CASO GÜRTEL / BÁRCENAS / PARTIDO POPULAR / RAJOY

PINTORESCA COMPRA SEDE REGIONAL PP EN LA RIOJA


LAS NOTICIAS

EL PP VE “SUBJETIVO” EL INFORME POLICIAL SOBRE SUS PAGOS EN B

LA UDEF CREE QUE EL PP BLANQUEÓ 200.000 EUROS PARA PAGAR LA SEDE DE LA RIOJA

LA POLICÍA CONSTATA QUE EL PP PAGÓ CON DINERO NEGRO SU SEDE EN LA RIOJA

RUZ INVESTIGA DOS CRÉDITOS CONCEDIDOS POR EL SANTANDER AL PP PARA COMPRAR LA SEDE DE LOGROÑO

SOBRECOSTES, 'MINI-HONORARIOS' Y ACTAS EXPRÉS: RUZ RECELA DE LAS FACTURAS DE LA SEDE RIOJANA DEL PP

EL PSOE PIDE A RUZ QUE CITE A DECLARAR A PEDRO SANZ POR LA SEDE DEL PP DE LA RIOJA

EL PP LE 'CUELA' AL JUEZ RUZ UN ABOGADO PARA DEFENDERSE EN EL 'CASO BÁRCENAS'

RUZ ADELANTA AL LUNES LA DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DE MERCADONA

EL JUEZ RUZ HALLA NUEVOS INDICIOS DE DELITO FISCAL EN EL PP POR EL ‘CASO BÁRCENAS’

RUZ CITA AL DUEÑO DE MERCADONA, A UNA ACUSADA DE ESTAFA Y AL SUEGRO DE UN EX EDIL POR LA CAJA B DEL PP

HACIENDA AVALA LA TEORÍA DE BÁRCENAS SOBRE LA COMPRA DE LA SEDE DEL PP RIOJANO

EL JUEZ RUZ LE ABRE DOS NUEVOS FRENTES AL PP EN LA RIOJA Y PONTEVEDRA POR EL 'CASO BÁRCENAS'
 


EL PP VE “SUBJETIVO” EL INFORME POLICIAL SOBRE SUS PAGOS EN B

El presidente riojano sostiene que no demuestra “ninguna ilegalidad”

El presidente de La Rioja y del PP en esta comunidad, Pedro Sanz, defiende que no hay “actuación irregular alguna” en la operación de compra de la sede del partido en Logroño. Sanz salió este jueves al paso del documento que la policía ha entregado al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que investiga el caso Bárcenas, y que sostiene que hay indicios para suponer que la formación pagó con la caja b 200.000 euros de su sede en La Rioja.

Sanz tacha el documento, del que EL PAÍS informaba ayer, como “extemporáneo”, y cree que “extrae conclusiones subjetivas. Cada una de las acusaciones se tienen que demostrar, y eso no podrá hacerlo porque no existe ninguna ilegalidad”, añade. En un comunicado, su partido recuerda que “el juez, en varios autos, ha rechazado las solicitudes del PSOE para que fueran a declarar o se imputara a cargos del Partido Popular de La Rioja”.

Para el secretario de Organización del PSOE, César Luena, que también se manifestó sobre el informe, los hechos constatan la existencia de “un circuito ilegal en dinero negro, en b, mantenido por el Partido Popular durante mucho tiempo y por toda España”.

Sobre el mismo informe se pronunció el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, del PP. El documento ve sospechosa una operación por la que el partido en Madrid se hizo cargo de una deuda de 187.000 euros de la sede de Pontevedra en 2009, cuando él ya era presidente de la Xunta y de la formación en Galicia. Según el extesorero popular, Luis Bárcenas, parte de esa cantidad se devolvió en dinero negro desde Pontevedra. “No conozco absolutamente nada de esa información”, dijo Feijóo, quien espera que la justicia “concrete si se está investigando desde hace tiempo”.

http://politica.elpais.com/politica/2014/09/04/actualidad/1409852328_186996.html

LA UDEF CREE QUE EL PP BLANQUEÓ 200.000 EUROS PARA PAGAR LA SEDE DE LA RIOJA

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional ha remitido un informe al juez Ruz en el que considera de forma "indiciaria" que el PP nacional blanqueó 200.000 euros procedentes de La Rioja para pagar la sede regional de este partido

El informe de la UDEF refuta los testimonios del secretario general y de la gerente del PP en La Rioja y avala los apuntes contables del extesorero Luis Bárcenas. La policía también sospecha de la devolución de un embargo del PP de Pontevedra a la sede nacional en 2010. Según Bárcenas, ese dinero se dio en metálico a Rajoy y Cospedal: "25.000 a cada uno", dijo Bárcenas al juez.

En este caso, en la adquisición de la sede riojana del Partido Popular en 2008 y en el pago de un embargo en Pontevedra que habría acabado "en billetes de 500 y sobres de color marrón" en manos de Rajoy y Cospedal, según el extesorero.

En su informe de 40 páginas, al que ha tenido acceso la SER, la UDEF rebate los argumentos ante Ruz del secretario general del PP en La Rioja, Carlos Cuevas, y de la gerente, Ana Elvira Martínez, y considera más veraz la versión de Bárcenas, quien afirmó que parte de la sede se pagó con 200.000 euros en negro que La Rioja traspasó en 2008 a Génova, donde fueron anotados por Bárcenas en la contabilidad paralela, y que la sede central ingresó en la cuenta del PP riojano para blanquearlo.

La UDEF dice que basándose en elementos "subjetivos", "temporales" y "objetivos", es "posible considerar de forma indiciaria" que la cantidad aportada "desde el PP nacional" se correspondería "con los 200.000 euros anotados en la contabilidad paralela" de Bárcenas, "sirviendo este procedimiento circular para transformarlo en dinero oficial y por ello introduciéndolo en el circuito económico financiero". Es decir, blanqueando el dinero.

El informe también analiza el embargo de 187.000 euros al PP de Pontevedra que habría sido asumido por la dirección nacional del partido y que la dirección provincial gallega no devolvió, tal y como ya afirmó la IGAE. La UDEF sospecha de esta operación. Dice que "resulta significativo el hecho de que no le sean devueltas las cantidades que e?sta aporta, pues si la sede nacional se encargase de soportar todas, o la gran parte de las necesidades del resto de sedes, podri?a llegar el momento de no alcanzar a cubrir las suyas propias".

La explicación de la operación, según Bárcenas, es que Pontevedra sí que devolvió ese dinero, pero lo hizo en negro. Y parte ese dinero, siempre según el extesorero, fue abonado "en billetes de 500 y sobres de color marrón" por Bárcenas a "Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal". Un total de "25.000 euros a cada uno" en 2010, precisó el antiguo jefe de las finanzas del PP.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/udef-cree-pp-blanqueo-200000-euros-pagar-sede-rioja/csrcsrpor/20140903csrcsrnac_35/Te

LA POLICÍA CONSTATA QUE EL PP PAGÓ CON DINERO NEGRO SU SEDE EN LA RIOJA

La investigación pone bajo sospecha una operación con otro local del partido en Pontevedra

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, recibió el pasado 30 de julio, poco antes de salir de vacaciones, un informe en el que la policía constata que el PP supuestamente pagó con dinero negro un local para la ampliación de su sede regional de La Rioja. El mismo atestado, de 40 páginas, certifica que la sede central del partido se hizo cargo, a cambio de nada, de una deuda de 187.000 euros del PP de Pontevedra.

El PP riojano tuvo alquilada durante 31 años una sede, en la Plaza del Alférez Provisional. En 2008, la formación conservadora decidió convertirse en propietaria y compró unos inmuebles en la calle Duquesa de la Victoria. Inicialmente adquirió una vivienda de 214 metros cuadrados en una primera planta y dos bajos comerciales que suman 134 metros cuadrados. Estas tres fincas fueron adquiridas por un total de 800.000 euros en marzo de 2008, gracias a un préstamo de 900.000 euros concedido por el Banco Santander y que cubría tanto el valor de venta como los gastos de notaría.

En su valoración de riesgos, la entidad financiera cántabra puso de relieve el hecho de que la operación fuera planteada en exclusiva con ella directamente por el presidente riojano, Pedro Sanz y por medio del secretario general del partido en la región, Carlos Cuevas. El número 2 de la formación, que declaró como testigo el pasado 4 de febrero, manifestó que su intervención en la compra fue "ya muy al final".

Paralelamente, el PP negociaba con el dueño de un tercer local comercial en la planta baja para ampliar las dependencias. Este inmueble se adquirió en octubre de 2008 por un importe de 309.000 euros. De esta cantidad, 9.000 euros se abonaron por cheque tras un contrato privado entre el PP y el vendedor del local. Los 300.000 euros restantes se financiaron de la siguiente forma: el Santander otorgó un préstamo de 120.000 euros y los 180.000 euros restantes salieron de "fondos propios" del partido.

Es en esta última cantidad donde la policía pone la lupa. En los papeles en los que el extesorero del PP Luis Bárcenas consignó su contabilidad paralela, hay una anotación de 200.000, con fecha 26 de mayo, con la siguiente rúbrica: "Entrega de La Rioja".

Los investigadores están convencidos, tras analizar los detalles notariales y bancarios de la compra del local, de que esta anotación en la contabilidad secreta tiene que ver con la adquisición de este último inmueble comercial. "Es posible considerar de forma indiciaria que la cantidad aportada desde el PP nacional se correspondería con los 200.000 euros anotados en la contabilidad llevada por Luis Bárcenas, sirviendo este procedimiento circular para transformarlo en dinero oficial y por ello introducirlo en el circuito económico-financiero".

En su declaración del 14 de abril de 2014, Bárcenas, reconoció que esos 200.000 euros eran la contrapartida en dinero negro a la misma cantidad en dinero "oficial" (en blanco, en a) que entregó la sede central del PP para la compra del cuarto inmueble. Es decir, Bárcenas reflejaba en su contabilidad secreta una entrega de donativos opacos recaudados por la sede riojana del partido y pagaba con dinero limpio parte del coste del cuarto inmueble. En la declaración prestada por Carlos Cuevas y por la gerente del PP riojano, Ana Elvira Martínez, ambos manifestaron desconocer la cantidad que les iba a prestar Génova 13.

Sede de Pontevedra

El informe analiza otra operación opaca: la que llevó a la sede nacional a asumir un embargo del partido en Galicia en septiembre de 2009 por “160.000 euros”, según declaró el propio Bárcenas ante el juez, aparentemente a cambio de nada. Según Bárcenas, el PP de Pontevedra no pudo hacerse cargo de una deuda por la compra de su sede, y fue él el que ofreció la solución: “El señor Bárcenas, actuando como tesorero, trasladó a Pontevedra que esa cantidad debía ser devuelta [...]. Por las manifestaciones expuestas, este recibió con fondos b una parte, concretamente 50.000 euros, que recibió directamente del gerente provincial”.

El exsenador aseguró al juez que no se quedó con el dinero negro, sino que lo repartió en dos sobres de 25.000 euros y se los entregó en marzo de 2010 “a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal”. La supuesta entrega a Rajoy se habría realizado “en su propio despacho, y los 25.000 de Cospedal en el despacho de ella en el Senado, que era contiguo al mío”.

La versión de Bárcenas fue investigada por la UDEF, que comprobó que, efectivamente, ese embargo se había producido bajo el concepto “embargo proveedor PP Galicia”, cargado en la cuenta de la sede nacional como “gastos excepcionales” del Partido por importe de 187.569 euros. También asegura la UDEF que en la contabilidad de la sede de Pontevedra “no figura esa cantidad ni como aportada ni adeudada, por lo que se concluye que el PP Nacional ha asumido dicho embargo como propio”. ¿A cambio de qué? Según la UDEF, una deuda de ese tipo, de una sede regional con la central, tendría que haberse reflejado en la cuenta “deudores varios”, como ocurrió en un caso similar con la sede de Madrid, y posteriormente liquidada por la sede regional del partido.

En sus conclusiones, la policía señala que es significativo “el hecho de que no sean devueltas las cantidades, pues si la sede nacional se encargase de soportar todas las necesidades del resto de la sede, podría llegar el momento de no alcanzar a cubrir las suyas propias”. El informe no va más allá de plasmar esa sospecha, que se saldaría, según el extesorero, con dinero negro

http://politica.elpais.com/politica/2014/09/03/actualidad/1409772495_137621.html

RUZ INVESTIGA DOS CRÉDITOS CONCEDIDOS POR EL SANTANDER AL PP PARA COMPRAR LA SEDE DE LOGROÑO

El juez ordena a un director de sucursal que le remita "de inmediato" toda la documentación de los préstamos por más de un millón de euros que otorgó en 2008 a los 'populares' riojanos para que éstos adquirieran cuatro inmuebles. Lo hace tras recibir un informe de la UDEF.

La compra de la sede del PP en Logroño sigue bajo sospecha dentro del 'caso Bárcenas'. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha dictado un auto para recabar más información sobre el origen del dinero con el que el partido compró en 2008 los locales en los que la instaló. Y lo hace después de recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el que le alerta de que algunos extremos de aquella adquisición no están del todo claro con la información que hasta ahora ha remitido la formación política. En concreto, la Policía cree necesario contar con la documentación de dos préstamos que concedió en aquellas fechas el Banco Santander a la formación por un importe superior al millón de euros. El magistrado ordena en su escrito que se requiera al director de la sucursal donde se tramitaron dichas hipotecas para que entregue toda la documentación sobre los mismos "de inmediato".

El auto con el que el juez ordena las nuevas diligencias, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, recuerda que una de las líneas de investigación surgidas de la célebre contabilidad manuscrita del extesorero del PP es la compra de varios inmuebles en la capital de La Rioja en 2008 para habilitarlos como nueva sede regional de los 'populares'. Uno de estos apuntes reflejaba la supuesta entrada de 200.000 euros de dinero negro en las arcas de Génova procedentes del partido en esta comunidad que posteriormente salieron presuntamente ya 'blanqueados' desde las cuentas oficiales del partido en Madrid de vuelta a Logroño para ser utilizados en dicha adquisición. Por ese apunte, ya han declarado en la Audiencia Nacional dos dirigentes regionales y el juez ha reclamado abundante documentación interna a la formación.

Sin embargo, del análisis que ha hecho de ésta, la UDEF no ha podido aclarar determinados puntos oscuros de la compra. En concreto, los detalles de los dos créditos concedidos por el Banco Santander al PP regional para hacer frente a la costosa operación urbanística, finalmente cercana a 1,5 millones de euros. Por ello, los agentes han pedido al juez que solicite "los expedientes de préstamos emitidos por el Banco Santander" ya que, a pesar de ser únicamente dos, se adquirieron con ellos cuatro inmuebles. Un solicitud de la Policía a la que accedido el juez Ruz, quien ya ha pedido al director de la "sucursal sita en la calle Bretón de los Herreros número 1 de Logroño toda la documentación que obre en sus archivos y expedientes" relacionados con ambas operaciones financieras.

El magistrado quiere desde los análisis de riesgo que la entidad debió elaborar, hasta las notas internas del banco, las propuestas comerciales y las comunicaciones. Y lo quiere rápidamente, como refleja el hecho de que en el mismo escrito autoriza a los funcionarios de Policía que se desplacen a Logroño a entregar dicho auto a recoger la documentación requerida. En concreto, pide los datos del crédito de 900.000 euros concedido el 28 de abril de 2008 ante el notario Juan García-Jalón, y el de 120.000 otorgado seis meses después, en concreto el 6 de octubre del mismo año, ante el fedatario Juan Francisco López Arnado. Según refleja Ruz, el PP utilizó ambos para adquirir cuatro inmuebles: una primera planta y tres locales comerciales en planta baja, ubicados todos ellos en el número 3 de la calle Duquesa de la Victoria, de Logroño. Allí se encuentra actualmente la sede regional del partido.

Un año de pesquisas

La investigación sobre la adquisición y remodelación de la misma la inició el juez Ruz el pasado mes de mayo, cuando solicitó los libros de contabilidad del partido en esta región junto a los de otras cinco delegaciones autonómicas y provinciales de la formación que figuraban mencionadas en los 'papeles de Bárcenas'. No obstante, no fue hasta octubre cuando el magistrado concentró buena parte de sus esfuerzos en investigar el verdadero sentido del apunte contable que reflejaba la supuesta entrada de 200.000 euros de dinero negro en las arcas de Génova procedentes del PP de La Rioja. Entonces, el juez dictó un auto en el que ordenaba a los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente de Hacienda) que realizara un informe sobre dicho movimiento y la posterior salida por transferencia de la misma cantidad de vuelta a las arcas de la formación regional.

Para ello, puso a disposición de la IGAE la contabilidad del PP que ya se había incorporada entonces a la causa, así como la transcripción de la declaración que Bárcenas hizo en julio ante el juez y copia de la documentación que éste había entregado en el juzgado aquel día. Tres meses después llegaba el análisis de la IGAE y el juez citaba como testigos a dos dirigentes riojanos del partido: su secretario general, Carlos Cuevas, y la gerente, Ana Elvira Martínez. Al término de las evasivas y ambiguas declaraciones de ambos, el magistrado les reclamó abundante documentación. Días después llegaban a la Audiencia Nacional 333 folios, entre los que había contratos privados de compraventa, escrituras, poderes notariales, estudios arquitectónicos, licencias municipales y trece facturas relacionados con la adquisición y la remodelación de dicha sede.

De ésta, el juez ya ha podido comprobar que los 'populares' adquirieron a Iberdrola Inmobiliaria un piso y dos locales por los que pagaron 800.000 euros mediante un cheque. Ese mismo día, el secretario general y la gerente de la formación, que habían recibido poderes notariales del propio Bárcenas y su antecesor en la tesorería de Génova 13, Álvaro Lapuerta, firmaron con el Santander un préstamo de 900.000 euros. Meses después, la formación consiguió adquirir otro local en el mismo inmueble a una particular, por el que pagaron 309.000 euros. También en la misma jornada, solicitaron un nuevo préstamo hipotecario, en este caso, de 120.000 euros, lo que elevó la deuda con el banco a algo más de 1 millón de euros. Un cifra que se quedaba ligeramente por debajo de lo que el PP había abonado por los tres locales y el piso, y que ascendía a 1.109.000 euros. A esta cantidad le sumaron posteriormente los 317.840 euros de la reforma que reflejan las trece facturas.

"A fondo perdido"

En total, el PP gastó cerca de 1,5 millones de euros en 2008 en dotarse de una nueva sede en la capital riojana que, según declararon ante el juez Ruz los dos dirigentes que comparecieron como testigos, se cubrieron con el dinero de los dos préstamos hipotecarios ahora bajo sospecha, los propios recursos del partido, donativos de los afiliados y "la ayuda de la sede nacional", en referencia a los 200.000 euros que investiga el magistrado. Según manifestaron en la Audiencia Nacional tanto Cuevas y como su compañera, esta cantidad se la remitieron desde Génova "a fondo perdido" y sólo se enteraron de que les habían transferido al mirar el extracto de la cuenta en la que fue ingresado el dinero.

El juez también recela de otros elementos que se desprende de la documentación entregada hasta ahora por el PP sobre dicha sede regional. Así, ha detectado un sobrecoste en la reforma del edificio de más de 100.000 euros que no está justificado en los papeles entregados. También le ha llamado la atención los sorprendentemente bajos honorarios del arquitecto que se encargó del proyecto (poco más de 1.000 euros, IVA incluido) y las actas del Comité Ejecutivo regional de la formación que reflejan que éste órgano despachó la decisión de la compra de los locales en sólo veinte minutos.

http://vozpopuli.com/actualidad/44402-ruz-investiga-dos-creditos-concedidos-por-el-santander-al-pp-para-comprar-la-sede-de-logrono

SOBRECOSTES, 'MINI-HONORARIOS' Y ACTAS EXPRÉS: RUZ RECELA DE LAS FACTURAS DE LA SEDE RIOJANA DEL PP

El juez estudia pedir información adicional a Génova 13 tras analizar la documentación remitida por el partido para justificar la compra en 2008 de un edificio en Logroño. El magistrado quiere aclarar el origen de 200.000 euros de los 'papeles de Bárcenas'.

Tras los trabajos de remodelación en Génova 13, ahora le toca el turno a las obras en la sede del PP en La Rioja. El análisis de los 333 documentos remitidos a la Audiencia Nacional por los dirigentes 'populares' en esta comunidad autónoma no convence al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, quien sopesa solicitar en los próximos días información complementaria a la formación, según señalan a Vozpópuli fuentes jurídicas. Entre los elementos que han provocado la desconfianza del magistrado se encuentra la existencia de un sobrecoste en la reforma del edificio de más de 100.000 euros que no está justificado en los papeles entregados, los sorprendentemente bajos honorarios del arquitecto que se encargó del proyecto y las actas del Comité Ejecutivo regional de la formación que reflejan que éste despacho la compra de los locales por cerca de un millón de euros en sólo veinte minutos. El juez pretende aclarar si los 200.000 euros que figuran en los 'papeles de Bárcenas' como supuestamente donados en 2008 por la formación riojana fueron posteriormente enviados de vuelta ya 'blanqueados' para la compra del inmueble.

Por este apunte contable ya pasaron a declarar como testigos el pasado 5 de febrero dos dirigentes del partido riojano. En concreto, su secretario general, Carlos Cuevas, y la gerente, Ana Elvira Martínez. La declaración de ambos, llena de ambigüedades y respuestas evasivas sobre los detalles de la adquisición de la nueva sede del partido, provocó el enfado del magistrado que dio entonces sólo 24 horas a ambos políticos para que pusieran a su disposición toda la documentación sobre dicha compra y las posteriores obras de reformar de las dos plantas de la nueva sede de Logroño. Dos días después, ambos dirigentes presentaban los papeles en una comparecencia en la que, curiosamente, hacían constar que lo hacían "como despositarios" de los mismos para recalcar a continuación que toda ella era "propiedad del Partido Popular". Entre los 333 folios había contratos privados de compraventa, escrituras, poderes notariales, estudios arquitectónicos, licencias municipales y trece facturas.

Éstas son, de hecho, uno de los documentos que han levantado las sospechas del magistrado por varios motivos. En primer lugar, por la cuantía de las mismas, siempre cifras redondas. En segundo, porque las mismas no detallan en concepto de qué trabajos se realizaron dichos pagos. Y, en tercer lugar, porque reflejan unos sobrecostes de más de 100.000 euros en las obras de remodelación que no aparecen justificados en ningún otro documento de los entregados en la Audiencia Nacional por el PP riojano. De hecho, el coste de los trabajos de remodelación, con el IVA incluido, se fijaba en el presupuesto inicial en 214.136 euros, según lo reflejan varios de los documentos remitidos al juez. Sin embargo, la suma de las trece facturas eleva finalmente el coste a los 317.840 euros. Todo ello bajo la genérica referencia a "trabajos realizados, hasta la fecha, de remodelación y adaptación de local y entreplanta para la nueva sede del Partido Popular de La Rioja, sitos en Logroño, calle Avenida Duquesa de la Victoria número tres". Tampoco figura entre los papeles entregados por los dos dirigentes regionales el certificado final de obras firmado por un técnico responsable, como es preceptivo.

Una reunión de 20 minutos

Fuentes jurídicas también llaman la atención sobre el contenido de las actas de las dos únicas reuniones en las que el Comité Ejecutivo regional del PP abordó la compra de la sede y, de manera especial, sobre la duración de las mismas que reflejan estos documentos. La primera de ellas se celebró el 10 de septiembre de 2007 y contó con la presencia de 24 dirigentes de la formación, entre ellos el presidente, Pedro Sanz, así como del secretario general, Carlos Cuevas, uno de los cargos del partido que acudieron a principios de febrero a declarar a la Audiencia Nacional. El encuentro comenzó a las ocho de la tarde y se extendió por espacio de hora y media, tiempo sufiviente para que el propio Cuevas informara sobre la actividad del grupo en el parlamento regional y fijara como principal objetivo de la formación para las siguientes semanas "preparar la campaña electoral". En aquel encuentro también se abordó la situación del Ayuntamiento de Logroño, un atentado frustrado de ETA que se había producido la noche anterior, la situación política nacional y la necesidad de lanzar un mensaje crítico sobre las promesas incumplidas del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero para la región. En medio de todo ello, el propio Cuevas tuvo tiempo de informar "también sobre las gestiones para la nueva sede del partido", sin que el acta concrete más.

No volvería a hablar la dirección del partido sobre la cuestión hasta el 27 de marzo de 2008, sólo un día antes de que se formalizase ante notario la compra. En una reunión monográfica sobre la cuestión a la que asistieron de nuevo Sanz, Cuevas y otros 27 miembros del Comité Ejecutivo. fue el propio presidente de la formación quien explicó los problemas con el alquilar de la hasta entonces sede de la formación y que la dirección había estado por ello "buscando un local para comprar". En el mismo encuentro, Sanz anunció a sus compañero que ya se había logrado y que en sólo 24 horas se firmaría la adquisición del mismo por 800.000 euros y un crédito de 900.000 euros para hacer frente a la misma, así como "a los impuestos y resto de gastos derivados de la compra". En la reunión, el máximo responsable regional del partido informó también de que ya había "una arquitecto trabajando en el proyecto de adecuación para la sede", que el plazo para devolver el préstamo hipotecario era de 12 años "aunque la intención es amortizarlo lo antes posible" y que se estaba intentado adquirir otro local contiguo. Todo ello en sólo 20 minutos y sin que el acta refleje preguntas o intervención de ningún otro miembro del Comité.

Fuentes jurídicas también llaman la atención sobre los honorarios que cobró el arquitecto que elaboró las memorias para que la remodelación obtuviera el visado preceptivo: sólo 1.050 euros, IVA incluido. Y ello a pesar de que este profesional, Javier Arizcuren Casado, propietario del estudio Arquinomio, tuvo que hacer un segundo proyecto complementario del primero después de que el PP adquiriera finalmente un local contiguo para ampliar el espacio de la nueva sede. En la documentación incorporada al sumario aparecen tres documentos relacionados con dichos honorarios: la factura del propio arquitecto, la orden de pago del PP y una fotocopia del cheque con el que se abonó el importe. Curiosamente, en los dos primeros figura la expresión "primer pago" pese a que no consta ningún otro abono por este concepto. El propio Javier Arizcuren hizo público hace unos días una nota en la que justificaba el bajo precio de su trabajo en que sólo facturó los gastos ya que no pretendía "obtener beneficio económico por este trabajo". El arquitecto recalcaba que con ello pretendía "ayudar, en la medida de mis posibilidades, a un partido político con el que me siento identificado" y que la legislación ya vigente entonces no fijaba ningún tipo de tarificación obligatoria para este tipo de trabajos. También desligaba aquel 'favor' de sus trabajos para la administración regional: "Ninguna administración, de ningún color político, me ha tratado de forma preferente mientras he ejercido mi profesión de arquitecto", aseguraba.

Investigado desde mayo

La investigación sobre la adquisición y remodelación de la nueva sede en Logroño del PP la inició el juez Ruz el pasado mes de mayo, cuando solicitó los libros de contabilidad del partido en esta región junto a los de otras cinco delegaciones autonómicas y provinciales de la formación que figuraban mencionadas en los 'papeles de Bárcenas'. No obstante, no fue hasta octubre cuando el magistrado concentró buena parte de sus esfuerzos en investigar el verdadero sentido del apunte contable que reflejaba la supuesta entrada de 200.000 euros de dinero negro en las arcas de Génova procedentes del PP de La Rioja. Entonces, el juez dictó un auto en el que ordenaba a los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente de Hacienda) que realizara un informe sobre dicho movimiento y la posterior salida por transferencia de la misma cantidad de vuelta a las arcas de la formación regional. Para ello, puso a disposición de la IGAE la contabilidad del PP que ya se había incorporada entonces a la causa, así como la transcripción de la declaración que Bárcenas hizo el julio ante el juez y copia de la documentación que éste había entregado en el juzgado aquel día. Tres meses después llegaba el análisis de la IGAE y el juez citaba a declarar a los dirigentes riojanos del partido a los que finalmente reclamó la documentación.

De ésta, el juez ya ha podido comprobar que los 'populares' adquirieron a Iberdrola Inmobiliaria un piso y dos locales en el número tres de la Avenida Duquesa de Victoria de Logroño por los que pagaron 800.000 euros mediante un cheque. Ese mismo día, el secretario general y la gerente de la formación, que habían recibido poderes notariales del propio Bárcenas y su antecesor en la tesorería de Génova 13, Álvaro Lapuerta, firmaron con el Santander un préstamo de 900.000 euros. Meses después, la formación consiguió adquirir otro local en el mismo inmueble a una particular, por el que pagaron 309.000 euros. También en la misma jornada, solicitaron un nuevo préstamos hipotecario, en este caso, de 120.000 euros, lo que elevó la deuda con el banco a algo más de 1 millón de euros. Un cifra que se quedaba ligeramente por debajo de lo que el PP había abonado por los tres locales y el piso, y que ascendía a 1.109.000 euros. A esta cantidad le sumaron posteriormente los 317.840 euros de la reforma que reflejan las trece facturas.

En total, el PP gastó cerca de 1,5 millones de euros en 2008 en dotarse de una nueva sede en la capital riojana que, según declararon ante el juez Ruz los dos dirigentes que han comparecido como testigos, se cubrieron con el dinero de los dos préstamos hipotecarios, los propios recursos del partido, donativos de los afiliados y "la ayuda de la sede nacional", en referencia a los 200.000 euros que investiga el magistrado. Según manifestaron en la Audiencia Nacionaltanto Cuevas y como su compañera, esta cantidad se la remitieron desde Génova "a fondo perdido" y sólo se enteraron de que les habían transferido al mirar el extracto de la cuenta en la que fue ingresado el dinero. Una explicación que convenció tan poco al magistrado como ahora los sobrecoste, los 'mini-honorarios' del arquitecto y las 'actas express' de la Ejecutiva del partido en el que se aprobó la operación urbanística bajo sospecha.

http://vozpopuli.com/actualidad/39965-sobrecostes-mini-honorarios-y-actas-expres-ruz-recela-de-las-facturas-de-la-sede-riojana-del-pp

EL PSOE PIDE A RUZ QUE CITE A DECLARAR A PEDRO SANZ POR LA SEDE DEL PP DE LA RIOJA

Los socialistas de La Rioja pedirán una batería de diligencias después de que la Cadena SER desvelara el contenido de la documentación que el PP ha entregado sobre la compra y remodelación de su sede en Logroño

El PSOE va a solicitar al juez que investiga la presunta contabilidad B del PP que cite a declarar en calidad de testigo al presidente de La Rioja, Pedro Sanz. Esta es una de las medidas que ha anunciado en el programa Hora 25 el secretario general del PSOE en la región, César Luena. Los socialistas mueven ficha después de que la Cadena SER haya desvelado el contenido de la documentación que ha entregado el Partido Popular sobre la compra de dos edificios y las obras de remodelación que se ejecutaron para construir la sede de los populares en La Rioja. Otra de las peticiones que van a formalizar este martes ante Pablo Ruz es la de que se cite también como testigo al arquitecto que dirigió los trabajos de reforma.

La compra y acondicionamiento de la sede del PP en La Rioja que costó oficialmente casi 1,5 millones de euros se enreda, después de que la Cadena SER haya desvelado el contenido de la documentación sobre esta operación que han entregado en la Audiencia Nacional los populares. El juez Pablo Ruz investiga si 200.000 euros del total del dinero invertido salió de la contabilidad B del PP que figura en los papeles del extesorero Luis Bárcenas.

El secretario general del PSOE en esa región, César Luena, ha anunciado en los micrófonos de la Cadena SER una batería de diligencias de investigación que van a solicitar al juez de la Audiencia Nacional. Las más llamativas, la declaración como testigos del presidente de La Rioja, Pedro Sanz, y del arquitecto que dirigió la obra de la sede y que solo facturó mil euros por su trabajo, Francisco Arizcuren.

La petición también incluye que se reclame nueva documentación. Al PP, el certificado final de la obra, justificaciones contables y las facturas complementarias sobre el material mobiliario y de oficina para la sede y que se identifique a la persona o personas que negociaron la venta de los inmuebles que el PP adquirió a Iberdrola y a un particular.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/psoe-pide-ruz-cite-declarar-pedro-sanz-sede-pp-rioja/csrcsrpor/20140303csrcsrnac_42/Tes

La documentación del PP pone en evidencia a sus dirigentes

Los cargos del PP en La Rioja, Carlos Cuevas y Ana Elvira Martínez, afirmaron no recordar nada ante el juez pero participaron en todas las operaciones sobre la compra de la sede

No recordaban nada, pero tenían poderes para todo. Y se los dio Luis Bárcenas, a quien dijeron no conocer. El secretario general del PP en la Rioja, Carlos Cuevas, y la gerente regional, Ana Elvira Martínez, afirmaron el pasado 5 de febrero en su declaración como testigos ante el juez Ruz que no recordaban los pormenores de las operaciones de préstamo y compra de los dos edificios para la sede del PP en La Rioja.

Sin embargo, según la documentación remitida por el propio PP riojano al juez Ruz, no solo estaban al corriente de todo, sino que ambos participaron en todas las transacciones. Tanto Carlos Cuevas como Ana Elvira Martínez firmaron ante notario las escrituras por los dos inmuebles; rubricaron los documentos privados con los propietarios para la adquisición; los contratos para rescindir el alquiler anterior, la demolición del interior de la nueva sede, y la licencia municipal de obra. Los dos cargos del PP de La Rioja también firmaron los préstamos con los bancos y recibieron poderes de la tesorería nacional del PP para realizar las transacciones económicas. En marzo de 2008 recibieron poderes de Álvaro Lapuerta, y el 10 de julio de ese año, del mismísimo Luis Bárcenas, a quien Carlos Cuevas afirmó desconocer ante el juez Ruz, aunque después admitió que le habría visto algunas veces, al recordarle que coincidieron en el Senado.

Durante su declaración como testigos afirmaron no recordar prácticamente nada. Hasta tal punto llegó la amnesia de Carlos Cuevas y Ana Elvira Martínez, que irritaron al juez Ruz. El magistrado se vio obligado a recordarles que declaraban como testigos y debían decir verdad. Ruz incluso les requirió para que en dos días entregasen toda la documentación al respecto, al no satisfacerle sus explicaciones.

200.000 euros en negro

La documentación remitida por el PP no aclara uno de los puntos clave de esta historia: los 200.000 euros en negro que según la declaración de Bárcenas envió La Rioja al PP nacional para que éste lo blanquease con el ingreso fraccionado en la cuenta de donativos y su correspondiente reenvío al PP riojano para complementar el presupuesto con el que adquirir su sede.
El PP de La Rioja aporta el ingreso de 200.000 euros en blanco procedente de la sede nacional. No hay ningún pago por una cantidad similar desde La Rioja a la sede central. El secretario general del PP riojano explicó a Ruz que se enteraron de la transacción cuando la vieron en el banco, y que no sabía quién ni por qué les dio el dinero desde Génova 13. Afirmó que tampoco llamó para dar las gracias y explicó que eran 200.000 euros a fondo perdido. Unas afirmaciones que no convencen a los investigadores, según fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER, que consideran más creíble la versión ofrecida por Luis Bárcenas.

www.cadenaser.com 03-03-2014

EL PP LE 'CUELA' AL JUEZ RUZ UN ABOGADO PARA DEFENDERSE EN EL 'CASO BÁRCENAS'

Rechazado como acusación, el partido tiene como 'representante legal' en la causa al ex fiscal Jesús Santos, defensor del gerente de Cospedal imputado y asesor de la formación durante el registro 'de facto' de Génova. Su presencia ya ha provocado incidentes.

La mañana del miércoles 5 de febrero había comenzado ajetreada en el Juzgado Central de Instrucción número 5. Era jornada de declaraciones en el 'caso Bárcenas', uno de los más mediáticos de los que tiene entre sus manos su titular, Pablo Ruz. Por ello no llamó la atención que a las puertas del mismo se agolparan un buen número de abogados de los despachos más prestigiosos de la capital. Era el día señalado para que declarasen como testigos, entre otros, dos dirigentes del PP de La Rioja: su secretario general, Carlos Cuevas, y la gerente, Ana Elvira Martínez. El magistrado quería conocer más detalles sobre la compra en 2008 de una sede para la formación en Logroño y su presunta relación sobre los apuntes contables de Luis Bárcenas. En concreto, con la entrada aquel año en la supuesta caja 'B' de la formación de 200.000 euros 'en negro' procedentes de sus correligionarios riojanos.

La comparecencia de ambos ante el juez se retrasaba, como se ha convertido en costumbre durante la instrucción de la causa, y los letrados aprovecharon ese 'tiempo muerto' para charlar entre ellos y repasar las últimas notas antes de participar en el interrogatorio. Sin embargo, uno de ellos decidió hacer algo inusual y, según fuentes jurídicas, "también irregular": se acercó a hablar con uno de los dirigentes del PP de La Rioja que acudía como testigo, Carlos Cuevas, quien nervioso esperaba en una sala contigua el momento de someterse a las preguntas del magistrado y las partes personadas. La discreta charla entre el abogado y el testigo sólo duró unos minutos y, aparentemente, pasó inadvertida para el resto de letrados. Sin embargo, no fue así. Uno de estos últimos, Gonzalo Boye, representante legal de la acusación popular que representa a la asociación Observatori DESC, vio cómo su colega y el dirigente regional salían juntos de la sala donde los testigos esperan a ser llamados.

Por ello, cuando a este abogado le tocó el turno de preguntar al secretario general del PP riojano decidió interrogarle también sobre este anómalo encuentro. El motivo: el colega con el que éste había estado hablando era el exfiscal Jesús Santos Alonso, el abogado que asesoró legalmente a Génova 13 durante el registro 'de facto' de su sede nacional.

-Antes de esta declaración, ¿usted ha hablado con algún abogado del PP sobre este asunto [la compraventa de la sede de Logroño]?

-No

-Se lo pregunto de otro modo. Antes de este momento, ¿ha hablado con algún abogado vinculado al PP?

-Bueno, sí, pero sólo unos minutos en el cuarto de al lado del ascensor [del juzgado]

Aquella respuesta fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del juez. Ésta ya había mostrado durante el interrogatorio su malestar por la actitud del secretario general del PP en La Rioja, quien durante el mismo, había evitado en todo momento dar datos y, en numerosas ocasiones, había eludido las preguntas más comprometidas con un "no sé" o un "no recuerdo". El magistrado incluso se había visto obligado en alguna ocasión a recordarle que su condición de testigo le obligaba a decir la verdad. Finalmente, Ruz, visiblemente irritado, terminó requiriendo formalmente al dirigente político para que entregara en sólo 48 horas toda la documentación que sobre la compra bajo sospecha del local tuviera la formación. Sobre la charla previa que había mantenido con el abogado ligado al PP no dijo nada, pero tomó nota, según fuentes jrídicas. "De hecho, dejó que el compañero realizara las preguntas y, por tanto, ya constan en el sumario", señala uno de los letrados que asistió a dicho interrogatorio. Vozpópuli se puso ayer en contacto con el bufete del que forma parte Santos para recabar su versión sobre dicho encuentro con el testigo, pero portavoces del despacho declinaron hacerlo alegando que "no comentamos nada sobre nuestros clientes y los asuntos que llevamos".

Abogado de un imputado

Aquella conversación entre uno de los abogados defensores y un testigo, desconocida por la opinión pública hasta ahora, adquiere mayor relevancia cuando se conoce el papel que hasta ahora ha jugado del letrado que participó en ella. Jesús Santos entró en la causa el pasado 25 de octubre como representante legal de José Ángel Cañas, el gerente del partido en Castilla-La Mancha que firmó el célebre recibí aportado por Bárcenas como prueba de una supuesta donación ilegal por parte de Sacyr a la campaña electoral de 2007 de la número 2 de partido, María Dolores de Cospedal, a cambio de una contrata de limpieza en Toledo. Cañas es, de hecho, el único cargo en activo de la formación que en la actualidad se encuentra imputado.

Desde entonces, este letrado ha tenido acceso a todas las diligencias judiciales y ha presentado algún escrito. Sin embargo, su actuación más relevante en el 'caso Bárcenas' no viene paradójicamente como representante del gerente castellano manchego, sino como asesor del propio PP. Fue durante el registro 'de facto' de Génova 13 que el pasado 20 de diciembre ordenó el juez Ruz. Entonces, Santos, que hasta hace sólo 14 meses fue fiscal de la Audiencia Nacional, se presentó en el inmueble una hora y cuarenta minutos después de que se iniciara la diligencia y permaneció durante las catorce horas que duró la misma como abogado de la formación política, pese a que otro letrado, Alberto Durán, jefe del equipo jurídico del partido, estaba también presente. Según recogió el acta judicial levantado durante dicha diligencia, Santos asistió a los momentos críticos de la misma: la recogida de más de 5.000 folios de documentación en papel relacionados con las obras de reforma bajo sospecha del edificio y el 'volcado' de abundante material informático de los equipos informáticos del área económica de la formación.

Una duplicidad de funciones que es más llamativa, si cabe, por los estrechos lazos con el PP que tiene el prestigioso bufete al que pertenece, Baker & McKenzie. Este depacho, donde el exfiscal es el máximo responsable del área penal. tiene entre sus socios a Manuel Pizarro, exdiputado y antiguo responsable de economía del PP. Además, Manuel Pimentel, exministro de Trabajo en el Gobierno de José María Aznar, también colabora como consultor en el área de laboral. Ni el partido ni el bufete quisieron confirmar a este diario tras el registro de Génova 13 si Jesús Santos seguiría representando legalmente a la formación política, aunque fuentes jurídicas destacan que el hecho de que sea el defensor del único dirigente en activo del partido imputado en la causa es "más que significativo". "El PP intentó personarse en la causa como acusación particular, pero el juez Ruz lo rechazó. Hasta que en octubre pudo entrar tras la imputación de su gerente en Castilla-La Mancha, la cúpula de Génova 13 había estado ciega, sorda y muda. Ahora tiene ojos, oídos y voz, aunque sea de modo indirecto", recalcan.

Fuera del caso Bárcenas y de Gürtel

Un cambio sustancial vista la situación que vivió el PP durante seis meses. En concreto, desde que el 4 de abril del pasado año, el juez Pablo Ruz rechazase la personación del partido como acusación en el 'caso Bárcenas'. El magistrado destacaba en el auto en el que hacía firme su decisión que la presencia de la formación en la causa era "incompatible con el propio objeto de la investigación, en la que se podría derivar la responsabilidad civil del propio PP". La maniobra incluso aceleró su exclusión del 'caso Gürtel'. Sólo 22 días después, el juez Ruz hacía público otro escrito que dejaba al PP fuera del caso de corrupción como acusación popular al considerar que durante el procedimiento había defendido la inocencia de Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias; y el exdiputado Jesús Merino, algo que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 destacaba que no era "congruente"con las funciones de la acusación popular que la formación decía ejercer.

Fue la puntilla para un partido que, además, vio cómo poco a poco sus otros 'ojos' dentro de la causa también le abandonaban. Poco después de la entrada en prisión del extesorero, Luis Bárcenas y su esposa renunciaban a los abogados que hasta entonces les había defendido, y que eran pagados por la propia formación, para dejar su defensa en manos de los abogados Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado. El otro extesorero de la formación, Álvaro Lapuerta, también decidía dar un giro a su defensa y ponía su representación legal en manos de un letrado distinto al que en un primer momento le había puesta Génova 13, el cual se había visto envuelto en un supuesto episodio de coaciones a Bárcenas en prisión. Finalmente, el tercer exmiembro del equipo económico imputado, Cristobal Páez, se había mantenido alejado de la formación desde mucho antes de su imputación y, por tanto, fuera de la 'órbita' de influencia y control del partido como para contar con su colaboración.

De este modo, la imputación de José Ángel Cañas el pasado 11 de octubre abrió la posibilidad de que el PP pudiera volver a estar presente en la causa y no tener que enterarse 'por la prensa' de los avances de una investigación que estaba zarandeando a la formación y sus dirigentes en las portadas de todos los diarios. Cuatro días después, el exfiscal de la Audiencia Nacional presentaba el escrito por el que informaba al juez Ruz de que iba a asumir la representación del dirigente castellano manchego. Finalmente, el 25 de octubre una providencia de Ruz aceptaba su personación y el abogado de Baker & McKenzie tenía acceso al sumario y a participar en los interrogatorios. En el último de ello, el del pasado 5 de febrero, se produjo el incidente con el testigo. Un incidente del que, insisten fuentes jurídicas, el magistrado "tomó nota".

http://vozpopuli.com/actualidad/38986-el-pp-le-cuela-al-juez-ruz-un-abogado-para-defenderse-en-el-caso-barcenas
 

RUZ ADELANTA AL LUNES LA DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DE MERCADONA

Interrogará a dos dirigentes del PP riojano por una entrega de 200.000 euros que el extesorero atribuyó a la compra de su sede

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha adelantado del miércoles al lunes la declaración como testigo del presidente de Mercadona, Juan José Roig, que será preguntado por la supuesta entrega de 150.000 euros que el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas anotó en su contabilidad B, informaron fuentes jurídicas.

El magistrado, que investiga la supuesta contabilidad opaca de los 'populares' en una pieza separada del 'caso Gürtel', ha modificado la fecha de la declaración a petición del presidente de la compañía, que alegó que ese día tenía problemas de agenda que le imposibilitaban acudir a la Audiencia Nacional.

Al comparecer como testigo, Roig tendrá la obligación de decir la verdad y no podrá comparecer acompañado de asistencia letrada, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también interrogará el miércoles a otros tres supuestos dontantes del PP que aparecían en los manuscritos de Bárcenas. Se trata de Pilar Pulido, directiva de ADS Brokers, a la que Bárcenas atribuyó una donación de 36.000 euros; el presidente de Ploder, Luis Gálvez, que se encuentra "entre los aportantes de fondos no identificados" por una supuesta entrega de 50.000 euros; y Adolfo S., al que el juez no llega a identificar y atribuye un pago de 10.000 euros. Todos declararán como testigos.

SEDE DE LA RIOJA

Además, el miércoles tendrán lugar dos declaraciones en lugar de las tres previstas ya que la apoderada de la sede del PP de La Rioja en 2008, Ana Elvira Martínez, también ocupaba el cargo de gerente regional. Junto a ella, comparecerá en la Audiencia Nacional el también apoderado Carlos Cuevas.

Ruz investiga una entrega de 200.000 euros que Bárcenas anotó el 26 de mayo de 2008 en sus manuscritos bajo el concepto 'entrega de La Rioja' y que, según declaró el pasado 15 de julio, sirvió para financiar la compra de su nueva sede.

El magistrado, con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, acordó estas diligencias el pasado jueves después de recibir un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del que se desprenden "elementos objetivos que otorgarían coherencia respecto del apunte contable investigado" en relación con la compra de la sede del PP riojano. A su juicio, ante la "indiciaria congruencia observada", es necesario poner en relación las conclusiones de este informe con los soportes contables del extesorero.

El juez constata que en la contabilidad oficial existe una transferencia por importe de 200.000 euros que el PP nacional realizó en junio de 2008 al riojano y que no consta que fuera devuelta por la organización regional. Bárcenas explicó en su declaración que se trataba de "un donativo o aportación recibida de La Rioja", presuntamente en negro, que debía ser devuelto como "dinero oficial" para la compra de la sede.

En su auto el juez instructor recordaba que los delitos fiscales correspondientes a 2008 no habrían prescrito y que en esta causa investiga "la eventual responsabilidad" del PP y del "administrador o responsable legal de la formación política" en relación con "las entradas dinerarias registradas en la contabilidad paralela investigada" y las cuotas del Impuesto sobre Sociedades de 2008 que pudieran haberse defraudado.

Además, se dirigía a la Agencia Tributaria para que remita las declaraciones originales y pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades presentadas por el PP en los ejercicios de 2007 y 2008. De no haberse presentado en alguno de los dos ejercicios declaración por este impuesto, solicita su certificación negativa.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-ruz-adelanta-lunes-declaracion-testigo-presidente-mercadona-20140130130932.html

EL JUEZ RUZ HALLA NUEVOS INDICIOS DE DELITO FISCAL EN EL PP POR EL ‘CASO BÁRCENAS’

En su contabilidad paralela, Bárcenas anotó el 26 de mayo de 2008 la siguiente frase: “Entrega La Rioja”. Y al lado, la cifra de 200.000 euros. En su declaración, el extesorero confesó que el dinero procedía de empresarios de esa comunidad y que fue utilizado para adquirir la sede conservadora en Logroño. Según su relato del 15 de julio, el dinero, en metálico, fue entregado por el PP riojano en la sede nacional de Génova 13. Bárcenas ingresó el dinero en la cuenta oficial de donativos de la formación, fraccionando los depósitos para cumplir con la Ley de Financiación de Partidos, que impide que un solo donante entregue más de 100.000 euros.

El partido niega que el local fuera abonado con fondos opacos al fisco

Una vez blanqueada esa suma, el PP nacional realizó, el 23 de junio de 2008, una transferencia desde su cuenta de donativos a su sede riojana por valor de 200.000 euros. Con esa cantidad se sufragaron parte del coste de la adquisición del local y las obras de reforma para convertirlo en la sede regional del partido. La licencia de obras para las oficinas del PP se solicitó el 3 de junio y el dinero llegó de Génova 13 veinte días después. El presupuesto, de julio de 2008, ascendía a 214.000 euros.

Hasta aquí lo que se deriva de los papeles de Bárcenas y de la declaración del extesorero. El informe de la IGAE, órgano de control interno de la actividad económico-financiera del sector público, certifica que en junio de 2008 se produjo una transferencia de 200.000 euros desde la sede nacional del PP a la sede riojana, pero que previamente no existe ninguna aportación en dinero blanco por esa cantidad desde la sede de Logroño a Génova 13. Este hecho, unido a que el 6 de octubre de 2008 el PP riojano apunta en su contabilidad la compra del local por importe de 300.000 euros, lleva a los investigadores a dar crédito a la versión de Bárcenas de que la sede se adquirió con dinero b.

De probarse esto, el PP puede haber incurrido en un delito fiscal, ya que esta presunta donación opaca resultaría determinante para fijar la base imponible. El juez Ruz solicita a Hacienda que le remita las declaraciones del Impuesto de Sociedades del PP de los años 2007 y 2008. El partido ha afirmado que en este último ejercicio no realizó declaración. El magistrado también quiere certificación oficial de este hecho. Ruz ha citado como testigos el 5 de febrero a los apoderados y al gerente del PP riojano en 2008.

El PP riojano ha desvinculado la financiación de su sede de toda donación ilegal. “La compra y rehabilitación de esta sede se ha financiado con dos préstamos del Banco Santander que tienen vigencia hasta 2020 por valor de 1,02 millones de euros. También con cuotas de afiliados (más de 80.000 euros cada año) y donativos de simpatizantes (82.837 euros) y con la colaboración del PP (254.000 euros)”, afirma el partido. Lo que no dice el PP riojano es que ese año no solo recibieron tal ayuda del PP nacional, sino que ingresaron otros 670.000 euros “de otras sedes” del PP. Por tanto, por aportaciones directas del propio partido, el PP riojano dispuso en 2008 de casi un millón de euros, una cifra muy similar a la que pidió como crédito al Banco Santander.

Además de a Roig, ha citado a otros tres supuestos pagadores, Pilar Pulido, Luis Gálvez y una persona que figura en la lista de Bárcenas como Adolfo S. y de la que el magistrado no tiene más referencia. Mercadona negó a EL PAÍS, con motivo de la publicación en este diario de los papeles de Bárcenas, el 31 de enero de 2013, haber efectuado donaciones al PP.

Fuentes de Mercadona han explicado, tras hacerse público el auto de Ruz, que se han enterado por la prensa de la citación de Roig como testigo y que ya en febrero de 2013, tras la publicación de la contabilidad secreta de Bárcenas, remitieron un escrito a la fiscalía para ponerse enteramente a su disposición. Las mismas fuentes insistieron en que el apunte de Bárcenas sobre Mercadona no es cierto, informa Jorge A. Rodríguez.

El hecho de que los cuatro supuestos donantes citados lo hagan como testigos y no como imputados obedece, según Ruz, a que “o bien no han sido objeto de acción penal alguna” —nadie se ha querellado contra ellos— o se han desestimado las denuncias “por falta de evidencias o indicios hasta el momento que permitan vincular las supuestas aportaciones a ellos atribuidas a con otros hechos”, como la adjudicación de contratos a sus empresas.

A diferencia de empresarios como José Luis Sánchez Domínguez, Ramón Arige, Manuel Contreras, Juan Manuel Villar Mir, José Mayor Oreja y Rafael Palencia, supuestos pagadores del año 2008 que han prestado declaración como imputados, los cuatro citados este viernes acuden como testigos.

Pilar Pulido, vinculada a una supuesta entrega de 36.000 euros en febrero de 2008, ha sido identificada en la querella de Izquierda Unida que ha dado pie al caso Bárcenas como “directiva” de ADS Brokers.

Luis Gálvez, que figura como supuesto aportante de 50.000 euros, figuraba hasta ahora como no identificado por Bárcenas. Sin embargo, un informe de la policía ha permitido su citación.

Finalmente, aparece otro donante desconocido, Adolfo S., relacionado con una entrega de 10.000 euros en junio de 2008. El magistrado ha ordenado a los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía adscritos al juzgado que investiguen su completa filiación.

http://politica.elpais.com/politica/2014/01/24/actualidad/1390573687_185032.html

RUZ CITA AL DUEÑO DE MERCADONA, A UNA ACUSADA DE ESTAFA Y AL SUEGRO DE UN EX EDIL POR LA CAJA B DEL PP

Sospechas sobre la compra de la sede de La Rioja

Todo esta batería de declaraciones surge del informe que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente de Hacienda) entregó a Ruz el pasado lunes sobre sendos apuntes contables de 2007 y 2008 referidos a extraños movimientos de dinero de Génova 13 con las delegaciones de su partido en La Rioja y Pontevedra, como adelantó este viernes en exclusiva Vozpópuli. Sobre éste último, la supuesta entrega por parte de un dirigente gallego de 50.000 euros al PP de Madrid tras el embargo de 160.000 euros de las cuentas de la formación nacional por una deuda en aquella comunicad autónoma, el magistrado pidió el jueves al partido nueva documentación contable referida a las cuentas en Galicia. Pretende con ello aclarar si dicha entrega fue en dinero negro.

Más concluyente fue la IGAE respecto a la transferencia de 200.000 euros que Génova 13 hizo a los 'populares' de La Rioja en mayo de 2008 para la adquisición y reforma de una sede en Logroño. El juez sospecha que ese dinero, que supuestamente viajó primero a Madrid en metálico para luego ser transferido como si se tratara de un envío legal, era 'negro' y que la maniobra sólo pretendía precisamente 'blanquearlo' para que pudiera ser usado en la adquisición inmobiliaria. Ruz ha citado por ello como testigos a los apoderados y al gerente del PP riojano en aquella época.

Es precisamente la fecha de dicho movimiento, el 26 de mayo de 2008, más el hecho de que ese año el PP no entregara el Impuesto de Sociedades correspondiente, lo que ha llevado al magistrado a ampliar las pesquisas a todas las notas referidas a aquel año. El presidente de Mercadona, la empresaria acusada de estafa, el constructor suegro del ex concejal madrileño y, si se le logra identificar, el misterioso 'Adolfo S.' tendrán que comparecer, precisamente, porque sus nombres o el de sus empresas figuraban en los apuntes contables que el extesorero situó en aquellos 12 meses que pueden ser 'malditos' para el PP.

http://vozpopuli.com/actualidad/37779-ruz-cita-al-dueno-de-mercadona-a-una-acusada-de-estafa-y-al-suegro-de-un-ex-edil-por-la-caja-b-del-pp


HACIENDA AVALA LA TEORÍA DE BÁRCENAS SOBRE LA COMPRA DE LA SEDE DEL PP RIOJANO

El secretario general y la gerente del partido declararán en la Audiencia Nacional el próximo 5 de febrero.

La teoría del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre la compra de la sede del partido en La Rioja y el apunte de los 200.000 euros en relación a este tema es coherente. Así lo avala el Informe de la Unidad de Auxilio de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Este documento, ya en manos del juez Pablo Ruz, señala que hay relación entre las declaraciones de Bárcenas y los soportes contables del PP, tanto a nivel nacional como a nivel regional.

Por esta razón, el magistrado ha llamado a declarar el próximo día 5 de febrero al secretario general del PP en La Rioja, Carlos Cuevas, y a la gerente del partido en la comunidad, Ana Elvira Martínez. Ambos realizarán una declaración testifical en calidad de apoderados de la sede en el año 2008, ya que ellos fueron los que firmaron la compra de la sede. Ha llegado la hora de las explicaciones ante el juez y no mediante notas de prensa.

Del informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la IGAE, remitido al Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, se concluye que el registro contable del Partido Popular, tanto de la sede central como de la sede de La Rioja, refleja una transferencia en el mes de junio de 2008 por importe de 200.000 euros. Un apunte que no se ha encontrado en ninguna de las contabilidades en sentido contrario. Es decir, no existe ninguna aportación de la misma cantidad efectuada desde la sede riojana a la nacional.

Los datos de la IGAE han comprobado también que el PP riojano gastó 300.000 euros en la compra de su sede, para lo que le fue concedido un préstamo por importe de 120.000. Según explicó el partido el pasado mes de julio, el coste total de la obra ascendió a 1.020.000 euros, abonado a través de dos préstamos hipotecarios a doce años, financiados con una aportación de 245.642 euros del PP nacional, a las que se añaden las cuotas de afiliados (más de 80.000 euros al año) y los donativos de afiliados y simpatizantes, cuya cuantía asciende a 82.837 euros.

Tras tener conocimiento de las diligencias del Juez Ruz, desde el Partido Popular han señalado que tanto Carlos Cuevas como Ana Elvira Martínez irán "encantados" a responder a las preguntas que les formulen como testigos y a colaborar con la justicia. "Esta decisión nos da la oportunidad de explicar ante el juez lo que hemos explicado en numerosas ocasiones ante los medios de comunicación: que las cuentas del Partido Popular de La Rioja son limpias y transparentes".

Por su parte, el secretario general del PSOE de La Rioja, César Luena, ha criticado que "por primera vez en la historia de la política riojana, unos dirigentes tienen que ir a Madrid a dar explicaciones sobre las cuentas de su partido". Por todo ello, Luena espera que ahora "se cuente la verdad y si se demuestra que el PP de La Rioja financió su sede irregularmente dentro del circuito ilegal de Bárcenas, el presidente del Ejecutivo regional, Pedro Sanz, solo tendrá una salida que es la dimisión".

También el Partido Riojano considera que el presidente del Gobierno regional debería dar explicaciones sobre algunos asuntos como la relación que existe con el arquitecto que reformó la sede y que recibió después numerosos contratos públicos. Señalan además que la investigación del juez "confirma los rumores y sospechas" sobre el "cobro de comisiones del Gobierno riojano".

Henar Moreno, coordinadora de Izquierda Unida en La Rioja, ha apuntado que tales hechos "coinciden con la postura mantenida por IU desde el principio", desde que su formación interpuso la querella por los papeles del extesorero. Asimismo, en referencia al supuesto pago irregular de la sede riojana del PP, Moreno ve "totalmente razonable" la citación de los dos representantes populares, al igual que, sostiene la dirigente, debería hacerse extensible al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "por su responsabilidad en dicho asunto".

http://www.rioja2.com/n-93954-2-Hacienda_avala_teoria_Barcenas_sobre_compra_sede_PP_riojano

EL JUEZ RUZ LE ABRE DOS NUEVOS FRENTES AL PP EN LA RIOJA Y PONTEVEDRA POR EL 'CASO BÁRCENAS'

Tras recibir un informe de Hacienda, el magistrado reactiva la investigación sobre dos apuntes contables del extesorero referidos a la compra de una sede en Logroño y la devolución de una deuda por parte de la dirección del partido en la provincia gallega. Este último movimento fue relacionado por el extesorero con el pago en 2010 de 50.000 euros en sobresueldos a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.

Nuevo quebradero de cabeza para el PP y, en esta ocasión, por partida doble. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha dictado este jueves una providencia en la que ordena la práctica de nuevas diligencias en dos investigaciones del 'caso de los papeles de Bárcenas' que parecían estancadas desde hacía meses: la que pretende aclarar la adquisición de un local para la formación política en La Rioja con fondos de origen no aclarado y la que rastrea la extraña devolución en 2010 por parte de la formación en Pontevedra de parte de una deuda de 160.000 euros que había adquirido con la dirección en Madrid. Sobre esta última, que el extesorero relacionó directamente con el posterior pago de 50.000 euros en sobresueldos a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, el magistrado ya ha fijado un plazo de cinco día a los 'populares' para que le aporten la contabilidad del partido en esta provincia gallega con el fin de cotejarla con la que ya obra en su poder remitida por Génova 13. El nuevo impulso de Ruz a ambas líneas de investigación está relacionada con un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, organismo dependiente de Hacienda) que llegó a sus manos el pasado lunes y que analiza al detalle dichos movimientos contables bajo sospecha.

De hecho, las pesquisas sobre estos dos apuntes contables no son nuevas. Las abrió el juez el pasado 11 de octubre al dictar una serie de autos con los que daba un giro a la estrategia que había seguido hasta ese momento en el 'caso Bárcenas'. Entonces, Ruz decidió dejar a un lado las pesquisas sobre la veracidad o no de dichos apuntes una vez que su credibilidad había dejado de estar en duda tras corroborar los testigos más de medio centenar de ellos, para pasar a considerarlos un elemento de prueba más a partir del cual destapar supuestas corruptelas concretas. Aquel día, el magistrado decidió centrar sus esfuerzos en aquellas anotaciones del extesorero en los que creía haber detectado indicios de delitos que no hubieran prescrito aún. Es decir, los referidos a los años 2007 o a ejercicios posteriores. Entre ellos estaban el supuesto pago con dinero negro de las obras de remodelación de la sede de Génova 13 que provocaron el registro 'de facto' del inmueble el pasado mes de diciembre, y la supuesta comisión recibida por el partido en Toledo por la concesión de un contrato de limpieza a una filial de Sacyr, lo que ya ha obligado a comparecer como imputado en la Audiencia Nacional a un dirigente de la formación en Castilla-La Mancha.

Entonces el juez decidió abrir también las pesquisas sobre la compra de una sede en Logroño y la extraña devolución de una deuda de Pontevedra, aunque ambas parecían haber quedado arrumbadas en el sumario. No era así. El juez simplemente estaba esperando que le llegara el informe que hace más de tres meses pidió a los funcionarios de la IGAE sobre ambos apuntes contables. Para hacer el relativo al envío en 2008 de 200.000 euros desde Génova 13 a su partido en La Rioja para la adquisición de un local en esta comunidad, puso a disposición de la Intervención General la contabilidad oficial del PP que ya estaba en aquel momento incorporada a la causa, así como la transcripción de la declaración que Bárcenas hizo el julio ante el juez reconociendo la autoría de los apuntes contables. Durante aquel testimonio, el extesorero detalló que en la sede de Madrid se había recibido un donativo supuestamente irregular por esa cantidad desde La Rioja y que la misma fue transferido de vuelta a esta comunidad para que así apareciera 'blanqueado' en las cuentas de la formación regional y pudiera ser utilizado para adquirir un local.

"Lo embargado, embargado está"

Para investigar la deuda del partido en Pontevedra, el magistrado también remitió a la IGAE la declaración del extesorero en la que se refería al apunte que recogía una entrada en la caja 'B' de Génova 13 de 50.000 euros supuestamente entregados por un dirigente pontevedrés. Bárcenas aseguró al juez que las cuentas bancarias del PP nacional habían sido embargadas antes por una deuda de 160.000 euros adquirida por sus correligionarios gallegos y que tuvo que ponerse en contacto con sus responsables para reclamársela. "Yo hablé con el gerente regional del partido y con el gerente provincial de Pontevedra y les dije: 'Lo embargado, embargado está, pero ese dinero tenéis que devolvérnoslo". Según detalló aquel día el extesorero, en febrero de 2010 "el gerente me llamó [no especificó si el regional o el provincial], vino a verme y me trajo 50.000 euros". Ese dinero sirvió, según aclaró el propio Bárcenas, para que él pudiera pagar dos sobresueldos de 25.000 euros que tenía pendientes por falta de efectivo. Los destinatarios fueron supuestamente Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.

Ahora, tras la llegada del informe de Hacienda sobre dichos apuntes, Ruz parece dispuesto a reactivar ambas pesquisas con nuevas diligencias. Así, sobre "la adquisición de los locales para la sede del Partido Popular en La Rioja", el juez relaciona las conclusiones del estudio de la Intervención General con la petición que ya en agosto realizó una de las acusaciones en la causa, la que ejercen los socialistas madrileños. En aquel escrito, sus abogados solicitaron al juez que citase a declarar como testigos a los miembros del PP riojano que firmaron la escritura de compraventa del local de Logroño poco después de la fecha que se ingresó el donativo irregular, según los 'papeles de Bárcenas'. También pedían los datos para saber qué dirigente riojano fue el que supuestamente se desplazó a Madrid con ese dinero que más tarde sería transferido de vuelta a La Rioja.

Sobre el segundo apunte sospechoso, el juez Ruz ha reclamado a los 'populares' que le remitan la contabilidad de los años 2009 y 2010 del partido en Pontevedra al considerar que sin esos datos el informe que ha remitido Hacienda está "incompleto". De hecho, ordena que la entrega de dicha documentación se haga "en el plazo de cinco días" para poder remitírsela a los dos expertos de la Intervención General y que éstos puedan completar su estudio lo antes posible. En este punto, el magistrado recuerda que sobre dicho apunte contable también hay pendiente la realización de diligencias solicitadas por una acusación, en este caso la que ejercen los socialistas valencianos. Aquellos pidieron al juez en septiembre que el PP informase "si le fue embargada de sus cuentas la cantidad de 160.000 euros por una deuda de dicho partido en Pontevedra", y, en caso afirmativo, que detallase en que depósito bancario concreto se realizó. Esta acusación también reclamaba la identificación de los gerentes regional y provincial a los que se refirió Bárcenas para que "sean citados a declarar en calidad de testigos". Con el nuevo informe en sus manos, Ruz decidirá si las practica.

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