El Partido Popular continúa en su empeño de tapar con querellas el alud de malas noticias que ponen en evidencia su presunta corrupción. Si hace dos días Génova se querellaba contra el funcionario de Hacienda que firmaba el informe sobre la presunta financiación ilegal del PP valenciano, ahora le toca el turno a la formación regional que preside Francisco Camps. El PPCV ha anunciado una querella contra Jorge Alarte, secretario general de los socialistas valencianos, “por falsedades y lanzar graves acusaciones para manchar el honor y el buen nombre del partido”.
Así lo ha afirmado, a través de un comunicado, el portavoz del PP en Les Corts y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, después de las declaraciones que hizo hoy Jorge Alarte.

Son 30 millones
Alarte había aseguró hoy que Camps "ha quedado inhabilitado como interlocutor" con la oposición y con los valencianos, ya que "nadie le llama de la sociedad valenciana" y "dudo que nadie le llame ya", después de volver a ser imputado en el trajegate. Alarte reconoció que en una cosa el PP ha dicho la verdad: “no se han vendido por cuatro trajes, sino que fueron más de 30 millones en contratos a la trama”.

Querella al canto
Como ya viene siendo costumbre, el PP ha respondido interponiendo una querella contra el socialista, “por falsedades y lanzar graves acusaciones para manchar el honor y el buen nombre del partido”. Así lo ha hecho saber a través de un comunicado el que fuera miembro del PSOE y ahora trabaja al servicio de Francisco Camps, Rafael Blasco.

Un bucle
Según Blasco, los socialistas "están en un bucle en el que creen que pueden arrasar con todo". "El más claro ejemplo es el de Alarte de hoy, que sigue con sus manifestaciones la estela del síndic socialista en las Corts, Ángel Luna".

El ventilador
Además, Blasco echó mano del ventilador: "Debería pedir también explicaciones al presidente del Congreso, José Bono, sobre las sorprendentes informaciones que aparecen todos los días sobre su cuestionable patrimonio y amistades".
www.elplural.com 13.05.10
 
EL SUPREMO REABRE EL CASO DE LOS TRAJES DE CAMPS  
Francisco Camps está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por haber aceptado regalos de las empresas de la trama Gürtel. El Tribunal Supremo ha decidido esta mañana reabrir el caso contra el presidente de la Generalitat por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio al admitir los recursos de la Fiscalía y del PSPV-PSOE contra el archivo acordado a principios de agosto de 2009 por el Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV). Camps vuelve a estar imputado y la causa será ahora devuelta a Valencia, donde el instructor de las diligencias, el magistrado José Flors, previsiblemente confirme el cierre de la investigación y abra el juicio oral, en el que el presidente valenciano afrontará la acusación ante un jurado popular en unos meses. 
La imputación sitúa al jefe del Gobierno valenciano ante el abismo de su carrera política, a pesar de que en los últimos días el PP valenciano e incluso el líder del partido, Mariano Rajoy, hayan insistido en que la reapertura del caso no implica el fin de Camps, que está dispuesto a aguantar en el cargo. "No va a pasar absolutamente nada" con la decisión del Supremo, dijo ayer mismo el portavoz popular en las Cortes valencianas, Rafael Blasco. 
Si Camps se mantiene en el cargo, esta será la primera vez que se sentará en el banquillo un presidente de la Comunidad Valenciana. Lo hará acusado de recibir trajes y otras prendas valoradas en más de 12.000 euros de una trama corrupta que ha logrado contratos con la Generalitat por más de 7,2 millones de euros y se ha encargado durante años de los actos del PP valenciano. Junto a Camps, el magistrado José Flors imputó por el mismo delito al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret y el ex secretario general del PP valenciano y diputado autonómico Ricardo Costa. El juicio lo presidirá el magistrado progresista Juan Climent, ya que es el único de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV que no ha actuado en esta causa. 
Con la resolución acordada esta mañana, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado un auto de archivo del TSJ valenciano que exoneró a Camps a partir de una polémica interpretación del delito de cohecho pasivo impropio. El artículo 426 del Código Penal afirma que incurre en ese delito "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente", y prevé una pena de multa de tres a seis meses. La Sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano cerró el caso con los votos a favor del presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, del que Camps había afirmado que es "más que amigo", y del magistrado José Francisco Ceres, repescado tras rechazar el Supremo su nombramiento. Ambos defendieron que los regalos recibidos por los imputados no son constitutivos de delito al no existir una relación de "causalidad" entre los presentes a los políticos y los beneficios logrados por la red Gürtel. 
El tercer magistrado, Juan Montero, discrepó de esa interpretación en un voto particular en el que abogó por mantener abierta la investigación. No obstante, coincidió con sus compañeros de tribunal en exonerar a Ricardo Costa por ser un cargo del partido sin capacidad para adjudicar contratos de la Generalitat a la trama. 
Frente a los magistrados del TSJ que no vieron delito en los regalos pese a los numerosos contratos conseguidos por la trama, la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV-PSOE han argumentado que el cohecho pasivo impropio existe desde el momento en que se realiza un regalo a un funcionario público en consideración a su cargo, aunque esa dádiva no suponga la realización inmediata de ningún acto concreto por parte de éste. En su opinión, el TSJCV prescindió del hecho de que los regalos se pudieran hacer en consideración a la función de Camps y sólo tuvieron en cuenta si los presentes se entregaron a cambio de una contraprestación concreta. 
El auto de archivo ahora revocado, sin embargo, dejó claro que Camps y el resto de imputados habían aceptado regalos de las empresas de la red Gürtel, especialmente de Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta. Como publica hoy EL PAÍS, las empresas de la red Gürtel en Valencia multiplicaron por diez sus contratos con la Administración autonómica cuando comenzaron a hacer regalos a altos cargos valencianos. 
Camps siempre ha negado las acusaciones. En mayo de 2009, insistió en su declaración ante el instructor del caso en el TSJ, el magistrado José Flors, en que había pagado sus trajes, pero no aportó justificante alguno. Flors no le creyó y vio indicios suficientes para continuar el procedimiento. Además, en su auto de julio de 2009 para cerrar las diligencias previas, desmontó algunas de las explicaciones que dieron los imputados. Todos ellos intentaron distanciarse de El Bigotes tras estallar el escándalo, pero el magistrado puso de manifiesto que existía "una relación personal con Álvaro Pérez". Así se constata también en las numerosas conversaciones grabadas a miembros de la trama durante la investigación judicial del caso Gürtel, entre ellas una en la que el propio Camps llama a El Bigotes "amiguito del alma" o aquella en la que la esposa del jefe del gobierno valenciano, Isabel Bas, comenta a Pérez que se ha pasado "un huevo" con su regalo de Navidad. 
Para Flors había indicios racionales de que Camps y los demás imputados hubieran cometido un delito de cohecho pasivo impropio al admitir los regalos pagados por Orange Market, una empresa "que obtenía con asiduidad la adjudicación de numerosos contratos por diferentes organismos de la Generalitat". 
El instructor, no obstante, no investigó los contratos. En febrero de 2009, el TSJCV recibió de manos del juez Baltasar Garzón una causa que apuntaba indicios de cohecho, de tráfico de influencias y de financiación irregular del PP, pero la sala que preside De la Rúa sólo admitió investigar el asunto de los trajes, que al final archivó. Durante la instrucción de la parte valenciana del caso, y también en estos meses posteriores al sobreseimiento, la investigación del sumario Gürtel en el TSJ de Madrid ha arrojado nuevos datos y ha afianzado los indicios de la estrecha relación entre las empresas de la trama liderada por Francisco Correa (encarcelado) y la Generalitat valenciana. 
Las sospechas de una supuesta financiación ilegal del PP valenciano, que ahora ha confirmado un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario, ya las apuntaba un informe de la brigada de blanqueo de la Policía Nacional que fue remitido al TSJ valenciano días antes del sobreseimiento de la causa de Camps. Los magistrados lo ignoraron, pero meses después, con una querella de los socialistas valencianos por financiación ilegal sobre la mesa, el propio TSJ admitió que el asunto debía investigarse, si bien se declaró no competente para hacerlo porque ya instruía al respecto el magistrado Antonio Pedreira en Madrid. Este ha admitido recientemente al PSPV-PSOE como acusación popular 
En el sumario también hay documentación extensa sobre los contratos de Canal 9 para organizar la visita del Papa a Valencia en 2006, entre ellos el de sonorización de los actos y la instalación de pantallas que se adjudicó a Teconsa y que permitió a la red de Correa embolsarse más de un millón de euros en comisiones ilegales. Además, otro informe, en este caso de la Unidad de Auxilio Judicial al TSJ madrileño, desvela que la presidencia y la vicepresidencia del Gobierno valenciano, siete consejerías y ocho organismos públicos de la Generalitat adjudicaron entre 2004 y 2008 al menos 85 contratos a nueve empresas de la trama corrupta por 7,2 millones de euros. En la mayoría de los casos, se adjudicaron a dedo y se fraccionaron para evitar la convocatoria de concursos públicos. 
SENTENCIA DEL SUPREMO 
La sentencia del Supremo, que será trasladada a las partes en los próximos días, el alto tribunal asegura. 
"Debemos declarar haber lugar a los recurso de casación con estimación del primero de los motivos por infracción de ley dirigidos por el Ministerio Fiscal y por la acusación popular (PSPV) frente al auto dictado por la sala civil y penal del TSJ de Valencia en fecha 1/08/2009, casando y anulando parcialmente el mismo en lo atinente al sobreseimiento libre de las actuaciones declarado en el apartado quinto de su parte dispositiva. Con reenvío de las mismas al magistrado instructor de la causa para que continué su tramitación en la forma legalmente procedente, con declaración de oficio de las costas de ambos recursos". 
(www.elpais.com, 12/05/10)
CAMPS: "NO PUEDE HABER JUICIO PORQUE NO HAY NADA DE NADA"
El presidente valenciano defiende su continuidad tras la reapertura del caso de los trajes y destaca el apoyo de Rajoy
Francisco Camps no tiene pensado dimitir. El presidente de la Generalitat quiere seguir en el cargo y liderar al PP valenciano a pesar de la reapertura de la causa contra él por aceptar regalos de la trama Gürtel. Ante la junta directiva regional convocada tras la decisión del Tribunal Supremo para manifestar el apoyo del partido a su jefe de filas, Camps ha afirmado que se siente con fuerzas para continuar y presentarse a las elecciones autonómicas de 2011, y ha destacado que tiene el apoyo del líder nacional de los populares, Mariano Rajoy. "No es verdad lo que se dice de los regalos", ha asegurado Camps, que ha insistido en negar las acusaciones que pesan sobre él.
"No he hecho nada", ha repetido ante los periodistas. Tras la reunión, Camps ha comparecido ante los medios de comunicación, y por primera vez en muchos meses, ha aceptado preguntas. El jefe del Consell ha asegurado que la causa contra él "no se sostiene". "Espero que no haya juicio, no puede haberlo porque no hay nada de nada", ha manifestado. "Hay, en todo caso, pruebas exculpatorias", ha continuado Camps en referencia a conversaciones grabadas en la cárcel en las que un imputado de la trama corrupta afirma que él se había pagado los trajes.
El presidente de la Generalitat ha atribuido las investigaciones de la red Gürtel a un intento de derribar a su gobierno. En ese sentido, ha hecho alusión a la cacería que compartieron el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo y el juez Baltasar Garzón, que inició la instrucción del caso Gürtel. "De momento, de la cacería hay dos fuera", ha manifestado en referencia a los que le acusan. El jefe del Consell, que se considera víctima de una supuesta conspiración contra él y su partido, también ha señalado a otros miembros del Gobierno a los que ha acusado de poner en peligro el Estado de Derecho por las presuntas "filtraciones" de los avances de la investigación policial y judicial del caso Gürtel. "Tendrán que dar explicaciones de lo que han roto estos meses", ha aseverado Camps.
El presidente valenciano no ha descartado un posible adelanto de las elecciones regionales, pero sí ha rechazado la posibilidad de remodelar su gobierno.
A la reunión convocada para apoyarle ha asistido menos de la mitad de los 170 miembros que componen la junta directiva regional, y ha habido notables ausencias. Ningún miembro del comité de dirección provincial del PP de Alicante, incluido su presidente, el zaplanista José Joaquín Ripoll, ha acudido a la reunión, como habían anunciado poco antes fuentes del partido en la provincia que no concretaron los motivos de su ausencia. El comité de dirección provincial del PP de Alicante no realizará, por el momento, valoración alguna sobre la decisión del Supremo. Frente al silencio de Ripoll, que ha trasladado que no asistía por estar pendiente de la intervención quirúrgica a un familiar,el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de baja por enfermedad, ha expresado en un comunicado que Camps tiene "todo" su apoyo, y ha señalado que no tiene "ni la más mínima duda de que esto se resolverá favorablemente para él".
La convocatoria para las seis de la tarde de la junta directiva del PP ha generado una gran expectación. La entrada ha sido acotada con cordones para evitar aglomeraciones a las puertas de la sede del PP en Valencia, donde una decena de manifestantes de la plataforma ciudadana contra la corrupción han exhibido camisetas con el rostro del presidente bajo una señal de "prohibido" y han coreado "no a la corrupción" y "Camps, dimisión".
A medida que se acercaba la hora prevista para la reunión han entrado en la sede varios consejeros del Gobierno de Camps y alcaldes. El presidente valenciano ha llegado poco después de las seis de la tarde acompañado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. A la entrada, Camps ha sido recibido por el secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente; la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el alcalde de Castellón, Alberto Fabra. "Luego les atenderé", ha dicho Camps al pasar junto a los periodistas.
Los cargos del partido, puestos en pie, le han recibido con un largo aplauso y al grito de "¡presidente, presidente!" mientras las cámaras tomaban las primeras imágenes. El apoyo mostrado a Camps contrasta con el malestar que se está instalando en la militancia popular por la situación que genera la instrucción judicial del caso Gürtel y un presidente que vuelve a estar imputado y no ha dado explicaciones sobre la relación de la trama corrupta con la Generalitat desde que a principios del año pasado estalló el escándalo.
www.elpais.es 12.05.10
RAJOY Y GÉNOVA CIERRAN FILAS CON CAMPS
La estrategia de la dirección nacional del PP es dejar la decisión de dimitir en el presidente valenciano

Mientras el partido entra en ebullición a la espera de que Francisco Camps haga algo frente al varapalo judicial, la dirección nacional, encabezada por Mariano Rajoy, ha decidido respaldarlo pase lo que pase, y esperar que sea él quien decida su futuro. Si quiere dimitir, nadie se lo impedirá, pero si quiere seguir, y desde luego en este momento esa parece ser su opción, no será Rajoy ni la dirección quien le pedirá lo contrario. El líder del PP se encerró en su despacho en cuanto conoció la noticia, durante la sesión de control al Gobierno, y salió para comer acompañado de sus más estrechos colaboradores, Jorge Moragas y Carmen Martínez Castro, evitando en todo momento a la prensa.
Sin embargo, fuentes de la dirección insisten en que todos los mensajes que han trasladado tanto Rajoy en conversación con el propio Camps como el resto de la dirección han ido en un mismo sentido: el apoyo se mantiene, la decisión del Supremo es un claro varapalo pero el líder del PP mantiene su compromiso personal y político con el valenciano, uno de sus principales respaldos en los momentos difíciles, tras las derrota electoral de 2008. El PP insiste ahora en la estrategia de ganar tiempo.
De momento los dirigentes nacionales dicen que no está imputado, cuando lo esté formalmente dirán que aún no se ha sentado en el banquillo, y cuando se siente dirán que aún no ha sido condenado. De hecho, la dirección, siempre optimista, aún trabaja con la posibilidad de que finalmente no se siente en el banquillo. En cualquier caso, la estrategia fundamental es dejar en manos de Camps la decisión. Si no aguanta la presión y dimite, como hizo el ex tesorero Luis Bárcenas después de un año de escándalos, Rajoy siempre podrá decir que él apoyó a Camps hasta el final. Y será cierto.
www.elpais.es 12.05.10
EL PP ARROPA A CAMPS 
"Camps no está imputado". Con esta sencilla frase despachó Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP, la reapertura de la causa contra Francsico Camps por aceptar trajes de la trama Gürtel. Pons mantiene la teoría de que la causa regresa al estado anterior al archivo de la misma el verano pasado. 
Mientras Pons defendía a Camps en Madrid, el PP valenciano convocaba para esta tarde una Junta Directiva para mostrar su apoyo al presidente de la Generalitat y del partido, Francisco Camps, informaron fuentes del PP. Pons también declaró a los periodistas que el PP nacional respalda al partido en la Comunidad Valenciana. 
La reunión, que se celebrará en la sede del partido, servirá para que la dirección del PPCV muestre su respaldo a Camps después de que el Tribunal Supremo acordara hoy reabrir la causa abierta contra él y otros altos cargos del PP en relación con la trama Gürtel, en la que estaban siendo investigados por delito de cohecho impropio por haber recibido presuntamente trajes como regalo de la empresa Orange Market, que realizaba contratos con la Administración autonómica. 
(www.publico.es, 12/05/10)
EL BIGOTES EMPEZÓ A REGALAR TRAJES CUANDO MULTIPLICÓ POR 10 SUS CONTRATOS EN VALENCIA 
Orange Market comenzó su actividad en la Comunidad Valenciana a finales de 2003. Ese año, apenas facturó 88.000 euros. Su responsable, Álvaro Pérez, El Bigotes, sólo consiguió tres clientes y uno de ellos era otra empresa de la trama corrupta, Special Events. El Bigotes no regaló trajes. En 2004, las cosas no fueron mucho mejor: ingresó 237.000 euros y logró sólo un pequeño contrato de la Comunidad Valenciana a través de Vaersa, un organismo dependiente de la Consejería de Territorio y Vivienda. El Bigotes tampoco regaló trajes. 
2005 fue el año del despegue. Orange Market multiplicó por 10 su facturación hasta llegar a 2,8 millones, de los que más de la mitad correspondían al contrato adjudicado por la Agencia Valenciana de Turismo para el montaje de un pabellón en la feria de turismo de Madrid por 1,57 millones. Logró el contrato en enero de 2005 y ese mismo mes comenzó a regalar trajes. El jefe de gabinete de la Consejera de Turismo y vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de Turismo, Rafael Betoret, recibió en el primer ejercicio exitoso de Orange Market seis trajes a medida, un abrigo, un pantalón y tres americanas. Ese año, Orange Market hizo caja también en el PP valenciano (712.000 euros) y a quien era vicesecretario general entonces, Ricardo Costa, le regaló tres trajes entre enero y diciembre. Al vicepresidente autonómico, Víctor Campos, le tocaron tres trajes, dos americanas y cinco pantalones. Los regalos siguieron en 2006 e incluyeron al presidente valenciano, Francisco Camps, que entre enero de 2006 y la primavera de 2007, recibió cinco trajes, cinco americanas y dos pares de zapatos. 
El juez José Flors, que investigó el caso en Valencia, halló suficientes indicios para imputar a estos cargos por cohecho impropio y proponer que se abriera juicio oral contra ellos. Pero la Sala de lo Penal del Tribunal de Valencia, por dos votos a uno, archivó el caso al entender que los cuatro altos cargos no tenían relación con la adjudicación de contratos a Orange Market y no les constaba que El Bigotes les hubiera regalado 30.000 euros en trajes en agradecimiento. El Supremo resuelve hoy, entre fuertes presiones del PP, si devuelve el caso a Valencia para juzgar a Camps y al resto de cargos implicados. 
(www.elpais.com, 12/05/10)
GÜRTEL GANABA COMISIONES DEL 500% AL SUBCONTRATAR ENCARGOS DEL CONSELL 
La trama de corrupción del caso Gürtel no sólo obtuvo a dedo adjudicaciones amañadas por diferentes organismos de la Generalitat para fraccionar los contratos, sino que la red que dirigía en Valencia el gerente de Orange Market, Álvaro Pérez, subcontrataba esos encargos a otras empresas por precios hasta diez veces inferiores. Con ello, obtenía, sólo por hacer de intermediario, beneficios que superaban el 500%. Así lo reveló ayer el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, que puso como ejemplo una contratación de la Consejería de Cultura y Educación, dirigida por Alejandro Font de Mora. 
Luna rebatió con ella el informe remitido por la abogada de la Generalitat, Isabel Villalonga -que es un alto cargo nombrado por Camps, como recordó el diputado socialista-, al juez Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, instructor del caso Gürtel. Según la abogada de la Generalitat, el informe de la Unidad de Auxilio Judicial que reveló cómo el Gobierno valenciano amañó contratos con la trama que encabezaba Francisco Correa, parte de "premisas erróneas" e incurre en "falta de rigor" al atribuir ilegalidades en la contratación. Así, pese a que, en relación con la organización del Congreso Familia y Escuela, celebrado en noviembre de 2006 en el Museo de las Ciencias de Valencia, se adjudicaron cuatro encargos a tres empresas de la trama corrupta por menos de 12.000 euros cada uno, Villalonga sostiene que no se trata de la práctica ilegal de un fraccionamiento de un mismo contrato, "no sólo porque las empresas contratadas son diferentes y la cuantía es correcta, sino porque el órgano contratante es diferente en cada uno de los casos y la contratación se produce para labores diferenciadas". 
Luna explicó que, aunque Diseño Asimétrico, una de las empresas de la red, recibió un contrato para traductores, por 8.940 euros, y otro para acreditaciones, por 3.045 euros, en ese congreso. En realidad, los traductores los puso la empresa Dixon Servicios Lingüísticos por encargo de Orange Market, a la que cobró 1.804 euros, y las acreditaciones las hizo Gráficas Izquierdo, también para Orange Market, a quien le costaron 1.235 euros. Con ello, la trama Gürtel ganó comisiones de más de 7.000 y de 1.800 euros, respectivamente. 
Por otra parte, Down Town Consulting, otra empresa de la trama, recibió el encargo de las sillas y la tarima del Congreso Familia y Escuela, por lo que cobró 11.716 euros, cuando, en realidad, la misma Orange Market pagó a la empresa Apq Stage Ibérica 1.234 euros por ellas. Con ello, Álvaro Pérez El Bigotes, ganó, sólo haciendo de intermediario, más de 10.000 euros. Finalmente, la propia Orange Market fue encargada de poner 1.000 receptores de radio y contratar azafatas para el evento. 
"Todo es un auténtico chanchullo, del principio al final", comentó el diputado socialista, a quien el portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha planteado una proposición no de ley para reprobarlo que se debatirá en el pleno de la semana que viene. "Pase lo que pase, vamos a seguir denunciando estos casos", señaló Luna. 
(www.elpais.com, 12/05/10) 
CÓMO HACER NEGOCIO FÁCIL CON DINERO PÚBLICO 
- La trama y el Consell: El informe de la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid reveló que hasta 17 departamentos del Consell amañaron contratos, entre 2004 y 2009, con empresas de la trama de corrupción del caso Gürtel en un total de 85 adjudicaciones, la mayoría a dedo. 
- El Consell niega ilegalidades: abogada de la Generalitat, Isabel Villalonga, responde en un informe, para descalificar el de la Unidad de Auxilio Judicial, que no se amañaron adjudicaciones, al fraccionarlas, porque las empresas contratadas, los órganos contratantes y las cuantías eran diferentes. 
- Congreso Familia y Escuela: El diputado Ángel Luna, gracias al acceso a la información del sumario, en el que los socialistas son acusación popular, revela cómo los encargos de los supuestos contratos "diferentes" a tres empresas de la trama fueron al final gestionados por la misma empresa Orange Market, de Álvaro Pérez, El Bigotes, cabeza visible de la trama Gürtel en Valencia. 
- El Bigotes subcontrata: Orange Market no ejecutó directamente ninguno de los encargos, ni de traductores, ni de sillas y tarima, ni de acreditaciones, ni de azafatas y receptores de radio. Subcontrató los trabajos con otras empresas. En el sumario constan las facturas que pagó por ellos y demuestran que cobró a la Generalitat hasta diez veces más de lo que le costaron. 
(www.elpais.com, 12/05/10) 
LA SINDICATURA EXHIBE SUS LIMITACIONES 
"Entendemos la transparencia como el mejor mecanismo para combatir la corrupción". El síndico mayor de la Sindicatura de Comptes, Rafael Vicente Queralt, aprovechó ayer la celebración, en las Cortes Valencianas, del 25º aniversario de la institución para salir al paso de las críticas recibidas por la fiscalización realizada en las contrataciones de la Generalitat con las empresas del caso Gürtel. 
Queralt apeló por la transparencia para combatir la corrupción, pero advirtió: "Para conseguir la transparencia hace falta, indudablemente, el consenso de los partidos políticos, tal y como demanda la sociedad actual". El síndico mayor ofreció la colaboración de la Sindicatura de Comptes para redactar una nueva ley que adecue las competencias y funciones del órgano auditor, "tanto si la iniciativa legislativa parte del Gobierno de la Generalitat como si lo es de las Cortes Valencianas". 
El responsable de la Sindicatura hizo su propia autocrítica, sabedor de que el caso Gürtel ha puesto bajo el foco la gestión auditora de la institución. Rafael Vicente Queralt pidió más personal y medios, una reestructuración de la Sindicatura y una actualización de la regulación legal del órgano auditor. Pero el síndico mayor puso el énfasis en la necesidad de "avanzar en la revisión del número de entidades, en la delimitación del sector público para la necesaria rendición de cuentas de sus integrantes, en la revisión del urbanismo y de la contratación administrativa, de las nuevas formas de colaboración pública y privada y de la revisión de los procesos informáticos". El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, presente en el acto, no quiso opinar sobre las críticas del jefe del Consell, Francisco Camps, que indicó que este órgano actúa a instancias del Gobierno socialista. 
(www.elpais.com, 12/05/10) 
BLASCO SOBRE EL SUPREMO: "PASE LO QUE PASE, NO PASARÁ NADA" 
El consejero de Ciudadanía y portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, se mostró ayer convencido de que "pase lo que pase [en el Tribunal Supre acerca de la situación judicial del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por el caso Gürtel] "no pasará absolutamente nada". 
Tras la Junta de Portavoces de las Cortes, Blasco afirmó: "Estamos muy tranquilos, tenemos la absoluta convicción de que pase lo que pase seguirá sin haber ninguna responsabilidad judicial para ningún miembro del Consell". "Esa tranquilidad está fundamentada en que no hay ningún imputado en la Comunidad Valenciana" por el caso Gürtel, insistió Blasco. 
"Las instituciones valencianas valorarán cualquier situación que se pueda producir, pero en mi modesta opinión le digo que pase lo que pase mañana, no pasará absolutamente nada", prosiguió Blasco, "una institución democrática por antonomasia en la Comunidad Valenciana, como es la Presidencia de la Generalitat, se sostiene en el apoyo del grupo parlamentario que representa a la inmensa mayoría de los ciudadanos". 
El portavoz parlamentario repitió el argumentario de que el caso Gürtel no existe en la Comunidad Valenciana, después de que semanas atrás llegase a pedir disculpas en Canal 9 por los escándalos y fuese obligado a rectificar. Para Blasco, buena parte de la responsabilidad de la situación actual recae sobre el Grupo Socialista y su estrategia "calumniadora y monotemática" en torno al caso Gürtel. 
El portavoz se reunió ayer con miembros de su grupo para pedirles que mantengan la disciplina y den imagen de unidad una vez se conozca la decisión del Supremo sobre el asunto de los trajes de Camps. El presidente, que ayer no tuvo agenda oficial, ha optado por no incluir ningún acto público en su jornada laboral de hoy. 
En este contexto, la consejera de Justicia y portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, aseguró que el Ejecutivo valenciano vive "con tranquilidad y confianza absoluta en la justicia" las horas previas a la decisión del Tribunal Supremo. 
Sánchez de León negó que Camps haya evitado aparecer en actos públicos en las horas anteriores al fallo del Supremo. "No conozco su agenda, pero estoy convencida de que si no tiene actos públicos su agenda estará llena de reuniones de trabajo como todos los días", recalcó. 
(www.elpais.com, 12/05/10)
HACIENDA CONFIRMA QUE EL PP DE VALENCIA OCULTÓ 2,5 MILLONES DE LAS ELECCIONES DE 2007
La Agencia Tributaria analiza en un informe las cuentas de Orange Market en relación con los últimos comicios valencianos autonómicos y locales
Un informe de la Agencia Tributaria sobre la empresa corrupta Orange Market confirma la presunta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) que destapó en julio de 2009 la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía, la UDEF. La Agencia Tributaria, en un informe fechado el pasado 6 de mayo, analiza las cuentas de Orange Market relacionadas con las elecciones autonómicas y locales de 2007 en Valencia. Y llega a la conclusión de que el PPCV ocultó al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros y que, además, hay "terceras personas" que han pagado, a través de Orange Market, actos electorales del PPCV.
El vicepresidente de Camps y la cúpula del PP valenciano dirigían la financiación ilegal
Las nuevas pruebas del 'caso Gürtel' apuntalan la financiación ilegal del PP
La fiscalía pide imputar a cinco empresarios por financiación ilegal del PP valenciano
El PP se querella contra el funcionario de Hacienda que hizo el informe
Para sus conclusiones, Hacienda se ha basado en la documentación intervenida a las empresas corruptas de Gürtel. Según el informe, por los actos electorales del PPCV, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros. De ellos, 2,8 millones fueron en B, que la trama llamaba cuenta Barcelona, y unos 573.000 en A (Alicante). Al PP le cobraba a veces en negro y otras en A. Según el informe, que Hacienda ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, recibió en 2007, también en dinero negro, 200.000 euros de alguien a quien se identifica como El Príncipe. Y en A otros 199.000 de alguien llamado El Cantante.
Hacienda señala: "La conclusión que se extrae (...) es que una parte de la campaña de 2007 fue pagada [a Orange Market] por el PPCV, y otra por parte de terceros. Como no sabemos a quién se refieren como El Príncipe, los hemos separados [los ingresos] de los cobros procedentes del PPCV, si bien es lo cierto que en la hoja cobros la cantidad de 200.000 euros está junto con los que supuestamente se reciben del PPCV". Y añade: "La ulterior investigación debe determinar si efectivamente esas entregas fueron realizadas por el PPCV o por un tercero que actuaba por cuenta y beneficio del PPCV. Lo importante", destaca Hacienda, "es que tienen por finalidad realizar pagos de servicios realizados por el PPCV relacionados con las elecciones autonómicas y locales de 2007".
"Servicios encubiertos" al PP valenciano
El informe del Hacienda revela que, en 2007, Orange Market facturó con el PP de Valencia y con el Gobierno de Francisco Camps muchos más servicios de los "declarados contable y fiscalmente", y que "hay dudas razonables de que algunos de los servicios prestados" a supuestas empresas de Valencia "sean reales". Estima Hacienda que esos servicios pueden "encubrir realmente servicios" al PP valenciano "en el marco de las elecciones autonómicas y locales del 2007".
El informe de Hacienda, que avala el que hizo la policía en julio de 2009, destaca que sus conclusiones han sido extraídas de un análisis exhaustivo de la contabilidad intervenida por la policía en la sede de Orange Market y de la documentación intervenida a los contables de la trama, Cándido Herrero, en Valencia, y José Luis Izquierdo, en Madrid.
El cruce de datos ha permitido a Hacienda concluir que hubo financiación ilegal del PP de Valencia y que, además, salía dinero B de Orange Market con destino a la caja matriz de la trama corrupta en Madrid. Con dinero negro de esta caja, la trama sobornó a parlamentarios y alcaldes del PP para conseguir contratas de las Administraciones autonómicas y locales que dirigían, según el sumario del caso Gürtel.
Hacienda ha prestado especial atención a la documentación intervenida en un ordenador de Orange Market bajo el epígrafe Resumen Pagos, con 16 hojas de cálculo elaboradas por el contable Cándido Herrero. Este documento se refiere al año 2007 y contiene un cuadro llamado Barcelona y otro Alicante. La documentación incluye otro epígrafe llamado Madrid, que es el dinero enviado a la llamada caja madre de la trama.
Casi 1,8 millones en 'B', de Valencia a Madrid
Hacienda ha contabilizado el envío desde Valencia a Madrid de casi 1,8 millones en dinero B entre los años 2004 y 2007 por orden de El Bigotes y del número dos de la trama, Pablo Crespo, ahora encarcelado.
"Los fondos remitidos a Madrid proceden mayoritariamente de fondos recibidos en concepto de entregas campaña 2007 y entregas a cuenta de la campaña 2007", dinero que, según la documentación intervenida, procedía del "Partido Popular de Valencia". Hacienda ha analizado también otro archivo intervenido a la trama que recoge ingresos y gastos con dinero B. Se trata de la "hoja 2007, Anexo 11". Este archivo recoge la tesorería oculta de la trama desde 2005 hasta el 30 de enero de 2009. Y en él se detallan cantidades de dinero correspondientes a 2007 entre las que figuran, "por ejemplo, los sobresueldos de las personas que trabajan para la trama o el pago de facturas de Milano. Se trata de pagos que, aunque ocultados contablemente, se han considerado reales", señala el informe del fisco.
Conclusiones de Hacienda sobre la supuesta financiación ilegal del PP en Valencia
1.- De los hechos relacionados arriba se deduce que la contabilidad de la empresa Orange Market incurre en graves irregularidades contables que impiden conocer la verdadera situación o imagen fiel de la empresa, de sus resultados, balance y situación financiera. En particular, hay una grave omisión de los ingresos obtenidos por prestación de servicios a su principal cliente en 2007, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
La parte más importante de esta ocultación de ingresos corresponde a sus servicios de organización y gestión de la campaña electoral de la Comunidad Valenciana y elecciones locales 2007. Los servicios prestados se clasifican por Orange Market en dos grandes apartados: organización de los actos de la campaña y servicios de comunicación, esto es, gastos de publicidad en diversos medios.
2.- Una parte de los servicios totales de la campaña se documenta por parte de Orange Market emitiendo la correspondiente factura que se contabiliza y declara mercantil y fiscalmente (cobros Alicante), y otra parte no se documenta mercantilmente, si bien, de diversos archivos informáticos encontrados en el registro judicial realizado en la sede de Orange Market, hay constancia de que tales servicios se prestaron y su precio fue efectivamente cobrado durante el ejercicio 2007 (cobros Barcelona).
3.- Parte del beneficio obtenido en la prestación de los servicios de la campaña fue transferido desde la sede de Valencia hasta la sede central de la Trama PC en Madrid y aparece convenientemente registrado en diversos archivos informáticos en poder del contable de la tesorería oculta de la Trama PC en el momento de realizarse los registros (archivos informáticos CAJA B ACTUAL, CAJA B ORANGE).
4.- En el Informe UDEF se identifican una serie de empresas con contratos con instituciones de la Comunidad Valenciana que supuestamente habrían contratado servicios diversos con Orange Market. En la documentación física incautada se han encontrado, aparte de las facturas emitidas por Orange Market a estas empresas privadas por servicios diferentes a los de la campaña de las elecciones, los presupuestos correspondientes a la contratación de esos servicios (Anexo 13). Sin embargo, como se detalla en el apartado 4.2 de este informe, en un archivo informático denominado Resumen Pagos, hoja Resumen Total, se recoge una cuenta de liquidación de la deuda incurrida por el PPCV con Orange Market con motivo de la realización de la campaña 2007 en la que se imputa el cobro de tales facturas por parte de OM al pago de los gastos electorales del PPCV. Esta contradicción arroja dudas sobre la realidad de los servicios documentados en esas facturas y hace sospechar que pudiera tratarse de lo que la Ley Orgánica 81/2007 denomina operaciones asimiladas a las donaciones, esto es, la asunción por un tercero del coste de un servicio electoral. De confirmarse este hecho, al haberse documentado en una factura, ello podría suponer una grave irregularidad contable puesto que tales facturas estarían documentando servicios diferentes a los que las debieran haber motivado.
5.- Entre la documentación examinada de Orange Market se ha observado la anulación parcial de una factura emitida el 13/4/2007 al PPCV por importe de 200.000 euros, IVA incluido, en concepto de Campaña de Marzo. Se ha encontrado una factura rectificativa de fecha 28 de septiembre de 2007 por la que de la factura anterior se anula el importe de 162.000 euros. Debería aclararse por qué motivo se reduce tan drásticamente el importe de los servicios prestados. El informe UDEF documenta otros cambios de facturación.
6.- La ocultación de ingresos, gastos, elementos patrimoniales y beneficios por parte de Orange Market no tiene causa alguna si su destinatario va a declararlos en sus estados contables, por lo que es razonable suponer que esos ingresos y gastos también se han ocultado por parte del PPCV. La aplicación de los principios contables más básicos -devengo, registro y no compensación- le obligaba al PPCV a registrar como un ingreso propio de su actividad las donaciones o aportaciones (cobros Barcelona) y como gasto del ejercicio los servicios adquiridos a Orange Market o a terceros por los conceptos de realización de los actos de campaña y de comunicación (servicios publicitarios). Esta consecuencia es independiente de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos a aplicar, la derogada o la actual L.O.8/2007.
7.- Para los ingresos y gastos devengados antes del 7 de julio de 2007, el PPCV estaba obligado a consignarlos, separadamente, en sendas cuentas de ingresos y gastos, a las que se refiere el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1987. Adicionalmente, su artículo 7 impone abonar estas aportaciones exclusivamente (en su integridad) en cuentas bancarias, es decir, no pueden tenerse en efectivo o caja. Con la salvedad de que desconocemos el contrato existente para la prestación de servicios entre Orange Market y el PPCV (no sabemos si era escrito, verbal y cuáles eran las condiciones de liquidación y de pago), estimamos que los gastos de la campaña electoral se van a haber devengado en el periodo de vigencia de la derogada Ley de Financiación. Por lo que se refiere a los ingresos, de la hoja "cobros" del archivo "resumen pagos", se deduce que parte de los pagos Barcelona que el PPCV realizó a Orange Market se produjeron después del 5/7/2007 por lo que, salvo prueba en contrario, se habrían devengado durante la vigencia de la actual Ley Orgánica 8/2007.
No obstante, para el caso de que el PPCV probara que recibió estas aportaciones con anterioridad a 6/7/07 y las mantuvo en su patrimonio hasta el momento de realizar el pago a Orange Market después de esa fecha, los ingresos por aportaciones se habrían devengado con anterioridad a la entrada en vigor de la actual Ley de Financiación.
8.- La aplicación de la Ley Orgánica 8/2007 a tales ingresos devengados con posterioridad al 5 de julio de 2007 produce las siguientes consecuencias: deben estar consignados en una cuenta específica de ingresos (artículo 14.dos) pero también debe quedar reflejo de los mismos en unos libros de contabilidad detallados (artículo 14.uno) el más importante de los cuales es el Libro Diario. Adicionalmente, deben constar en las Cuantas Anuales del Partido del 2007, concretamente en la Cuenta de Resultados y en la Memoria (artículo 14 cinco LO 8/2007).
www.elpais.es 11.05.10
COMUNICADO PP 
.- El Partido Popular anuncia la presentación de una querella por falsedad en documento público y prevaricación contra el funcionario autor del informe sin excluir cualquier otra acción judicial contra todos aquellos que estén instrumentando falsamente las acusaciones contra el PPCV. Asimismo quiere destacar:  
.- Que este informe de la Agencia Tributaria NO investiga las cuentas del PP.  
.- Nunca un informe sobre la actividad de un proveedor puede valorar la legalidad o ilegalidad de uno de sus clientes, máxime cuando el cliente en cuestión, el PPCV,  tiene al día sus responsabilidades tributarias, fiscales y de control. Obligaciones que se han cumplido y se cumplen, de forma escrupulosa, ante la Administración electoral, la Sindicatura de Cuentas, el Tribunal de Cuentas y las Auditorias internas y externas que se practican sobre la contabilidad del partido. 
.- Se trata de la segunda ocasión que con informes ad hoc se pretende condicionar la decisión un tribunal (el pasado 31 de julio de 2009 se presentó ante el TSJCV un informe policial de idéntico contenido del actual,  a escasas horas de la reunión prevista por el tribunal superior valenciano). En este momento, en la misma víspera de la decisión del Tribunal Supremo sobre el mismo asunto, se vuelven a presentar los mismos datos manipulados, con idéntico objetivo pero con distinto membrete. Este informe de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, se sustenta sobre el informe elaborado por una Unidad del dependiente del Ministerio del Interior que ya fue descartado por el TSJCV. Es vergonzoso que en un estado de Derecho se intente, por estamentos del Estado, presionar a los Tribunales en sus decisiones 
.- El informe se solicitó  única y exclusivamente para conocer la trascendencia fiscal de las actuaciones de una empresa y se ha querido convertir, con expresa intencionalidad, en una opinión de parte sobre cuestiones ajenas a tal petición.  
.- El informe carece de validez a efectos probatorios. Es una recopilación de opiniones de un autor, cuya pretensión es sencillamente inculpar. Baraja diferentes hipótesis y desde ellas, se pretende sentar conclusiones ajenas a la realidad contable y presupuestaria del PPCV.  
.- El PPCV ya denunció en su momento la falsedad y manipulación de las conclusiones del informe de 31 de julio de 2009, elaborado por funcionarios de la Policía, algunos de ellos premiados con una cruz pensionada por haberlos realizado. Ahora, en un informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, se reiteran las falsedades y las manipulaciones ya denunciadas. Tal informe respecto al PPCV, parte de las premisas tendenciosas del informe que le precede. Y resulta igualmente falso en su contenido. 
.- Ahora, habiéndose rebasado el límite de lo admisible en el uso torticero y oscuro de las instituciones del Estado, el PPCV hará uso de todos y cada uno de los instrumentos que le asisten en un Estado de Derecho para la poner fin a la campaña estatal orquestada por el Gobierno Socialista para dañar la imagen de este Partido y de los responsables del mismo en la Comunitat Valenciana.
www.publico.es 11.05.10
EL PP SE QUERELLA CONTRA EL FUNCIONARIO DE HACIENDA QUE HIZO EL INFORME
El documento confirma la financiación ilegal del PP valenciano
El PP ha decidido mantener la estrategia que ha seguido hasta ahora con el caso Gürtel: con cada novedad, un contraataque, en forma de querella. Primero fue contra el juez, después contra la policía, en algunos casos contra los periodistas, y hoy ha decidido hacerlo contra el funcionario que firma -con un número- el informe de la Agencia Tributaria que confirma la financiación ilegal del PP valenciano. Y lo hace por un delito muy grave: prevaricación y falsedad en documento público.
 

Querella del PP
El PP sabía hace unos días que existía ese informe, y en cuanto EL PAÍS ha dado a conocer su existencia ha hecho público el texto de la querella que ya tenía preparado. En él se señala lo siguiente: "Que por medio del presente escrito, en la meritada representación, formulo QUERELLA contra el funcionario NUM. 21536 de la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria autor del informe de fecha 6 de mayo de 2010, evacuado en Autos Diligencias Previas 1/2009 de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, designándose domicilio del mismo en el de la meritada Unidad de Auxilio Judicial, por entender haber cometido en tal informe los delitos de PREVARICACIÓN Y FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO así como cualquier otro delito conexo o consecuente que se derive de la fase de Instrucción, según la relación circunstanciada de hechos que se pasa a efectuar".
"Uso torticero y oscuro" de las instituciones"
El PP valenciano añade al anuncio de la querella que el informe "no investiga las cuentas" del partido y asegura que "tiene al día sus responsabilidades tributarias, fiscales y de control". Los populares valencianos insisten en que han cumplido con sus obligaciones "de forma escrupulosa" ante la Administración electoral, la Sindicatura de Cuentas, el Tribunal de Cuentas y las auditorias internas y externas "que se practican sobre la contabilidad del partido".
Para el PP valenciano, "se trata de la segunda ocasión que con informes ad hoc se pretende condicionar la decisión de un tribunal", en este caso la del Tribunal Supremo, que decide mañana si archiva o reabre la causa contra Camps por los trajes regalados por la trama. Según la tesis del PP, el 31 de julio de 2009 se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano el informe de la brigada de blanqueo para incidir en las deliberaciones que acabaron con el archivo de la causa por supuesto cohecho pasivo impropio. "En este momento, en víspera de la decisión del Tribunal Supremo sobre la decisión del TSJCV, se vuelven a presentar los mismos datos manipulados, con idéntico objetivo pero con distinto membrete", asegura la nota del PP valenciano, que añade: "Es vergonzoso que en un estado de Derecho se intente, por estamentos del Estado, presionar a los tribunales en sus decisiones".
El comunicado también defiende que el informe carece de validez probatoria y lo rebaja a una "recopilación de opiniones de un autor, cuya pretensión es sencillamente inculpar". Según los populares valencianos, se ha "rebasado el límite de lo admisible en el uso torticero y oscuro de las instituciones del Estado", por lo que el partido usará todos los "instrumentos" del Estado de Derecho "para poner fin a lo que considera una "campaña estatal orquestada por el Gobierno socialista" para dañar su imagen.
www.elpais.es 10.05.10
TRILLO PLANTEA A MAGISTRADOS DEL SUPREMO SALVAR A CAMPS Y EL PP INDULTARÍA A GARZÓN 
En la recta final de las consideraciones y reflexiones de los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acerca de la suerte judicial que correrá el presidente Francisco Camps —cuyo futuro en los tribunales se decide mañana—, en el PP han hecho algo más que cábalas y especulaciones sobre los escenarios que se plantearán en función de si se decide archivar o reabrir la causa de los trajes. El ex ministro de Defensa y actual portavoz popular de Justicia, Federico Trillo, no ha dejado de moverse por todos los terrenos en los que directa o indirectamente hay quien tiene voz y voto para dilucidar si los 12.783 euros en trajes que le regalaron tres empresas de la trama Gürtel suponen un delito de cohecho impropio pasivo, tipificado en el artículo 426 del Código Penal.  
Trillo ha llegado a plantear a magistrados del Supremo la posición política de un PP que pretende que se exonere a Francisco Camps de un presunto delito que políticamente supone una losa —dado que afecta a la línea de flotación de la honorabilidad del presidente— que bien podría sepultar la carrera política del jefe del Consell. A cambio, el hombre que lleva la batuta del PP en los asuntos judiciales y cuya influencia en todos los sectores conservadores de la justicia es más que evidente, ha trasladado la disposición de su partido a aflojar la presión política en las causas que afectan al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que es quien arrancó la instrucción del caso Gürtel y ordenó a la policía judicial entrar en las sedes de las empresas el 6 de febrero de 2009.  
Además de haber estado en el centro de la polémica y de habérsele anulado algunas de las escuchas que ordenó en este caso, Garzón tiene otros dos asuntos pendientes que se están instruyendo en el Supremo: los cursos que el juez estrella dio en Estados Unidos, subvencionados por el Banco Santander (su presidente Emilio Botín declarará el día 19), y la causa que abrió el magistrado para investigar los crímenes del franquismo, un asunto que instruye el magistrado Luciano Varela. 
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidirá mañana si archiva definitivamente el presunto cohecho impropio, que pesa también contra el ex vicepresidente Víctor Campos o Rafael Betoret, que fue jefe de gabinete de la entonces consellera de Turismo, Milagrosa Martínez. Estos dos, Ricardo Costa —ex secretario general del PP— y el presidente Camps fueron obsequiados con trajes por 34.900 euros pagados por Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, tres firmas del entramado de Francisco Correa. 
Federico Trillo-Figueroa no es un compañero más de partido para el presidente Francisco Camps. La relación entre ambos políticos es de una complicidad absoluta. El diputado por Alicante le debe al presidente precisamente eso: ser diputado por Alicante. Una plaza muy solicitada, que viene siendo ocupada por un cunero —es de Cartagena— que apenas tiene actividad política en esa provincia. El jefe del Consell, por su parte, nunca le estará suficiente agradecido a Trillo por la rapidez con la que siempre acude al auxilio cuando Camps está en apuros. Ya sea por los pulsos que mantuvo con Eduardo Zaplana o por las contingencias judiciales que acechan al presidente. Ambos comparten, además de partido, familia política. Uno y otro son destacados dirigentes del sector cristiano, cuyo peso en el PP es más que evidente. 
(www.levante-emv.com, 11/05/10)
EL EX MINISTRO COSTA SE DESMARCA DE NUEVO DE GÉNOVA Y EXIGE A CAMPS "EXPLICACIONES", AUNQUE SEA "INCÓMODO" 
Juan Costa, ex ministro de Ciencia y Tecnología y diputado por Castellón, ha vuelto a romper la aparente unidad del Partido Popular para convertirse en la piedra en el zapato de Francisco Camps, presidente de la Comunidad de Valencia que estuvo imputado en el caso de los trajes hasta el verano pasado. A la espera de que el Tribunal Supremo decida si reabre el trajegate, un fallo que llegará mañana, Costa ha recordado a Camps que un político tiene “la responsabilidad de dar explicaciones” aunque “a veces resulte incómodo”. “A veces no es lo que más te apetece” pero es ésta la “responsabilidad más clara que distingue a un responsable político de los ciudadanos”, ha enfatizado Costa, quien se ha pronunciado en términos similares en los últimos meses. El ex ministro, una vez más, se ha desmarcado de Génova, que ha cerrado filas con su barón valenciano “diga lo que diga la Justicia” según la posteriormente matizada versión de Mariano Rajoy.  
Juan Costa, ex ministro de José María Aznar y hermano de Ricardo Costa, ex secretario General del PP Valenciano purgado por el caso Gürtel a finales de octubre pasado, ha roto la aparente unidad en torno a Francisco Camps para exigirle “explicaciones” aunque ello pueda resultar “incómodo”.
Sin manos en el fuego 
El diputado ha explicado que no tiene “ninguna duda” sobre “la honradez personal y política de nadie hasta que se demuestre lo contrario”, aunque también ha advertido de que “nunca pone la mano en el fuego por nadie”. Costa ha mostrado su deseo de que Camps “tenga la posibilidad de mostrar o de validar sus responsabilidades políticas en la Comunidad Valenciana”, recoge Europa Press.
Matizando a Rajoy 
A pesar de ello, ha matizado el respaldo incondicional de Mariano Rajoy al presidente valenciano, algo que ya hizo ayer el propio Rajoy. Si el pasado 6 de mayo, el líder popular sostuvo que “Camps va a ser el candidato del PP en las próximas elecciones, diga lo que diga la justicia", hoy Costa ha sostenido que esas palabras “no se interpretaron de manera correcta”.
El “toque” del CIS 
Cabe mencionar que el ex ministro, que hace tres semanas exigió a la cúpula del partido reclamar responsabilidades por la Gürtel sin “discriminación”, también se ha desmarcado de la postura oficial respecto a la última encuesta del CIS. Ayer salió a la luz que, según este sondeo, el PSOE recortaba hasta 1,5 puntos la ventaja electoral del PP. Este partido reaccionó cuestionando el “sesgo filosocialista” del estudio demoscópico. No obstante, hoy Costa ha considerado el sondeo “un toque de atención a nivel personal”. “Creo que no es una encuesta positiva”, ha valorado, invitando al partido a “sacar conclusiones” y a “mantener el reto” de “ganarse todos los días la consideración alternativa por parte de la opinión pública”. 
(www.elpais.com, 11/05/10)
RAJOY MATIZA SUS PALABRAS SOBRE CAMPS Y LA JUSTICIA 
El líder del PP, Mariano Rajoy, aclaró este lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP las palabras que él mismo pronunció el pasado jueves de apoyo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, alegando que se habían malinterpretado, informaron fuentes conservadoras. 
Además, quiso dejar claro que respeta y acata las decisiones judiciales. Rajoy indicó que apoya a Camps y que será el candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas y a renglón seguido, añadió que lo será aunque la Justicia "diga lo que quiera" el próximo día 12. Estas palabras provocaron una oleada de críticas, sobre todo en las filas del PSOE, que acusaron al presidente del PP de no respetar las decisiones judiciales. 
Este mismo lunes por la mañana, el presidente fundador, Manuel Fraga, señaló que, aunque fue una respuesta "improvisada" pero que se podía "mejorar". A puerta cerrada, ante la plana mayor del PP, Rajoy aseguró que quería tomar la palabra para aclarar este extremo porque no quería que se hiciera una interpretación incorrecta de sus declaraciones. 
Además, quiso dejar claro que se refería a la reunión que tendrá el Supremo el día 12 de mayo —si archiva o reabre el caso de los trajes presuntamente regalados por la trama— y no se refería a la decisión final que tomará la Justicia. 
Al término de la reunión, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, indicó que Rajoy ha asegurando que sus palabras "descontextualizadas producían interpretaciones incorrectas" y que quería "reafirmarse en su acatamiento al 100 por cien" a las decisiones que tome la Justicia. "Creemos en el Estado de Derecho y la Constitución, que garantizan la independencia judicial", agregó.  
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no acudieron hoy a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional porque a esta misma hora asisten en Valencia a la presentación de un modelo del coche Ford, que se fabricará en esta comunidad. 
Aguirre: "Camps es un hombre honradísimo"  
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, defendió hoy que las palabras del líder del PP, Mariano Rajoy, en apoyo a Francisco Camps fueron "sacadas de contexto", aunque quiso dejar claro que, a su juicio, el presidente de la Generalitat valenciana es "un hombre honradísimo" cuyo patrimonio "no ha aumentado" desde que está al frente del Ejecutivo autonómico.  
Aguirre hizo estas declaraciones frente a la sede central del PP a la salida del Comité de Dirección que reunió a la plana mayor del partido, donde Rajoy tomó la palabra para realizar una aclaración de sus declaraciones de la pasada semana sobre Camps, al que dijo apoyar "diga lo que quiera la justicia". Rajoy defendió hoy que estas palabras fueron malinterpretadas y enfatizó el respeto de los 'populares' a las decisiones judiciales. 
(www.publico.es, 10/05/10)
FRAGA CRITICA A RAJOY POR SU APOYO A CAMPS 
La pretendida imagen de apoyo total a Camps promulgada por el PP en relación a una posible imputación por el caso Gürtel se resquebraja. Y lo hace por la punta de la pirámide del partido, su fundador Manuel Fraga, quien ha criticado severamente las palabras del presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que dijo que apoyaría a Camps "diga la Justicia lo que quiera".  
Para Fraga, esta declaración fue "claramente improvisada" y "se podía mejorar". Así lo ha reconocido a los periodistas el ex ministro de Franco y fundador del PP a la entrada de la reunión mensual del Comité Ejecutivo Nacional del partido.  
Rajoy apuntó el pasado jueves en declaraciones a Onda Cero que "lo de los trajes", que relacionan al actual president de la Generalitat con la trama Gürtel, no se lo creía y que le apoyaría a pesar de la decisión que tomaran los jueces. 
El ruido provocado por Fraga contrasta con el silencio del resto de dirigentes políticos que han acudido al Comité, al que no han asistido ni el propio Francisco Camps ni la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. 
Camps está pendiente de la decisión del Supremo sobre los supuestos regalos que recibió de la trama corrupta, algo que podría marcar su futuro político. De ser imputado, el president de la Generalitat valenciana podría verse apartado de su cargo. 
(www.elpais.com, 10/05/10)
RAJOY AGUANTARÁ A CAMPS LO QUE HAGA FALTA 
Algo ha cambiado en las últimas horas en la calle Génova, la sede central del PP. El lunes, en la reunión de maitines, donde en las últimas semanas siempre hay un apartado para tratar el caso Camps, los dirigentes lo veían muy negro. Las informaciones que les llegaban decían que el Tribunal Supremo, que el miércoles debe decidir si archiva definitivamente el caso de los trajes o fuerza la imputación del presidente valenciano, iba a fallar en contra de Camps. 
La sala que debe tomar esta decisión está compuesta por cinco jueces. Dos conservadores, dos progresistas y uno, el ponente, de la asociación moderada Francisco de Vitoria. El PP temía un 3-2 en contra de Camps. 
El PP asume que los dos conservadores exculparán al presidente. De hecho, dentro del partido varias fuentes coinciden en que Federico Trillo, portavoz de Justicia y contacto del PP en el mundo judicial, ha transmitido esa idea con una seguridad prácticamente total. Más miedo le tienen al moderado, que haría el desempate en contra de Camps. 
El auto del juez Flors, que pidió mandar a juicio a Camps, y el voto particular del juez Montero, también del Superior de Valencia, pesarían en esta decisión. Y sobre todo la idea de que un archivo implicaría dejar sin efecto un artículo del Código Penal, el 426, el del cohecho impropio. 
Sin embargo, a mitad de la semana pasada llegó una información nueva, según varios dirigentes de la cúpula consultados. Parece que la presión que está ejerciendo el PP, que nadie niega en privado, habría hecho efecto y podría haber una resolución positiva para ellos. Fue esa información, que llegó directamente a Rajoy, la que le hizo mojarse el jueves en una entrevista en Onda Cero. "Camps será el candidato. Diga la justicia lo que quiera". 
Esta frase, que hasta los más marianistas consideran desafortunada, e incluso temen que influya negativamente en la decisión ya que puede enfadar a los jueces, tenía un significado, según portavoces de Rajoy: Camps será el candidato aunque lo imputen. 
El asunto, con la tranquilidad de saber que la derrota en la Comunidad Valenciana en 2011 es imposible y hay muchos sustitutos para Camps, insisten en Génova, ha sido tratado tanto en maitines como en reuniones de estrategia del líder con su equipo más cercano. Y la conclusión a la que llegan todos los que han escuchado a Rajoy es la misma: el líder del PP aguantará a Camps todo el tiempo que haga falta. En ningún caso le pedirá que se vaya. Eso sí, le dejaría marchar si él decidiera dimitir, algo que Rajoy considera probable si hay fallo negativo, según personas de su entorno. 
El líder del PP ha hecho lo mismo con todos los imputados de Gürtel, incluso con Luis Bárcenas, el tesorero. Rajoy no le pidió en ningún momento el escaño. Le apoyó públicamente, confió en que la presión pudiera con él, y al final, un año después de que apareciera implicado, Bárcenas se rindió y dejó la política. 
El caso de Camps, sin embargo, es muy diferente. Rajoy tiene un compromiso personal con él muy fuerte. Fue uno de sus grandes apoyos en los momentos difíciles, y con ninguno de los implicados en Gürtel se ha mojado tanto. Llegó incluso a abrir la temporada política con él en la plaza de toros de Valencia. 
Ahora, explican los marianistas, la situación es diferente. Rajoy, dicen, habla de Camps con preocupación por su estado anímico. Todos ironizan con los mensajes privados que manda el valenciano, siempre cargados de pasajes líricos o épicos, tanto que en Génova ya se le apoda "el poeta", y comentan con preocupación su insistencia en no ofrecer explicaciones claras del caso. 
Aun así, Rajoy está firmemente decidido a apoyar a Camps contra viento y marea, y esperar a que sea él quien decida qué hacer con su futuro. Todos los dirigentes asumen que Camps es lo que se define como un muerto político, pero aun así, si Rajoy y él quieren, podría llegar a las elecciones y ganar. "Sería como el Cid Campeador, que ganaba las batallas después de muerto", explica gráficamente uno de los miembros de la cúpula consultados. 
Para Rajoy, la decisión del miércoles es clave. Aunque se archiven los trajes, quedan escándalos mucho mayores, como el de la financiación ilegal, los contratos troceados o la visita del Papa. Pero los marianistas creen que si el Supremo archiva, la causa en Valencia irá disolviéndose como un azucarillo y Camps no será en ningún caso imputado de nuevo. Así podrá presentarse a las elecciones, ganarlas, y tal vez luego buscar alguna salida, confían en Génova. 
LOS APOYOS DE RAJOY A CAMPS 
- 19 de febrero de 2009. Acto en A Coruña. "Camps es un dirigente ejemplar, que cuenta con el pleno apoyo del PP". 
- 2 de julio de 2009. Plaza de Toros de Valencia. "Estoy a tu lado, detrás de ti, delante de ti o donde haga falta". 
- 15 de julio de 2009. Foro Abc de Málaga. "Yo creo que Camps ha pagado sus trajes. Es absurdo que un presidente de una comunidad autónoma pueda venderse por unos trajes". 
- 3 de agosto de 2009. Tras el archivo del caso Camps en Valencia. "¿Y ahora, qué digo yo? En realidad quien debería hablar es la Inquisición que hemos vivido aquí". 
- 6 de mayo de 2010. "Camps va a ser el candidato del PP en Valencia. Diga la justicia lo que quiera". 
(www.elpais.com, 10/05/10) 
EL BARÓN MENGUADO 
El 2 de junio del año pasado, en plena campaña de las elecciones europeas, la plaza de toros de Valencia reventaba de emoción arropando al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, al que el fiscal, cuatro meses antes, había implicado en la trama Gürtel. Todos los oradores compitieron por ser los campeones en el elogio hacia el compañero herido por lo que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, definió entonces como "una campaña vil y porcina". La palma se la llevó el ex ministro del Interior y número uno de la candidatura del PP al Parlamento Europeo. Jaime Mayor Oreja dijo: "Camps es el más honorable de todos los valencianos y de todos los españoles". Más circunspecto, el líder nacional de los populares, Mariano Rajoy, afirmó: "Querido Paco, yo creo en ti, siempre estaré detrás de ti, delante o al lado, me da igual". Tres meses después, en septiembre, con el caso ya archivado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pese a que los jueces habían concluido que los regalos de los trajes habían existido, Rajoy volvió a volcarse con Camps en otro acto en la plaza de toros de Valencia. 
El presidente del PP, en esas fechas, apostaba por la teoría de la persecución: "Los socialistas son los grandes derrotados, ni en política ni en la vida vale todo, y la gente se ha dado cuenta. Si vuelven a las andadas, daremos la batalla y las ganaremos". El caso Gürtel no era el resultado de las investigaciones de un juez, de la fiscalía ni de la policía, era una "cacería despreciable", en palabras de Rita Barberá, siempre tan tremendista en sus manifestaciones de afecto hacia Camps. 
Seis meses después, el cariño político de Rajoy se había reducido sensiblemente. En marzo de este año, en plena semana fallera, el PP eligió Valencia para celebrar su convención sobre el empleo. Camps y el presidente de los populares volvieron a coincidir, pero esta vez Rajoy no tuvo una palabra de elogio para el presidente valenciano. Un escueto "gracias, Paco, gracias" fue todo lo que se le escuchó. ¿Qué había pasado en ese lapso de tiempo? El TSJ valenciano había archivado el caso de los trajes; pero la trama Gürtel lo inundaba todo. La dirección nacional del PP exigía que Ricardo Costa, secretario general en la Comunidad Valenciana, asumiera la responsabilidad política; pero Camps defendió hasta el final al que era su número dos. Al final tuvo que ceder. Pero en el tira y afloja Rajoy se puso de perfil -ni al lado, ni detrás ni delante-, y las relaciones con la secretaria general, María Dolores de Cospedal, se enfriaron notablemente. El que fuera barón territorial rampante con notables posibilidades de dar el salto a la política nacional se había quedado en barón menguado. La estrella de Camps declinaba mientras que en Galicia se alzaba la de Núñez Feijóo. 
El próximo miércoles se decide buena parte del futuro político del presidente valenciano. Ese día el Tribunal Supremo decidirá si acepta los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y de los socialistas o si, siguiendo la tesis del Tribunal Superior de Valencia, exonera a Camps del delito de cohecho pasivo impropio. Los populares valencianos, oficialmente, apuestan por esta segunda posibilidad; pero el hecho es que desde hace tiempo vienen trabajando sobre la hipótesis de que se produzca la primera y, al final, su líder tenga que sentarse en el banquillo de los acusados, solo o en compañía de otros, frente a un jurado popular. El respaldo ilimitado que Rajoy ofreció a Camps el pasado jueves -"Diga la justicia lo que quiera. La justicia no va a condenar al señor Camps el día 12. Va a ser el candidato en las próximas elecciones en Valencia"- es visto con un cierto escepticismo en no pocos sectores del PP valenciano, que establecen un paralelismo con lo ocurrido con el ex tesorero Luis Bárcenas: "Rajoy no es de los que echan a la gente, prefiere que se vayan", afirma una fuente del partido, que se pregunta si el líder nacional será capaz de aguantar durante semanas las imágenes de un presidente de la Generalitat sentado en el banquillo acompañado, muy probablemente, por Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell. 
Las palabras de Rajoy actuaron como un bálsamo sobre el equipo más cercano al presidente valenciano, pero no despejan la incertidumbre sobre el futuro. Desde que estalló el "caso Gürtel", un vacío de poder se instaló en la Comunidad Valenciana. La propia portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, lo reconoció indirectamente al dar la referencia del pleno del gobierno autonómico el pasado viernes: "Me gustaría retomar el pulso y centrarnos en las cuestiones que interesan a los ciudadanos". Gürtel mantiene paralizado el Gobierno de una comunidad donde el paro alcanza el 23% de la población activa. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Francisco Pons, lo dijo alto y claro el pasado miércoles, al lamentarse del "desconcierto social y la ausencia de un liderazgo robusto". 
La apariencia de normalidad que intentan presentar los portavoces del PP y de la Generalitat es pura ficción. La agenda del presidente este último año ha sido tan larga en sus viajes al extranjero como corta su presencia pública en la Comunidad Valenciana, donde se niega a responder sistemáticamente a los periodistas. La tensión con la que el PP vive estos días se comprueba en las decisiones que toma. En los últimos días ha vetado cinco iniciativas de la oposición para tratar cuestiones relacionadas con la Gürtel, alegando que contenían "juicios de valor", y ha presentado una proposición no de ley para reprobar al portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, por sus constantes denuncias sobre la corrupción. 
Pero lo que desató por completo los nervios del equipo presidencial fue un titular del periódico conservador Las Provincias en el que se afirmaba: "Génova pide a Rita Barberá que sea la sucesora de Camps si es imputado". Ese mismo día se tocó a rebato desde el palacio de la Generalitat. Alcaldes, diputados, senadores, concejales salieron en tromba a reivindicar la figura del presidente. Las presiones llegaron hasta el mismo Mariano Rajoy, cuyas declaraciones sirvieron para serenar los ánimos. 
La tensión no ha desaparecido. En el PP están convencidos de que, con independencia de lo que ocurra el próximo día 12, sus problemas no habrán concluido. La instrucción que lleva adelante el magistrado de la Audiencia Nacional, Antonio Pedreira, abarca tres procesos que afectan de lleno a los populares y al Consell: presunta financiación irregular del PP, las adjudicaciones a Orange Market de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur y las cuentas de la Fundación que gestionó la visita del Papa a Valencia. De las tres causas, esta última es la que más preocupa. 
Pero esta será una historia que seguirá al día 12. Ahora, el debate interno en el PP se centra en el posible sustituto de Camps si este, finalmente, resulta imputado por el Supremo. Descartada la alternativa de unas elecciones anticipadas, que sólo beneficiarían a los socialistas, el recambio del actual presidente hay que buscarlo entre los actuales diputados autonómicos. Y ahí aparecen tres nombres con fuerza: la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien, pese a negar sistemáticamente su condición de aspirante, es la que cuenta con más probabilidades; el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, que cuenta con apoyos en alguna provincia, y el vicepresidente económico, Gerardo Camps, que es persona muy valorada por Mariano Rajoy. 
La sucesión, si es que llega a producirse, no será fácil ni cómoda para el presidente nacional del PP. Camps no tiene la menor intención de dejar el cargo. Está tan convencido de su inocencia que no presentará fácilmente su dimisión. Rafael Blasco, consejero de Solidaridad y Ciudadanía y portavoz del grupo parlamentario, lo ha dicho muy claramente: "A Camps no lo quitan ni con agua caliente". No lo va a tener fácil Rajoy si el Supremo reabre el caso de los trajes. 
(www.elpais.com, 10/05/10) 
EL PP LO FÍA TODO A QUE CAMPS DIMITA SI RESULTA IMPUTADO 
Los dirigentes del PP llevan una semana movilizándose en público por el president de la Generalitat, Francisco Camps. Han sido varias las voces que se han elevado para defender que repita como candidato en las próximas elecciones autonómicas de 2011. Entre ellas, la más poderosa, la de su jefe de filas, Mariano Rajoy. El presidente de los conservadores salió a su rescate, como en otras muchas ocasiones, pero esta vez fue más lejos que nunca en su aval: "Que diga la Justicia lo que quiera. No va a condenarlo el 12". Ese día el Tribunal Supremo decide si reabre o no la causa por los trajes contra Camps.
Pero si lo imputan, son muchos los dirigentes del PP que esperan que dimita de forma inmediata. Diputados, senadores, cargos territoriales e incluso algunos miembros del comité de dirección piensan que sería "la mejor salida". Es lo que se dice en privado. Un mensaje que esperan que le llegue a Camps, aunque nadie se lo va a decir a la cara. La consigna es otra: cierre de filas. Algo que se volverá a visualizar hoy en el comité ejecutivo nacional.  
En la formación conservadora consideran todos los escenarios posibles. Si finalmente no prosperan los recursos de la fiscalía y del PSOE valenciano, le aconsejan que convoque elecciones anticipadas o remodele su Consell. En la Comunitat Valenciana creen que debería acometer "una profunda limpieza" que le permitiera entrar en campaña aguantando los envites de la oposición.  
Pero si al final el alto tribunal lo imputa por un delito de cohecho impropio, Camps tiene dos caminos: o aguanta, adoptando alguna de las decisiones anteriormente mencionadas, o se va entre la presión mediática y la que ejerza la sede nacional. 
La mayoría preferiría que optara por esta última opción. Todo con tal de no tener que padecer el mismo calvario que soportaron con el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas. A nadie se le ha olvidado aún la agonía y el desgaste que sufrió el Partido Popular durante más de un año: desde que estalló el caso Gürtel hasta que el responsable de las cuentas rompió todas las correas que le mantenían atado a la formación de Rajoy. 
Los que conocen bien a Camps se muestran convencidos de que, si se reactiva el proceso, se aferrará al cargo como ha hecho durante todos estos meses. Piensan que seguirá proclamando su inocencia y defendiéndose en su cruzada contra el mundo. Pero todos saben que ha sufrido un desgaste personal importante. Le ven "tocado" y no descartan que, con su nombre copando de nuevo todos los titulares, acabe "hundido". 
Para protegerse, el presidente valenciano recurrirá al libro de estilo del PP. Para empezar, podrá recordar el caso de su compañero de filas, el líder del PP de Canarias, José Manuel Soria. El vicepresidente canario estuvo imputado durante más de medio año por el caso Salmón, un asunto que finalmente terminó siendo archivado. También puede poner en evidencia la situación del presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, que se ha visto implicado en numerosos delitos y nunca se la ha exigido el cargo. De hecho el próximo 21 de mayo tiene que ir a declarar para explicar el origen de los cerca de cinco millones de euros ingresados en metálico y en cheques en diferentes cuentas a su nombre y de su familia, según se desprende de un informe elaborado por Hacienda. 
Pero ninguno de los dos son el presidente de una comunidad autónoma. Y Camps olvida, además, que tiene otros asuntos pendientes en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: el informe policial en el que se habla de la supuesta financiación ilegal del PP valenciano y de las relaciones de la Generalitat con la empresa Orange Market, en el que se incluyen las adjudicaciones de Fitur y todo lo relativo a la visita del Papa. Precisamente por este último tema también se podría ver salpicada una de las personas de las que siempre se habla cuando se estudia su posible recambio: la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ya que el ayuntamiento es miembro de la fundación que organizó el evento. 
Para cubrir este flanco, Camps ya ha empezado a urdir su estrategia. En el último pleno de Les Corts, contraatacó diciendo que todo era "infundado" y que contaba con un informe de la Abogacía de la Generalitat que desmontaba "punto por punto" que los contratos con la trama de corrupción fueran irregulares.  
Para un Consell paralizado y herido, las palabras de Rajoy fueron un bálsamo. En el partido, sin embargo, no todo el mundo las comprendió. Les chocó que blindara de ese modo a Camps después de haberle oído decir en una reunión que no está dispuesto a tolerar ni conductas delictivas ni comportamientos reprochables. Pero los que rodean al líder del PP señalan que fue una respuesta para ganar tiempo e infundir tranquilidad a los suyos. Además, recuerdan que Rajoy también apoyó siempre a Bárcenas porque considera que su obligación es defender la presunción de inocencia. 
Hay quien sospecha que el presidente del PP maneja información privilegiada de que el Supremo dará carpetazo a toda esta historia. Si no, no se explican su contundencia, aunque sea por lealtad. Para la mayoría de cargos del PP sería "insostenible" que Camps fuera juzgado. "Un gran marrón", reconoce un diputado. 
El PP valenciano se ha movilizado por su presidente. Comunicados y manifestaciones de respaldo absoluto: "Totalmente con él", dice más de uno. Pero lo cierto es que todos, todos, no. Hay un sector que considera que Camps no debería repetir en ningún caso como candidato y van extendiendo la idea. Los conservadores observan que algunos de sus compañeros están "enredando", aprovechando la "debilidad" de la formación a nivel regional. Por lo visto, esta ha visto mermada su interlocución con la nacional y los tres presidentes provinciales Carlos Fabra (Castellón), Alfonso Rus (Valencia) y José Joaquín Ripoll (Alicante) aprovechan para velar por sus intereses. 
CRONOLOGÍA DEL PROCESO JUDICIAL 
19 febrero de 2009 
Se publica que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, podría haber recibido trajes a cambio de favores a la trama de corrupción. Camps lo desmiente. 
20 de mayo 2009 
Camps declara como imputado por presunto delito de cohecho impropio en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana (TSJCV). Sale diciendo que está “muy contento”.  
3 de agosto de 2009 
La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV, que preside su “más que amigo” el juez De la Rúa, archiva la causa. La resolución contó con el voto particular del magistrado Juan Montero que cuestionó la interpretación dada al artículo 426 del Código Penal, referido al cohecho impropio, y dijo no estar “convencido” de que los hechos no constituyeran delito.  
(www.publico.es, 10/05/10)
TRES EMPRESAS RELACIONADAS CON GÜRTEL OPTARON A GESTIONAR LA BASURA DE LA NUCIA
relacionadas con la trama corrupta del caso Gürtel pugnaron por la multimillonaria contrata de La Nucia. Dos de las aspirantes (Fobesa, filial de Facsa y Cívica, de Ortiz e Hijos) están relacionadas con la supuesta financiación irregular del PP valenciano, y la tercera (Sufisa) con la rama madrileña de la trama.
El valor del contrato oscila entre 48 y 60 millones de euros
El Ayuntamiento, presidido por Bernabé Cano, del PP, ha adjudicado el contrato a Fomento Benicàssim Sociedad Anónima (Fobesa), una filial de Facsa, la mercantil de Enrique Gimeno implicada, según la Fiscalía, en la financió del PP. El valor de la contrata oscila a entre 48,3 y 60,5 millones, en función de su duración 20 o 25 años.
EL PAÍS, en su edición de ayer, recogía unas declaraciones del alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, del PP, en las que asegura que en 2003 Francisco Correa, el jefe de la trama Gürtel, le ofreció 350 millones de las antiguas pesetas si el Ayuntamiento adjudicaba la contrata de la basura a la mercantil Sufisa.
A la licitación de La Nucia concurrieron cinco empresas. Además de Fobesa, también presentaron su oferta la Unión Temporal de Empresas Cespa-Cívica, Fomento de Construcciones y Contratas (que gestiona la recogida de residuos en poblaciones cercanas como Benidorm, Polop o Finestrat), Sufisa y Urbaser, del grupo Dragados, la que había gestionado el servicio los últimos 10 años.
El procedimiento de adjudicación comenzó el 15 de enero de 2009. Tres semanas después, la policía registró la sede de Orange Market en Valencia y el 9 de febrero el jefe del Consell, Francisco Camps, fue a La Nucia para inaugurar el pabellón de la localidad.
La apertura de las plicas fue el 23 de marzo. Fobesa obtuvo 91,02 puntos, nueve más que Sufisa, 10 más que Urbaser y Cespa-Cívica y 12 más que Fomento, a pesar de que la oferta económica presentada por la mercantil que preside Enrique Gimeno era la segunda más baja, de 2,12 millones más IVA anuales frente a los 2,03 millones de la UTE en la que figuraba Ortiz. El 30 de julio de 2009 el pleno aprobó la adjudicación provisional del contrato a Fobesa, con los votos favorables del PP y la abstención de los tres concejales de la oposición.
La anterior adjudicataria, Urbaser, interpuso el 21 de agosto un recurso especial en materia de contratación por la adjudicación a Fobesa, que fue desestimado por el pleno el 24 de septiembre. El Ayuntamiento, a través de un portavoz oficial, aseguró ayer que la adjudicación de la contrata cumplió "escrupulosamente con la normativa actual en vigor".
www.elpais.es 08.05.10
RAJOY ASEGURA QUE CAMPS SERÁ EL CANDIDATO EN VALENCIA "DIGA LA JUSTICIA LO QUE QUIERA" 
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguró ayer que Francisco Camps "va a ser el candidato del PP en las próximas elecciones en Valencia". "Eso de los tres trajes yo no me lo creo", dijo Rajoy en una entrevista en Onda Cero. Preguntado sobre si mantendría el apoyo a Camps pese a ser imputado, afirmó: "Diga la justicia lo que quiera. La justicia no va a condenar al señor Camps el día 12", fecha en la que el Tribunal Supremo ha de decidir sobre los recursos de la fiscalía y de los socialistas valencianos contra el archivo del supuesto delito de cohecho pasivo impropio que habría cometido Camps al aceptar trajes regalados por la trama corrupta de Correa. "Yo voy a apoyar a Camps", señaló Rajoy, que negó haber tanteado la posibilidad de un posible recambio. Un portavoz de Rajoy aclaró que el sentido exacto de la frase se refiere a que para el líder del PP Camps será candidato aunque sea imputado el 12 porque cree totalmente en su inocencia. 
Las frases de Rajoy causaron gran conmoción en Génova, donde una gran mayoría daba por seguro, hasta hace unos días, que si Camps se sentaba en el banquillo, la dirección del partido tomaría decisiones radicales en Valencia, a pesar de que el barón valenciano había sido el gran apoyo del presidente del PP en los momentos más duros. "El discurso de Rajoy de que será implacable con la corrupción impide la inacción", señalaba un dirigente popular. Además, aunque nadie sabía con total seguridad lo que haría el presidente valenciano en caso de que se confirmaran los peores augurios, todos creían que finalmente dimitiría. 
Por otro lado, y pese a la preocupación de que un líder autonómico del peso de Camps sea imputado por corrupción, el PP respira con cierta tranquilidad, convencido de que cualquier candidato popular podrá conservar el poder en Valencia. La alcaldesa valenciana, Rita Barberá, se presenta como la sustituta más probable, aunque la propia Barberá ha apoyado en público la candidatura de Camps. Otros nombres que figuran en la lista son el del alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y el del secretario de comunicación del PP, Esteban González Pons. 
(www.elpais.com, 07/05/10)
LA TRAMA GÜRTEL SE LLEVÓ LA MITAD DE LO QUE GASTÓ CANAL 9 EN LA VISITA DEL PAPA 
La empresa pública Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) gastó 414.887 euros en pagar servicios extra que ya había contratado con la trama de corrupción del caso Gürtel a través de la empresa Teconsa para los actos de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Canal 9 adjudicó más de 14,5 millones de euros para cubrir ese acontecimiento sin que mediara concurso, bien por el procedimiento negociado sin publicidad, bien directamente a dedo. Más de la mitad fueron para la sonorización e instalación de pantallas gigantes, que se llevó Teconsa, en funciones de empresa tapadera, por 7,5 millones, un contrato del que la trama que dirigía Francisco Correa sacó más de un millón en comisiones ilegales. 
El sumario que instruye el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, permite reconstruir las irregularidades cometidas por la cadena pública, que dirigía Pedro García, íntimo amigo de Álvaro Pérez, a su vez cabeza visible de la trama en Valencia. Unas irregularidades que ayer esgrimió en las Cortes, en la sesión de control al presidente valenciano, Francisco Camps, el portavoz de los socialistas, Ángel Luna. "¿Cuántos chanchullos hay debajo de estas contrataciones?", se preguntó Luna, que insinuó que la trama de Correa no fue la única que se aprovechó del acontecimiento. "Gürtel no tenía el monopolio". 
Para apoyar esta sospecha, el diputado socialista reveló que, entre las 289 facturas de proveedores aportadas por RTVV al sumario, hay 50 de una misma empresa, encargada de la instalación de andamios. De esas facturas, 38 son por el mismo importe, 1.392 euros, y dos superan los 40.000 euros. Según Luna, eso abunda en la práctica del fraccionamiento de contratos para no convocar concursos. 
El contrato más suculento, el de la sonorización y pantallas, del que se benefició la trama, supuso un gasto extra para Canal 9 de 414.887 euros. El pliego de condiciones incluía contratar un seguro, pero la seguridad de las pantallas costó a RTVV 241.884 euros. Una empresa fue contratada para poner en marcha las pantallas por 98.775 euros. Canal 9 tuvo que destinar 20.416 euros a instalar transmisores en la zona para poder recibir la señal y colocó grupos electrógenos para alimentar las pantallas por otros 53.812 euros. 
(www.elpais.com, 07/05/10)
CAMPS CONTRAATACA CON UN INFORME DE LA ABOGACÍA Y DICE QUE TODO ES ´INFUNDADO 
A seis días de que el Supremo decida si reabre la causa de los trajes, el presidente Francisco Camps acudió ayer a las Corts para afrontar su última sesión de control antes del veredicto judicial. Pero lo hizo con una cara muy distinta a las de los últimos enfrentamientos. Ni entonces ni ayer el jefe del Consell dio explicaciones, pero si en las últimas sesiones incluso dio la sensación de que acusaba los golpes dialécticos de la oposición, ayer pasó al ataque. Hasta bromeó sobre el Club de la Comedia que suponen estas sesiones parlamentarias. Camps no contestó a las preguntas sobre lo que costó la visita del Papa a Valencia ni quién ordenó adjudicar masivamente a El Bigotes. En su lugar, asaeteó a preguntas a la oposición. Tanto que el portavoz socialista, Ángel Luna, exclamó: "El mundo al revés: la oposición trae los datos que debería dar el Gobierno y éste viene a pedir cuentas a la oposición". "De momento, al día de hoy, todas las denuncias, todos los informes son infundados", proclamó Camps. 
La afirmación la sostuvo apelando a un contrainforme del propio Consell, elaborado por la Abogacía General de la Generalitat, que "desmonta punto por punto" la investigación de la Oficina de Auxilio Judicial, desvelada la semana pasada por Luna y en la que se detalla que la mayoría de los 85 contratos de la trama revisados, por 7,3 millones, fueron irregulares. Camps apeló al "pretendido nacionalismo" del portavoz de Compromís, Enric Morera, para que crea más un informe de un funcionario autonómico que otro "de una oficina de la Administración central al servicio del Gobierno". Aunque obvió que el suyo está firmado por la Abogada General, Isabel Villalonga, que tiene rango de alto cargo y era secretaria de Turismo en los primeros encargos a Orange Market.  
Camps leyó parte de las conclusiones, en las que se critica "el alto grado de subjetividad y ausencia de rigor" por la "carencia de remisión a los preceptos legales que se consideran vulnerados o que prohíban las actuaciones" del Consell. Pero no ofreció el más mínimo detalle refutando las anomalías concretas que se denuncian. También esgrimió el auto del Supremo -en un proceso por un supuesto delito fiscal de Telecinco- que invalidó un informe de la Oficina de Auxilio Judicial al considerar que los funcionarios adscritos "quedan insertos en la línea de la acusación del Ministerio Público, con evidente interés en que la misma prospere, por lo que asumen la doble condición procesal de denunciante y perito", con lo que "su imparcialidad queda totalmente contaminada". Es el mismo auto que ha llevado al PP en Madrid a recurrir ante el juez Pedreira para anular el informe. 
Camps incluso se quejó de que desde que gobierna el PSOE el Tribunal de Cuentas requiere más información a la Comunitat que al resto de autonomías porque el órgano estatal, "desde que está en manos de los socialistas y de la izquierda", está "constantemente viendo a ver si hay algún problema, y no lo encuentran". Luna respondió después que la composición del tribunal se aprobó en 2001, gobernando Aznar, y el presidente, Manuel Núñez, fue ex ministro de UCD y ex diputado del PP. El socialista acusó a Camps de "atacar a las instituciones que sea" con tal de no dar explicaciones.

El síndic del PSPV denunció las centenares de adjudicaciones a dedo (ver página 4) con motivo de la visita del Papa, advirtió que "no sólo la trama Gürtel se aprovechó" del evento y lanzó al aire la pregunta: "¿Cuántos chanchullos hay debajo de estas contrataciones?"  
Camps sostuvo que cuando se produce una denuncia solicita un informe y, "de momento, al día de hoy, todas infundadas, informe por informe todos infundados y, además, tengo los informes que lo demuestran". Luego contestó que el socialista no tendrá "credibilidad" mientras no responda quién le dio el informe judicial de la visita del Papa, "por qué trabajó para una empresa a la que le dio la cuarta parte de las contratas cuando era alcalde y por qué hizo fraccionamientos en Alicante". Además, dijo tener un "nuevo dato" sobre el coste de la visita del Papa, "los 8.000 euros que se gastó el Gobierno en un local que no utilizó el presidente" Zapatero. Morera lo emplazó a "colaborar" con la Justicia y comenzó a enumerar los cargos que contrataron con El Bigotes, el dato que niega el PP al juez. Cuando nombró a la ex consellera de Turismo y presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez soltó: "¡Presente!" Los diputados del PP lo volvieron a aplaudir en pie. En el banco azul había cinco consellers ausentes. 
(www.elpais.com, 07/05/10) 
CAMPS INTENTA INVALIDAR LOS INFORMES DEL JUEZ PEDREIRA 
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, intenta invalidar los informes periciales que le vinculan con la trama corrupta y que forman parte del sumario del caso Gürtel. "Todas las denuncias son infundadas", aseguró en las Cortes Valencianas. "De momento, a día de hoy, todas infundadas. Informe por informe, todos infundados y, además, tengo informes que lo demuestran", añadió. 
Camps, interpelado por los portavoces socialista y del grupo Compromís, no quiso revelar cuánto dinero costó la visita del Papa. Y tampoco se comprometió a facilitar a la oposición los documentos de las contrataciones de la Generalitat con la trama. Por el contrario, puso el énfasis en invalidar el informe de la Unidad de Auxilio Judicial al TSJ de Madrid en el que se afirma que 17 departamentos de su Gobierno firmaron 85 contratos con firmas de la red corrupta incumpliendo las normativas. 
Para Camps, el informe de la Unidad de Auxilio Judicial remitido a Pedreira no tiene rigor porque fue elaborado "por un funcionario del Gobierno central y carece de remisión a preceptos legales concretos que se consideran vulnerados, lo que evidencia su alto grado de subjetividad y ausencia de rigor". "Es intolerable", dijo Camps, que avaló su argumento con un informe elaborado por la Abogacía de la Generalitat y una sentencia del Tribunal Supremo que invalidó unos informes por estar redactados por "un órgano de auxilio del acusador público" en un caso de delito fiscal. 
El presidente valenciano esgrimió, además, la teoría de la persecución al asegurar que el Tribunal de Cuentas, "en manos de los socialistas y de la izquierda", pide más explicaciones a su Gobierno que a otras autonomías "pero nunca encuentran nada". 
Por su parte, el portavoz de los socialistas valencianos, Ángel Luna, criticó a Camps por "atacar a las instituciones que sean", aunque "no estén ni muchísimo menos en manos de la izquierda" para "evitar tener que dar explicaciones" del caso Gürtel. Para Luna, las críticas de Camps son un hecho "inusitado", porque "ha acusado al Tribunal de Cuentas de España de estar en manos de la izquierda". En este sentido, apuntó que el Tribunal de Cuentas de España"fue elegido por mayoría cualificada del Congreso y del Senado en el año 2001", siendo presidente del Gobierno, con mayoría absoluta, José María Aznar. 
(www.elpais.com, 07/05/10)
CAMPS INTENTA ACALLAR LAS CRÍTICAS DEL SOCIALISTA LUNA EN LAS CORTES 
Que el Gobierno valenciano manifieste que no le gusta lo que dice la oposición parece lógico. Ayer dio un paso más al plantear ese disgusto en una proposición no de ley para que se vote en un pleno de las Cortes la reprobación del portavoz socialista, Ángel Luna, con la voluntad de acallar su voz crítica. El portavoz del PP, Rafael Blasco, lo anunció ayer y atribuyó a Luna -muy combativo contra la corrupción que salpica al presidente Francisco Camps y a otros cargos- una "actitud indigna", así como la formulación de "falsas afirmaciones e imputaciones sin base justificada que persiguen el descrédito del PP". 
La principal acusación contra Luna es haber esgrimido en un pleno un informe secreto del caso Gürtel. Luna respondió que la figura de la reprobación "no existe en el Reglamento", añadió que no piensa callarse y afirmó: "No creo que sea fácil encontrar, a lo largo de la historia del parlamentarismo democrático, y subrayo lo de democrático, muchos precedentes de actuaciones de grupos que gobiernan las Cámaras, con mayoría absoluta, dirigidas a controlar y a reprimir a la oposición". 
(www.elpais..com, 06/05/10) 
CAMPS: ´TODAS LAS DENUNCIAS SOBRE GÜRTEL SON INFUNDADAS´ 
El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado hoy que todas las denuncias y todos los informes que ha planteado la oposición sobre el "caso Gürtel" son "infundados", y tiene un informe elaborado por la Abogacía General de la Generalitat que así lo demuestra. 
Camps se ha pronunciado así en el pleno de Les Corts Valencianes, donde la oposición le ha preguntado sobre la relación del Gobierno valenciano con empresas de la trama Gürtel y sobre la presencia de las mismas en la organización de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. 
El president ha acusado al portavoz socialista, Ángel Luna, de vivir en un mundo de "denuncias anónimas" y de informes que no se sabe "de dónde vienen" o que "no tienen ningún tipo de valor", como el de la Unidad de Auxilio Judicial sobre supuestas irregularidades en las contrataciones de la Generalitat con la trama. 
 Según ha dicho, el Supremo considera que los funcionarios que lo elaboraron "quedan insertos en la línea de la acusación del Ministerio público, con evidente interés en que la misma prospere", por lo que asumen la "doble posición judicial de denunciante y perito", y "su imparcialidad objetiva queda totalmente contaminada". 
Luna ha desvelado que en el sumario del "caso Gürtel" aparecen 289 facturas sobre la visita del Papa que reflejan que Radiotelevisión Valenciana pagó 14,5 millones de euros a empresas de la trama, sin un solo contrato por concurso público, y le ha preguntado "cuántos chanchullos hay debajo de estas contrataciones". 
(www.levante-emv.com, 06/05/10)
LA SINDICATURA TAMBIÉN PUSO REPAROS A LOS CONTRATOS DEL CONSELL CON GÜRTEL 
No sólo la Sindicatura de Comptes no ha exonerado al Consell sino que sus informes coinciden, a la hora de señalar irregularidades, con las conclusiones del informe de la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que reveló cómo se amañaron de forma generalizada los contratos de la trama de corrupción del caso Gürtel con la Generalitat entre los años 2004 y 2009. Los socialistas desmontaron ayer la coartada esgrimida por el presidente del Consell, Francisco Camps, y su Gobierno para eludir responsabilidades sobre las 85 operaciones de 17 departamentos del Consell por valor de 7,2 millones de euros con empresas de la red corrupta. El portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Ángel Luna, en una multitudinaria conferencia de prensa, dio todo tipo de detalles sobre los reparos que el organismo encargado de fiscalizar las cuentas de la Generalitat puso en su día, con el lenguaje "amable" característico de la institución, a las adjudicaciones autonómicas a la red que encabezaba Francisco Correa, cuando ni tan siquiera se sabía que la trama Gürtel existía y que estaba actuando como tal. 
Las dos primeras adjudicaciones a Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, cabeza de la red de corrupción en Valencia, centraron la comparecencia de Luna, que comenzó rebobinando el vídeo de la intervención de Camps el jueves pasado en las Cortes, cuando aseguró que la Sindicatura de Comptes ha fiscalizado a la Generalitat sin decir "absolutamente nada". Continuó con la explicación de que la gran mayoría de las operaciones con la trama no llegaron a ser fiscalizadas porque se trocearon por debajo de 12.000 euros, como contrataciones menores a dedo, que no se inscriben en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. Después se detuvo en el análisis de las adjudicaciones a Orange Market por parte de Vaersa en 2004 y de la Agencia Valenciana de Turismo, en 2005. Y acabó anunciando que los socialistas, que ahora son parte en la investigación del caso Gürtel que desarrolla el juez Antonio Pedreira en el TSJ de Madrid, pedirán al instructor que "solicite a la Generalitat certificación de qué contratos fueron analizados por la Sindicatura y con qué resultados". 
"Frente a la contundencia, concreción y precisión" de los informes judiciales y las acusaciones, explicó el portavoz socialista, el PP y el Consell se defienden con "descalificaciones genéricas" y una apelación "falsa" a la Sindicatura de Comptes, que "no lo fiscaliza todo". Luna retó a los populares a desmentir uno a uno los hechos a la vista de los expedientes y se preguntó: "¿Cuántos Gürtel podrían estar durmiendo debajo de los expedientes que tiene ocultos el Consell desde que lo preside Francisco Camps?"Además de recordar que la Sindicatura en 2008 sólo estudió el 2,6% de los expedientes de contratación de la Generalitat (45 de 1.702) y que halló "incidencias" en 42 de ellos (el 93%), para dar una idea de las limitaciones del análisis de la gestión del Consell que realiza el organismo, Luna se remontó a los informes de fiscalización de 2004 y 2005 para señalar la "coincidencia sustancial" entre las situaciones detectadas por la Sindicatura de Comptes y los hechos denunciados por el informe de la Unidad de Auxilio Judicial al TSJ madrileño. 
En el caso de la empresa Vaersa, que dependía de Territorio y Vivienda, consejería entonces dirigida por Rafael Blasco, actual portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, la Sindicatura detectó, cuando otorgó a Orange Market su primer contrato con la Generalitat, "insuficiencia en la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia", "diversas insuficiencias en relación con los principios de buena gestión" y, una vez adjudicado el contrato, señaló que "no se ha ejecutado en su totalidad por incumplimiento del contratista". Sin embargo, la empresa de la trama corrupta sí cobró la mitad del contrato y la propia Vaersa asumió al final la responsabilidad del incumplimiento. El informe del TSJ de Madrid explica que si el incumplimiento hubiese sido por causas imputables al contratista, como recogía la Sindicatura, "podría haber dado lugar a la exigencia de responsabilidad y a la prohibición de contratar con la Administración". 
Por lo que se refiere al concurso para el pabellón valenciano en Fitur de 2005, que Orange Market logró sin prácticamente experiencia alguna en el sector, la Sindicatura coincide con el informe pericial en poder del juez Pedreira en que "la fórmula que la Agencia Valenciana de Turismo utiliza para ponderar la proposición económica no se adecua a los principios constitucionales de eficiencia y economía...". Por otra parte, deja indefinido el "criterio del precio". 
Luna asumió que a él le gustaría que la Sindicatura utilizara un lenguaje más explícito y tuviera más capacidad de actuación, pero señaló que, allí donde ha fiscalizado la relación del Consell con empresas de la trama Gürtel, ha detectado las irregularidades. 
El portavoz parlamentario del PSPV-PSOE acusó al PP de "fraude procesal" por su recurso contra la iniciativa del juez Pedreira de identificar a los responsables de los 17 departamentos de la Generalitat que contrataron con la trama Gürtel. El PP, que está personado como acusación popular, en tanto que supuesto perjudicado, "actúa como si fuese el abogado defensor de Correa, Crespo y los posibles imputados", señaló el diputado socialista, que añadió que la de obstaculizar la investigación es una "práctica habitual de Camps", quien decía en público, cuando estaba imputado por los trajes regalados por la red de corrupción, que tenía "unas ganas locas" de explicarlo todo y, al mismo tiempo, su letrado intentaba anular el procedimiento. Los socialistas tratarán de "recordar al magistrado el papel procesal del PP en este asunto", anunció Luna. 
(www.elpais.com, 05/05/10) 
DOS INFORMES Y UNA SOLA TRAMA 
- Vaersa: La Sindicatura de Comptes dijo que en el concurso, al que concurrieron únicamente tres empresas de la trama Gürtel, se produjo "insuficiencia en la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia". Posteriormente señaló que el contrato "no se ha ejecutado en su totalidad por incumplimiento del contratista". El informe de la Unidad de Auxilio Judicial al TSJ de Madrid detectó lo mismo y apuntó que "podría haber dado lugar a la exigencia de responsabilidad y a la prohibición de contratar con la Administración". 
- Fitur 2005: La Sindicatura de Comptes indicó que "la fórmula que la Agencia Valenciana de Turismo utiliza para ponderar la proposición económica no se adecua a los principios constitucionales de eficiencia y economía". El informe de la Unidad de Auxilio Judicial al TSJ de Madrid criticó "el poco peso que tiene la propuesta económica" y la falta de acreditación de "la solvencia técnico-profesional". 
(www.elpais.com, 05/05/10) 
LA SINDICATURA REVELA LAS IRREGULARIDADES DE CAMPS 
La Sindicatura de Comptes es el último muro de contención que utilizó Francisco Camps para defender su política de contrataciones de la marea negra de la Gürtel. Ayer se desmoronó. El portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, Ángel Luna, esgrimió en una rueda de prensa varios informes de esta entidad en los que reprende a la Generalitat por contratar de manera irregular a empresas de la trama. 
En 2008, la Sindicatura reconoció 1.702 contratos, de los que estudió 45 y detectó incidencias en 43, de las cuales 30 las calificó como "relevantes". Además, advirtió que el Gobierno de Camps le había ocultado al menos 27 expedientes. Unas cifras que, expuestas en su conjunto, "son graves" y representan "una banalización de las irregularidades", señaló Luna, quien comparó los informes de la Sindicatura con el del la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dio a conocer el pasado jueves y que desvela 7,2 millones en 85 adjudicaciones de la Generalitat a nueve empresas de Correa, entre ellas Orange Market, la mayor beneficiada y sucursal de la Gürtel en Valencia. 
Orange Market, en el 2005, cobró 119.500 euros por un documental sobre los contenedores de reciclaje que nunca editó. El contrato lo firmó con Vaersa, dependiente de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Fue la primera adjudicación a la Gürtel y, al igual que la Unidad de Auxilio Judicial, la Sindicatura señala que nunca debería haberse contratado a esta empresa.  
"Se produce insuficiencia en la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia" y otras irregularidades, indica. Lo mismo sucede con Fitur 2005, cuyo stand la Generalitat encargó a Orange Market. "La fórmula para ponderar la proposición económica no se adecúa a los principios constitucionales de eficiencia y economía", le reprocha la Sindicatura. Luna también recordó que la Generalitat, entre 2004 y 2008, troceó 76 contratos para poder adjudicar a dedo a empresas de la trama "y burlar a la Sindicatura", que no puede fiscalizar expedientes por debajo de los 12.000 euros.  
Por ello, y "ante la negativa del Consell a mostrar los contratos públicos, ¿cuántos Gürtel podrían estar durmiendo en los cajones de las consejerías desde que llegó Camps?", se preguntó Luna, que avanzó que pedirán al juez Pedreira que solicite a la Generalitat "los contratos analizados por la Sindicatura relacionados con la trama". 
Camps recibió el espaldarazo de nuevos dirigentes de su partido, movilizado desde que se especuló con su salida si el Supremo lo imputa. Su sustituta sería la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Un asunto que el vicepresidente del Consell, Vicent Rambla, calificó como "debate artificial porque Camps es el mejor candidato".  
(www.publico.es, 05/05/10) 
LOS SOCIALISTAS DESMONTAN LA EXCUSA DE CAMPS SOBRE GÜRTEL 
No sólo la Sindicatura de Cuentas (el órgano fiscalizador de las cuentas de la Generalitat) no ha exonerado al Consell, sino que sus informes coinciden, a la hora de señalar irregularidades, con las conclusiones del informe de la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que reveló cómo se amañaron de forma generalizada los contratos de la trama de corrupción del caso Gürtel con la Generalitat entre 2004 y 2009. 
Los socialistas desmontaron ayer la coartada esgrimida por el presidente del Consell, Francisco Camps, y su Gobierno para eludir responsabilidades sobre las 85 operaciones de 17 departamentos del Consell por valor de 7,2 millones de euros con empresas de la red corrupta. El portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Ángel Luna, dio todo tipo de detalles sobre los reparos que la sindicatura puso en su día, con el lenguaje "amable" característico de la institución, a las adjudicaciones autonómicas a la red que encabezaba Francisco Correa, cuando ni tan siquiera se sabía que la trama Gürtel existía y que estaba actuando como tal. 
Las dos primeras adjudicaciones a Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, cabeza de la red de corrupción en Valencia, centraron la comparecencia de Luna, que comenzó rebobinando el vídeo de la intervención de Camps el jueves pasado en las Cortes, cuando aseguró que la Sindicatura ha fiscalizado a la Generalitat sin decir "absolutamente nada". Continuó con la explicación de que la gran mayoría de las operaciones con la trama no llegaron a ser fiscalizadas porque se trocearon por debajo de 12.000 euros, como contrataciones menores a dedo, que no se inscriben en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. Después se detuvo en el análisis de las adjudicaciones a Orange Market por Vaersa en 2004 y de la Agencia Valenciana de Turismo, en 2005. Y acabó anunciando que los socialistas pedirán al instructor que "solicite a la Generalitat certificación de qué contratos fueron analizados por la Sindicatura y con qué resultados". 
(www.elpais.com, 05/05/10) 
EL PP VALENCIANO PROPONE "REPROBAR" AL PORTAVOZ SOCIALISTA POR SU DENUNCIA DE LA CORRUPCIÓN 
El partido del Gobierno reprobará al portavoz de la oposición en las Cortes Valencianas, el socialista Ángel Luna, que se ha distinguido por la denuncia sistemática de la corrupción que afecta a la Generalitat. Así lo ha anunciado hoy el portavoz del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, que ha presentado una proposición no de ley en la que se atribuye a Luna una "actitud indigna", así como "falsas afirmaciones e imputaciones sin base justificada que persiguen el descrédito del Partido Popular". La principal acusación que la proposición lanza al portavoz socialista es haber esgrimido en un pleno de la Cámara un informe sobre el caso Gürtel que en aquel momento estaba bajo secreto del sumario. 
Ángel Luna ha respondido de inmediato y ha recordado que la figura de la reprobación "no existe en el reglamento de las Cortes Valencianas". Ha añadido que no piensa callarse y ha interpretado que lo que pretende el PP es "desviar el foco de atención" sobre él. "Es como si en un juicio", ha comentado el diputado socialista, "en lugar de poner el foco sobre el presunto delincuente se desviara hacia el abogado de la acusación popular". En un escrito a la Mesa de las Cortes tras la propuesta de reprobación del PP, Luna afirma: "No creo que sea fácil encontrar, a lo largo de la historia del parlamentarismo democrático, y subrayo lo de democrático, muchos precedentes de actuaciones de grupos que gobiernan las Cámaras, con mayoría absoluta, dirigidas a controlar y a reprimir a la oposición por los fundamentos o los argumentos que utiliza en sus intervenciones parlamentarias". 
Por otra parte, Blasco ha desautorizado a Luna por su revelaciones del martes pasado de que los informes de la Sindicatura de Comptes, contrariamente a lo que alegaron Camps y su Gobierno, sí que señalan irregularidades en los contratos de la trama que fiscalizó (la mayoría de las 85 operaciones con la red de corrupción quedaron fuera porque se fraccionaron y los contratos menores no se inscriben en el Registro de Contratos de la Generalitat). El portavoz popular ha alegado que lo que explicó Luna sobre la adjudicación por Vaersa a Orange Market, cuando Blasco era el consejero del que dependía esa empresa, sobre concursos ficticios e irregularidades, es "absoluta y radicalmente falso". Blasco ha insinuado que Luna había usado un informe no definitivo de la Sindicatura al que no se habían incorporado las alegaciones del Consell 
Sin embargo, Luna ha respondido que ese informe, que es el definitivo y que está colgado en la web de la Sindicatura de Comptes, dice lo que dice. De todas maneras, ha zanjado, "que pongan el expediente encima de la mesa para que lo podamos ver todos y dejen de guardarlo bajo siete llaves". 
(www.elpais.com, 05/05/10)
CAMPS ESTÁ DECIDIDO A SEGUIR PESE A LO QUE FALLE EL SUPREMO  
"Con una simple imputación no se puede poner en peligro la estabilidad de una Generalitat que hoy revalidaría Camps con más respaldo que en las elecciones". La frase es de un importante dirigente del PP que tiene hilo directo con el jefe del Consell y avanza a la perfección la situación que puede producirse el 12 de mayo, si el Tribunal Supremo opta por que se reabra la causa de los trajes y la devuelve al Tribunal Superior de Justicia valenciano. Entre los populares no hay un debate público sobre esta temida eventualidad -ayer mismo la alcaldesa Rita Barberá contestó a los periodistas sobre la hipotética imputación que "no hay nada planteado en el PP" sobre esta cuestión- pero en privado todas las posibilidades se barajan. 
Y la respuesta, que se deriva de lo que el propio mandatario autonómico ha trasladado a los suyos, no puede ser más contundente. Si el 12-M se reabre el caso, Camps no dimitirá. El presidente, aseguran, lo hará por su entorno más cercano, por todo lo que en su opinión éste ha tenido que soportar durante los quince meses de temporal Gürtel a sus espaldas, para defender su honorabilidad y que no haya mancha de duda. El jefe del Consell sabe que una dimisión equivaldría a salir de la política valenciana por la puerta trasera.  
Por eso, en la sede del PPCV se preparan para resistir. También a las presiones de Génova. En caso de reabrise el asunto, Camps volvería a la situación de imputado, la misma que acabó provocando la renuncia de Bárcenas y Merino. A Rajoy le sería complicado explicar la diferencia de trato. Pero para los populares valencianos la causa de los trajes es un asunto menor. Cuestión distinta es que la investigación sobre la presunta financiación del partido cuajara. Dirigentes populares no ocultaban ayer su irritación por el rumor sobre una reunión entre la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, Javier Arenas y Ana Mato para preparar el relevo de Camps en caso de imputación el 12-M.  
"Estas informaciones no las mueve Génova, sino alguien de Génova", recalcan dirigentes del PPCV. Otras fuentes recuerdan que, aunque el Supremo devolviera el asunto a Valencia, la causa regresaría al juez Flors, pero todavía no habría juicio sino que se estaría todavía en las fases previas, entre ellas, la "vistilla" en la que las partes han de concretar las imputaciones y que también permite la vía de recurrir. Esto es, que todavía le quedarían a Camps "cartuchos" judiciales. Ganaría tiempo y eso, en política, a veces es crucial. Cuestión aparte será cuando el juez, en su caso, dicte juicio con jurado. Tras el fin de semana de desmentidos y comunicados (veinte dirigentes del PPCV salieron en defensa de Camps), ayer coincidieron en la inauguración de las instalaciones de Eresa Barberá y Camps. El presidente se fue sin hacer declaraciones. No así la alcaldesa, que recalcó que el posible relevo de Camps si se produjera su imputación "no existe" ni está "planteado" en el PP e insistió en que va a ser el "mejor candidato" en las autonómicas como "es ahora el mejor presidente que ha tenido la Comunitat". Además, dijo, "vamos a ganar encabezando él la candidatura con más todavía escaños de los que tenemos en este momento".
Es más, inquirida sobre la situación que produciría la posible imputación de Camps afirmó que no hay "nada planteado en mi partido" al respecto. "No hablo de hipótesis de trabajo, no sabemos nada, no me quiero meter en temas que no tengo ni idea de lo que va a pasar". Insistió en que no se ha reunido con ningún dirigente "ni personal ni presencial ni telefónicamente porque en mi partido el tema que se refiere a relevar al señor Camps no existe, no está planteado". "No hay nada", zanjó. 
(www.levante-emv.com, 04/05/10) 
COSPEDAL LO AVALA PERO AÑADE: ´EL 12-M HABLAREMOS´  
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que el presidente Francisco Camps cuenta con el respaldo de todo el PP y subrayó que es el "mejor candidato" para las elecciones autonómicas de 2011. El respaldo de Cospedal se vio, con todo, matizado cuando los periodistas le preguntaron qué ocurriría si el 12 de mayo el Supremo reabre la causa de los trajes. "El 12 mayo hablaremos el 12 de mayo", respondió. 
Es la misma incertidumbre que  dejó Cospedal en el aire el 19 de abril cuando, tras la renuncia de Bárcenas y Merino de sus escaños en Madrid, la secretaria general sostuvo que "el mejor candidato en la Comunitat, hoy por hoy, es Camps" pero luego apuntó sobre el 12-M que el PP esperará a que los magistrados tomen una decisión para dilucidar si entonces adopta otras. Camps, dijo ayer Cospedal, "no está imputado absolutamente por nada". "El 12 de mayo hablaremos el 12 de mayo, además se lo digo con toda la confianza y toda la firmeza". 
Ayer también, el vicesecretario general de Política Autonómica, Javier Arenas, uno de los supuestos participantes en la reunión para preparar el relevo de Camps, manifestó que el jefe del Consell cuenta con "todo el respaldo del PP y de toda la dirección nacional sin ningún tipo de excepción". La otra participante en el presunto encuentro, Ana Mato, vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, aseguró en un artículo en su blog que Camps "es el mejor candidato para Valencia" y se mostró convencida de que los ciudadanos volverán a depositar en él su confianza. 
(www.levante-emv.com, 04/05/10) 
LOS POPULARES APUNTALAN A CAMPS ANTE EL CERCO JUDICIAL DEL 'CASO GÜRTEL' 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se esforzaba ayer en dar sensación de normalidad. "Cada euro privado y cada euro público tiene que estar bien invertido", aseguraba en la inauguración de las instalaciones de la firma Exploraciones Radiológicas Especiales (Eresa), beneficiaria de la millonaria concesión de las resonancias magnéticas en la sanidad pública valenciana. Pero no era un día normal. La resaca de un fin de semana lleno de alarmas sobre su futuro, en el que los populares valencianos se vieron obligados a hacer exhibición de adhesiones incondicionales a su líder, daba paso a los pronunciamientos de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, del vicesecretario general de Política Autonómica y local, Javier Arenas, y, otra vez, de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, señalada como posible sucesora del jefe del Consell si se ve forzado a dimitir tras la decisión que adopte el Tribunal Supremo el próximo día 12 de mayo sobre el caso de los trajes regalados que recibió de la trama de corrupción del caso Gürtel. 
"Es el mejor candidato", dijo Cospedal, en referencia a las elecciones autonómicas del próximo año. "Y cuenta con todo el apoyo del partido". Aunque matizó que no es pertinente cualquier comentario sobre su porvenir hasta que se conozca la resolución del alto tribunal, que debe decidir si acepta los recursos presentados contra el archivo del caso de los trajes, lo que abriría la vía para imputar a Camps por cohecho, o ratifica la decisión que tomó en su día la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, por dos votos a uno, contra el criterio del juez instructor, José Flors. 
Arenas fue más concluyente que Cospedal al asegurar que Camps cuenta con todo el respaldo del PP y de la dirección nacional "sin ningún tipo de excepción" y aventurar que "va a seguir demostrando su inocencia y cuenta con el respeto y el afecto de todos". Barberá, que acompañó a Camps, en la visita a las instalaciones de Eresa, dijo que "no está planteado" su relevo."No hay nada planteado en mi partido, no hablo de hipótesis de trabajo", alegó Barberá, que se ha descartado reiteradamente estos últimos días como posible relevo de Camps. "No sabemos nada, no me quiero meter en temas que no tengo ni idea de lo que va a pasar". La alcaldesa de Valencia repitió que, en su opinión, Camps "es el mejor presidente que ha tenido la Generalitat" y añadió: "Vamos a ganar, encabezando él la candidatura, todavía con más escaños de los que tenemos en este momento". 
Sin embargo, las señales procedentes de la sede central del PP, en la madrileña calle de Génova, han sido insistentes este fin de semana. El presidente del PP, Mariano Rajoy, estaría dispuesto a prescindir de Camps, en el caso de que acabe imputado por cohecho, para ser coherente con sus promesas de actuar frente a la corrupción. El problema es que no está nada claro que el presidente de la Generalitat esté dispuesto a marcharse sin oponer resistencia. Además, Camps no está solo. La activación de la investigación judicial sobre la trama valenciana del caso Gürtel está salpicando a otros cargos públicos. Ayer mismo, el PP presentó un recurso contra el informe de la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que revela que hasta 17 departamentos de la Generalitat contrataron con las empresas de la red que dirigía Francisco Correa, actualmente en prisión. La red tenía como cabeza visible en Valencia a Álvaro Pérez, con una relación de amistad estrecha con Camps y a quien ha grabado la policía en conversaciones con dirigentes del PP y altos cargos del Consell. 
El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, se refirió al mar de fondo que se agita en la derecha valenciana y atribuyó la avalancha de apoyos a Camps al "tremendo nerviosismo de un Gobierno que va a la deriva, que está en crisis, y de un Partido Popular, el de la Comunidad Valenciana, que ha hecho directamente crac". El secretario general del PSPV-PSOE aprovechará la víspera del día en que está previsto que el Tribunal Supremo decida sobre el futuro de Camps para presentar su programa económico. La ejecutiva de los socialistas valencianos acordó ayer que la alternativa económica de cara a las próximas elecciones, su Programa para el saneamiento y la reforma de la economía valenciana, se presente el día 11 de mayo, en un acto que quieren dotar de fuerte repercusión. 
Los populares tratan de combatir el protagonismo mediático del caso Gürtel en varios frentes. Por una parte, martilleando en sus viejos temas del agua y los ataques el Gobierno central. Por otra, hurgando en las discrepancias internas de los socialistas. Hasta el extremo de que ayer la diputada Núria Espí denunció que la tertulia matinal de Canal 9, en lugar de hablar de Camps y sus problemas con los jueces, estuvo dedicada a especular sobre la posibilidad de que el PSOE decida un candidato a la Generalitat diferente de Alarte. "La noticia es absolutamente falsa", señaló Espí, "y la televisión pública la ha difundido de forma consciente, torticera y deliberada".  
El tercer frente para combatir el fuego del caso Gürtel es el del Parlamento, donde EU se quejó ayer de que el PP ha rechazado tramitar sendas comparecencias del consejero de Economía, Gerardo Camps, para hablar de los contratos de la trama y de la visita del Papa. De momento, el presidente del Consell tiene otra sesión de control en las Cortes en la que Ángel Luna pedirá explicaciones sobre la visita del Papa a Valencia en 2006, en cuyo trasfondo se movió la red de corrupción, y el portavoz de Compromís, Enric Morera, le preguntará "¿quién es el máximo responsable de que la Generalitat firmara 85 contratos con empresas de la trama Gürtel?". 
(www.elpais.com, 04/05/10) 
EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA NUCIA, AL SERVICIO DE LA GÜRTEL 
Nuevos datos aportan aún más sombras a las conexiones entre el Ayuntamiento de La Nucia (Alicante), gobernado por Bernabé Cano, del PP, y la trama Gürtel para, presuntamente, obtener contratos de las administraciones, blanquear dinero y cobrar comisiones de empresarios que, según la investigación, financiaron ilegalmente al partido. ¿Por qué Orange Market presentó la oferta para construir el pabellón valenciano de Fitur de 2006 en el registro de entrada de La Nucia el lunes 31 de octubre de 2005, último día del plazo, en medio de un puente festivo? 
Álvaro Pérez, El Bigotes, presentó en la ventanilla única del consistorio su oferta y fuentes próximas a la trama afirman que se falseó la fecha de entrada en el registro porque se les pasó el plazo y la trama corría el riesgo de perder el contrato de un millón de euros, que consiguió. Las presuntas irregularidades llevaron a la concejal del Bloc en La Nucia, Sònia Pérez, a solicitar el acceso al registro del consistorio de ese día. 
Pérez pudo comprobar cómo, en efecto, el registro tiene anotado el 31 de octubre de 2005, con el número 7.850, la entrada de la oferta de El Bigotes. El documento que la justifica es, según comprobó la edil, "un folio impreso con cuatro o cinco líneas de texto", a pesar de que el Ayuntamiento dispone de unas hojas específicas con los apartados a rellenar por los usuarios del servicio. 
Pero el hecho más sorprendente se deriva de la anulación del número de registro 7.851, justo el posterior al de la oferta de Orange Market, también del 31 de octubre, una actuación tan anormal que dos secretarios de Ayuntamiento de dos localidades cercanas a La Nucia han calificado de "barbaridad" y de "irregularidad" este proceder basándose en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
Ambos aluden al artículo 153.3, que determina que "los asientos han de practicarse de forma clara y concisa, sin enmiendas ni raspaduras que, si existieran, serán salvadas". 
Sin embargo, Pérez relata que la funcionaria que está al frente del Registro General le transmitió que "no es extraño anular números del registro porque a veces se producen duplicidades con las extensiones administrativas u otras circunstancias que lo aconsejan". Una forma de actuar "de todo punto anormal", según uno de los secretarios consultados, "ya que lo que procede es anotar la incidencia, pero en ningún caso hacer desaparecer entradas de un registro que es general y único". Para la regidora, "este hecho no puede ser fruto de la casualidad". Y añade: "Algo sucedió que aconsejó hacerlo desaparecer". 
En su consulta, la concejal nacionalista estuvo acompañada en todo momento por el secretario municipal, Antonio Sánchez Cañedo, que tiene el deber de custodiar la documentación, pero también por la concejal de Hacienda, Marián Cano García, hermana del alcalde de La Nucia, Bernabé Cano. "Siguió mi consulta del registro vigilando lo que miraba y las anotaciones que hacía", añade Sònia Pérez. 
Otra discordancia es que el registro 7.849, el anterior al sospechoso, lleva fecha de 31 de octubre pero incluye un documento cuyo autor data el 1 de noviembre. Una posible explicación es que ese ciudadano acudió el 2 de noviembre al registro pero se le dio entrada con fecha de dos días antes para que cuando llegara el documento de El Bigotes se pudiera inscribir con la misma fecha y no hubiera ningún salto temporal en el registro. 
De todas formas, otro secretario consultado, de un municipio de Girona, señala que "a veces los registros contienen errores esporádicos, pero si se busca una entrada en concreto y está rodeada de dos anomalías la cosa suena bastante sospechosa". 
Desde el gobierno municipal aseguran que "no se ha falsificado nada en el registro de entrada" y amenazan con "acciones legales" contra quien ponga en duda "la honorabilidad de los funcionarios". 
Misivas sospechosas 
Aparentemente la oferta de Orange Market al concurso de Turismo 44/05 se presentó en tiempo y forma y por ello finalmente le fue adjudicado por 1.089.600 euros. Pero en el expediente hay dos misivas que dan indicios de una posible irregularidad. En la primera, la apoderada de Orange Market, Mónica Magariños, comunica a Turismo que ha registrado su oferta en La Nucia y se envió por fax el miércoles 2 de noviembre a las 14.59. ¿Por qué la firma no envió ese fax el 31 de octubre, cuando en teoría hizo el registro? En la otra, también fechada el día 2, el secretario de La Nucia informa a Turismo de la anotación de la oferta el día 31 en la ventanilla única y la remite con registro de salida del Ayuntamiento del jueves 3 de noviembre a las 10 de la mañana. ¿Por qué dichas gestiones no se hicieron días antes? 
(www.elpais.com, 04/05/10)
EL PP TORPEDEA DESDE DENTRO LA INVESTIGACIÓN DE LA 'GÜRTEL' 
El PP dio ayer un paso que desvela públicamente su estrategia de torpedear el caso Gürtel desde dentro; es decir, utilizando como palanca de freno su personación en el sumario como supuesta acusación popular. Por la mañana, el PP impugnó el requerimiento del juez Antonio Pedreira al Gobierno de Francisco Camps para que notifique la identidad de los máximos responsables de 17 consejerías y organismos autonómicos valencianos que amañaron adjudicaciones a la trama corrupta entre 2004 y 2009. No es la primera vez que el PP, cuya estrategia judicial decide su dirigente Federico Trillo, intenta sujetar el avance de las investigaciones a través de su abogado. Su obstruccionismo ya le costó en diciembre una severa bronca de Pedreira. 
El recurso llega en un momento clave para el PP valenciano, que cruza los dedos con la esperanza de que el Tribunal Supremo consagre el próximo día 12 el carpetazo al caso de los trajes. Si el Supremo obliga a reabrir el sumario que el Tribunal Superior de Valencia cerró en agosto gracias al impulso de su presidente y amigo de Camps, el juez Juan Luis de la Rúa, el PP sabe que la carrera de Camps estará finiquitada. Y sabe que el corsé de los trajes regalados, un caso menor aunque ilustrativo de la situación, acabará estallando en pedazos para dar paso a las indagaciones sobre la presunta financiación ilegal del partido.  
La red corrupta que dirigía Francisco Correa con Álvaro Pérez como delegado en Valencia recibió de la Generalitat 85 contratos por importe global de 7,2 millones de euros. El 89% de las adjudicaciones se concedieron a dedo gracias a un ardid fraudulento ya aplicado en la Comunidad de Madrid con éxito: fraccionar el valor real de los encargos para así evitar la convocatoria de concursos públicos. 
Pese a la contundencia de esos datos, contenidos en el informe de la Unidad de Auxilio Judicial conocido la semana pasada, el PP alega que la petición del juez mancha la imagen y el honor de ciudadanos sobre los que no pesa ninguna imputación.  
En la práctica, el recurso da bazas y tiempo a la Generalitat valenciana. Hasta ahora, la colaboración del Ejecutivo de Camps con Pedreira ha sido nula. Y difícilmente atenderá ahora la nueva reclamación del magistrado hasta que el PP agote la vía de los recursos ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Madrid, para lo que no hay plazo prefijado.  
Dirigido el pasado viernes a la Abogacía General de la Generalitat, el requerimiento de Pedreira subraya que su solicitud posee carácter informativo y "no significa prejuzgar sobre responsabilidad penal alguna".  
Pero no constituye ningún secreto que delimitar oficialmente la identidad de quienes dirigían los departamentos implicados en este alud de contratos irregulares puede ser sólo una antesala de la hipotética inhibición del juez madrileño, bien ante el Tribunal Superior de Valencia, con potestades para investigar a aforados (diputados y miembros del Gobierno autonómico), bien ante el Tribunal Supremo.  
La peculiar interpretación que en el caso Gürtel hacen los conservadores sobre el concepto de acusación popular no es nueva. En octubre, la Fiscalía Anticorrupción ya urgió a Pedreira a expulsar al PP de la causa por su actuación "fraudulenta". Anticorrupción subrayó que, en realidad, el partido de Rajoy no estaba actuando como parte acusadora sino como defensora. El juez denegó la solicitud de la fiscalía pero propinó una severa bofetada al PP. "Es preciso reconocer el tratamiento respetuoso e ilícito del representante legal del Partido Popular", escribió Pedreira el 10 de diciembre en el auto por el que rechazaba expulsar al PP de la causa. 
El juez formuló una exigencia: "Que cese la conducta reprochable de la representación de la acusación popular". Y lanzó una advertencia drástica: de momento, el PP permanecería personado "sin perjuicio de adoptar una nueva decisión judicial si continuase produciéndose la conducta descrita por el ministerio fiscal". Esa conducta la había definido Anticorrupción de manera descarnada: el PP aducía en sus sucesivos recursos "argumentos propios de una defensa sin que se vislumbre siquiera un atisbo de acusación". Desde el PP, concluía el ministerio público, "no se ha ejercido la acusación popular sino la defensa". 
Ahora, el nuevo intento del PP por blindar al equipo de Francisco Camps pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre si el Tribunal Superior de Madrid erró al validar, en julio de 2009, que participase en el sumario un partido sobre cuyas implicaciones con la trama corrupta no cesan de surgir indicios. 
Desde que su personación fue aceptada en junio de 2009, todas las actuaciones procesales del PP han ido encaminadas a proteger los intereses de los imputados. Ya en julio, el PP impugnó la prórroga del secreto de las actuaciones. "El secreto se utiliza para impedir el ejercido del derecho a la defensa", sostenían los conservadores en aquel recurso.  
Dos meses más tarde, el PP alegó igualmente que Pedreira había vulnerado el derecho de defensa de los imputados.  
(www.elpais.com, 04/05/10) 
EL PP RECURRE EL AUTO DE PEDREIRA PARA PROTEGER A CAMPS 
El PP va a intentarlo todo para evitar la quema de Francisco Camps. La posibilidad de que un presidente autonómico de una región clave caiga por corrupción es una pesadilla para Mariano Rajoy. Por eso, además de presionar al Tribunal Supremo con todos los medios a su alcance para evitar que el día 12 de mayo mande a Camps a juicio, el PP lanzó ayer una nueva estrategia que es incluso dudosa desde el punto de vista procesal. 
Federico Trillo, responsable de la estrategia judicial del PP, aprovechó que su partido está personado en el caso Gürtel como acusación particular para presentar un recurso que pide "suspender cautelarmente" la providencia del juez Pedreira del pasado 29 de abril. En ella pedía a la Generalitat valenciana que le informe de los nombres de los altos cargos del Gobierno de Camps que ordenaron contratar con la red mafiosa que dirigían Francisco Correa en Madrid y Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia. 
El PP busca así proteger a toda costa a Camps, que apoyó a Rajoy en los momentos de mayor dificultad, tras la derrota de 2008. Pero se supone que el PP está en el caso como afectado porque los corruptos se aprovecharon del partido -de ahí la figura de la acusación popular- y no como defensor de nadie. 
Según fuentes jurídicas, el escrito del PP se corresponde con un "escrito de defensa", no de acusación, lo que viene a dar la razón al ministerio fiscal cuando en su día dijo que el PP no podía personarse en el caso Gürtel. "En derecho procesal no existe esa figura de dejar en suspenso una diligencia acordada por un juez, salvo por imposibilidad de comparecencia de un imputado o un testigo. Y menos pedir que no se practique una diligencia de prueba, cuando a la acusación lo que le interesa es que se practique. Esa posición del PP es un fraude procesal y, por tanto, el fiscal debería pedir que no se admita ese escrito y se devuelva". 
Mientras, el juez Pedreira comunicó ayer a través de una nota de prensa que "resolverá en breve" este recurso. La providencia, instada por la Fiscalía Anticorrupción, tiene relación con un reciente informe pericial que ve graves irregularidades y amaños en contratas que adjudicó el Gobierno de Camps con la red Gürtel. El informe revela que se troceaban contratas que recaían en las sociedades de la trama para evitar sacarlas a concurso y eludir así la Ley de Contratos del Estado. 
En esa providencia, el instructor pregunta quiénes eran los máximos responsables de los "centros de gestión" de un total de 17 departamentos de la Generalitat entre los años 2004 y 2009. Respecto a esta providencia, tan criticada por el PP y ayer recurrida por este partido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quiso hacer ayer la siguiente matización: "El requerimiento de información efectuado a la Abogacía General de la Generalitat valenciana, solicitado por el Ministerio Fiscal, tiene, como ya se refirió en su momento, carácter informativo, y no significa prejuzgar sobre responsabilidad penal alguna" de los afectados. 
El PP insiste así en proteger a Francisco Camps, aunque sólo hasta ver qué sucede el 12 de mayo en el Tribunal Supremo. Si los jueces deciden mandar a juicio a Camps por el caso de los trajes, como pide la fiscalía, reclamó el juez instructor José Flors y apoyó el juez Montero con un voto particular, el Partido Popular asume que habrá que tomar decisiones. 
Dolores de Cospedal dejó ayer muy clara esa diferencia de tiempos. Primero apoyó de manera cerrada al presidente valenciano. "Camps no está imputado, y cuenta con todo el apoyo del PP. Es el mejor candidato a la Generalitat". Trataba de despejar así todos los rumores que apuntan a que el proceso de sucesión de Camps ya está en marcha. En las últimas horas arrecian los apoyos públicos a Camps, pero en privado los dirigentes admiten su preocupación. Cospedal quiso además dejar una frase interpretable, que insinúa que ese apoyo tiene fecha de caducidad. ¿Qué pasará si el 12 de mayo los jueces mandan a juicio a Camps?, le preguntaron. "El 12 de mayo hablaremos", sentenció. 
(www.elpais.com, 04/05/10) 
EL PP NIEGA OFICIALMENTE QUE BUSQUE UN SUSTITUTO PARA CAMPS  
El equipo de Mariano Rajoy decidió ayer salir públicamente en defensa del presidente valenciano, Francisco Camps, en vísperas de que el Tribunal Supremo decida si reabre la causa de los trajes ligada al caso Gürtel y justo cuando el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), está recabando datos sobre los supuestos contratos amañados del Gobierno autonómico con la red corrupta. La consigna oficial en el PP es repetir ante las cámaras y micrófonos –como ayer hicieron dirigentes como María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Ana Mato– que Camps cuenta «con todo el apoyo del partido y que es el mejor candidato a la Generalitat de Valencia». O sea, que no se le busca un sustituto para las autonómicas.  
Pero esa es una verdad a medias, puesto que ya hay políticos conservadores que, como hizo hace meses sin disimulo Manuel Fraga, apuestan por la alcaldesa Rita Barberá como posible recambio electoral. De hecho, Barberá se ha visto obligada a sostener varias veces en los últimos días que el relevo de Camps «no está planteado», a fin de intentar callar las habladurías en ese sentido.

Hay otros miembros del PP que miran hacia el vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, como posible aspirante al Gobierno de la comunidad en caso de que Camps se vea envuelto en un proceso judicial en el Tribunal Supremo, que debe decidir la próxima semana sobre esta cuestión. «¿Y si el tribunal decide reabrir la causa el 12 de mayo?», se le preguntó ayer, en rueda de prensa, a la secretaria general del PP. «El 12 de mayo hablaremos. Lo digo con toda confianza y toda firmeza», respondió Cospedal. 
Pero el apoyo de la cúpula del PP a Camps pasa, además de por la vía política, por la vía judicial. Ayer, el responsable de la estrategia de este partido en los tribunales, Federico Trillo, interpuso un recurso contra la providencia del juez Pedreira en la que instaba al Gobierno de Valencia a identificar a los responsables de 17 departamentos diferentes de la Administración autonómica que firmaron contratos, al parecer de forma irregular, con la trama Gürtel. El objetivo es parar cuanto antes la investigación, ya que, según Trillo, los informes en los que está basada carecen de toda objetividad.  
(www.elperiodico.com, 04/05/10) 
RAJOY SONDEA AL PARTIDO EN VALENCIA PARA SUSTITUIR A CAMPS 
El 12 de mayo será clave en el futuro político de Fransico Camps. Si el Tribunal Supremo acepta el recurso contra el archivo de la causa de los trajes por parte del TSJ de Valencia, en el Partido Popular muchos ven a Camps fuera de la presidencia de la Generalitat. El propio Mariano Rajoy ya ha sondeado a los presidentes provinciales del partido en Valencia para nombrar un sustituto. 
En el Partido Popular cobra fuerza la idea de que el tiempo corre en su contra y que si bien ahora las encuestas les garantizan una victoria con cualquier candidato, si la crisis se produce dentro de un año, podrían complicarse las elecciones.  
Génova y algunos sectores del partido en la Comunidad Valenciana señalan tres candidatos si Camps se viera forzado a dejar la Generalitat: Rita Barberá, alcaldesa de valencia, Alberto Fabra, alcalde de Castellón, y Esteban González Pons, vicesecretario de comunicación del PP.  
González Pons y Baberá, en cualquier caso, presentan algunos inconvenientes, según señalan fuentes del partido. Pons no es diputado en Les Corts (algo imprescindible para ser nombrado presidente en Valencia), por lo que habría que elegir un "interino" hasta las elecciones. Alrededor de Barberá, según señalan desde Génova, existe la preocupación de que pudiera verlse salpicada por alguna nueva revelación de la caso Gürtel. Por ello, estas fuentes no creen que la alcaldesa de Valencia sea finalmente la candidata pero sí le reconocen un papel clave entre los otros dos "aspirantes". Su opinión, aseguran, decantaría la balanza entre Fabra (el preferido en Alicante) o González Pons (más cercano al propio Rajoy). 
(www.cadenaser.com, 04/05/10) 
MOVILIZACIÓN GENERAL EN DEFENSA DE FRANCISCO CAMPS 
El PP salió ayer en tromba a defender al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Fue toda una ola de respaldo para contrarrestar los rumores internos que apuntan a que no repetirá como candidato al estar pendiente de varios procesos judiciales por su vinculación con el caso Gürtel. 
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, fue más rotunda que nunca en los últimos meses: "Camps cuenta con todo el apoyo del partido y es el mejor candidato". La mano derecha de Rajoy insistió en que el presidente valenciano "no está imputado por nada" y se quejó de que no se le respete el derecho a la presunción de inocencia. Además negó las informaciones que apuntan hacia una posible financiación ilegal del PP en la Comunitat Valenciana y mantuvo que desde su formación siempre se han dado "muchas y cumplidas explicaciones" sobre temas que luego han quedado "en nada".  
Sobre lo que ocurrirá el próximo 12 de mayo fecha en la que el Supremo decide si reabre o no la causa por los trajes, no quiso hablar. En la sede del PP, la preocupación por el futuro de Camps es evidente y, para combatirla, han decidido lanzarse una ofensiva en toda regla. Así a lo largo del día de ayer se sucedieron las muestras de apoyo. El líder del PP andaluz, Javier Arenas, repitió el guión: "Camps cuenta con todo el respaldo del PP y de la dirección nacional sin ningún tipo de excepción". Además, mantuvo que el líder de los conservadores valencianos cuenta "con el respeto y el afecto de todos" los suyos.  
También la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, rompió una lanza a su favor. La conservadora aseguró que "no está planteado" su relevo y se mostró convencida de que el PP valenciano ganará "con todavía más escaños de los que tenemos en este momento". 
También la responsable de organización del PP, Ana Mato, se sumó a la corriente publicando en su blog que "Camps es el mejor candidato". A su juicio, si la Comunitat es hoy "un referente económico y social", es por los valencianos con él "a la cabeza".  
(www.publico.es, 04/05/10)
FRANCISCO CAMPS, EN LA CUERDA FLOJA 
Seguirá en el cargo Francisco Camps si el Tribunal Supremo reabre el día 12 el caso de los trajes que archivó el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el pasado agosto? La pregunta planea en las conversaciones entre políticos valencianos, no sólo de la oposición, sino del propio PP, partido en el que la inquietud y la angustia sobre la esperada decisión del Alto Tribunal mantiene en vilo a sus dirigentes. A decir verdad, en Valencia no se habla de otra cosa. En el peor de los escenarios, que el Supremo valore que se debe imputar al president y a otros altos cargos por un delito de cohecho pasivo al aceptar regalos de Orange Market, se advierte del inicio de una posible transición, que debería concluir con la sustitución del propio Camps. Pocos creen que el líder del PP valenciano, muy afectado en el terreno personal por el caso Gürtel, pueda soportar la presión política y mediática de una instrucción que le llevaría a un juicio con jurado popular. 
Sin embargo, desde el entorno del presidente se afirma que Francisco Camps "está dispuesto a llegar hasta el final". 
Es decir, que no piensa dimitir, "porque está convencido de su inocencia". Pero lo cierto es que el president lleva desde hace un año eludiendo a la prensa y su presencia en los actos públicos, una estrategia que se vería agravada en el caso de que tuviera que ser juzgado. El problema, añaden, es que desde la dirección nacional del PP se valore que Camps está amortizado una vez el Supremo reabra el caso y le inviten a una digna retirada antes de verlo sentado en el banquillo de los acusados. A partir de ahí, las hipótesis sobre una posible transición apuntan a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como la persona adecuada para relevar al president y ser la candidata del PP valenciano a las elecciones autonómicas del próximo año, a pesar de que ella lo niega. Otros perfiles como el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, o el conseller de Economia, Gerardo Camps, aparecen como posibles sustitutos.

Desde este partido afirman que quienes pueden pilotar la transición son los tres líderes provinciales –Carlos Fabra en Castellón, Alfonso Rús en Valencia y José Joaquín Ripoll en Alicante–, los consellers Rafael Blasco y Juan Cotino e, insisten, Rita Barberá, cuyo ascendente sobre el PP valenciano es enorme. Todo debería hacerse con el visto bueno de Mariano Rajoy. Fuentes del PP valenciano reconocen que en la calle Génova irrita que Camps no haya sido capaz de adoptar ninguna decisión contundente ante las muchas sospechas generadas por el caso Gürtel.
De lo que no hay dudas, en cambio, es de que si el Supremo confirma el archivo del caso, Francisco Camps seguirá en el cargo a expensas de lo que la instrucción del juez Antonio Pedreira sobre el caso Gürtel pueda deparar. En concreto, sigue inquietando en el PP valenciano todo lo referido a la presunta financiación irregular del partido, el sistema de contratación con las empresas de la trama corrupta y la operación de RTVV para el seguimiento de la visita del Papa en el 2006, que costó al erario público 11 millones de euros. 
(www.elperiodico.com, 03/05/10) 
EL JUEZ ANTONIO PEDREIRA ESTUDIA ELEVAR AL TRIBUNAL SUPREMO LA RAMA VALENCIANA DEL CASO GÜRTEL 
El juez que investiga la rama principal del caso Gürtel va a volver a intentar elevar al Supremo una parte de la causa. Según fuentes consultadas por la SER, Antonio Pedreira remitirá en los próximos días la documentación relativa a la trama valenciana, con la intención de que sea el Alto Tribunal el que se encargue de este asunto. El motivo es que la investigación llevada a cabo hasta el momento señala tanto a aforados nacionales como regionales que no son competencia del Tribunal de Justicia de Madrid. 
Las pesquisas sobre la Fundación que organizó la visita del Papa a Valencia ha apuntalado la presunta implicación del presidente Francisco Camps y de la alcaldesa Rita Barberá. Pedreira ha pedido ya la confirmación de que ambos son aforados del Tribunal de Justicia de Valencia y que por lo tanto no pueden ser investigados en Madrid. 
El juez también ha pedido la identidad de 17 altos cargos del Gobierno de Camps que adjudicaron contratos presuntamente amañados a las empresas de la trama. Esa lista incluye a aforados nacionales que sólo pueden ser investigados por el Tribunal Supremo. 
El Alto Tribunal tomará una decisión trascendental el próximo día 12 cuando decida si reabre o no el caso del presunto cohecho de Camps por haber aceptado los trajes que le regaló El Bigotes. Fuentes jurídicas consultadas por la SER consideran que ese día el Supremo puede cerrar de forma definitiva el caso Gürtel en Valencia o dar luz verde a que se siga investigando en Valencia, en Madrid o en el propio Supremo. 
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avanzado mucho en la investigación de la trama valenciana de la Gürtel. Un informe pericial confirmaba la semana pasada que el gobierno de Camps amañó por sistema y en contra de la ley los contratos concedidos a las empresas de Álvaro Pérez. La justicia investiga, además, si una red de empresas valencianas financió los actos del PP. 
(www.cadenaser.com, 03/05/10) 
BARBERÁ NIEGA SER LA CANDIDATA A LA GENERALITAT 
El liderazgo de Francisco Camps está herido. El sumario de la Gürtel destila cada vez más datos que apuntan a las estrechas relaciones que hubo entre la Generalitat y la empresas de la trama. Esta semana, el PSPV-PSOE dio a conocer un informe de la Unidad de Auxilio Judicial que documenta, entre el 2004 y el 2008, 7,2 millones en adjudicaciones públicas a firmas de la red de Correa. Además, el 12 de mayo, el Tribunal Supremo decidirá si reabre el caso de los trajes e imputa nuevamente a Camps por soborno. 
Todos estos problemas han erosionado la credibilidad del Molt Honorable. Ayer, el diario Las Provincias aseguraba que la dirección nacional del PP ha pedido a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que suceda a Camps como cabeza de lista en las elecciones autonómicas de 2011 si éste resulta imputado. El texto relataba una reunión a tres bandas este martes en la sede de Génova entre Ana Mato vicesecretaria de organización, Javier Arenas vicesecretario de política autonómica y municipal y la propia Barberá.  
La noticia provocó un diluvio de comunicados en apoyo a Francisco Camps por parte de los principales dirigentes del PP valenciano. La primera en pronunciarse fue la principal aludida. La alcaldesa de Valencia emitió un breve texto en el que negó la reunión con Arenas y Mato.  
"Estas especulación carecen de fundamento alguno. Nunca se trató el tema de la sucesión del presidente Camps, ni personalmente ni en comunicación telefónica", subrayó Barberá, quien aprovechó el comunicado para ensayar elogios y vaticinios: "Es el mejor presidente que ha tenido nunca la Comunitat Valenciana. Con su liderazgo, el respaldo social se incrementará más si cabe, con más diputados, y con unos resultados que ampliarán la mayoría absoluta". 
La reflexión de Barberá se convirtió en consigna y combustible para los gabinetes de prensa del PP, que no dejaron de echar humo durante toda la tarde. A la primera edil le siguió Rafael Blasco, portavoz en Les Corts, Antonio Clemente, secretario regional y Milagrosa Martínez, presidenta del parlamento valenciano. Y así hasta cinco dirigentes más del organigrama político del PP. Todos enarbolando la misma idea de fondo: Camps es el único candidato posible. 
No fue el único cierre de filas de los últimos días. El jueves pasado, el presidente de la Generalitat recibió una ovación de un minuto con todo su grupo puesto en pie. Segundos antes, el portavoz del PSPV-PSOE, Ángel Luna, había revelado movimientos dentro del PP para prescindir de Camps en el caso de que el Tribunal Supremo resucite el asunto de los trajes. "Están aterrorizados y paralizados. Su entorno se compone de los que contienen la respiración y algunos que empiezan a desmarcarse buscando sustituto, los que preparan el futuro al margen de usted", le espetó Luna.  
(www.publico.es, 03/05/10) 
CUATRO CAUSAS QUE SALPICAN A CAMPS PONEN SU FUTURO EN CUARENTENA 
En público todos hacen como si no existiera, pero en privado no se habla de otra cosa. En la calle Génova se ha instalado una gran preocupación con el futuro del presidente valenciano Francisco Camps. El PP, como los periodistas, busca información en el Tribunal Supremo, que debe decidir el 12 de mayo si envía a Camps al banquillo por el asunto de los trajes, como pidió el juez Flors, instructor de la causa en Valencia, o le exonera, como decidieron dos de los tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal valenciano. Y los rumores, más que noticias, que les llegan no son positivos. "Tiene mala pinta", es la frase más repetida estos días en la sede central del PP. 
Los cinco jueces -dos conservadores, dos progresistas y uno, el presidente, de la asociación moderada Francisco de Vitoria- tienen encima de la mesa una papeleta difícil. El auto del juez Flors, también de la Francisco de Vitoria, era clarísimo: pedía llevar a Camps a juicio porque encontró pruebas más que suficientes de que le habían regalado 12.000 euros en trajes -lo que entendía como cohecho impropio- y ninguna sólida de que los hubiera pagado él, como afirmó el presidente. También tiene encima de la mesa el voto particular del juez Montero, un conservador muy prestigioso, que defendió que sólo debía exonerarse a Ricardo Costa, porque no estaba en el Gobierno valenciano y por tanto no podía tomar decisiones sobre contratos públicos, pero sí debía enjuiciarse a Camps, ya que recibió los regalos en función de su cargo. Exonerarle podría implicar acabar con el sentido del artículo 426 del código penal. Además, los magistrados conocen ahora todas las novedades del caso -el informe policial sobre la posible financiación ilegal, las comisiones en la visita del Papa a Valencia o los contratos irregulares y sin concurso que premiaron a las empresas de la red-. Se trata de otras tres causas derivadas del caso Gürtel que afectan a parte del Gobierno valenciano que preside Camps y que podría acabar con la imputación de algunos de los consejeros y el propio presidente. 
Frente a esta realidad, que ven muy oscura, el PP ha optado por una doble estrategia. Primero, la de presionar con todos los medios a su alcance -obviamente sin cometer ninguna irregularidad, haciendo llegar a los jueces la trascendencia de su decisión que puede acabar con una carrera política por un asunto que el PP sigue considerando menor, como es el de los trajes-. Distintos dirigentes confirman que toda la dirección, y, en especial, Federico Trillo, el hombre del PP que más relaciones tiene con el mundo judicial, está dedicado a esta tarea, la de orientar esa decisión. 
Por otro lado, el PP se está preparando también para, en caso de que se confirmen los peores augurios, prepararse para limpiar la Comunidad Valenciana. Nadie sabe muy bien cómo reaccionará Camps si le mandan a juicio, aunque la mayoría cree que dimitirá. Es difícil que Mariano Rajoy, a quien Camps tanto apoyó en sus momentos difíciles tras la derrota de 2008, se lo pida. Pero todos los dirigentes asumen que si el Supremo devuelve el caso al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que sea juzgado, habrá una catarata de decisiones. 
"No podemos actuar mientras no haya imputaciones, no sería justo. Pero la dirección está preparada para tomar decisiones radicales en Valencia. El discurso de Rajoy de que será implacable con la corrupción impide la inacción. Si la justicia actúa, nosotros también actuaremos", señala un dirigente. Génova, en cualquier caso, ve a Camps y al PP valenciano como la última estación del vía crucis de Rajoy con el caso Gürtel.  
Y pese a la preocupación -la idea de ver caer a un presidente autonómico por un caso de corrupción es dura de asumir-, afrontar la estrategia con una tranquilidad de fondo. Están absolutamente convencidos de que cualquier candidato del PP ganará de calle en Valencia. Y eso hace que el asunto sea un problema grave, pero no dramático, porque para Rajoy, como es obvio, la prioridad es conservar el poder en esta comunidad, gran feudo del PP con Madrid y la recuperada Galicia. 
Rita Barberá es la que tiene más números para relevar a Camps. Hay otros como Esteban González Pons, aunque no podría ser presidente hasta 2011 porque no es diputado autonómico, y Alberto Fabra, el alcalde de Castellón. "En este momento, Camps es nuestro peor candidato.  
Con cualquier otro, ganamos de calle. El PSOE no existe en Valencia", sentencia un dirigente. En Génova se ha instalado además una gran preocupación por el estado anímico de Camps. Su Gobierno, insisten todas las fuentes, está paralizado por el shock del presidente. Mientras tanto, el PP valenciano en pleno reaccionó ayer respaldando por escrito a Camps. Al menos 18 alcaldes y dirigentes regionales emitieron comunicados de apoyo a su aún presidente. 
(www.elpais.com, 03/05/10) 
LAS CAUSAS CONTRA CAMPS Y SU GOBIERNO 
- Los trajes regalados. El próximo 12 de mayo, el Tribunal Supremo decidirá si el presidente valenciano Francisco Camps tiene que ser juzgado por un supuesto delito de cohecho impropio junto a otros cargos y ex altos cargos del Gobierno valenciano. Álvaro Pérez, El Bigotes, máximo responsable de Orange Market, regaló trajes por casi 30.000 euros a Camps y otros tres miembros del Gobierno valenciano durante distintas épocas del año. Orange Market recibió decenas de contratos a dedo de distintos departamentos del Gobierno valenciano. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por dos votos a uno, decidió que los regalos no estaban vinculados con la adjudicación de contratos, por lo que descartó que se tratase de cohecho impropio. El fiscal recurrió la decisión ante el Supremo. 
- Financiación ilegal. Un informe policial basado en la documentación oficial incautada en la sede de Orange Market y en la intervención de las comunicaciones telefónicas de Álvaro Pérez apunta a la existencia de una trama organizada para la financiación ilegal del PP valenciano. Durante años, diversas empresas adjudicatarias de contratos en la administración regional valenciana financiaron actos electorales del PP valenciano haciéndolos pasar por servicios contratados a Orange Market. El juez Antonio Pedreira, del TSJ de Madrid, ha pedido informes sobre esta supuesta irregularidad. 
- Contratos amañados. El análisis de los contratos adjudicados por el Gobierno de Francisco Camps a nueve empresas de la trama corrupta acredita numerosas irregularidades, hasta el punto de que el juez Antonio Pedreira ha solicitado los nombres de los máximos responsables de los departamentos que, sin concurso, adjudicaron contratos a dedo a las empresas de la trama corrupta. Las distintas consejerías llegaron a invitar a tres empresas para un determinado servicio. Y las tres invitadas resultaron pertenecer al mismo grupo empresarial, el de Francisco Correa. Los peritos judiciales sostienen que se vulneraron los principios de libre concurrencia que deben presidir todos los contratos públicos. 
- El negocio de la visita del Papa. Un patronato formado por la Iglesia, la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación Provincial adjudicó la exclusiva de la retransmisión de la visita del Papa a Valencia a Canal Nou, la cadena autonómica de televisión. A su vez, la televisión pública valenciana decidió adjudicar los trabajos de sonorización e instalación de pantallas de televisión por el recorrido a una empresa constructora leonesa, Teconsa, sin ninguna experiencia en ese tipo de tareas. La investigación judicial descubrió en uno de los pisos que utilizaba la trama corrupta las tripas de esta operación que dejaron a Teconsa un beneficio de tres millones de euros y a la red de Francisco Correa unas comisiones de al menos un millón de euros. 
(www.elpais.com, 03/05/10) 
EL PP APOYA EN PLENO A CAMPS DÍAS ANTES DE LA DECISIÓN DEL SUPREMO SOBRE GÜRTEL  
Buena parte de los líderes del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) salieron ayer en tromba para dar su apoyo al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y avalar su candidatura para las elecciones autonómicas de 2011. El posicionamiento y los comunicados de respaldo se producen cuando arrecia de nuevo la tormenta Gürtel, a escasos diez días de que el Tribunal Supremo decida si ordena o no al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que reabra el asunto de los trajes, escenario que pondría a Camps contra las cuerdas por la nueva imputación. Y también cuando el juez Pedreira, que instruye el caso en el TSJ de Madrid, ha comenzado a investigar la rama valenciana de Gürtel. 
Así, durante la tarde de ayer se sucedieron los comunicados de apoyo a Camps con dos mensajes: Camps es el mejor presidente y volverá a ser el candidato en 2011. Desde Castelló, el alcalde y coordinador general del PPCV, Alberto Fabra, afirmó que "Francisco Camps es el único candidato del PP para las próximas elecciones autonómicas". "El PPCV es un partido que tiene claro que su meta es revalidar y ampliar la ventaja de las pasadas elecciones autonómicas". 
En los mismos términos se pronunció la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a quien en múltiples ocasiones se ha señalado como sucesora del presidente ante un hipotético relevo motivado por el escándalo Gürtel. Ayer volvió a respaldar a Camps y a desmarcarse de la sucesión: "Francisco Camps es el mejor presidente que ha tenido nunca la Comunitat Valenciana y además cuenta con el apoyo y cariño mayoritario de los militantes del PP y del conjunto de los valencianos, como lo demuestran las sucesivas encuestas", afirmó Barberá. Y añadió: "El presidente Camps será mejor el candidato que podamos tener en el Partido Popular en las elecciones de 2011".
La secuencia se reprodujo con otros dirigentes como el presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus. El también alcalde de Xàtiva señaló que "dentro del PP no existe debate alguno sobre la sucesión del presidente Camps. Tenemos las ideas muy claras y no nos cabe otro candidato para las elecciones de 2011 que no sea Francisco Camps". 
El vicesecretario general del PPCV, el alicantino José Císcar, o las coordinadoras del PPCV, Isabel Bonig y María José Catalá se sumaron al apoyo colectivo. 
Las palabras de respaldo también llegaron desde el grupo parlamentario popular, a través de su portavoz, Rafael Blasco: "Camps es el mejor presidente para los valencianos y volverá a serlo en 2011, con el mayor respaldo electoral que haya conseguido un presidente en la Comunitat". Incluso la presidentas de las Corts, Milagrosa Martínez, hizo pública su apuesta por la continuidad del presidente.Con todo, la salida en tromba organizada desde la dirección popular contó con alguna ausencia destacada, como la del presidente provincial en Alicante, José Joaquín Ripoll. El dirigente alicante no emitió ayer ningún comunicado aunque hace cinco días ya afirmó que el presidente "no está en cuestión".  
La sección sindical de UGT en Radiotelevisión Valenciana (RTVV) ha denunciado que Canal 9 "sólo" dedicó el 1,4% del tiempo de los informativos de la semana del 5 de abril al levantamiento del secreto de sumario del caso Gürtel. Se trata de un "dato escandaloso", según este sindicato, que también indica que las informaciones sobre ese caso no han aparecido en el sumario de inicio de los informativos. La UGT lamenta que nada ha cambiado en la política informativa de Canal 9 a pesar de la nueva dirección general de RTVV, ya que continúa dedicando "la mayor parte" del tiempo de los informativos a deportes, sucesos y sociedad, mientras que la política y la economía, "los asuntos que tienen incidencia real en la vida de las personas", quedan "reducidos" a tiempos "a veces simbólicos". Critica que la confrontación con el Gobierno central es "permanente" y advierte del descenso de la presencia de Camps y del Consell esta semana, lo que el sindicato interpreta como "no les interesa demasiado salir". 
(www.levante-emv.com, 03/05/10) 
EL PP REVISARÁ LA SANCIÓN A COSTA CUANDO EL SUPREMO DECIDA SOBRE CAMPS 
El PP no prevé abordar la revisión de la sanción de un año de suspensión de militancia impuesta al ex secretario general del partido en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa hasta ver qué decisión adopta el Tribunal Supremo en relación con el caso Gürtel de los trajes regalados por la trama corrupta, según indicaron ayer fuentes del PP. 
El próximo 12 de mayo el Supremo resolverá los recursos de la fiscalía y de los socialistas valencianos contra el archivo por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia de la causa de los trajes que presuntamente se habrían regalado a cargos del PP valenciano, entre ellos, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y Ricardo Costa. El Comité de Derechos y Garantías del PP esperará a conocer la decisión del Supremo antes de decidir si rebaja el castigo a Costa. 
Por otra parte, el PP valenciano en pleno reaccionó ayer ante la posibilidad, barajada por la dirección nacional, de que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, u otros dirigentes sustituyan en las próximas elecciones autonómicas al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, si finalmente es imputado por el Supremo por el escándalo de los trajes. 
Barberá fue la primera en sacar un comunicado. El presidente "cuenta con el apoyo y cariño mayoritario de los militantes del PP y del conjunto de los valencianos". La alcaldesa se mostró convencida de que Camps "será el mejor candidato" que pueda tener el PP para las elecciones de 2011. 
El secretario regional, Antonio Clemente, insistió en el mensaje dado por la alcaldesa. "Nadie en el PP, tanto de la Comunidad Valenciana como a nivel nacional, tiene ninguna duda de que en 2011 el candidato a la presidencia será Camps". Clemente puso como ejemplo del "respaldo" con el que cuenta Camps "las numerosas visitas de Mariano Rajoy a esta comunidad autónoma", en las que "siempre le ha mostrado su total apoyo". 
El portavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco, fue el tercero en salir a apuntalar al presidente. "Será candidato y presidente, y conseguirá el mayor respaldo electoral que haya conseguido nunca nadie". Conforme pasaban las horas la lista de comunicados de apoyo se amplió con los de Alberto Fabra, Alfonso Rus, Vicente Betoret, José Ciscar, Isabel Bonig, Milagrosa Martínez y numerosos alcaldes. En total, al menos docena y media de comunicados. Todos con el mismo mensaje de apoyo a Camps.
(www.levante-emv.com, 03/05/10) 
19 MILLONES SIN CONTRATO PARA UNA FIRMA SOSPECHOSA DE FINANCIAR AL PP 
Una de las empresas a las que la policía ha atribuido la financiación ilegal del PP, durante la investigación del caso Gürtel, ha facturado al Ayuntamiento de Castellón más de 19 millones de euros en reconocimientos extrajudiciales durante los últimos siete años. 
La empresa Piaf, que tiene suscrito un contrato por un total de 820.000 euros con el Ayuntamiento de Castellón para el mantenimiento de los edificios municipales, facturó el montante por servicios y obras realizados al margen de los contratos, sin que hubiera una consignación presupuestaria para ello, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado. La figura del reconocimiento extrajudicial de deuda está incluida en la ley pero se reserva a casos excepcionales y urgentes. Sin embargo, en el caso del Ayuntamiento de Castellón, gobernado por el PP, el procedimiento se ha convertido en usual y, de hecho, Piaf ha facturado servicios al margen de sus contratos a lo largo de más de una década. 
Las facturas remitidas por Piaf -empresa de construcción, inmobiliaria y de mantenimiento- al consistorio son parte de la documentación analizada en la comisión de investigación creada a raíz del caso Gürtel y después de saberse que tres de las cinco empresas que aparecían como supuestas financiadoras del PP (Lubasa, Facsa, Piaf, Sedesa y Ortiz) son concesionarias y/o adjudicatarias del Ayuntamiento de la capital de La Plana. 
La documentación analizada refleja cómo Piaf ha presentado facturas, al margen de los contratos, por más de 19 millones de euros. Sólo en 2009, los servicios facturados bordean los siete millones de euros, mientras que en 2008 reclamó al Ayuntamiento 4,3 millones por trabajos realizados más allá de lo estipulado. 
La oposición en el Ayuntamiento, formada por el PSPV y el Bloc, ha pedido al PP, en innumerables ocasiones, que revise los contratos para ajustarlos a los gastos que posteriormente se producen. Sin embargo, no sólo no se han modificado sino que, en algunos casos, se han prorrogado. 
En el sumario del caso Gürtel Piaf aparece como una de las empresas que, según la policía, "prestan servicios y realizan obras para las administraciones públicas obtenidos como contraprestación a los favores realizados a la formación política, concretados en el pago de actos políticos". Además, es una de las mercantiles sobre las que se realiza un cambio en el destinatario de una factura emitida por Orange Market que "pasa del PPCV a Piaf".La comisión de investigación abierta hace seis meses en el Ayuntamiento de Castellón se dio ayer por concluida una vez aportados los contratos y las facturas remitidas por las tres empresas castellonenses, Lubasa, Facsa y Piaf, que aparecen en la documentación de la trama Gürtel como supuestas financiadoras del PP. 
Entre las comparecencias solicitadas figuraban las de los representantes de las tres empresas investigadas que, finalmente, respondieron por escrito a las cuestiones planteadas por el PP. En éstas se pedía que respondieran si, entre 2003 y 2009, recibieron indicaciones de aportar dinero al PP "a cambio" de obras o servicios, si durante este tiempo dieron alguna instrucción para realizar dichas aportaciones al PP y, en cualquier caso, si se llegaron a hacer. 
Los responsables de las tres empresas contestaron negativamente a las tres cuestiones pero, tras el levantamiento del secreto del sumario instruido por el juez Antonio Pedreira, en el que se incluyen los documentos de la contabilidad de la trama de empresas de Correa en las que aparecen las tres empresas, el Grupo Socialista municipal consideró conveniente insistir en la pregunta y en incidir en si, tras las revelaciones, se mantenían en su negativa. 
Por segunda vez, los representantes de las tres empresas contestaron de forma negativa. 
Las tres mercantiles, al igual que las otras dos empresas a las que se les atribuyen las mismas prácticas, Ortiz y Sedesa, están pendientes de la solicitud formulada por la Fiscalía Anticorrupción que, tras la investigación realizada por la brigada policial especializada en delitos económicos y blanqueo de capitales, ha instado al juez instructor a que cite a declarar, en calidad de imputados, a los representantes de las cinco sociedades. 
Mientras, en Castellón, y tras la conclusión de las comparecencias solicitadas por los tres partidos con representación municipal, PP, PSPV y Bloc, sólo falta la redacción de unas conclusiones consensuadas, un trabajo que se estima arduo, y su debate en el pleno. En cualquier caso, según el presidente de la comisión, el portavoz del Bloc Enric Nomdedéu, las conclusiones se presentarán antes del final del mes de mayo. 
El turno de comparecencias se cerró con el alcalde, Alberto Fabra, y el vicealcalde, Javier Moliner. Ambos comparecieron como responsables, entre 2003 y 2009, del departamento de Urbanismo, del que el actual alcalde fue responsable hasta la dimisión de su antecesor. En ambos casos afirmaron que ellos se limitaron a firmar los informes facilitados por los técnicos municipales y que, únicamente, avalaban con su rúbrica, como responsables políticos. También negaron haber hecho cualquier tipo de indicación u orden a los funcionarios para favorecer a dichas empresas. 
En el caso de los técnicos, que pasaron por la comisión en su anterior reunión, éstos aseguraron no haber recibido ningún tipo de recomendación para informar favorablemente sobre las ofertas presentadas por las tres empresas y que no se les sugirió ningún tipo de contraprestación de los posibles adjudicatarios si iban en contra de sus preceptos técnicos. 
La comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Castellón ha sido la única admitida por el PP. 
(www.levante-emv.com, 03/05/10) 
EL CONSELL NIEGA QUE ORDENARA CONTRATAR CON LA TRAMA GÜRTEL 
La explicación de por qué 17 departamentos de la Generalitat contrataron, a lo largo de cinco años, en la mayoría de los casos amañanado contratos y concursos, con nueve empresas de una trama de corrupción investigada por financiación ilegal del PP no está ni en el Consell ni en el partido. La portavoz del Ejecutivo de Francisco Camps, la consejera Paula Sánchez de León, calificó ayer de "tendenciosa y falsa en su planteamiento" una pregunta de este diario en ese sentido y dijo que "no ha habido instrucciones ni del Consell ni del Partido Popular". 
Sánchez de León arremetió contra el informe de la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que revela el carácter generalizado de las contrataciones irregulares de la Generalitat con la trama Gürtel. "Ya está bien de infamia, mentira y difamación", exclamó, sin precisar si se refería al informe propiamente o a lo que insistió en denominar "interpretaciones tendenciosas". Tras comparecer flanqueada, en una iniciativa inédita, por la abogada de la Generalitat, Isabel Villalonga, y por el interventor general, Salvador Hernándiz, dejó caer que el firmante del informe es un interventor adscrito a la vicepresidencia del Gobierno y hermano de una subsecretaria del Ministerio de Industria.A la pregunta de qué significado hay que dar al hecho de que quien suscribe el informe tenga unas u otras vinculaciones familiares, Sánchez de León respondió que "la misma que dar por sentado que dos contratos por un catering y un vídeo tienen un mismo objeto y suponen el fraccionamiento de un contrato". 
La portavoz del Consell se refirió en varias ocasiones a la "manipulación partidista" y la "distorsión generalizada de la información", señaló que la Sindicatura de Comptes ha fiscalizado a la Generalitat sin hallar irregularidades y presumió, como había hecho la abogada general, Isabel Villalonga, de transparencia porque el informe judicial se ha hecho con la información remitida desde la propia Administración valenciana. 
Villalonga, que acusó, con tono vehemente, a los autores del informe pericial de haberse "extralimitado", les atribuyó "graves errores" y exculpó al Consell, fue subsecretaria de la Consejería de Turismo cuando se adjudicó a Orange Market el primero de los pabellones de Fitur, en 2005, y esa y otras empresas de la trama recibieron contratos de forma irregular. La consejera portavoz zanjó que no hay "ninguna implicación". Tuvo que reconocer, sin embargo, que la "transparencia" de la Generalitat en el caso vino forzada porque toda la información fue remitida a requerimiento del juez que investiga la corrupción.
Sánchez de León intentó minimizar el escándalo porque las 85 operaciones de la trama corrupta con la Generalitat, 76 de ellas basadas en contratos a dedo y el resto mediante concursos en algunos casos más que sospechosos, sólo representan el 0,04% del volumen total de contrataciones de la Generalitat. 
La intervención en la conferencia de prensa posterior al pleno del Consell de Isabel Villalonga, que al igual que el interventor general no admitió preguntas, levantó la indignación de los grupos de la oposición. El portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, calificó de "sarcasmo" que la abogada general de la Generalitat diga que la documentación sobre los contratos ha sido facilitada a la Unidad de Auxilio Judicial, "como si fueran suyos", y resaltó que ese informe ha tardado en hacerse porque "han estado ocultando los expedientes a los diputados y a todos". "Se les debería caer la cara de vergüenza", añadió, para concluir pidiendo que el Consell muestre todos los expedientes, con el fin de poder analizar "lo que está bien o mal" en cada uno. 
"Nos parece vergonzoso que el organismo que dirige la abogada general de la Generalitat, Isabel Villalonga, utilice a los funcionarios como parapeto del presidente Camps", lamentó la diputada de Compromís Mireia Mollà. 
Camps estuvo esperando ayer que el PP nacional saliera en su apoyo. Lo hizo Federico Trillo, coordinador de Libertades Públicas y Justicia, que denunció las "intoxicaciones y manipulaciones" que, a su juicio, se están produciendo por parte de "los representantes del Gobierno" para "perjudicar" al PP valenciano e "influir" en la decisión que tendrá que tomar el Tribunal Supremo el día 12 de mayo en relación con los trajes regalados a Camps. 
(www.elpais.com, 03/05/10) 
CANAL 9 DEDICÓ UN ESCASO 1,4% DE SUS INFORMATIVOS AL SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL' 
Canal 9, televisión pública autonómica, apenas dedicó el 1,4% del tiempo de sus informativos al levantamiento del secreto de sumario del caso Gürtel la semana del 5 de abril. Lo ha denunciado la sección sindical de UGT en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), aprovechando que hoy se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Expresión. Se trata de un "dato escandaloso", señala UGT, que también indica que las informaciones sobre ese caso, en el que están implicados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos de la Generalitat y del PP valenciano, no han aparecido destacadas en el sumario de inicio de los informativos. 
La UGT lamentó que nada haya cambiado en la política informativa de Canal 9 tras el nombramiento del nuevo director general, José Manuel López Jaraba, ya que continúa dedicando "la mayor parte" de los informativos a deportes, sucesos y sociedad, mientras que la política y la economía, "los asuntos que tienen incidencia real en la vida de las personas", quedan reducidos a tiempos simbólicos. 
Según este sindicato, las líneas programáticas "de la manipulación informativa" de Canal 9 son la identificación del PP con la Comunidad Valenciana y los valencianos. 
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sólo aparece enfrentado a las instituciones valencianas gobernadas por el PP y la oposición apenas aparece salvo que la noticia sea negativa. 
Ese fue el caso ayer. Los socialistas valencianos pusieron el grito en el cielo tras ver el informativo del mediodía. La diputada socialista y portavoz en la Comisión de Control de RTVV, Nuria Espí, anunció que los socialistas ejercerán el derecho de rectificación por la noticia difundida ayer por Canal 9 y el Canal 24 horas. El informativo explicó que tres dirigentes socialistas, entre ellos la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, preparan el relevo del actual secretario general del PSPV, Jorge Alarte, antes de las elecciones. 
Según entiende Espí, Canal 9 se hizo eco de una noticia publicada por un periódico, aunque sin citarlo. "Es vomitiva y radicalmente falsa y vamos a exigir que sea corregida públicamente", remachó la diputada. 
(www.elpais.com, 03/05/10)
EL PP INTENTA FRENAR CON UN RECURSO EL CERCO JUDICIAL A CAMPS Y SU GOBIERNO 
El PP ha presentado este lunes un recurso de reforma solicitando la suspensión cautelar de la providiencia con la que el juez que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, requirió el pasado viernes a la Generalitat valenciana la identidad de los los máximos responsables de 17 departamentos, entre ellos la Presidencia de la Comunidad Valenciana, que contrataron entre 2004 y 2009 con empresas de la red corrupta. 
En una nota emitida este mediodía por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el magistrado Pedreira da cuenta de la presentación del recurso por parte del partido de Mariano Rajoy y añade que "éste se resolverá en breve". Además, recuerda que su requerimiento se realiza a instancias de la fiscalía y que, en todo caso, al reclamar la nómina de altos cargos del Gobierno de Francisco Camps no se está prejuzgando la responsabilidad penal de ninguno de ellos. 
En el mismo comunicado, el juez instructor del caso Gürtel aclara que todavía no ha entrado a valorar la posible remisión al Tribunal Supremo de actuaciones relativas a aforados de la Generalitat valenciana, ya que no le constan indicios de responsabilidad criminal. 
Pedreira ha reclamado la identidad de las personas que ocupan los siguientes cargos: la Presidencia de la Generalitat; la Vicepresidencia; las consejerías de Justicia; Territorio y Vivienda; Infraestructuras y Transporte; Turismo; Cultura, Educación y Deportes; Bienestar Social, y Sanidad, y de los organismos públicos Agencia Valenciana de Turismo, Instituto Valenciano de Evaluación, Agencia Valenciana de Salud, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), Fundación La Luz de las Imágenes, Proyecto Cultural de Castellón, Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva) y Sociedad para la Imagen Estratégica y Promocional. 
(www.elpais.com, 03/05/10) 
EL PP CIERRA FILAS EN TORNO A CAMPS Y LE DA "TODO EL APOYO 
El Partido Popular mantiene "todo su apoyo" a Francisco Camps pese a toda la corrupción que rodea al president de la Generalitat valenciana en torno al caso Gürtel. Por esta razón, María Dolores de Cospedal, secretaria general de los conservadores, ha querido dejar claro que para el PP, Camps sigue siendo "el mejor candidato" para gobernar la Comunidad Valenciana.
Pero no ha sido la única declaración a su favor. También han defendido al president Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, y el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas. Además, para evitar posibles suspicacias -por el hecho insólito de que esta mañana haya habido un bombardeo de declaraciones en defensa de Camps- Barberá se ha apresurado a explicar. La alcaldesa insistió en que no se ha reunido con ningún dirigente de su partido "ni personal ni presencial ni telefónicamente porque en mi partido el tema que se refiere a relevar al señor Camps no existe, no está planteado". "No hay nada", añadió.Desde Génova, el apoyo ha sido manifiesto. Cospedal ha recordado que Camps "no está imputado por nada" en la trama Gürtel, pese a aparecer varias veces en el sumario relacionado con los cabecillas de la misma. La secretaria general ha pedido que se le respete el derecho a la presunción de inocencia, negando también la posible financiación ilegal del PP valenciano.  
La conservadora asegura que su partido ha dado "muchas y cumplidas explicaciones" sobre la trama Gürtel y su relación con el PP, aparecida en los medios "sin cotejo ni documento oficial" en palabras de Cospedal. Para la secretaria general del PP, estas posibles implicaciones "luego no se han demostrado".
"El mejor candidato" 
El cerco judicial a Camps y su Gobierno y su posible imputación el próximo 12 de mayo ha puesto nervioso a los conservadores. La alcaldesa de Valencia ha querido rechazar de plano el posible relevo de Camps como presidente de la Generalitat si finalmente resulta imputado. Se limitó a aseverar que Camps "va a ser el mejor candidato". 
Por su parte, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, también ha querido dejar claro que Camps cuenta con "todo el respaldo del Partido Popular y de toda la dirección nacional sin ningún tipo de excepción". "Nunca se han planteado análisis que condujeran a hipótesis distintas de la candidatura de Camps en las próximas elecciones autonómicas". 
(www.publico.es, 03/05/10)
EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' ESTRECHA EL CERCO SOBRE CAMPS Y PARTE DE SU GOBIERNO 
La investigación judicial del caso Gúrtel estrecha el cerco sobre el presidente valenciano, Francisco Camps y la mayoría de su Gobierno. Mientras la portavoz del Ejecutivo valenciano, la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, trataba de descalificar ayer el informe de la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal de Justicia de Madrid, que revela cómo la práctica totalidad de su Gobierno amañó contratos con empresas de la trama corrupta de Francisco Correa, el juez de ese tribunal que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, requería a la Generalitat valenciana para que identifique a los máximos responsables de 17 departamentos, entre ellos la Presidencia de la Comunidad Valenciana, que contrataron entre 2004 y 2009 con empresas de la red corrupta. 
La nómina por la que se interesa Pedreira, supuesta para actuar judicialmente contra ellos si tiene competencia o elevar el caso a otros tribunales, incluye a una buena parte del actual Ejecutivo valenciano, empezando por el propio Camps. El requerimiento del juez Pedreira, que se realiza a instancias de la fiscalía, va dirigido a la abogada de la Generalitat Isabel Villalonga, que ayer compareció con el interventor general de la Generalitat, Salvador Hernández, junto a la consejera portavoz para calificar de "tendencioso" el informe de la Unidad de Auxilio Judicial. 
El juez reclama, "sin que signifique por ello prejuzgar sobre ninguna responsabilidad, la identidad de quienes fueron desde 2004 a 2009 los máximos responsables de los siguientes centros gestores y, en su caso, el cargo que desempeñan en la actualidad". 
Se trata de la Presidencia de la Generalitat; la Vicepresidencia; las consejerías de Justicia; Territorio y Vivienda; Infraestructuras y Transporte; Turismo; Cultura, Educación y Deportes; Bienestar Social, y Sanidad, y de los organismos públicos Agencia Valenciana de Turismo, Instituto Valenciano de Evaluación, Agencia Valenciana de Salud, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), Fundación La Luz de las Imágenes, Proyecto Cultural de Castellón, Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva) y Sociedad para la Imagen Estratégica y Promocional. En la respuesta de la Generalitat habrá un puñado de aforados valencianos. 
(www.elpais.com, 01/05/10) 
EL JUEZ DEL ‘CASO GÜRTEL’ PIDE QUE SE IDENTIFIQUE A 17 CARGOS DE FRANCISCO CAMPS 
El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, ha solicitado a la abogacía general de la Generalitat Valenciana que le informe sobre la identidad de 17 altos cargos de distintos departamentos del Ejecutivo de Francisco Camps que contrataron trabajos con empresas relacionadas con la trama de corrupción por un montante total de 7,25 millones, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). 
El requerimiento se produjo a instancias de la fiscalía anticorrupción y después de recibir un informe judicial que revela que, entre el 2004 y el 2009, la Generalitat valenciana y sus organismos autónomos firmaron 85 contratos con empresas de la trama Gürtel, en buena parte de los cuales se han detectado irregularidades de diversa gravedad. 
Pedreira quiere saber quiénes eran, en el periodo citado, los máximos responsables de los «centros gestores» de un total de 17 departamentos y cuál es el cargo que desempeñan actualmente, y añade que esta diligencia no significa «prejuzgar sobre ninguna responsabilidad». En concreto, el magistrado pregunta por los cargos que ostentaban la presidencia y la vicepresidencia del Gobierno autonómico, así como las consejerías de Justicia, Territorio y Vivienda, Infraestructuras y Transporte, Turismo, Cultura y Educación, Bienestar Social y Sanidad. Asimismo, solicita que se identifique a los gestores de la Agencia Valenciana de Turismo, del Instituto Valenciano de Evaluación, de la Agencia Valenciana de Salud, de Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), de la Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes, del Proyecto Cultural de Castellón y de Seguridad y Promoción Industrial Valencia. 
El Gobierno valenciano salió ayer al paso de las imputaciones que figuran en el citado informe judicial y, a través de su portavoz, Paula Sánchez de León, defendió «la honestidad y la legalidad» de las contrataciones y calificó las afirmaciones de «infamias, mentiras y difamaciones». 
(www.elperiodico.com, 01/05/10) 
EL JUEZ PIDE IDENTIFICAR A 17 CARGOS DEL CONSELL QUE CONTRATARON CON LA TRAMA GÜRTEL  
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, requerirá a la Generalitat para que le informe sobre la identidad de los responsables de 17 departamentos de esta Administración que contrataron con empresas de la trama. 
Así lo informaron ayer fuentes jurídicas, que señalaron que Pedreira dirigirá su requerimiento a la Abogada General de la Generalitat a instancias de la Fiscalía tras recibir un informe pericial que concluye que el Gobierno valenciano vulneró en repetidas ocasiones "la normativa reguladora de la contratación pública" mediante el fraccionamiento de contratos. 
El instructor del caso quiere saber quiénes eran los máximos responsables -consejero, presidente, director, etc.- de los "centros de gestión" de un total de 17 departamentos entre los años 2004 y 2009, así como cuál es el cargo que desempeñan actualmente.
Entre los organismos afectados por el requerimiento figuran Presidencia de la Generalitat, Vicepresidencia y las Consellerias de Justicia, Territorio y Vivienda, Infraestructuras y Transporte, Turismo, Cultura, Educación y Deportes, Bienestar Social, y Sanidad. 
También deberán ser identificados los gestores de la Agencia Valenciana de Turismo, del Instituto Valenciano de Evaluación, de la Agencia Valenciana de Salud, de Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), de la Fundación La Luz de las Imágenes, del Proyecto Cultural de Castellón y de Seguridad y Promoción Industrial Valencia (Sepiva). 
La última de las entidades por cuyo responsable se interesa el juez es la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana. 
Según el informe de la Unidad de Auxilio Judicial y que ha dado origen a la petición de la Fiscalía y al requerimiento del juez, estos organismos tramitaron con las sociedades de la red Gürtel 85 expedientes -de los que 76 correspondieron a contratos menores por razón de cuantía, por lo que se adjudicaron directamente- por un total de 7.25.062,46 euros. 
Orange Market, la sociedad dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, considerado el responsable en Valencia de la trama de corrupción ligada a cargos del PP presuntamente dirigida por Francisco Correa, fue la empresa proveedora de servicios en 45 de esos expedientes, por un montante de 6.829.079,16 euros. 
Otras ocho empresas presuntamente vinculadas con la trama resultaron adjudicatarias del resto de los expedientes: Special Events (13 expedientes, por importe de 145.980,70 euros), Diseño Asimétrico (8 expedientes, 85.970 euros), Down Town Consulting, Good & Better, Servimadrid, Technology Consulting Management, Boomerangdrive y Rialgreen. 
Según el informe, muchos expedientes se tramitaron como contratos menores por razón de cuantía a pesar de que en la mayoría de los casos el objeto del contrato "consistía en la realización de un único acto", lo que supone una vulneración "de los principios de publicidad y concurrencia recogidos en la normativa reguladora de la contratación pública".
(www.levante-emv.com, 01/05/10) 
LOS SOCIALISTAS SERÁN ACUSACIÓN POPULAR CONTRA LA TRAMA 
Fueron criticados por incluir a cinco conocidos empresarios en su denuncia, pero su estrategia judicial ha tenido éxito. Los socialistas valencianos serán acusación popular en el caso Gürtel, que instruye el juez Antonio Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
Su personación se deriva de una querella que presentaron en noviembre contra Francisco Camps, seis altos cargos de su Gobierno y su partido, cinco miembros de la trama Gürtel y cinco empresarios, por financiación ilegal del PP. El TSJ valenciano la dejó en stand by a la espera de que en Madrid culmine la investigación del caso Gürtel, aunque apuntó que detectaba "hechos de posible significación delictiva". Los socialistas decidieron entonces trasladarla a Madrid. 
"Se está moviendo la investigación de la trama valenciana", señaló ayer el portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Ángel Luna. "El juez entiende que hay temas de suficiente gravedad que afectan a los valencianos". La acusación popular podrá intervenir en la declaración del gerente de Orange Market, Álvaro Pérez, que el juez ha pospuesto del 7 al 18 de mayo "por motivos de servicio". 
(www.elpais.com, 01/05/10)
CAMPS RECHAZA PEDIR DISCULPAS POR LA CORRUPCIÓN GENERALIZADA EN EL CONSELL 
No tiene la más mínima intención de pedir disculpas, pese a que la sesión de control de ayer en las Cortes deparó detalles que apuntan a un final de etapa y a que los tribunales revelan día a día el alcance generalizado de la corrupción en su Gobierno. El presidente del Consell, Francisco Camps, cree que es la oposición la que debe disculparse. Y en eso discrepa de su portavoz parlamentario, el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, que se pronunció en ese sentido hace unos días, como se apresuró a resaltar el portavoz socialista, Ángel Luna. 
En respuesta a una pregunta de Blasco, precisamente, sobre la política educativa de la Generalitat, Camps hizo un autoelogio en el que llegó a referirse al "legado" de su gestión. En otro momento del debate, fue aplaudido por los diputados de su grupo durante un minuto como si estuviera a punto de marcharse. Así lo destacó el portavoz de Compromís, Enric Morera, que le espetó: "No le ha faltado más que el paseíllo. Esos aplausos suenan a despedida". 
Camps se amparó en que la Sindicatura de Comptes no ha encontrado irregularidades en la gestión de su Gobierno e ignoró las investigaciones judiciales, pero Luna sacó a relucir un informe pericial de hace menos de dos semanas en el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde el juez Antonio Pedreira instruye el caso Gürtel, constata que la práctica totalidad de los departamentos del Consell amañaron contratos con las empresas de la trama corrupta que dirigían Francisco Correa y Álvaro Pérez.Camps trató de defenderse acusando a Luna de haber practicado, cuando era alcalde de Alicante, la misma política de la que se acusa al Consell: fragmentar contratos para evitar concursos públicos. Añadió que cuando los socialistas gobernaban la Generalitat los contratos a dedo superaban a los de la época del PP. Y Blasco distribuyó después una información que pretende demostrar que "Luna es un experto en la práctica de contratos fraccionados", aunque los que menciona, de 1991, 1992 y 1994, sobre mantenimiento de zonas ajardinadas, pavimento de seguridad y adquisición de madera, tenían fechas y objetos bien diferenciados. Y desde luego, no se adjudicaron a una mafia corrupta. 
Camps intentó cargar la prueba sobre el líder de la oposición, a quien dijo: "Son muchas preguntas sin respuesta". Luna esgrimió el informe del TSJ de Madrid, en el que se constata que 17 consejerías y organismos de la Generalitat contrataron con nueve empresas de la trama corrupta, y señaló que el próximo día 12 de mayo, en que el Tribunal Supremo decidirá si reabre el caso contra Camps por cohecho archivado en Valencia, tiene al presidente del Consell y al PP "aterrorizados y paralizados". 
"La suya es una estrategia suicida y antidemocrática", comentó Luna de la negativa de Camps a asumir responsabilidades. "Su futuro está en manos de los jueces". "¿Hasta cuándo esta forma de maniobrar?", añadió. "¿No se ha dado cuenta de que su grupo se resquebraja?". 
"No hay ningún miembro del Consell involucrado en procedimiento alguno", aseguró Camps en respuesta al portavoz de Compromís, Enric Morera, que le recordó: "El día 12 decidirá sobre usted el tribunal Supremo". Morera relacionó la falta de transparencia con la corrupción y con un perjuicio a la prosperidad de las sociedades y señaló: "Estas Cortes sólo tienen información gracias al sumario judicial". "¿Tendrá razón Blasco de que usted continuará aunque le imputen o se hará el favor, y nos lo hará a todos los valencianos, de presentar la dimisión?", le preguntó. Camps respondió: "Confío en la justicia y la verdad, por eso estoy tranquilo". 
En una de las repreguntas, la diputada de Compromís Mònica Oltra inquirió directamente a Camps si "pedirá disculpas por haber mentido" y por "haber enviado la institución que representa a los detritos". Camps la acusó de no representar ni al 1% de los valencianos. 
(www.elpais.com, 30/04/10) 
TODO EL GOBIERNO DE CAMPS AMAÑÓ CONTRATOS CON LA TRAMA DE CORRUPCIÓN 
El Gobierno que preside Francisco Camps, del PP, contrató de forma generalizada con la trama de corrupción que encabezaba Francisco Correa, tal como revela un informe de la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el caso Gürtel. El informe, del pasado 16 de abril, fue la bomba que ayer reveló el portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, en plena sesión de control a Camps. 
"Incumplió la ley en más de 50 ocasiones", le recriminó Luna al presidente valenciano, que se negó a pedir disculpas por la trama de corrupción y dijo, en relación con la decisión que el 12 de mayo tiene previsto adoptar el Tribunal Supremo sobre el caso de los trajes que le regaló la red Gürtel: "Confío en la justicia y la verdad, por eso estoy tranquilo". 
El informe pericial aporta datos demoledores. Entre 2004 y 2009, el Ejecutivo valenciano adjudicó al menos 85 contratos con nueve empresas de la trama de corrupción, la principal de ellas la sociedad Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, cabeza visible de la red en Valencia. Sólo nueve de esos contratos se hicieron por concurso y, aun así, en varios casos se trató de concursos ficticios o con irregularidades. La propia Presidencia de la Generalitat, la Vicepresidencia, siete consejerías (Justicia, Territorio y Vivienda, Infraestructuras y Transporte, Turismo, Cultura y Educación, Bienestar Social y Sanidad), y ocho organismos y empresas públicas contrataron con la trama por una cantidad global de 7,2 millones. 
El fraccionamiento de contratos para adjudicarlos a dedo y evitar el concurso fue la práctica más habitual en un catálogo de irregularidades que incluye la adjudicación directa de contratos por encima de 12.000 euros, que prohíbe la ley, la vulneración del principio de concurrencia al solicitar ofertas a empresas de la misma trama, la duplicidad en el pago de servicios, el pago por trabajos no realizados y la adjudicación a empresas sin solvencia técnica. 
La Abogacía de la Generalitat emitió anoche una nota en la que defiende que todos los contratos se ajustan a la legalidad y califica de "desproporcionadas, infundadas, y en algún caso falsas", las conclusiones de la Unidad de Auxilio Judicial, que integra a expertos de la Intervención del Estado, de la Agencia Tributaria y del Banco de España, entre otros. 
(www.elpais.com, 30/04/10) 
ORANGE MARKET DEBIÓ SER EXCLUIDA DEL CONCURSO QUE LE ABRIÓ LA PUERTA 
El caso afecta a la entonces consejera de Turismo y hoy presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez, que recibió un reloj de 2.400 euros de la trama, pero salpica también a Francisco Camps. Según el informe, Orange Market tenía que haber sido excluida del primer concurso de envergadura que obtuvo, el del pabellón valenciano en Fitur en 2005. Una solvencia técnico-profesional consistente en haber realizado "en tres años un montaje de stand y por un importe de 54.520 euros, cuando el objeto del contrato comprende cinco ferias y su presupuesto es de 1,5 millones", obligaba a excluirla, dice el informe. Orange Market obtuvo ese contrato y todos los de Fitur hasta 2009. 
Pero la trama consiguió, además, por Fitur 2005, más ingresos, que cobró mediante contratos fragmentados por menos de 12.000 euros de dos consejerías, y llegó a cobrar a dedo cantidades de 149.000 y 30.000 euros. Unas adjudicaciones que Martínez convalidó, pese a reconocer su irregularidad. El informe advierte de que "la convalidación la debería hacer el superior jerárquico" [de la consejera], en este caso la propia presidencia de la Generalitat. En varias de las adjudicaciones de pabellones de Fitur se detecta "duplicidad en el pago de servicios" a Orange Market y otras empresas de la red Gürtel. 
(www.elpais.com, 30/04/10) 
OPEN DE TENIS DE VALENCIA. IRREGULARIDADES EN EL CLUB DEL PRESIDENTE 
El Open de Tenis se celebró en Valencia los años 2006 y 2007 en las instalaciones del Club de Tenis Valencia, del que es socio el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, donde resultaba habitual encontrarlo. Ambas competiciones figuran en el sumario del caso Gürtel por una de las prácticas más generalizadas en las relaciones de la trama corrupta con la Administración valenciana: el fraccionamiento de contratos. 
La Consejería de Cultura, Educación y Deportes pagó en 2006 36.196 euros, divididos en cuatro contratos a otras tantas empresas de la red de corrupción: Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid y Orange Market. En 2007, el "acto del Open de Tenis" costó al mismo departamento 57.040 euros, que cinco empresas de la trama (las cuatro anteriores más Good and Better) cobraron en pagos fraccionados. El informe señala que ese fraccionamiento tiene "la finalidad de no utilizar otros procedimientos de contratación (negociado o abierto), por lo que se han vulnerado los principios de publicidad y concurrencia". Pero los Open de Tenis todavía involucran a otro departamento de la Generalitat, la Fundación La Luz de las Imágenes, dedicada al patrimonio religioso, que aparece en el informe con 74.612 euros pagados a empresas de la trama corrupta y que montó en la competición una exposición para la "carpa de cortesía" de la Generalitat. 
(www.elpais.com, 30/04/10) 
DOCUMENTALES DE VAERSA. CONCURSO FICTICIO Y CONTRATO INCUMPLIDO 
La primera relación contractual de Orange Market con la Generalitat valenciana se produjo en 2004 a través de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (Vaersa), dependiente de la Consejería de Territorio y Vivienda, entonces dirigida por el actual portavoz parlamentario del PP en las Cortes valencianas y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco. 
La empresa de Álvaro Pérez ganó, mediante el procedimiento negociado y sin publicidad, un concurso por 119.500 euros para la edición de unos documentales de sensibilización sobre el medio ambiente en competencia con otras dos empresas de la trama corrupta; Boomerangdrive y Down Town Consulting. 
Orange Market cobró la mitad del contrato, 69.310 euros, pero nunca hizo su trabajo. El contrato se rescindió en enero de 2007 sin que la firma devolviera el dinero, porque Vaersa asumió que había sido responsabilidad suya. El informe pericial que ha recibido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid señala que el incumplimiento tendría que haber dado lugar a "la exigencia de responsabilidad y a la prohibición de contratar de Orange Market con la Administración" o a la apertura de "un expediente de responsabilidad administrativa contra personal de Vaersa por dejación o incumplimiento de sus obligaciones". 
(www.elpais.com, 30/04/10) 
VOLVO OCEAN RACE. ORANGE MARKET HIZO LA ÚNICA OFERTA PARA LA CEREMONIA 
La Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo de vela, partió de Alicante en 2008 y tampoco la trama de corrupción quedó al margen del acontecimiento. La empresa Orange Market se encargó de la "conceptualización, producción, montaje y dirección de la ceremonia de inauguración de la Villa de Regatas" por un importe de 445.000 euros. La suya fue la única oferta. 
Según recoge el informe de la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana solicitó ofertas a tres empresas, Inmotion Trade Company, Concepto Alternativo Estrategia y Orange Market. Sólo respondió Orange Market. 
Hubo otros casos, como el acto de entrega de los premios Salud y Sociedad en 2006 en que la Consejería de Sanidad convocó, en un procedimiento negociado sin publicidad, a tres empresas. Dos eran de la trama, que se llevó el contrato. 
(www.elpais.com, 30/04/10) 
EL "LÍO DE GÜRTEL" PARALIZA AL CONSELL, SEGÚN LOS SINDICATOS 
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT prepararon ayer las manifestaciones del Primero de Mayo con una demoledora descripción de la situación económica del territorio, severas críticas al Consell y advertencias al Gobierno y a la patronal. El modelo económico valenciano que la Generalitat sigue defendiendo, afirmaron, es el "paradigma de un modelo fracasado": de la temporalidad, del paro juvenil (supera el 40%), la caída del PIB (la segunda comunidad autónoma), el desempleo (con 580.000 personas en paro, 200.000 sin ningún tipo de cobertura), y la deuda. 
Carlos Vila y Alfonso Arnedo, secretarios de organización de CC OO y UGT, respectivamente, calificaron la situación como "la mayor crisis social y económica" vivida en el territorio. Y frente a ella, agregaron, el Consell está "ausente", "liado con el caso Gürtel" y asistiendo sin reaccionar a la "degradación institucional", lamentó Arnedo. El Consell "no puede estar mediatizado por los juzgados, ni engañando a la ciudadanía, ni permanecer en una confrontación permanente con el Gobierno central", añadió Vila, sino gobernar para todos los valencianos. 
Las organizaciones sindicales reclamaron una apuesta por la actividad industrial y por establecer mecanismos públicos para que la financiación fluya hacia las empresas. "Esto sólo es posible con un sistema financiero volcado con la actividad productiva y no con la especulativa, que sea utilizado para financiar la innovación, la internacionalización de las empresas y la investigación", dijeron. 
Para impulsar el empleo, CC OO y UGT apostaron por ampliar la red de escuelas de 0 a 3 años, mejorar los servicios públicos y potenciar el Servicio Valenciano de Empleo (Servef), que ha visto reducidos sus fondos cuando tiene el doble de personas que atender. Con el lema de la marcha, Por un empleo con derechos y la garantía de nuestras pensiones, advirtieron de que aceptarán "imposiciones" en las reformas del mercado laboral y de la jubilación. 
Valencia vivió ayer un ensayo con la movilización contra la directiva europea que liberalizara el correo, aprovechando la Conferencia Postal Europea a la que asistió el ministro de Fomento, José Blanco. 
(www.elpais.com, 30/04/10) 
LOS SOCIALISTAS VALENCIANOS SERÁN ACUSACIÓN POPULAR EN EL 'CASO GÜRTEL' 
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado la personación de los socialistas valencianos como acusación popular en el sumario del caso Gürtel. El PSPV-PSOE presentó el pasado noviembre una querella contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, seis altos cargos de su gobierno y del partido, cinco presuntos miembros de la trama corrupta y cinco empresas constructoras por la supuesta financiación ilegal del PP. 
El pasado febrero, el TSJ valenciano decidió declararse no competente para investigar la denuncia al considerar que no debía desgajarse de la causa que instruye en Madrid el magistrado Antonio Pedreira porque podían producirse "duplicidades". No obstante, señaló que el informe policial en el que se apoya la querella contiene "hechos de posible significación delictiva" sobre la financiación del PP valenciano que "necesariamente se han de investigar". Tras esta resolución, los socialistas decidieron personarse en el sumario del TSJ madrileño, lo que ahora les ha sido aceptado. 
La querella se dirigía contra un total de 17 personas por los delitos de falsedad, financiación ilegal de partido político, malversación, prevaricación y cohecho. La denuncia del PSPV se basó en un informe de la Brigada Policial de Blanqueo que apunta indicios de que el PP valenciano se financiació presuntamente de forma ilegal a través de facturas de actos de partido que habrían pagado las empresas constructoras a través de Orange Market, filial valenciana de la trama dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. 
El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, ha explicado que "el tema es serio". "Los socialistas estamos legitimados para representar a la acusación popular", ha destacado también Luna. "Ahora se está moviendo la investigación de la trama valenciana", ha concluidos.
(www.elpais.com, 30/04/10) 
BLASCO RECTIFICA SOBRE GÜRTEL: "NO TENEMOS QUE PEDIR PERDÓN POR NADA" 
El consejero de Ciudadanía y portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, se vio ayer obligado a desdecirse, a instancias de su propio partido. Si el martes, Blasco aseguró en Canal 9 que el PP "debería haber pedido disculpas por algunos errores que se han cometido" en relación con el caso Gürtel, ayer el consejero afirmó: "No tenemos que pedir perdón por nada". Distintas fuentes del PP señalaron que la rectificación de Blasco se produjo por la presión de Presidencia de la Generalitat, contrariada por las declaraciones del portavoz parlamentario del PP en Canal 9. 
Unas declaraciones que daban al traste con el argumentario sostenido por los populares valencianos desde que estalló el caso Gürtel, que niegan cualquier clase de irregularidad o actuación errónea. Así, Blasco se llevó ayer las críticas de sus propios correligionarios, en privado, y de la oposición, en público. El portavoz socialista, Ángel Luna, no desaprovechó la oportunidad de echar sal en la herida: "Blasco es el primero que rompe la estrategia que había impuesto Camps de que aquí no pasa nada, todo está muy bien, no hemos hecho nada, no hemos tenido ni amigos ni contratos". "No me extraña", prosiguió Luna, "Blasco es experto en atisbar el horizonte antes que nadie, ya lo hizo con Zaplana, es el primero que salta del barco". El portavoz socialista, además, instó al consejero a ser coherente y a dar explicaciones sobre el caso Gürtel, ya que la consejería que dirigía en 2005 fue la primera en dar un contrato, a través de una empresa pública, a Orange Market. 
Rafael Blasco reaccionó a las críticas de Luna cargando contra los socialistas al asegurar que ese partido está a la cabeza de los casos de corrupción en España. "El caso Gürtel no existe en la Comunidad Valenciana", prosiguió el consejero, "no hay ninguna persona responsable política de este partido imputada, pero el PSPV continúa con su monotema de atacar a las instituciones valencianas sin pedir disculpas ante la sociedad y sin sustanciar lo que ahora mismo sería exigible, la dimisión de sus responsables". 
La rectificación del consejero tuvo lugar ayer, con todo el PP pendiente de lo que pueda ocurrir el próximo 12 de mayo en el Tribunal Supremo -que ha de decidir contra los recursos de la fiscalía y el PSPV contra el archivo del caso judicial abierto por los regalos de los trajes de la trama corrupta al jefe del Consell- y en vísperas de que la oposición pregunte hoy a Camps por el caso Gürtel. 
En este contexto, la diputada de Compromís Mireia Mollà denunció ayer la decisión de la Mesa de las Cortes de rechazar la comparecencia de la presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, en comisión para explicar su relación con la trama corrupta de Gürtel. La decisión, adoptada por populares y socialistas, de no admitir la comparecencia de la presidenta de la Cámara se argumenta en que la función de las Cortes es controlar al Ejecutivo y que si se pretende controlar una determinada gestión ha de comparecer el responsable del departamento. 
Mollà criticó la posición de populares y socialistas e instó a Milagrosa Martínez a dar cuentas "en sede parlamentaria" de sus relaciones con Orange Market en su etapa de consejera de Turismo. En este contexto, Esquerra Unida denunció ayer el veto del PP a la solicitud de comparecencia del consejero de Sanidad para que explicase la situación del centro de investigaciones Príncipe Felipe de Valencia por contener juicios de valor. 
Por otra parte, populares y socialistas acordaron ayer renovar la Sindicatura de Comptes. El acuerdo pasa por que repitan durante otro mandato de seis años Rafael Vicente Queralt, Marcela Miró y Antonio Mira-Perceval. 
(www.elpais.com, 29/04/10)
CAMPS SE NIEGA A PEDIR DISCULPAS POR EL 'CASO GÜRTEL' 
Ni una disculpa. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha rechazado esta mañana en la sesión de control de las Cortes valencianas suscribir las declaraciones en las que su portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad, Rafael Blasco, afirmaba que tal vez los populares debían haber pedido disculpas por el caso Gürtel. 
La oposición ha vuelto a pedir sin éxito explicaciones a Camps por los contratos de la Administración valenciana con empresas de la red corrupta. El presidente del Consell se ha amparado en todo momento en que la Sindicatura de Comptes ha fiscalizado la actuación de su gobierno y no ha comunicado irregularidades. 
Ante la insistencia de la oposición, Camps ha sido arropado por los parlamentarios del PP con un largo aplauso cuando el portavoz socialista, Ángel Luna, ha asegurado que el grupo popular "se está resquebrajando", en alusión a las palabras de Blasco, que ayer rectificó para sostener que no debe pedir perdón "por nada". 
Luna ha esgrimido un informe del sumario que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la oficina de auxilio judicial que revela que de 85 operaciones de la Generalitat analizadas, en 50 se han producido irregularidades. El portavoz socialista ha afirmado que hay facturas que exceden los límites previstos para la adjudicación directa y duplicidades en el pago, entre otras irregularidades. Ha destacado, además, que la empresa pública Vaersa no debió contratar con Orange Market (filial valenciana de la trama) y que, en todo caso, debería haberse prohibido contratar con la empresa de Álvaro Pérez tras incumplir el contrato. El consejero que controlaba entonces la empresa era Blasco, ha subrayado. Según Luna, el informe del sumario concluye que Orange Market tampoco debió acceder a las adjudicaciones millonarias de Fitur porque no acreditó su solvencia y experiencia. En esa línea, el portavoz socialista ha apuntado también que el informe indica que la actual presidenta de las Cortes y ex consejera de Turismo, Milagrosa Martínez, no debió convalidar otros contratos relacionados con Fitur que incumplían la ley. 
Campsha insistido en que la Sindicatura de Comptes y el Tribunal de Cuentas "no han dicho absolutamente nada" sobre contrataciones irregulares. Y en respuesta al portavoz de Compromís, Enric Morera, y las referencias al 12 de mayo, cuando el Tribunal Supremo decidirá sobre los recursos contra el archivo del caso de cohecho pasivo impropio que afecta al presidente de la Generalitat por aceptar regalos de la trama, Camps ha subrayado: "Confío en la justicia y la verdad, estoy tranquilo". "Usted ha no es dueño de su futuro, está en manos de los jueces", ha afirmado Luna en otro momento de la sesión también en alusión a la cita judicial. 
(www.elpais.com, 29/04/10) 
TODO EL GOBIERNO VALENCIANO AMAÑÓ CONTRATOS PARA NUEVE EMPRESAS DE LA TRAMA CORRUPTA 
La presidencia y la vicepresidencia del Gobierno valenciano, siete consejerías (Justicia, Vivienda, Infraestructuras, Turismo, Educación, Bienestar Social y Sanidad) y ocho organismos públicos dependientes del Ejecutivo autónomo del PP, adjudicaron entre 2004 y 2008 al menos 85 contratos a nueve empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa por 7,2 millones de euros. De esos contratos, la inmensa mayoría se adjudicaron a dedo sin requerir expedientes de contratación. 
La unidad de auxilio judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga el caso Gürtel, remitió hace algo más de una semana un informe de 43 páginas, que esta mañana ha esgrimido en las Cortes valencianas el portavoz socialista, Ángel Luna, donde denuncia múltiples irregularidades en la contratación con las empresas de la trama corrupta que salpican tanto a Francisco Camps, como a su vicepresidente y a siete consejeros del Gobierno del PP. 
Sobre la mayoría de los contratos menores, adjudicados a dedo, el informe señala las siguientes irregularidades: 
Fraccionamiento ilegal. "En al menos 14 actividades se ha fraccionado el objeto del contrato en varios contratos menores con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación -negociado o abierto- vulnerando los principios de publicidad y concurrencia, recogidas en la normativa reguladora de la contratación pública". Los distintos departamentos del Gobierno valenciano del PP vulneraron las normas de varias formas, según el informe pericial: 
- El mismo órgano fracciona el expediente en varios contratos que se adjudican a la misma empresa. 
- El mismo órgano fracciona el expediente en varios contratos, algunos de los cuales adjudican a la misma empresa y otros se adjudican a empresas diferentes pero del mismo grupo [pertenecientes a la red de sociedades de Francisco Correa]. 
De cada una de estas actividades, el informe pericial aporta ejemplos tras el análisis de los distintos expedientes de contratación. Los peritos destacan, por ejemplo, que tras adjudicar la Agencia Valenciana de Turismo en 2005, este sí por concurso, el montaje y desmontaje del pabellón valenciano en la feria Fitur que se celebra en Madrid todos los años, otras consejerías como Vivienda o Infraestructura y Transportes, contrataron diversos servicios para ese pabellón fraccionando el objeto de contrato para no tenerlo que sacar a concurso y adjudicárselo a las empresas de la trama corrupta, "vulnerando los principios de publicidad y concurrencia". 
En aquel momento era consejera de Turismo la actual presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez, a quien la trama regaló un reloj de 2.400 euros. El informe afirma que no se debió conceder a Orange Market el pabellón porque no acreditó solvencia ni experiencia suficiente. Por otra parte, Martínez convalidó contratos menores relacionados con Fitur también de forma irregular. El informe asegura que "la convalidación la debería hacer el superior jerárquico", que sería Presidencia de la Generalitat. 
(www.elpais.com, 29/04/10) 
CAMPS AMAÑÓ CONTRATOS POR VALOR DE 7,5 MILLONES PARA FAVORECER A LA GÜRTEL 
Presidencia, Vicepresidencia, 7 consejerías (Justicia, Vivienda, Infraestructuras, Turismo, Educción, Bienestar Social y Sanidad) y 17 órganos gestores de la Generalitat Valenciana adjudicaron 85 contratos por valor total de 7,2 millones de euros a nueve empresas de la trama Gürtel entre 2005 y 2009. Estos detalles han sido extraídos de un informe policial fechado el pasado 16 de abril que “no está protegido por el secreto de sumario” y ha sido notificado a las partes según ha denunciado esta mañana el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, durante la sesión de control al Gobierno. Para evitar el concurso público, el Gobierno de Camps fraccionaba los contratos. Según las conclusiones de la Policía algunos de los trabajos nunca se realizaron o fueron cobrados dos veces. Pese a las graves acusacionse, el presidente de la Generalitat Francisco Camps se ha mostrado “tranquilo” y ha destacado que confía “de verdad en la justicia y en la verdad”. 
En el Pleno de este jueves, Luna ha detallado el “manual de fraccionamiento de contratos” descrito por la Policía, una guía que reseña trabajos no realizados pero cobrados, convocados dos veces, o adjudicados a entidades que no cumplen los requisitos. El informe analiza 85 operaciones por un importe total de 7'5 millones de euros, de las que nueve han requerido la tramitación de un expediente de contratación y 76 corresponden a expedientes tramitados como contratos menores por su cuantía, que ascienden a 1'1 millones de euros.
Siete millones 
En las conclusiones, se expone que desde 2004 a 2009 han prestado sus servicios 9 empresas de la trama Gürtel, principalmente Orange Market (con 45 expedientes y un importe de 6'8 millones de euros), Special Events (13 expedientes por 145.980 euros) y Diseño Asimétrico (con 8 expedientes por 85.970 euros). Entre otros aspectos, según Luna, el informe indica que Orange Market debería haber sido excluida del contrato de Fitur 2005 por no haber acreditado la solvencia técnico/profesional, y habla de la convalidación de facturas "ilegales porque superan el máximo permitido", tres de ellas de la actual presidenta de Les Corts y ex consellera de Turismo, Milagrosa Martínez –a quien la red regaló un reloj de 2.400 euros-, por Fitur 2005. Además, para dichas convalidaciones era imprescindible la autorización de Camps, un extremo que no se produjo.
El filón de Fitur 
Luna ha indicado que el informe señala que, según un decreto del Consell, al considerarse la participación en Fitur de las consellerias una actividad de promoción y representación institucional en las que interviene el president de la Generalitat, es preceptiva la autorización previa del gabinete del president. Asimismo, ha evidenciado que era innecesario convocar por vía urgente actos de carácter anual perfectamente previsibles. En concreto, se ha referido a un almuerzo que se adjudicó directamente a Orange Market en Fitur 2005 por 149.000 euros. El propio director de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo reconoce que "en ningún caso se podría invocar la imperiosa urgencia o necesidad".
Pagos por nada 
El socialista ha resaltado también que hay facturas donde "se incumple claramente" el objeto del contrato. Según relata el diario El País, éste es el caso de la empresa pública VAERSA, que contrató la grabación y edición de un vídeo para concienciar a los valencianos del reciclaje de basuras. Solicitaron ofertas a tres empresas Gürtel (Orange Market, Boomerangdrive y Down Town Consulting).  El contrato se adjudicó finalmente a Orange Market, a cuyo frente estaba Álvaro Pérez, El Bigotes, que manteía una gran amistad con varios miembros del Gobierno valenciano, entre ellos el propio Camps. El contrato se adjudica en 119.500 euros y se le adelanta el 50% (69.310) por el guión técnico y literario del futuro documental, que nunca se llega a grabar. La emrpesa pública asumió la responsabilidad del incumplimiento del contrato, por lo que Orange Market pudo seguir contratando con la administración valenciana.  
Fraccionando contratos 
El informe policial revelado esta mañana por Luna, indica que, en al menos 14 actividades, se fraccionó el objeto del contrato en varios contratos menores, vulnerando las exigencias de publicidad y concurrencia que marca la ley en las adjudicaciones públicas. Los contratos fraccionados se adjudicaron a la misma empresa o a empresas diferentes pero del mismo grupo, como sucedió en la celebración del Congreso del Software Libre o el Open de Tenis 2006 y 2007.

Camps, “tranquilo” 
Ante este aluvión de detalles, el presidente Camps, se ha limitado a mostrarse “tranquilo” y confiado “de verdad en la justicia y en la verdad”. Camps ha asegurado que en la época del Gobierno socialista los contratos sin procedimiento de publicidad y concurrencia eran del 54% “frente al menos 10%” del PP. Ha asegurado, además, que la Sindicatura de Cuentas no ha encontrado elementos de una contabilidad “que no sea responsable”, aunque sí ha señalado “alguna recomendación” para gestionar “mejor” los “expedientes de contratación”.  
Entona el y tú más 
Lejos de asumir cualquier tipo de responsabilidad, tal y como nos tiene acostumbrados, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a tirar balones fuera y aplicar el y tú mas. Así, ha acusado a Luna de “presumiblemente” fraccionar contratos cuando era alcalde de Alicante. Tras recibir los aplausos de la bancada popular, Camps ha dicho que el socialista era un “pequeño factor más de unión” del grupo, del aumento de simpatizantes y de expectativa de votos por lo que “en algún rincón de la sede” le pondrá “algún tipo de recuerdo”, recoge Levante.  
(www.elplural.com, 29/04/10) 
UN ESCÁNDALO EN CONTENEDOR AMARILLO 
La empresa pública valenciana VAERSA contrató la grabación, edición y realización de un vídeo documental para concienciar a los valencianos sobre el correcto uso del contenedor amarillo. Para adjudicar el proyecto se solicitaron tres ofertas a Orange Market, Boomerangdrive y Down Town Consulting. No se trataba de empresas conocidas en Valencia y especializadas en la elaboración de ese tipo de trabajos. Ni siquiera eran empresas con las que tratara habitualmente VAERSA. Simplemente eran empresas que pertenecían, todas, a la red corrupta de Francisco Correa. 
Los peritos que auxilian al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la investigación del caso Gürtel señalan que en ese concurso "se vulneraron los principios de publicidad y concurrencia". 
El contrato se adjudicó finalmente a Orange Market, la única de las tres empresas de la red corrupta con sede en Valencia y cuyo máximo responsable, Álvaro Pérez, tenía íntima amistad con algunos de los dirigentes del Gobierno valenciano. El contrato se adjudica en 119.500 euros pero se le adelanta el 50% (69.310) por el guión técnico y literario del futuro documental, que nunca se llega a grabar. VAERSA asume la responsabilidad del incumplimiento del contrato, lo que exonera a Orange Market y le permite seguir contratando con la administración valenciana. En el expediente de este contrato, los peritos señalan que no consta "ninguna apertura de expediente de responsabilidad administrativa contra personal de VAERSA por dejación o incumplimiento de sus obligaciones". 
(www.elpais.com, 29/04/10) 
EL GOBIERNO VALENCIANO FRACCIONÓ CONTRATOS Y LOS ADJUDICÓ A LA TRAMA GÜRTEL 
El gobierno Valenciano adjudicó 85 contratos a 9 empresas de la Gürtel entre el 2004 y el 2008 por un valor de 7,2 millones de euros. Son datos de un informe de la Unidad de Auxilio Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se instruye el sumario de la trama corrupta, y que dio a conocer esta mañana Ángel Luna, portavoz socialista en Les Corts.  
El informe, del 16 de abril, no está dentro del secreto de sumario y, según Luna, demuestra "cómo en más de 50 ocasiones se ha vulnerado la ley". En ese sentido, el portavoz del PSPV señaló que en "al menos 14 actividades se ha fraccionado el contrato en otros menores para evitar la publicidad y concurrencia". 
Las contrataciones, que abarcan un periodo de cuatro años, afectan a la presidencia y vicepresidencia del Gobierno valenciano, siete conselleries y ocho organismos públicos dependientes del gobierno Valenciano. Luna fue desgranando estos datos durante la sesión de control al president de la Generalitat, Francisco Camps, quien defendió su gestión "porque la Sindicatura de Cuentas no ha encontrado elementos de una contabilidad que no sea responsable". 
El informe, de 43 páginas, ha sido elaborado por interventores del Estado, inspectores de Hacienda y funcionarios del Banco de España. Entre algunas de las informaciones que incluye, Luna destacó que Orange Market (la filial de la Gürtel en Valencia) debería haber sido excluida del contrato de fitur 2005 "por no haber acreditado la solvencia económica".  
Además, para este mismo acontecimiento, "se convalidaron facturas ilegales porque superan el máximo permitido", tres de las cuales afectan a la actual presidenta de Les Corts y ex consellera de Turismo, Milagrosa Martínez, según relató Luna.  
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, defendió hoy las adjudicaciones realizadas por el Gobierno valenciano, informa Europa Press, y aseguró que la Sindicatura de Comptes dice que "todo está bajo el control de legalidad y en perfectas condiciones". Además, señaló que la institución fiscalizadora "no ha encontrado los elementos que configuran una contabilidad que no sea responsable" y aseguró que había más fraccionamiento en la etapa de Gobierno socialista al frente del Consell.  
(www.publico.es, 29/04/10)
CAMPS IMPIDE DEBATIR LA CORRUPCIÓN PARA EVITAR "JUICIOS DE VALOR" 
La Mesa de las Cortes Valencianas, con la aquiescencia de la Presidencia de la Generalitat, envió ayer a la papelera cinco iniciativas de la oposición que aludían al caso Gürtel y al fenómeno de la corrupción con el argumento de que incluían "juicios de valor". Se trataba de dos iniciativas de los socialistas y tres de Compromís pel País Valencià. Los socialistas solicitaban la comparecencia del director de Ràdio Televisió Valenciana, José López Jaraba, para explicar las contrataciones por la visita del Papa, "una vez levantado el secreto del sumario", y también una interpelación al vicepresidente Vicente Rambla para que explicara los viajes al extranjero del jefe del Consell, Francisco Camps. 
Compromís, por su parte, planteaba la creación de una comisión de investigación para aclarar las relaciones de Camps y otros altos cargos con empresas de la red de corrupción; preguntaba sobre un contrato en Canal 9 y presentaba una proposición no de ley para ampliar las competencias de la Sindicatura de Comptes para fiscalizar la Generalitat y sus fundaciones. 
El portavoz parlamentario del PP y consejero, Rafael Blasco, que horas antes declaró en Canal 9 que desde el PP "deberíamos haber dado alguna explicación más, y creo sinceramente que incluso debiéramos haber pedido disculpas por algunos errores que se han cometido", aseguró que su grupo no acepta que las Cortes sirvan "para que algunos emitan juicios de valor. No se puede confundir oposición con obstrucción". 
El portavoz socialista, Ángel Luna, advirtió de que no dejará de hablar del caso Gürtel y reveló nuevos contratos irregulares recogidos en el sumario. El portavoz de Compromís, Enric Morera, acusó al PP de hacer de las Cortes Valencianas el Parlamento "menos transparente de España". 
(www.elpais.com, 28/04/10) 
EL PP VETA CINCO INICIATIVAS PARA IMPEDIR QUE SE HABLE DE CORRUPCIÓN 
La Mesa de las Cortes Valencianas, con la aquiescencia de presidencia de la Generalitat, lanzó ayer a la papelera cinco iniciativas de la oposición que aludían al caso Gürtel y al fenómeno de la corrupción con el argumento de que incluían "juicios de valor". Se trataba de dos iniciativas de los socialistas y tres de Compromís. Los socialistas solicitaban la comparecencia del director de Ràdio Televisió Valenciana, José López Jaraba, para explicar las contrataciones por la visita del Papa "una vez levantado el secreto del sumario", y también una interpelación al vicepresidente Vicente Rambla para que explicara los viajes al extranjero del jefe del Consell, Francisco Camps. Compromís, por su parte, planteaba la creación de una comisión de investigación para aclarar las relaciones de Camps y otros altos cargos con las empresas de la red de corrupción; preguntaba sobre un contrato en Canal 9 con un productor relacionado con la denuncia de que José Luis Moreno sobornó al ex presidente balear Jaume Matas, y presentaba una proposición no de ley para ampliar las competencias de la Sindicatura de Comptes para fiscalizar mejor a los ayuntamientos, a la Generalitat y sus fundaciones. 
El argumento utilizado por el PP para impedir la tramitación no es nuevo. El actual vicepresidente de la Mesa de las Cortes, el popular Rafael Maluenda, lo ha utilizado reiteradamente pese a que son ya varias las sentencias del Tribunal Constitucional que han dado la razón, con años de retraso, a los grupos de la oposición. 
El portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, que unas horas antes había declarado en Canal 9 que su partido "debería haber pedido disculpas por algunos errores cometidos" y ofrecido "algunas explicaciones" sobre el tema de la corrupción, aseguró, con gesto contrariado, tras una tormentosa Junta de Síndics, que su grupo no está dispuesto a que las Cortes sirvan "para que algunos puedan emitir juicios de valor", y añadió que "no se puede confundir oposición con obstrucción". Blasco puso como ejemplo de "juicios de valor" unos pasajes de la proposición de ley de Compromís que comparaba a un golpe de Estado la manipulación de los mecanismos democráticos de control.  
No pudo, sin embargo, aclarar qué juicios de valor contenía la propuesta, de seis líneas, del PSPV para que compareciera el director de RTVV.El portavoz de Compromís, Enric Morera calificó de "escabechina de propuestas de la oposición" el rechazo de iniciativas impuesto por el PP. Morera, que acababa de presentar en conferencia de prensa, junto a la diputada Mireia Mollà, una proposición de ley para crear una oficina antifraude, además de la proposición no de ley de ampliación de competencias de la Sindicatura de Comptes rechazada, casi en esos mismos momentos, por la Mesa, acusó al PP de convertir las Cortes Valencianas en el Parlamento "menos transparente de España". 
"Están decididos a imponer un manto de silencio", comentó el portavoz socialista, Ángel Luna, "pero evidentemente no lo van a conseguir porque no es posible que las Cortes no puedan preguntar sobre estas cosas". Luna explicó que la comparecencia del director de RTVV fue solicitada por su grupo porque en su anterior comparecencia en el Parlamento se escudó en el secreto del sumario del caso Gürtel para no hablar de los contratos de Canal 9 con empresas de la trama de corrupción. "Vamos a seguir hablando de la trama y de los contratos", señaló el portavoz socialista. "Ellos tienen muchas cosas que explicar y van a tener que dar explicaciones, aquí o en los juzgados, o en los dos sitios a la vez". 
Dicho y hecho, Luna, que ya ha revelado varias contrataciones irregulares recogidas en el sumario del caso Gürtel, explicó ayer que la Generalitat pagó en 2005 a empresas de la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa 147.024 euros mediante contratos fraccionados para evitar su adjudicación por concurso. 
Por una parte, se trata del tratamiento de datos de una guía de la comunicación encabezada por una presentación del entonces portavoz del Consell y consejero de Presidencia, Esteban González Pons. Su departamento fragmentó la adjudicación en tres contratos distintos de 12.020, 10.500 y 12.020 euros con Orange Market, Boomerangdrive y Down Town Consulting, tres empresas de la trama Gürtel. En total fueron 34.540 euros. 
Por otra parte, la Consejería de Cultura, Educación y Deporte, que dirigía ya Alejandro Font de Mora, pagó cuatro contratos de 12.020 euros a la empresa Orange Market, de Álvaro Pérez, cabeza visible de la trama corrupta en Valencia, para la cartelería de un congreso de software libre celebrado en el Palacio de Congresos de Castellón los días 5 y 6 de mayo de 2005. A esos 48.080 euros hay que añadir otros 64.403 correspondientes a una factura por montaje de stands que, sin concurso, pagó directamente Proyecto Cultural de Castellón. "Se aprovechó", explicó Luna, "la mayor opacidad de la facturación a través de las empresas públicas" vulnerando la imposibilidad de adjudicar directamente un contrato por ese importe. Por aquel congreso la trama corrupta cobró un total de 112.484 euros. 
Pese a todo, el jefe del Consell tendrá que responder a las preguntas de Luna y Morera sobre el caso Gürtel en la sesión de control de mañana. El portavoz de Compromís, que presentó la pregunta "¿En qué medida están afectando a la economía valenciana los procesos judiciales en los que están involucrados los miembros del Consell?", tuvo que suprimir el final -"en los que están involucrados miembros del Consell"- para que el PP aceptase su tramitación. 
CONTRATOS TROCEADOS 
- Presidencia. A través de la Girección General de Promoción Institucional, el consejero de Presidencia, Esteban González Pons abonó tres contratos sin concurso por trabajos relacionados. Dos pagos eran de 12.020 euros -cuando se supera esta cantidad no se puede adjudicar a dedo- y uno de 10.500 euros a empresas de la trama corrupta por el tratamiento de datos de la Guía de la Comunicación 2005, la distribución de 1.200 unidades de memoria USB y su serigrafiado. 
- Educación. El departamento que dirige Alejandro Font de Mora pagó cuatro facturas de 12.020 euros a Orange Market por el congreso de software libre celebrado en Castellón en mayo de 2005. Una quinta factura de 64.400 euros la pagó la empresa pública Proyecto Cultural de Castellón. En total 112.000 euros para la firma de Álvaro Pérez, El Bigotes. 
(www.elpais.com, 28/04/10)
SONDEOS LOCALES DEL PP DETECTAN UN DETERIORO EN LA IMAGEN DE CAMPS  
La doctrina oficial del PP valenciano de que el escándalo Gürtel y en concreto, la causa de los trajes que afecta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no tendrá consecuencias electorales debería ser revisada a la luz de algunas encuestas internas. Según ha podido saber este diario varios sondeos encargados por agrupaciones locales del PP en Alicante y Valencia detectan un deterioro de la imagen del jefe del Consell, quien en los citados municipios habría perdido el tirón electoral del que gozaba antes de estallar el caso de la trama de Francisco Correa. Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, Camps se mantiene como el líder más conocido, pero es valorado por debajo del líder local. En concreto, en una de estas encuestas se pregunta por el prestigio del presidente. El porcentaje de respuestas positivas para el líder del PP valenciano está casi veinte puntos por debajo del adjudicado al alcaldable. El desapego a la figura del jefe del Ejecutivo valenciano también se detecta cuando se pregunta por la intención de voto. 
Aunque la dirección regional del PP ha encargado encuestas en algunos municipios claves para explorar la posibilidades de determinados candidatos locales, la iniciativa de preguntar sobre el presidente de la Generalitat es ajena a los populares de la calle Quart. La incertidumbre que se vive en el PP valenciano respecto al futuro político del presidente -apenas quedan dos semanas para que el Tribunal Supremo resuelva si reabre la causa por un presunto delito de cohecho impropio - y el temor a que el escándalo perjudique las perspectivas electorales ha hecho que algunas agrupaciones hayan decidido por su cuenta ir más lejos del ámbito municipal en sus preguntas. Los sondeos, sin embargo, permanecen bajo cuatro llaves y no han sido remitidos a las respectivas direcciones provinciales ni regionales. 
Precisamente Camps y su equipo se escudan en las encuestas para defender la fortaleza del liderazgo del presidente. Desde Presidencia de la Generalitat se asegura que el caso Gürtel no sólo no ha pasado factura al PP valenciano, sino que incluso ha generado mayor movilización entre los simpatizantes y militantes. De hecho, todas las encuestas conocidas hasta ahora consolidan la hegemonía del PP en la Comunitat Valenciana. El PPCV posee un última encuesta, realizada durante la semana en que el juez Pedreira levantó el resto del secreto del sumario del caso Gürtel, que confirma la distancia con el PSPV.  
El presidente del PP provincial, Alfonso Rus, desveló parte de la misma en una rueda de prensa. Según dijo, el PPCV, con un apoyo del 53%, obtendría tres escaños más que en 2007. El barón provincial, que al parecer fue informado de los datos por el propio Camps, aseguró que la valoración del líder de PSPV, Jorge Alarte, sólo alcanzaba un 17% de aprobados frente al 22% que había llegado alcanzar su predecesor en el cargo, Joan Ignasi Pla. Rus, sin embargo, no dio datos sobre la valoración del presidente ni tampoco aclaró si en la citada encuesta se había preguntado alguna cuestión relativa al caso Gürtel. A diferencia de otras ocasiones, el PP regional no ha presentado los datos completos del sondeo a los medios de comunicación. 
Por su parte, el ex ministro y diputado nacional por Castelló, Juan Costa, insistió ayer en pedir a Camps que dé explicaciones sobre Gürtel. Aunque dijo que está en su derecho de guardar silencio, opinó que la obligación de "los políticos es dar explicaciones de manera permanente". 
(www.levante-emv.com, 27/04/10) 
EL CONSELL FRACCIONÓ CONTRATOS POR 147.024 EUROS PARA EMPRESAS DE LA TRAMA GÜRTEL 
Ángel Luna, portavoz del Partido Socialista del País Valenciano en las Cortes regionales, ha puesto números a la que parece ser una práctica habitual en las administraciones que trabajaron con la trama Gürtel: el fraccionamiento de contratos. Este martes, Luna ha desvelado que la Generalitat de Francisco Camps pagó 147.024 euros a entidades Gürtel a través de la partición de contratos para la realización de trabajos "aparentemente relacionados".  
Concretamente, el socialista ha citado una adjudicación de la Dirección General de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat cuyo objeto era la Guía de la Comunicación de 2005 y la celebración de un congreso de software libre en Castellón. Las empresas beneficiarias de estos contratos son Orange Market, de la que era gerente Álvaro Pérez El Bigotes, un amiguito del alma de Camps que se llevó cinco contratos, y Down Town Consulting y Bomerangdrive, con uno cada una. 
Ángel Luna se ha mostrado convencido de que los contratos en cuestión se fragmentaron para "no tener que pasar ningún tipo de control" a la hora de adjudicarlos.
Contratos al límite  
El socialista ha detallado que el contrato para la elaboración de la Guía de la Comunicación tenía un importe total de 34.540 euros, que se dividió en tres contratos, de los cuales dos ascendían a 12.020,24 euros (el máximo legal para eludir el concurso) y un tercero a 10.500 euros. Asimismo, el contrato para la celebración en el Palacio de Congresos de Castellón de unas jornadas sobre el software libre el 5 y el 6 de mayo de 2005, cuenta con cuatro contratos de 12.020,24 euros cada uno, y un quinto tiene una cuantía de 64.404,07 euros, que Luna ha señalado que estudiarán porque por su importe debía adjudicarse mediante concurso.
El negocio del USB 
En el caso de la Guía de Comunicación, uno de los de mayor importe fue adjudicado a Orange Market, que se encargó de labores de coordinación y tratamiento de datos de la guía, mientras que el segundo en cuantía fue para Down Town Consulting por el montaje, manipulado y envío de 1.200 unidades de memorias USB. El tercer contrato, por su parte, fue adjudicado a Bomerangdrive, para la creatividad y el serigrafiado de estas 1.200 unidades de memorias USB, ante lo que Luna ha destacado que resulta "llamativo" que se dé "el mismo contrato" a empresas distintas, ya que parece que una "se dedica a sacar los USB de una caja y otra a meterlos", y que son empresas distintas pero con el mismo contrato.
Software libre 
Los contratos de menor cuantía del congreso de software libre en Castellón cuentan con el visto bueno para su pago de la entonces directora general de Archivos e Innovación Tecnológica, Silvia Caballer Almela, y fueron adjudicados en su totalidad a Orange Market. Luna ha destacado que el contrato de mayor importe (64.403 euros) va a nombre del Proyecto Cultural de Castellón, pero no tiene especificado el objeto, mientras que en el resto hay actividades como la coordinación y ejecución del congreso. También se incluyen conceptos como el diseño, impresión, transporte, montaje y desmontaje de cartelería, o instalación de moquetas y atriles.
Camps se explicará 
El portavoz socialista ha recordado que el próximo jueves preguntará al presidente Camps por esta fragmentación, aunque desde el Consell "tienen muchas explicaciones que dar todavía y las van a dar, quieran o no quieran, aquí o en los juzgados". Desde que estalló el caso Gürtel en el que estuvo imputado, Camps ha eludido las citas mediáticas al punto de ausentarse de la procesión de la Santa Faz. Cuando ha estado en la Asamblea, tampoco se le ha visto muy acertado. El año pasado, el president llegó a perder los papeles acusando a los socialistas de querer verle “boca arriba en una cuneta”.  
(www.elplural.com, 27/04/10)
EL TRIBUNAL ACTIVA LA INVESTIGACIÓN A LA CÚPULA DEL PP VALENCIANO POR LA GÜRTEL 
El juez Antonio Pedreira, que instruye desde hace un año el caso Gürtel, ha activado la investigación a la cúpula del Partido Popular de Valencia, que preside Francisco Camps. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid analiza la supuesta financiación ilegal de este partido a través de contratos de la administración autonómica y Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta, que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, amigo íntimo del presidente regional a tenor de las conversaciones telefónicas que mantenían. 
La Agencia Tributaria ha recibido el encargo del juez de elaborar un informe sobre esta presunta financiación ilegal, analizando además a todas las empresas que hubieran participado en la trama. 
Un informe policial de julio de 2009, basado en documentos hallados en la sede de Orange Market y en escuchas telefónicas a miembros de la trama, sostiene que, bajo el mando de Camps, el PP valenciano se ha financiado ilegalmente a través de la empresa de Álvaro Pérez y de al menos cinco compañías, constructoras y de servicios que obtuvieron contratos de la Generalitat valenciana. 
Camps llegó al poder en mayo de 2003 y asumió la presidencia del PP valenciano en 2004. La trama de corrupción más extensa conocida en democracia, ligada a gobiernos del PP, salpica a numerosos cargos de la cúpula valenciana de este partido. El sumario judicial arroja luz sobre las maniobras de la trama para hacer negocios con la connivencia y ayuda de los principales colaboradores del presidente Francisco Camps, e incluso del propio jefe del Ejecutivo. 
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia rechazó abrir una causa por supuesta financiación ilegal relacionada con la trama Gürtel, aduciendo que el caso ya estaba siendo investigado en Madrid. Los socialistas valencianos presentaron una querella basada en las conclusiones del informe policial, que apuntaba pagos no declarados a Hacienda por valor de 6,3 millones de euros; la colaboración de cinco empresas valencianas en la financiación de actos del PP; y amaños de Orange Market para cuadrar sus cuentas. 
En ese informe se recogían también las conversaciones mantenidas por los jefes de la trama corrupta con dirigentes del PP y del Gobierno valenciano sobre el cobro de deudas, algunos incluso en dinero negro. 
Pese a todas estas evidencias, el PP ha evitado tomar medidas contra los implicados, escudándose en que ningún tribunal ha dictado aún auto de imputación contra los dirigentes que aparecen citados en el informe policial. Si el juez Pedreira confirmase los indicios de delito existentes en el sumario contra los dirigentes valencianos, debería remitir esa parte de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia por tratarse de cargos públicos aforados. 
En la última parte del sumario hecha pública por el juez aparecen varios dirigentes valencianos salpicados por la investigación: 
- Milagrosa Martínez. La Fiscalía Anticorrupción ha redactado un escrito en el que sostiene que la presidenta de las Cortes valencianas -que antes fue consejera de Turismo- cometió un presunto delito de cohecho al aceptar al menos un reloj de lujo valorado en 2.400 euros de manos de un empresario, Álvaro Pérez, al que su departamento adjudicaba sistemáticamente el montaje y desmontaje del pabellón autonómico en la feria de turismo Fitur, amén de muchos contratos complementarios otorgados a dedo. Anticorrupción no solicitó sin embargo su imputación porque el delito ya había prescrito. 
- Vicente Rambla. El vicepresidente autonómico aparece en conversaciones con El Bigotes representando un papel de cómplice en la gestación de un negocio para la trama corrupta: organizar la gala de los premios Grammy en la Comunidad Valenciana. Además, su mujer habla con El Bigotes sobre un regalo muy especial que éste le hizo. 
- Carlos Vargas. Según las conversaciones interceptadas, el director de la Feria de Valencia ayudó a El Bigotes a cerrar distintos negocios, y adjudicó a su empresa 1,43 millones de euros en contratos sólo en 2008. 
- Francisco Camps y Ricardo Costa. El presidente y el número dos del PP valenciano eran amigos íntimos de El Bigotes. En las conversaciones entre ellos se mencionan múltiples agasajos de la trama a ambos dirigentes. 
(www.elpais.com, 26/04/10) 
BARRA LIBRE EN LA VISITA DEL PAPA 
La trama corrupta que dirigía Francisco Correa difícilmente hubiese sacado la tajada que sacó con la visita del Papa a Valencia si Canal 9 hubiese contratado por concurso la sonorización y la instalación de pantallas para el seguimiento del evento. El colosal negocio de la trama Gürtel en Ràdio Televisió Valenciana fue posible porque Pedro García, entonces director general del ente, avaló que la contratación fuese negociada "con precio libre" y "sin publicidad".  
El resultado fue que RTVV contrató a Teconsa -una constructora leonesa sin experiencia en el sector audiovisual que, según el sumario del caso Gürtel, actuó de pantalla para la trama de Correa- el alquiler de las pantallas de vídeo, el sonido y la megafonía por 6,4 millones de euros (más de 1.050 millones de las antiguas pesetas). El coste real fue de 3,1 millones de euros, según la documentación requisada a Correa. Los otros 3,3 millones se los repartieron, supuestamente, Teconsa y la trama del caso Gürtel. Pedro García justificó "la contratación con precio libre" por "la dificultad que supone conocer la totalidad del equipamiento para cubrir adecuadamente el evento, así como el precio de contratación". 
García, en la autorización del contrato firmada el 6 de abril de 2006, consideró "necesario tramitar el expediente a través del procedimiento negociado sin publicidad" dado que hacía falta "un mínimo de dos meses" para reunir el material técnico necesario de sonorización y las pantallas. El resultado fue que RTVV logró siete ofertas distintas y acabó otorgando el contrato a la más cara, la de Teconsa por un importe de 6,4 millones de euros. 
De las siete ofertas reclamadas por el ente que dirigía Pedro García, tan sólo Teconsa presentó presupuesto para los equipamientos de vídeo y de sonido. Cuatro firmas, todas ellas más baratas, presentaron presupuesto para montar las pantallas. Y otras dos, una más barata y otra más cara, para el sonido.La urgencia de RTVV para contratar las pantallas y la sonorización de la visita del Papa no pilló por sorpresa a la trama corrupta, tal y como apunta la documentación incautada por la Policía. 
El sumario del caso Gürtel recoge una carta con fecha de 17 de enero de 2006 de la empresa Apogee Telecomunicaciones SA -una de las subcontratas que haría el trabajo real de sonorización y vídeo- a Teconsa en la que pide mantener "una reunión con documentación y cifras" sobre el proyecto de Valencia. El 1 de febrero de 2006 es otra subcontrata, Impacto Producciones, la que se dirige a Teconsa, tras haber sido invitada por Apogee a participar en el proyecto. 
Sin embargo, no será hasta el 27 de febrero de 2006 cuando la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias -integrada por la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el Arzobispado de Valencia- y RTVV firmarán el convenio por el que se otorga "en exclusiva" la señal de radio y televisión" de la visita del Pontífice a Valencia a Canal 9. 
El 6 de abril de ese año, Pedro García autorizó el contrato, que finalmente se adjudicaría Teconsa, que fijaba hasta el 5 de mayo el plazo para negociar con las empresas invitadas a participar. 
La documentación incautada a la trama corrupta da cuenta de que a finales de abril, Teconsa ya tenía preparados los contratos con los subcontratistas que harían el trabajo real de sonorización y vídeo de la visita de Benedicto XVI a Valencia. El contrato a Teconsa permitió, según el sumario, que la trama de Correa se embolsase casi un millón de euros de comisión. 
El sumario también recoge otros indicios de que Álvaro Pérez, El Bigotes, y la trama corrupta empezaron a preparar con casi un año de antelación su participación en el evento. Entre estos figuran varias conversaciones y una entrega de 2.000 euros a Pérez por un viaje a Roma en marzo de 2006 previo a la visita del Pontífice. 
La investigación policial -que pone de relieve la amistad existente entre el responsable de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez y Pedro García- también indica que la trama corrupta cobró por la sonorización del encuentro celebrado por el movimiento neocatecumenal de Kiko Argüelles, que se celebró días después de la visita del Pontífice, una cantidad que se elevó, al menos, a 180.000 euros, según los apuntes encontrados por la Policía en la caja B de la oficina de la calle Serrano de Madrid. 
La Fundación V Encuentro Mundial de las Familias adeudaba a finales del año pasado 826.000 euros a la agencia de publicidad Zenith por el trabajo de "asesoramiento, planificación y compra de medios de la campaña nacional de publicidad". Tres años después, la deuda seguía pendiente en su integridad. Y eso, pese a que la fundación que organizó la visita del Papa gastó en 2006 la cifra de 12 millones de euros, sobre la que no se ha aportado ningún detalle. 
La Generalitat sostiene que sólo desembolsó de su propio presupuesto -empresas públicas aparte- 1,9 millones de euros para organizar el viaje del Papa, aunque ya no descarta que la cifra pueda triplicarse al liquidar su parte en la fundación V Encuentro. 
(www.elpais.com, 26/04/10) 
SIETE OFERTAS 
- Teconsa. 6,4 millones de euros, más un presupuesto adicional de 60.000 euros. De la cuantía principal 3,25 millones eran de equipamiento de sonido y 3,15 por los equipos de vídeo. Según el sumario del caso Gürtel, el coste real del trabajo de sonorización y vídeo fue de 3,1 millones. 
- Smartvisión. 3,06 millones por el equipamiento de vídeo 
- Avega. 2,44 millones por instalar las pantallas de vídeo. 
- Control Remoto. Hizo una oferta de 1,83 millones por los equipos de vídeo. 
- Euphon Stereo Rent. 1,63 millones por asumir la instalación de vídeo. 
- Menara. Pidió 5,6 millones sólo por el equipamiento de sonido más 280.000 euros de imprevistos. 
- Phlippo-Showlights.Presentó una oferta de 2,8 millones por la sonorización del evento 
(www.elpais.com, 26/04/10) 
EL HORIZONTE JUDICIAL DE CAMPS "PREOCUPA" A LA DIRECCIÓN DEL PP 
Cuando mira hacia la Comunitat Valenciana, la dirección del PP contempla un horizonte muy negro. Se barrunta nueva tormenta del caso Gürtel. Después de la salida del ex tesorero Luis Bárcenas, ahora todos los ojos se vuelven hacia el president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.  
Los conservadores van descontando los días que quedan para el 12 de mayo. Entonces se sabrá si el Supremo reabre o no la causa por un delito de cohecho impropio. El alto tribunal decidió finalmente admitir a trámite los recursos que la fiscalía y el PSOE valenciano presentaron tras el cerrojazo que hace ocho meses echó el juez De la Rúa. 
Si resuelve seguir adelante, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se verá obligado a iniciar los trámites para que un jurado lo juzgue por haber recibido de la trama corrupta trajes por valor de más de 12.000 euros.  
Un escarnio público que, según varios dirigentes del PP, le llevaría a presentar automáticamente su dimisión. Consideran que la situación sería "insostenible" y la presión "brutal". "Si eso ocurre, está muerto políticamente", confirman varias voces desde la cúpula nacional. Reconocen que existe una gran "preocupación" por el futuro de Camps. "Sería un terrible problema institucional", admiten. Y confiesan que aún no saben muy bien cómo reaccionar si se tuercen las cosas: "No hay plan B". 
De momento, el PP mantiene su discurso sobre tres pilares: no hay nada nuevo, no hay imputados y el PSOE ha activado una "cacería". Pero en la sede nacional saben que todo está en el aire. Y así lo reconoció implícitamente la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuando el lunes pasado le preguntaron si Camps era el mejor candidato. "Hoy por hoy lo es", dijo marcando los tiempos.  
Aunque para la mayoría el recambio perfecto sería la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, los colaboradores de Rajoy mantienen que en su mente no está la idea de buscarle sustituto de cara a 2011. 
En el partido confían en que el Supremo mantenga el archivo: "Hemos apostado muy fuerte y todo a la carta de que no ocurrirá nada". Pero aun si sus deseos se cumplen, algunos temen lo que se les puede venir encima más adelante. No olvidan que en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hay varios temas pendientes: el informe policial en el que se habla de la supuesta financiación ilegal del PP valenciano y de las relaciones de la Generalitat con la empresa Orange Market, en el que se incluyen las adjudicaciones de Fitur y todo lo relativo a la visita del Papa.  
Hay a quien le inquieta que todo esto le "estalle a Camps en plena cara en cualquier momento". Dan por hecho que desde Madrid se reenviaría al TSJCV y que no podrían negarse a instruirlo porque sería "un escándalo". 
Muchos señalan que preferirían saber ahora a qué atenerse en lugar de que les pille desprevenidos con Camps reconfirmado como candidato o en plena campaña. Son conscientes de que los socialistas lo utilizarían para desgastar la imagen de toda la formación. 
Un diputado del PP apunta que lo más sencillo sería que él renunciara a repetir alegando que ha sufrido una persecución tremenda. Pero otro cree que eso supondría admitir su culpabilidad. En las filas conservadoras se ha abierto el debate. "Es algo que está en sus manos", dicen desde el círculo de Rajoy. Desde luego, esperan que, si lo imputan, abandone el cargo y la afiliación al PP sin que nadie se lo pida.  
Es el modus operandi del jefe de la oposición. Se vio con la suspensión de militancia del ex presidente del Govern balear Jaume Matas y con la renuncia de Bárcenas al acta de senador. Nadie duda de que con Camps se procedería igual. El equipo de Rajoy explica que este nunca presiona a nadie. La clave está en "convencer" a los afectados de que su marcha es lo mejor para ellos mismos y para el partido. Resultado: estos terminan por abandonar de forma voluntaria, y no forzada, sus cargos.  
Su partido, sin embargo, echa en falta mayor contundencia y a algunos les gustaría ver que de vez en cuando da un golpe de autoridad.  
En el PP valenciano esperan que todo esto no se llegue a plantear. La decisión del Supremo no les ha sorprendido porque estaba "en el guión" que se anunciara una fecha. Los conservadores valencianos afirman que ven a su jefe de filas menos "tocado" de lo que estuvo hace unos meses. Recuerdan que las encuestas que manejan les garantizan la mayoría absoluta y siguen equiparando un triunfo en las urnas con el perdón ciudadano.  
En la dirección nacional, sin embargo, no las tienen todas consigo. Nadie duda de que el PP arrolle en la Comunitat Valenciana pero muchos creen que lo lograrían igualmente "sin Camps". Eso sí, a nivel nacional comienzan a sonar las sirenas de alarma. Para algunos no se puede permitir que se sume otro caso de corrupción después de lo ocurrido con Matas y con el desgaste que llevan acumulado, a cuenta del caso Gürtel, durante más de un año.  
Fuentes conservadoras piden que, pase lo que pase, se acometa una limpieza importante del PPCV. Apelan a las palabras de Rajoy en un comité ejecutivo nacional en el que mantuvo que no estaba dispuesto a tolerar ni actos ilegales ni conductas reprochables. A la mayoría no se le han olvidado los regalos y comprometidas conversaciones que aparecieron de algunos dirigentes con Álvaro Pérez, El Bigotes.  
(www.publico.es, 26/04/10) 
EL PRESIDENTE VALENCIANO SIGUE SIN DAR EXPLICACIONES 
Evita a los periodistas, no responde a las preguntas de la oposición y no aclara nada. El pasado jueves, Camps negó que él hubiese dado instrucciones para que la Administración autonómica contratara con las empresas de la ‘trama Gürtel’. “Nunca jamás he impartido consigna alguna en mis 20 años de actividad pública”, aseguró. Fue su respuesta al portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, que le pidió una “explicación razonable” que pudiera justificar la concesión de numerosos contratos a dedo a Orange Market. Era la primera vez que hablaba desde que se levantó el grueso del secreto de sumario por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Habían pasado 16 días. El jefe del Consell sostuvo también que su Gobierno es el “más transparente de la historia democrática de la Comunitat Valenciana” a pesar de que por mucho que le reclaman los contratos él no los entrega para que se puedan comprobar. En el PP muchos consideran que el presidente de la Generalitat haría bien dando la cara. Así se lo pidió hace unos días el ex ministro de Ciencia con Aznar, Juan Costa. “Un político debe estar dispuesto a pronunciarse sobre su vida personal, situación patrimonial o responsabilidades políticas”, sentenció. 
(www.publico.es, 26/04/10) 
LA GENERALITAT SE RESISTIÓ A DAR DOCUMENTOS A LA POLICÍA 
No sólo los ciudadanos y la oposición parlamentaria tienen graves dificultades para acceder a los registros públicos de la Generalitat donde existe información sobre la fundación que organizó la visita del Papa a Valencia. La propia Policía Judicial -que auxilia al juez Antonio Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sus investigaciones sobre el caso Gürtel- se quejó de las pegas de la Consejería de Justicia y de la Fundación V Encuentro, cuyos principales patronos son las administraciones gobernadas por el PP para facilitar la información solicitada. 
La Consejería de Justicia tardó casi cuatro meses en facilitar al juez Pedreira la documentación solicitada y que está depositada en el registro de Fundaciones de la Generalitat. La primera petición de la Policía Judicial se produjo el 18 de agosto y la documentación, pese a la reiterada petición, no se remitió al tribunal hasta el pasado 24 de diciembre. La Consejería de Justicia alegó que hasta que no les entregasen el correspondiente mandamiento judicial no facilitarían la documentación de la fundación del Papa. La propia Policía Judicial en su queja al juez recuerda que el registro es "público". 
El Arzobispado de Valencia, donde tiene oficialmente la sede la fundación que organizó la visita del Papa, también se escudó en la ley de protección de datos para poner pegas a la investigación. El 10 de diciembre pasado, el obispo auxiliar y presidente ejecutivo de la fundación, Esteban Escudero, "tras haber consultado con el resto de patronos de la fundación", solicitó "copia de la resolución judicial" y "la mayor concreción legalmente posible de los aspectos subjetivos, objetivos y temporales de la información solicitada" para dar cuenta de la misma a la Policía. 
(www.elpais.com, 26/04/10)
MARCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Unos 20.000 nacionalistas se movilizan para protestar por la política del PP
Un contundente Ja n'hi ha prou! abría la multitudinaria marcha convocada ayer por entidades cívicas y sindicatos de izquierda y nacionalistas en Valencia con ocasión del 25 d'Abril. Más de 20.000 personas recorrieron el centro de la ciudad para expresar su hartazgo ante la excepcionalidad institucional que vive la Comunidad Valenciana ante la ausencia de gestos políticos que despejen la nebulosa de corrupción que salpica al PP, el partido que ocupa la Generalitat y las principales instituciones.
Los sones de moros y cristianos interpretados por la banda de Beniarrés, que encabezaba la marcha, daban un aire solemne a la primera pancarta, una llamada a la higiene democrática.
Representantes de asociaciones como Xúquer Viu, Salvem El Cabanyal, Ecologistes en Acció o la plataforma en defensa de la aplicación de ley de dependencia se mezclaron con el grueso de la marcha, constituido en su mayoría por miles de jóvenes representantes de diversos colectivos de la izquierda nacionalista y cultural.Toni Agustí, representante de la Asociación de Actores y Actrices Profesionales del País Valenciano, cerró la marcha con la lectura de un manifiesto contra la corrupción y la censura en la plaza de la Reina. "El País Valenciano vive una situación de excepcionalidad: la persecución de la lengua y la cultura, la utilización política del agua y el territorio, la corrupción, un modelo económico que agrava la crisis que padecemos, la censura, la erosión de los derechos sociales son algunos de muchos hechos que, sumados, necesitan una respuesta clara y contundente".
El Colectivo contra la Corrupción o la Plataforma por la Transparencia y la Pluralidad en Canal 9 se sumaron al grito colectivo de Ja n'hi ha prou en un ambiente festivo. Cuatro grupos musicales mantuvieron el ánimo de los manifestantes, entre los que se apreciaba un notable número de jóvenes. La marcha concluyó sin ningún incidente digno de reseñar, según fuentes policiales.
La jornada nacionalista fue ocasión para la presentación de una nueva fundación valencianista próxima al Bloc. "La nuestra es una fundación cívico-política que tiene vínculos con el Bloc, pero que no está ligada orgánicamente a él". Así explica la ubicación de la nueva Fundació Valencianista i Demòcrata Josep Lluís Blasco su presidente, Pere Mayor, que fue diputado en las Cortes Valencianas y secretario general de la formación nacionalista. A la presentación asistieron Agustí Colomines y Pere Sampol de la Fundació Catalanista i Demòcrata, de Convergència Democràtica de Catalunya, y de la Fundació Emili Darder, del Partit Socialista de Mallorca.
www.elpais.es 25.04.10
BARBERÁ DIO EL 'PARKING' DE MONFORTE A UNA FIRMA VINCULADA AL 'CASO GÜRTEL'
La mesa de contratación del Ayuntamiento de Valencia presidida por Ramón Isidro el 17 de diciembre de 2002 decidió adjudicar el contrato del aparcamiento subterráneo que afecta a los Jardines de Monforte, un bien protegido, a una UTE (Unión Temporal de Empresas) de la que formaba parte una de las cinco empresas que la Fiscalía de Madrid considera vinculadas con la financiación irregular del PP: Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, SA. Antes de conocerse la petición de la Fiscalía de Madrid de que el responsable de la mercantil declare como imputado en el sumario del caso Gürtel, ya el PSPV presentó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJC) una denuncia contra él y otros cuatro empresarios, entre ellos un sobrino del vicepresidente Juan Cotino, por lo mismo. El TSJ archivó porque el tribunal madrileño que instruye el Gürtel ya lo estaba investigando. El precio de aquella adjudicación fue de 5.402.993,94 euros.
El aparcamiento construido en virtud de esa adjudicación está bajo sospecha. El colectivo Cercle Obert presentó una denuncia a la fiscalía y ésta, tras investigar, ha llevado la actuación en el entorno de los Jardines de Monforte a un juzgado, señalando por prevaricación y delito contra el patrimonio al concejal de Urbanismo Jorge Bellver.
Falta de informes
La fiscalía considera que la especial protección que tienen desde 1941 los Jardines de Monforte obliga a que antes de cualquier actuación que les afecte haya un informe favorable de la Consejería de Cultura. En el caso del aparcamiento del subsuelo de la calle del Profesor Doctor Severo Ochoa, el ministerio público entiende que era obligatorio. Ese aparcamiento ha modificado el subsuelo de los Jardines. Para evitar filtraciones desde el jardín al aparcamiento, se instaló un aislamiento. Ahora, funciona como una balsa porque el agua que riega los árboles y plantas del jardín no tiene la salida natural. De hecho, el Ayuntamiento tiene pendiente decidir sobre el derribo de una parte del muro para "oxigenar los árboles", actuación que también precisa de un informe técnico de Patrimonio.
La obra adjudicada por el Ayuntamiento a la UTE participada por la empresa vinculada al caso Gürtel fue bendecida por el responsable de Urbanismo, supuestamente sin los informes a los que obliga la protección especial de los Jardines de Monforte.
www.elpais.es 24.04.10
EL PSPV AMPLIARÁ LA QUERELLA PARA RECUPERAR EL DINERO DEL 'CASO GÜRTEL' 
El portavoz socialista, Ángel Luna, anunció ayer que su partido ampliará, "cuando proceda procesalmente", la querella contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos de la Administración valenciana para intentar recuperar "el dinero de todos los valencianos" que se han llevado las empresas del caso Gürtel. "Estamos empeñados en recuperar el dinero de los valencianos, que en estos momentos está en paraísos fiscales, en cuentas a nombre de los amigos del presidente Camps", sentenció Luna, que añadió: "En las querellas se podría incluir, además de consejeros y altos cargos, algún alto funcionario que ha permitido con su firma que se trocearan los contratos [para adjudicárselos a Gürtel]". 
Camps se sometió ayer a la primera sesión de control de las Cortes después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantase el secreto de sumario sobre la mayor parte de la instrucción del caso Gürtel. Una sesión que también tuvo lugar después de que el Tribunal Supremo acordase decidir el próximo 12 de mayo sobre los recursos al archivo del cohecho impropio pasivo por los regalos de los trajes de la trama corrupta al jefe del Consell. Camps no respondió a las preguntas de Luna, ni del portavoz de Compromís, Enric Morera, que reclamó de nuevo los contratos y las facturas de las adjudicaciones a Orange Market y otras empresas de la trama corrupta. El jefe del Consell se refugió en que "nunca" ha dado "consigna alguna" y en que su Gobierno es "el más transparente de la historia".El debate entre Camps y Luna fue muy tenso. Camps, que evitó dejar su escaño y el calor de la bancada popular, intentó lanzar, sin fundamento, sospechas de corrupción sobre la etapa de alcalde de Alicante de Ángel Luna, que acabó en 1991. Y luego se enrocó y negó cualquier relación con la trama corrupta del caso Gürtel. "Nunca hay consigna alguna, salvo lo mejor y más barato", sentenció el jefe del Consell. 
Luna salió armado de datos. Recordó que el contrato que abrió la puerta de la Generalitat a Orange Market fue amañado en Vaersa, empresa que dependía del hoy consejero y portavoz del PP, Rafael Blasco. Con este contrato, prosiguió Luna, Orange Market consiguió la primera adjudicación de la Agencia Valenciana de Turismo para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Un contrato que se acompañó de otros 18 contratos a dedo en el que participaron dos consejerías: Territorio, también dirigida por Blasco, e Infraestructuras, que dirigía el fallecido José Ramón García Antón. 
Se refería a los contratos relacionados con el pabellón de la feria Fitur en 2005. La entonces consejera de Turismo y hoy presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, lo adjudicó por primera vez a Orange Market, cabecera de la trama corrupta en Valencia por 930.000 euros (después se le adjudicaría en otras cuatro ocasiones). Sin embargo, Orange Market y Easy Concept, ambas empresas de la trama, cobraron otros ocho trabajos, adjudicados sin concurso y de manera irregular al menos en tres casos, porque las cantidades superaban los 12.000 euros, que es el límite para poder adjudicar a dedo. En conjunto, la red se llevó 1,14 millones de euros de Turismo ese año. Pero, además, tanto Territorio y Vivienda como Infraestructuras trocearon en pagos a cinco empresas diferentes de la trama 47.250 y 51.658 euros para sus pabellones en Fitur. El total que obtuvo la red de corrupción se elevó a 1,24 millones de euros. "Su Gobierno", le dijo Luna a Camps, "de los más de 100 contratos con la trama corrupta sólo adjudicó seis por concurso". 
El portavoz socialista utilizó un símil -el hombre que encuentra a su mujer con otro y ésta le dice que no es lo que parece- para concluir que a falta de explicaciones lo que parece es lo que es. "Dio instrucciones para contratar con la trama corrupta", sentenció Luna, que acusó a Camps de mentiroso, de ocultar la información y de atacarlo personalmente por revelar las irregularidades. 
El presidente utilizó el desafortunado símil de Luna para acusarlo de soez y machista -acusación que las diputadas del PP traducirían en un escrito de protesta al acabar la sesión-. Luego Camps se dedicó de nuevo a descalificar al portavoz de la oposición, a refugiarse tras los sondeos electorales y a retorcer la lógica - "nadie ha dicho que haya adjudicaciones irregulares, por tanto tienen el aval" [de los tribunales]-. 
Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, instó sin éxito a Camps a facilitar los contratos con la trama corrupta. "Está usted ante el Gobierno más transparente de la historia", prosiguió Camps, "se han contestado 1.700 iniciativas". "Es un chiste lo que nos acaba de contar", replicó Morera, que añadió: "No se puede gobernar huyendo del control; ¿qué tiene usted que esconder después de que han dimitido [el ex tesorero del PP nacional Luís] Bárcenas y [el diputado Jesús] Merino y está imputado el "embajador" de la Comunidad Valenciana Jaume Matas?". 
El jefe de Consell eludió las preguntas de Compromís sobre si dimitirá en el caso de que el Tribunal Supremo revoque el archivo por el caso de los trajes regalados por la trama corrupta. Y también los requerimientos para que diga si Álvaro Pérez, El Bigotes, había regalado a su hijo un robot que costó el salario de dos mileuristas. 
"Las fechas y los datos no me preocupan lo más mínimo", replicó Camps respecto a la posibilidad de que el Tribunal Supremo reabra el caso de los regalos. "No sé lo que pasará, yo ahora me iré a Ibi a trabajar por la Comunidad Valenciana", indicó Camps, que vaticinó a Compromís su desaparición política en la próxima legislatura. 
(www.elpais.com, 23/04/10)
CAMPS NIEGA HABER DADO CONSIGNA ALGUNA DE CONTRATAR CON LAS EMPRESAS DE LA TRAMA GÜRTEL 
El presidente valenciano, Francisco Camps, negó ayer haber dado consigna alguna para contratar a las empresas de la trama corrupta del caso Gürtel. 
Camps, que rehúye a los periodistas desde que el 6 de abril se levantó la mayor parte del secreto de sumario, se volvió a enfrentar ayer a las preguntas de la oposición sobre un escándalo que tiene paralizado a su Gobierno desde hace un año. En un debate a cara de perro, Camps insistió: "Nunca, jamás, he impartido consigna alguna en mis 20 años de responsable político". De ahí no se movió. 
El presidente valenciano no se mostró dispuesto a facilitar a la oposición los contratos y las facturas de la Generalitat con las empresas de la red corrupta. Y tampoco quiso pronosticar cómo reaccionará si el Tribunal Supremo reabre la causa que archivó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por haber recibido trajes pagados por la red Gürtel. 
El portavoz socialista, Ángel Luna, se mostró implacable. "Usted ha dado instrucciones para contratar con la trama corrupta. O hay una buena explicación o esto es lo que parece. Y es lo que parece", dijo Luna, que recalcó que, prácticamente, todos los departamentos de la Generalitat valenciana contrataron con Orange Market y el resto de empresas de la trama. Adornó sus argumentos con un chiste sobre el hombre que pilla a su mujer en la cama con otro y le asegura que no es lo que parece. Elemento que fue aprovechado por Camps para acusar a Luna de "soez y machista". Las diputadas del PP presentaron un escrito de reprobación por machismo, mientras que las socialistas respaldaron a su portavoz y recordaron que las populares no han dicho nada de las denuncias de acoso sexual de tres trabajadoras de Canal 9 contra un alto directivo. 
(www.elpais.com, 23/04/10)
LA OPOSICIÓN CRITICA LA AUSENCIA DE LA SINDICATURA EN EL "AÑO DE GÜRTEL" 
Las Cortes Valencianas aprobaron ayer, con los votos favorables del PP y el PSPV-PSOE, el voto en contra de Compromís y la abstención de Esquerra Unida, la nueva Ley de Administración Electrónica de la Generalitat y rechazaron, con los votos del PP, una iniciativa de los socialistas para exigir al Consell que cumpla sus compromisos económicos en el Parque Central de Valencia y el soterramiento de las vías para la llegada del AVE a la ciudad. El escándalo de corrupción del caso Gürtel centró, por otra parte, el debate del dictamen sobre el informe de fiscalización de las cuentas del Consell por parte de la Sindicatura de Comptes. 
Toda la oposición criticó que la Sindicatura no decidiera fiscalizar a lo largo de 2009 -año en el que se fueron conociendo las contrataciones de la trama de corrupción con la Generalitat- a ninguna de las empresas y organismos implicados. La diputada socialista Cristina Moreno recordó el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que establece la relación de la trama Gürtel con la Administración valenciana y añadió que la Sindicatura había funcionado como un "escudo defensivo" del presidente Francisco Camps en un año en que fue imputado por cohecho. 
El popular José Marí Olano acusó a los socialistas de persistir en la dinámica de "machacar" al Consell y de ejercer una presión de "acoso y derribo" sobre el PP. Mireia Mollà, de Compromís, señaló que la Sindicatura de Comptes "camina por un universo paralelo" al no dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos sobre la trama Gürtel. La portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, criticó a la Sindicatura y aseguró que a los populares "les interesa que la opacidad sea permanente en la gestión pública valenciana". 
El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, tampoco acudió ayer a las Cortes, donde debía responder a preguntas e interpelaciones de Mireia Mollà y Marga Sanz. El titular de Economía alegó motivos de salud para fallar, una vez más, a su cita en el Parlamento. 
(www.elpais.com, 22/04/10) 
EL HERMANO DE COSTA DEFIENDE SU INOCENCIA: "ES UNA PERSONA PROFUNDAMENTE HONRADA" 
Juan Costa, diputado del PP en Madrid y hermano del ex Secretario General del PP valenciano, Ricardo Costa, defendió la inocencia de su hermano, implicado en el caso Gürtel. "Desde el punto de vista político y personal, Ricardo Costa es una persona profundamente honrada". 
En una entrevista concedida al programa El món a RAC1, Juan Costa criticó la decisión del partido de suspender de militancia a su hermano. "Creo -argumentó- que  es una decisión que no está realmente vinculada al caso Gürtel. Se produjo una diferencia de criterio entre lo que entendía Ricardo Costa y una parte de la dirección nacional, que entendía que estaba cesado o suspendido". Para el diputado, la decisión de la cúpula popular "no fue justa". Además, añadió que la reacción del PP valenciano ante la trama de corrupción Gürtel fue "rápida". "Tal vez no completa -matizó-, pero sí rápida".

Costa, que considera que el sumario del caso demuestra claramente que "no ha existido una trama de financiación irregular del PP", sí valora que su partido, como todas las formaciones políticas, "tiene la obligación permanente de dar explicaciones", y echó de menos que en la Comunidad Valenciana, tras estallar la trama Gürtel, desde el partido no se llevara a cabo "un ejercicio de comunicación más intenso". "Creo que es imprescindible que en el futuro demos explicaciones -apostilló-  y que le pidamos perdón a los militantes y los ciudadanos que han confiado en nosotros".

Respecto al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el diputado popular por Segovia, Jesús Merino, Juan Costa aplaudió su decisión "voluntaria" de abandonar sus escaños. "Han tomado la decisión correcta y lo agradezco", concluyó. 
(www.lavanguardia.es, 22/04/10) 
CAMPS, PREGUNTADO DE NUEVO POR LA RED GÜRTEL EN LAS CORTS 
El president de la Generalitat, Francisco Camps, hablará sobre el caso "Gürtel" y el modelo territorial valenciano en la sesión de control parlamentaria de esta mañana, la primera que se celebra tras las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Camps compareció por última vez en Les Corts Valencianes el pasado 24 de marzo, en una sesión en la que el portavoz socialista, Ángel Luna, esgrimió en la tribuna un informe policial del sumario del caso "Gürtel", lo que llevó al PP a presentar una denuncia contra él.
Luna mantendrá el tema de la pregunta, como viene haciendo desde que se conoció la supuesta relación del jefe del Consell con algunos de los dirigentes de esta trama corrupta, y le preguntará si desde la Presidencia de la Generalitat se han dado "instrucciones" para que se contratara con la red "dirigida por Francisco Correa".
El socialista justifica la pregunta en que "el levantamiento del secreto de parte del sumario del caso 'Gürtel' ha permitido conocer la abultada cantidad de contratos que las diferentes consellerias, empresas y organismos de todo tipo, integrantes del sector público valenciano" celebraron con las empresas de la trama.

El grupo Compromís también centrará su pregunta de esta semana en esta cuestión, y su portavoz, Enric Morera, pedirá a Camps que explique si el Consell tiene previsto facilitar a los grupos parlamentarios los contratos que las empresas implicadas en la trama que firmaron con el Gobierno valenciano.

Por otra parte, el portavoz del PP, Rafael Blasco, instará con su pregunta al president a valorar "la realidad y el futuro" del modelo territorial de la Comunitat Valenciana, ya que el territorio "es una activo social, económico y medioambiental esencial" para el desarrollo de esta autonomía. 
(www.levante-emv.com, 22/04/10)
EL BIGOTES OCULTÓ A HACIENDA INGRESOS DE 807.000 EUROS 
El responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, ocultó a la Agencia Tributaria unos ingresos de 807.000 euros, obtenidos en cinco años y procedentes de la caja de dinero negro que manejaba la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. El sumario del caso Gürtel que instruye el juez Antonio Pedreira en el TSJ de Madrid desvela que, desde que se hizo cargo en 2004 de la franquicia de Correa en Valencia hasta 2008, Álvaro Pérez sólo presentó dos declaraciones de renta, la de 2007 y la de 2008. En ambas, el resultado fue negativo y reclamó la devolución de 357 euros a Hacienda en 2007 y 1.766 euros en 2008. 
El informe solicitado por Pedreira a la Agencia Tributaria sobre la tesorería oculta de la trama que montó Correa -y cuyos extractos constaban en el pen drive incautado al contable José Luis Izquierdo- desvela que en 2007 Álvaro Pérez recibió sobres de dinero o ingresos en especie por importe de 263.250 euros. Una cantidad al margen de la nómina declarada por Orange Market. En el ejercicio de 2008 los pagos en dinero negro a Pérez, al margen de su nómina, llegaron a los 138.449 euros. 
Los cálculos de la Agencia Tributaria solo tienen en cuenta las cantidades que constan como pago a Álvaro Pérez en la contabilidad B de la trama, que se elevaron a 58.800 euros (2004), 117.341 euros (2005), 229.105 euros (2006), 263.250 euros (2007) y 138.449 euros (2008). Unos apuntes que indican que el responsable de Orange Market ingresaba 6.000 euros mensuales, con pagas extra del mismo importe, más otros bonus que establecía el propio Francisco Correa. 
Las elevadas cantidades de dinero negro destinadas a El Bigotes contrastan con sus ingresos declarados a Hacienda. En 2007, el amigo del presidente valenciano, Francisco Camps, declaró unos rendimientos netos por su trabajo en Orange Market de 20.574 euros. Empresa que elevó sus ingresos al año siguiente hasta los 51.107 euros. 
Cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón desató la operación Gürtel e interrogó a Álvaro Pérez sobre sus ingresos, El Bigotes declaró: "No tengo prácticamente clientes, trabajo para el Partido Popular, me presentaban muchas campañas y no me han dado nunca nada, ni de publicidad, ni de ninguna otra cosa, porque siempre estoy señalado y en cuanto me presento a algo se me machaca (...) Muy pocos clientes, señoría, me cuesta mucho salir adelante". 
Pese a sus manifestaciones, el responsable de Orange Market llevaba un ritmo de vida elevado. Pérez buscó su vivienda en una de las zonas más selectas del centro de Valencia -cerca de las oficinas de Orange Market-, escolarizó a su familia en el mismo centro privado donde acuden los hijos del presidente Francisco Camps y otros altos cargos como el vicepresidente Vicente Rambla, y se exhibió en vehículos de lujo como la motocicleta Bombardier Can Am, propiedad de la sociedad Orange Market -hoy incautada por orden del juez Antonio Pedreira junto con el Range Rover y el Ford Transit que figuran a nombre de la franquicia valenciana del caso Gürtel-. 
La Agencia Tributaria -en el informe remitido al juez que instruye el caso Gürtel- aplica su propia lógica contable y estima que, en función de los datos analizados, a Álvaro Pérez se le pueden atribuir unos rendimientos netos del trabajo de 46.400 euros en 2004 y de 185.669 euros, 389.380, 446.353 y 273.148 euros en los ejercicios siguientes. 
El mismo informe, incluido en el sumario, rebaja la deuda tributaria de Pérez a cantidades muy inferiores, ya que considera que la firma Orange Market es quien incumplió su deber de practicarle las retenciones. Conforme a este criterio, Pérez tendría una deuda tributaria -según los datos analizados- cercana a los 33.000 euros; mientras que la sociedad Orange Market, de la que era responsable El Bigotes, adeudaría más de medio millón de euros por las retenciones no practicadas durante el periodo 2004 y 2008. 
(www.elpais.com, 22/04/10) 
EL INFORME DE LA AGENCIA TRIBUTARIA SOBRE LOS INGRESOS DE PÉREZ 
- Las retribuciones cobradas en negro: 58.800 euros en 2004; 117.341 euros en 2005; 229.105 euros en 2006; 263.250 euros en 2007 y 138.449 euros en 2008. 
- Las retribuciones declaradas en Hacienda: 20.574 euros en 2007 y 51.107 en 2008 como rendimiento neto del trabajo. Orange Market, cuyo responsable era El Bigotes, ingresó en Hacienda por retenciones del trabajo de Pérez 3.474 euros en 2007 y 13.636 euros en 2008. 
- La deuda tributaria estimada: 10.321 euros en 2004; 5.327 euros en 2005; 4.910 en 2006, 10.070 euros en 2007 y 2.906 euros en 2008. 
- La deuda de Orange Market por eludir las retenciones en los pagos a su administrador: 11.600 euros en 2004, 68.328 en 2005, 160.275 en 2006, 170.558 en 2007 y 93.373 euros en 2008. 
(www.elpais.com, 22/04/10)
EL EX MINISTRO COSTA PIDE A CAMPS QUE DÉ LA CARA POR EL 'CASO GÜRTEL' 
El ex ministro de Ciencia y diputado del PP por Castellón, Juan Costa, pidió ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que dé la cara por el caso Gürtel. Las críticas de Costa al jefe del Consell se producen en vísperas de que el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, presente el último libro del ex ministro en Barcelona. Un acto que supone la escenificación de la reconciliación entre Rajoy y Costa, que hace dos años estuvo a punto de presentar una candidatura alternativa en el congreso nacional del PP celebrado en Valencia. 
Costa argumentó, en una entrevista en Radio Nacional de España, que en la Comunidad Valenciana se tendrían que haber dado más explicaciones por los escándalos. "Un político", dijo Costa en referencia a Camps, "en relación con otro ciudadano, tiene una obligación que es consustancial a su cargo: dar explicaciones por cualquier cosa". El presidente de la Generalitat no se ha pronunciado desde que el pasado día 6 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantó el secreto de sumario sobre la mayor parte de la instrucción del caso Gürtel. 
Para Costa, cuyo hermano Ricardo sigue siendo la única víctima política de la rama valenciana del caso Gürtel, una situación como la actual produce "vergüenza" a muchos militantes del PP, que temen que los ciudadanos les identifiquen con prácticas corruptas. 
Según el ex ministro del PP, "Alguien que está en política tiene que seguir cl caso Gürtel con la mayor preocupación, interés y atención". "Un político debe estar dispuesto a pronunciarse sobre su vida personal, situación patrimonial o responsabilidades políticas", remachó Costa, en referencia al presidente de la Generalitat. 
En este contexto, Juan Costa aseguró que el PP tiene que agradecer al ex tesorero del partido Luis Bárcenas que haya renunciado a su escaño en el Senado, aunque indicó que los populares se podrían haber ahorrado la polémica si hubieran fijado "criterios más claros y objetivos". 
La exigencia de claridad del ex ministro y diputado del PP por Castellón acerca del caso Gürtel contrastó ayer con la decisión del presidente en funciones de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Este se negó a convocar una junta de portavoces en la que se clarifiquen las relaciones de esta institución provincial con el caso Gürtel. En su escrito de contestación a la solicitud formulada por el Grupo Socialista, Martínez señala que "esta Diputación no ha tenido ni tiene relación alguna con el caso Gürtel, por lo que no procede celebrar una junta de portavoces por el asunto solicitado". Sin embargo, la documentación remitida por RTVV al instructor del sumario, el juez Pedreira, incluye documentos que certifican la relación entre la institución y la trama corrupta, ya que Orange Market medió como agencia de publicidad para la Diputación de Castellón, con el fin de insertar espacios publicitarios en Canal 9 y Punt Dos. Las órdenes de inserción de anuncios en ambos canales durante los meses de marzo y abril de ese año ascienden a más de 32.000 euros. 
(www.elpais.com, 21/04/10) 
BLASCO: "ESE EXPEDIENTE NO LO CONOZCO" 
"Ese expediente no lo conozco, sé que es un expediente que existe pero no he tenido ninguna responsabilidad". El portavoz del PP en las Cortes Valencianas y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, se puso ayer a la defensiva después de que el socialista Ángel Luna escogiera un contrato de cuando era consejero de Medio Ambiente como ejemplo de la actuación de la Generalitat en relación con la trama Gürtel. Luna repasó uno de los expedientes administrativos que recoge el sumario instruido por el juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira. En él se recoge cómo en 2004 la empresa Vaersa, dependiente entonces de Blasco, adjudicó a Orange Market el primer contrato que logró. Un contrato al que se presentaron tres empresas de la misma trama (la propia Orange Market, Boomerang Drive y Down Town Consulting), con memorias prácticamente calcadas. La empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, se hizo con la adjudicación y cobró la mitad de su cuantía, 60.000 euros, pero no llegó a realizar los vídeos promocionales que eran el objeto de la adjudicación. La Generalitat no reclamó el dinero. 
Luna señaló que poder revisar los expedientes es fundamental para calibrar si ha habido o no irregularidades en una adjudicación y criticó la reiterada negativa del Consell a facilitar esa información. El portavoz socialista añadió que, con la adjudicación de la empresa pública Vaersa, Álvaro Pérez entró en la Generalitat "por la puerta grande y con alfombra roja, palmas y olivos". El síndic socialista anunció que mañana, en la sesión de control, preguntará al presidente Francisco Camps sobre los contratos con las empresas de una trama que estuvieron "amparadas y recomendadas por una muy alta instancia de la Generalitat". Tras referirse a ese primer contrato de Orange Market, Luna dijo: "No les quiero ni contar lo que viene detrás. Se les van acumulando las ilegalidades que tienen que explicar. Me da la sensación de que lo van a pasar bastante mal".
También el portavoz de Compromís, Enric Morera, calificó de "tema neurálgico" el escándalo del caso Gürtel y reclamó a Camps que deje de negar las evidencias. "Tiene la última oportunidad de explicarse", señaló. 
Blasco alegó que "mientras no se demuestre lo contrario el expediente de Vaersa fue impecable desde el punto de vista de su formalización por la Administración autonómica" y que la justicia ya investigó la adjudicación y "exoneró a los responsables". El portavoz popular y miembro del Consell arremetió contra el portavoz socialista, de quien dijo que "ha demostrado una catadura moral más que discutible" por exhibir en un pleno de las Cortes un informe policial que en aquel momento estaba bajo secreto de sumario. Según Blasco, "es muy difícil que una persona que ha actuado de una forma fraudulenta en sede parlamentaria pueda generar credibilidad en los medios de comunicación". 
Blasco no supo explicar a este periódico qué considera un documento público; ni tampoco aclaró si considera que un expediente de adjudicación es un documento público. Luna anunció que los socialistas llegarán al Tribunal Constitucional para defender su derecho a acceder a los contratos que la empresa Sedesa, de la familia del vicepresidente Juan Cotino, ha firmado con la Generalitat. 
(www.elpais.com, 21/04/10) 
LAS TRES OFERTAS DEL CONCURSO DE VAERSA QUE GANÓ EL BIGOTES ERAN CALCADAS 
Casi como tres gotas de agua. Las tres empresas de la trama Gürtel que en 2004 optaron a la adjudicación de la campaña de sensibilización del uso de contenedores amarillos de la empresa pública Vaersa y que finalmente obtuvo Orange Market, la firma de El Bigotes, presentaron al concurso sendas ofertas prácticamente calcadas, según figura en el expediente de contratación incorporado al sumario del caso y que ayer hizo público el portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna. El trabajo de Vaersa, firma dependiente del entonces conseller de Territorio y hoy portavoz del PP y titular de Solidaridad, Rafael Blasco, co?mo recordó ayer Luna, fue el primero en la Comunitat de Orange Market, la franquicia valenciana de la trama, tras su constitución meses antes. La empresa acabó cobrando la mitad -69.310 euros- pese a que nunca llegó a realizar los vídeos contratados. 
Aquel paripé de procedimiento negociado sin publicidad que reveló Levante-EMV en exclusiva, en el que Vaersa pidió presupuesto a tres firmas Gürtel -además de Orange Market, Down Town Consulting y Boomerangdrive-, todavía resulta más escandaloso al indagar en el expediente, algo que ha sido posible tras el levantamiento del sumario y que los populares han negado a la oposición en las Corts de forma pertinaz.  
Dos de las tres ofertas tienen la misma fecha, el 25 de julio de 2004; la tercera es del 28. Los tres proyectos son casi literales. Hasta las erratas de aludir a la elaboración de sendos vídeos de 8 y 3 segundos, en lugar de 8 y 3 minutos, se calcan. La propuesta de contratación es del 9 de noviembre de 2004. El mismo día se hace el pedido a Orange Market, que había sido la oferta más barata, 138.684 euros, con IVA. Boomerang drive lo hacía por 186.180 euros y DTC, por 163.328. Una broma.  
Curiosamente, subrayó Luna, el documento de la empresa acreditando su solvencia llegó dos días después, el 11. El 12 de noviembre se firmó el contrato, tres días después de cursar el pedido. Y, lo más sorprendente, Álvaro Pérez cobró el 50%, 69.310 euros, 19 días después. Sin empezar a hacer nada.
El trabajo debía acabarse en enero de 2005, pero en septiembre, constatado el nulo avance, se amplía la fecha. En 2007, Vaersa y Orange Market firman un documento dando por rescindido el contrato y renunciando a reclamar nada. "Cuando una empresa entra por la puerta grande y con alfombra, qué problemas va a tener para acceder al resto de los contratos del Consell", se preguntó Luna, quien avanzó que llegará al Tribunal Constitucional para exigir los expedientes de contratación.
El portavoz de Compromís, Enric Morera, indicó que Camps tiene mañana, en la sesión de control, "la última oportunidad para explicar qué ha hecho esta trama con el dinero de los valencianos".

Blasco replicó después que, mientras "no se demuestre lo contrario", el expediente de Vaersa es "impecable" y señaló que Luna "no tiene ninguna credibilidad". "Ese expediente no lo conozco, conozco que es un expediente que existe pero no he tenido ninguna responsabilidad en ese tipo de cosas", aseveró. Fuentes del entorno resaltaron que el conseller no podía estar encima de la gestión de Vaersa, responsabilidad entonces del ex director Juan Miguel Bellver, quien propuso la contratación.  
Blasco recalcó que el TSJ examinó los expedientes y citó a una treintena de altos cargos, tras lo que "no vio ningún tipo de ilegalidad ni irregularidad". Y acusó a Luna de hacer "un uso fraudulento de un informe bajo secreto demostrando una catadura moral discutible". 
(www.levante-emv.com, 21/04/10)
COSPEDAL AVALA A CAMPS DE CANDIDATO PERO LUEGO LO SUPEDITA A LA DECISIÓN DEL SUPREMO 
En cuestión de unas pocas horas, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pasó ayer del apoyo inquebrantable a Francisco Camps al respaldo con posible fecha de caducidad. La número dos de los populares aseguró a primera hora que el "mejor candidato del PP en la Comunitat Valenciana es hoy por hoy, sin duda, Francisco Camps" y añadió que está convencida de que así lo piensa la mayoría de los valencianos. Fue su respuesta contundente en la Cadena Ser a la pregunta de si el PP ha decidido que Camps repita como candidato a la Presidencia de la Generalitat incluso si la justicia decide reabrir en mayo el caso de los trajes que supuestamente le regaló la trama de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes" a cambio de obtener la organización de los eventos del partido y numerosos contratos de la Generalitat. Pocas horas después, en rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del partido, Cospedal señaló, según un despacho de la Agencia Efe datado a las 15,08 horas, que el PP quiere esperar a que los magistrados tomen una decisión para dilucidar entonces si el PP también tomará otras. 
La número dos nacional del PP aseguró que los estudios demoscópicos y las encuestas internas del partido aseguran que no sólo el partido, sino la mayoría de los valencianos, opina que Camps es el mejor candidato. En cualquier caso, la secretaria popular recordó que el presunto cohecho pasivo impropio cometido por Camps al aceptar regalos de Orange Market y otras dos empresas de la trama Gürtel se encuentra "en fase de tramitación" y "todavía no se puede hablar de ninguna situación procesal determinada". La secretaria general fue preguntada sobre la supuesta "erosión" que pueden provocar casos de presunta corrupción como Gürtel en las expectativas electorales del PP. "Puede hacer algo de daño" en las elecciones pero los ciudadanos saben apreciar "la forma de reaccionar" que tienen los partidos frente a estos casos, indicó.  
A este respecto, subrayó que su partido sí "ha sabido reaccionar frente a casos que le han afectado de personas vinculadas con el partido". Defendió la gestión "justa y equitativa" de Mariano Rajoy sobre este asunto. "Si alguien ha mostrado en España, como líder de un partido político, capacidad para afrontar problemas de este tipo ha sido precisamente Mariano Rajoy", abundó. De este modo, señaló que el sumario del caso Gürtel no refleja "ninguna acusación judicial" ni ningún "reproche judicial" en la actuación del PP como institución. En su opinión, "los ciudadanos saben apreciar la forma de reaccionar" que tiene cada partido frente a estos casos. Es "terriblemente injusto" que se intente trasladar la idea de que la clase política es corrupta, porque "la inmensa mayoría de la clase política no es corrupta". Señaló, asimismo, que "los ciudadanos, como es lógico, castigan la corrupción".  
De Cospedal rechazó equiparar la trama Gürtel con la situación del ex presidente balear, Jaume Matas y expresó su deseo de que en ambos se "haga justicia" pero también "se respete la presunción de inocencia y el derecho a la defensa". Aclaró que aunque dos personas estén en la misma situación procesal no "quiere decir nada".El magistrado instructor del "caso Gürtel", Antonio Pedreira, ha pospuesto para el próximo 7 de mayo la declaración de Alvaro Pérez Alonso "El Bigotes", que estaba prevista para mañana 21 de abril, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El aplazamiento se produce después de que el juez haya aceptado la solicitud que ha presentado el letrado del imputado en la que alegaba que este miércoles iba a resultarle imposible asistir a su cliente al tener señalado con anterioridad para esa fecha otro asunto judicial. 
"El Bigotes" era el responsable de Orange Market, filial valenciana de Special Events, la franquicia valenciana de la red de empresas de Francisco Correa. Orange Market, proveedora de servicios del PP valenciano y de la Generalitat (el 75% de su facturación era con el partido y la Administración autonómica), era la organizadora de cabecera de eventos y mítines, empezando por el montaje del pabellón valenciano en la feria Fitur durante cinco años consecutivos. En total, la empresa de El Bigotes ingresó 5,4 millones de euros por los contratos y otros 1,5 millones en concepto de servicios extras facturados a diversas consellerias. 
Mañana está citada a declarar en principio la mujer del ya ex senador Luis Bárcenas para que responda del incremento patrimonial del matrimonio. 
(www.levante-emv.com, 20/04/10)
EL JUEZ PEDREIRA INVESTIGA A CAMPS Y BARBERÁ POR LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA 
Que los tentáculos de la trama Gürtel se extendieron por Valencia hasta tocar la visita del Papa en el Encuentro Mundial de las Familias ya era conocido, y el juez que instruye el caso en Madrid, Antonio Pedreira, está todavía investigando las relaciones de la trama corrupta con los organizadores del acto. Entre sus indagaciones, ha pedido información sobre los dirigentes que están aforados y que pudieron participar en la organización del evento, y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (UDEF) ha señalado directamente al presidente regional, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, presidente y vicepresidenta de la fundación que gestionó la visita. 
El juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira está ultimando su investigación sobre las relaciones de las empresas de Francisco Correa con la visita del Papa a Valencia en 2006. El magistrado solicitó a la Policía una relación detallada de los contratos de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, que organizó y gestionó los actos para saber hasta qué grado tuvo contacto con las sociedades de la trama corrupta. Además pidió a la Brigada de Blanqueo de Capitales que concretase si alguno de los organizadores de la visita tiene la condición de aforado, o la tenía en el momento en que se produjo el encuentro.

Camps y Barberá 
Según informó el diario El Mundo, la UDEF trasladó esta información al magistrado a finales del pasado mes de marzo, y señaló varios nombres: en primer lugar, el del propio presidente valenciano, Francisco Camps, que era el presidente de honor de la Fundación encargada del evento, y que en los próximos días podría ver cómo se reabre la causa contra él por los supuestos regalos de trajes que le hizo la trama. Además, en el informe policial se señala también a Rita Barberá, que ocupaba la vicepresidencia de la Fundación. 
Fernando Giner y Víctor Campos
Otros aforados que participaron en la organización de la visita papal son Fernando Giner, entonces presidente de la Diputación de Valencia, y vocal de la Fundación. Tanto él como Barberá y Camps son diputados en Les Corts y, por tanto, aforados. Además se incluiría en la lista Víctor Campos, actualmente apartado de la política por su implicación en la trama, pero que en aquel momento era el número dos de Camps y ejercía como secretario de la Fundación.
Los vínculos con Teconsa 
Las pesquisas apuntan también a la televisión pública valenciana, y evidencian una vez más que una de las constructoras de la trama, Teconsa, sin experiencia en trabajos audiovisuales, actuó como empresa pantalla para gestionar la sonorización de los actos, una labor por la que la trama se embolsó más de un millón de euros en comisiones irregulares.
Reticencias del Govern y del Arzobispado 
El retraso en la investigación sobre la visita del Papa se debe a las reticencias del Ejecutivo de Camps y de la propia Fundación para remitir al juez los datos sobre el evento. El pasado mes de agosto la Policía pidió por fax y por correo certificado los contratos, pero tanto la Generalitat como el Arzobispado se acogieron a la Ley de Protección de Datos y exigieron órdenes judiciales para facilitar la documentación. El propio Pedreira tuvo que intervenir, a principios de noviembre, para exigir que se entregasen los datos requeridos “a la mayor brevedad”. 
(www.elplural.com, 20/04/10) 
JUAN COSTA SUGIERE A CAMPS QUE ROMPA SU SILENCIO SOBRE GÜRTEL 
El diputado del Partido Popular por Castellón, Juan Costa, reconoció hoy que ha echado en falta en su partido "criterios más claros y objetivos" respecto a las responsabilidades disciplinarias a adoptar sobre el caso 'Gürtel' y reclamó un trato para "todos por igual". Admitió que su formación también debería haber ofrecido "más explicaciones" en la Comunitat Valenciana y puso de manifiesto que un político debe estar dispuesto a pronunciarse sobre su "vida personal, situación patrimonial o responsabilidades políticas".

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Costa puso en evidencia que el caso 'Gürtel' es motivo de preocupación para el conjunto de los españoles, por lo que "alguien que está en política" tiene que seguirlo con "mayor preocupación, interés y atención". Dicho esto, expuso que el partido debe agradecer al ex tesorero del PP que haya abandonado su escaño en el Senado y precisó que el PP podría haberse "ahorrado" el debate sobre las medidas disciplinarias si hubiera contado con "criterios más claros y objetivos".
"Este debate que hemos tenido a lo largo de los últimos meses sobre responsabilidades disciplinarias de un partido podríamos habérnoslo evitado todos su tuviéramos unos criterios más claros y objetivos a la hora de exigir responsabilidades a nivel interno", estimó, para sentenciar que se debe tratar "a todos por igual".

Para Costa, en su partido no han sido capaces de transmitir "al menos durante un periodo de tiempo" la imagen de que actuaba con "el mismo criterio" y de "manera homogénea" ante cualquier caso. De todos modos, matizó que la falta de criterios más homogéneos no sólo la padece el PP, sino también el resto de formaciones políticas, entre las que citó al PSOE, donde hay "personas imputadas que mantienen responsabilidades orgánicas".
El diputado de los populares por Castellón, también remarcó que en la Comunitat Valenciana debe "existir un criterio". Tras indicar que en Valencia "no hay nadie imputado" por esta causa, destacó que deberían haberse dado "más explicaciones" en este territorio. "Un político en relación con otro ciudadano tiene una obligación que es consustancial a su cargo, dar explicaciones por cualquier cosa", manifestó.

En esta línea, señaló que los responsables políticos tienen la obligación de dar explicaciones de "manera permanente" y añadió que en un caso que preocupa a "militantes del partido y a la opinión pública deberíamos dar más explicaciones" y transmitir que somos capaces de enfrentarnos exigiendo responsabilidades sin ningún tipo de discriminación o diferenciación". "Desde el último militante del partido a dirigentes del partido", agregó.
El diputado del PP expuso que una situación como ésta produce "vergüenza" a muchos militantes de la formación y temen que los ciudadanos les identifiquen con estas prácticas e hizo un llamamiento a garantizar que su partido es capaz de evitar que ocurran de nuevo en el futuro. 
(www.levante-emv.com, 20/04/10)
CORRUPTORES Y CORRUPTOS BAJO EL GOBIERNO DE CAMPS
La parte valenciana de la red corrupta captó más de 11,7 millones en 5 años
El 12 de mayo decidirá el Tribunal Supremo si el hecho de haber aceptado trajes regalados por la trama de corrupción del caso Gürtel llevará al presidente del Consell, Francisco Camps, ante un jurado. Pero los regalos de trajes son sólo un elemento llamativo, tal vez el más llamativo, de un episodio de supuesta financiación ilegal del PP valenciano que, a su vez, forma parte de una vasta red de financiación irregular en otras administraciones de España gobernadas por los populares. El alcance de los regalos efectuados por Álvaro Pérez, representante en Valencia de la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, actualmente en prisión, se revela cada vez más amplio y más sistemático. El levantamiento del secreto del sumario por parte del juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), permite constatar cómo funcionaba el desvío de dinero público para pagar actos del PP y para enriquecer a miembros de la trama. Es el relato de cómo se movieron corruptores y corruptos bajo el gobierno de Camps.
Hay indicios de que se desvió dinero público para pagar actos del PP
Debajo de los trajes regalados existía una fluida relación de la trama con el poder
De los regalos navideños a la financiación irregular del PP
Entre los implicados, hay cinco empresarios, de quienes las dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción en el caso, Myriam Segura y Concepción Sabadell, pidieron la imputación a finales de 2009. Su declaración está pendiente. Son los cinco empresarios incluidos por los socialistas en la querella que presentaron ante el Ttribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y que permanece en stand by a la espera de que Pedreira culmine una investigación que todavía debe dar más de sí, puesto que ha citado a declarar el miércoles a Álvaro Pérez para profundizar en la trama valenciana. En el momento en que la fiscalía amplíe su petición de imputación a Camps y otros aforados valencianos, también incluidos en la querella de los socialistas, esa parte del caso deberá volver al TSJCV o ser remitida con el conjunto de las actuaciones al Tribunal Supremo, como pretende el ministerio público. El sumario del caso Gürtel aporta muchos datos sobre la actuación de corruptores y corruptos en la política valenciana durante años.
- ¿Cuándo y por qué empezó a actuar la trama en Valencia?
Las empresas que dirigía Correa ya habían realizado trabajos para el PP valenciano en septiembre de 2002 con motivo del décimo congreso regional. Un cónclave, del que figuran pagos en dinero negro en la contabilidad de la trama, en el que Camps ya ejercía de secretario regional con el entonces todopoderoso presidente Eduardo Zaplana. Sin embargo, Correa no se decidió a abrir franquicia en Valencia hasta 2004, cuando el PP, con Mariano Rajoy de candidato, perdió las elecciones generales. Ese año Correa decide enviar a Álvaro Pérez a Valencia para ampliar el negocio. El Bigotes logra pronto la confianza de Camps -que lo convierte en su escenógrafo de cabecera y lo incluye en su círculo personal-, y sella su amistad con otros altos cargos del PP valenciano. En cuestión de meses, Orange Market empieza a trabajar tanto para el PP como para la Generalitat.
- ¿Cómo funcionaba la red de corrupción?
Según los datos que figuran en el sumario, Orange Market facturaba al PP por la celebración de actos. Una parte del dinero se pagaba en A y otra en B, que se ingresaba en la caja conjunta de la trama. La empresa que dirigía Álvaro Pérez también obtenía ingresos por los contratos con la Administración valenciana, tanto de las consejerías como de las empresas y organismos autónomos. Buena parte de los trabajos se trocearon en varias facturas para contratar directamente con Orange Market y otras firmas de la trama corrupta -la adjudicación directa sin concurso se puede realizar en la Administración si el total de lo contratado no excede 12.000 euros-. En otros casos se facilitó el paso a la trama corrupta, pese a utilizar empresas que carecían de experiencia y presentaban las ofertas más caras, como en el primer contrato de Fitur o en la instalación del montaje audiovisual de la visita del Papa. En algunos de esos trabajos se subcontrató con otras firmas de la trama, a las que se pagó en A y en B. El dinero negro se ingresaba en la caja común.
Por último, Orange Market ingresó por trabajos efectuados para cinco grandes constructoras -que obtienen sustanciosos contratos de la Generalitat- por trabajos reales y otros de los que no hay constancia que se hicieran. En este último caso, ese dinero habría servido para financiar eventos del PP. Cuando Álvaro Pérez necesitaba liquidez inmediata debía recurrir a la misma caja central donde se habían realizado los depósitos. En definitiva, Orange Market era el proveedor principal de eventos del PP, pero también recibía encargos de la Generalitat, de instituciones de carácter público como Feria Valencia y Canal 9 y de constructoras cuya actividad depende de la Administración valenciana.
- ¿Qué papel desempeñaban los regalos?
Álvaro Pérez le explica a su mujer en una de las conversaciones telefónicas grabadas por la policía que para hacer negocios tiene que llevarse bien con las esposas de los políticos. En efecto, las esposas de Francisco Camps, del vicepresidente Vicente Rambla y el ex vicepresidente Víctor Campos tenían una relación fluida con el jefe de Orange Market, que personalizaba los regalos que les hacía y que ellas llegaban a considerar "una pasada". Además de los trajes que recibieron el propio Camps, Campos, el ex secretario regional del PP, Ricardo Costa, el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret, y el ex director de RTVV Pedro García, el sumario revela que la trama de corrupción llegó a gastar 140.000 euros en relojes de lujo. Uno de ellos, valorado en 2.400 euros, fue regalado en 2006 a la entonces consejera de Turismo y hoy presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez. Álvaro Pérez registraba cuidadosamente los regalos, sus destinatarios y sus precios. Su contabilidad desglosa, por ejemplo, 8.800 euros en regalos de Navidad a cargos públicos y dirigentes del PP valenciano.
- ¿Cuáles fueron los principales contratos?
Si bien la empresa de Álvaro Pérez comenzó tímidamente en 2004 a trabajar para la Administración valenciana, con apenas un encargo de 138.678 euros para elaborar un documento de sensibilización ambiental para Vaersa, ya en diciembre de aquel año ganó, con Milagrosa Martínez de consejera, el encargo de la Agencia Valenciana de Turismo para instalar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur-2005. Un contrato de 930.000 euros por el que acabó facturando 1,57 millones.
Orange Market ganó otros cuatro años consecutivos los concursos de Fitur, por los que cobró un total de 5,4 millones de euros. Y giró cada año decenas de facturas menores para otras consejerías, fundaciones y empresas de la Generalitat. Lo que elevó su facturación a 6,7 millones de euros entre 2004 y 2009. Y a este sistema se unieron otras ocho empresas de la trama, que llegaron a facturar por separado y por los mismos conceptos al mismo organismo. La trama levantó finalmente en esos años 7,1 millones de euros solo de organismos de la Generalitat. No obstante, en 2008 el mejor cliente de Orange Market pasó a ser Feria Valencia, con 1.438.400 euros facturados. Además, fue un ejercicio en que ganaron peso los trabajos cobrados a constructores como Enrique Ortiz (231.000 euros), las empresas de Sedesa (151.000) o Lubasa (58.000). Firmas a las que se investiga por la posible financiación irregular del PP valenciano a través de pagos en negro a la trama. En conjunto, las empresas de la trama recibieron 11,7 millones en cinco ejercicios.
- ¿Qué hacían los cinco constructores implicados?
La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado octubre la imputación de cinco empresarios valencianos y una empleada de Orange Market. Concretamente, solicitó que declararan en condición de imputados Enrique Tomás Ortiz Selfa, de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA; Enrique Gimeno Escrig, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, Facsa; Vicente Cotino Escrivá, sobrino del vicepresidente Cotino, de la empresa familiar Sedesa; Luis Batalla Romero, administrador de Lubasa; Antonio Pons Dols, de la mercantil Piaf SL, y una empleada de Orange Market identificada como Merche, según el escrito del ministerio público. Los cinco están supuestamente implicados en la financiación irregular del PP (que es delito si coincide con campañas electorales, como es el caso). En parte, a través de pagos de actos organizados por Orange Market al PP y, también, por las aportaciones directas a ese partido. Para aclarar esos extremos la fiscalía pidió que la Agencia Tributaria examinara la documentación intervenida a Orange Market, datos bancarios e información aportada por el PP sobre gastos en las campañas electorales de 2005 a 2008.
- ¿Qué pasará con el proceso judicial?
Antonio Pedreira mantiene viva la instrucción. Esta próxima semana incorporará a sus actuaciones los testimonios de Álvaro Pérez y de la mujer del senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Como juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es competente para imputar a cualquier aforado de esa comunidad autónoma, pero no de cualquier otra. Por tanto, en el momento en el que lo hiciera, la causa, en todo o en parte, escapará de sus manos. La policía nacional y la fiscalía, hasta ahora, han hablado siempre de que el caso Gürtel es en realidad una trama organizada. Según juristas consultados, la lógica apunta a que Pedreira decida enviar el conjunto de la causa al Tribunal Supremo por tratarse de una trama. La fiscalía teme especialmente la fracturación entre el Supremo, el TSJM y el TSJCV porque podría darse el caso de que hechos idénticos tuvieran un resultado penal diferente. Sin embargo, por cuestiones de logística, el Tribunal Supremo ha evitado hasta ahora hacerse cargo de una causa tan voluminosa y compleja como el caso Gürtel. No obstante, tampoco es descartable que el juez instructor opte por enviar al TSJ valenciano el asunto.
La locomotora y el vagón
¿Qué ha hecho Francisco Camps desde que el sumario del caso Gürtel empezó a vomitar escándalos? La respuesta es bien simple: nada. Y su inacción contrasta con la acción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cuya Administración también está tocada de lleno por la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que muñía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes.
Aguirre, desde que el pasado día 6 se levantó el secreto sobre la segunda parte del sumario del caso Gürtel, ha dado dos aldabonazos para sacudirse la melaza de la corrupción. Y ambos en el Parlamento regional. En el primero se atribuyó el mérito de haber destapado el caso Gürtel, aunque luego matizó sus palabras. Y en el segundo, en la misma Asamblea de Madrid, pidió públicamente el jueves a los tres diputados que formaron parte de su círculo de confianza -el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo y los parlamentarios Benjamín Martín y Alfonso Bosch, en el Grupo Mixto desde que se hizo pública la primera parte del sumario el pasado mes de octubre- que abandonen sus escaños.
La presidente madrileña, achuchada por la oposición, aseguró también que en el sumario del caso Gürtel su nombre sólo figura "porque estaba enfrentada con todos los de la presunta trama".
Si Esperanza Aguirre se ha dado prisa para situarse en la locomotora y desmarcarse del resto del pasaje mencionado en el sumario del caso Gürtel, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha optado por quedarse en el vagón observando el paisaje como si el asunto no fuese con él.
No es la primera vez que Camps opta por la estrategia del avestruz. El pasado mes de octubre, tras hacerse pública la primera parte del sumario, fue la dirección nacional del PP la que forzó la destitución del secretario regional y portavoz parlamentario Ricardo Costa. Ahora, la actitud es la misma: mantener el argumentario de que el caso Gürtel no altera la situación de "normalidad absoluta". Y ello, pese a que esta estrategia tiene cada vez más alterados a numerosos cargos del PP hartos de la parálisis existente.
 www.elpais.es 18.04.10
EL CONSELL REDUCE A UNA ANÉCDOTA LA DECISIÓN DEL SUPREMO SOBRE CAMPS
Pons: "No hay motivo para que el presidente no cuente con la confianza del PP"
"No hay nada nuevo que añadir. Es un trámite procesal que no aporta nada nuevo", remachó la consejera de Justicia y portavoz del Consell, Paula Sánchez de León. Al Consell todo le parece anecdótico y cosas de trámite. Bien sea que el Tribunal Supremo haya aceptado los recursos de la Fiscalía y el PSPV contra el archivo del asunto de los trajes por el que se imputó a Francisco Camps, bien sea que se conozca que la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, recibió un reloj de 2.400 euros de la trama corrupta.
El Consell ve normal que se le exijan explicaciones claras al presidente del Congreso, el socialista José Bono, por su incremento de patrimonio. En cambio, al Ejecutivo valenciano no le parece "sustancial" que la presidenta de las Cortes, la popular Milagrosa Martínez, explique si recibió o no un reloj de 2.400 euros de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa; ni cuál fue su actuación como consejera de Turismo para adjudicar el pabellón valenciano en Fitur a partir de 2005 a la firma Orange Market que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.
"La presidenta de las Cortes ya ha dado todas las explicaciones que tenía que dar y ha actuado de acuerdo con la legalidad vigente. Creo que el resto es anecdótico", manifestó ayer la consejera portavoz, Paula Sánchez de León. "Todas y cada una de mis actuaciones se han producido dentro de la más absoluta legalidad", fue toda la explicación que ofreció el pasado martes la presidenta de la Cámara, pese a que la Fiscalía Anticorrupción considera que cometió un delito de cohecho, ya prescrito cuando se detectó.
El Consell -que ayer se reunió sin su presidente, Francisco Camps, ni su vicepresidente económico, Gerardo Camps, bloqueados en Bruselas por el cierre de aeropuertos- también restó importancia a que el Tribunal Supremo vaya a decidir el 12 de mayor sobre los recursos contra el archivo del caso de los trajes regalados por la trama corrupta.
Sin embargo, la presión sobre el Consell no arrecia y ayer se pudo ver la incomodidad ante la posición de Esperanza Aguirre en el caso Gürtel, que ha pedido a los diputados imputados que dejen sus escaños.
En este contexto, el vicesecretario de Comunicación del PP nacional, el valenciano Esteban González Pons, aseguró que "Camps no está imputado y no ve ningún motivo para que no cuente con toda la confianza del partido".
www.elpais.es 17.04.10
'EL BIGOTES' FACTURÓ EN 2008 A FERIA VALENCIA 1,43 MILLONES
Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, creada por la trama Gürtel para captar los negocios de la red corrupta en tierras valencianas, facturó en el ejercicio de 2008 a Feria Muestrario Internacional de Valencia 1.438.400 euros. De manera que esta institución se convirtió en el mejor cliente de la empresa investigada por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira por cohecho, tráfico de influencias con altos cargos del PP para conseguir contratos de la administración, blanqueo de capitales y cobro de comisiones ilegales.
El levantamiento del secreto de sumario del caso Gürtel ha permitido conocer que en la relación de clientes de Orange Market, según los datos que imputa la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) a la mercantil en 2008, figura en primer lugar Feria Valencia, que desplaza a la Agencia Valenciana de Turismo y al PP de los primeros puestos. En dicho ejercicio, Orange Market no facilitó al fisco su lista de operaciones con terceros, quizá porque fue intervenida por los jueces. Pero sí hay una relación de clientes que han imputado sus pagos a El Bigotes.
Hace ahora un año la prensa destapó que Orange Market había recibido el encargo de Feria Valencia para ejecutar una campaña de promoción de la feria Habitat, que reúne cada año a los sectores del mueble, el textil y la iluminación. Entonces se aseguró que El Bigotes cobró 800.000 euros por el encargo. Ahora se ha sabido que la cifra de facturación final de ese año casi duplica aquel dato, con 1,43 millones. Un salto sustancial para una empresa que en 2007 apenas cobró 83.288 euros a la institución ferial.
Feria Valencia, con Alberto Catalá de presidente del comité ejecutivo, y con la alcaldesa Rita Barberá de presidenta de su patronato, informó ayer de que en 2008 Orange Market fue "el gran proveedor de marketing" de la institución, "pero no el único". También confirmó que la cifra de facturación que figura en la Agencia Tributaria es correcta. Pero matizan que solo una parte, "en torno a 800.000 euros, como se dijo hace un año", corresponde al plan de marketing de Habitat: "Orange Market realizó diversos servicios para distintas ferias y para la propia institución ferial, es más, parte de los pagos que se ejecutaron en 2008 corresponden a servicios prestados en 2007". Y aseguran que tras conocer la intervención judicial dejaron de trabajar con ella.
Falta de datos
Sus responsables explican que Feria, con un presupuesto de entre 80 y 85 millones, tiene 300 trabajadores pero organiza 50 ferias al año con "picos de trabajo muy altos; en Cevisama hay trabajando al tiempo hasta 20.000 personas", de ahí su necesidad de contratar con proveedores.
Feria Valencia, que en 2009 se negó reiteradamente a facilitar datos de cuánto ha pagado a las empresas de la trama Gürtel, se convirtió en 2008 en su mejor cliente, desbancando a la Agencia Valenciana de Turismo, a la que El Bigotes cobró 1.059.000 euros. Como la firma no facilitó la lista de sus clientes en 2008 y el PP tampoco lo ha hecho en los últimos años, se desconoce qué lugar ocuparon los populares en el ranking.
La actual consejera de Turismo, Belén Juste, se negó también hace un año, cuando era titular de Industria, a dar los datos de Feria Valencia con Gürtel. Hasta julio de 2006, Juste fue directora de la institución ferial. Y que su sucesor, Carlos de Vargas, con el que El Bigotes empezó a trabajar para Feria Valencia, aparece en conversaciones en las que él y Pérez hablan de traer a Valencia los premios Grammy Latinos.
www.elpais.es 17.04.10
¿DÓNDE SE ESCONDE CAMPS?
 ¿Dónde está el president? Es la pregunta más repetida en los últimos meses, el acertijo en los mentideros valencianos. ¿Brasil, Estados Unidos, Bruselas? Y es que la agenda de Francisco Camps en el País Valenciano es cada día menos notoria y es difícil encontrarle en un acto público. Incluso sus repentinas huidas hacen cambiar el calendario parlamentario para cuadrar sus obligadas comparecencias en Les Corts.
 Ayer mismo se cumplía un año de una de las apariciones que hicieron que Camps se lo pensara dos veces antes de presentarse en público. Fue en el acto de la Santa Faz en Alicante. Allí tuvo que escuchar como le ridiculizaban al grito de "trajes para todos". Y quizás en ese momento el president decidió enrocarse en sí mismo.
 Su primera, y última aparición en la Comunitat tras el levantamiento del grueso del sumario del caso Gürtel fue este martes, en un acto pensado para vanagloriar al Molt Honorable. Tuvo lugar en el Palau de la Generalitat y estuvo arropado por todo su gobierno y más un centenar de alcaldes.
La convocatoria oficial hablaba de un balance de las inversiones de la Generalitat en los municipios. Pero consistió en una exaltación de Camps en sus horas más bajas desde que conquistó el poder. Allí, llegó, vio, y huyó de los medios de comunicación, algo usual.
Este mes Camps no ha participado en ningún acto público y en lo que va de año son más sonadas sus visitas al exterior que su asistencia a citas en la Comunitat. Desde finales de 2009 ha viajado en nueve ocasiones al extranjero, bien sea para visitar el parque Ferrari World en Abu Dhabi, o inaugurar una oficina del Instituto Valenciano de la Exportación en Brasil, abierta desde 1997. Incluso se ha trasladado dos veces a Nueva York a firmar un convenio con Microsoft.
 Precisamente, acaba de pasar por Bruselas como un fantasma. Esquivando a la prensa, llegó a atrincherarse en una pequeña sala del Parlamento Europeo en la noche del miércoles durante varias horas. Todo ello, a pesar de que sus reuniones, con responsables de las instituciones y eurodiputados afines, habían concluido. Los periodistas tuvieron que conformarse en medio de una escalera con unas breves declaraciones contra el Tribunal Constitucional y el Gobierno por el recurso interpuesto por Cultura contra el derribo del barrio del Cabanyal. Sus responsables de prensa se aseguraron, llegando a agarrar por el brazo a algún periodista, de que asuntos como la trama Gürtel no fueran motivo de preguntas, informa Daniel Basteiro.
 Ayer, cuando el Supremo reabrió su causa , desapareció sin dejar rastro. "Me dicen que ha pasado por aquí", aseguró un miembro de su Gabinete en la zona en la que los periodistas esperaban, sin éxito, que dejase de esconderse. Hoy tampoco podría estar en España. Al cierre de esta edición, se encontraba retenido en Bruselas, ante la imposibilidad tomar un avión por la nube de ceniza en Islandia.
(www.publico.es, 16/04/10)
ZAPLANA BRILLA EN AUSENCIA DE CAMPS
 Eduardo Zaplana, ex presidente del Consell, volvió ayer a dar muestras de su hábil manejo del marketing político. El ex dirigente del PP valenciano aprovechó la ausencia de Francisco Camps, actual titular de la Generalitat, en la romería a la Santa Faz para sumarse, tras cuatro años ausente, al multitudinario acto en Alicante.
 Zaplana acudió a título privado. No obstante, el ex presidente de la Generalitat no caminó confundido entre la muchedumbre, sino que culminó el trayecto en el seno de la comitiva oficial, encabezada por el clero de la concatedral de San Nicolás. Unos metros por detrás, caminaba la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, flanqueada por el vicepresidente del Consell Vicente Rambla y el valedor del zaplanismo en Alicante, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll. Luego se situaban otros tres consejeros más (Mario Flores, Belén Juste y Trinidad Miró). Y, tras ellos, prácticamente con el aliento sobre sus cogotes, emergía la figura de Eduardo Zaplana, arropado por dos de sus fieles escuderos, los diputados Miguel Peralta y Macarena Montesinos. A la romería también se sumaron el vicepresidente del Consell Juan Cotino y la presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, pero ninguno realizó el itinerario a pie.
La presencia de Zaplana y la ausencia de Camps marcaron el termómetro político de la romería. La oposición socialista centró su crítica en la ausencia del presidente del Consell. Los populares, en plena ebullición del caso Gürtel, optaron por quitar hierro al asunto.La imagen de división interna que, una vez más, exhibió el PP contrastó ayer con una postal más cohesionada en las filas socialistas. Éstos realizaron el trayecto por delante de la comitiva oficial y a paso ligero, liderados por Jorge Alarte, secretario general del PSPV, la secretaria federal de Organización, Leire Pajín, y el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna.
 Una vez en el monasterio de la Santa Faz, los dirigentes socialistas comparecieron ante los medios de comunicación en equipo y con un mensaje unívoco: la censura al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por ausentarse de la romería. En opinión de los socialistas, la actitud de Camps responde a un intento de evitar las críticas de los ciudadanos por presunta vinculación de los populares y del Consell con la trama Gürtel.
 El encargado de abrir el fuego dialéctico contra Camps fue Alarte: "Camps una vez más no está donde tiene que estar, al lado de los alicantinos en una fecha tan importante [en alusión a la Santa Faz]", dijo. "Este nuevo desprecio de Camps evidencia cuál es la situación política de la Comunidad Valenciana, con un presidente ausente que se esconde de la gente", añadió.
 El líder del PSPV recordó que Camps ya evitó la romería de Les Canyes de Castellón y que tampoco se dejó ver durante las Fallas. "Hoy tampoco lo vemos aquí, donde toca, al lado de los alicantinos. Lleva [Camps] 12 días sin actividad pública. Tenemos un presidente que viaja, evidentemente, con agenda, pero siempre en fechas en las que hay que estar junto a los ciudadanos", dijo.
 Pajín abundó en las críticas: "El clamor de la ciudadanía de Alicante en esta mañana [ayer para el lector] es la clara ausencia del presidente de la Generalitat", dijo, antes de desgranar una anécdota del camino: "He oído cómo una peregrina comentaba que Camps no está aquí y es el que más penitencia tiene que cumplir".
 La defensa de Camps corrió a cargo del secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente. "Camps se ha ausentado este año de la Santa Faz porque está defendiendo en Bruselas los intereses de los valencianos y de los alicantinos", dijo. Clemente arremetió contra el líder del PSPV y le instó a aclarar su postura sobre el trasvase del Tajo-Segura.
 Clemente también reiteró que Sonia Castedo tiene el respaldo del PP valenciano para ser candidata por Alicante en las próximas elecciones municipales. La regidora agradeció el gesto y abundó en la tesis de Clemente al justificar la ausencia de Camps. "Está defendiendo en Bruselas intereses de Alicante, el sábado día 24, visitará el monasterio". Castedo restó importancia a la presencia de Zaplana: "Lo he visto y le he saludado", dijo escuetamente.
 (www.elpais.com, 16/04/10)
 LA TRAMA GÜRTEL VALENCIANA FACTURÓ AL PP 758.00 EUROS EN LAS GENERALES DE 2008
 La trama valenciana del caso Gürtel facturó por actos en la Comunitat de la campaña de las elecciones generales de 2008 en los que el PP postulaba a Mariano Rajoy para la presidencia del Gobierno 758.359,28 euros, IVA incluido, según la documentación incautada a la organización liderada por Francisco Correa y cuyo hombre en Valencia era Álvaro Pérez, El Bigotes. No sólo eso, sino que mítines a los que asistió el presidente nacional del Partido Popular también contaron con la participación de la red Gürtel, que hizo caja.
En concreto, en la documentación citada -que figura en el sumario judicial del TSJ de Madrid que instruye Antonio Pedreira-, aparece un apunte como "Acto IFA Rajoy", fechado el 28 de febrero de 2008. Se trata del mitin central del PP en Alicante, celebrado en la Institución Ferial Alicantina a diez días de la cita con las urnas del 9 de marzo, y que estuvo protagonizado por el líder popular. La trama percibió 27.264 euros, IVA aparte.
No es el único caso de actos de Rajoy donde la red Correa participó en la intendencia. La documentación incluye la referencia "Plaza de Toros", con la fecha del 6 de marzo de 2008. Se trata del mitin central del PPCV en el coso de Valencia, que estuvo protagonizado por Mariano Rajoy. El PP reventó la plaza y Francisco Camps proclamó eufórico: "Es el mayor mitin de la historia".
Estos datos contradicen la versión de Génova de que, una vez llegó Mariano Rajoy a la presidencia del PP, ordenó no contratar con las firmas de trama de Francisco Correa. Cuatro años después del ascenso al poder en el partido, esa afirmación es cuestionable, al menos en tierras valencianas. Con todo, el dinero se facturó al PPCV por lo que queda la duda de hasta qué punto la organización nacional supo de la contratación de El Bigotes para un mitin de Rajoy y en qué momento se enteró.
En total, la documentación alude a 25 actos y mítines de las últimas generales en la Comunitat Valenciana. La factura más elevada se refiere a la misma jornada electoral del 9 de marzo. De un lado, en concepto de "sede PP/Alameda Palace" las firmas de el Bigotes se embolsaron 22.500 euros. Se trata de los gastos por la jornada de la votación en la sede de la calle Quart de Valencia y la concentración por la noche para esperar los resultados, con la posterior "fiesta" por los datos de la Comunitat. De otro, abajo, referido al mismo día, figura el apunte "Prensa/Radio", con 131.407 euros. El siguiente acto más oneroso fue, curiosamente, otro en Feria Alicante, cinco días antes del de Rajoy, el 23 de febrero. La factura se elevó a 109.928 euros.
(www.levante-emv.com, 16/04/10)
EL SUPREMO REABRE EL CASO DE LOS TRAJES DE CAMPS 
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por los socialistas valencianos (PSPV) contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de sobreseer la causa abierta al president de la Generalitat, Francisco Camps; el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos y el jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafel Betoret, en relación con la denominada 'trama valenciana' del caso Gürtel, según informaron fuentes socialistas. 
De este modo, la sala segunda del Tribunal reabre formalmente la causa contra Camps, que había sido archivada el pasado día 3 de agosto por el TSJCV, por entender que no existía "relación directa entre el pago de prendas" y los "agasajos" que recibieron los imputados, entre ellos Camps, así como con la adjudicación de contratos públicos a la empresa Orange Market.  
De esta forma, estimaban los recursos de apelación planteados por los cuatro dirigentes del PP contra el auto del magistrado instructor de la causa en el TSJCV, José Flors, quien sí que entendió que había indicios de cohecho pasivo en su actuación por supuestamente haber aceptado regalos de la empresa del 'Bigotes'.   
La decisión fue adoptada entonces por el presidente de la sala del Tribunal valenciano, Juan Luis de la Rúa, que se declaró íntimo amigo de Francisco Camps, y que votó a favor del archivo junto al magistrado José Francisco Ceres, frente al rechazo del tercer magistrado que participó en la decisión, Juan Montero. En su momento, también desestimó los recursos de apelación de la Fiscalía y del PSPV.   
De modo que el Supremo se reunirá el próximo 12 de mayo para deliberar sobre el asunto y emitir un fallo sobre si vuelve a investigar al president de la Generalitat Valenciana por el caso Gürtel. En esa reunión participarán los magistrados Juan Saavedra, que actuará como ponente, Andrés Martínez Arrieta; Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez y Miguel Colmenero. 
Francisco Camps. Presidente de la Generalitat
Garzón vio indicios que apuntaban a que recibió de las empresas de Correa más de 12.783 euros, principalmente en trajes. 
Ricardo Costa. Secretario general del PP valenciano
El juez sostenía que adquirió trajes en tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros pagados por empresas de Correa.  
José V. Campos Guino. Ex vicepresidente de la generalitat
Las investigaciones apuntaban a que habría recibido en especie de las empresas del supuesto cabecilla de la trama 4.850 euros. 
Rafael Betoret Parreño. Ex jefe de gabinete de Turismo en Valencia
El auto de Garzón le imputaba, al igual que a Campos Guinot, por los delitos de cohecho, falsedad y tráfico de influencias. 
(www.publico.es, 15/04/10)
EL DEVOTO CAMPS, AUSENTE POR PRIMERA VEZ DE LA PROCESIÓN DE LA SANTA FAZ 
Por primera vez desde que es presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps no acudirá hoy a la tradicional procesión alicantina de la Santa Faz. El presidente popular confirmó que no participará en el multitudinario acto, que reúne a unas 200.000 personas en torno a la reliquia y que dura unas tres horas. ¿Temor ante la posible reacción negativa de los asistentes tras el levantamiento del sumario de la trama Gürtel, que salpica de lleno a la Comunidad Valenciana? La excusa oficial que ha puesto su gabinete es que el dirigente tiene previsto un viaje a Bruselas para hablar del tema del agua.  
Recién estallado el escándalo de la trama Gürtel, a Francisco Camps no le importó el año pasado aparecer en la multitudinario procesión alicantina de la Santa Faz. Aunque estaba en el punto de mira por el tema de los trajes, el president valenciano acudió al acto, e incluso se permitió comentar que el escándalo, que daba entonces sus primeros pasos, era una mentira y un montaje. Pero este año, con el secreto de sumario levantado y la Comunidad Valenciana como uno de los centros de la trama, Camps no repetirá la estampa.
Visitará la reliquia el 24 de abril 
Será la primera vez que un presidente de la Generalitat valenciana no acude a la procesión, aunque el gabinete del dirigente asegura que Camps no romperá del todo con su costumbre de besar la reliquia, y que lo hará el próximo 24 de abril, cuando vuelve a exponerse al público. Sin embargo, el día grande de la Santa Faz, este jueves, cuando se espera que unos 200.000 ciudadanos participen en el acto, el presidente regional pondrá tierra de por medio.
Viaje a Bruselas 
La excusa para no asistir a la procesión, según publica El Mundo, es un viaje a Bruselas, donde Camps se entrevistará con los comisarios de Empleo y Política Regional con la UE para debatir sobre el paro y sobre el problema del agua. No es la primera vez que el dirigente valenciano hace un viaje para eludir aparecer en público ante las posibles preguntas comprometidas sobre la Gürtel. A finales del pasado mes de enero, por ejemplo, no apareció en la feria de turismo Fitur: también estaba de viaje en Bruselas. En mayo de 2009, también causó gran revuelo el viaje de Camps a Boston, evitando así comparecer en Les Corts.
Zaplana, Rambla y Milagrosa Martínez 
Quien sí acudirá este año a la procesión es Eduardo Zaplana, que solía ser asiduo a este acto, pero que dejó de participar por su abierta enemistad con Camps. A falta del president, el ex ministro tiene garantizado el protagonismo. También acudirán en representación del Govern el vicepresidente regional, Vicente Rambla, y la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez. Ambos están también salpicados de lleno por la Gürtel.  
(www.elplural.com, 15/04/10)
CAMPS BUSCA EL APLAUSO DE SUS CARGOS EN PLENA TORMENTA GÜRTEL 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, eligió ayer un acto con alcaldes y cargos del PP para reaparecer en la escena pública tras doce días sin agenda oficial y siete de completo mutismo desde que el juez Pedreira levantó el secreto del sumario Gürtel. Como viene siendo marca de la casa desde que estalló el caso el formato del acto diseñado por Presidencia -la excusa fue el balance de un año del Plan Confianza- no permitió preguntas de los periodistas. Camps ignoró el espinoso asunto y protagonizó un discurso basado en la autocomplacencia por su gestión. En su intervención previa, los alcaldes de las tres capitales de provincia dieron repetidas muestras de apoyo a un presidente que quiso demostrar que, en plena tempestad, sigue contando con respaldo de los suyos.  
De ahí que el acto de ayer recordara, al menos en su filosofía, al que hace casi un año le organizó el conseller de Ciudadanía, Rafael Blasco,también en el Palau de la Generalitat, la víspera de su declaración en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat por la causa de los trajes. Entonces, centenares de cargos populares coparon el Salón de Corts y recibieron al presidente con una ovación que duró cuatro minutos. Ayer todo fue más discreto. Se escogió un lugar menos solemne -el patio gótico- y el aplauso se quedó en un minuto de reloj. Camps hizo un pequeño recorrido para saludar y estrechar manos a los asistentes que, entre consellers -estuvieron todos menos Paula Sánchez de León-, alcaldes, altos cargos y asesores, dificilmente llegaban al centenar. Además, hubo ausencias destacadas, entre ellas la del presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, y el presidente en funciones de la Diputación de Castelló, Francisco Martínez. Sí estuvo el de Valencia, Alfonso Rus. Tampoco la presencia de alcaldes de Alicante y Castelló fue multitudinaria habida cuenta de que, según el Consell, se había invitado a los responsables de los más de 500 ayuntamientos valencianos. Como era de esperar ningún alcalde socialista se avino a participar en la fotografía. 
Lecturas políticas al margen, el acto arrojó pocas novedades sobre el Plan Confianza, el proyecto estrella del Ejecutivo de Camps para salir de la crisis cuya ejecución ha estado muy condicionada por las dificultades de tesorería de la propia Generalitat. De ahí que del presupuesto global del Plan de Apoyo a la Inversión Productiva en los Municipios, que asciende a 1.020 millones de euros, un año después sólo se ha pagado a los ayuntamientos 134 millones.  
Tal como atestiguaba el dossier aportado a la prensa, la mayoría de los proyectos todavía están sin terminar, por lo que en lugar de fotografías reales se adjuntaban imagenes virtuales. La Conselleria de Economía y Hacienda justifica el bajo porcentaje del importe adjudicado en que el Consell paga en un plazo de 60 día una vez se entregan los certificados de obra y los proyectos importantes están por finalizar. La socialista Cristina Morena recordaba ayer que la autorización de deuda para poder pagar el plan se hizo a finales de 2009, por lo que asegura que ha sido un año perdido. 
No lo ven así, los alcaldes de Castelló, Alicante y Valencia, Alberto Fabra, Sonia Castedo y Rita Barberá, respectivamente, para quienes el plan de Camps ha evitado que los ayuntamientos cierren la persiana a consecuencia de la crisis. 
(www.levante-emv.com, 14/04/10) 
CAMPS HUYE DEL 'CASO GÜRTEL' 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, rehuyó ayer a los periodistas en su primer acto oficial tras las vacaciones, celebrado una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantase el secreto del sumario del caso Gürtel. 
Camps eligió el Palau de la Generalitat para celebrar el primer aniversario de la puesta en marcha del plan de inversiones productivas en los municipios, que se enmarca dentro del plan Confianza. Y compareció acompañado de los tres alcaldes de las capitales valencianas -Rita Barberá, Sonia Castedo y Alberto Fabra- y del vicepresidente segundo y consejero de Economía, Gerardo Camps, ante un reducido auditorio integrado por su propio Gobierno, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y varias decenas de alcaldes y concejales de municipios valencianos. Estrechó varias manos amigas, se sentó en primera fila y al acabar los discursos desapareció raudo por la escalera que lleva hacia su despacho, sin dar opción a que los periodistas se pudiesen acercar. 
En su discurso, Camps ignoró la gravedad del contenido del sumario judicial, que apunta no sólo a la entrega de regalos por parte de la trama corrupta a altos cargos de la Generalitat y del PP, sino a la existencia de indicios de financiación irregular de su partido. 
El presidente de la Generalitat hizo como si nada de lo que explica el sumario existiese y reivindicó su gestión. Exigió que se ejecute tanto la infraestructura del AVE como el trasvase del Ebro y que se mantenga el del Tajo al Segura, además de reclamar el mismo nivel competencial que el de autonomías como Cataluña, para lo que invocó la cláusula Camps del Estatut. 
Su discurso estuvo precedido por los de los alcaldes de las tres capitales, que lo elogiaron pero sin excederse. El reducido auditorio aplaudió a Camps en cuatro ocasiones. En los discursos no hubo ninguna alusión, ni siquiera velada, a la grave crisis institucional en la que se hallan los populares. 
El jefe del Consell emprenderá hoy un nuevo viaje a Bruselas de dos días, con lo que no estará en la romería de la Santa Faz de Alicante el próximo jueves. Camps acudirá al templo el próximo sábado a un acto menos popular. 
(www.elpais.com, 14/04/10) 
EL BIGOTES LENGUARAZ Y LA LLAVE DE TODOS LOS CONTRATOS 
A principios del siglo pasado, Lenin descubrió que la llave para llegar a las conciencias pasaba por los sentimientos. Aplicando una particular variación de esta receta, Álvaro Pérez, el delegado en Valencia de Francisco Correa, halló su propia fórmula para abrir la puerta de los contratos con las Administraciones: "Llevarte bien con la mujer" de los políticos a engatusar. Se lo dijo a su esposa, la ex "mamachicho" Noemí Ramal, en una conversación telefónica el 26 de enero de 2009, a menos de dos semanas de que se acabaran los días de vino y rosas de la red Gürtel. 
La recomendación se refería a la ex mujer de Juan Villalonga, ex presidente de Telefónica, de cara al intento de éste de acceder a la presidencia del Real Madrid, pero la receta de Pérez era universal: "Igual que Ana Botella, cuando alguien le caía mal, pues se daba mal. Porque es igual que la relación que tengo yo con Isabel [Bas, esposa de Francisco Camps], el mismo ejemplo". 
De ahí los agasajos de Pérez, perfecto relaciones públicas, a las esposas de los responsables del PP. "Te has pasado 20 pueblos", le confesó la mujer de Camps por el regalo navideño de 2008. "Te has pasado una pasada de cinco mil", le espetó la esposa del ex vicepresidente Víctor Campos, sobre su obsequio. Y todo ello, como admitió a Ramal, no por ideología. Nada de eso. "Yo hago esto solamente por una cosa, por pasta". Pasta y nada más. La "pastuki" que prometió Correa. 
Y es que, más allá de los documentos sobre la supuesta financiación ilegal del PPCV y amaño de contratos, las conversaciones retratan la personalidad y forma de actuar de los responsable de la red Gürtel. Las de Pérez, a quien el presidente Camps consideró un "amiguito del alma" y al que confesó que quería "un huevo", se han llevado por delante o tocado seriamente la credibilidad de destacados responsables del PP de primera fila.  
Amante del lujo, gozaba de la confianza de Camps, a pesar de que no duda en poner motes y hacer chanzas sobre él. En una conversación con Pablo Crespo, el número dos de Correa, en noviembre de 2008, desvela que se ocupa del rediseño de la farmacia de la esposa del presidente "y estando ahí ha pasado 'El Curita' [Camps] para ver a su chica". En otra charla con la mujer de Víctor Campos, comenta que a Camps lo llaman "Felipe González, porque pasa mucho tiempo en el coto de doña Ana", en alusión a Ana Michavila, ex jefa de gabinete y hermana del ex ministro José María Michavila.  
También en charla con Ricardo Costa, ex número dos del PPCV, alude al vicepresidente primero, Vicente Rambla, como un "hijo de p..." por hacerse el "sueco" para saldar las deudas con su firma. "Yo, al tuerto, ¿por qué coño le voy a regalar 50.000 euros?", se queja El Bigotes, en otra grabación, en referencia a los actos que le adeuda el líder del PP de Castelló, Carlos Fabra. 
Buena parte de la culpa del ostracismo de Costa la tienen sus conversaciones del o con El Bigotes y otros personajes de la trama, que repugnaron a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. "¿Ya sabe Ricardo como quiere el coche? Para el pedido hay que saber el color", preguntaba Crespo a Pérez sobre el lujoso Infiniti que adquirió el popular. Las grabaciones apuntan a que la trama trabajó en la venta del coche anterior del popular y la compra del nuevo, algo que ha negado el ex secretario general del PPCV. Eso sí, la relación de Costa era tan estrecha que llegó a pedir a El Bigotes que mediara ante Camps para que lo hiciera conseller.
Álvaro Pérez desnuda el trato de favor de la Generalitat con Orange Market y apunta a otros negocios, algunos frustrados tras estallar el caso. Las grabaciones del ex concejal del PP José Peñas y una conversación de El Bigotes prueban que la trama sabía de antemano que ganaría los concursos para los contratos de Fitur 2007 y 2009. Pero además El Bigotes pretendió negociar para el Consell la gala de los Premios Grammy y realizó gestiones para que Camps se reuniera en EE UU con un futuro ministro frustrado de Obama, Bill Richardson, como segundo plato del verdadero sueño del jefe del Consell. "Camps quiere una foto con Obama; eso es imposible, 500.000 tíos en el planeta la quieren", reveló Pérez en una charla con un abogado. También trabajó para promocionar al ex director general de RTVV, Pedro García, quien dimitió en agosto de 2009.  
No se cortaba un pelo Pérez en sus conversaciones, en las que expresó su intención de agasajar a la entonces consellera de Turismo, Angélica Such, con un reloj de 2.400 euros, como a "la hija de p... de la Perla", en alusión a la actual presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez. También tenía sueños: "Si yo consiguiera hacer la campaña de Juan [Villalonga] y consiguiera que fuera presidente del Real Madrid, me despido de la política. Este va a ser más importante que el presidente de una Generalitat". Pues es lo que le habría faltado al club merengue. 
(www.levante-emv.com, 14/04/10) 
ECONOMÍA APENAS CONTROLÓ UN 8% DE LOS PAGOS A LA TRAMA CORRUPTA 
La Consejería de Economía y Hacienda apenas supervisó el pago de 550.906 euros a ocho empresas de la trama corrupta que organizó Francisco Correa, cuando la Generalitat adjudicó más de 7,1 millones al grupo organizado para el blanqueo de capitales. Algo menos del 8% de los pagos a la trama desde las arcas de la Generalitat pasaron el control del Interventor General. 
El 92% restante de los fondos públicos adjudicados a las empresas relacionadas con el caso Gürtel sólo fue supervisado a toro pasado y siempre en el caso de que las facturas correspondientes hubiesen sido seleccionadas de forma aleatoria por los técnicos de la Sindicatura de Comptes. 
El intercambio de escritos entre el juez, la Abogada General de la Generalitat y el subsecretario de la Consejería de Economía y Hacienda que contiene el sumario del caso Gürtel revela que los supuestos controles y fiscalización de contratos que invocan los máximos responsables de la Administración autonómica y del PP valenciano son, en realidad, un coladero. 
El juez reclama a la abogada de la Generalitat que aporte todos los contratos firmados por una docena de empresas de Correa con la Administración general y las empresas y entidades públicas desde 1998. Todos son de 2005 en adelante. El único documento con fecha de 2004 es el expediente del primer concurso que ganó Orange Market para montar el pabellón de Fitur en enero de 2005. 
El Interventor General aporta un escueto informe en el que relaciona los 550.906 euros abonados desde las consejerías en ese plazo a ocho de las empresas de Correa, desde 8.000 euros a Technology Consulting Management hasta 245.800 euros a Orange Market. Economía apenas supervisó el 4% de las adjudicaciones a la empresa que gestionaba Álvaro Pérez, El Bigotes. 
La Sindicatura de Comptes verificó el expediente de adjudicación del pabellón de Fitur a Orange Maket en su informe relativo al ejercicio de 2005. Hizo constar, lo mismo que los peritos a los que apeló el juez Pedreira, que la puntuación de las variables objetivas del concurso era muy baja en relación con las variables subjetivas. Pero la Sindicatura nunca supervisó las tres facturas por 180.000 euros que autorizó en 2005 Milagrosa Martínez, entonces presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo, sin convocatoria de un concurso previo. 
(www.elpais.com, 14/04/10) 
MILAGROSA MARTÍNEZ SE AUTOABSUELVE 
"Todas y cada una de mis actuaciones se han producido dentro de la más absoluta legalidad". Así dijo ayer que ha desarrollado siempre sus tareas políticas, cuando fue alcaldesa de Novelda, cuando fue consejera de Turismo y ahora, que es presidenta de las Cortes Valencianas. Tras esta sumaria declaración en los pasillos del Parlamento, Milagrosa Martínez, del PP, advirtió que no tiene intención de decir "nada más" porque el asunto está sub judice. El asunto es el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política de la democracia española. Y, aunque ella misma se autoabsuelva de forma expeditiva, la Fiscalía Anticorrupción considera que pudo cometer un delito de cohecho cuando, a principios de 2006, aceptó como regalo de Orange Market un reloj de 2.400 euros poco después de haberle otorgado por segunda vez el contrato del pabellón valenciano en la feria Fitur y de haber contratado a dedo en varias ocasiones a la empresa de Álvaro Pérez, cabeza en Valencia de la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, actualmente en prisión. 
No es la primera vez que Milagrosa Martínez interpreta la legalidad a su manera en su ejecutoria como cargo público. De hecho, en 2005, año en que la trama, con la adjudicación del pabellón en Fitur, abrió una línea que le reportaría la mayor parte de los 7,1 millones de euros que, hasta ahora, se sabe que ha logrado de la Generalitat, adjudicó a dedo al menos tres contratos a empresas de la red de Correa, dos a Orange Market por 119.000 y 30.000 euros y otro a Easy Concept, también por 30.000 euros. Y no sólo eso, sino que reconoció por escrito, cuando las empresas pasaron las facturas al cobro, que "las obligaciones contraídas" se adquirieron "sin que se cumpliesen los trámites que exige" la ley de contratos, pese a lo cual consideró que "no existen indicios de responsabilidad por no haberse seguido el procedimiento establecido", concluyó que no procedía "la apertura formal de expediente" y ordenó pagar con cargo a la Agència Valenciana de Turisme. En aquella ocasión, Isabel Villalonga, entonces subsecretaria de la Consejería de Turismo, puso pegas a que Orange Market cobrara las facturas.  
Villalonga, en su condición actual de abogada general de la Generalitat, ha sido la encargada de remitir al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la relación completa de contratos de la Administración autonómica con las empresas de la red de corrupción. En esa relación, curiosamente, Villalonga ha omitido adjuntar al menos cuatro facturas de Orange Market correspondientes al pabellón de Fitur del año 2006, cuando ella misma era subsecretaria del departamento que tuvo relación con la empresa de Álvaro Pérez. 
Pese a las múltiples revelaciones que el levantamiento del secreto ha deparado, como la del papel de Milagrosa Martínez en las relaciones ventajistas de la trama corrupta con el Consell que preside Francisco Camps, al portavoz del PP en las Cortes y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, le parece, según declaró ayer, que se ha ratificado que el funcionamiento de la Administración autonómica "ha sido conforme a ley" y que ninguna institución valenciana "es parte en el caso Gürtel". 
(www.elpais.com, 14/04/10) 
RUS: "SI NO NOS REGALAN MANTAS Y RELOJES, MEJOR" 
"Si no hay [caso Gürtel], mejor, y si no nos regalan mantas y relojes, mejor, pero si todo es eso, pues usted comprenderá..." El presidente provincial del PP y de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, argumentó ayer que el caso Gürtel no es la cuestión, sino el estado anímico en el que se hallan los populares tras las revelaciones que aporta el contenido del sumario. "Nuestro problema somos nosotros, y si eso [el caso Gürtel] está en la calle", prosiguió Rus, "porque lo que hay que explicar es que no hay financiación, que hay paro..." 
Sin embargo, el dirigente del PP en la provincia de Valencia reconoció que "a algunos también les preocupa que haya rumores o realidades, pero que toda esa trama que se dijo que había pensamos que no la hay". 
Rus, que ironizó sobre los regalos de la trama corrupta de Francisco Correa a altos cargos del PP, dijo que le habían enseñado una encuesta para tranquilizarlo en la que los populares lograban tres escaños más en las Cortes Valencianas y la valoración del presidente de la Generalitat "está por encima de lo que tenía". "Pero hay que estar a pie de calle y luchar", recalcó Rus. 
Contratos en Gandia 
En este contexto, la dirección local del PP de Gandia, que dirige Arturo Torró -un hombre de la confianza de Rus- reconoció ayer que el acto central del partido en esta ciudad de las elecciones municipales y autonómicas fue organizado por Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez. "El PP de Gandia, al igual que muchos otros municipios de la Comunidad Valenciana, contrató el acto principal de campaña con Orange Market, empresa dedicada al montaje de eventos, de la misma manera que se hizo por parte de algunos municipios socialistas", indica el escrito, pese a que no consta que Orange Market, principal proveedor del PP, organizase actos electorales del PSPV. 
"Las facturas y los pagos realizados a Orange Market", prosigue el PP gandiense, "están hechos en base a la legislación vigente y fueron correctamente abonados mediante cheques bancarios". "Creemos que hoy los ciudadanos tienen otros problemas más importantes que les atañen en su vida cotidiana", insisten los populares de Gandia. 
Rus se reunió ayer con alcaldes y presidentes locales del PP de la provincia de Valencia, una vez concluido el proceso de congresos locales. En la reunión se acordó la celebración de los congresos comarcales y del provincial de Nuevas Generaciones. 
(www.elpais.com, 14/04/10)
LA TRAMA CORRUPTA SACÓ UN BENEFICIO DEL 55% EN LAS FERIAS DE TURISMO 
Las empresas de la trama Gürtel, a cuyos dirigentes investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias con dirigentes del PP, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita, no eran las más baratas. Eso lo sabían los gestores del Consell y los del PP valenciano, aunque reincidieran en la contratación de esas firmas, en especial Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. Y el levantamiento del secreto del sumario del caso Gürtel da ahora la idea de cuán rentables eran las relaciones del jefe de la trama, Francisco Correa, y su lugarteniente en Valencia, Pérez, con la cúpula popular. Unas operaciones que daban lugar a unos beneficios superiores al 55%. 
En concreto, según revelan unos correos electrónicos intervenidos entre las distintas empresas de la trama, ahora se conoce que en la facturación a la Agencia Valenciana de Turismo por la construcción del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur-2006 y otras tres ferias más, Orange Market se gastó unas cantidades que sumaron en total 404.658 euros. Y siempre según esa contabilidad interna, la empresa facturó 905.603 euros. En sus cuadros de cifras, el montante del beneficio total se eleva a 500.945 euros, es decir, un rendimiento del 55,3%. 
Para comprender la fiabilidad de estos cálculos reconocidos en los correos internos de la trama, habría que comparar estas cifras con la auténtica facturación ejecutada a Turismo. Aunque en la documentación remitida en septiembre pasado por la abogada general de la Generalitat, Isabel Villalonga, al TSJM a petición del juez Antonio Pedreira, faltan todas las facturas de Turismo correspondientes a aquel año. Sin embargo, hay otro documento incorporado al sumario que puede ayudar a validar esas cifras. 
Se trata del informe de Solvencia Técnica de Orange Market que aportó la firma bajo su "solvencia y honor personal", en el que se detallan 110 trabajos facturados por la firma de El Bigotes entre 2004 y 2007. Un informe en el que destacan los trabajos ejecutados al PP valenciano y los conseguidos de la Generalitat. Sobre todo a la Agencia Valenciana de Turismo, para la que organizó los pabellones valencianos en las ferias del sector entre 2005 y 2009 con una facturación total de 5,3 millones de euros. Cabe destacar que en las primeras ediciones el concurso lo adjudicaba la entonces consejera de Turismo, Milagrosa Martínez, ahora presidenta de las Cortes Valencianas, a quien según el sumario Pérez regaló un reloj Hublot de 2.400 euros. 
Así, en el apartado referido a 2006, Orange Market saca pecho (puesto que de acreditar su capacidad se trataba) con las facturas cobradas a la Agencia Valenciana de Turismo. Allí se detalla que en enero cobró 764.000 euros a Turismo por el pabellón de la feria de Madrid Fitur. Y que en abril facturó otros 191.000 euros por la feria Turismo de la Comunidad Valenciana (TCV) celebrada en Valencia. Y en mayo ganó otros 33.424 por el expositor de un certamen similar celebrado en Barcelona. La misma cantidad, otros 33.424 euros, que se cobró ese mes por organizar la exposición valenciana en la feria turística de Bilbao. Estas cifras coinciden aproximadamente, si se descuenta el IVA, con las que figuran en el correo electrónico que intercambió en junio de 2007 la gerente de Easy Concept, Alicia Mínguez, con "Isabel", nombre bajo el que al parecer figuraba Isabel Jordán, responsable de varias empresas de la trama Gürtel, entre ellas Easy Concept. 
Así, en dicho documento se constata que el mayor beneficio se obtuvo en la feria TCV de Valencia, donde Orange Market tuvo unos costes de 66.366 euros y facturó 164.655 euros, cifra que coincide, si le suma el IVA, con la facturación detallada en el informe de Solvencia Técnica. Luego, en esa feria, El Bigotes y sus socios sacaron un beneficio de 98.288, es decir, el 60% de lo facturado al Consell. 
Los datos también coinciden con lo facturado aquel año para las citas de Barcelona y de Bilbao, 28.814,65 euros. Una cifra que con el IVA sumado calca a la reflejada en el informe de solvencia, 33.424 euros. Para estos eventos El Bigotes ganó 13.957 euros en Barcelona (el 48% de beneficio) y 14.601 euros en Bilbao (51%). 
En cuanto a la feria más cara de todas, Fitur, Orange Market tuvo unos costes totales de 309.220 euros y facturó a Turismo 683.318 euros. Su beneficio total, siempre según el correo electrónico interceptado, se elevó a 374.098 euros, el 55% de lo facturado. Aunque cabe reflejar que este dato, sumado el IVA, no coincide con los 764.000 euros que constan en el informe remitido por Pérez para concursar en Fitur-2008. Para cotejar qué cifra es la real habría que disponer de las facturas reales pagadas por el Consell, que en su día no se enviaron al juez Pedreira, aunque en conjunto superaban el millón de euros. 
(www.elpais.com, 13/04/10) 
CRONOLOGÍA DE UN GRAN NEGOCIO 
- Diciembre 2004. Orange Market, la firma de Álvaro Pérez, El Bigotes, que es la sucursal en Valencia de la trama Gürtel dirigida por Francisco Correa, gana por primera vez el concurso para diseñar, fabricar, montar y desmontar, por 930.000 euros, el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2005 y otras cuatro ferias de turismo de aquel año. Un concurso que se amplía en otros 90.000 euros al añadir la feria de turismo rural Expotural. 
- Enero 2005. El Bigotes cobra su primera factura, 930.000 euros, por el certamen de Madrid, lo que marca el contrato por Fitur, a la Agencia Valenciana de Turismo, que dirige la entonces consejera Milagrosa Martínez, actualmente presidenta de las Cortes Valencianas. 
- Febrero-Mayo 2005. Orange Market cobra a Turismo facturas por otros certámenes incluidos en el concurso. Y además factura otras dos minutas, por 119.000 y 30.000 euros por una comida en el día de la Comunidad Valenciana en Fitur. Aunque estos contratos deberían pasar por concurso público por superar los 12.000 euros, el jefe de gabinete, Rafael Betoret, y Martínez aprobaron los pagos, a pesar de las objeciones de la subsecretaria de Turismo. 
- Octubre 2005. Orange cobra 102.000 euros por la feria de turismo rural, 12.000 euros más que lo estipulado en la ampliación del concurso. 
- Diciembre 2005. A lo largo del año El Bigotes ha facturado a turismo 1,57 millones de euros. Pérez agasaja en las navidades de 2005 a la consejera con un reloj Hublot, por valor de 2.400 euros, comprado en la Joyería Suárez. 
- Diciembre 2005. La firma de Pérez gasta esas navidades hasta 8.800 euros en regalos para dirigentes del PP y familiares. El consejero Alejandro Font de Mora recibe una corbata por 452 euros. El consejero Juan Cotino, un chaquetón por 375. El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, una maleta de 1.130 euros. El vicepresidente Víctor Campos, una corbata por 115. Su esposa un bolso de Hermés por 780. La del presidente Francisco Camps, Isabel Bas, otro de Loewe, por 750 euros. 
- Octubre 2005. Orange Market presenta en el registro de La Nucia su oferta para concursar a Fitur-2006. Fuentes de la trama apuntan que se falseó el registro para no perder un millón de euros puesto que se le pasó la fecha. 
- Enero 2006. Orange Market, que ha ganado el concurso de Turismo por segunda vez, con una adjudicación de 1.083.925 euros, organiza Fitur en Madrid. 
- Diciembre 2006. A lo largo del año El Bigotes factura a Turismo cobros por 1.021.848 euros, según documentos de Orange Market puesto que el Consell no envió las facturas al juez Antonio Pedreira, magistrado del TSJ de Madrid que investiga la trama Gürtel. 
- Enero 2007. Orange Market organiza Fitur por tercer año consecutivo, adjudicado por Martínez por 1.089.600. 
- Julio 2007. Milagrosa Martínez deja la Consejería de Turismo y pasa a presidir las Cortes Valencianas. 
- Diciembre 2007. Al cierre del año, Orange Market ha facturado a la consejería un total de 1.089.600 euros, exactamente la cifra adjudicada. 
- Enero 2008. El Bigotes vuelve a organizar Fitur. Ganó el concurso, ya con Angélica Such como consejera de Turismo, por 1.059.000 euros. 
- Diciembre 2008. Al cierre del ejercicio, El Bigotes ha cobrado de la Agencia de Turismo 1.059.250 euros. 
- Enero 2009. Por quinto y último año, Orange Market, construye el pabellón de Fitur. Adjudicado por 789.800 euros a pesar de ser la oferta más cara. 
- Febrero 2009. Estalla el caso Gürtel. Tras meses de investigaciones y escuchas ordenadas por Baltasar Garzón, se registra la sede de Orange Market en Valencia, al tiempo que el resto de las numerosas empresas de Correa. A los implicados se les atribuyen los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. 
- Mayo 2009. Acuden a declarar en el TSJ de Valencia cuatro políticos del PP imputados por Garzón en un delito de cohecho impropio por recibir regalos: Camps, Costa, Betoret y Campos. 
- Agosto 2009. El TSJ-CV archiva la causa contra los cuatro políticos, ahora recurrida ante el Tribunal Supremo. 
(www.elpais.com, 13/04/10)
ORANGE MARKET COBRÓ 150.000 EUROS POR 'DECORAR' UNA COMIDA 
Orange Market cobró 150.000 euros en dos facturas por organizar una comida en enero de 2005 con ocasión de Fitur. La empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, no sirvió la comida, sólo vistió el decorado. La Agencia Valenciana de Turismo (AVT) invitó a 1.400 comensales pero no previó que no habría espacio en la sala multiusos del recinto ferial de Madrid. "A tal objeto se contactó con la empresa adjudicataria del contrato de diseño, construcción y montaje del stand de la Comunidad Valenciana en Fitur 2005 para que alquilase y adaptase algún local útil para el almuerzo", según las explicaciones que aportó Rafael Betoret, jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, para que la consejera Milagrosa Martínez autorizara el pago de dos facturas de 30.000 y 119.035 euros al margen de cualquier convocatoria pública de concurso. 
El detalle de las facturas de Orange Market pone de relieve el amplio margen con el que trabajaba la empresa cuando suministraba a la Generalitat. 
Álvaro Pérez cargó 23.311 euros en una factura por la "conceptualización, ideas de estrategia de posicionamiento de imagen para la proyección de la Comunidad Valenciana. Asesoramiento en imagen. Proyección de la imagen deseada y valor mediático". 
En la otra, cargó otros 3.000 euros por "la creación, estudio, elaboración de perspectivas, elaboración de planos y alzados para la correcta comprensión del diseño" del decorado para el almuerzo. 
El decorado incluyó 3.200 metros cuadrados de moqueta por los que Orange Market facturó 17.600 euros. Un profesional de los expositores considera que ese precio se ajusta a los valores de mercado con un margen de beneficio ligeramente superior al 50%. Pero expresa su sorpresa en torno al global de la factura. 
Una factura que alude al alquiler del pabellón número 1 del recinto ferial pero no consigna cantidad alguna por ese concepto. Orange Market sí cargó 10.348 euros por "elementos de decoración"; otros 3.606 por la "construcción de jardineras, pódium mesa y palmeras"; y pasó una factura de luz de 1.727 euros por iluminar un decorado que no llegó a los tres días de vida. 
En 2008, la factura del almuerzo de Fitur ya estaba incluida en la adjudicación del pabellón. Orange Market facturó 30.000 euros por los decorados del almuerzo de la feria de 2008. 
(www.elpais.com, 13/04/10) 
EL SUMARIO REVELA QUE CARLOS FABRA SÍ CONTRATÓ CON EMPRESAS DE CORREA CONTRA LO QUE DECLARÓ 
"El PP de Castellón jamás ha contratado con Orange Market. Nunca en la vida, lo diga la policía judicial o el sursuncorda". Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y de la organización provincial del PP, fue así de tajante cuando se le preguntó si había tenido alguna relación con empresas de la trama cuando estalló el escándalo, el 8 de febrero de 2009.  
Pero la contabilidad de las empresas de la trama desvela que el PP de Castellón aparece en las cuentas que incluye el sumario ya en 1999, cuando el cabecilla de la red, Francisco Correa, ni siquiera había creado Orange Market, la empresa a través de la que fraguó la relación entre el PP valenciano y la trama corrupta. 
Según la documentación, 450.000 pesetas (2.710 euros) procedentes del "PP Castellón" fueron a parar a una cuenta del propio Francisco Correa, como una de las entradas reseñada en uno de los pendrive intervenidos por la policía. 
El tomo del sumario referente a Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) también incluye documentos que certifican la relación entre Carlos Fabra y la trama corrupta. En este caso, Orange Market medió como agencia de publicidad para la Diputación de Castellón, con el fin de insertar espacios publicitarios en Canal 9 y Punt Dos. 
Las órdenes de inserción de anuncios en ambos canales durante los meses de marzo y abril de ese año ascienden a más de 32.000 euros, tal como desvelan los documentos que remitió la propia dirección del ente público tras el requerimiento del juez Antonio Pedreira. 
La relación entre la cabeza visible de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, y el entonces director general de Canal 9, Pedro García, pudo ser el origen de los cuantiosos descuentos que logró la empresa y que, según los mismos documentos, alcanzaron el 58%. 
Se desconoce el contrato firmado entre la sociedad de la trama y la propia Diputación y a cuánto ascendió el beneficio que obtuvo El Bigotes por esta gestión de mediación. 
(www.elpais.com, 13/04/10)
ORANGE MARKET ORGANIZÓ EL CONGRESO LOCAL DEL PP DE CASTELLÓN EN 2005 
El PP de Castellón ha pretendido, desde que se destapó el caso Gürtel, quedarse al margen de la supuesta trama de corrupción. Difícil lo tuvo cuando EL PAÍS desveló que entre la documentación intervenida a las empresas de la trama de Francisco Correa figuraban cinco empresas, de las que tres son de Castellón, a las que se señala por, supuestamente, haber participado en financiación ilegal del PP. Ahora, además, el sumario ha desvelado que la relación con los populares castellonenses tampoco era exigua. 
Tal como desveló ayer el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, el PP de la capital de La Plana contrató la organización del congreso local, en 2005, con Orange Market, con lo que "quedan en evidencia las mentiras de los dirigentes locales del PP, que han negado de forma insistente haber contratado con la empresa de El Bigotes", tal como señaló. Un documento de la propia empresa revela que esa firma fue la responsable del "diseño, desarrollo, montaje y ejecución del congreso local del PP de Castellón", en el que el alcalde, Alberto Fabra, fue reelegido como presidente. Lo extraño del cargo por el servicio, 12.000 euros, es que tiene como destinatario al "Grupo Municipal Popular de Castellón", pese a que era un acto nada tenía que ver con el Ayuntamiento de Castellón, sino con el PP. 
El concejal de Economía del Ayuntamiento de Castellón, Juan José Pérez Macián, admitió ayer la relación contractual y aseguró que "evidentemente se pagaron los servicios de la empresa desde la contabilidad del partido". 
(www.elpais.com, 13/04/10)
ORANGE MARKET SÍ TRABAJÓ PARA EL PP DE CASTELLÓ PESE QUE FABRA LO NEGÓ  
El PP de Castelló sí contrató con Orange Market, la filial valenciana de la red Gürtel, a pesar de que el presidente provincial del partido y de la diputación, Carlos Fabra, negó pagos a la empresa de "El Bigotes". En el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que integra el sumario, figura una factura de 22.620 euros, fechada en abril de 2008, dirigida al PP de Castelló.  
El concepto es el acto que celebró el partido contra el canon digital promovido por el Gobierno. Incluye el alquiler del Palau de Congresos de Castelló, el sonido e iluminación, la trasera, tarimas, el personal técnico y auxiliar, la producción, transporte y dietas. 
No acaba ahí la relación con la trama corrupta. Según la documentación judicial, en 1999, antes de que se constituyera Orange Market, Francisco Correa ingresó en una de sus cuentas 450.000 pesetas bajo el epígrafe "PP Castellón". Pero además, Orange Market ejerció de agencia de publicidad y medió entre la Diputación de Castelló y Canal 9 para que la institución provincial se anunciara en la televisión valenciana.  
Fabra negó en varias ocasiones que el PP castellonense hubiera contratado con empresas Gürtel y derivó toda la responsabilidad a la organización autonómica. "El PP de la provincia de Castelló nunca ha contratado con Orange Market", proclamó, una aseveración que extendió al ámbito de la diputación.  
Además, el sumario revela que actos del PP de Castelló fueron costeados con dinero de empresas privadas adjudicatarias de contratos millonarios con administraciones. El intermediario era "El Bigotes,que alteraba e inflaba facturas a través de Orange Market. 
En 2008 figuran varias facturas a nombre del PP de Castelló. Una de 14.192 euros tiene como concepto "Trabajos en jornadas AEAS" y otra de 13.079 euros se identifica como "Trabajos en stand Ecofira". El informe policial detecta un cambio en la entidad a la que se factura: de PP Castelló pasa a ser FACSA.  
Además, el importe aumenta de forma considerable: la de 14.192 euros pasa a 55.369 euros; y la de 13.079 euros se dispara hasta los 68.925. También se modifica una factura de 4.400 euros: el cliente PPCV se sustituye por la empresa PIAF. La policía deduce que que existe "una financiación" de "actos del Partido Popular". 
(www.levante-emv.com, 13/04/10)
PREGUNTAS CON RESPUESTA (O NO) DEL CASO 'GÜRTEL' EN VALENCIA 
¿Cómo estalla 'Gürtel' en Valencia? 
Con el registro de la sede de Orange Market el 6 de febrero de 2009 por orden del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Se trata de una filial de Special Events en Valencia, la sociedad dirigida por Francisco Correa y foco principal de la trama de corrupción. 
¿Quién estaba al frente de la rama valenciana? 
Álvaro Pérez, alias 'El Bigotes', era el responsable de Orange Market y el principal cabecilla de la red en la Comunidad Valenciana. 
¿Qué relación tenía con el PP valenciano? 
Era uno de sus principales adjudicatarios. Organizaba casi todos los congresos y actos del partido entre 2005 y 2008, pero también trabajaba para ayuntamientos 'populares' y el propio Gobierno valenciano. La actividad de la firma de 'El Bigotes' se limitaba casi en exclusiva al PP y a la Generalitat. 
¿Cuál fue la primera adjudicación del Consell a Orange? 
En 2005 se les adjudicó por primera vez el stand de Fitur y continuó hasta el momento en el que estalló el escándalo. En alguna ocasión la firma de Álvaro Pérez presentó la oferta más cara y aún así ganó el concurso. 
¿Las relaciones con Orange Market eran sólo comerciales? 
No. Las conversaciones telefónicas intervenidas por orden del juez desvelan estrechos vínculos con miembros del Consell y con la dirección regional del PP. 
¿De qué tipo? 
Álvaro Pérez presumía en privado de su relación de amistad con el entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a quienes presuntamente entregaba regalos. En el caso del jefe del Consell y del vicepresidente primero, Vicente Rambla, los obsequios se extendieron a sus familias. 
¿Quién lo denunció? 
Una de las imputadas en la trama, Isabel Jordán, reconoció ante el juez Garzón haber pagado 30.000 euros en trajes para el presidente Camps. Según las investigaciones, también recibieron regalos el entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, el ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret. 
¿Es esto un delito? 
El magistrado instructor José Flors así lo creía al imputar a los cuatro dirigentes 'populares' por un presunto delito de cohecho impropio. Sin embargo, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archivó finalmente la causa al entender que no existía una relación directa entre el pago de las prendas y la adjudicación de contratos públicos, hecho que de haberse probado supondría un delito más grave. 
¿La resolución judicial es definitiva? 
No. La Fiscalía y el PSOE recurrieron la decisión al entender que no es necesario que exista una contraprestación para incurrir en un delito de cohecho impropio. El Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse en los próximos meses. 
¿'El Bigotes' entregó más regalos a políticos? 
El sumario del Tribunal Superior de Justicia de Madrid apunta a ello. Según los propios documentos de Orange Market, recibieron obsequios de distinto valor un total de ocho consellers, otros altos cargos como Ricardo Costa y Adela Pedrosa; así como los padres y suegros de Camps. 
¿Pudieron influir estos agasajos en las adjudicaciones? 
Es la tesis de la Fiscalía. Este órgano judicial pone en duda que siempre se haya respetado la ley de Contratos, beneficiando a firmas de la trama. Por ejemplo, la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez en su etapa como consellera de Turismo adjudicó a dedo un contrato de 36.000 euros cuando en 2005 la ley sólo permitía este sistema de concesión a los inferiores a 12.000. En enero de 2006 recibió un reloj de 2.400 euros. 
¿Se dio orden desde la Generalitat de contratar con Orange Market? 
Una denuncia anónima alertó a la Fiscalía de la existencia de un informe en el que se recomendaba contratar con Orange Market. Este informe, eso sí, no ha aparecido. 
¿Cuántos contratos recibió Orange Market del Consell? 
Se desconoce el número exacto. Sin embargo, en la documentación intervenida aparecen contratos por un valor cercano a los siete millones de euros. 
¿Qué papel jugó la trama en la visita del Papa? 
Según un informe policial, la organización que lidera Correa medió para que RTVV le adjudicara contratos a Teconsa, una firma que actuó de empresa pantalla para subcontratar con otras sociedades de 'Gürtel'? 
¿Hay indicios de financiación ilegal en el PP valenciano? 
La Policía sospecha de que varias empresas de la trama pagaron actos electorales del PP contratados a Orange Market a cambio de adjudicaciones posteriores. 
¿Cuál era el funcionamiento? 
Según un informe Policial, los documentos de la empresa de Álvaro Pérez ponen de manifiesto la existencia de dos contabilidades para facturar los servicios prestados al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra 'en negro'. De los balances se deriva que el PP valenciano mantenía una deuda latente con Orange Market tanto en su caja A como en la B, que 'El Bigotes' reclamaba tanto a Ricardo Costa y como al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla. 
¿Quién realizaba los pagos? 
El informe revela que los pagos en B a las empresas de Correa se sufragaban con aportaciones diversos de empresarios de la Comunidad Valenciana. Se cita explícitamente a Enrique Gimeno, presidente de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial inmobiliario Sedesa y sobrino de uno de los vicepresidentes del Consell, Juan Cotino; o Luis Batalla, del grupo LUBASA. 
¿Los sabía todo el presidente del PP valenciano? 
SIN RESPUESTA 
¿Era cierta la amistad entre Camps y Álvaro Pérez? 
En una de las grabaciones intervenidas, el presidente de la Generalitat y del PP valenciano se dirige a 'El Bigotes' como "amiguito del alma". Era el 24 de diciembre de 2008. 
¿Todo el PP valenciano fue embaucado por 'El Bigotes'? 
No. Sólo está salpicado por la trama el núcleo más cercano al presidente. Ni el PP de Alicante, ni el de Castellón, ni tampoco la dirección provincial de Valencia contrataron con Orange Market. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y el vicepresidente segundo del Consell, Gerardo Camps, están libres de sospecha, al igual el propio Ayuntamiento de Valencia. 
(www.elmundo.es, 12/04/10)
'EL BIGOTES' USÓ EN 2005 EL REGISTRO DE LA NUCIA PARA SU OFERTA DE FITUR 
Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, y la matriz en Valencia de la trama Gürtel, recurrió al registro del Ayuntamiento de La Nucia para presentar su propuesta económica al concurso 44/05 convocado por la Agencia Valencia de Turismo para construir el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur-2006 y otras cuatro ferias más del sector. Fuentes próximas a la trama organizada por Francisco Correa para blanquear dinero negro, obtener concursos de administraciones gobernadas por el PP y cobrar comisiones ilegales de empresarios, aseguran que a la firma de El Bigotes se le pasó la fecha para presentar la oferta y optaron por recurrir a la ayuda del alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, amigó de Pérez y salpicado por el sumario del caso Gürtel en temas urbanísticos. 
En concreto, era Isabel Jordán, directiva de varias firmas de la trama hasta 2007, la encargada de preparar en Madrid desde la firma Down Town Consulting las propuestas para este tipo de concursos complejos, aunque luego se presentaran a nombre de Orange Market. Pero se le pasó el plazo, con el consiguiente enfado de Álvaro Pérez y de otros responsables de la trama por el negocio frustrado. 
Así, el final del plazo para presentar las plicas al concurso de Turismo acababa el 31 de octubre de 2005, un lunes en medio de un puente, ya que el 1 de noviembre era la fiesta de Todos los Santos. Las ofertas se suelen depositar en algún registro de la Generalitat, normalmente, el de la propia Consejería de Turismo. Pero es perfectamente legal utilizar cualquier registro de una institución oficial. Al parecer, pasada la fecha, y ante la posibilidad de perder un concurso con un presupuesto base de licitación de 1.135.000 euros, la trama recurrió a un ayuntamiento amigo para la trampa, siempre según las mismas fuentes. El Ayuntamiento negó ayer "categóricamente" que se haya falseado el registro. 
Una vez levantado el secreto del sumario del caso Gürtel, se puede comprobar que efectivamente se usó el registro de La Nucia para inscribir la oferta. Y que según el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 de septiembre de 2005 había un plazo de "52 días naturales siguientes a la remisión de este anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea". Y el mismo BOE refleja que el envío del anuncio fue el 9 de septiembre. Los 21 días restantes de ese mes y los 31 de octubre consumen el plazo hábil.En el sumario del concurso de Fitur-2006, que finalmente fue adjudicado a Orange Market por 1.089.600 euros y por el que El Bigotes cobró cuatro facturas a lo largo del año por un total de 1.021.848 euros, constan también dos misivas. 
Una es de Orange Market, firmada por Mónica Magariños, apoderada de la empresa, y en ella se comunica a la Mesa de Contratación del Concurso número de expediente 44/05 que la firma ha presentado "a través de la ventanilla única del Ayuntamiento de La Nucia (Alicante) propuesta para el concurso (...)". Y se hace referencia a que "el número de registro del Ayuntamiento de La Nucia es el 7.850 de fecha 31-10-05". La carta de Orange también lleva fecha de 31 de octubre, es decir, dentro del plazo. Pero la misiva se envía por fax el miércoles 2 de noviembre a las 14.59. 
La otra carta es del propio secretario de La Nucia, Antonio Sánchez Cañedo. Y en ella afirma que "en fecha de 31 de octubre de 2005 (RE 7.850) tuvo entrada en el Ayuntamiento de La Nucia por parte de la mercantil Orange Market, SL, documentación referida al concurso de Fitur-2006". La carta, a pesar de que se asegura que el registro se realizó dos días antes, lleva igualmente fecha del miércoles 2 de noviembre. Y consta con un registro de salida del ayuntamiento del jueves 3 de noviembre a las 10.00. 
"No se ha falsificado ningún registro de entrada del Ayuntamiento", manifestaron ayer desde el gabinete de comunicación del alcalde de La Nucia, Bernabé Cano. "Si alguien asevera eso, el Ayuntamiento emprenderá acciones legales ante las personas que duden de la honorabilidad de los funcionarios públicos". Asimismo, desde el consistorio se desconoce si Orange Market empleó su registro, pero ven perfectamente usar esa "ventanilla única aunque no sea para un tema de la Administración local". 
Bien se presentara la oferta legalmente en plazo o bien se falseara el registro, la operación de La Nucia tuvo sus frutos. La Agencia Valenciana de Turismo, dirigida entonces por la ex consejera de Turismo Milagrosa Martínez, ahora presidenta de las Cortes Valencianas, otorgó el millonario concurso a Orange Market durante cinco años seguidos, entre 2005 y 2009. Unos sustanciosos contratos por los que la firma de El Bigotes, que llegó a regalar a Martínez un reloj Hublot por valor de 2.400 euros, pudo facturar 5,3 millones en cinco años. 
De ahí la desolación de los dirigentes de la trama -"nos hemos quedado fuera", se lamentaban en Orange- y el referido enfado de Pérez con Isabel Jordán, por entonces protegida de Pablo Crespo. Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, fue el fundador de Special Events y uno de los principales encausados por el juez Antonio Pedreira, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a cuyos responsables se les atribuyen los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. 
(www.elpais.com, 12/04/10) 
UN ALCALDE SALPICADO POR LA TRAMA 
Varias conversaciones, entre las muchas que atesora el caso Gürtel, han supuesto un quebradero de cabeza para el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, salpicado por la trama mafiosa de Francisco Correa. "Nos hemos hecho amigos íntimos del alcalde del pueblo, La Nucia, donde hacíamos los premios Luis del Olmo, tiene un choco montado en Alfaz", asegura en 2006 Correa en una conversación con Álvaro Pérez, El Bigotes, Juan José Moreno y José Luis Peñas, que grabó este último (el ex concejal de Majadahonda denunciante de la trama), en referencia al pub El Choco, propiedad de Cano. Fiestas que se desplazaron a la capital. "Negociando en Valencia, cerramos un restaurante Puchades, Bernabé el alcalde y montamos un tinglado con tías buenas", una fiesta a la que invitaron a "Pedrito" García, entonces director de Canal 9. 
Para un alcalde que ganó con el 72% de los sufragios, verse mencionado en conversaciones sobre prostitución no debe ser agradable. Tampoco cuando se habla de trapicheos urbanísticos. "Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado", explica Correa en aquella grabación, "el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos". Se refería a un negocio en La Nucia, y añade: "De mi 50% reparto con Ramón Blanco, con Álvaro, con Pablo y con el alcalde. Hay un tema medioambiental que desbloqueo yo". 
Una amistad estrecha con la trama que Correa confesó después en su declaración ante el juez Baltasar Garzón: "Conozco al alcalde de La Nucia porque es íntimo amigo de Álvaro, que tiene allí una casa. Este alcalde tenía un PAU por aprobar, allí enconado, y es verdad que Álvaro, hablando con Paco Camps [en referencia al presidente de la Generalitat], se lo aprobaron, que no sé si eso se llama tráfico de influencias, yo creo que no, que sí estaba para aprobar, pero que si faltaba el informe de Medio Ambiente... Pues yo creo que hablando con Camps, debió decir 'oye, ocuparos de este pobre hombre', y entonces se aprobó". Y aunque ahí Correa se equivoca, porque el plan de La Nucia se paralizó, la verdad es que el propio Cano ha acabado por reconocer su amistad con El Bigotes (no así con Correa), que al parecer pasaba bastante tiempo en La Marina Baixa y, según se ha sabido ahora, hasta visitó el registro de La Nucia. 
(www.elpais.com, 12/04/10)
LA FACTURACIÓN DE 1,6 MILLONES AL PP AVALÓ A ORANGE MARKET ANTE EL CONSELL
'El Bigotes' obtuvo 6,1 millones de la Generalitat en concursos entre 2005 y 2009
Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, matriz en la Comunidad Valenciana de la trama Gürtel, la red mafiosa diseñada por Francisco Correa para obtener comisiones y blanquear dinero a base de contratos de las instituciones gobernadas por políticos populares, optaba a los concursos de la Generalitat con el principal aval del PP en cuanto a experiencia. En concreto, haciendo constar en sus pliegos el haber facturado al menos 1,6 millones de euros al Partido Popular entre 2004 y 2005.
Los expedientes de Fitur no coinciden con lo declarado a la Agencia Tributaria

La firma de Pérez consignaba una facturación doble con cobros en B

La policía halló en Orange un archivo con pagos del PP en 2007 por 2 millones

Eso sí, se trata de una relación no exhaustiva por la que se deduce que, al menos, se facturó al PP esa cantidad. Y que lógicamente no tiene por qué coincidir ni con lo declarado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ni con lo que se encontró la policía cuando registró la sede de la empresa.
Así, Orange Market, que ganó los concursos de la Agencia Valenciana de Turismo para organizar entre 2005 y 2009 el certamen Fitur y otras ferias de turismo, presentaba en cada convocatoria un informe de Solvencia Técnica que iba engordando año tras años gracias a los contratos de Turismo y a los numerosos trabajos que ejecutaba para el PP. Por ejemplo, para optar a construir el pabellón valenciano en Fitur-2008, que finalmente ganó por 1.059.250 euros, el apoderado de Orange Market, Cándido Herrero, deja constancia "bajo su solvencia y honor personal" de una lista de los "principales trabajos realizados" por la empresa entre 2004 y 2007. Una relación que menciona hasta 110 trabajos someramente descritos que suman un total de 6,1 millones.
Pero en esa lista sobresalen los trabajos facturados al Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que suponen casi la mitad de la relación (51 del total), con un monto total de 1.624.700 millones de euros. Pero es que del resto de trabajos por 4,5 millones, la inmensa mayoría de lo facturado por Orange Market corrió a cargo de la Agencia Valenciana de Turismo, con 3,6 millones de euros por la organización de Fitur de tres ejercicios: facturas por 1,58 millones para Fitur-2005, pagos por 1,02 para Fitur-2006, y otros cargos por 1,02 para Fitur-2007. La empresa obtuvo 6,1 millones del Consell hasta 2009.
Es decir, la empresa de El Bigotes engordaba en experiencia para ganar concursos de la Agencia Valenciana de Turismo gracias, por un lado, a los contratos que le licitaba la institución que dirigía la entonces consejera de Turismo y ahora presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, y, por otro, al monopolio que le otorgaban los dirigentes del PP valenciano para diseñar y ejecutar sus actos de partido. Unos dirigentes que ahora se desmarcan de la trama Gürtel. Y unos trabajos que ahora están bajo el foco judicial porque supuestamente se facturaban legalmente por debajo de su coste para que la trama de Correa los cobrara luego en dinero negro de empresas beneficiadas por contratos de la Generalitat.
El problema inicial para la trama de Correa era a priori instalarse en la Comunidad Valenciana y arrancar la máquina de hacer dinero sin una experiencia contrastada. Pero al parecer no le costó demasiado a Álvaro Pérez conseguir el favor de la Generalitat. Y la pica en Flandes la puso en el departamento de Milagrosa Martínez. Así, el primer contrato gordo que ganó El Bigotes fue el de Fitur de 2005, que se adjudicó por 930.000 euros aunque luego acabara facturando 1,58 millones. Pues bien, para ganar aquel concurso, el informe de solvencia técnica de Orange Market apenas citaba 14 trabajos previos por una suma de 223.000 euros, la mitad de ellos para otra empresa de la trama Gürtel, Special Events. Una experiencia claramente insuficiente para montar un pabellón tan caro como el de la feria de turismo.
Con el paso de los años, Orange Market fue ganando experiencia a base de decenas de trabajos, pero su gran aval para seguir ganando los concursos seguía siendo el PP y los trabajos que sumaba para el Consell. Así, si en el informe de Solvencia Técnica presentado para Fitur-2008 las facturas del PP en 2004 solo sumaron 190.000 euros, en 2005 Orange Market constata 35 trabajos para el PP valenciano por una suma de 510.000 euros. En 2006 la cifra baja a 272.000 euros y en 2007, año electoral, relaciona trabajos por 651.400. Junto a estos contratos, El Bigotes, solo enumera trabajos para Turismo, un ramillete de facturaciones de otras instituciones del Consell (consejerías, fundaciones y entidades públicas) y algunas operaciones sueltas para otros clientes, como el Consejo de Cámaras de Comercio, Facsa, Altiun Mediterránea, Torneos Deportivos de Tenis (organizadora del Open de Tenis de la Comunidad Valenciana) y otras firmas de Correa.
Queda claro que estos son los "principales" trabajos de la empresa, pero no todos. Y la cifra no coincide con lo declarado por la matriz de la trama Gürtel en Valencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Así, aunque en el expediente de Fitur El Bigotes presume de facturar en 2004 al PP 190.000 euros, Orange Market no declara al fisco aquel ejercicio ninguna factura del partido. Y si para el concurso Pérez menciona facturas por 510.000 euros al PP en 2005, la cifra declarada a la AEAT es de 712.000 euros. En 2006, el informe de solvencia, cita pagos del PP por 272.000 euros mientras que la agencia tributaria recoge facturas por 341.000. Y si en el año electoral de 2007 Orange Market concursa con el aval de 651.000 euros de facturas al PP, en el fisco constan 872.000.
Pero todos estos datos son los oficialmente declarados por una empresa que está siendo objeto de una investigación judicial por pertenecer a una red mafiosa que blanqueaba dinero y se dedicaba a hacer negocios turbios con políticos. Así, los informes de la policía acreditan que Orange Market factura al Partido Popular mediante una doble contabilidad, en A (bajo el epígrafe Alicante) y el B (de Barcelona), de manera que el dinero negro corría a cargo, presuntamente, de cinco constructoras valencianas que disfrutaban de numerosos contratos del Consell.
Así, en la documentación incautada durante el registro a la sede de Orange Market, se hallaron archivos que detallaban numerosos pagos en B y desglosaban las extrañas cuentas de El Bigotes con el PP. Por ejemplo, en uno de los resúmenes referidos a los eventos organizados en 2007 para los populares, El Bigotes suma 471.000 euros en concepto de actos del PP y otros 1.753.985 euros en el de comunicación del partido. En total, 2.225.000 euros, que exceden claramente de lo consignado por la ley Electoral para gastos de un partido en campaña electoral autonómica: un millón.
Sin embargo, Orange solo consigna en el concepto Alicante 300.000 euros y su correspondiente IVA para comunicación del PP y otros 150.000 más IVA para actos del partido. En otro epígrafe la empresa de Pérez consigna 1.370.000 euros bajo el concepto "cobros Barcelona" y quedan "pendientes" 400.000.
Según la policía, "esa doble facturación, una formal y otra ficticia, genera una cantidad pendiente de pago". La primera es la verdaderamente fiscalizable pues figura en los libros de contabilidad. La segunda es la fraudulenta, y la abonaron presuntamente los empresarios.
www.elpais.es 10.04.10
LA FUNDACIÓN V ENCUENTRO GASTÓ 12 MILLONES EN LA VISITA DEL PAPA
Se creó un año antes con 40.000 euros y no ha acreditado sus ingresos
La Fundación V Encuentro Mundial de las familias gastó 12 millones de euros en la visita del Papa. La sorpresa de su capacidad económica queda al descubierto en las diligencias practicadas por el juez de Madrid que lleva el caso Gürtel al levantar el secreto. Y queda también la inoperancia del Consell ante las irregularidades que incluso la consejería competente, Justicia, detecta y señala por escrito. La Fundación se creó en 2005 con un capital social de 40.000 euros. Ingresó nueve millones en 2006. Mantiene una deuda viva de más de tres millones de euros desde entonces. La Fundación sigue funcionando a pesar de que fue creada para la visita del Papa. Recibió una inyección de dos millones de euros del Consell a finales del pasado año, publicada en el diario oficial en febrero y sin que ni siquiera el presidente Francisco Camps haya dado explicaciones sobre su razón y destino en las Cortes.
Sus ingresos por socios pasaron de 315 euros a más de cuatro millones

El Consell aportó dos millones en diciembre pasado sin decir para qué

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, brigada de blanqueo de capitales, (Udef) entregó en diciembre de 2009 un informe al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En esencia, en él se recoge el recorrido de la Fundación, la composición de su patronato y la responsabilidad de cada uno de sus miembros, las cuentas presentadas y la fiscalización de las mismas. Información que la Generalitat no había hecho pública y que se ha negado sistemáticamente a facilitar a la oposición en sede parlamentaria.
La Fundación se crea en 2005. Los patronos son el Arzobispado de Valencia, la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia. Se constituyó con un capital de 40.000 euros, con cuota proporcional de cada una de las partes. A 31 de diciembre de aquel año de fundación, 2005, declara ya unas pérdidas de 206.109,82 euros. En aquel año, suscribió un préstamo con Bancaja por importe de 300.000 euros. Declaró unos gastos de personal de casi 23.000 euros y unos ingresos por cuotas de usuarios y afiliados de sólo 315 euros. Sólo 315 euros.
En 2006, según la declaración de la Fundación, esa cifra se convierte, siquiera por comparación, en un escándalo: 4.004.651, 05 euros. De ellos, 2.560.000 euros proceden de "ingresos por convenios de colaboración"; 2.128.549,91 euros de "ingresos por donaciones declaradas"; y 435.381,57 euros de "ingresos por donaciones anónimas y subvenciones". De ninguna de esas partidas la Fundación ofrece detalle. Pero es más, declara 8.917.565,25 euros por ingresos de la entidad por la actividad propia. ¿Quiénes son los usuarios y afiliados? ¿Hay instituciones públicas entre ellos? ¿Qué actividad desarrolló la fundación para obtener tales ingresos? Aún hoy, no hay respuesta. Esteban Escudero, obispo auxiliar de la Diócesis de Valencia, firma los papeles que la policía tiene aportados a las diligencias previas. Pero también la secretaría autonómica de la consejería de Justicia. Y el patronato.
En 2007, el patronato, sin excepción ni observación alguna, firmó las cuentas. Pero la consejería, según consta en el expediente 698/07, señaló "defectos a subsanar". El jefe del servicio de entidades jurídicas firmó un papel en el que consta que la Fundación "deberá presentar una memoria de actividades que incluirá información sobre los cambios de órganos de gobierno, de dirección y representación, así como el grado de cumplimiento del plan de actuación, indicando los recursos empleados, su procedencia y el número de beneficiarios en cada una de las actuaciones realizadas, y los convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades para estos fines". Eso debajo de un párrafo en el que advertía que el incumplimiento de esas exigencias en el plazo de un mes suponía admitir que el patronato no se había reunido. Patricia Montagut, ex secretaria autonómica, firmó en septiembre de 2009 una resolución de depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2006. Con varias observaciones. La documentación fue presentada fuera de plazo, la memoria de actividades debía ir separada de la económica, la memoria de actividades debía ser más amplia, detallándose todas las actuaciones que se realizaron. Además, consignaba que la fundación padece un déficit de liquidez que podría comprometer el pago de sus deudas e instaba a tomar las medidas oportunas para restablecer el equilibrio financiero en los ejercicios próximos.
Nada de ello ha ocurrido. "Sorprende que la última pregunta realizada por este portavoz al presidente [Francisco] Camps cuando compareció en Cortes el pasado mes fuera precisamente que motivara una inyección de dos millones de euros acortada en diciembre por la Generalitat a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, sin obtener respuesta", afirmó ayer Ángel Luna, portavoz socialista en Cortes. Según él, hay empresas que llevan meses reclamando deudas y que obtienen como respuesta que "el interventor no puede autorizar pagos porque no se reúne el Patronato". Para Luna, "la situación implica a las instituciones, que tienen muchas explicaciones que dar, y salpica al arzobispado de Valencia. La opacidad, el incumplimiento de la ley, es responsabilidad, también, de los patronos".
Las cifras
- Capital de inicio. 40.000 euros
- Resultados de 2005. Pérdidas de 206.109 euros
- Ingresos en 2005 de socios. 315 euros
- Ingresos de socios en 2006. Más de cuatro millones
- Ingresos por actividades. Más de cuatro millones.
- Gasto total por la visita del Papa. Doce millones.
- Deuda pendiente desde el ejercicio 2006. 3.544.940,73 euros
- Préstamo pendiente con Bancaja desde 2005. 396.000 euros
- Aportación de la Generalitat en 2009. dos millones
www.elpais.es 10.04.10
La Perla adjudicó 180.000 euros a dedo a la trama
Milagrosa Martínez asumió tres facturas por servicios contratados sin concurso
 
Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes valencianas, vulneró la ley de contratos públicos al menos en tres ocasiones para adjudicar 180.000 euros a dedo a las empresas Easy Concept y Orange Market -dos sociedades de la trama corrupta organizada por Francisco Correa-, cuando ejercía como consejera de Turismo del Gobierno de Francisco Camps entre agosto de 2004 y julio de 2007. Álvaro Pérez, gerente de Orange Market, correspondió a Martínez, a la que se refería como La Perla, con un reloj de 2.400 euros.
Facturaron 30.000 euros por instalar 15 expositores de nueve metros
Orange Market ya se había hecho con el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2005 por 1.020.000 euros en un concurso de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) que presidía Milagrosa Martínez.
Pero la trama se cebó en esa feria. Easy Concept presentó el 25 de abril a la AVT una factura de 30.000 euros por instalar 15 expositores de nueve metros cuadrados en la misma feria.
Rafael Betoret, director de gabinete de la entonces consejera de Turismo, justificó el gasto "debido al número de solicitudes de municipios de interior que querían estar presentes".
Betoret estuvo imputado en la misma causa que Francisco Camps por haber recibido supuestamente una serie de trajes de la trama corrupta.
El 6 de mayo, Orange Market presentó otras dos facturas de 119.035 y 30.000 euros, respectivamente, por organizar un almuerzo para 1.400 comensales que ofreció el presidente de la Generalitat "a todos los expositores y representantes públicos valencianos desplazados a Madrid" con ocasión de Fitur, según Betoret.
Las dos facturas corresponden a los mismos gastos de montaje del comedor improvisado, desde la compra de 3.200 metros cuadrados de moqueta, a la construcción de jardineras. Los contratos públicos superiores a 120.000 euros requieren la calificación previa de la empresa proveedora.
Betoret alegó, en dos escritos idénticos, que hubo que improvisar porque la sala multiusos del recinto ferial de Madrid se quedaba pequeña y se alquiló y acondicionó de urgencia un local en otro pabellón.
Martínez ordenó el pago de las tres facturas en sendos escritos del 27 de julio de 2005 en los que asumió "las obligaciones contraídas sin que se cumpliesen los trámites que exige la ley de contratos de las administraciones públicas a que debía haberse sometido dicho gasto".
Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes valencianas, apuntó el "sorprendente celo" de Martínez a la hora de impedir a la oposición parlamentaria acceso a los expedientes de contratos con empresas de la red Gürtel. "Siempre pensamos que obedecía órdenes de Camps en su labor obstruccionista, pero ante las revelaciones sobre sus relaciones con la trama Gürtel y de sus adjudicaciones a empresas corruptas se comprueba su interés personal", comentó Luna. Martínez ha frenado la tramitación de centenares de preguntas de la oposición parlamentaria en las Cortes valencianas.
www.lelpais.es 10.04.10
Correa: "El negocio con Cotino sería muy importantísimo"
El 23 de enero de 2009, Francisco Correa, líder de la trama Gürtel, habla con Pau Collado, antigua promesa en el Gobierno balear de Jaume Matas y, en el momento de la conversación, encargado de Easy Concept. La red está intentando vender esa firma a Vicente Cotino, presidente del grupo empresarial Sedesa y sobrino de Juan Cotino, vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana y consejero de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo.
"Si Dios quiere, eso nos permitirá dejar de trabajar con estos hijos de puta"
Correa. No sé qué reunión tiene Pablo [Crespo, número dos de la trama] mañana.
Pau. El tema que me comentó de la empresa de Valencia.
C. Ah, no lo sabía. ¿Qué empresa de Valencia?
P. La deee...
C. ¿Cotino?
P. Sí, sí.
C. Ah, no lo sabía.
P. No quería decir el nombre por si acaso, pero sí, sí.
C. Ah, ya, bueno, si saliera eso sería muy importantísimo.
En la operación, que lleva varias semanas en marcha y parece ir por buen camino, participan los principales hombres de Gürtel, incluido Álvaro Pérez, El Bigotes. Actúa también como mediador (muy activo) Pedro García, por entonces director general de Ràdio Televisió Valenciana, dimitido en agosto de 2009, y persona de la máxima confianza del presidente del Consell, Francisco Camps.
Easy Concept ofrecería a Vicente Cotino una plataforma en el sector de la comunicación, y la trama haría caja en una época complicada. "Sí tío, sí. Eso, si Dios quiere, va a permitir que dejemos de trabajar con estos hijos de puta", le cuenta El Bigotes a Correa el 28 de enero. Pérez habla desde el pabellón valenciano de Fitur. Todo indica que con quienes quiere dejar de trabajar es con los políticos del PP. El Bigotes lleva tiempo quejándose de cuánto le cuesta cobrar la deuda en negro con el partido.
Vicente Cotino es uno de los cinco constructores denunciados por financiar ilegalmente al PP valenciano. Para dar una idea de su nivel, Crespo dice en otra conversación: "Es evidente que un tío que llega a desplazarse en avión privado, algo tiene".
www.elpais.es 10.04.10
LA TRAMA GÜRTEL FACTURÓ UN 70% MÁS DE LO FIRMADO EN FITUR 2005 
Las empresas de la trama Gürtel, investigadas por constituir un entramado corrupto implicado en el blanqueo de dinero, el pago de comisiones y, presuntamente, la financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana, tuvieron barra libre en la Agencia Valenciana de Turismo en el año 2005. Fue el primer contrato de la entonces consejera de Turismo, Milagrosa Martínez, con la trama de Álvaro Pérez, El Bigotes, quien reconoció en una conversación telefónica haberle regalado un reloj de 2.400 euros en enero de 2006. El fiscal considera probado el cohecho, aunque prescribió un mes antes de ser descubierto. 
Varias firmas de la trama dirigida por Francisco Correa facturaron al Consell más de 1,7 millones de euros por organizar los actos de Fitur de 2005 y otras ferias del sector, una cifra un 70% superior al concurso firmado con Turismo. Incluso un 60% más de lo que las mismas firmas sacaron en los cuatro años siguientes, en los que también Orange Market, dirigida por Pérez, ganó el concurso. 
Así, el gran pelotazo se pegó en 2005. El contrato abría la puerta al exceso puesto que estipulaba 930.000 euros para organizar Fitur-2005 y una cantidad de 509 euros por metro cuadrado de los pabellones de otras cuatro ferias: Valencia, Barcelona, Bilbao y Valladolid. El contrato se amplió, además, en otros 90.000 euros para el expositor de la feria de turismo rural Expotural. Orange Market facturó aquel año 930.000 euros por la gran feria madrileña, otros 350.000 por la feria de la Comunidad Valenciana, 24.940 por la de Bilbao, 15.270 por la de Barcelona y 102.000 por Expotural, es decir, un sobrecoste de 12.000 euros sobre ese último evento. 
Además, Orange Market facturó a la institución que dirigía Milagrosa Martínez otras dos onerosas facturas, una de 119.035 euros por el almuerzo ofrecido por la Comunidad Valenciana en Ifema el 27 de enero de aquel año y otra de 30.000 euros por el mismo motivo. Ambas facturas fueron validadas el 27 de julio por el entonces director de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo, Rafael Betoret, también investigado por recibir regalos de la trama Gürtel. Incluso cobró otros 11.995 euros por el acto de presentación del pabellón de Fitur en el CdT de Valencia 
Pero si la empresa de Álvaro Pérez, Orange Market, facturó aquel año un total de 1,58 millones de euros a Turismo, también cobró, al menos, otros 11.900 a la Consejería de Territorio por un expositor propio en Fitur y otros 11.900 por el mismo concepto a la de Infraestructuras. Es más, a la barra libre turística se sumaron otras empresas del imperio Correa, que facturaron por otros 140.000 euros.  
Así, Down Town Consulting facturó en 2005 años por expositores en Fitur 10.500 euros a Territorio y otros 11.700 a Infraestructuras. Y Boomerang Drive, que facturó al Consell aquel año por 45.105 euros, también cobró a las mismas consejerías por sendos expositores 11.000 y 11.900 euros respectivamente. Y Tecnology Consulting les cobró respectivamente 3.551 y 4.359 euros por la iluminación. Y Realgreen les sacó 10.300 euros y 11.800 respectivamente por la cartelería. 
Es decir, Territorio pagó un total de 47.251 euros por su expositor en facturas por el mismo concepto a cinco empresas de Correa. Igualmente, Infraestructuras pagó otros 51.659 a las mismas cinco firmas. 
Además, Boomerang cobró de Turismo otros 11.706 euros por "gastos de imprenta y aplicación de la marca de la Generalitat" en una fiesta en la discoteca madrileña la Posada de las Ánimas. 
Y aquella misma edición de Fitur, Easy Concep cobró a Turismo otras cuatro facturas por un total de 52.738 euros, entre ellas una de 30.000 euros por "15 stands de 3X3 en madera pintada color albero". Es decir, las empresas de Gürtel disfrutaron de una apoteosis de contratos por la que cobraron en 2005 al menos 1.746.000 euros al Consell. 
Una situación que cambió sustancialmente en ediciones posteriores. Así, Orange Market también ganó el concurso de Milagrosa Martínez para Fitur-2006, pero el concurso se limitó, ya para todas las ferias, a 1.083.925 euros. Fitur-2007 se adjudicó por 1.089.600 euros. Fitur-2008 bajó un poco, a 1.059.250 euros. Y en 2009, con el caso Gürtel en todos los medios, Orange Market solo cobró una factura por 606.100 euros. 
Según la documentación remitida por la abogada general de la Generalitat al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en septiembre de 2009, el Consell abonó a las empresas de la trama Gürtel 74 facturas por un monto total de 6,1 millones de euros, la mayoría de ellas con importes inferiores a los 12.000 euros, limite que de superarse implica necesariamente un concurso público o un procedimiento con publicidad, concurrencia y transparencia. 
(www.elpais.com, 09/04/10) 
EL 'NÚMERO TRES' DEL PP EN 2008 MEDIÓ PARA QUE 'EL BIGOTES' COBRARA DE FABRA 
"¿Los gruesos, los cobras casi todo?", pregunta en tono afirmativo David Serra, el vicesecretario general y número tres del PP valenciano en 2008, en una conversación telefónica intervenida con Álvaro Pérez, El Bigotes, imputado en la trama Gürtel de corrupción y blanqueo de capitales que instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. A lo que Pérez responde, en plan coloquial: "Sí, pero yo al tuerto por qué coño le voy a regalar 50.000 euros, David". 
La despectiva denominación de "tuerto", por parte de El Bigotes se refiere a Carlos Fabra. Fabra es el presidente del PP provincial y de la Diputación de Castellón a quien -según las conversaciones intervenidas- Pérez habría organizado un acto en el puerto de Castellón, además de otras dos cenas en Alicante con el entonces alcalde popular Luis Díaz Alperi y en Elche, con el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano. 
A medida que avanza la conversación, Serra trata de tranquilizar a El Bigotes, respecto al cobro de las cenas: "Escucha una cosa, a mí eso de Bernabé y de Elche y de Alicante, no me preocupa". 
Pero Álvaro Pérez interpela de nuevo a Serra sobre el cobro de Castellón. "¿Vale? Yo sé que lo del tuerto no lo voy a cobrar. Lo ha intentado Víctor [Campos, que fue vicepresidente de la Generalitat hasta las elecciones de 2007], lo ha intentado Ricardo [Costa, entonces secretario general del PP valenciano, al que la dirección nacional de Madrid ha sancionado por su papel en el caso Gürtel] y me ha dicho Ricardo que iba él a hablar por última vez con el tuerto. Vamos, jodido, pero bueno". 
Al comienzo de la conversación Serra le había propuesto a El Bigotes discutir los cobros en persona: "Quiero que nos veamos tú y yo antes de la cifra global, porque hay ahí dos conceptos que no quiere [no se sabe a quién se refiere] que se paguen". Pero al llegar a la mitad de la charla y ante la dificultad de que El Bigotes cobre los 50.000 euros de Fabra, Serra se desmorona y confiesa: "Álvaro estoy totalmente de acuerdo, pero yo no me voy a dar de...". "No, no tío", le contesta Pérez. "Contra una pared, que no tengo...", se lamenta Serra.David Serra ha sido mencionado en múltiples ocasiones, en las conversaciones de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes; pero, sobre todo, en las grabaciones intervenidas por orden judicial entre el 6 de noviembre de 2008 y el 2 de febrero de 2009. En ese periodo, la mediación de los altos cargos valencianos en las exigencias de cobros por parte de Pérez y Correa se intensifican. 
Las presiones de los cabecillas de la trama se concentran sobre el defenestrado secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y sobre el número tres del partido, Serra. Por ejemplo, según las grabaciones Serra se queja de que Vicente Rambla no le ayuda. Rambla, también multicitado, era vicepresidente primero del Gobierno de Francisco Camps. 
La implicación de la trama de blanqueo de dinero es tal en las relaciones de la Generalitat y del PP valenciano que, en la citada grabación sobre la negativa de Carlos Fabra a pagar 50.000 euros, Serra llega a espetarle a El Bigotes: 
-"Con Ricardo tampoco me voy a cabrear, que hoy lo podía haber enviado a tomar por saco...". 
-"Ya, ya", responde Pérez. 
-"No lo envío porque es mi amigo... Tú eres mi amigo....", subraya Serra a Pérez. 
-"Ya, ya, ya lo sé", confirma Pérez. 
-"Y podía haber dicho, iros todos a tomar por saco. Ya nos veremos", remata Serra. 
Ante lo caliente que estaba Serra con dirigentes de su partido por las dificultades para hacer frente a los pagos que los cabecillas de la trama corrupta le exigían El Bigotes tiene una idea: "Bueno, escúchame un segundo, que yo mañana estoy aquí, ¿vale? Entonces, si quieres que mañana nos tomemos algo, por la mañana, pues nos tomamos una cervecita". 
Serra, más tranquilo asiente: "A ver si nos vemos mañana. Coge algún papel con números, que podemos repasar". 
-"Vale, se lo diré a Cándido Herrero [contable de Orange Market, una de las firmas de corrupción investigadas con sede fiscal en Valencia]. Se ha ido hoy, a ver cómo se lo hago saber. Y, ya está, ¿vale?", concluye Pérez. 
-"Me gustaría dejarlo todo cerrado ya, es que si no siempre estamos....", avanza Serra, quien se refiere a los problemas que sigue teniendo con Rambla y a la recomendación de Costa de cómo tiene que hablarlo con su vicepresidente. "Yo era partidario de otra cosa. Es que si no, no se va a acojonar nunca", concluye Serra, mientras El Bigotes, le dispara un: "Vale tío, un beso". 
(www.elpais.com, 09/04/10) 
ORANGE MARKET DEBE MEDIO MILLÓN POR IMPAGO DEL IRPF 
Álvaro Pérez, gerente de Orange Market, presiona a los responsables del PP de la Comunidad Valenciana para cobrar deudas pendientes por diversos servicios prestados al partido, a la Generalitat o a diversas organizaciones locales del PP cuyas deudas se acumulan bajo el epígrafe alcaldes. Pero no era buen pagador.  
Según la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, entre 2004 y 2008, Orange Market dejó de practicar retenciones del IRPF por un total de 504.136 euros. Los técnicos de la AEAT subrayan que, a tenor de las retribuciones del trabajo, dineraria o en especie, que obtuvo Álvaro Pérez, las retenciones no practicadas superaron los 120.000 euros en los ejercicios de 2006 y 2007. Un delito que lleva aparejada una pena de prisión de uno a cuatro años y una multa que puede llegar a cifrarse en seis veces la cuantía defraudada. 
Los técnicos de la AEAT apuntan que debe aclararse si esas retenciones las practicaron otras empresas de la trama corrupta, puesto que los ingresos que disfrutó Álvaro Pérez durante esos años son mayoritariamente autorizados por Pedro Crespo, número dos de la trama que dirigía Francisco Correa. 
El análisis de los ingresos de Álvaro Pérez revela que El Bigotes solo "es incluido formalmente entre los perceptores" de un salario a partir de 2007. 
Pero los ingresos en la cuenta de Álvaro Pérez revelan que obtuvo 58.800 euros en 2004, al menos 12.000 procedentes de cuentas en negro. 
A lo largo de 2005, ingresó 117.341 euros. Otros 12.000 proceden de cuentas en negro, según los datos recabados por la AEAT. Pedro Crespo autoriza o instruye la mayoría de los pagos. 
A lo largo de 2006 se multiplican los ingresos procedentes de la caja B de Orange Market, según los documentos y registros informáticos en las sedes de las empresas de la trama en Madrid y Valencia. Álvaro Pérez ingresa al menos pagos procedentes de la caja B de Orange Market. Algunos de 6.000 euros por concepto de sueldo. Uno por 42.000 euros que anota la compra de un apartamento o un pago en la joyería Suárez. Los ingresos totales son de 229.105 euros. En 2007, llegan a 263.250 euros, pero en 2008 bajan hasta 138.449 euros. 
(www.elpais.com, 09/04/10) 
'EL BIGOTES' ASPIRABA A RELANZAR KELME CON EL APOYO DE RAMBLA 
El cabecilla de la trama Gürtel de corrupción y blanqueo de dinero que operaba en Valencia bajo la marca Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, conoció de primera mano, en la parada del bus escolar de su hijo, a un financiero que trabaja en un fondo de inversión valenciano, que le cuenta que el referido fondo -el Instituto Valenciano de Finanzas (IFV)- "se ha quedado con Kelme".  
Según las conversaciones intervenidas por orden judicial, el 5 de diciembre de 2008 a las 11 de la mañana, El Bigotes llama a Pablo Crespo, su socio en Madrid, y le cuenta que "la multinacional de calzado y deporte de Elche lleva 2 o 3 años en situación de crisis", que un hermano de Juan Villalonga, "Alfonso Villalonga [cirujano y presidente de una fundación benéfica subvencionada por la Generalitat] quería haberla comprado con un grupo de gente" y que "la crisis de Kelme la ha gestionado Enrique Pérez Boada, el director del IVF". 
Acto seguido, El Bigotes le cuenta a su socio madrileño que "el padre [del hijo del inversor que quiere hacer negocio con Kelme] estuvo con el vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla" porque quiere "volcarse en el tema del fútbol y del fitness". Según el relato de El Bigotes, "Vicente Rambla les dijo que esos temas a él le gustaría que los hiciera una empresa valenciana que se llama Orange Market, cuyo dueño es Álvaro Pérez". 
Pérez quería relanzar Kelme como una franquicia de gimnasios que "en vez de llamarse Reebok, como el de la calle Serrano, se llamaría Kelme Sport" y que "su amigo estaría dispuesto a ir a medias". Otra idea sería que "50.000 mujeres batiesen el récord de fitness, con un helicóptero grabando desde el cielo y en las Ciudad de las Ciencias y las Artes, con gente del libro Guinness certificándolo" y "patrocinada por la Ciudad de las Artes". 
El Bigotes concluye la charla diciéndole que le ha dicho a Rambla que "a ver si la semana que viene le echa una mano" y que "Vicente [Rambla] ha respondido que quedarán para desayunar y hablar". "No te preocupes que está a punto de caer", se despide. 
La intervención del Consell en la empresa dedicada a producción de ropa y calzado deportivo de la familia ilicitana formada por los hermanos Diego y José Quiles ha sido constante desde el año 2002, cuando la firma evitó la suspensión de pagos gracias a un acuerdo con el Consell por el que recibía nueve millones a cambio de condiciones draconianas. Uno de los primeros cambios exigidos fue la "profesionalización de los cargos directivos" que desde 1977 había estado en manos de la familia. 
El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que tuteló la operación desde 2002 logró apartar totalmente a la familia Quiles de la presidencia. Y a partir de entonces comenzó una feroz negociación entre el ex director del organismo financiero Enrique Pérez Boada -que también aparece en las conversaciones de la trama Gürtel de corrupción blanqueo de dinero intervenidas por orden judicial- por la que los Quiles en junio de 2007 obtuvieron 6 millones por la venta de sus acciones al inversor que designara el IVF. 
El único cabo suelto que quedaba era la venta de los terrenos de Agua Amarga, que Kelme había comprado hace años y que no se desarrollaron debido a su valor ecológico. Buena parte de los más de 2 millones de metros cuadrados están en el término municipal de Alicante y el Ayuntamiento no estaba dispuesto a adquirirlos. 
Los Quiles presionaron que su salida de la firma quedara supeditado a un convenio con el Ayuntamiento de Alicante, por el que se quedaba más de un millón de metros cuadrados de la finca, a cambio de permutas beneficiadas con edificabilidad en otras zonas de la ciudad que se consignarían en el nuevo Plan de Ordenación General Urbana por unos siete millones de euros. El resto se lo reparten Bancaja, CAM, el fondo de inversiones Tirant que entró al rescate de Kelme y el propio IVF, que aceptaron capitalizar de este modo sus créditos por 47 millones. 
(www.elpais.com, 09/04/10)
EL FISCAL TIENE UN DOCUMENTO QUE DENUNCIA QUE CAMPS ORDENABA CONTRATAR CON 'EL BIGOTES' 
La Fiscalía Anticorrupción envió el 17 de julio de 2009 al juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, un escrito en que le advertía de la posible existencia de un informe interno de la Generalitat Valenciana en el que recomendaba contratar con la empresa Orange Market y se especificaba que no había ningún obstáculo legal para adjudicarle contratos públicos.
Anticorrupción obtuvo esa información de la Fiscalía Provincial de Valencia que, nueve días antes, puso en conocimiento de ésta una denuncia anónima sobre la existencia de un documento que supuestamente circulaba por las dependencias del Gobierno valenciano para convencer a los distintos departamentos de la conveniencia de adjudicar concursos a 'El Bigotes'. 
Pese a que el fiscal reconoce que se trata de un folio mecanografiado, sin firmar y sin indicación del remitente, no duda en incluirlo en la investigación y en informar a Anticorrupción. Ya en Madrid, los fiscales recogen el documento y lo elevan a Pedreira. 
La denuncia anónima aportó información detallada sobre ese supuesto informe. Así, revela que el escrito habría sido utilizado para presionar a los abogados de las empresas públicas y llegó físicamente tanto a a los servicios jurídicos como a las distintas direcciones generales de la Administración. Según la documentación que la Generalitat envió al instructor, la empresa de El Bigotes obtuvo contratos por valor de cerca de siete millones de euros en los años de gloria de la trama corrupta dirigida por Correa. 
(www.elmundo.es, 09/04/10) 
COTINO, A EL BIGOTES: "CONTAD CON MI FAMILIA PARA LO QUE SEA" 
Son las 20.34 del viernes 6 de febrero de 2009. La policía acaba de registrar en Valencia las oficinas de Orange Market y la Consejería de Turismo por orden del juez Baltasar Garzón. La trama Gürtel acaba de venirse abajo y Álvaro Pérez, El Bigotes, recibe un mensaje en el móvil: "Estamos un poco alarmados por las noticias. Esperamos que quede en nada. Contad con la familia Cotino para lo que sea. Un besazo". 
Para esa hora Pérez ha recogido muestras de apoyo de Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; Pedro García, ex director general de Ràdio Televisió Valenciana; David Serra, número tres del PP regional, y Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat. La llamada de Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, llegará un día más tarde. 
Juan Cotino, vicepresidente tercero del Consell y consejero de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, se dejó ver ayer por primera vez desde la publicación del sumario del caso Gürtel, en un acto en defensa del Trasvase del Ebro. Los periodistas lo rodearon. 
-¿Sigue teniendo Álvaro Pérez todo el apoyo de la familia Cotino? 
-Estamos hablando de un mensaje de un familiar que mandó a Álvaro Pérez cuando este señor tuvo un problema empresarial. 
-Un problema empresarial, no. Un registro policial... 
-Perdone, un problema empresarial aparentemente y en ese momento. Y ese señor (Pérez) era proveedor de esta empresa (Sedesa, firma propiedad de la familia Cotino). Y por lo tanto se le dijo: "Oye, ánimo". Que es lo que se suele decir generalmente. Si ese señor después resulta que es un delincuente, chorizo o lo que sea, como usted comprenderá no habrá relaciones comerciales. 
Ya no las hay, pero las hubo. Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales concluye que Sedesa hizo aportó 130.000 euros en fondos B a Orange Market en el año 2008. Vicente Cotino (sobrino del vicepresidente de la Generalitat) es el presidente de Sedesa y uno de los cinco constructores denunciados por financiar ilegalmente al PP. El grupo Sedesa recibió 539 millones de euros en adjudicaciones del Gobierno valenciano entre los años 2007 y 2009. 
Juan Cotino, que fue director general de la Policía en tiempos de José María Aznar, insistió en que las investigaciones que figuran en el sumario están manipuladas: los socialistas "tienen funcionarios que se dedican a escribir lo que ellos quieren", dijo. 
(www.elpais.com, 09/04/10)
LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA COSTÓ 11 MILLONES A CANAL 9 
Sólo una petición judicial ha dado luz a parte del gasto que la televisión autonómica valenciana (RTVV) hizo para retransmitir la visita del Papa en 2006 con motivo del V Encuentro Mundial de la Familia en Valencia. José López Jaraba, director general del ente, remitió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) más de 300 facturas y al menos una docena de contratos que suman más de 11 millones para cubrir la visita del Papa. Entre esos contratos está la adjudicación a Teconsa, constructora bajo sospecha por sobrecoste de una autovía adjudicada por la Junta de Castilla y León. 
Teconsa se encargó de las pantallas y parte de la instalación técnica. Consiguió el contrato a pesar de no tener experiencia y de no acreditar la solvencia de las subcontratas con las que iba a contar, lo que la Sindicatura de Comptes señaló como incumplimiento del pliego de condiciones. Pero además, era la oferta más cara de las siete que se presentaron. Superó los siete millones de euros, dos más que la siguiente más elevada.
Hasta ahora, el ente público aceptó una cifra no oficial de cinco millones de coste por la visita del Papa. Nunca ofreció información en las Cortes valencianas, a pesar de las reiteradas peticiones de la oposición. Tampoco al consejo de administración. La oposición no da por buena la cifra de más de 11 millones de euros, porque López Jaraba sólo remitió al juez documentación sobre gastos técnicos, de personal contratado verbalmente y una parte residual por peluquería o maquillaje. Nada más. 
Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes, afirmó ayer que "estos datos ponen de manifiesto la coartada para proceder al saqueo de dinero en RTVV". Según Luna, "Francisco Camps, Juan Cotino y el Consell antepusieron los intereses de sus amigos de Gürtel a la imagen del Papa. Eso da una idea del nivel moral de algunas de las personas que hacen de su militancia católica una seña de identidad", añadió. "Hasta ahora sabemos que Camps no ha respondido en ningún ámbito político. Suponemos que, al menos, lo haya hecho ante su confesor". Entre esos gastos está la participación de Orange Market y Pasadena, firmas de la trama Gürtel, sobre las que López Jaraba envió sólo 11 facturas por 100.000 euros (viajes, mobiliario y publicidad institucional). 
El otro escándalo está en la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia. Se constituyó en 2005 con un capital de 40.000 euros. Al año siguiente, el de la visita del Papa, llegó a declarar unas pérdidas superiores a los tres millones de euros. El patronato, en el que estaban, entre otros, Víctor Campos, entonces vicepresidente de la Generalitat valenciana, y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, aprobó las cuentas en 2007 sin observaciones. Sin embargo, la Consejería de Justicia advirtió, como consta en la información aportada al sumario por la policía, de la existencia de importantes vacíos en la certificación del dinero que entró, de su destino y de la ejecución del plan de actuación. Nunca se corrigió. La consejería invitó a la fundación a que lo hiciera en ejercicios posteriores. Luna se preguntó por el sentido de la fundación después de la visita papal. 
(www.elpais.com, 09/04/10)
EL CONSELL PAGÓ EL MISMO SERVICIO A TRES EMPRESAS DE LA 'TRAMA GÜRTEL' 
El sumario del caso Gürtel reitera que todas las empresas de la trama corrupta que organizó Francisco Correa facturaban como un solo grupo organizado, una "unidad de acción" que sustenta una vocación criminal conjunta. Pero los detalles de los contratos de la Generalitat valenciana con todas las empresas corruptas relacionadas en el sumario revelan una clara connivencia de la Administración autonómica. 
La Consejería de Infraestructuras, por ejemplo, pagó tres veces a tres empresas distintas de la trama por el mismo servicio. Las tres facturas se justificaron con tres informes idénticos y fechados el mismo día.
Orange Market, Boomerang Drive y Down Town Consulting fueron contratadas de urgencia por la Consejería de Infraestructuras para levantar un pequeño expositor de 18 metros cuadrados con ocasión de la XXV edición de Fitur en 2005, una feria celebrada en enero en Madrid. 
Las dos primeras cobraron 11.900 euros. La tercera, 11.700. A partir de 12.000 euros, cualquier adjudicación pública requiere un concurso o algún tipo de procedimiento con publicidad y concurrencia. 
Pilar Álvarez Montero, jefa del servicio de Costas de la Consejería de Infraestructuras, explica en la documentación remitida al juez que "la Consejería de Turismo invitó expresamente" a Infraestructuras "para que participase en el evento, dando a conocer el sector de las instalaciones náutico deportivas que se gestionan desde la Dirección General de Transportes, Puertos y Costas". 
De resultas de la invitación, se reservó un espacio de 18 metros cuadrados a la Consejería de Infraestructuras "recomendándosele la contratación de profesionales del lugar, especializados en los diseños y construcción de este tipo de instalaciones, para que su construcción, dentro del pabellón reservado a nuestra comunidad, se realizase del modo más homogéneo posible con el resto de expositores valencianos". 
"Por estas razones", continúa el escrito tipo, "se encargó la realización del stand a Orange Market", factura 5/2005; "a Boomerang Drive", factura 7/2005 y "a Down Town Consulting", factura 31/05. Los tres informes están firmados el 15 de marzo de 2005. 
Fitur se convirtió en la puerta de entrada de Orange Market como contratista de la Generalitat. La empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, constituida en julio de 2004, se adjudicó la instalación del expositor de la Comunidad Valenciana durante cinco años consecutivos, desde 2005 hasta 2009. Los tres primeros pabellones se adjudicaron cuando Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes, era consejera de Turismo. Los dos últimos los adjudicó Angélica Such. 
Álvaro Pérez agasajó a Martínez, ahora presidenta de las Cortes Valencianas, con el regalo de un reloj de 2.400 euros en 2005, según consta en el sumario. El fiscal considera el oneroso detalle como prueba de un delito de cohecho, pero los hechos llegan a su conocimiento demasiado tarde, cuando ya habían prescrito. 
Un paralelo informe pericial sobre la adjudicación a Orange Market de la instalación del pabellón de Fitur en 2009 revela la importancia que se concedió a "los elementos subjetivos" del pliego de condiciones. 
La oferta económica se estimaba con 50 puntos. La creatividad y estética, con 20, la funcionalidad, con 20, la creación de un elemento unificador, con 15, y las mejoras, con cinco puntos. Los peritos destacan "el poco peso que tiene la propuesta económica, único criterio que supone la aplicación directa de fórmulas matemáticas respecto de los criterios objetivos no cuantificables". Y destacan la vaguedad de los criterios para valorar la creatividad y creación de un elemento unificador. "En el pliego sólo figura una descripción básica de las propuestas", dicen los técnicos al respecto. 
El expediente del concurso revela que la oferta de Orange Market en 2009 era la más cara (789.000 euros frente a 706.400 la más barata). Optaron seis empresas. La mejor oferta económica no recibió los 50 puntos máximos previstos en el concurso, sino 49,5. Esa modificación alteró el reparto del resto puntos, aunque los peritos asumen que de forma menor, apenas 0,7 puntos. Orange Market recibió 44,3 puntos en la oferta económica, la peor calificación. 
La empresa de Álvaro Pérez recibió el máximo de 20 puntos por creatividad, cinco puntos por encima de cualquier otra oferta. Ocupó el tercer lugar en funcionalidad, otro aspecto en el que ninguna oferta recibió la máxima puntuación. Recibió la segunda calificación en la valoración del elemento unificado. Y fue la única oferta que obtuvo puntos en el apartado de mejora, los gestores del concurso le otorgaron el máximo de cinco. 
Los peritos subrayan en su informe que, salvo la puntuación del apartado de mejora, "la oferta más ventajosa" no sería la de Orange Market, sino otra que era 65.000 euros más barata. Y subrayan que Orange Market "recoge de forma casi literal las mejoras que figuran en el pliego de cláusulas administrativas", se limita a reproducirlas y recibe un punto por cada una. 
(www.elpais.com, 08/04/10) 
GERARDO CAMPS REBAJA LOS REGALOS AL PP A "UNA ANÉCDOTA" 
El vicepresidente segundo del Consell y consejero de Economía, Gerardo Camps, calificó ayer de "anécdota" los regalos que según ha desvelado el sumario del caso Gürtel, repartía El Bigotes entre sus compañeros en el Ejecutivo valenciano del PP y sus familiares. Para Camps, el levantamiento del secreto del sumario supone que "no hay nada nuevo bajo el sol" y demuestra que "no hay nada de nada" y que "no existe financiación ilegal ni imputaciones" entre los miembros del Consell. 
El número dos del Gobierno de Francisco Camps realizó estas declaraciones junto al coordinador general del PP valenciano y alcalde de Castellón, Alberto Fabra, a quien le incomodó que los periodistas le preguntasen por los regalos recibidos. Fabra espetó: "¡Qué pesadito está usted con los regalitos!". El coordinador general del PP también aseveró que el sumario Gürtel da "la razón" porque "no hay nada de nada". 
La alcaldesa de Valencia, la popular Rita Barberá, considera que la organización dirigida por Francisco Correa -en prisión-, no es una trama del PP, sino contra el PP "por parte de una pandilla de golfos y delincuentes, que se han querido aprovechar de la confianza de la gente del partido". 
"Todo lo que se ha contado del sumario era conocido precisamente por su periódico", dijo Barberá en alusión a EL PAÍS. La regidora insistió en que no hay un solo imputado en Valencia. "Se ha archivado todo", comentó en referencia al archivo, recurrido ante el Tribunal Supremo, de una parte de la trama referida a los regalos de lujo a políticos del PP, entre ellos el presidente Francisco Camps. 
Barberá negó que exista un supuesto caso de financiación ilegal e insistió en que recibir regalos no es un delito. Pero reconoció la existencia de conversaciones desgraciadas: "Nadie de nosotros aguanta una conversación con un amigo escrita en un periódico", subrayó. Barberá se mostró satisfecha además de que el fiscal abra diligencias para investigar si se dio un supuesto delito de revelación del sumario, decretado secreto, en una información referida a ella. "El 19 de julio se publicó en EL PAÍS una conversación grabada en enero de Álvaro Pérez con no sé quién y el tío contaba que me estaba comprando un bolso a mí. Y eso fue la noticia del siglo", comentó. La alcaldesa negó su participación en un proyecto inmobiliario en el que aparecen Álvaro Pérez y el constructor Enrique Bañuelos, según aparece en el sumario. "Jamás he hablado con nadie, ni con Bañuelos ni con Álvaro Pérez ni... Es un invento". La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, señaló que la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, debe "dar explicaciones convincentes" sobre el hecho de que su nombre se vea "vinculado a la trama Gürtel", después de que anteayer se levantara el secreto de sumario de este caso y "de acuerdo con las informaciones aparecidas en los medios de comunicación". 
El consejero de Economía ha sido el único que ha dado la cara tras el levantamiento del secreto sumario. Desde el 30 de marzo, cuando el presidente Francisco Camps presentó un acto en Castellón, no ha vuelto a tener agenda pública. Sus íntimos colaboradores confiesan que llevan "su agenda pública, pero no la privada". 
(www.elpais.com, 08/04/10) 
CANAL 9 HIZO 183 CONTRATOS VERBALES IRREGULARES PARA LA VISITA DEL PAPA 
Seis tomos, más de 5.000 folios, recogen la información aportada por José López Jaraba, director general de RTVV (Ràdio Televisió Valenciana) desde el pasado octubre al instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Madrid. Y uno de esos tomos tiene el detalle de 183 contratos verbales (más concretamente de las liquidaciones personales de tales acuerdos) para la visita del Papa en 2006 con asistentes de programas, coordinadoras de invitados, auxiliares de explotación, operadores de cámara, operadores de sonido, operadores de equipo, auxiliares administrativos, auxiliares de realización, conductores y especialistas en vestuario. 
Vicente Sanz, entonces responsable de recursos humanos y ahora destituido por su imputación por acoso sexual contra tres periodistas, realizó estos contratos irregulares, por poco habituales en la Administración. Eso costó al ente público 122.109,41 euros. Pagó entre 109 y 2.500 euros brutos por entre tres y nueve días de trabajo. Ni este dato ni otros tantos en relación con la visita del Papa se pusieron a disposición de sindicatos y del consejo de administración. Ni tampoco los casi tres millones de euros que pagó el ente a Overon, empresa encargada del traslado de la señal, sólo por alquiler de material y disposición de personal para el tráfico de la señal. 
Pedro García, en su condición de director general de RTVV, firmó en febrero de 2006 el convenio de colaboración con la fundación organizadora del V Encuentro Mundial de la Familia, cuyo máximo responsable era el obispo auxiliar Esteban Escudero Torres. En ese convenio, queda clara la exclusividad que gana RTVV en la emisión del evento y las obligaciones de dotar de todos los recursos materiales de última generación y humanos para cumplir el objetivo. 
Es ahí donde entra en escena la participación sorprendente de la empresa Teconsa. En abril de 2006, RTVV abre pliego de condiciones para la contratación urgente mediante procedimiento negociado del suministro en régimen de alquiler del equipamiento de pantallas de vídeo, sonido y megafonía. El 4 de mayo, de entre siete ofertas, RTVV escoge la de Teconsa, por casi siete millones de euros, cuyo 50% se abonaría a la misma firma del contrato; el 30% el 20 de junio de aquel 2006; y el 20% restante el 9 de julio siguiente mediante pagaré bancario con vencimiento 11 días después. Era la oferta más cara y, como señalaría después la Sindicatura de Comptes, objetivamente la de menor experiencia y menores garantías de ejecución satisfactoria. Teconsa es una constructora, no una empresa de imagen y sonido. De hecho, como consta en la memoria que Jaraba ha enviado al juez y en la que entonces remitió la empresa, su aval lo deposita en la solvencia acreditada por Sirius Showequipment y Crystal Sound. 
Esa contratación, sospechosa por la naturaleza de la empresa beneficiada, fue una decisión de José Llorca, entonces director de RTVV; de Juan Prefaci, entonces jefe de gabinete de Pedro García y ahora secretario general en funciones; Vicente Sanz, el ex secretario general destituido; Ricardo Calatayud, director económico financiero; Benjamín Íñiguez, jefe de la unidad de compras de RTVV; Encarna Pérez, representante de los servicios jurídicos, y Luis Sabater, a la sazón jefe del Departamento Técnico. 
Teconsa fue la adjudicataria de las obras de la variante de Olleros de Alba (León) bajo el mandato como consejero de José Manuel Fernández Santiago (PP), imputado en el caso Gürtel. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que esas obras tuvieron un sobrecoste del 23%. La sospecha sobre Teconsa es que repartió comisiones ilegales a políticos de parte de la trama de Correa. 
(www.elpais.com, 08/04/10) 
ONCE FACTURAS VINCULAN A EMPRESAS DE LA TRAMA CORRUPTA CON RTVV 
José López Jaraba, director general de RTVV, explica al juez en tres folios el detalle de la documentación que le remite. Entre esos papeles, 11 facturas de dos de las empresas de la trama corrupta: dos de Pasadena Viajes, SL; y nueve de Orange Market (como proveedor y cliente). Pasadena, agencia de viajes del grupo liderado por Francisco Correa, facturó a RTVV 66.000 euros por viajes de avión, hoteles y desplazamientos en relación con la visita del Papa en julio de 2006. Orange Market cobró 2.526 euros por el alquiler de 125 mesas vestidas, su montaje y traslado para el centro de llamadas instalado en el Palau de la Música; 7.158 euros como agencia anunciante para la Diputación de Castellón; 3.781 euros por idéntico concepto; otros 6.655 euros, 4.327,55 euros, y 4.201 euros son algunas de las cantidades que aparecen sólo por trabajos realizados en marzo de 2007, meses después de la visita del Papa. 
López Jaraba relaciona, además, cerca de 300 facturas vinculadas a la visita del Papa, que es por lo que le preguntó el magistrado de Madrid. Desde construcciones modulares a alquiler de vehículos, desde arrendamientos hoteleros a alquiler de azoteas en la avenida de Francia, desde grúas a tejidos e iluminación. Sin embargo, de Orange Market se aporta documentación residual, las únicas nueve facturas mencionadas, que, además, no corresponden al periodo de la visita del Papa, salvo la que recoge el alquiler, instalación y transporte de las mesas. 
Los documentos enviados por López Jaraba están validados con un sello fechado el pasado día 3 de septiembre y de cada uno se asegura que coincide en todo con el documento original y responden a las contrataciones realizadas por las dos sociedades dependientes de RTVV, es decir, Canal 9 y Ràdio Autonòmica Valenciana (RAV) respecto estrictamente de los días de visita del Papa, el 8 y 9 de julio de 2006. 
(www.elpais.com, 08/04/10)
EL GOBIERNO VALENCIANO, ENTRE EL COHECHO Y EL TRATO DE FAVOR 
La operación judicial ordenada el 6 de febrero de 2009 por el juez Baltasar Garzón contra la trama Gürtel de corrupción masiva vinculada al PP frustró un gran negocio que preparaba Álvaro Pérez, El Bigotes, con la connivencia del Gobierno valenciano de Francisco Camps. 
Se trataba de cobrar 20 millones de euros, a través de instituciones valencianas como la Feria, la Generalitat o la televisión autonómica, por organizar un año después los Grammy Latinos en Valencia, cuyo coste de producción estaba en torno a los 11 millones de euros. El Gobierno de Camps conoció y facilitó las gestiones de El Bigotes con los responsables de los Grammy, según prueba el sumario cuyo secreto levantó el pasado martes el juez Pedreira. 
La pieza de conversaciones grabadas a los dirigentes de la trama corrupta, correspondiente a los últimos días del mes de enero, previos a la detención de los cabecillas de la red, revela cómo el Ejecutivo valenciano dejó que El Bigotes negociase la celebración en sedes institucionales como la Feria y la Ciudad de las Artes y las Ciencias de los premios Grammy de 2010. 
El Bigotes habló en diciembre de 2008 con Correa sobre el negocio y ambos se pusieron de acuerdo para que los representantes de los Grammy no se vieran con los dirigentes del Gobierno valenciano porque entonces podrían negociar directamente con ellos y perderían una comisión millonaria. 
Por eso, cuando en enero El Bigotes se reunió con las personas que podían decidir celebrar los Grammy en Valencia tuvo esta conversación con Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat Valenciana: 
Álvaro Pérez. "Oye, perfecto todo, estamos sentándonos a comer ahora con Pedro, con Alberto Catalá, con Carlos de Vargas y conmigo". 
Rambla. "Sí". 
Álvaro. "Están como dios, están cautivados, el presidente ejecutivo de los Grammys, el presidente mundial ya conoce Valencia como ciudad, porque ha venido varias veces con su familia, con su mujer y con sus hijos". 
Rambla. "¿Estos en teoría esta tarde se van o cómo está eso?" 
Álvaro. "Sí, se van esta tarde". 
Rambla. "Entonces le digo eso al presidente y punto. Nosotros no hacemos nada más". 
Álvaro. "Sí, sí, nada más, que yo llamaré esta noche al presidente". 
Rambla. "¿Dónde les has llevado?" 
Álvaro. "A la Ciudad de las Artes y las Ciencias y a la Feria de Valencia, vale, que son los dos sitios donde se va a desarrollar el grueso de todo, vale". 
Rambla. "Vale, de acuerdo". 
El Bigotes charla después con Carlos de Vargas, director general de la Feria de Valencia, que le facilita el trabajo para lograr el contrato de Grammy. 
Carlos. "Tú me has oído al final un comentario: oye, yo estoy a disposición de este señor, que eras tú, que lo va a coordinar todo, que lo va a hacer todo y tal, con el fin de poderles hacer una oferta conjunta (...) Que tú les digas, yo tengo Feria de Valencia pero es que también tengo la Ciudad de las Ciencias". 
La connivencia de los altos cargos del Gobierno valenciano no paró ahí. Para el negocio, El Bigotes contaba con la ayuda de Pedro García, director general de la televisión valenciana, que hablaba en estos términos con Álvaro Pérez sobre el negocio: 
Pedro. "Yo he estado con Vicente [Rambla] y me ha preguntado (...) le dije que estamos en una primera fase y me dice, pero joder, eso va a costar mucha pasta y yo le dije, no lo sé Vicente, pero en cualquier caso, ahí lo que hay que hacer es contar con la colaboración de las instituciones, pues no sé, la tele, la Feria, la Generalitat, de tal manera que se pueda centrifugar..." 
Álvaro. "Claro". 
Pedro. "Pero es un castañón, hombre, y me dice, no, no desde luego y tal". 
Álvaro. "Yo llamaré después al presidente y se lo diré". 
Además de las pruebas de trato de favor que el sumario revela, en el Gobierno valenciano había más gente a la que la Fiscalía Anticorrupción consideraba autora de un delito de cohecho. A las imputaciones del presidente Francisco Camps y del entonces secretario general del PP y portavoz parlamentario, Ricardo Costa, por aceptar regalos de la trama corrupta en forma de trajes, hay que añadir a la actual presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, ex consejera de Turismo. La Fiscalía considera acreditado que recibió de la trama corrupta un reloj valorado en 2.400 euros y comprado en Joyerías Suárez en enero de 2006, cuando era consejera de Turismo.  
Unos días antes, su departamento había adjudicado el contrato para montar el pabellón valenciano en Fitur a Orange Market, la empresa que pagó el reloj de 2.400 euros. Anticorrupción sostiene en un escrito que se incluye en el sumario que el regalo se pudo haber hecho en función del cargo que ocupaba Martínez o por la realización de un acto relacionado con el ejercicio de su cargo, por lo que habría cometido un delito de cohecho. Sin embargo, Anticorrupción no solicitó su imputación porque el delito había prescrito seis meses antes. 
(www.elpais.com, 08/04/10)
RICARDO COSTA A EL BIGOTES: "SI ME DICES QUE PIERDES DINERO, ME JUEGO LAS PELOTAS POR TI" 
Conversaciones grabadas por la policía muestran la total complicidad entre la trama Gürtel de Valencia, encabezada por Álvaro Pérez, El Bigotes, y la cúpula del PP de esta comunidad. Son grabaciones reveladoras de que ni el actual vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, ni el destituido secretario general del PP en Valencia, Ricardo Costa, eran ajenos a los chanchullos que gravitan sobre las cuentas de los populares valencianos. 
El "amiguito del alma" del presidente Francisco Camps hacía y deshacía a su antojo. A juzgar por sus diálogos, El Bigotes se comportaba como el jefecillo del partido en la sombra. Entre los altos cargos infundía temor por si daba quejas de alguno de ellos a Camps. Su empresa, Orange Market, la sociedad cabecera del PP de Valencia, tenía una contabilidad A (la llamaban Alicante) y otra B (Barcelona) mediante la que ocultaba dinero que le llegaba de grandes empresas valencianas, muy favorecidas en contratas por el Gobierno de Camps, y con el que se financiaban actos privados del PP. Para camuflar pagos en dinero negro se hacían facturas a la carta, falsas. En el modo de elaborarlas intervenía, además de Costa, la tesorera del PP de Valencia, Yolanda García. 
El 4 de febrero del año pasado, El Bigotes telefoneó a Costa, tras mantener otras conversaciones con la tesorera sobre cómo debía prepararse la factura para hacer un pago a Orange Market. 
Álvaro Pérez. Oye, Costa, necesito el talón antes de las tres, tío.
Costa. Pero, oye, Álvaro, lo que necesito yo es compensar el talón con la primera factura que no está anulada y hacer una nueva. 
A. P. Pero tío, eso se puede hacer mañana (...) Necesito ingresar, la empresa no tiene un puto duro. 
Costa. Me tienes que emitir una nueva factura y no la que le diste a Yolanda el otro día (...) ¿Qué pasaría si lo metes mañana?, porque si me dices chico, es que pierdo no sé cuanto dinero, me juego las pelotas por ti. 
El 31 de enero de 2009, antes de esta conversación, Costa comenta con el El Bigotes que un periodista le ha fotografiado en el concesionario mientras él veía un coche de lujo, un Infiniti, que finalmente adquirió. Costa, que ha asegurado que ese coche lo pagó de su bolsillo, aprovecha para decirle a El Bigotes que tiene para él una "buena noticia". Le anticipa que le están preparando el talón antes citado "para la próxima semana". Se refieren a unos 100.000 euros. 
A. P. Vale, tío, vale, vale 
Costa. Sí, porque llamó Campos [Víctor, ex vicepresidente de Valencia], y que puede ser que eso lo tenga, y yo le dije que todo para ti (...) Ya te contaré macho, porque ahora Esteban [González Pons] me salta a mí para hacer sus cosas parlamentarias y se va a hablar con él. 
A. P. ¡Qué cabrón! Te voy a enseñar un documento que me dieron ayer, que si te parece bien, se lo voy a mandar al presidente. 
Costa. Vale, el lunes te llamo. 
El 2 de febrero de 2009, en una conversación entre Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, y El Bigotes sale a relucir la conversación con Costa sobre el Infinti. 
Pablo Crespo. ¿Hablasteis de lo del coche? 
A. P. Sí, eso es un periodista que le siguió, tío. 
P. C. Pues fíjate tú, macho, qué peligro. Tienes que tener tu cuidado, eh, a ver si te andan detrás también. 
(www.elpais.com, 08/04/10) 
"SE LO COMPRÉ A LA HIJA DE PUTA DE LA PERLA. ¿NO SE LO VOY A COMPRAR A ESTA?" 
La ex consejera de Turismo, Milagrosa Martínez, ahora presidenta de las Cortes valencianas, cometió un delito de cohecho, según la Fiscalía Anticorrupción, al haber obtenido un regalo de Orange Market (la empresa de la trama Gürtel dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes), a la que adjudicó los contratos del pabellón de la Feria de Turismo (Fitur) de 2005 a 2007. 
Martínez estuvo al frente de este departamento entre agosto de 2004 y junio de 2007, ocupando asimismo el cargo de presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo, que era el organismo del que dependía la contratación del pabellón de la Consejería de Turismo. Orange Market se adjudicó asimismo los contratos de las ediciones de 2008 y 2009, siendo ya consejera de Turismo Angélica Such, ahora responsable de la Consejería de Bienestar Social. 
El 3 de enero de 2009, en una conversación telefónica mantenida entre Álvaro Pérez y Cándido Herrero, contable de Orange Market, El Bigotes reconoce haber comprado un reloj a La Perla, apelativo por el que es conocida la actual presidenta de las Cortes Valencianas, por usar esa expresión coloquial de forma constante para designar a sus interlocutores. En esa conversación, Pérez indica a Herrero: "Y luego tenemos que comprar un reloj a la consejera de, porque se lo compré a la hija de puta de la Perla, ¿no se lo voy a comprar a la de ahora, a la de Turismo [en referencia a Such]...?". 
En uno de los archivos informáticos intervenidos por la fiscalía en los registros a Orange Market, el 6 de febrero de 2009, se reflejan distintas anotaciones referidas a regalos de Navidad y Reyes realizados por la empresa entre diciembre de 2005 y enero de 2006. Uno de ellos hace referencia a un reloj de marca Hublot, adquirido en la Joyería Suárez para Milagrosa Martínez, por el que Orange Market pagó 2.400 euros. La joyería aportó a la fiscalía una factura emitida a nombre de la empresa con fecha de 9 de enero de 2006, coincidente con el apunte. 
Según la fiscalía, el regalo a Milagrosa Martínez se habría entregado "en consideración a su función o por la realización de un acto relacionado con el ejercicio de su cargo", por lo que puede ser constitutivo de un delito de cohecho sancionado en los artículos 425 o 426 del Código Penal. 
El problema es que la fiscalía accedió a estos datos en febrero de 2009, y, según la pena prevista, tipificada en los artículos 425 y 426, el delito habría prescrito a los tres años de la comisión, es decir, en enero de ese mismo año, apenas un mes antes. No obstante, la fiscalía considera que existían suficientes pruebas para la comisión del delito y la sombra del cohecho se proyecta sobre la presidencia de la Cortes Valencianas, cargo que ocupa en la actualidad. Martínez no quiso ayer hacer ningún comentario sobre el asunto. 
La relación del departamento que ocupaba Martínez con la trama no se circunscribía a la consejera. También su ex jefe de gabinete, Rafael Betoret, fue obsequiado junto a otros cargos con trajes del sastre José Tomás por El Bigotes. 
(www.elpais.com, 08/04/10)
EL SUMARIO APORTA NUEVAS PRUEBAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP CON PAGOS DE CONTRATISTAS DEL CONSELL 
Los 50.000 folios del sumario Gürtel que instruye el juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira y que ayer fueron desclasificados aportan nuevos datos contables que revelan una presunta financiación ilegal del PP valenciano, en la etapa de Francisco Camps al mando del partido. La caja B central de la trama en el piso de la calle Serrano de Madrid se nutrió, básicamente, de la factoría Orange Market, cuyos principales afluentes de negocio fueron el Consell (casi diez millones de euros) y la formación popular. La mayoría del dinero negro que exportó Álvaro Pérez «El Bigotes» a Madrid —unos 6,3 millones de euros— se generó a cuenta de actos del partido, especialmente las campañas electorales de 2007 y 2008. Rastros los hay por docenas en la doble contabilidad que escrupulosamente llevaba la trama y que fue incautada tanto en el pendrive del contable José Luis Izquierdo, como en los apuntes encriptados del piso de seguridad de la calle Martínez Campos y en las oficinas de Orange Market.  
En el sumario del TSJ se confirman los indicios ya revelados en el informe de la Brigada de Blanqueo de la Udef sobre financiación ilegal del PP y refrendados al alza por otro de la misma unidad de la policía judicial elaborado el pasado mes de enero. «Existe un sistema de doble facturación y de financiación irregular» de los actos montados por la trama al PP. Así de crudo lo expresa el sumario, que añade: «Por un lado, se contabiliza de forma formal la parte del acto del que se emite factura, y por otro, se contabiliza en paralelo de forma interna la parte del acto del que no se emite factura». Ese esquema al margen de la ley «tenía una persistencia en el tiempo, suponiendo una actuación sistemática en las relaciones que mantenía la organización con la formación política». Es en las facturas de Orange Market donde los eventos y el cemento se cruzan en el mapa valenciano Gürtel en el que, al contrario que en Madrid, siguen sin aparecer comisiones a políticos por concesiones urbanísticas. Las contratistas de obra pública de la Generalitat Sedesa, Lubasa, Enrique Ortiz, Facsa y la consultora PIAF no ingresaron, según el sumario, un euro en la cuenta corriente del PP valenciano, pero hicieron frente al pago de facturas por supuestos servicios prestados por la empresa de El Bigotes, pero que realmente obedecía a deudas contraídas por el PP con Orange Market. Los citados empresarios veían compensadas con creces sus aportaciones a través de contratos de la Generalitat.  
En los cuatro años de fiebre Gürtel (2005-2009), esas empresas recibieron, solas o en UTE, casi 850 millones de euros en adjudicaciones, de los que 539 millones corresponden a Sedesa. Enrique Ortiz, rey de la construcción en Alicante, se llevó en esos años 205 millones, mientras que Facsa recibió casi 14 millones. A la castellonense Lubasa le otorgaron 77 millones en contratos. A finales de 2007, pasada la campaña de las autonómicas y municipales, en uno de los documentos «Barcelona. xls» —que registraba la deuda comprometida para ser pagada fuera del circuito oficial y evitar así saltarse el tope legal de gastos electorales— se registraba una deuda en negro de casi 2,2 millones. En dinero legal, el PP valenciano tenía pendiente de pago 1,1 millones. Los compromisos con Álvaro Pérez los negoció éste con el entonces secretario general del partido Ricardo Costa, quien, según las pesquisas policiales y judiciales era el «canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero, según se desprende de las conversaciones telefónicas». Con su forma de actuar «da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica del partido».
Que todos arrimen el hombro
Para poder ir saldando las deudas, el dirigente popular y especialmente el El Bigotes insistieron en exigir al Consell, sobre todo a Presidencia y a Vicente Rambla, que abriera al máximo el grifo de los contratos a empresas de la trama. Paralelamente, se remitieron hasta varios «emails» en los que las firmas de Correa pedían a sus contables que cambiaran los conceptos de las facturas y el nombre de los clientes para incluir, donde ponía PP, a los empresarios.  
Es el caso, por ejemplo, de una factura de 84.100 euros que le endosaron a Enrique Ortiz el 1 de abril de 2008. Empresas del grupo que dirige Vicente Cotino Escrivá —sobrino del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino— hicieron frente a pagos por 130.000 euros a nombre de la matriz Sedesa Obras y Servicios y hasta de la Fundación Sedesa. Enrique Gimeno, dueño de Facsa, abonó 200.000 euros, que constan en «Financiación Barcelona» y, en ese mismo 2007, Enrique Ortiz afrontó otros 100.000 euros, según la contabilidad B. Lubasa asumió 50.000 euros. En torno a 600.000, están registrados en facturas por supuestos servicios prestados por Orange Market a las constructoras —por ejemplo hay una a Enrique Ortiz por diseñarle un pabellón en la feria Urbe— que realmente era pago de deuda B contraída por el PP con El Bigotes, el recaudador de Gürtel en Valencia. 
(www.levante-emv.com, 07/04/10) 
MENSAJE A EL BIGOTES EL DÍA QUE ESTALLÓ GÜRTEL: ´CONTAD CON LA FAMILIA COTINO PARA LO QUE SEA´  
Aunque las frases impactan por sí solas, el contexto aumenta su valor. Es viernes, 6 de febrero de 2009. Agentes de la Policía Judicial registran los despachos de Orange Market en Valencia, Marbella y Sotogrande. Álvaro Pérez, El Bigotes, se ve por primera vez acorralado por la Justicia. Los policías enviados por el juez Garzón le han dado, en sus propias palabras, "el susto más grande de mi puta vida". Alvarito necesita aliento. Y según revelan las escuchas telefónicas que contiene el sumario del caso Gürtel destapado ayer, el apoyo lo encuentra ese día en la plana mayor de la Generalitat, del PP valenciano y de RTVV. 
El más rápido en llamarle es, a las 15.45 horas, el entonces vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos. Según la transcripción de la llamada, Álvaro le agradece que sea "siempre" "el primero" en llamarle y le dice que es un "campeón". En ese momento todavía hay "tres inspectores judiciales acabando de grabar los discos duros de los ordenadores" en su oficina de la calle Conde de Salvatierra. Víctor Campos no sabe qué decirle. Álvaro, comprensivo, le responde que "tranquilo", que ya ha hecho "bastante" con el gesto de su llamada. 
Seis minutos más tarde, a las 15.51, El Bigotes recibe la llamada de David Serra, vicesecretario de Organización del PP valenciano. Alvarito se sincera y le confiesa a Serra que le han dado "el disgusto más grande" de su vida. El dirigente popular no se arruga y le comunica que le tiene "para lo que quiera, como siempre". Y su teléfono, "abierto a la hora que quiera".  
Agradecido por el apoyo, Álvaro Pérez cuelga el aparato. Por pocos tiempo. Tres minutos después, a las 15.54, El Bigotes recibe la llamada de Pedro García, en ese momento director general de RTVV. El jefe de la televisión autonómica intenta hacerle a Alvarito una lectura política de lo sucedido. "Que haya sido Garzón el que haya actuado, eso tiene un trasfondo político del carajo", afirma García. El Bigotes no está para debates de fondo y se muestra rotundo en una idea: "Me han jodido la vida". En esa llamada, el hombre de Francisco Correa en Valencia le indica a Pedro García que tranquilice de su parte a Ricardo Costa, el secretario general del PP valenciano. "Pero sobre todo -le encarga Álvaro- dile a Vicente [Rambla] una cosa: que esté rigurosamente tranquilo su jefe, que no tengo nada que esconder".No es necesaria la mediación de terceros. Un cuarto de hora después, a las 16.34 horas, en su móvil suena la voz del vicepresidente autonómico Vicente Rambla.  
Sólo le llama, según recogen las transcripciones telefónicas, "para decirle que esté tranquilo porque sabe que todo lo ha hecho bien, no tiene que preocuparse de nada y que lo único es que tiene hoy un problema y tendrá que aguantar unos días de lío, pero que esté tranquilo". Antes de colgar, Rambla abre su lado más humano a Alvarito y le dice que "de esta historia, lo único que le preocupa es que personalmente esté bien y tranquilo".
El mensaje más íntimo 
Avanza la tarde del día 6. Álvaro habla también con José Oneto, Pepechu, Machan y Merche. Pero es a las 20.34 horas cuando El Bigotes recibe en su teléfono móvil el mensaje más íntimo y quizá reconfortante de toda la tarde procedente de las altas esferas. Según el sumario revelado ayer, el mensaje procede de la "Familia Cotino", sin más especificaciones. El SMS dirigido a Álvaro Pérez dice lo siguiente: "Estamos un poco alarmados por las noticias. Esperemos que quede en nada. Contad con la familia Cotino para lo que sea. Un besazo". Entonces, Juan Cotino -actual vicepresidente del Consell- era conseller de Bienestar Social y recibió un chaquetón de Milano (375 euros) de parte de la trama Gürtel.  
Su sobrino Vicente Cotino Escribá, presidente de la constructora Grupo Sedesa, estaba en tratos con Álvaro Pérez en aquellos mismos días. Ambos mantenían un relación estrecha. Con ese mensaje de la familia Cotino acaba el fatídico día 6 para Alvarito. 
Al día siguiente es Ricardo Costa quien le llama. Quiere verlo un día después. "Porque yo el lunes me voy a poner ante las cámaras y (ininteligible) lo que voy a decir", le dice Costa. Así acaba el primer calvario de El Bigotes: arropado por el Consell, el PP y RTVV.
(www.levante-emv.com, 07/04/10)
LOS PAPELES DE 'EL BIGOTES' REVELAN EL GASTO ELECTORAL IRREGULAR DEL PP 
Los documentos incautados por orden judicial en la sede de Orange Market en Valencia en febrero de 2009 revelan la financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana y el exceso de gastos en campaña electoral sobre cualquier tope legal. Más aún, el sumario que ayer hizo público el juez Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, expone ciertos resultados al cotejar documentos incautados a empresas de la red de Francisco Correa en Madrid y Valencia: "Existen elementos de carácter objetivo que permiten definir al conjunto de personas vinculado al entramado empresarial creado por Francisco Correa como una organización de carácter delictivo dedicada a la comisión de los delitos de corrupción y otros conexos en el ámbito de las Administraciones Públicas y al posterior blanqueo de capitales". 
El sumario apunta "la estrecha relación" que mantiene Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market, con personas del PP de la Comunidad Valenciana como Ricardo Costa, entonces secretario general; David Serra, vicesecretario de Organización; Yolanda García, tesorera del PP; Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat; y Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat. 
Al exponer los resultados de la investigación relativa a Orange Market, el sumario apunta que la empresa "presta servicios fundamentalmente al PP y a diferentes organismos de la comunidad autónoma" y que "la facturación al PP es dual", una contra factura bajo el epígrafe Alicante y otra sin reflejo contable ni factura bajo el epígrafe Barcelona. 
Tan oculta estaba la facturación de Orange Market al PP valenciano, que el partido no tuvo empacho en declarar a la Sindicatura de Comptes unos gastos electorales correspondientes a la campaña de las autonómicas de 2007 de poco más de un millón de euros, un ligero exceso sobre el tope de gasto legal que la Sindicatura asume como una desviación menor. Según la versión oficial, que también recoge el sumario, Orange Market habría cobrado 175.000 euros de ese total. 
La realidad fue muy distinta y deja en evidencia al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Sólo Orange Market facturó 2,2 millones de euros al PP en 2007: 471.699 euros en concepto de "actos de partido" y más de 1,7 millones de euros por "comunicación partido". 
2Los investigadores constatan que la contabilidad incautada en la sede de Orange Market y correspondiente al ejercicio de 2007 bajo el epígrafe Barcelona "se corresponde con apuntes localizados en el archivo caja B Orange del pendrive intervenido a José Luis Izquierdo López", el contable de todo el entramado empresarial de Correa al que se incautó la información en la sede central de la calle de Serrano, en Madrid. 
La contabilidad de El Bigotes pone de manifiesto que los dineros se movían con más alegría bajo el epígrafe Barcelona que bajo el epígrafe Alicante. 
El archivo de pagos constata que Orange Market ingresó contrafacturas con IVA 348.000 euros en el concepto de comunicación de partido y otros 175.000 por actos de partido. En total, 523.000 euros con IVA incluido. 
En el epígrafe Barcelona, sin embargo, los cobros se amontonan sin distinción y se elevan a 1,3 millones de euros. 
Quedan 404.322 euros pendientes de cobro que la contabilidad de Orange Market asigna como "pendiente total de cobro RC". Los investigadores identifican las iniciales con la persona de Ricardo Costa, entonces secretario general del PP de la Comunidad Valenciana. 
La misma hoja de contabilidad depara una sorpresa cuando apunta "cobros aplazados septiembre" por una cantidad total de 1,2 millones de euros e indica "deuda VR" en un apunte que suma 476.418 euros. Los investigadores apuntan directamente a Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat y responsable de la Consejería de Presidencia en 2007. 
"Las siglas RC y VR que aparecen en los totales de cobro se podrían corresponder con las iniciales de las personas que según conversaciones telefónicas serían las encargadas de la gestión financiera del partido, Ricardo Costa y Vicente Rambla". 
Las facturas pendientes que se atribuyen a Vicente Rambla se vinculan con contratos de comunicación, desde vallas publicitarias hasta anuncios en prensa o en autobuses metropolitanos. El seguimiento de la contabilidad permite concluir que empresas como Facsa o Piaf asumieron parte de los gastos pendientes señalados como VR. 
El apartado de la contabilidad de Orange Market que se dedica a los alcaldes pone de manifiesto la íntima relación de Álvaro Pérez con toda la organización del PP de la Comunidad Valenciana. La empresa trabajó en 2007 para el PP en Vila-real, Paterna, Gandia, Sagunto, Mislata, Sueca, Ontinyent, Elche, Teulada, Quart de Poblet, Silla, Xirivella, Elda o Benicarló. 
Orange Market responde a una estructura societaria diseñada para el blanqueo de capitales: "Pertenece a una sociedad ubicada en el Reino Unido, la cual es filial de otra establecida en la isla de Nevis", un paraíso fiscal en las Antillas. 
Canal 9 dedicó anoche un minuto a informar sobre el levantamiento del sumario del caso Gürtel. No lo destacó en los titulares y puso toda la atención en Luis Bárcenas, senador y tesorero de la estructura estatal del PP. 
(www.elpais.com, 07/04/10)
LA MUJER DE CAMPS A EL BIGOTES: "LA CAJA TIENE UNA PINTA... ME TUMBA LOS REYES" 
El asunto de los regalos recibidos por el Gobierno valenciano de la red Gürtel, que aún no ha sido explicado públicamente por Francisco Camps, fue muy polémico en la Comunidad Valenciana. Nuevas conversaciones que están en la parte del sumario desvelada ayer demuestran el gran nivel de intimidad que Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de Orange Market, alcanzó no sólo con Camps, sino con su esposa. La siguiente conversación entre Pérez e Isabel Bas se produce el 5 de enero de 2009. 
Álvaro: "Te tengo que mandar un manual de instrucciones, que soy un llorón. Tú no me pongas mensajes ni hostias y menos tan bonitos, que no se puede". 
Isabel: "No te puedes imaginar la expectación que hay...". 
Álvaro: "Vale, vale". 
Isabel: "Ha llegado a mediodía, y entonces los niños querían abrirlo, y no, que no estaba Paco, y entonces me he venido aquí y cuando ha llegado Paco, están como locos". 
Álvaro: "No, no. Esta noche, esta noche es lo bonito". 
Isabel: "Hay un ambiente y claro...". 
Álvaro: "Bien, bien". 
Isabel: "La caja tiene una pinta...". 
Álvaro: "Ya me conoces". 
Isabel: "Me va a tumbar los Reyes". 
Álvaro: "Lo que más ilusión me ha hecho es lo de las chicas, o sea, el tuyo y el de tu hija". 
Isabel: "¿Sí?". 
Álvaro: "Vale, ¿y el de tu hija? Dile a tu hija que el de ella es el más especial de todos porque he hecho para la gente que quiero mucho, que son poquitos, he hecho, lo he diseñado yo... Pero el de tu hija es diferente a todos los demás, ¿vale? Por una razón que ya te explicaré, ¿vale? Pero está diseñado por mí, ¿vale?". 
Isabel. "Vale. Vale, pero de verdad te lo digo que el mensaje es cierto". 
Álvaro: "Bien, bien". 
La conversación es previa a otra en la que la esposa de Camps hablaba con El Bigotes para agradecerle el regalo. Fuentes de la Generalitat señalan que el presidente devuelve todos los regalos "de alto valor". 
Después de que el 24 de diciembre de 2008 Camps llamara "amiguito del alma" a Pérez, el 7 de enero de 2009, Camps y Pérez hablan de los regalos. 
Á. "¿Has leído mi tarjetón?". 
C. "Muchísimas gracias, ¿eh?". 
Á. "Bueno, escucha, tu... ¿Has leído mi tarjetón?". 
C. "Sí, sí, sí...". 
Á. "Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo...". 
C. "No, no, nada". 
Á. "Sí, sí, sí". 
C. "Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito". 
Camps le pasa a su esposa. 
Isabel. "Álvaro". 
Álvaro. "Hola". 
Isabel. "Con el mío te has pasado 20 pueblos". 
Á. "¿Qué dices?". 
I. "Que sí". 
Á. "Si es un... si es un detallito, hazme caso". 
I. "Un detallito, ja, ja, ja". 
Á. "Qué dices...". 
I. "Bueno, no, eso lo tenemos que hablar, ¿eh?". 
Á. "Bueno, vale, va. Lo hablamos cuando tú quieras". 
La conversación concluye con la esposa de Camps diciendo que no se va a quedar el regalo más caro, pero el de la niña sí lo acepta, aunque la pulsera le queda pequeña. 
(www.elpais.com, 07/04/10)
A LA MUJER DE RAMBLA: "TENGO UN DETALLE PARA TI SOLITA" 
El 8 de enero de 2009, Álvaro Pérez, El Bigotes, mantuvo una conversación telefónica con la mujer de Vicente Rambla, vicepresidente valenciano: 
Álvaro: "Creo que al final voy a convencer a tu marido y nos vamos a ver este fin de semana". 
Pilar (mujer de Vicente Rambla): "Sí, sí, creo que sí, me ha dicho que el domingo quedaríamos juntos con los niños". 
Álvaro: "Yo tengo una cosa para ti y otra cosa para Vicente. Para Vicente le he puesto carbón sobre todo, pero luego tengo, el domingo le daré a tu hija y a tu hijo un regalo, porque he hecho un regalo muy especial para los hijos de la gente que quiero, ¿vale?". 
Pilar. "Ah, mira, qué bonito". 
Álvaro: "Vale, pero a mí no me importa darle lo de tu hija y lo de Vicentito, dároslo el domingo, delante de Pedro y de Lourdes, no me importa, pero tengo un detalle para ti que no te lo quiero dar delante de nadie, te lo quiero dar a ti solita". 
Pilar: "Vale". 
LA ESPOSA DE CAMPOS: "TE HAS PASADO UNA PASADA DEL 5.000" 
La relación que Álvaro Pérez, El Bigotes, mantenía con la esposa del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, no era muy distinta a la que logró con Paz, la mujer de su vicepresidente, Víctor Campos, que también fue imputado por recibir trajes. Este intercambio es del 15 de enero de 2009. 
Paz: "¿Don Álvaro Pérez?" 
Álvaro: "Sí, soy yo". 
Paz: "¿Qué pasa, Alvarito? Muchas gracias por todos los regalos, te has pasado una pasada del 5000". 
Álvaro: "¿Las niñas qué dicen?" 
Paz: "Bueno, las niñas están flipadas". 
Álvaro: "¿Sí?" 
Paz: "Dicen: ¿puede ser nuestro tío éste?" 
Álvaro: "Diles que lo he hecho de corazón". 
Paz: "Qué bueno, oye, te has pegado una pasada". 
Álvaro: "La semana que viene o la siguiente ya te avisaré, nos vamos a comer tú y yo, en petit comité y te doy una cosa que es realmente el regalo de la pequeña, porque quiero que lo tenga la pequeña, es una cosa muy especial, pero no me la han tenido preparada a tiempo". 
Paz: "Qué fuerte eres, eres muy fuerte". 
Álvaro: "¿Te ha gustado tu reloj?" 
Paz: "Me ha encantado". 
(www.elpais.com, 07/04/10)
LA FISCALÍA PIDE IMPUTAR A CINCO EMPRESARIOS POR FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO 
La Fiscalía Anticorrupción quiere ampliar la lista de imputados . Y pretende hacerlo con empresarios valencianos que han efectuado pagos supuestamente irregulares al PP que preside Francisco Camps. El ministerio público, tras la investigación realizada por la brigada policial especializada en delitos económicos y blanqueo de capitales, insta al juez instructor a que cite a declarar, en calidad de imputados, a una empleada de Orange Market (la empresa de la trama dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes , en Valencia); a Enrique Tomás Ortiz Selfa, administrador único de la empresa Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA; a Enrique Gimeno Escrig, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, FACSA; a Vicente Cotino Escrivá, sobrino del vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana, Juan Cotino, de la empresa Sedesa; Luis Batalla Romero, de la constructora Lubasa; y Antonio Pons Dols, presidente de PIAF, SL. 
Estos empresarios aparecen en distintos momentos del sumario como clientes de Orange Market, clientes que servían, además, para pagar algunos de los servicios que la mercantil que Francisco Correa tuvo en Valencia realizó para el PP. De hecho, los informes policiales que incorpora el sumario relativos a la contabilidad de Orange Market revelan una serie de correos electrónicos con instrucciones para modificar facturas. El 20 de diciembre de 2007, un correo electrónico instruye cambios: "La factura 118 estaba como cliente PPCV, cambiar el cliente a Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA. El importe sigue siendo 31.784 euros". Una segunda factura se modifica también del PPCV (Partido Popular de la Comunidad Valenciana) a Ortiz e Hijos. El texto sigue: "Cambia el cliente (era el PP Castellón) Tiene que poner FACSA. Cambia el importe: era de 14.190 euros y tiene que ser base imponible 55.369, 16% de IVA, 8.859, Total: 79.953". 
El sumario recuerda en otro punto que Enrique Ortiz e Hijos ha sido adjudicatario de obras de "distintas entidades públicas de la Comunidad Valenciana por un valor de 205 millones de euros" entre 2005 y 2008. Y que FACSA se adjudicó obras por 13,8 millones de euros entre 2005 y 2009. 
Otros documentos garabateados a mano revelan el baile de facturas. Bajo el epígrafe Corregir en ordenador, el texto reza, por ejemplo: "Factura 63, factura física y contabilizada está con el proveedor PIAF (número de cliente 29). Concepto vallas publicitarias. Importe con IVA 26.912 euros". 
Contra varios de estos empresarios se querelló el Grupo Socialista, y el Tribunal Superior de Justicia desestimó actuar porque lo estaba investigando el Tribunal Superior de Madrid. 
(www.elpais.com, 07/04/10)
EL SUMARIO RECOGE PRUEBAS DE LA POSIBLE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO
El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha dedicado un tomo de su sumario del caso Gürtel a desglosar la presunta financiación ilegal del PP Valenciano. Según la documentación recogida en el tomo número 60, los populares valencianos pagaron en dinero negro hasta 6,3 millones de euros por actos electorales del partido. Pedreira ha recopilado las facturas de Orange Market, terminal corrupta dirigida por Álvaro Pérez El Bigotes, que demuestran una supuesta financiación ilícita del PP a través de cinco contratistas de la Generalitat: Sedesa, Lubasa, Ortiz e Hijos FACSA y Piaf. Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras habría sido identificado, además, como el empresario “de las galletas” que hizo facturas falsas al PP.
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La propia Generalitat de Francisco Camps admitió el pasado 12 de junio, ante un requerimiento judicial, que había contratado a siete empresas Gürtel.

Siete contratistas Gürtel
Además de los 7 millones otorgados a Orange Market, empresa carente de cualquier experiencia previa al haberse creado ex profeso como un tentáculo de la red en Valencia, el Ejecutivo de Camps repartió adjudicaciones por un monto superior a los 305.000 euros entre Down Town, Easy Concept, Servimadrid, Diseño Asimétrico, TCM, Boomerang Drive y Rialgreen, recoge El País.

Cuentas ilegales
Pero éste no es el único resultado de la investigación en relación a la presunta financiación ilegal del PP valenciano, un extremo rechazado el verano pasado por el TSJV del más que amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa. El pasado 10 de enero, la Brigada de Blanqueo de Capitales emitió un informe en el que identifica a una de las empresas que supuestamente financió al grupo. Lo hace a partir de una conversación intervenida entre dirigentes políticos y empresarios en la que se dice que “está previsto que le presentéis al de las galletas la factura igual que la otra”. Para los peritos, los interlocutores están hablando de los empresarios que financiaban al partido a partir “de facturación falsa al PP de la Comunidad Valenciana”.

El empresario “de las galletas”
En este sentido, la Policía ha identificado al famoso empresario “de las galletas”. “De la misma se desprende una identificación entre el apelativo el de las galletas y como uno de los financiadotes de los actos, y en concreto con Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras”. Los agentes hacen, además, una advertencia sobre futuras vías de investigación, señalando de que el análisis de la información recopilada se “encuentra en curso y por tanto las informaciones aportadas en el informe no se agotan en los documentos expuestos sino que pueden ser completadas con nuevos datos derivados del examen del conjunto de documentos existentes”.

Facturación dual
Según el diario Público, el sumario de Pedreira es muy comprometedor para el PP valenciano al entender que hay pruebas de la vinculación directa de la trama con responsables del partido y órganos de Gobierno de la Comunitat. El magistrado cita los pagos en negro del partido, pero además aborda “la facturación dual” de Orange Market al Partido Popular. Las filiales corruptas registraron los actos ejecutados por partida doble: “una real” plasmada en la factura formal, IVA incluido, y otra parte equivalente a los cobros fuera de factura sin tasas impositivas. En su contabilidad, la red denominaba facturación Alicante a la real –en referencia al dinero A- y facturación Barcelona a la opaca –por dinero B-. Según Pedreira, para pagar la deuda A Orange Market cambió los nombres del cliente, “que pasa de ser el PP de la Comunidad Valenciana o el PP de Castellón” a ser una de las cinco empresas citadas.

“Financiación irregular”
Por si quedaban dudas, el juez asegura literalmente que “existe una financiación” de actos del PP regional por parte de los empresarios citados, con donaciones que no pasan por las cuentas o la fiscalidad del partido. Todos estos donantes tenían, además, contratos con la Generalitat. En este apartado, el sumario cita al ex secretario general del PP Valenciano, Ricardo Costa, quien “actúa como canalizador de los pagos con fonos ajenos al sistema financiero (…). Esta formación de actuación da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación”. El juez habla, sin andamiajes, de “financiación irregular”.

“No me pongas mensajitos tan bonitos”
Dejando de lado el tema de la financiación ilegal de los populares valencianos, el sumario citado también recoge mucha información sobre los regalos otorgados por la Gürtel al mismo presidente Camps. Tal y como cuenta El Mundo, en la víspera de Reyes de 2009 El Bigotes envió una caja con buena “pinta” a casa del político, donde “están como locos” con el obsequio. El Bigotes e Isabel, la mujer de Camps, mantuvieron una conversación telefónica interceptada por la Policía en la que el primero agradece a la segunda un emotivo mensaje previo. “Te tengo que mandar un manual de instrucciones que soy un llorón. Tú no me pongas mensajitos ni ostias, y menos tan bonitos que no se puede”, dice Álvaro Pérez.

Los Camps, “como locos”
Isabel le corresponde contándole la emoción de sus hijos al ver los regalos. “No te puedes imaginar la expectación que hay”, “están como locos”, “me vas a tumbar los Reyes”, dice. El Bigotes por su parte presume de haber diseñado el regalo de la niña, el que más ilusión le ha hecho junto al de la propia Isabel. “Vale, pero de verdad, te lo digo, que el mensaje es cierto”, concluye la mujer de Camps. Dos días después tuvo lugar la famosa conversación del “te quiero mucho” “amiguito del alma” entre Camps y El Bigotes, recuerda El Mundo.

El iPhone de Ric
Además de trabajarse al matrimonio presidencial, Álvaro Pérez se esforzaba con el propio Ric –Ricardo Costa-, y así consta en una conversación sobre “el iPhone de Ricardo”. En ella, la secretaria de El Bigotes pregunta a su jefe si ya tiene el aparato, y éste contesta “Estoy en ello Ana, estoy en ello. Es que no me quiero gastar 1.000 euros, es que cuesta 800 libre”. “Voy a ver si lo saco por 200, pero si no, tendré que gastarme los 1.000, ¿vale?”, añade. Costa, como había quedado patente en conversaciones que ya habían salido a la luz, era uno de los mimados de la red. El Bigotes llegó a asegurar que le querría aunque fuese "un pobre de pedir".
www.elplural.com 06.04.10
FABRA, BARBERÁ, 8 CONSELLERS, Y LOS PADRES, SUEGROS E HIJOS DE CAMPS RECIBIERON REGALOS DE LA TRAMA
Ocho consellers del Gobierno valenciano presidido por Francisco Camps, altos cargos como Rita Barberá, Carlos Fabra, Ricardo Costa y Adela Pedrosa y varios miembros de los gabinetes de prensa de la Administración autonómica recibieron decenas de regalos por parte de los cabecillas de la trama Gürtel.
Según ha desvelado el diario El Mundo, la empresa Orange Market enviaba todas las Navidades decenas de obsequios a los máximos dirigentes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.

Los conselleres obsequiados
Entre los consellers citados en la investigación judicial aparecen el actual titular de Industria y vicepresidente primero del Ejecutivo de Camps, Vicente Rambla; el portavoz popular en Cortes y titular de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco; el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora; y los responsables de Sanidad, Bienestar Social, Turismo y Justicia.

Los altos cargos premiados
En cuanto a los altos cargos, destacan la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que recibió un bolso, el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, obsequiado con un reloj, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra y la ex secretaria general del PPCV, Adela Pedrosa.

Los familiares de Camps premiados
Según se desprende del sumario, los padres, suegros de Francisco Camps, también recibieron como obsequio una manta por parte de la trama encabezada por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes. Para la mujer de Camps, los cabecillas de la Gürtel escogieron un bolso de Loewe de 750 euros. Para sus hijos, juegos de Sony y una maleta.

Los mejores regalos
El regalo más caro fue para la consejera de Turismo, Milagrosa Martínez, la que le daba adjudicaciones de Fitur, a quien le obsequiaron con un reloj de 2.400 euros. A Ricardo Costa le regalaron una maleta de Loewe de 1.130 euros y a Juan Cotino, un chaqueton de Milano, informa la Cadena SER.
www.elplural.com 06.04.10
CANAL 9 PAGÓ 100.000 EUROS A LA FIRMA QUE DIO LAS COMISIONES A LA RED GÜRTEL POR LA VISITA DEL PAPA 
Diez días antes de la visita del Papa a Valencia, en julio de 2006, la firma sevillana Apogee Telecomunicaciones SL entregó 957.300 euros en comisiones a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel. Era el presunto pago de favores por la intermediación de Francisco Correa ante el entonces director general de RTVV, Pedro García, para que la radiotelevisión pública le otorgara una parte del pastel del negocio audiovisual que generó el viaje de Benedicto XVI. El montaje del dispositivo de vídeo y audio de los actos del V Encuentro de las Familias se concedió a la constructora Teconsa en virtud de un contrato de 6,4 millones de euros. Era, según la Udef de la policía judicial, la empresa pantalla usada por Correa para canalizar el dinero hacia Apogee, la subcontratista que instaló el material televisivo, igual que la alemana Sirius Showequipment se encargó de la acústica. 
Pero no todo el dinero que cobró Apogee Telecomunicaciones en relación con los actos del Papa pasó previamente por las manos de Teconsa. RTVV rubricó directamente con la empresa que pagó las comisiones un contrato de prestación de servicios por el que la firma de telecomunicaciones se encargó de velar por la seguridad de los equipos de luces, sonido y pantallas instaladas durante los días previos a la masiva misa junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Según indicaron ayer fuentes judiciales a Levante-EMV, el magistrado del TSJ de Madrid Antonio Pedreira -que instruye la causa cuyo secreto de sumario se levanta hoy parcialmente- está investigando estos pagos de Canal 9 a Apogee Telecomunicaciones, al margen del acuerdo global con Teconsa, por el que el canal autonómico desembolsó los citados 6,4 millones.  
Las mismas fuentes indicaron que Pedreira ha hecho pesquisas para aclarar si esos 100.000 euros responden a servicios efectivamente prestados o simplemente fue una maniobra para justificar la salida de fondos públicos que fueron a parar a las arcas de la organización mafiosa, en terminología del juez Garzón. El cabecilla de la trama de corrupción, Francisco Correa, utilizó a Teconsa para conseguir el contrato dada la "solvencia económica" de la firma, según el informe de la policía judicial expresamente dedicado a la visita del Papa a Valencia.  
De esta forma, quien gustaba de ser llamado Don Vito logró canalizar cantidades millonarias hacia Sevilla, que fueron pescadas por su lugarteniente Crespo. Quien era la mano derecha de Correa tiró de esos 957.300 euros para pagar parte de la adquisición de un Jeep (15.5oo euros) y para quedar bien con Jacobo Gordon, amigo del yerno de Aznar. La trama derivó 60.000 euros a Parque Logístico Montalvo, firma gestionada por Gordon.  
En su debú en las Corts Valencianes, el actual director general de RTVV, José López Jaraba, utilizó precisamente la condición de subcontratista de Apogee como coartada para justificar su negativa a dar explicaciones sobre el desvío de dinero a la caja B de Gürtel. Dado que Canal 9 no ha tenido relación directa con esa empresa, no procede tener que responder de su actuación presuntamente ilegal, vino a sostener en sede parlamentaria el pasado 17 de noviembre. 
"RTVV ha pagado a Teconsa por unos servicios y Teconsa es la que paga las comisiones. Por tanto, tendría que ser investigada Teconsa y podría haberla incluida en su famosa querella". Es la respuesta exacta de López Jaraba a la socialista Nuria Espí, que censuró el pago de casi un millón de euros a Gürtel procedente, indirectamente, de las arcas de Canal 9. Por desconocimiento o a propósito, el sucesor de Pedro García -captador de negocio para la trama, según la policía judicial- omitió que, subcontratas aparte, Canal 9 engordó sin intermediarios las cuentas de la sociedad que llenó el maletín de Crespo.  
Además del citado contrato, Canal 9 tuvo noticias de Apogee vía fax, el sistema utilizado para hacer llegar un presupuesto de 1.050.000 euros por la sonorización del acto. Ese documento también está en el TSJ de Madrid. La sociedad cuya contabilidad está siendo revisada con lupa por Pedreira era proveedora habitual de Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez "El Bigotes" y principal generadora de ingresos en A y en B para el tinglado de Correa. La contabilidad intervenida recoge un pagarés de 22.040 euros a favor de Apogee, que participó en la puesta en marcha del Palau de les Arts, en octubre de 2005. 
(www.levante-emv.com, 06/04/10)  
Y CON DINERO EXTRA DEL ACTO DE LAS FAMILIAS SE HIZO PAI  
Son los misterios de la trama Gürtel. Una empresa del sector audiovisual (Apogee Telecomunicaciones) acaba cobrando por vigilar que no roben ni dañen el material técnico instalado para dar cobertura a la visita del Papa. Una constructora (Teconsa) se lleva el gran contrato de alquiler de todo el material a Canal 9 y una sociedad gestora de patrimonio llamada Castaño Corporate cobra 230.000 euros registrados como "extras actos del Papa" en la contabilidad B incautada por la policía en el piso franco que la organización Gürtel tenía en el número 40 de la Calle Serrano de Madrid. 
Castaño Corporate no es una empresa cualquiera, sino una de las sociedades patrimoniales de Correa investigadas por el juez Garzón, primero, y ahora por Antonio Pedreira por ejercer como presuntas lavadoras de dinero negro de la red. Igual que Inversiones Kintamani, Osiris Patrimonial, Cresva o Caroki, Castaño Corporate era la última o penúltima estación que recorría el dinero ilegal generado por los negocios Gürtel. A través de la adquisición de inmuebles o vía ampliaciones de capital, la trama blanqueaba. En esa sociedad, como en el resto, figuraban como apoderados el arquitecto financiero de la trama e inspector de Hacienda en excedencia Ramón Blanco Balín y el número dos de la red y ex secretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo Sabaris. 
Los 230.000 euros que percibió como "extra" por los actos del Papa -según la citada caja B- se invirtieron días después de cobrarlo en la adquisición de una parcela de 12.605 metros ubicada en la Nucia (Marina Baixa), cuyo alcalde, Bernabé Cano, es íntimo amigo de El Bigotes. Castaño Corporate pagó 756.240 euros por un terreno que el 20 de noviembre de 2006 pasó a ser urbanizable, dentro del Plan de Actuación Integrada (PAI) del Algar, uno de los tres grandes proyectos urbanísticos de esa localidad, con la Serreta y Pie de Monte.  
El administrador de Castaño Corporate y persona que negoció en nombre de Correa fue Jacobo Gordon, el mismo que intentó que el cabecilla comprara los terrenos de Pie de Monte para revenderlos, una vez reclasificados. Él no lo logró, pero, en un segundo intento, otros dos empresarios vinculados al alcalde adquirieron el 66% de ese suelo con la intención de ceder después un tercio del negocio a Hator Consulting, otra firma del conglomerado de Francisco Correa. 
(www.levante-emv.com, 06/04/10)   
CAMPS CONTIENE EL ALIENTO 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, alcanzará hoy un nuevo mojón en el tortuoso camino que se ha visto obligado a recorrer desde que el pasado 6 de febrero de 2009 se produjeron las primeras detenciones del caso Gürtel, dictadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El juez Antonio Pedreira, que investiga las actuaciones de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, tiene previsto levantar hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el secreto de sumario sobre casi 50.000 folios de diligencias y averiguaciones. Y Camps aguarda conocer el contenido de esa documentación con el aliento contenido. 
El PP ha montado su propio dispositivo para analizar el material 
Desde hace días, el entorno del presidente de la Generalitat y la cúpula de los populares valencianos aseguran que esperan con "absoluta tranquilidad" la difusión del contenido de un sumario que, en su opinión, no aportará nuevas revelaciones. Aunque sí existe el temor en el PP de que el contenido del sumario sirva para deteriorar, aún más, la figura del presidente de la Generalitat.
Tanto el equipo de Presidencia, como el de la dirección regional del PP tienen en alerta sus propios dispositivos para analizar el contenido del sumario y evaluar la respuesta ante cualquier sorpresa desagradable. Todo el mundo tiene presente que la vez anterior, cuando el juez Pedreira levantó el pasado 6 de octubre el secreto de sumario sobre 17.000 folios de diligencias del caso Gürtel, la tormenta que arreció sobre los populares valencianos fue de tal magnitud que se llevó por delante a Ricardo Costa, mano derecha de Camps en el PP y en las Cortes Valencianas, e hizo tambalear al propio jefe del Consell. 
De hecho, según fuentes populares, la voluntad del juez Pedreira de retrasar hasta hoy el secreto de sumario ha pesado en la reciente decisión de la dirección nacional del PP de ratificar la sanción a Ricardo Costa de un año de suspensión de militancia en el partido. Según estas fuentes, hubiese sido una temeridad rehabilitar al ex secretario general de los populares valencianos y que luego apareciesen nuevas conversaciones con Álvaro Pérez, El Bigotes. 
En este contexto, las nuevas pruebas del caso Gürtel existentes en el sumario que hoy hará público el juez Pedreira y que ayer adelantó EL PAÍS revelan que en la Comunidad Valenciana se pagaron hasta 6,3 millones de euros en dinero negro para sufragar actos organizados para los populares valencianos. 
Esta parte del sumario que hoy será pública incluye documentación incautada en las oficinas de Orange Market en Valencia -se requisaron más de 20 cajas-. Su responsable, Álvaro Pérez, era el principal proveedor de eventos del PP regional y obtuvo jugosos contratos a dedo por parte del Gobierno valenciano. Previsiblemente, en el sumario que hoy se conocerá se halle también la documentación solicitada por el Tribunal Superior de Justicia referida a los contratos de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. 
Sin embargo, Camps afronta esta parte del sumario judicial del caso Gürtel en diferentes condiciones a las del pasado mes de octubre. Al frente de la cúpula regional del PP, tras la defenestración de Costa, Camps ha situado a tríada integrada por Antonio Clemente (secretario general), Alberto Fabra (coordinador general) y José Ciscar (vicesecretario general), que no está contaminada por Gürtel. Y él mismo ha intentado distanciarse al máximo -muchas veces con poco éxito- de los escándalos que amenazaban con erosionar su figura. Así, el jefe del Consell ha multiplicado sus viajes oficiales al extranjero (ocho desde noviembre) y ha evitado cuanto le ha sido posible someterse a las preguntas de los medios de comunicación. 
La prudencia que ha procurado exhibir el presidente de la Generalitat en estos últimos meses no ha sido recompensada por parte de la dirección nacional del PP, que ha actuado con frialdad hacia quien es uno de sus barones más importantes. Así, el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que abrió el curso político en Valencia en septiembre del año pasado, no volvió a pisar tierras valencianas hasta el pasado 14 de marzo, cuando clausuró una convención sobre empleo del partido en medio de un ambiente frío; muy distante del que había profesado hacia Camps en anteriores visitas. 
Y ello, pese a que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, había aprovechado días antes el congreso municipal del PP para autoproclamarse candidata a la alcaldía en 2011. Una decisión con la que Barberá quiso quitar argumentos dentro del propio PP a quienes creen que Camps no sería el candidato idóneo a la presidencia de la Generalitat si el sumario del caso Gürtel le vuelve a salpicar. 
(www.elpais.com, 05/04/03)
LUNA REVELA FILTRACIONES SOBRE EL CASO GÜRTEL DE FUNCIONARIOS DE LA GENERALITAT
El síndic socialista teme que el Consell ya esté "expurgando expedientes" relacionados con la trama
Días después de haber exhibido en las Corts un informe policial sobre la implicación de la trama Gürtel en la cobertura televisiva de la visita del Papa a Valencia, el portavoz del PSPV en la Cámara autonómica, Ángel Luna, reveló ayer que funcionarios de la Generalitat Valenciana habían hecho llegar "de forma anónima" a los socialistas informaciones relacionadas con la trama que el Consell les niega. Según señaló Luna, también empleados públicos le han comentado que en distintos órganos del gobierno autonómico se están "expurgando expedientes" que tendrían que ver con el caso, por lo que el portavoz socialista les ha pedido que "le trasladen información" para sacarla a la luz.
Luna se mostró convencido de que en el sumario del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), cuyo levantamiento de secreto está previsto que se realice este lunes por el juez Antonio Pedreira, hay cosas de Valencia porque los funcionarios le han dicho que se les ha pedido datos. El portavoz socialista explicó que hay funcionarios que "no quieren colaborar con este tipo de cosas". Y aseguró que entre estas informaciones "alguna cosa interesante" que el PSPV utilizará "de una forma u otra" conforme se vaya levantando el secreto de sumario.
A Luna también le "consta" que algunos consellers "están muy nerviosos porque han tenido que hacer cosas que seguramente no han sido iniciativa suya y las han tenido que hacer". Y no son los únicos. Según el síndic socialista hay "muchos funcionarios que están muy nerviosos porque han tenido que participar en adjudicaciones, sin ser los responsables, pero haciendo algún informe o dulcificando alguna cosa" y "participar en expedientes administrativos que no son precisamente un modelo de tramitación rigurosa", aseveró.
"Se rompe el control del PP"
El portavoz socialista argumentó que estas filtraciones se producen cuando el "control de hierro del PP" se empieza a quebrar gracias a la acción de Justicia y la Policía, "y empieza a haber gente que se anima a acabar con lo que hay porque no les gusta".
En cuanto a la polémica y denuncias del PP por el informe policial que exhibió sobre los contratos de RTVV en la visita de Benedicto XVI, Luna justificó que su "obligación es utilizarlo", al tiempo que destacó que la información a la que hizo referencia "no es nueva". Luna comentó también que la denuncia del PP "hace un favor" a los socialistas porque "permite que se hable mucho más de la falta de transparencia".
Luna reiteró su disposición a pagar de su bolsillo cualquier información relacionada con la polémica porque "me facilita mi labor" ya que "lo que necesito son papeles, que me niegan (los populares) y a los que tengo derecho. Incluso estaría pagando por algo a lo que tengo derecho como diputado". También se mostró convencido de que en la actualidad Francisco Camps está "políticamente acabado", y que "desde hace mucho tiempo es un problema para el PP, lo que ocurre es que no tienen resuelta la salida".
www.levante-emv.com 04.04.10
EL JUEZ PREGUNTA A PEDREIRA SI EL INFORME QUE EXHIBIÓ LUNA ESTÁ BAJO SECRETO

El portavoz socialista compara a Camps con Matas y el PP busca su reprobación en las Corts
­El juez de Valencia que ha asumido la denuncia del grupo popular de las Corts por la revelación de un informe sobre el caso Gürtel que el portavoz del PSPV, Ángel Luna, exhibió desde la tribuna de la Cámara se ha dirigido al instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, para preguntarle si efectivamente el documento está bajo secreto de sumario, según aseguraron ayer diversas fuentes. La consulta, según las mismas fuentes, implicaría que el juez de Valencia no ha archivado directamente la denuncia del PP y ha abierto diligencias, de forma que, si la consulta es afirmativa, lo normal es que a continuación cite a declarar como testigo a Luna para preguntarle cómo obtuvo el documento policial, que destripa el negocio que la trama Gürtel hizo a cuenta de la visita del Papa a Valencia, al embolsarse un millón de euros simplemente como «conseguidora» del contrato de la sonorización y pantallas de vídeo de los actos del Santo Padre.
Los populares denunciaron la presunta comisión de un delito derivada de la revelación del informe el pasado 25 de marzo y desde entonces todavía no han tenido noticias del juez. Al tratarse de una denuncia tampoco están personados. Las fuentes citadas consideraron que la decisión del magistrado es lógica, ya que, para verificar si hay asunto, lo primero que tiene que determinar es si el informe está bajo secreto.
Entre tanto, el debate sobre esta cuestión se caldeó ayer un poco más. Luna, quien sostiene que ante la negativa del Consell a informar sobre estos asuntos tiene derecho a utilizar los datos que le lleguen por cualquier vía, pagando de su bolsillo si hiciera falta, comparó la situación del ex presidente de Baleares, Jaume Matas, imputado por doce supuestos delitos de corrupción, con la de Camps, salpicado por el caso Gürtel y a la espera del levantamiento de otra parte del sumario el próximo lunes. En declaraciones a Europa Press, Luna dijo que a los populares «les aterra especialmente la posibilidad de perder el poder» porque «están mirándose en el espejo de Matas», que «está donde está, entre otras cosas, porque al perder el poder», la Justicia ha accedido «a contratos y operaciones a los que de otr0 modo no hubiera podido».
Palma Arena y Cacsa
Así, recordó que, mientras el caso Palma Arena «ha saltado» por el sobrecoste del 100% que supuso su construcción, de 45 a 90 millones, el de la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) «va ya» por el 272%. «Esto tiene que hacer reflexionar a alguien», apostilló. A su juicio, en la Comunitat el Consell funciona «de manera paralela» a como lo hacía el Gobierno balear con Jaume Matas al frente. El líder del PSPV, Jorge Alarte, avaló a Luna e insistió que las prácticas de Matas «se parecen mucho a los sistemas del antiguo eje de la prosperidad» que formaban Madrid, Baleares y la Comunitat. «Lo que horroriza a Camps es una derrota electoral porque le da miedo que podamos ver todos los papeles».
Paralelamente, el portavoz del PP, Rafael Blasco, presentó un escrito a la Mesa de las Corts en el que «pone en conocimiento, a los efectos reglamentarios que procedan», la actuación de Luna. Para que el socialista dispusiera del informe, apunta Blasco, algún funcionario «ha debido de cometer un delito de los tipificados en los artículos 417.1 y 466 del Código Penal», sin perjuicio de que el propio Luna «pueda ser responsable penal» en función de «su participación en los hechos». Los populares, según varias fuentes, quieren que la Mesa se dirija a Luna para pedirle explicaciones y, en el caso de que no aclare nada, buscarán la reprobación. Aseguran no estar pensando en sanciones, para las que tampoco hay base. La portavoz de Consell, Paula Sánchez de León, acusó a Luna de «incitar al delito» y Marí (PP) recriminó al PSPV que «desprestigie» Cacsa.
Jaume Matas continuará de «ambaixador»
Si el ex presidente de Baleares y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, no logra reunir la draconiana fianza de tres millones de euros exigida por el juez que instruye su caso acabará en horas entre rejas, pero conservará el título de «ambaixador» de la Comunitat Valenciana. El Consell no parece dispuesto a revocarle el galardón que le otorgó el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, hace años a pesar de la complicada situación judicial en la que se encuentra el ex dirigente popular, imputado en varias causas por presuntos delitos por corrupción. Ayer, día en que se conoció el duro auto contra Matas dictado por el juez, la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, trató como pudo de esquivar las preguntas que le formularon los periodistas sobre la continuidad del ex presidente balear como representante de la Comunitat.
De León, que compareció en rueda de prensa tras la reunión del pleno del Gobierno, trató de no salirse del guión y mantuvo que el Ejecutivo cumplirá estrictamente lo previsto por la normativa a la hora de estudiar la posible retirada de la distinción honorífica. Tal como avanzó la semana pasada este diario, el decreto por el que se crea el título de «ambaixador» establece que este podrá ser revocado en caso de condena firme o por conducta que atente contra los intereses generales o particulares. La primer condición no se ha dado y, a tenor de las evasivas de la portavoz, el Consell estima que la segunda tampoco.
Preguntada por si cree conveniente o digno que Matas conserve el título, De León sostuvo que «el Consell no se pronuncia sobre hipótesis, se pronuncia sobre hechos» y señaló que a Jaume Matas «se le concedió un título por un hecho concreto (su impulso al Plan Hidrológico Nacional) y no hay más que eso, lo demás son hipótesis o futuribles sobre los que el Consell no se debe pronunciar».
Por su parte, la portavoz adjunta del grupo socialista en las Corts Valencianes, Carmen Ninet, considero que Matas sólo es embajador del presidente Francisco Camps y, según dijo, es «lógico» que la «cúpula» de los populares «se sienta representada e identificada por él». Ninet insistió en la necesidad de que se le revoque el título. «La mayoría de ciudadanos y ciudadanas considera reprochable la actitud de Matas y quiere que se le quite un título que no merece», precisó la diputada.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/04/01/juez-pregunta-pedreira-informe-exhibio-luna-secreto/692775.html
LUNA ASEGURA QUE PAGARÍA POR LA INFORMACIÓN SOBRE GÜRTEL Y COTINO QUE EL CONSELL LE ESCONDE 

El portavoz del PSPV expresa su «convicción» de que ha habido «tráfico de influencias y trato de favor» con Sedesa
El portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, aseguró ayer que estaría dispuesto a pagar de su bolsillo para obtener informes o documentos relevantes para los intereses de los ciudadanos relacionados con los negocios de la empresa familiar del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, y en general sobre el caso Gürtel. De esta forma Luna exteriorizó su indignación tras informar junto con el diputado Francesc Signes de la negativa del Consell a entregar la copia completa de los expedientes de contratación con Sedesa entre 2000 y 2010, nada menos que 830 millones en 53 contratas. Un «oscurantismo» que llevó a Luna a expresar su «convicción personal» de que ha habido «tramitación irregular de los expedientes, tráfico de influencias, trato de favor y de que no se ha actuado con arreglo a la ley» en estas adjudicaciones.

Signes explicó que en octubre reclamó a varias conselleries los expedientes de las 53 obras de Sedesa. En enero, todas respondieron enviando expedientes «mutilados», con informes como los pliegos, que ya se publican en el DOCV, y sin los papeles clave. Entonces el PSPV requirió, de 47 casos, los documentos sobre las ofertas de las otras firmas licitadoras y los informes jurídicos y técnicos previos a la propuesta de la mesa de contratación. La respuesta hace 5 días de todas las conselleries (Economía, Infraestructuras, Medio Ambiente, Sanidad, Educación, Agricultura e Industria), «coordinadas por una instancia superior», ha sido idéntica: «La documentación relevante ya fue facilitada». «Parece choteo», se irritó Luna.
«Camps ha puesto al mismo nivel de ocultismo los contratos con Sedesa y con la trama Gürtel», advirtió Signes, quien confesó su «presentimiento» de que son los contratos con Medio Ambiente (la cartera ahora de Cotino y la que gestiona PAIs) y Sanidad los conflictivos. «Quien nada debe, nada teme; ahora tenemos derecho a expresar cualquier tipo de sospecha», avisó el diputado.
Luna leyó parte del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, no sujeto a secreto sumarial, en el que se alude a las negociaciones del responsable de Sedesa y familiar del conseller, Vicente Cotino, con miembros de la trama Gürtel para comprar una de las empresas de la red, Easy Concept. «¿Qué ocurre para que una empresa que está especialmente bajo sospecha haga que Camps avente más la sospecha?», se preguntó Luna, para contestarse que la única explicación es que despejar la duda lleve la «certeza» de que ha habido «tráfico de influencias y trato de favor y no se ha actuado con arreglo a la ley». «Yo tengo la convicción de que eso ha sido así», sentenció.
El buzón para filtrarle datos
Ángel Luna agregó que no tiene pruebas de ello pero el PSPV «las va a buscar y por todos los medios posibles», para denunciarlo en el juzgado. Los socialistas ya denunciaron a Sedesa dentro de la querella Gürtel contra Camps, otros cargos del PP y varias constructoras por presunta financiación ilegal de los populares. El síndic del PSPV hizo un «llamamiento» a todos los que sepan algo para que les pasen información con la que ir al juez. «Tengo el buzón abierto a todo el mundo», recalcó.
Luna no tuvo empacho en admitir que intentará obtener datos de estos contratos «de cualquier manera». Preguntado sobre si, como insinuó el PP que logró el informe policial del caso Gürtel que está bajo secreto de sumario, estaría dispuesto a dar dinero por estas informaciones, dejó claro que hasta ahora no ha tenido que pagar por los datos que ha revelado sobre la trama Correa, ni cree que tenga que hacerlo en el futuro, pero alertó: «Si el beneficio para la Comunitat de obtener algún documento o informe pagando por él fuera muy sustancial, lo pagaría de mi bolsillo porque estoy aquí para trabajar para la Comunitat y por los intereses de los ciudadanos». «Sobre si es legal o no la manera de obtener la información, lo dirá un juez, si tiene que decirlo; a mí me vale».
Blasco acusa al socialista de hacer «apología de delito»
El portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, acusó ayer al síndico parlamentario del PSPV , Ángel Luna, de «hacer apología de la ilegalidad» y del «delito» por afirmar que «pagaría de su bolsillo para conseguir pruebas policiales». Blasco instó al PSOE a «tomar cartas en el asunto», porque es «insólito que un partido político diga abiertamente que está dispuesto a pagar por prácticas poco claras», y defendió que la actitud de Luna es «inadmisible».
El popular afirmó que el portavoz socialista «no sólo se ha beneficiado de la comisión de un delito, como la filtración de un informe bajo secreto de sumario», sino que además «se vanagloria de ello». A los socialistas «se les han visto las cartas» ya que «primero airean un informe bajo secreto de sumario, luego evitan explicar de dónde lo han sacado y posteriormente revelan que estarían dispuestos a comerciar con este tipo de prácticas».
Signes denuncia «amenazas»
El diputado Signes aseguró haber recibido «mensajes y recomendaciones» de «cargos públicos y de algunas sociedades» que, en el caso de estas últimas, se podrían calificar incluso como «amenazas» para que no «insista» en su investigación sobre las contratas a la empresa familiar de Cotino. Luna habló después de amenazas de «querella». Aunque Signes rechazó concretar nombres, negó que entre ellos esté el conseller Cotino. Un cargo del PP y una empresa privada, fue la máxima concreción. «Me quedo ahí», dijo, para añadir que no le «intimidarán» y seguirá usando todos los recursos que tiene «como diputado».
www.levante-emv.com 30.03.10
LA POLICÍA SOSTIENE QUE LA TRAMA ACTUÓ DE ´CONSEGUIDORA DEL CONTRATO´ DE LA VISITA DEL PAPA  
"La organización [de Francisco Correa] ha actuado como intermediaria realizando una labor de conseguidor del contrato [con motivo de la visita del Papa a Valencia]." Esta es la demoledora conclusión de un informe elaborado por la Policía y al que ha tenido acceso Levante-EMV sobre la implicación de la trama Gürtel en la adjudicación de la sonorización, megafonía y montaje de pantallas de vídeo para la cobertura televisiva de la visita del Santo Padre a Valencia en julio de 2006. Canal 9 pagó 6.460.000 euros más IVA a una constructora vinculada la trama, Teconsa, que a su vez subcontrató con tres firmas que realizaron realmente el servicio. A través de éstas, la red de Correa ingresó en caja "al menos 957.300 euros en concepto de comisión por su intermediación en la adjudicación".
El portavoz del PSPV, Ángel Luna, exhibió ayer este informe desde la tribuna de las Corts en la sesión de control al presidente Francisco Camps, para advertir al titular del Ejecutivo de que, por más que se anulen algunas grabaciones, hay documentos y pruebas para sostener la acusación contra los responsables del PP "que no van a ser anulados porque no son parte de unas escuchas".

Luna, quien declinó facilitar después el documento, explicó que el informe, de julio de 2009, se realizó con la información procedente de un "pen drive" requisado por la Policía Nacional "en un registro en una casa de seguridad de la trama Gürtel" en la calle Martínez Campos de Madrid, donde había documentos y plantillas "excel" con "contabilidad de la trama". El documento, de unas 80 páginas, revela la existencia en el "pen drive" de una carpeta, bajo el epígrafe "Visita del Papa", con archivos referidos a "presupuestos provisionales del coste-beneficio del evento (hoja de costes)", "distribución de los beneficios entre las personas participantes en la adjudicación" o "conversión del dinero para ocultarlo en facturas ficticias", según reza la investigación policial.
La conclusión, para la policía, es que "la organización de Correa tiene el control del presupuesto del evento", así como de "la distribución del beneficio generado por la realización del mismo". "La consecución del contrato de TVV con motivo de la visita del Papa obedece a la relación directa de la organización con el director general de dicha televisión, Pedro García [quien dejó el ente en agosto de 2009], y con personas vinculadas a la fundación que lo organiza". Se refiere a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familias, integrada por la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia y el Arzobispado, que cedió a RTVV la cobertura audiovisual del evento el 27 de febrero de 2006, con la firma de un convenio de colaboración.
La adjudicación posterior a Teconsa estaba presuntamente tan amañada que, tal como se evidencia en el informe, más de un mes antes de que se moviera nada, las empresas que resultaron beneficiarias de los contratos ya eran conocedoras y preparaban su participación en la contrata futura. El informe recoge cartas de las empresas subcontratistas (Apogee e Impacto) a Teconsa en enero y febrero de 2006, antes de la firma del citado convenio. La primera de las misivas es del 17 de enero. El responsable de Apogee, Carlos Fragio, pide a Teconsa una entrevista con algún responsable para trabajar en la visita del Papa. En otra carta, ésta de Impacto Producciones, del 1 de febrero de 2006, se pide a Teconsa colaboración porque "nos hace falta respaldo de una gran compañía que soporte financieramente" la actuación. "Desconocemos, porque aún no está definido, el tipo de concurso", añaden. En palabras de Luna, las firmas "prepararon el terreno" antes de saberse la contrata. RTVV dio esa contrata por procedimiento negociado sin publicidad el 10 de mayo de 2006, tras pedir 7 presupuestos, entre otros, a Teconsa. La colaboración entre Teconsa y Apogee se sella en un documento fechado el 28 de abril de 2006, en el que se especifica que los servicios que Apogee prestará a Teconsa están valorados en 1.050.000 euros. En los papeles se da fe de una reunión entre Fragio y los cabecillas de la trama Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, "El Bigotes", para hablar de los negocios que tenían.
Teconsa actuó "de pantalla" 
El informe desnuda la estrategia mediante la que la trama, una vez conseguido el contrato, "ha captado" a empresas que actuaron como "socio técnico" -la firma de ingeniería alemana Sirius y las empresas audiovisuales españolas Apogee e Impacto-, "prestando a una sociedad interpuesta controlada por ellos y con calificaciones oportunas [Teconsa], que resulta la adjudicataria y luego subcontrata" con aquellas. De este modo, agrega, la trama "logra con ello desvincularse de la operación, al no aparecer entre ninguno de los agentes que intervienen". Teconsa, ligada a la red Gürtel a través de su apoderado Blanco Balín, asesor financiero de Correa, ejerció "de pantalla".
La comisión, sin embargo, la cobraron antes de que el Papa pisara España. Pablo Crespo, número dos de Correa, recogió el millón de euros de Apogee, tal como desvela un archivo intervenido al contable de la trama, referidos a los días 21, 22 y 30 de junio de 2006. 
(www.levante-emv.com, 25/03/10)
LA TRAMA TUVO INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DE LA VISITA PAPAL 
Desdén y silencio. Esta es la dieta que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, suministra a la oposición cada vez que le pregunta sobre la Gürtel. Ayer, en Les Corts, se vivió el último ejemplo. El portavoz del PSPV-PSOE, Ángel Luna, cuestionó a Camps sobre el coste de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 y el negocio que supuestamente realizaron las empresas de la trama a través de Canal 9, emisora que obtuvo la señal institucional del evento.  
Luna enarboló en el hemiciclo un nuevo informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales donde, según desveló, se explica cómo el entramado Gürtel abonó minuciosamente el terreno siete meses antes de la llegada del Papa para obtener lucrativos contratos gracias a Radiotelevisión Valenciana (RTVV). El socialista apuntó que tres empresas de la trama quedaron bajo el paraguas de Teconsa, constructora que recibió el encargo de Canal 9 de sonorizar el acto principal. Por esta tarea percibió 6,5 millones. De esta cifra, 957.000 euros fueron a parar a los bolsillos de la Gürtel. 
Camps siguió el relato de Luna con una sonrisa de desaire y sintetizó en un renglón su turno de réplica: "Esto es un esperpento". Luna aplaudió su "modelo de precisión" y continúo desgajando el informe para describir las relaciones entre el emisario de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pedro García, director general del ente público en aquel momento. De hecho, García, en febrero de 2009, sustituyó a Francisco Correa, en prisión, como padrino en el bautizo de la hija de Pérez. Seis meses después, dimitió como director de RTVV después que Garzón lo vinculara en su auto con el escándalo de los trajes. 
Su sucesor, José López Jaraba, se ha negado sistemáticamente a mostrar a la oposición los contratos de Canal 9 con Teconsa. "Un paradigma de falta de transparencia y abuso de poder", manifestó ayer Luna, quien recordó que no sólo la Justicia ha puesto en jaque esta concesión. El último informe de la Sindicatura de Cuentas destapa irregularidades en la adjudicación a Teconsa, que se realizó "por procedimiento negociado y sin publicidad". 
Luna, que no quiso facilitar a la prensa copias del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, aseguró que se elaboró a partir de la información almacenada en un lápiz de memoria incautado durante un registro en Madrid. Según el portavoz socialista, el pen drive contenía una carpeta denominada "Visita Papa" con diversos documentos de contabilidad con partidas de gastos e ingresos que avalarían la tesis del reparto de contratos en beneficio de la trama.  
En una rueda de prensa convocada por la tarde, el PP anunció que denunciarán a Luna "por revelar un informe policial que se encuentra bajo secreto de sumario". Así lo expresó el secretario general de los conservadores valencianos, Antonio Clemente, que pidió la dimisión del socialista por cometer "un delito importante e intentar destruir el estado de derecho". También exigió explicaciones a los ministros de Interior y de Justicia. Luna dijo tener la "conciencia tranquila" y que no había cometido "ningún delito". 
Por su parte, Camps, tampoco ofreció ayer una cifra global del coste de la visita del Papa, un asunto tabú para el PP. Se refirió a los números que su consejero de economía facilitó en octubre y que rondan 1.900.000 euros de aportación del Consell a la fundación V Encuentro Mundial de las Familias, integrada por la Generalitat, el ayuntamiento, la diputación y el Arzobispado. Camps reconoció que aún quedan algunas "partidas mínimas" por cuadrar. "Si son mínimas, ¿por qué destinaron en diciembre, sólo dos meses después, dos millones a esta fundación?", pregunto Luna. Esta vez no hubo respuesta.  
(www.publico.es, 25/03/10) 
CAMPS ACUSA A ZAPATERO DE BOICOTEAR LA VISITA DEL PAPA 
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, acusó ayer al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero de intentar "boicotear de la manera más deleznable la visita del Papa" a Valencia en julio de 2006. 
"Si el Gobierno de [José Luis Rodríguez] Zapatero hubiera sido leal con la Comunidad Valenciana como ha trabajado con otras comunidades autónomas, y como presumiblemente hará con las visitas de su santidad el Papa en los próximos meses a Barcelona, Madrid o Santiago, a la Comunidad Valenciana no le habría costado ni un solo euro", aseguró ayer Camps en las Cortes valencianas. 
La acusación de Camps se produjo al ser interpelado por el portavoz socialista, Ángel Luna, sobre el gasto realizado por el Gobierno valenciano con motivo de la visita de Benedicto XVI en 2006. Una cuestión que el Ejecutivo valenciano ha eludido reiteradamente en los últimos tres años y que ayer tampoco respondió el presidente valenciano, que llegó a decir que si fuese por Zapatero "la Comunidad Valenciana ni existiría". 
Luna interrogó también a Camps por los contratos realizados por Canal 9-Ràdio Televisió Valenciana -que se quedó en exclusiva la retransmisión de la señal de televisión de la visita y excluyó a TVE-. Según un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales del sumario del caso Gürtel, la trama corrupta que dirigía Francisco Correa logró cerca de un millón de euros en comisiones ilegales gracias a un contrato de Canal 9 con la empresa Teconsa por el montaje de pantallas de televisión y equipos de sonido durante la visita del Pontífice. "Exigimos transparencia en el dinero público y responsabilidades políticas", dijo Luna ante un Camps que tachó de "papanatismo" a los socialistas. 
(www.elpais.com, 25/03/10) 
CAMPS CREE UN "ESPERPENTO" QUE LE PREGUNTEN POR LOS GASTOS DEL PAPA 
Al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, le pareció ayer "un esperpento" que el portavoz socialista, Ángel Luna, le preguntase en las Cortes por los gastos de la visita del Papa a Valencia en 2006 y los escándalos en los que están envueltos los responsables de Ràdio Televisió Valenciana. Y como le pareció un esperpento, le echó la culpa al empedrado, que no es otro que el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero. 
Casi cuatro años después de la visita de Benedicto XVI a Valencia, Camps evitó explicar cuánto dinero se gastó en el evento. Tampoco justificó por qué ha transferido en las últimas semanas dos millones de euros de los presupuestos de la Generalitat a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias que organizó la visita de Benedicto XVI. 
Por el contrario, Camps acusó ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de intentar "boicotear de la manera más deleznable la visita del Papa". "Si el Gobierno hubiera sido leal a la Comunidad Valenciana no le habría costado ni un solo euro", aseguró el jefe del Consell. 
El portavoz socialista, Ángel Luna, consiguió ayer enervar de nuevo al presidente de la Generalitat y a su entorno más inmediato. Y lo hizo con dos líneas argumentales. Primero exhibió un documento, que aseguró que era un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, "que ha salido de un pendrive y que no va a ser anulado". Luna argumentó que de ese informe se infiere que la trama corrupta del caso Gürtel, que dirigía Francisco Correa, diseñó la operación de la visita del Papa y se reunió con el entonces director general de RTVV, Pedro García, y personas de la Fundación V Encuentro. "Y, además, sabemos que hay impagos, y reclamaciones en la fundación", sentenció el socialista. La exhibición del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales provocó una airada reacción del PP, que anunció que denunciará a Luna por hacer público un documento que está bajo secreto de sumario. La segunda línea argumental de Luna se basó en pedir explicaciones a Camps sobre los escándalos de Canal 9, cuyo director general, José López Jaraba, se ha negado a facilitar los contratos relacionados con la visita del Papa; ha incumplido sus obligaciones fiscales personales "hasta 28 veces" y del que los socialistas dudan que haya sabido abordar los escándalos sexuales de su número dos, Vicente Sanz. 
En la misma sesión de control, el portavoz de Compromís, Enric Morera, acusó a Camps de ser el presidente del paro y de no actuar frente a la crisis. 
(www.elpais.com, 25/03/10)
GÜRTEL PREPARÓ CON RTVV EL CONTRATO PARA LA VISITA DEL PAPA
El PSPV esgrime un nuevo informe policial que vincula a la dirección del ente con la trama, que actuó de 'conseguidor' del contrato televisivo para Teconsa
La red corrupta del caso Gürtel preparó la obtención de contratos con Televisión Valenciana relacionados con la visita del Papa siete meses antes de que ésta se produjera, según consta en el informe policial sobre los contenidos de un lápiz de memoria incautado a la trama y dado a conocer hoy por el PSPV-PSOE.

El grupo socialista en Les Corts ha tenido acceso a ese informe policial de 80 páginas, al que ha aludido y que ha mostrado hoy su portavoz parlamentario, Ángel Luna, desde la tribuna de oradores durante la sesión de control al president de la Generalitat, Francisco Camps, en el pleno de Les Corts Valencianes.

En el informe la Brigada de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía desgrana el contenido de un lápiz de memoria incautado durante un registro realizado en Madrid durante la investigación policial y judicial del caso "Gürtel".

En ese "pen drive" figura una carpeta denominada "Visita Papa" donde figuran varios documentos y plantillas de contabilidad, con partidas de gastos e ingresos.

Entre esos datos, según ha explicado tras la sesión de control Luna, quien no ha facilitado físicamente el documento a la prensa, figuran varias cartas fechadas en enero de 2006 que se cruzaron tres empresas del sector audiovisual y que finalmente fueron subcontratadas para Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con motivo del Encuentro Mundial de las Familias, que clausuró Benedicto XVI el 9 de julio de ese año.

Según el portavoz socialista, las cartas denotan que esas empresas "estaban preparando el terreno" y poniéndose "sobre aviso" para su futura participación económica en la organización de la visita del Papa.

Las empresas que figuran en esa documentación informática incautada usaron "como pantalla" a Teconsa, empresa del sector de la construcción que finalmente logró la adjudicación de los trabajos de sonorización del acontecimiento para RTVV, un contrato que figura en el sumario declarado secreto del caso "Gürtel" que instruye el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira.

Luna ha señalado que Teconsa logró ese contrato por un importe cercano a los 6,5 millones de euros, después de que fuera adjudicado "por procedimiento negociado y sin publicidad", lo que llevó a la Sindicatura de Cuentas a alertar sobre el mismo en su informe de fiscalización.

La trama "Gürtel" "actúa como conseguidor del contrato" de Teconsa con RTVV, ha añadido Luna citando al citado informe policial, donde también se revelan las relaciones expresas de Álvaro Pérez "El Bigotes" como representante de la trama en Valencia a través de la empresa Orange Market con el entonces director general del ente público, Pedro García.

Asimismo, en ese informe consta que la trama logró, gracias a esas empresas subcontratadas por Teconsa, unos ingresos de 957.000 euros.

El pasado 10 de marzo, el director general de RTVV, José López Jaraba, apeló en Les Corts al secreto de sumario y a la cláusula de confidencialidad de los contratos para negar a la oposición el contrato sobre la sonorización de la visita del Papa, y defendió que Teconsa estaba "perfectamente capacitada" para asumir ese contrato.
www.levante-emv.com 24.03.10
LOS SOCIALISTAS SE APOYAN EN EL AUTO DEL TSJ PARA ACUSAR EN EL 'CASO GÜRTEL'
El auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) del pasado 15 de febrero, en el que decidía no asumir de momento la competencia para investigar a Francisco Camps y otras 16 personas por financiación ilegal del PP, ha servido de argumento a los cuatro diputados socialistas que presentaron la querella para personarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como acusación popular en el caso Gürtel.
Tras el anuncio del portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, la semana pasada, los socialistas presentaron el lunes su escrito de personación ante el instructor del TSJ de Madrid, el juez Antonio Pedreira, que investiga la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa y en la que se han visto implicados dirigentes del PP como el tesorero y senador Luis Bárcenas o el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Los socialistas aportan como documentos para apoyar su personación el auto del TSJCV, según el cual los hechos denunciados en la querella "ya son objeto del actual procedimiento tramitado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sin perjuicio de lo que resulte del avance de la investigación", y el pronunciamiento de la fiscalía, que resalta "una identidad de objetos" entre los de las diligencias del TSJ de Madrid y "los que serían del procedimiento que se incoase como consecuencia de la querella".
Como ya adelantó Luna, que firma la personación junto a los también diputados socialistas Joaquim Puig, Carmen Ninet y Cristina Moreno, no era viable trasladar la querella de Valencia a Madrid, ya que no tiene sentido querellarse en Madrid contra aforados valencianos. Por eso optaron por ejercer la acusación popular.
Además, el escrito de personación reproduce literalmente los argumentos del TSJCV en el auto que defendía la investigación de las finanzas del PP, señalaba la existencia de "hechos de posible significación delictiva" y declaraba que corresponde al juez Pedreira la "investigación general del supuesto complejo delictivo", si bien "no podrá realizar actos que en sí mismos determinen la sujeción de un aforado a otro Tribunal, ya sea mediante la expresión de un juicio formal de inculpación o a través de la práctica de otras diligencias que materialmente entrañen ese mismo significado". Dicho de otra manera, los aforados valencianos deberán ser juzgados por el TSJCV, o por el Supremo, si los hay de varias comunidades.
www.elpais.es 06.03.10
RETIRAN UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN VALENCIA ANTE LA "CENSURA POLÍTICA"

La Junta Directiva de la Unió de Periodstes Valencians, reunida esta tarde de urgencia, ha decidido ordenar al Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM) la retirada inmediata de su exposición "Fragments d'un any" ante la "censura política" que se ha ejercido con ella.
Así lo ha explicado a EFE uno de los coordinadores de la exposición y miembro de la Junta Directiva de la Unió, Kai Forsterling, después de que hoy hayan conocido por parte de la dirección del museo, primero, y comprobado, después, que diez de las 91 fotos que integran la muestra han sido descolgadas esta mañana, apenas unas horas después de su inauguración.
Se trata de ocho fotografías de temática política y dos más en las que aparecen el ex presidente del Gobierno José María Aznar en su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Cardenal Herrera-CEU y el president de la Generalitat, Francisco Camps, con el arzobispo de Valencia, Carlos Osoro.
Según Forsterling, la retirada de esas imágenes obedece a "motivos políticos" por parte del partido que gobierna la Diputación de Valencia -titular del MuVIM- y no a una decisión directa de la dirección del museo, a la que se ha informado ya de la decisión de la Junta Directiva.
No obstante, la Unió de Periodistes deja una puerta abierta para la negociación en caso de una rectificación por parte de los responsables de esta decisión, que según se insiste ha sido "política". A la reunión de esta tarde ha acudido una veintena de los 38 fotógrafos participantes, dada la premura de la convocatoria.
www.publico.es 05.03.10
EL PP RECHAZA QUE EL SÍNDIC FISCALICE LAS EMPRESAS DE LA TRAMA ´GÜRTEL´ 
El grupo del PP en las Corts rechazó ayer que la Sindicatura de Comptes amplíe su fiscalización sobre empresas relacionadas con la trama "Gürtel" y elabore una auditoría integral de la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat, al entender que estas iniciativas politizarían la institución.Según expuso el diputado popular José Marí en la Comisión de Economía del Parlamento valenciano, los grupos de la oposición "estarían encantados" de que la Sindicatura de Comptes "sirviera a sus intereses", pero "gracias a Dios y al Estatuto no es así". 
También rechazó la petición de Compromís para que comparezcan en las Corts los presidentes de los consejos de administración de CAM y Bancaja para explicar la situación de las entidades en el actual contexto de crisis. 
(www.levante-emv.com, 03/03/10)
CAMPS INICIA LA REHABILITACIÓN DE COSTA POR SU CUENTA 
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha iniciado por su cuenta el proceso para rehabilitar a Ricardo Costa, la única víctima del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana. Aunque el ex secretario general de los populares valencianos está sancionado con la suspensión de un año de militancia desde el pasado 27 de enero, su decisión de no recurrir la sanción impuesta por el PP nacional auguraba desde hace semanas su pronta rehabilitación. 
Aún así, Camps no ha podido esperar a que el Comité Nacional de Garantías del PP revise la sanción impuesta a Ricardo Costa y ha decidido nombrarlo portavoz de la comisión de Desarrollo del Estatuto en el Parlamento autónomo. Un puesto que conlleva un complemento salarial de algo más de 600 euros mensuales. 
"¿Por qué alguien quiere negar a Ricardo Costa lo mismo que tienen todos los diputados?", se preguntó el portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco. "Tiene derecho a no sufrir un trato diferenciado". Blasco señaló que hay diputados que no son del partido al que representan y que también están en comisiones parlamentarias.  
Tras recordar que su suspensión de militancia es temporal, aseguró que Costa "tiene todo el respaldo, antes y ahora, del Grupo Parlamentario Popular" y añadió que espera que "el tema del partido se resuelva en los plazos establecidos". 
Costa figuraba como diputado raso desde que los escándalos del caso Gürtel obligaron a la dirección nacional del PP a apartarlo de la secretaría general y del puesto de portavoz del Grupo Popular en las Cortes el pasado mes de octubre. La decisión de Costa de resistirse a su defenestración y recordar que había actuado siempre de acuerdo con las instrucciones de Camps y Rajoy motivó la sanción de suspensión de militancia, pendiente ahora de revisión. 
La oposición también opinó sobre el asunto. El socialista Ángel Luna dijo que el PP es muy libre de dar la portavocía a quien considere oportuno, pero sugirió: "Nunca supimos los motivos por los que fue destituido ni sabemos ahora por qué lo hacen portavoz de una comisión". Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, dijo no sentirse sorprendido de que el PP "envíe a un diputado parado a una comisión que no tiene relevancia". 
(www.elpais.com, 03/03/10) 
EL PP DEFIENDE EL DERECHO DE COSTA AL PLUS DE 650 EUROS, QUE LE PARECE «IRRISORIO» 
El portavoz del PP en las Corts y conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, justificó ayer el nombramiento de Ricardo Costa como portavoz de la comisión de Desarrollo Estatutario en que el ex secretario general y ex síndic de su grupo destituido a raíz del caso Gürtel no tiene que estar «discriminado» y debe gozar de «los mismos derechos» que el resto de diputados. Esa designación, a pesar de que Costa sigue suspendido de militancia por el PP, le permitirá cobrar un complemento retributivo del Parlamento de 65o euros, que Blasco consideró «irrisorio».Ese sobresuelto lo perciben todos los diputados, pero para ello sus grupos deben nombrarlos para un cargo interno en la Cámara (dirección de grupo o portavoces o miembros de mesa de comisión). Como síndic, el complemento por el cargo de Costa era de 2.411 euros, que perdió al ser destituido pero, al no estar en ninguna comisión, tampoco pasó a cobrar el mínimo de los 650 euros citados.  
Blasco obvió que el PP ha mantenido a Costa sin plus desde mediados de octubre y sólo ahora, cuando está cantada la resolución del comité de disciplina, adelanta su «rehabilitación» con un nombramiento que le devuelve el sobresueldo base.
El popular sostuvo que la designación «no tiene nada que ver» con el expediente y se deshizo en elogios hacia Costa. La portavocía de la comisión estatutaria, subrayó, «se corresponde con su crédito, su prestigio y su trabajo parlamentario», e incluso avaló sus ausencias a las sesiones como «justificadas».
El portavoz socialista, Ángel Luna, dijo que el PP es «muy libre» de designar a sus portavoces, mientras Víctor Sahuquillo (dirigente del PSPV) opinó que se trata de «una subvención más para que Costa no hable». El síndic de Compromís, Enric Morera, comentó que llevar a Costa a una comisión «que no tiene un papel relevante y que en casi cuatro años no ha hecho ninguna contribución para incrementar el autogobierno puede ser el lugar que le interese a Costa» porque «está en el paro político». «Es coherente que un diputado parado vaya a una comisión parada». 
(www.levante-emv.com, 03/03/10)
CAMPS YA INTENTÓ OCULTAR SUS RELACIONES CON EL BIGOTES EN 2005 
El caso Gürtel no se trata de un fenómeno espontáneo, sino de una trama de corrupción que se cocinó durante mucho tiempo. Aunque la atención mediática se desatara tras conocerse las investigaciones del juez Garzón, en mayo de 2005 los socialistas valencianos ya tenían la mosca detrás de la oreja. Así lo demuestra un rifirrafe parlamentario de hace casi cinco años, protagonizado por el diputado José Camarasa y al que ha tenido acceso El Plural. En ella se cuestionaba al Govern sobre la empresa Orange Market. Como se podrá ver, lo que no ha cambiado desde entonces es la censura ejercida por el gobierno de Francisco Camps. 
Y es que, hasta en dos ocasiones, la Mesa de Les Corts rechazó las preguntas del socialista José Camarasa sobre Orange Market. Todavía quedaban cuatro años para que se destapara el escándalo de los trajes y los bolsos regalados, las iniciales en cuentas B o las sospechas de financiación ilegal. Pero el PP valenciano ya demostraba que no tenía intención de hacer saber sus tejemanejes con la empresa de El Bigotes.
¿Hay contratos? 
“¿Ha mantenido la Generalitat Valenciana alguna relación contractual con la empresa Orange Market?”. La pregunta es del 19 de mayo de 2005 y fue presentada por el diputado socialista José Camarasa. El parlamentario también pedía saber, en caso de haber algún contrato, qué “empresas públicas y organismos” lo habían hecho, “cuál era el objeto”, “a cuánto asciende (…) cada uno de los contratos”, en qué fechas se dieron y si fueron publicados en el boletín respectivo.
 Preguntas incómodas 
Ninguna de esas interesantes preguntas fue jamás respondida. Al igual que sucede ahora, en plena efervescencia Gürtel, la mayoría absoluta del PP le vino de perlas a Camps para evitar preguntas incómodas. El 31 de mayo de 2005, la Mesa de Les Corts no aceptó la pregunta porque su contenido “se refiere a una persona física o jurídica que no tiene una trascendencia pública en el ámbito de la comunidad autónoma”.
Papel de oposición 
Pero Camarasa no se rindió y recurrió la decisión el 21 de junio, alegando que era ilógica porque Orange Market “aparece (…) en los medios de comunicación y contrata, habitualmente, con la Generalitat”. El diputado defendió en su alegación que no buscaba conocer intimidades de ninguna persona física o jurídica, sino ejercer su papel de oposición. 
Cercenando su labor 
Además, en su escrito, Camarasa pregunta a la Mesa “cómo se puede acceder” a los contratos que hace el Gobierno regional si no son publicados en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y no le dejan preguntar. Y avisa de que “de seguir esta línea, queriendo o sin querer, se estará obstruyendo, cuando no cercenando, la función básica de toda oposición”.
De nuevo, rechazada 
De nada sirvieron las explicaciones dadas por Camarasa para recabar información sobre la relación que tenía la empresa de El Bigotes con el Gobierno de Camps. La Mesa, después de leer sus alegaciones, el 9 de septiembre decidía volver a rechazar sus preguntas. Ni siquiera se molestaron en cambiar la excusa: “Hace referencia a persona física o jurídica que no tiene trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma”. Tuvieron que pasar cuatro años para que un juez viniera a responder lo que el PP valenciano intentaba ocultar. 
(www.elplural.com, 02/03/10
EL PPCV COMIENZA EL RESCATE DE RICARDO COSTA 
Pendiente aún de la "sentencia" interna de Génova, el PP valenciano ya ha comenzado la rehabilitación de Ricardo Costa, pese a estar suspendido de militancia.
Tampoco podía tardar mucho, según se especulaba en el propio PPCV. Costa no presentó alegaciones al Comité de Garantías de Génova, lo que fue visto por Rajoy y su entorno como un acto de disciplina. La "pena" por su ejercicio de rebeldía no ha de pasar de seis meses, lo que hace que, a efectos prácticos, sólo le queden pocos días para obtener de nuevo el carné, dado que ya han transcurrido cinco meses desde su polémica inhabilitación. 
El grupo popular, por tanto, se ha avanzado, bajo la aquiescencia del propio presidente de la Generalitat -fiel defensor de Costa ante Rajoy- y ha nombrado al ex secretario general, nuevo portavoz de la comisión de Desarrollo del Estatuto de Autonomía, en sustitución de David Serra. En realidad, la comisión es de lucimiento, protocolaria. Y, paradójicamente, invisible. Se ha reunido en pocas ocasiones, pues la evidencia de que el desarrollo del Estatuto está en una desaceleración completa resulta una obviedad.  
Pero eso no impide que el ex número dos plenipotenciario del PP valenciano aumente sus emolumentos mensuales en unos 650 euros. Para cobrar los complementos se ha de ser portavoz o miembro de la mesa de una comisión parlamentaria. Es decir, hay que poseer un cargo. Costa era el portavoz del grupo popular. Y cobraba el complemento correspondiente. Caído en desgracia, apartado del cargo, descalificado por la dirección del PP nacional, también se esfumó parte de su mensualidad. El PP, ahora, le devuelve una porción mínima, esos 650 euros. 
(www.levante-emv.com, 02/03/10)
CAMPS DESTINA DOS MILLONES A CERRAR LA FUNDACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA 
El Gobierno valenciano, que preside Francisco Camps, ha decidido liquidar la fundación que organizó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Y hacerlo ha costado dos millones de euros. 
El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó ayer varias decenas de modificaciones presupuestarias aprobadas el pasado 18 de diciembre. En ellas se incluye una "aportación a la dotación del patrimonio fundacional de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia" por importe de dos millones de euros. 
Fuentes de la Consejería de Economía explicaron que con estos dos millones, procedentes de la partida de gastos diversos, la Generalitat realiza su aportación para liquidar las cuentas y extinguir la fundación que organizó la visita del Papa. Sin embargo, las mismas fuentes adujeron que, pese a la decisión, "no se ha producido ninguna transferencia de dinero". La Consejería de Economía no ofreció ninguna explicación adicional aunque, presumiblemente, la modificación de crédito tenga como objetivo enjugar una deuda de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia con algún organismo o empresa de la propia Generalitat. 
La decisión de liquidar la entidad que organizó la visita del Papa tiene lugar después de que el magistrado Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solicitara el pasado mes de noviembre información a la fundación y a Ràdio Televisió Valenciana en relación con la investigación del caso Gürtel. 
La fundación que organizó la visita del Papa -que tiene por patronos a la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el arzobispado de Valencia- se gastó un total de 12,2 millones de euros en 2006. Desde entonces ha ocultado sistemáticamente con qué empresas contrató, en qué condiciones y para realizar qué tareas. 
Esta entidad creada en 2005, cuyo secretario era el entonces vicepresidente del Consell Víctor Campos, decidió conceder en exclusiva la señal de televisión de la visita del Pontífice a Canal 9 y excluyó a RTVE. 
El TSJ de Madrid también investiga el contrato que Canal 9 formalizó con la empresa Teconsa para montar pantallas de televisión y equipos de sonido durante la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. Según un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales, la trama corrupta que dirigía Francisco Correa logró más de un millón de euros en comisiones ilegales. 
Las cuentas y la actividad de la fundación que impulsó el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con el arzobispado de Valencia se han convertido en ejemplo del oscurantismo y la falta de transparencia del Consell. 
Ninguno de los patronos ha facilitado las actas de las reuniones de la fundación V Encuentro, ni información clara sobre sus aportaciones monetarias o la participación de las empresas públicas de la Generalitat. 
El pasado mes de agosto abandonó su puesto como director general de RTVV Pedro García, uno de los cargos salpicados por los escándalos del caso Gürtel y relacionado con la organización de la visita del Papa. En diciembre pasado, también abandonó su puesto de alto cargo de la Administración valenciana Enrique Pérez Boada, hombre de confianza del vicepresidente tercero y destacado miembro del Opus Dei, Juan Cotino, que tuvo un papel activo en la organización del viaje del Papa a Valencia. 
(www.elpais.com, 25/02/10)
ANULADO EL NOMBRAMIENTO DE PEDRO GARCÍA COMO DIRECTOR GENERAL DE RTVV 
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado el nombramiento en 2007 de Pedro García como director general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), cargo que ostentaba desde 2004 y del que dimitió a finales de agosto del año pasado al verse salpicado por el caso Gürtel. La sentencia considera que la renovación de García se produjo de forma irregular. 
Así lo ha anunciado hoy el portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, quien ha explicado que la sentencia es fruto de la demanda que su partido presentó en 2007 cuando García fue ratificado en el cargo eludiendo una de las convocatorias del consejo de administración", que es el órgano al que corresponde roponer un nombre. En la primera convocatoria se exige la aprobación del cargo por mayoría cualificada de dos tercios de los miembros, y si no, en el plazo de un mes se puede ratificar por mayoría simple. La primera reunión no fue convocada. 
Luna, quien ha recordado que García "utilizó su situación al frente de RTVV para entablar todo tipo de relaciones bastante irregulares con los miembros de la trama Gürtel", ha destacado que el actual responsable del ente, José López Jaraba, fue nombrado siguiendo el mismo procedimiento tras la dimisión de su predecesor. Bajo la dirección en RTVV de García se firmó el contrato para la sonorización de los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006, con el que la trama corrupta consiguió una comisión millonaria. 
(www.elpais.com, 24/02/10)
BLASCO PIDE A SUS DIPUTADOS QUE NIEGUEN EL SALUDO ´A QUIENES NOS PONEN QUERELLAS´  
La querella presentada por el PSPV contra el presidente Francisco Camps, y otros 16 cargos públicos y empresarios ha hecho un daño irreparable en las relaciones institucionales entre los populares y el principal partido de la oposición. El veto al ex diputado socialista José Camarasa a la vicepresidencia de Bancaja evidenció que Camps ha hecho cruz y raya a los que, repite su entorno, lo quieren meter en la cárcel. La ruptura, además, debe llegar a las formas. 
Al menos, así lo considera el portavoz del grupo popular en las Corts y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, quien ayer recomendó a los diputados que nieguen el saludo "a quienes nos ponen querellas". Blasco hizo este comentario en la reunión del grupo parlamentaria celebrada a puerta cerrada con anterioridad al pleno de las Corts. Según varios de los presentes, el síndic popular animó a los populares a ser "más duros y contundentes" con la oposición e incluso les instó a negar el saludo "a quienes nos ponen querellas y nos quieren meter en la cárcel", en clara alusión al PSPV y, en concreto, a los firmantes de la querella. La reflexión se produce 48 horas después del auto del Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana en el que se declara incompetente para investigar la querella socialista sobre financiación irregular del PP, pero reconoce "actuaciones sospechosas" de aforados. La resolución judicial ha escocido a la cúpula popular, que esperaba el archivo de las actuaciones. Sin embargo, de cara a la galería, los populares mantienen la interpretación de que el alto tribunal valenciano ha dado carpetazo al asunto. 
Pero esta semana no todas las noticias procedentes de los tribunales han sido malas. El archivo de una de la causas abiertas contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, dio alas ayer a quienes en el PP creen que en muchos casos se condena de antemano e injustamente a cargos públicos sólo porque un juez les impute sin tener en cuenta como evoluciona la causa. Según varios diputados presentes en la reunión, el comentario del archivo de la causa contra Fabra propició la intervención del alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, en su día también imputado por un presunto pelotazo urbanístico. Hernández Mateo pidió más apoyo del partido "en los momentos difíciles". Blasco le tomó la palabra y propuso que la dirección del grupo envíe una carta de respaldo a todos aquellos diputados que por un motivo u otro hayan resultado inmersos en un proceso judicial. 
El caso Gürtel se coló de nuevo en el primer pleno ordinario del nuevo período de sesiones y generó un pequeño rifirrafe entre la oposición y el PP. El diputado del PP César Augusto Asencio retomó la teoría de la conspiración y aseguro que sobre el caso Gürtel "no hay nada". "Los demás -añadió- son meras especulaciones de cierta policía condecorada muy oportunamente con aumento de emolumentos y una fiscalía muy bien coordinada mediáticamente".
Ha añadido que lo que hay también es "una Fiscalía muy bien coordinada mediáticamente", y que a los socialistas les molesta que lo diga porque "ese es el único caso Gürtel que queda aquí, el de ustedes y la movilización, y las cajas nocturnas", porque "no ha habido más". 
(www.levante-emv.com, 18/02/10)
EL DELITO ELECTORAL PLANEA SOBRE EL PP VALENCIANO TRAS EL AUTO DEL TSJ 
El auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que responde a una querella presentada por cuatro diputados socialistas contra Francisco Camps y otras 16 personas, defiende la conveniencia de que el TSJ de Madrid siga investigando la financiación del PP y apunta, no sólo a la captación irregular de recursos por parte de los populares valencianos, sino también a un posible delito electoral. 
La financiación irregular de un partido, en principio, no es delito, aunque pueda ser objeto de sanción por parte del Tribunal de Cuentas y genere delitos conexos como la prevaricación, el cohecho o la falsificación de documento. Sí que lo es cuando se produce en el marco de una campaña electoral. Y en el informe de la Brigada Policial de Blanqueo sobre el que se basa la querella de los socialistas se incide en la existencia de esa financiación en tres convocatorias electorales: las elecciones europeas de 2004 y las locales y autonómicas de 2007. En las dos primeras convocatorias, el PP valenciano ha señalado que el administrador era el tesorero del PP nacional, el senador Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel; pero en las autonómicas de 2007 el TSJCV revela que la administradora fue Cristina Ibáñez Vidal, que fue candidata suplente del PP por Valencia en las elecciones generales de marzo de 2008. 
"La querella y el referido informe ponen de manifiesto", asegura el auto del tribunal, "unas presuntas anomalías e irregularidades económicas, contables y financieras (el informe menciona la existencia de donaciones finalistas) que de revelarse ciertas, sin perjuicio de lo ya indicado, podrían ser competencia del Tribunal de Cuentas". Lo "ya indicado" en la resolución son las "prácticas de facturación dual" que, según indica el informe policial "se realizarían, además de otros años, como en el 2006, en diversos actos para diversas campañas electorales". 
El mecanismo consiste en que las cinco empresas incluidas en la querella sufragaban "alguna parte de los costes originados por los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que se abonaban a Orange Market", la empresa de Álvaro Pérez vinculada a la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa. "Según las conclusiones policiales", dice el auto del TSJCV, "estas empresas, que abonan actos del partido político, obtendrían como contraprestación por ello la adjudicación de contratos en las Administraciones Públicas. Se hace referencia en el mencionado informe al múltiple volumen de contratación pública que tienen dichos empresarios". Respecto del año 2007, señala el auto, "se citan múltiples actos con emisión de facturas en B y con aparentes anomalías". 
El tribunal, que dedica un amplio apartado de su resolución al delito de financiación irregular de partido político, recuerda que "el Tribunal Supremo tiene declarado que en el Derecho Penal español, la financiación irregular en sí misma considerada no es delito, sino que para que lo sea debe cometerse en las campañas electorales, y cumplirse los demás requisitos del tipo. Ahora bien, ello no es óbice para que con motivo de esa irregularidad, que pudiera ser administrativa no penal, se puedan haber cometido concretas infracciones tipificadas como delictivas, tales como delitos de falsedad, fiscales u otros". 
Ayer mismo, tras conocerse el auto, por el que el TSJCV se declara provisionalmente no competente para investigar la denuncia y defiende que el juez de Madrid Antonio Pedreira culmine su investigación del caso, amparada por el secreto del sumario, el portavoz del grupo parlamentario de Compromís pel País Valencià, Enric Morera, dijo que "ha quedado acreditado que el PP se extralimitó en los gastos electorales e incurrió en delito electoral" y anunció que pedirá a la Sindicatura de Comptes que actúe y denuncie el caso a la fiscalía. 
El portavoz socialista, Ángel Luna, firmante de la querella con otros tres diputados, se mostró satisfecho del auto y señaló que estudiará con tranquilidad las variantes procesales, que incluyen la posibilidad de esperar a que Pedreira levante el secreto del sumario o de plantear la querella ante el TSJ de Madrid, donde se investigan los hechos.La oposición arremetió ayer contra el PP, tras conocerse el auto del TSJ que apunta a la existencia de "hechos de posible significación delictiva" en la actuación denunciada por los socialistas. El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, de visita en L'Alfàs del Pi, declaró que "hay mucho que investigar". Según Alarte, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV ha decidido que "había mucho que investigar, sobre todo al PP de la Comunidad Valenciana", si bien "por razones procesales" considera que lo conveniente es que "lo siga haciendo el TSJ de Madrid". 
Alarte ha insinuado en diversas ocasiones, la última el pasado día 6 ante el Comité Nacional de su partido, que gracias a la querella el PP de Camps ha dejado de contar con una financiación irregular que le daba ventaja. Ayer fue el secretario general del Bloc Nacionalista Valencià y portavoz parlamentario de Compromís, Enric Morera, el que aludió al "uso excesivo de dinero en actos electorales" por parte del PP, pidió la intervención del Síndic de Comptes, que en su opinión no puede convertirse en un ninot indultat, y acusó a los populares de "jugar con las cartas marcadas". También la dirigente de Iniciativa del Poble Valencià y portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, se refirió al asunto. "Se demuestra que, como hemos defendido siempre", dijo, "el tema de los trajes y de otros regalos sólo es la cortina de humo del verdadero problema de corrupción política del caso Gürtel, que esconde la financiación irregular del partido actualmente mayoritario en el País Valenciano. Es mucho más fácil ganar elecciones financiando campañas de manera ilegal que siendo honrado y cumpliendo la legalidad". 
Por su parte, la coordinadora de Esquerra Unida y portavoz de su grupo parlamentario, Marga Sanz, criticó que el TSJ valenciano, pese a manifestar claramente la existencia de "indicios criminales", no se haya "atrevido a investigar". Según Sanz, eso sólo prolonga la "muerte política" del presidente Camps, al que exigió "una limpieza inmediata y profunda del PP y de la Generalitat". 
El portavoz socialista, Ángel Luna, señaló que el TSJCV ha dejado "incontestablemente claro" que "hay una asociación delictiva, un entramado delictivo, una trama para delinquir aprovechando las administraciones públicas, y que el PP tiene una relación estrecha con esa trama". Luna, que aseguró que los socialistas estudiarán con detalle cualquier actuación judicial que pudieran plantear después de que el tribunal valenciano haya decidido "no asumir" la competencia para investigar la querella que presentaron porque ya se está instruyendo el caso en Madrid, destacó que el auto "no exculpa a nadie", "ni siquiera hace una mínima referencia a la falta de indicios respecto de los aforados de la Comunidad Valenciana" y añadió que el PP no debería estar "nada tranquilo". 
"Exactamente igual de tranquilos" como lo han estado "siempre" aseguró que están los dirigentes del PP el portavoz parlamentario popular y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, quien interpretó que el TSJCV "ha echado al cesto de los papeles" la querella de los socialistas. Blasco mostró también su satisfacción por el hecho de que "no hay ningún cargo aforado, ni aquí ni en Madrid, que esté siendo objeto de investigación por parte de estamentos judiciales". El portavoz parlamentario de los populares añadió que, en su opinión, el tribunal "no ha tomado en consideración ninguno de los argumentos del PSPV". 
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tampoco se quedó atrás: "Se han puesto las cosas en su sitio clarísimamente. No hay ninguna implicación delictiva como se ha dicho y el tema está zanjado". 
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, fue más allá y pidió a los socialistas que se disculpen por "judicializar" la vida política. Un perdón que también reclamó a los socialistas el secretario general de los populares valencianos, Antonio Clemente, pero por la persecución a la que han sometido al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. 
(www.elpais.com, 17/02/10)
ANTICORRUPCIÓN RECLAMA INVESTIGAR LAS CUENTAS DEL PP VALENCIANO EN 10 BANCOS 
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que reclame a casi una decena de entidades bancarias todas las cuentas que posean del PP de Valencia. Anticorrupción entiende que es necesario analizar esas cuentas para cotejarlas con las anotaciones que figuran en la doble contabilidad que llevaba la trama corrupta que dirigía Francisco Correa sobre los actos que organizaba para el PP. El objetivo es reforzar, en su caso, el contenido del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que revela la supuesta financiación ilegal del PP, tanto a través de los pagos en dinero negro a la trama corrupta, no declarados a Hacienda, como a través de al menos cinco grandes empresas de esa comunidad. Éstas obtuvieron suculentas contratas de la Generalitat y supuestamente financiaron actos del partido de Francisco Camps mediante pagos a Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, por servicios no prestados. 
El juez no se ha pronunciado aún definitivamente sobre la petición de la fiscalía por entender que el informe policial apunta como sospechosos de esa trama de financiación a altos cargos del PP de Valencia cuyo enjuiciamiento, en su caso, correspondería al Tribunal Superior de esa comunidad. Sin embargo, ese tribunal acaba de dictar una resolución que podría modificar la actual situación. Se trata de un auto relativo a la querella por financiación ilegal contra un total de 17 personas (entre empresarios y altos cargos del PP de Valencia) que interpuso el PSOE de Valencia y que está basado en el citado informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales. 
El Tribunal Superior de Valencia considera en ese auto que hay que investigar los indicios delictivos que se describen en la querella del PSOE y en el informe policial y deja la investigación de este asunto en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sólo introduce la salvedad de que Madrid le remita todas las actuaciones que realice al respecto en el momento en que observe la implicación de algún aforado valenciano. 
No obstante, la investigación policial de la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia lleva meses en marcha, sobre todo después de que el Tribunal Superior de Valencia se negase, en julio del año pasado, a investigar el informe que le remitió la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre la supuesta financiación ilegal del PP. Entonces, el tribunal valenciano, presidido por Juan Luis de la Rúa, estaba a punto de dar carpetazo a las diligencias que instruía en ese momento contra varios altos cargos del PP valenciano por cohecho impropio, entre ellos el propio presidente, Francisco Camps, por recepción de trajes y otras dádivas de la trama corrupta Gürtel. 
La Agencia Tributaria lleva meses analizando en su base de datos la información sobre los implicados de la trama corrupta valenciana para determinar si han incurrido en posibles delitos fiscales similares a los de otros imputados del Partido Popular. La investigación por parte Hacienda fue autorizada en su momento por el juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes del citado organismo. 
La supuesta financiación irregular del PP que la Brigada Policial de Blanqueos considera acreditada en documentos de las empresas de la trama corrupción y en la propia investigación abierta por este caso se canalizó básicamente a través de Orange Market, la firma que en Valencia dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los lugartenientes de Correa. 
Según el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, la financiación del PP en la Comunidad Valenciana funcionaba de la siguiente forma: las empresas de la red de Correa organizaban todos los actos para el PP, pero éste sólo les pagaba una parte con factura. El resto del dinero era abonado sin declarar el gasto a Hacienda o a través de una red de empresas privadas que recibían, a cambio, adjudicaciones de la Generalitat. 
(www.elpais.com, 17/02/10) 
DOBLE FACTURACIÓN 
La red corrupta mantenía una doble contabilidad, según se desprende de los libros incautados por la policía en registros de las empresas de Francisco Correa, el cerebro de la trama. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación: una real, plasmada con una factura formal emitida por Orange Market por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación de Alicante y que sería la caja A; y otra sin factura y, por tanto, sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación de Barcelona o caja B", señala el informe de la Brigada de Blanqueo. La policía apuntaba a Ricardo Costa, ex secretario general del PP en Valencia, como "canalizador del dinero", entre otros altos cargos del partido. Costa fue suspendido de militancia tras negarse a abandonar su cargo, como había ordenado la dirección nacional. 
Entre las empresas que supuestamente pagaron dinero para el PP, el documento policial señala a la constructora Piaf; a Ortiz e Hijos y a Sedesa, propiedad de Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente de la Generalitat valenciana Juan Cotino. 
(www.elpais.com, 17/02/10) 
CAMPS DICE QUE TODO LO QUE PASA CON GÜRTEL ES "RUIDO EXTERIOR" 
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, manifestó ayer que todo lo que pasa con el caso Gürtel es "ruido exterior que intenta distorsionar el trabajo" de su Gobierno. Camps aprovechó una intervención pública para referirse, sin mencionarlo, al caso Gürtel y al auto del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, emitido el pasado lunes, que observa indicios de delito en la financiación del PP valenciano. 
En el auto, los magistrados se inhiben -por unanimidad- para investigar la denuncia presentada por los socialistas contra Camps y otras 16 personas al considerar que es el TSJ de Madrid quien desarrolla la investigación general del caso Gürtel. En el escrito, los magistrados recuerdan que si la investigación llegase a afectar a algún aforado valenciano, la parte de la causa que se refiriese a éstos debería ser remitida al tribunal valenciano o al Supremo. 
La actitud de Camps, que prefirió eludir a la prensa, contrastó ayer con la del resto de altos cargos del PP valenciano, que se prodigaron para intentar contrarrestar el fondo del auto judicial. Para ello, recurrieron a un argumentario que ignora la existencia de "hechos de posible significación delictiva" y pone el énfasis en la decisión del TSJ de no investigar la denuncia socialista, aunque omite que es porque el tribunal se declara no competente por ahora. 
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, marcó el tono: "Se han puesto las cosas en su sitio clarísimamente. No hay ninguna implicación delictiva como se ha dicho y el tema está zanjado". La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, fue más allá y pidió a los socialistas que se disculpen por "judicializar" la vida política. Y el portavoz del PP en las Cortes y consejero, Rafael Blasco, remachó al considerar que el auto es un "varapalo político" para el PSPV-PSOE. 
Los socialistas no ocultaron su satisfacción por la decisión judicial. El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, recalcó que el auto indica que "hay mucho que investigar". El portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, insistió en que el tribunal valenciano deja "incontestablemente claro que hay una trama para delinquir aprovechando las administraciones públicas y que el PP tiene relación estrecha con esa trama". El PSPV, dijo, no descarta personarse en otro tribunal si fuese necesario. Para Esquerra Unida, el TSJ "sólo atrasa la caída institucional de Camps". Compromís apuntó que el auto extiende sospechas sobre la limpieza de las elecciones ganadas por el PP. 
(www.elpais.com, 17/02/10)
CAMPS CULPA DE SUS CUENTAS AL PP DE RAJOY 
La financiación del PP valenciano, bajo sospecha a raíz de la desarticulación de la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa, ha estado bajo control de la dirección nacional del partido en el periodo investigado por la justicia, que coincide con los mandatos de José María Aznar y Mariano Rajoy. Al menos eso es lo que ha explicado el actual número dos del PP valenciano a los jueces del Tribunal Superior que instruyen una querella por financiación ilegal. 
Antonio Clemente, sustituto de Ricardo Costa al frente de la secretaría general del PP valenciano, ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia un escrito en el que le comunica que esta formación no había cubierto el cargo de tesorero hasta octubre de 2008 y, mientras tanto, sometía sus ingresos y sus gastos al control de la dirección nacional del partido. 
"En el periodo comprendido entre el año 2002 hasta octubre de 2008 no ha existido el cargo de tesorero del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, pese a ostentar competencias para su nombramiento, ejerciendo las funciones de tesorería desde los órganos centrales del Partido Popular, en Madrid, que son los que controlan, autorizan y fiscalizan la totalidad de las actuaciones de tesorería del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, al recibir en cada ejercicio económico la documentación contable del PPCV para su control y autorización", señala Clemente en su respuesta a los jueces. 
Por si no hubiera quedado claro, el secretario general del PP valenciano explica que "en la documentación contable no tiene participación cargo alguno de la estructura regional (Presidente, Secretario General o Vicesecretarios) siendo la documentación elaborada por personal de administración que depende de los órganos centrales del PP nacional, siendo el PP nacional el único titular de las cuentas bancarias de uso ordinario del Partido Popular de la Comunidad Valenciana". 
Un informe policial de la Brigada de Blanqueo basado en documentos oficiales y conversaciones intervenidas por orden judicial sostiene que el PP valenciano se financió ilegalmente durante años con la ayuda de la empresa Orange Market, la firma levantina de la trama corrupta de Correa. 
Los cargos valencianos del PP aseguran que el control de los ingresos y gastos, que ahora investigan los jueces, correspondía a la dirección nacional del partido que presidía entonces José María Aznar y ahora Mariano Rajoy y cuyas cuentas gestionaron primero Álvaro Lapuerta (tesorero hasta junio de 2008) y después Luis Bárcenas (ex gerente y ex tesorero del partido, suspendido de sus funciones por este caso de corrupción que le salpica). 
El informe policial intenta probar cómo los principales dirigentes del PP valenciano estaban al tanto de esas prácticas ilegales, consistentes en una doble facturación de actos del partido, una con factura e IVA y otra con dinero negro que escapaba al control del fisco -hasta seis millones de euros, según la documentación intervenida en la sede de Orange Market-. Algunas empresas contratistas de la Administración valenciana pagaban a Orange Market por servicios no prestados para financiar actos que organizaba la empresa de la trama corrupta para el partido de Francisco Camps. 
Decenas de conversaciones grabadas a Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de Orange Market, acreditan la relación de éste con distintos responsables políticos del PP valenciano a cuenta de la financiación del partido, de las deudas que quería cobrar y de los sospechosos mecanismos para hacerlo. En esas conversaciones nunca aparecieron dirigentes del PP nacional, pese a lo que cuenta Clemente en su escrito al juez respecto al control de las cuentas por parte del aparato central del partido. 
Las conclusiones de la policía llevaron a los socialistas valencianos a presentar una querella y al Tribunal Superior de Justicia de Valencia a requerir documentación a los acusados para resolver si admitía a trámite la denuncia y abría una investigación. 
Clemente insiste en su respuesta a los jueces que aunque los estatutos del PP valenciano otorgan a esta formación política "plena capacidad jurídica y de obrar" para disponer de cualquiera de sus bienes o venderlos necesita "la autorización expresa del Comité Ejecutivo Nacional". 
La Junta Electoral Central también ha informado al Tribunal Superior de Justicia de que el administrador único del PP para la Comunidad Valenciana en las elecciones locales de 2007 y las europeas de 2004, cuyos gastos están bajo sospecha, era Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, nombrado por Mariano Rajoy en el último congreso de esta formación y senador por Cantabria. 
Bárcenas está imputado en el Tribunal Supremo por cohecho y un delito fiscal vinculado a sus relaciones con la trama corrupta de Francisco Correa. La investigación atribuye al tesorero del PP el cobro en comisiones de más de un millón de euros. 
(www.elpais.com, 16/02/10)
EL TRIBUNAL DE CUENTAS TAMBIÉN DEBERÁ INVESTIGAR  
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que preside Juan Luis de la Rúa, admite en la declaración de incompetencia de la querella socialista contra Camps por el caso Gürtel que el Tribunal de Cuentas podría ser competente para investigar. Esta advertencia la realiza días después de que el Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, justificara que esta institución valenciana no haya iniciado una investigación sobre los contratos de la Generalitat con las empresas de la trama Gürtel en que, cuando se produce una actuación penal, la actividad fiscalizadora del Síndic de Comptes "debe esperar". 
El Tribunal Valenciano no se dirige en ningún momento a esta institución, pero sí al Tribunal de Cuentas, cuando afirma que las irregularidades contenidas en la querella socialista "podrían ser" de su competencia. Y ello lo dice tras afirmar que la querella y el informe policial ponen de manifiesto unas "presuntas anomalías e irregularidades económicas, contables y financieras". Y señala que el informe menciona la "existencia de donaciones finalistas". Por ello, el TSJ valenciano añade que, "de revelarse ciertas" estas irregularidades contables, el Tribunal de Cuentas debería investigar.  
Estas anomalías contables las expone en otro apartado del auto, cuando se refiere a la financiación irregular del PP. Concretamente, explica que el Tribunal Superior de Madrid está investigando unos delitos interconectados mediante una "aparente organización delictiva" que repite un "mismo patrón de actuación en distintos territorios", como Madrid y Valencia, aludiendo a una "trama organizada". Y añade que ello consistía en una "presunta facturación dual y en cobro en B al PP", además de una "presunta financiación irregular y la obtención de favores de las Administraciones Públicas". 
(www.levante-emv.com, 16/02/10) 
"ÓRGANOS CENTRALES LLEVAN LA TESORERÍA" 
El nuevo secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, contestó en estos términos a la petición de información del Tribunal Superior, que instruye la querella por supuesta financiación ilegal: "Entre 2002 y 2008 las funciones de tesorería se ejercía desde los órganos centrales del Partido Popular". 
Pese a esta afirmación, que consta en la documentación oficial que maneja el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, las conversaciones grabadas en la investigación de la trama corrupta vinculada al PP demuestran cómo los dirigentes valencianos de ese partido eran los responsables directos de los ingresos y gastos del mismo. 
Pero la estrategia del PP que preside Francisco Camps es echar la culpa a la dirección nacional de cualquier irregularidad y dejar al margen a los principales responsables valencianos del partido: "En la documentación contable del PP de la Comunidad Valenciana no tiene participación ni el Presidente [Francisco Camps] ni el Secretario General [entonces Ricarco Costa] ni los Vicesecretarios generales", escribe Clemente. 
En las conversaciones grabadas, todos estos cargos del PP aparecen implicados en las cuentas del partido. 
(www.elpais.com, 16/02/10) 
"EN BARCELONA NO TE PUEDO PAGAR NADA" 
Entre diciembre de 2008 y febrero de 2009, Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de Orange Market, la empresa que hacía todos los actos del PP y que recibía decenas de contratos de la Comunidad Valenciana, tenía problemas para cobrar unas deudas. Pérez hablaba intensamente con Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano. Las conversaciones sugieren los amaños para pagar y cobrar. 
Ricardo Costa. ¿Le dijiste a Rambla [vicepresidente de la Generalitat] lo que te pedí? 
Álvaro Pérez. Le he dicho que tú no puedes hacer absolutamente nada. Que lo sientes y que necesitas conseguir 350 aproximadamente. 
R. C. ¿Y entendió que más por ahí es complicado, no? 
Á. P. Sería imposible. Se lo dije. 
Conversación entre Pablo Crespo, ex número dos de la trama, y Pérez: 
Á. P. Estuve con Ricardo. Cuando le enseñé papeles se pilló un rebote que te cagas. Llamó a David Serra [vicesecretario del PP]. Esta semana me va a dar... Pero se acabó. Y además, como él dice, 'yo te pagaré todo lo que ha hecho en Alicante [en referencia a pagos con factura], en Barcelona [dinero negro], no te puedo pagar nada'. 
Pablo Crespo. Que pague lo de la Comunidad Valenciana. 
(www.elpais.com, 16/02/10)
EL TRIBUNAL VALENCIANO VE INDICIOS DE DELITO EN LA FINANCIACIÓN DEL PP 

La querella por financiación ilegal del PP presentada hace tres meses por cuatro diputados autonómicos socialistas contra el presidente valenciano, Francisco Camps, seis altos cargos de la Generalitat, cinco miembros de la trama Gürtel y cinco conocidos empresarios, contiene "hechos de posible significación delictiva". Así lo reconoce el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un auto que hizo público ayer la Sala de lo Penal y Civil. El tribunal decide "no asumir" por ahora, "dadas las circunstancias procesales", la competencia para instruir la querella. Considera, siguiendo la opinión de la fiscalía, que el conjunto del caso Gürtel, que investiga el juez del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira, afecta a una "organización delictiva" -la que encabezaba Francisco Correa, actualmente en prisión- cuya unidad de actuación no se puede deslindar sin menoscabar la comprensión de su funcionamiento. 
En consecuencia, el TSJCV, dado que no conoce las actuaciones de Pedreira por estar sometidas a secreto del sumario, se declara no competente en este momento para investigar la querella y emplaza al TSJ de Madrid a "realizar y practicar las diligencias que estime oportunas y que se enmarquen en la investigación general del supuesto complejo delictivo". El auto define como "cualificado" el informe de la Unidad Especial de Policía contra la Criminalidad Organizada sobre el que se sustenta la querella de los diputados socialistas. Éste, en esencia, señala que cinco conocidas empresas que habitualmente contratan con la Generalitat habrían pagado facturas del PP valenciano a través de la empresa Orange Market, considerada una terminal de la trama de corrupción y dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. 
Ese mismo informe policial fue ignorado por el TSJCV (presidido por Juan Luis de la Rúa) en agosto cuando le llegó en medio de la deliberación por el caso de los trajes regalados por la red Gürtel a Camps y otros tres cargos públicos. Una imputación por cohecho que la Sala archivó, pese a la opinión contraria del juez instructor, José Flors, y el voto particular del magistrado Juan Montero. El auto de ayer no registró objeciones de ningún miembro de la Sala y tuvo a José Francisco Ceres como ponente, el mismo que en el caso de los trajes. En él se pide a la fiscalía -conocedora del "ámbito, el objeto y las circunstancias" al estar personada en la investigación del juez Pedreira en Madrid- que, "en defensa de la legalidad competencial", promueva la remisión de las actuaciones al tribunal valenciano o al Supremo cuando afecten a personas aforadas. 
Los argumentos fundamentales del auto, que da por buenas como pruebas las conversaciones telefónicas aportadas al sumario, y puestas en cuestión en reiteradas ocasiones por el PP, son los siguientes: 
- La investigación. La "reiteración, contundencia y argumentos" expuestos en el informe policial permiten "apuntar y valorar la necesidad de una única perspectiva judicial investigadora de todos los hechos". 
- Una trama. El tribunal comparte el criterio de calificar los supuestos hechos delictivos como fruto de "una trama". Eso hace difícil separar lo que ocurrió en Madrid y en Valencia. 
- Unidad de la causa. Tanto la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, personada en la investigación del juez Pedreira, como el fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, han reiterado que convenía no romper la unidad de la causa. 
- Aforados. La Sala no renuncia a investigar los hechos. Se queda a la espera de lo que haga el TSJ de Madrid, pero recuerda que la conclusión tendrá dos caminos: o volver a Valencia o ir al Supremo. Señala, además, algo que pasó inadvertido a los diputados que presentaron la querella: la administradora general del PP en las elecciones autonómicas de 2007 en la Comunidad Valenciana fue Cristina Ibáñez Vidal, que no ha sido querellada y no es aforada. 
(www.elpais.com, 16/02/10)
EL TSJ DE VALENCIA VE INDICIOS DE DELITO EN LA FINANCIACIÓN DEL PP Y DICE QUE SE INVESTIGUE EN MADRID
El tribunal se declara no competente para analizar la querella de los socialistas contra Camps y otras 16 personas por el 'caso Gürtel'
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano no investigará de momento la supuesta financiación ilegal del PP. La Sala de lo Civil y Penal ha decidido declararse no competente para investigar los hechos descritos en la querella presentada por el PSPV-PSOE contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, seis altos cargos de su gobierno y del partido, cinco presuntos miembros de la trama corrupta del caso Gürtel y cinco empresas constructoras. Los magistrados consideran que la denuncia, que se dirige contra un total de 17 personas por los delitos de falsedad, financiación ilegal de partido político, malversación, prevaricación y cohecho, no debe deslindarse de la causa que instruye el TSJ madrileño en relación con el caso, al menos mientras no afecte a un aforado valenciano. No obstante, los magistrados destacan que el informe policial en el que se apoya la querella contiene "hechos de posible significación delictiva" sobre la financiación del PP que "necesariamente se han de investigar".

Auto del TSJV en el que se declara no competente para analizar la querella de los socialistas contra Camps
DOCUMENTO (PDF - 865,45Kb) - 15-02-2010
Según señala el TSJ valenciano en una nota, los magistrados se han acogido a los argumentos de la Fiscalía, que consideró que no era el momento de investigar en Valencia la supuesta financiación ilegal del PP por la posible "duplicidad" con las pesquisas del juez del TSJ madrileño Antonio Pedreira. De hecho, el auto destaca párrafos del informe policial citado en la querella socialista que subrayan la necesidad de una "visión global" de las actividades imputadas a la organización delictiva que supuestamente encabezaba Francisco Correa, en prisión.
Los socialistas valencianos presentaron la querella el pasado noviembre a partir de un informe de la Brigada Policial de Blanqueo que recogía indicios de la supuesta financiación ilegal del PP con facturas de actos del partido que habrían pagado las empresas constructoras a través de Orange Market, filial valenciana de la trama. La empresa dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, se encargaba de la mayoría de actos del PP valenciano. La investigación policial también revela que la trama Gürtel cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales por la sonorización de los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006.
Analizado el informe policial, la Sala de lo Civil y Penal concluye que contiene "hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar", pero también que el asunto debe quedar de momento en manos del tribunal madrileño para evitar la "duplicidad" de procedimientos sobre los mismos hechos, al menos hasta que se produzca una hipotética implicación de aforados valencianos. El auto califica de "cualificado" el informe policial, que el mismo TSJ ignoró cuando llegó a la sala a finales del pasado julio, justo en plena deliberación de las diligencias abiertas a Camps y otros altos cargos por supuesto cohecho pasivo impropio por aceptar trajes de la trama. Los magistrados archivaron la causa y no analizaron el informe policial, que ha vuelto a sus manos con la querella de los socialistas.
Tras presentarse el pasado noviembre la denuncia, la Sala de lo Civil y Penal pidió información a varias instituciones y al TSJ de Madrid antes de decidir su admisión a trámite. El tribunal madrileño respondió que no podía facilitar datos del caso porque aún está bajo secreto de sumario y podía frustrarse "el final legítimo" de la investigación que desarrolla. Tras esa respuesta, los magistrados valencianos se dirigieron a los socialistas y a la Fiscalía para que se pronunciaran sobre su competencia o no para instruir la querella. El PSPV considera que sí lo es, mientras que la Fiscalía mantiene que de momento la investigación corresponde al TSJ madrileño, posición en la que se han basado los magistrados para declararse no competentes para conocer la querella.
El PP ha comparecido poco después de conocerse la decisión del TSJ valenciano. Antonio Clemente, secretario general de los populares valencianos, ha afirmado que el auto "deja claro que no hay ningún aforado valenciano en ninguna trama". Clemente ha reconocido que sólo podía hacer una valoración política, ya que no conoce aún el contenido del auto. Aún así, el PP considera que el auto "condena de manera clara la estrategia socialista para hacer daño a personas inocentes". Clemente, que ha hecho estas declaraciones acompañado del portavoz del PP en las Cortes y consejero Rafael Blasco, ha pedido la dimisión del secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte.
Frente a la interpretación del PP, el portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, ha subrayado que el auto, "lejos de exculpar a nadie, resalta y destaca la gravedad de los hechos". La querella "es contundente porque los hechos son contundentes" y "la complejidad de la investigación aconseja mantenerla unida", ha afirmado Luna. La causa "puede afectar a aforados de otras comunidades", por lo que el caso puede acabar en el Tribunal Supremo y si éste no se hace cargo en el TSJ valenciano, ha advertido Luna.
www.elpais.es 15.02.10
EL PP ACUSA DE "DICTADORES" COMUNISTAS A LA OPOSICIÓN POR HABLAR DE GÜRTEL 
"Hemos recibido una lección de comunismo", le dijo ayer el portavoz del PP, José Marí Olano, al Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, tras las intervenciones de las portavoces de la oposición en la Comisión de Economía de las Cortes Valencianas, que habían mostrado su desacuerdo con el hecho de que el órgano fiscalizador no haya auditado las áreas y empresas de la Generalitat afectadas por la trama de corrupción del caso Gürtel en su informe de 2008. Marí comparó la de la oposición con la actuación de la Stasi, la policía secreta de la antigua Alemania oriental, y aseguró que todo obedece a la "teoría marxista" de que "las instituciones y el Derecho son una superestructura al servicio de la dictadura del proletariado". Marí añadió que lo que quiere la oposición es que "la institución se ponga al servicio de unos cuantos que han asumido el papel de dictadores". 
Queralt, que defendió el informe de la Sindicatura, en el que no se aprecian responsabilidades contables, aunque se apuntan un buen número de "salvedades", terminó su intervención con una alusión a que "en cualquier país progresivo la Administración debe flotar en un mar de ética y de transparencia, lo cual, a su vez, lleva a la eficacia y la exigencia en la gestión". La oposición le tomó la palabra y arremetió contra la opacidad del Consell y la trama de corrupción. Marga Sanz, de Esquerra Unida, se refirió a la existencia de "sociedades opacas y fundaciones de dudosa utilidad". Mireia Mollà, de Compromís, dijo que el informe de la Sindicatura se mueve en "un universo paralelo a una realidad de falta de transparencia". La portavoz socialista, Cristina Moreno, le dijo a Queralt que plantea "un mar de transparencia" cuando desde febrero pasado, en que la policía entró en la Agencia Valenciana de Turismo, y desde que fue imputado el presidente Francisco Camps, "aquí hay una marea, un chapapote maloliente" sin que la Sindicatura haya aportado "un rayo de luz". 
(www.elpais.com, 12/01/10)
EL PP EXIGE QUE SE LEVANTE EL SECRETO DEL 'CASO GÜRTEL' 
El PP considera "injusto" no poder acceder a las diligencias practicadas en el caso Gürtel y, por lo tanto, no saber hasta dónde y sobre quienes se ha desplegado la investigación acerca de la presunta trama de corrupción y la supuesta financiación ilegal del partido en la Comunidad Valenciana. 
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons mantuvo ayer la teoría de que el Gobierno tiene acceso a las investigaciones secretas, como "jefe político" de la Fiscalía y de la Policía que, de momento, son los únicos conocedores del total de las diligencias. Según dijo, además, el Gobierno filtra la información "con la intención de dañar", mientras el PP "que es el principal partido de la oposición", no tiene acceso a ella. 
Un año después de que se realizaran los registros de la Policía Judicial en la Consejería de Turismo de la Generalitat Valenciana para buscar documentación sobre la relación del Consell con la empresa Orange Market, González Pons sostuvo que, en este caso, se ha producido unas de las "injusticias procesales más importantes de los últimos años", por lo que reclamó que se levante el secreto del sumario para "restablecer el equilibrio entre el Gobierno y la oposición en España". Pese a su reclamación, González Pons señaló que el caso Gürtel se limita a "un caso de financiación de particulares a costa del PP", y, según subrayó, la financiación del PP "se ha demostrado que está fuera de todo eso". Además, adujo que "el PPCV haría mal en no servirse, en el futuro, de la capacidad política" del ex secretario general Ricardo Costa, única víctima política de la rama valenciana del caso Gürtel. 
El vicesecretario de Comunicación del PP se reunió ayer en Valencia con diputados y senadores por Valencia, junto al secretario general del PPCV, Antonio Clemente, y el propio presidente regional del PP, Francisco Camps, que salió de la sede poco antes de que comenzara la comparecencia pública de González Pons y, por tanto, cuando los fotógrafos se encontraban en la puerta del edificio. 
Tras la reunión, tanto González Pons como el vicepresidente Económico del Consell, Gerardo Camps, desplegaron un rosario de críticas a los vaivenes del Gobierno en política económica y Pons acabó asegurando que el PP apoyará la negociación sobre la reforma laboral porque "España necesita que todos demos lo mejor de nosotros mismos". 
(www.elpais.com, 07/02/10)
GONZÁLEZ PONS AFIRMA QUE EL PP CUENTA CON RICARDO COSTA EN EL FUTURO 
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, consideró este domingo que este partido "haría mal" si en el futuro "no se sirviera de la capacidad política" del ex secretario general del PPCV y ex portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa.  
González Pons realizó estas declaraciones en la rueda de prensa en la que compareció en Valencia, acompañado del secretario general del PPCV, Antonio Clemente, y del vicepresidente económico de la Generalitat, Gerardo Camps. 
Respecto a la situación en la que se encuentran Ricardo Costa y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, --ambos suspendidos de militancia--, el vicesecretario de Comunicación del PP recordó que todavía no se conoce la decisión del Comité de Derechos y Garantías respecto de estos dos casos, por lo que "es un poco pronto para tomar una decisión". 
   No obstante, Esteban González Pons hizo hincapié en que Costa es "un valor del PPCV", por lo que, a su juicio, el partido "haría mal de no servirse de su capacidad política en el futuro". 
(www.europapress.es,  06/02/10)
ANTICORRUPCIÓN SE OPONE A QUE DE LA RÚA DETERMINE SI HUBO FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO 
La Fiscalía Anticorrupción se opone a que Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) y amigo personal de Francisco Camps, tenga el poder de determinar si el PP regional se financió ilegalmente en combinación con la trama de corrupción Gürtel. 
Hace un mes, la Fiscalía pidió al juez madrileño Antonio Pedreira que reclamara la contabilidad del PP valenciano, y ayer se supo que ese ministerio público se opone a que el tribunal valenciano sea el que investigue la querella del PSOE sobre la presunta financiación irregular de los populares, según ha podido conocer Público.  
Una duplicidad de procedimientos" 
Una nota difundida por el TSJCV reseña el argumento oficial del fiscal superior de Valencia, de que la Sala de lo Civil y lo Penal del tribunal debe declararse incompetente "para no incurrir en una duplicidad de procedimientos". Sin embargo, fuentes cercanas al Tribunal Superior de Madrid, han asegurado que el juez Pedreira no está investigando el informe que la Policía envió, en julio, al tribunal valenciano y que Juan Luis De la Rúa habría ignorado.
La querella del PSOE valenciano 
Ese informe es el que sustenta la querella interpuesta por el PSOE valenciano sobre la supuesta financiación irregular del PP. La querella se dirige contra el presidente de la Generalitat y otras 15 personas, entre ellas notables empresarios levantinos que pagaron facturas a Orange Market, la franquicia valenciana de la red que corrupta que dirigía Francisco Correa. Según la Policía, las facturas se falsificaron para ocultar que, en realidad, se correspondían con gastos del PP.
De la Rúa y su amistad con Camps 
El tribunal madrileño alega el secreto sumarial para no dar información sobre el tema, aunque fuentes de la investigación admiten, según Público, que la Fiscalía ha emprendido una carrera para evitar que el caso caiga otra vez en manos de De la Rúa. Fuentes vinculadas al caso consideran que Anticorrupción está pagando ahora las consecuencias de no haber recusado a De la Rúa cuando se constató que el presidente del Tribunal valenciano no iba a abstenerse en el caso. En septiembre de 2008, Camps había proclamado públicamente cuál era la relación que mediaba entre ambos: "Tendremos -dijo Camps- que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat”.  
(www.elplural.com, 07/02/10)
LOS SOCIALISTAS ALEGAN QUE HAY PRUEBAS PARA INVESTIGAR A CAMPS
El fiscal pide al Tribunal Superior valenciano que se declare incompetente
Hay suficientes indicios en el informe de la Brigada Policial de Blanqueo sobre el que se fundamenta la querella para que el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) investigue al presidente Francisco Camps y a otras 16 personas, entre ellas varios cargos del Gobierno valenciano y cuatro conocidos empresarios, por supuesta financiación ilegal del PP. Así lo sostienen los cuatro diputados socialistas que la presentaron. “El tribunal no puede hacer dejación de sus competencias y dejar en manos de otro tribunal la determinación de la investigación y su valoración a efectos de competencia cuando tiene en su poder auténticos principios de prueba que le impiden avocar su competencia”, alegan en el escrito de respuesta a la consulta del Tribunal Superior de Justicia valenciano sobre la competencia del tribunal tras la negativa del juez Antonio Pedreira, del Superior de Madrid, que instruye el caso Gürtel, a revelar el estado de la investigación.
“Aun cuando el TSJ de Madrid estuviera investigando los hechos, siempre y en todo caso la competencia sería del TSJCV”, señalan los socialistas en su escrito, dado que afectan a cargos aforados que sólo pueden ser juzgados por ese tribunal o por el Supremo, pero nunca por el tribunal madrileño. Y apuntan que, si fuese necesario, “en caso de conflicto sobre los hechos investigados, debería formularse una cuestión de competencia”. También apuntan los diputados que el presidente y vicepresidente de la Generalitat y otros cargos aforados son, en su opinión, responsables de los hechos, pese a que el secretario regional de los populares ha informado al Tribunal valenciano de que el PP de la Comunidad Valenciana no tiene personalidad jurídica y que las funciones de tesorería y contabilidad correspondían al PP nacional entre 2002 y 2008. El informe de la brigada policial deja claro, según los socialistas, que los querellados gestionaban y administraban de facto las cuentas del PP valenciano.
Por su parte, la fiscalía considera que el Tribunal valenciano no es, de momento, competente para investigar la querella socialista. Su argumento, elaborado por la Fiscalía Anticorrupción y firmado por el fiscal superior valenciano, Ricard Cabedo, considera que lo que corresponde es esperar la evolución de la investigación del juez Pedreira en el Tribunal de Madrid. Para la fiscalía, procede que Pedreira evalúe los indicios, señale a los supuestos responsables y se inhiba en favor del Tribunal valenciano. A su juicio, la situación en la que se encuentra el procedimiento de Madrid, bajo secreto sus tres cuartas partes, hace
www.elpais.es 06.01.10
LA FISCALÍA RECHAZA QUE EL SUPERIOR DE VALENCIA INVESTIGUE LA QUERELLA DEL PSPV-PSOE POR EL 'CASO GÜRTEL' 
La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana rechaza que el Tribunal Superior de Justicia de la región investigue la querella presentada por el PSPV-PSOE por supuesta financiación ilegal del PP autonómico, en la que implicaría a 17 personas, entre ellas, el presidente de la Generlitat Francisco Camps, varios altos cargos y al menos cinco grandes empresas constructoras. 
La Fiscalía valenciana entrega hoy, según la Fiscalía General del Estado, el escrito en el que considera que los hechos denunciados por los socialistas están siendo investigados por el juez Antonio Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Según la Fiscalía de la Comunidad Valenciana, corresponde en este momento al juez Pedreira concluir las investigaciones que ha iniciado, valorar los indicios y, en su caso, remitir entonces al tribunal valenciano lo que considere oportuno. 
Los socialistas valencianos presentaron una querella el pasado noviembre fundamentada básicamente en un informe policial en el que se recogían numerosos indicios de la existencia de financiación ilegal en el PP de la Comunidad Valenciana. Ese informe llegó a la sala de lo civil y penal del TSJ valenciano a finales de julio, justo en plena deliberación sobre las diligencias abiertas por un presunto delito de cohecho pasivo impropio a, entre otros, el presidente Camps. 
El tribunal, presidido por el magistrado Juan Luis de la Rúa, a quien éste señaló como "más que amigo", decidió archivar la causa e ignorar el contenido del informe policial. 
La pasada semana el TSJ valenciano, a través de una providencia, preguntó a la Fiscalía y a los socialistas si consideraban que era el tribunal competente para investigar los hechos denunciados. 
Previamente, había recabado distinta información y solicitó al tribunal de Madrid que le dijera si estaba investigando los mismos hechos. El tribunal madrileño contestó que no podía darle información porque no había una causa abierta en la Comunidad Valenciana y que tomara las decisiones oportunas. 
(www.elpais.com, 05/02/10)
EL TSJ DE VALENCIA PREGUNTÓ AL DE MADRID SI INVESTIGABA A RTVV POR LA VISITA DEL PAPA  
El juez instructor de la querella socialista contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tenía especial interés en conocer si el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid está investigando al ex director de RTVV, Pedro García, por la adjudicación a Teconsa del contrato de sonorización de la visita del Papa para la celebración en Valencia en 2006 del V Encuentro Mundial de las Familias.  
Esta es una de las preguntas que el juez Pedreira, que instruye el caso Gürtel desde la primavera pasada, se negó a responder al Alto Tribunal valenciano. Al igual que los "contretos imputados" del PP por un delito de asociación ilícita. La razón alegada es que las actuaciones siguen secretas y no las puede conocer nadie, ni siquiera las partes investigadas.  
No obstante, algo deben sospechar -o temer- desde el PP valenciano cuando Pedro García deja su cargo en plenas vacaciones de verano, el pasado 29 de agosto. Justo una semana antes, el día 21, RTVV recibió una notificación del TSJ madrileño pidiéndole el contrato con Teconsa que constaba en el informe remitido por la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre el "sistema de facturación y financiación de los actos del PP en la Comunitat Valenciana". 
No olvidemos que el nombre de Pedro García ya figuraba en el auto de Garzón de 5 de marzo por el que se inhibía a favor de los TSJ de Madrid y Valencia por el caso Gürtel. El TSJ valenciano obvió su nombre al ceñir su investigación sólo al delito de cohecho por el asunto de los trajes, con la justificación de que Pedro García no es un cargo aforado. Archivó el pasado 2 de agosto. 
El 11 de septiembre, RTVV remite a Madrid la documentación sobre la visita del PP, tal como desveló el actual director José López Jaraba, en la sesión de control de las Corts Valencianes del 17 de noviembre. No dijo más porque el tema está "subjudice". 
Cuatro días después, cuatro diputados socialistas presentan una querella contra Camps y otros 17 altos cargos del PP y empresarios. El 25 de noviembre, el instructor de esta denuncia, José Ceres, remite un exhorto judicial al TSJ de Madrid. Su interés es conocer si el juez madrileño está investigando algunos de los hechos denunciados o mencionados en el informe policial para evitar "investigaciones simultáneas".  
Por ello, la Sala inquiere al juez Pedreira si alguno de los hechos investigados "se refiere a la existencia de un delito de asociación ilícita y sus concretos imputados. Y justifica esta pregunta en que en el informe policial se hace expresa referencia a que "se trata de investigar la existencia de una organización delictiva asentada dentro de las Administraciones Públicas para la obtención de favores a la misma y que se trata de hechos interconectados".  
Además, el juez valenciano le preguntó al de Madrid si sus diligencias en el caso Gürtel tienen relación o se refieren "a la supuesta financiación ilegal del PP". En ese caso, solicitaba que especificara "el concreto proceso o procesos electorales a que pueda referirse y los territorios o Comunidades Autónomas afectados". 
También pregunta por las empresas que están investigando en Madrid, si se trata de Orange Market y Easy Concept, "especificando cuáles". Y añade que le señale "si aparecen los delitos supuestamente cometidos a través de las sociedades participadas por Francisco Correa". Las empresas que cita expresamente el juez valenciano son: Down Town Consulting, Orange Factory, Good & Better, Pasadena Viajes, Servimadrid, Diseño Asimétrico, Technology Consulting Management y Forever Travel Group.
Por último, pregunta si "se han dictado resoluciones judiciales en relación con los hechos y las personas" denunciadas por los socialistas valencianos. Todo ello, en vistas a delimitar el objeto y los sujetos de la querella, ya que si alguno de los denunciados o los delitos estuvieran siendo investigando en Madrid, el juez valenciano debería abstenerse para no dar lugar a "interferencias procedimentales, dada la posible interrelación entre los mismos". Ello significaría que la querella, de nuevo, quedaría reducida a los cargos aforados, principalmente, de los que sólo es competente el TSJ valenciano. 
Como ya publicamos hace una semana, el juez de Madrid denegó cualquier tipo de información al estar declaradas secretas para todas las partes. 
(www.levante-emv.com,  01/02/10)
EL PP NO ACTUARÁ CONTRA EL SECRETARIO GENERAL DEL PP DE VALENCIA QUE LOGRÓ UNA REBAJA EN UN JAGUAR GRACIAS A EL BIGOTES 
La dirección del Partido Popular descarta tomar medidas con el secretario general del PP de Valencia (el sustituto de Ricardo Costa) por su relación con uno de los empresarios imputados en la trama Gürtel. Antonio Clemente consiguió una rebaja importante en la compra de un jaguar gracias a la mediación de Álvaro Pérez, El Bigotes. 
Hace un mes y una semana que el PP dispone de un Código de Buenas Prácticas, pero no tiene "carácter retroactivo". No se va a aplicar a Clemente porque el jaguar se lo compró en verano y, además, porque conseguir un descuento por comprar un vehículo es algo frecuente. Fueron 3.200 euros de descuento en este caso, al tratarse de un coche de alta gama. 
El PP no va a considerar siquiera el caso, al que no aplica matiz de anormalidad alguna. "No fue aprovecharse de nadie", aclaran desde la sede popular de la calle Génova. "Es simple amistad o contacto para conseguir una rebaja habitual", dicen. 
El Código de Buenas prácticas del PP lo están firmando ya los cargos de responsabilidad en el aparato del partido y lo firmarán los cargos públicos que resulten de las próximas elecciones. Les obliga, por ejemplo, a abstenerse de cualquier conducta que, aún siendo legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad del PP. 
(www.cadenaser.com, 29/01/10) 
RUS VE NORMAL QUE CLEMENTE FUERA CON ´EL BIGOTES´ A COMPRARSE UN JAGUAR  
El presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, salió ayer en defensa del secretario general del PP de la Comunitat, Antonio Clemente, al considerar "normal" que en mayo de 2008 se comprara un Jaguar después de que el gerente de Orange Market, Alvaro Pérez, conocido como "El Bigotes", se ofreciera a intermediar para conseguirle un descuento. Rus criticó que se "criminalicen" las amistades que puedan tener los cargos públicos y mantuvo que uno no es "culpable" de que una persona que conoce resulte ser "un ladrón, o mate a alguien".  
El presidente de la Diputación de Valencia, propietario de un Ferrari, se pronuncio sobre la información publicada el pasado jueves por "El Mundo" sobre la adquisición del Jaguar y la existencia de una conversación grabada por la policía en el marco la investigación del caso Gürtel entre Clemente y El Bigotes, en el que este último se ofrecía a intermediar para conseguir un descuento. 
Según la documentación aportada ayer por la dirección regional del PP, el 20 de mayo de 2008, el entonces portavoz adjunto del grupo popular en las Corts, entregó al concesionario una señal de 3.000 euros por la compra del Jaguar, cuyo precio final ascendió a 57.628 euros tras un descuento de algo más de 3.400 euros. Clemente, farmacéutico de profesión, ha aportado las facturas y justificantes de pago, así como una copia del préstamo que formalizó ante notario para pagar la cantidad restante. El secretario general del PP, que ayer no quiso hacer declaraciones, admite que Alvaro Pérez le acompañó un día al concesionario, aunque fuentes de su entorno mantienen que al final la compra la hizo por su cuenta y sin la mediación del ex gerente de Orange Market.  
"Si fue con El Bigotes, 3.000 euros fueron pocos, yo si hubiera ido me hubieran hecho un diez por ciento de descuento", ironizó Rus, quien se mostró convencido de que Clemente "sería incapaz" de hacer algo incorrecto. "Seguro que estará preocupado, pero si fuera yo estaría preocupado porque en lugar de un diez me han hecho un cinco por ciento de descuento", insistió. 
Pero ni siquiera el tono desenfadado empleado por Rus podía ayer disimular la inquietud existente en el PP y en el Consell ante un nuevo capítulo del escándalo Gürtel que, si bien carece de trascendencia legal, salpica la imagen del actual secretario general, hasta el momento uno de los pocos dirigentes del PP no "contaminados" por la trama de Correa. De hecho, el presidente Francisco Camps lo eligió hace apenas tres meses para sustituir a Ricardo Costa, la única víctima política del caso. En su decisión, Camps no sólo tuvo en cuenta su fidelidad a prueba de bomba, sino el hecho de tratarse de una persona "inmaculada" en relación con el escándalo Gürtel. 
Cabe recordar que las conversaciones del caso Gürtel en las que los cabecillas de la trama hablaban de las gestiones para comprar a Costa un Infiniti hicieron mucho daño a la imagen del ex número dos del PP. Costa defendió desde el principio que pagó el coche, pero tuvo que remitir la documentación a Génova e incluso pedir perdón en público por la imagen inadecuada que, confesó, podía trasladar a la sociedad al darse el capricho de comprarse un coche de lujo en plena crisis.  
Clemente, sin embargo, cuenta con el respaldo de la dirección nacional del PP, algo que Costa perdió al poco de levantarse parte del sumario y trascender su íntima relación con El Bigotes . Según ha podido saber este diario, el presidente Mariano Rajoy y la secretaria general, Maria Dolores de Cospedal, han hablado personalmente con el secretario general y le han dicho que esté tranquilo. Es más, en Génova descartan aplicar el código ético por no tener carácter retroactivo y considerar que no existió ninguna irregularidad.  
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguró ayer que la supuesta conversación entre Clemente y Álvaro Pérez en la que quedaban para ir al concesionario - a la que alude "El Mundo" aunque sin concretar su contenido-, de existir, se habría grabado antes del 6 agosto de 2008, fecha en la que el juez Garzón abrió las diligencias del caso Gürtel, y por lo tanto de manera ilegal. Por ello, Pons pidió explicaciones al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado.  
Rus bromeó con el hecho de que cuando habla por teléfono saluda a Rubalcaba por si lo están grabando. Con todo, en el PP muchos dudan de la existencia de la grabación y señalan a Costa y a su entorno como los muñidores de una operación que buscaría dar un aviso a Génova veinticuatro horas después de hacerse pública la sanción al ex número dos del PP. El entorno de Costa lo niega. 
Aunque los populares minimizan el asunto, temen que sirva de gancho para que Gürtel acapare de nuevo la agenda política. La oposición exigió la comparecencia de Clemente en las Corts y el vicepresidente primero, Vicente Rambla, eludía pronunciarse a preguntas de los periodistas. Camps, por su parte, seguía con su viaje en New York. 
(www.levante.emv.com, 29/01/10)
GONZÁLEZ PONS ELUDE LOS VÍNCULOS ENTRE EL BIGOTES Y EL NÚMERO DOS DEL PP DE VALENCIA PIDIENDO LA CABEZA DE CONDE PUMPIDO
 La supuesta limpia en el PP valenciano tras la sustitución en la secretaría general de Ricardo Costa por Antonio Clemente ha quedado en entredicho después de conocerse que este último también mantiene una estrecha relación con El Bigotes, el hombre de la Gürtel en la comunidad gobernada por Camps. Una información ha revelado que Clemente incluso utilizó a El Bigotes, imputado actualmente por la trama de corrupción, para que le asesorara en la compra de un Jaguar. Sin embargo, preguntado por estos vínculos, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha puesto el foco en un presunto origen ilegal en la información asegurando que si es así "debería hacer caer al Fiscal General del Estado". También ha defendido el Jaguar de Clemente porque lo ha comprado "con su sueldo de farmacéutico". Nada sobre lo que dice el recién estrenado código etico del PP que asegura se castigarán conductas que dañan la imagen del partido. Ni un ápice de autocrítica hacia el comportamiento de su compañero de filas. 
Durante una entrevista en la COPE, González Pons ha tratado de echar balones fuera a la hora de abordar la noticia que hoy publica El Mundo sobre cómo Clemente se compró un Jaguar en julio de 2008 -cuando era portavoz adjunto del PP en Les Corts- asesorado por El Bigotes. El popular apuntó que no tiene "nada que objetar" sobre la adquisición del vehículo porque es un "político de esos que no cobra en la política" y que se lo ha comprado “con su sueldo de farmacéutico”.
Las farmacias y el PP valenciano  
Las farmacias vuelven a aparecer así vinculadas al ritmo de vida de determinados cargos del PP valenciano. Así, cuando interrogaron a Camps por los trajes que la trama Gürtel habría comprado para él y de los que no tenía factura, el presidente valenciano alegó que los había pagado en metálico con el dinero de la farmacia de su esposa.
González Pons arremete contra la Fiscalía por escuchas ilegales
La información del diario aludía a una investigación policial como el origen de esa constatación de las buenas relaciones entre El Bigotes y Clemente, y González Pons ha tratado de poner ahí el foco. Según el popular, "si hay una grabación policial anterior al 6 de agosto [fecha del inicio de la instrucción de la Gürtel], esa grabación es ilegal", lo que "sería gravísimo" porque la propia Fiscalía General del Estado en sus instrucciones ha dicho que "no se pueden grabar conversaciones fuera de las diligencias previas".

“Música” de “podredumbre”  
Desde la cadena de los obispos, González Pons ha insistido en que la investigación a Clemente y El Bigotes “tiene una música que si se confirma se llama podredumbre” y que si es así “debería hacer caer al Fiscal General del Estado”.
“Confusión” respecto a las sanciones a Costa y Cobo  
Sobre la propuesta del Comité de Derechos y Garantías del PP de sancionar con un año de suspensión de militancia al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, González Pons cree que se ha producido una "confusión" ya que no es definitivo sino “las propuestas de sanción del pliego de cargos de quien está instruyendo” el expediente.  
(www.elplural.com, 28/01/10)
EL SUCESOR DE COSTA COMPRÓ UN JAGUAR CON AYUDA DE 'EL BIGOTES' 
Antonio Clemente, el entonces portavoz adjunto en las Cortes Valencianas, acudió con Álvaro Pérez al concesionario en el que éste conseguía los coches. El hoy secretario general del PP valenciano admite que 'El Bigotes' se ofreció para conseguirle un descuento, que finalmente superó los 3.000 euros. Ambos mantuvieron una conversación telefónica sobre la operación cuya transcripción figura en las investigaciones policiales del 'caso Gürtel' 
El sucesor de Ricardo Costa al frente de la Secretaría General del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Antonio Clemente, no escapó a la influencia que sobre el partido y sus dirigentes tuvo Álvaro Pérez, El Bigotes. En el verano de 2008, siendo Clemente diputado autonómico y portavoz adjunto, el gerente de Orange Market, la empresa que realizaba todos los actos del PPCV, le acompañó a comprarse un Jaguar.  
Existe una conversación telefónica entre El Bigotes y Clemente sobre la compra del vehículo que consta en las investigaciones policiales. El propio Clemente ha admitido que Álvaro Pérez, que ya había adquirido más coches en ese concesionario de Valencia, se ofreció para conseguirle un descuento. La rebaja fue de 3.425 euros, que redujo el precio a 57.628 euros. El secretario general del PP ha podido acreditar que está pagando el vehículo.  
La participación de Álvaro Pérez en la compra del coche de Antonio Clemente prueba de nuevo que su relación con la cúpula del PP valenciano fue tan intensa que traspasó el plano político para llegar al personal e incluso íntimo. Fue un amigo para Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y otros muchos. El Bigotes, lejos de conformarse con estos contactos de oro, intentó ganarse el favor de otros dirigentes del partido en la Comunidad Valenciana con el propósito de ampliar el control que ya ejercía en la organización. Y eso era la red Gürtel.  
En julio de 2008, Clemente era portavoz adjunto del PP en las Cortes Valencianas, mano derecha de Costa en el Grupo Parlamentario y conocía a Pérez del partido. El actual secretario general ha formado parte de todas las direcciones regionales de los últimos años y es un hombre de la confianza de Camps. No era difícil que se encontraran. El Bigotes campaba a sus anchas por la sede del PP valenciano de la calle Quart como responsable exclusivo de organizar todos los actos de la formación a través de Orange Market.  
Posiblemente hablaban poco por teléfono -el poder de Clemente era limitado y no adjudicaba contratos ni en la Generalitat ni en el PP-, pero lo suficiente para que el lugarteniente de Francisco Correa en Valencia se brindara a hacer de mediador y conseguirle un descuento en la compra del vehículo que pretendía adquirir. Clemente, de apariencia siempre austera, quería jubilar su viejo Saab de más de 15 años.  
Según fuentes solventes consultadas por EL MUNDO, en una de las grabaciones policiales del caso Gürtel -Álvaro Pérez tenía el teléfono pinchado- El Bigotes le propone acompañarle al día siguiente para comprar el Jaguar. El secretario general del PP valenciano admite que fue al despacho de Orange Market, en la céntrica calle Colón de Valencia, a recogerle y fueron juntos a Británica de Automóviles, uno de los dos puntos de venta de Jaguar en la ciudad. El 16 de julio de 2008, Clemente compró un coche de esta marca modelo XF 2.7D Executive Ultimate B por un precio de 57.628 euros, según la documentación aportada ayer por el político a este diario.  
A diferencia de Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón y ex marido de Ana Mato, a quien Correa pagó un Jaguar que luego matriculó a su nombre, Antonio Clemente ha podido demostrar documentalmente que no existe ningún otro vínculo entre Orange Market y la compra de su lujoso coche. Según Clemente, el vehículo se adquirió a precio de mercado, únicamente con un descuento de 3.425 euros, una rebaja habitual en coches de esta gama. La mediación de El Bigotes le habría resultado así poco beneficiosa pese a que en ese concesionario Pérez compró varios coches, entre ellos uno para su uso privado.  
Clemente entregó 7.000 euros a cuenta por el Jaguar y solicitó un crédito a Barclays de 50.000 euros para abonar el resto. El préstamo está suscrito a nombre suyo y al de su mujer, Pilar Collado, que está al frente de la Dirección General de Cooperación de la Generalitat Valenciana. Las cuotas, pendientes hasta 2012, se amortizan todos los meses en una cuenta que el matrimonio tiene en ese mismo banco. La pareja, al margen de sus sueldos, posee una farmacia en propiedad.  
En declaraciones a este diario, el dirigente popular explicó ayer que «se trata de una operación privada en la que no existe nada ilícito o ilegítimo, ni, tras aportar toda la documentación, nada que ocultar». Clemente añadió que no ha mantenido ninguna conversación que pueda implicar «irregularidad alguna o conducta impropia» dentro de sus funciones públicas.  
Pero El Bigotes se ha convertido en un estigma para el PP valenciano y sólo el hecho de haberse relacionado con él supone ahora una mancha. A Ricardo Costa le costó el cargo su estrecha relación con Alvarito y la presunta participación de la trama corrupta en la adquisición de su Infiniti - un vehículo también de alta gama- conocida tras el levantamiento parcial del sumario que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Costa siempre negó que Pérez participara en la compra y defendió que lo pagó él.  
Clemente había estado al margen del influjo de El Bigotes y siempre se ha presentado como un dirigente impoluto, dedicado a la política con su vida profesional solucionada. 
(www.elmundo.es, 28/01/10)
CAMPS EXCLUYE DE BANCAJA AL PSPV POR EL 'CASO GÜRTEL' 
El secretario general del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), Jorge Alarte, acusó ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de excluir de la dirección ejecutiva de Bancaja, la tercera caja de ahorros española, a los candidatos socialistas en represalia por el caso Gürtel. 
"La angustia de Camps por buscar la impunidad en el caso Gürtel se ha convertido en una amenaza para Bancaja", dijo Alarte, que argumentó que se les ha sometido a chantaje desde que decidieron presentar una querella por supuesta financiación ilegal contra el PP de Camps . "Se reclama impunidad a cambio de normalidad democrática y, como no cedemos, la orden de Camps es excluir a todos los que no piensan como él", manifestó. Alarte advirtió que la decisión no afecta sólo al PSPV-PSOE, sino que se ha dado orden de dejar fuera a la UGT y a las organizaciones de impositores y consumidores que no comulgan con su manera de hacer política. 
Los socialistas, que hasta la fecha tenían dos vicepresidentes en la comisión ejecutiva de Bancaja, se quedan sin representación en el órgano que gestiona el día a día de la entidad de ahorro y se quedan con sólo dos de los 21 miembros del consejo de administración y ninguno en la dirección ejecutiva, que estará integrada únicamente por candidatos afines al PP, algo que causó un profundo malestar en Bancaja.  
Su reelegido presidente, José Luis Olivas, confiaba en poder mantener la pluralidad de la comisión ejecutiva. Olivas accedió a la presidencia de Bancaja desde la presidencia de la Generalitat, cargo que ocupó algo más de un año, durante el interín entre Eduardo Zaplana y Camps. 
Los socialistas emplazaron al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, a explicar cuál es su política de cajas, si la despolitización que reclama Cristobal Montoro o el rodillo de Camps. 
El PP acusó a Alarte de intentar coaccionar las votaciones del consejo de administración de Bancaja para colocar a un ex diputado de vicepresidente. 
El proceso de renovación Bancaja contrasta con el de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). En esta última, el presidente de la Diputación de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, ha optado por hacer caso omiso de las presiones de Camps. 
(www.elpais.com, 15/01/10) 
EL CONSELL IRÁ AL SUPREMO PARA MANTENER EL PULSO CONTRA GARZÓN POR EL CASO GÜRTEL  
La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar la queja presentada por el Consell contra el juez Baltasar Garzón por presuntas irregularidades en la instrucción del caso Gürtel no frenará la ofensiva judicial de la Generalitat. El Ejecutivo mantendrá el pulso contra el juez cuya investigación ha truncado la proyección política del presidente valenciano al recurrir el archivo ante el Tribunal Supremo. Así lo anunciaron ayer dos miembros del Gobierno valenciano -la portavoz Paula Sánchez de León y el vicepresidente primero Vicente Rambla- después de que Levante-EMV desveló ayer que el carpetazo al asunto dado por el órgano de gobierno de los jueces. 
El Consell presentó a principios de noviembre una queja formal ante el CGPJ al entender que Garzón había vulnerado el derecho de defensa de Camps por "mutilar" una parte del sumario que le exculpaba en la causa de los trajes por la que entonces resultó imputado.  
En concreto, se trata de unas conversaciones mantenidas entre los presuntos cabecillas de la trama de Francisco Correa y sus abogados en la cárcel en las que se afirmaba que el presidente valenciano se pagó sus trajes. Las fiscales que trabajaban con Garzón en las instrucción solicitaron que la parte del sumario que contenía las conversaciones grabadas por la policía en la prisión no fuera tenido en cuenta como elemento probatorio por los jueces que heredaron la causa.  
Sin embargo, la Comisión Disciplinaria del CGPJ archivó la queja antes de Navidad al entender que la cuestión planteada es "un asunto jurisdiccional y no tiene potestad para entrar en ello", según confirmaron fuentes de la Generalitat y del CGPJ. De León precisó que la decisión no fue unánime, ya que hubo un voto particular que, según la portavoz, "suscribe todas las razones" del Consell. Presidencia de la Generalitat discrepa de la actuación del CGPJ al que afea que no remitiera la queja al servicio de inspección para iniciar la pertinente investigación. En este sentido, mantiene que se ha dado carpetazo a la queja sin entrar en el fondo, un reproche que también suscribe la magistrada autora del voto particular. 
Esta también discrepa de la actitud del juez Garzón al entender que encausa algunas materias que no son de su competencia -entre otras, la pieza separada por las filtraciones del caso-, al tiempo que menciona las numerosas quejas que han llegado al órgano por supuestas irregularidades cometidas por Garzón en instrucciones de otras causas. 
De León añadió que en el recurso contencioso-administrativo al Supremo pedirán "protección jurisdiccional" para "seguir haciendo valer nuestras razones, con la confianza plena de que, como siempre, al final las cosas se situarán en el cauce donde deben estar". Por su parte, Rambla se mostró convencido de que el recurso tiene posibilidades de prosperar porque la queja se ha archivado sin entrar en el fondo. Por otro lado, el Consell desconoce el recorrido de la denuncia que, de manera simultánea a la queja al CGPJ, presentó ante la Fiscalía General. 
El vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, dijo que respeta "absolutamente" la decisión del Consell de recurrir y explicó que el CGPJ ya "dijo que no veía cuestión disciplinaria y que, en todo caso, quedaba abierto para que se actuara por otras vías". 
(www.levante-emv.com, 15/01/10)
CAMPS BENEFICIÓ EN EL CABANYAL A FIRMAS IMPLICADAS EN GÜRTEL 
Las constructoras Sedesa y Lubasa, dos de las empresas que, según un informe policial sobre el caso Gürtel, financiaron ilegalmente al PP valenciano, obtuvieron plusvalías procedentes del erario público superiores al 10% y sin arriesgar un solo euro. Lo lograron gracias a la controvertida operación urbanística de El Cabanyal, auspiciada por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Según el citado informe policial, pendiente desde julio de que algún juez se decida a investigar su contenido, tanto Sedesa como Lubasa pagaron en dinero B actos del PP valenciano.  
La Brigada contra el Blanqueo calcula en 539 millones de euros los contratos públicos de la Generalitat adjudicados entre 2007 y 2009 a Sedesa, propiedad de la familia del consejero valenciano Vicente Cotino. Y en más de 77 los obtenidos por Lubasa entre finales de 2006 y comienzos de 2009. Ambas niegan haber financiado al PP. 
Sedesa y Lubasa pagaron en B actos del PP, sostiene el informe policial 
El origen de las plusvalías captadas por Sedesa y Lubasa (a través de su filial Calviga) se remonta a 2005. Ese año, la Generalitat y el consistorio valenciano incorporaron a 11 constructoras privadas como socios constituyentes y sin concurso previo a Cabanyal 2010 SA. Participada por la Generalitat y el Ayuntamiento en un 55%, la empresa nacía así como sociedad mixta encargada de desarrollar más de 1.500 nuevas viviendas en el histórico barrio marítimo, cuya destrucción acaba de paralizar el Ministerio de Cultura. 
En junio de 2008, con la crisis inmobiliaria ya desatada y la UE preparada para denunciar ante el Tribunal Europeo la entrada a dedo de capital privado en Cabanyal 2010 SA, las 11 constructoras abandonaron el barco. Pero lo hicieron no sólo recuperando todo lo invertido -7,8 millones de euros- pese a que Cabanyal 2010 SA estaba ya en pérdidas, sino obteniendo una jugosísima "compensación indemnización" cifrada en 870.000 euros: es decir, superior al 10% de la inversión inicial. 
El entrecomillado anterior relativo a la compensación figura en un recién conocido informe de la Sindicatura de Comptes valenciana la Cámara de Cuentas autonómica que censura la actuación de la Generalitat y el Ayuntamiento en Cabanyal 2010 SA. 
Para la indemnización, explica la Sindicatura en su informe, se tomó como referencia el IPC "más un punto". Y añade que, para justificar su decisión, la Generalitat y el Ayuntamiento aplicaron de manera indebida un precepto de los estatutos de Cabanyal 2010 SA. Esa cláusula estipula cómo recomprar las acciones en manos privadas... pero una vez transcurridos 10 años como mínimo desde la creación de la sociedad, y no tres.
El gabinete de prensa de la Generalitat rehusó ayer dar una explicación y remitió a los servicios de comunicación del Ayuntamiento de Valencia. Fuentes del consistorio valenciano aseguraron a Público que la operación se hizo "de acuerdo a ley". En relación con la amenaza de la UE de interponer demanda por la vulneración del principio de igualdad de trato en la elección de socios para Cabanyal 2010 SA, las fuentes sugirieron que la amenaza de demanda "quedó en nada". El 8 de octubre de 2009, la Comisión Europea anunció su decisión de demandar a España (las autonomías no tienen personalidad jurídica propia en la UE) por el sistema de contratación seguido por el Instituto Valenciano de Vivienda SA (IVVSA), a través del cual está representada la Generalitat en Cabanyal 2010 SA. 
Según el Ayuntamiento valenciano, el informe de la Sindicatura es "opinable". No lo es, en cambio, que las constructoras dejaron el negocio como quien liquida un depósito a plazo fijo: sin riesgos y con beneficios.  
Conjugando los datos del informe de la Sindicatura con los del reparto accionarial en Cabanyal 2010 SA y el precio pagado por cada acción, se alcanza una conclusión respecto a Lubasa y Sedesa: la primera se hizo con 1.856 acciones desembolsando 928.000 euros y, en 2008, se marchó con el compromiso público de reintegrarle 1.030.520 euros. En lo que concierne a Sedesa, las cuentas son estas: en 2005 se hizo con 500 acciones por 250.000 euros y, tres años más tarde, consiguió que la Generalitat y el Ayuntamiento le garantizasen 277.619 euros. 
Las acciones, advierte además el informe, debieron adquirirse no a su valor nominal, que aquí era el pagado en 2005 por las constructoras, sino por su valor teórico. La Sindicatura subraya que el valor teórico de las acciones, expresión que equivale al valor real de mercado, "se encontraba por debajo del nominal en el momento de la venta, dado que la empresa había obtenido pérdidas en los ejercicios anteriores".  
Este jueves, Les Corts validarán el decreto ley del Consell que permite los derribos en El Cabanyal pese a la prohibición del Ministerio de Cultura, que los considera “expolio”. La Junta de Portavoces, con mayoría del PP, se reunió ayer antes de que se reanuden las sesiones. Tras la junta, el portavoz del PSPV-PSOE, Ángel Luna, denunció que el Gobierno valenciano aplica “el estilo Berlusconi, cambiando la ley para que desaparezca la fechoría”. Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Blasco, aseguró que Cultura pretende “humillar” a las instituciones autonómicas. Algo con lo que no está de acuerdo la portavoz adjunta de Compromís pel país valencià, Mónica Oltra, que defendió que los derribos son “un crimen” y que no dudará en ponerse “delante de las excavadoras”. El president, Francisco Camps, y la alcaldesa, Rita Barberá, se reunieron ayer en el Palau de la Generalitat junto a buena parte de sus equipos para tratar proyectos urbanísticos en Valencia durante el 2010. Alfonso Grau, teniente de alcalde, afirmó que en El Cabanyal “continúan los derribos”, aunque no supo concretar en qué calle. Por contra, los vecinos de Salvem el Cabanyal precisaron ayer que desde septiembre no se han producido demoliciones  
(www.publico.es, 13/01/10)
 
PEDREIRA NO PEDIRÁ POR AHORA LAS CUENTAS DEL PP VALENCIANO
El juez esperará a que el Supremo y el TSJCV decidan sobre el asunto
Dividir la investigación de un caso de corrupción en distintos tribunales conlleva problemas, como que, en ocasiones, aspectos concretos de la causa sean difícil de saber a quién corresponden. Es lo que ocurre en el caso Gürtel con la presunta financiación irregular del PP valenciano que denunció la policía en un informe presentado el pasado 31 de julio.
Tal y como se conoció ayer, en diciembre la Fiscalía Anticorrupción pidió al instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que reclamara las cuentas del PP valenciano para investigar si el partido se había financiado de manera irregular.
El Supremo debe revisar el archivo de la causa de los trajes de Camps
El magistrado todavía no ha decidido qué hacer. Su primera intención era dejar en manos del TSJ de la Comunidad Valenciana la investigación de este episodio del caso Gürtel, sobre todo, porque el informe policial señalaba como culpables a varios aforados, entre ellos, al ya ex secretario general del PP valenciano Ricardo Camps. Y los diputados autonómicos sólo pueden ser investigados por el Tribunal Superior de la Comunidad por la que fueron elegidos, por lo que, si el TSJ de Madrid asumiera la competencia de la investigación tarde o temprano debería inhibirse a favor del de Valencia.
Y precisamente eso es lo que quiere Anticorrupción. El Ministerio Público sostiene que el TSJM investiga la totalidad de la causa, salvo lo que corresponde al Tribunal Supremo, es decir, los aforados nacionales imputados: el senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino. Sobre todo desde que el pasado agosto el TSJCV archivara la causa abierta por los trajes que recibió el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres dirigentes del PP valenciano.
Avanzar en la investigación
Valencia puede hacer averiguaciones por la querella del PSOE
Para la Fiscalía, el TSJM debe comenzar a investigar la presunta financiación irregular del PP hasta que sea imposible avanzar sin tocar a los aforados valencianos, momento en el que se inhibiría a favor del valenciano.
Sin embargo, la situación judicial del caso es más compleja. El informe policial en cuestión fue presentado en el TSJ valenciano, el de Madrid, el Supremo y la propia Fiscalía Anticorrupción. El de Valencia, en una decisión sin precedentes, procedió a devolvérselo a la policía.
Querella del PSOE
Para remediar esta situación, el PSOE interpuso una querella el pasado 9 de noviembre ante el propio TSJCV. Antes de pronunciarse sobre su admisión, el tribunal ordenó varias diligencias, entre ellas, pedir al TSJM que le informara de las diligencias que había realizado al respecto. Pedreira todavía prepara la respuesta que debe remitir al tribunal valenciano, pero fuentes del TSJ madrileño señalaron que no impedirá la investigación en Valencia, porque él no ha hecho ninguna averiguación sobre los cinco aforados que figuran en la querella del PSOE por la financiación irregular del PP.
Según dichas fuentes, las únicas diligencias realizadas por Pedreira consistieron en reclamar a Valencia en julio los contratos que la Generalitat firmó con Orange Market y otras empresas de la trama. Nunca obtuvo respuesta. Y ha ido remitiendo al TSJCV todos los documentos de la red corrupta relacionados con la trama valenciana a medida que aparecían en las cajas que le envió en marzo el juez Baltasar Garzón.
Pedreira llegó, incluso, a enviar a Valencia los indicios existentes contra el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y Álvaro Pérez, el Bigotes, porque consideraba "ineludible" juzgarlos junto a Camps. El TSJCV llegó incluso a recriminarle por habérselos remitido.
Y mientras tanto, el Supremo debe decidir si el archivo de la causa de los trajes fue correcta o el TSJ valenciano debió investigar lo denunciado. Si opta por este criterio, devolverá la causa a Valencia y puede que le ordene investigar también las irregularidades detectadas en la financiación del PP.
www.publico.es 09.01.10
LA FISCALÍA PIDE AL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' QUE RECLAME LAS CUENTAS DEL PP DE VALENCIA
Anticorrupción recurre al tribunal madrileño para reactivar la investigación sobre la supuesta financiación ilegal del partido, destapada por la policía
La Fiscalía Anticorrupción intenta reactivar la investigación judicial sobre la posible financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana. Los fiscales han pedido por escrito al juez de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que reclame la contabilidad del PP de Valencia para tratar de comprobar los indicios que avalarían la supuesta financiación ilegal del partido y que fueron destapados por la Unidad policial contra el Blanqueo del Capitales.
El Supremo tiene que decidir si reabre el caso de los regalos a Camps
La investigación policial apuntaba que la cúpula del partido en Valencia había amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación durante los últimos años. En concreto, señalaba al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, y al destituido secretario regional del PP, Ricardo Costa, entre otros, como supuestos partícipes de una trama que habría permitido que empresas adjudicatarias de contratos del Gobierno regional entregaran dinero a la red Gürtel para financiar actos del partido.
Las dos fiscales de Anticorrupción han acudido al juez Pedreira para que, ante el parón de la investigación en Valencia, sea él quien ordene al PP la entrega de todos los extractos de su contabilidad relativos a los últimos años. El instructor del caso Gürtel en Madrid tiene pendiente responder a esa petición, según fuentes de la investigación, que sostienen que Pedreira no debería acceder a esa solicitud, que supondría que el Tribunal Superior de Madrid investigue un caso en el que pueden resultar implicados aforados de Valencia, por lo que sería competencia del Tribual Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Precisamente, la Sala del TSJCV recibió en noviembre una querella del Partido Socialista del País Valenciano sustentada en el exhaustivo informe de la Brigada de Blanqueo que este verano recibió el tribunal pero que no consideró oportuno investigarlo. En sus 89 folios y cinco anexos se mencionan a seis empresas valencianas que supuestamente financiaron actos del PP a través de firmas de la red de Francisco Correa, Special Events y Orange Market, esta última dirigida en Valencia por Álvaro Pérez, El Bigotes, quien además mantenía una doble contabilidad sobre el PP.
En concreto, el PSPV se querelló contra Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP valenciano, cinco altos cargos del Gobierno y del PP valenciano; cinco de los cabecillas de la trama Gürtel, con Francisco Correa al frente, y cinco empresarios locales: Enrique Gimeno, presidente de FACSA (Fomento Agrícola Castellonense); Enrique Tomás Ortiz, de Ortiz e Hijos; Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Luis Batalla, del grupo LUBASA; y Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, del grupo SEDESA. Los socialistas les acusan de los posibles delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad documental, delito tributario, alteración contable y financiación irregular.
La querella también se dirige contra el ex director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García por propiciar un pelotazo millonario a Correa con motivo de las adjudicaciones para retransmitir los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. La cadena adjudicó por 6,4 millones de euros la sonorización del acto a Teconsa, una empresa pantalla de la trama. Correa recibió una comisión de 957.300 euros, según la investigación policial en la que se basa la querella.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV será la encargada de decidir si esa querella se convierte en una investigación judicial. La sala que debe determinarlo está presidida por Juan Luis de la Rúa, magistrado a quien públicamente Francisco Camps señaló como un "más que amigo". El tribunal de De la Rúa archivó la causa abierta contra Camps por el escándalo de los trajes y rechazó investigar el informe policial que recoge indicios de supuesta financiación irregular del PP valenciano. De la Rúa sigue de presidente del TSJV a pesar de que su mandato terminó en julio. Y el Consejo General del Poder Judicial no logra llegar a un acuerdo sobre su sucesión.
Por eso, las fiscales han recurrido al tribunal madrileño, para que no se demoren más las necesarias pesquisas que permitan apuntalar el informe de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales. El objetivo de Anticorrupción es cotejar las cuentas del PP con la contabilidad b intervenida en Orange Market, que incluye una doble caja y la recepción de dinero de empresas como pagos por la organización de actos del PP.
Aparte de la supuesta financiación ilegal de su partido, Camps tiene otro frente judicial abierto, los regalos de trajes y dádivas que recibieron él y su familia de la trama Gürtel. Su futuro político está en manos de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que tiene previsto resolver en los primeros meses de este año el recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra el archivo de las diligencias por cohecho impropio (el regalo de trajes) decretado el pasado tres de agosto por el TSJCV.
Si el Supremo revoca el archivo del cohecho impropio y decide que prosiga la investigación, casi inevitablemente Camps acabaría en el banquillo de los acusados. Ante un jurado popular tendría que aclarar en concepto de qué aceptó trajes por importe cercano a los 12.000 euros de manos de El Bigotes, cuyas empresas han recibido, a dedo, casi ocho millones de euros durante los mismos años en que Camps viene presidiendo el Gobierno valenciano.
El 'caso Gürtel'

- En el Tribunal Superior de Madrid. El instructor mantiene imputadas a casi 70 personas, entre ellas tres diputados regionales del PP, cuatro ex alcaldes de importantes municipios de la Comunidad, los cabecillas de la trama Gürtel
y empresarios que pagaron a éstos comisiones por sus favores ante políticos.
- En el Tribunal Supremo. Están imputados el senador del PP Luis Bárcenas (ex tesorero del partido) y el diputado Jesús Merino. Ahora tiene que decidir si los juzga por haber recibido Bárcenas de la trama alrededor de un millón de euros y en torno a 200.000 Merino
www.elpais.es 08.01.10
LOS JUECES NO SE HAN PRONUNCIADO AÚN SOBRE LA QUERELLA DEL PSPV
Los socialistas denunciaron al PP hace ya dos meses

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) guarda silencio sobre la querella presentada a principios de noviembre por los socialistas por presunta financiación irregular del PP valenciano. Su único pronunciamiento, a finales de ese mismo mes, no resolvía el primer paso del trámite judicial: la competencia o no para investigar un delito en el que supuestamente están implicados altos cargos de la Generalitat.
Lo que hizo entonces el TSJCV fue anunciar la petición de información a las Cortes Valencianas, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al Registro de Partidos, al propio PP y a la Junta Electoral Central. Quería así confirmar el aforamiento de algunos querellados, como el presidente Francisco Camps; saber si el tribunal madrileño actúa sobre la financiación; conocer el grado de autonomía y decisión del PP valenciano dentro del PP; tener certeza sobre las responsabilidades de ciertos dirigentes y acreditar que fueron en las listas de las últimas elecciones. El PP confirmó ayer que recibió la petición de información a finales de noviembre y la respondió enseguida.
El tribunal guarda silencio desde entonces. Y lo hace después de haber ignorado el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía sobre financiación irregular del PP, al que decidió no prestar atención a finales de julio, cuando lo recibió mientras deliberaba sobre la causa abierta contra Camps por los trajes, y que finalmente decidió archivar.
El informe destapaba mecanismos para la financiación ilegal:
» Doble facturación. De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA.
» Facturas de constructoras. Hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market recurre al cambio de cliente, endosa facturas por servicios al PP a dos constructoras con contratos con la Administración valenciana.
» Cobros en 'b' para pagar a cargos del PP. Los fondos procedentes de los cobros en b derivados de los actos realizados para el PP valenciano engrosan la caja b de Orange Market. Parte de ellos llegan a la de la empresa matriz, en Madrid. Este dinero se destina al pago de los gastos propios y de las entregas de dinero que realizan supuestamente a cargos del PP como Luis Bárcenas, Jesús Merino, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda...
www.elpais.es 08.01.10
PONS: "COSTA ES UN POLÍTICO CON MUCHA VALÍA Y GRAN FUTURO"
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, considera que el ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa es un político "con mucha valía" y con un "brillante futuro" en el partido. Costa se encuentra en la actualidad suspendido de militancia de forma cautelar por el Comité de Derechos y Garantías de los populares mientras se resuelve el expediente que le abrió el partido el pasado 29 de octubre. En una entrevista, González Pons ha asegurado que Costa, además de ser "buen amigo" suyo, también es un "político joven, de mucha valía y que tiene un brillante futuro por delante".
Al ser preguntado si ese "futuro brillante" lo tendrá en el PP, el dirigente popular respondió: "Por supuesto". No obstante, al ser preguntado si eso significa que el Comité de Derechos y Garantías del PP tiene previsto exonerar a Ricardo Costa de la suspensión de militancia o de cualquier sanción, González Pons respondió que él no sabe lo que pasará.
"Sea cual sea la decisión, Ricardo Costa tiene un brillante futuro en el PP porque es un político de valía, joven, que ha demostrado que es valiente y que sabe tanto gestionar como plantar cara". La decisión del Comité de Garantías del PP se conocerá, previsiblemente, antes de que comience el mes de febrero, según los cálculos que realiza el propio órgano disciplinario popular.
Precisamente el pasado miércoles se preveía la remisión del pliego de cargos tanto a Costa como a Manuel Cobo, para que presenten las pruebas y alegaciones que consideren oportunas. Para ello tendrán un plazo de 15 días. El citado pliego de cargos se remite por correo certificado y también por internet, para que los afectados tengan tiempo suficiente para responder.
En el documento se exponen las faltas que, según los instructores, han cometido de acuerdo con los estatutos del PP. Transcurrido ese periodo, los instructores de los expedientes evaluarán toda la documentación y realizarán una última propuesta, que incluirá un planteamiento de sanción, si corresponde, ante el pleno del Comité de Derechos y Garantías del PP, que está formado por 12 miembros.
Costa se encuentra suspendido cautelarmente por su "actitud", después de realizar unas declaraciones en las que se atribuía aún la condición de secretario general cuando ya había cesado de su cargo por orden de Génova, tras unas informaciones que mostraban su cercanía a uno de los cabecillas de la trama Gürtel, Alvaro Pérez, El Bigotes.
www.elpais.es 02.01.10



LAS NOTICIAS SOBRE LA TRAMA VALENCIANA 
 
AÑO   2009
EL TRIBUNAL DE CUENTAS VALENCIANO NO AUDITA LAS EMPRESAS SALPICADAS POR EL 'CASO GÜRTEL'
La Sindicatura de Comptes, el equivalente al Tribunal de Cuentas en la Comunidad Valenciana, no auditó en el informe correspondiente al ejercicio 2008 ninguna de las empresas públicas de la Generalitat valenciana salpicadas por el caso Gürtel. La Sindicatura entregó ayer a las Cortes valencianas un trabajo que no incluye la fiscalización de las cuentas de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica de la Comunidad Valenciana -que otorgó a Orange Market un contrato de 450.000 euros por un evento en la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante-; ni fiscaliza la contratación de la Agencia Valenciana de Turismo -que adjudicó el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur a la firma que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, durante cinco años consecutivos-; ni la contratación de la Sociedad Circuito del Motor de Cheste -que participó del premio de fórmula 1 en el que Orange Market aspiraba a lograr contratos.
La Sindicatura tampoco audita entidades como la Fundación la Luz de las Imágenes, que contrató con Orange Market parte de un evento en el Club de Tenis de Valencia.
La fiscalización correspondiente al ejercicio 2008 de la Sindicatura de Comptes se inició en el primer trimestre de este año, cuando ya había estallado el caso Gürtel.
Gerardo Camps, vicepresidente económico y consejero de Hacienda del Gobierno valenciano, aseguró que la Generalitat es la institución autonómica que más rápido difunde la fiscalización de sus cuentas porque, "a diferencia de lo que dicen algunos", señaló, "aquí no se oculta nada".
La Sindicatura de Cuentas, por su parte, invocó su plan de trabajo selectivo para explicar que no todos los años se auditan todas las empresas públicas de la Generalitat.
Ángel Luna, portavoz socialista, comentó que el informe de la Sindicatura "confirma una vez más la opacidad del Gobierno de Francisco Camps en la contratación pública". "El informe", destacó Luna, "determina que dos de cada tres expedientes de contratación tienen problemas graves y muchos de ellos tienen que ver con la contratación arbitraria, con no publicar los concursos y con no justificar la contratación".
La Sindicatura seleccionó una muestra de 45 contratos públicos y detectó irregularidades en una treintena. El portavoz socialista apostilló: "La probabilidad de que sólo 30 expedientes de los 45 revisados sean irregulares es la misma que si tocara el euromillón seis semanas seguidas con una sola apuesta cada semana".
Las consideraciones generales sobre la ejecución de un presupuesto inicial de 14.100 millones de euros subrayan una caída de ingresos de mil millones y un recurso al déficit de 598 millones para cuadrar las cuentas.
www.elpais.es 24.12.09
EU RECLAMA CONTRATOS Y FACTURAS DE ORANGE MARKET
La coordinadora de EUPV y diputada autonómica, Marga Sanz, presentó el viernes a la presidenta de las Corts Valencianes un recurso en el que solicita la entrega de los contratos, adjudicaciones y facturas firmadas por la Generalitat, las consejerías y otros departamentos d con la empresa vinculada a la trama Gürtel, Orange Market, desde el mes de julio de 2005 hasta la actualidad. La presentación del recurso por parte de EUPV fue consecuencia de la "respuesta negativa" del Consell amparada en el secreto del sumario. Esquerra Unida consideró " un sumario es un conjunto de actuaciones judiciales, no los documentos ni las copias de estos que se envían para una investigación".
www.elpais.es 20.12.09
“HA HABIDO QUIENES SE HAN PREVALIDO DEL CARGO PARA OBTENER BENEFICIO”, DICE EL VICEPRESIDENTE DE LOS JUECES, DE ROSA, EX CONSELLER DE CAMPS
Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y amigo íntimo del presidente valenciano, Francisco Camps, se ha desmarcado de la línea mantenida por el PP sobre el caso Gürtel, y de sus propias declaraciones realizadas anteriormente, en las que incluso llegó a acusar al juez Baltasar Garzón de cometer una posible prevaricación.
El Poder Judicial pide a Fernando De Rosa que no hable más de Garzón
El CGPJ estudiará las declaraciones de su vicepresidente, Fernando De Rosa
En una entrevista en el diario Levante, De Rosa afirma ahora que Garzón “hizo lo que tenía que hacer” y que “su actuación fue correcta”. El ex conseller de Justicia del Gobierno de Camps considera que Gürtel no es un montaje político y sí “un hecho delictivo”. Según él, se trata de “unas personas que presuntamente han delinquido” y agrega que “hay datos suficientes para determinar que ha habido quienes se han prevalido de determinados cargos para obtener un beneficio”.

En febrero…
En febrero pasado, Fernando de la Rosa, que fue propuesto por el PP para el CGPJ, arremetió contra el juez Baltasar Garzón en la televisión autonómica Canal 9, al acusarle de "estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación" y defendió a Francisco Camps, a quien calificó como “un buen presidente de la Generalitat". La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial criticó entonces sus afirmaciones y exigió “el cese de cualquier declaración que pudiera perturbar el sereno ejercicio de la actividad jurisdiccional”.

“Nunca quise atacarle”
Ahora De Rosa insiste que si el “considerara que Garzón la voluntad de Garzón es influir en la política” le estaría deslegitimando como juez y esa no es en absoluto mi intención”. En cuanto a las manifestaciones que hizo sobre él en meses pasados afirma que “si se interpretó que dije que estaba prevaricando no fue mi intención. Nunca he querido atacarle, sólo respondí a una pregunta desde un punto de vista técnico y era que los asuntos con aforados hay que remitirlos a los órganos competentes para evitar problemas de nulidad”.

Un tema importante
A la pregunta de si la Fiscalía Anticorrupción está actuando dirigida por el Gobierno en el caso Gürtel, el vicepresidente del Consejo Genera del Poder Judicial cree “que ni Anticorrupción ni ningún fiscal esté actuando de forma ilegal a sabiendas”. Eso supondría –agrega- el mayor atentado al Estado de Derecho. Gürtel es un tema importante dentro de los asuntos judiciales españoles que espero que se resuelva pronto. El que es corrupto debe pagar y en absoluto creo que la Fiscalía actúe de forma sesgada”, aseguró.

Su propia decisión
Ante la posibilidad de que Camps, a quien considera su amigo personal, tenga que acabar sentándose en el banquillo y tal vez dimitir, De la Rosa opina que “la pena que le podría caer por el caso de los trajes es una multa sin inhabilitación por lo que la ley no le va a obligar en ningún caso a dimitir. A partir de ahí depende de su propia decisión”, según explicó.

"Se abrirá una nueva investigación"
Sin embargo, significativamente, el vicepresidente del CGPJ ve casi seguro que “se abrirá otro procedimiento y una investigación” a causa de un posible blanqueo de dinero por parte PP. “Hay un procedimiento –explica- concreto y determinado, que es el de la denuncia por los regalos de unos trajes que afecta al jefe del Consell. Y luego hay otro de presunta financiación irregular del PP, que es lo que se tiene que investigar ahora, pero nada tiene que ver una cosa con la otra porque son dos asuntos diferentes”.

Los trajes y la financiación irregular
De Rosa aclara que no sabe “si existe o no relación” entre una y otra causa. “Lo único que sé es lo que han dicho los tribunales, que en su momento incoaron un procedimiento y ahora han incoado otro. Si llegara a acreditarse que existe una conexión, pues se unirían”, concluye.

En resumen, ¿vuelco valenciano en el caso Gürtel?
www.elplural.com 20.12.09
EL PPCV MIMA A COSTA POR LO QUE SABE SOBRE GÜRTEL Y PREPARA SU REHABILITACIÓN 
El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa está suspendido de militancia en el partido, tras el pulso desafiante que lanzó a la dirección nacional y tras resistirse a dejar el cargo, pero no es tratado como un apestado. En absoluto.  
El presidente del PP y de la Generalitat, Francisco Camps, aprovechó la tradicional comida de Navidad del grupo popular, celebrada el miércoles en un hotel de Valencia, para expresar su afecto a Ricardo Costa, a quien incluyó en la selecta terna a los que dedicó el brindis, junto con Antonio [Clemente] y Rafa [Blasco]". No habían pasado 24 horas cuando ayer, preguntado por los periodistas en los pasillos de las Corts Valencianes, el portavoz del grupo, Rafael Blasco, dedicó otro brindis, esta vez dialéctico, a Costa. Blasco afirmó ayer que su grupo "está con ganas de poner en evidencia el aprecio" que sienten por el ex número dos del PPCV y se mostró convencido de que su situación se resolverá "en breve".Fuentes del partido consideran que el grado de conocimiento que tiene Costa de todo el entramado de contrataciones con Orange Market, la franquicia valenciana de la trama Gürtel, y de las cuentas y facturas abonadas por el partido, hacen recomendable tratarlo con mucho afecto y por supuesto que sin humillarlo.
El ex secretario general del PP valenciano era el dirigente que llevaba directamente las relaciones con Álvaro Pérez "El Bigotes" en todas las contrataciones con Orange Market y apareció en múltiples grabaciones del sumario incluso en boca del cabecilla, Francisco Correa, quien lo veía como futuro presidente del Gobierno de España.  
No falta tampoco quien entiende que la promesa de Camps de situarlo en un cargo de responsabilidad podría hacerse efectiva en breve. Con todo, la "situación que se va a resolver en breve" a la que se refería Blasco sería el levantamiento de la suspensión de militancia de Ricardo Costa.  
Lo más sabroso de las declaraciones que ayer hizo el hombre fuerte del PP en la Cámara fue su sentencia de que se volverá "a la absoluta normalidad" cuando se resuelva una "cuestión que afecta exclusivamente a la relación del señor Costa con la dirección nacional del PP".  
Porque Costa "tiene el aprecio y el respaldo" del grupo y del partido. Blasco calificó de "chafarderismo" la comparación en el trato que Costa está recibiendo por parte de la dirección regional del PP, que le ha mostrado su apoyo, y de la dirección nacional, que le suspendió de militancia el pasado 29 de octubre cuando éste se reivindicó como secretario regional, a pesar de que había sido destituido del puesto.Interrogado sobre las declaraciones del presidente Camps, en la citada comida, donde reconoció que 2009 ha sido un año duro para él y para el partido por el caso Gürtel, Blasco indicó que el jefe del Consell "aprovechó la oportunidad de la relación que tuvo con el grupo parlamentario para expresar de una manera muy sentida lo que ha sido este año".  
Blasco señaló que es "objetivo reconocer" que se han pasado "unos meses difíciles como consecuencia de una campaña de difamación". El Partido Socialista, lamentó Blasco, "utiliza la infamia y la calumnia como la única forma de actuar en política, lo cual le sitúa cada vez más fuera de lo que debe de ser el debate sereno y transparente de la política, y más alejado de los intereses de los valencianos, es decir, muy cerca de la marginalidad política". 
(www.levante-emv.com, 18/12/09)
LA «QUIEBRA» DE ORANGE MARKET PONE EN LA PICOTA A EMPRESAS PROVEEDORAS 
Si la muerte de un ciudadano tiene lectura económica —un consumidor menos, salvo para el sector funerario—, la de cualquier empresa multiplica el efecto por cien. Si la firma que desaparece de la circulación (aunque esté viva en el registro mercantil) se llama Orange Market entonces el seísmo cobra enorme violencia. Porque Orange Market movía mucho, pero no fabricaba nada. Por eso, porque Álvaro Pérez era un intermediario e intérprete de los sueños glamourosos de sus clientes, necesitaba docenas de proveedores que le facilitaran desde currantes que descargaran el camión hasta firmas de interiorismo para crear esos escenarios cálidos que tanto ayudaron al PP a llevarse al huerto al electorado. Muchas de esas empresas son las otras víctimas del escándalo Gürtel.  
Diez meses después de aquel 6 de febrero en el que Baltasar Garzón ordenó a la policía registrar las dos sedes de la empresa de El Bigotes (en las calles Conde de Salvatierra y Colón), y decretó el bloqueo de las cuentas bancarias (en el Banco Santander, BBVA o Caja Madrid, entre otras), muchas de esas firmas siguen sin cobrar los últimos trabajos que hicieron o celebran que acaban de lograr el milagro de haber ingresado las cantidades pendientes, tras reclamarlas a los administradores judiciales designados. Desde una empresa de transporte y descarga de material cuentan, como si les hubiera tocado la lotería, que han cobrado estos días 39.000 euros que tenían pendientes. A esta firma le devolvieron un pagarés, que vencía justo unos días después de reventar el caso. Era el pago por trabajos en el congreso nacional del PP celebrado en la Feria de Muestras en junio de 2008. Ha estado a punto de ir al concurso de acreedores, antigua suspensión de pagos. Sí optó por acogerse a la ley concursal la sevillana Apogee Telecomunicaciones, la firma que, según la policía judicial, canalizó 957.000 euros en comisiones para Correa a cuenta del contrato de la constructora Teconsa —que la había subcontratado— con RTVV para dar cobertura a la visita del Papa a Valencia. La suspensión de pagos no es atribuible a las deudas de las empresas Gürtel, pero en un escenario de crisis como el actual este percance ha sido la puntilla.  
Una firma de logística tiene la suerte de que sólo se quedó colgada con unos 2.000 euros, pero una productora valenciana batalla, en cambio, por 70.000 euros que les adeuda Orange Market por algún servicio de alquiler de unidades móviles en mítines y congresos del PP. «Estoy seguro de que al final cobraremos pero esto es un marrón porque hemos tenido que reclamarlo judicialmente», explica su responsable, que, como casi todos los consultados por este diario prefiere el anonimato. Coinciden, eso sí, en subrayar que si había una firma solvente en el sector y fiable en los pagos era Orange Market. Las transferencias o los pagarés con vencimiento a los 90 días del servicio prestado eran las formas habituales de saldar deudas. 
A otros ni siquiera les dio tiempo de presentar las facturas. Aunque en algún caso, la cantidad no era significativa. Es el caso de una empresa líder en España en animación con globos, confeti y serpentina y de parques infantiles, que ha trabajado para varios partidos y clubes de fútbol y, durante años, para empresas de Correa. Con Orange Market, para el PP valenciano o en la Copa del América. El sábado 7 de febrero puso color al bautizo de la hija de Álvaro Pérez en Barcelona, donde el ex director de RTVV Pedro García suplió como padrino a Francisco Correa, que el día anterior fue encarcelado. La factura del acto familiar era modesta y en plena marejada, el empresario tuvo el detalle de ni siquiera intentar cobrarla. Fue su regalo a Álvaro Pérez por un acontecimiento tan especial. 
La congelación de las cuentas de la trama ha tenido un efecto paralizante sobre todo para las empresas, explica uno de los afectados. «Aquí ha cobrado antes que nadie la Seguridad Social, Hacienda y los trabajadores de las empresas y los últimos los proveedores», explica el empresario, de una firma de decoración. Lo cierto es que los empleados de Orange Market, que recibían a menudo bonificaciones bajo mano de la caja B, no han vivido estos meses su mejor época. Hasta el punto de que un Juzgado de lo Social de Valencia condenó esta semana a la empresa de Álvaro Pérez a indemnizar con 13.854 euros a un trabajador por despido improcedente y al que no puede readmitir porque la mercantil no tiene actividad. Son historia aquellas «gratificaciones» que cobraban algunos cuando llegaba Fitur, que eran los Reyes Magos de Orange Market, dado que por ese certamen ingresó 5,32 millones al ser adjudicataria de cinco ediciones consecutivas. 
En ocasiones no era el PP ni la Generalitat el cliente al que accedían las empresas dependientes del conglomerado Gürtel sino que trabajaban para eventos particulares de los propios cabecillas. Una de esas firmas fue llamada a montar una fiesta para el suegro de Francisco Correa, el constructor Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en el caso Malaya. El presupuesto fue bastante más elevado que el de la empresa del bautizo, dado que ascendió a 25.000 euros. Cuando se celebró la fiesta, Correa se llevaba de cine con su mujer y tenía una relación cordial con su suegro y dueño de Construcciones Salamanca. De hecho, el 16 de noviembre de 2007, el «dos» de la trama, Pablo Crespo, ordenó entregar a Bugallo 60.000 euros en negro.  
Eran tiempos de vacas gordas, en especial para los reyes de Gürtel, que cobraban dádivas en blanco y en negro. También para esos otros afectados por el escándalo que simplemente hacían su trabajo y figuran en la contabilidad legal que obra en el sumario. Para aquellos que al parecer ignoraban el tinglado que se escondía detrás de aquel campechano y triunfador bigote. 
(www.levante-emv.com, 14/12/09) 
MEDIO CENTENAR DE FIRMAS TRABAJABAN CON EL BIGOTES  
Son muchos los que se han percatado del vacío dejado por Orange Market. Desde el Quiosco Pepe o el de la Glorieta -donde adquirían la prensa- a la gasolinera Faitanar -lugar de repostaje habitual-o el Restaurante Sierra Aitana, pasando por las firmas estrictamente proveedoras, son un centenar largo las empresas de la ruta contable (la contabilidad A) de la franquicia valenciana Gürtel. Aproximadamente la mitad conforman el parque auxiliar de la factoría de eventos Orange Market.  
Empresas que facturaban habitualmente con esa mercantil como ADM Discomóvil, Vía Cultural, Apogee, Management Azafatas, SPS, APQ, Bat Producciones, Creativos de Publicidad, Dinámica Media, Bansalease, Caixarenting, Mediadge, Juan Sanz Interiorismo, Dimo Stand, Transdecor, AC Estudios, TV Siete, Tecnimagen, Transfira, Tecnosat, Hooping Publicidad, Rótulos Rotfer, Milenium Light o Termigo son sólo algunas de las que se han relacionado profesionalmente con Orange Market.
Una nómina que comprende desde la grabación de vídeos (TV Siete) hasta el alquiler de coches (Bansalease), de estufas (Termigo), serigrafía, lonas o traseras (SPS) o alquiler de lámparas (Milenium). No faltaba detalle en la organización de actos varios la Generalitat, por los que Álvaro Pérez facturó más de 8,2 millones de euros, o el PP. 
Varias de estas empresas están entre las que siguen esperando cobrar parte del trabajo, tras la intervención judicial del entramado societario. En la relación de las mercantiles que facturaban aparecen varias del propio conglomerado Gürtel, como Easy Concept, Down Town Consulting o Castaño Corporate. Se cruzaban facturas como fórmula para repartir beneficios, generar desgravaciones o compensar IVA, según conviniera fiscalmente.  
Uno de los pendrive incautado en el piso de la calle Martínez Campos revela un mapa preciso de esta forma de operar. A diferencia de las empresas de serie A, las que han sufrido realmente los efectos de la "quiebra" de Orange Market, las de la trama aparecen también en los apuntes de caja B. Y no con cantidades anecdóticas. Por ejemplo, el 13 de enero de 2006 entra una bolsa de dinero negro con 53.700 euros, recibidos por Crespo de Easy Concept, la firma que montaba realmente el pabellón valenciano en Fitur. El mismo día, sacaron 22.920 euros de los que ingresados. Esas entradas de dinero era el que servía para comprar regalos para sobornos (como joyas), para que El Bigotes cuidará a la familia, la sanguínea, con sobres de dinero (para la madre y la hermana) o incluso para que Francisco Correa y Pablo Crespo compraran lotería del Niño en enero de 2007, en el aeropuerto de Barajas. El cabecilla gastó 660 euros y Crespo, 330.  
De alguna forma se tiene que notar que ser el número uno de una banda organizada es el doble de importante que ser el dos.  
(www.levante-emv.com, 14/12/09)
BLASCO ASEGURA QUE FUE UN ERROR NO QUITAR ANTES A COSTA 
Rafael Blasco, portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, admitió ayer que el partido cometió errores en la crisis derivada por el caso Gürtel y debió destituir con anterioridad a su antecesor en el cargo, Ricardo Costa. "Sinceramente, hemos hecho algunas cosas mal y hemos cometido errores; prolongar más de la cuenta la presencia de Ricardo Costa en una situación de difícil encaje pudo generar en el grupo parlamentario durante un tiempo cierto desconcierto", aseveró el también consejero de Solidaridad y Ciudadanía en el transcurso de los desayunos de la agencia Efe. 
Sin embargo, el portavoz popular indicó que "algunos de los errores que él mismo cometió ya se han sustanciado en términos políticos de la forma más correcta y estatutaria dentro del partido". Blasco, no obstante, tuvo palabras de agradecimiento para la labor de Costa y señaló que hizo un "papel excelente". "Y espero que en breve se arregle su situación", añadió. El consejero resaltó la, según él, unidad y cohesión del grupo popular, "no hay fisura de ninguna clase", puntualizó. También admitió que en los últimos meses había algún diputado del PP "descentrado", según él, por el grado de crispación en los debates. 
En cuanto a un posible adelanto de las elecciones, Blasco recordó el mensaje lanzado por el presidente del Consell, Francisco Camps: "Ha dicho [Camps] que no es partidario de disolver las Cortes, aunque estatutariamente puede". Y añadió: "Personalmente yo no lo vería mal". Sobre el candidato del PP a la Generalitat, Blasco lanzó un aviso a navegantes: "Camps será el próximo candidato a la Generalitat en cualquiera de las circunstancias". 
(www.elpais.com, 13/12/09)
LA CAJA B GÜRTEL REVELA COMPRAS DE JOYAS RELACIONADAS CON LA CONTRATISTA DE LA VISITA DEL PAPA
Pablo Crespo, cobrador del millón en comisiones por el contrato de Canal 9, ordenó adquirir alhajas por 13.135 euros la Navidad de 2006 en la Joyería Suárez - La contabilidad vincula ese pago a Teconsa - Correa decidió compras por 11.370 euros en la joyería de la "jet set" y en las fechas del evento papal
Conscientes de que los regalos no eran un gasto sino una inversión para captar o mimar clientes, los responsables de la trama Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez "El Bigotes") no fueron nada rácanos a la hora de quedar bien. La abundante contabilidad de las entradas y salidas de la caja B de Orange Market y de la sede central de la red Correa en Madrid revela compras por casi 25.000 euros en la prestigiosa Joyería Suárez, el establecimiento de referencia de la "jet set", entre el 16 de junio y el 22 de diciembre de 2006, el año de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. En uno de los apuntes contables se hace constar que la caja B ha soportado un "pago a Suárez por Teconsa" que ascendía a 13.135 euros, sin especificar exactamente el motivo de la compra de esos artículos de lujo.

Teconsa fue la empresa elegida por Canal 9 para los trabajos de sonorización e instalación de pantallas para dar cobertura a la visita papal, los días 8 y 9 de julio, y por los que cobró más de 6,4 millones de euros. La Brigada de Blanqueo de la Udef de la policía judicial denunció en un informe que la trama se embolsó 957.300 euros en comisiones a través de la sevillana Apogee Telecomunicaciones, una de las subcontratistas de Teconsa junto con la alemana Sirius Showequipment. La persona de confianza de Correa que recibió bajo mano el dinero negro, siempre según la versión policial, fue Pablo Crespo Sabaris, el número dos de la organización y ejecutor de la voluntad del jefe.

La firma de la Preysler y Abascal

En el capítulo de observaciones del citado apunte de caja B donde consta la compra navideña en Joyería Suárez figura precisamente la anotación "Indicaciones de P. Crespo", como responsable de haber supervisado la adquisición de los detalles de lujo en un establecimiento que tiene locales en Madrid, Barcelona, Bilbao y Marbella. La imagen pública de la firma es, desde hace años, nada menos que Isabel Preysler, la quintaesencia del glamour. Para presentar algunas colecciones se fichó a Adriana Abascal, la ex de Juan Villalonga -quien recurrió alguna vez a los servicios de El Bigotes- y viuda del multimillonario mexicano Emilio Azcárraga. No figuran los beneficiarios de esos regalos relacionados con Teconsa pero cabe recordar que en otro documento con el sello de Orange Market, franquicia valenciana de Correa, se daba cuenta de un listado de políticos y cargos públicos agasajados por la trama. Ahí aparecía un reloj de 2.400 euros para la entonces consellera de Turismo Milagrosa Martínez, adquirido en Joyería Suárez. La esposa y la hija del presidente Camps también recibieron, en la Navidad de 2008, joyas de regalo, según se desprendía de la transcripción de una grabación de las conversaciones entre El Bigotes y la familia Camps. El jefe del Consell explicó ante el juez que esos regalos los devolvió.

Antes de la citada compra navideña ordenada por Crespo, la propia caja B consigna al menos otras dos adquisiciones en Joyería Suárez. La primera es del 16 de junio de 2006 y asciende a 6.000 euros. En esa ocasión fue el mismísimo Francisco Correa quien dio "instrucciones" para sacar esa cantidad de dinero negro de la bolsa de la red y con esa finalidad. El 1 de agosto, Joyería Suárez hizo de nuevo caja por cuenta de Correa. Fueron 5.370 euros, un pago "autorizado por PC", se especifica en la contabilidad clandestina de Orange Market.

Paralelamente a las compras de alhajas circulaban los últimos preparativos de la visita papal con motivo del V Encuentro de las Familias y diversos gastos con cargo a la trama, pese a que, sobre el papel, nada tuvo que ver ésta con la organización. Así, el mismo 16 de junio en que se fechó una de las compras en Suárez, se produjo una entrega de 6.000 euros -curiosamente la misma cantidad- para cubrir gastos de un viaje a Italia relacionado con el evento de Valencia. El 23 de marzo, Pablo Crespo ya le había dado otros 2.000 euros a Álvaro Pérez para gastos de otro "viaje a Italia" relacionado con el Papa. Es más, la víspera del aterrizaje del avión del Santo Padre en Manises, Crespo sacó de la caja B un total de 10.000 euros para "gastos de producción visita del Papa".
PAGOS CLANDESTINOS ENTRE LA RED DE CORREA Y TECONSA
El día que se supo que la trama Gürtel cobró 957.300 euros en comisiones por intermediar en el contrato de 6,4 millones de euros entre Canal 9 y Teconsa, según la versión policial, desde la cadena autonómica se subrayó que ignoraban las subcontratas de las que echó mano Teconsa, así como sus relaciones con firmas de Correa. Pues los vínculos entre la trama y Teconsa existen y van más allá de los acontecimientos relacionados con la visita papal.

Al margen de la efeméride religiosa y social, las empresas de Correa tienen un amplio rastro de relaciones con Teconsa. En la contabilidad B de Gürtel figuran varios apuntes de salidas y entradas de dinero entre la constructora y las firmas del entramado, entre abril y junio de 2007, año electoral. Por ejemplo, el 14 de junio Pablo Crespo recibe 36.000 euros "de Teconsa" y los ingresa en la caja B. Al día siguiente, está registrado un traspaso a la constructora por esa misma cantidad con la anotación añadida "Reintegro x ent. a PC 14/06/07". El concepto de primer apunte era "obras El Embrujo", una urbanización de Marbella.

Exactamente la misma mecánica (recibe el dinero Crespo y luego lo traspasa a una cuenta de Teconsa) se había seguido el 17 de abril de 2007. La cantidad de esos primeros movimientos clandestinos ascendió a 24.000 euros.

El informe de la Udef sobre el pago de comisiones se basa en parte en las anotaciones de la caja B, donde constan hasta tres entregas de dinero a Pablo Crespo, quien viajó expresamente a Sevilla. El 21 de junio recibió 88.850 euros, al día siguiente otros 256.000 euros y, en un tercer desplazamiento el 30 de junio, Crespo recogió 612.450 euros.

Un pellizco de esas cantidades se habrían ingresado en cuentas personales de Correa y otra parte (60.000 euros) fue a parar a un firma gestionada por Jacobo Gordon, el administrador de patrimoniales del cabecillla Gürtel como Castaño Corporate, que cobró otros 230.000 euros dentro de un total de otros dos millones en extras por la visita del Papa, recibidos por subcontratas y comisionistas, según uno de los informes de la policía judicial.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/12/08/caja-b-gurtel-revela-compras-joyas-relacionadas-contratista-visita-papa/658801.html
LA EX MUJER DE EL BIGOTES POSA PARA INTERVIÚ Y CUENTA CÓMO ÉSTE LE INSTÓ A PROSTITUIRSE CON UN POLÍTICO DE DERECHAS
Esther del Prado, ex mujer del presunto cabecilla de la red Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, protagoniza la portada de la revista Interviú esta semana. Del Prado, presentadora, bailarina y azafata, rompió su relación con el imputado después de que éste le ofreciera prostituirse con un influyente político de derechas. Al parecer, El Bigotes estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para satisfacer a sus amiguitos, del alma, como el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, o no. Antes que al semanario, la ex mujer del supuesto corrupto había confirmado estos extremos en el programa de Telecinco La Noria.

 
Vea la entrevista de Esther Prado en La Noria
Tras su paso por La Noria, Del Prado ha concedido un posado y una entrevista a la revista Interviú, a la que ha contado cómo conoció a El Bigotes, un personaje que se cruzó en su vida “a finales de los ochenta” con quien mantuvo “diez meses de noviazgo y casi dos años de matrimonio”. “Yo era bailarina en el Café Berlín y él me ofreció trabajar en un espectáculo de Andrés Pajares, su tío político”, cuenta la artista. Entonces, el que llegaría a ser el cabecilla valenciano de la trama Gürtel no era más que “una especie de secretario”, convirtiéndose posteriormente en representante de artistas, incluida Del Prado.

Boda peculiar
La boda entre El Bigotes y la bailarina se celebró con inconvenientes –“diez días antes de casarnos, anulé la boda, pero Álvaro me rogó que no me echara atrás y acabé casándome”, admite ella-, pero con invitados de lujo como la musa del PP, Norma Duval, y su entonces marido, Marc Ostarcevic. También acudieron al enlace Andrés Pajares y Chonchi Alonso, tíos del novio. Del Prado resume su enlace como un evento con muchos “invitados de postín” y pocos amigos. “Había empresarios con los que él trabajaba, gente de la hostelería y del mundo de la farándula”, explica.




 
Prostitución con un político de derechas
La ruptura de la pareja se produjo en 1992, cuando el entonces marido invitó a su mujer prostituirse, poco después de posar en una revista. “Me ofrecieron un cheque en blanco para que yo pusiera la cifra”, cuenta. El compromiso era “pasar con esa persona un mes. No podía conocerlo hasta estar embarcados. Luego me quisieron convencer dándome su nombre, pero jamás diré quién es. Lo confieso, tengo miedo”. Preguntada por más detalles acerca del personaje y del intermediario de la transacción, un conocido periodista, Del Prado da más detalles sin precisar. El primero “era una persona influyente, un político”, “de derechas, “maduro pero no mayor, casado y padre de familia”, actualmente dedicado a los negocios. Del segundo, se limita a decir que era “un hombre de radio de toda la vida”.

Perfil de El Bigotes
“Me molestó que, cómo mínimo, Álvaro no se cabreara. Él no me coaccionó, pero pensó que yo podía caer en la tentación”, evidencia. Antes de llegar a este extremo, relata también los problemas de su ex esposo, a quien “le gustaba vivir por encima de sus posibilidades” con el dinero. Del Prado también traza un perfil de su ex marido. “Carece de estudios, pero su carisma le hace llegar adonde se proponga, tiene don de gentes y es muy listo. Cuando yo le conocí, no tenía bigote, y cuando se lo dejó me pareció espantoso, pero me dijo: ‘Algún día me conocerán por este bigote’”. En su opinión, al presunto cerebro valenciano de la red Gürtel, “más que el dinero le mueve el poder”. La última vez que Álvaro Pérez y su ex mujer coincidieron, “hace ocho años en un centro comercial”, este le contó que era el asesor de imagen de Aznar” y que la profesión de actriz “era de putas y de maricones”. Así las cosas, Del Prado dice que no se sorprendió al ver a El Bigotes en televisión como uno de los imputados en el gigantesco escándalo de corrupción.
www.elplural.com 08.12.09
CONDENADA ORANGE MARKET A INDEMNIZAR A UN TRABAJADOR
La empresa del 'caso Gürtel', que está bajo control de dos administradores judiciales, no puede readmitir al afectado porque está "cerrada"
El Juzgado de lo Social número uno de Valencia ha condenado a la empresa Orange Market, implicada en el caso Gürtel, a pagar una indemnización de 13.854 euros a un trabajador que despidió de manera "improcedente", pero al que no puede readmitir porque la mercantil está "cerrada". La resolución judicial, dictada el pasado día 9 de noviembre y hecha pública hoy, responde a una demanda interpuesta por un trabajador contra la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, imputado en la trama corrupta como responsable en la Comunidad Valenciana de la red que lideraba Francisco Correa (en prisión).
El juez cifra los contratos de Orange Market con el Consell en 7 millones
Pedreira pone Orange Market bajo control de administradores judiciales
Los socialistas denuncian al juez la financiación ilegal del PP valenciano
La investigación del caso señala a Pérez como responsable del pago a través de la red de trajes a altos cargos del PP valenciano, entre ellos el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Además, la contabilidad de Orange Market sirvió supuestamente para financiar irregularmente al PP valenciano. La empresa se encargó de numerosos actos del partido y logró adjudicaciones millonarias de la Generalitat, entre ellas el stand de turismo de la Administración valenciana en Fitur. Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez, también están implicados en el cobro de más de un millón de euros en comisiones ilegales por la sonorización de los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006.
El despido del demandante, que se produjo en el 30 de junio de este año, se considera improcedente, pero "siendo imposible la readmisión por encontrarse la empresa cerrada", se la condena a pagar sendas cantidades en concepto de indemnización y de salarios de tramitación. Así el trabajador deberá recibir 4.687 euros como indemnización y 9.166 como salarios de tramitación, sin perjuicio de las prestaciones por desempleo que éste hubiera podido percibir. Esta resolución judicial no es firme, y por lo tanto cabe contra ella recurso.
El Juzgado de lo Social ha tenido que recurrir a la publicación en un boletín oficial de esta sentencia para notificársela a Orange Market, "que se encuentra en ignorado paradero". A mediados de noviembre, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, que instruye parte del caso Gürtel, puso Orange Market bajo control de dos administradores judiciales que, además, se han hecho cargo de la intervención de pagos urgentes de la sociedad. De esta manera, Álvaro Pérez, imputado en la investigación de la trama corrupta, ha perdido la condición de presidente y consejero de Orange Market.
www.elpais.es 07.12.09
DEJA SU PUESTO EL SEGUNDO ALTO CARGO RELACIONADO CON LA VISITA DEL PAPA 
Enrique Pérez Boada se convirtió ayer en el segundo alto cargo de la Generalitat relacionado con la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, cuya organización es objeto de una investigación judicial, que deja su puesto. Pérez Boada, que fue comisionado de la Generalitat para el quinto Encuentro Mundial de la Familia, explicó que antes de Navidad dejará la dirección del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), en la que lleva desde 2003. 
Aunque Pérez Boada atribuyó su marcha a una decisión profesional, se produce pocas semanas después de hacerse público que el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, requirió a la Generalitat toda la información sobre la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia y sobre la organización del viaje papal, en el que la trama de corrupción liderada por Francisco Correa obtuvo ganancias.
Ya el pasado 28 de agosto, el director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, dimitió sin más explicaciones. Posteriormente se ha sabido, gracias a un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales, que la red corrupta cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales de la sonorización y montaje de pantallas para la visita de Benedicto XVI contratadas por RTVV. 
La dimisión de Pedro García cobró una nueva luz cuando su sucesor al frente de RTVV, José López Jaraba, explicó en las Cortes, que el 11 de septiembre, como responsable en funciones de la empresa autonómica de radiotelevisión, envió al juez Pedreira el contrato que había solicitado con la constructora Teconsa por 6,4 millones de euros del que la trama de corrupción, según la policía, logró fraudulentamente más de un millón. 
Tras esa revelación, fue la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, quien explicó que la Generalitat había tenido que enviar al juez información sobre la organización de la visita del Papa y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, formada por la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el arzobispado de Valencia, una entidad que nunca ha explicado sus gastos ni el origen de su financiación. 
Pérez Boada, que ya era director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), tuvo, junto a otros miembros del Opus Dei y militantes del PP, un papel relevante en la organización de la visita como comisionado de la Generalitat, bajo la supervisión de Juan Cotino, ahora vicepresidente tercero del Consell. 
El director del IVF asume las tareas de supervisión de todas las entidades financieras que operan en la Comunidad Valenciana y dispone de información privilegiada sobre la situación real de los balances, entre otras, de las dos grandes cajas de ahorro valencianas. 
Su marcha coincide con la decisión del presidente de la Generalitat de impulsar personalmente una fusión entre Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), la tercera y cuarta cajas de ahorro de España. 
El presidente de la Generalitat y su vicepresidente económico, Gerardo Camps, han sugerido que esa fusión debería acordarse antes del próximo verano para poder optar a las ayudas que ofrece el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) que gestiona el Banco de España. El FROB está diseñado para aliviar el peso de los activos más dudosos que acumulan bancos y cajas de ahorro. 
Pérez Boada, que aseguró desconocer quién le relevará en el cargo, deja a su sucesor una patata caliente en todo lo relativo a la tutela desde la Generalitat de un eventual proceso de fusión entre Bancaja y CAM. 
El todavía director del IVF, que fue padre de su segundo hijo hace unos días, insistió en atribuir su salida a razones familiares. "La política es efímera", sentenció. 
(www.elpais.com, 03/12/09
UNA DECENA DE JÓVENES INCREPA A CAMPS EN SU VISITA A PETRER 
Sobresalto para el presidente de la Generalitat en la localidad alicantina de Petrer. Lo que iba a ser una visita como tantas otras, se tornó inesperadamente ayer en una situación incómoda. Un grupo de alrededor de diez jóvenes que portaban un cartel en el que se podía leer "Antifascistas del País Valenciano" protagonizaron por la mañana una pitada dirigida al presidente del Consell, que en esos momentos inauguraba las dependencias municipales y la plaza del Derrocat de esta localidad del Vinalopó Mitjà. Y con gritos de "Camps dimisión", "cohecho" y "corrupto", el grupo optó por seguir a la comitiva oficial que presidía el jefe del Consell durante el recorrido que se realizó por las distintas dependencias municipales motivo de la visita. 
La de ayer es la segunda ocasión en la que el presidente Camps es increpado en la calle durante las últimas semanas. A mediados del pasado mes de noviembre, un joven llamó a Camps "ladrón", "corrupto" y "desgraciado" cuando el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) salía de un comité de dirección del partido en Valencia. En aquella ocasión, Camps se encaró al joven en la calle y le pidió aclaraciones mientras intentaba hablar con él sin éxito. "¿Por qué me dices eso?", o "no, no, ven y cuéntamelo", reclamaba Camps durante los metros que siguió al joven, mientras éste ignoraba la llamada y se alejaba de la zona. 
Ayer en Petrer, sin embargo, el presidente de la Generalitat optó por saludar con la mano al grupo que le increpaba en plena calle y a renglón seguido continuó la visita que le había llevado a la población como si nada hubiera ocurrido, según explicaron diversos testigos. 
El episodio fue un aviso para navegantes y el acto público que estaba previsto inicialmente en la plaza del Derrocat terminó por trasladarse al interior del Ayuntamiento de la localidad, donde finalmente el presidente Camps y el alcalde de Petrer, Pascual Díaz, realizaron sus intervenciones ante los presentes. Allí, el presidente de la Generalitat habló del Plan Confianza, al que no dudó en considerar "la mayor inversión de la historia para todos los municipios". 
(www.elpais.com, 01/12/09)
EL ALCALDE DE LA NUCIA COMPARTE UN BLOQUE CON VARIOS PROMOTORES 
Las excelentes relaciones comerciales que mantiene el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, con los empresarios que tienen intereses urbanísticos en la localidad llegan hasta el extremo de compartir con ellos la propiedad de la práctica totalidad de un bloque de apartamentos frente al Club Náutico de Altea en el que incluso ha llegado a comprar una vivienda la madre del regidor. Ángela García Sáiz compró, casi al mismo tiempo que su hijo adquiría dos apartamentos, un piso con plaza de garaje en la finca donde también son propietarios de otras cinco viviendas Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme a través de diferentes sociedades.  
Ambos tienen cargos en las empresas que ostentan la condición de agente urbanizador de los planes urbanísticos de la Serreta y Pie de Monte, en La Nucia, además de haber sido agraciados con unas permutas de suelo que les permitieron doblar su valor en menos de un año, con un beneficio de más de 17 millones de euros. 
La promotora a la que Cano y su madre compraron casas en Altea es la sociedad Rotja 2000, Promociones SA, que tiene como administradores a Gerardo Martínez Riquelme y a José Ignacio de la Serna. Este último también tiene intereses en La Nucia y es el propietario de un chalé en el municipio conocido como "el Choco", donde diferentes empresarios y políticos de la comarca y algunos imputados en la trama Gürtel han acudido a celebraciones en las que no faltó el componente sexual. 
La madre de Cano ha invertido 303.502 euros en comprar al contado un piso de 72 metros cuadrados útiles, aunque, como en el caso de su hijo, la notaría que escrituró la vivienda anotó que 87.396 euros, pagados en tres plazos entre marzo de 2004 y diciembre de 2005, no habían sido acreditados, es decir, que no aportó los justificantes de un ingreso en efectivo y dos transferencias por ese importe ante la fedataria pública María Dolores Signes Verdera, que está obligada a advertirlo en la escritura pública. 
Bernabé Cano tampoco ha acreditado hasta ahora el pago de 215.302,78 euros por la compra de dos pisos en el mismo edificio, uno de ellos un ático dúplex de 247 metros con 116 útiles. El alcalde nuciero compró por 823.000 euros las dos viviendas, según figura en las escrituras, aunque diversas fuentes del sector inmobiliario han confirmado que sólo el precio del ático de su propiedad ya valía en el momento de comprarlo más de un millón de euros.  
Cano ha justificado el origen del dinero con una relación de cuentas bancarias de la familia y dos donaciones de su madre, pero no ha mostrado los justificantes de un ingreso en metálico y tres transferencias bancarias que les sirvieron para pagar un ático escriturado en casi 470.000 euros al contado. 
Otras cinco de las 12 viviendas del inmueble están escrituradas a nombre de las sociedades limitadas Zentimar, Gothouse, Spass Gestión y R&S Noción, vinculadas a Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, ambos con intereses urbanísticos en La Nucia. Una de las empresas de estos dos empresarios -Saga Bonperal, SL- ya urbanizó en 2002 el sector La Favara, que era propiedad de la madre y el tío de Bernabé Cano. Allí se construyeron 400 viviendas, otros tantos garajes y decenas de locales comerciales. 
La relación de Rocamora y Riquelme con Cano ha continuado en el tiempo con fluidez. El 8 de junio de 2005 le compraron a Dragados a través de la sociedad Gestrumar 10 parcelas en los PAI de la Serreta y Pie de Monte con una superficie total de 362.866 metros. Dragados había permutado el mismo día al consistorio ese suelo a cambio de tres obras municipales. En menos de un año Gestrumar obtuvo unas plusvalías de 17.210.000 euros con la venta de 9 de las 10 parcelas, y aún se quedó la más grande, de más de 115.000 metros, en Pie de Monte. 
Esta operación les sirvió para tener el peso necesario en las empresas que obtuvieron la condición de agente urbanizador de ambos planes urbanísticos. Figuran con diferentes cargos en Cases del Pinar, SL, empresa liderada por Andrés Ballester para urbanizar la Serreta, de 2,7 millones de metros en los que se pretende construir 3.884 viviendas y un campo de golf, y Montemar la Nucia, SL, la concesionaria de la urbanización Pie de Monte. Allí está aprobada la construcción de casi 400.000 metros de techo en menos de un millón de metros de suelo. 
Las últimas informaciones referidas a las propiedades del alcalde de La Nucia ya indujeron al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, a solicitar públicamente que Bernabé Cano diera explicaciones públicas, aunque no lo ha hecho. Cano fue elegido el 9 de noviembre presidente del PP de La Nucia.  
Allí estuvo la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, en representación del presidente provincial José Joaquín Ripoll. Cano no hizo esta vez en su discurso alusión alguna a Camps, con quien estuvo tan identificado en otros tiempos, y se deshizo en elogios hacia la dirección provincial alicantina, en un cambio de rumbo político evidente. El alcalde de La Nucia sigue siendo diputado provincial de Deportes. 
(www.elpais.com, 01/12/09)
JUAN COSTA: ´CAMPS DEBE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD POR TODO SU EQUIPO EN EL CASO GÜRTEL´  
Diputado del PP y ex ministro. Pasó por Orihuela la semana pasada para lanzar sus propuestas económicas. El ex ministro, que estuvo acompañado de su hermano Ricardo, participó en un acto de la Diputación de Alicante junto a Joaquín Ripoll. Pero gran parte de los focos del Teatro Circo oriolano apuntaron al caso Gürtel
 ¿Hay alguna receta para salir de la crisis económica bajo el parámetro de la sostenibilidad, tal como usted plantea?
Sin duda. Tenemos que poner en marcha una nueva política económica. España, en momentos difíciles, es capaz de tener liderazgo. Y si hacemos las cosas bien saldremos de la crisis. Pero este Gobierno ni tiene política económica, ni proyecto y es incapaz de demostrarle a los españoles que puede echarse el país y la economía a la espalda y encontrar el camino correcto.
 Para crisis, los problemas de Camps y del PP en la Comunitat a raíz de la operación Gürtel...
Hay que reconocer que mi partido ha tenido y tiene un problema muy grave. Durante un periodo de tiempo ha trabajado con un grupo de empresas que forman parte de una trama corrupta y, en mi opinión, el PP tiene que dar una explicación. Algo se habrá hecho mal cuando durante seis años se ha trabajado con una trama de empresas que están vinculadas a un caso de corrupción. Hay que demostrar que se ha actuado correctamente en el ámbito de la Generalitat y garantizarle al conjunto de nuestros militantes y, sobre todo, a los valencianos que esto nunca más va a volver a producirse.
¿Coincide con Ripoll en que Ricardo Costa es un cabeza de turco?
No tengo ninguna duda de la honradez personal de Ricardo Costa. Es mi hermano pero también el secretario general del PP en la Comunitat. Creo que es una persona honrada y que lo ha demostrado. Y, en este sentido, pienso que no existía ninguna razón para suspenderle de militancia. Fue una decisión injustificada y que el PP tiene que demostrar que no ha actuado de manera arbitraria en el caso de Ricardo Costa.
¿Su partido aplica una doble vara de medir con el caso Gürtel?
Si lo que se le recrimina a Ricardo Costa es que se ha atribuyó funciones de secretario general cuando no lo era, eso es falso. Si alguien faltó a la verdad, alguien mintió o se produjo una declaración falsa, el partido debería investigarlo. Y me es igual de quién sea la responsabilidad.
No considera entonces que Camps haya resuelto la crisis en el PP.
Se resuelven cuando los ciudadanos confían. El PP tiene que aprovechar la crisis para salir fortalecido, trabajar más unido y superar cualquier tensión o conflicto pasado. Espero que mi partido tome nota y aprenda. Eso significa que nos dejemos de cuitas internas y nos centremos en trabajar todos unidos.
¿Camps ha gestionado mal la crisis originada por el caso Gürtel?
Aquí puedo tener una opinión personal afectada por ser Ricardo Costa mi hermano. Dicho eso, sí considero que la obligación del presidente del partido es asumir las responsabilidades por todos sus colaboradores. Y un presidente tiene que ser muy leal con los miembros de su equipo.
¿No lo ha sido Camps?
Tiene que ser leal con su equipo.
¿Tiene fecha de caducidad como líder del PP en la Comunidad?
Desearía que no. Creo que Camps ha hecho un buen trabajo y que puede ser un gran líder para los valencianos. Pero debe trabajar para recuperar cualquier confianza que se haya perdido o debilitado; y para reducir el impacto negativo que pueda haber tenido en el PP lo que hemos vivido en los últimos meses. Debe trabajar para superar esa situación. Hay que reconocer las cosas: al PP en la Comunidad esta crisis no le ha favorecido. Le ha hecho daño. Hay que reconocer siempre las cosas para construir un futuro mejor. En ese caso, espero que Camps pueda ganar muchas elecciones como presidente de la Generalitat.

Se queja Joaquín Ripoll de que no se tiene en cuenta al PP de Alicante ni desde la dirección regional ni desde el Consell. ¿Lo comparte?
Seguro que Joaquín Ripoll tendrá su parte de razón y, probablemente, también la dirección autonómica del PP y la Generalitat pueden tener, en ocasiones, la suya. Dicho eso, creo que Ripoll es un gran presidente de la Diputación y un muy buen presidente del PP. Me alegro muchísimo de que ganara el congreso provincial de hace un año. Lo que quiero es que el PP trabaje unido. Que no haya grupos ni familias. Y entiendo que esa es nuestra responsabilidad.
Usted trató de disputarle a Rajoy la presidencia del PP hace año y medio, ¿piensa que Camps puede acabar arrastrando a Mariano Rajoy?
Lo que pudo haber pasado hace un año y pico no es lo sustancial ahora. El PP es un buen partido. El PP es una gran alternativa. Nuestros éxitos nos fortalecen y nuestros fracasos y desaciertos nos debilitan. Y esto es una realidad en la política o en la empresa. Tenemos que salir fortalecidos de esta situación y Mariano Rajoy, en las últimas semanas, ha tomado decisiones que le van a permitir salir bien de la crisis. Pero, en todo caso, aquí lo importante no es lo que piense yo, sino demostrarle cada día a los españoles que somos la mejor alternativa, la alternativa en la que se puede confiar, la alternativa del cambio, la alternativa de futuro y eso sólo se consigue con el trabajo y el esfuerzo diario. 
(www.levante-emv.com, 30/11/09)
EL PP CONFÍA EN QUE SE RECHACE LA QUERELLA DEL 'CASO GÜRTEL'
Llamazares (IU) avala la presentación de 13 medidas contra la corrupción
El debate sobre la corrupción está ya en la agenda de todos los partidos políticos, aunque cada uno arrima el ascua a su sardina. Ayer, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de pedir información al TSJ de Madrid, al PP y a las Cortes Valencianas para decidir si es o no competente para investigar la querella del PSPV por supuesta financiación irregular de los populares valencianos, cada partido hizo su propia lectura.
El delegado del Gobierno dice que los tribunales investigarán el caso
El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, manifestó su confianza en que la querella presentada por el PSPV a raíz del caso Gürtel no sea admitida por el TSJ de la Comunidad Valenciana. La solicitud de información antes de pronunciarse sobre la competencia, según Clemente, "no supone nada que haga pensar que la querella va a ser admitida". Además, para el número dos de los populares valencianos el tribunal no ha atendido, de momento, varias de las pruebas solicitadas por los socialistas como información de la junta electoral, del Banco de España o de la Agencia Tributaria.
El secretario general del PP valenciano volvió a arremeter contra la decisión del PSPV de presentar la denuncia, que tildó de la "mayor equivocación política que ha cometido el PSOE desde que existe en la Comunidad Valenciana", y que incluyó como "una parte más de esa cacería que lleva contra el presidente Camps".
Menos beligerante estuvo la consejera portavoz, Paula Sánchez de León, que se limitó a señalar su "respeto absoluto a un procedimiento que está siguiendo su curso".
Por su parte, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, se mostró convencido de que, "efectivamente", los tribunales van a investigar la trama de corrupción vinculada al caso Gürtel y lo harán "con todo rigor". "Bien los tribunales valencianos, bien los de Madrid, que en estos momentos pueden tener ya iniciadas actuaciones en relación con esta materia".
En este contexto, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, calificó ayer de "contradictorio" que el PP proponga un pacto contra la corrupción por un lado y, por otro, "pida la impunidad de los corruptos".
Llamazares explicó ayer en Valencia las 30 medidas que planteará en el Congreso para luchar contra la corrupción que, en su opinión, "procede de un modelo económico, especulativo y de dinero negro, que afecta a una parte de la política y contamina al resto". Las medidas que defenderá Llamazares están relacionadas con la economía sumergida, la regeneración fiscal y la lucha contra la corrupción política. En ese contexto, la coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, presentó ayer la proposición no de ley que defenderá en las Cortes Valencianas. Esta iniciativa insta al Consell a adoptar estas 13 medidas para "acabar con la corrupción y recuperar la credibilidad de los políticos y los mecanismos de participación".
Las 13 medidas se agrupan en cuatro bloques: funcionamiento de la Administración valenciana, medidas de control de contratación y de procedimientos urbanísticos, reformas legislativas y mejora de la transparencia.
Entre las propuestas más llamativas formuladas por Esquerra Unida figura la petición de reforma urgente de la Ley Urbanística Valenciana para dotarla de mecanismos de transparencia y limitación de las plusvalías; la creación de una comisión especial en las Cortes de seguimiento de los procedimientos de contratación; la creación de un registro público donde consten los ingresos y el patrimonio de los cargos públicos de la Generalitat y el incremento de medios de la Fiscalía.
Marga Sanz indicó que en el PP "no son capaces" de cumplir las propias propuestas lanzadas por Mariano Rajoy para combatir la corrupción.
www.elpais.es 28.11.09
EL TRIBUNAL SUPERIOR VALENCIANO ABRE LA VÍA PARA INVESTIGAR LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP
Pide información al TSJ de Madrid para decidir si acepta la querella socialista contra Camps.- La denuncia por financiación ilegal del PP se basa en un informe policial que investiga el juez Pedreira
La Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha abierto una vía para investigar la financiación del PP, pese a que aún no ha decidido si es o no competente para investigar la querella presentada por los socialistas contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, los cabecillas de la trama Gürtel y varias empresas. La Sala ha dejado claro a través de una nota que los hechos relatados en la denuncia son objeto de una investigación penal. La incógnita es saber cuál es la instancia judicial competente.
Durante una reunión celebrada esta mañana, la sala de Lo Civil y Penal ha decidido solicitar información al Tribunal Superior de Madrid sobre sus investigaciones en relación con el caso Gürtel porque ese tribunal se hizo cargo hace casi dos meses del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional que recoge indicios de la supuesta financiación irregular. Lo incorporó a la investigación sobre la trama Gürtel que abrió tras recibir la causa de la Audiencia Nacional.
El TSJCV pide también información a las Cortes valencianas sobre el aforamiento de las personas que aparecen en la querella de los socialistas, entre ellos: el presidente Francisco Camps, el vicepresidente del Consell Vicente Rambla, y el diputado y vicesecretario de Organización del PP valenciano, David Serra. Además, pide al Registro de Partidos que le ofrezca datos sobre el grado de autonomía o de dependencia orgánica y económica del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Y al propio PP que confirme las responsabilidades que en dicha organización tiene algunos de los querellados.
Los socialistas incluyeron en su querella a 17 personas: altos cargos del Gobierno autonómicos, del PP valenciano, varios implicados en la trama Gürtel y cinco empresas constructoras valencianas, una de ellas de la familia del también vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino. Por tanto, el tribunal, aún sin pronunciarse sobre su competencia, abre camino para investigar la financiación de los populares.
El informe policial de la brigada de blanqueo en el que se basa la querella revela, entre otras cuestiones, que la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, actualmente en la cárcel, cobró más de un millón de euros de comisiones ilegales por actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. También desvela que cinco empresas valencianas habrían financiado irregularmente al PP a través de una doble facturación de la empresa de la trama Orange Market.
El TSJ despreció ese informe cuando estaba en fase de deliberación sobre la causa abierta contra el presidente Francisco Camps por supuesto delito de cohecho impropio por aceptar trajes de la trama Gürtel. Ahora, y tras la querella de los socialistas, el tribunal que preside el magistrado Juan Luis de la Rúa pide información al TSJ de Madrid, al Ministerio del Interior, al PP valenciano, a las Cortes Valencianas y a la Junta Electoral Central. Según la nota del TSJ valenciano, el tribunal "quiere establecer, para el caso de que admita su competencia para estudiar la querella presentada, que los hechos a los que se refiere ésta no están siendo objeto de investigaciones judiciales simultáneas por órganos judiciales diferentes, pudiendo dar lugar a interferencias procedimentales, dada la interrelación existente entre los mismos y a la que expresamente se refiere el informe policial mencionado".
El informe policial que sustenta la querella dirigida contra 17 personas, entre ellas el propio Camps y el vicepresidente Vicente Rambla, fue remitido por la Brigada de Blanqueo de Capitales el pasado 31 de julio al TSJ valenciano, a la Fiscalía Anticorrupción y al TSJ de Madrid, donde se investiga la causa principal del caso Gürtel que inició el juez Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional.
www.elpais.es 26.11.09
EL PP EN EL ESPEJO DE LA CORRUPCIÓN 
La batalla de la transparencia suscita en el PP reacciones contradictorias. Ayer mismo, el consejo de dirección de los populares valencianos eludió cualquier acuse de recibo sobre la propuesta del líder nacional del partido, Mariano Rajoy, de implantar 50 medidas contra la corrupción. Se hizo eco, eso sí, de los ataques de Esteban González Pons contra la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega -el portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, abundó en el argumento de que supuestamente "mintió a la opinión pública valenciana"-, pero no de la indicación del vicesecretario nacional de Comunicación del PP en el sentido de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los diputados autonómicos habrán de hacer públicas sus declaraciones de bienes. 
Como es lógico, no pasó desapercibido el asunto a la oposición. Si el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, ya adelantó el sábado que asumía las medidas propuestas por Rajoy y le emplazaba a añadir otros aspectos relacionados con el control del urbanismo o la televisión autonómica (hoy intervendrá en la tertulia matutina Bon dia Comunitat Valenciana, de Canal 9, el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, ignorado durante mucho tiempo), ayer mismo movió ficha el grupo parlamentario. 
La diputada Carmen Ninet presentó una propuesta de resolución para que se hagan públicas las declaraciones de bienes y actividades de todos los diputados, del presidente de la Generalitat, de los miembros del Consell y de otros altos cargos. "Lo hemos planteado dos veces, en dos legislaturas y han dicho que no", explicó Ninet. "La última vez que lo rechazaron era portavoz parlamentario el señor González Pons".  
Tras recordar que los diputados socialistas hicieron públicas sus declaraciones a través de la página web del PSPV y que posteriormente hizo lo mismo Jorge Alarte, Ninet aseguró que su grupo tiene la intención de plantear todo tipo de iniciativas en las Cortes Valencianas relacionadas con las medidas propuestas por Rajoy. "Aquí fue diputado Carlos Fabra", señaló Ninet, "y no hemos visto nunca su declaración de bienes". Precisamente en alusión a Fabra, la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol destacó lo contradictorio que resulta que el PP hable de "dignificar la vida pública" mientras un imputado en tráfico de influencias y fraude fiscal como Fabra mantiene su cargo público. 
Los socialistas, explicó Carmen Ninet, van a hacer de la exigencia de transparencia el eje de su política, ante los escándalos de corrupción que afectan al PP y al Consell, con el presidente Francisco Camps en primer término. "Vamos a presentar iniciativas sucesivas sobre las 50 medidas de Rajoy", anunció la diputada. 
Tras hacerse pública la propuesta del PSPV, el secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, emitió un comunicado en el que criticó a los diputados socialistas porque sus declaraciones de bienes, "sorprendentemente, han desaparecido de su página web" y los acusó de "haberse opuesto a que se investiguen públicamente las cuentas de los partidos políticos", en alusión a la negativa del PSPV a convertir su propuesta de investigar las contrataciones de la trama de corrupción de Francisco Correa y Álvaro Pérez con la Generalitat en una comisión sobre la financiación de todas las formaciones políticas. 
Según Clemente, "Camps hizo pública su declaración de bienes el pasado mes de abril, mientras la vicepresidenta De la Vega publicó en el Boletín Oficial del Estado unos datos ininteligibles". La "declaración de bienes" de Camps mencionada por el secretario general de su partido fue una breve nota de prensa que nadie consideró un documento formal. 
UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY 
Los socialistas presentaron ayer en las Cortes una proposición no de ley que, prácticamente con toda probabilidad, no se debatirá hasta el próximo periodo de sesiones, a partir de febrero. La iniciativa incluye dos puntos. 
- Hacer públicas las declaraciones de bienes y actividades de todas las diputadas y diputados, tanto en el Boletín Oficial de las Cortes como en la página web del Parlamento autonómico. 
-Instar al Consell de la Generalitat a "hacer públicas las declaraciones de bienes y de actividades de todos y cada uno de los cargos de la administración autonómica valenciana, así como las de los altos directivos de las empresas públicas y de los organismos públicos dependientes
(www.elpais.com, 24/11/09)
PROMOTORES LIGADOS AL ALCALDE INVIRTIERON EN LA NUCIA 19 MILLONES PARA UN PELOTAZO CON CORREA  

 "Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro [Pérez, "El Bigotes"], con Pablo [Crespo] y con el alcalde [Bernabé Cano]. Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo". Al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, le cuadraban las cuentas de la lechera expresadas en esta grabación del sumario Gürtel.  
De la mano del empresario José Luis Ulibarri -cuya empresa Mediamed se llevó 13 licencias de TDT del Consell- estaba a punto de comprar el PAI Pie de Monte y hacer un negocio de 72 millones de euros. Pero las negociaciones, a base de presionar a los propietarios, descarrilaron a última hora. En ese primer envite, uno de los negociadores, en representación de Correa, era Jacobo Gordon, amigo del yerno de Aznar, Alejandro Agag. Pero hubo un segundo intento, que sí fraguó. El que protagonizaron, a través de la sociedad Inerzia Sociedad de Gestión, S. L., Gerardo Martínez Riquelme y Antonio Rocamora, personas estrechamente vinculadas al alcalde de la Nucia, Bernabé Cano. Según documentación a la que ha tenido acceso este diario, Inerzia invirtió 19 millones de euros en la adquisición del 66% de Montemar la Nucia, la urbanizadora del PAI Pie de Monte, uno de los dos grandes proyectos urbanísticos del municipio de la Marina Baixa, junto con La Serreta.  
En su declaración judicial, Gordon explicó que lo único que Inerzia firmó fue una opción de compra con los propietarios, entre ellos el promotor Francisco Murcia Puchades, quien tras estallar el escándalo Gürtel declaró que Correa lo había presionado para que vendiera con la amenaza de que si no lo hacía el PAI -bloqueado por insuficiencia hídrica- no saldría adelante. "Lo mandé a la mierda", declaró Murcia Puchades.
Los empresarios dieron la cara, pero del intento de hacer negocio no había dimitido Correa. Los dos promotores iban de la mano de Correa y de Álvaro Pérez, el Bigotes, residente vacacional en la Nucia y también íntimo amigo del alcalde, Bernabé Cano. Fuentes conocedoras de la operación explicaron que Inerzia pretendía ceder un tercio del PAI a la firma Hator Consulting cuando el proyecto (aprobado en septiembre de 2004 por el consistorio) fuera desbloqueado, cosa que no ha sucedido. La consultora Hator es una de las sociedades más activas de la trama Gürtel en cuestión de negocios del sector del hormigón. El administrador único es Pablo Crespo -número dos de la organización-, quien sucedió en el cargo a Ramón Blanco Balín.
Los dos gestionaban también Castaño Corporate, la firma que, como contó Levante-EMV, blanqueó 756.240 euros en una parcela de 12.000 metros en el PAI del Algar tras cobrar comisiones vinculadas al contrato de Canal 9 y Teconsa por la visita del Papa.  
Martínez Riquelme y Rocamora son algo más que amigos de Cano. A través de Saga Bonperal, S. L., estos dos promotores urbanizaron diez parcelas a nombre de la madre -Ángeles García Sáiz- y tío -Gabriel García Sáiz- del alcalde Cano. La familia era la propietaria de los terrenos del sector la Favara y el ayuntamiento les otorgó, el 7 de octubre de 2002, la condición de agente urbanizador. Dos meses después, Saga Bonperal asumió el desarrollo del proyecto tras pagar más de 3 millones de euros por 10.551 metros y, posteriormente, adquirió otras siete parcelas de parecido tamaño. En la propiedad de Inerzia participaba también la firma Gestrumar 2001 SL, también de Martínez Riquelme y Rocamora.
La inversión en Pie de Monte se ha tragado las ganancias que dieron estos empresarios, vía Gestrumar 2001, en una permuta de suelo que propició Bernabé Cano en 2005. El ayuntamiento adjudicó a Dragados, por concurso, nueve parcelas municipales en el PAI la Serreta por un importe de 16,7 millones a cambio de la construcción de la Casa de Cultura, el auditorio e infraestructuras complementarias. El 8 de junio, Dragados escrituró los terrenos. Y ese mismo día en la misma notaría, Dragados vendió a Gestrumar 2001 las parcelas sin incrementar un céntimo el precio. Meses después, la sociedad de los amigos del alcalde revendió a Iberdrola y Capital Golf, S. L., nueve de estos bienes inmuebles por más de 34 millones. El pelotazo superó los 17 millones.  
Gestrumar se quedó la parcela más grande, tasada en 4,3 millones, y esta es una de las razones por las que Martínez Riquelme y Rocamora son también urbanizadores del PAI de la Serreta, un proyecto de 2,8 millones de metros y 3.884 casas con campo de golf, de cuya sociedad gestora -Cases del Pinar- son consejero delegado y vicepresidente, respectivamente. 
(www.levante-emv.com, 24/11/09) 
DÚPLEX A TOCATEJA Y ´UN POLLO DE PUTA MADRE CON TÍAS´
Los vínculos de Bernabé Cano con Gerardo Martínez Riquelme son estrechos. Cano adquirió en 2003 y 2005 sendas viviendas, en primera línea de mar en Altea, a la sociedad Rotja 2000 Promociones, S. L., uno de cuyos administradores es ese promotor. Según los diarios madrileños El País y El Mundo, Cano pagó al contado 470.000 euros que costó el ático dúplex de 247 metros construidos a la escritura. Después abonó 106.000 euros por transferencia por el piso, de 312.000 euros. Según El Mundo, Cano sólo tiene una hipoteca de 180.000 euros por los dos inmuebles.  
Este constructor es uno de los que montaron el "txoco" o club gastronómico en el que se celebraron fiestas sexuales durante las negociaciones de los PAI en las que participaron Correa, el alcalde y Jacobo Gordon, entre otros. En la transcripción policial de las cintas, Correa explica que se ha hecho "íntimo amigo del alcalde", que tiene un "choco montado allí de la hostia (...) que se lo han montado unos amigos constructores de la zona, que son muy sanos y campechanos". Correa cuenta que "cerraron un restaurante y luego montaron un pollo de puta madre con tías". Después describe una fiesta en el "choco". Entre otros invitaron a "Pedrito, de Canal Nou" [sic]. "Estaba Jacobo, que está negociando técnicamente el tema urbanístico", comenta Correa, que cuenta detalles: "Todos estaban allí en pelotas, cada uno con una tía".
Por otra parte, el instructor del caso Gürtel en el TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, impuso ayer una fianza de 750.000 euros al diputado de Madrid Alfonso Bosch y de 650.000 euros a Felisa Jordán, ex administradora de Easy Concept, la sociedad que montaba el pabellón valenciano en Fitur. Jordán elaboraba las ofertas que presentaba Orange Market en el concurso de Fitur, que se llevó durante cinco ediciones consecutivas. El juez quiere asegurar las responsabilidades económicas de ambos imputados. 
(www.levante-emv.com, 24/11/09)
DE LA RÚA ENCARA OTRA VEZ EL 'CASO GÜRTEL' ESTA SEMANA 
La piedra que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) empujó laboriosamente en verano para librar del banquillo a Francisco Camps por el caso Gürtel ha vuelto a caer monte abajo. Juan Luis de la Rúa, jefe interino del tribunal en espera de relevo y el juez a quien el presidente de la Generalitat definió como "más que amigo", ha topado de nuevo con el caso.  
De la Rúa tendrá que sentarse esta semana con otros cuatro magistrados para decidir si admite o no la querella planteada por el PSOE contra Camps y otros 16 posibles implicados en la presunta financiación irregular del PP. Entre ellos figuran cuatro diputados: Ricardo Costa, ex número dos del PP valenciano; Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat; David Serra, vicesecretario de Organización regional del partido; y la tesorera, Yolanda García. Fuentes del tribunal valenciano confirmaron el viernes que las deliberaciones comenzarán el martes o el jueves, los días en que la sala celebra sus reuniones semanales. Los socialistas confían en una decisión rápida, pero nadie puede asegurar con certeza cuánto tardarán los magistrados valencianos en determinar, primero, si son competentes para investigar los hechos denunciados y, después, si esos hechos presentan visos de delito. Si el tribunal lo cree oportuno, adoptará ambas decisiones en la misma sesión. 
A diferencia de lo ocurrido con el caso de los trajes, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV no se enfrenta ahora a la tarea de dilucidar si, al aceptar regalos de la trama corrupta, el presidente de la Generalitat y líder del PP valenciano cometió un delito de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno.  
Encara algo mucho más grave: la querella del PSOE clava sus cimientos en el demoledor informe donde la Brigada de Blanqueo de la Policía destapó numerosos indicios de que el PP valenciano se había financiado ilegalmente gracias a una relación simbiótica con la trama corrupta y su principal marca valenciana, Orange Market, organizadora de los actos del PP y que recibió más de siete millones de euros en contratos de la Comunidad, entre ellos los relativos a la organización de los stands para ferias de turismo. Al frente de Orange Market, el hombre de confianza de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes.  
La Policía describe cómo funcionaba el reparto de papeles en el PP. Se confeccionaban, dice el informe, "facturas ad hoc con conceptos acordados al efecto entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono, y Yolanda García, librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de una factura por conceptos ficticios". 
Tanto de Costa como de Serra y García, el informe aporta numerosos indicios que adquieren casi el rango de pruebas. En lo que concierne a Camps y Rambla, parece menos clara su participación directa: el informe no incluye ninguna conversación en la que participe alguno de los dos, aunque sí referencias indirectas a que conocían lo que estaba sucediendo. Incluso hay alusiones directas de Álvaro Pérez a la posibilidad de enviarle mensajes a Camps a través de su mujer, Isabel Bas, dependiendo de "la cara que pusiera Vicente [Rambla]" en una de las reuniones que El Bigotes decía mantener con él para pedirle contratos y dinero. 
El Bigotes pactaba con la tesorera del partido qué concepto había que anotar en una factura, discutía amigablemente con Costa, Ric, sobre cómo desbloquear la deuda del PP con Orange Market y pedía con absoluta normalidad a Rambla que favoreciera a la empresa con contratos. 
Pérez también escuchaba a David Serra contarle cómo el "presi", Camps, estaba al tanto "de todo". El 2 de febrero de este año, cuatro días antes de que Baltasar Garzón cortara los primeros hilos de la red corrupta, El Bigotes adoptaba precauciones telefónicas.  
No las suficientes como para evitar que la Policía descifrara la conversación que a las cinco de la tarde de ese día mantuvo con Pablo Crespo, secretario de Organización del PP gallego entre 1995 y 1999 y número dos de la Gürtel. "Álvaro comenta se lee en la transcripción policial que le ha dicho Ricardo que le iba a pagar todo lo que se ha hecho en Alicante, que en Barcelona no le podía pagar nada". Alicante, dinero A, declarable a Hacienda; Barcelona, dinero B, negro.  
El código empleado por la trama sale a flote en el informe, que dibuja un escenario de colaboración amplísima de la trama con el PP valenciano. Un ejemplo: en la contabilidad B hay una anotación que dice "PP B (incluidos alcaldes)". 
En la financiación del PP valenciano también tuvieron un papel destacado las contribuciones, camufladas mediante facturas falsas, de empresarios que luego y siempre según los investigadores se vieron recompensados con millonarias adjudicaciones. El informe consigna un dato que ya mencionaba Garzón en uno de sus autos: que la factoría Correa entregó al PP valenciano 420.000 euros en 2002.  
"Existe dice el informe una financiación de actos del PP por parte de empresarios [que] tienen contratos vigentes, prestan servicios y realizan obras para las administraciones obtenidos como contraprestación a los favores realizados para la formación política". Los agentes de la Brigada de Blanqueo cifran en 837,7 millones de euros la cuantía total de las adjudicaciones obtenidas en la Comunidad Valenciana por los cinco empresarios que hicieron "aportaciones" al PP: Enrique Ortiz, Enrique Gimeno, Vicente Cotino, Antonio Pons y Luis Batalla.  
Las empresas del grupo Sedesa, propiedad de familiares del consejero de Urbanismo de la Generalitat, Juan Cotino, lograron 539 millones en contratos y, según la Policía, pagaron supuestas facturas "encubiertas" por 130.000 euros. Las de Enrique Ortiz, un relevante promotor inmobiliario que prosperó de la mano del ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, obtuvieron adjudicaciones por 205,2 millones y, como mínimo, abonaron facturas por 115.884 euros. 
El informe policial, el mismo que señala como implicados a los integrantes del núcleo duro del PP valenciano, llegó a manos de De la Rúa el 31 de julio, tres días antes de que su tribunal diera carpetazo a la acusación de cohecho impropio y exculpara tanto a Camps como a sus tres correligionarios entonces imputados: Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.  
El tribunal valenciano, el único con potestad para investigar y juzgar a los aforados (los diputados autonómicos), desdeñó las revelaciones policiales. Lo hizo con el doble argumento de que nadie había pedido a la Policía que elaborase ningún informe y de que, en todo caso, ya obraba una copia en poder del Tribunal Superior de Madrid, que investiga el grueso del caso. 
La situación de Camps ha empeorado ostensiblemente desde julio. El dossier policial ha resquebrajado su imagen de impecable presidente a quien un juez dudaría en arruinarle la carrera por un par de chaquetas. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que ni es el único ni el último, traza un retrato poliédrico de la relación amistoso-empresarial que mantenían la cúpula del PP valenciano y los dos principales lugartenientes de Correa en Valencia, El Bigotes y Crespo. 
Hace diez días, el mismo hombre que a las preguntas relativas al caso Gürtel solía responder con una parrafada sobre su felicidad como militante del PP perdió los nervios en un debate parlamentario. "A usted le encantaría coger una camioneta, venirse a mi casa de madrugada y que a la mañana siguiente yo apareciese boca abajo en una cuneta", espetó Camps al portavoz socialista, Ángel Luna. La deliberada evocación de los terroríficos paseos de la Guerra Civil ni siquiera fue subliminal.  
Para cuando Camps se remontó a 1936, del informe policial ya se conocían algunos extractos clave. Charlas comprometedoras, e-mails que muestran que la red endosó a boyantes empresarios locales facturas que en realidad se correspondían con actos del PP y un detallado análisis de la contabilidad secreta de la red de Correa: todo eso consta en sus 99 páginas y en sus cinco anexos, cuyo contenido y alcance intenta desacreditar ahora el PP con su ataque al sistema de vigilancia Sitel, comprado por Mariano Rajoy en 2001, cuando era ministro del Interior.  
Como ponente es decir, como responsable de proponer qué se hace con la querella y de dirigir la eventual instrucción que la admisión de la querella entrañaría, el tribunal ha designado a José Francisco Ceres. Magistrado de talante conservador, Ceres fue uno de los jueces que avaló el cerrojazo al caso de los trajes. Alineado con De la Rúa, Ceres también validó la resolución de la sala por la que acordaba no ya prescindir del informe policial sino excluirlo de la documentación obrante en el sumario de los trajes, sobre cuya reapertura deberá pronunciarse el Supremo a instancias de la Fiscalía y el PSOE. 
Si el tribunal evita nuevas fintas y admite la querella de los socialistas, será Ceres quien interrogue a Ricardo Costa. Defenestrado a trancas y barrancas por orden de Rajoy, es Costa el que peor parado sale en el informe de la Brigada de Blanqueo. De hecho, su caída en desgracia y su posterior suspensión como militante del PP fueron causa directa del contenido del dossier policial.  
Tomadas por separado, las charlas telefónicas intervenidas por la Policía a El Bigotes, a quien Camps llamaba "amiguito del alma", resultan bastante esclarecedoras de hasta qué punto la trama había establecido una alianza estratégica con el PP valenciano.  
Cruzadas con los datos de la contabilidad secreta de la red y con el intercambio de mails entre empleados de Orange Market y de la asesoría del imputado Ramón Blanco Balín, considerado el blanqueador de la trama, las conversaciones pierden ambigüedad y ganan relevancia. Y ya no se habla de trajes, sino de dinero.  
(www.publico.es, 23/11/09) 
CUATRO ESCENARIOS PARA CINCO MAGISTRADOS 
Cuestión de competencia
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es el único con jurisdicción para encausar a aforados autonómicos. En principio, y al haber aforados en la querella, el tribunal valenciano debe declararse competente.  
La sombra de Madrid
Pero la sala que preside De la Rúa puede alegar, como ya hizo cuando desechó el informe policial, que los delitos que denuncia la querella del PSOE ya se están investigando en Madrid. De hecho, el tribunal valenciano se negó a encausar en el procedimiento de los trajes a los cabecillas de la trama corrupta. El argumento, refutado por la Fiscalía y el PSOE sin éxito práctico hasta la fecha, fue que todos ellos estaban ya imputados en la causa de Madrid. 
El peso de los indicios
Otra de las hipótesis es que el tribunal acepte la querella, pero sólo en lo relativo a algunos posibles implicados y no a otros. El informe aporta pruebas más contundentes en lo que se refiere, por ejemplo, a Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García que en lo que concierne a Camps o a Vicente Rambla. Pero, aun en el supuesto de que Camps quedara inicialmente fuera, una investigación que afectase a la cúpula del PP valenciano tendría consecuencias dramáticas para el presidente de la Generalitat.
No pasa nada
Quienes conocen el caso creen que la hipótesis menos verosímil –pero no descartable– sería la de que el tribunal alegase que el informe policial no ofrece suficientes indicios racionales para investigar si hubo delito.  
(www.publico.es, 23/11/09) 
UNA SALA DE MAYORÍA CONSERVADORA  
Juan Luis de la Rúa. El amigo interino
Presidente del tribunal desde 1999, el nombre de Juan Luis de la Rúa está ya indisolublemente ligado al de Camps, quien lo definió como “más que amigo”. Está en situación de interinidad. Se ha presentado a la reelección, pero sus posibilidades son remotas. En el Poder Judicial (CGPJ) ya nadie le defiende. 
José Flors. Primer intento
Flors también se adscribe al ala conservadora de la magistratura, pero su instrucción del ‘caso de los trajes’ le granjeó un amplio respeto. Quiso sentar a Camps en el banquillo por cohecho impropio.  
J. Francisco Ceres. El ponente
Ceres suscribió todas las decisiones impulsadas por De la Rúa en el ‘caso de los trajes’. Si se admite la querella del PSOE, será previsiblemente el instructor. 
Juan Montero. Voto particular
Fue el único miembro de la sala que se opuso al cerrojazo del caso de los trajes. En febrero, Montero exoneró de corrupción y sin practicar diligencias al ex alcalde de Alicante. 
Juan Climent. La incógnita
En teoría, es el único magistrado progresista de la sala. Con el ‘caso de los trajes’, estaba de vacaciones. Se le considera cercano a Rafael Blasco, consejero de Camps y ex militante del PSOE, partido que le expulsó por presunta corrupción.   
(www.publico.es, 23/11/09) 
PONS CONTRADICE AL CONSELL Y DICE QUE NO RECURRIRÁ GÜRTEL POR SITEL 
El vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, enmendó ayer la plana al Consell de Francisco Camps. Si la portavoz Paula Sánchez de León advertía el pasado viernes que pedirán la nulidad del caso Gürtel si se demuestra que las grabaciones del presidente Camps con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, se realizaron de manera ilegal con el sistema Sitel, ayer el portavoz nacional del PP aseguró que la única pretensión de su partido con respecto a Sitel es que se regule por ley orgánica. "Puedo asegurarles que el PP no tiene ninguna intención de recurrir el caso Gürtel por Sitel", dijo rotundo González Pons. 
El dirigente popular insistió en que su partido quiere que se depuren todas las responsabilidades: "Si el caso Gürtel tiene al final que hacernos algún daño, también tiene que servirnos para limpiarnos, por eso somos los primeros interesados en que ni por Sitel ni por sital, el caso Gürtel acabe siendo anulado", agregó. González Pons fue el primero en su partido en tachar de "ilegal e inconstitucional" el llamado Sistema de Interceptación de Comunicaciones (Sitel), contratado en 2001 por Mariano Rajoy cuando era ministro del Interior. 
El vicesecretario de Comunicación del PP anunció además que la Audiencia de Madrid ha confirmado la desestimación de la demanda presentada en 2008 por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, contra él por vulnerar el derecho al honor.La vicepresidenta demandó en enero de 2008 a Esteban González Pons, entonces portavoz del PP en las Cortes Valencianas y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Valencia, por un supuesto atentado contra su honor y dignidad.  
El origen de la demanda fueron unas declaraciones efectuadas por González Pons, en las que acusó a De la Vega de empadronarse de forma fraudulenta en Beneixida, localidad de la que procede su familia. Además insinuó que se había beneficiado de un pelotazo urbanístico tras la reclasificación de unos terrenos que la familia de De la Vega tiene en el municipio. La vicepresidenta perdió la demanda en primera instancia y apeló la desestimación del caso. La Audiencia Provincial de Madrid tumbó hace unos días el recurso y confirmó el primer fallo. "Le he ganado el juicio y la apelación y por ello el tribunal le obliga a pagar las costas", subrayó el dirigente popular. "David ha vencido a Goliat", ironizó el dirigente popular que pidió a la vicepresidenta que pida disculpas y presente su dimisión. 
El tribunal reconoce que alguna de las expresiones de González Pons "carecían de rigor y de la precisión que hubiese sido deseable, pero ello no deja de ser usual en las contiendas políticas". Fuentes próximas a la vicepresidenta anunciaron ayer que el proceso judicial sigue adelante y se recurrirá el caso ante el Tribunal Supremo. 
El vicesecretario de Comunicación, que compareció en la sede del PP junto al secretario general valenciano, Antonio Clemente, aseguró, por otro lado, que una vez se consensúen las 50 medidas propuestas por Rajoy para la regeneración política, todos los diputados de España deberán hacer pública su declaración de bienes y patrimonio, también el presidente Francisco Camps y el resto de parlamentarios autonómicos. Camps ofreció hace unos meses un resumen de sus bienes pero no hizo público el documento oficial como si lo publicaron los diputados socialistas con su secretario general a la cabeza, Jorge Alarte. 
Antonio Clemente, secretario del PP valenciano, ironizó acerca de la elección esta semana de la socialista Leire Pajín como senadora territorial por las Cortes Valencianas. "Los socialistas verán cumplida su máxima preocupación", dijo. El dirigente acusó a Alarte y al portavoz parlamentario Ángel Luna de judicializar la vida política valenciana. 
(www.elpais.com, 23/11/09)
EL PP, LA TRAMA, EL ARZOBISPO Y LA FUNDACIÓN
Quién era quién en la organización de la visita papal que investiga el juez
Con una concepción confesional de las relaciones de la Iglesia y las instituciones civiles, se constituyó el 21 de enero de 2005 en el Palau de la Generalitat la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, encargada de organizar la visita del Papa a Valencia, en julio de 2006. Esa fundación, que otorgó a Canal 9 la exclusividad de la imágenes del evento que después aprovechó la trama corrupta de Francisco Correa y Álvaro Pérez para obtener más de un millón de euros en comisiones ilegales, está siendo investigada por el jeuz Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, instructor del caso Gürtel.
La fundación, eclesiástica y a la vez civil, presidida por el tándem que formaban el jefe del Consell, Francisco Camps, y el arzobispo Agustín García Gascó, fue opaca en su funcionamiento e incorporó a una serie de figuras políticas y eclesiásticas del catolicismo más conservador.La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia fue creada por la Generalitat, el Arzobispado, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia. Era vicepresidenta la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, miembro fundador el presidente de la Diputación, Fernando Giner, presidente ejecutivo el obispo Esteban Escudero y secretario, el entonces vicepresidente del Consell Víctor Campos, implicado también en el caso Gürtel.
En esa primera reunión fueron designados dos comisionados para la coordinación del encuentro y la visita papal, ambos miembros del Opus Dei, Enrique Pérez Boada, también militante del PP y director del Institut Valencià de Finances (el banco de la Generalitat) y Antonio Corbí, secretario del arzobispo de Valencia. Tras la sesión fundacional Camps ya destacó la gran oportunidad para la "proyección puramente interior de nuestras propias familias". Barberá dijo: "Supone una gran confianza en las instituciones valencianas", Y el arzobispo García Gasco agradeció la "unión de todas las instituciones". Desde el inicio, se consagraba un maridaje entre Iglesia y poder civil con una abrumadora mayoría de destacados militantes del PP. Por si fuera poco, se reforzó la línea dura incorporando a Juan A. Reig, entonces obispo de Cartagena.
Dependientes de la fundación se crearon oficinas y áreas de trabajo, a cuyo organigrama, que se mantuvo en secreto, ha tenido acceso EL PAÍS. Esas áreas fueron ocupadas por destacados miembros del Opus Dei y militantes del PP, como Javier Arnal en comunicación, delegado en Castellón de Ràdio Televisió Valenciana, cuyo director general, Pedro García es otro de los implicados en la trama Gürtel; Manuel Lacomba, en acreditaciones; Francisco Borrás, en alojamiento, o el concejal Miguel Domínguez como responsable de seguridad. De infraestructuras se encargó José Selva; de congresos, el obispo auxiliar Enrique Benavent; de promoción pastoral, monseñor Salvador Giménez; de voluntariado, Luís Cervera; de arquitectura, Juan Pablo Mas; de logística, Antonio Puig, y de liturgia, el canónigo Jaime Sancho. Todos ellos fueron coordinados por el verdadero hombre fuerte del evento, el vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino. Llama la atención que se responsabilizase al concejal Domínguez de la seguridad y la policía y a Enrique Guillén del Ejército, invadiendo las competencias del Gobierno de España. Como secretaria general se designó a Henar Molinero, relacionada a la vez con la Curia y la Presidencia de la Generalitat, donde desempeña una subsecretaría. En la misma secretaría se integró Enrique Gómez. Por el contrario, se evitó cuidadosamente incorporar a ningún representante del Gobierno español, como el director general de la policía o el delegado del Gobierno, a fin de coordinar mejor los múltiples y delicados aspectos del viaje papal. Para el arzobispo García Gasco el Gobierno español había que excluirlo porque "ridiculiza, insulta e infunde miedo" a los católicos. Para acentuar el maridaje del PP y la Iglesia de Valencia, las sesiones y las ruedas de prensa se celebraron en el Palau de la Generalitat.
Contrasta esta forma de actuar con la del arzobispo Miguel Roca con motivo de la visita a Valencia del Papa Juan Pablo II el 8 de noviembre de 1982. Constituyó una Comisión Diocesana cuyo objetivo era la organización técnica y la "conveniente preparación espiritual, catequética y sacramental", a fin de que la visita papal "fuera fecunda en frutos espirituales", presidida por el vicario general Vicente Ferrando, e integrada por diez vocales, dos vicarios episcopales, el secretario de la curia, el rector del Seminario, un religioso de la FERE y cuatro seglares "católicos valencianos, nada significados políticamente, pero eficaces", un médico, un militar y dos economistas; de ellos dependía una simple oficina de prensa encargada a profesionales del periodismo. La discreción presidió los actos y el arzobispo Roca buscó en medios católicos la financiación de los gastos, de alrededor de 10 millones de pesetas, unos 60.000 euros.
www.elpais.es 22.11.09
EL JUEZ INVESTIGA A LA IGLESIA Y A CAMPS TRAS EL PELOTAZO DE LA VISITA DEL PAPA
La trama Gürtel logró un millón en comisiones ilegales, según la policía
El magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, investiga la posible relación de la trama corrupta con la fundación auspiciada por la Iglesia y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que gestionó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006.
La Generalitat pedirá la nulidad del caso si se grabó ilegalmente con Sitel
La consejera portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, reconoció ayer que "el juez ha requerido la documentación sobre la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia". Esta entidad está integrada por la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento -administrados por el PP- y el Arzobispado de Valencia a partes iguales.
La fundación, en la que actuaba entonces de secretario el vicepresidente del Consell Víctor Campos -que figuró en la misma causa que Camps, Ricardo Costa y Rafael Betoret por recibir trajes de la trama que dirigía Francisco Correa-, se gastó en 2006 un total de 12,2 millones de euros sin que se sepa cómo, con quién y para qué. El Gobierno valenciano se ha negado sistemáticamente a dar explicaciones sobre el gasto realizado en la fundación que organizó el viaje del Papa a Valencia.
El juez Pedreira también investiga el contrato que Canal 9 realizó con la firma Teconsa para montar el equipo de sonido y las pantallas en Valencia durante la visita del Pontífice. Un contrato mediante el que la trama corrupta que dirigía Francisco Correa obtuvo más de un millón de euros en comisiones ilegales, según un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales. El actual director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), José López Jaraba, desveló el pasado martes que el 11 de septiembre remitió toda la documentación que había solicitado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La fundación auspiciada por el arzobispado de Valencia y Camps acordó ceder a Canal 9 la gestión íntegra de la señal de televisión del viaje del Papa.
El Arzobispado de Valencia, donde está la oficina de la Fundación V Encuentro, no aclaró si el juez Pedreira también les ha requerido documentación.
Por otra parte, la portavoz del Gobierno valenciano advirtió que pedirán la nulidad del caso Gürtel si se demuestra que las grabaciones del presidente Camps con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, se realizaron de manera ilegal con el sistema Sitel.
"Si fuera motivo para suspender, por supuesto que pediríamos la nulidad de las actuaciones. Entendemos que no están suficientemente garantizados los derechos fundamentales con la forma en que [Sitel] se está aplicando", dijo Sánchez de León.
www.elpais.es 21.11.09
EL GOBIERNO DE CAMPS RECONOCE QUE PRETENDE USAR SITEL PARA INVALIDAR GÜRTEL
El Consell valenciano ha asegurado que pedirá la nulidad del proceso que investiga el caso Gürtel si se comprueba que en las grabaciones telefónicas al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se utilizó el sistema Sitel. Así lo ha hecho la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, que alegó que el uso de ese sistema “vulneraría los derechos fundamentales". Hasta ahora, desde el PP insistían en la ilegalidad de SITEL pero cuidándose de relacionarlo con el proceso judicial de la Gürtel, incluso ayer el responsable de comunicación del partido, Esteban González Pons, insistía en que no quería que se anulara “porque eso dejaría una nube de sospecha injusta e innecesaria”.
Sánchez de León abordó en rueda de prensa la postura de la Generalitat valenciana ante una posible ilegalidad en el uso de SITEL, el sistema por el cual la policía puede intervenir teléfonos con autorización judicial. “Si fuera motivo para suspender, por supuesto que pediríamos la suspensión, la nulidad de actuaciones", explicó, añadiendo que en cualquier caso "no es una cuestión sobre la que en este momento pueda pronunciarme todavía".

“No hay suficiente regulación”

La portavoz del Consell entiende que "no hay una suficiente regulación" en torno a Sitel ni "están suficientemente garantizados los derechos fundamentales” no respecto al sistema en sí sino “con la forma en que se está aplicando". También en relación a la Gürtel, confirmó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha solicitado a documentos a la Generalitat sobre algunos de sus organismos, como la fundación V Encuentro, que se encargó de organizar la visita del Papa a Valencia en 2006.

El PP negaba relación

Las declaraciones de Sánchez de León contrastan con la postura oficial mantenida por el PP hasta ahora, y que pasaba por reclamar una ley órganica para regular lo que consideran un sistema ilegal pero también por presentar sus ataques a Sitel como independientes de sus problemas con la Gürtel. El propio vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, declaró ayer que “no queremos que se anule el juicio del caso Gürtel por culpa de SITEL, porque eso dejaría una nube de sospecha injusta e innecesaria”.
www.elplural.com 20.11.09
EL JUEZ QUE ARCHIVÓ EL CASO CAMPS DECIDIRÁ LA ADMISIÓN DE LA QUERELLA SOCIALISTA CONTRA EL PP 
El magistrado José Francisco Ceres, que firmó el archivo de la parte de la trama Gürtel investigada en Valencia, será quien decida si la Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) admite la querella presentada por los socialistas por, entre otros delitos, financiación ilegal del PP valenciano. Francisco Camps, presidente de la Generalitat, vuelve a estar en manos de quien le salvó de la imputación de cohecho pasivo impropio, contra el criterio del magistrado instructor, José Flors. 
Ceres tendrá que presentar un informe sobre la admisión o no, y será votado por la sala, que preside Juan Luis de la Rúa, a quien el propio Camps señaló públicamente como "más que amigo" y que permanece en su cargo en situación de prórroga dado que aún no se ha resuelto el concurso para la renovación de la presidencia que ocupa desde hace más de diez años. 
El magistrado Ceres, que ocupó responsabilidades en la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), tiene su nombramiento recurrido, por segunda vez. El Tribunal Supremo ya estimó en una ocasión la impugnación presentada por varios magistrados que concursaron a su misma plaza y entendieron que su elección no estaba fundamentada dado la diferencia curricular y de méritos. El Supremo obligó al TSJ a volver a pronunciarse y éste ratificó el nombramiento, que ha vuelto a ser recurrido y está pendiente de resolución. 
Ceres tuvo ayer la primera aproximación formal con la querella presentada por cuatro diputados socialistas: la ratificación de la misma. Ángel Luna, Joaquín Puig, Carmen Ninet y Cristina Moreno firmaron ante él y la secretaria de la sala de Lo Civil y Penal. La querella va dirigida contra dirigente el presidente Camps; el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, los diputados Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García; los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa y Álvaro Pérez; y las constructoras valencianas Lubasa, Facsa, Sedesa, Grupo Piaf y Ortiz e Hijos. 
Los socialistas, en base al informe policial que el propio TSJ valenciano rechazó considerar cuando deliberaba sobre los trajes de Camps, presentan la querella contra un total de 17 personas por delitos de cohecho, malversación, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal. Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes valencianas, afirmó tras el trámite: "Hemos cumplido con nuestra obligación". Y expresó su confianza en que "los jueces entiendan este tema de la misma forma y abran un procedimiento penal contra los querellados". 
(www.elpais.com, 20/11/09)
LA RED GÜRTEL PREPARÓ UN AÑO ANTES EL NEGOCIO QUE OBTUVO DEL VIAJE DEL PAPA 
Un año antes de la visita del Papa a Valencia, que se produjo los días 8 y 9 de julio de 2006, la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa ya estuvo estudiando sobre el terreno la instalación de pantallas y la sonorización para el acontecimiento, una actividad que Ràdio Televisió Valenciana -cuyo director general, Pedro García, era amigo de Álvaro Pérez-, tras obtener en exclusiva los derechos de emisión, otorgaría meses después, mediante contrato negociado sin publicidad, a la constructora Teconsa por 6,4 millones de euros y de la que la red de corrupción acabaría cobrando más de un millón en comisiones ilegales, según un informe de la policía. 
Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, se afanó en los preparativos con grandes expectativas, según fuentes que participaron en la organización de la visita, ya que las Administraciones valencianas gobernadas por el PP anunciaron el V Encuentro Mundial de la Familia como un evento que reuniría en Valencia a más de dos millones de asistentes. Cifras muy hinchadas para una reunión que se quedó en la octava parte, ya que concentró a unas 250.000 personas. 
Orange Market, la empresa valenciana de la trama, comenzó a contactar con proveedores, a hacer localizaciones junto al Jardín del Turia y a preparar las actividades. Sin embargo, a mediados de 2005, la prensa local, en especial el diario Levante-EMV, publicó que los responsables de la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, eran socios de la empresa Special Events, una firma vinculada también a las actividades del PP en otras comunidades autónomas, y que trabajaba en paraísos fiscales. Desde entonces, Orange Market pasó a un segundo plano. 
Y asumió protagonismo en la organización la empresa Trasgos, autora del logotipo del acontecimiento. De hecho, el director de la sociedad, Antonio Puig, participó en la visita que el enviado del Vaticano, el cardenal Antonio López Trujillo, hizo en julio de 2005 a Valencia para inspeccionar varios de los escenarios del viaje del Pontífice y recibir información sobre los preparativos. Sin embargo, Trasgos también tuvo que dar un paso atrás, ya que el comisionado para el Encuentro Mundial de la Familia, Enrique Pérez Boada, había sido consejero de la firma desde finales de 2003 a inicios de 2004. Pérez Boada, director entonces y ahora, del Instituto Valenciano de Finanzas, el banco de la Generalitat, era la cabeza visible de un equipo vinculado a Juan Cotino, entonces consejero de Bienestar Social, quien se hizo cargo desde el Gobierno que preside Francisco Camps, de la logística del acontecimiento. 
Para ello se creó la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, integrada por la Generalitat, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento y el Arzobispado, una entidad opaca que se ha negado a facilitar el destino de los fondos públicos que ha manejado. Se sabe que gastó hasta 12,2 millones de euros, según las cuentas de aquel ejercicio. Pero eso sólo es una parte del coste que tuvo el acontecimiento. 
El equipo formado al amparo de Cotino, constituido en buena medida por miembros o simpatizantes del Opus Dei, incluía, entre otros, a Henar Molinero, que fue secretaria general de la Fundación V Encuentro y ahora es subdirectora de organización del área de Análisis y Seguimiento en Presidencia de la Generalitat; Javier Jiménez, profesor de Derecho en la Universitat de València, que fue gerente y coordinador del V Encuentro Mundial de la Familia, y José Vicente Herrera, que fue subdelegado del Gobierno en Valencia en la época de Aznar, asesor de Cotino cuando era director general de la Policía y director de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Herrera ejerció de jefe de seguridad del V Encuentro Mundial de la Familia y, posteriormente, como director de Seguridad y Operaciones de la Copa del América. 
Fuentes próximas a los preparativos de la visita han asegurado a este periódico que el propio Francisco Correa asistió, aunque sin revelar su identidad, por lo menos a una de las primeras reuniones sobre los eventos, antes de que Orange Market pasara a una posición más discreta. En las conversaciones grabadas por la policía, dirigentes de la trama aluden a la visita del Papa y al papel relevante reservado en su organización a Álvaro Pérez. 
(www.elpais.com, 20/11/09) 
EL PP VALENCIANO SE NIEGA A PEDIR EXPLICACIONES A ÁLVARO PÉREZ 
El PP rechazó en las Cortes Valencianas reclamar la comparecencia de Álvaro Pérez, El Bigotes, ex gerente de Orange Market, para que explicara su intermediación en las actividades para la organización por parte de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia de los actos del Papa en Valencia. El diputado socialista José Camarasa dijo que Pérez debería explicar una participación de la trama Gürtel en la organización por la que habría obtenido "jugosos beneficios". Camarasa reclamó explicaciones del "pelotazo" de la trama en la adjudicación por Canal 9 de la sonorización de los actos. La diputada del PP Asunción Quinzá rechazó la propuesta porque los socialistas buscan "rédito político", y alegó que se trata de una cuestión "sub iudice". 
Hasta hace unos días, el PP sostenía que no había investigación judicial alguna en marcha sobre el escándalo, pero el actual director de Ràdio Televisió Valenciana, José López Jaraba, reveló el martes que el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Madrid, reclamó el contrato de Canal 9 con la constructora Teconsa por el que la trama cobró comisiones ilegales. El propio secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, exigió ayer que el presidente Camps comparezca en el Parlamento para explicar "qué investigación, qué informaciones han sido requeridas y en qué situación judicial se encuentra". 
"Hemos cumplido con nuestra obligación", aseguró ayer el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, después de acudir al Tribunal Superior de Justicia valenciano a ratificar la querella que él y otros tres diputados han presentado contra Camps, varios cargos de su Gobierno y cinco empresas por financiación ilegal del PP. El informe sobre la admisión a trámite le ha tocado al magistrado José Francisco Ceres, que firmó el sobreseimiento del caso de los trajes que afectaba a Camps. La decisión deberá tomarla, en todo caso, el pleno de la Sala de Lo Civil y Penal. 
(www.elpais.com, 20/11/09) 
UNA FIRMA DE CORREA INVIRTIÓ 756.240 EUROS EN UN PAI TRAS COBRAR COMISIÓN POR LOS ACTOS DEL PAPA
Para la trama Gürtel el cemento fue un medio y un fin. Promotoras y constructoras pagaron comisiones a la red a cambio de concesiones en ayuntamientos cuyos políticos eran comprados por Correa (Madrid) o abonaron a Orange Market facturas de servicios que en realidad fueron prestados al PP (Comunitat Valenciana). Pero, además, el urbanismo fue también un punto de destino, una inversión para blanquear parte del dinero negro utilizando sociedades patrimoniales gestionadas y a nombre de testaferros, pero bajo el paraguas del imperio mafioso de Correa, según Garzón y la Udef. Una de esas firmas pantalla es Castaño Corporate. El 19 de julio de 2006, esa sociedad compró un terreno de 12.605 metros en la Nucia (Marina Baixa) por 756.240 euros. La elección de la Nucia responde a la estrecha relación de Álvaro Pérez "El Bigotes", con el alcalde popular Bernabé Cano, quien dio contratos a la trama y ha aparecido en diversas grabaciones vinculado a los intentos de Correa de pegar un pelotazo en el municipio.  
La finca rústica, de matorral y olivos, se escrituró en la notaría de Ángel Puras, en Madrid, apenas dos semanas después de que esa firma ingresara 230.000 euros a cuenta del negocio que generó el contrato de la constructora Teconsa con Canal 9 para dar cobertura (sonorización, instalación de pantallas y servicios audiovisuales) a los actos de la visita del Papa a Valencia.  
Teconsa subcontrató a otras tres firmas, entre ellas la sevillana Apogee Telecomunicaciones. Mientras Valencia vivía consternada por el accidente del metro que segó la vida a 43 personas y aguardaba la llegada de Benedicto XVI, el número dos de la trama, Pablo Crespo, recogió en Sevilla dinero negro de comisiones por haber intercedido ante el anterior director general de RTVV, Pedro García, para lograr ese contrato para Teconsa y el resto de empresas, siempre según los informes policiales. El apunte de 230.000 euros para Castaño Corporate -dedicada a la compra-venta de inmuebles, que nada tiene que ver con luces y sonido- está en la contabilidad B incautada.  
El administrador único de esa empresa es Jacobo Gordon, amigo y testigo de la boda de Alejandro Agag con la hija de Aznar. Los dos apoderados de esa sociedad son Pablo Crespo y Ramón Blanco Balín, el número dos y el tres de la organización. Esto es, el hombre que ejecutaba las órdenes de Correa y el ingeniero financiero que diseñó el entramado societario internacional para la generación y blanqueo de capitales.  
Al poco de su adquisición, los terrenos pasaron a ser urbanizables. Tal día como hoy, el 20 de noviembre de 2006, la comisión territorial de urbanismo de Alicante aprobó el PAI del Algar, que prevé 2.501 viviendas y del que forma parte la parcela de Castaño Corporate. El pasado mes de junio, el TSJ valenciano bloqueó el proyecto por no garantizar la suficiencia hídrica, por lo mismo que se paralizaron los otros dos PAI de la Nucia: la Serreta y Pie de Monte. El primero logró finalmente luz verde en los tribunales. El ayuntamiento avaló el Plan del Algar, como los otros dos, y de hecho está intentando desatascarlo por la vía judicial. Gordon llevó las negociaciones de esa operación como también los contactos con los propietarios de los PAI Pie de Monte y la Serreta, donde Correa pretendía comprar, desbloquear -gracias a sus conexiones con terminales políticas- y revender. El pelotazo no salió, pero las negociaciones resultaron de lo más divertidas según las grabaciones incorporadas al sumario del TSJ de Madrid. El amigo de Agag, el alcalde Cano, Correa y algún empresario "se lo montaron de puta madre con tías en un restaurante que cerraron" en Valencia. Entre las comisionistas de la visita del Papa figura otra firma administrada por Gordon: Parque Logístico Montalbo, que cobró 60.000 euros.Castaño Corporate compró los terrenos a los administradores de la firma inmobiliaria Henk & kathy Invest SL, radicada en la Nucia.
El Tribunal Supremo (TS) prorrogó ayer por cuarta vez el secreto de las actuaciones en el caso Gürtel, lo que significa que las partes personadas, a excepción de la Fiscalía, seguirán sin tener acceso a las mismas. Lo acordó en un auto el magistrado instructor del caso en el TS, Francisco Monterde, quien el 17 de agosto prorrogó por primera vez el secreto de estas actuaciones. 
Monterde alegó que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto. Entre ellas, el instructor señala las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando. A ello se une, añadía, la situación en que se encuentra el procedimiento seguido ante el TSJ de Madrid, del que procede esta causa especial, y donde las actuaciones también están "declaradas secretas". Recordó que la prórroga del secreto de actuaciones está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
El Constitucional dijo que tal laguna no impide al juez proteger el valor constitucional que justifica el secreto del sumario "si el plazo ha resultado insuficiente para hacer efectiva plenamente esa protección"El TS acordó en junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por el senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, y devolver el resto de la causa al magistrado del TSJM, Antonio Pedreira. efe Madrid 
(www.elpais.com, 20/11/09)
ULIBARRI PODRÍA INCURRIR EN UN DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES POR VENDER SU TELEVISIÓN EN VALENCIA 
Tal y como estaba previsto, el pasado miércoles el empresario leonés José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción de la operación Gürtel, se deshizo de todas sus acciones en la Televisión Municipal de Valencia (TMV) de la que era accionista mayoritario. La operación no ha estado exenta de polémica, ya que el comprador del 84 por ciento de los títulos, la empresa 123 Comunicaciones, se creó el pasado 6 de noviembre, aún no consta en el Registro Mercantil y se desconoce quién está detrás de ella. Además, al estar Ulibarri imputado por la Justicia, podría estar incurriendo en un delito de alzamiento de bienes, ya que no puede desprenderse de sus posesiones sin una autorización judicial previa. 
Desde este miércoles, el empresario José Luis Ulibarri ya no tiene ninguna acción en la Televisión Municipal de Valencia (TMV), de la que antes poseía a través de su empresa Producciones Digitales Audiovisuales de Alicante el 84 por ciento. Según recoge Levante, el consejo de administración de la televisión del Ayuntamiento de Rita Barberá dio su visto bueno a la venta de acciones, a pesar de las reticencias y dudas de los consejeros socialistas Juan Soto y Mercedes Caballero.
Posible delito de alzamiento de bienes 
Y es que, según advirtieron durante la reunión en la que se formalizó el traspaso de títulos, Ulibarri podría incurrir con esta venta en un delito de alzamiento de bienes estipulado en el artículo 257 del Código Penal. El empresario leonés está imputado en la trama de corrupción de la Operación Gürtel y su investigación judicial continúa abierta, por lo que no le está permitido desprenderse de ninguno de sus bienes sin previa autorización judicial.
Poner la venta en manos de la Justicia 
Por este motivo, Soto y Caballero recordaron al presidente del consejo de administración y primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, a través de una carta que debe poner en conocimiento de la autoridad judicial la transmisión de acciones que autorizó el consejo por si pudiera ser constitutiva de delito.

¿Qué es 123 Comunicaciones? 
Por otra parte, la polémica durante la reunión se extendió al comprador de las acciones de Ulibarri, que se convierte ahora en el principal propietario de la deficitaria cadena. Soto y Caballero se opusieron a la venta al desconocer quién está detrás de la empresa compradora, 123 Comunicaciones, que fue creada hace solo unos días, el pasado 6 de noviembre.
"Acuerdo privado entre empresas" 
Grau se negó a dar ninguna información sobre esta entidad y alegó que es lícito vender acciones a un comprador anónimo. El presidente del consejo dijo desconocer más datos sobre la sociedad, pero destacó que se trata de un “acuerdo privado entre empresas” y que aseguró sentirse seguro de la “seriedad” del proyecto.
"Una temeridad", según el PSPV 
Sin embargo, la empresa ni siquiera está aún inscrita en el Registro Mercantil, ni posee un domicilio social propio, sino que tiene su sede provisional en el despacho del abogado que gestiona las cuestiones legales de TMV. Además, se desconoce cuál es el objeto social de la entidad, la experiencia que tiene en el sector de las TDT o su solvencia económica. Por todo ello, Soto destacó que la operación “es una temeridad, sobre todo después de que Ulibarri haya salido por piernas”. 
(www.elplural.com, 20/11/09)
PEDREIRA PONE ORANGE MARKET BAJO CONTROL DE ADMINISTRADORES JUDICIALES 
El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el denominado caso Gürtel, ha puesto la empresa Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, actualmente en prisión, bajo control de dos administradores judiciales que, además, se han hecho cargo de la intervención de pagos urgentes de la sociedad. De esta manera, Álvaro Pérez, imputado en la investigación de la trama corrupta, ha perdido la condición de presidente y consejero de Orange Market. 
El pasado día 7 de octubre se inscribió en el registro el cambio en Orange Market, empresa en la que, sin embargo, continúa como apoderado Cándido Herrero, también imputado en la investigación que inició el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que ha llegado a poner en serios apuros al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, salpicado por sus estrechas relaciones con Álvaro Pérez y por los regalos de trajes que habría aceptado. Los administradores judiciales designados por Pedreira también se han hecho cargo de otras empresas de la trama, como Easy Concept, Good and Better, Servimadrid Integral o Diseño Asimétrico. 
Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez, están implicados en el cobro de más de un millón de euros en comisiones ilegales por el montaje de pantallas y altavoces para la visita del Papa a Valencia en 2006, en el que aprovecharon un contrato sin publicidad firmado por Ràdio Televisió Valenciana, según un informe policial que investiga también el juez Pedreira. Los socialistas calificaron ayer a Canal 9 de "tentáculo importante de la trama de corrupción" a través de su portavoz adjunta en las Cortes, Carmen Ninet.La diputada del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas se hizo eco de la revelación que realizó el martes el nuevo director general de RTVV, José López Jaraba, en una comisión parlamentaria. López Jaraba explicó que había remitido al TSJ de Madrid el contrato de los actos para la sonorización e instalación de pantallas en los actos de la visita del Papa, por 6,4 millones de euros. Carmen Ninet añadió: "Se han visto obligados a entregar esos contratos importantísimos porque han tenido que acatar la petición del juez". 
Por otra parte, el empresario leonés José Luis Ulibarri, también imputado en la trama de corrupción, ha abandonado la presidencia y el cargo de consejero de Mediamed Comunicación Digital, empresa que gestiona 13 de las concesiones de emisoras de televisión digital terrestre otorgadas por el Consell que preside Francisco Camps. El pasado día 30 de septiembre, la sociedad Mogar Media asumió la presidencia y el cargo de consejero que ocupaba Ulibarri junto a la Fundación Cardenal Herrera y Antonio Beaumont. Mogar Media pertenece a Andrés Selma Magdalena. Ulibarri habría vendido a Selma su participación en Mediamed, sociedad en la que poseía el 50% de las acciones. 
Ayer mismo, Ulibarri consiguió la autorización del consejo de administración de la televisión digital municipal de Valencia para desprenderse de una parte de su patrimonio: el 85% de las acciones de la empresa. Las acciones se valoran en 1.125.000 euros. La venta de las acciones de la televisión digital municipal de Valencia fue aprobada ayer por la mayoría del PP en el órgano y contó con la oposición de los miembros propuestos por el PSPV-PSOE. 
La sociedad de Ulibarri, Plataforma Audiovisuales Digitales Alicante, es la que se desprende de su mayoritaria participación en la televisión digital municipal de Valencia. La compradora es 123 Comunicaciones. Esta mercantil se constituyó el pasado día 6 de noviembre, por lo que no está aún en el Registro Mercantil. Juan Soto, representante socialista en el consejo de administración del organismo autónomo, explicó ayer que "no se ha podido verificar no sólo quién o quiénes forman esa mercantil sino su trayectoria profesional, su solvencia económica y su capacidad para hacer frente a la responsabilidad que se deriva de esa compra". 
Sobre Ulibarri, el juez que instruye en Madrid el procedimiento por la trama Gürtel no ha dictado medidas cautelares. Sin embargo, fuentes de la oposición socialista en el Ayuntamiento que preside Rita Barberá se preguntaban ayer si la actuación municipal no habría contribuido a una programada liquidación del patrimonio por parte de Ulibarri, a quien, en el caso de que se pruebe su implicación en la trama Gürtel, se le podrían exigir responsabilidades económicas importantes. 
(www.elpais.com, 19/11/09)
COSTA SE MUESTRA DISPUESTO A RECTIFICAR Y PIDE VOLVER A LA MILITANCIA DEL PP 
Casi un mes después, la rocambolesca historia de Ricardo Costa está lejos de quedar cerrada. El ex secretario general del PP valenciano, hasta hace bien poco mano derecha de Francisco Camps y su principal cortafuegos, ya que fue el encargado de tratar de explicar el escándalo del caso Gürtel mientras el presidente guardaba silencio, compareció ayer al fin ante el Comité de Garantías del PP. 
Costa llevaba semanas, desde que la dirección decidió suspenderle cautelarmente de militancia, reclamando audiencia. Ayer se la concedieron. Y la aprovechó para mostrarse durante la hora que duró la reunión dispuesto a rectificar las palabras que motivaron su expulsión, eso de "yo, como secretario general"... El que fuera mano derecha de Camps y fiel apoyo de Rajoy durante la época previa al congreso de Valencia, lo que le llevó a enfrentarse con su hermano Juan, sólo tiene un objetivo: recuperar la militancia que tenía desde los 16 años. 
Costa insistió, según fuentes del PP, en que él no tenía ninguna intención de establecer ningún pulso con la dirección nacional. Lo que pretendía era reclamar que se reivindique su gestión como secretario general, una vez que dejó voluntariamente de ejercer sus funciones, y que no se pusiera en duda su honradez. Sin embargo, su declaración se interpretó inmediatamente como una indisciplina grave, por arrogarse un puesto, el de secretario general, que no le correspondía, según la dirección nacional. 
En realidad, Costa nunca fue destituido. Camps evitó que se votara su destitución y trasladó a Rajoy una versión falsa de lo que había ocurrido dentro del Comité Ejecutivo regional en el que Costa se ofreció a dejar de ejercer las funciones de secretario general. 
Costa insistió ante el Comité, según fuentes del PP, en que está dispuesto a matizar, rectificar o aclarar cualquier malentendido por esas declaraciones que supusieron su expulsión. Además, evitó hacer declaraciones para no alimentar la polémica. 
Aún así, la situación es complicada para el ex secretario general valenciano. Su reincorporación a la militancia depende de Rajoy, que esta misma semana defendió en público su "honradez", pero sobre todo de Dolores de Cospedal. 
Por mucho que el PP insista en que el Comité de Garantías es un órgano independiente, todos los dirigentes consultados insisten en que está directamente controlado por la secretaria general. Y ella está enfrentada abiertamente a Costa, con quien ha entrado en contradicción varias veces en distintas ruedas de prensa, hasta el punto de que sus palabras "como secretario general" del PP valenciano se interpretaron como una desautorización de Cospedal, lo que provocó su fulminante suspensión de militancia. 
En realidad, esta drástica decisión vino precedida de una tensa negociación entre Camps y Rajoy. El valenciano, que al final dejó caer a Costa, intentó recuperarlo y hacerlo consejero de la Generalitat. Cuando lo consultó con Rajoy, Cospedal vetó esa posibilidad. 
En la dirección ha sentado además muy mal la carta que Costa ha enviado a los principales dirigentes, en la que reclamaba un trato justo para él, una persona, dice, siempre fiel a Camps y al propio Rajoy. A partir de ahora, Costa, que sigue siendo diputado del PP, puede ser readmitido o, más probable, puede continuar la tramitación de su expediente disciplinario. Fuentes de la dirección insisten en que, después del caos de las últimas semanas, Rajoy y especialmente Cospedal quieren ofrecer gestos de autoridad, y es difícil que sean indulgentes, aunque la decisión aún no está tomada. 
El Comité tiene también pendiente el expediente de Manuel Cobo, suspendido de militancia como Costa, aunque él no ha dejado sus cargos como vicealcalde de Madrid y portavoz municipal. 
(www.elpais.com, 19/11/09)
BLASCO TROPIEZA CON CAMPS 
Rafael Blasco, portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, está empeñado en centrar el discurso del PP. Ayer, se reunió con los diputados del Grupo Popular y les pidió dos cosas: que dejen atrás la polémica por el nombramiento de Leire Pajín como senadora territorial -tras meses de bloqueo- y que no entren al trapo en el asunto de la querella interpuesta por el PSPV contra varios altos cargos y cinco constructoras por supuesta financiación irregular del PP. Luego les indicó que la decisión de no replicar a las diputadas de Compromís Mònica Oltra y Mireia Mollà, para hacerles el vacío, quedaba revocada. "Es una nueva etapa", sentenció Blasco. 
El consejero bicéfalo instó a los diputados populares a responder con contundencia en la confrontación con los socialistas pero, sobre todo, a hablar en positivo de la gestión del Consell. Y ahora toca hablar de los presupuestos de la Generalitat para 2010, que se tramitan en las Cortes Valencianas. 
Sin embargo, los esfuerzos de Blasco por trasladar una imagen moderada del PP han caído hasta ahora en saco roto. Los patinazos del Consell se han llevado por delante los esfuerzos del portavoz consejero. 
El estreno no pudo ser peor. Rafael Blasco se presentó como portavoz en la tribuna de las Cortes la semana pasada. Y lo hizo con un alegato al parlamentarismo, entendido como el intento de llegar a acuerdos desde la discrepancia. "Recalcar [mi] voluntad de llegar a acuerdos con los grupos de la oposición, de poner por delante el diálogo y el entendimiento y que sepan que tendrán una mano tendida, mía y del grupo parlamentario, porque el parlamentarismo es concordia desde la discrepancia", dijo Blasco. Las palabras del portavoz popular se convirtieron en un brindis al sol tan sólo 20 minutos después. El presidente de la Generalitat, en la réplica a la pregunta sobre el caso Gürtel formulada por el portavoz socialista, acusó a Ángel Luna de querer matarlo. 
El portavoz popular salió rápidamente en defensa del presidente y justificó el exabrupto del paseíllo por las provocaciones socialistas. ¿Cree usted que Camps debería pedir disculpas? le preguntaron a Blasco. "No", fue la respuesta contundente. Horas más tarde, el jefe del Consell pedía disculpas y volvía a poner de manifiesto la descoordinación con el nuevo portavoz parlamentario. 
Sólo tres días después, Blasco terció en la polémica por el bloqueo de la elección como senadora de Leire Pajín, secretaria de Organización del PSOE. El consejero de Ciudadanía acusó a los socialistas de ser los responsables de la demora, de seis meses, por no presentar los papeles correctamente. Y luego aseguró que, gracias al PP, Pajín podría ser elegida en el siguiente periodo de sesiones, que se inicia en febrero. 24 horas después, Blasco volvió a ser desmentido por Camps, que ordenó, presionado por Madrid, desbloquear cuanto antes el nombramiento, que tendrá lugar finalmente el próximo día 25. 
Las apelaciones al centrismo, además, se han visto puestas en entredicho por dos episodios desafortunados adicionales. Primero, la foto de Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a bordo de un Ferrari. "Me lo pasé bomba", dijo Barberá. Segundo, un vídeo en el que el presidente de la Generalitat se encara con un joven que lo llama corrupto. 
Aún así, Blasco está empeñado en lo que considera que es una cuestión crucial: moderar la imagen del PP y evitar la imagen de un Consell atrincherado frente a los escándalos del caso Gürtel. 
(www.elpais.com, 19/11/09)
EL JUEZ PEDREIRA INVESTIGA EL CONTRATO DE CANAL 9 PARA LOS ACTOS DEL PAPA 
"El 11 de septiembre, yo mismo, como director en funciones, remití toda la información al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que nos la había solicitado", explicó ayer José López Jaraba, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), en su primera comparecencia en las Cortes Valencianas tras la dimisión de su predecesor, Pedro Garcia.  
Era una justificación para no atender la exigencia socialista de que aportara la documentación sobre el contrato de Canal 9 con la empresa Teconsa para la sonorización y la instalación de pantallas durante la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Un contrato del que la trama de corrupción de Francisco Correa habría obtenido más de un millón de euros en comisiones ilegales, según un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales. 
De esa manera, López Jaraba reveló que el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, está investigando la contratación y se negó a explicar el expediente más allá de confirmar que se adjudicó mediante un concurso negociado sin publicidad al que concurrieron siete ofertas. La diputada socialista Núria Espí, que arremetió contra el anterior director general de RTVV, Pedro García, amigo de Álvaro Pérez, jefe de la trama en Valencia, y dimitido hace unos meses, reclamó información y recordó que Canal 9 pagó 6,4 millones de euros por un trabajo que, en realidad, costó la mitad. 
La revelación del director general de RTVV, que se escudó en la confidencialidad a que obligan los contratos a las empresas que se rigen por el derecho privado, como es el caso del grupo audiovisual, y en el secreto del sumario decretado por el juez, para no ofrecer detalles, contradice todo el discurso sostenido por el PP valenciano en los últimos meses en el sentido de que no hay ninguna investigación judicial abierta sobre los escándalos de corrupción que afectan a la Generalitat. 
Los grupos de la oposición aludieron reiteradamente al caso de la visita del Papa. Núria Espí, cuyo grupo había solicitado la comparecencia, le preguntó, sin obtener respuesta, qué medidas adoptará para esclarecer lo ocurrido tras haberse demostrado que "se ha utilizado una empresa pública para que hicieran negocio unos cuantos".  
Enric Morera, de Compromís pel País Valencià, le recriminó el flaco favor que se le hizo al Papa al permitir que se enredara "una pandilla de delincuentes" en la organización de los actos. Y Marga Sanz, de Esquerra Unida, denunció "un pelotazo increíble" del que se aprovecharon "unos señores corruptos". 
"MANIPULACIÓN OBSCENA" 
En una larga sesión de la comisión parlamentaria, López Jaraba, que había solicitado una comparecencia para hacerlo, explicó ayer sus intenciones al frente de RTVV, con reiteradas alusiones a la "austeridad" y al anuncio de crear la figura de un defensor de la audiencia, como existe en Canal Sur, de poner en marcha desconexiones de Canal 9 en Castellón y Alicante y de convertir Si Ràdio en una cadena de información durante 24 horas. 
Sin embargo, fue la manipulación informativa la que centró el debate. López Jaraba se enrocó en que la cadena pública cumple los criterios de "objetividad, veracidad e imparcialidad" que marca la Ley de Creación de RTVV, "aunque hay posiciones interesadas en desprestigiar a nuestros periodistas". 
Toda la oposición criticó la manipulación, aunque los socialistas, por boca de Núria Espí, de Carmen Ninet y de Vicent Sarrià, explicitaron que no están dispuestos a dar al nuevo director general ni el más mínimo margen. "Tras la defensa numantina que ha hecho aquí de la línea de manipulación obscena de un medio público", le dijo Ninet, "está claro que hará lo mismo que sus predecesores".  
Tanto Ninet como Marga Sanz, de EU, y Enric Morera, de Compromís, pusieron en duda un cambio de intenciones cuando siguen en cargos directivos dos figuras del equipo de Pedro García como Lola Johnson y Lluís Motes, una en Canal 9 y el otro en Ràdio Nou. López Jaraba consideró "desalentadoras" las "descalificaciones personales a compañeros". 
(www.elpais.com, 18/11/099 
SUBCONTRATISTAS DE LA VISITA DEL PAPA Y UNA FIRMA DE CORREA CONTABILIZARON 2 MILLONES EN EXTRAS  
Si las cifras de feligreses que asistieron al V Encuentro Mundial de las Familias, que motivó la visita del Papa a Valencia el 8 y 9 de julio de 2006, fueron motivo de controversia, las del coste del montaje audiovisual de esos actos siguen siendo un misterio que se va descifran?do a plazos. Diez días antes del evento, el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, recogió en Sevilla 957.300 euros en comisiones por el contrato de sonorización e instalación de pantallas para la visita de Benedicto XVI.  
La mano derecha de Francisco Correa, cabecilla de la red corrupta, ingresó ese dinero en la caja B de la organización en Madrid, según consta en uno de los informes de la policía judicial. La comisión se percibió como premio a la trama por haber intermediado ante RTVV para que diera la cobertura audiovisual a la constructora Teconsa por 6,4 millones de euros.  
Esa sociedad subcontrató posteriormente a Apogee Telecomunicaciones -la que presuntamente intervino en el pago de la comisión- y a la alemana Sirius Showequipment, entre otras, para que se encargaran de la prestación efectiva de los servicios. Ese millón de euros no es el único apunte heterodoxo hallado en los registros del piso franco de la organización en la calle Serrano.  
La contabilidad de la trama revela diversos apuntes por "Extras del acto del Papa", en los que aparecen varias de las subcontratistas. En total suman 2,2 millones de euros, al margen de los citados 6,4 que pagó Canal 9 a Teconsa. Entre las mercantiles que aparecen con extras destacan la propia Apogee Telecomunicaciones (con dos apuntes por 363.000 y 644.690 euros), Montenegro Producciones, que figura con un millón en extras, y la patrimonial Castaño Corporate, como receptora de 230.000 euros.  
Esta última firma es una de las sociedades patrimoniales utilizadas por Correa para blanquear dinero a través de las inversiones inmobiliarias y las ampliaciones de capital, según la policía judicial. Inversiones Kintamani, Osiris Patrimonial, Cresva o Caroki son otras sociedades que servían como lavadoras de dinero B logrado, entre otros, por los actos organizados al PP valenciano, según la Brigada de Blanqueo de la Udef.  
En el consejo de administración de Castaño Corporate no figuraba Correa, pero sí Ramón Blanco Balín, el ingeniero financiero de todo el entramado internacional Gürtel. El inspector de Hacienda en excedencia aparece en otras cinco sociedades, a veces con Pablo Crespo, también apoderado de Castaño Corporate. El administrador único de esa firma es Jacobo Gordon, amigo de la infancia de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar. 
Gordon gestionaba esa empresa, como otras muchas relacionadas con el sector inmobiliario, entre ellas la Sociedad Parque Logístico Montalbo, dedicada a la gestión del suelo. Esta última aparece en la contabilidad B incautada como beneficiaria de una gratificación de 60.000 euros que la trama otorgó con cargo a la comisión de casi un millón. También se destinaron 15.500 euros a comprar un Jeep. 
(www.levante-emv.com, 18/11/099 
EL NUEVO DIRECTOR DE CANAL 9 CONFIRMA QUE EL TSJM INVESTIGA LOS CONTRATOS DE LA GÜRTEL EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA 
El nuevo director del Canal 9, José López Jaraba, que sustituye a Pedro García, vinculado con la trama Gürtel, compareció ayer ante Les Corts ante las peticiones de la oposición de que aclarase los contratos que el ente público valenciano hizo con Teconsa durante la visita del Papa a Valencia en 2006, por los que la trama de Francisco Correa se habría embolsado cerca de un millón de euros.  
Como ya es habitual en la Cámara regional, López Jaraba se negó a dar ningún dato sobre la adjudicación, aunque justificó su silencio asegurando que la información está en manos del juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que la tiene bajo secreto de sumario. 
Aunque el PP ha reiterado en los últimos meses que no hay ninguna investigación judicial abierta sobre los escándalos de corrupción relacionados con la trama Gürtel que afectan a la Generalitat valenciana, el nuevo director de Canal 9, José López Jaraba, desmintió esta versión al reconocer que el juez instructor del caso en el TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, tiene en su poder la documentación sobre los contratos que la radiotelevisión pública valenciana hizo con Teconsa de cara a la visita del Papa a Valencia en 2006.
En manos del TSJM
En su primera comparecencia en Les Corts como sustituto Pedro García -gran amigo de El Bigotes, el hombre fuerte de la Gürtel en Valencia- López Jaraba se negó a informar sobre estos contratos alegando que se encuentran bajo secreto de sumario. “El 11 de septiembre, yo mismo, como director en funciones, remití toda la información al TSJM, que nos la había solicitado”, explicó, y matizó que no puede “vulnerar la ley” filtrando información que está e manos de la justicia. Cuando el juez decrete el levantamiento del secreto de sumario “aparecerá la información que se envió” sobre el polémico contrato, añadió.
"No puedo librar esa información" 
Según dijo, “hubo un requerimiento judicial del instructor de Madrid y se envió al juez, y esa documentación está bajo secreto de sumario”. “Me están ustedes pidiendo, señorías, que incumpla la ley (…). Yo no puedo librar esa documentación en esta Cámara porque la tiene el juez instructor y está bajo secreto de sumario. Yo no puedo librar esa información aquí ni en ningún sitio”, insistió. 
A petición de la oposición
López Jaraba comparecía ante la Cámara regional a petición de los grupos de la oposición, que le exigieron reiteradamente que explicara por qué pagó a Teconsa, según se desprende de los informes de la Brigada de Blanqueo de la Policía, 6,4 millones de euros por la retransmisión de la visita del Papa, cuando se calcula que los costes eran de la mitad de ese presupuesto. Según los datos recogidos en el sumario, cerca de un millón de euros habrían ido a parar a las empresas de Francisco Correa en forma de comisiones.
Que de explicaciones Teconsa 
El nuevo director de Canal 9 apuntó a este respecto que la televisión autonómica “pagó a Teconsa por unos servicios y Teconsa es quien paga las comisiones, por lo tanto, quien tiene que ser investigado por estas comisiones es Teconsa”. Además, aseguró que la constructora fue la única de las siete empresas que se presentaron al concurso de adjudicación que ofrecía recoger tanto el sonido como la imagen de los actos. 
Canal 9, "tentáculo" de la Gürtel 
Para la portavoz adjunta del PSPV en Les Corts, Carmen Ninet, el “lapsus” de López Jaraba al confirmar este proceso judicial vino a confirmar que Canal 9 es “un tentáculo importante en la trama de corrupción Gürtel”, y supone “una muestra más de las mentiras que hasta ahora ha contado el PP”. 
(www.elplural.com, 18/11/099
COSTA DEFENDERÁ SU HONOR ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS DEL PP 
El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha acudido a la sede nacional del partido para comparecer ante el instructor de su expediente en el Comité de Derechos y Garantías y defender su honor y su gestión. 
Fuentes del PP valenciano han informado de que ésta será la intención con la que acuda Costa ante el órgano disciplinario del PP a tenor de sus declaraciones más recientes y de sus manifestaciones en los órganos del partido en la comunidad autónoma, donde siempre ha defendido su honor y su gestión como número dos de la formación. 
Sin embargo, el Comité de Derechos y Garantías de los populares no abrió expediente disciplinario a Costa por haber detectado irregularidades en su gestión como secretario territorial, sino por haber declarado que se consideraba en posesión de su cargo a pesar de que la dirección nacional le había dado por cesado. 
Con todo, Costa ya ha enviado a su instructor profusa documentación sobre sus decisiones como secretario general del PP valenciano y su patrimonio personal 
(www.publico.es, 18/11/099
CAMPS SE ENCARA EN LA CALLE CON UN JOVEN QUE LE LLAMA ´CORRUPTO´  
El presidente del PPCV y de la Generalitat, Francisco Camps, se encaró ayer en plena calle, ante la sede regional de los populares, con un joven con aspecto de alternativo que le llamó "ladrón", "corrupto" y "desgraciado", y le soltó que "no representas a nadie". "No, no, ven y cuéntamelo", repetía Camps mientras seguía al increpante durante varios metros para que éste le explicara los insultos. No lo consiguió y, finalmente, el jefe del Consell se introdujo en su coche oficial. 
El incidente sucedió pasadas las 11 de la mañana. Camps, quien en contra de lo habitual acudió ayer al comité de dirección del PPCV, se encontró a la salida de la reunión con un joven que le llamó "ladrón". Entonces, el jefe del Consell se encaró con él. "¿Por qué me dices eso?", le preguntó mientras seguía por la calle al increpante, que se marchaba. "No, no, ven y cuéntamelo", le insistía el presidente. "Claro, ahí delante de Canal 9, que son los únicos a los que habláis", le respondió el joven. "No, dímelo, por favor", repetía Camps. "Toda España sabe que eres un corrupto", le soltó el joven. "¿Pero qué, qué es lo que sabe toda España?", inquiría el jefe del Consell. "No representas a nadie, ni a Valencia ni a nadie. ¡Desgraciado!", le gritó a lo lejos. "A ti, desde luego, no", replicó Camps. "¡Qué valiente!", le comentó alguien que parecía su guardaespaldas, mientras Camps añade: "¡Qué barbaridad!" "¡Sin gente no eres nadie!", aún se oyó a lo lejos. 
En la rueda de prensa, el secretario general, Antonio Clemente, y el vicesecretario, José Ciscar, no pudieron sugerir ni una sola aportación desde el PPCV a las medidas contra la corrupción de Rajoy. Clemente sí que dejó claro que se oponen a que el IRPF y el patrimonio de los políticos sea público, una medida que los populares celebraron cuando los ministros difundieron el suyo. El número dos tampoco contestó a si son partidarios de que se cree un registro de regalos institucionales. Sí avanzó que espera reunirse esta semana con los barones provinciales, Ripoll (Alicante), Rus (Valencia) y Fabra (Castelló).

En la rueda de prensa se presentó un mapa de los casos de supuesta corrupción urbanística de alcaldes y concejales del PP denunciados por los socialistas y que han sido archivados. Ciscar destacó que el PPCV en la Comunitat "no tiene ningún alcalde condenado por corrupción urbanística" y lamentó que el PSPV "no puede decir lo mismo". El popular consideró que lo más prioritario es la crisis y, en ese contexto, instó a "investigar por qué los sindicatos van de la mano de Zapatero" y todavía no han hecho una huelga general cuando, si gobernara el PP, habría hecho, "no una, sino tres". 
(www.levante-emv.com, 17/11/09)
RAJOY CONSIDERA A COSTA "UNA PERSONA HONRADA" 
El Partido Popular ha suspendido de militancia a una "persona honrada". Es la conclusión que se puede concluir después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, haya calificado de esta manera a Ricardo Costa en un chat en el diario ABC.  
El ex secretario general del PP valenciano, no fue suspendido pues por su su relación con el caso Gürtel. Rajoy ha agradecido su trabajo al ex secretario general del PP valenciano y ha aclarado que fue suspendido por "razones puramente políticas", por "unas declaraciones hechas en público que nunca debería haber hecho".  
Así ha tratado de justificar el líder de los populares el diferente trato que ha recibido Costa respecto al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. 
"Yo creo que Costa es una persona honrada, y así quiero que se sepa públicamente", ha subrayado Rajoy después de aclarar que no se le ha suspendido por "nada que afecte a su honorabilidad". 
Rajoy no descarta, por tanto, la vuelta de Costa, ya que asegura que tiene "una buena opinión" de su trabajo; un trabajo que el presidente Popular espera "que pueda seguir haciendo en el futuro". 
Preguntado sobre si se plantea exigir la dimisión de Camps si hubiera nuevas revelaciones en Valencia sobre el 'caso Gürtel', ha recalcado que el PP siempre exige a sus dirigentes que "adecúen sus comportamentos a las leyes", aunque ha añadido que hay que ver cada caso en concreto. 
Para Rajoy no hay ningún problema con la trama Gürtel en Valencia. "De momento, en Valencia no hay ni siquiera un sumario abierto ni ninguna acusación salvo las que hace el PSOE", ha apostillado, un mensaje que choca con la propuesta que realizó hace unos días de hacer un código ético contra la corrupción en el PP "más exigente que el recogido en las leyes".  
(www.publico.es, 16/11/09)
TECONSA SACÓ 900.000 EUROS EN BILLETES DE 500 TRAS LA VISITA DEL PAPA 
La Agencia Tributaria ha destapado una sospechosa retirada de fondos en billetes de 500 euros por parte de la constructora leonesa Teconsa, imputada en el caso Gürtel, en los meses inmediatamente posteriores a la visita del Papa a Valencia, en julio de 2006. 
Teconsa logró que la televisión pública valenciana le adjudicara el contrato para montar la sonorización de los actos del Papa en Valencia por 6,4 millones y subcontrató esos trabajos por 3,1 millones de euros a tres empresas especializadas en ese tipo de servicios, en los que no tenía ninguna experiencia. 
El director general de la televisión autonómica era Pedro García, que dimitió hace dos meses y que mantenía estrechos vínculos con algunos de los jefes de la red corrupta, entre ellos Álvaro Pérez, El Bigotes, que según la investigación regaló trajes por valor de varios miles de euros a García. El Tribunal de Cuentas valenciano también encontró múltiples anomalías en el contrato de los 6,4 millones de euros adjudicados a Teconsa. 
La constructora leonesa, según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que depende de la Agencia Tributaria, retiró de sus cuentas 893.000 euros en dos operaciones registradas en octubre y diciembre de ese mismo año. 
La empresa Teconsa fue al banco a retirar estas cantidades para su uso propio, por lo que la Agencia Tributaria ignora el destino final que dio a esos fondos retirados en billetes de 500 euros. 
"Sería necesario investigar el destino final que se da a esos fondos", escriben los inspectores de Hacienda encargados de la investigación. "No parece razonable", agregan, "el manejo de efectivo en cantidades tan elevadas existiendo hoy en día alternativas mucho más seguras para efectuar pagos". 
Un informe policial, que forma parte del sumario del caso Gürtel, sostiene que Teconsa intervino en la adjudicación del contrato millonario de la visita del Papa como una empresa pantalla de la red corrupta que dirigía Francisco Correa. Y que esta red cobró, por su intermediación, al menos 900.000 euros, una cantidad similar a la que retiró Teconsa de sus cuentas en los meses inmediatamente posteriores al cobro de los servicios por la visita del Papa a Valencia. 
La investigación judicial descubrió en uno de los pisos que la trama corrupta tenía en Madrid documentación oficial que acreditaba su participación en todas las gestiones de Teconsa para conseguir el contrato de 6,4 millones de euros relacionado con la visita de Benedicto XVI a Valencia. 
La red corrupta guardaba documentación de la firma constructora leonesa y de las empresas a las que se subcontrató la prestación del servicio de sonorización de los actos de la visita del Papa. 
Además, las intervenciones de las comunicaciones telefónicas también pudieron acreditar la estrecha relación que mantenían el jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, y el responsable de Teconsa, José Luis Martínez Parra, una de las personas que efectuó retiradas de efectivo en billetes de 500 euros. 
La investigación de las supuestas comisiones ilegales pagadas en relación con el contrato de la visita del Papa sigue abierta y se ha solicitado, tanto a Teconsa como a la televisión pública valenciana, distinta documentación para reconstruir lo ocurrido en torno al sospechoso contrato. 
Los servicios prestados para la sonorización de la visita del Papa costaron 3,1 millones, pero Teconsa cobró 6,4 millones por ellos. En el camino, la red Gürtel se quedó con, al menos, 900.000 euros. 
(www.elpais.com, 16/11/09)
HACIENDA ABRE UNA INSPECCIÓN POR EL TRASIEGO DE FONDOS DE LA CONSTRUCTORA 
La Agencia Tributaria recibió el 13 de mayo pasado el encargo judicial de investigar si las personas implicadas en la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa aparecían en el listado de operaciones con billetes de 500 euros. 
Los inspectores de Hacienda requirieron a las entidades financieras información sobre este caso y que les facilitaran la identificación "de las personas intervinientes tanto a los que aportaron billetes de 500 euros como a los que retiraron fondos". 
La Agencia Tributaria sólo pidió información de aquellos días de los años 2004, 2005, 2006 y 2007 en los que se produjo un relevante movimiento de fondos. Y por relevante entendía transportes de efectivo "iguales o superiores a 600 billetes de 500 euros -300.000 euros-, y la identidad de las personas que intervinieron en operaciones a partir de 100.000 euros". 
En el caso de Teconsa, una de las empresas investigadas por su vinculación con la red que dirigía Francisco Correa, la Agencia Tributaria detectó en los cuatro ejercicios analizados movimientos de grandes cantidades de dinero retiradas de las cuentas de la constructora leonesa en billetes de 500. 
Cuando la Agencia Tributaria arrancó su investigación, en el sumario sólo aparecía una vinculación clara de Teconsa con la red corrupta a través del pago de una supuesta comisión ilegal de 120.000 euros por la adjudicación de la construcción de una carretera en Castilla y León. De esa investigación, la policía ha deducido que entre las personas que cobraron comisiones, además de la red corrupta de Correa, están el presidente del Parlamento castellano-leonés y ex consejero de Obras Públicas, José Luis Fernández Santiago, y el ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas. 
Un informe policial de septiembre pasado precisaba que las siglas aparecidas en la caja b de la red corrupta, donde se podía leer "Toti", corresponden al apodo con el que se conoce al presidente de las Cortes de Castilla y León entre sus paisanos. 
Hacienda detectó que, entre 2004 y 2007, Teconsa sacó de los bancos casi siete millones de euros en billetes de 500. De ellos, casi 900.000 euros correspondían al ejercicio de 2006, en el que, según la investigación judicial, la constructora leonesa, experta en la construcción de carreteras y edificios, había logrado un suculento contrato para sonorizar los actos de la visita del Papa. 
Al final del informe de la Agencia Tributaria, remitido al Tribunal Supremo, donde se estudia la implicación del ex tesorero y senador del PP Luis Bárcenas, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude advierte que "se ha iniciado una actuación inspectora sobre estas operaciones de movimiento de efectivo" de Teconsa. 
(www.elpais.com, 16/11/09)
GÜRTEL CONTRA LOS 'PRETORIANOS'
El PP intenta implicar en la trama de corrupción catalana al PSPV - La reacción socialista deja en evidencia la actitud de los populares
"¿Por qué cuando un gobierno del PP hace una adjudicación a una empresa investigada, o denunciada, es corrupción y cuando lo hace el PSOE no lo es?". Éste es uno de los lamentos que, desde hace meses, expresan en voz alta varios dirigentes del PP.
La respuesta está en los autos judiciales y en los informes policiales del caso Gürtel. Documentos que ofrecen numerosos indicios acerca de la supuesta financiación irregular del PP y de la estrecha relación que existía entre Álvaro Pérez El Bigotes y la cúpula popular, incluido el propio Francisco Camps.
Sin embargo, guiado por esa supuesta injusticia, el PP ha decidido importar esta semana el caso Pretoria -en el que están implicados cargos socialistas y de CiU relacionados con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet- a la Comunidad Valenciana.
El martes, la dirección popular denunció que el Ayuntamiento de Gandia, gobernado por el socialista José Manuel Orengo, había adjudicado una piscina y una residencia estudiantil a constructoras vinculadas con la trama de corrupción pretoriana. El asunto se empezó a convertir en humo cuando el PP reconoció que había votado en pleno a favor de las adjudicaciones. Aún así, los populares pidieron una comisión de investigación municipal y el alcalde socialista ha decidido aceptarla. El ejemplo ha puesto de relieve la distinta forma en que socialistas y populares han abordado el fenómeno de la corrupción.
Camps, desde que asumió la presidencia de la Generalitat en 2003, no ha articulado ninguna medida adicional contra la corrupción.
Es más, el jefe del Consell no ha tenido ningún reparo en arropar públicamente al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por delito fiscal y contra las Administraciones públicas. Un apoyo que también ha hecho extensivo a otros cargos públicos del PP imputados, sobre todo alcaldes.
Tras el estallido del caso Gürtel el pasado febrero, el PP ha rechazado todas las iniciativas de la oposición -pese a que ha recibido un varapalo del Constitucional por entorpecer la labor parlamentaria- para mejorar la transparencia y facilitar toda la documentación relacionada con las adjudicaciones a las empresas de la trama corrupta. La única víctima política del caso Gürtel ha sido el ex secretario general del PP Ricardo Costa, suspendido temporalmente de militancia, y apartado del cargo de portavoz parlamentario. Curiosamente, Costa es el único cargo popular que pidió excusas públicamente por su comportamiento y que en las primeras semanas del escándalo anunció un nuevo decálogo ético de contratación en la dirección regional del PP. El resto de cargos salpicados por el caso siguen en sus puestos.
El PP tan sólo ha aceptado crear una comisión de investigación en las Cortes acerca de la financiación de todos los partidos con representación parlamentaria. Una "tomadura de pelo" que ha sido ignorada por la oposición.
Por contra, en Cataluña los efectos del caso Pretoria han sido bien distintos. A la semana, el presidente catalán, José Montilla, había pedido disculpas públicamente por lo sucedido con los implicados ya suspendidos de militancia. A los 15 días, el Gobierno catalán anunciaba la puesta en marcha de un plan anticorrupción para devolver la tranquilidad a la ciudadanía. Un plan que incluye nuevas medidas de control y de transparencia.
Globos sin aire y desvaríos económicos
La decisión de contrarrestar el caso Gürtel con supuestos casos de corrupción que involucren a los socialistas no es nueva. La medida ya había sido puesta en marcha hace meses por los populares. Sin embargo, la remozada dirección regional del PP ha decidido esta semana ratificar la estrategia de embarrar todo el terreno de juego en vez de limpiar los trapos sucios.
"Iremos contra ellos [los socialistas] con las mismas armas y con más", afirmó Alfonso Rus, presidente provincial del PP de Valencia. "Tenemos información de que hay muchos más casos de corrupción en importantes ayuntamientos gobernados por el PSPV", ratificó el nuevo secretario general del PP, Antonio Clemente.
Sin embargo, los globos lanzados hasta ahora por el PP han acabado todos pinchados. A continuación, se detallan algunas de las últimas denuncias de los populares.
- La grúa de Alarte. Los populares denunciaron al Ayuntamiento de Alfafar por dar trato de favor a la empresa concesionaria del servicio de grúa, propiedad de la familia del secretario general del PSPV, Jorge Alarte. La denuncia se presentó el pasado mes de abril, al declararse el Tribunal Superior de Justicia competente para investigar los regalos a Camps y otros tres cargos de la Generalitat. Se archivó en septiembre.
- La abogada de Alaquàs. El PP cuestionó la contratación por parte del Ayuntamiento de Alaquàs, que presidía Alarte, de una abogada que desde el año 2000 presta defensa gratuita a las víctimas del maltrato. La Fiscalía rechazó todas las consideraciones hechas por el PP en julio.
- Los contratos de Quart. A la alcaldesa de este municipio y secretaria provincial del PSPV, Carmen Martínez, le cuestionan la adjudicación de varios contratos a personas vinculadas al partido. De muestra, un botón: el gasto de 2.400 euros en bocadillos para los integrantes de las mesas electorales de los comicios de 2007. El bar que hizo los bocadillos era de una persona que, al parecer, había sido militante socialista.
- El apocalipsis empresarial. El último anuncio es el de una querella por falsedad contra la denuncia del PSPV por supuesta financiación irregular del PP. La denuncia socialista incluye a 5 empresas que supuestamente realizaron pagos. Para el PP, si la querella del PSPV prospera, los socialistas serán responsables del despido de 32.000 empleados y la pérdida de 2.200 millones.

Los efectos del 'caso Pretoria' en Cataluña
- Disculpas públicas. José Montilla, presidente de la Generalitat catalana, pidió disculpas públicamente a los ciudadanos y a los votantes del PSC tan sólo una semana después de estallar el escándalo.
- Suspendidos de militancia. El PSC mantiene suspendidos de militancia a los socialistas implicados en la trama.
- Cambios legislativos. El Gobierno catalán se compromete a cambiar la legislación de la Sindicatura de Comptes y del Protectorado de Fundaciones. El objetivo es reforzar la fiscalización externa y evitar que las fundaciones que reciben subvenciones puedan desviar dinero a terceros.
- Más publicidad y transparencia. Se elaborará un registro público de convenios urbanísticos, se dará más visibilidad a los cambios de nombre de los terrenos y se cambiará la ley para que el beneficio de las recalificaciones recaiga también sobre los municipios y no sólo en los promotores.
- Ricardo Costa: El ex secretario general del PP es el único suspendido de militancia por el escándalo. Paradójicamente es el único cargo popular que ha pedido disculpas por los errores cometidos.
- Comisión de investigación: El PP ha propuesto una comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. La negativa de la oposición a participar en una comisión desvirtuada se ha traducido en el bloqueo a la elección de Leire Pajín como senadora territorial
www.elpais.es 15.11.09
CAMPS ACUSA AL PSOE DE QUERER DARLE EL 'PASEO' Y TIRARLE EN "UNA CUNETA" 
Precisamente el día antes de que Mariano Rajoy dé comienzo a una convención política en la que quiere pasar página, Francisco Camps le aguó la fiesta. El presidente de la Generalitat valenciana, cuyo estado anímico preocupa a muchos dirigentes del PP, perdió los papeles en la última sesión de control de las Cortes de este año. Camps llegó a acusar al portavoz socialista, Ángel Luna, de querer matarlo. El grosor de la acusación fue tal, que la oposición afirma ya que el presidente valenciano no está capacitado para seguir en su cargo. "A usted le encantaría coger una camioneta y venirse de madrugada a mi casa y que, por la mañana, apareciese yo boca abajo en una cuneta", soltó Camps en un estado de crispación evidente. Casi diez horas después, se disculpó. 
La afirmación fue aplaudida por la gran mayoría de la bancada popular, aunque el estupor y el disgusto afloraron en el rostro de varios diputados del PP. Contrariamente a lo que es habitual, ningún parlamentario salió a despedir al presidente una vez terminada su comparecencia. 
"En la anterior sesión de control le hablaba de enajenación política; tras su declaración casi tendría que plantear el adjetivo que le puse al sustantivo", replicó Luna. El portavoz socialista acusó a Camps de estar "de los nervios" tras la querella presentada por el PSPV-PSOE por supuesta financiación irregular del PP. Todo el debate quedó eclipsado por la acusación de Camps contra Luna de que, si pudiese, le daría el paseo. 
La acusación abrió el debate sobre la factura que el caso Gürtel empieza a pasar al presidente valenciano y que se produce justo cuando el PP se prepara para celebrar una convención política pacífica, y cuando el foco público se centraba en el Gobierno por su gestión de la crisis por el secuestro del Alakrana. 
"Camps no está capacitado para seguir como presidente", aseguró el portavoz adjunto socialista, Joaquim Puig, que tachó las afirmaciones de Camps de "propias de la mafia". "Hacen falta elecciones y que ningún implicado en el caso Gürtel sea candidato", explicó la portavoz de Compromís, Mònica Oltra. Para la coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, las manifestaciones de Camps "son la muestra palpable de la pérdida de sentido común del presidente del Consell". "Ha sido un espectáculo vergonzoso que demuestra que Camps está incapacitado", dijo. 
Casi diez horas después, el presidente rectificó: "Me gustaría pedir disculpas si he herido la sensibilidad de alguien, que entiendo que pueda ser así, por la frase que esta mañana, en el calor del debate parlamentario, pueda haber dicho. De igual manera, me encantaría que los socialistas pidiesen perdón públicamente por la cantidad de insultos y de infamias que me han proferido a mi persona". 
(www.elpais.com, 13/11/09) 
LA DERIVA DE FRANCISCO CAMPS 
- 8 de julio, en un acto público. "Quedan uno o dos escaloncitos y esta cuestión absurda [el caso Gürtel] será pasado". "La fuerza de la democracia (...) se llevará por delante esta cuestión". 
- 5 de octubre, a los periodistas. "Nos apoyamos todos, que eso es lo importante, ¿no? Estamos todos contentísimos. Fraga es muy feliz. Nos apoyamos todos. Eso es muy bonito". 
- 22 de octubre. Cortes valencianas. "Los socialistas dejarán el Gobierno por dos G: GAL y Gürtel. Este caso les arrastrará". 
- 3 de noviembre. Comité Ejecutivo Nacional del PP. "Cuando estaba mal y sufría, pensaba en ti y me animaba. Mariano, eres mi escudo". 
- 12 de noviembre. Cortes valencianas. "A usted le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta". 
(www.elpais.com, 13/11/09) 
CAMPS PIDE DISCULPAS ATACANDO A LOS SOCIALISTAS 
"Me gustaría pedir disculpas si he herido la sensibilidad de alguien, que entiendo que pueda ser así,  por la frase que esta mañana , en el calor del debate parlamentario, pueda haber dicho". El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pidió esta tarde "disculpas" por las declaraciones realizadas en la sesión de control en las Corts Valencianes, en la que estimó que al portavoz del PSPV, Angel Luna, "le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y, a la mañana siguiente, aparecer yo boca abajo en una cuneta". Unas declaraciones que indignaron a los socialistas.  
Pero pidió disculpas de una manera un tanto sui generis: "De igual manera, me encantaría que los socialistas pidiesen perdón públicamente por la cantidad de insultos y de infamias que me han proferido a mi persona y al PP durante estos meses", agregó el jefe del Consell, quien destacó que "el debate político tiene que enmarcarse en el entorno que corresponde". 
Camps se pronunció así en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la gala 'Valencianos en la Onda', tras ser preguntado por las afirmaciones hacia el portavozdel PSPV con las finalizó su exposición en la sesión de control celebrada en las Corts, en la que criticó la querella que los socialistas valencianos han presentado por financiación ilegal y otros seis delitos a raíz del caso Gürtel contra 17 personas, entre ellas el propio jefe del Consell, altos cargos 'populares' y varias empresas. 
"A mí no me duelen prendas en absoluto por pedir las disculpas que correspondan, creo que todo el mundo que me conoce sabe perfectmente que he oído las cosas más duras durante estos meses y he estado siempre callado y en donde me corresponde", continuó. 
Camps insistió, no obstante, en que le "gustaría" que "los socialistas, los de la Comunitat Valenciana y los de España, que tantas cosas han dicho de mi y de mi partido durante estos meses, apuntó, hiciesen exactamente lo mismo y que, a partir de ahora, comenzásemos una época y una etapa completamente diferente". "Creo que seria muy bueno para todos", sentenció. 
Por último, el presidente de la Generalitat indicó que, en su opinión, "es bueno reconocer en ciertas circunstancias qué es lo que puede haber ocurrido, y también es bueno pedir que los demás estén a la altura de las circunstancias y sepan también pedir perdón y pedir disculpas", concluyó. 
(www.publico.es, 13/11/09) 
EL PP, "PREOCUPADO" POR LA ESTABILIDAD EMOCIONAL DE CAMPS 
Las palabras de Francisco Camps tronaron ayer entre las filas conservadoras. A sus compañeros de partido les sorprendió la reacción del presidente de la Generalitat valenciana, quien acusó al portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, de desear su muerte .  
En estos últimos meses, algunos habían visto a Camps ya tremendamente afectado por el caso Gürtel. Pero lo de ayer fue, según dirigentes del PP, algo "desmedido". Muchos se confesaron "muy preocupados" por su estabilidad emocional. 
En el partido admiten que está "mal" y creen que todo lo que ha ocurrido le está pasando "una importante factura". Hay quien cree que no supo encarar desde el principio el tema de los trajes, otros le reprochan que no pusiera distancia con su "amiguito del alma" Álvaro Pérez, El Bigotes, y algunos piensan que ha quedado "irremediablemente tocado" al mentir a la dirección nacional sobre la destitución de su mano derecha, Ricardo Costa. Para la mayoría, esta combinación de elementos agitados en la coctelera del PP valenciano tenía que acabar explotando inevitablemente.  
Varios diputados conservadores se mostraron ayer "estupefactos". Opinan que Camps "perdió los nervios" y que tendría que haber pedido disculpas de inmediato. Algo que hizo, finalmente, a última hora de la tarde. Rajoy no se pronunció sobre este asunto. Y, en esta ocasión, su silencio valía más que mil palabras porque siempre que Camps se ha tambaleado, él se ha lanzado al rescate. Esta vez le dejó solo. En el PP piensan que la relación entre ambos se ha deteriorado bastante. 
El líder del PP, que acudió a un acto con agricultores en Ciudad Real, prefirió centrarse en otros temas. Así, anunció que propondrá a Zapatero un acuerdo para defender el "campo español" en la Unión Europea. Y prometió que si llega al Gobierno, reactivará el Plan Hidrológico Nacional. 
Los colaboradores de Rajoy afirmaban ayer que este no le había dado instrucciones a Camps para que rectificara y que si lo había hecho, era porque habría "reflexionado" y visto que se había "equivocado". Algunos de los que rodean a Rajoy opinan que el político valenciano está "fuera de la realidad" desde hace tiempo.  
Pero también hubo quien quiso socorrer a Camps. "La presión está siendo muy fuerte y nos están insultando todos los días", explicaban ayer desde el PP valenciano. Desde su círculo insisten en que llevan meses "aguantando frases muy duras" y recuerdan que a Camps le recitaron en el Parlamento autonómico el artículo del Código Civil que habla sobre "la incapacidad".  
También denuncian que, en una comisión, la diputada de Compromís, Mónica Oltra, llamó "asesinos y torturadores" a los antepadados del PP, y que la misma parlamentaria se presentó con una camiseta con la cara de Camps estampada bajo el lema "Se busca. Sólo vivo". 
"No está loco dice la gente de Camps. Es que le están machacando continuamente, todo el día pidiendo su cabeza". Y aseguran que en la Comunidad Valenciana es imposible hablar de otra cosa que no sea la trama corrupta de Francisco Correa y El Bigotes. 
(www.publico.es, 13/11/09) 
GÉNOVA ADMITE QUE CAMPS SE EQUIVOCÓ 
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho hoy que la "metáfora" que ayer usó el presidente valenciano, Francisco Camps, en la sesión de control en Les Corts "no es en absoluto afortunada", pero ha destacado sus disculpas al ver que se había "equivocado". 
En una entrevista en TV3 recogida por Efe, la dirigente del PP se ha referido así a la respuesta de Camps al portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, al que dijo que "le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta". 
Preguntada por si Camps había usado un símil propio de la Guerra Civil, ha comentado que la frase no tenía "nada que ver" con eso y que la "intención" de Camps no era "ofender, sino defenderse". 
Ha añadido que horas más tarde pidió perdón, un gesto que "por desgracia no es frecuente" en un presidente autonómico, ha destacado. 
Asimismo, la dirigente del PP ha lamentado que los socialistas valencianos no adopten un tono "constructivo", y ha afirmado: "Más vale que se dedicaran a apoyar y echar un mano ante la crisis".

A preguntas sobre los últimos conflictos internos en el PP, Sáenz de Santamaría ha asegurado que "todo el mundo" debería hacer "un ejercicio de responsabilidad". 
Ha asegurado que los dirigentes de su partido son "referente fundamental" para millones de españoles, y ha defendido "poner los intereses de la gente por encima" de los personales.
Respecto a las informaciones periodísticas que aseguran que la mayoría de miembros del Constitucional no avalan cuestiones clave del Estatut, la dirigente ha evitado entrar en valoraciones, y ha confiado en que la sentencia llegue "cuanto antes", según ha asegurado en declaraciones a Rac-1 recogidas por Efe.

Sáenz de Santamaría ha vuelto a justificar el recurso del PP al Estatut, ha alertado del "peligro de deslegitimar las instituciones" y se ha preguntado por qué el presidente catalán, José Montilla, no pide explicaciones a los presidentes de Aragón y Baleares por sus respectivos recursos al texto. 
(www.levante-emv.com, 13/11/09) 
EL PP DISUADE A COSTA DE IR A LA CONVENCIÓN DE RAJOY Y EL DIPUTADO ´PLANTA´ A CAMPS  
El ex número dos del PPCV Ricardo Costa no asistió ayer al pleno en el que Camps debía someterse a la sesión de control. En el pleno anterior, el 30 de octubre, el ex secretario general y ex portavoz popular aprovechó para acercarse a saludar a Camps, quien no le secundó en el intento de abrazo. Ayer, fuentes del entorno apuntaban que el diputado estaba enfermo. Sin embargo, el miércoles sí asistió a la sesión con normalidad. Otras fuentes aseguraban que su ausencia fue su forma de expresar su malestar con el presidente.
A esto se añade que el partido lo ha disuadido de asistir a la convención de este fin de semana en Barcelona, con la presencia de Mariano Rajoy. El popular tenía intención de ir pero le han recordado que está suspendido de militancia. Su presencia le crearía un problema a Rajoy. 
Ricardo Costa sigue esperando a que el Comité de Derechos y Garantías lo cite a comparecer para defenderse. Su entorno espera que lo llamen la próxima semana. Sin embargo, el comité que preside Alfonso Fernández Mañueco, según fuentes, no tiene interés en darle audiencia. Es más, indicaron que sería suficiente con enviarle un pliego de cargos para que presente alegaciones. También dejaron claro que la documentación sobre su patrimonio que ha remitido "no tiene nada que ver" con el expediente, que es por el desafío a Génova que supuso la rueda de prensa. Ayer, en su primera pregunta a Camps como portavoz del PP, el conseller Rafael Blasco aprovechó para hacer un reconocimiento a los síndicos que le han precedido, entre ellos, a Costa. También tendió la mano al PSPV para llegar a acuerdos. 
(www.levante-emv.com, 13/11/09) 
GUERRA 'A MUERTE' EN LAS CORTES 
La corrupción, o mejor dicho, la negativa cerrada a asumir cualquier responsabilidad por ella, ha llevado a una auténtica apertura de hostilidades en las Cortes Valencianas. La última sesión de control parlamentario de 2009 al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se convirtió ayer en una guerra a muerte. 
El propio presidente se vio sobrepasado por la tensión de la exigencia de explicaciones por los escándalos relacionados con el caso Gürtel que le implican personalmente y que reiteraron todos los grupos de la oposición. Y convirtió en una barbaridad dialéctica, con la acusación al portavoz socialista, Ángel Luna, de desear matarlo, la táctica del PP de negar la existencia misma de corrupción alguna y contraatacar a los socialistas con dureza. 
Si hace unos días el presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, dejó clara la consigna cuando exclamó "¡A por ellos!", a lo que Luna respondió que, pese a no ser muy alto, hace tiempo que no teme a los "matones de discoteca", ayer el flamante portavoz parlamentario del PP, a la par que consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, se vio en la tesitura de defender ante los micrófonos de la SER que la grave acusación de Camps en el pleno -por la que horas después el presidente se disculpó- es "la respuesta adecuada al nivel de crispación, de tensión y de ofensas a una persona honesta como el presidente Camps y a un gobierno honesto y transparente". 
Blasco reiteró el argumento de que no hay pruebas "sustanciadas en clave judicial" y el portavoz socialista, también ante los mismos micrófonos, explicó que la opacidad del Consell les ha llevado a recurrir a los juzgados, con una querella basada en la investigación de la Brigada Policial de Blanqueo de Capitales. "Camps está literalmente de los nervios", dijo Luna, "por no aceptar la realidad de que ha tenido relaciones muy estrechas con una trama de corrupción que no puede explicar", una trama que ha hecho desaparecer "mucho dinero de todos los valencianos". 
Pero si Blasco se empeñó ayer en mantener una apariencia de normalidad en la radio en las relaciones entre el Consell y la oposición, en las Cortes Valencianas el PP y la oposición han roto todos los puentes.Camps se negó ayer a reconocer la legitimidad de los portavoces de la oposición. El presidente pidió explicaciones al socialista Ángel Luna y a la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, por ocupar sus respectivas portavocías sin haber sido candidatos a la Presidencia de la Generalitat. Un argumento que causó estupor, incluso, en las filas del PP, que en lo que va de legislatura ya ha tenido tres portavoces parlamentarios distintos. 
Luna echó por tierra todos los cambios realizados por Camps en la cúpula del PP y en el grupo parlamentario popular. "Es un movimiento defensivo. Su único proyecto político es resistir", dijo el portavoz socialista, que preguntó a Camps si sigue sólo por la prerrogativa de ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en vez de por un juzgado ordinario. 
"Cuando se esconde tras una querella [presentada por el PSPV por supuesta financiación ilegal del PP] y el insulto, es que no tiene nada que decir a los ciudadanos", replicó Camps, que llegó a acusar al portavoz socialista de poner en peligro los 10.000 puestos de trabajo de las empresas que han sido denunciadas por haber financiado, supuestamente, de manera ilegal a los populares. Luna, lejos de perder la compostura tras ser acusado por Camps de querer matarlo, utilizó las repreguntas para mantener sus acusaciones de opacidad y corrupción. 
El presidente valenciano, visiblemente nervioso, asumió personalmente todas las réplicas para negar todas las acusaciones socialistas (aunque a primera hora de la noche pidió disculpas por acusar a Luna de desear su muerte). Mònica Oltra tampoco contribuyó a serenar el ánimo de Camps. "¿Si no tiene nada que ocultar por qué han destituido Costa?", dijo la portavoz de Compromís. Oltra acusó al presidente de llevar la política al ridículo. "Gürtel lo representa usted por mucho que cambie las sillas en el PP", sentenció. 
Para Camps, el caso Gürtel es "un hilo abierto, no se sabe bien por quién" para que los populares pierdan el Gobierno. El presidente insistió en que no hay ningún imputado valenciano, ninguna irregularidad detectada y que las encuestas les dan mayoría. 
(www.elpais.com, 13/11/09)
CAMPS ORDENA AL PP QUE SAQUE TRAPOS SUCIOS DEL PSPV EN TODOS LOS MUNICIPIOS  
La querella presentada por el PSPV ha sacado de sus casillas a los populares valencianos, quienes han visto como una vez más el caso Gürtel hace saltar por los aires su hoja de ruta. En esta ocasión, sin embargo, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no piensa quedarse esperando a que la tormenta escampe y ha ordenado a los suyos guerra total contra los socialistas. En concreto, el líder de los populares valencianos ha pedido al partido y al Consell que endurezcan su discurso contra el PSPV y saquen a la luz los supuestos trapos sucios de los socialistas en los ayuntamientos donde gobiernan.  
El contraataque se hará en todos los frentes: Corts, Consell y, sobre todo, en el partido. Para coordinar la estrategia,el presidente Camps mantuvo la misma tarde del lunes una reunión con sus primeros espadas en los tres ámbitos. En concreto, recibieron instrucciones el portavoz del grupo popular en las Corts, Rafael Blasco; el vicepresidente primero, Vicente Rambla, y el secretario general del PPCV, Antonio Clemente. Los tres, y cada uno en su terreno, tienen el mandato directo del jefe del Consell de tratar de mantener a raya a los socialistas en su estrategia de deteriorar al PP a cuenta del caso Gürtel. 
Así las cosas, el PPCV convocó ayer una rueda de prensa para seguir arrojando dudas sobre la contratación en el Ayuntamiento de Gandia con la empresa Proinosa, implicada en el caso Pretoria que ha destapado la corrupción urbanística en varios municipios de Cataluña. El portavoz del PP en Gandia, Arturo Torró, compareció junto con Antonio Clemente, el secretario provincial de Valencia, Vicente Betoret, y el secretario de Economía del PPCV, José Marí. Torró no aportó datos nuevos sobre los ya ofrecidos el día anterior, pero sí expresó sus sospechas de que este asunto sea "una forma de financiación ilegal del PSPV".  
En su intervención, Clemente dejó claro que los populares guardan más munición contra los socialistas y que esta se hará llegar por entregas. Así, envió una "cariñosa advertencia" al PSPV al asegurar que lo de Gandia "no es más que la punta del iceberg". Dijo tener "información de que hay muchos más presuntos casos de corrupción en ayuntamientos importantes gobernados por el PSPV de Alicante y Valencia que pone en tela de juicio la honradez de muchos representantes socialistas". El dirigente popular, sin embargo, no entró en detalles e indicó que la información se daría "conforme se fuera asimilando". Los populares han puesto a trabajar a sus representantes en los Ayuntamientos para sacar a la luz todas aquellas contrataciones que puedan resultar sospechosas al margen de la consistencia de las denuncias. 
De momento, el PP, a pesar de las acusaciones, no tiene previsto ir a los tribunales. Según Clemente prefieren "no tirarse a la piscina" y, a diferencia del PSPV, actuar "con seriedad y criterio". Eso sí, los populares anunciaron medidas jurídicas en el caso de que se desprenda de la querella socialista elementos constitutivos del delito de "acusación o denuncia falsa". Según Marí, el documento jurídico está plagado de inconsistencias. 
Además de poner en marcha el ventilador, Clemente endureció las críticas hacia líder del PSPV, Jorge Alarte, al que acusó de "cobardía política" por no firmar la querella, al tiempo que denunció que el PSPV "ha dado un salto cualitativo muy peligroso" al incluir a cinco empresas respetables. Y advirtió medidas contundentes en el terreno jurídico y político para defender el honor del presidente. A lo largo del día se sucedieron los comunicados en contra del PSPV. 
Aunque Clemente no lo dijo abiertamente, los populares dan prácticamente por rotas sus relaciones con el PSPV: el rodillo en la elección de los representantes de las cajas y el aplazamiento hasta febrero de la elección de Leire Pajín son las consecuencias a corto plazo de la ofensiva judicial de los socialistas. 
(www.levante-emv.com, 11/11/09)
LOS SOCIALISTAS DENUNCIAN AL JUEZ LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO 
TEXTO DE LA QUERELLA DEL PSPV CONTRA EL PP POR LA FINANCIACIÓN IRREGULAR. DOCUMENTO (PDF - 1,91MB) - 09-11-2009
El PP valenciano se financió con donaciones procedentes de empresas beneficiadas por la Generalitat en los procesos de adjudicación de contratos públicos. Francisco Camps, presidente de la Generalitat, estaba al corriente de todo. Éste es el núcleo argumental de la querella presentada ayer por los socialistas valencianos contra el propio Camps, cinco altos cargos del Gobierno y del PP valenciano, cinco de los cabecillas de la trama Gürtel, con Francisco Correa al frente, y cinco constructores locales.  
Los socialistas les acusan de los posibles delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad documental, delito tributario, alteración contable y financiación irregular. 
La querella también se dirige contra el ex director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García por propiciar un pelotazo millonario a Correa con motivo de las adjudicaciones para retransmitir los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. Canal 9 adjudicó por 6,4 millones de euros la sonorización el acto a Teconsa, una empresa pantalla de la trama. Correa recibió una comisión de 957.300 euros, según la investigación policial en la que se basa la querella. 
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) será la encargada de decidir si esa querella se convierte en una investigación judicial. La sala que debe determinarlo está presidida por Juan Luis de la Rúa, magistrado a quien públicamente Francisco Camps señaló como un "más que amigo". De la Rúa archivó la causa abierta contra Camps por el escándalo de los trajes y rechazó investigar el informe policial que recoge indicios de una supuesta financiación irregular del PP valenciano. 
El portavoz socialista en las Cortes Valencianas y uno de los cuatro firmantes de la querella, Ángel Luna, explicó ayer que la investigación que instan "permitirá demostrar la estrecha vinculación de la cúpula del Consell y del PP con una gigantesca trama de corrupción internacional". Según su relato de los hechos, Camps estaba al corriente de los hechos y es el responsable "a quien se acude en última instancia para resolver los problemas derivados de las deudas, los pagos o los cobros".  
El ya ex secretario general del PP, Ricardo Costa, era "responsable de canalizar los pagos en B a Orange Market, SL", y el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, "tendría como función controlar las adjudicaciones de la Administración pública valenciana a las empresas del grupo Francisco Correa, entre las que está Orange Market, así como la financiación de empresarios". 
Según la querella, que se apoya en el informe de la Unidad contra el Blanqueo de Dinero (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, las constructoras se hacían cargo de facturas que Orange Market giraba por actos del PP valenciano. La investigación señala a Facsa, Lubasa, Enrique Ortiz e Hijos, Sedesa -vinculada a la familia del vicepresidente del Consell, Juan Cotino- y al Grupo Piaf. 
La facturación de Orange Market al PP se realizó bajo una doble facturación, una real identificada como Alicante y otra opaca bajo la denominación Barcelona (inicial de b). Según la querella, la operativa seguida consistía en que una factura emitida por el PP valenciano la transformaban, por ejemplo, en otra emitida a la sociedad Enrique Ortiz e Hijos. Esta mercantil sería la que pagaba realmente el acto del partido. O bien, se giraba una factura al PP de Castellón, luego se cambiaba por otra emitida a Facsa y ésta efectuaba el desembolso del evento del partido.  
En el documento se hace referencia a que en el anexo 1 del informe de la UDEF se da cuenta de un correo electrónico enviado desde Orange Market en el que hay una petición de cambio de cliente, del PP a Enrique Ortiz e Hijos. Y corroborándolo aparecen facturas emitidas por Orange Market en las que inicialmente estaba como cliente el PP, que se cambian por el citado empresario. 
Las empresas denunciadas "han sido adjudicatarias de contratos por la administración pública valenciana en compensación de los favores realizados para la formación política del PP, sufragando actos políticos", sostiene la querella. Estas empresas han sido beneficiarias de contratos públicos por parte de la Generalitat de alrededor de 1.000 millones. 
La investigación no está cerrada. Ángel Luna advirtió de que existe documentación que no ha sido analizada "por tanto, no es descabellado pensar que asistiremos a la descripción de más hechos delictivos". 
La patronal autonómica Cierval salió por la tarde en defensa de la honorabilidad de los empresarios valencianos. A este respecto, Ángel Luna reconoció que pudieron ejercerse presiones sobre los empresarios, pero agregó que "también hay que saber soportarlas". El vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, retó a los socialistas a que "citen con pruebas una sola adjudicación irregular de la Generalitat". 
(www.elpais.com, 10/11/09) 
UNA LARGA TEMPORADA MIRANDO AL JUEZ 
Después de la respuesta ofrecida por Mariano Rajoy en el Comité Ejecutivo, la dirección nacional del PP está convencida de que la estrategia política sobre el caso Gürtel está reenfocada con claridad. Sin embargo, todos los dirigentes de la calle Génova consultados admiten que lo que más les preocupa ahora no es la política, sino la justicia. 
El entorno de Rajoy, explican estos dirigentes, está especialmente preocupado por Francisco Camps. Creen que su agonía, o al menos su personal vía crucis político, aún está muy lejos de acabar. Lo que más inquieta en este momento es el Tribunal Supremo, ante el cual está recurrida por la fiscalía la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -por dos votos a uno- de absolver a Camps en el caso de los trajes. 
En Génova dan por hecho que el Supremo admitirá a trámite en las próximas semanas el recurso. La decisión final del tribunal se espera para después de Navidades, aunque nadie lo tiene del todo claro. 
En cualquier caso, todos los dirigentes consultados asumen que si el Supremo le diera la razón a la fiscalía y aceptara el recurso, Camps, al que todos ven ya muy tocado, estaría acabado. Aún así, Rajoy sigue defendiéndolo incluso en privado. 
El otro frente que ahora se abre, y que también ha centrado las conversaciones internas de las últimas semanas, es el de la posible financiación irregular del PP valenciano, que también implica a Camps, amigo muy cercano del cabecilla de la red en Valencia, Álvaro Pérez. Muchos dirigentes temen en privado que el caso siga adelante y sea admitido a trámite por el mismo tribunal que absolvió a Camps por los trajes. Las pruebas acumuladas, admiten, hacen muy difícil que se rechace estudiarlo. 
Algunos dirigentes se quedaron ayer sorprendidos al comprobar que, cuando el juez José Flors le preguntó en mayo qué le debía Álvaro Pérez, Camps contestara "todos los valencianos me deben mucho". Muy pocas personas conocían el contenido exacto de la declaración judicial de Camps, que se ha mantenido en secreto, y algunos se sorprendieron ayer de que no hubiera preparado una respuesta más convincente. 
El otro frente abierto está en Madrid. Casi 33.000 de los 50.000 folios del sumario principal del caso Gürtel siguen declarados secretos. Los populares temen que en cualquier momento se hagan públicos y eso afecte a más dirigentes. Algunos incluso señalan en privado el temor de que se haga en estos días, lo que destrozaría la convención política programada este fin de semana en Barcelona, con la que Rajoy pretende relanzar su alternativa. Hay muchos dirigentes preocupados por lo que pueda aparecer en la parte del sumario relativa a Pasadena Viajes, la agencia de Francisco Correa, que hizo los viajes oficiales del partido en los noventa y también los viajes privados de los principales dirigentes de la época. 
José María Aznar, presidente de honor del PP, que era el jefe del partido cuando Correa hacía todo en la calle Génova, ha evitado hasta ahora darse por aludido. Ayer, al hacerse cargo de la cátedra de Ética Política en la Universidad Católica de Murcia, sentenció: "Se debe exigir que quienes ocupan cargos de responsabilidad acrediten algo más que su presunción de inocencia". "Es esencial que los partidos pongan el máximo celo en detectar" a los corruptos, sentenció. Pero ni una mención expresa a Correa, padrino en la boda de su hija. 
Citas pendientes
- Tribunal Supremo. Decidirá en las próximas semanas sobre el recurso del fiscal contra el archivo del caso de los trajes de Camps.
- Superior de Valencia. Debe tramitar la denuncia de los socialistas sobre posible financiación ilegal del PP.
- Superior de Madrid. Buena parte del sumario aún está declarada secreta. El juez Pedreira puede abrirla en cualquier momento. 
(www.elpais.com, 10/11/09)
CAMPS RECUERDA A FRAGA QUE ´RAJOY PIDIÓ QUE NO HABLÁSEMOS FUERA DEL PP´
El president de la Generalitat, Francisco Camps, afirmó ayer en Castellón que él es "un disciplinado y leal militante" del PP y por tanto asume la petición de Mariano Rajoy de que "nadie hable del partido fuera del ámbito del mismo". 
Camps realizó estas declaraciones tras el acto de celebración del cuadragésimo aniversario del Instituto Técnico Cerámico (ITC) en Castellón, tras ser preguntado por las manifestaciones de ayer del presidente fundador del PP, Manuel Fraga, quien sobre el líder del PPCV dijo desconocer "si repetirá como candidato porque, no en vano, ha habido trajes arriba y trajes abajo. Se ha trajinado demasiado".Asimismo, Fraga volvió a apostar por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para la dirección popular en la Comunitat Valenciana. 
El jefe del Consell explicó que "hace seis días el presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, dijo que nadie hablase del partido fuera del ámbito y de los órganos del partido".
"Yo, que soy un disciplinado militante, voy a hacer exactamente lo mismo que el presidente del partido nos ha pedido a todos y que imagino incluye a todos los militantes del partido: no hablar de las cuestiones del partido fuera de los ámbitos del gobierno del mismo", aseveró. 
El presidente del PP en la Comunitat Valenciana reiteró que es "un militante leal y disciplinado" y que hará "exactamente eso". 
El presidente dijo también que tanto él como Castellón tienen "la enorme suerte" de tener a Carlos Fabra como presidente de la Diputación y del partido en la provincia y mostró su apoyo total al presidente del PP provincial. 
Camps aseguró que Carlos Fabra "es un hombre que lleva décadas peleando por esta provincia, que la ha puesto en valor, que ha hecho que las Administraciones nacional y autonómica hayamos invertido como jamás se había hecho en la provincia de Castellón". 
En este sentido, matizó que se refería a "a Administración nacional cuando gobernaba el PP, porque desde que llegó el Partido Socialista, ya no ha habido un sólo euro para la provincia de Castellón".Camps también dijo que es "algo excepcional que siga pidiendo por su tierra como yo hago por la Comunitat Valenciana", en referencia a Fabra, añadió. 
"Sería incoherente e incongruente que yo esté todo el día peleando por la Comunitat y no se permitiese que alcaldes y presidentes de las diputaciones hiciesen exactamente lo mismo", ha agregado.Sobre las peticiones de inversión para proyectos como la Ciudad de las Lenguas o Mundo Ilusión, Camps afirmó que "muchas de las cuestiones que ha planteado ya están resueltas" y las enmiendas que se presentarán por parte de la Diputación, afirmó, "estarán, seguro, aceptadas"."Hemos trabajado conjuntamente -según el jefe del Consell- y difícilmente se puede encontrar alguna reivindicación que la Administración autonómica no haya puesto en marcha en la provincia de Castellón", dijo. 
(www.levante-emv.com, 10/11/09)
CASTELLÓN INVESTIGARÁ SUS CONTRATOS CON EMPRESAS DE LA TRAMA GÜRTEL 
El Ayuntamiento de Castellón ha creado esta mañana a propuesta de los socialistas una comisión de investigación para analizar los contratos que ha adjudicado a empresas que han sido vinculadas en los informes policiales con la supuesta financiación ilegal del PP. 
El concejal del Bloc en el Ayuntamiento, Enric Nomdedéu, ha aceptado la presidencia, ofrecida por el equipo de gobierno del PP, de esta comisión de investigación.
Tanto Lubasa como Facsa y Piaf, tres de las cinco empresas que aparecen en la contabilidad de la trama Gürtel investigada por la policía, son concesionarias y adjudicatarias del Ayuntamiento de Castellón, cuyo alcalde es Alberto Fabra (PP). Las empresas han negado cualquier relación con la presunta financiación irregular del PP. 
La comisión, que se ha formado hoy por la mañana, ha designado una vicepresidencia, que estará ocupada por el concejal del PP Juan José Pérez Macián. 
Nomdedéu exigió, como condiciones para aceptar la presidencia de la comisión, la elaboración de un reglamento consensuado, el acceso libre a toda la documentación que se solicite, la ausencia de declaraciones durante el tiempo que dure la investigación y la redacción de un informe final consensuado. 
La comisión no tendrá una duración límite y, de momento, los integrantes detallarán los documentos a los que quieren tener acceso para, posteriormente, fijar una fecha para la próxima reunión. 
 (www.elpais.com, 10/11/09)
JUEZ: "¿QUÉ LE DEBE A USTED EL SEÑOR PÉREZ?" CAMPS: "LOS VALENCIANOS ME DEBEN MUCHO"
El 20 de mayo, el juez José Flors, instructor del caso por supuesto cohecho impropio contra cuatro dirigentes del PP valenciano, entre ellos el presidente Francisco Camps, tomaba declaración a los imputados. Durante el interrogatorio a Camps, el juez puso la grabación de una conversación incluida en el sumario. Hablaban, el 7 de enero pasado, Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de Orange Market, la empresa valenciana de la red Gürtel, y Francisco Camps:
Álvaro Pérez. ¿Has leído mi tarjetón?
Camps. Muchísimas gracias, ¿eh?
Á. Bueno, escucha, tu... ¿Has leído mi tarjetón?
C. Sí, sí, sí...
Á. Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo...
El juez Flors quiso saber qué encerraba ese mensaje de El Bigotes y preguntó a Camps:
Juez. ¿Qué le debe a usted el señor Pérez?
Camps. Todos los valencianos me deben mucho porque he sacado adelante la Comunidad Valenciana. Los valencianos me gritan "presidente, presidente" cuando me ven por la calle.
Juez. No, señor Camps, lo que le pregunto es ¿qué le debe el señor Pérez?
Camps. Todos reconocen mi empuje como presidente.
Juez. Bien, es suficiente.
Esta conversación forma parte del interrogatorio grabado en vídeo que han reconstruido para EL PAÍS algunas de las partes que han tenido acceso al mismo.
El presidente valenciano evitó responder a una pregunta que iba directa al corazón del supuesto cohecho impropio cometido por Camps. En la conversación de éste con El Bigotes se hablaba de tres regalos, supuestamente muy caros, que el responsable de Orange Market había enviado a Camps, a su mujer y a su hija. Para entonces, Orange Market había conseguido de la administración valenciana numerosos contratos, muchos de ellos sin concurso, por un monto de siete millones. "Desconozco si se han concedido contratos a Orange Market desde Presidencia de la Generalitat", afirmó Camps.
En su declaración ante el juez sobre los regalos de El Bigotes, Camps se defendió así: "Devolvimos el reloj, la pulsera y una cinta de cuero con una medallita que había regalado a mi hija. Los devolvimos en la farmacia de mi esposa". En la conversación del 7 de enero, Camps le pasa el teléfono a su mujer para que hable con El Bigotes y se escucha lo siguiente:
Isabel (esposa de Camps). Con el [regalo] mío te has pasado 20 pueblos.
Álvaro Pérez. Si es un... si es un detallito, hazme caso.
I. Un detallito, ja, ja, ja.
Á. Qué dices...
I. Eso lo tenemos que hablar.
Á. Vale, va. Lo hablamos cuando tú quieras.
I. Detenidamente... no, en serio.
Á. Vale, vale. Oye, escucha, ¿le ha gustado a Isabel el suyo?
I. De eso también tenemos que hablar, es que le está pequeño.
Á. ¿Le está pequeña?
I. Es que [es de] tamaño de niña pequeña, y mi...
Á. Es que yo pensaba, que sería la muñequita como la tuya.
I. Mi niña... no.
Á. Ah... claro, es que he pensado en la muñeca de una chica muy joven, como tú.
I. Claro, claro, ja, ja, ja. Yo no me la he probado.
Á. No te preocupes que eso lo arreglamos. Pero... ¿Le ha gustado la medallita?
I. Sí, le ha gustado, le ha encantado.
Á. Vale, me alegro, vale, vale. Oye, pues entonces no te preocupes que yo mañana...
I. Y ahora hablamos, porque es que es muy fuerte, no en serio.
Á. ¿Quién está fuerte?
I. No, en serio, no me lo voy a quedar.
Á. ¿Quién está fuerte? Es que no te oigo bien, no te oigo nada.
El juez también preguntó a Camps por qué no guardaba facturas ni tiques de las prendas que, según la investigación, le regaló la trama corrupta.
Camps. El mejor justificante es el propio traje.
El presidente reconoció en su declaración que El Bigotes le puso en contacto con la tienda de Milano en Madrid en la primavera de 2003, donde al principio no compró nada. Posteriormente, le enviaron cuatro trajes que devolvió porque no le sentaban bien. A finales de 2006, sus encargos se trasladaron a la tienda Forever Young, adonde se había incorporado a su vez el sastre José Tomás. Allí encargó dos trajes que recibió a principios de 2007 y que pagó, según Camps, en efectivo. Después encargó otro en marzo de ese año, que también pagó en efectivo, como así hizo después con otros tres trajes y unos zapatos.
Juez. ¿Cómo puede explicar que no conservara ningún tique a efectos de posibles arreglos en las prendas?
Camps. El mejor justificante es el propio traje (...) No tengo por costumbre pedir tiques. El dinero para pagar los trajes lo sacó mi esposa del banco y de la caja de una farmacia que tiene en el centro de Valencia y de la que es copropietaria (...) En una ocasión, al ir a pagar en metálico, me faltó una pequeña cantidad y se la solicité a mi escolta.
El sastre José Tomás ha negado que el presidente se pagara sus trajes. Ningún empleado de Forever Young vio nunca pagar a Camps. Y en los registros de la tienda, los trajes de Camps aparecen como abonados por las empresas de la trama corrupta.
El juez le preguntó si El Bigotes le había prestado trajes para sesiones fotográficas -tal y como aseguraba Álvaro Pérez en una conversación telefónica con uno de sus socios-, pero el presidente lo negó. Camps admitió que llevó un frac y un chaleco, de la tienda de José Tomás, que devolvió después de usarlos.
Juez. ¿Por qué llamó usted al sastre José Tomás para hablar de las facturas de los trajes?
Camps. El diario EL PAÍS iba a publicar la factura de Milano. Yo hablé con un periodista de EL PAÍS y logré parar la edición. José Tomás me dijo que era un problema de contabilidad.
El juez Flors no dio mucho crédito al presidente valenciano y decidió sentarle en el banquillo para que fuera juzgado por un delito de cohecho impropio. Camps recurrió y la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia decidió, por dos votos a uno, archivar el caso. El fiscal recurrió ante el Supremo esta decisión.
www.elpais.es 09.11.09
LA IMPLICACIÓN DE UN PRESIDENTE
El domingo 8 de febrero, este periódico mantuvo un contacto telefónico con Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, sobre una conversación grabada a una directiva de la trama corrupta, Isabel Jordán, en la que ésta afirmaba que había pagado 30.000 euros a la tienda Milano por unos trajes para Camps.
El presidente valenciano aseguró que se pagaba los trajes y EL PAÍS decidió no publicar la información dado que, de lo conocido hasta entonces, no existían más pruebas del supuesto delito de cohecho. En su declaración ante el juez José Flors, el presidente valenciano aseguró que había conseguido parar la publicación de esa noticia.
No fue Camps sino EL PAÍS el que decidió no publicar la transcripción de la grabación que le implicaba y que consta en el sumario del caso, al entender que no había más pruebas para acreditar la denuncia y creer, en ese momento, en la palabra del presidente valenciano.
Sólo 11 días después, EL PAÍS adelantó la noticia de que el fiscal implicaba a Camps en la trama corrupta debido, justamente, al caso de los trajes regalados por Álvaro Pérez al presidente valenciano. Para entonces, la investigación ya había acumulado documentos y testimonios suficientes para sostener que existían indicios claros de un supuesto delito de cohecho impropio que se atribuía al presidente de la Generalitat.
www.elpais.es 09.11.09
EL DICCIONARIO CAMPS: MIL Y UNA MANERAS DE HACER EL RÍDICULO SIN HABLAR DE LA GÜRTEL 
Desde que estalló el caso Gürtel el pasado mes de febrero, Francisco Camps ha pasado de ser uno de los barones regionales con más peso en el PP nacional, a ser el líder más defenestrado de la derecha española. En vez de reconocer sus errores, el presidente de Valencia ha optado desde el principio por negar todas las vinculaciones de su Gobierno con la trama corrupta. Para ello, ha echado mano de frases rimbombantes e incomprensibles que sin duda pasarán a la historia. Esta es una selección de los disparates más sonados de El Molt Honorable.                                   
Citas a Churchill y Bretch
19 de febrero de 2009. Francisco Camps se vio obligado a comparecer ante la prensa para desmentir que tenga ninguna vinculación con la trama Gürtel después de las últimas investigaciones periodísticas. Arropado por su equipo de Gobierno y por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, Camps realizó una breve comparecencia en la que manifestó que está “profundamente indignado” con las informaciones publicadas y aludió a una frase de Winston Churchill que definía la democracia como el estado en que "a las seis de la mañana el único que podía llamar a la puerta era el lechero". Por si fuera poco, el presidente de Valencia echó mano a una frase atribuida al escritor alemán Bertolt Bretch, y afirmó: "Ayer un concejal, hoy un alcalde, mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma".
Cosas horrorosas
El pasado 30 de abril, una vez más, el presidente valenciano consiguió salirse por la tangente y evitar contestar a las preguntas de la oposición socialista sobre su presunta implicación en la trama Corrupta vinculada al PP. Preguntado sobre el asunto en Les Corts, Camps se dirigió a los diputados socialistas y les dijo: "Se sabrá toda la verdad y que aquí no ha pasado absolutamente nada, pero nunca guardaré rencor de estos días cuando me han dicho estas cosas tan horrorosas".
Una fiesta en el juzgado
El 20 de mayo llegó el gran día. El PP valenciano tiró la casa por la ventana para apoyar a Camps en su declaración como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por un presunto delito de cohecho vinculado con la trama. El dirigente del PP llegó al tribunal acompañado de la alcaldesa de Valencia Rita Barberá y sus tres vicepresidentes en el Gobierno valenciano. Allí se congregaron  numerosos simpatizantes del Partido Popular para expresar su apoyo al president. Al salir, un Camps muy sonriente manifestó: "Estoy muy satisfecho y muy contento por poder explicar ante el juez la verdad". Éste, por cierto, le mantuvo la imputación.
“Es muy bonito, muy hermoso”
El 30 de mayo, la oposición no daba crédito. Contra todo pronóstico, Mariano Rajoy decidió elegir Castellón para continuar con su campaña electoral para las europeas. Un desafío, teniendo en cuenta que el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, tiene un proceso judicial abierto por fraude fiscal con petición de dos años de cárcel y otras muchas causas pendientes. Pero no conforme con ello, el líder del PP estuvo acompañado, además, por Francisco Camps, quien como acostumbra, pronunció frases para el recuerdo.
- Camps sobre Fabra: "Castellón y su presidente son un ejemplo".
 - Camps a Rajoy: "Es muy bonito, muy hermoso, eres la esperanza de millones de españoles. Es algo muy grande".
Cuestiones extrañas y estrafalarias
El pasado 7 de julio, Camps por fin realizó declaraciones después de que su más que “amigo” De la Rúa decidiera no archivar la causa y citarle para el próximo día 15 al considerar que puede haber cometido un delito de cohecho. Así, en la localidad de Algemesí aseguro que la verdad “está más cerca que nunca” y que quedaban "uno o dos escaloncitos y entonces toda esta cuestión tan extraña, absurda y estrafalaria habrá pasado al pasado".
“Si pudieran, me gasearían”
El 24 de septiembre, horas después de que El País desvelara que el Partido Popular se había financiado ilegalmente a través de las empresas de la trama liderada por Correa, el grupo parlamentario popular de Les Corts se reunió en Sant Vicent del Raspeig. Como era de prever, la explosiva noticia marcó el encuentro entre Camps y sus diputados. El presidente de la Generalitat, lejos de reconocer sus errores, atacó al Gobierno socialista con una dureza inusual. La reunión fue a puerta cerrada, pero se filtraron frases tan míticas como:

- “Si pudieran, me gasearían”.
- “Vosotros sois los representantes de la esperanza y la libertad”.
- “Zapatero es un radical, dogmático y fundamentalista que milita en un partido repleto de marxistas y relativistas”.
Dimisiones y Alonso
El 1 de octubre, Camps realizó las primeras declaraciones después de mantener una dura reunión con Mariano Rajoy en el parador de Alarcón. Preguntado por si hablaron de ceses, Camps reconoció haber hablado de dimisiones pero... ¡de la de Zapatero! Cabe recordar que después de su cita en Alarcón con Rajoy, el dirigente del PP participó en un acto en la Fundación Bancaja y volvió a desviar la atención hacía el fichaje de Fernando Alonso por Ferrari. "Estoy muy contento porque Fernando Alonso va a correr en Ferrari, y si usted -dirigiéndose a una de las periodistas que aguardaban su salida- es de Público y del grupo -de comunicación- que también lleva La Sexta, podrán retransmitir excepcionalmente el Gran Premio de Fórmula Uno del año que viene".
Disparates

El 5 de octubre, Camps habla con los periodistas, que no dan crédito a las afirmaciones que pronuncia el Molt Honorable:
- “Nos apoyamos todos, que eso es lo importante ¿no? Estamos todos muy contentos, la verdad. Nos apoyamos todos y eso es muy bonito. También lo apoyo a usted, que lo está haciendo muy bien durante estos días y estas semanas. Y la verdad es que nos apoyamos todos, porque esa es la mejor manera de poder llegar cuanto antes a lo que les decía antes".

- “El ambiente que se está respirando en el partido es excepcional, siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca”.
Por si fuera poco, Camps comentó las declaraciones que realizó el presidente de honor del PP, Manuel Fraga, en las que reconoció que la situación del partido en la Comunitat "no da la sensación de que vaya muy bien". Sin inmutarse, el president afirmó que Fraga "está muy feliz" y "está encantado con el partido en la Comunitat y con el partido en toda España".

Calvos y peludos
Tras varios días de presiones de la dirección nacional, el culebrón Costa parecía terminar con el descabezamiento del secretario general del PP valenciano como primera víctima en las filas de Camps. Sin embargo, las horas de confusión y declaraciones contradictorias sobre la expulsión de Costa dejaron un reguero de frases antológicas dignas de aparecer en una película de los Hermanos Marx.

- "Todos tenéis que ser felices, porque todos somos iguales, los calvos y los que tenéis pelo”.
- "Ahí fuera hay miles y miles de enemigos".
- "Son ustedes muy amables y muy agradables" (a los periodistas, el día después).
Amigos
El 22 de octubre, obviando las fuertes vinculaciones que la trama parece tener con importantes dirigentes del PP, incluido él mismo, Camps se defendió atacando y aseguró que, “al final, los socialistas dejarán el Gobierno por dos 'ges', los GAL y Gürtel, esta caso les arrastrará así que deje usted de difamar ”. Camps, quien aparece en conversaciones intervenidas por la Policía llamando al supuesto jefe de la filial valenciana de la red, Álvaro Pérez El Bigotes, “amiguito del alma”, se atrevió a desvelar que las empresas vinculadas al caso “son en realidad amigas de La Moncloa”.
La última
“Cuando yo estaba mal y sufría, pensaba en ti y me animaba. Mariano, tú eres mi escudo”. Esta es la última frase disparatada que ha pronunciado Camps. Lo hizo el pasado martes en el Comité Ejecutivo Nacional del PP. (Más frases en el blog de Ignacio Escolar, www.escolar.net).
 www.elplural.com 06.11.09
LA PENÚLTIMA SOLUCIÓN DE CAMPS 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, adoptó el pasado lunes la penúltima solución que podía adoptar acuciado por los sucesivos escándalos relacionados con el caso Gürtel. Descartada, finalmente, la dimisión y la convocatoria de unas elecciones anticipadas, Camps ha decidido gastar sus últimos cartuchos para llegar en las mejores condiciones a los próximos comicios, previstos para mayo de 2011. Unos comicios que, de ganarlos, supondrán, para Camps, la absolución del pecado original. 
La solución adoptada en el último Comité Ejecutivo Regional supone un cambio de modelo. Hasta ahora, el jefe del Consell había delegado casi todo el poder en dos hombres: Ricardo Costa como secretario general y portavoz parlamentario, y Vicente Rambla, como vicepresidente político y coordinador de campaña. A partir de ahora, forzado por la necesidad, el presidente de la Generalitat recurre al consejero de Inmigración, Rafael Blasco, para librar la batalla de la opinión pública -desde el Consell y desde las Cortes- y remontar el enorme desgaste de los escándalos de los trajes regalados, las contrataciones atípicas y la supuesta financiación irregular del PP. 
En el frente interno, Camps recurre a un grupo de fieles incondicionales sin peso en el partido -Antonio Clemente, secretario general; José Ciscar, vicesecretario general; y Alberto Fabra, coordinador general del PP- para sofocar la rebelión de los barones provinciales. Y, en especial, los efectos generados por las desafecciones de Joaquín Ripoll en Alicante y Carlos Fabra, en menor grado, en Castellón. 
La elección de Blasco, que ha negociado hábilmente con Camps las condiciones para asumir el reto sin conocer el verdadero alcance del caso Gürtel, no es baladí. Blasco se ha revelado como el mejor estratega de un PP y un Consell desnortados, con tres vicepresidentes que durante la crisis no han respondido a las expectativas. El resultado del nuevo escenario es una pérdida de poder real -otra más- del vicepresidente primero, Vicente Rambla; y el alejamiento del vicepresidente segundo, Gerardo Camps, de la línea de sucesión de Camps. El vicepresidente tercero, Juan Cotino, obtiene nuevos galones como coordinador entre el Gobierno y el partido. Un nombramiento que recompensa su lealtad, pero que tiene pocos efectos prácticos. 
Por el contrario, Rafael Blasco -que durante meses ha trabajado conjuntamente con el presidente provincial de Valencia, Alfonso Rus- obtiene un nivel de poder equivalente al de una vicepresidencia ejecutiva. 
El consejero de Inmigración asumió ayer, entre ovaciones, el cargo de portavoz parlamentario. Y en los próximos días asumirá nuevas competencias del área de Presidencia, fundamentalmente la Dirección General de Relaciones con las Cortes -todavía dependiente de Rambla- y la de Cohesión Territorial -que ostenta la consejera portavoz Paula Sánchez de León-. 
Dos instrumentos potentísimos para un hombre capaz de jugar en varios tableros a la vez. Blasco, además, cuenta con el apoyo de la estructura provincial del partido en Valencia. Y Alfonso Rus ve recompensado su apoyo a Camps con el nombramiento de su secretario provincial, Vicente Betoret, como portavoz adjunto en las Cortes Valencianas. 
El talón de Aquiles del nuevo equipo de Camps es, sin embargo, el mismo del anterior: los elementos del caso Gürtel siguen presentes y los cargos salpicados por los escándalos permanecen en el PP y en el Consell. 
(www.elpais.com, 04/11/09)
EL PP NO EXIGE LA DIMISIÓN DE CARGOS VALENCIANOS IMPLICADOS EN LA 'GÜRTEL' 
La dirección del PP dio ayer por buenos y suficientes los cambios realizados por Francisco Camps en Valencia. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, señaló que "las decisiones" adoptadas en el Comité Ejecutivo Regional estaban "totalmente respaldadas" por Rajoy.  
No importa que en el organigrama del partido sigan figurando los nombres del vicesecretario de Organización, David Serra, o el de la tesorera del partido, Yolanda García. O que en el Consell siga como vicepresidente Vicente Rambla. Todos ellos figuran en un informe policial que denuncia la financiación ilegal del PP valenciano. En dicho documento también se habla de una empresa familiar de Juan Cotino, vicepresidente de la Generalitat y hoy uno de los hombres fuertes de Camps. Ese informe fue determinante para la destitución de Ricardo Costa, pero no parece necesario que ellos deban dimitir de sus cargos.  
"El PP de Valencia tuvo su reunión y aprobó una nueva ordenación de la estructura de dirección con una amplísima mayoría", recordó Cospedal. El presidente de la Generalitat sustituyó a Costa por Antonio Clemente como secretario general y dio cargos a otras cinco personas más. No hay ninguna intención de exigirle que haga algo más de momento.  
Mariano Rajoy señaló ayer ante el Comité Ejecutivo Nacional que la corrupción le "preocupa". "Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitarla y combatirla", señaló. Rajoy prometió que a la siguiente reunión llevaría un código de buenas prácticas 
Para el líder del PP, se debe "elegir bien" a los cargos públicos y "aumentar el nivel de exigencia"; si es preciso, "modificando la legislación". 
Rajoy prometió que a la siguiente reunión llevaría un código de buenas prácticas. También anunció que propondrá "a la sociedad española y al conjunto de partidos políticos un gran pacto por la transparencia y contra la corrupción".  
El PP siempre ha rehuido suscribir este acuerdo cuando el PSOE lo ha querido sacar adelante. Pero ahora Rajoy desea que se "perciba" al PP "como una fuerza nacional, unida y limpia".  
Durante su intervención en la reunión, Camps señaló que desde el primer momento él apostó por Rajoy como líder y que había sido una de las decisiones "más acertadas". La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se quejó de los ataques que están sufriendo y recordó que en su comunidad no hay ningún imputado por el caso Gürtel.  
www.publico.es 04.11.09
RIPOLL: "LA LEY DEL SILENCIO ES DEL PASADO" 
El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, acentuó ayer su pulso con el líder de los conservadores valencianos y presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por el acuerdo alcanzado en el comité ejecutivo regional de imponer la ley del silencio fuera de los órganos del partido. "Las leyes del silencio son propias de épocas pasadas", aseveró Ripoll en Elche. El coordinador regional del PP, Alberto Fabra, respondió a Ripoll de la siguiente forma: "Cuando tenga algo que decir, que lo haga en el partido, para enriquecer, y no fuera, creando polémicas estériles". 
Ripoll hizo estas declaraciones en un feudo netamente campista, con la portavoz del Grupo Popular municipal, Mercedes Alonso, a la cabeza. Alonso también replicó a Ripoll: "Quien no esté de acuerdo con las directrices del partido tiene las puertas abiertas". 
Ripoll y Alonso mantienen otro enfrentamiento por la dirección local del partido. La primera víctima de esta pugna fue el edil Emigdio Tormo, afín a Ripoll, expulsado del PP hace un mes a propuesta de Alonso. Ésta acusa a Tormo de "deslealtad". El presidente provincial ha respondido a la sanción al concejal asegurando que no convocará la asamblea local hasta que se revoque la expulsión del edil. 
Por otra parte, La Fiscalía General del Estado ha archivado la denuncia presentada por Iniciativa pel País Valencià contra Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por supuesta prevaricación a raíz de la exculpación de Camps en el caso Gürtel.
AJUSTES EN VALENCIA
Valencia cerró ayer también las heridas, aunque superficialmente, con los ajustes que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, hizo en su formación, entre los que destaca el nombramiento de Rafael Blasco como nuevo hombre fuerte en la portavocía parlamentaria tras la destitución de Ricardo Costa. Camps, en cambio, no fue más allá como se le venía pidiendo desde Génova, y descartó remodelar su Gobierno. Sin embargo, Cospedal ha asegurado hoy que las decisiones del partido en Valencia "las respalda la dirección".
Tampoco en la reunión de ayer se desautorizó el acta que demuestra que Costa no fue nunca cesado de sus funciones, ni se apartó a algunos de los colaboradores directos de Camps que quedaron salpicados por el caso Gürtel.
Pese a que los dos movimientos en Madrid y Valencia son interpretados por la mayoría de los dirigentes del PP como una victoria de Rajoy, la situación del partido se ha debilitado por la magnitud que la crisis ha alcanzado en las últimas semanas y el ambiente ha quedado bastante enrarecido. En Madrid, la renuncia de Aguirre y su mano derecha, González, en la batalla por Caja Madrid, no significa que haya terminado con las disputas entre la presidenta regional, que mantiene intacto su poder, y Rajoy. Incluso las diferencias con Gallardón, son ahora más notables puesto que Aguirre le responsabiliza de la entrevista a Cobo en EL PAÍS. En Valencia cunde la idea de que pese a los retoques en el partido auspiciados por Génova, Camps ha agotado su credibilidad.
www.elpais.es 03.1109
CAMPS ACATA LAS ÓRDENES DE RAJOY CON UN AJUSTE QUE DESPRECIA A LOS BARONES
El presidente mantiene a casi todos los cargos salpicados por el 'caso Gürtel'
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cambió ayer la estructura el PP valenciano para aplacar la rebelión de sus barones y acallar las críticas internas a la gestión del caso Gürtel. En vez de limitarse a cubrir la vacante del defenestrado Ricardo Costa en la secretaría general -tal y como le exigía Génova- o de colegiar la gestión de la crisis -como le pedían los barones provinciales-, Camps recurrió a varios de sus fieles sin peso en el partido y al consejero Rafael Blasco (ex socialista) para blindar su liderazgo. Aunque ello no le soluciona los problemas del caso Gürtel.
El presidente valenciano presentó una propuesta que mantiene en sus puestos a todos los cargos salpicados por los escándalos del caso Gürtel. Tanto al vicesecretario de Organización, David Serra, y a la tesorera Yolanda García, como a los vicepresidentes Vicente Rambla y Juan Cotino. Todos ellos salpicados por el escándalo de la supuesta financiación irregular del PP en Valencia.
Camps optó por nombrar como nuevo secretario general del PP a Antonio Clemente, hasta ahora vicepresidente primero de las Cortes y sin ningún peso en el seno del partido. El delegado del Gobierno valenciano en Alicante, José Ciscar, es nombrado nuevo vicesecretario general. Un cargo que no existía y que tendrá como misión desmochar el bastión de los zaplanistas en Alicante.
El jefe del Consell también aprovechó los nombramientos para pasarle la factura al presidente de Castellón, Carlos Fabra, por sus devaneos con los hermanos Costa. Así, Camps decidió nombrar coordinador general del PP al alcalde de Castellón, Alberto Fabra. El munícipe es una persona muy próxima a Francisco Camps y con este nombramiento se consolida como un liderazgo alternativo al de Carlos Fabra.
Gobierno-partido
Los nombramientos incluyen también un nuevo puesto de coordinador entre el Gobierno y el partido para el vicepresidente tercero del Ejecutivo, Juan Cotino. Un cargo sin contenido específico, con el que Camps recompensa su lealtad. El consejero de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, se convierte en el nuevo hombre fuerte del Gobierno, por encima de los tres vicepresidentes. Blasco asume -según el modelo británico- el cargo de portavoz parlamentario y desplaza a Rafael Maluenda, que es enviado a la Mesa de las Cortes. Blasco, que fue consejero con el socialista Joan Lerma y con el popular Eduardo Zaplana y ahora con Camps, refuerza su poder con nuevas competencias de Presidencia.
La propuesta de Camps fue votada por todos los miembros del comité regional, a excepción de los cuatro de la dirección provincial de Alicante.
"Aquí hay dos presidentes provinciales que me quieren y uno que no me quiere", dijo Camps, que se mostró dispuesto a aguantar cualquier ataque a su liderazgo. El presidente recalcó que el caso Gürtel, por lo que se refiere a Valencia, "está archivado" y si aparecen nuevos escándalos los afrontará porque su intención es presentarse a la reelección en 2011.
El presidente del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, mostró su disgusto con el resultado de la reunión. "Creo que hoy no hemos resuelto lo importante. Lo importante no era sustituir a Ricardo Costa, sino atajar las causas"
Carlos Fabra, presidente del PP de Castellón, intervino para profesar la fe del converso, pese a que el acuerdo no le agrada. Fabra intervino para replicar a Ripoll, a quien le recordó que "las puertas del partido están abiertas, tanto para entrar como para salir, y que el presidente es el encargado de aprobar las listas electorales".
Para Alfonso Rus, presidente del PP de Valencia, el acuerdo es bueno, aunque lamentó que no tuviese unanimidad. Rus es el que más satisfecho sale de un acuerdo que se terminó de gestar en la madrugada del lunes.
"TODO EL QUE HABLE FUERA DEL PARTIDO NO TIENE CABIDA EN ÉL"
Francisco Camps impuso ayer la omertà, la ley del silencio, a todos los cargos del PP de la Comunidad Valenciana. Y lo hizo de manera formal, con votación incluida, para que conste en el acta de los acuerdos del Comité Ejecutivo Regional extraordinario del PP.
La propuesta partió del propio Camps, que en los últimos meses ha visto a los medios de comunicación como un elemento hostil, utilizado por sus adversarios para desestabilizarlo. "Yo nunca he hablado fuera de los órganos del partido, yo siempre he sido leal a mi presidente, y pido que se respete la estructura de mando, que ha de ser muy fuerte", argumentó el presidente valenciano. "Por eso hay un presidente, un secretario general, un presidente provincial, los alcaldes y nadie debería hablar fuera de los órganos del partido sin autorización".
"¡Que se vote, que se vote!", pidieron dos de los seguidores más entusiastas de Camps: el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, y el todavía portavoz del grupo parlamentario, Rafael Maluenda, que actuaron como movidos por un resorte.
Dicho y hecho. La cúpula del PP, con el único voto negativo de los cuatro miembros de la dirección provincial de Alicante, aprobó "dar poderes al presidente regional del PP para que quien hable en contra de la jerarquía del partido, fuera de los órganos de gobierno, pueda ser expulsado".
La propuesta fue interpretada por la cúpula de los populares valencianos como una demostración de fuerza del presidente valenciano tras comprobar que no todos en su partido aprueban su gestión.
Reforzar el liderazgo
La reunión de ayer permite a Camps reforzar su liderazgo en el interior del partido, aunque ya no por la vía de los afectos. La ruptura con la dirección provincial de Alicante se visualizó ayer con toda su crudeza. "Ya me intentaron echar en el congreso provincial", dijo Ripoll, "pero yo sigo siendo el presidente provincial". Los otros dos barones quedan a la expectativa, a ver si el caso Gürtel depara nuevas sorpresas.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la principal alternativa a Camps, se mostró satisfecha por una reunión que alivia la presión interna. "El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha cerrado el problema que tenía y sale mucho más unido y más fuerte tras los nombramientos", sentenció Barberá, que respira con la idea de no tener que pensar en la sustitución de Camps.
www.elpais.es 03.1109
RAFAEL BLASCO : Expulsado por corrupción
El consejero de Inmigración, Rafael Blasco, ha terminado por convertirse en el hombre fuerte del PP valenciano. Blasco (Alzira, 1945) llegó al primer Consell de la Generalitat en 1983 con el socialista Joan Lerma de presidente. Ocupó las carteras de Presidencia y de Urbanismo. El 27 de diciembre de 1989, Lerma le destituyó por su supuesta implicación en una recalificación irregular de terrenos. El PSOE lo expulsó, aunque fue absuelto por la justicia, que invalidó unas grabaciones que, supuestamente, lo incriminaban. Reapareció en el PP en 1995 de la mano de Eduardo Zaplana y se consolidó con Francisco Camps. Blasco ha ocupado varias carteras y ahora es imprescindible.
www.elpais.es 03.1109
CAMPS DESCARTA REMODELAR SU GOBIERNO Y DICE QUE RAJOY ESTÁ "ENCANTADO" CON LOS CAMBIOS
El presidente de la Generalitat se apoya en Rus y Fabra frente a los críticos de Alicante.- Antonio Clemente sustituye a Costa en la Secretaría General y el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, nuevo portavoz en las Cortes
Francisco Camps, ha descartado acometer una remodelación en su Gobierno y ha asegurado que el presidente del partido, Mariano Rajoy, está "encantado" con los cambios introducidos hoy en su formación. Entre las novedades, Camps ha impuesto al vicepresidente primero de las Cortes Valencianas, Antonio Clemente, como nuevo secretario general del PP valenciano en sustitución de Ricardo Costa, suspendido de militancia la semana pasada por la dirección nacional del partido. Clemente ha sido diputado autonómico en las tres últimas legislaturas por Valencia y forma parte de la Mesa de las Cortes.
Pese a que Génova le exigió a Camps que propusiera formalmente el cese de Costa -aún pendiente-, el presidente valenciano ha señalado que las decisiones sobre su ex número dos dependen de la dirección nacional y ha manifestado su deseo de que este asunto se solucione "cuanto antes". En una rueda de prensa tras la reunióndel comité, Camps ha dicho que en relación con el caso Gürtel, en el que estuvo imputado por cohecho, ha permanecido "tranquilo desde el principio" de la investigación.
Camps, que ha convocado esta mañana al comité ejecutivo regional para intentar cerrar la crisis interna por el caso Gürtel, también ha designadovicesecretario general al ex diputado autonómico José Ciscar, ahora delegado del Consell en Alicante. Además, habrá dos coordinadores generales: el vicepresidente tercero y consejero de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, Juan Cotino, y el alcalde de Castellón, Alberto Fabra. El primero será coordinador de la acción del Gobierno valenciano en el partido.
El hasta ahora portavoz del grupo popular en las Cortes, Rafael Maluenda, sustituirá a Clemente en la Mesa de las Cortes. Su fugaz puesto lo ocupará el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, que no dejará sus actuales responsabilidades.
Camps, sin embargo, mantiene como vicesecretario de Organización del PP valenciano a David Serra, que figuraen las conversaciones del caso Gürtel. En una de ellas afirma que el presidente valenciano "lo sabe todo".
Alicante, en contra
La propuesta de cambios de Camps ha salido adelante con los cuatro votos en contra de la dirección provincial de Alicante, que encabeza el presidente de la Diputación provincial, José Joaquín Ripoll, que estos días se ha mostrado muy crítico con la gestión del presidente valenciano. Campsse apoya así en los otros dos presidentes provinciales del PP, Alfonso Rus (Valencia) y Carlos Fabra (Castellón), frente al heredero del zaplanismo, Ripoll.
De la remodelación sale reforzado el consejero Blasco, que toma las riendas del partido en las Cortes para hacer frente a las consecuencias del caso Gürtel. Blasco, que fue consejero socialista y hombre fuerte de los gobiernos de Joan Lerma, ha marcado las estrategias del PP en los momentos de dificultad, como en la primera fasedel caso Gürtel, cuando lo que se sabía es que la trama Gürtel habíaregalado trajes a Camps y otros altos cargos. Tanto Clemente como Ciscar carecen de peso específico en el partido.
Camps, además, ha impuesto también una mordaza a las críticas de dirigentes del partido en una votación en la que se le ha dado poderes para que pueda expulsar a aquellos que hablen públicamente en contra de la jerarquía del partido.
El intento de Camps de evitar las críticas públicas a su gestión no ha impedido que Ripoll afirmara tras la reunión que ha votado en contra de los cambios porque "el diagnóstico está mal hecho" y que ha recibido "amenazas" en el comité ejecutivo por su oposición a las "soluciones malas" que, a su juicio, ha planteado el presidente valenciano. "Creo que hoy no hemos resuelto lo importante. Lo importante no era sustituir a Ricardo Costa, sino atajar las causas" que han desembocado en esta crisis, ha afirmado Ripoll. "Me han amenazado con algunas cosas. Me han dicho que las listas se hacen dentro de año y medio. Y... ya saben lo que pasa", ha denunciado el dirigente alicantino. Ripoll ha criticado también que se haya marginado a Alicante en la reestructuración: "Creo que a mí, a Alicante, se me ha querido dejar fuera". A pesar de ello, y de los que según Ripoll le han señalado "la puerta" de salida del PP, el presidente provincial de Alicante afirma sentirse "muy cómodo" en el partido.
Por su parte, el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, ha calificado la remodelación de "confusa e improvisada". Luna mostró su preocupación por el grado de confusión entre Parlamento y Consell en la manera de funcionar de Camps. Y, sobre todo, criticó el nombramiento de Rafael Blasco como nuevo portavoz parlamentario del PP. "Camps sabe que tendrá más problemas con la Justicia. Por eso se ha buscado un experto en tener problemas con la Justicia, en eludir la acción de la Justicia y manejarse en unos terrenos resbaladizos que bordean la legalidad".
www.elpais.es 02.11.09
LOS BARONES DEL PP BUSCAN SOLUCIONES AL MARGEN DE CAMPS
Miles de personas se manifiestan en Valencia contra la corrupción
Los barones provinciales del PP en Valencia se han lanzado a buscar soluciones al margen del presidente valenciano, Francisco Camps, para intentar salir de la crisis en la que están inmersos desde que estalló el caso Gürtel. Una crisis agravada el pasado jueves con la decisión de Génova de suspender de militancia a Ricardo Costa, ex secretario general del PP y mano derecha de Camps.
La dirección nacional pide consenso para elegir al sustituto de Costa
La negativa de Camps a reconocer la gravedad de la situación -y la parálisis política e institucional en la que se encuentra- ha hecho que los presidentes provinciales hayan solicitado la mediación de Génova para desbloquear la situación. Los tres barones del PP, José Joaquín Ripoll (Alicante), Alfonso Rus (Valencia) y Carlos Fabra (Castellón), comparten el análisis de la situación, que Camps se niega a escuchar en una reunión formal con todos ellos.
Un análisis expuesto con claridad por Ripoll, que considera que de la crisis actual sólo se puede salir de dos modos: o bien los principales dirigentes se ponen de acuerdo y todos empujan; o bien una persona decide y todos lo secundan.
Sin embargo, a la vista de lo acontecido en las últimas semanas, Ripoll afirma: "La segunda opción ya no estamos en condiciones de aplicarla. No puede ser que uno [Camps] elija y todos nos pongamos detrás; sino que tendremos que ser muchos los que elijamos la solución y todos vayamos al mismo tiempo".
El primer escollo es la elección de un nuevo secretario regional en sustitución del defenestrado Ricardo Costa. La dirección nacional del PP ha emplazado a Camps a alcanzar una solución antes del martes, cuando Mariano Rajoy ha convocado al Comité Ejecutivo del partido. Pero, para desesperación de los barones provinciales, Camps insiste en proponer como secretario general a una persona de su confianza, sin peso en el PP y sin conexión con los líderes provinciales.
"Pido que nadie se invente ahora un secretario general del PP en la Comunidad Valenciana mirándose al espejo", apuntilló ayer Ripoll, el más crítico con Camps. Rus, más conciliador, pidió que se cierre "la brecha lo antes posible". Fabra, a quien le han recordado días su condición de imputado por delito fiscal y delitos contra la Administración, guarda silencio.
Mientras el PP debate, miles de personas clamaron ayer en Valencia contra la corrupción y exigieron la dimisión de Camps por "haber mentido reiteradamente", como señaló el comunicado de la plataforma No a la Corrupción, convocante de la manifestación. La marcha fue singular por la cantidad de gente que, sin conocer la convocatoria, realizada a través de Internet, se sumó a la protesta durante el recorrido. "No nos mires, a ti también te roban", alentaban los asistentes a quienes se quedaban en las aceras.
La policía autonómica (que habitualmente no aporta datos) cifró la asistencia en 2.200 personas, la Policía Local la aumentó a 2.500 y los organizadores, hasta 40.000. Cuando la cabecera de la marcha había llegado al destino, la plaza de la Virgen, el origen, la plaza San Agustín, a aproximadamente un kilómetro, aún estaba repleta de gente.
www.elpais.es 01.11.09
MILES DE VALENCIANOS SE MANIFIESTAN CONTRA LA CORRUPCIÓN
Los participantes, 70.000 según los organizadores, 2.200 según la policía, exigen la regeneración de la democracia y la dimisión de Camps
Alrededor 70.000 personas, según la organización, y 2.200 según la Policía de la Generalitat, han marchado en la tarde de hoy para exigir una regeneración de la democracia y la dimisión del President de la Generalitat, Francisco Camps. Los manifestantes, convocados por el colectivo No a la corrupción, han participado simbólicamente en una marcha fúnebre, en la que se ha "enterrado la democracia, maltratada por el PP", con algunas personas vestidas de negro y portando cirios rojos en señal de duelo.
La marcha, que ha circulado con lemas como "La corrupción acaba en la prisión" y "Por la ética en la política" ha arrancado a las 18.30 desde la plaza de San Agustín. Han acudido representantes políticos como la coordinadora de Ezquerra Unida, Marga Sanz, que ha declarado: "ahora más que nunca debemos levantar la voz en favor de la ética en la vida política". El PSPV también ha estado representado en el acto con la presencia de su secretario general, Salvador Broseta, el europarlamentario Andrés Perelló y la portavoz socialista Carmen Alborch, quien ha señalado que el partido "se suma así al amplio sector de la ciudadanía que quiere acabar con la corrupción y que asuman responsabilidades".
A la iniciativa se han adherido plataformas como Ja en tenim prou, Maulets, Centre Social Terra de Benimaclet, Salvem el Cabanyal i Canyamelar y Salvem Catarrosa.
www.elpais.es 31.10.09
EL PRESIDENTE DEL PP DE ALICANTE CREE QUE EL 'CASO GÜRTEL' NO DEBERÍA ACABAR EN COSTA
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tiene a sus barones provinciales cada vez más enojados. La obcecación de Camps por hacer como si el caso Gürtel no existiese y el sainete montado con Ricardo Costa -suspendido finalmente de militancia por la dirección nacional del PP-, provocó ayer la airada reacción del presidente provincial de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll.
"Ricardo Costa no es la única persona que debería verse afectada" por el caso Gürtel, aseguró Ripoll, que no ocultó su sorpresa por el hecho de que Camps llegara a plantear la posibilidad de nombrar a Ricardo Costa miembro del Gobierno valenciano. "Es evidente que no encaja con el planteamiento que estamos haciendo", dijo Ripoll, que indicó que no hubiese respaldado tal decisión.
Camps se reunió ayer con el presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, y conversó telefónicamente con Ripoll y con el presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra. Camps dejó entrever que no tiene ningún interés en reunirse con los tres barones, tal y como le exigen ellos, para consensuar una hoja de ruta con la que salir de la grave crisis política e institucional en la que se halla el PP valenciano.
Por el contrario, según fuentes de ese partido, el presidente autonómico insiste en aparentar normalidad y sólo está dispuesto a realizar retoques de carácter cosmético.
Con este planteamiento, Camps estaría sopesando la posibilidad de convocar un comité ejecutivo regional de trámite para elegir un nuevo secretario general del PP de su estricta confianza, pero sin peso alguno y al margen de la opinión de los presidentes provinciales. Sin embargo, antes de convocar a la cúpula del PP, Camps quiere asegurarse que no estará sentado sobre un polvorín. Ayer, Rus guardó silencio y Fabra evitó realizar cualquier crítica.
La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, descartó ayer que Camps vaya a remodelar el Gabinete. Sin embargo, fuentes populares explicaron que el presidente de la Generalitat todavía no ha descartado la posibilidad de sacar del Ejecutivo a uno de sus consejeros para nombrarlo portavoz del Grupo Popular, que dirige Rafael Maluenda, un diputado sin peso en el partido, en sustitución de Ricardo Costa.
www.elpais.es 31.10.09
JUAN COSTA CUESTIONA A RAJOY
El diputado critica que Camps no diera la cara por su hermano - Cospedal pide disculpas porque "los españoles no se merecen" lo que pasa en el PP
Juan Costa, diputado del PP y hermano del ex secretario general del partido en Valencia, avivó ayer el fuego del enfrentamiento entre los populares al cuestionar el liderazgo de Mariano Rajoy. A la misma hora, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, pedía en Telecinco disculpas a los militantes de la formación y al conjunto de los españoles porque "no se merecen" la forma de actuar del principal grupo de la oposición.
La 'número dos' del PP asegura que es más grave lo de Costa que lo de Cobo
En su opinión, las declaraciones del ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, son "más graves" que las del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, aunque calificó también éstas de "inaceptables". Cobo criticó el pasado lunes en EL PAÍS a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Pese a las disculpas de Cospedal, el cruce de declaraciones se mantuvo. Juan Costa, que barajó presentarse como alternativa a Rajoy en el congreso del partido en Valencia en 2008, criticó también la actitud del presidente valenciano, Francisco Camps, al no respaldar a su hermano, como sí ha hecho Alberto Ruiz-Gallardón con su número dos, Manuel Cobo.
Lo hizo un día después de que la dirección del PP hiciera público un comunicado en el que recordaba "a todos los militantes su obligación de abstenerse y de hacer manifestaciones o declaraciones que puedan perjudicar la imagen o disciplina interna del Partido y advierte que, de producirse, aplicará los Estatutos del mismo". Juan Costa aseguró en TVE que hay que plantear una "reflexión interna" y que Rajoy "tiene que demostrar que es una alternativa real de gobierno". Además, aseguró que Camps "no ha estado a la altura" y que podría haber gestionado "mejor" la crisis abierta con el caso Gürtel.
Afirmó que no discute el liderazgo de Rajoy, pero según él, "muchos españoles" se están planteando si el PP es "una alternativa creíble y capaz" y por ello el partido tiene que abrir una "reflexión interna, profunda". "Hay militantes y personas en la opinión pública que pueden pensar que existe una cierta crisis de liderazgo" y que se pueden hacer las cosas mejor. Tras asegurar que "los liderazgos fuertes son liderazgos fuertes frente a todo el mundo y no solamente con los más débiles", Juan Costa dijo que Rajoy "tiene la responsabilidad de estar a la altura de lo que esperan la sociedad española y los militantes" del PP y "demostrarlo con acciones concretas", pero "a veces lo que hacen es justo lo contrario". "Cuando el liderazgo fuerte se ejerce con los débiles, en el fondo, lo único que se está haciendo es manifestar y poner encima de la mesa una prueba de la debilidad de ese liderazgo", añadió. Sobre Camps, dijo que los líderes políticos deben "dar la cara" y ofrecer explicaciones.
www.elpais.es 31.10.09
EL PP NACIONAL SUSPENDE DE MILITANCIA A COSTA POR DESAFIAR A COSPEDAL 
La dirección nacional del PP ha suspendido cautelarmente de militancia a Ricardo Costa por su actitud esta mañana cuando, en su vuelta a las Cortes valencianas, se ha reafirmado en su condición de secretario general del PP valenciano y ha pedido a Génova que si no encuentran ninguna responsabilidad en su gestión, la "ratifique" y "ponga de relieve su honradez". Sin embargo, Costa todavía no ha sido informado de la suspensión, informa Carlos E. Cué. 
Ricardo Costa, que fuera número dos de Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, hasta el pasado 14 de octubre, cuando fue defenestrado por orden de Génova, volvió esta mañana a las Cortes Valencianas para ocupar un escaño en la última fila de la bancada popular. En los pasillos, Costa pidió "como militante y secretario general" del PP en la Comunidad Valenciana -en una claro desafío Rajoy, ya que desde Génova se insistió en que Costa ha cesado en todos sus cargos- que la dirección nacional de su partido adopte las medidas correspondientes si considera que existe alguna responsabilidad en su gestión, informan Joaquín Ferrandis y Miguel Olivares. 
Costa ha dicho que ha remitido toda la documentación a la dirección nacional del PP. "Madrid no me ha citado ni me ha llamado; he cumplido mi compromiso de remitir toda la documentación", ha proseguido Costa. "Si no han encontrado ninguna responsabilidad, que ratifiquen la gestión hecha en el partido y mi gestión como secretario general y que pongan de relieve mi honradez", ha conminado. 
A su llegada al Pleno, Costa ha recibido saludos cariñosos de muchos de sus compañeros diputados mientras los socialistas hacían rechifla desde sus escaños. El abrazo que Rafael Maluenda, quien sustituyó a Costa como portavoz parlamentario, forzó con Costa desplazándose hasta su escaño fue acogido con aplausos y carcajadas desde los escaños de la oposición. La posterior entrada del presidente Camps interrumpió los aplausos de la oposición. Costa descendió hasta el banco azul para intercambiar un tímido abrazo con el presidente de la Generalitat, el gesto reveló una frialdad muy lejana de la calurosa vinculación entre ambos hasta hace apenas dos semanas. 
Ya comenzada la sesión de control al presidente, Camps ha reclamado ante el pleno de las Cortes, la sede de la soberanía popular, "más economía y menos política", una fórmula a la que ha recurrido a lo largo de la semana para intentar eludir las preguntas relativas al escándalo de financiación ilegal que salpica a su partido. El socialista Ángel Luna replicó: "Sólo nos faltaba oír que no debemos hablar de política. Hubo alguien en este país que recomendaba no hablar de política, se llamaba Francisco Franco". 
Además, Camps ha afirmado que cumplirá su compromiso con los ciudadanos "en los buenos momentos y en los malos momentos" y hasta "el final", porque las "legislaturas democráticas" duran cuatro años. El presidente de la Generalitat ha respondido a las preguntas de la oposición sobre las repercusiones del caso Gürtel en la gestión del Gobierno valenciano, ha dicho no entender por qué preguntan "continuamente cuándo va a terminar". 
La sesión arrancó tensa. Luna espetó: "¿Está usted en condiciones de garantizar el dinamismo de la Generalitat y la gestión de la Administración autonómica?". "Mucho dinamismo", replicó Camps, mientras nosotros seguimos gobernando, ustedes siguen leyendo la prensa en sus casas". Luna no alzó el tono, pero fue demoledor: "Yo no me dirijo a usted, que está enajenado políticamente, me dirijo a esos barones provinciales que antes no existían y que ahora le han declarado incapaz, han rechazado los cambios que ha introducido en su grupo y han reprobado a su gobierno. Los barones provincialdes se han puesto nerviosos. Su equivocada actuación en todo lo relativo al caso Gürtel ha instalado la perplejidad en su propio partido. Su apariencia de tranquilidad es una impostura. O miente o está fuera de la realidad. Su partido le ha retirado la condición de líder. Y nosotros no podemos esperar más, esperar otra historia, otra conversación, otro contrato, otra adjudicación,... Es usted un lastre para su partido y para toda la Comunidad Valenciana. Su partido decidirá hasta cuando arrastrarle". 
Camps bromeó: "Voy a llamar a Carlos Fabra [presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, e imputado en dos causas por fraude fiscal y falsificación de documento público, entre otros delitos] para comunicarle el cambio de actitud del señor Luna que le ha convertido en un referente político y social de primer orden". Luego sembró insidias: "El señor Luna, que cuando dejó la alcaldía de Alicante [en 1995], se fue a trabajar con una constructora. Ja, eso sí que es inteligencia!". Camps cerró con un ascenso a un terreno confuso: "Mientras usted como una cigarra insulta, nosotros seguimos trabajando. Más economía y menos política, menos hablar del aborto, de la memoria histórica y menos hablar de la destrucción de una España unida y fuerte. Mientras ustedes ponen en tela de juicio todo lo que ha conseguido la democracia, nosotros seguimos trabajando". Los aplausos de la bancada popular abrigaron por unos minutos al presidente. 
(www.elpais.com, 29/10/09) 
JUAN COSTA: ´NO SE PUEDE ACTUAR DE MANERA ARBITRARIA´
El hermano y ex ministro se muestra sorprendido y defiende que "en política hay cosas que no se pueden hacer"
El ex ministro y diputado 'popular' Juan Costa afirmó hoy que le ha "sorprendido profundamente" la decisión de la dirección del PP de suspender cautelarmente de militancia a su hermano, el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, y avisó a su partido de que cuando se toman decisiones políticas no se puede actuar "de manera arbitraria".

"A mí me ha sorprendido profundamente esa decisión y creo, honestamente, que en política hay cosas que no se deben y no se pueden hacer", declaró a los periodistas tras finalizar el Pleno del Congreso de los Diputados.

Costa señaló que su hermano, como cualquier otro militante, debe asumir las responsabilidades que le sean exigibles, sean políticas, legales, o estatutarias, pero acto seguido lanzó una advertencia a la dirección del PP: "Cuando se toman decisiones políticas hay que dar explicaciones, hay que ser transparente, y nunca en ningún caso hay que actuar de manera arbitraria".

Y en la misma línea, el diputado nacional del PP por Castellón dijo desear que su partido "esté a la altura, como siempre ha estado" y que respete "códigos como la honradez política, la lealtad, el compromiso, la cooperación y la unidad".

La decisión de Génova de suspender cautelarmente de militancia a Ricardo Costa se conoció mientras los diputados nacionales estaban votando en el Pleno del Congreso.

A su término, Costa fue de los últimos parlamentarios en abandonar el hemiciclo, se detuvo ante los periodistas para dar sus puntos de vista "francos" y "de forma sincera" y admitiendo que le "afecta" lo que "le pueda afectar" a su hermano. Tras su breve declaración, se marchó sin contestar preguntas.

Al Pleno de hoy no asistió el presidente del PP, Mariano Rajoy, pero sí otros miembros de la dirección nacional del partido, entre ellos la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, y el vicesecretario de Comunicación y diputado por Valencia, Esteban González Pons.
www.levante-emv.com 29.10.09
COSTA SE DIRIGE AL PP "COMO SECRETARIO GENERAL" E INSTA A DISIPAR O CONFIRMAR LAS DUDAS SOBRE ÉL 
Ricardo Costa y Francisco Camps, cada uno a su manera y desde posiciones dispares, han plantado cara a quienes piden sus cabezas. El 14 de octubre Costa se vio obligado a dejar todos sus cargos en el PP valenciano a raíz de su implicación en el caso Gürtel, y desde entonces no había comparecido en las Corts Valencianes. Hasta esta mañana. En su retorno, el ex secretario general del PPCV ha reivindicado el cargo del que fue apartado y, "como militante y como secretario general", ha reclamado a la dirección nacional del partido que si cree que hay responsabilidad por su gestión en relación con el Gürtel tome las medidas que correspondan y, en caso contrario, que ratifique su gestión. 
"Lo único que solicito a la dirección nacional es que si cree que existe algún tipo de responsabilidad en mi gestión de estos años, tome las medidas oportunas desde el punto de vista estatutario o legal. [...] Creo que como militante y secretario general es importante que desde la dirección nacional se ratifique la gestión de estos años, mi gestión como secretario general, y se ponga en valor mi honradez como militante, ciudadano y secretario general", dijo en un breve comunicado.
El ex número dos de Camps y ex portavoz en las Corts asegura que Génova no le ha citado y que él ha cumplido con el compromiso establecido en el comité ejecutivo regional de remitir la documentación sobre sus bienes y las cuentas del partido en la Comunitat Valenciana.
Costa, que no comparecía ante los medios desde la rueda de prensa posterior al comité ejecutivo regional que desembocó en el cruce de comunicados entre las direcciones valenciana y nacional sobre su futuro político, señaló que con la petición que envía a Madrid no quiere entrar en ninguna polémica.
Esta misma mañana, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, libró su personal batalla. Recordó que las legislaturas duran cuatro años y dejó claro que no piensa dimitir. "En los buenos y en los malos momentos siempre hay que estar, y estaremos hasta el final, junto con nuestros conciudadanos para hacer posible que la Comunitat siga siendo la tierra en la que todos creemos".
Camps se pronunció así en la sesión de control en las Corts a preguntas de la oposicion sobre la relación de la ética pública y la actual situación de las instituciones de la Generalitat.
Ricardo Costa acudió al Parlamento valenciano para participar en un pleno después de cesar en sus funciones como secretario general del PPCV y ocupó el escaño 98, situado en la última fila del hemiciclo. 
Entró sonriente por la puerta principal acompañado de la tesorera del grupo parlamentario popular y diputada, Yolanda García, así como por personal del equipo de prensa. En el trayecto recibió el saludo de los escasos diputados que en ese momento estaban en el interior de la cámara. El actual portavoz parlamentario, Rafael Maluenda, se acercó a su escaño y le abrazó, gestó que provocó la reacción de diputados socialistas, que dijeron con sorna "qué bonito es el amor".
Al llegar Camps, Costa rompió a aplaudir, al igual que el resto de los diputados del PP. Sin embargo, tuvo que ser él quien bajara hasta la primera fila de la bancada popular para saludarlo. 
(www.lavanguardia.es, 29/10/09) 
'RIC' COSTA TODAVÍA SE SIENTE SECRETARIO GENERAL 
Por fin ha dado la cara. Sus palabras revelan una situación confusa. Desde Génova se lanza el mensaje de que la cabeza de Ric ya ha sido cortada. Sin embargo el diputado valenciano se resiste a caer. Hoy, tras el pleno en el que regresaba tras 16 días de ausencia- su partido asegura que preparaba su defensa ante el Comité de Garantías- ha dicho que "como militante y como secretario general" de este partido, lamenta que la dirección del PP aún no le haya citado al comité de derechos y garantías por su relación con el caso Gürtel. 
A parte de mostrar su malestar por no haber sido citado, Costa se ha autoproclamado de nuevo "secretario general", aferrándose de este modo al cargo. Lapsus o recado intencionado, lo cierto es que a fecha de hoy, sigue apareciendo como secretario general del Partido Popular en la página web del partido.

Era la primera comparecencia pública tras dos semanas de ausencia en Les Corts y Ric no ha defraudado. Como ya hizo en su día, ha vuelto a desafíar a Rajoy insistiendo a Génova que "ratifique" su confianza en él y "ponga en valor" su "honradez", en caso de no hallar ninguna irregularidad, claro.
Asimismo, el ex "número dos" de Camps ha asegurado que, tal y como se comprometió ante el Comité Ejecutivo Regional del pasado día 13, ha remitido ya a la dirección nacional toda la documentación sobre su gestión orgánica al frente del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) y sobre su patrimonio personal. 
Ric ha llegado al Parlamento autonómico por todo lo alto para asistir al pleno de hoy y ha ocupado su nuevo escaño, en la última fila de la bancada conservadora, entre muestras de afecto de algunos compañeros. 
Costa ha llegado a la sede parlamentaria en torno a las 09.50 horas acompañado por la tesorera del PP de la Comunitat Valenciana, Yolanda García, y su equipo de prensa, y ha saludado a los numerosos periodistas que le aguardaban en la puerta principal de Les Corts. 
Costa, implicado en la investigación del caso Gürtel, no acudía a Les Corts desde el pasado día 14, cuando el líder del PPCV y president de la Generalitat, Francisco Camps, le comunicó en una reunión del grupo parlamentario que sería relevado en la portavocía por Rafael Maluenda. 
Precisamente Costa, a la llegada de Camps -que se ha producido entre aplausos del grupo popular-, ha bajado a saludar a su presidente, momento recogido masivamente por los medios gráficos que se agolpaban junto a la tribuna. 
Maluenda y consellers como Alejandro Font de Mora (Educación) y Manuel Cervera (Sanidad), por su parte, han subido hasta la última fila para darle la bienvenida a Costa. 
(www.publico.es, 29/10/09)
VALCÁRCEL: "CAMPS ADMINISTRÓ DE LA PEOR MANERA POSIBLE EL 'CASO GÜRTEL" 
El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, se atrevió ayer a decir lo que piensan muchos en el Partido Popular. "Camps administró de la peor manera posible el caso Gürtel", argumentó el presidente murciano. Valcárcel ha sido hasta la fecha el socio principal de Francisco Camps, tanto en el seno del PP como en sus reivindicaciones frente al Gobierno central, y con quien más veces se ha reunido en los últimos seis años. 
Valcárcel, que intervino ayer en un acto de El Mundo en Madrid, minimizó las implicaciones del caso Gürtel e insistió en la honestidad de Camps, y aseguró que cree "absolutamente en la decencia y honorabilidad" de su homónimo valenciano. Pese a ello, el presidente de Murcia reconoció que ha existido "torpeza y un cálculo desatinado en los tiempos y en las explicaciones" relacionadas con el caso Gürtel. El mandatario murciano pasó de puntillas sobre la defenestración de Ricardo Costa como secretario general del PP de la Comunidad Valenciana. "Nadie tiene hoy todavía el peso penal de la ley sobre sus espaldas, pero hay quien ya ha tenido que ser depurado en esas responsabilidades", indicó Valcárcel. 
Por otra parte, Camps optó ayer por mantener su mutismo acerca de la reunión que le exigen los presidentes provinciales del PP Carlos Fabra (Castellón), José Joaquín Ripoll (Alicante) y Alfonso Rus (Valencia), preocupados por la parálisis del Consell, la mala gestión de la defenestración de Ricardo Costa como secretario general y el nombramiento de Rafael Maluenda como nuevo portavoz en las Cortes Valencianas. 
"En estas circunstancias, siempre estoy con los presidentes provinciales y con todo el partido, constantemente, porque tenemos un gran partido", dijo Camps durante un acto público en Valencia en el que propuso un compromiso nacional "para dejar de hablar de política y concentrarse en la economía". Manifestaciones que provocaron un nuevo episodio de estupor en un buen número de cargos del PP. 
Los presidentes provinciales reconocieron que Camps no les ha dado fecha para celebrar ninguna reunión, aunque lamentaron que esté dejando pudrir la situación. 
Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se quitó de en medio por segundo día consecutivo: "El presidente administra los tiempos como cree conveniente", sentenció Barberá. 
Por su parte, César Augusto Asencio, nombrado por Camps como secretario general del PP en funciones tras la defenestración de Ricardo Costa, asumió ayer su situación de interino después de que los tres presidentes provinciales hayan manifestado que no reconocen su autoridad. Fabra, Ripoll y Rus reclaman una reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP para elegir nuevo secretario general. 
Asencio reconoció ayer que tiene "muy claro" que su función como sustituto provisional de Ricardo Costa es "ocuparse del día a día de forma temporal y provisional hasta que se provea el puesto definitivo". 
El también diputado popular no ha firmado ninguna de sus notas como secretario general del PP y se sigue presentando como vicesecretario general de Política Autonómica y coordinador del partido. 
César Augusto Asencio evitó ayer responder acerca de si se siente desautorizado por los tres presidentes provinciales del PP. "Yo estoy cumpliendo mis funciones, las que me corresponden, y sé que son provisionales y temporales. Estoy haciendo lo que me corresponde y cumplo estrictamente el cometido que tengo", contestó. 
Sobre la posible negociación del cargo orgánico que ostentaba Costa por parte de los presidentes provinciales de su partido, Asencio señaló que "nadie" se ha dirigido a él, ni él se ha dirigido a ninguno de ellos. La convocatoria del Comité Regional es competencia de Camps, indicó. 
(www.elpais.com, 29/10/09)
EL GOBIERNO VALENCIANO SE NIEGA A ACLARAR LOS GASTOS DE LA VISITA PAPAL
Los gastos que generó la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 siguen siendo un misterio. Por enésima vez, la portavoz de la coalición izquierdista Compromís, Mónica Oltra, preguntó al vicepresidente económico del Consell y máximo representante de las cuentas de la Generalitat, Gerardo Camps (en la foto), por los costes del evento. El dirigente popular miró hacia otro lado y se limitó a recordar los datos que ya había facilitado en 2007 el entonces vicepresidente Víctor Campos y que, según recordó Oltra, apenas alcanzan a cubrir las comisiones que cobró la empresa Teconsa, vinculada a la trama Gürtel, por la sonorización del evento. Al final de su intervención, Camps aseguró que llevarán el tema a los tribunales si se detectan irregularidades en los gastos.
Como ya es habitual, el Gobierno valenciano de Francisco Camps volvió ayer a guardar silencio sobre los gastos que asumió la Generalitat por la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006. La portavoz del grupo de izquierdas Compromís, Mónica Oltra, solicitó una vez más estos datos, pero el responsable de Economía del Consell, Gerardo Camps, se remitió a la respuesta que ya había dado a este tema Víctor Campos, anterior vicepresidente. En 2007, Campos había cifrado los gastos de la Generalitat en 1,9 millones de euros, cifra que el vicepresidente económico da por buena como coste “directo para la Generalitat” por la organización del evento.

"Le falla la calculadora"
Oltra le advirtió de que “le falla la calculadora”, y le recordó que la Radio Televisión Valenciana cobró de la Generalitat 6,4 millones de euros por la sonorización de los actos. Además, Canal 9 dejó estos trabajos en manos de Teconsa, una de las empresas de la trama Gürtel, que a su vez hizo otras subcontratas quedándose con comisiones por valor de 1,5 millones de euros. La cifra aportada por Camps, apuntó, apenas cubre el coste de esas comisiones.

"Esto no tiene perdón de Dios"
La diputada izquierdista subrayó que la respuesta de Camps era una “burla” a los ciudadanos y lamentó que el gasto de la visita haya sido hasta ahora un “secreto de Estado”. Según los cálculos de Oltra, los costes de la visita ascenderían a unos 25 millones de euros. “¿Cuánto han gastado sus amigos mandantes y qué han recibido los dirigentes del PP? Esto no sé si tiene bula, pero lo que no tiene es perdón de Dios”, acusó.

Pedirán la "restitución" del dinero
Gerardo Camps, durante su turno de réplica, insistió en dar por buena la cifra facilitada por Campos, y lamentó que en Les Corts se debata lo que considera una “filtración” a la prensa, en referencia a las supuestas comisiones cobradas por Teconsa. Aún así, se atrevió a asegurar que “si alguien ha contratado con el grupo RTVV y con la Generalitat, y en los tribunales se demuestra que se han aprovechado, nosotros somos los perjudicados y nosotros seremos los primeros que demandaremos que se restituya ese dinero”.
www.elplural.com 29.10.09
Y COSTA SIGUE SIN APARECER 
 El ex secretario general del PPCV y ex portavoz del grupo popular en Les Corts Valencianes Ricardo Costa tampoco ha asistido hoy al pleno del Parlamento autonómico cuando se cumplen quince días de su sustitución, aunque las web nacional y regional del partido le mantienen aún en sus cargos. 
Costa, quien según fuentes próximas al diputado no acudirá a Les Corts previsiblemente hasta mañana, segunda jornada del pleno semanal, no ha vuelto a ocupar su escaño tras abandonar la Cámara el pasado día 14 tras la tensa reunión del grupo parlamentario donde Camps le comunicó su relevo "temporal" por el entonces portavoz adjunto Rafael Maluenda. 
Esa misma mañana, un comunicado del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) anunciaba también que César Augusto Asencio asumía las funciones de Costa como secretario general y desde entonces, las notas de prensa oficiales presentan al vicesecretario de Política Local y Autonómica como "coordinador" regional del partido. 
Sin embargo, la web del PPCV sigue presentando al ex "número dos" de Camps como secretario general y portavoz del grupo parlamentario, tanto en su biografía como en el organigrama regional de la formación. 
Por su parte, la página del PP informa en el apartado "cargos" de que es "diputado en las Cortes Valencianas por Castellón", aunque en su biografía aparece aún como "secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana". Sobre Asencio y Maluenda, esta web no informa de sus nuevas y respectivas tareas de responsabilidad orgánica y parlamentaria tras la marcha de Costa. 
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho en varias ocasiones desde la reunión del Comité Ejecutivo Regional del pasado día 13 que Costa ha dejado todos sus cargos a raíz de su relación con el caso "Gürtel", así como que es imposible una posible vuelta a los mismos una vez que el comité de garantías del partido escuche su versión y analice su gestión y patrimonio. 
Desde la citada reunión del Comité Ejecutivo Regional y el posterior cruce de comunicados entre las direcciones regional y nacional del partido sobre la resolución del futuro de Costa, los presidentes provinciales del PP en Alicante y Castellón, José Joaquín Ripoll y Carlos Fabra, han coincidido en señalar que no se ha producido un relevo real del ex "número dos" de Camps en el PPCV. 
La semana pasada, Fabra, Ripoll y su homólogo provincial de Valencia, Alfonso Rus, se reunieron para abordar la situación actual del partido y las divergencias que existen sobre qué medidas debe tomar Francisco Camps para afrontar las consecuencias orgánicas y parlamentarias del caso "Gürtel" en la Comunitat Valenciana 
(www.levante-emv.com, 28/10/09) 
LOS PRESIDENTES PROVINCIALES RECHAZAN A ASENCIO COMO SECRETARIO GENERAL DEL PP 
Los tres presidentes provinciales del PP, Carlos Fabra (Castellón), José Joaquín Ripoll (Alicante) y Alfonso Rus (Valencia) han invalidado ya a César Augusto Asencio como secretario general del PP en sustitución de Ricardo Costa. Y Asencio, que fue designado por Francisco Camps para sustituir a Costa tras la defenestración decretada por Génova, ya lo tiene asumido. Hasta el punto de que ayer salió a replicar al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, con el título de "vicesecretario de Politica Autonómica y coordinador del PP". 
"Asencio no es el secretario general actual, sino el vicesecretario en funciones de secretario que provisionalmente se ha hecho cargo", aseguró ayer Carlos Fabra. El presidente de la Diputación de Castellón remarcó que "el Comité Ejecutivo Regional aún no ha decidido quién va a ser el secretario general". 
"En la actualidad nadie ejerce de secretario general", afirmó ayer el presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, que añadió: "No está sancionado por los órganos correspondientes" del PP. 
Ripoll explicó que los tres presidentes provinciales están del lado de Camps, pero recalcó: "No somos tres locos que estamos reuniéndonos por ahí para arreglar el partido, sino que somos tres presidentes provinciales, tenemos nuestras competencias, tenemos nuestra representación territorial, muy importante, y queremos arrimar el hombro". Una idea que comparte el presidente provincial de Valencia, Alfonso Rus. Los tres estaban ayer a la espera de que Camps los reúna en cualquier momento para analizar la situación interna del PP. 
"La gente que tiene importancia dentro del partido, tendremos que, al menos, dar una opinión", insistió Fabra, que se declaró autor del comunicado de apoyo a Camps emitido el pasado domingo sin que Ripoll y Rus conociesen su contenido. 
En el entorno del presidente de la Generalitat insistieron ayer en que Camps maneja los tiempos y que está convencido de poder reconducir el malestar de los presidentes provinciales. Un malestar que se extiende no sólo al nombramiento de Asencio, sino al de Rafael Maluenda como portavoz parlamentario, y a la inacción del Gobierno valenciano. 
"No está concretada la fecha, ni si será comida o cena, ni dónde será, pero, en principio, está previsto que se celebre", dijo Fabra.La dirección del PP provincial de Valencia se vio obligada ayer a dar de baja su página web (www.ppval.org) de manera temporal tras el ataque de un pirata informático. El hacker, autodenominado Krono, imprimió sobre la página de inicio de la web un cartel con la imagen de Camps y la expresión Wanted only alive (se busca, sólo vivo), y distintas sentencias alusivas al caso Gürtel, a la manipulación informativa de Canal 9 y a la situación interna de los populares. 
Alfonso Rus explicó que el PP interpondrá una denuncia contra el autor del ataque informático, que tachó de "acto vandálico y reprobable" realizado durante la madrugada de ayer. Rus lamentó que un partido "serio" como el suyo "haya sido víctima de quienes practican actitudes antidemocráticas desde el anonimato". "Las agresiones ejecutadas no van a afectar al trabajo diario del PP provincial", sentenció. 
El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Maluenda, lamentó el incidente igual que otros dirigentes populares. 
La portavoz del grupo parlamentario de Compromís, Mònica Oltra, que popularizó la imagen de Camps con la leyenda Wanted only alive, evitó condenar abiertamente el ataque informático. Oltra evitó calificar el tuneo realizado a la página web del PP de Valencia y se mostró partidaria de utilizar otros mecanismos para hacerse oír. 
Sin embargo, Oltra calificó el ataque informático como un modo de "resistencia pacífica frente a la vulneración diaria de los derechos fundamentales de los valencianos". 
Para la portavoz de Compromís, son los populares quienes diariamente vulneran los derechos de los valencianos, bien "pisoteando los derechos de los parlamentarios, bien con el uso que se hace de los medios de comunicación públicos, ya que todos los días se vulnera el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz". 
El PP, que ha decidido mantener en el ostracismo político a Mònica Oltra y la diputada de su grupo Mireia Mollà desde que compareció en el pleno de las Cortes con una camiseta con una imagen de Camps y la leyenda Wanted only alive, instó ayer a la portavoz de Compromís a condenar el ataque informático. 
(www.elpais.com, 28/10/09)
DIRIGENTES DEL PP PIDEN QUE CAMPS APARTE A RAMBLA Y COTINO PARA REVOLUCIONAR EL CONSELL  
"No podemos tener a [Ricardo] Costa de secretario general y a un secretario general [César Augusto Asencio] que no ejerce de secretario general". El trabalenguas es de un dirigente del PP próximo a uno de los barones provinciales que ayer mismo definía así, sin ocultar su desazón, el kafkiano panorama que vive la organización. Una situación que, recalcó, ha motivado el movimiento de los presidentes de Valencia (Alfonso Rus), Alicante (Joaquín Ripoll) y Castelló (Carlos Fabra) para pedir al máximo responsable del PPCV y de la Generalitat, Francisco Camps, que lidere los cambios en el partido, en el Consell y en las Corts que actúen de "revulsivo". Algo de lo que la organización está muy necesitada. ¿Y qué cambios? Hasta ahora los barones provinciales, directa o indirectamente, no habían puesto nombre y apellidos.  
Varios responsables populares, en la órbita de al menos dos de los barones, coincidieron que es preciso apartar a los consellers "contaminados" por el proceso, lo que no quiere decir de ninguna manera que se cuestione su labor. Tampoco de Costa se pone en duda su honradez, dicen, y ha sido apartado del cargo aunque, curiosamente, fue el único de los imputados que recabó la unanimidad de los jueces en el archivo. Pero un Gobierno no puede estar pendiente de sobresaltos en forma de nuevos documentos que salpiquen a sus miembros o del proceso judicial que va a reabrir el PSPV. En ese sentido, constatan que resulta sorprendente que sólo se hayan hecho sacrificios en el partido y no en el Consell. Los señalados en este punto son el vicepresidente y titular de Industria, Vicente Rambla, que aparece en las conversaciones por la relación que tuvo con los responsables de la trama, y el conseller de Medio Ambiente, Vicente Cotino, por la constructora de la familia que figura también citada. 
Pero además, se aboga por que Camps afronte la remodelación profunda que finalmente no quiso hacer en verano y diseñe un Ejecutivo más reducido del que salgan los consellers de perfil bajo como, entre otros, Trinidad Miró (Cultura), Mario Flores (Infraestructuras), Belén Juste (Turismo) y Angélica Such (Bienestar Social). Las mismas fuentes, no obstante, se apresuraron a augurar: "Los presidentes le pedirán estos cambios pero Camps no moverá ficha y no hará nada". Quizá en enero.  
En cuanto al partido, se pide que las riendas de la organización la lleven los barones, con tres coordinadores provinciales de la confianza de cada uno. Con todo, tras el comunicado del fin de semana puesto en boca de los barones de respaldo al jefe del Consell, ayer se cuestionaba incluso que la reunión con Camps -prevista para mañana- llegue a celebrarse. "Si se hace, se sabrá el mismo miércoles o jueves; si no, se cometerá un error muy grave", lamentan.

Anoche, la ejecutiva del PP de Alicante acordó rechazar los nombramientos que hizo Camps -que no fueron aprobados por la organización- de César Augusto Asencio para asumir las funciones de Ricardo Costa en el partido y de Rafael Maluenda como portavoz en las Corts. La dirección alicantina, que lidera Ripoll, aprobó elaborar una propuesta de consenso para estos puestos con Rus y Fabra, que trasladará a Camps.  
Ayer, el malestar en la organización era palpable. No en balde, el comunicado de los barones del fin de semana levantó ampollas. "Rus no conocía el comunicado", aseguraban anoche diversas fuentes mientras a Ripoll se le trasladó el contenido muy por encima. Ayer por la mañana, Ripoll declaró que tanto él como Rus y Fabra quieren que en la siguiente reunión que mantengan esté presente Camps para que pueda "tomar decisiones" de las "ideas" presentadas para que el partido "pueda salir de esta situación de impasse". 
(www.levante-emv.com, 27/10/09) 
GÉNOVA ACUSA A COSTA DE FABRICAR UN ACTA PARA SEGUIR EN EL PUESTO  
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, volvió a reiterar ayer que Ricardo Costa ha dejado de ser secretario general del PP valenciano y precisó que las actas de la reunión del pasado 13 de octubre aún "no son firmes", después de señalar que el citado documento "todavía no tiene ninguna definición". Argumenta que los presidentes regionales dan la información "de primera mano" para no tener que esperar a la "burocracia" de aprobar las actas. Fuentes de la dirección del PP de la calle Génova de Madrid acusaron directamente al ex secretario general de haber elaborado "un acta 'ad hoc' para su comunicación y para avalar su situación" en el partido. El entorno de Costa mantiene que él sigue de secretario general y que, simplemente, se ha apartado del ejercicio de estas funciones en tanto dure la investigación.  
Las fuentes citadas de Génova hicieron hincapié en que el documento hecho público como si fuera el acta no es tal sino un "borrador", y destacaron que éstos "nunca van firmados". Los borradores de acta, añadieron, se aprueban en la reunión siguiente y es entonces cuando se rubrican. Pero además, los firmantes son siempre el presidente y el secretario general, cuando en este caso aparece la firma de Costa y del vicesecretario de Política Autonómica y Local, César Augusto Asencio, quien a partir del día siguiente pasó a ejercer las funciones de coordinar el partido. Una irregularidad que tiene su trasfondo: "¿Qué problema tiene Costa que no pudo recabar la firma de Camps?", se preguntaron fuentes de Génova.  
Ayer, Cospedal se remitió a lo que Camps "trasladó a la dirección nacional" respecto a la decisión que había tomado el comité ejecutivo. Esto es, que Costa había sido destituido. También apuntó que en la reunión de la ejecutiva donde se trata el borrador, "todo el mundo puede opinar sobre las actas como es lógico". Esto es, que el documento se modificará.

Por su parte, el ex ministro de Ciencia y hermano de Ricardo Costa, Juan Costa, afirmó que cree que el PP debería dar "una explicación pública" sobre el caso Gürtel porque en política "hay que dar la cara". "Tengo todo el interés en que esto se resuelva y en que si existen responsabilidades de carácter político o de carácter legal en nuestro partido, se asuman", subrayó. Aseguró que el PP debe "reflexionar" y preguntarse "cómo ha sido" porque "si durante 15 años" el partido ha contratado a "empresas que forman parte de una trama supuestamente corrupta", significa que "probablemente algo no se ha hecho bien".
Sobre la implicación de su hermano, Ricardo Costa, con la rama valenciana de Gürtel y su destitución, aseguró que no le resulta "especialmente fácil" hablar de ello.

El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, afirmó ayer que al ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, "le ha tocado pagar la china gorda en este momento". Fabra hizo estas declaraciones tras presentar en la sala de prensa e indicar a los periodistas que quería hacer unas declaraciones. "Cuando se producen líos de este tipo siempre hay alguien que paga la gorda, la china gorda, y en este momento, le ha tocado a Ricardo Costa". Fabra manifestó que Costa es "un gran parlamentario, ha sido un gran secretario general y sabe que siempre tendrá el apoyo personal de su presidente Carlos Fabra", aunque añadió que esta situación, "cuanto menos la movamos mejor".

Al igual que Cospedal, la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, recalcó que Costa no sigue siendo secretario general del PPCV y que "todo el mundo" puede ver "dónde está situado cada cuál". 
(www.levante-emv.com, 27/10/09) 
RIPOLL DESAFÍA A CAMPS Y RECHAZA A ASENCIO COMO SECRETARIO GENERAL 
Otro desafío de Ripoll a Camps. El líder del PP de Alicante rechaza la propuesta de César Augusto Asencio como secretario general del PP valenciano y exige un comité ejecutivo regional antes de diciembre, "para consensuar y votar un candidato". El órdago de Ripoll al presidente del PP Valenciano se produjo ayer, a 48 horas del anunciado encuentro entre Camps y los tres dirigentes provinciales para abordar la crisis de los conservadores valencianos. 
José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP en Alicante y máximo valedor del zaplanismo, dio otra vuelta de tuerca a sus explícitas discrepancias con el presidente regional de los populares valencianos, Francisco Camps, para resolver la crisis por la implicación del partido en la trama corrupta del caso Gürtel. En un comité ejecutivo provincial extraordinario celebrado anoche, los populares alicantinos acordaron por unanimidad rechazar la propuesta de Camps de designar a Asencio como secretario general del PP en sustitución del destituido Ricardo Costa. "Evidentemente, el PP de Alicante no apoya la propuesta de Asencio ni la de Maluenda [éste ha sido el sustituto de Costa como portavoz en las Cortes]", dijo la secretaria general del PP de Alicante, Mónica Lorente, al término de la reunión. Ripoll, como habitualmente hace, no participó en la conferencia de prensa. 
Lorente fue nítida al detallar el punto de vista del PP de Alicante para solucionar la crisis. "Hasta ahora Asencio no es formalmente nada en el partido", dijo. "Nuestra propuesta es que antes del mes de diciembre el presidente Camps convoque un comité ejecutivo regional para debatir una candidatura a la secretaría general del partido, consensuada entre Castellón, Valencia y Alicante, y luego votarla", argumentó la número dos de Ripoll. Lorente se limitó a rechazar la propuesta de Asencio, actual alcalde de Crevillent, sin dar argumentos. Tampoco avanzó cuál será el candidato que avalarán. 
Asencio ha sido uno de los dirigentes del PP Alicante más identificados con el campismo en Alicante. Se implicó al máximo en la batalla de Camps por descabalgar a Ripoll de la cúpula provincial del PP en el congreso del 14 de diciembre de 2008 en Orihuela. Camps cosechó, por apenas cuatro votos, su primera derrota interna. Los ripollistas han convocado un acto para conmemorar su victoria el primer aniversario del congreso. 
(www.elpais.com, 27/10/09)
EL TEXTO DEL PP DE APOYO A CAMPS NO FUE CONSULTADO A DOS DE LOS FIRMANTES 
Dos de los tres presidentes provinciales del PP valenciano, que el domingo mostraron su "total apoyo" al presidente del PP valenciano y de la Generalitat, Francisco Camps, en un comunicado difundido por la organización regional del partido, en realidad no fueron consultados sobre la redacción del mismo. Los presidentes del PP en Castellón, Carlos Fabra; Valencia, Alfonso Rus, y Alicante, José Joaquín Ripoll, en teoría, hacían público el comunicado "ante la multitud de interpretaciones" que habían surgido tras su reunión del pasado jueves en la que lanzaron a Camps un ultimátum para que depurara responsabilidades por el caso Gürtel y diera un impulso a su Gobierno. 
Los implicados no quisieron confirmar ni desmentir públicamente si fueron consultados, pero este periódico pudo constatar que al menos dos de ellos no tenían noticia del contenido del comunicado. Además, Ripoll aseguró ayer que, tanto él como Rus y Fabra, han emplazado a Camps a asistir a una reunión con ellos mañana para que pueda "tomar decisiones" a partir de las ideas que ellos propugnan para que el partido "pueda salir de esta situación de impasse". Los tres impulsan un frente común para instar a Camps a introducir cambios en su Gobierno, cerrar la elección del secretario general del partido y poder influir en la elección del portavoz en las Cortes, cargos estos últimos que recaían en Ricardo Costa. El presidente no se ha pronunciado sobre la invitación.
La destitución de Ricardo Costa como secretario regional valenciano sigue siendo una auténtica pesadilla. Una pesadilla dentro de otra, la de la trama de corrupción que emerge en el denominado caso Gürtel. Sin el trasfondo del escándalo no puede entenderse la presión del equipo de Mariano Rajoy para que Camps cortase la cabeza de su número dos, y sin la necesidad del presidente valenciano de defenderse es imposible entender la guerra de interpretaciones que le enfrenta a los dirigentes nacionales del PP. Ayer mismo, tras la publicación en El Mundo de una supuesta acta del comité ejecutivo regional del 13 de octubre, según la cual Costa sigue en su puesto mientras la dirección nacional no abra una investigación, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, reiteró que "Costa ha dejado de ser secretario general del PP valenciano" y señaló que el documento publicado, con las firmas del propio Costa y de su supuesto sustituto, César Augusto Asencio, "todavía no es un acta", dado que ha de ratificarla el comité ejecutivo.
En su línea habitual de considerar evidente aquello que no lo es, Camps ayer dio por buena el acta y añadió que "se está cumpliendo en todos sus extremos". Según el documento, cuya validez es nula porque no incluye la firma de Camps, Costa pidió en su intervención que se apoyara su gestión y se defendiera su honradez, antes de solicitar a la dirección nacional del PP que, si tiene alguna duda, le abra una investigación interna y, "en caso de que ésta se realice, se apartará de forma voluntaria y temporal del ejercicio de sus funciones de secretario general el tiempo que dure dicha investigación para garantizar la independencia de la misma".
Carlos Fabra, que ha salido en su defensa varias veces, ya que opina que ha pagado "la china" del caso Gürtel, adelantó que Costa "tiene que tomar algunas decisiones en función de conversaciones que tiene que tener dentro de unos días".
No precisó Fabra a qué se refería con esas conversaciones, pero la misma Cospedal se desmintió al confirmar que Costa ya ha remitido documentación al Comité de Derechos y Garantías del PP y advertir que el partido no dará publicidad a la fecha en que el organismo se reunirá para que comparezca. Cuando hace dos semanas se produjo el pulso por el cese de Ricardo Costa, Cospedal negó que éste pudiera condicionar su destitución a la apertura de una investigación por parte de la dirección nacional del partido. 
(www.elpais.com, 27/10/09)
MATO Y COSTA SE VEN EN MADRID PERO GÉNOVA NO LE CITA A DECLARAR 
Ricardo Costa logra ser protagonista incluso cuando no se lo propone. Después de la bomba que soltó con su comunicado hace dos semanas, en el que preguntó en público por qué se le quería destituir, si él siempre obedeció órdenes de Francisco Camps y Mariano Rajoy, ha guardado silencio e incluso ha evitado acudir al Parlamento autónomo. Pero ayer, según la versión oficial, se encontró en un hotel de Madrid con Ana Mato, vicesecretaria de organización. 
Costa acude todos los lunes a Madrid porque está haciendo un máster, y acudió a ese hotel poco después de concluir las clases. Mato tenía allí una comida. Ambos se cruzaron y aprovecharon la circunstancia, siempre según la versión oficial, para una charla amistosa de unos minutos. 
Obviamente, aunque no era una reunión formal entre un secretario regional destituido y su jefa en la dirección nacional, se habló del asunto que ocupa al PP en las últimas dos semanas y tiene como protagonista a Costa. 
Fue una conversación relajada, con muchas bromas, según algunos dirigentes que supieron de ella. Costa explicó a Mato que ya ha enviado a la dirección nacional todos los papeles sobre su declaración de la renta, sus créditos o la forma en que compró su coche. Y aún está esperando que el Comité de Derechos y Garantías le reciba. Costa insiste en que, según pudieron comprobar más de 90 miembros del Comité Ejecutivo regional y quedó reflejado en el acta de la reunión, él sigue siendo secretario general y ha suspendido temporalmente sus funciones mientras la dirección nacional le investiga. 
Mato le explicó que, para la dirección nacional, suspender en sus funciones es lo mismo que dejar de ser secretario general. Hubo bromas con la interpretación semántica de todo el embrollo. Costa defendió su honorabilidad, su confianza en que la documentación que ha enviado resuelva todas las dudas, si las hubiera, de la dirección nacional, y la situación se pueda reorientar con el tiempo para que él pueda volver a la primera fila. Mato, que, como Javier Arenas, tiene una posición más suave en este asunto que la de Dolores de Cospedal, no descartó nada si al final el caso Gürtel queda judicialmente en nada. 
(www.elpais.com, 27/10/09)
RUS ADMITE 303.000 EUROS DE GASTOS EN LA VISITA DEL PAPA Y NO ENCUENTRA LAS ACTAS DE LA FUNDACIÓN  
Más de tres años después del evento sigue vivo el influjo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, al menos por lo que respecta al rastro contable que dejó y la caja que hizo la red Gürtel a cuenta de la sonorización e instalación de pantallas, adjudicadas por RTVV a una constructora relacionada con la trama.  
Tras destaparse que las empresas del conglomerado que dirigía Francisco Correa cobraron presuntamente una comisión de un millón de euros de una de las contratistas y que de la caja B del piso de la calle Serrano -sede principal de la red en Madrid- salieron al menos 10.000 euros en negro para "gastos de producción", los socialistas pidieron en la Diputación de Valencia información sobre los gastos ocasionados por aquella visita, así como las actas de las reuniones del patronato de la fundación V Encuentro Mundial de las Familias, entidad constituida por la corporación provincial, la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y Arzobispado. En respuesta al portavoz socialista, Rafael Rubio, la corporación que preside Alfonso Rus detalla las aportaciones al acontecimiento religioso y social, que en total se cifran en 303.000 euros.  
Respecto a las actas, la respuesta, que firma el vicepresidente primero, Juan José Medina, es chocante: "En este momento estamos recopilando las actas de las reuniones de la Fundación a las que asistieron representantes de esta diputación para poder remitirlas a su grupo lo antes posible para que tengan constancia de ello". Se han detallado todas las partidas y aportaciones que se hicieron desde la corporación entonces presidida por Fernando Giner para costear la visita del Papa, pero no se han podido facilitar las actas en los cuatro días discurridos entre la pregunta formulada desde la oposición y la respuesta de Medina.  
Fuentes próximas a Rus admitieron que el problema reside en que no se encuentran las actas de las reuniones de la fundación presidida por el cardenal Agustín García-Gasco y en la que el representante de la corporación era el propio Fernando Giner. 
Desde el actual gobierno de Rus se explica que las 70.000 sillas que se adquirieron para la multitudinaria Eucaristía celebrada en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias costaron 210.000 euros. El contrato se adjudicó, tras declararse desierto un concurso previo, por procedimiento negociado sin publicidad -a dedo- el 4 de mayo de 2006. La segunda aportación más cuantiosa fueron los 46.000 euros pagados al escultor Nassio Bayarri para realizar un "busto grande de Su Santidad Benedicto XVI en bronce patinado, más una copia". Una de las esculturas fue regalada al Sumo Pontífice y la otra se quedó en la propia diputación. 
(www.levante-emv.com, 27/10/09) 
JUAN COSTA INSTA AL PP A "DAR LA CARA" POR GÜRTEL 
Juan Costa, ex ministro, diputado nacional por el PP y hermano del defenestrado número dos de los populares valencianos Ricardo Costa, apeló ayer a su partido a "dar la cara" y ofrecer explicaciones sobre la relación que mantuvo durante 15 años con las empresas relacionadas en el sumario del caso Gürtel sobre supuesta financiación irregular del partido. "Si durante 15 años nuestro partido ha trabajado con empresas que forman parte de una trama supuestamente corrupta", dijo Costa en Telecinco, "creo que es necesario hacer esa reflexión, preguntarnos qué ha fallado, probablemente algo no se ha hecho correctamente, dar esa explicación a los ciudadanos". "En política hay que dar la cara", redondeó Costa, quien renunció a un cargo ejecutivo en una multinacional de auditoría para dirigir la última campaña electoral de Mariano Rajoy. 
Costa admitió que no le resulta "especialmente fácil" comentar la situación de su hermano, pero apuntó que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, manifestó ante el Comité Ejecutivo Regional del PP el 13 de octubre que "no tenía ninguna duda sobre la honradez, sobre la capacidad y la gestión política" de Ricardo Costa.
Las palabras de Juan Costa no tuvieron réplica desde las filas de la organización nacional del PP, mientras que la autónomica se aferró a las adjudicaciones de obra pública que ha recibido la constructora leonesa Teconsa desde el Gobierno central para lanzar insidias contra los socialistas sin prueba alguna. Teconsa es una de las empresas relacionadas en el informe policial de la brigada contra el blanqueo de dinero como adjudicataria por 6,5 millones de euros del montaje de los equipos de sonido para la visita del Papa a Valencia. Teconsa subcontrató la sonorización y pagó la mitad de lo que había recibido de Canal 9, titular en exclusiva de los derechos de transmisión de los actos que protagonizó Benedicto XVI.
(www.elpais.com, 27/10/09)
LA DIPUTACIÓN COMPRÓ 70.000 SILLAS POR 210.000 EUROS PARA VER AL PAPA 
La contribución de la Diputación de Valencia a la fundación que organizó el V Encuentro Mundial de la Familia en julio de 2006 fueron 70.000 sillas, un busto del Papa en bronce, dípticos y DVD sobre la visita papal. En total, unos 300.000 euros. La corporación, en respuesta a una pregunta del portavoz socialista, Rafael Rubio, reconoce que gastó 210.000 euros en la compra de los asientos, a los que se añaden otros 4.814 euros por la termoimpresión del logotipo del encuentro en los respaldos. La Diputación cargó además con otros 18.000 euros que costó el transporte de las sillas. 
Para la contratación de sillas se convocó concurso, pero tras quedar desierto, la sociedad SP Berner Plastic Group se adjudicó el contrato por un procedimiento negociado sin publicidad. Según consultó ayer este diario en una empresa del sector, si hubiera optado por alquilar sillas de resina similares a las del V Encuentro, le habrían costado 0,50 euros por unidad frente a los 3 que pagó la corporación, entonces presidida por el popular Fernando Giner. En ese caso, las 70.000 sillas, hubieran costado 35.000 euros. 
La lista de gastos es más amplia. En 2004 la Diputación aportó otros 10.000 euros tras incorporarse a la fundación encargada de la organización de la visita del Papa. Un año después libró una subvención de 10.000 euros para la confección de 100.000 dípticos y 100.000 folletos informativos en cinco idiomas. En diciembre de 2005 y con cargo a los presupuestos del año siguiente, la institución consignó una segunda ayuda por 9.438 euros, que la fundación empleó en carteles y dossiers. 
Por último, también por un procedimiento negociado sin publicidad, el artista Nassio Bayarri consiguió otra contrata para realizar un busto en bronce de Benedicto XVI, una pieza de 100 kilos de peso que costó 45.000 euros a las arcas públicas. 
Además de las aportaciones dinerarias, Rubio ha pedido las actas de las reuniones de la fundación en las que participó la Diputación. "Estamos recopilándolas para remitírselas lo antes posible", le contestan. 
Por otra parte, la vertiente judicial del caso Gürtel sitúa a Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior valenciano, en primer plano. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le ha pedido explicaciones de por qué no se abstuvo en el caso que implicaba al presidente Camps, quien dijo de él que era su "más que amigo". Que De la Rúa, que opta a la reelección, acudiera a un acto electoral del PP ha sido clave para que la queja que presentó contra él un abogado no se archivara y la inspección técnica avance en la investigación, que podrá ser archivada o convertirse en expediente disciplinario. Respecto a la denuncia por supuesta prevaricación formulada contra De la Rúa por Iniciativa del Poble Valencià (IPV), será el teniente fiscal del Tribunal Supremo quien resuelva el asunto. 
Mientras los hechos se suceden a diario, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, mantiene una agenda oficial de perfil bajo y lo más alejada del escándalo que le rodea. Ayer estuvo, junto a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la inauguración de un centro de educación especial en la capital. 
(www.elpais.com, 27/10/09)
JUAN COSTA: ´EL PP DEBE DAR LA CARA Y EXPLICAR GÜRTEL´ 
El diputado del PP Juan Costa ha dicho hoy que su partido debe "dar la cara" y ofrecer una explicación pública sobre la relación que mantuvo durante 15 años con las empresas del caso "Gürtel" y ha pedido que si existen responsabilidades de carácter político o legal en el PP, "se asuman".
"Si durante 15 años nuestro partido ha trabajado con empresas que forman parte de una trama presuntamente corrupta, creo que es necesario hacer esa reflexión, preguntarnos qué ha fallado, probablemente algo que no se ha hecho correctamente, darle esa explicación a los ciudadanos", ha manifestado el hermano del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa.
En declaraciones a Telecinco recogidas por EFE, Costa ha insistido en que, "lo primero que debe haber es una reflexión y una explicación" porque "en política hay que dar la cara" y "preguntarse cómo puede haber ocurrido esto a lo largo de ese periodo de tiempo".

Preguntado por la información que hoy publica el diario "El Mundo" que afirma que su hermano Ricardo sigue siendo secretario general del PPCV, Juan Costa ha respondido que lo que él sabe es lo que ocurrió en la reunión del Comité Ejecutivo Regional del PPCV en la que "se respaldó su gestión".
Ha recordado que el president Francisco Camps, dijo allí que "no tenía ninguna duda de la honradez y la capacidad política" de Ricardo Costa y que lo que éste planteó fue que "se abstendría de ejercer sus funciones" como secretario general.
Juan Costa ha reconocido que no le resulta "especialmente fácil" hablar en un medio de comunicación sobre el secretario general de un partido que es su hermano, pero ha añadido que tiene "todo el interés en que esto se resuelva", en que "si existen responsabilidades de carácter político o legal" en el PP "se asuman" y en que el partido "dé una explicación pública".
Ha manifestado que su hermano "está bien" y ha recalcado que "lleva veinte años trabajando para el partido y, siempre, lo más importante ha sido poner su vida al frente del servicio público".
Costa se ha referido también a la polémica por la elección del presidente de Caja Madrid y, tras recordar que son los órganos de la entidad financiera quienes deben tomar la decisión y afirmar que no le "consta" quiénes son los candidatos, ha señalado que "sería un lujo" para la entidad financiera que fuera Rodrigo Rato.
Ha argumentado que, tanto como vicepresidente del Gobierno como director del Fondo Monetario Internacional o en el ámbito privado, Rato ha demostrado que es una persona "con una extraordinaria capacidad".
Preguntado por un posible veto del Gobierno a la candidatura de Rato, Costa se ha mostrado "seguro" de que "cuando se está hablando del cuarto banco del país "no se toman decisiones caprichosas" ni nadie "puede vetar" a una persona que tiene un currículum tan acreditado. 
(www.levante-emv.com, 26/10/09) 
LOS TRES BARONES DEL PP PROCLAMAN AHORA QUE ´APOYARÁN SIEMPRE´ A CAMPS  
Los tres líderes provinciales del PP de la Comunitat Valenciana -y presidentes de sus respectivas diputaciones- emitieron al mediodía de ayer un breve comunicado conjunto en el que, básicamente, mostraba su "total apoyo" al presidente de la Generalitat, Francisco Camps: "Los tres presidentes manifiestan que apoyarán siempre todas aquellas actuaciones que, tanto a nivel de partido como de gobierno, realice el presidente en cualquier momento".

El mensaje, enviado desde la sede de la dirección regional de la calle Quart, era la respuesta a las "interpretaciones aparecidas en los medios de comunicación -Levante-EMV entre ellos- tras la reunión de los tres presidentes esta semana".

Lo cierto es que la reacción de Carlos Fabra, Alfonso Rus y José Joaquín Ripoll -líderes del PP en Castelló, Valencia y Alicante, respectivamente- se produce varios días después del encuentro privado que mantuvieron sin la presencia del presidente Camps y con la intención, según señalaron algunas fuentes a este diario, de tomar las riendas del partido con el aliento de la dirección nacional de Mariano Rajoy. El objetivo: aclarar la línea a seguir por parte del partido ante la grave crisis generada por el caso Gürtel y pedir cambios ante la parálisis del Gobierno autonómico.

Acción-reacción del presidente

Y es que tanto el disgusto de Génova por la gestión de la salida de Ricardo Costa, como la impaciencia de unos líderes territoriales con quienes no se ha consultado ninguna decisión, ha animado a unos y otros a actuar para pedir contundencia al presidente y retomar la iniciativa política. Así, tras la reunión privada del jueves y los movimientos internos de las últimas semanas -Ripoll, último referente del zaplanismo, parece haber roto su aislamiento convirtiéndose en interlocutor de la dirección nacional; y, según algunas fuentes, Alfonso Rus llegó a ofrecerse a Génova como sustituto de Costa- el presidente Camps parece haber reaccionado. Así el gesto del viernes, cuando se plantó en Castelló para asistir a la reelección de Alberto Fabra como presidente local del PP con el fin de acallar las críticas. O el mismo comunicado de ayer, muy en la línea de las "salidas en tromba" organizadas durante las últimas semanas en apoyo de Camps o de Ricardo Costa, tras las revelaciones que iban apareciendo sobre el caso Gürtel. 
(www.levante-emv.com, 26/10/09) 
SEGÚN EL ACTA RICARDO COSTA ES AÚN EL SECRETARIO GENERAL 
No hubo cese, ni dimisión, ni, por supuesto, destitución. Ricardo Costa Climent sigue siendo el secretario general del PP de Valencia a todos los efectos, según refleja el acta del Comité Ejecutivo Regional que se celebró el pasado 13 de octubre.  
Ricardo Costa tomó la palabra y realizó una larga intervención en la que valoró su gestión, pidió disculpas por la imagen transmitida en las conversaciones grabadas por la Policía con Álvaro Pérez, El Bigotes, así como por haberse comprado un coche de lujo en plena crisis, pero, a la vez, defendió su honorabilidad y aportó las pruebas de que había pagado con su dinero el citado automóvil.  
Según el acta, al final de su intervención, el secretario general del PP valenciano «pide al presidente y al Comité, por tanto, que apoyen su gestión y defiendan su honradez.  
También pide que «traslade a la dirección nacional que, si tiene alguna duda sobre su gestión u honradez, que le realicen una investigación interna y que, en caso de que ésta se realice, se apartará de forma voluntaria y temporal del ejercicio de sus funciones de secretario general el tiempo que dure dicha investigación para garantizar la independencia de la misma».  
A continuación, según refleja el documento, tras Ricardo Costa tomó la palabra el presidente del partido, Francisco Camps: «En cuanto a la propuesta hecha por el secretario general, la acepta y destaca su honorabilidad y su gestión, y que no era necesario hacer nada, ya que todo está previsto en los estatutos».  
No hubo más intervenciones y la sesión se levantó sin que hubiera otra propuesta distinta a la del secretario general. De hecho, los aplausos taparon el final de la alocución de Camps y se abrieron las puertas de la sala para dar entrada a los periodistas con el objetivo de impedir un turno de palabra.  
El documento va firmado por el propio Costa y por el vicesecretario de Política Local, Cesar Augusto Asencio, quien, en estos momentos, ha asumido las funciones de secretario general.  
El PP aún no ha abierto ninguna investigación a Costa en relación al caso Gürtel. Es más, el Comité de Garantías del PP aún no le ha convocado formalmente.  
Costa remitió este fin de semana el acta de la reunión del máximo órgano del PP valenciano a la dirección nacional del PP (entre ellos a María Dolores de Cospedal, a Federico Trillo y al presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías, Alfonso Fernández Mañueco), así como copias de sus declaraciones de renta de los últimos años y documentos bancarios que incluyen sus cuentas y créditos.  
Según fuentes de la dirección del PP, Fernández Mañueco ya ha mantenido alguna conversación con Costa y piensa convocarle en breve.  
Como se recordará, la dirección nacional exigió a Camps que tomara medidas tras la publicación del informe policial en el que se hacía referencia a una posible financiación irregular del PP.  
Forzado por Rajoy, Camps ofreció a Costa, el pasado 9 de octubre, que presentara su dimisión como secretario general, aunque de forma temporal (le habló de tres meses), hasta que se aclarase la situación. Él se negó a dimitir y la dirección nacional del PP obligó a Camps a convocar una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Regional que debía tener como único objetivo la destitución del secretario general.  
Antes de dicha reunión, según diversas fuentes, Camps y Costa pactaron una salida que consistía en que el secretario general presentaría una oferta de renuncia temporal a su cargo siempre y cuando la dirección nacional le abriera una investigación interna. El acta es fiel reflejo de ese pacto. Camps posiblemente pensó que esa solución sería suficiente para Génova. Sin embargo, la dirección del partido consideró que, tras la reunión del Comité Ejecutivo, Costa quedaba relegado de todas sus funciones, tanto en el partido como en el Grupo Parlamentario, donde ocupaba la portavocía.  
A pesar de la confusión creada, Costa fue destituido de su cargo como portavoz (lo que sí puede hacer el Grupo Parlamentario). Sin embargo, según los estatutos, sigue siendo secretario general del partido, ya que el único órgano que puede destituirle es el Comité Regional. Los barones del PP valenciano, Joaquín Ripoll (Alicante), Alfonso Rus (Valencia) y Carlos Fabra (Castellón), reunidos el jueves, han solicitado a Camps, entre otras cosas, la reunión de un Comité Ejecutivo para nombrar a un nuevo secretario general.  
Camps parece estar obligado a pactar. Mientras, en paralelo, la dirección nacional del PP tiene sobre la mesa la difícil papeleta de qué hacer con Ricardo Costa, que no está imputado en el Caso Gürtel y cuya relación con El Bigotes era similar a la que mantenían otros dirigentes del partido que, no obstante, siguen conservando sus cargos.  
De hecho, el modo en que se produjo la salida de Costa, los sustitutos elegidos por Camps y la permanencia en el cargo del vicepresidente primero, Vicente Rambla, a quien el informe apunta como el contacto de Álvaro Perez en el Consell, han abierto una brecha en el PP valenciano. Camps autogestionó la renuncia de su secretario general y pactó incluso con Fabra para evitar una revuelta en el Comité Ejecutivo. Al día siguiente, se presentó por sorpresa en las Cortes Valencianas y anunció a Costa que dejaba el cargo. Sin más consultas, lo comunicó al Grupo y ungió a su sucesor. Respecto al partido, la operación fue simétrica y al mismo tiempo. A espaldas de los presidentes provinciales se hizo público que Asencio sustituía a Costa en virtud de un acuerdo inexistente del Comité Regional y con una vaga alusión a los estatutos del partido. 
(www.elmundo.es, 26/10/09)
LA RAPIÑA VALENCIANA DE LA TRAMA
La investigación del 'caso Gürtel' apunta a la existencia de contratos ventajistas, comisiones ilegales, financiación irregular del PP y tráfico de influencias
Lo que hasta ahora se ha hecho público del sumario (quedan miles de folios bajo secreto sumarial) sobre el denominado caso Gürtel, la trama de corrupción que afecta al PP y a varias administraciones gobernadas por ese partido, es sólo una parte de una investigación con muchas más derivaciones. Uno de los volúmenes más llamativos de ese iceberg judicial de supuesta corrupción corresponde a la parte valenciana de la trama. Una parte que hasta ahora apunta, con el partido que lidera Francisco Camps y el Consell que preside en su epicentro, a la existencia de contratos y adjudicaciones obtenidos de manera ventajista; el cobro de comisiones ilegales, al menos en un gran evento como fue la visita del Papa a Valencia en julio de 2006; la financiación irregular del PP; intentos de soborno generalizados, mediante regalos a altos cargos, y maniobras en busca de negocio urbanístico a través del tráfico de influencias.
Lo que se ha hecho público sobre la red de corrupción es sólo una parte del iceberg
El informe policial que detecta indicios de financiación irregular del PP, con la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, actualmente en prisión, como intermediaria, y que destapa también el supuesto cobro de comisiones ilegales por más de un millón de euros, aprovechando la contratación en exclusiva de Ràdio Televisió Valenciana para la retransmisión de los actos de la visita del Papa, han confirmado algunas de las sospechas que las conversaciones telefónicas grabadas con autorización del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, impulsor inicial de la investigación, ya apuntaban.
De momento, la rapiña valenciana de la trama Gürtel le ha costado el cargo al secretario regional del PP, Ricardo Costa, en buena medida a causa de la estrecha relación que algunas de las grabaciones revelan con Álvaro Pérez, gerente de la empresa Orange Market, la terminal de trama en Valencia que ha organizado la mayoría de actos de los populares en los últimos años. El impacto sobre la opinión pública de esas grabaciones, sin embargo, no tiene sólo a Costa como protagonista. El mismo presidente de la Generalitat aparece en ellas como alguien que mantenía una amistad muy estrecha con Álvaro Pérez y, por otra parte, dirigentes del PP como el vicesecretario de Organización, David Serra, protagonizan algunas conversaciones que constan en el sumario en las que la fluida conversación con el jefe de la trama en Valencia alude de manera reiterada a figuras como el vicepresidente del Consell Vicente Rambla.
CORRUPCIÓN: LA PARTE VALENCIANA DEL ICEBERG
El 'caso Gürtel' revela indicios de comisiones ilegales, financiación irregular, soborno y tráfico de influencias
La revelación, en un informe policial, de que la denominada trama Gürtel, la red de corrupción que afecta al PP y a varias administraciones gobernadas por ese partido, cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales por los actos de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, confirma la presencia de maniobras corruptas en los "grandes eventos" que han caracterizado la política del Consell presidido por Francisco Camps. Es la punta de un iceberg, del que se ha visto hasta ahora sólo una parte, ya que en el Tribunal Superior de Madrid aún hay miles de folios del sumario sobre los que el juez no ha levantado el secreto. La punta de la parte valenciana del iceberg, a su vez, sólo es un fragmento de un conjunto con ramificaciones geográficas y delictivas cada vez más amplias relacionadas con el tráfico de influencias, el soborno, la financiación irregular y el cobro de comisiones.
Canal 9 logró la señal del Papa, de donde sacó provecho la trama corrupta

Las cuentas de la trama registran pagos A y B de un congreso del PP

El Consell auspició la entrada de Ulibarri en el negocio de la TDT

Lo del Papa es muy sintomático porque había muchas sospechas de irregularidades. De una parte, por la cerrada negativa de la Generalitat a hacer públicas las cuentas de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, que este periódico publicó finalmente hace unos días para desvelar que esconden la mayoría del coste de la visita papal, más de 12 millones de euros, bajo el epígrafe genérico de "otros gastos". De otra parte, por la desmesura de todo cuanto rodeó el acontecimiento.
En los tiempos de la visita del Papa, precisamente, el empresario leonés José Luis Ulibarri, imputado en la causa por sus relaciones con la trama, se jactó ante numerosos testigos de haber instalado la mitad de los miles de urinarios que llenaron las calles de Valencia y que quedaron sin usar, en su mayoría, dado que las expectativas de asistencia que tenía la organización no se confirmaron.
Representantes de la Moncloa en los contactos con la Generalitat y con la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia todavía recuerdan la sensación de que había dinero de sobra y una resistencia numantina de la parte valenciana a colaborar con el Gobierno. "Aseguraban que no se trataba de la visita de un jefe de Estado sino de una visita pastoral", recuerda una de las personas de la delegación de Presidencia del Gobierno que, encabezada por el secretario general Nicolás Martínez Fresno, acudió en abril a Valencia a coordinar el protocolo y la seguridad de los actos y que todavía evoca con asombro cómo el entonces consejero de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, levantó la reunión bilateral porque el Gobierno pretendía "capitalizar la visita". Cuestiones de seguridad y protocolo aparte, el Consell se negó a que Televisión Española tuviera nada que ver con la retransmisión de los actos y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia otorgó la señal en exclusiva a Canal 9, de donde acabó sacando provecho la trama corrupta.
Lo hizo mediante un procedimiento que aún no se había acreditado, por lo que se refiere a Valencia, en el modus operandi de la red que dirigía Francisco Correa, en prisión por el caso. Hasta ese momento se conocían adjudicaciones a Orange Market, la terminal valenciana dirigida por Álvaro Pérez, íntimo amigo de Camps, o a otras empresas de la trama, pero todavía no había surgido un ejemplo de la utilización de empresas tapadera para hacerse con adjudicaciones. Teconsa, una constructora que aparece varias veces en las pesquisas sobre la red de corrupción, recibió de RTVV el encargo de sonorizar los actos del Papa en Valencia por 6,4 millones de euros, casi el doble de lo que realmente la trama pagó a las empresas que efectivamente ejecutaron ese trabajo. Por el camino, Teconsa se quedó 200.000 euros y la red Gürtel, más de un millón. Otros 900.000 euros no se sabe todavía a manos de quién fueron a parar.
Por lo que se refiere a adjudicaciones y contratos, por tanto, lo que se conoce hasta ahora de la parte valenciana de la trama es lo siguiente:
Orange Market ha obtenido al menos 45 adjudicaciones de la Generalitat por las que ha facturado 7,1 millones de euros. Se incluyen los contratos del pabellón valenciano en la feria turística Fitur, correspondientes a cinco ejercicios, y contratos relacionados con grandes eventos como la Volvo Ocean Race o la Copa del America. En muchas de las adjudicaciones se habían troceado los contratos para evitar el concurso.
Otras cinco empresas de la trama han contratado con el Gobierno de Camps, dado que ellas mismas declararon a Hacienda 300.000 euros de facturación. Se trata de Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Good and Better y TCM. El juez ya ha reclamado al Consell "los expedientes completos de contratación, facturas o cualquier tipo de contrato" con empresas de la red.
De lo vinculada que estaba Orange Market a la red corrupta da idea el hecho de que la contabilidad guardada en una unidad de memoria requisada al contable de la trama, José Luis Izquierdo, el "puto pen-drive" al que aludía Correa en una conversación, figuran abundantes entradas de dinero efectuadas desde Valencia y también pagos de asignaciones mensuales a Álvaro Pérez (su "sueldo", que incluía pagas extraordinarias, era de 6.000 euros), así como de otras cantidades a su madre y su hermana. En esa misma contabilidad hay un apartado dedicado al "Congreso Regional de la Comunidad Valenciana" celebrado por el PP en 2002, cuando Francisco Camps era secretario general.
Cobros A y cobros B del PP valenciano se reseñan en la contabilidad sobre ese congreso de 2002. De un coste del congreso de 240.582 euros, se facturaron 90.151 euros en A y 150.421 euros en "cobros B". En la documentación figuran diversos pagos del PP a Orange Market en dinero negro.
Dado que Orange Market obtenía contratos de las administraciones públicas y trabajaba en la organización de actos para el PP, la sombra de la financiación irregular planeaba desde el principio sobre el asunto. Una sospecha de la que la policía halló pruebas.
Cinco constructoras financiaron al PP valenciano a través de la trama de corrupción, según un informe de la Brigada Policial de Blanqueo. Las empresas se hacían cargo de facturas que Orange Market giraba por actos de los populares valencianos. Se trata de empresas tan conocidas como las castellonenses Lubasa y Facsa, la alicantina Ortiz e Hijos y la valenciana Sedesa, de la familia del vicepresidente del Consell Juan Cotino, así como de la concesionaria castellonense Piaf. Entre 2005 y 2008, esas empresas lograron contratos de la Generalitat por más de 800 millones de euros.
La querella contra Camps por financiación irregular anunciada por el líder del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, se basa, precisamente, en estas evidencias recogidas en el sumario del caso Gürtel.
Unas evidencias que podrían arrojar luz sobre el episodio más conocido de todo el escándalo de corrupción, el de los regalos a altos cargos, pero que no se incorporaron a la actuación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana porque, cuando llegaron al Palacio de Justicia de la Glorieta de Valencia, el último día del pasado julio, la Sala de lo Civil y Penal estaba dando carpetazo a la instrucción por cohecho pasivo impropio abierta a Camps y otros tres cargos del PP.
Los trajes regalados a Francisco Camps, al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, que el TSJ no consideró suficientes para juzgarlos por cohecho, como había propuesto el juez instructor, José Flors, costaron, según las cuentas de Orange Market, casi 12.000 euros en el caso de Camps, 7.325 en el de Costa, 4.850 en el de Víctor Campos, 9.950 en el de Betoret, y 6.835 en el de Pedro García, director general de RTVV cuando se otorgó el contrato que la red corrupta usó para obtener sustanciosas ganancias.
Hubo otros regalos, de acuerdo con la documentación recogida en el sumario. Unos figuran en la contabilidad, como prendas de ropa regaladas a consejeros y un bolso de Louis Vuitton a Rita Barberá. De las conversaciones grabadas se deduce que la trama hizo gestiones para que Ricardo Costa, que recibió un caro reloj del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, se comprara un coche.
La conexión de Rita Barberá con el escándalo tiene otros dos frentes: la Federación Española de Muncipios y Provincias (FEMP) y las concensiones a Ulibarri.
La trama obtuvo contratos de la FEMP, cuando Barberá era presidenta. El juez Antonio Pedreira, del TSJ de Madrid, investiga, concretamente, un millón de euros contratados con empresas de la trama. Una parte importante se refiere a la celebración de la asamblea general del organismo en 2003.
Los contratos de Ulibarri con administraciones valencianas del PP son numerosos. Uno de ellos afecta a Barberá porque se trata de la gestión de la televisión municipal de Valencia.
En relación con el negocio televisivo, una de las ramas de las que se sabe poco, de momento, es la concesión de frecuencias de televisión digital terrestre (TDT).
Ulibarri consiguió 13 emisoras de TDT al hacerse con el control accionarial de Mediamed, la compañía que promovieron varios empresarios valencianos cuando se planteó el concurso en 2005. La entrada de Ulibarri en Mediamed, auspiciada por la Generalitat junto a la del empresario Andrés Selma, vino acompañada por la presencia en el proceso de Alberto Dorrego, letrado del Congreso que ha tenido que dejar su puesto, dueño del bufete Eius, para el que trabaja el ex ministro y ex diputado José María Michavila, y asesor del Consell precisamente en la redacción del concurso que adjudicó 42 emisoras de TDT.
El nombre de Ulibarri remite también a negocios urbanísticos, ampliamente citados en el sumario en relación con el municipio de La Nucia.
El urbanismo en La Nucia, cuyo alcalde es Bernabé Cano, del PP, fue objeto de deseo por parte de Correa. Las declaraciones del también imputado Jacobo Gordon, ex socio y vecino de pupitre de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, revelan que Correa intentó con Ulibarri un negocio en un plan urbanístico que acabó cerrando con constructores próximos al alcalde. La Nucia, que en el sumario es epicentro de unas grabaciones sobre orgías sexuales apartadas de la documentación por el juez, puede ser sólo la punta de la vertiente especulativa de la trama. Jacobo Gordon confesó al juez Garzón, que abrió el caso desde la Audiencia Nacional: "Estudiábamos casi 400 terrenos al año para elegir en cuáles invertir".
RAMIFICACIONES DEL 'CASO GÜRTEL'
- Contratos con Orange Market. La Generalitat hizo 45 adjudicaciones con la empresa valenciana de la trama corrupta por un total de 7,1 millones de euros. Entre los contratos están los cinco pabellones para la feria turística Fitur entre 2005 y 2009 por 5,5 millones de euros, y la fiesta inaugural de la Volvo Ocean Race en Alicante por 445.000 euros. La empresa de Álvaro Pérez, que organizó actos y campañas del PP valenciano, con irregularidades en la facturación denunciadas por la Sindicatura de Comptes, contrató al menos con cinco consejerías del gobierno de Camps y con fundaciones como La Luz de las Imágenes, Agua y Progreso o Castelló Cultural. También lo hizo con la Feria de Valencia, que se ha negado a ofrecer datos de esa relación mercantil.
- Contratos con otras empresas de la trama. El juez investiga contratos de la Generalitat con, al menos, otras cinco empresas de la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa: Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Good and Better y TCM. Ha pedido información sobre esas contrataciones al Consell.
- Comisiones ilegales por la visita del Papa. A través de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, en la que participaban la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación, así como el arzobispado de Valencia, y de Ràdio Televisió Valenciana, la trama obtuvo sustanciosas comisiones ilegales. La fundación concedió a Canal 9 los derechos exclusivos de retransmisión de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. La cadena pública contrató por 6,4 millones con la constructora Teconsa la sonorización de los actos. En realidad, Teconsa, que recibió por ello 200.000 euros, hizo de pantalla para que la trama se embolsara más de un millón de euros. El coste del servicio que pagó RTVV fue casi el doble de lo que cobraron realmente las empresas que ejecutaron la sonorización.
- Financiación irregular del PP. La policía ha detectado que cinco constructoras valencianas han financiado supuestamente al PP a través de Orange Market. Son Lubasa, Facsa, Sedesa, Ortiz e Hijos y Piaf. En la contabilidad de la red figuran cobros en A y en B del congreso regional del PP de 2002. El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha anunciado una querella contra Camps por financiación ilegal del PP.
- Regalos a altos cargos. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario general del PP valenciano, ahora cesado, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret y el ex director general de RTVV Pedro García recibieron trajes que pagó la trama corrupta. La imputación de los cuatro primeros fue archivada por el TSJ y está recurrida ante el Supremo. La trama hizo regalos a decenas de altos cargos.
- Maniobras urbanísticas. La Nucia aparece en la investigación como centro de una serie de maniobras urbanísticas de la trama. También se ha revelado la relación del alcalde, Bernabé Cano, del PP, con Álvaro Pérez y otros miembros de la red.
www.elpais.es 25.10.09
GOLPE DE MANO DE LOS BARONES DEL PP VALENCIANO PARA CONTROLAR A CAMPS
Ripoll, Fabra y Rus le exigen cambios en la Generalitat y en la dirección del partido
Los tres presidentes provinciales del PP en la Comunidad Valenciana han decidido dar un golpe de mano para controlar al presidente de la Generalitat e imponer sus decisiones a Francisco Camps, paralizado desde hace meses por los escándalos del caso Gürtel. Carlos Fabra (Castellón), Alfonso Rus (Valencia) y José Joaquín Ripoll (Alicante) han esbozado ya la hoja de ruta para evitar que el presidente de la Generalitat arrastre a todo el PP valenciano a la situación de parálisis en la que se ha instalado. Una situación que, desde que se conoció su amistad con Álvaro Pérez, El Bigotes, se ha deteriorado progresivamente. Primero con el escándalo de los trajes pagados por la trama corrupta y ahora por la supuesta financiación irregular del PP y el sainete de la defenestración de Ricardo Costa.
El presidente no piensa cambiar a su equipo, según la consejera portavoz
Fabra, Rus y Ripoll se reunieron el pasado jueves en un campo de golf de Castellón, sin la presencia de Camps, y pusieron en común su malestar con la gestión realizada por el presidente valenciano. Los tres dirigentes exigen del jefe del Consell tres cosas: una remodelación de Gobierno; la convocatoria de un Comité Ejecutivo Regional para elegir un nuevo secretario general tras la defenestración de Ricardo Costa; y ser tenidos en cuenta en la elección de un nuevo portavoz parlamentario que rehaga la maltrecha moral de los diputados populares en las Cortes Valencianas.
La dirección nacional del PP, según fuentes del partido, fue consultada antes de la iniciativa. A Francisco Camps se la comunicaron.
Las presiones de los presidentes provinciales -que desde hace meses mantienen conversaciones telefónicas para analizar la situación- obligó a Camps el pasado martes a pedir a sus vicepresidentes Vicente Rambla -también salpicado por el escándalo- y Gerardo Camps que adquiriesen más protagonismo en la estrategia de defensa del caso Gürtel.
Fuentes del PP aseguraron que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, almorzó esta misma semana con Camps para trasladarle el malestar del partido por cómo se había deteriorado la situación. La reacción de éste el pasado jueves en la sesión de control de las Cortes valencianas, donde se tomó a burla el caso Gürtel, lejos de tranquilizar a Barberá aumentó su inquietud, según las mismas fuentes.
Los tres presidentes provinciales del PP quieren sumar ahora a su hoja de ruta a Barberá; al alcalde de Castellón, Alberto Fabra; y a la primera edil de Alicante, Sonia Castedo.
La alcaldesa de Valencia es vista por la mayoría de los cargos del PP como la alternativa más sólida a Camps; aunque Alberto Fabra, también diputado autonómico, es otra de las figuras ascendentes. Tanto los tres presidentes provinciales, como Barberá consideran que Francisco Camps aún está a tiempo de reaccionar y de retomar la iniciativa para enderezar la deteriorada situación.
Ripoll reconoció ayer que la reunión con sus homólogos de Valencia y Castellón fue "en el ámbito privado" y que los tres están de acuerdo en "arrimar el hombro para salir cuanto antes de la situación de impasse, que es mala para el partido".
La portavoz del Gobierno valenciano y consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, aseguró que la reunión de los tres presidentes provinciales forma parte de "la más absoluta normalidad de trabajo dentro de cualquier partido". Fabra, Rus y Ripoll no se habían reunido desde hacía años al margen de Camps, y los tres mantenían hasta ahora diferencias irreconciliables entre ellos.
Sánchez de León aseguró que la posición del presidente de la Generalitat, que ha sido "muy claro y contundente", es la de no modificar su Gobierno.
En el seno del PP no ocultan su preocupación por la decisión de Camps de ignorar la gravedad del caso Gürtel y aguantar contra viento y marea y han empezado a consultar el calendario. Los cargos populares temen que si Camps no reacciona a tiempo, y acaba por caer víctima de nuevos escándalos tras una prolongada agonía, el partido no tendrá tiempo para reaccionar y afrontar con garantía las próximas elecciones autonómicas previstas para dentro de año y medio.
www.elpais.es 24.10.09
CAMPS TENSA LA CUERDA CON GÉNOVA AL AFIRMAR QUE COSTA SIGUIÓ SUS ÓRDENES Y LAS DE RAJOY 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tensó ayer de nuevo la cuerda con la dirección nacional de su partido al asegurar que el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, actuó "bajo las directrices del PP de España y de la Comunitat". En su comparecencia en la sesión de control de las Corts -a la que no acudía desde hace cuatro meses-, Camps hizo una defensa cerrada del que era su mano derecha en el PP y mantuvo que había ejercido el cargo "con responsabilidad, legalidad, eficiencia y seriedad, como se está demostrando y se demostrará", apostilló, como si avalara su posible regreso a la primera línea. 
El pronunciamiento parece todo un desafío hacia Génova, que forzó el relevo de Costa como consecuencia del escándalo de las revelaciones del sumario del caso Gürtel que apuntan a una presunta financiación irregular del PP valenciano. La secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, justificó en su día el cese de Costa en su falta de ética e indicó que veía imposible su vuelta por haber ido en contra del partido al leer un comunicado en el que afirmaba haber seguido órdenes de Madrid, unas palabras que Camps hizo suyas en las Corts. Tan lejos como ayer Cospedal reiteró que las decisiones sobre Costa no tienen marcha atrás. 
"Si realmente el PP valenciano no tiene nada que esconder, ¿por qué han mandado a Costa a las mazmorras?", se preguntó después la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, poniendo el dedo en la llaga. El escaño número 98 del hemiciclo, que el PP ha asignado a Costa, seguía ayer vacío.

Camps, que dejó abiertos los interrogantes sobre la marcha de Costa, enfrentó un nuevo debate monográfico sobre el caso Gürtel mirando hacia otro lado y tratando de dar la vuelta a la tortilla: "No sigo muy de cerca esta cuestión", comenzó diciendo. "Esos pretendidos amigos-continuó- parece que son amigos de la Moncloa, hablan directamente con gente de la Moncloa y ésta les adjudica obras a lo largo de este año". La acusación al Gobierno central de haber concedido 45 millones de euros a la empresa Teconsa -que los vicepresidentes del Consell concretaron más tarde- fue la única bala que usó Camps en un debate a cara de perro en el que tuvo que escuchar incluso cómo el portavoz del PSPV, Ángel Luna, le acusaba de haber utilizado a su mujer en sus relaciones con los cabecillas de la trama.  
El presidente, que desde su escaño parecía acusar los golpes dialécticos de la oposición, se escudó en el sobreseimiento de la causa de los trajes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat y exigió a Luna que le pidiera perdón por las "infamias y los insultos" que, en su opinión, le profirió cuando el proceso estaba abierto. "Nadie puede decir en este mismo instante que ninguna adjudicación haya podido transgredir cualquier tipo de norma o de ley", aseguró, tras recordar que el TSJ-CV llamó a declarar a una treintena de altos cargos de la Generalitat. Sobre el partido, mantuvo que sus cuentas están financiadas "legal y regularmente" y que lo demostrará llevándolas a las Corts. "Paso a paso, proceso a proceso e instante a instante, he dicho la verdad y por eso los tribunales me han dado la razón", proclamó. 
Nada de esto sirvió para frenar las embestidas de la oposición, que insistió en que Camps debe dimitir. Luna mantuvo que el jefe del Consell es "el principal responsable" del escándalo porque mantenía "hilo directo con la trama", tal como, dijo, evidencian las conversaciones grabadas por la policía. Para Luna, el comportamiento de Camps ha generado una "fisura importante" en el PP. "Ha demostrado su talla de líder, ha hecho que todos sus compañeros fueran testigos mudos, y por lo tanto responsables involuntarios, de un asesinato político en primer grado y de la deslealtad cometida para salvar su cabeza, que no tiene salvación", espetó en alusión al sacrificio de Costa. 
También fue especialmente dura la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, quien acusó a Camps de hacer dos cosas que un político no se puede permitir: "Mentir y hacer el ridículo". 
Camps, que llegó a lamentar tener portavoces "tan maleducados", se mostró convencido de que el partido saldrá "más fuerte e ilusionado de esta crisis". 
(www.levante-emv.com, 23/10/09) 
CAMPS SE BURLA DEL 'CASO GÜRTEL' 
Francisco Camps se burló ayer ante el pleno de las Cortes valencianas del escándalo de financiación irregular que azota al PP de esa comunidad. El presidente de la Generalitat responsabilizó al Gobierno socialista del caso Gürtel. En la primera sesión de control celebrada en la Cámara autónoma desde junio, Camps ninguneó el escándalo: "Yo, que no sigo muy de cerca esta cuestión, le diré que esos pretendidos amigos [El Bigotes y sus socios] parece que son amigos de La Moncloa, que hablan directamente con gente de La Moncloa y que La Moncloa, además, les adjudica obras a lo largo de este año". 
El nuevo portavoz popular, Rafael Maluenda se estrenó en los pasillos de las Cortes calculando en 300 millones las adjudicaciones del Gobierno a empresas de la trama Gürtel, esencialmente a la constructora Teconsa, desde cinco ministerios. 
Ante el estupor de la Cámara, Camps interpretó que el auto de archivo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por el caso de los trajes que El Bigotes le proporcionó a él y a varios dirigentes del PP es una sentencia exculpatoria en firme. Con ese argumento, exigió disculpas a los socialistas e instó a su portavoz, Ángel Luna, a subir a la tribuna a excusarse. "Yo estoy en la política", le espetó Camps a Luna, "usted está fuera. Es impresionante que intente mantener el asiento que arrebató a su anterior secretario general a base de infamias e indignidad. Todavía no le he oído pedir perdón después de que el TSJCV archivara aquella infame acusación contra mí que se sobreseyó libremente. Y todavía no ha pedido perdón". 
Tanto el PSPV como Compromís exigieron, sin éxito, explicaciones por el caso Gürtel. En concreto, por el informe policial acerca de la supuesta financiación irregular del PP en la comunidad, por el negocio hecho por la trama corrupta con la organización del viaje del Papa a Valencia y por la defenestración del secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa. 
"Le ha endosado la responsabilidad a Costa", acusó a Camps el portavoz socialista. La bancada popular respondió con cara de funeral, hasta el punto de que varios diputados populares evitaron aplaudir las intervenciones de Camps. El presidente valenciano replicó: "Costa, efectivamente, ha actuado bajo las directrices del PP de España y de la Comunidad Valenciana; es decir, con responsabilidad y con legalidad". 
La incómoda situación orgánica de Costa, separado temporalmente pero no depuesto como secretario general del PP valenciano, sigue generando polémica en la organización nacional. Javier Arenas, vicesecretario general del partido, afirmó ayer que "no se descarta en absoluto que [Costa] vuelva a tener responsabilidades de dirección en el PP valenciano". María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, ofreció otra versión, algo críptica: "Un secretario general de un partido lo es hasta que deja de serlo. La ambición de Costa era lo que era, y como ya no es, no hay mucho más que decir". 
Durante el debate en las Cortes valencianas, Mónica Oltra, portavoz de Compromís, pidió a Francisco Camps: "Deje ya esa sonrisa de Tita Cervera. "Usted ha mentido al pleno de las Cortes y ha hecho el ridículo". Camps replicó: "Los socialistas dejaron el Gobierno por el caso GAL y, ahora, dejarán el Gobierno por el caso Gürtel". 
(www.elpais.com, 23/10/09) 
DOS MANERAS DE ENCARAR EL 'CASO GÜRTEL' 
FRANCISCO CAMPS  
- Ayer: "Yo, que no sigo muy de cerca el asunto le diré que esos pretendidos amigos [El Bigotes y sus socios] parece que son amigos de La Moncloa, que hablan directamente con gente de La Moncloa y que La Moncloa, además, les adjudica obras a lo largo de este año". Luego, añadió: "Circunstancial y casualmente, el PSOE dejará el Gobierno de España por dos 'G', por los GAL y por Gürtel".  
- Al habla con El Bigotes (24 de diciembre de 2008, 21.43). 
Álvaro Pérez, El Bigotes. Presidente. 
Camps. Feliz Navidad, amiguito del alma. 
Á. Oye... que te sigo queriendo mucho. 
C. Y yo también... tenía que haberte llamado, te quería haber llamado, para contarte todo (...). 
Á. Vale, me alegro, pero me han ido informando de todo. 
C. Ya, ya lo sé, pero sobre todo para decirte que te quiero un huevo. 
Á. Bueno, qué... contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale? 
C. Perdona, ¿durante muchos años? No, hijo de puta, durante toda tu vida. Ja, ja... 
RICARDO COSTA  
- Lo que dijo el día 13, antes de ser destituido como secretario general del PPCV. "Por las informaciones que conocemos, esta empresa [Orange Market] ha quebrado y defraudado la confianza del partido (...) Si alguno [colaborador suyo] hubiera cometido alguna irregularidad (...) asumiría plenamente la responsabilidad política de sus actuaciones (...) Las conversaciones aparecidas en medios de comunicación (...) pueden haber sido desafortunadas (...) quiero pedir públicamente disculpas (...) Me han avergonzado profundamente". 
- Al habla con El Bigotes (27 de diciembre de 2008) 
Álvaro Pérez. El martes he quedado para ir a su casa [de Camps] 
Ricardo Costa. Lo de este tema ya lo tienes claro, ¿no? (...) Yo como secretario general le puedo ser más útil si me pusiera en el Gobierno (...) Si me diese una labor un poco de coordinación política del partido del Gobierno podría arreglar mucho lo de Alicante. 
Á. P. Vale. 
R. C. Déjaselo caer, que lo tenga en la cabeza. 
(www.elpais.com, 23/10/09) 
'EL BIGOTES' IBA A HACER LA REFORMA DE LA FARMACIA DE LA MUJER DE CAMPS 
Al delfín de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, El Bigotes, se le quedó pequeña la organización de actos y contrataciones que le confiaban el PP autonómico y el Gobierno valenciano. Su obsesión por ser imprescindible le empujó a tejer vínculos personales que, incluso, le llevaron a hacerse cargo de la reforma que iba a ejecutar la mujer de Francisco Camps, Isabel Bas, en su céntrica farmacia de Valencia.  
Eso fue en noviembre del año pasado, cuando la Policía y el juez Baltasar Garzón estaban a punto de prender la dinamita que haría saltar por los aires el negocio de Correa. La obra prevista no se ejecutó porque Gürtel se la llevó por delante. El 6 de febrero, llegaron las detenciones del cerebro de la trama y de su número dos, Pablo Crespo, por lo que muchos proyectos se quedaron en la cuneta.  
La filial valenciana del entramado societario de Correa, Orange Market, tenía previsto correr con los gastos de la remodelación de la botica. Un lavado de cara -únicamente se trataba de pintar la fachada ante la imposibilidad de realizar una obra mayor-, cuyo diseño quedó presupuestado en 600 euros, según confirmaron fuentes de toda solvencia.  
El boceto lo realizó un proveedor de Orange Market después de que El Bigotes le llevara a la farmacia en varias ocasiones para explicarle los pormenores del trabajo que, según estas mismas fuentes, él mismo había ideado.  
Álvaro Pérez ultimaba los detalles para remodelar la pared de la «farma», como él mismo se refiere al negocio de la esposa de Camps en las conversaciones telefónicas incorporadas al sumario, y todas las directrices las consultaba con Bas. El empresario realizó el diseño y se lo entregó. No hablaron de un pago inmediato, pues lo cobraría a principios de año junto con los trabajos de mayor envergadura que Orange Market le adeudaba de otros servicios.  
La intención de El Bigotes con el negocio de la mujer de Camps se plasmó en otra de las grabaciones policiales interceptadas. Se trata de una conversación en la que Pérez comenta a Pablo Crespo los entresijos de la obra que nunca se hizo. «Pasaré por la oficina a las 4.30 o 5, que quiero contarte una cosa, que he ido a la farma, para ver si podían quedar con -el proveedor que realizó el boceto-, para enseñarle el diseño definitivo de la farma, y estando ahí ha pasado El Curita para ver a su chica, luego te cuento». 
El proveedor que Álvaro Pérez llevó a la farmacia es el propietario de la empresa a la que Orange Market subcontrató para diseñar el escaparate de Fitur en 2008 y 2009. También se había encargado del diseño de una muestra de productos de la Comunidad Valenciana en Dallas (EEUU) que Camps visitó a mediados de noviembre de 2008 en viaje oficial a Texas. Los investigadores no vinculan a esta empresa con la trama Gürtel más allá de la relación profesional.  
Fuentes de la Generalitat valenciana explicaron que la reforma de la fachada de la botica nunca se hizo porque el edificio estaba protegido. Según precisaron dichas fuentes, Isabel Bas es copropietaria del negocio farmacéutico desde que compró una parte al padre de su socia antes de que éste se retirara. 
(www.elmundo.es, 23/10/09)  
ARENAS Y COSPEDAL DISCREPAN SOBRE EL FUTURO EN EL PP DE RICARDO COSTA 
Cumplida una semana del tumultuoso cese de Ricardo Costa al frente de la secretaría general del PP de Valencia, Génova volvía ayer a dar espectáculo político. Dos de sus dirigentes, Mª Dolores de Cospedal y Javier Arenas, protagonizaron un desencuentro a cuenta del expulsado número dos de Camps.  
Arenas tiró la primera piedra al declarar que la salida de Costa no es irreversible. «No se descarta en absoluto que vuelva a tener responsabilidades de dirección», afirmó en la Cope, y aún añadió que el PP «no ha puesto en cuestión» la honorabilidad del cesado ex dirigente del PP.  
Pero Cospedal no tardó en replicarle: «Un secretario general de un partido lo es hasta que deja de serlo». Y ante los empresarios que la escuchaban en la Cámara de Comercio Americana en Madrid, Cospedal añadió: «Un secretario general de un partido se tiene que someter a la disciplina de su partido, igual que los señores que están aquí se someterán a la jerarquía de su empresa». «La función del señor Costa era la que era y, como ya no lo es, no hay mucho más que decir», sentenció, antes de concluir, por si alguien aguarda acciones contra Camps, que, respecto al caso Gürtel, «las decisiones que había que tomar ya se han tomado».  
Se trataba del último choque de trenes entre Arenas y Cospedal. Ambos son los pesos pesados de la dirección nacional del PP. Ambos, a la vez, son el yin y el yan del equipo de Rajoy. Y es que su rivalidad -hasta ahora soterrada- amenaza con superar a la proverbial y vieja guerra política y personal entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón.  
Ella, la secretaria general, número dos de Rajoy y máximo exponente del ala renovadora del partido; él, vicesecretario autonómico, candidato popular a la Junta de Andalucía, alter ego, sin número, del mismo Rajoy, y máximo exponente de la estrategia de resistencia de los cargos del partido frente al acoso socialista.  
Así, casi una semana después de que la secretaria general liderara el golpe de mano de la dirección contra Ricardo Costa y que diera por irreversible su destitución, el vicesecretario autonómico ponía cataplasmas sobre la herida valenciana, y abría una nueva brecha en Génova.  
En sus declaraciones, Arenas insistió aún más en defender a Camps que a Costa. Dijo que el presidente de Valencia es una persona «muy honesta y muy decente» y a la que «le queda mucha vida política por delante». Y éste fue, según las fuentes más próximas a Arenas, que niegan la existencia de divergencias con Cospedal, su único y deliberado propósito: trasladar un mensaje de apoyo a Camps, dado que Rajoy no quiere, por ahora, alimentar la crisis interna en Valencia.  
Sea cual fuera su propósito, lo cierto es que Arenas nunca da puntada sin hilo y el cese de Costa del viernes pasado sigue arrojando dudas de calado a la luz de los Estatutos del partido. El próximo lunes, el ex secretario general remitirá a Génova toda la documentación en la que pretende apoyar su defensa ante los órganos de disciplina del partido; no sólo la que hace referencia a su patrimonio y a su gestión, sino también el acta del comité ejecutivo del PPCV que, con su firma, la de Camps y la del secretario general entrante, confirma que sus funciones en el cargo sólo se verían suspendidas por la investigación interna en curso. Una investigación, por cierto, cada día más incierta. El Comité de Derechos y Garantías no le ha citado todavía, y su intención es hacerlo en secreto. 
(www.elmundo.es, 23/10/09)
MOTÍN INTERNO EN EL PP DE ELCHE EXIGIENDO A SU PRESIDENTA QUE ACLARE “SI ESTÁ IMPLICADA O NO EN EL CASO GÜRTEL” 
Un militante de Elche, Juan Pedro Lozano, que fuera vicepresidente primero en la última Ejecutiva del partido, ha reunido 600 firmas de otros afiliados y simpatizantes exigiendo una investigación para saber las conexiones de su presidenta provincial, Mercedes Alonso, con la trama Gürtel. Alonso, que también es la portavoz del grupo municipal del PP en la capital ilicitana, es una de las dirigentes del PP valenciano que aparece en la contabilidad B de Orange Market -la empresa de eventos de El Bigotes- identificada como “la persona de contacto para tratar sobre la financiación”. La popular se llevó hace unos días un revés judicial después de que una juez archivara una querella suya contra el PSOE por haberle preguntado precisamente por sus vínculos con El Bigotes. 
Lozano, que lleva más de 20 años en el PP, ha llevado al Ayuntamiento 600 firmas de militantes y simpatizantes de su partido reclamando clarificar la relación entre Alonso y El Bigotes, así como la certificación de la declaración de bienes realizada por la popular desde su toma de posesión como concejal en 1991 y que ésta se haga pública.
“La semana que viene pueden ser 6.000”  
“Queremos saber si está implicada o no en el caso Gürtel”, explica Lozano en palabras recogidas por La Verdad, y es que “lo único que sabemos es lo que han publicado los medios de comunicación y ella no lo ha desmentido”. “No son seis firmas, como dijo, son 600 y puede que la semana que viene lleguen a ser 6.000”, apunta Lozano, quien alerta también de que el escrito será remitido a los órganos del partido oportunos, a la dirección provincial, regional y nacional.
Fracaso en intento de relevar a Costa  
El portavoz del equipo de gobierno de Elche, el socialista Alejandro Pérez, explicó la pasada semana que “militantes de base" del PP reclamaron una comisión de investigación sobre las "relaciones" entre la portavoz popular en Elche, Mercedes Alonso, y la empresa Orange Market. El socialista recordó que Alonso cesó la semana pasada de sus cargos en la Diputación Provincial, así como que ésta había “fracasado” en su intento de relevar a Ricardo Costa pese a "hacer despachos en Valencia” los días previas al descabezamiento del secretario general del PP valenciano.
“Contacto para la financiación”  
Alonso es una de las dirigentes del PP valenciano que aparece en la contabilidad B de Orange Market -la empresa de eventos de El Bigotes- identificada como “la persona de contacto para tratar sobre la financiación” en el marco de precampaña y la campaña de las municipales de 2007, según un informe de la Unidad contra la delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Una foto comprometedora  
La presidenta provincial ya se llevó un serio disgusto después de que se difundiera una foto suya con El Bigotes, imagen de la que dijo que no se avergonzaba pero que desapareció temporalmente de un sitio web, Flickr, en la que la había alojado para compartirla con otros usuarios. Hace unos días recibió un nuevo revés después de que la titular del Juzgado número 1 de Elche archivara su querella contra el alcalde Soler y el portavoz del grupo municipal socialista, Alejandro Pérez, por supuestas injurias relativas a sus relaciones con El Bigotes.  
(www.elplural.com, 23/10/09)
CAMPS AUGURA QUE EL 'CASO GÜRTEL' ARRASTRARÁ AL GOBIERNO DE ZAPATERO 
Francisco Camps ha optado por lanzar un furibundo ataque contra el Gobierno socialista y contra los portavoces de la oposición parlamentaria en la primera sesión de control parlamentario en las Cortes Valencianas que afronta desde el pasado 11 de junio y donde ha sido asaeteado con toda una serie de preguntas relativas al caso Gürtel. Camps ha augurado que este caso, como en su día los GAL, "arrastrará al Gobierno socialista" de José Luis Rodríguez Zapatero. También ha exigido al portavoz socialista, Ángel Luna, que le pidiera perdón por haber vertido toda "una serie de infamias" sobre un asunto sobre el que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decretó el "sobreseimiento libre". 
Luna ha querido saber si el presidente tenía previsto modificar los criterios de contratación de la Generalitat a la vista de las adjudicaciones a una trama corrupta que desvela el sumario del caso Gürtel. Camps ha replicado que los miembros de la trama son "los amigos de La Moncloa", que los contratos de la Generalitat cumplen "todos los controles internos y externos" y que toda la legislación sobre contratación pública es de 1991, cuando gobernaban los socialistas, y de 2007, cuando gobernaba los socialistas". 
"Legislación que ustedes incumplen sistemáticamente", ha contestado Luna. "Como no contesta, nos va a oír. Actúa usted como los niños que se tapan la cara para no ver la realidad. Usted tenía hilo directo con la trama, sólo usted ha hecho posible que una empresa con cinco trabajadores tuviera contratos con todos los departamentos del Consell. Ha utilizado a su mujer como buzón de la trama, y me llama inmoral, pero yo no soy inmoral por decirlo, usted es el inmoral por hacerlo. No fui yo quién llamó a El Bigotes para que arreglara el marrón de su hermana en Benidorm. ¿Piensa contestar todas las preguntas que Costa dejó sobre la mesa? Sus compañeros son testigos mudos y por tanto responsables del asesinato político de su secretario general. ¿Cuál será la próxima cabeza? A estas alturas usted solo puede liderar su marcha de la política para dejar daño a su partido y a la Comunidad Valenciana". 
Camps ha salido desbocado. "Yo estoy en la política, usted está fuera. Es impresionante que intente mantener el asiento que arrebató a su anterior secretario general a base de infamias e indignidad. Todavía no le he oído pedir perdón después de que el TSJ archivara aquella infame acusación contra mí que se sobreseyó libremente. Y todavía no ha pedido perdón. Nadie puede decir que no cumplamos estrictamente la ley. Cuando no se puede atacar una ideología se ataca a las personas. Pero yo tengo la conciencia tranquila y sé que la sociedad valenciana no se merece un portavoz como usted". El delirio se ha extendido en forma de aplauso cerrada entre la bancada del PP. 
Mónica Oltra, portavoz de Compromís, ha exigido a Camps que aclarara las preguntas que Ricardo Costa, su subordinado directo, dejó sobre la mesa cuando dijo que se limitaba a cumplir órdenes y que nadie le advirtió sobre Orange Market. Camps ha contestado con cara de pocos amigos después de llama maleducada a Oltra. "Hemos pedido una comisión para investigar la financiación de los partidos y los socialistas y ustedes se han opuesto ¿Qué esconden ustedes? Parece mentira que siendo usted abogada no sepa que los abogados de toda España claman contra un procedimiento que atenta contra el Estado de Derecho, pero ya se sabe, cuando gobiernan los socialistas se acaba el Estado de Derecho". 
Oltra ha recordado al presidente que el auto del TSJCV no es una sentencia definitiva y ha vuelto a la carga: "Si estamos en esta situación es porque usted no responde. En dos semanas se ha cargado la imagen de partido centralista del PP y ha conseguido que en toda España y en toda Europa se rían de nosotros. Ha mentido y ha hecho el ridículo. Lo primero es grave, pero lo segundo no puede permitírselo. Dígame, ¿es usted el mister X del caso Gürtel?" 
El presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad arrancó su última intervención con otro ataque personal: "De ridículo puede usted hacer una tesis doctoral, es usted la doctora". Luego defendió a su secretario general apartado del cargo: "Costa ha actuado con respeto a la legalidad y todo se demostrará. Pero usted ha intentado cargarse el Estado de Derecho.  
Hasta el día de hoy, los tribunales me han dado la razón. A día de hoy sólo hay una sentencia (sic) y es exculpatoria. Al hablarme del señor x me recuerda usted a los GAL. Al final, los socialistas dejarán el Gobierno por dos G. GAL y Gürtel, este caso les arrastrará así que deje usted de difamar". 
(www.elpais.com, 22/10/09) 
ARROPADO POR LOS VICEPRESIDENTES 
Vicente Rambla y Gerardo Camps, vicepresidentes del Consell, han arropado al presidente en la sesión de control y han asumido las respuestas dirigidas a Camps por los portavoces adjuntos. Gerardo Camps ha tirado por elevación cuando el socialista José Camarasa y ha vuelto sobre las preguntas que Costa había dejado sobre la mesa: "¿Quién miente, sus colaboradores inmediatos o usted?" 
"La única mentira que he oído hoy ha sido una mención a los requerimientos de la Sindicatura de Comptes", ha replicado Gerardo Camps, "nunca han señalado ni un sólo incumplimiento de la legalidad. Pero deje que le lea una conversación recogida en ese informe que tanto airean ustedes: Yo tengo un amigo en La Moncloa que nos puede echar una mano. Habla Correa: Este tipo de gente te ayuda más que la derecha". Unas risas se extendieron entre los diputados del PP. "La mano fue de 45 millones de euros a partir de ese momento", en adjudicaciones del Gobierno central. 
Mónica Oltrà, portavoz de Compromís, subió a la tribuna a continuación: "Si las diferencias entre unos y otos se cifran en la cantidad que se roba, mal va la democracia". 
(www.elpais.com, 22/10/09)
LOS BARONES PIDEN A CAMPS CAMBIOS EN EL PP Y EN SU GOBIERNO 
La situación de crisis en el PP valenciano no admite más la normalidad decretada por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Ante su inacción, tras la abrupta salida de Ricardo Costa de la Secretaría General del PP y de la Portavocía del grupo parlamentario, los tres presidentes provinciales -Alfonso Rus (Valencia), José Joaquín Ripoll (Alicante) y Carlos Fabra (Castellón)- han hecho frente común para convencer a Camps de la necesidad de acometer cambios profundos.  
Por contra, el jefe del Consell prefiere dejar todo tal cual ha quedado tras el naufragio: con un secretario general interino promocionado por el propio Camps -César Augusto Asencio- y un veterano parlamentario -Rafael Maluenda- en la cúpula del grupo. En cambio, para los barones es necesario realizar nombramientos de más peso que permitan al PP afrontar una coyuntura política tan delicada. Desde hace semanas mantienen contactos casi diarios en esta línea. Su propósito es plantear al presidente, sí o sí, que nombre un nuevo secretario general y un nuevo portavoz en las Cortes, y que remodele su Gobierno.  
En el partido es un clamor el bajo perfil político del Consell y su falta de iniciativa para hacer frente a esta crisis. Pero, en los últimos días, tras la defenestración de Costa, se ha evidenciado además que Camps carece de línea de defensa. Sus tres vicepresidentes han dejado de ser un muro de contención por distintos motivos. Vicente Rambla, salpicado por los informes policiales del caso Gürtel; Juan Cotino, por su vinculación familiar con Sedesa -que supuestamente financiaba al PP a través de El Bigotes-, y Gerardo Camps fuera de juego por una dolencia crónica. Sin ellos, el presidente de la Generalitat está más expuesto.  
Además, la reubicación en el Parlamento autonómico de quien ha sido el principal cortafuegos de Camps en el caso Gürtel no ha dejado indiferente a nadie. Al otrora número dos, que no ha vuelto por las Cortes desde su defenestración la semana pasada, le han adjudicado el último escaño de la Cámara. En el PP insistieron ayer que esa ubicación es «temporal» y justificaron la ausencia del diputado en que «está recabando la documentación que le requerirá la Comisión de Derechos y Garantías del partido», para cuando decidan convocarla. El PP aprobó ayer en solitario crear una comisión de investigación para revisar las cuentas de todos los grupos. La oposición se niega a participar. 
(www.elmundo.es, 22/10/09) 
PONS DICE QUE COSTA ERA EL "RESPONSABLE ÚLTIMO" EN EL PPCV 
El vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, defendió hoy que el "responsable último" de lo que pasa "por dentro" de un partido es su secretario general, razón por la que justificó la dimisión de Ricardo Costa a raíz del 'caso Gürtel', y se mostró convencido de que "no va a ocurrir nada" respecto al presidente valenciano, Francisco Camps. En declaraciones a TVE, durante el programa 59 segundos, el dirigente popular señaló que Costa "no era indio, era jefe" del PPCV y, por tanto, al dejar sus cargos "asumió responsabilidad en su calidad de jefe, como secretario general del partido". "Ricardo Costa no cesa por lo que ha hecho o dejado de hacer. Cesa porque es el secretario general", manifestó. 
En la misma línea, defendió que el plus de exigencia en sus actuaciones que se le pide a un cargo político depende también del cargo que ostente. "Depende del cargo que tengamos, a veces tenemos que asumir responsabilidad política, con independencia de lo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer", explicó. 
Respecto a las responsabilidades que el presidente valenciano pudiera tener en este caso, González Pons reiteró que la confianza de Rajoy y la dirección nacional del partido en Camps "es completa" y enfatizó que en el PP están "convencidos de que no va a ocurrir nada" respecto al presidente de la Comunidad Valenciana. 
El dirigente popular también se refirió a la querella anunciada por el PSPV contra Camps y la cúpula del PP valenciano por presunta financiación irregular. En este sentido, pidió al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, que él y todos los fiscales que jerárquicamente dependan de él se abstengan "de actuar" en dicha querella porque es el marido de una diputada socialista en el Congreso de los Diputados, Juana Serna. 
"El PSOE ha presentado una querella en Valencia de un asunto que sabe que está sub iúdice en Madrid. Que o bien la fiscalía le ha dicho que en Madrid no va a conducir a ningún lugar, o bien la fiscalía le ha dado la orden de que se presente como marca blanca del fiscal en Valencia. Pero lo cierto es que aquí hablando de recusaciones, es hoy el Partido Socialista el que tiene que explicar su querella en Valencia", explicó. 
Asimismo, negó que exista financiación irregular en su partido y acusó al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, de haber "perseguido al PP por tierra, mar y aire" y de haber instalado "una presunción de culpabilidad de los 700.000 afiliados del PP". "Cuando se trata de casos que tienen que ver con el PP, basta, como en Palma Arena, una mera denuncia anónima para que el fiscal actúe. En el caso del Puerto de Gijón, que es igual que el caso Palma Arena, yo lo denuncio y verá usted como el fiscal no actúa", argumentó. 
Por otro lado, González Pons dijo no estar interesado en encabezar la candidatura del PPCV de cara a las próximas elecciones autonómicas. "Tenemos un candidato que se llama Francisco Camps y que será nuestro candidato en las próximas elecciones autonómicas, como ahora es el Presidente de la Generalitat", dijo. 
Por último, recordó que dentro del PP hay "muchas voces" que dicen "lo que en libertad quieren decir" pero negó la existencia de críticos en las filas populares. "No a todo el mundo le parece todo bien siempre. Eso no significa que haya un sector crítico. Significa que hay muchas personas que no comparten una decisión de la dirección o que no comparten una determinada línea programática del partido", concluyó. 
(www.publico.es, 22/10/09) 
LA PESADA LOSA DEL 'CASO GÜRTEL' 
El escándalo de financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana desatado a raíz de la difusión de parte del sumario del caso Gürtel pesa como una losa sobre cada intervención, cada declaración pública, incluso sobre cada gesto de los cargos públicos y representantes populares. El espeso silencio que se extendió ayer sobre el hemiciclo de las Cortes Valencianas cuando Ángel Luna, portavoz socialista, escenificó desde la tribuna alguno de los diálogos grabados por la brigada contra el blanqueo de dinero de la Policía Nacional "con autorización judicial" fue directamente proporcional al peso de esa losa. 
Rafael Maluenda, que ocupó ayer por primera vez el escaño que corresponde al portavoz del grupo parlamentario del PP, fue el único capaz de musitar "qué vergüenza" para intentar contrarrestar el castigo al que Luna sometía a sus diputados cuando recreaba una conversación grabada en la que se citaba a "la dama del laboratorio", en alusión a la esposa de Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, que es copropietaria de una farmacia en Valencia. 
"Vergüenza es que el presidente de la Generalitat haya usado a su familiar como buzón de la trama de empresas corruptas", le espetó Luna. 
La tensión subió de tono cuando Luna recordó que el informe policial llegó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana "tres días antes" de que se archivara la causa contra Camps por supuesto cohecho impropio. Entonces no se tuvo en cuenta. Pero Luna auguró: "El TSJ tendrá que analizar el informe policial a raíz de la querella que presentaremos la semana que viene contra Francisco Camps, [el vicepresidente Vicente] Rambla, 
[el secretario general apartado del cargo Ricardo] Costa, [el vicesecretario de organización David] Serra y Yolanda García [la tesorera del partido]". "Ustedes tienen un problema", siguió Luna, "les han pillado, hagan las maniobras de distracción que quieran, pero esto no lo van a poder tapar. Yo, en su lugar, daría explicaciones y asumiría responsabilidades". 
Tal posibilidad no figura en el guión al que se aferró César Augusto Asencio en su primera intervención ante el pleno desde que ejerce las tareas de "coordinación del partido". Asencio subrayó que la "contabilidad del PP recoge asientos contables que responden a realidades fácticas" e intentó desmerecer "el informe de la policía de [el ministro de Interior Alfredo Pérez] Rubalcaba, que se gestó en una cacería, y contiene una serie de asertos que no reflejan la realidad". 
Luna explicó, en tono didáctico, que "el ámbito para investigar las cuentas de los partidos es el Tribunal de Cuentas, no las cámaras parlamentarias"; que "el Tribunal de Cuentas considera las cuentas de los partidos como un todo, de modo que no existe tal cosa como la contabilidad del PP de la Comunidad Valenciana ni del Partido Socialista del País Valenciano"; para concluir: "Quieren una comisión para investigar algo que no existe en un órgano que no tiene competencias para ello". 
"Ustedes pretenden desnaturalizar el papel de las Cortes, abusan de la mayoría absoluta para controlarnos a nosotros, que no manejamos fondos públicos", siguió Luna, "solo pretenden establecer una sospecha generalizada". 
Minutos antes, Mireia Mollà, diputada de Iniciativa en el grupo Compromís, había solicitado la creación de un comité antifraude que analizara la contratación de la Generalitat y el manejo de los fondos públicos. De acuerdo con el guión, el PP ninguneó a Mollà, ni siquiera intervino en el debate y rechazó su invitación a la transparencia. 
(www.elpais.com, 22/10/09) 
CUATRO PREGUNTAS SIN RESPUESTA 
Los diputados socialistas interpelaron ayer a cuatro miembros del Consell sobre asuntos relacionados con el escándalo de financiación irregular del PP desatado a raíz de la difusión de parte del sumario del caso Gürtel. Tres consejeros optaron por acogerse al guión para no contestar. El cuarto dio un par de pases, pero tampoco dejó nada en claro. 
Ni Trinidad Miró, consejera de Cultura, aclaró por qué la Fundación de La Luz de las Imágenes financió una exposición en un torneo de tenis; ni Juan Cotino, vicepresidente y responsable de Agua, Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, comentó la adjudicación a Sedesa, empresa que gestiona su sobrino, de contratos por valor de 830 millones de euros desde 1999; ni Belén Juste, consejera de Turismo, explicó si ha adoptado alguna medida ante la implicación de Orange Market, adjudicataria del montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur durante cinco años, en la evasión de fondos hacia paraísos fiscales. 
Manuel Cervera, consejero de Sanidad, ofreció algún detalle sobre la cesión de Begar, la constructora de José Luis Ulibarri, a Ocide, de las obras del futuro hospital de Llíria y afirmó: "Yo no conozco al señor Ulibarri, que es amigo de José Luis Rodríguez Zapatero". 
Todos sus colegas se limitaron a leer un par de artículos de la ley de contratos públicos para defender la legalidad de sus gestiones. 
A primera hora de la mañana, el PP se permitió aprobar como proposición no de ley una propuesta de resolución que aprobó hace tres semanas para solicitar una rebaja fiscal a los profesionales autónomos que ingresen menos de 24.000 euros al año y tengan al menos dos hijos a su cargo. La rebaja fiscal representará un ahorro anual de 40 euros para todos los afectados. 
(www.elpais.com, 22/10/09) 
RICARDO COSTA SE CONVIERTE EN "EL DIPUTADO NÚMERO 98" 
Ricardo Costa, número dos del PP valenciano hasta que Génova (sede nacional del partido en Madrid) forzó su defenestración hace una semana, se convirtió en el diputado número 98. Costa abandonó ayer, forzado por su partido, el sillón de portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas que pasó a ocupar su compañero Rafael Maluenda. 
El nuevo portavoz, que aún insiste en que el cambio de estado de Costa es "provisional", asignó a su defenestrado compañero un escaño en la segunda fila tras la retahíla de responsables del grupo parlamentario. Sin embargo, Costa, convertido en chivo expiatorio del caso Gürtel por haber plantado cara a la dirección del PP, exigió que le ubicaran en el último escaño de la última fila de la bancada popular. En el escaño que lleva el número 98. 
Un escaño que quedó vacío, porque Costa estuvo ausente durante todo el pleno. El PP justificó el vacío en que Costa está preparando su defensa ante el Comité de Derechos y Garantías de la dirección nacional, que preside el diputado Alfonso Fernández Mañueco. 
(www.elpais.com, 22/10/09)
LOS SOCIALISTAS VALENCIANOS RECLAMAN QUE SE INVESTIGUE LA FINANCIACIÓN DEL PP 
Los socialistas valencianos se han apoyado en el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía para anunciar la presentación en breve de una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que se investigue la financiación irregular del PP. La querella va dirigida contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por la comisión de los supuestos delitos de cohecho, prevaricación, malversación, falsedad, delito electoral, alteración contable y delito fiscal.  
El PSPV extiende estas acusaciones al vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla; al ex secretario general del PP Ricardo Costa, al vicesecretario general de ese partido, David Serra, y a la tesorera, Yolanda García. El anuncio fue hecho por el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, durante un encuentro con periodistas celebrado ayer en Madrid. 
La Brigada de Blanqueo de la Policía redactó el informe Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, de 89 folios y cinco anexos, del que se concluía que la cúpula del PP valenciano amparó y dirigió una financiación irregular de esta formación durante los últimos años. Este informe fue el que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, que preside Juan Luis de la Rúa -del que Francisco Camps llegó a decir que era más que amigo suyo-, se negó a investigar cuando se lo remitió el Tribunal Superior de Madrid, el 31 de julio pasado. 
 El PSPV tendrá que presentar su querella en esa misma sala, que ya archivó la causa contra Camps por presunto delito de cohecho pasivo impropio. 
La policía aporta en su informe una serie de documentos oficiales (cheques bancarios, facturas con IVA, etcétera) y las copias de los correos electrónicos enviados desde la sede de Orange Market a la asesoría que trabajaba para la trama corrupta. En esos correos electrónicos se solicitan cambios en la facturación de la empresa, de manera que ingresos procedentes del PP se convierten en servicios a constructoras valencianas. 
Jorge Alarte insistió en la voluntad de su partido de que el tribunal investigue "hasta las últimas consecuencias. Nadie debe quedar impune, y se ha de salvaguardar la figura institucional de la presidencia de la Generalitat, no la de [Francisco] Camps que", precisó, "la ha perdido hace tiempo". El secretario general de los socialistas valencianos criticó el modelo que denominó "Gürtel-Camps", subrayando que Álvaro Pérez, El Bigotes, se había convertido en "el gran asesor del presidente", como lo prueba el hecho de que en los últimos años no se ha celebrado ningún gran evento en la Comunidad Valenciana en el que no hayan participado las empresas de la trama Gürtel. 
Un portavoz de la dirección de los socialistas valencianos explicó que la decisión se adoptó durante la reunión de la comisión permanente de la ejecutiva realizada el pasado lunes. "Tras conocer el contenido de los 17.000 folios del informe policial no podíamos quedarnos sin hacer nada", relató Alarte. 
El PP, por su parte, replicó con el anuncio de otra querella contra el PSPV por denuncia falsa si los socialistas seguían adelante con su iniciativa para denunciar la financiación del PP y contra Camps. 
(www.elpais.com, 21/10/09) 
LA CÚPULA DEL PARTIDO NIEGA QUE COSTA SEA SECRETARIO GENERAL 
El limbo en el que se ha situado Ricardo Costa sigue generando debates internos e interpretaciones. El que fuera mano derecha de Francisco Camps no ha perdido ni su despacho ni su coche oficial, acude a la sede con normalidad y hoy se verá si se sienta en el mismo escaño de portavoz parlamentario. El PP de la Comunidad Valenciana asegura que Costa sigue siendo secretario general, pero ha dejado temporalmente de ejercer sus funciones mientras, teóricamente, le investiga la dirección nacional y se aclara el caso Gürtel. 
Pero fuentes oficiales de la dirección nacional aseguraron ayer que Costa "ya no es el secretario general del PP y tiene un sustituto, que se llama César Augusto Asencio". La dirección interpreta que Costa, según le comunicó Francisco Camps a Mariano Rajoy, dimitió el martes pasado ante el Comité Ejecutivo. No es eso lo que interpretaron los más de 90 dirigentes presentes en la reunión. Y no es eso lo que consta en el acta, según fuentes del PP, que han firmado tanto Costa como su sucesor, Asencio. Allí se deja claro que Costa no dimitió y sólo anunció que dejaba temporalmente de ocupar sus funciones mientras Génova le abría una investigación, algo que en realidad aún no ha sucedido, puesto que no le ha citado el Comité de Garantías. De hecho, el comunicado del PP valenciano en el que se dio cuenta del relevo de Ricardo Costa decía que Asencio se encargará de "la coordinación del partido", esto es, no sustituye a Costa en su puesto. 
Mientras, Rafael Maluenda, sustituto de Costa como portavoz parlamentario en las Cortes Valencianas, evitó precisar quién usa los dos coches oficiales asignados al grupo del PP por el Parlamento autonómico. Uno lo usa Costa, el otro David Serra, secretario del grupo y vicesecretario de Organización del PP de la Comunidad Valenciana. "No me preocupo de los coches oficiales. Tampoco he cambiado de despacho. Mi misión es defender los postulados del partido, defender la gestión del presidente Camps y velar por el buen funcionamiento del grupo", esquivó Maluenda. 
Sobre la autoridad que sigue ejerciendo Costa en el seno del PP de la Comunidad Valenciana, Maluenda también escurrió el bulto: "Asencio es el coordinador del partido, sustituye al anterior secretario general". ¿Quiere decir que el secretario general está destituido? "Asencio le sustituye en sus funciones", dijo. 
Los mismos diputados y cargos del PP valenciano que consideran que Costa se armó de razón el pasado martes por la mañana cuando puso en un brete a Camps y a Mariano Rajoy al exigir explicaciones sobre las razones para solicitar su renuncia, admiten abiertamente que, con los estatutos en la mano, Costa sigue siendo secretario general. De hecho, aún figura como tal en la web del partido. 
(www.elpais.com, 21/10/09) 
DOS EMPRESAS SE DESVINCULAN DE CORREA EN LA VISITA DEL PAPA 
La empresa Impacto Producciones, que cobró 1,7 millones por el montaje de pantallas de vídeo durante los actos de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, se desvinculó ayer a través de un portavoz de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. La policía asegura que Correa utilizó a la empresa Teconsa para hacerse con un contrato de 6,4 millones de euros y que esta empresa, sin experiencia en ese tipo de eventos, subcontrató a las firmas Apogee e Impacto. 
La investigación sostiene que Correa sacó más de un millón de euros en comisiones que, supuestamente, cobró en Sevilla durante su visita a la empresa Apogee. Impacto Producciones, con sede en Alcorcón (Madrid) niega cualquier relación con la trama y mucho menos que pagara comisiones. 
Por otro lado, la empresa Montenegro Producciones, que según el informe policial aparece en la caja B de la trama corrupta como receptora de un millón de euros del contrato por la visita del PP, aseguró ayer a través de una carta remitida a EL PAÍS que no está "participada, vinculada ni por supuesto ligada de ninguna manera con Francisco Correa o cualquier otra persona públicamente conocida como imputada en el caso Gürtel", ni tuvo "ninguna participación en los actos del Papa organizados por la televisión valenciana y, por consiguiente, no percibió cantidad alguna por tal concepto". 
(www.elpais.com, 21/10/09)
COSTA SIGUE EJERCIENDO COMO SECRETARIO GENERAL DE CAMPS 
Ricardo Costa sigue ejerciendo como secretario general del PP de la Comunidad Valenciana salvo a efectos públicos. "El cese temporal supone que no da ruedas de prensa ni participa en actos electorales", aclaró ayer su jefa de prensa. Pero nada más. Costa despachó ayer por la mañana en la sede del PP en Valencia, en la calle Quart. Poco antes de las dos de la tarde, su teórico sucesor César Augusto Asencio, responsable de "la coordinación del partido" mientras la gestión de Costa sea objeto de investigación por parte de la cúpula nacional del PP, abandonó la sede a pie en compañía de Rafael Maluenda, cuyo nombramiento como portavoz del grupo parlamentario del PP en el Parlamento autónomo fue publicado ayer en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas. Cinco minutos después, salió de la sede David Serra, vicesecretario de Organización. ¿Sigue ejerciendo Costa? "En boca cerrada no entran moscas", concedió enigmático Serra. 
Otros cinco minutos más tarde, era el propio Costa el que salía de la sede del partido acompañado por Yolanda García. La tesorera del PP de la comunidad le acompañó hasta el coche oficial que las Cortes Valencianas ponen a disposición del Grupo Parlamentario Popular y le despidió. Costa partió en el coche oficial acompañado por su chófer y su escolta, y acudió con ellos al gimnasio a las 15.00. 
María Dolores de Cospedal, número dos de Mariano Rajoy, reclamó hace semanas la cabeza de Costa para intentar aplacar la presión sobre el partido a raíz de la difusión del sumario del caso Gürtel. 
La inacción de Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, resultaba exasperante frente a las decisiones adoptadas por Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, quien forzó a renunciar a todos los cargos públicos y a dejar el partido a todos los diputados autonómicos y cargos municipales salpicados por el escándalo de corrupción vinculado al PP. 
El martes pasado, el Comité Ejecutivo Regional del PP valenciano se reunió de urgencia para dar una respuesta a Génova. Y Camps optó por engañar a Mariano Rajoy. 
El órgano de dirección del partido en la Comunidad Valenciana aprobó por asentimiento que Costa sería temporalmente apartado del cargo cuando el PP nacional anunciara una comisión de investigación sobre su gestión. Tanto como aceptar que había algo que investigar en la Comunidad Valenciana. 
La guerra de comunicados contradictorios que se emitieron esa noche desde las sedes de Génova y Quart provocó la más absoluta confusión. 
A primera hora del miércoles, Cospedal montó en cólera y declaró la destitución de Costa. Camps se desplazó a las Cortes y comunicó a su número dos en presencia de los diputados autonómicos que pudieron apiñarse en su pequeño despacho que quedaba relevado del cargo de portavoz parlamentario. 
Minutos después, un comunicado del PP valenciano convertía a Asencio en responsable de "la coordinación del partido" mientras Costa quedaba formalmente apartado del cargo de secretario general porque había sido llamado a declarar por el comité de garantías del partido, cita que se asimiló a una investigación en toda regla. Sin embargo, aún no hay fecha para esa cita. 
El hecho es que Costa sigue ejerciendo porque el comité ejecutivo regional, el órgano que le nombró secretario general, nunca acordó su relevo. ¿Por qué? Porque Costa contaba el martes pasado con el respaldo de 44 de los 62 miembros del comité en cuestión, según un alto cargo del Consell. La misma fuente estima que los diputados nacionales Esteban González Pons y Federico Trillo, valedores de las tesis de Cospedal, habrían sumado "una decena de votos". 
(www.elpais.com, 20/10/09) 
LA TRAMA GÜRTEL HIZO NEGOCIO EN URBANIZACIONES DE LA NUCIA Y ALTEA 
La trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, actualmente en prisión, buscó negocio en dos planes urbanísticos de La Nucia y uno de Altea. En el programa de actuación integrada (PAI) de L'Algar, en La Nucia, compró en 2006 10.000 metros cuadrados de suelo. En otro, el PAI de Pie de Monte, de un millón de metros cuadrados, medió para la compra de terrenos por parte del empresario leonés José Luis Ulibarri, también imputado, que no fructificó, aunque sí lo hizo por parte de empresarios que promueven otra urbanización en La Nucia, el PAI de la Serreta. Finalmente, invirtió al menos 200.000 euros en una empresa del promotor de una urbanización de lujo en Altea. Así se desprende de las declaraciones que, ante el juez Baltasar Garzón, efectuó el pasado mes de febrero Jacobo Gordon, vecino de pupitre de Alejandro Agag en sus años escolares, ex socio del yerno de José María Aznar e imputado en la investigación de la red de corrupción que afecta a varias administraciones gobernadas por el PP. 
Las declaraciones de Gordon ante el juez de la Audiencia Nacional que emprendió la investigación de la trama Gürtel arrojan luz sobre las alusiones que ya se conocían de Correa en las grabaciones realizadas por la policía. En ellas se refería al alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, como un amigo de Álvaro Pérez, gerente de Orange Market, terminal valenciana de la trama, y al entonces consejero de Territorio, Esteban González Pons, en relación con un negocio urbanístico en la localidad de La Marina Baixa. "Lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo", decía Correa, aunque el proyecto quedó supeditado al informe de la Confederación del Júcar y no se aprobó. 
Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, empresarios que se sitúan en el centro de la mayoría de las operaciones de La Nucia, que urbanizaron varias parcelas de la familia del alcalde en el PAI de La Favara y gestionan el agente urbanizador en el PAI de la Serreta, fueron, según el testimonio de Jacobo Gordon, los socios de Correa, a través de la empresa Inerzia, en la opción de compra sobre el PAI de Pie de Monte."Estuve negociando con el vendedor, con una empresa de allí, de Alicante, que se llama Murcia Puchades", declara Jacobo Gordon ante el juez Garzón tras haber explicado que Francisco Correa le contactó para que estudiara unos "terrenos grandes" en La Nucia, "en un sitio que se llama Pie de Monte". Actuó para ello por cuenta de Hator Consulting, una de las empresas de la trama Gürtel. 
Tras señalar que incurrió en muchos gastos, entre otras cosas porque contrató al despacho de abogados de Pérez Llorca, Jacobo Gordon describe la operación: "El señor Ulibarri estuvo interesado en la compra de los terrenos y de hecho a mí me contaba el señor Correa que iba a ir de socio con ese señor. Se frustró, no sé muy bien por qué. El señor Ulibarri no compró, aquello quedó muerto un tiempo, y luego el señor Correa apareció con otro socio, otro, digamos, posible inversor, que se llamaba del grupo Inerzia, Inerzia con z". 
A preguntas de la fiscalía -"¿Y esos sí que compraron?"-, Gordon responde: "Esos sí que compraron, esos lo compraron...". Después precisa que se trataba de una opción de compra que "no se ha ejercitado" porque estaba condicionada a la aprobación definitiva del PAI, que no se ha producido. El Grupo Inerzia Sociedad de Gestión, SL, es propiedad de Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, y fue absorbido por Gestrumar, SL en mayo del año pasado. Gestrumar fue la empresa beneficiaria en junio de 2005 de unas permutas de terreno en La Serreta y Pie de Monte que el Ayuntamiento de La Nucia pactó con la empresa Dragados por un valor de 16,7 millones de euros a cambio de la construcción de la Casa de Cultura, el edificio de Urbanismo y una plaza pública con auditorio, expedientes de permuta que fueron fraccionados para eludir la necesidad de autorización del Consell. 
La relación de estos dos constructores con el alcalde Bernabé Cano se inició en 2002, cuando la familia de Cano cedió, dos meses después de aprobarse, la condición de agente urbanizador del PAI de 44.241 metros de su propiedad, el sector La Favara, a Saga Bonperal, SL, una de las empresas de Rocamora y Riquelme, que construyó 400 viviendas en el sector. 
Jacobo Gordon declara también ante el juez que a través de la empresa de la trama de la que era administrador, Castaño Corporate, y también bajo indicación de Correa, compró "un terreno muy pequeñito", de 10.000 metros cuadrados en otro PAI de La Nucia, el de L'Algar. "Ya le digo que esto es como comprar acciones de Telefónica", explica en la declaración, "es decir, los suelos van adquiriendo valor...". 
La tercera de las operaciones que revela Gordon en su declaración la reconoce a instancias de la fiscalía, que le pregunta sobre el tema, y consiste en el pago de 200.000 euros a Construcciones y Urbanizaciones San Rafael, de Altea, "para comprar un terreno allí". Se trata de una empresa de Mariano Pérez Pérez, que es también el presidente de Zontaga, SA, la sociedad que promovió Portosenso, una urbanización de 310 viviendas de lujo diseñada por Jean Nouvel, con una ampliación de 100 amarres en el puerto deportivo y un hotel, a cinco kilómetros del núcleo urbano de Altea. 
(www.elpais.com, 20/10/09) 
Declaraciones de Jacobo Gordon ante Garzón 
- Sobre el PAI de Pie de Monte: "El señor Ulibarri estuvo interesado en la compra de los terrenos y de hecho a mí me contaba el señor Correa que iba a ir de socio con este señor. Se frustró, no sé muy bien por qué. El señor Ulibarri no compró, aquello quedó muerto un tiempo, y luego el señor Correa apareció con otro socio, otro, digamos, posible inversor, que se llamaba del grupo Inerzia, Inerzia con z". 
- Sobre el PAI de L'Algar: "Esta me dice a mí el señor Correa que lo tiene todo estudiado, que es una operación buena y que yo voy a firmar, tampoco me sé mucho la historia. Era un terreno muy pequeñito, de 10.000 metros cuadrados, ya le digo que esto es como comprar acciones de Telefónica, es decir, los suelos van adquiriendo valor y, bueno, una posición así, de 10.000 metros, no tienes ni voz ni voto en la junta de compensación, vas un poco a rebufo del que esté allí". 
- Sobre Álvaro Pérez: "Sí, bueno, en aquella época, como estaba por ahí por Valencia le veía de vez en cuando, pero a lo mejor hablamos de esto (...) Pues, sí, yo le conocía, pero, vamos, de este tema en concreto, de si él estaba haciendo alguna gestión en la consejería, yo no he hablado con él de eso". 
(www.elpais.com, 20/10/09) 
EL BIGOTES TAMBIÉN HIZO CAJA EN LA HÍPICA Y EN LA VIU DEL CONSELL  
La Generalitat y el sector público valenciano en general debe de estar teniendo serios problemas de intendencia a raíz de la detención y encarcelamiento de Correa y Crespo y del estallido del tinglado Gürtel, cuyo comercial en la Comunitat Valenciana era Álvaro Pérez. Una de las conclusiones que se desprende de la revisión de la parte del sumario del TSJ madrileño cuyo secreto se levantó y de los informes de la policía judicial es que no ha habido un evento o iniciativa del Consell en la que las empresas Gürtel no se hayan llevado su parte, en dinero legal, en negro, por la vía de la comisión o del subcontrato. Cada día que pasa se encuentran nuevas huellas (facturas o apuntes de caja B) de Orange Market y otras firmas de Correa en campos en los que el Consell negó incluso la participación de El Bigotes.  
Si en la Fórmula 1 del mar Correa se llevó su parte, en la Fórmula 1 de la hípica, la Global Champions Tour, también prestó algún servicio para la organizadora Oxer Sport. El mundial de saltos hípicos se celebró en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias en mayo. El Consell patrocinó el evento, a través de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional, dependiente del vicepresidente Vicente Rambla, con al menos 377.000 euros. Por montar la presentación del torneo en el Hotel las Arenas, El Bigotes cobró a Oxer Sport 3.584,40 euros.  
La Universidad Internacional Valenciana (VIU) tampoco evitó la tentación de contratar a El Bigotes. El centro académico por Internet, impulsado por Camps y dirigido por el ex conseller José Sanmartín, abonó una factura a Orange Market que ascendía a 10.915,60 euros. Esta cantidad fue pasada al cobro el pasado 6 de febrero, el mismo día que el juez Garzón ordenó la operación policial para desmantelar el tinglado Gürtel y evitar la fuga de Correa a Panamá. El concepto apuntado es el de "trípticos y carteles", según presupuesto hecho anteriormente, y por un "servicio de azafatas durante el congreso de Alicante".
De no ser por la investigación judicial de la trama Gürtel, difícilmente se habría conocido la existencia de una factura que forma parte de la documentación incautada por la policía en la sede de Orange Market de la calle Conde Salvatierra de Valencia. Porque al tratarse de una fundación, la VIU tiene un nivel de fiscalización muy inferior al del resto de universidades públicas, pese a que se sostiene únicamente con los fondos que le transfiere la Generalitat. Por ejemplo, en este 2009, la VIU no está entre las seis fundaciones públicas de la Generalitat que será auditadas por la Sindicatura de Comptes, de las 37 entidades de este tipo adscritas a la Generalitat.  
Cuando Orange Market no logró directamente contratos, se los cedieron otras firmas de la trama. Así, Special Events le pasó un contrato de servicios de la apertura de las prerregatas, el Acto II del trofeo Louis Vuitton, organizada por Turismo Valentia Convention Bureau. 
(www.levante-emv.com, 20/10/09)
LA SANTA SEDE DICE QUE EL CASO DE VALENCIA "ES CIERTAMENTE FEO" 
¿Qué le parece al Vaticano que la trama corrupta del Partido Popular, su aliado natural en España, siempre tan atento a los deseos de la jerarquía católica, aprovechara la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 para dar un jugoso pelotazo?  
El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, conoce las noticias que llegan de España, y explica en primer lugar que le resulta "difícil comentarlas, dado que el Vaticano en esos casos [se refiere a los viajes del Papa] se limita a sugerir a los organizadores locales cuestiones de logística y de seguridad". 
En todo caso, añade el jesuita Lombardi, "aunque la Santa Sede no participe en la gestión, es importante que todo lo relativo a estos grandes eventos, que implican a diversas empresas y requieren esfuerzos económicos importantes, se hagan siempre con corrección". 
¿Está disgustado el Santo Padre por haber visto su nombre asociado a un negocio corrupto? "Es evidente que el Papa no tiene nada que ver en ese asunto. Pero, por principio general, todas las cosas poco claras e incorrectas nos disgustan", responde Lombardi midiendo las palabras. "Pueden suceder, porque son hechos administrativos, pero es un caso ciertamente feo. Los negocios sucios siempre son feos". 
La visita de Benedicto XVI a Valencia fue un negocio redondo para la red Gürtel, que facturó por los gastos de la sonorización de los distintos actos más del doble de lo que costaban realmente. La televisión pública autonómica, dirigida por un hombre de Francisco Camps, pagó por ellos 6,4 millones de euros, de los que la red obtuvo 3,3 millones. Esta última cantidad se la repartieron, según la investigación, Teconsa -constructora leonesa sin experiencia en ese tipo de trabajos, que a pesar de ello se hizo con el contrato- y la red que dirigía Francisco Correa. 
(www.elpais.com, 20/10/09) 
ANTICORRUPCIÓN NIEGA HABER PERJUDICADO A CAMPS 
La Fiscalía Anticorrupción difundió ayer un comunicado en el que considera «injustificado y no tolerable» afirmar que el Ministerio Público pidió separar del procedimiento fragmentos de conversaciones de imputados favorables al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, para perjudicar su derecho de defensa.  
En el caso Gürtel figura una conversación en prisión entre Pablo Crespo y sus abogados en la que el primero sostiene que «nunca podrán demostrar» que la trama Gürtel le pagó trajes a Camps «porque no es cierto».  
Según la Fiscalía, esa frase «ha sido sacada del contexto de un total de 11 folios de transcripciones, cuya lectura global varía absolutamente el sentido que se le ha dado», aunque no aclara qué otros fragmentos contradicen la exculpación de Camps.  
La Fiscalía precisa que solicitó el «desglose íntegro» de esa conversación «para proteger el derecho de defensa de los imputados» cuyas comunicaciones estaban interceptadas. A su parecer, en el caso Gürtel «se ha utilizado con excepcionalidad y prudencia, y como medio de investigación de criminalidad, la intervención de las comunicaciones» entre los encarcelados y sus letrados.  
«Ello se ha hecho», agrega, «bajo el amparo que la legislación procesal y jurisprudencia prevén, justificado en unos hechos concretos, bajo control judicial y por tiempo limitado». El Ministerio Fiscal «ha instado en sucesivos escritos que se excluyeran del procedimiento cuantas conversaciones pudieran suponer el más mínimo menoscabo del ejercicio del derecho de defensa, quedando tan sólo incorporado al sumario aquello que se ha considerado relacionado con la comisión u ocultamiento de delitos».  
El PP contestó anoche al comunicado diciendo que «los fiscales tendrán que explicar ante los Tribunales competentes la inconstitucionalidad, desproporción en las medidas [de intervención de comunicaciones] y el sectarismo en la utilización de las pruebas».  
«Ignorar declaraciones exculpatorias y sostener la acusación durante seis meses sin tenerlas en cuenta es especialmente grave, al igual que acusar a sabiendas de que existen pruebas que benefician al acusado y que el acusado no conoce», afirma el PP respecto a las frases beneficiosas para Camps.  
«Formular luego recurso de casación [contra el archivo de la investigación a Camps] es una gravísima irregularidad que no se resuelve con notas de prensa», añade el PP, que subraya que las afirmaciones de los imputados favorables a Camps «no fueron apartadas del procedimiento ni tenidas en cuenta por la Fiscalía». 
(www.elmundo.es, 20/10/09)
COSTA SIGUE COMO SECRETARIO GENERAL HASTA EN LA WEB DEL PPCV 
El PP valenciano continúa como si nada hubiera pasado. Para los conservadores, Ricardo Costa sigue como secretario general del partido en la Comunidad, según mantiene todavía en la página web del partido. 
La página web del PP de la Comunitat Valenciana mantiene a Costa como secretario general, a pesar de que fue destituido de sus funciones por la dirección nacional del partido la semana pasada por su supuesta relación con empresas vinculadas a la trama Gürtel. 
La web de los populares valencianos mantiene el currículum y varias fotografías de Costa, mientras que éste sí que ha desaparecido como portavoz en la página de Les Corts, donde ya ha sido sustituido por Rafael Maluenda, que es quien le reemplaza en estas funciones. 
Aunque ya no es portavoz del grupo conservador en Les Corts, sí que mantiene su escaño, por lo que tiene previsto acudir mañana al pleno, donde se sentará al laado del president Camps.  
El portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Rafael Maluenda, ha anunciado este martes, al ser preguntado sobre si el ex portavoz popular Ricardo Costa ocupará en el pleno de mañana el escaño que hasta ahora tenía, que cada diputado se sentará "en el lugar que le corresponde atendiendo a su representación". 
Maluenda se ha pronunciado así tras la Junta de Portavoces, preguntado varias veces sobre si el que hasta la pasada semana era el portavoz del grupo seguirá ocupando mañana su escaño habitual, justo detrás del president de la Generalitat, después de que en el pleno de la semana pasada se le mantuviera el mismo sitio. 
Tras varias preguntas sobre la misma cuestión, Maluenda ha reivindicado que en el grupo conservador hay "normalidad absoluta" y en el pleno cada diputado se sentará "en el lugar que le corresponde", según su "representación", a la vez que ha aseverado que no hay "ningún problema" y "ningún inconveniente con nada". 
Ha reivindicado que las "cosas se hacen a su debido tiempo" y que los "tiempos" de este grupo parlamentario los marca "el propio grupo", y ha asegurado a los periodistas que "verán que se cumplirá" lo que ha dicho. El hemiciclo mantenía hoy la misma distribución de escaños que hasta ahora. 
A Maluenda también le han preguntado si Costa mantiene el vehículo oficial del grupo, el despacho y el complemento de portavoz parlamentario, y ha insistido en que él sólo se ha ocupado del "buen funcionamiento" de su grupo, y "en ningún momento" se ha preocupado "ni de coches oficiales, ni despachos ni de otras cosas".
El nuevo portavoz conservador no ha aclarado si Costa mantiene sus privilegios 
"No sé si me corresponde percibir más, supongo que sí, pero no me preocupa ni me ocupa", ha manifestado Maluenda, quien ha asegurado que no renuncia "a nada", si bien "cuando llegue el momento de plantearse otras cuestiones" que ahora mismo no son su "prioridad" irá "avanzando". 
Ha insistido en que lo más importante ahora es seguir trabajando en beneficio de la sociedad valenciana, y no se ha "preocupado" ni la utilización del coche oficial, que como portavoz "sin duda alguna" le corresponde, ni de aumentar el personal a su servicio ni de cambiar de despacho, y "poco a poco irá avanzando" en otras cuestiones que ahora desconoce. 
Ha destacado que con Costa "no hubo ninguna destitución" en la portavocía del grupo, sino que el grupo conservador nombró a Maluenda como portavoz y lo es "a todos los efectos" y ejerce el cargo "con todas las consecuencias", mientras que en el PPCV César Augusto Asencio "sustituye en sus funciones" a Costa como secretario general.
 (www.publico.es, 20/10/09)
LA FISCALÍA NIEGA HABER QUERIDO PERJUDICAR A CAMPS
La Fiscalía ha salido al paso de las acusaciones que se le han formulado sobre que ha eliminado frases de las escuchas telefónicas practicadas en los locutorios de la cárcel que beneficiaban al presidente valenciano, Francisco Camps. La Fiscalía hace referencia a una frase en la que Pablo Crespo niega a su abogado que la trama hubiera regalado trajes a Camps.
"El deber de informar a la opinión pública y el hecho de que, en relación con el proceso conocido como “caso Gürtel”, se hayan venido produciendo últimamente declaraciones incorrectas, hace necesario poner de manifiesto una vez más que el Ministerio Fiscal, a través de cualquiera de sus representantes y, en concreto, la Fiscalía Especial contra la Anticorrupción, se sujeta al más estricto respeto de la legalidad y su defensa", dice la Fiscalía en una nota hecha pública en la tarde este lunes.

La Fiscalía insiste en que las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación al respecto hacen mención a la intervención de comunicaciones acordada judicialmente y a la solicitud de la Fiscalía de desglose de una concreta frase de tales conversaciones intervenidas.

A ese respecto, afirma que en el proceso del 'caso Gürtel' se ha utilizado con "excepcionalidad y prudencia, y como medio de investigación de criminalidad", la intervención de las comunicaciones del imputado Francisco Correa con sus letrados. "Ello se ha hecho bajo el amparo que la legislación procesal y jurisprudencia prevén, justificado en unos hechos concretos, bajo control judicial y por tiempo limitado", dice la Fiscalía, quien argumenta que ha instado en sucesivos escritos que se excluyeran del procedimiento "cuantas conversaciones pudieran suponer el más mínimo menoscabo del ejercicio del derecho de defensa, quedando tan sólo incorporado al sumario aquello que se ha considerado relacionado con la comisión u ocultamiento de delitos".

Argumenta también que las actuaciones judiciales del Gürtel mantuvieron tan excepcional medida de intervención de comunicaciones para "avanzar en la investigación y comprobación de delitos" (se refiere a la interceptación de los vis a vis de los imputados con sus abogados. "Los hechos que lo fundaron y el derecho que se invocó ponen de manifiesto que no se obró con gratuidad o arbitrariedad. El Fiscal veló, en los términos que le corresponden, para que no quedara en la causa rastro alguno de lo que pudiera perturbar el derecho de defensa", dice la Fiscalía.

Negación de 'censura' sumarial

En ese sentido, dice la Fiscalía que "es injustificado y no tolerable afirmar que el Fiscal ha separado de las comunicaciones intervenidas algún fragmento para perjudicar el derecho de defensa de quien sería imputado en otro procedimiento, D. Francisco Camps. La frase que se publica ha sido sacada del contexto de un total de once folios de transcripciones, cuya lectura global varía absolutamente el sentido que se le ha dado en algunas informaciones".

El ministerio fiscal dice que solicitó el desglose íntegro de la referida conversación para proteger el derecho de defensa de los imputados, todos distintos del antes mencionado, solicitud que fue acordada por el Magistrado Instructor, es decir, por Baltasar Garzón.

Y finaliza señalando que será ante los Tribunales donde los representantes del Ministerio Fiscal, con hechos y derecho que tienen ahí su adecuado eco, podrá desarrollar cuanto aquí se expone sobre el fundamento de la exclusión de dicha conversación, en defensa de la legalidad y del interés público.
http://diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/178626/fiscalia-censura-trajes-camps.html
SI CAE CAMPS, QUEDA BARBERÁ
El PP mira hacia otros liderazgos, como el de la alcaldesa de Valencia, ante la debilidad del presidente valenciano por el escándalo Gürtel
En el PP valenciano están encendidas todas las alarmas. Los escándalos relacionados con el caso Gürtel y la supuesta financiación irregular del partido han colocado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al borde del precipicio. El sainete de la destitución de Ricardo Costa como secretario general y portavoz parlamentario, la descoordinación con la dirección nacional del PP y la parálisis, desde hace más de medio año, en el Gobierno valenciano no han hecho sino agravar la situación de Camps. Un liderazgo granítico hasta el pasado otoño, que ahora tiene los pies de barro y un futuro incierto. Tanto, que en el PP ya han empezado a buscar posibles soluciones y a mirar hacia otros liderazgos, como el de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Los populares no descartan un relevo a mitad de la legislatura

"Si Camps aguanta, está obligado a dar un impulso a su Gobierno"

Los escenarios que manejan los populares valencianos son tres: que Camps consiga recuperarse y concluir el año y medio que le resta de legislatura; que se desplome por el efecto de los escándalos políticos o que se vea obligado a dimitir si el Tribunal Supremo reabre el proceso judicial por un delito de cohecho impropio (por haber recibido trajes pagados por la trama corrupta que dirigía Francisco Correa). Si el jefe del Gobierno valenciano se ve obligado a dimitir, dos son las fórmulas posibles: la convocatoria de elecciones anticipadas o la elección de un sustituto que agote la legislatura.
"El partido ha vivido en los últimos días momentos de pánico, cuando pensábamos que Camps se derrumbaba y nos encontraba a todos desorganizados y sin capacidad de respuesta", explica un parlamentario valenciano. Ésa es la razón principal de que el pasado jueves, el PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, lanzara un aluvión de apoyos al presidente valenciano, argumenta la misma fuente. Ahora, en el PP valenciano existe el convencimiento, independientemente de cuál sea el escenario al que se enfrenten en las próximas semanas, de que ha llegado el momento de que los presidentes provinciales y las referencias fuertes del partido, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tomen cartas en el asunto.
"Paco [Camps] es una persona que mide mucho, pero está sobrepasado. Él tiene el convencimiento de que ha actuado correctamente, pero no sabemos realmente lo que hay en la parte que falta por conocerse del caso Gürtel", afirma un miembro relevante del PP, que añade: "De todos modos, hay que rectificar".
Los tres presidentes provinciales del partido: Alfonso Rus (Valencia), Carlos Fabra (Castellón) y el zaplanista José Joaquín Ripoll (Alicante) ya han mantenido varias conversaciones y han quedado emplazados para reunirse en privado y analizar la situación. Un compromiso entre líderes dispares que hace sólo unos meses hubiese sido imposible. Los tres reclaman ahora un mayor protagonismo en las decisiones de Camps y exigen medidas para remontar la situación. El grado de debilidad de Camps es de tal calibre que todos ellos han visto reforzado su liderazgo provincial y han logrado canales de comunicación directos con la cúpula del PP nacional.
Un extremo que asume ya el entorno del propio presidente de la Generalitat, que ha constatado cómo menguaba la influencia de Camps sobre Mariano Rajoy y cómo la cúpula del PP se dividía entre defensores y detractores del presidente valenciano. Una situación insólita para un Camps que sigue convencido de que él representa al PP de la Comunidad Valenciana y, por tanto, una pieza imprescindible para Rajoy.
"Si aguanta, Camps está obligado a dar un impulso a su gobierno", explica un dirigente popular: "Es muy complicado mantener la gestión en los municipios y en las diputaciones con la Generalitat paralizada". Un alto cargo del Gobierno valenciano va más allá: "La marcha de Ricardo Costa a dejado a Camps sin su principal escudo. Y es increíble que los tres vicepresidentes [Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino] hayan desaparecido del mapa dejando al presidente al descubierto frente a los escándalos". "Es imprescindible una remodelación que permita a Camps reordenar sus defensas si no le queremos ver caer", añade.
Lo cierto es que Camps ha visto cómo en las últimas semanas su entorno se desmoronaba. El viernes pasado le dejó su jefa de gabinete, Ana Michavila, hermana del ex ministro de Justicia José María Michavila. La semana pasada se sintió traicionado por su amigo Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP nacional, que acudió al Día de la Comunidad Valenciana con la instrucción de Génova de que había que destituir a Ricardo Costa de la secretaría regional del partido.
Los vicepresidentes han intentado mantener un perfil bajo durante toda la crisis. Rambla, salpicado por el escándalo de la supuesta financiación irregular del PP, ha evitado tener protagonismo. Gerardo Camps ha pasado días enteros de baja por una molesta dolencia de espalda. Y Cotino, uno de los hombres más próximos a Camps y activo miembro del Opus Dei, ha simultaneado la crisis con sus múltiples compromisos con la Iglesia.
Si Camps sigue sin reaccionar son muchos los que creen que habrá que pensar en el relevo del presidente valenciano. Y la alternativa más sólida es la de la alcaldesa Rita Barberá, especialmente si se trata de cubrir la presidencia a mitad de legislatura. Barberá es diputada autonómica y tiene una autoridad indiscutida en el PP, lo que permitiría reconducir la situación. "No podemos tener ningún vacío y Rita sería la mejor opción en caso de relevo, tanto si se convocan elecciones anticipadas como si no. Otra cosa es que ella quiera, que hasta ahora se ha resistido a cuantos le han sugerido la idea", indican en el PP.
En caso de que Camps cayera y Barberá se negara a sustituirlo, el abanico de posibles relevos se amplía con nombres como el de González Pons, Gerardo Camps o otros alcaldes, como el de Castellón, Alberto Fabra. Pero ese debate, hoy por hoy, sólo forma parte de la especulación.
www.elpais.es 18.10.09
EL 'CASO GÜRTEL' DEBILITA LA ALIANZA DE CAMPS CON LOS EMPRESARIOS
Los patrones consideran que la situación de paralización daña a la economía
"Estamos perplejos ante lo que está pasando, esa es la verdad", afirma un destacado empresario valenciano. Su impresión es un sentir general. El caso Gürtel, afirman, reclama toda la atención del Gobierno de la Generalitat. Anula reuniones comprometidas. Genera desconfianza en la gestión del Consell. Hipnotiza a la oposición. Y daña una imagen ya tocada por polémicas anteriores, como la que rodeó al modelo urbanístico, denunciado varias veces en Europa, o la que convirtió al Valencia CF en un culebrón. Si no tenían bastante con lidiar con la mayor crisis de su generación, cayó la bomba Gürtel y lo paró todo.
"La situación política no se está gestionando bien, claro que no"

"Las empresas valencianas son el pim, pam, pum" de las tertulias"

"La imagen del empresariado está saliendo mal parada"

"Estamos viviendo un momento económico muy difícil, que requiere discutir y buscar soluciones en común. Exige mucho trabajo. Y lo que está pasando, por decirlo suavemente, distrae la atención de los gobernantes. Tampoco facilita alcanzar acuerdos en cuestiones importantes... La situación política no se está gestionando bien, claro que no. Y, además, no da la sensación de que vaya a solucionarse a corto plazo", opina un empresario.
La preocupación entre los empresarios es triple. En primer lugar, está la crisis económica. En segundo, la incapacidad del Gobierno de Francisco Camps y su equipo de dirigir la búsqueda de soluciones a la situación que atraviesa la economía, ocupados como se encuentran en su propia supervivencia política. En tercer lugar, está la cuestión de la imagen.
Juan Eloy Durá, presidente de Fevec, la patronal valenciana de constructores, fue el primero en reconocer que el caso Gürtel inquietaba en las filas del empresariado. Y además, es uno de los pocos que lo ha admitido en público. Durá tenía argumentos para hacerlo. Cinco constructoras valencianas -Sedesa, Ortiz e Hijos Lubasa, Facsa y PIAF- aparecen señaladas en un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía por haber financiado ilegalmente al PP en connivencia con Orange Market, la sucursal valenciana de la trama organizada por Francisco Correa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.
El presidente de Fevec, en un acto junto al vicepresidente Juan Cotino (cuya familia controla Sedesa), hizo una matizada defensa de las sociedades implicadas, y pidió que las posibles conductas ilícitas de cinco empresas no mancharan la reputación del sector. Otro importante empresario contratista de obra pública comparte la inquietud de Durá. Tras el escándalo de la supuesta financiación ilegal del PP por parte de las constructoras citadas, "las empresas valencianas se han convertido en el pim, pam, pum de las tertulias de las radios y las televisiones de España", refiere con angustia. Desde su punto de vista, sería necesario un gran esfuerzo por parte de los partidos y los medios de comunicación para evitar un mayor deterioro de la imagen.
"La imagen del empresariado en general está saliendo mal parada en este proceso, y eso no es bueno. Si alguien ha hecho algo, tendrá que responder, pero a través de un procedimiento judicial normal y sin anticipar conclusiones", señalan fuentes empresariales de Alicante. "El foco se ha centrado en las turbulencias políticas y una situación económica como la actual exige tomar decisiones. Está claro que todo es importante, pero si se ponen en orden, la situación económica es vital. Y ahora está todo más o menos paralizado", añaden.
En las semanas que siguieron al 19 de febrero, el día que se reveló que el fiscal implicaba personalmente a Camps en el caso de corrupción, los empresarios fueron movilizados reiteradamente para asistir a actos supuestamente empresariales cuyo objetivo, a nadie se le escapaba, era justamente arropar al presidente en el trance. Desde entonces, a pesar del momentáneo respiro que implicó el archivo de la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la cosa no ha hecho más que empeorar. Y las movilizaciones han cesado. "Ahora no nos están llamando, pero tampoco tendría mucho sentido que lo hicieran. ¿Qué pintamos nosotros ahí otra vez?", cuenta un empresario, que añade: "Si mañana montan un acto de este tipo, yo no me puedo negar a ir, pero si no me llaman, mejor".
"Todos los partidos han sufrido problemas como estos", afirma otro, "que no son fáciles de gestionar". Y que pasan factura más allá de las personas implicadas. La valenciana era percibida no hace tanto tiempo, afirma, como una comunidad moderna, de vanguardia, que generaba envidia en otras zonas de España. El caso Gürtel, unido a polémicas previas, ha afectado a la imagen de marca del territorio. Y ha relegado a un muy secundario puesto el debate sobre el cambio de modelo productivo.
Los políticos, prosigue, aluden habitualmente al cambio, pero ninguno explica cómo se va a llenar, mientras llega, el vacío dejado por el hundimiento de la construcción, que puede implicar un retroceso de cuatro o cinco puntos en el Producto Interior Bruto autonómico. Ni con qué dinero va a hacerse. Para alcanzar un objetivo tan complicado es necesario elaborar una hoja de ruta a la que se sumen partidos, empresarios y demás agentes sociales, afirman. "Los tiempos son muy duros, y ya no nos valen los discursos vacíos de contenido", advierten.
Para afrontar ese reto hace falta, además, un poco de estabilidad institucional. Y como comenta otro empresario, de momento el caso Gürtel "no parece que vaya a escampar".
www.elpais.es 18.10.09
MARTÍNEZ PUJALTE: "COSTA HA DIMITIDO SIN HABER HECHO NADA"
Las reacciones al impacto del caso Gürtel en el PP valenciano siguieron goteando todo el día de ayer. El diputado nacional del PP Vicente Martínez Pujalte defendió que resulta "desconcertante" todo lo acontecido esta semana en Valencia en relación al caso Gürtel, y en concreto, respecto al cese en sus funciones del secretario general del PPCV y portavoz popular en las Corts, Ricardo Costa, de quien aseguró que "ha dimitido sin haber hecho nada, sin que los jueces hayan dicho nada de él".
En una entrevista en la Cadena SER, el diputado valenciano recordó que en la Comunidad Valenciana "no hay nadie ni imputado, ni ningún tema judicializado", por lo que calificó de "desconcertante" todo lo acontecido y confió en que todo se resuelva por "las vías ordinarias". Martínez Pujalte también recordó que Costa ya pidió perdón por el tono de unas conversaciones que, en su opinión, no son "adecuadas".
Otros dirigentes salieron en defensa del partido. Alfonso Rus, presidente del PP en la provincia de Valencia, animó en Ontinyent en un almuerzo con alcaldes y portavoces de su partido en La Vall d'Albaida a "no agachar la cabeza". Rus les conminó también a "plantar cara a quienes intentan echar basura contra los que ganan". "Me niego a que digan que somos todos iguales, que lo demuestren", esgrimió Rus, quien aseguró que en el PP "hay gente de todos los colores como en todos los lugares". Rus estuvo acompañado del consejero de Inmigración, Rafael Blasco, quien dirigió sus críticas al Gobierno. Blasco acusó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de haber "ocultado, a sabiendas, pruebas que exculpan a Camps".
La visita del Papa
La portavoz socialista en la Comisión de Control de Ràdio Televisió Valenciana, Nuria Espí, solicitó la dimisión del director del ente, José López Jaraba, a quien pidió explicaciones "inmediatas" sobre "la contratación millonaria con empresas de sonorización que retransmitieron la visita del Papa en Valencia". "Es intolerable que la televisión pública, que todos los valencianos pagamos, se haya gastado el doble del valor real con empresas interpuestas de la trama Gürtel", dijo Espí. Canal 9 pagó 6,4 millones de euros por un operativo que costó 3,1, según publicó ayer este diario. "Los valencianos", añadió Espi, "no nos merecemos una televisión manipulada y además corrupta".
www.elpais.es 18.10.09
LA TELEVISIÓN VALENCIANA PAGÓ POR LOS ACTOS DEL PAPA EL DOBLE DEL COSTE REAL
Correa preparó el pelotazo tres meses antes de la contratación del evento
La visita del Papa a Valencia resultó un colosal negocio para la trama de corrupción vinculada a gobiernos del PP. Los gastos de la sonorización de los distintos actos, por los que la televisión pública valenciana pagó 6,4 millones, fueron en realidad de apenas 3,1 millones, algo menos de la mitad. Así se desprende del resumen de gastos e ingresos del montaje por la visita del Papa que figura entre la documentación requisada en un piso que Francisco Correa, jefe de la trama, tenía en Madrid.
La Sindicatura de Cuentas alertó de irregularidades en la adjudicación


Los 3,3 millones de beneficios se los repartieron supuestamente Teconsa -constructora leonesa sin experiencia en ese tipo de trabajos, que a pesar de ello se hizo con el contrato- y la red Gürtel.
Los actos los montaron realmente tres empresas especializadas en el sector audiovisual -que pagaron comisiones a Correa para entrar en ese negocio, según un informe policial-. Dos de esas sociedades, Apogee e Impacto, apenas tenían relación con Teconsa, la empresa que las contrató, mientras que habían sido, desde 2000, subcontratas habituales de las firmas con las que Correa organizaba los actos del PP. Los informes de la Agencia Tributaria concluyen que Special Events, Easy Concept, Orange Market y Good&Better, todas ellas integrantes de la trama, habían pagado 1,5 millones por distintos servicios tanto a Apogee como a Impacto en los últimos siete años.
Apogee, según las cuentas de Teconsa que analiza la policía, cobró 1.050.000 euros por sus servicios para la visita del Papa, e Impacto facturó 1.747.000 euros. Otros gastos menores elevaron la factura final a 3,1 millones. Sin embargo, la televisión valenciana pagó 6,4 millones por el contrato.
El expediente para contratar la sonorización de los actos del Papa se hizo en abril, pero tres meses antes las empresas Apogee e Impacto, según la documentación requisada a Correa, ya se habían dirigido a Teconsa para ofrecer sus servicios ante un evento del que no sabían si se haría por concurso o no.
Los 3,3 millones de beneficios por el acto del Papa se repartieron así, según la policía:
- 1,2 millones de euros directamente a la red de Correa.
- Un millón a una empresa llamada Montenegro, ligada también a Correa, según la policía.
- 200.000 euros a Teconsa
- 900.000 euros de beneficio final cuyo reparto se ignora.
El delegado del Gobierno central en Valencia, Ricardo Peralta, lamentó ayer, en referencia al PP, que "los que defienden valores" convirtieran al Papa en "objeto de negocio". CC OO reclamó la "destitución" de todos los directivos de Radio Televisión Valenciana que intervinieron. "Las contrataciones externas", según el sindicato, "eran un cáncer que llevaba la televisión a la ruina, ya que tenía como objetivo favorecer a empresas amigas del PP".
Los socialistas exigen una comisión de investigación en el canal autonómico -hasta hace tres semanas dirigido por Pedro García, colaborador de la trama según el sumario-. La televisión pública valenciana aseguró, por su parte, que Teconsa -una constructora que hace carreteras y edificios- presentó un acta notarial donde aseguraba que su objeto social incluía "la ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas en general, en alta, baja y media tensión" y citaba "instalaciones de telecomunicación, instalaciones electrónicas e instalaciones de sistemas de señalización y balizamiento de puertos, aeropuertos y carreteras". El contrato para los actos del Papa tenía por objeto el "suministro en alquiler de equipamiento de pantallas de vídeo, sonido y megafonía".
La Sindicatura de Cuentas denunció en su informe de 2006 que, aunque el pliego de condiciones de ese contrato recogía claramente que los criterios de adjudicación no podían ser sólo económicos, sino que debían contemplar la fiabilidad técnica y operativa, Teconsa no cumplió con ese precepto. Y añadía: "En el expediente no constan las valoraciones específicas de las colaboraciones que el adjudicatario indica en su oferta para la ejecución del contrato, así como del cumplimiento de las estipulaciones al respecto previstas en el pliego".
www.elpais.es 17.10.09
DOCE MILLONES 'PERDIDOS' BAJO EL EPÍGRAFE "OTROS GASTOS"
La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, que gestionó la visita del Papa en julio de 2006, ocultó bajo el epígrafe "otros gastos" 12 millones de euros sin mayor especificación. Los gastos de la visita papal han sido prácticamente un secreto de Estado del Gobierno valenciano que, sistemáticamente, se ha negado a informar sobre el coste de una estancia que duró menos de 24 horas.
Las cuentas estaban pendientes de registrar desde el 28 de junio de 2007, cuando fueron aprobadas por el patronato del que formaban parte el entonces vicepresidente del Consell Víctor Campos -amigo íntimo de Álvaro Pérez, El Bigotes, y que recibió regalos de la trama-; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el presidente de la Diputación, Fernando Giner; y el arzobispo auxiliar, Esteban Escudero. En la reunión del patronato se dejó claro que la fundación podía formular las cuentas anuales "de forma abreviada" y que no estaban obligados a "someter sus cuentas a una auditoría".
En septiembre de 2009, tres años después del evento y con mucho retraso sobre lo exigido por la ley, la Fundación presentó al fin su memoria económica y de actividades con algunas deficiencias y notables inconcreciones. Resulta imposible saber en qué se gastaron los 12 millones y resulta sorprendente el capítulo de ingresos que ascienden a 9,4 millones, justificados así: de "cuotas de usuarios y afiliados", 4 millones; de "convenios de colaboración", 2,6; de "donaciones declaradas", 2,1 y 436.000 de "donaciones anónimas y subvenciones".
Tres millones de déficit
El déficit entre ingresos y gastos se acerca a los tres millones de euros lo que, en opinión de la Consejería de Justicia, coloca a la fundación en riesgo de disolución a causa de sus deudas. A los 12,3 millones de gastos que, sin detallar, realizó la Fundación hay que añadir otros 11 millones que desembolsó Ràdio Televisió Valenciana para cubrir el evento, según una auditoría de Ernst&Young. Si a ello se suman partidas sin cuantificar de diversos departamentos de la Generalitat, se puede concluir que el coste de la visita del Papa a Valencia superó los 25 millones.
El depósito de las cuentas -a las que ha tenido acceso EL PAÍS- se autorizó por el Consell, que preside Camps, sin que se hubiesen subsanado las deficiencias detectadas por los funcionarios del Registro de Fundaciones. Entre estas deficiencias está la carencia de una memoria de actividades que debería incluir "el número de beneficiarios en cada una de las actuaciones realizadas".
www.elpais.es 17.10.09
EL GOBIERNO VALENCIANO ANUNCIA UNA QUEJA CONTRA GARZÓN POR IGNORAR DATOS FAVORABLES
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se deshizo de todo el caso Gürtel el pasado 6 de marzo, cuando envió una parte al Tribunal Superior valenciano y otra, al de Madrid para que investigaran a aforados de esas dos comunidades. Ayer, el Gobierno valenciano anunció que presentará una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por la actuación del magistrado en un caso que llegó a la imputación por cohecho de cuatro cargos del PP valenciano, incluidos el presidente de la Generalitat.
Para el Consell, Garzón no tuvo en cuenta una conversación grabada en la cárcel entre los cabecillas de la trama y sus abogados que podría ser favorable a Francisco Camps. Garzón ordenó retirar del sumario esas conversaciones, y muchas otras, que perjudicaban al presidente valenciano, y al propio partido por financiación ilegal, ya que afectaban al derecho de defensa. El PP ya presentó una denuncia en el Tribunal Supremo y una queja ante el CGPJ contra Garzón por prevaricación. Ambas fueron archivadas.
Mientras, en Madrid, dirigentes del PP como María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría apuntalaron las decisiones tomadas por Rajoy en Valencia. Rajoy no fue capaz de explicar el pasado jueves por qué Costa debía dimitir y Camps, no. Los dos estuvieron imputados y en ambos casos se archivó. Los dos eran amigos de El Bigotes y recibieron regalos. De los dos se ha publicado conversaciones embarazosas. Pero según Cospedal, secretaria general del PP, "de ninguna manera es igual la situación de Costa que la de Camps". En la Cadena SER, Cospedal dijo que a Costa se le exigía "un plus" en su comportamiento.
www.elpais.es 17.10.09
PABLO LANDECHO SUCEDE A ANA MICHAVILA COMO JEFE DE GABINETE
La de Ana Michavila era una marcha anunciada. Ayer se hizo oficial, al nombrar el Consell, en su reunión plenaria, a Pablo Landecho Campos como nuevo jefe de gabinete del presidente de la Generalitat. Michavila, que ha estado al lado de Francisco Camps durante años y ha ejercido un papel de gran influencia en su entorno, deja paso a un hombre que desempeñaba hasta ahora el cargo de director general de Economía.
Landecho, una persona de confianza de Camps desde hace tiempo, ocupó anteriormente un puesto de asesor en el equipo de análisis de Presidencia de la Generalitat, desde donde fue promovido a su puesto en el área económica. Por tanto, en buena medida, vuelve a su departamento originario.
Del jefe de gabinete del presidente de la Generalitat dependen los departamentos de Análisis y Gestión y de Organización de Presidencia de la Generalitat. Su gran influencia ha generado a menudo roces con los equipos de comunicación de los portavoces del Consell.
www.elpais.es 17.10.09
LA TRAMA CORRUPTA COBRÓ MÁS DE UN MILLÓN EN COMISIONES ILEGALES POR LA VISITA DEL PAPA 
La investigación de las actividades de la trama corrupta vinculada al PP ha destapado el cobro de al menos un millón y medio de euros en comisiones ilegales por parte de varias empresas -principalmente de la red que dirigía Francisco Correa, que se habría embolsado más de un millón- como consecuencia del reparto de los beneficios logrados por la sonorización y montaje de pantallas de vídeo en Valencia durante la visita del papa Benedicto XVI los días 7 y 8 de julio de 2006. 
El Gobierno valenciano ha negado en todo momento la vinculación de la red Gürtel con este evento. Sin embargo, las cuentas de la visita del Papa, sobre las que el Gobierno de Francisco Camps se ha negado a informar repetidamente, incluso en el Parlamento valenciano, han sido siempre objeto de polémica. 
Un informe policial detalla cómo Correa y su lugarteniente en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, urdieron un plan para hacerse con parte de la organización de la visita del Papa y obtener beneficios millonarios. 
Para la celebración de este acto se creó una fundación en la que participaban el Arzobispado de Valencia, cuyo representante era el arzobispo de Valencia, el cardenal Agustín García Gasco; la Generalitat (Francisco Camps, presidente), el Ayuntamiento (Rita Barberá, alcaldesa) y la Diputación Provincial (Fernando Giner, presidente). 
Televisión valenciana
Esta fundación decidió adjudicar la exclusiva de la distribución de la señal institucional de televisión al ente público Radio Televisión Valenciana (RTVV), dependiente de la Generalitat y adscrito a Presidencia del Gobierno. El director general de RTVV era entonces Pedro García Jimeno, quien, según la investigación del caso Gürtel, recibió múltiples regalos en forma de trajes de Álvaro Pérez, El Bigotes, y realizó viajes privados en compañía de los miembros de la trama corrupta para preparar otros negocios. García Jimeno había llegado al cargo de la mano de Camps, después de ser su secretario de Comunicación. 
García Jimeno decidió contratar a una empresa externa para la sonorización de todo el acto y para el montaje de pantallas de vídeo por 6,4 millones de euros. Eligió para el trabajo a la constructora leonesa Teconsa, sin ninguna experiencia en ese tipo de montajes y que se dedicaba a la construcción de carreteras, edificios y viviendas y a la compraventa de inmuebles. Teconsa aparece directamente vinculada a la trama de corrupción que dirigía Correa por el pago de comisiones ilegales en la adjudicación de obras en Castilla y León, por numerosos apuntes en los libros de contabilidad de la red Gürtel y por conversaciones grabadas entre el presidente de la constructora y el líder de la trama. 
Como carecía de experiencia para la sonorización del acto, Teconsa subcontrató el servicio con tres empresas especializadas: la firma de ingeniería alemana Sirius Show Equipment SG y las españolas Apogee Telecomunicaciones e Impacto Producciones. La policía halló en un piso de seguridad que la trama de Correa tenía en la calle del General Martínez Campos, en Madrid, los contratos entre Teconsa y alguna de las empresas con las que subcontrató la constructora leonesa la sonorización de la visita del Papa. 
Entre los archivos hallados en el piso de seguridad se encontraron apuntes de la contabilidad que llevaba Correa, donde registró cobros por 957.000 euros en concepto de comisión por intermediar en favor de las citadas empresas sevillanas para que se encargaran de todo el montaje. "Es decir", explica el informe de la Brigada de Blanqueo, "la organización utilizó a la empresa Teconsa de pantalla, merced a su solvencia económica, para entregar finalmente el contrato a las empresas audiovisuales de las que recibió la comisión". Además de los 957.000 euros, la red de corrupción apuntó otro ingreso de 230.000 euros a favor de Castaño Corporate (sociedad de Correa gestionada por Jacobo Gordon) y 200.000 más para Teconsa, la empresa que había puesto su nombre para hacerse con el millonario contrato de RTVV. 
La investigación también señala que Pablo Crespo, número dos de la trama, viajó a Sevilla a recoger las comisiones ilegales, pues allí se encontraban radicadas las empresas subcontratistas del evento. El dinero de la comisión ilegal lo ingresó luego en una caja de seguridad y parte de ella pasó a engrosar la caja B que supuestamente utilizaba la organización de Correa para hacer sobornos a políticos del PP. Del dinero ingresado en la citada caja B por la comisión de la visita del Papa salieron además 15.000 euros para la compra de un vehículo modelo Jeep y otros 60.000 euros para una empresa de Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, testigo en su boda con Ana Aznar (hija del ex presidente del Gobierno) e imputado en el caso Gürtel como una de las piezas clave en el entramado inmobiliario de Correa. 
El informe policial destaca que no sólo hay una relación directa entre Correa y El Bigotes con el ya ex director de Canal 9, sino también con miembros de la fundación que organizaron la visita del Papa a Valencia. 
(www.elpais.com, 16/10/09) 
LAS PRUEBAS DE LA RAPIÑA 
El Gobierno valenciano de Francisco Camps negó a la oposición cualquier información sobre las cuentas del viaje del Papa Benedicto XVI en julio de 2006, con la excusa de que las cuentas de la Fundación que organizó el acto no se encontraban depositadas en el Registro de Fundaciones. 
La policía, tras meses de investigación, ha logrado desentrañar el misterio de una conversación que grabó un ex concejal del Partido Popular, José Luis Peñas, imputado en el caso y autor de la denuncia que destapó el caso Gürtel. Esas conversaciones sólo son una parte de las pruebas que aporta el informe de la Brigada de Blanqueo para acreditar que la trama corrupta hizo negocio a cuenta de la visita del Papa. 
Conversaciones. Álvaro Pérez, el delegado de Correa en Valencia, habla con otros miembros de la trama sobre el viaje del Papa y su participación en la organización del mismo. 
Esta es la transcripción de una de las conversaciones: "Ahora mismo el presidente [Camps] está en el Consejo de Gobierno. A lo mejor dicen que me nombran coordinador general de sus muertos para lo del Papa y, entonces, así me puedo tirar todo el puto día en el río [en referencia a las consecuencias que tendría que se hiciera público ese nombramiento] porque es que yo no puedo aparecer. Si me hacen una foto la liamos, entonces estamos haciendo las gestiones necesarias..." 
- Piso de seguridad. Entre la documentación incautada a la trama corrupta en un piso de seguridad que tenían en la calle del General Martínez Campos de Madrid se hallaron contratos entre la constructora leonesa Teconsa y las empresas a las que subcontrató para que instalasen la sonorización y pantallas de vídeo del acto de la visita del Papa en Valencia. 
Además, encontraron actas redactadas por los directivos de la trama sobre reuniones mantenidas entre Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo con una de las empresas sevillanas que se encargó de la sonorización del acto. La policía sostiene que esas reuniones demuestran que fue el clan Correa quien puso en contacto a Teconsa, la constructora que logró los 6,4 millones de la televisión valenciana, y las empresas especializadas en el montaje que finalmente se encargaron del acto. Esas empresas ya habían trabajado anteriormente con las sociedades de la trama Gürtel en los eventos que organizaban para el PP. 
- Contabilidad. En los archivos informáticos encriptados que la policía encontró en los registros de las sedes de la trama corrupta se encontraban múltiples apuntes sobre supuestos ingresos relacionados con la visita del Papa a Valencia. 
Además, había otros misteriosos apuntes relacionados con ingresos de decenas de miles de euros por la visita de los directivos de la trama a Sevilla. Tras meses de investigación y el hallazgo de nuevos documentos, la policía concluye que ese dinero corresponde al pago de comisiones ilegales a la trama corrupta por parte de las empresas subcontratistas del acto del PP, con sede en Sevilla. 
- Relación con Teconsa. Grabaciones de conversaciones de Francisco Correa acreditan su relación con los directivos de Teconsa, la constructora leonesa que consiguió el millonario contrato para la sonorización de los actos de la visita del Papa a Valencia. Además, documentos incautados en las sedes de la red Gürtel acreditaron que Teconsa no sólo participó con Correa en el negocio de la visita del Papa, sino que pagó a la trama por su intermediación en la adjudicación de obras públicas. Una de ellas, en la comunidad de Castilla y León, está siendo investigada aún por la posible implicación del actual presidente del parlamento de esa comunidad y ex consejero de Fomento. 
(www.elpais.com, 16/10/09)
RAJOY RESCATA A CAMPS SIN EXPLICAR POR QUÉ NO LE DESTITUYE COMO A COSTA 
"No hay nada más injusto que tratar igual a los diferentes. Hay que dar una respuesta a cada caso". Esta idea, defendida ayer por Mariano Rajoy, resume la defensa de la dirección del PP ante una evidencia: la diferencia de trato entre Ricardo Costa, destituido como secretario general del PP valenciano, y su jefe, Francisco Camps, que tenía las mismas o superiores relaciones con la trama Gürtel en Valencia. 
Fuentes del partido aclaran cuál es el motivo real: la fuerza política de Camps, muy superior a la de su subordinado. Es mucho más difícil relevar a un barón regional, con el conflicto interno que eso supone, que a un cargo intermedio. Es lo que explica que mientras el PP justifica en la "ejemplaridad" la destitución de Costa, mantenga en su puesto a Carlos Fabra, todopoderoso barón castellonense imputado por varios delitos. 
Rajoy acudió al rescate de Camps, criticado sin contemplaciones por su gestión de la crisis, por engañar al líder -"no me ha engañado", desmintió- y por su amistad con El Bigotes, hasta el punto de que Manuel Fraga, presidente fundador, le lanzó una carga de profundidad desde la COPE. "En Valencia tenemos una persona libre de toda sospecha como Rita Barberá", sentenció. "¿Diría lo mismo de Camps?", le preguntaron. "No, no diría lo mismo. Le ha faltado moral para hacer las cosas con energía, ha habido que resolverlo desde Madrid". 
Rajoy respondió a Fraga y defendió a Camps varias veces: "Mantengo el mismo nivel de confianza en Camps. Mi deseo es que siga siendo presidente y sea candidato en 2011". Pero no logró explicar con claridad por qué habían destituido a Costa y no a Camps por los mismos motivos. 
"No tengo duda de la honradez del señor Costa. Ha trabajado mucho por el partido. Pero el nivel de exigencia a un secretario general es mayor que el de un militante de base", dijo Rajoy. La pregunta era lógica: ¿Y ese nivel de exigencia no sería aún mayor para el jefe de ese secretario general, el presidente del partido, responsable además de haber llevado a Valencia a la red Gürtel cuando Génova los echó? Rajoy dijo que en Valencia pensaban que El Bigotes ya no trabajaba para Francisco Correa, la tesis que defiende el entorno de Camps -que nunca ha explicado sus relaciones con la trama-, y defendió al valenciano: "Una vez archivado el caso que afectaba al señor Camps, no hay ningún elemento nuevo que le afecte ni ninguna actuación que le haga merecedor de ser cesado". 
¿Pero hay algún elemento nuevo con Costa, cuya implicación en el caso de los trajes también quedó archivada? Rajoy no lo explicó, pero fuentes oficiales aclararon después que el informe policial sobre financiación ilegal del PP valenciano tan criticado sí contiene novedades. Claro que éstas implican tanto a Costa como a Camps, ya que la red, según las conversaciones, utilizaba la relación personal de El Bigotes con Camps y su esposa para desbloquear el pago de algunas deudas. 
Génova pidió y obtuvo ayer -con la excepción de Fraga- el cierre de filas generalizado con Camps, a la espera de esos "elementos nuevos" que muchos temen. El líder no conocía aún, obviamente, las revelaciones sobre las jugosas comisiones que la red obtuvo de la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006. 
Rajoy se defendió con firmeza de casi todos los golpes, pero falseó la realidad al vender una destitución como una dimisión: "Costa pidió su suspensión como secretario general y como portavoz y se aceptó". Nunca sucedió tal cosa. 
Después de seis meses -la última rueda de prensa en Génova fue el 13 de abril- Rajoy cogió al fin el toro por los cuernos y ofreció una detallada explicación, con una docena de preguntas, de su posición sobre el caso Gürtel, lo que pasó, lo que ha hecho y lo que hará el PP. Básicamente: aumentar los controles y endurecer el código ético que ya aprobaron en los 90, tras el caso Naseiro. 
Rajoy dejó claro que poco se ha hecho hasta ahora en cuanto a endurecimiento de controles: "Yo no sé qué empresa organizó el acto de Dos Hermanas (Sevilla), por ejemplo. A partir de ahora tendré que enterarme". 
(www.elpais.com, 16/10/09) 
RAJOY SE ESCUDA EN BÁRCENAS Y RENUEVA SU APOYO A CAMPS 
El líder del PP, Mariano Rajoy, compareció ayer para dar explicaciones sobre el cese de Ricardo Costa, su relación con Francisco Camps y los vínculos de su partido con la trama Gürtel. Hacía más de seis meses que no daba una rueda de prensa en la sede nacional y había mucha expectación por sus palabras. Pero esta se desinfló en cuanto volvió a profesar su confianza en el presidente de la Generalitat y vendió la salida del secretario general de la Comunidad Valenciana como una dimisión voluntaria.  
La única novedad fue el anuncio de que el PP elaborará "un código de buenas prácticas" para reforzar "la transparencia" de su sistema de gestión interna. Pero no habló de poner en marcha una comisión de investigación interna. Muchos dirigentes creen que no lo hace porque eso supondría reconocer en público que existe financiación ilegal. 
Rajoy arrancó su discurso aclarando cuál había sido el contacto de su partido con las empresas dirigidas por Francisco Correa. Contó que habían sido "proveedores de servicios" durante años y la colaboración se rompió en el 2004 porque estaban utilizando las siglas del PP en beneficio propio. El jefe de la oposición sostuvo que fue en febrero de ese año cuando se enteró de que esta red había iniciado "cierta actividad profesional con algunas autonomías y ayuntamientos". Y se lavó las manos afirmando que habían actuado "o bien ocultando su auténtica identidad, o bien a través de contactos no institucionales sino estrictamente personales". 
Al recordarle que Costa se defendió hace unos días diciendo que jamás recibió una orden directa de la dirección nacional para cortar con Orange Market, la empresa de la trama en Valencia, Rajoy recalcó que él había emitido una: "Yo he dado instrucciones a quien me corresponde darlas, que es al gerente y al tesorero nacional del partido, y se cumplieron". Rajoy obvió comentar que el gerente no era otro que Luis Bárcenas, a quien luego ascendió a tesorero y que ahora está imputado por el Supremo por recibir 1,3 millones en sobornos de la trama. 
Rajoy admitió que no se había avisado a las formaciones regionales una por una. "No he dado instrucciones a todas las personas que aparecen en el sumario de Madrid. Y en Valencia me han explicado ahora que creyeron que esa empresa [Orange Market] se había desgajado de la que yo había dicho", se defendió.  
En su discurso, el líder del PP repitió hasta en tres ocasiones que las cuentas del PP eran "legales". Y afirmó con solemnidad que no iba a consentir conductas que pudieran "avergonzar a ningún votante", fueran o no estas "sancionables desde el punto de vista penal". A su juicio, su formación ha dado una respuesta política "sin parangón en la vida pública española".  
"Ya se han tomado las medidas que había que tomar", destacó. Parecía que con el relevo de Costa se daba por satisfecho. Y ni se planteaba la posibilidad de que Camps siguiera el mismo camino. Al contrario, Rajoy insistió ayer en que seguía manteniendo en el presidente de la Generalitat "el mismo nivel de confianza" de los últimos años. Tanto que le quería seguir viendo al frente del partido valenciano y como candidato a las elecciones de 2011. "A mí Camps no me ha mentido", apuntó, despejando los fantasmas de una fractura interna que se originó después de que el presidente valenciano le transmitiera una versión del Comité regional muy diferente a la real.  
Sobre los motivos de la destitución de Costa, Rajoy señaló que no tenía "ninguna duda de su honradez personal" y reconoció su dedicación al PP. "Ha hecho grandes trabajos en el partido y estamos muy contentos", llegó a decir. En el PP algunos reconocían que el demoledor informe policial, que se filtró hace unas semanas, había influido mucho.  Pero Rajoy argumentó que lo había expulsado porque su cargo tiene "un plus de exigencia mayor que otros militantes". No quiso analizar si el presidente de una comunidad autónoma tiene ese mismo plus de responsabilidad. Y menos entrar a valorar si era éticamente reprobable que Camps fuera "el amiguito del alma" de Álvaro Pérez, El Bigotes.  
Rajoy piensa que "no hay ningún elemento nuevo" que afecte a Camps "ni ninguna actuación política" que "le haga merecedor de ser cesado". Es más, aprovechó para subrayar que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había archivado el caso de los trajes, aunque el fiscal "ocultó" documentos "básicos" para su defensa.  
El líder del PP cree que en todo este asunto ha actuado "con prudencia", procurando "no ser arbitrario, ni injusto". Él no cree que afecte a su liderazgo.:"Estoy equilibrado", bromeó. Pero no se salvó de algunas críticas internas que creen que sólo ejerce su autoridad cuando "no queda más remedio" y que mientras ejerce la táctica del avestruz: meter la cabeza debajo del ala.  
(www.publico.es, 16/10/09) 
DE COSPEDAL CONSIDERA "MUY VALIENTE" LA INTERVENCIÓN DE RAJOY 
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha negado que la Gürtel sea su momento más difícil en el cargo, y ha asegurado que la mayoría de militantes del partido están "muy satisfechos con la gestión de Rajoy". "La intervención de Rajoy fue muy valiente", ha afirmado De Cospedal en referencia al "futuro candidato del PP en 2012" 
La mano derecha del líder del PP ha resaltado el anuncio de Rajoy de crear un nuevo código de buenas conductas, ya que "se ha demostrado que con todo lo que tenemos hasta ahora no ha sido suficiente".  
"Como no queremos que vuelva a pasar esto, seremos más cuidadosos", ha afirmado De Cospedal, quien ha matizado que "todas las personas imputadas por este caso, que han sido muchas, no están condenadas". 
La número dos del PP ha calificado de "ejemplificante" la actuación del PP en torno a la Gürtel, "aunque algunos estén insatisfechos porque no han logrado sus objetivos". "Yo no pongo en duda que haya gente que piense que la actuación de rajoy ha sido tardía, pero cuando empezaron los primeros hechos en Madrid se produjeron suspensiones de militancia", ha recordado la número dos del PP. 
"Con Camps no se ha demostrado nada en un tribunal". La secretaria general el PP ha diferenciado entre el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y el presidente del Consell, Francisco Camps."No hemos oído a Camps hacer las declaraciones que ha hecho Costa" 
"No es lo mismo con Costa que con Camps, las actuaciones son distintas. No es igual la situación de Costa que la de Camps", ha afirmado sin demasiado entusiasmo De Cospedal, quien ha resaltado que "no hemos oído a Camps hacer las declaraciones que ha hecho Costa". 
De Cospedal ha recordado que "Rajoy mantiene su confianza en Camps y me parece muy bien", si bien ha reconocido que en el PP "ha habido comportamientos que no me gustan". "También es verdad que hay actuaciones que cuando salen publicadas son más vergonzantes que lo que puedan ser en el momento. Cualquiera de nosotros estaríamos comprometidos si se hacen públicas conversaciones privadas", ha argumentado De Cospedal, en referencia a Costa. 
La número dos del PP no ha desperdiciado la oportunidad de criticar las actuaciones del Gobierno en referencia a la Fiscalía, a la que "manejan", y a las filtraciones del sumario Gürtel. 
(www.publico.es, 16/10/09) 
COSPEDAL DICE QUE RAJOY NO VINCULA SU FUTURO POLÍTICO AL DE CAMPS 
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy horas después de que Mariano Rajoy compareciera ante los medios ante la gravedad de los hechos del caso Gürtel en la que no aclaró por qué se tomó la decisión de cesar a Ricardo Costa y no se adoptó la misma medida con Francisco Camps. Además, a la pregunta directa de Carles Francino sobre si Mariano Rajoy vincula su futuro político al de Camps, la número dos de los populares lo niega. 
Pese a que Rajoy no convenció a los medios en su comparecencia de este jueves, De Cospedal ha defendido plenamente la actuación de su presidente, calificándola de "valiente y sincera". Pese a las críticas sobre la tardía y titubeante acción de Rajoy, Cospedal afirma que su líder llegará a ser candidato en las próximas elecciones y asegura que las actuaciones se han tomado en su momento adecuado. 
Sobre la justificación para destituir a Costa y no a Camps, De Cospedal insiste en los argumentos de Rajoy, señalando que "un secretario general tiene que tener un comportamiento determinado hacia su militancia y que no ha cumplido en este sentido Ricardo Costa", algo que sí ha hecho en su opinión Francisco Camps. "Un secretario general tiene que saber muy bien dónde está. Son cargos de confianza y se les exige un plus de responsabilidad", al tiempo que ha criticado las declaraciones a la prensa de Ricrdo Costa. Camps, sin embargo, está haciendo una "gran labor" según la dirigente popular. 
Carles Francino ha pedido a la número dos del Partido Popular que describa en pocas palabras sus impresiones sobre diversos compañeros en el seno del PP: 
Ricardo Costa: "Se equivocó en su forma de actuar" 
Francisco Camps: "Seguirá siendo presidente de los valencianos" 
Manuel Fraga: "Tiene sus propias opiniones, muy respetables" 
Carlos Fabra: "Es el presidente de mi partido en Castellón y nada más" 
Educardo Zaplana: "Hoy no está en política" 
Esperanza Aguirre: Tras describir los cargos que ostenta Esperanza Aguirre, Cospedal afirma: "No tengo mucho más que decir" 
José María Aznar: "Fue un gran presidente y supo lidiar con una situación económica muy complicada" 
(www.cadenaser.com, 16/10/09) 
SÁENZ DE SANTAMARÍA: "COSTA ADMITIÓ SUS ERRORES, POR ESO NO SIGUE EN EL PUESTO" 
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha lamentado el papel del Gobierno con su  política de "oposición a la oposición".  Santamaría ha pedido al Gobierno que deje actuar a jueces y ficales y que el caso Gürtel "no sea un elemento de justificación del Gobierno para no hacer nada". "El Gobierno que haga lo suyo que para eso le pagan los españoles", ha sentenciado.
En su opinión el Gobierno y la Fiscalía han tenido comportamientos antidemocráticos y apunta a De la Vega  como culpable de la pérdida de confianza en la Fiscalía. La conservadora se ha atrevido a vaticinar que en el futuro "veremos más cosas, porque siempre que se acercan unas elecciones aparecen", explica sobre los casos de corrupción que acechan al PP.
Defiende que en el PP se da "trascendencia a estos temas y tomamos decisiones". Como ya avanzó Rajoy ayer, el PP llevará a cabo un código de buenas conductas "para que la contratación sea más trasparente.  Nosotros nunca hemos mirado hacia otro lado".  De esta forma considera que superan a "cualquier partido" ya que se trata de un "plus". Sobre los regalos  a políticos, Soraya ha dicho que no hay que aceptar regalos aunque "no es lo mismo unas flores que un yate". "En esta vida lo mejor es el sentido común", culmina.
Además, la portavoz del Gobierno justifica la actuación del PP en relación con el cese del secretario general del PP en Valencia. "El señor Costa ha reconocido sus errores, por eso no sigue en el puesto. Admitió unos comportamientos que no hizo bien. Tiene ese plus de ejemplaridad que se le exige a un político. No creo que todos los partidos puedan decir lo mismo".  
Sobre los patrimonios de los ministros, Soraya que ayer se mostró crítica al respecto, incidió en la trasparencia. Asegura que no tendría problemas en dar a conocer su patrimonio y que "parece que ahorra más que alguno de los ministros". Además, ha explicado que no le interesan este tipo de datos por el "cotilleo", sino porque pueden ser importantes para reconocer "los intereses económicos" que pueden tener los dirigentes.
Por otra parte, la portavoz asegura que llevarán a cabo una enmienda a la totalidad de los presupuestos porque sencillamente "no son buenos". Como ya ha dicho en reiteradas ocasiones, se trata, según ella, de unos presupuestos en los que se suben "los impuestos para tapar los agujeros". destruyen el empleo de hoy y ponen en peligro la pensiones de mañana. 
(www.publico.es, 16/10/09) 
FRAGA DUDA DE LA HONRADEZ DEL JEFE DEL CONSELL Y FABRA LE CONTESTA AL PRESIDENTE FUNDADOR QUE SE RETIRE
El presidente fundador y senador del PP, Manuel Fraga, alabó ayer la figura de Barberá, de quien dijo que es "extraordinaria y por encima de toda sospecha". Sin embargo, "no diría lo mismo", añadió, de Camps. En declaraciones a la Cope, expuso que un político debe tener una "moral indestructible", con "convicciones éticas muy profundas y la capacidad de ejercerlas". Señaló que "probablemente" a Camps le haya faltado moral "en uno de esos sentidos". "No entro en su moral privada y ante su confesor, pero es evidente que la moral para hacer las cosas con energía no da la impresión que la haya tenido, y ha tenido que ser Madrid quien resolviera el tema del señor Costa", destacó.  
Preguntado acerca de si Camps se verá salpicado por sus amistades con implicados en la trama, respondió que espera que "pueda superar eso", aunque también resaltó que si no lo logra, el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien "confía profundamente en la presunción de inocencia, le aplicará la regla fundamental del derecho, que es que el que la hace la paga". Eso sí, dejó claro que él hubiera aplicado el principio de inocencia "con mayor discreción". 
La opinión laudatoria de Barberá no la compartía Fraga en 1989. Entonces, su regreso a la dirección de la AP tras la caída de Hernández Mancha conllevó que Barberá, presidenta del grupo popular en las Corts (había sido la candidata a la presidencia de la Generalitat en 1987), cayera en desgracia. En el mitin central de Fraga en las elecciones europeas de 1989, celebrado el 13 de junio, a Barberá no se le permitió intervenir. Para colmo, la dirección nacional designó a Pedro Agramunt, pese a que aún faltaban dos años para los comicios de 1991, como candidato a la Generalitat, dejando a Barberá a los pies de los caballos. El 4 de septiembre del 89 la hoy alcaldesa dimitió como presidenta del grupo ante la desautorización. Siete meses después, el 11 de abril de 1990, volvió al puesto, ya con Aznar en la dirección y tras un "sondeo" entre los diputados del "enviado" de Madrid, el actual Síndic de Greuges, José Cholbi. 
A Fabra le contestó ayer el presidente del PP de Castelló, Carlos Fabra. Éste dijo que respeta mucho al presidente fundador, pero que "en este partido uno se tiene que retirar cuando llega el momento".Según dijo, "respeto mucho al presidente Fraga, pues creo que es el presidente que más ha hacho por unir el centro-derecha en España, pero me parece que, desde la distancia, hacer este tipo de afirmaciones es una frivolidad". Al respecto, apuntó que pone "la mano en el fuego" por Rita Barberá y por Camps, "el cual ha sido respaldado por más votos que ningún presidente de ninguna comunidad autónoma gobernada por el PP". 
El líder popular, Mariano Rajoy, también tuvo que pronunciarse sobre la frase de Fraga referida a la honradez de Barberá, frente a las dudas que le genera Camps. Rajoy respondió: "Estoy totalmente de acuerdo, como no podía ser de otra manera, con las declaraciones del señor Fraga sobre doña Rita Barberá". Sin embargo, de la parte de Camps no dijo nada.

Preguntado por la misma frase el propio Camps, éste afirmó que tiene "un afecto muy especial" por el dirigente popular. "Yo lo único que puedo decir es que a don Manuel le tengo un afecto muy especial", manifestó Camps, que agregó que él es militante del PP "desde hace muchísimo tiempo". "A don Manuel hace muy poco tiempo le prologué un libro sobre su biografía y, por tanto, respeto, cariño y admiración por quien puso en marcha este proyecto político que ha gobernado España durante ocho años y que va a volver a gobernar España con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno". 
Por su parte, el presidente provincial del PP de Alicante, Joaquín Ripoll, se limitó a afirmar que "las opiniones de Fraga son las opiniones de Fraga y las tiene como todos, a veces acierta y otras se equivoca". La socialista Clara Tirado sostuvo que Fraga "ha dejado al descubierto que el PP al completo reniega y desconfía de Camps". 
(www.levante-emv.com, 16/10/09) 
FABRA INSINÚA QUE FRAGA DEBE RETIRARSE TRAS DUDAR DEL LÍDER VALENCIANO 
El presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, insinuó ayer que el presidente fundador de su partido, Manuel Fraga, debería retirarse. Lo hizo después de que el veterano senador manifestara sus dudas sobre la honorabilidad del presidente valenciano, Francisco Camps. Rita Barberá "es extraordinaria y está por encima de toda sospecha", había declarado Fraga. Pero sobre Camps precisó: "No diría lo mismo". 
Preguntado por estas declaraciones, Fabra respondió: "En ese partido uno se tiene que retirar cuando se tiene que retirar. Hacer ese tipo de afirmaciones me parece una frivolidad", añadió. En su deseo por defender a capa y espada al presidente valenciano frente a Fraga, llegó a decir: "Que se acuerde cuando él era presidente de Galicia, antes de recriminar a Camps, que está respaldado por muchos más votos". 
La actitud de Fabra -imputado por delito fiscal y varios delitos contra la Administración pública- en defensa de Camps se produce tras la destitución de Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano y portavoz parlamentario. Fabra facilitó el pasado martes el acuerdo entre Camps y Costa en el Comité Ejecutivo Regional, que horas después fue dinamitado por la dirección nacional del PP. 
A pesar de este revés, Fabra se sumó ayer al coro de declaraciones de apoyo a Camps. Sin embargo, la mayor parte de los cargos populares considera, en privado, que la crisis del PP en Valencia se ha cerrado en falso. Pese a ello, los principales alcaldes y el presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, emitieron comunicados con el mismo mensaje: renovar su confianza en Camps y afirmar que el partido sigue unido.
El presidente de la Diputación de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, fue quien se atrevió a verbalizar lo que muchos otros piensan. Al ser interpelado sobre si cree que las responsabilidades acaban con la destitución de Ricardo Costa, afirmó: "Creo que no". Y luego apuntó hacia Camps: "Creo que no es la solución definitiva. Incluso en el propio Comité Ejecutivo Regional del PP era mayoritario que no era el único culpable o que no era culpable". Ripoll pidió que, si Costa está definitivamente destituido, se convoque de nuevo a la dirección para elegir un nuevo secretario general. 
El comité de derechos y garantías del PP escuchará al ex número dos del partido en la Comunidad Valenciana la próxima semana. 
(www.elpais.com, 16/10/09) 
RAJOY ESCONDE SU ENFADO CON CAMPS PARA EVITAR LA FRACTURA EN VALENCIA  
Mariano Rajoy tenía una deuda con el presidente valenciano, Francisco Camps. Gracias a él (y a Javier Arenas), en el 2008 consiguió renovar su liderazgo en el partido, pese a haber sufrido dos derrotas electores consecutivas. La cuenta pendiente quedó saldada ayer. El presidente del PP pronunció en un momento clave –los prolegómenos de otra guerra cainita en Valencia– una frase igualmente clave: «Sigo manteniendo en el señor Camps la misma confianza que he mantenido a lo largo de estos años». Y confirmó su voluntad de que repita como candidato en el 2011. 
El jefe de los conservadores maniobraba así frente a todos aquellos dirigentes del PP valenciano que, tras la crisis causada por el cese de Ricardo Costa, han criticado la gestión que ha hecho Camps del asunto. E, incluso, han llegado a poner en duda su capacidad para seguir haciéndose cargo de sus responsabilidades, dadas sus relaciones con los implicados en el caso Gürtel.  
Ayer mismo, el zaplanista José Joaquín Ripoll, presidente del PP en Alicante, aseveraba que Costa no podía convertirse en «el único culpable» del escándalo político ligado a la corrupción. Rajoy también tuvo respuesta para aquellos que, como Ripoll, puedan pensar que hay que apuntar más alto a la hora pedir cabezas políticas: «No hay ningún elemento nuevo que ponga en duda que Camps debe seguir», sentenció. 
A Rajoy, que se sometió ayer a una rueda de prensa en Madrid, se le preguntó en varias ocasiones por qué había forzado la dimisión de Costa por sus relaciones con sujetos como Álvaro Pérez (conocido como el Bigotes e imputado en el caso Gürtel) y no la del presidente de la Comunidad Valenciana, que consideraba al empresario citado su «amiguito del alma». El líder del PP trató de convencer a los periodistas de que son casos distintos, aunque no se esforzó demasiado en dar argumentos para sustentar su tesis. 
En primer lugar, ofreció una versión azucarada –por no decir contraria a la realidad– de lo que realmente había ocurrido con Costa, ese «señor» al que se ha echado desde Madrid porque se negaba a irse voluntariamente. «El señor Costa pidió la suspensión de sus funciones y se aceptó. En el Grupo Popular, pidió la suspensión como portavoz y se aceptó. Y pidió ser escuchado y se le escuchará», afirmó Rajoy.  
Pues ninguna de estas tres aseveraciones del presidente del PP son ciertas, y en la hemeroteca y en los archivos de imagen y voz está guardado el testimonio del propio Costa para comprobarlo: él se ofreció a dejar su cargo de secretario general en el PP de Valencia –jamás el de portavoz– si se le abría una investigación por parte de la dirección nacional. Y ha sido la propia dirección nacional la que se ha encargado de aclarar, en las últimas 48 horas, que una declaración ante el comité de derechos y garantías no es lo mismo que una investigación que, por cierto, no piensa llevar a cabo. Lo que ayer quedó en evidencia es que Rajoy, al igual que Camps, no tiene ningún interés en explicar con claridad a la opinión pública cuáles han sido los verdaderos motivos que han propiciado la salida de Costa. Visiblemente molesto, quiso despachar esta recurrente pregunta de los periodistas con un «el cargo de secretario general exige un plus de responsabilidad política». Eso sí, agradeció a su víctima política los servicios prestados al PP y resaltó su «honradez personal». 
El que no ve las cosas desde la misma óptica es el presidente fundador del partido, Manuel Fraga, quien admitió ayer en la Cope que ve a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fuera de toda sospecha, pero no así a Camps. «Estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones del señor Fraga sobre Rita Barberá», se limitó a comentar Rajoy. El presidente valenciano esquivó el asunto manifestando «respeto» por quien le había dedicado tan polémicas palabras. 
En cualquier caso, el jefe de los conservadores quiere evitar que se dañe aún más la imagen del PP y anunció que, en el próximo comité ejecutivo, se aprobará un código de buenas prácticas. «¿No toma medidas un poco tarde?», se le planteó. Él se defendió. «He actuado con prudencia y sin precipitación, cuando he tenido suficiente conocimiento de causa. No me he dejado llevar por presiones de nadie y, como siempre, he tomado decisiones en los tiempos que he considerado oportunos», espetó.
Y, para no perder la costumbre, Rajoy cerró su intervención cargando contra el Gobierno por haber «manipulado» el caso Gürtel en prejuicio del PP.  
(www.elperiodico.com, 16/10/09) 
EL PP ELUDE EXPLICAR, PÚBLICAMENTE, EL MOTIVO POR EL QUE HA ECHADO A COSTA 
Ricardo Costa espera una llamada desde Madrid, la que servirá para comunicarle el día y la hora en la que habrá de presentarse en la sede del partido, a fin de ser escuchado por el comité popular de derechos y garantías. Allí se le permitirá un último pataleo, pero nada más. Su salida no tiene marcha atrás y nadie parece tener interés en ver sus declaraciones de la renta ni sus facturas.  
Costa cree que es víctima de algo parecido a un despido improcedente, ya que nadie le ha explicado a la cara qué motivos tiene su empresa política–esto es, el PP– para arrebatarle sus cargos de secretario general y portavoz a raíz del caso Gürtel. Ayer, el propio Rajoy quiso darle una pista: «No voy a consentir conductas que puedan avergonzar a votantes de nuestro partido, independientemente de que sean sancionables desde el punto de vista penal». 
Rajoy recalcó también que «la trama Gürtel no tiene nada que ver con la estructura orgánica del PP» y que todas sus cuentas «son legales». Pero, sin micrófonos delante, otros responsables del partido conservador no ocultan el daño que les ha hecho el informe policial sobre financiación ilegal en Valencia y, especialmente, las sospechas que sobre este extremo ha levantado con sus actuaciones el propio Costa. Por eso, y no por otra cosa, se va.  
El mencionado informe policial –en manos del juez que lleva el caso en Madrid– apunta directamente a Costa. «El propio PP, en la persona de Ricardo Costa, actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero, como se desprende de las conversaciones telefónicas (grabadas)». Costa tiene razón en que hay más gente señalada en el documento (el vicepresidente valenciano, Vicente Rambla), pero es él quien ha tenido la mala suerte de que le graben conversaciones telefónicas en las que, entre otras cosas, dedica insultos a compañeros o deja a las claras tejemanejes económicos con el Bigotes.  
«Entre mañana y el viernes te voy a dar todo lo que falta que te debemos, pero necesito que esto no lo sepa el presidente [Camps] y entonces que le digas que este [Rambla], es un hijo de puta», llegó a decir Costa en diciembre del 2008. Él insiste en que ese informe es falso y que fueron otros los que decidieron contratar a Orange Market en Valencia. Fue Camps. Además, agrega que el equipo de Rajoy tampoco le advirtió nunca de que tuviera que cortar las relaciones con dicha compañía. 
Pero el equipo del líder sostiene lo contrario y recuerda «la que montó Costa» para intentar que se concediera la organización del congreso nacional de Valencia al Bigotes y no a la empresa de la mujer de su hermano, Juan Costa. No lo logró. «Quizá haya que recordárselo cuando venga a Madrid a explicarse», indican desde la dirección nacional. Claro que quizá sea oportuno recordar que Costa también tenía un jefe.  
(www.elperiodico.com, 16/10/09) 
JUAN COSTA: LOS PARTIDOS SE CONSTRUYEN «SOBRE LA LEALTAD» 
El diputado del PP y hermano de Ricardo Costa, Juan Costa, aseguró ayer que los proyectos colectivos y los partidos «se construyen sobre la base de la lealtad y la confianza mutua». El político no quiso valorar la situación de su hermano, pero aseguró que «cuando llevas muchos años en política, dedicando muchas horas, esfuerzo y sacrificio, la lealtad y el compañerismo es una de las pocas gratificaciones que te llevas a casa cuando vuelves».  
Costa aseguró que cuando esa lealtad no existe, surge la tentación de «arrojar la toalla y pensar que algunas cosas no valen la pena», y advirtió de que un liderazgo sólo es fuerte cuando es capaz de «generar ilusión y confianza en la sociedad».  
El diputado popular calificó como «importante» la rueda de prensa de Rajoy y le animó a prodigarse más en sus escasos contactos abiertos con los medios: «Es un ejercicio que debe hacerse de manera permanente, recurrente y con normalidad en política, lo que no puede hacerse es no dar explicaciones».  
Costa participaba en una tertulia de RNE, recogida por Europa Press, en la que también estuvo el ex presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El dirigente socialista defendió que el golpista Antonio Tejero fue «más decente» que lo que lo ha sido el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, al que acusó de haber «dejado tirada a su gente simplemente por salvar su cara», en alusión al ex secretario general de los populares valencianos y ex portavoz del partido en el Parlamento autonómico, Ricardo Costa.  
(www.elmundo.es, 16/10/09) 
MALESTAR CON GÉNOVA EN EL ENTORNO DEL DESTITUIDO 
La intervención del líder nacional del PP, Mariano Rajoy, generó malestar en el entorno del ya ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, al entender que ha evidenciado si cabe aún más la doble vara de medir con la que ha actuado Génova. En concreto, según las personas de confianza de Costa, Mariano Rajoy quedó ayer en evidencia al señalar que al ex portavoz del grupo popular había que exigirle un plus de responsabilidad en razón de su cargo y, en cambio, eximir al presidente de esta exigencia a pesar de ser el máximo responsable político de la Comunitat y de la formación de la gaviota. Estas fuentes entienden que si Costa debía dar ejemplo, con más razón debía hacerlo el presidente valenciano, cuya estrecha relación con El Bigotes está demostrada. Además, recuerdan que Costa pidió perdón por las conversaciones con responsables de la trama y por haber confiado en personas como Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, quien tuvo contratos millonarios con la Administración valenciana. Tampoco gustó la afirmación de Rajoy de que Camps no le había mentido porque dejaba a Costa a los pies de los caballos. 
Ricardo Costa, que ayer no acudió al pleno de las Corts y que permanecerá alejado de la vida pública hasta el próximo lunes, tiene previsto acudir al comité de derechos y garantías del PP la semana próxima. Ayer, un teletipo de Europa Press fechado en Madrid narraba que el ex secretario general había pedido tiempo a la dirección nacional del partido antes de ser escuchado por encontrarse "muy afectado". Fuentes cercanas al ex portavoz parlamentario negaron tajantemente que esta petición se hubiera producido y mantuvieron que Costa está tranquilo esperando que Madrid lo llame. Costa, aseguraron, no ha recibido todavía la citación del órgano competente en Madrid, aunque la espera para la semana próxima. 
(www.levante-emv.com, 16/10/09)
RAJOY EXIME A CAMPS DE LA EXIGENCIA POLÍTICA QUE JUSTIFICA EL CESE DE COSTA 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, considera que el partido ya ha tomado todas las medidas posibles con la destitución de Ricardo Costa de sus funciones y ha asegurado que mantiene su confianza en Francisco Camps. "El caso está archivado, no hay ningún elemento nuevo que le afecte ni ningún elemento que le haga ser cesado", ha afirmado el líder del PP. Sobre Costa, Rajoy ha defendido su honradez y ha asegurado que el cese se debe únicamente a que a un secretario general hay que pedirle un "plus de exigencia" porque su responsabilidad es mayor que la de un militante de base. 
"Camps no me ha mentido, mantengo en Camps el mismo nivel de confianza que en los años que he sido presidente del partido. Mi voluntad es que sea presidente y vuelva a ser candidato a la Generalitat", ha añadido Rajoy. "Una vez archivado el caso que afectaba a Camps y después de que la fiscalía ocultara datos no hay elemento nuevo que ponga en duda que Camps debe seguir". 
Tras la intervención de la dirección nacional del PP para apartar a Costa, varios dirigentes populares manifestaron su malestar con Camps por llevar al partido a una situación absurda y fuentes marianistas aseguraban que Rajoy se encontraba muy molesto con el presiente valenciano, quien ya no tiene el cortafuegos del que fue su número dos. Costa condicionó el pasado martes su renuncia a que se investigara su gestión, pero finalmente el partido se limitará a escucharle en el comité de derechos y libertades. Con su intervención de hoy, Rajoy ha respaldado a Camps y le ha liberado de cualquier responsabilidad política por el cese del ya ex secretario general del PP valenciano. 
Preguntado por si considera que ha manejado bien los tiempos de la crisis, Rajoy ha argumentado que ha actuado con "prudencia y sin precipitación". "No me he dejado llevar por las presiones de nadie, he tomado las decisiones en los tiempos que a mí me parecen oportunos, he procurado no ser arbitrario ni injusto, he actuado siempre por el interés general del partido. Tengo que hacer política con responsabilidad y otros pueden hacerla sin responsabilidad, todo es discutible pero estoy convencido de lo que hice bien", ha indicado. 
Lejos de plantear más medidas contundentes para atajar la crisis abierta, Rajoy ha dibujado las nuevas líneas de actuación del partido para intentar prevenir la corrupción. "Los ciudadanos pueden tener la tranquilidad que no voy a consentir en el PP conductas que puedan avergonzar a militantes del partido sean o no sancionables desde un punto de vista penal. Creo en la ejemplaridad de la vida pública, debemos ser ejemplares en la ejecutoria". El líder popular ha anunciado que propondrá un "código de nuevas prácticas" para mejorar la transparencia. "La auténtica imagen del PP no es la de unos pocos que no han sabido estar a la altura de las circunstancias y de las siglas. Todas nuestras cuentas son legales. No existe la menor sospecha, pero queremos mejorar la transparencia de nuestra gestión". 
Una vez que ha dejado claro que no habría más medidas, Rajoy ha vuelto a recurrir a la teoría de la persecución "No hay trama organizada en el seno del PP, estamos ante una trama externa". "Ha habido interferencia políticas, la más clara las instrucciones de la vicepresidenta desde Costa Rica al fiscal general del Estado. Hemos conocido con más escándalo el intento de la fiscalía de eliminar del sumario las grabaciones que demostraban la inocencia de Camps. Se ha querido dañar al PP y a militantes que se han visto sometidos a escándalo público sin figurar como imputados". 
Una hora antes de la comparecencia de Rajoy, Camps ha evitado polemizar sobre la destitución de Ricardo Costa impuesta desde Génova. "El PP ha actuado en la línea que correspondía, en perfecta coordinación en todas las instancias autonómica y nacional", ha asegurado antes de asistir a la presentación del Plan de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad Valenciana. Preguntado por qué hay personas que le ven fuera del Gobierno, Camps ha eludido dar explicaciones y ha dejado la responsabilidad en Rajoy antes de que este rompiera su silencio ante los medios de comunicación. "Me remito a lo que dentro de muy poquito el presidente nacional del partido dirá en una rueda de prensa", ha asegurado el presidente de la Generalitat. 
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha negado que entre Rajoy y Camps haya malestar por la gestión de la crisis del presidente de la Generalitat. "Hay más que confianza, hay amistad y es muy difícil que se rompa. Se han ayudado en momentos difíciles y se han dado auxilio. Se equivocan quienes crean que puede haber quiebra", ha señalado el portavoz del PP, pese a que fuentes marianistas reconocen que el presidente del partido está muy molesto con Camps. 
González Pons ha justificado la destitución de Costa de todas sus funciones por la presión de la prensa. "Hay que atender al clamor de los medios de comunicación de que el partido tenía que asumir una responsabilidad. Es normal que el secretario general lo asuma", ha asegurado en una entrevista en Telecinco. Para González Pons, Costa no podía seguir en su cargo porque "muchos militantes no se veían representados", ante las noticias publicadas que le implican directamente con la trama corrupta. 
El portavoz popular ha dejado la puerta abierta a que Costa vuelva a desempeñar sus funciones. "Todas las noticias están por confirmar. Lo normal es que al conocerse esas noticias tenga que poner su cargo a disposición del partido. Es normal que ceda temporalmente su puesto o ceda su puesto hasta que se aclare la situación", ha subrayado. 
"Su responsabilidad política está cumplida. Costa puede volver a ser lo que él quiera con el paso del tiempo. No tiene ningún límite, no tiene ninguna sanción, el tiempo irá diciendo", ha insistido Pons. En esa línea, el nuevo portavoz del PP en Las Cortes Valencianas, Rafael Maluenda ha manifestado que "si las cosas salen bien", no tendrá "ningún inconveniente" en volver a ser portavoz adjunto para que Costa pueda asumir de nuevo la portavocía del grupo parlamentario. 
Maluenda ha asegurado que su nombramiento ha sido una decisión del grupo parlamentario y que ha llegado al cargo "por la gentileza o la colaboración del propio" Costa de dejar sus funciones a disposición del PP mientras se le investiga. "Estoy convencido de que el tiempo demostrará las realidades y cada uno estará en su sitio", ha aseverado Maluenda, quien desconoce cuál será la duración de su mandato, aunque en principio, ha dicho, la "renuncia" de Costa es hasta que "finalice la investigación". 
Sobre la exigencia primera de Costa, antes de que se impusiera la orden de destituirle desde Génova, de crear una comisión de investigación para ceder en sus funciones, Pons ha negado que vaya a abrirse. "No vamos a hacer una investigación interna. Costa ha pedido comparecer ante el Comité de Derechos y Garantías. Pero Costa es honrado", según el portavoz popular, que ha insistido en que la razón del cese es que "los militantes están alarmados por lo que sale en los periódicos y piden responsabilidades". Pons se ha remontado a situaciones pasadas del Gobierno del PSOE para hacer un paralelismo con el cese de Costa: "Es normal que el secretario general asuma responsabilidades. Antonio Asunción no tenía las llaves de la celda de Roldán pero tuvo que asumir la dimisión cuando era ministro del Interior". 
(www.elpais.com, 15/10/09) 
FRAGA DUDA DE LA HONESTIDAD DE FRANCISCO CAMPS 
El presidente fundador y senador del PP, Manuel Fraga, ha alabado hoy la figura de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de quien dijo que es "extraordinaria y por encima de toda sospecha" mientras que ha añadido que "no diría lo mismo" del presidente de la Generalitat Valenciana y del partido en la región, Francisco Camps. 
Camps ha respondido a Fraga en unas declaraciones previas a un acto institucional y ha expresado su afecto "muy especial" por el dirigente popular y ha recordado que "hace muy poco tiempo le prologué un libro sobre su biografía y por tanto, respeto, cariño y admiración, por quien puso en marcha este proyecto político que ha gobernado España durante ocho años y que va a volver a gobernar a España con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno". 
Acerca de si con el cese del ex secretario general del PP en Valencia, Ricardo Costa, se ha parado el golpe, Fraga ha planteado que él espera que sí. "En todo caso allí hay una reserva extraordinaria. Estoy pensando ahora mismo en la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que es extraordinaria y por encima de toda sospecha", ha indicado en una entrevista en la Cope. Preguntado sobre si diría lo mismo sobre Barberá que acerca de Camps, ha respondido que "no diría lo mismo". 
Asimismo, ha asegurado que un político debe tener una "moral indestructible", con "convicciones éticas muy profundas y la capacidad de ejercerlas" para sentenciar que "probablemente" a Camps le haya faltado moral "en uno de esos sentidos". 
Fraga siempre se ha mostrado muy crítico con la actuación de su partido en todo lo relacionado con la trama Gürtel, sobre todo en Valencia. El pasado día 5, por ejemplo, el presidente fundador fue la única voz crítica en un Comité Ejecutivo marcado por el escándalo de corrupción que afecta al partido y ya fuera de la reunión afirmó: "No da la sensación de que este asunto vaya muy bien, para además apuntar que las encuestas colocan a Zapatero por encima de Rajoy en popularidad. 
Él mismo se ha visto salpicado por el Caso Gürtel. Uno de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo, que fue secretario de Organización del PP gallego durante parte del mandato de Fraga, apuntó en una conversación con su abogado a irregularidades en las cuentas del partido. 
Fraga reconoció implícitamente que algo hubo cuando declaró: "En cuanto supe algo, cesé inmediatamente a Pablo Crespo". 
En otra entrevista, publicada por La Voz de Galicia, Fraga asegura en relación al asunto Crespo que "no me enteré de lo que tenía que haberme enterado". Eso sí, ha reiterado que cuando se enteró "se acabó el asunto. Lo mandamos al diablo". 
No obstante, hoy el veterano político ha querido defender a su partido y ha asegurado que "para sacudir los cimientos del PP hacen falta más cosas" aunque ha reconocido que "es evidente que se ha intentado y nunca habíamos dado motivos para ello". 
Fraga ha asegurado que detrás de todo esto hay "intencionalidad política" y ha estimado "evidente" que se busque perjudicar a un partido, que ha crecido "de forma extraordinaria" y que está "arrasando en las encuestas". 
También ha precisado que "en este momento hay partidos que pueden jugar con los medios del Estado y presionar desde ellos" y, en el otro lado, hay "personas que se limitan a recibir los golpes, pero los estamos recibiendo bastante deportivamente". 
Fraga ha dicho que hubiera preferido que casos como este no hubieran ocurrido si bien ha señalado que "cuando los partidos crecen, y el PP lo ha hecho de forma extraordinaria" es fácil que "alguien se cuele y es imposible no reconocerlo". 
Preguntado por las declaraciones de Fraga, el nuevo portavoz del PP valenciano, Rafael Maluenda, ha manifestado su "máximo respeto" por el presidente fundador del partido, pero ha defendido que el PP y el Gobierno de la Generalitat están "muy bien dirigidos y presididos" por Camps. 
El pleno de las Cortes Valencianas continúa hoy con la ausencia de Costa y de Camps. Según fuentes populares, Costa se encuentra descansando y probablemente sí estará presente en el próximo pleno de la semana que viene. El grupo parlamentario popular en la Junta de Portavoces del pasado 7 de octubre excluyó la sesión de control a Camps, y al resto de conseljeros, del orden del día del pleno de esta semana. 
Por otro lado, el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha defendido hoy que en los temas de corrupción "hay que ser inflexible" y si "uno comete un error se le manda a casa y si comete un robo hay que mandarle una temporada a la sombra", sea cual sea el partido en el que milite. 
Además, León de la Riva ha asegurado "que se ha tardado mucho en tomar decisiones y todo lo que sea alargar estos temas nunca es bueno, se enquistan y van a peor". 
El regidor ha concluido: "Costa dice que ha sido la cabeza de turco, puede haberlo sido, yo no digo que no, pero las cosas había que haberlas resuelto antes". 
(www.elpais.com, 15/10/09) 
EL PRESIDENTE DEL PP DE ALICANTE CREE QUE LAS RESPONSABILIDADES "NO" SE ACABAN EN COSTA 
El presidente del PP en la provincia de Alicante, José Joaquín Ripoll, cree que las responsabilidades por el caso Gürtel "no" se acaban con el cese del secretario general del partido en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, y ha puesto como ejemplo al PP de Madrid, donde se ha actuado "con más contundencia". 
Al ser preguntado sobre si las responsabilidades se acaban en Costa, ha sostenido que "creo que no" y, tras evitar profundizar en el asunto, ha aclarado que se trata de una opinión "personal" y que no desea "entrar en confrontación con el resto de compañeros de partido". Ripio ha añadido que no cree que sea "la solución definitiva". 
En todo caso, Ripoll ha comentado que en la Comunidad de Madrid "se ha podido aislar más el problema" porque se ha actuado "con más contundencia" mientras que en la Comunitat Valenciana se ha hecho de forma menos firme y con "problemas para explicar lo que estamos haciendo". 
"Incluso en el propio Comité Ejecutivo Regional era mayoritario que no era el único culpable o que no era el culpable", ha comentado en rueda de prensa para presentar un manual contra la drogadicción, en su calidad de presidente de la Diputación. 
Sobre el sustituto de Ricardo Costa, Ripoll ha querido "precisar que César Augusto Asencio no es secretario general" sino que "se le ha nombrado otra cosa" ya que, en una decisión "provisional" de Francisco Camps, "pretende hacer las funciones de coordinador y sustituto hasta que se nombre secretario general". 
(www.elpais.com, 15/10/09) 
RAJOY CONGELA SU RELACIÓN CON CAMPS Y FULMINA A COSTA 
Hay quien define la situación de forma muy gráfica. "Es como cuando te ponen los cuernos... Tú puedes perdonar, pero no olvidas. Y a Mariano Rajoy no se le olvida nada", cuentan quienes le conocen. En la campaña de las europeas, Rajoy se presentó en la Plaza de Toros de Valencia para demostrar su lealtad a Francisco Camps. "Siempre estaré a tu lado, delante o detrás", dijo respaldándole ante el caso Gürtel. Cuatro meses más tarde, ha sometido a Camps y la relación es más que tensa. 
La grieta entre el PP nacional y el valenciano se ensancha día a día. Y más desde que ayer Rajoy decidió dar, por una vez, un puñetazo encima de la mesa e imponer al presidente de la Generalitat el cese de su mano derecha, Ricardo Costa. El líder conservador no lo quería ver ni como secretario general ni como portavoz en las Cortes autonómicas, y menos después del ridículo que había hecho el día anterior su partido con un cruce de comunicados sin precedentes, en el que la dirección nacional daba por destituido a Costa de todos sus cargos y la valenciana desmentía esa versión. 
María Dolores de Cospedal fue la encargada de transmitir el enfado de la cúpula. La secretaria general dijo a primera hora de la mañana en la Cope que si Costa se sentaba en su escaño parlamentario y se "encastillaba", se pondrían de inmediato en marcha "unos procedimientos disciplinarios". El coordinador de Presidencia del PP, Jorge Moragas, advertía que "mantener un pulso" con Rajoy era "físicamente imposible" para un secretario regional. Según algunos dirigentes del PP, ya para entonces Rajoy le habría dado a Camps un ultimátum: si Costa seguía resistiéndose, él se encargaría de suspenderle de militancia. 
En el PP creen que los acontecimientos de los últimos días han deteriorado "bastante" la amistad entre Rajoy y Camps. Algunos colaboradores dicen que su jefe de filas ha asistido a todo este "espectáculo chulesco" entre "atónito" y "decepcionado". Varios asistentes a la la reunión del Comité Ejecutivo valenciano del martes confirmaron a la dirección del PP nacional que Camps "les engañó claramente", cuando les dijo que había pedido a Costa que abandonara.  
Así que a Rajoy le quedaban dos opciones: "O cargarse a Camps o desautorizarlo haciendo realidad lo que no había ocurrido". "Optó por los hechos consumados", explican. Para quienes observan la situación desde fuera está claro que el presidente del PP "sabe ahora muy bien hasta dónde se puede fiar de Camps". Y creen que es una señal que ahora la dirección hable "a menudo" con los presidentes provinciales, cuando antes "todo" lo trataba con Camps.  
A pesar de todo lo ocurrido, los que rodean a Rajoy tratan de apaciguar este desencuentro. Hay quien recuerda que el jefe de la oposición le debe mucho al presidente de la Generalitat por su apoyo tras la derrota en las generales de 2008. Y también quien incide en que dada la falta de conexión con Madrid, Rajoy no se puede permitir el lujo de perder el respaldo valenciano. 
En las filas conservadoras se vivía ayer todo con preocupación. Había quien calificaba lo acontecido de "veneno" para el futuro del partido y quien se quejaba de que se había actuado "tarde". Con la cabeza de Costa sobre la mesa, algunos se daban por satisfechos, pero otros reconocían que "el problema" no estaba "resuelto". 
Creen que ahora el tiro se desvía directamente hacia Camps, quien ya no tiene ningún " blindaje" y está "en manos de Costa". Varios diputados creen que "los hermanos Costa se vengarán". Piensan que, como ahora Ricardo ha perdido su poder en la Comunidad Valenciana y Juan se mantiene en un segundo plano desde que rivalizó con Rajoy por la Presidencia del partido, ya "no tienen nada que perder". Pero desde su círculo dicen que no es "el estilo" de ninguno de los dos. Y que Costa, a pesar de estar "realmente dolido emocionalmente", sólo piensa en descansar y ver qué hace con su vida. 
Por lo visto, no le aguarda ningún futuro dentro del PP. Cospedal se mostró ayer tajante. Mientras los suyos seguían confiando en que fuese una salida "temporal", ella decía que veía "imposible" que Costa fuese restituido en sus cargos y le recriminó que hubiese utilizado "los medios de comunicación en contra de los intereses del partido". 
En la cúpula del PP creen que es importante adoptar decisiones ejemplares ante asuntos "éticamente inadmisibles". Pero algunos opinan que es igual de reprobable la conversación en la que Camps llamaba a Álvaro Pérez, El Bigotes, "amiguito del alma" y no se hizo nada. 
Ahora todos los ojos están puestos en Camps y dentro del partido no se descarta que le impute el Supremo o nuevas filtraciones que le pongan contra las cuerdas. Se duda de que llegue vivo a las elecciones de 2011. Si las cosas se tuercen, el PPCV piensa en Gerardo Camps como recambio. El PP nacional, en Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. 
En la formación regional están nerviosos y muchos temen una "descomposición". Y los zaplanistas mueven ficha. Uno de sus representantes, José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, pidió ayer un gabinete de crisis porque con el caso Gürtel su partido tiene "un problema" y cuanto más tarde en resolverlo "más grande será".  
En plena campaña de las europeas, Mariano Rajoy muestra su respaldo a Francisco Camps. “Creo en ti, en lo que haces, te he visto actuar muchas veces, la inmensa mayoría de los españoles creen en ti… Y yo siempre estaré detrás de ti, delante o al lado, me es igual. Pero quiero que lo oigan todos”.  
Tras la victoria de las europeas, Rajoy vuelve a Valencia para agradecer el apoyo popular. “Gracias por estar aquí. Esto yo no lo voy a olvidar”, señaló emotivo. Francisco Camps, crecido por el resultado, describió el 7-J como el “desembarco de Normandía” que precederá la toma de la Moncloa. Rajoy acusa al PSOE de actuar “con crueldad infinita”. Camps le da las gracias: “La amistad es inmutable al tiempo, a la distancia y a las circunstancias”.  
(www.publico.es, 15/10/09) 
CAMPS CLAUDICA ANTE RAJOY AL SACRIFICAR A COSTA Y SIEMBRA EL DESCONCIERTO EN EL PP VALENCIANO  
La fiesta -o vodevil político- acabó ayer finalmente minutos después de las 10 de la mañana. El líder nacional del PP, Mariano Rajoy, sometió al presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, y lo forzó a destituir a Ricardo Costa como secretario regional y portavoz en las Corts, después de que el día anterior los populares valencianos mantuvieran en el puesto al hombre de confianza de Camps (supeditando el cese temporal a que Madrid le abriera una investigación), en contra de las directrices de Rajoy. No sólo eso, sino que se designó al vicesecretario de Política Autonómica, César Augusto Asencio, para ocupar la secretaría general -cuando según el PPCV el cargo debía quedar vacante- y al portavoz adjunto Rafael Maluenda como síndic en las Corts, aunque el día anterior el partido de Camps había dicho -frente a Génova- que el cargo en la Cámara no estaba afectado. Costa acudió al Parlamento con intención de presidir la reunión del grupo y sentarse en su escaño de portavoz. Una imagen de rebeldía hacia Génova que habría dejado tocada para siempre la credibilidad de Rajoy.  
Ahora bien, la imposición de Génova no le sale gratis a Rajoy, cuya relación con Camps, una aliado interno clave, puede verse seriamente afectada. El más perjudicado es el presidente valenciano, que queda muy debilitado puertas adentro, con medio partido indignado con él al entender que ha engañado a todos. Dirigentes, consellers y diputados exteriorizaron ayer su malestar con Camps.
A las 8 de la mañana, la secretaria nacional, María Dolores de Cospedal, advertía que si Costa acudía a las Corts para ejercer la portavocía, lo expulsaría. Media hora después, Maluenda insistía en que el martes no se acordó ningún cese, que en todo caso no afectaba a Costa como portavoz y que, de haber abierto Génova la investigación a la que condicionaba el "número dos" su renuncia temporal, ésta tendría que "comunicarse".  
A las 10 de la mañana, media hora antes del inicio previsto del pleno, los diputados acudían a la reunión de grupo. Veinticinco minutos después los avisaron para que fueran al grupo. Allí ya estaba Camps. Había llegado a las 10:05. Tres minutos después se presentaba Costa. "Presidente, ¿no habíamos quedado ayer como habíamos quedado?", aseguraban ayer fuentes del PP que le inquirió Costa al recibir la noticia. "Ayer era ayer y hoy es hoy", dicen que le contestó Camps.
La noche anterior, el mismo Rajoy había conminado al presidente -tras el espectáculo de los comunicados de Génova y de la Secretaría Regional del PPCV contradiciéndose sobre el cese del "número" dos- a destituir a su mano derecha. Según varios dirigentes, casi se podían oír los gritos de Rajoy por el móvil de Federico Trillo. "O lo destituís vosotros o lo destituyo yo aquí", avisó el líder nacional. Algunas fuentes incluso apuntaban que, si no apartaba a Costa, el problema lo tendría el propio Camps.  
Sin embargo, ayer por la mañana Costa no sabía nada de esto. Cuando los consellers y diputados llegaron al grupo, los condujeron al despacho del portavoz. El "número" dos no estaba presente. En unos 20 metros se apretujó el medio centenar de autoridades, incluida la jefa de gabinete de Camps, Ana Michavila. Camps pidió que llamaran al portavoz. Costa entró, cabizbajo, con semblante muy sombrío. El presidente le tendió la mano. Éste se la dio pero apartando la mirada con un gesto de desagrado.  
El jefe del Consell comunicó a todos que Maluenda sería el portavoz. Entonces Costa se derrumbó y rompió a llorar. "A ver si terminamos con esta pesadilla", animó Camps. El jefe del Consell invitó a los presentes a tomar la palabra tras las críticas del día anterior en la ejecutiva -"me critican porque dicen que no dejo hablar...", apuntó-, ante lo que Costa, sin dejar de llorar, saltó: "¡Ya está bien, presidente!", para que cesara el tormento. Yolanda García, la tesorera, le dio un abrazo a Costa. Otros diputados se despidieron del ex "número" dos. Varios asistentes calificaron la escena de "humillante". 
Momentos después, diputados y consellers salían de las dependencias del grupo con cara de funeral para asistir al pleno. A las 11:05, un Camps con una sonrisa de oreja a oreja abandonaba la Cámara valenciana por la puerta que da al llamado "patio de la Olivera", por la parte de atrás del edificio, envuelto en una nube de periodistas. Sin dejar de andar, Camps ofreció una versión de la reunión de la ejecutiva que no fue la que el día anterior explicó Costa., "Como ya se acordó ayer [por el martes], el PP ha tomado las decisiones en relación a lo que se propuso por unanimidad" sobre Ricardo Costa. No admitió ninguna pregunta. 
Costa salió media hora después. Dejó claro a los periodistas que quiere que reluzca su "honradez" y que lo suyo "no es una cuestión de aferrarme a ningún cargo ni a ninguna posición", por lo que había aceptado la propuesta de Camps de apartarle también de su cargo como portavoz en las Corts hasta que concluya la investigación de Génova. Sin embargo, a la luz de las declaraciones de Cospedal, reprobatorias de su conducta, la sentencia está dictada y hoy Costa es ya un cadáver político. Hasta el lunes estará "ilocalizable". 
El pleno arrancó con retraso a las 10.55 horas, con el sillón de Costa vacío y con Rafael Maluenda como portavoz y el también portavoz adjunto Asencio en su escaño. El nuevo síndic ganó un puesto al intercambiar su sitio con el secretario, David Serra. La silla de portavoz de Costa se le guardará aunque quede como diputado raso. Maluenda no habló ante los periodistas. Sí lo hizo Asencio para apuntar que su responsabilidad es "provisional", hasta que se resuelva el expediente de Costa, cuyo retorno al cargo es "la situación de normalidad". La elección de Asencio se justificó por los estatutos pero algunas fuentes cuestionaron que, al no ser de los 22 vocales de la ejecutiva que eligió el congreso, no podía ser designado. 
 La indignación de los diputados era palpable. El alcalde de Castelló, Alberto Fabra, trasladó en privado a sus compañeros su indignación. La noche del martes se había empleado a fondo para mediar en busca de una solución. "Para acabar así, se tenía que haber hecho antes" y no prolongar la crisis cinco días o no resolverla ayer mismo, pusieron en su boca varios dirigentes. "Si no tienes la información, no puedes valorar la situación; el problema es que no sabíamos". "Esto no puede ser. Antes somos personas". Las frases contienen reproches implícitos a Camps. Otros diputados censuraban que el líder tomó las decisiones sin consensuarlas con los barones provinciales, Joaquín Ripoll (Alicante), Carlos Fabra (Castelló) y Alfonso Rus (Valencia). 
Ripoll criticó abiertamente a Camps y lo acusó de no afrontar el problema con firmeza. Carlos Fabra, en cambio, contradijo a Cospedal y desveló que en una conversación con Camps, lo ha visto "afectado porque piensa que, a veces, pagan justos por pecadores, pero Ricardo Costa en un gran valor del partido y no lo vamos a dejar de lado". Rita Barberá, aunque apoyó a Camps, reconoció su preocupación y pidió "recuperar el orgullo" de ser militante del PP. Responsables del PP conjeturaban sobre las consecuencias a medio y largo plazo del desenlace. Así, piensan que los zaplanistas podrían aprovechar la debilidad de Camps para aliarse con los Costa y Carlos Fabra, ubicándose en una posición crítica a Camps y, en un futuro, a Rajoy. "La única ganadora de todo esto es Esperanza Aguirre", sentenciaban. 
(www.elperiodico.com, 15/10/09) 
ESPERPENTO EN LAS CORTS Y LLANTO DEL EX ´NÚMERO DOS´ 
A las diez de la mañana, ante la puerta principal de las Corts, un grupo de ecologistas, disfrazados de pájaro, teatralizaba la muerte de las aves mediante el "parany" (un método de caza basado en la trampa, el engaño), mientras varias decenas de personas los increpaban. Todo un augurio. Los periodistas aguardaban a Costa y a Camps, pero éstos -otro ardid- accedieron al edificio por una calle cerrada por las obras.  
A esa hora, en la Sala Vinatea se concentraban diputados y consellers, a la espera de Costa. "Estamos en rebeldía ante Génova", confesaban varios parlamentarios, pensando que el ex "número" dos iba a ocupar su puesto de portavoz. No fue así. Costa ya estaba en el grupo recibiendo de Camps el certificado de defunción política. A las 10 y 25 minutos, los diputados abandonaron la Sala. "¡Al grupo, que vayamos al grupo!", decían, en referencia a los despachos del PP en el Palacio de Trénor, que está conectado con el de las Corts. En fila india, diputados y miembros del Consell peregrinaron, ante la mirada atónita de los periodistas, hacia el grupo.  
Al llegar al pasillo de acceso al Palacio de Trénor, el personal del grupo popular impidió el acceso a los periodistas, con el argumento de que todos no cabrían en las dependencias del PP. La presidenta, Milagrosa Martínez, se cruzó con el portavoz socialista, Ángel Luna, al que explicó que el pleno se retrasaría. ¿Cuánto? "Un café". Eran ya las 10:30 horas, hora prevista de inicio. La sesión no se iniciaría hasta las 10:55. En la reunión, Costa rompió a llorar al oír de Camps el relevo. No dejó de hacerlo durante la breve reunión. Y eso que el presidente todavía le "vendía", contra toda evidencia, que el cese es "temporal". 
A la salida de las Corts, el jefe del Consell habló a los periodistas sin dejar de caminar hacia el coche oficial. "Ahora, a seguir con nuestra tarea al servicio de los valencianos", dijo. Ante las preguntas, respondió: "Son ustedes muy amables y muy agradables, gracias", y se metió en el vehículo. Un diputado del PP aún sacaba fuerzas para una amarga ironía: "Íbamos a debatir sobre el 'parany' -una propuesta firmada, curiosamente, por Costa- y, qué cosas, el primer 'pardalet' que cae es él. C 
(www.levante-emv.com, 15/10/09) 
RAJOY Y CAMPS ECHAN A COSTA CON UNA RESOLUCIÓN INEXISTENTE 
El de ayer fue un día de los que marcarán a Rajoy y el paradigma de su peculiar impronta política: diletante en el manejo de los tiempos, impermeable en la enigmática resolución de los problemas y virulento -especialmente esta vez- en su desenlace.  
Un desenlace, el del relevo de Ricardo Costa en la Secretaría General del partido en la Comunidad Valenciana y en la portavocía del Grupo Popular en las Cortes regionales, con el que el presidente del PP veía restaurada su autoridad, pero por el que su formación pagaba un elevado precio político: el de pasar por alto la inexistente resolución del Comité Ejecutivo regional, preceptiva según los Estatutos.  
Rajoy renunció así a la alternativa -abortada el pasado viernes- de abrir a Costa un expediente disciplinario desde Génova -lo que le habría supuesto dar explicaciones sobre el relevo- y optó por avalar la versión de Camps de que destituía a Costa en cumplimiento del acuerdo del Comité Ejecutivo.  
Y es que, al cabo de dos semanas de sordo forcejeo con el barón valenciano para que hiciera dimitir a Costa; al cabo de unas horas de infarto, anteanoche, en las que la inacción de Camps comprometió públicamente su autoridad en todo el partido, el presidente del PP optó por imponerse y forzar directamente la destitución del secretario general valenciano.
Lo hizo la misma noche en que Ricardo Costa anunciaba que seguía siendo secretario general y portavoz parlamentario. Primero, con una nota en el que le dio por destituido en los dos cargos, apoyándose en lo que el propio Camps le había «comunicado», y contradiciendo lo que el partido en la Comunidad Valenciana esgrimía en su correspondiente nota: que Costa seguía siendo portavoz popular en las Cortes.  
Lo hizo, aún más, a través de su número dos, María Dolores de Cospedal, a la que envió primero a Telemadrid, y al día siguiente a la Cope, para, en el primer caso, afirmar «tajantemente» que Costa «ha sido destituido de todas sus funciones»; y advertir, ya de manera explícita ayer, de sanciones disciplinarias si aquél ejercía esa mañana de portavoz.  
No había hablado aún De Cospedal con Camps en la mañana de ayer cuando lanzó su reto a micrófono abierto: «En el partido hay unos procedimientos disciplinarios que se aplicarían inmediatamente».  
La advertencia de De Cospedal surtió pleno efecto, no tanto en Costa -que ayer insistió en negar que él se «aferre» a ningún cargo-, como en un Camps que, según fuentes de la dirección nacional, ayer se encontraba «abatido» por una situación que él juzgaba «inmerecida» y que se le había ido de las manos.  
Pero también a Génova se le había ido de las manos la gestión de la crisis. Y es que, una vez cobrada la pieza -el propio Costa- Rajoy se empeñó en disimular el tiro. Volviendo a encogerse de hombros, como hacía cuando exhortaba públicamente a Camps a actuar -sin concretar las medidas- frente a las revelaciones del caso Gürtel, el presidente del PP impuso también ayer el mensaje de que fue Camps quien gestionó el cese y que Génova sólo había tomado buena nota.  
Así, el argumento oficial, ayer, fue que con la destitución de Costa en los dos cargos no hacía sino cumplirse el acuerdo del Comité Ejecutivo regional de la víspera, tal como lo había remitido su presidente. Y ésas fueron también ayer las palabras del propio Camps, pese a los desmentidos de los presidentes provinciales y de una tribu de participantes que lo tildaban de mentiroso, vislumbrando con ello su debilidad interna.  
Oficiosamente, sin embargo, se interpretaba el empeño argumental de Rajoy en la necesidad -tras haberle puesto en evidencia- de salvar la cara a Camps en su peor momento. Se trataba de cumplir la exigencia del artículo 41.1 J) de los Estatutos, por el que compete al presidente del partido (nacional o regional) «proponer al Comité Ejecutivo el relevo de los cargos y funciones de cualquiera de los miembros, así como su sustitución de entre los miembros de dicho comité».
Lo cierto, según las fuentes consultadas, es que Génova disponía de otro instrumento para destituir directamente a Costa, a través del Comité Nacional de Derechos y Garantías, al que el artículo 49 de los citados Estatutos le confiere «competencia irrenunciable e indelegable sobre todos los afiliados» y «exclusiva, sobre los que pertenezcan [como Costa] a cualquier órgano nacional del partido».  
De hecho, ésta era la decisión que Cospedal y el presidente del comité habían concretado respecto de Costa, el pasado viernes, en Génova. Pese a que oficialmente se negó tal reunión, las fuentes consultadas aseguran que el acuerdo, finalmente postergado por Camps a la reunión del martes siguiente, adelantaba una posible falta muy grave del secretario general de entre las contempladas en el artículo 11 de los Estatutos.  
Pero, confirmado por completo el relevo a través del pretendido acuerdo del Comité Ejecutivo regional, Génova ya no sólo descarta abrir expediente a Costa, sino que el Comité de Garantías sólo le llamará para «escucharle». Las fuentes consultadas basan el relevo en sus «inapropiadas» conversaciones telefónicas reveladas por el sumario, y también en los mensajes indirectamente lanzados a los medios de comunicación contra otros dirigentes, como Vicente Rambla. Pero Génova descarta, de momento, dar públicas explicaciones. 
Las dos vías para el cese
>Artículo 41.1.J de los Estatutos. Compete al presidente del partido «proponer al Comité Ejecutivo el relevo de los cargos y funciones de cualquiera de los miembros de dicho comité».
>Artículo 49. 1. «El Comité Nacional de Derechos y Garantías tiene competencia genérica sobre todos los afiliados sin exclusión alguna, y exclusiva sobre aquellos que ostenten condición de diputados del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, o pertenezcan a cualquier órgano nacional del partido». «Su competencia es irrenunciable e indelegable, y la podrá recabar en cualquier momento por circunstancias especiales que así se consideren». 
(www.elmundo.es, 15/10/09) 
«TRISTEZA» Y «VERGÜENZA» POR UNA «SUSPENSIÓN» INESPERADA 
Los detalles del ajusticiamiento político de Ricardo Costa dan buena prueba de cómo Gürtel está perturbando al PP valenciano, sus relaciones con Génova, la actividad de instituciones principales como el Parlamento autonómico y el equilibrio de poderes sobre el que Camps ha apuntalado su liderazgo.  
Lo de menos es que la atención de los periodistas se trasladara ayer del hemiciclo a los pasillos de las Cortes Valencianas a causa del sorpresivo cese de Costa, o que el Pleno comenzara con media hora de retraso porque el PP estaba parcheando sus problemas con la «suspensión temporal» de su portavoz parlamentario y secretario general, y la designación digital de los diputados Rafael Maluenda y César Augusto Asencio como sustitutos.  
Lo significativo fue el estado de conmoción que se apoderó de los populares por el modo irregular en que el presidente de la Generalitat llevó a cabo la defenestración de quien ha sido su principal cortafuego desde que «todo el lío éste» -que dice Camps- le estalló al PP en las narices hace siete meses.  
«Tristeza», «bochorno», «indignación» y «vergüenza» fueron las palabras más repetidas ayer en los corrillos populares; palabras que unieron bajo un mismo palio de frustración y rabia a fabristas, ripollistas y no pocos campsistas.  
En primer lugar, porque nadie se lo esperaba. Ni el propio Costa, que se hundió tras conocer su destitución, ni sus obligados sustitutos, ni más de un conseller, ni acaso el propio Camps; aunque éste es un extremo -el grado de inocencia o «culpa» del presidente- sobre el que algunos diputados discrepaban.  
Cabe reparar en que minutos antes de ser nombrado nuevo portavoz del grupo, Maluenda insistía en que el Comité Ejecutivo regional -«elegido en un congreso y órgano soberano», recordó- había ratificado la confianza en Costa.  
En cualquier caso, si el modo en que la dirección regional había gestionado su pulso con Rajoy -mediante una Ejecutiva precocinada en la que sólo pudieron hablar Camps y Costa- molestó a los barones provinciales, la forma en que Camps-Génova forzaron su salida unas horas más tarde no ha hecho más que aumentar varios grados ese malestar generalizado.  
Camps cruzó el zaguán trasero de las Cortes hacia las 10.00 horas y minutos más tarde lo hizo Ricardo Costa. Tras un encuentro brevísimo entre ambos, convocaron a los diputados para la reunión de grupo en el despacho de Costa, en lugar de en la sala donde suelen celebrar estas reuniones, más amplia y vulnerable a los informadores. Seguidos por una nube de periodistas, y tras un paseo por la Cámara que algunos diputados calificaron de «humillante», sus señorías del PP se agolparon como pudieron en el despacho del aún portavoz, donde les aguardaba el presidente en solitario. Costa se había ausentado mientras iban llegando sus compañeros. El propio Camps salió del despacho y volvió con él. Según varios testigos, «el aire se podía cortar con un cuchillo».  
En una breve intervención, Camps dijo que aquello era «muy duro y muy triste», pero que el portavoz iba a ser sustituido «temporalmente». En ese momento, Ricardo Costa rompió a llorar y el presidente ratificó su confianza en él, diciendo que le debía en buena medida «haber llegado a presidente». No obstante, presentó su sustitución como una «continuación» de la resolución adoptada la víspera por la dirección regional y animó a los diputados a hablar, «que luego dicen que no dejo».  
Nadie se atrevió a mover los labios, a excepción del propio Costa: «Ya vale, presidente, ya vale». Casi todos los diputados se acercaron a abrazar y consolar a su compañero antes de iniciar un «durísimo regreso» al hemiciclo. Media hora más tarde, mientras los periodistas aguardaban a los protagonistas del día en la puerta de salida, los diputados del PP se enteraban de que Asencio ocuparía «las funciones de coordinación» propias del secretario general. Muchos conocieron el relevo después que los periodistas, lo que abundó en su impotencia.  
«Ya está»
Al salir, Camps insistió en ahormar la resolución del Comité Ejecutivo Regional de la víspera -que garantizaba la continuidad de Costa- a su cese sumarial de ayer: «Ya está», dijo. «Como ya se acordó ayer, el Partido Popular ha tomado las decisiones en relación a lo que se propuso por unanimidad». Costa se despidió subrayando que su gestión ha sido «correcta». «No es una cuestión de aferrarme a ningún cargo ni a ninguna posición», concluyó. Sus compañeros de escaño regurgitaron la rabia y la impotencia en los pasillos de las Cortes junto a los periodistas. «Ya está», repetían. 
(www.elmundo.es, 15/10/09) 
EL FORTÍN DE CAMPS SE DESMORONA POR LA BASE 
El poder omnímodo de Francisco Camps se resquebraja. Las grietas son visibles desde hace meses, pero todos los referentes del PP en la Comunidad Valenciana -fieles a su disciplina presidencialista- decidieron ocultarlas. El caso Gürtel dolía, pero se sobrellevaba sin analgésicos. Ahora no hay terapia suficiente para tapar el déficit de confianza en el presidente de la Generalitat.  
El Comité Ejecutivo Regional del martes y la reunión de ayer con Ricardo Costa, que culminó con su defenestración, ponen en evidencia como nunca que Camps no es un mito. Ni para Génova ni para el PP valenciano. Sus decisiones son, por primera vez, contestadas en su núcleo duro, e incluso los críticos con Ricardo Costa -quienes piensan que debería haber dimitido el primer día que su nombre se mezcló con Gürtel- opinan que Camps lo ha sometido a un calvario político innecesario.  
Ayer, en los pasillos de las Cortes Valencianas, los diputados que asistieron a la guillotina de Costa en su propio despacho comentaban la incongruencia de apoyarlo sólo un día antes y liquidarlo a la mañana siguiente. De hecho, para muchos Camps «lo engañó» y también a Carlos Fabra, el único barón que ha apoyado públicamente al ex secretario general y quien medió para dar una salida a su, en principio, «cese temporal». Además, hay unanimidad interna en que todas las decisiones adoptadas han sido «erróneas».  
Por eso, en Castellón cayó como una bomba la rotura del pacto tácito entre Camps y Costa, que se ha saldado con su destitución. Fabra lamentó públicamente que «paguen justos por pecadores» y manifestó que «Costa es un gran valor del partido y no lo vamos a dejar de lado». Con sus palabras, el presidente provincial desafiaba a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, que por la mañana había indicado que la vuelta de Costa a la Ejecutiva del PP de la Comunidad Valenciana es «imposible». Para Fabra, en cambio, la vuelta del joven político es factible porque «es un valor muy importante para el partido».  
El dirigente castellonense, según fuentes del PP, se siente traicionado por Camps y, al parecer, mantiene contactos con el presidente alicantino, José Joaquín Ripoll, para sellar una alianza común. De consolidarse, configurarían un contrapoder muy incómodo para el presidente de los populares valencianos.  
De momento, ante la tempestad, los acólitos al líder del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, prefieren no mojarse. El mandatario territorial se mantiene «fiel» a Camps, aunque su equipo duda que esa lealtad pueda ser eterna. De momento, Rus ha optado por callar y fue el único de los tres mandatarios provinciales que ayer no alzó la voz pese a no encajar con una sonrisa lo sucedido en el Comité Ejecutivo Regional. El dirigente provincial creía, como muchos otros, que Costa iba a ser destituido. Camps no le llamó para informarle de lo contrario ni menos aún le convocó a la reunión que mantuvo con Carlos Fabra en el Palau de la Generalitat.  
Con el encuentro en el Palau, el jefe del Consell esquivó el voto de castigo que iba a propinarle Castellón si finalmente planteaba la destitución de Ricardo Costa. Y para evitar esa votación, que habría evidenciado su debilidad, pactó con ellos a sabiendas de que Génova no avalaría ese acuerdo.  
Pero en el apoyo de Fabra a Costa también hay mucho de ventajismo. El dirigente, acosado por varios procesos judiciales, podría estar preparándose para vivir una situación similar a la del ex secretario general. Hasta ahora, a Fabra le ha sido muy útil el blindaje de su poder territorial en Castellón, pero ya ni Camps tiene bula en Génova.  
Sin embargo, el presidente sigue actuando como si nada sucediera. Cierra los ojos para no ver los recados de disgusto que le manda la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, evita convocar a los presidentes provinciales y mantiene que no hay ruptura con Rajoy.  
Del relevo de Costa y el nombramiento de César Augusto Asencio -sin que se haya pronunciado el Comité Ejecutivo- se enteraron antes los medios que los barones del partido. Ninguno fue consultado a la hora de elegir al nuevo secretario general y al portavoz parlamentario, Rafael Maluenda (ambos de Alicante). Esta circunstancia ha aumentado el malestar de Rus y soliviantado a Ripoll. Asencio es uno de sus enemigos en su provincia, de los primeros campsistas, y Maluenda, un convertido. Le reclaman consenso pero responde con silencio. Para algunos, un síntoma más de que resiste, pero «muy tocado».  
(www.elmundo.es, 15/10/09) 
TORMENTA DE DECLARACIONES  
>Barberá, preocupada por la imagen. La alcaldesa de Valencia se mostró ayer preocupada por la imagen dada por el PP tras la destitución de Costa y pidió a los suyos un esfuerzo para recuperar el «orgullo» de militar en el partido. «No sé si hemos dado una buena imagen o no», lamentó Barberá, que reconoció que cuando uno está en política sabe que estas cosas pueden pasar.  
>Fabra contradice a Cospedal . El hombre fuerte del PP en Castellón, la provincia de los Costa, contestó ayer a la 'número dos' del PP nacional, María Dolores de Cospedal, que «es posible» la restitución de Ricardo Costa en su cargo. El presidente provincial señaló que el joven político es un «gran valor del partido», por lo que aseguró que «no se le dejará de lado».  
>La madre de Costa defiende su «honor». «No debían haber pedido su cese», aseveró la madre de Ricardo Costa, María Dolores Climent, a EL MUNDO. La que fuera concejal del PP en Castellón indicó que va a defender la «honorabilidad». «No estoy dispuesta a que se manche su imagen. Él organizaba lo que le pedían», aseveró.  
>Ripoll dice que las cosas no funcionan. El presidente del PP de Alicante indicó que las cosas no funcionan. «Si uno ve las portadas de los periódicos, lo que sabe es que no sabe nada; incluso los que estuvimos en ese comité no tenemos muy claro lo que pasó», dijo. Ripoll fue contundente: «no se afrontan los problemas con determinación».  
>Arenas aplaude a Camps. El vicesecretario de Política Municipal del PP, Javier Arenas, señaló ayer que el presidente de la Comunidad «ha resuelto bien un asunto complejo» al tiempo que apuntillaba que el jefe del 'Consell' cuenta con el total respaldo de la dirección nacional. «Lo importante», matizó, es que el asunto «se ha resuelto».  
(www.elmundo.es, 15/10/09) 
LOS ENGAÑOS HACEN TAMBALEARSE A CAMPS 
Las risas y los aplausos de Francisco Camps y Ricardo Costa en la noche del martes, cuando pensaban que habían sorteado las exigencias de Génova de afrontar con contundencia los escándalos del caso Gürtel, se tornaron ayer crispación y lágrimas. La dirección nacional del PP desplegó toda su contundencia para acabar con la confusión generada por el presidente valenciano y forzar la destitución fulminante del secretario regional del PP. Ricardo Costa se convierte así en la primera víctima del caso Gürtel del PP en la Comunidad Valenciana. 
Además, la intervención de Génova para solucionar los enredos de Camps, coloca al presidente valenciano en la picota. Las críticas arreciaron ayer en público y en privado. Dirigentes valencianos y nacionales coincidían en el enfado por la gestión de la crisis. Camps, señalaban, ha llevado al partido a una situación absurda, casi ridícula. El futuro del líder valenciano, a quien pese a todo Mariano Rajoy, muy molesto con él, sigue apoyando, según fuentes marianistas, está en cuestión entre otras cosas porque los dirigentes consultados asumen que seguirá habiendo revelaciones del caso Gürtel y ahora las críticas irán directamente contra él, que ya no tiene el cortafuegos de Costa. 
Si durante toda la noche del martes, el PP valenciano y Génova emitieron mensajes contradictorios acerca de la situación de Costa -implicado en la supuesta financiación irregular del partido-; en la mañana de ayer se cercenaron todas las dudas. "Es imposible que Costa vuelva a sus cargos", aseguró la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. "La dirección nacional del PP no va a permitir que un secretario general autonómico decida lo que esta dirección tiene que hacer", dijo Cospedal, que dejó claro que no estaba dispuesta a que el PP valenciano pusiese en jaque a Mariano Rajoy. Cospedal fue durísima con Costa, pero evitó apoyar expresamente a Camps. La número dos explicó al fin por qué han echado a Costa: por sus "relaciones poco recomendables". Pero esas relaciones eran con El Bigotes, "amiguito del alma" de Camps. Cospedal no respondió a la pregunta de si el presidente valenciano debería dimitir por los mismos motivos por los que se va Costa. 
Acuciado por la dirección nacional del PP, Camps acudió ayer a primera hora de la mañana al despacho que Costa tiene en las Cortes Valencianas. Allí le comunicó que, so pena de que Génova lo expulsase de manera fulminante del PP, no tenía más remedio que destituirlo de todos sus cargos. Acto seguido, Camps hizo llamar al despacho a todos los diputados, que estaban convencidos de que Costa seguía siendo portavoz, y les comunicó su sustitución por la del adjunto Rafael Maluenda. 
"Ya está, como se acordó el martes, el PP ha tomado las decisiones en relación con lo que propuso [el Comité Ejecutivo Regional] por unanimidad", explicó a la salida de la reunión Camps. Fue el último engaño del presidente valenciano, que en las últimas 48 horas ha contado a cada uno lo que quería oír. 
"Ha engañado a todos. Al partido, a la dirección nacional, a los diputados, a los periodistas, y tal vez a sí mismo", sentencia un dirigente valenciano. El descubrimiento del engaño provocó la indignación de la dirección nacional. Cospedal, remachó: "Es imposible que Costa sea restituido en sus cargos". Aún así, Camps alimentó las esperanzas de Costa acerca de una destitución temporal. Una convicción que alentaron los sustitutos nombrados por Camps. El nuevo portavoz parlamentario, Rafael Maluenda se negó a ocupar el escaño de Costa, que quedó vacante. Y el nuevo secretario regional del PP, César Augusto Asencio, recalcó que sólo asumía de forma "temporal" las funciones. 
La forma en la que Camps gestionó la destitución de Costa fue calificada de "sádica" por varios diputados autonómicos, que no ocultaban su malestar. Un sentimiento que corre paralelo a la indignación y que tiene abierto en canal al PP de la Comunidad Valenciana. 
El presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, muñidor del acuerdo, se mostraba incrédulo con lo sucedido. Fabra argumentó que es "posible" la vuelta de Costa a la secretaría general. La indignación -y la sensación de ridículo- de varios cargos del PP castellonense por su papel en el conflicto era ayer evidente. 
El zaplanista José Joaquín Ripoll, presidente provincial de Alicante, habló directamente de "engaño". Ripoll pidió la creación de "un gabinete de crisis" que tome las decisiones necesarias para reconducir la situación creada por Camps. 
Otros destacados cargos, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también expresaron su malestar: "No sé si hemos dado la mejor imagen o no, pero ahora lo que me preocupa es recuperar, sin duda alguna, el orgullo de pertenecer al PP". 
(www.elpais.com, 15/10/09) 
EL ARTE DE LA MENTIRA POLÍTICA. LAS MANIOBRAS DE FRANCISCO CAMPS 
Francisco Camps ha echado un verdadero pulso a Abraham Lincoln, quien escribió aquel apotegma que ya es famoso en la politología: "Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo". Pero quizá le faltara agregar: "Salvo que se dejen". El presidente valenciano ha engañado a todos todo el tiempo hasta ahora. 
Convocó al Comité Ejecutivo, máximo órgano del PP valenciano entre congresos, para el pasado martes y anticipó al respetable público, bajo presión intensa de los lugartenientes de Mariano Rajoy, que su número dos, Ricardo Costa, sería cesado. 
Eran las seis y media en punto de la tarde, en el umbral mismo de la reunión del Comité Ejecutivo, cuando Camps y Costa llegaron finalmente a sellar un pacto. Camps le dijo que le parecía muy bien su idea, lanzada públicamente esa mañana, de que si Génova aceptaba formar una comisión para investigarle él dejaría temporalmente sus funciones, y también que apoyaba su permanencia como portavoz del partido en las Cortes. 
Momentos antes de comenzar la reunión se esparció la orden de que nadie debía hacer uso de la palabra. Costa explicó su propuesta. Siguió Camps, quien dijo que apoyaba lo que proponía Costa y a renglón seguido hizo lo que uno de los participantes ha calificado como una "arenga", a favor de la unidad del partido contra la cacería que, según el presidente, se impulsa contra el PP valenciano. Cuando alguna gente levantó la mano como para votar se le dijo que no, que no se iba a votar, que aplaudieran ya que llegaban los medios de comunicación y era necesario exhibir el clima de unidad y felicidad. 
En un texto cuya dudosa autoría se atribuye al escritor irlandés Jonathan Swift, El arte de la mentira política, se aborda, según evoca el profesor Jean-Jacques Courtine, la reflexión política de La República de Platón y de El príncipe de Maquiavelo: ¿Es necesario ocultar la verdad al pueblo por su propio bien, engañarle por su propia salud? Según el texto atribuido a Swift, "la mentira política es el arte de convencer al pueblo, el arte de hacerle creer falsedades saludables para un buen fin". 
La falsedad saludable que Camps transmitió a su Comité Ejecutivo requería ahorrarse las huellas. Por esa razón no quiso que se votara ni que hubiera debate. Eso le permitía mentir a discreción. Pero, he aquí un problema: Camps vació de contenido la reunión. El Comité no resolvió nada porque nada fue sometido a su consideración. 
Ayer Camps, al abordar la ejecución sumaria de Costa impuesta por Rajoy, dijo lo siguiente: "Cese en relación a lo que se propuso, por unanimidad. Cese en relación a lo que el partido decidió ayer". ¿Es que ninguno de las decenas de asistentes al Comité Ejecutivo va a levantar su voz para decir que se le hurtó el debate y que, por tanto, no pudo decidir lo que no se sometió a consideración? ¿Unanimidad cuando se pidió que nadie hiciera uso de la palabra y que debían limitarse a aplaudir ante los medios? Por orden e instrucción de Francisco Camps Stalin. 
El cuartel general de Génova ha ejecutado sumariamente a Costa cuando el padrino de la operación Gürtel valenciana ha sido el hombre que ha logrado convertir aparentemente en papel mojado el apotegma de Lincoln. Ha conseguido engañar a todos todo el tiempoaunque no sea más que de momento. Tal vez porque se hayan dejado  
(www.publico.es, 15/10/09) 
COSTA A CAMPS: "YA ESTÁ BIEN, PRESIDENTE" 
Francisco Camps, según los que le conocen, es un hombre que vive en un plano muy distinto al de la realidad que aprecian los demás a simple vista. Tanto que es capaz de decir, y forzar a su siempre fiel Canal 9 a que le siga, que en la reunión en el parador de Alarcón con Mariano Rajoy la semana pasada sólo se habló de una dimisión: la de José Luis Rodríguez Zapatero. 
La obsesión de Camps por difuminar la realidad hasta que coincida con sus deseos le ha llevado en la última semana, la más dura desde que lidera el PP valenciano, a engañar a todos, pero en especial a su número dos, Ricardo Costa, y a su presidente, Mariano Rajoy, en una huida hacia adelante que estalló definitivamente. 
Todo arrancó el jueves pasado. Camps creía que podía dejar pasar los días sin más. Incluso le había asegurado a Costa, con el que hablaba hasta 10 veces diarias, que Rajoy nunca le pidió su cabeza. En su afán por crear ese mundo paralelo, Camps llegó a decirle a Costa: "Para tu tranquilidad: si te vas tú, me voy yo". 
Pero el jueves todo se complicó. Mientras Rajoy seguía esperando a que su amigo Camps destituyera a Costa, y recibía críticas por su inacción, Esperanza Aguirre se adelantó. A media tarde expulsó del Grupo Popular a sus tres diputados imputados. Y Génova ardió. Rajoy quedaba de nuevo desairado por su gran rival. 
La presión a Camps se hizo más intensa. Y éste llamó a Costa, de noche. Por primera vez pronunció la palabra "dimisión", pero ni siquiera se la pidió expresamente. Simplemente se lo dijo como reflexión. Costa contestó que no dimitiría, que no había hecho nada, que le cesaran si querían. Le contó a su jefe que estaba destrozado, que quería irse de puente. "Vete tranquilo", le dijo aquél. 
El viernes, el presidente siguió engañando. A Génova -sede nacional del PP- le contó que ya había pedido la dimisión, a Costa que no se preocupara. Hasta que Rajoy ordenó un ultimátum. Génova amenazó con expulsar a Costa desde Madrid, y para evitar la humillación Camps le llamó a León, donde estaba ya de puente. "Yo no quiero, pero Génova me exige tu cese", le dijo. Y siguió llamando, una y otra vez, a Costa y a Rajoy para tratar de que nadie se enfadara con él, su gran obsesión. 
Costa rechazó dimitir y Camps intentó ganar tiempo. No le cesó, como le pedía Génova. Convocó el martes una reunión para cesarle "temporalmente". "Estoy muy preocupado por ti", le decía una y otra vez por teléfono. A partir de ese momento, Camps se puso manos a la obra para evitar lo que más temía: una reunión del Comité Ejecutivo en la que se viera finalmente que el Rey está desnudo, que ya no controla el partido, que su amistad con Álvaro Pérez, El Bigotes, y su empeño en no dar ninguna explicación -siempre mandaba a Costa a darlas- habían machacado su imagen. 
Camps pidió ayuda a Génova para controlar esa reunión -Dolores de Cospedal llamó a Carlos Fabra y al zaplanista José Joaquín Ripoll para pedirles calma- mientras pensaba en cómo contentar a Costa para evitar la ruptura. El martes, mientras su secretario general se defendía públicamente con un comunicado en el que recordaba que él llegó a la secretaría general cuando El Bigotes ya lo hacía todo en el PP -lo que apuntaba a Camps, que fue quien lo fichó-, el presidente volvía a llamarle para buscar un acuerdo y quedaba a comer con Fabra, el barón castellonense, imputado por varios delitos fiscales y de tráfico de influencias. 
Camps quería a toda costa evitar una votación. Sabía que la destitución de Costa podría contar con los votos en contra de los dirigentes de Castellón, liderados por Fabra, y que los zaplanistas de Alicante le dirían: "Si Costa se va por sus relaciones con El Bigotes, ¿por qué no se va también Camps, que era su "amiguito del alma?" Fabra estableció las condiciones de Costa. No habría dimisión, como quería Costa, y no se votaría nada, como quería Camps, ni hablaría nadie. El presidente no le dijo a Fabra que Costa debería dejar de ser portavoz. 
El truco funcionó. Pero sólo hasta que Rajoy se enteró. Camps le engañó. "Vamos a hacer un comunicado en el que le damos por cesado de los dos puestos", le dijo Rajoy. "Bueno", respondió Camps, ya fuera de juego. Costa redactó después un comunicado para desmentir a Génova, que supervisó Nuria Romeral, la jefa de prensa de Camps. 
Era demasiado. El cruce de llamadas fue durísimo, ya de madrugada. Camps seguía intentando aplacar a Costa. Federico Trillo hizo un último intento. Llamó a Juan Costa, que estaba con su hermano. "Pídele que dimita". "Este entuerto lo ha provocado Camps, debe resolverlo él", sentenció el ex ministro ratista. "Puedes conservar tu escaño de portavoz", ofrecía Camps, desesperado. 
Ayer, todo estaba hecho. Camps se fue a ver a Costa al Parlamento autonómico. Cospedal amenazaba con expulsarlo si seguía de portavoz. "Es temporal, volverás", insistía Camps, siempre en su mundo idílico. No quería aparecer, pero se vio forzado a explicárselo él a los 50 diputados. Los convocaron, apiñados, en el despacho de Costa. El presidente hizo una loa a su mano derecha, deshecho. "Y como me dicen que no dejo hablar, si alguien quiere hablar, que lo diga". El silencio fue terrible. "Ya está bien, presidente", cerró Costa, lloroso. La impostura ya no podía seguir más. 
(www.elpais.com, 15/10/09) 
CRONOLOGÍA DE UNA DESTITUCIÓN 
Viernes, día 9. El PP deja correr que la destitución de Costa es inminente. Se convoca el Comité Ejecutivo del PPCV para el martes. 
Martes, día 13. 13.00. Costa lee ante los medios una declaración exculpatoria y llena de advertencias, en la que condiciona su renuncia a que se investigue su gestión. 
- 19.00. Costa asegura que sigue siendo secretario general y que no está en cuestión su cargo de portavoz parlamentario. 
- 21.00. El PP nacional emite un comunicado diciendo que, según Camps, Costa ya no es ni secretario general ni portavoz. 
- 22.00. El PP valenciano insiste en la versión de Costa. 
- 23.00. Cospedal afirma "tajantemente" que Costa ha sido destituido de todos sus cargos. Costa insiste en su versión. 
Miércoles, día 14. 10.00. Camps se reúne con Costa y le comunica que se va a hacer lo que dice el PP nacional. 
- 11.00. El PP ya tiene nuevo secretario general y nuevo portavoz. Camps: "La decisión que tomamos ayer, ya está tomada". 
(www.elpais.com, 15/10/09) 
FRAGA: "BARBERÁ ES EXCEPCIONAL... NO PUEDO DECIR LO MISMO DE CAMPS" 
El presidente Fundador del PP, Manuel Fraga, ha mandado un mensaje al presidente del PP valenciano, Francsico Camps, en referencia a su actuación en la Gürtel.  "Barberá es excepcional... no puedo decir lo mismo de Camps", ha afirmado Fraga en la Cope, quien cree que al president del Consell "le haya faltado moral para hacer las cosas con energía". 
Fraga, quien cree que "algunas personas se han distraído en el PP, como el señor Costa", considera que la Gürtel no es suficiente para "sacudir los cimientos del PP".  "Sin duda se ha intentado, y nunca habíamos dado motivos para ello, eso también es verdad", ha destacado Fraga, a quien le gusta más "la palabra ética que estética".  
El presidente Fundador del PP ha recalcado que los políticos deben tener una "moral indestructible", algo que Fraga ve claramente en el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. "Tiene mucho futuro en el partido. Tiene gran capacidad de liderazgo", ha opinado Fraga. 
Para Federico Trillo, el lío formado en torno a la destitución de Costa es el resultado de “la nula capacidad de comunicación” que ha tenido el Partido Popular, como ha declarado esta mañana en Punto Radio. Trillo cree que el desconcierto “fue máximo”. El diputado por Alicante y ex ministro de Aznar considera que “el tema [Gürtel] merece ir aclarándolo ya”, en alusión al silencio informativo mantenido por Rajoy en los últimos días. 
Dice Trillo, además, que el “asunto irrita doblemente a los españoles” porque “sus problemas son otros”. No obstante, en línea con la nueva teoría de la conspiración alentada por la dirección del PP, cree “que hay que denunciar los abusos y sectarismos de una parte de la Fiscalía y de la Policía”. 
(www.publico.es, 15/10/09)
GÉNOVA OBLIGA A CAMPS A RELEVAR A COSTA COMO PORTAVOZ Y SECRETARIO GENERAL 
Después de intensas presiones de Génova, el presidente valenciano, Francisco Camps, ha decidido romper el pacto que había alcanzado ayer con Ricardo Costa y Carlos Fabra, que incluía que Costa seguía como portavoz en cualquier caso. Camps convocó a Costa en su despacho en las Cortes, donde se pudo ver a una Ana Michavila teóricamente destituida. La jefa del gabinete del presidente anunció su salida del cargo hace unas semanas pero aún continúa ocupándolo. Ana Michavila es hermana de José María Michavila, quien recientemente dejó su escaño por la relación de su despacho de abogados con la trama corrupta. 
Tras una conversación muy tensa, porque Camps había vendido una cosa a Génova y había pactado otra con Costa, que es la que se aprobó en el comité ejecutivo, Camps convocó a todos los diputados en el despacho de Costa, apiñados. 
El secretario general lloraba desconsoladamente. Camps defendió a Costa, dijo que era el presidente por gente como él, pero anunció que ya no sería portavoz, aunque insistió en que confiaba en que todo fuera temporal. "Y como la prensa dice que no dejo hablar a nadie, ¿alguien quiere hablar?", dijo Camps en medio de una gran tensión. "Presidente, ya está bien", le cortó Costa, destrozado. Camps se fue, y de nuevo esquivo a la prensa, a quien sólo acertó a decir: "Tal como acordamos ayer seguimos trabajando por todos los valencianos". El presidente de la Generalitat añadió: "Ya está, el PP ha tomado las decisiones en relación con lo que se propuso y que se aceptó por unanimidad". 
Camps ha sustituido también a Costa como secretario general del partido y ha designado al hasta ahora vicesecretario de Política Autonómica y Local, César Augusto Asencio. El PP valenciano anuncia esta medida en un comunicado y asegura que el cambio se produce hasta que se resuelva "la situación temporal" del hasta ahora secretario general del PPCV y "hasta la finalización del expediente de investigación abierto por la dirección nacional del PP" en relación con el caso Gürtel. 
Costa, que ayer salió desafiante del la reunión de la comisión ejecutiva regional del PP de la Comunidad Valenciana y anunció que esta mañana ocuparía su escaño de portavoz del grupo parlamentario en las Cortes, ha salido del Parlamento autonómico en torno a las 11.30 con otra actitud. "Ayer el comité ejecutivo aceptó un acuerdo que fue ratificar mi honradez y mi gestión y separarme temporalmente del cargo si se abría una comisión de investigación. Y eso es exactamente lo que ha pasado. He sido apartado temporalmente del cargo de portavoz y del cargo de portavoz parlamentario. Mi honradez no está en duda y no es cuestión de aferrarse a los cargos." 
Los periodistas han querido saber si la comisión de investigación se ha convocado ya, pero Costa se apresuró a subir al coche oficial al que, formalmente, tenía derecho hasta que esta mañana Camps ha comunicado su relevo al grupo parlamentario. 
La noticia ha surgido después de que el pulso abierto ayer entre el PP nacional y el valenciano a cuenta de la dimisión o no del secretario general de la formación regional, Ricardo Costa, subiera de intensidad a lo largo de la mañana Si el propio Costa aseguraba anoche, tras el comité regional que supuestamente iba a analizar su salida temporal de la cúpula del partido, que continúa como número dos y portavoz parlamentario del PP, hoy su homóloga a nivel nacional, María Dolores de Cospedal, ha negado la mayor y ha ido más lejos al afirmar que Costa nunca volverá a los órganos de dirección del partido. 
Cospedal, en una entrevista concedida a la Cope, ha insistido en que Costa "está cesado temporalmente" en todas sus funciones y ha asegurado que, en contra de lo que afirmó Costa anoche, hoy no puede asistir al Parlamento valenciano como portavoz del Grupo. Cospedal incluso ha llegado a amenazar a Costa: "Existen procesos disciplinarios en los estatutos" si incumple lo acordado ayer por el comité regional. 
La número dos del PP se ha mostrado muy enfadada y ha asegurado que no van permitir que "un secretario general autonómico decida lo que la dirección nacional tiene que hacer". Cospedal ha recordado a Costa que los puestos que ocupa no le pertenecen a él, sino al partido y ha sido tajante cuando le han preguntado por su futuro: Cuando alguien actúa en contra de los intereses de su partido y con publicidad, es imposible que vuelva". 
Sobre los motivos que han llevado a la dirección nacional del PP a exigir a Valencia la destitución de Costa, Cospedal ha asegurado que todo se debe a las "compañías poco edificantes" del aún secretario general, en referencia a las conversaciones telefónicas publicadas en diferentes medios de comunicación en las que Costa muestra su amistad con los implicados en la trama Gürtel. 
Sin embargo, en esas grabaciones Costa no es el único que aparece. El propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aseguró a Álvaro Pérez, el bigotes: "Te quiero un huevo". 
Cospedal, no obstante, ha tenido que reconocer que Costa no está imputado en ninguna causa y que quieren que su salida del PP "sirva para mostrarnos como alternativa de gobierno y como un partido que no tiene nada que esconder". 
(www.elpais.com, 14/10/09) 
CAE EL HERMANO QUE RECOGIÓ LOS AVALES PARA RAJOY 
Ricardo Costa y Mariano Rajoy se conocieron junio de 2008, cuando el líder del PP buscaba los avales que le permitieran hacerse con el triunfo en el Congreso que el partido organizó en Valencia tras perder las elecciones de marzo de ese mismo año. 
En la presentación ejerció de intermediario el presidente de la Generalitat, quien prometió a Rajoy en un mitin el apoyo del PP regional. Ese trabajo de recopilación lo tuvo que dirigir Ricardo Costa en su calidad de secretario general. 
La casualidad, sin embargo, quiso que fuera precisamente Ricardo quien el hermano menor de Juan Costa, único nombre que sonaba entonces como candidato alternativo a Rajoy, quien se convertiera en la mano derecha de Camps, el principal respaldo del presidente del partido. 
No contento con buscar los avales, el presidente de la Comunidad Valenciana quiso entregárselos en mano a su líder en una demostración de poder interno. Y por eso se fue con Ricardo Costa hasta Valladolid, se lo presentó a Rajoy, y fue el hermano del gran rival interno del líder quien se encargó de entregar al jefe de la oposición los más de 300 avales recogidos en una caja. "Son más del 90% de los compromisarios de la Comunidad Valenciana. Y van todos a nombre de Rajoy", ironizaba Costa con la prensa cuando le preguntaron cuántos avales había traído. 
(www.elpais.com, 14/10/09) 
CAMPS CEDE Y APARTA A COSTA DE SUS CARGOS 
El presidente del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Francisco Camps, ha sustituido a Ricardo Costa como secretario general del partido y ha designado al hasta ahora vicesecretario de Política Autonómica y Local, César Augusto Asencio, para "ejercer las funciones de la Secretaría General". 
Un comunicado del PPCV anuncia esta medida y afirma que esta sustitución se produce "hasta que se resuelva la situación temporal del hasta ahora secretario general del PPCV, Ricardo Costa, hasta la finalización del expediente de investigación abierto por la dirección nacional del PP" en relación con el "caso Gürtel". 
El comunicado se ha emitido después de que el grupo popular de Les Corts Valencianes haya acordado la sustitución de Ricardo Costa como portavoz parlamentario por el portavoz adjunto Rafael Maluenda.

Ricardo Costa ha sido sustituido por Rafael Maluenda como portavoz del PP de Les Corts Valencianes, según ha acordado esta mañana el grupo parlamentario popular en una reunión presidida por el president de la Generalitat, Francisco Camps, según informaron fuentes populares.
Esta medida ratifica la decisión anunciada anoche por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de que Costa ya no era secretario general del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) ni portavoz en Les Corts Valencianes. 
Después de estas afirmaciones, ratificadas en un comunicado en la web oficial del PP, el PPCV emitió otro comunicado en el que se aseguraba que el Comité Ejecutivo Regional del partido mantenía a Costa como secretario general y portavoz parlamentario. Finalmente se ha impuesto la tesis defendida por la dirección nacional del PP. 
El president de la Generalitat y del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Francisco Camps, se ha reunido con Ricardo Costa en la sede de Les Corts Valencianes tras anunciar la dirección nacional del PP que Costa ya no es secretario general del PPCV ni portavoz parlamentario.
El encuentro entre Camps y Costa se ha desarrollado en los despachos del grupo popular, mientras que el resto del grupo parlamentario, incluida la presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, esperaba en una sala anexa a que Camps y Costa se incorporasen a la habitual reunión previa al inicio de los plenos parlamentarios de los miércoles.
 (www.levante-emv.com, 14/10/09)
COSTA SE VA LLORANDO  
La reunión del grupo popular de las Cortes Valencianas en la que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha comunicado el cese de Ricardo Costa ha sido "muy triste", y el ya exportavoz estaba "muy afectado", hasta el punto de que no ha podido reprimir las lágrimas, según han explicado los asistentes a esa reunión. 
Al contrario de lo que es habitual en las reuniones del grupo popular, que cada miércoles se reúne en la sala Vinatea de las Cortes, la de hoy ha sido en el despacho de Costa en el grupo. Al encuentro han ido acudiendo los diputados después de que les avisaran del cambio de sitio y donde han seguido de pie el desarrollo de la breve reunión. 
De hecho, entre los diputados populares ha habido momentos de desconcierto, porque no sabían si se había suspendido la habitual reunión de las diez de la mañana --dado que había pasado casi media hora y aún no había empezado--, o si se había trasladado a otro sitio, todo ello mientras los fotógrafos se afanaban en buscar a los protagonistas del día. 
Según las mismas fuentes, en la reunión solo ha intervenido Camps, quien ha argumentado el recambio de Costa por el hasta ahora portavoz adjunto Rafael Maluenda como una continuación de lo acordado ayer en el Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. 
Las mismas fuentes han precisado que tras darse a conocer esta decisión se ha hecho un "silencio sepulcral" y que no ha habido ninguna intervención, ni de Costa, al que se veía "muy afectado", ni de ningún diputado, entre los que había una sensación de "estupor" por no esperarse la noticia. 
Al finalizar la reunión, Costa ha recibido los abrazos y el apoyo de sus compañeros, momento en el que se ha desmoronado en medio de un ambiente de tristeza en el seno del grupo mayoritario de las Cortes, tras lo que los parlamentarios se han trasladado al hemiciclo para asistir al pleno, que hoy ha empezado con retraso. 
Costa, que había llegado solo a Les Corts a las 10.08 de la mañana --apenas tres minutos después de que lo hiciera Camps, que también ha entrado solo por la puerta trasera de la Cámara-- ha abandonado finalmente el Parlamento hora y media después. 
(www.levante-emv.com, 14/10/09) 
COSTA GANA Y CAMPS ENGAÑA A RAJOY 
La dirección nacional quería una cabeza para aplacar la presión informativa y la dolorosa comparación de un Rajoy contemplativo con una Esperanza Aguirre en acción. La quería el viernes, y amenazó con expulsar desde Madrid a Ricardo Costa. Camps buscó una vía intermedia: anunció que ayer lo destituiría. Pero llegó el momento, y tampoco lo hizo. 
El presidente autonómico pactó a última hora con su mano derecha lo que Génova más temía: una componenda. Costa, según explicó ufano nada más terminar la reunión, no fue cesado. "Nadie ha pedido mi cese", insistió, "sigo siendo secretario general, si no, no estaría aquí arriba", en el atril. 
Después de varias llamadas de Camps para que Costa se aviniera a razones y evitara una crisis sin precedentes, el secretario general descartó por completo dimitir y sólo aceptó que, si la dirección nacional le abre una investigación interna, como había solicitado por la mañana, él renunciaría temporalmente a sus funciones como secretario general mientras trabaja esa comisión. 
Pero Costa lo dejó muy claro: si Génova no acepta las condiciones del PP valenciano y no abre esa investigación, él seguirá de número dos. Y además dio un detalle añadido: nadie le ha pedido que deje de ser portavoz parlamentario, ni siquiera aunque se abra esa comisión, con lo cual la cabeza que Génova pedía se quedaría, como mucho, a medias. 
Esta clara victoria interna de Costa, que se fue a la cama como secretario general y logró además que Camps defendiera públicamente ante todo el Comité Ejecutivo del PP regional su honorabilidad y su trayectoria, llegó pocas horas después de lanzar un desafío en toda regla, a través de la lectura de un durísimo comunicado público, tanto a Mariano Rajoy como a Francisco Camps. 
Costa dejó muy claro que él no está dispuesto a ser el "cabeza de turco" del escándalo del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, y retó de forma muy evidente a Camps y Rajoy con una muy poco velada amenaza de tirar de la manta. Señaló que él no tomó la decisión de contratar con Álvaro Pérez, El Bigotes -todos los dirigentes saben que quien lo llevó a Valencia fue el propio Camps- y que nadie de la dirección nacional le dijo que no debía contratar con él. Dejó así de mentiroso a Rajoy, que hace meses afirmó que se dieron esas instrucciones. 
Pese a la dureza de esas declaraciones, Camps trabajó todo el día para encontrar un pacto y lo logró a última hora cediendo a las pretensiones de su número dos. Y cuando terminó la reunión, el presidente valenciano pidió un aplauso para Costa y rechazó otorgar las palabras que había pedidas "para reforzar la unidad". 
En la reunión, Camps recuperó el discurso de desafío a la dirección nacional que pronunció hace dos semanas. "Hemos aportado [desde la Comunidad Valenciana] mucho al PP nacional, votos, esperanza y opciones a un partido que está en la oposición". Costa, vencedor, buscó coser heridas internas. Si por la mañana había lanzado una pulla indirecta a Vicente Rambla, responsable de contratar desde el Gobierno con la red Gürtel, por la tarde defendió su gestión. 
Entonces, cuando acabó la reunión, comenzó la venta de ese pacto a la dirección nacional, que había pedido una destitución sin contemplaciones para dar un gesto de autoridad frente a los escándalos de corrupción. Camps engañó claramente a Rajoy. Los más de 70 dirigentes presentes en la reunión, que fue extraña y breve, con sólo dos intervenciones -Costa y Camps- y sin ninguna votación, entendieron que el secretario general no había sido cesado, que sigue en su puesto y sólo dejará de "ejercer sus funciones" si Génova le abre una investigación. Pero además, Costa dejó muy claro en la rueda de prensa posterior que nadie le ha pedido que deje de ser portavoz. 
A pesar de esta claridad -allí estaban tanto Esteban González Pons como Federico Trillo para contárselo a Rajoy- la dirección nacional emitió un comunicado pasadas las nueve de la noche con una interpretación bien diferente de una reunión oficial de su partido: "Francisco Camps, ha comunicado esta tarde a la dirección nacional que el Comité Ejecutivo ha acordado suspender temporalmente y a petición propia, en todas sus funciones en el partido como secretario general y, según esta misma comunicación, como portavoz del Grupo Parlamentario de Las Corts, a Ricardo Costa". Génova quiso dejar claro que la fuente era Camps, porque ya entonces había muchas dudas de que fuera verdad. 
"Yo mañana estaré sentado en Las Cortes como portavoz. Tengo reunión de grupo a las nueve de la mañana. Nadie me ha cesado, simplemente no ejerceré las funciones de secretario general si se me abre esa investigación interna. Un cese requiere una votación, y no se ha votado nada", señalaba a EL PAÍS a última hora de la tarde el propio Costa. 
Por si hubiera alguna duda del desafío del PP valenciano, este partido emitió otro comunicado de desmentido al texto de Génova a última hora de la noche: "Se ha aprobado por unanimidad el respaldo a la gestión de Costa. En ningún caso se ha puesto en tela de juicio su continuidad como portavoz del Grupo Parlamentario. El presidente ha aceptado la propuesta de Costa. El PPCV lamenta el malentendido provocado por otros comunicados". 
Mientras, en el programa Madrid Opina de Telemadrid, al filo de la medianoche la secretaria general, María Dolores de Cospedal, insistía "tajantemente" ante la confusión que "el señor don Ricardo Costa ha sido destituido de todas sus funciones". 
La dirección nacional había trabajado para evitar la ruptura del PP valenciano -de hecho la secretaria general, María Dolores de Cospedal, llamó a los zaplanistas- pero con la idea de que Camps destituiría a Costa sin contemplaciones. El comunicado de Génova ni siquiera aclara si abrirá esa investigación, la condición que Costa puso, sólo que el Comité Nacional de Derechos y Garantías le citará "en las próximas fechas con el fin de que éste pueda ser escuchado". Sólo entonces dejará sus funciones de secretario general temporalmente, pero seguirá de portavoz en un claro desafío, otro más, a Rajoy, que pierde de nuevo una batalla interna, al menos de momento. 
(www.elpais.com, 14/10/09) 
TRES VERSIONES DISTINTAS EN TRES HORAS 
- "Nadie ha pedido mi cese. Sigo de portavoz". Ricardo Costa dejó clara su situación tras la reunión. "Nadie me ha pedido mi cese. Me abstendré en mis funciones temporalmente si la dirección nacional abre una investigación interna" 
- Camps dice a Génova que Costa no será portavoz. La dirección nacional desmiente a Costa: "Francisco Camps ha comunicado esta tarde a la dirección nacional que el Comité Ejecutivo regional ha acordado suspender temporalmente y a petición propia, en todas sus funciones en el partido como secretario general y, según esta misma comunicación, como portavoz del Grupo de Las Corts, a Ricardo Costa". 
- El PP valenciano desmiente a Génova: "En ningún caso se ha puesto en tela de juicio su continuidad como portavoz del Grupo Popular en Les Corts Valencianes. El PPCV lamenta el malentendido provocado por otros comunicados". 
(www.elpais.com, 14/10/09) 
CAMPS NO SE ATREVE A ECHAR A COSTA PERO RAJOY LO CONSIDERA DESTITUIDO 
El secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, venció ayer a todo su partido. Pero, sobre todo, doblegó en público a Francisco Camps. Ni dimitió como Génova exige, ni cesó «temporalmente» del cargo en el Comité Ejecutivo, tal y como había prometido el viernes el entorno de Camps.  
En una reunión esperpéntica de la dirección regional del PP, fue Costa quien propuso apartarse del cargo que ocupa, pero sólo en el caso de que una comisión interna de investigación revise su gestión. Camps dio entonces la propuesta por aceptada, pero no se discutió ni se votó.  
A continuación, Génova emitió una nota en la que afirmaba que «Camps había comunicado la suspensión de Costa en todas sus funciones». Sin embargo, no era cierto.  
La doble cara de Camps, desesperado ante su partido y aparentemente firme ante Rajoy, provocó un cruce de comunicados. La dirección nacional publicaba que Camps había informado de la suspensión temporal de Costa «en todas sus funciones», incluida la de portavoz en las Cortes valencianas. Desde Valencia, no citaban este extremo y se subrayaba, además, que el compromiso de Costa de quedarse al margen de su puesto de secretario general quedaba ligado a la realización de una auditoría interna que él mismo instaba a Génova a realizar.  
Ricardo Costa defendió primero en un comunicado público y luego ante el Comité Ejecutivo del PP de la Comunidad Valenciana que demostrará que no ha existido financiación ilegal del partido. Camps accedió a otra de sus condiciones -el aval público a su gestión- y aseguró no tener dudas de la «honradez del secretario general».  
La hoja de ruta diseñada por Costa incluye también no dejar la portavocía de las Cortes valencianas aunque sea apartado de la Secretaría General con motivo de la investigación. De hecho, el comunicado que el PP valenciano hizo público tras la reunión informaba de que durante el Comité Ejecutivo «no se había producido ningún cese». Y así fue. Pero el presidente no trasladó esta realidad a Mariano Rajoy, a quien le comunicó, según fuentes del PP, que se suspendía a Costa. La mentira ahondó su distancia con la dirección nacional.  
Camps aceptó ayer todas estas prerrogativas ante la posibilidad de perder una votación en el Comité Ejecutivo del PP que le habría obligado a marcharse a él. Su secretario general le envidó con un comunicado matutino donde aseguraba que en la contratación de Orange Market, la empresa de El Bigotes, se había ceñido «a las directrices de la dirección regional». Y le ganó. Desde ese momento, el presidente valenciano sólo podía hacer una cosa: destituir a Costa con el aval de sus presidentes provinciales y acordar con ellos el nombramiento de un nuevo secretario general y un nuevo portavoz parlamentario. Pero no lo hizo. Le iba la vida en ello.  
La debilidad política mostrada en los últimos meses a raíz de la investigación del caso Gürtel se le manifestó ayer en forma de Santísima Trinidad cuando uno de sus barones, el castellonense Carlos Fabra, respaldó públicamente a Costa y recordó que «el que adjudica es el Gobierno y no el partido». Consciente en ese momento de que el Comité Ejecutivo regional podría convertirse en un juicio político contra su persona, Camps optó por pactar con Fabra y acceder a la expiación pública que exigía Costa. Fuentes del PP aseguraron que el presidente castellonense estuvo ayer en el palacio de la Generalitat antes de la convocatoria del Comité Ejecutivo.  
Al parecer, sólo se reunió con él. No hubo ni un solo contacto con el alicantino José Joaquín Ripoll, último reducto del zaplanismo y a quien Camps desprecia políticamente. Pero durante unas horas, a partir de las 16.00, empezó a circular que Camps podría dimitir al perder el apoyo de su partido.  
El pacto con Costa y Fabra cortocircuitó todos los movimientos internos y dio paso a un Comité Ejecutivo que emborrona la historia del PP valenciano. Camps se prestó a todas las peticiones de Costa, mientras el partido sigue sin entender por qué no le obligó a dimitir cuando fue salpicado por el informe policial o no ha sido capaz de destituirlo como prometió. Para evitar responder a estas cuestiones, el presidente valenciano fabricó para Génova un Comité Ejecutivo que no se produjo. En sus conversaciones con la dirección nacional, aseguró que Ricardo Costa había sido destituido de sus cargos. Pero la pérdida de confianza de Génova en la palabra de Camps obligó a la dirección nacional a meterse en harina. Sólo unas llamadas fueron suficientes para certificar que la versión de Camps no era cierta.  
Y para dejar clara su postura y obligar al presidente valenciano a rectificar, redactaron el siguiente comunicado: «El presidente del PPCV, Francisco Camps, ha comunicado esta tarde a la dirección nacional que el Comité Ejecutivo regional ha acordado suspender temporalmente y a petición propia en todas sus funciones, en el partido como secretario general y, según esta misma comunicación, como portavoz del Grupo Parlamentario en las Cortes valencianas, a Ricardo Costa». En el último párrafo, Génova escondía su bala de plata y señalaba: «Ha dado traslado del acuerdo al Comité Nacional de Derechos y Garantías para que, en las próximas fechas, cite a Ricardo Costa, con el fin de que éste pueda ser escuchado».  
Según fuentes del PP, la dirección nacional llegó a firmar la baja de Costa del partido el viernes pasado ante su resistencia a entregar su cabeza. Ahora, ante un escenario mucho más grave, podría anunciarse en las próximas horas.  
El tira y afloja entre Costa y Génova sumó ayer el penúltimo capítulo. Un nuevo comunicado de la sede valenciana del PP respondió a Génova y señaló que «se ha aprobado la propuesta del secretario general del PP de solicitar a la dirección que, si tiene la más mínima duda de su honestidad, se pone a disposición para ser investigado por el partido. Mientras, Costa se abstendría voluntariamente del ejercicio de sus funciones como secretario general». «El PPCV», prosigue, «lamenta el malentendido provocado por otros comunicados». El órdago no puede ser mayor para Génova, que ratificó ayer, a través de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que Costa cesaba también como portavoz parlamentario. Costa está técnicamente destituido, pero no se amilana (ayer dijo públicamente que seguirá sentándose en las Corts como portavoz) y obliga a Camps a seguirle por razones todavía desconocidas.  
Mientras tanto, el presidente se limita a entrar y salir de su castillo. Ante el Comité Ejecutivo recurrió al manido discurso del victimismo. Antes era Zapatero, ahora Génova y los medios de comunicación. «Esto es un transatlántico y nos quieren romper», aseguró. A su juicio, «quieren quebrar la unidad del partido». Sabedor de las disidencias, de que el poder se le escapa de las manos, señaló a los asistentes que «si alguien quiere saltar a la fama, que salga y ponga verde a quien quiera, a mí sólo se me ocurre salir de aquí todos juntos y contentos».
Camps «en esencia», decía ayer un diputado. Camps, víctima de Camps, dispuesto a enfrentarse con Rajoy, a seguir la estela de Churchill. Pero de su historia novelada se ha escapado un personaje, Ricardo Costa, que en 24 horas ha logrado que su dimisión sea un episodio de trámite. El PP está en otro debate y afecta directamente a Camps. Ya se lo dijo Correa a Costa, tú serás el próximo presidente del Gobierno. De estar fuera de la cárcel, ayer se lo habría repetido. 
(www.elmundo.es, 14/10/09) 
GÉNOVA DA POR CESADO A RICARDO COSTA Y PONE EN EVIDENCIA A CAMPS 
A todos los efectos, Ricardo Costa parecía haber ganado anoche su pulso a Francisco Camps y a Mariano Rajoy. Unos anotaban un «20 a cero» en el marcador, y otros, los más desconcertados, apenas reconocían que lo único que había ganado el popular valenciano era «tiempo» ante la dirección nacional.  
El caso es que ése era el veredicto en el PP, no sólo a la vista de lo sucedido en el Comité Ejecutivo del partido en Valencia, sino a la de las propias caras que desfilaban a la salida del Pleno del Congreso: los diputados más críticos con Rajoy, con una sonrisa de sarcasmo; los marianistas, con auténtico gesto de cabreo.  
Fue entonces, en medio aún de la mayor confusión, cuando la dirección nacional dio lo que quiso ser un golpe de autoridad. En un comunicado enviado a última hora, se aferró como a un clavo ardiendo a la versión que le «comunicó» Camps sobre el pretendido cese temporal de Costa al frente de sus cargos en el partido y en el Grupo Parlamentario.  
Es decir, dio por «suspendido» al secretario general y portavoz del PP en la Comunidad, pese a saber, a través de sus propios delegados en el Comité Ejecutivo del PP de Valencia, que el pretendido cese no se había producido formalmente y que de la portavocía ni siquiera se habló.  
Por dos veces, y precisamente por eso, el texto se refería a la versión recibida de Camps, de manera que, según fuentes próximas a la dirección, Génova ponía en evidencia al hasta ahora intocable barón de Rajoy: «El presidente del PPCV, Francisco Camps, ha comunicado esta tarde a la dirección nacional que el Comité Ejecutivo regional ha acordado suspender temporalmente, y a petición propia, en todas sus funciones en el partido como secretario general y, según esta misma comunicación, como portavoz del Grupo Parlamentario de las Corts, a Ricardo Costa».  
El enfado de Génova sólo trascendió a última hora. Las fuentes consultadas se quejaban de las dudas y largas del presidente valenciano. Aseguraban que el cese estaba «firmado» desde el viernes y que si Génova había esperado a la reunión del Comité Ejecutivo regional de ayer fue por expreso deseo de Camps. No daban crédito al hecho de que, una vez más, éste hubiera postergado la decisión acordada. Pero no querían esperar más.  
La conversación telefónica de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, con el presidente de la Diputación y el PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, no pudo ser más explícita. Según fuentes del PP valenciano, la número dos le dijo al dirigente zaplanista tras el Comité Ejecutivo lo que Camps dijo a Rajoy. Ripoll le contestó que no se había destituido a Costa y que éste sólo aceptaba la suspensión si Génova abría una comisión de investigación. La respuesta de Cospedal, -siempre según estas fuentes- fue: «De investigación interna, nada; como mucho, irá al Comité de Derechos y Garantías».  
El caso es que ése fue, ciertamente, el segundo mensaje del breve comunicado de Génova, en el que se venía a rechazar de plano la demanda explicitada por el propio Costa y se emplazaba a éste ante el citado Comité -que bien podría llamarse de disciplina- para que, una vez relevado en sus funciones, «pueda ser escuchado, y explicar su posición».  
El pretendido golpe de autoridad de Génova dejó, no obstante, claramente insatisfechos a los populares afines a Rajoy que, durante todo el día, sufrieron con evidente sonrojo la debilidad del aparato del partido.  
Los más marianistas se preocuparon durante toda la jornada de propagar la idea de una nueva conspiración interna. Aseguraban que la ensayada comparecencia pública de Costa estaba sostenida por su hermano Juan y por el actual directivo de Telefónica Eduardo Zaplana, en lo que entendían como una reedición de la brecha abierta en el Congreso de Valencia. Una teoría aderezada por las manifestaciones de Juan José Güemes, consejero de Esperanza Aguirre en el Gobierno de Madrid, en favor de ser «más cautos» en las decisiones: «Yo no defiendo a Costa», decía a este diario, «ni a ninguna persona, sino que pido principios de general aplicación para todos los casos, y lo hago a título exclusivamente personal».  
La teoría de la conspiración fue palideciendo, sin embargo, a medida que avanzaba la tarde: «Estoy avergonzado», decía un genovita, «porque en el fondo, hemos aceptado la estrategia de Camps, que está en el alambre, y Costa ha impuesto su solución». 
(www.elmundo.es, 14/10/09) 
«PIDIERON QUE NO HABLÁRAMOS NINGUNO Y QUE APLAUDIÉRAMOS» 
Con Francisco Camps a la cabeza, el PP se ha acostumbrado a sonreír y callar ante la adversidad. Es su terapia para la felicidad. Ayer volvió a suceder, aunque el silencio de los disidentes vino impuesto por el discurso del presidente regional -«una sola disensión aquí dentro y los de fuera habrán ganado», dijo- y por una maniobra que impidió el turno de preguntas. Todavía sonaba en el altavoz la última palabra del discurso de Camps, y el diputado Rafael Maluenda -toda una vida mostrándose fiel al líder que toque- arrancó en aplausos.  
Por mímesis, de acuerdo con la consigna que pasó discretamente de boca a boca, la mayoría secundó la ovación. Siguió un gesto cómplice de Camps a uno de sus colaboradores y se abrieron las puertas para que accedieran los periodistas en tromba. «Nos han pedido que no interviniéramos ninguno y que aplaudiéramos. Unos han aplaudido y otros no», confesó después el presidente del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, que evitó aplaudir.  
El plan obtuvo su resultado. Nadie levantó la mano para pedir que se votara algo que ni siquiera se había propuesto oficialmente. «Camps, como hace siempre, ha pasado el trago, pero esta vez se atragantará», comentaba airado uno de los dirigentes críticos. 
La reunión más importante de los últimos años se quedó desierta de opiniones y sólo Camps y Costa pudieron hablar. Ripoll se quedó con las ganas.  
El dirigente zaplanista tenía intención de poner de manifiesto que hay un «evidente problema» dentro del partido y que no se puede estar de brazos cruzados. Además, iba a reprochar al presidente sus cantos a la unidad cuando, según él, las conversaciones destapadas con el levantamiento del secreto del sumario ponen de manifiesto que la dirección regional intentó destronarle en el congreso provincial del pasado año. Todavía duele en el entorno de Ripoll la conversación en la que Costa, irónicamente, le pide a El Bigotes un furgón policial para llevarse a sus partidarios.  
Con los aplausos, y silenciadas las voces críticas, la escenificación del «todos juntos y felices» -Ricardo Costa estaba exultante ayer- se había completado. Pero no todos salieron sonrientes. El vicesecretario de Organización del PP, Esteban González Pons, y el diputado nacional Federico Trillo-Figueroa salieron de manera apresurada y con semblante muy serio y se refugiaron en uno de los despachos desenfundando el teléfono. Los emisarios de la dirección nacional debían pasar el parte a Génova.  
Más tardó en salir Camps, que intentó esquivar a los periodistas sin éxito (la sala de prensa no tiene puerta trasera). Ante la insistencia de los medios, se paró tres minutos. Volvió a repetir la teoría de la cacería política y reiteró que los populares siguen «unidos, contentos y felices». 
(www.elmundo.es, 14/10/09) 
CAMPS SE PONE EN MANOS DE FABRA CON UN PARTIDO ROTO POR DENTRO 
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, optó ayer por ponerse en manos del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra —imputado por delito fiscal y varios delitos contra la Administración—, para salvar el órdago lanzado por el secretario general del PP, Ricardo Costa. 
El papel de intermediación realizado por Fabra entre el presidente valenciano y Ricardo y Juan Costa ofreció el resultado que Camps había perseguido, sin éxito, durante todo el fin de semana: entrar al Comité Ejecutivo Regional del PP de la Comunidad Valenciana con un acuerdo y con el dispositivo preparado para evitar cualquier intervención crítica. 
Fabra reconoció por la mañana que había hablado con la secretaria general del PP nacional, María Dolores de Cospedal, con Camps y con Costa. “Si el secretario general ha seguido las directrices del presidente Camps] y de los órganos superiores del partido ¿por qué tiene que presentar la dimisión si no ha hecho ninguna ilegalidad?”, dijo Fabra. Y así fue. 
Con el acuerdo alcanzado ayer entre el presidente valenciano y Ricardo Costa, Camps se mantiene al frente de un PP que está roto por dentro. No sólo porque el zaplanismo —enfrentado a Camps— todavía está esperando explicaciones, sino porque en el seno del PP está instalada la desconfianza en una solución que se ve provisional y en un presidente cada vez más debilitado. 
“Si alguien quiere saltar a la fama que salga ahí afuera [donde están los periodistas] a poner verde a quien quiera”, reconoció el propio Camps en su alocución a los miembros de la cúpula del PP valenciano, “Seguro que vosotros a título individual tenéis una solución. A mí sólo se me ocurre salir de aquí todos unidos y contentos”. “Sólo [con que haya] una disensión u observación en este comité y los de ahí fuera habrán ganado”, remachó Camps. Y así fue. Aunque si alguien pensaba pedir turnos de palabra, la clac presidencial irrumpió en aplausos y se abrieron las puertas para que entrasen las cámaras de televisión. 
Ahora Camps tiene que gestionar un partido con un secretario general que se le ha impuesto, un presidente provincial de Castellón fortalecido, un Gobierno dividido y unos cuadros escépticos de que la solución será duradera. 
(www.elpais.com, 14/10/09) 
“NUNCA HE ACTUADO AL MARGEN DE DIRECTRICES DEL PP VALENCIANO” 
El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, se defendió así antes de la reunión: 
- “Nunca he actuado al margen de directrices del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (…). He leído y oído que algunos pretenden convertirme en un chivo expiatorio o cabeza de turco, y no me parece razonable. 
- (...) No estoy sometido a ninguna imputación, ni en el caso Gürtel ni en ningún otro. 
- (...) La decisión de trabajar con ella [Orange Market] es anterior a que yo tuviera cualquier tipo de responsabilidad orgánica en el partido. 
- (...) Nunca la dirección nacional ha pedido al PPCV ni a mí que dejase de trabajar con una empresa ni, en concreto, con Orange Market. 
- (...) Cuando he leído en medios de comunicación las conversaciones que afectan a mi persona, me han avergonzado profundamente. 
- (...) Como secretario regional no tengo ninguna responsabilidad en la adjudicación de contratos públicos. Tampoco he desarrollado ninguna gestión ante Administraciones públicas a favor de cualquier empresa. Por supuesto, ninguna en beneficio de la trama Gürtel. 
- (...) Nadie de la dirección nacional me ha llamado para darme una explicación sobre esta situación, su solicitud de dimisión o de expulsión del partido, ni para pedirme ninguna aclaración sobre cualquier presunta actuación incorrecta. 
- (...) Espero y deseo que el PP a nivel nacional defienda mi imagen y honradez de forma pública”. 
(www.elpais.com, 14/10/09) 
COSTA DICE HABER SEGUIDO LAS «DIRECTRICES» QUE LE MARCARON  
Las cartas sobre la mesa. Ricardo Costa no estaba dispuesto a aceptar el sacrificio exigido por la dirección del PP sin oponer resistencia, así que, apenas unas horas antes de acudir a la reunión de la ejecutiva regional del partido en Valencia, convocó a la prensa y se despachó a gusto. En un comunicado que él mismo leyó al borde de las lágrimas, aseguró que no veía ninguna razón para presentar la dimisión, argumentó que siempre ha cumplido las «directrices» que le han marcado sus superiores, reprochó a la dirección nacional del PP que no le haya dado ninguna explicación sobre las causas de su destitución y aclaró que la decisión de contratar a la empresa Orange Market se tomó antes de que él tuviera responsabilidades en el partido y que, en cualquier caso, ni Mariano Rajoy ni ningún otro dirigente dieron instrucción alguna para que se dejara de trabajar con ella. 
El alegato de Costa tuvo un efecto sísmico en la cúpula del partido conservador. Era previsible que el hasta ahora número dos del PP valenciano presentara batalla antes de abandonar su cargo, pero la magnitud del desafío superó las previsiones. 
El dirigente valenciano expuso su caso como si se tratara de un despido improcedente: «Mi dimisión solo podría producirse si hubiera incumplido mis obligaciones como secretario general o como militante del Partido Popular –subrayó–, y creo honestamente que eso no se ha producido». Costa fue incluso más allá e insinuó que la obediencia a sus jefes le ha llevado a hacer cosas con las que no estaba de acuerdo. «Nunca he actuado al margen de las directrices del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, aunque en algunos casos haya sido muy difícil desde el punto de vista personal –declaró–. He antepuesto mi compromiso con Francisco Camps y con Mariano Rajoy a cualquier otra consideración». 
El pulso con la dirección nacional se hizo especialmente duro en los párrafos que dedicó a las contrataciones con la empresa de la trama corrupta Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, el Bigotes. Costa destacó que la decisión de trabajar con Pérez no la tomó él y dejó en evidencia a Rajoy al afirmar que la dirección nacional del PP nunca pidió que se dejase de contratar a Orange Market. «Si la dirección nacional tenía otro criterio, nunca se materializó en una instrucción. Si se hubiera materializado, la habríamos cumplido, como siempre». Cuando el pasado febrero estalló el escándalo, Rajoy aseguró que en el 2004 había ordenado cortar las relaciones con las empresas de la trama.Pero no todo fue exculpatorio en el discurso de Costa. El dirigente valenciano admitió que algunas de las conversaciones que mantuvo con el Bigotes y que aparecen transcritas en la parte del sumario difundida fueron «desafortunadas» y pidió disculpas. «Debo reconocer –dijo– que cuando he leído esas conversaciones en los medios de comunicación me han avergonzado profundamente». También asumió que fue «un error» comprar un coche de lujo en plena crisis, pero reiteró que lo adquirió con su dinero.  
(www.elperiodico.com, 14/10/09) 
EL BIGOTES + CAMPS = COSTA 
El Partido Popular de Mariano Rajoy decidió aplicar un cortafuegos para sofocar el colosal incendio desatado en Valencia como consecuencia de las revelaciones del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa con la colaboración de varias decenas de dirigentes del PP. Pero cuando un bosque arde por los cuatro costados, un cortafuegos en el centro del bosque, aunque se llame Ricardo Costa, apenas resuelve el problema. 
La destitución temporal del secretario general del PP valenciano, impuesta por la dirección nacional a Francisco Camps, no sólo provocó un nuevo fuego con los dirigentes provinciales de Castellón, Alicante y Valencia, divididos sobre una medida que pocos compartían, sino que puso a Mariano Rajoy en un brete mayor: explicar por qué se ha elegido a Ricardo Costa como chivo expiatorio cuando los datos del sumario apuntan también a otros responsables con poder dentro del partido y dentro del Gobierno valenciano. 
La documentación incautada, las conversaciones grabadas entre los jefes de la red y los dirigentes del PP valenciano, y las declaraciones judiciales dibujan un escenario en el que la participación de Costa en supuestas actividades ilegales es inviable sin la colaboración y el amparo del presidente de la Generalitat. 
- Financiación ilegal del PP. Los apuntes contables de la trama corrupta señalan a la financiación ilegal del PP, con pagos de actos del partido a través de constructoras o cobro por servicios a esta formación política en dinero B, desde finales de 2002 hasta 2009. Ricardo Costa es jefe del partido en Valencia desde mediados de 2007. Cuando llega al cargo, Álvaro Pérez, El Bigotes, ya tiene en exclusiva la organización de actos del partido y en el Gobierno valenciano le han adjudicado decenas de contratos, la mayoría sin concurso. 
- Conversaciones sospechosas. En 2008, Orange Market atraviesa dificultades financieras y exige el pago de distintas deudas al PP y al Consell. Y es entonces cuando El Bigotes despliega su diplomacia telefónica para cobrar bien del partido o bien del Gobierno valenciano. 
Costa. Entre mañana y el viernes te voy a dar todo lo que te falta, que te debemos nosotros, pero yo necesito que el presidente eso no lo sepa y entonces que le digas que éste [Vicente Rambla, vicepresidente del Gobierno valenciano] es un hijo de puta. 
Álvaro Pérez. No te preocupes... Sabes lo que me ha dicho hoy [Rambla] por teléfono. '¿Tú hablas con Ricardo, no?'. Y yo le he contestado que sí. 'Pues tú tranquilo que ya estoy intentando solucionarlo todo'. 
Costa le jura a El Bigotes fidelidad absoluta -"doy instrucciones hoy mismo de dónde tiene que estar el dinero, aunque me quede sin pagar el alquiler tres meses"- y le mendiga favores -"dile al presidente que me ponga en el Gobierno"-. El Bigotes le envía regalos caros a Camps por Navidad -"para que sepas lo que te debo", le dice- y el presidente le responde: "Amiguito del alma, tenemos que hablar de lo nuestro, que es muy bonito". 
- Regalo de trajes. El juez José Flors decidió sentar en el banquillo a cuatro altos cargos del PP, entre ellos Francisco Camps y Ricardo Costa, por aceptar trajes regalados por Álvaro Pérez, contratista de la administración valenciana y el hombre que organizaba los actos del PP valenciano en exclusiva. Ni Costa ni Camps pudieron acreditar el pago de los trajes, según el juez Flors. 
- Contratos públicos. Cuando la trama corrupta abrió en 2004 delegación en Valencia con Orange Market, el Gobierno de Francisco Camps le adjudicó por concurso la exclusiva del montaje del pabellón de Fitur y, sin concurso, otros 40 contratos menores en casi todas las consejerías. Durante todo ese tiempo, Ricardo Costa no tuvo responsabilidades de Gobierno pero El Bigotes logró casi ocho millones de euros en contratos públicos. 
- Facturas a nombre de constructoras. La policía localizó correos electrónicos enviados desde Orange Market a una asesoría fiscal en los que se daban indicaciones para endosar gastos del PP a empresas constructoras, a las que se remitían facturas por servicios supuestamente no prestados. Las empresas de la trama corrupta, algunas con sede en Madrid, registraron ingresos de esas constructoras valencianas desde 2006, según la Agencia Tributaria. Para entonces, Costa no era secretario general; Camps ya era presidente del partido. 
(www.elpais.com, 14/10/09) 
CAMPS SE BURLA DE LAS ÓRDENES DEL PP NACIONAL 
Ricardo Costa dijo ayer que la fiesta del PP no se acaba nunca. Y estaba en lo cierto. Pero más que una celebración, lo que ayer se vivió en las filas conservadoras fue toda una ceremonia de confusión que deja en muy mal lugar a Mariano Rajoy.  
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, había prometido el pasado viernes reunir a su Comité Ejecutivo Regional para proponer la destitución del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, por su implicación en el caso Gürtel. Pero del encuentro, celebrado ayer, salió una auténtica rebelión frente a las órdenes de Madrid. Camps se olvidó de exigir el "cese temporal" y acordó que Costa "se abstendrá voluntariamente del ejercicio de sus funciones", siempre que la dirección nacional decida abrir una investigación interna sobre las actividades del secretario general valenciano.  
Además, Camps se negó a sustituir a Costa como portavoz en Les Corts. Y, por si fuera poco, se permitió el lujo de emitir a última hora de la noche un comunicado lamentando "el malentendido provocado" por la versión oficial que había ofrecido minutos antes el PP nacional y que daba por supuesto la destitución de Costa en todas sus funciones. 
En la reunión, que duró tan solo una hora, Francisco Camps defendió en público a su mano derecha: "Aquí no hay nada y no me cabe ninguna duda de su honradez y honorabilidad". El presidente valenciano mantuvo que algunas instituciones y medios de comunicación querían "quebrar la unidad" de la formación regional y que no se debía permitir. "Lo que tenemos que hacer es no decir nada, no votar nada y estar unidos", sentenció Camps.  
Y, efectivamente, no se votó el cese de Costa y lo que se impuso fue el silencio. Salvo Camps y Costa, no intervino ningún otro miembro de la dirección. Había órdenes directas de que fuera así. A la salida, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, mostró su enfado por ello. El dirigente, del sector zaplanista, explicó que él llevaba un discurso preparado pero que no pudo leerlo. "Nos han pedido que no interviniésemos y que aplaudiésemos, unos lo han hecho y otros no. Yo no he aplaudido", indicó.  
Ripoll destacó que "cuando se pide unidad, hay que buscarla, no viene del cielo". Y no atinó a decir si el secretario general seguía o no en su cargo. Su confusión era la misma que reinaba ayer dentro del PP. Los dirigentes conservadores asistían con "perplejidad" al desarrollo de los acontecimientos y a las versiones contradictorias con las que les iban bombardeando.
A la mayoría le sorprendía mucho la versión ofrecida por Costa, que compareció en rueda de prensa tras la reunión de la dirección. El secretario general mantuvo tajante que Camps no había pedido su cese. "De hecho no se ha designado ningún sustituto", se jactó. "Si no dicen nada desde la dirección nacional, entiendo que sigo como secretario regional", defendía, al tiempo que aseguraba que hoy ocuparía su escaño en el Parlamento autonómico. 
Camps, por su parte, se quitaba de en medio a la salida señalando de forma lacónica que Costa "había cedido sus funciones durante el tiempo que la dirección nacional crea oportuno para saber exactamente qué es lo que puede haber sucedido". Quedaba claro que Camps y Costa habían llegado a una solución pactada.  
El PP nacional ofreció su versión pasadas las nueve de la noche en un breve comunicado, en el que mantenía que Camps le había informado de la decisión de suspender a Costa "temporalmente y a petición propia". Y explicaba que había dado "traslado" de este "acuerdo" al Comité Nacional de Derechos y Garantías para que en los próximos día cite a Costa y este pueda explicarse. No aclaraba si ello suponía abrir la investigación interna planteada por Valencia. 
Pero el PPCV contraatacaba pocos minutos después, manteniéndose en sus trece. Camps defendía que en la reunión del Comité Ejecutivo Regional se había aprobado "por unanimidad" el respaldo a "la gestión" de Costa y su "propuesta" de solicitar a la cúpula nacional que si tiene "la más mínima duda sobre su honestidad, se pone a su disposición para que sea de forma interna investigado". Sólo en ese caso y mientras dure la investigación, "Costa se abstendrá voluntariamente del ejercicio de sus funciones", explicaba el PP valenciano. 
Y el estoque final: "El PPCV lamenta el malentendido provocado por otros comunicados". Es decir, el difundido por el PP nacional. La única conclusión a la que llegaban ayer dirigentes del PP era que Costa había "plantado cara" a Rajoy y había ganado el pulso. Y que Camps, harto de las injerencias de Madrid, había querido demostrar quién manda en Valencia. Aunque con ello haya desatado la guerra.  
(www.publico.es, 14/10/09) 
LA EJECUCIÓN QUE TERMINÓ EN PACTO 
"Por eso le pido a la dirección nacional que si tiene la más mínima duda, la más mínima duda, sobre mi gestión y honradez, que abra una investigación interna sobre mi persona. Al menos debo tener derecho a defender mi nombre", enfatizó ayer, a punto de concluir su declaración de la mañana, el todavía secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, siete horas antes de que se reuniera el cónclave que debía convertirse en su pelotón de ejecución, al mando del capitán Camps. Y que en lugar de una ejecución terminó en un pacto. 
¿Es todo esto una obra de teatro? Ayer, la reunión del Comité Ejecutivo del partido duró dos horas. "Cuarenta y cinco minutos de informe de Ricardo Costa y una hora de arenga de Camps. No se informó de ninguna propuesta. Camps dijo que había una cacería del PP, que era necesario permanecer unidos. Una arenga", dijo una fuente que participó en la reunión.  
La declaración de Costa, realizada durante la mañana con emoción contenida, le había convertido en testigo de cargo del montaje que habían fabricado Camps y Rajoy para encubrir las responsabilidades del caso Gürtel. ¿O es que Camps utilizó sus argumentos para mostrar a Rajoy que no era posible cortarle la cabeza lisa y llanamente y que era necesario pactar la salida temporal de Costa mientras se le investigue?  
Si en el filme de Alfred Hitchcock Testigo de cargo el testimonio sobre el asesinato que presta Marlene Dietrich en sede judicial es el que vale, según se demostrará al final de la historia, en la película de Gürtel el que tiene valor es el de Costa, ofrecido desde la sede del PP. 
Que el todavía secretario general implorase su derecho a la defensa no deja de ser una ironía. Aquellos que en el PP de Madrid alegan su indefensión frente a las investigaciones judiciales son los mismos que han ordenado la ejecución sumaria de Costa. ¿Es acaso denominar lo que ocurrió ayer como un intento de ejecución sumaria una exageración? ¿O una interpretación torcida? He aquí sus propias palabras: "Nadie de la dirección nacional me ha llamado para darme una explicación (...). Esto ha supuesto, implícitamente, una condena ante la opinión pública". 
Costa y Camps han pactado. Ayer mismo, como para que Camps no olvidara sus compromisos, el secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, recordaba la necesidad de tomar decisiones "ejemplarizantes" y en una descripción surrealista de lo que Camps ha decidido delataba todo el montaje: "No va a cesar a Ricardo, va a cesar al secretario general". ¿Puede que González Pons no estuviera al corriente de lo que se tramaba? 
Pero este desdoblamiento de personalidad del PP en el caso de Costa no es tampoco una excepción. Al abordar el tema de las intervenciones telefónicas a los acusados y sus abogados, por orden judicial, el PP acusa a los fiscales de una cosa y la contraria al mismo tiempo. Acusa de grabar conversaciones que vulnerarían el derecho de defensa y que, por tanto, no deberían estar en el sumario. Y al tiempo, cuando ha trascendido que entre esas conversaciones no excluidas finalmente del sumario aunque la Fiscalía así lo pedía hay una referencia de uno de los cabecillas de la trama a su abogado que podría ser instrumentalizada a favor de Camps, no vacilan en atacar a al Ministerio Público. ¿Pero no estábamos en que esas grabaciones constituyen un atropello? 
Hay que precisar, por otra parte, que esa presunta prueba de cargo tampoco lo es tal. Porque uno de los cabecillas, Pablo Crespo, dice a su abogado: "Yo creo que si Camps se hizo los trajes allí, los habrá pagado de su bolsillo". Es lo que "cree" Crespo. Para ver la credibilidad que puede tener esta afirmación basta ver lo que piensa Pedro J. Ramírez, director del diario que ha denunciado la supuesta manipulación y que proporciona los talkings points al PP: "A este tipo de truhanes siempre hay que creerles la mitad de lo que dicen. De ahí que no se puedan dar por buenas todas las majaderías y fantasías recogidas en las grabaciones del sumario", escribe en su carta del domingo pasado. El PP le cree a pie juntillas. En cambio, al que no le cree sin siquiera haberle preguntado nada es a uno de los suyos, nada menos que a Ricardo Costa. 
La ejecución sumaria de Ricardo Costa era una operación de encubrimiento del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana. Y en este montaje encubridor, la autoría intelectual estaba muy clara. Rajoy y la dirección nacional del PP han estado implicados. Lo que se antojaba una estocada florentina ha quedado expuesta como una chapuza al estilo de las bandas mafiosas rivales. 
Costa ha ganado la batalla para no ser el chivo expiatorio. Lo que pedía es, simplemente, que le investigasen. Al parecer, esa investigación se hará en el PP valenciano sobre la presunta financiación ilegal. Pero es precisamente a esta investigación a nivel nacional a la que Mariano Rajoy tiene miedo. 
Y quizá ya sea demasiado tarde para que Rajoy pierda el miedo, parafraseando aquella famosa frase de Roosevelt. Al propio miedo de formar una comisión de investigación dentro del PP para aclarar lo que ha ocurrido y acabar con el encubrimiento.  
 (www.publico.es, 14/10/09) 
MARÍA DOLORES DE COSPEDAL CONFIRMA EL CESE DE COSTA, CUYAS ACTITUDES "HAN SIDO MUY POCO EJEMPLARIZANTES" 
María Dolores de Cospedal ha dejado muy clara este miércoles la situación en la que se encuentra Ricardo Costa tras el esperpento producido. La secretaria general del PP, más clara y tajante que nunca en sus palabras, ha dicho en la Cope que "cuando una persona actúa como ha actuado hasta ahora Costa, es imposible que vuelva a ser restituido".
Al mismo tiempo, ha confirmado, después del lío de comunicados y desmentidos de ayer, que Costa ha sido cesado temporalmente de sus funciones, tanto como secretario general del PP como portavoz del grupo conservador en Les Corts. "Él no puede ejercer esta mañana, porque si pretendiera hacerlo no tendría la condición para poderlo ejercer, porque en el partido habría procedimientos disciplinarios", le ha advertido. 
El problema es que el PP valenciano no confirma este extremo, e incluso hoy han afirmado que no ha sido cesado, por lo que se trata de todo un pulso de Camps a Rajoy. "La dirección regional no le va a decir a la nacional lo que tiene que hacer" 
El día de ayer acabó sin saber si Costa ha sido destituido, y a día de hoy sigue sin estar claro, por más que De Cospedal se esfuerce.  "Yo me quedo con la palabra que Camps le dio a la dirección general del partido. Él trasladó a la dirección del PP el cese de todas las funciones de Costa". Pero Camps inmdiatamente después lo negaba. "Lo que no va a permitir la dirección del PP es este ahora sí ahora no, ni que la dirección regional diga lo que tiene que hacer la dirección nacional". 
De Cospedal ha sido muy dura con el ya ex secretario general del PP, e incluso con la dirección del PP valenciano, con la que se ha mostrado muy dolida. Ha criticado la rueda de prensa de ayer de Costa -"nada afortunada"- y le ha reprochado que quiera apropiarse del cargo. "Cuando se tiene un cargo público hay que tener claro que los puestos no le pertenecen a nadie. Costa no puede creer que el puesto es de su propiedad, porque eso puede llevar a usar un puesto en beneficio propio". 
(www.publico.es, 14/10/09) 
EL 25% DEL ´JURADO´, SALPICADO POR GÜRTEL  
Francisco Correa, Pablo Crespo, Cándido Herrero, Álvaro Pérez "El Bigotes" y otros miembros de la plana mayor de la trama Gürtel no forman parte del comité ejecutivo regional del PP, pero muchos de los que integran este órgano de dirección popular han tenido tanto o más trato con ellos o sus empresas que con sus propios compañeros de partido. Entre los que han adjudicado contratos a Orange Market, Special Events u otras firmas de la red de Correa -desde el PP o la Generalitat-, los que han recibido regalos o quienes han sido muy amigos, caso del alcalde de la Nucia, Bernabé Cano, son más de veinte los integrantes del comité ejecutivo que ayer se reunió para juzgar al secretario general, Ricardo Costa, que se han visto salpicados por el escándalo. En algunos casos, se trata de alcaldes o candidatos municipales que, según el informe de la policía judicial, aparecían como contactos de la trama para buscar financiación para actos de la campaña de las autonómicas y municipales de 2007 o de las generales de 2008.
El comité ejecutivo regional está conformado por casi cien integrantes, de los cuales 22 fueron elegidos por los compromisarios del congreso. El dominio del presidente Francisco Camps es absoluto. La mayoría de quienes forman parte del comité lo son como miembros natos por su cargo institucional -alcaldes de capital o presidentes de diputación- o por el que ocuparon, caso de los ex ministros. Uno de ellos, Juan Costa, tuvo ayer problemas para asistir a la reunión. Por la mañana, la dirección nacional del PP le prohibió acudir -a defender la actuación de su hermano, se sobreentendía-, pero, cuando el tema trascendió públicamente, Génova rectificó. Y Juan Costa pudo viajar. 
(www.levante-emv.com, 14/10/09) 
LA VERSIÓN IDÍLICA DE CANAL 9 
Reunión tranquila, unidad, fortaleza y honorabilidad. Esas fueron las claves de la información ofrecida Canal 9 en el Notícies 9 de las nueve de la noche de ayer sobre la reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP de la Comunidad Valenciana en la que se afrontó el cese del secretario general de la formación, Ricardo Costa. Fue la noticia de apertura, hubo conexión en directo, imágenes de la entrada y la salida con el presidente Francisco Camps besándose y abrazándose con populares varios, declaraciones de Costa y declaraciones del propio Costa insistiendo en "la unidad" y la "fortaleza" del PP tras la reunión de ayer. Canal 9, en algo más de dos minutos, insistió en que Costa permanece como secretario general de los populares valencianos y en que cuenta con el apoyo de Camps. Fue la versión idílica de la peor crisis política del PP en la Comunidad Valenciana. Ni una referencia al pulso a Mariano Rajoy, ni a las declaraciones de José Joaquín Ripoll (quien aseguró que Camps les pidió que no hablaran y aplaudieran). 
Una hora antes, en el canal 24/9 de Radiotelevisó Valenciana (RTVV), los informativos recogieron en directo la comparecencia ante los medios de Ricardo Costa para dar cuenta de la decisión tomada en el Comité Ejecutivo. 
Pero por la mañana, las cosas fueron bien distintas. Una información sobre vivienda y economía fue la noticia de apertura del Notícies 9 de las dos de la tarde. La comparecencia de Ricardo Costa en la que advertía de que retó a Mariano Rajoy ante el posible cese anunciado para la tarde de ayer, se resumió en 45 segundos. En ellos, no hubo mención alguna al caso Gürtel, ni a las conversaciones y documental que relacionan a Ricardo Costa y otros responsables del PP valenciano con una supuesta financiación irregular. 
Canal 9 no sólo no priorizó esa información sobre otras sino que no envió una lanzadera (tiene seis) para conectar en directo. Ello supuso no poder dar servicio a la Forta (a la que pertenece como televisión autonómica) y a Intereconomía, que tuvieron, como Televisión Española, que contratar las imágenes con la empresa Overon. 
Los sindicatos criticaron ayer de nuevo la política informativa. CC OO calificó de "nuevo ejercicio tóxico" el que realizó la cadena autonómica. "La singularidad que supone que algo relacionado con la trama Gürtel sea noticia de apertura, queda inmediatamente neutralizada al comprobar la manipulación de la información y la no colaboración con otras televisiones". En términos parecidos se expresó la Intersindical Valenciana. 
(www.elpais.com, 14/10/09)
COMUNICADO DEL PP NACIONAL 
El Presidente del PPCV, Francisco Camps, ha comunicado esta tarde a la dirección nacional que el Comité Ejecutivo regional ha acordado suspender temporalmente y a petición propia, en todas sus funciones en el partido como secretario general y, según esta misma comunicación, como portavoz del Grupo Parlamentario de Las Corts, a Ricardo Costa 
La dirección nacional ha dado traslado del acuerdo del Comité Ejecutivo regional del PPCV al Comité Nacional de Derechos y Garantías para que, en las próximas fechas, cite a Ricardo Costa con el fin de que éste pueda ser escuchado y explicar su posición ante el citado órgano 
www.elpais.es 13.10.09. 21H 
COSTA NO DIMITE Y RETA A CAMPS Y RAJOY 
El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, ha rechazado hoy dimitir de su cargo y ha asegurado que siempre ha trabajado al servicio y con la "máxima lealtad" al president de la Generalitat, Francisco Camps, y al del partido, Mariano Rajoy. 
En un comunicado leído en la sede del PPCV, ha defendido que nunca tomó la decisión de trabajar con Orange Market -ya que fue una decisión anterior a que ocupara "cualquier tipo de responsabilidad" en el partido-, y que la dirección nacional del PP nunca ha pedido al PPCV o a él que dejara de trabajar con esa empresa implicada en el caso "Gürtel". 
"Si la dirección nacional tenía otro criterio, nunca se materializó en una instrucción", porque en ese caso la habrían cumplido, ha añadido Costa, quien ha recordado que, en cuanto se descubrió la trama, "de forma automática" se dejó de trabajar con una empresa que ha "quebrado y defraudado la confianza" del partido. 
Costa ha exigido a la dirección nacional, que no le ha llamado para darle explicaciones o pedirle aclaraciones, una explicación "clara" y que defienda "en todo momento" su "honradez" y su gestión como secretario general, y ha pedido que si existe "la más mínima duda" sobre su labor se abra una investigación interna, pues "al menos" debe tener derecho a defenderse. 
El todavía "número dos" del PPCV ha dicho que, si finalmente se acuerda su "cese temporal", lo aceptará, como siempre ha aceptado todas las decisiones del partido, y ha insistido en que nunca ha actuado al margen de las directrices del partido y siempre ha antepuesto su "compromiso" con Camps y Rajoy a cualquier otra consideración. 
Costa ha recordado que nunca ha tenido la responsabilidad de organizar o coordinar las campañas autonómicas y municipales en la Comunitat, y ha defendido que los proyectos colectivos, como el del PP, "se asientan sobre la base de la lealtad", y él siempre ha tenido "la máxima lealtad" hacia Camps, Rajoy y el PP. 
El dirigente popular ha aseverado que ha trabajado siempre con "absoluta dedicación, cumpliendo la ley" y ciñéndose "a las directrices que la dirección regional del partido" le ha marcado, y ha actuado "siempre con absoluta lealtad a los órganos del partido", a Camps y a Rajoy. 
"He actuado correctamente cumpliendo mis funciones como secretario general y como militante", ha indicado Costa, quien por ello ha pedido a Camps que traslade a Rajoy las razones por las que no ha presentado su dimisión. 
"Tengo la conciencia tranquila. Siempre he seguido, siempre, los estatutos del partido. Nunca he actuado al margen de las directrices del PPCV, aunque en algunos casos, tengo que reconocer, hayan sido difíciles desde el punto de vista personal", ha aseverado. 
A su juicio, su dimisión sólo debería producirse si hubiera incumplido sus obligaciones; ha afirmado que no le parece "razonable" ser un chivo expiatorio o cabeza de turco como se ha dicho en algunos medios, y ha indicado que está dispuesto a dar cualquier explicación pública sobre su gestión, a la vez que tiene derecho a exigir explicaciones. 
Ha insistido en que ha cumplido su labor conforme a los estatutos, y presentar su dimisión podría suponer "un perjuicio" a los intereses del PPCV, ya que estaría trasladando la idea de que el partido o su secretario han actuado de manera incorrecta o incumplido la legalidad, lo que es rotundamente "falso". 
Las personas que han trabajado con él lo han hecho de forma "leal" y con "absoluta corrección", y si alguno hubiera cometido alguna irregularidad -lo que no le consta- asumiría plenamente su responsabilidad política. 
Además, ha pedido públicamente disculpas por las conversaciones "en algún caso desafortunadas" con Álvaro Pérez, del que desconocía su vinculación con la trama y que fueron privadas, aunque le han "avergonzado profundamente" al leerlas. 
osta, que ha recordado que no está imputado en ningún proceso judicial, ha defendido que no le competen las responsabilidades en las adjudicaciones de contratos públicos y que nunca ha hecho gestiones en beneficio de las empresas de la trama "Gürtel". 
Sobre sus "responsabilidades como militante" ha admitido que la compra del coche Infiniti, que pagó en su totalidad y sin mediación de la trama, fue "desafortunada" en un momento de crisis y un "error" que lamenta, y ha defendido que puede parecer "inapropiado" aceptar el reloj de lujo que le regaló el ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, pero lo hizo por sus 15 años de amistad. 
También ha argumentado que ha pagado sus trajes y que siempre ha devuelto cualquier regalo "improcedente" y ha afirmado que su "único patrimonio" es su "honradez". 
Costa ha aludido finalmente a un "amigo" que dijo el viernes que "la fiesta acababa a las cuatro" -en referencia a Esteban González Pons- y ha asegurado que "la fiesta continúa mientras haya personas" como Camps y Rajoy que quieran defender un proyecto, y ha pedido a los dirigentes del partido que tengan "claro" que hay gente que actúa "con poses y con frivolidad". 
(www.levante-emv.com, 13/10/09) 
COSTA RETA A RAJOY A EXPLICAR SU CESE Y ASEGURA QUE SIGUIÓ DIRECTRICES DE CAMPS 
El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, no dejará su cargo voluntariamente, pero si aceptará su cese cuando esta tarde, tal y como está previsto, sea destituido por la dirección regional del partido. Costa se va, pero antes ha dejado claro que nunca actuó al margen de Camps ni de Rajoy. "Siempre he cumplido mis responsabilidades y he trabajado con absoluta lealtad, cumpliendo la ley y ciñéndome a las directrices de la dirección regional del PP. He actuado con lealtad a Camps y a Rajoy", ha reiterado el dirigente mientras ha leído un comunicado en la sede del PP en Valencia. Costa ha insistido una y otra vez en que tiene la conciencia tranquila y en que no va a permitir que nadie lo utilice de chivo expiatorio: "Tampoco sería procedente que mi dimisión tuviera como única finalidad asumir presuntas responsabilidades de terceros, que no me constan". 
Costa ha retado a la dirección nacional del PP a que abra una investigación interna si tiene alguna sospecha. "Nadie de la dirección nacional me ha llamado para darme una explicación de esto. Espero que el PP nacional defienda mi honorabilidad y lo haga de forma pública", ha asegurado el secretario regional del PP valenciano. El dirigente valenciano ha recordado que lleva 20 años en el partido y que en ese periodo los populares han obtenido los mejores resultados de su historia. 
El todavía número dos del PP valenciano sí ha querido dejar claro tres aspectos: que nunca ha tenido responsabilidades en la dirección de las campañas electorales en la Comunidad Valenciana, que Orange Market, la empresa elegida por el PP para la organización de la mayoría de los actos de campaña, trabajaba con el partido antes de llegar él a la dirección del PP valenciano, y que él no tiene responsabilidad alguna sobre las adjudicaciones de la Generalitat a Orange Market. "Nunca tomé esa decisión. Además la dirección nacional nunca nos ha pedido que dejásemos de trabajar con Orange Market. Si la dirección nacional tenía otro criterio nunca se materializó en una instrucción", ha declarado. 
El secretario regional del PP ha pedido perdón a los militantes de su partido por las conversaciones con miembros de la trama Gürtel que ha visto reflejadas en los medios de comunicación. Costa ha asegurado sentirse avergonzado por su contenido y ha aclarado que su coche, marca Infiniti, se lo compró él y que la trama no tuvo nada que ver con la compra. También ha aludido al reloj Frank Müller, que le regaló a título personal el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, valorado en 20.000 euros. "Me lo hizo cuando no era ya alcalde. En otras circunstancias no lo habría aceptado. He pagado mis trajes y he aportado pruebas de ello", ha subrayado. Costa no hizo mención alguna a dejar de ser portavoz de su partido en las Cortes Valencianas. 
La redacción de Canal 9, la televisión pública autonómica, tuvo que seguir la comparecencia de Costa por TVE porque ninguno de sus canales lo dio en directo. 
En Castellón, el dirigente provincial del PP, Carlos Fabra, ha sorprendido con unas declaraciones en las que afirmaba que Ricardo Costa no tenía por qué presentar su dimisión porque el partido no tiene capacidad para adjudicar contratos y, por tanto, su cese no sería responsable. 
El Comité Ejecutivo de los populares valencianos se reúnen esta tarde para confirmar el anuncio que ya hiciera el partido el pasado viernes por la presión ejercida por el propio Mariano Rajoy. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se ha empleado a fondo este fin de semana, ya sea directamente o a través de otros miembros del Gobierno valenciano, para hacerle llegar a su número dos que su retirada es temporal, que se lo ha exigido el propio Rajoy y que tiene toda su confianza. En el mensaje por teléfono móvil con el que Presidencia de la Generalitat comunicó el pasado viernes que Costa sería destituido, se evitó poner en entredicho a este dirigente: Su cese "no pone en entredicho ni la capacidad ni la trayectoria política desempeñada por Costa durante este tiempo al frente del partido". 
(www.elpais.com, 13/10/09) 
EL PP RECTIFICA Y AUTORIZA A SUS DIPUTADOS A ACUDIR AL COMITÉ REGIONAL 
Poco después de que el grupo popular en el Congreso de los Diputados negara a Juan Costa el permiso para ausentarse de la sesión plenaria de esta tarde y así poder acudir al Comité Ejecutivo Regional del PP de la Comunidad Valenciana, el PP ha rectificado y permitirá que el hermano del secretario general del PPCV, Ricardo Costa, esté presente en la reunión en la que se propondrá su cese temporal. 
El caso es que la "orden" de acudir al Congreso no sólo afectaba a Juan Costa sino también al secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, al diputado por Alicante, Federico Trillo, a la diputada Andrea Fabra, a Ignacio Gil Lázaro y a Marta Torrado, ya que todos ellos son parlamentarios y, a la vez, miembros del comité ejecutivo. 
(www.elpais.com, 13/10/09) 
EL PP SE ESCONDE ANTE LAS AMENAZAS DE COSTA 
El Partido Popular se funde en el silencio. Tras la comparecencia de Ricardo Costa, en la que ha asegurado que nunca actuó al margen del PP, el partido ha decidido cancelar todas sus comparecencias.
Para empezar se ha suspendido la habitual conferencia de prensa que, María Dolores De Cospedal, secretaria general del PP, suele ofrecer después de la reunión del Comité de Dirección. Tras las contundentes palabras de Costa, era la propia Oficina de Información del PP la que confirmaba que la 'número dos' no atendería finalmente a los medios.
Antes, la rueda de prensa del secretario general del PP en la Comunidad Valenciana se había limitado a la lectura de un comunicado con el que ha dejado claro que no va a dimitir y donde ha asegurado que no iba a permitir que le convirtieran en cabeza de turco. Sin embargo, no permitió que se hicieran preguntas y se excusó diciendo que, posteriormente, tras la reunión del comité ejecutivo regional, contestaría a todas las preguntas. Por su parte, el presidente del a Generalitat valenciana, Francisco Camps, también se ha negado a contestar, tras inaugurar un piscina en la localidad valenciana de Carcaixent, a las preguntas de los periodistas relacionadas con Ricardo Costa.  
A raíz las incendiarias declaraciones de Costa se han cancelado todas las comparecencias públicas de los pesos pesados del partido. La portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, tampoco ha ofrecido la habitual conferencia de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces.   
Por su parte, el vicesecretario de comunicación de los conservadores, Esteban González Pons, que tenía previsto realizar una entrevista en el programa La Palestra de la Cope a las 14.00 horas, tampoco ha dado señales de vida. Según fuentes del programa consultadas por Público.es, el conservador les ha asegurado que no podía intervenir en el espacio.  Dichas fuentes aseguran que "por nada en especial". 
De este modo, y aunque hace unos días aseguró el mismo líder del PP, Mariano Rajoy, que no iban a mirar hacía otro lado, lo cierto es que  nadie de la dirección nacional explicará, de momento, a los medios de comunicación, cuál es la situación.
La última vez que De Cospedal tuvo que cancelar sus habituales conferencias de prensa de los lunes -el Comité de Dirección se ha celebrado hoy por haber sido ayer el Día de la Hispanidad- sucedió en junio, cuando tuvo que interrumpir su actividad unos días a causa de una intervención quirúrgica. Asimismo, Rajoy lleva desde el 13 de abril sin ofrecer una rueda de prensa en la sede de su partido. 
En la agenda de hoy del PP -la Oficina de Información la reparte a diario- no figura evento o convocatoria de los más altos dirigentes que pudiera solaparse con la conferencia de prensa. Lo que sí figura, por ejemplo, en la página web del partido, es la (no) intervención de Pons en la Cope. 
(www.publico.es, 13/10/09) 
CAMPS INTENTA APLACAR A COSTA PARA EVITAR QUE CUENTE QUIÉN DIO LAS ÓRDENES 
Francisco Camps lleva siete meses actuando como si el caso Gürtel no existiera y, a pesar de haber vivido el fin de semana más conflictivo en el PP valenciano desde que él lo dirige, aún trata de mantener esa ficción. El viernes, Mariano Rajoy le obligó a anunciar que el Comité Ejecutivo convocado esta tarde destituiría a su secretario general, Ricardo Costa. Camps lo hizo in extremis, pero desde entonces no ha parado ni un minuto de trabajar para deshacer el problema interno que eso le ha provocado. 
Camps está moviendo, según fuentes del PP valenciano, todos los hilos a su alcance para tratar de aplacar la ira de su número dos. Le ha llamado personalmente varias veces y le ha hecho llegar todo tipo de mensajes para tratar de convencerle de que lo del cese es algo temporal, que no ha perdido la confianza en él, que está muy preocupado por su situación personal y que esto sólo se hace porque Rajoy lo exige, pero que se deshará en cuanto la situación judicial se aclare y, sobre todo, la presión mediática sobre el líder del PP se reduzca. 
A esos mensajes privados, Camps añadió ayer uno público. Obligó a Juan Cotino, hombre fuerte del entorno del presidente, a emitir una nota -ni Camps ni nadie de su Gobierno se someten a preguntas sobre el caso Gürtel; sólo Costa lo hacía-. En ella se deshace en elogios hacia la figura del secretario general y desmiente que le hubiera espiado a él y a Gerardo Camps, tal y como publicaba el domingo El Mundo. 
Cotino señaló que Costa es "una persona honesta, íntegra, que ha realizado una gestión intachable y que ha trabajado y trabaja incesantemente por defender los intereses de los valencianos". Después de leer esta frase, un dirigente del PP se preguntaba ayer: "¿Y entonces, por qué lo echan?". 
Todo este despliegue de medios y de buenas palabras de Camps y su entorno hacia Costa tiene un objetivo: evitar que el todavía secretario general rompa la fidelidad absoluta que ha mantenido hasta ahora con el presidente y cuente lo que la mayoría de los dirigentes ya conocen: que fue Camps quien llevó a Álvaro Pérez, El Bigotes, a Valencia; que fue él quien facilitó que obtuviera hasta siete millones de euros en contratos de la Generalitat, y que Costa sólo obedeció órdenes del presidente cuando decidió contratar a Orange Market para hacer prácticamente todos los actos del PP en esta comunidad, a pesar de que la dirección nacional había aconsejado dejar de trabajar con ellos. 
Costa, que estaba en la Comunidad Valenciana desde la noche del domingo -nunca hizo realmente el Camino de Santiago-, tiene varias horas para reflexionar sobre su posición en el Comité Ejecutivo. Lo cierto es que Camps ya le prometió la semana pasada que nada sucedería, e incluso llegó a decirle: "Si te vas tú, me voy yo". 
Costa, según varias personas que han hablado con él estos días, no está dispuesto bajo ningún concepto a aceptar una dimisión temporal voluntaria, la solución que Camps prefiere. Quiere que sea el Comité Ejecutivo quien lo destituya para garantizar que Camps tenga que explicar por qué lo decapita. 
El secretario general preparó ayer su discurso. En él defenderá su gestión, recordará que él no estuvo nunca en el Gobierno y por tanto no pudo adjudicar nada a ninguna empresa, y tratará de responder a las acusaciones de financiación ilegal. El PP valenciano no acepta que haya existido, por lo que es difícil explicar la destitución. Después será Camps quien hablará, por primera vez ante su ejecutiva, sobre el caso Gürtel. El presidente valenciano no ha ofrecido nunca una explicación, siquiera somera, sobre sus relaciones con El Bigotes, al que llamaba "amiguito del alma". En función de lo que él diga, Costa le responderá. 
Camps quiere reducir todo a una cuestión formal, descarta cualquier otra destitución e incluso plantea la posibilidad de que nadie releve a Costa, esto es, que la plaza se quede vacante, una forma de demostrarle que la cuestión aún se puede resolver. 
Sin embargo, la dirección nacional está dispuesta a presionar, como lo hizo el viernes, para evitar las componendas que busca Camps. En Génova existe la convicción de que, o se tapa el agujero del Gürtel, o la imagen de Rajoy puede quedar definitivamente tocada. Por eso desde Madrid se seguirán con detalle los pasos de Camps por si hay que reconducirlo de nuevo, por ejemplo si rechaza destituir a Costa como portavoz parlamentario, algo que le exige Génova. 
(www.elpais.com, 13/10/09) 
EL LÍDER VALENCIANO CONFIGURA UNA SOLUCIÓN A MEDIAS 
El PP valenciano canalizó ayer toda la tensión previa al Comité Ejecutivo convocado para destituir temporalmente a su secretario general, Ricardo Costa, con una eclosión de llamadas entre la conmoción y la indignación, que sumieron al partido en otra jornada de vacilaciones.  
Hasta conocerse el encuentro de ayer entre Costa y el presidente Francisco Camps, e incluso después de éste, los cuadros del PP manejaron distintos escenarios para hoy y ninguno con final feliz.  
La posibilidad de llegar al Comité Ejecutivo con una solución global pactada se consideraba incierta a última hora de ayer. Ni entre Camps y Costa. Ni tampoco entre el presidente y sus tres barones provinciales. Aunque hoy está convocada una reunión con ellos para intentar cerrar un acuerdo.  
A lo largo de la tarde, los dirigentes territoriales confirmaron la voluntad de Camps de mantener a Costa en la portavocía de las Cortes y nombrar como interinos al frente del partido a la vicesecretaria de Comunicación, Marta Torrado, y al de Política Municipal, César Augusto Asencio. Una salida con el aliño preferido de Camps de aquí no ha pasado nada, pero que entre bambalinas la organización consideró insatisfactoria por dos razones.  
Una, porque la continuidad de Ricardo Costa como portavoz parlamentario significa resolver el problema sólo a medias. Y dos, porque sus sustitutos -Torrado y Asencio- carecen del peso suficiente para ser interlocutores de José Joaquín Ripoll en Alicante, Alfonso Rus en Valencia y Carlos Fabra en Castellón, cuya influencia se ha multiplicado por la debilidad de Camps.  
El otro decorado previsto por Presidencia -si no logra que Costa siga en las Cortes- pasaría por situar a Asencio o a José Marí, responsable económico del grupo parlamentario, al frente de la portavocía.  
Ambos esquemas tropiezan con la imagen de cambios reales exigidos por Génova y con su propuesta sotto voce, trasladada a los referentes del PP valenciano, de que Gerardo Camps sea el secretario general y un consejero se convierta en el nuevo portavoz parlamentario. Pese a que este diseño es el deseado, la dirección nacional ha reclamado a los barones que dé la impresión de «que Paco lidera».  
Las distintas ecuaciones dan como resultado un Comité Ejecutivo insólito, sobre el que nadie se atreve a pronosticar. Ricardo Costa y sus palabras son el centro sobre el que pivotará el resto de discursos, fundamentalmente el de Camps. Se da por segura la presencia de su hermano, el ex ministro Juan Costa.  
Pero si el presidente no logra sumar sin ambages a Ripoll y Fabra, así como a Rus y Barberá -estos últimos más cercanos a él- sus intervenciones puedan ser otras bombas de relojería. Para desactivar explosiones incontroladas se ha convocado la reunión previa de hoy.  
A falta de confirmarse la escenografía y los nuevos protagonistas, el partido vive en absoluto duelo la ejecución pública de Costa que, aunque inevitable para todos, resulta absolutamente molesta por la incapacidad del president Camps de realizarla en solitario. 
(www.elmundo.es, 13/10/09) 
CAMPS OFRECE A COSTA DEJARLO EN «CUARENTENA» Y EL SECRETARIO GENERAL SE RESISTE A ACEPTAR
Una «cuarentena» hasta que escampe el temporal para dar satisfacción a Génova pero con billete de vuelta al cargo. El presidente Camps intentó ayer por todos los medios convencer a Ricardo Costa, su mano derecha estos años y conocedor de las «alcantarillas» del PPCV, para que acepte la propuesta que hoy propondrá a los 94 miembros del comité ejecutivo regional: Su destitución «temporal» como secretario general pero dejando vacante el cargo y manteniéndolo como portavoz en las Corts. La solución, según responsables campsistas, daría satisfacción a la exigencia de depuraciones de la dirección nacional sin segar la carrera política de Costa, a la espera de futuros acontecimientos.  
Costa, sin embargo, se resistía anoche a aceptar esta componenda al no fiarse de que no esté con ello cavando su tumba política y cargando con el mochuelo de la rama valenciana del caso Gürtel. De ahí la negativa a dimitir y el órdago a Camps de que, si quiere (o si se atreve), que lo destituya en el comité regional. Algunas informaciones apuntaban anoche que el número dos barajaba emitir un comunicado dejando claro que él no hizo sino cumplir órdenes de Camps. Fuentes cercanas al todavía «número»?dos recordaban que no fue él quien trajo a Orange Market a la Comunitat —vino de la mano del propio Camps— y que fue el único que logró la unanimidad de los jueces en el archivo del TSJ.
El presidente, que no acudió ayer al desfile de las Fuerzas Armadas, se empleó a fondo para convencer a Costa de que aceptara el arreglo. Camps —al igual que sus personas de confianza— alabará la gestión del «número» dos como coordinador del partido y su trayectoria «intachable». Un homenaje antes de la sentencia. Dirigentes populares resaltaban que no está imputado ni acusado de nada, y que tampoco, a la luz del sumario, ha metido la mano en la caja.
La propuesta de Camps, según las mismas fuentes, tendría el aval de Génova, que el viernes, a lo largo del 9 d´Octubre más tempestuoso que se recuerda, exigió al jefe del Consell la cabeza de Costa. Ante la negativa del secretario general a dimitir (al alegar que no ha cometido ninguna irregularidad), el presidente convocó para hoy el comité ejecutivo. La «cuarentena» de Costa sería una vía intermedia que Camps, demostrando su autonomía de decisión, habría arrancado a Madrid, según las citadas fuentes. El «acuerdo» serviría para acallar a todas las partes en un escenario que, recalcan, no es comparable al alcance del caso en Madrid, sino que es un «problema de estética» en los comportamientos.  
Habrá que ver si esa solución —un paripé, según los críticos, que subrayan que la destitución temporal «no existe»— es suficiente para Rajoy y también si Costa, quien intervendrá para leer su informe, asume ese papel o se defiende abriendo la caja de los truenos. Las mismas fuentes destacan el enfado con el vicepresidente Juan Cotino, a propósito de los supuestos informes del Consell sobre cargos del partido. De no haber solución negociada, se tendría que votar. El ex ministro Juan Costa, que está peleando para salvar la carrera de su hermano y que no sea el cabeza de turco, podría asistir al comité. Los zaplanistas propondrán que se pacte un grupo de notables para afrontar todos unidos la grave crisis, en lugar de ir poniendo «parches» a golpe de sobresalto judicial, como a su entender es el cese «temporal». En ese grupo estarían Camps, los tres presidentes provinciales, Rita Barberá y un miembro del Consell, probablemente Gerardo Camps. Los zaplanistas creen que el tiempo en que Camps hacía y deshacía sin contar con ellos ya ha acabado, si se quiere buscar soluciones a largo plazo. 
(www.levante-emv.com, 13/10/09) 
LAS PREGUNTAS QUE CAMPS NO QUIERE RESPONDER SOBRE LA TRAMA CORRUPTA 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, afronta hoy una de las reuniones de partido más difíciles a las que ha asistido. Forzado por la dirección nacional del PP, Camps ha convocado esta tarde al Comité Ejecutivo Regional del partido para proponer la destitución "temporal" de su mano derecha y portavoz parlamentario, Ricardo Costa. Primero será el todavía secretario general del PP quien presente su informe y, posteriormente, Camps, como presidente, quien haga la propuesta de destitución y explique las razones. El jefe del Consell intentará, sin embargo, no responder a las principales preguntas que se hacen en el PP. Estas son algunas de ellas. 
- ¿Quién introdujo a Álvaro Pérez El Bigotes y a Orange Market como proveedores del PP en la Comunidad Valenciana? Ricardo Costa es secretario general del PP desde el 13 de junio de 2007, cuando la dirección regional de los populares ya llevaba, al menos, dos años contratando casi en exclusiva todos sus actos con Pérez. Costa entró en el equipo de Camps como vicesecretario general del PP en noviembre de 2004. 
- ¿Conoció Camps a los miembros de la trama como secretario regional del PP? El pen drive incautado por la policía al contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, incluye dos apuntes referidos al décimo congreso regional del PP en la Comunidad Valenciana, celebrado en 2002. Uno en dinero A de 90.151 euros y otro en B de 150.412 euros. Camps, al que Eduardo Zaplana ya había nombrado secretario general, era el encargado de visar la contabilidad. 
- ¿Por qué negó Camps su estrecha amistad con El Bigotes? Las conversaciones grabadas a Álvaro Pérez con Francisco Camps, Ricardo Costa y David Serra, entre otros, demuestran la estrecha relación del responsable de Orange Market con la cúpula del PP. Pero, también, cómo este recibía encomiendas institucionales de Presidencia, se le atribuía capacidad de influir las decisiones de gobierno y tenía relación no sólo con Camps sino con su esposa, Isabel Bas. 
- ¿Sabía el presidente que Costa intentó arreglar el asunto de los trajes con Pedro García (director de RTVV) y Pérez? La investigación policial desvela que el número dos del PP intentó buscar una solución para justificar los trajes regalados por la trama corrupta. Unos trajes que Camps insiste en que pagó con dinero en metálico de la farmacia de su mujer. 
- ¿Quién facilitó a la trama corrupta contratos por valor de ocho millones de euros con la Generalitat desde 2005? Nadie ha dado una explicación convincente. Camps se remite siempre a que no se impugnó ninguna de las adjudicaciones. 
- ¿Qué papel ha jugado el vicepresidente Vicente Rambla? Responsable de la campaña electoral del PP en las elecciones autonómicas de 2007, Rambla ostentaba ya amplias responsabilidades en el Consell. A través de una de las empresas públicas, Rambla adjudicó a Orange Market un contrato superior al medio millón de euros. El Bigotes se queja en las conversaciones con Costa de que el vicepresidente se resiste a pagar lo que se les adeuda. En otras ocasiones, Pérez se felicita de que Rambla les ayudará a conseguir grandes eventos para la Generalitat. 
- ¿Quién puso en contacto a Orange Market con las constructoras que, supuestamente, financiaron actos del PP? 
Álvaro Pérez era, prácticamente, proveedor exclusivo de la dirección regional del PP y de la Generalitat. Aunque El Bigotes también compartía con Pedro García amistad con Vicente Cotino, responsable de la constructora Sedesa y sobrino del vicepresidente Juan Cotino, nadie ha explicado por qué esta constructora y otros grandes promotores como el alicantino Enrique Ortiz (Ortiz e Hijos) o los castellonenses Enrique Gimeno (Facsa) y Luis Batalla (Lubasa) contactaron con Orange. 
¿Qué garantías tiene Camps de que no habrá más escándalos? Nadie en el PP tiene hoy en día la seguridad de que no haya más escándalos. La confianza solicitada por Camps, que desde el pasado mes de febrero insiste en que no hay nada de nada, se ha volatilizado. 
(www.elpais.com, 13/10/09) 
EL MAL ROLLO DEL ESPIONAJE 
El vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, negó ayer categóricamente que hubiese auspiciado una investigación sobre el número dos del PP, Ricardo Costa, y sobre el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps. Pero hizo tarde. El mal rollo ya llevaba horas instalado entre los cargos populares que, no sólo dieron credibilidad a las informaciones, sino que exteriorizaron su indignación. El malestar por el supuesto espionaje interno aumentó ayer la desconfianza en el seno del PP, donde va cobrando fuerza la idea de que se está ante un final de ciclo que, en un plazo más corto de lo previsto, podría abrir la batalla por la sucesión. 
En este contexto, los presidentes provinciales y los principales alcaldes estaban a la espera de que Camps les consulte cual será su propuesta de esta tarde al Comité Ejecutivo Regional. 
Los más allegados a Camps intentaron convencerlo ayer de que debe realizar una demostración de fuerza en el Comité Ejecutivo para evitar que siga creciendo la lista de cargos desafectos o de los que están a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos. 
En cualquier caso, Camps intentará limitar al máximo las repercusiones de la reunión. Es decir, no tiene previsto realizar una operación de gran calado que afecte al Gobierno valenciano. Situación que le abriría un nuevo frente de consecuencias desconocidas. 
Todo ello, siempre y cuando consiga pactar con Ricardo Costa las condiciones de la "destitución temporal". Fuentes de Presidencia especulaban ayer todavía con la posibilidad de que Costa se pueda mantener como portavoz parlamentario, una medida que la mayoría del PP considera inviable. En cualquier caso, el Comité Ejecutivo, con los zaplanistas al frente, espera hoy explicaciones claras. 
(www.elpais.com, 13/10/09)
EL PP PAGÓ AL MENOS 1,4 MILLONES A LA TRAMA DE CORREA CON FACTURAS Y EN NEGRO ANTES DE 2007  
La tradición del PP valenciano de contratar a las empresas de Francisco Correa y pagar una parte en negro se remonta al menos a 2002 -en concreto al congreso celebrado en septiembre- y se ha sostenido regularmente en el tiempo en los años previos a las autonómicas 2007, cuando el negocio de Orange Market se disparó. Los documentos encontrados por la policía judicial en el piso de la calle Serrano lo acreditaban y las declaraciones del contable José Luis Izquierdo en el juzgado corroboran la práctica del doble flujo contable. Entre el citado acto y diciembre de 2006, los populares pagaron al menos 1,4 millones a las firmas de la trama Gürtel, sobre todo a Special Events y a Orange Market.  
Entre 2004 y 2006, sin existir ninguna campaña autonómica de por medio, el partido abonó 46 facturas a la franquicia valenciana de Correa por un total de 905.504 euros, según las cuentas de este diario. A esa cantidad hay que sumar los 218.637 euros que el PP abonó en negro por organizar 26 actos en 2005, algunos de ellos con motivo de la campaña de las europeas. Antes, en noviembre de 2004, el "PP de Valencia" hizo una provisión de fondos en negro por 84.000 euros, según consta en el documento "Caja B de Orange Market" que figura entre los 17.000 folios del sumario cuyo secreto se ha levantado.  
Otros 240.582 euros se pagaron por el citado congreso de 2002, el que reeligió a Eduardo Zaplana como presidente por cuarta y última vez y a Francisco Camps, secretario general. Orange Market no había nacido y faltaban cinco años para que Ricardo Costa se convirtiera en secretario general. En una de sus declaraciones judiciales, José Luis Izquierdo apunta a Álvaro Pérez como la persona que gestionó el abono de 150.430 euros en negro, pero dice desconocer quién, por el PP, hizo el pago ilegal.

Álvaro Pérez:  
Magistrado: Vamos a ir terminando. Congreso Regional de la Comunidad Valenciana del año 2002 y 2003, son uno de los archivos que tiene usted en las carpetas, esto fue ¿Con Special Events?
José Luis Izquierdo: Ummm, seguramente...si me permite (...)
M: Oiga y...¿y esto que pone aquí?, sin IVA, sin IVA, sin IVA...cobros A 91.151, Cobros B 150.421 ¿Esto qué significa?
JLI: Pues mire, esto, para decírselo rápidamente, este congreso hubo una parte que se facturó en A y otra que se facturó en B.
M: ¿Y con quién se concierta ese congreso?
JLI: ¿Que con quién, perdón?
M: Sí...se pagó.
JLI: Pues en este caso yo creo pues que por la fecha, fue Special Events, porque esto es de 2002.
M: ¿Y quién le facturó a Special Events en B, con IVA y sin IVA? Si sabe el responsable del congreso que pagó a Special Events.
JLI: No, o sea, el responsable del congreso que se organizaba en la Comunidad de Valencia...
M: El que paga.
JLI: Por el PP, no sé quién, no se quién porque además aquí como figura Álvaro Pérez, pues sería Álvaro Pérez quien gestionó..
M: Sí, pero no sabe usted con quién gestionó el...
JLI: La persona del PP que tiene que ser...no sé qué persona (...), ese tipo de información, normalmente, a mí nunca me llegaba. Las personas de contacto allí y demás son exclusivas de ellos.

En su declaración judicial, Álvaro Pérez negó que el PP pagara en negro. Preguntado por los 90.151euros en A y los 150.421 en B contestó con una clara evasiva: "Pues no lo puedo justificar yo ¿De qué año me ha dicho, del 2000?".
Y una vez pagó la trama al PP
En el informe de la Udef ya se daba cuenta del pago de esos 150.430 euros en negro a una cuenta personal de Correa. Se da la circunstancia de que en ese mismo 2002, el 18 de diciembre, figura un apunte de salida de la Caja B de la trama en Madrid de 420.000 euros que va a parar a "PP VLC", según recogía ya el auto de Garzón y el informe de la policía judicial. "Esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Correa", dice la policia. Esto es, una comisión al partido. Es el único flujo registrado, en negro, desde la trama de Correa hacia el PP. Que se sepa. 
(www.levante-emv.com, 13/10/09) 
EL 'ZAPLANISMO' PEDIRÁ EXPLICACIONES Y FABRA SE DISTANCIA DEL PRESIDENTE 
Si algo ha quedado claro en la crisis provocada por el caso Gürtel, es que Francisco Camps ha dejado de tener el control del partido en la Comunidad Valenciana. Los zaplanistas, a los que Camps parecía haber controlado en los últimos años, piensan aprovechar la reunión de hoy para buscar que no sólo Ricardo Costa, sino también el propio Camps asuma su responsabilidad por haber fichado a Álvaro Pérez, El Bigotes. El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, líder de este sector, tiene previsto pedir explicaciones a Camps. Los zaplanistas, que tienen una representación pequeña en el órgano de dirección del PP de la Comunidad Valenciana, no defenderán a Costa -quien llegó a bromear con El Bigotes con meter a todos los seguidores de Ripoll en un furgón policial-, pero tampoco se conformarán con su cese. 
Mientras, Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, imputado en varios casos de tráfico de influencias y delito fiscal, también se distanció de Camps. "Lo único lamentable" del caso Gürtel es que "algunos creyeran" en la "pandilla de mafiosos que se ha querido aprovechar del PP" y "les hicieran caso", sentenció. Aunque no citó expresamente a Camps, la conversación en la que éste mostraba su confianza en El Bigotes es muy conocida. 
(www.elpais.com, 13/10/09) 
UN SUMARIO SOBRADO DE PRUEBAS 
Numerosas conversaciones entre miembros de la trama Gürtel y dirigentes del PP y mucha documentación de las empresas de Francisco Correa que apuntalan la posible financiación irregular del PP valenciano no llegaron al juez José Flors, encargado de instruir la causa por supuesto cohecho impropio contra Francisco Camps, el presidente valenciano, y otros tres altos cargos del PP. Pese a no contar con las pruebas ahora conocidas, ni con las conversaciones en la cárcel de los jefes de la trama corrupta y sus abogados, donde sostienen que creen que Camps se pagó sus trajes pero no aportan una sola prueba para demostrarlo, el juez Flors encontró suficientes indicios de cohecho impropio en la actuación del presidente valenciano y tres altos cargos del PP. 
Hasta el punto de que Flors, con los datos de que dispuso, era partidario de sentar en el banquillo y ante un tribunal con jurado a Camps y a los otros aforados implicados. Y todo ello a pesar de que Álvaro Pérez, el Bigotes, declaró ante Flors (fue lo único que quiso decir) que no había pagado los trajes a Camps, en contra de lo que revela toda la documentación hallada en las empresas de la trama. 
Aunque en el sumario del caso Gürtel hay abundantes pruebas y conversaciones inculpatorias contra Camps y otros cargos públicos, la estrategia ahora del PP es expandir la sospecha de que las fiscales del caso han tratado de eliminar del sumario un diálogo entre imputados y sus abogados que beneficiaría al presidente Camps. En ese diálogo, Pablo Crespo, número dos de la trama, afirma a su letrado que cree que Camps se pagó los trajes. Esta grabación, al igual que otras muchas que han salido ahora a la luz tras levantarse en Madrid una parte del secreto del sumario, no fue enviada a Valencia. El PP se fija sólo en la que beneficia a Camps y obvia las otras para decir que las fiscales han tratado de ocultar pruebas favorables al presidente valenciano. Al pedir que se eliminasen las conversaciones entre los abogados y los principales implicados en la trama -el cabecilla Francisco Correa y su lugar teniente Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia-, las fiscales también estaban renunciando -todo ello para "salvaguardar el derecho de defensa"- a la admisión implícita por parte de Correa de la validez del contenido del pen drive decomisado al contable de las empresas corruptas y que da cuenta de sobornos a numerosos cargos del PP. Y, también, a la admisión de otra grabación en la que el imputado Crespo deja entrever una supuesta financiación ilegal del PP de Galicia. La polémica que alimenta ahora el PP se refiere en concreto a un diálogo que mantienen en la cárcel Crespo y sus abogados. Los abogados le preguntan, entre otras cosas, por el regalo de trajes a Camps. Crespo se desahoga: "Nunca lo podrán demostrar porque no es cierto. Van a tener difícil sostener la acusación contra Camps, porque no es cierta". A otro de los letrados presentes le asegura: "Si Camps se hizo trajes allí, los habrá pagado de su bolsillo". 
Esta conversación no fue remitida a Valencia, al igual que otras muchas que sí le inculpaban. El juez Flors, lo mismo que otro de los magistrados de Valencia contrario a archivar el caso Camps, entendió que había pruebas suficientes para sentar a Camps en el banquillo. Y eso que, de entrada, el tribunal que preside Juan Luis de la Rúa (amigo declarado de Camps) limitó la investigación al asunto de los trajes y prescindió de indagar otros delitos. 
- Resolución judicial. El auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal de Justicia de Valencia (TSJV) declaró el sobreseimiento libre de la causa instruida contra Camps por el magistrado José Flors. Ese auto asume que las empresas de la trama corrupta pagaron trajes a Camps. Pero archiva el asunto porque entiende que Camps no recibió los trajes en virtud de su cargo público, sino fruto de la íntima relación de amistad que mantenía con Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta, que recibió del Gobierno de Camps casi ocho millones de euros en contratas, casi todas a dedo. 
- Adjudicaciones a El Bigotes. Un informe remitido por la Generalitat al TSJCV explica que la Consejería de Turismo contrató la instalación del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur, la feria de turismo, entre 2005 y 2008. 
- Alicante y Barcelona. La policía se incautó en las oficinas de Orange Market en Valencia de documentos que relacionaban una serie de ingresos bajo el epígrafe Alicante, que se refería a dinero justificado con facturas con IVA; y una segunda relación de ingresos bajo el epígrafe Barcelona, en referencia a dinero negro no declarado. El TSJV archivó el caso sin investigar este asunto. 
- Cuentas coincidentes. Documentos incautados en la sede central de la trama corrupta, en la calle de Serrano de Madrid, consignan ingresos de Orange Market que coinciden con los apuntes incautados en la sede de esta empresa en Valencia. 
- Constructores afines. Correos electrónicos encontrados en la sede de Orange Market probaban que se cambiaban facturas de actos del PP por otras de constructoras, de lo que se deduce un supuesto circuito de financiación ilegal de esa formación. 
- El Bigotes reclama. Conversaciones telefónicas grabadas con autorización judicial entre El Bigotes, Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano), David Serra (vicesecretario general) y Yolanda García (tesorera). Ricardo Costa a Álvaro Pérez: "Entre mañana y el viernes te voy a dar todo lo que te falta, que te debemos nosotros, pero yo necesito que el presidente no lo sepa, y entonces que le digas que éste [en referencia a Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat] es un hijo de puta". 
- "Fíjate lo que te debo". El día de nochebuena, a las diez de la noche, El Bigotes telefoneó a Camps. 
Camps. Muchísimas gracias, ¿eh? 
Álvaro Pérez. Bueno, escucha, tú... ¿Has leído mi tarjetón? 
C. Sí, sí, sí... 
Á. Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo... 
C. No, no, nada. 
Á. Sí, sí, sí. 
C. Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito.
(www.elpais.com, 13/10/09)
LA TRAMA PARTICIPÓ EN LA VISITA DEL PAPA 
El sumario del caso Gürtel ha vuelto a desmentir al Gobierno de Francisco Camps. El 30 de marzo, el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, afirmó rotundo que el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, no había tenido "nada que ver" con la organización de la visita que el Papa realizó a Valencia en julio de 2006 durante el V Encuentro Mundial de las Familias. Ahora, las cifras de la contabilidad B, que computa los movimientos de dinero negro, demuestran que Orange Market, la franquicia valenciana de la trama, sí tuvo que ver con ese pío cónclave. Formalmente lo organizó una fundación constituida por la Generalitat, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de la capital y el Arzobispado.  
En realidad, todavía no se sabe quién contrató a Orange Market pero los documentos que contenían el CD y el pen driveincautados por la Policía a José Luis Izquierdo, contable del grupo de Correa, acreditan que la compañía prestó servicios. Las cuentas consignan un apunte de 10.000 euros junto a la siguiente leyenda: "Ent. P. Crespo/ Gtos. producción Visita Papa". El concepto por el que se libran los 10.000 euros aparece en una columna encabezada por este epígrafe: "Pasado a Caja Pagos B". La presencia de la palabra "producción" sugiere, según fuentes valencianas conocedoras del caso, que la trama podría estar hablando de trabajos televisivos, aunque esa afirmación es sólo una hipótesis. 
La fecha de pago anotada es el 7 de julio de 2006. En la jornada siguiente, el Papa llegó a Valencia y el día 9 recibió en el Palacio Arzobispal a Camps, el "amiguito del alma" de Álvaro Pérez y a su esposa, Isabel Bas, la farmacéutica a quien el administrador de Orange Market se refiere en una conversación telefónica como "la dama". 
En la contabilidad hay un segundo apunte relativo a ese evento. Junto a la fecha 20 de marzo de 2006 figura una anotación por 2.000 euros. Se corresponde con el concepto "Ent. a Álvaro Pérez p/ Viaje a Italia". Una de las grabaciones policiales cazó a Francisco Correa hablando del viaje de El Bigotes a Roma en ese mes, marzo de 2006, para preparar la visita del Papa a Valencia.  
Las cuentas secretas de la red incluyen un tercer apunte que parece referirse igualmente a la visita del Papa. La anotación da cuenta de una entrega de 6.000 euros fechada en junio a un hombre cuya filiación nombre y primer apellido se corresponde con las iniciales M. T. Según fuentes cercanas al caso, se trata de una persona vinculada al viaje de Benedicto XVI, aunque este diario no ha podido confirmarlo.
M. T. se trata de una persona vinculada al viaje de Benedicto XVI 
No sólo Rambla desmintió la presencia de Orange Market en la logística del V Encuentro Mundial de las Familias. También el Arzobispado de Valencia negó de modo tajante que esa empresa hubiera sido contratada. Afirmar lo contrario clamó en febrero el prelado a través de una nota oficial constituye "una insidia y una falsedad absoluta".  
Dado que buena parte de las investigaciones que pudieran afectar al PP valenciano y al Gobierno de esa comunidad permanecen bajo secreto de sumario, no es posible dilucidar quién encargó los trabajos ni cuáles fueron exactamente.  
Durante la investigación judicial abierta para determinar si Camps y otros tres cargos del PP valenciano había recibido trajes se supo que Orange Market había recibido ocho millones en contratos públicos de la Generalitat.  
Fue el pasado 30 de abril cuando el vicepresidente primero de la Generalitat negó categóricamente la presencia de Orange Market en la visita del Papa. Vicente Rambla lanzó su mentís tras conocerse que un pinchazo policial había destapado cómo ‘El Bigotes’ se las prometía felices al dar por hecho que la Generalitat lo podía nombrar “por la cara” coordinador de la visita. 
“Lo que sí que conozco –prosiguió Rambla- es que la organización de la visita del Papa la llevó a cabo una fundación en la que estuvo presente el Arzobispado, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación de Valencia y la Generalitat valenciana y, desde luego, no esta persona”. La oposición valenciana lleva tres años reclamando que la Generalitat explique cuánto costó el viaje de Benedicto XVI.  
(www.publico.es, 13/10/09) 
RITA BARBERÁ EXIGE AL GOBIERNO Y A LA FISCALÍA DIMISIONES Y PIDE SUS DISCULPAS 
El PP vuelve a la conspiración. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como ya hizo ayer Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado este lunes al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y al Gobierno central, de haber cometido un "abuso institucional" en la investigación de la trama Gürtel y ha exigido "explicaciones" al respecto y "dimisiones de los responsables de Justicia". 
En declaraciones a los periodistas, Barberá se ha referido a las informaciones que aseguran que la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que eliminase del sumario una conversación del 'número dos' de la trama, Pablo Crespo, en la que niega a su abogado que se hubiese regalado trajes al president de la Generalitat, Francisco Camps. 
La alcaldesa de Valencia, ha calificado de "indecentes" e "inmorales" estos hechos y ha exigido a los que lo han ordenado "que den explicaciones, asuman sus responsabilidades y pidan perdón". 
"El Fiscal Jefe y detrás de él, el Gobierno, son quienes tienen que dar explicaciones de estas barbaridades, de estos abusos institucionales y pedir perdón a las personas a las que públicamente se les ha hecho tanto daño", ha afirmado. 
Según la alcaldesa, "cuando encima se sabe que las declaraciones son absolutamente pruebas exculpatorias de quien han tenido siete meses sufriendo como si fuera parte de un caso delictivo, me parece indecente, cuanto menos inmoral". 
"Yo y todos los españoles tenemos que pedir, primero explicaciones, y luego dimisiones de los responsables de la Justicia", ha señalado.
Barberá ha evitado pronunciarse sobre el "cese temporal" del secretario general del PPCV, Ricardo Costa, pero ha insistido en que la grabación ilegal entre un acusado de la trama Gürtel y su abogado es "un tema de enorme alarma y gravedad institucional y de exigencia de responsabilidades inmediatas". 
"Mal servicio están prestando los responsables de la Justicia en España a la independencia judicial. Se la están cargando y se están cargando el Estado de Derecho, y hay pruebas", ha sentenciado. 
"Se están cargando la independencia judicial"
Para Barberá, ha habido "errores" pero "personas que hayan cometido errores o indeseables que se aprovechen de la confianza de amigos los hay en la política, las empresas y las familias, y evidentemente hay que explicarlo y reconocerlo". 
No obstante, considera que "es gravísimo que se hayan hecho grabaciones absolutamente ilegales ordenadas en el locutorio de una cárcel entre una persona detenida y su abogado, basándose en un artículo de la ley que sólo se permite en casos extremos de terrorismo", ha concluido. 
(www.publico.es, 13/10/09)
LA OPOSICIÓN ADVIERTE USOS MAFIOSOS EN "EL ESPIONAJE" DE CAMPS A COSTA
PSPV, Compromís y Esquerra Unida subrayan la debilidad del presidente
La supuesta "investigación" que ayer reveló El Mundo a la que Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, sometió a Ricardo Costa, su número dos en el partido y cuya cabeza habría de ser servida en bandeja a Génova mañana para aplacar el escándalo desatado por la difusión del sumario del caso Gürtel, desató las más airadas reacciones de todos los partidos de la oposición parlamentaria. Un portavoz de la Generalitat negó cualquier credibilidad a la investigación y sugirió que la información respondería a una lectura sesgada de la auditoría externa sobre las cuentas del partido y la gestión de Costa como secretario general. O, tal vez, sobre la exigencia del PP a Costa para que justificara el pago de un vehículo por 65.000 euros, algo que ya hizo el secretario general y satisfizo al partido.
La Generalitat ve una interpretación torcida de la auditoría del PP
Mireia Mollà: "Camps se ha instalado en un estilo facineroso"
Pero Víctor Sahuquillo, secretario de Acción Electoral del PSPV, ofreció otra lectura del asunto. "Los métodos mafiosos de Francisco Correa, Álvaro Pérez y los otros hombres de Don Vito calaron tanto en la Comunidad Valenciana que hasta el propio Camps los ha puesto en práctica investigando a su número dos".
"Las divisiones internas del PP no sólo afectan a Alicante y a los grupos de campistas y ripollistas, sino que en la cúpula del partido, las disensiones también se dejan sentir", siguió Sahuquillo.
Según El Mundo, Camps habría ordenado investigar a Costa y a Gerardo Camps, vicepresidente económico del Consell, con el conocimiento de Juan Cotino, vicepresidente social y, en su día, director general de la Policía. Camps buscaría algún argumento definitivo que esgrimir ante el Comité Ejecutivo Regional del PP de la Comunidad Valenciana, que está convocado mañana, para "cesar temporalmente" a Costa y salvar la cara ante las presiones de Mariano Rajoy, presidente nacional del PP, para que tome decisiones "contundentes".
Costa ni ha dimitido ni parece tener ninguna intención de hacerlo. Su hermano, el ex ministro Juan Costa, que renunció a un cargo ejecutivo de relevancia en una gran empresa de ámbito internacional para dirigir la última campaña electoral de Rajoy, tampoco parece dispuesto a asumir que su hermano pague todas las culpas por el escándalo de financiación irregular del PP. Juan Costa ya ha hecho saber que su hermano se limitaba a seguir órdenes. De Camps, naturalmente.
La supuesta investigación del número uno al número dos del PP de la Comunidad Valenciana también provocó la fulminante reacción de Compromís y Esquerra Unida.
Mireia Mollà, diputada de Iniciativa en el grupo Compromís, dijo: "El espionaje de Camps para buscar trapos sucios de sus colaboradores demuestra el estilo facineroso en el que se ha instalado el PP. Es un hecho muy preocupante, una vuelta más de tuerca de la actitud antidemocrática de un PP en el que nadie se fía de nadie y todos sospechan de todos. Y es que el ladrón piensa que todos son de su condición". Mollà se preguntó: "¿Qué más busca Camps de Costa si con la lectura del sumario y de la información de la prensa es más que suficiente? ¿O lo que realmente estaba buscando era la información que le implica a él para eliminarla?"
Marga Sanz, coordinadora general de Esquerra Unida, apuntó que las supuestas investigaciones ponen de manifiesto la necesidad de "una limpieza interna de calado" en el seno del PP de la Comunidad Valenciana. Según Sanz, el único objetivo verosímil de la investigación "sería blindar a Camps".
Ayer fue imposible contactar con Ricardo Costa y con Gerardo Camps para que ofrecieran su versión sobre la información.
Los portavoces de la oposición subrayaron que la supuesta investigación revela la debilidad de Camps para desprenderse de Costa. "Parece que Camps no sentía lo mismo por Costa que por El Bigotes. Es un blanco fácil, la víctima que debía cargar las culpas de Gürtel para que él saliera impune", dijo el socialista Víctor Sahuquillo.
www.elpais.es 12.10.09
CAMPS NIEGA A COSTA QUE LE HAYA INVESTIGADO Y SE MUESTRA ´INDIGNADO´
El conseller Cotino fue quien pidió informes comprometedores a un profesor universitario sobre el secretario general
  El número dos aguanta el pulso y avisa de que no aceptará un cese temporal. Comunitat Valenciana
·         "Ricardo no se comerá solo el marrón" . Comunitat Valenciana
El actual conseller de Medio Ambiente y vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, fue quien pidió los informes sobre el secretario general del PP, Ricardo Costa -que mañana recibirá el "cese temporal"-, con el fin de obtener datos comprometedores sobre su persona.
Según ha sabido Levante-EMV, algunas personas han recibido en las últimas semanas la petición de datos sobre Costa que pudieran facilitar su destitución. Entre los preguntados figura un profesor - que ahora tiene cargo docente y que fue hombre de confianza durante la etapa de Joan Lerma al frente de la Generalitat-, visitado el viernes 2 octubre por el propio Cotino en busca de estos informes. Aunque el profesor aseguró desconocer los contactos, este diario, que le guarda el anonimato, ha podido saber que sí existieron.
Así, ante las informaciones aparecidas ayer -en estas mismas páginas, entre otras publicaciones-, el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se puso en contacto telefónico con Ricardo Costa para desmarcarse de estas investigaciones, mostrarle su "sorpresa" e "indignación" y garantizarle que desconocía los informes. Según supo este periódico, Costa -que regresa hoy de vacaciones y era conocedor de que estaba siendo investigado- charló con el presidente sobre este asunto y sobre la reunión del Comité Ejecutivo regional de mañana, que abordará su destitución.
Al margen de la investigación a Ricardo Costa, el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, también aparecería en los informes, publicó El Mundo. El nombre del vicepresidente podría formar parte de los planes alternativos de los populares en caso que el caso Gürtel acabara forzando la dimisión de Francisco Camps.
La revelación de las pesquisas internas enturbia todavía más la situación que vive el PP en unas horas de máxima tensión previas a la reunión de mañana que abordará la destitución de Costa: con Camps atrapado entre la dirección nacional -que le pide la cabeza del 'número dos' como gesto político ante el escándalo- y el propio Costa, su hombre de confianza en el PPCV que ahora se niega a dimitir.
Y es que Ricardo Costa es uno de los nombres más salpicados por el sumario del caso. Costa aparece señalado por la policía judicial y el TSJ madrileño como la persona que pactaba con El Bigotes los pagos en A y en B por los actos del partido. Sin embargo, el propio Costa y su entorno han defendido todo este tiempo que no se ha lucrado y que no actuaba por libre cuando contrataba con Orange Market. Es decir, que desde que accedió a la secretaría general del PP hizo lo mismo que se venía haciendo desde que Camps entró al Palau de la Generalitat: mantener a Orange Market como organizadora de eventos de cabecera.
El conseller Cotino, que pidió los informes sobre Costa, es uno de los referentes del Partido Popular que en las últimas jornadas había apremiado al jefe del Consell a tomar medidas. El pasado jueves, al mismo tiempo que otros dirigentes como Esteban González Pons, o Rita Barberá, Cotino opinó que habría que tomar decisiones en forma de destituciones o dimisiones. Igualmente, el propio conseller fue uno de los protagonistas del Nou d'Octubre, jornada que se precipitaron los acontecimientos con la presión ejercida por Génova para que Costa fuera destituido. Cotino, a primera hora, comenzó a generar el caldo de cultivo favorable a que ese mismo día se anunciara alguna destitución, al advertir que tras el puente de la Hispanidad podría haber alguna reunión para tomar decisiones.
Sedesa, en el informe policial
Al margen de esta situación, cabe recordar que el nombre de Juan Cotino -que fue director general de la Policía en tiempos de Aznar- ha aparecido vinculado al caso Gürtel de forma indirecta. La constructora de los Cotino, Sedesa, figura en el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía judicial como una de las supuestas financiadoras del PP -junto a otras constructoras y una consultora urbanística- a través de la trama de Francisco Correa.
Este periódico trató de comunicarse ayer sin éxito con el conseller Cotino -en El Vaticano por la canonización de dos santos con vínculos valencianos- para recabar su parecer sobre los informes.
www.levante-emv.com 12.10.09
EL SASTRE INFORMATIVO DE CAMPS
El sumario revela que el ex director general de Canal 9 era clave para la trama
ser director de Canal Nou". La anotación que figura en la carpeta rotulada Temas Valencia, que incautó la policía en el piso de seguridad de la trama Gürtel, con fecha 6 de abril de 2004 como "asuntos a despachar por Paco Correa" resultó profética. Pedro García Gimeno, Peter en algunas grabaciones policiales, fue nombrado director general de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) dos meses después.
La televisión pública valenciana ha creado una realidad paralela sobre el caso
Pedro García conocía tan bien a El Bigotes que no se arriesgó a contratar con él
La misma carpeta contenía una orden: "Álvaro que se vaya para allá". Álvaro Pérez, El Bigotes, ya había registrado Orange Market en Valencia en julio de 2003, un mes después de que Francisco Camps ganara por primera vez las elecciones autonómicas con mayoría absoluta.
Peter y El Bigotes se conocían desde hacía tiempo. Cuando José María Aznar avanzaba hacia su primera victoria electoral en 1996, el Valencia CF cedió su estadio al PP para un apoteósico acto electoral. Eduardo Zaplana, Rita Barberá y Manolo Escobar actuaron como teloneros. "¡Sólo soy un hombre honrado con un proyecto para España!", proclamó Aznar ante 55.000 asistentes. En primera fila, Julio Iglesias. Y entre bambalinas El Bigotes y Peter, a la sazón, jefe de prensa de Zaplana.
Pedro García aseguró ayer que no coincidió con El Bigotes en Mestalla, pero no oculta su amistad con Álvaro Pérez. Fue padrino del bautizo de su hija el 8 de febrero, horas después de que la policía hubiera registrado por primera vez la sede de Orange Market en Valencia.
No era para menos. En diciembre de 2007, Vicente Cotino, presidente de Sedesa, una de las cinco constructoras que la brigada contra el blanqueo apunta como pagadoras de facturas que Orange Market había girado al PP de la Comunidad Valenciana, recogió a Pedro García, lo condujo a su jet privado y ambos volaron hasta Marrakech. Allí les esperaban El Bigotes; Miguel Perelló, un productor que ha recibido 12 millones de euros en subvenciones de la Generalitat para rodar películas sobre Blasco Ibáñez o Severo Ochoa, entre otros; o Arturo Blanch, empresario de comunicación, especialista en eventos y adjudicatario de contratos por cerca de dos millones de euros desde la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana. Celebraban el 40º cumpleaños de Peter. La fiesta se prolongó todo el fin de semana.
"Fue una sorpresa que organizó mi mujer, cada uno pagó lo suyo y todos los asistentes son amigos míos personales", justificó Pedro García cuando trascendió la noticia en marzo pasado.
Peter conocía tan bien a El Bigotes que se cuidó mucho de contratar nada con Orange Market durante los cinco años en los que ejerció como director general de RTVV. Apenas la disposición de unas mesas para un telemaratón que hicieron falta a última hora, y un detalle: la esposa de El Bigotes, Noemí Ramal, participó en una gala de Nochevieja emitida por Canal 9.
Eran colegas hasta en el sentido profesional. Ambos eran creadores de imagen. Uno le regalaba trajes al presidente valenciano y el otro era su sastre informativo. El jefe de prensa de Zaplana, director de comunicación de José Luis Olivas y director de la RTVV con Francisco Camps ha creado una realidad paralela. En los informativos de Canal 9, Camps jamás fue imputado por ningún juez: simplemente acudió al juzgado para aclarar unas cosas que nunca pasaron de ser dos o tres trajes y siempre con todo el respaldo de Génova, sede del PP nacional.
Pero, como en toda película, hay buenos y malos. El día en que Camps salía de la sede del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana acompañado de Rita Barberá y sus tres vicepresidentes, y decía estar muy contento porque por fin había aclarado todo con una turba de incondicionales blandiendo senyeres al fondo, Jorge Alarte, secretario general del PSPV, era objeto de "diligencias prejudiciales" por parte de la fiscalía por contratar a una abogada en el Ayuntamiento de Alaquàs sin respetar la bolsa de trabajo.
Pedro García es protagonista o aludido decenas de veces en el sumario del caso Gürtel. El 28 de agosto renunció al cargo.
www.elpais.es 11.10.09
NOTICIAS QUE NO EXISTEN PARA CANAL 9
El 9 d'Octubre, día de la Comunidad Valenciana, todas las televisiones de España anticiparon a primera hora de la tarde que Ricardo Costa, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, estaba en la cuerda floja. Francisco Camps anunció su destitución antes de las diez de la noche. En Canal 9 nadie se dio por enterado del asunto.Jaume Muñoz, miembro de Intersindical en el comité de empresa de RTVV, cuenta por qué la televisión autonómica sirve de esa manera a los intereses de Francisco Camps. "Han creado dos redacciones paralelas. Los fijos en plantilla, o colaboran o son arrinconados, y han contratado a mucha gente, muchas veces de forma irregular. En la radio, todos los editores de noticias tienen contrato de guionistas, no son ni siquiera periodistas".Ximo Clemente, presidente de la Unió de Periodistes, lamenta que "la televisión pública valenciana no cumpla su objetivo fundamental, que es informar". Y asegura que la información que ofrece Canal 9 "va contra los valores esenciales de un pueblo democrático que quiere ser moderno y avanzado".Nuria Espí, diputada autonómica socialista, ha exigido explicaciones a Pedro García no ya por la "falta de pluralidad" de Canal 9, sino por "la falta de veracidad" de sus informativosEl ex director general de la televisión autonómica pública siempre ha contestado ante la comisión parlamentaria de control de RTVV que las apreciaciones sobre los contenidos de los informativos son subjetivas. Ayer reiteró el mismo comentario y remitió a sus declaraciones previas.Espí recuerda que en Canal 9 "no hay ningún programa de debate, nunca hemos podido explicar a los valencianos nuestra postura sobre el agua, las infraestructuras ni sobre ningún otro asunto de interés". Y denuncia que la gestión es pésima. RTVV arrastra una deuda de 1.200 millones de euros. "El departamento de propaganda es la consejería más cara del Gobierno autonómico".Amadeu Sanchis, miembro de Esquerra Unida en el consejo de administración de RTVV, dice que "Canal 9 es la televisión privada del PP". "El nuevo canal que ofrece información 24 horas y emplea a 70 profesionales no informó sobre el cese de Costa". Sanchis reclamó, además, "una auditoría sobre los cinco años de gestión de Pedro García".
www.elpais.es 11.10.09
CAMPS SE QUEDA SIN CORTAFUEGOS
Dirigentes del PP temen que Ricardo Costa se vengue, que los zaplanistas se amotinen o que el presidente valenciano sea imputado por el Supremo
La crisis del caso Gürtel empieza a parecerse a una granada sin seguro. Todos los dirigentes del PP implicados saben que va a explotar en cualquier momento y se la pasan de uno a otro para estar lejos cuando eso suceda. Es lo que hizo el viernes Mariano Rajoy obligando a Francisco Camps a destituir a su número dos, Ricardo Costa. Horas después de que Esperanza Aguirre se adelantara a pasar la granada -expulsando de su grupo parlamentario a todos los implicados madrileños y dejando en evidencia a Rajoy-, el líder cortó al fin una cabeza y doblegó a su barón más querido, dando a sus críticos el gesto de autoridad que le pedían. "Lo que ha quedado al fin claro es que Mariano no va a pasar una con este tema, que está fuerte y dispuesto a tomar decisiones", sentencia un marianista.
"Que sepas que, si te vas tú, me voy yo", le llegó a decir Camps a Costa
Acebes vetó que Orange Market se encargara en 2008 del congreso del PP
El líder se libra así de la presión, sobre todo mediática, y de las comparaciones con Aguirre. Sin embargo, dentro del PP casi todos los dirigentes consultados asumen que la caída de Costa sirve para ganar tiempo pero conlleva un grave problema: deja a Camps sin cortafuegos, ante la evidencia de que el presidente fue el principal responsable de contratar a Álvaro Pérez, El Bigotes, al que él mismo llamaba en las Navidades de 2008 "amiguito del alma". "Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo", decía Pérez en aquella conversación para justificar sus regalos; a lo que Camps sentenciaba: "Quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito".
"Este es el principio del fin de Camps", señala un dirigente. Otros confían en el trabajo de los políticos valencianos que, una vez muerto Costa, están tratando de echarle a él la culpa de todo para recobrar una unidad interna que no existe desde que Camps sucedió a Eduardo Zaplana. La mayoría teme que los zaplanistas, instalados en Alicante, puedan llegar el martes al Comité Ejecutivo que destituirá al secretario general con una pregunta: Si Costa se va por sus relaciones con El Bigotes, ¿por qué no se va Camps, que fue quien lo trajo a contratar con el PP valenciano y con la Generalitat?
"El principal problema de Camps se llama Ricardo Costa. Si habla, todo se va a complicar", apunta otro dirigente. Costa, destrozado tras una semana de gran tensión, se ha escapado a desconectar en el Camino de Santiago. Tiene motivos para estar molesto. Según distintas fuentes del PP valenciano, hasta última hora Camps evitó pedirle la dimisión. Incluso le dijo que Rajoy, en su cita en el Parador de Alarcón, no le había pedido ninguna cabeza.
La estrecha relación personal de Camps y Costa y el deseo del presidente valenciano de aguantar la presión y fingir públicamente que no pasaba nada llegó a tal extremo que, según fuentes del PP valenciano, el líder le llegó a decir a su mano derecha la siguiente frase: "Para tu tranquilidad, que sepas que si te vas tú me voy yo". Esa calma que Camps destilaba en su entorno, su intento de impedir a toda costa la caída de su cortafuegos y la decisión firme de Costa de no dimitir hicieron que el secretario general tomara la iniciativa, pactada con el presidente, de marcharse de puente confiando en que las aguas se calmarían. Pero Génova presionó tanto a Camps que él decidió salvarse a sí mismo destituyendo a Costa, antes de que Rajoy lo expulsara desde Madrid, lo que habría sido una humillación definitiva. Camps habló dos veces con Costa el viernes, según fuentes del PP valenciano, para decirle que él no quería destituirlo, pero que Génova le obligaba.
La preocupación en la sede del PP y en el resto del partido por el futuro de Camps tiene dos vertientes. Primero, la política. Fue el presidente valenciano quien, debido a su relación con El Bigotes cuando aquél aún no había sustituido a Zaplana en la Generalitat, le facilitó los contratos para los actos del PP valenciano. Fue también él quien, años después, cuando Génova rompió con Correa, siguió dando a El Bigotes todos los contratos del partido -a través de Costa- y quien en última instancia permitió que la Generalitat contratara -a través de Vicente Rambla y antes de Víctor Campos- hasta siete millones de euros con Orange Market.
El entorno de Camps señala que él creía que El Bigotes había roto con Correa, porque eso es lo que Pérez decía, pero fuentes de Génova aclaran que al valenciano le llegó muy claro desde 2004 el mensaje de que El Bigotes trabajaba para Correa y no era de fiar. Cuando el equipo de Camps intentó que el congreso nacional de Valencia de 2008 lo organizara Orange Market, la dirección del partido, cuyo secretario general era Ángel Acebes, lo vetó.
La otra preocupación del PP con Camps está en la vertiente jurídica. En Génova creen que aún podría acabar en el banquillo -imputado por el Supremo- por aceptar trajes regalados por la trama corrupta; pero sobre todo le temen a la investigación por la financiación ilegal. Aunque los expertos del PP sostienen que sería difícil una condena, sí temen que con las pruebas que se han conocido se pueda llegar a una imputación de Camps, máximo responsable en última instancia tanto de los contratos del PP valenciano como de la Generalitat, y que aparece en varias conversaciones como la persona a la que recurría El Bigotes para desbloquear cobros.
"Siento preocupación, pena y asco", resumió ayer el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti sobre la trama Gürtel en la Cadena SER.
www.elpais.es 11.10.09
A LA ESPERA DE UNA EXPLICACIÓN
En la dirección nacional del PP hay malestar porque Francisco Camps ni siquiera se ha dignado en estos meses a ofrecer una explicación pública de su relación con Álvaro Pérez, El Bigotes. Sólo Ricardo Costa llegó a decir que fue "un error" contratar con él. Nadie de la Generalitat ha asumido tal cosa, mucho menos su presidente.
Mariano Rajoy, según su entorno, va a apoyar a su barón hasta el final -no en vano se arriesgó a iniciar el curso político con él en la plaza de toros de Valencia-. Además, insiste en que si hubo financiación ilegal, el presidente valenciano no fue el culpable. Pero en la gestión de la crisis por parte de Camps, muy criticada en Génova, algo se ha roto. "En el tira y afloja, Rajoy ha perdido la confianza en Camps, eso es evidente", sentencia un marianista. En Valencia ya se habla de sucesores, y aunque hay muchos nombres en danza -Rita Barberá y Esteban González Pons entre ellos, aunque este último con la grave dificultad de que no es diputado autonómico- parece que el que genera más consenso es Gerardo Camps.
Ricardo Costa ha sido siempre fiel a Rajoy. Achicharrado por Gürtel a pesar de no tener poder para conseguir para El Bigotes contratos públicos -al contrario que Camps-, no sólo ha organizado durante años los actos del presidente valenciano, también preparó varios baños de masas para Rajoy, que siempre tuvo en Valencia sus mítines más multitudinarios. Su entrega a Rajoy y Camps llegó al punto de enfrentarse con su hermano mayor, el ex ministro Juan Costa. Mientras éste se planteaba presentarse contra el líder, en mayo de 2008, Ricardo se plantó en Valladolid en una reunión interparlamentaria para darle a Rajoy varias cajas con centenares de avales valencianos a su candidatura.
www.elpais.es 11.10.09
EL 'CAMPISMO' SE DESMORONA A GOLPE DE ESCÁNDALOS
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tendrá que explicar el próximo martes a la cúpula regional del PP por qué destituye "temporalmente" a Ricardo Costa, su mano derecha en el partido y portavoz del grupo parlamentario. Será la primera vez que Camps ofrezca una explicación a los suyos desde que el pasado mes de febrero empezaron a estallar los escándalos relacionados con el caso Gürtel. Unos escándalos que salpican directamente al presidente valenciano por su estrecha amistad con Álvaro Pérez, alias El Bigotes -quien le obsequió trajes y otros regalos- y a su administración, que contrató con Orange Market y otras empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.
Pero la comparecencia de Camps ante el comité ejecutivo regional del PP -como sus intervenciones anteriores en las Cortes y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana- no será por voluntad propia. Camps convoca a la cúpula regional del partido a disgusto, tras verse obligado por la dirección nacional del PP a prescindir de Ricardo Costa, también amigo íntimo de El Bigotes e implicado en una supuesta financiación irregular del PP en Valencia, según la policía.
La dirección nacional del PP llegó a poner a Camps ante una difícil tesitura el pasado viernes. O destituía él mismo a su número dos o sería Génova quien diese de baja en el partido a Costa; al vicesecretario de Organización, David Serra, y a la tesorera, Yolanda García. Los tres figuran en las conversaciones grabadas a Pérez por la policía, que los relaciona con una supuesta financiación irregular del partido.
La cita pone al presidente valenciano en un brete porque ni quiere destituir a Costa, ni Costa quiere marcharse. De hecho, los allegados a Camps piensan que el presidente insistirá en que la destitución de su secretario general es estrictamente "temporal" y no afecta a nadie más, ni en el partido, ni en el gobierno.
Pero el hecho de verse obligado a dar la cara pone en evidencia que el estilo de gobernar de Francisco Camps -que ha concentrado todo el poder en el partido, en el Parlamento y en el Gobierno valencianos-, se desmorona.
El hermano de Ricardo, el ex ministro de Aznar Juan Costa, ya ha comparecido dos veces para advertir que es Camps quien tiene que dar explicaciones acerca de cómo se contrató en el PP valenciano y en la Generalitat con Orange Market y la trama corrupta. Ricardo Costa, según su hermano, se limitó a cumplir instrucciones y ahora lo sacrifican como un "chivo expiatorio".
El número dos del PP valenciano tampoco está dispuesto a ponérselo fácil a Camps y ofrecerá su propio informe a la dirección del PP local antes de que lo haga Camps, que tendrá que explicar por qué se marcha su secretario general si, como sostiene, todo va viento en popa y no hay ninguna irregularidad.
La salida de Ricardo Costa desmonta, además, la estructura que tenía el presidente valenciano. Camps tendrá que buscar sustituto para Costa en el partido y en el grupo parlamentario.Una cuestión en la que los presidentes provinciales del partido, satisfechos con la retirada de Costa, reclaman ser consultados. Pero independientemente de que Camps lo haga, éstos han empezado a coordinarse por su cuenta ante lo que intuyen como un final de etapa. Las encuestas -como la publicada por EL PAÍS el día 9- indican que el desgaste de los escándalos del caso Gürtel es para Camps y no para las siglas del PP. Eso alimenta la idea de quienes piensan que la hora del relevo está más cerca de lo que pensaban.
Ahora, en el PP especulan sobre las opciones que elegirá Camps para intentar recomponer su figura. Opciones que van desde una remodelación de gobierno -en la que podría prescindir del vicepresidente Vicente Rambla, también salpicado por el informe sobre la financiación irregular del PP, y colocar al incombustible Rafael Blasco de portavoz parlamentario- hasta un simple retoque para dejar las cosas lo más parecidas a lo que están. Una opción que siempre ha sido más del gusto de Camps.
www.elpais.es 11.10.09
LA RED MEDIÓ EN BENIDORM A FAVOR DE LA HERMANA DE CAMPS
de la supuesta trama corrupta en la que está implicado el PP valenciano llegaron incluso hasta el otrora popular Festival de la Canción de Benidorm. Una de las grabaciones del caso Gürtel recoge que el cabecilla de la red en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, El Bigotes, medió en favor de Estrella Camps, hermana del presidente del Consell, para que el consistorio, presidido por el popular Manuel Pérez Fenoll, adjudicará el contrato del evento en 2008. Finalmente, no fue posible porque el festival no se llegó a realizar.
La grabación está fechada el día 10 de diciembre de 2008. El Bigotes concluye la conversación con el entonces director general de RTVV, Pedro García, así: "Hijo de puta el presidente, en vez de pagarme, me manda a su hermana para darme otro marroncito". No obstante, ayer el diario El Mundo reveló que el ex regidor Manuel Pérez Fenoll sí llegó a autorizar la utilización de la marca del Festival de Benidorm a José Gómez Plasencia, amigo personal de Estrella Camps. El ahora ex alcalde firmó la concesión en julio de 2008.
Pérez Fenoll ha negado a este periódico cualquier relación del consistorio con miembros de la trama corrupta. El ex alcalde reconoce que el Ayuntamiento intentó celebrar el festival. El evento llegó a presupuestarse, pero no se realizó porque ninguna televisión accedió a retrasmitirlo, argumenta Pérez Fenoll.
Reacción del PSPV
La posible implicación del PP de Benidorm en la trama ha provocado la reacción del PSPV local. A través de un comunicado, el secretario general de la agrupación local socialista, Rubén Martínez, ha "lamentado" que el anterior gobierno del PP en el consistorio benidormí "haya utilizado el nombre de nuestra ciudad como mercancía con la que traficar con los implicados de la rama valenciana del caso Gürtel, especialmente con su máximo responsable, Álvaro Pérez". En opinión de Martínez, el PP de Benidorm "demuestra una vez más la utilización de las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento, en beneficio personal de destacados miembros del PP, como en este caso la hermana del presidente de la Generalitat". "El PP de Benidorm debe aclarar si tenía conocimiento de la adjudicación de la utilización de la marca Festival de la Canción a una persona relacionada con la trama del caso Gürtel", concluye Rubén Martínez.
www.elpais.es 11.10.09
CAMPS SACRIFICA A COSTA 'IN EXTREMIS'
El presidente valenciano se resistió durante todo el día a las presiones de la dirección nacional del PP para que tomara medidas - El cese "temporal" de su 'número dos' se confirmó a las 21.42
La dirección nacional del PP obligó ayer al presidente valenciano, Francisco Camps, a destituir como secretario general del PP y portavoz del grupo parlamentario en las Cortes Valencianas a Ricardo Costa, implicado en la trama Gürtel. Costa aparece reiteradamente en las conversaciones recogidas en el informe de la brigada policial, como íntimo de Álvaro Pérez, El Bigotes. La investigación policial ha puesto al descubierto una presunta financiación irregular del PP valenciano, del que Costa era el número dos.
Durante toda la jornada de ayer el presidente valenciano recibió constantes indicaciones desde la dirección nacional del PP para que tomara por fin una decisión y destituyera a Costa de sus cargos. Francisco Camps se resistió hasta el final, a pesar de que a primera hora de la mañana el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ya había dejado meridianamente clara cual era la postura de Génova. Pons dijo: "la fiesta- ayer se celebraba el Día de la Comunidad Valenciana- se acaba a las cuatro".
Pero la jornada se prolongó hasta cerca de las 22 horas. A las 21.42 un mensaje de teléfono móvil enviado desde la secretaría de Comunicación de Presidencia de la Generalitat confirmaba lo que venía a calificar "cese temporal" de Ricardo Costa. Una versión suavizada de la realidad. Francisco Camps, no sin resistencia, se había plegado a las presiones de Mariano Rajoy y de la dirección nacional del PP. El mensaje, claramente redactado para salvar la figura de Costa, afirmaba que la destitución de éste "no pone en entredicho ni la capacidad ni la trayectoria política desempeñada por Ricardo Costa durante este tiempo al frente del partido, ni la confianza depositada en su persona, que es total". El próximo martes la comisión ejecutiva regional del PP valenciano ratificará la que ya es una decisión firme, aunque se presente como "temporal".
Durante la mañana de ayer Costa se resistió a convertirse en el único cabeza de turco de los escándalos que azotan a los populares valencianos, hasta el punto que decidió quitarse de en medio antes el mediodía, anunciando que se marchaba a recorrer el camino de Santiago y que apagaba el teléfono móvil. Ante la resistencia de su número dos, Camps intentó ganar tiempo. Pasadas las tres de la tarde, convocaba para el martes a la Comisión Ejecutiva Regional del PP, pero no para cesarle sino con la intención de que Costa diera explicaciones.
El pulso que se dirimió ayer entre la calle Génova y el Palau de la Generalitat valenciana fue, según uno de los protagonistas "brutal". La entrada al Palau de la Generalitat de los distintos cargos populares para asistir al discurso institucional de Camps ya dejó entrever que las espadas estaban en alto y que al presidente valenciano le iba a costar mucho salir del enroque en que se halla desde que estalló el escándalo. Ricardo Costa, acompañado siempre por la tesorera del partido y diputada autonómica Yolanda García, no cruzó ni una palabra con el presidente valenciano durante todo el acto institucional.
De buena mañana, el ex ministro Juan Costa, cuya presencia en el Día de la Comunidad Valenciana no es habitual, disparó primero y apuntó bien alto. "Todos los militantes tienen que dar explicaciones por igual si se ven afectados o implicados", dijo el hermano de Ricardo en referencia a Camps. "Los españoles se hacen preguntas y es bueno intentar responder sobre si se tomó la decisión de contratar con algunas empresas de la trama Gürtel a lo largo de los últimos años; cuál es el origen de esa contratación; quién pudo tomar las decisiones para contratar con ellos, y de seguir trabajando con ellos y manteniéndolos". Más claro, agua. Costa defendía a su hermano tirando a la línea de flotación de Camps, que fue quien introdujo a El Bigotes en Valencia.
Por su parte, Ricardo Costa, más discreto, tampoco se quedaba callado. En conversación con algunos de los asistentes al acto institucional, tras recordar que no se encuentra imputado, sugirió que caso de que tuviera que abandonar sus cargos, él no sería el único en marcharse. En medio de esta tensa situación, se hacía aún más patente la soledad del vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, al que Ricardo Costa llegó a calificar de "hijo de puta" en algunas de sus conversaciones intervenidas con El Bigotes.
El clima de tensión avanzó con las horas. Camps se resistía y Madrid presionaba. Sólo a última hora se alcanzó un acuerdo. El cese de Costa se anunciaría como "temporal" y el presidente valenciano aparecería como la persona que tomaba la decisión.
La salida de Ricardo Costa de la secretaría general del PP amenaza con arrastrar al vicesecretario de Organización David Serra y a la tesorera. Serra en una de las conversaciones con Pérez afirma, refiriéndose a Camps, "Ése lo sabe todo".
Día de cuchillos
Esteban González Pons, portavoz nacional: "Es el momento de hacer algo o de hacer algo. La fiesta acaba a las cuatro de la tarde".
Juan Costa, hermano de Ricardo, secretario general del PP valenciano: Hay que conocer "quién tomó las decisiones de contratar y seguir trabajando con ellos. No se puede no dar explicaciones".
Joaquín Ripoll, presidente del PP de Alicante: "Ante los problemas, hay que tomar decisiones".
Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana: "La fiesta no termina nunca".
www.elpais.es 10.10.09
CAMPS DESTITUYE A RICARDO COSTA TRAS LAS PRESIONES DE GÉNOVA
El presidente había reivindicado la libertad para decidir, pero finalmente la dirección nacional ha forzado la salida.- El comité regional ratificará el martes el cese.- Camps ya lo había decidido el jueves
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, propondrá el próximo martes al comité ejecutivo regional del PP la inmediata destitución de Ricardo Costa como secretario general del partido en la Comunidad Valenciana y como portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas. Camps ha cedido tras una jornada intensa de presiones desde la dirección del PP en Madrid.
Formalmente la destitución de Ricardo Costa se plantea como una "medida provisional" y se comunicó mediante un mensaje de telefonía móvil a las 21.42 horas de este viernes desde Presidencia de la Generalitat.
El mensaje indica que la inmediata destitución del número dos de Camps no pone en entredicho "ni la capacidad, ni la trayectoria política desempeñada por Ricardo Costa durante este tiempo al frente del partido, ni la confianza depositada en su persona, que es total". La decisión, que ya había sido adoptada por Camps a primera hora de la mañana del jueves, tuvo que posponerse ante la negativa de Costa a convertirse en el único cabeza de turco de los escándalos que azotan a los populares valencianos. Costa había reconocido que mantener distintas conversaciones en las últimas horas con el presidente valenciano, pero que "en todas ellas, Camps me ha trasladado la confianza en mi persona y en mi gestión".
Antes del inicio del acto institucional celebrado a las diez de la mañana de este viernes con motivo del Día de la Comunidad Valenciana, el vicepresidente tercero, Juan Cotino, había dejado entrever que el secretario general de los populares valencianos y portavoz del Grupo Popular en las Cortes regionales tenía las horas contadas. La tensión durante el acto institucional, celebrado en el Palau de la Generalitat, ha sido enorme. De hecho, un buen número de cargos populares han intentado evitar a Costa, que ha aparentado normalidad entre un gentío de rostros agitados. La entrada del presidente valenciano también ha traslucido la situación y han sido pocos y tibios los aplausos que ha recibido en el 9 d'Octubre más tenso que se recuerda.
Tras el discurso, y en medio del patio del Palau de la Generalitat, el ex ministro Juan Costa ha vuelto a salir en defensa de su hermano Ricardo. El diputado del PP por Castellón ha insistido en que los que han de dar explicaciones son los que permitieron que los responsables de la trama Gürtel trabajasen en Valencia y contratasen con la Administración valenciana.
Fin de fiesta
El Día de la Comunidad Valenciana amaneció como había terminado la víspera, con declaraciones de políticos del PP reclamado a Francisco Camps que tomara alguna decisión. Por la mañana, el vicepresidente tercero del Consell y hombre de la absoluta confianza de Camps, Juan Cotino, manifestaba ante las cámaras de Tele 5 a lo largo del día podría "haber algún tipo de reunión para valorar que es lo más conveniente en este momento", añadiendo que las transcripciones que se han conocido de los miembros de la trama Gürtel con Ricardo Costa "no son conversaciones que queden muy bien en un político". El vicepresidente del Consell reconoció la existencia de "una reflexión abierta entre las personas que están en esa grabación y el presiente del partido [Francisco Camps]".
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, fue más claro cuando subrayó que había llegado el momento "de hacer algo o de hacer algo" y advirtió de que "la fiesta en Valencia se acaba a las cuatro de la tarde de hoy", insinuando que la decisión de destituir a Ricardo Costa se produciría pronto. Pons, sin embargo, quiso ser cauto, y añadió que en el PP "a las dimisiones no se les puede poner plazo".
Las noticias sobre la inminente destitución de Ricardo Costa de la secretaría general del PP han dejado en un segundo plano los actos institucionales que se celebraron con motivo del Día de la Comunidad Valenciana. Francisco Camps, en su discurso, hizo una llamada a la "unidad en un momento complicado desde el punto de vista económico. Necesitamos de toda la sociedad, trabajadores, empresarios y representantes públicos para que nuestro impulso tenga mayor efecto". Camps añadió que a los valencianos "nadie nos ha regalado nada y nadie nos podrá arrebatar lo conseguido".
Por su parte el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte lamentó que el Día de la Comunidad Valenciana se celebrara en un clima de "anomalía democrática" y volvió a pedir la dimisión de Camps y la convocatoria de elecciones anticipadas. "El PP, dijo, ha violado todos los límites que defienden los principios de libertad, justicia, igualdad y pluralismo".
www.elpais.es 09.10.09
COSTA SE VA DE VACACIONES SIN DIMITIR MIENTRAS SE APRIETA EL CERCO CONTRA ÉL
Las novedades que ha sacado a la luz los 17.000 folios destapados del sumario del caso Gürtel han conseguido que caigan algunas cabezas en el PP de Madrid, pero no en Valencia, una de las comunidades donde la trama operó con más fuerza. Mariano Rajoy ha mostrado su confianza en que el presidente regional, Francisco Camps, tomará medidas, pero lo cierto es que de momento todos los altos cargos salpicados por el escándalo en la comunidad siguen en sus cargos. Al parecer, el president le había pedido a su portavoz en Les Corts y secretario general del PPV, Ricardo Costa, que presentara su dimisión temporal, algo que durante algunas horas diferentes medios han apuntado como consumado. Sin embargo, Costa ha declarado a los medios que se iba de vacaciones sin firmar su dimisión y contando con la "confianza" del presidente valenciano. Camps ha convocado este martes a la dirección del PP para decidir el futuro de su secretario general.
Rajoy vuelve a plegarse al PP valenciano y Costa salva la cabeza
La contundente Cospedal escenifica la huida hacia delante del PP con la Gürtel y carga contra...
“Por raro y suicida que parezca, Mariano a lo de siempre, lo que dice Paco”
La pasividad del PP valenciano y la ocultación de datos sobre la Gürtel enfadan a Génova
Camps cierra filas con Costa y es recibido con aplausos en Les Corts
Camps reconoce haber hablado de dimisiones pero... ¡de la de Zapatero!
El Ejecutivo de Camps y altos cargos del PP valenciano se daban cita esta mañana en el acto institucional con motivo de la celebración de 9 de Octubre, fiesta de la Comunidad Valenciana. Las medidas que se adoptarán en la Comunidad ante las implicaciones de la Gürtel centraban las preguntas a los dirigentes, y aunque durante varias horas diferentes medios daban por consumada la dimisión de Costa, éste ha asegurado que se va de vacaciones sin dimitir y que lo último que le transmitió Camps fue su "confianza". Así lo recoge la cadena SER, que apunta que Camps ha convocado a la dirección general del PP valenciano para decidir sobre el futuro de su secretario general y portavoz en Les Corts.
Petición de responsabilidades
Ante el levantamiento parcial del secreto de sumario del caso Gürtel y las evidencias que vinculan las empresas de la trama corrupta con el PP, Mariano Rajoy aseguró esta semana que “habrá responsabiliades para los que han hecho lo que no debían”, pero la realidad muestra que el líder popular no va a poner al presidente valenciano, Francisco Camps, entre la espada y la pared, sino que acepta las decisiones que tome el dirigente regional.

Abandono "temporal" del cargo
Al parecer, la dimisión de Ricardo Costa, secretario general del PPV y su portavoz en Les Corts, estuvo ayer sobre la mesa, pero finalmente quedó en nada. Según publica Casimiro García Abadillo en El Mundo, un hombre de confianza de Camps le propuso a Costa dejar de manera “temporal” su cargo como secretario general del partido, aunque no la portavocía del grupo parlamentario, y volver a su puesto dentro de tres meses, cuando las turbias aguas de la supuesta financiación ilegal del PP a través de la Gürtel hayan vuelto a su cauce.

"Este marrón no me lo voy a comer solo"
“Este marrón no me lo voy a comer yo solo”, fue la respuesta que dio Costa, que dice haber actuado con “total lealtad” a Camps y que no piensa sacrificarse para dar gusto a “las pretensiones de Génova”. A su juicio, su dimisión sería difícilmente asumible sin que fuera interpretada como la confirmación de que hubo financiación irregular en el PPV. Además, Costa tiene a quien proponer como cabeza de turco: el también implicado Vicente Rambla, vicepresidente del Consell, y cuyas tiranteces ya han escenificado ambos dirigentes con anterioridad.

Que dimita Rambla o se convoque el Comité Ejecutivo
Según El Mundo, Costa ha propuesto que sea él quien dimita, ya que se ha encargado de organizar las últimas campañas electorales, algo que ya había insinuado anteriormente. Además, el dirigente querría también que Camps hiciera una declaración pública para darle su apoyo. Y, si el president insiste en pedir su dimisión, Costa propone que la reivindique él mismo después de convocar al Comité Ejecutivo del partido. Por lo tanto, de momento no hay ningún movimiento en el PPV para asumir responsabilidades.

Disgusto en las filas populares
Y la ausencia de respuestas no está cayendo demasiado bien entre las filas conservadoras. Esperanza Aguirre –que, a diferencia de Camps, se posicionó en contra de Rajoy en el congreso general de los populares que revalidó su liderazgo- en un gesto más bien oportunista, ha hecho dimitir a sus tres diputados regionales mezclados con la trama (aunque seguirán ocupando sus escaños en la Asamblea de Madrid). Y con ello pone aún más de manifiesto el inmovilismo valenciano y deja en evidencia la falta de intervención de Rajoy ante las evidencias de corrupción en la formación.
www.elplural.com 09.10.09
CANAL 9 VE MÁS IMPORTANTE LA SUBIDA DE PRECIO DEL KETCHUP QUE EL CASO GÜRTEL
Actualidad, novedad, consecuencias, prominencia, proximidad y conflicto. Son, por ese orden, los principales criterios de selección de la información, un ejercicio que todos los medios de comunicación hacen para elegir y jerarquizar sus noticias. El concepto se entiende mejor con un ejemplo simple: un seísmo que acaba de ocurrir (actualidad y novedad) en España (proximidad) que ha destruido miles de edificaciones (consecuencias) incluida La Moncloa (prominencia) es, sin ninguna duda, portada en todos los periódicos y noticia de apertura en todos los telediarios. El ejemplo es deliberadamente exagerado pero cualquier observador coincidirá en que el escándalo de la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de la trama Gürtel y de la Generalitat valenciana incluido el mismísimo presidente cumple todos los criterios y es, necesariamente (y siempre que no ocurra el hipotético seísmo), la apertura de los servicios informativos regionales e, incluso, nacionales.Y, sin embargo, Canal 9, ente público de televisión valenciano, desconoce lo que cualquier estudiante de primer curso de periodismo sabe. Ayer, cuando todos los ojos estaban puestos en el sumario destapado parcialmente por el juez Antonio Pedreira y en las reacciones al respecto, los telediarios de esta cadena ni siquiera incluían la pieza en el sumario. Esta pieza fue relegada al undécimo lugar, detrás de la subida del precio del limón y el ketchup, y cubierta en... treinta segundos.
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Rajoy y Camps se reúnen en secreto durante cinco horas
En Valencia los sindicatos y los partidos políticos de la oposición no han dejado de denunciar la manipulación e instrumentalización de RTVV (Radio Televisión Valenciana), pero este hecho se volvió más evidente cuando el Gürtel alcanzó a la Generalitat y al partido del Gobierno, PPCV.

Escaleta autoexplicativa

Para comprobarlo, un caso práctico extraído del telediario de ayer. Un día en el que la práctica totalidad de los rotativos nacionales abrían con el sumario del caso Gürtel y las reacciones de los dirigentes, ésta era la escaleta del informativo de Canal 9:

1. Detenidos de una banda latina en Torrevieja (2 minutos)
2. Desarticulación de una banda de rumanos (1’20”)
3. Ola de inmigrante ilegales en Alicante y Murcia (45”)
4. Enfrentamiento en el Senado por la subida de impuestos (55”)
5. Aumento del ahorro, descenso del consumo y aumento del paro (1’25”)
6. Subida del precio del limón, la naranja y el ketchup (20”)
7. Redada de la Policía a vendedores ilegales en Valencia (1’20”)
8. Descenso de la contaminación (15”)
9. Protestas en Estambul por la reunión del FMI (30”)
10. Amenaza del PP de romper el pacto antiterrorista por el caso Faisán (1’30”)
11. Levantamiento por parte del TSJ de Madrid de una tercera parte del caso Gürtel (30”)

Fuente: Público

Cuestión de prioridades
Es decir, la delincuencia común, la inmigración, el ahorro, las subidas del limón y la contaminación, entre otros, son más importantes que la corrupción en la Comunitat. Ni que decir que la noticia es la tercera más breve de la escaleta recogida por el diario Público. Claro que teniendo en cuenta que hace una semana el telediario de Canal 9 informó del encuentro secreto entre Camps y Rajoy en el Parador de Alarcón (Cuenca) como una cita para hablar de economía en la que se habló de la dimisión de Zapatero, tampoco se puede esperar otra cosa.

Sin comentarios
El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, se ha referido a la enésima manipulación del ente público como un hecho “vergonzoso” y ha exigido la dimisión de José López Jaraba, director general de RTVV tras la dimisión de Pedro García, precisamente forzado a dejar el pueso por sus nexos con la Gürtel. “No tengo nada que decir ni nada debo decir porque mi puesto es provisional” ha declarado López Jaraba para salir del paso.
www.elplural.com 09.10.09
LOS VALENCIANOS CREEN QUE CAMPS MINTIÓ 
El 53% de los valencianos cree que Francisco Camps, presidente del Gobierno autonómico, mintió cuando afirmó que se pagaba los trajes. Un 39% cree que los regalos son una forma de ganarse favores y que debería ser obligatorio declararlos, mientras que otro 33% se inclina directamente por prohibir los regalos a autoridades públicas. El 65% cree que el presidente del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Juan Luis de la Rúa, debió abstenerse en el proceso que afectaba a su amigo Camps. Casi la mitad de los encuestados piensa que las acusaciones de corrupción del caso Gürtel son "graves y creíbles". El 61% da más credibilidad a los informes de la policía que a las críticas o réplicas del PP al respecto. Además, el 50% opina que existe alguna corrupción y el 33% opta por afirmar que existe "una gran corrupción". 
Los resultados de una encuesta realizada por Metroscopia para EL PAÍS (el trabajo de campo se realizó los días 5 y 6 de este mes, horas antes de que se levantara en Madrid parcialmente el secreto del sumario del escándalo de corrupción) con motivo del Día de la Comunidad Valenciana, que se celebra hoy, revelan la percepción negativa de la corrupción y la erosión de la imagen de Camps, a quien los entrevistados otorgan una valoración de aprobado justo, un 5 sobre 10, mientras que hace un año le daban un 5,8. 
El Gobierno que preside ve reducida su puntuación de 5,6 a 5,1. Uno de cada dos ciudadanos considera que a Camps le corresponde mucha o bastante culpa de lo que está ocurriendo con la trama Gürtel; y ha aumentado en más de 20 puntos el porcentaje de valencianos cuya confianza en el presidente ha disminuido (40%). Sin embargo, el PP volvería a ganar las elecciones autonómicas si se celebraran ahora, con unos niveles de voto del 53,4%, similares a los de los comicios de 2007. Y crecería en siete el número de escaños debido al descenso de los socialistas en casi tres puntos. Además, si las elecciones fuesen generales, el PP alcanzaría el 55,6% frente al 35,4% del PSOE. 
La identificación del PP como el partido que defiende mejor los intereses valencianos (44%) frente a un Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuya gestión perciben los encuestados como mala (31%) o muy mala (24%) y el bajísimo conocimiento público del líder de la oposición (al secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, sólo lo identifica el 20% de los entrevistados) explicarían los resultados. Éstos se matizan ante la lejanía de cualquier convocatoria electoral. No obstante, un 45% es partidario de adelantar las autonómicas, mientras un 50% se muestra en contra. 
(www.elpais.com, 09/10/09) 
EL PP EMPUJA A CAMPS PARA QUE CORTE CABEZAS 
Las presiones sobre Francisco Camps van en aumento teniendo en cuenta que pasan los días y no hace nada. Ayer fueron muchas las voces críticas del PP que abandonaron su anonimato y se alzaron para exigir algún tipo de actuación después de que Rajoy hubiese pedido "explicaciones" y María Dolores de Cospedal "medidas contundentes" sin ningún éxito. Su pasividad comienza a desatar la alarma en el partido. 
Muchos dirigentes aprovecharon sus comparecencias públicas para expresar su preocupación. "Aquel que comete un delito no tiene cabida en el PP", defendió el presidente de La Rioja, Pedro Sanz. El rostro económico de la oposición, Cristóbal Montoro, admitió que en su partido podían existir "unos cuantos chorizos" advirtiendo de que había que "extirparlos". Y Cospedal puso por la noche el punto final admitiendo que era posible que "personas relacionadas en su momento o actualmente con el PP" hubiesen tenido "comportamientos irregulares o ilegales".  
La secretaria general subrayó en el programa En noches como esta de TVE, que tendrían su sanción "penal, administrativa o como corresponda", . 
Todas las advertencias llegaron al PP valenciano pero las que peor sentaron fueron las de dos de los suyos: Rita Barberá y Esteban González Pons. Durante una rueda de prensa, la alcaldesa de Valencia mantuvo que su partido actuaría en relación con el caso Gürtel y al ser preguntada si consideraba que debían producirse dimisiones tras conocerse el contenido de parte del sumario, respondió que ella y sus compañeros estaban en política y eso requería "dar explicaciones y tomar decisiones sin duda alguna". 
El nombre del secretario general del PPCV, Ricardo Costa, volvió a barajarse como cese. Pero la regidora contestó que cuando le pidieran "consejo", ya lo daría. Y recordó que el pasado 27 de septiembre, cuando comenzó a reclamarse la cabeza de Costa, lanzó un comunicado mostrándole su respaldo. 
Sus palabras llamaron la atención, sobre todo tras varios días de un silencio elocuente. Ayer se mostró molesta porque eso se hubiese interpretado como una falta de apoyo a Camps. "No es verdad", defendió expresándole "su apoyo, cariño y lealtad". La alcaldesa sostuvo que "cualquiera" que hubiese cometido algún delito debía "ser juzgado" y destacó que estas situaciones no respondían tanto a un tema judicial "como político", visualizando el daño que le estaba causando a su formación esta "orgía de morbo y cotilleo" 
La intervención de Pons en Telecinco también molestó profundamente. El vicesecretario de Comunicación dijo que veía todo esto como una oportunidad para "demostrar que el PP es capaz de luchar contra la corrupción, depurarse por dentro y eliminar aquellas partes intoxicadas". No quiso pronunciarse sobre Costa. "Rajoy confía completamente en Camps", dijo en varias ocasiones, añadiendo que es al presidente de la Generalitat a quien le corresponde "adoptar las decisiones". Su intervención terminó con un símil futbolístico muy claro: "Los resultados de Camps son indiscutibles en la tabla de clasificación. Otra cosa es que pueda haber algún conflicto en el vestuario".  
A pesar de todos los avisos, la Generalitat sostuvo que no había que tomar "ninguna medida" ante "insinuaciones" y un "corta y pega de conversaciones". La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, dijo que "siempre" habían actuado con "absoluta responsabilidad, prudencia y de acuerdo con la legalidad".  
En el PP creen que, después de la comida de Rajoy y Camps en el Parador de Alarcón, este último debería reaccionar. La semana pasada algunos ya le reclamaban que lo hiciera "cuanto antes mejor". El equipo de Rajoy está tratando de forzarle, pero algunos dan por hecho que con el Día de la Comunidad Valenciana, que se celebra hoy, cualquier movimiento se aplaza, tal y como ya ocurrió con el debate de Política General en Les Corts. 
Algunos ven a Camps "noqueado" y comparan su actuación con la de Aguirre, que ha expulsado del Grupo Popular a tres diputados. Pons desechaba ayer que en el PP existiera una doble vara de medir explicando que "los dos cuentan con total apoyo de la dirección nacional" y diciendo que había que "tener en cuenta que en Madrid se había visto que hay muchos políticos imputados, mientras que en Valencia, no".  
"Nuestro apoyo inquebrantable a Camps", lanzó como mensaje para reconducir la tensa relación entre la sede nacional y la formación regional.  
(www.publico.es, 09/10/09)
EN VALENCIA "NO HAY NINGUNA MEDIDA QUE TOMAR" 
Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, se mantiene más enrocado si cabe que hace una semana, cuando todavía no se había levantado el secreto sobre una parte del sumario del caso Gürtel que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El silencio y la inmovilidad del presidente son tanto más evidentes a la vista de la inmediata reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ante la implicación de tres diputados autonómicos en la trama corrupta. Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco renunciaron ayer a la militancia en el PP y constituirán el Grupo Mixto. 
Paula Sánchez de León, portavoz del Gobierno valenciano, ilustró la posición defensiva adoptada por Camps cuando comentó que "no hay ninguna medida que tomar" tras el levantamiento de parte del sumario del caso Gürtel. Sánchez de León calificó las informaciones sobre el contenido del sumario como "insinuaciones, rumores y cotilleos". "No podemos basar nuestra actuación en interpretaciones y un corta y pega de conversaciones", apostilló. 
Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y gran valedora de Francisco Camps cuando estuvo imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, rompió un silencio que prolongaba varios días para volver a mostrar su apoyo incondicional a Camps. Barberá aseguró que su silencio no significaba que hubiera retirado el apoyo a Camps. "Confío, apoyo y ayudo al presidente con la misma intensidad, cariño y lealtad que hace ocho meses", aseguró. Interrogada por Ricardo Costa, remitió a unas declaraciones de la semana pasada y eludió el asunto. 
Esteban González Pons, responsable de Comunicación del PP nacional y diputado por Valencia, dijo que el descubrimiento de la trama de Francisco Correa y Álvaro Pérez, aparte de ser "un problema", puede constituir "una oportunidad" para "luchar contra la corrupción" y "eliminar" lo que pueda estar "intoxicado". 
Juan Cotino, vicepresidente tercero del Ejecutivo autónomo, admitió el daño político que está sufriendo el PP. En declaraciones a la Cope, aseguró que "está convencido" de que, en el caso Gürtel, existe alguien que marca los tiempos informativos y que dirige las acciones para perjudicar al PP. 
Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia y presidente provincial del partido, aseguró a la misma emisora que Costa es absolutamente honrado, pero le acusó de dejarse engañar por El Bigotes, algo que no puede ocurrir cuando uno es el encargado de dirigir el partido de puertas adentro. 
(www.elpais.com, 09/10/09)
"CAMPS LE DIJO A MI MUJER: "LE QUIERO UN HUEVO" 
Aquel "amiguito del alma... lo nuestro es muy bonito" que el presidente valenciano, Francisco Camps, dedicó a Álvaro Pérez, El Bigotes, en las Navidades de 2008 -según una conversación grabada por la policía- no es la única muestra de amistad entre ambos que puede encontrarse en el sumario del caso Gürtel. 
El 20 de octubre de 2008 la policía había interceptado otra llamada entre El Bigotes y Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama. Correa le cuenta que está "mal, mal, mal", y añade: "Pero bueno, no peor que tú con lo que pasaste el sábado, ¿no?". Pérez está muy afectado por algo. Aunque el presidente Camps -según El Bigotes- le ha llamado la víspera para tranquilizarle. 
Pérez. Me dice el maricón de Paco Camps, que estuve ayer por la tarde pues más de media hora... habló con Noemí, se puso y le dije: "Es que está dándole el pecho a la niña"; y me dice: "Pero podrá ponerse al teléfono". Y le dice: "Quiero que sepas que quiero a tu marido un huevo". Luego habló con mi hijo y le dijo: "Quiero mucho a papá, que lo sepas, ¿eh?" En fin, ayer estaba absolutamente borracho de éxito, y entonces me dijo: "¿Sabes lo que pasa? Que me tienes acostumbrado a que todo salga tan bien y tan de puta madre que un día que falla algo, tío, pues nos llama la atención a todos, y tal, pero olvídate coño, olvídate de eso". Ayer estaba radiante, claro... Y Ricardo [supuestamente, Ricardo Costa, número dos del PP valenciano] estaba igual ayer, claro... 
Correa. Me alegro, tío. 
Pérez. Lo que pasa que... fueron la hostia, tío. 
La conversación se produce un lunes; ese fin de semana, Camps había sido reelegido presidente del PP valenciano con el 98% de los votos. 
JOSÉ TOMÁS: "CALCULO QUE CAMPS ME LLAMÓ ENTRE 40 Y 50 VECES" 
La preocupación que sentía Francisco Camps por que los trajes que no había pagado le terminasen pasando factura política llevó al presidente valenciano a telefonear "entre 40 y 50 veces" a José Tomás entre el 8 y el 11 de febrero, según relató ante el juez Garzón el sastre de referencia de El Bigotes. 
La noche previa a la declaración de Tomás ante la Policía, el sastre recibió cuatro llamadas en su domicilio. Camps insistía para asegurarse de que no hubiera factura alguna a su nombre pagada por otro. José Tomás declaró después al juez que se puso "muy nervioso" ante la insistencia del presidente de la Generalitat valenciana, que su mujer se echó a llorar y que le dijo a Camps lo que quería oír para "quitárselo de encima". Durante la declaración ante los agentes el día siguiente, lunes, el móvil de Tomás recibió otras "seis o siete" llamadas de Camps. 
El martes, el sastre tenía que comparecer ante Garzón, por lo que Camps no perdió el tiempo y comenzó a telefonearle a las siete y media de la mañana. Entre ese día y el siguiente, la pantalla del móvil del sastre parpadeó con la palabra "Camps" decenas de veces sin que nadie descolgara.  
(www.publico.es, 09/10/09)
COSTA PIDIÓ AYUDA A EL BIGOTES PARA ENTRAR EN EL GOBIERNO VALENCIANO 
En el teléfono móvil de Álvaro Pérez, El Bigotes, se registraron durante meses conversaciones sobre los regalos a altos cargos de la Generalitat, sus planes para organizar la carrera de Fórmula 1 o la fiesta de los Grammy latinos, sus angustias para cobrar los favores... Y también sobre los problemas del PP valenciano. Este personaje, el hombre de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, parece estar en el centro de todos los secretos y opina como tal. En realidad, se comporta como un dirigente más. 
Pérez tiene línea directa con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como para que nada menos que el secretario regional del PP, Ricardo Costa, cuente con él para cumplir sus ambiciones políticas. El 27 de diciembre de 2008 la policía interviene esta conversación en el móvil de Pérez: 
Álvaro Pérez. El martes he quedado para ir a su casa [de Camps]. 
Ricardo Costa. Primero, lo de este tema ya lo tienes claro, ¿no? 
Á. P. Lo tengo clarísimo. 
Costa le pide que transmita la idea de que a él le "socarra" [achicharra]. 
Á. P. Lo tenía previsto. 
R. C. Segundo, que yo como secretario general le puedo ser más útil si me pusiera en el Gobierno. 
Á. P. Yo pensaba sacar la conversación de tu socarramiento a través de Javier Arenas. Y le pensaba decir: "Si desde luego piensas emplear a Ricardo en algún tema de gobierno [...] próximamente o en un futuro está tan achicharrado que deberías dejarle descansar". Eso es lo que pensaba decirlo (sic), porque le pasó a Arenas. Javier Arenas ahora causa rechazo por el socarramiento al que le sometió Aznar en los últimos tres años de Gobierno". 
R. C. Yo creo que lo que a él le interesaría es una posición institucional conjugada con el tema orgánico [...] Si me diese una labor un poco de coordinación política del partido del Gobierno podría arreglar mucho lo de Alicante. 
Á. P. Ya lo sé, lo que no está haciendo nadie ahora mismo. 
R. C. Que sería una cosa, un poco el papel de Fernández Mañueco que es consejero de Presidencia y secretario general del partido [en Castilla y León]. 
Á. P. Vale. 
R. C. Tú déjaselo caer y que lo vaya teniendo en la cabeza. 
Á. P. No te preocupes. Pensaba darle de lo lindo por varios sitios y ése era uno de ellos. 
Se corta la comunicación y la retoman: 
R. C. Lo que te estaba diciendo es que tiene sus pros y sus contras y como ya ha pasado todo esto si tú quieres que la Secretaría General la tenga Ricardo porque no hay ahora una persona que pueda hacer el mismo trabajo que hace él, pero lo deberías recubrir de un manto institucional. 
Á. P. Sí señor, lo deberías blindar. 
R. C. Exacto, que le permita hablar con Ripoll [el zaplanista que controla el partido en Alicante y torpedea a Camps] institucionalmente, en el mismo nivel. 
Á. P. Lo que hay que lanzarle a él es que tú vas a ver a Ripoll con una consejería de interés para Ripoll o vas a ver a Fabra con una consejería de su interés y a la vez que vas a arreglar eso te la tienen que comer porque les interesa. 
R. C. Exacto y luego que no hay nadie pensando en el Gobierno en clave de partido. 
Á. P. Son las dos vías fantásticas para incidir un poco en él. No hay nadie que esté haciendo eso desde el Gobierno. 
R. C. Muchos de los problemas que tenemos en Alicante son porque no hay nadie haciendo un trabajo de cohesión. 
Á. P. Hecho, no sabes cuánto me alegra poder servirte de algo, Ric. 
R. C. No, coño, me sirves de mucho. 
Un mes antes, El Bigotes había puesto todo de su parte para ayudar a quitar de la presidencia del PP de Alicante a José Joaquín Ripoll. El 9 de diciembre de 2008 tuvo esta conversación con alguien llamado Luis: 
Álvaro Pérez. Le estoy solucionando un marrón a Ricardo, que tiene el congreso este fin de semana en Alicante y hay hostias. 
Luis. A Ricardo Costa. 
Á. P. Sí, tío, pero hay hostias, se están matando los campistas y los zaplanistas, hay una liada de cojones [...]. 
L. Y cómo va a salir el tema, ¿quién crees tú que va a salir? 
Á. P. Yo creo que como no sea un poco hijo de puta Camps, que no lo es nunca, va a ganar Ripoll, el zaplanista [...] Y si no, va a morir como un campeón con las botas puestas. 
L. El Ripoll, ¿no? Y el de... 
Á. P. A Pérez Fenoll no le vota ni su puta madre. 
L. Al de Benidorm. 
Á. P. Sí, tío, ése es muy malo y no le quiere nadie, pero ha sido una apuesta de Paco, y claro. 
L. ¿Tú crees que va a dejar la alcaldía de Benidorm o no? 
Á. P. Pues no lo sé, tío, no tengo ni puta idea, te lo podría decir el miércoles, que ya habrá más pasos dados.
El 11 de diciembre, El Bigotes habla con el vicesecretario de Organización del PP valenciano, David Serra. Según un informe policial, Serra participaba en la supuesta financiación ilegal del partido a través de Pérez y otras empresas. Hablan de cómo promocionar a Pérez Fenoll, que ahora ha sido desbancado de la alcaldía por una moción de censura. 
David Serra. Te cuento una cosa para mañana. 
Álvaro Pérez. Sí. 
D. S. Mañana vamos a hacer una foto de Manolo Pérez Fenoll en Orihuela [...] Yo te voy a dar la persona de contacto en Orihuela, que es una concejal nuestra que se llama Eva Ortiz [...]. Te digo cuál es la idea. Vamos a convocar a doscientas personas para hacer una foto muy potente de doscientos compromisarios con Manolo Pérez Fenoll, de toda la provincia. Necesito que allí tengamos una tarima con tres escalones. 
Al día siguiente, Pérez le envió un SMS a Ricardo Costa: "Imagino que Castellón lo tienes controlado y Alicante Dios dirá, en todo caso más no puedes hacer y además Ric eres el mejor. Bs de tu amigo Álvaro". La operación falló. El 14 de diciembre de 2008 Ripoll ganó el congreso del PP de Alicante por sólo cinco votos. Sigue siendo el presidente provincial. 
(www.elpais.com, 08/10/09) 
´¿CUÁNTO QUIERES GANAR, UN MILLÓN? TE LO INGRESAMOS EN UNA CUENTA EN CAIMÁN´ 
La trama de presunta corrupción dirigida por Francisco Correa pretendía embolsarse una fuerte suma de dinero con la venta a la Generalitat de la gala de los premios Grammy Latinos. Las conversaciones incluso revelan la intención de estafar al Consell de Francisco Camps tratando de implicar a los distintos protagonistas para ocultar al jefe del Consell, Francisco Camps, el coste real del evento.  
En uno de los pasajes Francisco Correa habla con Álvaro Pérez para establecer una estrategia que les permita llevarse una jugosa comisión por hacer de intermediarios entre la Academia Latina de Grabación (organizadora de los Grammy) y la Generalitat. "Pues tienes que decir que son dieciocho. Claro, porque ellos van a decir cuatro, que es lo que te piden a ti, Álvaro, bueno a ti y a mí, que es lo que nos pidió Luis Felipe. Lo cierra Vicente Rambla, o es que te va a dejar Vicente Rambla que tú ganes diez millones de euros. Los cojones".

En otra conversación posterior, fechada el 17 de diciembre e 2008, Álvaro Pérez habla con otro interlocutor al que llama Fernando. Comentan la manera de conseguir que los representantes de la Academia, entre ellos el director de orquesta Luis Cobos, no revelen a Camps el precio real de la gala. Pérez afirma que pretende viajar a Miami para firmar antes de que los representantes de los premios visiten Valencia. El presidente de Orange Market le propone a su interlocutor: "Les tenemos que decir "¿tú también quieres ganar dinero, cuánto quieres ganar? ¿Un millón de dólares? Muy bien, pues un millón de dólares, ¿quieres que te lo ingresemos en una cuenta en Caimán?"".  
Pérez insiste en firmar antes del contacto entre los Grammy y la Generalitat. "Nosotros tenemos que tener algo firmado con vosotros, porque si no vamos a hacer el mierda todos aquí". Fernando dice que que los representantes de los Grammy no entrarían al trapo. "Ellos ya me lo dijeron que eso no lo aceptaban porque está penado en EEUU".

Pérez replica: "Buaa! Venga hombre Fernando no me digas cosas raras, qué te juegas a que yo me siento con este tío a cenar y me dice claramente cuánto quiere". 
(www.elperiodico.com, 08/10/09) 
CAMPS IGNORÓ A PÉREZ CUANDO CONCERTÓ SU CITA CON RICHARDSON 
Después de todos los esfuerzos que Álvaro Pérez, El Bigotes, hizo para conseguirle al presidente de la Generalitat una foto con el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, cuando por fin se confirmó la cita, se enteró de casualidad. Habían pasado de él, pero tuvo que mantener el tipo en varias conversaciones grabadas dentro de la investigación por corrupción. El 12 de diciembre de 2008, en plenas gestiones para organizar el congreso de Alicante y a la vez que arregla la compra del coche nuevo de Ricardo Costa, El Bigotes habla con Pedro García, director de la Televisión Valenciana, que le da una desagradable noticia: 
Pedro García. Oye, ¿tú sabes que el presi [Camps] se ve con Richardson la semana que viene, no? 
Álvaro Pérez. Está por confirmar. 
P. G. Qué va, si ya nos lo han confirmado a nosotros. 
Á. P. Pues a Manolo todavía no se lo han confirmado. 
P. G. Pues a ver si han hecho otra gestión, porque a nosotros nos lo han dado. ¿Qué día es el martes por la noche? 
Á. P. El martes, creo que es... Pero, vamos, que si te lo han dicho es una barbaridad, porque todavía no está confirmado por Richardson. Será otra cagada del señor Camps. 
P. G. No sé, a lo mejor se lo han dicho aquí a la gente de informativos para que... Bueno, pero el equipo sigue, ¿no? 
Á. P. No lo sé. 
P. G. A mí lo que me ha preocupado era si tú lo sabías. ¿Tú lo sabías? 
Á. P. Sí, sí. 
No era cierto. Inmediatamente después, Pérez llamó a su jefe en Madrid, Pablo Crespo, le dio la noticia y reconoció su estupor. Entonces comienza a tramar un plan: “Para mí lo más importante sería que cuando llegase, Camps me encontrara allí. Y yo le diría ‘qué pasa, presidente, cómo no me has llamado, es que si no vengo yo, no te reciben’. Eso es lo que yo querría decirle”. A Crespo le parece bien. 
A continuación, El Bigotes vuelve a hablar con García y se sincera: “Lo que voy a hacer es irme el martes a EE UU (...) para que cuando él [Camps] llegue allí, estar en la reunión, y para que no pueda entrar Nuria Romeral, ni Ana, ni nadie, nada más que él y yo. Y cuando esté allí la hija de puta esta decirle ‘¿cómo que si estoy aquí?, si viene por mí y lo va a ver por mí”. García le desaconseja ese movimiento. Pérez explota: “Entonces qué le digo. Si lo único que le puedo decir ‘oye Paco, eres un cerdo, ¿cómo coño haces esto sin decirme nada? (...) Va a conseguir la foto gracias a mí y el hijo de puta no me dice nada. Es un mierda”. 
(www.elpais.com, 08/10/09) 
LA HORA DE RICARDO COSTA  
Ricardo Costa vive en la cresta de la ola. Protagonista del informe policial que denuncia una trama de financiación ilegal del PP en Valencia, su nombre aparece también de forma destacada en la documentación revelada en la apertura parcial del secreto de sumario del caso Gürtel. Y no solo por la presunta mediación de los responsables de la trama corrupta en la adquisición de un coche y un reloj de lujo que pasaron a ser propiedad del secretario general del PP valenciano. Las conversaciones intervenidas por la policía entre Costa y su amigo Álvaro Pérez, el Bigotes, revelan una estrecha relación mercantil entre ambos, con derivaciones políticas que salpican al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a la cúpula estatal de los populares. Costa, que niega por activa y pasiva todas las acusaciones, aguanta el chaparrón respaldado por el propio Camps, pero cada vez son más las voces que le apuntan desde dentro del partido como primer cabeza de turco. 
El presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Ripoll, no se anduvo ayer por las ramas. «Si hay manzanas podridas, lo que hay que hacer es quitarlas cuanto antes. Ahora ya no se trata de filtraciones, sino de algo recogido en un sumario que parece tener credibilidad», dijo. El alcalde de Castellón y peso pesado del PP valenciano, Alberto Fabra, se unió a esta tesis, y apuntó que, si se ha cometido alguna ilegalidad, «habrá que depurar las responsabilidades necesarias». Desde la sede central en la calle de Génova de Madrid se emitieron mensajes similares, pero Costa se limitó a defenderse de los presuntos regalos recibidos.  
El dirigente salió al paso de una llamada telefónica grabada al Bigotes y el número dos de la trama, Pablo Crespo, el 3 de noviembre del 2008, en la que hablaban de las gestiones para vender su antiguo Mercedes y comprarle un Nissan Infiniti. En un comunicado, tachó de «totalmente falso» que la operación se consumase y aseguró que adquirió el vehículo gracias a la venta de un turismo anterior, un préstamo de sus padres y dinero propio. Costa subrayó que ya aclaró ante el magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, José Flors, que vendió «personalmente» su coche a un particular por 29.000 euros, IVA incluido (número de factura f-000002) en enero del 2009.  
Con esa cantidad, un préstamo personal de sus padres –depositado en la Consejería de Hacienda de la Generalitat valenciana con número de registro TP-EH/200-2009/1402–, y con dinero propio compró un nuevo vehículo «directamente gestionado con el concesionario Infiniti en Valencia». El importe de la adquisición fue de 65.000 euros, IVA incluido, que fueron abonados mediante un cheque bancario número 4046362 de su cuenta personal. 
El comunicado no habla del reloj de 25.000 euros que, según Pérez le cuenta a Crespo, le regaló el exalcalde popular de Alicante Luis Díaz Alperi. «Ya le conoces, tío, con una cosa de estas se vuelve loco, Está como un niño con zapatos nuevos», comentan ambos en la misma conversación en la que hablan del coche de lujo. 
Tampoco se refiere Costa a otras conversaciones telefónicas entre él mismo y el Bigotes intervenidas por la policía el 22 de diciembre del 2008, cuando la empresa Orange Market presionaba a los políticos valencianos para reducir sus deudas y poder cerrar el ejercicio anual. El secretario general del PP en la comunidad le dice a Pérez que le va a dar «todo lo que le falta», pero que necesita que el «presidente», en lo que parece una alusión a Camps, «eso no lo sepa». «Que este es un hijo de puta», añade. 
Costa tranquiliza a su interlocutor asegurándole que dará instrucciones «hoy mismo» de «dónde tiene que estar el dinero». «Aunque me quede sin tener que pagar el alquiler tres meses», le indica. Unas horas después, mientras siguen discutiendo sobre los pagos pendientes, Costa le pide a Pérez «100 gramos de caviar» para la cena de Nochebuena, lo que confirma el rol de conseguidor del Bigotes y sus compañeros. 
 Los famosos trajes de Camps motivaron otra crisis, y las conversaciones intervenidas acreditan que Pérez, Crespo y Costa se reunieron el 22 de enero del 2009 para «buscar una solución consensuada» al asunto. El Bigotes fue quien citó al dirigente popular para informarle de la «cabronada» que les había hecho otra de las implicadas, Isabel Jordán, que les quería meter «en un lío», denunciándolos ante la fiscalía. Una de las estrategias que idean para su defensa es alegar que compraban los trajes a medida para Camps para usarlos en sesiones de fotos, pero que después el presidente siempre los devolvía. 
La buena relación entre Costa y el Bigotes llega al punto de conspirar entre ambos por el impulso de la carrera política del primero. El dirigente popular le pide en diciembre del 2008 a Pérez, que ha quedado a cenar con otro dirigente del PP valenciano, que está «socarrado» (quemado) y que, como secretario general del partido, puede ser «más útil» si le pone en el Gobierno. «Si me diese una labor un poco de coordinación política del partido del Gobierno podría arreglar mucho de lo Alicante», le dice. Según el sumario, en La Nucia (Alicante), la trama corrupta buscó ayuda política para especular con un plan urbanístico, con campo de golf incluido.  
(www.elperiodico.com, 08/10/09)
SERVICIOS 'EXTRA' DE CORREA: «CINCO TÍAS IMPRESIONANTES Y TODOS EN PELOTAS» 
«Todos los demás estaban allí en pelotas, cada uno con una tía». Francisco Correa aliñaba el ecuador de sus negocios corruptos con orgías, chicas de compañía y personas vinculadas a la trama. El cerebro de Gürtel detallaba, en una conversación intervenida por la Policía e incorporada al sumario, los pormenores de una fiesta en el chalé del alcalde de La Nucía (Alicante), Bernabé Cano, del que se consideraba «amigo íntimo», cuando intentaba hacerse con un plan urbanístico bloqueado por motivos medioambientales.  
«Bernabé nos dijo que él les iba a montar una [fiesta] de puta madre con tías en su pueblo, cinco tías impresionantes», dijo el líder de la trama. Al parecer, las mujeres que estuvieron presentes en esta fiesta eran de Europa del Este y entre ellas se encontraba una joven de «25 añitos, muy discreta, educada, calladita», según Correa.  
Además, las grabaciones que engrosan el sumario judicial evidencian que para el cerebro de la trama Gürtel cualquier lugar era bueno para hacer negocios. En un encuentro mantenido en un hotel de Madrid en 2006 con su hombre fuerte en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, el ex edil de Majadahonda, Juan José Moreno, y el denunciante de la trama, José Luis Peñas, Correa les puso al corriente de su amistad con Bernabé Cano y del singular local en el que cerrarían la recalificación del PAI.  
El acuerdo se alcanzaría, según las grabaciones, en un establecimiento «cuasisecreto» al que denomina El Choco, situado en la propia La Nucía y dotado de «suite, salón y cocina». En la misma conversación, Correa dice que, «negociando en Valencia», él y su «amigo íntimo» -que es como se refiere a Cano- cerraron un restaurante, y montó con el primer edil nuciero un «tinglado con tías buenas». En la misma conversación, el ideólogo de Gürtel se refiere a una inmigrante ilegal de nacionalidad rusa. «Hablo con mi amigo Carlos Clemente y le soluciono el tema de los papeles», apunta.  
Pero ésta no es la única alusión a El Choco en las grabaciones interceptadas. Correa también se refiere a este local en otra conversación con Pablo Crespo en la que hablan de un viaje a Alicante al que asistirían Álvaro Pérez, el ex secretario de Organización del PP gallego y el ex vicepresidente de Repsol Ramón Blanco. En ese viaje, Crespo explica que irán al citado local del alcalde y que visitarán los terrenos con Bernabé Cano. Francisco Correa reconoce, en otra parte de la conversación incorporada al sumario judicial, que está «en fregados gordos importantes en Valencia».  
Finalmente, el PAI no se cerró porque los tribunales tumbaron el proyecto al no tener garantizado el suministro de agua.  
En la comarca alicantina de la Marina Baixa, en la que está ubicada La Nucía, El Choco es bastante conocido, sobre todo por empresarios y ejecutivos.  
El inmueble, propiedad del constructor José Ignacio de la Serna, es un punto de encuentro para reuniones privadas entre empresarios y políticos como el propio Cano. Unas citas que suelen ser de lo más animadas, según precisan testigos presenciales. A alguna de estas reuniones, también acudían «chicas» con las que los participantes de los ágapes compartían copas en una pista de baile improvisada en el amplio salón, con karaoke incluido.  
La mayoría de las señoritas que acuden «son sudamericanas, de buen ver y que los empresarios y demás clientes mantienen en pisos en Benidorm», explicaron las mismas fuentes consultadas. «Las tienen asalariadas en sus firmas y se las intercambian entre ellos, como un regalo cuando el negocio es redondo», indican. Por El Choco desfilan «directores de bancos, empresarios, políticos... se trata de cerrar negocios y pasarlo bien», señalan estas fuentes presenciales, destacando «la gran cocina» y «las habitaciones con jacuzzi incluido».  
Álvaro Pérez, El Bigotes, no sólo fue el pupilo de Correa en el mundo de los negocios, sino que también absorbió algunos de sus hábitos. «Mira, yo quería pagarle 600 euros a cada una, darte a ti todo el dinero y que luego tú negociases con tus amigas. Porque luego, a lo mejor, alguno de mis amigos quiere que se quede un rato, pero ya que les pague él, ¿sabes?», dice El Bigotes a una prostituta identificada como Micaela en una de las conversaciones. Hablaba de una reunión que iba a celebrarse en Barcelona.  
«Que vengan justo al café y que luego vengan andando al hotel (…) Lo que pasa es que yo quiero mujeres como tú, que sepan estar y que sean elegantes», añade. 
(www.elmundo.es, 08/10/09)
EL JEFE DE LA INMOBILIARIA DE LOS COTINO SE REUNIÓ CON EL BIGOTES Y CRESPO 
La policía siguió los pasos de los principales dirigentes de la trama corrupta para saber con quién se reunían. Y en esos seguimientos, según consta en el sumario, hicieron unas fotografías que prueban un encuentro en Madrid entre los principales dirigentes de la red y uno de los empresarios que, según un informe policial que está estudiando el juez Antonio Pedreira, habrían financiado ilegalmente al Partido Popular pagando a Orange Market por servicios inexistentes con el fin de que ese dinero sufragara actos de ese partido. Se trata de Vicente Cotino, presidente de Sedesa y sobrino de Juan Cotino, hombre fuerte del Gobierno valenciano y consejero de Obras Públicas. 
El pasado día 26 de enero, según las pruebas documentales de la policía, en el hotel Gran Fénix de Madrid, se reunieron Pablo Crespo, número dos de la trama dirigida por Francisco Correa; Pablo Collado, trabajador de la red, y Álvaro Pérez, El Bigotes, con Vicente Cotino. Según el parte policial, este último, al que se describe con gran precisión, entró en el hotel con un maletín y salió con el mismo maletín y una maleta, algo que los policías detallan con precisión como el hecho más relevante de la reunión, que duró casi una hora. 
"Un minuto más tarde se observa la salida del hotel de los tres individuos antes referidos [Pablo Collado, Álvaro Pérez y Vicente Cotino] permaneciendo durante unos segundos hablando en la puerta. Momentos después, Vicente Cotino Escrivá se despide de los otros dos y abandona a pie el lugar en dirección a C/ Serrano, portando un maletín de mano, así como una maleta", señala el informe. 
Vicente Cotino no recuerda exactamente si se reunió el 26 de enero en Madrid con Pablo Crespo, Pablo Collado y Álvaro Pérez, pero una portavoz de Sedesa explicó ayer a EL PAÍS que el señor Cotino "ha tenido reuniones con esos señores, tanto en Madrid como en Valencia, porque tenía relaciones comerciales con ellos", para cuestiones relativas al marketing de Sedesa. 
Sedesa, una de las seis empresas valencianas que dio dinero a Orange Market y supuestamente financió ilegalmente al PP, algo que sus responsables niegan, fue fundada por el padre de Juan Cotino, director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar y actual consejero de Agua, Territorio, Medio Ambiente y Vivienda del Gobierno que preside Francisco Camps. 
Sedesa, presidida por el sobrino de Cotino, es hoy una inmobiliaria con intereses en tratamiento de residuos, limpieza, inmobiliaria y depuración de aguas. Vicente Cotino Escrivá es además amigo del ex director general de Ràdio Televisió Valenciana Pedro García, que también recibió supuestamente ropa regalada por El Bigotes. 
La investigación policial de la supuesta financiación ilegal del PP valenciano ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market recurrió en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al Partido Popular a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la Administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA). 
En los pagos en dinero B por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado". 
(www.elpais.com, 08/10/09)
RIPOLL EXIGE A CAMPS MEDIDAS ANTE EL ESCÁNDALO DE LA TRAMA GÜRTEL 
El sector zaplanista del PP en la Comunidad Valenciana dio ayer un paso al frente. El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, pidió abiertamente que se adopten medidas para atajar los escándalos de corrupción que sacuden a los populares valencianos. 
"Si hay problemas o manzanas podridas lo que hay que hacer es quitarlas cuanto antes", aseguró Ripoll, que reconoció que "ahora ya no se trata de filtraciones sino de algo bien recogido en un sumario que parece que tiene credibilidad". El también presidente de la Diputación de Alicante, que está enfrentado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, insistió en que los votantes están solicitando "que se tomen medidas ya". 
"Nuestros votantes nos lo están pidiendo, nos quieren seguir votando porque confían en nosotros y que eliminemos aquello que está estropeando el proyecto político que defiende una mayoría abrumadora de ciudadanos", recalcó Ripoll, que abogó, si es necesario, por convocar "a los responsables políticos de los territorios afectados" para fijar una hoja de ruta de acuerdo con la dirección nacional del PP para solucionar los escándalos. 
Ripoll reconoció haberse quedado "estupefacto" después de conocer que, en la parte del sumario del caso Gürtel hecha pública, hay una conversación del número dos del PP, Ricardo Costa, el vicesecretario de Organización, David Serra, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, en la que hablan de meter al presidente del PP alicantino en un furgón policial. 
El presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, fue el encargado de intervenir para lastrar el discurso de Ripoll, aunque los populares castellonenses tampoco ocultan su preocupación por los efectos de los escándalos que afectan a Camps y a varios miembros de la dirección regional y el Consell. 
Tras insistir en su respaldo al presidente de la Generalitat, Fabra -que está imputado por varios delitos contra la Administración y delito fiscal- admitió: "Cuando se demuestre que alguien tiene responsabilidades por alguna cuestión ilegal, es evidente que habrá que tomar las medidas adecuadas".Para el presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, si hay ilegalidades habrá que tomar medidas, "pero no porque lo digan cuatro conversaciones telefónicas, que no sabemos siquiera de su legalidad o si han sido no manipuladas". "Mientras tanto, yo presumo que todos son inocentes", insistió Fabra. 
"Las manipulaciones mediáticas me las creeré cuando haya un juicio, se condene a alguien y sea declarado culpable, y mientras tanto no me lo creeré. Y hablo por propia experiencia", sentenció el presidente de la Diputación de Castellón. 
Sin embargo, el malestar, como demostró la portavoz popular en Elche, la campista Mercedes Alonso, está generalizado. "El que haya hecho algo tendrá que asumir sus responsabilidades, sea quien sea y caiga quien caiga", afirmó Alonso, incluso cuando se le preguntó sobre si su afirmación incluía a Ricardo Costa. 
Aún así, el campismo dedicó parte de sus esfuerzos a intentar contrarrestar la andanada del zaplanismo para evitar que cundiese el ejemplo entre las filas populares. Y, mientras, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se dedicó a blindar sus posiciones frente a las presiones de la dirección nacional del PP. El jefe del Consell mantuvo contactos con otros dirigentes del PP nacional, miembros de su Gobierno y personas de su confianza, como la alcaldesa Rita Barberá. 
El pulso de la jornada se centró en la defensa del secretario general y portavoz parlamentario, Ricardo Costa, a quien María Dolores de Cospedal, secretaria nacional del PP, puso a los pies de los caballos al afirmar: "Con independencia de que sean punibles o no penalmente, no compartimos que se reciban ese tipo de regalos". 
Costa tuvo que pasar la mañana intentando convencer a propios y extraños de que el reloj exclusivo, de más de 20.000 euros, que le regaló el ex alcalde de Alicante Luís Díaz Alperi no tenía relación con la trama corrupta de El Bigotes. Igualmente, Costa aportó documentos para justificar que el coche de lujo Infiniti, para el que le hicieron gestiones algunos de los imputados del caso Gürtel, se lo pagó íntegramente de su dinero. 
Finalmente, el número dos del PP valenciano logró que Génova emitiese un comunicado, ex profeso, en el que le salvaban la cara y se daban por satisfechos con sus explicaciones. Costa logró por segunda vez en menos de una semana zafarse de la presión del PP nacional gracias al cierre de filas decretado por Camps. 
El Consell, a través de la portavoz Paula Sánchez de León, también emitió un comunicado para negar que el contenido de las conversaciones de El Bigotes referido a la gestión de la Generalitat sea verdad y tenga base probatoria. 
La estrategia de los populares volvió a consistir, un día más, en retrasar el listón de las responsabilidades políticas y éticas de la dirección regional y del Consell. Así, distintos cargos del partido se apuntaron a la teoría de la "orgía de cotilleos", a su falta de valor probatorio y a la inexistencia de sentencias judiciales en firme. 
Sin embargo, los escándalos ya hacen mella en los cargos populares, que intentan evitar que se les pueda confundir con los modos y maneras de sus jefes, salpicados por los escándalos del caso Gürtel. 
Tanto es así, que ayer un diputado del PP en las Cortes Valencianas reconoció que había guardado en un cajón el Rolex que le regaló su padre cuando logró la licenciatura y lo había sustituido por un reloj de plástico. Pocos se atreven a hacer ostentación de relojes de lujo estos días en las filas del PP. 
(www.elpais.com, 08/10/09)
LOS ZAPLANISTAS PIDEN QUE "SE QUITEN YA LAS MANZANAS PODRIDAS" 
El sector zaplanista del PP en la Comunidad Valenciana dio ayer un paso al frente. El presidente provincial del PP de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, pidió abiertamente que se adopten medidas para atajar los escándalos de corrupción que sacuden a los populares valencianos. 
"Si hay problemas o manzanas podridas, lo que hay que hacer es quitarlas cuanto antes", aseguró Ripoll, que reconoció que "ahora ya no se trata de filtraciones, sino de algo bien recogido en un sumario que parece que tiene credibilidad". El también presidente de la Diputación de Alicante insistió en que los votantes están solicitando "que se tomen medidas ya". 
"Nuestros votantes nos lo están pidiendo, nos quieren seguir votando porque confían en nosotros y que eliminemos aquello que está estropeando el proyecto político que defiende una mayoría abrumadora de ciudadanos", recalcó Ripoll. Éste abogó por convocar, si es necesario, "a los responsables políticos de los territorios afectados" para fijar una hoja de ruta con la dirección nacional para solucionar los escándalos. 
El presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, también manifestó la preocupación por la situación creada a raíz del caso Gürtel, aunque intentó lastrar el discurso de Ripoll para restarle protagonismo en la crisis que viven los populares valencianos. 
Tras insistir en su respaldo al presidente Camps, Carlos Fabra -que está imputado por varios delitos contra la Administración y por delito fiscal- argumentó: "Cuando se demuestre que alguien tiene responsabilidades por alguna cuestión ilegal, es evidente que habrá que tomar las medidas adecuadas, pero no porque lo digan cuatro conversaciones telefónicas, que no sabemos siquiera de su legalidad. Mientras tanto, yo presumo que todos son inocentes". 
Por su parte, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, resaltó de nuevo lo insostenible de la situación. "Que pongan un militante decente [del PP] al frente del partido y de la Generalitat que convoque elecciones anticipadas y pilote el periodo de transición", agregó el dirigente del PSPV-PSOE. Alarte reclamó la dimisión del director general de Ràdio Televisió Valenciana por esconder la información sobre el levantamiento del sumario del Tribunal Superior de Madrid en el telediario de la noche del pasado martes. 
(www.elpais.com, 08/10/09)
EL JUEZ DE MADRID INDAGA AHORA LAS CUENTAS DEL PP EN VALENCIA  
Suma y sigue. El juez Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) indaga ahora la presunta financiación ilegal del PP en Valencia al aceptar la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que le ha pedido una batería de diligencias para aclarar si en esta comunidad los populares aceptaron que la trama que dirigía Francisco Correa les pagase actos de este partido. Paralelamente, el Tribunal Supremo, en cuanto reciba el permiso del Senado, intentará descubrir si Luis Bárcenas, extesorero del PP, solo buscó su enriquecimiento personal o también desvió dinero al partido que dirige Mariano Rajoy al relacionarse con la trama Gürtel. 
Fuentes de la investigación explican que Pedreira está pendiente del resultado de varias comisiones rogatorias (investigación judicial que se practica en el extranjero) a paraísos fiscales. Las fuentes consultadas sostienen que, de momento, con los datos que hay en el sumario es imposible imputar a más personas. Por ello, afirman que, salvo que lleguen otras pruebas, es poco probable que sean llamados a declarar, por ejemplo, Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar. «Si no ha sido imputado es porque no tenemos pruebas», puntualizan fuentes judiciales. 
 Otra cosa es la posible financiación del PP en la Comunidad Valenciana. Un informe de la brigada de blanqueo de capitales apunta que la empresa que dirigía Álvaro Pérez, el Bigotes, realizó una doble facturación por cada servicio prestado allí al PP. La Fiscalía Anticorrupción ha optado por que sea el TSJM el que lo investigue ante la negativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de abrir una investigación. Pedreira ha aceptado el reto y ha admitido una batería de diligencias para estudiar este extremo.
Además, el Tribunal Supremo debe iniciar su investigación contra el senador y extesorero del PP Luis Bárcenas, que ha percibido más de un millón de euros de la red corrupta. Correa explica, en la parte del sumario que ha sido revelada, que mantuvo una reunión con este para explicarle los «problemas que tenía para cobrar unos servicios prestados por sus empresas al partido».
También aseguró que había entregado a Bárcenas 1.000 millones de pesetas. «Se trataría –según su versión– de dinero derivado de comisiones por adjudicaciones de obras del Ministerio de Fomento cuando estaba al frente Francisco Álvarez Cascos». Además, reveló que el tesorero «ha sacado estos fondos de España y en qué paraíso fiscal los tiene».
El alto tribunal, una vez que reciba la autorización del Senado, analizará al detalle las cuentas de Bárcenas para intentar descubrir si el dinero que recibió de la organización de Correa se lo quedó para su uso o lo repartió con el partido. 
Esta práctica no es la habitual. Fuentes jurídicas han explicado que, de momento, no han observado «una financiación ilegal generalizada en el PP». Por contra, esas mismas fuentes sostienen que este caso deja en evidencia que el partido de Mariano Rajoy tiene manzanas podridas. «Han sacado dinero a paletadas de las administraciones públicas después de atender los caprichos de una pandilla de golfos», sostienen. 
Esta es la tesis que mantiene el PP, aunque su argumentario se viene abajo porque la instrucción judicial acredita que los «aprovechados» son desde cargos autonómicos y parlamentarios hasta dirigentes nacionales y alcaldes. La instrucción dirigida por el magistrado Baltasar Garzón –el juez de la Audiencia Nacional fue el primer instructor del caso– deja en evidencia que «hubo una pandilla de chorizos» que no tuvieron reparo en amañar las adjudicaciones de obras a cambio de coches de lujo, viajes de ensueño, trajes, televisiones y caviar. 
Otra parte de la investigación se centra en aclarar el papel desempeñado por algunos abogados que «han pasado la línea de defensa» al ofrecerse a colaborar con Correa para recuperar el dinero que este había escondido en Suiza. En unas intervenciones en la cárcel de Soto del Real (Madrid) que se iniciaron el 19 de febrero y cesaron el 6 de mayo, estos letrados también revelaron que se estaban afanando para quitar la instrucción a Garzón y mandarla al TSJM. «A los de allí los hemos puesto nosotros», dicen. Sus tejemanejes, parece, que no han tenido éxito.  
(www.elperiodico.com, 08/10/09) 
BOCHORNO EN EL PP VALENCIANO MIENTRAS CAMPS RESISTE INMÓVIL 
El caso Gürtel se ha convertido en un diapasón fatal tanto para el Gobierno valenciano como para el PP de la Comunidad Valenciana. Si el informe de la Brigada de Blanqueo puso en evidencia que en Gürtel subyace algo mucho más grave que el dudoso origen del fondo de armario de Francisco Camps, el levantamiento del secreto del sumario permite entrever hasta qué punto los desmanes de la banda de El Bigotes se escabechaban con regalos de lujo, facturas hinchadas, contratos a dedo, descaro y procacidad.  
La situación es insostenible para los cuadros intermedios del PPCV y no pocos cargos institucionales, que aguardan -de momento en vano- a que Camps reaccione mientras los titulares del día les atragantan el desayuno. Ayer, se pronunciaron a las claras los presidentes provinciales de Alicante y Castellón, José Joaquín Ripoll y Carlos Fabra.  
Ripoll, cuya opinión parece condicionada por su ya endémica rivalidad con Camps, dijo que «no se puede esperar mucho tiempo»; que «si hay manzanas podridas, habrá que quitarlas cuanto antes», y que «ya no se trata de filtraciones, sino de un sumario». Además, reclamó a Camps una reunión de dirigentes para abordar la crisis.  
Por su parte, Carlos Fabra -inmerso en varios procesos judiciales- matizó que, para depurar responsabilidades, «habrá que demostrar que se tienen».  
Las quejas son contundentes y recurrentes en el PPCV. Muchos alcaldes, concejales y diputados quieren que Camps les explique «de una vez qué hay de verdad en todo esto» para poder tranquilizar a sus votantes y conciudadanos; que convoque a los dirigentes provinciales, a los que no reúne desde hace tres meses; y que, en definitiva, «reaccione» ante un problema que lastra la acción del Gobierno desde hace ya siete meses.  
La sensación de dejación -e improvisación- es total y el descontento generalizado está alcanzando grados de desesperación. De hecho, no son pocas las voces que recurren a la tabla de Carnéades -el paradigma teórico que se utiliza en Derecho para explicar la legítima defensa- para pedir a Camps que haga dimitir a Costa y/o el vicepresidente Rambla, sean o no éstos responsables penalmente, para salvar al partido del descrédito y del bochorno.  
Sin embargo, quienes así piensan se topan con un muro cada vez que intentan hacer llegar su opinión a un presidente «secuestrado por su círculo más íntimo», y temen ser considerados quintacolumnistas o arribistas. Tal es el grado de paranoia que atenaza al Consell desde que estalló Gürtel. 
(www.elmundo.es, 08/10/09) 
EL GOBIERNO DE CAMPS CONTRATÓ CON OTRAS CINCO EMPRESAS DE LA TRAMA 
Un informe especial de la Agencia Tributaria sobre los ingresos declarados por las principales empresas con las que Francisco Correa operaba en España ha destapado nuevas relaciones del Gobierno de Francisco Camps con la trama corrupta. La Generalitat Valenciana no sólo contrataba con Orange Market, la firma de Álvaro Pérez, el directivo al que Correa envió a Valencia a abrir nuevo negocio, sino con hasta cinco empresas distintas de la trama -Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Good and Better y TCM- con sede en Madrid, según los datos facilitados al juez por la Agencia Tributaria. Todas estas empresas han incluido en la relación de clientes de su declaración de ingresos entre 2004 y 2008 a la Generalitat Valenciana, con cerca de 300.000 euros de facturación. 
Como consecuencia de la investigación abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia contra cuatro altos cargos del PP por un supuesto delito de cohecho impropio, entre ellos el presidente Francisco Camps y el secretario general del PP, Ricardo Costa, el Ejecutivo autónomo informó al juez José Flors, instructor de la causa, de que había adjudicado casi ocho millones de euros a la empresa Orange Market en 44 contratos, la mayoría sin concurso. Como sólo se pidió información sobre esa firma, que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, "amiguito del alma" de Camps, el Gobierno valenciano no suministró datos sobre contratos con otras empresas de la trama. 
El juez Flors finalizó la instrucción del caso en junio y propuso abrir juicio con jurado al entender que había suficientes indicios del delito que se le imputaba a los cuatro dirigentes del PP. Pero dos de los tres magistrados que componían la Sala de lo Penal, entre ellos el presidente, Juan Luis de la Rúa, del que Camps habla en términos de íntima amistad, decidieron archivar el caso al entender que no había relación directa entre los regalos de la trama corrupta y la función que desempeñaban en la Administración valenciana los cuatro dirigentes beneficiados por los trajes. La Fiscalía Anticorrupción recurrió ante el Supremo el archivo del caso. 
La investigación sobre los regalos, primero en la Audiencia Nacional y luego en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, permitió acreditar que al menos tres empresas de la trama corrupta, Orange Market, Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral, habían utilizado parte de sus fondos para abonar, bien mediante cheques o bien mediante transferencias bancarias, la ropa regalada a los dirigentes del PP valenciano entre los años 2005 y 2008. 
El informe de la Agencia Tributaria ha destapado que esas tres empresas, no sólo Orange Market, contrataron con la Comunidad Valenciana por mecanismos que, en muchos casos, permitían la total discrecionalidad de los departamentos que adjudicaban los trabajos, pues se hacía por cantidades inferiores a 12.000 euros, con lo que se evitaba el concurso. Las mismas empresas que pagaron los trajes a Camps y a otros tres dirigentes del PP recibieron contratos de la Administración valenciana durante los años en que se registraron las dádivas. 
El mismo informe de la Agencia Tributaria acredita, además, que entre los clientes de alguna de estas empresas de la red Gürtel figuraba una de las firmas contratistas de la Administración valenciana, Facsa, a la que la policía atribuye la financiación ilegal de actos del PP a través de la trama corrupta. Facsa, según la investigación judicial, pagaba a las sociedades de la trama corrupta, principalmente Orange Market, por servicios no prestados. Ese dinero, junto al de al menos otras cuatro constructoras, servía para financiar actos que Orange Market le montaba al PP valenciano. 
(www.elpais.com, 08/10/09)
´LOS TRAJES DE CAMPS ERAN UN TEMA DE ALVARITO Y PABLO Y NO SÉ SI TENÍAN PORCENTAJE´  
El levantamiento parcial del secreto del sumario por parte de Antonio Pedreira en el TSJ de Madrid ha aportado grabaciones, datos e indicios que avalan las estrechas relaciones entre los dirigentes de la trama Gürtel y la cúpula del PP valenciano y de la Generalitat, plasmada en las figuras del presidente Francisco Camps y el secretario general del partido, Ricardo Costa. Entre los 17.000 folios que ayer fueron descatalogados como secretos, hay espacio para los trajes regalados a Camps, a Costa y compañía. En una conversación con su abogado, el líder de la organización, Francisco Correa, dice que los trajes "son un tema de Alvarito y Pablo", en referencia al presidente de Orange Market, y Crespo. Correa confiesa al letrado que no sabe si tienen "un porcentaje de eso". 
Las intervenciones telefónicas reflejan que la trama medió a favor de la hermana del presidente en relación con el Festival de Benidorm, el 10 de diciembre de 2008. Álvaro Pérez llama al entonces director general de la RTVV, Pedro García. Le explica que acaba de reunirse con Estrella Camps y que le ha pedido que le ayude con el festival y las televisiones. Pérez aprovecha la conversación para explicarle a García que el tema del festival "es una mierda que no quiere nadie" y añade, refiriéndose a Camps: "El hijo puta del presidente, en vez de pagarme, me manda a su hermana para darme otro marroncito". 
El jefe del Consell quería hacerse "una foto" con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, según contó El Bigotes en una conversación de finales de 2008 con el abogado Manuel Delgado. Pérez le dice que está "aguantando el chaparrón, que a ver si se jubila y deja de aguantar políticos, porque es la hostia". Después asegura que el día anterior había advertido a Camps de que "sentarse con Obama, ahora es imposible, que hay en el planeta 500 tíos importantes o 500.000 importantes que se quieren sentar con Obama" y que le ofreció "intentarlo" con Bill Richardson, gobernador de Nuevo México.  
Delgado confirma que con Richardson "no hay problema" y Pérez dice entonces que se lo va a comunicar al presidente valenciano, "porque si tú y yo nos vamos con Paco Camps a ver a Richardson, yo sé que Paco es una de esas cosas que no olvidaría jamás en la puta vida, nunca, porque le conozco y entonces para mí sería la hostia y para nosotros en general". 
El abogado insiste en que concertar esa cita "es muy sencillo", que va a montar un despacho en Washington "de lobby puro y duro" y que cuando Camps viaje allí "vais a Nuevo México, os sentáis con Bill Richardson y ya está". El Bigotes reitera que Camps, "lo que quiere, que se lo dijo ayer, que a él, más adelante, lo que le gustaría es la foto de Obama" y Delgado responde "que eso cuente con ello también". "Para él es importantísimo", concluye Pérez. Al día siguiente, El Bigotes le cuenta a Crespo que "el curita" (se refieren a Camps) le ha llamado "por lo de Richardson". Camps no parece muy ilusionado, según Pérez, que cuenta que, ante sus reticencias, le ha dicho: "Vamos a ver ¿tú que te crees? ¿qué Richardson es un presidente como los de aquí, de cualquier autonomía?". 
(www.levante-emv.com, 07/10/09) 
"¿RICARDO SABE CÓMO QUIERE EL COCHE?" 
A finales del año pasado, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, quería cambiar de coche. Según las grabaciones del sumario del caso Gürtel, su amigo Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de la empresa Orange Market, proveedor en exclusiva de la escenografía del partido a la vez que adjudicatario de la Generalitat valenciana por más de ocho millones, fue quien hizo las gestiones para conseguir exactamente el modelo que Costa deseaba. Lo dice él mismo en varias conversaciones con sus jefes en Madrid que, según se deduce de la transcripción, están gestionando la compra de un determinado coche de lujo para ellos mismos y le ofrecen a Costa beneficiarse de la oferta, lo que revela la estrechísima relación entre ambos. 
El 3 de noviembre de 2008, Pérez habla del tema con uno de sus jefes en Madrid, Pablo Crespo, número dos de la trama de empresas corruptas, actualmente en prisión incondicional: 
Álvaro Pérez. [Dice Costa] que a ver si esta semana podemos ir, para ver a Eduardo [contacto para la compra del coche] y tal, que por favor que le venda el coche, digo, no te preocupes, que ya verás como te lo vendo. 
Pablo Crespo. Escucha una cosa... Eduardo, tienes que hablar con él para que haga la prueba. Yo lo he vuelto a llamar, que no me ha cogido el teléfono, para decirle que nos lo pida en firme, porque si no, igual tardan la hostia en venir los coches y después... 
Á. P. Ya, ya, ya. 
P. C. Nos está volviendo locos este hombre. 
Tan sólo media hora después, Pérez y Crespo mantienen esta conversación: 
P. C. Tú, ya... Ricardo ¿ya sabe cómo quiere el coche? 
Á. P. Sí, igual que tú, lo que no sabía era el color. 
P. C. Va... 
Á. P. Todavía no está muy decidido. 
P. C. El color externo, para hacer el pedido hay que saberlo. 
Á. P. Ya, por eso le voy a decir que entre ahora en internet y decida. 
P. C. Porque cuanto más tardemos... porque me están dando plazo de entrega ya en enero. A lo mejor, si tenemos suerte y lo pedimos ahora, que habrá que transferirle algo como señal a este hombre, a Eduardo, pues si lo pedimos ahora, joder, el coche igual, si hay suerte, igual lo tenemos antes. 
Á. P. En Navidad. 
P. C. Pero en principio está para enero. 
Á. P. Vale, vale, perfecto. 
P. C. Dile por favor que lo decida, anda. 
Á. P. No te preocupes, que se lo voy a decir ahora. 
P. C. Que si quiere otras llantas o lo que sea, el color interior, lo único que puede decir es el color exterior, color interior y las llantas si no quiere las mismas, yo puse las de ventilador. 
Al día siguiente, 4 de noviembre, Álvaro Pérez transmite las supuestas instrucciones de Costa a Pablo Crespo: 
Á. P. Escucha, Ricardo quiere el coche, tapicería negra. 
P. C. Joder. 
Á. P. O gris oscuro, no sé si hay gris oscuro. 
P. C. Espera que lo voy a mirar ahora mismo, que acabo de llegar a la ofi. (...) Color negro... como el que elegí yo, ¿no? 
Á. P. Sí, y tus llantas. 
P. C. Ah, las llantas de ventilador también, vamos a ver... 
La configuración definitiva del coche del secretario general del PP valenciano la cierran estos dos empresarios 20 minutos después. Según el informe de las transcripciones, "Crespo dice que él cree que queda mejor la madera, pero que bueno, en cuestión de gustos...". Unos meses después, el 2 de mayo de este año, Costa se estrelló con su nuevo coche, un vehículo de lujo de la marca Infiniti. Preguntado por el suceso, declaró: "El Infiniti me ha salvado la vida". 
Ricardo Costa ha puesto a disposición de varios documentos para demostrar que el coche en ningún caso es un regalo de la trama de empresarios corruptos. En enero de este año, Costa vendió un coche Mercedes Benz por 29.000 euros y después, pidió un préstamo personal por 30.000 euros. Finalmente compró un Infiniti FX50 por 65.000 euros, según consta en factura. También respondió sobre este asunto en las Cortes valencianas. Asimismo, Ricardo Costa asegura que él hizo personalmente todas las gestiones para adquirir su coche. El Infinity FX50, comprado nuevo, cuesta casi 80.000 euros. 
(www.elpais.com, 07/10/09) 
'EL BIGOTES' GESTIONÓ LA COMPRA DEL DEPORTIVO EN EL QUE SE ESTRELLÓ COSTA 
La trama corrupta podría haber mediado en la compra del Infiniti modelo FX50 que conducía el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, hasta el pasado mes, cuando sufrió un accidente y el coche quedó siniestro total. El mandatario popular niega la intervención del entramado y muestra las facturas y los movimientos bancarios que, supuestamente, acreditan que emitió un cheque de 65.000 euros para pagar el vehículo de alta gama.  
Pero la versión de Costa choca con la que se desprende del sumario. Según las conversaciones intervenidas por la Policía, El Bigotes tramitó el asunto con un hombre dedicado al mundo del motor, llamado Eduardo y apodado El Obama Blanco, y después amarró la operación con el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo. Según una conversación entre El Bigotes y Eduardo del día 11 de diciembre de 2008, el plan era ayudar a Costa a vender su Mercedes para después comprar el Infiniti. «Escúchame, yo necesito quedar contigo, llevarte el coche de Ricardo para ver si lo vendemos y que hablemos del Infiniti. Yo estoy en Valencia y necesito que me llames y me digas 'Álvaro, tráete el Mercedes el lunes que viene' y yo te dejo el Mercedes, lo vendes y, mientras tanto, vas haciendo el pedido y ya está», dice El Bigotes. «Pues ya está, vente el lunes y ya está. Yo puedo tener ya a alguien en firme para el Mercedes. Lo vendemos, lo formalizamos y dejamos una señal para el tema del Infiniti y el resto se lo das a Ricardo. Ya cuando esté lo del Infiniti hacemos el pago», contesta.  
En una conversación anterior entre Crespo y Pérez, fechada el 3 de noviembre de 2008, el ex secretario de Organización del PP gallego comenta lo sumamente interesado que está Costa en adquirir el vehículo. En la conversación, El Bigotes afirma, refiriéndose a Costa, que éste le ha dicho «que a ver si esta semana podemos ir, para ver a Eduardo y tal, que por favor que le venda el coche», y que él le ha tranquilizado: «Digo, no te preocupes, que ya verás cómo te lo vende». El Bigotes dice entonces que va a pedir a Costa que elija el color, mientras Crespo le urge: «Dile por favor que lo decida, anda», y añade, «que si quiere otras llantas o lo que sea, el color interior. Lo único que puede decir es color exterior, color interior y las llantas. Si no quiere las mismas, yo las puse de ventilador». Al día siguiente, Costa ya se había decidido por el color negro y las llantas «de ventilador».  
Los datos de Costa niegan la mayor. Según el número dos del PP valenciano, él conoció al gerente de la marca Infiniti a finales del año pasado tras un acto con empresarios y enseguida se interesó por uno de los modelos. El pasado 27 de enero, Costa recibió un préstamo de su madre por valor de 30.000 euros para afrontar la compra. Un movimiento que incluso se plasmó en la Consejería de Economía. Un día después, el dirigente popular sacó un cheque por valor de 65.000 euros de su abultada cuenta personal para comprar un Infiniti kilómetro 0 (56.034 euros más 8.965 de IVA). La compraventa se materializó el 30 de enero. Un día después, Costa vendía su Mercedes Benz a su dentista por 29.000 euros para contrarrestar el desembolso del día anterior. 
(www.elmundo.es, 07/10/09) 
"RICARDO QUIERE EL COCHE, TAPICERÍA Y COLOR NEGRO" 
"¿Ricardo ya sabe cómo quiere el coche?", pregunta Pablo Crespo, número dos de Francisco Correa en la trama Gürtel. Al otro lado del teléfono responde Álvaro Pérez, El Bigotes, su conseguidor en Valencia: "Todavía no está muy decidido".  
Esta conversación se produjo el 3 de noviembre de 2008. Ni Crespo, que se encuentra ahora en prisión, ni El Bigotes sabían que la Policía tenía intervenidas sus llamadas por orden judicial. El rastro que dejan sus llamadas pone en un serio aprieto al tercer actor de la llamada, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, con quien las grabaciones policiales dejan clara una relación de total confianza.  
Los líderes de esta trama corrupta ligada al PP gestionaron la compra de un vehículo de lujo para Costa valorado en 80.000 euros, un Infiniti idéntico al que conducía el número dos del PP valenciano cuando sufrió un accidente de tráfico el pasado 6 de mayo. 
La minuciosidad con la que Crespo y El Bigotes prepararon el encargo queda reflejada en el sumario del caso, parcialmente levantado ayer. Costa no tiene claro el color del coche y El Bigotes comenta con Pablo Crespo que va a pedirle que entre "en Internet y decida". "Dile, por favor, que se decida", insiste Crespo, que fue secretario de Organización del PP gallego antes de convertirse en número dos de Correa . 
Crespo deja clara la cuidada atención que dispensan a Costa: "Que si quiere otras llantas o lo que sea, el color interior, lo único que puede decir es el color exterior, interior y las llantas si no quiere las mismas". Un día después, la gestión telefónica de El Bigotes da resultado: "Escucha, Ricardo quiere el coche, tapicería negra y color negro y tus llantas".  
El Bigotes y Crespo parecen conocer bien la inclinación de Costa por las aficiones caras, según se deduce de sus conversaciones intervenidas. El mismo día en el que ambos trataban de adecuar el color y los extras del coche de lujo a los gustos de Costa, El Bigotes le contaba a Crespo que Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante, "le ha regalado un Franck Muller" de acero al secretario general del PP valenciano. El reloj "vale 20.000 euros", según aclara El Bigotes ante la curiosidad de su interlocutor, que se muestra deslumbrado. "Lo ha flipao Ricardo, claro, entonces le han ajustado la correa y va como un niño, ya le conoces, tío, con una cosa de esas se vuelve loco, pero no se lo puede poner por Valencia, ya se lo he dicho". La razón parece sencilla y se la aclara a Crespo inmediatamente: "Es que es un cante de cojones". 
Costa es una referencia habitual en las conversaciones de los líderes de la trama. Su líder, Francisco Correa, llega a aventurarle un brillante porvenir: "Tú serás el futuro presidente del Gobierno de este país". Al otro lado del teléfono, el propio Costa responde: "Sí, sí, eso le toca al otro Costa", en referencia a su hermano Juan, ex ministro de Aznar. 
(www.publico.es, 07/10/09) 
COSTA ASEGURA QUE PAGÓ SU COCHE DE LUJO  
Compraventa unida a un préstamo personal
El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, negó ayer que la ‘trama Gürtel’ haya tenido nada que ver en la compra de su coche –un Infiniti– y reiteró que lo pagó con la venta de su anterior automóvil y un préstamo personal.  
“Digan lo que digan”
El entorno del dirigente del PP valenciano negó cualquier favor por parte de la trama corrupta, “digan lo que digan” los supuestos cabecillas de la red.
Una operación particular
Costa afirmó que realizó la compra a un particular “personalmente”, como explicó en mayo, cuando sufrió un accidente con el coche que citan los imputados.   
(www.publico.es, 07/10/09) 
«'HIJOPUTA' EL PRESIDENTE, EN VEZ DE PAGARME ME ENVÍA A SU HERMANA» 
Las grabaciones de la Policía revelan con absoluta claridad no sólo la estrecha relación que el director de la Radio Televisión Valenciana, Pedro García, mantenía con la trama Gürtel, sino el papel de conseguidor que tenía Álvaro Pérez.  
El 10 de diciembre de 2008, El Bigotes le explica que la hermana de Francisco Camps, Estrella, se acaba de ir de su despacho y que estaba «cabreada» con él [Pedro] porque «había pasado de ella como de la mierda». Según esa transcripción, Álvaro Pérez relata: «Me ha dicho que la atendiste muy bien el día que te llamó su hermano y que la llamaste tú, pero que luego te ha llamado como 15 veces». Pérez explica que Estrella Camps le había presentado «la mierda del Festival de Benidorm». García responde: «¡Eso no lo quiere nadie, coño!». Y después le pregunta: «¿Esta hermana quién es?». El Bigotes le explica que es «la que va detrás de Paco, la que estaba trabajando con [Enrique] Bañuelos [entonces presidente de la constructora Astroc]».  
La negociación alude a la posibilidad de que Julio Iglesias pudiera implicarse en la promoción del evento. García dice que eso no le interesa a la Forta, que podría venderse a las televisiones nacionales. Álvaro Pérez responde: «Ésta debe haber hablado con su hermano [Francisco Camps], y su hermano le ha dicho que hable conmigo para que yo le ayude porque ella no quiere dar la cara, porque al ser hermana de quien es, hijoputa el presidente, en vez de pagarme me manda a su hermana para darme otro marroncito». 
(www.elmundo.es, 07/10/09) 
COSTA PIDIÓ A ÁLVARO PÉREZ QUE MEDIARA PARA QUE CAMPS LE HICIERA CONSELLER 
El sumario del caso Gürtel revela que los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Álvaro Pérez, tenían una relación muy cercana con Ricardo Costa y que éste incluso recurrió a El Bigotes para intentar entrar en el Consell. El Bigotes se refiere a Costa como "un amigo de verdad", al que querría aunque fuera "un pobre de pedir". 
En una charla telefónica del 27 de diciembre de 2008, Costa le pide a Pérez que le transmita a Camps que le está "quemando" ("socarrando") y que le sería "más útil" si le diera una "labor de coordinación política del partido del Gobierno". Especifica que quiere ser como Alfonso Fernández Mañueco, consejero y secretario general del PP de Castilla y León y argumenta que ello le dará fuerza para "arreglar mucho" del PP de Alicante porque podrá hablar con su presidente, José Joaquín Ripoll, "institucionalmente en el mismo nivel". El Bigotes se muestra de acuerdo y adelanta que pondrá como ejemplo lo que le pasó a Javier Arenas, que "ahora causa rechazo por el socarramiento al que le sometió Aznar los últimos tres años de Gobierno". Pérez está de acuerdo en que estar en la Generalitat daría fuerza a Costa para controlar a Ripoll o al castellonense Carlos Fabra. 
"Tú vas a ver a Ripoll con una consejería de su interés o a ver a Fabra con una consejería de su interés y a la vez que vas a arreglar eso te la tienen que comer porque les interesa", argumenta Pérez.

Otras conversaciones abundan en la estrecha relación con Costa. Por las mismas fechas, Pérez informa a Crespo que le está resolviendo "un marrón a Ricardo" de cara al Congreso del PP de Alicante. Tres días después, el 12 de diciembre, le envía un sms al propio Costa y le dice que imagina que Castelló lo tiene controlado y "Alicante, Dios dirá" y termina diciéndole "que es el mejor y que le quiere". 
También Francisco Correa demuestra una relación estrecha con el "número dos" del PP valenciano.

Costa se encuentra con Pablo Crespo cuando éste recibe una llamada de Correa (el 12 de noviembre de 2008) y se pone también al teléfono

Correa: Pero tú pero tú serás el futuro presidente del Gobierno de este país. 
Costa: Sí, sí, tú eso, eso le toca a mi otro..., al otro Costa (en referencia a su hermano, el ex ministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa), eso le toca... 
Correa: Correa: Ya lo verás, ya lo verás. 
Costa: Eso lo dices 
Correa: Dentro de unos años, tú eres el futuro presidente del Gobierno, porque si no, el que tenéis, el candidato que tenéis ahora, bueno, yo espero que no le... no le votéis en 2011, no, pero vamos, no vais a ganar nunca, y entonces tú dentro de poco tú eres el que vas a mandar ahí, macho. 
(www.levante-emv.com, 07/10/09) 
"HABLÓ CON CAMPS POR LO DE LA NUCIA" 
Una de las claves de las declaraciones de Francisco Correa al juez Garzón está en sus intereses en Valencia, gestionados por Álvaro Pérez, El Bigotes, gracias a su amistad con Francisco Camps. Correa habla en especial del plan de La Nucía, un municipio cuyo alcalde era amigo. "Conozco al alcalde de La Nucía porque es íntimo amigo de Álvaro, que tiene allí una casa. Este alcalde tenía un PAU por aprobar, allí enconado, y es verdad que Álvaro, hablando con Paco Camps, se lo aprobaron, que no sé si eso se llama tráfico de influencias, yo creo que no, que sí estaba para aprobar, pero que si falta el informe de Medio Ambiente... Pues yo creo que hablando con Camps, debió decir, 'oye, ocuparos de este pobre hombre', y entonces se aprobó". 
En realidad, el plan de La Nucía se paró. La consejería de Medio Ambiente, caso extraño, lo condicionó a la aprobación de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que controla el PSOE. Y ésta lo frenó 
(www.elpais.com, 07/10/09) 
CORREA: "EL TEMA AMBIENTAL LO DESBLOQUEO CON PONS" 
En una de las conversaciones grabadas, el empresario Francisco Correa da por hecho que el actual vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, le podía recalificar unos terrenos en La Nucía (Alicante) para cerrar un pelotazo inmobiliario. El negocio consistía en adquirir a bajo precio unos terrenos de suelo no urbanizable que, poco después, serían recalificados, según Correa, gracias a la intervención de Pons, exconsejero del Gobierno de Valencia. «Un tema medioambiental que lo desbloqueo yo con el contacto; el hijo puta de Esteban [González] Pons me lo arregla con el pollo que está cayendo en Valencia», afirma Correa.  
Estas palabras del empresario están incluidas en el sumario gracias a las conversaciones grabadas durante meses por José Luis Peñas, exconcejal del PP de Majadahonda, quien puso a la policía sobre la trama de corrupción en noviembre del 2007. Peñas se presentó con más de 17 horas de grabaciones de la quincena de reuniones a las que había acudido por ser, hasta entonces, amigo de Correa y de su mujer, antigua jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda. 
(www.elperiodico.com, 07/10/09) 
LAS GRABACIONES REVELAN LA AMISTAD DEL ENTORNO DE CAMPS Y LA RED GÜRTEL 
Las grabaciones del caso Gürtel en Madrid que ayer destapó el juez Antonio Pedreira reafirman aún más la estrecha complicidad que mantenía la trama corrupta que dirigía Francisco Correa con la cúpula del PP de Valencia. Se tutean, se sueltan groserías e insultos cariñosos, se llaman por teléfono sin importar la hora ni el día y, supuestamente, la trama agasaja a políticos con regalos de superlujo... Así se deduce de conversaciones grabadas por orden judicial entre Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo, número dos de la red Gürtel. 
Ya no son sólo, pues, los trajes que supuestamente regaló El Bigotes al presidente Francisco Camps y a su número dos, Ricardo Costa. En las grabaciones, Pérez, el hombre de confianza de Correa en Valencia, exhibe dotes de conseguidor de caprichos para ambos políticos. E incluso para familiares de éstos. Habla de un favor que le ha pedido Camps para su hermana, Estrella Camps, en relación con el Festival de Benidorm. "El hijo puta del presidente, en vez de pagarme, me manda a su hermana para darme otro marroncito", dice El Bigotes a Pedro García, entonces responsable de la televisión autonómica Canal 9. 
Son muchas horas de grabaciones entre El Bigotes y Crespo, y entre éstos y los dos máximos jefes del PP de Valencia, que muestran, en definitiva, un clima de complicidad insólito. El Bigotes habla de Costa como si fuera uno más de ellos. Y se jacta de su fluido contacto con Camps, a quien se refieren con el apelativo de El curita. La Administración valenciana de Camps otorgó contratos a dedo en los últimos cuatro años a las empresas Gürtel por casi ocho millones de euros. 
Según la parte del sumario destapada ayer en Madrid, Pérez y Crespo hablan en sendas conversaciones que mantienen los días 3 y 4 de noviembre del año pasado las gestiones que hacen para que Costa encuentre un coche de superlujo, modelo Infiniti, que el secretario general del PP adquirió y disfrutó durante meses hasta que quedó destrozado en un accidente. Crespo pregunta a El Bigotes: "Mira... eh, tú, ya. ¿Ricardo ya sabes como quiere el coche?". El Bigotes responde: "Eh, sí, igual que tú, lo que no sabía era el color (...)". Está acreditado que el vehículo lo pagó Costa de su bolsillo. 
Hasta ahora se conocían conversaciones entre El Bigotes y Costa, pero en la parte del sumario (17.000 folios) que ayer hizo pública el juez Pedreira figura un diálogo entre Costa y el mismísimo Correa en la que se saludan como si se conocieran de toda la vida: "Tú, cabrón", le suelta Costa a Correa, "eso de que tenía un futuro acojonante siendo portavoz y secretario general y tal, que te lo cambio sin inventario". "Dentro de unos años tú serás futuro presidente del Gobierno". replica Correa. 
Las grabaciones ordenadas por Garzón también muestran la amistad que se profesan El Bigotes y el presidente Camps. De hecho, hay dos entre ambos, que este periódico adelantó en abril, en la que Camps se dirige a él como "amiguito del alma" y le manifiesta que lo quiere "un huevo". 
El Bigotes también estaba al tanto de regalos de lujo que otros políticos hacían supuestamente a Costa. Sugiere que el ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi había regalado Costa un reloj de acero valorado en 25.000 euros. E incluso describe la satisfacción que le ha causado: "Ya le conoces, tío", dice El Bigotes a Crespo. "Con una cosa de estas se vuelve loco". 
"Una foto con Obama"
Álvaro Pérez, El Bigotes, asegura que Camps le pidió que organizara una reunión con Obama nada más ser elegido presidente de EE UU. El 7 de noviembre de 2008, la policía transcribe: "Álvaro dice que le advirtió ayer a Paco que sentarse con Obama ahora es imposible, que hay en el planeta 500 tíos importantes o 500.000, que se quieren sentar con Obama". El abogado le dijo que con Richardson [gobernador de Nuevo México] no habría problema. 
"Si tú y yo nos vamos con Paco Camps a ver a Richardson, yo sé que Paco es una de esas cosas que no olvidará jamás en la puta vida [...] y para mí sería la hostia". Pérez insiste sobre Camps: "Él lo que quiere [...] más adelante es la foto con Obama". Camps tuvo que conformarse con Richardson, con el que se entrevistó el pasado 16 de diciembre 
(www.elpais.com, 07/10/09) 
ALPERI: ´CON MI DINERO HAGO LOS REGALOS QUE YO QUIERO´ 
Se están rompiendo los principios mínimos de la democracia y de los derechos personales", declaró el ex primer edil tras destacar que el regalo lo hizo efectivo en febrero pasado. No obstante, la conversación intervenida que figura en el sumario judicial está fechada el 3 de noviembre de 2008.

"Yo con mi dinero puedo hacer los regalos que yo quiera y a quien considere oportuno", añadió Díaz Alperi, que precisó que él dejó la Alcaldía de Alicante en septiembre de 2008 "y que en ningún momento el Ayuntamiento ha tenido relación alguna con las empresas que aparecen en esa trama". 
El ex alcalde aseguró que el reloj que le regaló a Costa "ni de lejos" cuesta los 20.000 euros que dijo El Bigotes en la grabación. "Lo conseguí a buen precio en febrero porque no pude en diciembre, lo pagué de mi bolsillo y se lo regalé a un amigo, pero es que yo no tengo que dar ninguna explicación sobre lo que hago con mi dinero y a quién regalo cosas". Preguntado por el precio que pagó por el Franck Muller "Alicante 2008", lo cifró en unos 6.000 euros. Díaz Alperi calificó de "ridículo" que se le quiera relacionar con este sumario, "con el que no tengo nada que ver", y lo achacó "a un intento antidemocrático de enmerdarlo todo". "Es de locos", sentenció. 
Por otra parte, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quería hacerse "una foto" con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, según contó en una conversación telefónica Álvaro Pérez El Bigotes, que asegura que le convenció de que "sentarse con Obama, ahora es imposible". La conversación, que también figura en la parte del sumario del caso Gürtel sobre la que se ha levantado el secreto y a la que ha tenido acceso Efe, tuvo lugar a finales del año pasado entre Pérez y el abogado Manuel Delgado. 
(www.levante-emv.com, 07/10/09) 
EL PP BLOQUEA LA INVESTIGACIÓN DE LOS CONTRATOS CON LA TRAMA CORRUPTA 
El PP bloqueó ayer la comisión de investigación que había solicitado el PSPV para conocer los contratos de la Generalitat y sus sociedades públicas con todas las empresas de la trama Gürtel. La Mesa de las Cortes rechazó tramitar la solicitud a pesar de que la propia Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, reclamó ayer "transparencia" a sus compañeros valencianos. Rafael Maluenda, portavoz del PP, argumentó que la iniciativa socialista entrañaba "una modificación encubierta del Reglamento de las Cortes, el señor [Ángel] Luna pide que la comisión de investigación sobre los contratos con la trama Gürtel la presida un diputado de la oposición". Algo impensable para el PP. 
La paralela comisión de investigación sobre las cuentas de los tres partidos que lograron representación parlamentaria en mayo de 2007, que solicitó el PP el lunes, todavía no ha llegado a la Mesa de las Cortes. 
Luna, por su parte, sugirió que los socialistas no tienen ningún empacho en apoyar la comisión de investigación que plantea el PP siempre que la propuesta reúna dos condiciones, que la comisión en cuestión la presida un diputado de la oposición, algo que el PP ya demostró que no aceptará nunca; y que el órgano parlamentario pueda estudiar los contratos de la Generalitat y sus sociedades públicas con las empresas implicadas en la trama corrupta. "Si además quieren ver las cuentas del PSPV, nos parece perfecto. No tenemos nada que ocultar", añadió Luna, para recordar que "la policía investiga al PP y eso es lo que hay que aclarar". 
Maluenda deslizó que los socialistas pretenden impulsar "un juicio paralelo", como si el informe policial de la brigada para la prevención del blanqueo de dinero no permaneciera en el limbo jurídico al no estar vinculado a ninguna causa concreta. Un informe que detalla cómo varias empresas constructoras valencianas pagaron por servicios que Orange Market facturó al PP; cómo se falsificaron facturas para justificar ingresos de Orange Market; y cómo el PP de la Comunidad Valenciana barajaba una doble contabilidad con cuentas consignadas bajo el epígrafe Alicante, en blanco, o el epígrafe Barcelona, en negro, Sedesa, una de las constructoras citadas en el informe policial, emitió un comunicado para negar que haya participado "en ninguna operación que implicara financiación a partido político alguno"; que las adjudicaciones que ha recibido de la Generalitat no ascienden a 539 millones, sino a 97 millones, porque no se ha tenido en cuenta que optó a varios concursos públicos en UTE con otras constructoras, ni que la concesión de la CV-50 ha sido, hasta la fecha, de 161,5 millones de euros de los que sólo corresponden a Sedesa 56,5 millones. La constructora que preside Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente Juan Cotino, asegura, además, que "las relaciones mantenidas con Orange Market fueron de carácter estrictamente comercial, sin haber recibido indicación o sugerencia alguna de terceros". 
En Castellón, el socialista Mario Edo instó al alcalde Alberto Fabra a que explique "cómo financió la campaña electoral de 2007". La presentación de la candidatura de Alberto Fabra figura entre los apuntes de la caja B de Orange Market, según el informe policial. "La campaña electoral de Fabra está bajo sospecha", dijo Edo, "si se confirman la financiación ilegal del PP, tendríamos que empezar a hablar ya de fraude electoral". 
(www.elpais.com, 07/10/09)
LAS CONVERSACIONES DELATAN NUEVOS REGALOS DE LUJO A RICARDO COSTA 
El sumario del caso Gürtel, que ha levantado hoy parcialmente el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, delata supuestos regalos de superlujo al secretario general del Partido Popular valenciano, Ricardo Costa, implicado según la policía en una supuesta trama de financiación ilegal de su partido a través de Orange Market, la firma valenciana de la trama corrupta. 
En una de las conversaciones grabadas por la policía a Álvaro Pérez, el bigotes, con Pablo Crespo, número dos de la trama, se sugiere un regalo del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, a Costa, un reloj de acero valorado en 20.000 euros. La transcripción literal es la que sigue: 
Álvaro Pérez. Escúchame un segundo, es que le ha regalado Luis Díaz Alperi, el que era alcalde de Alicante, un Frank Muller de la Volvo Ocean Race, que vale 20.000 euros.
Pablo Crespo. ¿Pero de oro o qué? 
Álvaro Pérez. No, no, de acero. 
Pablo Crespo. Ya. 
Álvaro Pérez. De acero, de acero, porque hemos llamado ahora, es de Rabat, para preguntar a ver qué valía, lo ha flipado Ricardo, claro...entonces se lo han ajustado, le han ajustado la correa y va como un niño, ya le conoces tío, con una cosa de estas se vuelve loco, pero no se lo puede poner en Valencia, ya se lo he dicho. Tío, ni se te ocurra, no, no, no, ni hablar, digo, es que es un cante de cojones, a parte de que es muy grande, ¿sabes? Pero va como un niño con zapatos nuevos. 
(www.elpais.com, 06/10/09) 
EL BIGOTES AFIRMA QUE CAMPS LE HABÍA PEDIDO QUE ORGANIZARA UNA REUNIÓN CON OBAMA 
Álvaro Pérez, El Bigotes, intentó montar una reunión entre Francisco Camps y Barack Obama al poco de ser éste elegido presidente de Estados Unidos, según costa en el sumario judicial del caso Gürtel. En una conversación fechada el 7 de noviembre de 2008 y grabada con autorización judicial, Pérez le dice a Pablo Crespo, número dos de Correa, que "está aguantando el chaparrón. Que a ver si se jubila y deja de aguantar a políticos".  
Según la transcripción de la policía, "Álvaro le dice a Manolo [Delgado, un abogado] que le advirtió ayer a Paco, hablanco por la noche, que sentarse con Obama, ahora es imposible, que hay en el planeta 500 tíos importantes o 500.000 importantes, que se quieren sentar con Obama, pero que con Richardson [gobernador de Nuevo México, y figura relevante de la campaña de Obama] le dijo que iba a intentarlo". 
El abogado le dijo que con Richardson no habría problema y Álvaro responde que ese día se lo iba a decir: "Si tú y yo nos vamos con Paco Camps a ver a Richardson, yo sé que Paco es una de esas cosas que no olvidará jamás en la puta vida, nunca, porque le conozco, y entonces para mí sería la hostia". 
Tras hablar de la posibilidad de intentar una entrevista con Richardson, Álvaro Pérez insiste sobre su supuesta conversación con Camps el día anterior: "Él lo que quiere, que se lo dijo ayer, que a él, más adelante, lo que le gustaría es la foto con Obama". Y luego recalca que "para él es importantísimo". 
(www.elpais.com, 06/10/09)
EL PSOE VINCULA A COSTA CON LOS PAGOS DE ORANGE MARKET AL PP 
El PSOE vincula a Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, con los pagos de Orange Market al partido que preside Francisco Camps en Valencia. Así consta en el recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo contra el archivo de la parte valenciana del caso Gürtel. Los socialistas, acción popular en el procedimiento, piden que se anule el sobreseimiento libre del asunto en el que estaban implicados Camps, presidente de la Generalitat, y otros tres altos cargos por un delito de cohecho pasivo impropio. El tribunal valenciano no estimó los indicios ni consideró las advertencias de un juez de Madrid sobre una documentación relevante ni apreció un informe policial que recogía una supuesta financiación irregular del PP en Valencia. De la lectura del informe "se desprende sin dificultad alguna" que "Costa es el responsable de las decisiones relativas a los pagos y cobros con la empresa Orange Market, SL". 
El recurso se interpone por: resolución gravosa y contraria a derecho; vulneración de un proceso con todas las garantías; vulneración del derecho a la tutela judicial y vulneración del derecho a no padecer indefensión. 
El tribunal valenciano, presidido por Juan Luis de la Rúa, al que Camps definió como "más que amigo", dijo que cerraba la investigación porque aunque Orange Market hubiese hecho regalos a los cuatro altos cargos imputados, no suponía que tuvieran posibilidad de devolver favor alguno. Más aún, no consideró que quedaba en Madrid documentación por leer y valorar, ni atendió el informe policial sobre la financiación irregular del PP en relación con Orange Market y otras sociedades. 
De hecho, el informe señala, y lo reproducen los socialistas en su recurso, "que el pago de 420.700 euros de Orange Market al PP sólo tiene explicación como comisiones participativas en las adjudicaciones de la Administración valenciana a la citada empresa, y de ahí también la entrega de regalos a los imputados por tales adjudicaciones". 
Los socialistas dicen que la interpretación del tribunal presidido por De la Rúa es contraria a la jurisprudencia del Supremo, es "irrazonable y arbitraria". Y el conjunto del auto, una "sentencia anticipada". El PSPV defiende que los indicios de criminalidad son palmarios y suficientes para continuar la investigación. Y entiende que se ha producido una "deslealtad procesal" que se ha convertido en "arbitrariedad". A su juicio, la actuación del tribunal es "meramente voluntarista". 
(www.elpais.com, 06/10/09) 
OTRAS DOS FIRMAS CONSTRUCTORAS PAGARON 178.000 EUROS A EL BIGOTES POR ESTUDIOS DE SU LOGO Y LONAS

Las cuatro constructoras (Sedesa, Lubasa, Enrique Ortiz e Hijos y Facsa) y la consultora urbanística (Piaf) que financiaron al PP valenciano y cobraron el favor en de contratos de la Generalitat, según la policía judicial, no son las únicas empresas del ladrillo que han pagado facturas a Orange Market.  
La franquicia valenciana de la trama Gürtel ingresó al menos 178.000 euros de otras dos firmas cementeras (Construcciones Hormigones Martínez y Pavimentos del Sureste) por tres facturas abonadas entre septiembre y noviembre de 2007. En el documento «Contabilidad2.xls», anexo al informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), consta la emisión de una factura a Hormigones Martínez el 22 de octubre por 69.600 euros en concepto de «estudio corporativo, adaptación de logo y estudio tipográfico».  
Esta empresa —radicada en Albatera y Alicante y propiedad del presidente de la patronal alicantina Coepa, Rafael Martínez Berna—es una de las constructoras de referencia en obra civil. CHM hizo frente a esa cantidad mediante pagaré de Barclays con vencimiento del 28 de noviembre.  
En la contabilidad A de Orange Market aparece una segunda factura por una cantidad similar (67.860 euros), que figura escrita al final de una hoja, justo después de la otra cantidad y con la misma fecha de 26 de septiembre. Tras esos asientos contables aparecen dos signos de interrogación, dado que no todavía no se habían emitido las facturas. De hecho, acabarían siendo libradas un mes (22 de octubre) o dos (12 de noviembre) después.  
El Bigotes también tuvo como cliente a Pavimentos del Sureste, que le abonó, mediante pagaré del Banco Guipuzcoano, un total de 40.600 euros a cuenta de una factura emitida el 10 de septiembre en concepto de «creatividad y diseño, fabricación e instalación de 8 lonas de 10x10». No se dice exactamente dónde se colocaron las lonas.  
En la misma relación contable en la que figuran estas empresas, se inscriben los cuatro encargos que abonó Facsa a Orange Market, todos ellos el 7 de agosto, por un total de 174.000 euros. Al contrario que en las tres facturas que pagó Facsa en abril de 2008 —después de la campaña de las generales— la policía judicial no ha encontrado ningún apunte de caja B en los documentos en papel e informáticos incautados a la trama que, como el «EG 200.000 euros» (Enrique Gimeno preside Facsa), le lleve a concluir que se trate de financiación del PP camuflada en facturas falsas por servicios al partido endosados a las constructoras. Una forma de infringir la ley electoral, al romper el límite de gastos y la de financiación de partidos, al no constar los ingresos en la cuenta popular. 
(www.levante-emv.com, 06/10/09) 
ORTIZ PACTÓ CON ORANGE MARKET UNA MINUTA DE 58.000 EUROS ANTES DE LAS GENERALES
Las facturas que cobró Orange Market a la constructora Enrique Ortiz e Hijos no llevaban todas como concepto unos trabajos concretos. La que se emitió el 31 de diciembre de 2008 respondía al pago de una minuta, pactada por contrato un año antes en la que se incluía la asistencia en materia de publicidad y mercadotecnia. El «importe correspondiente al pago de la parte fija del acuerdo de colaboración» ascendió a 58.000 euros (50.000 más IVA). Esa cantidad corresponde a la llamada «parte fija», estipulada en el citado contrato. Fuera de ese mínimo quedaban, por así decirlo, los extras.  
Como el que se abonó en otra factura del mismo día que ascendía a 20.752,40 euros en concepto de los «trabajos realizados en el primer semestre de 2008», que quedaban fuera de los servicios básicos. «Tótem en fórex y lonas impresas», es el desglose. En la «parte variable» fijada en el contrato —esto es, extras— se hablaba de «cada uno de los encargos sobre los soportes usados en acciones y campañas publicitarias y de marketing directo». El contrato de colaboración se firmó en la precampaña de las generales.  
En todo caso, ninguna de esas facturas se corresponde con las que aparecen en la relación del «Documento contabilidad2.xls», encontrado en el registro de la sede de Orange Market en la calle Conde de Salvatierra. Exáctamante dos. Una por 31.784 euros y la segunda factura por 84.100 euros, ambas emitidas el 1 de abril de 2008. Los cuatro agentes de la Brigada de Blanqueo que firman el informe sostienen que esos dos pagos no son otra cosa que una aportación de fondos para financiar la deuda B contraída por el PP valenciano con Orange Market, dado que excede en 16.000 euros el apunte «EO por importe de 100.000» de la caja registradora de dinero negro. Serían los 100.000 más el 16% de IVA.
Los 200.000 euros que, siempre según el informe policial, habría entregado Enrique Gimeno (de Facsa) en negro y después se blanquearon con tres facturas (de 2, 13 y 23 de abril de 2008), se englobaron en un presupuesto elaborado por El Bigotes, que comprendía «diseño, montaje y desmontaje de un stand en el 18 Salón Internacional del Agua» en Zaragoza, unas jornadas y la Ecofira de Valencia. 
(www.levante-emv.com, 06/10/09) 
«SE ADJUDICARON EL 95% POR CONCURSO PÚBLICO» 
La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, dijo ayer que las cuatro constructoras que aparecen en el informe policial del caso Gürtel han conseguido el 15% de las contrataciones de obra pública de la Generalitat a las que han optado, y ninguna se ha adjudicado individualmente más del 7%. Sánchez de León afirmó que de las adjudicaciones de obra pública conseguidas desde 2003 por Sedesa, Enrique Ortiz e Hijos, Lubasa y Facsa, el 95% lo lograron mediante concurso público, mientras que solamente el 5% se corresponde a obras de emergencia o contratos menores. 
El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, sentenció ayer que el informe policial «miente» sobre los pagos realizados por el PP de Castelló a la trama de Correa 
(www.levante-emv.com, 06/10/09)
EL PP EVITA QUE CAMPS COMPAREZCA EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE CONTROL EN CORTES 
Los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas, PSPV y Compromís, lamentaron este martes que el PP haya excluido la sesión de control al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al resto de consellers, del orden del día del próximo pleno ordinario que se celebrará el 14 y 15 de octubre en las Cortes Valencianas. 
El portavoz del PSPV, Ángel Luna, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, aseguró que la "cobardía política de Camps obliga al PP a vulnerar el Reglamento de las Cortes", concretamente el artículo 169, que señala que "semanalmente, cuando haya sesión ordinaria de Pleno, el presidente del Consell comparecerá ante el pleno para contestar preguntas de interés general para la Comunidad. Camps no comparece en pleno ordinario desde el pasado mes de junio. 
El portavoz adjunto del PP Rafael Maluenda apuntó que Camps "sólo puede comparecer cuando la Junta de Portavoces -en la que el PP tiene mayoría- determine incluir en el orden del día un punto que dé posibilidad a esta comparecencia". 
Luna consideró que Camps "no es capaz de mantener un cara a cara cada cierto tiempo" y tras el Debate de Política General, la semana pasada, apuntó que "Camps esconde la cabeza bajo el ala y no es capaz de venir a dar explicaciones". 
Para el síndic socialista, se trata de la "crónica de una muerte anunciada" y, al final, "vamos a llegar a un deterioro" de las instituciones que los valencianos "no se merecen", aseguró. 
Por su parte, el portavoz adjunto de Compromís, Enric Morera, aseguró que hay un "gravísimo problema democrático en la Comunidad Valenciana" y en el PP "se han encerrado" porque "tienen miedo al control democrático", apostilló. Así, criticó que el orden del día del próximo pleno de las Cortes "está lleno de paja". 
El próximo pleno ordinario llevará en el orden del día la comparecencia de los nuevos consellers para explicar las líneas de actuación que llevarán a cabo en su respectivas áreas; así como la modificación de la Ley de Caza para legalizar la caza con 'parany', o el debate a la totalidad de la Ley de Acceso Universal, de la Ley de Creación del Comité Valenciano para asuntos europeos; y la votación del dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado sobre los tres nuevos parlamentarios, entre otros puntos. 
(www.elmundo.es, 06/10/09) 
ESPERANZA AGUIRRE PIDE TRANSPARENCIA AL PP DE VALENCIA 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho hoy en un acto que recomienda "transparencia" al Partido Popular en Valencia en relación con su gestión del caso Gürtel. "Estoy convencida de que de la transparencia y de la investigación saldrá la luz", ha dicho Aguirre en referencia a la comisión de investigación que ha abierto el PP valenciano. 
Aguirre ha asegurado esta mañana que siente "una gran decepción" porque sólo se ha levantado un tercio del secreto del sumario del caso Gürtel en Madrid, y además el Gobierno regional recibirá estas copias el jueves. "Esperaba que se levantara íntegro", se ha quejado Aguirre. 
Por otra parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que "el PP no está agujereado como un queso", ya que "está completamente a salvo de la corrupción", y aunque no atraviesa por "un momento dulce confía plena y absolutamente en el presidenta de la Generalitat Francisco Camps. 
En declaraciones a Telemadrid, González Pons se ha referido al levantamiento del secreto del sumario del caso Gürtel y ha precisado que sólo se va a conocer un tercio del total del sumario, lo que quiere decir que "dos tercios van a estar sometidos a secreto y el Gobierno va a seguir teniendo en su mano la posibilidad de filtrarlo por fascículos cuando crea conveniente". 
A juicio del vicesecretario de Comunicación, el Gobierno, con su actitud, está haciendo un "flaco favor a la democracia", que "tiene acceso a las actuaciones sumariales y las va filtrando en función de su interés de manera planificada y con el único interés de perjudicar al PP o distraer a la opinión pública". "En lugar de hablar de los problemas que tiene España estamos hablando de los problemas que el Gobierno quiere que tenga España a través de las filtraciones a los medios". 
González Pons ha resaltado que la dirección del PP confía "plena y absolutamente" en Camps y está convencido en que la decisión que haya que tomar la sabrá tomar él en el momento oportuno con justicia y desde luego con ecuanimidad", en relación a si debería cesar a su secretario general, Ricardo Costa, o a su vicepresidente, Vicente Rambla.
Por último, tras reconocer que el PP no vive "un momento dulce", ha asegurado que en Valencia el PP tiene a uno de sus "mejores hombres", y ha asegurado que el presidente del partido, Mariano Rajoy y Camps "se ven muy frecuentemente porque son muy amigos". 
(www.elpais.com, 06/10/09)
JUAN COSTA ADVIERTE DE QUE SU HERMANO HA ACTUADO SIGUIENDO LAS DECISIONES DEL PP  
El diputado nacional por la provincia de Castelló, Juan Costa, expresó ayer su convencimiento de que el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, "ha actuado siguiendo de una manera muy correcta la política y las decisiones" de su partido. 
Costa señaló que le parece de una "gravedad tremenda" que exista un informe que "puede sembrar dudas sobre actividades regulares o no regulares de ciudadanos concretos", y que éste "vaya circulando de mano en mano y de periódico en periódico".  
En cuanto a su hermano, dijo que está "absolutamente convencido" de que ha actuado "con absoluta corrección" y expresó su deseo de que "la iniciativa del PP para analizar la financiación de todos los partidos en Les Corts pueda ser una realidad", y así "todos tengamos la oportunidad de conocer de manera directa cómo se financian los partidos en la Comunitat". 
Por su parte, el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, que ayer no asistió al Comité Nacional del PP -se reunió con empresarios de Castelló- señaló que son "rotundamente falsas" las "insinuaciones" que se están realizando respecto a su supuesta implicación en la trama. 
Rambla dijo que se "puede decir más alto, pero no más claro: son rotundamente falsas todas las insinuaciones que en relación a mi persona se han hecho en esa información y se están haciendo a lo largo de estos días". 
"Tengo que decir que por parte del presidente Camps, jamás ha habido una sola insinuación en beneficio de ninguna de estas empresas, y por mi parte jamás ha habido ni una sola insinuación para que haya trato de favor a estas empresas, que, por cierto", añadió. "Llevan décadas trabajando en la Comunidad y en la administración valenciana", dijo. 
(www.levante-emv.com, 06/10/0
FRAGA CRITICA A RAJOY POR LA GESTIÓN DEL 'CASO GÜRTEL' 
Continúan apareciendo nuevas voces que piden a Rajoy un cambio de rumbo en la gestión de la crisis en el partido por el caso Gürtel. Si los pasados días eran De Cospedal, Arenas, González Pons o Martínez Pujalte quienes pedían contundencia -refiriéndose a dimisiones- por el caso Gürtel en Valencia, este lunes ha sido Fraga quien ha levantado la voz.  
El senador y presidente fundador del PP, Manuel Fraga, considera que con el almuerzo que celebraron en Cuenca el líder del PP, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se trata de "ganar tiempo para resolver los problemas importantes" que han provocado en Valencia las últimas revelaciones del caso Gürtel.  
A su entender, la situación del partido en la Comunidad Valenciana "no da la sensación de que vaya muy bien". 
Fraga hizo estas declaraciones antes de asistir a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional en Madrid, a la que no asistieron ni el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ni el vicepresdente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla. El consejero de Economía, Gerardo Camps, sí que se desplazó esta mañana hasta Madrid. 
Al ser preguntado si consideraba que la dirección nacional del PP estaba actuando adecuadamente ante el caso Gürtel, Fraga aseguró que no iba a responder a esa cuestión aunque agregó que "definitivamente no da la sensación de que ese asunto vaya muy bien".  
Se le interrogó después si veía normal que Rajoy y Camps se reunieran en el Parador de Alarcón (Cuenca) en vez de hacerlo en el despacho que tiene el líder del PP en Madrid, el ex presidente de la Xunta recalcó: "El caso es ganar tiempo para resolver los problemas importantes, y ahí los hay". 
El presidente de honor del PP no ha querido profundizar en la tesitura del partido en la Comunidad Valenciana porque "quien tiene que decir" algo al respecto es "quien lo ha llevado", si bien no ha especificado de quién se trata.  
(www.publico.es,  05/10/09) 
EL COMITÉ EJECUTIVO DEL PP ESPERA RECIBIR HOY EXPLICACIONES 
Varios miembros de la directiva nacional del PP confían en que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, o el vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, acudan hoy a la reunión del Comité Ejecutivo para informar de las novedades en el caso Gürtel. 
Además de ellos, forman parte de este órgano otros dirigentes valencianos como Esteban González Pons, José María Michavila, Ignacio Uriarte, Gerardo Camps o Rita Barberá. 
Ante el "secretismo" del almuerzo entre Rajoy y Camps en el Parador de Alarcón (Cuenca), numerosos cargos del partido aseguraron ayer a EP que les gustaría saber si el líder del PP ha dado libertad al presidente valenciano para actuar en los tiempos que considere oportunos o si, por el contrario, le ha exigido medidas contundentes respecto al informe policial que apunta a una supuesta financiación ilegal del PPCV.La versión oficial es que Rajoy mantiene su plena confianza en Camps y que en ese almuerzo no le reclamó dimisiones ni le dio instrucciones o plazos.  
(www.publico.es,  05/10/09) 
CAMPS A EL BIGOTES: "AQUÍ NO HA DE FALTARTE TRABAJO" 
Los más esforzados intentos del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por negar sus vínculos con la trama Gürtel son vanos cuando salen a la luz las promesas que dirigía a Álvaro Pérez El Bigotes en 2004: “Aquí no ha de faltarte trabajo”. Según el vicedirector de El Mundo, Casimiro García Abadillo, esas fueron las palabras con las que el dirigente recibió al presunto corrupto cuando éste marchó a Valencia con la clara misión de buscar nuevos nichos de mercado tras el batacazo del PP de Mariano Rajoy en las generales. Pérez, que conocía a Camps desde su etapa de alto cargo en el Ministerio de Administraciones Públicas de José María Aznar, cumplió sus objetivos con creces a juzgar por los datos: entre el año en cuestión y 2008, la Generalitat reportó a su empresa Orange Market 6’2 millones de euros, el PP regional otros 2’4 y el sector privado poco más de uno.  
Las carreras del Molt Honorable President y el hombre fuerte de Correa en Valencia han transcurrido, en cierta manera, en paralelo. En 2003, precisamente cuando Camps sustituyó a Zaplana en la presidencia de la Generalitat, El Bigotes aterrizó en Valencia y fundó junto a Pablo Crespo Orange Market. De acuerdo con datos publicados por El País, en 2004, la empresa ingresó 204.000 euros, y al año siguiente ya facturaba 2,4 millones de euros. 
El enchufado del President 
Si una conversación entre Camps y El Bigotes, ya había evidenciado la "amiguitos el alma” que eran, hoy siguen saliendo a la luz sus nexos. García Abadillo asegura que en cuanto Pérez le comunicó a Camps que quería establecerse como empresario independiente experto en la organización de eventos los contratos comenzaron a fluir a borbotones.
Toma de contacto con Costa 
El bautizo de El Bigotes tuvo lugar en el Congreso del PP Valenciano en el que Ricardo Costa fue elegido vicesecretario del partido (actualmente es secretario general y portavoz en las Cortes). Fue el entonces vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, quien les presentó dándole instrucciones de contratar a Alvarito para los actos del partido porque “así lo quiere el presidente”. Campos, chivo expiatorio de la Gürtel en el Ejecutivo regional, también habría recomendado Orange Market a Enrique Gimeno, presidente de Facsa, una de las empresas acusadas de financiar ilegalmente al PP.

Mediación de los vicepresidentes  
Otra de las benefactoras del PP fue Sedesa, presidida por Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero, Juan Cotino. La constructora habría conocido a El Bigotes a través del también vicepresidente Vicente Rambla. Este extremo consta en una conversación grabada por la Policía el 5 de diciembre de 2008 en la que Pérez da cuenta de esta mediación a Pablo Crespo, ex dirigente dirigente del PP Gallego y número dos de la red.
Dos veces más caro 
Algunos de estos empresarios, como Gimeno, admiten que contrataban a Orange Market a pesar de que era “muy cara” y de que en ocasiones cobraba “el doble de lo que podría cobrar una empresa de la competencia”. Según la Brigada de Blanqueo de la Policía, esto ocurriría porque las entidades aceptaban pagar facturas infladas a la red corrupta para financiar al PP Valenciano. El “canalizador” de estos fondos sería Ricardo Costa. El círculo se cerraba en la Generalitat, que luego otorgaba contratos a sus mecenas vía Gürtel.
El ejemplo de la Feria de Valencia 
Un ejemplo de este proceder tuvo lugar en la Feria de Valencia del 21 de enero de 2006. El PP habría pagado una factura de 42.718 euros por un acto en este evento; sin embargo, faltaban 251.000 para zanjar la deuda. La cantidad habría sido pagada en negro por el mismo partido y por los empresarios citados.

Pescando en Valencia 
Así las cosas, no es de extrañar el volumen de facturación de la trama en Valencia fuese millonarios (6’2 millones de la Generalitat, 2’42 del PP Valenciano y 1’03 del sector privado). Según la Policía, 3’4 millones los desembolsaron en B los populares de Castellón y la Comunidad Valenciana, es decir, que “el 52,2% de los gastos se pagan en efectivo con recursos en B, ajenos al circuito económico”. Costa ha negado estos puntos, asegurando que sus cuentas “están fiscalizadas y sometidas a auditoria”. “La contratación de Álvaro Pérez es una vergüenza para nuestro partido, a la luz de lo que ahora sabemos” ha declarado.  
(www.elplural.com, 05/10/09) 
CAMPS CONFUNDE A COSPEDAL 
Este mediodía, todos los ojos estaban puestos en la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien la semana pasada lanzó un órdago al presidente valenciano, Francisco Camps, indicando que esperaban sus “medidas contundentes” en relación a la presunta financiación ilegal de su grupo. Visto que sus recetas han sido papel mojado, no es de extrañar que hoy en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo del partido los periodistas se le lanzaran a la yugular. La número dos de Génova ha encajado las duras preguntas como ha podido, a golpe de confusiones, reiteraciones y, por supuesto, balones fuera. Cospedal incluso ha tenido un lapsus ante la simple pregunta de si había hablado con Francisco Camps desde el lunes pasado. “Pués claro que sí… Sí, supongo que sí… Sí, sí, claro, claro, yo suelo hablar con los presidentes autonómicos todas las semanas” ha contestado, mirando al cielo y tras unos segundos de incertidumbre.
La prensa ha vuelto a acorralar a la número dos del PP. En su comparecencia ante los medios de hoy, no ha habido ni una sola pregunta que no fuera comprometida. Así las cosas, Cospedal ha capeado el temporal malamente, quedando en evidencia las más de las veces.
Sin divagaciones 
Cuando un periodista le preguntó si al reiterar que confiaba en que Camps actuaría de la forma conveniente, confirmaba que el dirigente “todavía” no había adoptado las susodichas medidas “contundentes”, ella intentó mostrarse tan firme que sonó increíblemente poco convincente. “Lo que no voy a hacer es interpretarme a mí misma. En este aspecto ya he dejado clara mi postura y no voy a hacer más divagaciones. No les voy a interpretar lo que les acabo de decir. Les acabo de decir lo que les acabo de decir y a ello me remito. Es un asunto que no ha tenido más novedad, la última es que se va a aprobar una comisión de investigación pero no ha habido más novedades” ha repetido.
Confundida

Cospedal había eludido una pregunta del mismo periodista, quien quiso saber si había hablado con Camps desde la semana pasada. Cuando éste insistió, la número dos del PP se mostró entonces dubitativa e ironizó con tamaño “detalle de curiosidad” del informador. Un poco a regañadientes, acabó por contestar: “pues creo que sí… Sí, supongo que sí… Sí, claro, claro, yo suelo hablar con los presidentes autonómicos todas las semanas”, mirando hacia arriba y con un tenso silencio en medio.
Claridad ante todo
Llegados a este punto, sorprende poco que Cospedal asegurara que “la dirección del PP ha hablado alto y claro en numerosas ocasiones” del caso Gürtel en su vertiente valenciana, y “que se diga” lo contrario “no se corresponde a la realidad” aunque “cada uno es libre de decir lo que piensa”. O que dijese que al pedir medidas “contundentes” al valenciano en realidad quería manifestar “toda mi confianza en el presidente de la Generalitat. Y confirmo esa confianza y me remito a esas declaraciones”. O que negase que el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, estuviera inconforme con los resultados de las encuestas y el tratamiento al PP valenciano porque “no ha dicho eso en el Comité Ejecutivo” y a la prensa “no le han informado bien”.
Negando a Fraga 
Cuando otro enviado le leyó textualmente las palabras de Fraga para quien “no da la sensación de que” el PP valenciano “vaya muy bien” y es “raro” que no haya más ventaja en las encuestas, ella se limitó a señalar que desconocía estas palabras y a reiterar que, en el seno de la reunión, no se había expresado de esta manera. Tal como ha apuntado, el asunto Gürtel apenas fue tratado “brevemente” por Rajoy. 
(www.elplural.com, 05/10/09) 
FRAGA ASEGURA QUE "NO DA LA SENSACIÓN" DE QUE EL PP VALENCIANO "VAYA MUY BIEN" 
El presidente de honor del PP, Manuel Fraga, ha reconocido hoy que la situación del partido en la Comunidad Valenciana "no da la sensación de que vaya muy bien". Fraga ha hecho esta afirmación antes de asistir al Comité Ejecutivo Nacional que los populares celebran hoy en la sede de la organización, y a la que no ha acudido el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. 
El presidente de honor del PP no ha querido profundizar en la tesitura del partido en la Comunidad Valenciana porque "quien tiene que decir" algo al respecto es "quien lo ha llevado", si bien no ha especificado de quién se trata. 
Sobre el almuerzo que tuvieron el líder de los populares, Mariano Rajoy, y el propio Camps el pasado miércoles, Fraga no ha comentado nada acerca de si ese encuentro debería haberse celebrado en la sede nacional del partido, ya que, a su juicio, lo principal consiste en "ganar tiempo para resolver los problemas importantes, que los hay". 
Además, preguntado por las últimas encuestas sobre intención de voto, que dan mayoría al PP, el mandatario ha señalado que efectivamente "hay un cambio de tendencia", aunque "lo raro es que no sea más profundo" debido a la situación económica y a los "testimonios nacionales e internacionales". 
(www.elpais.com, 05/10/09)
LAS EMPRESAS QUE FINANCIARON AL PP LOGRARON 800 MILLONES EN CONTRATOS DE LA GENERALITAT 
Las constructoras que supuestamente financiaron al Partido Popular en la Comunidad Valenciana a través de Orange Market -la empresa de la trama corrupta del caso Gürtel que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes- tenían motivos para estar agradecidas. 
El informe elaborado por la brigada antiblanqueo del Cuerpo Nacional de Policía, que rechazó investigar el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, indica que lograron cerca de 800 millones de euros en contratos del Gobierno que preside el popular Francisco Camps en concursos a los que se presentaron solos o junto a otras empresas. 
Así, el informe detalla que desde 2007 y hasta 2009, Sedesa -el grupo empresarial que dirige Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino- recibió un total de 539 millones de euros en adjudicaciones. Vicente Cotino mantiene una estrecha relación de amistad con el responsable de la trama corrupta en Valencia, Álvaro Pérez, y con el ex director general de Ràdio Televisió Valenciana Pedro García. 
El informe policial señala que el responsable de Sedesa llegó a tratar con El Bigotes y sus socios, Pablo Crespo y Pablo Collado, la posibilidad de comprar Easy Concept, una de las empresas de la trama. 
En la operación estaba dispuesto a participar Pedro García, "que había manifestado su interés por colaborar" en el proyecto, según el informe policial. Una opción que fue desechada, relata el informe, al intuir Crespo y Álvaro Pérez que Easy Concept estaba siendo investigada por el fisco, por lo que recomendaron a Vicente Cotino que "lo mejor sería crear una empresa totalmente nueva". 
Otro importante constructor que abonó facturas a Orange Market para financiar presuntamente actos del PP valenciano es Enrique Ortiz. Su firma Ortiz e Hijos obtuvo 205 millones en contratos de la Administración de Camps, entre 2005 y 2008. 
La firma Lubasa, del empresario castellonense Luis Batalla, logró más de 77 millones en adjudicaciones entre finales de 2006 y principios de 2009, según la policía. 
Facsa, la firma que dirige Enrique Gimeno y también radicada en Castellón, logró 13,8 millones en solitario de adjudicaciones de la Generalitat. La policía tiene documentados pagos en dinero B por actos del PP de las citadas empresas y del presidente de la sociedad PIAF, Antonio Pons. Éste, además sustituyó en el cargo de administrador en la firma Patrimonio Millars XXI al entonces vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, en abril de 2004. 
(www.elpais.com,  05/10/09) 
LOS INGRESOS EN LA CAJA B DE ORANGE MARKET SE DISPARARON EN LAS AUTONÓMICAS DE 2007 
Los ingresos en la caja B de Orange Market, principal proveedor de eventos del PP de la Comunidad Valenciana, se dispararon en 2007. Ese año era crucial para el presidente valenciano, Francisco Camps, que se enfrentaba a sus segundas elecciones autonómicas, pero era la primera vez que no estaba tutelado por su antecesor y rival, Eduardo Zaplana. 
El informe de la brigada antiblanqueo de la policía da cuenta de la existencia de un fichero denominado Barcelona que, entre enero y noviembre de 2007, "contiene entradas y salidas de dinero ajeno a los circuitos económicos que se recogen en la contabilidad de Orange Market". 
En esa caja B aparecen ingresos atribuidos al PP de la Comunidad Valenciana por un importe cercano a los 2,8 millones de euros. Un extremo que la dirección regional del partido y su secretario general, Ricardo Costa, niegan. Los populares valencianos sólo reconocen haber facturado con Orange Market en 2007 un total de 900.000 euros. Cantidad que se abonó íntegramente. 
Sin embargo, el archivo incautado durante los registros policiales para desmantelar la trama de empresas que dirigía Francisco Correa ofrece más detalles. Así, en esta contabilidad B de Orange Market aparece un ingreso atribuido al PP para realizar la reserva de vallas electorales en precampaña por importe de 12.000 euros. Este apunte va acompañado de otro con el concepto de "vallas metro" por importe de 10.800 euros y otro con el epígrafe "vallas" por valor de 99.500. 
Este archivo contable incautado a Orange Market también incluye dos apuntes referidos a actos en los que participó el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy. El primero, referido al 2 de enero de 2007, menciona la cantidad de 30.000 euros por el concepto "resto acto Rajoy 29-9-2006". 
La fecha coincide con un acto multitudinario del PP celebrado en el Palau de Les Arts de Valencia, al que acudió el líder del PP para respaldar a Camps, que afrontaba una moción de censura de los socialistas. Entonces, Rajoy, preguntado por los casos de corrupción, manifestó: "El señor Camps respeta el código ético del PP. Cuando algún juez diga que hay un militante que incumple la ley, actuaremos en consecuencia; pero mientras tanto tiene poco sentido hacerlo". 
El segundo apunte es por importe de 60.000 euros entregados el 3 de octubre de 2007, atribuido al PP de la Comunidad Valenciana bajo el epígrafe "Rajoy 28-10-2007". Esa fecha coincide con otro acto fastuoso del PP en Valencia. El multitudinario evento, realizado en Feria Valencia, se organizó para presentar, ante miles de cargos populares venidos de toda España, a Mariano Rajoy como candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales de 2008. 
Junto a este último apunte del archivo incautado a Orange Market figura otro con fecha de 15 de octubre de 2007 por un importe de 50.000 euros y junto a la anotación "Gradas 27/10". Los apuntes demuestran que, pese a tratarse de un acto de la dirección nacional del PP, la empresa de El Bigotes realizó, como mínimo, labores auxiliares para lograr que el evento resultase un éxito. 
En el documento incautado, que forma parte del informe policial, figuran un buen número de epígrafes referidos a "campaña 2007". También consta un ingreso de 12.000 euros atribuido al vicesecretario de Organización del PP, David Serra, con fecha del 21 de mayo, y otro de 24.000 euros, del 26 de septiembre, atribuido a "Alicante Sonia", que presumiblemente alude a la actual alcaldesa, Sonia Castedo. 
El ejercicio de 2008, conseguidos ya los objetivos electorales, registró una menor actividad. De hecho, el informe apunta que "en 2008 se observa una reducción significativa de la entrada de fondos a la caja B procedente de eventos del PP en comparación con 2007". 
(www.elpais.com,  05/10/09)
EL BIGOTES: "¡ME ESTOY QUEDANDO SIN RESPIRACIÓN!" 
"Es que no... Me estoy quedando sin respiración", dice con aparente asombro Álvaro Pérez, El Bigotes. Son las ocho de la tarde del 12 de febrero, y en un despacho de la Audiencia Nacional el juez Baltasar Garzón está interrogando a Pérez por la contabilidad en dinero negro de la red Gürtel. El imputado ha dicho que no tiene "ninguna" relación con el contable -más tarde añadirá que jamás facturó en dinero negro-, pero el juez le va enumerando una serie de pagos a su nombre y Pérez se va quedando sin aliento: 12.000 euros, 42.000, 5.000, 33.000... "Según estas anotaciones tiene usted una deuda de 698.607,35 euros", concluye Garzón. "¿Yo tengo una deuda con ellos? ¡Dios mío!", suspira El Bigotes. 
El interrogatorio de ese día está salpicado de respuestas que no cuadran con el esquema de la trama corrupta que ha arrojado después la investigación policial y judicial. El hombre de Francisco Correa en Valencia a través de la empresa Orange Market, el "amiguito del alma" de Francisco Camps, declara, por ejemplo, que "nunca" ha falseado facturas y que jamás ha hecho regalos a un cargo público, a pesar de que conversaciones grabadas por la policía acreditan que hizo ambas cosas. 
"Nunca facturo con el PP en B", asegura Pérez. Y cuando el juez le pregunta cómo justifica entonces que, según la contabilidad de la trama, en 2002 Orange Market organizara el congreso regional del PP y facturase 90.151 euros en A (legal) y otros 150.421 en B (negro), él responde: "Pues no lo puedo justificar". "¿Qué sabe usted de unas anotaciones acerca de una caja B sobre Orange Market?", insiste Garzón. "Nada", insiste igualmente El Bigotes. 
Un personaje clave de la investigación es José Luis Izquierdo, contable de la trama, y los papeles en los que éste iba apuntando los ingresos y gastos de la red de Correa. "A mí no me pagó nunca nada el señor Izquierdo", afirma Pérez. "¿Entonces por qué vienen aquí estas anotaciones a favor de usted?", le inquiere el juez, siempre en vano. "No lo sé" y "no me acuerdo" son las respuestas recurrentes. Garzón no desiste, y esgrime las cuentas de Izquierdo incautadas por la policía. 
Garzón. ¿Quiere usted decirme que no tiene ni idea de todas estas relaciones de gastos y que han sido cubiertos por la organización de Pablo Crespo en la caja común que tiene en Madrid y cuya contabilidad es llevada por el señor Izquierdo? ¿No sabe nada de esto? 
Pérez. No, señor juez, no sé nada de eso. 
Garzón. ¿No será porque usted depende del señor Crespo de hecho, y por eso está en esta contabilidad hasta la saciedad? 
Pérez. No, señoría. No sé por qué me han puesto ahí, no sé por qué estoy reflejado ahí. 
Después el interrogatorio entra de lleno en el asunto de los trajes regalados supuestamente por Orange Market a cargos públicos valencianos, empezando por el presidente Francisco Camps. Pérez asegura que ni él ni su empresa le han pagado ropa "a nadie", y desde luego a ningún "funcionario". Garzón le presiona con un dato de la investigación: "Pablo Crespo pagaba facturas que había generado, y de otras personas, por encargo de usted. ¿Es verdad o no?". Y El Bigotes se defiende, a medias: "Yo le contesto, señoría, que yo cuando me hacía un par... dos, tres trajes en Milano, los pagaba yo". 
Garzón. ¿Le pidió en alguna ocasión al señor José Tomás [sastre de Milano y Forever Young] que se desplazara a Valencia a tomar medidas a distintas personas relacionadas con la Generalitat? 
Pérez. Por encargo mío, no. Le he presentado a mucha gente para que se hiciera la ropa allí, él me lo pedía. 
Garzón. ¿A quién? 
Pérez. Creo que fue, no sé si fue el vicepresidente de la Generalitat [...] y el Presidente. Pero creo que devolvió los trajes. 
Garzón. ¿Y el director de gabinete? ¿Y el director de Canal Nou? ¿No fue usted con estas personas y les acompañó a Madrid? 
Pérez. No. 
(www.elpais.com,  05/10/09) 
LAS 'LAGUNAS' DE ÁLVARO PÉREZ 
- NADA CON EL CONTABLE. Como Pérez acaba de decir que dejó de tratar con Izquierdo en 2005, el juez le suelta: "¿Me puede explicar por qué hay unas anotaciones en la contabilidad intervenida al señor Izquierdo que hacen referencia a usted en 2006, 2007, 2009...". El Bigotes explica: "En alguna ocasión he llamado a Pablo Crespo y le he dicho: 'Por favor, dale algo de dinero a mi madre que necesita dinero para gastos y tal'. A lo mejor Pablo, no lo sé, lo que habrá hecho con José Luis Izquierdo... pero como mucho puede ser ésa la relación. Pero yo, con José Luis, ninguna". 
- FACTURACIÓN 'EN B'. "¿Facturaron ustedes en B [en dinero negro] el congreso regional del PP en 2002?". "Nunca facturo en B con el PP". "¿Cómo justifica usted que en la contabilidad que se ha intervenido aparezca que ustedes facturaron en A 90.151 y en B 150.421?". "Pues no lo puedo justificar". 
- TRAJES DE REGALO. Abogada: "¿Usted ha dado a alguna persona que sea una autoridad o funcionario algún tipo de regalo o algún tipo de dádiva o alguna cosa en algún momento?". "No". (El auto del juez José Flors y los documentos facilitados por las tiendas Milano y Forever Young acreditan que Pérez pagaba con fondos de su empresa los trajes de, al menos, cinco cargos públicos del PP). 
- RELACIÓN CON CORREA. "¿Qué relación tiene, últimamente me refiero, con Francisco Correa?". "Sólo la sentimental". (Las grabaciones telefónicas acreditan que Correa era el jefe de Pérez. Éste le daba cuenta de cómo iba el negocio en Valencia). 
- TRATOS CON EL PP. "Pablo Crespo, en diciembre de 2008, ¿mantuvo con usted alguna conversación relacionada con David Serra?". "No lo recuerdo". "Relacionado con Orange Market y con algunas facturas pendientes de Orange Market con el PP de la comunidad valenciana, ¿recuerda?". "No lo recuerdo". (La conversación entre Crespo y Pérez fue grabada con autorización judicial y versaba sobre las deudas del PP con Orange Market cuyo pago tenía que resolver, entre otras personas, David Serra). 
(www.elpais.com,  05/10/09) 
DOS VICEPRESIDENTES DE CAMPS MEDIARON A FAVOR DE 'EL BIGOTES' 
Víctor Campos recomendó al empresario Enrique Gimeno que diera contratos a Orange Market y Vicente Rambla hizo la misma gestión ante el constructor Vicente Cotino - Los empresarios señalados por la Policía niegan haber pagado actos del PP pero admiten que Álvaro Pérez era «muy carero» y les cobraba, «a veces, el doble que la competencia» - El propio Campos informó a Ricardo Costa de que los actos del PP tenía que organizarlos 'El Bigotes': «Así lo quiere el presidente». Costa aclara que Camps nunca le indicó nada 
Álvaro Pérez, El Bigotes, llegó a Valencia a finales de 2004 con una mano delante y otra detrás, como suele decirse. Pero, en poco tiempo, se convirtió en un tipo conocido por todos los estamentos políticos y empresariales de la Comunidad gobernada con mayoría absoluta por el PP.  
La asunción de la dirección del Partido Popular por Mariano Rajoy tras el 14-M había supuesto un mazazo para Francisco Correa, organizador habitual de los actos del PP. El de Santiago decidió prescindir de sus servicios, ya que conocía su peculiar forma de actuar en Galicia.  
El Bigotes conocía a Francisco Camps desde que éste ocupó un alto cargo en el Ministerio de Administraciones Públicas, cuando Aznar era presidente del Gobierno.  
Álvaro, Alvarito, dicharachero y con don de gentes, se presentó en Valencia y fue recibido por su amigo Paco Camps, que ya era presidente de la Generalitat.  
El recién llegado le contó a Camps que había roto sus relaciones con Correa y que quería establecerse por su cuenta como experto en la organización de eventos.  
«Aquí no ha de faltarte trabajo», fue la respuesta que, según una fuente de toda solvencia, le dio el presidente de la Generalitat a su desamparado amigo. Y, en efecto, los contratos comenzaron a fluir como un torrente.  
Fue en el Congreso del PP de la Comunidad Valenciana cuando Ricardo Costa (actual secretario general y portavoz del PP en las Cortes valencianas) conoció a Álvaro Pérez. En aquel Congreso, Costa fue elegido vicesecretario general.  
Y fue nada más y nada menos que Víctor Campos, entonces vicepresidente de la Generalitat y número dos de Francisco Camps, quien le dijo a Costa que los actos del partido tenía que organizarlos Alvarito. «Así lo quiere el presidente», añadió.  
Campos no sólo recomendó a Álvaro Pérez en el seno del partido y le encargó numerosos y costosos actos de la propia Generalitat, sino que le abrió el camino en el mundo empresarial.  
Según ha reconocido Enrique Gimeno (presidente de Facsa) a este periódico, fue Víctor Campos, a quien conocía desde hacía años (ambos son de Castellón), quien le recomendó la empresa de El Bigotes: Orange Market, nombre muy propio para actuar en la comunidad de las naranjas.  
Según comentó Vicente Cotino (presidente del Grupo Sedesa y sobrino del conseller de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Cotino) a una fuente de toda solvencia, a él fue Vicente Rambla, actual vicepresidente de la Generalitat, quien le indicó el nombre de Álvaro Pérez para que le contratara.  
En una conversación grabada por la Policía el 5 de diciembre de 2008, Álvaro Pérez le comenta a Pablo Crespo (número dos de la trama Correa) que Vicente Rambla le indicó a un empresario que le gustaría que sus «proyectos los pudiera llevar a cabo una empresa valenciana llamada Orange Market».  
Con apoyos así no parece difícil hacer negocios. El caso es que Orange Market, entre 2005 y 2008, facturó más de 6 millones a la Generalitat, casi 3 millones al PP de la Comunidad Valenciana y más de un millón a empresarios privados.  
El estallido del caso Gürtel supuso un duro golpe para Camps y su equipo. Según las primeras investigaciones, El Bigotes había regalado diversos trajes a Campos, Costa y el propio Camps. El asunto llegó a la vía judicial, que lo instruyó con la curiosa figura de cohecho impropio. Es decir, un regalo del que no se espera contraprestación.  
Finalmente, el Tribunal Superior de Valencia decidió archivar el caso el pasado mes de agosto. Campos, que había pedido la baja en el partido, fue reintegrado al PP nada más conocerse la sentencia.  
Sin embargo, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, remitió al Tribunal el pasado 31 de julio un informe cuyos extremos se ha conocido hace unos días.  
Según la Policía, Orange Market funciona como una filial del Grupo Correa. De hecho, Pérez recibía un sueldo mensual de 6.000 euros.
Pero eso no era lo peor para el PP. Según el citado informe, el partido en la Comunidad Valenciana actúa con una doble contabilidad. Una parte de sus gastos los paga en A, con factura e IVA; y otra parte de ellos los desembolsa en B; es decir, en dinero negro.  
¿Cómo logra ese dinero opaco a Hacienda? Pues, según el informe, gracias a que un grupo de empresarios (todos ellos contratistas de la Generalitat) paga facturas falsas o que no se corresponden con servicios reales.  
Pongamos un ejemplo. El 21 de enero de 2006, el PP celebró un acto en la Feria de Valencia. Según el informe policial, el PP pagó una factura de 42.718 euros a Orange Market por su organización (mediante factura emitida el 2 de febrero de 2006). El coste no incluido en la factura fue de 251.000 euros (una parte de ellos se entregó a Special Events, otra sociedad del Grupo Correa, y el resto se ingresó en la Caja B).  
La Policía afirma que Enrique Gimeno (Facsa); Enrique Tomás Ortiz (Grupo Enrique Ortiz e Hijos); Antonio Pons (Grupo Piaf); Vicente Cotino (Sedesa), y Luis Batalla (Lubasa), hicieron aportaciones para financiar la cara oculta de los actos del PP y, para «enmascararlo», emitieron facturas falsas a Orange Market.  
Según el informe policial, 3,4 millones de euros fueron pagados en B por el PP de Castellón y el PP de la Comunidad Valenciana. La Policía afina hasta tal punto, que llega a cuantificar en «un 47,78% los gastos que se financiarían con fondos fiscalizables»; mientras que otra parte, «el 52,22% de los gastos se pagan directamente en efectivo, con recursos en B, ajenos al circuito económico».  
Preguntado por este periódico, Gimeno afirmó que Orange Market sí realizó trabajos para Facsa, aunque, eso sí, «muy caros». «A veces, el doble de lo que podía cobrar una empresa de la competencia. Por ello decidimos prescindir de sus servicios en 2008».  
Naturalmente, ninguno de los empresarios consultados por EL MUNDO admite haber pagado en negro actos políticos del PP, aunque todos reconocen que El Bigotes era «muy carero».  
Ricardo Costa, en conversación con EL MUNDO, también negó que hubiese una doble contabilidad en el PP: «Nuestras cuentas están fiscalizadas y sometidas a auditoría». Y se lamentó: «La contratación de Álvaro Pérez es una vergüenza para nuestro partido, a la luz de lo que ahora sabemos». Otro problema es hasta dónde se implicó Camps con El Bigotes. Según Costa, el presidente de la Generalitat nunca le dio instrucciones directas al respecto.  
Sin embargo, una fuente de solvencia comentó a este periódico que Camps hizo gestiones en Génova, primero con el entonces secretario general, Ángel Acebes y, posteriormente, incluso ante Rajoy, para que el Congreso de Valencia del PP de junio de 2008 lo organizara la sociedad Feria de Valencia (tras la cual se encontraba, ¡como no!, el amigo Alvarito).  
Finalmente, el acto fue organizado por la empresa Promedia, en la que figura como accionista la esposa de Juan Costa.  
Tanto la Policía como la Fiscalía Anticorrupción están convencidas de que la trama Correa representa para el PP de Valencia una especie de Filesa en la que hay financiación irregular del PP de dicha comunidad autónoma.  
Las empresas financiadoras lo harían a cambio de contratos con la Generalitat Valenciana, según la Policía.  
Algunas de las empresas implicadas (como Lubasa) ha multiplicado su facturación por dos en dos años.
Pero, a diferencia de Filesa, en este caso, la trama de Correa funciona como una red de evasión de capitales, con tentáculos en diversos paraísos fiscales, montada por el despacho del experto abogado José Ramón Blanco Balín.  
La propia estructura accionarial de Orange Market es una muestra de esa forma de actuar: su propietaria es la sociedad ubicada en la isla de Nevis Forevermore Inc.  
Una parte del dinero ingresado en B se remitía desde Valencia a la «caja madre» (ubicada en la sede del Grupo en la calle Serrano de Madrid), cuya contabilidad ha sido desbrozada por la Policía, y, desde allí, se destinaba a diversos paraísos fiscales y, por supuesto, a los bolsillos del jefe de la trama: Francisco Correa.  
La cuestión ahora es qué hará Francisco Camps y qué hará Mariano Rajoy.  
Según señaló Camps, «la Generalitat Valenciana no ha dado ni un solo contrato de forma irregular o a dedo, ya que ha cumplido escrupulosamente con las normas». «Ningún funcionario», añadió, «ha denunciado nunca que haya habido favoritismo hacia unas empresas en particular».  
Francisco Camps cree que todo es «un montaje destinado a erosionar al PP de Valencia y al PP de Rajoy». En la sede de Génova, sin embargo, creen que, aunque hay una intencionalidad clara tanto por parte del Ministerio del Interior como de la Fiscalía en atacar al PP, el informe recoge «algunos datos preocupantes».  
Mariano Rajoy es partidario de que sea el propio Francisco Camps quien determine qué decisiones debe tomar, pero que, en cualquier caso, deberían conllevar alguna destitución al más alto nivel político.  
Una fuente de la dirección del Partido Popular aseguró: «Camps no puede actuar bajo presión. Hay que dejar que sea él quien decida los pasos que hay que seguir. Pero Rajoy tiene claro que algo debe hacer. Puede suceder algo parecido a lo que pasó con Bárcenas. Al final, tuvo que dimitir».  
Desde luego, la solución no es nada fácil. Camps no sólo es el líder del Partido Popular en Valencia, sino que es presidente de la comunidad autónoma con una mayoría absoluta que, según las encuestas, podría volver a repetir.  
El partido, que era un desastre hasta la llegada de Eduardo Zaplana y que después, tras la ascensión de Camps, vivió una lucha interna que sigue larvada, se vería sometido a un auténtico terremoto si saltara por los aires el hombre que sigue representando no sólo a la fuerza más votada, sino a más de 100.000 militantes.  
Sin embargo, la opción de mirar para otro lado podría ser todavía peor. Los datos apuntan a que, en efecto, no solamente ha sido un error contratar a un personaje tan impresentable como El Bigotes, sino que el Partido Popular ha recibido dinero de forma irregular. 
(www.elmundo.es,  05/10/09) 

 LAS PRUEBAS DEL DELITO
- Prueba 1. En el registro del piso de Seguridad de la red corrupta se halló un ordenador que almacenaba documentación encriptada. Eran archivos informáticos con pagos de comisiones a dirigentes del PP; fichajes de altos cargos para conseguir contratos y documentos con apuntes estratégicos: "Temas Valencia. Pedro quiere ser director de la televisión de Valencia, que Álvaro se vaya para allá".
- Prueba 2. En una caja de seguridad que Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, tenía en una sucursal de un banco en Pontevedra se hallaron documentos de la facturación al PP entre 1996 y 1999 (parte de ella en dinero negro) por unos 6 millones de euros.
- Prueba 3. En la documentación incautada en la sede central de la red, calle de Serrano, 40, se halló la contabilidad B donde aparecían pagos al alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Las empresas del grupo lograron contratos del Ayuntamiento de Majadahonda que están en el sumario.
- Prueba 4. Al menos tres operaciones de suelo, una en Arganda del Rey (que generó unas plusvalías de decenas de millones de euros), otra en Boadilla del Monte (con tres millones de beneficio) y una obra pública en Castilla y León, aparecen documentadas en los registros de la trama y en diversas grabaciones que acreditan el pago de comisiones millonarias por parte de las constructoras beneficiadas gracias a la supuesta mediación de Correa.
- Prueba 5. El informe del Tribunal de Cuentas Valenciano de 2006 sobre el contrato adjudicado a Orange Market para el pabellón de Fitur señala: "La fórmula que la Agencia Valenciana de Turismo utiliza para ponderar la proposición económica no se adecua a los principios constitucionales de eficiencia y economía, porque la valoración de la oferta no alcanza la ponderación que en principio se establece en la licitación del contrato (50 o 60 puntos sobre 100)".
- Prueba 6. Informe remitido por la Generalitat Valenciana al Tribunal Superior de Valencia sobre contratos adjudicados a Orange Market entre 2005 y 2008, casi todos sin concurso público.
- Prueba 7. Declaración del sastre José Tomás ante la Fiscalía Anticorrupción y ante los jueces Garzón y Flors (este, último del Tribunal Superior de Valencia). Todos le dieron credibilidad y así lo expusieron en sus autos.
- Prueba 8. La documentación incautada a la trama corrupta acredita pagos de viajes al tesorero del PP, Luis Bárcenas; al diputado autonómico madrileño, Benjamin Martín Vasco, y a otros. Una de las directivas de la trama, Isabel Jordán, declaró al juez que regaló trajes al alcalde de Boadilla, que le adjudicaba contratos. La trama, en grabaciones judiciales, se jacta de haber regalado un coche al ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y televisiones de plasma a otros cargos municipales.
- Prueba 9. La documentación solicitada a las tiendas Milano y Forever Young ratifica los encargos de trajes para Francisco Camps.
- Prueba 10. El pago de los trajes de Camps en la tienda Forever Young se hizo mediante transferencias o cheques de tres empresas de la trama corrupta: Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico. El director de ventas de la tienda declaró que los directivos de la trama pagaban los trajes de Camps.
- Prueba 11. Declaraciones ante el juez de los altos cargos del PP que se beneficiaron de los regalos de Álvaro Pérez, el Bigotes.
- Prueba 12. Documentos incautados en la sede de Orange Market en Valencia y en poder del contable de esta empresa, Cándido Herrero. En la contabilidad había un apartado para los "ingresos en Alicante", en referencia a dinero justificado con facturas con IVA, y otro apartado para ingresos en "Barcelona", en referencia a dinero negro no declarado.
- Prueba 13. Registro de la sede principal de la red en la calle de Serrano. En su contabilidad B figuraban ingresos de Orange Market, que coincidían con el dinero negro que esta empresa valenciana consignaba en sus propias cuentas opacas.
- Prueba 14. Correos electrónicos encontrados en la sede de Orange Market probaban que se cambiaban facturas por actos del PP por otras de constructoras, de lo que se deduce un circuito de financiación ilegal de esa formación política. Un ejemplo: "Factura 118 del 1/04/2008 estaba como cliente PPCV cambiar a cliente Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA el importe sigue siendo 31.784. Factura 121 estaba como cliente PPCV cambiar a cliente Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA el importe sigue siendo 84.100".
- Prueba 15. Conversaciones telefónicas grabadas con autorización judicial entre Álvaro Pérez (jefe de Orange Market), Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano), David Serra (vicesecretario general) y Yolanda García (tesorera). Ricardo Costa a Álvaro Pérez: "Entre mañana y el viernes te voy a dar todo lo que te falta, que te debemos nosotros, pero yo necesito que el presidente no lo sepa, y entonces que le digas que éste (en referencia a Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat) es un hijo de puta". David Serra a Álvaro Pérez: "El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, ya fetén. Lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le presentéis al de las galletas la factura, igual que la otra".
- Prueba 16. Conversaciones grabadas con autorización judicial entre Álvaro Pérez y su contable, Cándido Herrero, donde le comunica que está comprando regalos de lujo para la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la ex consejera de Turismo. Conversación entre Álvaro Pérez y Francisco Camps, presidente valenciano, grabada con autorización judicial el 7 de enero de 2009, un día después de la fiesta de Reyes Magos. Álvaro Pérez ha enviado regalos a toda la familia Camps, algunos de alto valor:
Camps. Muchísimas gracias, ¿eh?
Álvaro Pérez. Bueno, escucha, tu... ¿Has leído mi tarjetón?
C. Sí, sí, sí...
Á. Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo...
C. No, no, nada.
Á. Sí, sí, sí.
C. Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito.
La conversación continúa con la mujer de Camps, que le reprocha que le haya hecho un regalo tan caro y le comunica que se lo va a devolver
www.elpais.es 04.10.09
DE CÓMO EL BIGOTES INVENTÓ LA RUEDA... DE SU FORTUNA
La investigación judicial acumula decenas de pruebas sobre cohecho y financiación ilegal
Un piso de la calle del General Martínez Campos de Madrid encierra algunos secretos de un negocio que amenaza al Partido Popular en la Comunidad Valenciana (prueba 1, ver la información bajo esta pieza). El jefe del tinglado se llama Francisco Correa, un hombre que ha acumulado decenas de millones de euros gracias a sus poderosas amistades y a un amplio catálogo de delitos -trato de favor, tráfico de influencias, información privilegiada, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, fraude fiscal- con el que supuestamente alimentó el negocio. Su fortuna sigue a buen recaudo en paraísos fiscales a los que la investigación judicial aún no ha podido hincarle el diente.
Correa contactó con cargos populares que veían en él a alguien próximo a Aznar

Orange Market recibía contratos 'a dedo' para hacer los actos del PP

correos electrónicos revelan indicios de financiación ilegal del PP de Valencia

Álvaro Pérez alimentaba políticos a base de regalos

Francisco Correa creció a la sombra del PP, montando por toda España la escenografía de los actos públicos de José María Aznar (prueba 2). Aprovechó aquel trajín para repartir entre mitin y mitin su tarjeta de visita a un selecto grupo de políticos con cargo, con el mismo afán que quien siembra esperando la cosecha del siglo. Así logró poco a poco establecer contacto íntimo con decenas de dirigentes del PP que sabían que Correa era "amigo del jefe" (José María Aznar) y testigo en la boda de su hija. Se fijó en ellos porque tenían capacidad suficiente de adjudicar contratos con cargo al presupuesto público, un negocio redondo que nunca entraría en crisis.
Con el impulso de ese trampolín de inmenso poder político, Correa montó empresas, ninguna de ellas a su nombre, y logró cientos de contratos, la mayoría a dedo, de administraciones públicas gobernadas por los dirigentes a los que conoció en el ajetreo de los mítines de Aznar.
Sus relaciones comerciales eran tan íntimas que llegó a colocar a su mujer como jefa de gabinete de uno de los alcaldes a los que había captado para su causa, Guillermo Ortega (Majadahonda), y que también le adjudicaba contratos (prueba 3).
Con el viento a favor y el PP en expansión, Correa se aficionó a mediar ante sus conocidos con cargo público para favorecer a promotores inmobiliarios y constructores, que le llenaron de agradecimiento los bolsillos.
Una operación de suelo amañada le daba más dinero (negro) que cien actos institucionales juntos. Aunque el montaje de los cien actos institucionales le daba suficiente influencia para mediar en operaciones de suelo. Era la rueda de la fortuna (prueba 4).
En el piso de seguridad que Correa tenía en la calle General Martínez Campos se planificaba el futuro del negocio. Un día de abril de 2004, Correa decidió exportar su tinglado a Valencia aprovechando que uno de sus amigos, Pedro García, iba a ser nombrado director general de la televisión pública. Para abrir el nuevo negocio, Correa eligió a uno de sus fieles colaboradores, Álvaro Pérez, El Bigotes, quien conocía a Francisco Camps de la época en la que éste trabajó en el aparato de la dirección nacional de la calle Génova, en Madrid.
El Bigotes triunfó como empresario desde el mismo día que abrió negocio (Orange Market) en la Comunidad Valenciana. Muy pronto acumuló contratos públicos y se quedó con la exclusiva del montaje de todos los actos del PP valenciano. Los políticos para los que preparaba actos públicos eran los mismos que gobernaban en la administración que le adjudicaba contratos. Otra rueda de la fortuna.
El primer botín, un millón de euros, lo consiguió Pérez al ganar un concurso para montar el pabellón valenciano en la feria Fitur de Madrid de 2005. En los años sucesivos -2006, 2007, 2008 y 2009- el Gobierno de Camps le renovó la confianza del contrato millonario de Fitur en concursos sospechosos (prueba 5).
Insatisfecho con aquel negocio seguro, El Bigotes fue arañando contratos menores de casi todas las consejerías del Gobierno valenciano, que le adjudicaban los trabajos a dedo y, en muchos casos, troceando el proyecto en varias partes para no superar los 12.000 euros de importe en cada una de ellas (prueba 6). Era el límite que la ley fijaba para las adjudicaciones sin concurso.
Sin ninguna experiencia en la Comunidad Valenciana, El Bigotes se hizo, pocos meses después de abrir su empresa, con la elaboración de una Guía de la Comunicación (12.000 euros), la organización del segundo congreso de Software libre (cuatro contratos de 12.000 euros), el tercer Open de Tenis (11.900), una exposición de parques naturales (11.900). En plena fiesta del despilfarro, llegó a facturar ese año 150.000 euros a la Generalitat por un almuerzo multitudinario en Madrid.
Pérez cultivó la amistad de los políticos que le adjudicaban los contratos a base de trajes a medida. En uno de sus viajes a Madrid, convenció a su sastre particular, José Tomas, director de ventas en la tienda de Milano de la calle de Serrano, a sólo unos metros de la sede central de las empresas de Correa, para que viajase a Valencia a tomar medidas a varios políticos, todos ellos clientes-amigos, para confeccionarles trajes, pantalones y chaquetas.
El sastre aceptó el trato, y viajó a Valencia. Visitó la sede del PP y varios despachos de la Generalitat para tomar medidas a Ricardo Costa (entonces vicesecretario general del PP), Victor Campos (vicepresidente del Gobierno valenciano), Pedro García (director general de la radiotelevisión valenciana) y Rafael Betoret (jefe de gabinete en la Consejería de Turismo). José Tomás se llevó a Madrid un buen negocio, le habían pedido nueve trajes, seis pantalones y cinco americanas (prueba 7).
Los regalos a cargos públicos que adjudicaban contratos eran una práctica habitual de casa Correa. Mientras El Bigotes tiraba de chequera para vestir a los dirigentes valencianos, sus compañeros en Madrid regalaban coches, televisiones de plasma, viajes, relojes y trajes a alcaldes y diputados madrileños (prueba 8).
Francisco Camps también se enamoró de los trajes de El Bigotes y en abril de 2006 le pidió el teléfono móvil del sastre, al que llamó durante uno de sus viajes a Madrid para visitar la tienda.
Para entonces, Orange Market seguía acumulando adjudicaciones a dedo de la Comunidad Valenciana que presidía Camps (un acto de estrategias de comunicación, el cuarto Open de Tenis, unas jornadas de Educación, el Congreso Familia y Escuela, los Premios Salud y Sociedad, el Plan de Violencia doméstica...).
El presidente de la Generalitat se aficionó a los trajes del sastre José Tomás y encargó cuatro a medida en el primer semestre de 2006 junto a tres americanas. En noviembre de ese mismo año volvió a pedir otros cuatro trajes; en la primavera de 2007, dos americanas y algún pantalón; y en el verano de 2008, otros dos trajes (prueba 9).
Todos esos pedidos fueron supuestamente abonados por la trama corrupta mediante transferencias bancarias o cheques con fondos de Orange Market y otras dos empresas de la red empresarial de Francisco Correa (prueba 10).
Betoret, Campos, Costa y García, los otros amigos del PP a los que cortejaba El Bigotes, también recibieron durante ese tiempo más trajes de Milano y Forever Young, la tienda a la que se trasladó el sastre José Tomás.
Las excusas que todos estos dirigentes dieron al juez José Flors sobre cómo se pagaban toda esa ropa fue variopinta. Unos, como Camps, aseguraron que abonaron en la propia tienda el importe de los trajes (varios miles de euros) en metálico (que sacaba de la caja de la farmacia de su mujer), aunque ningún empleado lo vio ni quedó constancia escrita del supuesto pago. "Nunca me preguntó cuánto debía y nunca me pagó", recuerda el sastre.
Otros, como Ricardo Costa, aseguraron que se lo abonaron a Álvaro Pérez en Valencia. Y algunos, como Rafael Betoret, llegaron a esgrimir una libreta de ahorro de un banco para intentar demostrar que abonaba la ropa a El Bigotes -al que a la vez se adjudicaban contratos millonarios en el departamento donde trabajaba- en cómodos plazos de 500 en 500 euros (prueba 11). El prestamista era a la vez contratista.
Para entonces, Orange Market ya llevaba una doble contabilidad de sus negocios en Valencia, a imagen y semejanza de lo que hacía la trama empresarial de Correa en Madrid.
Parte de sus trabajos los cobraba mediante facturas con IVA; otra parte en dinero negro que engrosaba una caja B (prueba 12). Con esa caja B se pagaban los regalos a dirigentes políticos que tenían en sus manos la posibilidad de adjudicar contratos de la administración pública.
Francisco Correa controlaba el negocio de Orange Market en la distancia, a través de su contable en Madrid, José Luis Izquierdo, quien a su vez anotaba en la caja B de toda la red empresarial los ingresos de dinero negro de la firma que dirigía El Bigotes (prueba 13).
Aunque los principales clientes de Orange Market eran dos, el PP y la Generalitat Valenciana gobernada por el PP, en sus declaraciones a Hacienda comenzaron a aparecer en 2006 otros clientes, entre ellos, constructoras y empresas de servicios de la Comunidad Valenciana.
Cuando la policía echó el lazo a la trama corrupta, en febrero de 2009, y analizó la documentación incautada en sus sedes o en poder de los contables José Luis Izquierdo y Cándido Herrero, descubrió que esas constructoras y contratistas valencianas habían pagado cantidades que supuestamente correspondían al coste de actos electorales del PP que hacía Orange Market.
El nombre de alguna de esas firmas, que según la policía financiaron de manera ilegal al PP, apareció de manera comprometedora en correos electrónicos enviados desde la empresa de El Bigotes al despacho de abogados que le tramitaba las declaraciones fiscales (prueba 14). En esos mensajes, los trabajadores de Orange Market pedían a sus asesores fiscales cambiar facturas a nombre del PP por otras a nombre de las constructoras que supuestamente financiarían actos electorales.
Cuando Orange Market empezó a sufrir dificultades financieras, en otoño de 2008, El Bigotes llamó a todos sus amigos para arreglarlo. Toda la cúpula del PP (el secretario general, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera, Yolanda García) se pusieron manos a la obra para pagar las deudas que supuestamente mantenían con Álvaro Pérez (prueba 15).
En esos meses de tensas reuniones, El Bigotes no se olvidó de seguir alimentando a sus amistades con regalos especialmente caros (prueba 16). Hasta que la policía, tras una investigación de 14 meses, iniciada tras la denuncia de un ex concejal del PP que fue muy amigo de Correa, desarticuló el tinglado y pinchó la rueda de la fortuna.
www.elpais.es 04.10.09
EL PP DE CASTELLÓN PAGÓ DINERO EN NEGRO A LAS EMPRESAS DE CORREA
El PP de la Diputación de Castellón, que preside Carlos Fabra, pagó a las empresas de la trama Gürtel dinero en negro, al menos en los años 1999 y 2008, según los datos contables de la caja B de la red empresarial de Francisco Correa en Madrid y de su filial en Valencia, Orange Market, en poder de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).
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En el llamado "Archivo CajaPC.xls" del entramado Gürtel aparece la anotación de un ingreso, realizado por el PP de Castelló, por un importe de 450.000 pesetas, con fecha del 7 de junio de 1999, a la cuenta personal de Francisco Correa, el cabecilla de la red de corrupción que afecta al principal partido de la oposición.

Los pagos B, de Barcelona
En el registro de la sede de Orange Market se encontró un documento con el nombre "Barcelona eventos" y fecha de 2008, en el que figura un apunte como ingreso de caja B ( que la trama identifica con el eufemismo de "Barcelona") por un importe de 1.950 euros. La policía ha constatado que no existe factura relacionada, sólo ha encontrado un recibo.

Fabra: "No me consta..."
Hace unos días, el presidente de Castellón, aseguró que no tenía ninguna preocupación” con la contabilidad B , “porque el PP no la lleva, y nuestras cuentas están auditadas por el Tribunal de Cuentas”, y que no le constaba que “haya habido actos en Castellón encargados por el PP a Orange Market”.

Alterar las facturas
Los investigadores han encontrado un email en la sede principal del entramado de Correa en la calle Serrano de Madrid, con fecha de 20 de junio de 2008, en el que desde Orange Market se pide a la asesoría que se alteren dos facturas del PP de Castellón (de 23 y 13 de abril) para cambiar el nombre del cliente y las cantidades, que pasan a ser de 55.369 y 68.925 euros, IVA aparte. Las facturas debían ser modificadas a nombre de Facsa, la empresa de Enrique Gimeno, al que en otras ocasiones, relacionadas con pagos en negro, se alude como EG, según el diario Levante.

"Paco Martínez"
En el informe policial sobre supuesta financiación ilegal del PP, que fue ignorado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, se habla del vicepresidente de la Diputación de Castelló y alcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez.  En el documento "cajaBarcelona.xls", sobre la contabilidad en negro de Orange Market, y en el epígrafe titulado "alcaldes" figura un acto organizado por la empresa de Álvaro Pérez (El Bigotes), con fecha de 13 de enero de 2007, en Vila-real, que costó 18.460,32 euros a los populares, de los que sólo 16.000 se pagaron mediante factura con su correspondiente IVA. El nombre de "Paco Martínez" (Francisco Martínez, vicepresidente de la Diputación de Castelló y alcalde de Vall d'Alba) está inscrito, junto a su número de teléfono móvil, en una relación de alcaldes y portavoces que eran "las personas de contacto para tratar sobre la financiación del evento".
www.elplural.com 03.10.09
EL FISCAL CREE QUE LA TRAMA GÜRTEL PRETENDÍA PONER "EN NÓMINA" A CAMPS 
La Fiscalía del Tribunal Supremo presentó ayer el recurso de casación contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de enterrar el caso Camps. El fiscal aprecia que el presidente valenciano, Francisco Camps, y altos cargos del PP en esa comunidad, que se beneficiaron de trajes y prendas de vestir regalados por empresas, incurrieron en un delito de cohecho impropio recogido en el artículo 426 del Código Penal. 
Frente al argumento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia de que no existió relación de causalidad entre el regalo de prendas de vestir y la adjudicación de contratos a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes -imputado como uno de los jefes de la trama corrupta-, la fiscalía asegura que, en muchas ocasiones, la dádiva o presente "no tiene por objeto una contraprestación inmediata por parte del receptor". 
"Lo que se pretende es 'poner en nómina' al beneficiario, colocándole en la situación de absoluto agradecimiento a su benefactor, de tal modo que cuando con posterioridad se le pida que realice actos a favor del donante, éste no tenga posibilidades físicas o morales para negarse", explica el recurso. 
El Tribunal de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, archivó las diligencias del caso Camps al concluir que tanto éste como el secretario regional del PP, Ricardo Costa, y los otros altos cargos imputados carecían de competencias para adjudicar los contratos suscritos entre Orange Market y la Generalitat valenciana. Según dijo en agosto el Tribunal Superior, no hubo ninguna actuación a favor de Orange Market ni los regalos se entregaron como agradecimiento de ninguna actuación. Para la fiscalía, esta interpretación conlleva una "derogación tácita" del artículo 426 del Código Penal, que sanciona a la autoridad o funcionario "que admite dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente". 
De seguirse la interpretación formulada por el magistrado De la Rúa, no podrían perseguirse, según el fiscal, regalos a funcionarios tales como "un inmueble, un vehículo de lujo o un millón de euros" cuando no constase la realización de una contraprestación concreta por parte del funcionario. Es decir, sólo podría castigarse el cohecho cuando el regalo tuviera por objeto la recompensa a un acto realizado por un funcionario. Y, sin embargo, tanto la jurisprudencia del Supremo como los sucesivos Códigos Penales promulgados desde 1848 castigan al empleado público que admite regalos "en consideración a su oficio", o, como dice el actual, "para la consecución de un acto no prohibido legalmente". 
El fiscal de sala que firma el recurso, Juan Ignacio Campos, disprepa específicamente del archivo acordado respecto de Ricardo Costa, que se basó, dice, en su cargo de secretario general del PP "ignorando sus competencias en materia de contratación en el PP". 
El fiscal recurre también el "sobreseimiento libre y archivo" de las actuaciones, que considera "prematuro". A diferencia del sobreseimiento "provisional", el sobreseimiento "libre" y archivo impide reabrir la causa aun cuando aparezcan nuevos datos referidos al procedimiento. El Tribunal de Valencia acordó ese archivo "contrariamente a la práctica habitual" y cuando la fase de instrucción continuaba abierta. El fiscal recuerda que el caso Gürtel es una causa "enormemente compleja" en la que se ha recogido un "ingente volumen de documentación", también en la sede de Orange Market, y la actual situación "podría alterarse durante la instrucción". "No resulta ilógico pensar que pudieran encontrarse documentos relevantes para los hechos investigados en el procedimiento cuyo sobreseimiento se acuerda", dice el fiscal, en clara alusión al informe policial desechado por el Tribunal de Valencia, y que pudiera concretarse en "una diferente calificación de los hechos", es decir, en otros delitos distintos y más graves. 
El recurso concluye pidiendo al Supremo que revoque el archivo por ser "prematuro" y que continúe los trámites por el procedimiento del Tribunal del Jurado. 
(www.elpais.com, 02/10/09) 
LOS ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA CONTRA EL AUTO DEL TSJ VALENCIANO 
- Errónea interpretación del delito. "El tribunal yerra en la interpretación dada al delito de cohecho impropio sancionado en el artículo 426 del Código Penal". La sala consideraba que la autoridad que recibe la dádiva debe hacer un acto concreto a cambio para que haya delito. Eso supone "la derogación tácita del precepto y conllevaría la atipicidad de la admisión de regalos por funcionarios o autoridades cualquiera que fuera el valor (por ejemplo, en un inmueble, un vehículo de lujo, un millón de euros) si no constara la realización de un acto concreto". 
- La contratación está acreditada. "El bien jurídico protegido, conservación de la confianza pública en los funcionarios (...) se ve gravemente dañado (...) en supuestos como éste en el que consta acreditada una contratación superior al millón de euros anuales entre la Administración pública a la que pertenecen los imputados y las empresas de los particulares que habrían entregado las dádivas". 
- Antecedentes del caso. "La jurisprudencia estima cometido el delito cuando el regalo se acepte por razón del cargo sin requerir la realización de acto ninguno por éste". 
- El objeto de la dádiva. "La experiencia demuestra que en muchas ocasiones la dádiva no tiene por objeto la contraprestación inmediata por parte del receptor. Lo que se pretende es 'poner en nómina' al beneficiario, colocándole en la situación de absoluto agradecimiento a su benefactor, de tal modo que cuando con posterioridad, en tiempo indefinido, se le pida que realice actos en favor del donante, sean éstos cuales sean, aquél no tenga posibilidades físicas o morales para negarse". 
- Aún pueden encontrarse datos relevantes. "Se ha optado por archivar el procedimiento cuando aún la fase de instrucción continuaba abierta (...) "Este procedimiento deriva de una causa enormemente compleja en la que se ha recogido un ingente volumen de documentación de distintos registros incluida la sede de Orange Market. No resulta ilógico pensar que en aquella pudieran encontrarse datos relevantes para los hechos investigados (...) que pudiera concretarse en una diferente calificación de los hechos. Al respecto, procede destacar que el cargo de uno de los imputados, Rafael Betoret Parreño, se desempeña en la Agencia Valenciana del Turismo, entidad con la que mantiene una elevada contratación la sociedad Orange Market, SL".
 - Falta documentación por investigar. "Igualmente, el elenco de figuras de cohecho recogidas en el Código Penal no permite descartar que de las diligencias pendientes de practicar (entre las que es de especial importancia el examen y análisis de la documentación intervenida) resulte la alteración del delito que finalmente se impute a los señores Camps, Costa, Campos o Betoret (...) No puede estimarse finalizada la instrucción del procedimiento". 
- El archivo de Ricardo Costa. "Tampoco resulta procedente el archivo de la causa respecto a Ricardo Costa Climent. La valoración de que la dádiva se entregue por su condición de diputado de las Corts o por el cargo (...) en el PP ha de llevarse a cabo tras concluir la instrucción". 
(www.elpais.com, 02/10/09) 
LA MATRIZ DE LA EMPRESA DE EL BIGOTES ESTÁ EN LA ISLA NEVIS 
La estructura empresarial de Orange Market, firma utilizada presuntamente para financiar ilegalmente al PP valenciano, termina en un paraíso fiscal: la isla Nevis, un microestado en las Antillas Menores, que vive del turismo y de los empresarios que quieren mantener su dinero opaco.  
La Brigada de Blanqueo de la Policía, en el informe que elaboró sobre las actividades fraudulentas de la empresa que dirige Álvaro Pérez, El Bigotes, desvela que las acciones de Orange Market son propiedad de una empresa del Reino Unido llamada Bangtone Limited y esta a su vez es una filial de la sociedad Forevermore Inc. ("Para siempre jamás", en castellano), cuya sede está en la isla Nevis. 
El objetivo de esta estructura es ocultar la identidad de los dueños de la compañía. Y, de momento, han tenido éxito. La Policía sabe que Orange Market tiene cinco propietarios, pero no conoce sus nombres, según indica en su informe: "La sociedad ubicada en Nevis tiene sus acciones divididas entre cinco accionistas, los cuales participan en el capital social con los siguientes porcentajes: 10, 14, 25, 25 y 26, respectivamente, sin que conste quienes son los mismos". 
En el informe policial se explica que esta estructura empresarial es idéntica a la montada por los jefes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, con otras compañías y se cita expresamente a Caroki y Kintamani. Las sociedades en el exterior también servían a la organización para blanquear el dinero negro generado.
Orange Market ocupa un papel central en el caso Gürtel. La empresa se constituyó en Valencia para aprovechar las buenas relaciones de Álvaro Pérez, El Bigotes, con el círculo más próximo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Y ciertamente las aprovechó: Orange Market recibió más de siete millones de euros en contratos de la Administración autonómica, monopolizó la organización de actos del PP valenciano durante el último lustro y sirvió como instrumento para que cinco empresarios pagasen gastos del partido. 
Varios dirigentes del PP valenciano colaboraron en las actividades ilegales de Orange Market, según la Policía. Entre ellos, el secretario general, Ricardo Costa; el secretario de Organización, David Serra, y la tesorera, Yolanda García. 
En concreto, en el informe policial se describe en los siguientes términos la forma de funcionar de la trama corrupta: "La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo, confeccionando facturas ad hoc con conceptos acordados al efecto entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez; David Serra participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono; y Yolanda García librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de una factura por conceptos ficticios".  
(www.publico.es, 02/10/09)
RAJOY NO RECLAMA DIMISIONES Y CAMPS EXHIBE SU TRIUNFO: "QUE DIMITA ZAPATERO" 
En sólo tres días, Francisco Camps ha pasado de ser un barón regional con problemas, presionado por la dirección para que corte cabezas, a un triunfador del pulso interno que exhibe su éxito. Ayer, unas pocas horas después del larguísimo encuentro con Mariano Rajoy en Alarcón (Cuenca), en el que según fuentes del PP el líder no reclamó ninguna cabeza, Camps dejó muy claro que no sólo no piensa tomar ninguna medida drástica, al menos de momento, sino que además está dispuesto a retar a cualquiera. 
El president esquivó todas las preguntas, y cuando los periodistas quisieron saber si Rajoy le había pedido alguna dimisión, contestó: "La dimisión que pediría es la de Zapatero, porque tenemos un mal Gobierno que ha perdido completamente el rumbo". 
Cuando le preguntaron por las medidas contundentes que el lunes le había pedido la secretaria general, Dolores de Cospedal, volvió a burlarse: "La medida más drástica es que Zapatero convoque cuanto antes elecciones". 
Fuentes del PP tanto en Madrid como en Valencia coinciden en que la reunión sirvió para que Camps expresara su malestar con Cospedal, y Rajoy tratara de aplacar su enfado. Además, tras la cita, los estrategas de la madrileña calle de Génova asumen que es imposible convencer al valenciano de que tome decisiones drásticas rápidas. No hará nada, aseguran, al menos hasta que haya una decisión judicial con imputados. 
Además, insisten, no sería fácil hacerlo antes porque Ricardo Costa y Vicente Rambla se niegan a dimitir -por lo que no se podría hacer una destitución pactada-. Ambos defienden su inocencia, pero, además, en el PP está instalada la idea de que el máximo responsable, en cualquier caso, es Camps, que era el amigo de Álvaro Pérez y quien decidió que se le contratara. Nadie ve factible la dimisión de Camps, pero algunos asumen que la caída de Costa y Rambla podría no resolver el problema precisamente por esa responsabilidad del presidente. 
Rajoy aceptó esas condiciones que expuso uno de los barones con los que, al menos hasta ahora, le unía una relación más estrecha. De hecho, algunos diputados y dirigentes, preocupados por la imagen externa e interna del líder, señalan que ha sido un error convocar la reunión a medio camino entre Madrid y Valencia. En otras crisis, Rajoy había convocado a los dirigentes en Madrid -María San Gil o Josep Piqué-. Al aceptar la cita a medio camino, acepta que Camps manda al menos tanto como él, algo impensable en época de José María Aznar, insisten. 
El encuentro ha tenido otro daño colateral. Cospedal, la secretaria general, que trató de dar una muestra de autoridad el lunes, ha salido tocada, según analizan varios dirigentes. Ayer mismo tuvo que reconocer públicamente que se enteró del encuentro por la prensa, a pesar de que estaba reunida con el líder en el Congreso unos minutos antes de que él saliera hacia Cuenca. Rajoy se limitó ayer a criticar la "saña" con la que la fiscalía trata, en su opinión, al PP en el caso Gürtel. 
(www.elpais.com, 02/10/09) 
RAJOY ACEPTA REBAJAR LA PRESIÓN SOBRE CAMPS A CAMBIO DE QUE TOME MEDIDAS  
Más tiempo y menos presión interna a cambio de que Francisco Camps adopte alguna decisión que pueda salvar la cara –o al menos maquillarla– del PP valenciano, salpicado por serias sospechas de financiación ilegal. Eso es lo que ofreció (o aceptó, según se mire) Mariano Rajoy el miércoles al presidente valenciano, según revelaron fuentes populares. Dicen los que suelen trabajar habitualmente cerca del líder conservador que este está «decepcionado e intranquilo» con el camino que lleva la rama valenciana del caso Gürtel, que lejos de quedarse en un asunto de trajes, tal y como vaticinaba el equipo de Camps, está mutando en un escándalo de dimensiones impredecibles, a tenor de los últimos informes de la policía. 
Pero si en las últimas horas Rajoy ha dado muestras a los suyos de estar defraudado con su organización en Valencia (que siempre le ha negado la existencia de un Filesa en el PP), Camps, por su parte, no oculta su malestar al sentirse presionado por la dirección nacional del partido para que fuerce dimisiones en su equipo: el líder valenciano quiere hacer gala de su independencia y no limitarse a «obedecer» las directrices de Madrid. Por eso, en el almuerzo que compartió con Rajoy el miércoles, se mostró dispuesto a hacer algún gesto, según las fuentes consultadas. Eso sí, marcando él los tiempos. 
¿Y qué podría hacer Camps para afrontar el problema que tiene entre manos, tal y como le ha solicitado Rajoy? Pues, según parece, convencer a dos de sus colaboradores –Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, y Vicente Rambla, vicepresidente del Ejecutivo autonómico– para que dimitan. Ambos son protagonistas del polémico informe policial que, entre otras cosas, apunta a que los conservadores valencianos habrían organizado una trama de financiación ilegal a través de la empresa Orange Market, vinculada al caso Gürtel. Lo que descartaría Camps sería forzar la salida de Costa y Rambla si no logra alcanzar un acuerdo con ellos.  
Según fuentes populares, las consecuencias de que los citados políticos abandonaran sus cargos obligados por Camps podría empeorar la situación. De momento, Costa se niega a dar voluntariamente el paso. Aún menos si Rambla no hace lo propio. Mientras, Camps apuesta por tomar oxígeno y dejar correr el reloj: el entorno del presidente valenciano, a diferencia de que lo opina Rajoy, cree que el paso del tiempo juega a su favor y que el levantamiento del secreto del caso Gürtel, la próxima semana, podría ayudar a que el informe de la policía sobre financiación pierda fuerza mediática.
Y a la espera de las ansiadas medidas, ayer salieron a la palestra varios dirigentes del PP. El propio Camps quiso teñir de normalidad la reunión que mantuvo en Cuenca con Rajoy y desviar la atención: a su juicio, el único que tiene que dimitir es el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El vicesecretario autonómico, Javier Arenas, afirmó que la dirección popular apoyará «cualquier propuesta» de Camps –dando por sentado que habrá propuesta– al tiempo que el responsable de comunicación, Esteban González Pons, a la sazón valenciano, reivindicaba la autonomía del presidente autonómico para corregir posibles excesos. «Si alguien en la Comunidad Valenciana la ha hecho, no solo tiene que pagarla. La pagará», declaró a la Cope. 
Y si llovía poco sobre el debilitado tejado del PP, ayer la fiscalía recurrió el archivo de la causa contra Camps por los trajes que, supuestamente, le había regalado Álvaro Pérez, dueño de Orange Market. A juicio del ministerio fiscal, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archivó este caso basándose en una interpretación errónea del tipo penal de cohecho impropio. Para Rajoy –que ayer se encontraba en Copenhague para apoyar la candidatura olímpica de Madrid–, la fiscalía ha actuado «con saña».  
Lo que no se puede negar es que al líder del PP no se le dan bien las citas olímpicas: está en Dinamarca con la cabeza puesta en el caso Gürtel. En el 2005, estando en Singapur para respaldar el fallido Madrid 2012, Rajoy se vio obligado a emitir desde allí un comunicado para mediar en una polémica mantenida por Josep Piqué con Eduardo Zaplana y Ángel Acebes. Ninguno de los tres está ya en la dirección popular.  
(www.elperiodic o.com, 02/10/09) 
“POR RARO Y SUICIDA QUE PAREZCA, MARIANO A LO DE SIEMPRE, LO QUE DICE PACO” 
“Resistir hasta el final sin mover un dedo”. Éste sería el acuerdo final al que habrían llegado Mariano Rajoy y Francisco Camps ayer por la tarde según el relato a El Plural de un dirigente del PP que prefiere mantenerse en el anonimato. De esta manera el líder del PP se ha llevado por delante la opinión de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, y medio partido, que le piden a gritos que actúe en Valencia. “Por raro y suicida que parezca, Mariano ha hecho lo que viene haciendo desde hace años, lo que dice Paco”, añaden estas mismas fuentes. 
Aunque en público no expresan sus diferencias -salvo voces aisladas como la de Vicente Martínez Pujalte quien, dada la “preocupante” situación en Valencia, reclamó “medidas contundentes”-, la indignación en la familia popular crece por momentos ante este inexplicable apoyo incondicional de Rajoy al presidente valenciano. “Piensan que esto es cuestión de quince días y que, si cierran filas, se puede aguantar… ¡Es de locos!”, asegura un diputado del PP, cada vez más preocupado por el “revuelo” que está causando toda esta situación entre los diputados del Grupo Popular.
Agravio a Madrid
Muchos populares contemplan impotentes cómo Rajoy “desautoriza a su secretaria general, agravia a Madrid, donde sí habido dimisiones e ignora a la mitad del partido que reclaman cabezas en Valencia”. Para ellos es incomprensible y no encuentran explicación a los motivos que impulsan a su líder a jugársela de esta manera por Camps.
“No entiendo esa pregunta”
Mientras tanto, los dirigentes del PP se esfuerzan por dar normalidad a este vodevil popular. Así, han enmarcado el encuentro de Alarcón en las reuniones mensuales que mantienen ambos políticos, una reunión, por cierto, que no le constaba a María Dolores de Cospedal, enfrentada con Rajoy por su tibieza frente a Valencia. Preguntada por los periodistas sobre si se sentía desautorizada, ha eludido la respuesta con un “no entiendo esa pregunta”.  
(www.elplural.com, 02/10/09) 
LA FISCALÍA PREVÉ QUE HABRÁ NUEVOS DATOS QUE INCRIMINARÁN A CAMPS 
La Fiscalía pidió ayer al Supremo que revoque la decisión del Tribunal Superior de Valencia de archivar el proceso penal abierto al presidente valenciano, Francisco Camps, por recibir supuestamente regalos de la trama Gürtel. El fiscal considera «prematuro» el cierre del proceso sin haber acabado la investigación y afirma que «no es ilógico pensar» que entre la «ingente documentación» que queda por analizar aparezcan más datos que puedan incriminar a Camps.  
En un extenso escrito firmado por el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos, la Fiscalía pide al Supremo que declare contrario a Derecho el archivo de la causa abierta al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por haber aceptado prendas de vestir regaladas por Orange Market, la empresa de Francisco Correa en Valencia.  
El cierre del proceso contra Camps fue acordado el pasado 1 de agosto por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), que estimó que no existía cohecho en esa conducta porque no consta ninguna actuación de Camps a favor de Orange Market. El TSJV consideró relevante la circunstancia de que Camps no tenía competencias en la adjudicación a esa empresa de contratos de la Generalitat Valenciana.  
El archivo fue acordado por dos votos a uno. El recurso de la Fiscalía se apoya, en parte, en el voto discrepante del magistrado valenciano Juan Montero. El Ministerio Público piensa, como él, que el tipo de cohecho que se imputa a Camps no exige necesariamente la realización de una actuación concreta por parte de la autoridad que recibe la dádiva, sino que ésta se le haya entregado en consideración a su función.  
De seguirse la interpretación del TSJV, sostiene la Fiscalía, quedaría impune «la admisión de regalos por funcionarios o autoridades cualquiera que fuera el valor de aquéllos (pensemos, por ejemplo, en un inmueble, un vehículo de lujo, un millón de euros, etc.) si no se constata la realización de un acto concreto». Y, sin embargo, «no cabe duda de que la confianza pública en que los funcionarios ejercen sus funciones sometidos exclusivamente al imperio de la ley se ve gravemente dañada con estas conductas».  
Según la Fiscalía, «la experiencia demuestra que en muchas ocasiones la dádiva no tiene por objeto una contraprestación inmediata», sino que se trata de «poner en nómina» a la autoridad o funcionario, «colocándole en una situación de absoluto agradecimiento».  
Por dos veces, el escrito recuerda que la Generalitat Valenciana adjudicó contratos superiores al millón de euros anuales a la empresa que hacía regalos a Camps, el cual, «de facto», podía «favorecer u obstaculizar» la contratación de Orange Market.  
Aparte de la interpretación jurídica del delito de cohecho, el recurso de la Fiscalía es especialmente contundente al argumentar que el archivo del proceso fue «prematuro» porque el Tribunal valenciano declaró la inexistencia de cohecho cuando la instrucción no había finalizado.  
Fue una actuación «contraria a la práctica habitual de los órganos jurisdiccionales» que impide a la acusación pública proponer las diligencias necesarias para determinar los hechos. Se trata de un proceso «enormemente complejo» en el que «se ha recogido un ingente volumen de documentación» procedente, entre otros sitios, de Orange Market y que aún no se ha terminado de analizar.  
Por ello, «no resulta ilógico pensar que pudieran encontrarse documentos relevantes para los hechos investigados», «relevancia que pudiera concretarse en una diferente calificación de los hechos».  
Dos párrafos más adelante, la Fiscalía insiste en que no es posible descartar que «de las diligencias pendientes de practicar resulte la alteración del delito que finalmente se impute a Camps», sugiriendo que podría agravarse el tipo de cohecho del que podría ser acusado el jefe del Gobierno valenciano. 
(www.elmundo.es, 02/10/09) 
RAJOY ACUSA AL MINISTERIO PÚBLICO DE PERSEGUIR «CON SAÑA» AL PP 
La noticia del recurso de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo contra el sobreseimiento de la causa contra Francisco Camps por cohecho amargó la visita de Rajoy a Copenhague. En el mismo foro donde compartía un inédito buen rollito con José Luis Rodríguez Zapatero en torno a la candidatura olímpica de Madrid, el presidente del PP acabó por emprenderla sin ambages contra el jefe del Ejecutivo, al que responsabilizó del recurso interpuesto por el Ministerio Público.  
Rajoy afirmó, en declaraciones a Punto Radio, que la presentación del citado recurso para la reapertura de la investigación de los trajes es «una decisión que compete al Gobierno, porque nombra al fiscal General del Estado, y la Fiscalía funciona jerárquicamente, como todo el mundo sabe».  
Por su parte, afirmó que el recurso le parecía «fuera de lugar», pero insistió en que «era evidente» que se iba a producir y acusó en este sentido a la Fiscalía de «actuar con saña y absoluta diligencia» en los asuntos que afectan al PP.  
«No voy a andar con ningún eufemismo», subrayó el líder popular, quien sentenció que «no todos somos iguales ante la ley» y aprovechó para insistir en la recurrente denuncia de su partido sobre la parcialidad del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido.  
«No me sorprende en absoluto», insistió acerca de la noticia, «es decir, nosotros venimos anunciando que la Fiscalía, en todos aquellos asuntos que afectan al PP, actúa en algunas ocasiones con saña y siempre con absoluta diligencia, y en otros, como en el caso que hemos visto del señor Chaves en la Junta de Andalucía, pues mira para otro lado, con lo cual genera la duda sobre si un presidente de una comunidad le puede dar 10 millones de subvención a una empresa en la que la apoderada es su hija».  
En el mismo sentido, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, calificó de «deplorable» que la Fiscalía «actúe a las órdenes» del Gobierno, «con sólo 48 horas de diferencia» de la petición de inadmisión de la querella del PP contra Chaves.
Pons recordaba en un comunicado que la Fiscalía cumplía así con la instrucción hecha pública el pasado mes de agosto por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Además, reclamaba a Conde-Pumpido «ecuanimidad» para investigar la actuación del ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o el caso de Caja Castilla-La Mancha, así como que rectifique su posición sobre «el caso Chaves».  
«La Fiscalía ha puesto de manifiesto, una vez más, su escandalosa parcialidad, su doble vara de medir y su doble cara a la hora de investigar los casos que afectan a políticos del PP y del PSOE», denunció. 
(www.elmundo.es, 02/10/09) 
CAMPS SACA PECHO TRAS LA TREGUA CONCEDIDA POR RAJOY 
Francisco Camps paladeó ayer por unas horas la victoria. Exactamente, el tiempo que aconteció entre el final de su reunión con Mariano Rajoy y el recurso de la Fiscalía ante el Supremo al archivo del caso de los trajes.  
En este lapso se impuso la simulación de que el presidente valenciano había ganado su pulso con la dirección nacional. Pero lo que el miércoles logró Camps en Alarcón fue una tregua: una suspensión cautelar de hostilidades y la retirada de la exigencia de dimisiones urgentes. Rajoy concedía así una oportunidad a Camps para solucionar la crisis política provocada por el informe policial que sitúa a El Bigotes en el epicentro de una trama de financiación ilegal del PP valenciano, amparada por la cúpula del partido y alimentada con jugosos contratos de la Administración autonómica.  
Rajoy llegó a Alarcón con la petición de dimisión de Ricardo Costa en la cartera. El siguiente paso, según fuentes populares, era pedir a Camps el nombramiento de un nuevo secretario general de consenso, que gozara del respaldo de los tres presidentes provinciales. Pero, según estas fuentes, el líder valenciano se escudó en la tragedia para evitarlo.  
Sobre este punto hay dos versiones. Una, que Camps pidió a Costa la dimisión y éste se negó frontalmente. Y la segunda, que el jefe del Consell habría trasladado a Rajoy que si cae Costa y el vicepresidente Vicente Rambla, también implicado en el informe, inexorablemente debería dimitir él. Por solidaridad, mantienen algunas fuentes, o porque ambos, según otras, sólo se limitaron a obedecer.  
Entre los argumentos esgrimidos por Camps ante Rajoy también figura la creencia de que este asunto no tiene recorrido judicial; y, en todo caso, la conveniencia, a su juicio, de esperar a que el asunto se judicialice para pedir dimisiones. También jugó con el argumento de que la presión mediática sobre Valencia decrecerá la semana que viene tras el levantamiento del secreto de sumario del caso Gürtel en Madrid. La última versión sobre su posición es que el líder valenciano espera un milagro.  
Ayer, en su primer acto tras el encuentro en Alarcón, el presidente valenciano negó que hablara con Rajoy sobre este asunto y respecto a la posibilidad de dimisiones dijo con sorna que ambos están de acuerdo en la salida de Zapatero. Desde Génova eran conscientes de que la pillada in fraganti del parador de Alarcón, a medio camino entre Valencia y Madrid y en una suerte de pulso entre iguales, ha colocado al jefe del partido en una posición desairada ante la opinión pública y ante las propias filas del PP. De hecho, Rajoy se mostró molesto por la filtración, que algún miembro de su equipo situó en la propia Comunidad Valenciana.  
Pero el malestar quedó soterrado ante la determinación de preservar el mensaje conciliador inaugurado en las horas previas al almuerzo. Cerca de Rajoy se hacía hincapié en su buena y «sólida» relación con Camps. En el Comité de Dirección se decía que la «libertad» concedida a Camps en la comida justificaba su euforia, pero se insistía en que con ella, y siempre a la espera de decisiones, Rajoy sólo se había desentendido, por ahora, del problema de Paco. 
(www.elmundo.es, 02/10/09) 
'EL BIGOTES' INGRESÓ 153.000 EUROS EN 'B' DEL PP EN LA CUENTA PERSONAL DE CORREA 
El entramado societario que durante años engordó la trama Gürtel trasvasó el dinero que el PP valenciano le pagó en negro por la organización de actos a la cuenta personal de Francisco Correa. Así se desprende del informe de la Brigada Policial de Blanqueo, que establece una correlación «directa» y continuada en el tiempo entre la contabilidad B de las empresas Orange Market y Special Events y el patrimonio del cabecilla de la red a través de cobros al PP -entre otros- fuera de los circuitos legales.  
El documento recoge cómo la filial valenciana de Correa, Orange Market, ingresó en la cuenta personal del cerebro de la trama 153.000 euros que, según los investigadores, previamente cobró en dinero negro al PP autonómico por organizarle dos congresos en los años 2002 y 2004.  
Por el acto más reciente, el PP pagó en dos tandas a Álvaro Pérez El Bigotes, el lugarteniente de Correa en la Comunidad Valenciana y máximo responsable de Orange Market. Los investigadores fechan un primer pago en enero de 2005 por un importe de 50.000 euros. Los 30.000 restantes se ingresaron en el mes de marzo. El congreso provincial se había celebrado en noviembre de 2004. El dinero, certifica la Policía, fue a parar a la caja de Correa, encarcelado desde que estalló el escándalo.  
La Policía también recoge un episodio similar a propósito del X Congreso regional del PP celebrado en el año 2002 en Valencia en el que, además, especifica la cantidad que se pagó por los cauces legales. El valor total del acto se fijó en 240.582 euros de los que, según el informe, 90.151 se facturaron por los trámites ordinarios -con IVA- y se abonaron a través de un cheque de 10 de diciembre de 2002.  
El resto, 150.430 euros, se habría pagado en negro. Se distribuyen de la siguiente manera: un primer cobro en efectivo de 25.000 euros en septiembre de 2002 y otro de 30.000 al mes siguiente; ya en enero de 2003, el PP entrega a la red Gürtel 75.421 euros, y hubo, por fin, un último pago de 20.000 euros dos semanas después. En total, 150.421. Es decir, que existe una diferencia de nueve euros sobre el valor determinado inicialmente.  
Una de las entradas, la de 75.421 euros, no se anotó. Del pico, los 421 euros, nada se sabe. El resto «no llega a entrar en caja porque se dan 73.000 a Correa y 2.000 a Álvaro Pérez» para invitaciones de «cortesía», según la Policía. Es decir: el cabecilla de la red Gürtel recibió estos 73.000 del congreso de 2002 más otros 80.000 por el de 2004.  
La Brigada Policial de Blanqueo sostiene en el documento que ése dinero que nutría las cuentas de Francisco Correa servía para financiar los gastos de la propia organización, para desviarlo a fondos en el exterior, como por ejemplo Suiza o Ginebra, o para la entrega de dinero a cargos públicos entre los que cita al ex tesorero del partido Luis Bárcenas.  
«Una parte de las entradas (en la cuenta) corresponde a traspasos de cobros por actos realizados para el Partido Popular y las salidas al pago de gastos generados por el propio Correa y a la entrega de dinero a cargos públicos», especifica la Policía en su informe. Tras rastrear la cuenta personal del director de orquesta de la trama Gürtel, los investigadores localizaron también «entradas procedentes de comisiones pagadas por personas de empresas constructoras, de aportaciones de Álvaro Pérez o de cobros de procedencia desconocida».  
Este periódico ha tenido acceso a la contabilidad oficial del PP y ha constatado la dificultad para cuadrar los actos con las sumas pagadas por ser muy genéricas. 
(www.elmundo.es, 02/10/09)
EL PP SE RINDE Y DEJA QUE SEA CAMPS QUIEN MADURE CUÁNDO TOMAR MEDIDAS 
La dirección nacional del PP se rinde. Constatado que, tras 48 horas de presiones públicas y privadas, Francisco Camps no está dispuesto, al menos de momento, a cortar cabezas para atajar el escándalo de la posible financiación ilegal de su partido, los estrategas de la calle Génova (sede central del PP) han decidido dejar de empujar al presidente valenciano. La dirección nacional, según varias fuentes de Génova, está absolutamente convencida de que tarde o temprano esas cabezas tendrán que rodar, y prefería que fuera cuanto antes, pero ante la imposibilidad de convencer a Camps ha dejado que sea él quien madure esa compleja decisión. 
En el pulso mantenido durante 48 horas entre Madrid y Valencia, los papeles han quedado perfectamente definidos. Dolores de Cospedal, la secretaria general, ha ejercido el de mala de la película, con un choque dialéctico virulento con Camps el lunes, cuando le exigió por teléfono que tomara medidas "contundentes". Mariano Rajoy, por el contrario, ha ejercido de pacificador, hablando con el presidente valenciano constantemente para intentar aplacar su enfado por la actuación de Cospedal. 
Pero como las múltiples llamadas no eran suficientes, Rajoy y Camps quedaron ayer sin avisar a nadie en el parador de Alarcón (Cuenca), según confirmaron fuentes del PP después de que la cadena SER desvelara la noticia. La comida y sobremesa, de hasta cinco horas según varias fuentes, sirvió para pacificar definitivamente los ánimos entre Madrid y Valencia, aunque nadie sabía a última hora de la noche si se había tomado alguna decisión. 
Mientras, en el grupo parlamentario y en algunas direcciones regionales se instalaba ayer una cierta preocupación ante la evidencia de que Camps, y también Ricardo Costa y Vicente Rambla, los dos principales candidatos a la destitución, según todas las fuentes, han ganado la primera ronda del pulso con Madrid. 
"Rajoy ha demostrado una vez más que nunca mata a la primera; lo hace lentamente, como sucedió con Bárcenas, y eso tiene el problema de que transmite la sensación de falta de autoridad interna, pero es su estilo y nadie lo va a cambiar", sentencia un diputado. 
Algunos de los más fieles a Rajoy admiten esa lentitud a la hora de tomar decisiones en momentos difíciles, pero creen que eso le fortalece. "El camino de Rajoy a La Moncloa es una carrera de obstáculos, esperemos que éste sea el último. Pero a estas alturas todo el mundo sabe que Mariano consigue superarlos todos", sentencia otro. "Cada vez estamos mejor en las encuestas; Gürtel no tiene efectos electorales", repiten como un mantra varios marianistas. 
Con su estrategia de meter presión a Camps a través de Cospedal, Rajoy ha logrado, además, según otros miembros de la dirección, un objetivo importante: instalar en la opinión pública la idea de que éste es un problema de Valencia, que a él no le afecta. 
Varios marianistas analizan que Rajoy y Camps mantienen su estrecha relación personal, pero el apoyo cerrado en público que le brindó en el caso de los trajes ya no es posible. El líder del PP, que antes de la comida con Camps se reunió con Cospedal en el Congreso, no quiso hacer ningún tipo de declaración, tampoco de apoyo a su barón en apuros. Sólo aceptó hablar a la prensa de la candidatura de Madrid 2016, y cuando se le preguntó por posibles dimisiones en Valencia, hizo un quiebro: "En Valencia, como todos los españoles, apoyan la candidatura de Madrid 2016". 
Algunos miembros de la dirección están molestos por la actitud de Camps, que en lugar de ofrecer explicaciones claras sobre la posible financiación ilegal, se burló en el Parlamento de la oposición y de lo que él define como "el lío" en referencia al caso Gürtel. Muchos achacan su ausencia de reacción al hecho de que él no puede obligar a dimitir a Costa ni a Rambla tan fácilmente, puesto que el presidente está personalmente implicado en el escándalo, ya que Álvaro Pérez, El Bigotes, habla de él en varias de las conversaciones e incluso afirma que si tiene problemas para cobrar las deudas hablará con la esposa del líder, muy amiga suya. 
Sin embargo, otros dirigentes son mucho más comprensivos y confían en que el barón de la Comunidad Valenciana tardará un tiempo, pero sabrá resolver el asunto de la única forma que desde Madrid se entiende como posible: cortando cabezas. "Camps tiene que digerir el golpazo que se ha llevado. Eso no se hace en dos días. Cuando estalló el caso Gürtel en Madrid también hubo este desconcierto, y luego se tomaron decisiones. Camps ha sido leal con Rajoy, hay que dejarle margen de maniobra". 
Algunos dirigentes temen, sin embargo, que Camps esté dejando pasar los días a la espera de que el asunto, con el tiempo, abandone las portadas de los periódicos, y así poder hacer lo que más cómodo le resulta, esto es, insistir en que todo es un montaje y no tomar ninguna decisión. Camps confía, señalan varios diputados, en que el informe policial pueda acabar en el limbo jurídico. 
En cualquier caso, la crisis ha ahondado la fractura de Camps con Cospedal, que se fraguó con la polémica por el Estatuto de Castilla-La Mancha, que marca el fin del trasvase Tajo-Segura en 2015. Algunos diputados insisten en que a ella aún se la ve mucho más como dirigente territorial de Castilla-La Mancha que como secretaria general, y en ese campo Cospedal no puede vencer a Camps. "En Valencia gobernamos y ella está en la oposición. Camps aporta un millón y medio de votos en las generales, ella está por ver. No está en condiciones de exigirle nada", sentencia otro. 
(www.elpais.com, 01/10/09) 
RAMBLA Y COSTA COMPITEN EN BUSCAR APOYOS PARA REFORZARSE ANTE CAMPS 
La fractura entre el secretario general del PP y portavoz parlamentario, Ricardo Costa, y el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, cobró ayer dimensiones abismales. Ambos, salpicados por el escándalo de la supuesta financiación irregular del partido, llevaron hasta el Grupo Popular de las Cortes Valencianas su duelo particular. 
En el segundo y último día del debate de política general -y en ausencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps-, ambos aprovecharon la larga jornada para recabar apoyos en el grupo parlamentario y blindar su posición. 
Costa buscó las adhesiones de los diputados, alguno de los cuales no dudó en hacer ostensibles las muestras de afecto hacia el secretario general del PP. Rambla, que a diferencia de Costa no ha pateado el partido desde abajo, optó por ganar apoyos en el Gobierno y en el círculo de confianza de Camps. Fundamentalmente, el del vicepresidente tercero, Juan Cotino, y el de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Una situación que levantó expectación e incredulidad entre los diputados del PP. 
Ambos son conscientes de que el distanciamiento y la frialdad con la que les obsequió Camps el pasado martes, en la primera jornada del debate de política general, es una muestra clara de su disgusto. Algo que detectaron un buen número de diputados populares. No obstante, el entorno de Camps reconoce que el presidente no les pedirá la dimisión, sino que, en todo caso, esperará a que sean ellos mismos quienes presenten la renuncia. "El presidente no va a hacer nada bajo presión, es posible que más adelante, pero no ahora", explicó un miembro de su equipo. La misma fuente reconoce que Camps sí estudia sus opciones para salir de la grave crisis en la que se halla a raíz del caso Gürtel. 
"Como dijo Santa Teresa, paciencia", afirmó por la mañana el vicepresidente Cotino, que apuesta por evitar las decisiones tomadas en caliente. 
Sin embargo, la sensación entre los diputados valencianos del PP traslucía nerviosismo. "Habrá que ver lo que hace Camps, pero esto parece ya el sálvese quien pueda. Lo de Rambla y Costa intentando que pague el otro [por el escándalo de la supuesta financiación irregular] es lamentable", señaló un parlamentario. 
Costa y Rambla, que durante toda la jornada de ayer hicieron ostensible su distanciamiento, desplegaron una intensa actividad dentro de la bancada popular para defender su decisión de mantenerse en el cargo. 
El número dos del PP logró durante el debate varias muestras de afecto de los diputados. "No puede dimitir porque ello supondría reconocer que el informe policial [sobre supuesta financiación irregular] es verdadero", argumentaba uno de sus partidarios. 
"Rambla sólo aparece mencionado en las conversaciones grabadas por la policía en boca de Costa y de El Bigotes. Si alguien tiene algo contra él debería denunciarlo. Pero él no era el responsable en el partido", indicaban los de Rambla. 
Sin dimisiones voluntarias, Camps ha decidido recurrir a su jugada favorita, el enroque, antes de moverse en el tablero.  
CAMPS ELUDE HABLAR DE DIMISIONES PERO PIDE LA DE ZAPATERO 
El Partido Popular sigue echando balones fuera sobre la presunta financiación irregular del partido en Valencia y Madrid.  Desde la persecución de Gobierno, jueces y Fiscalía al "montaje" y "chapuza" del informe policial. Esta vez ha sido Camps, quien se resiste a forzar dimisiones en el PP valenciano -exigidas por Génova-, pero pide la del presidente del Gobierno.
El presidente de la Generalitat valenciana ha eludido este jueves comentar si en el encuentro mantenido ayer con Mariano Rajoy hablaron de dimisiones en el PP valenciano y ha dicho que a quien pediría que dimitiera es al presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero. 
Camps ha sido preguntado por los medios de comunicación sobre si él y el presidente del PP, Mariano Rajoy, hablaron ayer, durante el almuerzo que mantuvieron en Tarancón (Cuenca), de dimisiones en el PP de la Comunitat Valenciana tras las investigaciones sobre presunta financiación ilegal del partido. 
El presidente de la Generalitat valenciana se ha limitado a contestar a la pregunta que él a quien le pediría la dimisión es al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, porque es necesario que convoque elecciones generales ya que España necesita "un cambio de rumbo urgente". 
En el encuentro de ayer, ha añadido, "estuvimos hablando del presente y del futuro de España porque estoy convencido de que ayer, como tantas veces, estaba hablando con el futuro presidente del Gobierno de España". 
Según Camps, Rajoy y él también conversaron sobre "las personas que no tienen trabajo, las familias que lo están pasando mal y también hablamos que no se pueden subir los impuestos para generar riqueza". 
Tras insistir en que el encuentro de ayer es "una constante desde hace muchos años", ha afirmado que durante la reunión le pidió a Rajoy que defendiera los intereses de la Comunitat Valenciana, porque "vuelve a salir mal parada" en los Presupuestos Generales del Estado para 2010. 
(www.publico.es, 01/10/09) 
LA PRESIDENTA DE LAS CORTES VETA UNA PROPUESTA DE REPROBACIÓN 
Las Cortes Valencianas, que preside Milagrosa Martínez, del PP, rechazaron tramitar una propuesta del grupo Compromís (una alianza de Iniciativa del Poble Valencià y el nacionalista Bloc) que solicitaba reprobar al presidente de la Generalitat por haber mentido ante el Parlamento autónomo en decenas de ocasiones. 
Francisco Camps aseguró ante las Cortes, por ejemplo, que alguna vez le habían presentado a Álvaro Pérez, El Bigotes, quien resultó ser uno de sus interlocutores telefónicos la noche de Nochebuena, según consta en una grabación policial que revela la íntima relación entre ambos. También reiteró que deseaba declarar ante el juez para aclarar que nadie le había regalado trajes, algo que no niega el auto de archivo de la causa por cohecho que instruyó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 
La iniciativa para reprobar a Camps es la única de las decenas de propuestas que se debatieron ayer en las Cortes que no fue tramitada. La presidenta de la Cámara argumentó que la iniciativa de Compromís entrañaba una moción de censura encubierta. Pero esa Cámara sí reprobó a la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, y a Emilia Caballero, que ejerció como Defensora del Pueblo de ámbito autonómico de forma interina durante dos años porque el PP y el PSPV no fueron capaces de acordar su relevo. 
Milagros Martínez, que fue consejera de Turismo durante la pasada legislatura, adjudicó en 2004 a Orange Market su primer contrato con la Generalitat valenciana para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. En una grabación policial realizada cuando Martínez asumió la presidencia de las Cortes, El Bigotes dijo: "Voy a comprar un reloj a la consejera actual de Turismo como se lo compré a la anterior, que se portó bien conmigo". 
(www.elpais.com, 01/10/09) 
RAJOY Y CAMPS SE REÚNEN EN PRIVADO EN PLENA TORMENTA DEL CASO CORREA  

El líder del PP, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se reunieron ayer en privado en el Parador de Alcorcón (Cuenca) en plena tormenta por las últimas revelaciones del caso Gürtel que apuntan a una supuesta financiación irregular en la formación popular. Horas después, durante la inauguración de la exposición de Sorolla en Bancaixa a la que llegó con una hora de retraso, el jefe del Consell confirmó a Levante-EMV el encuentro. En declaraciones a este periódico, el presidente aseguró que no se habló del escándalo político que azota a su partido. Según el jefe del Consell, el almuerzo, que se prolongó por espacio de cinco horas, se enmarca dentro de las reuniones habituales que mantiene con el presidente nacional. "Es una reunión entre amigos que se hace todos los meses desde hace cinco años", explicó Camps, quien además detalló que él y Rajoy firmaron autógrafos y se hicieron fotos con otros comensales del parador. La mesa de los populares estaba separada del resto por un simple biombo.

Con todo, pese a la normalidad con la que Camps se refirió a su comida con Rajoy, la cita está cargada de contenido. Se produce en un momento de gran tensión política y cuando algunas voces hablan de distanciamiento entre Rajoy y Camps por la resistencia de éste último a depurar responsabilidades por el caso Correa. El almuerzo, además, tuvo lugar el mismo día en que la Fiscalía Superior de Valencia dio a conocer el archivo de la denuncia presentada por el PP contra la policía por el informe que ha puesto sobre las cuerdas a la cúpula popular valenciana. La decisión supone un nuevo varapalo para la formación que lidera Francisco Camps y, en concreto, para Ricardo Costa, cuya defensa, centrada en desacreditar el informe policial, salta por los aires. De hecho, algunas fuentes consultadas ayer por este diario mantuvieron que Rajoy tenía previsto pedirle personalmente a Camps el relevo de su número dos.Otras fuentes mantienen que la dirección nacional del PP ha optado por rebajar la presión pública y dar manos libres a Camps para que ataje el escándalo y depure responsabilidades. De ser así, Rajoy le habría comunicado en persona que tiene margen de maniobra, pero que es necesario que actúe. En principio, se apunta a que el cese de Costa no sería suficiente y que tendría que sacrificar también al vicepresidente Vicente Rambla para que el cortafuegos sea efectivo y se traslade a la opinión pública una imagen contundente de que el PP actúa contra la corrupción. 
La negativa de los máximos referentes del PP a lo largo del día de ayer a hablar sobre lo que debe hacer Camps abona la teoría de que Génova quiere aliviar la presión sobre Camps. Rajoy, al ser preguntado sobre posibles dimisiones, se fue por la tangente. "En Valencia yo creo que, como todos los españoles, están apoyando la candidatura 2016, y que se van a llevar una alegría como todos".  
Sin embargo, en privado, dirigentes populares siguieron exigiendo medidas "ejemplarizantes" a Camps, a imagen y semejanza de la respuesta que tuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Según un teletipo de la agencia Efe, miembros del comité ejecutivo nacional precisaron que los ceses deben alcanzar también a Vicente Rambla y a David Serra, vicesecretario de organización del PP. En cuanto a Ricardo Costa, ayer se comparaba su "resistencia" en dejar el puesto con la que mostró el tesorero del partido, Luis Bárcenas.  
(www.levante-emv.com, 01/10/09) 
LA TRAMA GÜRTEL PARTICIPÓ EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA AUNQUE EL CONSELL LO NEGÓ  
A la trama corrupta dirigida por Francisco Correa no se le escapó ninguna oportunidad de pescar en nichos de negocio promovidos, patrocinados o amparados por la Generalitat y el Partido Popular. Orange Market, la marca con la que ha operado la red Gürtel en la Comunitat Valenciana, también participó en la organización de la visita que el Papa Benedicto XVI hizo a Valencia con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias. Los documentos que recogen el flujo de dinero negro entre la empresa de Álvaro Pérez y el resto del conglomerado empresarial presuntamente delictivo revelan que el número dos de la trama, Pablo Crespo Sabaris, hizo una "entrega" de 10.000 euros para sufragar "gastos de producción de la visita del Papa".  
La inscripción aparece en un apunte contable que lleva fecha del 7 de julio de 2006, exactamente un día antes de que el Papa aterrizara en el aeropuerto de Manises para protagonizar un fin de semana intenso, con la multitudinaria misa en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias como plato fuerte, y cuatro días después del accidente del metro.  
Esta información contable consta en las hojas guardadas en el pendrive incautado al contable José Luis Izquierdo en el piso del número 40 la calle Serrano de Madrid. El archivo se estructura en distintas columnas que recogen la fecha, el concepto, los pagos, ingresos y saldo de la caja B entre agosto de 2005 y enero de 2009 y exclusivamente en lo que respecta al trasiego de dinero "ajeno a los circuitos económicos " -observa la policía- entre Orange Market y la oficina de recaudación que tenía montada Francisco Correa para engordar su patrimonio.
La fundación lo desmintió

El citado registro de 10.000 euros sacados en metálico por quien fue cofundador de Orange Market constituye una prueba concluyente de la participación de esa firma en el montaje de la efeméride religiosa y rebate la versión del Consell, que, a través de su vicepresidente primero Vicente Rambla, ha negado reiteradas veces cualquier relación de Álvaro Pérez con el acontecimiento. La propia fundación V Encuentro Mundial de las Familias (en la que participaba la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia, la diputación y el Arzobispado) también fue tajante al asegurar que Orange Market no había tenido nada que ver con los actos de la visita papal. Esos desmentidos se produjeron cuando, al poco de estallar el escándalo Gürtel, se hicieron públicas unas grabaciones en las que cabecillas de la trama alardeaban de que Álvaro Pérez iba a ser designado por el presidente Francisco Camps "coordinador" de los actos de la visita, dada su experiencia en la organización de todo tipo de saraos. 
Entre las salidas de caja "B" -que suman un total de 450. 413 euros entre 2005 y 2007- constan dos entregas a Álvaro Pérez inscritas con el concepto "compra de apartamento". El primero de los apuntes asciende a 12.000 euros y es de 12 de abril. La segunda anotación, de 42.000, es del 13 de julio, seis días después del pago por la visita del Papa. También figuran en esa relación los 540 euros con los que el presidente de la franquicia valenciana de la trama compró una máquina de contar dinero. En esas fechas, Pablo Crespo -también cofundador de Orange Market- hizo varias entregas de 6.000 euros al delegado comercial de la trama en Valencia en concepto de "sueldo". También aparecen cantidades en negro que fueron a parar a empleados de la empresa. En unos casos, de apenas 1.350 euros y, en otro, de 6.000. Esta última cantidad es la que recibió la hermana del jefe, Álvaro Pérez, el 14 de febrero de 2006. La familia tira mucho. 
(www.levante-emv.com, 01/10/09) 
EL PP SE ESTRENÓ COMO CLIENTE CON 150.000 EUROS EN ´B´
Los pagos en dinero negro a la trama de Correa forman parte de una tradición del PP valenciano muy anterior al nacimiento de Orange Market como empresa, en julio de 2004. El primer servicio prestado por el cabecilla de la red Gürtel, como organizador de actos de los populares en la Comunitat Valenciana, fue sufragado casi en dos terceras partes del coste total en dinero de caja "B". Se trata del congreso regional, celebrado los días 28 y 29 de septiembre de 2002 y cuyo montaje corrió a cargo de Special Events, la entonces matriz de un conglomerado de empresas que no había alcanzado el desarrollo que después adquirió y firma de cabecera de la dirección popular de la calle Génova en la organización de campañas y actos.  
La contabilidad "Barcelona" de la trama en Madrid revela que por ese congreso, Special Events cobró 240.582 euros, IVA aparte. Los pagos se hicieron en cinco capítulos. El 10 de diciembre de 2002, el PP entregó un cheque por 90.151,82 euros, soportados en la correspondiente factura. El resto, nada menos que 150.430,95 euros, se abonó en cuatro pagos, todos ellos en dinero negro por importes de 25.000, 30.000, 75.421 y 18.500 euros. La primera cantidad fue entregada a cuenta una semana antes del acto (el 20 de septiembre) y las otras tres -el 23 de octubre, el 9 de enero y el 23 de enero de 2003- cuando ya se había celebrado la convención política. No fue un congreso cualquiera, sino el de la transición en el seno del partido, obligada por el salto de Eduardo Zaplana a la política nacional para convertirse en ministro de Trabajo. Francisco Camps, designado candidato a la Generalitat en 2003,accedió al cargo de secretario general y su mentor, el ministro, fue reelegido por cuarta y última vez presidente del PP en aquel congreso. Entre las competencias y obligaciones que los estatutos del partido otorgan al secretario general, entonces y ahora, figura la "autorización" última de los gastos y la certificación de los ejercicios contables. Así se recoge en el punto primero del artículo 42 de las reglas internas del PP. Por aquel entonces, Álvaro Pérez era en Special Events el responsable de las relaciones con el PP, cliente preferente. No por otra razón fue elegido por Correa para montar Orange Market en Valencia. 
(www.levante-emv.com, 01/10/09) 
RAJOY CITA A CAMPS EN CUENCA PARA PACTAR SU DEFENSA ANTE LA GÜRTEL 
La gravedad de lo que está ocurriendo en el PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) se escenificó ayer en un cara a cara entre el líder del PP, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Ambos se reunieron en un almuerzo para discutir cómo encarar la nueva crisis interna que se ha desatado tras salir a la luz el informe policial que aporta claros indicios de financiación ilegal en el PP valenciano.  
El encuentro, que se celebró en terreno neutral en el Parador de Alarcón (Cuenca), se prolongó durante varias horas. Desde el círculo de Rajoy confirmaron la cita, pero evitaron desvelar sus detalles bajo la excusa de que se trataba de una conversación privada. Camps, por su parte, llegó con casi una hora de retraso a la inauguración de una exposición de Sorolla y trató de mantenerse en todo momento "blindado" frente a los periodistas, informa Belén Toledo.  
Desde el PPCV trataban de quitarle importancia al encuentro insistiendo en que no había sido "secreto". "Forma parte de los encuentros habituales que mantienen una vez al mes", mantenían. A la salida del acto, Público preguntó a Camps si se habían barajado dimisiones. Este respondió con evasivas: "Estoy encantado porque Fernando Alonso va a correr en Ferrari y su grupo de comunicación podrá retransmitir excepcionalmente el Gran Premio de Fórmula1. Dele recuerdos a Roures de mi parte", dijo en referencia a Jaume Roures, socio de Mediapro y uno de los propietarios de este diario. 
Mariano Rajoy, por la mañana, tampoco aclaró nada. "En Valencia, como todos los españoles, apoyan la candidatura de Madrid 2016 y se van a llevar una alegría", señaló en el Congreso.  
Ante la incertidumbre, en las filas conservadoras se dispararon las especulaciones. La mayoría de dirigentes daba por hecho que Camps no iba a renunciar a su cargo. Todos pensaban más bien en la salida "ejemplarizante" del secretario general de la formación regional, Ricardo Costa, y del vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, ambos implicados en la trama Gürtel. Algunos incluso apuestan por una remodelación completa del Gobierno autonómico. En los próximos días se pondrán de manifiesto las medidas "contundentes" que Rajoy y Camps han cerrado.  
El nombre de Costa está en todas las quinielas al aparecer en la investigación como la persona que cerraba con Álvaro Pérez, El Bigotes, los pagos en negro por actos del partido. Que la Fiscalía rechazara ayer la denuncia que presentó contra los autores del informe policial, que él calificó de "montaje", le ha dejado todavía más en evidencia. 
Pero la mano derecha de Camps está resistiéndose. Según quienes le rodean, Costa está dispuesto a pelear con uñas y dientes para no convertirse en el chivo expiatorio de toda esta historia. Algunos cargos valencianos señalan, en su defensa y apuntando hacia arriba, que "el partido tiene una historia" y que él siempre ha sido "muy leal y ha actuado según le han dicho". 
Los conservadores valencianos, que han mantenido durante todos estos días que sus responsables habían hecho "las cosas bien", seguían defendiendo ayer que era "extraño que nadie se hubiese hecho cargo del informe". "Si hay irregularidades, los tribunales deberían actuar ¿no?", señalaban.  
La tormenta se barruntaba ayer desde primera hora de la mañana. La dirección del PP había asistido con estupefacción a la pasividad de Camps. El PPCV había anunciado que iban a adoptar cuatro iniciativas "excepcionales", entre las que se contaban una nueva auditoría o una comisión para fiscalizar las cuentas del PP y del PSOE, aunque los socialistas no están en el punto de mira. Pero en las filas conservadoras sonaron insuficientes. 
Por eso, en una entrevista en Veo7, María Dolores de Cospedal, mandaba un nuevo recado a Camps. Reiteraba la "confianza" que el partido mantiene en él y volvía a darle carta blanca para adoptar las decisiones que considerase oportunas, pero con un apunte. 
La secretaria general recordó que durante estos días se había venido celebrando el debate de política general en la Comunidad Valenciana y que, por tanto, Camps estaba inmerso en sus tareas "como presidente de todos los valencianos". Pero insistió en que esperaba que actuara "como tiene que actuar", realizando un especial hincapié en que "todo el mundo tiene sus tiempos". Con ello parecía estar emplazando a Camps a ocuparse de los asuntos internos en cuanto tuviese ocasión. Y ese momento arranca a partir de hoy, cuando, sin cita en Les Corts, no hay más excusas para posponer decisiones. 
La secretaria general del PP había asistido poco antes a un reunión de más de 40 minutos en el Congreso para marcar la estrategia. Fue una minicumbre del Comité de Dirección a la que asistieron también Esteban González Pons, Soraya Sáenz de Santamaría y Ana Mato.  
El lunes, Cospedal había dicho que la cúpula no iba a poner "plazos, ni condiciones" al PP de la Comunidad Valenciana, dando a Camps "libertad" para actuar "convenientemente". Pero ayer, todo se precipitó y hubo una nueva vuelta de tuerca. La mano derecha de Rajoy se mostró "absolutamente" dispuesta a depurar responsabilidades en su partido al recalcar que "quien haya hecho cosas que no se tienen que hacer, no estará en él".  
(www.publico.es, 01/10/09) 
RAJOY OCULTÓ A COSPEDAL SU REUNIÓN CON CAMPS 
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado hoy que se enteró por la prensa de la cumbre que ayer mantuvieron su líder, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. 
Si el hecho de que el presidente de un partido no informe a su número dos de una reunión de la trascendencia de la que se celebró ayer en Cuenca resulta sorprendente, lo es mucho más porque Rajoy y Cospedal mantuvieron una reunión de dos horas que concluyó pocos minutos antes de que el líder partiera hacia su encuentro con el presidente valenciano y en la que se abordaron los problemas del PP valenciano a cuenta del caso Gürtel. 
Cospedal se ha negado a responder a los periodistas sobre el carácter de la ocultación de esta información. Inquirida sobre si se sentía desautorizada por el líder de su partido se ha limitado a asegurar: "No entiendo la pregunta". 
(www.elpais.com, 01/10/09) 
LA FISCALÍA RECURRE EL ARCHIVO DEL 'CASO GÜRTEL' EN VALENCIA 
La Fiscalía Anticorrupción ha formalizado hoy el recurso ante el Tribunal Supremo contra el archivo de la trama valenciana del caso Gürtel que dictó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV). El Ministerio Público sustenta el recurso de casación en dos motivos: una interpretación errónea del artículo 426 del Código Penal, que recoge el cohecho pasivo impropio; y que la causa aún se estaba investigando y por tanto se ha hurtado un mayor conocimiento de los regalos que recibió Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, y otros tres altos cargos, así como las contrataciones de la administración autonómica con la empresa nuclear del entramado: Orange Market. 
La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que anule el auto en el que el tribunal presidido por el magistrado Juan Luis de la Rúa, al que Camps se refirió públicamente como "más que un amigo". La sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Valenciano consideró que no existía delito porque interpretó que era necesaria una relación de causalidad. 
El artículo 426 del Código Penal considera delito la aceptación de dádivas o regalos por parte de cargo o funcionario público. Al presidente Camps, al secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa; a Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat valenciana; y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo, se les imputó por ello. Y el juez instructor, José Flors, consideró que existían indicios para continuar investigando. 
Pero De la Rúa y José Francisco Ceres entendieron que no podía haber habido delito porque ninguno de los imputados tenía posibilidad de contraprestar a quien realizó los regalos. El tercer magistrado del tribunal, Juan Montero, emitió un voto particular en sentido contrario. Lo que sí firmaron los tres sin discusión fue la eliminación de la causa del informe de la policía que llegó un día antes del archivo y que recoge indicios de una posible financiación irregular del PP valenciano, en la que habría participado Orange Market. 
La acusación popular, los socialistas valencianos, presentaron su recurso de casación en términos similares el pasado lunes. 
(www.elpais.com, 01/10/09) 
GONZÁLEZ PONS: "SI ALGUIEN LA HA HECHO EN VALENCIA, LA PAGARÁ" 
El secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este jueves que "haga lo que haga" el presidente valenciano, Francisco Camps, en el PPCV por el caso Gürtel, "va a contar con el respaldo" de la dirección nacional del partido. 
Pons ha hecho esta afirmación en unas declaraciones a la Cadena COPE, en las que ha recalcado que no tiene "ninguna duda" de que "si alguien en la Comunidad Valenciana la ha hecho, no sólo es que tenga que pagarla, es que la pagará". 
Se ha referido al encuentro que, durante cinco horas, mantuvo ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, con Francisco Camps, en el parador nacional de Alarcón (Cuenca), para analizar la situación ante las acusaciones de una supuesta financiación ilegal del partido.
Pons ha dicho que fue un encuentro "natural" entre dos personas que son colaboradores y amigos y que, por diversos actos políticos, no habían podido verse en estos días que, según ha dicho, "están siendo dificilísimos". 
"Muy secreto no debía de ser porque quedaron en un parador de turismo, como todo el mundo sabe, es administración del Estado, jerárquicamente depende del Gobierno socialista, y todo el mundo iba a acabar enterándose. Por lo tanto, ha sido un encuentro natural y discreto", ha manifestado. 
Ha denunciado la existencia de "una mano negra política del peor estilo" que "dosifica" las filtraciones sobre el caso Gürtel para perjudicar al PP y ocultar otros asuntos como la crisis, la aprobación de unos Presupuestos "mentirosos", la Ley del Aborto o la subida de impuestos y que, además, "está consiguiendo su objetivo". 
Pese a insistir en que, "si hay que tomar alguna decisión, en el sentido que sea", le corresponde al PP de Valencia y a Camps, el dirigente del PP ha recalcado que todas las informaciones sobre financiación ilegal de este partido se basan en un informe policial "que puede ser cierto o no".
Ha llamado la atención sobre el hecho de que nadie haya resaltado que el archivo de la denuncia presentada por el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, contra ese informe policial esté firmado por el marido de la diputada del PSOE en el Congreso Juana Serna. 
"Ese sumario se está filtrando a costa del partido de la oposición y en función de los intereses del Gobierno de España", ha insistido González Pons, quien ha añadido que ha habido momentos a lo largo de este año en los que ser del PP "era sentirse verdaderamente amenazado por el Gobierno". 
(www.publico.es, 01/10/09) 
RAJOY SOBRE LA GÜRTEL: "EN VALENCIA APOYAN A MADRID 2016" 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha respondido con su típica ironía gallega  a una pregunta sobre si, a su juicio, deben producirse dimisiones en el PP de Valencia, acosado por las últimas informaciones sobre el 'caso Gürtel': "En Valencia, como todos los españoles, apoyan la candidatura de Madrid 2016 y se van a llevar una alegría". Nada más. Rajoy ha concluido su intervención en la sesión de control alrededor de las 09.15 horas, pero no ha salido del Congreso hasta poco antes de las 13.00 horas. 
Durante ese tiempo ha estado reunido en el despacho que tiene en el Congreso con algunos de los más destacados dirigentes de su partido, como la portavoz del grupo en la Cámara, Soraya Sáenz de Santamaría, o los vicesecretarios Ana Mato y Esteban González Pons. La secretaria general, María Dolores De Cospedal, se ha unido a dicha reunión sobre las 12.00 horas.
Por ello, cuando Rajoy se disponía a abandonar el Congreso ha recibido las preguntas de los periodistas, en concreto dos. La primera ha versado sobre las posibilidades de Madrid para acoger los Juegos Olímpicos de 2016 y si bien ha reconocido que "no es fácil", y más con la competencia del presidente de EEUU, Barack Obama, y del de Brasil, Lula da Silva, para defender las aspiraciones de Chicago y de Río de Janeiro, ha destacado que a la cabeza de la delegación española acude el Rey.
No obstante, ha recalcado que tiene confianza en las posibilidades de Madrid, toda vez que el trabajo hasta llegar a Copenhague, donde el próximo viernes se decidirá la sede olímpica, "se ha hecho muy bien". "Se ha dado la batalla y ojalá tengamos suerte", ha puntualizado.  
COSPEDAL DICE NO SABER NADA DE LA REUNIÓN ENTRE RAJOY Y CAMPS 
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró esta noche que no tiene "constancia" de la celebración de la reunión secreta entre el presidente del partido, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. "No tengo la constancia por ellos", dijo en referencia a sus compañeros de partido, "de que eso haya sido así o durante el tiempo que se dice que se ha hecho y, por lo tanto, no lo voy a comentar". 
En declaraciones a Telemadrid, Cospedal sostuvo que ella se había enterado a través de los medios de comunicación del encuentro celebrado en el parador de Alarcón (Cuenca). "La verdad de lo que sé es que el conocimiento que se ha tenido", especificó Cospedal, "ha sido por medios de comunicación. Esta tarde no he hablado ni con Rajoy ni con Francisco Camps". 
La secretaria general del PP, que reiteró su confianza en Francisco Camps -"Camps es el que tiene que decir lo que se tiene que hacer" , enfatizó--y en que el PP de la Comunidad Valenciana actúe con "contundencia" ante el último informe policial, aseguró que estaba en condiciones de negar la financiación ilegal. "Estoy en condiciones de asegurar, hasta dónde yo sé, que el PP no tiene trama de financiación que no sea la legal y auditada", dijo.  
Al ser preguntada por su excluía dimisiones en el seno del PP valenciano por este motivo, Cospedal respondió que el PP de la Comunidad valenciana "va a hacer lo que sea más conveniente para el PP valenciano y la gente de la Comunidad valenciana". "¿Lo cual no excluye dimisiones?", volvió a ser preguntada, ante lo que la secretaria general guardó silencio.  
Cospedal reclamó que no se eleve a "categoría de condena" el informe policial que apunta a financiación irregular. "No es todavía ni siquiera informe de la Fiscalía ni sentencia condenatoria", subrayó antes de insistir en que el PP valenciano "tiene que hacer las cosas con los tiempos" aunque los tiempos de los medios de comunicación sean "distintos". 
En este sentido, la 'número dos' del PP recordó que el informe policial coincidió con el debate del Estado de la Comunidad valenciana, un "momento lógico" para que el presidente Camps "se ocupe de las cosas de la gente de la Comunidad valenciana". 
(www.publico.es, 01/10/09) 
DE COSPEDAL CONVENCIDA DE QUE CAMPS "VA A ACTUAR COMO TIENE QUE ACTUAR" 
María Dolores de Cospedal, mostró su convencimiento de que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, "va a actuar como tiene que actuar" en Valencia y expresó su "confianza más absoluta" en él. La secretaria general del PP añadió que se remite a las palabras del presidente del PP nacional, Mariano Rajoy que manifestó "toda la confianza" en los dirigentes valencianos. 
En declaraciones a Veo 7 se refirió a la polémica suscitada por la petición, tanto de la propia Cospedal como de Rajoy de "contundencia" a Camps, y, según explicó, puede interpretarse de diferentes maneras, pero ellos se referían a "actuar de manera firme y clara y tomar iniciativas" como las que han tomado ya. 
Preguntada por si está dispuesta a depurar responsabilidades en el partido, caiga quien caiga, respondió que "absolutamente" y advirtió que no estará en el PP el que "haya hecho cosas que no tiene que hacer", aunque también reclamó el derecho a la presunción de inocencia para todos los implicados. 
En su opinión, el PP "ha sido el primero en dar ejemplo" contra la corrupción porque "hay alcaldes en Madrid que no están en sus puestos" y no ve "lo mismo en otros partidos políticos". Añadió que en Valencia nadie ha dejado su puesto porque lo que hay es "un informe policial rechazado dos veces por los tribunales" y no una imputación judicial. 
Subrayó que las cuentas del PP son "impecables" y que "aunque algunos pretenden que tenga que ver con financiación ilegal, luego se demuestra que no". Agregó que el PP propuso una reforma de la normativa del Congreso para que las auditorías no afecten sólo a los partidos a nivel nacional, sino también a sus sedes provinciales y "fue rechazada por el PSOE". 
Arremetió contra la Fiscalía por actuar con "criterios claramente partidistas" y pidió que "deje de utilizarse para perseguir a la oposición" porque están siendo "objetivo de ataques muy virulentos". 
Por otro lado, aclaró que el PP no acusa a los Cuerpos de Seguridad del Estado de estar detrás del informe policial que demostraría que el PP se ha financiado ilegalmente, sino que están hablando de "los mandos políticos" y quiere "que quede bien claro". 
"Lo que quiere el ministro del Interior -Alfredo Pérez Rubalcaba- es parapetarse detrás de la Policía, y no se lo voy a consentir", apostilló. Justificó que el secretario general del PP de la Comunidad Valenciana haya presentado una denuncia, archivada hoy, contra los policías que elaboraron el informe contra los 'populares', aludiendo a que no saben quién lo encargó "y sólo se puede ir contra quien lo ha hecho físicamente, es una cosa diabólica", remachó. 
(www.publico.es, 01/10/09)
ARCHIVADA LA DENUNCIA DE COSTA CONTRA EL INFORME POLICIAL SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL PPCV 
La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana ha archivado este miércoles la denuncia presentada por el secretario general del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Ricardo Costa, contra el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre una posible financiación irregular de este partido.  
Según han informado fuentes del Ministerio Público, de los hechos descritos en esta denuncia no se desprende ningún acto delictivo. Costa denunció a los autores de este informe policial al considerar que en este documento aparecen "informaciones sesgadas, intencionadas y sin pruebas".  
El dirigente popular presentó una denuncia contra la Policía por el informe que ésta remitió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un día antes de que se decretara el sobreseimiento libre de la rama valenciana del 'caso Gürtel'.
En una rueda de prensa, Costa definió este informe policial como "intencionado" e "instigado exclusivamente" por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba . Señaló que este escrito "no es nuevo, sino una recopilación y un montaje de varios informes incorporados al proceso de Madrid, con conclusiones no probadas mezcladas de forma intencionada a partir de conversaciones y pruebas que no tiene coherencia en el espacio ni el tiempo". También alegó que la presentación de este informe se hizo para "influir en los jueces", "alargar" la imputación y "dañar" al PP, lo que consideró "una actuación insólita en democracia". 
(www.publico.es, 30/09/09) 
LA FISCALÍA RECHAZA LA DENUNCIA DE RICARDO COSTA CONTRA LA POLICÍA 
La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha rechazado la denuncia que el pasado lunes presentó el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, contra la Policía por el informe que recoge supuestas irregularidades en la financiación del PP en Valencia. Con este trámite, el asunto queda definitivamente zanjado. 
La Fiscalía, después de estudiar la denuncia, ha concluido que de los expuesto por Costa, diputado en la cámara autonómica y secretario general del PP en Valencia, no se desprende ningún indicio de delito. 
Costa no precisaba cuáles podían haber sido las infracciones penales de la Policía sino que recogía una presunta intencionalidad de perturbación de la deliberación de la sala de Lo Civil y Penal sobre el caso al presentar el informe un día antes de que éstas, que se concretaron en un sobreseimiento libre, concluyeran. 
Costa, al que ese mismo informe señala como partícipe de la supuesta trama de financiación irregular en la que participaron empresas de la trama Gürtel e importantes sociedades del sector de la construcción en la Comunidad Valenciana, consideró el mismo lunes que era "víctima de una persecución política desde las más altas instancias del Estado". 
De lo que denunció no se deduce tal cosa, y por eso la Fiscalía Superior ni siquiera admite que pudieran haber indicios para investigar. 
(www.elpais.com, 30/09/09)
RAJOY Y CAMPS SE REÚNEN EN SECRETO 
El líder del PP, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, se han reunido en secreto en medio del escándalo por el caso Gürtel. Según ha sabido la Cadena SER, Rajoy y Camps se han citado esta tarde en el parador de Alarcón, en Cuenca, a medio camino entre Valencia y Madrid. La reunión ha durado al menos cinco horas y no figuraba en ninguna de las agendas públicas de los protagonistas. Para proteger la discreción de la cita, Rajoy y Camps se han resguardado tras un biombo intentando no ser vistos por el resto de huéspedes del establecimiento hotelero. El encuentro se ha celebrado en medio de la tensión entre el PP de Génova y el partido en Valencia tras los datos conocidos en el último informe policial sobre la presunta financiación ilegal del PP regional. Rajoy pidió contundencia a Camps y éste le recordó ayer que necesita al PP valenciano para ganar en España. 
La reunión se produce en medio de una tensión creciente entre el PP nacional y su grupo valenciano. Camps no dudó ayer en responder a "las medidas más contundentes" exigidas desde Génova para atajar el caso Gürtel. El presidente de la Generalitat recordó a su líder que sin el PP valenciano no va a lograr su objetivo de llegar a La Moncloa. 
Camps eludió así adoptar esas medidas contundentes para aclarar la rama valenciana de la trama de corrupción. Sus palabras tenían un claro destinatario: Mariano Rajoy. El líder regional, lejos de hacer autocrítica durante su intervención en el debate de política general de su Comunidad, reafirmó a todo su equipo: "Estoy rodeado de buena gente" insistió el president después de que el PSOE pidiera la disolución de las Cortes. 
Esas declaraciones han generado cierto malestar en algunos sectores de la dirección del PP. La advertencia entrelíneas de Camps a Mariano Rajoy en la que condicionaba el éxito de los 'populares' en unas elecciones generales al peso político de la Comunidad que él preside parece haber descolocado a más de uno en Génova. 
La 'número 2' de Rajoy, María Dolores de Cospedal, mantenía por la mañana un discurso más bien duro: "Quien haya hecho lo que no debe no estará en el partido". Sin embargo, por la tarde, ha cambiado las advertencias por el silencio. Hasta en cuatro ocasiones se ha negado a contestar a las preguntas de los periodistas en un acto en Toledo. 
(www.cadenaser.com, 30/09/09) 
EL 'CASO GÜRTEL' NO EXISTE PARA CAMPS 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, decidió ayer ignorar el caso Gürtel, el que le tuvo imputado por recibir trajes regalados de la trama corrupta. Y lo hizo con todas las consecuencias. Por un lado aparentó desconocer las presiones del PP nacional, que le exige que adopte medidas para atajar el escándalo de la supuesta financiación irregular del partido en Valencia que los jueces de la comunidad no quieren investigar. Y, por otro, hizo caso omiso a las demandas de la oposición, que reclama elecciones anticipadas para acabar con el deterioro institucional provocado por los escándalos de corrupción ligados al PP en la Generalitat valenciana. "Aquí se está debatiendo el futuro de España, de ahí que haya una estrategia montada", zanjó Camps. Gürtel, para él, sencillamente no existe. 
El presidente autonómico acudió al debate de política general de las Cortes Valencianas en medio de un clima de crispación interna evidente. Tanto que, minutos antes del inicio, el número dos del PP valenciano y portavoz parlamentario, Ricardo Costa, compareció en pasillos para asegurar que no había pedido la dimisión del vicepresidente valenciano Vicente Rambla como condición para dimitir él. A ambos les salpica el escándalo de la supuesta financiación irregular del PP en relación con la trama de empresas del caso Gürtel, que se beneficiaron de sustanciosos contratos de todas las consejerías valencianas. Los saludos fríos, las miradas esquivas y los rostros de la bancada popular daban fe de que nunca antes el PP valenciano había afrontado una crisis semejante. 
En este clima, Camps apostó por articular en el hemiciclo un discurso de hora y media en el que no hizo ni una sola alusión a los escándalos que mantienen paralizado su gobierno desde primeros de año. Fue el portavoz socialista, Ángel Luna, quien puso el dedo en la llaga. "Aquí el sistema no funciona, no hay la más mínima transparencia", subrayó. "Tienen un aparato de actos propagandísticos y hoy sabemos cómo se financia y que algunos tienen beneficios colaterales". Y prosiguió: "Hoy son muchos los que se preguntan si en los últimos años ha habido igualdad en las convocatorias electorales. Hoy muchos se preguntarán sobre la legitimidad de las victorias electorales". 
El presidente valenciano, obligado a replicar, optó por negar cualquier evidencia y trazó su propia versión de la teoría de la conspiración. Acusó al Gobierno central y a los socialistas de ser los culpables de sus apuros, de haber montado una estrategia para desgastarle a él y al PP valenciano e impedir que Mariano Rajoy gane las próximas elecciones generales. Para Camps, que apostó por un tono humorístico, burlesco y desabrido en sus réplicas, el caso Gürtel sólo es un lío montado por los socialistas para acosarle. Un lío que contrasta con la realidad de la "buena gente" que le anima allá por donde va y con la opinión de la dirección nacional de su partido. "El PP de España ve en el PP de la Comunidad Valenciana un referente de buenas prácticas y buen gobierno", afirmó. 
Luna lamentó que "el único argumento [de Camps] para ocultar su ineficacia sea el malvado ZP" y auguró que no será capaz "de aguantar la presión de lo que se le viene encima", con el previsible rebote judicial del caso por la supuesta financiación irregular del PP. La portavoz de Compromís, Mónica Oltra, exigió elecciones anticipadas igual que Luna. Recordó a Camps sus mentiras a la Cámara acerca de su relación con El Bigotes -su "amiguito del alma"- y le pidió que "mantenga su nivel intelectual, ya que no puede mantener el moral". 
Camps, que descalificó a Luna y a Oltra como portavoces -del primero insinuó que no estaba legitimado; de la segunda, que era una tránsfuga- se negó a abrir un debate electoral -"que de antemano ganaría", dijo- porque lo importante es la crisis. 
Ni una palabra de aliento para Costa
El presidente valenciano, Francisco Camps, evitó ayer salir en defensa de sus hombres de confianza, tanto en el partido como en el gobierno. En más de dos horas de intervención no tuvo ni una palabra de aliento para el secretario general del PP y portavoz parlamentario, Ricardo Costa, supuestamente salpicado por las últimas revelaciones del caso Gürtel. Y tampoco para ninguno de los miembros de su gobierno, incluido el vicepresidente primero, Vicente Rambla, en similar situación a la de Costa. 
La situación es tal que Costa -que en las conversaciones grabadas llega a referirse en términos insultantes al vicepresidente al hablar con Álvaro Pérez, El Bigotes- pidió una reunión con Rambla a primera hora de la mañana para rebajar la tensión existente entre ambos. No tuvo éxito. Aun así, el portavoz utilizó su turno en el debate para alabar la gestión de Rambla -"el mejor director político que ha tenido la Generalitat"- y al resto de miembros del gobierno. El más elogiado fue Francisco Camps, como siempre. Pero los esfuerzos de Costa no fueron merecedores de ninguna muestra de afecto del presidente. De hecho, Camps hizo cuanto pudo por no coincidir, más allá de lo imprescindible, con su mano derecha en el partido. 
Las frases del debate
- Francisco Camps, presidente de la Generalitat. "Desde que empezó este lío, arrasamos democráticamente en las elecciones europeas y el Tribunal Superior de Justicia [de la Comunidad Valenciana] archivó el asunto". "Aquí se está debatiendo el futuro de España, de ahí que haya una estrategia montada". "A Luna [portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas] no le dan la razón ni los ciudadanos ni los jueces". 
- Ángel Luna, portavoz del PSPV-PSOE. "Es usted el que tiene que responder de todo esto. ¿Quién tenía si no autoridad sobre todas las consejerías, sobre toda la Administración, para conseguir que Orange Market contratara con todos a la vez habiendo aparecido de la noche a la mañana? Sólo usted podía hacerlo". "El Tribunal Superior no ha decidido absolverle, ha decidido no juzgarle, pero su argumento de que había pagado los trajes lo ha rechazado. Ha convertido a la Comunidad Valenciana en el patio de Monipodio [Rinconete y Cortadillo, de Cervantes] de la política española. Pero Monipodio es el señor Correa". 
- Mónica Oltra, portavoz del Compromís. "A juzgar por su contabilidad electoral, a su partido le salen gratis los carteles. Es más fácil ganar las elecciones si te pagan la campaña seis constructoras". "Mantenga su nivel intelectual ya que no puede mantener el moral". "Nos ha convertido en el hazmerreír de España". 
(www.elpais.com, 30/09/09) 
RAJOY SOBRE LA GÜRTEL: "EN VALENCIA APOYAN A MADRID 2016" 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha respondido con su típica ironía gallega  a una pregunta sobre si, a su juicio, deben producirse dimisiones en el PP de Valencia, acosado por las últimas informaciones sobre el 'caso Gürtel': "En Valencia, como todos los españoles, apoyan la candidatura de Madrid 2016 y se van a llevar una alegría". 
Rajoy ha concluido su intervención en la sesión de control alrededor de las 09.15 horas, pero no ha salido del Congreso hasta poco antes de las 13.00 horas.
Durante ese tiempo ha estado reunido en el despacho que tiene en el Congreso con algunos de los más destacados dirigentes de su partido, como la portavoz del grupo en la Cámara, Soraya Sáenz de Santamaría, o los vicesecretarios Ana Mato y Esteban González Pons. 
La secretaria general, María Dolores De Cospedal, se ha unido a dicha reunión sobre las 12.00 horas. 
Por ello, cuando Rajoy se disponía a abandonar el Congreso ha recibido las preguntas de los periodistas, en concreto dos. 
La primera ha versado sobre las posibilidades de Madrid para acoger los Juegos Olímpicos de 2016 y si bien ha reconocido que "no es fácil", y más con la competencia del presidente de EEUU, Barack Obama, y del de Brasil, Lula da Silva, para defender las aspiraciones de Chicago y de Río de Janeiro, ha destacado que a la cabeza de la delegación española acude el Rey. 
No obstante, ha recalcado que tiene confianza en las posibilidades de Madrid, toda vez que el trabajo hasta llegar a Copenhague, donde el próximo viernes se decidirá la sede olímpica, "se ha hecho muy bien". "Se ha dado la batalla y ojalá tengamos suerte", ha puntualizado. 
El propio Rajoy se desplazará a la capital danesa el mismo viernes para formar parte de la delegación española y trasladar su apoyo. 
(www.publico.es, 30/09/09) 
CAMPS SE ATRINCHERA Y AVISA A RAJOY DE QUE LO NECESITA PARA GANAR EN ESPAÑA  
Ni destituciones, ni renuncia, ni elecciones anticipadas. El presidente Francisco Camps optó ayer por enrocarse ante la que le está cayendo por el caso Gürtel y descartó la convocatoria de comicios exigida por los socialistas porque, auguró, el PP "ampliaría su mayoría" y tiene "un compromiso para cuatro años", que concluye en 2011, y no está dispuesto a anteponer los intereses de la Comunitat a los "problemas" del PSPV. No sólo eso, sino que el jefe del Consell proclamó, en lo que muchos interpretaron como un mensaje velado a la dirección nacional del PP -que le está exigiendo medidas "contundentes"-, que la Comunitat "es fundamental y necesaria para que cambien las cosas en España". "Lo saben los grandes partidos nacionales", aseveró de forma significativa, incluyendo a su propia formación, para añadir: "Aquí no se está debatiendo la autonomía valenciana; se debate el futuro de España". "Todos -insistió- saben que si la Comunitat sigue fuerte, firme e ilusionada hay muchas posibilidades de que las cosas en España cambien a mejor", dijo en alusión a una victoria de Rajoy.  
Por ese motivo, hay una "estrategia montada para generar discrepancia y distorsión en la Comunitat". Cuando muchos en el PP sacan la conclusión de que el caso de Camps ya está afectando a las posibilidades de Rajoy para ganar las generales, el jefe del Consell le dio la vuelta al emplazar a que "todos juntos y unidos sigamos manteniendo el rumbo de una comunidad que puede cambiar el rumbo de España". Cerró su intervención con una cita: "Churchill dijo en los peores momentos del inicio de la Segunda Guerra Mundial que Alemania sabía que o ganaba su pequeña isla o perdería la guerra; Zapatero sabe que gana esta Comunitat o perderá la guerra. Las próximas generales las ganará el PP".  
En un debate sobre el estado de la Comunitat marcado por el caso Gürtel que fue menos bronco de lo esperado, el portavoz socialista, Ángel Luna, hizo a Camps responsable de que Orange Market pasara de la nada a lograr contratos de todas las conselleries, de la "corrupción generalizada" en la Administración y de haber llevado la "podredumbre moral" la política valenciana. Hasta el extremo, asestó, de haber "utilizado a su propia familia para una red", una referencia a la farmacia de su esposa para enviarse mensajes. La puya indignó a Camps, que lo tachó de "inmoralidad política". 
A la menor crispación influyó el que Camps apenas entró al trapo. El presidente recurrió en varias ocasiones a chascarrillos -"que levante la mano quien sepa quién manda en el PSPV", instó, o cuando preguntó quién trajo a Calatrava a Valencia y le contestó solícito el portavoz, Ricardo Costa, gritando "¡Lerma!"- e incluso empleó a menudo un aire desenfadado. El jefe del Consell dedicó su primera intervención a exponer sus anuncios, al autobombo, a reivindicarse exaltando con datos su labor desde 2003 y a atacar al Ejecutivo de Zapatero. "Hoy más que nunca no renuncio a mis sueños", remató.
Luna le fue directo a la yugular. Reclamó explicaciones ante el "colapso político institucional" de un Consell que actúa solo en clave Gürtel. "¿Por qué se marcha Pedro García [ex director de RTVV]? ¿Por qué le abandona su jefa de gabinete [Ana Michavila]? ¿Son daños colaterales?", lo acorraló. También le exigió transparencia para aclarar el coste real de la Fórmula 1 después de que el vicepresidente Vicente Rambla se negara a ello alegando que el contrato tiene "una cláusula de confidencialidad". "¿Cómo es posible esto en un contrato público? ¿Por quién toma a los valencianos", clamó. "Hasta Costa dice ahora que se equivocó al contratar con Orange Market. ¿Y la Generalitat, se equivocó también?", lo interrogó, para recordar que la trama "vino con usted como presidente".
La situación, dijo, es "insostenible", y Camps, que se había construido una imagen de "buen chico y de rigor", está "acabado" y es su propio partido el que le pide "explicaciones". Hizo un llamamiento a "los muchísimos militantes y cargos de PP honrados" porque la Comunitat no puede seguir así", y reclamó a Camps que renuncie, convoque elecciones y "dé un portazo al periodo más truculento de la historia de la Comunitat". El titular de la Generalitat replicó que el PP nacional "no solo confía" en los populares de la Comunitat Valenciana, sino que además ve en ellos "una referencia de buenas cosas, de buenas prácticas y de buen Gobierno". 
A las críticas del socialista sobre la falta de democracia en la Comunitat replicó el jefe del Consell que de los candidatos elegidos democráticamente como candidatos a la Generalitat sólo queda él tras la marcha del socialista Joan Ignasi Pla y Glòria Marcos (EU). "¡Yo, el único", clamó. La frase se la tomó después Luna, para afearle una supuesta megalomanía: "Se ha retratado; relea a Freud". El presidente también replicó a las críticas sobre la falta de democracia en la Comunitat con la moción de Benidorm, que le ha hecho al líder del PSPV, Jorge Alarte, la número tres del PSOE, Leire Pajín, "para colocar a su madre en el gobierno local". Camps aún tuvo tiempo de proclamar "la tranquilidad y felicidad de sentirme rodeado de muy buena gente, en el Gobierno, en el partido y en la Administración". Fue el preludio del aplauso efusivo de sus diputados. Camps incluso levantó los brazos. 
(www.levante-emv.com, 30/09/09) 
EL PP REDOBLA LA PRESIÓN PERO CAMPS SE QUEJA Y EVITA FORZAR DIMISIONES 
El propio Camps, según fuentes de la dirección, mantuvo contactos durante todo el día para mostrar ese malestar, especialmente con las palabras de Cospedal. Los dirigentes del PP valenciano están molestos porque creen que la secretaria general ha dejado entrever que efectivamente hay un problema de financiación ilegal y que deben rodar cabezas. Camps había marcado la estrategia de negarlo todo y denunciar a los policías que elaboraron el informe, por lo que esta presión de Génova, que ayer aparecía en las portadas de casi todos los periódicos, destroza su línea argumental, que consiste en no dar explicaciones y trabajar como si Gürtel no existiera, a la espera de que escampe. 
Los valencianos confían en una salvación judicial, esto es, que el informe quede en el limbo y no llegue a haber imputaciones. Los expertos de Génova están convencidos de que tarde o temprano acabará estallando el caso, y prefieren cortar cuanto antes la agonía para que no suceda lo mismo que con el tesorero Luis Bárcenas, que acabó dimitiendo después de meses de resistencia numantina. 
La tensión llegó a tal nivel que el propio Mariano Rajoy utilizó una técnica que se repite en su trayectoria. Con Bárcenas, envió a Cospedal a convencerle de que dimitiera, y cuando éste le pidió que no le enviara a nadie y se lo dijera él mismo Rajoy aseguró que la secretaria general actuaba por cuenta propia y que él no le iba a pedir que dimitiera. 
Rajoy, que sabía que Camps estaba muy molesto con Cospedal, llamó ayer al president, con quien le une una estrecha relación ?fue su gran aval en la guerra por el poder del partido y se ha mojado en el asunto de los trajes más allá de lo que nadie esperaba?. Rajoy aplicó la estrategia que siguió con Bárcenas y evitó presionar a Camps, de forma que éste podía entender que Cospedal actuó por cuenta propia y no por orden del líder. 
A pesar de esta conversación privada, varios dirigentes del PP, entre ellos Cospedal, redoblaron públicamente la presión a Camps. La secretaria general se mostró en Antena 3 convencida de que el presidente de la Generalitat va a actuar "con la contundencia, con la conveniencia y con la firmeza que exige el asunto, no sólo internamente sino también externamente". 
Más claro aún fue Alberto Núñez Feijóo, presidente gallego, muy molesto porque el caso también ha salpicado a su comunidad, ya que Pablo Crespo, número dos de la red de Francisco Correa, fue secretario de organización del PP gallego de 1996 a 1999. "Es bueno para un partido que gana las elecciones que no se deje llevar por la comodidad y aclare cualquier duda sobre su financiación", dijo ayer. Feijóo defendió al líder del PP: "Rajoy ya ha pedido que se tomen decisiones en Valencia y se tomarán. Cada palo debe aguantar su vela". Otros dirigentes interpretan que Rajoy, al pasar la responsabilidad a Camps, está intentando no verse afectado, dejar claro que el asunto de la posible financiación ilegal no es cosa suya. 
El PP valenciano trató de aplaca el debate señalando, por boca de Ricardo Costa, que ya había actuado "con contundencia" al proponer una comisión de investigación para estudiar las cuentas del PP, las del PSOE y que comparezca Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero no coló tan fácilmente. La propia Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz parlamentaria, no quiso dejar claro si consideraba que esa comisión de investigación era suficiente. "No soy quién para valorar la contundencia", sentenció. 
(www.elpais.com, 30/09/09)
CAMPS DESOYE A RAJOY: 'YO NO GOBIERNO PARA UN PARTIDO' 
Francisco Camps inició ayer una nueva etapa de relaciones con la dirección nacional del PP, muy alejada del mimo con que ha sido tratado durante meses por Rajoy.  
La negativa del presidente valenciano a tomar medidas disciplinarias en su partido tras el penúltimo escándalo de la trama Gürtel -el informe policial que vincula a El Bigotes con una presunta financiación ilegal del partido- ha dado lugar a una guerra fría entre la cúpula del PP valenciano y sus compañeros de Madrid.  
Parece que Camps ha decidido no sacrificar ni a su secretario general, Ricardo Costa, ni a su vicepresidente primero, Vicente Rambla, pese a que María Dolores de Cospedal le reclamó la cabeza de ambos en una dura conversación mantenida con y, horas después, le exigió públicamente que actuara con «contundencia».  
Pero las reconvenciones de la número dos de Rajoy no han surtido efecto. El lunes por la tarde, fue directamente el presidente del PP quien habló hasta en tres ocasiones con el líder valenciano, en un tono más distendido. Sin embargo, las llamadas sólo sirvieron para confirmar la resistencia de Camps a someterse a los dictados de Génova y acometer una limpia que considera injusta. El presidente valenciano tiene otra hoja de ruta. Y, por primera vez de forma pública, difiere de la de Rajoy.  
Mientras el partido está pidiéndole que depure responsabilidades, Camps opta por no hacer nada. Más aún, ayer su único paso fue ratificar el distanciamiento con Génova durante su discurso en el Debate de Política General de la Cámara autonómica.  
Una frase final, donde citaba a Churchill, se convirtió en el resumen de su defensa. En los peores momentos de la II Guerra Mundial, el entonces premier británico dijo que Alemania «sabía que, o ganaba su pequeña isla, o perdería la guerra». Zapatero sabe, emuló Camps, que, «o gana esta comunidad, o perderá la guerra». Y, según vaticinó, las próximas elecciones «las ganará el PP».  
De este modo tan poco sutil, el presidente valenciano se autoproclamó como la garantía para seguir ganando en la Comunidad y conseguir los votos necesarios que conduzcan a Rajoy a La Moncloa. Éste es su salvoconducto, o al menos así lo cree él, para mantener a Costa y Rambla en su puesto pese al criterio de Génova y de los más destacados barones del PP, como Esperanza Aguirre y Alberto Núñez Feijóo.  
Camps entiende que lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones generales pasa por que él siga al frente del partido en la comunidad y repita como candidato en las autonómicas. Por ello, exige un grado de autonomía respecto de la dirección nacional. Así se infiere de una de sus declaraciones más contundentes de ayer: «Yo no estoy gobernando para ningún partido, ni para los conciudadanos de hoy, sino para los valencianos del futuro».  
El presidente reforzó esta tesis recelando del hipotético impacto electoral del caso Gürtel: «Desde que empezó este lío, arrasamos democráticamente en las elecciones europeas y el TSJ archivó el caso».  
Con estas armas, Camps combatió los ataques de la oposición. Ante las acusaciones de corrupción del portavoz socialista, Ángel Luna, respondió: «Tengo conciencia, cumplo la ley». Ni la visión más apocalíptica procedente de las filas del PSPV -«es un político acabado»- logró que Camps retrocediera un paso en su línea de defensa. Si Luna mentaba a El Bigotes, él se refería al trasvase del Ebro; si aludía a contrataciones irregulares, Camps blandía los ataques a la identidad: «Nos quitaron el agua y ahora nos quieren quitar el orgullo de ser valencianos».  
El presidente salió airoso del lance parlamentario y la duda es si sobrevivirá al envite político con Rajoy. Con todo, quitó hierro al enfrentamiento, al subrayar que «el PP de España no sólo confía, sino que ve en el PPCV una referencia de buenas cosas, de buenas prácticas y de buen gobierno».  
Camps vino a pedir a sus compañeros que no caigan en la, a su juicio, trampa de aceptar el coste de una operación de acoso y derribo contra el PPCV instigada desde el Gobierno. En este sentido, señaló que saben que les han «puesto en medio del escenario nacional». «Eso es bueno y es duro, y asumo lo bueno y lo duro», dijo.  
Por la mañana, antes del debate, Camps había iniciado el pulso. Ricardo Costa, cuya dimisión reclaman incluso en Valencia, salía al paso de la información publicada por este diario, en la que se desvelaba que había advertido a Génova de que, para irse él, debía hacerlo también el vicepresidente del Gobierno valenciano. El secretario general del PP regional aseguró que «nunca había pedido la dimisión de ningún militante» y subrayó que tampoco la de Vicente Rambla.  
Costa insistió en su teoría de que «el informe es falso» y recordó que el PP en Valencia ha pedido «una auditoría externa de sus cuentas, enviado su contabilidad al Tribunal de Cuentas, denunciado a los agentes que elaboraron el informe y solicitado una comisión de investigación sobre la financiación delos partidos».  
«Éstas son las medidas contundentes que el PP ha pedido y éstas son las medidas contundentes que el PP nacional ha aceptado», concluyó. Sin embargo, Génova ya conocía todas estas actuaciones antes de que Cospedal reclamara a Camps que fuera contundente.
Con sus declaraciones, el número dos del PP valenciano levantó acta pública de que el partido desatiende las órdenes de Cospedal. El problema para el PPCV es que su enroque no es bien visto por algunos barones.  
Si el lunes Esperanza Aguirre cogía el testigo para señalar que «quien necesita apoyo es Camps», ayer, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, reforzaba la opinión de la dirección nacional asegurando que sería bueno que el PP de Valencia «no se deje llevar por la comodidad y clarifique cualquier sospecha».  
Otros dirigentes regionales del partido se sumaron a esta corriente. Así, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, reclamó a Camps que aclare las acusaciones, porque son «realmente graves», mientras que la líder de los populares en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, pidió al presidente valenciano que se explique «mejor». 
(www.elmundo.es, 30/09/09)
UN CONTRATO A LA MEDIDA DE 'EL BIGOTES' UNA DE LAS FACTURAS DE FITUR 
El hombre de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, El Bigotes, tenía línea directa con cargos de la Generalitat y echó mano de ellos para amañar la concesión del escaparate de la Agencia Valenciana de Turismo en la feria Fitur 2009 por 915.000 euros. Varias conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía recogen cómo se gestó la quinta adjudicación que logró la empresa Orange Market.  
La licitación tuvo lugar el 28 de septiembre y se publicó el 2 de octubre. Finalmente, se le otorgó a Orange Market, pese a ser la oferta más cara, el 15 de enero: apenas tres semanas antes de que saltase el escándalo. Según las escuchas, antes de la adjudicación hubo reuniones entre Álvaro Pérez y el Consell.  
El Gobierno valenciano tenía querencia por Orange Market y la convirtió en su empresa de cabecera. A ella confió el PP la organización de todos sus actos y el diseño de su imagen en Fitur, convirtiendo este contrato en su principal negocio con Orange Market entre 2005 y 2009. En ese tiempo, la firma se embolsó 5,5 millones.  
Estas adjudicaciones motivaron las críticas al Consell, que siempre defendió que la organización era impecable. Sin embargo, el informe policial apunta en otra dirección. Una conversación desvela que el 22 de diciembre, cuando aún no se había producido la adjudicación, Orange Market negociaba con el Consell sobre el presupuesto de Fitur. Los interlocutores eran el gerente de la sociedad, Cándido Herrero, y El Bigotes. Según la transcripción policial, Herrero le dice a Pérez que había hablado con dos personas para abordar los «cambios de Fitur». «Me han dicho que habrá una reunión el 9 de enero, pero es imposible», plasma el documento.  
Al día siguiente, indica la Policía, El Bigotes le dice que está en el despacho de Ricardo Costa y Herrero contesta que acaba de salir de una reunión con un alto cargo: «Yo hablé y se va a modificar el proyecto para que se parezca más al inicial». El documento recoge cómo Herrero explica que le ha dicho a ese alto cargo que se volverán a reunir para ver el presupuesto. «Y si aún así lo sigue viendo caro lo irán reduciendo hasta que se ajuste al presupuesto que quiere», añade. «De todas maneras, creo que tú deberías hablar con quien tienes que hablar porque, a lo mejor, el presupuesto en vez de dárselo a ella se lo tendríamos que dar a otra persona, como al de esta mañana», le dice a El Bigotes. 
(www.elmundo.es, 30/09/09)
LA MUJER DE CORREA RECOGIÓ 18.000 EUROS EN ´B´ CON EL APUNTE COPA AMÉRICA

La plataforma de recaudación de fondos para la trama de empresas de Francisco Correa que era Orange Market funcionaba como un reloj suizo. El dinero negro que Álvaro Pérez y sus colaboradores recogían con una mano, lo entregaban con la otra a la organización en Madrid, a cambio de sustanciosas comisiones, sueldos en "B" y "bonus" de más de 30.000 euros en algun0s meses, según se constata en el informe de la la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía. Cuando el dinero en metálico no llegaba, alguien iba a por él. Y no un cualquiera.  
El 28 de junio de 2007, la primera dama del entramado corrupto, Mari Carmen Rodríguez, esposa de Francisco Correa, fue enviada por el número dos de la organización y mano derecha del jefe, Pablo Crespo, para que recogiera 18.000 euros en negro. Fueron ingresados, también "por indicación de Crespo" como "entrada" en la contabilidad intervenida por la policía en una de las cajas de seguridad de la trama. En las llamadas "cuentas consolidadas" del conglomerado societario -donde aparecen pagos cruzados entre firmas para amañar fiscalmente los resultados- y concretamente en el archivo "Barcelona" aparece un apunte -exactamente el número 29 de 2007- en el que se hace constar esa cantidad de 18.000 euros como aportada a la caja común que servía para sobornar políticos, engordar el patrimonio de Correa y mantener la estructura de la red.  
Esa anotación figura, asimismo, en los cuadros de contabilidad "B" del pendrive incautado al contable José Luis Izquierdo. Y en estos mismos documentos clandestinos -custodiados en el piso de la calle Serrano- figura curiosamente una anotación de dinero negro por esa misma cantidad de 18.000 euros, con fecha del día siguiente, el 29 de junio, y con el concepto "Puerto Cipa América" (sic). En los papeles que la policía intervino a Orange Market en su piso de la calle Conde de Salvatierra de Valencia, el 6 de febrero cuando el juez Garzón ordenó los registros, consta un documento "pagos hoja Madrid" con la misma anotación. El Consell no ha admitido, desde que estalló el escándalo, ninguna relación contractual con empresas de Correa, ni en la Copa del América ni en la Fórmula 1. Sólo se admite el contrato de la Volvo Ocean Race. 
(www.elpais.com, 30/09/09)
QUE ESTOS HABLEN DE CORRUPCIÓN ES PARA QUE SE TE CAIGAN LOS HUEVOS DEL SITIO" 
Carlos Fabra es inocente. O eso es, al menos, lo que defiende el presidente de la Diputación de Castellón, quien asegura que ni el consistorio provincial ni el PP de Castellón han tenido "nunca" ninguna relación con la empresa Orange Market. 
Fabra respondió así en el pleno ordinario de la Diputación a preguntas efectuadas por los portavoces del grupo socialista y del Bloc en el turno de ruegos y preguntas. 
En cualquier caso ha asegurado que "no va a dimitir" y se ha sorprendido de que "estos hablen corrupción", una situación que, a su juicio, es "para que se te caigan los huevos al suelo".  
El portavoz del grupo socialista, Francesc Colomer, indicó que "a las empresas se les ayuda con planes públicos y no haciendo que paguen actos de partido con contabilidad fraudulenta". Según dijo, "habrá tiempo para depurar responsabilidades, pero falta una respuesta porque lo contrario es una provocación". 
Colomer preguntó a Fabra "qué medidas ha tomado para poner orden o regenerar la normalidad" y si es conocedor de que "una empresa hacía contabilidad B del PP operando en Castellón, pues es importante saber si Orange Market ramifica en Castellón". Además, le cuestionó sobre si "conoce a Alvaro Pérez 'el Bigotes' o a alguno de sus compinches". 
Finalmente, el socialista afirmó que "ahora entiendo por qué la cúpula del PP en Castellón no puede liderar la recuperación económica, pues no tienen legitimidad y están enmarcados en una película de miedo". 
Carlos Fabra contestó que él no tiene "ninguna preocupación" con la contabilidad B "porque el PP no la lleva, y nuestras cuentas están auditadas por el Tribunal de Cuentas". Así mismo, señaló que no tiene noticias de que "haya habido actos en Castellón encargados por el PP a Orange Market", y reconoció que conoce a Alvaro Pérez "porque -dijo- me lo han presentado siete u ocho veces, pero él y su empresa no han trabajado nunca en Castellón, y si se habla de cuentas del PP, no se referirán a las de Castellón". 
El dirigente del PP instó a Colomer a informarse más sobre estos temas acudiendo al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "ya que es el principal actor de esta comedia, y si alguien quiere saber de las cuentas del PP, que vaya al Tribunal de Cuentas, que las ha auditado", y añadió que "en la historia reciente, corrupción y financiación irregular es sinónimo de PSOE, con casos como 'Filesa'". 
Así mismo, preguntado por los medios de comunicación sobre si cree que debería de dimitir alguien en el PPCV, explicó que "desde luego" él no va a dimitir, y añadió que "en este país dimite poca gente, porque es increíble que no haya dimitido el presidente de la Junta de Andalucía y que se atrevan a hablar de corrupción". 
Al respecto, manifestó que "los que inventaron la corrupción fueron los socialistas, que se les acabó la honradez cuando llegaron al Gobierno". 
(www.publico.es, 30/09/09)
CAMPS DEJA SOLOS A RAMBLA Y COSTA 
Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, sabe que se encuentra en el ojo del huracán, sabe que un informe policial de la brigada para la prevención del blanqueo de dinero detalla la doble contabilidad del partido que preside: revela cómo Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, facturaba a seis constructoras valencianas pagos que debía haber afrontado su partido; y contiene grabaciones que evidencian que varios de los máximos responsables del PP de la Comunidad Valenciana y del Consell estaban al tanto de todo. Camps lo sabe todo pero finge que nada existe. Ni el escándalo ni la tensión entre sus íntimos colaboradores. Ayer no hizo ningún gesto a favor de o en contra del vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, ni a favor de Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano. Los dejó solos. Todavía tiene que despejar quién será el cortafuegos que le permita ofrecer el gesto de contundencia que le reclama Mariano Rajoy, presidente nacional del PP. 
Camps afrontó el debate sobre política general de la Comunidad Valenciana sometido a una triple presión. Por un lado, la que ejerce Génova para que dé explicaciones y frene el desgaste que sufre toda la organización por su silencio y su incapacidad para reaccionar.
Sus más íntimos colaboradores recelan unos de otros por temor a convertirse en cabezas de turco. El intento de Costa por abrazar a Rambla cuando llegó al hemiciclo, y el frío apretón de manos con que Rambla apartó a Costa, evidencian la tensión entre el número dos del Consell y el número dos del partido. 
El tercer frente que afrontó Camps fue el bloque constituido por la oposición en las Cortes. Ángel Luna por el PSPV, Mònica Oltra por Compromís y Marga Sanz por Esquerra Unida, exigieron su inmediata dimisión. 
Camps los ninguneó a todos para eludir su responsabilidad. Más histriónico frente a Luna, más enojado frente a Oltra y más condescendiente frente a Sanz, la táctica para escapar a su responsabilidad fue la misma en los tres casos. 
El ambiente en la tribuna de invitados era frío, muy alejado del interés que había despertado el mismo debate otras veces. Familiares de los nuevos diputados y algún cargo institucional como Marcela Miró, adjunta en la Sindicatura de Comptes, o Vicente Garrido, presidente del Consell Jurídic Consultiu, apenas pudieron disimular las ausencias de representantes de la patronal, de los sindicatos o de otras entidades de relevancia. 
Tampoco asistió al debate Gerardo Camps, vicepresidente segundo, que sufrió un oportuno enganchón en la espalda a primera hora de la mañana. Juan Cotino, vicepresidente tercero, se apresuró a ocupar su escaño vacante y todos los miembros del Consell que comparten el banco azul con el presidente se desplazaron un puesto para tapar huecos. 
Camps abrió la sesión cansino. Leyó durante hora y media larga y presentó tres propuestas. La primera, la rebaja del 10% en la cuota autonómica del IRPF para las familias de trabajadores autónomos con dos o más hijos a su cargo e ingresos inferiores a los 24.000 euros. Según Camps, la rebaja beneficia a 315.000 familias y supone un ahorro de 15,7 millones de euros, es decir, un ahorro de 49,8 euros por familia.La segunda gran propuesta del presidente fue un nuevo plan de infraestructuras, "el más ambicioso de la historia", que prevé la inversión de 25.000 millones de euros en diversas infraestructuras entre 2010 y 2020. Camps aseguró que aunará "las administraciones con la iniciativa privada", pero no fue más específico respecto a la financiación de los proyectos que desgranó. 
Finalmente, el presidente presentó un plan de austeridad para recortar el gasto público en 300 millones de euros. 
Ni una sola mención a la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos que Costa había presentado como la "respuesta contundente" al escándalo que rodea al PP valenciano. La creación de la comisión en cuestión ni siquiera se aprobará en el curso del debate de política general. 
Ningún portavoz de la oposición tomó siquiera en consideración los planes de Camps. 
El socialista Luna lamentó que Camps no hubiera dedicado una palabra a "la tormenta que azota a su partido y su Administración". "Sin usted, no habría existido Orange Market", le espetó. Luna reclamó la inmediata convocatoria de elecciones autonómicas para "dar portazo a uno de los periodos más truculentos de la historia de la Generalitat valenciana". 
El portavoz socialista defendió que los sistemas democráticos son los mejor preparados para superar las crisis económicas, para evitar la malversación de caudales públicos y para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Y acusó a Camps de instaurar una "democracia de muy baja calidad". 
Luna, en una intervención demasiado elegante para la ocasión, acusó a Camps de haber dedicado toda su acción política a "construir su propia imagen" a través de un "obsceno control de los medios de comunicación públicos" o a través del impulso de grandes eventos. Según el socialista, Camps había conseguido labrarse una imagen de "buen chico y de rigor", pero al estallar el caso Gürtel "su imagen se ha venido abajo estrepitosamente y ha salido a relucir su falta de estrategia". 
Según Luna, la Generalitat está bloqueada y paralizada porque cualquier iniciativa del presidente responde a "la clave Gürtel". "¿Por qué se va Pedro García [ex director de Radio Televisión Valenciana]? ¿Por qué se va Ana Michavila [ex jefa del gabinete del presidente de la Generalitat]?", preguntó Luna, "¿son daños colaterales?" Y denunció la "opacidad impuesta en las Cortes Valencianas". Citó como ejemplo la imposibilidad de conocer el coste del acuerdo entre Camps y Bernie Ecclestone para que Valencia albergue un gran premio de fórmula 1 hasta 2014: "¿Cómo puede haber una cláusula de confidencialidad en un contrato público? ¿por quién nos toma, por quién toma a los valencianos?" "Hasta Ricardo Costa ha asegurado que el PP se equivocó al contratar con Orange Market", añadió, "¿se equivocó la Generalitat? Responda de una vez". 
Camps sorteó los requerimientos de Luna con una mención a la moción de censura en Benidorm y la implicación en el caso de la madre de Leire Pajín, "la número tres del PSOE". Y se perdió argumentando que él fue el único portavoz elegido por los ciudadanos puesto que Luna sustituyó a Joan Ignasi Pla y Oltra desplazó a Glòria Marcos como portavoz de Compromís. 
Oltra tuvo que aclararle que el presidente de la Generalitat es nombrado por las Cortes entre los 99 diputados electos. "Primero de Constitucional", dijo. 
Pero Camps sobrevolaba por encima del bien y del mal y acusó a Luna de intentar arrebatar a los valencianos el orgullo de serlo. Luna replicó: "Es su gobierno el que está quitando a la gente el orgullo de ser valencianos. Tenemos un presidente que no distingue la política del juzgado, que carece de la mínima ética política. La gente que actúa contra la ley de forma consciente no tiene problemas de conciencia. Tiene problemas cuando las cosas se saben. Por eso ustedes persiguen al mensajero y denuestan al que cumple su obligación. Todo menos afrontar los problemas". Y se aferró a la frase "yo, el único". "Se ha retratado. Pone de manifiesto su manera personalista de entender la política. Esta situación es insostenible y usted lo sabe. Usted está acabado, antes o después, pero está acabado. Siempre será el de los trajes y las dádivas y las adjudicaciones oscuras. Usted, el único, está llevando a la podredumbre moral la política en la Comunidad Valenciana". 
Camps cerró el intercambio con bromas sobre el liderazgo de los socialistas valencianos, con un gráfico inverosímil sobre la evolución de la deuda pública que cifró en el 2,9% del PIB cuando el Banco de España la eleva al 14% de la riqueza regional, la más alta entre todas las comunidades autónomas. Y concluyó con otra inverosímil exhibición de bienestar: "Tengo la felicidad y la tranquilidad de estar rodeado de muy buena gente. Y si hay algo que siempre seré, que siempre podré decir, es que yo fui presidente de la Generalitat. Sueño, a veces sueño con ser ex presidente..., no ahora, en su día". 
A primera hora de la tarde, Oltra se lanzó a degüello contra el presidente. "Nos ha mentido, nos mintió cuando negó que conocía al Bigotes, que nunca había recibido regalos de la presunta trama corrupta que encabezaba Francisco Correa, porque dijo que había pagado los trajes y ahora sabemos que se los regaló Orange Market". Oltra invitó a Camps a recuperar "la mínima dignidad política" y le tomó la palabra: "¿No dice que sueña con el día que sea ex presidente de la Generalitat? Pues háganos un favor, cumpla su sueño, disuelva estas Cortes, convoque elecciones y váyase a pasear". 
Camps tachó a Oltra de tránsfuga para desautorizar su discurso y lamentó que acudiera a un debate de política general sin propuestas. 
Marga Sanz, que se estrenó como portavoz de Esquerra Unida, también atacó a la yugular. "No es usted referencia de otra cosa que de una mancha de corrupción que se extiende sobre toda la vida política de la Comunidad Valenciana. Desde Carlos Fabra, a los trajes, al caso Gürtel y a un documento policial que contiene grabaciones y documentos que usted no puede negar. Señor Camps, debe dimitir y convocar elecciones". 
Camps agradeció la vuelta del discurso de la izquierda más extrema a las Cortes y se aferró a un error de Sanz para ningunear su intervención. 
El presidente se mostró distendido, pero su partido hace aguas. Así los prueban las declaraciones de Carlos Fabra cuando aseguró que "ni el PP de Castellón ni la Diputación han contratado nada con Orange Market". El presidente de la Diputación de Castellón rompió todas las previsiones. Francesc Colomer le preguntó si la trama de supuesta financiación ilegal del PP "se ramificaba en Castellón". Fabra marcó distancias con Camps y aseguró que ni Álvaro Pérez ni su empresa "han trabajado en Castellón". "Si hablan de cuentas del PP, no se referirán a las de Castellón", insistió. 
El tratamiento informativo del debate de política general en los informativos del mediodía de Canal 9 dio de nuevo pie a la protesta, informa Cristina Vázquez. Camps acaparó la práctica totalidad de la noticia frente a los escasos segundos que apareció el portavoz socialista Ángel Luna. Pero lo que denunciaron los sindicatos representados en la cadena de televisión autonómica fue que la dirección del ente público "tapara la boca a los partidos de la oposición" y ocultara el caso Gürtel. 
(www.elpais.com, 30/09/09) 
COSTA RECHAZA DIMITIR MIENTRAS CRECE LA PRESIÓN DEL PP NACIONAL PARA QUE SE VAYA 
El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, en el ojo del huracán tras las revelaciones del informe policial del caso Gürtel, rechazó ayer dimitir a pesar de las muchas voces que se alzan en su partido reclamando su marcha. La presión desde la dirección nacional del PP fue en aumento a lo largo de la jornada de ayer, pero Costa no dio un paso atrás al considerar por tomadas las medidas «contundentes» que el día anterior le había reclamado la número dos del PP nacional, Maria Dolores de Cospedal, y en las que ayer se reiteró. 
A primera hora de la mañana, el también portavoz del grupo popular en las Corts compareció ante la prensa para reiterar que someterá de nuevo la contabilidad del partido al Tribunal de Cuentas y a una auditoría externa, medidas «excepcionales» que demuestran, dijo, que no hay nada que ocultar. También aseguró que propondrá la creación de una comisión de investigación en las Corts que fiscalice las cuentas del PP pero también las del PSPV y ofreció a los socialistas, antes de registrarla, negociar el plan de trabajo. Esto es, que la iniciativa tiene muy pocas opciones de ir en serio. 
Costa negó que fuera a irse y que haya condicionado su marcha a la salida del vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, cuyo nombre también figura en las conversaciones grabadas por la policía. De hecho, tuvo que dar explicaciones al también conseller de Industria para convencerle de que esa información no había partido de él. Fuentes cercanas a Costa insistían ayer que ninguna de las personas señaladas en las cintas (la tesorera del PP, Yolanda García; el secretario de organización, David Serra; Rambla y el propio Costa) deben de irse porque hacerlo sería dar credibilidad a las acusaciones de financiación irregular. 
Pese al aplomo que trató de mostrar ayer en las Corts, Costa no obtuvo el calor de los suyos, sino todo lo contrario. La frialdad que le mostró el presidente Camps fue comentada por muchos de los presentes. Camps apenas le estrechó la mano en un par de ocasiones y ni si quiera lo hizo por la tarde al finalizar su intervención. La relación con Rambla, fue aún más tensa. Al cruzarse en el hemiciclo, Costa trató de abrazarlo. El vicepresidente, muy molesto con Costa, se quedó quieto.  
Además, fueron contados los diputados que se acercaron a primera hora de la mañana a saludar al portavoz y mostrarle su respaldo.  Mientras tanto, desde Madrid se sucedían los avisos a navegantes. Aunque fuentes de Génova aseguraron que no habían pedido dimisiones y que Camps tenía margen de maniobra para tomar decisiones, dejaron claro que el presidente tiene que explicar «bien» lo que ha ocurrido y aclarar las cuentas del partido. Más diáfano fue el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al recomendar a Camps que aclare sus vínculos con la trama, ya que «cada palo debe aguantar su vela» si surge «un problema» en una comunidad. Además, diputados de Madrid mostraron en privado su preocupación por la deriva del caso y la «pasividad» mostrada por Camps en el debate de la Comunitat. Por su parte, el líder del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, se mostró confiado en que cuando los temas se aclaren se adoptarán las medidas correspondientes. 
(www.levante-emv.com, 30/09/09) 
EL PP PIDE A RAJOY QUE TOME MEDIDAS ANTE LA PASIVIDAD DE CAMPS 
Mariano Rajoy pidió al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) que se explicase “bien”. María Dolores de Cospedal les exigió “contundencia”. Pero ni una ni otra solicitud han sido atendidas. No al menos como muchos dirigentes conservadores esperaban. Pensaban que se adoptarían medidas drásticas. Y estas no han llegado. 
Sin embargo, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, se esforzaba ayer por probar que habían cumplido las órdenes de la dirección nacional. Se defendió argumentando que habían puesto en marcha cuatro iniciativas “excepcionales”: una auditoría externa de las cuentas del partido, el envío de la contabilidad al Tribunal de Cuentas para que vuelva a revisarla, una denuncia contra los autores del informe policial y una comisión de investigación parlamentaria sobre las cuentas del PP y del PSOE. 
Pero ninguna de ellas supone realmente una novedad. Algunas ya las anunciaron la semana pasada, cuando se conoció el informe policial que acumula indicios de financiación ilegal del PPCV. Además, la comisión de investigación tiene trampa. El PP reclama que los socialistas, cuyas cuentas nadie ha puesto en duda, se sometan también a la fiscalización de Les Corts. 
Camps, por el momento, no va más allá. Y desde las filas conservadoras se critica su pasividad y se siguen exigiendo dimisiones. “Tendrían que pasar todos por la guillotina”, opina un diputado nacional. “Si Costa se fuera, parecería que, al menos, hacemos algo. Un golpe de efecto”, explica una dirigente territorial. La mano derecha de Francisco Camps está en el ojo del huracán desde que apareció señalado en la investigación como la persona que cerraba con Álvaro Pérez, El Bigotes, los pagos en negro por actos del partido.  
Costa desterró ayer ese tema y negó que él hubiese pedido la salida del vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, porque es “un puntal fundamental y amigo mío”.  
Dentro del PP creen que si Camps no fuerza la marcha de ambos, es porque sabe que él tendría que seguir el mismo camino como máximo responsable. El presidente de la Generalitat, por si acaso, comenzó ayer a autoprotegerse. “Por si hay alguna duda, el PP de España no sólo confía, sino que ve en el PPCV una referencia de buenas cosas, buenas prácticas y buen gobierno”, proclamó en Les Corts.  
Mientras, en la sede nacional medían sus declaraciones. Fuentes cercanas a Rajoy explicaban a este diario que el presidente del PP había sido muy claro expresando su confianza en Camps y dándole “libertad” para decidir qué hacer. “Y están haciendo cosas, ¿no?”, señalaban en su apoyo. Pero manteniendo cierta distancia y sin entrar en si les parecía satisfactorio. “La dirección no se ha reunido aún a valorarlas y no se hace un examen diario”, explicaban. 
Pero en las filas del PP son muchos los que consideran que no es suficiente y creen que si Camps no reacciona, Rajoy debe hacerlo. Todos los ojos comienzan a volverse de nuevo hacia él. “En mi casa quiero decisiones”, le reclaman. Algunos le reprochan que siempre se mantenga a la espera y otros, que lance balones fuera. Y lo que más temen, en conjunto, es que le baste con los pasos dados por Camps. Han perdido su fe ciega en el presidente de la Generalitat. Cuando saltó el escándalo de los trajes, le concedieron el beneficio de la duda, pero ahora se echan las manos a la cabeza. Y ya no hacen comparaciones con el presidente del PP canario, José Manuel Soria, absuelto en el caso Salmón: “Hay diferencias. Lo de Valencia afecta a los cimientos del partido”. 
En el Grupo Popular hay quien reconoce que Camps les está haciendo “mucho daño” y recuerdan que han pasado siete meses para que todo siga igual. Están convencidos de que no les afecta electoralmente, pero saben que el caso Gürtel no hace más que eclipsar sus mensajes de alternativa y su labor de oposición. 
Varios cargos se unieron ayer al debate. La portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que no le corresponde a ella “decir si debe haber dimisiones en Valencia” y defendió el “ejercicio de transparencia” de la comisión de investigación que propugna el PP valenciano.
El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entró de lleno apostando por que sea Camps quien lo resuelva. “Cada palo tiene que aguantar su vela”, indicó. Eso sí, aconsejó al PPCV que no se deje llevar “por la comodidad” de ganar elecciones y que clarifique “cualquier sospecha”. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo que esperaría a conocer qué personas están acusadas y de qué para tomar “las medidas que sean necesarias”.  
Desde Valencia también se elevó la voz de José Joaquín Ripoll, presidente del PP en Alicante y zaplanista acérrimo. Ripoll dijo que confiaba en que todo se aclarase ahora que Rajoy había intervenido y que se tomasen “las medidas correspondientes”. 
(www.publico.es, 30/09/09)
COSTA RESPONDE AL PP: "LAS MEDIDAS CONTUNDENTES YA SE HAN TOMADO" 
El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) y portavoz en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, ha asegurado que las "medidas contundentes " que les han pedido desde la cúpula del PP ya se han adoptado.  
En declaraciones realizadas en los pasillos de las Corts, Costa detalló las cuatro medidas "excepcionales" que el PPCV ha tomado para defenderse de las acusaciones relacionadas con el caso Gürtel.
Al parecer, su partido "ha pedido una auditoría externa de una firma de auditoría internacional", y esta misma mañana ha presentado la contabilidad del PPCV con el objetivo de que "vuelva a ser auditada por el Tribunal de Cuentas de forma individual". 
Asimismo, los conservadores valencianos han presentado una denuncia por el informe policial que apunta una presunta financiación irregular del partido y, además, han "solicitado una comisión de investigación sobre las cuentas del Partido Popular y del Partido Socialista en las Corts Valencianes". 
"Esas son las medidas contundentes que el PP nivel nacional nos ha pedido", señaló, e insistió en que son "las medidas contundentes que el partido a nivel nacional ha aceptado". 
Por otra parte, ante las informaciones publicadas hoy en algunos medios que apuntaban a que habría pedido la dimisión de Vicente Rambla, Costa manifestó que Rambla es un "puntal fundamental del partido y del Gobierno" y su "amigo personal", y aseguró que nunca ha pedido su dimisión. 
Remarcó que nunca ha reclamado esta medida "por muchos motivos, pero en este caso también, concretamente, porque el informe de la Brigada Policial de Blanqueo de Capital sí es falso, y por tanto, el señor Rambla no tiene por qué dimitir". 
(www.elpais.com, 29/09/09)
ÁLVARO PÉREZ SE REUNIÓ CON CARGOS DE PRESIDENCIA ANTES DE QUE LE DIERAN FITUR 
­El presidente de Orange Market y jefe de la franquicia valenciana de la trama corrupta de Francisco Correa, Álvaro Pérez, se reunió con cargos de Presidencia de la Generalitat para tratar sobre la Feria Internacional de Turismo de Madrid antes de que le adjudicaran, por quinto año consecutivo, el «stand» valenciano en Fitur por 915.820 euros, IVA incluido. El «Acta de transcripción de conversaciones telefónicas de interés», que figura como anexo al informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, recoge una conversación, del pasado 6 de noviembre de 2008, entre el «El Bigotes» y Pablo Crespo, el número dos de Correa. La charla la interrumpe Pérez porque, dice, tiene que «entrar en el despacho ahora mismo pero está Dora Ibars con Arancha, que vamos a hablar de los [sic] de Fitur».  
El «los» debe tratarse de una errata, de manera que lo que Pérez y las dos personas aludidas tienen que abordar sería «lo de Fitur». Las interlocutoras de «El Bigotes» son altos cargos de Presidencia. Ibars es directora general de Promoción Institucional y forma para del consejo de administración de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, que ya adjudicó la fiesta inaugural de la Volvo Ocean Race en Alicante por 516.000 euros con IVA. «Arancha», con toda probabilidad, es la directora de esa mercantil del Consell, Arantxa Vallés. 
El 6 de noviembre todavía no se había adjudicado el concurso público tramitado por la Agencia Valenciana de Turismo, que se publicó en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana el 2 de octubre de 2008. La fecha tope para presentar ofertas era la del 4 de noviembre. Pues bien, dos días después ya quedaban «El Bigotes» con Ibars y Vallés para tratar de Fitur. La adjudicación provisional de este contrato no se produjo hasta el 5 de diciembre, pero no sería hasta el 29 de diciembre cuando la mesa de contratación elevó la propuesta de adjudicación definitiva a Orange Market. La resolución de la concesión definitiva es del 30 de diciembre. 
Otra conversación, del 23 de diciembre —todavía sin adjudicación definitiva—, revela cómo los responsables de Orange Market y Dora Ibars negociaban sobre el presupuesto de Fitur. La directora general les presionó para que abarataran el presupuesto. 
La oferta más cara 
La propuesta de Orange Market fue la más cara de las presentadas, tal como reconoció la entonces consellera de Turismo, Angélica Such. Tanto Ibars como Vallés declararon en mayo ante el TSJCV y negaron haber recibido cualquier indicación para otorgar los contratos a la firma de «El Bigotes». Entre 2005 y 2009, Turismo pagó a la empresa 6,9 millones por todas las ferias de Fitur. De éstos, casi 1,5 millones fueron extras al margen de los precios de adjudicación. 
(www.levante-emv.com, 29/09/09) 
LOS POPULARES PAGARON 2,2 MILLONES EN B EL AÑO DE LAS AUTONÓMICAS 
El PP valenciano pagó con factura unos 1,8 millones de euros entre 2003 y 2007 a Orange Market. Solamente en el último año, el de la campaña de las autonómicas y municipales, esa firma ingresó casi 2,2 millones de euros por los actos que montó para el PP, según el informe de la Brigada de Blanqueo de capitales de la Udef. En esa cantidad se incluyen, por ejemplo, los 55.588 euros de diferencia entre los 72.000 que constan en la caja B de la empresa como ingresos del PP de Castelló «a cuenta» y los 16.412 que abonó con factura, el 5 de marzo. «Se desconoce la justificación contable de la diferencia», señala el informe policial. De igual forma, Orange Market cobró 12.000 euros por un acto de precampaña celebrado el 24 de febrero en Alicante, cuando costó realmente 74.495 euros. La diferencia (62.495 euros) no consta ni en la contabilidad del PP ni en la oficial de Orange Market, según el informe. Un documento en el que se reflejan curiosidades sobre las «personas de contacto». Por ejemplo, en Ontinyent, donde aparece el nombre de Inma Insa. Se refieren, dice la policía, a la alcaldesa, Lina Insa, o a la concejala de Cultura, Inma Martí. Este diario pudo comprobar que el móvil que se apunta es el de Lina Insa. 
En las generales de 2008, la firma de Álvaro Pérez ingresó partidas en negro por actos montados en los municipios. No existen apuntes contables regulares ni facturas libradas. En Gandia (8.129 euros), Crevillent (39.900 euros), Elda (9.745 euros) o Alcoi (5.067 euros) se dieron esas circunstancias anómalas, según la policía.  
(www.levante-emv.com, 29/09/09) 
LAS CINTAS APUNTAN QUE RAMBLA «APADRINÓ» A ORANGE MARKET PARA UN EVENTO CON 50.000 MUJERES 
La transcripción de las conversaciones telefónicas incluida como anexo en el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía apunta a que el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, «apadrinó» a Orange Market para un posible evento deportivo que finalmente no ha llegado a celebrarse. Al menos eso es lo que le cuenta el presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, al número dos de Francisco Correa, Pablo Crespo, al trasladarle la conversación que ha mantenido con el padre de uno de los compañeros de colegio de su hijo, que participó en una reunión con Rambla tras quedarse un fondo inversor en el que trabaja la empresa de ropa deportiva Kelme. El gran evento, de los que el Consell de Camps ha hecho uno de los pilares de su política, consistía en batir el récord Guiness de mujeres, 50.000, haciendo «fitness», con la Ciudad de las Artes y de las Ciencias como escenario.
Los cabecillas de la trama dan por hecha la participación de la empresa pública que gestiona el complejo levantado por Santiago Calatrava en Valencia en el proyecto. La conversación se produce el 5 de diciembre de 2008. Según explica «El Bigotes» a Pablo Crespo, el padre de un compañero de su hijo se dedica a temas económicos y está en un fondo de inversión que se ha quedado con Kelme. La crisis de esta firma deportiva valenciana, apunta «El Bigotes», la ha gestionado el director del Instituto de Finanzas, Enrique Pérez Boada.
Acto seguido, añade entonces que este padre «le dijo que ayer, en una reunión, estuvieron con el vicepresidente del Gobierno, Vicente Rambla», a lo que «El Bigotes» le apunta que el vicepresidente del Consell «es muy amigo suyo».

Un helicóptero desde el cielo 
El hombre de Francisco Correa en Valencia agrega que el padre «cuenta que quieren volcarse en el tema del fútbol y en el del ´fitness´, y que Vicente Rambla les dijo que para todos esos temas a él le gustaría que lo hiciera una empresa valenciana que se llama Orange Market, cuyo dueño es Álvaro Pérez».
«El Bigotes» señala que una de las ideas que le ha planteado el padre es que «50.000 mujeres batiesen el récord de fitness, con un helicóptero grabando desde el cielo y en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con gente del Libro Guiness certificándolo». En ese momento, Pablo Crespo apostilla que la Ciudad de las Artes y las Ciencias «también lo patrocinaría». Habla como si fuera el director de Cacsa. La transcripción revela que el presidente de Orange Market quedó con el padre del niño, al que no se identifica en ningún momento, para hablar del asunto. Pérez asegura que ha llamado a Vicente Rambla «para decirle que ya ha hablado con el hombre ése». Añade que «aprovechó la circunstancia para decirle a Vicente que a ver si la semana que viene le echa una mano». «Vicente le respondió que ya quedarán para desayunar y hablar, ´No te preocupes que está ya a punto de caer´», zanjó, supuestamente sobre el proyecto.  
La actitud que Pérez le atribuye a Rambla se contradice, no obstante, con las pegas que en otras conversaciones el vicepresidente pone a las pretensiones de la trama y que provocan las iras de «El Bigotes» con la complicidad del secretario general , Ricardo Costa. 
(www.levante-emv.com, 29/09/09) 
RAJOY ESTÁ DISPUESTO A SACRIFICAR A COSTA Y ÉSTE QUIERE QUE RAMBLA CAIGA CON ÉL  
La dirección del PP en Madrid está dispuesta a dejar caer a una de las piezas implicadas en el informe policial sobre posible financiación irregular del PP y, según fuentes próximas al Consell, así se lo habría trasladado al jefe del ejecutivo valenciano. Ricardo Costa, secretario general del PP, sería la figura sacrificada para apaciguar la tormentosa situación desatada tras las últimas revelaciones del caso Gürtel, que implican a Costa, David Serra y el vicepresidente Rambla, entre otros. 
La solución de urgencia habría sido tomada de común acuerdo con el jefe del Consell y debatida en la sede de Presidencia de la Generalitat el domingo, donde se citó medio gabinete de Camps, además de Costa y David Serra. La reunión fue muy tensa. Costa, en algún momento, habría amenazado con no marcharse si el vicepresidente Rambla no seguía sus pasos. Según círculos del PP, su dimisión se habría aplazado hasta después del debate de política general.  
La tirantez entre Costa y Rambla, esto es, entre el partido y el Gobierno, ha sido una de las claves de esta legislatura. El hecho de que Costa haya echado un pulso en las espaldas de Rambla no ha?ce sino constatar la tensión entre ambos.  
Ayer, la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, se mostró convencida de que Camps con contundencia en este ca?so. Rambla, por su parte, anunció querellas contra los medios de comunicación por tergiversar el sentido de las grabaciones. 
El PP avanzó ayer que acepta la propuesta del PSPV de crear una comisión de investigación en las Corts sobre su financiación, si bien puso como condición que también se audite la de los socialistas, y señaló que su intención es que comparezca desde el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "hasta el último funcionario" responsable del informe de la Brigada Policial de Blanqueo de Capitales que apunta a una presunta financiación ilegal del PPCV.  
Así se pronunció el secretario general del grupo parlamentario popular en las Corts, David Serra, quien insistió en que las cuentas del partido "están absolutamente claras" e "impolutas"; "han estado supervisadas y han estado auditadas interna y externamente y han pasado el control del Tribunal de Cuentas", y, al respecto, incidió en que su grupo está dispuesto a que se cree una comisión de investigación pero para estudiar también la financiación del PSPV porque es "absolutamente legítimo". El PSPV pide elecciones la disolución de las Corts, la renuncia de Camps y el anticipo de elecciones. 
(www.levante-emv.com, 29/09/09)
LA TRAMA GÜRTEL COBRÓ AL PP EN NEGRO POR LAS PRINCIPALES CAMPAÑAS LOCALES DE 2007 
­La huella de Orange Market en el PP valenciano es omnipresente. La mano de Álvaro Pérez, corresponsal de Francisco Correa como recaudador en la Comunitat Valenciana, no sólo movía hilos en los despachos de casi todas las conselleries y de la sede regional del PP. La franquicia valenciana de la trama corrupta actuó desde Vinaròs a Pilar de la Horadada en numerosas campañas municipales de 2007. Y cobró muchos de los actos en dinero «B». Lo revela el informe de la Unidad contra la delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía en el que se destapa un entramado de financiación ilegal de los populares, a través de empresas de la red Gürtel, así como pagos del partido a Orange Market en dinero negro.  
En el citado documento, rechazado por el TSJ valenciano a petición del presidente Camps, Costa y Campos, aparecen numerosos apuntes contables como deuda de «Barcelona» (en referencia al dinero «B») por actos de precampaña y campaña de las municipales de 2007 en una veintena de ciudades.  
«En la mayoría de los actos no se localiza factura alguna justificativa, salvo cuando aparece la cantidad cobrada», señala la Brigada de Blanqueo como conclusión, tras escrutar tanto el libro de facturas de Orange Market como la contabilidad incautada a la trama. Junto a las cantidades fijadas como coste de los actos que se cobrarían en negro, en la documentación interna de la trama figuran en la mayoría de los casos los nombres de los alcaldes y dirigentes locales con un teléfono móvil personal.  
En su escrito de conclusiones, la policía señala que podría ser la «persona de contacto para tratar sobre la financiación para realizar el acto». Alcaldes como Lorenzo Agustí (Paterna), Adela Pedrosa (Elda), Manuel Corredera (Mislata), César Augusto Asencio (Crevillent) o José Ciscar (Teulada), entre otros, se encuentran en esa delicada condición de contactos según el informe. 
Todos ellos campsistas de pro y en varios casos dirigentes regionales y provinciales. También aparecen portavoces populares en importantes ayuntamientos como el de Elx (Mercedes Alonso), Quart (Amparo Mora) o Alcoi (Miguel Peralta). En este último caso, por un acto de las generales de 2008. 
Solamente en tres de los municipios investigados aparecen facturas pagadas con su correspondiente IVA a cuenta de esos actos. Y aún así, resultan cargos bastante heterodoxos. En Vila-real, por ejemplo, se abonó una factura de 16.000 euros, pero se quedaron sin pagar 2.640 euros, que se apuntan como pendientes en caja «Barcelona», siempre según el informe al que ha tenido acceso este diario.  
La persona encargada, según la policía judicial, de tratar sobre la financiación era Francisco Martínez, alcalde y vicepresidente de la Diputación de Castelló. Más estrambótico resulta el caso de Gandia. Orange Market emitió sendas facturas (las números 73 y 74 de 2007) por un montante 1.740 euros (1.500 más IVA) a nombre del candidato a alcalde Arturo Torró por una cena celebrada el 12 de febrero y un acto del 18 de mayo. 
En total, la ventanilla valenciana de Gürtel ingresó 3.480 euros. El coste total de los dos actos ascendía a 18.998 euros. Por eso en el llamado «Cuadro alcaldes» de toda la actividad en negro desarrollada por la firma de Álvaro Pérez por la geografía valenciana figura pendiente de pago 14.183 euros. La policía llega a una conclusión incómoda para Torró: «Se desconoce la justificación contable de la diferencia y el posible origen del dinero» que sirvió para satisfacer el pago.  
La ex secretaria general del PP Adela Pedrosa consta, como alcaldesa de Elda, en la documentación incautada. Como «hoja Pedrosa» se consignan cuatro actos de Orange Market en su municipio entre el 23 de enero y el 10 de mayo de 2007. El importe total asciende a 13.997 euros. Como en los otros casos, no hay factura, según el informe. 
(www.levante-emv.com, 29/09/09)
RAJOY EMPLAZA A CAMPS A QUE 'EXPLIQUE MEJOR' SUS CUENTAS
Los trajes de Camps aguantaron toda la presión política del caso Gürtel sobre el PP. Pero el informe policial sobre la presunta financiación irregular en Valencia está a punto de romper por las costuras la cúpula del partido regional. Tras días de confusión entre sus contraataques a Rubalcaba y los largos silencios de Madrid, Génova movió ayer ficha. Por primera vez, la dirección nacional ha protagonizado un tímido desmarque del barón que apadrinó a Rajoy en el Congreso de Valencia y le ha presionado para que actúe con «contundencia».  
En este súbito y aparente sálvese quien pueda, fue precisamente Rajoy el primero en emplazar a Camps a «explicarse» en relación con el mismo informe policial que, el viernes pasado, Federico Trillo desde Madrid y Ricardo Costa desde Valencia calificaron de «montaje».  
Se trató de un muy medido emplazamiento para que su gran aliado político haga «un esfuerzo» por «explicar mejor estas cosas, por lo menos de cara a la opinión pública, y para que no haya ninguna duda». Además, Rajoy no dejó de revalidar su «confianza en Camps». «Yo lo he apoyado, lo sigo apoyando», afirmó, sin renunciar a reseñar la situación en la que vive el PP de Valencia de «diabólica» porque «tiene que demostrar su inocencia sin que nadie demuestre su culpabilidad».  
El caso es que, en su entrevista con Félix Madero en Punto Radio, Rajoy se olvidó de la «chapuza» y el «montaje» denunciados el primer día por Federico Trillo y habló del contenido del informe dándole una inédita carta de naturaleza. Dijo que «lo que dice sustancialmente, la conclusión a la que llega la Policía, es que algunos actos del PP los ha podido financiar alguien ajeno al PP».  
A continuación, el presidente nacional del PP marcó límites regionales al problema, al dar la versión de los populares valencianos y afirmar que «el PP de Valencia dice que no, que han presentado sus cuentas y aquí nadie ha demostrado que eso sea así».  
Y desde esa escrupulosa distancia -no ya «estaré detrás de ti, delante, al lado, da igual, Paco», como le dijo en el último mitin de la campaña europea en la Plaza de Toros de Valencia- Rajoy añadió por su parte: «Yo tengo que confiar en la gente de mi partido y en cómo llevan las cosas». «Creo», puntualizó, «en la presunción de inocencia».  
Dicho lo anterior, no obstante, Rajoy lanzó su exhorto: «Espero que hagan un esfuerzo, por lo menos de cara a la opinión pública, para explicar estas cosas mejor y para que no haya ninguna duda».  
También Esperanza Aguirre contribuyó involuntariamente a caldear el ambiente al marcar distancias entre el Gürtel de Valencia y el que afecta a Madrid. Preguntada por si se había sentido discriminada por Rajoy por sus reiteradas manifestaciones de apoyo a Camps, la presidenta madrileña puntualizó en TVE que «a Esperanza Aguirre no le han acusado de nada y al señor Camps sí le han acusado. Como a mí no me han acusado de nada, no necesito que me apoyen». Eso sí, dejó dicho que «por suerte», «el TSJ de Valencia ha dicho que el señor Camps no ha cometido cohecho impropio».  
Pero el verdadero mensaje de Génova a Camps se visualizó con toda su crudeza en boca de María Dolores de Cospedal y desde la misma sede nacional del partido, minutos después de reunirse el Comité de Dirección. «Lo conveniente sería que el PP de Valencia actúe de manera libre y contundente», fueron las explícitas palabras de la secretaria general popular.  
Unas palabras que, desde el primer momento, fueron interpretadas como una clara presión de Génova a Camps para que corte cabezas y, en particular, como una amenaza clara a la continuidad en el cargo del propio secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.  
Cospedal negó haber impuesto «plazos ni condiciones» para la adopción de medidas, pero dejó claro que su interlocutor en el velado emplazamiento de la dirección nacional había sido el propio Francisco Camps, con quien reconoció haber hablado, y no Ricardo Costa, pese a ser, como ella, número dos.  
Al igual que Rajoy, Cospedal puso cuidado en marcar fronteras y puntualizar que la solución del problema le compete al partido regional. Y, en este sentido, expresó el apoyo de la dirección «a todo el PP de Valencia». «Estamos convencidos», dijo, «de que el PP de Valencia actuará convenientemente en este asunto, como lo hace siempre».  
Más de cuatro y cinco veces repitió esta frase la número dos en su rueda de prensa con el claro propósito de no saltarse ni una coma del guión marcado por la dirección nacional del partido. A las primeras preguntas sobre la medida que sería «más conveniente» al partido, Cospedal contestó: «Si yo dijera cómo, no estaría confiando en el PP valenciano».  
Sólo cuando fue replicada sobre la posible «conveniencia» de que se produzcan ceses en la dirección regional, Cospedal improvisó con su reclamo de «contundencia» en la «libre» actuación del partido regional.  
La corrección del discurso popular de Cospedal le había llevado, igualmente, a afirmar al comienzo de la rueda de prensa que «quienes tienen que comprobar la veracidad del informe son los tribunales» y que, a falta incluso de constituir una actuación de la Fiscalía, no cabía «elevarlo» como se pretendía, «a la categoría de sentencia». Sin embargo, en el turno de preguntas se negó a calificarlo de «montaje», como, además de Trillo y, muy especialmente, hizo Ricardo Costa.  
Las fuentes consultadas en la dirección nacional confirmaron las dudas sobre la continuidad de Costa en su cargo, pero negaron haber exigido su destitución y no descartaron la de otros dirigentes. En el partido, en todo caso, se comentaba que pedir la cabeza de Costa sería «una pequeña broma», porque el informe implicaría a toda la organización, a Camps y «al propio Rajoy». 
(www.elmundo.es, 29/09/09) 
EL PP APRIETA A CAMPS PARA QUE REACCIONE ANTE EL ESCÁNDALO GÜRTEL 
Hace tres meses, en plena crisis por el escándalo de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, Mariano Rajoy decidió no mojarse y enviar a Dolores de Cospedal, su secretaria general, a empujarle para que dimitiera. No lo logró. Ayer, de nuevo, se repitió la estrategia marianista, esta vez en un asunto aún más delicado: convencer a Francisco Camps de que tiene que hacer algo para tapar la sangría de imagen que está provocando el caso Gürtel. Cospedal le llamó, y la conversación fue tensa, según diversas fuentes. Ella, sin reclamar expresamente dimisiones, le pidió "contundencia". Pero, al igual que sucedió con Bárcenas, tampoco le convenció. Camps está enrocado. 
Ante la evidencia de que por las buenas no lograba nada, Cospedal optó por las malas. Y las malas, casi siempre en política, son a través de la prensa. Pocas horas después de que Rajoy mostrara en Punto Radio que no piensa seguir tan a ciegas a Camps como hizo con el caso de los trajes -"creo que deberían hacer un esfuerzo por explicarlo mejor para que no haya ninguna duda", dijo- Cospedal lanzo un mensaje clarísimo en la rueda de prensa en la sede de la calle Génova: "Estamos convencidos de que el PP de Valencia actuará convenientemente". Era la frase pactada, para meter presión y dejar la responsabilidad en manos de Camps. 
Pero tras ocho preguntas, fue un poco más allá y soltó algo muy parecido a lo que le había dicho en privado al presidente valenciano. "¿Actuación conveniente es forzar ceses?", le preguntaron. "Lo conveniente es que el PP pueda actuar de manera libre y contundente. Queremos que se sienta apoyado para que pueda hacer lo que tiene que hacer". 
Todo el partido interpretó que Génova estaba pidiendo dimisiones. Se habla de Ricardo Costa, que aparece en las conversaciones, pero también de Vicente Rambla, vicepresidente y responsable de hablar con los empresarios que supuestamente habrían financiado ilegalmente al PP. 
Los dos se resisten a dimitir. Varios dirigentes comentan en privado que la negativa de Costa es razonable, puesto que a nadie se le escapa que era el propio Camps y su esposa quienes mantenían una estrecha amistad con Álvaro Pérez, El Bigotes, y fue el presidente quien le ayudó a instalarse en Valencia después de que Génova rompiera con él en 2004. Desde que llegó El Bigotes, mucho antes de que Costa fuera secretario general -llegó en 2007-, obtuvo todos los contratos del PP -al menos 2,7 millones de euros- y algunos muy jugosos de la Generalitat -al menos 7 millones-. 
En una reunión de maitines dominada por este asunto, fue Cospedal la que más claramente se mostró a favor de presionar a Camps, según fuentes del PP. Ella es una de los pocos miembros de la cúpula que no está manchada por Gürtel ya que no estaba en la estructura de Génova cuando Correa lo hacía casi todo en el PP. 
La distancia, que no ruptura, entre Génova y Valencia se hizo evidente. Mientras Cospedal rechazaba la palabra "montaje" para referirse al informe, los valencianos denunciaban a los policías. El entorno de Rajoy ha intentado convencerle de que el informe lo ha hecho una brigada muy profesionalizada. De momento Génova aparca la estrategia inicial, que consistía en buscar a los autores del texto para tratar de demostrar motivaciones espúreas. La contundencia de las pruebas y el goteo de informaciones parece haber convencido al líder para distanciarse poco a poco de la estrategia de Camps. 
Sin embargo, el mensaje era tan claro que, ante la gravedad del encontronazo entre Valencia y Madrid, durante toda la tarde hubo conversaciones cruzadas para buscar un punto de encuentro. Y a última hora, el PP valenciano emitió un comunicado en el que señala que ya ha tomado esas "medidas pertinentes": proponer una comisión de investigación en la que se investiguen las cuentas del PP y del PSOE y que comparezca Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior; denunciar a los policías -lo contrario de lo que pedía Génova- y abrir sus cuentas -las de dinero A- a una auditoría internacional. 
La piedra, sin embargo, ya estaba tirada y Cospedal no escondió la mano. Tras este cambio de tono está, según fuentes de la dirección, la convicción de que el asunto acabará en manos de los tribunales y habrá imputados, por lo que no ofrecer dimisiones sólo es retrasar la agonía. Además, las encuestas que tiene Rajoy son buenas, y quiere cerrar el caso Gürtel cuanto antes para concentrarse en lo que llama "construir la alternativa". Camps, sin embargo, no quiere hacer nada hasta que haya una decisión judicial. Y Rajoy, que siempre prefiere evitar las guerras, no puede obligarle, ya que fue su gran apoyo en la guerra interna de 2008. 
Mientras, Camps trató de aislarse de la olla a presión en la que se ha convertido su partido para intentar concentrarse en el debate de política general que hoy tendrá lugar en las Cortes Valencianas, al que acude en su momento de mayor debilidad. Hasta ahora, la estrategia de la resistencia funcionó. Génova cree que ya no da más de sí, pero hoy el presidente valenciano tratará de demostrar que aún es posible dar por buena la idea de que resistir es ganar. 
(www.elpais.com, 29/09/09) 
EL PP DEJA EN MANOS DE CAMPS LA PURGA POR EL ‘CASO GÜRTEL’  
La patata caliente de la presunta financiación ilegal del PP vinculada a la trama de corrupción del caso Gürtel no se mueve, de momento, de Valencia. Así lo decidió ayer la cúpula estatal del partido, que anunció que deja en manos del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, la resolución de la crisis en clave interna. Una salida que podría pasar, en formato de purga para frenar males mayores, por la destitución de algún cargo intermedio. 
La secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, interpretó el papel de Poncio Pilatos ante la avalancha de preguntas de los periodistas sobre las razones por las que su formación no ha abierto una investigación interna tras la divulgación de un informe policial que concluye que la dirección del PP valenciano organizó una trama de financiación ilegal del partido a través de la empresa Orange Market. De Cospedal repitió una y otra vez que se trata de un «informe policial elevado a la categoría de condena» y, tras mostrar su apoyo incondicional a los afectados, se limitó a expresar su «convencimiento» de que actuarán «convenientemente». Es decir, «de manera libre y contundente». 
La dirigente popular evitó hablar de ceses o dimisiones, aunque fue especialmente elocuente al negar que hubiera hablado en los últimos días con el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, señalado en la investigación como uno de los principales responsables de la trama. 
De Cospedal apuntó que la ejecutiva regional del partido tenía previsto reunirse en la tarde de ayer, lo que disparó las alarmas sobre un hipotético adiós de Costa que, finalmente, no se produjo. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), sin embargo, no se dio por aludido y su contundencia se redujo a emitir un comunicado en el que reitera que presentará una denuncia contra el informe policial por contener «informaciones sesgadas, intencionadas y sin pruebas». 
El PPCV añadió como única medida que podría interpretarse como una autocrítica el encargo de un informe sobre sus cuentas a una firma auditora internacional y la petición de que el Tribunal de Cuentas «vuelva a fiscalizar de forma individual» la contabilidad de la formación. «Estamos dispuestos a pasar de nuevo la prueba del algodón como ejercicio de transparencia», dijo el vicesecretario general del PPCV, David Serra. Este exigió, al mismo tiempo, que todos los partidos se sometan a idéntico examen y reclamó la creación de una comisión de investigación en el Parlamento valenciano que escrute también a los socialistas. 
Estos últimos replicaron pidiendo a Camps que disuelva las Cortes valencianas, convoque elecciones anticipadas, y presente su renuncia. Una reclamación que centrará el debate de política general que se vivirá hoy en el Parlamento autonómico. «Deben ser los valencianos quienes resuelvan en las urnas la implicación de los populares y de varios altos del Consell en el caso Gürtel», dijo el secretario general del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), Jorge Alarte. 
Esta situación de cierre en falso de la crisis devuelve la pelota al tejado de la dirección estatal del PP, que se verá obligada a pronunciarse en las próximas horas de una forma más concreta ante el peligro de que la mancha de aceite se extienda y acabe llegando hasta las puertas de la sede central de la calle Génova 
(www.elperiodico.com, 29/09/09) 
COSPEDAL: "UN INFORME POLICIAL NO DEJA DE SER UN INFORME" 
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha reiterado su apoyo al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y se ha mostrado despreocupada por el informe policial que le acusa como uno de los cargos del PP vinculados a la Gürtel pues, en su opinión, "un informe policial no deja de ser un informe, y a partir de ahí hay que buscar pruebas".  
En una entrevista concedida a Antena 3, De Cospedal ha querido recordar "un asunto en Canarias sobre un informe policial", refiriéndose al caso Salmón, en el que se acusó de cohecho al presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, por haber aceptado un viaje en avión al que le había invitado un empresario para lograr sacar adelante uno de sus proyectos. Cospedal ha recordado este episodio porque el caso finalmente se archivó, al considerar que no se trataba de un soborno.  
"Hace poco hemos conocido un asunto en Canarias sobre un informe policial diciéndole barbaridades todos los días al presidente del PP en Canarias. Sobre ese informe policial, se detectaron más de diez irregularidades, y al final el caso se archivó". 
Con esto, la secretaria general del PP ha querido demostrar que "los informes policiales no son definitivos", y menos aún teniendo en cuenta que "el informe policial que acusa a Camps se ha presentado en dos ocasiones ante los tribunales, y nunca se vio en él la suficiente contundencia como para condenarle". "No se puede elevar un informe policial a la categoría de condena", concluyó.  
Cospedal ha hablado también de la reunión que tiene prevista hoy con el ministro de Educación, Ángel Gabilondo. La secretaria general del PP ha mostrado su predisposición ha conseguir un pacto con el ministro, pues "España necesita urgentemente un cambio en el modelo educativo". 
La política conservadora ha reconocido que la LOGSE "ha fracasado", y eso se ve "en las altas cifras de fracaso escolar, de abandono escolar y de paro entre la juventud". 
(www.elmundo.es, 29/09/09) 
EL 'MARRÓN' DE RIC  
Conocer a Ricardo Costa es una experiencia inolvidable. Todo el que haya pasado por ella me entenderá. Atrevido, hablador, con sus camisas ceñidas a los pectorales y las iniciales bordadas a la altura del estómago, el secretario general del PP valenciano es un auténtico actor sacado de las películas de Scary movie. Ricardo Costa conduce un espectacular Infiniti, se mueve como pez en el agua en Gabana y, para qué le vamos a dar más vueltas, es la quintaescencia del pijerío. Se siente poderoso y no lo oculta. Ha llegado más lejos que su hermano Juan, a pesar de que es más joven y menos reflexivo. Hizo una carrera política meteórica hasta que Francisco Camps le convirtió en su alter ego como secretario general. La vida de este joven tiene toda la pinta de haber sido un camino de rosas.  
Al margen del golpe que se dio con el Infiniti y que lo dejó bastante magullado. Es un buen relaciones públicas, el rey de los mundos de Yupi, y le pega muchísimo que sus amiguetes le llamen Ric, como hacía Alvarito. No es una sorpresa que se llevaba mal con Vicente Rambla -otro hombre de confianza de Camps- si bien que le llame «hijodeputa» rechina un poco. ¿Qué cara pondrá el susodicho cuando se crucen por la Generalitat? Las grabaciones del informe de la Policía, llevadas a cabo con autorización judicial, evidencian que en el entorno de Camps hay un ambientazo tremendo. 
Dirigentes, militantes, diputados, senadores, eurodiputados, miembros del Comité Ejecutivo y hasta simpatizantes del PP han sentido bochorno al leer las conversaciones de Ric y David Serra con El Bigotes. Puesto que la pesadilla de los trajes tuvo un final feliz, y que a su jefe Francisco Camps la amistad con Alvarito no le pasó factura, Ric dedujo que en su caso sería lo mismo. Y que con echar la culpa a Rubalcaba -lo que se tiene que estar riendo el ministro del Interior- lo tenía chupado. Pero hete aquí que Mariano Rajoy -loado sea Dios- ha despertado del sopor que le produce pensar en la trama Gürtel y esta vez reclama alguna cabeza para cortar un escándalo que está minando los cimientos de la oposición. No es por nada, pero Ric tiene todas las papeletas para ser el chivo expiatorio de este mes. El caso es que él ya se lo debía oler cuando le dijo a Alvarito: «Ya verás cómo me echarán el muerto a mí». Dice Rajoy que estas conversaciones son «interpretables».  
Desde el punto de vista penal, puede, pero desde el punto de vista político, son tumbativas. Nadie en el PP nacional va a llorar por Ricardo Costa, que, al parecer, no quiere comerse el marrón él solito, sino en compañía de otros. Ric tenía que haber escuchado la filosófica reflexión que le hizo El Bigotes a Correa: «Estar relacionado con un político importante siempre te trae problemas. Hay que quererlos, pero que estén lejos; con lo que sufres, con lo que lloras, con lo que luchas para hacer las cosas bien, al final tienes problemas y te llevas disgustos». 
(www.elmundo.es, 29/09/09) 
COSTA CREE QUE ANTES QUE ÉL DEBE SALIR RAMBLA 
El Partido Popular de la Comunidad Valenciana entró ayer en una espiral de posibles dimisiones tras asumir como inevitable la marcha de su secretario general, Ricardo Costa, y abrir el debate sobre si es necesaria también la salida del vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, para depurar todas las responsabilidades. Ambos se han visto salpicados por el informe policial que apunta a una posible financiación irregular en el PP y sobre ellos se han centrado todas las presiones para intentar atajar una crisis que amenaza de lleno al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.  
La dimisión de Ricardo Costa podría producirse en las próximas horas, posiblemente una vez finalice el debate de Política General que hoy comienza en las Cortes Valencianas y concluye mañana. Un debate que el PSPV va a aprovechar para pedir la renuncia de Camps y la convocatoria de elecciones anticipadas.  
Pero, según fuentes del PP, su cabeza no será la única. Costa condiciona su marcha a que dimita también Vicente Rambla y así lo ha transmitido a la cúpula del PP. Argumenta que él no tiene responsabilidad en las adjudicaciones. Su postura no es exclusiva. Algunos barones valencianos respaldan una solución drástica, que pasa por dejar fuera de la escena política a todos los afectados por el caso Gürtel -Costa, Rambla, David Serra (vicesecretario de Organización) y Yolanda García (tesorera del grupo parlamentario)-. De este modo, aunque con mucha más tardanza, copiarían el modelo seguido en Madrid por Esperanza Aguirre.  
En el partido hay cierta unanimidad sobre que Costa «no debe pagar él solo el pato», aunque también se considera «injusto» que Rambla abandone el Consell por este asunto. Pero ayer todo el debate interno se centraba en la continuidad del vicepresidente primero, una vez aceptado que Costa está políticamente «muerto».  
Francisco Camps, según fuentes de Presidencia, no descarta ninguna opción. En privado ha dado respaldo a su secretario general, y ayer su gabinete minimizó los mensajes de Génova pidiendo medidas contundentes. Presidencia pretende superar, como sea, el trámite del debate de Política General, en el que Camps anunciará una rebaja fiscal y desplegará su plan de austeridad.  
Pese a la dureza de las decisiones, algunos dirigentes mantienen que sólo con las dimisiones de Costa y Rambla se podría evitar que este asunto perjudique a Camps. Sin embargo, el presidente se resiste porque hacerlo significa dar por bueno el informe policial, sobre todo en lo referido a las adjudicaciones y al supuesto papel de su vicepresidente.  
Sus dudas no ocultan un mar de fondo en la organización, a todos los niveles, que ante el mutismo de Camps busca respuesta en los presidentes provinciales. Los tres dirigentes territoriales -Carlos Fabra (Castellón), Alfonso Rus (Valencia) y José Joaquín Ripoll (Alicante)- han mantenido intensos contactos en las últimas horas, en una extraña entente fruto de la necesidad de contrarrestar los silencios del presidente. Desde hace meses, los tres habían reclamado a Camps un encuentro conjunto que a estas alturas no se ha producido. Es una muestra más de la soledad con la que el presidente ha asumido la gestión de esta crisis y de la anterior -el proceso judicial del caso de los trajes-. 
(www.elmundo.es, 29/09/09) 
EL PP USÓ AL GRUPO PARLAMENTARIO PARA 'FABRICAR' UNA FACTURA PARA 'EL BIGOTES' 
El PP utilizó el presupuesto que las Cortes valencianas destinan a los grupos parlamentarios para pagar las deudas del partido con El Bigotes. La Brigada de Blanqueo de Capitales llegó a la conclusión de que los hombres de Francisco Correa en Valencia y los dirigentes del PP valenciano pactaban la elaboración de facturas «ad hoc» tras cotejar una decena de conversaciones telefónicas interceptadas entre los cabecillas de la trama y altos cargos del partido, e incautar un recibo por valor de 142.680 euros [123.000, más IVA] que la empresa Orange Market cobró al Grupo Parlamentario Popular por el concepto genérico de «servicios prestados al Grupo Parlamentario en el segundo semestre de 2008».  
Los investigadores sostienen que este documento se hizo a medida para sufragar la deuda del PP con Orange Market; esto es, que se trata de un recibo precocinado. La Policía fundamenta su acusación en el contenido de unas conversaciones telefónicas de El Bigotes con el secretario general del PP valenciano y director del grupo parlamentario, Ricardo Costa; el vicesecretario regional, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García. Y otras entre los cabecillas de la trama.  
Los políticos aludidos, sin embargo, consideran que existe mala fe en la interpretación que hace la Policía, insisten en que «en ningún caso se trata de una facturación ad hoc» y consideran «normal» que el Grupo Parlamentario Popular pagara esa cantidad tan elevada. Ante la sospecha de que se trata de una cifra desorbitada, arguyen que «se puede discutir, pero es una práctica habitual que los grupos parlamentarios sufraguen los actos de su partido porque, al fin y al cabo, se nutren de lo mismo». Los populares aseguran que con estos 142.680 euros «el PP en las Cortes Valencianas pagó la creación de una sala de prensa, la organización de unas jornadas parlamentarias y material de oficina».  
Los agentes recogen en su informe que, a finales de diciembre del año pasado, Álvaro Pérez, El Bigotes se reunió con distintos responsables políticos del PP y con el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, «con el fin de conseguir que estos desbloqueen los fondos para atender las deudas que tienen contraídas con Orange Market tanto la Comunidad Valenciana como el propio PP».  
Tras varias conversaciones en las que los hombres de Correa hacen referencia a las dificultades que tenían para cobrar, y a la resistencia de Rambla a «ayudar a Costa» -presumiblemente, a saldar la deuda del PP con Orange Market-, los agentes interceptan una llamada entre el secretario general del PP y El Bigotes en la que el dirigente popular le indica que esa misma semana le iba a dar todo lo que le faltaba.  
Con posterioridad, El Bigotes explica a Pablo Crespo, uno de sus socios en la red Gürtel, las negociaciones para el cobro de la deuda y que «han llegado a un acuerdo y que les iban a dejar a deber ciento y algo».  
Más tarde, inmediatamente después de salir del despacho de Ricardo Costa, El Bigotes ordenó a un colaborador que llamara a la secretaria del dirigente popular para obtener «los datos del grupo» -de lo que se puede inferir que no los tenían-, y añadió: «Haces una factura por los servicios prestados en el segundo semestre de 2008, poniendo como base imponible 123.000 euros, más el IVA». En otra conversación, David Serra y El Bigotes deciden verse «antes de determinar la cifra global, puesto que había dos conceptos que no querían que se pagaran». La Policía cree que amañaron la factura. 
(www.elmundo.es, 29/09/09) 

 
COSTA NO VE MOTIVOS PARA DIMITIR 
Ni un paso atrás. El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, insistió ayer en Valencia en que no piensa dimitir por el escándalo de la supuesta financiación ilegal de su partido. No ve motivos para ello. Además, Francisco Camps, presidente del partido y del Gobierno autónomo, es el "único" que puede cuestionarle, y no lo ha hecho. "A los dirigentes del PP no hace falta que nos digan cuándo hay que dimitir. Como siempre, si se demuestra alguna irregularidad cometida por algún dirigente del PP, ese dirigente automáticamente abandonará sus responsabilidades", dijo Costa. 
El número dos de Camps en el PP intentó transmitir una imagen de normalidad ante varios artículos publicados ayer en los que, como también en el seno del partido, se pide su cabeza para frenar el deterioro de imagen por el caso Gürtel. Para ello aprovechó una rueda de prensa en la que presentó una encuesta de intención de voto e ignoró el cúmulo de indicios del informe policial que le señalan como uno de los responsables de maquillar la contabilidad del partido a través de cuentas en dinero negro de Orange Market, filial valenciana del caso Gürtel. 
Según Costa, todo está en orden en la contabilidad del PP y el partido es una balsa de aceite. "No existe" división por las últimas revelaciones sobre la financiación, aseguró a preguntas de los periodistas. "El único que puede cuestionar mi liderazgo es el presidente", remachó. Y por si quedaban dudas, los dirigentes del PP valenciano salieron en tromba para criticar "la campaña de acoso" contra su secretario general y reiterar su total "confianza" en él. 
Costa expuso los datos de una encuesta realizada entre el 1 y 12 de septiembre. El sondeo está hecho a medida del argumentario del PP, con preguntas sobre la subida de impuestos, que no se aprobó hasta ayer, y sobre la moción de censura de Benidorm. E incluso sobre el caso Gürtel, pero sólo para buscar el rechazo a las "filtraciones" de datos bajo "secreto del sumario" y atribuir una "finalidad política" a esa información. 
(www.elpais.com, 28/09/09)  
LOS POPULARES VALENCIANOS APOYAN SIN FISURAS A COSTA  
Las últimas revelaciones sobre el caso Gurtel no han hecho tambalear el apoyo del PP a sus dirigentes valencianos relacionados con la trama. Al contrario. Los responsables de todas las organizaciones provinciales del PP en la comunidad salieron ayer en defensa de Ricardo Costa, secretario de organización del partido en Valencia y uno de los protagonistas del informe policial que acusa al PP de financiarse ilegalmente. 
Costa reiteró ayer que no se plantea dimitir porque no hay ninguna razón para ello, y negó que su partido cuestione su idoneidad para seguir al frente del mismo y pida su relevo. «Nadie me ha dicho nada. El único que puede cuestionar mi labor es el presidente, por ser quien ostenta el liderazgo del partido». Lo dijo tras presentar los resultados de una encuesta interna sobre intención de voto que abre una brecha de 22 puntos entre el PP y PSPV, con medios millón de votos más.   
«A los dirigentes del PP no hace falta que nos digan cuándo tenemos que abandonar nuestras responsabilidades. Cuando se demuestre una irregularidad, ese dirigente, automáticamente abandonará», insistió Costa, el hombre de confianza de Francisco Camps tanto en el partido como en el parlamento autonómico, donde es el portavoz. 
«Ricardo Costa ha levantado las iras de los que intentan articular un campaña contra la imagen del PP y de la Comunidad», sentenció el vicepresidente del Govern, Gerardo Camps.  
Los socialistas valencianos ironizaron sobre la encuesta del PP y le reclamaron que enseñe la muestra real y no «la que han pagado con fondos de la caja B», en alusión a la presunta financiación ilegal de la formación popular.  
(www.elmundo.es, 28/09/09)  
EL INFORME POLICIAL INCITA A INVESTIGAR OTROS ÁMBITOS  
El último informe policial del caso Gürtel está desatando peticiones de información en otros ámbitos. El secretario general del Bloc, Enric Morera, anunció ayer que su formación pedirá que se investigue «a fondo» si las empresas del promotor Enrique Ortiz están vinculadas a la presunta trama de financiación ilegal del PP valenciano, tal y como apunta el informe policial. Morera destacó ayer que el plan urbanístico de Rabassa «se adjudicó muy rápido, tal vez para pagar favores a ese empresario que supuestamente contribuyó al PP».  
La auditoría derivada de la acusación del informe serviría, según Morera, para determinar si el plan de Rabassa «está dentro de la legalidad». Esquerra Unida apuntó el sábado que las empresas de Ortiz han obtenido 129 millones de euros en adjudicaciones de la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de Alicante entre el 2004 y el 2008.  
(www.elperiodico.com, 28/09/09)  
EL PP DISTRIBUYE UN ARGUMENTARIO SOBRE EL "MONTAJE ILEGAL DE LA POLICÍA" 
La cúpula del PP se reunirá hoy para tomar una decisión sobre cómo afrontar la nueva crisis del caso Gürtel, la de la financiación ilegal en la Comunidad Valenciana. A la espera de esa estrategia, Mariano Rajoy mantiene un silencio total -lo que se interpreta en el PP como un cierto distanciamiento frente al apoyo cerrado en el caso de los trajes de Camps-, pero ha ordenado repartir un argumentarlo a todos sus dirigentes de contenido muy agresivo. 
"El informe policial es un montaje, urdido y manipulado por la policía gubernativa con el fin de presentar al PP de la Comunidad Valenciana como un partido con financiación irregular", asegura el documento interno. El texto, elaborado el viernes, contiene acusaciones gravísimas englobadas en la teoría de la conspiración. "Sobreseído el asunto [de los trajes de Camps] se hace ahora ya descaradamente por la policía", sentencia. "El informe no se ha ordenado por ningún tribunal ni juzgado: actuación ilegal.  
Tampoco por la fiscalía. La policía lo elabora, por sí y ante sí, utilizando medios y actuaciones que sólo estarían autorizadas si un juez o tribunal lo hubieran ordenado. Se trata por tanto de una actuación ilegal de la policía, que depende directamente, como se ve en el membrete del encabezamiento, del Ministro del Interior", sentencia el argumentario, obviando que todos los datos contenidos en el informe se basan en grabaciones autorizadas por un juez o en documentos contables encontrados en el registro de la sede de Orange Market, también con autorización judicial. "Al haber sido rechazado dos veces por el Tribunal de Valencia, se filtra con el único objetivo de dañar", insiste. 
El texto concluye con un análisis sobre la relación de Orange Market con las constructoras que, según el informe, habrían financiado ilegalmente al PP. "Se trata de las cinco empresas más importantes en el sector de la Comunidad Valenciana, con muchos años de colaboración con las Administraciones valencianas, con independencia del partido que las gobierne. Los contratos que se relacionan en el informe han sido todos ellos adjudicados públicamente; de hecho, el informe se limita a relacionar las adjudicaciones publicadas en el Boletín Oficial.Ninguna de estas adjudicaciones ha sido impugnada. No se aporta ni un solo indicio de conexión o mediación para trato de favor alguno. Resulta ridículo pretender que empresas de la entidad, solvencia y antigüedad mencionadas recurrieran al Sr. Pérez [El Bigotes] para la obtención de concursos. La facturación que tales empresas tuvieran con la Empresa Orange Market es de su estricta responsabilidad empresarial y comercial". 
A pesar de este documento, la preocupación se extiende en el PP. El viernes se reunió la cúpula, en la que todos coincidieron en que este asunto era un ataque directo al corazón del partido y había que defenderse. Ése es un sentimiento generalizado, pero a medida que se conocen detalles del informe muchos dirigentes empiezan a pedir en sordina alguna decisión, al menos la dimisión de Ricardo Costa y David Serra, los dos más implicados junto a Vicente Rambla y el propio Camps, que aparecen en todas las conversaciones. "La gente no ve esto como los trajes, que a todo el mundo le parecía una chorrada.  
Lo que no puede ser es que en Madrid hayan dimitido todos los implicados en Gürtel, incluso antes de ser imputados, y en Valencia nadie", sentencia un dirigente. Rajoy, de momento, parece decidido a esperar alguna decisión judicial y no presionar a Camps, su apoyo fundamental en la batalla interna de 2008. El líder deja en el valenciano la responsabilidad de la gestión de la crisis, y éste parece enrocado en la resistencia numantina. 
"Costa no se va a inmolar por la causa, están todos en esto, él debe pensar que no tiene sentido que pague por todos", sentencia otro. En cualquier caso, hay coincidencia en una cosa: esto es un problema interno muy delicado para Rajoy, pero sin consecuencias electorales importantes. "Para los votantes, Gürtel está amortizado, sólo importa la crisis", sentencia un marianista. 
(www.elpais.com, 28/09/09)  
MÍTINES EN BLANCO Y NEGRO 
Orange Market se encargó del montaje y desmontaje de todos los actos del PP de la Comunidad Valenciana entre 2004 y 2009, hasta que el juez Baltasar Garzón desarticuló la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa. Desde que comenzaron los tratos de Orange Market con el PP, la empresa de la red corrupta ideó un curioso sistema de facturación. Una parte del servicio lo cobraban supuestamente con factura e IVA y el resto en efectivo y sin justificante. Así, según la investigación, defraudaron a Hacienda varios millones de euros en esos cinco años de relación. En la documentación incautada a Orange Market figuran decenas de actos con facturación doble. Las fotos que ilustran esta página muestran alguno de esos mítines donde la policía sospecha que existió financiación irregular. 
- Congresos regionales y provinciales: 20 y 21 de noviembre y 17 y 18 de diciembre de 2004.
'Dinero a': 76.000 euros. 'Dinero b': 176.000 euros. 
- Castellón de la Plana: 6 de febrero de 2005.
'Dinero a': 11.020 euros.'Dinero b': 4.300 euros. 
- Actos 14, 17 y 18 de febrero y 2 y 3 de marzo de 2005.
'Dinero a': 8.120, 8.120, 24.000 y 6.264 euros. 'dinero b': 5.000, 5.000, 20.000 y 445 euros. 
- Mesa de trabajo Palacio de Congresos de Valencia (29 de marzo de 2005).
'Dinero a': 8.120 euros. 'Dinero b': 5.500 euros. 
- Los ayuntamientos, la base de nuestra fuerza (24 de abril de 2005, La Pechina, Valencia).
'Dinero a': 5.021 euros. 'Dinero b': 2.000 euros. 
(www.elpais.com, 28/09/09)
RAJOY: "LOS DIÁLOGOS CON ORANGE MARKET SON INTERPRETABLES" 
El Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado que el PP se encuentra en una "situación diábolica" por tener que demostrar en el caso Gürtel "su inocencia en vez de su culpabilidad, como debería ser en un Estado democrático". Rajoy ha hecho estas declaraciones en una entrevista concedida a Punto Radio, donde también ha hablado de las presuntas conversaciones, publicadas en algunos medios, entre los responsables del PP valenciano y el responsable de Orange Market. 
El líder de los conservadores ha asegurado que esos diálogos son "interpretables" y que espera que su partido sepa explicarse bien. Asimismo, ha lanzado acusaciones hacia el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y hacia el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por "permitir" el trato "humillante" que han recibido algunos miembros de su partido.  
"Yo afirmo -y no digo 'creo' o 'considero', sino 'afirmo'- que el fiscal general del Estado trata de forma diferente al PSOE y al PP. Afirmo que se han filtrado sumarios secretos por los tribunales y afirmo que no se puede detener con esposas, delante de televisiones y delante de su familia a gente que luego se pone en libertad,  humillándola sin saber si es inocente o culpable". 
La polémica de los impuestos
Asimismo, Rajoy ha aprovechado para reiterar su desacuerdo con la subida de impuestos aprobada el sábado, y ha reconocido no sentirse arrepentido por sus palabras en el acto celebrado ayer en Dos Hermanas -"la política de Zapatero es la quintaesencia de la chapuza"-. 
"Es que no se nos ha dicho la verdad, que es lo mismo pero dicho de una manera más educada. En su programa electoral prometió que no iba a subir los impuestos, incluso habló de reducirlos. Y ahora de repente los sube. Donde dije digo, digo Diego". 
Sin voluntad de llevarse bien
Por este motivo, entre otros, Rajoy ha reconocido que ve poco posible un entendimiento con el Presidente del Gobierno, a pesar de que una parte de la sociedad piensa que sería bueno un pacto entre fuerzas mayoritarias.  
El líder de los conservadores no se ve capaz de hacer un esfuerzo para que esto sea posible, pues el PP no está dispuesto a "ser cómplice de una política económica disparatada".  
Asimismo ha recordado "el apoyo" que su partido ha ofrecido al Gobierno en algunos temas, como la lucha antiterrorista o la reforma del sistema financiero, pero ha reiterado que no están dispuestos a apoyar "una política suicida" y que seguirán desempeñando su papel, que es el de hacer oposición. 
"Zapatero no hace caso a nadie, tego la sensación de que se cree en la posición absoluta d la verdad, y no sólo se lo digo yo, se lo dicen la OCDE, los servicios internacionales... esta politica es suicida, y yo no puedo apoyarla", concluyó. 
(www.publico.es, 28/09/09) 
RAJOY: "ES DIABÓLICO QUE EL PP TENGA QUE DEMOSTRAR SU INOCENCIA" 
El Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado que el PP se encuentra en una "situación diábolica" por tener que demostrar en el caso Gürtel "su inocencia en vez de su culpabilidad, como debería ser en un Estado democrático". Rajoy ha hecho estas declaraciones en una entrevista concedida a Punto Radio, donde también ha hablado de las presuntas conversaciones, publicadas en algunos medios, entre los responsables del PP valenciano y el responsable de Orange Market. 
El líder de los conservadores ha asegurado que esos diálogos son "interpretables" y que espera que su partido sepa explicarse bien. Asimismo, ha lanzado acusaciones hacia el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y hacia el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por "permitir" el trato "humillante" que han recibido algunos miembros de su partido.  
"Yo afirmo -y no digo 'intuyo' o 'pienso', sino 'afirmo'- que el fiscal general del Estado trata de forma diferente al PSOE y al PP. Afirmo que se han filtrado sumarios secretos por los tribunales y afirmo que no se puede detener con esposas, delante de televisiones y delante de su familia a gente que luego se pone en libertad,  humillándola sin saber si es inocente o culpable". 
Asimismo, Rajoy ha aprovechado para reiterar su desacuerdo con la subida de impuestos aprobada el sábado, y ha reconocido no sentirse arrepentido por sus palabras en el acto celebrado ayer en Dos Hermanas -"la política de Zapatero es la quintaesencia de la chapuza"-. 
"Es que no se nos ha dicho la verdad, que es lo mismo pero dicho de una manera más educada. En su programa electoral prometió que no iba a subir los impuestos, incluso habló de reducirlos. Y ahora de repente los sube. Donde dije digo, digo Diego". 
Por este motivo, entre otros, Rajoy ha reconocido que ve poco posible un entendimiento con el Presidente del Gobierno, a pesar de que una parte de la sociedad piensa que sería bueno un pacto entre fuerzas mayoritarias.  
El líder de los conservadores no se ve capaz de hacer un esfuerzo para que esto sea posible, pues el PP no está dispuesto a "ser cómplice de una política económica disparatada".  
Asimismo ha recordado "el apoyo" que su partido ha ofrecido al Gobierno en algunos temas, como la lucha antiterrorista o la reforma del sistema financiero, pero ha reiterado que no están dispuestos a apoyar "una política suicida" y que seguirán desempeñando su papel, que es el de hacer oposición. 
"Zapatero no hace caso a nadie, tego la sensación de que se cree en la posición absoluta d la verdad, y no sólo se lo digo yo, se lo dicen la OCDE, los servicios internacionales... esta politica es suicida, y yo no puedo apoyarla", concluyó. 
(www.publico.es, 28/09/09) 
RAJOY PIDE A CAMPS QUE EXPLIQUE ´BIEN´ TODO EL CASO GÜRTEL 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró hoy que tiene "mucha confianza" en el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras las informaciones publicadas estos días sobre supuesta financiación irregular del PP valenciano. Eso sí, emplazó al partido en esta comunidad a hacer "un esfuerzo" para "explicar bien" a los ciudadanos lo que ha ocurrido y las conversaciones publicadas en los medios de comunicación con uno de los cabecillas de la presunta red de corrupción. 
Rajoy aseguró que habla "a menudo" con Camps y admitió que éste está "preocupado" porque el PPCV, dijo, se encuentra en una "situación diabólica" al tener que "demostrar su inocencia" cuando lo normal en un sistema democrático es tener que demostrar la culpabilidad. Dicho esto, afirmó que tiene que "confiar en la gente" de su partido, que en este momento debe "explicar las cosas mejor" para "que no haya ninguna duda". "Tengo mucha confianza en Camps, le he apoyado y lo sigo apoyando. Y espero que hagan un esfuerzo para demostrar no sé exactamente qué pero van a tener que demostrar su inocencia sin que nadie demuestre su culpabilidad", enfatizó. 
Al ser preguntado si cree que son "falsos" los informes que están apareciendo en la prensa, Rajoy subrayó que él cree en la presunción de inocencia y que le cuesta mucho hacer juicios de valor de una persona porque se puede "equivocar". "Creo en una democracia de respeto a las personas, a los que hacen las cosas bien e incluso a los que a lo mejor no pueden hacer las cosas bien, pero yo desde luego no me voy a erigir en juez de nadie", aseveró. 
Ante las conversaciones publicadas en los medios de comunicación entre los responsables del PP valenciano y el responsable de Organte Market, el líder del PP señaló que "los diálogos son interpretables" y recordó que el PP de Valencia ha asegurado que sus cuentas están claras. "Espero que esto se explique bien. Se está haciendo un gran esfuerzo por el PPCV y espero que quede claro pero tiene gracia que alguien tenga que demostrar su inocencia cuando nadie le está acusando", resaltó.
En cuanto a la información que publica el diario 'El País' acerca de que Álvaro Pérez, alias 'El Bigotes', le envió una carta cuando ocupaba un cargo en el partido, el presidente del PP replicó: "Ni la más remota idea". A renglón seguido, señaló que fue nombrado secretario general del partido en 2003 --en sustitución de Javier Arenas y que en su puesto recibe muchas cartas al día que él ni siquiera lee porque se encarga su equipo. "De la existencia de esa carta me enteré ayer", indicó. 
 Rajoy cargó contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, al que acusó de tratar "de forma diferente" al PSOE que al PP, y de no investigar las actuaciones sumariales declaradas secretas que se han filtrado. Esas filtraciones, prosiguió, provocan "juicios paralelos" en la opinión pública sin que después se pueda restituir el honor a esas personas cuando son declaradas inocentes. 
También censuró que se haya detenido "con esposas y con televisiones" a cargos del PP que luego son puestos en libertad por los jueces porque, a su entender, se "humilla a la gente" y la democracia, además de derechos y libertades, "también son las formas". "Y aquí no se están cumpliendo las formas", apuntó. 
Rajoy señaló que un día después de que se conocer el archivo de la causa contra Camps por los trajes, aparecieron las fotos de unos militantes del PP en Baleares esposados, que "luego el juez los dejó en libertad".Tras recordar que tanto el ministro del Interior como el delegado del Gobierno sostuvieron que había sido "un error", emplazó al ministro a "dar orden para que se respeten las formas fundamentales en una democracia y el honor de las personas", de forma que si alguien no cumple esa orden, se le abra un expediente. 
(www.levante-emv.com, 28/09/09)  
EL PP EXIGE A CAMPS UNA "ACTUACIÓN CONTUNDENTE" 
La dirección nacional del Partido Popular no investigará de manera interna el informe policial que desvela una trama de financiación irregular del partido en Valencia pero sí espera que su líder, Francisco Camps, actúe de manera "libre y contundente" para aclarar las informaciones aparecidas en los últimos días y "explicar mejor las cosas". 
Tras la reunión del comité de dirección, los periodistas han dirigido cerca de una decena de preguntas a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, acerca de las repercusiones que tendrá para el PP la publicación de dicho informe. Cospedal ha negado que se vaya a abrir una una comisión interna de investigación para analizarlo, tal y como sucedió en el caso Naseiro o cuando se descubrió la trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid. 
Cospedal tampoco ha dejado claro qué entiende el PP por "actuación contundente" pero, presionada por las preguntas de los periodistas, si ha lanzado expresiones que se podrían interpretar como una petición indirecta de dimisiones en el seno del partido en Valencia. "Lo que queremos es que se sientan apoyados para que puedan hacer lo que tienen que hacer", ha asegurado. 
La número dos del PP ha anunciado además que esta tarde está prevista una reunión de la dirección del grupo del partido en Valencia donde, según ha dado a entender, se tomarán las decisiones oportunas. Fuentes del PP explicaron más tarde que se trataba de un error, puesto que Cospedal se refería a la reunión de la dirección del grupo parlamentario del PP valenciano que se produjo por la mañana y que simplemente decidió proponer una comisión de investigación que estudie las cuentas del PP del PSOE y la actuación de la policía. 
Un informe "interpretable"
Por otro lado, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que los informes policiales son "interpretables" y ha pedido a su presidente y al partido en la región, Francisco Camps, que hagan un "un esfuerzo para explicar las cosas mejor" a la opinión pública. 
En una entrevista en Punto Radio, Rajoy, que en ningún momento ha entrado a analizar el fondo del contenido de los informes, ha asegurado que el tiene que confiar en su partido y en lo que le dice y que "la situación en la que se encuentra el PP en la Comunidad Valenciana es diabólica (...) Lo que sabemos es que hay un informe que no sabemos quién lo ha pedido y que el tribunal no atiende a ese informe". Para el líder popular, lo que se concluye en el documento es que algunos actos del PP los ha podido financiar alguien ajeno al partido, pero el partido en Valencia, ha subrayado, dice que no y recuerda que han presentado sus cuentas. "Aquí nadie ha demostrado que esto sea así. Tengo que creer en mi partido", ha remarcado. 
El líder del PP asegura que habla "a menudo" con Camps, y cree que es injusto que sea el PP el que tenga que demostrar su inocencia. "Tego confianza en Camps, lo he apoyado, lo sigo apoyando", ha concluido. 
Sobre la carta que Álvaro Pérez, El Bigotes, le envió en diciembre de 2003, dos meses después de que asumiese la secretaría general del partido, pidiéndole pagos en dinero b, Rajoy ha afirmado que no tiene "ni la más remota idea (...). Recibo al día no se cuántas mil cartas, muchas, no las leo, me las leen, conocí la existencia de esa carta ayer". 
Rajoy, que ha subrayado en varias ocasiones en que el juez Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), considerado "más que un amigo" de Camps, ya desestimó los informes, ha insistido en la teoría de la conspiración que maneja su partido desde verano y ha asegurado, en consonancia con el argumentario repartido por su partido, que "en este país se han infiltrado sumarios que han sido declarados secretos y son esas infiltraciones las que generan juicios paralelos". 
Preguntado por si se siente perseguido ha declarado: "Yo afirmo que el Fiscal General del Estado trata de forma diferente al PSOE que al PP, afirmo que en este país se han filtrado actuaciones sumariales declaradas secretas y ni el Fiscal ni la Policía han sido capaces de investigarlo (...) y afirmo que no se puede detener con esposas, con televisiones y delante de su familia a gente a la que luego los jueces ponen en libertad". 
(www.elpais.com, 28/09/09)  
ORANGE MARKET FACTURÓ A TURISMO 1,2 MILLONES POR CUATRO FERIAS DURANTE 2008  
La doble contabilidad de la empresa Orange Market -filial valenciana de la red corrupta del "caso Gürtel"- no sólo pone al descubierto el montaje de una presunta trama de financiación ilegal del PP regional, sino que también evidencia la privilegiada relación de la empresa de el Bigotes con la Agencia Valenciana de Turismo. Entre una amplia relación de actos organizados por Orange Market para el PP en las principales ciudades de Valencia, Alicante y Castelló, también figura un bloque de cinco facturas de la empresa por la gestión de la presencia promocional de Turismo en las principales ferias españolas en 2008: Fitur en Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona. Sólo en febrero y abril, la firma cargó al Consell por este concepto 1.089.250 euros, que con IVA asciende a 1.263.530 euros.
La parte del león se la llevó Fitur con un montante global sin IVA de 774.250 euros. La de 2008 fue la cuarta edición consecutiva en la que Orange Market se encargó de la instalación del pabellón valenciano en la feria de Madrid. La adjudicación del año pasado no estuvo exenta de polémica, ya que la propia consellera por entonces, Angélica Such, reconoció que el Consell otorgó el montaje y desmontaje del "stand" a el Bigotes pese a ser la oferta más cara.  
Llovía sobre mojado con ese contrato, ya que sólo en sobrecostes la citada mercantil se embolsó 1,5 millones no contemplados en los pliegos y que se cargaron mediante facturas a otras consellerias. Tras el "caso Gürtel" y la extinción del contrato con Orange Market por vía judicial, Turismo ha sacado a licitación el diseño, montaje y desmontaje del "stand" de Fitur 2010 y los demás certámenes nacionales del sector por un presupuesto total de 917.560 euros. 
Por otro lado, y en relación con los actos electorales organizados por Orange Market para el PP en Alicante con motivo de los comicios generales de 2008, la doble contabilidad de la empresa de Álvaro Pérez incluye los nombres de alcaldes y dirigentes populares de varias de las ciudades en las que se organizaron mítines junto a la cantidad facturada al partido. En este caso sólo figura una cifra y no dos, como en otros asientos contables que la policía achaca a la existencia de doble facturación con una parte en dinero negro. Así, en el acto de Almoradí del 26 de febrero se cita al alcalde Antonio Ángel Hurtado junto a un apunte de 2.180 euros. El 29 del mismo mes, al alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio, y una cantidad de 39.900 euros. Junto a los 9.745 euros del acto de Elda del 5 de marzo se menciona a la alcaldesa Adela Pedrosa y, por último, en el acto de Alcoy del 3 de marzo (5.067 euros) se cita al secretario provincial del PP Miguel Peralta. 
(www.levante-emv.com, 28/09/09)  
LA OPOSICIÓN PIDE LOS CONTRATOS DE LA EMPRESA DE LOS COTINO QUE EL INFORME VINCULA A LA TRAMA  
La oposición socialista y del Bloc pretenden fiscalizar los contratos públicos adjudicados a algunas de las empresas constructoras que aparecen en el informe de la Brigada de Blanqueo como financiadoras del PP a través de la trama Gürtel. Según el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía judicial, la cúpula del PP amparaba y organizaba la financiación ilegal del partido a través de firmas de la red corrupta y con la participación de varias empresas constructoras: Lubasa, Sedesa, Enrique Ortiz e Hijos, Facsa y PIAF. Estas empresas supuestamente habrían pagado servicios realizados al PP. 
Ahora, el grupo socialista en las Corts solicitará copia de los expedientes de las adjudicaciones de los últimos diez años efectuadas por la Generalitat al grupo empresarial Sedesa, vinculada a la familia del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino. Como publicó Levante-EMV el pasado viernes, la construc?tora de los Cotino ha recibido desde 2000 casi medio centenar de adjudicaciones de obra pública -con socios o en solitario- por más de 825 millones de euros.
El parlamentario socialista, Francesc Signes, destacó la "necesidad de esclarecer los datos" que se desprenden del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. "El hecho de que la constructora Sedesa aparezca en el informe policial como financiadora del PPCV a través de la trama Gürtel, hace necesario poner luz y taquígrafos sobre estas adjudicaciones", remarcó. 
Por otro lado, el secretario general del Bloc, Enric Morera, informó ayer de que esta formación pedirá la intervención de la justicia para "auditar a fondo el plan urbanístico de Rabassa" a fin de "averiguar si ha servido para financiar al PP", puesto que "se adjudicó muy rápido al promotor Enrique Ortiz, ahora vinculado por un informe policial a una trama de presunta financiación ilegal del PP".En un comunicado, Morera señaló que este proyecto "destroza la ciudad de Alicante, está dentro de la más absoluta ilegalidad porque no se asegura el agua y también está en el punto de mira de la Unión Europea". 
(www.levante-emv.com, 28/09/09)  
LA FISCALÍA RECURRE AL SUPREMO EL ARCHIVO DE LA PARTE VALENCIANA DEL 'CASO GÜRTEL' 
La Fiscalía ha recurrido hoy ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) de archivar la parte del caso Gürtel que afecta al presidente de esa comunidad, Francisco Camps, y a otros altos cargos de la Administración regional y del PP valenciano. 
Así lo han informado fuentes del Alto Tribunal, que han señalado que en el registro de este órgano figuran, con fecha de hoy, la entrada del recurso de la Fiscalía y de otro interpuesto por el PSPV-PSOE. 
El pasado 3 de agosto, la sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV archivó la causa abierta contra Camps por un delito de cohecho al estimar que no había relación entre los "agasajos" que pudo recibir y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market, una de las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa. 
El auto contaba con el voto particular de uno de los magistrados, Juan Montero, que cuestionaba la interpretación que sus dos compañeros -entre ellos el presidente del tribunal, Juan Luis de la Rúa - habían dado al artículo 426 del Código Penal (cohecho impropio) y decía no estar "convencido" de que los hechos "no sean constitutivos de delito". 
No existe un "nexo de causalidad" entre estas "dádivas o regalos" 
En la resolución, la sala reconocía que tanto Camps como el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret podrían poseer diferentes prendas de vestir abonadas por Orange Market, empresa ligada a la trama Gürtel. 
No obstante, argumentaba que no existe un "nexo de causalidad" entre estas "dádivas o regalos" que podrían haber recibido los cuatro imputados y las adjudicaciones de contratos públicos obtenidas por Orange Market, lo que a su juicio anula la existencia de delito. 
Informe elevado a categoría de condena
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha criticado que el informe policial que apunta a supuesta financiación irregular del PP valenciano se haya "elevado a la categoría de condena" y se mostró convencida de que el PPCV "actuará convenienteente en este asunto como hace siempre". Dicho esto, precisó que la dirección nacional entiende por "conveniente" que el PPCV pueda actuar "de manera libre y contundente". 
En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, De Cospedal —que recibió más de media docena de preguntas sobre el caso Gürtel— expresó su confianza sin "plazos" ni "condiciones" en el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con el que, según dijo, ha hablado de este caso tras las informaciones publicadas estos días. 
(www.publico.ees, 28/09/09) 
LA POLICÍA HALLA EN UNA CAJA SECRETA DE LA 'RED GÜRTEL' OTRO 'AGUJERO NEGRO' DEL PP 
La Brigada policial de Blanqueo que investiga el caso Gürtel, y que ha destapado la supuesta financiación ilegal del PP valenciano en un informe que se niega a investigar el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, también sostiene que existen múltiples indicios de financiación ilegal de este partido a nivel nacional entre 1996 y 1999 a través de las empresas de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa. El sistema utilizado, de doble facturación, es similar al destapado en la Comunidad Valenciana, con la salvedad de que en esta ocasión la policía no ha encontrado constructoras que sufragaran gastos correspondientes al Partido Popular. 
En febrero pasado, la policía inició su investigación a raíz del hallazgo de documentos comprometedores sobre prácticas ilegales en una caja de seguridad que el ex secretario de Organización del PP gallego y número dos de la trama corrupta, Pablo Crespo, guardaba en una sucursal bancaria de Pontevedra. 
Esos documentos apuntaban, y así lo explicaba la policía en su primer informe, a una supuesta operación de emisión de facturas falsas por parte de la red empresarial que dirigía Correa para justificar gastos electorales del partido de Mariano Rajoy, entonces presidido por José María Aznar, que rondaban los 600.000 euros. 
En la caja de seguridad número 5 de una sucursal bancaria de Pontevedra, a nombre de Pablo Crespo, se conservaba la contabilidad de la empresa en relación a los servicios prestados al PP entre 1996 y 1999. En ese periodo, la red de Correa facturó más de seis millones de euros (1.027 millones de pesetas al PP). 
En otros dos documentos localizados dentro de la misma caja de seguridad se hacía el siguiente reparto de esos ingresos: 
-"Hoja número 1: resumen en B por importe de 536 millones de pesetas". 
-"Hoja número 2: relación de entregas con recibo en B de 439 millones de pesetas". 
-"Hoja número 3: recibos". 
-"Hoja número 4: relación de entregas sin recibo". 
En un primer momento, los investigadores sospecharon de la financiación ilegal y siguieron investigando. Como consecuencia del hallazgo de nuevos documentos, confirmaron sus sospechas, y así lo escribieron en el informe que le remitieron el pasado 31 de julio de 2009 al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia: 
Sistema de doble facturación. "La forma de facturar los gastos generados por el PP es un sistema de doble facturación, una parte se factura en a (cantidades entregadas al representante legal) y otras en b (sin factura y sin reflejo en contabilidad formal), ajena a los circuitos financieros reales con lo que se intenta impedir el acceso a la misma". 
La mitad, en negro. "47,68% de los actos del PP se financiaron con fondos de la misma formación, y otra parte, 52% de los gastos se pagó en efectivo, con notas de recibí sin factura y otros sin nota. No existen facturas formales de dichos gastos y en el mejor de los casos hay notas de recibí. Se desconoce el conjunto de los recursos con los que la formación política ha hecho frente a ese conjunto de gastos". 
Recursos ajenos a los circuitos financieros. "Los fondos destinados al pago generado por esa formación política proceden de recursos ajenos a los circuitos financieros, que pueden proceder de terceros que financian los actos del partido con dinero ajeno a los circuitos económicos". 
Para justificar las cantidades sobre las que no había factura, la red corrupta intentó emitir documentos falsos a través de algunas de sus empresas, como Special Events o FCS. Sin embargo, con esas prácticas no llegaron a cubrir el agujero que carecía de justificación documental. 
(www.elpais.com, 28/09/09)  
EL BIGOTES EXIGIÓ POR CARTA A RAJOY 'DINERO B' POR ACTOS EN GALICIA 
El PP de Galicia no pagaba y El Bigotes se impacientaba. Desde que su secretario de Organización, Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, cayera en desgracia ante Manuel Fraga, en 1999, los encargos escaseaban y las deudas se acumulaban. Tanto es así que el propio Álvaro Pérez tomó las riendas del asunto y reclamó por escrito a Mariano Rajoy los compromisos pendientes por la campaña de las municipales gallegas de 1999. Según la policía, más de la mitad, en negro. 
La misiva, que permanecía depositada en la caja número 5 de un banco de Pontevedra, figura en la documentación aportada por la unidad policial de Delitos Económicos, según informó ayer la cadena SER. Está fechada el 18 de diciembre de 2003, tres meses después de que Rajoy fuera nombrado secretario general del PP. En la carta, El Bigotes le recuerda al hoy presidente del partido que Javier Arenas y Luis Bárcenas estaban informados del asunto. 
La etapa política de Pablo Crespo en el PP gallego dejó un sinfín de encargos a Special Events y las restantes empresas de la trama, en las que no tardó en encontrar trabajo tras su cese como número tres del partido. Con él cayó el ex delfín de Manuel Fraga, el fallecido José Cuiña, sustituido en la secretaría general del PP de Galicia por Xesús Palmou. Fue éste quien, tras revisar las cuentas del partido, cortó con las empresas de la Gürtel. Entre la documentación que cayó en sus manos estaba una declaración jurada que reconocía una presunta deuda de 50 millones de pesetas (300.000 euros) con Special Events. El documento carecía de concepto y de servicios prestados. 
En 2003, las presiones de la trama a Rajoy incluyeron un intento de chantaje con una supuesta cinta de vídeo, en la que el hoy líder del PP y Palmou criticaban a Manuel Fraga por los pasillos de una convención del partido. 
(www.elpais.com, 28/09/09)  
4 CONSTRUCTORAS ACUSADAS DE PAGAR MEDIO MILLÓN POR GASTOS DEL PP 
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía interceptó en el registro efectuado el 6 de febrero en la sede de Orange Market nueve facturas libradas a nombre de cuatro constructoras que -según la Policía- pagaron, sólo en el ejercicio 2008, un total de 480.000 euros de la supuesta deuda oculta del PP con la empresa de El Bigotes. Los investigadores cotejaron los apuntes de tres archivos informáticos y de un documento impreso en los que la filial valenciana de la trama Gürtel registraba su contabilidad y, tras analizar y comparar los apuntes, concluyeron que estas facturas prueban que «existe una financiación de actos del PP por parte de empresarios, siendo para éste donaciones finalistas de dinero que no ingresan en la cuenta corriente» de la organización.  
La Policía cree que la supuesta deuda en negro del PP por los actos de 2008 se sufragó mediante «aportaciones directas de dos empresarios de la Comunidad Valenciana que ya se anotan en julio como cobradas y que posteriormente se enmascaran mediante la emisión de facturas de Orange Market para justificar el pago realizado», y también mediante otros ingresos efectuados por otras empresas con los que El Bigotes mantenía relaciones contractuales.  
Se supone que estas empresas declaraban a Hacienda estos conceptos, puesto que sus facturas incorporaban el IVA, si bien la Policía sospecha que aceptaban que El Bigotes hinchara artificialmente el coste de los servicios prestados para compensar la deuda del PP. A cambio, según los investigadores, las firmas implicadas obtenían contrataciones públicas a dedo de las administraciones populares de esa comunidad.  
En el informe, los investigadores sostienen que Orange Market «incrementa artificialmente sus ingresos» hinchando el coste de sus servicios, y que «actos realizados para el PP se transforman en facturas emitidas a nombre de empresarios que abonan el coste de la misma y por ende del acto».  
En el análisis de los ingresos de Orange Market en 2008, la Policía detecta que aportaciones de fondos B de los empresarios valencianos para sufragar la deuda secreta del PP estarían camufladas en las nueve facturas incautadas en el registro de Orange Market. Así, la Brigada de Blanqueo entiende que el ingreso en negro de 200.000 euros a nombre de EG [Enrique Gimeno, propietario de Facsa] podría estar encubierto por tres extractos a nombre de esta mercantil castellonense que ascienden a 199.714 euros sin IVA.  
Además, la Policía resalta que en dos de las tres facturas se cambió el importe y también el cliente, que pasó de ser el PP a la firma de Gimeno.  
La documentación también desvela la aparición de una factura a nombre de Enrique Ortiz e Hijos por valor de 116.000 euros -100.000 sin IVA- que la Policía cree que se usó para cubrir la aportación de la constructora alicantina para pagar la deuda del PP con El Bigotes.  
En la factura de Ortiz aparece el concepto «Diseño, Producción y material publicitario para un stand en Urbe 2008» -la feria de urbanismo de Valencia-. Fuentes del sector aseguran que «este concepto es tan ambiguo como para justificar un pago de 100.000 euros o de una cantidad muchísimo inferior».  
De este déficit contraído por los populares, Orange Market descontó 130.000 euros de una tercera empresa, el grupo Sedesa, que los agentes consideran camuflados en otras cuatro facturas de 40.600, 40.484, 34.800 y 34.800 euros. También encuentran paralelismo entre los 50.000 euros supuestamente aportados por la constructora Lubasa -la cuarta- y una factura redonda por ese mismo importe de agosto de 2008.  
Por otro lado, la asesoría técnica de urbanismo PIAF aparece citada en el informe de la Policía como receptora de una factura por 4.400 euros que debía desembolsar el PP.  
                                        
 
Orange Market organizaba casi en exclusiva los actos del PP de la Comunidad Valenciana y muchos de la Generalitat. Sobre todo desde que Francisco Camps llegó a la Presidencia, en 2003. El hombre de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, cobraba una parte de lo que facturaba al PP de forma legal, a través de una caja bautizada como Alicante, y otra parte en B o «dinero fuera del curso legal» -según la terminología empleada por la Policía- a través de la caja Barcelona. En su contabilidad B, Orange Market registró una supuesta deuda oculta del PP de 547.948 euros por una veintena de eventos realizados en los tres primeros meses de 2008, coincidiendo con la campaña de las generales. De ser ciertas las sospechas de la Policía, buena parte de los actos celebrados por el PP en una veintena de pueblos fueron sufragados irregularmente.  
La Policía sostiene que estas empresas acabaron pagando la deuda irregular del PP con Orange Market a cambio de contratas públicas adjudicadas por la Generalitat, y cree que las facturas incautadas constituyen la clave de la supuesta financiación irregular del PP.  
Tras analizar la contabilidad en negro de Orange Market y las grabaciones y los correos electrónicos interceptados a los organizadores de la trama, la Policía detectó «alteraciones en las facturas», como el incremento de la base imponible o que el cambio de clientes, de tal modo que algunos recibos emitidos al PP pasaban a ser facturas de empresas privadas, lo que refuerza su sospecha de financiación ilegal.  
Sin embargo, el PP y las empresas señaladas por la Policía sostienen que jamás han participado en ninguna operación de financiación ilegal y se desentiende de los motivos por los que Orange Market llevaba una doble contabilidad. 
(www.elmundo.es,  28/09/09)
DOCUMENTOS DE LA TRAMA ACREDITAN LA FINANCIACIÓN DEL PP
Correos electrónicos, cheques y facturas demuestran pagos de constructoras
Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, cobró -por actos electorales que le montó al Partido Popular- de empresas constructoras de la Comunidad Valenciana que recibían contratos multimillonarios de la Generalitat presidida por Francisco Camps. Así lo sostiene la Brigada Policial de Blanqueo, que investiga el caso Gürtel, en su informe de 89 folios remitido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
Para acreditar lo que supone un grave delito de financiación ilegal que implica al primer partido de la Comunidad Valenciana y a media docena de empresas, la policía aporta en su informe una serie de documentos oficiales (cheques bancarios, facturas con IVA) y las copias de correos electrónicos enviados desde la sede de Orange Market a la asesoría que trabajaba para la trama corrupta.
En esos correos electrónicos se solicitan cambios en la facturación de la empresa, de manera que ingresos procedentes del PP por el montaje de distintos actos se convierten en servicios a constructoras valencianas. De esta manera, Orange Market cobra de constructoras el dinero que en realidad debería pagar el PP por actos que le montó la empresa de la red Gürtel que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes.
Entre la documentación incautada por la policía en los diferentes registros efectuados con autorización judicial de las sedes de las empresas de la trama corrupta figura un juego de correos electrónicos (véase uno de ellos en esta misma página) donde se dan órdenes de cómo cambiar los conceptos de distintas facturas e ingresos de Orange Market.
Lo que sigue es una transcripción literal de uno de esos correos:

Correo enviado el 20 de julio de 2008 por Merche con la direccion de correo electrónico omarket@orangen.net para Juan A. Fernandez jafernandez@guillamot.com con los datos adjuntos contabilidadparajuan.xls (151kb):
"Hola Juan, qué tal? Supongo que harto de las declaraciones. Quería comentarte que el lunes salgo de vacaciones dos semanas. Volveré el 14 de julio. Lo que haya que presentar, el IVA, el depósito de cuentas anuales, etcétera, lo vemos si quieres a la vuelta. Te adjunto lo último que te pasé de apuntes contables más lo que ahora ha llegado. Estuve hablando con Ana de algunas dudas y me dijo que el número de factura contabilizada que se había quedado pues de ahí en adelante es lo que te mando. Te anoto también algunas correcciones que hay que hacer, recopilación de emails anteriores.
?Facturas emitidas por Orange Market Factura 118 del 1/04/2008 estaba como cliente PPCV (Partido Popular de la Comunidad Valenciana) cambiar a cliente Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA el importe sigue siendo 31.784
?Factura 121 estaba como cliente PPCV cambiar a cliente Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA el importe sigue siendo 84.100
?Factura 123 cliente FACSA, cambia el importe era de 231.668,24 euros y tiene que ser de base imponible 74.720 16% IVA igual a 12.067,20 total 87.487,20 euros
?Factura 127 cambia el cliente era el PP Castellón, tiene que ser FACSA. Cambia el importe, era de 14.198 euros y tiene que ser de base imponible 55.369 16% IVA igual a 8.859,04 total 64.228,04
?Factura 128 cambia el cliente era PP Castellón tiene que ser FACSA. Cambia el importe, era de 13.079 tiene que ser de base imponible 68.925 16% IVA igual a 11.028 total 79.953 Facturas recibidas. Quitar de la contabilidad factura de Tecnosat del 4/4/2008 337,56 euros. Corregir cuota renting del 21/5/08. Es un renting nuevo de material informático para la oficina. Le puse la cuenta del gasto del renting de los coches corregirlo si es otro nuevo o diferente. El importe es de 1.374,16 euros. Por otro lado, hay una nueva cuenta de crédito, la anterior se canceló quedando a cero el último punto que te pasé. Ahora en las hojas Excel que te envío en la pantalla en la que aparece Santander 2 están los movimientos bancarios de esta nueva cuenta. Cualquier cosa, lo puedes hablar con Cándido [contable de Orange Market]. Muchas gracias por todo. Un saludo. Merche."
El correo electrónico acredita como Orange Market lograba que empresas constructoras (Ortiz e Hijos o Facsa) asumieran el pago de cantidades correspondientes al costo de actos electorales del Partido Popular.
De todos los años investigados, sólo en 2008 Orange Market declara a Hacienda sus relaciones con estas constructoras. Justamente en 2008 es cuando Orange Market sufre graves dificultades financieras, hasta el punto de que su principal responsable, Álvaro Pérez, hace esfuerzos denodados para cobrar supuestas deudas con el PP valenciano y llama reiteradamente al secretario general de esta formación, Ricardo Costa, a la tesorera y al vicesecretario general, para buscar fórmulas que le permita ingresar todo lo que supuestamente no ha liquidado el partido.
Varias conversaciones grabadas por la policía, en las que están implicados Ricardo Costa o la tesorera del partido, Yolanda García, demuestran los intentos por maquillar las cuentas del PP para pagar las deudas de Orange Market en función de facturas preparadas ad hoc para disimular el posible fraude.
www.elpais.es 27.09.09
EL BIGOTES COMPRÓ UNA MÁQUINA PARA CONTAR DINERO EN 2006
Aunque los clientes principales y casi únicos de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, eran la Administración valenciana y el PP de esa comunidad, el dinero de procedencia desconocida, según la investigación policial y judicial, era una de sus principales fuentes de ingresos. Por eso, probablemente, El Bigotes adquirió en 2006 una máquina de contar dinero que le costó 540 euros, según figura en la documentación intervenida por la policía.
En el capítulo de los gastos de Orange Market, el contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, apuntaba concienzudamente cada mes el sueldo correspondiente a El Bigotes, enviado por Francisco Correa, el cerebro de la trama, a hacer negocios en la Comunidad Valenciana gracias a sus magníficas relaciones de amistad con algunos de los dirigentes del PP con más poder en esa autonomía.
Álvaro Pérez recibía un sueldo mensual de 6.000 euros -algunas veces sacados de la caja B de la trama corrupta- y regularmente distintos pluses que iban desde los 3.000 a los 30.000 euros. En la contabilidad también figuran pagos a familiares de El Bigotes e incluso para sufragar el coste de parte de su propia boda.
www.elpais.es 27.09.09
LAS CUENTAS APUNTAN AL SUPUESTO COHECHO
La contabilidad de Orange Market, la empresa de El Bigotes, recoge apuntes concretos sobre los pagos a Milano y Forever Young y decenas de regalos más
El informe policial Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, de 89 folios y cinco anexos, incluye nuevos documentos incautados a la firma valenciana de la trama Gürtel. Entre ellos se incluye la contabilidad de esta empresa, vital para apuntalar la investigación sobre el supuesto cohecho cometido por cuatro altos cargos del PP, entre ellos Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, y Ricardo Costa, secretario general del partido en esa comunidad.
El informe aporta nuevos documentos relacionados con la causa contra Camps

El tribunal mostró su desagrado por el envío del texto y lo despreció

En el capítulo de las salidas de los libros de contabilidad de Orange Market y en distintas fechas, el contable de Álvaro Pérez, El Bigotes, apunta el pago de diversas cantidades de dinero a Milano y Forever Young, las tiendas de ropa en las que El Bigotes compró trajes por más de 30.000 euros para regalárselos a Camps, el presidente autonómico, y a Ricardo Costa, secretario general del PP, entre otros.
Pese a ello, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, presidida por Juan Luis de la Rúa, amigo declarado de Camps, despreció el informe policial con un argumento falso. Las diligencias abiertas contra los aforados "están archivadas (cerradas) por el auto de sobreseimiento, refiriéndose el contenido de dicho informe a un objeto diferente", escribieron los magistrados en un auto que hicieron público el 10 de septiembre.
Sin embargo, cuando los magistrados recibieron el informe -31 de julio de 2009- estaban en plena deliberación sobre el recurso que Camps y el resto de imputados por cohecho habían presentado contra el auto del juez Flors, que decidió sentarlos en el banquillo al encontrar indicios suficientes de cohecho. Los magistrados no resolvieron archivar la causa hasta dos días después, pero no dijeron nada del informe policial hasta que pasaron un mes y ocho días.
El título del informe podría llevar a engaño a los magistrados, pues habla de financiación de los actos del PP, un asunto que no entraba dentro de la causa judicial abierta. Sin embargo, los magistrados leyeron el documento y así lo explican en su auto de 10 de septiembre: "Es la continuación de toda una serie de informes anteriores remitidos a las autoridades que la Comisaría estimaba competentes".
Esa continuación de informes anteriores incluía numerosos documentos nuevos relacionados con el supuesto cohecho y, por tanto, guardaban relación con el objeto de la causa abierta a Camps. Entre ellos, un listado de regalos de Navidad cuyos beneficiarios son todos los cargos imputados y sus familiares. Además, la lista de pagos a Milano y Forever Young, las tiendas de ropa donde se compraron los trajes para Camps y sus hombres de confianza en el PP valenciano.
Uno de esos apuntes hace referencia al pago de 4.821 euros, una cantidad que figura en parte de lo investigado hasta ahora como pagada por Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta y jefe de El Bigotes, a Milano por cuatro trajes para el presidente Camps.
Además de este apunte, aparece otro en Forever Young, la tienda a la que se fue José Tomás, el sastre de confianza de Camps y los dirigentes del PP, por valor de 12.000 euros, en fechas idénticas a las que se estaban produciendo los regalos de la trama corrupta a la cúpula popular valenciana.
La sala de lo Penal del Tribunal Valenciano no ocultó su malestar ante el envío por parte de la Policía Judicial de este informe -"sin que existiera petición al respecto, ni por parte de esta sala ni por el Magistrado Instructor", escribieron-, pese a que el trabajo de los investigadores ha sido el habitual en estos casos y el que se ha seguido desde que se inició el caso Gürtel. Los policías analizan toda la información que consiguen previa autorización judicial -registros, pinchazos telefónicos- y envían informes a los jueces instructores y a la Fiscalía.
www.elpais.es 27.09.09
RAJOY CALLA Y COSTA ANUNCIA UNA “AUDITORÍA INTERNACIONAL”
El presidente del PP, Mariano Rajoy, acudió ayer a Silleda, un pequeño municipio de Pontevedra. Era un día en el que la palabra Gürtel aparecía en todos los periódicos. Allí, Rajoy pronunció un discurso ante 12.000 simpatizantes de apenas 14 minutos, en el que no se pronunció ni una sola vez sobre la presunta trama de financiación irregular que salpica a la formación que preside.
En ese tiempo sólo habló sobre economía e impuestos. Ni una alusión —siquiera para defenderse— al caso. Al calor de los suyos, puso a Feijóo como ejemplo de lo que quiere hacer él con España. Por evitar los temas espinosos, evitó incluso saludar después a sus anfitriones, los miembros del PP de Silleda, donde seis concejales preparan un pacto con dos tránsfugas para arrebatar la alcaldía al PSOE.
Por su parte, el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, insistió en acusar al Gobierno de lanzar “falsas acusaciones sobre las cuentas populares” y anunció que presentará ante el Tribunal de Cuentas “toda la contabilidad del partido para que sea fiscalizada públicamente”. Según el dirigente popular, al que el informe policial sitúa en el centro de la supuesta trama de financiación irregular, Camps le ha pedido también que encargue “a una firma de auditoría internacional un análisis privado” de la contabilidad del partido.
En la misma línea, el vicesecretario de Organización del PP valenciano, David Serra, defendió que las conversaciones telefónicas incluidas en el informe “no corresponden a ninguna situación irregular”. Serra, que asegura en una de las grabaciones que Camps “lo sabe todo” de la financiación del PP, criticó que las escuchas se hayan sacado de contexto, con un “corta y pega” que no reflejaría la realidad.
http://www.elpais.com/articulo/espana/Rajoy/calla/Costa/anuncia/auditoria/internacional/elpepinac/20090927elpepinac_9/Tes/
'EL BIGOTES' PAGABA LA NÓMINAS EN 'NEGRO'
La empresa Orange Market, proveedora aventajada del PP y de la Generalitat Valenciana, pagaba en negro parte de los sueldos de sus ocho empleados, El Bigotes incluido. Así se desprende del examen que la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional hizo de la contabilidad incautada el pasado 6 de febrero.
En su informe, los agentes concluyen que «en las nóminas de los trabajadores se hace una división entre la remuneración registrada en la nómina y la entregada en especie». La partida en especie consta de dinero «fuera del circuito financiero legal» -según la terminología empleada por los agentes- que los responsables de la empresa entregaban directamente a sus trabajadores, más otra cantidad que se les daba en concepto de «vivienda» de procedencia igualmente desconocida. Una parte de la paga extra era legal y otra se pagaba en negro. Lógicamente, los ingenieros financieros de la trama registraban estos pagos en su contabilidad Barcelona.
Los salarios de El Bigotes y de quien fuera consejero delegado de la empresa en Valencia, Cándido Herrero, también se ceñían a esta doble contabilidad, en virtud de la cual los responsables de la trama corrupta eran a ojos de Hacienda sencillos asalariados. El Bigotes cobraba al mes 6.000 euros.
Herrero, sin embargo, sumaba una remuneración de 4.300 euros, de los cuales sólo 2.000 constaban en su nómina. Así, los contables distinguían en los apuntes referidos a los sueldos de cada trabajador los conceptos Nómina, Barcelona, Vivienda, Paga extra nómina y Paga extra Barcelona.
La Policía registra en su informe los casos de Adrián Senín y Cándido Herrero. Senín, por ejemplo, recibía 1.000 euros en su nómina, pero luego le redondeaban el sueldo con otros 1.000 euros en negro más otros 1.000 por «vivienda». Por lo que respecta a los bonus, Cándido Herrero recibió en mayo de 2005 una retribución extraordinaria de 30.000 euros y Senín, otra de 6.000.
http://www.elmundo.es/diario/espana/19492325.html
EL BIGOTES EXIGIÓ DINERO NEGRO A RAJOY
Según el informe policial el 52,22% de los gastos generados por el PP gallego a las empresas de la trama se pactó en B
Rajoy conocía perfectamente la relación de su partido con la trama dirigida por Correa. La documentación aportada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales contiene un documento en forma de carta remitida por Álvaro Pérez, 'El Bigotes', a Mariano Rajoy para ponerle en conocimiento del impago de una deuda del año 1999 por actos públicos de la campaña de las municipales en Galicia que habían sido organizados por las empresas de la trama
La deuda reclamada por el Bigotes se refiere a un periodo de tiempo en el que, según la policía, el pp y la trama pactaron que la mitad de los pagos se realizarían en dinero negro y por tanto sin posibilidad de ser fiscalizados.
Financiación irregular en Galicia
El informe de la UDEF habla de "facturación dual" para referirse a las relaciones de la trama con el pp entre 1996-1999. En esa época Pablo Crespo era el secretario de organización del PPdG y las empresas de Correa estaban detrás de todos los actos que organizaba el partido en Galicia.
La policía llega a esta conclusión tras el análisis del contenido de una caja de seguridad a nombre de Crespo en una entidad bancaria de Pontevedra. Se trata de la caja número 5 del banco de Santander en la calle Peregrina. La policía entró en esa entidad bancaria el pasado 19 de febrero de 2009.
Para los investigadores el análisis de la caja B de Pontevedra ofrece nuevos indicios sobre una presunta financiación ilegal.
De tal modo que la policía concluye en su informe "Los fondos destinados al pago de esos gastos generados por la formación política proceden de recursos existentes en los circuitos financieros y de recursos ajenos a los mismos pudiendo proceder estos últimos de terceros que financian los gastos del partido popular con dinero ajeno a los circuitos económicos".
Del análisis de esa documentación la policía concluye que: "un conjunto de los gastos generados (47,78%) se financiaría con fondos de la formación política existentes en el circuito financiero ya sean fondos propios o ajenos, por tanto fiscalizables. Y otra parte de los gastos (52,22%), los denominados B se pagan directamente en efectivo en unos casos con soporte documental (nota de recibí,no facturas) y otros sin ellos pero en todo caso con recursos B ajenos por tanto al circuito económico".
Bárcenas, Arenas y Lapuerta estaban informados
La carta que El Bigotes dirige al líder del pp reclamando el pago de la deuda gallega está fechada el 18 de diciembre de 2003. Rajoy había sido nombrado ya secretario general del pp y sucesor de Aznar. En esa misiva, El Bigotes se encarga de recordarle al hoy líder del pp que Javier Arenas, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas estaban informados del asunto.
No es la única carta que el número dos de Correa dirige a Génova exigiendo dinero. Ese mismo año 2003, en junio, El Bigotes ya había enviado otra misiva similar a Javier Arenas. En los archivos de la trama esa documentación se guardaba en un fichero con el título "CARPETA EMBOLADOS".
También Manuel Fraga fue objeto de este acoso postal por parte de los socios de Correa para exigirle el pago de deudas. A él se dirigieron en octubre de 2003. Esta tercera carta la firma Luis de Miguel Pérez en representación de Special Events y en ella le recuerda al expresidente gallego que esta empresa de la trama lleva organizando las campañas del pp de Galicia desde 1993.
Abrir en Génova el grifo gallego
Las presiones de los miembros de la trama tiene su explicación en las dificultades que éstos encontraban para cobrarle al pp de Galicia lo que le reclamaban. Tras la llegada de Xesús Palmou a la secretaría general del ppdeG en 1999 se cortó el grifo a las empresas de Correa y a los modos de proceder que hasta la fecha había impuesto Pablo Crespo. El hoy considerado uno de los cerebros de la "Gürtel" dejó la formación de Fraga y pasó a ocupar un cargo directivo en Special Events que compatibilizó con su cargo de vocal en el organismo público Portos de Galicia, en donde estuvo hasta 2005.
Según las fuentes consultadas Xesús Palmou se negó a abonar la deuda heredada de los tiempos en los que Xosé Cuiña era secretario general del pp gallego y Crespo su lugarteniente.
Corría el año 1999 y Luis Bárcenas era el gerente del partido popular. Según una información del diario El País, el propio Bárcenas medió para que el pp gallego volviera a contratar a Correa y al menos en cuatro ocasiones el hoy imputado por el Supremo se interesó por los motivos de la ruptura con Special Events.
La mediación de Bárcenas habría surtido efecto y las empresas de la trama volvieron a Galicia, tal y como avanzó la SER en Febrero.
El PP de Pontevedra, dirigido por el presidente de la diputación Rafael Louzán, encargó en 2001 un Sondeo de Opinión Pública sobre la actualidad política en Pontevedra. La empresa que el PP contrató para este trabajo era una sociedad que tenía como director gerente a Jesús Calvo, uno de los imputados por Garzón y en la que María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa, ocupaba el cargo de directora comercial.
Según los documentos a los que ha tenido acceso la Cadena SER, fue la mujer de Correa quien se encargó personalmente del seguimiento de este trabajo para en PP en Galicia. Fue la esposa de Correa quien supervisó personalmente los resultados antes de entregarlos al cliente final: el Partido Popular.
También durante la crisis de las "vacas locas" el por entonces consejero de Agricultura, Juan Miguel Diz Guedes, encargó a Special Events una campaña de promoción de la carne gallega.
En todo caso estas colaboraciones fueron puntuales, al margen de los deseos de la nueva dirección del ppdG encabezada por Palmou y nada comparable con el monopolio que las empresas de la trama ostentaron en la vida del partido popular entre 1996 y 1999.
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/bigotes-exigio-dinero-negro-rajoy/csrcsrpor/20090927csrcsrnac_1/Tes
IDA Y VUELTA DEL 'CASO GÜRTEL'
El Tribunal de Madrid tendrá que decidir si traslada al Supremo o a un juzgado de Valencia el informe de la financiación ilegal del PP
El Tribunal Superior de Valencia -que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente Francisco Camps- ha rechazado en dos ocasiones investigar el informe policial que revela la presunta financiación ilegal del PP en esa comunidad. ¿Qué va a suceder ahora con ese informe? ¿Van a investigar los jueces su contenido o terminará en la papelera el trabajo policial? Fuentes jurídicas creen que el caso Gürtel, en su variante de la supuesta financiación ilegal del PP, volverá de nuevo a las manos de De la Rúa con parecidos implicados que en la causa por delito de cohecho impropio (los regalos de trajes a Camps y otros aforados) que archivó en agosto pasado.
Los motivos que alegó la Sala valenciana para desentenderse del citado informe policial eran que el delito de financiación ilegal del que da cuenta era diferente y no cabía subsumirlo en la causa por cohecho impropio que había tramitado contra los aforados y que, además, el caso ya estaba archivado.
Sorprende ese argumento por cuanto la Sala valenciana -a pesar de que Garzón avisó de que algunos aforados valencianos podían haber cometido varios delitos- limitó las pesquisas al de cohecho impropio. Y obvió los demás delitos. Otro argumento para rechazar el informe fue que nadie de la Sala valenciana lo había solicitado.
El informe (89 folios) lo entregó la policía el 31 de julio pasado en los tres órganos judiciales que tramitaban la trama Gürtel: el Supremo y los Superiores de Valencia y Madrid. Es decir, la Sala de Valencia lo tuvo en sus manos días antes de cerrar la causa contra Camps. Además, es absurdo el argumento de la Sala de que no había pedido ningún informe a la policía, puesto que es un deber de los agentes investigar y perseguir delitos y elevar informes sobre ellos a los jueces. Y más en este caso, en el que los autores del informe han actuado como policía judicial en el marco de las pesquisas de la trama Gürtel, con ramificaciones en Madrid y Valencia.
Pero no es sólo esto: ese informe también llegó al Superior de Valencia por otra vía. Le fue remitido este verano por el magistrado instructor del caso Gürtel en Madrid, que se inhibió de investigar su contenido en favor del Superior de Valencia al constatar que los supuestos implicados eran casi los mismos aforados que ya estaban siendo investigados en esa comunidad. Pero la Sala de De la Rúa devolvió el informe a Madrid y se escabulló de investigarlo, esta vez con el argumento, formalizado en un auto, de que Pedreira, en su condición de instructor, no podía per se plantear la inhibición ante una Sala. Eso sólo podía hacerlo, en su caso, su homónima del Superior de Madrid.
Por tanto, para que el informe no acabe en la papelera, el camino ahora es que Pedreira eleve a su Sala el informe que le devolvió Valencia, para que ésta decida qué hace con él. Dos son las posibilidades que pueden estar barajando la Fiscalía Anticorrupción y el Superior de Madrid, según expertos en derecho consultados. Una, elevar ese informe al órgano superior de ambos tribunales superiores, al Supremo, y que éste resuelva si se queda el asunto (al haber implicados en la trama Gürtel aforados de dos comunidades diferentes, Madrid y Valencia) o bien que dictamine quién debe investigar ese nutrido informe.
La otra alternativa, considerada la más factible, pasa porque el Tribunal de Madrid remita ese informe al juzgado decano de Valencia para su reparto. El juzgado al que le tocase iniciaría una investigación, de la que tendría que inhibirse en favor del Superior de Valencia en el momento en que viese indicios contra aforados. Y precisamente indicios contra aforados (contra Camps y algunos de sus hombres de confianza) es lo que sobran en el informe. Conclusión: el asunto puede volver a las manos de De La Rúa, el amigo de Camps.
http://www.elpais.com/articulo/espana/Ida/vuelta/caso/Gurtel/elpepinac/20090927elpepinac_7/Tes/
DOS PAGARÉS BANCARIOS DEMUESTRAN LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP
Estos dos pagarés de la entidad Banesto demuestran que empresas beneficiarias del Gobierno de Camps pagaban deudas contraídas con Correa por la organización de actos 

Lo relevante de esta documentación, fechada el 23 de abril de 2008, es que queda acreditado que estas empresas abonaban a la trama de Correa deudas del PP.
Así lo demuestra un correo electrónico enviado desde ORANGE MARKET al despacho del abogado Ramón Blanco Balín, ex asesor de Aznar y según la policía el cerebro de la ingeniería financiera que movía el dinero negro de Correa.En ese correo electrónico se solicita que esas dos facturas, que ya se habían emitidos por los mismos importes a nombre del PP, sufriesen una modificación para que el pago finalmente fuese revisado por la empresa constructora.
ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA DE OBRAS, según los informes policiales, recibía contratos públicos a cambio de estos favores.
Estos dos nuevos documentos, dos pagarés de la entidad Banesto, demuestran que empresas beneficiarias del gobierno de Camps financiaban de forma ilegal al PP. Pagaban, por tanto, las deudas que Camps tenía con Correa por los actos organizados, de cuyo coste el partido de Rajoy sólo abonaba una pequeña parte
¿Quién es el empresario que firmó los pagarés?
Se trata del constructor alicantino Enrique Ortiz, muy ligado al ex-alcalde de alicante, Luis Díaz Alperi. Consigue prácticamente la adjudicación de todos los grandes proyectos de Alicante.Estuvo imputado junto a Alperi, la ahora alcaldesa y antes concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, en el conocido como caso de los aparcamientos. Se investigaba un supuesto trato de favor a Ortiz por la construcción de tres aparcamientos. Casualmente, la sala del TSJV que archivó el caso ha sido la misma que ha desestimado el caso de los trajes de Camps.
Ahora tiene recurrido en los tribunales el plan parcial de Rabassa -4 millones de metros cuadrados-. Una amplísima extensión de terreno junto a la universidad de Alicante donde pretende construir más de 13.000 viviendas.Un plan que está tramitado al margen del plan general pese a ser la zona de la ciudad que mas crecerá en los próximos años -Esquerra Unidad, Delegación del gobierno y un colectivo ciudadano son los denunciantes-
Es propietario del Hércules F.C
www.cadenaser.com 26.09.09
LOS 'PINCHAZOS' APUNTAN A QUE CAMPS ESTABA AL TANTO DE LA TRAMA DE FINANCIACIÓN
"Ése lo sabe todo", dice el vicesecretario de Organización sobre el presidente valenciano - Las grabaciones prueban la confabulación para falsear facturas
El PP desplegó ayer toda su maquinaria para tratar de desautorizar el informe policial que detalla la trama de financiación ilegal del partido en Valencia. Sin embargo, las conversaciones entre los principales miembros de la trama y dirigentes clave del PP, grabadas todas ellas con autorización judicial, muestran con claridad no sólo la intensa relación personal entre ellos, sino sobre todo sus esfuerzos por maquillar la contabilidad, organizar pagos en contabilidad opaca (llamada en clave Barcelona, por la inicial, en contraposición de Alicante, cuya inicial describe las cuentas legales). Las conversaciones que publicamos hoy demuestran, además, que el presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Francisco Camps, estaba al corriente de la situación. De hecho, Álvaro Pérez, máximo responsable de Orange Market y representante en Valencia de Francisco Correa, cabecilla de la trama, narra cómo ha hablado con Camps de estos asuntos, y en varias ocasiones alardea de que si Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat, y Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, no arreglan el problema de las deudas del PP con Orange Market, en cuentas A y B, él enviará un mensaje o hablará con Camps para desbloquearlo.
En bastantes conversaciones de la trama hay referencias a Camps

La tesorera del partido habla con El Bigotes de cómo preparar facturas

De las múltiples conversaciones que prueban la implicación de Camps y la existencia de extraños tejemanejes contables, la más clara sea tal vez la que mantienen David Serra, vicesecretario de Organización del PP, y Álvaro Pérez, El Bigotes, el 29 de diciembre de 2008, en plena negociación de Orange Market para recuperar su deuda con el PP.
En ella, Serra le dice a Pérez: "Yo necesito que el talón lo ingreséis hoy", esto es, en referencia a un pago de Orange Market al PP, algo extraño. Entonces ambos comienzan a hablar de una información que había publicado el diario Levante, sobre las dudas que tenía la Sindicatura de Comptes, organismo que fiscaliza los presupuestos, sobre algunos datos de la contabilidad del PP con Orange Market. Y Pérez, al que en una conversación Camps llegó a llamar "amiguito del alma", admite abiertamente que ha hablado con Camps sobre el asunto. "Luego, por la tarde, hablé con el presi, y le dije: 'Que sepas que Ricardo [Costa] tiene toda la documentación'. Y él me contestó: 'No sé ni de qué me hablas'. Y yo le dije: 'Ya, ya sé cómo me dices, pero bueno, que lo sepas". Por si había alguna duda de la implicación de Camps, es el propio Serra, alto cargo del PP valenciano, quien sentencia sin tapujos: "Ése lo sabe todo". "Ya, ya lo sé", cierra El Bigotes.
En otra conversación con Pablo Crespo, en la que también se habla del pago de la deuda, Álvaro Pérez es muy claro ante las reticencias del vicepresidente Rambla: "Yo voy a poner un mensaje al presi ahora. Porque he pactado una cosa con Ric [Ricardo Costa], me ha dicho Ric que le ayude, porque este hijodeputa, el [Vicente] Rambla, se hace el sueco. Así que voy a mandarle un mensaje al presi a ver si me llama y mañana desayuna con Rambla y me voy a hinchar, claro".
Son sólo algunas de las múltiples pruebas que contiene el informe sobre financiación ilegal del PP que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, dirigidos por Juan Luis de la Rúa, declarado amigo de Camps, han decidido no investigar e incluso sacar del sumario, como había pedido el abogado del presidente de la Generalitat.
Otras conversaciones, en las que está directamente implicado Ricardo Costa o la tesorera del partido, Yolanda García, demuestran los intentos por maquillar las cuentas del PP para pagar las deudas de Orange Market en función de facturas preparadas ad hoc para disimular el posible fraude. A pesar de que en casi todas las conversaciones Pérez insiste en que no quiere hablar ciertos asuntos por teléfono, lo que indica que en las conversaciones en persona se trataban asuntos aún más delicados, en una de sus charlas con la tesorera, enviada a hablar con él por Ricardo Costa, es muy claro sobre la necesidad de ocultar el movimiento de dinero y señala: "Acabo de hablar con Pablo [Crespo, número dos de la trama, ex secretario de organización del PP gallego], que le gustaría pensar cómo hacemos el papel que te tengo que dar a cambio de lo otro". Y la dirigente del PP contesta: "Vale". "Le gustaría ver el concepto, qué concepto ponemos. Me gustaría hacerlo muy bien, como me están dando...", insiste Pérez.
www.elpais.es 26.09.09
EL 'BIGOTES' INGRESÓ 6,3 MILLONES EN 'B' DEL PP
La Policía detalla hasta 31 entradas de dinero sin factura procedente de los 'populares'. La 'caja B' de Francisco Correa se nutría de fondos de la 'caja B' de Orange Market
El PP valenciano ingresó en dos años 6,3 millones de euros a la caja B de la empresa Orange Market en concepto de actos y otros servicios, según el informe de la Brigada Policial de Blanqueo correspondiente al análisis de la cuenta opaca bautizada como Barcelona, en la que no se cobraba el IVA. Los apuntes contables hallados por los investigadores tras rastrear las arcas de la filial valenciana de Francisco Correa proceden, según la documentación, de cantidades pagadas por el PP autonómico, algunas bajo el concepto de «a cuenta» y por actos celebrados en las tres capitales de provincia.
En el periodo de tiempo, comprendido entre enero y noviembre de 2007, la caja B de la empresa que comandaba Álvaro Pérez El Bigotes ingresó 2.856.000 euros del PP, mientras que en 2008 la suma ascendió a 3.446.985 euros. En total, casi 6,3 millones de euros. La contabilidad de 2007 procede de un archivo informático incautado por la Policía donde se reflejan distintas sumas de hasta 350.000 euros, con la fecha, el concepto y el nombre de la persona o la organización que realiza la entrega. En total, unas 31 entradas.
Algunas son especialmente significativas, como la del 23 de marzo de 2007. Se consignan 220.000 euros a cuenta del «acto feria» que abona el PP. Cuatro días después, el líder popular, Mariano Rajoy, era proclamado candidato a la Presidencia del Gobierno en la Feria de Valencia. Además, también aparecen dos apuntes más del 7 y del 28 de mayo por 223.000 y 350.000 euros, respectivamente. En ambos el pago se realizó por la campaña electoral y lo abonó el PP, según la Policía. En la documentación incautada también aparece un ingreso de «Alicante Sonia» de 24.000 euros -Sonia Castedo es la alcaldesa de esta ciudad- y otro de David Serra, vicesecretario del PP valenciano, de 12.000 euros por la campaña de Alicante.
La suma de todas las cantidades presuntamente abonadas por el PP a la caja B de Orange Market en 2007 asciende a 2,8 millones de euros. Esta contabilidad paralela refleja también salidas por importe de 2,6 millones destinadas, según el informe policial, a pagar los gastos de Orange Market. Entre ellos, figuran sendos abonos de 200.000 y 70.000 euros a la caja B de Serrano, la calle de Madrid en la que Francisco Correa, presunto cerebro de la trama Gürtel, tenía sus oficinas. Según la Policía, de esta caja salía el dinero que Correa pagaba a cargos públicos, especialmente de Madrid.
La investigación policial concluye que tanto Orange Market, la empresa de El Bigotes, como Easy Concept Comunicación, radicada en Madrid, eran las principales suministradoras de dinero negro a la trama.
Respecto al ejercicio de 2008, los ingresos supuestamente realizados por el PP en la caja B de Orange Market ascienden a 3.446.985 euros, según la documentación intervenida en la sede de la empresa. Aparecen, por ejemplo, entregas de dinero del PP regional y del PP de Castellón. En los anexos contables relativos a este año -documento llamado Barcelona Eventos- aparecen apuntes relacionados con actos y sus costes. Entre ellos, 6.390 euros por la visita, el 4 de abril de 2008, de Ángel Acebes y Francisco Camps a la Feria de Valencia. «Jornadas interparlamentarias», señala el apunte. Entre los meses de enero a abril, el PP abona en la caja B de Orange Market 90.420 euros por distintos servicios. En el informe policial se asegura que «no se localiza apunte contable ni factura emitida alguna en esas fechas y por esos importes o por la suma, que permitan inferir que esas cantidades de dinero formen parte del circuito financiero legal».
En 2008, los gastos de la caja B de Orange se elevaron a 3.479.456 euros. La Policía detalla que, pese a los ingresos descritos, el PP se demoraba a la hora de saldar sus deudas con El Bigotes. En este sentido, el informe recoge una conversación entre Álvaro Pérez y Pablo Crespo, mano derecha de Correa, en la que El Bigotes comenta que «le ha dicho Ricardo [Costa] que le iba a pagar todo lo que se ha hecho en Alicante, pero que en Barcelona no le podía pagar nada». En el lenguaje de la trama, Alicante era la caja A y Barcelona, la caja B, según la Unidad de Delitos Económicos, que añade que el dinero aportado a la caja B «tiene su origen en una financiación paralela de los actos del PP valenciano».
En otra de las conversaciones grabadas en diciembre de 2008, Álvaro Pérez vuelve a hablar con Crespo y le comenta una reunión mantenida con Ricardo Costa, en la que el secretario general del PP le había dicho que este año «las cosas estaban muy mal pero que no tenían que temer nada, que la semana que viene iba a quedar todo a cero».
www.elmundo.es 26.09.09
ORANGE MARKET MANDABA POR 'EMAIL' ASIGNAR FACTURAS DEL PP A EMPRESAS
La Policía considera probado que las constructoras pagaban actos del partido
El informe de la Policía transcribe toda una serie de correos electrónicos en los que se reproducen las instrucciones dadas por Orange Market para asignar a diferentes empresas constructoras supuestos gastos del PP en congresos y actos electorales.
Estos apuntes son los únicos indicios que relacionan a los cinco empresarios citados con la trama, puesto que los nombres de Enrique Gimeno (dueño de Facsa); Enrique Ortíz (de Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras); Antonio Pons (Piaf); Vicente Cotino (Sedesa) y Luis Batalla (Lubasa) no aparecen, salvo de manera tangencial, en las conversaciones grabadas a Álvaro Pérez, El Bigotes.
Pese a ello, tras examinar la documentación incautada, la Brigada de Blanqueo de Capitales concluye que las constructoras son las «pagadoras reales» de varios actos del PP. A ello puntualizan de forma reiterada en el informe que las cinco empresas «han sido adjudicatarias de numerosos contratos públicos».
Como prueba, el documento policial transcribe un correo electrónico enviado el 5 de febrero de 2008 desde una dirección de Orange Market a una asesoría fiscal (Blanco-Guillamot & Asesores) en el que se pide que se corrija una factura y, en lugar de derivarse al PP, se ponga a nombre de la empresa Enrique Ortiz e Hijos.
«Estas dos facturas que están puestas al PP hay que corregirlas y ponerlas a Enrique Ortiz», se requiere en el texto localizado por la Policía tras el registro efectuado en la sede social de la asesoría. Los extractos referidos en el correo son del 1 de abril de 2008 y, sumados, ascienden a 115.884 euros.
La Policía también cita dos supuestas facturas emitidas por Orange Market (esta vez sin transcripción del correo) en las que se vuelve a demandar, de nuevo, que el pago de actos del PP se impute a un empresario: «Cambia el cliente (era el PP de Castellón) y tiene que ser Facsa», se remarca en el extracto realizado por los agentes. En otra, incluso se requiere que se cambie el importe y se rebaje de los 231.668 euros a sólo 87.487 euros.
Otra de las formas de actuar de Orange Market que descubre la Brigada de Blanqueo son los cambios de última hora al alza o a la baja en la base imponible de las facturas. Así, en uno de los correos enviados desde Orange Market que consta en el informe se explica: «Hay que modificar una cantidad de las facturas emitidas por nosotros, la del Partido Popular, en lugar de ser el importe 200.000 euros pasa a ser de 300.000».
Además de los e-mails que involucran a las empresas, el informe reproduce varios ejemplos del modus operandi que, según la Policía, emplearon los populares con Orange Market durante años. Uno de ellos se localiza en Castellón, en enero de 2007. Hay un ingreso de 72.000 euros por un acto realizado allí, por el que la Policía «únicamente» localiza en los libros de registro de contabilidad de la empresa de El Bigotes la emisión de una factura por 16.412 euros con fecha 5 de marzo de ese año en concepto de «Presentación Candidatos Alcaldía. Montaje, Azafatas, Auditorio, Varios». «Se desconoce la justificación contable-administrativa por la diferencia entre las dos cantidades -72.000 y 16.412 euros-, así como el posible origen de ese dinero», concluye el informe.
El documento policial recoge multitud de ejemplos de esta naturaleza. «La forma en la que se ocultan estas operaciones que permiten incorporar a la caja de la empresa esos fondos, así como su posterior empleo, son variadas habiéndose concretado en diferentes métodos», recalca la Policía.
www.elmundo.es 26.09.09
LAS PAGOS DEL CONGRESO REGIONAL
La Policía reproduce en el informe un texto muy gráfico que refleja cómo se desviaba el dinero de los circuitos legales y que hace referencia al X Congreso regional del PP que se celebró en Valencia en el año 2002. El coste total del acto se fijó en 240.582 euros de los que, según el informe, 90.151 se facturaron por los cauces legales -con IVA- mientras que 150.430 se pagaron 'en negro'. El dinero que sí se declaró se transfirió con un cheque el 10 de diciembre de 2002 mientras que la cantidad facturada en 'B' se pagó también 'en negro' a la empresa de Correa en cuatro cobros de 25.000, 30.000, 75.421 y 18.500 euros entre septiembre de 2002 y enero de 2003. Los investigadores establecen una correlación entre las cuentas del congreso y la 'Caja x PC', la cuenta personal de Francisco Correa.
El informe reproduce que tres de las entradas provenientes de los cobros de la organización de este acto de 2002 se anotan en la cuenta personal de Correa, una de ellas descontando ya el dinero entregado a 'El Bigotes' (20.000-1.500). La entrada que no se anota, la que hace referencia a la suma de 72.000 euros, «no llega a entrar en caja porque se da 73.000 a Correa y 2.000 a Álvaro Pérez», según la Policía. «El dinero recibido en efectivo correspondiente a los cobros en 'B' que se anota en el archivo 'Congreso regional de Valencia' se apunta como entrada de fondos en la cuenta del sistema de contabilización 'B' del grupo, concretamente en la cuenta personal de Correa, que se nutre con entradas procedentes de comisiones pagadas por personas de empresas constructoras, de aportaciones de Álvaro Pérez o de cobros de procedencia desconocida», recoge el informe.
www.elmundo.es 26.09.09
LA FARMACIA, EN EL EJE DE LA TRAMA
La farmacia J. Escrig Olano, regentada por Isabel Bas, la esposa del presidente Francisco Camps, tiene una sorprendente presencia en la investigación por la financiación ilegal del PP valenciano.
El propio Camps puso el foco en la farmacia durante la investigación por el supuesto cohecho en trajes regalados por los empresarios corruptos. Camps declaró al juez que pagó los trajes en metálico con dinero cogido de la caja de la farmacia. El juez constató que esta versión era mentira.
En las nuevas revelaciones sobre financiación ilegal, en ocasiones los negocios parecen pasar de alguna manera por el establecimiento, situado en el centro de Valencia. Álvaro Pérez, El Bigotes, que en la Navidades de 2008 le hizo a Bas un regalo tan caro que la escandalizó (así figura en una grabación de una conversación entre ambos), parece utilizarla como intermediaria cuando tiene problemas. En una conversación del 8 de noviembre de 2008, Pérez le dice a su jefe, Pablo Crespo: "He pasado por el laboratorio para contarle a la dama cómo me ha ido". Se refiere a la farmacia, lo que le ha contado a "la dama" es una reunión que ha tenido con el vicepresidente Vicente Rambla para hablar de negocios.
En otra grabación, del 30 de enero de 2009, se produce este diálogo entre Pérez y Crespo:
P. C. ¿Te contó Cándido [empleado de Orange] lo que vamos a hacer?
Á. P. Sí, sí, me lo ha contado.
P. C. Te gusta, ¿no?
Á. P. Sí, yo le he pedido a Cándido que me firmara y me sellara un papelito de hoy, ¿sabes?
P. C. Para que pueda...
Á. P. Sí, porque se lo voy a enseñar, se lo voy a llevar hoy a Vicente [Rambla] y a Ricardo [Costa], y depende de la cara que me ponga Vicente, le voy a decir que se lo voy a mandar con Isabel
[la esposa de Camps, según los investigadores] vía farma [la farmacia].
P. C. Bueno, ya miras tú lo que tienes que hacer
Á. P. Sí, porque está bastante bien, ¿sabes? Estas dos cifras que me han puesto.
P. C. Bueno, yo estoy muy contento, porque el despacho en el que estuve ayer, se ve que el tío hizo bien las cosas y las vamos a dejar como tienen que estar.
www.elpais.es 26.09.09
EL BIGOTES: "VOY A PONER UN MENSAJE AL 'PRESI' AHORA MISMO"
Las grabaciones realizadas por la policía por orden del juez muestran indicios de irregularidades en el partido
En el informe policial sobre la financiación irregular del PP valenciano se incluyen grabaciones que aportan indicios de posibles irregularidades. Reproducimos algunas de ellas.
UN TALÓN DE ORANGE MARKET LLEGA AL PP
Conversación entre David Serra, vicesecretario de Organización del Partido Popular valenciano, y Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, jefe de Orange Market (29 de diciembre de 2008).
Álvaro Pérez le dice que luego va a llevar Cándido Herrero, contable de Orange Market, la factura al partido.
David Serra. Que venga a la sede, yo me voy a la sede de Las Cortes. Yo necesito que el talón lo ingreséis hoy.
Álvaro Pérez. No te preocupes qué se va a hacer.
Hablan de artículo publicado en el periódico Levante.
Á. P. Luego por la tarde hablé con el presi, y le dije, 'que sepas que Ricardo [Costa, secretario general del PP valenciano] tiene toda la documentación'. Y él me contestó: 'no sé ni de qué me hablas'. Y yo le dije: 'Ya, ya sé cómo me dices, pero bueno que lo sepas.
D. S. Ese lo sabe todo
Á. P. Ya, ya lo sé, pero por si acaso alguna hijadeputa le ha calentado, ya sabes, pues que sepa que yo llevé toda la documentación al Sindic de Cuentas.
"LA REUNIÓN NO VA NADA BIEN"
Conversación entre Álvaro Pérez y Pablo Crespo, número dos de la trama (30 de enero de 2009).
Álvaro Pérez. Acabamos de salir Cándido [Herrero] y yo de la reunión y nada bien. Él su papel y yo el mío, y nada más
Pablo Crespo: Pero no habéis llegado a un acuerdo
Á. P. Si tío, me van a dejar a deber ciento y algo.
P. C. ¿Y todo de la misma forma?
Á. P. Sí
P. C. No hay otra solución
Á. P. No tienen otra solución. Yo voy a poner un mensaje al presi ahora. Porque he pactado una cosa con Ric [Ricardo Costa], me ha dicho Ric [Costa] que le ayude, porque este hijodeputa, el Rambla, se hace el sueco. Así que voy a mandarle un mensaje al presi a ver si me llama y mañana desayuna con Rambla y me voy a hinchar, claro.
P. C. Ve despacio.
Á. P. Pero bien, Ricardo y David muy bien. Bueno, Ricardo diciéndome una locura que ya te contaré mañana por nuestro teléfono. Vamos una auténtica gilipollez.
Otra conversación entre Álvaro Pérez y Pablo Crespo.
Álvaro Pérez le dice que se va a hablar con Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat valenciana. Éste le dijo que no le comentase nada a Rambla ni al presidente de lo que habíamos hablado porque se había cabreado con David Sierra.
Pablo Crespo. ¿Por qué se había cabreado con David?
Álvaro Pérez. Pues porque dijo un par de gilipolleces que yo me había cabreado bastante. Pero no pasa nada, porque luego siempre hace lo que le dice Ric [Ricardo Costa].
P. C. Pero para qué, para darte caña con los precios.
Á. P. No, no, una cosa más gorda, que no te la quiero decir por aquí. Me voy a ver a Vicente [Rambla] ahora.
AMAÑAR FACTURAS
Y OCULTAR PAGOS
Dos conversaciones entre Álvaro Pérez y Yolanda García Santos, diputada autonómica del Partido Popular por Alicante, tesorera del PPCV, que mostrarían el intento por ocultar determinados pagos, por amañar facturas, que se traían entre la empresa y el partido (2 de febrero de 2009).
Álvaro Pérez. Hola, Yo.
Yolanda García. Que me ha dicho Ricardo [Costa] que te llame para una factura o algo.
Á. P. Sí, para que me pagues, me ha dicho que 100.000.
Y. G. ¿cien?
Á. P. Sí.
Y. G. Pero me ha dicho algo de una factura, que hay que hacer.
Á. P. Sí claro.
Y. G. Que me tendrás que hacer tú a mí, en todo caso.
Á. P. Claro, claro, reina mía, claro.
Y. G. Cuéntame.
Á. P. Mañana voy a verte.
Y. G. Vale.
ÁLVARO PÉREZ DICE QUE VA A HABLAR CON COSTA
Otra conversación entre Yolanda García y Álvaro Pérez (3 de febrero de 2009).
Y. G. Dime guapo.
Á. P. Acabo de hablar con Pablo [Crespo], que le gustaría pensar cómo hacemos el papel que te tengo que dar a cambio de lo otro.
Y. G. Vale.
Á. P. No quiero hablar por teléfono.
Y. G. Ya, ya.
Á. P. Entonces le gustaría ver el concepto, qué concepto ponemos... pero yo lo necesito, entonces voy a llamar al Ric [Ricardo Costa] y le voy a decir que te firme un recibe oficial y ya está, y que te hará lo otro pues... este fin de semana, o el lunes, o el martes de la semana que viene.
Y. G. Pues espera, si eso déjame que se lo diga yo.
Á. P. Vale, es por averiguar. Me gustaría hacerlo muy bien, como me está dando...
Y. G. Voy a ver si puedo acercarme y lo hablamos en persona.
Á. P. Vale, perfecto, es que necesitaría ingresarlo como sea, ¿vale?
www.elpais.es 26.09.09
RICARDO COSTA ACUSA A RUBALCABA DE FABRICAR LOS INFORMES CONTRA EL PP
El Ejecutivo y el PSOE reclaman a Rajoy que deje de mirar hacia otro lado

El secretario regional del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, acusó ayer al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de auspiciar el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía que investiga el caso Gürtel y que apunta a una presunta financiación ilegal de los populares en Valencia.

 
González Pons: "Hay muchas posiblidades de que este informe sea un montaje"
AUDIO - Cadena Ser - 25-09-2009
Desde el Partido Popular se afirma que quiere quitar credibilidad al informe de la policía que señala que los contactos de Correa y el Bigotes eran el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y la tesorera del partido -

El 'número dos' del PP valenciano admite que es el de las grabaciones
Costa compareció acompañado del vicesecretario de Organización, David Serra, para tachar el informe policial de montaje y asegurar que éste se hizo para impedir que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archivase el proceso por el supuesto delito de cohecho impropio contra cuatro altos cargos del PP -entre los que figuran Costa y el propio Francisco Camps-.
"Cuando a [Alfredo Pérez] Rubalcaba [ministro de Interior] los jueces no le dan la razón utiliza a la policía", afirmó Costa, que argumentó que "lo que los jueces no le han dado lo quiere conseguir a través de los medios de comunicación".
Costa anunció que el PP presentará una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra quien ordenó el informe y lo redactó. En el documento policial no hay firmas pero sí figura el número de placa del autor. "Se trata de denunciar el objeto real de dicho informe: la necesidad de la Policía de influir en el procedimiento que se instruía en Valencia y que acabó con el archivo de la causa", señaló.
El número dos del PP valenciano, que admitió conocer el contenido del documento y reconoció sus palabras en la transcripción de las conversaciones grabadas con Álvaro Pérez, El Bigotes, insistió en que el partido "tiene las cuentas claras y auditadas". "Cuando la policía conoce un delito lo denuncia y no presenta un informe", remachó Costa, que añadió: "No se puede imputar a unas personas sólo por unas grabaciones".
Junto a Costa, un buen número de cargos del PP valenciano insistieron ayer en la teoría de la persecución policial -de la que responsabilizan al Ministerio de Interior- sin aportar un solo dato. Para los populares son elementos suficientes que el informe fuese rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y que fuese entregado el 31 de julio pasado en mano sin que nadie lo hubiese solicitado. "En el informe sólo hay indicios de doble contabilidad en Orange Market", insistió Costa, "y no se nos puede hacer responsables por haber trabajado con ellos". El número dos del PP, que insistió en que no piensa dimitir, reconoció que había sido "un error" tratar con Orange Market.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el presidente nacional del PP, "Mariano Rajoy, no puede seguir mirando para otro lado". "Los responsables del PP deben dejar de arremeter contra todos los demás y dar explicaciones", dijo. En términos similares se expresó el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que instó a Rajoy a tomar medidas. Los socialistas valencianos reclamaron ayer una comisión de investigación parlamentaria en las Cortes Valencianas. Compromís y Esquerra Unida exigieron la dimisión de los cargos del PP implicados.
Otra conspiración
- Esteban González Pons (PP): "El informe puede ser un montaje"
- Carlos Fabra (PP): "Pongo la mano en el fuego por Costa y Rambla"
- José Blanco (PSOE): "Tras la financiación del PP sí parece que hay una mano negra"
- Ángel Luna (PSPV): "Pedimos una comisión de investigación"
www.elpais.es 26.09.09
CAMPS SE ENROCA CON UN GOBIERNO DESESTABILIZADO Y UN PP DIVIDIDO
Rajoy respalda la estrategia del presidente valenciano frente al escándalo
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, optó ayer por enrocarse con un gobierno desestabilizado y un PP dividido frente a las denuncias de una supuesta financiación ilegal del partido en Valencia vinculada al caso Gürtel. El argumentario aprobado por Camps y transmitido a los cargos populares consistió en negar el contenido del informe policial y recurrir, de nuevo, a la teoría de la conspiración. La tesis la resumió el vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino: "La realidad es que se está creando un estado policial contra el PP dirigido por Rubalcaba".
Pese al escándalo, el líder nacional del PP, Mariano Rajoy, conversó ayer telefónicamente con el presidente valenciano y decidió respaldar la estrategia de Camps. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, rubricó la decisión de Rajoy al insistir en que la contabilidad de Valencia está "toda en regla".
Sin embargo, el desgaste por los escándalos del caso Gürtel empieza a hacer mella en el PP valenciano. Distintos cargos del partido se mostraron ayer sumamente inquietos con la pasividad de Camps y defendieron, en privado, la necesidad de tomar medidas "extraordinarias" tanto en el partido como en el Gobierno. Otros, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se desmarcaron de una posible financiación irregular y negaron cualquier relación con Orange Market y El Bigotes.
El presidente valenciano, que ha decidido hacer oídos sordos a estas demandas, tuvo que salir en defensa del secretario general del PP, Ricardo Costa, cuya dimisión le empiezan a reclamar en el seno del partido. "El secretario general ha estado muy acertado en todo lo que ha dicho", afirmó Camps, que decidió avalar en un acto vespertino en Sagunto la comparecencia de Costa para replicar a las acusaciones de supuesta financiación ilegal.
Camps teme que un relevo en la cúpula de la dirección regional del PP sea interpretado como un signo de debilidad que pueda ser aprovechado por los zaplanistas para desestabilizarlo. De hecho, el presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, el zaplanista José Joaquín Ripoll, manifestó ayer que si se demostrara la supuesta financiación irregular sería "un hecho muy grave y habría que tomar medidas".
Pero si las brechas empiezan a aflorar entre los populares valencianos, la debilidad del Gobierno valenciano -remodelado por Camps hace apenas tres semanas- parece evidente.
La consejera portavoz, Paula Sánchez de León, tuvo que salir en defensa de la "honorabilidad" del vicepresidente primero, Vicente Rambla, que aparece mencionado en las grabaciones de las conversaciones de El Bigotes con su jefe Pablo Crespo y con Ricardo Costa. En esas cintas, Álvaro Pérez se queja a Costa de que Rambla no le paga.
El vicepresidente primero, que eludió comparecer, emitió un comunicado para tachar de "falsas y ridículas" las conclusiones del informe policial que lo vinculan con la supuesta financiación irregular. Fuentes del PP reconocieron, además, el malestar de Rambla con Costa, que en sus conversaciones con El Bigotes llega a referirse a él como "hijo de puta".
En el PP se da por hecho que el escándalo ha tocado ya al presidente valenciano y a dos de sus tres vicepresidentes: el primero Vicente Rambla y el tercero, Juan Cotino. En este último caso, el informe policial relaciona el grupo empresarial Sedesa, que dirige su sobrino Vicente Cotino, con supuestos pagos para financiar al PP.
Éstos no son los únicos damnificados de las conversaciones grabadas al responsable de Orange Market. Álvaro Pérez alude también al ex director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, y al presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, persona muy vinculada a la consejera de Turismo, Belén Juste, que fue directora general de la institución ferial donde Orange Market realizó actos para el PP y prestó distintos servicios.
La implicación en el escándalo deja también tocado al grupo parlamentario en las Cortes Valencianas, ya que el vicesecretario de Organización del PP, David Serra, y la tesorera, Yolanda García, tienen acta de diputados igual que Costa, Rambla, Cotino y el propio Camps.
Cinco nombres clave
- Ricardo Costa. Secretario general del PP en la Comunidad Valenciana y portavoz del grupo parlamentario en las Cortes. Amigo de Álvaro Pérez, El Bigotes, que a través de Orange Market era el principal proveedor de eventos
del PP regional, a la vez que adjudicatario de contratos de la Generalitat.
- David Serra. Vicesecretario de Organización del PP regional y portavoz adjunto en las Cortes valencianas. Hombre de confianza de Costa en la gestión diaria del partido. Según la policía, participaba en la decisión de los conceptos por los que facturaba Orange Market, preparaba los cheques y fijaba el cómputo total.
- Yolanda García. Tesorera regional del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y diputada autonómica por Alicante. El informe policial sobre financiación ilegal indica que libraba los fondos a indicación de Costa con conocimiento de que las facturas que le cobraban al PP eran por conceptos ficticios.
- Vicente Rambla. Vicepresidente primero del Consell y consejero de Industria y Comercio. Hasta el pasado agosto presidía la empresa pública Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat. Desde esta empresa se adjudicó a Orange Market parte de los eventos de las regatas Volvo Ocean Race por 450.000 euros.
- Juan Cotino. Vicepresidente tercero y consejero de Agua. La empresa de su sobrino Vicente Cotino Escrivá, Servicios de Excavaciones, SA (Sedesa), supuestamente participó en la financiación ilegal del PP valenciano. Sedesa lo niega. Vicente Cotino Escrivá es amigo del ex director general de Ràdio Televisió Valenciana Pedro García, que también recibió ropa regalada por El Bigotes.
www.elpais.es 26.09.09
IMPORTANTES EMPRESAS VALENCIANAS, EN EL PUNTO DE MIRA
Cuatro de las principales empresas valencianas de la construcción son señaladas en el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía por haber financiado ilegalmente al PP con la cobertura de Orange Market, compañía de la trama corrupta del caso Gürtel. Se trata de las castellonenses Lubasa y Facsa, de la alicantina Ortiz e Hijos y de la valenciana Sedesa. A ellas se añade Piaf, una concesionaria de menor entidad. Facsa, Lubasa y Sedesa desmintieron ayer su relación con la trama.
El administrador de Servicios de Excavaciones, SA, (Sedesa) es Vicente Cotino Escrivà, sobrino de Juan Cotino, vicepresidente con Francisco Camps. Según cálculos de la oposición socialista, Sedesa ha facturado al Gobierno valenciano en 10 años más de 830 millones. Vicente Cotino llevó en su avión privado al ex director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, dimitido hace un mes, a una fiesta en Marraquech en diciembre de 2007 con unos amigos entre los que estaba Álvaro Pérez, jefe de Orange Market.
Sedesa y Ortiz comparten negocio en el ámbito de las residencias de ancianos, a través de Savia, firma que recibió 15,9 millones del Ejecutivo autonómico en 2007. Ortiz, por su parte, es el urbanizador del plan Rabassa, que prevé construir en Alicante 13.503 viviendas sobre 3,6 millones de metros cuadrados.
Condenado por fraude
Lubasa explota la mayoría de los aparcamientos subterráneos de Castellón. Además, participa en la construcción del futuro aeropuerto y del circuito de Fórmula 1. Su propietario, Luis Batalla, fue condenado por un fraude fiscal de 2,2 millones. La condena le inhabilita para contratar con la Administración, pero el grupo presenta otras empresas a los concursos.
Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), cuyo responsable es Enrique Gimeno, es concesionaria del suministro de agua potable de la mayoría de municipios de Castellón. Una de sus últimas actuaciones fue la construcción de la ciudad deportiva del Castellón C. F., a cambio de la recalificación de los terrenos.
Finalmente, Piaf es la concesionaria del servicio de mantenimiento de edificios de la Diputación y del Ayuntamiento de Castellón, contratos que le reportan más de un millón de euros anuales, aunque facturó al margen de estos contratos, entre 2008 y 2009, más de 10 millones al ayuntamiento y 1,3 millones a la diputación. Su responsable, Antonio Pons Dols, fue socio de Víctor Campos, imputado con Camps, Costa y Betoret por los regalos de la trama Gürtel.
www.elpais.es 26.09.09
HOMBRES DE CONFIANZA DE CAMPS DIRIGIERON Y AMPARARON LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP 
La cúpula del PP valenciano ha amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación política durante los últimos años, según el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía que investiga el caso Gürtel. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente autonómico, Francisco Camps, se niega a investigar estos hechos e incluso ha eliminado este informe policial del sumario sobre el supuesto cohecho impropio de cuatro altos cargos del PP. 
El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular de esta formación política, según la policía. Entre los cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras beneficiarias de contratos de la Generalitat valenciana, según la policía. 
La Sala de lo Penal ha sostenido en un auto que estos hechos no guardaban relación con la investigación abierta por cohecho impropio contra cuatro altos cargos del PP, entre ellos Costa y Camps, que recibieron cuantiosos regalos de la trama corrupta. El informe policial, de 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano y el pago de regalos. 
- Doble facturación. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA, bajo la denominación Barcelona [la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia, no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana". 
- Facturas de constructoras. "La investigación ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la Administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA). 
En los pagos en dinero b por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado". 
- Costa, canalizador de los pagos. "Además, el propio PP en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas. 
Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa, suponiendo actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política. La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo (número dos de la trama corrupta), confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordados entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono. Y Yolanda García, librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios". 
- Cobros en 'b' para pagar a cargos del PP. "Los fondos procedentes de los cobros en b derivados de los actos realizados para el PP valenciano pasan a engrosar la caja b de la empresa Orange Market de donde parte de ellos llegan a la caja b de la empresa matriz en la calle de Serrano [sede principal de la trama]. Este dinero se destina al pago de los gastos de funcionamiento de la propia organización y de las entregas de dinero que realizan a cargos del PP como Luis Bárcenas, Jesús Merino, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda...". 
(www.elpais.com, 25/09/09) 
MARIANO RAJOY: "LO DE VALENCIA ES UN CASO QUE ESTÁ TERMINADO" 
Si hay algo que obsesiona a Mariano Rajoy desde que estalló el caso Gürtel, hace casi ocho meses, es negar que haya ningún tipo de financiación ilegal del PP detrás de la trama que dirigía Francisco Correa. El líder de la oposición ha querido siempre vincular el caso a algunas personas que han podido enriquecerse a costa del partido. "Lo que está claro es que no hay financiación ilegal", repitió Rajoy una y otra vez para ahuyentar el fantasma del caso Naseiro, que a finales de los ochenta tuvo al PP en vilo hasta que el juez anuló todas las grabaciones que probaban la financiación. 
Esta vez también los jueces poco a poco fueron dándole la razón a Rajoy, ya que ninguno ha investigado hasta ahora la posible financiación ilegal del PP. En Génova están tranquilos con la posible financiación ilegal del PP valenciano, porque saben que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, dirigidos por Juan Luis de la Rúa, amigo declarado de Francisco Camps, no reabrirán el caso. 
Rajoy estaba tan tranquilo que ayer, en Onda Cero, fue claro: "En Valencia hay un auto diciendo que Camps y otros no deben ser juzgados, y otro auto, con una documentación que había enviado la policía, diciendo que ellos no iban a entrar en ese asunto. Es un caso terminado". 
(www.elpais.com, 25/09/09)

LA RED DE ‘GÜRTEL’ FINANCIÓ AL PP DE VALENCIA CON DINERO NEGRO  
El caso Gürtel entró ayer en una nueva fase al difundirse el contenido del informe de la Brigada Policial de Blanqueo que examina un juez de Madrid desde hace dos semanas. El documento, de 89 folios y cinco anexos, desvela que la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa financió irregularmente durante años al PP de Valencia a través de un sistema de doble contabilidad y facturas falsas, que le permitía canalizar pagos de empresas adjudicatarias del gobierno de Francisco Camps, según informó ayer la Cadena Ser. Los focos vuelven a proyectarse hacia el presidente valenciano, pocas semanas después de que se archivara el caso de los trajes regalados por la trama. 
El sistema de financiación funcionaba a través de la siguiente operativa: las empresas de Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes, organizaban numerosos actos para el PP, pero este solo les pagaba una pequeña parte. El resto era abonado a la trama por una red de empresas que recibían a cambio adjudicaciones de la Generalitat. El dinero aportado por ellas tenía como destinatario último el Partido Popular, pero se lo entregaban a las empresas de Gürtel.  
La doble contabilidad figura en los libros incautados al administrador de Correa. «De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market (la empresa de la trama en Valencia) por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación de Alicante (sería la caja A) y otra sin factura, y por tanto, sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación de Barcelona (caja B)», relata el informe que señala, además, al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, como «canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero». 
El documento policial cita numerosos indicios de que estos pagos en negro se sufragaban en ocasiones con «aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos) Antonio Pons Dolf, presidente de la constructora Piaf, Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando esas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justiciar el pago realizado».  
(www.elperiodico.com, 25/09/09) 
EL PP DE VALENCIA MONTÓ SU 'FILESA' 
Un informe de la Brigada Policial de Blanqueo derivado de la investigación del caso Gürtel presenta a la cúpula del PP valenciano como el caldo de cultivo de una Filesa popular. El documento -que el Tribunal Superior de Justicia valenciano rechazó investigar- revela que el PP se financió a través del dinero negro entregado a la filial valenciana de Francisco Correa, Orange Market, por empresas que, a cambio, conseguían contratos con la Generalitat. Además, los trabajos que Orange Market hacía para el PP también se abonaban mediante adjudicaciones públicas del Consell.  
La investigación apunta la existencia de una doble facturación de la sociedad al PP autonómico que era conocida por su secretario general, Ricardo Costa, y otros altos cargos. Asimismo, las pesquisas involucran a importantes empresarios que, según el informe oficial, obtuvieron contratos de la Administración valenciana a cambio de los «favores» realizados al PP, básicamente la financiación de actos políticos.  
La Policía sitúa a Costa como «canalizador» entre la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, y el PP autonómico, y sostiene que el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, el vicesecretario de Organización de los populares valencianos, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto.  
El informe revela que algunos miembros de la Generalitat Valenciana adjudicaban contratos públicos a Orange Market para compensar que el PP valenciano no hiciera frente a los pagos de los actos que le organizaba esta empresa. Según el informe, El Bigotes reclamaba esas adjudicaciones, a cambio de la deuda con el PP, tanto a Costa como a Rambla, con quien se llegó a reunir para solicitar contratos del Govern.  
El documento repara en que el PP satisfacía las deudas contraídas con Orange Market no sólo a través de contrataciones a dedo del Govern, sino también mediante aportaciones directas de varias empresas, a las que se compensaba, igualmente, mediante la licitación de contratos públicos.  
La Policía sostiene que Francisco Correa, cerebro de la trama, creó Orange Market en la Comunidad Valenciana para expandir el entramado de empresas que integran Gürtel y para aprovechar los contactos de El Bigotes con los políticos populares valencianos. La doble facturación consistía en una caja A, bautizada como Alicante -en la que se declaraba el IVA- y otra B, llamada Barcelona, que se nutría de las aportaciones de los empresarios, evidentemente sin factura. Entre los industriales que sufragaron la deuda del PP con Orange Market se encuentran, según la Policía, Enrique Gimeno Escrig, presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz Selfa, administrador único de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras SA; Antonio Pons Dols, presidente del grupo empresarial Piaf; Vicente Cotino Escrivà, del grupo empresarial inmobiliario Sedesa, y Luis Batalla Romero, de Lubasa.  
«Una factura de un acto realizado para el PP se transforma en otra emitida para empresas privadas como Ortiz e Hijos (...) o Facsa y cambios en la descripción del concepto de servicio prestado», refleja el informe. «Parte de los actos del PP de la Comunidad Valenciana son financiados por empresarios, siendo para éstos donaciones finalistas de dinero que no ingresan en la cuenta corriente del partido», añade. 
Costa: «Nos han cobrado todo»  
Valencia
Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, negó ayer que empresarios de la Comunidad Valenciana hayan pagado actos del partido y apuntó que estas empresas «trabajan con cualquier administración, sea cual sea su color político».  
Rebatía así una de las principales conclusiones del informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional sobre Orange Market, que revela la existencia de una doble contabilidad de los actos realizados para el PP valenciano, supuestamente sufragados en parte con aportaciones directas de empresarios mediante adjudicaciones de la Generalitat Valenciana a la empresa de Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.  
Costa tachó la contabilidad del partido de «impoluta». «Nos han cobrado todos los actos y bien cobrados», dijo. El dirigente del PP evitó pronunciarse sobre la doble facturación que llevaba 'El Bigotes' sobre los actos del PP valenciano. Además, indicó que lo mejor sería preguntárselo a Pérez, imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un presunto delito de cohecho.  
Costa calificó el informe policial de «tendencioso» y recalcó la legalidad de las cuentas del partido que, según recordó, «están auditadas por diferentes instituciones».  
YOLANDA GARCÍA
La tesorera que facturaba al dictado
La Policía sitúa a la diputada regional y tesorera del PP, Yolanda García, en el epicentro de la trama, toda vez que -según el informe- habría sido la encargada de confeccionar facturas a medida, a partir de las indicaciones que le daban Ricardo Costa y David Serra. La modificación de conceptos, ampliación de importes y base imponible, y el cambio de los sujetos emisores eran prácticas habituales en la formalización de las relaciones contractuales entre el PP y la empresa Orange Market por la organización de eventos.  
DAVID SERRA
El cocinero de los recibos de 'El Bigotes'
La Policía acusa en su informe al vicesecretario de Organización del PP -hombre de la máxima confianza de Costa- de participar en la modificación de las facturas que el PP libraba a Orange Market «eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global del abono». Según se desprende del informe, Serra y Costa hacían de nexo entre la organización Gürtel y el Consell. Al menos así lo consideraba El Bigotes, que se dirigía a ambos para quejarse de que Rambla «no le ayudaba».  
RICARDO COSTA
El ingeniero de los pagos 'en negro'  
El secretario general del PP, Ricardo Costa, era la conexión de El Bigotes en el partido y con quien éste despachaba a diario. El informe refleja algunas de estas conversaciones y da fe de la confianza y la complicidad entre ellos. Según el resumen efectuado por la Policía, «actúa favoreciendo que el partido liquide sus deudas con Orange Market y pide expresamente a Álvaro Pérez que no se lo comente ni a Vicente Rambla ni al presidente». El número dos del PP ha sido absuelto de un delito de cohecho impropio por el TSJCV. 
(www.elmundo.es, 25/09/09)
COSTA A EL BIGOTES: "TE DOY LO QUE TE FALTA PERO QUE EL PRESIDENTE NO LO SEPA" 
Orange Market atraviesa dificultades económicas y tiene deudas que cobrar al PP valenciano. En ese contexto se producen las conversaciones que se transcriben a continuación. 
Álvaro Pérez. Salgo ahora del despacho de Vicente [Rambla, vicepresidente del Gobierno valenciano] y he pasado por el laboratorio para contarle a la dama cómo me había ido. 
[La dama, según la investigación policial, sería la mujer de Francisco Camps, y el laboratorio, la farmacia que regenta] 
Pablo Crespo. ¿Y qué tal te ha ido? 
Pérez. Le dije que yo tendría que morirme diez veces y volver a nacer para comerle la polla a un amigo, para pedirle curro. Porque creo que a los amigos no hay que pedirles nada, los amigos lo dan. Entonces, le dije, lo único que te pido es que ejecutes. Como puedes, pues que ejecutes. Nada más, te lo pido por favor, que ejecutes tío y me dejes estar. Que lo controles y que digas, tanto al año para que me dejes estar. 
Crespo. ¿Y él qué dice? 
Pérez. ¿Que qué dice? Qué quieres que te lo jure por mis hijos que lo voy a hacer. Le dije que quería que se preocupase por Ricardo [Costa, secretario general del PP] para que me pueda pagar todo lo que me debe. Me ha dicho que va a hablar hoy con él, eso ya está pactado con Ric [Ricardo Costa]. Y acabo de llamar a Ric y se ríe y me dice "a ver qué me cuenta hoy el hijo de puta, ya verás como me echara el muerto a mí". Le he dicho que me voy con Peter [supuestamente Pedro García, director de la televisión autonómica, a un viaje para negociar la organización de los Grammy en Valencia]. Me ha dicho que el presidente está muy ilusionado con esto. 
Crespo. Pero se lo has contado a Vicente, ¿no? 
Pérez. Sí, él lo sabe porque el presidente le hizo un comentario. Me ha dicho que él quería hacer lo mismo con la Volvo. Me ha dicho que en cuánto está. Le he dicho que por los 16 o 18 millones de euros. Me ha dicho que es una joya, que igualito que la Fórmula 1 de los cojones, que eso va a ser su cementerio y su lacra. Me ha dicho que la Volvo le salió gratis porque buscó una empresa de Barcelona que se dedica a buscar patrocinadores. Que le salió muy bien y que él quiere hacer con esto lo mismo, que hablaría con el presidente. 
Correa y Álvaro Pérez. 5 de noviembre de 2008. 
Pérez. Mañana tengo un desayuno con Rambla. Le voy a preparar la carta que ha dicho el presidente para dársela al presidente de la Academia. 
Correa. ¿Vienen Catalá y Pedrito? 
Pérez. Sí señor. 
Correa. Pedrito [García, director general de Canal Nou] se paga el billete por Canal Nou. 
Pérez. No puede. Catalá lo va a hacer de otra manera. Lo hace él pero por fuera de la feria. El presidente sabe que vamos, pero no lo sabe nadie más. 
8 de noviembre. Correa y Álvaro Pérez.  
Correa. ¿Has hecho ya la carta? 
Pérez. Sí, firmada por Vicente Rambla, que es el vicepresidente del Gobierno valenciano y quien dirige los grandes eventos. 
18 de diciembre de 2008. Álvaro Pérez y Pablo Crespo. 
Pérez. Quiero que hables con Ricardo. 
Crespo. Hay poco que hablar, las cosas son como son. 
Pérez. No quiero que tenga un problema por querer ayudarme. Le dije a Yolanda [tesorera del PP] y a David Serra [vicesecretario general del PP] que Rambla no me ayuda y esto hay que solucionarlo. 
Pablo. La solución es no meterlo todo en este ejercicio, hay que inventarse cosas. 
Conversación entre Álvaro Pérez y Ricardo Costa. 
Ricardo Costa. Entre mañana y el viernes te doy lo que te falta, que te debemos. Pero necesito que el presidente no lo sepa. Y que le digas que éste [en relación a Vicente Rambla] es un hijo de puta. 
Pérez. Me ha llamado hoy para ver si puedo hablar y desayunar con él. Y me ha dicho, ¿tú hablas con Ricardo no? Pues tú tranquilo que estoy intentando solucionarlo todo. 
Costa. Sí coño. ¿Pero esto cuánto tiempo lleva solucionándolo? 
Pérez. Es un jeta. 
Costa. Doy instrucciones hoy mismo de dónde tiene que estar el dinero. Aunque me quede sin pagar el alquiler tres meses. 
Pérez. Tampoco es eso, no vayas a hacer ninguna tontería por mí. Lo que me parece impresentable es que manden a empresas que no saben hacer nada a hacer cosas en el tenis. Es abominable que el marido de Nuria Romeral esté trabajando en todas las consejerías. Pero no te preocupes que he quedado mañana a comer con Isabel [la mujer de Camps]. 
(www.elpais.com, 25/09/09) 
EN SUS PROPIAS PALABRAS 
- Álvaro Pérez, a Pablo Crespo: "Entonces le dije [a Vicente Rambla], lo único que te pido es que ejecutes. Nada más. Que lo controles y que digas, tanto al año para que me dejes estar".-
Ricardo Costa a Pérez: "Entre mañana y el viernes te doy lo que te falta, que te debemos. Pero necesito que el presidente no lo sepa. Y que le digas que éste [Rambla] es un hijo de puta" (...) "Yo doy instrucciones hoy mismo de dónde tiene que estar el dinero. Aunque me quede sin pagar el alquiler tres meses". 
Pérez: "No te preocupes que he quedado mañana a comer con Isabel [la esposa de Camps]". 
(www.elpais.com, 25/09/09) 
COSTA Y RAMBLA DIRIGÍAN LA ´CAJA B´ DEL PP 
La dirección del PP valenciano organizó una financiación ilegal del partido a través de la empresa Orange Market, según un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía que hoy publican los diarios "El País" y "El Mundo". Este informe fue rechazado en su día por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que archivó la causa contra el presidente de esta comunidad, Francisco Camps, por un supuesto delito de "cohecho impropio" en el caso Gürtel.
La investigación policial, resumida en 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano.Según la Policía, el vicepresidente valenciano, Vicente Rambla, el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa, el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular.
Estos cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido múltiples contratos de la Generalitat.
El informe policial revela la existencia de una facturación doble de Orange Market al PP valenciano, que era conocida por su secretario general, Ricardo Costa, y por toda la cúpula del partido. 
Así, la contabilidad de Orange Market -la empresa de Álvaro Pérez, 'El Bigotes'-, ha puesto de manifiesto que había dos contabilidades para facturar al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra "en negro". 
La denominada "caja A" aparece denominada como "Alicante" y la "B" como 'Barcelona'.
"En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana", dice textualmente el informe que publica "El Mundo".
En los pagos "en dinero B" por actos del PP, la Policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".  
(www.levante-emv.com, 25/09/09) 
EL JUEZ AMIGO DE CAMPS DESPRECIÓ EL INFORME 
El Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) decidió ignorar el informe de la Policía que destapa datos abrumadores sobre la financiación ilegal del PP valenciano. Juan Luis de la Rúa, presidente del tribunal, le hizo un favor impagable a su amigo Francisco Camps al meter en el cajón ese informe, que había llegado a la sede del TSJCV el 31 de julio. Tres días más tarde, el 3 de agosto, el tribunal daba carpetazo a la investigación sin tener en cuenta las revelaciones policiales. El informe quedó en tierra de nadie y Camps recibió eufórico su exculpación. 
En su auto de archivo, el tribunal ni siquiera mencionó la existencia de las prolijas investigaciones realizadas por la Unidad de Delitos Económicos de la Policía y que confirman lo que ya anticipó Baltasar Garzón en su auto del 5 de marzo: que la trama Gürtel había financiado al PP valenciano. Dicho de otro modo, el informe venía a destrozar la tesis impuesta por De la Rúa al juez instructor del caso, José Flors, desde el primer momento: que las indagaciones judiciales debían limitarse estrictamente a averiguar si Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret habían recibido regalos en forma de trajes. Y si eso era delito.  
De manera sorprendente, el tribunal no sólo se negó a examinar los contratos que por casi ocho millones de euros había adjudicado la Generalitat valenciana a la minúscula empresa Orange Market, franquicia regional de la trama Gürtel, sino que concluyó que los trajes habían sido un regalo ajeno a la condición de cargos públicos que ostentaban Camps y el trío Costa-Campos-Betoret. 
De ese resultado hubo un presagio el 21 de julio. Fue entonces, 13 días antes del cerrojazo al caso, cuando el TSJCV emitió auto en el que rechazaba la enésima petición del PSOE para investigar más allá de los trajes. En ese auto, cuyo ponente fue el también juez conservador Juan Montero, el tribunal lanzó gravísimas acusaciones. No contra Camps y los otros dirigentes conservadores imputados sino contra los socialistas, a los que acusó de impulsar una "batida de montería" contra el PP.  
En esos términos se pronunciaba la resolución, que incluía el siguiente párrafo: "Lo pretendido por la acusación popular es realizar una especie de batida de montería o, en términos menos cinegéticos y más jurídicos, hacer una pesquisa general". 
El dictamen abundaba en la voluntad férrea del tribunal para cortar la investigación: "No se trata ahora, pues, de salir a la búsqueda de lo desconocido en hechos y en personas". Lo desconocido era en realidad bastante previsible, dado que, amén del citado auto de Garzón, ya era de dominio público que la Generalitat se negaba como gato panza arriba a desvelar la génesis de los contratos públicos otorgados a Orange Market. 
Pero De la Rúa, de cuya amistad, esa para la que el diccionario no tenía palabras, se jactaba en público Camps, no había agotado aún el cupo de favores. El 10 de septiembre, el tribunal valenciano revela por fin la existencia del informe policial. Subraya que ha llegado a sus manos sin que nadie lo hubiera pedido y admite paladinamente que su contenido no se tuvo en cuenta. Pero decide mantenerlo junto al resto de documentación de la causa.  
Esta semana, el tribunal se ha retractado: el informe quedaba excluido del sumario. El último favor estaba servido, aunque el Tribunal Supremo ya tiene su propia copia. Qué pasará si el Alto Tribunal hace caso a su contenido es hoy la gran incógnita.  
(www.publico.es, 25/09/09)
EL VICEPRESIDENTE DE CAMPS Y LA CÚPULA DEL PP VALENCIANO DIRIGÍAN LA FINANCIACIÓN ILEGAL
Rambla y Costa negociaban con 'El Bigotes' los pagos por servicios al PP
La cúpula del PP valenciano ha amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación política durante los últimos años, según el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el caso Gürtel. La sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente autonómico Francisco Camps, se niega a investigar estos hechos e incluso ha eliminado este informe policial del sumario sobre el supuesto cohecho impropio de cuatro altos cargos del PP.
El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular de esta formación política. Entre los cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido múltiples contratos de la Generalitat Valenciana.
La Sala de lo Penal ha sostenido en un auto que estos hechos no guardaban relación con la investigación abierta por cohecho impropio contra cuatro altos cargos del PP, entre ellos Costa, que recibieron cuantiosos regalos de la trama corrupta.
La investigación policial, resumida en 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano.
Doble facturación. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación Barcelona [la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana.
Pago de constructoras. La investigación ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA).
En los pagos en dinero B por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".
Costa, canalizador de los pagos. "Además el propio PP en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas. Esta forma de actuación da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política.
Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa, Special Events y Orange Market, tiene una persistencia en el tiempo suponiendo actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política como se deriva del conjunto de elementos aportados.
La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo (número dosde la trama corrupta), confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordado entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono. Y Yolanda García librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios.
www.elpais.es 24.09.09
LA RED DE CORREA Y EL BIGOTES FINANCIÓ AL PP DE VALENCIA CON DINERO NEGRO A TRAVÉS DE UNA DOBLE CONTABILIDAD

Lo hizo mediante facturas falsas emitidas desde el Partido Popular valenciano
La red de Francisco Correa y Álvaro Pérez 'el Bigotes' financió al PP de Valencia durante años con una doble contabilidad, una parte en dinero negro, y una trama de facturas falsas hechas en el propio PP valenciano. Así se recoge en un detallado y amplio informe policial que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia se negó investigar y al que ha tenido acceso esta redacción. Los contactos de la red Gürtel en el PP eran el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, el secretario general Ricardo Costa, el vicesecretario y la tesorera del partido
Según esa investigación policial, de los actos que el Partido Popular valenciano encargaba a la trama de Correa el PP sólo pagaba una pequeña parte. El resto era abonado por una red de empresas afines al gobierno de Francisco Camps que recibían, en contraprestación, contratos públicos de esa administración.
Por lo tanto el dinero aportado por estos empresarios tenía como destinatario al Partido Popular pero nunca llegó a entrar en ninguna cuenta corriente del partido liderado por Rajoy.
En los libros de contabilidad incautados al administrador de Correa figuran dos contabilidades: una Caja A, bajo el nombre Alicante y otra caja B, bajo la denominación Barcelona. En esta segunda caja, Correa apuntaba todas las cantidades cobradas y aquellas que se le adeudaban por los trabajos realizados para el PP de Valencia.
El uso de este doble sistema de facturación y financiación irregular del Partido Popular en Valencia tiene una persistencia en el tiempo lo que, según la investigación, denota que se trata de una actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización de Correa con la formación liderada por Camps en Valencia.
La cúpula de Camps, señalada
La investigación a la que ha tenido acceso la Cadena SER señala a Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, como el canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero.
La policía señala también a Vicente Rambla, vicepresidente del gobierno de Valencia. Su nombre sale a colación en una conversación intervenida por la policía en la que Álvaro Pérez el bigotes le cuenta a Pablo Crespo cómo le ha pedido a 'Vicente' que le asegure un porcentaje de las adjudicaciones que realice, que le permita presentarse y que controle la ejecución.
La trama liderada por Correa negociaba los pagos no con la red de empresas que abonan las facturas sino con los responsables políticos valencianos. Según la policía, en el PP valenciano se confeccionaron facturas 'ad hoc' con conceptos acordados entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez, 'el bigotes'. El vicesecretario general del PPCV, "David Serra, participaba eliminando determinados conceptos, preparando talones y fijando con 'el bigotes' las cifras totales de abono".
La tesorera del partido popular de Valencia, Yolanda García, era quien libraba los fondos por indicación de Ricardo Costa "con conocimiento de estar emitiendo facturas por conceptos ficticios".
Las cinco empresas que presuntamente financiaban al PP
Son cinco de las principales empresas constructoras que trabajan en la Comunidad Valenciana. El Grupo Ortiz -que preside Enrique Ortiz y con sede en Alicante-, Facsa, Lubasa, Piaf y Sedesa.
Su papel en la trama Gürtel es fundamental, según la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía. La investigación sostiene que el dinero de la caja B de Orange Market procedía de estas empresas y servía para sufragar una parte de los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Los pagos de estas empresas se camuflaban con facturas falsas que emitía Orange Market.
Facturas falsas en las que se manipulaba la base imponible e incluso el cliente. Por ejemplo, según la UDEF una factura original que tiene al PP de Valencia como cliente se convierte en una manipulada con el Grupo Ortiz como cliente.
La Cadena SER se ha puesto en contacto con estas cinco empresas. Sólo Lubasa ha contestado a esta redacción negando que haya participado en ninguna trama de facturas falsas.
www.cadenaser.com 24.09.09
EL INFORME POLICIAL DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP SEÑALA A VARIOS ALTOS CARGOS  
El alcance de la rama valenciana de la trama de empresas Gürtel no se agota, según la Brigada de Blanqueo de capitales de la policía judicial, en el fondo de armario del presidente Francisco Camps, del secretario general del PP, Ricardo Costa, del ex vicepresidente Víctor Campos y de Rafael Betoret, quien fue jefe de gabinete de la ex consellera de Turismo, Milagrosa Martínez. Un informe de casi 90 páginas, elaborado a partir de varias grabaciones e investigación de facturas y contabilidad de Orange Market y otras empresas de la trama presuntamente corrupta sostiene que el PP valenciano fue financiado irregularmente por varias constructoras a través de supuestos encargos que, según la policía, hacían a Orange Market y que les eran facturados por la franquicia valenciana de la red Correa. La firma de Álvaro Pérez fue desde que nació, al tiempo que Francisco Camps llegaba al Palau en julio de 2003, la contratista de cabecera del PP y de la Generalitat. No en balde, el 73% de sus ingresos le llegaron del partido y el Consell. En total, más de 8 millones de euros. 
El documento, que lleva por título "Informe sobre Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de actos del PP" y a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, recoge media docena de transcripciones de grabaciones realizadas por la policía al propio Francisco Correa o al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, entre otros. En esos pasajes señalan a varios altos cargos del PP y la Generalitat, entre ellos el vicepresidente tercero y conseller de Industria, Vicente Rambla, o al propio secretario general del partido, Ricardo Costa. El vicesecretario de organización, David Serra, también aparece en el informe, al igual que el ex director general de RTVV, Pedro García. Este último cesó en su puesto el pasado 28 de agosto. Fue una destitución que se presentó como dimisión. Su marcha precipitada tiene que ver, segsegún algunas fuentes, con su relación con el escándalo Gürtel. 
Para el jefe de la trama, Francisco Correa, era de suma importancia que Pedro García estuviera en la dirección general de RTVV. Precisamente García sustituyó a Correa como padrino de una hija de Álvaro Pérez el pasado 7 de febrero, un día después de que el juez Baltasar Garzón desencadenó la operación de registro de empresas y detenciones de implicados, entre otras la de Correa. 
La elección del sustituto en el bautizo no fue casual. La amistad de Pedro García con Álvaro Pérez viene de lejos. El empresario organizador de Fitur y de otros eventos de la Generalitat y del PP -a este partido le facturó Orange Market prácticamente 1,8 millones de euros entre 2003 y 2007 por actos y campañas electorales- fue uno de los participantes en la fiesta sorpresa que un selecto grupo de contratistas y amigos le ofreció a Pedro García en Marrakech en diciembre de 2007 con motivo del 40 cumpleaños del ex director general de la televisión autonómica. Quien hizo de gancho de aquella sorpresa fue Vicente Cotino, que llevó a García en su jet privado. Este empresario es sobrino del vicepresidente tercero del Consell Juan Cotino y copropietario del Grupo Sedesa, una de las contratistas de la Generalitat que aparecen en el citado informe como presuntas financiadoras del PP. Junto a Sedesa, figuran otras constructoras como Lubasa, la alicantina Enrique Ortiz e Hijos o Facsa, la empresa de Enrique Gimeno.
El informe, que abarca un período comprendido entre 2007 y julio de 2009, aborda la contabilidad de la trama, tanto la oficial como la caja B, y recoge supuestos pagos efectuados al PP valenciano.  
Una información que ya aparecía en el primer auto de Garzón y que fue encontrado en las famosas hojas de excel del piso de la calle Serrano y la memoria USB cuyo depositario era el contable de la trama, José Luis Izquierdo. 
(www.levante-emv.com, 23/09/09)
AVIÓN PRIVADO Y FIESTA SORPRESA EN MARRAKECH PARA EL EX DIRECTOR DE CANAL 9, ÍNTIMO DE EL BIGOTES 
Era sabido que Pedro García, dimitido director del ente público Radiotelevisión Valenciana (RTVV), tenía amistades muy selectas, pero poco a poco se van desgranando los detalles de las mismas. En diciembre de 2007, un grupo de prestigiosos empresarios agasajó a García con una fiesta de cumpleaños sorpresa en Marrakech. Entre los participantes se encontraban el presunto cerebro valenciano de la trama Gürtel, Álvaro Pérez El Bigotes, y el empresario Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero, Juan Cotino, que sirvió de gancho y llevó al ex alto cargo al otro lado del Estrecho en su jet privado. Vicente Cotino es copropietario de Sedesa, una de las constructoras a las que la Brigada de Blanqueo acusó de financiar irregularmente –a través de terminales Gürtel- al PP Valenciano.  
Los detalles del informe de la Brigada de Blanqueo sobre la presunta financiación ilegal del PP Valenciano a través de la trama Gürtel siguen saliendo a la luz. Si ayer se desveló que media decena de constructoras subvencionaron actos electorales de este partido con la mediación de la presunta terminal corrupta Orange Market, hoy han empezado a filtrarse los nombres citados en el escrito que encalló en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
Altos cargos de la Generalitat 
La Brigada de Blanqueo transcribe grabaciones en las que la red señala a altos cargos de la Generalitat y del PP regional como el vicepresidente tercero y consejero de Industria, Vicente Rambla, el secretario general del partido, Ricardo Costa, y el vicesecretario de organización, David Serra. También sale a colación el nombre de Pedro García, obligado a dimitir el pasado 28 de agosto. Tal como cuenta el diario regional Levante, García era un hombre clave para la red corrupta, que consideraba vital su presencia frente a RTVV.
El bautizo 
La amistad entre el ex director del ente público y el “amiguito del alma” de Francisco Camps, El Bigotes, ya quedó probada el pasado 7 de febrero, cuando el primero apadrinó a una hija del segundo en una ceremonia medio desierta por el estallido del caso Gürtel, que había salido a la luz precisamente un día antes. García sustituyó como padrino al supuesto patriarca de la Gürtel, Francisco Correa, pero su amistad con El Bigotes no sólo se constata en este punto.
La fiesta en Marrakech 
Un año antes de que el sumario del juez Garzón viera la luz, en diciembre de 2007, El Bigotes participaba en la fiesta sorpresa que varios empresarios prepararon a García en Marrakech. El gancho de la misma fue el sobrino del vicepresidente tercero, Vicente Cotino, quien es copropietario de Sedesa, empresa a la que la Brigada de Blanqueo acusa de financiar al PP vía Gürtel. Ayer el vicepresidente y también consejero de Medio Ambiente se defendía de estas acusaciones asegurando que respondían a la “persecución permanente que hay contra el PP y que, en este caso, pretende vincularme a mí”.  
Regalos Gürtel 
Y aunque, en principio, la participación de Álvaro Pérez en este evento fue más pasiva, a estas alturas nadie duda de que la organización de fiestas era, junto a los regalos de lujo, parte fundamental del sistema operativo de una trama que ganaba amigos a base de cortejos. Trajes para Camps, bolsos de Louis Vouitton para Rita Barberá, comuniones y jaguars para Jesús Sepúlveda, viajes a Sudáfrica para Luis Bárcenas, bodas y luna de miel para Martín Vasco o palcos VIP para Alejandro Agag y Ana Aznar… Cualquier detalle es poco. 
(www.elplural.com, 23/09/09)
EL TRIBUNAL VALENCIANO SACA DEL SUMARIO LA POSIBLE FINANCIACIÓN DEL PP AL PEDIRLO CAMPS 
Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, ha vuelto a conseguir el favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien considera más que un amigo. La Sala Civil y Penal ha eliminado de las diligencias, a petición de Camps, el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía en el que consta la supuesta participación de empresas como Sedesa, de la familia del vicepresidente Juan Cotino, y Lubasa, en la presunta financiación irregular del PP valenciano. 
El informe, de 89 folios y cinco anexos lo han eliminado de las diligencias los mismos tres magistrados que hace unos días lo incorporaron a la causa, los mismos que también archivaron el 3 de agosto la parte del caso Gürtel que se instruyó en Valencia: Juan Luis de la Rúa, Francisco Ceres y Juan Montero. Los argumentos son puramente formales, sin entrar a analizar el fondo de la información, que forma parte de las averiguaciones del caso Gürtel y que se basa en la actividad de distintas empresas que habrían financiado irregularmente al PP valenciano. 
El informe recoge que el PP valenciano supuestamente financió algunos de sus actos con dinero procedente de media docena de constructoras, que pagaban a una intermediaria, Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre en Valencia del supuesto cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa. 
Este nuevo carpetazo se sustenta en que el informe policial, que llegó el pasado día 31 de julio (en plena deliberación sobre el archivo de la causa contra Camps), fue remitido "sin que existiera petición al respecto ni por parte de la Sala ni por el magistrado instructor". El tribunal superior agrega que no es ni un atestado ni una denuncia (y, por ello, no les obliga a considerarlo), que se excede del objeto por el que se aceptó la competencia de los hechos investigados (posible cohecho de los cuatro imputados) y que la causa está archivada. 
El tribunal que preside De la Rúa no sólo no atiende una posible financiación ilegal sino que estima una súplica de Camps que pedía que se retirase de las diligencias el informe policial. La Sala acuerda que el informe policial con los indicios de financiación irregular del PP valenciano no forme parte de las actuaciones y se devuelva al órgano que lo envió. Y dice más: considera que la fiscalía tuvo oportunidad de presentar un recurso y no lo hizo. 
"Tenemos caso Gürtel para rato", dijo Ángel Luna, portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas. Este partido seguirá adelante con el recurso contra el archivo de la causa e iniciará acciones legales para esclarecer si hubo financiación irregular. La portavoz de Compromís pel País Valencià, Mònica Oltra, agregó que el informe completa el rompecabezas. "Es la historia completa que todo el mundo ve menos el señor [Juan Luis] De la Rúa". 
Camps negó que exista "ningún problema" con la financiación del PP cuya economía está auditara por el Tribunal de Cuentas. Su vicepresidente tercero, Juan Cotino, dijo que los vínculos de la empresa de su familia con la del Bigotes son "comerciales". 
Según fuentes fiscales, la negativa del Tribunal de Valencia a admitir el informe de la Brigada de Blanqueo no significa que éste no pueda ser investigado por el juez de Madrid Antonio Pedreira que también lo tiene en su poder. Si aparecen racionales de delito, no podrán incorporarse a las diligencias archivadas por los trajes de Camps, pero si podría abrirse otro procedimiento distinto. 
(www.elpais.com, 23/09/09)
EL TRIBUNAL VALENCIANO DEVUELVE A LA POLICÍA EL INFORME SOBRE FINANCIACIÓN DEL PP POR LA TRAMA 'GÜRTEL'
Camps asegura que las cuentas del partido "están auditadas" y no tienen "ningún problema"
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ordenado devolver un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre Orange Market y la financiación de los actos del PP en esta Comunidad que, según estima, no guarda "relación alguna" con la vertiente valenciana del caso Gürtel. Con esta decisión, el tribunal acepta acepta el recurso del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa y el ex presidente del Gobierno valenciano Víctor Campos contra otro auto del 10 de septiembre de esta misma Sala que ya rechazaba el informe aunque se incluyó en las actuaciones.
De acuerdo con la información publicada por EL PAÍS, el tribunal valenciano recibió el informe el 31 de julio, pero ocultó su existencia y se negó a investigarlo. La documentación llegó a la Sala dos días antes de que decidiera archivar la causa contra Camps por delito de cohecho.
En un auto hecho público hoy, el tribunal confirma su anterior decisión y precisa que el "Informe sobre Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana" debe ser devuelto a la policía. "No todo lo que llega a unas actuaciones debe quedar necesariamente incluido físicamente en las mismas", ya que el sumario o las diligencias previas "se integran sólo por aquellas actuaciones que pudieran servir para hacer constar la perpetración de un delito".
Camps niega irregularidades
Camps ha rechazado hoy que exista "ningún problema" con la financiación del PP de la Comunitad Valenciana, partido que también preside, y ha recordado que las cuentas de esta formación están "auditadas" por el Tribunal de Cuentas, en respuesta a la información que revela hoy EL PAÍS de que seis constructoras financiaron al partido a través de la trama Gürtel.
En concreto, la empresa Sedesa, presidida por el hermano del vicepresidente Juan Cotino según el periódico, y otras constructoras pagaron actos del PP a través de Orange Market, la empresa de Alvaro Pérez, El Bigotes, por servicios supuestamente no prestados.
El propio Cotino ha salido al paso de las acusaciones y ha manifestado hoy que desconoce si Sedesa tiene vínculos con Orange Market pero interpreta que, en caso de haberlos, se trata de "una relación comercial". Según Cotino, en Sedesa hay familiares suyos, pero lo publicado hoy obedece a la "persecución permanente que hay contra el PP y que, en este caso, pretende vincularme a mí", pero ha añadido que la justicia "ya ha dicho que las cosas no son así". Además, según ha explicado, ni él tienen ningún cargo de responsabilidad en Sedesa, ni su hermano preside la empresa, por lo que ha calificado de "falsas" las informaciones publicadas.
Para el vicepresidente tercero, esas informaciones obedecen a un "montaje" que comenzó con "el señor Garzón", consistente en ofrecer "datos que van dosificándose" y que pretende desviar la atención de la moción de censura, "organizada por Leire Pajín", que tiene lugar hoy en el Ayuntamiento de Benidorm y que ha arrebatado la alcaldía al PP.
www.elpais.es 23.09.09
SEIS CONSTRUCTORAS FINANCIARON AL PP DE VALENCIA A TRAVÉS DE LA 'TRAMA GÜRTEL' 
El PP valenciano, dirigido por Francisco Camps, presidente autonómico, y Ricardo Costa, secretario general del partido en esta comunidad desde 2007, financió una parte de sus actos políticos con dinero de constructoras, según un informe policial. Estas compañías pagaban a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, por servicios supuestamente no prestados, según la investigación. A su vez, Orange Market se encargaba de todos los actos del PP, algunos de ellos financiados con dinero procedente de constructoras. Entre las empresas que figuran dentro de esta trama están Lubasa, una de las principales adjudicatarias de obra pública en la Comunidad Valenciana, y Sedesa, empresa vinculada a Juan Cotino, consejero del Gobierno Camps. Orange Market, la intermediaria de estas prácticas, recibió de la Administración valenciana al menos 45 contratos, la mayoría a dedo, por casi ocho millones de euros. 
La documentación que acredita estos hechos fue incautada a Orange Market, según fuentes próximas al Tribunal Superior de Justicia de Valencia conocedoras del informe elaborado por la Brigada Policial de Blanqueo. 
Lubasa es la primera constructora de Castellón. Especializada originalmente en obras públicas, ha diversificado sus actividades en el sector inmobiliario. Un portavoz de Lubasa aseguró ayer que habían contratado con Orange Market "alguna cosa de merchandising", y aclaró: "Evidentemente, no hemos financiado ningún acto del PP, ni del PSOE ni de ningún otro partido". 
Sedesa, otra de las empresas que dio dinero a Orange Market, fue fundada por el padre de Juan Cotino, ex director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar y actual consejero de Agua, Territorio, Medio Ambiente y Vivienda del Gobierno que preside Francisco Camps. Sedesa, presidida por un hermano de Cotino, es hoy una inmobiliaria con intereses en tratamiento de residuos, limpieza, inmobiliaria o depuración de aguas. Este periódico intentó, sin éxito, recabar la versión de Sedesa sobre la financiación del PP. 
El informe policial que acredita estas prácticas tiene 89 folios y cinco anexos. Llegó el pasado 31 de julio al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero los magistrados de la Sala de lo Penal, que preside Juan Luis De la Rúa, amigo declarado del presidente Camps, decidieron no investigar estos hechos con la excusa de que no guardaban relación con la causa abierta a cuatro dirigentes del PP por cohecho impropio (haber recibido múltiples regalos de la trama corrupta). 
En el auto que los magistrados firmaron el pasado 10 de septiembre, se quejaban de la forma en que recibieron el informe policial y contestaban: "El 31 de julio de 2009, y sin que existiera petición al respecto, ni por parte de esta sala ni por el Magistrado Instructor, tuvo entrada en la Sala un denominado Informe sobre Orange Market. Sistema de financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, remitido por el comisario Jefe de la Brigada de Blanqueo". 
Los magistrados lo leyeron y, aunque no explican su contenido en el auto, simplemente señalan que "es la continuación de toda una serie de informes anteriores remitidos a las autoridades que la Comisaría estimaba competentes". Tras su reflexión, los magistrados recuerdan que las diligencias que ordenaron incoar contra los aforados "están archivadas (cerradas) por el auto de sobreseimiento, refiriéndose el contenido de dicho informe a un objeto diferente". 
Es decir, la Sala de lo Penal presidida por De la Rúa considera un "objeto diferente" la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, cuyos principales dirigentes gobiernan en la Comunidad que adjudica a dedo múltiples contratos a Orange Market, la empresa que les regala trajes por más de 30.000 euros y que monta todos los actos del partido. 
(www.elpais.com, 22/09/09)
EL TSJ DE VALENCIA RECHAZA INVESTIGAR PRUEBAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP 
El PP valenciano se financió ilegalmente gracias a una trama de empresas que giraban en torno a la red corrupta que dirigía Francisco Correa, según los indicios recabados por los investigadores del caso Gürtel que se han incorporado en un informe policial, oculto bajo el secreto de sumario, elaborado por la Brigada de Blanqueo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que tiene ese informe desde el pasado 31 de julio, ha ocultado su existencia y se niega a investigarlo. 
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior valenciano recibió las nuevas evidencias de graves delitos dos días antes de que resolviera enmendar la plana al instructor y archivar la causa contra el presidente de la comunidad autónoma, Francisco Camps, y otros tres dirigentes del PP valenciano por supuesto cohecho. 
El informe, de 89 folios y cinco anexos, lleva por título Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado de Francisco Camps, decidió despreciar el contenido de ese informe y no investigar si podía aportar nuevas pruebas contra los altos cargos del PP. En la nota pública que el tribunal valenciano redactó para dar cuenta de la resolución en la que rechazaba investigar la financiación ilegal del PP, ocultó la existencia de este informe elaborado por la Brigada de Blanqueo. 
La resolución judicial rechaza investigar los nuevos indicios aduciendo que se referían a "un objeto diferente" al del cohecho que analizaban. 
Hace cinco meses, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana recibió la causa de manos del juez Baltasar Garzón, que apuntaba no sólo indicios de cohecho sino también de tráfico de influencias e incluso de financiación irregular del PP, la sala que preside De la Rúa admitió el caso, pero sólo en lo referido al supuesto delito de cohecho. Lo investigó José Flors, el magistrado al que le tocó instruir la causa. 
Pese a los nuevos documentos de la investigación policial aportados el 31 de julio pasado, la sala mantuvo su criterio inicial, sin considerar la posibilidad de que los regalos a cargos públicos y los numerosos contratos a dedo adjudicados a la trama corrupta por parte de la Administración valenciana durante cuatro años pudieran tener conexión con los regalos a altos cargos del Gobierno de Camps y del PP valenciano, principales clientes de Orange Market. 
(www.elpais.com, 21/09/09)
EL TSJV RECHAZÓ INVESTIGAR UNA POSIBLE FINANCIACION ILEGAL DEL PP VINCULADA A LA GÜRTEL 
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia rechazó investigar la presunta financiación ilegal del PP regional a partir de la trama Gürtel denunciada por la Brigada de Blanqueo a finales de julio. Este departamento elaboró un informe de 89 folios y cinco anexos titulado “Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana” que llegó a la Sala de lo Penal del TSJV el pasado 31 de julio, pero ha permanecido oculto bajo el secreto de sumario hasta este momento. El órgano presidido por el "más que amigo" del presidente regional Francisco Camps, Juan Luis de Rúa, rechazó todos estos indicios, según se argumentó en la resolución judicial, por referirse a “un objeto diferente” al del cohecho de los trajes.  
El informe de la Brigada de Blanqueo llegó al TSJV dos días antes del archivo de la causa contra Camps, su número dos en el PP regional, Ricardo Costa, y otros dos dirigentes del partido.
Informe oculto 
De la Rúa y los suyos despreciaron su contenido y ni siquiera investigaron si aportaba pruebas novedosas, informa El País. Curiosamente, el tribunal emitió un comunicado explicando por qué se rechazaba investigar la presunta financiación ilegal del PPV sin mencionar el citado documento. En su resolución, el TSJV cerraba las vías a este proceso aduciendo que implicaba “un objeto diferente” al cohecho que analizaban. Este nuevo detalle sobre la investigación de las relaciones del PP valenciano con la trama Gürtel dejan en entredicho una vez más la objetividad del triubunal y ponen en evidencia una vez más el pacto instigado por De la Rúa para investigar sólo el affaire de los trajes.
Documentos sobre Costa 
El auto inicial del juez Baltasar Garzón, remitido hace cinco meses al TSJV, consignaba indicios de cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal. Estos datos constaban en el sumario que llegó a la Sala de lo Penal, que incluye documentos en los que los peritos aseguran textualmente: “En relación con Ricardo Costa Climent parece existir una relación comercial de origen desconocido entre él mismo y las sociedades objetos del presente procedimiento. Es el resultado de las conversaciones telefónicas intervenidas el 6 de noviembre de 2008 entre Álvaro Pérez Alonso y Pablo Crespo Sabaris”, dos directivos de la presunta red corrupta.
Indicios de financiación ilegal 
En el sumario del caso Gürtel también se informa de distintos pagos al PP registrados por la contabilidad de la trama: “El 18 de diciembre de 2002 figura un apunte en la contabilidad B de la sede de la trama corrupta en la calle de Serrano con un ingreso de un millón de euros sin contar la procedencia de la misma. Dentro de la distribución de esa cantidad y como primer concepto aparece PP VLC, con una cantidad asociada de 420.000 euros. El contable de la trama manifiesta que se ha distribuido ese dinero para algo relacionado con el PP de Valencia”. Además, se recogen otros pagos al PP con motivo del Congreso Regional de Valencia y de un acto en Mislata.
Irregularidades en el TSJV 
La Sala de lo Penal menospreció estos indicios, reduciendo el caso al presunto cohecho, sin cambiar de criterio ni ante las pruebas puestas encima de la mesa por la Brigada de Blanqueo ni ante los requerimientos del TSJ de Madrid, que pidió a su homólogo valenciano investigar conjuntamente a dirigentes y presuntos corruptores. Toda la documentación que el tribunal de Madrid envió a Valencia por aquella fecha se extravió, aunque parece improbable que la información de las cajas perdidas hubiese servido para cambiar la decisión de los jueces. El mismo 31 de julio en que llegaba al TSJV el informe de financiación ilegal De la Rúa, que no se inhibió a pesar de confesarse “más que amigo” de Camps, ya habría ultimado el carpetazo con sus tres compañeros conservadores de Sala. 
(www.elplural.com, 21/09/09)
EL PP RESTRINGE EL ACCESO AL EXPEDIENTE DE TDT DE GÜRTEL 
El secretario general adjunto del grupo popular, José Marí Olano, no sólo ha solicitado el regreso a su plaza como abogado del Estado, actividad que, según indica en un escrito a las Corts, es compatible con su labor como diputado, al renunciar a sus retribuciones periódicas del Parlamento. Otra consecuencia de esta decisión, o quizá la explicación de la misma, es la renuncia a su trabajo como colaborador del despacho Eius Abogados, del ex ministro del PP José María Michavila, un bufete que realizó trabajos para ayuntamientos de la trama Gürtel.  
La explicación que ha dado Marí Olano, según fuentes de su entorno, es que el popular pretende dedicarse más a la actividad política y parlamentaria. Las mismas fuentes indicaron que el nivel de exigencia del bufete privado es muy elevado y obligaba a un gran esfuerzo para compatibilizarlo con el trabajo en la Cámara. En cambio, como abogado del Estado, no se exige un horario, por así decirlo, de oficina. Cada uno se organiza para cumplir con el trabajo asignado, pero después, si hay que realizar cualquier trámite, cualquier miembro de la Abogacía del Estado puede sustituirlo. Esta labor, lógicamente, es incompatible con el bufete privado.  
Marí comunicará a las Corts la baja en el despacho y en el Colegio como abogado ejerciente a efectos de la declaración de actividades de los diputados. El popular, que ya ha iniciado su trabajo para la Administración central, ha solicitado la abstención para los asuntos que afecten a la Generalitat o a la delegación del Gobierno. Razones personales o políticas al margen, la permanencia de Eius podía traerle quebraderos de cabeza en el plano político, por las relaciones del bufete con ayuntamientos ligados al caso Gürtel. El mismo Michavila, cercado por estas relaciones, dejó a principios de septiembre su escaño en el Congreso, optando por su labor privada.
Cualquier documento que huela, siquiera remotamente a Gürtel, sigue siendo material sensible. El PP en la Mesa de las Corts ha declarado, a petición de la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, el carácter de "no público" de parte de la documentación que conforma el expediente de adjudicación de dos licencias de TDT autonómicas y 42 locales por parte de la Generalitat. En ese proceso, la principal adjudicataria -con 13 licencias- fue Mediamed Comunicación Digital, empresa de la que es presidente José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel de supuesta corrupción vinculada al PP. El despacho Eius Abogados, del ex ministro José María Michavila -hermano de la jefa de gabinete del presidente Camps-, facturó a Mediamed al menos 150.000 euros por asesoramiento legal y mercantil durante la fase de constitución de la empresa que obtuvo después las concesiones. 
Anteriormente, el jefe del despacho Eius y secretario de Mediamed, Alberto Dorrego, asesoró personalmente a Presidencia en la preparación del concurso, según manifestó públicamente Sánchez de León -siendo secretaria de Comunicación- en un acto en febrero de 2005. Para completar el panorama del polémico expediente, el actual secretario general adjunto del grupo popular en las Corts, José Marí Olano, era el jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat cuando se tramitó el concurso, entre julio y diciembre de 2005. El popular asesoraba hasta ahora, a través de Eius, al constructor Andrés Selma, vicepresidente y socio de Mediamed. Selma y Ulibarri también son socios en negocios como el PAI de Xilxes, en el que asesoró Marí Olano. El diputado ha defendido que no intervino en el proceso de las adjudicaciones y que no auxiliaba a Selma en materia de televisiones sino en construcción. 
A raíz de estas informaciones, la parlamentaria socialista Núria Espí reclamó el acceso al expediente de las TDT. La diputada quiere verificar la corrección del procedimiento, comprobar si hay constancia de pagos a Eius y la cuantía, y verificar si la firma de Marí Olano aparece en algún expediente. 
Según comunicó la consellera a las Corts, el expediente está integrado por once documentos. De éstos, cinco, los más enjundiosos, son los que se han declarado "no públicos". Entre los otros seis figuran la resolución de convocatoria de los concursos, los pliegos o la publicación en el diario oficial de la adjudicación, aunque también están las actas de la mesa de contratación. Entre los no públicos, figuran los requerimientos de subsanación, las notificaciones a los licitadores excluidos, el informe técnico de valoración de las ofertas, el informe-propuesta de la dirección general de Comunicación y los requerimientos dirigidos a los adjudicatarios de licencias.
La declaración de "no públicos" lo justifica la consellera "con el fin de conciliar el derecho de su señoría a acceder a la información" y "la protección de los intereses económicos de las empresas que pudieran resultar perjudicados por la difusión de datos a los competidores". Por ello, el acceso a una parte de los papeles "no podrá comportar su reproducción". Esta restricción, introducida en la reforma unilateral del reglamento de las Corts que aprobó el PP en 2007, conlleva que el diputado podrá "tomar notas pero no obtener copias ni actuar acompañado de asesor".
Habrá que ver si, una vez la diputada acuda a Presidencia a ver los papeles, se añaden también restricciones sobre la difusión del contenido. Es la segunda vez que el PP de las Corts, a petición del Consell, declara no públicos documentos. El 10 de marzo pasado, se aprobó la misma declaración sobre 23 contratos de la Sociedad para la Imagen Estratégica de la Comunitat -la que adjudicó por 500.000 euros la fiesta de la Volvo Ocean Race a Orange Market-, de los que 11 además se calificaron de "confidenciales", con prohibición de difusión del contenido. 
(www.levante-emv.com, 21/09/09)
EL PP SE ESTRELLA CON EL 'CASO GÜRTEL' 
La función de las Cortes Valencianas es "controlar la acción del Consell" y "ejercer el control parlamentario sobre la acción de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat", según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Pero el Partido Popular forzó el calendario parlamentario para convocar ayer la Comisión de Coordinación de las Instituciones con el afán de rescatar en las Cortes Valencianas la teoría de la persecución política que sus altos cargos aseguran sufrir desde las más altas instituciones del Estado. 
Ayer, los objetivos eran María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta primera del Gobierno, y Cándido Conde Pumpido, el Fiscal General del Estado. El PP impuso su mayoría y logró encomendar a Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes, para que requiera a ambos por escrito su comparecencia ante las Cortes. 
Ni la una ni el otro están obligados legal ni constitucionalmente a comparecer ante las Cortes. Ni lo harán. Pero el PP lanzó invectivas, exabruptos y sospechas sobre sibilinas conexiones entre ambos. David Serra, portavoz adjunto del PP, leyó aplicadamente su única intervención ante la comisión parlamentaria. Ricardo Costa siguió los primeros minutos del discurso y abandonó discretamente la sala. Serra, sabedor que los requerimientos de la presidenta de las Cortes a la vicepresidenta del Gobierno y al Fiscal General del Estado caerán en saco roto, cerró con un lapidario: "Quien calla, otorga". 
Después de un cuarto de hora de gloria que grabaron diligentes las cámaras de los medios afines, el teatrillo adquirió tintes más dramáticos. 
José Camarasa, por el PSPV; Mireia Mollà, por Compromís; y Lluís Torró, por Esquerra Unida, coincidieron al denunciar el absurdo empeño del PP al exigir la comparecencia de De la Vega y Conde Pumpido ante las Cortes Valencianas y al calificar como "una burda cortina de humo" para desviar la atención de las relaciones de Francisco Camps, presidente de la Generalitat con "una trama de conseguidores" que le regalaron trajes y provocaron que mintiera ante el pleno de las Cortes y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 
El socialista Camarasa parafraseó a Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior, cuando el PP deslizó por primera vez la teoría de la persecución política de sus altos cargos. "En este país se persigue a los delincuentes", sentenció. Y no dudó en recordar las solicitudes de comparecencia de técnicos y expertos ferroviarios formuladas por la oposición cuando se creó una comisión de investigación del accidente registrado en el Metro en Valencia en 2006, y cómo el PP las rechazó sistemáticamente. 
El calibre y la consistencia de los reproches que vertieron los tres portavoces de la oposición contra el PP y Camps llevaron a Serra a renunciar a cualquier atisbo de réplica. Se había estrellado.El PP no tuvo ningún empacho en requerir con palabras gruesas la comparecencia de De la Vega y Conde Pumpido ante las Cortes Valencianas. "Son como unas bacterias que están socavando los fundamentos del Estado de Derecho", dijo Serra. Pero cuando el Parlamento de Galicia puso en marcha una comisión de investigación para intentar despejar las responsabilidades políticas en torno al naufragio del Prestige, la catástrofe que asoló las costas gallegas en noviembre de 2002, José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, vetó personalmente las solicitudes de comparecencia que se habían cursado a Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento, el delegado del Gobierno en Galicia y otros responsables de Marina Mercante. 
La realidad pierde consistencia en las Cortes Valencianas, acolchada sobre la amplia mayoría absoluta que disfruta el PP. Pero el socialista José Camarasa no renunció a la pedagogía. Apeló a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, al Reglamento del Congreso de los Diputados y al Reglamento de las Cortes para ilustrar la vaciedad de la iniciativa del PP. 
José Marí Olano ocupaba el escaño que Ricardo Costa había dejado desierto cuando empezó la descarga. "Sólo les interesa estoquear a De la Vega, no que comparezca", dijo Camarasa, "la deriva autoritaria del PP es tal que no les importa el daño que hacen a las instituciones. Las Cortes usurpan el papel del Congreso. Violan todas las reglas del juego democrático con iniciativas circenses para confundir a los ciudadanos. El problema no lo tiene el Estado de Derecho, lo tiene ustedes, el PP, por relacionarse con una trama de conseguidores corruptos. En lugar de lanzar cortinas de humo, deberían buscar la verdad. Y la verdad es que Camps mintió, mintió ante las Cortes y mintió ante el juez". 
Mireia Mollà, de Compromís, calificó todo el debate como "una payasada, una freakada". "Dicen ustedes que el Gobierno no tiene voluntad política para explicarse ante el Congreso. Puede que al Gobierno le falte voluntad política, pero aquí, en las Cortes, lo que falta es política", añadió. "Hay mucha gente que sufre por la crisis económica y ustedes abren el curso con iniciativas que no les ayudan en nada", siguió Mollà, "como tres son más que dos nos arrastran a la denigración de la clase política". 
La diputada de Compromís deslizó que tal vez Álvaro Pérez, El Bigotes, el sastre del presidente, la toma de medidas en el hotel Ritz o a las fiestas del ex director general de RTVV en Marraquech influyeron más que la vicepresidenta del Gobierno sobre la decisión del fiscal de recurrir el archivo de la causa contra Francisco Camps en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 
Lluís Torró, de Esquerra Unida, no se quedó atrás: "El PP sospecha que la vicepresidenta influyó en una decisión del fiscal que afecta a una persona y estamos aquí inmiscuyéndonos en un proceso judicial. Eso no es precisamente respeto a la separación de poderes en un Estado de Derecho". 
(www.elpais.com, 18/09/09) 
EL PP CITA A DE LA VEGA Y AL FISCAL PERO REHÚYE EL DEBATE SOBRE LA IMPLICACIÓN DE CAMPS EN GÜRTEL 
El PP salió ayer en las Corts a buscar algo de lana en el fango político del caso Gürtel pero acabó con unos trasquilones que no esperaba al quedar en evidencia que el debate del fondo, la relación del presidente Camps y otros cargos populares con la trama valenciana de Correa, no le es nada propicio. Los populares aprobaron en solitario en la comisión de Coordinación sus propuestas para que comparezcan la vicepresidenta Fernández de la Vega y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para aclarar el anuncio que la primera hizo de que el ministerio público iba a recurrir el archivo del TSJCV. 
La oposición aprovechó para atizar en la Cámara a Camps con el caso, acusando al presidente de "mentir" sobre los trajes y de estar salpicado en la trama. Pese a los ataques, el PP renunció a su turno de réplica. La estrategia pretendía una "voladura controlada" del asunto ya que tampoco permitió a la oposición una segunda intervención, donde suele reservarse el grueso de la artillería. Pero esta línea dejó sin defensa al presidente y delató la incomodidad del PP ante un debate que él mismo forzó. El acuerdo es un brindis al sol ya que la Cámara carece de competencias para hacer comparecer a los cargos estatales. De la Vega ya dijo que no irá. 
El popular David Serra exigió que aclaren "si existe transmisión de órdenes entre el Gobierno y la Fiscalía" y de "dónde surge todo el entramado de filtraciones de secretos sumariales y de informes policiales" en el caso Gürtel. Acusó a De la Vega de ejercer de "pitonisa" al "acertar" con el anuncio de que el fiscal recurriría y señaló que, si para la vicepresidenta es lógico que el fiscal informe al Gobierno, "¿por qué instó, preguntó o informó sobre el presidente Camps y no lo hace con violadores, maltratadores, asesinos o demás delincuentes?". A su juicio, la vicepresidenta y Pumpido "liquidaron" aquel día a Montesquieu.
El socialista José Camarasa sostuvo que la pretensión real del PP con la iniciativa es "tapar la red de corrupción descubierta en la Comunitat", "soltar tinta de calamar" para que no se hable de si ha habido "un vaciado de las arcas públicas de 7 millones". Mantuvo que la solicitud de comparecencia es contraria a la Constitución y el Estatuto y supone una "invasión de competencias" de las Cortes Generales, a las que toca controlar al Gobierno. El PP destacó después que De la Vega votó en el Estatuto catalán a favor de que el delegado del Gobierno dé cuentas al Parlament.  
Para Camarasa, quien reiteró que la vicepresidenta quiso informarse de lo que iba a hacer la fiscalía al conocer el archivo, "no es el Estado de Derecho el que tiene un problema", sino "el PP y dirigentes del Consell, relacionados con una trama" cuyos "principales dirigentes se encuentran en la cárcel".  
El portavoz del PP, Ricardo Costa, ex imputado en el caso, asistió a la intervención de Serra pero se fue en el turno del socialista. Mireia Mollà (Compromís) acusó al PP de convertir las Corts en "el club de la comedia" de España y resaltó que no plantea esta petición en el Senado porque allí "no les comprarían esta 'fricada'". Recurrió a la ironía para ensañarse contra Camps. Así, soltó que fueron, entre otros, la esposa del presidente, con su conversación telefónica con "El Bigotes" en la que reconocía regalos; o Correa y Álvaro Pérez, "hablando de 'El Curita' y lo fácil que les era obtener trato de favor"; los que le ayudaron a creer en la "estrategia maquiavélica" de la que habla el PP. También Lluís Torró (EU) tachó la petición de "cortina de humo" ante la "presunta corrupción" del PP. Sin embargo, las críticas quedaron sin respuesta. 
(www.levante-emv.com, 18/09/09) 
EL BIGOTES SE PASEA CON BARBA Y... EL EX VICEPRESIDENTE VALENCIANO 
El presunto cerebro valenciano de la trama Gürtel, Álvaro Pérez El Bigotes, se ha dejado ver en una terraza de la capital levantina con el ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, quien acabó siendo el único implicado del caso apartado del PP regional. La información la publica el diario El Mundo, que ha obtenido una imagen de la cita en la que cuesta reconocer a Pérez: el imputado ha cambiado su peculiar bigote por una meticulosa barba. A juzgar por la tranquilidad con la que se ve a ambos y por el sitio y hora elegidos para el encuentro, ni a El Bigotes ni a Campos, que sufrió un amago de infarto recientemente, les importa lo que se diga de ellos. O eso, o ambos se esmeran en transmitir una imagen de absoluta normalidad.  
El hombre de la Gürtel en Valencia y el que fuera hombre de confianza de Francisco Camps se dejaron ver juntos en actitud informal y en una terraza.
Campos, purgado 
Campos fue el único imputado del PP valenciano purgado del Gobierno regional. Su causa fue sobreseída al igual que la del propio Camps en agosto pasado; sin embargo, el ex vicepresidente nunca volvió a un Ejecutivo del que salió por la puerta trasera y supuestamente para dedicarse a la actividad privada. Sí fue readmitido en el partido, aunque ha pasado a un segundo y casi invisible plano.
El Barbas 
En cuanto a El Bigotes, quien hasta hace poco era “amiguito del alma” de Camps ha sustituido su peculiar mostacho por una barba más discreta. Pérez es la persona que supuestamente regaló costosos trajes a dirigentes de la Generalitat, incluidos Campos, Camps y Ricardo Costa, número dos del PP valenciano.  
¿Desvinculados del partido? 
De qué hablaron ayer imputado y absuelto sigue siendo un misterio, aunque el diario de Pedro J. se apresura a aclarar que los dos están “absolutamente desvinculados del PP” y que por ello no tienen reparos al dejarse ver juntos. Una explicación un tanto insuficiente para un encuentro que podría estar motivado por infinitas razones. 
(www.elplural.com, 18/09/09)
EL JUEZ DE MADRID EXAMINA LA FINANCIACIÓN DEL PP EN VALENCIA  
Una extraña pirueta jurídica ha permitido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) evitar abrir una nueva causa sobre el presidente valenciano Francisco Camps. El TSJV reveló ayer que ha dejado en manos de Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), un informe policial que analiza la financiación del PP en Valencia por parte de Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes. 
Los jueces valencianos Juan Luis de la Rua, Juan Montero y José Francisco Ceres ratificaron ayer su decisión del pasado 3 de agosto de archivar el caso de los trajes en el que estuvieron imputados el presidente de la Generalitat, el secretario del PP en esta comunidad, Ricardo Costa y otras dos personas. 
En la resolución, los jueces revelan que el pasado 31 de julio recibieron un documento, «sin que existiera petición al respecto ni por esta sala ni por el instructor», denominado «informe sobre Orange Market, sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana». El dictamen, de 89 páginas y acompañado de cinco anexos, está firmado por el comisario jefe de la brigada de blanqueo de capitales. 
El TSJV explica que el texto recoge «toda una serie de informes anteriores, iniciados el 4 de diciembre del 2007». El dictamen fue remitido, además de al tribunal valenciano, al Supremo y al TSJM. También recibieron una copia la fiscalía del Tribunal Supremo y la fiscalía Anticorrupción.
Por este motivo, los jueces de Valencia consideran que ellos no tienen obligación de investigar su contenido porque el TSJM «ha recibido el original» y, por tanto, «tiene completo conocimiento y adoptará las decisiones oportunas».  
Además, la sala que preside Juan Luis de la Rua, amigo íntimo de Camps, asegura que el dictamen policial «no guarda relación alguna con los hechos» que ha investigado sino que «el contenido» del mismo responde a «un objeto diferente» de las diligencias que instruyó ese tribunal por los trajes que recibió Camps de la trama de Correa. 
De este modo, opta por no abrir un proceso con el contenido de este documento, como ocurre habitualmente. Esta decisión genera un problema procesal, ya que si el documento revela posibles delitos cometidos en la Comunidad Valenciana, el juez de Madrid deberá inhibirse o el fiscal se verá obligado a denunciar los hechos ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.  
Además, el TSJV decidió devolver sin respuesta a Pedreira su petición del pasado julio de que juzgaran en Valencia a Correa y otras dos personas por haber pagado los trajes de Camps. Los jueces de Valencia comunican a Pedreira que ni aceptan ni rechazan la demanda porque ya han archivado el caso. Si se hubieran negado a aceptar la petición, habría intervenido el Supremo y resuelto esta discrepancia antes de analizar el recurso presentado por la fiscalía contra la decisión del TSJV de archivar el caso de Camps. 
(www.elperiodico.com, 11/09/09) 
EL TRIBUNAL DE VALENCIA DESPRECIA LOS NUEVOS DATOS DEL 'CASO GÜRTEL' 
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha vuelto a eludir la investigación sobre la trama Gürtel en Valencia. Ayer, la Sala de lo Civil y Penal rechazó pronunciarse sobre la inhibición que le planteó el juez Antonio Pedreira, del tribunal equivalente de Madrid. Éste comunicó el 28 de julio al tribunal valenciano que consideraba más que oportuno que Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama; Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo fueran imputados en la causa que mantenía abierta. Pero ayer el TSJCV se cerró en banda. 
Lo hizo amparándose en el procedimiento. Según el extracto que el tribunal facilitó del auto, el TSJCV "no puede pronunciarse sobre la inhibición" que le planteó el Tribunal de Madrid "ya que el procedimiento tramitado en Valencia se sobreseyó libremente el 1 de agosto". 
La petición del juez de Madrid tiene fecha del 28 de julio. Pero la Sala valenciana se encontraba entonces en plena deliberación sobre la continuidad o no de la investigación. Resolvió primero archivar y después afrontar la petición del magistrado. Petición a la que no puede hacer frente porque la causa ya no existe. La misma nota recoge: "El sobreseimiento del procedimiento seguido en el TSJCV significa que la causa se archivó y por lo tanto no puede ya realizar ningún acto procesal de continuidad. Por ello, no puede no aceptar ni rechazar la inhibición planteada por el instructor del caso Gürtel en el TSJM". 
La respuesta de la Sala valenciana va más allá. Sostiene que "el magistrado instructor de Madrid no puede inhibirse de parte del procedimiento, ya que esa competencia la tiene la Sala de lo Civil y Penal del TSJM", no el juez que investiga el asunto, Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJCV, de quien Francisco Camps dijo que era más que un amigo, ha vuelto a desactivar desde la Sala que preside una posibilidad de averiguar qué relaciones tuvieron los empresarios supuestamente corruptos con la Generalitat. 
De haberse aceptado la petición de Pedreira, los tres empresarios que lograron adjudicaciones de la Generalitat valenciana por más de siete millones de euros, hubieran compartido la condición de imputado con Francisco Camps, presidente de la Generalitat; Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat valenciana, y Rafel Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia. 
(www.elpais.com, 11/09/09)
TURISMO ESCAMOTEÓ A LA INTERVENCIÓN EN 2008 TODOS LOS CONTRATOS MENORES 
La Conselleria de Turismo ocultó en su registro de expedientes de contratación relativos al ejercicio de 2008 los contratos por importes inferiores a 12.020 euros. La Intervención General de la Generalitat y la firma Iberaudit advierten en su informe de auditoría de la Agencia Valencia de Turismo que no pudieron revisar el cumplimiento de la legalidad de los contratos menores por la sencilla razón de que el departamento que entonces dirigía Angélica Such -ahora está en manos de Belén Juste- sólo le proporcionó los de mayor cuantía. En la muestra supervisada por la Intervención el informe sostiene que se ha cumplido con la ley excepto en el hecho en sí de que el registro de contratación excluyese las facturas de menor cuantía.
 
La Agencia Valenciana de Turismo fue durante varios años el principal cliente en volumen de facturación de Orange Market, la firma controlada por el comercial de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez. Desde 2005 hasta 2009 Orange Market se adjudicó el contrato de montaje e instalación de las principales ferias de Turismo, entre ellas la de Madrid (Fitur). Los importes de estos contratos superaron en su mayoría el millón de euros. Sin embargo, en algunos casos Orange Market facturó también a la AVT distintos extras ligados a la actividad ferial.  
Tal como publicó Levante-EMV la empresa que preside Álvaro Pérez pasó facturas paralelas a Turismo y otras conselleries en concepto de "extras" que llegaron a alcanzar 1,5 millones de euros. Esa cifra es distinta a los 5,5 millones de euros que la empresa se embolsó durante cuatro años por los contratos mayores de la organización de actos. Por poner ejemplos, en 2005 se cargó a Turismo una factura de 8.537 euros y otras por importe de 24.940 euros por la Feria de Bilbao, incluida en los contratos mayores y cuyo expositor valenciano tenía una extensión de 42 metros cuadrados. Orange Market también facturó 119.000 euros por organizar el almuerzo del día de la Comunitat Valenciana en Fitur. 
Turismo no fue la única conselleria en asumir algunas de estas facturas, que en la mayoría de los casos no superaban los 12.020 euros, cantidad a partir de la cual se requiere fiscalización previa y adjudicación con concurrencia de ofertas, como marca la Ley de Contratos Públicos. La conselleria de Territorio, en 2005 en manos de Rafael Blasco, o la de Infraestructuras asumieron facturas de 11.900 euros por gastos que en realidad correspondían a Fitur. 
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha requerido a la Generalitat una relación de todos los contratos y facturas con empresas de la trama, no sólo de Orange Market, sino de otras doce sociedades que controlaba el líder de la red Francisco Correa. Se trata de una información que la Fiscalía Anticorrupción venía reclamando hace tiempo y que la Generalitat no entregaba. 
(www.levante-emv.com, 11/09/09)
SANTAMARÍA DICE DESCONOCER LA AMISTAD ENTRE CAMPS Y EL JUEZ DE LA RÚA 
La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho esta mañana que no le consta ninguna amistad entre Francisco Camps y el presidente del Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de la Rúa.  
Preguntada sobre la amistad entre Camps y el juez de la Rúa, a quien se encargó el caso de los trajes del presidente de la Generalitat Valenciana, Santamaría ha declarado "no me consta en absoluto esa amistad". Acto seguido la dirigente conservadora ha expresado que lo ideal en democracia es que "los jueces y los fiscales actúen conforme al derecho, si hay corrupción que se investigue y se actúe".  
No obstante, según publicó este diario el pasado mes de marzo, existen varias pruebas de esa amistad. La más destacable es una declaración del propio presidente valenciano el pasado mes de septiembre, en el acto de toma de posesión de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat". Respondiendo Camps lo siguiente: "Me siento feliz de esa relación".  
Otra muestra de la amistad desconocida por Santamaría fue la presencia del juez De la Rúa en un acto electoral del Partido Popular en la precampaña de las autonómicas de 2007. El presidente del TSJ fue uno de los invitados de la presentación del programa del partido en materia de justicia. De la Rúa acudió al acto a pesar de que ostentaba la presidencia de la Junta Electoral. Desde el PP valenciano, justificaron así la presencia del juez valenciano: "En actos importantes siempre invitamos a representantes de la sociedad civil. Por poner un ejemplo, en el Congreso regional de octubre invitamos a representantes sindicales". 
Sin embargo, Santamaría sí se ha adelantado a insinuar que existe una relación entre la gestión del Gobierno y la supuesta falta de independencia judicial al expresar que "cuanto peor le va al Gobierno más presiona a la justicia" así ha continuado expresando que le preocupa que "se resquebrajen aspectos esenciales de la democracia".  
La portavoz parlamentaria del PP asegura que su partido mantiene la acusación respecto a las supuestas escuchas ilegales y que los datos sobre la misma van a ser constantemente actualizados.
Santamaría ha declarado que se ha pedido al Ministerio del Interior y a la Fiscalía pruebas al respecto. "Mantenemos la acusación, está denunciado y queremos que se investigue, la denuncia está admitida así que algún fundamento tiene que tener. El informe lo vamos a mantener en constante actualización", apostilló Santamaría. 
Respecto al asunto de la independencia judicial en España, la dirigente conservadora ha aclarado que "si hay corruptos que los persigan porque eso nos perjudica a todos y los partidos somos los primeros interesados en saber quién no actúa correctamente para que no exista un velo de sospecha sobre todos", senteciaba. 
(www.publico.es, 10/09/09)
LAS CAJAS DEL CASO GÜRTEL QUE EL TSJ DE MADRID REMITIÓ AL DE VALENCIA ESTÁN EN PARADERO DESCONOCIDO 
¿Dónde están las cajas con documentación del caso Gürtel que quedaban sin desprecintar a finales de julio y que debían remitirse de Madrid a Valencia, cuando la causa aún estaba abierta? El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid afirma que salieron en su momento, mientras que en el de Valencia dicen que aquí no están.  
La documentación afecta a los cabecillas de la trama en Madrid, Francisco Correa y Pablo Crespo, y al gerente de Orange Market, Álvaro Pérez. El juez madrileño consideró que debían ser imputados también en Valencia por los regalos de trajes a autoridades valencianas al tratarse de delitos conexos, como afirmaba la Fiscalía Anticorrupción. Las diligencias fueron archivadas por el TSJ valenciano cinco días después de esta decisión judicial. 
El asunto de las cajas siempre ha sido polémico en este caso que afecta al PP de Madrid y que provocó una investigación al presidente Francisco Camps y a otros tres altos cargos del PP valenciano por un delito de cohecho.  
Ya en su momento, el PP denunció ante el Consejo General del Poder Judicial que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se había ido de viaje sin remitir la causa a los tribunales autonómicos, cuando se inhibió en su favor porque la investigación afectaba a cargos aforados. Ello ocurría una semana después de que el juez dictara el auto de inhibición.  
En este caso, la remisión de la documentación también obedece a una inhibición parcial de la causa que sigue investigando el TSJ de Madrid, donde siguen imputados Correa, Crespo y Pérez por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.El pasado 28 de julio el juez instructor del caso Gürtel en el TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, remitió al TSJ de Valencia un auto por el que se inhibía a favor del TSJ de Valencia "para su unión al procedimiento del Tribunal del Jurado", de los hechos imputados a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "en relación con las eventuales entregas de prendas de vestir a Ricardo Costa, Francisco Camps, Rafael Betoret y Víctor Campos".  
Al tiempo que levantaba el secreto respecto de estas actuaciones, el juez madrileño acordaba la "remisión de testimonio de algunos documentos". Y añadía que "aún no se ha concluido el levantamiento de precinto de documentación intervenida".  
En este sentido, explicaba que "la documentación soporte de la inhibición que ahora se acuerda se encuentra incluida en el testimonio de las diligencias" que Baltasar Garzón remitió en su auto de inhibición del 5 de marzo. 
El juez añade que, "con posterioridad, al irse avanzando en el volcado y levantamiento de precinto de los diversos soportes intervenidos", se ha acordado la "remisión de algunos documentos" a Valencia.
Pedreira añadía que se comunicara esta resolución al magistrado instructor del caso en Valencia, José Flors, "mediante el oportuno testimonio".  
Fuentes oficiales del TSJ de Madrid manifestaron ayer que la documentación había salido hacia Valencia antes del verano, sin poder especificar la fecha porque el secretario de la Sala de lo Civil y Penal se encuentra de permiso. Mientras que en el TSJ valenciano siguen esperando esta documentación.  
De otro lado, la decisión del juez madrileño está a punto de ser resuelta por el TSJ de Valencia, que el pasado 30 de julio recibió esta resolución y la notificó a las partes para que presentaran alegaciones a favor o en contra. Defensas y acusaciones tenían un plazo de cinco días, que finalizó el pasado 3 de septiembre, para mostrar sus posturas.

La cuestión sobre la imputación a Correa, Crespo y Pérez será resuelta por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ valenciano presumiblemente esta semana. Aunque, ahora ha quedado huérfana de todo sentido lógico y jurídico tras haber muerto la causa madre con el archivo de las diligencias principales dictado el 3 de agosto.  

Cinco días después de que llegara esta resolución a Valencia, el TSJ dictaba el sobreseimiento libre del caso contra Camps, Costa, Campos y Betoret por un delito de cohecho, con lo que ya no hay nada a lo que deba adjuntarse.
(www.levante-emv.com, 10/09/09

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