LA GUARDIA CIVIL ACUSA
AL DIPUTADO VALENCIANO
VÍCTOR SOLER (PP) DE
FRAUDE, COHECHO Y
MALVERSACIÓN
De Pedro, considerado el
"conseguidor" de la
Púnica, prestó servicios
de reputación online al
exalcalde de Gandía
La UCO considera a Soler
"conocedor" e
"interlocutor directo"
con De Pedro para la
determinación de los
trabajos y la manera de
sufragar los servicios
reputacionales
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil atribuye
al concejal del PP en
Gandía (Valencia) y
diputado de las Cortes
Valencianas, Víctor
Soler, los delitos de
fraude, cohecho y
malversación de caudales
públicos por ser
"conocedor" e
"interlocutor directo"
en los servicios
reputacionales que
realizaron las empresas
de Alejando de Pedro al
exalcalde del municipio
valenciano Arturo Torró
entre los años 2012 y
2014, en el marco de la
investigación del caso
Púnica, según ha
informado Europa Press.
Así se desprende de un
informe de la UCO, con
fecha del 17 de
noviembre de 2016, sobre
el pago irregular de
servicios de reputación
online para el exalcalde
de Gandía prestados por
el empresario Alejando
de Pedro, que ha sido
remitido al Juzgado
Central de Instrucción 6
de la Audiencia
Nacional, dirigido por
Eloy Velasco.
La Guardia Civil afirma
en su informe que,
gracias a las
conversaciones
telefónicas intervenidas
a De Pedro, se confirmó
la existencia de una
deuda del Ayuntamiento
de Gandía con el
empresario. La UCO
destaca que De Pedro,
considerado como
"conseguidor" de la
trama Púnica, comenzó su
vinculación con el PP de
Gandía en 2011, cuando
comenzó a prestar
trabajos con su empresa
EICO.
Aprovechando que era un
año electoral, el
informe presume que los
servicios eran
destinados a la
"promoción" de la
formación política. Una
vez que Torró consigue
la alcaldía, dichos
trabajos de reputación
online pasan a
facturarse al
consistorio municipal.
Pago de la deuda para
seguir trabajando con De
Pedro
La UCO destaca que en
2013 comienzan a haber
discrepancias debido a
que quedaron varias
facturas impagadas a
EICO y Madiva por parte
del Ayuntamiento de
Gandía, pero debido al
"fruto del deseo" de que
continuase elaborando
esos informes a su
favor, Soler accede a
pagar la deuda y acuerda
un nuevo plan de pagos
para los próximos
trabajos, que se
prolongarían hasta 2015.
Según cuenta el informe,
el actual diputado
contactó con el
vicesecretario de
organización del PP en
Gandía, Dionisio Ollero,
para buscar una fórmula
de pago que solventara
dicha deuda y
concertaron con la
constructora
Construcciones Gomuñoz
(empresa adjudicataria
de obras en el
consistorio valenciano y
acreedor del mismo) para
que sufragara la misma
por supuestos trabajos
de publicidad realizados
por Madiva, otras de las
empresas de De Pedro.
Estas cantidades se
ingresaron con facturas
a Madiva por "servicios
no prestados, puesto que
lo que pretendía pagar
eran los servicios
reputacionales al
alcalde", resalta el
informe. Concretamente,
se acordó el pago de
2.633,75 euros más IVA
durante ocho meses,
según se puede ver en
uno de los correos
recogidos por la UCO
entre empleados de la
empresa de De Pedro.
No obstante, el informe
señala que estos pagos
nunca se llegaron a
hacer efectivos por las
actuaciones judiciales y
policiales que se
llevaron a cabo en ese
momento.
Conocedor e interlocutor
directo
Por todo ello, la UCO
considera a Soler
"conocedor" e
"interlocutor directo"
con De Pedro para la
determinación de los
trabajos y la manera de
sufragar los servicios
reputacionales. Por
ello, le acusa de haber
cometido los delitos de
fraude, cohecho y
malversación de caudales
públicos.
El grupo de
investigación del
Instituto Armado
considera a Ollero y a
Turró autores de tráfico
de influencia y cohecho.
Además, al exalcalde se
le acusa de fraude en
contratación pública.
También cree que el
empresario ha incurrido
en los delitos de fraude
en contratación pública,
malversación de caudales
públicos y falsedad en
documento mercantil.
Asimismo, considera
autor de cohecho al
dueño de la
constructora, Sergio
Múñoz, por acceder a
sufragar la deuda del
Ayuntamiento de Gandía.
Control de la
información
Por otro lado, la UCO
hace hincapié en los
mensajes del concejal
del municipio valenciano
Vicente Soler con De
Pedro en el que le
informa de que el diario
Ahora Gandía será la
plataforma pagada con
dinero municipal
dirigida a recoger
mensajes favorables de
Turró, además de las
redes sociales. Sin
embargo, durante una de
esas comunicaciones, el
concejal de Gandía pide
al empresario que
controle a la única
periodista con el que
contaba el medio por el
"trato informativo" que
recibía el entonces
alcalde.
"Vamos a hacer una cosa,
si ella tiene que
continuar, lo único que
te pido es que controles
la información que pone,
porque en determinadas
noticias barre mucho
hacia la oposición y en
negativo hacia
nosotros", dice uno de
los mensajes del
concejal que envía a De
Pedro. "Eso me genera
problemas", continúa.
Ante esto, De Pedro
intenta tranquilizar al
concejal asegurando que,
a partir de ese momento,
él controlaría las
informaciones de Ahora
Gandía: "Verás como no
vuelve a poner nada, y
ante la duda que
pregunte y yo te lo
traslado", contestó.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/23/la_guardia_civil_acusa_diputado_valenciano_victor_soler_fraude_cohecho_malversacion_59137_1012.html
LAS 63 PRUEBAS QUE
ACORRALAN EN PÚNICA A UN
DIPUTADO DEL PP Y AL
EXALCALDE DE GANDÍA
La UCO entrega al juez
Velasco un nuevo informe
sobre el supuesto pago
irregular de trabajos de
reputación 'online' para
el antiguo regidor
'popular' de la
localidad valenciana,
Arturo Torró. El
documento policial
adjudica un papel
relevante en la trama al
actual parlamentario
regional Victor Soler.
Diez llamadas de
teléfonos, once
documentos en formato
digital, 32 'emails',
tres cadenas de mensajes
y siete declaraciones
ante la Guardia Civil.
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ha
entregado recientemente
al titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
un amplio informe en el
que detalla todas las
pruebas e indicios
recopilados hasta ahora
sobre las 'andanzas' de
la trama Púnica en el
Ayuntamiento de Gandía.
El exhaustivo documento
policial concluye que
cinco personas pudieron
tener responsabilidades
penales en las mismas,
entre ellos el antiguo
alcalde del PP de esta
localidad valenciana,
Arturo Torró, y el
actual concejal y
diputado en las Corts
Valencianes por el mismo
partido Víctor Soler.
Los autores del informe
otorgan a éste último,
que ha sido elegido
recientemente
compromisario para el
Congreso 'popular' del
mes de febrero, un papel
clave en las supuestas
irregularidades
detectadas para el
supuesto pago con dinero
público de la reputación
'online' de su
correligionario y jefe.
De hecho, le atribuyen
tres posibles delitos.
Tantos como al propio
Torró, quien dimitió
como concejal del
consistorio en enero
pasado, siete meses
después de que perdiera
la alcaldía tras las
elecciones municipales
de mayo de 2015.
Vozpópuli intentó
ponerse en contacto con
Soler por correo
electrónico a través de
su página web personal,
pero al cierre de estas
líneas no había
respondido a los
requerimientos de
información de este
diario.
El informe, fechado el
pasado 17 de noviembre,
cuenta con 64 páginas,
además de 43 anexos con
otros 300 folios de
documentación
El informe cuenta con 64
páginas, 43 anexos con
otros 300 folios y está
fechado el pasado 17 de
noviembre. En el mismo,
los responsables de la
investigación detallan
que iniciaron las
pesquisas sobre las
supuestas actividades de
la trama en Gandía tras
interceptar el 14 de
julio de 2014 una
llamada de teléfono
entre el 'gurú'
informático Alejandro de
Pedro y su socio, el
exalcalde socialista de
Cartagena José Antonio
Alonso Conesa, ambos
imputados en Púnica, en
el que el primero
asegura que había
cerrado "un tema" en la
localidad valenciana
"por unos 2.500 [euros]
al mes, sin contratar
nada ni gastar nada". A
partir de ahí, los
agentes pudieron
intervenir más
conversaciones
telefónicas, hasta sumar
diez, con referencias a
este municipio e,
incluso, en alguna en la
que figura como
interlocutor un
destacado miembro del PP
de Gandía, Dionisio
Ollero, así como
referencias directas al
hoy diputado autonómico
Víctor Soler y el propio
Torró. Tras las
detenciones de octubre
de 2104, cuando fue
arrestado Alejandro de
Pedro, la UCO se hizo en
los registros con
abundante documentación
en papel y formato
digital en la que
también se han hallado
nuevas pruebas sobre las
supuestas
irregularidades en el
consistorio.
Así, los agentes han
localizado hasta once
informes de reputación
'online' elaborados por
el 'gurú' informático
para mejorar la imagen
en Internet de Arturo
Torró, así como 32
correos electrónicos
intercambiados entre
varias de los presuntos
implicados y terceras
personas, tres cadenas
de mensajes (dos de
whatssap y otra del 'messenger'
de Facebook) y siete
declaraciones, entre
ellas la de los tres
políticos del PP local
salpicados por el
escándalo. Con todo
ello, el informe de la
UCO concluye que durante
los años 2012, 2013 y
2014 la trama Púnica
trabajó para Arturo
Torró y que dichos
servicios fueron
"sufragados por el
Ayuntamiento" de Gandía.
También que parte de
esos trabajos iban a ser
pagados por una empresa
de la localidad,
Construcciones Gomuñoz,
que había recibido
diversas adjudicaciones
de obras del
consistorio. La Guardia
Civil concluye que en
dichas irregularidades
"podrían existir
responsabilidades
penales" de cinco
personas. Entre ellos
está el propio Torró, su
segundo en el
Ayuntamiento y hoy
diputado regional,
Víctor Soler, además de
Dionisio Ollero,
vicesecretario de
organización del partido
en Gandía. A ellos se
suman el propio
Alejandro de Pedro y el
dueño de la sociedad que
presuntamente iba a
sufragar parte de los
trabajos, Sergio Muñoz
López. A los dos
primeros, los agentes
les adjudican tres
delitos, mientras que a
su correligionario y al
'gurú' les atribuyen
dos, y al empresario,
uno.
"Conocedor"
En el caso del hoy
exalcalde, los agentes
consideran que era
"conocedor de la índole
de servicios" que le
prestaba Alejandro de
Pedro y que que ésto "se
pagaban con dinero de
las arcas municipales",
según se desprende de
las comunicaciones entre
su compañero de partido
y el 'gurú' informático.
Por ello lo considera
presunto autor de los
delitos de fraude en
contratación pública,
tráfico de influencias y
cohecho. Sin embargo, el
informe otorga un papel
más relevante al hoy
aforado Víctor Soler, a
quien no sólo le sitúan
como "conocedor" de las
irregularidades, sino
también como "el
interlocutor directo de
Alejandro de Pedro en la
determinación de los
trabajos reputacionales
a realizar y la manera
de sufragarlos". Eso sí,
"con el visto bueno del
alcalde Arturo Torró,
beneficiario de los
servicios
reputacionales". En su
exposición, los agentes
destacan que los mismos
fueron facturados al
consistorio "como
presuntos trabajos de
posicionamiento 'online'
del Ayuntamiento de
manera continuada
durante 15 meses", pero
que en 2013 surgió "una
discrepancia entre
empleados municipales y
Alejandro de Pedro" que
hizo que éste dejara de
recibir dinero y, como
consecuencia de ello,
decidiera dejar de
trabajar para el alcalde
'popular'. Es en las
gestiones realizadas
para desbloquear esa
situación donde Víctor
Soler asume
presuntamente un mayor
papel protagonista.
La UCO concluye que el
diputado regional medió
ante De Pedro para que
siguiera haciendo los
trabajos de reputación
'online' del entonces
alcalde Arturo Torró
Así, el informe destaca
que "para solventar la
deuda pendiente" con el
'gurú' informático y
"para concertar los
futuros trabajos de cara
a los comicios
[municipales] de 2015"
el hoy diputado
autonómico trató
directamente con
Alejandro de Pedro.
También es él quien
acude a su compañero de
partido, Dionisio
Ollero, "para buscar una
fórmula de pago" con la
que hacer frente a la
cantidad que se debía al
experto informático. Son
estos tratos los que
desembocaron "en que
Construcciones Gomuñoz,
empresa adjudicataria de
obras en el Ayuntamiento
de Gandía y acreedor del
Consistorio" aceptase
supuestamente asumir la
deuda de "los trabajos
pasados y los futuros de
quien ostentaba el cargo
de alcalde de Gandía
[Arturo Torró] en
aquellos momentos". Por
ello, el documento
policial concluye que
Víctor Soler sería autor
de los delitos de
fraude, cohecho y
malversación de caudales
públicos. Por su parte,
al vicesecretario de
organización del PP
local, Dionisio Ollero,
le adjudica el papel de
contacto con el
constructor, por lo que
le considera presunto
autor de los delitos de
tráfico de influencia y
cohecho. A Alejandro de
Pedro le señala por
malversación y falsedad
en documento mercantil,
y al empresario, por
cohecho.
Testimonio clave
La declaración que el
pasado 5 de octubre
prestó como imputado
Francisco Javier Bueno
González, antiguo
empleado de una de las
empresas de la trama
Púnica que participó en
las negociaciones de
Gandía para que el PP
saldara su deuda con
Alejandro de Pedro, ha
servido para conocer
nuevos detalles de los
tratos de la red de
corrupción con Arturo
Torró. En su relato ante
el juez Eloy Velasco,
este extrabajador de
Madiva Editorial SL
aseguró que su jefe le
envió en septiembre de
2014 a este municipio
valenciano a cobrar una
deuda del PP local y que
cuando se presentó en la
dirección que le dieron
"me veo que era una
constructora", Gomuñoz
SL. El imputado aseguró
que el dueño de la
misma, Sergio Muñoz, le
confirmó que "se iba a
hacer cargo de pagar la
deuda" y que De Pedro
debía emitir facturas
por publicidad para
camuflar dichos abonos.
Bueno González también
señaló que este
empresario le dijo que
"se iba a hacer cargo de
pagar la deuda del
ayuntamiento", aunque si
"a los tres meses no le
pagaba el Ayuntamiento,
no lo iba a pagar".
http://www.vozpopuli.com/actualidad/UCO-diputado-PP-alcalde-Gandia_0_983302590.html
'PÚNICA' OFRECÍA SUELDOS
DE 400 EUROS POR HABLAR
BIEN DEL PP DE GANDÍA
Sueldos de 400 euros más
el 50% de la publicidad
que se generaba a cambio
de contar noticias que
aplaudieran al PP. Es el
resumen de uno de los
correos intervenidos a
Alejandro de Pedro, el
presunto conseguidor
valenciano de contratos
de la trama Púnica, que
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ha
entregado a la Audiencia
Nacional. El correo se
ha incluido en un
informe que hace
referencia a la rama de
Púnica que investiga al
Partido Popular de
Gandía y cerca al actual
diputado del PPCV,
Víctor Soler. Los
agentes consideran que
Soler es responsable de
los supuestos delitos de
fraude, cohecho y
malversación. Soler
continúa sin ser citado
a declarar como imputado
-ahora, investigado-
porque está aforado por
las Cortes valencianas y
sólo puede interrogarlo
el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad
Valenciana (TSJ-CV) por
los privilegios
jurisdiccionales de los
que goza.
Los investigadores
subrayan las
«evidencias» que sitúan
a Soler como
«interlocutor directo»
de De Pedro para
determinar dichos
trabajos reputacionales,
que fueron cargados al
Ayuntamiento de Gandía,
y la forma de pagarlos.
Según las pesquisas
policiales, Soler, con
el visto bueno del ex
alcalde Arturo Torró, se
puso en contacto con el
vicesecretario de
organización del PP
local, Dionisio Ollero,
para que éste buscase
una forma de pagar la
deuda que el Consistorio
mantenía con De Pedro
por sus trabajos, aunque
éstos no fueron para el
Ayuntamiento, sino para
el PP. Al parecer,
Ollero acordó con un
empresario de la
construcción de Gandía
-Construcciones
Gomuñoz-, adjudicatario
y acreedor en aquellos
momentos (2013) del
Ayuntamiento, para que
asumiese el pago de
dichos trabajos. Esta
constructora ha cobrado
885.000 euros en
contratos públicos del
Ayuntamiento.
Uno de los correos
intervenidos muestra el
deseo de De Pedro por
buscar periodistas de
Gandía para el portal
ahoragandia.es después
de que Soler le
expresara su malestar
por las noticias
negativas que se
publicaban sobre la
gestión de Torró y el
resto de
concejales.«Tengo una
empresa que crea y
gestiona diarios
digitales, actualmente
contamos con más de 80
repartidos en 12
comunidades autónomas.
En la provincia de
Valencia cuento entre
otros con ahoragandia.es»,
le comunica De Pedro a
una colaboradora. En el
correo el presunto
conseguidor le traslada
que necesita una persona
de Gandía para este
puesto y que el sueldo
será de «400 euros netos
más el 50% de la
publicidad que se
genere» y su empresa la
formaría «sobre todo el
parte digital».En 2015,
el juez de la Audiencia
Nacional que investiga
el caso Púnica, Eloy
Velasco, dejó sin efecto
la citación como
imputado de Víctor Soler
después de que su
abogado comunicara al
juzgado que es diputado
y, por tanto, está
aforado. El dirigente de
Gandía entró en las
Cortes tras las
dimisiones de la ex
alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, y del ex
presidente de la
Generalitat, Alberto
Fabra; y en el último
año se ha ganado la
confianza de la actual
dirección.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/12/24/585d6f0f268e3e1e6c8b45dc.html
7.1.PIDEN QUE COSPEDAL Y
FLORIANO DECLAREN EN EL
JUICIO DE LA TRAMA
LEONESA DE PÚNICA
Se trata de la petición
formulada por la
acusación popular Adade,
que ha presentado su
escrito de acusación en
la Audiencia, en el que
además reclama quince
años de prisión para el
expresidente de la
Diputación de León,
Marcos Martínez Barazón,
por delitos de fraude,
negociaciones prohibidas
a funcionarios públicos,
cohecho y malversación
de caudales públicos.
La acusación popular
ejercida por la
Asociación de Abogados
Demócratas por Europa
(ADADE) ha presentado
este lunes su escrito de
acusación del juicio de
la rama leonesa de la
trama Púnica. En el
citado documento, al que
ha tenido acceso
Vozpópuli, se solicita
que declaren como
testigos en la vista
oral la actual ministra
de Defensa, María
Dolores de Cospedal, el
exvicesecretario de
organización del Partido
Popular (PP) y diputado,
Carlos Floriano, y la
diputada y ex alcaldesa
de Murcia, Pilar
Barreiro; personas que
habrían sido utilizadas
por el ex presidente de
la Diputación de
León,Marcos Martínez
Barazón, para
posicionarse
favorablemente dentro de
la formación de Mariano
Rajoy.
En el escrito de
acusación, Adade
solicita la pena más
alta de prisión -quince
años por varios delitos
de corrupción- para
Martínez Barazón y les
siguen los once años de
cárcel para los
empresarios Alejandro de
Pedro y José Antonio
Conesa y los nueve para
el excoordinador de la
Diputación leonesa y
alcalde de Puebla de
Lillo (León), Pedro
Vicente Sánchez García,
entre otros
investigados. En esta
pieza separada del macro
sumario de Púnica se van
a juzgar delitos de
cohecho, malversación de
caudales públicos,
fraude, tráfico de
influencias etc.
Las pesquisas llevadas a
cabo en los últimos dos
años por el instructor
de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco, la
Fiscalía Anticorrupción
y la Unidad Central
Operativa de la Guardia
Civil (UCO) han revelado
que las empresas de De
Pedro -considerado como
el conseguidor de la
trama- llevaban años
realizando trabajos de
reputación en internet
para autoridades y
cargos electos a cambio
de beneficios
personales.
En sintonía con esta
afirmación, Adade
defiende en su escrito
de acusación que el ex
dirigente popular
"Marcos Martínez Barazón
es obviamente quien
encarga la estrategia de
promoción personal y
organiza las
compensaciones,
aprovechándose de la
estructura previamente
existente de promoción
irregular de la
Presidenta de la
Diputación, Isabel
Carrasco, y que él
obviamente conocía y por
haber sido su mano
derecha como
Vicepresidente de la
Diputación".
Varios delitos de
corrupción
"Su promoción dentro del
Partido Popular, se
realizaba mediante
contactos con María
Dolores de Cospedal,
secretaria general del
PP, Carlos Floriano,
vicesecretario general o
Pilar Barreiro, diputada
nacional por el PP y
alcaldesa de Cartagena
que facilitaban,
Alejandro de Pedro y
José Antonio Alonso
Conesa y de los que se
aprovechó Marcos Martín
Martínez Barazón para
sus fines", recalca esta
acusación popular que,
por ello, pide que
Cospedal, Floriano y
Barreiro testifiquen en
el juicio que se
celebrará en la
Audiencia.
En este caso, el papel
del empresario de Eico y
Madiva, Alejandro de
Pedro, es el propietario
de las mercantiles y
"quien coordina los
contactos, recibe los
dosieres de prensa, y
los traslada al personal
de su empresa para que
los mismos sean
incluidos en los diarios
digitales al igual que
los banners que
justificarán el pago del
servicio”. Mientras
tanto, para Adade el
también empresario José
Antonio Alonso Conesa
"recibe los dosieres y
realiza asesoramiento
por sí o a través de
terceros, a fin de
diseñar y poner en
marcha la estrategia de
promoción de Marcos
Martínez".
Las empresas de
Alejandro de Pedro
prestaron durante 2014 y
años anteriores trabajos
de reputación en
internet para
autoridades y cargos a
cambio de beneficios
personales
En un auto dictado el
pasado mes de
septiembre, el titular
del Juzgado Central de
Instrucción Número 6 de
la Audiencia Nacional,
Eloy Velasco, acordó
continuar esta causa
penal contra Martínez
Barazón (por los delitos
de fraude, tráfico de
influencias,
negociaciones prohibidas
a funcionarios,
revelación de
información privilegiada
y malversación de
caudales públicos);
contra el ex coordinador
de la Diputación de León
y alcalde de Puebla de
Lillo, Pedro Vicente
Sánchez García (por
delitos de fraude,
cohecho y malversación);
contra el interventor de
la mencionada
institución, Manuel
Jesús López Sánchez
(acusado de fraude y
negociaciones prohibidas
a funcionarios); contra
los empresarios
Alejandro de Pedro y
José Antonio Alonso
Conesa (investigado por
los delitos de fraude,
cohecho, malversación y
aprovechamiento de
información reservada);
así como contra las
empresas de reputación
en internet Eico On Line
SL y Madiva Editorial y
Publicidad SL (a las que
se le atribuye un delito
de cohecho).
En la resolución, el
magistrado apuntaba a
que la investigación ha
revelado que las
empresas de Alejandro de
Pedro prestaron durante
2014 y años anteriores
trabajos de reputación
en internet para
autoridades y cargos
electos que generaban
una deuda a su favor que
más tarde sufragaban
dichos cargos públicos
por "procedimientos
irregulares".
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Piden-Cospedal-Floriano-declaren-Punica_0_982402762.html
"NUEVOS HALLAZGOS" DE LA
UCO "CORROBORAN" TRATOS
DEL PRESIDENTE DE MURCIA
CON PÚNICA
Un nuevo informe de la
Guardia Civil sobre las
actividades de la trama
recoge varios documentos
manuscritos que, en
opinión de los agentes,
confirman que la red ya
había dado los primeros
pasos para trabajar la
reputación 'online' de
Pedro Antonio Sánchez y
la senadora del PP Pilar
Barreiro.
Nuevos documentos
localizados por la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil durante la
investigación del 'caso
Púnica' ponen contra las
cuerdas al presidente de
la Región de Murcia, el
'popular' Pedro Antonio
Sánchez, y a su
correligionaria, la
senadora Pilar Barreiro.
El Instituto armado
entregó el pasado 22 de
noviembre un nuevo
informe sobre las
andanzas de la trama en
esta región que incluye
"nuevos hallazgos" que
en opinión de los
autores "amplían y
corroboran" los indicios
sobre las
irregularidades
cometidas presuntamente
por ambos políticos
aforados cuando estaban
al frente de la
Consejería de Educación
y del Ayuntamiento de
Cartagena,
respectivamente. El
reciente documento
policial es una
ampliación del que se
incorporó al sumario el
pasado mes de mayo y en
el que ya se apuntaba
que el presidente
autonómico podría haber
cometido un delito de
"fraude" y su compañera
de partido, de
"malversación y tráfico
de influencias".
Los nuevos documentos
incorporados al sumario
son tres notas
manuscritas localizadas
en los puestos de
trabajos de sendos
trabajadores de
Alejandro de Pedro
El documento policial,
de seis folios de
extensión y al que ha
tenido acceso Vozpópuli,
recoge sendas
anotaciones manuscritas
localizadas en "los
puestos de trabajo" de
tres empleados del 'gurú'
informático de la trama,
Alejandro de Pedro. Los
agentes las
intervinieron durante
los registros
practicados durante las
detenciones de octubre
de 2014 en las sedes en
Valencia de EICO Online
Reputation Management
SLy Madiva Editorial y
Publicidad SL, pero ha
sido ahora cuando las
han podido encajar en el
complejo puzle de la
investigación. El
primero de los
documentos ahora
localizados por la UCO
se encontraba en la mesa
que ocupaba Francisco
Javier Bueno González,
un trabajador de De
Pedro que realizaba
labores de comercial y
que ahora colabora con
la Justicia. Se trata,
en concreto, de
"anotaciones manuscritas
relacionadas con la
persona de Pedro Antonio
Sánchez haciendo constar
los trabajos proyectados
y la forma de
presupuestarlo", se lee
en el reciente informe.
En opinión de la Guardia
Civil, son "anotaciones
previas que luego se
volcaron en un informe
preventa" sobre los
trabajos de reputación
'online' que se iban a
hacer al entonces
consejero de Eduación de
Murcia y hoy presidente
del Ejecutivo regional.
El nuevo documento de
policial destaca que el
hallazgo recoge
"extremos" muy
reveladores. Así,
aparece el nombre del
político 'popular' y que
se trata de su
"reputación". Además se
recoge que se va a crear
una "página estática" y
que "la fecha proyectada
de inicio de los
trabajos es el 1 de
noviembre" de aquel año.
También se desprende que
la partida para los dos
meses que restaban de
ese periodo se iba a
desglosar "bajo el
concepto formación" y
que la trama tenía
previsto "contratar un
periodista,
presumiblemente para el
diario digital 'murcianoticias.es
y la creación de un
portal de educación".
Coincidente con informe
'preventa'
La Guardia Civil destaca
que a su juicio ese
diario digital y la
página web iban a servir
para dar "cobertura al
coste de los trabajos
reputacionales". En la
nota manuscrita aparecen
también palabras y
frases sueltas como
"EICO", "Madiva",
"semana que viene
Murcia", "profesores",
"familia", "Ampas",
"cooperativas
religiosas/lacias",
"concertada" o
"visibilidad". La UCO
considera que las notas
de dicha hoja son
coincidentes con el
informe preventa fechado
el 24 de octubre de 2014
que ya se incluyó en el
informe como uno de los
principales contra Pedro
Antonio Sánchez. En el
mismo ya se recogía que
"a la reunión mantenida
con autoridades de la
Consejería [de
Educación] asistieron
como comerciales de EICO
las personas de
Alejandro de Pedro
Llorca y Francisco
Javier Bueno González",
el empleado en cuyo
puesto de trabajo se ha
encontrado ahora el
nuevo documento.
Un cuaderno de anillas
recoge anotaciones con
la duración -siete
meses- y el precio de
los trabajos de
reputación 'online' para
Pedro Antonio Sánchez y
Pilar Barreiro
A continuación, el
documento destaca la
existencia de otros dos
documentos intervenidos
que "corroboran la
aceptación de la
aceptación de los
trabajos reputacionales
de Pedro Antonio Sánchez
y de Pilar Barreiro". En
concreto, anotaciones
manuscritas que
determinan "la fecha
prevista de inicio [de
éstos] y la previsión de
pasos a dar [para]
ponerlo en marcha", como
"pasar hoja de
requisitos" y "pasar
oferta". Además, estos
dos documentos amplían
"la nómina de empleados
de Alejandro de Pedro
que conocían y
participaron en los
hechos". En este punto
cita a Sara Gargallo y
María José Gutiérrez,
quienes si bien
comparecieron ante el
juez Eloy Velasco como
testigos poco después de
la detención de octubre
de su jefe, el pasado
mes de octubre lo
hicieron ya como
investigadas (nueva
denominación de la
figura de imputado).
Un cuaderno con anillas
Así, en el puesto del
trabajo de la primera,
también en las oficinas
de Madiva e EICO en
Valencia se encontró un
cuaderno de anillas con
anotaciones referidas a
los supuestos trabajos
de reputación 'online'
que se iban a iniciar
para ambos político.
Así, se lee "reput.
Pilar Barreiro" junto a
la anotación "7 meses"
[justo hasta las
elecciones municipales
del siguiente mes de
mayo] y la cantidad
"24.700 euros", ambas
rodeadas por un círculo.
Una flecha apunta a la
frase "pedir hojas
requisitos" que los
agentes identifican como
"la información que se
solicita al cliente para
empezar el proyecto".
Una línea más abajo
aparece escrito el
nombre de Pedro Antonio
Sánchez, la cifra de
21.000 euros y el nombre
de uno de los asesores
del hoy presidente
murciano, David Conesa,
ya imputado. Del nombre
de este último sale una
flecha que lleva al
final de la cuartilla,
donde aparecen anotadas
"noticias Murcia",
"Portal Educ. Murcia" y
el correo electrónico
particular de este
colaborador del
presidente autonómico. A
un margen se puede leer
además referencias a un
"periodista" con un
sueldo de "1.600 euros"
y, de nuevo, las
palabras "hoja
requisitos".
Las anotaciones en la
agenda de una imputada
sugieren que los
trabajos de reputación
'online' del presidente
murciano y la senadora
Barreiro iban a
iniciarse el lunes 3 de
noviembre de 2014
El tercer documento
ahora incorporado al
sumario es una agenda de
2014 hallada en el
puesto de trabajo de
María José Gutiérrez,
otra empleada de De
Pedro imputada. En este
caso, los investigadores
se fijan en la página
del lunes 3 de
noviembre, donde
aparecen anotaciones que
apunta a que ese día era
el que iban a iniciarse
presuntamente los
trabajos de reputación
'online' para Pedro
Antonio Sánchez y PIlar
Barreiro "dado que el
día (sic) 1 y 2 de
noviembre de 2014 eran
sábado y domingo
respectivamente". De
hecho, en la agenda se
puede leer textualmente
"empezar hoy" junto a
los nombres de los aún
hoy aforados. Todos
estos hallazgos son
considerados por la
Guardia Civil como
"nuevos datos objetivos"
que confirman que los
dos dirigentes
'populares' habían
aceptado "los servicios
ofertados por Alejandro
de Pedro" y que, de
hecho, se habían dado
"los primeros pasos para
materializarlo". El
estrecho judicial contra
ambos se cierra un poco
más.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/UCO-localizanuevos-presidente-Murcia-Punica_0_982703040.html
LA UCO ENTREGA AL JUEZ
NUEVOS DOCUMENTOS CONTRA
EL PRESIDENTE DE MURCIA
Y SU IMPLICACIÓN EN LA
'PÚNICA'
Varias notas manuscritas
de empleados de
Alejandro de Pedro, uno
de los líderes de la
trama de corrupción,
muestran que tanto el
presidente como la
senadora Pilar Barreiro
utilizaron empresas de
la Púnica para mejorar
su reputación, según
destaca La Verdad de
Murcia.
La Unidad Central
Operativa de la Guardia
Civil (UCO) ha remitido
al magistrado de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco, que instruye el
caso de la trama Púnica,
nuevos datos que señalan
al presidente de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez y
a la senadora Pilar
Barriero, según cuenta
el periódico de La
Verdad de Murcia.
La UCO, que impulsa la
investigación contra el
jefe del Ejecutivo
murciano, ha entregado
al Juzgado Central de
Instrucción número 6 de
la Audiencia Nacional
tres documentos que han
sido encontrados en las
oficinas de Eico On Line
y Madiva, empresas que
pertenecen a Alejandro
de Pedro, uno de los
líderes de la trama
Púnica.
Según la denuncia de la
Guardia Civil tanto el
presidente de la
comunidad como la
senadora y anterior
alcaldesa de Cartagena,
Pilar Barreiro, habrían
contratado presuntamente
los servicios de las
empresas de Alejandro
para mejorar su
reputación personal en
Internet y que iban a
ser pagados con fondos
públicos.
La UCO señala como
indicios las constantes
llamadas y reuniones que
mantuvieron tanto Pilar
como Sánchez con el
empresario, además de
los documentos de las
empresas, presentados
como "informes preventa"
y que certifican esta
operación para el lavado
de imagen.
Para la Guardia Civil
estos nuevos documentos
"confirman con datos
objetivos la aceptación
de los servicios
ofertados por Alejandro
de Pedro a Pilar
Barreiro y Pedro Antonio
Sánchez, así como los
primeros pasos para
materializarlos, como
son pasar la hoja de
requisitos y la oferta
en los términos
acordados en la
reunión", recoge La
Verdad.
En este sentido, la UCO
señala a nuevos
empleados de las
empresas de De Pedro que
también estarían
vinculados a la trama.
Aparte de Francisco
Javier Bueno, se señala
a Sara Gargallo y María
José Gutiérrez.
La implicación del
presidente de la Región
de Murica en la
operación Púnica se
remonta a mayo cuando la
Guardia Civil pidió que
se investigara a Sánchez
por presuntos delitos de
malversación de caudales
públicos y fraude a la
administración.
Para los agentes esos
contratos se llevaron a
cabo en 2014 y fueron
abonados con dinero
público, cuando el pago
debió asumirlo el
Partido Popular. Se
trata de una situación
similar a la del
exconsejero de
Presidencia madrileño,
Salvador Victoria, a
quien los contratos con
De Pedro le costaron la
carrera política.
El caso 'Auditorio'
No es la única trama de
corrupción en la que se
ha visto envuelto Pedro
Antonio Sánchez. La
jueza del Juzgado de
Instrucción número 1 de
Lorca, Consuelo Andreo,
remitió a la Sala de lo
Civil y Penal del
Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) una
exposición razonada del
caso 'Auditorio', al
considerar que existe
responsabilidad penal
del presidente de la
Región en las obras de
construcción y entrega
de esta infraestructura
de Puerto Lumbreras
cuando era alcalde del
municipio.
Los presuntos delitos
que se le atribuyen en
este caso, y que
aparecen reflejados en
el auto presentado, son
los de prevaricación
continuada,
malversación, fraude y
falsedad en documento
oficial o público.
http://www.publico.es/politica/uco-entrega-al-juez-nuevos.html
EL JUEZ DE PÚNICA
ANALIZA 96 FOTOS DE UN
'CÓNCLAVE' DEL PP EN
MURCIA AL QUE FUE RAJOY
Velasco envía a
Anticorrupción y a la
UCO un CD remitido por
una asociación regional
con imágenes de los
"asistentes a la
Intermunicipal"
celebrada por los
'populares' en octubre
de 2014. Hace dos meses,
el magistrado preguntó a
tres imputados por este
encuentro al que asistió
la plana mayor del
partido.
Primero, preguntas.
Ahora, fotografías. El
titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
ha hecho llegar a la
Fiscalía Anticorrupción
y a la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil un CD con
imágenes de "los
asistentes a la
Intermunicipal celebrada
en el PP en Murcia en
octubre de 2014" para
que tengan "conocimiento
y, en su caso, informe[n]"
sobre las mismas dentro
del 'caso Púnica'. Así
aparece en una
providencia dictada el
pasado 14 de diciembre a
la que ahora ha tenido
acceso Vozpópuli y en la
que detalla que dichas
fotografías han sido
enviadas a la Audiencia
Nacional por la
Asociación Gulliver-Ciudadanos
contra la Corrupción, un
grupo regional de
denuncia.
Las imágenes de la
reunión Intermunicipal
del PP en Murcia han
sido enviadas a la
Audiencia Nacional por
la Asociación Gulliver-Ciudadanos
contra la corrupción
Se trata, en concreto,
de 96 imágenes, según
han confirmado a este
diario fuentes de esta
asociación. Las mismas
añaden que todas ellas
fueron tomadas por
fotógrafos de un
periódico local durante
aquel 'cónclave' de los
'populares' de hace más
de dos años al que
asistió Mariano Rajoy y,
desde entonces, habían
permanecido en la
edición digital de dicho
diario.
En muchas de ellas se ve
al presidente del
Gobierno, según ha
podido constatar
Vozpópuli. "Tuvimos
noticias por los medios
de comunicación de que
el juez Velasco estaba
preguntando a imputados
en el 'caso Púnica' por
dicho encuentro y
decidimos enviarle las
imágenes por si sirven
de ayuda", recalca un
miembro de la Asociación
Gulliver, que desde su
creación en el otoño de
2008 ha presentado
numerosas denuncias en
los juzgados de Murcia
para denunciar supuestos
casos de corrupción.
Rajoy, Cospedal,
Montoro...
Efectivamente, no es la
primera vez que dicho
encuentro de los
'populares', aparece en
el sumario. El pasado
mes de octubre, el
magistrado preguntó a
tres imputados por las
'andanzas' de la trama
en Murcia precisamente
por este acto del
partido que se celebró
sólo 48 horas antes de
que se produjeran las
primeras detenciones de
la 'Operación Púnica'.
Dicha reunión
"Intermunicipal" se
celebró el 24 y 25 de
octubre de 2014 en el
Hotel Siete Coronas de
la capital murciana. A
él asistieron más de 500
alcaldes, concejales y
presidentes de
diputaciones del partido
de toda España. Además
de Rajoy, que lo
clausuró, también
participaron su 'número
2' en el partido y hoy
titular de Defensa,
María Dolores de
Cospedal; el ministro de
Hacienda, Cristóbal
Montoro; y el presidente
de la FEMP, el ahora
responsable de Fomento
Iñigo de la Serna.
También aparecieron los
entonces alcaldes de
Valencia, la fallecida
Rita Barberá; de
Badalona y actual líder
del PP en Cataluña,
Xabier Albiol; y de
Cáceres, Elena Nevado.
Junto a ellos,
dirigentes como Javier
Arenas, Esteban González
Pons,Fernando Martínez
Maíllo y el entonces
vicesecretario general
de Organización, Carlos
Floriano.
A aquel acto asistieron
dos cargos públicos del
PP imputados en Púnica y
otros dos ahora bajo
sospecha: el presidente
de Murcia, Pedro Antonio
Sánchez, y la senadora
Pilar Barreiro
En el acto estuvieron
presentes también
algunos de los cargos
públicos del PP ahora
imputados en el caso
Púnica. Así, se
encontraba Marcos
Martínez Barazón, en
aquel momento presidente
de la Diputación de León
y que sería detenido
horas después. También
asistió el entonces
regidor de la localidad
madrileña de Móstoles,
Daniel Ortiz Espejo,
imputado el pasado mes
de julio por el juez
Velasco por su presunta
relación con el mayor
'pufo' de la trama tras
perder el aforamiento
que disfrutaba por su
condición de
parlamentario en la
Asamblea de Madrid.
Otros participantes
salpicados ahora en el
sumario fueron el
entonces consejero de
Educación y actual
presidente de la Región,
Pedro Antonio Sánchez, y
la en aquel momento
alcaldesa de Cartagena y
diputada, la hoy
senadora Pilar Barreiro.
Esta última es, de
hecho, una de las
personas que más aparece
en las fotografías
remitidas a la Audiencia
Nacional.
Interrogados sobre la
reunión
Precisamente, dentro de
la investigación sobre
las 'andanzas' de la
Púnica en Murcia que ha
puesto bajo sospecha a
estos dos últimos cargos
públicos, el juez Eloy
Velasco interrogó el
pasado mes de octubre
como investigados (nueva
denominación de la
figura de imputado) a
tres personas.
Se trató, en concreto de
María del Mar Conesa
Marchán, quien fuera
durante 20 años persona
de la máxima confianza
en el Ayuntamiento de
Cartagena de la hoy
senador Barreiro; de
David Conesa Ferrer,
asesor del actual
presidente de la Región
de Murcia; y de
Francisco Javier Bueno
González, trabajador de
una de las empresas del
'gurú' informático de la
trama, Alejandro de
Pedro.
Según los audios de sus
declaraciones a los que
ha tenido acceso
Vozpópuli, a todos ellos
el magistrado les
preguntó sobre aquel
encuentro político a la
que vez que destacaba en
dos casos la
participación en el
mismo del entonces
secretario de
Organización, Carlos
Floriano, así como de la
posible presencia en el
mismo de varios
imputados de la red de
corrupción como el
entonces presidente de
la Diputación de León,
el 'popular' Marcos
Martínez Barazón, y el
experto informático en
reputación 'online'.
El pasado mes de
octubre, el juez Velasco
ya preguntó por este
'cónclave' del PP a tres
imputados por las
'andanzas' de la trama
en Murcia
A la primera de estos
imputados, María del Mar
Conesa, el juez Velasco
le planteó si "hubo
algún congreso del
Partido Popular en ese
año en la región de
Murcia". La colaboradora
de Pilar Barreiro le
dijo que no lo
recordaba. Minutos
después, una de las
representantes de la
Fiscalía Anticorrupción
le volvía a interrogar
sobre los mismo, con la
misma respuesta. Al
asesor de Pedro Antonio
Sánchez, el magistrado
le planteó idéntica
cuestión. En este caso,
David Conesa si recordó
que hubo "una
Intermunicipal" y que
"puede ser" que entre
sus asistentes estuviera
Carlos Floriano, por el
que le preguntó el juez
de manera concreta. Lo
que aseguró desconocer
fue si también participó
Martínez Barazón y negó
que se mantuviera
reuniones con estas
personas. Finalmente, al
empleado de Alejandro de
Pedro aseguró no
recordar si su jefe
estuvo en dicho
encuentro para "hablar
con políticos" y si
entre ellos estaba,
precisamente, el
entonces vicesecretario
general de Organización
del PP.
No es la primera vez que
el nombre de Carlos
Floriano aparece en el
sumario del caso Púnica.
De hecho, Alejandro de
Pedro reconoció
conocerle después de
contactar con él por
correo electrónico a
través de Ignacio
Uriarte, presidente de
Nuevas Generaciones del
PP entre 2006 y 2011. En
agosto de 2015 el propio
dirigente de Génova
admitió públicamente
dicha relación, aunque
la limitó al
ofrecimiento que el
presunto integrante de
la trama le hizo para
mejorar la "reputación"
de los líderes del
partido. Aseguró que,
después de un periodo de
prueba, no se le
contrató.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-imagenes-PP-Murcia-Rajoy_0_981503069.html
LOS AUDIOS DE LA
DECLARACIÓN DE GRANADOS:
"AGUIRRE ES UNA PERSONA
HONRADA Y CABAL"
El Confidencial y La
Sexta acceden a la
grabación íntegra de la
declaración del
exsecretario general del
PP de Madrid ante el
juez del caso Púnica,
Eloy Velasco
Francisco Granados
solicitó declarar con
urgencia ante el juez
Eloy Velasco, pero no
era para tirar de la
manta del caso Púnica,
el escándalo que le
mantiene en prisión
provisional desde
octubre de 2014 por
liderar presuntamente
una trama corrupta que
actuaba en los sectores
inmobiliario,
urbanístico, energético,
de obras públicas y
transportes, entre
otros.
El Confidencial y La
Sexta han accedido al
contenido íntegro de sus
tres horas de
declaración, este
miércoles en la
Audiencia Nacional, y
las conclusiones que
pueden extraerse es que
Granados negó todos los
delitos que se le
imputan; aseguró que los
negocios que se le
atribuyen nunca
existieron; alegó que el
único dinero que ocultó
a las autoridades fueron
los 1,3 millones de
euros que la Agencia
Tributaria encontró en
Suiza en 2014, y que su
antiguo socio y amigo
David Marjaliza mintió
una y otra vez durante
los tres días que
declaró para colaborar
con la Justicia.
Ni rastro de la caja B
del PP de Madrid ni
tampoco de las
donaciones ilegales de
constructores que
aparecieron en su
agenda, mantuvo
Granados. La
financiación del PP
siempre fue, manifestó,
“absolutamente
transparente”. Y en su
opinión, la máxima
dirigente de la
formación durante más de
una década, Esperanza
Aguirre, se comportó en
todo momento de manera
“honrada y cabal”. Este
es un extracto de los
momentos más destacados
de su declaración:
1. Las cifras de su
agenda no son dinero,
sino asistentes a actos
“Son anotaciones no
tanto de una agenda sino
de un libro de notas en
el que había apuntadas
muchas cosas. Desde
luego no se trata de
dinero. Aquí no aparece
nada de dinero. No se
trata de financiación
irregular. La
financiación del Partido
Popular de Madrid es una
financiación
absolutamente
transparente".
2. Ni JLM es Javier
López Madrid (OHL) ni LD,
Luis Delso (Isolux)
“Creo que se refieren a
actos del Partido
Popular que se iban a
programar en campaña. Lo
que se corresponden,
fundamentalmente... Las
letras, las siglas BG es
Beltrán Gutiérrez, que
ha sido durante todos
estos años el gerente
del Partido Popular y es
el encargado de
movilizar el número de
personas que aparece
aquí que estaba previsto
para esos actos. Creo
que JLM debe ser, porque
ya le digo que de esto
hace 12 o 14 años, debe
ser de alguno de los
colaboradores en la
campaña, desde luego,
creo recordar que se
llamaba José Luis
Moreno. ME (…) eran los
Municipios Estratégicos.
Había un programa de
municipios estratégicos
en la Comunidad de
Madrid. Y este acto de
LD era para la Lista de
Diputados. Y esto de JEC,
creo que esto era algo
de Jornadas de Educación
de la Comunidad de
Madrid. Yo no sé quién
ha interpretado esto.
Parece ser que el señor
Marjaliza, que no sé qué
pinta interpretando
papeles del Partido
Popular de Madrid. Pero
en cualquier caso, quien
haya interpretado esto
como dinero ha cometido
un tremendo error
porque, como le digo, se
trata de asistentes a
actos”.
3. Marjaliza solo
declaró para salvarse
“Este señor [Marjaliza]
ha seguido con su misma
vida. Sigue abriendo
negocios en los terrenos
que han sido objeto de
adjudicaciones, ninguna
en la época en la que yo
he sido alcalde. Sigue
este señor inaugurando
negocios. Incluso he
tenido conocimiento de
una demanda del portavoz
del PP de Valdemoro,
David Conde, porque le
ha llamado para
presionarle para que no
esté a favor de que se
rescaten esas
concesiones, que eso
también me parecería, lo
digo de paso, que se
hiciera por parte del
ayuntamiento... en fin.
Decir que ha mostrado
superioridad desde el
primer momento. Y desde
luego, preservar e
intentar encubrir a los
que han sido de verdad
sus colaboradores y yo
diría hasta cómplices.
Porque él [Marjaliza]
reconoce esos delitos,
que son fundamentalmente
los que ha utilizado...
Él sí que tiene
testaferros, como queda
demostrado y como él
mismo ha reconocido a lo
largo del sumario”.
4. Todos los cargos
fueron nombrados por
Esperanza Aguirre
“Nunca he sido
vicepresidente, como
digo. Y los altos
cargos, en su inmensa
mayoría, desde luego
todos los de mi
consejería, creo
recordar, y todos, en
general, los ha nombrado
Esperanza Aguirre. Lo
cual no quiere decir que
yo establezca ningún
velo de sospecha, ni de
crítica, ni de nada
sobre Esperanza Aguirre,
a la que considero una
persona honrada, cabal”.
5. Ni Ayjopen es suya ni
tiene el 33% de la
promotora Servicios
Patrimoniales
“No sé cuál ha sido al
final la última versión
de la declaración. El
señor Marjaliza empezó
por un 10% [de la
sociedad Servicios
Patrimoniales Obras y
Vías], luego dijo que un
15%, luego que un 20%.
Un 20%. Algo
sorprendente. Yo
recuerdo la
transcripción... Me
parece sorprendente que
él no se acordara de si
su participación era del
20%, del 40% o del 30%.
El 2%, en cualquier
caso, no me hubiera
garantizado
absolutamente nada. Que
Ayjopen tuviera el 2% no
garantizaba que alguien
no pudiera vender el 49%
de esa sociedad. Yo lo
que me pregunto por qué
no, puesto a tener el
2%, por qué no el 33%, y
siguiendo ese
razonamiento, por qué no
el 49%. No lo entiendo.
Y es que ese 2% nunca se
ha vendido. No ha pasado
nada. No ha habido
ninguna plusvalía. No se
ha vendido”.
6. La UCO miente (en un
90%)
“El informe de la UCO
dice que se han
recalificado de un
plumazo, que dice,
incluso, 1,2 millones de
metros cuadrados
propiedad del señor
Marjaliza y del señor
Ramiro Cid. Y yo les
aseguro que es una
falsedad, no del 10%.
Del 90%. Eso es una
falsedad. El informe da
datos sobre
recalificación de
suelos. Y yo les aseguro
que eso es una falsedad.
No creo que llegue ni al
10% de lo que dice el
informe”.
7. Nunca ha tenido
negocios. Con nadie
“No he sido socio de
nadie. No he participado
nunca jamás en ninguna
empresa. Entonces, yo ni
he tenido el 2%, ni he
tenido el 33%, ni he
vendido el 2%, que sigue
siendo de esa sociedad,
de Ayjopen. No he
vendido el 33% porque no
lo he tenido jamás. Es
una falsedad, de la A a
la Z”.
8. Solo escondió 500.000
euros de sus padres y
dinero ganado en bolsa
“Era dinero no
declarado. Como digo,
una parte, en torno a
unos 500.000 euros, eran
de mi padre. Y el resto,
lo que yo había ido
ganando. Era dinero no
declarado. El banco
tenía unas normas ya muy
estrictas, de 'compliance',
de restricciones, en
cuanto a las operaciones
que podíamos hacer las
personas que
trabajábamos en bolsa,
sobre todo en la parte
de análisis, en mercados
en general, y entonces,
pues...”.
9. Sin más dinero fuera
de España. Ni donaciones
de constructoras
“Le aseguro que yo no
tengo ni un solo euro
fuera de España.
Primero, porque no me he
dedicado a enriquecerme
con la política.
Segundo, porque esas
donaciones a las que se
refiere son falsas. Y
tercero porque, le
aseguro, que si lo
tuviera, ya se lo habría
facilitado”.
10. El dinero llevaba
nueve años en el altillo
de los suegros
ELOY VELASCO: ¿El monto
de dinero que tenía
usted en Suiza ha dicho
que era…?
FRANCISCO GRANADOS: “Un
millón trescientos… Él
me dio a mí en torno a
un millón trescientos
mil euros”.
EV: ¿El señor Marjaliza?
FG: Sí.
EV: ¿Dinero?
FG: Sí.
EV: ¿Físico?
FG: Sí.
EV: ¿Y ese es el que
aparece en casa de sus
suegros?
FG: Bueno, una parte.
Aparecieron novecientos,
creo, por lo que he
visto en el sumario,
porque no estuve
presente en ese
registro, aparecieron
novecientos
[interferencias].
EV: ¿Guardó nueve años
ese dinero en un
altillo?
FG: Desde el año 2007.
EV: Es lo que quería…
FG: Es que no lo había
entendido que cuando
apareció… que cuando lo
llevó o cuando…
EV: En el 2007 ha dicho.
FG: En el año 2007, que
es cuando se produce la
mudanza.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-12-23/los-audios-de-la-declaracion-de-granados_1308459/
LOS 'SECRETOS' QUE
GRANADOS HA 'DESVELADO'
ANTE EL JUEZ
El ex consejero
madrileño y ex dirigente
del PP Francisco
Granados insiste en dos
puntos: Marjaliza miente
y los informes de la UCO
están mal hechos
El ex consejero
madrileño y ex dirigente
del PP y exalcalde de
Valdemoro, Francisco
Granados, pidió declarar
ante el juez de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco, encargado de la
investigación de la
trama Púnica, y despertó
inquietudes. La
expectación ante lo que
podía decir era máxima,
en especial después de
que se rumorease que
Granados estaría
pensando en emular a
David Marjaliza, tirar
de la manta y asegurarse
su salida de prisión.
Finalmente, su esperada
declaración se ha
centrado en dos puntos:
por un lado repetir y
mantener que no sabe
dónde está el dinero,
pues él supuestamente
nada tiene que ver con
esta trama de
corrupción; y asegurar
que el único responsable
de todo es el
constructor y uno de los
cabecillas de la Púnica,
David Marjaliza.
Pero vayamos por partes
porque ELPLURAL.COM ha
podido tener acceso en
exclusiva, gracias a
personas presentes en la
sala, al contenido de su
declaración.
La UCO no sabe hacer sus
informes
En esta nueva
declaración ante el
juez, la defensa de
Granados se ha centrado
en repetir que todos y
cada uno de los
movimientos que ha dado
a lo largo de su carrera
política, han sido
perfectamente legales;
es más, que sólo pensaba
en el interés público.
Tras presentarle como un
político al servicio de
su pueblo, la defensa
del popular ha encendido
el ventilador contra un
único objetivo:
Marjaliza. Según ha
explicado Granados ante
el juez, el constructor
que salió de prisión
tras colaborar con la
justicia, ha mentido en
sus revelaciones. Pero
no es el único que para
Granados no ha reflejado
la verdad, y se ha
atrevido a asegurar que
los informes realizados
por la UCO están mal
hechos basándose en que
los Guardias Civiles
desconocen los conceptos
de urbanismo y el
funcionamiento de las
administraciones
públicas.
La incógnita de las
iniciales
Hay que recordar que
Granados era un hombre
muy ordenado y todo lo
ponía por escrito. Por
eso, el descubrimiento
de su agenda fue un
avance en la
investigación.
Sobre este tema, este
miércoles sólo ha
confirmado la identidad
de unas iniciales: ha
reconocido que BG es
Beltrán Gutiérrez y que
las anotaciones se
refieren a actos de
campaña del PP de
Madrid. Y hasta aquí ha
querido leer Granados
porque acto seguido ha
explicado que el resto
de iniciales no se
corresponden con la
interpretación que
Marjaliza dio en su
momento al juez Velasco.
Es más, ha explicado que
los números que aparecen
anotados en su cuaderno
no hacen referencia a
cantidades monetarias
sino al número de
asistentes que fueron a
cada acto de la campaña.
Ha dicho que este
detalle no podía
interpretarlo Marjaliza
porque no sabe nada
sobre PP de Madrid.
Granados y el yo nunca
he...
A partir de este
momento, se ha
desarrollado un largo
interrogatorio por parte
de su defensa en el que
han intentado rebatir
todos y cada uno de los
hechos por los que se le
investiga.
Según sus propias
palabras, Granados nunca
se ha dedicado al
negocio inmobiliario,
sólo a la banca y a la
política; nunca ha
tenido sociedades ni ha
participado en ellas,
salvo las dos que creó
con su mujer poco antes
de ser detenido y que
nunca llegaron a tener
actividad.
Preguntado por una
supuesta destrucción de
documentos en el
ayuntamiento de
Valdemoro, Granados ha
mantenido que sólo eran
los restos que había
dejado por en medio la
UCO cuando hizo el
registro.
Y llega el momento de
desacreditar a Marjaliza
¿Su siguiente
movimiento? Intentar
demostrar que realmente
no tiene una estrecha
relación con Marjaliza y
que él es el verdadero
corrupto. Para ello, ha
explicado que había sido
concejal por el PP y que
por eso le conoce, pero
que nunca fueron amigos
desde la infancia (como
se había dicho) dada la
diferencia de edad que
hay entre ellos.
Para demostrar que
Marjaliza, en su
opinión, no es de fiar,
ha relatado cómo fue
expulsado del Partido
Popular y creó una
formación independiente
para intentar arrebatar
la alcaldía al PP
aliándose con el PSOE. Y
ha dado más datos: ha
explicado cómo fue su
cuñado Gonzalo Cubas el
que le ayudó a tener
relaciones con los
ayuntamientos que ahora
están relacionados con
la Púnica. Es aquí donde
ha intentado implicar al
PSOE asegurando que
cuando gobernaban los
socialistas en el
Ayuntamiento de
Valdemoro, Marjaliza
tuvo relación con ellos.
Poco después, parece que
Granados ha cambiado de
idea. Marjaliza ya no
era el único responsable
y ha empezado a dar
otros nombres, porque
los verdaderos
responsables son los
técnicos JL Navarro Soto
(arquitecto Municipal de
Valdemoro) y JL Aguilera
(Jefe de contratación
del mismo ayuntamiento).
De la que no ha hablado
mal es de la exlideresa,
de su exlideresa. En
ningún momento de su
declaración ha puesto en
duda que las personas
nombradas por Esperanza
Aguirre puedan tener
algo que ver con la
trama, ha explicado que
no dudó en mantenerlos
en su etapa porque
Esperanza Aguirre es
magnífica y sus
elegidos: González
Taboada y Eduardo
Larranz, son muy
honrados.
Nada de especular con el
suelo de Valdemoro
Sobre todo lo relativo a
los planes de urbanismo
de Valdemoro, él no
tiene nada que ver. Ante
el juez Velasco ha
asegurado que el Plan
General de Urbanismo se
aprobó el 30 de abril
del 2002 mientras que
todas las sociedades y
la actividad que ahora
se relacionan con la
trama se desarrolla con
posterioridad. En otras
palabras, por fechas, no
podían especular y
comprar suelo rústico
porque ya todo el mundo
conocía cómo iban a ser
los proyectos
urbanísticos y, cuando
estos planes se aprueban
definitivamente, él ya
no es el alcalde de
Valdemoro.
En esta línea, no ha
dudado en asegurar que
las valoraciones de
suelo que hace la UCO en
sus informes son un
disparate y ha querido
dejar clara una idea:
Granados no se ha
dedicado ni se ha metido
jamás en temas de
urbanismo pero, eso sí,
si en Valdemoro hay un
hospital y accesos
viales es gracias a él
porque le tiene un
enorme cariño a su
pueblo.
Aunque se le acusa de
haber cobrado comisiones
de entre 3.000 y 6.000
euros por cada vivienda
que se construyese a
cambio de adjudicar los
terrenos a empresas de
la Púnica, Granados ha
dicho que es totalmente
incierto y que, sobre
este tema, mejor se le
pregunte a Marjaliza.
La venta de parcelas
Uno de los puntos en lo
que se centra la
investigación de la
trama Púnica es la
puesta venta de parcelas
entre Granados y el
constructor Marjaliza
como tapadera para
blanquear dinero. Es el
caso de la venta de las
parcelas de Canto Negro
en el año 2007.
Granados ha negado todo
y ha dado la siguiente
explicación: esos
terrenos fueron una
herencia que vendió a
Marjaliza a un precio
más bajo de los normal
porque realmente estaba
haciendo una autoventa
para reducir los
impuestos a pagar.
Respecto a la ya
archivamos finca de
Ávila, Granados ha
reconocido haber estado
en ella pero como
invitado porque ni es
suya ni tiene ninguna
participación en ella.
Contradicciones sobre
sus cuentas en el
extranjero
Aunque al principio de
su declaración Granados
ha desmentido tener
cuentas extranjero
porque no tiene ni un
duro y, si lo tuviese,
ya lo habría aportado al
Juzgado; después ha
caído en
contradicciones.
Según ha explicado,
especulando en bolsa y
con portaciones de su
padre para invertir,
consiguió juntar una
cantidad de dinero. Es
entonces cuando conoció
a Michael Langdom y este
le convenció para
llevarse ese dinero a
Suiza.
A partir de este
momento, las cuentas las
llevó siempre M. Langdom
y él sólo firmaba
papeles en blanco. Así
hasta 2005, año en el
que fue nombrado
secretario general del
PP de Madrid y, por
ello, anunció su
intención de cerrar las
cuentas.
Atendiendo a su relato,
le propusieron un
sistema de compensación
y él firmó papeles en
blanco entre los que se
encontraba un poder de
gestión a favor de
Marjaliza y él se olvida
de las cuentas en Suiza.
El famoso millón de
euros
Sólo entonces, le
pagaron 1.300.000 euros
en España, un dinero que
primero guardó en su
casa y luego en la de
sus suegros y este es el
famoso millón de euros
escondido en un altillo
en un maletín sobre el
que Granados llegó a
decir que lo habían
dejado allí unos
operarios de Ikea.
Granados ha reconocido
que ese millón de euros
pasó al menos 9 años
escondido en la casa de
sus suegros y, ha
puntualizado, si no ha
dicho antes de dónde
había salido ese dinero
es porque nadie le había
preguntado.
http://www.elplural.com/politica/2016/12/21/los-secretos-que-granados-ha-desvelado-ante-el-juez
GRANADOS SALVA A
ESPERANZA AGUIRRE ANTE
EL JUEZ: "ES HONRADA,
BUSCA EL INTERÉS
GENERAL"
Niega que las iniciales
JLM, escritas en una
agenda al parecer
relacionada con la
financiación del PP,
sean López Madrid.
El exconsejero madrileño
Francisco Granados
defraudó este miércoles
en la Audiencia Nacional
las expectativas de
quienes esperaban que su
situación de
encarcelamiento por el
caso Púnica -sin visos
de convertirse en
libertad provisional a
corto plazo- hubiera
hecho en él la
suficiente mella como
para llevarle a 'tirar
de la manta'. Granados
no sólo no dio muestra
alguna de estar
dispuesto a revelar
dónde escondería el
dinero que, según los
investigadores, obtuvo
por comisiones ilegales
sino que tampoco aportó
información contra
quienes, como su ex jefa
Esperanza Aguirre, han
sido objeto de algunos
'avisos' cuando el
exconsejero se ha
sentido abandonado.
Granados, que había
pedido declarar ante el
juez instructor Eloy
Velasco, protagonizó un
largo monólogo de más de
dos horas durante el que
quiso salvar a algunos y
atacar a otros. Entre
estos últimos, el
constructor David
Marjaliza, que ha
confesado sus presuntos
delitos y ha implicado a
otros investigados, lo
que le ha valido para
salir de la cárcel.
Entre los primeros, el
empresario Javier López
Madrid, la ex presidenta
del Gobierno regional
Esperanza Aguirre o
Jaime González Taboada,
actual consejero de
Medio Ambiente del
Ejecutivo de Cristina
Cifuentes.
La declaración de
Granados no ha
convencido ni al juez ni
a las fiscales. Los
investigadores querían
saber dónde guarda el
dinero, que calculan
puede ascender a 20
millones de euros, pero
él negó la mayor.
Aseguró que ha sido un
servidor público y que
no ha actuado fuera de
la ley. Ni él ni su
superiora en la
Comunidad de Madrid y en
el PP regional, para
quien sólo ha tenido
buenas palabras.
El exconsejero de
Presidencia aseguró que
Esperanza Aguirre es una
"política honrada" que
busca "el interés
general".
Defendió que la
expresidenta de la
Comunidad de Madrid era
"transparente" en la
financiación de sus
campañas, aunque sí
quiso precisar que era
ella quien nombraba a
los altos cargos de su
Gobierno.
Sus manifestaciones
sobre quien fuera su
jefa política contrastan
con lo que afirmó en una
entrevista concedida a
EL ESPAÑOL desde la
cárcel, en la que
sostuvo que Aguirre le
había utilizado como un
"kleenex".
No era la primera vez
que arremetía contra
ella. Durante su
comparecencia en la
Asamblea de Madrid el
pasado junio, Granados
dijo que "yo no tengo
porqué defender a la
señora Aguirre, que no
ha respetado mi
presunción de inocencia.
Pero abandonen ustedes
la idea de tapar los
logros de gobierno en la
Comunidad de Madrid con
esta campaña de basura
generalizada".
"Alguno me va a
encontrar"
Granados llevaba tiempo
lanzado avisos para
navegantes. Desde que
tuvo que dejar todos sus
cargos en el Partido
Popular, tras conocerse
que ocultaba una cuenta
en Suiza -meses antes de
ser detenido-, ya espetó
que "alguno me va a
encontrar si me expulsan
del partido", en
respuesta a una
intervención de
Esperanza Aguirre, que
había criticado a
quienes tienen cuentas
en el país helvético.
Tampoco quiso irse de la
Audiencia Nacional sin
echar un capote al
número 3 de Cristina
Cifuentes, Jaime
González Taboada,
salpicado por la
investigación de
supuestos amaños de la
empresa pública Arpegio
cuando era director
general de Cooperación
con la Administración
local. Granados le
desvinculó de cualquier
responsabilidad. Dijo
que Taboada no era un
cargo de su confianza ni
fue él quien le nombró,
pero durante el tiempo
que trabajó con él no
supo de nada irregular.
"Menos de un 1% en
urbanismo"
Los encargados de la
investigación del 'caso
Púnica' sostienen que
Granados se llevó un 3%
de gran parte de las
adjudicaciones que
pasaron por sus manos
durante la década que
ostentó diversos cargos
públicos, principalmente
relacionadas con obras
urbanísticas. Durante su
comparecencia de este
miércoles defendió que
esas sospechas no pueden
ser ciertas dado que él
no llevaba competencias
de Urbanismo en la
Comunidad de Madrid y
que antes, como alcalde
de Valdemoro, dedicaba a
urbanismo "menos del 1%
de mi tiempo".
Las fiscales
anticorrupción le
preguntaron por unas
facturas de pequeños
importes, en torno a
30.000 euros, pagadas
por Dragados, Ferrovial
y Metro de Madrid a
Waiter Music, la
compañía especializada
en la organización de
espectáculos y mítines
políticos que montó en
2008 una fiesta de
cumpleaños gratis para
Granados que costó
12.500 euros.
A este respecto, el
exdirigente 'popular' se
desvinculó de cualquier
tipo de soborno y
aseveró que esas
facturas podían deberse
a los gastos de los
actos de colocación de
las primeras piedras en
las sucesivas fases de
construcción del metro
madrileño.
"Me", municipios
estratégicos
Otro de los puntos de su
declaración se centró en
una agenda intervenida
en su casa, en la que se
podían leer apuntes de
"in" y "out" en dos
columnas con diversas
cantidades y siglas. Los
investigadores creen que
estas anotaciones pueden
estar relacionadas con
la financiación ilegal
del PP de Madrid.
En uno de esos apuntes
se podía leer "me" (yo
en inglés) y que el juez
sospecha que se refiere
al dinero que se quedaba
el propio Granados. Sin
embargo, éste ha
asegurado que significa
"municipios
estratégicos" porque
esas hojas era una "nota
de trabajo" de una
secuencia de actos
electorales en Madrid.
Del mismo modo, negó que
las iniciales JLM, que
los investigadores
atribuyen al empresario
Javier López Madrid, uno
de los que habría
contribuido a la
financiación del
partido, se refieran a
esta persona. Según
Granados, estas
iniciales corresponden a
José Luis Moreno, un
cargo del PP.
En cambio, sí identificó
la siglas BG como
correspondientes a
Beltrán Gutierrez, ex
gerente del PP regional.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20161221/179982877_0.html
GRANADOS NO APORTA DATOS
DE INTERÉS AL JUEZ QUE
INVESTIGA LA TRAMA
'PÚNICA'
Niega disponer de dinero
negro en metálico o en
el extranjero, rechaza
cualquier
responsabilidad sobre
las adjudicaciones de
colegios concertados y
acusa a la Guardia Civil
de equivocarse al cifrar
los beneficios de la
trama
Defiende ante el
magistrado Eloy Velasco
la actuación de la
expresidenta Esperanza
Aguirre y del actual
consejero de Medio
Ambiente Jaime Ignacio
Taboada
El ex secretario general
del PP madrileño y
exconsejero de
Presidencia del Gobierno
de Esperanza Aguirre,
Francisco Granados, no
ha aportado en su
comparecencia de este
miércoles ninguna
novedad a la
investigación que
desarrollan el juez de
la Audiencia Nacional,
Eloy Velasco, y las
fiscales Carmen García y
Teresa Gálvez sobre la
trama Púnica.
Fuentes presentes en la
declaración, que apenas
ha llegado a las tres
horas de duración, han
asegurado que el
presunto cabecilla de la
trama corrupta trató en
todo momento de
exculparse de las
presuntas ilegalidades
cometidas durante su
etapa como alcalde de
Valdemoro y consejero
del Gobierno autonómico
madrileño.
Granados rechazó,
siempre según las
fuentes consultadas por
infoLibre, cualquiera de
las irregularidades que
le atribuyen el juez y
las fiscales, e incluso
defendió la
honorabilidad de las
personas señaladas por
el arrepentido David
Marjaliza: en concreto
al ex consejero delegado
de Arpegio Eduardo
Larraz y al actual
consejero de Medio
Ambiente, Administración
Local y Ordenación del
territorio de la
Comunidad de Madrid,
Jaime González Taboada.
La intervención de
Granados, a quién el
letrado de una de las
acusaciones asimiló a la
de un tertuliano de
radio o televisión,
también sirvió para
atacar el trabajo
realizado por la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil, que
son los agentes que se
encargan de la
investigación de la
Operación Púnica.
En este sentido, el
cabecilla de la trama,
que permanece en prisión
preventiva desde octubre
de 2014 por riesgo de
fuga y para evitar que
destruya pruebas, llegó
a asegurar que los
agentes, que
especificaron en un
informe que los ingresos
de los empresarios
beneficiados por la red
podrían superar los 700
millones de euros, no
habían hecho bien las
cuentas.
Buenas palabras para
Aguirre
Pero el reo también tuvo
buenas palabras para su
exjefa en la Comunidad
de Madrid y en el
partido, Esperanza
Aguirre, a quien llegó a
calificar, según
especifica una de las
acusaciones, como
"maravillosa" y "cabal".
El preso también rechazó
cualquier
responsabilidad en
relación a la concesión
de colegios concertados
y privados a las
empresas de la trama
corrupta. La Oficina
Nacional de la
Investigación del Fraude
(Onif) ha destapado que
las constructoras de
Púnica podrían haberse
embolsado más de 222
millones en la
construcción de una
veintena de centros
escolares, mientras que
la cooperativa educativa
Alfedel podría haber
ingresado más de 19
millones gracias a la
red corrupta.
Sin embargo, Francisco
Granados relató al juez
Eloy Velasco, que había
accedido a adelantar a
antes de la Navidad su
declaración voluntaria,
que en un principio
estaba prevista para el
11 de enero, que nunca
había tenido
responsabilidad alguna
en el área de Educación
de la Comunidad de
Madrid.
Todas estas respuestas
exculpatorias llegaron
después de que el propio
magistrado mostrara su
desagrado porque
Granados no explicara
dónde guardaba el dinero
negro. Así, Granados
negó la existencia de
cualquier suma en
metálico o en paraísos
fiscales.
Dinero de Suiza
Granados sí explicó,
aunque según una de las
acusaciones de forma
poco convincente, que el
millón de euros
interceptados en casa de
su suegro, que éste
atribuyó a personas que
entraron en su casa,
como empleados de Ikea,
procedían en realidad
del dinero que Marjaliza
le entregó procedente de
Suiza en el año 2000.
Según esta versión,
Granados escondió en ese
lugar el dinero, sin que
nadie de su familia
tuviera conocimiento,
cuando hizo un cambio de
domicilio.
Pero Velasco no se creyó
esta versión, explican
las fuentes consultadas
por infoLibre, que
destacan que el
magistrado le espetó:
"¿Entonces usted ha
guardado el dinero en el
altillo de su suegro
nueve años?".
Pero lo que más exasperó
al magistrado, según los
testigos, fue que el
número dos de Esperanza
Aguirre le asegurara que
las anotaciones que
aparecen en la página
119 de las 125 foliadas
por los agentes de la
UCO de la agenda
manuscrita corresponden
en realidad a actos de
campaña de
"colaboradores" y, en
ocasiones, "ni siquiera
son personas" y
responden a jornadas y
eventos, una de ellas
dedicada a la juventud.
Según esta versión, lo
que Marjaliza y el
propio juez habían
considerado sumas de
dinero se trataba en
realidad de "asistentes
a los actos" del partido
y de la Comunidad de
Madrid.
Las siglas de la agenda
Velasco también preguntó
en concreto a Granados
sobre las iniciales que
aparecen junto a las
sumas de dinero, que
según el arrepentido
David Marjaliza se
refieren al empresario
Javier López Madrid (JLM)
y al gerente del PP de
Aguirre, Beltrán
Gutiérrez (BG). Pero el
preso dio otra
interpretación del
significado de las
siglas: José Luis Moreno
sería JLM, mientras que
BG sí reconoció que se
trataba de Beltrán
Gutiérrez, aunque como
uno de los cerca de dos
millones de asistentes a
los eventos organizados
por su formación
política.
Asimismo, el magistrado
se interesó sobre otras
siglas de la agenda
manuscrita, que
Marjaliza no supo
identificar en su
declaración: LD y JEC,
que serían otros
supuestos donantes.
Granados, que se exculpó
de cualquier delito, ha
explicado que JEC, a
quién se le atribuye un
pago de 60.000 euros,
podría tratarse de
"jornadas de educación".
Tampoco relató el origen
de los 100.000 euros
aportados por un
empresario, cuyas
iniciales son LD, y que
los agentes consideran
que podría tratarse del
empresario Luis Delso,
cuyo nombre sí aparece
completo en otra de las
hojas de la agenda, cuyo
contenido ha sido
adelantado por
infoLibre.
Pero quién no se libró
de las críticas fue el
exsocio de Granados
David Marjaliza, a quién
acusó de mentir y de
seguir "ganando dinero"
tras su salida de
prisión hace ahora un
año en la localidad
madrileña de Valdemoro,
considerado el epicentro
de la trama. "Todo es
una fábula", completó
tras negar también el
uso irregular del Plan
Prisma y la revaloración
de suelo en el
municipio.
Ayuda a la investigación
Por su parte, el abogado
de Granados, Carlos
García de Ceca subrayó a
los medios de
comunicación al término
del interrogatorio que
su cliente ha "ayudado
en la investigación" con
su declaración, ya que
había "clarificado
absolutamente todos y
cada unos de los temas
que tiene en su contra".
Aún así, reconoció que
habrá que "seguir
peleando por su
libertad".
Justo antes de la
declaración, que se
inició a las 11 de la
mañana de este
miércoles, el abogado ya
adelantó que su cliente
no iba a "tirar de la
manta" para salir de
prisión porque eso sería
"destapar a otro", una
conducta que "en su
manera de ser no
figura".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/22/granados_aporta_nada_juez_las_fiscales_investigacion_trama_punica_59033_1012.html
EL JUEZ VELASCO OFRECE A
GRANADOS DECLARAR 'EN
SECRETO' Y ÉSTE LO
RECHAZA
El ex consejero de la
Comunidad de Madrid
declarará el próximo día
21 en la Audiencia
Nacional. Este tribunal
ofreció a Granados
declarar "al estilo
Marjaliza", es decir, en
la pieza que se mantiene
secreta y ante las
únicas miradas del juez
y las fiscales
Anticorrupción. Su
defensa lo rechazó.
El ex consejero de la
Comunidad de Madrid
Francisco Granados
declarará el próximo día
21 en la Audiencia
Nacional por primera vez
desde que estalló la
operación Púnica y tras
llevar interno en la
prisión de Estremera
(Madrid) desde octubre
de 2014. Lo hará en una
sala de vistas repleta
de abogados ya que el ex
dirigente del Partido
Popular ha preferido
comparecer en la sede
judicial en una
"declaración abierta" en
vez de hacerlo de forma
"privada".
Según informan fuentes
de la investigación a
Vozpópuli, desde el
tribunal se le ofreció
de forma discreta a la
representación letrada
de Granados las dos
posibilidades. Por un
lado, se le dio la
oportunidad de "declarar
al estilo Marjaliza", es
decir, con la única
presencia del juez Eloy
Velasco y las fiscales
Anticorrupción Carmen
García y María Teresa
Gálvez en la sala de
declaración, sabiendo
que de esta forma se
contaba con la
tranquilidad de que las
palabras que el imputado
fuera a contar en su
comparecencia judicial,
en caso de que fuese a
'tirar de la manta'
permanecerían en
secreto.
De hecho, desde que su
ex socio David Marjaliza
'tiró de la manta' en
junio de 2015 hasta que
trascendió parte de su
declaración a los medios
de comunicación pasaron
varios meses, ya que
desde el Juzgado se
instó a guardar máximo
silencio para no
perjudicar la
investigación. Si el ex
consejero madrileño
hubiese aceptado dicha
oferta, habría sido
citado en el marco de la
pieza separada que se
mantiene bajo secreto de
sumario en el Juzgado
Central de Instrucción
Número 6 de la Audiencia
Nacional donde se
investiga la presunta
financiación ilegal del
PP de Madrid. Pero el
investigado -nuevo
término legal para el
imputado- declinó
hacerlo aunque fuentes
de su defensa no ven
totalmente cerrada la
posibilidad de pedir
ahora que la declaración
sea "privada".
Recuperar el patrimonio
oculto
Por otro lado, a la
defensa de Francisco
Granados se le brindó
también la posibilidad
de que éste declarara
ante la atenta mirada de
la treintena de abogados
que están personados en
el caso Púnica. Su
letrados optaron por
esta opción, lo que hace
sospechar a los
investigadores que el ex
dirigente popular
aportará "pocos datos"
que puedan arrojar luz a
esta macrocausa y ceñirá
su declaración a tratar
de "matizar" las
palabras de Marjaliza.
El pasado 28 de
noviembre, los abogados
del ex dirigente del PP,
Virginia Santana,
Carlos-Pelayo y Carlos
María García de Ceca,
remitieron un escrito a
la Audiencia Nacional
donde solicitaban
"prestar declaración al
amparo de lo dispuesto
en el art. 400 LECrim.
sobre hechos que son
objeto o han sido objeto
de investigación en las
diligencias previas que
se le siguen por la
comisión de diversos
presuntos delitos".
Dicho artículo legal
recoge que "el procesado
podrá declarar cuantas
veces quisiere, y el
juez recibirá
inmediatamente la
declaración si tuviere
relación con la causa".
Si Granados decide ahora
colaborar con la
Justicia, esa
colaboración tiene que
pasar porque confiese
dónde mantiene ocultas
importantes sumas de
dinero
El escrito del que fuera
mano derecha de
Esperanza Aguirre, donde
pidió declarar, fue
remitido al tribunal el
mismo día que la Sala de
lo Penal de la Audiencia
Nacional volvió a
rechazar su
excarcelación. En su
auto, donde se mantenía
preso a Granados, los
jueces aseguraban que se
ha hecho más patente el
presunto acopio de
"importantísimas sumas
de dinero" de ajena
procedencia por parte
del ex dirigente del PP,
"ya sea por el hallazgo
de casi un millón de
euros en el domicilio de
sus suegros, ya sea por
la declaración de otros
investigados o de
testigos, o ya sea
porque de lo investigado
hay datos elocuentes
acerca de la existencia
de presiones, amenazas y
afán de tergiversar,
entorpecer o manipular
las manifestaciones de
otros investigados, de
la policía, de
funcionarios, de su
familia, de amigos, de
testigos y de todo aquél
que no siguiera sus
directrices". Por estas
razones, según los
magistrados, siguen
vigentes los motivos por
los que el juez
instructor acordó la
prórroga de prisión.
Asimismo, las distintas
fuentes de la
investigación
consultadas explican que
si Granados decide ahora
cambiar de estrategia de
defensa y colaborar con
la Justicia, esa
colaboración tiene que
pasar forzosamente
porque confiese dónde
mantiene presuntamente
ocultas importantes
sumas de dinero. Tanto
el magistrado Velasco
como las fiscales
Anticorrupción entienden
que parte del dinero que
el ex consejero de
Aguirre cobraba como
mordidas o comisiones
ilegales aún no han sido
halladas por la
Audiencia Nacional.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Velasco-Granados-declarar-secreto-rechaza_0_980303082.html
LA EMPRESA DE FIESTAS DE
'PÚNICA' COBRÓ A LA
COMUNIDAD DE MADRID Y A
TRECE AYUNTAMIENTOS CON
FIRMAS INTERPUESTAS
La Guardia Civil apunta
a que la sociedad Waiter
Music, cuyo propietario
amigo de Granados,
utilizó otras sociedades
para cobrar más de medio
millón de euros de entes
públicos
Los investigadores
sospechan que Waiter
Music se benefició
también de las
inauguraciones de líneas
de Metro
La investigación
realizada por los
agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil
apunta a que la sociedad
Waiter Music, cuyo
propietario es el
empresario José Luis
Huerta, amigo del
presunto cabecilla de la
trama Púnica, Francisco
Granados, utilizó otras
firmas interpuestas para
cobrar más de medio
millón de euros de la
Comunidad de Madrid y de
trece Ayuntamientos,
según el sumario al que
ha tenido acceso
infoLibre.
Cuando Huerta fue
interrogado, los agentes
le preguntaron sobre si
parte del dinero de las
adjudicaciones a su
empresa se destinaba y
repartía entre el
alcalde del municipio
correspondiente, el
propio Francisco
Granados y el Partido
Popular madrileño.
Sin embargo, en su
comparecencia en la
Asamblea de Madrid,
Granados negó haber sido
propietario de la
empresa Waiter Music,
tal y como investiga la
Guardia Civil. "No tengo
relación de ningún tipo
con este señor, ni
empresarial ni de ningún
tipo", espetó a los
diputados. En su
declaración de este
miércoles, el ex
secretario general del
PP madrileño también
negó cualquier
irregularidad en el
partido durante la
presidencia de Esperanza
Aguirre.
En concreto, en el
sumario se incluyen las
declaraciones com
investigados de los
propietarios de las
empresas interpuestas,
que reconocen que
facturaban a los
Consistorios y a la
Comunidad de Madrid
importantes cantidades
de dinero, que
posteriormente les
reclamaba la sociedad
del amigo de Granados
que emitía "contrafacturas"
en su contabilidad
paralela.
Los agentes denominan
esta forma de actuar de
Waiter Music como "doble
facturación", que se
utilizó con los
Ayuntamientos de
Valdemoro, Chinchón,
Torrejón de Velasco,
Arroyomolinos, Humanes,
Añover de Tajo, Algete,
Moraleja de Enmedio,
Pinto, Getafe, Coslada,
Ciempozuelos y San
Sebastián de los Reyes.
Uno de los empresarios
que reconoció esta forma
de actuar fue Jesús
Torralba Hontalva,
vinculado a la sociedad
Carpas e
Infraestructuras
Hermanos Torralba, que
facturó de esta forma
hasta 122.003 euros, que
acabaron en poder del
empresario Huerta.
En la declaración de
Torralba Hontalva ante
la UCO, prestada el
pasado 25 de octubre, el
empresario reconoció que
en algunos casos el
propio Huerta le decía
que algunos conceptos
fueran reclamados
directamente a los
Ayuntamientos. José Luis
Huerta le facilitaba el
concepto y el importe
que debían reflejarse en
los recibos y una vez
facturado al
Ayuntamiento, cuando
ingresaba el importe de
las mismas, Waiter Music
le emitía una
contrafactura por el
mismo importe.
No obstante, Torralba
aseguró que ese dinero
no acababa en poder de
Huerta, sino que servía
para descontar el total
de una supuesta deuda
contraída por Waiter
Music con su sociedad
"por trabajos realizados
en ese mismo municipio".
Además, el 11 de abril
de 2008 la empresa
Carpas e
Infraestructuras
Hermanos Torralba
facturó a la Comunidad
de Madrid 5.000 euros,
pese a reconocer que "no
había trabajado para la
Comunidad de Madrid,
pero que cobró ese
importe por indicaciones
de José Luis Huerta, que
le dijo que pusiese ese
concepto dirigido a la
Comunidad de Madrid ya
que le comentó que le
iban a dar una
subvención al
Ayuntamiento de Algete".
Otros 700.000 euros con
el Metro
Por su parte, los
agentes también
sospechan que Waiter
Music se benefició de
las inauguraciones de
líneas de Metro del año
2007. Según apunta un
informe incorporado al
sumario, Madrid
Infraestructuras y
Transportes (Mintra)
maniobró para adjudicar
a la compañía de José
Luis Huerta la
organización de estos
eventos.
En concreto, los
investigadores analizan
la inauguración de un
tramo de la línea siete
hasta Coslada y San
Fernando de Henares en
2007 y la fiesta por la
ampliación de la línea
tres hasta San Cristóbal
de los Ángeles.
El informe refleja el
importe de los recibos
cobrados por Waiter
Music superan los 700.00
euros ya que se
organizaron fiestas en
los barrios que llegaron
a incluir paellas con
cigalas, acróbatas y
payasos, además de
conciertos de alto
nivel.
FCC, Dragados y Sacyr
Los agentes han tomado
declaración a
trabajadores y altos
cargos de las empresas
FCC, Dragados y Sacyr,
responsables de las
obras. La UCO también
obtuvo "distinta
documentación de las
empresas relativa a la
organización de estas
"fiestas".
Según detallan los
recibos, también
incorporados en el
sumario, la fiesta
popular con motivo de la
inauguración del Metro a
San Fernando de Henares
el 5 de mayo 2007
incluyó un concierto de
Antonio Carmona, una
instalación infantil,
una chocolatada con
churros para 700
personas, autobús con
charanga, fuegos
artificiales y paella
popular para 200.
Las celebraciones por la
ampliación de la línea
amarilla, que conectó en
ese año el centro de
Madrid con los barrios
de Villaverde y San
Fermín contaron también
con conciertos de primer
nivel, con la presencia
de Isabel Pantoja.
La ampliación de ambas
líneas de Metro tuvo un
coste superior a los 500
millones, y las fiestas
se incluirían como uno
de los gastos
incorporado al
presupuesto general de
las obras, apunta la
UCO.
Fiestas de La Paloma
En los nuevos tomos del
sumario de la causa, el
Instituto Armado
relaciona también a
Waiter Music con la
organización de San
Cayetano y La Paloma, en
el año 2014.
Los agentes interrogaron
al responsable de
Eventos Comerciales de
la cervecera Mahou para
averiguar si abonó una
factura de 24.200 euros
a la empresa de Huerta
en aplicación de un
convenio con el
Ayuntamiento de Madrid -
Distrito Centro
relacionado con estas
fiestas patronales.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/23/la_empresa_fiestas_punica_cobraba_comunidad_los_ayuntamientos_con_sociedades_interpuestas_59139_1012.html
LA
TRAMA PÚNICA SE FORRÓ
CON LAS FIESTAS DE LAS
INAUGURACIONES DEL METRO
DE AGUIRRE
La Guardia Civil reclama
documentación a FCC,
Dragados y Sacyr por el
pago de 756.000 euros a
la empresa Waiter Music
por la organización en
2007 de los eventos de
apertura de nuevos
tramos de las Líneas 7 y
3 del suburbano
madrileño. Los
investigadores sospechan
que las contratación
vino impuesta por
Granados a través de dos
de sus hombres de
confianza.
Inauguraciones a todo
tren, negocio redondo
para la Púnica. La
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil ha tomado en las
últimas semanas
declaración como
testigos a directivos de
tres grandes
constructoras españolas
para recabar datos sobre
los pagos realizados por
éstas a una empresa de
la trama, Waiter Music
SL, por la organización
de las fiestas de
inauguración de dos
obras en el Metro de la
Comunidad de Madrid en
2007 alas que asistió la
entonces la presidenta
Esperanza Aguirre. Se
trata, en concreto, de
Fomento de
Construcciones y
Contratas (FCC), Sacyr
SA y Dragados SA, cuyos
representantes
reconocieron ante los
agentes haber abonado
más de 750.000 euros a
dicha mercantil
especializada en la
celebración de eventos y
que el juez Eloy Velasco
vincula con Francisco
Granados. Los
investigadores sospechan
que éste a través de su
asesor Edelmiro Andrés
Galván o de Jesús
Trabada, puesto por él
como consejero delegado
Mintra, la empresa
pública que se encargaba
de adjudicar las obras
del suburbano madrileño
hasta su disolución en
2011, imponía la
contratación de la
mercantil de Púnica.
Esta última fue la que
montó en 2008 una fiesta
de cumpleaños 'gratis
total' para Granados
valorada en 12.500
euros.
Los agentes preguntaron
a los responsables de
las tres constructoras
si la contratación de
Waiter Music les vino
impuesta por dos
personas cercanas a
Granados
Así consta en un
atestado de la Guardia
Civil elaborado el
pasado 10 de noviembre y
al que ha tenido acceso
Vozpópuli. En el mismo
se recogen diversas
diligencias recientes de
los agentes de la UCO
respecto a Waiter Music
y las supuestas
irregularidades que
rodeó su contratación
para organizar festejos
en diversos pueblos de
la Comunidad de Madrid
donde gobernaba el PP y
para el propio Ejecutivo
regional. En este caso,
la investigación se
centra en sendos eventos
organizados en abril y
mayo de 2007 para
celebrar la inauguración
en aquellas fechas de la
prolongación de las
líneas 3 y 7 del Metro
madrileño, a los que
asistió Esperanza
Aguirre. Para ello, el
pasado 1 de junio el
Instituto armado remitió
al juez Velasco tres
oficios para que
reclamara formalmente
abundante documentación
a FCC, Dragados y Sacyr,
ya que eran las
constructoras que habían
sido adjudicatarias de
las obras y figuraban
como responsables de los
pagos a la compañía
ligada a la trama. Pedía
desde las facturas hasta
"la identificación de
las personas
responsables de la
contratación de Waiter
Music", incluido
"imágenes del servicio"
y "la motivación en la
contratación".
FCC y la Línea 3
Las pesquisas
continuaron el pasado 26
de octubre. Ese día,
fueron citados a
declarar en calidad de
testigo tres directivos
de las empresas. El
primero en hacerlo fue
Alejandro C.M., quien en
2007 era el responsable
de la Delegación de
Transportes de FCC y
ejercía de supervisor de
las obras de
prolongación de la Línea
3 de Metro desde Legazpi
al barrio de San
Cristóbal de los
Ángeles. En su
testimonio, aseguró que
no supo nada de la
fiesta hasta después de
su celebración y que, de
hecho, no sabía qué era
Waiter Music "antes de
venir aquí". Los agentes
le preguntaron si
participó en la
contratación de la misma
y en la gestión de los
pagos, y le mostraron
tres documentos, en dos
de los cuales aparecía
su firma o visado.
Edelmiro Andrés Galván y
Jesus Trabada, las dos
personas por las que
fueron preguntados los
directivos, son hombres
de la máxima confianza
de Granados
Aunque Alejandro C.N.
reconoció dichas
rúbricas como suyas,
pero también destacó que
por él pasaban una media
al año de 3.000 pedidos
y 20.000 facturas y que
por ello no recordaba
expresamente esas. No
obstante, admitió cierta
incoherencia entre las
fechas de la factura y
la hoja de pedido de un
evento que le costó a la
compañía 299.601 euros.
La UCO le preguntó
abiertamente si Edelmiro
Andrés Galván, asesor de
Granados en la
Consejería de
Presidencia e imputado
en la causa, o el
consejero delegado de
Mintra, Jesús Trabada,
también hombre de la
máxima confianza del
cabecilla de la trama,
le habían impuesto la
contratación de dicha
empresa. Dijo que de
ambos sólo conocía al
segundo y rechazó
presiones.
"No era habitual"
El siguiente en declarar
fue Ricardo G.E., quien
trabajaba también para
FCC en esa misma obra.
Sus respuestas fueron
muy similares a las de
su compañero. Así, negó
conocer quién organizó
la fiesta y destacó que
él no se involucraba en
la gestión de ese tipo
de actos ya que en la
compañía existía "un
departamento de
Comunicación". Sin
embargo, sí admitió que
formalizó el pedido del
evento cuando éste ya se
había realizado y que lo
hizo "en base a una
factura que venía
aprobada por la
dirección de FCC". De
hecho admitió que esto
no era "lo habitual" ni
"la forma de trabajo"
acostumbrada. Los
agentes también le
interrogaron por Jesús
Trabada y Edelmiro
Andrés Galván. Aseguró
conocer sólo al primero.
Los directivos
aseguraron no conocer
los detalles de la
contratación de Waiter
Music, aunque admitieron
que hubo elementos "no
habituales" en las
facturas
El último testigo citado
fue Juan Carlos P.R.,
quien fue jefe de obras
de Dragados en la
prolongación de la Línea
7 de Metro a las
localidades de Coslada y
San Fernando de Henares.
Este responsable de la
constructora admitió
saber que hubo una
fiesta y que el coste
total de la misma,
456.000 euros, se lo
repartieron entre su
compañía y Sacyr porque
ambas realizaron las
obras. Sobre quién
organizó dicho evento y
la contratación para
ello de Waiter Music
aseguró desconocer
detalles y sólo admitió
que comunicó "a sus
superiores" que a la
inauguración "acudirían
autoridades políticas de
la Comunidad de Madrid".
El responsable de
Dragados también
reconoció haber dado "el
visto bueno" al pago del
evento, aunque recalcó
que no supervisó "los
espectáculos y
actuaciones" ya que
"esta función suele
realizarse por personal
vinculado al Gabinete de
Protocolo" del Ejecutivo
que entonces encabezaba
Esperanza Aguirre. Sobre
las supuestas presiones
para que se contratara a
Waiter Music, dijo que
creía recordar que "la
factura y la solicitud
de pago llegaron a
través de Mintra y que
posteriormente le
solicitaría a Dragados
que se hiciese cargo de
la factura", aunque
señaló no estaba seguro.
Preguntado por el máximo
responsable entonces de
esta compañía pública,
Jesús Trabada, y ñor el
asesor de Granados,
Edelmiro Andrés Galván,
simplemente admitió
conocer al primero.
Paella, haimas y música
En el sumario obran ya
algunas de las facturas
de estos festejos ahora
bajo sospecha. En
concreto, las que emitió
Waiter Music a Dragados
y Sacyr en mayo de 2007
para facturar las
"fiestas populares"
montadas en Coslada y
San Fernando para
celebrar la prolongación
de la Línea 7 de Metro
hasta ambas localidades
madrileñas. En las
mismas se recogen
partidas como "paella
popular" para 5.400
personas "con camareros
apoyo servicio", además
de "chocolateada (sic)
con churros" para 2.200
personas, "menaje"
incluido. También
incluye como concepto un
"gran espectáculo de
fuegos artificiales", el
montaje de "escenarios
haimas", "parques
infantiles", charanga,
"autobús descapotable
serigrafiado" y sendos
conciertos con la
participación de
orquestas y grupos como
Iguana Tango, Efecto
Mariposa y el cantante
Antonio Carmona. Por
todo ello, Waiter Music
facturó a ambas
constructoras un total
de 456.760 euros, IVA
incluido.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-fiestas-inauguraciones-Metro-Aguirre_0_983002944.html
EL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, SOBRE
MARJALIZA: "NO ME HE
TOMADO NI UNA COPA CON
ÉL, NO LE PONGO CARA"
"Incluso me niego a
verle la cara cuando
sale en la televisión",
ha explicado el cargo
del Gobierno de Cristina
Cifuentes, que ha
completado: "Me he
querellado con él"
"De los fondos de mi
dirección general de
Administración Local ni
un euro ha ido a nadie"
vinculado con la trama
liderada presuntamente
por Francisco Granados,
ha asegurado
El consejero de Medio
Ambiente, Administración
Local y Ordenación del
Territorio de la
Comunidad de Madrid,
Jaime González Taboada,
ha negado este viernes
en su comparecencia en
la comisión de
investigación de la
corrupción de la
Asamblea de Madrid
conocer al número dos de
la trama Púnica y ahora
arrepentido, David
Marjaliza: "Nunca he
estado con él, y no sólo
eso, sino que nunca me
he tomado ni una copa
con él y no le pongo
cara. Además, incluso me
niego a verle la cara
cuando sale en la
televisión", ha
explicado el cargo del
Gobierno de Cristina
Cifuentes.
A la pregunta del
diputado de Ciudadanos
César Zafra del motivo
por el cual creía que
Marjaliza le había
"señalado" como parte de
la trama, el consejero
de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid ha
contestado: "Esa
pregunta me la hago yo
desde que la dijo. De
hecho, le he puesto una
querella".
Taboada, que ha
recordado que Marjaliza
no ha podido acreditar
algunas de las cosas que
ha declarado, también ha
apuntado que se puede
preguntar a los
directivos de las
empresas que ha citado
vinculadas con él que
según su versión no les
conoce.
El titular de la
Consejería de Medio
Ambiente del Gobierno
madrileño también ha
negado, a preguntas del
diputado de Podemos
Miguel Ongil, haber
presionado al PP de Hoyo
de Manzanares (Madrid)
en favor de la empresa
Dalkia, una de las
firmas involucradas en
el caso Púnica: "De los
fondos de mi dirección
general de
Administración Local ni
un euro ha ido a nadie"
vinculado con la trama
liderada presuntamente
por Francisco Granados,
ha asegurado Taboada,
que fue contestado por
Miguel Ongil: "No dudo
que no saliera dinero
público directamente
para pagar encuestas,
sino que se trataba de
contratos inflados para
las empresas".
Asimismo, Taboada
sorprendió a todos los
presentes en la comisión
de investigación sobre
la corrupción en la
Comunidad de Madrid al
asegurar que pese a que
era miembros nunca había
acudido a las mesas de
contratación de la
sociedad pública
Arpegio, utilizada por
Granados para adjudicar
contratos a las empresas
de la trama, según la
declaración del
arrepentido Marjaliza:
"Nunca fui vocal y nunca
he estado en las mesas
de contratación" de
Arpegio.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/16/el_consejero_medio_ambiente_sobre_marjaliza_tomado_una_copa_con_pongo_cara_58846_1012.html
EL JUEZ DICE QUE
GRANADOS "AYUDÓ" A
REALIZAR "SERVICIOS DE
PROPAGANDA PARA CARGOS
DEL PP"
En un auto, el juez de
la Audiencia Nacional
Eloy Velasco sostiene
que gracias a la "ayuda
de Granados" los
empresarios Alejandro de
Pedro y José Antonio
Alonso "pudieron
realizar servicios de
propaganda para
diferentes autoridades
del Partido Popular de
varios territorios de
España".
El exconsejero de la
Comunidad de Madrid,
Francisco Granados,
defendió el pasado
miércoles a capa y
espada su inocencia en
la Audiencia Nacional.
Lo cierto es que su
intento de desvincularse
de la trama Púnica no
convenció ni al titular
del Juzgado Central de
Instrucción Número 6, el
juez Eloy Velasco, ni a
las fiscales
Anticorrupción Carmen
García ni María Teresa
Gálvez. Entre otras
cuestiones porque los
indicios que pesan
contra el que fuera mano
derecha de Esperanza
Aguirre se cuentan ya
por decenas.
En un nuevo auto, al que
ha tenido acceso
Vozpópuli, el instructor
explica cómo Granados
"ayudó" a mejorar la
imagen de cargos del
Partido Popular. "Con la
ayuda de Francisco
Granados, Alejandro de
Pedro y José Antonio
Alonso Conesa pudieron
realizar los servicios
de propaganda para
diferentes autoridades
del Partido Popular de
varios territorios de
España", recalca Velasco
en referencia a los dos
empresarios que se
encuentra imputados en
esta macrocausa por los
negocios de reputación
online que llevaron a
cabo para diferentes
cargos 'populares'.
En la resolución, el
magistrado de la
Audiencia Nacional
explica que "el apoyo e
inducción de Francisco
Granados a Alejandro de
Pedro ha sido una
ligazón mantenida a lo
largo de los años que ha
se ha ido revelando
fruto de la
investigación". El juez
recuerda que entre el 2
y 7 de abril de 2013 el
exconsejero madrileño,
De Pedro y Alonso Conesa
viajaron a Costa Rica y
Panamá ofreciendo
servicios de
asesoramiento político,
publicidad y propaganda.
"De la investigación se
ha podido constatar que
desde hacía un año se
venían satisfaciendo
mensualidades de 12.906
euros por un contrato
con la alcaldesa de
Panamá sobre mapa de
skateholders, monitoreo
y reputación digital, en
términos muy similares a
los que realizada para
las autoridades
españolas", subraya
Velasco que apunta a
que, tras estos pagos,
se pudo cometer un
delito de blanqueo de
capitales.
Varios políticos en el
disparadero
De la investigación de
la trama Púnica se
desprende que las
empresas del gurú
informático De Pedro
-principalmente Eico y
Madiva- hicieron
trabajos para mejorar la
reputación en la red a
distintas autoridades
del PP. Por ejemplo, a
los exconsejeros de la
Comunidad Madrid Lucía
Figar y Salvador
Victoria, a la actual
senadora Pilar Barreiro,
al expresidente de la
Diputación de León
Marcos Martínez Barazón,
al presidente de Murcia
Pedro Antonio Sánchez –
quien había concertado
los trabajos con la
trama aunque éstos no
llegaron a ejecutarse- o
al exalcalde de Gandía,
Arturo Torró.
En varios casos, esos
informes para mejorar la
imagen personal de los
diferentes políticos
fueron pagados con
fondos de las arcas
públicas. De ahí que
muchos de ellos hayan
acabado imputados en la
Audiencia Nacional.
Por otro lado, en su
declaración del pasado
miércoles Francisco
Granados desvinculó al
empresario Alejandro de
Pedro de cualquier
actividad delictiva,
según informan fuentes
jurídicas. El ex
secretario general del
PP de Madrid trató de
salvar a algunos
imputados a los que
dedicó solo buenas
palabras y perjudicar a
otros como fue el caso
de su exsocio y e amigo
David Marjaliza.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Granados-servicios-propaganda-autoridades-PP_0_983302655.html
ASÍ REPARTÍA GRANADOS:
"SI QUIERES UN HOSPITAL,
POR LO MENOS PÍDEMELO"
Intentó blindar al
alcalde de Valdemoro
para seguir manejando el
urbanismo tras ser
expulsado del PP.
"Si quieres un hospital,
por lo menos pídemelo".
Francisco Granados
pronunciaba estas
palabras entre el enfado
y el reproche, mientras
al otro lado del
teléfono, la Guardia
Civil tomaba buena nota
y dejaba constancia de
la llamada. Era jueves,
4 de septiembre de 2014
y los audios del
exvicepresidente de la
Comunidad de Madrid, a
los que ha tenido acceso
EL ESPAÑOL, reflejan a
un Francisco Granados
preocupado. Un político
despechado con el
Partido Popular que
luchaba por controlar el
único espacio de poder
que le quedaba: el
Ayuntamiento de
Valdemoro.
Los informes de la UCO
estiman que Granados,
que prestará declaración
este miércoles ante la
Audiencia Nacional, pudo
ingresar hasta 20
millones de euros en
comisiones urbanísticas.
Por el momento y a la
espera de su nuevo
testimonio ante el juez
de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco, Granados
sólo ha reconocido ser
el dueño del millón de
euros que la Guardia
Civil encontró encima de
un armario en casa de
sus suegros.
Fue el 21 de febrero de
2014 cuando el ex
'número dos' del PP de
Madrid tuvo que dejar su
acta de senador y
diputado autonómico. El
diario El Mundo afloró
entonces la existencia
de una cuenta en Suiza,
la misma que le costó
entrar en prisión nueve
meses después por
engañar presuntamente a
Hacienda. Y su repudia
por parte del partido
fue fulminante. Se acabó
la capacidad de
influencia. Y con ella,
según los informes
policiales, también la
facilidad para hacer
negocio a costa de los
constructores y sus
mordidas. Valdemoro
quedó entonces como
principal bastión del
'modelo Granados'; una
garantía para seguir
siendo necesario.
Allí, uno de sus hombres
de confianza, José
Carlos Boza, heredó el
bastón de mando. Pero
Granados tenía la
certeza de que Esperanza
Aguirre estaba
intentando levantar a su
delfín de la silla para
colocar a un
paracaidista, un hombre
avalado por la dirección
del partido en Madrid,
que se encargaría de
borrarle definitivamente
del mapa de influencia.
"Que es mentira, mentira
puta", repetía por
teléfono entre gritos
cuando el empresario
David Marjaliza le
apunta que Boza se va a
reunir con Esperanza
Aguirre para buscar su
apoyo. Así se escucha en
los audios a los que ha
tenido acceso este
periódico y que han sido
editados por su excesiva
duración. Juntos,
político y empresario
entraron en prisión en
noviembre de 2014 tras
ser detenidos. Pero han
seguido caminos
distintos. Mientras
Marjaliza decidió
colaborar con la
Justicia, abrir con sus
revelaciones nuevas vías
de investigación y
reconocer la mayoría de
los delitos que le
imputa la Fiscalía
Anticorrupción, Granados
ha negado en todo
momento su participación
en la supuesta trama de
comisiones urbanísticas.
El constructor de
Valdemoro abandonó la
prisión madrileña de
Aranjuez las pasadas
navidades y lleva en la
calle casi un año,
mientras que Eloy
Velasco mantiene a
Granados en prisión
preventiva.
Encuentro con Aguirre
Fue el propio Francisco
Granados quien pidió
declarar ante la
Audiencia Nacional este
miércoles. Como
principal baza para
colaborar tiene la
posibilidad de
identificar su
contabilidad manuscrita,
un listado de iniciales
y presuntas donaciones a
la financiación ilegal
del PP que se investiga
en una pieza secreta de
la causa. Pero no parece
que Granados esté por la
labor. Más bien al
contrario, quiere
aportar su versión sobre
las manifestaciones
realizadas por
Marjaliza.
De hecho, las relaciones
comerciales entre ambos
estaban rotas mucho
antes de las
detenciones, cuando
Marjaliza reparó la
sociedad que tenía a
medias con el empresario
Ramiro Cid, de la que
Granados atesoraba un
tercio en la sombra.
"Cuanto más lo pienso
más me encabrono, porque
tiene una pinta de
pucherazo de cojones",
espeta Granados en las
conversaciones sobre la
maniobra de Aguirre y la
pasividad de Boza. "Es
que si tú eres el
alcalde y seis meses
después de que dimita el
presidente [del grupo
municipal], tú no has
hecho nada, pues te
toman por el puto pito
del sereno [...] Este,
aunque le cojan y le
corten los huevos y los
pongan en la puerta del
Ayuntamiento, le digan
que Bartolo (Bartolomé
González, alcalde e
Aranjuez y miembro de la
Ejecutiva nacional del
PP) va con una gestora y
tal, no va a hacer nada,
porque es un cagón".
"Si yo supiera que va a
haber elecciones, esto
no me preocupa. Pero es
que a mi lo que me
preocupa es que no haya
elecciones", constata
Granados.
http://www.elespanol.com/espana/politica/20161220/179733020_0.html
LOS CHOLLOS DE LA
PÚNICA: UN 'MERCEDES'
POR 5.400 EUROS PARA UNA
EX ASESORA DE GRANADOS
La Guardia Civil explica
que la exconcejal del PP
María Victoria Araujo
sólo abonó supuestamente
5.400 euros en el año
2006 por un vehículo
Mercedes SLK que estaba
a su nombre pero que
aparecía en el
inventario de una de las
empresas del constructor
de Púnica, Ramiro Cid.
La UCO sospecha que se
trata de un "obsequio"
que la trama le hizo a
la ex asesora de
Granados.
La Unidad Central
Operativa de la Guardia
Civil (UCO) ha remitido
un nuevo informe al
titular del Juzgado
Central de Instrucción
Número 6 de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco,
donde refuerzan las
sospechas sobre el
vehículo que recibió
presuntamente como
regalo la exasesora del
exconsejero madrileño
Francisco Granados,
María Victoria Cristóbal
Araujo.
En el documento, los
agentes explican que la
documentación hallada en
la sede de la empresa
Obras y Vías SA,
propiedad del
constructor Ramiro Cid,
imputado en la causa,
apuntaba a que el
vehículo Mercedes SLK
investigado fue
supuestamente "pagado"
al concesionario Car
Valdemoro por esta
mercantil, pese a que el
mismo figura a nombre de
ex dirigente 'popular'
María Victoria Cristóbal
Araujo en la Dirección
General de Tráfico
(DGT).
La Guarda Civil mantiene
que todos los indicios
apuntan a que el
vehículo podía haber
sido un obsequio a la ex
jefa de prensa del
Partido Popular de
Madrid, exconcejal de
Majadahonda y exasesora
del cabecilla de la
trama Púnica.
Es la misma situación
detectada con otro
vehículo, en este caso
el Mini modelo Cooper
que utilizaba la mujer
de Granados, María
Nieves Alarcón, y que
apareció quemado de
manera intencionada en
el garaje donde lo
guardaba la pareja.
Sobre la propiedad de
este último automóvil,
la Guardia Civil ya ha
elaborado dos informes,
en los que concluye que
el mismo fue un regalo
del empresario al
político como
"contraprestación" por
supuestos favores
urbanísticos.
En su reciente informe,
al que ha tenido acceso
Vozpópuli, los agentes
de la UCO analizan el
modelo 347 de Car
Valdemoro aportado por
la Agencia Tributaria al
procedimiento "donde se
comprueba que únicamente
se declara una operación
con María Victoria
Araujo en el apartado de
ventas de 2006 y por un
importe de 5.400 euros".
Sin embargo, la Guardia
Civil manifiesta que la
factura del coche marca
Mercedes asciende a una
cuantía mucho superior,
30.500 euros.
La clave, los pinchazos
telefónicos
"Según las cuentas que
se han recibido de las
diferentes entidades
bancarias y en las que
interviene María
Victoria Cistóbal, en
ninguna de ellas se ha
observado la existencia
de asiento alguno que
concuerde en fecha y
cantidad con el importe
que Car Valdmeoro
declara en el modelo
347, así como tampoco
con el importe de la
factura de la venta del
vehículo emitida por el
concesionario", recalcan
los agentes.
A raíz de recibir el
documento de UCO, el
juez Velasco solicitó a
la Agencia Tributaria
que rastrease "todos los
productos bancarios en
los que intervenga o
haya intervenido" desde
el año 2006 hasta hoy
Cristóbal Araujo.
El caso de la exconcejal
ha pesado también el
contenido de las
numerosas conversaciones
que esta mantuvo
precisamente con
Francisco Granados
cuando este tenía el
teléfono intervenido por
orden judicial. En las
mismas, además de
constatarse la estrecha
relación entre ambos a
pesar de que cuando se
producen él ya no está
en política y ella
ejerce de concejal de
Relaciones Instituciones
en el Ayuntamiento de
Majadahonda, aparecen
precisamente referencias
a un "piso" y un "coche"
supuestamente regalados
a ella por el cabecilla
de la trama.
De hecho, en una llamada
del 2 de julio de 2014,
pocos meses antes de la
detención del político
madrileño, Vicky se
quejaba de que el
expresidente José María
Aznar la quisiera echar
de la fundación FAES,
donde ella trabajaba en
aquel momento. Al
parecer, por temor a que
saliera con escándalo
"muy gordo de ella",
según se recoge en un
informe que forma parte
del sumario de la UCO.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/UCO-colaboradora-Granados-Mercedes-SLK_0_983602508.html
EL ÚLTIMO INFORME DE
PÚNICA DESTAPA PUFOS EN
UNO DE LOS AYUNTAMIENTOS
'FIELES' A AGUIRRE
La UCO entrega al juez
Velasco un análisis de
las "relaciones
contractuales del
Ayuntamiento de Brunete
con Cofely España" tras
interrogar a varios
funcionarios y
concejales del equipo de
Gobierno 'popular',
entre ellos el alcalde,
Borja Gutiérrez,
considerado afín a la
lideresa.
Nuevo varapalo judicial
en el 'caso Púnica' a
las filas de Esperanza
Aguirre. La Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil ha
entregado recientemente
al titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
un nuevo informe sobre
las 'andanzas' de la
trama de corrupción en
ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid. En
este caso, el documento
policial detalla la
supuesta existencia de
irregularidades en el
frustrado proceso de
adjudicación en la
localidad de Brunete de
un contrato a Cofely-GDF
Suez, la multinacional
implicada en la red de
corrupción. El Instituto
armado ha elaborado el
documento tras
intervenir el pasado mes
de agosto en el
consistorio diversa
documentación e
interrogar en los
últimos meses a varios
funcionarios y
concejales del equipo de
Gobierno, entre ellos el
propio alcalde, el 'aguirrista'
Borja Gutiérrez, según
han confirmado a
Vozpópuli fuentes
cercanas a éste.
La UCO acudió en agosto
a recabar el expediente
del frustrado concurso.
Tras su estudio, tomó
declaración a
funcionarios del
Ayuntamiento y político,
entre ellos el alcalde
El documento policial
entró el pasado 15 de
diciembre en la
Audiencia Nacional
mediante el oficio
número 494 de la UCO
junto a un segundo
referido a los supuestos
pufos en la contratación
pública del Ayuntamiento
de Valdemoro con la
empresa de festejos
Waiter Music SL, según
una providencia judicial
a la que ha tenido
acceso este diario.
Fuentes cercanas a la
investigación detallan,
que el informe referido
a Brunete analiza en
profundidad la
documentación sobre un
concurso de eficiencia
energética que estaba
previsto convocar a
finales de 2014 y por el
que este municipio de
10.000 habitantes
-situado a 28 kilómetros
al Oeste de la capital-
iba a gastar 8,9
millones de euros en 15
años para mejorar el
alumbrado público.
Sin plan de obras
Sin embargo, la
licitación finalmente no
se llevó a cabo ya que
la aprobación de los
pliegos de la misma se
suspendió en el último
momento al retirarla de
la orden del día de la
comisión municipal en la
que se les iba a dar luz
verde en el otoño de
aquel año. El equipo de
gobierno local alegó
entonces que faltaba "un
documento técnico".
Aquella comisión iba a
tener lugar el 28 de
octubre de 2014,
precisamente un día
después de que el juez
Velasco ordenara la
detención de los
principales implicados
en la trama. Sin
embargo, desde el equipo
de Borja Gutiérrez han
insistido ahora a este
diario que eso fue una
casualidad y que, de
hecho, aquel expediente
ni siquiera pasó por
"manos de los políticos"
ya que fueron los
técnicos del consistorio
los que lo paralizaron
al faltar "el plan de
obras".
Desde el equipo de
Gobierno local del PP se
quita importancia al
hecho de que el concurso
fuera suspendido justo
un día después de las
primera detenciones
Pese a dicho argumento,
la UCO acudió al
consistorio a finales
del pasado mes de agosto
a recopilar dicho
expediente -"o más bien
un documento de trabajo
interno", según
insistieron en calificar
estas fuentes del PP
dicha documentación-.
Semanas después,
comenzaron a llamar para
declarar en dependencias
policiales a
funcionarios del
Ayuntamientos y a
miembros del equipo de
Gobierno del PP, que
cuando se suspendió la
adjudicación estaba en
minoría. Entre ellos se
encontraba,
precisamente, Borja
Gutiérrez, quien en las
elecciones de mayo de
2015 se hizo con la
mayoría absoluta en esta
localidad. Siempre según
fuentes cercanas a él,
lo hizo en calidad de
testigo, "sin abogado".
"No hay nada que ocultar
y hemos prestado desde
el primer momento toda
nuestra colaboración",
insisten en conversación
telefónica con
Vozpópuli.
La confesión de
Marjaliza
Hasta la fecha, no
consta que haya ningún
cargo público de Brunete
imputado en la causa,
pero el nombre del
municipio sí ha salido
de manera reiterada en
el sumario tanto en
alguna declaración, como
en los 'pinchazos'
telefónicos de algunos
de los principales
implicados y en diversa
documentación en formato
digital y en papel
intervenida durante los
registros. Así, el
constructor David
Marjaliza, en la
confesión en la que
desgranó decenas de
sobornos, mordidas y
comisión ilegales
entregadas a alcaldes y
concejales para
conseguir contratos
precisamente para
Cofely, aseguró que al
entonces equipo de
gobierno de consistorio,
encabezado ya por Borja
Gutiérrez, supuestamente
se le iba a pagar una
encuesta electoral
valorada en 8.000 euros
más IVA que se pensaba
camuflar como un estudio
sobre eficiencia
energética.
Marjaliza aseguró en su
confesión que al PP de
Brunete la trama le iba
a pagar supuestamente
una encuesta electoral
valorada en 8.000 euros
más IVA
Una acusación que se vio
supuestamente refrendada
por varias
conversaciones
telefónicas intervenidas
judicialmente a varios
de los implicados de la
trama y por el contenido
de diversas agendas y
notas manuscritas
intervenidas a éstos.
Así, el 16 de octubre de
2014, sólo unos días
antes de las primeras
detenciones, la Guardia
Civil interceptó una
llamada de uno de los
directivos de Cofely
imputados en la causa,
Pedro García, en el que
éste aseguraba a un
desconocido que ya tenía
cerrado "el tema de
Brunete" y que había
estado reunido con
"Borja", con el que
había hablado de un
supuesto "problema de
tiempo" y que "van a ir
avanzando". Los informes
de la Guardia Civil
destacan que este
directivo de Cofely era
"el principal
articulador e
interlocutor del pago de
cohechos del que
supuestamente se sirve
la empresa para lograr
contratos públicos
millonarios de diversas
administraciones".
Ese mismo día, los
agentes volvieron a
intervenir otra llamada
de Pedro García, en este
caso dirigida a uno de
sus superiores, Didier
Maurice, director
general de la filial
española de Cofely-GDF
Suez y también imputado
en la causa. El informe
de la UCO que da cuenta
de dicha conversación
recoge textualmente que
"Pedro dice que el 6 de
noviembre se aprueba en
el Pleno la eficiencia
energética en Brunete.
Didier se alegra de la
noticia". Los
investigadores
consideran que estas
llamadas, y otras
también recogidas en la
causa, hacen sospechar
que en el momento en el
que se produjeron las
detenciones, la trama
Púnica estaba
presuntamente a punto de
repetir en el
Ayuntamiento de Brunete
el amaño del contrato de
eficiencia energética
que anteriormente había
realizado presuntamente
en otros municipios
madrileños, como
Móstoles y Parla. El
hecho de que el juez
Velasco se viera
obligado a precipitar
las detenciones tras el
'chivatazo' que había
recibido Francisco
Granados había impedido
que se concretara. Desde
el equipo de gobierno
'popular' de la
localidad se niega a
Vozpópuli la veracidad
de dichas sospechas.
"Nunca se contrató nada
con empresas de la
Púnica", recalcan.
Una agenda y una
encuesta
Sin embargo, un informe
de la Guardia Civil
apunta a que uno de los
supuestos pagos del
dicho amaño frustrado
era "la realización de
encuestas" de carácter
político que se
camuflaban como estudios
sobre eficiencia
energética. "Así se
deduce en primer lugar
de una anotación en la
agenda personal Pedro
García [el directivo de
Cofely] de octubre de
2.013, consistente en 'Victor
(encuestas Brunete)". No
es el único indicio en
este sentido. También
hay correos electrónicos
intervenidos a otros
imputados en los que se
hace referencia,
precisamente, al sondeo
electoral que iba a
pagar la trama y de la
que había hablado
Marjaliza en su
confesión. De hecho, la
investigación permitió
escuchar una
conversación entre el
constructor y un tal
Victor, supuestamente el
responsable de la
empresa de encuestas, en
el que ambos hablan,
según destaca el informe
de la UCO, con "un
lenguaje convenido" de
"los señoritos'
(probablemente
autoridades municipales)
o 'el pequeño
municipio',
(probablemente
Brunete)".
En sus conversaciones
telefónicas dos
implicados en la trama
se refieren a Brunete
como "el pequeño
municipio" y a sus
cargos públicos, como
"los señoritos"
El documento policial
resalta que ese lenguaje
en clave "es extraño a
una relación comercial
normal y apunta a que
ambos están al corriente
de aspectos no
convencionales en el
encargo de un servicio
de encuestas. En ese
mismo sentido -continúa
el informe policial-
existen varios correos
cruzados entre David
Marjaliza y Victor donde
se abordan diversas
cuestiones relativas a
un contrato para la
realización de encuestas
en Brunete para Ruta
Energética, empresa que
David Marjaliza
habitualmente emplea
para la emisión de
informes y facturación a
Cofely al objeto de
recibir la remuneración
o reintegro de
cantidades acordada con
estos". En el sumario
aparece, de hecho, una
copia del cuestionario
de dicho sondeo de cuyo
contenido los
investigadores destacan,
que pese a que el
contrato recoge que se
trata de "un supuesto
estudio de opinión
pública sobre la gestión
energética municipal en
Brunete cuando de la
lectura de las preguntas
contenidas en los
cuestionarios que
materializaran el
contrato se deduce que
se trata en realidad de
una encuesta de imagen
de la gestión municipal
(donde ni siquiera
aparece ninguna alusión
a la eficiencia
energética municipal) y
de expectativas de
voto". De hecho, en la
misma se pregunta por
Borja Gutiérrez, el
regidor 'popular', y su
labor la frente del
consistorio.
En el sumario aparecen
otros indicios en las
misma dirección. Entre
ellos, una agenda con
anotaciones referidas al
supuesto pago de
'mordidas' a cargos
públicos y políticos que
se intervino a Ana María
Ramírez, la secretaria y
persona de la máxima
confianza del
constructor. En la
página 221 de la misma,
junto a un tabla con
media docena de
iniciales que los
investigadores han
identificado con varios
de los ayuntamientos ya
investigados (Parla,
Serranillos del Valle,
Moraleja del Enmedio,
Collado Villalba y
Móstoles), aparecen
otras anotaciones con
nombres completos de
localidades. Entre éstos
se encuentra,
precisamente, "Brunete",
en su caso vinculado a
la cifra de 12.000
euros. En la declaración
ante el juez Velasco de
Ana María Ramírez, que
también está colaborando
con la Justicia, el
magistrado le preguntó
expresamente por esta
pequeña localidad
madrileña. Ahora la
Guardia Civil ha acudido
al consistorio a recabar
documentación.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/informe-Punica-irregularidades-ayuntamientos-Aguirre_0_983602534.html
EL JUEZ PIDE AL GOBIERNO
DE MADRID TODOS LOS
DATOS DE 20 COLEGIOS CON
LOS QUE SE ENRIQUECIÓ LA
'PÚNICA'
Velasco
reclama copia de los
actos inscritos en el
registro por las
cooperativas a las que
la trama consiguió suelo
público y de las que
cobró más de 200
millones
La Fiscalía pone el foco
en las cifras de capital
social con que se
constituyeron y de las
posteriores ampliaciones
de capital
En un auto fechado el
pasado 28 de noviembre,
Velasco reclama a la
Consejería de Economía
de la Comunidad de
Madrid copia de todos
"los actos inscritos" en
el registro por 20
cooperativas de
enseñanza que en total
reportaron al grupo de
Francisco Granados y su
socio y amigo David
Marjaliza más de 220
millones de euros solo
por la construcción de
los edificios.
De lo investigado se
desprende que a las
cooperativas de
profesores interesadas
en abrir esos colegios
la trama les aseguraba
suelo público y les
garantizaba que pasarían
a formar parte de la red
de centros concertados.
De los 20 colegios cuya
información demanda el
juez a la Comunidad de
Madrid, tres se alzan en
el municipio de
Valdemoro, feudo y cuna
política de Francisco
Granados. Encarcelado
desde hace dos años, el
antiguo secretario
general del PP madrileño
y vicepresidente en el
Gobierno de Esperanza
Aguirre declarará a
petición propia el
próximo 21 de diciembre.
La pista del dinero
El juez sustenta su
reclamación de datos a
la Comunidad en un
informe de la Fiscalía
Anticorrupción. "La
petición que hace el
ministerio fiscal
-escribe Velasco- se
funda en la necesidad de
conocer las cifras de
capital social de las
escrituras de
constitución y los
importes de las
ampliaciones de capital
en su caso".
El pujante negocio de la
enseñanza que nutrió las
cuentas de la trama
Púnica se regía siempre
por la misma mecánica:
los colegios, propiedad
de cooperativas de
profesores, eran
impulsados por la
empresa Alfedel, cuyo
administrador está
imputado y de quien el
juez sospecha que era un
mero testaferro de
Marjaliza, considerado
el gran conseguidor de
la trama corrupta.
Cada colegio pagaba a
Alfedel una media de un
millón de euros por el
supuesto asesoramiento
que les ofrecía. Y una
vez obtenido el suelo y
los permisos, era una de
las empresas de David
Marjaliza la que
construía el edificio
escolar.
La supuesta comisión de
asesoramiento reportó a
Alfedel más de 19
millones. Y solo las
obras de construcción de
13 de los 20 colegios
investigados en la causa
engrosaron con 222
millones las cuentas de
seis empresas vinculadas
a Marjaliza entre 2001 y
2011. De esas seis
empresas fue Obrum
Urbanismo y
Construcciones la que se
llevó la mejor parte:
202 millones.
El listado de las 20
cooperativas cuyas
inscripciones asentadas
en el registro madrileño
pide el juez a la
Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda
incluye tres centros
ubicados en otras
comunidades: uno se
encuentra en Valdeluz (Yebes,
Guadalajara); otro se
localiza en Cartagena
(Murcia); y el tercero,
en Llucmajor (Mallorca).
En espera de que las
sospechas del juez sobre
la conexión entre
Marjaliza y el
administrador de
Alfedel, Alfonso Ferrón,
se confirmen o disipen,
lo cierto es que
Marjaliza cobraba de
principio a fin: por
conseguir el terreno,
como acredita uno de los
documentos a que tuvo
acceso infoLibre en el
verano de 2015 [pincha
aquí para leerlo] y por
construir luego el
colegio.
Granados y las cuentas
de Tuvalu
En un segundo auto, este
fechado el 30 de
noviembre, Velasco pide
a la Agencia Tributaria
toda la información que
obre en su poder sobre
los pagos e ingresos de
la sociedad Tuvalu
Gestión SL en el periodo
2003-2007.
Los investigadores creen
que Tuvalu es una de las
sociedades que Granados
utilizó para camuflar
mordidas. Reclaman por
tanto el llamado modelo
347 de Hacienda porque
sus datos reflejan las
entradas y salidas
-cobros y pagos-
superiores a 3.000 euros
y que tienen el mismo
origen o destino. Es
decir, con ese documento
es posible saber de
dónde procedía cada una
de las cantidades que
llegaban a las cuentas
de Tuvalu. Y,
presumiblemente, a los
bolsillos de Granados.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/02/el_juez_pide_gobierno_madrid_todos_los_datos_colegios_con_los_que_enriquecio_punica_58347_1012.html
EL JUEZ ADELANTA LA
DECLARACIÓN DE GRANADOS
AL 21 DE DICIEMBRE
Francisco Granados
declara por
videoconferencia desde
la cárcel de...
Francisco Granados
acudirá al despacho del
juez Eloy Velasco 21
días antes de la fecha
prevista. El magistrado
de la Audiencia Nacional
adelantó al 21 de
diciembre la declaración
de que fuera número dos
de Esperanza Aguirre en
el PP madrileño y en la
Comunidad de Madrid
después de que su
abogado recurriese la
anterior fecha fijada
por el juez, el 11 de
enero.
El juez Velasco accedió
a la petición del ex
consejero de Presidencia
madrileño, que se
ofreció a dar
explicaciones en
relación al patrimonio
que posee en el
extranjero y que, según
consideró la Sala de lo
Penal de la Audiencia
Nacional, es
"elevadísimo" y está
"oculto" [lea el auto en
PDF]. La primera fecha
señalada por el juez no
fue recibida con agrado
por el político
madrileño, en prisión
desde el 27 de octubre
de 2014 por su
vinculación al caso
Púnica -trama de
adjudicaciones de
contratos por parte de
políticos a empresarios
a cambio de comisiones-.
Granados aspiraba a
acudir de inmediato al
despacho del juez
Velasco. Es por ello que
la representación legal
del ex consejero
madrileño recurrió la
primera fecha fijada por
el magistrado
amparándose en el
artículo 400 de la Ley
de Enjuiciamiento
Criminal, según
confirmaron a este
diario fuentes
jurídicas. El citado
artículo advierte de que
"el procesado podrá
declarar cuantas veces
quisiere y el juez le
recibirá inmediatamente
la declaración si
tuviere relación con la
causa".
La fecha de la citación
llegó cuatro días
después de que la Sala
de lo Penal ratificara
la prórroga de prisión
provisional para
Granados por dos años
más, pudiendo llegar a
cumplir cuatro, que es
el máximo legal
permitido. La Sección
Cuarta de la Audiencia
Nacional, presidida por
la magistrada Ángela
Murillo, en un auto
fechado el pasado 25 de
noviembre, advirtió de
que había riesgo de
huida y destrucción de
pruebas por parte del ex
consejero madrileño si
quedaba en libertad.
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/01/584014a9e2704e14598b464c.html
GRANADOS METE PRISA AL
JUEZ VELASCO: LE PIDE
QUE ADELANTE SU
DECLARACIÓN EN LA
AUDIENCIA
La defensa del ex
consejero Francisco
Granados ha solicitado
al titular del Juzgado
de Instrucción Número 6
de la Audiencia, el juez
Velasco, que adelante la
declaración de su
cliente para cumplir con
los requisitos de
"inmediatez" previstos
en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
La defensa de Francisco
Granados ha remitido un
nuevo escrito a la
Audiencia Nacional donde
solicita al titular del
Juzgado Central Número
6, Eloy Velasco, que
adelante la declaración
de su cliente, prevista
para el 11 de enero,
puesto que dicha
citación "mal se
compadece con la dicción
del art. 400 LECrim
según el cual, el Juez
recibirá inmediatamente
la declaración si
tuviere relación con la
causa, ya que se retrasa
casi mes y medio sobre
la fecha de petición".
Dicho artículo de la Ley
de Enjuiciamiento
Criminal contempla que
un investigado pueda
solicitar declarar
voluntariamente cuantas
veces lo desee.
En el documento, al que
ha tenido acceso
Vozpópuli, el letrado
del que fuera mano
derecha de Esperanza
Aguirre explica que la
citación del 11 de enero
en la Audiencia Nacional
no cumple con los
requisitos de
"inmediatez" previsto en
la ley y que, además, le
coincide con la
celebración de otro
juicio en Valencia.
En el escrito, los
letrados del despacho
García Ceca sostienen
que se han enterado a
través de este periódico
de la citación de su
cliente, y piden a
Velasco "el adelanto de
la fecha prevista para
el día 11 de enero de
2017, para evitar el que
hubiera de prolongarse
el día 11 el juicio
iniciado, y por hacer
efectiva al mismo tiempo
la previsión legal de
inmediatez en la toma de
declaración".
Se trata de la primera
vez que el cabecilla de
Púnica pide declarar de
forma voluntaria ante el
juez. El escrito del ex
consejero de Madrid
estaba fechado este
lunes, cuando la Sala de
lo Penal de la Audiencia
volvió a rechazar la
excarcelación de
Francisco Granados.
En su auto, los jueces
aseguraban que se ha
hecho más patente el
presunto acopio de
"importantísimas sumas
de dinero" de ajena
procedencia por parte
del ex dirigente del PP,
"ya sea por el hallazgo
de casi un millón de
euros en el domicilio de
sus suegros, ya sea por
la declaración de otros
investigados o de
testigos, o ya sea
porque de lo investigado
hay datos elocuentes
acerca de la existencia
de presiones, amenazas y
afán de tergiversar,
entorpecer o manipular
las manifestaciones de
otros investigados, de
la policía, de
funcionarios, de su
familia, de amigos, de
testigos y de todo aquél
que no siguiera sus
directrices" razones por
las que, según los
magistrados, siguen
vigentes los motivos por
los que el juez
instructor acordó la
prórroga de prisión.
Las distintas fuentes de
la investigación
consultadas explican que
si Granados decide ahora
cambiar de estrategia de
defensa y colaborar con
la Justicia, esa
colaboración tiene que
pasar "forzosamente"
porque confiese donde
mantiene presuntamente
ocultas importantes
sumas de dinero. Tanto
el magistrado Velasco
como las fiscales
Anticorrupción entienden
que parte del dinero que
el ex consejero de
Aguirre cobraba como
mordidas o comisiones
ilegales aún no han sido
halladas por la
Audiencia.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Granados-prisa-Velasco-adelante-declaracion_0_976703393.html
EL JUEZ VELASCO CITA A
DECLARAR A GRANADOS EL
11 DE ENERO EN LA
AUDIENCIA NACIONAL
Según avanzan fuentes
jurídicas a Vozpópuli el
ex consejero madrileño
ha sido citado por el
juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco el
próximo día 11 de enero
a las 10 horas en su
juzgado.
El titular del Juzgado
Central de Instrucción
Número 6 de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha
citado el próximo 11 de
enero a a las 10 horas
declarar al ex consejero
de la Comunidad de
Madrid, Francisco
Granados, según avanzan
fuentes jurídicas a
Vozpópuli. De esta
forma, el ex dirigente
del PP pasará las
Navidades en la prisión
de Estremera (Madrid)
antes del cara a cara
con el magistrado y las
fiscales Anticorrupción
Carmen García y María
Teresa Gálvez.
El instructor de caso
Púnica adopta esta
decisión después de que
este lunes Granados
remitiese un escrito a
la Audiencia
"solicitando del Juzgado
el prestar declaración
al amparo de lo
dispuesto en el art. 400
LECrim. sobre hechos que
son objeto o han sido
objeto de investigación
en las diligencias
previas que se le siguen
por la comisión de
diversos presuntos
delitos". Lo cierto es
que la Ley de
Enjuiciamiento Criminal
contempla que un
investigado pueda
solicitar declarar
voluntariamente cuantas
veces lo desee.
Los investigadores
sospechan que el ex
consejero Granados
mantiene oculta
"importantísimas sumas
de dinero" cuyo paradero
no ha sido capaz de
averiguar la Audiencia
Se trata de la primera
vez que el cabecilla de
Púnica pedía declarar de
forma voluntaria en la
Audiencia Nacional. El
escrito del que fuera
mano derecha de
Esperanza Aguirre estaba
fechado este lunes,
cuando la Sala de lo
Penal de la Audiencia
Nacional volvió a
rechazar la
excarcelación de
Francisco Granados.
En su auto, los jueces
aseguraban que se ha
hecho más patente el
presunto acopio de
"importantísimas sumas
de dinero" de ajena
procedencia por parte
del ex dirigente del PP,
"ya sea por el hallazgo
de casi un millón de
euros en el domicilio de
sus suegros, ya sea por
la declaración de otros
investigados o de
testigos, o ya sea
porque de lo investigado
hay datos elocuentes
acerca de la existencia
de presiones, amenazas y
afán de tergiversar,
entorpecer o manipular
las manifestaciones de
otros investigados, de
la policía, de
funcionarios, de su
familia, de amigos, de
testigos y de todo aquél
que no siguiera sus
directrices" razones por
las que, según los
magistrados, siguen
vigentes los motivos por
los que el juez
instructor acordó la
prórroga de prisión.
Las distintas fuentes de
la investigación
consultadas explican que
si Granados decide ahora
cambiar de estrategia de
defensa y colaborar con
la Justicia, esa
colaboración tiene que
pasar forzosamente
porque confiese donde
mantiene presuntamente
ocultas importantes
sumas de dinero. Tanto
el magistrado Velasco
como las fiscales
Anticorrupción entienden
que parte del dinero que
el ex consejero de
Aguirre cobraba como
mordidas o comisiones
ilegales aún no han sido
halladas por la
Audiencia Nacional.
Además, el instructor
mantiene bajo secreto de
sumario la pieza que
afecta a la financiación
del Partido Popular de
Madrid donde la Guardia
Civil ha señalado a
Francisco Granados como
el recaudador de la
supuesta caja B.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Velasco-declarar-Granados-Audiencia-Nacional_0_976702502.html
GRANADOS CONTINUARÁ EN
PRISIÓN DOS AÑOS MÁS POR
SU «ELEVADÍSIMO»
PATRIMONIO OCULTO EN
SUIZA
La Audiencia Nacional
cree que existe riesgo
de que intente presionar
y amenazar a personas
vinculadas a la
investigación
La Audiencia Nacional ha
ratificado la prórroga
de otros dos años de
prisión preventiva para
el exconsejero madrileño
Francisco Granados ante
el riesgo de fuga por
«el elevadísimo
patrimonio» que tendría
oculto en el extranjero
y por las presiones y
amenazas a personas
vinculadas a la
investigación.
La sección cuarta de lo
Penal ha desestimado en
un auto el recurso de
Granados contra la
decisión del juez Eloy
Velasco, instructor del
caso Púnica, de
prorrogar hasta el
máximo de cuatro años su
prisión preventiva, tras
haber vencido el primer
plazo de dos años desde
que entró en la cárcel
el 31 de octubre del
2014.
Para los magistrados
-Ángela Murillo, Carmen
Paloma González y Juan
Fracisco Martel- «el
riesgo genérico de huida
y de destrucción de
pruebas se ha ido
paulatinamente
concretando» y «se ha
hecho más patente» por
«el presunto acopio de
importantísimas sumas de
dinero de ajena
procedencia», y ponen de
ejemplo «el hallazgo de
casi un millón de euros
en el domicilio de sus
suegros».Además, «hay
datos elocuentes acerca
de la existencia de
presiones, amenazas y
afán de tergiversar,
entorpecer o manipular
las manifestaciones de
otros investigados»,
circunstancia que la
Sala considera
«plenamente vigente»,
tal y como recogió el
juez Velasco en un auto
del pasado 3 de octubre.
A esto añade el tribunal
«el dinero hallado en
Suiza», del que dice no
constan pruebas de que
fuera producto de las
ganancias que obtuvo
cuando trabajaba en el
banco Societé General,
tal y como alegó la
defensa de Granados. «En
cualquier caso, de lo
que sí hay datos es de
la existencia de un
elevadísimo patrimonio
que el recurrente
oculta», destaca el
auto.Esto es así, según
la Sala, porque de la
investigación se deduce
que Granados «se ha
valido y ha utilizado en
su provecho los cargos
públicos para los que ha
sido nombrado, lo que
comporta que en estos
años, que se inician
allá por el 2000, haya
participado en un gran
número de actividades
relacionadas con el
sector inmobiliario en
las que se ventilan
miles de millones»,
indica el auto.
Para la Sala «hay datos
incriminatorios
bastantes para pensar
que el recurrente obtuvo
pingües beneficios que
le servirían para eludir
la acción de la
justicia».
Una posibilidad de que
eso pudiera suceder la
encuentran los
magistrados en la
«cuidadosa actividad
tendente a ocultar el
presunto y elevado
patrimonio a través de
sociedades formadas por
otras con sede fuera de
España, cuya titularidad
real resulta de muy
difícil averiguación».En
cuanto a la posibilidad
de destrucción de
pruebas y de influir en
otros implicados en la
investigación de quedar
ahora en libertad, el
auto resalta que
Granados «se ha valido
de familiares, amigos,
testigos, de otros
implicados, de
funcionarios, de
personas integradas en
la propia fuerza
actuante, con la
finalidad de poner
trabas a la
investigación y evitar
ser descubierto,
llegando en algunos
casos, a presionarlos e
incluso a
amenazarlos».En su
recurso contra la
prórroga de prisión,
Granados admitió que el
millón de euros hallado
en casa de sus suegros
-que su suegro justificó
señalando que por su
casa entraba mucha gente
y citó a operarios de
Ikea- procedía de la
cuenta que tenía en
Suiza y aseguró que ese
dinero y el de sus
cuentas bloqueadas es el
único que tiene, por lo
que negó tener más
oculto.
La defensa de Granados,
que ahora ejerce el
abogado Carlos García de
Ceca, explicaba en el
recurso que ese dinero
fue el que extrajo al
dejar su cuenta en Suiza
y que ese y el dinero de
sus cuentas bloqueadas y
consignadas en el
juzgado es el único con
el que contaba.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2016/11/28/granados-continuara-prision-dos-anos-elevadisimo-patrimonio-oculto-suiza/00031480361624279796863.htm
LOS INVESTIGADORES
CALCULAN QUE GRANADOS
OCULTA 20 MILLONES DE
EUROS
Sospechan que el
exconsejero de
Presidencia de la
Comunidad de Madrid se
llevó el 3% de los
contratos públicos que
manejó durante una
década.
El exconsejero madrileño
Francisco Granados
podría tener ocultos
hasta 20 millones de
euros, según las
estimaciones manejadas
por los investigadores
del 'caso Púnica'. Tanto
el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco,
como la Fiscalía
Anticorrupción y la
Guardia Civil calculan
que esa es la cantidad
que el exnúmero 3 de
Esperanza Aguirre
tendría escondido a
través de sociedades a
día de hoy desconocidas.
Además, Velasco lo ha
citado como investigado
para el 11 de enero a
las 10 de la mañana.
Granados solicitó ante
el juzgado declarar
voluntariamente y el
juez lo ha admitido
siguiendo la ley de
Enjuiciamiento Criminal
que contempla que un
investigado puede
solicitar esto cuantas
veces quiera.
La Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional
recogía en su último
auto por el que mantenía
a Granados en prisión
que el exdirigente
'popular' "ha valido y
ha utilizado, en su
provecho, los cargos
públicos para los que
fue nombrado" desde el
año 2000 cuando fue
elegido alcalde de
Valdemoro (Madrid) hasta
2011, que dejó la
Consejería de
Presidencia de la
Comunidad para pasar a
senador y diputado
regional.
Granados "ha participado
en un gran número de
actividades relacionadas
con el sector
inmobiliario en las que
se ventilan miles de
millones y en las que,
de los datos que
figuran, hay datos
incriminatorios
bastantes para pensar
que el recurrente
(Granados) obtuvo
pingües beneficios que
le servirían para eludir
la acción de la
justicia".
Para los investigadores,
esos beneficios son
concretamente el 3% de
todos, o por lo menos
gran parte, de los
contratos públicos que
pasaron por sus manos
desde que entró en la
Alcaldía de Valdemoro en
1999 hasta su salida
como consejero de
Presidencia de la
Comunidad de Madrid,
pasando previamente por
la Consejería de
Transportes e
Infraestructuras.
A Granados se le
encontró tras su
detención en octubre de
2014 casi un millón de
euros en el altillo de
un armario en casa de
sus suegros. Además, el
juez tiene controladas
varias operaciones
inmobiliarias realizadas
entre el exnúmero 3 de
Aguirre y su socio, el
empresario David
Marjaliza, y que éste
aseguró que se trataron
de operaciones simuladas
para repatriar de Suiza
parte del dinero que
Granados tenía
escondido.
Dinero en sociedades
extranjeras
Pero con todo y con eso,
es mucho el dinero que
los investigadores creen
que Granados sigue
mantenido oculto a la
Justicia, razón
principal por lo que
lleva dos años en
prisión preventiva. “De
la investigación se
deduce que el recurrente
(Granados) ha
contribuido de forma
eficaz a aumentar esa
complejidad toda vez que
parece haber realizado
una cuidadosa actividad
tendente a ocultar ese
presunto y elevado
patrimonio a través de
sociedades formadas por
otras con sede fuera de
España cuya titularidad
resulta de muy difícil
averiguación”, explicaba
el auto por el que se
confirmaba que Granados
debe permanecer por
ahora en prisión.
El exdirigente 'popular'
tiene mucho dinero
escondido, según la
investigación, pero él a
día de hoy sigue
insistiendo que jamás ha
cobrado por amañar
contratos. Mantiene que
el dinero que tenía
guardado en Suiza fueron
ingresos obtenidos en su
época como analista del
banco Société General
antes de entrar en
política. Es más, cuando
pasa de la Alcaldía a la
Comunidad de Madrid
decide cerrar esa cuenta
por miedo a que su jefa,
Esperanza Aguirre,
conociera que poseía una
cuenta en el extranjero.
Fue por esa razón, según
la versión de Granados,
por la que su amigo
Marjaliza asume la
titularidad de su cuenta
helvética y éste le
entrega el dinero en
metálico y que es el
mismo que apareció siete
años después en el
altillo del dormitorio
de sus suegros.
Sin embargo, la Justicia
no ve creíble esta
versión. “Lo cierto es
que no consta en el
testimonio remitido la
certeza de tal
aseveración. En
cualquier caso, de lo
que sí hay datos es de
la existencia de un
elevadísimo patrimonio
que el recurrente
oculta”, recoge la
resolución.
Devolver el dinero
Ahora, Granados ha
solicitado al juez
instructor que quiere
volver a declarar en
sede judicial. Su
exsocio, David
Marjaliza, decidió
colaborar con la
Justicia y reconocer
gran parte de los
hechos, como el amaño de
contratos públicos por
parte de Granados y
otros alcaldes y
consejeros a cambio de
una mordida. El objetivo
de esa colaboración era,
en primera instancia,
salir de prisión
preventiva como así
ocurrió y después
obtener una rebaja de la
pena cuando el asunto
llegue a juicio.
Sin embargo, si Granados
decidiera ahora
colaborar con la
Justicia el primer paso
que tendría que dar es
retornar a las arcas
públicas todo el dinero
que tiene oculto y dar
datos objetivos al
magistrado de dónde se
encuentra ese dinero, el
nombre de las sociedades
en las que lo oculta, y
en qué países se
encuentra.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20161129/174483696_0.html
UNA ASESORA CONFIESA QUE
PÚNICA HIZO REPUTACIÓN
'ONLINE' PARA LA
SENADORA BARREIRO
'Vozpópuli' accede al
audio de la declaración
ante el juez Velasco de
María de Mar Conesa,
durante 20 años persona
de la máxima confianza
de la política del PP en
el Ayuntamiento de
Cartagena. En su
testimonio, confirma que
la entonces alcaldesa le
reclamó uno de los
informes de De Pedro.
Nuevo audio
comprometedor para un
aforado en el 'caso
Púnica'. María del Mar
Conesa, durante 20 años
estrecha colaboradora de
la hoy senadora del PP
Pilar Barreiro cuando
ésta era alcaldesa de
Cartagena, ha confirmado
al juez Eloy Velasco en
su declaración como
imputada que el 9 de
septiembre de 2014, mes
y medio antes de las
primeras detenciones, la
dirigente 'popular' le
reclamó un informe de
reputación 'online' que
supuestamente había
realizado para ella el 'gurú'
informático Alejandro de
Pedro. En su testimonio,
al que ha tenido acceso
Vozpópuli, esta cargo de
confianza aseguró que
ella no sabía a qué se
refería la regidora y
que por eso se lo pidió
al jefe de Gabinete de
la misma, Francisco
Ferreño, también
imputado, quien le
remitió por correo
electrónico el
documento. Durante su
declaración, María del
Mar Conesa intentó
desligar los pagos que
el Consistorio hizo a
las empresas del experto
informático por unos 'banners'
de publicidad en su red
de diarios digitales de
estos trabajos de mejora
de imagen en Internet.
El magistrado acusa a
María del Mar Conesa de
los delitos de fraude y
malversación de caudales
públicos.
Según la colaboradora de
Barreiro, la hoy
senadora le reclamó en
una ocasión que le
remitiera los informes
sobre su reputación
'online' que elaboraba
De Pedro
La declaración de la
asesora de Pilar
Barreiro se produjo el
pasado 4 de octubre.
Durante 35 minutos, fue
interrogada intensamente
tanto por el juez
Velasco como por las
representantes de la
Fiscalía Anticorrupción
para conocer los
detalles de su supuesta
participación en las
reuniones que Alejandro
de Pedro y algunos
empleados de sus
empresas mantuvieron en
2014 con representantes
del Ayuntamiento de
Cartagena, entonces
encabezado por Pilar
Barreiro. La asesora
admitió que se
contrataron los
servicios del experto
informático de la trama,
aunque limitó dichos
trabajos a la
publicación en los 48
diarios digitales que
éste tenía de anuncios
sobre una exposición que
se iba a celebrar en el
museo de la ciudad.
Según destacó a
preguntas del
magistrado, la oferta de
De pedro era "aceptable"
porque tenía una "buena
relación
calidad-precio". Sus
explicaciones no
parecieron convencer al
juez Velasco que le
inquirió en varias
ocasiones si sabía que
los supuestos trabajos
de reputación 'online'
iban a ser presuntamente
sufragados a cuenta de
la Consejería de
Educación, que entonces
dirigía el hoy
presidente de Murcia
Pedro Antonio Sánchez.
Ella lo negó.
A preguntas de
Anticorrupción
Lo que sí admitió María
del Mar Conesa a
preguntas de una de las
representantes de
Anticorrupción fue la
existencia de un informe
sobre dichos trabajos de
reputación 'online' y
que, de hecho, la propia
alcaldesa se lo reclamó
a comienzos de
septiembre 2014. Según
explicó la asesora, ella
se puso entonces en
contacto con Francisco
Ferreño, jefe de
Gabinete de la
alcaldesa, entonces de
vacaciones, para pedirle
dicho documento de parte
de Pilar Barreiro.
Añadió que éste se lo
remitió como adjunto en
su mensaje de respuesta,
aunque aseguró que nunca
lo abrió.
Fiscal Anticorrupción:
¿Usted ha recibido algún
tipo de informe de
reputación de la señora
Pilar Barreiro en el
Ayuntamiento?
María del Mar Conesa: Yo
recibí un informe...
FA:... por correo
electrónico...
MMC: ... por correo
electrónico. Tengo la
fecha porque antes de
venir aquí he intentado
recabar toda la
documentación que he
tenido la posibilidad de
encontrar. Del día 9 de
septiembre [de 2014],
que estaba Paco Ferreño
[jefe de Gabinete de la
alcaldesa] de vacaciones
y me lo manda por correo
electrónico porque en
este caso la alcaldesa
preguntó cómo iba el
tema de reputación. Y yo
estaba un poco fuera de
juego en ese asunto y
entonces Paco, que
estaba de vacaciones le
dije: 'Oye, Paco, ¿tú
sabes algo de esto?' y
me mandó ese informe.
Este audio sale a la luz
sólo unos días después
de que Vozpópuli
adelantase que la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil
acaba de entregar un
nuevo informe, en este
caso "ampliatorio" de
otro anterior, "sobre
supuestas
irregularidades
cometidas en el
Ayuntamiento de
Cartagena". Su contenido
es aún secreto, ya que,
por ahora, el magistrado
sólo ha dado traslado de
dicho informe a la
Fiscalía Anticorrupción,
según consta en una
providencia del propio
juez a la que tuvo
acceso este diario.
Según fuentes jurídicas,
el juez quiere conocer
la opinión de ésta antes
de decidir si redacta
una exposición razonada
para elevar sus
sospechas sobre Pilar
Barreiro al Tribunal
Supremo para que éste
decida si se investigue
a la senadora. Fuentes
cercanas a la
investigación señalan
que en ese documento se
hace referencia,
precisamente, a esta
declaración de la
asesora del Consistorio
y a su reconocimiento de
la existencia del
informe de reputación.
El informe de mayo
Este es el segundo
informe que salpica tan
abiertamente a la hoy
senadora después de que
a finales del pasado mes
de mayo se conociera
otro de la UCO sobre la
trama 'murciana' de
Púnica en el que ya se
recogían numerosos
indicios sobre los
tratos de Pilar Barreiro
y el hoy presidente
murciano, Pedro Antonio
Sánchez, con Alejandro
de Pedro y un socio de
éste, el ex alcalde
socialista de Cartagena,
José Antonio Alonso
Conesa. Aquel documento
policial reproducía
hasta trece correos
electrónicos, una docena
de llamadas de teléfono,
seis documentos en
formato digital, 35
mensajes de telefonía y
la declaración de un
testigo para concluir
que ambos políticos
presuntamente habían
cometido varios delitos.
El máximo dirigente del
Ejecutivo Regional,
fraude. Barreiro,
malversación y tráfico
de influencias. La
Guardia Civil concluía
que los dos dirigentes
'populares' habían
llegado el 24 de octubre
de 2014 a cerrar un
acuerdo para que la
trama realizara trabajos
de reputación 'online'
para ambos, pero que
éstos no se llegaron a
materializar porque
comenzaron las
detenciones de los
principales implicados
en la trama, entre ellas
las de De Pedro y Alonso
Conesa.
Barreiro ya aparecía en
un informe de UCO de
mayo pasado como
presunta autora de los
delitos de malversación
y tráfico de influencias
Meses después de aquel
informe, el juez Velasco
dictaba dos autos por
los que citaba como
imputados para los
pasados 4 y 5 de octubre
a nueve personas y a los
representantes legales
de cuatro empresas. Su
objetivo era recabar los
últimos testimonios
antes de dar el primer
paso para concluir esta
pieza del sumario y
enviarla a juicio. Entre
los citados se
encontraban,
precisamente, María de
Mar Conesa. También
Francisco Ferreño, el
jefe de Gabinete de la
entonces alcaldesa de
Cartagena y la persona
que envió a la asesora
el informe de reputación
'online'. Siempre según
las llamadas
interceptadas durante la
investigación, Ferreño
era la persona que
trataba a menudo el 'gurú'
informático para
negociar sus servicios
para la política
'popular'. En su
declaración como
imputado ante la Guardia
Civil, Ferreño ya
admitió que Pilar
Barreiro consideraba en
2014 un "producto
interesante" la oferta
de De Pedro para 'lavar'
su imagen, entonces algo
maltrecha por el caso de
corrupción urbanística
conocido como 'Novo
Carthago'.
De Pedro lo reconoció
En aquel testimonio
Ferreño negó, sin
embargo, que para
pagarlos se pensara
recurrir al desvío de
fondos públicos, sino
que iba a ser el PP
local el que iba a
correr con los gastos.
El jefe de Gabinete de
la entonces alcaldesa,
al igual que su
compañera María del Mar
Conesa, también aseguró
que los pagos realizados
por el Ayuntamiento a
las empresas de De Pedro
eran exclusivamente por
incluir publicidad sobre
una exposición y sobre
la celebración de las
fiestas de Cartagineses
y Romanos en la
localidad "en medios
digitales" de De Pedro,
pero no por trabajos de
reputación 'online' para
la alcaldesa. Algo que,
sin embargo, no coincide
con otros testimonios e
indicios recogidos por
los investigadores,
entre ellos el de un
arrepentido. Incluso el
propio experto
informático, en su
declaración ante la
Guardia Civil un día
después de su detención,
reconoció haber
realizado "servicios de
reputación de la
alcaldesa y de
Cartagena" y que los
mismos se habían
facturado al
Ayuntamiento "en
concepto de publicidad,
pero que ha tratado de
solucionar esto" para
que pasasen a facturarse
"al partido".
El propio De Pedro
admitió en su primera
declaración tras ser
detenido que esos
trabajos los pagaba el
propio Ayuntamiento de
Cartagena
Unas afirmaciones que
confirmaban las de uno
de sus empleados
imputado, Francisco
Javier Bueno, quien
recientemente ha
declarado para dar
nuevos datos en este
sentido. De hecho, el
pasado 5 de octubre
detallaba al juez el
encuentro que celebraron
el 22 de septiembre de
2014 en el Hotel de Las
Letras, de Madrid,
Barreiro y el hoy
presidente de la Región
de Murcia con el experto
informático. Este
trabajador aseguró que
aquel día él estaba
junto a su jefe en dicho
establecimiento de la
capital cuando éste le
pidió que se fuera
porque iba a tener una
reunión. En su
testimonio, el ahora
colaborador de la
Justicia aseguró que
cuando salía del
establecimiento se cruzó
con los dos cargos
públicos.
Dos llamadas y una cita
comprometedoras
En el sumario figuran
dos llamadas de teléfono
y una cita que apuntan a
que los tratos de los
colaboradores de Pilar
Barreiro en el
Ayuntamiento de
Cartagena con la Púnica
fueron a iniciativa de
la hoy senadora.
Aquellas dos
conversaciones
telefónicas se
produjeron el 23 de
julio de 2014 con pocos
minutos de diferencia.
La primera, a las 13:38.
La segunda, sólo cuatro
minutos después. En las
dos, incorporadas a la
causa, la entonces
alcaldesa de Cartagena
le reclamaba a Alejandro
de Pedro un encuentro
cuando pasase por la
ciudad murciana dos
días. La Guardia Civil
destacaba en el informe
sobre aquellas
conversaciones que junto
a la diputada se
encuentra un tal "Paco",
supuestamente Francisco
Ferreño, su jefe de
gabinete y la persona
con la que, siempre
según las llamadas
interceptadas durante la
investigación, trataba a
menudo el 'gurú' en
reputación 'online' para
negociar sus servicios a
la política 'popular'.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/confirma-Punica-reputacion-Pilar-Barreiro_0_976403684.html
INVESTIGAN A GRANADOS
POR AMAÑAR 40.000 PISOS
QUE MOVIERON "MILES DE
MILLONES"
La Audiencia ratifica la
prisión del expolítico
por su participación en
"actividades
inmobiliarias" de las
que obtuvo "pingües
beneficios". En el punto
de mira, varios
consorcios urbanísticos
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco y
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil
investigan, desde
mediados del verano, si
la trama Púnica obtuvo
suculentos beneficios
amañando la adjudicación
de centenares de
viviendas en los
consorcios urbanísticos
que promovió la
Comunidad de Madrid a
través de la empresa
pública Arpegio (ahora
rebautizada como Nuevo
Arpegio). La Sección
Cuarta de la Sala de lo
Penal de la Audiencia
Nacional ratificó este
lunes la prórroga de dos
años de prisión
preventiva para el
exconsejero madrileño
Francisco Granados, el
principal político
imputado en la causa y
que, entre sus muchos
cargos públicos, ostentó
la presidencia de
Arpegio. Granados está
preso desde el 27 de
octubre de 2014.
En el auto, la Audiencia
Nacional se hace eco de
los argumentos de la
Fiscalía Anticorrupción
y revela que Granados ha
utilizado "los cargos
públicos" para
participar "en un gran
número de actividades
relacionadas con el
sector inmobiliario, en
las que se ventilan
miles de millones y en
las que, de los datos
que figuran, hay datos
incriminatorios
bastantes para pensar
que Francisco Granados
obtuvo pingües
beneficios que le
servirían para eludir la
acción de la Justicia".
Las actividades del
sector inmobiliario son
los consorcios que
Arpegio desarrolló en
colaboración con
diversos ayuntamientos
madrileños (Arpegio
siempre tenía la
mayoría) y que pusieron
en el mercado miles de
viviendas.
El juez Eloy Velasco
deja fuera de los tomos
entregados esta semana a
las partes un informe de
la UCO del pasado agosto
que acusa a Génova de
recibir donaciones de
constructoras
En julio de este año, el
juez Velasco solicitó
abundante documentación
al ente público, ya que
"a raíz de las
declaraciones iniciales
de David Marjaliza, se
revela el pago de
comisiones por
contratistas y
promotores para acceder
a las obras de los 22
consorcios urbanísticos
de Arpegio". La
investigación de la UCO,
no obstante, se ha
centrado solo en media
docena de consorcios,
aquellos en los que se
tiene indicios de que se
pudo amañar la
adjudicación de las
viviendas que se
levantaron en estos
ámbitos. De esos 22
consorcios, 16 son
residenciales (donde se
construyen viviendas) y
los otros seis,
tecnológicos y
empresariales.
Los consorcios se han
desarrollado gracias a
un convenio que firman
la Comunidad de Madrid
(a través de Arpegio) y
el ayuntamiento en
cuestión para levantar
tanto vivienda protegida
como libre. Ambas
administraciones crean
una sociedad gestora que
lleva los trámites y el
día a día del consorcio.
Este cuenta además con
un consejo de
administración en el que
están presentes la
Comunidad de Madrid
(como socio mayoritario)
y el ayuntamiento, a
través de todos sus
grupos políticos en
función del porcentaje
de representación que
tienen en el pleno
municipal. En el proceso
de adjudicación, Arpegio
y los ayuntamientos
podían licitar el suelo
que tenían asignados
dentro del consorcio.
Los investigadores creen
que los presuntos amaños
se produjeron desde los
dos lados.
Los consorcios bajo
sospecha son Los
Molinos-Buenavista (en
Getafe), Parla-Este (en
Parla), Los Espartales
(Alcalá de Henares) y
Móstoles Sur (en
Móstoles). También se
investiga Ciudad Jardín
en Arroyomolinos, que
técnicamente no es un
consorcio, ya que la
gestión la llevaba
directamente Arpegio a
través de una sociedad
urbanística. En estos
cinco ámbitos se
proyectaron 40.088
viviendas.
Municipios del PSOE
El de Parla se
constituyó en 1998 y el
de Getafe, en 2001. En
ambos casos, los dos
municipios estaban
controlados por el PSOE.
Como ya adelantó El
Confidencial, David
Marjaliza, el principal
empresario implicado en
el caso que ha decidido
colaborar con el juez,
explicó al magistrado
Eloy Velasco que pagó
comisiones para llevarse
adjudicaciones de
algunas de las parcelas
del consorcio de Getafe
cuando la localidad la
dirigía Pedro Castro,
exalcalde y expresidente
de la Federación
Española de Municipios.
Al menos cinco empresas
de Marjaliza se hicieron
con suelo para construir
unas 490 viviendas
protegidas.
Granados fue presidente
de Arpegio entre abril
de 2005 y diciembre de
2007. Fue en ese
periodo, concretamente
el 24 de julio de 2006,
con Granados al frente
de Arpegio y Castro al
frente del ayuntamiento,
cuando el consorcio
aprobó los pliegos de
los concursos públicos
para adjudicar las
parcelas de las
viviendas protegidas. En
Los Molinos-Buenavista
se han construido 12.700
viviendas, el 80% de
ellas protegidas.
David Marjaliza ha
puesto sobre la mesa del
juez el nombre del
exregidor de Getafe por
el desarrollo
urbanístico Los Molinos-Buenavista,
donde empresas de
Marjaliza se hicieron
con suelo
Dos cooperativas
controladas por David
Marjaliza también
consiguieron la
adjudicación de dos
parcelas para construir
532 pisos protegidos en
el consorcio de
Parla-Este durante el
mandato de Tomás Gómez
al frente de la alcaldía
de Parla. En su extensa
declaración ante el
juez, Marjaliza confesó
que había financiado con
245.000 euros diversos
gastos electorales de la
campaña electoral del
PSOE de Parla en la
campaña de 2003. Tomás
Gómez fue alcalde de
este municipio entre
julio de 1999 y octubre
de 2008. Las
adjudicaciones se
produjeron antes de que
Granados llegara a
Arpegio, en julio de
2002 y marzo de 2003. En
Parla se han levantado
11.200 casas.
Marjaliza ha aportado
documentación de estos
pagos, "algunas facturas
del tema de Parla cuando
nos adjudicaron [suelo]
a las cooperativas
nuestras", según relató
ante el juez. Estos
pagos se realizaron a
través de una gestoría,
Gesintra 2001 SL, a
petición de otro de los
imputados en el caso, el
exalcalde socialista de
Cartagena José Antonio
Alonso Conesa. Marjaliza
explicó al juez que
"entendía" que Alonso
Conesa acudía en nombre
del entonces alcalde,
Tomás Gómez. El sumario
del caso también revela
que Marjaliza regaló a
Gómez una televisión
valorada en 5.000 euros.
Estos regalos solo eran
detalles. Los promotores
que se llevaban las
adjudicaciones de las
parcelas debían pagar
una comisión que se
fijaba por el porcentaje
de edificabilidad que
tenía cada parcela:
entre 2.000 y 5.000
euros por vivienda. Los
investigadores creen que
lo que hizo Marjaliza
(pagar por conseguir
suelo) era un sistema
extendido entre otros
constructores de la
región. Y que esos
presuntos amaños también
se produjeron en los
consorcios de Móstoles
Sur y Los Espartales en
Alcalá de Henares: 8.230
pisos en el primero y
3.990 en el segundo. Los
dos consorcios fueron
constituidos en
noviembre de 2001,
cuando el PSOE gobernaba
en ambos municipios,
aunque su suelo se
empezó a desarrollar en
la época de Granados.
El PP gobernó Alcalá
entre 2003 y 2012 con
Bartolomé González, hoy
diputado autonómico.
Otro informe de la UCO
relaciona a González con
el presunto amaño de un
contrato de eficiencia
energética en el
municipio, otra de las
ramificaciones de la
Púnica. El PP también
gobernó Móstoles entre
2003 y 2012. Las
investigaciones están en
su primera fase y
llevarán su tiempo, ya
que la documentación a
examinar es ingente.
Otro de los
ámbitos urbanísticos que
la UCO está examinando
es Ciudad Jardín de
Arroyomolinos. No es
exactamente un
consorcio, sino una
sociedad urbanística
gestionada al 100% por
Arpegio. En una
superficie de 167
hectáreas, se proyectó
la construcción de 4.800
viviendas. La Guardia
Civil tiene constancia
de que en Ciudad Jardín
Marjaliza no se hizo con
suelo residencial, sino
con suelo comercial en
el año 2006, con
Granados en Arpegio. Los
consorcios son solo una
ramificación de la pieza
que investiga los
tejemanejes de la Púnica
en Arpegio. La UCO
también indaga si se
amañaron obras del Plan
Prisma, un plan que
financió en dos
ediciones (2006-2007 y
2008-2011) centenares de
adjudicaciones valoradas
en casi 800 millones por
toda la región. Algunas
empresas adjudicatarias
también pagaron mordidas
por llevarse los
contratos.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-11-29/punica-consorcios-granados-marjaliza-viviendas-adjudicacion-amano_1296651/
HACIENDA LLEVA UN AÑO
DENEGANDO AUXILIO AL
JUEZ DE PÚNICA PARA
CUANTIFICAR LOS
PELOTAZOS DE LA RED
El Catastro y la Agencia
Tributaria aducen que la
ayuda solicitada por
Eloy Velasco está fuera
de sus competencias
El magistrado espera
desde junio de 2015 la
designación de dos
peritos arquitectos para
avanzar en un punto
clave de la causa
La cuantificación de las
ganancias que las
distintas operaciones
urbanísticas y de
adjudicación de obra
civil reportaron a los
integrantes de la trama
Púnica lleva en dique
seco más de un año por
la negativa de Hacienda
a prestar ayuda al juez
que investiga el caso,
Eloy Velasco. A
solicitud de las
fiscales, el magistrado
había pedido que fuesen
designados como peritos
dos miembros del Cuerpo
de Arquitectos de
Hacienda para efectuar
la citada
cuantificación. Tanto la
directora general del
Catastro como el máximo
responsable de la
Agencia Tributaria han
denegado su solicitud
bajo el argumento de que
esa tarea no figura
entre sus competencias.
La primera denegación de
auxilio quedó reflejada
en un informe emitido
por la Dirección General
del Catastro el 8 de
julio de 2015 en
respuesta a la petición
formulada un mes antes,
exactamente el 5 de
junio. Y el pasado 27 de
octubre fue el propio
director general de la
Agencia Tributaria
(AEAT), Santiago
Menéndez, el que en un
nuevo escrito volvió a
decir no al titular del
juzgado de instrucción 6
de la Audiencia
Nacional.
Según Menéndez, la
solicitud de Velasco no
se ajusta a lo que la
ley dice sobre las
circunstancias y los
fines para los que la
AEAT debe ponerse al
servicio de jueces y
fiscales. “El auxilio
solicitado —escribe
Menéndez— consiste en
una valoración técnica
diferente de la propia
materia tributaria y no
se encuentra, por lo
tanto, entre las
competencias de la
Agencia Tributaria, por
lo que sus órganos no
están habilitados
jurídicamente para
prestar el auxilio que
se solicita en este
caso”.
infoLibre no ha podido
confirmar qué paso dará
ahora el magistrado tras
esta segunda negativa,
que complica el avance
de las investigaciones
en un aspecto nuclear de
la causa: los pelotazos
que enriquecieron a la
red corrupta gracias a
la política de suelo,
vivienda y obras
públicas aplicada en
distintos municipios de
Madrid y a escala
autonómica.
El principal político
imputado en la causa –y
encarcelado desde hace
dos años- es Francisco
Granados, cuyo poder
decisorio se multiplicó
una vez que dejó en 2003
la Alcaldía de Valdemoro
para incorporarse al
Gobierno regional de
Esperanza Aguirre a la
vez que se convertía en
secretario general del
PP madrileño. Solo entre
2006 y 2007, las obras
en municipios que
gestionaba el Ejecutivo
autonómico mediante el
denominado Plan Prisma
implicaron un desembolso
de 300 millones de
euros. El desarrollo de
ese programa estuvo bajo
el control directo de
Granados como presidente
de la empresa pública
Arpegio entre abril 2005
y diciembre de 2007.
Durante la declaración
judicial con la que se
convirtió en el primer
gran arrepentido de la
causa, el considerado
conseguidor de la Púnica
y antiguo socio y amigo
de Granados, el
empresario David
Marjaliza, atribuyó a
una idea del político
que el control de las
obras locales pasara de
los ayuntamientos al
Gobierno de Esperanza
Aguirre. Interpelado de
forma directa sobre si
abonó las comisiones
ilegales por la vivienda
protegida del programa
Prisma, Marjaliza
respondió de forma
imprecisa: "En unos
casos sí y en otros no".
El primer escenario de
los grandes pelotazos de
Púnica fue Valdemoro.
Según la investigación,
Granados y sus
subordinados
beneficiaron a Marjaliza
con distintas
operaciones
urbanísticas. Y, aunque
de momento permanece en
un segundo plano, otro
constructor, Ramiro Cid,
logró enormes pelotazos
todavía por cuantificar.
Cid, que fue quien
levantó gratis una
mansión destinada a
Granados y su familia y
con la que, según los
investigadores, planeaba
compensar al político
por sus favores, se hizo
con cientos de hectáreas
a bajo precio. En una de
esas operaciones, el
Ayuntamiento de
Valdemoro vendió a
Ramiro Cid una enorme
bolsa de suelo a 510
euros metros cuadrados.
Dos meses antes, Cid le
había vendido a otra
empresa terrenos en esa
misma zona justo al
doble: a 1.100 euros el
metro.
Misil de la Fiscalía
La carta del director
general de la AEAT llegó
a la Audiencia Nacional
el 8 de noviembre en
respuesta a un nuevo
escrito donde, a
instancia de las
fiscales del caso,
Velasco había requerido
al ministerio la
designación de dos
miembros del Cuerpo de
Arquitectos Superiores
Hacienda . El magistrado
había expuesto así la
misión que tendrían los
peritos: “Colaborar con
el juzgado en el cálculo
de las ganancias que las
ilícitas actuaciones
iniciadas con las
modificaciones del
planeamiento
urbanístico,
constitución de amañadas
Juntas de Compensación,
adjudicación de obra
civil concertada, ventas
de parcelas para
construcción de vivienda
protegida y renta libre,
han podido generar a los
investigados en la
causa”.
El requerimiento de
Velasco a Hacienda salió
de la Audiencia Nacional
el 26 de septiembre. Ese
mismo día, el juez envió
un segundo oficio a la
Dirección General del
Catastro, donde
planteaba una demanda
muy similar: “El
nombramiento de dos
peritos para que
informen y, a la vez,
presten Auxilio Judicial
en relación a las
modificaciones sufridas
por el Plan General de
Ordenación Urbana de
Valdemoro desde el año
1998 y su incidencia en
las parcelas propiedad
de las personas físicas
o jurídicas investigadas
en este procedimiento,
así como para que
informen sobre cualquier
otro punto que se
considere necesario para
los fines de la
investigación”.
El magistrado cursó esas
dos nuevas solicitudes
tras recibir un escrito
en el que las fiscales
del caso criticaban
abiertamente la negativa
del Catastro a
colaborar. “Las razones
ofrecidas —dice el
escrito— no nos
parecieron atendibles a
la vista del deber de
colaboración que
expresamente vincula a
las entidades públicas
con la Administración de
Justicia”.
En su escrito, las
fiscales instaban al
juez a requerir otra vez
la ayuda del Catastro y
de Hacienda. Y cerraban
su texto con un párrafo
demoledor: "En este
sentido se quiere
recordar de nuevo que
junto a los deberes de
colaboración expresados
en las Leyes y
Constitución a la
Agencia Estatal de la
Administración
Tributaria,
especialmente le
corresponde el auxilio a
los Juzgados y
Tribunales de Justicia y
al Ministerio Fiscal en
la investigación,
enjuiciamiento y
represión de delitos
públicos dentro de las
competencias que el
ordenamiento jurídico le
atribuye".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/26/hacienda_lleva_ano_denegando_auxilio_juez_punica_para_cuantificar_los_pelotazos_red_58107_1012.html
ASÍ ACORRALÓ EL JUEZ
VELASCO A UN EXDIPUTADO
DE CIFUENTES POR EL
MAYOR AMAÑO DE PÚNICA
Los audios de la
declaración que prestó
Daniel Ortiz, exdiputado
de la Asamblea de Madrid
y antiguo alcalde de
Móstoles, revelan cómo
el magistrado consiguió
que el político
admitiera el envío de
los 'wasaps' que recibió
un edil para que
paralizara un concurso
público y pudiera
ganarlo la trama.
El pasado 13 de
septiembre, Daniel Ortiz
Espejo, alcalde de
Móstoles hasta 2015 y
diputado de la Asamblea
de Madrid hasta sólo
unas semanas antes,
acudía a la madrileña
sede de la Audiencia
Nacional. Perdida su
condición de aforado,
tenía una cita para
declarar como imputado
ante el titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, por su
presunta implicación en
el 'caso Púnica'. Lo
hacía acusado de seis
delitos por su supuesta
participación en el
amaño de un contrato
público de 73 millones
de euros, el mayor
'pelotazo' de la trama
de corrupción.
Un informe de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil de
unos meses antes había
recopilado hasta 28
documentos, mensajes y
testimonios que lo
señalaban. Pese a ellos,
él se declaró inocente
una y otra vez durante
su comparecencia. Sin
embargo, durante la hora
y seis minutos que duró
su testimonio, el juez
consiguió arrancarle una
confesión clave para
sostener las graves
acusaciones contra él:
admitió ser el autor de
las dos cadenas de 'wasaps'
con los que
presuntamente presionó a
uno de sus ediles para
que paralizara la
adjudicación del
millonario concurso de
eficiencia energética
cuando éste estaba a
punto de ganarlo una
empresa ajena a la red
de corrupción.
Finalmente, aquel
contrato se lo llevó
Cofely-GDF Suez, la
multinacional salpicada
por la red de
corrupción.
Así lo refleja el audio
de aquella declaración,
a la que ha tenido
acceso Vozpópuli, y en
el que se percibe el
tenso ambiente en el que
se desarrolló el
interrogatorio y en el
que Daniel Ortiz intentó
en todo momento en
desligarse de la
decisión de adjudicar a
la empresa de la trama
el millonario contrato
de eficiencia energética
del consistorio que él
dirigía entonces. Así,
en la primera media hora
de su declaración
intentó reducir a
inofensiva reunión
"institucional y
protocolaria" un
encuentro que mantuvo en
2013 con altos
directivos de Cofely y
convencer al magistrado
de que él siempre estuvo
al margen del proceso de
licitación, sobre el que
únicamente pidió
"información" al ser un
contrato que calificó de
"muy sensible
socialmente", pero sin
ninguna intención de
manipularlo.
Tras el interrogatorio
de la Fiscalía
Anticorrupción, el juez
Velasco tomó la palabra
para preguntar a Daniel
Ortiz sobre la autoría
de los 'wasaps'
De hecho, negó
rotundamente que él
hubiera facilitado a
Cofely dos documentos de
la oferta de una empresa
de la competencia que
aparecieron durante los
registros en el
ordenador de uno de los
directivos implicados y
que permitieron a la
trama contrarrestar la
mejor propuesta de ésta
y llevárselo. "Fue un
concurso público
limpio", insistió tras
recordar en un par de
ocasiones que el mismo
había sido avalado por
el Tribunal de
Contratación
Administración.
Las preguntas del juez
En ese momento, el juez
Velasco, que hasta ese
momento había dejado
todo el peso del
interrogatorio a las
representantes de la
Fiscalía Anticorrupción,
tomó la palabra y
comenzó a lanzarle
cuestiones a Daniel
Ortiz. Primero, si
conocía a David
Marjaliza, el
constructor que ha
confesado haber
participado como
intermediario en el
amaño, y al que el
político aseguró no
conocer. Y, después, por
el concejal del PP David
Sánchez del Rey,
entonces responsable
Mantenimiento e
Infraestructuras y
destinatario de los 'wasaps'
que señalan la presunta
implicación del ex
diputado de Cifuentes.
De hecho, fue este edil
el que los aportó a la
Audiencia Nacional.
Juez Velasco: "¿Y
[conoce] al señor
Sánchez del Rey?
Daniel Ortiz: Ex
compañero mío de
Gobierno [municipal] y
no tengo nada más que
decir. Mi relación es
cordial con el señor
Sánchez Rey
JV: Los correos que
aporta voluntariamente
este señor a este
juzgado en los que usted
ordena paralizar [el
concurso] ¿los niega
usted o ocurrieron así?
DO: Lo explico. No es
quisiera paralizar ese
expediente. Lo que
pretendía es que me
informara...
JV: Ya le he entendido.
Le pregunto. Esos
correos, ¿ocurrieron?.
¿No los ha traído
falsamente este concejal
a este juzgado?
DO: Esos correos los
mando yo dentro de la
gestión...
El magistrado
interrumpió en ese
momento la respuesta del
político para hacerle
una petición concreta:
"¿Puede usted aportar la
parte que usted tuvo y
recibió de ellos? ¿Puede
venir un día a volcar de
su móvil esos correos?",
le pidió a Daniel Ortiz.
Sin embargo, éste le
aseguró que no podía,
que ya no lo tenía,
porque había cambiado de
teléfono al dejar el
Ayuntamiento y
convertirse en diputado
de la Asamblea de
Madrid. "¿Pero no los
niega?, ¿ocurrieron?",
insistió el magistrado.
El ex regidor intentó de
nuevo inscribirlos en el
"ámbito normal de la
gestión del día a día en
un expediente de
contratación en el que
el alcalde y un concejal
trabajan" y rechazó que
con ello buscara
"amañar" o "enturbiar un
proceso contractual" en
el que, insistió, no
había habido ninguna
irregularidad "desde el
Ayuntamiento". El tema
de los 'wasaps' no
volvería a surgir en el
interrogatorio hasta
prácticamente el final
del mismo. En este caso
fue una de las fiscales
Anticorrupción la que
incidió en el tema al
querer mostrárselos:
Daniel Ortiz: Los
conozco.
Fiscal Anticorrupción:
¿Los conoce y admite que
se los ha enviado a esta
persona [el concejal
Sánchez Rey]
DO: Sí, sí, pero no
tiene ninguna
importancia porque es
una cuestión normal
entre concejales del día
a día de gestión.
FA: Sólo quería que
validara la conversación
de los 'wasaps'.
Las dos cadenas de 'wasaps'
La insistencia en la
autoría de estos
mensajes de móvil está
justificada en la
relevancia que los
investigadores han dado
a los mismos desde que
llegaron a su poder para
probar la supuesta
implicación del entonces
alcalde mostoleño. La
primera cadena de 'wasaps'
fueron remitidas por el
ahora también ex
diputado regional el 12
de marzo de 2014 al
concejal de su partido
David Sánchez del Rey,
responsable de
Infraestructuras del
consistorio y que, por
tanto, participaba en el
proceso de adjudicación
del contrato bajo
sospecha. En ellos, el
entonces alcalde
ordenaba a su edil que
"no lleves mañana tema
oferta económica... Ok?"
"Recibido. Te refieres a
que no demos lectura de
informe del sobre 2 ni
abrir el sobre 3?", fue
la respuesta de este
último. El entonces
alcalde se lo confirmaba
en otro wasap: "Eso...
ya os cuento a ti y a
Vanesa", en referencia
otra integrante del
equipo de gobierno del
consistorio, Vanesa
Martínez. Ese mismo día,
los dos protagonistas
del intercambio de
mensajes de móvil
mantuvieron una reunión
en la que Daniel Ortiz
puso sobre la mesa la
que finalmente sería la
excusa para anular la
mejor oferta y darle el
millonario contrato a
Cofely: sus "dudas sobre
la capacidad económica
de Fulton [la otra
empresa] para afrontar
las inversiones".
Un informe de mayo de la
UCO ya recalcaba la
importancia de las dos
cadenas de mensajes al
coincidir temporalmente
"con la fase de
adjudicación" del
millonario contrato
La segunda cadena se
produjo casi dos semanas
después. En concreto, el
25 de marzo de 2014. En
ella, Daniel Ortiz
avisaba al concejal de
Infraestructuras de que
"mañana creo que tengo
la respuesta sobre la
documentación que me
diste". De hecho, un
informe de marzo de la
Guardia Civil aseguraba
que estas
"comunicaciones"
permitían alcanzar
"conclusiones que
reforzarían la
participación" del
entonces diputado
regional ya que las
misma, producidas en
marzo de 2014, coinciden
temporalmente "con la
fase de adjudicación del
contrato de eficiencia
energética". Estos datos
fueron respaldados con
las declaraciones que
ante la propia Guardia
Civil y el juez Velasco
hizo como testigo el
concejal Sánchez del
Rey, receptor de dichos
'wasaps'. Con ellos,
recalcaba el documento
policial, la UCO creía
haber terminado de
"identificar los
acuerdos extraoficiales
y ajenos al expediente
de contratación con los
que se pretendería
desechar la oferta del
licitador mejor
posicionado para lograr
la adjudicación y, por
tanto, beneficiar, a
Cofely".
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Velasco-diputado-Cifuentes-millones-Punica_0_974903630.html
NUEVOS AUDIOS CONFIRMAN
QUE UN CONSTRUCTOR IBA A
PAGAR UNA DEUDA DEL PP
CON PÚNICA
La declaración de
Francisco Javier Bueno,
antiguo empleado del 'gurú'
informático Alejandro de
Pedro, detalla cómo
acudió a visitar en 2014
al dueño de
Construcciones Gomuñoz
para que abonara
supuestos trabajos de
'reputación online' para
el entonces alcalde
'popular' de Gandía,
Arturo Torró.
Testimonio clave. La
declaración que el
pasado 5 de octubre
prestó como imputado
Francisco Javier Bueno
González, antiguo
empleado de una de las
empresas de la trama
Púnica, no sólo ha
servido para reforzar
los indicios recabados
sobre las supuestas
relaciones de la red de
corrupción y el actual
presidente de la Región
del Murcia, el 'popular'
Pedro Antonio Sánchez,
sino también para
conocer nuevos detalles
de los tratos de la red
de corrupción con otros
cargos públicos. Entre
ellos, el que fuera
alcalde 'popular' de
Gandía, Arturo Torró. En
su relato ante el juez
Eloy Velasco, este ex
trabajador de Madiva
Editorial SL aseguró que
su jefe, el 'gurú'
informático Alejandro de
Pedro, le envió en
septiembre de 2014 a
este municipio
valenciano a cobrar una
deuda del PP local y que
cuando se presentó en la
dirección que le dieron
"me veo que era una
constructora", Gomuñoz
SL. El imputado aseguró
que el dueño de la
misma, Sergio Muñoz, le
confirmó que "se iba a
hacer cargo de pagar la
deuda" y que De Pedro
debía emitir facturas
por publicidad para
camuflar dichos abonos.
Un ex empleado de
Alejandro de Pedro
asegura al juez que éste
le envió a cobrar una
deuda del alcalde de
Gandía a la sede de una
constructora local
Las declaraciones de
Francisco Javier Bueno
sobre los supuestos
tratos de la trama en
Gandía se produjeron
cuando ya llevaba cerca
de media hora declarando
y el magistrado y las
representantes de la
Fiscalía Anticorrupción
le habían interrogado
por las 'andanzas' de la
red de corrupción en
Murcia. En ese momento,
la abogada que
representa al
Ayuntamiento de esta
localidad valenciana,
personado en la causa
como acusación, le
preguntó por los
detalles de su viaje a
dicho municipio. Fue
entonces cuando el
imputado señaló que
había viajado para hacer
gestiones sobre un
periódico digital y que
De Pedro le pidió que lo
aprovechara y fuera "a
cobrar una deuda del
alcalde". "Llegó allí y
me dicen la calle Reyes
Católicos, que es lo
mismo que he declarado
desde un principio, y
cuando llego allí me veo
que era una constructora
y a mi me llamó
poderosamente la
atención. Entonces toqué
al timbre y le dije que
venía de parte de
Alejandro de Pedro".
"Me dijo
literalmente..."
En su relato, el ex
empleado de la trama
asegura que el
empresario bajó a la
calle y se fueron ambos
a tomar un café: "Y me
dijo literalmente que
[a] él le habían dicho
que tenía que pagar una
deuda de ..." "¿Quién es
él? ¿Recuerda el
nombre?", le interrumpió
el juez Velasco, sin
embargo el imputado
reconoció que no lo
sabía, aunque sí el
nombre de la
constructora, "Gomuñoz",
y que su propietario le
dijo a continuación que
"se iba a hacer cargo de
pagar la deuda del
ayuntamiento", aunque si
"a los tres meses no le
pagaba el ayuntamiento
no lo iba a pagar". "Me
quedé sorprendidísimo
porque yo iba a recoger,
no sé, cobrar una
deuda", añadió.
Francisco Javier Bueno,
cuyo testimonio es
considerado "muy
importante" por fuentes
cercanas a la
investigación, volvió a
incidir una vez más en
los supuestos tratos de
la trama Púnica en
Gandía. Así, y tras
admitir que no sabía
cuáles habían sido los
trabajos supuestamente
realizados para Arturo
Torró, aseguró a
preguntas de la Fiscalía
Anticorrupción que el
empresario planteó
'camuflar' dichos pagos.
"A mi me facturáis, le
dices a Alejandro de
Pedro que me facture
como publicidad y yo le
iré pagando, pero si no
me paga el alcalde, no
me paga el ayuntamiento
pues voy a dejarle de
pagar", aseguró al
magistrado que le espetó
el dueño de
Construcciones Gomuñoz,
también investigado en
la causa.
La declaración del
constructor
De hecho, la nueva
declaración del antiguo
trabajador de Alejandro
de Pedro refuerzan las
manifestaciones
realizadas ante el juez
Eloy Velasco por el
propio empresario. Éste
aseguró en la Audiencia
Nacional que en
septiembre de 2014
recibió una llamada de
Dionisio Ollero,
vicesecretario de
organización del PP de
Gandía, para pedirle un
favor para el partido en
relación con una deuda
de entre 8.000 y 10.000
euros que la formación
mantenía con el 'gurú'
informático de la trama
Púnica. También aseguró
que el propio Alejandro
de Pedro le telefoneó
días después y ambos
quedaron en verse en
unos días. Sin embargo,
a dicha cita acudió
finalmente Francisco
Javier Bueno, el ex
trabajador de la empresa
de la trama que está
colaborando con la
Justicia.
El empresario ya
reconoció ante el juez
que el PP de Gandía le
pidió como un favor que
hicieran frente a una
deuda del partido de
10.000 euros
Muñoz aseguró que éste
le explicó los servicios
que prestaba la
compañía, a lo que el
empresario valenciano
contestó que no veía
factible contratar
ninguno de ellos. Fue en
ese momento, siempre
según el testimonio del
propietario de
Construcciones Gomuñoz
ante el juez Velasco,
cuando su interlocutor
le comunicó que a él le
habían dicho que se iba
a hacer cargo de una
deuda de entre 8.000 y
10.000 euros, y que en
ese encuentro ya debía
haberle llevado algo de
dinero. El empresario
sostuvo en su
declaración que abordó
el tema con sus hermanos
y decidieron no pagar
nada e, incluso, que
telefoneó a Dionisio
Ollero para trasladarse
su malestar por la
situación tan incómoda
en que le había puesto.
“Le dije que no iba a
hacer nada y me contestó
que no me preocupase”.
Desde entonces, añadió
el empresario, ni este
dirigente del PP ni De
Pedro volvieron a
contactar con él.
Contrapartidas
El juez insistió en
aquel interrogatorio
sobre si la aceptación
de dicho pago era una
contrapartida a cambio
de contratos con el
Ayuntamiento de la
localidad valenciana,
encabezado entonces por
el 'popular' Arturo
Torró, también imputado
en la causa. El
constructor lo negó. Sin
embargo, en sus
preguntas el magistrado
llegó a asegurar que
Muñoz accedió a pagar
2.600 euros más IVA
todos los meses a partir
de noviembre de 2014
hasta saldar la deuda,
extremo que fue
desmentido por el
empresario.
Un dirigente del PP
local confirmó que
buscaron un empresario
de confianza para que se
hiciera cargo de una
serie de gastos del
partido
Por su parte, el
dirigente del PP de
Gandía Dionisio Ollero
reconoció ante el juez
que el secretario
general del partido en
la localidad Gandía,
Víctor Soler, le pidió
que buscara un
empresario de confianza
para ver si podía correr
con los gastos de
confección de una página
web para el partido y de
una deuda que mantenían
con el empresario que se
encargaba de ello,
Alejandro de Pedro.
Ollero añadió que pensó
en Sergio Muñoz porque
le conocía desde hace
años, le telefoneó, le
pidió que le echara una
mano al partido con la
deuda y le dijo que
había facilitado su
teléfono a De Pedro, que
le llamaría
próximamente, como así
hizo. Al igual que
Muñoz, Ollero aseguró al
juez que el pago de la
deuda no conllevaba
ninguna contrapartida en
forma de adjudicación.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Nuevos-Punica-confirman-constructor-PP_0_974302909.html
LOS AUDIOS DEL
TESTIMONIO QUE ACORRALA
AL PRESIDENTE DE MURCIA
EN PÚNICA
Vozpópuli tiene acceso a
la grabación de la
declaración que prestó
el 5 de octubre ante el
juez Velasco el ex
trabajador de una de las
empresas de la trama que
colabora con la
justicia. En 3 ocasiones
aseguró que Pedro
Antonio Sánchez dio su "Ok"
a que la red de
corrupción le hiciera
trabajos de reputación
'online'.
Tres. Ese es el número
de veces que Francisco
José Bueno González,
antiguo empleado de una
de las empresas de la
trama Púnica, aseguró el
pasado 5 de octubre al
titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
que estrechos
colaboradores del actual
presidente de la Región
de Murcia, el 'popular'
Pedro Antonio Sánchez,
le confirmaron que el
político había dado su
"ok" para que la red de
corrupción realizara
trabajos de 'reputación
online' previos a las
elecciones autonómicas
de 2015 en las que fue
elegido para el cargo.
Dicho testimonio, al que
ha tenido acceso
Vozpópuli, es
considerado clave por
los investigadores en
las pesquisas sobre las
andanzas de la red de
corrupción en Murcia y
su relación con el jefe
del Ejecutivo regional.
Francisco José Bueno
acudió ese día a la
Audiencia Nacional como
investigado (actual
denominación de la
figura de imputado)
acusado de los delitos
de malversación de
caudales públicos,
pertenencia a
organización criminal,
aprovechamiento de
información reservada y
fraude a la
Administración. No era
la primera vez que
estaba ante el juez
Velasco, aunque en su
anterior comparecencia
lo había hecho como
testigo. Pese al cambio
de su situación
judicial, el que fuera
director comercial de
Madiva Editorial SL, una
de las sociedades de
Alejandro de Pedro,
confirmó las
declaraciones que ya
había prestado ante el
magistrado y los agentes
de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil sobre los
negocios de la trama con
políticos de Murcia y de
otras regiones, como
Madrid y la Comunidad
Valenciana.
Zaplana y Barreiro
Así, tras hablar de las
llamadas que su jefe De
Pedro recibía de
destacados dirigentes
del PP, como "el señor
[Eduardo] Zaplana" y de
los tratos con la
entonces alcaldesa
'popular' de Cartagena y
actual senadora, Pilar
Barreiro, el juez
Velasco preguntó a
Francisco Javier Bueno
sobre los trabajos de
las empresas de la trama
para la Consejería de
Educación que entonces
encabezaba Pedro Antonio
Sánchez. La respuesta de
éste fue contundente:
"Delante de mí, el señor
David Conesa, creo
recordar el jefe de
redes [del político]
dijo 'el consejero ha
dado el ok para empezar
a trabajar la
reputación". Era el 24
de octubre de 2014 y
sólo tres días después
se desarrollaba la
'Operación Púnica' en la
que fue detenido
Alejandro de Pedro.
No sería la última vez
que el imputado
confirmaría tajantemente
dichos vínculos. Así,
durante las insistentes
preguntas que planteaba
las representantes de la
Fiscalía Anticorrupción
sobre los trabajos que
se iban a hacer desde
las empresas del experto
informático, no sólo
para el actual
presidente de Murcia,
sino también para la
entonces alcaldesa de
Cartagena, Pilar
Barreiro, el antiguo
empleado de Alejandro de
Pedro relató el
encuentro celebrado el
22 de septiembre de 2014
en el Hotel de Las
Letras, de Madrid, entre
estos dos políticos y el
experto informático.
Francisco Javier Bueno
aseguró que aquel día él
estaba junto a su jefe
en dicho establecimiento
de la capital cuando
éste le pidió que se
fuera porque iba a tener
una reunión. En su
testimonio, el ahora
colaborador de la
Justicia aseguró que
cuando salía del
establecimiento se cruzó
con los dos cargos
públicos ahora bajo
sospecha.
En este sentido, el ex
empleado del 'gurú'
informático aseguró que
esa era, precisamente,
la práctica habitual de
éste último cuando tenía
reuniones con clientes
importantes, como la
entonces consejera de
Educación de la
Comunidad de Madrid,
Lucía Figar, también
imputada en el 'caso
Púnica': mandarle "a
tomar un café" para que
no estuviera presente en
estas negociaciones con
altos cargos públicos.
Sin embargo, en este
punto sí aseguró que
asistía a encuentros con
colaboradores de los
políticos y citó de
nuevo la visita que hizo
junto a Alejandro de
Pedro a la Consejería de
Educación el 24 de
octubre de 2014. Por
segunda vez durante este
testimonio, Francisco
Javier Bueno afirmó ante
el juez Velasco que en
el mismo le
transmitieron el "ok" de
Pedro Antonio Sánchez a
la realización de dichos
trabajos de reputación
'online'.
Sólo unos minutos
después, volvía a
insistir por tercera vez
en lo ocurrido en
aquella reunión con el
asesor del entonces
consejero de Educación y
hoy jefe del Ejecutivo
murciano. Así, ante la
insistencia de la
representante de la
Fiscalía a que aclarase
a qué había dado su "ok"
Pedro Antonio Sánchez a
las empresas de la
trama, Francisco Javier
Bueno fue contundente
porque, como insistió,
él estuvo presente. "A
trabajar la reputación,
a trabajar acerca del
blog", afirmó. "¿La
reputación del
consejero?" le incidió
entonces Anticorrupción.
"Sí, es lo que dijo este
señor [el asesor David
Conesa], le dijo a mi
jefe [Alejandro de
Pedro]". La fiscal le
volvió entonces a
preguntar si "eso lo
escuchó usted". "Sí, eso
es lo que he dicho desde
el principio", en
referencia a sus
anteriores declaraciones
como testigo en las que
ya había dado detalles
en el mismo sentido.
Sobre lo que no facilitó
datos el ahora
colaborador con la
Justicia es sobre cómo
se iban a pagar dichos
trabajos ya que insistió
que él en los temas de
"facturación" no
participaba. Sin
embargo, un informe de
la UCO apuntan a que los
mismos se iban a
enmascarar con cargos
bajo el concepto
'formación' para que
fuera la Consejería de
Educación que entonces
encabeza Pedro Antonio
Sánchez quien las
abonara con cargo al
erario. En las preguntas
que planteó a Francisco
Javier Bueno, el juez
Velasco ya apuntaba a
que las pesquisas
apuntan a una empresa de
un hermano de José
Antonio Alonso Conesa,
ex alcalde socialista de
Cartagena y socio de De
Pedro, como el supuesto
instrumento que la trama
iba a utilizar para
ello. Sin embargo, el ex
empleado no pudo aportar
datos en ese sentido.
"Lo desconozco", fue su
respuesta.
Una reputación 'online'
de 4.600 € al mes
Francisco Javier Bueno
figura en el sumario
como el usuario del
ordenador intervenido
por la Guardia Civil en
las oficinas que Madiva
Editorial SL tenía en la
calle Marqués de Sotelo,
de Valencia, en el que
se localizaron diversos
documentos relacionados
precisamente con los
supuestos trabajos de
reputación 'online' para
Pedro Antonio Sánchez
finalmente frustrados.
Entre ellos, un "informe
de percepción inicial"
sobre el político. En el
mismo se examinaba la
presencia en Facebook,
Twitter, Youtube y los
buscadores en Internet
del hoy presidente de
Murcia, así como una
serie de
"recomendaciones para
mejorar su imagen y
marca personal". Dicho
documento incluía un
gráfico que destacaba
que el 70% de las
informaciones que
aparecían en Internet
sobre él eran
"negativas", sobre todo
por los diferentes
procesos judiciales en
los que se había visto
envuelto desde su etapa
de alcalde de Puerto
Lumbreras.
En el mismo equipo
informático se localizó
un segundo documento
relacionado con Pedro
Antonio Sánchez. En
concreto, una hoja de
pedido de servicios con
fecha efectiva 1 de
noviembre de 2014 y
fecha de facturación
para el día 30 de ese
mismo en el que se
describían los servicios
de estrategia de
reputación 'online' para
el hoy presidente
murciano. El importe iba
a ser de 4.600 euros más
IVA. El arrepentido fue
preguntado por dichos
informes durante su
comparecencia ante el
juez Velasco del pasado
5 de octubre, aunque
aseguró que no los había
elaborado él y
desconocía su contenido.
A preguntas de su
abogada defensora
incluso apuntó que las
claves para acceder a
dicho equipo eran
conocidas por más
personas de la empresa y
que, por tanto,
cualquier podía haberlos
elaborados desde el
mismo.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Prueba-audios_0_973102996.html
LA AGENDA SECRETA
DE GRANADOS APUNTA A QUE
ENCARGÓ INVESTIGAR LAS
ACTIVIDADES DE TOMÁS
GÓMEZ
El exsecretario general
del PP madrileño
escribió en su dietario
en el otoño de 2010 esta
anotación: "Enterarse
bien de labor docente de
T.G. (Germán Alcaide +
Lucía F.)"
La entonces consejera de
Educación, Lucía Figar,
hoy imputada en Púnica,
acusó en la campaña
electoral de mayo de
2011 al socialista de
haber logrado "por
enchufe" una plaza en la
Universidad Carlos III
Gómez recuerda que el PP
hizo del asunto un "tema
central y recurrente":
NNGG, de la que Germán
Alcayde era número 2 en
Madrid, lo incluyó en un
"ciberjuego", el 'Tomasómetro'
Una de las anotaciones
de la agenda manuscrita
que la Guardia Civil
intervino en el
domicilio de Francisco
Granados durante los
registros de la
Operación Púnica apunta
a que el exsecretario
general del PP madrileño
encargó en el otoño de
2010 investigar las
actividades del entonces
líder del PSOE
madrileño, Tomás Gómez.
La página 10 del
dietario, al que ha
tenido acceso infoLibre,
incluye la siguiente
anotación: "Enterarse
bien de labor docente de
T.G. (Germán Alcaide +
Lucía F.)".
Aunque el apunte carece
de fecha, las que le
preceden y las que le
siguen lo sitúan en
octubre o noviembre de
2010, cuando los
partidos ya preparaban
sus estrategias en
Madrid para las
elecciones autonómicas y
municipales de mayo de
2011. Para entonces, y
desde enero de 2010,
Tomás Gómez, jurista,
impartía clases en la
Universidad Carlos III.
El PP convirtió esa
faceta en uno de los
leitmotiv de su campaña
contra quien en ese
momento lideraba el PSM
y optaba a la
presidencia de la
Comunidad de Madrid. Los
conservadores acusaron
al también exalcalde de
Parla de haber alcanzado
la plaza en la Carlos
III "por enchufe" con su
rector, el ahora ya
fallecido Gregorio Peces
Barba. El ataque de
mayor virulencia partió
en plena campaña de
quien desde 2007
ostentaba el cargo de
consejera de Educación
del Gobierno regional,
Lucía Figar.
El círculo de Tomás
Gómez no alberga la
menor duda de que el "T.G."
de la anotación se
refiere a él. Wilfredo
Jurado, abogado del
exdirigente socialista
madrileño, lo recuerda
así: "Durante meses el
PP no paró de machacar
con la idea de que Tomás
había conseguido el
contrato por enchufe,
hubo un momento en que
en la Asamblea de Madrid
y a cada cosa que se les
preguntaba contestaban
con lo mismo, que si la
ruina de Parla y que si
el 'enchufe' de la
Carlos III".
Figar -cuyo nombre
coincide con el de la
anotación de Granados,
así como la inicial de
su primer apellido- y
ahora también imputada
en la Operación Púnica,
cargó duramente contra
Gómez en una rueda de
prensa celebrada el 13
de mayo de 2011, es
decir, 12 días antes de
la jornada electoral. La
entonces consejera de
Educación desgranó datos
detallados sobre el
número de aspirantes
que, según su versión,
habían optado a las
siete plazas docentes
convocadas por la Carlos
III. Lo hizo antes de
afirmar lo siguiente:
que el dirigente
socialista superó a
"decenas de candidatos
que tenían mayor
preparación y más alta
cualificación" "pero que
probablemente no tenían
contacto con
Peces-Barba". Este
martes y este miércoles,
infoLibre que Figar o su
entorno confirmasen si
llegó a hacer
averiguaciones sobre el
perfil docente de Tomás
Gómez. No hubo
respuesta.
Otras fuentes
conocedoras del
funcionamiento de la
Consejería de Educación
indicaron no obstante
que, con las
herramientas que como
titular de ese
departamento tenía a su
alcance, Figar no podía
acceder a ninguna
información sobre el
contrato universitario
de Gómez ni a su
génesis. Pero lo cierto
es que ninguna de las
personas consultadas
entre los allegados a la
exdirigente del PP
madrileño explicó por
qué vía conoció los
datos que presentó como
ciertos en su rueda de
prensa: que a las siete
plazas convocadas habían
optado 69 profesionales
y que todos ellos, a
excepción de Gómez,
cumplían las siguientes
condiciones: "Todos los
que fueron admitidos
tenían estudios de
Máster o eran doctores y
tenían experiencia
docente, algunos en
sitios muy prestigiosos,
salvo Gómez, que no
tiene nada".
Las palabras de la
consejera enfurecieron a
Peces Barba, que tachó a
Figar de lanzar
calumnias contra Gómez y
de ser "uno de los
elementos más mentirosos
y falaces que acompañan
a la señora [Esperanza]
Aguirre".
Germán Alcayde: "No lo
recuerdo pero pudiera
ser"
En el momento en que
Granados escribió la
nota sobre "T.G." en su
dietario, Germán Alcayde
-el apunte transcribe el
apellido con i latina-
era secretario general
de Nuevas Generaciones
(NNGG) en Madrid. En la
campaña para los
comicios de 2011, NNGG
lanzó en su web un
ciberjuego bautizado
como el Tomasómetro,
consistente en encontrar
"diez mentiras" de Tomás
Gómez, a quien la
organización juvenil del
PP tildaba de "mentiroso
compulsivo". Una de las
preguntas hacía
referencia expresa a su
plaza como profesor de
la Carlos III. Y en la
panoplia de respuestas
aparecía de nuevo esta:
"Por enchufe".
Alcayde, que obtuvo un
acta de diputado
autonómico y quien tras
la renovada victoria de
Esperanza Aguirre en
mayo de 2011 fue
nombrado director
general de Formación de
la Consejería de
Educación, habló con
infoLibre desde EEUU,
donde ahora reside. "No
recuerdo esa
conversación pero
pudiera ser, puede ser
que sí", respondió a la
pregunta sobre si
Granados le hizo algún
encargo para efectuar
averiguaciones sobre las
actividades docentes de
Tomás Gómez. El
exdirigente juvenil del
PP argumenta que, dado
que Granados era el
número dos del partido
en Madrid y él mismo
ocupaba esa posición en
NNGG, resultaba habitual
que charlasen de asuntos
políticos. Y que era
Nuevas Generaciones la
que poseía implantación
en las universidades
madrileñas.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/17/la_agenda_granados_apunta_que_encargo_investigar_las_actividades_tomas_gomez_57683_1012.html
EL ENIGMA DE LA
AGENDA MANUSCRITA DE
GRANADOS: UN LISTADO CON
22 EMPRESAS, 11 DE ELLAS
DEL IBEX
Un portavoz de Legálitas
confirma que el ex
secretario general del
PP de Esperanza Aguirre
pidió trabajo al
presidente de la firma
El resto de empresas y
bancos ha negado a
infoLibre haber abonado
cantidad alguna al PP
madrileño y asegura
desconocer el motivo por
el que aparecen en el
cuaderno
La agenda manuscrita de
Francisco Granados, a la
que ha tenido acceso
infoLibre, mantiene una
incógnita que los
investigadores no son
capaces de descifrar. En
concreto, en el cuaderno
se incluye en las
páginas 23, 24 y 25 el
nombre de 22 empresas,
11 del Ibex-35, y de
varios empresarios, sin
que de momento se
conozcan los motivos por
los que el ex secretario
general del PP madrileño
realizó esas
anotaciones.
Este periódico se ha
puesto en contacto con
todas las empresas para
preguntarles los motivos
por los que aparecen en
la agenda de Granados,
un documento que ya ha
servido de prueba para
iniciar una
investigación por los
pagos de 1,4 millones al
gerente del PP de
Esperanza Aguirre,
Beltrán Gutiérrez.
Los investigadores del
caso resaltan que el
contexto de la agenda,
en la que se reflejan
las actividades
electorales del PP en
2010 y 2011, años en los
que Francisco Granados
era el secretario
general del PP
madrileño, aporta un
indicio de las
intenciones de Granados,
que en varias ocasiones
apunta los nombres de
los directivos de las
empresas.
No obstante, infoLibre
ha comprobado que está
escrito el nombre de "Goiri"
vinculado a Bankia. José
Ignacio Goirigolzarri
fue nombrado presidente
de Bankia en mayo de
2012, fecha en la que
Granados ya no era
secretario general del
PP madrileño. Además,
las tres páginas (23, 24
y 25) de la agenda en
las que se nombran las
empresas lo hacen bajo
el epígrafe 2 de
septiembre de 2014,
apenas dos meses antes
de ser arrestado, cuando
ya había dimitido y
entregado el acta de
senador del PP.
El responsable de
comunicación de
Legálitas ha aportado
información a este
periódico sobre los
motivos de la inclusión
del nombre de esta firma
en el listado, pero
también en la página
número 22. En concreto,
Granados escribió la
frase "llamar Carlos
Salamanca para quedar
con Legálitas". Y en la
siguiente, bajo la fecha
2 de septiembre de 2014,
el político madrileño
del PP vuelve a anotar
el nombre de Carlos
Salamanca.
El comisario Salamanca
Según el portavoz de
Legálitas se trata del
comisario por el que el
titular del Juzgado de
Instrucción número 4 de
la Audiencia Nacional,
Fernando Andreu, tuvo
que apartarse del caso
Emperador cuando
apareció entre los
investigados el entonces
comisario del aeropuerto
de Barajas, al que le
une una amistad
personal.
Le sustituyó el juez
Ismael Moreno, quien
imputó a Salamanca a
instancias de
Anticorrupción. La Sala
de lo Penal archivó el
caso, pero la Fiscalía
insistió ante el
Tribunal Supremo, que
volvió a cerrar el caso
en lo referente a este
policía, ascendido y
ahora destinado en la
Dirección Adjunta
Operativa (DAO).
infoLibre se ha dirigido
a la Dirección General
de la Policía para
conocer la versión de
los hechos del
comisario, que ha
declinado hacer
cualquier comentario a
este periódico al
considerarlo un tema
personal.
Sin embargo, el portavoz
de Legálitas sí ha
aportado una explicación
a las anotaciones de
Granados: "[El
presidente de Legálitas]
Alfonso Carrascosa,
Carlos Salamanca y
Francisco Granados
participaron en una
comida sin mayor
importancia con más
personas. Fue ahí cuando
conoció a Granados", ha
relatado el responsable
de prensa de la firma
jurídica, quien tras
facilitarle este diario
las anotaciones
interpretó las notas:
"Lo que ha podido
ocurrir es que Carlos
Salamanca, que es amigo
de Alfonso Carrascosa,
le facilitara el
teléfono móvil del
propio Carrascosa a
Granados. Y éste le
llamó en un par de
ocasiones para ofrecer
sus servicios. Pero
Carrascosa no vio
procedente contratarle
porque a la firma no le
interesaba contar con
una persona de este
perfil, un expolítico
que no tenía ninguna
relación con el sector
de Legálitas", ha
completado el mencionado
portavoz.
Junto al nombre de
Carlos Salamanca,
Granados añade en la
agenda el del empresario
de Ciudad Real "Domingo
D. de Mera", que ha sido
socio de referencia y
miembro del consejo de
administración de
Metrovacesa y Colonial;
el de "M. A. Gil"; y la
firma "Legálitas".
Domingo Díaz de Mera era
también el presidente
del Balonmano Ciudad
Real que en 2011
trasladó el club a
Madrid y pasó a
denominarse CB Atlético
de Madrid. Este
empresario fue uno de
los grandes promotores
del aeropuerto de Ciudad
Real. La Fiscalía
Anticorrupción llegó a
interponer una querella
contra Domingo Díaz de
Mera y Román Sanahuja,
expresidente de
Metrovacesa. infoLibre
no ha obtenido una
respuesta de Díaz de
Mera ni del Atlético de
Madrid.
Tres páginas de la
agenda
Además de Legálistas, en
la agenda negra que los
agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil
requisó a Granados
durante el registro de
su vivienda incluye en
sus páginas 23, 24 y 25
los nombres de otras 21
empresas.
Las firmas del Ibex-35
son Indra, Gamesa, BBVA,
Gas Natural, Repsol,
Enagás, Endesa,
Acerinox, Inditex,
Redesa y Telefónica.
Vinculado a BBVA, en la
agenda de Granados se
incluye el nombre de Eva
Piera, que desde febrero
de 2013 es directora de
Relaciones
Institucionales del
grupo, por lo que se
encarga de coordinar la
presencia de las
distintas áreas de BBVA
en organismos y foros
internacionales públicos
y privados.
Desde el 2008, Eva Piera
Rojo fue viceconsejera
de Economía, Comercio y
Consumo en el Gobierno
de la Comunidad de
Madrid. Fue miembro de
la comisión de Economía
y Hacienda del Partido
Popular de Madrid y
coautora de la ponencia
económica 'Ideas para la
Acción' presentada en el
XIV Congreso Regional
del PP de Madrid,
celebrado en septiembre
de 2008.
Junto a la palabra
"Repsol" y el número
"6", Granados escribió "Dtra.
organización y RR.HH
Cristina Sanz". Cristina
Sanz Mendiola es la
directora general de
personal y organización
de Repsol.
Enagás y Endesa
Al lado de Enagás (y del
número "13" detrás del
nombre de la sociedad) y
Endesa (número "12")
aparecen las palabras
"presidente", aunque
sólo en el caso de
Endesa se especifica un
nombre: "Bogas, director
RR.HH". José Damián
Bogas Gálvez es el
consejero delegado de la
eléctrica.
También junto a la
empresa "Acerinox" y el
número "7" se pueden
leer las notas
manuscritas: "Rafael
Miranda". Rafael Miranda
Robredo es el presidente
de esta empresa. En el
caso de Inditex Granados
escribió el número "8" y
el nombre del actual
presidente de la
multinacional, Pablo
Isla.
El presunto cabecilla de
la trama Púnica también
incluye los nombres de
otros importantes
empresarios españoles,
como por ejemplo "Pepe
Folgado", que es
presidente del consejo
de administración de Red
Eléctrica Corporación,
S.A. (REE-Redesa), cuyo
nombre aparece
acompañado del número
"9"; "Pallete (Ceo)",
que es el consejero
delegado de Telefónica
(número "10"), cuyo
nombre completo es José
María Álvarez-Pallete.
También Granados
escribió el nombre de
"Goiri" junto al de
"Bankia", que es la
entidad que preside José
Ignacio Goirigolzarri
desde la salida de
Rodrigo Rato en mayo de
2012. En esa fecha, mayo
de 2012, Granados ya
había abandonado la
secretaría general del
PP madrileño.
Otras diez sociedades
Asimismo, en la libreta
de Granados aparecen
otras diez sociedades y
entidades financieras
como Sacyr-Vallehermoso
y OHL, que formaban
parte del Ibex-35 hasta
hace unos meses. En el
caso de
Sacyr-Vallehermoso y OHL
Granados escribió los
números "1" y "2",
respectivamente. Fuera
del Ibex-35 está Mutua
Madrileña con el nombre
del director general
"Javier Mira" y el
número "3", escrito por
el presunto cabecilla de
la trama corrupta.
El Corte Inglés,
acompañado del número
"4", incorpora el nombre
de [Manuel] "Pizarro",
que fue fichado en julio
de 2014 como adjunto al
entonces presidente
Isidoro Álvarez, que
falleció en septiembre
del mismo año.
Liberbank, NH Hoteles,
Capio (IDC Salud),
Isolux-Corsan, Caja
Navarra y Axa son las
otras empresas cuyo
nombre aparece en la
libreta de Granados. En
el caso de la última, en
la que se inserta el
número 5, Granados anotó
la frase. "Preguntar a
Donato Ceo?", en
referencia a Donato
Sánchez, jefe de
Granados en Societé
Générale, a quien debía
preguntar el nombre del
principal ejecutivo de
la aseguradora.
También está numerada,
con el "11", la hotelera
NH, junto a la que
Granados escribió:
"Hablar con Pte". Una
línea más abajo, tras
una raya que cruza toda
la página 25 de la
agenda de Granados,
también se añade la
empresa multinacional de
salud Capio, que ahora
se denomina Quirón
Salud. Además se puede
leer las notas: "Manolo
Conde, Collado
Villalba", municipio
madrileño en el que la
citada empresa explota
un hospital adjudicado
por la Comunidad de
Madrid.
Negativa generalizada
Estas importantes firmas
españolas, que han
negado a preguntas de
infoLibre haber
mantenido cualquier
reunión con Francisco
Granados en relación con
la campaña electoral,
aparecen justo después
de otros apuntes en los
que están escritos los
nombres de empresarios
como Luis Delso, Miguel
A. Gil, Blas Herrero,
Enrique Cerezo,
Ildefonso de Miguel y
Fernando Martín.
También se pueden leer
las iniciales JLM, que
en la página 119 de la
agenda vuelven a
aparecer. Según
Marjaliza, se trata del
empresario Javier López
Madrid, yerno del
propietario de OHL, Juan
Miguel Villar Mir. El
arrepentido Marjaliza
también le puso nombre a
otras iniciales de esta
página. "B.G" es Beltrán
Gutiérrez, el gerente
del PP de Aguirre. El
exgerente del PP
madrileño permanece
imputado por blanqueo y
cohecho en la Operación
Púnica desde febrero.
Según publicó El
Confidencial, la UCO de
la Guardia Civil ha
investigado si las
iniciales LD que
aparecen en la
mencionada página 119 de
la agenda se refieren a
Luis Delso, que según
Francisco Correa aparece
también en los
documentos intervenidos
a la trama Gürtel como
"Luis el cabrón". En la
agenda también están las
iniciales JEC, cuya
identidad desconocen los
agentes.
En total, la libreta de
Granados muestra
supuestas aportaciones
de 2.060.000 euros, de
los que el político se
habría quedado 505.000 y
el empresario Javier
López Madrid 185.000
euros. El resto,
1.460.000 euros tendrían
como destino al gerente
del PP madrileño.
Luis Delso
El nombre de Luis Delso
también se ha mencionado
en el caso Gürtel Época
I al haber mantenido,
según la declaración de
Francisco Correa, una
reunión con el
expresidente de la
Generalitat Valenciana
Francisco Camps (PP).
Este empresario
declarará como testigo
en Gürtel después de que
lo reclamara la fiscal
Concepción Sabadell.
infoLibre ha intentado,
sin éxito, contactar con
este empresario para
conocer su versión de
los hechos.
Por su parte, el nombre
de Fernando Martín
coincide con el del
propietario de Martinsa,
que está imputado en el
caso Gürtel como
presunto autor del pago
de la mayor mordida
recibida por la trama
presuntamente dirigida
por Francisco Correa. En
total, y según la
instrucción del juez
Pablo Ruz, Martín habría
abonado 13 de los 25
millones que cobró
Correa por su
intermediación con el
Ayuntamiento de Arganda
del Rey.
Fernando Martín ha
asegurado a infoLibre
que entre los años 2010
y 2011 Martinsa estaba
inmersa en un concurso
de acreedores "por lo
que es imposible que yo
tuviera cualquier
relación con Francisco
Granados". En los mismos
términos se expresó el
empresario Ildefonso de
Miguel, que ha negado
cualquier relación con
Francisco Granados en
ese periodo, en el que
aseguró ya no estaba en
la Comunidad de Madrid
ni en el Canal de Isabel
II.
El presidente del
Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo, también
está imputado en el caso
del ático del
expresidente de la
Comunidad de Madrid
Ignacio González.
En la página 23 de la
mencionada agenda de
Granados, bajo la fecha
2 de septiembre de 2014,
aparecen los nombres de
otras personas, como por
ejemplo Ramiro, Donato,
Tino y Morti, que es
como Granados denominaba
a su exsocio David
Marjaliza. En el caso de
Marjaliza, Granados
anotó las frases
"reciclaje León",
"sanitario",
"franquicias" y "local
centro belleza". El juez
Eloy Velasco investiga a
la trama en relación a
la construcción de una
planta de reciclaje en
León.
Ramiro Cid Sicluna
En el caso Púnica
también está investigado
Ramiro Cid Sicluna, y
Donato es el nombre del
jefe de Granados en el
banco francés Societé
Générale, Donato
González. Ramiro Cid
Sicluna sería uno de los
empresarios
presuntamente
favorecidos en Valdemoro
por Granados, y que a
cambio, según la
Fiscalía Anticorrupción,
le regaló un inmueble:
"Dicho chalé aparece
indiciariamente recibido
como un regalo por
beneficiar Francisco
Granados desde sus
cargos públicos al
empresario Ramiro Cid
Sicluna", advierte la
Fiscalía.
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil investiga
también, en relación con
la empresa de festejos
Waiter Music, el pago de
importantes
constructoras por su
supuesta relación con la
organización criminal
encabezada por Granados.
De 2004 a 2013, periodo
fiscal recogido en un
informe de la Agencia
Tributaria al que ha
tenido acceso infoLibre,
en el capítulo de
'ingresos y pagos' de
Waiter Music aparecen
Sacyr, Acciona
Infraestructuras,
Dragados, FCC
Construcciones,
Ferrovial y Cespa.
Apuntes electorales
En este sentido, la
agenda incluye apuntes
electorales del otoño
2010, cuando ya
comenzaban los
preparativos para los
comicios del año
siguiente. Como por
ejemplo en la página 4,
Granados asegura: "Hemos
pedido encuestas" en los
municipios madrileños de
"Getafe, Leganés,
Alcorcón, Las Rozas,
Parla, Valdemoro,
Colmenar Viejo,
Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes,
Coslada y Móstoles", tal
y como se puede leer
debajo de la fecha "10
de septiembre de 2010".
Un poco más abajo, en la
misma hoja, Granados
escribe otras tres
fechas: "4 oct. a las
19:00 horas. Reunión
Pta. con ptes. de
distrito"", "13 oct. a
las 19:00 reunión Pta.
con comisiones de
Estudio y Jueves 23 a
las 19:00 reunión ptes.
sedes".
En la página 6, el ex
secretario general del
PP madrileño escribe
sobre una reunión
celebrada el 25 de
septiembre de 2010:
"Presidentes y
responsables electorales
de pueblos y distritos.
Concienciarse de que ha
empezado la campaña.
Responsable por sede,
sedes abiertas por las
tardes, y contacto
constante con equipo de
campaña".
En la cuartilla
siguiente, la número 7,
el cabecilla alude a la
"Convención, viernes 22,
Inauguración. Mª.
Dolores y E.A. 600
jóvenes. Sábado 23,
Pizarro", indica la
agenda.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/02/la_responsabilidad_penal_alcanza_los_empresarios_sospechosos_punica_57077_1012.html
LA AGENDA DE
GRANADOS DESTAPA UN PLAN
DEL GOBIERNO AGUIRRE
PARA INTERVENIR EN LAS
ELECCIONES SINDICALES A
TRAVÉS DE CSIF
En la página 7 del
cuaderno negro de
Granados, al que ha
tenido acceso infoLibre,
se puede leer: "Gador,
buscar 1 afiliado x
consejería, montar YA (CSIF)"
"No sé si él lo apuntó,
pero desde luego a mí no
me dijo nada", afirma la
diputada del PP en la
Asamblea de Madrid Gádor
Ongil El sindicato no
tiene constancia de que
Granados o el PP se
involucraran en la
formalización de una
candidatura para las
elecciones sindicales de
2011
La entonces presidenta
de Madrid, Esperanza
Aguirre, escucha un
comentario que le hace
al oido el consejero de
Presidencia, Francisco
Granados, en un acto de
partido en 2010. EFE
La agenda manuscrita que
la Policía Judicial
interceptó en la casa
del presunto cerebro de
la trama Púnica,
Francisco Granados, y en
la que aparecen
numerosas menciones a la
campaña electoral de las
autonómicas 22 de mayo
de 2011, también hace
expresas alusiones a la
Central Sindical
Independiente y de
Funcionarios (Csif), un
sindicato considerado
afín al PP, según el
documento al que ha
tenido acceso infoLibre.
En concreto, en la
agenda incorporada al
sumario del caso Púnica
aparece de forma
textual, en su página 7,
el escrito siguiente: "Gador,
buscar 1 afiliado x
consejería, montar YA (CSIF)".
Este diario omite la
reproducción de las
imágenes porque todavía
están bajo
investigación.
Por aquellas fechas,
Gádor Óngil era
senadora. En 2008
Esperanza Aguirre la
había nombrado
vicesecretaria general
de los conservadores
madrileños. En la
actualidad es diputada
en la Asamblea de Madrid
e integrante de la
gestora encabezada por
Cristina Cifuentes.
Óngil también es la
presidenta de la
formación en Valdemoro,
considerado el epicentro
de la trama liderada por
Granados, que fue
regidor de esta
localidad madrileña.
"No tenía relación con
ellos"
infoLibre ha preguntado
a la parlamentaria del
PP en la Asamblea de
Madrid sobre los motivos
por los que Granados
anotó su nombre en su
agenda de la campaña
electoral de 2011,
cuando todavía era
secretario general del
PP. Óngil, que era
vicesecretaria general
del PP, ha asegurado
desconocer el sentido
del manuscrito: "No
recuerdo absolutamente
nada. No sé si él lo
apuntó, pero desde luego
a mí no me dijo nada. Yo
no tenía ninguna
relación con los
sindicatos".
En la página 14 de la
agenda de color negro y
marca 'Moleskine', y
antes de otro apunte que
incluye la fecha de 14
de febrero de 2011, se
pueden leer otras frases
vinculadas de forma
inequívoca con el
sindicato afín al
Partido Popular, y que
dice, de forma textual:
"Csif. Hablar con los
consejeros para que den
nombres. Formación: le
vamos a dar para un
curso 18.000 euros.
Temas de organización de
exámenes".
infoLibre se ha puesto
en contacto con un
portavoz del sindicato
Csif, que ha asegurado
desconocer el contenido
de la agenda de
Granados. Este diario le
facilitó los párrafos
textuales en los que
Granados alude al
sindicato, para conocer
la relación que
mantuvieron con el
presunto cerebro de la
red Púnica.
"Frases inconexas"
El mencionado portavoz
ha destacado que las
frases son "inconexas".
En relación al abono de
18.000 euros para cursos
de formación, en el
sindicato resaltan que
Csif no es parte del
caso Púnica: "Ni nos han
requerido en la
Audiencia Nacional ni
nos han solicitado
información y no
teníamos constancia. Y
disponemos de la
relación de cursos de
formación de 2010, ya
que en 2011 no tuvimos
ninguno, pues con la
crisis desaparecieron. Y
no hay ninguno de 18.000
euros. Luego hay otros
que si se suman salen
alrededor de 21.000
euros".
Preguntado sobre si este
escrito podría estar
relacionado con el
interés del Gobierno de
Aguirre en formalizar
una candidatura de Csif
para las elecciones
sindicales de abril de
2011, el portavoz del
sindicato ha asegurado
no tener constancia de
esa posibilidad: "Las
candidaturas son libres
y los que deciden en
último término son los
trabajadores. No me
consta que Granados o
que el PP se
involucraran en la
formalización de una
candidatura".
Además, para este
sindicato, la frase de
"montar ya Csif" que
incluye la agenda de
Granados "no tiene
ningún sentido. Csif no
tiene necesidad de que
le monten una
candidatura, ya que es
un sindicato consolidado
y no necesita que le
monten nada".
Granados autorizaba los
cursos
El portavoz ha recordado
que en 2011 Csif
mantenía, al igual que
el resto de sindicatos,
"una relación
institucional normal con
Granados, que entonces
no estaba imputado. Y
Granados era el
responsable de autorizar
los cursos de
formación", ha
reconocido el
responsable de prensa de
la central sindical, que
ha explicado que son
actividades "totalmente
legales".
En relación a la frase
sobre "organización de
exámenes", Csif ha
negado haber mantenido
cualquier conversación
con Granados para
preparar las oposiciones
de funcionarios. "No
tenemos constancia de
que se haya hablado de
eso y en el sindicato no
tenemos gente dentro de
los tribunales de las
oposiciones".
Este diario también ha
interpelado al
responsable de prensa
del sindicato sobre la
existencia de una
querella que interpuso
Manos Limpias contra la
actual delegada del
Gobierno en la Comunidad
de Madrid, Concepción
Dancausa, y contra el
entonces portavoz del
sindicato Csif en el
Ayuntamiento de Madrid
Pedro Muñoz, por
presunto fraude en los
cursos de formación. El
portavoz de Csif ha
asegurado que la misma
se había archivado poco
tiempo después.
"USO, M.A. López"
Los agentes de la UCO,
que registraron la
vivienda de la Calle
Venezuela de Valdemoro
en la que vivía
Granados, dieron con el
cuaderno con el anagrama
'Moleskine' y foliaron
las 123 páginas de la
libreta. Y en la página
14 de la agenda Granados
escribió la plabra
"USO", y justo debajo la
frase "Ayudar, M. A.
López". En la página 17,
debajo de la fecha 13 de
abril de 2011, Granados
escribió también:
"Miguel A. López, cursos
on line". Después la
agenda incluye la frase
"Curso para consejería".
infoLibre se ha puesto
en contacto con una
portavoz delsindicato
USO que ha asegurado que
en los últimos años el
sindicato no ha contado
con ningún dirigente que
se llame Miguel Ángel
López. Según el
arrepentido David
Marjaliza, el exalcalde
de Torrejón de Velasco
Miguel Ángel López
recibió entre 20.000 y
30.000 euros de la
trama. Sin embargo, no
está imputado en Púnica.
Y en la página 119 de
esta agenda aparecen los
supuestos pagos
realizados por el
empresario Javier López
Madrid, el yerno de
Miguel Ángel Villar Mir,
el dueño de OHL, de
1.460.000 euros al
entonces gerente del PP
de Esperanza Aguirre,
Beltrán Gutiérrez,
procesados en el caso de
las tarjetas black.
Javier López Madrid
Los apuntes reflejan, en
concreto, cuatro abonos
de 400.000 euros, uno de
300.000, uno de 100.000
y otro de 60.000
presuntamente efectuados
por el empresario Javier
López Madrid con una
regularidad casi
mensual. Las entregas de
dinero del empresario
quedan reflejadas en el
cuaderno con las siglas
JLM.
Parte del dinero fue
repartido posteriormente
por Granados, que, según
sospecha la Guardia
Civil, la derivó al
exgerente regional del
partido en Madrid,
identificado en el
cuaderno como BG.
La Guardia Civil
sospecha que las
anotaciones de Granados
demostrarían que el
empresario Javier López
Madrid se quedó con casi
un 9,4% de los casi 2
millones que dedicó
presuntamente a
financiar la formación
presidida por Aguirre.
En total, 185.000 euros
a descontar de 1.960.000
euros que procederían
del entorno de Villar
Mir.
Además, en el registro
de la vivienda de
Granados, los agentes de
la UCO también
interceptaron "una
agenda de color morado
con anotaciones
manuscritas". Los
guardias, antes de
requisar la prueba,
foliaron las 71 páginas
para después sellarla.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/29/la_agenda_manuscrita_granados_quot_gador_buscar_afiliado_por_consejeria_montar_csif_quot_56903_1012.html
TRES EMPRESAS 'PÚNICAS'
CENTRAN LAS SOSPECHAS DE
FINANCIAR AL PP CON
FIESTAS
El juez Velasco ha
solicitado a la AEAT
todos los datos sobre
Waiter Music SL, Waiter
Music Record SL y
Saranais SL, propiedad
del imputado José Luis
Huerta, amigo de
Granados. La
investigación ha
revelado irregularidades
en las adjudicaciones
que han recibido en
varios ayuntamientos
'populares'.
Tres empresas y una
sospecha. El titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, ha
centrado las pesquisas
en el 'caso Púnica'
sobre la supuesta
financiación irregular
del PP de Madrid a
través de las fiestas
patronales de los
municipios en tres
sociedades con un
denominador común: todas
ellas son propiedad de
José Luis Huerta
Valbuena, empresario y
amigo de Francisco
Granados, al que en 2008
agasajó con un
cumpleaños 'gratis
total' valorado en
12.500 euros. Se trata,
en concreto, de Waiter
Music SL, Waiter Music
Record SL y Saranais SL,
según consta en diversos
documentos incorporados
al sumario a los que ha
tenido acceso Vozpópuli.
Uno de ellos es el auto
por el que magistrado
ordena a la Agencia
Tributaria (AEAT) que le
informe de todas las
declaraciones de
"operaciones con
terceros" realizadas por
dichas sociedades entre
los años 2004 y 2014.
Fuentes cercanas a la
investigación confirman
a este diario que la
sospecha es que dichas
sociedades organizaron
presuntamente actos de
campaña e, incluso,
fiestas particulares
para candidatos
'populares' a cambio de
adjudicaciones con
sobreprecios.
Anticorrupción destaca
que las tres empresas
permitían a su dueño,
José Luis Huerta,
imponer a los
Ayuntamientos los
precios "con abultados
beneficios a su favor"
La solicitud de
información del juez
Velasco se produjo
después de que la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil le
remitiera un oficio tras
"el análisis de la
documentación
intervenida en las
diferentes actuaciones
realizadas en relación
con la sociedad Waiter
Music SL y su
administrador, José Luis
Huerta". Según dicho
escrito, esta empresa,
"dedicada a la
organización, promoción
y producción de eventos
culturales, lúdicos y
sociales", dirigía su
servicios a "diversas
entidades públicas" para
las que montaba "fiestas
o eventos de ocio y
entretenimiento para un
público masivo". En este
punto, el escrito del
Instituto armado destaca
que "la investigación ha
puesto de manifiesto la
existencia de
irregularidades" en las
adjudicaciones
realizadas por diversos
municipios a favor de
las mercantiles de
Huerta. Entre ellas,
citaba expresamente
Valdemoro, Torrejón de
Velasco, Moraleja de
Enmedio, Alcorcón y
Arroyomolinos, "entre
otros". En algunos
interrogatorios de la
UCO, los agentes han
preguntado a testigos e
imputados en esta
investigación también
por Humanes, Chinchón,
Algete, Villarejo de
Salvanés, Alcalá de
Henares, Móstoles,
Alcorcón, Nalvalcarnero
y Pinto.
La propuesta de la
Guardia Civil fue
apoyada por la Fiscalía
Anticorrupción, que en
un informe posterior
destacaba que las tres
empresas investigadas
era presuntamente
utilizadas por su
propietario "para la
consecución de
fraudulentos contratos
de realización de
festejos ilicitados
desde diversos
Ayuntamientos". Dichas
adjudicaciones eran
supuestamente
conseguidas "previo
concierto con ediles u
otros cargos públicos,
prevaliéndose José Luis
Huerta Valbuena del
tráfico de influencias
alimentado por Francisco
Granados Lerena". En
este sentido, las
representantes del
Ministerio Público
inciden en que
precisamente la
existencia de las tres
empresas permitían a su
administrador
"participar en el amaño
de contratos negociados
al ser invitadas las
tres a una misma
licitación, asegurando
la adjudicación sin
observancia de los
principios que deben
presidir las
contrataciones
públicas".
Anticorrupción destaca
que en los "expedientes
analizados" de estos
ayuntamientos se observa
que José Luis Huerta
impone el precio de su
intermediación a los
consistorios que
adjudican los contratos
con abultados beneficios
a su favor".
Músicos, castillos
hinchables...
El dueño de las tres
compañías, detenido en
octubre de 2014 dentro
de la primera fase de la
'Operación Púnica' e
imputado en la causa
desde entonces, admitió
en su declaración ante
los agentes haber pagado
la celebración del
cumpleaños de político
de 2008, cuando todavía
era secretario general
del PP de Madrid. Una
fiesta en la casa de
campo del político en el
municipio madrileño de
Valdemoro que incluyó la
instalación de un
escenario, cuatro
músicos y castillos
hinchables para los
niños. En total, 12.486
euros que, según Huerta,
nunca fueron abonados
por Granados. El
empresario aseguró
entonces que el
dirigente regional
'popular' le dijo que
"ya echaremos cuentas y
hasta hoy". Ésta no fue,
sin embargo, la única
celebración de Granados
con la que la Guardia
Civil vincula al
empresario. En 2014,
José Luis Huerta abonó
2.500 euros en canapés
"y otras cosas que se le
llevaron" para otra
fiesta, según declaró él
mismo a los agentes. No
obstante, negó en todo
momento que hubiera
habido relación entre
este 'regalo' y el hecho
de que "al mes siguiente
de la fiesta de Granados
por su cumpleaños, en
enero, se le adjudicara
un concurso".
Los investigadores
sospechan que, a cambio
de las adjudicaciones,
el empresario amigo de
Granados montaba 'gratis
total' mítines y fiestas
particulares a
candidatos del PP
Sin embargo, un informe
de la Agencia Tributaria
presente en el sumario
apunta en el sentido
contrario. Según éste,
en sólo cinco años este
empresario, a través de
Waiter Music SL, obtuvo
contratos del
Ayuntamiento de
Valdemoro, auténtico
epicentro de la trama y
donde el dirigente
regional del PP fue
alcalde, por más de 6
millones de euros. Esta
forma de acaparar los
concursos fue explicada
por el propio Huerta
ante el juez Velasco con
el argumento de que su
empresa ganaba porque se
presentaba sola ya que
las otras mercantiles
interesadas finalmente
desistían. Excusa, que,
sin embargo, la
investigación ha
demostrado como falsa,
ya que sí acudieron
otras compañías, muchas
veces con mejores
ofertas, pero finalmente
siempre se llevaba los
contratos Waiter Music.
Huerta lo justificó en
que "yo ofrecía un
concierto de mucho
calibre y otro ofrecía
un concierto más
baratito". En todo
momento negó el
"reparto" de dinero a
cargos públicos por
estas adjudicaciones ya
que aseguraba ir "al
límite" para ganar con
ofertas muy ajustadas y
márgenes pequeños. Los
investigadores sospechan
que no es así y que, a
la vista de los 'emails'
encontrados en los
ordenadores de su
empresa, algunos cargos
municipales consiguieron
mítines a buen precio e,
incluso, 'gratis total',
cuando no fiestas
particulares.
También investigadas por
la UDEF
Las tres empresas no son
unas desconocidas ni
para la Guardia Civil...
ni para la Policía. En
el sumario del 'caso
Púnica' figura el
informe elaborado en
mayo de 2014 sobre las
mismas por la Unidad de
Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) por
encargo de la Fiscalía
provincial de Madrid
tras recibirse un
anónimo en el que se
denunciaba,
precisamente, la
supuesta financiación
irregular del PP a
través de ellas. Dicha
denuncia aseguraba que
Waiter Music SL estaba
ligada al propio ex
secretario general del
PP madrileño y "organiza
las fiestas patronales
de la mayoría de los
grandes municipios de
Madrid por decreto,
siendo el propio
Francisco Granados quien
se dedica a llamar a los
alcaldes para 'asesorar'
y llevar a cabo unos
contratos muy
sobreelevados, en donde
una cantidad sobrante
vuelve al partido". El
documento policial
recogía, de hecho, los
datos de todas las
empresas ligadas a José
Luis Huerta, entre ellas
las tres que centran
ahora las sospechas, así
como los bienes
inmuebles y vehículos
puestos a nombre de las
mismas. Los agentes
también habían realizado
un rápido repaso de
adjudicaciones recibidas
por una de ellas, Waiter
Music SL, entre 2011 y
2013 en municipios de la
Comunidad de Madrid. Los
agentes, que destacaban
que no habían encontrado
ninguna conexión con
Granados, si recogían el
sospecho hecho de que en
la Cabalgata de Reyes
celebrada en 2008 en
Valdemoro las tres
empresas invitadas a
presentar ofertas habían
sido, precisamente, las
de Huerta. Aquellas
pesquisas quedaron ahí.
Hoy, sin embargo, el
juez Velasco y la
Guardia Civil centran
buena parte de la
investigación sobre la
supuesta financiación
irregular del PP en
ellas.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/empresas-sospechas-financiacion-PP-patronales_0_966503942.html
LA UCO DICE QUE UN AMIGO
DE GÓMEZ RECIBIÓ LA TELE
QUE LE ENVIÓ LA PÚNICA
La secretaria del
exalcalde de Parla dice,
en cambio, que el
televisor llegó al
despacho y que ella lo
devolvió
Carlos Javier Carpio
Arenas, amigo de la
infancia de los
exalcaldes de Parla
Tomás Gómez y José María
Fraile, el hombre que
llamó la atención
general al comenzar la
campaña electoral de
2011 disfrazado de
pulpo, y lo volvió a
hacer cuando se supo que
cobraba más de 60.000
euros anuales como
coordinador de
mantenimiento urbano en
el Consistorio, vuelve a
primer plano en mitad de
la investigación del
caso Púnica. La
televisión de 5.000
euros, que presuntamente
le regaló la trama a
Tomás Gómez en 2003, le
fue remitida a Carpio,
según las
investigaciones
policiales, para
“enmascarar el rastro de
la dádiva”.
Carpio se dio a conocer,
disfrazado de Pulpo Paul,
la noche de la pegada de
carteles de la campaña
de las elecciones
autonómicas y
municipales de 2011, en
las que Tomás Gómez se
presentaba ya como
candidato socialista
para presidir el
Gobierno madrileño tras
su etapa como alcalde de
Parla. Pero el escándalo
le alcanzó tres años
después, cuando salió a
la luz que su nómina
mensual en el
Ayuntamiento de Parla
(con categoría de peón)
superaba los 3.400 euros
brutos mensuales gracias
a complementos de todo
tipo: por el puesto
ocupado, por
productividad, por
guardias, antigüedad y
otros conceptos.
Según el informe de la
Guardia Civil aportado
al sumario del caso
Púnica —un presunto
entramado de corrupción
que afecta a decenas de
alcaldes y funcionarios—
los cabecillas de la
trama regalaron una
televisión de 5.000
euros a Tomás Gómez,
pero no se la enviaron
directamente a él, sino
a otra persona muy
cercana, esto es, a
Carpio.
David Marjaliza,
cabecilla de la Púnica
reconoció la semana
pasada en la Asamblea de
Madrid que, entre los
regalos que envió a
diversos cargos
públicos, estaba ese
televisor para Gómez.
Así lo confirma también
la secretaria de Gómez,
Elisa Hernández, aunque
su versión contradice a
la de los
investigadores, pues
asegura que el
electrodoméstico llegó
al despacho y ella misma
se encargó de devolverlo
sin ni siquiera
consultarlo a su jefe.
“Lo recuerdo
perfectamente, por lo
inusual del obsequio y
el volumen, a pesar de
los años transcurridos”,
explicó por teléfono
Hernández a este
periódico. “Llegó
embalado en una caja muy
grande, rectangular.
Hasta me acuerdo del
logotipo del
envoltorio”, añadió.
La Guardia Civil señala,
sin embargo, un camino
distinto, a través del
amigo de la infancia del
alcalde “con el fin de
enmascarar el rastro de
la dádiva pagada por el
empresario a favor del
referido cargo”, dice el
informe que forma parte
del sumario. “Esta
dirección [la de Carpio]
es la que aparece en
documentos de compra y
entrega de un televisor
TFT-LCD de 38 pulgadas
Mega Panorámico,
valorado en 4.999 euros
y adquirido en un centro
Hipercor”, añade el
informe policial, que
asimismo destaca que el
aparato fue pagado en
efectivo, tal y como se
ve en el documento de
entrega.
El número de teléfono de
contacto de la compra
estaba, según los
investigadores,
vinculado a Ana María
Ramírez, la secretaria
de David Marjaliza.
Carpio rehusó dar ayer a
EL PAÍS su versión sobre
este asunto.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/24/madrid/1477337462_930908.html
HACIENDA RASTREA EN LAS
INVERSIONES DE UNA
EXASESORA DE AGUIRRE
'MORDIDAS' DE GRANADOS
La Agencia Tributaria
(AEAT) tiene desde el
pasado lunes sobre su
mesa un nuevo encargo
del titular del Juzgado
Central de Instrucción
número, Eloy Velasco. El
magistrado instructor
del 'caso Púnica' quiere
que los expertos del
Ministerio de Hacienda
rastreen "todos los
productos bancarios en
los que intervenga o
haya intervenido" desde
el año 2006 hasta hoy
María Victoria Cristóbal
Araujo, ex asesora de
prensa de Esperanza
Aguirre en la primera
campaña de ésta a la
Presidencia de la
Comunidad de Madrid y
que con Francisco
Granados en la
Consejería de
Presidencia, Interior y
Justicia llegó a estar
al frente de la Agencia
Madrileña de Emigración,
además de haber sido
concejal 'popular' en
Majadahonda (Madrid)
hasta enero de 2015. El
origen de la petición
son las pesquisas
realizadas en los
últimos meses por la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil sobre un vehículo
de alta gama que figura
a nombre de ella y que
los investigadores
sospechan que ha sido
pagado por uno de los
constructores de la
trama de corrupción.
El juez Velasco ordena
la medida tras recibir
un oficio de la UCO con
los indicios de
irregularidades en la
compra del 'Mercedes SLK'
de 'Vicky' Cristóbal
Así figura en un auto
del pasado 24 de octubre
al que ha tenido acceso
Vozpópuli y en el que el
juez Velasco detalla que
toma esta medida a
petición de la Guardia
Civil, que dieciocho
días antes le había
remitido un oficio en
este sentido. En el
mismo, el Instituto
armado le solicitaba
recabar dicha
información sobre las
inversiones de la ex
alto cargo de la
Comunidad de Madrid al
tener "indicios" de que
el automóvil con
matrícula 6XXX-DZL, un
Mercedes SLK de color
negro que ella incluyó
en su declaración de
bienes cuando fue
elegida edil de
Majadahonda en las
elecciones de mayo de
2011, "pudiera haber
sido pagado" por la
empresa Obras y Vías SA,
el empresario Ramiro Cid
Sicluna, imputado en la
causa. La Fiscalía
Anticorrupción mostró su
respaldo a la medida el
pasado 19 de octubre y
ahora el juez la acuerda
en un escrito en el que
destaca que con ella
pretende investigar,
entre otros graves
delitos, un "blanqueo de
capitales" que relaciona
expresamente con
"Francisco Granados
Lerena y otras personas
físicas y jurídicas".
Por ahora, María
Victoria Cristóbal, al
que todo el mundo en el
PP conoce como 'Vicky',
no figura en el sumario
como investigada
(imputada). Y ello pese
a que no es la primera
vez que el juez Velasco
pide información sobre
ella. De hecho, el
pasado mes de mayo el
magistrado dictó otro
auto en el que reclamaba
a las entidades
financieras que le
informasen de todas
cuentas bancarias en las
que esta mujer figurase
como "titular,
apoderada, autorizada o
representante" entre el
1 de enero de 2004 y el
31 de diciembre de 2008.
En aquel mismo escrito,
también solicitó a la
Agencia Tributaria que
le remitiese la
declaraciones de modelo
347 desde el año 2000
hasta el 2008 de la
sociedad Car Valdemoro
SL, un concesionario de
Valdemoro que aparece en
la compraventa de varios
vehículos bajo sospecha
utilizados por
implicados en la trama.
Detrás de ambas
peticiones, que el juez
Velasco calificaba
entonces de "urgentes e
inmediatas", se
encontraba otro informe
que la UCO, en este caso
el que entregó el pasado
mes de abril sobre el
vehículo de alta gama
que figura como
propiedad de la ex
colaboradora de
Granados.
Un 'Mercedes SLK' bajo
sospecha
En dicho informe, cuya
existencia fue
adelantada por
Vozpópuli, los agentes
destacaban que la
documentación encontrada
en la sede de la empresa
Obras y Vías SA,
propiedad del
constructor Ramiro Cid,
apuntaba a que dicho
Mercedes SLK fue
supuestamente "pagado"
al concesionario Car
Valdemoro por esta
mercantil, pese a que el
mismo figura a nombre de
María Victoria
Cristóbal. Es la misma
situación detectada con
otro vehículo, en este
caso el Mini modelo
Cooper que utilizaba la
mujer de Granados, María
Nieves Alarcón, y que
apareció quemado de
manera intencionada en
el garaje donde lo
guardaba la pareja.
Sobre la propiedad de
este último automóvil,
la Guardia Civil ya ha
elaborado dos informes,
en los que concluye que
el mismo fue un regalo
del empresario al
político como
"contraprestación" por
supuestos favores
urbanísticos.
No es la primera vez que
María Victoria Cristóbal
aparece en el sumario.
En mayo, el juez ya
pidió información sobre
sus cuentas bancarias
No es la primera vez que
María Victoria Cristóbal
aparece en el sumario.
De hecho, los informes
de la Guardia Civil
recogen numerosas
conversaciones entre
ella y Granados que
demuestran la estrecha
relación que mantenían
ambos. Así, en una
llamada del 2 de julio
de 2014, pocos meses
antes de la detención
del político madrileño,
'Vicky' se quejaba de
que José María Aznar la
quería echar de FAES,
donde ella aseguraba
trabajar en aquel
momento, aunque desde la
Fundación han asegurado
a este diario que nunca
estuvo en nómina. Según
dicha conversación
intervenida, el ex
presidente del Gobierno
lo hizo porque temía que
saliera un escándalo
"muy gordo de ella"
referido precisamente a
supuestos regalos, según
se recoge en otro
informe de la UCO.
Granados se mostraba
indignado por ello.
"Manda huevos que le
diga que yo te he
regalado el piso. Es que
me parece la polla", se
quejaba el político
encarcelado.
En una llamada
telefónica posterior,
María Victoria Cristóbal
aseguraba que iba a
enseñar a "Pablo
[Casado, entonces en
FAES] las escrituras de
la casa para demostrar
su inocencia, y que
intentará buscar nuevo
empleo en un proyecto
con la embajada de
Rusia". El exconsejero
le aseguraba por su
parte que había pensado
en hablar con "Esperanza
[Aguirre]" para
"amenazarla" y contarle
todo, pero que tampoco
pretendía "requemar el
asunto" pese a que
estaba "hasta los
cojones" porque era
posible que sólo la
perjudicase a la propia
'Vicky'. Ella entonces
le dijo que había
pensado en ir a un
notario y contar "lo de
los espías", en
referencia al escándalo
del espionaje en la
Comunidad de Madrid en
el que ambos se habían
visto salpicados.
Un piso junto al hermano
de Granados
Una nueva referencia en
el sumario a María
Victoria Cristóbal se ha
conocido recientemente.
Su nombre figura en el
informe que ha elaborado
la Guardia Civil sobre
las inversiones
inmobiliarias de Alfonso
Granados Lerena, hermano
del presunto cabecilla
de la trama, en el que
se apuntaban una
supuesta operación de
blanqueo de 360.000
euros en la adquisición
de un piso en 2011 en
una de las zonas más
caras de Madrid. El
documento policial no se
quedaba en esta compra y
analizaba el resto de
las numerosas
operaciones
inmobiliarias realizadas
por el hermano del
político desde que este
último desembarcó en
2003 en la Comunidad de
Madrid como consejero de
Transportes e
Infraestructuras. Una de
ellas era la compra de
un piso en el número 16
de la calle Argensola,
también de la capital,
en junio de aquel mismo
año.
'Vicky' aparece en el
informe de la Guardia
Civil sobre las
inversiones
inmobiliarias del
hermano de Granados y en
la lista de receptores
de regalos de la Púnica
El informe destaca que
tres años antes María
Victoria Cristóbal había
comprado una vivienda
situada en la misma
planta del edificio por
400.000 euros y que el
vendedor fue la empresa
Vicfidem Proyectos SL,
cuyo administrador único
es el constructor Ramiro
Cid, el mismo que figura
detrás de la sociedad
que pagó el Mercedes SLK
de la antigua alto
cargo. El documento
policial recalca que 'Vicky'
"ostentó el cargo de
directora de la Agencia
Madrileña para la
Inmigración (sic) tras
ser nombrada por
Francisco Granados en su
etapa como Consejero de
Presidencia, Justicia e
Interior en la Comunidad
de Madrid". También
recuerda que durante el
tiempo que el teléfono
del político estuvo
intervenido "se constató
que ambos seguían
manteniendo una relación
personal cercana".
Además, su nombre figura
en el documento policial
en el que se analizan
los regalos entregados a
cargos públicos y
funcionarios por Ramiro
Cid. En concreto,
aparece en las listas de
las Navidades de 2005,
2006 y 2007. Entre los
presentes que
supuestamente recibió de
este empresario figura
un reloj.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Hacienda-cuentas-Aguirre-mordidas-Granados_0_966203864.html
ALCALDES DEL PP PAGARON
FACTURAS FALSAS AL
EMPRESARIO DE LA FIESTA
'GRATIS' PARA GRANADOS
El pasado 7 de abril,
dos de los agentes de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil encargados del
'caso Púnica' se
desplazaron a Murcia.
Iban a interrogar a José
Gabriel R.R., un
"trabajador autónomo"
que entre los años 2007
y 2014 había girado
diversas facturas a
ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid por
servicios relacionados
con "la celebración de
las fiestas patronales y
distintos eventos". Los
investigadores estaban
convencidos que buena
parte de ellas eran
falsas y que detrás de
todo ello estaba José
Luis Huerta, propietario
de Waiter Music SL, la
compañía especializada
en la organización de
espectáculos y mítines
políticos que montó en
2008 una fiesta de
cumpleaños 'gratis
total' para Francisco
Granados valorada en
12.500 euros. El
testimonio del pequeño
empresario murciano, que
declaró como
investigado, confirmó
las sospechas de los
agentes al admitir estas
supuestas prácticas
irregulares con
ayuntamientos gobernados
por el PP como el de
Valdemoro, Villarejo de
Salvanés y Algete.
Un trabajador autónomo
confiesa haber girado
facturas falsas a los
ayuntamientos de
Valdemoro, Villarejo y
Algete. La UCO le
preguntó por otra decena
de consistorios
Así consta en su
declaración incorporada
al sumario y a la que ha
tenido acceso Vozpópuli.
En la misma, se recoge
el acta de información
de derechos que hicieron
los agentes a José
Gabriel R.R. antes de su
interrogatorio y en el
que la Guardia Civil le
comunicó que estaba
"inmerso en una
investigación
relacionada con la
supuesta comisión de los
delitos de falsificación
de documentos, fraude y
malversación". En
concreto, los agentes le
informaron que le
relacionaban con "una
doble facturación por
servicios relacionados
con la celebración de
eventos" registrada
entre los años 2007 y
2014 en los consistorios
de Valdemoro, Moraleja
de Enmedio,
Arroyomolinos, Torrejón
de Velasco, Humanes,
Chinchón y Algete, según
le detallaron antes de
la declaración, aunque
en el transcurso de ésta
también le preguntaron
por los municipios de
Villarejo de Salvanés,
Alcalá de Henares,
Móstoles, Alcorcón,
Nalvalcarnero y Pinto.
El propio investigado
añadiría uno más en sus
respuestas, Getafe.
Las pesquisas apuntan a
que José Gabriel R.R.
giraba facturas a los
ayuntamientos de todos
estos municipios "por
servicios que se
encontraban incluidos en
los contratos en las que
las sociedades de José
Luis Huerta habrían sido
adjudicatarias" para
organizar diversos
festejos. Este
empresario, que se
encuentra imputado,
emitía posteriormente
"una contrafactura"
desde sus sociedades por
los mismos conceptos
para, de este modo,
enajenar "dinero de las
arcas públicas a favor
de Waiter Music". Una
mecánica en la que la
UCO considera al
trabajador autónomo
murciano "cooperador
necesario" al emitir las
facturas falsas a los
ayuntamientos y
canalizar el cobro de
las mismas. Una sospecha
que, según recalca el
documento policial,
surge tras analizar "la
documentación obtenida
en los registros", así
como del análisis
efectuado a diversos
correos electrónicos
intervenidos.
Dos horas y media de
declaración
En su declaración, que
duró más de dos horas y
media, José Gabriel R.R.
admitió haber realizado
dicha práctica irregular
en algunos
ayuntamientos, aunque lo
justificó como la única
forma de cobrar una
deuda que Waiter Music
tenía con él. En
concreto, detalló haber
emitido en febrero de
2010 una factura de
15.138 euros por
servicios no prestados
al Ayuntamiento de
Valdemoro por "actuación
de baile de Carnaval".
El pequeño empresario
aseguró que para aquel
festejo facilitó
generadores de
corriente, pero no lo
que figuraba como
concepto de la factura.
En este sentido aseguró
que lo hizo a propuesta
de José Luis Huerta, que
entonces mantenía con él
una deuda cercana a los
184.000 euros y le dijo
que "si quería cobrar
tendría que ser
facturando directamente
al Ayuntamiento".
El autor confeso de las
facturas falsas asegura
que fue el dueño de
Waiter Music,
investigada por la
supuesta financiación
irregular del PP, quien
le indicó cómo tenía que
hacerlas
Los agentes también le
preguntaron por otras
facturas giradas a este
mismo consistorio. Una,
de febrero de 2011 por
el "alquiler de 20
grupos electrógenos y
once plataformas" para
la Cabalgata de Reyes
del mes anterior por
importe de 19.588 euros.
Una segunda, por el
montaje de los
escenarios para las
Fiestas del Pilar de
2012, por un total de
21.239 euros. Una
tercera de 21.240 euros
por "organización,
seguimiento y control en
las Fiestas de
Valdemoro". Y una cuarta
de 16.402 euros por la
Cabalgata de Reyes de
2012. En todas ellas
admitió que "sólo
realizó la parte
correspondiente a
generadores" y que los
datos que debía incluir
en todas estas facturas
se los facilitó el dueño
de Waiter Music SL.
Villarejo y Algete
Los agentes le
preguntaron entonces por
la factura de 17.303
euros que emitió en 2014
al Ayuntamiento de
Villarejo de Salvanés
por la organización de
unas fiestas que
incluyeron un 'tributo a
los 80'. La respuesta de
José Gabriel R.R. fue
similar a las
anteriores, al reconocer
que sólo hizo parte de
los servicios que se
recogían en la misma y
que el resto lo incluyó
por indicación de José
Luis Huerta con el
supuesto objetivo de
compensarle la deuda que
aún mantenía con él.
Igual explicación dio al
pago de 126.440 euros
que en julio de 2010 le
hizo otro consistorio,
el de Algete,
supuestamente por la
organización de diversos
eventos. El trabajador
autónomo admitió que, de
nuevo, fue el dueño de
Waiter Music el que le
indició que lo hiciera
como única forma de
cobrarlo.
En su declaración, José
Gabriel R.R. reconoció
haber girado una factura
de 126.440 euros al
Ayuntamiento de Algete
por diferentes eventos
que no había realizado
Los agentes de la UCO le
preguntaron entonces "si
estas acciones de
facturar a ayuntamientos
por trabajos realizados
por Waiter Music y por
petición de José Luis
Huerta" las había
realizado en
"Arroyomolinos, Alcalá
de Henares, Móstoles,
Alcorcón, Navalcarnero y
Pinto". José Gabriel R.R.
se limitó a decir que no
lo recordaba
"claramente", aunque sí
le sonaba haberlo hecho
en "Getafe y
Navalcarnero". Eso sí,
"siempre por servicios
realizados". El
trabajador autónomo
concluyó su declaración
asegurando que "en
ningún momento tenía
constancia de que estaba
realizando algún hecho
ilícito" e insistió en
que todo ello lo hizo a
"propuesta" del otro
empresario con el único
objetivo de que éste
redujera "la deuda
contraída" con él.
La pieza separada número
7 del sumario
Cuando el juez Eloy
Velasco decidió
'trocear' el sumario de
Púnica para facilitar
una tramitación más
rápida y ordenada de la
causa y permitir el
enjuiciamiento, sin
dilaciones, en aquellas
piezas en las que haya
finalizado la
instrucción, decidió
dedicar una en exclusiva
a Waiter Music SL: la
séptima pieza separada.
La sospecha de los
investigadores es que
esta empresa se hizo con
numerosos contratos para
organizar festejos en
decenas de ayuntamientos
de la Comunidad de
Madrid y otros
organismos públicos,
como la Fundación
Arpegio, gracias a la
influencia de Francisco
Granados, entonces
poderoso 'número 3' del
Ejecutivo de Esperanza
Aguirre. Las pesquisas
apuntan a que parte de
esas adjudicaciones
vieron cómo se inflaban
sus importes para el
posterior reparto de
'mordidas' y para la
supuesta financiación de
mítines y actos
electorales del PP que
también organizaba
Waiter Music. Las
investigaciones señalan
que, además de Granados,
los regidores de algunos
de estos municipios se
beneficiaron con fiestas
'gratis total'. Fuentes
cercanas a la
investigación indican
que hace dos meses la
Guardia Civil entregó un
informe sobre las
actividades de esta
empresa al juez Velasco,
quien aún no se lo ha
entregado a las defensas
y acusaciones.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/cumpleanos-Granados-facturas-ayuntamientos-PP_0_965603934.html
PÚNICA HIZO 'PRECIO
AMIGO' AL PP: 28.320€
POR 13 MÍTINES DE RAJOY,
AGUIRRE, GALLARDÓN...
La contabilidad de
Waiter Music revela que
el PP solo pagó 28.320
euros por la
organización de 13
mítines de la campaña de
las municipales de 2011,
incluyendo el cierre de
campaña con Rajoy
Al Partido Popular no le
salen los números con
Púnica. La contabilidad
de la empresa de eventos
Waiter Music,
investigada por su
implicación en la trama,
revela que los populares
madrileños pagaron solo
28.320 euros por la
organización de al menos
13 actos y mítines de la
campaña de las
elecciones municipales
de 2011. Los
investigadores de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil sostienen que el
precio real de los
eventos fue mayor y que
la diferencia se habría
abonado de forma
irregular mediante
adjudicaciones públicas
concedidas a Waiter
Music por
administraciones
públicas controladas por
el PP.
La relación completa de
actos organizados por
Waiter Music para el
Partido Popular en las
municipales de 2011 fue
encontrada en los
registros que hizo la
Guardia Civil durante la
primera fase del caso,
en octubre de 2014, y
confirmada
posteriormente en sede
policial por
trabajadores de la
empresa. Entre los 13
actos, hay siete que
tuvieron lugar en la
localidad de Móstoles,
gobernada entonces por
el PP. Se trata de
eventos realizados entre
el 14 de febrero y 22 de
mayo, en plena recta
final de la campaña. Uno
de ellos, celebrado el
14 de abril, contó con
la presencia del
entonces vicepresidente
en funciones de la
Comunidad de Madrid,
Ignacio González, que
año y medio después se
convertiría en
presidente. Pero lo que
llamó la atención de los
agentes fueron unas
anotaciones del
documento interno de
Waiter Music.
Junto a los cuatro
primeros actos, la
empresa indicó que los
importes habían sido
cargados a los gastos de
organización de las
Fiestas del Dos de Mayo
de la ciudad. Otro
evento electoral del PP,
celebrado también en
Móstoles el 8 de mayo,
se habría facturado
posteriormente dentro
del capítulo de Fiestas
de la Patrona, que
tienen lugar en
septiembre. La UCO
considera que esos
comentarios son la
demostración de que los
mítines del PP fueron
sufragados con las
partidas públicas que
destinaba el
ayuntamiento para
costear las fiestas
locales. Lo cierto es
que Waiter Music se
llevó el contrato
público para organizar
las fiestas de mayo y de
septiembre de Móstoles
en 2011 por un importe
total de 484.644 euros.
El PP del municipio,
liderado por Daniel
Ortiz, que el pasado
julio tuvo que presentar
su renuncia como
diputado autonómico tras
ser implicado en la
parte de Púnica
relacionada con los
contratos de eficiencia
energética de Cofely, ha
exhibido una factura
para demostrar que
asumió los gastos de
esos siete actos
electorales organizados
por Waiter Music en la
localidad. Sin embargo,
la factura, que asciende
a 4.720 euros, solo se
correspondería con el
evento del 8 de mayo,
una fiesta campera. La
formación no ha ofrecido
datos sobre el modo en
que abonó el resto de
mítines.
Los otros actos
organizados para el PP
por Waiter Music en las
municipales de 2011 se
repartieron entre
Aranjuez (dos actos
electorales), Parla,
Valdemoro (celebración
de un encuentro con
interventores y
apoderados en el que
intervino Jaime Mayor
Oreja), San Sebastián de
los Reyes y el cierre de
campaña, que celebraron
los populares en el
Palacio de los Deportes
de Madrid con la
presencia de Alberto
Ruiz Gallardón,
Esperanza Aguirre y el
entonces candidato a la
presidencia del
Gobierno, Mariano Rajoy.
En ese gran acto final,
en el que los populares
lograron meter a 15.000
personas en el recinto
de la calle Goya, hubo
pantallas gigantes,
iluminación especial, un
enorme escenario y
actuaciones musicales de
DJ Pulpo y el grupo Los
Hobbit. Sin embargo, la
contabilidad de Waiter
Music del ejercicio de
2011 solo refleja,
aparte del pago de 4.720
euros del Grupo
Municipal de Móstoles,
otro abono a nombre del
Partido Popular de
23.600 euros. No hay
constancia de que la
formación hubiera
realizado ningún otro
ingreso para completar
el coste de organizar
todos esos eventos,
incluido el cierre de
campaña, y tampoco
figuran pagos en años
posteriores. Es decir,
que los 13 actos
organizados por Waiter
Music solo le habrían
costado al PP 28.320
euros, una cifra que la
Guardia Civil considera
absolutamente
inverosímil.
Como contó este diario,
la UCO ya envió el
pasado 25 de agosto a la
Audiencia Nacional un
informe con las
presuntas
irregularidades
cometidas por la trama
en torno a Waiter Music,
y la financiación ilegal
de actos del PP es uno
de los puntos que aborda
el documento. Los
agentes también han
analizado los pagos
realizados por
constructoras a esa
misma empresa de
eventos. Grandes
concesionarias de
servicios públicos
aparecen como
responsables de abonos
por un importe total de
1,3 millones de euros
entre 2004 y 2013. Un
empleado de Waiter Music
ha asegurado a El
Confidencial en
conversación telefónica
que no recuerda que la
compañía organizara en
ese periodo ningún
evento para las
constructoras que
abonaron aparecen como
clientes. Según fuentes
cercanas al caso, esos
pagos también habrían
servido para sumir el
coste de actos que
beneficiaron
electoralmente al
Partido Popular.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-25/punica-precio-amigol-pp-mitines-rajoy-aguirre-gallardon_1279688/
LA COMUNIDAD DE MADRID
MANDABA A MARJALIZA UN
LISTADO DE FUNCIONARIOS
PARA SUS REGALOS
Recibía por Navidad un
correo de Presidencia
con los nombres que
formaban parte del área
para recibir dádivas.
El empresario David
Marjaliza contaba con la
ayuda de la propia
administración para
colmar los despachos de
políticos y funcionarios
de regalos. El sumario
de la operación Púnica
refleja por ejemplo como
el empresario de
Valdemoro recibía un
correo de presidencia
días antes de Navidad
para que tuviera claras
las personas que
formaban parte de la
consejería antes de
elaborar su lista de
regalos. Una práctica
que se repetía por
ejemplo con el
Ayuntamiento de
Valdemoro.
Así, el 19 de diciembre
de 2006, la secretaria
de Marjaliza recibe un
correo desde la
dirección oficial en la
Consejería de
Presidencia de María del
Carmen Arcas, jefa de
secretarias del entonces
consejero, Francisco
Granados. "Buenos días
Ana, perdona mi tardanza
pero estoy con el tema
de las cestas muy liada.
Te envío el personal que
tenemos en la
consejería. Tú decides".
A renglón seguido, el
correo reproducido en el
sumario del caso enumera
las diez personas que en
aquel momento formaban
parte del área de
Presidencia dentro de la
Comunidad de Madrid, con
el director de Gabinete,
Ignacio Palacios a la
cabeza. Los informes de
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil reflejan
que Palacios recibió por
navidades un reloj
Bulgari y una
estilográfica de
colección.
A renglón seguido, en el
correo enviado desde el
servidor oficial de la
Comunidad de Madrid
aparece el nombre de la
propia Carmen Arcas,
jefa de secretarias de
Presidencia. A su nombre
figuran regalos mientras
ocupaba también cargos
en el Ayuntamiento de
Valdemoro, donde fue
alcalde su entonces jefe
y principal imputado en
el caso, Francisco
Granados. El listado se
completa con Maria Luisa
Martí (a la que los
documentos localizados
en las oficinas de
Marjaliza señalan como
receptora de un
reproductor DVD y un
MP3), Nuria Bravo (otro
Mp3 y un DVD) Alejandra
González (Mp3), Saray
Fernández (no figura
receptora de regalo
alguno), los asesores de
la Asamblea Mar García
(mp3 y DVD) y Genoveva
Fermoset (tampoco figura
su nombre como
receptora) y el asesor
de la consejería
Adelmiro Galván (vino y
una caja mediana de
productos navideños).
Gran parte de ellos
figura también en el
listado del empresario
Ramiro Cid, también
investigado y aunque
socio de Marjaliza
durante años,
planificada sus
obsequios navideños por
separado. Desde el
entorno de los
investigados, confirman
a EL ESPAÑOL que era una
práctica habitual de las
instituciones mandar una
lista de sus empleados
para que todos
recibieran un obsequio
navideño. "En el caso de
los regalos grandes,
eran incluso a la
carta", confirman las
mismas fuentes.
MÓVILES EN VALDEMORO
El de la Comunidad de
Madrid no fue el único
correo que Marjaliza
recibió con un listado
de candidatos a recibir
sus obsequios. Según los
informes de la UCO, el
15 de abril de 2016,
cuatro días antes del
listado enviado por
Presidencia, la
secretaria de Marjaliza
recibió un fax de la
Concejalía de Urbanismo
del Ayuntamiento de
Valdemoro. En él aparece
un nuevo listado, esta
vez de 27 personas. A la
derecha, alguien marcó a
mano alzada los bolsos
que iban a ser
entregados a varias
funcionarias.
El 20 de diciembre de
2006, cuatro días antes
de las fiestas
navideñas, es la Unidad
Administrativa de
Contratos del
Ayuntamiento de
Valdemoro quien manda su
lista de empleados. El
correo, según refleja el
asunto, fue enviado "por
Juan Luis Aguilera",
jefe de negociado de ese
área municipal, y
enumera los nombres de
seis personas. Junto al
nombre de todas ellas y
de forma manuscrita,
figura la palabra
"móviles".
http://www.elespanol.com/espana/politica/20161024/165484215_0.html
LA PÚNICA SIGUE HACIENDO
‘ROTOS’ AL EQUIPO DE
CIFUENTES
El Gobierno de Cristina
Cifuentes continúa
acorralado por la red
Púnica, ya que varios de
los diputados regionales
designados por la
presidenta de la
Comunidad de Madrid,
están siendo
investigados por su
participación en esta
trama corrupta durante
el ejercicio de sus
cargos anteriores.
El sumario del ‘caso
Púnica’ ya ha dejado dos
‘cadáveres’ políticos:
el de Daniel Ortiz
Espejo, exalcalde de
Móstoles, que fue el
primer diputado del PP
de Madrid que dimitió
por verse involucrado en
esta trama de
corrupción; y el del
hasta ahora director
general de Industria,
Energía y Minas, Carlos
López Jimeno, quien
presentó su renuncia al
cargo esta misma semana.
Daniel Ortiz dimitió de
todos sus cargos
-diputado, concejal
portavoz del grupo y
presidente del PP en
Móstoles- el pasado mes
de julio después de que
el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid
(TSJM) le citara a
declarar en calidad de
investigado –antes
imputado- por su
presunta implicación en
la trama, algo que tuvo
que hacer el TSJM, ya
que el juez instructor
de la causa, Eloy
Velasco, no podía
hacerlo por estar
aforado.
Y es que el juez Velasco
considera que Ortiz
podría haber utilizado
su condición de alcalde
de Móstoles para
interceder y “presionar”
para adjudicar en 2014 a
la empresa Cofely un
contrato de suministros
y servicios energéticos
de 73 millones de euros
a cambio de comisiones
por 746.000 euros, un
comportamiento en el que
el magistrado ve
indicios de delitos de
tráfico de influencias,
fraude a la
administración pública y
cohecho, infidelidad en
la custodia de
documentos, revelación
de secretos y cohecho.
Tres meses después,
concretamente el pasado
jueves, era el director
de Industria el que
abandonó el Ejecutivo de
Cifuentes, sólo un día
después de conocerse un
informe de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil que
dice que López Jimeno
hizo pagos por valor de
200.000 euros entre 2010
y 2012 desde la
Fundación de la Energía
de la Comunidad (una
institución semipública
de la que participa la
Administración regional)
a la sociedad Alba
Ingenieros Consultores
SL, de la que él mismo
era copropietario en
dicho periodo con un 20%
del capital.
Pero la ‘pesadilla’ de
Cifuentes aún no ha
concluido, ya que quedan
algunas piezas que
aparecen en este
entramado- que mantiene
en prisión a Francisco
Granados, exsecretario
general del PP de Madrid
y exconsejero de los
Gobiernos de Esperanza
Aguirre, desde octubre
de 2014- que aún no han
presentado la dimisión.
Uno de ellos es su
número tres, Jaime
González Taboada,
consejero de Medio
Ambiente, Administración
Local y Ordenación del
Territorio, y el otro el
diputado regional
Bartolomé Casas.
A González Taboada,
David Marjaliza,
presunto cerebro de la
Púnica, le acusa de
cobrar un tercio de las
mordidas que pagaban los
constructores a cambio
de adjudicarles obras
del Plan Prisma y además
el juez le investiga por
la gestión irregular de
fondos de Arpegio, pero
Cifuentes pone por él la
mano tanto en el fuego
que no sólo no le ha
pedido que dimita sino
que, ignorando las
sospechas, le nombró
vocal de Arpegio, ahora
Nuevo Arpegio, el ente
público investigado
precisamente por el juez
Eloy Velasco por
irregularidades en sus
adjudicaciones.
Otro miembro del equipo
de Cifuentes que lleva
señalado por la Guardia
Civil desde septiembre
como receptor de
comisiones es el
diputado regional
Bartolóme González, ya
que los investigadores
consideran acreditado
que la trama corrupta le
pagó 60.000 euros cuando
era alcalde de Alcalá de
Henares a cambio de
adjudicar un contrato
municipal a la empresa
Cofely. El pago se
habría realizado a
través de una empresa de
construcción vinculada a
David Marjaliza. Sin
embargo, Cifuentes no ha
exigido su cabeza y se
ha limitado a anunciar
que dimitirá si
finalmente es imputado
formalmente.
Los contratos de Arturo
Fernández
Además, el nombre de
Cifuentes aparece en una
nueva línea de
investigación sobre la
financiación del PP que
ha abierto el juez de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco en la pieza 14
del sumario según
informaba
elconfidencial.com
Este digital asegura que
la UCO ha hallado nuevos
elementos que apuntan a
que Arturo Fernández
habría colaborado
también en esa
financiación ilegal del
PP de Madrid a cambio de
conseguir las
concesiones del servicio
de hostelería del
Parlamento autonómico y
asegura que uno de los
contratos que se
investigan fue
adjudicado por una mesa
de contratación que
presidía Cifuentes, que
fue vicepresidenta de la
Cámara madrileña entre
los años 2007 y 2012,
antes de dirigir la
Delegación del Gobierno
en Madrid.
Polémicas adjudicaciones
Por otra parte, el
Gobierno autonómico
también ha licitado
algunos contratos muy
controvertidos por
afectar a empresas
salpicadas por la Gürtel
de los que ya informó en
su día ElBoletin.com.
Una de estas decisiones
polémicas ha sido la de
encargar la
rehabilitación de un
palacio en el distrito
de Carabanchel a una
filial del Grupo Ortiz,
una empresa que –a pesar
de aparecer en el
sumario de la Gürtel,
estar salpicado por la
Púnica y haber
reconocido que financió
irregularmente a
Convergència, se ha
hecho con un contrato de
200.000 euros.
http://www.elboletin.com/smartphone2/nacional/141083/gurtel-haciendo-rotos-equipo-cifuentes.html
LA ÚLTIMA 'BOMBA' DE
PÚNICA: EL JUEZ GUARDA
UN INFORME SOBRE
FINANCIACIÓN ILEGAL DEL
PP
El juez Eloy Velasco
deja fuera de los tomos
entregados esta semana a
las partes un informe de
la UCO del pasado agosto
que acusa a Génova de
recibir donaciones de
constructoras
El juez Eloy Velasco
acordó entregar este
miércoles a las partes
personadas en Púnica 27
nuevos tomos del
sumario, pero mantiene
en su poder el documento
más valioso. El pasado
agosto, los
investigadores de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil encargados de las
pesquisas entregaron al
magistrado un informe
sobre las presuntas
irregularidades
cometidas en torno a una
de las empresas de la
trama, Waiter Music,
especializada en la
organización de fiestas
y eventos. Pero las
conclusiones a las que
han llegado los agentes
van más allá de esa
compañía y afectan
directamente al Partido
Popular.
Como ya informó El
Confidencial, los
investigadores han
logrado acreditar en ese
informe que el PP de
Madrid habría financiado
presuntamente actos de
partido con donaciones
ilegales de grandes
constructoras que
tendrían en común el
haber sido beneficiarias
de adjudicaciones
públicas concedidas por
administraciones
madrileñas controladas
por la formación. Se
esperaba que el
documento fuera
trasladado a las partes
dentro de los 27 tomos
facilitados esta semana,
que abarcan diligencias
realizadas entre el 19
de mayo de este año y el
pasado 10 de octubre.
Pero el informe sobre
Waiter Music, enviado a
la Audiencia Nacional el
pasado 25 de agosto,
sigue por ahora oculto.
El inicio de los
trabajos para
confeccionarlo se
remonta meses atrás. El
pasado 7 de abril,
agentes de la UCO
tomaron declaración en
la Comandancia de Murcia
a un proveedor de Waiter
Music que reconoció
haber facturado 15.138
euros en 2010 al
Ayuntamiento de
Valdemoro por indicación
del administrador y
propietario de la
empresa de eventos, José
Luis Huerta, uno de los
51 detenidos e imputados
en la primera fase del
caso. El consistorio
madrileño abonó el
importe de la factura.
Sin embargo, el
proveedor admitió que
los trabajos nunca
llegaron a realizarse.
Los agentes también
constataron la
existencia de otras
irregularidades
contables en facturas
emitidas a
administraciones
públicas por indicación
del propietario de
Waiter Music a través de
ese mismo proveedor.
La expectación que ha
despertado el informe
sobre la empresa de
eventos está
justificada. La UCO
mantiene que logró
adjudicaciones en
decenas de ayuntamientos
de la Comunidad de
Madrid gracias a la
mediación del presunto
cerebro de la trama,
Francisco Granados,
exconsejero autonómico
de Presidencia y
exsecretario general del
PP regional. Los
importes de los
contratos se inflaban
para ocultar una salida
de fondos públicos que
luego se repartían los
alcaldes. Como
contraprestación, Waiter
Music habría agasajado a
Granados con una fiesta
privada por todo lo alto
con motivo de su 44
cumpleaños.
La UCO mantiene que
Waiter Music logró
adjudicaciones en
decenas de ayuntamientos
de Madrid gracias a la
mediación de Granados
El foco se centra en los
contratos que consiguió
la firma de eventos
entre 2004 y 2013 en
Valdemoro,
Arroyomolinos, Moraleja
de Enmedio, Alcorcón,
Torrejón de Velasco y el
Patronato Madrileño de
Áreas de Montaña, un
ente público
desaparecido que también
controlaba Granados
durante su etapa en los
gobiernos de Esperanza
Aguirre. Solo en
Valdemoro, la empresa de
Huerta facturó en ese
periodo 8,98 millones de
euros.
Pero la UCO también ha
descubierto que Waiter
Music no solo mantenía
una intensa relación
comercial con
administraciones
públicas vinculadas al
PP. Entre sus clientes
figuraban empresas
concesionarias de
servicios públicos que
no tienen ninguna
relación aparente con el
negocio de la
organización de eventos.
Según recogen las
declaraciones de Waiter
Music a la Agencia
Tributaria, incorporadas
en el sumario, FCC
Construcción le habría
pagado 251.557 euros en
2004 y 299.601 euros en
2007; Acciona
Infraestructuras SA,
33.292 euros en 2004;
Ferrovial Agroman,
33.292 euros en 2004;
Dragados Obras y
Proyectos, 20.936 euros
en 2004 y, la matriz
Dragados, 358.208 euros
en 2007; OHL, 16.646
euros en 2004; Sacyr,
16.646 euros en 2004 y
89.552 euros en 2007;
Urbaser, 9.117 euros en
2007, 59.000 euros en
2010, otros 59.000 euros
en 2011, 35.400 euros en
2012 y 36.300 euros en
2013; la UTE
FCC-Acciona, 6.844 euros
en 2011; y Cespa
(Ferrovial), 35.400
euros en 2012 y 36.300
en 2013.
El informe que guarda
ahora Velasco
confirmaría que los
1.397.091 euros abonados
en total por estas
constructoras a Waiter
Music habrían servido
para sufragar actos del
PP, apuntalando de este
modo una nueva acusación
contra Génova por
financiación ilegal que
se suma a las que ya se
han acreditado en las
operaciones Gürtel y
Taula. En plena recta
final de las
conversaciones para la
investidura de Mariano
Rajoy, la difusión del
contenido del informe
amenaza con abrir otra
vía de agua en los
planes del PP y tensar
aún más el debate
interno que libra el
PSOE sobre su
abstención.
No es la única evidencia
de financiación ilegal
del PP de Madrid que se
investiga en Púnica. El
juez Velasco instruye en
secreto desde febrero
diligencias sobre las
presuntas donaciones
ilegales al PP que
supuestamente captó
Granados entre 2011 y
2014. El presunto
cabecilla de la trama
anotó los cobros en una
agenda que fue
localizada en los
registros. Las pesquisas
apuntan fundamentalmente
a OHL, que habría
aportado un total de 1,6
millones de euros a
través de Javier López
Madrid, consejero de la
compañía y consejero
delegado del Grupo
Villar Mir.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-23/la-ultima-bomba-de-punica-el-juez-guarda-un-informe-sobre-financiacion-ilegal-del-pp_1278998/
'GRANADOS CONNECTION':
SU CUÑADO, INVESTIGADO
POR EL AMAÑO MILLONARIO
DE CUATRO CONTRATOS
Un escrito de
Anticorrupción destaca
la presunta
participación de Germán
Alarcón cuando era
concejal de Cultura del
Ayuntamiento de
Valdemoro en las
supuestas
irregularidades que
permitieron que la
empresa Waiter Music SL
se adjudicara varios
años la organización de
las fiestas locales por
1,1 millones de euros.
Primero fueron el propio
Francisco Granados y su
esposa, Nieves Alarcón.
Después, sus suegros.
Hace unos días, su
hermano Alfonso. El
próximo puede ser su
cuñado. Un escrito de la
Fiscalía Anticorrupción
conocido ahora sitúa en
el epicentro de una de
las principales líneas
de investigación del
'caso Púnica' a Germán
Alarcón Castellanos,
hermano de su mujer y
teniente de alcalde en
Valdemoro cuando el juez
Eloy Velasco ordenó las
primeras detenciones en
octubre de 2014. Dicho
documento lo implica en
la supuesta adjudicación
irregular a la empresa
de espectáculos Waiter
Music SL de cuatro
contratos municipales
por cerca de 1,1
millones de euros.
Fuentes jurídicos
aseguran a Vozpópuli que
el familiar del político
por ahora no ha sido
imputado.
Anticorrupción señala a
Germán Alarcón por las
irregularidades en los
concursos para organizar
las fiestas de Valdemoro
entre 2011 y 2014
El escrito que lo señala
fue presentado por
Anticorrupción en la
Audiencia Nacional para
oponerse a la petición
de sobreseimiento que
habían planteado dos de
los investigados, el ex
alcalde de Valdemoro
José Carlos Boza Lechuga
y su 'mano derecha' en
el consistorio, Alfredo
Ovejero. Para justificar
su postura, la Fiscalía
detallaba en el mismo
una por una media docena
de contrataciones
realizadas por el equipo
de Gobierno de este
Consistorio durante el
mandato de Boza Lechuga
(2011-2014), que "están
siendo objeto de
investigaciones" y que,
por tanto, justificaba
que ambos siguieran como
imputados. Al detallar
una de ellas,
Anticorrupción citaba
expresamente al
"concejal de Cultura
Germán Alarcón, cuñado
de Francisco Granados"
por su presunta
implicación en una de
ellas.
Se trata, en concreto,
de la referida a las
adjudicaciones a la
empresa Waiter Music SL,
una de las sociedades
sospechosas de pagar
'mordidas' al ex
secretario general del
PP madrileño, de los
concursos para la
organización de las
fiestas patronales de la
localidad madrileña
durante los años 2011,
2012, 2013 y 2014. Unos
contratos que costaron
al Ayuntamiento de
Valdemoro 1.115.935,46
euros, según se
especificaba en el
escrito. "Durante todos
estos años los contratos
fueron incrementados con
las cuotas de
intermediación del
también imputado [José
Luis] Huerta Valbuena,
[propietario de Waiter
Music], incurriendo su
tramitación en
irregularidades que son
objeto de análisis
actualmente", señalaba
la Fiscalía.
"Personas involucradas"
No es la primera vez que
el nombre de Germán
Alarcón aparece en el
sumario. De hecho, en el
mismo figura también un
oficio de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil en
el que se detallaban
otras supuestas
irregularidades en las
contrataciones del
Ayuntamiento de
Valdemoro con las que
también se le vincula.
En dicho documento
policial, los agentes
señalan al cuñado de
Granados como una de
"las personas
involucradas" en la
sospechosa
externalización de los
contratos de
mantenimiento y
conservación de varias
instalaciones deportivas
municipales, entre ellas
la piscina, la escuela
de fútbol y el gimnasio.
Todo ello cuando él era
concejal.
Un informe de la Guardia
Civil ya implicaba al
cuñado de Granados en la
sospechosa
externalización de la
gestión de varias
instalaciones deportivas
municipales
Este informe de la
Guardia Civil recogía un
resumen de las
declaraciones de seis
trabajadores del
municipio que señalaban
expresamente a Germán
Alarcón como el
responsable de "idear,
planificar y elaborar"
los convenios que
permitieron privatizar
dichas instalaciones "en
favor de terceros [...]
en perjuicio del interés
general". Uno de estos
testigos aseguró que
cuando se opuso
abiertamente a los
amaños del cuñado de
Granados éste le
presionó para que
firmara los pliegos de
condiciones técnicas que
dieron luz verde a los
mismos. Los agentes
vieron en todo ello
claros indicios de
"prevaricación y
malversación de caudales
públicos" en la
Concejalía de Deportes
que encabezaba entonces
Germán Alarcón.
Además el cuñado de
Granados aparece en
otros dos episodios del
sumario. Uno es el
registro de la vivienda
de sus padres en los que
la Guardia Civil
localizó en un altillo
cerca de un millón de
euros en metálico que el
político ha reconocido
recientemente que es
suyo. En aquella
intervención, los
agentes también entraron
en la habitación en la
que Germán Alarcón
dormía y encontraron
dentro de un armario
varios objetos de valor.
Así, en una bolsa de
plástico de unos grandes
almacenes, se hallaron
cuatro plumas
estilográficas de
colección, así como un
reloj dorado de la marca
'Tiffany'. Junto a éste,
los agentes encontraron
la garantía del mismo
que revelaba que había
sido adquirido en la
Isla de Aruba, país del
Caribe considerado
paraíso fiscal hasta
2010. Finalmente, el
nombre del cuñado de
Granados aparece en la
lista de cargos públicos
y funcionarios
agasajados por el
constructor Ramiro Cid
para conseguir su favor.
Éstele regaló una cesta
de navidad valorada en
más de 400 euros.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/suegros-hermano-familia-Granados-sospecha_0_964704048.html
TODOS LOS MIEMBROS DEL
'CLAN GRANADOS'
SALPICADOS POR LA TRAMA
Su mujer, los suegros,
un hermano e, incluso,
el cuñado. El juez
Velasco ya investiga a
varios miembros del
entorno familiar de
Francisco Granados en el
caso Púnica. Tres de
ellos están imputados.
Los otros dos, bajo la
lupa judicial.
La familia es muy
importante en el 'caso
Púnica'. Tanto que
varios de los
principales implicados
han visto como personas
de su círculo más
próximo eran imputadas
por el juez Velasco por
su participación en las
supuestas
irregularidades. Es el
caso de Francisco
Granados, el principal
cabecilla de la trama.
Su mujer, Nieves Alarcón
Castellanos, y sus
suegros, Juan y
Catalina, forman parte
de la larga lista de
'investigados' que
acumula ya la causa.
Además la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ha puesto
recientemente bajo
sospecha las operaciones
inmobiliarias de su
hermano Alfonso,
mientras que la Fiscalía
Anticorrupción puso hace
tiempo el foco en su
cuñado, Germán Alarcón,
concejal del PP en el
Ayuntamiento de
Valdemoro cuando se
produjeron las primeras
detenciones, en octubre
de 2014. Son el 'clan
Granados'.
La implicación de la
Nieves Alarcón arranca
como cotitular de la
cuenta que tenía con su
marido en Suiza y que
dio pie al inicio de la
investigación
La primera en verse
implicada por las
actividades del político
fue su esposa. Nieves
Alarcón no fue detenida
junto a su marido, pero
si fue imputada. Era,
junto a Francisco
Granados, titular de una
cuenta en Suiza que se
encuentra en el inicio
de las pesquisas del
'caso Púnica'. Además,
ella era la conductora
habitual de un vehículo
Mini que apareció
quemado en el garaje de
su casa y que los
investigadores sospechan
que era un regalo de
Ramiro Cid, uno de los
constructores
presuntamente
favorecidos por su
marido cuando era
alcalde. También ella
era la encargada de
supervisar las obras en
la mansión que el mismo
empresario estaba
construyendo al gusto
del matrimonio para
regalárselo al político
como supuesto pago a sus
'favores'. Las pesquisas
también la relacionan
con el gasto de 100.000
euros de dinero de la
empresa pública Arpegio
para regalar cestas de
Navidad a sus amistades.
Las investigaciones
entorno a ella aún no
han terminado.
El caso de sus suegros
es más peculiar. El juez
Eloy Velasco ordenó el
pasado mes de noviembre
registrar su vivienda en
Valdemoro después de que
un anónimo alertase a
los investigadores de
que en dicha casa podía
haber dinero oculto. Era
cierto. Los agentes de
la UCO localizaron en un
maletín ocultó en un
altillo 922.000 euros en
metálico, además de
otros objetos de valor
como estilográficas de
colección y relojes de
lujo. El magistrado citó
al matrimonio para
declarar como imputados
por blanqueo de
capitales en una
comparecencia en el que
ambos alegaron que que a
su domicilio accedían
fontaneros y "gente" de
Ikea para justificar la
presencia del dinero.
El hermano y el cuñado
Las sospechas sobre
Alfonso Granados,
hermano del político, se
centran en la
compraventa de varios
pisos, en una de las
cuales la Guardia Civil
cree haber encontrado
indicios de blanqueo del
dinero tras haber
hallado una nota
manuscrita en la que el
que fuera consejero del
Gobierno madrileño
anunciaba a su socio, el
constructor David
Marjaliza, el envío en
un sobre con 360.000
euros en metálico para
su adquisición. El
informe de la UCO
concluía que con esta
"operación hizo aflorar
una cantidad de dinero
en efectivo procedente
de Francisco Granados,
cuyo origen es
desconocido y que se
puede presumir que
procede de dinero de
supuestas comisiones
ilegales".
Un informe de la UCO
relaciona al hermano de
Granados con una
operación de blanqueo
con la compraventa de un
piso
La implicación del
quinto familiar del
político tiene que ver
su condición de concejal
en el Ayuntamiento de
Valdemoro. Germán
Alarcón, cuñado de
Granados, era el edil
responsable de Cultura y
Deportes cuando en
octubre de 2014 el juez
Velasco ordenó las
primeras detenciones,
incluida la del
político. Entonces
estuvo a punto de ser
nombrado alcalde tras el
arresto del entonces
regidor, José Carlos
Boza. Informes de la
Guardia Civil y escritos
de la Fiscalía vinculan
ahora a este quinto
miembro del 'clan' en
diversos concursos
públicos del consistorio
donde los investigadores
creen haber encontrado
indicios de
irregularidades. Entre
ellos, los cuatro
contratos adjudicados a
una empresas clave de la
trama, Waiter Music SL,
para la organización los
años 2011, 2012, 2013 y
2014 de las fiestas
patronales de la
localidad. Entre los
cuatro, suman más de 1,1
millones de euros. En el
sumario no consta que ni
él ni el hermano de
Granados hayan sido
imputados aún.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/miembros-clan-Granados_0_964704182.html
EL VICECONSEJERO DE
URBANISMO JUSTIFICA LA
FACTURA DE 16 MILLONES
EN PRIMERAS PIEDRAS DE
ARPEGIO
Miguel Ángel Ruiz ha
comparecido hoy en la
comisión de la
corrupción de la
Asamblea de Madrid por
su condición de
exconsejero de Arpegio
Miguel Ángel Ruiz,
actual viceconsejero de
Medio Ambiente y
Urbanismo y exconsejero
de Arpegio entre 2008 y
2011 –empresa 100%
pública que gestiona el
suelo de la región y
salpicada por la
Púnica-, ha comparecido
hoy ante la Comisión de
Investigación sobre
corrupción política en
la Comunidad de Madrid.
En su declaración ha
respondido a los
diputados que “nunca ha
recibido un duro” por
ninguna adjudicación
realizada por la
empresa.
El exconsejero de
Arpegio y ahora mano
derecha del consejero de
Medio Ambiente y
Urbanismo, Jaime
González Taboada, ha
indicado que “asume” los
conceptos de la factura
de 16,5 millones de
euros atribuida a gastos
del Prisma 2006-2007 y
que la Intervención de
la Comunidad de Madrid
se ha negado a aprobar.
El recibo incluye abonos
de 3,3 millones en
primeras piedras de
obras y un despliegue
mediático en el que
llegaron a pagarse
852.000 euros por varios
vídeos propagandísticos,
65.000 en teléfono,
75.000 en material de
oficina o 96.000 en
supermercado, farmacia y
pequeños enseres. Ruiz
ha manifestado que
“estamos hablando de
publicidad,
merchandising…¡claro que
comparto que haya que
divulgarlo!”.
También ha explicado que
la factura la firmó él y
la envió a la Comunidad
de Madrid en 2010 debido
a que se lo exigían los
auditores. En 2015, ha
asegurado, la
intervención se
pronuncia y emite un
informe en el que se
indican los gastos que
no son reembolsables a
la sociedad. Los
representantes del PSOE
han pedido dicho
documento, que a ellos
la Comunidad de Madrid
les ha indicado que “no
existía”. En ese momento
gestionaban entre el 80
y el 100% de las obras
la empresa Dusa
(investigada en la
Púnica) a la que Arpegio
había contratado por
siete millones de euros.
Los parlamentarios se
han interesado, al mismo
tiempo, por él abonó de
seis millones de euros
en explanar un terreno
de Arganda del Rey que,
de momento, solo se ha
utilizado como
aparcamiento para la
celebración de tres
ediciones Rock in Rio y
algún evento musical
más. También se
construyó un tercer
carril en la A-3 para
facilitar el acceso al
festival. Esta explanada
se encuentra dentro de
los terrenos de casi
tres millones de metros
cuadrados que Arpegio
adquirió a la empresa
Airina SL, del grupo que
comercializa los
productos de Gallina
Blanca. Arpegio ha
invertido unos 55
millones de euros, ha
manifestado hoy Ruiz en
la Asamblea de Madrid.
Arpegio le debe a esta
empresa el 5% en
terrenos para construir,
pero al no haber
conseguido la empresa
pública su
recalificación, se
enfrenta a una demanda
de 72 millones de euros.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/21/madrid/1477042630_190660.html
UN ARREPENTIDO
CONFIRMA LOS TRATOS DE
PÚNICA CON EL PRESIDENTE
DE MURCIA Y UNA SENADORA
Un empleado del experto
en reputación 'online'
Alejandro de Pedro
detalló el pasado 5 de
octubre al juez Eloy
Velasco sus contactos
con los 'populares'
Pedro Antonio Sánchez y
Pilar Barreiro, y los
equipos de ambos.
Fuentes jurídicas
consideran clave su
testimonio.
El titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
está desde el pasado 5
de octubre un poco más
cerca de concluir la
investigación sobre las
'andanzas' de la trama
Púnica en la Región de
Murcia. Ese día, el
director comercial de
Madiva Editorial SL, una
de las empresas del 'gurú'
informático Alejandro de
Pedro, confirmaba al
magistrado durante su
declaración como
imputado los supuestos
tratos entre la red de
corrupción y el actual
presidente del Ejecutivo
murciano, el 'popular'
Pedro Antonio Sánchez,
la senadora Pilar
Barreiro y los equipos
de ambos para mejorar la
reputación 'online' de
ambos políticos
supuestamente con dinero
público. Se trata, en
concreto, de Francisco
Javier Bueno González,
quien ya había declarado
como testigo ante la
Guardia Civil poco
después de las
detenciones de octubre
de 2014 y ante el propio
magistrado en abril del
año pasado. Ahora, lo ha
hecho como investigado
para aportar valiosos
datos que incriminan a
ambos políticos, según
confirman a Vozpópuli
fuentes cercanas a la
investigación.
El empleado de De Pedro
ha detallado varias
reuniones de éste con
Pedro Antonio Sánchez y
Pilar Barreiro a las que
él asistió
La relevancia del
testimonio de este
trabajador radica en que
estuvo presente en
reuniones claves de las
supuestas negociaciones
de la trama con los dos
políticos 'populares' y
sus equipos. En
concreto, Francisco
Javier Bueno confirmó al
juez Velasco los
detalles de la que
mantuvo el 22 de
septiembre de 2014 su
jefe, Alejandro de Pedro
con el propio Pedro
Antonio Sánchez, que
entonces era consejero
de Educación y aspiraba
a encabezar la lista
autonómica de su
partido, y la entonces
alcaldesa de Cartagena y
hoy senadora del PP
Pilar Barreiro. Según
detalló ya cuando
declaró como testigo, y
ahora ha confirmado ante
el magistrado, aquel día
él estaba junto a De
Pedro en el Hotel Las
Artes de la capital
cuando éste le pidió que
se fuera porque se iba a
reunir con los dos
políticos. Francisco
Javier Bueno aseguró que
cuando salía del
establecimiento se cruzó
con los dos cargos
públicos ahora bajo
sospecha.
El imputado también ha
confirmado ahora al juez
Velasco los detalles de
un segundo encuentro,
este celebrada el 24 de
octubre de 2014 en la
sede la Consejería de
Educación entre De
Pedro, él mismo y David
Conesa, miembro de
gabinete de Pedro
Antonio Sánchez y
también imputado
recientemente, en el que
supuestamente que se
cerró definitivamente el
acuerdo para hacer los
trabajos de reputación
'online' para el
político. El trabajador
ha asegurado que ese día
les comunicaron que el
actual presidente
murciano, que había
estado imputado por
diversos escándalos
cuando era alcalde
Puerto Lumbreras y
quería por ello mejorar
su imagen en Internet,
había dado su "Ok" a
dichos trabajos. También
fue el director
comercial de Madiva
quien aseguró que se
iban a enmascarar los
facturas con el concepto
'formación' para que
fuera la Consejería de
Educación que entonces
encabeza Pedro Antonio
Sánchez quien las
abonara con cargo al
erario.
Reuniones con la
senadora
Respecto a los tratos de
la trama con la senadora
Pilar Barreiro, el
empleado de EICO ha
detallado al juez tres
encuentros a los que
asistió. En el primero,
celebrado en Cartagena,
participaron, además de
él, De Pedro, el jefe de
Gabinete de la entonces
alcaldesa, Francisco
Ferreño, y la
responsable de
comunicación del
Consistorio. En el
mismo, el experto en
reputación 'online'
explicó el "plan de
medios" que había ideado
para la política
entonces salpicada por
el escándalo urbanístico
'Novo Cartago'. De
hecho, tras aquella
reunión, el 'gurú'
informático activó dicho
plan a través de su
empresa Madiva, que dio
los primeros pasos para
crear un diario digital
con dicho objetivo. En
la segunda reunión en la
que participó Francisco
Javier Bueno asistió
supuestamente la propia
Pilar Barreiro, además
de su jefe de Gabinete y
De Pedro. En ella, este
último explicó a la
política en qué iba a
consistir dicho plan de
medios. Finalmente, en
la tercera reunión,
celebrada el 24 de
octubre, intervinieron
el experto informático,
su empleado y Francisco
Ferreño, el hombre de
confianza de la hoy
senadora. El objetivo
era tratar aspectos
concretos de los
trabajos de 'reputación
online' que se iban a
poner en marcha.
En el ordenador del
ahora arrepentido han
aparecido varios
documentos sobre los
trabajos para el
presidente de Murcia y
la senadora
Además, Francisco Javier
Bueno era el usuario del
ordenador intervenido
por la Guardia en las
oficinas que Madiva
Editorial SL tenía en la
calle Marqués de Sotelo,
de Valencia, en el que
se localizaron diversos
documentos relacionados
con dichos contratos.
Entre ellos, un "informe
de percepción inicial"
sobre Pedro Antonio
Sánchez. En el mismo se
examinaba la presencia
en Facebook, Twitter,
Youtube y los buscadores
en Internet del
político, así como una
serie de
"recomendaciones para
mejorar su imagen y
marca personal". Dicho
documento incluía un
gráfico que destacaba
que el 70% de las
informaciones que
aparecían en Internet
sobre él eran
"negativas", sobre todo
por los diferentes
procesos judiciales en
los que se había visto
envuelto desde su etapa
de alcalde de Puerto
Lumbreras.
4.600 euros al mes
En el mismo equipo
informático se localizó
un segundo documento
relacionado con Pedro
Antonio Sánchez. En
concreto, una hoja de
pedido de servicios con
fecha efectiva 1 de
noviembre de 2014 y
fecha de facturación
para el día 30 de ese
mismo en el que se
describían los servicios
de estrategia de
reputación 'online' para
el hoy presidente
murciano. El importe iba
a ser de 4.600 euros más
IVA. El arrepentido fue
preguntado por dicho
informe durante su
comparecencia ante el
juez Velasco del pasado
5 de octubre por los
abogados de otros
imputados. El director
comercial de Madiva negó
haberlo redactado él y
justificó su presencia
en el ordenador que él
utilizaba habitualmente
en que otra persona
podía haber accedido al
equipo informático,
según destacan a este
diario fuentes
conocedoras del
desarrollo del
interrogatorio.
La trama Púnica iba a
facturar 4.600 euros al
mes, más IVA, por los
trabajos de reputación
para Pedro Antonio
Sánchez y Pilar Barreiro
En el ordenador de
Francisco Javier Bueno
también aparecieron
otros dos documentos
relacionados con las
'andanzas' de la Púnica
en Murcia, en este caso
con la senadora del PP.
Uno recogía los
resultados obtenidos en
las distintas redes
sociales con los
términos de búsqueda
"Pilar Barreiro Álvarez"
y "Alcaldesa de
Cartagena". El segundo
era una propuesta para
realizar trabajos de
reputaciòn 'online' a la
política. En el mismo se
concretaba que los
mismos consistirían en
"la creación de soportes
y contenidos para la
consolidación de una
imagen positiva" de la
dirigente 'popular',
entonces a punto de
encabezar la lista de su
partido en las
elecciones municipales
de 2015. Éstos se
valoraban en 2.100
euros.
Llamadas y correos
electrónicos
También existe una
llamada interceptada el
22 de octubre de 2014,
sólo cinco días antes de
la detención de
Alejandro de Pedro, en
la que éste comentaba a
Francisco Javier Bueno
que ya habían cerrado el
acuerdo sobre la
reputación de Pedro
Antonio Sánchez y Pilar
Barreiro. En la misma,
el experto informático
le pedía a su empleado
que le rescatase la
oferta de ambos
políticos y que lo
metiera ya en la
facturación para el mes
siguiente. Dos días
después, ambos
participan en una
reunión en la Consejería
de Educación con el
equipo del hoy
presidente del Ejecutivo
murciano.
El arrepentido también
aparece en
conversaciones y correos
electrónicos claves
sobre los tratos de la
trama con los dos
políticos del PP
Además, en el rastreo de
los servidores también
han aparecido varios
correos electrónicos con
referencias a los tratos
de la trama con los dos
políticos murcianos en
los que el Francisco
Javier Bueno es emisor o
destinatario. Así, en
uno de mayo de 2014 el
ahora arrepentido
comunica una compañera,
Sara Gargallo, también
imputada, la creación
del diario cuyo único
presuntamente era
únicamente mejorar el
"posicionamiento" de la
entonces alcaldesa de
Cartagena. En dicho
mensaje se señalaba
también que el concepto
de facturación iba a ser
la supuesta inclusión de
'banners' de publicidad.
A partir de éste se
suceden otros 'emails'
sobre el mismo tema,
entre ellos algunos
intercambiados con
Francisco Ferreño, la
'mano derecha' de la hoy
senadora.
Sobre todos ellos, el
juez Velasco también
preguntó el pasado
pasado 5 de octubre al
arrepentido Francisco
javier Bueno, cuyo
testimonio, según
fuentes jurídicas, puede
ser clave para que el
magistrado decida en las
próximas semanas si
eleva una exposición
razonada al Tribunal
Superior de Justicia de
Murcia y al Tribunal
Supremo para que
investigue,
respectivamente, a Pedro
Antonio Sánchez y a su
correligionaria Pilar
Barreiro.
Y, además, 66
documentos, 'emails' y
llamadas
Trece correos
electrónicos, una docena
de llamadas de teléfono,
seis documentos en
formato digital y35
mensajes de telefonía.
La declaración del
emprleado de Alejandro
de Pedro ante el juez
Eloy Velasco no es, ni
muchs menos, la única
prueba sobre la presunta
relación de Pedro
Antonio Sánchez y su
equipo con la trama
Púnica.. El informe de
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil que el
pasado mes de mayo
concluía concluye que el
actual presidente de la
Región de Murcia cometió
un delito de fraude en
sus tratos con la red de
corrupción detallaba por
orden cronológico hasta
66 pruebas que
incriminan al político.
El documento policial
iniciaba dicha
enumeración con un
informe sobre la
reputación 'online' del
político elaborado en
junio de 2014 y
localizado en un
ordenador intervenido, y
concluye con una llamada
telefónica del 24 de
octubre de ese mismo año
entre Alejandro de Pedro
y uno de sus empleados.
La conclusión de los
investigadores es que el
político había cerrado
un acuerdo con la red de
corrupción para mejorar
su imagen en las redes
sociales ante las
elecciones autonómicas
de mayo de 2015 que
finalmente le llevaron a
la presidencia del
Ejecutivo de la Región
de Murcia.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/arrepentido-confirma-Punica-presidente-Murcia_0_963203890.html
EL NEGOCIO 'POBRE' DE
PÚNICA: SÓLO 200.000
EUROS POR LA REPUTACIÓN
'ONLINE' DE POLÍTICOS
Un auto del juez Velasco
detalla que las empresas
del 'gurú' informático
Alejandro de Pedro se
embolsaron esta cifra
entre la primavera y el
otoño de 2014 por
"servicios de propaganda
personales en favor de
autoridades". Una
cantidad muy alejada del
millonario amaño de
contratos de eficiencia
energética.
Frente a contratos
presuntamente amañados
de eficiencia energética
valorados en decenas de
millones de euros, un
supuesto botín de sólo
unos pocos cientos de
miles en otras
irregularidades. Las
actividades de la trama
Púnica no siempre se
tradujeron en beneficios
de siete cifras. Un
reciente auto del
titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
cifra en "un importe
aproximado de 200.000
euros" el dinero que el
experto informático
Alejandro de Pedro y su
socio, el ex alcalde
socialista de Cartagena
José Antonio Alonso
Conesa, consiguieron con
sus trabajos de
reputación 'online' para
cargos públicos. El
supuesto pago con dinero
público de dichos
informes ya ha supuesto
la imputación de varios
políticos. Entre ellos
están los madrileños
Salvador Victoria y
Lucía Figar, el murciano
Juan Carlos Ruiz, y los
leoneses Marcos Martínez
Barazón y Pedro Vicente
Sánchez. Pese a la
escasa cuantía del
desvío de fondos, estas
actividades centran la
investigación en tres de
las catorce piezas en
las que está dividida el
sumario.
El juez rechaza remitir
esta investigación a los
juzgados ordinarios,
como pedía De Pedro
El escrito del juez
Velasco en el que
detalla esta cifra es un
auto fechado el pasado
11 de octubre por el que
rechaza la petición de
Alejandro de Pedro y sus
dos empresas, Eico
Comunicación Online SL y
Madiva Editorial SL,
para que la
investigación que les
afecta fuera derivada a
otros juzgados
diferentes a la
Audiencia Nacional al
considerar que sus
actividades bajo
sospecha no tienen nada
que vez con la trama de
corrupción que
encabezaban
presuntamente Francisco
Granados y su socio, el
constructor David
Marjaliza. Con el
respaldo de la Fiscalía
Anticorrupción, el
magistrado cree, sin
embargo, que la conexión
de las actividades de
estos últimos con las
del experto en
reputación 'online' es
clara y que, por tanto,
debe seguir siendo él
quien instruya la causa
contra De Pedro y sus
empresas.
En concreto, el juez
Velasco destalla que, si
bien las pesquisas se
iniciaron a comienzos de
2014 después de que la
Fiscalía Federal Suiza
solicitara la
cooperación de las
autoridades españolas
ante las "sospechas
serias de blanqueo
respecto de los fondos
invertidos" sólo por
"las actividades
ilícitas" del ex
secretario general del
PP madrileño y el
constructor, pronto las
pesquisas se ampliaron
"a un grupo organizado
de personas y sociedades
que presuntamente se
enriquecieron
prevaliéndose de sus
posiciones de
autoridad". En concreto,
destaca que "la
actividad de Alejandro
de Pedro irrumpió
durante las
intervenciones
telefónicas de David
Marjaliza, preparando
supuestamente la
implementación en
Valencia de los negocios
de los colegios
concertados" que son
objeto de investigación
en la pieza denominada
Alfedel, en referencia a
la empresa utilizada
para estos supuestos
amaños con centros
educativos.
"Su propia hoja de ruta"
En dicho auto, el juez
detalla que "durante el
verano y otoño de 2014,
la investigación de las
actividades de Alejandro
de Pedro, José Antonio
Alonso Conesa y de sus
empresas Eico Online y
Madiva Editorial tuvo su
propia hoja de ruta" al
detectar que
supuestamente se habían
'infiltrado' "en las
Administraciones
autonómicas y locales".
De ellas, presuntamente
obtuvieron "contratos
menores en fraude de ley
para dar cobertura a la
prestación de servicios
de propaganda personales
por EICO on line en
favor de autoridades".
Es en este punto donde
detalla que hasta la
detención de ambos a
finales de octubre de
2014 habían cobrado "un
importe aproximado de
200.000 euros".
El 'gurú' informático
consiguió entrar en la
administración gracias
al "apoyo e inducción"
de Granados
El magistrado destaca
que la investigación
adquirió por ellos "unos
perfiles genuinos
propios que han dado
origen" a tres piezas
separadas. En concreto,
la número 2, referida a
sus actividades ambos
empresarios en la
Diputación de León; la
número 3, de sus tratos
con el Gobierno de la
Región de Murcia y el
Ayuntamiento de
Cartagena; y la número
10, sobre hechos
referentes a "otras
administraciones
públicas y empresas",
entre ellas la Comunidad
de Madrid. Las dos
primeras están a punto
de ser concluidas y
enviadas a juicio.
El escrito del juez
Velasco detalla que la
entrada de De Pedro y
Alonso Conesa en
consistorios y gobiernos
regionales no hubiera
sido posible sin el
"apoyo e inducción" de
Francisco Granados, el
único cabecilla de la
trama que sigue en
prisión. El escrito
detalla que gracias a
éste último el experto
informático y su socio
"pudieron realizar los
servicios de propaganda
para diferentes
autoridades del Partido
Popular de varios
territorios de España".
Una "concurrencia de
intereses" que el
magistrado lleva más
allá a considerar que el
político y los dos
empresarios participaron
supuestamente en
operaciones de blanqueo
"a través de sociedades
panameñas".
Comisión rogatoria a
Panamá
En este sentido, el juez
recuerda que el 20 de
julio de 2015 remitió
una comisión rogatoria a
las autoridades del país
centroamericano para
indagar "en los
pormenores del viaje que
realizaron los tres
sospechosos entre los
días 2 a 7 de abril de
2013 a Costa Rica y
Panamá" para ofrecer
"sus servicios de
asesoramiento político,
publicidad y propaganda"
a cargos públicos de
estos países. De hecho,
recuerda que la
investigación ya ha
permitido constatar que
"desde hacía un año se
venían satisfaciendo
mensualidades de 12.906
euros por un contrato
con la alcaldesa de
Panamá [Roxana Méndez]
sobre 'mapa de
stakeholders, monitoreo
y reputación digital' en
términos muy similares a
los que realizaba[n]
para las autoridades
españolas".
La Púnica había
'exportado' el negocio
de la reputación
'online' a Panamá, donde
trabajaron para la
alcaldesa de la capital
Unos negocios al otro
lado del Océano
Atlántico que
desembocaron en febrero
de 2014 en la creación
por parte de José
Antonio Alonso Conesa,
Adrián de Pedro, hermano
de Alejandro y también
imputado en la causa, y
un empleado de EICO
Online SL de una empresa
en este paraíso fiscal
llamada Bonanno Media
SA. Por todo ello, el
juez Velasco rechaza
ahora de plano derivar
la investigación sobre
los trabajos de
reputación 'online' para
políticos a los juzgados
ordinarios al considerar
que existe una evidente
conexión entre las
actividades del 'gurú'
informático y las de
Granados y Marjaliza,
aunque la cifra del
'negocio' fueron unos
magros 200.000 euros.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-EUR-beneficio-reputacion-politicos_0_963504121.html
PÚNICA DA UN RESPIRO AL
PP: SU CAJA B, BAJO
SECRETO JUDICIAL DURANTE
LA INVESTIDURA
Pequeño respiro en
Génova 13. El titular
del Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, ha dictado
un auto por el que
prorroga el secreto de
sumario sobre la pieza
separada del 'caso
Púnica' en la que se
investiga la supuesta
financiación ilegal del
PP de Madrid. De este
modo, Mariano Rajoy
podrá afrontar un
previsible debate de
investidura a finales de
octubre sin la amenaza
de nuevas revelaciones
de corrupción sobre su
partido. El magistrado
justifica su medida en
que "el conocimiento por
parte de los
investigados y terceras
personas de los datos
que figuran en el
procedimiento podrían
afectar gravemente al
mismo". La decisión
cuenta con el apoyo de
la Fiscalía
Anticorrupción.
El juez justifica la
medida en la necesidad
de "asegurar los
posibles hallazgos" de
la investigación "sin
riesgo de ser
manipulados o
destruidos"
La decisión del
magistrado se plasma en
un auto del 5 de octubre
que ha sido ahora
comunicado a las partes
personadas en el
sumario. En el mismo, al
que ha tenido acceso
Vozpópuli, el juez
Velasco recuerda que el
pasado 13 de mayo
decidió "abrir nuevas
vías de investigación"
en referencia,
precisamente, a la pieza
separada número 14
iniciada entonces y en
la que se encuentran
como investigados el
exconsejero de OHL
Javier López Madrid y el
exgerente del PP de
Madrid Beltrán
Gutiérrez, junto al
exsecretario general de
la formación regional,
Francisco Granados, por
presunta financiación
irregular de los
'populares' en esta
comunidad.
"Las investigaciones de
tales hechos -continúa
el auto del magistrado-
están todavía en fase de
análisis, siendo preciso
a tales efectos asegurar
las fuentes de
información respecto a
las conexiones o nuevas
evidencias sobre la
participación indiciaria
en los mismos". El juez
Velasco recalca que es,
precisamente, para
"obtener y asegurar más
elementos probatorios"
por lo que considera
"necesaria la prórroga
del secreto en cuestión,
ya que el conocimiento
por parte de los
investigados y terceras
personas de los datos
que figuran en el
procedimiento, podrían
afectar gravemente al
mismo". En este sentido,
recalca que el objetivo
final es "asegurar los
posibles hallazgos [...]
sin riesgo de ser
manipulados o
destruidos".
Las anotaciones de
Granados
La pieza número 14 del
sumario tiene su punto
de arranque en una
libreta con anotaciones
manuscritas halladas en
el registro de la
vivienda de Francisco
Granados el día de su
detención, en octubre de
2014. En ella aparecían
iniciales y palabras en
inglés junto a diversas
cifras que pudieron ser
interpretados gracias a
la colaboración del
constructor David
Marjaliza, socio del
político. Gracias a él,
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil emitió en
noviembre de 2015 un
informe en el que se
apuntaban a la
existencia de una
supuesta caja B del PP
de Madrid.
La investigación sobre
la supuesta caja B del
PP madrileño arranca en
una libreta con
anotaciones manuscritas
intervenida a Granados
en su domicilio
Así, el documento
policial identificaba
las iniciales "NP" con
Nacho Palacios, antiguo
jefe de Gabinete de
Granados y también
imputado en la causa, y
la palabra "ME" con el
propio político al
considerar que era el
pronombre inglés que
significa 'yo' a la
vista que en las
columnas de entrada y
salida de efectivos
también figuraban los
términos 'in' y 'out'.
El informe de UCO
concluía de ello que
"ambos se quedaban con
parte del dinero que se
recaudaba, con destino a
BG", iniciales que los
agentes identifican con
Beltrán Gutiérrez, el
gerente del PP de
Madrid. En el apartado
de aportaciones aparece
JLM en referencia
supuestamente al
empresario Javier López
Madrid, yerno de Juan
Miguel Villar Mir y
amigo de los reyes de
España, vinculado a
entregas de 2 millones
de euros. Los agentes no
puderon despejar, sin
embargo, quién se
escondía tras las
iniciales "LB" y "JEC",
que habrían aportado
100.000 y 60.000 euros
días antes de las
elecciones europeas de
mayo de 2014.
El 12 de febrero, y
después de que el diario
El Español revelase que
se estaba investigando a
López Madrid, el juez
Velasco ordenó que se
registraran los despacho
del empresario en la
sede de OHL y las
dependencias del PP de
Madrid, dentro de la
sede nacional de Génova
13 en busca de
información sobre la
supuesta financiación
irregular. Días después,
ambos fueron llamados a
declarar como
investigados. Primero
por la Guardia Civil y,
el 26 de febrero pasado,
por el magistrado. En
ambas ocasiones, ambos
negaron los pagos
irregulares.
Las 'amenazas' leonesa y
murciana
Mientras la pieza sobre
la supuesta financiación
irregular del PP
madrileño se mantiene
bajo secreto, el juez
Eloy Velasco avanza a
velocidad de crucero con
otras dos piezas del
sumario del 'caso
Púnica' que quiere
concluir antes de que
acabe el año. Se trata,
en concreto, de las
referidas a las
'andanzas' de la trama
en la provincia de León
y en la Región de
Murcia. En la primera
está imputado, entre
otros, el que fuera
presidente de la
Diputación por los
'populares', Marcos
Martínez Barazón, además
de un alcalde del mismo
partido, Pedro Vicente
Sánchez. Éste último ha
pedido recientemente al
magistrado incorporar a
la causa una serie de
documentos presentes en
la pieza general ante la
próxima finalización de
la investigación. En la
pieza referida a Murcia,
las pesquisas salpican
directamente al
presidente de la
comunidad, Pedro Antonio
Sánchez, y a la senadora
del PP en esta comunidad
y ex alcaldesa de
Cartagena, Pilar
Barreiro, ambos
aforados. Entre los
últimos imputados se
encuentran varios
asesores de ambos. Uno
de ellos, David Conesa,
ha pedido recientemente
al juez Velasco que
retrase la toma de
declaración de dos
nuevos imputados
prevista para el próximo
viernes ante la
imposibilidad de asistir
su letrado. El
magistrado aún no se ha
pronunciado.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-PP-investigacion-secretas-investidura_0_962003951.html
EL JUEZ VELASCO PRORROGA
LA PRISIÓN DE GRANADOS
HASTA UN MÁXIMO DE DOS
AÑOS MÁS
El instructor considera
que el exdirigente del
PP sigue ocultando "una
cantidad todavía elevada
de dinero que esta
investigación todavía no
ha sido capaz de
decomisarle"
Tiene en cuenta además
la nula colaboración del
acusado y la destrucción
de pruebas ejecutada por
su entorno
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha
prorrogado hasta un
máximo de otros dos años
más la prisión
provisional del
exconsejero y
exdirigente del PP de
Madrid Francisco
Granados, que lleva dos
años encarcelado como
presunto cabecilla de la
trama de corrupción del
caso Púnica.
En su auto el juez
incluye todos los
indicios recabados en la
investigación contra el
que fuera alcalde de
Valdemoro y secretario
general del PP en Madrid
para concluir que,
además de los fondos en
metálico localizados en
Suiza al entorno de
Granados, así como sus
bienes incautados y
efectivo en metálico –un
millón de euros
encontrados ocultos en
el interior de un
armario de casa de sus
suegros–, según el juez
sigue disponiendo " de
una manera oculta de una
gran cantidad todavía
elevada de dinero que
esta investigación
todavía no ha sido capaz
de decomisarle que haría
que, en caso de ser
puesto en libertad, le
permitiría fácilmente
sustraerse a la acción
de la justicia".
Para tomar esta decisión
el juez ha tenido en
cuenta también la no
colaboración con la
investigación y el "
apoyo ideologizado" por
parte de determinadas
personas que incluso han
destruido pruebas (
documentos quemados o
triturados en el
Ayuntamiento de
Valdemoro) una situación
que podría todavía
aumentarse con Granados
en libertad, con una
presión mas directa y
presencial por parte del
investigado.
La Fiscalía
Anticorrupción había
solicitado este
miércoles al juez que
acordase la prórroga por
dos años más de la
prisión acordada contra
el presunto cabecilla de
la trama Púnica. Tras la
vista celebrada para
estudiar este asunto, en
la que el exsecretario
general del PP en Madrid
estuvo presente, su
abogado Carlos García de
Ceca manifestó que su
cliente está dispuesto a
declarar de nuevo "para
concretar algunas
cosas".
Granados había sido
citado al estar próxima
la fecha en la que se
cumplen dos años de su
entrada preventiva en
prisión, el 31 de
octubre de 2014. Las
acusaciones personadas
en la causa se habían
adherido a la petición
del fiscal para que
Granados continúe en la
cárcel .
La Audiencia Nacional ya
había rechazado su
petición de ponerle en
libertad en tres
ocasiones. El pasado mes
de junio, Velasco no
estimó la reclamación
del ex consejero
madrileño al considerar
que podría haber "graves
riesgos de obstrucción y
alteración de las
fuentes de prueba" que
podrían afectar a la
investigación.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/05/el_juez_velasco_prorroga_prision_granados_hasta_maximo_dos_anos_mas_55799_1012.html
GRANADOS RECONOCE QUE ES
SUYO EL MILLÓN DE EUROS
"DE IKEA" ENCONTRADO A
SUS SUEGROS
El político asegura
ahora en un escrito
presentado para pedir la
libertad provisional que
los 922.000 euros
hallados en un maletín
oculto en el altillo de
la casa de los padres de
su mujer forman parte
del dinero que tenía en
Suiza y que su socio
David Marjaliza le
entregó en España.
Ni generosos ladrones,
ni olvidadizos empleados
de Ikea, ni desprendidos
fontaneros. Los 922.000
euros encontrados
ocultos en un maletín en
el altillo de un armario
de la casa de los
suegros de Francisco
Granados ya tienen
propietario: el propio
político. El que fuera
'número 3' del Gobierno
de Esperanza Aguirre y
secretario general del
PP madrileño ha
presentado un escrito en
la Audiencia Nacional en
el que admite que dichos
fondos son suyos y que
forman parte del dinero
que en su día tenía en
cuentas bancarias de
Suiza. El político
intenta con ello
demostrar que no tiene
"una gran cantidad de
dinero oculto", uno de
los argumentos
esgrimidos recientemente
por el juez Eloy Velasco
para rechazar su puesta
en libertad y prolongar
hasta dos años más su
situación de prisión
preventiva.
Granados vincula ahora
el dinero encontrado en
casa de sus suegros con
los fondos que ocultaba
en Suiza y que repatrió
para él su socio
Marjaliza
El escrito, al que ha
tenido acceso Vozpópuli,
es un recurso de
apelación a dicha
decisión del magistrado
que le mantiene como el
único de los
investigados por el
'caso Púnica' que aún
sigue en prisión. En él,
asegura que el único
dinero que tuvo
escondido fue el que
atesoró la cuenta que
abrió en Ginebra cuando
aún era empleado de
banca y no había entrado
en política. De hecho,
asegura que cerró la
misma "voluntariamente"
al considerar que "no
era compatible con el
ejercicio de un puesto
político de cierto
relieve en Madrid,
dentro de la Comunidad".
Para hacerlo, añade,
cedió su saldo al
constructor David
Marjaliza, quien se "lo
reintegró en España".
Es en este punto de su
recurso en el que
relaciona ese dinero con
los 922.000 euros que se
intervinieron en
noviembre del año pasado
en casa de sus suegros.
Hasta ahora, la única
versión sobre el origen
de dichos fondos la
habían dado,
precisamente, estos
últimos, Juan Alarcón y
Catalina Castellanos, a
los que el juez Velasco
interrogó como
imputados. Entonces, el
primero intentó
justificar el hallazgo
en el hecho de que en su
vivienda habían entrado
muchas personas, entre
ellos ladrones, "los de
Ikea" y algún
"fontanero". Ahora, sin
embargo, su yerno
reconoce que ese dinero
es suyo por primera vez,
aunque como parte de su
argumento de que no
posee más propiedades
que le puedan permitir
huir. De hecho,
considera que este
"patrimonio oculto" del
que habla el juez en sus
últimos autos no es sino
"una elucubración, una
sospecha, una hipótesis
del instructor carente
de un auténtico
fundamento" y que es
utilizada como "fórmula
estereotipada" para
rechazar sus peticiones
de excarcelación.
Su mujer y dos hijas
En este punto, Granados
compara su situación con
la de "múltiples
personas que por hechos
similares y mucho más
importantes se pasean en
estos momentos por las
sedes de nuestro
Juzgados y tribunales,
según es público y
conocido". Aunque no
cita nombres concretos,
parece referirse a
Rodrigo Rato y otros
relevantes implicados en
casos de corrupción que
no están en prisión
provisional como él.
Además, el político
'popular' destaca que
tampoco se ha tenido en
cuenta su arraigo más
que demostrable que
convierte en
prácticamente imposible
que intente fugarse si
es puesto en libertad.
De hecho, en el recurso
recuerda que "es natural
del pueblo [Valdemoro]
donde vive con su mujer
y dos hijas de poco más
de 19 ó 20 años" y que
éstas "están en
necesidad evidente de
tener a su padre en
casa". También asegura
que su madre "le visita
cada fin de semana en la
única salida que hace de
su casa desde que el
hijo entró en prisión".
El político esgrime su
situación familiar para
pedir a la Audiencia
Nacional que revoque la
decisión del juez
Velasco de mantenerlo en
prisión
A todo ello, añade que
todos los miembros de su
familia "subsisten"
gracias al trabajo de su
mujer, cuyo sueldo, sin
embargo, no les permite
hacer frente a los pagos
de la hipoteca de la
casa donde viven "con el
riesgo que ello
comporta". También
recuerda que él ha
perdido su puesto de
trabajo en el banco
Societé Genérale, donde
era analista financiero,
y que "la privación de
libertad le impide
buscar una oportunidad
de empleo cuando su edad
le incluye entre los más
difíciles de colocar".
Circunstancias todas
ellas que el ex
secretario general del
PP madrileño quiere que
la Audiencia Nacional
tenga en cuenta ahora
para anular la decisión
del juez Velasco de
mantenerlo en prisión.
El recurso de Granados
también repite el
argumento que esgrimió
en su anterior escrito
en el que pedía la
libertad. En concreto,
el supuesto
incumplimiento de una
directiva europea que
obliga a la Justicia de
los países de la UE a
facilitar a los
imputados información
suficiente sobre la
causa para garantizar
"un efectivo ejercicio
del derecho de defensa"
y que, en su caso,
considera que no se ha
producido por la larga
duración del secreto de
sumario. Entonces
sustentaba su petición
en tres resoluciones
judiciales recientes que
ahora vuelve a citar.
Dos son referidas a
sendos directivos del
banco chino ICBC
arrestados por blanqueo
de capitales, y la
tercera de un presunto
narcotraficante, en las
que sí se aplicó dicha
legislación y que supuso
su inmediata puesta en
libertad hace sólo unos
meses.
Ocho años en un altillo
La versión aportada
ahora por Francisco
Granados sobre el origen
de los 922.000 euros
implica que dicho
dinero, que
supuestamente llegó e
agosto de 2007 a España
blanqueado mediante una
operación urbanística
'pantalla', llevaba más
de ocho años oculto en
el maletín cuando la
Guardia Civil lo
encontró en noviembre de
2015 en el registro de
la casa de los suegros
del político. Un informe
de la Unidad Central
Operativa (UCO)
incorporado al sumario
detalla que Granados
llegó a acumular 1,67
millones de euros en su
cuenta suiza cuando
decidió repatriarlo ante
el temor de que "pudiera
ser descubierta por las
autoridades españolas"
en un momento en el que
formaba parte del
Ejecutivo regional de
Aguirre. Para ello,
transfirió todo ese
dinero a la cuenta que
Marjaliza tenía abierta
en el banco UBS de
Ginebra a nombre de la
sociedad costarricense
Droz & Co SA, Días
después, el entonces
dirigente del PP vendió
al constructor cuatro
parcelas en Valdemoro
por 1,55 millones de
euros, un valor muy
superior al de mercado,
en una operación que los
investigadores califican
de "ingeniosa" y que
permitió a Granados
"disponer en nuestro
país de los fondos de
origen injustificado que
tenía depositados en
Suiza con total
impunidad y opacidad".
De ser cierta la versión
que el político da
ahora, casi dos terceras
partes de ese dinero ya
blanqueado quedó
escondido en el maletín
hallado casa de los
padres de su mujer.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Granados-reconoce-Ikea-encontrado-suegros_0_961404194.html
SEGÚN LA UCO, MARJALIZA
Y OTROS EMPRESARIOS,
FUNCIONABAN COMO LA
GÜRTEL Y REGALABAN
CESTAS, RELOJES,
JAMONES…
Entre los implicados
desde la mujer de
Granados, a Tomás Gómez
La Guardia Civil informa
de una lluvia de regalos
de la Púnica para
alcaldes del PP y del
PSOE del sur de Madrid
A lo largo del mes de
mayo y junio, la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil
entregó dos informes de
decenas de páginas al
juez de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco,
en los que se recoge un
interminable listado de
regalos realizados por
dos de los principales
empresarios involucrados
en la trama Púnica:
David Marjaliza y Ramiro
Cid. Entre los
receptores de regalos
figuran desde alcaldes
de un buen número de
localidades del sudeste
y el sur de Madrid, a
concejales de urbanismo
y funcionarios.
Lo que ponen al
descubierto estos
listados son los modos
de operar de estos
empresarios, que habrían
copiado las maneras que
usaban también Francisco
Correa y sus socios en
la Gürtel: ganarse a
través de un menudeo de
regalos de muy diversa
cuantía, las voluntades
de quienes decidían los
concursos públicos que
abrían estos
ayuntamientos.
En el informe de la
actuación de David
Marjaliza, la UCO
especifica que los
listados, bajo el
epígrafe de Regalos de
Navidad, se
intervinieron en el
despacho de Ana María
Ramírez, secretaria del
empresario, y que
corresponden a los
periodos navideños entre
los años 2003 y 2007. A
lo largo de nada menos
que 125 páginas, los
miembros de la UCO hacen
un relato del tipo del
nombre y cargo de cada
uno de los beneficiados,
así como del regalo que
se les entregaba.
En el informe, aunque
los implicados son casi
por completo en la
Comunidad de Madrid,
también aparecen de
otras Comunidades.
Igualmente, aunque la
inmensa mayoría de los
receptores de regalos
son alcaldes y
concejales del PP,
aparecen también algunos
exalcaldes socialistas.
como es el caso de Tomás
Gómez, de Parla, o Jesús
Dionisio, de Aranjuez.
Así, como se ve en la
captura del informe que
adjuntamos, se señala
cómo a la alcaldesa en
su momento, ahora
senadora, Pilar Barreiro
se le regaló un bolso en
las navidades del año
2003. Y junto a los
alcaldes populares de
Arganda, Pedro Díez, de
Torrejón, Miguel Ángel
López, Arturo González
Panero, el
albondiguilla, de
Boadilla, o José Manuel
García de Valdemoro,
aparece también el
entonces alcalde
socialista de Parla,
Tomás Gómez, a todos los
cuales se les envió una
cesta y relojes o
plumas.
Igualmente, como
decimos, también en el
listado de beneficiarios
de los regalos de
Marjaliza por navidades,
aparecen concejales,
especialmente de
Urbanismo o de Hacienda,
como es el caso del
Primer Teniente de
Alcalde de Getafe,
Francisco José Hita, el
de Urbanismo de Arganda,
Miguel A. Pascual, o el
de Urbanismo de Parla,
Wilfredo Jurado.
Pero el listado cala
hacia funcionarios, en
varios casos, como
muestra una de las
capturas que adjuntamos,
a los sargentos de las
policías locales, entre
los que se repartían
cofres-DVD, cofres-vino
o jamones.
El mismo modo de
comportamiento se
encontró en un registro
que realizó la UCO en la
sede social de las
empresas Obras y Vías
S.A. y Tuvalu Gestión,
“vinculadas al
empresario Ramiro Cid
Sicluna” según consta en
el informe de la Guardia
Civil. En el caso de
estos listados de
regalos navideños
figuran las mismas, o
muy parecidas, personas
en razón de sus cargos.
La entrega de estos
regalos, según el
informe de la UCO, lo
llevaba a cabo
personalmente en su
mayoría un empleado del
empresario, llamado
Emilio Esteban Muñoz.
Además de alcaldes,
concejales y diversos
funcionarios de los
ayuntamientos, en el
caso de Cid se incluyen
también altos cargos de
diversas Consejerías de
la Comunidad de Madrid,
así como de miembros de
la Asamblea, como se
puede ver en la captura
del informe que acompaña
esta información.
http://www.elplural.com/2016/10/04/la-guardia-civil-informa-de-una-lluvia-de-regalos-de-la-punica-para-alcaldes-y-altos
DIMITE EL DIRECTOR DE
INDUSTRIA DE CIFUENTES
TRAS EL ESCÁNDALO POR SU
AUTOADJUDICACIÓN
Contrató a su empresa
desde una fundación de
la Comunidad
El actual director
general de Industria de
la Comunidad de Madrid,
Carlos López Jimeno,
adjudicó contratos por
192.024,79 euros a una
empresa de la que es
accionista, según un
informe de Hacienda
incluido en el sumario
del caso Púnica.
Desde la Fundación de
Energía
López Jimeno adjudicó
contratos en beneficio
de su empresa, Alba
Ingenieros, entre los
años 2000 y 2012, desde
la Fundación de la
Energía de Madrid,
adscrita a la Consejería
de Economía, Empleo y
Hacienda, a la que
también pertenece el
alto cargo de Cifuentes.
Alba Ingenieros, de la
que López Jiménez posee
el 20%, recibió 35.675
euros en el año 2010,
59.250 euros en 2011 y
97.100 euros en 2012.
Implicada otra empleada
de la Comunidad
En el informe de la
Agencia Tributaria
aparece el nombre de
María del Pilar García
Bermúdez, que posee el
40% de la propiedad de
Alba Ingenieros, y que
también es empleada de
la Comunidad de Madrid.
La Fundación para la
Energía de la Comunidad
de Madrid está siendo
investigada por la
Audiencia Nacional por
sus pagos realizados a
la empresa Cofely,
epicentro de la trama
Púnica.
http://www.elplural.com/politica/2016/10/20/dimite-el-director-de-industria-de-cifuentes-tras-el-escandalo-por-su
LA UCO DESTAPA 'DE
REBOTE' EN PÚNICA UN
NUEVO PUFO EN LOS
GOBIERNOS DE AGUIRRE
Un informe de la Guardia
Civil destaca que el
director general de
Industria, Carlos López
Jimeno, es socio de una
empresa que facturó
161.000 euros a una
fundación en la que
participa la Comunidad
de Madrid. Su nombre ya
se había visto salpicada
en el supuesto amaño de
la trama de un contrato
en Alcalá de Henares.
La Guardia Civil buscaba
pruebas de un nuevo
amaño de la trama Púnica
y ha encontrado en una
fundación en la que
participa la Comunidad
de Madrid supuestas
irregularidades que no
tienen nada que ver con
la trama presuntamente
encabezada por Francisco
Granados. El reciente
informe elaborado por la
Unidad Central Operativa
(UCO) sobre las
'andanzas' de la red de
corrupción en el
Ayuntamiento de Alcalá
de Henares (Madrid)
incluye un apartado en
el que se destaca que el
director general de
Industria, Energía y
Minas del gobierno
autónomo desde hace más
de quince años, Carlos
López Jimeno, era socio
de la mercantil Alba
Ingenieros Consultores
SL, que entre 2010 y
2012, cuando Esperanza
Aguirre encabezaba el
Ejecutivo regional,
facturó más de 161.270
euros (más IVA) a la
Fundación de la Energía
de la Comunidad de
Madrid (Fenercom) en la
que el mismo ocupa el
cargo de vicepresidente
en representación del
Gobierno autónomo.
El informe de la UCO
destaca que López Jimeno
es accionista de una
empresa que facturó
161.000 euros a la
fundación de la que es
vicepresidente
El nombre de este alto
cargo del Ejecutivo
regional ya se había
visto salpicado en mayo
en el caso Púnica al
localizar los agentes
documentos que apuntaban
que presuntamente había
mediado para que la
multinacional Cofely se
hiciera precisamente con
el contrato de
eficiencia energética en
dicho consistorio.
Vozpópuli se puso este
lunes en contacto con la
Consejería de Industria
para recabar la versión
de López Jimeno, quien a
través de un portavoz de
este departamento
reconoció haber tenido
relación con dicha
compañía hasta 2003,
pero negó haber formado
parte de su
accionariado. No
obstante, estas mismas
fuentes señalaban que
tras conocer por la
llamada de este medio el
contenido de dicho
informe de la UCO la
consejería iba a
analizar si en los
contratos ahora bajo
sospecha "se habían
producido prácticas no
adecuadas".
El informe, fechado el
pasado 13 de septiembre
y al que ha tenido
acceso este diario,
insiste, precisamente,
en la supuesta
participación del
director general de
Industria en la
adjudicación del
contrato de Alcalá de
Henares a Cofely y la
relación de "amistad"
del alto cargo del
ejecutivo autonómico con
uno de los directivos de
la empresa de eficiencia
energética imputados en
la causa, Constantino
Álvarez. De hecho, la
UCO destaca un correo
electrónico del 8 de
noviembre de 2012
localizado en la cuenta
de este último en el que
se aseguraba que
presuntamente tuvo que
pedir "un favor" a
Carlos López Jimeno que
"buscaría ventilar las
dificultades que en ese
momento atravesaba la
adjudicación a Cofely
España SAU" de dicho
concurso, valorado en
más de 12 millones de
euros.
"A juicio policial"
"A juicio policial
-continúa el documento
de la Guardia Civil-,
Carlos López Jimeno les
pudo ayudar a conseguir
el contrato
desbloqueando el proceso
de adjudicación". En
este sentido, los
agentes destacaban el
detalle de que en una
nota manuscrita del
propio Constantino
Álvarez figuraba su
nombre en una relación
de personas como "una de
las vías de ataque" en
este municipio
madrileño, además de la
existencia de otros 'emails'
en los que este mismo
directivo de Cofely
mostraba su malestar por
el retraso de su
compañía en realizar
determinados pagos a la
Fundación de la Energía,
de la que la era socio
colaborador. En uno de
éstos, dirigido a
empleados de su
compañía, Constantino
Álvarez recordaba que
"el DG [director
general] de Industria
nos ha ayudado para
conseguir el contrato de
Alcalá de Henares, yo le
pedí el favor”.
Integrantes de la trama
Púnica aseguraban en sus
'emails' que el alto
cargo de Industria les
había ayudado "para
conseguir el contrato de
Alcalá de Henares"
A raíz de esos primeros
indicios, el pasado 11
de noviembre el juez
Eloy Velasco solicitó
información bancaria y
fiscal sobre los
movimientos económicos
de la Fundación con el
objetivo de saber si en
este proceso alguien
pudo "beneficiarse de
forma injustificada".
También reclamó a la
Agencia Tributaria toda
la información relativa
a las operaciones de
dicho organismo con
terceras personas y,
sobre todo, las
cantidades cobradas de
Cofely. También pidió a
la Asociación de Banca,
a la Confederación
Española de Cajas de
Ahorro y a la Unión
Nacional de Cooperativas
de Crédito información
sobre las cuentas
bancarias de la
Fundación de la Energía
y sus movimientos desde
2008 hasta la fecha.
Poco después, los datos
llegaban al Juzgado y
con sorpresa.
Así, además de detallar
que en los años 2011,
2013 y 2014 este
organismo recibió de la
multinacional de
eficiencia energética un
total de 43.260 euros,
Hacienda destacaba que
la Fundación de la
Energía había pagado
entre 2010 y 2012 a una
empresa llamada Alba
Ingenieros Consultores
SL 161.270,11 euros por
la realización de
diversos folletos
divulgativos. La
información de la
Agencia Tributaria
resaltaba que en
aquellos años figuraban
supuestamente como
socios de esta mercantil
el propio Carlos López
Jimeno y María Pilar
García Bermúdez,
administradora de la
propia Fundación, con un
20 y un 40% del capital
social respectivamente.
Tras esos nuevos datos,
la Guardia Civil se
desplazó el pasado 23 de
mayo a la sede que la
Fundación tiene en el
número 17 de la calle
Menéndez Pidal, en
Madrid. Los guardias
civiles se presentaron
con un requerimiento
judicial para
intervenir,
precisamente, las
facturas pagadas a Alba
Ingenieros Consultores
SL en el periodo
2010-2012, que coincide
con los últimos tres
años de Aguirre al
frente de la Comunidad
de Madrid.
Quince facturas
Toda esa información ha
sido incluida ahora por
la UCO en su informe del
pasado 13 de septiembre
en el que se detalla,
una por una, las quince
facturas que Alba
Ingenieros Consultores
cargó a la Fundación en
esos tres años en los
que, según la Agencia
Tributaria, López Jimeno
supuestamente compaginó
su condición de
accionista y de alto
cargo, figurando además
como autorizado en las
cuentas de la Fundación
junto a la otra socia de
la empresa ahora bajo
sospecha. Así, dichas
facturas revelas que
esta sociedad realizó en
2010 una "guía de buenas
prácticas para el ahorro
y la eficiencia
energética en
explotaciones mineras" y
un "estudio diagnóstico"
sobre el mismo tema por
los que cobró un total
de 30.233,08 euros.
La UCO acudió en mayo a
la Fundación de la
Energía a requisar las
15 facturas de la
empresa vinculada al
director general de
Industria
Al año siguiente, la
facturación creció hasta
los 50.211,66 euros por
seis trabajos. Desde una
"publicación infantil
sobre la eficiencia
energética de los
animales" hasta un
"díptico sobre
recomendaciones para
ahorrar energía en los
edificios públicos",
pasando por un folleto
divulgativo "sobre
domótica", varias
ilustraciones y un nuevo
"estudio diagnóstico"
sobre minería.
Finalmente, en 2012 la
Fundación para la
Energía pagó a Alba
Ingenieros Consultores
SL un total de 80.825,37
euros por otros siete
trabajos de similares
características. Así,
había una "publicación
divulgativa sobre la
energía de los residuos"
y su "ilustración", otra
sobre "movilidad y
eficiencia energética" y
uno más sobre
"valorización energética
de residuos sólidos
urbanos", así como la
redacción de los textos
para una manual sobre
"confort ambiental" y
para ahorro energético
en comunidades de
propietarios.
Relación hasta 2003
Cuando se conoció la
supuesta relación de
López Jimeno en las
irregularidades del
contrato de eficiencia
energética del
Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, la
Consejería de Industria
salió en su defensa y
negó que su alto cargo
hubiera realizado
gestiones para que
Cofely se hiciera con
aquel millonario
concurso. Entonces,
también destacaban que
ni Guardia Civil ni juez
le habían atribuido
ningún acto delictivo,
algo que lo que
insistían ayer a este
diario. Lo que sí
reconoció López Jimeno a
Vozpópuli este lunes a
través de un portavoz de
la Consejería es que
había tenido relación
con la empresa bajo
sospecha hasta 2003,
aunque negó que llegase
a ser accionista.
También aseguró que su
puesto en la Fundación
como vicepresidente en
su condición de director
general de Industria "no
tiene funciones
ejecutivas y por tanto
no participa ni tiene
responsabilidad en temas
de contratación".
López Jimeno reconoce
haber tenido relación
con la empresa bajo
sospecha hasta 2003,
pero niega haber sido
accionista cuando ésta
facturó a la Fundación
Pese a ello, el informe
de la Guardia Civil le
dedica a López Jimeno en
las "conclusiones" de su
último informe una
página completa. La
misma extensión que, por
ejemplo, ocupa Bartolomé
González, ex alcalde de
Alcalá de Henares y
actual parlamentario
regional del PP, uno de
los principales
protagonistas de la
investigación de la
Guardia Civil sobre un
contrato de eficiencia
de 12 millones de euros
en el tercer mayor
municipio de la
Comunidad.
Seis altos cargos en la
Fundación
La Fundación de la
Energía fija en su
página web como objetivo
de su actividad
"fomentar, impulsar y
realizar iniciativas y
programas de actuación
para investigar,
estudiar y apoyar
actuaciones de
conocimiento, desarrollo
y aplicación de las
tecnologías
energéticas". El fin es
lograr "una mejora del
ahorro y la eficiencia
energética, el fomento
del uso racional de la
energía y, en general,
la óptima gestión de los
recursos energéticos".
Para ello, "realiza
labores de difusión y
concienciación mediante
campañas informativas,
edición de guías
técnicas y organización
de jornadas", incluido
la elaboración de
"cuadernos escolares".
Es precisamente en todo
este tipo de material
divulgativo donde se
centran ahora las
pesquisas de la Guardia
Civil.
Como patronos natos de
la entidad figuran seis
miembros de la
Consejería de Economía y
Hacienda. En concreto,
aquellos que en cada
momento ocupen los
cargos de consejero,
viceconsejero, los
directores generales de
Comercio, de Industria,
Energía y Minas, y de
Economía, Estadística e
Innovación Tecnológica,
así como el gerente del
Instituto Madrileño de
Desarrollo. También
están representados la
Cámara Oficial de
Comercio e Industria
regional, la
Confederación
Empresarial de Madrid,
la Universidad
Politécnica, la
Universidad Rey Juan
Carlos, y las empresas
CEPSA, Endesa, Gas
Natural, Fundación
Iberdrola, Repsol y
Unión Fenosa. También
aparecen como patronos
"electivos" Red
Eléctrica Española, CLH,
Enagás, Madrileña Red de
Gás y dos asociaciones
sectoriales de
empresarios, APIEM y
ASEFOSAM.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/UCO-investigacion-Punica-Ejecutivos-Aguirre_0_959304563.html
LA OFICINA ANTIFRAUDE DE
LA UE PIDE AL JUEZ DE
‘PÚNICA’ DATOS DE UNA
ADJUDICACIÓN MILLONARIA
DE LA ETAPA DE IGNACIO
GONZÁLEZ
La OLAF reclama informes
sobre un contrato de
publicidad de 4,6
millones otorgado en
2014 por el Canal de
Isabel II para decidir
si abre investigaciones
en defensa de los
intereses de la Unión
La Guardia Civil ya
interrogó a varios
testigos sobre si habían
recibido instrucciones o
presiones para que
subcontrataran a las
empresas de Alejandro de
Pedro
La Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF)
pidió en junio a través
de su enlace en el
Gobierno español datos
sobre un contrato
millonario investigado
en la Operación Púnica.
Se trata de un contrato
de publicidad que
adjudicó por 4,6
millones más IVA la
empresa pública Canal de
Isabel II en enero de
2014, durante la etapa
de Ignacio González como
presidente de la
Comunidad de Madrid. Así
consta en documentos
incorporados al sumario
del caso y a los que ha
tenido acceso infoLibre.
Relativo a la gestión de
compra de medios -un
servicio mayorista para
la colocación de
paquetes de publicidad
del mismo anunciante en
medios de comunicación-
y al diseño de campañas,
el contrato fue
adjudicado a uno de los
grandes del sector:
Arena Media
Communications España
SA, del grupo Havas. La
adjudicación se produjo
el 29 de enero de 2014
tras un concurso
abierto.
El papel del Canal de
Isabel II en los manejos
de la trama Púnica ya
viene siendo investigado
desde el inicio de la
operación. En junio de
2015, el juez de la
Audiencia Nacional que
instruye el caso, Eloy
Velasco, ya dictó un
auto en el que afirmaba
que la empresa madrileña
de aguas había sido uno
de los vehículos
utilizados por el
exconsejero madrileño de
Presidencia, el hoy
imputado Salvador
Victoria, para ordenar
pagos fraudulentos a las
empresas de Alejandro de
Pedro. Experto en
reputación online, a
Alejandro de Pedro le
consideran los
investigadores ¡uno de
los grandes
conseguidores de la
trama. Su hermano Adrián
ya declaró en octubre de
2014 que la Comunidad de
Madrid estaba abonando a
las empresas Eico y
Madiva, mascarón de proa
empresarial de De Pedro,
"facturación ficticia" a
través del Canal de
Isabel II.
Sobre el contrato de
Arena Media giraron hace
ya más de un año, en
mayo de 2015, varios
interrogatorios
efectuados por la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil a
directivos de Arena
Media en calidad de
testigos. Tres preguntas
repetidas a lo largo de
los interrogatorios a
los testigos de Arena
Media delatan qué
buscaban y buscan los
investigadores. La
primera de esas
preguntas fue la de si
alguien había presionado
a Arena Media o le había
dado instrucciones para
que subcontratara a
Alejandro de Pedro, cuyo
papel ha ido creciendo a
ojos de los
investigadores a medida
que han avanzado las
pesquisas sobre la
presunta financiación
ilegal del PP. Esa parte
de caso continúa bajo
secreto de sumario.
La segunda pregunta de
relieve versaba sobre si
Salvador Victoria, que
en 2014 ostentaba dos
cargos heredados de
Ignacio González -no
solo era consejero de
Presidencia en Madrid
sino que también
presidía el Canal de
Isabel II-, intervino de
algún modo en la
adjudicación de aquel
contrato. Y la tercera,
si los superiores
jerárquicos del testigo
en cuestión o alguien
del Canal de Isabel II
le habían sugerido
alguna vez que realizase
"facturación ficticia" o
pagos por trabajos que
no se correspondían con
los derivados del
contrato. Ninguno de los
testigos aportó ninguna
respuesta comprometedora
para el Canal de Isabel
II o para Alejandro de
Pedro.
"Posiblemente"
cofinanciado por Europa
La OLAF, a la que la
Guardia Civil respondió
el 15 de julio para
comunicarle que el
análisis sobre ese
contrato aun no había
finalizado, reclama los
informes para
determinar, a la vista
de su contenido, si debe
abrir una investigación
propia. Y ello porque,
según el escrito por el
que solicita los datos,
aquel contrato fue
"posiblemente"
cofinanciado con fondos
europeos.
"La investigación a día
de hoy no se ha
concluido -se lee en el
oficio que la Guardia
Civil envió el 15 de
julio al juez de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco para que lo
hiciera llegar a la OLAF-
a fecha de hoy no se ha
concluido, quedando por
aportar el análisis y
conclusiones del mismo
ante el Juzgado
competente de la
Audiencia Nacional".
Transmitido al citado
juez por el Servicio
Nacional de Coordinación
Antifraude del
Ministerio de Hacienda,
el escrito de la OLAF
había trazado semanas
antes un relato
detallado del porqué del
interés de la Oficina
Antifraude: "La OLAF
-dice el texto- está
procediendo al análisis
de la información
disponible, de cara a la
posible apertura de una
investigación en caso de
haber una sospecha
suficiente de fraude,
corrupción u otra
actividad ilegal en
detrimento de los
intereses financieros de
la Unión Europea".
"El fundamento de la
intervención de la OLAF
en este caso -prosigue
el escrito- es la
posible cofinanciación,
con fondos procedentes
de la Unión Europea, del
mencionado contrato
público o de otros
contratos adjudicados
por la empresa en
cuestión que estén
siendo objeto de
investigación".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/09/29/la_oficina_antifraude_pide_datos_contrato_millonario_etapa_ignacio_gonzalez_que_investiga_juez_punica_55455_1012.html
LOS FUNCIONARIOS CERCAN
AL DIPUTADO MADRILEÑO
DEL PP BARTOLOMÉ
GONZÁLEZ
El jefe de contratación
del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares relata
a la Guardia Civil que
de forma "inusual" fue
excluido de la
preparación del contrato
a Cofely que
supuestamente supuso una
mordida de 60.000 euros
para el hoy diputado del
PP de Cristina Cifuentes
en la Asamblea de Madrid
Otra funcionaria desvela
que un cargo de
confianza de Bartolomé
González fue el
responsable de la
redacción y preparación
del contrato, que fue
amañado para la Púnica
según los investigadores
El jefe de contratación
de Alcalá de Henares,
Héctor Benito Bárez,
afirma en su declaración
como testigo en el caso
Púnica que en 2011 el
equipo del entonces
alcalde y hoy diputado
de Cifuentes, Bartolomé
González, lo excluyó de
forma sorprendente del
procedimiento de
adjudicación del
polémico contrato de
eficiencia energética a
Cofely por 12 millones
de euros, que
supuestamente supuso una
mordida de 60.000 para
el propio alcalde.
El jefe de contratación
dice a la Guardia Civil
en una declaración a la
que ha accedido la
Cadena SER que, "a
diferencia de otros
expedientes, no elaboró
los pliegos económicos
administrativos, ni el
informe jurídico, ni
participó en la
preparación del
contrato". Que incluso
"desconocía" su
existencia y se enteró
cuando fue aprobado por
la junta de Gobierno
local que presidía
Bartolomé González.
Y era el jefe de
contratación. Preguntado
por la Guardia Civil por
qué cree que fue
excluido del contrato
supuestamente amañado,
contesta que porque en
la tramitación se
cometieron
irregularidades que no
hubiera aceptado. De
hecho, los pliegos
fueron redactados por la
empresa adjudicataria
Cofely, y quien estuvo
al frente de todo el
proceso fue Fernando
García Rubio, asesor
jurídico nombrado por el
hoy diputado Bartolomé
González y cargo de
confianza de éste.
Otro testigo, la
directora de Área de
Alcalá, Marta Isabel
Mejías, corrobora el
testimonio del jefe de
contratación: que el
asesor jurídico de
confianza de González
llevase el procedimiento
de adjudicación "no era
habitual sino algo
excepcional", admite.
http://cadenaser.com/m/ser/2016/10/19/tribunales/1476879049_577373.html
LA UCO CONFIRMA QUE
'BARTOLO', MANO DERECHA
DE AGUIRRE, COBRÓ UNA
MORDIDA DE 60.000 EUROS
DE PÚNICA
Un informe de la Guardia
Civil revela el modus
operandi de los miembros
de la trama Púnica para
pagar a Bartolomé
González a cambio de que
el Ayuntamiento de
Alcalá les asignase un
contrato de eficiencia
energética.
La Guardia Civil ha
entregado al juez Eloy
Velasco un informe de
conclusiones del que se
extrae el modus operandi
de los miembros de la
trama Púnica para pagar
a Bartolomé González, ex
alcalde y actual
diputado del PP de la
Asamblea de Madrid a
cambio de que el
Ayuntamiento les
asignase un contrato de
eficiencia energética.
"Pedro García habría
acordado el pago de
60.000 euros con el ex
alcalde en el
Ayuntamiento, Bartolomé
González (...). Quedaría
evidenciado cómo desde
Cofely pudieron usar la
mercantil Construcciones
y Reformas de la Peña,
S.L., instrumentalmente,
con el único fin de
generar una factura
falsa por importe de
60.000 euros para la
ejecución de unas obras
(...) inexistentes (...)
en las instalaciones
municipales de Alcalá de
Henares", dice el texto
al que ha tenido acceso
el diario El Mundo.
La UCO considera que los
involucrados en este
asunto -entre los que
también hay ex
concejales, asesores
jurídicos del
Consistorio y un ex
director general de
Industria-, pueden haber
incurrido en delitos
contenidos en el título
XIX del Código Penal que
es el que corresponde al
cohecho y a la
prevaricación. El
informe describe el
funcionamiento de una
máquina engrasada para
manipular concursos y
comprar voluntades. Un
presunto caso de
corrupción que se
produce cuando Cofely,
la empresa que asesoraba
David Marjaliza, el
cerebro de la trama
Púnica por la que
también está en prisión
el ex dirigente popular
Francisco Granados,
aspira a ser contratada
por el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares.
El informe de la Guardia
Civil describe el
funcionamiento de una
máquina engrasada para
manipular concursos y
comprar voluntades
Según publica el citado
diario, el primer paso
fue el acceso al alcalde
por parte del ya citado
Pedro García, director
de Mercado Público en
Cofely. En uno de los
correos electrónicos
entre dos de los
investigados se puede
leer: "Hablado con el
jefe (supuestamente el
entonces alcalde). Si la
oferta está bien
planteada, no hay de qué
preocuparse... Está
clara la preferencia y
las instrucciones están
dadas". Y en otro de los
mensajes : "Hemos estado
con el alcalde Bartolomé
en varias ocasiones,
contamos con
colaboradores
externos... ya tenemos
los pliegos muy
avanzados...contamos con
todas las bendiciones
para ganar".
Una vez ganada la
voluntad del alcalde, el
informe describe cómo
García se reúne con
Fernando García Rubio,
el asesor jurídico del
Ayuntamiento que tenía
que elaborar el pliego
de condiciones y
colabora con éste "en la
inclusión de unos
criterios de
adjudicación que
aportaron al proceso un
alto nivel de
arbitrariedad y
discrecionalidad... en
beneficio de la
mercantil Cofely". La
UCO sostiene que, este
asesor, a su vez,
recibió, presuntamente,
más de 40.000 euros por
dos colaboraciones de
dos de sus empresas con
Cofely.
La oferta de Cofely
El gerente del Instituto
de Planificación, David
Larranzábal, por su
parte, elaboró un pliego
técnico oficial
"prácticamente
coincidente" con el que
Cofely le había
remitido. Cuando el
órgano de contratación
desestimó la oferta de
Cofely, Marcelo Isoldi,
el concejal de
Proyectos, impulsó que
se realizara un informe
externo que aconsejara
su puesta en marcha.
Elena Santana, directora
del Área del régimen
Jurídico, propuso tres
empresas estrechamente
relacionadas con Cofely
para que elaboraran
dicho informe. Y hasta
Carlos López Jimeno, el
director general de
Industria de la
Comunidad de Madrid,
intervino para
desbloquear el contrato.
Uno de los dirigentes de
Cofely, Constantino
Álvarez, asegurará: "El
DG de Industria nos ha
ayudado para conseguir
el contrato de Alcalá de
Henares. Yo se lo pedí".
Los investigadores
sostienen que
Construcciones y
Reformas de la Peña es
una empresa que
Marjaliza "utilizaba"
para "la emisión de
facturas falsas o con
precios incrementados
artificialmente". En el
caso de Alcalá, fue
emitida una factura
"para la realización de
diversas obras en
instalaciones
municipales por importe
de 60.000 euros sin
IVA". Pero añaden: "En
la copia del libro de
empresas subcontratadas
por Cofely aportado por
dicha empresa al
Ayuntamiento, no figura
en la relación de
subcontratadas y los
conceptos recogidos en
el presupuesto no se
corresponden con los
trabajos que realmente
fueron realizados".
http://vozpopuli.com/actualidad/90579-la-uco-confirma-que-bartolo-mano-derecha-de-aguirre-cobro-una-mordida-de-60-000-euros-de-punica
LA AUDIENCIA NACIONAL
AVANZA EN UNA NUEVA VÍA
DE FINANCIACIÓN ILEGAL
DEL PP A TRAVÉS DE LA
TRAMA PÚNICA
Los investigadores
sospechan que el partido
en Madrid recibió
mordidas de Arturo
Fernández a cambio de la
adjudicación de un
restaurante en la
Asamblea de Madrid
El juez Velasco sigue el
hilo de una libreta de
Granados donde consta
que recibió 1,4 millones
de euros para el PP
madrileño
Púnica se convierte en
otro de los casos de
corrupción que deriva en
una posible financiación
ilegal del PP
Dentro del macrosumario
de Púnica, un entramado
de corrupción que ha
sumado más de 250
millones de euros en
contratos con distintas
administraciones, muchos
de ellos amañados a
través de sobornos, el
juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha
encontrado un hilo del
que ha tirado para
investigar otro presunto
caso de financiación
ilegal del PP. Aunque
esta rama del caso, la
pieza 14 del sumario
Púnica, continúa
secreta, fuentes de la
investigación confirman
que las pesquisas
apuntan al expresidente
de la patronal madrileña
Arturo Fernández y a los
sucesivos contratos que
le permitieron explotar
el restaurante de la
Asamblea de Madrid entre
2007 y 2013 a cambio de
más de un millón de
euros para su sociedad
hostelera, Grupo
Cantoblanco.
Agentes de la Unidad
Central Operativa de la
Guardia Civil se han
presentado este martes
en la Cámara Regional
para pedir los
contratos. El consejero
de Presidencia del
Gobierno de Cristina
Cifuentes, Ángel
Garrido, se ha limitado
a decir que los
expedientes bajo
sospecha rematan en
2013, precisamente el
último ejercicio en que
el Grupo Cantoblanco
explotó el restaurante
de la Asamblea, antes de
renunciar a la concesión
por sus dificultades
económicas que derivaron
en la quiebra del grupo.
El juez Velasco trata de
saber si los contratos
de la Asamblea de Madrid
fueron amañados y si el
PP regional, con mayoría
en el Parlamento
regional entre 2007 y
2013 recibió mordidas a
cambio. El ovillo del
que tiran los
investigadores es una
libreta incautada al
cabecilla de la red,
Francisco Granados,
exmano derecha de
Esperanza Aguirre en el
Gobierno de Madrid y en
el PP regional, con
apuntes que recogen
pagos por 1,4 millones
de euros al entonces
gerente del partido,
Beltrán Gutiérrez. La
misma agenda lleva a los
investigadores a pensar
que otra parte del
dinero, 690.000 euros,
no llegó nunca a las
arcas del partido porque
se las repartieron el
propio Granados y el
alto cargo de OHL,
Javier López Madrid.
Velasco ya apuntó hacia
otro posible caso de
financiación ilegal del
PP cuando acordó el
registro de la sede del
partido en Madrid. El
pasado junio en uno de
sus autos, el juez
adelantó que en la
"ingente cantidad de
documentación tanto en
soporte físico como
digital" que tiene en su
poder hay "potentes
indicios y datos
objetivos" de que
Granados recibió fondos
para el Partido Popular.
La Guardia Civil busca
también bucea en los
contratos de la Cámara
de Cuentas, el Registro
de Fundaciones de la
Comunidad, la Consejería
de Economía y un
protectorado de
fundaciones de la
Comunidad de Madrid bajo
los gobiernos de
Esperanza Aguirre a
empresas de servicios en
busca de contratos
amañados a cambio de
dinero negro. La tesis
de los investigadores es
que era Granados el que
se encargaba de recaudar
las mordidas.
La causa que instruye el
juez Velasco es la
última operación contra
la corrupción en que ha
llevado a los
investigadores a bucear
en la supuesta
financiación ilegal del
PP. Púnica se suma así a
Gürtel, al llamado Caja
B y a la operación Taula
en Valencia que acaba de
motivar la imputación de
la exalcaldesa Rita
Barberá y que hizo
dimitir a la mayoría de
su grupo de concejales,
acusados de blanqueo. Un
juez de Ourense indaga
además sobre la
confesión de un antiguo
gerente del partido a
sueldo de José Luis
Baltar, quien también
denunció la financiación
irregular del partido. Y
otro de La Rioja
determinó que la sede
del partido allí se pagó
con dinero negro.
http://m.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-financiacion-PP-Punica_0_563444416.html
LA GUARDIA CIVIL ENTRA
EN LA ASAMBLEA DE MADRID
EN BUSCA DE CONTRATOS DE
LA ‘PÚNICA’
Los agentes de la UCO
portaban un mandamiento
judicial del instructor
de la 'trama Púnica', el
juez Eloy Velasco
El consejero de Justicia
afirma que la
documentación solicitada
es de hasta el año 2013
Dos agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil se
personaron durante la
mañana de este martes en
la Asamblea de Madrid
para pedir acceso a
expedientes de
contratación de la
Cámara, según informaron
a Europa Press fuentes
parlamentarias.
Los agentes llegaron a
la Asamblea sobre las
10.00 horas con un
mandamiento judicial del
Juzgado Central de
Instrucción 6, que
dirige el instructor de
la trama Púnica, el juez
Eloy Velasco, en el que
se establece el "secreto
de las actuaciones".
Al parecer, los agentes
podrían seguir en las
instalaciones del
parlamento madrileño
revisando la
documentación.
El consejero de
Presidencia y Justicia
de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido,
afirmó este martes que
los contratos que ha
pedido la UCO se
corresponden con
expedientes hasta el año
2013.
Garrido afirmó que el
único dato con el que
cuenta es que se trata
de expedientes que se
corresponden hasta 2013
y destacó la "máxima
colaboración" con la
acción de la justicia en
este y cualquier otro
tema que corresponda con
el Ejecutivo autonómico
o la Asamblea.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/09/27/la_guardia_civil_persona_asamblea_madrid_para_pedir_expedientes_contratacion_55366_1012.html
LA GUARDIA CIVIL ASEGURA
QUE LUCÍA FIGAR PAGÓ CON
DINERO PÚBLICO PARA
MEJORAR SU REPUTACIÓN EN
INTERNET
El objetivo era
contrarrestar las
informaciones
desfavorables sobre la
exconsejera y dar
visibilidad a aquellas
que le favorecían
Según el informe de la
UCO, la facturación de
dichos servicios se
realizaba a través de
seis empresas y mediante
"el recurso permanente
de contratación menor"
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil afirma que
la exconsejera de
Educación de la
Comunidad de Madrid,
Lucía Figar, requirió
entre los años 2011 y
2014 los trabajos de
reputación del
empresario investigado
en la trama Púnica,
Alejandro de Pedro, para
beneficiar su figura
pública y añade que para
ello utilizó dinero
público.
Así lo dice en un
informe en el que
explica que la entonces
consejera requirió de
los servicios de De
Pedro a través de la
empresa Eico Online, SL
para que con las redes
sociales y medios
digitales, vinculados en
Madiva Editorial y
Publicidad,
contrarrestasen las
informaciones
"desfavorables" a Figar
y, por el contrario, dar
visibilidad a las
noticias que
favoreciesen su imagen.
La empresa realizaba
informes mensuales que
eran entregados
directamente al jefe del
Gabinete de Prensa de la
Consejería Pablo Balbín,
tal y como constata la
Guardia Civil.
El equipo de
investigación del
Instituto Armado afirma
que Figar "no era ajena"
al contenido de estos
informes, ya que se
encontraron correos
electrónicos en los que
De Pedro "ponía al
corriente" de algunas de
las acciones que su
empresa llevaba a cabo,
incluso le remitía
dichos documentos.
Además, dice que se
puede "afirmar" que la
exconsejera era
consciente de la
contratación de los
servicios de Eico porque
estaba al corriente de
la implicación de altos
cargos y funcionarios de
la consejería madrileña
y por "la prolongación
en el tiempo" de este
acuerdo.
"Queda patente que se
estaba pagando con
dinero público trabajos
que benefician a la
imagen personal y
carrera política de la
consejera, destinado a
usos a la función
pública caudales de su
Consejería para
promocionar su figura
política", subraya la
UCO. La facturación de
dichos servicios se
realizaba mediante "el
recurso permanente de
contratación menor",
indica, además de seis
empresas distintas para
facturar estos trabajos.
Usuarios falsos contra
la oposición política
Según precisa el informe
de la UCO, los empleados
de las empresas de De
Pedro utilizaban
usuarios falsos en las
redes sociales como
"arma de ataque contra
la oposición política y
social", lanzando
mensajes contrarios a
estos.
Por todo ello, la UCO
propone tanto al juez
instructor de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco como a la
Fiscalía que considere a
De Pedro responsable de
los delitos de fraude en
contratación pública, de
falsedad en documento
mercantil y de tráfico
de influencias. Estos
mismos delitos son
reclamados para Figar,
ya que, a su juicio,
"habría dado su
conformidad a la
contratación directa y
reiterada" de los
servicios de De Pedro,
"era sabedora del cariz"
de los mismos y "habría
beneficiado" al
empresario con otros
contratos públicos.
Asimismo, incluye a
Agustín Alonso Conesa,
socio y consejero de
Eico, al considerar que
era conocedor de estos
trabajos y a dos
personas en las empresas
de De Pedro, Abel
Linares Palacios y
Víctor Daniel Steinberg,
y solicita que se les
investigue por los
delitos de fraude en
contratación pública y
falsedad en documento
mercantil.
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco
conformó el pasado lunes
la pieza de la trama
Púnica, denominada Pieza
2 León, relacionada con
la Diputación de León en
la que acusa a De Pedro
y a Alonso Conesa de un
delito de fraude por
hacer una "concertación
privilegiada" en la
adjudicación de diversos
contratos públicos
vinculados a la estación
de esquí de San Isidro
(León).
También les investiga
por los delitos de
cohecho y de
aprovechamiento de
información reservada
por realizar trabajos de
reputación y
asesoramiento al
expresidente de la
Diputación de León,
Martín Marcos, y por el
delito de malversación
de caudales públicos por
ser cooperadores
necesarios en la
distracción de dinero de
la institución para
realizar las labores
encomendadas.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/09/22/la_uco_asegura_que_lucia_figar_pago_con_dinero_publico_pedro_para_mejorar_reputacion_55144_1012.html
LA GUARDIA CIVIL
INVOLUCRA EN LA PÚNICA
AL DIRECTOR DE
COMUNICACIÓN DE MÉNDEZ
DE VIGO
Manuel Pérez será
investigado por fraude,
malversación y tráfico
de influencias en su
época de consejero de
Educación con la ya
imputada Lucía Figar
Este jueves la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil ha
atribuido a Lucía Figar,
quien fuera consejera de
Educación de la
Comunidad de Madrid bajo
el mandato de Esperanza
Aguirre, los delitos de
fraude, malversación de
caudales públicos y
tráfico de influencias.
Parece que la sombra de
Fígar es alargada, pues
horas después los
investigadores han
vincula al director de
Comunicación del
Ministerio de Educación,
Pablo Balbín Seco, con
el caso Púnica y le
atribuye delitos de
fraude, malversación y
tráfico de influencias
cuando era jefe de
prensa de Figar.
En un informe enviado
por la UCO al juez del
caso Púnica, Eloy
Velasco, se reiteran las
sospechas sobre Figar y
sobre el exviceconsejero
de Educación Manuel
Pérez, quien la
sustituyó tras su
dimisión por este caso
en junio de 2015.
Para la UCO, "queda
patente" que en la
Consejería que dirigía
Figar "se estaban
pagando con dinero
público trabajos que
beneficiaban a la imagen
personal y carrera
política de la titular
de la Consejería", que
realizó la empresa EICO,
vinculada a la trama
Púnica de Francisco
Granados.
La Guardia Civil llega a
estas conclusiones en el
citado informe sobre
"supuestas
irregularidades
cometidas en la
Consejería de Educación
de la Comunidad de
Madrid relacionadas con
Alejandro de Pedro",
considerado
"conseguidor" de
contratos para la red
Púnica.
En sus conclusiones
finales, la UCO cree que
los informes mensuales
de reputación online que
hacía EICO para Figar y
que se pagaban con
dinero público "eran
entregados directamente
por empleados de EICO a
Pablo Balbín", y además
afirma que de diversos
correos electrónicos se
deduce que Figar "no era
ajena al contenido de
los informes".
http://www.elplural.com/2016/09/22/la-guardia-civil-involucra-en-la-punica-al-director-de-comunicacion-de-mendez-de-vigo
LA UCO ASEGURA QUE FIGAR
'MINTIÓ' CUATRO VECES AL
JUEZ EN SUS
DECLARACIONES COMO
IMPUTADA
Un informe de la Guardia
Civil incorporado al
sumario del 'caso
Púnica' detalla todas
las "contradicciones"
entre "los hallazgos de
la investigación" y los
testimonios verbales y
por escrito que la
política ha prestado en
la Audiencia Nacional,
Una, dos, tres... y
cuatro. Es el número de
veces que presuntamente
ha 'mentido' la ex
consejera de Educación
de la Comunidad de
Madrid, la 'popular'
Lucía Figar, al titular
del Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, en la
investigación sobre su
relación con la trama
Púnica. Así lo asegura
un informe de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil
incorporado al sumario
que dedica parte del
mismo a destacar las que
califica de
"contradicciones" de la
política "con los
hallazgos de la presente
investigación". Tres de
esas supuestas
falsedades se produjeron
cuando compareció como
imputada en la Audiencia
Nacional a finales de
junio de 2015. La
cuarta, en un escrito
que entregó
posteriormente en el
Juzgado para intentar
explicar el contenido de
un sobre que el experto
en reputación 'on line'
de la trama, Alejandro
de Pedro, dejó a su
nombre en la sede de su
consejería días antes de
que la Guardia Civil
detuviera éste el 27 de
octubre de 2014.
Tres de las
"contradicciones" se
produjeron en la
declaración de Figar
ante el juez Velasco. La
cuarta, en un escrito
que presentó en la
Audiencia Nacional
posteriormente
La primera de esas
supuestas 'mentiras' a
las que hace referencia
el informe de la Guardia
Civil es la mención que
hace Figar a Isabel Díaz
Ayuso, a la que la
política se refirió
simplemente como una
persona que "trabajaba
autónomamente con una
serie de voluntarios las
redes sociales del
Partido Popular" y que,
según añadió, no le
constaba que hubiera
contratado "nunca" para
el experto en reputación
'online'. Sin embargo,
los investigadores
aseguran que esta
afirmación se contradice
con "diversos correos
electrónicos que revelan
que entre Isabel Díaz
Ayuso y Alejandro de
Pedro existieron
comunicaciones e
intercambio de
información sobre
trabajos para distintos
candidatos del partido
en el año 2011".
Mensajes que la Guardia
Civil localizó entre la
documentación que
requisó en la sede de
los 'populares' en la
calle Génova cuando
acudió a la misma en
julio de 2015.
No son los únicos 'emails'
que dejan en mal lugar
las afirmaciones de
Lucía Figar sobre dicha
colaboradora. El
documento policial
también resalta que se
hallaron "varios" más
enviados por esta última
a la política y a
Alejandro de Pedro en
los que "tratan sobre la
estrategia de
comunicación de altos
cargos de la Comunidad
de Madrid". Uno de
ellos, de 3 de febrero
de 2011, trata de
aspectos concretos de la
campaña electoral de
aquel año. El mismo
concluye con una frase
que, según se encarga de
destacar la UCO, es muy
significativa de la
estrecha relación real
existente entre ambas
mujeres y el experto
informático: "Cuenta
conmigo para hacer una
presentación de lujo, un
besazo y gracias por tu
apoyo. Y besos también a
Alejandro, que va en
copia", se puede leer.
La segunda falsedad
El segundo "aspecto de
la declaración" de Lucía
Figar que la Guardia
Civil considera que "no
se ajusta a lo que se
deduce de las evidencias
obtenidas de la
investigación" es la
insistencia de la ex
consejera de Educación
de calificar su relación
con De Pedro como
"profesional y
limitada". "Los mensajes
que se han hallado -se
lee textualmente en el
documento policial-
revelan por el contrario
una relación amistosa y
frecuente, que va más
allá de una relación
formal entre un alto
cargo público y un
contratista de la
Administración". Una
afirmación que los
investigadores respaldan
con el contenido de
correos electrónicos y 'wasap'
intervenidos.
Lucía Figar calificó su
relación con el
cabecilla de la trama
Alejandro de Pedro como
"profesional y
limitada". La Guardia
Civil la tilda de
"amistosa y frecuente"
Uno de ellos, es un 'email'
del 25 de septiembre de
2013 en él "se puede
observar la vinculación
existente" entre ambos
imputados por los
supuestos pufos en la
Consejería de Educación.
En el mismo, el experto
en reputación 'online'
le aseguraba: "No sabes
la alegría que me diste
contestándome por
whatssap, al menos sé
que estás bien".
Inmediatamente después
le pedía "un pequeño
favor" para encontrar
trabajo a una amiga en
paro que se dedicaba a
la "docencia". "Si te
enteras de algo, me
harías un gran favor.
Que te hecho de menos.
Cuídate, un beso", se
despide el presunto
cabecilla de la trama.
El documento policial
señala a continuación
que éste es un ejemplo
de que "lejos de lo que
afirma la consejera, sus
comunicaciones son
directas y cercanas en
el trato". Otra muestra
de ello son los mensajes
de 'wasap' localizados
en el teléfono móvil
intervenido a Alejandro
de Pedro y en los que
éste le aseguraba que
"espero que estés bien y
que sepas que cuando
quieras estoy a tu
disposición para vernos.
Cuídate". La respuesta
de Figar mantiene ese
tono de confianza: "Jajaja.
No sabes el cariño que
te tengo Alex pero en
este trabajo vas a mil
por hora y quedas mal
con todo el mundo.
Comemos next week?".
La tercera
"contradicción"
La tercera ocasión en la
que Figar incurrió
presuntamente en una
"contradicción" al
declarar ante el juez
fue al afirmar que ella
"nunca estuvo en los
detalles de la
contratación" de las
empresas de Alejandro de
Pedro, ya que recalcó
que de ello se encargó
su gabinete de prensa.
Sin embargo, los agentes
destacas "varias
llamadas telefónicas"
intervenidas al experto
en reputación 'online'
en las que éste describe
a sus interlocutores sus
reuniones con la
consejera "en las que
habría expuesto los
avances de los contratos
que le habían sido
adjudicados [...] o en
los que se abordaron
aspectos relacionado con
contratos públicos
próximos a salir".
La consejera desvió
hacia sus subordinados
la responsabilidad de
los contratos de
reputación 'online',
pero varias llamadas
intervenidas inciden que
ella estaba al tanto
Una de esas llamadas es
la que recibió el 21 de
octubre de 2014, seis
días antes de su
detención, Alejandro de
Pedro de una mujer
llamada Esther y que
parece trabajar con
Salvador Victoria,
anterior 'número 2' del
Gobierno de Ignacio
González y también
imputado en el 'caso
Púnica. En el transcurso
de la misma, el presunto
cabecilla de la trama le
comenta que "está con un
marrón que te cagas con
Lucía". En una segunda
comunicación de ese
mismo día, el experto en
reputación 'online' le
comenta a su socio y ex
alcalde socialista de
Cartagena, José Antonio
Alonso Conesa, que "con
el tema de Lucía [Figar]
van a hacer dos
contratos de 200 [mil]
cada uno este año a
través de concurso, que
van a sacarlo ya para no
perder el dinero".
Y la cuarta 'mentira'
La cuarta 'mentira' se
encuentra en un escrito
presentado por su
defensa ante el juez
Velasco para intentar
justificar un
intercambio de mensajes
SMS entre la política y
Alejandro de Pedro en
octubre de 2014 en la
que éste le comunicaba
que había dejado "las
notas en recepción", se
suponía que de la sede
de la Consejería, y ella
le respondía media hora
después con un "las
tengo". La Guardia Civil
sospecha que dicho sobre
contenía lo que los
implicados califican de
"variables" para que la
Consejería de Educación
redactase el pliego de
licitación de uno de los
contratos de 200.000
euros que presuntamente
le habían prometido a De
Pedro para que éste se
lo adjudicara.
De Pedro dejó en la
Consejería un sobre días
antes de ser detenido.
Figar asegura que sólo
contenía logos de un
proyecto. La UCO cree
que documentos para
amañar un contrato
En el escrito posterior
a su declaración, la
política admitía "la
recepción" en la
secretaría de su
Consejería de "un sobre"
que no se registro "al
no ser un documento
administrativo", pero
rechazó de plano que en
su interior hubiera algo
referido "ni por lo más
remoto, a concurso
alguno". De hecho,
aseguraba que su
contenido era "una serie
de logos que incluía
diversas alternativas"
para el proyecto 'Study
in Madrid' "así como el
desarrollo gráfico de
tal idea". Como prueba
documental, la consejera
incorporaba "tales notas
gráficas [...] a las que
se refería el mensaje
SMS del señor De Pedro".
Una coartada que la UCO
considera falsa ya que
casi un mes antes de que
el presunto cabecilla de
la trama dejase aquel
sobre comprometedor en
la Consejería, la
Fundación para el
Conocimiento Madrid+D,
dependiente de Educación
y encargada de aquel
proyecto, "ya tenía en
poder los logos", según
cree la Guardia Civil
que queda demostrado por
varios correos
electrónicos
intervenidos al propia
experto en reputación
'¡online'. Otros 'emails'
también apuntan en el
mismo sentido. Entre
ellos, uno enviado por
De Pedro a la propia
Figar en julio de 2014,
en el que se podía leer
"aquí tienes todas las
propuestas de diseño que
hablamos el otro día".
En otro del 29 de
septiembre, es decir,
casi un mes antes de que
llegase el misterioso
sobre a manos de la
consejera, De Pedro
remitía a un colaborador
de la consejera un 'email'
con varios documentos
adjuntos con diseños
para el logo. En su
informe, los agentes
comparan éstos con los
que Figar incorporó a su
escrito de defensa y
concluyen que son
"idénticos".
http://vozpopuli.com/actualidad/90268-la-uco-asegura-que-figar-mintio-cuatro-veces-al-juez-en-sus-declaraciones-como-imputada
GRANADOS COMPARA SU CASO
CON LOS DE UN NARCO Y
DOS BLANQUEADORES PARA
PEDIR DE NUEVO SU
LIBERTAD
El ex secretario general
del PP remite al juez
Velasco un escrito para
reclamar su
excarcelación por la
supuesta vulneración de
una directiva europea.
Respalda su escrito con
tres resoluciones de
tribunales en el que se
dio la razón por
idéntico motivo a dos
directivos del banco
chino ICBC detenidos por
supuesto 'lavado' de
fondos y un arrestado
por un alijo de 60 kilos
de cocaína.
Enésima petición de
excarcelación, pero con
argumentos diferentes.
El ex secretario general
del PP madrileño y
presunto cabecilla de la
trama Púnica, Francisco
Granados, ha presentado
en la Audiencia Nacional
un nuevo escrito para
solicitar su puesta en
libertad condicional
cuando falta sólo un mes
para que se cumplan dos
años de su detención. No
es la primera vez que lo
hace, pero sí en la que
esgrime alegaciones
distintas a las
habituales sobre la
inexistencia de riesgo
de fuga o la
imposibilidad de
reiteración delictiva.
En esta ocasión el que
fuera número 3 del
Ejecutivo de Esperanza
Aguirre reclama su
excarcelación por el
supuesto incumplimiento
de una directiva europea
que obliga a la Justicia
de los países de la UE a
facilitar información
suficiente sobre la
causa para garantizar
"un efectivo ejercicio
del derecho de defensa"
que, en su caso,
considera que no se ha
producido por la larga
duración del secreto de
sumario. El documento
viene acompañado de tres
resoluciones judiciales
recientes, dos referidas
a sendos directivos del
banco chino ICBC
arrestados por blanqueo
de capitales, y la
tercera de un presunto
narcotraficante, en las
que sí se aplicó dicha
legislación y que supuso
su inmediata puesta en
libertad hace sólo unos
meses.
Granados asegura que el
secreto de sumario, que
aún se mantiene en una
de las piezas, le ha
provocado una "grave
indefensión" al impedir
acceder a todas las
pruebas contra él
El escrito, de nueve
folios de extensión y al
que ha tenido acceso
Vozpópuli, recalca que
el político viene
pidiendo su puesta en
libertad prácticamente
desde que fue detenido
el 27 de octubre de
2014, ya que, asegura su
abogado, desde entonces
no se han concretado en
ningún momento las
acusaciones que
sirvieron al titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, para
enviarle a prisión. De
hecho, sigue negando
acusaciones concretas
como que la mansión que
uno de los constructores
imputados, Ramiro Cid,
estaba construyendo en
Valdemoro fuera
realmente para él, que
hubiera cometido
"tráfico de influencias
[...] por razón de los
cargos públicos
desempeñados" o un
delito tributario por la
apertura de una cuenta
en Suiza en el año 2000.
Asegura que las
acusaciones que
aparecían en el auto que
le envió a la cárcel no
se han probado a lo
largo de la
investigación y, de
hecho, se han
'desvanecido' porque no
se se han concretado en
personas o "contratos
irregularmente
adjudicados".
Lo que su abogado
asegura que sí ha
cambiado en estos casi
dos años es la
legislación aplicable,
entre otros motivos por
la transposición a la
española en 2015 de una
directiva europea de
mayo de 2012 que obliga
a las Justicias de los
países de la UE a
permitir a las
encausados el acceso "a
la totalidad de las
pruebas materiales, como
por ejemplo,
fotografías, grabaciones
de sonido o de vídeo, en
posesión de las
autoridades competentes
a favor o en contra de
dichas personas con la
debida antelación para
un ejercicio efectivo de
los derechos de
defensa". En su escrito,
Granados recalca que
esto no se ha dado por
la larga duración del
secreto de sumario, una
medida que aún se
mantiene en "alguna
pieza separada" en
referencia a la que
investiga la supuesta
financiación irregular
del PP madrileño, y que
él considera que debe
ser de "aplicación
excepcional". Esta
circunstancia se
traduce, en su opinión,
en una "grave
indefensión" ya que
hasta ahora no se le ha
permitido "ejercer
correctamente el derecho
de defensa" y, como
consecuencia, "la
imposibilidad de
entender y combatir la
privación de libertad".
"El Juzgado ha vulnerado
la regulación vigente"
De hecho, recalca que
las excepciones que la
propia directiva europea
marca al acceso a dicha
información -que la
misma supusiera una
amenaza grave para la
vida o fuera necesario
para defender un interés
público importante- no
se dan en su caso. Por
ello, el escrito
concluye que se debe
reconocer que se ha
impedido a Granados su
derecho al "acceso a la
totalidad de las pruebas
materiales que obran en
las actuaciones" con la
consiguiente puesta en
libertad ya que "el
Juzgado ha vulnerado la
regulación vigente" y
está "conculcando el
derecho a la libertad
prescrito en el artículo
17 de la Constitución
Española". No obstante,
su abogado admite que la
excarcelación pueda ser
acompañada de otras
medidas cautelares,
"como la fijación de
fianza, la retirada del
pasaporte o
presentación" periódicas
en el juzgado.
En abril, la Audiencia
Provincial de Madrid
exscarceló a dos
directivos del banco
chino ICBC en aplicación
de dicha directiva
europea. En junio, la de
Barcelona hizo lo mismo
con un 'narco'
Para respaldar su
petición, el político
acompaña su escrito de
tres resoluciones
dictadas recientemente
por las Audiencia
Provinciales de Madrid y
Barcelona. Dos de ellas
se refieren a Wei Liu y
Liu Wang, directivos del
banco chino ICBC
detenidos por la Guardia
Civil en febrero dentro
de la 'Operación Shadow'
por un presunto delito
de blanqueo de
capitales, y a los que
un tribunal ordenó poner
en libertad precisamente
porque el secreto de las
actuaciones les había
generado una
"indefensión" al
impedirles "articular"
la impugnación de la
orden prisión "con una
información suficiente".
El tercer caso es el de
un presunto
narcotraficante detenido
en enero de 2015 en
Barcelona después de que
la Policía interviniera
en un contenedor del
puerto de la capital
catalán un cargamento
con 60 kilos de cocaína.
El pasado 28 de junio,
la Audiencia Provincial
ordenó también su puesta
en libertad en
aplicación de la
directiva europea que
ahora alega Granados
para salir de prisión
tras dos años entre
rejas.
Hasta dos años más
El escrito de la defensa
de Francisco Granados en
el que solicita de nuevo
su libertad se produce a
escasos días de una cita
clave para su futuro
judicial. El próximo 5
de octubre, a las diez
de la mañana, el
magistrado del 'caso
Púnica' decidirá si
prorroga hasta dos años
más la situación de
prisión provisional en
la que el ex dirigente
del PP madrileño está
desde que fue arrestado
el 27 de octubre de 2014
o accede a dejarle en
libertad, como el
político viene
reclamando. Hasta ahora
la Audiencia Nacional ha
rechazado hasta en
cuatro ocasiones su
excarcelación por riesgo
de fuga con el apoyo de
la Fiscalía
Anticorrupción. La
decisión del juez
Velasco, recogida en una
providencia adelantada
por Vozpópuli el pasado
6 de septiembre, se
produce en aplicación de
los artículos 505 y
504.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal,
que son los que
determinan los tiempos
máximos de prisión
provisional y los
mecanismos y plazos de
su prórroga. Para la
primera, la ley fija un
máximo de 2 años de
cárcel en los casos,
como ocurre con
Granados, que el delito
del que se le acusa
tuviera una pena
superior a los tres años
de prisión. La ley
también recoge que,
cumplido ese plazo, algo
que en el caso de
Granados ocurrirá a
finales de octubre, el
magistrado instructor
puede acordar "una sóla
prórroga de hasta dos
años" si persisten el
riesgo de fuga, de
destrucción de prueba o
de reiteración delictiva
que determinaron su
encarcelamiento.
http://vozpopuli.com/actualidad/90137-granados-compara-su-caso-con-los-de-un-narco-y-dos-blanqueadores-para-pedir-de-nuevo-su-libertad
PÚNICA ACORRALA AL
PRESIDENTE DE MURCIA Y A
UNA SENADORA DEL PP:
IMPUTADOS TRES DE SUS
COLABORADORES
El juez Velasco cita
como investigados para
el próximo 4 de octubre
a cinco personas
relacionadas con las
andanzas de la trama en
la Región de Murcia.
Entre ellos, hay un
asesor de Pedro Antonio
Sánchez cuando este era
consejero de Educación,
y dos personas cercanas
a la que fuera alcaldesa
de Cartagena, Pilar
Barreiro, hoy en la
Cámara Alta. También
figura el ex alcalde
'popular' de Molina de
Segura y una persona de
su equipo. A los cinco
los acusa de "sufragar
con dinero público"
trabajos de reputación
'online' para los tres
cargos públicos.
El cerco judicial sobre
el presidente de Región
de Murcia, el 'popular'
Pedro Antonio Sánchez,
se estrecha. Y con él,
sobre su correligionaria
y exalcaldesa de
Cartagena, la hoy
senadora Pilar Barreiro,
y sobre el anterior
alcalde Molina de
Segura, Eduardo
Contreras. El titular
del Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, ha dictado
un auto por el que cita
a declarar en calidad de
investigados (la figura
que ha sustituido a la
de imputado) a cinco
personas ligadas a
administraciones
públicas de esta región
y que tuvieron tratos
con el experto
informático Alejandro de
Pedro y sus dos
empresas, Eico On Line
SL y Madiva Editorial y
Publicidad SL. A todos
ellos los acusa, entre
otros delitos, de
malversación de caudales
públicos al
considerarles
responsables del
supuesto desvío de
fondos para costear
"trabajos reputaciones"
del máximo responsable
del Ejecutivo regional,
de la antigua regidora y
del otro primer edil.
Con estas
comparecencias, el
magistrado pretende
concluir en breve la
instrucción de la
tercera pieza del
sumario, la que
investiga las 'andanzas'
de la trama en esta
región y decidir si,
finalmente, eleva
exposiciones razonadas
al Tribunal Superior de
Justicia de Murcia y al
Tribunal Supremo para
que, respectivamente,
asuman las pesquisas
sobre Pedro Antonio
Sánchez y Pilar Barreiro
dada su actual condición
de aforados.
El juez cita a declarar
a un asesor de Pedro
Antonio Sánchez como
"cooperador necesario"
en que los trabajos de
reputación 'on line" que
la Púnica realizó del
hoy presidente murciano
"se sufragasen con cargo
a dinero público"
Uno de los citados en
David Conesa Ferrer,
quien fuera responsable
del gabinete de la
Consejería de Educación
cuando ésta era ocupada
por el hoy presidente
regional la pasada
legislatura. El
magistrado le acusa de
un delito de fraude "por
la concertación con
empresas vinculadas a
Alejandro de Pedro en el
amaño de contratos de
formación" para este
departamento del
Ejecutivo autonómico,
además de malversación
como "funcionario
cooperador necesario
connivente en que los
trabajos particulares
reputacionales 'on line'
de su consejero [Pedro
Antonio Sánchez] se
sufragasen con cargo a
dinero público
proveniente de futuros
contratos" de este
departamento. También le
adjudica la presunta
revelación de
información reservada al
considerarle responsable
de "filtrar a personas
no funcionarios
información y
documentación interna
propia y precontrativa
que no podía revelar".
De este modo, el
magistrado da plena
validez al informe
elaborado por la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil el
pasado 12 de mayo y en
el que ya se apuntaban
la supuesta implicación
del hoy presidente de
Murcia en los amaños
investigados. En aquel
documento, los agentes
destacaban los numerosos
correos electrónicos y
mensajes de móvil que
implicaban a este
consejero en las
negociaciones y que
echaban por tierra la
declaración que en su
día prestó ante los
agentes el propio Conesa
intentando desligarse de
las supuestas
irregularidades.
En el caso de Pilar
Barreiro, son dos los
asesores citados. Uno es
Francisco de Asís
Ferreño García, quien
fuera su jefe de
gabinete. La segunda,
María del Mar Conesa
Marchán, funcionaria del
Consistorio. Al primero,
el juez Velasco lo acusa
de fraude, revelación de
información reservada y
malversación de caudales
públicos por el amaño de
contratos de publicidad
turística en el
Ayuntamiento de
Cartagena cuando éste
estaba presidido por la
hoy senadora. En
concreto, el magistrado
considera que filtró
documentación interna
municipal sobre
contratos y autorizó
"trabajos de ejecución
conducentes a sufragar
con dinero público
previsto para campañas
de publicidad de turismo
de Cartagena [...]
trabajos particulares".
En concreto, la creación
de un diario digital en
esta localidad muriciana
y los honorarios del
periodista que iba a
elaborarlo. En el caso
de María de Mar Coesa,
se sospecha de su
participación en los
mismos hechos, aunque en
este caso sólo la acusa
de los delitos de fraude
y malversación.
El alcalde Molina de
Segura
Juntos a estos tres
asesores y funcionarios,
el juez Velasco también
ha citado para el martes
4 de octubre a otras dos
personas. Se trata del
que fuera alcalde
'popular' de Molina de
Segura, Eduardo Conteras
Linares, y una de sus
colaboradoras, María
García Rivas. Al
primero, le cita para
responder de los delitos
de malversación y
cohecho al considerar
que cooperó
"necesariamente en la
materialización" de
manera consciente en la
distracción de caudales
públicos "para fines
particulares de
influencia política". En
concreto, adjudicar un
contrato de la Dirección
General de Turismo que,
en realidad, tenía como
objetivo pagar "trabajos
de reputación digital de
carácter personal" para
él. El magistrado
destaca en su escrito
que los mismos se
cargaron "a la
realización de contratos
públicos redundantes e
innecesarios y por
encima del precio de
mercado". Por su parte,
María García está
acusada de hechos
similares. Un informe de
la Guardia Civil ya
apuntaba que un contrato
del Plan de Comunicación
Digital realizado en el
Instituto de Turismo de
la Región de Murcia
había sido utilizado
presuntamente para
financiar la mejora en
internet de este antiguo
regidor.
El magistrado también a
imputado al alcalde de
Molina de Segura,
Eduardo Conteras, por
cargar a una partida del
Instituto de Turismo de
Murcia trabajos para
mejorar su imagen en
Internet
Los agentes se apoyaban
en la conversaciones de
Alejandro de Pedro con
José Fidel Saura, jefe
de gabinete del
exconsejero Juan Carlos
Ruiz, todos ellos
imputados en la causa.
"Pero, pero bueno, ahí
le sacamos lo de, lo de
su amigo el alcalde,
entonces, lo importante
era lo del INFO", dijo
el experto informático a
su interlocutor. "Esta
conversación hace
referencia al contrato
público con el Instituto
de Turismo y del tenor
de la conversación se
deduce que con dicho
contrato se pretendía
sufragar trabajos de
reputación 'online' de
dicho alcalde",
destacaban los agentes.
El documento policial
aseguraba que Contreras
conocía estas gestiones
a la vista de otra
conversación, ésta
mantenida entre De Pedro
y su socio, el ex
alcalde socialista de
Cartagena José Antonio
Alonso, también
implicado en la trama.
"Oye, otra cosa, el tema
de Murcia,
eh...por...porque me
digas cómo lo hacemos.
Nosotros fuimos a la
reunión por la mañana,
¿vale? y estuvimos con
el alcalde del municipio
este entonces", dice De
Pedro. "De Molina",
aclara Alonso. Ahora, el
ex primer edil tiene una
cita en la Audiencia
Nacional.
http://vozpopuli.com/actualidad/90171-punica-acorrala-al-presidente-de-murcia-y-a-una-senadora-del-pp-imputados-tres-de-sus-colaboradores
LA PÚNICA PONE CONTRA
LAS CUERDAS A OTRO
EXPRESIDENTE DE
DIPUTACIÓN DEL PP
El juez ya ha conformado
la segunda pieza de la
trama, acusando a Marcos
Martínez (León) de hasta
cinco delitos
Mientras se agota la
cuenta atrás para dar
inicio al primer
macrojuicio sobre el
caso Gürtel, el
recorrido judicial del
caso Púnica sigue su
curso. El juez de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco ya ha conformado
la segunda pieza -y las
que faltan- sobre la
trama de corrupción,
centrándose en lo
relativo a la Diputación
de León. Lo que ha
provocado, entre otras,
la imputación del
expresidente de la
institución, el popular
Marcos Martínez, y el
alcalde de Puebla de
Lillo (León), Pedro
Vicente Sánchez, también
del PP.
A ambos les acusa de
haber contratado con
dinero público varios
servicios para su
beneficio personal. A
estos dos imputados
(investigados según la
nueva denominación)
también se unen otros
cuatro: el interventor
de la Diputación de León
Jesús Manuel Sánchez, el
considerado conseguidor
de la Púnica, Alejandro
de Pedro -y sus empresas
EICO y Madiva, a las que
el juez atribuye un
delito de cohecho-, y al
alcalde socialista de
Cartagena entre 1991 y
1995, José Antonio
Alonso Conesa.
Las diligencias
liberadas por Velasco, a
las que ha accedido este
periódico, son el estado
previo al procesamiento,
algo que el juez ya hizo
con la primera pieza de
la Púnica y que afecta
al “chivatazo” de un
agente de la Guardia
Civil, que avisó al
exconsejero madrileño
Francisco Granados,
considerado cerebro de
la trama, de que estaba
siendo investigado.
En su escrito, el
magistrado considera que
Alonso Conesa y De
Pedro, usando las
empresas citadas,
“realizaban trabajos de
reputación en internet
para autoridades y
cargos electos que
generaban una deuda a su
favor que más tarde se
sufragaba por esos
cargos por
procedimientos
irregulares".
Velasco cree que "esta
manera de proceder les
permitía no solo obtener
un lucro económico
directo, sino también
acceder a una relación
de confianza con las
autoridades públicas que
les daba acceso a una
red de contactos que les
facilitaría acceder a
contratos públicos para
sí o para terceros".
Marcos Martínez accedió
a la Presidencia de la
Diputación de León tras
el asesinato de su
sucesora, Isabel
Carrasco. Y nada más
llegar al cargo recurrió
a De Pedro y Conesa para
contratar sus servicios
con dinero público y
ganarse una reputación
con la que consolidarse
en el cargo.
A todo esto, hay que
añadir la trama montada
en torno a la estación
de esquí de San Isidro,
que generó “un interés
mutuo” para los
imputados gracias a los
contratos públicos que
generaban las
instalaciones, como la
mejora y la explotación
de las pistas de esquí y
la gestión de las dos
cafeterías: El Rebeco y
Pico Agujas.
El beneficio consistía
en que Marcos Martínez
podría presumir del
proyecto como un logro
propio cuando llegasen
las elecciones, mientras
que De Pedro y Conesa
cobraban sus servicios a
través de la explotación
de estos servicios. Y es
en la promoción de esta
pista de esquí donde
también se ven
involucrados los otros
imputados: el alcalde de
Puebla de Lillo y el
interventor de la
Diputación.
El juez señala que la
adjudicación de estos
servicios debería
haberse realizado con un
concurso público o a
través del gabinete de
prensa con el que ya
cuenta la Diputación,
"más aún cuando la
relación de servicios no
ha sido episódica sino
que se remonta al
periodo" en el que la
institución era
presidida por Isabel
Carrasco.
Todos estos extremos
llevan al juez a
mantener la imputación
sobre Marcos Martínez,
que ya pasó dos meses en
prisión con motivos de
la Operación Púnica, con
la acusación de delitos
de fraude, tráfico de
influencias,
negociaciones prohibidas
a funcionarios públicos,
revelación de
información reservada y
malversación de caudales
públicos. Mientras que
De Pedro y Alonso Conesa
son considerados
responsables de fraude,
cohecho, aprovechamiento
de información reservada
y malversación de
caudales públicos.
http://www.elplural.com/2016/09/20/la-punica-pone-contra-las-cuerdas-otro-expresidente-de-diputacion-del-pp
LA UCO INCORPORA 89
NUEVAS "EVIDENCIAS"
SOBRE LAS IDAS Y VENIDAS
DE LAS FORTUNAS DE
GRANADOS Y MARJALIZA EN
EL EXTRANJERO
La Guardia Civil elabora
un anexo al informe en
el que se recogía la
exhaustiva investigación
financiera a la que
sometió a los dos
presuntos cabecilla de
la trama. En el mismo se
recogen nuevas pruebas
documentales sobre los
movimientos de fondos
entre cuentas de España,
Suiza y Singapur.
Notas manuscritas y
faxes. Extractos de
cuentas y otros
documentos bancarios.
Contratos y actas
notariales. Cartas y
correos electrónicos...
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ha
incorporado
recientemente al sumario
del 'caso Púnica' un
informe 'anexo' con 89
documentos que cataloga
de nuevas "evidencias".
Se trata, en concreto,
de información en
soporte papel e
informático localizado
durante los registros o
entregado a los agentes
por imputados y que
hasta ahora no había
podido ser analizada en
detalle. Con ellos, los
agentes creen aportar
más datos sobre
diferentes aspectos de
los movimientos de
fondos en el extranjeros
que hicieron los dos
principales implicados
en la trama, Francisco
Granados y el
constructor David
Marjaliza. Nuevos
indicios que sirven para
reforzar las pruebas que
ya recogía el Informe
Integral de
Investigación Financiera
número 2016-5605-40 en
el que se analizaba
exhaustivamente el
origen y destino de la
fortuna oculta de ambos.
El nuevo documento
policial, fechado el
pasado mes de febrero
aunque desconocido hasta
ahora, se encarga de
"describir y reproducir
los documentos de mayor
relevancia obtenidos
hasta el momento".
Una nota interna del BNP
Paribas de Ginebra
hallada ahora señala que
la entidad aconsejó a
Marjaliza acogerse a las
amnistía fiscal de
Montoro y que el
constructor lo rechazó
Estas 89 nuevas
"evidencias" las
encabezan los 14 folios
encontrados en el
registro del domicilio
de Ana María Ramírez,
secretaria y persona de
la máxima confianza de
Marjaliza, sobre la
falsa compraventa de
obras de arte con la que
el constructor repatrió
a nuestro país 4,2
millones de euros en
2013. Se trata de
"diversos documentos
relacionados con el
transporte y
almacenamiento" de
dichos objetos
artísticos en un
depósito del Puerto
Franco de Ginebra, donde
finalmente fueron
intervenidas por la UCO.
Sobre esta operación
fraudulenta también
figuran varias pruebas
novedosas sobre la
constitución de la
empresa Millenia Trading
Ltd en Singapur, la
ciudad estado asiática
desde la que se
transfirieron los fondos
a España. Incluso se han
localidad los extractos
bancarios de una cuenta
abierta a nombre de esta
sociedad en este país y
los acuerdos que
Marjaliza llegó con
Tricor, una compañía
asiática dedicada a
crear y gestionar
estructuras
empresariales en ese
continente. Incluso
figuran comunicaciones
del constructor con uno
de sus 'testaferros', el
tailandés Karit Yvaboon,
del que ha aparecido
además una copia de su
documento de identidad.
El informe 'anexo'
incorpora además las
órdenes de
transferencias para la
compra de dos obras de
Antonio Tapies que
formaron parte de los
objetos de artes
utilizados en el
blanqueo de la
millonaria cantidad.
También llamativa es la
"evidencia" número 6.
Son once páginas
manuscritas aparecidas
en el domicilio de Ana
María Ramírez en las que
constan determinadas
fechas y cantidades
asociadas a las palabras
'Time' y 'Sheraton', en
referencia a los dos
nombres con los que se
identificaban sendas
cuentas de Marjaliza en
Suiza. "Parece tratarse
de algún tipo de
relación de control
manuscrita de envío de
fondos" hacia el país
helvético, aclara el
documento de la Guardia
Civil. De hecho, entre
las 89 nuevas pruebas
abundan las relacionadas
con dichos depósitos
bancarios. Así, aparecen
algunos referidos a las
aperturas de los mismos
y diversos "informes de
contacto" que elaboraba
la gestora de los mismos
en el BNP Paribas de
Ginebra, Fabiane
Guinard, en los que ésta
detallaba el contenido
de los contactos y
conversaciones que
mantenía con el
constructor sobre sus
fondos.
Alertado por el banco
En uno de ellos, la
experta financiera
aseguraba que había
recomendado a Marjaliza
acogerse a la amnistía
fiscal de 2012 de
Cristóbal Montoro, algo
que el presunto
cabecilla de la trama
rechazó. Guinard
aseguraba que el cliente
prefería "crear dos
estructuras que tendrán
dos cuentas en Singapur.
Una para poner 4,5
millones de euros y la
segunda estructura que
comprará bienes
inmobiliarios que él
posee por 4 millones de
euros en España".
También figura la carta
que el BNP Paribas le
remitió en abril de
2013, año y medio antes
de que fuera detenido,
alertándole de que su
cuenta había sido
bloqueada porque estaba
siendo investigada por
la Fiscalía helvética.
En otras ocasiones,
estas notas internas del
banco recogen órdenes de
compra de acciones por
parte de Marjaliza con
referencias al propio
Granados y la mujer de
éste como "antiguos
clientes". "David pide a
Fabienne [la gestora]
comprar en 2 ó 3 días",
se lee en una de ellas.
La Guardia Civil ha
incorporado abundante
documentación que
sugiera que Marjaliza
tenía en 2001 "algún
tipo de producto
financiero" en Bahamas
con 168.000 dólares
Las cuentas suizas
'protagonizan' también
otro tipo de documentos.
Así, aparecen resguardos
de transferencias de
cientos de miles de
euros con destino a
ellas y órdenes de pago
enviadas por Fax desde
las oficinas de
Marjaliza en la
localidad de Pinto a la
sede en Ginebra del BNP.
Entre las primeras,
destacan las realizadas
en el verano de 2013
desde una cuenta cuyo
titular es la empresa
Olfield Properties Inc,
domiciliada en las Islas
Vírgenes Británicas.
Además se han
incorporado nuevas
evidencias de las
operaciones de blanqueo
'por compensación'
realizadas con la
supuesta colaboración de
otros ciudadanos
españoles con cuentas en
el país helvético.
Incluso figura la
solicitud de una tarjeta
Visa a nombre de
Marjaliza, con otra
asociada al de su mujer,
con cargo a una de las
cuentas en Ginebra de
sus empresas 'pantalla'.
También se han
incorporado actas
notariales de
operaciones de
compraventa de acciones
de empresas de la trama
que han levantado la
sospecha de los
investigadores tanto por
el movimiento de dinero
que representaba como
por el corto espacio de
tiempo que pasaba entre
la venta y la recompra
de las mismas ya que se
hacían en el mismo día y
por los mismos actores,
Marjaliza y su cuñado
Alfonso Luna, también
imputado en la causa.
Otro contrato que figura
es el que el socio de
Granados selló con otro
de los principales
implicados, el
constructor Ramiro Cid.
Incluso, figura
abundante documentación
encontrada en el
domicilio de Marjaliza
que sugiere la apertura
por parte de éste de
"algún tipo de producto
financiero, cuenta
bancaria o similar" en
Nassau, la capital de
Bahamas, a través de un
bufete local que le
recomienda constituir
una Compañía de Negocios
Internacionales para
obtener "ventajas
fiscales, secreto
bancario y gestión de
activos". En uno de
ellos se recoge un
supuesto saldo de
167.726 dólares
americanos (149.154
euros al cambio actual)
a comienzos de noviembre
de 2001. Entonces, la
'Operación Púnica'
estaba muy lejos.
http://vozpopuli.com/actualidad/89740-la-uco-incorpora-89-nuevas-evidencias-sobre-las-idas-y-venidas-de-las-fortunas-de-granados-y-marjaliza-en-el-extranjero
EL EX DIPUTADO DE
CIFUENTES ADMITE AL JUEZ
HABER ENVIADO A UN
CONCEJAL LOS WASAP QUE
PRECEDIERON AL AMAÑO DE
UN CONTRATO DE 73 M.
Daniel Ortiz,
investigado por su
presunta participación
en la presunta
adjudicación irregular
cuando era alcalde de
Móstoles, niega su
participación en los
hechos y recalca que
todo está avalado por el
Tribunal de Contratación
Administrativa.
Más de una hora. Ese es
el tiempo que ha
permanecido Daniel Ortiz
Espejo, ex diputado de
la Asamblea de Madrid y
antiguo alcalde de
Móstoles, ante el
titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
por el ‘caso Púnica’. Lo
ha hecho como
investigado (la anterior
figura de imputado)
acusado de seis delitos
por su presunta
implicación en el
supuesto amaño de un
contrato de más de 73
millones de euros para
la trama. Durante su
declaración, en la que
ha contestado a todas
las preguntas salvo las
que ha planteado una de
las acusaciones
populares, Ortiz se ha
esforzado en desligarse
del proceso de
adjudicación. Sin
embargo, admitió haber
sido el autor de los
mensajes de wasap que
recibió uno de sus
ediles para evitar
supuestamente que el
concurso fuera ganado
por una empresa rival de
Cofely-GDF Suez, la
multinacional salpicada
por el escándalo. Eso
sí, calificó los mismos
de “comunicaciones
ordinarias en la gestión
entre un alcalde y sus
concejales”.
Ortiz admite que es el
autor de los mensajes de
wasap que recibió uno de
sus ediles para evitar
supuestamente que el
concurso fuera ganado
por una empresa rival de
Cofely-GDF Suez
Son precisamente estos
mensajes, considerados
claves por el juez y los
agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil en
la imputación del
político, los que han
centrado buena parte del
interrogatorio del
magistrado. Son los que
el dimitido diputado
regional remitió el 12
de marzo de 2014 al
concejal de su partido
David Sánchez del Rey,
responsable de
Infraestructuras del
consistorio y que, por
tanto, participaba en el
proceso de adjudicación
del contrato bajo
sospecha. En ellos, el
entonces alcalde
ordenaba a su edil que
"no lleves mañana tema
oferta económica... Ok?"
"Recibido. Te refieres a
que no demos lectura de
informe del sobre 2 ni
abrir el sobre 3?", fue
la respuesta de este
último. El entonces
alcalde se lo confirmaba
en otro wasap: "Eso...
ya os cuento a ti y a
Vanesa", en referencia
otra integrante del
equipo de gobierno del
consistorio, Vanesa
Martínez. Ese mismo día,
los dos protagonistas
del intercambio de
mensajes de móvil
mantuvieron una reunión
en la que Daniel Ortiz
puso sobre la mesa la
que finalmente sería la
excusa para anular la
mejor oferta y darle el
millonario contrato a
Cofely: sus "dudas sobre
la capacidad económica
de Fulton [la otra
empresa] para afrontar
las inversiones".
El juez Velasco ha sido
este martes muy incisivo
en sus preguntas sobre
estos mensajes
incorporado al sumario
gracias al concejal que
los recibio. De hecho,
el magistrado ha llegado
a pedir a Daniel Ortiz
que confirmarse si los
había escrito él. Cuando
el político le explicaba
que los mismos formaban
parte del trabajo diario
con su equipo de
Gobierno, que eran
"comunicaciones
ordinarias", el
magistrado le ha pedido
que no los
“interpretase”y que se
ciñera a la cuestión de
la autoría. Una vez que
el político ha
confirmado que los
escribió, el magistrado
le ha pedido ver el
teléfono móvil y leer en
ese momento dichos wasap.
En ese punto, Daniel
Ortiz se ha escudado en
que ese era el terminal
que tenía cuando era
alcalde Móstoles y que
lo devolvió cuando dejó
el cargo.
Avalados por el Tribunal
de Contratación
Administrativa
Daniel Ortiz, que
rechazó hacer
declaraciones a la
prensa tanto a su
llegada como a su salida
de la Audiencia
Nacional, se empeñó en
su declaración en negar
que el millonario
contrato de eficiencia
energética bajo sospecha
fuera fraudulento o que
hubiera existido algún
tipo de amaño durante su
tramitación. Dicha
afirmación la respaldó
con el hecho de que
supuestamente tuvo en su
momento el dictamen
favorable del Tribunal
de Contratación
Administración. No
obstante, también se
esforzó en desmarcarse
de cualquiera de las
decisiones que
desembocaron en la
supuesta adjudicación
irregular ya que,
aseguró, él se mantuvo
al margen en todo
momento de dicho
proceso. También negó
haber participado en la
supuesta filtración de
un documento interno del
Ayuntamiento que
apareció en poder de uno
de los directivos de
Cofely durante los
registros. Daniel Ortiz
aseguró que nunca había
hecho tal cosa y que, de
hecho, le parecía
“fatal” si se había
producido.
Un alcalde convertido en
taxista
El último en declarar
este martes ante el juez
Velasco por el 'caso
Púnica' ha sido Pedro
Vicente Sánchez García,
alcalde 'popular' de
Puebla de Lillo (León).
Acusado de pagar
presuntamente con dinero
público los trabajos de
reputación 'online' que
hizo el experto
Alejandro de Pedro para
el entonces presidente
de la Diputación, Marcos
Martínez Barazón, el
regidor insistió al
magistrado que detrás de
esos abonos había un
"trabajo real" y que
contratos publicitarios
similares a los que
firmó con los diario web
de De Pedro los hizo
"con todos los medios"
de la provincia. Sánchez
García también fue
interrogado por un viaje
que realizó en compañía
de otro de los imputados
en la trama, José
Antonio Alonso Conesa,
para visitar las
instalaciones de la
estación invernal de San
Isidro, situada en su
término municipal y en
el que supuestamente se
iban a amañar los
contratos de concesión
de las cafeterías. El
regidor del PP admitió
ese viaje, aunque
aseguró que él no
participó en ningún tipo
de negociación y que se
limitó a acercar en su
coche a los
protagonistas ya que no
sabían cómo llegar a las
instalaciones
deportivas.
http://vozpopuli.com/actualidad/89650-el-ex-diputado-de-cifuentes-admite-al-juez-haber-enviado-a-un-concejal-los-wasap-que-precedieron-al-amano-de-un-contrato-de-73-m
LA AUDIENCIA NACIONAL NO
LOCALIZA AL TESTIGO
SORPRESA DE PÚNICA QUE
IBA A DECLARAR CONTRA EL
PRESIDENTE DE MURCIA
El juez Eloy Velasco
había citado para este
miércoles a un
trabajador de la
Consejería de Educación
del Gobierno autónomo
que le remitió una carta
con nuevos datos sobre
la presunta implicación
del ‘popular’ Pedro
Antonio Sánchez en la
trama. El Ejecutivo
regional ha comunicado
que no existe ningún
funcionario con dicho
nombre.
Estaba citado para las
once de la mañana, pero
no ha comparecido. De
hecho, ni siquiera se le
ha localizado ni se ha
confirmado que la
identidad que facilitó a
la Audiencia Nacional
fuese real. Se trata de
A.E.P.M., un supuesto
trabajador de la
Consejería de Educación
y Universidades de la
Región de Murcia que
hace meses envió una
carta al titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, en la que
aseguraba tener nuevos
datos sobre la supuesta
implicación del actual
presidente de esta
comunidad, el ‘popular’
Pedro Antonio Sánchez, y
su entorno en la trama.
Según fuentes
judiciales, ha sido
imposible localizarle
para que compareciera ya
que el Gobierno
autonómico ha comunicado
al tribunal que entre
sus funcionarios no
existe nadie con dicho
nombre.
Su testimonio debía
servir para afianzar los
indicios que
presuntamente implican
al presidente regional
después de que un
informe de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil lo
salpicara el pasado mes
de mayo. En su misiva,
que llegó dos meses
después de que el juez
Velasco levantase el
secreto de sumario que
pesaba sobre aquel
documento policial, este
supuesto trabajador
aseguraba haber sido
testigo y tener
información sobre la
celebración de reuniones
entre asesores del
actual presidente Pedro
Antonio Sánchez, que
entonces ocupaba el
cargo de consejero de
Educación, y presuntos
integrantes de la Púnica
para encargar a estos
últimos trabajos que
presuntamente se iban a
pagar con fondos
públicos dedicados a la
"formación".
Su testimonio debía
servir para afianzar los
indicios que
presuntamente implicaban
al presidente regional
A la vista del
"contenido" de la carta,
que el magistrado
incorporó al sumario, el
juez decidió entonces
citarle a declarar para
este martes. Para ello,
pidió a la Consejería de
Educación, donde el
testigo aseguraba
trabajar, que le
facilitase los datos del
mismo para hacerle
llegar la providencia
para que compareciese.
Sin embargo, la
respuesta del Gobierno
murciano es que en sus
bases de datos no figura
ningún trabajador con
dicha identidad.
Su esperada declaración
quedaba, de este modo,
frustrada. Con ella, el
juez Velasco pretendía
reforzar las acusaciones
del informe de la UCO,
que detallaba los pasos
que el presidente
regional y sus
colaboradores
presuntamente habían
dado para cerrar un
acuerdo con integrantes
de la trama para mejorar
su imagen en las redes
sociales ante las
elecciones autonómicas
de mayo de 2015 en las
que el político iba a
encabezar la lista del
PP. Fueron los comicios
que finalmente le
catapultaron a la
presidencia de la
región.
13 correos electrónicos
Supuestamente iba a
pagar un total de 36.800
euros. El exhaustivo
documento de la UCO
recogía trece correos
electrónicos, una docena
de llamadas de teléfono,
seis documentos en
formato digital, 35
mensajes de telefonía y
la declaración de un
testigo con los que
detallaba paso a paso
todo el proceso de
negociación seguido para
realizar dichos trabajos
de reputación 'online'.
Según recogía el
informe, el político
había "expresado su
interés en contar con
los servicios de
Alejandro de Pedro [el
experto informático
imputado en la trama]
acuciado por
consecuencias
reputacionales negativas
por una nueva posible
imputación y la disputa
de convertirse en
candidato a la
Presidencia de la
Región". Pese a la
contundencia del
informe, el propio Rajoy
y el ministro del
Interior, Jorge
Fernández Díaz, salieron
en defensa de su
correligionario
públicamente.
http://vozpopuli.com/actualidad/89642-la-audiencia-nacional-no-localiza-al-testigo-sorpresa-de-punica-que-iba-a-declarar-contra-el-presidente-de-murcia
LA CARTA DEL TESTIGO
SORPRESA DE PÚNICA QUE
ACORRALA AL PRESIDENTE
DE MURCIA
Un testigo asegura que
asesores de Pedro
Antonio Sánchez se
reunieron con implicados
en Púnica para amañar un
contrato que amenaza con
provocar la imputación
del dirigente del PP
El instructor del caso
Púnica, el juez de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco, ha encontrado
un testigo que asegura
disponer de nuevas
pruebas sobre los
vínculos del presidente
de la Región de Murcia,
el popular Pedro Antonio
Sánchez, con la trama
que lideraban el
exconsejero madrileño de
Presidencia Francisco
Granados y el
constructor David
Marjaliza. El testigo
remitió una carta a los
investigadores
detallando la
información de la que
dispone, y Velasco ha
decidido citarlo el
próximo 13 de septiembre
para que ratifique la
denuncia y aclare si
está en condiciones de
ampliar su contenido.
El Confidencial ha
tenido ahora acceso al
contenido íntegro de la
carta. El autor asegura
responder a las
iniciales A. E. P. M. y
trabajar como
funcionario en la
Consejería de Educación
y Universidades del
Gobierno de Murcia, el
departamento que dirigía
Pedro Antonio Sánchez
cuando presuntamente
contactó con dos de las
empresas implicadas en
el caso, Eico Online
Reputation Management SL
y Madiva Editorial y
Publicidad SL, para
contratar supuestamente
una campaña de
reputación personal que
pretendía pagar con
fondos de la
Administración
autonómica.
El magistrado ya dispone
desde el pasado mayo de
un extenso informe
elaborado por la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil que
concluye que el jefe del
Ejecutivo murciano pudo
cometer un delito de
fraude a la
Administración pública
por haber cerrado un
acuerdo con Eico y
Madiva para comenzar a
disfrutar de sus
servicios a partir del 1
de noviembre de 2014,
solo cinco días después
de que estallara el caso
con las primeras
detenciones. El informe
de los investigadores
precisa que Sánchez y su
equipo en la Consejería
de Educación mantuvieron
al menos tres reuniones
con los responsables de
Eico y Madiva para
cerrar las condiciones
del contrato.
El testigo asegura en su
carta disponer de nueva
información sobre uno de
esos encuentros: el que
supuestamente tuvo lugar
en la sede de Educación
el 24 de octubre de ese
año, es decir, tres días
antes de que saltara el
escándalo. “Por mi
condición de funcionario
de la Consejería de
Educación de la Región
de Murcia, no puedo
revelar al completo mi
identidad ya que podría
ser objeto de
represalias personales y
profesionales”, advierte
el testigo en la primera
de las dos páginas que
componen el escrito,
incorporado al sumario
por Velasco.
A continuación, el
funcionario asegura que
puede confirmar
“fehacientemente” la
información aportada por
los investigadores
“sobre las
reuniones/relaciones
entre el entonces
consejero de Educación
don Pedro Antonio
Sánchez, su asesor don
David Conesa e incluso
algún alto cargo de la
Consejería de
Educación”. El testigo
precisa que ese alto
cargo sería Enrique
Ujaldón, que hasta ahora
no había aparecido en
las pesquisas. Se da la
circunstancia de que, en
esos momentos, Ujaldón
ocupaba el cargo de
director general de
Planificación Educativa
y Recursos Humanos de la
Consejería. Su
participación en el
contrato para mejorar la
imagen personal de
Sánchez, que en esos
momentos aspiraba a
convertirse en el
candidato del PP a
presidir la comunidad,
podría reforzar la tesis
de la UCO, que en su
informe ya avanzó que
los servicios
reputacionales se iban a
cargar a la partida
presupuestaria de
formación.
El testigo no aporta
pruebas concretas para
sostener esa acusación,
pero asegura que las
conclusiones a las que
ha llegado la Guardia
Civil son “absolutamente
verosímiles y
fundamentadas en la
realidad”. “Es de
dominio público entre
los funcionarios de la
consejería que las
reuniones a las que se
refiere el citado
informe existieron. Es
más, tan solo TRES días
antes de que saltara el
escándalo y fuesen
detenidos tres altos
cargos de la Consejería
de Turismo, TUVO LUGAR
una reunión en la sede
de la consejería, en el
despacho de don Enrique
Ujaldón, director
general encargado de los
cursos de formación”. El
funcionario se refiere a
la reunión del 24 de
octubre documentada por
la UCO. “Una simple
prueba testifical o el
registro de visitas de
esos días puede
ratificar una reunión
que todos sabemos que se
celebró”.
El testigo enfila las
últimas líneas del
escrito expresando su
temor por la posibilidad
de que Pedro Antonio
Sánchez, Ujaldón y el
asesor David Conesa no
hayan sido imputados aún
por presiones políticas
y añade su sospecha de
que en la maniobra haya
participado el
exdiputado del PP por
Murcia Vicente
Martínez-Pujalte, que en
marzo de 2015 fue
fotografiado saliendo de
la Fiscalía General del
Estado. “En la confianza
de haber cumplido con mi
deber ciudadano, reciban
un saludo y mis mejores
deseos de que impartan
justicia de la forma más
libre e independiente
posible, reciban un
saludo”, concluye la
misiva.
Velasco podrá ampliar el
contenido de la carta el
próximo martes con la
declaración de su autor.
El juez ya tiene sobre
su mesa un informe que
avala la imputación del
jefe del Ejecutivo de
Murcia por fraude a la
Administración Pública
por los hechos
descubiertos hasta
ahora. El contrato de
reputación 'online' no
llegó a ejecutarse por
el inicio del caso
Púnica, pero el Tribunal
Supremo ya dictaminó en
2013 que “no se requiere
que se produzca el
perjuicio a la
Administración”. “Basta
el concierto, acto
preparatorio de la
estafa a la
Administración”,
resolvió el alto
tribunal. La declaración
de este testigo
inesperado puede
terminar de oscurecer el
futuro político de Pedro
Antonio Sánchez, uno de
los únicos cinco
presidentes autonómicos
que tiene el PP.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-09-07/punica-carta-acorrala-presidente-murcia_1256183/
LA EMPRESA ACUSADA DE
PAGAR EN NEGRO A LA
‘PÚNICA’ POR ORDEN DEL
GOBIERNO MADRILEÑO
INGRESÓ 129 MILLONES EN
ADJUDICACIONES DE
AGUIRRE Y GONZÁLEZ
Dos directivos de la
empresa tecnológica
Indra están investigados
en el caso Púnica como
presuntos autores de un
pago en negro al
informático Alejandro de
Pedro por orden de la
Comunidad de Madrid
Indra recibió
adjudicaciones por 98
millones de los
Gobiernos de Aguirre y
por 31 millones durante
el mandato de González
La empresa tecnológica
Indra, dos de cuyos
directivos están
investigados en el caso
Púnica por su presunta
participación en el pago
en negro al informático
Alejandro de Pedro,
recibió adjudicaciones
por 129,4 millones de
euros de los sucesivos
gobiernos de Esperanza
Aguirre y de Ignacio
González [entre
noviembre de 2003 y
septiembre de 2012],
según la documentación a
la que ha tenido acceso
infoLibre.
Esta documentación pone
de manifiesto que desde
la llegada de Aguirre a
la Presidencia de la
Comunidad de Madrid, en
octubre de 2003 y tras
el tamayazo, y hasta la
salida de su sucesor,
Ignacio González, en
junio de 2015, Indra se
hizo con contratos de la
Administración regional
madrileña por un total
de 129.440.000 euros. 98
millones de esta
cantidad corresponden a
los Ejecutivos de
Aguirre, mientras que 31
millones son del periodo
de González.
La importancia de estas
cifras contrasta con los
gastos realizados por el
Gobierno de Alberto Ruiz
Gallardón. En 2000 el
Ejecutivo del que
después fuera alcalde de
Madrid y ministro de
Justicia de Mariano
Rajoy abonó a Indra
17.579 euros, por 46.518
en 2001 y 12.000 euros
en 2002. En los diez
meses de 2003 en los que
se mantuvo en funciones,
Gallardón pagó 390.923
euros a la empresa
tecnológica.
Pero la entrada de
Aguirre permitió que
Indra obtuviera un
importante aumento de
sus ingresos procedentes
de la Comunidad de
Madrid. En sólo tres
meses, la multinacional
española obtuvo de la
comunidad presidida por
Aguirre 780.665 euros.
Los contratos se
disparan en 2006
En el primer año
completo de Aguirre, en
2004, la tecnológica
realizó trabajos por
547.754 euros y el año
siguiente recibió pagos
por 2.916.636 euros.
Pero 2006 fue el año con
un mayor aumento, ya que
la comunidad abonó
12.549.552 euros, cifra
que se elevó hasta
16.667.395 euros en
2007, año en el que la
empresa hizo la mayor
facturación.
En los siguientes años
de Aguirre, los ingresos
de Indra procedentes de
la Comunidad de Madrid
se mantuvieron en cifras
similares (15.176.947
euros en 2008,
12.793.274 euros en
2009, 11.150.386 euros
en 2010, 15.891.329
euros en 2011 y
13.255.757 euros en
2012).
Aguirre abandonó el
Ejecutivo en septiembre
de 2012, dejando la
Presidencia en manos de
su delfín, Ignacio
González. En 2013,
primer año completo de
González al frente de la
comunidad, los ingresos
de Indra fueron de
15.211.476 euros, por
8.885.171 euros en 2014.
En 2015 los ingresos
ascendieron a 10.808.279
euros, de los que 3,6 se
corresponden a la
primera mitad del año y
los 7,2 restantes al
segundo semestre, ya con
Cristina Cifuentes como
presidenta madrileña. En
lo que va de año 2016,
Indra ha realizado
trabajos para la
Comunidad de Madrid por
2.503.783 euros.
Victoria ordenó el pago
Los directivos de Indra
imputados son el
consejero delegado,
Javier de Andrés, y el
entonces director
general de Operaciones
de la empresa
tecnológica, Santiago
Roura [que abandonó la
empresa en septiembre de
2015], quienes según el
juez Eloy Velasco
participaron en el
supuesto encubrimiento
de un pago ordenado por
el exconsejero de la
Comunidad de Madrid
Salvador Victoria a la
empresa Estrategia de
Identidad y Comunicación
Online (Eico), con la
que los imputados
Alejandro de Pedro y
José Antonio Alonso
Conesa realizaban
servicios de mejora
reputacional en
Internet.
Los expresidentes
Esperanza Aguirre e
Ignacio González se
beneficiaron de estos
trabajos de
posicionamiento online,
tal y como desveló
infoLibre. Y, según la
declaración del propio
Alejandro de Pedro ante
el juez, estos trabajos,
que se habrían realizado
sin contrato, generaron
una deuda de alrededor
de 120.000 euros.
Los pinchazos
telefónicos y las
diferentes declaraciones
de los imputados
muestran que Salvador
Victoria se puso en
contacto con el ex
consejero delegado de la
empresa de Informática
de la Comunidad de
Madrid (ICM) José
Martínez Nicolás, uno de
los detenidos en la
Púnica, para que
convenciera a Indra de
que sufragara esta deuda
en metálico: "Esto se ha
hecho toda la vida y
nunca ha pasado nada",
llegó a asegurar
Victoria al informático
De Pedro.
Un antiguo contrato
En el sumario de la
Púnica, al que ha tenido
acceso infoLibre, el
informático se pone en
contacto con una de sus
empleadas para reactivar
un contrato antiguo con
Indra, con la intención
de cobrar una parte de
la deuda.
“Respecto a la línea de
investigación vinculada
a Alejandro de Pedro y
José Antonio Alonso
Conesa en la Comunidad
de Madrid –explica un
auto del juez Velasco–,
se patentiza la
realización de trabajos
o encargos a Alejandro
de Pedro por parte de
altos funcionarios de
dicha comunidad, no
abonados ni justificados
de manera contable y la
articulación de formas
de pago encubiertas,
utilizando
adjudicaciones de
contratos en vigor como
el de Indra, con la
participación de los
imputados Santiago Roura
y Javier de Andrés,
director general de
Operaciones y consejero
delegado de dicha
empresa
respectivamente”,
especifica el juez en el
auto en el que explicaba
los motivos por los que
imputaba a los
directivos de Indra.
Según la declaración del
ex consejero delegado de
la empresa de
Informática de la
Comunidad de Madrid (ICM),
José Martínez Nicolás,
el entonces consejero de
Presidencia, Salvador
Victoria, le ordenó que
se dirigiera a Indra
para que esta firma
abonara en negro los
120.000 euros de la
supuesta deuda que
mantenía el Gobierno
madrileño con la empresa
de Alejandro de Pedro,
que había hecho trabajos
de posicionamiento
online a Esperanza
Aguirre e Ignacio
González.
10.000 euros en la
chaqueta
El propio Alejandro de
Pedro, que fue detenido
en su casa por la
Guardia Civil, tenía en
su chaqueta 10.000 euros
en billetes, que
supuestamente habría
recibido de uno de los
directivos de Indra en
un coche. En la
declaración de Martínez
Nicolás ante los agentes
tras ser detenido, el
entonces consejero
delegado de la empresa
de informática de la
Comunidad de Madrid
confirmó que el pago
realizado por Indra al
informático Alejandro De
Pedro era de 10.000
euros, mientras que el
realizado a la firma
Swat era de 90.000
euros.
Preguntado por los
agentes por el motivo
por el que Indra atendía
las peticiones
económicas de Salvador
Victoria, Martínez
Nicolás aseguró que
podría ser que Indra,
"al ser adjudicataria de
numerosos contratos en
la Comunidad de Madrid,
quisiera corresponder al
consejero de Presidencia
o a la propia comunidad
por creer que esta
persona pudiera tener
influencia en la
adjudicación de
contratos".
Martínez Nicolás se
defendió al asegurar que
su papel era el de mero
intermediario entre su
jefe, Salvador Victoria,
y los directivos de
Indra. Precisamente, la
Guardia Civil ha
focalizado su
investigación en un
contrato realizado por
la Consejería de
Presidencia por un valor
de 1.959.858 euros
adjudicado a la empresa
tecnológica.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/22/la_empresa_que_pago_negro_punica_recibio_contratos_por_129_millones_los_gobiernos_aguirre_gonzalez_51551_1012.html
LA PÚNICA 'ATOSIGA' A
RAJOY: EL JUEZ VELASCO
IMPUTA A UN NUEVO
ALCALDE DEL PP
El magistrado cita para
que declare como
investigado el próximo
13 de septiembre a Pedro
Vicente Sánchez García,
regidor 'popular' de
Puebla de Lillo (León) y
hombre de la máxima
confianza del también
encausado Marcos
Martínez Barazón y de la
asesinada Isabel
Carrasco.
Un informe de la UCO le
acusa de los delitos de
malversación de caudales
públicos y fraude en la
contratación.
Nuevo quebradero de
cabeza para el PP en el
'caso Púnica'. Tras la
aparición de un testigo
sorpresa que puede poner
en apuros al presidente
'popular' de la Región
de Murcia, Pedro Antonio
Sánchez, y la reciente
citación a declarar del
ex diputado de Asamblea
de Madrid Daniel Ortíz
Espejo, el titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, ha citado
en calidad de
investigado (el término
que ha sustituido al de
imputado) a un nuevo
alcalde del partido. Se
trata de Pedro Vicente
Sánchez García, regidor
de la pequeña localidad
leonesa de Puebla de
Lillo (700 habitantes) y
considerado uno de los
más estrechos
colaboradores de la
asesinada Isabel
Carrasco y del también
encausado por la trama
de corrupción Martín
Marcos Martínez Barazón.
Sánchez García, que ganó
los comicios de 2015 con
un 60% de los votos, ya
declaró como testigo en
noviembre de 2014, pero
ahora deberá comparecer
ante el magistrado como
presunto responsables de
un delito de
malversación de caudales
públicos y otro de
fraude en la
contratación por los
pagos que con dinero
hizo público que
presuntamente hizo a
Alejandro de Pedro, el
experto informático en
reputación 'online' que
trabajó para conseguir
el apoyo de Génova a
Marcos Barazón en sus
aspiraciones políticas.
Vozpópuli se puso este
martes en contacto
telefónico con el
alcalde del municipio
leonés que declinó hacer
ningún comentario ya que
aseguró "no saber nada"
de su nueva situación
judicial.
El alcalde de Puebla de
Lillo (León) declarará
el 13 de septiembre
acusado de pagar con
dinero público trabajos
de reputación 'online' a
Alejandro de Pedro
La comparecencia de
Pedro Vicente Sánchez se
producirá el próximo 13
de septiembre a las 12
horas, según aparece
recogido en una
providencia del juez
Velasco a la que ha
tenido acceso este
diario. En el escueto
escrito no se señala las
acusaciones que le han
llevado a citarle "en
calidad de investigado
con asistencia de
letrado", pero detrás de
ella se encuentra un
informe que la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil
entregó a finales de
junio de 2015, hace más
de un año. En el mismo,
de más de 100 folios de
extensión, los
investigadores hacían un
detallado "análisis
sobre supuestas
irregularidades
cometidas en la
Diputación de León" que
presidía Martínez
Barazón tras la muerte
de Isabel Carrasco y
donde el alcalde de
Puebla de Lillo tenía el
cargo de jefe de
Gabinete de ambos. En el
documento, el Instituto
armado concluye que el
alcalde de Puebla de
Lillo es el presunto
responsable de los
delitos de malversación
y fraude por pagar con
fondos públicos trabajos
para mejorar en Internet
la imagen pública del
presidente de la
Diputación. También
sugería al magistrado la
imputación por los
mismos hechos de otras
seis personas, entre
ellas el propio Martínez
Barazón, Alejandro de
Pedro y el socio de
éste, José Antonio
Alonso Conesa, así como
de otras tres personas
ligadas a la institución
pública.
Sobre Pedro Vicente
Sánchez, el informe de
la UCO destaca que de
las llamadas de
teléfonos intervenidas a
los investigados le
señalan como "persona de
la más íntima confianza"
de Martínez Barazón y
que, como tal, asistió
"a las reuniones en las
que se conciertan los
términos de la
configuración y
adjudicación" de varios
contratos públicos. El
documento también
resalta que el alcalde
leonés actuaba "de facto
como coordinador de
prensa" del entonces
presidente de la
Diputación y que, como
tal, "verificaba y
aprobaba el pago de
facturas emitidas por
Alejandro de Pedro" cuyo
abono se camuflaba por
la inserción de
publicidad institucional
en la red de diarios 'zombies'
de este último. "A
juicio policial
-continúa el documento-,
dichas facturas eran
emitidas presuntamente
para costear los
servicios de reputación
online y
asesoramiento-promoción
política del presidente
de la Diputación de León
[Martínez Barzón]
amparándose en la
inserción y facturación
de 'banner'
publicitarios en los
mismos diarios digitales
de Alejandro de Pedro".
Los agentes destacan que
"llama la atención las
razones de urgencia
alegadas por Pedro
Vicente [Sánchez] para
no someter estas
facturas al
procedimiento de
fiscalización ordinario"
y que "a juicio
policial" sólo pretendía
"evitar" los controles
de la Administración.
Declaraciones y
documentos
El informe de la Guarida
Civil también considera
implicado al político
leonés en el amaño
frustrado por las
detenciones de octubre
de 2014 de la
adjudicación de
contratos en la estación
de esquí de San Isidro a
Alejandro de Pedro y su
socio, José Antonio
Alonso Conesa, con la
que el presidente de la
Diputación presuntamente
intentaba 'pagar' a
éstos sus gestiones en
Génova para conseguir el
apoyo del PP nacional en
sus aspiraciones por
presidir el partido en
León. De hecho, Puebla
de Lillo, la localidad
del que era alcalde, es
el municipio que alberga
la mayor parte de dicha
instalación de deportes
de invierno. Diversos
pinchazos telefónicos
apuntan a que Pedro
Vicente Sánchez estuvo
presente en algunas de
las reuniones que su
jefe y amigo, Martínez
Barazón, mantuvo con los
dos principales
implicados en la trama
para "la materialización
del proyecto de
revitalización de las
pistas y la articulación
de los contratos para
facilitar su
adjudicación a las
empresas de Alejandro de
Pedro". Entre estas
llamadas, los agentes
destacan una de agosto
de 2014 entre el experto
en reputación
informática y su socio
en la que éste último
comenta al primero un
reciente encuentro con
el presidente de la
Diputación de León y que
"en un momento que
estaba hablando con
Marcos [Martínez Barzón]
llegó el alcalde [Pedro
Vicente Sánchez] y José
Antonio [Alonso Conesa]
se calló para que éste
no se enterara de lo que
hablaban, pero Marcos le
dijo le dijo que no se
callara, que hablara sin
problemas delante de
Pedro, que era de su
absoluta confianza".
Un informe de la UCO de
junio de 2015 ya recogía
declaraciones,
documentos y 'pinchazos'
telefónicos que
implicaban a Pedro
Vicente Sánchez en
Púnica
En el documento policial
se recogen también
documentos y
declaraciones de
testigos que implican al
alcalde de Puebla de
Lillo en las presuntas
irregularidades
investigadas en León.
Así, una de las
trabajadoras del
gabinete de prensa de la
Diputación señaló a éste
como el "coordinador" de
los trabajos que se
hacían en el mismo,
entre los que se incluía
el envío de noticias
elaboradas a Alejandro
de Pedro para que éste
las replicara en su red
de diarios 'zombies' y
mejorara la imagen en
Internet de Martínez
Barazón. Otra empleada
del mismo departamento
también le señaló como
la persona que le
entregaba las facturas
para pagar al experto en
reputación online,
además de firmarlas y
pasárselas al
interventor para que las
validara. En el informe
también aparece recogido
un documento que
supuestamente entregó el
regidor ahora imputado
al gerente de la empresa
pública de Gestión de
Residuos Solidos Urbanos
de León (Gersul) para
que ésta se hiciera
cargo del pago de
facturas a Alejandro de
Pedro por un valor de
6.000 euros. La
investigación ha
constatado que una de
las sociedades de este
experto informático,
Madiva Editorial,
mantuvo un contrato con
la Diputación de León
desde mediados de 2013
hasta que se desató la
operación a finales de
octubre de 2014 a razón
de 3.600 euros mensuales
por mejorar la imagen en
internet de la asesinada
Isabel Carrasco,
primero, y de Martínez
Barazón, después. En
total, la Diputación
reconoció a la Audiencia
Nacional pagos por algo
más de 105.000 euros en
dos años y medio por
este concepto.
Cuando el próximo 13 de
septiembre el alcalde de
Puebla de Lillo acuda a
la Audiencia Nacional a
declarar no será la
primera vez que visite
dicho órgano judicial.
El 18 de noviembre de
2014, sólo tres semanas
después de la detención
de los principales
implicados en el caso
Púnica, entre ellos su
jefe y amigo Marcos
Martínez Barazón, ya fue
convocado por el juez
Velasco. Entonces lo
hizo como testigo en una
comparecencia que duró
menos de 20 minutos.
Ahora, sin embargo,
Pedro Vicente Sánchez lo
hará como imputado y en
la fase final de la
instrucción de la pieza
separada del sumario que
el magistrado denominó
"hechos referentes a la
Diputación de León" que
quiere concluir en
breve. En esta pieza,
además de él, de
Martínez Barzón,
Alejandro de Pedro y
Alonso Conesa, están
imputados al menos el
interventor Manuel Jesús
López Sánchez y el
empresario Francisco
Eduardo Ruiz Valenzuela.
El 'martes y 13' del PP
en el 'Caso Púnica'
El juez Velasco ha
retornado de las
vacaciones dando un
nuevo impulso al 'caso
Púnica'. En los últimos
días, ha dictado nuevas
providencias y autos
para encargar
diligencias e informes,
algunos de ellos a la
Agencia Tributaria, y
para responder a
diferentes recursos de
los imputados. También
ha fijado nuevas
declaraciones.
Curiosamente, el día
elegido para tres de
ellas ha sido el próximo
13 de septiembre,
martes, en la que
pasarán por su despacho
un testigo y dos
imputados para que
declaren sobre tres
líneas de investigación
distintas, pero que
tienen como punto en
común afectar
directamente al PP. El
primero en hacerlo será
un trabajador de la
Consejería de Educación
del Gobierno de la
Región de Murcia, a
quien el magistrado
quiere escuchar para
corroborar el contenido
de varias cartas que le
ha enviado con datos
sobre las andanzas de la
trama en esta comunidad.
Su testimonio puede ser
clave para avanzar en
las pesquisas sobre
Pedro Antonio Sánchez,
actual presidente
'popular' del Ejecutivo
autonómico y que cuando
estalló el escándalo de
corrupción ocupaba,
precisamente, la cartera
de Educación en el
mismo. El siguiente en
pasar por el despacho
del juez será el ex
diputado de la Asamblea
de Madrid y ex alcalde
de Móstoles Daniel Ortiz
Espejo, quien tuvo que
renunciar a su escaño -y
a la condición de
aforado- después de que
el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid
decidiera actuar contra
él por su presunta
implicación en el amaño
de un contrato de 73
millones de euros de
eficiencia energética en
favor de una empresa de
la Pünica. Tras él, le
tocará el turno,
precisamente, a Pedro
Vicente Sánchez, el
alcalde de Puebla de
Lillo.
http://vozpopuli.com/actualidad/89231-la-punica-atosiga-a-rajoy-el-juez-velasco-imputa-a-un-nuevo-alcalde-del-pp
ANTICORRUPCIÓN ESTUDIA
NUEVAS IMPUTACIONES TRAS
UN INFORME DE UCO SOBRE
MÁS REGALOS DE LA PÚNICA
A "CARGOS PÚBLICOS"
La Fiscalía tiene desde
junio sobre su mesa un
documento de la Guardia
Civil en el que se
detallan las dádivas
supuestamente entregadas
por el constructor
Ramiro Cid a políticos.
Es el mismo empresario
que presuntamente regaló
un coche a Granados y le
estaba construyendo una
mansión de lujo en
Valdemoro.
La ya larga lista de
imputados en el 'caso
Púnica' puede aún ser
más extensa. La Fiscalía
Anticorrupción estudia
desde antes del verano
un informe que la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil
entregó el pasado mes de
junio en la Audiencia
Nacional con la
identidad de "cargos
públicos y funcionarios"
que presuntamente habían
recibido regalos de uno
de los principales
implicados en la trama,
el constructor Ramiro
Cid Sicluna. El titular
del Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, que
levantó hace tiempo el
secreto de sumario sobre
la mayor parte de la
causa, ha decidido que
dicho documento policial
no sea aún trasladado a
las acusaciones y
defensas porque en el
mismo aparecen,
precisamente, nuevos
nombres que hasta ahora
no habían salido en las
pesquisas, además de los
de varias personas ya
imputadas, según revelan
diversas fuentes
jurídicas.
El informe de la Guardia
Civil llegó a la
Audiencia Nacional a
comienzos de junio.
Desde entonces, el juez
Velasco ha rechazado dar
traslado del mismo a
acusaciones y defensas
El informe llegó a la
Audiencia Nacional en
las primeras semanas de
junio mediante el oficio
204 de la Guardia Civil.
El magistrado dictó el
13 de ese mismo mes una
providencia para que
diese traslado del mismo
"al Ministerio Fiscal
para su conocimiento y,
en su caso, informe",
pero no a las otras
partes personadas. De
hecho, desde entonces,
diversos abogados
personados en la causa
han remitido escritos al
Juzgado para reclamar
una copia del mismo,
pero hasta ahora se han
encontrado con una
negativa como respuesta,
según han confirmado a
este diario varias
letrados en los últimos
días. Su contenido, por
lo tanto, sigue bajo
secreto, aunque fuentes
jurídicas apuntan a su
relevancia dada la
procedencia de los
dádivas investigadas: el
constructor Ramiro Cid
Sicluna, uno de los
principales implicados
en la trama y al que
desde la investigación
se le compara con el
empresario David
Marjaliza, también por
su cercanía con
Francisco Granados.
De hecho, el que fuera
secretario general del
PP madrileño fue el
destinatario de algunos
de estos regalos, según
han revelado ya las
pesquisas. Así, varios
informes incorporados al
sumario señalan a este
empresario como el
presunto responsable de
la entrega de un coche y
una mansión de 1.000
metros al político ahora
encarcelado. Sobre el
vehículo, la UCO ya ha
elaborado dos documentos
que concluyen que el
automóvil marca Mini
Cooper que utilizaba la
mujer del cabecilla de
la trama, María Nieves
Alarcón, también
imputada en la causa, y
que resultó destruido en
un incendio provocado,
era en realidad un
supuesto pago 'en
especie' de un
constructor que se
intentó camuflar con
"facturación falsa",
según ha reconocido en
su declaración ante el
juez el propietario del
concesionario que simuló
la venta.
"Adjudicatario
recurrente"
Idéntica conclusión saca
otro documento policial
del pasado 8 de enero
sobre la vivienda de
lujo que una empresa de
Ramiro Cid estaba
construyendo en el
sector R-6, denominado
El Caracol, de la
localidad madrileña de
Valdemoro. En este caso,
la Guardia Civil destaca
que tras saltar a los
medios de comunicación
en febrero de 2009 la
existencia de la misma,
el constructor y el
político presuntamente
convencieron a otro
empresario para que éste
simulara su compra para
mantener oculto quién
iba a ser el verdadero
propietario a cambio de
beneficiarle con un
convenio público de la
Comunidad de Madrid. Los
documentos apuntan a que
este tipo de dádivas es
lo que convirtió al
constructor en
"adjudicatario
recurrente en ventas de
suelo público" en el
Plan General de
Urbanismo de Valdemoro,
no solo con Granados
como alcalde, sino
también con sus dos
sucesores, también
imputados en la causa.
El nombre del
constructor Ramiro Cid
ya aparece relacionado
en el sumario con
supuestos regalos a
Francisco Granados. En
concreto, un coche y una
mansión
El nombre de Ramiro Cid
también ha aparecido
vinculado a otros
supuestos regalos ya
investigados. En
concreto, el de un
vehículo de la marca
Mercedes que aparece a
nombre de una antigua
cargo del Ejecutivo
regional de Esperanza
Aguirre que hasta ahora
no está imputada en la
causa. Se trata de María
Victoria Cristóbal
Araujo, ex asesora de
prensa de la lideresa en
la primera campaña de
ésta a la Presidencia de
la Comunidad de Madrid y
que con Francisco
Granados en la
Consejería de
Presidencia, Interior y
Justicia llegó a estar
al frente de la Agencia
Madrileña de Emigración.
Concejal 'popular' en
Majadahonda (Madrid)
hasta enero de 2015, el
magistrado indaga sobre
los supuestos vínculos
entre este automóvil de
lujo y la trama ya que
la documentación
intervenida precisamente
en una de las empresas
de Ramiro Cid apuntan a
que supuestamente
también fue pagado por
éste.
Decenas de empresas y
dos SICAV
Fuentes cercanas a la
investigación destacan
que Ramiro Cid y su
entramado empresarial,
encabezado por el Grupo
Obras y Vías, no ha
tenido hasta ahora la
presencia mediática de
David Marjaliza, pese a
que constituyen una
pieza fundamental en la
trama Púnica. De hecho,
en los últimos años Cid
Sicluna ha acumulado un
importante patrimonio
que incluye decenas de
compañías y dos
sociedades colectivas de
inversión variable (SICAV),
una de las cuales
arrancó con un capital
de 10 millones de euros.
Además, su vinculación
con Granados no se
limita al coche y la
mansión que
supuestamente le regaló,
sino que también fue él
quien vendió al ex
dirigente regional del
PP las tres últimas
viviendas que adquirió
en Valdemoro, además de
haber pagado al político
los 5.000 litros de
aceite que éste regaló a
los votantes en su
última campaña para
alcalde.
El constructor figura
como el vendedor a
Granados de tres casas,
además de dar trabajo en
su empresa al presunto
testaferro del político
Cuando Granados tuvo que
dejar su escaño en el
Senado tras conocerse
que tenía una cuenta en
Suiza, el constructor
dio trabajo en una de
sus empresas a Ignacio
Palacios, la mano
derecha del político en
los últimos quince años
y que ha sido imputado
ahora en el 'caso
Púnica' como presunto
testaferro del ex
secretario general del
PP Madrileño. Además,
Ramiro Cid también está
vinculado a las célebres
cacerías a las que eran
invitados políticos y
que denunció el
directivo de la
constructora Dico. Según
declaró éste en su día,
fueron precisamente la
empresa Obras y Vías de
Ramiro Cid y la maraña
societaria de David
Marjaliza las que
obtuvieron mayor número
de contratos en aquellas
jornadas cinegéticas.
http://vozpopuli.com/actualidad/89002-anticorrupcion-estudia-nuevas-imputaciones-tras-un-informe-de-uco-sobre-mas-regalos-de-la-punica-a-cargos-publicos
EL JUEZ VELASCO ORDENA A
HACIENDA RASTREAR EL
PATRIMONIO ACUMULADO POR
GRANADOS, SUS FAMILIARES
Y TESTAFERROS EN 15 AÑOS
La Fiscalía
Anticorrupción solicitó
el pasado mes de julio
que se realizara un
"análisis y valoración
patrimonial" de los
bienes del ex secretario
general del PP de Madrid
y de su socio, el
constructor David
Marjaliza. El magistrado
ha ordenado ahora a la
Agencia Tributaria que
lo haga desde el año
2000 hasta 2014, cuando
ambos fueron detenidos
dentro de la 'Operación
Púnica'.
Más trabajo para el
Ministerio de Hacienda
en el caso Púnica.
Después de ordenar a la
Agencia Tributaria que
se encargase de analizar
la documentación
entregada recientemente
por la Comunidad de
Madrid sobre la empresa
pública Arpegio, el
titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
ha cursado una nueva
instrucción a los
expertos del
departamento de
Cristóbal Montoro. En
este caso para que
rastreen el patrimonio
que los dos presuntos
cabecillas de la trama,
Francisco Granados y el
constructor David
Marjaliza, acumularon
desde el año 2000, poco
después que el primero
asumiera la alcaldía de
Valdemoro (Madrid),
hasta 2014, cuando ambos
fueron detenidos por la
Guardia Civil. El
magistrado, sin embargo,
no quiere que la
investigación se centre
en los bienes a nombre
de ambos, sino que la
misma se extienda a
"familiares, personas
interpuestas o personas
sociales [empresas]"
ligadas a ambos.
El magistrado quiere que
la AEAT analice y valore
el patrimonio del
político y su socio
Marjaliza, junto al de
"familiares, personas
interpuestas o personas
sociales" ligados a
ambos, entre el año 2000
y la detención de ambos
en 2014
Así aparece recogido en
una providencia dictada
por el magistrado de la
Audiencia Nacional a la
que ha tenido acceso
Vozpópuli y en el que se
señala que la iniciativa
de esta diligencia es de
la Fiscalía
Anticorrupción. De
hecho, fueron sus dos
representantes en la
causa las que el pasado
19 de julio presentaron
sendos escritos ante el
juez Velasco para que se
realizaran dichas
pesquisas en torno a los
considerados personajes
de la clave. Hasta
ahora, los únicos
informes de la AEAT que
figuraban en el sumario
sobre el patrimonio de
ambos fueron los
estudios iniciales que
se hicieron sobre sus
declaraciones de la
Renta y las de sus
esposas. también
imputadas, así como del
entramado societario del
constructor. Las
posteriores
investigaciones de la
Guardia Civil han
revelado que una parte
importante de las
supuestas propiedades de
ambos, sobre todo en el
caso del político, están
presuntamente ocultas
bajo la tapadera de
familiares, testaferros
y empresas 'pantalla'.
Sin olvidar, también,
que se hallaron
importantes cantidades
de efectivo en cajas de
seguridad e, incluso,
ocultas en domicilios
particulares, como el
millón de euros que
apareció en la vivienda
de los suegros de
Granados escondidos en
un maletín. Es lo que el
juez Velasco quiere
ahora que se analice en
profundidad desde un
punto de vista fiscal.
De hecho, los
investigadores sospechan
que el ex dirigente
madrileño del PP
utilizaba "diez o doce
empresas" para ocultar
el dinero de las
'mordidas' recibidas.
Así lo reveló el
interrogatorio al que el
magistrado y las
fiscales Anticorrupción
sometieron al matrimonio
formado por Ignacio
Palacios, antiguo jefe
de gabinete del político
'popular', y María José
Marijuán. Ambos, que se
negaron a contestar a
las preguntas que se les
plantearon, son
considerados los
presuntos testaferros de
las sociedades
instrumentales con las
que Granados
supuestamente evadía
dinero de España y con
las que ocultaba ser el
propietario de bienes.
Entre ellos, una finca
valorada en más de un
millón de euros situada
en la localidad abulense
de Higuera de las Dueñas
y donde el político
acudía muchos fines de
semana con sus amigos a
montar a caballo y en 'quad'.
Entre estas empresas
supuestas 'pantalla' de
Granados, el juez citó
expresamente Tuvalu
Gestión SL, Sega
Integrales SL, Circuito
de Prácticas Pista Sur,
Ayjopen Consulting SL,
Himalaya 2002 SL, Norean
2000 SL, Match Golf
Consulting SL, Servicios
Patrimoniales de Obras y
Vías SL y Bustren SA,
según los "datos
objetivos y fuertes
indicios" que
Anticorrupción aseguraba
poseer durante los
interrogatorios de
Palacios y su mujer.
El hermano y la
colaboradora
Junto a este matrimonio,
también va a ser
sometido a escrutinio
por los expertos de la
Agencia Tributaria
diversos miembros del
entorno familiar y
político más cercano de
Granados. De hecho,
algunos ya han sido
objeto de pesquisas en
los últimos meses
durante la instrucción
de la causa. En mayo el
juez Velasco ordenó
investigar a un hermano
del político, Alfonso
Antonio Granados Lerena,
y a la que fuera su
estrecha colaboradora
María Victoria Cristóbal
Araujo. Del primero, ha
indagado las
"operaciones
inmobiliarias" en las
que hubiera participado.
De la segunda, los
movimientos de sus
cuentas bancarias entre
2004 y 2008. Ambas
líneas de
investigaciones se
abrieron tras recibirse
en la Audiencia Nacional
sendos informes de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil. El familiar del
ex dirigente del PP ya
vio el pasado 16 de
noviembre como los
agentes del Instituto
armado realizaban un
registro en una las
propiedades que
compartía con su
hermano. Fue la misma
jornada en la que se
localizó en casa de los
suegros de Granados
cerca de un millón de
euros en metálicos
escondidos en una
maleta.
En los últimos meses, el
juez ya había ordenado
indagar en las
"operaciones
inmobiliarias" en las
que hubiera participado
el hermano de Granados,
así como la compra de un
vehículo de lujo por
parte de una
colaboradora del
político
En el caso de María
Victoria Cristóbal, 'Vicky',
las pesquisas se han
centrado hasta ahora en
su vehículo, un Mercedes
SLK que fue
supuestamente "pagado"
por la empresa Obras y
Vías SA, propiedad del
constructor Ramiro Cid
Sicluna, según la
documentación encontrada
en su día en el registro
de esa compañía. Ramiro
Cid, también imputado en
la causa, es considerado
uno de los principados
implicados en la trama y
los investigadores le
acusan de haber actuado
de la misma manera con
otro vehículo, en este
caso el Mini modelo
Cooper que utilizaba la
mujer de Granados, María
Nieves Alarcón, y que
apareció quemado de
manera intencionada en
el garaje donde lo
guardaba la pareja.
Sobre la propiedad de
este último automóvil,
la Guardia Civil ya ha
elaborado dos informes
en los que concluye que
el mismo fue un regalo
del empresario al
político como
"contraprestación" por
supuestos favores
urbanísticos.
Algo similar ha ocurrido
con una mansión que este
constructor levantó en
Valdemoro bajo las
directrices estéticas de
la esposa del político y
que, pese a que no
figuró nunca a nombre de
Granados, los
investigadores estiman
que es realmente de su
propiedad. A cambio, el
empresario supuestamente
se vio beneficiado como
"adjudicatario
recurrente en ventas de
suelo público" en
Valdemoro. Construida
sobre un solar de 1.700
metros cuadrados (lo que
ocupan seis chalés
adosados), la vivienda
iba a tener piscina con
el vaso revestido de
cuarcita dorada y el
perímetro cubierto de
pizarra negra. Además,
al amplio jardín iban a
dar un porche levantado
en piedra arenisca. En
la cocina, el político y
su mujer se habían
gastado 80.000 euros,
con muebles de cocina
valorados en 44.000 y
con 17.000 en
electrodomésticos. El
resto de la vivienda
seguía la misma línea:
baño turco y sauna,
vestidor con mando a
distancia, tres
chimeneas, ducha con
cromoterapia y efecto
niebla... Según recoge
un documento policial,
el político realizó
varias maniobras
mediante testaferros en
2011 para ocultar que él
era el destinatario
final de la vivienda,
algo que intentaba
ocultar a toda costa
después de que en
febrero de 2009 el ya
desaparecido diario
Público comenzase a
informar sobre la
existencia de la
ostentosa vivienda
unifamiliar.
"Fuentes de ingresos
desconocidas"
Su patrimonio ya levantó
sospechas al inicio de
la investigación ya que
no cuadraba con los
ingresos declarados por
el matrimonio en sus
declaraciones de la
Renta. Así, entre 2003 y
2013, Francisco Granados
recibió como retribución
oficial por el desempeño
de sus diferentes cargos
públicos una cantidad
ligeramente superior al
millón de euros. Una
importante cifra que,
sin embargo, no parece
ser suficiente para
mantener el elevado
nivel de vida que tanto
él como su mujer, María
Nieves Alarcón, también
imputada en el 'caso
Púnica', mantuvieron en
esos once años. Según
destacaban aquellos
primeros informes de la
Agencia Tributaria
incorporados al sumario.
De hecho, los expertos
de Hacienda señalaban ya
entonces su
convencimiento de que
"el matrimonio dispone
de otras fuentes de
ingresos que resultan
por ahora desconocidas".
Los primeros informes de
Hacienda ya apuntaban a
la que los ingresos de
Granados y su esposa no
cuadraban con su
patrimonio: "El
matrimonio dispone de
otras fuentes de
ingresos desconocidas"
Granados pasó de ganar
algo más de 55.000 euros
como alcalde de
Valdemoro en 2003 a
ingresar 85.675 euros en
2004 como integrante del
Gobierno de Esperanza
Aguirre tras el célebre
'tamayazo'. A partir de
ese año, sus ingresos
oficiales se mantuvieron
en torno a los 100.000
con un pico de 118.034
euros en el año 2008.
Cuando dejó su puesto en
el Ejecutivo regional y
pasó al Senado, sus
retribuciones se
redujeron de manera
significativa, ya que
pasó a percibir algo más
de 60.000 euros por su
escaño en la Cámara Alta
y 19.453 euros de la
Asamblea de Madrid en
2012. Cifras que
registraron una subida
al año siguiente hasta
un total de 83.318,20
euros. Por su parte, su
mujer recibió esos años
retribuciones de hasta
siete pagadores
distintos, algunas de
menos de 100 euros, por
las que sólo un año,
2008, curiosamente el
año de más ingresos de
su marido, superó los
40.000 euros.
Con estos ingresos, el
matrimonio consiguió
amasar un importante
patrimonio inmobiliario.
Así, la Agencia
Tributaria constató que
la pareja era
propietaria de tres
viviendas en Valdemoro
de 350, 127 y 163 metros
cuadrados y que, además,
tuvo dos pisos de lujo
en Marbella que vendió.
También que figuraba
como titular de cinco
almacenes o
aparcamientos, cinco
solares urbanos de entre
500 y 600 metros
cuadrados y dos terrenos
rústicos que suman más
de 10.000 metros
cuadrados, todos ellos
en el municipio en el
que Granados fue
regidor. Hacienda
detectó incluso que
habían dado varios
'pelotazos' urbanísticos
en 2007. Entre ellos, la
venta a Servicios
Logísticos
Inmobiliarios, una
sociedad controlada por
su amigo David
Marjaliza, de cuatro
parcelas que poseían en
el llamado sector R2
Canto Negro de
Valdemoro. De aquella
operación, el dirigente
'popular' y su esposa
lograron una plusvalía
cercana a los 1,44
millones de euros. Los
investigadores creen
que, en realidad, la
misma fue una 'tapadera'
para ocultar un
'mordida'. Esa mismo año
y en un sólo día, el 31
de agosto, la pareja
vendió un inmueble por
672.000 euros que ocho
años antes le había
costado únicamente
62.000 euros, y otro por
558.000 euros que compró
siete años antes por
53.000 euros.
Elevados saldos
bancarios
El informe de Hacienda
también destacaba los
elevados saldos que
llegaron a acumular la
docena de cuentas a
nombre de Granados
cuando éste era
consejero de
Presidencia, Justicia e
Interior del gobierno de
Aguirre... sin contar
con la que tuvo en Suiza
bajo el seudónimo de 'Laiker'
y en la que llegó a
tener 1,5 millones de
euros. Así, llegó en las
que declaró al fisco
llegó a sumar en 2008
algo más de 1,4 millones
de euros, cifra que se
mantuvo por encima del
millón de euros hasta
2011. Curiosamente,
cuando abandonó su cargo
en el Ejecutivo regional
estas cifras comenzaron
a reducirse de manera
sensible hasta acabar en
2013 con 'sólo' 726.000
euros. Con esas
cantidades a su
disposición, el político
y su mujer se
permitieron el lujo en
2009 de invertir de
golpe cada uno nada
menos que medio millón
de euros en adquirir
Letras del Tesoro.
La AEAT también
resaltaba en sus
primeros análisis que a
Granados la declaración
de la Renta casi siempre
le salía a devolver. De
nueve ejercicios, sólo
tuvo que pagar a
Hacienda en dos de ellos
Además, la Agencia
Tributaria detallaba
también el amplio parque
móvil con el que
contaban y que se
componía de dos
motocicletas, un BMW
530, un Audi A5, un
Mercedes 180, el Mini
Cooper que resultó
destruido por el fuego y
un todoterreno
Volkswagen Touareg. Con
todo ello, los
resultados de las
declaraciones de la
renta del matrimonio en
aquellos años fueron
también llamativos. De
los nueve de los
ejercicios analizados
entonces, a Granados le
salió a devolver en
siete y sólo en dos tuvo
que pagar, uno de ellos
coincidiendo con sus
'pelotazos'
urbanísticos. Con estos
datos sobre la mesa, la
Agencia Tributaria
concluía ya entonces que
no le 'cuadraban' las
cifras. Ahora el juez
Velasco le ordena que
profundice en estos
análisis y lo amplíe a
sus familiares, posibles
testaferros y empresas
'pantalla'.
http://vozpopuli.com/actualidad/88931-el-juez-velasco-ordena-a-hacienda-rastrear-el-patrimonio-acumulado-por-granados-sus-familiares-y-testaferros-en-15-anos
EL JUEZ DE PÚNICA SE
PONE DE PLAZO FINAL DE
AÑO PARA ACTUAR CONTRA
EL PRESIDENTE DE MURCIA
Según informan fuentes
de la investigación a
Vozpópuli, la intención
del titular del Juzgado
de Instrucción Número 6
de la Audiencia Nacional
es finalizar antes de
Navidades las piezas 2 y
3 del sumario de Púnica:
León y Murcia. El
instructor mantendrá los
indicios que pesan
contra el actual
presidente murciano,
Pedro Antonio Sánchez.
La investigación de la
trama Púnica traerá más
de un quebradero de
cabeza al Partido
Popular en el curso
judicial 2016/2017. Hace
prácticamente un año que
el titular del Juzgado
Central de Instrucción
Número 6 de la Audiencia
Nacional, el juez Eloy
Velasco, decidió junto
con las fiscales
Anticorrupción Carmen
García y María Teresa
Gálvez trocear en doce
piezas separadas esta
macrocausa de
corrupción.
Tras diez meses de
intensa investigación,
el pasado mes de julio
el instructor dio por
cerrada la primera pieza
sobre las pesquisas del
presunto chivatazo que
un guardia civil dio al
ex secretario general
del PP de Madrid,
Francisco Granados,
antes de ser detenido
por la Guardia Civil en
octubre de 2014.
La UCO reactivó la
investigación sobre el
presidente de Murcia al
enviar un duro informe
incriminatorio al juez
el pasado mes de mayo
Ahora, el objetivo de
Velasco es ir cerrando
otras piezas en este
curso judicial que
quedará inaugurado el
próximo martes. Según
informan fuentes de la
investigación a
Vozpópuli, el magistrado
de la Audiencia Nacional
pretende acabar antes de
que finalice 2016 con la
instrucción de la pieza
sobre la Diputación de
León y la pieza separada
sobre Murcia. Son las
dos que están más
avanzadas en estos
momentos y que pueden
ser enviadas en los
próximos cuatro meses a
juicio.
En el caso de Murcia,
tal y como desveló este
periódico, el magistrado
ha citado a declarar
como testigo para el
próximo día 13 a un
funcionario de Ejecutivo
autonómico que en los
últimos meses ha
remitido a la Audiencia
Nacional varias cartas
con información sobre
las supuestas
irregularidades que
salpican al presidente
'popular' de dicha
autonomía, Pedro Antonio
Sánchez. Se trata de
A.E.P.M., quien en las
misivas asegura trabajar
en la Consejería de
Educación y
Universidades, la
cartera que ocupaba en
la anterior legislatura
el máximo dirigente
autonómico cuando tuvo
tratos con integrantes
de la trama. El juez ha
adoptado esta decisión
después de que el pasado
mes de mayo la Unidad
Central Operativa de la
Guardia Civil (UCO)
enviase un informe a la
Audiencia Nacional donde
recababa los indicios
que pesan sobre el
político del PP, al que
se acusa de haber
cometido presuntamente
delitos de malversación
de caudales públicos y
fraude a la
administración entre
otros relacionados con
la corrupción.
Negocios con el experto
en reputación 'online'
Se da la circunstancia
de que Sánchez estuvo al
frente de la Consejería
de Educación de la
Región de Murcia hasta
las elecciones
autonómicas del pasado
mes de mayo cuando se
convirtió en el nuevo
presidente regional.
Actualmente, está siendo
investigado por
contratar al experto en
reputación online de
Púnica, Alejandro de
Pedro, para mejorar su
imagen en las redes
sociales. El problema
radica en que esos
contratos, que se
llevaron a cabo en 2014,
fueron abonados con
dinero público en vez de
asumir los costes el
propio ex consejero o el
partido. Sin embargo, se
da la circunstancia de
que Pedro Antonio
Sánchez se encuentra
aforado ante el Tribunal
Superior de Justicia de
Murcia por su condición
de presidente autonómico
por lo que Velasco tan
sólo puede agotar las
pesquisas en torno a él
y enviarlas al tribunal
competente pero no puede
procesarlo.
Pedro Antonio Sánchez
está aforado en la
actualidad ante el
Tribunal Superior de
Justicia de Murcia por
lo que Velasco no es
competente para
procesarlo
Por otro lado, las
fuentes jurídicas
consultadas explican que
Eloy Velasco también
tratará dictar el auto
de paso a procedimiento
abreviado -con el que se
concluye la fase de
instrucción- antes de
Navidades en el caso de
la pieza de la
Diputación de León. En
dicho procedimiento, se
investigan los trabajos
que Alejandro de Pedro,
a través de sus
sociedades Eico On y
Madiva, hizo para
mejorar la reputación en
internet del ex
presidente de la
Diputación de León,
Marcos Martínez Barazón
y mediar para que se
mantuviera en el cargo.
Según se desprende del
sumario de esta causa de
corrupción, esta
relación inicial se
extendió posteriormente
a distintos
procedimientos de
contratación de
servicios públicos en la
estación de esquí de San
Isidro, dependiente de
la citada Diputación.
Dichos proyectos fueron
alterados para que se
ajustaran en plazo a las
necesidades políticas de
Martínez Barazón, y que
se garantizara su
adjudicación al entorno
de De Pedro. El
exdirigente popular
llegó incluso a instar a
la modificación de los
pliegos de contratación
para favorecer a las
empresas del experto en
posicionamiento en
internet.
http://vozpopuli.com/actualidad/88892-el-juez-de-punica-se-pone-de-plazo-final-de-ano-para-actuar-contra-el-presidente-de-murcia
EL DIPUTADO DE CIFUENTES
QUE DIMITIÓ POR LA
PÚNICA DECLARARÁ COMO
IMPUTADO EL 13 DE
SEPTIEMBRE
El juez Eloy Velasco ha
dictado una providencia
por la que cita a Daniel
Ortiz Espejo, exalcalde
de Móstoles y elegido
como parlamentario
autonómico en las
elecciones de 2015, a
declarar como
investigado después de
que haya perdido su
condición de aforado
tras abandonar su escaño
al conocerse un informe
que lo implicaba en el
amaño de un contrato de
73 millones de euros.
Daniel Ortiz Espejo,
primer diputado de
Cristina Cifuentes que
se vio obligado a
dimitir por su
implicación en el 'caso
Púnica', ya tiene fecha
para declarar como
investigado (término que
sustituye al de imputado
tras la reforma de la
Ley de Enjuiciamiento
Criminal) ante el
titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco.
El magistrado ha dictado
este lunes, tras
reincorporarse a la
Audiencia Nacional tras
las vacaciones de
verano, una providencia
por la que fija el
próximo 13 de septiembre
a las diez de la mañana
como la fecha y hora en
la que el antiguo
parlamentario regional
madrileño deberá
comparecer ante él para
declarar por su supuesta
relación con el amaño de
un contrato público de
más de 73 millones euros
cuando era alcalde de la
localidad madrileña de
Móstoles. Daniel Ortiz,
que siempre ha negado
cualquier relación con
la trama que
presuntamente encabezaba
su correligionario
Francisco Granados,
dimitió de su escaño el
pasado mes de julio
horas después de
conocerse que el
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM)
había aceptado
investigarle tras
remitirle el juez
Velasco la causa contra
él dado que era aforado.
Tras perder dicha
condición el alto
tribunal ha devuelto las
diligencias a su colega
de la Audiencia
Nacional, quien ahora ha
decidirle citarle "a fin
de oírle en declaración
como imputado, previa
instrucción de sus
derechos".
El juez Velasco ha
citado como imputado a
Daniel Ortiz después de
que el TSJM le
devolviera la causa
contra él tras haber
perdido el político su
condición de aforado al
verse obligado a
abandonar su escaño
El juez Velasco había
elevado en mayo al TSJM
una extensa exposición
razonada para pedir a
este órgano judicial que
investigase a Daniel
Ortiz al considerar a
éste al político
presunto autor de seis
delitos de corrupción
por su supuesta
participación en el
amaño de un contrato de
eficiencia energética en
favor de la empresa
Cofely-GDF Suez, una de
las principales
implicadas en la red de
corrupción. En su
escrito, de 74 folios de
extensión, el magistrado
detallaba todos los
indicios y pruebas
recopilados en la causa
contra él, entre ellas
28 comunicaciones entre
los principales
implicados de la trama,
que demostrarían en su
opinión "actos de
corrupción en beneficio
de la empresa que se
llevó la adjudicación
bajo sospecha, la filial
española de Cofely-GDF
Suez, "con un ánimo de
lucro personal como
contrapartida". El
magistrado llegaba a
hablar de pagos de entre
240.000 y 500.000 euros
de los que supuestamente
se beneficiaron él, el
concejal del mismo
municipio Alejando
Utrilla, y el hermano de
éste, Mario, que fuera
alcalde de Sevilla La
Nueva y parlamentario
regional la pasada
legislatura autonómica.
Junto a estos tres
políticos el juez
destaca la participación
"activa" en la trama
para amañar dicho
contrato de tres
responsables de la
empresa adjudicataria.
En concreto, del
responsable del
Departamento Comercial,
Constantino Álvarez; del
jefe de Mercado Público,
Pedro Pérez, del propio
director general de la
compañía, Mauricio
Didier, y de otros
empleados del
Departamento de
operaciones, todos ellos
ya imputados en la
causa. También participó
el constructor David
Marjaliza, quien actuó
como 'conseguidor' del
contrato e intermediario
ante Ortiz y los otros
políticos, de los que
consiguió información
reservada para que
Cofely pudiera preparar
la oferta con la que se
llevaron el concurso. El
amigo de Francisco
Granados incluso negoció
la cifra de la 'mordida'
y adelantó los primeros
pagos de ésta, como él
mismo ha confesado en su
declaración
autoinculpatoria. El
escrito del juez
señalaba que dicha
comisión era de 240.000
euros, 500.000 euros y
6.000 euros “como
reconocimiento a su
ayuda para obtener el
contrato”. Gran parte de
este dinero salió con
cargo al presupuesto
mismo de ejecución del
contrato mediante
facturación que se giró
al Ayuntamiento mediante
conceptos como una
auditoría falsa por
importe del 2 por ciento
del presupuesto de
adjudicación. La otra,
de “una serie de
reformados que no eran
más que una ficción de
gastos para generar a
costa del erario
municipal el efectivo
necesario para abonar
las dádivas prometidas”.
"Prevaliéndose de su
posición como alcalde"
La exposición razonada
explicitaba todos los
indicios recabados
contra Daniel Ortiz en
las fases de licitación,
adjudicación y ejecución
del “contrato
administrativo mixto de
suministros y servicios
energéticos y
mantenimiento integral
con garantía total de
los edificios
municipales y centros
educativos del municipio
de Móstoles”, licitado
el 12 de diciembre de
2013 y adjudicado el 20
de 2014 por importe de
73.143.434,76 euros por
un periodo de 12 años.
Daniel Ortiz, según el
juez de la Audiencia
Nacional, recabó
información del avance
de la fase de licitación
del contrato presionando
continuadamente sobre
empleados públicos y
autoridades municipales,
“prevaliéndose de su
posición como alcalde de
la localidad”. Muy
especialmente, sobre el
concejal promotor del
expediente, David
Sánchez Rey. A éste
llegó a solicitarle la
interrupción del
procedimiento de
adjudicación,
interfiriendo en el
proceso reglado de
decisión de la Mesa de
Contratación, único
órgano competente sobre
el contrato, del que no
formaba parte.
Un juez Velasco le acusa
de haberse valido de su
condición de alcalde
para interrumpir el
proceso de licitación de
millonario contrato y
así facilitar que fuera
adjudicado a Cofely, una
de las empresas de la
trama
Según Velasco, durante
la tramitación del
procedimiento, el ex
diputado regional puso
en marcha “una dinámica
de mensajes e
intercambios de informes
confidenciales que
generaron un auténtico
circuito paralelo
encubierto de
licitación, remitiendo
subrepticiamente a los
empleados de Cofely (…)
documentos
confidenciales de la
oferta de un licitador
competidor”. Dicha
actuación se hizo,
continúa el juez, al
objeto de que los
cuadros técnicos de esa
multinacional realizaran
“como efectivamente
realizaron, un contra
informe anónimo para
excluir al competidor
mejor baremado hasta
entonces”, con el fin de
ayudar a Cofely
“facilitándole
información que no podía
adelantar y que sólo
filtró a ella”. Un mes
después de aquel
escrito, y cuando ya se
sabía que el TSJM iba a
actual contra él, Daniel
Ortiz dimitió. Ahora, ya
sin la condición de
aforado, tiene una cita
el 13 de septiembre para
declarar como imputado
ante el juez Velasco en
la Audiencia Nacional.
http://vozpopuli.com/actualidad/88840-el-diputado-de-cifuentes-que-dimitio-por-la-punica-declarara-como-imputado-el-13-de-septiembre
UN TESTIGO SORPRESA
REACTIVA LA
INVESTIGACIÓN SOBRE EL
PRESIDENTE DE MURCIA EN
EL 'CASO PÚNICA'
El juez Velasco cita a
declarar para el 13 de
septiembre a un
trabajador de la
Consejería de Educación
del gobierno de Pedro
María Sánchez que le ha
remitido varias cartas
con información sobre la
trama. Este era el
departamento del
Ejecutivo autonómico que
el hoy máximo dirigente
regional encabezaba
cuando tuvo los tratos
con la red para mejorar
su imagen que investigan
el magistrado y la
Guardia Civil.
El 'caso Púnica' vuelve
a poner en apuros al
actual presidente de la
Región de Murcia, el
'popular' Pedro Antonio
Sánchez. El titular del
Juzgado Central de
Instrucción número seis,
Eloy Velasco, ha citado
a declarar como testigo
para el próximo 13 de
septiembre a un
funcionario de Ejecutivo
autonómico que en los
últimos meses ha
remitido a la Audiencia
Nacional varias cartas
con información sobre
las supuestas
irregularidades que
salpican al político del
PP. Se trata de A.E.P.M.,
quien en las misivas
asegura trabajar en la
Consejería de Educación
y Universidades, la
cartera que ocupaba en
la anterior legislatura
el máximo dirigente
autonómico cuando tuvo
tratos con integrantes
de la trama. El
magistrado destaca en la
providencia por la que
señala la fecha y hora
de la declaración de
este testigo sorpresa
que toma dicha decisión
a la vista del
"contenido" de las
cartas, que incorpora
también al sumario,
aunque los detalles de
las mismas aún no han
trascendido.
El juez Velasco ha
decidido citar al
trabajador de la
Consejería de Educación
de Murcia a la vista del
"contenido" de varias
cartas que había
remitido a la Audiencia
Nacional
El testimonio de este
trabajador del Gobierno
murciano se produce sólo
dos meses después de que
el juez Eloy Velasco
levantase el secreto de
sumario sobre un informe
de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil en el que
se concluía que Pedro
Antonio Sánchez había
cometido presuntamente
un delito de fraude en
sus tratos con la trama
Púnica. El documento
policial, entregado en
la Audiencia Nacional el
pasado 13 de mayo aunque
no salió a la luz hasta
quince días después,
detallaba los pasos que
el político 'popular' y
sus colaboradores habían
dado supuestamente para
cerrar un acuerdo con
integrantes de la red de
corrupción para mejorar
su imagen en las redes
sociales ante las
elecciones autonómicas
de mayo de 2015 en las
que iba a encabezar la
lista del PP. Fueron los
comicios que finalmente
le catapultaron a la
presidencia de la
región. Supuestamente
iba a pagar un total de
36.800 euros que serían
cargados con facturas
por 'formación' a la
Consejería de Educación
que entonces dirigía.
Trece email, doce
llamadas, 35 mensajes...
El exhaustivo documento
de la UCO recogía trece
correos electrónicos,
una docena de llamadas
de teléfono, seis
documentos en formato
digital, 35 mensajes de
telefonía y la
declaración de un
testigo con los que
detallaba paso a paso
todo el proceso de
negociación seguido para
realizar dichos trabajos
de reputación 'online' y
las reticencias que en
un primer momento
mostraba Pedro Antonio
Sánchez. Según recogía
el informe, éste había
"expresado su interés en
contar con los servicios
de Alejandro de Pedro
[el experto informático
imputado en la trama]
acuciado por
consecuencias
reputacionales negativas
por una nueva posible
imputación y la disputa
de convertirse en
candidato a la
Presidencia de la
Región". Para entonces,
la trama ya trabajaba
para un compañero suyo
del Ejecutivo, Juan
Carlos Ruiz López,
titular entonces de la
cartera de Industria y
Turismo y actualmente
imputado en la causa, y
temía que hubiera un
'conflicto de intereses'
entre ambos ya que los
dos querían hacerse con
el control del partido
en la región. Sin
embargo, De Pedro y su
socio, José Antonio
Alonso Conesa, ex
alcalde socialista de
Cartagena, aparcaron las
pegas y pidieron la
ayuda de Pilar Barreiro,
entonces regidora de
esta localidad murciana
y actual senadora del
PP. A cambio de su
mediación ésta iba a
conseguir presuntamente
que la trama también le
hiciera trabajos de
reputación 'online'
gratis.
En mayo, la UCO entregó
un informe en el que se
apuntaba que Pedro
Antonio Sánchez podía
haber cometido un delito
de fraude al encargar
trabajos de reputación
'online' a la trama
De Pedro llegó a
realizar en el verano de
2014 un informe "preventa"
específico sobre Pedro
Antonio Sánchez en el
que se analizaba su
presencia en las
diferentes redes
sociales (Facebook,
Twitter y Youtube) y en
buscadores. El resultado
fue que el 70% de las
informaciones que
aparecían sobre él en
Internet eran negativas,
referidas sobre todo a
distintas acusaciones
judiciales que pesaban
sobre él, sobre todo por
la compra de su
vivienda, por la que iba
a declarar en julio ante
el juez. Ese informe fue
presentado al propio
político el 11 de junio
de 2014 en una reunión
celebrada en Madrid a la
que también asistió su
correligionaria Pilar
Barreiro. Tras aquella
reunión, De Pedro y
Conesa siguieron
ofreciendo sus servicios
al entonces consejero de
Educación y, de hecho,
ponían como ejemplo de
su eficacia los trabajos
que habían realizado
para Lucía Figar, quien
ocupaba ese mismo cargo
en el Ejecutivo de
Madrid y que actualmente
está imputada en la
causa. Finalmente, a
finales de septiembre
prepararon una oferta
para Pedro Antonio
Sánchez para el periodo
que iba desde octubre de
2014 hasta el 31 de mayo
del año siguiente, justo
después de las
elecciones autonómicas
en las que él finalmente
encabezó la lista del
PP.
"3.000 pavos al mes" más
el coste de un
periodista
En un primer momento,
Alejandro de Pedro
planteaba cobrar "3.000
pavos al mes" a los que
había que sumar el coste
de un periodista externo
'mileurista' que se
encargaría de mover en
una red de periódicos
'zombis' las noticias
positivas del candidato
para desplazar las
negativas. Finalmente,
el precio total iba a
ser de 4.600 euros. En
total, 36.800 euros por
todo el periodo. El 21
de octubre los agentes
intervinieron una
conversación entre el
experto informático y su
socio, Alonso Conesa, en
el que primero le
comentaba que iba a
tener una reunión con
Pedro Antonio Sánchez.
El segundo le instaba a
sacarle ya el contrato,
"que lo necesitamos como
el agua". Al día
siguiente, De Pedro
comentaba a uno de sus
trabajadores que ya
había cerrado el acuerdo
con el político
'popular' y que incluía
a Pilar Barreiro, y que
iban a empezar a
facturar para el mes de
noviembre. La Guardia
Civil concluía en su
informe que el acuerdo
se cerró finalmente el
24 de octubre y que si
no se llegó a
materializar fue porque
tres días después
comenzaron las
detenciones de los
principales implicados
en la trama, entre ellas
las de De Pedro y su
socio.
La trama llegó a
realizar un informe "preventa"
sobre la imagen del
presidente murciano en
el que se reflejaba que
el 70% de las
informaciones que
aparecían sobre él en
Internet eran negativas
El documento policial
resaltaba que dicho
contrato iba a pagarse
"a través de facturación
en concepto de
'formación' con la
Consejería" que entonces
aún encabezaba Pedro
Antonio Sánchez. Además,
destacaba la
participación en las
negociaciones de David
Conesa Ferrer,
identificado como
miembro del gabinete del
propio consejero, y con
quien De Pedro
intercambió numerosos
mensajes en los días
previos a cerrarse. La
UCO destacaba también
que en el transcurso de
todas las conversaciones
no se abordaron otros
temas que no fuesen la
reputación personal del
candidato "y que en
ningún caso se hace
constar que se vayan a
acometer trabajos que
puedan considerarse como
insertos en el concepto
de formación". En este
sentido, los autores del
documento policial
añadían que concurrían
"elementos paralelos" a
lo ocurrido en la
Consejería de Industria,
"donde se iban a
enmascarar trabajos de
reputación en contratos
públicos de los
Institutos de Fomento y
Turismo de Murcia". Por
aquellos supuestos
amaños, permanece
imputado su entonces
titular Juan Carlos Ruiz
López.
No obstante, este
informe no era la
primera vez en el que el
nombre de Pedro Antonio
Sánchez aparecía en el
sumario de la trama
Púnica. De hecho, justo
antes de las elecciones
que le auparon a la
presidencia del
Ejecutivo regional
salieron a la luz
diversas referencias a
él tanto en
intervenciones
telefónicas como en las
declaraciones de algunos
testigos. En todos los
casos, por los contactos
con Alejandro de Pedro.
Sin embargo, en aquel
momento esta línea de
investigación pareció
quedar arrumbada
mientras se concluía la
que afectaba al
consejero de Industria,
Turismo, Empresa e
Innovación, quien fue
finalmente imputado tras
perder la condición de
aforado después de
aquellos comicios. Más
adelante, surgieron
nuevos indicios que
implicaban a otros
cargos políticos de
Murcia en la causa. Así,
en diciembre pasado se
señaló a un alcalde del
PP de la región también
por la supuesta
realización de trabajos
de reputación 'online' a
costa del erario. En
marzo, un nuevo
documento de la UCO
aportaba nuevos datos
contra Alonso Conesa. Y
el 13 de ese mismo mes,
la Guardia Civil
entregaba el informe de
66 folios sobre Pedro
Antonio Sánchez. Ahora
el juez Velasco espera
que el nuevo testigo
refuerce los indicios
contra el político. La
cita es el próximo 13 de
septiembre a las 11 de
la mañana.
El "apoyo total y
absoluto" de Rajoy
La contundencia del
informe de la UCO sobre
la presunta implicación
de Pedro Antonio Sánchez
en la trama Púnica no
impidió que días después
de que el documento
saliera a la luz pública
el presidente en
funciones Mariano Rajoy
mostrará a éste
públicamente su "apoyo
total y absoluto". Fue
en el arranque del mitin
que celebró en Murcia el
pasado 11 de junio,
durante la campaña de
las últimas Elecciones
Generales. "Sabes que
cuentas con nuestra
simpatía y con nuestro
reconocimiento y, en mi
caso además, con mi
apoyo total y absoluto
porque te lo mereces",
le dijo al jefe del
Ejecutivo murciano,
entre los aplausos de
los militantes y
afiliados del PP que
asistían al acto. No fue
el único. Unos días
antes, el ministro del
Interior en funciones,
Jorge Fernández Díaz,
había hecho unas
declaraciones durante
una entrevista
radiofónica en las que
restaba valor al trabajo
de la Guardia Civil.
Fernández Díaz aseguró
entonces que el informe
no acusaba al líder
autonómico de contratar
con la red investigada y
recalcó que el documento
policial estaba lleno
"de presuntos,
eventuales y posibles".
Dichas declaraciones
sentaron muy mal en el
seno del Instituto
armado al venir,
precisamente, de su
máximo responsable.
http://vozpopuli.com/actualidad/88893-un-testigo-sorpresa-reactiva-la-investigacion-sobre-el-presidente-de-murcia-en-el-caso-punica
EL CASO PÚNICA SALPICA A
BRUNETE OTRO
AYUNTAMIENTO DEL PP
HORAS ANTES DEL DEBATE
DE INVESTIDURA
Agentes de la UCO acuden
a Brunete para recabar
documentación sobre la
licitación de un
contrato millonario al
que aspiraba Cofely, una
de las principales
empresas de la trama.
Este municipio madrileño
aparece mencionado de
manera reiterada en la
confesión del
constructor David
Marjaliza, en
'pinchazos' telefónicos
y en diversos documentos
intervenidos.
La investigación del
'caso Púnica' sigue
avanzando a velocidad de
crucero pese al atasco
político. Efectivos de
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil se
personaron el pasado
lunes en otro
ayuntamiento madrileño
gobernado por el PP:
Brunete, un municipio de
10.000 habitantes
situado a 28 kilómetros
al Oeste de la capital.
El objetivo de los
integrantes de Instituto
armado era recabar
documentación sobre un
concurso de eficiencia
energética que se
paralizó tras producirse
las primeras detenciones
en octubre de 2014 y al
que aspiraba una de las
principales empresas
implicadas en la trama,
Cofely-GDF Suez. Fuentes
del actual equipo de
gobierno 'popular' de
Brunete que lidera Borja
Gutiérrez con mayoría
absoluta desde las
elecciones locales de
mayo de 2015, admitieron
este martes a Vozpópuli
la 'visita' de la UCO y
detallaron que sus
agentes habían estado
reunidos "durante unos
quince minutos" con la
secretaria municipal, a
la que habían requerido
diversa información. No
obstante, restaron
relevancia a la misma ya
que insistieron en que
el contrato sobre el que
recabaron los datos
nunca se llegó a
adjudicar.
Fuentes del equipo de
gobierno municipal
reconocen que agentes de
la UCO acudieron el
lunes al consistorio de
Brunete a recabar
documentación de un
contrato fallido
Se trata, en concreto,
del expediente -"o más
bien un documento de
trabajo interno", según
insistieron en calificar
estas fuentes del PP
dicha documentación-
referido al concurso de
eficiencia energética
que este pequeño
consistorio tenía
previsto convocar a
finales de 2014 y por el
que se iba a gastar 8,9
millones de euros en
quince años para mejorar
el alumbrado público de
municipio. Una
licitación que
finalmente no se llevó a
cabo ya que la
aprobación de los
pliegos de la misma se
suspendió en el último
momento al retirarla de
la orden del día de la
comisión municipal en la
que se les iba a dar luz
verde en octubre de
aquel año. El equipo de
gobierno local alegó
entonces que faltaba "un
documento técnico", un
argumento que ahora han
vuelto a reiterar en sus
declaraciones a este
diario. Aquella reunión
de la se 'sacaron' los
primeros trámites de
dicho concurso iba a
tener lugar
precisamente, un día
después de que el
titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
ordenara la detención de
los principales
implicados en la trama.
Un detalle que desde del
PP local consideran
"casual".
Hasta la fecha no hay
ningún cargo público de
este consistorio
imputado en la causa,
pero el nombre del
municipio sí ha salido
de manera reiterada en
el sumario tanto en la
confesión del
constructor David
Marjaliza, como en los
'pinchazos' telefónicos
de algunos de los
principales implicados y
en diversa documentación
en formato digital y en
papel intervenida
durante los registros.
De hecho, los diferentes
levantamientos del
secreto de sumario
ordenados por el
magistrado en los
últimos meses han
permitido conocer las
numerosas referencias
que a lo largo de la
investigación han ido
apareciendo de esta
localidad y del propio
concurso fallido al que
supuestamente iba a
acudir Cofely. Sin
embargo, hasta ahora no
se tenía constancia de
que la Guardia Civil
hubiera realizado
gestiones concretas
sobre dichos indicios.
8.000 euros más IVA
Entre estos últimos se
encuentra la declaración
de David Marjaliza,
considerada clave por el
juez Velasco dada su
condición de cabecilla
de la trama y en la que
se cita expresamente a
Brunete. Así, al
desgranar decenas de
ejemplos de sobornos,
mordidas y comisión
ilegales entregadas a
alcaldes y concejales
para conseguir contratos
para Cofely, el
constructor aseguró que
al entonces equipo de
gobierno de consistorio,
encabezado ya por Borja
Gutiérrez, supuestamente
se le iba a pagar una
encuesta electoral
valorada en 8.000 euros
más IVA que se pensaba
camuflar como un estudio
sobre eficiencia
energética.
En el sumario figuran
referencias a Brunete en
agendas manuscritas,
correos electrónicos,
'pinchazos' telefónicos
y la confesión de
Marjaliza
Una acusación que se ve
refrendada por el
contenido de varias
conversaciones
telefónicas intervenidas
judicialmente a varios
de los implicados de la
trama y de diversas
agendas y notas
manuscritas intervenidas
a éstos. Así, el 16 de
octubre de 2014, sólo
unos días antes de las
primeras detenciones, la
Guardia Civil interceptó
una llamada de uno de
los directivos de Cofely
imputados en la causa,
Pedro García, en el que
éste aseguraba a un
desconocido que ya tenía
cerrado "el tema de
Brunete" y que había
estado reunido con
"Borja", con el que
había hablado de unos
supuesto "problema de
tiempo" y que "van a ir
avanzando". Los informes
de la Guardia Civil
destacan que este
directivo de Cofely era
"el principal
articulador e
interlocutor del pago de
cohechos del que
supuestamente se sirve
la empresa para lograr
contratos públicos
millonarios de diversas
administraciones".
Ese mismo día, los
agentes volvieron a
intervenir otra llamada
de Pedro García, en este
caso dirigida a uno de
sus superiores, Didier
Maurice, director
general de la filial
española de Cofely-GDF
Suez y también imputado
en la causa. El informe
de la UCO que da cuenta
de dicha conversación
recoge textualmente que
"Pedro dice que el 6 de
noviembre se aprueba en
el Pleno la eficiencia
energética en Brunete.
Didier se alegra de la
noticia". Los
investigadores
consideran que estas
llamadas, y otras
también recogidas en la
causa, hacen sospechar
que en el momento en el
que se produjeron las
detenciones, la trama
Púnica estaba
presuntamente a punto de
repetir en el
Ayuntamiento de Brunete
el amaño del contrato de
eficiencia energética
que anteriormente había
realizado presuntamente
en otros municipios
madrileños, como
Móstoles y Parla. El
hecho de que el juez
Velasco se viera
obligado a precipitar
las detenciones tras el
'chivatazo' que había
recibido Francisco
Granados había impedido
que se concretara. Desde
el equipo de gobierno
'popular' de la
localidad se negaba este
martes a Vozpópuli la
veracidad de dichas
sospechas. "Nunca se
contrató nada con
empresas de la Púnica",
recalcaban.
Anotación en una agenda
Sin embargo, un informe
de la Guardia Civil
apunta a que uno de los
supuestos pagos del
dicho amaño frustrado
era "la realización de
encuestas" de carácter
político que se
camuflaban como estudios
sobre eficiencia
energética. "Así se
deduce en primer lugar
de una anotación en la
agenda personal Pedro
García [el directivo de
Cofely] de octubre de
2.013, consistente en 'Victor
(encuestas Brunete)". No
es el único indicio en
este sentido. También
hay correos electrónicos
intervenidos a otros
imputados en los que se
hace referencia,
precisamente, al sondeo
electoral que iba a
pagar la trama y de la
que había hablado
Marjaliza en su
confesión. De hecho, la
investigación permitió
escuchar una
conversación entre el
constructor y un tal
Victor, supuestamente el
responsable de la
empresa de encuestas, en
el que ambos hablan,
según destaca el informe
de la UCO, con "un
lenguaje convenido" de
"los señoritos'
(probablemente
autoridades municipales)
o 'el pequeño
municipio',
(probablemente
Brunete)".
En sus conversaciones
telefónicas dos
implicados en la trama
se refieren a Brunete
como "el pequeño
municipio" y a sus
cargos públicos, como
"los señoritos"
El documento policial
resalta que ese lenguaje
en clave "es extraño a
una relación comercial
normal y apunta a que
ambos están al corriente
de aspectos no
convencionales en el
encargo de un servicio
de encuestas. En ese
mismo sentido -continúa
el informe policial-
existen varios correos
cruzados entre David
Marjaliza y Víctor donde
se abordan diversas
cuestiones relativas a
un contrato para la
realización de encuestas
en Brunete para Ruta
Energética, empresa que
David Marjaliza
habitualmente emplea
para la emisión de
informes y facturación a
Cofely al objeto de
recibir la remuneración
o reintegro de
cantidades acordada con
estos". En el sumario
aparece, de hecho, una
copia del cuestionario
de dicho sondeo de cuyo
contenido los
investigadores destacan,
que pese a que el
contrato recoge que se
trata de "un supuesto
estudio de opinión
pública sobre la gestión
energética municipal en
Brunete cuando de la
lectura de las preguntas
contenidas en los
cuestionarios que
materializaran el
contrato se deduce que
se trata en realidad de
una encuesta de imagen
de la gestión municipal
(donde ni siquiera
aparece ninguna alusión
a la eficiencia
energética municipal) y
de expectativas de
voto". De hecho, en la
misma se pregunta por
Borja Gutiérrez, el
regidor 'popular', y su
labor la frente del
consistorio.
En el sumario aparecen
otros indicios en las
misma dirección. Entre
ellos, una agenda con
anotaciones referidas al
supuesto pago de
'mordidas' a cargos
públicos y políticos que
se intervino a Ana María
Ramírez, la secretaria y
persona de la máxima
confianza del
constructor. En la
página 221 de la misma,
junto a un tabla con
media docena de
inciiales que los
investigadores han
identificado con varios
de los ayuntamientos ya
investigados (Parla,
Serranillos del Valle,
Moraleja del Enmedio,
Collado Villalba y
Móstoles), aparecen
otras anotaciones con
nombres completos de
localidades. Entre éstos
se encuentra,
precisamente, "Brunete",
en su caso vinculado a
la cifra de 12.000
euros. En la declaración
ante el juez Velasco de
Ana María Ramírez, que
también está colaborando
con la Justicia, el
magistrado le preguntó
expresamente por esta
pequeña localidad
madrileña. Ahora la
Guardia Civil ha acudido
al consistorio a recabar
documentación.
http://vozpopuli.com/actualidad/88817-el-caso-punica-salpica-a-otro-ayuntamiento-del-pp-horas-antes-del-debate-de-investidura
La Unidad de la Agencia
Tributaria adscrita a la
Fiscalía Anticorrupción
se encargará de elaborar
el informe sobre la
abundante documentación
que el magistrado Eloy
Velasco reclamó el
pasado mes de julio a la
Comunidad de Madrid
referida a los contratos
del Plan Prisma y de 22
consorcios urbanísticos
en los que intervino la
sociedad pública
Arpegio. El juez busca
pruebas de los supuestos
amaños de Francisco
Granados y otras
personas que actuaron
"por delegación" de éste
en un programa de
inversiones que se
presupuestó inicialmente
en "1.000 millones de
euros".
El Ministerio de
Hacienda que dirige en
funciones Cristóbal
Montoro asume
protagonismo en la
investigación del 'caso
Púnica'. El titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, ha
encargado a la Unidad de
la Agencia Tributaria
(AEAT) adscrita a la
Fiscalía Anticorrupción
que sea ella la que
analice la abundante
documentación que
reclamó el pasado mes de
julio al Gobierno de
Cristina Cifuentes sobre
la empresa pública
Arpegio Áreas de
Promoción Empresarial
SA, según han confirmado
a Vozpópuli fuentes
cercanas a la
investigación. El
magistrado pidió
entonces a la Comunidad
de Madrid que le
entregase de manera
"urgente e inmediata"
toda la información del
periodo 2006-2011
referido a 22 consorcios
urbanísticos y a un sin
fin de contratos de
obras públicas incluidos
en el llamado Plan
Prisma ante la sospecha
de que el presunto
cabecilla de la trama,
el ex consejero
Francisco Granados,
amañó los mismos para
lucrarse. Esta es la
pieza el sumario que
salpica a Jaime González
Taboada, actual número 3
del Gobierno de
Cifuentes, a quien el
constructor David
Marjaliza acusó en su
confesión de quedarse
con un tercio de estas
presuntas 'mordidas'.
La documentación que
ahora analizarán los
expertos de la AEAT es
la que el juez pidió al
Ejecutivo de Madrid en
julio sobre el Plan
Prisma y 22 consorcios
urbanísticos
De este modo, una parte
relevante de la
investigación en esta
pieza separada del
sumario que el
magistrado abrió
precisamente por "las
declaraciones iniciales"
del antiguo socio de
Granados, pasa a manos
de Hacienda, cuyo papel
en la causa hasta ahora
había sido secundario al
limitarse a la
elaboración de diversos
informes sobre la
situación fiscal de
investigados y empresas.
En uno de ellos,
detallaba precisamente
parte de la operación de
blanqueo de 4,2 millones
de euros que el
constructor realizó con
una falsa compraventa de
obras de arte. Ahora,
sin embargo, el encargo
va más allá en una línea
de investigación con
evidentes conexiones
políticas, ya que afecta
a González Taboada y
otros altos cargos de
Cifuentes que en le
etapa de Granados como
consejero ya ocupaban
puestos de
responsabilidad. Sus
pesquisas servirán de
refuerzo a las ya
realizadas por la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil, que
es la que hasta ahora ha
realizado las 'visitas'
a la sede de Arpegio
para recabar diversas
documentación y que, de
hecho, seguirá llevando
el peso de la
investigación.
En concreto, el juez
quiere que los expertos
de la Agencia Tributaria
analicen nueve
documentos que ha pedido
a la Comunidad de Madrid
relacionados con las
tomas de decisiones que
llevaron a Arpegio a
estar bajo la dirección
del presunto cabecilla
de la trama Púnica, así
como el expediente
administrativo relativo
al convenio de 3 de
febrero de 2006 suscrito
entre Granados y la
empresa pública en el
que se establecían las
bases que regían las
actuaciones del Programa
Regional de Inversiones
y Servicios de Madrid
(conocido como Plan
Prisma) de los periodos
2006-2007 y 2008-2011.
También que estudien los
acuerdos por los que
Granados designó a
González Taboada como el
vocal que representaba
al Ejecutivo regional en
la mesa de contratación
de ambos periodos y el
acuerdo del consejo de
Gobierno de Madrid que
autorizaba al político
hoy encarcelado a
celebrar los convenios
con Arpegio. Todo ello,
junto a los acuerdos de
los Consejos de
Administración
celebrados el 3 de
febrero de 2006 y el 29
de septiembre de 2008
por los que se designaba
a los integrantes de la
Mesa de contratación.
Los contratos de la
empresa DUSA
El magistrado ha
ordenado también que sea
Hacienda la que rastree
las supuestas
irregularidades
detectadas en las
adjudicaciones a la
empresa Análisis y
Gestión de Desarrollos
Urbanos SA (DUSA), "en
particular los contratos
de obras y servicios".
Para ello, le ha
entregado los
expedientes de
adjudicación de ocho
contratos a dicha
sociedad. El primero, de
fecha 31 de marzo de
2006 y 4,5 millones de
euros (más IVA) de
importe, adjudicaba a
dicha compañía los
trabajos de "consultoría
y asistencia técnica
para la gestión integral
de las licitaciones
públicas" del Plan
Prisma 2006-2007. Otros
cinco son
"complementarios"
y"prórrogas" de éste que
se extendieron hasta
febrero de 2010 y
sumaron diversas
cantidades que iban
desde los 633.333 euros
de marzo de 2007 a los
49.760 euros de febrero
de 2010. A ellos, se
suma la adjudicación de
la "coordinación de
seguridad y salud
durante la ejecución de
las obras del Plan Prima
de 2008-2011", y que fue
licitado por 3,4
millones de euros, y la
del arrendamiento de
oficinas y plazas de
garaje en la Plaza de
Colón para el personal
de dicho plan de
inversiones, y que costó
cerca de 290.000 euros.
En total, DUSA se
embolsó 9,8 millones de
euros en contratos ahora
bajo sospecha.
Buena parte de las
pesquisas se centran en
ochos contratos de
"obras y servicios"
adjudicados a la empresa
DUSA por 9,8 millones de
euros.
Otros contratos cuya
documentación va
analizar ahora la
Agencia Tributaria son
los de publicidad y
propaganda del plan de
comunicación para la
presentación del Plan
Prisma, que se elevó a
2,5 millones de euros,
más IVA; y el de
organización de "los
actos de presentación,
visitas a las obras y
primeras piedras", que
costó más de 782.000
euros. Finalmente
también rastreará las
copias de los acuerdos
de creación de Arpegio,
de sus estatutos y de
las instrucciones de
contratación de la
empresa pública, así
como los movimientos de
la cuenta a través de
los cuales la Fundación
de esta compañía
realizaba "cobros y
pagos". Este último ente
ya estaba siendo
investigado por la
financiación con más de
300.000 euros de un
concierto del que se
encaprichó Granados y
que ha supuesto la
imputación de su ex
gerente, Carmen Plata.
Como apuntaba en el auto
por el que solicitó el
pasado mes de julio toda
esta documentación al
Ejecutivo de Madrid, el
juez Velasco sospecha
que todos estos
contratos se adjudicaron
de manera supuestamente
irregular "bajo la
esfera de dominio de
Francisco Granados",
quien en ocasiones
actuaba "en persona" y
en otras, "por
delegación". Para esto
último, presuntamente
colocó como vocal en el
órgano de decisión de la
empresa pública a una
persona de su confianza
que aquel escrito
judicial no daba su
nombre. Diversas fuentes
apuntan a que se trata
de González Taboada,
actual número 3 del
Gobierno madrileño, ya
que en actas de Arpegio
figura como vocal a
propuesta de la
Consejería de
Presidencia que
encabezaba Granados.
Además, estas pesquisas
salpican a un nuevo alto
cargo del ejecutivo
regional, el
viceconsejero Miguel
Ángel Ruiz, quien en el
periodo bajo sospecha
ocupó los cargos de
director general del
Plan Prisma y de
consejero delegado de
Arpegio. Ruiz es en la
actualidad la 'mano
derecha' de González
Taboada en la Consejería
de Medio Ambiente.
EL JUEZ VELASCO SIENTA EN EL
BANQUILLO A GRANADOS POR EL
CHIVATAZO QUE LE DIO UN
GUARDIA CIVIL
La Audiencia Nacional
decreta la apertura de
juicio oral por los delitos
de revelación de secretos y
aprovechamiento de
revelación de secretos
El chivatazo tuvo lugar
después de que los dos
agentes le informaran de que
la UCO se encontraba
investigando a su amigo, el
empresario David Marjaliza
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha
decretado la apertura de
juicio oral contra el
exsecretario general del PP
de Madrid Francisco Granados
y a dos guardias civiles que
supuestamente le chivaron
que la Unidad Central
Operativa (UCO) estaba
investigando a su amigo el
empresario David Marjaliza,
por los delitos de
revelación de secretos y
aprovechamiento de
revelación de secretos.
El titular del Juzgado
Central de Instrucción 6 de
la Audiencia Nacional ha
finalizado la investigación
de la primera de las catorce
piezas separadas –la
denominada pieza I Talamino–
que obra el sumario de la
trama Púnica .
Ya el pasado junio, Velasco
acusó en un auto al
cabecilla de la trama,
Francisco Granados, de
beneficiarse de la alerta
que le hizo el agente de la
Guardia Civil José Manuel
Talamino en una discoteca a
altas horas de la madrugada.
También, acusó a este agente
y a su asesor de seguridad,
miembro del Instituto Armado
en excedencia, José Luis
Caro Vinagre, de revelación
de secretos.
No obstante, el otro
considerado cabecilla, David
Marjaliza, quedó fuera de la
instrucción de esta pieza, a
pesar de haber confesado que
había "quemado" todos los
documentos que le
incriminaban después de que
Granados le advirtiera de
que estaba siendo
investigado.
Ahora el magistrado, en un
auto de transformación EN
procedimiento abreviado con
fecha de 5 de julio, ha
procesado tanto a los dos
agentes como ex secretario
general del PP de Madrid. A
los miembros de la Guardia
Civil por la revelación de
secretos y a Granados por
aprovecharse de esa
revelación.
El chivatazo se produjo del
5 al 6 de septiembre de 2014
Precisamente, considera a
Rodríguez Talamino autor del
chivatazo, el cual tenía
acceso a la información por
su oficio, y a Caro Vinagre,
cooperador necesario. En
cuanto a Granados, subraya
que se interesó en conseguir
datos sobre las pesquisas
para que los "vigilados"
pudieran adoptar medidas que
"contrarrestasen y anulasen"
la investigación judicial.
Además, este auto que se ha
hecho público este viernes,
destaca que en el chivatazo
–que se produjo en la noche
del 5 al 6 de septiembre de
2014, especifica el escrito
de Velasco– hizo "un grave
daño" a las acciones
realizadas por la UCO sobre
la operación Púnica .
Rodríguez Talamino,
destinado en la UCO, se
dirigió a Granados durante
las fiestas de Valdemoro
para advertirle de que había
participado en la colocación
de un dispositivo de
vigilancia a las puertas de
las oficinas de las empresas
del empresario, en el centro
comercial Plaza Éboli de
Pinto.
El agente se encargó de
preparar el vehículo que la
Guardia Civil iba a emplear
en su dispositivo de
vigilancia. Tan sólo un día
después de la instalación de
los medios en el coche,
Talamino ya llamó a Caro
Vinagre para avisarle.
La cámara instalada en Plaza
Éboli tuvo que ser retirada
y otros implicados en la
trama comenzaron a adoptar
medidas de seguridad
adicionales en sus
comunicaciones. Además,
Marjaliza, ordenó la compra
de nuevos teléfonos y quemó
"importantísimos documentos
que hubieran servido de
prueba".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/29/el_juez_velasco_sienta_banquillo_granados_por_chivatazo_que_dio_guardia_civil_53075_1012.html
EL JUEZ SOSPECHA QUE
GRANADOS AMAÑÓ CONTRATOS DE
ARPEGIO POR VALOR DE "1.000
MILLONES DE EUROS"
El magistrado hace un
requerimiento de
documentación "urgente e
inmediato" a la Comunidad de
Madrid y a la empresa
pública sobre contratos,
consorcios y convenios
firmados entre 2007 y 2011,
cuando el ex secretario
general del PP madrileño
ocupaba la consejería de
Presidencia.
El auto destaca que el
político tenía un "dominio
absoluto en persona o por
delegación" sobre las
decisiones que propiciaron
adjudicaciones. Las nuevas
pesquisas salpican a un alto
cargo del Gobierno de
Cifuentes, el viceconsejero
Miguel Ángel Ruiz, que
entonces ocupaba cargos de
responsabilidad en Arpegio y
el Plan Prisma.
Convenios y consorcios bajo
sospecha, contratos
millonarios supuestamente
amañados... y, detrás de
todo ello, Francisco
Granados. El titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy
Velasco, ha dictado un auto
por el que ordena a la
Comunidad de Madrid y a la
empresa pública Nuevo
Arpegio que le entreguen de
manera "urgente e inmediata"
abundante documentación del
periodo 2006-2011 referida a
la sociedad antecesora de
esta última, Arpegio Areas
de Promoción Empresarial SA.
El motivo es la sospecha de
que el que fuera secretario
general del PP de Madrid y
ahora señalado como presunto
cabecilla de la trama Púnica
aprovechó su puesto como
consejero durante aquellos
años para manipular 22
consorcios urbanísticos y un
sin fin de contratos de
obras públicos incluidos en
el llamado Plan Prisma. En
el escrito, al que ha tenido
acceso Vozpópuli, el
magistrado cita expresamente
la cantidad de "1.000
millones de euros", que se
corresponde con la totalidad
de dicho programa de
inversiones en aquellos
años, aunque no se ejecutó
en su totalidad.
Las pesquisas ordenadas por
el magistrado salpican a un
viceconsejero del Gobierno
de Cifuentes que en el
periodo investigado,
2006-2011, fue consejero
delegado de Arpegio y
director general del Plan
Prisma
El auto recalca que todo
este dinero se adjudicó
"bajo la esfera de dominio
de Francisco Granados",
quien en ocasiones actuaba
"en persona" y en otras,
"por delegación". Para esto
último, presuntamente colocó
como vocal en el órgano de
decisión de la empresa
pública a una persona de su
confianza que el escrito
judicial no da su nombre.
Según diversas fuentes, se
trata de Ignacio Palacios,
imputado ya en la causa como
presunto testaferro del
político, aunque otras
también apuntam a Jaime
González Taboada, actual
número 3 del Gobierno de
Cristina Cifuentes y a quien
el constructor David
Marjaliza acusó en su
confesión de quedarse con un
tercio de las 'mordidas' de
los supuestos amaños de la
empresa pública. En actas de
Arpegio, González Taboada
figura como vocal a
propuesta de la Consejería
de Presidencia que
encabezaba Granados. Además,
las nuevas pesquisas
salpican a un nuevo alto
cargo del ejecutivo
regional, el vicecconsejero
Miguel Ángel Ruiz, quien en
el periodo investigado ocupó
los cargos de director
general del Plan Prisma y de
consejero delegado de
Arpegio. Ruiz es en la
actualidad la 'mano derecha'
de González Taboada en la
Consejería de Medio
Ambiente.
El auto del juez Velasco
detalla que esta línea de
investigación, que le llevó
recientemente a abrir una
nueva pieza separada en el
sumario que permanece
secreta, arranca
precisamente con "las
declaraciones iniciales" de
Marjaliza. Éste había
revelado la existencia del
"pago de comisiones por
contratistas y promotores
para acceder a las obras de
los 22 consorcios
urbanísticos de Arpegio y
los dos planes Primas,
impulsados todos ellos por
la Comunidad de Madrid". El
magistrado destaca que todo
ello estaba "dotado con
1.000 millones de euros" de
fondos públicos, una
importante cantidad que se
adjudicaron "bajo la esfera
de dominio de Francisco
Granados como presidente de
las Mesas de Contratación".
Para ello, añade el escrito,
el político participaba
directamente o "junto un
número de vocales, uno de
ellos elegido directamente
por aquel, y procedentes
todos del Patronato de
Arpegio (sic), presidido por
el mismo". De este modo,
Velasco considera que "el
dominio sobre las decisiones
de adjudicación era absoluto
y fue algo buscado desde el
momento inicial de redacción
del convenio" que puso a la
empresa pública bajo el
control directo de la
consejería que encabezaba
Granados.
Copias certificadas
Por todo ello, el magistrado
ordena a la Comunidad de
Madrid que le entregue
copias certificadas de nueve
documentos relacionados con
las tomas de decisiones que
llevaron a Arpegio a estar
bajo la dirección del
presunto cabecilla de la
trama Púnica. Así, reclama
el expediente administrativo
relativo al convenio de 3 de
febrero de 2006 suscrito
entre Granados y la empresa
pública en el que se
establecían las bases que
regían las actuaciones del
Programa Regional de
Inversiones y Servicios de
Madrid (conocido como Plan
Prisma) de los periodos
2006-2007 y 2008-2011.
También quiere que se le
entregue los acuerdos por
los que Granados designó a
Ignacio Palacios como el
vocal que representaba al
Ejecutivo regional en la
mesa de contratación de
ambos periodos, así como el
acuerdo del consejo de
Gobierno de Madrid que
autorizaba al político hoy
encarcelado a celebrar los
convenios con Arpegio. A su
vez, pide a la empresa
pública los acuerdos de los
Consejos de Administración
celebrados el 3 de febrero
de 2006 y el 29 de
septiembre de 2008 por los
que se desiginaba a los
integrantes de la Mesa de
contratación.
El juez Velasco ha reclamado
a la Comunidad de Madrid los
expedientes de las
adjudicaciones a la empresa
DUSA de ocho contratos de
Arpegio por valor de 9,8
millones de euros
El auto del juez apunta
además a otras dos líneas de
investigación también dentro
de Arpegio a la vista de la
documentación que reclama.
Por un lado, la abierta por
dos recientes oficios
remitidos a la Audiencia
Nacional por la Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil sobre
indicios de supuestas
irregularidades detectadas
en las adjudicaciones a la
empresa Análisis y Gestión
de Desarrollos Urbanos SA (DUSA),
"en particular los contratos
de obras y servicios". Por
otro, la que se inicia tras
"la declaración de un
testigo el pasado mes de
marzo" que no identifica y
que, según destaca el
magistrado en su magistrado,
dio detalles sobre "la
arbitrariedad de las
decisiones que se adoptaban
en la Fundación de Arpegio a
la hora de ejecutar su
programa de ayudas y
subvenciones". El juez
Velasco quiere saber ahora
qué "entidades físicas y
jurídicas" concretas
resultaron "beneficiarias de
este proceder".
"Complementarios" y
"prórrogas"
Para aclarar los supuestos
amaños relacionados con DUSA,
el magistrado reclama los
expedientes de adjudicación
de ocho contratos. El
primero, de fecha 31 de
marzo de 2006 y 4,5 millones
de euros (más IVA) de
importe, adjudicaba a dicha
empresa los trabajos de
"consultoría y asistencia
técnica para la gestión
integral de las licitaciones
públicas" del Plan Prisma
2006-2007. Otros cinco son
"complementarios" y
"prórrogas" de éste que se
extendieron hasta febrero de
2010 y sumaron diversas
cantidades que iban desde
los 633.333 euros de marzo
de 2007 a los 49.760 euros
de febrero de 2010. A ellos,
se suma la adjudicación de
la "coordinación de
seguridad y salud durante la
ejecución de las obras del
Plan Prima de 2008-2011", y
que fue licitado por 3,4
millones de euros, y la del
arrendamiento de oficinas y
plazas de garaje en la Plaza
de Colón para el personal de
dicho plan de inversiones, y
que costó cerca de 290.000
euros. En total, DUSA se
embolsó 9,8 millones de
euros en contratos ahora
bajo sospecha.
Un testigo detalló en marzo
al juez "la arbitrariedad de
las decisiones que se
adoptaban en la Fundación de
Arpegio a la hora de
ejecutar su programa de
ayudas y subvenciones"
Otros contratos cuya
documentación ha reclamado
el juez, como adelantó este
miércoles el diario El
Mundo, son los de publicidad
y propaganda del plan de
comunicación para la
presentación del Plan
Prisma, que se elevó a 2,5
millones de euros, más IVA;
y el de organización de "los
actos de presentación,
visitas a las obras y
primeras piedras", que costó
más de 782.000 euros.
Finalmente reclama también
copias de los acuerdos de
creación de Arpegio, de sus
estatutos y de las
instrucciones de
contratación de la empresa
pública, así como los
movimientos de la cuenta a
través de los cuales la
Fundación de esta compañía
realizaba "cobros y pagos".
Este último ente ya estaba
siendo investigado por la
financiación con más de
300.000 euros de un
concierto del que se
encaprichó Granados y que ha
supuesto la imputación de su
ex gerente, Carmen Plata. El
escrito del juez recalca a
los destinatarios de su
escrito, Comunidad de Madrid
y Nuevo Arpegio, que la
"práctica y ejecución" de
dicho requerimiento "es
urgente e inmediata". El
cerco sobre Francisco
Granados se sigue
estrechando a toda prisa.
http://vozpopuli.com/actualidad/86592-el-juez-sospecha-que-granados-amano-contratos-de-arpegio-por-valor-de-1-000-millones-de-euros
EL JUEZ RECLAMA
DOCUMENTACIÓN DE LA PÚNICA A
LOS HOMBRES FUERTES DE
CIFUENTES
El magistrado da
credibilidad a Marjaliza,
que acusó al consejero
Taboada de llevarse
comisiones de la trama
El juez Alejandro Abascal,
del Juzgado Central de
Instrucción número 6 de la
Audiencia Nacional, ha hecho
público un auto en el que
exige la entrega de
documentación sobre la trama
Púnica al consejero de
Presidencia de la Comunidad,
Ángel Garrido, y al
presidente de la empresa
pública Nuevo Arpegio, Jaime
González de Taboada, que
también es consejero de
Medio Ambiente,
Administración Local y
Ordenación del Territorio. O
lo que es lo mismo, el
número tres de Cristina
Cifuentes.
El auto en cuestión,
publicado el 14 de julio y
al que ha tenido acceso
ELPLURAL.COM, pone en un
duro brete a Cifuentes y su
gobierno. No sólo porque
señale a sus dos principales
pilares en el Gobierno, sino
porque deja en evidencia su
maniobra de presentar a la
Comunidad de Madrid como
acusación particular en el
caso Púnica, al tiempo que
el Gobierno obstaculiza la
investigación y debe ser
amonestado por no presentar
los documentos.
Pero, sobre todo, porque el
auto da credibilidad a las
acusaciones de David
Marjaliza, exsocio de
Francisco Granados que cantó
la traviata y señaló al
amaño de contratos y
adjudicaciones en la empresa
pública Arpegio a través de
los PRISMA (Plan Regional de
Inversiones y Servicios de
Madrid).
De hecho,
Marjaliza acusó al propio
Taboada de llevarse
comisiones con estos amaños.
En concreto, señaló que las
mordidas se repartían en
tres lotes: uno para
Taboada, otro para
determinados funcionarios
que habían ejecutado el
chanchullo, y un último a
repartir entre él y
Granados, que por entones
era presidente de Arpegio;
puesto que ahora ocupa el
propio
El magistrado, en su auto,
requiere dicha documentación
a petición de la Fiscalía y
“a raíz de las declaraciones
iniciales de David
Marjaliza” en las que “se
revela el pago de comisiones
por contratistas y
promotores para acceder a
las obras de los 22
Consorcios Urbanísticos de
Arpegio y los dos planes
Prismas”.
Y no es el único cantante al
que hace referencia el juez,
que también se basa en “la
declaración de un testigo el
pasado mes de marzo, sobre
la arbitrariedad de las
decisiones que se adoptaban
en la Fundación de Arpegio a
la hora de ejecutar su
programa de ayudas y
subvenciones”. Por ello, el
magistrado cree que “resulta
necesario conocer las
entidades físicas y
jurídicas beneficiarias de
este proceder”.
El juez subraya la
“necesidad de avanzar en
estas líneas de
investigación”. Una urgencia
que “hace útil y necesaria
la obtención de la
información solicitada”.
Además, el magistrado no se
anda con medias tintas y
reclama de manera muy
específica hasta 22
documentos concretos, entre
los que destacan varios
expedientes de contratos
sospechosos de haber sido
manipulados, así como las
identidades de los
trabajadores que
participaron en las
adjudicaciones y las
instrucciones dadas por
Francisco Granados.
http://www.elplural.com/2016/07/20/el-juez-reclama-documentacion-de-la-punica-los-hombres-fuertes-de-cifuentes
GRANADOS SEGUIRÁ ENTRE REJAS
La Audiencia Nacional
rechaza dejarlo en libertad
desestimando su recurso de
apelación para evitar su
fuga
Valdemoro Caso Púnica PP
Madrid Provincia Madrid
Adjudicación contratos
Fiscalía Anticorrupción
Contratación pública
Corrupción política
Contratos administrativos PP
Fiscalía Comunidad de Madrid
Casos judiciales Corrupción
Finanzas públicas Delitos
España
La Sección Cuarta de la Sala
de lo Penal de la Audiencia
Nacional rechaza dejar en
libertad al ex alcalde de
Valdemoro y ex secretario
general del PP de Madrid por
tres motivos fundamentales:
por riesgo de fuga, porque
puede hacer desaparecer
documentación y porque
podría “comprar voluntades”
en su beneficio futuro. De
esta manera la Audiencia
desestima el recurso de
apelación que presentó
Granados ante la decisión
del juez Eloy Velasco, que
ya le negó salir de prisión.
La Audiencia Nacional
insiste en que los
beneficios de la trama `Púnica´
están localizados “en gran
parte” pero todavía podría
quedar patrimonio oculto
tanto dentro como fuera de
España. La Sala de lo Penal
añade que si accediera al
recurso del ex alcalde de
Valdemoro, éste podría
dedicarse a actividades “que
bordean la legalidad” y
cometer otros hechos
delictivos.
http://cadenaser.com/emisora/2016/07/15/ser_madrid_sur/1468575934_223946.html
DIMITE DANIEL ORTIZ, EL
DIPUTADO DEL PP DE MADRID
IMPLICADO EN LA TRAMA PÚNICA
El exalcalde de Móstoles
renuncia a su escaño tras la
petición de imputación del
juez del caso
El diputado del PP en la
Asamblea de Madrid, Daniel
Ortiz, vinculado con el caso
Púnica, ha dimitido esta
tarde tras reunirse con la
presidenta regional,
Cristina Cifuentes, según
informan fuentes del PP.
El diputado y exalcalde de
Móstoles, dimite "de todos
sus cargos" -incluido el de
concejal-, dos días después
de que el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid haya
aceptado investigarlo por su
posible relación con la
Púnica, tal y como pidió el
juez Eloy Velasco, que
investiga el caso en la
Audiencia Nacional.
El Tribunal Superior de
Justicia de Madrid atribuye
cinco delitos relacionados
con la corrupción al
diputado del PP porque en su
época como alcalde de
Móstoles supuestamente amañó
un contrato para la Púnica
de 73 millones a cambio de
una mordida de 743.000 euros
http://cadenaser.com/emisora/2016/07/08/radio_madrid/1467995905_382233.html
NUEVA DENUNCIA POR
CORRUPCIÓN CONTRA UNA
EXALCALDESA DEL PP IMPUTADA
YA EN DOS CASOS
El Ayuntamiento ha
denunciado por unas obras a
la portavoz del PP en el
pueblo
Arrastra investigaciones de
la Púnica y por compras con
la tarjeta municipal
Olga Fernández, exalcaldesa
de Serranillos del Valle y
hoy portavoz municipal del
PP, está imputada en la
trama Púnica por un negocio
de ropa usada, en otoño
tiene un juicio por comprar
bolsos con la tarjeta del
Ayuntamiento y ahora, el
alcalde, Iván Fernández, la
ha denunciado ante la
fiscalía por dar una
subvención de 29.415 euros
para edificar una plaza que,
sin embargo, ejecutaron los
operarios municipales sin
que interviniera ninguna
empresa, según la acusación
El nuevo regidor de
Serranillos (3.400 vecinos,
al sur de Madrid) acusa a
Olga Fernández, alcaldesa
entre 2003 y 2011
sustituyendo a su padre, de
delitos de falsedad de
documento público y privado,
prevaricación y malversación
de fondos públicos. El
coordinador municipal de los
Servicios Generales,
Fernando Farelo, y al
administrador de la empresa
Aceryfor también han sido
denunciados.
En enero de 2008 el
Ayuntamiento decidió
construir una plaza.
Contrató primero a una
ingeniería para la
instalación eléctrica que
abonó en mayo, cuando se
terminó. Posteriormente se
acometieron el resto de los
trabajos.
En diciembre, con la plaza
ya terminada, según la
denuncia, solicitaron a la
Consejería de Presidencia de
Francisco Granados, de la
que dependía el plan de
inversiones regionales
Prisma, una subvención de
29.415 euros.
La ayuda les fue concedida
medio año después. Según
denuncia el nuevo regidor a
la fiscalía, en contabilidad
solo aparece que Aceryfor,
la empresa que se quedó con
la obra sin concurso, cobró
el IVA y el IRPF (7.100
euros en total) no los
29.415 euros. “Jamás
Aceryfor ha requerido al
Ayuntamiento el pago de la
factura ni ha intentado
adherirse a los planes de
pago a proveedores”, asegura
el escrito al que ha tenido
acceso EL PAÍS.
Extrañado, el actual alcalde
reclamó al arquitecto
municipal un informe en el
que aclarase quién hizo la
plaza. Y este aseguró por
escrito que, a excepción de
la parte eléctrica, la
habían edificado los dos
operarios municipales. Los
dos obreros corroboraron su
labor y lo mismo su
electricista. Según relatan,
se construyó la plaza antes
de recibir la subvención.
Sin embargo, el coordinador
de Servicios Generales,
Fernando Farelo, aseguró en
un tercer escrito que “en la
construcción de la plaza se
utilizaron medios conjuntos
del Ayuntamiento y de
expresas externas”. Aunque
Farelo tenía un contrato de
exclusividad con Serranillos
como coordinador, por el que
cobraba 34.000 euros, entre
julio de 2004 y marzo de
2008 fue administrador único
de Aceryfor, la empresa a la
que el Ayuntamiento pagó el
IVA y el IRPF de la
construcción de una plaza
que, según la denuncia,
nunca edificó. El nuevo
alcalde cree que Fernández
“buscó a un amigo para
justificar el gasto ante
Hacienda”. Olga Fernández ha
declinado hacer
declaraciones a EL PAÍS.
En sus últimos nueve meses
como alcaldesa (2010-2011)
Fernández gastó 8.400 euros
en muebles y utensilios en
Ikea, un ordenador portátil,
un ipad, dos bolsos de 180
euros cada uno y múltiples
facturas de gasolina,
restaurantes y hoteles. La
portavoz del PP, tras la
denuncia de su sucesor en
cargo —el independiente
Antonio Sánchez, imputado en
Púnica—, consiguió
justificar todo, salvo dos
bolsos que la sentarán en el
banquillo en otoño.
Y en mayo de 2015 —a la vez
que las últimas elecciones
municipales, que ganó aunque
no gobierna— Fernández fue
imputada por el juez de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco por la trama Púnica.
Este sospecha que utilizó
sus contactos políticos para
que a Recuperaciones Oasis,
la empresa para la que
trabajaba, le diesen un
contrato sin tener
trabajadores o estar
inscrita en la Seguridad
Social. Oasis hace negocio
con la ropa que los
ciudadanos donan en los
contenedores a personas
necesitadas. “Concluyo que
se lo iban a dar, lo tenía
usted más claro que el
agua", le espetó Velasco el
pasado mayo en una
declaración que reprodujo la
cadena Ser.
La presidenta regional
Cristina Cifuentes, que
preside la gestora del PP
madrileño, ha asegurado en
muchas ocasiones que
cualquier cargo público
investigado (imputado) por
corrupción será apartado,
pero no ha ocurrido en el
caso de la exregidora, que
se fotografía con los
máximos líderes del PP
nacional en todo tipo de
actos.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/22/madrid/1466628970_827518.html
EL JUEZ DE PÚNICA INVESTIGA
OTRA FUNDACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID POR
"POSIBLES IRREGULARIDADES"
En un auto, el instructor
reclama a la Fundación para
el Conocimiento madri+d
numerosa documentación de
los contratos firmados con
uno de los principales
imputados de la trama, el
empresario Alejandro de
Pedro.
El instructor de la trama
Púnica, el magistrado Eloy
Velasco, ha puesto en el
punto de mira a otra de las
fundaciones de la Comunidad
de Madrid con las que el
imputado –investigado según
la nueva Ley de
Enjuiciamiento Criminal-
Alejandro de Pedro hizo
negocios a través de sus
empresas de reputación
online Eico y Madiva.
A la investigación realizada
a la Fundación de la Energía
y la Fundación de la
sociedad pública Arpegio, se
suma ahora la Fundación para
el Conocimiento madri+d,
dependiente de la Consejería
de Educación, Juventud y
Deporte del Gobierno
regional. Los investigadores
cuentan en su poder con
documentación que pone en
evidencia que, a través de
este organismo, se han
cometido "posibles
irregularidades" en los
contratos firmados entre las
sociedades de De Pedro y la
propia Fundación. En el
epicentro de las sospechas:
un proyecto llamado 'Study
in Madrid'.
Según ha podido saber este
periódico, fue la mercantil
Eico la que puso en marcha
el portal web para lanzar
este proyecto. A esta
empresa se le encomendó en
2014 desde la Comunidad de
Madrid que hiciese un
estudio de mercado para
poner en marcha "un portal
del estudiante", una página
web que aglutinara las
ofertas de todas las
universidades madrileñas. La
ex consejera de Educación de
la Comunidad de Madrid,
Lucía Figar, habría fijado
la reunión entre el
empresario investigado y el
director de la Fundación,
según indican las fuentes
consultadas.
Figar, se vio obligada a
dimitir en junio de 2015
cuando el juez Velasco
acordó su imputación en el
caso Púnica. La ex dirigente
del PP está siendo
investigada precisamente por
los contratos que firmó la
Consejería de Educación con
el empresario De Pedro
cuando ella estaba al frente
de la misma.
Velasco pide a la Fundación
para el Conocimiento madri+d
que le entregue el
expediente completo de
contratación con las
empresas de Alejandro de
Pedro
En un auto dictado por el
titular del Juzgado Central
Número 6 de la Audiencia
Nacional, al que ha tenido
acceso Vozpópuli, el juez
Velasco pide al organismo
que le aporte "los datos
obrantes en esa entidad
sobre los trabajos
realizados por Alejandro de
Pedro Llorca conjuntamente
con personal de la Fundación
o contratado por ésta,
aportando, además, normas
administrativas si las
hubiera de contratación de
la Fundación, acta de
constitución y sucesivas
inscripciones realizadas en
el registro de fundaciones".
Además, el instructor quiere
que dicha institución
informe de cuáles fueron
"los medios de pago" que se
utilizaron con las empresas
de De Pedro.
Por otro lado, Eloy Velasco
ordena que desde la
Fundación para el
Conocimiento madri+d le
faciliten "los presupuestos
solicitados a otras
sociedades por esa Fundación
para el proyecto denominado
'Study in Madrid’", así como
"el expediente completo de
contratación de dicha
fundación en el citado
proyecto, todos los datos
contables, datos de
facturación sobre el
proyecto, así como cualquier
otra información que
considere aportar sobre el
mencionado proyecto".
Cerco a las fundaciones de
la Comunidad de Madrid
Además, en la resolución, el
instructor detalla que toda
la documentación reclamada
debe ser aportada por la
Fundación directamente a la
Guardia Civil y autoriza a
los agentes a "recabar
cualquier información o
documentación ampliatoria
relacionada con la que éstos
hubiesen reclamado
previamente con la finalidad
de seguir el rastro de la
operación en cuestión y/o de
identificar a los
intervinientes en la misma".
El magistrado adopta esta
decisión después de que el
pasado 14 de junio la Unidad
Central Operativa del
Instituto Armado (UCO)
enviase un oficio a la
Audiencia Nacional donde
solicitaba que se librara
una mandamiento judicial a
la citada fundación para que
"aportara toda la
documentación que obrara en
su poder en relación a
proyecto denominado 'Study
in Madrid', desarrollado por
Alejandro de Pedro
conjuntamente con personal
de la citada Fundación".
Las pesquisas se centran en
el proyecto 'Study in
Madrid' desarrollado por De
Pedro "conjuntamente" con
personal de la citada
Fundación
Según viene recoge su propia
página web, la Fundación
para el Conocimiento madri+d
es una iniciativa de la
Comunidad de Madrid que
"nace en 2002 como un
instrumento de la política
científica de la Región".
Dicho organismo desarrolla
"programas y prestamos
servicios en acreditación y
calidad de la educación
superior, transferencia de
tecnología, creación de
empresas de base
tecnológica, participación
en programas europeos de
investigación y comunicación
y cultura científica".
Asimismo, en dicha web se
explica que "en el año 2014
la Fundación recibe del
Gobierno Regional las
competencias en Evaluación y
Acreditación del Sistema
universitario madrileño".
Junto a la Fundación para el
Conocimiento madri+d, el
juez Velasco investiga en
estos momentos a la
Fundación de la Energía y la
Fundación de la sociedad
pública Arpegio, ambas
dependientes de la Comunidad
de Madrid. Sobre el primero
de estos organismos,
tutelado por la Consejería
de Economía, el instructor
reclamó abundante
documentación contable del
período 2010-2012, en el
tramo final de la
presidencia de Esperanza
Aguirre. En concreto, la UCO
se incautó de numerosas
facturas relacionadas con
pagos por la elaboración de
diverso material divulgativo
sobre eficiencia energética
para esta entidad que cuenta
entre sus patronos, además
del Ejecutivo autonómico,
con empresas como Repsol,
Cepsa, Endesa, Gas Natural e
Iberdrola. La Guardia Civil
centra la investigación en
las facturas pagadas para
elaborar material
divulgativo sobre la
eficiencia energética.
Por otro lado, Velasco
investiga a la Fundación de
Arpegio por posibles
"irregularidades [del]
convenio de colaboración
Arpegio, Consejería Cultura
de la CAM y Waiter Music
vinculados con la
organización concierto 'The
night of the Proms'. Por
estos hechos, se encuentra
imputada la ex concejal del
PP Carmen Plata Esteban, que
en el momento en el que se
celebró el concierto –en el
año 2007- era la gerente de
la Fundación Arpegio, a
través de la cual se
formalizó un contrato de
patrocinio por 139.000
euros.
http://vozpopuli.com/actualidad/84786-el-juez-de-punica-investiga-otra-fundacion-de-la-comunidad-de-madrid-por-posibles-irregularidades
LA TRAMA PÚNICA ALCANZA AL
MUNDIAL DE MOTO GP
David Marjaliza, cabecilla
de la red junto a su socio
Granados, confesó al juez
Velasco que amañó contratos
para la constructora que
patrocina a Héctor Barberá
La firma Avintia pagó
encuestas para el PP según
el director de proyectos de
una firma de sondeos que
trabajaba para el partido
Patrocina a uno de los
equipos españoles en el
Mundial de Moto GP. Su azul
corporativo recorre este año
los circuitos de todo el
mundo en la moto de Héctor
Barberá, su piloto estrella.
Y es uno de los actores de
la trama Púnica. El Grupo
Avintia, una empresa
constructora que se ha
extendido al sector
servicios, aparece señalado
como un actor más de la
trama Púnica. Según los
investigadores pagó
encuestas para el Partido
Popular camufladas como
estudios socioeconómicos en
distintos ayuntamientos de
Madrid a cambio de
adjudicaciones de obras. El
cabecilla de la trama, el
empresario y amigo de
Francisco Granados, David
Marjaliza, citó su nombre
entre la decena de empresas
que, según él, recibieron
contratos amañados del Plan
Prisma de la Comunidad de
Madrid, un programa para
llevar infraestructuras a
municipios de la región
entre 2017 y 2011 con
Esperanza Aguirre en la
presidencia del Gobierno.
Según la investigación que
dirige el juez Eloy Velasco
en la Audiencia Nacional,
Avintia y otras empresas
firmaban con una empresa de
sondeos, TNS, "contratos
fraudulentos" que simulaban
estudios de mercado cuando
en realidad estaban pagando
encuestas electorales para
el Partido Popular. En el
caso de Valdemoro, el
ayuntamiento que gobernó
durante 16 años el PP hasta
2015 y donde empezó la
carrera como de Francisco
Granados, Avintia recibió
importantes adjudicaciones,
la mayor, de nueve millones
de euros para un colegio a
través de una UTE con la
firma Ortiz Construcciones y
Proyectos.
Coincidiendo con dichas
adjudicaciones, el
patrocinador del equipo de
Moto GP, firmó contratos por
55.000 euros para supuestos
estudios de mercado en el
sur de Madrid con la empresa
de sondeos TNS, que en
realidad efectuaba encuestas
para el Partido Popular:
cinco barómetros electorales
entre 2010 y 2011 en el
Ayuntamiento de Valdemoro.
Finalmente, Avintia solo
pagó 27.500 por decisión del
"cliente final", para los
investigadores, el Partido
Popular. Lo contó por carta
el empleado de TNS Víctor
Sobrino, imputado también en
esta causa.
En esta pista estaban los
investigadores hasta que uno
de los cerebros de la red,
David Marjaliza, decidió
comparecer voluntariamente
ante el juez Velasco para
tirar de la manta. Durante
su confesión en la Audiencia
Nacional metió a Avintia en
el saco de empresas que
tenía de su mano para
entregarle contratos del
Plan Prisma, donde, según su
relato, un tercio de las
obras las repartía Francisco
Granados y su equipo, otro
tercio los técnicos
funcionarios y por último un
tercer paquete que era
competencia de Jaime
González Taboada [entonces
director general de
Cooperación Local en la
Consejería de Interior y
Justicia que presidía
Granados, y hoy consejero de
Medio Ambiente del Gobierno
de Cristina Cifuentes]".
En su testimonio ante el
juez, Marjaliza contó que en
las obras que no estaban
adjudicadas
-infraestructuras no muy
grandes como plazas o
pabellones, según explicó-
él mediaba para favorecer a
distintas constructoras con
las que tenía buena relación
para que pagasen comisiones
de "20.000, 30.000, 50.000
euros, lo que pudieran
pagar".
En la decena de nombres que
él cita asociados a las
comisiones y los contratos
amañados figura Avintia,
junto a otras constructoras
de la competencia como
Begar, Teconsa, Grupo Dyco,
Virton, Licuas.
El procedimiento para amañar
los concursos era, según
Marjaliza, siempre el mismo.
A través del jefe de
gabinete de Granados y de
Taboada, relató al juez, se
le facilitaban las ofertas
–que debían ser secretas en
el concurso– de las empresas
mejor colocadas. Si una
constructora quería hacerse
con la obra, solo tenía que
mejorarlas y pagar una
comisión. El sumario
transcribe esta parte del
interrogatorio.
Eloy Velasco. ¿Qué
información le daban?
David Marjaliza. Me daban
quiénes estaban entre los
tres y cinco primeros que
habían licitado la obra. Los
cinco mejores. Entonces si
era una empresa conocida,
pues yo le llamaba. Le decía
que sí quería la obra, pues
que pagara una comisión.
E. V. ¿De parte de? ¿Del
señor Granados?
D. M. En toda empresa se
sabía que yo era la mano
derecha de Paco. No tenía
que decir esa… Era obvio.
E. V. ¿Y a qué empresas?
D. M. No recuerdo porque
algunas no conocía. Virton,
Licuas, Avintia, […] Grupo
Dyco, Teconsa, Begar.
Marjaliza concreta además al
juez y a las fiscales de
Anticorrupción la persona
con la que hacía tratos en
Avintia y señala al fundador
de la constructora, Antonio
Martín, como uno de los
constructores que pagaba
mordidas. De momento, el
juez no ha decidido sobre
ninguno de los empresarios
señalados por Marjaliza. Y
Martín sigue ejerciendo como
cabeza visible del equipo
Avintia de moto GP con un
ambicioso proyecto para la
próxima temporada que
incluso quiso incorporar a
Pol Espargaró a la escudería
para pilotar la segunda
Ducati junto a Héctor
Barberá.
http://m.eldiario.es/politica/Punica-alcanza-mundial-Moto-GP_0_529147693.html
EL GOLF CONECTA LA
CORRUPCIÓN DEL PP EN MADRID,
VALENCIA Y BALEARES
La Generalitat y la
Diputación de Castellón
pagaron más 13 millones de
euros
Compromís presenta esta
mañana una denuncia ante la
Fiscalía por las
irregularidades
La Generalitat y la
Diputación de Castellón
pagaron entre 2006 y 2011,
bajo los gobiernos de
Francisco Camps y Carlos
Fabra, más de trece millones
de euros a la empresa Match
Golf Consulting SL por la
realización de diversos
torneos de golf en el campo
del que Fabra era el
presidente. Esta empresa
está implicada en las
investigaciones sobre las
tramas Gürtel, Púnica e
Ibatur y conecta la
corrupción en el seno de los
gobiernos autonómicos del
Partido Popular de la
Comunidad Valenciana, de
Baleares y la Comunidad de
Madrid.
La empresa Match Golf
Consulting SL, administrada
por María José Marijuan,
recibió de la Generalitat
12.111.410,43 euros,
incluido el IVA, por la
realización de cuatro
ediciones del torneo
internacional Comunidad
Valenciana Masters-Castellón
Costa Azahar entre 2008 y
2010, según la información a
la que ha tenido acceso este
diario. Los pagos se
realizaron en base a un
convenio para esquivar la
Ley de Contratos de la
Administración Pública, a
pesar de los informes
desfavorables de la Abogacía
y de la Intervención General
de la Generalitat.
A su vez, la empresa recibió
patrocinios del Aeropuerto
de Castellón (Aerocas) para
la realización de torneos de
golf durante el período
2006-2010 por un total de
625.000 euros. Carlos Fabra
era al mismo tiempo
presidente de la Diputación
de Castellón, presidente de
Aerocas y presidente del
club de golf en el que se
celebraban los torneos.
Además del convenio con la
Generalitat y del patrocinio
de Aerocas, la Diputación de
Castellón también abonó a
Match Golf Consulting SL, al
menos en 2011, 315.832,61
euros, en concepto de
patrocinio del mismo torneo
Castelló Golf Masters 2011.
De esta manera, el total
abonado por los organismos
públicos valencianos supera
por poco los 13 millones de
euros en cinco años.
Compromís ha anunciado que
los diputados en el Congreso
Marta Sorlí y Joan Baldoví
darán traslado de la misma a
la Fiscalía Anticorrupción
para que la estudie.
El convenio con la
Generalitat lo firmaron la
empresa Match Golf y la
mercantil Birdie Diseño y
Clase, propiedad de Romeo
Sala Massanet. Ambas
sociedades habían colaborado
durante años en la
organización de torneos en
Mallorca. A su vez, se
presentaron ante las
instituciones valencianas
con el aval de un torneo
organizado por la PGA
European Tour y cuyo
contrato establece fuertes
cánones y premios en
metálico a jugadores
profesionales. El acuerdo es
por la celebración de cuatro
ediciones entre 2008 y 2011,
a disputarse en octubre y en
el Club de Campo
Mediterráneo.
Con el torneo atado y una
vez asegurada la
financiación mediante el
convenio con la Generalitat,
los administradores de las
empresas acordaron una
cesión ante notario el 31 de
julio de 2008 de los
derechos de cobro dimanantes
del propio convenio. En ese
documento, el empresario
mallorquín cede de manera
gratuita y para las cuatro
ediciones del torneo los
derechos de cobro a Match
Golf Consulting SL, una
cesión que ocultan a la
Generalitat.
No se trata de una cesión
casual y altruista. Las dos
empresas realizaron una
operación similar con el
gobierno autonómico de las
islas Baleares que presidía
Jaume Matas. El modus
operandi era el mismo: la
firma de un convenio con la
administración para eludir
las rigideces de la
contratación con la
administración.
Desde 2004 a 2009 María José
Marijuan y Romeo Sala
Massanet, a través de Match
Golf Consulting SL y Reial
Pula Golf, administrada por
el empresario mallorquín,
organizaron el torneo de
golf Mallorca Classic con un
patrocinio público del
gobierno balear presidido
por Jaume Matas cercano a
los 17 millones de euros.
En ese caso, la entidad
firmante era el Instituto
Balear del Turismo (Ibatur)
y al igual que en el caso
valenciano, los servicios
jurídicos del Govern
emitieron un dictamen en
2006 que advertía de la
irregularidad del convenio.
En 2012, el juez Francisco
J. Pérez abrió una
investigación por el
supuesto desvío de fondos de
la agencia balear e imputó a
Jaume Matas y a diversos
miembros de su ejecutivo.
Los investigadores del caso
Ibatur registraron en 2010
la sede madrileña de la
empresa Match Golf
Consulting SL por las
sospechas de que hubiera
recibido 624.310 euros de
dinero público de la agencia
turística de Baleares,
precisamente por organizar
el torneo Mallorca Classic.
A su vez, también
registraron diversas
empresas como Over
Comunicación, ligada a Over
Marketing MCW y a la trama
Gürtel al organizar eventos
del Partido Popular de
Baleares desde 2003 a 2007.
En este punto es dónde se
conectan las tramas
madrileña, valenciana y
balear. Over Marketing MCW
recibió dos adjudicaciones
de más de tres millones de
euros por parte de la
Consejería de Sanidad
valenciana en 2002 por dos
campañas de publicidad y
difusión.
La administradora de Match
Golf Consulting, María José
Marijuan, fue detenida por
agentes de la Unidad Central
Operativa en noviembre de
2015 en el marco de la trama
púnica. Marijuan es la
esposa del jefe de gabinete
de Francisco Granados
durante como consejero en el
Gobierno de Madrid, Ignacio
Palacios, y los
investigadores sospechan que
habría actuado como
testaferro de Granados y le
habría ayudado a ocultar
algunas de las empresas y
propiedades del político
madrileño.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/21/valencia/1466486283_181117.html
MORALEJA DE ENMEDIO DA LA
MEDIDA DE LA TRAMA PÚNICA
La red intentaba dar
apariencia de limpieza a sus
tratos utilizando auditorías
amañadas, según la UCO
Contrataron a dedo a una
auditoría para dar
apariencia de limpieza a una
licitación a medida de un
contrato municipal con la
connivencia del alcalde.
Siempre precedido por el
adjetivo de presunto, un
informe de la Guardia Civil
describe a través de un caso
en el pequeño municipio de
Moraleja de Enmedio cómo
funcionaba la trama Púnica,
con sus actores, sus
torpezas y sus mordidas.
Según el informe, el alcalde
en 2013, Carlos Alberto
Estrada, habría cobrado
30.000 euros del constructor
David Marjaliza por asegurar
a la empresa Cofely el
contrato de gestión del
alumbrado público del
municipio por 15 años y un
importe de 2,8 millones de
euros. La empresa auditora
Asproener y la técnico
municipal Teresa Martín,
pareja de Estrada, cierran
el círculo.
El ingente sumario de la
trama Púnica que investiga
la Audiencia Nacional sigue
creciendo en su intento de
aclarar los entresijos de
una red de corrupción que
afecta a decenas de
Ayuntamientos y otras
administraciones, encabezada
por Francisco Granados (PP)
y el empresario David
Marjaliza, que se mantuvo
activa durante más de una
década. Uno de los últimos
informes remitidos al juez
por la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil se refiere a
un contrato adjudicado hace
poco más de tres años en
Moraleja de Enmedio, un
pueblo de 5.000 habitantes
con una deuda de 30 millones
de euros.
El relato comienza a finales
de 2011, cuando el alcalde
Estrada contrató a Asproener
de forma “directa y
discrecional” para hacer una
“auditoría energética” del
alumbrado municipal. Eligió
esta sociedad, aseguró el
alcalde a la UCO, “porque
buscaban imparcialidad”.
“Que te dé todos los papeles
perfectos”
Extracto de una conversación
telefónica entre el
empresario David Marjaliza,
cabecilla de Púnica, y Pedro
García, de la empresa Cofely,
grabada por la Guardia
Civil:
D.M. Entonces, como no
quiere que firme nuestra
amiga, lo que puede haber,
tenemos que meter una
auditoría de por medio.
P. G. Vale.
D.M. Entonces, tienes que
buscarme una auditoría [...]
que te dé todos los papeles
perfectos y enganchados como
dios manda. Y que haga el
trabajo en el mes de agosto.
Sin embargo, distintos
cruces de correos
electrónicos y llamadas
intervenidas ponen de
manifiesto que Cofely estaba
al tanto del contenido de la
auditoría “al menos desde
más de un mes y medio antes
de hacerse público la
licitación del concurso”, un
“modus operandi” que pudo
repetirse en otros
Ayuntamientos. Y no solo
eso, sino que también
intercambiaban correos sobre
la oferta que Cofely iba a
presentar a una licitación
pública diseñada por
Asproener.
El acuerdo de la auditora
con el Consistorio incluía
el “asesoramiento a la hora
de elaborar los pliegos del
contrato”. Pero, de hecho,
lo que hizo fue darle los
pliegos prácticamente hechos
al Consistorio, con lo cual,
“teniendo en cuenta el
concierto existente” entre
las dos mercantiles,
“resulta obvio presumir” que
esos pliegos “tenían como
premisa beneficiar a la
empresa Cofely”, dicen los
investigadores. Asproener le
envía los pliegos a la
técnico municipal Teresa
Martín: “Por favor, échales
un vistazo (a los pliegos) y
si tuvieseis alguna duda,
llámame”, le dicen.
La participación del
Ayuntamiento no se habría
limitado únicamente a
contratar a la auditoria y
recibir las bases que
regulan el concurso a
medida, también se
aseguraron de que los
contrincantes de Cofely no
la superasen en puntos,
aunque ajustaran al máximo
su oferta económica. Para
ello, la ventaja de Cofely
tenía que ser de al menos
ocho puntos en la valoración
del proyecto. Y aquí es
donde entra en juego la
técnico Teresa Martín, la
misma que había recibido los
pliegos a medida de
Asproener, y que antes había
enviado la auditoría a una
persona muy cercana a Cofely.
"Vamos a ir muy justos"
Martín presionó al técnico
encargado de la valoración
del proyecto, según la
declaración de este, para
aumentar en cuatro puntos la
nota de Cofely. Él se negó,
ella insistió, él se volvió
a negar y ella acabó
haciendo y firmando otro
informe en que subía la
valoración a Cofely. Este
documento fue el que acabó
aprobando la mesa de
contratación, de la que
Martín formaba parte.
En el informe de la UCO hay
un correo electrónico en el
que Martín dice al técnico
que ha encontrado una
documentación que justifica
el incremento en la nota a
Cofely , pero que le era
"imposible" enviársela por
email. Ya se los enseñaría
más adelante, continúa, pero
mientras tanto le pedía que
fuera redactando ya el nuevo
informe con la modificación
para ahorrar tiempo. "Vamos
a ir muy justos", le dice.
Finalmente, el informe
policial recoge varias
órdenes de pago a una
empresa de la trama que
coinciden con una anotación
a mano de un pago de 30.000
euros que David Marjaliza ha
confesado que le pagó al
exalcalde de Moraleja.
Además, reprocha la falta de
vigilancia al resto de
miembros de la mesa de
contratación y del
interventor municipal. Los
agentes también han
detectado que la trama tenía
pensado adjudicar otro
contrato de gestión
energética de los edificios
municipales a Cofely.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/18/madrid/1466261419_521243.html
UNA OPERACIÓN URBANÍSTICA
FALLIDA DE ARPEGIO LE CUESTA
A CIFUENTES 42 MILLONES
El Gobierno regional ha
tenido que pedir un crédito
de 15 millones de euros para
mantener la liquidez de la
empresa pública
Un juzgado decretó en enero
el embargo de las cuentas de
la empresa pública Arpegio
por valor de 42,5 millones
para pagar su deuda con una
sociedad a la que vendió
parcelas del Parque Temático
de San Martín de la Vega. El
contrato incluía aumentar la
edificabilidad de los
terrenos modificando el plan
general del pueblo. Si no lo
lograba, Arpegio pagaría
32,8 millones más intereses.
Pero el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid paró la
recalificación porque su
“auténtica finalidad” era
que el Parque Tématico SA
“recuperara su equilibrio
patrimonial”. El Gobierno
regional ha tenido que pedir
un crédito para mantener la
liquidez de Arpegio.
Una de las operaciones
llevadas a cabo por Arpegio
—empresa pública del suelo
investigada en la trama
Púnica y cuya liquidación ha
anunciado Cristina Cifuentes
hace pocos días—, finalizó
con el embargo de 42,6
millones de sus cuentas
corrientes. La decisión
judicial provocó una falta
de liquidez en la sociedad,
que tuvo que recibir un
préstamo de 15 millones del
Gobierno de Cristina
Cifuentes que, a su vez, se
lo pidió a Arproma, sociedad
también 100% pública. El
juez, una vez saldada la
deuda, ha levantado el
embargo.
La sociedad Parque Temático
de Madrid está constituida
por diversas sociedades
propietarias de un terreno
de 5,5 millones de metros
cuadrados, que incluye el
parque de ocio de la Warner.
Uno de los dueños del suelo
es la Comunidad de Madrid,
que vendió, a través de
Arpegio, varias parcelas en
2007 a la inmobiliaria
Fadesa. La edificabilidad
total era de casi medio
millón de metros cuadrados.
Tras la venta, Arpegio se
comprometió con Fadesa a
tramitar una modificación
del plan general de
urbanismo de San Martín de
la Vega con el objetivo de
incrementar la
edificabilidad de todo el
ámbito. Al mismo tiempo, se
incluyó en el contrato una
cláusula penal
indemnizatoria de 32,8
millones a cargo de Arpegio
y que protegía a Fadesa en
el caso de que no se
cumplieran los planes
acordados. Recibiría ese
importe si la edificabilidad
no alcanzaba los 666.500
metros cuadrados. La fecha
tope para llevar a cabo la
recalificación era agosto de
2013.
El proceso dio sus primeros
pasos con éxito. El pleno
municipal aprobó la
modificación del plan que
implicaba pasar de 825.000
metros cuadrados edificables
en toda la zona (incluida
las parcelas de Arpegio) a
1,13 millones. Todas las
fuerzas políticas lo
apoyaron (PSOE, PP e IU).
“Era bueno para el
municipio”, asegura su
actual alcalde, el
socialista Rafael Martínez.
La Comisión de Urbanismo del
Gobierno regional no puso
pegas a la recalificación.
Pero la empresa Bosques del
Sur, que está radicada en
San Martín de la Vega,
denunció el acuerdo en la
jurisdicción contencioso
administrativa. El Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid, ya en 2009,
sentenció que “la verdadera
y auténtica finalidad de la
modificación recurrida fue
posibilitar que Parque
Temático Madrid, S.A.,
recuperara su equilibrio
patrimonial y pudiera
liquidar toda la deuda que
le era exigible en ese
momento”. Los jueces lo
explicaron así: “La
modificación [que pretendía
Ayuntamiento y Comunidad] no
responde a una razón
urbanística de carácter
municipal ni a criterios de
ordenación territorial, ni
se justifica en una razón de
interés público”.
“Salvar una sociedad”
Y añaden: “Solo obedece al
único designio de salvar una
sociedad [Parque Temático
SA], cuyo capital social
pertenece en un 60% a
entidades mercantiles
privadas”. Y señala a FCC,
Caja de Ahorros, Fadesa,
ACS, Ferrovial, Dragados,
entre otras. La decisión
afectó de lleno a la
transacción realizada por
Arpegio con Fadesa que
esperaba el incremento de
edificabilidad prometido.
Pero Fadesa no denunció a
Arpegio, sino que fue
Friera, que le había
comprado a su vez las
parcelas a la primera. Le
reclamó al Gobierno en 2014
los 32,8 millones de
indemnización más otros 9,8
de intereses y costas.
Finalmente, un juzgado
condenó a Arpegio a pagar
42,6 millones por no haber
cumplido el contrato. El
Gobierno Cristina Cifuentes
no disponía de la liquidez
necesaria en Arpegio y
terminó sacando el dinero de
otra empresa pública,
Arproma. La presidenta
anunció hace unos días que
va a cerrar Arpegio y pasar
parte de su negocio (venta
de suelo) a Arproma.
Cambiar el plan general para
favorecer al parque temático
El municipio de San Martín
de la Vega estaba dispuesto
a cambiar el plan general de
la localidad para
incrementar la
edificabilidad de los 5,5
millones de metros cuadrados
que ocupaban los terrenos de
la sociedad Parque Temático
de Madrid, propiedad de
diversas empresas, entre
ellas la Comunidad de
Madrid.
Todos los grupos políticos
estaban de acuerdo en que la
modificación beneficiaría a
sus vecinos, recuerda el
actual alcalde del pueblo,
el socialista Rafael
Martínez. En diciembre de
2005 se firmó un convenio
entre la Consejería de Medio
Ambiente, Arpegio, Áreas de
Promoción Empresarial,
Parque Temático de Madrid SA
y el Ayuntamiento para
modificar las normas
subsidiarias y garantizar la
viabilidad de empresarial
del desarrollo. De esta
forma, se contribuía al
dinamismo social y económico
del pueblo, especificaba el
documento.
A raíz del convenio, Parque
Temático de Madrid entregó
al municipio entre 2007 y
2014 5,5 millones de euros.
Pero el acuerdo fue anulado
por el Tribunal Supremo en
julio de 2013 y el
Ayuntamiento fue condenado a
devolver el dinero recibido
por sentencia judicial. El
municipio presentó al
Juzgado un plan de pagos que
se extiende hasta 2017 para
poder hacer frente a la
deuda. Si la empresa no lo
recurre, este año se
devolverían 70.000 euros,
150.000 en 2017, 300.000 al
año entre 2018 y 2023,
800.000 entre 2024 y 2025,
900.000 en 2026 y 1.000.000
de euros en 2027.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/07/madrid/1465327881_619184.html
OTRA EMPRESA DE LA ‘PÚNICA’
CONTROLADA POR GRANADOS
ABONÓ 719.000 EUROS A MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
CONSERVADORES
La empresa que recibió más
dinero fue la editora de La
Razón, con 253.884 euros,
seguida de Orange Media
(145.588 euros), Sierra
Media Siglo XXI (77.623),
Abc (39.618), Unidad
Editorial (35.764) y Madrid
Diario (20.600)
La salida de Granados de
Arpegio coincide con un
importante descenso del
gasto en comunicación, que
pasó de los 91.397 euros de
2010 a 57.895 el año
siguiente
Arpegio, la empresa pública
encargada de la gestión del
suelo de la Comunidad de
Madrid, abonó 719.621 euros
a empresas periodísticas y
de comunicación entre los
años 2007 y 2015, según la
documentación a la que ha
tenido acceso infoLibre. A
estos fondos hay que añadir
los 491.680 euros que la
Fundación de Arpegio
repartió entre 2006 y 2013
entre medios de comunicación
afines al PP, por lo que la
suma total es de 1.211.301
euros.
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco
investiga todas las
adjudicaciones de terreno de
esta empresa pública y su
fundación, por las que la
trama liderada por Francisco
Granados pudo haber cobrado
millonarias comisiones
ilegales. La fundación
disponía de un presupuesto
propio que surgía de los
benefiios de la empresa
matriz, Arpegio, por lo que
ambas financiaron por
separado campañas
informativas y
publicitarias.
La empresa que recibió más
dinero de Arpegio y su
sucesora, Nuevo Arpegio, fue
Audiovisual Española 2000
SL, la editora de La Razón,
con 253.884 euros, seguida
de Orange Media Advertising
SL (145.588 euros), Sierra
Media Siglo XXI (77.623
euros), Abc (39.618 euros),
Unidad Editorial (35.764
euros), Madrid Diario
(20.600 euros) y Consultoría
de Comunicación Estratégica
( 19.416 euros). Llama la
atención que el Grupo Prisa
percibió otros 1.889 euros.
Las empresas beneficiadas
por la Fundación Arpegio,
tal y como adelantó
infoLibre, fueron el Grupo
Intereconomía (247.165
euros), la Cadena Cope
(177.510 euros), La Razón
(33.332 euros), Abc (21.672
euros) y la revista Época
(12.001 euros).
La información suministrada
por la Comunidad de Madrid a
petición del diputado y
portavoz de Podemos en la
comisión de investigación de
la corrupción de la Asamblea
de Madrid, Miguel Ongil,
muestra que en 2007, el
primer año en el que
Granados pasó a controlar
Arpegio, esta empresa
pública gastó en publicidad
y comunicación 126.029
euros. De esta cantidad, la
mayor parte (47.049 euros)
se la llevó el grupo gallego
La Región, que sigue una
línea editorial por cercana
al Partido Popular de
Alberto Núñez Feijóo.
Pareja de Núñez Feijóo
Según adelantó El País, la
empresa controlada por
Granados abonó esta cantidad
a La Región el mismo año en
el que fue entrevistado como
consejero de Presidencia de
Madrid por uno de los medios
de comunicación del grupo.
El rotativo madrileño
destaca en su información
que según las facturas que
conserva el Gobierno
madrileño, ese dinero
sufragó publirreportajes
mensuales en la publicación
La Región Internacional a un
precio de 6.000 euros la
página. La entrevista la
realizó la periodista Carmen
Chinny Gámir, entonces
pareja del presidente de la
Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, que era la
corresponsal de La Región en
Madrid.
La segunda empresa más
beneficiada fue el diario
Abc, que obtuvo otros 34.800
euros, seguido de la empresa
Orange Media Advertising SL
(30.331 euros), Madrid
Diario (11.600 euros) y
Gremios Periódico de la
Construcción (2.247 euros).
278.718 euros en 2008
Pero 2008 fue el año en el
que Granados gastó más
dinero desde Arpegio en los
medios de comunicación. En
total abonó 278.718 euros,
de los que 119.954 euros
correspondieron a la empresa
editora de La Razón
(Audiovisual Española 2000)
y 115.257 euros a Orange
Media Advertising SL.
Unidad Editorial, la editora
de El Mundo, Marca y
Expansión percibió otros
17.049 euros, seguido de
Madrid Diario (9.000 euros),
Acción Media (7.999),
Telemadrid (6.820 euros) y
Abc (2.937).
En 2009, en el que Arpegio
gastó 90.895 euros, la
editora de La Razón recibió
otros 43.689 euros, mientras
que el resto ingresaron
cantidades muy inferiores:
Sierra Media Siglo XXI
(10.000 euros), Grupo
Actualidad/Trade Maritim SL
(8.885 euros), Cesine
Metros2 (5.568 euros),
Mercados de la Construcción
y las Infraestructuras
(4.640 euros), Codice RJA
(4.640 euros), Ducal
Ediciones (4.176 euros),
Cerezo Comunicaciones (3.944
euros), Grupo Prisa (1.829
euros), Abc (1.881 euros),
Unidad Editorial (668 euros)
y Editorial Observatorio
Empresas y Negocios (974
euros).
91.397 euros en 2010
En 2010, con un total de
91.397 euros gastados por
Arpegio, nuevamente la
empresa que recibió más
dinero de la empresa
controlada por Granados fue
Audiovisual Española SA
(editora de La Razón), con
otros 45.000 euros, seguido
de Sierra Media Siglo XXI
(11.086 euros), Mercados de
la Construcción y las
Infraestructuras (9.280
euros), Grupo Actualidad/Trade
Maritim SL (5.664 euros),
Cesine Metros2 (5.396
euros), Editorial
Observatorio Empresas y
Negocios (4.687 euros),
Cerezo Comunicaciones (3.742
euros), Ducal Ediciones
(2.900 euros), Grupo
Iniciativa Soluciones
Editoriales (1.972 euros),
Unidad Editorial (974 euros)
y Grupo Prisa (696 euros).
Pero la salida de Granados
de Arpegio, que se produjo
en 2011, protagonizó un
importante descenso del
gasto de Arpegio, que pasó
de los 91.397 euros de 2010
a 57.895 euros. La empresa
que recibió más dinero
volvió a ser la editora de
La Razón, con 45.118 euros,
seguida de Sierra Media
Siglo XXI (11.108 euros),
Consultoría de Comunicación
Estratégica (1.888 euros) y
Unidad Editorial (165
euros).
Menos gasto sin Granados
En 2012 el dinero abonado
desde Arpegio y su sucesora,
Nuevo Arpegio, bajó
nuevamente de forma
ostensible, ya que pasó de
los 57.895 euros de 2011 a
los 15.828 euros. La
sociedad que más recibió fue
Sierra Media Siglo XXI con
11.108 euros.
En 2013 el gasto fue también
de 15.175 euros, por 21.180
euros en 2014 y 22.499 euros
en 2015. Sierra Media Siglo
XXI recibió estos tres años
11.474 euros cada uno.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/14/una_empresa_punica_controlada_por_granados_abono_719_000_euros_abc_unidad_editorial_region_51196_1012.html
EL JUEZ HALLA "POTENTES
INDICIOS" DE QUE FRANCISCO
GRANADOS RECAUDABA PARA LA
FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
El juez Velasco rechaza
dejar en libertad al ex
'número dos' de Esperanza
Aguirre, quien "abusó de sus
cargos para conseguir"
mordidas a cambio de
adjudicaciones, y ante la
existencia de "potentes
indicios y datos objetivos"
de que recibía dinero para
financiar de forma ilegal al
PP, a pesar de que solo ha
podido evaluar el 4% de la
documentación intervenida
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco
rechaza la petición de
libertad de Francisco
Granados ante la
"sensibilidad de la
investigación" que se
desarrolla, así como por
"los graves riesgos de
obstrucción y alteración de
las fuentes de prueba que
siguen existiendo".
En su auto, el juez
determina que existen
"potentes indicios y datos
objetivos", de que Francisco
Granados actuaba como
recaudador para la
financiación ilegal del
Partido Popular.
"Indicios" que ha ido
descifrando la
investigación, y que se
vieron fortalecidos al
descubrir la libreta de
Granados, que contenía
anotaciones que
supuestamente eran dinero
(1,4 millones transferidos
hasta mayo de 2014 al
gerente del PP de Esperanza
Aguirre en Madrid, Beltrán
Gutiérrez), y otros
elementos que permanecen
bajo secreto de sumario.
Sostiene en su auto el juez
que en estos momentos
analiza "ingente
documentación" al respecto.
De hecho, fuentes jurídicas
aseveran a la SER que solo
han podido evaluar el 4% de
la información intervenida
sobre la presunta
financiación ilegal del PP,
que el magistrado mantiene
bajo secreto de sumario en
una pieza separada.
En su escrito, el titular
del Juzgado Central de
Instrucción 6 rechaza las
alegaciones de la defensa de
Granados para quedar en
libertad, puesto que "en
nada" desvirtúan los
razonamientos por los que se
acordó su ingreso en
prisión.
Velasco, de conformidad con
lo manifestado por la
Fiscalía, considera que la
investigación "está
patentizando la realización
de gran número de hechos
delictivos con una
significativa participación"
de Granados, quien "ha
abusado del desempeño de sus
sucesivos cargos públicos
para conseguir la
adjudicación de un
sustancial número de
contratos públicos de obras,
servicios, etc, a favor de
empresarios que le abonaban
importantes comisiones por
la consecución de las
amañadas adjudicaciones".
Explica que se revela,
además, "un uso
indiscriminado" de la
empresa pública de la
Comunidad de Madrid Arpegio
y de la Fundación Arpegio,
cuya presidencia "en un
primer momento" le permitió
controlar la venta de suelo
público de la región.
Añade que "posteriores
maniobras defraudatorias"
(firma de varios convenios)
le aseguraron presidir las
mesas de contratación que
proponían la adjudicación de
los contratos financiados
con Fondos Prisma,
"gestionándose a cargo de
dichos fondos durante los
años 2006 a 2011 más de mil
millones de euros".
Señala también el auto que
"está analizándose en este
momento una ingente cantidad
de documentación tanto en
soporte físico como digital,
intervenida en los últimos
registros realizados,
documentación que está
proyectando potentes
indicios y datos objetivos
de la recepción de dinero
por este investigado para
posible financiación del
Partido Popular".
http://cadenaser.com/ser/2016/06/08/tribunales/1465392762_960272.html
LOS NÚMEROS DE LA ‘PÚNICA’:
DE LOS 709 MILLONES PARA
CONSTRUCTORES A LOS 222
MILLONES POR EDIFICAR
COLEGIOS PRIVADOS
Los dos líderes de la trama,
Francisco Granados y David
Marjaliza, ingresaron en
Suiza 12,9 millones para
después transferir 4,5
millones a Singapur
Los contratos de eficiencia
energética posibilitaron que
los integrantes de la red
corrupta se hicieran también
con 170 millones de euros de
Administraciones públicas
El sumario del caso Púnica,
en el que se investiga una
trama de corrupción liderada
por Francisco Granados en la
que también participaron
empresarios amigos como
David Marjaliza y Ramiro Cid
Sicluna, entre otros, ha
puesto al descubierto las
importantes sumas que los
implicados han podido
embolsarse gracias a la
intermediación del que fuera
número dos de Esperanza
Aguirre en el PP madrileño y
en su Gobierno.
De acuerdo con la
investigación judicial y de
la Guardia Civil, la trama
liderada por Francisco
Granados facilitó a
empresarios pelotazos
urbanísticos por 709
millones, concesiones para
construir colegios por 222
millones, y contratos de
eficiencia energética por
170 millones de euros.
1. Pelotazos urbanísticos:
709 millones
Un informe financiero de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil ha
confirmado que Granados
posibilitó a sus socios
pelotazos urbanísticos por
709 millones en el término
municipal de Valdemoro, al
sur de la Comunidad de
Madrid. De esta forma, estos
constructores se lucraron
con la reclasificación de
1,12 millones de metros
cuadrados rústicos que se
revalorizaron alrededor de
550 euros por metro
cuadrado.
Durante los años en los que
ejerció como regidor, entre
julio de 1999 y noviembre de
2003, Granados creó un
urbanismo a la carta en
Valdemoro. Así,
"confeccionó" un nuevo Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) en el que "las
directrices de trazado y
ampliaciones fueron
acordadas" con los
empresarios del sector
inmobiliario David Marjaliza
y Ramiro Cid Sicluna.
2. Construcción de colegios
privados: 222 millones
Pero las constructoras de la
trama no sólo se
beneficiaron del urbanismo
de Valdemoro, sino que
diversificaron sus negocios.
Por ello, se hicieron con la
edificación de 17 colegios
concertados y privados, lo
que les reportó unos
ingresos de 222,8 millones.
De hecho, hicieron caja por
una doble vía, ya que la
compañía que promovía los
centros educativos, Alfedel,
cuya propiedad la Guardia
Civil atribuye a Marjaliza,
se hizo con otros 19
millones de euros mediante
el cobro a las cooperativas
de profesores que son las
que, en última instancia,
gestionan los colegios. La
trama garantizaba a los
docentes, según se deduce de
la investigación, que los
municipios liberarían suelo
para los centros y que la
Administración les daría el
concierto.
Los 17 colegios concertados
promovidos por la compañía
Alfedel, vinculada a la
trama Púnica, ingresaron
41,7 millones de dinero
público para su
funcionamiento en el curso
2014-2015, según los
cálculos realizados a partir
de los datos de las
consejerías de Educación de
Madrid y Murcia.
La empresa Ferrón Laguía SL,
propiedad de Alfonso Ferrón
del Río, el administrador de
la sociedad educativa
Aldefel, percibió en ocho
años 1.731.397 euros de la
cooperativa, según las
facturas aportadas al
sumario.
3. Adjudicaciones de
eficiencia energética: al
menos 170 millones
Cofely-España, la filial de
la multinacional francesa
GDF Suez, fue la compañía
que se benefició de una
buena parte de las
adjudicaciones públicas que
ahora investiga la Guardia
Civil. Cofely pudo haber
cobrado más de 170 millones
de euros de las
Administraciones públicas
implicadas, principalmente
ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid.
Sólo en 2014, Cofely ingresó
49,3 millones de
instituciones y empresas
públicas, según la
documentación contenida en
el sumario a la que ha
tenido acceso infoLibre.
4. Contratos del
ayuntamiento de madrid: 32,4
millones
El Ayuntamiento de Madrid,
gobernado entonces por el
PP, contrató por valor de
32,4 millones con empresas
de la trama Púnica, según se
desprende de un informe
inicial firmado por el
subdirector general de la
Auditoría de la Deuda y las
Políticas Públicas.
Son siete las empresas de la
trama que firmaron contratos
con el Ayuntamiento: Waiter
Music (10 contratos), Grupo
Dico y Construcciones (5
contratos), Cofely España
(25), Elyo Ibérica Servicios
Energéticos (4), la UTE
Cofely-Velasco (2), Obrum
(1) y Super Cash de
Alimentación (1).
5. Servicio madrileño de
salud: 12 millones de euros
El Servicio Madrileño de
Salud (SERMAS) abonó en
2006, 2007 y 2009 un total
de 10,7 millones a la
empresa Obrum Urbanismo y
Construcciones, en cuya
propiedad participaba el
cabecilla de la trama David
Marjaliza, según un informe
realizado el 19 de mayo de
2014 por la Agencia
Tributaria.
Después de esa fecha, en
junio de 2014, la Comunidad
abonó otros 1,3 millones a
la constructora que
pertenece a David Marjaliza,
el principal socio de
Francisco Granados. En
total, la empresa de
Marjaliza habría percibido
del Servicio Madrileño de
Salud más de 12 millones de
euros.
6. La reputación del
gobierno madrileño: 140.000
euros en negro
La Comunidad de Madrid
utilizó la empresa pública
que gestiona el agua, el
Canal de Isabel II, para
pagar a las empresas del
informático Alejandro de
Pedro por sus trabajos de
reputación online para
Esperanza Aguirre e Ignacio
González. Las sociedades de
De Pedro, Eico y Madiva
recibieron una "facturación
ficticia" a través de dicha
empresa pública, según
varios testigos del caso.
La encargada de facturación
de dichas mercantiles,
Guadalupe Caballero, también
mencionó en la declaración
como testigo que De Pedro le
pidió anotar "a cuenta de la
deuda con la Comunidad de
Madrid" que ya se habían
abonado 14.000 euros. En esa
comparecencia, también
señaló que la deuda que
tenía la Comunidad de Madrid
con las empresas de De
Pedro, que era supuestamente
de 140.000 euros, se iba a
pagar con la intermediación
del Canal de Isabel II.
Una parte de esos 140.000
abonados fue interceptada
por la Guardia Civil en el
registro de la vivienda de
De Pedro, que además en su
declaración reconoció que en
2011 una de sus empresas
facturó 40.000 euros al PP
madrileño por siete meses de
campaña.
7. Pagos a granados de ohl:
1,4 millones
El ex secretario general del
PP de Madrid Francisco
Granados reflejó en las
páginas de una libreta pagos
de 1,4 millones al exgerente
del PP madrileño Beltrán
Gutiérrez, según se
desprende del sumario de la
trama Púnica.
Los apuntes reflejan, en
concreto, cuatro pagos de
400.000 euros, uno de
300.000, uno de 100.000 y
otro de 60.000 presuntamente
efectuados por el empresario
Javier López Madrid, yerno
del presidente de la
constructora OHL, Juan
Miguel Villar Mir, con una
regularidad casi mensual.
Las entregas de dinero del
empresario quedan reflejadas
en el cuaderno con las
siglas JLM.
Tanto Villar Mir como Javier
López Madrid aparecen en
otros casos de corrupción,
como por ejemplo Gürtel y
las tarjetas black. En este
último López Madrid ha sido
procesado por usar la
tarjeta de Caja Madrid de
forma irregular.
8. Envíos de dinero a suiza:
12,9 millones
Entre 1999 y 2003 Granados
ingresó en sus cuentas de
Suiza 1,33 millones, pasando
a superar los 1,68 millones
en 2005. Entre el exalcalde
de Valdemoro y su socio
Marjaliza transfirieron 12,9
millones al país
centroeuropeo. Sin embargo,
la Guardia Civil llega
incluso a elevar la cifra
hasta los 15 millones de
euros.
Los asesores de David
Marjaliza, crearon a toda
"prisa" una empresa en
Singapur a la que transfirió
4,5 millones de euros, según
los correos electrónicos
incluidos en el sumario del
caso. Marjaliza tomó esta
decisión después de
descartar regularizar el
dinero con la amnistía del
Gobierno del PP, que sí
aprovecharon siete personas
que ayudaron a Marjaliza a
lavar el dinero.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/03/los_numeros_punica_50696_1012.html
UN TICKET DE 121 € EN CASA
DE GRANADOS SIRVIÓ PARA
DESCUBRIR 8 MILLONES DE LA
PÚNICA EN EEUU
La Guardia Civil encontró el
cargo de un restaurante
pagado con American Express.
Al tirar del hilo,
localizaron los depósitos.
El recibo de una comida de
121 euros en uno de los
restaurantes de moda de
Madrid llevó a la Guardia
Civil a descubrir el botín
de ocho millones de euros
que imputados de la trama
Púnica escondían en Estados
Unidos. El grueso de esta
cantidad se atribuye al
constructor Ramiro Cid,
propietario de la empresa
Obras y Vías. La Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil descubrió
en el domicilio del ex
político del PP en Valdemoro
un recibo de pago de una de
las tarjetas de crédito de
Granados.
Le llamó la atención a los
investigadores que el nombre
del cliente en el recibo
estaba escrito al revés,
figurando en primer lugar su
segundo apellido, Lerena.
“El desorden en la
consignación del nombre y
apellidos del titular de la
tarjeta infieren que pudiera
tratarse de un medio de pago
expedido en un país
extranjero”. También destacó
la Guardia Civil en sus
informes que “se debe tener
en cuenta el escaso uso de
tarjetas de crédito tipo
American Express en España”,
recordando que “representan
una cuota de mercado del 1%
en medios electrónicos de
pago”.
Este hallazgo, aparentemente
anecdótico, llevó de
inmediato a la Guardia Civil
a “inferir” que dicha
tarjeta de crédito “podría
estar asociada a alguna
cuenta bancaria no
identificada en otros países
mediante la cual Granados
podría titular activos
financieros no identificados
hasta el momento”. Y
apostillaba la Guardia Civil
que “lógicamente el país
donde más se usa este tipo
de tarjeta es EEUU”.
Pesquisas a la embajada
Siguiendo esta pista, la
misma Guardia Civil chequeó
los vuelos realizados por el
ex consejero de la Comunidad
de Madrid a países
extranjeros para intentar
determinar en qué países
podría custodiar fondos
ocultos. Una primera
búsqueda arrojó el hallazgo
de desplazamientos a Panamá,
a Nueva York y a Costa Rica.
“Como se puede observar”,
precisaba la Guardia Civil,
“se evidencian varios vuelos
de Granados a países en los
cuales existen estructuras
societarias domiciliadas que
han sido utilizadas por la
trama para operaciones
financieras criminales”. No
obstante, el interés de los
investigadores se centró de
inmediato en Estados Unidos.
De hecho, los agentes se
pusieron en contacto con la
embajada estadounidense en
Madrid. Fue el cuerpo
diplomático quien confirmó a
la Fiscalía que Granados y
Marjaliza habían contratado
varios servicios financieros
en EEUU.
Con esta nueva información,
la Guardia Civil pudo
determinar que las empresas
vinculadas a varios de los
investigados, y en especial
al empresario Ramiro Cid
llegaron a sacar en
dirección a Estados Unidos
ocho millones de euros en
ocho años. En un solo día,
el 13 de octubre de 2014,
estas entidades llegaron a
sacar siete millones para
enviarlos al país
norteamericano.
Pero lo más paradójico del
descubrimiento es que, tal y
como concluyó posteriormente
la Guardia Civil en otro
informe, la tarjeta de
crédito American Express que
se creyó asociada a una
cuenta estadounidense y que
llevó al descubrimiento del
botín americano finalmente
resultó estar domiciliada en
España, y ser más entre las
miles de tarjetas que se
expiden en le país cada año.
http://www.elespanol.com/espana/20160608/130987290_0.html
FRANCISCO GRANADOS EMPLEÓ
UNA ESTRUCTURA OPACA PARA
BENEFICIARSE DE UN
MILLONARIO CONTRATO EN EL
METRO DE MOSCÚ,
SUPUESTAMENTE AMAÑADO CON LA
COLABORACIÓN DEL VICEALCALDE
El ex 'número dos' de
Esperanza Aguirre planeó
engañar a Javier López
Madrid para apartarle de la
operación, según las
conversaciones intervenidas
La trama Púnica, liderada
por Francisco Granados, no
solo extendió sus tentáculos
a Suiza, Panamá, Costa Rica,
el Caribe o Estados Unidos.
También intervino para sacar
tajada de un millonario
contrato de consultoría y
asistencia para la
construcción de 40
kilómetros del metro de
Moscú mediante el empleo de
testaferros y una estructura
opaca. Supuestamente, según
fuentes del caso, gracias a
la sospechosa intervención
del vicealcalde de la
capital rusa.
La Guardia Civil tuvo
conocimiento del negocio de
Moscú gracias a una
conversación telefónica
pinchada entre Granados y su
jefe de gabinete y
testaferro, Ignacio
Palacios, en septiembre de
2014, un mes antes de la
detención del ex número dos
de Esperanza Aguirre.
En ella, los imputados
cuentan que optaban a la
obra del metro ruso por
medio de la empresa Bustren,
que estaba administrada por
quien había sido director
general de infraestructuras
con Granados en Madrid,
Jesús Trabada. Como en Rusia
no podía concursar una
empresa española, crearon
otra sociedad pantalla
dependiente de Bustren pero
dirigida por un ruso que fue
colocado en el cargo por el
vicealcalde de Moscú, según
admite Trabada a los
agentes, y lograron el
contrato.
Aunque a todos los efectos
la obra del metro de Moscú
había sido adjudicada a una
empresa rusa dirigida por el
ciudadano moscovita Sergei
Groshikov, el 70% de los
beneficios iban a parar a
Granados, Trabada y Javier
López Madrid, quien también
formaba parte de la sociedad
gracias a un contrato de
fiducia "opaco al sistema",
según Palacios.
La conversación telefónica
entre Francisco Granados e
Ignacio Palacios también
revela cómo pretendieron
traicionar a Javier López
Madrid y sacarle del
negocio. Granados y su
testaferro dicen que hay que
"meter un poco de veneno y
generar la duda" con el
proyecto para ver si "Javier
la monta y se quita de en
medio".
La relación entre todos los
involucrados en esta
sociedad arranca en 2011, el
año en el que Granados deja
la consejería de Transportes
para ingresar en el Senado.
El supuesto líder de la
Púnica contacta con Jesús
Trabada, que acababa de
abandonar la dirección
general de Infraestructuras
de su consejería para
pasarse a la iniciativa
privada fundando la sociedad
Bustren PM, y Francisco
Granados propone a Trabada
adquirir el 10% de su
empresa a través de su jefe
de gabinete de siempre,
Ignacio Palacios, que
actuaría como testaferro.
También Javier López Madrid
entraría en la empresa con
un 12% de las acciones, pero
en su caso colocó a su
hermana en la firma,
ocultando tras ella la
identidad del verdadero
beneficiario de los
trabajos, según admitió ante
la Guardia Civil el propio
Trabada.
Francisco Granados y Jesús
Trabada estuvieron al frente
de sucesivas ampliaciones de
metro en Madrid desde la
consejería de Transportes.
Fuentes jurídicas investigan
si cuando abandonaron el
Gobierno de la comunidad
aprovecharon los contactos y
conocimientos adquiridos.
La Cadena SER se ha puesto
en contacto con Jesús
Trabada, quien ha admitido
que finalmente obtuvo el
contrato del metro de Moscú,
además de otros en Perú y
Ecuador. No quiso ofrecer
más explicaciones a
preguntas de esta emisora.
http://cadenaser.com/ser/2016/06/05/tribunales/1465162978_423095.html
EL 'CUBATA' Y LAS 14
LLAMADAS QUE PUEDEN COSTARLE
SEIS AÑOS DE CÁRCEL A
FRANCISCO GRANADOS
El reciente auto que ha dado
un impulso a la pieza del
sumario en la que se
investiga el 'chivatazo'
detalla una por una las
llamadas y encuentros de
aquella semana de 2014 que
pusieron en peligro la
'Operación Púnica'.
El banquillo de los acusados
está un poco más cerca para
Francisco Granados desde
esta semana. El titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy
Velasco, dio el pasado
jueves los primeros pasos
para enviar a juicio la
primera de las catorce
piezas en las que ha
dividido el sumario del
'caso Púnica'. En concreto,
la referida al 'chivatazo'
que supuestamente recibió el
político de un guardia civil
semanas antes de su
detención y que estuvo a
punto de echar por tierra
meses de investigación. El
auto por el cual el
magistrado delimita quiénes
están acusados por estos
hechos -el propio ex
secretario general del PP
madrileño, el agente y un
compañero de éste en
excedencia- detalla los
cuatro encuentros y catorce
llamadas registrados entre
el 5 y el 13 de septiembre
de 2014 que obligaron a
precipitar las detenciones
de los implicados en la
trama de corrupción y
provocó "la quema de
importantísimos documentos
que hubiera servido de
prueba en esta causa".
Aquellos sucesos serán
previsiblemente los que
hagan que se siente por
primera vez en un banquillo
de los acusados el que fuera
todopoderoso número 3 del
Gobierno de Esperanza
Aguirre. Lo hará bajo la
acusación de aprovecharse de
la revelación de un secreto
realizado por un funcionario
público, un delito castigado
en el artículo 418 del
Código Penal con una pena de
uno a seis años de cárcel.
El juez Velasco apunta en su
último auto que Granados
habría cometido un delito de
"aprovechamiento" de
revelación de secreto,
castigado por el artículo
418 del Código Penal con
entre uno y seis años de
cárcel
Todo comenzó la noche del 5
al 6 de septiembre de aquel
año en Valdemoro, la
localidad del sur de Madrid
donde Granados fue alcalde y
que se ha revelado como el
auténtico epicentro de la
trama. En plenas fiestas
patronales de Nuestra Señora
del Rosario, José Manuel
Rodríguez Talamino, un
integrante de la Unidad
Central Operativa (UCO)
vecino del municipio y que
había participado en la
colocación de una cámara
oculta frente a las oficinas
del constructor David
Marjaliza, se acercó al
entonces ya ex senador
mientras tomaba copas para
hacerle un comentario que
dejó preocupado a éste. Así
lo deducen los
investigadores, y refleja el
auto del juez, de la
conversación telefónica que
pocas horas después
mantuvieron el ex secretario
general del PP de Madrid y
el tercer imputado por estos
hechos, José Luis Caro
Vinagre, guardia civil en
excedencia y amigo de ambos,
que había trabajado para
Granados cuando estuvo en la
Consejería de Interior del
Ejecutivo regional. "Me
contó una película sin venir
a cuento, y no... entendí yo
muy bien [...] Es que me dio
la sensación de que me lo
quería contar ... porque fue
sin salir", le relató
Granados a este segundo
agente. Éste le respondió
que a él también le había
abordado en la calle porque,
según le dijo, "tengo que
hablar con Paco y contigo",
pero que lo dejó ahí. "Y si
te ha contado algo es porque
él se mamó el cabrón", le
añadió. Ambos concluyeron
que había que volver a
hablar con él para que "nos
lo cuente". De hecho, el
político le indicó a su
interlocutor que "lo que
tienes que hacer es llamar a
éste y que te cuente, porque
yo... me dio la sensación...
es que no venía a cuento".
A esa llamada le siguió otra
minutos después de Granados
a su amigo Marjaliza para
indicarle que "uno que está
en la UCO" le había
comentado algo que le había
sonado a advertencia ya que
le apuntó que la Guardia
Civil estaba "haciendo
cosas" en la puerta de las
oficinas que el constructor
tenía en el Edificio Éboli,
en la cercana localidad de
Pinto. "¿Seguimientos o
qué?", fue la pregunta que
le planteó éste. Granados le
respondió con un rotundo
"sí" para señalarle que
"supongo que mañana
tendré... tendré más
información". Inmediatamente
después era el empresario el
que realizaba una llamada.
En este caso, a su
secretaria y persona de la
máxima confianza, Ana María
Ramírez, para alertarla.
"Que tengo un policía, un
guardia civil en la puerta.
Y bueno, aparte el teléfono
pinchado, ya lo sabes", le
dijo a su interlocutora,
aunque en un primer momento
él relacionó esta
vigilancias con las visitas
que había recibido en dicho
edificio de un individuo al
que apodaba 'el cojo' y cuyo
hermano "está en la cárcel
por droga". "A ver si van a
pensar también estoy metido
porque han venido dos veces
a verme", se escudaba. Ese
mismo 6 de septiembre se
producía una cuarta llamada
entre los implicados. En
este caso, de nuevo entre
Granados y su amigo José
Luis Caro Vinagre. En ella,
éste le comentaba al primero
que "ya he hablado con
éste", aunque evitando dar
más detalles por teléfono.
Se limitaron a quedar en la
puerta de la casa del agente
en excedencia para tratarlo
en persona.
"Una pinta malísima"
La información que el
político recibió del que
fuera su colaborador generó
a éste enorme preocupación.
De hecho, a las dos de la
madrugada del 7 de
septiembre, Granados volvía
a ponerse en contacto con
Caro Vinagre para decirle
que esa noche no iba a bajar
a las fiestas de Valdemoro
ya que "no tengo muchas
ganas después de lo que ha
pasado hoy". Sin embargo,
los investigadores y el juez
Velasco están convencidos de
que aquella llamada
intentaba realmente ocultar
un nuevo encuentro en
persona entre ambos aquella
misma noche. De hecho, los
informes de la UCO y, ahora,
el último auto del juez
destacan una llamada, la
quinta, de la que se deduce
que antes de aquel encuentro
Rodríguez Talamino había
transmitido al otro guardia
civil datos sobre el grupo
concreto de la unidad de
élite que estaba al frente
de las pesquisas y que éste
se lo había comunicado a su
vez al político. De hecho,
en esta nueva comunicación,
el ex secretario general del
PP madrileño daba a entender
claramente que había
realizado un consulta en
Internet sobre dicho
departamento y había
descubierto que el mismo se
dedicaba a casos de
corrupción. "Y eso tiene una
pinta malísima, me he metido
yo [en Internet], y eso
tiene una pintaaaa", le
espetaba a su interlocutor
para más adelante incidir en
su preocupación: "Por lo que
yo he visto y tal, ¡no tengo
duda! Vamos, ¡100 por 100!
[...] y con una pinta mala,
mala, mala en mi opinión".
En una nueva llamada de ese
mismo día, el político y su
amigo acordaba recabar más
datos sobre la investigación
ya que, como destacaba
Granados en la misma, "el
tema va pa' lante y serio".
"Sí, ya me lo dijo él a mí
que era la cosa seria, pero
bueno", fue la respuesta de
su interlocutor.
Los 'pinchazos' telefónicos
muestran la preocupación de
Francisco Granados tras
recibir el chivatazo y saber
que la UCO lo investigaba:
"Eso tiene una pinta
malísima[...] El tema va
pa'lante y serio"
A raíz de la intervención de
aquellas llamadas, los
responsables de la
investigación decidieron
'alejar' simulando un
trabajo fuera de Madrid al
presunto autor del
'chivatazo' de las pesquisas
y, de paso, impedir que
entrase en contacto con su
amigo Caro Vinagre. De
hecho, el mismo 9 de
septiembre este último
volvía a llamar al político
para decirle que el día
anterior había hablado con
"éste" pero que tenía que
concretar "a ver si hablo
con él ahora a mediodía
[...] Hoy concreto para
verle", añadía. Horas
después se producía la
novena llamada, en la que de
nuevo el agente en
excedencia facilitaba
'novedades' al presunto
cabecilla de la trama. En
concreto, que vería a
Rodríguez Talamino tres días
después ya que éste estaba
entonces de viaje. Un día
antes de ese encuentro, los
investigadores interceptaban
otra llamada relacionada con
el 'chivatazo'. En este
caso, de David Marjaliza a
un "estrecho colaborador",
Antonio Serrano, de la que
la UCO destaca la sospechosa
insistencia del constructor
en recalcar la supuesta
legalidad de su actividad
con la multinacional Cofely,
una de las empresas
presuntamente implicadas en
la red de corrupción.
También para entonces Ana
María Ramírez, la secretaria
del constructor, había
llamado a su marido, guardia
civil de profesión y hermano
del entonces alcalde de
Valdemoro, Juan Carlos Boza
Lechuga, también implicado
en la causa, para
preguntarle por las
capacidades de las cámaras
térmicas que utilizaba el
Instituto armado para sus
vigilancias y si "atraviesan
paredes".
El 12 de septiembre de 2014
se reanudaba el intercambio
de llamadas entre Caro
Vinagre y el político. La
primera, poco después de las
diez y media de la mañana.
En ella, el primero le
anunciaba que a lo mejor
quedaba esa misma jornada
con el miembro de la UCO
autor de la filtración para
tomar algo. Una segunda se
producía diez horas después
y en ella le señalaba que
dicho encuentro se había
pospuesto para el día
siguiente. En dicha
conversación, Granados le
pedía que le preguntase si
la investigación le afectaba
a él: "Sobre todo si va la
cosa conmigo, claro".
Finalmente, sólo unas horas
más tarde, a la una y veinte
de la madrugada del 13 de
septiembre, Caro Vinagre
telefoneaba de nuevo al ex
senador para que le abriese
la puerta de su domicilio
porque "me he traído al
'calvito", apelativo con el
que ambos se referían a
Rodríguez Talamino que
entonces llevaba la cabeza
rapada. Los investigadores
concluyen que en ese momento
los tres mantuvieron una
reunión en la vivienda del
político en el que el
miembro de la UCO les
confirmó sus temores.
Graves perjuicios a la
investigación
El juez destaca en su
escrito, adelantado por
Vozpópuli el pasado jueves,
que por culpa de la
indiscreción del agente hubo
que retirar la cámara
instalada frente a las
oficinas de Marjaliza y "que
se perdiera una fuente de
información muy valiosa para
los investigados y para la
instrucción de la causa".
También resalta en su
escrito que disminuyó la
frecuencia en las llamadas
entre los principales
implicados "y el contenido
de las mismas", ya que desde
ese momento "evitaban
pronunciarse sobre temas de
interés para la
investigación". Eso hizo que
"la intervención telefónica
desarrollada con
autorización policial
perdiera eficacia en
relación a la obtención de
datos de interés para la
investigación". De hecho,
destaca que Marjaliza
destruyó documentación, como
luego él reconocería en su
confesión, y que incluso
cambió de terminales
telefónicos. El auto también
resalta que para subsanar
los perjuicios del
'chivatazo' de su agente, la
UCO tuvo que distraer
"medios materiales y
humanos" para intentar
despistar a éste y que
tuvieron que disminuir los
seguimientos para evitar ser
detectados "con la
consiguiente pérdida de
información". Todo ello
desembocó en "una
explotación precipitada de
la investigación" el 27 de
octubre de 2014.
El juez considera probado
que el 'chivatazo' puso en
peligro la 'Operación
Púnica', cuyas detenciones
hubo que precipitar después
de que los implicados
reforzaran sus medidas de
seguridad
Por todo ello, el juez
considera que la actuación
de Rodríguez Talamino no fue
"un acto individual y
asilado, sino que se
extendió en el tiempo" y que
en ella tuvo una
particiación activa tanto
Granados como el amigo común
de ambos Caro Vinagre. Todo
ello se plasmó en la
difusión de la noticia a
varios investigados y los
insistentes intentos del
político por conseguir
recabar más datos sobre las
pesquisas que le afectaban.
Por ello, considera a los
tres responsables del delito
de revelación de secretos.
El agente de la UCO, en
grado de autor recogido en
el artículo 417 del Código
Penal, que sanciona estos
hechos con entre dos y
cuatro años de cárcel cuando
han causado "un grave daño
para la causa pública" como
considera el magistrado que
ha ocurrido en este caso. A
su compañero en excedencia,
como colaborador. Y al
político, por "el
aprovechamiento" de dicho
secreto, una figura recogida
en el artículo 418 que fija
penas de entre uno y seis
años de cárcel. El primer
banquillo del político está
desde este jueves un poco
más cerca.
http://vozpopuli.com/actualidad/83891-el-cubata-y-las-14-llamadas-que-pueden-costarle-seis-anos-de-carcel-a-francisco-granados
EL JUEZ DE ‘PÚNICA’ RASTREA
LOS SOBRECOSTES DE OBRAS QUE
LA COMUNIDAD DE MADRID
ADJUDICÓ EN CINCO AÑOS POR
UN TOTAL DE 1.000 MILLONES
Eloy Velasco destaca que se
están estudiando las
adjudicaciones de suelo
público a través de los
consorcios urbanísticos,
"aflorando indiciariamente
la obtención de elevadas
ganancias ilícitas por la
trama investigada"
El magistrado está
analizando "una ingente
cantidad de documentación
que está proyectando
potentes indicios y datos
objetivos de la recepción de
dinero para la posible
financiación del PP"
El juez que instruye en la
Audiencia Nacional el caso
Púnica, Eloy Velasco, y la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil,
rastrean entre la "ingente"
documentación sobre las
obras en los municipios
obtenida de la Comunidad de
Madrid los sobrecostes de
las adjudicaciones del Plan
de Inversión Regional
(Prisma).
En concreto, el magistrado y
los agentes peinan todas las
obras, cuyo montante total
entre los años 2006 y 2011
supera los 1.000 millones de
euros, para determinar los
beneficios que han podido
obtener las empresas de la
trama liderada por el ex
secretario general del PP
madrileño Francisco
Granados.
El 24 de febrero pasado,
Velasco reclamó con el apoyo
de la Fiscalía
Anticorrupción a la sociedad
pública Nuevo Arpegio SA,
dominada por Granados, "la
relación de contratos
adjudicados con cargo al
plan Prisma entre los años
2006 y 2011". El instructor
pedía además a la empresa
dependiente de la Comunidad
de Madrid que especificara
toda la información "que
resulte de los registros
informáticos".
Amañadas adjudicaciones
"La documentación incautada
en los registros, los
volcados informáticos y las
declaraciones de testigos e
imputados han patentizado
amañadas adjudicaciones
desde Arpegio", completa el
juez en el auto de 24 de
febrero, que recuerda que la
declaración del arrepentido
David Marjaliza, uno de los
cabecillas de la trama,
desmuestra que Granados
utilizó su poder como
consejero de Presidencia de
la Comunidad de Madrid para
controlar las adjudicaciones
del Plan Prisma: "Lo que le
permitió poder solicitar a
los empresarios que iban a
resultar adjudicatarios, una
cantidad de dinero en
efectivo en concepto de
comisión por tal
adjudicación", destaca el
juez en el mencionado auto,
que ha permanecido secreto
hasta hace menos de un mes.
De esta forma, el Gobierno
de la presidenta madrileña,
Cristina Cifuentes aportó, a
requerimiento del juez,
según consta en el sumario
al que ha tenido acceso
infoLibre, un listado de las
licitaciones y los contratos
modificados del Plan Prisma,
muchos de ellos vinculados a
las empresas de Granados y
sus socios.
Entre los documentos de 2007
aparece, por ejemplo, la
rehabilitación en la
urbanización Santo Domingo,
en el municipio de Algete;
dos adjudicaciones de
renovación de asfalto y
alumbrado en Aranjuez; y
mejoras en glorietas en
Majadahonda. Sólo en estas
obras, la sociedad Virton
Construcciones y Proyectos
se benefició de sobrecostes
por 221.148 euros.
Según Marjaliza, Virton fue
una de las empresas
beneficiadas por Francisco
Granados en su etapa como
máximo responsable de Nuevo
Arpegio. Además, la Fiscalía
Anticorrupción investiga si
esta empresa aportó 100.000
euros del millón que
supuestamente reclamó en
2007 el número dos de
Esperanza Aguirre a una
veintena de alcaldes del PP
de la Comunidad de Madrid.
El Plan Prisma es como se
denominan las obras y
servicios que la Comunidad
de Madrid realizaba en todos
los municipios de menor
población con la empresa
Nuevo Arpegio. Pese a ello,
los Ejecutivos del PP
invertían en ellos
importantes cantidades de
dinero. Y según el juez, "la
presidencia por parte de
Francisco Granados de
Arpegio y de la Fundación en
un primer momento permitió a
dicho investigado controlar
la venta de suelo público de
la Comunidad".
Adjudicaciones de suelo
En su auto de 1 de junio
pasado, el juez Velasco
apunta que se están
estudiando "las
adjudicaciones de suelo
público a través de los
consorcios urbanísticos,
aflorando indiciariamente la
obtención de elevadas
ganancias ilícitas por la
trama investigada. Se revela
un uso indiscriminado de la
empresa pública de la
Comunidad de Madrid Arpegio
Áreas de Promoción
empresarial SA y de la
Fundación Arpegio
dependiente de dicha
sociedad", destaca el
instructor.
El propio Marjaliza
reconoció haber abonado
dinero negro tras resultar
adjudicatario de vivienda
pública en el municipio de
Getafe, gobernado entonces
por el socialista Pedro
Castro. Un informe de la
Agencia Tributaria investiga
las cooperativas de
viviendas Lares del Sur
Sociedad Cooperativa
Madrileña y de Altamira
Sociedad Cooperativa.
Según Hacienda, estas
cooperativas abonaron en
total 4.281.677 euros a
empresas que la
investigación vincula con la
red corrupta encabezada por
el ex secretario general del
PP madrileño, Francisco
Granados. "Hay que conocer
la razón de dicha
facturación", adelantaba el
informe realizado a
instancias de la Fiscalía
Anticorrupción.
infoLibre se ha puesto en
contacto con el exregidor de
Getafe Pedro Castro, que ha
rechazado haber cometido
cualquier ilegalidad en la
adjudicación de la vivienda
pública en colaboración con
la empresa Nuevo Arpegio.
Pago "de un peaje"
Marjaliza también aseguró al
juez que Granados aprovechó
sus cargos en la Comunidad
de Madrid para controlar las
ventas de suelo del Gobierno
regional y la adjudicación
de vivienda protegida y de
obra civil, para solicitar
"el pago de un peaje a los
empresarios interesados en
dichas adjudicaciones para
la consecución de las
mismas".
Pero el juez Velasco va más
allá, y sin especificar a
qué documentación se
refiere, asegura en el auto
en el que niega la libertad
a Granados que está
analizando "una ingente
cantidad de documentación,
tanto en soporte físico como
digital, intervenida en los
últimos registros
realizados, documentación
que está proyectando
potentes indicios y datos
objetivos de la recepción de
dinero por este investigado
[Granados] para posible
financiación del Partido
Popular".
Además, el instructor
resalta que Granados "ha
abusado del desempeño de sus
sucesivos carqos públicos
para conseguir la
adjudicación de un
sustancial número de
contratos públicos de obras
y servicios, a favor de
empresarios que le abonaban
importantes comisiones por
la consecución de las
amañadas adjudicaciones". Y
según el mencinado auto,
estos pagos permitieron al
presunto cabecilla de la red
Púnica desviar fondos
públicos.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/08/el_juez_punica_analiza_los_sobrecostes_las_obras_que_comunidad_madrid_adjudico_por_mas_000_millones_50967_1012.html
EL ABOGADO DE GRANADOS
ABANDONA SU DEFENSA "POR
MOTIVOS PROFESIONALES"
El ex fiscal Enrique Molina,
que llevaba la defensa del
político y su mujer, remite
al juez Eloy Velasco un
escrito en el que anuncia
que a partir de ahora se
hará cargo Carlos Zabala,
especialista en derecho
penal del bufete Ramón y
Cajal.
"Razones de índole
profesional". Ese es el
argumento esgrimido por el
abogado Enrique Molina para
dejar la defensa en el caso
Púnica de Francisco Granados
y su mujer, Nieves Alarcón,
también investiga (antes,
imputada) en la causa. Así
aparece en el escrito que ha
dirigido al titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy
Velasco, y al que ha tenido
acceso Vozpópuli. En dicho
escrito, fechado el pasado
14 de junio, el letrado
informa al magistrado que le
sustituirá Carlos Zabala
López-Gómez, especialista en
derecho penal del bufete
Ramón y Cajal. En su
comunicación, Enrique
Molina, que en su día fue
fiscal de la Audiencia
Nacional, asegura también
que sigue "instrucciones de
mis mandantes".
Molina, que dice seguir
"instrucciones de mis
mandantes", será sustituido
por Carlos Zabala,
especialista en derecho
penal del bufete Ramón y
Cajal
La decisión del abogado del
político e produce poco
después de que haber
presentado dos escritos en
en las últimas semanas. El
primero, para solicitar la
libertad del que fuera
todopoderoso secretario
general del PP madrileño. El
último, hace sólo unos días,
para reclamar que el juez
Velasco se inhibiera en los
juzgados de Valdemoro en la
instrucción de la primera
pieza del sumario del caso
Púnica, la referida al
'chivatazo' que le dio un
guardia civil de que estaba
siendo investigado. La
primera petición fue
rechazado de plano por el
magistrado, mientras que
sobre el segundo aún no se
ha pronunciado.
Petición de libertad
El escrito en el que
solicitaba su puesta en
libertad fue presentado el
pasado 18 de mayo, sólo 24
horas después de que se
desatara una tormenta
mediática tras levantarse el
secreto de sumario sobre la
confesión de su socio, David
Marjaliza, en la que éste le
señalaba como una pieza
clave en la trama. Entonces,
Granados, insistía en que no
había riesgo de fuga porque
era "ciudadano español" y
tenía arraigo en nuestro
país, además de que la
posibilidad de que
destruyese pruebas o
reincidiese en la actividad
delictiva de que se le acusa
era nula porque "parece poco
probable" que volviese "a
ocupar el puesto como
funcionario público". No era
la primera vez que pedía su
excarcelació, pero
anteriormente el ex senador
había llegado a proponer
llevar un pulsera de control
telemático. En esta ocasión
no planteó dicha
posibilidad.
Tras verlo rechazado y
seguir siendo el único
imputado que sigue preso, la
defensa intentó una nueva
maniobra. En este caso, para
solicitar a la Audiencia
Nacional que las pesquisas
por el supuesto 'chivatazo'
que le dio un guardia civil
que puso en peligro toda la
'Operación Púnica' fuese a
partir de ahora instruido
por un juzgado de Valdemoro,
el pueblo del sur de Madrid
en el que fue alcalde y que
se convirtió en el epicentro
de la trama de corrupción.
El político encarcelado
argumentaba en dicho escrito
que esa parte del sumario,
cuya finalización está
próxima, no podía seguir
siendo llevada por el juez
Velasco, ni por la Unidad
Central Operativa (UCO) ni
por la misma Audiencia
Nacional, al considerar que
los hechos no son
competencia de este último
tribunal, y que el
magistrado y el grupo de
élito de la Guardia Civil no
eran imparciales.
http://vozpopuli.com/actualidad/84324-caso-punica-el-abogado-de-granados-abandona-su-defensa-por-motivos-profesionales
LA GUARDIA CIVIL ATRIBUYE AL
PRESIDENTE DE MURCIA "FRAUDE
EN CONTRATOS PÚBLICOS"
Como avanzó la SER, concluye
en su informe que Pedro
Antonio Sánchez contrató a
la Púnica con dinero público
y amparándose en conceptos
ficticios para que llevara
su imagen en las redes
sociales, y propone al
juzgado la citación como
investigados
La UCO es muy clara en su
informe. Pedro Antonio
Sánchez utilizó los
servicios del conseguidor
Alejandro de Pedro para que
limpiase su imagen en las
redes sociales ante la
entrada de otro candidato en
disputa en el PP para la
presidencia de la Comunidad,
Juan Carlos Ruiz López.
El informe de la UCO
Los agentes concluyen que
los trabajos reputacionales
iban a ser facturados con
dinero público bajo
conceptos ficticios
relacionados con la
formación por un importe
total de 32.200 euros, e
incluyeron también los
trabajos de imagen en redes
de la exalcaldesa de
Cartagena, Pilar Barreiro.
La Unidad Central Operativa
de la Guardia Civil recaba
en su informe documentos de
las empresas de Alejandro de
Pedro, Madiva y Eico,
llamadas telefónicas entre
los cabecillas de la trama,
mensajes de móvil y correos
electrónicos que demuestran
el interés de Pedro Antonio
Sánchez porque el
conseguidor mejorase su
imagen en las redes, e
incluso reuniones mantenidas
entre el hoy presidente
murciano y Alejandro de
Pedro. Los agentes
corroboran que PAS - como es
conocido en Murcia el
presidente -, alcanzó un
acuerdo el 24 de octubre de
2014 para que la trama
mejorase su reputación en
internet, a razón de 4.600
euros mensuales entre ese
mes de noviembre y mayo de
2015, cuando tuvieron lugar
las elecciones en las que se
proclamó presidente con el
apoyo de Ciudadanos.
Sin embargo, el contrato no
llegó a materializarse
porque la trama fue
desarticulada el 27 de
octubre de 2014. No
obstante, para la Guardia
Civil existe de igual modo
el fraude cometido por el
presidente murciano, porque
llegó a acordarse el
concierto para la
adjudicación del contrato
público oculto en la
consejería de Educación bajo
el epígrafe "formación".
En su informe (adjunto a la
derecha), los agentes
concluyen que el presidente
de Murcia, Pedro Antonio
Sánchez, habría incurrido en
un delito de fraude en
materia de contratación
pública, mientras que la
exsenadora Barreiro, cometió
delitos de malversación de
caudales públicos y tráfico
de influencias.
http://cadenaser.com/ser/2016/05/31/tribunales/1464688829_985961.html
LA GUARDIA CIVIL VE
“INDICIOS SUFICIENTES” PARA
ACUSAR AL PRESIDENTE DE
MURCIA DE FRAUDE CON LA
‘PÚNICA’
El informe de la UCO
sostiene que la trama planeó
utilizar la "contratación
pública de la Consejería de
Educación para costear los
trabajos reputacionales de
su titular y de la alcaldesa
de Cartagena"
La documentación
interceptada muestra que
Pedro Antonio Sánchez acordó
pagar 32.000 euros al
informático de la 'Púnica'
para que mejorara su imagen
en Internet
La Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil
considera que existen
"indicios suficientes" para
afirmar que el actual
presidente de la Región de
Murcia, Pedro Antonio
Sánchez, y la exregidora de
Cartagena Pilar Barreiro,
ambos del PP, "se
concertaron" con los
cabecillas de la trama
Púnica para cometer un
fraude "a través de la
contratación pública de la
Consejería de Educación y
costear los trabajos
reputacionales de su titular
y de la alcaldesa de
Cartagena", según las
conclusiones del informe que
consta en el sumario de la
trama corrupta.
No obstante, en el documento
los agentes reconocen que la
contratación "no llegó a
materializarse a causa de
las actuaciones policiales y
judiciales de octubre de
2014, si bien los indicios
apuntan a que sí se
materializó el concierto
para la adjudicación a
través de las distintas
reuniones y contactos entre
las partes".
Tal y como adelantó
infoLibre, el actual
presidente de la Región de
Murcia, Pedro Antonio
Sánchez, mantuvo una reunión
en el Hotel de las Letras,
en la Gran Vía de Madrid,
con uno de los cabecillas de
la Púnica, el también
exalcalde de Cartagena José
Antonio Alonso Conesa. En la
misma también participaron
Pilar Barreiro y el
informático Alejandro de
Pedro.
"Informe preventa"
Según esta versión Pedro
Antonio Sánchez, entonces
consejero de Educación
murciano, emplazó a De Pedro
a viajar a Murcia y
presentar una propuesta para
mejorar su posicionamiento
en Internet.
En este sentido, en el
sumario del caso consta un
documento interceptado a
Alejando de Pedro encabezado
con el título "informe
preventa" en el que se
especifica que el cliente
era "Pedro Antonio Sánchez,
consejero de Educación de
Murcia". La fecha de visita,
siempre según el sumario,
fue el 11 de junio de 2014.
Pero según la Guardia Civil,
este contrato iba a ser
sufragado por el Gobierno de
Murcia, y no por el Partido
Popular. Pero, además, los
agentes sostienen que la
intención de Alonso Conesa,
que había sido alcalde del
PSOE en Cartagena, era
utilizar el dinero público
para llevar a cabo la mejora
de la imagen de Barreiro,
con la que mantiene una
relación de amistad.
"Estaría acordado que las
prestaciones de servicio a
Pedro Antonio Sánchez
incluirían también los
trabajos reputacionales de
Pilar Barreiro a través de
un supuesto contrato de
formación suscrito con la
Consejería", especifican los
agentes en su informe
dirigido al juez de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco.
32.200 euros
El precio del preacuerdo,
según la UCO, fijaba los
pagos de la Administración
murciana en 32.200 euros, lo
que supone 4.600 euros sin
IVA mensuales durante siete
meses, que se desglosaban en
"3.000 euros de reputación
más 1.600 euros de
periodista. Los 3.000 euros
ampararían a Pedro Antonio
Sánchez, y a Pilar Barreiro
se lo harían gratis",
completa el informe, que
concluye que estos trabajos
de reputación online "no son
prestaciones que respondan a
una necesidad pública sino
al interés personal del
consejero para validad su
gestión, contrarrestar las
noticias desfavorables a su
persona y de ese modo poder
progresar en su carrera
política".
La trama se comprometió a
mejorar la imagen del
presidente murciano, cuando
era consejero de Educación,
y en el PP murciano era
conocido como el delfín del
expresidente Ramón Luis
Valcárcel, que había dejado
la presidencia a Alberto
Garre para presentarse a las
elecciones europeas.
Investigación en Puerto
Lumbreras
Pero la posibilidad de que
fuera imputado por un caso
de corrupción en su periodo
de alcalde del municipio de
Puerto Lumbreras, muy cerca
de Almería, estuvo a punto
de truncar su carrera
política, en favor del otro
posible candidato, que era
el consejero de Turismo,
Juan Carlos Ruiz, que
también contrató a la
Púnica.
Al final se impuso Pedro
Antonio Sánchez, que acabó
siendo candidato del PP
murciano, que ganó las
elecciones, y que necesita
el apoyo de Ciudadanos para
mantenerse en el Ejecutivo
murciano. Por su parte, Juan
Carlos Ruiz tuvo que dimitir
tras ser imputado por el
juez Velasco.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/31/la_guardia_civil_quot_indicios_suficientes_quot_para_acusar_presidente_murcia_fraude_con_punica_50569_1012.html
FRANCISCO GRANADOS ROBABA
PARTE DE LAS DONACIONES
ILEGALES AL PP DE MADRID
La Guardia Civil concluye
que Francisco Granados y su
jefe de Gabinete, Ignacio
Palacios, se quedaban con
“parte del dinero recaudado
para el partido” haciendo
“gala del refrán castellano
quien parte y reparte…(sic)”
El sumario de la Púnica
muestra por primera vez la
libreta del exconsejero de
Madrid, Francisco Granados,
que sirvió al juez para
registrar la sede madrileña
del Partido Popular, al
hallar indicios de
financiación ilegal. En un
informe, la Unidad Central
Operativa de la Guardia
Civil muestra una captura de
pantalla del documento, que
está dividido en dos
columnas de entrada o “in”
en inglés, y salida u “out”.
En la columna de entrada,
Granados va reflejando
distintos números, que según
los investigadores
corresponden a cantidades en
miles de euros ingresadas,
junto a una serie de
acrónimos. Hay seis posibles
identidades distintas, de
los que los agentes, gracias
a la declaración del número
2 de la Púnica, David
Marjaliza, han identificado
a cuatro.
Se trata de las iniciales
JLM, que corresponderían a
Javier López Madrid; BG, que
serían las cifras del
gerente de siempre del PP de
Aguirre, Beltrán Gutiérrez;
las iniciales NP, que son
las de Nacho Palacios, el
jefe de gabinete de Granados
y testaferro; y “Me” – “yo”
en inglés-, que sería la
identificación del propio
Francisco Granados.
López Madrid también se
quedaba con parte del dinero
del PP
El cuaderno muestra que
cuando quien aporta el
dinero es Javier López
Madrid, no llega todo al PP
de Madrid, sino que el
propio miembro del consejo
de OHL, Francisco Granados y
en ocasiones también Ignacio
Palacios, se reparten con
entre el 50 y más del 60 por
ciento del dinero.
Es lo que lleva a la UCO a
asegurar en su informe que
“a tenor de las cantidades
que se detraen de ciertas
aportaciones parece que se
hace gala del refrán
castellano “quien parte y
reparte…”, pues tanto
Francisco Granados como
Ignacio Palacios parece que
se quedarían con una parte
del dinero recaudado para el
Partido”.
Las otras siglas de
supuestos donantes de fondos
de forma ilegal al PP de
Madrid, anotadas por
Granados en su libreta son
“LD” y “JEC”, cuyas
identidades no han podido
descubrir hasta el momento
los investigadores. En ambos
casos realizan una supuesta
aportación de 100.000 y
60.000 euros
respectivamente, y llegan de
forma íntegra a “BG”,
supuestamente, Beltrán
Gutiérrez Moliner, gerente
del PP madrileño.
http://cadenaser.com/ser/2016/05/31/tribunales/1464715582_076183.html
GRANADOS Y MARJALIZA
MOVIERON CASI 6 MILLONES DE
EUROS DE SUIZA A COSTA RICA
Francisco Granados y el
conseguidor de la trama
Alejandro de Pedro viajaron
a Costa Rica y Panamá en
abril del 2013 en "calidad
de asesores de campañas
electorales a diferentes
políticos de ambos países"
La investigación de la UCO
entorno a los viajes y
negocios que Francisco
Granados y el conseguidor de
la Púnica, Alejandro de
Pedro, hicieron en Costa
Rica y Panamá tiene lugar
cuando Granados era Senador
en las Cortes Generales de
España entre el 29-06-11 y
21-02-2104. En ambos países
la trama Púnica intentó
llevar a cabo trabajos en
calidad de asesores de
campañas electorales a
diferentes políticos de
ambos países.
La investigación sobre los
bienes e intereses
personales o mercantiles que
tanto Granados como de Pedro
tienen en Panamá está
todavia abierta pero se ha
evidenciado la prestación de
servicios de la empresa EICO
a OPERA GLOBAL INTERNACIONAL
SL a la alcaldía de Panamá.
La UCO tiene constancia
policial además que la trama
tiene la empresa Bonnano
Media SA constituida el
05-02-2014, domiciliada en
Panamá, que tiene como
directores a José Antonio
Alonso Conesa, socio de
Alejandro en España, Borja
Jordan de Urries,
administrativo de EICo y
Adrián de Pedro Llorca,
hermano de Alejandro.
Lo que está mas claro y
constatado policialmente es
lo que la trama Púnica logró
en Costa Rica. El 2 de abril
del 2013 Granados en
compañía de los empresarios
Alejandro de Pedro y José
Antonio Alonso Conesa
viajaron a Costa Rica para
visitar a determinados
cargos públicos y políticos
"al objeto de obtener
contratos y presentarse a
adjudicaciones públicas".
Según los investigadores el
objetivo de los investigados
era "crear un grupo de
trabajo online (equipo
multidisciplinar) para
llevar a cabo trabajos en
calidad de asesores de
campañas electorales a
diferentes políticos de
Costa Rica". Además se tiene
constancia de que realizaron
una propuesta para el
"diagnóstico y la gestión en
medios digitales para el
posicionamiento y la
reputación del Gobierno de
Costa Rica y la efectividad
de sus políticas públicas".
David Marjaliza, Francisco
Granados y sus esposas
constituyeron sociedades en
Costa Rica Sheraton Trading
SA, Candeo SA, Droz&CO SA
como primera maniobra "de
ocultación de los fondos de
corrupción derivados de su
contratación, subastas y
concursos con el
ayuntamiento de Valdemoro y
organismos públicos de la
Comunidad de Madrid". La UCO
que el pasado julio recibió
la segunda parte de la
Comisión Rogatoria Suiza,
sigue analizando actualmente
las cuentas de estas
sociedades costarricenses
que figuran en las entidades
suizas UBS Y BNP. De momento
no hay una cantidad global
del dinero que la trama ha
podido blanquear porque las
cuentas se siguen rastreando
pero se sabe que Sheraton
Trading recibió
transferencias de 4 millones
de euros en seis años (del
2006-2011) y que Droz&CO
recibió en tres años
(2007-2010) transferencias
de 1,7 millones de euros.
En cuanto al asesoramiento
de políticos diferentes
correos electrónicos
demuestran que en Costa Rica
los políticos elegidos eran
Rodolfo Hernández Gómez,
candidato político del RUSC
Costa Rica y Rodolfo Arias,
candidato político del PLN
de Costa Rica. Respecto a
las reuniones que se
intentaron llevar a cabo con
determinados cargos públicos
destaca el de la alcaldesa
de Panamá, Roxana Méndez del
Partido del Cambio
Democrático y Rodolfo
Hernández, precandidato por
el partido PUSC. En el mismo
correo De pedro y Granados
comentan que está pendiente
de confirmar citas con los
"precandidatos
presidenciales" del partido
del Cambio Democrático como
Rómulo Roux (ex ministro del
Canal y ex canciller de la
Répública o José Domingo
Arias (ex ministro de
Vivienda). "Tanto si sale el
uno como el otro, dicen,
podemos colocar nuestros
servicios ya que quien no
sienta con ellos ahora, nos
pagará a nosotros nuestros
servicios como regalo de
campaña al candidato
elegido".
http://cadenaser.com/ser/2016/05/31/tribunales/1464726919_221356.html
LA GUARDIA CIVIL APUNTA QUE
GRANADOS SIGUIÓ RECAUDANDO
MORDIDAS PARA EL PP DE
AGUIRRE TRES AÑOS DESPUÉS DE
SU CESE
Los investigadores de la
Púnica aseguran que siguió
consiguiendo dinero negro
tras haber sido apartado a
un papel de segunda fila en
el Senado, al menos hasta
mayo de 2014
Señalan que la intervención
de Granados era "necesaria"
porque "este tipo de
actuaciones están
constituidas sobre
relaciones de confianza"
A partir de la libreta
incautada durante su
detención, la UCO cree que
Granados y su exjefe de
gabinete en Valdemoro se
quedaban con parte de las
mordidas
La Guardia Civil trabaja con
la tesis de que Francisco
Granados recaudaba de
empresarios dinero negro
para el PP de Madrid a
cambio de adjudicaciones que
concedía la sociedad pública
Arpegio y el Plan Prisma de
la Comunidad de Madrid. En
un informe de la UCO,
incorporado al sumario del
caso Púnica, los
investigadores apuntan la
posibilidad de que Granados
hubiera podido seguir
recaudando para el partido
tres años después de que
Esperanza Aguirre se
deshiciera aparentemente de
él.
La tesis de la UCO se
construye a partir de la
incautación de una libreta a
Francisco Granados en el
momento de su detención, en
octubre de 2014. Las
misteriosas anotaciones que
contenía una de sus hojas
comenzaron a cobrar sentido
con las averiguaciones de
los guardias civiles y la
declaración del exsocio de
Granados en la trama de
corrupción, David Marjaliza.
"A juicio policial, las
iniciales NP podrían
corresponder a Nacho
Palacios -exjefe de gabinete
de Granados en Valdemoro- y
Me (teniendo en cuenta que
las columnas de entrada y
salida de efectivo se
denominan en inglés IN/OUT)
sería el mismo Francisco
Granados, quien se aludiría
a sí mismo con la expresión
inglesa me (pronombre inglés
que significa yo)", escribe
el instructor de la UCO en
un informe incorporado al
sumario.
Y añade: "De todo ello se
deduce que ambos se quedaban
con parte del dinero que se
recaudaba, con destino a BG".
La duda de a quien
corresponden estas iniciales
se resuelve a continuación
en el informe: Beltrán
Gutiérrez, el gerente del PP
de Madrid. En el apartado de
aportaciones aparece JLM, el
empresario Javier López
Madrid, añade el informe,
sobrino de Villar Mir y
amigo de los reyes de
España.
Los investigadores apoyan su
tesis en que Granados fue
secretario general del PP
entre 2004 y 2011, periodo
en el que coincidió con
Gutiérrez. "Su condición de
secretario general del
partido le supuso que hubera
de articular las campañas
electorales en Madrid. Así,
en la misma libreta donde se
encontraban las anteriores
anotaciones, hay apuntes
relativos a los comités
electorales del año 2011",
añade la UCO.
Además, las anotaciones
reseñadas empiezan en
noviembre y finalizan el 25
de mayo. Un 25 de mayo hubo
elecciones europeas,
concretamente en 2014. Hacía
tres años que Granados había
perdido la batalla contra
Ignacio González, lo que
provocó su salida de la
Secretaría General del PP
madrileño.
El motivo, según la Guardia
Civil, podría ser a que
"este tipo de actuaciones
están constituidas sobre
relaciones de confianza a
nivel personal, lo que
convierte la participación
de Francisco Granados en
necesaria, habida cuenta de
que éste a lo largo de su
dilatada carrera en el
Partido a nivel regional,
habría sido el encargado de
mantener dicha red de
contactos con los
contribuyentes a la
campaña".
El 12 de febrero, el juez
Velasco ordenó que se
registraran las dependencias
del PP de Madrid, dentro de
la sede nacional de 'Génova
13', en busca de información
sobre la supuesta
financiación irregular. Dos
meses antes, Velasco ya
situaba a Ignacio Palacios
como "pieza clave del cobro
de comisiones ilegales con
destino a Francisco
Granados".
El titular del Juzgado
Central de Instrucción
Número 6 indaga, en una
pieza que mantiene bajo
secreto del sumario, si
Javier López Madrid era uno
de los empresarios que
habría incurrido en pagas
irregulares.
http://m.eldiario.es/politica/Guardia-Civil-Granados-PP-Madrid_0_521798378.html
PÚNICA HIZO TRABAJOS DE
'REPUTACIÓN ONLINE' A
AGUIRRE: "CONTINUAMOS CON EL
APOYO A ESPERANZA"
Un correo electrónico, que
forma parte del sumario de
la trama Púnica, desvela el
trabajo que una empresa del
conseguidor De Pedro hizo
para mejorar la imagen de
Aguirre en la red.
El presunto 'conseguidor' de
la trama Púnica, Alejandro
de Pedro, también habría
realizado trabajos de
'reputación online' a la ex
presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza
Aguirre. El objetivo:
mejorar la imagen de la
lideresa en la red. Así lo
reflejan los correos
electrónicos interceptados
por la Guardia Civil en el
domicilio de De Pedro y que
forman parte del sumario de
la trama Púnica, al que ha
tenido acceso Vozpópuli.
Un informe de la Unidad
Central Operativa del
Instituto Armado (UCO)
enviado al titular del
Juzgado Central de
Instrucción Número 6 de la
Audiencia Nacional, el juez
Eloy Velasco, pone de
relieve los 'mails' que se
intercambiaron una
trabajadora de la sociedad
EICO -una de las empresas de
Alejandro de Pedro- con el
presunto 'conseguidor'. En
dichas comunicaciones, la
empleada Sara Gargallo le
adjuntaba a su jefe los
trabajos de reputación
realizados a Aguirre y a su
sucesor al frente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González.
La Guardia Civil sostiene en
su informe que "se han
encontrado documentos
electrónicos en el espacio
temporal en el que
supuestamente no se habrían
contratado servicios de
Alejandro de Pedro por parte
del PP de Madrid en los que
se recogen trabajos de
reputación online de
numerosas autoridades y la
administración regional", en
referencia a los 'mails'
interceptados en la vivienda
del dueño de EICO. Sin
embargo, pese a que esos
trabajos no eran conocidos
hasta ahora, existieron y la
UCO sospecha que se hicieron
sin cobertura legal, es
decir, sin contratos que los
justificaran.
En otro correo electrónico,
que forma parte del sumario
de Púnica, cuyo asunto es
"apoyo Esperanza" la
trabajadora se dirige a De
Pedro para decirle lo
siguiente: "Alex,
continuamos con el apoyo a
Esperanza Aguirre. Es TT (trending
topic) ahora mismo porque le
han lanzado un tupper
durante la inauguración del
curso escolar en un colegio
público".
La UCO explica que el
'conseguidor' habría sido
contratado por el PP de
Madrid de cara a la campaña
electoral de 2011 y que esos
trabajos fueron el origen de
"otros muchos" que en años
posteriores se hizo para
diversas autoridades
municipales de la formación
de Mariano Rajoy. Pero es
más, los agentes sospechan
que "podría haber existido
un importante volumen de
trabajos prestados por
empresas del mismo Alejandro
de Pedro superior al que
hasta la fecha han quedado
acreditado por vía
documental en base a la
documentación facilitada por
la administración regional"
a la Audiencia Nacional.
Aguirre dimitió por la
corrupción
Además, el Instituto Armado
subraya en su informe que
"ha quedado constatado" que
la Comunidad de Madrid
contrajo una deuda con De
Pedro de 140.000 euros.
Sobre la forma con la que el
Gobierno regional trató de
saldar la misma, la UCO es
clara: "altos cargos de la
administración regional,
como es el caso de Salvador
Victoria (ex consejero de
Presidencia) e Isabel
Gallego (ex directora de
Comunicación de la CAM)
estaban haciendo gestiones
para atender dicha deuda por
diversas vías, abusando de
procedimientos de
contratación pública o de
empresas adjudicatarias".
Asimismo, se sospecha que
esos 140.000 euros que el
Gobierno madrileño debía a
uno de los protagonistas de
la trama Púnica puede
deberse a los trabajos que
después de las elecciones de
2011 Alejandro de Pedro
continuó realizando para
cargos del Partido Popular
regional".
La UCO sospecha que el
volumen de trabajos que el
'conseguidor' De Pedro hizo
a dirigentes del PP podrían
ser muy superiores a los,
hasta ahora, conocidos
Por otro lado, la Guardia
Civil explica que, con el
análisis de la documentación
incautada hasta el momento,
los trabajos realizados por
el 'conseguidor' De Pedro y
su personal para los
comicios de 2011 "pudieron
haber continuado bajo la
promesa de ser abonadas en
un futuro y sin contrato que
lo justificara". No en vano
el juez Velasco, a
instancias de la UCO,
requirió a Génova 13 los
contratos, facturas,
documentos contables,
correos electrónicos,
descripción de trabajos,
etc. que el partido tuvo con
Alejandro de Pedro o alguna
de sus empresas.
El pasado 14 de febrero la
entonces presidenta del PP
de Madrid, Esperanza
Aguirre, presentó su
dimisión como presidenta
para asumir su
"responsabilidad política"
tras las informaciones
aparecidas en los medios de
comunicación que apuntaban a
una supuesta financiación
irregular de su formación a
nivel regional. En una rueda
de prensa convocada con
carácter de urgencia,
Aguirre dijo lo siguiente:
"No he tenido nunca ni firma
en la cuenta corriente ni he
firmado nunca un contrato ni
tengo tarjeta ni tengo nada,
por lo tanto, no tengo
ninguna responsabilidad
directa en estas actuaciones
que están apareciendo estos
días pero sí tengo una
responsabilidad política que
asumo porque creo que hay
que asumir responsabilidades
políticas".
http://vozpopuli.com/actualidad/83046-punica-hizo-trabajos-de-reputacion-online-a-aguirre-continuamos-con-el-apoyo-a-esperanza
CIFUENTES, A TABOADA:
"¿CUÁNDO VAS A PONER LA
QUERELLA?"
Este jueves, durante la
celebración del Pleno de la
Asamblea, el consejero Jaime
González Taboada explicaba a
la prensa que la querella
por las acusaciones vertidas
contra él por David
Marjaliza, presunto
cabecilla de la trama
Púnica, estaba "a punto". La
presidenta ha insistido:
"¿Cuándo vas a ponerla?"
El consejero, que este mismo
miércoles reiteraba su
voluntad de continuar en su
cargo ("No puedo dimitir en
base a las mentiras de un
señor2, ha dicho), e
insistía en que contaba con
la confianza de la
presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina
Cifuentes, respondía a las
preguntas de la prensa sobre
la querella anunciada a su
llegada al hemiciclo de la
Asamblea de Madrid. Tras
asegurar que estaba ya
ultimando la querella,
Cifuentes, desde su escaño,
le ha preguntado: "¿Cuándo
vas a presentarla?".
Marjaliza aseguró en su
declaración ante el juez que
Taboada, presuntamente,
"mangoneaba" el dinero del
plan PRISMA, destinado a
invertir en infraestructuras
en los municipios de la
región. Ante estas
acusaciones, el consejero
mantiene que "Todo el mundo
cree en mí, incluida la
presidenta".
http://www.madridiario.es/434121/cifuentes-taboada-querella-punica
CIFUENTES NOMBRA NÚMERO DOS
DE LA CAMPAÑA DEL PP PARA EL
26-J AL CONSEJERO SEÑALADO
POR EL ‘CEREBRO’ DE LA
PÚNICA
La gestora del PP de Madrid
decide que González Taboada
sea director adjunto de la
campaña el mismo día que se
conoció que Marjaliza lo
había acusado de cobrar
comisiones
Cifuentes insistió este
miércoles en que cualquier
imputación de un miembro de
su Gobierno conllevará un
"cese fulminante", aunque
señaló que lo que diga
Marjaliza le preocupaba "lo
justo"
El martes 17 de mayo, al
mismo tiempo que se conocían
nuevos datos del sumario de
la Operación Púnica, la
gestora del Partido Popular
de Madrid, presidida por
Cristina Cifuentes, se
reunía en la sede del
partido. Entre otros asuntos
la presidenta de la
Comunidad de Madrid y su
equipo empezaron a engrasar
la maquinaria electoral con
la vista puesta en las
generales del próximo 26 de
junio con los nombramientos
del comité de campaña. Tras
Juan Carlos Vera como
director, se ubicó a Jaime
González Taboada como uno de
los dos directores adjuntos.
Vicesecretario de
Territorial del PP de
Madrid, diputado en la
Asamblea y consejero de
Medio Ambiente, González
Taboada era señalado ese
mismo día por David
Marjaliza, uno de los
cabecillas de la trama
Púnica, como perceptor de
comisiones ilegales por
concesiones de un plan
regional.
El otro adjunto a Juan
Carlos Vera, secretario
general de la gestora del PP
de Madrid, es el diputado
regional y vicesecretario de
Organización Alfonso
Serrano. Vera, diputado
nacional por Madrid y
dirigente de la máxima
confianza de Mariano Rajoy,
ya fue director de la
campaña regional para las
generales del 20 de
diciembre. Por aquellas
fechas todavía Esperanza
Aguirre era presidenta del
PP de Madrid.
Las fuentes del partido
conocedoras de estos
nombramientos circunscriben
el del González Taboada en
"la normalidad". Sostienen
que Cifuentes ha optado por
trasladar la estructura de
la gestora al comité de
campaña apostando por poner
al frente a quienes son
considerados los números dos
(Vera), tres (González
Taboada) y cuatro (Serrano)
del partido.
Otras fuentes de la
formación apuntan a que el
hecho de que Cifuentes haya
decidido no prescindir de su
consejero de Medio Ambiente
en el comité de campaña es
una muestra de que sigue
confiando en él porque el
juez, pese a estos
testimonios no ha encontrado
elementos para imputarle.
Este martes, preguntada por
las declaraciones de
Marjaliza ante el juez,
señaló que lo que diga él,
"que es un presunto
delincuente", le preocupaba
"lo justo". No obstante,
insistió en que si cualquier
miembro de su Gobierno es
imputado, habrá "cese
fulminante".
A juicio de Marjaliza, y de
ello queda rastro en el
interrogatorio del juez Eloy
Velasco, González Taboada
era quien "mangoneaba" el
reparto de los fondos del
Programa Regional de
Inversiones y Servicios de
Madrid (Prisma). Se trata
del conocido coloquialmente
como el Plan Prisma, un
proyecto aprobado en la
etapa de Francisco Granados,
ahora encarcelado, como
consejero de Presidencia y
Justicia de la Comunidad con
el fin de repartir
inversiones entre los
municipios madrileños. La
gestión correspondía al
ahora consejero de Cifuentes
en su calidad de director
General de Cooperación con
la Administración Local.
El sumario refleja que el
juez cuestiona al socio de
Granados sobre si del 100%
de los fondos que repartía
el plan Prisma, a Taboada le
tocaba gestionar el 77,81%.
"¿Le suena que era el que
mangoneaba?", le pregunta
Velasco. "El que mangoneaba
era él", respondió.
"Yo no puedo dimitir"
Nada más conocer la parte
del sumario que le afecta,
el número tres del PP
madrileño negó estas
acusaciones y anunció una
querella por delitos contra
el honor. "Yo no puedo
dimitir en base a las
mentiras de un señor",
señaló este miércoles.
Tras asistir a una reunión
extraordinaria en la que se
abordaron algunos aspectos
del incendio de Seseña
(Toledo), sostuvo que el
plan Prima "estaba dirigido
por toda la Comunidad". "Una
cosa es que una dirección
tenga un trabajo y otra,
cosas más graves. Jamás he
estado con este señor y
jamás he compartido un café
ni he estado un minuto con
él o con algún miembro de su
familia", sostuvo González
Taboada.
Pago de comisiones
El interrogatorio desvela
cual era el modus operandi,
siempre según el testimonio
de Marjaliza. En su relato,
sostiene que a él le pasaban
"entre las tres y las cinco"
mejores ofertas. "Si era una
empresa conocida la llamaba
y le decía que si quería la
obra pagaran una comisión".
El cabecilla de esta trama
señala que no había falta
que diera más detalles ni
que mencionara que llamaba
de parte de Granados porque
"todos" en ese momento
sabían que era su mano
derecha.
Marjaliza explicó al juez
que este dirigente del PP de
Cifuentes era el
interlocutor de Granados,
exsecretario general del PP
de Madrid y del exalcalde de
Valdemoro: "A mí me decían
que tenían que hablar
siempre con [Jaime] Taboada,
que era el que gestionaba
[el plan Prisma]. Estaba en
la mesa y ellos llamaban a
Jaime, y una semana después
me decían esta [obra] sí y
esta no", completó
Marjaliza, al ser preguntado
sobre si había pactado con
Granados las obras de la
empresa regional Arpegio.
"Había una cosas no escrita
según la cual un tercio de
las obras era para los
técnicos, un tercio para
Jaime Taboada con su gente y
el último tercio para Paco o
la consejería", señala en un
momento de su declaración.
No es Taboada el único
diputado de Cifuentes
salpicado por este
escándalo. El cabecilla de
la red Púnica señaló a otros
dos diputados del PP en la
Asamblea de Madrid por sus
vinculaciones con la trama
de Granados, según consta en
la declaración del
arrepentido de 13 de
noviembre de 2015. Se trata
del exalcalde de Getafe Juan
Soler y del exregidor de
Alcalá de Henares Bartolomé
González.
Aguirre: "No hay nadie que
piense que soy corrupta"
Todo esto ocurrió en los
años de Esperanza Aguirre al
frente de la Comunidad de
Madrid, uno de los motivos
que llevó a que presentara
su dimisión el pasado
febrero. Pero fue una
dimisión a medias porque
dejó el PP de Madrid pero se
mantuvo como líder del Grupo
Municipal Popular en el
Ayuntamiento. Este
miércoles, después de que
infoLibre adelantara que el
socio de Granados sostiene
que Aguirre fue informada
del proyecto para un
pelotazo de la Púnica en
Valdemoro, señaló que "no
hay nadie que piense" que
ella es "corrupta" o que se
"haya llevado un duro".
Según dijo en un desayuno
informativo organizado por
Estrella Digital, las
palabras del empresario le
producen "bochorno,
vergüenza e indignación".
"La falta de ética está en
las personas, pero la
publicitación de los casos
de corrupción junto a la
lentitud de la justicia es
lo que hace pensar a la
gente que los políticos son
inmunes", mantuvo.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/19/cifuentes_nombra_numero_dos_campana_del_para_al_consejero_senalado_por_marjaliza_49908_1012.html
TABOADA SE AFERRA AL CARGO:
"CIFUENTES ME CREE, Y YO NO
DIMITIRÉ EN BASE A MENTIRAS"
El consejero de Medio
Ambiente de Cristina
Cifuentes ha asegurado que
no se va a apartar del
Gobierno de la Comunidad
tras las acusaciones de
Marjaliza en el caso Púnica.
Seguirá en su puesto
"siempre y cuando" su
partido y su presidenta
quieran.
El consejero de Medio
Ambiente, Administración
Local y Ordenación del
Territorio, Jaime González
Taboada, ha asegurado ese
miércoles que no se va
apartar del Gobierno de
Cristina Cifuentes, ya que
no puede "dimitir en base a
las mentiras" de David
Marjaliza, manifestando que
sus afirmaciones, que le
implican en el caso Púnica,
son "absolutamente inciertas
de arriba abajo". "Niego la
mayor. Yo a este señor no le
conozco absolutamente de
nada, como ya lo dije, y son
absolutamente inciertas
todas y cada una de las
afirmaciones", ha aseverado
el consejero madrileño en
declaraciones a los medios
tras asistir a una reunión
extraordinario para tratar
aspectos del incendio de
Seseña.
Taboada ha querido dar
explicaciones sobre las
acusaciones de uno de los
cabecillas de la trama
Púnica ante el juez de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco, a quien manifestó
que el consejero, entonces
director general de
Cooperación con la
Administración Local,
"mangoneaba" el dinero del
Plan Regional de Inversiones
y Servicios (PRISMA). Tras
conocer las acusaciones,
Taboada anunció el martes
que interpondría una
querella contra el
constructor para defender su
honor y el de las personas
que durante doce años
trabajaron con él. "No le
conozco. Las afirmaciones
son inciertas de arriba
abajo y por eso he iniciado
acciones judiciales", ha
reseñado.
"Jamás he estado con este
señor y jamás he compartido
un café ni he estado ni un
minuto con él o algún
miembro de su familia", ha
espetado. Asimismo, ha
explicado que cuando estaba
en la Dirección de
Administración Local él no
tenía relación con las
empresas, sino con los
ayuntamientos y los
alcaldes. "Que hablen ellos
si tenían la más mínima
sospecha", ha señalado.
También ha querido dejar
claro que no va a dimitir
por "las mentiras de este
señor" y que seguirá
trabajando por los
madrileños "siempre y
cuando" su partido y su
presidenta quieran. "Soy
inocente de las
afirmaciones", ha agregado.
Además, ha señalado que ha
hablado con Cristina
Cifuentes, quien le ha
manifestado que le cree.
"Ella me ha dicho que me
cree y yo le he dicho lo que
le dije hace nueve meses,
que no le conozco de nada.
Es una cosa que se ha
inventado él", ha recalcado.
Tras ello, ha pedido a los
madrileños que confíen en su
presunción de inocencia más
que la de "una persona que
ha estado en la cárcel". "Es
un presidiario que habla de
otras personas y yo me
defenderé en los
tribunales", ha dicho.
http://vozpopuli.com/actualidad/82066-taboada-se-aferra-al-cargo-cifuentes-me-cree-y-yo-no-dimitire-en-base-a-mentiras
MARJALIZA SEÑALA A TRES
DIPUTADOS DE CIFUENTES POR
SU VINCULACIÓN CON LA TRAMA
CORRUPTA
El socio de Granados aseguró
al juez que el exregidor de
Alcalá de Henares Bartolomé
González pidió una comisión
de 60.000 euros a la empresa
Cofely
El arrepentido también
explicó que el consejero
madrileño Jaime González
Taboada era el interlocutor
de la trama y que el
exalcalde de Getafe Juan
Soler se benefició de viajes
a París
El presunto cabecilla de la
red Púnica señaló a tres
diputados del PP de la
Asamblea madrileña por sus
vinculaciones con la trama
liderada por Francisco
Granados, según consta en la
declaración del arrepentido
de 13 de noviembre de 2015.
Se trata en concreto del
también consejero del
Gobierno de Cristina
Cifuentes Jaime González
Taboada; del exalcalde de
Getafe Juan Soler; y del
exregidor de Alcalá de
Henares Bartolomé González,
que fue secretario general
del Grupo Parlamentario del
PP en el Parlamento
madrileño.
Sobre Jaime González
Taboada, Marjaliza explicó
al juez Eloy Velasco que
este dirigente del PP de
Cifuentes era el
interlocutor de Granados y
el exalcalde de Valdemoro:
"A mí me decían que tenían
que hablar siempre con
[Jaime] Taboada, que era el
que gestionaba [el plan
Prisma]. Estaba en la mesa y
ellos llamaban a Jaime, y
una semana después me decían
esta sí y esta no", completó
Marjaliza, al ser preguntado
sobre si había pactado con
Granados las obras de la
empresa regional Arpegio.
El alcalde de Gefate repitió
El socio de Granados también
aludió al exregidor Juan
Soler, también parlamentario
del PP madrileño de
Cifuentes: "El alcalde de
Getafe acudió con J.A., que
era cómo llamaban al jefe de
gabinete, y con algún
concejal, invitado por
Cofely a París. Incluso
repitió. Todo lo pagaba
Cofely", en referencia a la
empresa que más comisiones
abonó a los imputados a
cambio de contratos de
eficiencia energética.
El tercero de los cargos que
Marjaliza vinculó con la
Púnica es el también
exalcalde, en esta ocasión
de Alcalá de Henares
Bartolomé González. A la
pregunta de quién pagó
60.000 euros a Bartolomé
González, el cabecilla de la
red corrupta aseguró: "Yo no
sé quién lo pagó, lo que sí
sé es que lo pidió. Me lo
dijo [el directivo de Cofely]
Pedro García y supongo que
sí se le pagaría, pero
recuerdo que a mí me pedía
dinero y yo lo iba
entregando porque era una
gestión que yo no hice".
Alcalde de Alcobendas
Pero el juez Velasco también
preguntó a Marjaliza sobre
sus reuniones con el alcalde
de Alcobendas Ignacio García
de Vinuesa, que también
forma parte del Grupo
Parlamentario del PP en la
Asamblea "y que es aforado".
"Me reuní dos o tres veces
en el Ayuntamiento por los
contratos de eficiencia
energética", reconoció.
Preguntado sobre si se habló
de darle un dinero,
Marjaliza lo negó: "Este
señor no me pidió nada. A
fecha de la negociación que
estábamos, jamás me pidió
nada nunca. Él nunca me
pidió dinero, y yo no tenía
la confianza como para
ofrecérselo todavía porque
no le conocía prácticamente
nada".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/17/marjaliza_senala_tres_diputados_cifuentes_49852_1012.html
¿QUÉ
HAY HASTA EL MOMENTO CONTRA
FRANCISCO GRANADOS?
La Púnica se revela como la
mayor y más compleja trama
de corrupción en España
El levantamiento del secreto
descubre que la Púnica
liderada por Francisco
Granados es el mayor caso de
corrupción en volumen
económico malversado de
España y uno de los de más
complejidad, superando con
creces a la Gürtel.
Solo en Valdemoro, junto a
David Marjaliza y Ramiro
Cid, lograron un pelotazo de
700 millones de euros, de
los que Granados,
supuestamente, se embolsó el
20 por ciento. Y después la
red se instaló en más de una
decena de municipios de
Madrid y en la propia
Comunidad, donde el ya
consejero de Transportes
Granados, como “rey del
suelo” desde Arpegio según
Anticorrupción, manejó miles
de millones en ladrillo y
benefició a sus amigos
púnicos, sacando tajada de
ello.
Cuando pinchó la burbuja
pasaron a la eficiencia
energética. La cantidad de
millones en mordidas en
ambos sectores es hasta el
momento incalculable, según
el juzgado. Además, la
Púnica también se extendió a
Murcia, León y Valencia.
Pero la trama no tuvo
bastante con España. El
sumario ha revelado esta
semana que a juicio de los
investigadores, Francisco
Granados y sus socios
evadieron capitales y
tuvieron negocios en Panamá,
Costa Rica o Estados Unidos.
Ya se sabía de sus cuentas
en Suiza.
Supuestamente, también el
Partido Popular de Esperanza
Aguirre se benefició de la
trama. Hubo actos y eventos
a bajo precio a cambio de
las fiestas de los pueblos
para Waiter Music, encuestas
pagadas por constructoras y
empresas de servicios que
recibían adjudicaciones a
cambio, y la libreta
confiscada a Granados, que
revela pagos de hasta 1.4
millones de euros para el
gerente del PP hasta mayo de
2014. Es decir, que
Granados, según esos apuntes
manuscritos, seguía
recaudando dinero ilegal
para el partido después de
su dimisión como senador por
encontrársele una cuenta en
Suiza.
El juzgado aún cree que
Granados tiene dinero
oculto. En metálico le han
encontrado poco más de 2
millones, y manejó cientos.
http://cadenaser.com/ser/2016/06/03/tribunales/1464958593_525785.html
LAS OSCURAS CONEXIONES DEL
MINISTRO DE GUINDOS CON LA
PÚNICA
El 'popular', que ya se vio
salpicado por su amistad con
Granados, ve ahora su
apellido en pleno sumario
Dentro de la maraña de
nombres que pululan en el
sumario de la Púnica uno de
los que más destaca por su
importancia es el de Michael
Trevor Langdon, un
financiero suizo afincado en
España que las
investigaciones sitúan como
clave a la hora de blanquear
el dinero de Francisco
Granados, David Marjaliza y
de otros clientes
relacionados con la trama de
corrupción.
El blanqueador de la Púnica
saca a relucir un Guindos
Al ser interrogado el
financiero explicó por
ejemplo cómo Granados le
entregaba dinero en efectivo
en el despacho de éste
último como consejero de la
Comunidad de Madrid para que
fuera blanqueado. Pero hizo
más revelaciones. En sus
declaraciones ante la UCO de
la Guardia Civil, a las que
ha tenido acceso
ELPLURAL.COM, Trevor Langdon
fue preguntado por un nombre
de apellido notorio: Ricardo
Antonio Guindos Latorre.
El financiero recordaba bien
a esa persona y este es el
extracto de la declaración:
“lo conoce ya que es un
asesor fiscal, recordando
que hizo una operación del
tipo anteriormente indicado
[blanqueo mediante
operaciones de
compensación]. Que lo conoce
porque tenían en común un
amigo no recordando ahora su
nombre, que lo conoce desde
hace unos 10 años y que se
dedicó al tema de la
amnistía de su mujer y de su
cuñada”.
¿Primo del ministro?
Resulta llamativo que un
Guindos aparezca salpicado
por una trama de blanqueo y
de asesoramiento para
acogerse a una amnistía
fiscal, cuando precisamente
el Gobierno del PP con un
Luis De Guindos en el
ministerio de Economía había
promovido, junto al
ministerio de Hacienda de
Montoro, tal medida. ¿Pero
son familia el Ricardo
Guindos Latorre y Luis de
Guindos Jurado? Pues al
menos hay dos primos
llamados así que además
tienen en común el nombre de
sus padres respectivos:
Ricardo de Guindos Vera
(casado con una Latorre como
demuestra esta esquela de
ABC) y Antonio De Guindos
Vera (el padre del ministro,
casado con una Jurado).
La amistad entre De Guindos y Granados
Pero el ministro se ha visto
de lleno salpicado en
anteriores ocasiones por sus
vínculos con el cabecilla
político de Púnica,
Francisco Granados, de hecho
el ministro invitó y abrazó
durante la boda de su hija
al ‘púnico’ cuando ya se
había destapado su cuenta
opaca en Suiza. Las
grabaciones de la
investigación también
cazaron a Granados pidiendo
ayuda al ministro de
Economía para que le ayudase
a llevarse una porción de la
privatización de AENA. De
Guindos admitió que la
conversación se había
producido pero limitó su
papel a remitir a Granados
al responsable de la
privatización de AENA,
defendiendo también que la
empresa para la que
trabajaba su compañero de
filas, Société Général, no
había participado finalmente
en la operación.
http://www.elplural.com/2016/06/03/las-oscuras-conexiones-del-ministro-de-guindos-con-la-p-nica
