LA ALCALDESA DE MORALEJA DE
ENMEDIO ABANDONA EL PLENO DE
LA ASAMBLEA
El consejero de Medio
Ambiente niega que estén
impidiendo a Ruth Porta ser
interventora del pueblo
La alcaldesa de Moraleja de
Enmedio, la socialista María
del Valle Luna, ha
abandonado hoy la sesión
plenaria de la Asamblea de
Madrid debido a las
declaraciones del consejero
de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio,
Jaime González Taboada, al
que ha acusado de mentir.
Las discrepancias entre
ambos se deben a un recurso
interpuesto ante la
Comunidad de Madrid por el
municipio, de 5.000
habitantes, para poder
contar con la interventora
municipal de Villaviciosa de
Odón, puesto que ocupa la
exdiputada regional y
exsenadora socialista Ruth
Porta. La anterior titular
abandonó el Ayuntamiento
después de que la alcaldesa
le abriera un expediente
disciplinario al detectar
que habían desaparecido
varios documentos de su
despacho.
El pueblo lleva meses sin
interventora. El Gobierno
regional autorizó que Ruth
Porta ejerciera su trabajo
como habilitada nacional en
Moraleja de Enmedio. El
problema surgió debido a que
su sueldo, al prestar el
mismo servicio en
Villaviciosa de Odón,
superaría al de un director
general, algo que no está
permitido. Luna presentó un
recurso al Gobierno regional
pidiendo que se solucionara
este problema “que sucede en
otros muchos lugares”.
El grupo socialista ha
preguntado sobre la
resolución de la solicitud
al consejero en el pleno.
Taboada ha asegurado en su
contestación que la
alcaldesa le llamó durante
el Consejo de Gobierno el
pasado martes. Le dijeron
que era urgente y abandonó
la reunión para atender la
llamada. Previamente la
regidora había rechazado
hablar con otra persona,
porque ella “con
viceconsejeros no hablaba”,
ha dicho Taboada. En ese
momento, Luna se ha
levantado “indignad” y ha
dejado el salón de plenos.
El consejero ha asegurado
también que les han enviado
una lista de interventores y
que no han recibido
respuesta. Además, el plazo
para contestar al recurso
finaliza el 1 de julio.
El desencuentro entre ambas
administraciones tiene un
origen económico. El nuevo
equipo de gobierno reclama
que la Comunidad les ayude a
salir del agujero en el que
se encuentran, con una deuda
de 30 millones de euros
heredada del anterior equipo
de gobierno, presidido
durante 16 años por el
popular Alberto Estrada. El
exregidor está imputado en
la trama Púnica por los
delitos de prevaricación,
fraude, malversación de
caudales públicos, tráfico
de influencias y cohecho.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/02/madrid/1464869049_673635.html
MECO NUNCA PIDIÓ A ARPEGIO
UN ÓRGANO PARA SU IGLESIA
El alcalde de Meco ha
explicado en la Asamblea que
la idea del órgano, que
costó 300.000 euros, surgió
en una visita de Esperanza
Aguirre en 2006
El alcalde de Meco, el
popular Pedro Luis Sanz, ha
asegurado hoy ante la
Comisión de Investigación de
la Asamblea de Madrid, que
no existió ninguna petición
formal, ni se realizó ningún
estudio de necesidades para
la construcción del órgano
de la Iglesia del pueblo. El
instrumento musical costó
alrededor de 300.000 euros,
que financió la Fundación
Arpegio, organismo público
investigado en la trama
Púnica. Los diputados
investigan si hubo o no
control en el gasto de 10
millones de euros que
gestionó la Fundación desde
que la creó Francisco
Granados en 2006. Era
capital 100% público.
Sanz, que ha comparecido a
petición del Partido
Popular, ha relatado que la
idea de la construcción
surgió en una visita que
realizó Esperanza Aguirre el
20 de diciembre de 2006 al
pueblo para inaugurar una
biblioteca. En ese momento
la Comunidad de Madrid
estaba restaurando el
retablo del templo y
decidieron visitar las
obras. Sanz no recuerda de
quien partió la propuesta:
“Quizá fui yo, o el párroco
o algún vecino, pero no de
Aguirre”. “Quedó como una
idea, una petición por parte
del municipio y se dijo que
se valoraría”, puntualizó.
En diciembre de 2009, Meco
inauguró el órgano.
Ante las preguntas de los
parlamentarios sobre el poco
uso del instrumento, que
carece de un organista que
lo toque de forma asidua, el
alcalde ha asegurado que el
Ayuntamiento no es
responsable de esas
cuestiones. Sanz ha
manifestado también que
desconoce las veces en las
que se toca, aunque ha
mencionado la boda de un
amigo o una música coreana
que acudió hace poco más de
una semana para probarlo. A
pesar de estas
declaraciones, Sanz ha
negado que el instrumento no
tenga uso. La Comunidad de
Madrid también ha dejado de
programar conciertos
veraniegos en la iglesia
desde hace años. El regidor
tampoco conoce la razón de
este parón, supone que deben
ser los técnicos los que no
lo consideren adecuado.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/03/madrid/1464945618_816695.html
GRANADOS DICE QUE “NO HA
COMETIDO NI HA CONOCIDO
NINGÚN DELITO ”
El exconsejero declara desde
la cárcel por
videoconferencia ante la
Asamblea y pide que se
respete su presunción de
inocencia
Poco o nada ha aclarado el
exconsejero Francisco
Granados sobre la Fundación
Arpegio en su comparecencia
de hoy por videoconferencia
desde la cárcel de Estremera
ante la comisión de
investigación de la
corrupción de la Asamblea.
Ha defendido su inocencia
“hasta que no se demuestre
lo contrario” y ha asegurado
no haber “cometido, ni
conocido, ni amparado ningún
hecho delictivo en la
Comunidad de Madrid”. El
exconsejero se encuentra en
la cárcel desde el pasado 31
de octubre por orden del
juez Eloy Velasco que
investiga la trama Púnica,
de la que se ha levantado el
secreto del sumario esta
semana.
En repetidas ocasiones,
Granados ha recordado que su
falta de libertad le impide
acceder a la documentación y
declarar en las mismas
condiciones que otras
personas que acuden también
ante la misma comisión.
Motivo que le impide, a su
vez, contestar con mayor
precisión a las preguntas de
los diputados. Ha mantenido
que no recordaba los
detalles de los convenios y
subvenciones que firmó la
Fundación Arpegio, que creó
en 2006 y presidió durante
15 meses. Los proyectos
llegaban desde las
diferentes consejerías, él
los firmaba, pero no entraba
en los detalles.
Recuerda haber oído algo
sobre un “órgano” (costó
300.000 euros) y también los
500.000 euros con los que
subvencionaron a la
Consejería de Cultura. En
cuanto a la subvención de
139.000 euros que dió a un
concierto organizado por
Waiter Music en el Palacio
de los Deportes y que
investiga la Audiencia
Nacional, dijo no recordar
nada.
En su relación con José Luis
Huerta, dueño de Waiter
Music e imputado en la trama
Púnica, Granados ha dudado
de que “jamás” le haya
acusado de nada. “Yo no
tengo nada que ver con esa
empresa”, ha dicho. El juez
investiga si se amañaron
concursos para que Waiter
Music consiguiera contratos
en las fiestas de los
pueblos. Sobre David
Marjaliza, al que se
considera su socio
empresario en la trama
Púnica, y que decidió
declarar ante el juez, ha
preferido no comentar nada
“de alguien que se ha
declarado culpable de
múltiples delitos, yo no sé
los pactos a los que habrá
llegado”.
La comparecencia ha subido
de tono con el representante
de Podemos (Ramón Espinar)
cuando le ha espetado “es
usted el rey del golferío”.
Granados ha pedido el amparo
a la presidenta de la
comisión de investigación al
considerar que se estaba
“menoscabando su derecho al
honor”.
También se ha mostrado
dolido con la actitud del
representante del PP en la
Comisión, Alfonso Serrano,
del que habría agradecido
“un poquito más de
cordialidad y cariño”. Pidió
a los miembros de su partido
que respetaran su presunción
de inocencia, algo que,
puntulizó, no hizo Javier
Maroto, alcalde de Vitoria,
cuando gritó en un mitin
“Granados al trullo”. Un
señor, “al que solo del que
solo se conoce el mérito de
meterse con los compañeros
de partido”.
El cuanto a su relación con
José Luis Huerta, dueño de
Waiter Music e imputado en
la trama Púnica, Granados ha
dudado de que “jamás” le
haya acusado de nada. “Yo no
tengo nada que ver con esa
empresa”, ha dicho. El juez
investiga si se amañaron
concursos para que Waiter
Music consiguiera contratos
en las fiestas de los
pueblos.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/03/madrid/1464966733_540359.html
LA UCO SOSTIENE QUE GRANADOS
FACILITÓ PELOTAZOS
URBANÍSTICOS A EMPRESARIOS
AMIGOS POR 709 MILLONES
En su etapa de alcalde en
Valdemoros, Granados
"convocó" a los empresarios
a una reunión para
informarles de las
"oportunidades urbanísticas"
y de su interés por
participar en "los
beneficios"
Los socios de Granados se
lucraron con la
reclasificación de 1,12
millones de metros cuadrados
rústicos que se
revalorizaron unos 550 euros
por metro cuadrado
El presunto cabecilla de la
trama Púnica, Francisco
Granados, facilitó pelotazos
urbanísticos en Valdemoro
(Madrid) de sus empresarios
amigos por un valor de 709
millones de euros, según
sostiene el informe
financiero de la Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil de febrero
pasado.
Durante los años en los que
ejerció como alcalde, entre
julio de 1999 y noviembre de
2003, "planificó y
confeccionó" un nuevo Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) para el municipio de
Valdemoro. "El devenir de la
investigación ha puesto de
manifiesto que las
directrices de trazado y
ampliaciones del nuevo plan
fueron acordadas por
Francisco Granados en
connivencia con los
empresarios del sector
inmobiliario David Marjaliza
y Ramiro Cid Sicluna". En
ese mismo cuatrienio,
Granados ingresó en sus
cuentas de Suiza 1,33
millones de euros, pasando a
superar los 1,68 millones en
2005.
Pero la Guardia Civil
sostiene que los sucesores
de Granados en la alcaldía
de Valdemoro, José Miguel
Moreno Torres (2004-2012) y
José Carlos Boza Lechuga
(2012-2015), también
colaboraron con la trama, ya
que eran afines al ex número
dos de Aguirre, "quién por
su influencia en el Partido
Popular del municipio de
Valdemoro y su condición de
secretario regional del PP
tuvo la posibilidad de
influir en su designación
como candidatos y por tanto
en la línea política y
gestión municipal de la
localidad".
Los agentes explican que
Granados también maniobró
desde el Gobierno madrileño
con terrenos de diferentes
municipios mediante la
empresa Arpegio y el
denominado Plan Prisma,
cuyos movimientos de fondos
entre los años 2006 y 2007
superaron los 300 millones.
Un nuevo Plan General
En 2004 Granados aprobó un
nuevo Plan General, "pese a
que Valdemoro contaba con un
PGOU aprobado en el año 1999
por la corporación que
dirigía el exalcalde
socialista José Huete
López", relata el dossier
policial, que completa que
los intereses económicos del
complejo societario de estos
constructores resultaron
beneficiados con las
"clasificaciones" y
"recalificaciones" de
parcelas.
Según la declaración de
Marjaliza, Granados, que 16
días después de ser nombrado
alcalde abrió su primera
cuenta en Suiza, fue el que
"convocó" a los empresarios
a una reunión en la que les
informó de las
"oportunidades urbanísticas
y el interés del propio
Granados en participar del
beneficio que podría obtener
por estos negocios".
Después de esta reunión, los
empresarios constituyeron la
empresa Servicios
Patrimoniales de Obras y
Vías SL, "cuyos socios
serían Ramiro Cid Sicluna,
David Marjaliza y María José
Marijuán" a través de la
sociedad Ayjopén, que es la
esposa de Ignacio Palacios,
jefe de gabinete de
Francisco Granados, "quién
encubriría su participación
en la sociedad", prosigue el
documento policial.
"Se allanó el camino"
Y los empresarios "vieron
reclasificados sectores
dónde disponían de suelo, se
allanó el camino a cualquier
proyecto de compensación que
procediera de los mismos y
se articularon los
procedimientos de venta de
suelo público en su favor",
aseguran los agentes al juez
Velasco.
El desarrollo urbanístico
del municipio se dirigió
hacia sectores dónde los
empresarios disponían de
suelo, "conociendo de
antemano hacia donde se iba
a desarrollar el municipio y
beneficiándose de manera
directa a través de la
plusvalía generada,
vendiendo el suelo una vez
clasificado a terceros
interesados en desarrollarlo
o haciéndolo a través de
empresas propias".
En concreto, y según la
Guardia Civil, los supuestos
socios de Granados se
beneficiaron de la
reclasificación de 1,12
millones de metros cuadrados
de suelo rústico en el
municipio mediante la
aprobación del Plan General
y otros recalificaciones
parciales, que sufrieron una
revalorización de unos 550
euros por metro cuadrado, ya
que "compraban suelo a
sabiendas de que se iba a
clasificar en gran parte".
Además, se beneficiaron de
la adjudicación concertada
de suelo público para la
construcción de vivienda de
protección oficial, "para lo
que tenían que pagar el
correspondiente peaje
político en forma de
comisión en efectivo".
"Decisiones políticas
corruptas"
"Observando estos datos, es
fácil tomar conciencia de la
gran plusvalía inducida que
se puede llegar a generar
con las transacciones
comerciales relativas a un
sector urbanístico
favorecido deliberadamente
con decisiones políticas
corruptas", completa el
informe financiero de la UCO
dirigido al juez Velasco.
La investigación de la
Agencia Tributaria ha
determinado que a través de
un "sofisticado entramado de
facturación ficticia",
Marjaliza detrajo del
circuito económico legal en
España al menos 10,2
millones de euros entre 2004
y 2006. Los investigadores
sostienen que Marjaliza
envió a Suiza 15 millones.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/02/la_uco_sostiene_que_granados_facilito_pelotazos_urbanisticos_empresarios_amigos_por_709_millones_euros_50641_1012.html
SIETE INVESTIGADOS POR
BLANQUEO EN LA OPERACIÓN
PÚNICA SE ACOGIERON A LA
AMNISTÍA FISCAL
Un intermediario financiero,
empresarios y una prima del
anterior rey comparten dos
nexos: transfirieron dinero
a Granados y Marjaliza en
Suiza y se beneficiaron de
la regularización de 2012
Una de las empresarias que
presentó la declaración
tributaria había ocultado en
la Confederación más de
300.000 euros y terminó
pagando a Hacienda 460 euros
Al menos siete investigados
por blanqueo en la operación
Púnica se acogieron a la
amnistía fiscal lanzada por
el Gobierno en 2012, y así
consta en la información del
sumario que hasta ahora
permanecía secreta.
Al margen de si también se
benefició o no de la
amnistía el imputado más
importante, Francisco
Granados, extremo que aún
sigue en la zona de penumbra
del caso, entre esos siete
figuran el intermediario
financiero del hasta 2015
senador del PP y su socio
David Marjaliza, así como
varios empresarios y una
prima del anterior rey, Inés
de Borbón.
Las dudas sobre Granados se
sustentan en un factor
clave: la amnistía aprobada
por Cristóbal Montoro
permitía que los
defraudadores se acogieran a
ella como personas físicas o
a través de sus empresas.
Dado la panoplia de
compañías con las que
Granados operaba y de las
que era propietario o
copropietario real, resulta
más difícil confirmar o
descartar si también él se
benefició de aquella
"regularización
extraordinaria".
Los siete investigados lo
son en el sentido literal
del término pero no todos en
el de la nueva terminología
aplicada para definir a los
imputados. De hecho, uno de
ellos, el empresario Jesús
Roa Baltar, falleció el
mismo año de 2012. Y otras
dos mujeres, una de ellas
esposa del empresario Amadeo
Semper y otra, cuñada del
intermediario financiero
Michael Langdon, no consta
que hayan ido a declarar en
calidad de
investigadas/imputadas.
Ahora bien, los siete
figuran en varios informes
incorporados a la causa y
que, emitidos bien por
Hacienda bien por la Guardia
Civil, detallan los nexos
que unen a los siete: todos
ellos participaron en lo que
el argot policial conoce
como "operaciones de
compensación", un viejo
sistema de blanqueo
utilizado por reputadas
tramas mafiosas como, por
ejemplo, la de Gao Ping y de
la que también Granados y
Marjaliza se valieron.
En resumen, cada uno de los
siete utilizó sus
respectivas cuentas suizas
para transferir fondos a las
que en ese mismo país
poseían Granados y
Marjaliza. A cambio,
obtenían dinero en metálico
en España.
Por ejemplo, la mujer de
Michael Langdon, un
británico nacionalizado
español que ejercía de
intermediario financiero
para Granados y Marjaliza,
transfirió a las cuentas del
político y su socio 206.000
euros en total. Cuando llegó
el momento de acogerse a la
amnistía fiscal, su
declaración sobre sus bienes
en Suiza reflejó "unos
rendimientos positivos" de
4.609 euros, con lo que pagó
a Hacienda 460, es decir, el
10%. Una carta firmada por
ella misma desvela que a 31
de diciembre de 2010 en esa
cuenta había más de 300.000
euros procedentes "de una
herencia".
La prima del rey
La prima del rey investigada
por el juez Velasco
transfirió a Granados y
Marjaliza 69.000 euros en
total. El 28 de noviembre de
2012, relata Hacienda en uno
de sus informes, Inés de
Borbón y Borbón presentó su
declaración tributaria
especial "por importe total
o valor de adquisición de
los bienes y derechos de
191.243,09 euros, ingresando
la cantidad de 19.124,31".
Un párrafo más adelante, la
Agencia Tributaria precisa
que otra declaración
formulada por la
aristócrata, la del llamado
Modelo 720, refleja 25
bienes localizados en el
extranjero. El predominio
total era para los valores,
seguros o rentas (23 en
total), seguidos de los
"valores representativos de
la cesión de capitales
propios a terceros". Según
la Guardia Civil, todos esos
bienes sumaban más de tres
millones. En 2012, su
declaración de IRPF le salió
a devolver.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/02/ocho_investigados_por_blanqueo_operacion_punica_acogieron_amnistia_fiscal_50648_1012.html
LA ‘TRISTE HISTORIA’ DE INÉS
DE BORBÓN Y BORBÓN CONTADA A
TRAVÉS DE LAS FICHAS DE LA
BANCA SUIZA
La tía del rey está envuelta
en la Púnica como supuesta
participante en el blanqueo
de millones de euros para
Granados y Marjaliza
Una de las cosas buenas que
tiene para la ciudadanía
general la investigación de
contubernios como la Púnica
es que se conocen muchas
ramas, que en principio
aparecían ocultas, en la
frondosidad de la trama. Por
ejemplo, para conocer cómo
funciona la relación entre
los españoles que tienen
dinero para sacarlo a Suiza,
y la banca de ese país. Cómo
les ‘acoge’ y cómo les
cataloga.
El lado regio de la Púnica
Un caso: el de Inés de
Borbón dos Sicilias y
Borbón.
Les damos los antecedentes.
El pasado mes de septiembre
les contábamos en
ELPLURAL.COM cómo las
autoridades suizas advertían
al juez de la Púnica, Eloy
Velasco, que en las oficinas
suizas de BNP Paribas y el
UBS se habían localizado una
serie de personas físicas y
jurídicas que, por el
sistema de la compensación
(-tú me das un dinero tuyo
en España y yo te lo doy de
dinero que tengo en Suiza-),
habían transferido 5
millones de euros a las
cuentas de Granados y
Marjaliza en Ginebra. Entre
esas personas aparecía una
persona llamada Inés de
Borbón y Borbón, a la sazón
prima hermana del rey
jubilado o emérito Juan
Carlos de Borbón y Borbón y
por tanto tía del actual
Felipe de Borbón.
Ella respondió a esta
información, cuando se
encontró frente al juez
Velasco, con una salida de
las que se conocen como
borbonadas: “Si me pregunta
por el blanqueo, no tengo ni
torta idea”. Una declaración
propia de la llamada ‘mujer
florero’ que tanto hemos
visto últimamente entre
quienes pensábamos que eran
mujeres preparadas; la
sobrina del personaje, sin
ir más lejos, Cristina
Borbón. Su gestor era quien
llevaba todos sus asuntos,
vino a declarar Inés Borbón
Dos Sicilias, e incluso dio
a entender que no sabía ni
el dinero que tenía (lo cual
lleva a lecturas muy
diferentes). Por ejemplo, le
preguntaron por la suma de
la herencia de su padre,
Afonso de Borbón-Dos
Sicilias y Borbón, y sin
pestañear ella dijo: “Ni
idea, es que antes nos
enseñaban a no interesarnos
por el dinero ni preguntar”.
Fichas bancarias con un
toque de Dickens
Sin embargo, ante las fichas
de la banca suiza donde se
recoge el perfil de esta
mujer tan despegada del
dinero, la imagen que queda
es diferente. Vean.
En la primera, donde se abre
la cuenta de la clienta, con
fecha del 2 de mayo de 1995,
se presenta a S.A.R. INES DE
BORBON Y BORBON. Muy dentro
del famoso secretismo de
este mundo se establecen,
para confianza del banco,
Lombard Odier, como “Hija de
la BO de la fundación
Toledana, sobrina de la
fundación Bamenda, hermana
del N91 y del G731,
cotitular del N269”. O lo
que es lo mismo, todos esos
parientes suyos,
directamente o a través de
fundaciones tenían también
cuenta en la banca Lombard
Odier. Pero quizás, lo más
revelador sea la línea
final, la del ‘origen de la
relación’: “Familia cliente
de la casa desde hace
generaciones”.
En otra ficha, el agente que
le abre la ficha cuenta la
historia personal de Inés de
Borbón, sin ahorrarse ningún
dato que pueda hacer su
situación más favorable para
quienes deban proceder al
trámite de abrir la cuenta.
Una vida un poco triste de
niña rica, en la versión
bancaria.
Y así, escribe, tras
recordar su estado civil,
“viuda”, que “Inés ha vivido
separada de su esposo, que
murió hace tres años. Madre
de 5 hijos (cuatro chicas y
un chico), Inés ha tenido
que defenderse sola, después
de que su marido dilapidó el
poco de fortuna de la que
ella disponía”.
'Periodista' jubilada
Eso sí, algo le debía quedar
como para poder abrir una
cuenta en un banco suizo. Y
por eso en el capítulo
patrimonio, sin abandonar el
tono literario, se
especifica por parte del
agente que “después de un
periodo de su vida más que
difícil, y gracias a la
ayuda de su familia, Inés se
ha podido hacer con un
capitalito”.
Y se vuelve, en el apartado
de informaciones
suplementarias, sobre sus
buenas referencias con otros
clientes: “Familia ilustre y
bien conocida de la casa -se
lee en la ficha-. Excelentes
relaciones personales, en
particular con su hijo
Manuel y su hija Mencia”.
La ficha, que no deja nada
por desvelar, nos cuenta
también que “Inés ha
trabajado para la revista
Elle durante muchos años. Se
ha retirada desde hace unos
años”.
Otros familiares con cuenta
en la misma banca suiza
Ya puestos, en las mismas
fichas, por cierto, se
adjunta a la ficha de Inés
de Borbón, las de algunas de
sus hijas (Eugenia e
Isabel), que en abril de
1996, un año después que su
madre, también se
convirtieron en clientes de
la misma banca, Lombard
Odier.
Con la misma precisión que
en la ficha de su madre,
sabemos así por el agente
tanto de la situación
profesional de Eugenia
Morales de Borbón (“acaba de
abrir una tienda de
decoración de interior
después de haberse
consagrado a sus hijos”),
como de la personal
(“Eugenia tuvo un primer
hijo fuera del matrimonio,
pero a continuación se casó
y ha tenido dos hijos de
esta unión”); así como de
Isabel Morales de Borbón, de
quien se revela en la ficha
que “se dedica enteramente a
la explotación de sus
tierras", donde cultiva
aceite de oliva y "ha
comenzado a producir su
propio vino", mientras que
de su vida personal se
recoge literalmente (aunque
pensamos que no con
exactitud) que "Isabel vive
maritalmente con un "señorito
andaluz" netamente mayor que
ella y que le ha hecho tres
niños".
http://www.elplural.com/2016/06/03/la-triste-historia-de-s-de-borb-n-y-borb-n-contada-trav-s-de-las-fichas-de-la-banca-suiza
EL SOCIO PRINCIPAL DE LA
‘RED PÚNICA’ CONFIRMA QUE
GRANADOS “COBRABA
COMISIONES” PARA FINANCIAR
AL PP
El ex secretario general del
PP madrileño se llevaba
dinero "contante y sonante"
con el "negocio" de la
adjudicación de suelo,
asegura David Marjaliza al
juez, tal y como consta en
la declaración conocida tras
levantar el secreto de
sumario
El número dos de la Púnica a
preguntas de la fiscal sobre
la agenda manuscrita
requisada a Granados:
"Supongo que él se quedaba
con una parte. Viendo esto,
alguna vez hemos escuchado
cosas, y como se dice, el
que parte y reparte para sí
la mejor parte”
"¿Francisco Granados era
partícipe en la recepción de
comisiones para la
financiación de la campaña
[del PP]?", preguntó el juez
de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco a David
Marjaliza, uno de los
cabecillas de la trama
Púnica. Y el arrepentido
contestó: "Yo no lo he
visto, pero supongo que sí.
Por comentarios que hacía:
hay que pagar esto..., hay
que pagar lo otro... todo
esto lo decía en reuniones o
en comidas", completó de
nuevo Marjaliza, en libertad
desde el fin de año de 2015
tras abonar una fianza de
100.000 euros.
En la declaración de 13 de
noviembre de 2015, cuyo
secreto ha sido levantado
por el juez, Marjaliza
aseguró que el ex secretario
general del Partido Popular
(PP) de Madrid Francisco
Granados se "llevó" dinero "contante
y sonante" con las
adjudicaciones de suelo en
las que intervenía la trama
Púnica y que entendía como
un "negocio" a partir del
cual alcaldes y empresarios
sacaban un "margen" de
beneficio.
En ese momento del
interrogatorio, el
magistrado alude a la
libreta morada que fue
requisada en el domicilio de
Granados, y que tal y como
adelantó infoLibre incluía
anotaciones manuscritas:
"Hemos encontrado en el
domicilio del señor Granados
una libreta que tenía
anotaciones relativas a
campañas electorales en las
que aparece una especie de
anotaciones de entrada y
salida acompañadas de
ciertas iniciales, y quería
si usted es capaz de
reconocer a alguna persona.
¿Esa es la letra del señor
Granados?" preguntó el juez,
a lo que Marjaliza contesta
de forma afirmativa: "Sí.
Creo que sí".
"El que parte y reparte,
para sí la mejor parte"
Y tras mirar la misma unos
segundos, el arrepentido
identificó varios de los
nombres: "Yo puedo
interpretar y que me suene
J.L.M, entiendo que puede
ser Javier López Madrid, B.G.
será el gerente del partido
a nivel regional, Beltrán
[Gutiérrez], N.P. puede ser
Nacho Palacios, y M.E. no sé
quién es, no me suena nadie
en la cabeza”.
Fue entonces cuando la
fiscal le pregunta por las
anotaciones manuscritas en
la compra de un barco: “Y
entonces usted dijo que
J.L.P. podía ser Javier
López Madrid”, resaltó la
fiscal. “No, ahí sí sé que
es Javier López Madrid,
porque es el barco que
pagaba yo, y sabía la
relación que tenía".
La fiscal vuelve a
interpelar a Marjaliza
acerca de las iniciales M.E:
“M.E. puede significar yo en
inglés?” “Si”, respondió de
nuevo el arrepentido, que
completó: “Que se quedaba él
con una parte supongo". ¿A
usted le consta que se
quedaba con una parte?,
completó la responsable del
Ministerio Público, a lo que
el cabecilla de la trama
dijo: “No, pero viendo esto,
alguna vez hemos escuchado
cosas, y como se dice, el
que parte y reparte para sí
la mejor parte”, sentenció
Marjaliza.
Modus operandi de la
organización
Así consta en el audio, al
que ha tenido acceso Europa
Press, de la declaración que
el presunto cerebro de la
red corrupta y empresario de
la construcción, David
Marjaliza, prestó el pasado
junio en calidad de
investigado y en la que
detalló el modus operandi de
la organización en varios
municipios madrileños.
Al ser preguntado si con
esos favores urbanísticos
"ganaba" la localidad
madrileña de Valdemoro o
"ganaban" quienes fueran sus
alcaldes Francisco Granados
o José Miguel Moreno Torres,
Marjaliza responde: "Yo creo
que en esa época hemos
ganado todos". "Cuando se
adjudicaban los suelos, tu
pactabas y pagabas un
precio", añade.
"¿Y cómo se pagaba el
dinero: en mano, con dinero
contante y sonante?",
inquiere el juez, a lo que
Marjaliza responde con un
"claro". "¿Y se lo llevaba
Granados?", le pregunta.
"Claro", vuelve a responder
el constructor.
Tema a tema
Durante su declaración ante
el juez Velasco, Marjaliza
pide ser preguntado tema por
tema, ya que considera que
narrar la trama "por bloques
es más fácil" y desmiente
las informaciones que le
señalan como amigo del ex
secretario general del PP de
Madrid desde la infancia.
"Paco me saca tres o cuatro
años y no hemos estudiado
juntos ni mucho menos
-puntualiza ante el juez-.
Conozco a Paco desde que
estaba en Alianza Popular,
pero tenemos un
enfrentamiento y decido
dejar la política, y cuando
llega a la alcaldía pues se
acercan posturas y
reconciliamos nuestras
diferencias políticas".
A partir de ahí, Marjaliza
narra al juez que él era un
"promotor inmobiliario
mediano de Valdemoro",
sector en el que trabaja
desde los 19 años, y que fue
Granados quien les "juntó a
comer" a él y a otro
promotor más fuerte, Ramiro
Cid Cicluna, para
proponerles crear una
sociedad en la que el
alcalde estaría presente en
un 20 por ciento, según cree
recordar su exsocio, a
través de la mujer de su
jefe de gabinete, Ignacio
Palacios.
"Se sobreentiende"
"De alguna manera entiendo
que es entre comillas su
porcentaje", puntualiza
Marjaliza. El magistrado le
pregunta si en dicha reunión
Granados les prometió que
recalificaría suelo rústico
para que puedan construir, a
lo que el promotor contesta
que el exdiputado del
Partido Popular no lo dice
así de claro "pero se
sobreentiende".
En este momento, el
declarante reconoce ante el
titular del Juzgado Central
de Instrucción número 6 que
no recuerda muy bien los
detalles ni el nombre de la
sociedad porque en ese
momento -se encontraba en
prisión y no sale hasta seis
meses más tarde-, lleva
"ocho meses perdido" y
además no se sabe el nombre
de todas sus empresas. "El
entramado empresarial mío es
bastante grande y hay cosas
que he vendido y cosas que
no", señala, para concluir
que esta sociedad en
concreto se llamaba
Servicios Patrimoniales de
Obras y Vías.
Sobre el porcentaje de
Granados, que en dos
ocasiones sitúa en el 20 por
ciento y luego duda para
situar en un diez por
ciento, Marjaliza señala que
era la parte que "él
[Granados] iba a ganar.
"Nosotros compramos suelo,
el dinero lo poníamos Ramiro
y yo", indicó Marjaliza al
juez.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/17/declaracion_marjaliza_sobre_financiacion_ilegal_del_pp_49819_1012.html
EL JUEZ DE PÚNICA CERCA AL
PP: PIDE DATOS DEL PARTIDO
EN MURCIA Y CARTAGENA
El magistrado solicita
documentación sobre la
gestión del actual
presidente de Murcia, Pedro
Antonio Sánchez, durante su
etapa al frente de la
Consejería de Educación de
la Comunidad, y sobre el
partido en la región y la
ciudad.
El 'caso Púnica' tiene otro
foco de sospecha sobre la
gestión del PP. El último
auto del titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
desvela que el pasado 30 de
marzo requirió documentos a
la Agencia Tributaria y a
dos administraciones
vinculadas al Partido
Popular, el Ayuntamiento de
Cartagena y la Consejería de
Educación de Murcia, así
como al propio partido en
Murcia y en Cartagena en el
marco de las investigaciones
de la trama. Así se
desprende de un auto dictado
este viernes por el
magistrado, en el que se
explica que los detalles de
dichas peticiones de
información se van a hacer
públicos en las próximas
fechas.
En el documento, el juez
recalca que se solicitó
documentación sobre la
gestión del actual
presidente de la Región e
Murcia, Pedro Antonio
Sánchez, durante su etapa al
frente de la Consejería de
Educación de la Comunidad,
así como de la gestión del
partido en el Ayuntamiento
de Cartagena bajo el mandato
de Pilar Barreiro, senadora
popular hasta el pasado día
2 de mayo. Además, en el
marco de la investigación de
Púnica, está imputado el
exconsejero de Industria y
Turismo de la región, José
Carlos Ruiz López, por un
supuesto desvío de fondos
para el pago de trabajos de
imagen a miembros del
ejecutivo autonómico que se
camuflaban con facturas
falsas, en concreto, de
contratación de publicidad
de los diarios 'zombies' de
la trama corrupta.
En el marco de la
investigación, también está
imputado el exconsejero de
Industria de la región, José
Carlos Ruiz, por un supuesto
desvío de fondos públicos
En Murcia, hasta ahora el
juez investigaba en una
pieza separada un contrato
firmado con Madiva Editorial
que, sobre el papel, tenía
como objetivo la promoción
turística de Murcia en el
mercado británico y cuyo
importe ascendía a 24.000
euros. El magistrado
consideraba que no sólo se
eludió la normativa en
materia de contratación
pública (se simuló la
concurrencia de varias
empresas que, en realidad,
eran todas del entorno del 'conseguidor'),
sino que también sirvieron
presuntamente para desviar
fondos a hacer trabajos de
reputación 'online' en favor
del imputado exconsejero
José Carlos Ruiz López.
Además de éste, en esta
pieza también están
encausados la que fuera
directora del Instituto de
Fomento (INFO), Reyes Samper;
la directora del Instituto
de Turismo, Mariola
Martínez; su secretario
general, Jesús Galindo; el
jefe de gabinete de la
Consejería de Turismo, José
Fidel Saura; y el segundo 'conseguidor'
de la trama, el exalcalde
socialista de Cartagena,
José Antonio Alonso Conesa.
De las tres piezas a punto
de ser concluidas, es la que
previsiblemente siente a más
personas en el banquillo de
los acusados.
Además, hace casi un año, en
junio de 2015, agentes de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil se
desplazaron al consistorio
de Cartagena para reclamar
los expedientes de todos los
contratos adjudicados por
éste a EICO Online
Reputation Management SL y
Madiva Editorial y
Publicidad SL, la empresas
del conseguidor de la trama,
Alejandro de Pedro, dentro
de la segunda fase de la
Operación Púnica, que centró
las sospechas sobre la
entonces alcaldesa en
funciones de la localidad,
Pilar Barreiro Álvarez,
sobre la que hace un mes y
medio el juez Velasco volvió
a requerir documentación que
esclareciese su papel dentro
de los hechos investigados.
http://vozpopuli.com/actualidad/81811-el-juez-de-punica-cerca-al-pp-pide-datos-del-partido-en-murcia-y-cartagena
EL JUEZ VELASCO PONE EL
PUNTO DE MIRA A LA FUNDACIÓN
DE LA ENERGÍA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
El magistrado ha solicitado
en los últimos meses
informes a la Agencia
Tributaria sobre este
organismo. Así lo revela el
último auto del instructor..
El titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco
acordó este pasado viernes
el levantamiento del secreto
de sumario de la
investigación relacionada
con la Operación Púnica,
salvo una pieza nueva en la
que se investiga a Javier
López Madrid y Beltrán
Gutiérrez Moliner. La
disposición incluye la
referencia a un auto del
pasado 11 de noviembre por
el que se acordaba requerir
información sobre la
Fundación de la Energía de
la Comunidad de Madrid. En
concreto, a la Asociación
Española de Banca (AEB), la
Unión Nacional de
Cooperativas de Crédito (UNACC),
la Confederación Española de
Cajas de Ahorro (CECA) y
auxilio judicial a la
Agencia Tributaria (AEAT).
La institución es pública y
tiene el apoyo de las
principales compañía
eléctricas
La Fundación de la Energía
de la Comunidad de Madrid
tiene como principal
objetivo fomentar el
conocimiento, desarrollo y
aplicación de las
tecnologías energéticas.
También persigue una mejora
del ahorro y la eficiencia
energética. Es una
institución pública, fundada
por la Comunidad de Madrid,
BP España, CEPSA, Endesa,
Gas Natural, Iberdrola,
Repsol y Unión Fenosa.
Como patronos natos de la
entidad figuran seis
miembros de la Consejería de
Economía y Hacienda:
consejero; viceconsejero;
director general de
Comercio; director general
de Industria, Energía y
Minas; director general de
Economía, Estadística e
Innovación Tecnológica y el
gerente del Instituto
Madrileño de Desarrollo.
También están representados
la Cámara Oficial de
Comercio e Industria en la
Comunidad de Madrid, la
Confederación Empresarial de
Madrid, la Universidad
Politécnica de Madrid, la
Universidad Rey Juan Carlos,
CEPSA, Endesa, Gas Natural,
Fundación Iberdrola, Repsol
y Unión Fenosa.
El juez Velasco acordó
además abrir una nueva pieza
separada, la número 13, que
no mantiene secreta y que
gira en torno a las
presuntas irregularidades
detectadas en la gestión de
Francisco Granados y sus
colaboradores con las
empresas públicas Prisma,
Arpegio y Fundación Arpegio.
A esta pieza se unirán las
declaraciones prestadas y la
documentación relativa a
dichas sociedades, así como
al concierto Nigth of the
Prom, organizado por la
empresa Waiter Music en
2007.
El juez ha abierto pieza
separada por las
irregularidades en torno a
Prisma, Arpegio y Fundación
Arpegio
El magistrado reclamó el
pasado 21 de enero a la
Comunidad de Madrid toda la
documentación sobre la
organización en 2007 del
citado concierto tras
recibir un informe de la
Guardia Civil que destapaba
irregularidades en el
convenio de colaboración que
firmaron la sociedad pública
Arpegio, la Consejería de
Cultura y Waiter Music SL.
El propietario de esta
última, José Luis Huerta
Valbuena, declaró que
recibió la aprobación de
exdirigente del PP "tomando
una copa".
El nombre de Arpegio está
ligado a una línea de
investigación dentro del
sumario del caso Púnica. El
pasado 29 de febrero,
agentes de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil acudieron por
sorpresa a la sede que la
empresa pública Arpegio
Áreas de Promoción
Empresarial SA (la
presidenta la Comunidad,
Cristina Cifuentes, acaba de
anunciar su disolución)
tenía en el madrileño Paseo
de Castellana. Su objetivo
era reclamar a sus actuales
responsables nuevos
contratos relacionados con
el denominado Plan Prisma,
el programa de inversiones
en obra pública en
municipios de la región que
gestionaba la Comunidad de
Madrid mediante esta
sociedad que estuvo bajo
control de Francisco
Granados durante su etapa de
consejero de Presidencia.
http://vozpopuli.com/actualidad/81855-caso-punica-el-juez-velasco-pone-el-punto-de-mira-a-la-fundacion-de-la-energia-de-la-comunidad-de-madrid
LOS 23 CONTRATOS QUE SUMAN
11,8 MILLONES Y QUE SALPICAN
AL 'NÚMERO 3' DE CIFUENTES
Tras la confesión de David
Marjaliza, la UCO investiga
las adjudicaciones de dos
empresas concretas en los
planes Prisma 2006-2007 y
2008-2011, gestionados por
Jaime González Taboada
Dos empresas que se llevaron
23 contratos que suman 11,8
millones de euros en un
periodo de seis años. El
juez instructor del caso
Púnica, Eloy Velasco, y la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil
han empezado a mirar con
lupa las adjudicaciones que
dos sociedades ganaron entre
2006 y 2011 dentro del Plan
Prisma de la Comunidad de
Madrid, un plan financiado
por el Gobierno regional
para ejecutar inversiones a
los municipios madrileños.
Obras que salpican
directamente al actual
consejero de Medio Ambiente
y 'número tres' del Gobierno
de Cristina Cifuentes, Jaime
González Taboada.
Como ya adelantó 'El
Confidencial', el empresario
David Marjaliza, principal
cabecilla de la trama y
socio del exconsejero de la
Comunidad de Madrid
Francisco Granados, reveló
ante el magistrado de la
Audiencia Nacional el nombre
de una empresa que
supuestamente les pagaba
comisiones tras ser
adjudicataria de obras
públicas en la región.
Comisiones que se repartía
no solo Marjaliza como
intermediario, sino también
los políticos que al parecer
gestionaban esas obras. Pero
no era solo una. Los
investigadores han sabido
ahora que había una segunda
empresa que también pagaba
comisiones.
Taboada planificaba el Plan
Prisma y estaba en la mesa
de contratación de Arpegio,
con Granados de presidente,
donde se gestionaban las
obras
Esas dos sociedades ganaron
23 contratos por un valor de
11,8 millones, adjudicados
en dos ediciones del Plan
Prisma; la 2006-2007 y la
2008-2011. El ahora 'número
tres' de Cifuentes fue
durante una década director
general de Cooperación con
la Administración Local del
Gobierno regional, dirección
de la que dependía la
planificación del plan
Prisma. En febrero de 2006,
esta dirección firmó un
convenio con Arpegio
(empresa pública de suelo),
para que este ente
gestionara el Prisma.
Granados, actualmente en
prisión, fue presidente de
Arpegio entre abril de 2005
y diciembre de 2007. Es
decir, Taboada planificaba
el plan Prisma y Arpegio
(con Granados como
presidente) lo gestionaba.
Granados fue además
consejero de Presidencia,
Justicia e Interior desde
diciembre de 2004 a junio de
2011, con gran poder e
influencia dentro del
Ejecutivo autonómico.
González Taboada estuvo en
la Mesa de Contratación de
Arpegio en esas dos
ediciones del plan Prisma.
La Mesa es el órgano técnico
que valora las ofertas
presentadas por las empresas
que concurren a una
adjudicación.
Una 17 contratos y otra,
cinco
Por eso los investigadores
están analizando los
contratos que estas dos
empresas se llevaron entre
2006 y 2011, periodo en el
que Granados y Taboada
tenían poder de decisión.
Una de ellas ganó 17
contratos para realizar
diversas obras del Prisma en
las localidades de Pinto,
Batres, Fuenlabrada,
Aranjuez, Leganés,
Villamanta, Algete, El
Escorial, Majadahonda,
Fresno del Torote, Alameda
del Valle y Móstoles.
Contratos que suman 6,43
millones de euros. La
segunda empresa ganó otros
cinco contratos en Móstoles,
Navas del Rey, Paracuellos
del Jarama y Valdilecha por
un valor total de 5,22
millones de euros.
Marjaliza facilitó el nombre
de estas dos firmas e
incluso el nombre de algún
directivo que supuestamente
hacía los pagos. La
colaboración del empresario
ha sido el motivo por el que
el magistrado revocó su
prisión provisional a cambio
de una fianza de 100.000
euros. Su declaración sigue
secreta y en ella desgranó
el sistema de reparto de
comisiones entre los
políticos implicados. El
juez y la UCO están ahora
intentando establecer una
conexión, "una tarea
complicada", a la espera de
que Marjaliza aporte más
detalles. Fuera del periodo
2006-2011, esas dos empresas
también ganaron otros 10
contratos del Plan Prisma
valorados en dos millones de
euros. Taboada siempre ha
negado los hechos y espera
que se levante el secreto de
la declaración de Marjaliza
para emprender acciones
legales contra Marjaliza.
Uno de los tentáculos del
caso Púnica agarra con
fuerza a la empresa pública
Arpegio. La UCO investiga
también ocho contratos que
Arpegio y la Fundación
Arpegio firmaron con tres
empresas de la trama: Waiter
Music, la constructora DICO
y Aranan Gestión Patrimonio
Inmobiliario, estas dos
últimas vinculadas al
empresario David Marjaliza.
El montante de todas estas
operaciones asciende a 11,7
millones de euros. Aunque ha
aparecido un nuevo contrato
que se llevó DICO por valor
de 409.000 euros.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-04-25/los-25-contratos-que-suman-8-millones-y-que-salpican-al-numero-3-de-cristina-cifuentes_1188627/
EL JUEZ PIDE IMPUTAR AL
DIPUTADO DE CIFUENTES,
DANIEL ORTIZ, POR CORRUPCIÓN
Eloy Velasco remite la
exposición razonada al
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid para que
investigue al aforado por
seis delitos
El juez halla sólidos
indicios de que junto a sus
cómplices, Ortiz percibió
746.000 euros de la trama
por facilitar un contrato de
73 millones a la firma de la
Púnica, Cofely, mientras era
alcalde de Móstoles
Los mensajes del exalcalde
de Móstoles sobre el
contrato investigado de
Cofely
En su escrito, el titular
del Juzgado Central de
Instrucción 6 entiende que
la conducta del aforado
Daniel Ortiz sería
constitutiva de los delitos
de fraude contra la
administración pública,
tráfico de influencias, uso
de información privilegiada,
infidelidad en la custodia
de documentos y revelación
de secretos e informaciones
y cohecho.
A lo largo de los 74 folios
de la exposición razonada el
magistrado incluye todos los
indicios recabados a lo
largo de la instrucción,
entre ellos numerosa
documentación, escuchas
telefónicas, correos
electrónicos y declaraciones
policiales y judiciales que
obran en el procedimiento.
El juez explica que en esta
pieza del caso Púnica, la
sexta, se investigan las
presuntas irregularidades en
la adjudicación de contratos
entre ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid y la
multinacional Cofely.
En el caso concreto de
Móstoles, el juez Velasco
señala que durante su
mandato (2013-2014) “se han
detectado presuntos actos de
corrupción” en beneficio de
Cofely “con un ánimo de
lucro personal como
contrapartida” en el que fue
en su día regidor del
Ayuntamiento, además de en
su concejal de Medio
Ambiente Alejandro Utrilla
Palombi y su hermano Mario
Utrilla Palombi, diputado
regional en la anterior
Asamblea de Madrid y antiguo
alcalde de Sevilla La Nueva,
“que se erigieron como
intermediarios-representantes
de todos ellos en las
negociaciones del cobro de
dádivas”.
Por parte de Cofely actuaron
“activamente” responsables
del Departamento Comercial,
principalmente su director,
Constatino Álvarez, el
responsable de Mercado
Público, Pedro García Pérez,
así como personal del
Departamento de Operaciones
y el director general de la
compañía en España, Mauricio
Didier.
Participó también David
Marjaliza, como asesor
comercial externo de la
empresa, como conseguidor
del contrato, como
intermediario con los
mencionados cargos públicos
municipales en la obtención
de informaciones reservadas
para preparar las ofertas de
la compañía, como
representante de la compañía
en la negociación de los
pagos de las comisiones e
incluso como financiador,
adelantando los primeros
pagos de comisiones, objeto
luego de reembolso, tal y
como él mismo ha confesado
en el juzgado.
La exposición razonada
detalla todos los indicios
recabados contra Daniel
Ortiz en las fases de
licitación, adjudicación y
ejecución del “contrato
administrativo mixto de
suministros y servicios
energéticos y mantenimiento
integral con garantía total
de los edificios municipales
y centros educativos del
municipio de Móstoles”,
licitado el 12 de diciembre
de 2013 y adjudicado el 20
de 2014 por importe de
73.143.434,76 euros por un
periodo de 12 años.
Daniel Ortiz, según el juez
de la Audiencia Nacional,
recabó información del
avance de la fase de
licitación del contrato
presionando continuadamente
sobre empleados públicos y
autoridades municipales,
“prevaliéndose de su
posición como alcalde de la
localidad”, especialmente
sobre el concejal promotor
del expediente, David
Sánchez Rey, llegando
incluso a solicitarle la
interrupción del
procedimiento de
adjudicación, interfiriendo
en el proceso reglado de
decisión de la Mesa de
Contratación, único órgano
competente sobre el
contrato, del que no formaba
parte.
Según Velasco, durante la
tramitación del
procedimiento puso en marcha
“una dinámica de mensajes e
intercambios de informes
confidenciales que generaron
un auténtico circuito
paralelo encubierto de
licitación, remitiendo
subrepticiamente a los
empleados de Cofely (…)
documentos confidenciales de
la oferta de un licitador
competidor”.
Dicha actuación se hizo,
continúa el juez, al objeto
de que los cuadros técnicos
de esa multinacional
realizaran “como
efectivamente realizaron, un
contra-informe anónimo para
excluir al competidor mejor
baremado hasta entonces”,
con el fin de ayudar a esa
empresa –Cofely España-
“facilitándole información
que no podía adelantar y que
sólo filtró a ella”.
El escrito del juez señala
que las irregularidades se
hicieron a cambio de
cantidades entre 240.000
euros, 500.000 euros y 6.000
euros “como reconocimiento a
su ayuda para obtener el
contrato”, dinero que salió
con cargo al presupuesto
mismo de ejecución del
contrato mediante
facturación que se giró al
Ayuntamiento mediante
conceptos como una simulada
auditoría por importe del 2
por ciento del presupuesto
de adjudicación en 12
anualidades.
También a cambio de “una
serie de reformados que no
eran más que una ficción de
gastos para generar a costa
del erario municipal el
efectivo necesario para
abonar las dádivas
prometidas que, en perjuicio
del servicio, la competencia
y el erario público repartió
con otras autoridades
municipales y que llevó a
que finalmente se le
adjudicara el contrato a la
empresa indicada”.
http://cadenaser.com/ser/2016/05/11/tribunales/1462959427_720364.html
LOS 28 DOCUMENTOS, MENSAJES
Y REUNIONES QUE ACORRALAN AL
AFORADO DE CIFUENTES EN EL
'CASO PÚNICA'
'Vozpópuli' detalla el
contenido del cronograma
elaborado por la UCO con las
comunicaciones
comprometedoras que han
permitido al juez Velasco
poner al borde de la
imputación a Daniel Ortiz,
ex alcalde de Móstoles y
actual parlamentario
regional.
La presidenta de la
Comunidad de Madrid, la
'popular' Cristina
Cifuentes, en apuros. La
exposición razonada enviada
este miércoles por el
titular del Juzgado Central
de Instrucción número 6,
Eloy Velasco, al Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) para que
comience a investigar por el
'caso Púnica' a Daniel Ortiz
Espejo, ex alcalde de
Móstoles, actual diputado
regional del PP y, por lo
tanto, aforado, pone de
relieve la existencia de
numerosos mensajes, llamadas
telefónicas y documentación
comprometedores. Son los que
intercambiaron los
principales protagonistas
del supuesto amaño de un
contrato de eficiencia
energética de 74 millones de
euros en el municipio
madrileño. El documento del
magistrado se sustenta en
dos informes elaborados por
la Unidad Central Operativa
(UCO) y, sobre todo, en el
segundo de ellos, entregado
en la Audiencia Nacional el
pasado 28 de marzo y al que
ha tenido acceso Vozpópuli.
En el mismo, los agentes
detallan en un completo
cronograma los 28 indicios
en los que se sustentan la
decisión del juez Velasco de
pedir al TSJM que actúe
contra el diputado madrileño
por seis delitos de
corrupción.
Febrero de 2013. El
contructor y presunto
cabecilla de la trama, David
Marjaliza, remite un email a
Pedro García, directivo de
la filial española de la
multinacional Cofely-GDF
Suez, supuestamente autora
del amaño. Es el indicio más
antiguo de las
irregularidades del contrato
bajo sospecha. Según se
recoge en dicho correo
electrónico, el primero
señalaba que "están
esperando a que se produzca
esta reunión y a la
impresión que saque el
alcalde de la compañía para
dar el siguiente paso", sin
concretar.
Los detalles los aportará un
edil del Consistorio
mostoleño que ha declarado
como testigo. Se trata del
entonces concejal de
Infraestructuras David
Sánchez del Rey, quien
aseguró que dicho encuentro
se celebró ese mismo mes de
febrero de 2013 y que al
mismo asistieron él y otros
dos miembros el equipo de
gobierno municipal y dos
representantes de la
compañía. Sus compañeros del
Ayuntamiento fueron,
precisamente, el regidor,
Daniel Ortiz, y el concejal
de Medio Ambiente Alejandro
Utrilla, imputado en la
causa. Por parte de la
multinacional asistieron su
director general en España,
Maurice Didier, y el
directivo Constantino
Álvarez. La fecha no aparece
concretada.
20 de marzo de 2013. El
anterior no sería la única
reunión secreta entre
empresa y miembros del
Consistorio. En la agenda
intervenida a otro ejecutivo
de Cofely, Pedro García, la
Guardia Civil encontró en la
página de ese día la
anotación manuscrita "Móstoles
(reunión Alej. Utrilla)", en
clara referencia al concejal
señalado ahora por el juez
Velasco como uno de los
"intermediarios-representantes"
en la trama junto a su
hermano Mario, ex alcalde en
Sevilla La Nueva y
parlamentario regional en la
anterior legislatura
autonómica, y el propio
Daniel Ortiz.
26 de septiembre de 2013.
Ese día, dos directivos de
Cofely imputados
intercambiaron correos
electrónicos. En concreto,
Constantino Álvarez remitía
a Pedro García un mensaje
informándole de una llamada
que el primero había
recibido del director de
Infraestructuras y
Mantenimiento del
Ayuntamiento: "Han avanzado
mucho pero dado que hay un
compromiso con Cofely por
parte del alcalde y del
concejal [presuntamente
Ortiz y Utrilla] nos ponemos
en contacto con vosotros",
rezaba el mismo.
23 de enero de 2014. Cuatro
meses después de aquellos
primeros contactos y
mensajes, se reunía la Mesa
de Contratación del
Consistorio para abrir los
sobres que contenían la
documentación
administrativa, los llamados
'sobre número 1'. Tres eran
las compañías que aspiraban
a hacerse con el millonario
de eficiencia energéticas:
Fulton, Dalkia y la propia
Cofely.
30 de enero de 2014. Este
mismo órgano municipal se
volvía a reunir y levantaba
acta del contenido del sobre
número 2, el que contenía la
oferta "que debía evaluarse
mediante juicios de valor",
recoge el documento de la
Guardia Civil.
7 de marzo de 2014. Una
responsable del Consistorio
mostoleño, Carmen Moratinos,
emitía el informe de
valoración sobre las ofertas
de las tres compañías. En
él, Fulton "obtiene la
puntación más alta". En
concreto, 10,7 puntos más
que la multinacional
francesa. Ante esta
circunstancia, la presunta
implicación del hoy diputado
aforado se comenzaba a hacer
más evidente.
12 de marzo de 2014. Daniel
Ortiz remitía al concejal
David Sánchez del Rey una
cadena de mensajes de
whatsapp que tanto la UCO
como el juez Velasco han
considerado ahora muy
reveladores. En él, el hoy
diputado regional le
ordenaba a su concejal que
"no lleves mañana tema
oferta económica... Ok?"
"Recibido. Te refieres a que
no demos lectura de informe
del sobre 2 ni abrir el
sobre 3?", fue la respuesta
de este último. El entonces
alcalde se lo confirma:
"Eso... ya os cuento a ti y
a Vanesa", en referencia
otra integrante del equipo
de gobierno del consistorio,
Vanesa Martínez.
Ese mismo día, los dos
protagonistas del
intercambio de mensajes de
móvil mantuvieron una
reunión en la que Daniel
Ortiz puso sobre la mesa la
que finalmente sería la
excusa para anular la mejor
oferta y darle el millonario
contrato a Cofely: sus
"dudas sobre la capacidad
económica de Fulton [la otra
empresa] para afrontar las
inversiones".
De nuevo en la misma
jornada, el concejal remitía
a Daniel Ortiz un correo
electrónico, con copia para
su compañera Vanesa
Martínez, en el que "parece
justificar por qué Fulton
supera la solvencia
económica y por qué obtuvo
la mayor puntuación en el
sobre 2". En el mismo
mensaje, el edil responsable
de Infraestructuras proponía
"solicitar aclaraciones
sobre capacidad
económica-financiera por la
preocupación del alcalde".
También ese día de marzo,
Daniel Ortiz reenviaba el
email anterior al también
imputado Alejandro Utrilla.
Éste, a su vez, le daba su
opinión sobre la estrategia
a seguir.
13 de marzo de 2014. La Mesa
de Contratación leía el
informe del sobre 2 que daba
la mejor puntuación a Fulton
e, inmediatamente después,
abría el sobre 3, el de la
oferta económica. El acta de
dicho encuentro no reflejó
que se detectase ningún
error en las ofertas y, a la
vista de las cifras, la
compañía rival de Cofely
"sería la virtual
adjudicataria", recoge
textualmente el cronograma
de la Guardia Civil.
14 de marzo de 2014. El
Ayuntamiento decidía por
sorpresa hacer un
requerimiento de información
a Fulton "por posible baja
temeraria en las
prestaciones" y otro a las
tres compañías participantes
en el concurso "para que
aclaren la capacidad
económico financiera para
afrontar las prestaciones"
en la misma línea marcada
por el entonces alcalde de
Móstoles.
Ese mismo día, el ahora
diputado autonómico
reenviaba a Alejandro
Utrilla un correo de David
Sánchez del Rey en el que
éste informaba al primero
del anterior requerimiento a
Fulton.
17 de marzo de 2014. El
directivo de Cofely Pedro
García le informaba a su
compañero Constantino
Álvarez de que el
requerimiento de nueva
infromación económica "se
enmarca en el interés del
Ayuntamiento en desechar la
oferta de Fulton", sus
competidores.
En la misma jornada,
Constantino Álvarez el que
enviaba un email, en ese
caso a uno de sus
subordinados. Lo hacía para
que éste preparase para el
día siguiente "antes de las
14 horas" un informe
'fantasma' sobre las
supuestas deficiencias de su
rival en la puja.
"Obviamente, si somos
capaces de demostrar lo que
nos piden, Cofely superaría
a nuestro principal
competidor en este tema", se
leía textualmente en el
mismo.
Ese mismo día, Pedro García
se volvía a poner en
contacto por email con su
compañero Álvarez para
solcitarle que se
preparasenunos informes
financieros de las otras
sociedades concurrentes con
la finalidad de "desmontar
la viabilidad de la
propuesta de Fulton".
20 de marzo de 2014.
Constantino Álvarez se
dirigía ese día a un
subordinado por correo
electrónico para 'meterle
prisa'. "Necesitamos
entregar un informe con un
análisis financiero de las
cuentas de Fulton como apoyo
para desestimar su oferta.
No es suficiente con un
correo. Ese informe debe ser
en papel blanco, sin
membrete", en un claro
intento de que no se supiera
quién era realmente el autor
del mismo.
Con poco tiempo de
diferencia, Pedro García
recibía un correo
electrónico que incluía
información bancaria y un
cuatro financiero de Fulton
que figuraban en la
documentación confidencial
que esta empresa había
entregado al Ayuntamiento de
Móstoles junto a su oferta.
Los agentes destacan en su
informe que en los registros
realizados en la sede de
Cofely tras las primeras
detenciones de octubre de
aquel año se encontró "más
documentación de Fulton de
este tipo".
24 de marzo de 2014. La
técnico municipal Carmen
Moratinos redactaba el
informe de valoración del
sobre 3 del concurso, el
referido a la oferta
económica, el cual daba como
adjudicatario a Fulton al
considerar que no se había
detectado ningún error en su
propuesta. Sin embargo, este
informe nunca se incorporó
al expediente del concurso,
porque la concejal Vanesa
Martínez, que formaba parte
de la mesa de contratación
dijo 'in extremis' que se
había percatado de un error.
El informe apareció,
finalmente, en el despacho
del directivo de Cofely
Pedro García durante los
registros de la Guardia
Civil.
Ese mismo día, dos empleados
de la compañía
intercambiaban un correo en
el que uno explica que
"necesitan tener algún tipo
de justificación para
Móstoles antes del día 25".
También el día 24 de marzo,
Alejandro Utrilla escribía
un email al alcalde Daniel
Ortiz en el que se asegura
que "el miércoles me dan el
análisis de los papeles" sin
más concreción.
25 de marzo de 2014. Sólo 24
horas más tarde, uno de los
trabajadores de la
multinacional remitía a su
superior Pedro García "una
versión inicial del informe
anónimo que estaban
preparando para un concejal
del Ayuntamiento de Móstoles
[se supone que Utrilla]" en
el que ya "se detecta el
error en la oferta económica
de Fulton".
Ese mismo, día, Pedro García
recibía el documento
definitivo adjunto a un
correo electrónico.
También el 25 de marzo,
Daniel Ortiz enviaba un
nuevo whatsapp al concejal
de Infraestructuras para
comunicarle lo que le había
dicho Utrilla poco antes.
"Mañana creo tengo respuesta
sobre documentación que me
diste... OK?".
1 de abril de 2014. La
concejal Vanesa Martínez y
una funcionaria daban cuenta
del supuesto error en la
oferta de Fulton. Ese mismo
día, el Departamento de
Contratación del Consistorio
emitía el informe excluyendo
a ésta compañía y a la
tercera que había presentado
oferta, Dalkia, por un
ficticio error no subsanable
en sus ofertas.
Entre el 16 de julio y el 8
de octubre de 2014. Con la
Guardia Civil tras los pasos
de los principales
integrantes de la trama, los
'pinchazos' revelaron
durante aquellos meses la
existencia de "reiteradas
llamadas telefónicas" de los
directivos de Cofely
Constantino Álvarez y Pedro
García, a los hermanos
Alejandro y Mario Utrilla, y
el constructor David
Marjaliza, 'conseguidor' del
pelotazo. En las mismas,
según recoge el cronograma
de la UCO, "se aborda el
pago de comisiones por el
contrato de Móstoles". El
juez las cuantificó entre
500.000 y 240.000 euros en
el escrito que acaba de
remitir al TSJM
22 de septiembre de 2014. De
todas esas llamadas, los
agentes destacan en su
informe una registrada este
día de septiembre entre los
dos altos cargos de la
multinacional. En ella,
Constantino Álvarez le
aseguraba a su interlocutor
que había hablado con el
director general de la
compañía, Maurice Didier,
"de varias cosas. La
primera, bueno, eh... le he
comentado que hay que
resolver los de los 240.000
euros" Pedro García le
responde con unas palabras
que la Guardia subraya y
pone en mayúscula en su
cronograma por su
relevancia: "Lo que es
indiscutible, que es lo que
le decía yo a Antonio, digo
Antonio, no estaba previsto
pero nadie puede negar que
nos han echado una mano en
que resultáramos
adjudicatarios del
contrato". Son el punto
final al informe que ha
puesto contra las cuerdas al
diputado Daniel Ortiz y en
apuros, a Cristina
Cifuentes.
http://vozpopuli.com/actualidad/81646-los-28-documentos-mensajes-y-reuniones-que-acorralan-al-aforado-de-cifuentes-en-el-caso-punica
UN NUEVO INFORME DE LA UCO
"REFUERZA" LAS PRUEBAS EN
PÚNICA CONTRA UN AFORADO DE
CIFUENTES
La Guardia Civil entrega en
la Audiencia Nacional la
ampliación de un informe de
septiembre que ya señalaba
al 'popular' Daniel Ortiz,
ex alcalde de Móstoles y hoy
diputado en la Asamblea de
Madrid, como uno de los
presuntos implicados en las
irregularidades de un
contrato de 75 millones de
euros.
Veinticinco folios
demoledores. La Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil ha
entregado recientemente en
la Audiencia Nacional la
ampliación a un informe que
hizo el pasado septiembre
sobre el supuesto amaño para
la adjudicación a la trama
Púnica de un millonario
contrato por parte el
Ayuntamiento de Móstoles
(Madrid) con nuevos datos
que "reforzarían la
participación del ex alcalde
Daniel Ortiz Espejo en el
presunto concierto urdido
para predeterminar el
resultado de la licitación
en favor de Cofely", una de
las empresas más salpicadas
por el escándalo. El
documento policial, cuya
existencia no era conocida
hasta ahora, llegó a la
Audiencia Nacional el pasado
28 de marzo y menos de un
mes después el titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy
Velasco, elevaba a la
Asamblea de Madrid un oficio
para que certificase la
actual condición de
parlamentario regional del
PP, y por tanto aforado, del
ex regidor del municipio
madrileño. Es el primer paso
para la imputación del
diputado de Cristina
Cifuentes, presidenta
'popular' de la Comunidad de
Madrid.
Las nuevas pruebas contra el
diputado regional Daniel
Ortiz han sido aportadas de
manera voluntaria por uno de
sus concejales en el
Ayuntamiento de Móstoles
El informe de la UCO, al que
ha tenido acceso Vozpópuli,
detalla que el motivo para
realizar este documento de
ampliación es la llegada el
pasado mes de octubre a la
Audiencia Nacional de nuevas
pruebas desconocidas cuando
se realizó el anterior
documento, fechado el 14 de
septiembre. En concreto, se
refiere a "dos cadenas de
mensajes enviadas por
teléfono móvil" en marzo de
2014 entre Daniel Ortiz y el
que fuera su concejal de
Infraestructuras y
Mantenimiento, David Sánchez
del Rey. El contenido de
dichos mensajes, adelantado
entonces por la Cadena Ser,
sirve ahora a la Guardia
Civil para completar el
cronograma de comunicaciones
de todo tipo (llamadas,
emails, mensajería
instantánea...) que
intercambiaron entre febrero
de 2013 y septiembre de 2014
los principales implicados
de la trama para amañar
presuntamente a favor de la
filial española de Cofely-GDF
Suez un contrato de
eficiencia energética de 75
millones de euros, el mayor
'pelotazo' de la Púnica
destapado hasta ahora.
Según destacan los autores
del documento policial,
"estas nuevas
comunicaciones" permiten
alcanzar "conclusiones que
reforzarían la
participación" del diputado
regional ya que las misma,
producidas en marzo de 2014,
coinciden temporalmente "con
la fase de adjudicación del
contrato de eficiencia
energética". Estos datos son
respaldados con las
declaraciones que ante la
propia Guardia Civil y el
juez Velasco hizo como
testigo el concejal David
Sánchez del Rey, receptor de
los mensajes del ex alcalde
de Móstoles y que ha sido la
persona que finalmente ha
aportado de manera
voluntaria las nuevas
pruebas a la causa. Con
ellos, recalca el documento
policial, la UCO cree haber
terminado de "identificar
los acuerdos extraoficiales
y ajenos al expediente de
contratación con los que se
pretendería desechar la
oferta del licitador mejor
posicionado para lograr la
adjudicación y, por tanto,
beneficiar, a Cofely".
28 comunicaciones
El minucioso cronograma
incorporado ahora al sumario
detalla 28 comunicaciones y
sitúa los nuevos mensajes
que implican al diputado de
Cifuentes en octavo y
vigésimo quinto lugar del
mismo. Así, la primera de
estas cadenas ahora
incorporadas se produjo el
12 de marzo de 2014, poco
antes de las diez de la
mañana. En la misma, el ex
alcalde de Mostoles da
instrucciones al concejal de
Infraestructuras "sobre los
tiempos en que debería irse
desarrollando la fase de
adjudicación del contrato
[...]. Concretamente, Daniel
Ortiz le conminaba a
retrasar la apertura de los
sobres que contenía la
oferta económica: 'No lleves
mañana tema oferta
económica... Ok?". La UCO
destaca a continuación un
segundo mensaje de aquel
día, en concreto uno en el
que el hoy diputado regional
tenía "la intención de
explicar el porqué de la
dilación" tanto a su
interlocutor como a otra
concejal, Vanesa Martínez,
presidenta precisamente de
la mesa de contratación "que
también jugó un papel
relevante" en el concurso
amañado.
La Guardia Civil ha incluido
los dos mensajes del ex
alcalde en un cronograma con
28 comunicaciones entre
implicados en la trama que
detalla cómo se hizo el
amaño
"Estas instrucciones, que a
priori pueden paracer
irrelevantes, no lo son si
las analizaros en el
contexto", destaca el nuevo
documento policial. Sus
autores inciden en que
Daniel Ortiz dice lo que hay
que hacer en una
adjudicación en la que "a
priori no tiene potestad" ya
que no formaba parte del
órgano municipal que iba a
decidir sobre ella. En este
sentido, la Guardia Civil
resalta la declaración que
el concejal David Sánchez
del Rey prestó como testigo
en la comandancia el pasado
27 de octubre y en la que
reconocía que no era
"habitual" que el entonces
alcalde se inmiscuyera en
estos asuntos y que si le
hizo caso fue porque "lo
consideró una orden y la
acató". El edil también
recalcó que no entendía por
qué el regidor "quería
retrasa la apertura del
sobre 3 [el de la oferta
económica] y la lectura del
informe del sobre 2".
Para los investigadores, sin
embargo, sí existe
explicación a esta actitud
del hoy aforado. La misma se
encuentra en las
"comunicaciones paralelas y
ajenas al expediente de
contratación entre
directivos de Cofely y
cargos públicos del
Ayuntamiento de Móstoles",
entre ellos el propio Daniel
Ortiz. El objetivo de todos
ellos era "encontrar
deficiencias" en la oferta
que había presentado la
empresa Fulton para, de este
modo, conseguir que fuera
Cofely la que se hiciera con
la adjudicación. Las
pesquisas han revelado que,
para ello, esta última
compañía se hizo con
documentación del expediente
que nunca debió salir del
Consistorio y que la UCO
sospecha que fue extraída
por otro de los ediles
presuntamente implicados,
Alejandro Utrilla, concejal
de Medio Ambiente del
municipio y detenido en
octubre de 2014 Los agentes
recogieron el testimonio de
una responsable del
Consistorio que les aseguró
que las empleadas de
limpieza le habían asegurado
haber visto a este último
"en el Departamento de
Contratación en horas en las
que no había trabajadores y
dando justificaciones
incongruentes de su visita".
Segunda cadena de mensajes
La segunda cadena de
mensajes que ha provocado el
nuevo informe policial se
produjo casi dos semanas
después. En concreto, el 25
de marzo de 2014. En ella,
Daniel Ortiz avisaba al
concejal de Infraestructuras
de que "mañana creo que
tengo la respuesta sobre la
documentación que me diste".
El informe de la Guardia
Civil resalta que "es
importante situar en el
tiempo este correo para
comprender en qué fase de la
adjudicación se envió y cuál
podría ser su propósito". De
hecho, aquel día "ya se
había dado lectura al
informe de valoración del
sobre 2 (criterios
subjetivos) y, por tanto, la
adjudicación dependía
únicamente de aquellos
criterios que se evaluaban
mediante fórmulas (criterios
objetivos que no dejan
margen alguno de
interpretación)". Por ello,
los agentes consideran que
el hoy aforado se refería a
la documentación sobre los
licitadores que había pedido
con anterioridad a David
Sánchez del Rey y con la que
supuestamente Cofely elaboró
"un informe anónimo sobre
las debilidades" de la
oferta de su competidora
Fulton, que era la que
estaba a punto de llevase el
concurso. Es el que
supuestamente permitió al
Ayuntamiento amañar el
contrato para que fuera la
multinacional implicada en
la trama Púnica la que
finalmente se hiciera con
él.
Dos directivos de Cofely
reconocían en una
conversación 'pinchada' que
"nadie puede negar que nos
han echado una mano en que
resultáramos adjudicatarios
del contrato"
Por ello, los agentes
concluyen que este segundo
mensaje del ex alcalde de
Móstoles "refuerza más aún"
las pruebas ya recopiladas
hasta ese momento sobre el
presunto fraude. Y resaltan
que, poco después del mismo,
Pedro García y Constantino
Álvarez, dos de los
directivos de Cofely que
fueron detenidos en la
'Operación Púnica', hablan
de esta supuesta 'ayuda' de
Daniel Ortiz y el concejal
Alejandro Utrilla en una
conversación telefónica
intervenida por orden
judicial: "Nadie puede negar
que nos han echado una mano
en que resultáramos
adjudicatarios del
contrato". La mordida
prevista por ello fue de
240.000 euros, de los que ya
se habían pagado 6.000 euros
cuando la trama fue
desmantelada a finales de
octubre de 2014. Ahora, el
juez Eloy Velasco espera que
la Asamblea de Madrid le
confirme la condición de
aforado de Ortiz para elevar
la causa al Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid y actuar contra el
diputado regional de
Cristina Cifuentes que aún
se aferra a su escaño.
http://vozpopuli.com/actualidad/81345-un-nuevo-informe-de-la-uco-refuerza-las-pruebas-en-punica-contra-un-aforado-de-cifuentes
PRIMER PASO PARA IMPUTAR A
DANIEL ORTIZ, DIPUTADO
REGIONAL DEL PP EN MADRID
El juez de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco,
pregunta a la Asamblea de
Madrid por la condición de
diputado del exalcalde de
Móstoles. Es el paso previo
para elevar la exposición
razonada al Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid, con el objetivo de
que impute al parlamentario
de Cifuentes por amañar un
contrato de 75 millones a
cambio de una mordida de
240.000
El titular del juzgado
central de instrucción
número 6 de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco, ha
remitido este viernes un
oficio a la Asamblea de
Madrid en el que pregunta si
el exalcalde de Móstoles,
Daniel Ortiz, es diputado
regional del Partido
Popular. Es el paso
protocolario, necesario y
previo a la redacción de la
exposición razonada, que en
el caso de Ortiz el juez
remitirá al Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid, único órgano
jurisdiccional que puede
proceder a su imputación e
investigación, debido a su
aforamiento.
El juez Velasco ha
encontrado fundados indicios
de que mientras era alcalde
de Móstoles, Daniel Ortiz
maniobró para que Cofely, la
principal empresa de la
Púnica, resultase
adjudicataria en 2014 de un
contrato de casi 75 millones
de euros en la localidad. A
cambio, la empresa pactó el
pago de una mordida,
supuestamente, de 240.000
euros. Los hechos serían
susceptibles de sendos
delitos de cohecho y fraude.
El juez se basa en un
informe de la Unidad Central
Operativa de la Guardia
Civil adjuntado al sumario
el 15 de septiembre pasado,
en el que los agentes
concluyeron que el entonces
alcalde, Daniel Ortiz, y su
concejal de Medio Ambiente,
Alejandro Utrilla, acordaron
el amaño a cambio de
“notorias comisiones”.
La Guardia Civil incluyó
numerosas pruebas que
implican al hoy diputado
Daniel Ortiz Espejo, como
documentos, escuchas
telefónicas y correos
electrónicos. También
apuntan al diputado dos
mensajes ‘sms’ aportados al
juzgado por quien fuera su
concejal, David Sánchez del
Rey. En esos mensajes,
avanzados por la SER, Daniel
Ortiz se interesó por la
adjudicación y ordenó
paralizar una de las fases
del proceso porque
perjudicaba a Cofely.
Sánchez del Rey declaró al
juez Velasco que los guardó
porque el comportamiento del
alcalde era inusual y
probaban que había recibido
órdenes del alcalde de
Móstoles para la
adjudicación.
El juez Velasco redactará y
remitirá en dos semanas la
exposición razonada al
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, para que
impute e investigue al
diputado regional del PP. La
presidenta regional de
Madrid, Cristina Cifuentes,
se ha comprometido a exigir
el acta de todo diputado que
resulte imputado en un
procedimiento judicial.
http://cadenaser.com/ser/2016/04/21/tribunales/1461262892_707376.html
LA UCO INVESTIGA CON SERIOS
INDICIOS A CINCO DIPUTADOS
DE CIFUENTES Y UN ALCALDE
Tras año y medio de intensas
pesquisas, la Guardia Civil
estrecha el cerco sobre
Bartolomé González, Juan
Soler, David Pérez, Daniel
Ortiz e Ignacio García de
Vinuesa
Tras año y medio de intensas
pesquisas, la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil va estrechando
poco a poco el cerco sobre
otros cargos públicos que
pueden estar implicados en
el caso Púnica. Se trata de
una causa compleja, que el
juez instructor, Eloy
Velasco, ha dividido en 12
piezas porque cada línea de
investigación está teniendo
una velocidad distinta. Los
agentes, por ejemplo, han
hecho una criba de toda la
documentación encontrada en
la sede de Waiter Music (una
de las empresas de la trama,
encargada de organizar
fiestas y conciertos en los
municipios) y han detectado
irregularidades en ocho
localidades distintas a las
ya investigadas hasta ahora.
Estos nuevos indicios
salpican a tres diputados
autonómicos de Cristina
Cifuentes y a un asesor
municipal del equipo de
Esperanza Aguirre,
actualmente concejala en el
Ayuntamiento de Madrid.
Además, fuera de la pieza de
Waiter Music, otros dos
diputados de Cifuentes
también están en el punto de
mira. De hecho, la Fiscalía
ya ha solicitado al juez
Velasco que inicie los
trámites para que se impute
al parlamentario Daniel
Ortiz, exalcalde de Móstoles.
Pero hay más. Un testigo
acaba de facilitar al
magistrado información sobre
una adjudicación de una obra
que implicaría también al
alcalde de una importante
localidad madrileña.
Los investigadores creen que
las adjudicaciones que se
llevó Waiter Music en
algunos municipios se
traducían en
contraprestaciones al
partido
Waiter Music facturó en
Valdemoro, el epicentro de
la trama, 8,98 millones de
euros entre los años 2004 y
2013. "Estos hechos
motivaron la apertura de una
línea de investigación
específica para tratar de
determinar si en la
contratación pública
adjudicada a las empresas de
José Luis Huerta Valbuena
[el dueño de Waiter]
pudieran concurrir
irregularidades que fueran
de relevancia penal, así
como averiguar la
participación de algunas de
las personas investigadas en
la causa. Las indagaciones
posteriores confirmaron las
evidencias iniciales sobre
la situación privilegiada de
Waiter en cuanto a la
contratación pública de
festejos, no solo a nivel
local sino también desde el
ámbito autonómico en la
Comunidad de Madrid", reza
el sumario judicial.
En un principio, la UCO
recabó información sobre más
de 40 municipios madrileños
que habían contratado con
Waiter, la inmensa mayoría
gobernados por el PP. Esta
empresa se dedicaba a
organizar fiestas patronales
y conciertos. La Guardia
Civil no tiene dudas de que
las adjudicaciones que se
llevaba Waiter se traducían
a cambio en
contraprestaciones para el
partido, en financiación
irregular. La pieza 7 se
ocupa de los contratos de
esta empresa y los agentes
están ultimando un informe
sobre otras localidades
donde han detectado
irregularidades. Ciudades
donde Waiter empezó a
trabajar solo cuando el PP
empezó a gobernar.
Alcalá, Getafe y Alcorcón
Las conclusiones de este
informe, según fuentes de la
investigación, podrían
salpicar a tres diputados
autonómicos: Bartolomé
González (exalcalde de
Alcalá de Henares), Juan
Soler (exalcalde de Getafe)
y David Pérez (actualmente
regidor de Alcorcón). En
algunos casos, como en
Alcalá, ya se han producido
registros. En otros no, pero
se está analizando
concienzudamente la
documentación intervenida en
la sede de Waiter. En los
tres casos, además, la
oposición municipal ha
forzado comisiones de
investigación, cuyos
dictámenes han acabado o
acabarán en la Audiencia
Nacional.
Bartolomé González fue
alcalde de Alcalá de Henares
entre 2003 y julio de 2012.
En este municipio, la UCO no
solo analiza contratos de
Waiter sino de otra de las
empresas de la trama, Cofely,
que presta servicios de
eficiencia energética. En
este municipio, el caso
Púnica se solapa con otro de
la Policía Nacional, la
operación Flauta, que
investiga presuntos casos de
corrupción en la
contratación de festejos por
parte del ayuntamiento. Aquí
también está imputado José
Luis Huerta.
David Pérez (Alcorcón), Juan
Soler (Getafe) y Bartolomé
González (Alcalá de
Henares).
En Alcorcón, Waiter organizó
las fiestas de 2011, 2012 y
2013, además de la cabalgata
de Reyes de enero de 2013,
facturando al Consistorio en
torno a los 557.000 euros.
Getafe firmó cuatro
contratos con Waiter en
febrero y mayo de 2012, mayo
de 2013 y junio de 2014 por
importes que suman 483.000
euros. La lista de
municipios investigados con
indicios de irregularidades
se amplía a Arroyomolinos,
Ciempozuelos, Coslada, Pinto
y Algete.
En este último caso, Waiter
Music tuvo el monopolio del
municipio durante casi dos
legislaturas. Entre 2007 y
2014 se presentó a 69
concursos. Todos los ganó,
obteniendo 1,36 millones de
euros. El concejal de
Festejos durante un tiempo
fue David Erguido, hoy
asesor de Esperanza Aguirre
en el grupo municipal del PP
en el Ayuntamiento de
Madrid. "Creo que todo se
hizo dentro de la legalidad
y a mí ni la UCO ni el juez
me han requerido nada",
explica a El Confidencial.
La Guardia Civil acaba de
recibir una nueva pista
gracias a la declaración de
un testigo que implica a un
alcalde del PP. De momento,
no dan nombres
Los investigadores también
se han detenido en Pinto.
Las empresas de Waiter se
llevaron contratos valorados
en 450.000 euros, sobre todo
con dos alcaldes: Miriam
Rabaneda (PP, 2007-08 y
2011-14) y Juan José Martín
(PSOE, 2009-11). Rabaneda es
ahora alto cargo en el
Gobierno regional, en la
consejería que dirige Jaime
González Taboada, implicado
en el caso por el principal
imputado, el constructor
David Marjaliza. Los
investigadores creen que
otro de los imputados, el
exconsejero Francisco
Granados, durante siete años
secretario general del PP
madrileño, se sirvió de la
influencia de su cargo para
presionar a ayuntamientos
controlados por el partido
para que contrataran a
Waiter.
Imputación que derivará al
TSJM
Fuera de la pieza de Waiter
Music, otros dos diputados
autonómicos de Cifuentes
están también siendo
investigados. Fuentes
jurídicas señalan a este
diario que la Fiscalía ya ha
solicitado al juez Velasco
(al igual que ha hecho la
UCO) que inicie los trámites
para que se impute a Daniel
Ortiz, exalcalde de Móstoles
y actual parlamentario. El
magistrado debe primero
enviar un oficio a la
Asamblea de Madrid para
certificar que es diputado y
por tanto aforado, paso
previo para que el juez
Velasco envíe una exposición
razonada para inhibirse en
el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, el
órgano competente para
imputarlo.
La Guardia Civil atribuye a
Ortiz los delitos de fraude
y cohecho en el gran
contrato de 74 millones que
el consistorio que él
dirigía adjudicó a Cofely.
El informe de la UCO señala
que ha podido "obtener
sólidos indicios probatorios
del modo en que el exalcalde
Daniel Ortiz Espejo y el
exconcejal Alejandro Utrilla
Palombi habrían utilizado
sus funciones públicas para
influir en el desarrollo del
proceso de adjudicación en
beneficio de los intereses
privados de Cofely,
eliminando la concurrencia
en igualdad de condiciones
de los licitadores y
vulnerando los principios de
la contratación pública".
Por este contrato ya está
imputado el hermano de
Alejandro, Mario Utrilla,
que fue alcalde de Sevilla
la Nueva. El contrato fue
adjudicado en mayo de 2014.
Ortiz fue alcalde hasta
junio de 2015. Los
multimillonarios contratos
de eficiencia energética que
Cofely se llevó en algunos
municipios madrileños están
siendo investigados en otra
de las piezas del caso.
Ignacio García de Vinuesa.
Una tercera pieza se centra
en los contratos de
reputación 'online' que Eico
y Madiva, empresas de otro
de los imputados, Alejandro
de Pedro, se llevaron, sobre
todo en el Gobierno regional
presidido por Ignacio
González. Los investigadores
ya han confirmado que Eico y
Madiva hacían el seguimiento
de las noticias publicadas
en medios digitales sobre
algunos consejeros y
reproducían en otras páginas
creadas ex profeso noticias
positivas sobre esos
políticos. Esta pieza ha
dejado ya imputado al
exconsejero Salvador
Victoria.
Los agentes han puesto el
foco ahora en algunos
municipios, como Alcobendas,
que también contrataron con
Eico y Madiva. Su alcalde,
Ignacio García de Vinuesa,
es también diputado
autonómico. La UCO ya acudió
a este ayuntamiento en junio
de 2015 a por documentación.
Eico firmó tres contratos
con Alcobendas en los años
2011, 2012 y 2013 por un
valor conjunto de 55.000
euros. Madiva también firmó
tres contratos en 2012, 2013
y 2014 por 18.000 euros.
Cofely y Waiter Music
también contrataron con
Alcobendas.
Por último, los
investigadores de la Guardia
Civil acaban de recibir una
nueva pista gracias a la
declaración de un testigo
que implica a un alcalde del
PP de otro importante
municipio de la región. Se
trata de la adjudicación de
una obra en esa localidad
que se llevó una de las
empresas de David Marjaliza.
Los agentes prefieren ser
prudentes y no hacer público
el nombre hasta completar
una serie de comprobaciones.
Este testigo ha aportado
grabaciones.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-04-18/la-uco-investiga-ya-con-serios-indicios-a-cinco-diputados-de-cifuentes-y-un-alcalde_1184498/
EL JUEZ VELASCO 'INVITA' A
LOS AYUNTAMIENTOS A NO PAGAR
LAS FACTURAS DE LOS
CONTRATOS AMAÑADOS POR
PÚNICA
El Ayuntamiento de Parla
preguntó al magistrado si
debía hacer frente a las
facturas que le presentaba
la multinacional Cofely-GDF
Suez. Velasco, con el apoyo
de Anticorrupción, recuerda
en un escrito que "los
pactos de corrupción" que
provocaron aquellas
adjudicaciones "pueden
originar los procesos de
revisión o de suspensión" de
dichos pagos aunque aún no
haya sentencia sobre la
trama liderada por Granados
y Marjaliza.
¿Debe la Administración
pagar las facturas de un
contrato supuestamente
amañado? La Fiscalía
Anticorrupción y el titular
del Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy
Velasco, creen que, al menos
en el 'caso Púnica, no. Así
lo refleja el magistrado en
una reciente providencia en
la que destaca que las
adjudicaciones sobre las que
existen importante indicios
de su irregularidad "pueden
originar los procesos de
revisión o de suspensión"
para no hacer frente a
dichos abonos. En dicho
escrito judicial, elaborado
en respuesta al presentado
por el Ayuntamiento de Parla
ante los apremios de pago
que le está haciendo desde
hace más de un año una de
las principales empresas
implicadas en la trama de
corrupción, la filial
española de la multinacional
Cofely-GDF Suez, el juez
Velasco destaca que no entra
dentro de sus competencias
penales decidir el pago o no
de dichos cargos, pero
recalca que el origen de los
mismos es fruto de "la
voluntad viciada del
Ayuntamiento como órgano
adjudicante, sometida a los
pactos de corrupción".
El juez cree que los
contratos de Cofely se
adjudicaron gracias a "la
voluntad viciada" de los
ayuntamientos "sometida a
los pactos de corrupción"
De este modo, el magistrado
del 'caso Púnica' da
respuesta al escrito que
presentó en la Audiencia
Nacional el pasado 3 de
diciembre el actual equipo
de gobierno del municipio
madrileño, liderado tras las
elecciones del año pasado
por el 'popular' Luis
Martínez Hervás. El
Consistorio, que está
personado en la causa como
acusación particular
precisamente por el amaño en
la adjudicación de un
concurso de eficiencia
energética de 54,6 millones
de euros realizada por el
alcalde socialista José
María Fraile, detenido e
imputado en la causa, pedía
que el magistrado le
indicase cuáles de las
facturas que tenía pendiente
de abonar por dicho contrato
"pueden considerarse
preceptivas de abono". En
total, Parla adeuda a Cofely-GDF
Suez cerca de 7,3 millones
de euros, según los datos
facilitados por la propia
compañía a Vozpópuli.
El consistorio acompañaba su
escrito de siete tablas con
relaciones de facturas, y
detallaba que gran parte de
ellas han sido incluidas por
la filial española de la
multinacional en sendas
denuncias presentadas ante
los Juzgados
Contencioso-Administrativo
de Madrid números 11, 19 y
29. De hecho, la empresa ha
emprendido acciones
similares contra otros
ayuntamientos salpicados por
la trama Púnica que han
dejado de pagarle. Fuentes
de la misma aseguran a este
diario que en todos los
casos los magistrados de
esta instancia judicial les
está dando la razón. En el
caso de Parla, añaden que el
propio Consistorio había
"propuesto un plan de pago a
seis años que ya ha sido
rechazado por el propio
juez" que instruye la
demanda. En este sentido,
inciden en que éste "ha
solicitado el cumplimiento
de la medida cautelar
adoptada" para garantizar el
pago de parte de la
millonaria deuda.
Deudas anteriores a 'Púnica'
Cofely también destaca que
los débitos de Parla y de
otros ayuntamientos de la
Púnica con su compañía son,
en muchos casos, anteriores
a que se produjeran las
primeras detenciones a
finales de octubre de 2014.
En el caso del ayuntamiento
que ha planteado la pregunta
al juez Velasco, de
noviembre de 2013, "casi un
año antes de que salte el
'caso Púnica'", recalcan
desde la compañía. También
resaltan que el argumento
alegado por este consistorio
y otros ante los juzgados
contencioso-administrativo
de que dichos contratos
estaban bajo investigación
judicial penal en la
Audiencia Nacional "ha sido
desetimado en la mayor parte
de los casos". Cofely
recalca que en junio de 2015
presentó un escrito al
Ayuntamiento de Parla para
anular su contrato
precisamente porque la deuda
acumulada convertía "la
situación en insostenible".
La multinacional asegura que
los jueces de lo
contencioso-administrativo
les están dando la razón en
sus reclamaciones ante los
ayuntamientos de Púnica
Sin embargo, la providencia
del juez Velasco viene dar
nuevos argumentos a los
consistorios deudores. En
dicho escrito, el instructor
del 'caso Púnica' se apoya
en el informe que la
Fiscalía Anticorrupción
entregó el pasado 8 de abril
en relación con la pregunta
del Ayuntamiento de Parla.
En este sentido, el
magistrado reconoce que "las
prestaciones derivadas [d]el
contrato entre el
Ayuntamiento y Cofely, en el
actual momento procesal, no
forman parte de ninguna
expectativa que pueda ser
objeto de medida cautelar
directamente por la
jurisdicción penal". Sin
embargo, a continuación
recalca que "la voluntad
viciada del Ayuntamiento
como órgano adjudicante,
sometida a los pactos de
corrupción que concertaron
los ediles municipales y la
empresa multinacional, deben
ser elementos que, pese a
ser indiciarios y no tener
la firmeza de cosa juzgada,
pueden originar los procesos
de revisión o de suspensión
en vía contenciosa por las
partes". Fuentes del
consistorio madrileño
destacaban a Vozpópuli que
esta respuesta les da la
razón en su postura de no
seguir abonando facturas.
Desde Cofely declinaron
valorar dicho escrito del
juez Velasco.
UNA VEINTENA DE CONTRATOS
MILLONARIOS BAJO SOSPECHA
Cofely ha representado
siempre una de las
principales líneas de
investigación de la
'Operación Púnica', sobre
todo por la millonaria
cuantía de los contratos de
eficiencia energética que
esta empresa firmó con
numerosos ayuntamientos, en
su mayoría de la Comunidad
de Madrid. De hecho, el juez
Velasco le ha dedicado en
exclusiva una de las doce
piezas separadas en las que
dividió la causa. En
concreto, la número 6. Hasta
ahora, son nueve los
consistorios salpicados,
aunque las investigaciones
de los últimos meses apuntan
a otra decena más, lo que
elevaría la cifra final a
cerca de 20. En octubre,
cuando se produjeron los
primeros arrestos, ocho
fueron los Ayuntamientos
registrados por la Guardia
Civil: además de Parla,
recibieron la 'visita' de
los agentes de la UCO
Collado Villalba, Móstoles,
Casarrubuelos, Valdemoro,
Torrejón de Velasco,
Serranillos del Valle y
Almendralejo. El fraude en
los tres primeros se produjo
mientras la investigación
estaba en marcha y sumaba
166 millones de euros (un
contrato de 72 millones con
el Ayuntamiento de Móstoles,
los 54,6 millones con el
Consistorio de Parla y uno
más de cerca de 40 millones
con el de Collado Villalba).
Además, el de la localidad
extremeña de Almendralejo,
que era de 24 millones,
estaba a punto de firmarse
cuando se produjo la
detención de los principales
integrantes de la trama el
27 de octubre del año
pasado. A estos ocho
consistorios se sumó en
junio un noveno, el de
Moraleja de Enmedio.
La investigación no se acabó
en ellos y, de hecho, en los
últimos meses el juez
Velasco y la Guardia Civil
han trabajado en destapar
las supuestas
irregularidades en otra
decena de ayuntamientos en
los que Cofely presuntamente
se hizo con los contratos de
eficiencia energética de
modo irregular. En la
primera fase de la
'Operación Púnica' cuatro
directivos de la compañía
fueron detenidos. Todos
ellos han sido despedidos,
recalcan desde Cofely. Según
detalló la Fiscalía
Anticorrupción durante la
declaración ante el juez
Velasco de uno de ellos, los
representantes de la
multinacional acudían a los
concursos públicos para
ganar "con absoluta
seguridad, ya que se
infiltraban en los
ayuntamientos y obtenían las
valoraciones de las otras
ofertas", incluidos los
baremos económicos que
ofrecían sus competidores.
"Se hacían sugerencias en
los pliegos y se exigía que
se acomodaran a la oferta
que iba a presentar Cofely".
Para realizar estos amaños,
contaban con el apoyo del
constructor David Marjaliza,
socio y amigo de Granados, y
de su empresa Ruta
Energética SL.
http://vozpopuli.com/actualidad/81134-el-juez-velasco-invita-a-los-ayuntamientos-a-no-pagar-las-facturas-de-los-contratos-amanados-por-punica
ARROYOMOLINOS ADJUDICÓ OBRAS
POR 40 MILLONES SIN
CONTROLES PÚBLICOS
Una auditoría encargada por
el nuevo equipo de gobierno
ha desvelado importantes
irregularidades
La auditoría encargada por
el Ayuntamiento de
Arroyomolinos de las cuentas
de la Empresa Municipal de
la Vivienda y del Suelo ha
sacado a la luz importantes
irregularidades. De los 69
millones de euros
investigados, 40 eludieron
las normas de la
contratación pública. El
control era tan escaso que
existe “una gran cantidad”
de proyectos de los que no
se ha encontrado ninguna
documentación ni
información. También se
produjeron sobrecostes en
las trabajos que llegaron,
en ocasiones, a pagarse
cinco veces más de lo
presupuestado inicialmente.
Arroyomolinos era un pequeño
pueblo del suroeste
madrileño pegado a la N-V de
3.800 habitantes en 2000.
Llegó la época del boom
inmobiliario y la eclosión
del municipio. Las normas
urbanísticas de 2001
propiciaron la construcción
de importantes y caras
infraestructuras. La
localidad ha alcanzado los
25.000 vecinos. El nuevo
equipo de gobierno — una
coalición de Ciudadanos,
PSOE e independientes—, tras
relegar al PP a la
oposición, encargó una
auditoría de las obras que
se gestionaron a través de
la Empresa Municipal de la
Vivienda y del Suelo (Emuvisa)
entre los años 2000 y 2014.
Los auditores explican que
Arroyomolinos esquivó los
controles impuestos a las
empresas públicas en la
contratación utilizando a
Emuvisa, una sociedad de
capital 100% público, pero
con forma de sociedad
anónima. De esta forma, la
empresa se sujetaba a la
normas derecho privado en
todo lo relativo a la
contratación pública.
A través de esta fórmula,
dice el informe, “se
eliminan los controles de la
contratación pública” lo que
genera un “efecto nocivo”.
El concejal de Hacienda de
la localidad, el socialista
José Vicente Gil, explica
que esta forma de actuar
provocó que muchas de las
obras se concedieran sin
convocar licitaciones
públicas, que obligan a que
haya pliegos de condiciones
y que se tengan que
presentar varias empresas.
“Está claro que han actuado
en detrimento de las arcas
municipales”, asegura.
40 millones sin vigilar
De los proyectos de los que
los auditores han conseguido
obtener información (de
muchos no hay ninguna), casi
40 millones habrían eludido
así la vigilancia pública. A
partir de 2008, cuando ya
está en vigor la nueva ley
de contratos del sector
público, que intentaba poner
freno a estas situaciones,
los auditores detectaron una
obra que también se saltó
las normas: el alumbrado de
un arroyo por 643.349 euros.
“No hay publicación de bases
del concurso, ni pliego de
condiciones técnicas ni
económicas. Se presentan
tres ofertas y se elige a
una “por un informe del
departamento de Medio
Ambiente”.
Los auditores han analizado
un volumen de trabajos por
valor de 68,7 millones.
Durante la investigación, no
consiguieron encontrar
documentación de importantes
actuaciones, como del
proyecto de ampliación de la
depuradora de Navalcarnero
(con un presupuesto estimado
de 2,6 millones) o de las
dos primeras fases de
construcción de la Ciudad
Deportiva La Dehesa (5,8
millones), que se
encarecieron un 11%. En ese
caso, los auditores destacan
que se tendría que haber
llevado a cabo un proceso de
contratación ordinario por
ley, pero no se hizo.
Simplemente se aprobó en la
Comisión de Seguimiento
—formada por Ayuntamiento y
propietarios del suelo— con
el argumento de que debía
concederse a la misma
constructora de las dos
primeras fases.
Sin aprobación de
infraestructuras
El informe revela que el
control de la evolución
económica por la Comisión de
Seguimiento era “escaso”. En
sus actas tan solo se
menciona la adjudicación de
15 proyectos por 12,9
millones. Del resto no hay
rastro alguno. No se pide
aprobación para
infraestructuras como la
recuperación de un arroyo
por 9,6 millones, la
construcción de un bulevar
por 6,4 o de un puente por
2,9. “Lo que resulta
sorprendente”, dice el
informe, debido a los
“volúmenes económicos de
contratación adjudicados y a
la importancia de los
mismos”.
“Igual de sorprendente es
que aparezca en esa relación
un contrato con la empresa
Waiter Músic (investigada en
la trama Púnica) por 119.745
euros”, comenta el edil de
Hacienda. Se carga a la
cuenta de Sistemas Generales
las actuaciones musicales de
la fiesta de Nochevieja de
2006 y la de Reyes. “No
tiene sentido, porque no
tiene nada que ver con
desarrollo urbanístico”,
puntualiza el edil. Otro de
los puntos oscuros de la
contratación, trata sobre la
emisión de pagarés por 9
millones que debían dos
sociedades (Sanedi y
Edificaciones Tifan) a
Emuvisa. Posteriormente,
Emuvisa pagó a otro
proveedor (Urbacisa) una
deuda endosándole esos
pagarés. Como las tres
sociedades están vinculadas
entre sí puede “que no se
haya producido el movimiento
efectivo del capital al
vencimiento de los pagarés”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/19/madrid/1461091597_801421.html
ARROYOMOLINOS ENTREGA AL
JUEZ VELASCO CONTRATOS POR
VALOR DE 600.000 EUROS BAJO
SOSPECHA CON EMPRESAS DE LA
PÚNICA
El nuevo equipo de gobierno
de Arroyomolinos ha
detectado irregularidades en
33 expedientes y numerosas
facturas sin contrato, la
mayoría con Waiter Music. El
alcalde de C's ha entregado
unos 500 documentos y pide
que se investiguen 7
posibles delitos cometidos
entre 2004 y 2014
El nuevo equipo de gobierno
de Arroyomolinos ha
entregado al juez Eloy
Velasco la facturación del
ayuntamiento con Waiter
Music y empresas vinculadas
a la trama Púnica. 33
expedientes con pagos a las
empresas del investigado
José Luis Huertas y 10
concursos más en los que
participó y se declararon
desiertos. Entre las
posibles irregularidades
denunciadas están los
ingresos sin ningún tipo de
documentación que lo
justifique y pliegos de
concurso de fiestas y
eventos que se declaran
nulos y aún así acaba
ejecutándolos Waiter Music.
Es el caso de la fiesta del
Corpus del año 2006 por
valor de 28.500 euros y en
los que se detallaba en los
pliegos hasta la marca de
generadores que coincidía
con la usada por la empresa
de la Púnica. O la fiesta de
Nochevieja y Reyes de 2006.
En esta ocasión los técnicos
de la mesa de contratación
anularon el concurso al
entender que estaba amañado
a favor de Waiter Music. El
empresario imputado José
Luis Huertas hizo la fiesta
y se cargaron los 121.500
euros a la empresa municipal
del suelo. En la fiesta de
Reyes de 2008, Waiter cobró
dos veces por el mismo
servicio emitiendo dos
facturas de 5.000 euros.
El escrito aporta
documentación que
demostraría cómo la concejal
popular de Juventud, Ana
Millán, presuntamente daba
órdenes al departamento de
contratación de a qué
empresas había que invitar.
En el listado de la fiesta
del Corpus de 2008 estaba la
ganadora, Waiter Music, que
competía con otra empresa
dedicada al transporte de
mercancías. Como este hay
varios casos de los que el
nuevo equipo cree que
directamente estaban
amañados.
La documentación entregada
incluye las agendas de la
concejal del PP responsable
de firmar los contratos con
Waiter Music. En varias
ocasiones aparecen citas,
reuniones y comidas con el
imputado José Luis Huertas
días antes y después de
recibir los contratos.
La denuncia, a la que ha
tenido acceso la Cadena SER,
la interpone el nuevo equipo
de gobierno de Arroyomolinos
formado por Ciudadanos, PSOE
y PIA (independientes). En
el escrito piden a la
Fiscalía que investigue la
posible comisión de siete
delitos, entre ellos,
cohecho, tráfico,
prevaricación y tráfico de
influencias.
http://cadenaser.com/m/emisora/2016/03/31/radio_madrid/1459408456_520885.html
LA UCO 'VISITA' POR TERCERA
VEZ EL AYUNTAMIENTO DE
ALCALÁ EN BUSCA DE PUFOS CON
PÚNICA EN LA ETAPA DE
'BARTOLO'
La Guardia Civil acude al
consistorio de la localidad
madrileña para requerir, en
esta ocasión, documentación
en el área de informática.
Los agentes buscan nuevos
datos sobre la adjudicación
de un contrato de 14
millones de euros a la
multinacional Cofely-GDF
Suez, implicada en la trama.
Y van tres. Agentes de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil
han acudido este martes otra
vez al Ayuntamiento de
Alcalá de Henares para
recabar documentación sobre
la adjudicación de un
contrato millonario a una de
las empresas de la trama
Púnica en la etapa como
regidor del 'popular'
Bartolomé González, 'Bartolo',
hombre de confianza de
Esperanza Aguirre. Según
confirmaron a Vozpópuli
fuentes municipales y
cercanas a la investigación,
los integrantes del
Instituto armado se
personaron con un
requerimiento judicial en el
área de informática del
Consistorio para rescatar de
los servidores documentos y
correos electrónicos en
busca de nuevos datos sobre
el supuesto amaño del
concurso de 14 millones de
euros que el equipo de
gobierno del PP adjudicó a
la multinacional Cofely-GDF
Suez, una de las principales
empresas salpicadas por el
escándalo de corrupción.
Los agentes requirieron
documentación en el área de
informática del consistorio.
Buscaban 'emails' sobre el
proceso de licitación de un
concurso de 14 millones
Las sospechas se centran en
el proceso de elaboración en
2011 de los pliegos de
licitación para dicho
contrato. Según concluyó ya
en marzo de 2015 una
comisión de investigación
del propio Ayuntamiento, su
redacción acumuló numerosas
irregularidades, de las que
responsabilizó en parte al
jefe de la asesoría
jurídica, Fernando García
Rubio, un conocido militante
local del PP que "fue
nombrado para este puesto
por el entonces alcalde
Bartolomé González". Las
conclusiones de dicha
comisión llegaban a hablar
de "singularidades" y de
alteración sin "ninguna
explicación lógica" del
proceso de elaboración de
dichos documentos.
Además, un informe de la
propia Guardia Civil
incorporado al sumario del
'caso Púnica' y referido a
otro concurso ganado por
Cofely-GDF Suez, en este
caso en la localidad de
Torrejón de Velasco, destaca
que la trama utilizó en este
último municipio lo que
llamó "la fórmula Alcalá de
Henares", según se recogía
textualmente en un 'email'
intervenido a uno de los
presuntos cabecillas. Los
agentes consideran que con
dicha expresión la red de
corrupción se refería a un
sistema de amaño de los
pliegos que supuestamente se
utilizó en la localidad
alcalaína y que permitía
minusvalorar la cuantía
económica de las ofertas que
se presentasen y elevar la
puntuación de otros aspectos
más subjetivos. De este
modo, la multinacional
supuestamente se aseguraba
ganar el concurso aunque su
precio fuese el más elevado,
como era habitual.
En conversación telefónica,
Bartolomé González negó este
martes a Vozpópuli su
implicación en estas
presuntas irregularidades.
"Pueden buscar los correos
electrónicos que quieran,
porque yo no intercambié
ninguno ni con Cofely ni con
nadie sobre esa
adjudicación", señaló. El
antiguo alcalde y hoy
diputado en la Asamblea de
Madrid (y, por tanto,
aforado), también rechazó
haber recibido ningún tipo
de soborno de la trama
Púnica. Según han recogido
algunos medios, la
declaración de David
Marjaliza le señala a él
como destinatario de uno de
esos pagos. "Estoy deseando
que se levante el secreto de
sumario para poder
defenderme", añadió.
Primera visita, el 18 de
febrero
La investigación sobre las
supuestas relaciones de la
trama Púnica con el
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares recibió un impulso
insospechado el pasado 18 de
febrero. Ese día, la UCO
acudió a la sede municipal a
requisar el expediente por
el que se adjudicó dicho
contrato con la
multinacional Cofely-GDF
Suez, como adelantó en
exclusiva Vozpópuli. Tres
días después, los agentes
del Instituto armado volvían
a la sede municipal. Querían
interrogar como testigos a
cuatro técnicos del
Consistorio que habían
participado en la
elaboración del pliego de
licitación. Ese mismo día,
los guardias civiles también
se entrevistaron con el
actual alcalde socialista,
Javier Rodríguez Palacios, y
uno de sus concejales. Ambos
entregaron a los agentes de
la UCO los documentos de la
comisión de investigación
que el propio consistorio
había celebrado.
La primera visita de la
Guardia Civil al
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares se produjo el 18 de
febrero. Reclamaron el
expediente del concurso que
ganó Cofely
No obstante, buena parte de
estas pesquisas se apoyan en
las declaraciones que hizo
el pasado verano ante el
juez Velasco el constructor
David Marjaliza. Éste, en su
confesión que aún permanece
secreta, habló de la
entregas de 'mordidas' en
este municipio para
favorecer precisamente la
contratación de Cofely.
Según detalló entonces el
constructor al magistrado,
el dinero fue supuestamente
entregado a cargos públicos
por Ana María Ramírez,
secretaria y mano derecha
del propio empresario,
también imputada en la
causa. Esta mujer también ha
comparecido en la Audiencia
Nacional y ha ratificado las
palabras de su jefe.
Además, Ramírez aclaró al
magistrado y a la Fiscalía
Anmticorrupción el
significado de las siglas
que aparecían en una agenda
localizada en su despacho en
los registros de octubre de
2014 y que recogían la
supuesta entrega sobornos.
La secretaria del
constructor explicó que con
esas letras se refería a
varios consistorios donde se
habían pagado 'mordidas' por
amaños de contratos. Entre
ellos, figura Alcalá de
Henares. De hecho, en al
menos una anotación aparece
"Alc" y la cantidad de
35.000 euros, aunque
tachada. En otra,
directamente la palabra
"Alcalá" junto a un borrón
e, inmediatamente debajo, la
cifra de 42.000 euros junto
a otras anotaciones
difícilmente legibles. Todo,
supuestamente, escrito en
2014, justo el momento en el
que se 'desatascó' la
adjudicación del millonario
contrato en el Ayuntamiento
de esta localidad.
http://vozpopuli.com/actualidad/77830-la-uco-visita-por-tercera-vez-el-ayuntamiento-de-alcala-en-busca-de-pufos-con-punica-en-la-etapa-de-bartolo
ALCORCÓN CEDIÓ GRATIS EN
2012 UN TEATRO A WAITER
MUSIC
La empresa vinculada a la
trama Púnica organizó un
concierto de Raphael, cuyas
entradas costaron 60 euros
El Ayuntamiento de Alcorcón,
gobernado por el PP, cedió
gratuitamente en 2012 el
teatro Buero Vallejo a la
empresa Waiter Music,
implicada en la Operación
Púnica, por la supuesta
trama de corrupción del PP
de Madrid, para un concierto
de Raphael durante las
fiestas patronales. El
equipo de gobierno además se
hizo cargo de las azafatas,
de la iluminación y del
sonido, por lo que la
compañía fue a cero gastos.
El PSOE ya ha pedido
explicaciones del motivo de
esta cesión, sobre todo por
los beneficios que le pudo
reportar a la adjudicataria.
La resolución para ceder el
teatro municipal a Waiter
Music por parte de la
Concejalía de Cultura y
Festejos, a la que ha tenido
acceso EL PAÍS, está firmada
el 29 de agosto de 2012 por
el concejal, Antonio Luis
Galindo. El concierto de
Raphael, bajo el nombre del
espectáculo Lo mejor de la
vida, se celebró el 9 de
septiembre, tras la
solicitud presentada por la
empresa promotora. Y aclara
además que lo hará a título
gratuito: “La autorización
para la utilización
privativa del Teatro
Municipal Buero Vallejo no
está contemplada la tasa en
la ordenanza municipal
vigente”.
Waiter Music siempre ha
levantado sospechas. En
Alcorcón, la oposición ha
pedido que se estudien todos
los contratos que ha firmado
con el Ayuntamiento. El
levantamiento del secreto
del sumario de la Operación
Púnica ha permitido sacar a
la luz que esta compañía
tuvo, presuntamente,
información privilegiada de
los conciertos de las
fiestas de 2014.
Similar situación se dio en
Alcalá de Henares, donde el
actual alcalde, Javier
Rodríguez Palacios (PSOE),
se ha mostrado favorable a
facilitar toda la
información a la Audiencia
Nacional.
El concierto de Raphael se
consideró “programación
complementaria” a la oficial
organizada por el
Ayuntamiento para los
festejos populares. Tan solo
se valoró para su concesión
que no había sido pedido el
recinto con anterioridad por
otra entidad. Es más, se
acogieron al artículo 233
del Reglamento de
Organización y
Funcionamiento (ROF) de las
Entidades Locales para la
cesión gratuita. Este recoge
las asociaciones para la
defensa de los intereses
generales o sectoriales de
los vecinos “podrán acceder
al uso de medios públicos
municipales, especialmente
los locales y los medios de
comunicación, con las
limitaciones que imponga la
coincidencia del uso por
parte de varias de ellas o
por el propio Ayuntamiento”.
La portavoz municipal del
PSOE en Alcorcón, Natalia de
Andrés, ha criticado los
motivos en los que se basó
el equipo de gobierno, con
su alcalde David Pérez a la
cabeza, para justificar la
cesión gratuita. “¿Cómo se
puede justificar que una
empresa privada, supuesta
financiadora del PP de
Madrid, sea de interés
general para este municipio?
Creo que el alcalde va a
tener que dar muchas
explicaciones de ese trato
de favor a esta compañía”.
Entradas a 60 euros
La sala cuenta con 913
butacas, que se vendieron a
un precio de 60 euros, según
denuncia De Andrés. “Por muy
alto que fuera el caché que
cobrara Raphael, seguro que
esa empresa ganó unos 20.000
euros sin arriesgar nada y a
gastos cero, ya que todo lo
asumió la Concejalía de
Cultura”, añade la portavoz
socialista.
Fuentes del equipo de
gobierno rechazan, por el
contrario, que hubiera un
trato de favor a Waiter
Music. “La cesión del teatro
es habitual, sobre todo, a
entidades y grupos. Es una
práctica que desde que entró
el PP se ha mantenido porque
ya se hacía desde mucho
tiempo atrás por el PSOE
cuando estaba en la
alcaldía”.
Natalia de Andrés reconoce
que la cesión de los
espacios públicos ha sido
habitual en Alcorcón, pero
nunca a empresas privadas
que buscan ánimo de lucro
con sus conciertos. Por
ello, el grupo municipal
socialista ha remitido una
serie de preguntas al equipo
de gobierno para que detalle
cuánto ha costado el
concierto de Raphael a las
arcas públicas y para saber
por qué se fijó el precio de
60 euros por entrada. “Nos
parece vergonzoso que se
haya dado el mismo trato a
esta compañía, sobre la que
existen serias sospechas de
que haya financiado al PP,
que a una ONG o a una
asociación del municipio”.
Waiter Music saltó a la
prensa dentro de la
Operación Púnica en la que
se vieron envueltos diversos
municipios gobernados por el
PP y a cuyo frente estaba,
supuestamente, el
exconsejero Francisco
Granados y el constructor
David Marjaliza.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/16/madrid/1458156330_523595.html
LA PÚNICA AMAÑÓ HASTA LOS
CONTRATOS PARA LAVAR LOS
COCHES OFICIALES DE
VALDEMORO
Un reciente informe de la
UCO sobre Valescar Parking
SL, una de las empresas
pantalla de David Marjaliza,
destapa que la trama acaparó
todo tipo de contratos en el
municipio convertido en el
epicentro de la trama.
También los de limpieza de
los vehículos del
consistorio por 14.000
euros.
Grandes 'pelotazos'
urbanísticos, millonarias
adjudicaciones de
eficiencias energéticas...
pero, también, pequeños
negocios de unos pocos miles
de euros. La capacidad de
amañar contratos públicos de
la trama Púnica abarcaba
todos los sectores, sobre
todo tras el 'pinchazo' de
la burbuja inmobiliaria. Un
reciente informe elaborado
por la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil sobre Valescar
Parking SL, una de las
empresas 'tapadera' del
constructor David Marjaliza,
revela que el cabecilla
acaparó con dicha sociedad
una quincena de
adjudicaciones menores en el
Ayuntamiento de Valdemoro,
incluidas tres para prestar
el "servicio de lavado y
limpieza interior de
vehículos municipales" de
esta localidad del sur de
Madrid convertida en el
epicentro de la red de
corrupción. El propio socio
y amigo de Francisco
Granados reconoció en su
declaración autoinculpatoria
del pasado verano que tenía
información privilegiada de
cuándo y cómo se iban a
convocar "15 ó 20 días antes
de salir" gracias a la
colaboración de funcionarios
municipales.
Marjaliza creó la empresa
Valescar Parking SL para
hacerse con el concesión de
un aparcamiento público.
Luego la utilizó para
adjudicarse el servicio de
grúa y el de limpieza de
vehículos oficiales
El informe de la UCO, al que
ha tenido acceso Vozpópuli,
tenía como objetivo
principal la concesión a
Valescar Parking SL del uso
de una parte del Centro
Lúdico Las Sirenas de
Valdemoro para su
explotación durante 25 años
como aparcamiento público,
así como "otros contratos
menores". Entre estos
últimos, los agentes
mencionan tres para el
lavado y limpieza de los
vehículos que se llevó la
empresa 'tapadera' de
Marjaliza. El primero, con
número de expediente
138/2011, abarcó el periodo
del 1 de julio al 30 de
diciembre de 2011. Por esos
seis meses, Valescar Parking
SL facturó 7.000 euros. El
siguiente contrato se le
adjudicó inmediatamente y
comprendió desde el 1 de
enero al final de 2012. Su
coste, curiosamente,
inferior al anterior pese a
incluir el doble de tiempo.
En total, 6.962 euros.
Finalmente, el tercer
contrato para la limpieza de
coches oficiales se demoró
hasta 2013 e incluyó el
periodo que iba desde abril
a septiembre de aquel año.
El documento policial no
concreta que dinero se
embolsó Marjaliza por esta
última adjudicación.
La Guardia Civil destaca en
su informe que Marjaliza
creó 'ad hoc' Valescar
Parking SL en 2010, poco
antes de que se conociera la
decisión del Ayuntamiento de
Valdemoro de sacar a
licitación en junio de aquel
año la concesión de parte de
las instalaciones de un
centro lúdico de la
localidad para su
explotación como
aparcamiento. El objetivo
era hacerse con dicho
contrato. Al frente de la
compañía, el cabecilla de la
trama no figuraba, sino que
colocó "a personas cercanas
de su confianza" que ya
estaban vinculadas a él en
anteriores negocios de
promoción inmobiliario.
Entre ellos, Emilio
Taravillo y su mujer, Aleyda
Espinosa. De hecho, los
agentes destacan que se ha
localizado en los discos
duros de los ordenadores que
utilizaba Ana María Ramírez,
secretaria y persona de la
máxima confianza de
Marjaliza, "ficheros
relativos a protocolos
notariales, contratos
privados de venta de
participaciones sociales de
la sociedad..." que
confirman la dependencia
directa de la mercantil del
constructor.
"Graves irregularidades"
Con Valdescar Parking SL, el
amigo de Francisco Granados
se hizo primero con la
adjudicación de la
explotación del parking
gracias a "las graves
irregularidades" que
presuntamente cometieron los
integrantes de la Junta de
Gobierno Local y la Mesa de
Contratación que decidieron
su concesión durante 25 años
por una cuota anual de tan
sólo 10.858 euros. Sin
embargo, el negocio no le
funcionó como esperaba,
según reconoció el propio
Marjaliza en su declaración
autoinculpatoria ante el
juez. En dicho testimonio,
el constructor aseguró que
invirtió dinero para montar
un taller mecánico en el
centro lúdico, donde él
mismo acudía a limpiar y
cambiar el aceite de su
vehículo Mercedes, pero que
ni éste ni el alquiler de
las más de 200 plazas de
aparcamiento funcionó porque
su presunto testaferro,
Emilio Taravillo, "no
gestionó y administró bien
el negocio". Finalmente,
sustituyó a éste por otro
'hombre de paja', Cándido
Antonio Ruiz García, también
investigado (antes imputado)
en la causa.
En su declaración
autoinculpatoria, el
cabecilla de la trama
reconoció que recibía
información privilegiada con
"15 ó 20 días de antelación"
para hacerse con los
concursos en Valdemoro
Ello no fue impedimento para
que Marjaliza mantuviera la
empresa y, de hecho, la
utilizara para hacerse de
manera supuestamente
irregular con el servicio de
grúa municipal con la
presunta colaboración de
nuevo de cargos del
Ayuntamientos. Éstos, para
evitar convocar un concurso
público, trocearon el
contrato por trimestres,
meses e, incluso, semanas
para que nunca se superase
el importe que obligaba a
licitarlo con la
participación de más
empresas. Así, en 2011, el
Ayuntamiento de la localidad
decidió prescindir de la
empresa con la que llevaba
trabajando durante 13 años
para adjudicarle el contrato
a la sociedad 'tapadera' de
Marjaliza, a la que pagaba
4.201 euros cada 30 días por
retirar coches mal apartados
en el municipio. Incluso, le
llegó a abonar 1.120 euros
por una semana de octubre de
2012. Según los
investigadores, todo ello se
hizo de modo supuestamente
irregular ya que la compañía
trabajó sin tener la
documentación en regla ya
que carecía de la
obligatoria "tarjeta de
transporte", imprescindible
para prestar este servicio
público. No fue la única. El
objeto social de la
mercantil ni siquiera
recogía esta actividad, una
deficiencia que la trama
Púnica trató de subsanar a
marchas forzadas. Todo valía
para hacerse con negocios,
incluso "menores".
Los otros 'minipelotazos' de
la trama
Los contratos "menores"
adjudicados por el
Ayuntamiento de Valdemoro a
Valdescar Parking SL no son
los únicos de estas
características que
investiga la UCO en el caso
Púnico. El juez Velasco ha
ordenado en los últimos
meses rastrear
irregularidades en otros
cinco contratos del
consistorio ganados por las
empresas de Marjaliza. Entre
ellos se encuentra la
explotación de la cafetería
del tanatorio de esta
localidad de 72.000
habitantes. El concurso lo
ganó la empresa Valbar 3064
SL, ligada a uno de los
presuntos testaferros de la
trama, Eduardo de la Peña
Pérez, según destacan los
informes de la UCO
incorporados a la causa.
Esta empresa sólo debía
pagar a las arcas públicas
1.000 euros más otros 180 de
IVA al año. Parecidas
condiciones y protagonistas
figuran en el expediente
452/2010, en este caso para
la explotación también de un
espacio de venta de bebidas
y comida en un recinto
municipal: la Biblioteca
Municipal Ana María Matute.
También condiciones muy
ventajosas incluía la
adjudicación hecha en 2011
para la explotación durante
25 años de la Instalación
Deportiva 'El Caracol' de
Valdemoro. El expediente
188/2011 del Consistorio
reclamado por el juez
Velasco al Consistorio
refleja que el contrato fue
ganado por la empresa
Gestión Pádel Valcenter SL
por un valor de 1.500 euros
anuales más un 10'5% de los
"resultados de explotación".
Esta mercantil también es
investigada por otras
adjudicaciones para
gestionar centros deportivos
por cánones irrisorios en
otros municipios en cuyos
consistorios la trama se
había infiltrado, como
Torrejón de Velasco y
Serranillos del Valle. La
otra instalación deportiva
bajo sospecha es la afectada
por el expediente 491/2010.
En este caso, se trataba de
la "concesión administrativa
de uso privativo de la
parcela de dominio público
sita en la UDE Oeste-Norte,
urbana, SGE, para la
construcción y explotación
de un conjunto dotacional
deportivo, comercial y
genérico". La empresa
adjudicataria fue otra de la
trama societaria de
Marjaliza, Open Sport Life
Center SL, que debía pagar
un canon anual de 1.500
euros más otros 270 de IVA.
Finalmente, con la sociedad
La Vid Servicios Hosteleros
S, la trama se hizo en 2013
con la explotación del bar
restaurante situado en el
Parque Duque de Ahumada, de
Valdemoro. La cuota anual
fue aquí más elevada: 17.500
euros anuales.
http://vozpopuli.com/actualidad/81542-la-punica-amano-hasta-los-contratos-para-lavar-los-coches-oficiales-de-valdemoro
EL JUEZ VINCULA LA AGENDA DE
GRANADOS A LA FINANCIACIÓN
DEL PP
Velasco cree que el ex
secretario general del
partido en Madrid anotaba
ingresos y gastos de
campañas electorales.
"Hemos encontrado en el
domicilio del señor Granados
una libreta que tenía
anotaciones relativas a
campañas electorales",
informó al constructor David
Marjaliza el juez de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco durante el
interrogatorio realizado
bajo secreto sumarialel
pasado noviembre.
El instructor de la trama
Púnica mostró a Marjaliza la
agenda de Granados -cuya
existencia fue adelantada
por EL ESPAÑOL- con el fin
de que el empresario, que
había empezado a colaborar
con la Justicia seis meses
antes, reconociera la letra
de su antiguo amigo y socio
de negocios e identificara
los nombres de las personas
que pueden estar detrás de
las iniciales reflejadas en
el diario del ex secretario
general del PP de Madrid.
"Aparece una especie de
anotaciones de entradas y
salidas de cantidades
acompañadas de ciertas
iniciales y quería ver si
usted es capaz de reconocer
a ciertas personas", invitó
Velasco a Marjaliza. "Son
ingresos y salidas de
dinero", dijo éste con la
agenda en la mano.
-Juez: ¿Ésa es la letra de
Granados?
-Marjaliza: Sí. Creo que sí,
no soy especialistas pero
creo que sí. JLM entiendo
que puede ser Javier López
Madrid. BG, el gerente del
partido a nivel regional,
Beltrán. NP puede ser Nacho
Palacios. ME no me suena.
-Fiscal: ME puede ser 'yo'
en inglés
-Marjaliza: Que se quedaba
con una parte.
-Fiscal: ¿A usted le consta
que Granados se quedara con
una parte?
-Marjaliza: No, pero viendo
esto... Alguna vez hemos
escuchado cosas. Al final en
estos casos, como se dice,
'el que reparte se queda con
la mejor parte'.
La investigación sobre la
agenda de Granados es una de
las partes del caso Púnica
que permanece bajo secreto.
Tanto López Madrid, ex
suegro del empresario Juan
Miguel Villar Mir, como
Beltrán Gutierrez han tenido
que acudir a declarar ante
el juez y sus despachos y
domicilios fueron
registrados el pasado 11 de
febrero.
http://www.elespanol.com/espana/20160517/125487745_0.html
CERCO A LÓPEZ MADRID: LA UCO
ENTREGA UN VOLUMINOSO
INFORME SOBRE EL YATE QUE
COMPARTÍA CON GRANADOS
El juez Eloy Velasco había
encargado a la Guardia Civil
que investigase en
profundidad la relación del
barco de recreo del antiguo
consejero de OHL con el ex
secretario general del PP de
Madrid y el constructor
David Marjaliza. El
voluminoso estudio ha
llegado recientemente a la
Audiencia Nacional. El yerno
de Villar Mir está imputado
en la causa por la supuesta
financiación irregular de
los 'populares' en Madrid.
42
El empresario Javier López
Madrid centra, de nuevo, la
investigación del 'caso
Púnica'. En este caso, por
la embarcación de recreo que
compartió al menos durante
tres años con los dos
principales cabecillas de la
trama de corrupción,
Francisco Granados y el
constructor David Marjaliza.
El titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
había encargado a la Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil que
elaborase un informe
específico sobre el yate del
hasta hace poco consejero de
OHL y "la relación" de dicho
barco con el ex secretario
general del PP madrileño y
su socio. Los agentes del
Instituto armado han
entregado recientemente en
la Audiencia Nacional dicho
documento, tan voluminoso
que ha obligado a formar con
él un nuevo tomo en la
causa, el número 89, que aún
permanece secreto.
La UCO entregó el 20 de
abril su voluminoso informe
sobre la "relación" del
político con el barco del
ahora ex consejero de OHL.
Se ha incorporado al tomo 89
del sumario, aún secreto
Así lo revelan documentos
judiciales a los que ha
tenido acceso Vozpópuli y en
los que se detalla que la
UCO lo aportó a la causa el
pasado 20 de abril con el
número 2016-5605-0000128. A
la vista de su contenido, el
magistrado ha dado traslado
del mismo a la Fiscalía
Anticorrupción para que
informe sobre qué pasos
seguir a partir de ahora en
las pesquisas entorno a
dicho barco de lujo,
bautizado con el nombre de
'Myriam' y de 18 metros de
eslora. Las declaraciones
presentes en el sumario del
capitán del yate y de una
empleada del consejero de
OHL ya habían revelado que
el yerno de Juan Miguel
Villar Mir, Granados y
Marjaliza se turnaron en su
disfrute durante entre 2012
y 2014 y que, durante un
tiempo, se repartían los
gastos de mantenimiento del
mismo, habitualmente
amarrado en Marbella.
Según fuentes cercanas a la
investigación, el objetivo
de las nuevas pesquisas
encargadas a la Guardia
Civil es determinar si la
cesión de la embarcación era
uno de los supuestos favores
que el empresario hacía al
político y su socio a cambio
de adjudicaciones del
Ejecutivo de la Comunidad de
Madrid, como sospecha el
juez Velasco. López Madrid
declaró como imputado el
pasado 26 de febrero acusado
de los delitos de cohecho y
blanqueo de capitales
después de que Marjaliza,
que lleva cerca de un año
colaborando con la Justicia,
desvelase al magistrado que
las siglas 'JML' que
aparecían en una agenda
intervenida a su amigo
Granados con supuestos
cobros de 'mordidas'
correspondían al entonces
consejero de OHL. El
constructor 'arrepentido'
detalló que aquellas
anotaciones reflejaban el
pago de cerca de 2 millones
de euros en comisiones que
presuntamente se repartieron
el político y su partido. De
hecho, también fue llamado a
declarar como investigado
Beltrán Gutiérrez, el
gerente del PP madrileño en
la época de Esperanza
Aguirre. En su comparecencia
ante el juez, López Madrid
negó las acusaciones.
El patrón y la gestora
Sin embargo, para entonces
ni su nombre ni su yate eran
nuevos en el sumario del
caso Púnica. De hecho, el
'Myriam', escriturado a
nombre de la madre del ex
consejero de OHL y
gestionado por la sociedad
LM Gestión, aparecía desde
el comienzo de las
investigaciones. La UCO y el
juez Velasco ya habían
interrogado hace meses como
testigos al patrón del
barco, Eduardo G.V., y a la
gestora de fondos del
empresario, Consuelo N.F. El
primero confirmó a la
Guardia Civil que el
político y el constructor
casi "nunca" coincidieron en
el barco, sino que se
alternaban. También dijo que
el primero solía utilizarlo
en compañía de su mujer,
Nieves Alarcón, también
imputada, y sus hijas. Sobre
el segundo, el patrón
detalló que invitaba a
navegar a numerosas
personas, entre las que
identificó a los alcaldes
'populares' de Torrejón de
Velasco y Valdemoro, Gonzalo
Cubas Navarro y José Carlos
Boza Lechuga, también
encausados.
El juez Velasco planteó a
una testigo sus sospechas
sobre López Madrid y su
yate: "¿Para qué les deja a
Granados y Marjaliza un
barco gratis en temporada
alta?"
Por su parte, la empleada de
López Madrid admitió al juez
que el 'Myriam' era una de
las propiedades que debía
"gestionar" y que por ello
recibía las llamadas de
Marjaliza y Granados cuando
éstos querían utilizarlo.
Del primero, aseguró que le
solía llamar personalmente
para que le preparara el
barco. En el caso del ex
dirigente del PP madrileño,
solía ser su mujer quien lo
hacía. También afirmó que
entre ambos y el propio
consejero de OHL se
repartían los gastos
derivados de la utilización
del yate, pero que en el
caso del político, los
"ingresos" para hacer frente
a éstos los realizaba el
constructor. Ante el juez,
esta mujer también dijo que
en un momento determinaron
Granados y Marjaliza dejaron
de abonar éstos aunque
siguieron utilizándolo. Ante
esta afirmación, el
magistrado le lanzó una
pregunta que la empleada de
López Madrid no supo
responder: "¿Para qué les
deja a estos señores
[Granados y Marjaliza] un
barco gratis en temporada
alta?".
UN COCHE DE LUJO Y NOCHES DE
HOTEL
El informe sobre el yate de
López Madrid y su relación
con la trama Púnica no es el
único documento que la
Guardia Civil ha entregado
recientemente en la
Audiencia Nacional sobre
aspectos muy concretos de
sus pesquisas. Hace escasos
días también aportó a la
causa uno específico sobre
un vehículo de la marca
Mercedes que aparece a
nombre de una antigua cargo
del Ejecutivo regional de
Esperanza Aguirre que hasta
ahora no está imputada en la
causa. Se trata de María
Victoria Cristóbal Araujo,
ex asesora de prensa de la
lideresa en la primera
campaña de ésta a la
Presidencia de la Comunidad
de Madrid y que con
Francisco Granados en la
Consejería de Presidencia,
Interior y Justicia llegó a
estar al frente de la
Agencia Madrileña de
Emigración. Antigua
colaboradora también de José
María Aznar en la fundación
FAES y concejal 'popular' en
Majadahonda (Madrid) hasta
enero de 2015, el magistrado
sospecha de los supuestos
vínculos entre este
automóvil de lujo y la trama
después de que en los
'pinchazos' telefónicos que
revelaban la estrecha
relación entre la mujer y
Granados se escuchase a
ambos hablar sobre dicho
coche. También en abril, en
concreto el pasado día 11,
la UCO entregó un segundo
informe. En este caso,
"sobre diversas gestiones
practicadas en
establecimientos hoteleros".
Aún no han transcendido
detalles sobre ninguno de
ellos al haber sido
incluidos también en la
parte secreta de la causa.
http://vozpopuli.com/actualidad/80942-cerco-a-lopez-madrid-la-uco-entrega-un-voluminoso-informe-sobre-el-yate-que-compartia-con-granados
GRANADOS PIDE AL JUEZ QUE LE
LIBERE 114.269 € PARA PAGAR
LA HIPOTECA DE SU CASA
'OFICIAL'
El exsecretario general del
PP de Madrid dirige un
escrito a la Audiencia
Nacional para que desbloquee
de sus cuentas los fondos
suficientes para pagar toda
la deuda pendiente con el
banco. Su argumento: si no
lo hace así, la entidad
financiera se quedará con la
vivienda que utilizaba
cuando fue detenido en
octubre de 2014.
Nueva petición de Francisco
Granados desde la cárcel. El
que fuera secretario general
del PP de Madrid y número 3
del Ejecutivo de Esperanza
Aguirre ha dirigido un
escrito al titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy
Velasco, en el que le pide
de nuevo que le desbloquee
las cuentas que tiene
embargadas desde que fue
detenido el 27 de octubre de
2014. En concreto, el
político, único de los
'investigados' en el caso
Púnica que permanece
encarcelado, pide que se
liberen 114.269,40 euros de
la cuenta en la que figuran
como titular él y su mujer,
María Nieves Alarcón,
también imputada, para poder
saldar el préstamo
hipotecario que grava la
casa que la pareja utilizaba
como vivienda habitual en la
localidad de Valdemoro. Su
argumento es que, de no
hacerse así, la entidad
financiera que les concedió
el crédito, se la quedará.
Los investigadores adjudican
al ex alcalde y ex consejero
la propiedad de otros cuatro
inmuebles, dos de ellos a
nombre de testaferros (ver
recuadro).
Catalunya Caixa ha ofrecido
a Granados y su mujer la
posibilidad de acogerse a
"la reestructuración de la
deuda y la dación en pago".
El político ni se lo plantea
En el escrito, fechado este
lunes y al que ha tenido
acceso Vozpópuli, Francisco
Granados asegura que
Catalunya Caixa "va a
iniciar la ejecución
hipotecaria de la vivienda
en las próximas fechas"
después de que la pareja no
haya abonado desde el
arresto del político, hace
año y medio, ninguna de
cuota de dicho préstamo. En
total, más de 32.000 euros.
Para demostrarlo, incorpora
la carta que recientemente
ha remitido la entidad
financiera a la pareja en la
que ésta les da "5 días
hábiles [...] para
regularizar la totalidad de
la deuda". En la misma
misiva, la caja catalana
ahora absorbida por el BBVA,
le ofrece "soluciones como
la reestructuración viable
de la deuda y la dación en
pago".
Sin embargo, ninguna de
estas dos posibilidades es
contemplada por el político
a la vista del contenido del
escrito. De hecho, en el
mismo solicita al juez
Velasco "el desbloqueo de
los saldos suficientes para
pagar el préstamo
hipotecario pendiente, toda
vez que el bien inmueble se
encuentra embargado por este
Juzgado y de otro modo
perdería el bien a favor de
la entidad bancaria como
acreedor hipotecario", algo
que rechaza. El político
cuantifica en 114.269,40
euros el dinero necesario
para no 'despedirse' de su
vivienda, según un
certificado con las cifras
pendientes de amortización
que le remitió el banco el
pasado 15 de marzo. En él se
detallaba que esta cantidad
se repartía entre 80.793,93
euros de "capital
pendiente", 32.205,60 euros
de "deuda vencida", 18,93
euros de "intereses
devengados", 807,94 euros de
"comisión amortización" y
otros 442 euros de "comisión
de rec. impago".
Una inmobiliaria bajo
sospecha
En su escrito, Granados y su
mujer detallan al juez todo
el proceso que siguieron
para la adquisición en marzo
2007 de dicha vivienda,
situada en el número 2 de la
calle Venezuela, de
Valdemoro, la localidad
donde el exdirigente del PP
fue alcalde. Así, aseguran
que firmaron un contrato de
compraventa con Promodico
SL, también intervenida por
orden judicial en el 'caso
Púnica', por un precio de
468.000 euros. Para ello,
aseguran que suscribieron la
hipoteca con Catalunya Caixa
por 330.000 euros de capital
gracias a que la casa fue
tasada entonces por un valor
incluso superior al que
ellos iban a pagar. Todo
ello lo acompañan con
documentos como la propia
escritura de la compra.
El juez investiga si la
vivienda que quiere salvar
Granados fue realmente
pagada por el político o se
trató de un 'pago en
especie' por sus favores a
una constructora
Promodico SL, la
inmobiliaria que le vendió
la casa, es una de las
filiales del Grupo DICO, uno
de cuyos directivos denunció
hace tiempo el supuesto pago
de 'mordidas' al exdirigente
regional del PP. En el
sumario consta que fue esta
promotora la que vendió al
político 'popular' dos
viviendas, entre ellas la
que ahora a toda costa
conservar. No obstante, la
investigación intenta
aclarar si ésta fue
realmente abonada por
Granados o se trató de un
'pago en especie' por los
supuestos favores que el
político hizo a la
constructora y sus filiales
en Valdemoro. Además, un
informe de la Agencia
Tributaria incorporado a la
causa también llama la
atención sobre otra venta de
Promodico al 'clan
Granados', en este caso a
los cuñados del exsecretario
general del PP en Madrid.
Formalizada en 350.000
euros, los expertos de
Hacienda destacan que su
valor real se acercaba al
medio millón de euros. Por
todo ello, el pasado 27 de
octubre, cuando se
produjeron las detenciones,
la compañía fue intervenida,
y todos sus bienes y cuentas
corrientes embargados.
Situación que se mantiene en
la actualidad.
SUS VIVIENDAS 'OCULTAS'
El patrimonio inmobiliario
de Francisco Granados no se
limita, ni mucho menos, a la
vivienda de la calle
Venezuela, de Valdemoro,
para cuya hipoteca pide
ahora dinero. Él y su mujer
también figuran como
titulares de otra casa en
esta localidad al Sur de
Madrid donde él ejerció de
alcalde y de un chalé en
Marbella. Ambas
adquisiciones también están
bajo sospecha. Sin embargo,
las pesquisas también han
permitido destapar otras
posesiones que supuestamente
pertenecen al político
aunque figuran a nombre de
supuestos testaferros. Una
es la mansión de 1.000
metros cuadrados que uno de
los constructores imputados
en la causa le estaba
levantando también en
Valdemoro. La misma iba a
contar con todo tipo de
lujos como una piscina con
el vaso revestido de
cuarcita dorada, un amplio
jardín con porche levantado
en piedra arenisca y una
cocina con muebles y
electrodomésticos valorados
en más de 80.000 euros. El
resto de la vivienda seguía
la misma línea: baño turco y
sauna, vestidor con mando a
distancia, tres chimeneas,
ducha con cromoterapia y
efecto niebla... La segunda
propiedad inmobiliaria
oculta es un chalé situado
en la localidad abulense de
Higuera de las Dueñas, un
pequeño pueblo de menos de
300 habitantes. Esta
vivienda, que Granados
utilizaba junto a otros
imputados como lugar de
asueto muchos fines de
semana, esta situado sobre
siete fincas valoradas en
más de un millón de euros.
http://vozpopuli.com/actualidad/78506-granados-pide-al-juez-que-le-libere-114-269-para-pagar-la-hipoteca-de-su-casa-oficial
GRANADOS PIDE DE NUEVO LA
LIBERTAD EN PLENA TORMENTA
POR LAS CONFESIONES DE
MARJALIZA
El político, único
encarcelado por el 'caso
Púnica', envía al juez
Velasco un escrito para
reclamar su "inmediata"
salida de prisión sólo 24
horas después de que se
conocieran las declaraciones
judiciales de su ex socio y
amigo que le incriminan.
Sólo 24 horas. Ese es el
corto espacio de tiempo que
ha pasado entre que salieran
a la luz la confesión de
David Marjaliza y que el
principal damnificado por
sus revelaciones pida la
"inmediata puesta en
libertad". Francisco
Granados ha entregado este
miércoles en la Audiencia
Nacional un escrito por el
que vuelve a solicitar al
juez instructor del 'caso
Púnica', Eloy Velasco su
excarcelación. El que fuera
'número 2' de Esperanza
Aguirre en el PP madrileño
insiste en que no hay riesgo
de fuga porque "es ciudadano
español" y tiene arraigo en
nuestro país, además de que
la posibilidad de que
destruya pruebas o reincida
en la actividad delictiva de
que se le acusa es nula
porque "parece poco
probable" que vuelva "a
ocupar el puesto como
funcionario público". En las
ocasiones anteriores en las
que pidió también su
libertad, ésta fue rechazado
con el apoyo de la Fiscalía
Anticorrupción pese a que el
ex senador incluso propuso
llevar un pulsera de control
telemático. En esta ocasión
no plantea esta posibilidad.
El escrito de su abogado
defensor, de poco más de
tres folios de extensión y
al que ha tenido acceso
Vozpópuli, destaca que el
pasado 7 de mayo el
magistrado acordó el
levantamiento parcial del
secreto de sumario y que, a
la vista de ello, "no
concurren las causas que
motivaron el ingreso en
prisión incondicional" de su
cliente, por lo que solicita
"su inmediata puesta en
libertad o,
alternativamente, la
imposición de una medida
menos gravosa que la prisión
preventiva". Para ello,
alega que ya no existe
riesgo de fuga ya que "como
se ha explicado en
anteriores escritos, el
señor Granados es ciudadano
español, residente en
Valdemoro, donde vive con su
mujer y sus hijas". "Por
este motivo -continúa el
escrito-, el arraigo en
España se muestra como
plenamente acreditado".
Tres años de investigación
El abogado del político
también considera que "no
existe riesgo de reiteración
delictiva". Para ello,
destaca que los delitos que
"suspuestamente" se le
imputan "se habrían cometido
aprovechando su posición
como funcionario público".
"A estas alturas, parece
poco probable que el señor
Granados pueda volver a
ocupar un puesto como
funcionario público".
Finalmente, incide en que
tampoco puede destruír
ningún tipo de prueba. En
este sentido, recalca que la
investigación se inició en
el año 2013 y que está
judicializada desde 2014,
"por lo que entiende esta
defensa que difícilmente el
señor Granados va a poder
interrumpir el curso de la
investigación casi tres años
después de que se
iniciasen".
Por todo ello, reclama la
puesta en libertad del
político sin fianza o, en su
defecto, de una medida
económica "como le fue
impuesta en su momento tanto
al señor Moreno [Jesús
Moreno Torres, su sucesor en
la alcaldía de Valdemoro]
como al señor Marjaliza". El
primero eludió el ingreso en
prisión tras su imputación
tras abonar una fianza de
100.000 euros. El segundo
abandonó la prisión el
pasado mes de diciembre,
tras seis meses de
colaboración con la Justicia
y consignar en el Juzgado la
misma cantidad.
http://vozpopuli.com/actualidad/82119-granados-pide-de-nuevo-la-libertad-en-plena-tormenta-por-las-confesiones-de-marjaliza
UN EX CONCEJAL DEL PP
PROCESADO EN GÜRTEL COLABORA
EN PÚNICA: DESTAPA CÓMO ERAN
LAS CACERÍAS DE GRANADOS Y
MARJALIZA
Se trata del ex edil de
Majadahonda, Juan José
Moreno Alonso, quien
recientemente prestó
declaración en la Fiscalía
Anticorrupción incriminando
al ex secretario general del
PP de Madrid, Francisco
Granados. El ex concejal
explicó cómo se hacían
negocios en las cacerías
donde estaba la mano derecha
de Aguirre.
El ex edil de Majadahonda,
Juan José Moreno Alonso,
procesado por su
participación en la Primera
Época de la trama Gürtel
(1999-2005), testificará en
los próximos días ante el
titular del Juzgado Central
de Número 6 de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco, para
colaborar en la
investigación de la trama
Púnica, según han informado
fuentes jurídicas a
Vozpópuli. En realidad,
Moreno Alonso había sido
citado por el magistrado
este martes pero por motivos
de agenda no dio tiempo a
que prestase declaración
ante el instructor y dicha
comparecencia se ha aplazado
para los próximos días,
según explican las mismas
fuentes.
Moreno Alonso, ahora testigo
en Púnica, también colaboró
a esclarecer la
investigación de la trama
Gürtel con sus confesiones
Se da la circunstancia de
que el ahora testigo del
caso Púnica fue uno de los
concejales que ayudó a
destapar la trama Gürtel ya
que participó en las
grabaciones que se
realizaron al presunto
cabecilla de esta red de
corrupción, Francisco
Correa, y que en 2007 fueron
aportadas a la Fiscalía
Anticorrupción por el
también ex edil de
Majadahonda, José Luis
Peñas. Moreno, que no se
atrevió en un primer momento
a ir junto con Peñas a la
Fiscalía para denunciar los
hechos, sí que colaboró con
la Audiencia Nacional y
Anticorrupción en momentos
posteriores de la
instrucción de Gürtel. De
ahí, que en el auto de
apertura de juicio oral de
la Primera Época de esta
trama corrupta a Juan José
Moreno Alonso, ex concejal
de Hacienda de Majadahonda,
se le apliquen varios
atenuantes por "colaboración
con la justicia y confesión
judicial".
Pues bien, Moreno Alonso
prestó declaración
recientemente en la Fiscalía
Anticorrupción y entregó
allí las cintas de las
grabaciones que forman parte
del sumario de Gürtel donde
se recoge cómo operaba la
red de Correa y donde
aparece salpicado Francisco
Granados. Este ex edil contó
cómo el ex consejero de
Presidencia, Justicia e
Interior de la Comunidad de
Madrid ordenó al ex alcalde
de Majadahonda, Guillermo
Ortega, dimitir porque se
estaba quedando con el
dinero de las comisiones que
daban los empresarios y no
las estaba haciendo llegar a
sus superiores.
Cacerías con putas
Según fuentes de la
investigación consultadas
por este periódico, el
testimonio de este ex
concejal del PP tiene valor
en las pesquisas de Púnica
ya que coincidió en algunas
de las cacerías que están
siendo investigadas con los
cabecillas de la trama,
Francisco Granados y su ex
socio arrepentido, David
Marjaliza. Era en dichos
encuentros de caza donde, en
ocasiones, se cerraban los
'pelotazos' urbanísticos.
El ex edil de Majadahonda
coincidió con los cabecillas
de la trama Púnica en las
ostentosas cacerías donde se
cerraban los 'pelotazos'
urbanísticos
Del sumario de Púnica se
desprende que tanto el que
fuera mano derecha de
Esperanza Aguirre como sus
entonces amigos, Marjaliza y
el también constructor
Ramiro Cid, cerraban gran
parte de sus operaciones
empresariales en cacerías.
Así lo confesó el ex
director financiero de la
promotora Dico, David
Merino, una de las
constructoras investigadas
en este procedimiento y que
habría costeado las
ostentosas monterías que se
dieron en fincas como La
Parrilla, La Solana, Los
Yébenes, Los Berrocales y
Los Collados de San Benito,
para uso y disfrute de los
imputados en dicha trama de
corrupción.
Merino explicó que las
monterías se celebraban en
prestigiosas fincas de
España de caza mayor, donde
había "venados a
cascoporrillo", y que a
ellas acudían unas 50
personas entre empresarios y
políticos. Según sostuvo el
ex director de la
constructora Dico en su
confesión, en las jornadas
cinegéticas tampoco faltaban
las prostitutas.
Por su parte, el ex concejal
de Majadahonda Juan José
Moreno detalló cómo se
hacían los negocios en
dichos encuentros campestres
cuando compareció en la sede
de Anticorrupción a voluntad
propia. De ahí que las
fiscales del caso, Carmen
García y María Teresa
Gálvez, incorporaran su
testimonio al sumario de
Púnica y consideraran que
éste debe ser escuchado
también por el juez Velasco.
http://vozpopuli.com/actualidad/78577-un-ex-concejal-del-pp-procesado-en-gurtel-colabora-en-punica-destapa-como-eran-las-ostentosas-cacerias-de-granados-y-marjaliza
EVA BOROX DIMITE COMO
DIPUTADA REGIONAL PARA “NO
PERJUDICAR A CIUDADANOS”
La exparlamentaria mantenía
una relación de amistad con
Marjaliza, uno de los
principales imputados de la
Púnica
Eva Borox, la número tres de
Ciudadanos en la Asamblea de
Madrid, ha presentado este
jueves su dimisión y ha
entregado su acta para "no
perjudicar a su partido".
"Niego todas las acusaciones
recogidas en la declaración
de David Marjaliza durante
mi etapa como concejal del
PSOE en Valdemoro. Marjaliza
nunca me ha pagado ningún
viaje ni he recibido
comisión alguna", dijo la ya
exparlamentaria.
Las autoridades judiciales
investigan si Marjaliza pagó
a Borox varios viajes a
cambio de favores cuando era
concejal del PSOE en
Valdemoro, entre 1998 y
2003. Borox formó parte del
PSOE de Valdemoro hasta
2007, fecha en la que fue
expulsada tras ser acusada
de haber afiliado a amigos y
familiares del PP en la
agrupación socialista del
pueblo. El entonces
secretario regional del
Partido Socialista de
Madrid, Rafael Simancas,
ordenó que se disolviera la
agrupación de Valdemoro.
Encargó a una gestora la
dirección del partido local.
Borox, sin embargo, mantiene
que nadie la echó, sino que
fue ella la que decidió no
solicitar su alta en la
formación. En aquella época,
Granados y Marjaliza tenían
pleno control sobre el grupo
socialista de Valdemoro. De
los 300 militantes, más de
la mitad estaban
relacionados con el PP o
eran familiares suyos.
El actual escándalo arrancó
después de la difusión de
varias fotografías [en la
cadena de televisión La
Sexta] en las que Borox
aparece junto a David
Marjaliza, socio de
Francisco Granados, y uno de
los cerebros de la trama
Púnica. Hay imágenes en la
casa del empresario y en un
parque de atracciones. Las
instantáneas sugieren que
existía una mayor relación
que la que reconoció la
diputada entre ella y el
empresario. Dijo que solo le
conocía debido a que
residían en la misma
localidad y tenían amigos en
común.
La diputada ha remarcado que
la decisión es de “carácter
personal” para no interferir
ni perjudicar el buen
funcionamiento del partido
“a pesar de no estar
investigada ni imputada”.
Borox se siente objeto de
una persecución mediática:
“Un medio de comunicación ha
hecho una causa personal
contra mí”. En último lugar,
ha puntualizado que entrega
su acta “a diferencia de
todos aquellos que,
existiendo motivos reales
para marcharse, siguen
aferrándose cada día a su
cargo público protegidos por
su aforamiento”. La
sustituirá Ana Rodríguez, la
siguiente en las listas de
Ciudadanos. Borox no ha
admitido preguntas.
“Eva Borox ha decidido
echarse a un lado para poder
defenderse y para no
perjudicar al partido” ha
sostenido Ignacio Aguado. El
líder de la formación
naranja en Madrid ha
defendido que la exdiputada
“ha dado una lección a todos
aquellos que a pesar de
estar imputados, incluso
condenados, siguen aferrados
a la silla”.
La dimisión de Borox cierra
una posible crisis en el
Gobierno regional de la
Comunidad de Madrid,
encabezado por Cristina
Cifuentes (PP). La
presidenta popular fue
elegida gracias al apoyo de
Ciudadanos, pero solo cuenta
con un voto más que los
grupos de la oposición. Si
Borox no hubiera abandonado
su acta y hubiese pasado al
grupo mixto, PP y Ciudadanos
no tendrían mayoría
absoluta, ya que solo tienen
un escaño más que la unión
de PSOE y Podemos.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/17/madrid/1458241258_410633.html
EVA BOROX, DIPUTADA
MADRILEÑA DE C'S, COMPARTIÓ
MESA Y MANTEL O VISITAS AL
PARQUE DE ATRACCIONES CON
MARJALIZA, CEREBRO DE PÚNICA
La diputada de Ciudadanos en
la Asamblea de Madrid
aparece en varias
fotografías difundidas por
La Sexta en compañía de su
marido y del cabecilla de la
trama Púnica. Cuando
Marjaliza reveló que le
había pagado viajes y dado
dinero, ella aseguró que era
mentira y que no tenía
ninguna relación con él,
solo se conocían, decía, por
ser vecinos.
La situación política de Eva
Borox, diputada de
Ciudadanos en la Asamblea de
Madrid, se complica por
momentos. A la confesión del
cabecilla de la trama
Púnica, David Marjaliza,
quien aseguró ante el juez
haberle hecho pagos en
metálico y regalado viajes,
se añaden ahora fotografías,
la primera fechada en 1999
en una sala de fiestas de
Madrid, en las que se ve al
presunto cerebro de Púnica y
la número 3 de Ciudadanos
(entonces era concejala del
PSOE en Valdemoro) en
actitud amistosa y relajada.
En algunas de las
instantáneas, Borox y su
familia están cenando en el
propio domicilio del cerebro
de la trama
Las imágenes han sido
publicadas este martes por
el programa Al rojo vivo de
La Sexta, y vendrían a
certificar lo que Borox ha
negado por activa y por
pasiva: que haya existido
una relación de amistad
entre ella, su familia (en
algunas de las de
fotografías aparece su
marido, como en una en un
Parque de Atracciones de
Madrid) y el empresario
Marjaliza.
En algunas de las
instantáneas, incluso, Borox
y su familia están cenando
en el propio domicilio del
cerebro de la trama. Las
imágenes también dan cuenta
de viajes a Murcia, Denia,
Zahara de los Atunes,
Andorra, etc.
Por su parte, la diputada de
la Asamblea de Madrid ha
vuelto a negar tal relación
de amistad con Marjaliza y
ha asegurado que nunca ha
recibido un regalo suyo. Ya
en julio de 2015, Borox
ofreció una rueda de prensa
para calificar lo publicado
de falsedad "absoluta,
asquerosa y repugnante".
http://vozpopuli.com/actualidad/77837-eva-borox-diputada-madrilena-de-c-s-compartio-mesa-y-mantel-o-visitas-al-parque-de-atracciones-con-marjaliza-cerebro-de-punica
LA
OTRA AGENDA DE PÚNICA QUE
ATERRA A LOS POLÍTICOS: 293
PÁGINAS DE LA SECRETARIA DE
MARJALIZA CON SOBORNOS
La Guardia Civil localizó en
el despacho de Ana María
Ramírez, mano derecha del
'arrepentido' constructor,
un dietario manuscrito con
las cantidades en metálico
que supuestamente se
entregaban en mano a cargos
públicos de los
ayuntamientos donde actuaba
la trama. Es el 'legajo
documentación precinto
GC000693'.
Iniciales, tachones,
cantidades de dinero, fechas
y anotaciones en post-it. La
agenda intervenida a
Francisco Granados, y que ha
permitido imputar
recientemente al empresario
Javier López Madrid y al
exgerente del PP madrileño,
Beltrán Gutiérrez, no es el
único dietario manuscrito
que amenaza a los cargos
públicos que presuntamente
recibieron sobornos de la
trama Púnica. La Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil también da
un importante valor
probatorio a la que localizó
en el despacho que tenía Ana
María Ramírez, secretaria
del constructor David
Marjaliza Villaseñor, en las
oficinas que el entramado
societario de este último
tenía en la localidad
madrileña de Pinto. Se
trata, en concreto, de 293
páginas con detalles sobre
el pago de comisiones a
políticos "en sobres y con
billetes de elevado valor
facial". La declaración del
constructor ha permitido
aclarar qué se esconde
detrás de las numerosas
iniciales que contiene, como
hizo con la que se encontró
en poder del político
'popular'.
La agenda fue localizada en
el despacho de Ana María
Ramírez, mano derecha del
constructor. La Guardia
Civil la etiquetó como
"legajo documentación
precinto GC000693" e hizo
constar el número de páginas
La agenda fue intervenida el
27 de octubre de 2014, el
día que la Guardia Civil
hizo el grueso de las
detenciones. Se encontraba
en el despacho que Ana María
Ramírez tenía en las
oficinas del Edificio Éboli,
situado en el número 1 de la
calle Poeta José Hierro, de
Pinto, una localidad
madrileña situada a sólo 7
kilómetros de Valdemoro.
Desde allí, Marjaliza y su
colaborador gestionaban su
compleja red de empresas. La
Guardia Civil etiquetó
entonces dicho dietario de
anillas como el "legajo
documentación precinto
GC000693" e hizo constar el
número de páginas. Durante
los meses siguientes, sus
agentes la han convertido en
una de las piezas clave para
desentrañar cómo, cuánto y,
sobre todo, a quién
presuntamente se pagaron los
sobornos por la adjudicación
irregular de contratos
municipales, especialmente a
la empresa de eficiencia
energética Cofely-GDF Suez.
Hasta ahora de su contenido
ha transcendido muy poco.
Sólo un par de hojas. No
obstante, su efecto ha sido
demoledor en los informes en
los que se ha incluido
referencia a la misma, sobre
todo después de que primero
Marjaliza y, más adelante,
la propia autora de los
mismos hayan explicado a los
investigadores el
significado de las
anotaciones. El constructor
llegó a detallar al juez
Eloy Velasco el pasado mes
de junio que "en muchas
ocasiones" él adelantaba el
dinero de las 'mordidas' "de
su bolsillo" para pagar a
los políticos implicados a
la espera de que la
multinacional le pudiera
hacer llegar ese dinero
mediante la facturación de
trabajos ficticios a dos de
sus empresas, Ruta
Energética y Construcciones
de la Peña. El empresario
también señaló que la
entrega de dichos sobornos
se hacía en metálico en las
oficinas de Pinto donde,
precisamente, se halló la
agenda.
"P", "CV", "ME", "S", "G" y
"Most"
De las dos únicas hojas que
recoge la parte del sumario
de Púnica que no está bajo
secreto, la que más ha
aportado a la investigación
es la página 221 de la
agenda. En la misma, y bajo
la leyenda 'Cofely', aparece
una tabla con media docena
de iniciales junto a
cantidades de dinero
supuestamente entregadas. De
esta media docena, la
Guardia Civil ha podido
descifrar cinco de ellas. Se
trata de "CV", que
presuntamente corresponde
con Collado Villalba y que
recoge una entrega de
135.000 euros; "ME",
Moraleja de Enmedio, y
enlazada a otra de 30.000
euros; "P", Parla, vinculada
a medio millón de euros;
"S", Serranillos del Valle,
junto a la cantidad de 2.000
euros; y "Most.", Móstoles,
unida con una flecha a la
cifra de 6.000 euros. Aún
está "sin identificar" la
primera inicial de la lista,
"G", que aparece vinculada
con una entrega también de
6.000 euros. También aparece
una supuesta entrega de
35.000 euros a las iniciales
"ALC", aunque la misma
figura tachada.
Un informe de la UCO recalca
la "verosimilitud" de la
agenda porque recoge
cantidades que "concuerdan
con las comisiones" pagadas
a políticos
Así, en el informe sobre las
irregularidades del contrato
de Cofely en la localidad de
Móstoles, la UCO vincula
dicha hoja de la agenda con
una supuesta entrega a Mario
Utrilla, quien fuera
diputado autonómico del PP
hasta la pasada Legislatura
y alcalde de Sevilla La
Nueva, también imputado en
la causa. Según los
investigadores, sería el
pago que este político iba a
recibir de Marjaliza "para
las vacaciones" por poner en
contacto a la trama con su
hermano Alejandro, concejal
de Medio Ambiente de la
primera localidad y con el
que supuestamente se
concretó el amaño de los
pliegos de licitación del
concurso. "Sin embargo, la
verosimilitud del contenido
de este documento manuscrito
no recae únicamente en esta
coincidencia, sino que [...]
figuran otras cantidades que
también concuerdan con las
comisiones acordadas en
diferentes municipios de la
Comunidad de Madrid donde se
había decidido de antemano
la adjudicación de contratos
de eficiencia energética
para Cofely", destaca un
informe de la UCO.
De hecho, otro documento de
la Guardia Civil sobre otro
de estos amaños, el referido
al concurso que ganó la
multinacional en Serranillos
del Valle, también hace
referencia a esta hoja
concreta de la agenda de Ana
María Ramírez. En este caso,
los agentes vinculan la
supuesta entrega de 2.000
euros con un supuesto pago
para el alcalde de esta
localidad, el también
imputado Antonio Sánchez
Fernández, del partido
independiente UDMA. El
propio Marjaliza lo
reconoció en dos ocasiones
en su declaración ante el
juez Velasco, aunque aseguró
que era "para una carrera,
algo parecido a un
patrocinio". No obstante, el
constructor reconoció que el
alcalde le había pedido
25.000 euros para comprarse
un coche deportivo, pero que
no llegó a pagárselo porque
la Guardia Civil los detuvo
a ambos antes de hacer la
entrega.
"Brunete", "Quijorna",
"Alcalá", "Avelino",
"David"...
Sin embargo, esta página 221
no se queda en este listado.
También incluye otras
anotaciones (ver bajo estas
líneas), aunque ninguno de
los informes de la UCO que
figuran en los tomos del
sumario sobre los que ya no
pesa el secreto de sumario
aclara el sentido que dan a
las mismas. Así, bajo la
palabra "personales" aparece
otra vez la inicial "P" y
una nueva cifra, en este
caso 25.000 euros. Junto a
ellas aparece otra columna,
en este caso de
"extras-pagos", con los
nombres propios "David" y
"Avelino" y sendas entregas
de 35.000 y 25.000 euros. En
una tercera, nombres
completos de localidades y,
de nuevo, el nombre de
"Avelino". Éste figura
relacionado también con la
cifra de 25.000 euros. Los
municipios señalados con "Brunete",
vinculado a la cifra de
12.000 euros; "Quijorna",
unido a la cantidad de 2.000
euros; y "Alcalá", junto a
la que aparece un tachón,
aunque debajo aparece la
cuantía de 42.000 euros
junto a otras anotaciones
difícilmente legibles. Esto
último ocurre con la última
anotación de la que sólo se
entiende la cifra, 1.400
euros.
En la parte conocida del
sumario aparece una segunda
página de la agenda de Ana
María Ramírez (ver bajo
estas líneas) con
anotaciones supuestamente de
entregas de sobornos bajo lo
que parece el dibujo de un
sol. Se trata, de nuevo, de
una columna con cinco
anotaciones, una de ellas
tachada, de nuevo con cifras
e iniciales. Así, aparecen
dos entregas de 50.000 euros
cada una a "P", que
anteriormente fue
identificado por la Guardia
Civil como Parla. Las mismas
tienen fecha del 13 de mayo
y el 26 de junio de 2014,
sólo unos meses antes de las
detenciones. También aparece
una de 2.000 euros a "S"
realizada el 9 de mayo del
mismo año, y que los
investigadores consideran
que es la misma que
supuestamente se entregó al
alcalde de Serranillos del
Valle. La cuarta es una de
30.000 euros el 11 de julio
de aquel año junto a las
letras "CV", que la UCO cree
que corresponde con Collado
Villalba. El entonces
alcalde de este municipio
madrileño, Agustín Juárez,
es otro de los imputados.
La quinta anotación, que
recogía una supuesta
'mordida' de 35.000 euros
realizada en agosto, figura
tachada y no se identifican
las iniciales de la
localidad con la que está
vinculada. No obstante, en
la misma aparece un último
apunte, en este caso escrito
sobre un 'post-it' que
apareció adherido a la hoja.
Se refiere a una supuesta
entrega de 50.000 euros
realizada de nuevo a "CV",
Collado Villalba, junto a la
fecha del 19 de septiembre
de 2014. Todo ello escrito
por la misma mano, la de Ana
María Ramírez, quien cuando
acudió el pasado verano a la
Audiencia Nacional a
declarar por segunda vez
ante el juez Velasco siguió
el ejemplo de su jefe
Marjaliza: tiró de la manta
y reconoció que todas esas
anotaciones eran la
'contabilidad' de los pagos
de sobornos a cargos
públicos. En una
comparecencia que duró dos
horas y media, la mujer
facilitó nuevos datos y se
comprometió a aportar más
documentación. El magistrado
ordenó entonces su puesta en
libertad bajo fianza de
40.000 euros. Desde
entonces, muchas veces
siguiendo las indicaciones
que recibía desde la cárcel
del propio constructor, la
mujer ha acudido a la
Audiencia Nacional con
información. La última vez,
el pasado 4 de diciembre.
http://vozpopuli.com/actualidad/77752-la-otra-agenda-de-punica-que-aterra-a-politicos-293-paginas-de-la-secretaria-de-marjaliza-con-sobornos
UNA
EXASESORA DE LA FUNDACIÓN
ARPEGIO ASEGURA QUE NO
EXISTÍA NINGÚN CONTROL
Elisa de La Nuez llegó a la
conclusión de que el acceso
a los contratos se realizaba
a través de contactos
personales o políticos
Elisa de la Nuez, asesora de
la Fundación Arpegio de mayo
a diciembre de 2008, ha
indicado en su comparecencia
de hoy ante la Comisión
sobre la Corrupción de la
Asamblea de Madrid, que en
dicha institución “no había
criterios profesionales ni
controles para decidir que
se hiciera una cosa u otra”.
"Me parece perfectamente
posible que se pudiera
desviar dinero", concretó
debido a las características
de la empresa. Tampoco
contaban con procedimientos
de selección de proyectos y
no se conocía la razón por
la que se pagaba un importe
u otro. Todo ello a pesar de
que la Fundación tenía un
presupuesto en 2007 de entre
siete u ocho millones, que
le había transferido la
empresa pública Arpegio", ha
dicho.
De la Nuez fue contratada
por la Fundación Arpegio
cuando era su máximo
responsable la consejera de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio Beatriz
Elorriaga, que fue quien la
llamó y que “estaba
preocupada” por la gestión
de la fundación. Su misión
era establecer unos sistemas
de control en la
contratación y en los
procedimientos internos para
mejorar la ejecución de
proyectos y su seguimiento,
porque había cambiado la
legislación que hasta ese
momento era bastante laxa
con el control de las
fundaciones.
Una de las preocupaciones de
Elorriaga era que se
firmaban “muchos convenios y
no parecía que se hiciera un
seguimiento del cumplimiento
de sus objetivos”. Porque
esa salida de dinero público
a otra entidad, se realizaba
de una forma que parecía “te
doy el dinero y ya está”.
Entre otras iniciativas,
planteó limitar la capacidad
para adjudicar gasto de la
directora general de la
Fundación, Carmen Plata, una
persona que, en su opinión,
“no tomaba decisiones, no
pintaba nada”. “Yo creo que
el que decidía era el señor
Granados (por Francisco
Granados, ahora en prisión
por la trama Púnica) y su
entorno”, especificó.
También indicó que se oía
hablar de la “jefa” y que
ella interpretó que se
referían a Esperanza
Aguirre, pero no tiene
ninguna prueba de ellos.
“Son conclusiones que saco
yo”. En varias ocasiones
repitió que ella no vio
nunca ni a Granados ni a
Aguirre. Tampoco habló nunca
con la sucesora de Elorriaga
en la consejería, Ana Isabel
Mariño.
De La Nuez ha asegurado que
entregó un plan de trabajo a
Elorriaga, que cree que no
se aplicó porque cesó y fue
sustituida por Ana Isabel
Mariño. Entonces se quedó
“un poco en tierra de
nadie”. Ha relatado que a
partir de ese momento le
“dieron largas”. Piensa que
la nueva consejera no tenía
tanto interés en hacer un
funcionamiento más
profesional. En cuanto a la
directora general “me veía
como una especie de espía de
la consejería”.
A la pregunta de los
diputados de la razón por la
que se creó la Fundación, De
la Nuez indicó que lo
desconocía. “Tenía un objeto
muy amplio, lo mismo servía
para un roto que para un
descosido”, ha remarcado.
Sobre los diversos proyectos
que llevó a cabo la
fundación, solo ha dicho
recordar la construcción de
un órgano en una iglesia por
unos 266.000 euros, “porque
ese no era su cometido”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/06/madrid/1462528945_404476.html
DE LA SERNA COBRÓ UN INFORME
A LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA
QUE TRABAJABA
Además recibía 3.000 euros
todos los meses de Arpegio
por asesorar a la entidad
Pedro Gómez de la Serna,
exdiputado del PP e
investigado por la Audiencia
Nacional, ha reconocido ante
la Comisión de Corrupción de
la Asamblea de Madrid que
recibió 12.000 euros por la
redacción de un informe de
30 páginas (a 400 euros el
folio) en su etapa como
asesor jurídico de la
Fundación Arpegio, cargo que
ejerció de marzo 2007 a
julio de 2011. El documento,
que era un encargo especial,
versaba sobre la nueva ley
de contratos del sector
público que entró en vigor
en mayo de 2008. El trabajo
le llevó dos meses y
considera que “está en
precio, es barato”. La
Comisión parlamentaria
investiga la gestión de 10
millones de dinero público
que se realizó desde la
Fundación Arpegio.
En total, cobró por sus
servicios como asesor unos
157.000 euros, a razón de
3.030 euros mensuales,
cantidad que bajó a los
2.472 a partir de enero de
2012 porque “el trabajo
había bajado”. El exasesor
aseguró no tener
conocimiento “de que haya
habido ni un solo pago sin
control” en la institución.
El compareciente fue
parlamentario del PP en las
dos últimas legislaturas,
pero a mediados de enero
pidió la baja e ingresó en
el grupo mixto, debido a la
investigación abierta en la
Audiencia Nacional por
presuntos delitos de
corrupción en las
transacciones económicas
internacionales, cohecho,
blanqueo de capitales y
organización criminal. A
este respecto ha señalado a
los diputados regionales,
que ese proceso surge de
“una extorsión” y que está
montado con documentos y
testimonios falsificados.
Está seguro de que “saldrá
limpio” del proceso. El
exembajador Gustavo de
Arístegui también está
siendo investigado por la
misma causa.
¿Cómo y a quién contrataba
la Fundación Arpegio?, “yo
no lo sé”, ha respondido.
Apuntó a los presidentes de
Arpegio como los que tomaban
las decisiones políticas de
que convenios se firmaban o
no. Fuero tres: Francisco
Granados, exconsejero de
Presidencia y ahora en
prisión por el caso Púnica
(al que “no conoció”);
Beatriz Elorriaga y Ana
Isabel Mariño. A Esperanza
Aguirre, entonces presidenta
de la Comunidad de Madrid,
la conoció “más tarde”.
Recordó que él era asesor
jurídico, el encargado de
redactar informes y
contratos. La que recibía
“instrucciones del
presidente (el consejero de
turno) era la directora,
Carmen Plata. Luego le
llamaba y le comunicaba con
quien se debían formalizar
los convenios de patrocinio.
“Nunca tuve que rechazar
ningún proyecto porque
pudiera ser ilegal”, ha
puntualizado.
Su contratación partió de la
directora general de la
Fundación, a quien conoció
en su etapa como asesor del
Ministerio del Interior.
También ejerció de jefe de
gabinete del ministro del
Interior Jaime Mayor Oreja.
“Me dijo que iba a pedir
tres ofertas”. Si lo hizo o
no, él no lo puede saber. Al
mismo tiempo, ha mantenido
que, aunque era una
institución sometida al
derecho privado hasta que la
legislación cambió en 2008,
él recomendó que “siendo el
origen de los fondos público
era más ortodoxo”, que se
actuase como un organismo
público, es decir, que los
contratos se sujetaran a los
controles de las
licitaciones públicas.
Aseguró también que en la
mayoría de los convenios se
establecía un seguimiento de
la ejecución de los
trabajos. Sin embargo, la
primera compareciente en
esta sesión de investigación
de hoy, Elisa de la Nuez,
que prestó sus servicios
como abogada en la Fundación
en 2008 durante seis meses,
ha asegurado que no existían
procedimientos de
contratación ni de control.
Los diputados le recordaron
que si no le habían
“chocado” convenios como el
de la Fundación Humanismo y
Democracia, una ONG
vinculada al Partido
Popular, por 81.900 euros,
cuando Granados ejercía el
control. Gómez de la Serna
aseguró que son contratos
“típicos de patrocinio”, que
se redactaron cuando la
Fundación no estaba sometida
a los controles de los
contratos públicos.
“Absolutamente legales”. Ha
negado que su asesoramiento
fuera verbal; solo en 2007
redactó “20 convenios”.
En la comisión se ha
preguntado también por un
concierto organizado por
Waiter Music que recibió
139.000 euros de patrocinio
desde la Fundación por una
orden de Granados. Gómez de
la Serna ha respondido que
“era el procedimiento
ortodoxo y habitual”, aunque
él no estaba de acuerdo. “El
contrato de patrocinio es
así, bilateral y oneroso y
nadie se llevó la pasta
porque se trata de un
servicio”, ha aclarado. En
este caso, la Fundación
Arpegio aparecía en todas
las entradas del evento.
Él se encontró con la
fundación hecha, con unos
estatutos iniciales que
datan de 2006 y un objeto
social muy amplio. Se
dedicaba a la promoción
cultural, proyectos sociales
(discapacitados, infancia,
mujer), medio ambiente, e
incluso a la defensa de la
constitución. Tan vasta era
la misión, que preguntó el
porqué. La razón, según ha
explicado, se debía a que la
Fundación dependía de la
Consejería de Presidencia,
de la que a su vez colgaba
el resto de consejerías
madrileñas.
En declaraciones a los
medios tras finalizar la
sesión, Miguel Ongil
representante de Podemos, ha
indicado que la primera
compareciente, De la Nuez,
ha ofrecido una visión de un
“chiringuito sin control” en
el que los pagos se
realizaban “al dictado de
Granados y de Aguirre”.
Encarnación Molla, del PSOE,
ha concluido que la
Fundación formaba parte de
los instrumentos de
financiación ilegal que
mantenía la Comunidad de
Madrid. Se refirió a la
empresa Over Marketing
Comunicación, que pasa una
factura por trabajos de
reforma de la Casa de Madrid
en Argentina por 142.000
euros. Declaraciones que no
han gustado al representante
del PP en la Comisión
Alfonso Serrano, que ha
dicho que cualquiera que
tenga esas sospechas debería
“ir al juzgado”.
César Zafra de Ciudadanos se
ha quejado de que Gómez de
la Serna no haya tenido la
“valentía” de decir lo que
ha pasado. “Se ha escudado
en su función de asesor
jurídico y la realidad es
que en abril de 2007, por
ejemplo, se gastaron más de
600.000 euros en contratos
tan complicados como el de
Waiter Music o en ayudas a
economía”
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/06/madrid/1462542059_685412.html
AGUIRRE UTILIZÓ DINERO DE LA
FUNDACIÓN CONTROLADA POR
GRANADOS PARA REMODELAR LA
‘EMBAJADA’ DE MADRID EN
BUENOS AIRES
La diputada socialista en la
Asamblea de Madrid
Encarnación Moya denuncia
que la empresa Over
Marketing y Comunicación se
benefició de 142,000 euros
de Arpegio
La institución controlada
por Francisco Granados
entregó la ayuda a esta
empresa, implicada en casos
de corrupción como Gürtel y
Palma Arena
"Otros gastarán en embajadas
en el extranjero o en cosas
que nosotros no gastamos,
pero nosotros gastamos
exclusivamente en aquello
que estamos obligados a
financiar". Así se expresaba
en 2012 la entonces
presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza
Aguirre, en unas
declaraciones en las que se
enfrentaba al Gobierno de
Cataluña al anunciar una
rebaja del tramo autonómico
del IRPF.
Sin embargo, el Gobierno que
ella presidía desvió 142.000
euros de la Fundación
Arpegio, controlada por el
entonces consejero Francisco
Granados, para acondicionar
en 2007, meses antes de las
elecciones locales y
autonómicas, la Casa de
Madrid en Buenos Aires.
Este dato fue revelado este
viernes por la diputada
socialista en la Asamblea de
Madrid Encarnación Moya, que
destacó que la Fundación
Arpegio, que está siendo
investigada en el marco de
la Operación Púnica por la
que el propio exconsejero
permanece en prisión desde
octubre de 2014, fue la
responsable de la
transferencia de 142.000
euros.
Over Marketing
Moya apuntó también que la
finalidad de la subvención
de la embajada de Madrid en
Buenos Aires, que en un
principio se había pensado
para ayudas a jóvenes
madrileños, se modificó, tal
y como consta en la
documentación a la que ha
tenido acceso infoLibre, que
pone de manifiesto que la
empresa Over Marketing y
Comunicación fue la
beneficiaria de la misma,
pese a que el destino del
dinero había sido,
supuestamente, el
acondicionamiento de la
sede.
La diputada socialista
Encarnación Moya preguntó al
exdiputado del PP Pedro
Gómez de la Serna durante su
comparecencia en la comisión
de investigación de la
Asamblea sobre la corrupción
sobre la subvención de la
Fundación Arpegio a la Casa
de Madrid en Buenos Aires.
De la Serna, que en 2007 era
asesor jurídico de esta
fundación, echó balones
fuera: "Nunca hice un cambio
en el convenio que se basó
cen un protocolo de 10
febrero de 2006. Yo no hacía
el seguimiento de los
convenios. En ningún momento
pude sospechar que se
dedicara a financiar
campañas de ningún partido
político".
Además de la factura de
142.000 euros, Over
Marketing percibió otros
68.862 euros en concepto de
"producción y eventos". Esta
factura tiene fecha de 16
mayo de 2007, 11 días antes
de que se celebraran las
elecciones autonómicas y
locales.
Granados y Ana Botella
Según recoge la prensa, el
entonces consejero de
Presidencia, Francisco
Granados, acompañado por la
concejal de Empleo y
Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Madrid, Ana
Botella, fueron los
encargados de inaugurar la
primera Casa de Madrid que
abría la Comunidad en el
exterior para sus residentes
ausentes.
Precisamente, Over Marketing
es una de las empresas cuyo
nombre ha aparecido en los
casos Palma Arena y Gürtel.
El propietario de Over
Marketing. Daniel Mercado,
reconoció que ayudó al PP
balear a financiar
ilegalmente su campaña de
2003. En concreto, en ese
año y 2008 recibió más de
32,4 millones en contratos
de administraciones
gobernadas por el partido de
Mariano Rajoy. Daniel
Mercado reconoció que su
grupo societario se
benefició de contratos
amañados, con mención
expresa a Madrid.
Importe inamovible
Entre la documentación a la
que ha tenido acceso este
periódico se incluye un
correo electrónico del
director financiero de Over
Marketing en el que se
desglosa la factura de la
reforma del local de Buenos
Aires. "Te adjunto la
factura de la obra con un
desglose, por favor indícame
si hay que incluir menos
conceptos y lo rehago, pero
el importe de la factura es
inamovible", indica de forma
enigmatica este directivo de
la sociedad.
La de este viernes no era la
primera denuncia de la
diputada socialista en la
Asamblea de Madrid sobre la
embajada madrileña de
Aguirre. En 2010, la
parlamentaria ya aseguró que
los trabajos de
acondicionamiento de la sede
los había realizado "una
empresa que indicó la
Consejería". "La factura se
giró, y fue contabilizada a
nombre de la Casa de Madrid,
que para hacer frente a ese
pago recibió desde Madrid,
exactamente desde la
Fundación Arpegio, esos
142.000 euros", explicó
entonces.
Granados, indignado
Ante estas acusaciones,
Granados se mostró
indignado. "Usted no puede
subir aquí a esta tribuna y
calumniar de la manera que
lo hace. Usted insidia
permanentemente. Usted
intenta de manera constante
y sistemática establecer un
halo de sospecha sobre la
honorabilidad de la gente, y
yo no se lo voy a consentir.
No se lo voy a consentir
porque no es justo. Usted ha
subido hoy aquí a descubrir
el Gürtel de Argentina",
protestó el todavía hoy
preso, informa Europa Press.
Tal y como adelantó
infoLibre, la Fundación
Arpegio de la Comunidad de
Madrid, que controló desde
su creación en diciembre
2006 y hasta 2011 el
exconsejero y ex secretario
general del PP madrileño
Francisco Granados, otorgó
subvenciones hasta mayo de
2013 por un valor de 491.680
euros a medios de
comunicación afines al
Partido Popular de Esperanza
Aguirre. Los medios que
recibieron esas ayudas
fueron la Cadena Cope, la
revista Época (Difusora de
Información), el Grupo
Intereconomía (Homo Legens),
y los diarios La Razón y Abc
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/06/aguirre_utilizo_dinero_fundacion_arpegio_para_financiar_embajada_madrid_buenos_aires_49417_1012.html
MADRID ENCARGÓ 300.000 DVD
PROMOCIONALES DE SUS
INVERSIONES EN LOS PUEBLOS
Arpegio gastó 800.000 euros
en el programa Comunimax,
que incluía una proyección
en 3D en 25 municipios
Arpegio, la empresa pública
de la Comunidad de Madrid
que gestionaba el fondo de
inversiones regional a
través del llamado Plan
Prisma, abonó en 2007 más de
290.000 euros por el “diseño
y producción” de 300.000 DVD
y folletos de promoción.
Además, se gastaron otros
296.000 euros en realizar
diversos vídeos, uno
“estereoscópico en tres
dimensiones (96.000 euros)”
y otros cuatro “zonales
monoscópicos”, que se
abonaron al precio de
168.000 euros. En total,
como adelantó EL PAÍS, se
gastaron 3,3 millones en
primeras piedras y
propaganda.
El pago de los 300.000 DVD
encargados por Arpegio se
hizo mediante dos facturas,
en febrero y marzo de 2007.
Las dos de igual importe:
144.815 euros, IVA incluido.
El concepto por el que la
empresa pública hizo el
abono es el del “diseño,
producción y distribución de
folleto y DVD informativo
general de las acciones del
Prisma entre 2006 y 2007”.
En esa época, Francisco
Granados, actualmente en
prisión por el caso Púnica,
era el máximo responsable de
la empresa púbica al ser
consejero de Presidencia
Un año antes, Arpegio había
girado otra factura (296.513
euros) para la “presentación
de los proyectos regionales
del Prisma”. En ella, se
detallan que la
adjudicataria realizaría un
vídeo en tres dimensiones y
otros cuatro monoscópicos,
que se proyectarían en lo
que la Comunidad denominó
Comunimax, un proyecto para
enseñar lo que el Gobierno
de Esperanza Aguirre estaba
haciendo en la región y que
se podría ver en 3D con las
gafas adecuadas.
CAMISETAS A 1,2 EUROS
25.000 paraguas. Arpegio
adquirió en China 25.000
parasoles “en colores
surtidos, rojo, blanco y
negro”. Los pagó a 1,80
euros, IVA aparte.
Bolígrafos metálicos. Los
bolígrafos estaban lacados y
eran de tres colores, si
bien no todos tenían el
mismo logo. Se hicieron dos
diseños. Cada uno costó 0,7
euros.
Abanicos de dos colores. Los
3.000 aventadores (blancos y
rojos) estaban fabricados
con varillas de madera. La
unidad salió a 0,8 euros.
Camisetas de algodón. Eran
de manga corta y salieron a
1,26 euros la pieza. Había
dos tallas: adulto y niño.
Comunimax visitó en mayo de
2006, y durante cinco días,
la plaza de toros de
Valdemoro con motivo de sus
fiestas patronales.
Precisamente Granados había
sido alcalde de esta
localidad entre los años
1999 y 2003. La semana
posterior, la exposición se
desplazó a Móstoles, donde
también permaneció una
semana. Y asi en 25 pueblos
y ciudades. La “imagen
corporativa” del plan costó
15.000 euros y los paneles
digitales, 22.000 más.
Llevar las pantallas a los
25 municipios se pagó a
544.000 euros.
La “imagen corporativa” del
plan costó 15.000 euros y
los paneles digitales,
22.000 más. Llevar las
pantallas a 25 municipios se
pagó a 544.000 euros. Todo
el plan, sumando los
diseños, pantallas y
presentaciones elevó su
montante a 852.000 euros.
Pero este no era el único
proyecto que Arpegio tenía
para promocionar su plan
Prisma. En 2006 encargó
25.000 paraguas
promocionales y el mismo
número de “bolígrafos
metálicos”, abanicos y
camisetas en China.
Llegaron en dos tandas al
aeropuerto Madrid-Barajas.
La primera, recién
fabricados, el 28 de febrero
de 2007, según la
documentación a la que ha
tenido acceso EL PAÍS. Pero
estos regalos, encargados
cuando el máximo responsable
de la empresa era el
consejero Francisco Granados
(actualmente en prisión por
el caso Púnica), no fueron
transportados en barco o en
tren, como ocurre con este
tipo de mercancías, sino en
un avión. “En transporte
aéreo urgente”, según
reflejan las facturas. De
esta manera, Arpegio tuvo
que desembolsar, además del
coste de los objetos, otros
28.072 euros adicionales por
la premura.
Dos operarios y un chófer
Cuando el material estuvo en
Madrid, y antes de que se
procediese a su
distribución, dos operarios
y un chófer se acercaron al
aeropuerto a recoger 150
parasoles. Los distribuyeron
en la capital y en “una
dirección de El Paular (Rascafría)”,
municipio turístico de la
sierra madrileña. Se les
abonó por este trabajo 512
euros.
Arpegio abonó para que se
fabricasen los paraguas
18.000 euros, 17.500 euros
por los bolígrafos, 2.400
euros por 3.000 abanicos y
31.500 por las camisetas
(“de algodón 100%, de las
cuales 17.000 son de adulto
y 8.000 de niño”). En total,
incluido el IVA, Arpegio
gastó 80.504 euros. El
segundo envío estaba
compuesto por 15.000 nuevos
paraguas y otros 22.000
abanicos. La factura: 51.736
euros más.
En los medios de
comunicación también se hizo
promoción del plan. Por una
“campaña institucional del
programa regional de
inversión” en radio,
televisión y cine, en agosto
de 2006, se abonaron 629.175
euros. Y en diciembre de ese
año, se volvió a hacer otra,
que se proyectó en 259 salas
de cine de Madrid y en
televisiones locales (79.516
euros). Y otra más, poco
después, que se proyectó en
el Canal Metro (“un spot de
20 segundos”) por el que se
pagaron 94.000 euros. El
“estudio de los soportes y
acciones divulgativas” del
Prisma fue más barato:
66.540 euros. Un 1,1
millones de publicidad en
medios.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/05/madrid/1462472109_509996.html
ARPEGIO: 250.000 € A DEDO
PARA EDUCAR EN LA
ABSTINENCIA SEXUAL
Francisco Granados, en su
etapa de vicepresidente de
la Comunidad de Madrid.
La Fundación del Ejecutivo
de Aguirre subvencionó sin
control centenares de
talleres de la ONG católica
Solidaridad HumanaLas ayudas
a la organización, que
promovía el eslógan 'Hay que
ponerse el condón en la
cabeza', fueron denunciadas
por el PSOE
La Fundación Arpegio,
dependiente de la Comunidad
de Madrid y que repartió
cerca de 10 millones a dedo
entre amigos y afines del
Ejecutivo de Esperanza
Aguirre e Ignacio González,
subvencionó entre 2007 y
2008 con aproximadamente
250.000 euros, sin control
ni fiscalización pública,
varios centenares de
talleres de educación
«afectivo-sexual» llevados a
cabo en más de 100 colegio
madrileños por la ONG
Solidaridad Humana, una
organización de raíz
católica y promotora de la
abstinencia sexual como
método anticonceptivo, según
denunció en su momento el
PSOE y mantenían los
rectores de la organización
no gubernamental.
Dicha ONG había realizado
durante la década pasada
campañas por «la defensa de
la abstinencia y la castidad
para prevenir el sida», y
promoviendo el siguiente
eslógan: «Hay que educar
para lo único que podría
protegernos: ponerse el
preservativo en la cabeza»,
según se publicó en 2001.La
aportación emerge de las
cuentas de la Fundación
Arpegio entregadas el pasado
martes a la Asamblea de
Madrid por el Gobierno de
Cristina Cifuentes, ante la
petición de la comisión de
investigación parlamentaria
de los años de mandato de
Aguirre y González. La ONG
Solidaridad Humana ya había
disfrutado de subvenciones
en la etapa anterior, la de
Alberto Ruiz-Gallardón, pero
con la llegada de Aguirre al
Gobierno regional dichas
ayudas se multiplicaron por
cuatro, denunciaron entonces
los socialistas.
En concreto, en el periodo
2007-2008 fue la Fundación
Arpegio, a través de la que
Granados repartió millones a
dedo -incluido un contrato a
Waiter Music investigado en
la Audiencia Nacional-, la
que sufragó la campaña de
educación sexual promotora
de la abstinencia.
'Consultoría y asistencia'
Si el PSOE denunciaba en
2004 que la Comunidad le
daba 120.000 euros a
Solidaridad Humana, en 2007
la aportación de Arpegio
llegó a nada menos que
255.985 euros. Los primeros
156.025 fueron adjudicados,
sin control ni fiscalización
como todos los gastos de
Arpegio, a través de un
contrato de consultoría y
asistencia titulado
«Talleres de formación,
información y orientación
afectivo-sexual» de la
Consejería de Educación.
Hasta mediados de 2007, el
consejero de Educación fue
Luis Peral, y a partir de
junio de ese año el mando
pasó a Lucía Figar. Fuentes
de la Comunidad explicaron
que, aunque los pagos a este
programa siguieron en la
época de Figar, pronto se
abandonó el convenio a
petición de ella misma. El
segundo gran aporte al
programa de abstinencia
sexual llegó cuando la
Dirección General de
Juventud solicitó más fondos
«para poder ampliar a más de
100 centros escolares este
proyecto», según consta en
la memoria de actuaciones de
la fundación.
Y se realizó dicha
ampliación, de un total de
99.969 euros, pero incluso
en dicho documento parece
quedar patente cierto
descontrol de la Fundación
Arpegio con respecto al uso
de dinero público. Porque
así consta en la memoria de
actuaciones: «Nos solicitan
setenta y dos mil euros
(99.960 euros)». El dinero
público salió de nuevo, sin
pasar por órgano alguno de
control, en dirección a la
ONG.
Solidaridad Humana había
llevado a cabo en colegios,
por ejemplo, actuaciones
tendentes a «reemplazar el
vacío dejado por los
programas teen star de
procedencia
norteamericana».Matización
de Aguirre
Por otra parte, Esperanza
Aguirre remitió ayer a este
periódico una carta de
Beatriz Elorriaga, referida
a la entrevista publicada
con Elisa de la Nuez. La
carta asegura que De la Nuez
no dijo de manera textual
que la fundación era el
«chiringuito de Aguirre y
Granados». La abogada dijo
textualmente: «Mi impresión
es que claramente era un
chiringuito para hacer
favores, entiendo que
favores políticos,
determinadas cosas que
venían bien políticamente, y
a veces te daba la impresión
de que se podían hacer
favores personales, que
gente que tenía buena
relación con la presidenta
de la Comunidad o con el
presidente Granados tenía
acceso para hacer
determinadas cosas».
http://www.elmundo.es/espana/2016/03/11/56e1d433ca47415c2a8b4619.html
LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA
EN PÚNICA LAS DENUNCIAS DE
LA EMPLEADA DEL CANAL DE
ISABEL II EN LAS QUE LA UDEF
NO VIO DELITO
Ignacio González llegó a
contratar a la agencia de
detectives Método 3 para
seguir a esta trabajadora,
que sufrió acoso laboral por
parte de los directivos de
la empresa pública.
En febrero de 2016 la
Guardia Civil entró en el
Canal de Isabel II dentro
del marco de la Operación
Púnica que dirige el juez de
la Audiencia Nacional, Eloy
Velasco. La Unidad central
Operativa (UCO) se metía
hasta el fondo en el feudo
de Ignacio González, que en
tantas ocasiones había
aparecido vinculado a casos
de presunta corrupción que
nunca había llegado a
puerto: su viaje a Colombia
con directivos del Canal, la
contratación del agencia de
detectives Método 3 en el
conocido caso del espionaje
en la CAM y pagados con
fondos de esta empresa o por
la denuncia interpuesta en
2011 por una exempleada en
la que se denunciaba
malversación de fondos
públicos y tráfico de
influencias.
Precisamente el caso de
Araceli Blanco es uno de los
que se incluyen en la
investigación de la Guardia
Civil sobre la trama Púnica,
después de que les entregara
a los investigadores y a la
fiscalía anticorrupción la
documentación que consiguió
reunir en el año 2008. Esta
ex trabajadora del Canal de
Isabel II había denunciado
ya en 2011 ante los juzgados
madrileños la presunta
desviación de 4, 5 millones
de euros, que la empresa
dependiente de la Comunidad
de Madrid había llevado a
cabo junto a Sacyr cuando
era presidente Ignacio
González. El juzgado de
instrucción número 11 abrió
diligencias, pero tras
declarar ante la Policía los
investigadores no vieron
indicios de delito y el caso
se archivó.
El descubrimiento de esta
empleada se remontaba a
agosto de 2008, cuando
encontró una carta en la que
se desvelaba una negociación
entre directivos del Canal
de Isabel II y la
constructora Sacyr, para
desviar el dinero de los
Fondos Europeos de
Desarrollo Regional al
Proyecto de refuerzo de
abastecimiento de Aranjuez y
su zona de influencia desde
la conducción Almoguera-Algodor.
Seguida por Método 3
Anteriormente, en diciembre
de 2008, lo había puesto en
conocimiento de Ignacio
González, entonces
presidente del Canal de
Isabel II. En una fiesta le
entregó una carta a la mano
derecha en ese momento del
expresidente de la Comunidad
de Madrid, José de la Uz
Pardo, quien le aseguró que
le daría el trámite
pertinente. Según ha sabido
Público de fuentes
conocedoras del caso, “tras
la denuncia Ignacio González
contrató a cuenta del Canal
de Isabel II a la agencia de
detectives Método 3 para que
espiará a la trabajadora y
denunciante”.
El propio exdirector de la
agencia, Paco Marco,
confirmó en su declaración
en la Comisión de
investigación de Corrupción
que se está celebrando en la
Comunidad de Madrid estos
pagos de la empresa pública
ordenados por el propio
Ignacio González para
controlar empleados.
De la Uz es actualmente
alcalde del municipio
madrileño de Las Rozas por
el Partido Popular, salió
elegido en las elecciones de
mayo de 2015. Un mes antes
había ido a declarar en el
caso Púnica ante el juez
Velasco, por haber sido el
secretario de presidencia
cuando ostentaba el puesto
Ignacio González.
González y Granados, juntos
en Púnica
Según se está desvelando en
diferentes procesos, de 2008
a 2011 a manos de la Unidad
de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) de la Policía
que dirigía el comisario
José Luis Olivera llegaron
importantes informaciones
contra los dirigentes del PP
Francisco Granados e Ignacio
González. “Se pueden
enumerar en esos casos que
no llegaron a puerto el de
los espías de la Comunidad
de Madrid, donde no se ha
llegado a imputar ni a
Granados ni a González; la
trama Gürtel que tampoco ha
tocado a ningún dirigente
importante del PP de Madrid;
los casos del Canal de
Isabel II e incluso el ático
de Ignacio González”,
apuntan fuentes policiales.
Por ejemplo, ahora en Púnica
aparece reflejado que tanto
Francisco Granados como
Ignacio González contrataron
en esa lucha a la agencia de
detectives Método 3. En el
caso del exvicepresidente de
la Comunidad ahora en
prisión pagó su socio David
Marjaliza, y González lo
hizo con fondos del propio
Canal de Isabel II y a
través de otro empresario,
según cuenta el exdirector
de la agencia en su libro.
Otra empresa en común a los
vicepresidentes de Esperanza
Aguirre sería OHL a través
de su consejero delegado,
Javier López Madrid, “que lo
mismo hacía fiestas con
Granados en el yate que
mantenía tratos con Ignacio
González”, explican fuentes
de la investigación.
Otro de los casos reseñados
en Púnica y que pasaron en
2008 por manos de la Policía
serían las grabaciones
entregadas por los
exconcejales en Majadahonda,
José Luis Peñas y Juan José
Moreno, y en las que ya
aparecían mencionada la
relación de Granados con
Marjaliza y con la empresa
DICO, aunque la UDEF no
realizó ninguna diligencia
sobre el asunto.
Un ejemplo más sería que en
el sumario de la trama
Gürtel donde se investiga el
ayuntamiento de Arganda del
Rey, donde se produjo el
supuesto pelotazo con el que
Ignacio González compró su
ático, no se investiguen
estos hechos. Tampoco
aparece reseñado en este
sumario que la hija del
actual número dos de la
Policía, el comisario
Eugenio Pino, era la
teniente alcalde de dicho
ayuntamiento cuando se
inició la investigación.
Según se ha desvelado en las
sesiones por el caso de los
espías de la CAM celebradas
en la Comisión de
investigación de Corrupción
de la Asamblea de Madrid, a
la que llamaron a declarar
tanto a Ignacio González
como a Francisco Granados,
fue en esos años cuando se
creó la Dirección General de
Seguridad que dirigió
Enrique Barón, actual
comisario general de
Información y ex jefe de
Policía de Madrid, sobre
quien diferentes testigos
aseguran que ofreció a los
políticos de la CAM los
servicios de los comisarios
José Villarejo y Enrique
García Castaño. “Puede que
esa estrecha relación entre
políticos, empresarios y
policías sea la causa de que
muchas de las
investigaciones que ahora
están en manos de la Guardia
Civil no se desarrollaran en
su momento por la UDEF”,
argumentan fuentes
policiales consultadas.
http://www.publico.es/politica/guardia-civil-investiga-punica-denuncias.html
EL CANAL DE ISABEL II HIZO
TRES PAGOS A LA AGENCIA DE
DETECTIVES MÉTODO 3
El PSOE sostiene que los
dirigentes del PP se estaban
espiando entre sí utilizando
fondos públicos
El Canal de Isabel II, la
empresa pública que gestiona
el agua de la Comunidad de
Madrid, realizó en 2007 y
2008 tres pagos a la agencia
de detectives Método 3.
Abonó 13.000 euros. El
presidente del Canal era
entonces Ignacio González
(PP), ex mandatario regional
(2012-2015), y su director
gerente era Idelfonso de
Miguel. Los actuales
gestores del Canal sostienen
que los pagos a la agencia
responden al “seguimiento de
tres trabajadores que
cometieron irregularidades”.
El PSOE no lo cree y asegura
que “todo forma parte de una
guerra de espías entre
facciones del PP”.
El Canal firmó tres
contratos con la agencia de
detectives Método 3 en los
años 2007 y 2008. Las
adjudicaciones fueron
directas, ya que, según los
informes oficiales a los que
ha tenido acceso EL PAÍS, no
se llevó a cabo “ningún
procedimiento de licitación
ni [por parte] del ente
Canal de Isabel II ni por
Canal Gestión”.
Las facturas tienen fecha
del 13 de diciembre de 2007,
31 de enero de 2008 y 2 de
mayo de 2008. Y sus importes
son de 3.828 euros, 5.800
euros y 2.320 euros,
respectivamente. Llevan la
conformidad de De Miguel,
que a su vez fue espiado
junto a González a finales
de agosto de 2008 en
Cartagena de Indias.
Supuestamente fue la propia
agencia Método 3 quien llevó
a cabo los seguimientos.
Encarnación Moya, diputada
socialista en la Asamblea de
Madrid, lo explica: “En el
sumario del caso Púnica
queda claro que el
constructor David Marjaliza
[amigo y socio del
exconsejero de Presidencia,
Francisco Granados,
actualmente en prisión]
encargó los seguimientos a
González en Colombia”.
Fuentes próximas al equipo
gestor del Canal de Isabel
II en los años 2007 y 2008
niegan tajantemente que los
tres contratos con Método 3
estén relacionados con el
espionaje a personalidades
políticas. “No tienen nada
que ver. El Departamento de
Recursos Humanos contrató a
la agencia para investigar a
tres trabajadores que
estaban de baja
fraudulenta”. Y añaden:
“Intentar mezclar estas
contrataciones con supuesto
espionaje a personalidades
públicas es ensuciar la
política de una manera
vergonzosa”.
Por su parte, Idelfonso de
Miguel declinó ayer
responder a la llamada de
este periódico para
ratificar estas
explicaciones y aclarar por
qué aparece su firma en los
documentos de contratación
de la agencia de detectives
privados. En los documentos,
que ya están en manos de la
Asamblea de Madrid, Método 3
no indica el concepto por el
que realizaron los trabajos
para el Canal. Solo se
ofrece un número de cuenta
bancaria para hacer los
ingresos y un concepto:
expediente técnico, seguido
de un número. De Miguel
desvió hacia la actual
dirección del Canal
cualquier tipo de
explicación, ya que él se ha
apartado de la política.
Dossieres y seguimientos
La parlamentaria socialista
Encarnación Moya cree que
todo esto responde a “la
situación que arrastra el PP
desde 2006”. “González y
Granados [ambos consejeros
en los Gobiernos de
Esperanza Aguirre] solo
funcionaban a base de
dossieres y seguimientos.
Todo el mundo espiaba a todo
el mundo”. “Siempre”, según
Moya, “los datos son muy
claros: no solo se utilizaba
la Consejería de Presidencia
para espiarse mutuamente,
sino también las empresas
públicas, como es el caso
del Canal”.
“La justificación de que se
contrató a una agencia de
detectives tan cara, y
además de Barcelona [Método
3], no tiene ningún sentido.
En Madrid hay decenas.
Además, si querían seguir a
tres trabajadores de baja
fraudulenta, con llamar a la
Inspección de Trabajo, era
suficiente”.
Los actuales gestores del
Canal coinciden con sus
antecesores en que la contratación
con Método 3 respondía al
seguimiento de tres
trabajadores que cometieron
irregularidades. “Uno no
realizaba las inspecciones
que tenía encomendadas y
otro estaba pluriempleado”,
dicen. Del tercero no
ofrecen datos.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/10/madrid/1457635379_737057.html
EL JUEZ INVESTIGA SI PÚNICA
DESVIÓ FONDOS AL PP CON
FACTURAS FALSAS CARGADAS A
UN CONTRATO MILLONARIO DEL
CANAL
El magistrado pide a la
Guardia Civil y la Agencia
Tributaria que analicen los
documentos de pago
entregados por la empresa
publicitaria que se adjudicó
un concurso público de 5,55
millones del ente madrileño
del agua ante la sospecha de
que reflejan trabajos no
realizados e importes
hinchados. Eloy Velasco
investiga si parte de ese
dinero sirvió para 'lavar'
la imagen en internet de
dirigentes del partido en
Madrid y la campaña del
partido a las últimas
elecciones municipales y
autonómicas.
Aguas revueltas en el Canal
de Isabel II a cuenta del
caso Púnica. El titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy
Velasco, ha ordenado a la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil el
análisis de las facturas
emitidas a cuenta de un
millonario contrato de
publicidad de la empresa
madrileña del agua ante la
sospecha de que las mismas
pueden ser "falsas" y
encubrir un supuesto desvío
de fondos. La documentación
ha llegado recientemente a
la Audiencia Nacional de la
mano de David Colomer,
directivo de Arena Media, la
sociedad que a comienzos de
2014 se hizo con la
adjudicación ahora bajo
sospecha, y que el pasado 15
de febrero fue sometido como
testigo a un duro
interrogatorio por parte del
magistrado. Éste le preguntó
si había hecho pagos al 'conseguidor'
Alejandro de Pedro a
petición de miembros del
Ejecutivo regional e,
incluso, detalles del dinero
que recibió del PP por
organizar la campaña de las
elecciones de mayo de 2015.
Colomer negó cualquier
irregularidad, pero admitió
haberse reunido con Salvador
Victoria, entonces 'número
2' del Gobierno de la
Comunidad de Madrid y, por
ello, máximo responsable de
la sociedad pública que
convocó el concurso.
Victoria fue imputado en el
sumario el pasado verano,
sólo unos días después de
perder el aforamiento
precisamente tras aquellos
comicios.
La providencia del juez
encarga a la UCO verificar
si los documentos se
corresponden con trabajos e
importes reales o si, por el
contrario, son facturas
falsas
La decisión del juez Velasco
aparece recogida en una
breve providencia dictada el
pasado 9 de marzo, y a la
que ha tenido acceso
Vozpópuli, en la que dispone
que "vista la documentación
aportada por David Colomer"
se de traslado de la misma
"para su estudio" a la UCO.
Según recoge expresamente el
escrito, el magistrado
quiere que la Guardia Civil
"con la ayuda de la Agencia
Tributaria, verifique si por
las empresas facturadoras se
han realizado los trabajos
que constan y por los
importes que se especifican,
o si, por el contratio, se
trata de facturas falsas".
Según fuentes cercanas a la
investigación, el juez y la
Fiscalía Anticorrupción
sospechan que en este caso
la trama Púnica pudo haber
seguido una mecánica similar
a la que mantuvo con otros
proveedores de la Comunidad,
como Indra, para que
presuntamente se hicieran
cargo de los pagos a la
empresas del 'conseguidor'
de la trama por los
contratos de reputación
'online' que hizo para
mejorar la imagen del
presidente madrileño,
Ignacio González, tras
estallar el escándalo del
ático. De hecho, Adrián de
Pedro, hermano de el 'conseguidor',
declaró ante el juez que las
empresas de éste recibían
"facturación ficticia" a
través del Canal de Isabel
II.
En este caso, el contrato
bajo sospecha fue adjudicado
por el Gobierno de la
Comunidad en enero de 2014 a
la empresa Arena Media,
filial de la multinacional
francesa de publicidad Havas.
El importe del mismo era de
5,55 millones de euros, IVA
incluido, y tenía como
objeto "los servicios de
gestión de compra de medios
y diseño de campañas y
acciones de comunicación de
Canal de Isabel II Gestión
SA" durante 15 meses. Fue
precisamente el entonces
consejero de Presidencia del
Gobierno autonómico,
Salvador Victoria, entonces
presidente de la compañía
pública, el que presentó la
propuesta de adjudicación a
dicha mercantil por ser la
oferta económica "más
ventajosa". El Consejo del
Ejecutivo autonómico la
aprobó el 23 de enero de ese
año. Seis días después, el
acuerdo se oficilizaba con
su publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad de
Madrid.
Intenso interrogatorio
Un proceso en apariencia
ajustado a la legalidad que,
sin embargo, el caso Púnica
ha puesto bajo la sospecha.
De hecho, en las últimas
semanas tanto la UCO como el
propio juez Velasco han
tomado declaración a varias
personas que participación
en el proceso de licitación
y adjudicación, varios de
ellos empleados del Canal de
Isabel II. También a David
Colomer, el directivo de
Arena Media que ha aportado
ahora las facturas que el
juez ha ordenado investigar
para comprobar si son reales
o una supuesta pantalla para
camuflar un desvío de fondos
públicos. En su
interrogatorio, el juez se
mostró muy incisivo en sus
preguntas, según fuentes que
asistieron al mismo. Éstas
se centraron en cómo
consiguió su compañía dicha
adjudicación y con qué altos
cargos del Ejecutivo
regional se relacionó.
Colomer, que negó cualquier
amaño, sí admitió que
mantuvo un encuentro con
Salvador Victoria en el
despacho que este tiene en
la sede la Comunidad de la
Puerta del Sol a petición
del político porque,
aseguró, quería conocerlo.
El encuentro se produjo
cuando Arena Media ya había
presentado su oferta, pero
cuando aún no se había
anunciado el ganador del
concurso.
El magistrado preguntó
insistentemente al directivo
de la empresa que ganó el
concurso del Canal por los
contratos de ésta con las
campañas electorales del PP
El juez también interrogó al
directivo por su posible
relación con Alejandro de
Pedro y sus empresas EICO
Online Reputation Management
SL y Madiva Editorial y
Publicidad SL, que él negó.
Otra parte de sus preguntas
fueron dirigidas a conocer
los trabajos hechos por su
empresa al PP en los últimos
años. En este caso, el
directivo admitió haber
participado en dos campañas
electorales. Una, la de 2011
que llevó a Mariano Rajoy a
la presidencia del Gobierno.
La segunda, la de los
pasados comicios municipales
y autonómicos de 2015, en
este caso para el partido en
Madrid. Sobre esta última,
aseguró que el contrato fue
de 70.000 euros. El
magistrado insistió en saber
si había ofertado un precio
'especial' a los 'populares'
precisamente por la
adjudicación el año anterior
del millonario contrato del
Canal de Isabel II. David
Colomer lo rechazó de nuevo.
Sin embargo, los
investigadores han
recopilado otros testimonios
que apuntan que la concesión
del millonario contrato
publiciatario del ente
madrileño del agua estuvo
presuntamente 'teledirigido'
desde el principio por el
Ejecutivo regional. El
análisis de las facturas
encargado ahora por el juez
Velasco pretende,
precisamente, aclarar si fue
amañado.
http://vozpopuli.com/actualidad/77538-el-juez-investiga-si-punica-desvio-fondos-al-pp-con-facturas-falsas-cargadas-a-un-contrato-millonario-del-canal
CIFUENTES SE NIEGA A DAR LA
LISTA DE LOS CONTRATADOS A
DEDO EN EL CANAL
El Gobierno regional se
ampara en la protección de
datos y la Mesa de la
Asamblea da la razón a la
parlamentaria que solicitó
el listado
El Gobierno de Cristina
Cifuentes (PP) se ha negado
a entregar a la Asamblea el
listado de cargos de
confianza contratados en el
Canal de Isabel II entre
2000 y 2012, cuando se
transformó en sociedad
anónima. Alega que hacerlo
vulneraría la Ley de
Protección de Datos. La
diputada socialista Mercedes
Gallizo, que solicitó la
lista —presuntamente hay en
ella muchos familiares de
cargos del PP y es retiro de
cuadros—, pidió amparo a la
Asamblea y esa la respaldó
el 18 de abril.
Para no dar el listado de
los contratados a dedo, el
Gobierno se remitió a la Ley
de Protección de Datos
Personales, que establece
que “para ceder los datos se
precisa el consentimiento de
los interesados o que la
cesión esté prevista en una
ley”, según un escrito al
que ha tenido acceso EL
PAÍS. Gallizo, por su parte,
recordó que el artículo 9
del Estatuto de Autonomía
contempla que se entreguen
los datos. La Asamblea le
dio la razón.
El Gobierno sí que informa
en su respuesta a la
diputada que en 12 años el
Canal ha contratado a 95
cargos de confianza (21 solo
en 2008), a los que se suman
otros desde que es sociedad
anónima. Y recuerda que
hasta 1985, con los
socialistas en el poder, no
se reguló el porcentaje de
cargos de confianza. Durante
la década siguiente se
permitió adjudicar puestos
libremente mientras no
superasen el 2% de la
plantilla, y desde 1995
hasta 2012 ese porcentaje
descendió al 1%. Desde
entonces hay procesos
selectivos, pero no
oposiciones, y, además,
cargos a dedo que cobran una
variable y están fuera del
convenio colectivo nacional,
que es el que rige en el
Canal desde 2012.
Así, por ejemplo, una
directora general cesó en su
cargo en septiembre de 2013
y dos días después fue
contratada por obra y
servicio por 74.000 euros
brutos más incentivos. Sus
funciones, según el contrato
al que ha tenido acceso EL
PAÍS, son de protocolo y
gestión de actos
institucionales.
Comisiones Obreras denuncia
que ahora tampoco son
públicos los listados de
aprobados en el proceso
selectivo. Hoy se reúne el
consejo de administración
del Canal y los sindicatos
luchan porque vuelva a tener
convenio propio.
En el seno de la comisión de
endeudamiento de la Asamblea
se ha hablado de estos
puestos. Eduardo Gutiérrez,
diputado del grupo
parlamentario de Podemos,
citó entre los que los
ocupan al marido de Regina
Piañol (exconsejera de
Presidencia), a la esposa de
Borja Sarasola (exconsejero
de Medio Ambiente), a dos
familiares de la mujer de
Ignacio González, a un primo
de Esperanza Aguirre o a la
directora financiera casada
con el consejero delegado de
Indra, imputado en el caso
Púnica.
“Yo desconozco a muchas de
estas personas de las que
habla. No sé a qué nivel
estarán. Y de las que
conozco, una es el director
de Recursos Humanos
[Fernando Cevallos, marido
de la exconsejera de
Justicia]”, contestó el
director general del Canal,
Adrián Martín, a Podemos,
“una persona que entró en
esas circunstancias, pero
también de reconocido
prestigio”.
Juan Antonio Gómez Angulo,
el portavoz del PP en la
comisión, contraatacó
recordando los cargos de
confianza que tiene la
alcaldesa de la capital,
Manuela Carmena (Ahora
Madrid).
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/26/madrid/1461696033_105057.html
CIFUENTES COLOCA A DEDO AL
MARIDO DE UNA AMIGA AL
FRENTE DEL CANAL DE ISABEL
II
Exdirectivo del sector del
automóvil, sustituirá a un
ingeniero de caminos y
canales como gestor de la
empresa que suministra el
agua a la Comunidad de
Madrid
El nombramiento tendrá lugar
la semana próxima, pero en
la dirección del Canal de
Isabel II ya se da por
hecho, van a tener un nuevo
Gerente, el cargo con todo
el poder ejecutivo, incluido
el de realizar los contratos
más significativos. De la
empresa pública que abastece
de agua a toda la Comunidad
de Madrid va a salir un
ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Adrián
Martín, y le sustituirá un
recién llegado, un
economista, Rafael Prieto
Martín, que ha desarrollado
toda su carrera profesional
en el sector
automovilístico, en concreto
26 años en PSA Peugeot.
Un automovilista al frente
del agua
En la Comunidad de Madrid
nos han confirmado que esta
decisión, aunque no es
pública, está tomada. Una
decisión que tiene tintes
extraños, y que aún se
oscurece más cuando se
conoce el camino del
desembarco del nuevo Gerente
en el Canal.
Vamos a los hechos. Adrián
Martín, el saliente, es un
veterano de lustros en la
gerencia de la empresa Canal
de Isabel II Gestión (la
filial que realiza las
contratas y mueve el dinero
de la empresa madre, el Ente
Público Canal de Isabel II).
Martín había estado en el
cargo desde el año 2009,
aunque comenzó a trabajar
para el Canal en los últimos
años ochenta. En medios
políticos consultados por
ELPLURAL.COM, al conocerse
su cese, se nos ha
reconodico que se daba por
hecho que no sobreviviría al
nuevo Gobierno del PP, dados
sus vínculos con las
presidencias de Esperanza
Aguirre y de Ignacio
González.
Pero lo sorprendente ha sido
la elección de un recién
llegado a la empresa para
sustituirle. Y más cuando se
mira su currículo. Rafael
Prieto Martín es un
economista que prácticamente
ha desarrollado toda su
carrera en la industria
automovilística, en
concreto, como decimos, en
la empresa Peugeot hasta que
fue despedido de ella, eso
sí, percibiendo una generosa
compensación que junto a su
salario le significó
ingresos cercanos al millón
de euros en 2015.
De recién llegado a máximo
ejecutivo en cuatro meses
En el Canal se recibió la
noticia del inminente
ascenso al puesto ejecutivo
máximo de Rafael Prieto con
sorpresa, no sólo por su
nula experiencia en el
sector, sino porque su
propia presencia en la
empresa se limita a unos
pocos meses, ya que fue
contratado como Director
Gerente del Ente Público
Canal de Isabel II, por
designación del Presidente,
el a su vez número dos del
Gobierno de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido, tan
sólo el pasado 20 de enero
de 2016.
A nuestro periódico llegaron
denuncias de amiguismo desde
el propio Canal tras el
nombramiento, que
involucraban a la presidenta
de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes.
ELPLURAL.COM ha contrastado
la siguiente información en
fuentes plenamente fiables:
en efecto, Rafael Prieto fue
considerado para el cargo
después de que fuera
señalado por su propia
esposa, con la que la
presidenta de la CAM
mantiene una cierta relación
de amistad y tras pasar como
criba tan sólo una
entrevista con el presidente
del Canal y vicepresidente
de la Comunidad, Ángel
Garrido.
Este nombramiento, que ha
causado sorpresa entre la
dirección del Canal, ha
provocado aún mayor malestar
en el PP de Madrid, donde se
apunta que Cifuentes está
creando una red de arraigos
en los puestos clave que
tiene mucho que ver con una
política de afianzamiento
personalista.
Los líos del Canal
Todo esto sucede en una
empresa clave, por su poder
económico, que está siendo
observada con lupa en los
últimos meses, a partir del
descubrimiento de su
relación con la trama de
corrupción desvelada en la
Operación Púnica. Un hecho
por el que la presidenta de
la Comunidad, Cristina
Cifuentes, corrió a cesar a
uno de los directivos de la
empresa, Edmundo Rodríguez
Sobrino.
Ahora mismo, la propia
Comunidad se encuentra en
una situación incómoda por
la insistencia del Partido
Socialista en la Asamblea de
Madrid en que se entreguen
los listados de los asesores
de las empresas del Canal y
sus filiales, a lo que se ha
negado el Gobierno de
Cifuentes, acogiéndose a un
supuesto derecho a la
intimidad de los
contratados. La Mesa de la
Asamblea ha dado la razón al
Gobierno Socialista. Se
sospecha que entre esos
asesores se encuentren en
realidad decenas excargos
del PP y de sus familiares.
http://www.elplural.com/2016/04/27/cifuentes-coloca-dedo-al-marido-de-una-amiga-al-frente-del-canal-de-isabel-ii
SALVADOR VICTORIA PIDE
PERMISO PARA IR A GUINEA
ECUATORIAL A ASESORAR DE
CINE
El exconsejero de
Presidencia y Justicia en
Madrid con el pasaporte
retirado por su imputación
en la Púnica, pide permiso
al juez Eloy Velasco para ir
al país africano a
asesorarle en proyectos
cinematográficos. El juez
valorará la concesión del
permiso
El exconsejero de
Presidencia y Justicia en
Madrid, imputado en la
Púnica, revela una faceta
desconocida hasta la fecha:
el asesoramiento
internacional en proyectos
cinematográficos.
Ese ha sido el motivo por el
que la dictadura de Teodoro
Obiang ha requerido sus
servicios, según la carta
del Gobierno de Malabo a la
que ha tenido acceso la SER.
Como tiene retirado el
pasaporte por su vinculación
con la Púnica, Salvador
Victoria ha pedido permiso
al juez Velasco para
trasladarse a Guinea
Ecuatorial del 12 al 14 de
mayo, ambos inclusive.
Guinea, explica Victoria en
su escrito, es cliente de su
nueva empresa, Activa2.
Según fuentes jurídicas, el
juez valorará la concesión
del permiso a Victoria.
Guinea Ecuatorial busca los
servicios del exconsejero de
Madrid porque entre el
miércoles y el viernes
tendrá lugar el primer
rodaje cinematográfico en el
país por parte de una
productora internacional,
por lo que están muy
interesados en su presencia,
sigue la carta de Malabo,
con el fin de asistirles
profesionalmente.
http://cadenaser.com/ser/2016/05/09/tribunales/1462814559_390642.html
EL NÚMERO 2 DE IGNACIO
GONZÁLEZ, IMPUTADO POR
PÚNICA, ABRE DESPACHO FRENTE
A LA SEDE DEL PP
Salvador Victoria, ex
consejero de presidencia de
la Comunidad de Madrid con
el gobierno de Ignacio
González, retoma su
actividad privada pendiente
de su situación como
imputado por la ‘trama
Púnica’. Victoria, que
también presidió el Canal de
Isabel II hasta su
imputación, ha abierto una
consultoría que,
paradójicamente, se
encuentra a escasos metros
de la sede del PP en Madrid.
Fue uno de los hombres más
poderosos del Gobierno de la
Comunidad de Madrid liderado
por Ignacio González.
Consejero de presidencia y
número uno del Canal de
Isabel II, su carrera
política comenzó a truncarse
con el estallido de la
‘trama Púnica’, que
investiga la presunta
financiación irregular del
PP regional. Tras un breve
paréntesis tras las
elecciones autonómicas,
Salvador Victoria inicia su
actividad en la empresa
privada con su propio
despacho de asesoría, por lo
demás situado en un lugar
más que estratégico: frente
a la sede nacional del
partido, en la madrileña
calle Génova.
Victoria inscribió hace unas
semanas la sociedad cuyo
objeto consiste en la
prestación de “servicios
administrativos de
asesoramiento, creación,
desarrollo y gestión de
negocios”, según reza en el
Registro Mercantil. La
actividad de Victoria en el
Gobierno regional estuvo muy
relacionada con los
negocios, especialmente
cuando en septiembre 2012 se
convirtió en el número dos
del Gobierno regional tras
el relevo de Esperanza
Aguirre por Ignacio González
en la presidencia de la
Comunidad de Madrid. Fue
entonces cuando también pasó
a presidir el Canal de
Isabel II, todo un poder
fáctico en Madrid, una rara
avis dentro de las empresas
públicas por su elevada
rentabilidad y suculentas
inyecciones de dinero a las
arcas del Gobierno regional
en forma de dividendos.
Las actividades no
principales que se incluyen
en el objeto social de la
consultoría de Victoria está
muy relacionadas con su
imputación en la trama
Púnica
Sin duda, excelentes mimbres
para asesorar en materia de
negocios, precisamente un
área conectada con los
motivos que le asocian con
el proceso judicial que se
sigue a raíz de la ‘trama
Púnica’.
Además de la situación
física de su consultoría,
otro de los aspectos que
llama la atención de la
nueva sociedad de Victoria
es el catálogo de
actividades no principales
que se incluyen en su objeto
social: “promoción,
marketing directo,
relaciones públicas,
gabinete de prensa”…
materias muy relacionadas
con su imputación en la
Púnica.
Precisamente, el juez Eloy
Velasco investiga la
pertenencia de Salvador
Victoria al círculo de
influencias trazado
alrededor de Alejandro de
Pedro Llorca, considerado
como el presunto conseguidor
de la ‘operación Púnica’ y
cuyas empresas fueron
contratadas para mejorar la
imagen en internet de varios
cargos políticos. Según
sospecha el magistrado, con
dinero público.
El juez instructor, que
imputó a Victoria varios
delitos de corrupción como
prevaricación, malversación
de caudales públicos,
cohecho y fraude, entiende
que el exconsejero de la
Comunidad de Madrid concedió
un trato de favor a De Pedro
mediante la concesión de
contratos de reputación
‘online’ a sus mercantiles.
Entre las actividades que
realizaban, se encontraba la
de generar noticias
positivas sobre varios
cargos públicos del Partido
Popular para camuflar las
informaciones que
consideraban negativas. Lo
hacían a través de técnicas
como la creación de
‘periódicos zombis’ que se
constituían exclusivamente
para eliminar de la primera
página del buscador de
Google asuntos polémicos,
como los artículos referidos
al ático en Marbella del
presidente del gobierno
regional, Ignacio González,
o al cheque guardería que
recibió su consejera de
Educación, Lucía Figar.
En la declaración que prestó
ante el juez el hermano de
Alejandro de Pedro, Adrián,
aseguró que el Canal de
Isabel II, presidido
entonces por Salvador
Victoria, se utilizó para
realizar pagos ficticios a
las empresas del conseguidor
por los servicios prestados
a Ignacio González y a los
dos consejeros dimitidos.
Este testimonio lo corroboró
la encargada de la
contabilidad de una de las
empresas especialistas en
reputación ‘online’,
Guadalupe Caballero, a quien
le informaron de que la
deuda que habían contraído
las empresas de De Pedro con
la Comunidad de Madrid, de
140.000 euros, iba a ser
sufragada por citado Canal
de Isabel II.
Se sospecha que Victoria
está relacionado con tres
supuestos pagos en negro que
ascienden a alrededor de
120.000 € y que el Gobierno
autonómico habría reclamado
a Indra
El juez también investiga a
Victoria por los presuntos
pagos ilícitos a Indra o a
empresarios a los que
sospecha que contrató, con
cargo a las cuentas de la
Comunidad de Madrid, para
que realizaran sondeos de
intención de voto en
municipios en los que el PP
tenía un especial interés en
conocer su posición entre el
electorado. Algunas de las
constructoras implicadas en
este asunto obtuvieron
contratos públicos en esas
localidades tras prestar
este servicio al partido que
ostenta el Gobierno
autonómico.
Tal y como recoge el sumario
de trama Púnica, se sospecha
que el exnúmero 2 de Ignacio
González está relacionado
con tres supuestos pagos en
negro que ascienden a
alrededor de 120.000 euros y
que el Gobierno autonómico
habría reclamado a la
compañía Indra. Es más, José
Martínez Nicolás, antiguo
consejero delegado de la
Agencia Informática de
Comunicaciones (ICM) aseguró
en su comparecencia ante el
juez que Victoria le pidió
que reclamara a Indra que
saldara la deuda de 10.000
euros que mantenía con una
de las empresas de Alejandro
de Pedro.
Durante la instrucción de la
trama por parte del juez
Velasco, Victoria trató de
aferrarse a su condición de
aforado para anularla. Las
fiscales Anticorrupción del
caso se opusieron en su día
al recurso presentado por el
ex consejero de Presidencia
para anular la instrucción
de la causa “por sentirse
perturbado en su anterior
estatuto de aforado”. En un
duro escrito, las fiscales
cargaban contra la
protección jurídica de la
que disfrutan cargos
políticos en España por el
“abuso que en beneficio
propio” han hecho de ella
“nuestras autoridades”.
De este modo, la actividad
de Salvador Victoria como
consultor no va a estar
precisamente exenta de
alicientes, a la espera de
conocer su situación
definitiva en relación con
la trama.
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/77554-el-numero-2-de-ignacio-gonzalez-imputado-por-punica-abre-despacho-frente-a-la-sede-del-pp
EL JUEZ INVESTIGA 584
MILLONES EN OBRAS DE OHL POR
LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL
PP
El Confidencial accede al
listado de 31 contratos que
investiga la Audiencia
Nacional licitados por la
Consejería de Transportes,
Metro de Madrid, la empresa
Mintra y el IVIMA
Construcción de carreteras,
obras de asfaltado,
viviendas protegidas,
ampliaciones de la red de
Metro, remodelación de
andenes del suburbano,
contratos de limpieza,
incluso reparación de
ascensores, patios y
desperfectos por actos
vandálicos. El juez de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco, instructor del caso
Púnica, rastrea ya la
presunta financiación ilegal
del PP de Madrid en los 584
millones en contratos que la
empresa OHL del Grupo Villar
Mir ganó en adjudicaciones
licitadas por la Consejería
de Transportes de la
Comunidad de Madrid y otros
organismos que dependen de
ella, como Metro de Madrid,
el Instituto de la Vivienda
(IVIMA) y la ya extinta
Mintra, la sociedad pública
que se encargaba de
construir infraestructuras
de transportes en la región.
Los 584 millones se
distribuyen en 31 contratos
adjudicados entre 2004 y
2013 por siete consejeros
del PP: Francisco Granados,
María Dolores de Cospedal,
Elvira Rodríguez, Manuel
Lamela, José Ignacio
Echeverría, Antonio Beteta y
Pablo Cavero, todos a las
órdenes de Esperanza Aguirre
e Ignacio González. Aunque
bajo el mandatos de los dos
primeros, Granados y
Cospedal, OHL facturó el 74%
del montante total. La pista
de la constructora llegó a
la mesa del juez después de
que el principal imputado en
el caso, el empresario David
Marjaliza, ayudara a
descifrar una siglas que
aparecían en la agenda del
expolítico Francisco
Granados: 'JLM'
correspondían a Javier López
Madrid, consejero de la
constructora OHL y consejero
delegado del Grupo Villar
Mir.
Las siglas estarían
relacionadas con supuestos
pagos que aparecen en una de
las agendas de Granados, en
las que hay varias
cantidades sin estar
relacionadas con una fecha
en concreto. El pasado 11 de
febrero, el juez ordenó
registrar varios despachos
de López Madrid y el
despacho en la sede del PP
de quien fuera gerente del
partido en Madrid y uno de
los hombres de confianza de
Esperanza Aguirre, Beltrán
Gutiérrez Moliner. Los
investigadores buscan ahora
conexiones entre las
adjudicaciones a OHL, los
supuestos pagos que aparecen
en la agenda y la presunta
financiación irregular del
PP madrileño. El magistrado
está convencido de que el
caso Púnica destapará varios
sistemas de financiación del
partido. Los cuatro,
Marjaliza, Granados, López
Madrid y Gutiérrez, están
imputados.
El Confidencial ha tenido
acceso a la relación de
contratos que la Consejería
de Transportes y sociedades
públicas dependientes
adjudicaron a la
constructora del Grupo
Villar Mir. Como ya adelantó
este diario, entre las obras
están el Metro Ligero a
Pozuelo de Alarcón y el
fallido tren a Navalcarnero.
La consejería como tal solo
otorgó dos por valor de 25,5
millones de euros: la nueva
carretera M-300 en Torres de
la Alameda por 12,7 millones
de euros (año 2007) y la
mejora del firme de la M-503
por 12,7 millones (en 2013).
Metro Ligero y tren
El montante más jugoso fue
adjudicado por Madrid
Infraestructuras del
Transporte (Mintra), la
empresa pública que durante
años se encargó de construir
las nuevas infraestructuras
de transporte en la
comunidad: siete contratos
por valor de 415 millones de
euros. Una cantidad en la
que no está incluida la
línea de ferrocarril a
Navalcarnero, un proyecto
hoy abandonado.
OHL se llevó la prolongación
de la Línea 2 a La Elipa por
65,7 millones de euros y un
modificado posterior de 6,3
millones. Granados fue el
encargado de pilotar la
tramitación del concurso
desde su despacho en la
Consejería de Transportes.
Los trabajos concluyeron en
2007 y la infraestructura
fue inaugurada por Esperanza
Aguirre justo antes de las
elecciones autonómicas de
ese año. También en ese
periodo, OHL logró la
adjudicación para ejecutar
el tramo 2B de la
prolongación de la red de
Metro hacia el norte de la
comunidad, un proyecto que
costó 164 millones de euros
y un modificado posterior de
26,1 millones. Granados
también fue el encargado de
licitar esta obra.
El presunto cabecilla de
Púnica también intervino en
el último gran contrato que
OHL consiguió en ese
periodo, aunque María
Dolores de Cospedal fue la
encargada de formalizar la
adjudicación. La secretaria
general del PP sustituyó a
Granados al frente de la
Consejería de Transportes el
20 diciembre de 2004 y, solo
un mes después, el 27 de
enero de 2005, el BOE
anunció que la constructora
de López Madrid había
conseguido la licitación
para construir la línea de
Metro Ligero Oeste hasta la
localidad de Pozuelo de
Alarcón por un importe de
109,1 millones de euros, con
un modificado posterior de
44,3 millones. OHL también
se quedó con la concesión de
la infraestructura durante
un periodo de 30 años y
logró que Esperanza Aguirre
le aumentara el canon para
cubrir el déficit que
generaba el consorcio por
transportar a menos
pasajeros de lo que preveía
en un principio. OHL acaba
de vender la mayoría de su
participación en esta
concesión.
En octubre de 2007, Mintra
concedió a OHL la
construcción de una nueva
línea de Cercanías entre
Navalcarnero y Móstoles. El
proyecto contó con una
dotación de 362 millones de
euros y la construcción de
la línea arrancó en 2008.
Sin embargo, la constructora
paró los trabajos solo dos
años después por sus
problemas financieros y el
replanteamiento de los
proyectos urbanísticos de la
zona. Como adelantó El
Confidencial, OHL reclama
ahora a la Comunidad de
Madrid que le pague 285
millones por los trabajos
que ha realizado, a pesar de
que la infraestructura no
está terminada.
Pisos, reparaciones y
ascensores
El Instituto de la Vivienda
de Madrid (IVIMA) es otro de
los clientes de OHL. El juez
investiga 13 contratos por
valor de 32,7 millones. La
constructora levantó 112
viviendas protegidas en
Torrejón de Ardoz por 8,7
millones de euros y 332
viviendas protegidas en
Majadahonda por 23,7
millones. OHL también se
llevó cuatro contratos
menores por valor de 120.000
euros para reparar portales,
cubiertas e incluso patios
de varias promociones del
IVIMA en Madrid y Arganda
del Rey. Y un contrato por
valor de 29.868 euros para
reparar los desperfectos
causados por actos
vandálicos en una
urbanización del IVIMA en
Leganés. Todas estas
adjudicaciones de produjeron
entre 2005 y 2008.
El IVIMA le otorgó otros
cuatro contratos menores que
suman 85.000 euros para
reparar ascensores en cuatro
promociones públicas. En
otra de las piezas del caso,
Eloy Velasco investiga a
otra empresa pública de la
comunidad, Arpegio, por la
venta de suelo para la
construcción de pisos
protegidos a cooperativas
vinculadas a David
Marjaliza.
Por último, las licitaciones
de Metro de Madrid
supusieron otros 110
millones de ingresos para
OHL: renovaciones del carril
de la Línea 9, aplicación de
los andenes de la estación
de Delicias, remodelación de
la estación de Usera,
mejoras en la estación de
San Bernardo y remodelación
de la bóveda y los andenes
de la estación de Guzmán el
Bueno. Aunque los contratos
más sustanciosos se los
llevaron dos filiales de OHL
(Pacsa e Ingesan) por la
limpieza de las estaciones
de algunas líneas de la red
del suburbano: 88 millones
de euros.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-03-11/el-juez-investiga-584-millones-en-obras-de-ohl-por-la-financiacion-ilegal-del-pp_1166798/
EL JUEZ DE PÚNICA IMPUTA A
UN HOTELERO VALENCIANO POR
EL BLANQUEO EN SUIZA DE
GRANADOS Y MARJALIZA
Suma y sigue en el 'caso
Púnica'. El titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy
Velasco, ha tomado
declaración como imputado en
los últimos días a un nuevo
empresario dentro de las
pesquisas para desentrañar
el entramado de blanqueo que
Francisco Granados y el
constructor David Marjaliza
utilizaron durante años en
Suiza presuntamente para
'lavar' millones de euros.
Se trata, en concreto, del
hotelero valenciano José
Amadeo Semper Asensi, del
que el magistrado ya
solicitó información al
Banco de España el pasado
mes de septiembre. Al menos
otras tres personas se
encuentran ya encausadas por
el mismo motivo. Vozpópuli
se puso este viernes en
contacto con el despacho de
abogados de Madrid que lleva
su defensa, pero declinaron
responder a las preguntas de
este diario.
El nombre de Semper Asensi
ya figuraba en el listado de
doce empresarios que el juez
Velasco envió al Banco de
España en septiembre para
saber si habían declarado
tener cuentas en Suiza
La imputación de Semper
Asensi se le comunicó
personalmente en la
Audiencia Nacional el pasado
2 de marzo, según documentos
judiciales a los que ha
tenido acceso este
periódico. Días después, el
juez Velasco dictaba una
providencia por la que
acordaba prolongar el
secreto sobre las
actuaciones para
identificar, precisamente, a
"las personas que
colaboraron en las
actuaciones de blanqueo". Se
trata de una línea de
investigación que se centra
en una veintena de
empresarios con cuentas en
Suiza que presuntamente
facilitaron, muchos de ellos
de manera inconsciente, que
la red de corrupción
'lavara' y repatriara fondos
mediante el llamado
'mecanismo de compensación'.
El nombre del hotelero no
es, sin embargo, nuevo en el
sumario de Púnica. El pasado
mes de septiembre, el juez
Velasco ya lo incluyó en el
listado de doce empresarios
que remitió al Banco de
España para recabar
información sobre ellos. En
el mismo también se
encontraba su esposa, María
del Carmen Ballester Ríos,
que figura junto a él en
varias de las empresas que
administra. El magistrado
reclamaba del matrimonio y
de las otras diez personas,
entre las que se encontraba
Inés de Borbón y Borbón,
prima del Rey Juan Carlos,
información sobre la
"apertura, cancelación o
movimientos de cuentas
bancarias en el exterior"
entre 2003 y 2015 "con
especial hincapié" en las
que tuviera en el país
helvético.
Un ingreso de 1,28 millones
de euros
Hasta el momento, hay al
menos otras tres personas
imputadas por estos hechos.
El primero lo fue en octubre
pasado. Se trataba de
Michael Trevor Langdon
Sharman, un ciudadano
español de origen
norteamericano al que la
investigación relaciona con
un ingreso de 1,28 millones
de euros en los depósitos en
el BNP Paribas de Ginebra de
los dos presuntos cabecillas
de la trama. La Guardia
Civil llegó, incluso, a
registrar su domicilio. A él
se han sumado en las últimas
semanas al menos otras dos
personas, además del
hotelero valenciano. Se
trata de J.P.B. y M.G.Y. El
abogado del primero confirmó
en conversación telefónica
con Vozpópuli que la
situación judicial de su
cliente había sido provocada
por un movimiento bancario
que se hizo desde sus
cuentas en el año 2008 con
los depósitos de Marjaliza y
Granados, aunque negó que
conociera a éstos y descargó
toda la responsabilidad de
aquella transferencia en la
entidad financiera
helvética.
En octubre, el magistrado
imputó por los mismos hechos
a un ciudadano español de
origen norteamericano al que
la investigación relaciona
con un ingreso de 1,28
millones de euros en las
cuentas de Granados y
Marjaliza
Esta parte de la
investigación ha sido
incluida por el juez Velasco
en la bautizada como 'pieza
separada internacional', que
mantiene bajo secreto de
sumario. En ella se
encuentra, precisamente, la
abundante documentación que
las autoridades suizas
remitieron a comienzos de
2014 sobre las cuentas de
Granados y Marjaliza y que
permitieron, precisamente,
iniciar la investigación que
desembocó en la 'Operación
Púnica'. El magistrado ha
señalado en varias ocasiones
que la información que ha
llegado desde Berna es tan
voluminosa que aún no se ha
terminado de traducirla al
castellano. No obstante,
diversos pronunciamientos de
los tribunales helvéticos a
los que ha tenido acceso
Vozpópuli en los últimos
meses, revelan detalles de
esta trama y de los
empresarios implicados.
Así, dichos documentos
judiciales señalan que las
pesquisas se iniciaron en el
país centroeuropeo mucho
antes que en España. En
concreto, el 6 de diciembre
de 2012, hace más de tres
años, cuando sus servicios
de lucha contra el lavado de
capitales detectaron
movimientos sospechosos en
las cuentas abiertas en el
BNP Paribas a nombre de la
empresa costarricense
Sheratong Trading, del
"promotor inmobiliario en
España" David Marjaliza y
del "hombre político
español" Francisco Granados.
En dicha fecha, la Fiscalía
suiza ya procedió al
"secuestro penal" de dichos
depósitos, medida que
extendió en junio de 2013 a
otra cuenta, en este caso la
abierta en el UBS de Ginebra
con otra mercantil
centroamericana como
titular, Droz & Co. también
propiedad del constructor.
"Catorce intermediarios
financieros"
Entre ambas fechas, las
pesquisas de la Justicia
suiza habían detectado ya la
existencia de un importante
"flujo financiero" compuesto
por más de un centenar de
transferencias realizadas
desde 2003 que apuntaban a
un supuesto delito de
blanqueo de capitales que
tenía como destino,
precisamente, las cuentas de
Marjaliza y Granados. En
ellas, detalla uno de los
escritos judiciales en poder
de este diario, aparecieron
implicados "catorce
intermediarios financieros
en Suiza". En mayo de 2013,
un mes antes incluso de que
actuaran contra las que
tenía Luis Bárcenas en el
país helvético, las
autoridades de Berna
bloquearon los depósitos de
todos ellos, algunos
abiertos formalmente a
nombre de empresas
registradas en paraísos
fiscales o de fundaciones
'pantalla'.
Documentos judiciales suizos
destacan la existencia de un
"flujo financiero" de más de
un centenar de
transferencias realizadas
desde 2003 en las cuentas de
los cabecillas de la trama
Esta decisión fue comunicada
a los afectados por la
propia entidad en la que
tenían sus fondos, la
mayoría el BNP Paribas. De
hecho, al menos uno de los
afectados inició entonces
trámites judiciales en el
país helvético para revertir
esta situación, aunque sin
éxito. El Tribunal Penal
Federal argumentó en el
fallo en el que rechazó
definitivamente su
pretensión precisamente que
los movimientos financieros
de la cuenta bloqueada
revelaban que se habían
hecho transferencias con
otros depósitos sospechosos
de cobijar dinero "originado
en la corrupción". En aquel
momento, con la
investigación en España
recién iniciada, la Justicia
helvética insistía en la
necesidad de salvaguardar la
información contenida en el
procedimiento "a la vista de
su carácter internacional,
el largo periodo [desde
2003] durante el cual se han
desarrollado los hechos, el
número de transacciones a
dilucidar, la complejidad de
las estructuras financieras
y el número de personas
físicas y jurídicas
afectadas".
El fallo recalcaba también
que había un "riesgo
concreto" de malograr las
investigaciones si se daba
acceso a las mismas a los
titulares de las cuentas
bloqueadas. "Después de
haber consultado el sumario
y tomado conocimiento de los
hechos precisos que
contiene, las personas
implicadas podrían contactar
con otras personas
relacionadas con el caso y
todavía no identificadas y
hacer desaparecer las
pruebas", recalcaban los
magistrados helvéticos para
explicar su negativa. Un mes
después de este último
fallo, las autoridades
suizas remitieron a la
Fiscalía española una
comunicación en la que la
informaba por primera vez de
la existencia de "varios
terceros (personas físicas y
jurídicas)" que habían
"intervenido activamente" en
transferir algo más de 5
millones de euros a las
cuentas en el BNP Paribas y
el UBS de Ginebra abiertas a
nombre de Marjaliza,
Granados y sus empresas
'pantalla'.
Anticorrupción elaboró
entonces un informe, fechado
el 11 de junio de 2014, en
el que ya recogía la
sospecha de que dichos
movimientos de fondos
estaban relacionados con
operaciones de blanqueo de
capitales "gracias al
mecanismo de compensación".
En el mismo sólo se
mencionaban entonces a cinco
empresarios españoles.
Ahora, sin embargo, esta
cifra se ha elevado a cerca
de una veintena de
sospechosos. El hotelero
valenciano es, por ahora, el
último imputado en una línea
de investigación que aún
permanece secreta.
http://vozpopuli.com/actualidad/77573-el-juez-de-punica-imputa-a-un-hotelero-valenciano-por-el-blanqueo-en-suiza-de-granados-y-marjaliza
EL JUEZ SEÑALA A UN
EMPRESARIO COMO EL
'RECLUTADOR' DE UNA VEINTENA
DE BLANQUEADORES VIP PARA
PÚNICA
La Guardia Civil encontró en
el registro de la casa del
ciudadano de origen
estadounidense Michael
Trevor Langdon los
documentos que han salpicado
a numerosas personas con
cuentas en Suiza.
El 'caso Púnica' tiene un
nuevo personaje destacado...
al menos en las operaciones
de blanqueo en Suiza. Se
trata de Michael Trevor
Langdon, un ciudadano
español de origen
estadounidense al que la
investigación relacionó en
un primer momento con un
ingreso de 1,28 millones de
euros en los depósitos en el
BNP Paribas de Ginebra de
los dos presuntos cabecillas
de la trama, Francisco
Granados y David Marjaliza,
y al que, sin embargo, las
pesquisas posteriores le han
adjudicado otro papel: el de
presunto 'reclutador' de
otros empresarios y
personajes VIP con cuentas
bancarias en el país
helvéticos dispuestos a
'lavar' los fondos
atesoraros allí. Cuando
agentes de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil entró en su
domicilio el pasado mes de
septiembre encontró una
veintena de nombres de estos
presuntos blanqueadores,
buena parte de los cuales
han sido imputados en los
últimos meses. Vozpópuli ha
intentado ponerse en
contacto con Michael Trevor
Langdon a través de su
abogado en la causa, pero
éste no respondió a los
requerimientos de
información.
La UCO encontró en
septiembre en la casa de
Trevor Langdon documentación
sobre 'clientes' a los que
presuntamente implicó en el
blanqueo
Trevor Langdon aparece
mencionado en el sumario
literalmente desde el primer
tomo del mismo. De hecho, un
escrito de la Fiscalía
Anticorrupción del 11 de
junio de 2014, pocos días
después de la apertura del
sumario, le citaba como una
de las personas "físicas y
jurídicas" que había
"intervenido activamente" en
transferir algo más de 5
millones de euros a las
cuentas en el BNP Paribas en
Ginebra abiertas a nombre de
Marjaliza, Granados y una
empresa 'pantalla' del
primero, la costarricense
Sheraton Trading SA. El
Ministerio Público se
refería a un fax que le
había remitido el 21 de mayo
de aquel año la Oficina
Federal de la Justicia suiza
en la que detallaba que uno
de esos ingresos, en
concreto de 1,28 millones,
había partido de un depósito
a nombre de la sociedad
panameña Rockfish Finance
Corp. cuyo titular real es
supuestamente el empresario
de origen estadounidense.
En aquel informe de
Anticorrupción, ya se
recogía la sospecha de que
dicho movimiento de fondos
hacia las cuentas de
Marjaliza estaban
relacionadas con operaciones
de blanqueo de capitales
"gracias al mecanismo de
compensación". Un sistema
utilizado, por ejemplo,
también por la mafia china
presuntamente liderada por
Gao Ping para sacar sus
fondos de España. Este
documento de la Fiscalía
llevó a la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil a elaborar su
propio documento sobre la
posible vinculación de
Michael Trevor Langdon con
empresas de David Marjaliza.
Dicho informe, al que
también ha tenido acceso
este diario, vinculaba a
este empresario únicamente
con la mercantil Estándar
Colina Investments Limited,
ya disuelta, de la que fue
"director" desde 1991 a
2007. Los agentes destacaban
entonces que no habían
podido constatar si la misma
había tenido "alguna
relación con los hechos
investigados y con el
entramado mercantil
vinculado" al cabecilla de
la Púnica.
Pensionista y con caja de
seguridad
El sumario incluye también
un informe de la Agencia
Tributaria referido a Trevor
Langdon. En el mismo, los
expertos de Hacienda
detallaban la situación
económica y financiera del
empresario. Destacaban que
este empresario no se había
acogido a la amnistía fiscal
de 2012 ni había hecho
declaración de bienes y
derechos situados en el
extranjero. Además,
resaltaban que desde 2002
percibía del Instituto
Nacional de la Seguridad una
pensión que había pasado de
los 19.000 euros anuales de
aquel año y a los 24.700
euros de 2014. El documento
resaltaba que en 2008 tuvo
una entrada de divisas en
una de sus cuentas bancarias
de 68.677 euros en concepto
de "otros cobros y pagos sin
contrapartida" procedentes
del Reino Unido. También
figuraba que en 2013 vendió
un inmueble en Baleares del
que era copropietario por
347.500 euros y que figuraba
junto a su mujer, María Elsa
Usera Cano, como
arrendatario de una caja de
seguridad en una sucursal
del Banco Sabadell en
Madrid.
El primer tomo del sumario
ya incluye una referencia a
este empresario por la
transferencia de fondos a
las cuentas suizas de
Marjaliza y Granados
Precisamente, su esposa
también ocupa un lugar
destacado en el mismo
informe. La misma figura
como cotitular junto a
Trevor Langdon de varias
cuentas bancarias. Además,
los expertos de Hacienda
reflejan en el documento de
forma detallada los
movimientos de fondos en
Suiza que figuran a nombre
de ella. Así, detallaban que
en diciembre de 2012 esta
empresaria traspasó a una
cuenta en España del Banco
de Santander 277.000 euros
procedentes de un depósito
en el BNP Paribas de
Ginebra, la misma entidad
donde tenían abiertos los
suyos Granados y Marjaliza.
También destacaban que ese
mismo año se acogió a la
polémica amnistía fiscal
para aflorar una cartera de
valores en esta misma
entidad de poco más de 4.600
euros.
Registro domiciliario en
septiembre
Todo ello llevó a la UCO a
solicitar una orden de
entrada y registro en el
domicilio madrileño de la
pareja a comienzo de
septiembre de 2015. Con el
respaldo de la Fiscalía
Anticorrupción, el juez
Velasco no sólo accedió a
ello, sino que también dictó
el 10 de septiembre un auto
que ordenaba el embargo de
los bienes y propiedades de
la pareja, incluido un piso
en Madrid, una finca en
Ronda (Málaga), vehículos y
cuentas bancarias, tanto a
nombre de ellos como de
varias empresas en las que
figuraban como
administradores. También se
bloqueó la caja de seguridad
que tenían en el Banco
Sabadell de la que alertaba
el informe de Hacienda, y en
la que intervinieron joyas,
así como una caja fuerte que
los agentes encontraron en
el domicilio del matrimonio.
En la vivienda también se
intervino abundante
documentación referida a lo
que fuentes cercanas a la
investigación señalan como
"clientes" del empresario
estadounidense. Las
pesquisas apuntan a que éste
presuntamente los implicó en
las actividades de blanqueo
de dinero con la trama
Púnica.
Entre el 1 y el 3 de
febrero, 17 empresarios
fueron citados a declarar en
la Audiencia Nacional por su
presunta implicación en el
'lavado' de fondos
Hasta 17 de ellos fueron
citados a declarar como
imputados entre el 1 y el 3
de febrero pasado. Entre
ellos se encontraban Inés de
Borbón y Borbón, prima del
rey Juan Carlos I; el ex
alcalde socialista de Alcalá
de Henares Florencio Campos;
empresarios como Tristán
Domecq de la Maza, Rodrigo
Díaz de Pichardo y el
hotelero Juan Semper Asensi;
la miembro de la nobleza
María Mercedes de Gortaza e
Ybarra, y el ciudadano
israelí Mesod Muyal, ya
salpicado por la 'Operación
Emperador' también en
operaciones de supuesto
blanqueo de capitales. La
mayor parte de ellos negaron
conocer a la trama y
culparon de los movimientos
de dinero bajo sospecha a
los gestores de sus cuentas
en el extranjero. Por el
momento, todos ellos figuran
como investigados (antes,
imputados).
http://vozpopuli.com/actualidad/81870-el-juez-senala-a-un-empresario-como-el-reclutador-de-una-veintena-de-blanqueadores-vip-para-punica
EL JUEZ DE 'PÚNICA' BUSCA
NUEVAS CUENTAS DE GRANADOS,
MARJALIZA Y SUS ESPOSAS EN
EEUU
El auto que levanta el
secreto de sumario revela
que el magistrado remitió en
octubre una comisión
rogatoria a Washngton para
solicitar información sobre
el político, el constructor
y las esposas de ambos.
El caso Púnica cruza de
nuevo el Océano Atlántico.
El titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
remitió el pasado mes de
octubre una comisión
rogatoria a Estados Unidos
para recabar información
sobre la posible existencia
en este país de cuentas y
propiedades a nombre de los
dos presuntos cabecillas de
la trama, Francisco Granados
y David Marjaliza, y sus
esposas, María Nieves
Alarcón y Adela Cubas, así
como el de una quinta
persona, Ana María Ramírez,
secretaria y persona de la
máxima confianza del
constructor. El dato,
desconocido hasta ahora, ha
salido a la luz gracias al
auto por el que este viernes
el magistrado levantaba el
secreto de sumario sobre la
mayor parte de la causa,
entre ellas la pieza
separada "internacional".
Además de a EEUU y Suiza, el
magistrado ha pedido ayuda a
las autoridades de
Liechtenstein, Panamá, Costa
Rica, Holanda y Singapur
La solicitud del juez
Velasco es la respuesta a la
petición que cinco meses
antes le había hecho la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil.
De hecho, los agentes
responsables de la
investigación habían
iniciado 2015 planteando al
magistrado la colaboración
internacional de varios
países. Así, en marzo de
aquel añpo solicitaron una a
Liechtenstein. Dos meses
después, hacían lo mismo con
Costa Rica y Panamá, además
de EEUU. En septiembre le
tocó el turno a Holanda
También plantearon una a
Singapur. En todos los casos
contó con el respaldo de la
Fiscalía Anticorrupción que,
sin embargo, en el caso del
Washington pidió una
aclaración previa a la
Guardia Civil. Aunque en el
auto conocido ahora no se
detalla qué información
reclama de todos estos
países, un oficio de
noviembre de 2014 ya
apuntaba que la mayor parte
de ellas se referían a la
búsquedas de "cuentas en el
extranjero". El juez dio
trámite a la comisión
rogatoria a EEUU en un auto
fechado el pasado 15 de
octubre.
Las 19 cuentas de Suiza
De confirmarse la existencia
de nuevas cuentas en este
último país, se añadirían a
las ya descubiertas en Suiza
gracias a la colaboración de
las autoridades de Bena y
que fueron, precisamente,
las que permitieron iniciar
la investigación que
desembocó en la Operación
Púnica. En concreto, ya ha
transcendido la existencia
de 19 depósitos abiertos a
nombre de Granados,
Marjaliza, sus esposas y
cuatro las sociedades
'fantasmas'. El banco que
mayor número de depósitos
cobija es el BNP Paribas
Private Bank de Ginebra. En
él figuran nada menos que 13
cuentas bancarias a nombre
de dos mercantiles con sede
en Costa Rica y que estaban
controladas por Marjaliza.
En Suiza, la investigación
ya ha localizado 19 cuentas
de Púnica abiertas en tres
bancos y a nombre de cuatro
empresas 'pantallas'
Una de ellas es Sheraton
Trading SA, que figura como
titular de cinco cuentas.
Las otras ocho en este banco
aparecen a nombre de Time,
una empresa también
registrada en el país
centroamericano. Otra
mercantil 'pantalla, en este
caso Oldfield Properties Inc,
localizada en el paraíso
fiscal de Tórtolas-Islas
Vírgenes Británicas., figura
como titular de una cuenta
en el LGT Bank de Basilea.
Finalmente, los últimos
cinco depósitos se
encontraron en el UBS, el
mayor banco suizo. Todos
ellos a nombre de la
mercantil costarricenseDroz
& Co SA, cuyo real
beneficiario no es otro que
Marjaliza.
Los informes de la UCO y la
Fiscalía Anticorrupción
también recogen la
existencia de otras cuentas
ya cerradas. Así, Granados y
su esposa, María Nieves
Alarcón, abrieron a su
nombre en el año 2000 una
cuenta en el BNP Paribas con
fondos procedentes de la
entidad Credit Lyonnais. En
la misma, realizaron
ingresos de 1,5 millones
hasta 2006, y fue finalmente
cerrada en 2007. Entonces,
la misma tenía un saldo de
"alrededor de 1,7 millones
de euros", que fueron
transferidos aquel año a uno
de los depósitos del UBS a
nombre de Droz & Co. También
en el BNP tenían otra cuenta
a su nombre Marjaliza y su
mujer, Adela Cubas. En la
misma recibieron entre
febrero de 2003 y mayo de
2006 nada menos que 4,1
millones de euros. Ese
dinero fue trasladado ese
último año a uno de los
depósitos abiertos a nombre
de Sheraton Trading SA.
Singapur, Holanda y Costa
Rica
La comisión rogatoria
enviada a Singapur también
parece estar relacionada con
cuentas bancarias. En este
caso con la abierta en el
Standard Chartered Bank de
esta ciudad estado asiática
y que figura a nombre de la
sociedad pantalla Milenia
Trading Pte Ltd. Desde este
depósito, el constructor
transfirió a España en el
verano de 2013 más de 4,2
millones de euros con una
falsa compraventa de obras
de arte con la que blanqueo
dicha cantidad de dinero. A
Holanda, el juez Velasco
también le ha solicitado
información bancaria. De
hecho, la Fiscalía de la
localidad de Zwolle remitió
el pasado 24 de septiembre
información sobre el ABN
Amro Bank, sin que hasta el
momento haya transcendido de
qué persona o empresa
recababa la información.
La Fiscalía de la localidad
holandesa de Zwolle remitió
el pasado septiembre
información de cuentas en el
ABN Amro Bank
Finalmente, la petición de
colaboración a Costa Rica
está relacionada con las
tres empresas 'fantasmas'
registrada en el país
centroamericano y que fueron
utilizadas por Marjaliza y
Granados para abrir cuentas
en Suiza,. La primera
detectada fue Sheraton
Trading SA, creada en
febrero de 2006. La segunda
es Droz & Co,, que está
operativa desde septiembre
de 2006. La tercera es Time,
cuya existencia fue conocida
tras analizar la
documentación intervenida en
el registro que los agentes
hicieron en el domicilio de
Ana María Ramírez, la
secretaria de Marjaliza.
http://vozpopuli.com/actualidad/81822-el-juez-de-punica-busca-nuevas-cuentas-de-granados-marjaliza-y-sus-esposas-en-eeuu
EL JUEZ VELASCO IMPUTA A UNA
PRIMA DEL REY JUAN CARLOS
POR BLANQUEAR EN SUIZA
37.000 € PARA LA TRAMA
PÚNICA
Inés de Borbón y Borbón
reconoce en la Audiencia
Nacional tener desde hace
más de diez años una cuenta
en el Lombard Odier de
Ginebra, aunque asegura que
regularizó sus fondos en
2012. Acusa a su gestor de
haber realizado los dos
movimientos bancarios que
permitieron a una empresa
'fantasma' de Francisco
Granados y David Marjaliza
'lavar' fondos y ponerlos a
salvo en el país helvético.
Otra vez el apellido Borbón
salpicado por un escándalo.
En esta ocasión, por el
'caso Púnica'. Inés de
Borbón y Borbón, prima del
rey Juan Carlos, declaró a
comienzos de febrero como
investigada ante el titular
del Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy
Velasco, acusada de haber
ayudado a los dos cabecillas
de la red de corrupción,
Francisco Granados y su
socio David Marjaliza, a
blanquear 37.000 euros en
Suiza. El familiar del
monarca emérito ha admitido
tener desde hace más de diez
años una cuenta bancaria en
el país helvético, en
concreto en el Lombard Odier
de Ginebra, y que desde la
misma se hicieron dos
movimientos hacia el
depósito abierto a nombre de
una empresa 'pantalla' del
político y el constructor.
Sin embargo, insiste en los
mismos fueron realizados sin
su consentimiento por un
gestor financiero "amigo
personal de la familia".
También recalca que los
fondos que tenía en el país
centroeuropeo tienen como
origen una herencia familiar
y que los mismos fueron
declarados en a la Hacienda
española en 2012.
Inés de Borbón asegura que
en 2012 regularizó ante
Hacienda los fondos que
tenía en una cuenta en el
Lombard Odier de Ginebra, el
mismo banco donde Bárcenas
atesoró parte de su fortuna
La declaración de Inés de
Borbón en la Audiencia
Nacional se produjo el
pasado 3 de febrero, aunque
al estar incluida la
investigación sobre el
'lavado' de fondos de la
trama en el extranjero en la
parte secreta del sumario no
había trascendido hasta
ahora. Sin embargo, un
escrito presentado por el
abogado defensor de la prima
del rey Juan Carlos al que
ha tenido acceso Vozpópuli
aporta numerosos detalles
sobre el contenido de su
testimonio ante el juez. En
el mismo, este familiar del
monarca emérito reconoce que
es titular de una cuenta en
el Lombard Odier de Ginebra,
el mismo en el que atesoró
millones de euros el ex
tesorero del PP Luis
Bárcenas. Dicho depósito
"fue abierto en su día con
el objeto de ingresar el
importe de la herencia de su
difunto padre, que fue
residente en Suiza", destaca
el escrito de su letrado que
también recalca que
"siempre" ha estado a nombre
de ella, y que en ningún
momento "ha ocultado su
identidad con ninguna clave
o nombre ficticio".
El escrito destaca también
que su saldo, que no
concreta en ningún momento,
constituye "la totalidad del
patrimonio" de Inés de
Borbón, y que la cuenta "se
encuentra regularizada y
declarada ante la Hacienda
Pública española desde el
año 2012" mediante el modelo
720 de la Declaración de
Bienes y Derechos en el
Extranjero "El capital
depositado en dicha cuenta
aparece denominado en
euros", recalca. En su
declaración ante el juez,
Inés de Borbón aseguró que
en 2005 suscribió "un
contrato de mandato para la
gestión de su cuenta
corriente con la entidad
suiza Probus Compagnie SA (Probus),
en virtud del cual se
habilitó a dicha compañía
para la gestión y
administración" de la misma,
"excluyendo las facultades
de disposición". El motivo
de esta elección fue que en
dicha empresa trabajaba
Javier Martín, al que define
como "amigo personal de la
familia" y que, por tanto,
inspiraba a la prima del
monarca emérito "una total
confianza".
Dos transferencias bajo
sospecha
El objetivo de dicho
contrato y de "las amplias
facultades concedidas a la
compañía mandataria" era que
dicho gestor "invirtiera los
fondos del cliente en
productos financieros del
grupo Lombard Odier o de
otros fondos gestionados por
Probus". Para ello, también
le autorizaba a "tomar
directamente de la cuenta el
importe de las comisiones
por la gestión". No
obstante, Inés de Borbón
admite que "con anterioridad
a la regularización", pidió
en al menos dos ocasiones a
Javier Martín que,
aprovechando sus viajes a
España, le trajera dinero en
efectivo. Una de esas
ocasiones fue en diciembre
de 2008, cuando el empleado
de la empresa le entregó en
nuestro país 21.000 euros.
La segunda, en febrero de
2011. Entonces la cantidad
fue de 16.000 euros. En
total, 37.000 euros.
La prima del rey Juan Carlos
admite dos transferencias a
la cuenta en Ginebra de una
empresa de la Púnica, pero
responsabiliza de ellas a su
gestor en Suiza
La investigación ha
corroborado que en esas
fechas, la cuenta de este
familiar del rey Juan Carlos
registró sendas salidas de
dinero por dichas
cantidades, pero no como
disposiciones en efectivo,
sino como transferencias a
la cuenta que en el UBS
tenía la empresa
costarricense Droz & Co, de
la que era beneficiario
último David Marjaliza. El
juez le preguntó durante el
interrogatorio por una
tercera transferencia, pero
Inés de Borbón asegura en el
escrito que no tiene
constancia de ella "en
nuestras gestiones en el
banco Lombard Odier, aunque
no se descarta que pudiera
tratarse de un caso idéntico
a los dos anteriores". De
todos modos, de todo ello la
ahora imputada
responsabiliza abiertamente
al empleado de Probius. "Mi
representada, persona poco
versada en las gestiones
bancarias y otras
relacionadas con su
patrimonio, fimaba los
documentos que le presentaba
el señor Martín sin realizar
mayores comprobaciones",
recoge el escrito de su
abogado.
Confesión notarial
En este sentido, el
documento presentado ante el
juez incorpora una acta
suscrita el pasado 4 de
febrero ante una notaria de
Ginebra por el trabajador de
la empresa helvética en el
que éste admite haber sido
el responsable de dichos
movimientos. "En dos
ocasiones compensé la
operación de reintegro de
efectivo a doña Inés con
solicitudes de ingresos que
hicieron otros clientes, de
forma que yo entregué a doña
Inés el dinero solicitado en
efectivo que me facilitó
otro cliente e hice firmar a
doña Inés un documento de
transferencia por idéntica
cantidad en favor de una
cuenta del otro cliente que
ella suscribió en la
creencia de que se trataba
de un impreso de solicitud
de reintegro", detalla el
empleado de Probus en su
confesión ante fedatario
público con el que describe
una típica operación de
blanqueo por compensación.
Javier Martín también
asegura que la prima del rey
Juan Carlos "no conocía el
destinatario de las
compensaciones y que no
obtuvo ningún beneficio o
ganancia por esas
operaciones [...] cuya
existencia ignoraba y que
siempre consideró como
reintegros ordinarios de
efectivo contra su propia
cuenta corriente".
El abogado de Inés de Borbón
pide al juez que sobresea
las acusaciones de delitos
fiscal y blanqueo porque
ella no "obtuvo beneficio ni
contraprestación"
Paradójicamente, y pese a
que anteriormente había
asegurado que contrató los
servicios de Probus para
invertir en productos
financieros del Lombard
Odier, el escrito del
abogado continúa asegurando
que ella "nunca ha empleado
el dinero existente en su
cuenta para especular o para
realizar otras inversiones o
adquirir bienes inmuebles u
objetos de valor". De hecho,
insiste en que
"exclusivamente" los utilizó
"para sufragar sus gastos de
mantenimiento, ya que dicho
dinero constituye su único
capital y medio de vida".
Por todo ello, el letrado
solicita al juez Velasco que
sobresea la causa contra
ella ya que considera que no
cometió ninguno de los dos
delitos que se le acusa. El
fiscal, porque regularizó
dicho dinero con la
declaración de 2012 aunque
fuera años después de los
movimeintos de fondos que
intercambio con la Púnica. Y
el de blanqueo, porque nunca
supo la procedencia ilícita
del dinero en efectivo que
recibió ya que ni conocía la
empresa Droz & Co, ni a
Granados y Marjaliza, además
de que "no ha obtenido
beneficio ni
contraprestación alguna por
realizar esas
compensaciones". Sólo admite
una posible "negligencia"
más que justificada por "la
confianza plena" que tenía
depositada en el empleado de
la compañía suiza.
http://vozpopuli.com/actualidad/80233-el-juez-velasco-imputa-a-una-prima-del-rey-juan-carlos-por-blanquear-en-suiza-37-000-para-la-trama-punica
EL JUEZ DE PÚNICA INVESTIGA
A UNA ANTIGUA COLABORADORA
DE AGUIRRE, AZNAR Y GRANADOS
El magistrado recibe un
informe de la Guardia Civil
sobre el vehículo propiedad
de María Victoria Cristóbal
Araujo por la supuesta
vinculación del mismo con la
trama. Asesora de la 'lideresa'
y ex concejal en
Majadahonda, no es la
primera vez que esta ex alto
cargo del Ejeuctivo regional
aparece en el sumario, en el
que figuran numerosas
conversaciones de ella con
el ex secretario general del
PP de Madrid.
Ni un cabo suelto ni una
pista sin investigar en el
'caso Púnica'. El titular
del Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy
Velasco, ha encargado a los
agentes de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil un informe
sobre un vehículo de la
marca Mercedes que aparece a
nombre de una antigua cargo
del Ejecutivo regional de
Esperanza Aguirre que hasta
ahora no está imputada en la
causa. Se trata de María
Victoria Cristóbal Araujo,
ex asesora de prensa de la
lideresa en la primera
campaña de ésta a la
Presidencia de la Comunidad
de Madrid y que con
Francisco Granados en la
Consejería de Presidencia,
Interior y Justicia llegó a
estar al frente de la
Agencia Madrileña de
Emigración. Antigua
colaboradora también de José
María Aznar en la fundación
FAES y concejal 'popular' en
Majadahonda (Madrid) hasta
enero de 2015, el magistrado
indaga sobre los supuestos
vínculos entre este
automóvil de lujo y la
trama. Vozpópuli se puso
este jueves en contacto
telefónico con María
Victoria Cristóbal para
conocer su versión sobre la
adquisición de dicho coche,
pero ella declinó hacer
declaraciones. "No me dedico
a la política desde hace más
de un año y no tengo nada
que decirle", fue su escueta
respuesta.
La Guardia Civil remitió el
informe a la Audiencia
Nacional el pasado 6 de
abril. Nueve días después,
el magistrado preguntaba a
Anticorrupción qué pasos
seguir en la investigación
del vehículo bajo sospecha
El informe de la Guardia
Civil sobre el automóvil con
matrícula 6XXX-DZL, un
Mercedes SLK de color negro
que ella incluyó en su
declaración de bienes cuando
fue elegida concejal en las
elecciones de mayo de 2011,
llegó a la Audiencia
Nacional el pasado 6 de
abril. Nueve días después el
magistrado dictaba una
providencia a la que ha
tenido acceso este diario en
la que solicitaba a la
Fiscalía Anticorrupción que
lo estudiase para que
propusiera qué pasos dar a
partir de ahora sobre el
mismo y si se toma alguna
medida judicial contra su
propietaria. El contenido
del mismo aún no ha
transcendido, pero fuentes
cercanas a la investigación
apuntan a este diario que el
objeto de las pesquisas es
comprobar cómo el automóvil
llegó a ser propiedad de
Vicky, como todo el mundo
conocía a la colaboradora de
Aguirre, Granados y Aznar.
En este sentido, recuerdan
que la UCO ya realizó uno
similar sobre otro vehículo,
en concreto uno marca Mini
Cooper que utilizaba la
mujer del cabecilla de la
trama, María Nieves Alarcón,
también imputada en la
causa, y que resultó
destruido en un incendio
provocado. Aquel informe
concluyó que el coche era en
realidad un supuesto pago
'en especie' de un
constructor de Valdemoro,
Ramiro Cid, también
inculpado, que se intentó
camuflar con "facturación
falsa", según reconoció el
propietario del
concesionario.
Un "piso" y un "coche"
En el caso de María Victoria
Cristóbal Araujo ha pesado
también el contenido de las
numerosas conversaciones que
ésta mantuvo precisamente
con Granados cuando éste
tenía el teléfono
intervenido por orden
judicial. En las mismas,
además de constatarse la
estrecha relación entre
ambos a pesar de que cuando
se producen él ya no está en
política y ella ejerce de
concejal de Relaciones
Instituciones en el
Ayuntamiento de Majadahonda,
aparecen precisamente
referencias a un "piso" y un
"coche" supuestamente
regalados a ella por el
cabecilla de la trama. De
hecho, en una llamada del 2
de julio de 2014, pocos
meses antes de la detención
del político madrileño,
Vicky se quejaba de que José
María Aznar la quisiera
echar de la fundación FAES,
donde ella trabajaba en
aquel momento. Al parecer,
por temor a que saliera con
escándalo "muy gordo de
ella", según se recoge en un
informe de la UCO.
Granados: ¿Qué pasa? ¿Qué te
ha dicho éste?
Victoria: Bueno, pues nada,
lo que yo más o menos me
figuraba.
G: ¿El qué?
V: Pues que quieren que me
quede fuera del proyecto, de
momento.
G: ¿Cómo? ¿Que te quedes ...
?
V: Fuera del proyecto de
momento.
G: ¿Y eso?
V: Pues porque..., bueno,
eh... pues... Pues porque a
[José María] Aznar le han
contado toda mi historia y
tal y entonces pues... no
quieren, no quieren que esté
en esto. Porque vamos muy
justos de tiempo... y yo
puedo ser una persona ahí
que por estar yo en esto se
bloquee la historia y tal.
Y, bueno, Aznar le ha
contado a [Javier Fernández]
Lasquetty lo del piso, lo
del coche, todo.
G: ¿Qué del piso y del
coche?
V: Que tú me has regalado un
piso. O sea, le ha debido...
Me ha dicho Pedro que Pablo
[Casado] no me lo quería
decir porque yo le he dicho,
oye, pero exactamente qué he
hecho yo, ¿sabes? Porque es
que yo también necesito
saberlo. [...] ¿Qué puedo
hacer Paco? Joder, que al
final a mí me han jodido la
vida, porque claro, es que
por más que yo lo intente y
por más que tal, pues que
estoy ahí y me han puesto
una cruz imposible de
levantar, imposible,
imposible.
"Manda huevos"
Granados se mostraba
indignado en aquella
conversación por el hecho de
que se le acusase de haberle
regalado un piso y un coche
a su antigua colaboradora.
"Manda huevos que le diga
que yo te he regalado el
piso. Es que me parece la
polla", se quejaba el
político encarcelado. En una
llamada telefónica
posterior, María Victoria
Cristóbal aseguraba que iba
a enseñar a "Pablo" [Casado]
las escrituras de la casa
para demostrar su inocencia,
y que intentará buscar nuevo
empleo en un proyecto con la
embajada de Rusia", destaca
un informe de la UCO. El ex
consejero le aseguraba que
había pensado en hablar con
"Esperanza [Aguirre]" para
"amenazarla" y contarle
todo, pero que tampoco
pretendía "requemar el
asunto" pese a que estaba
"hasta los cojones" porque
era posible que sólo la
perjudicase a la propia
Vicky. Ella entonces le dijo
que había pensado en ir a un
notario y contar "lo de los
espías", en referencia al
escándalo del espionaje en
la Comunidad de Madrid en el
que ambos se habían visto
salpicados.
En una de las conversaciones
entre Granados y Vicky, está
asegura que Aznar la ha
echado de FAES por temor a
que saliera a la luz "lo del
piso, lo del coche" de ella
Éstas no son, sin embargo,
las únicas conversaciones
incluidas en el sumario del
'caso Púnica' en el que se
muestra la estrecha relación
entre María Victoria y
Francisco Granados. Las
llamadas entre ambos son
numerosas y, en las mismas,
hablan de la situación
interna del PP, del
Ayuntamiento de Majadahonda,
donde ella era concejal en
aquel momento, e, incluso,
de negocios como la compra
de unas naves en las que se
quería embarcar el político.
Éste le comenta a Vicky,
incluso, sus encuentros con
David Marjaliza, el otro
presunto cabecilla de la
trama; y con Javier López
Madrid, consejero de OHL y
también imputado en el caso
por la supuesta entrega de
dinero a los 'populares',
así como de sus contactos
telefónicos con el ministro
de Economía, Luis de
Guindos, por la
privatización de Aena. Una
estrecha relación de
confianza que ahora se ha
vuelto en su contra y ha
puesto su coche de lujo bajo
la lupa del juez y de la
Guardia Civil.
"GRANADOS Y COLABORADORES"
Cuando el pasado mes de
septiembre el juez Velasco
dividió el sumario del 'caso
Púnica' en doce piezas
separadas para agilizar la
investigación, decidió que
la octava tuviera el
significativo nombre de
"Granados y Colaboradores".
En ella se incluyen todas
las pesquisas en torno a las
personas que durante su
etapa de consejero de los
Ejecutivos de Esperanza
Aguirre trabajaron con él.
Según las fuentes
consultadas, la
investigación referida al
vehículo de lujo de 'Vicky'
estaría incluida en ella.
Además, figuran los avances
en torno a la figura de
Ignacio Palacios Azazuri,
quien durante años fuera la
mano derecha del político, y
la mujer de éste, ambos
detenidos el pasado mes de
noviembre. A ambos los acusa
el juez de haber servido de
testaferros para que
Granados ocultara ser el
propietario de una enorme
finca situada en Higuera de
las Dueñas (Ávila).
http://vozpopuli.com/actualidad/80196-el-juez-de-punica-investiga-a-una-antigua-colaboradora-de-aguirre-aznar-y-granados
ARROYOMOLINOS ENTREGA AL
JUEZ VELASCO CONTRATOS POR
VALOR DE 600.000 EUROS BAJO
SOSPECHA CON EMPRESAS DE LA
PÚNICA
El nuevo equipo de gobierno
de Arroyomolinos ha
detectado irregularidades en
33 expedientes y numerosas
facturas sin contrato, la
mayoría con Waiter Music. El
alcalde de C's ha entregado
unos 500 documentos y pide
que se investiguen 7
posibles delitos cometidos
entre 2004 y 2014
El nuevo equipo de gobierno
de Arroyomolinos ha
entregado al juez Eloy
Velasco la facturación del
ayuntamiento con Waiter
Music y empresas vinculadas
a la trama Púnica. 33
expedientes con pagos a las
empresas del investigado
José Luis Huertas y 10
concursos más en los que
participó y se declararon
desiertos. Entre las
posibles irregularidades
denunciadas están los
ingresos sin ningún tipo de
documentación que lo
justifique y pliegos de
concurso de fiestas y
eventos que se declaran
nulos y aún así acaba
ejecutándolos Waiter Music.
Es el caso de la fiesta del
Corpus del año 2006 por
valor de 28.500 euros y en
los que se detallaba en los
pliegos hasta la marca de
generadores que coincidía
con la usada por la empresa
de la Púnica. O la fiesta de
Nochevieja y Reyes de 2006.
En esta ocasión los técnicos
de la mesa de contratación
anularon el concurso al
entender que estaba amañado
a favor de Waiter Music. El
empresario imputado José
Luis Huertas hizo la fiesta
y se cargaron los 121.500
euros a la empresa municipal
del suelo. En la fiesta de
Reyes de 2008, Waiter cobró
dos veces por el mismo
servicio emitiendo dos
facturas de 5.000 euros.
El escrito aporta
documentación que
demostraría cómo la concejal
popular de Juventud, Ana
Millán, presuntamente daba
órdenes al departamento de
contratación de a qué
empresas había que invitar.
En el listado de la fiesta
del Corpus de 2008 estaba la
ganadora, Waiter Music, que
competía con otra empresa
dedicada al transporte de
mercancías. Como este hay
varios casos de los que el
nuevo equipo cree que
directamente estaban
amañados.
La documentación entregada
incluye las agendas de la
concejal del PP responsable
de firmar los contratos con
Waiter Music. En varias
ocasiones aparecen citas,
reuniones y comidas con el
imputado José Luis Huertas
días antes y después de
recibir los contratos.
La denuncia, a la que ha
tenido acceso la Cadena SER,
la interpone el nuevo equipo
de gobierno de Arroyomolinos
formado por Ciudadanos, PSOE
y PIA (independientes). En
el escrito piden a la
Fiscalía que investigue la
posible comisión de siete
delitos, entre ellos,
cohecho, tráfico,
prevaricación y tráfico de
influencias.
http://cadenaser.com/m/emisora/2016/03/31/radio_madrid/1459408456_520885.html
EVA BOROX DIMITE COMO
DIPUTADA REGIONAL PARA “NO
PERJUDICAR A CIUDADANOS”
La exparlamentaria mantenía
una relación de amistad con
Marjaliza, uno de los
principales imputados de la
Púnica
Eva Borox, la número tres de
Ciudadanos en la Asamblea de
Madrid, ha presentado este
jueves su dimisión y ha
entregado su acta para "no
perjudicar a su partido".
"Niego todas las acusaciones
recogidas en la declaración
de David Marjaliza durante
mi etapa como concejal del
PSOE en Valdemoro. Marjaliza
nunca me ha pagado ningún
viaje ni he recibido
comisión alguna", dijo la ya
exparlamentaria.
Las autoridades judiciales
investigan si Marjaliza pagó
a Borox varios viajes a
cambio de favores cuando era
concejal del PSOE en
Valdemoro, entre 1998 y
2003. Borox formó parte del
PSOE de Valdemoro hasta
2007, fecha en la que fue
expulsada tras ser acusada
de haber afiliado a amigos y
familiares del PP en la
agrupación socialista del
pueblo. El entonces
secretario regional del
Partido Socialista de
Madrid, Rafael Simancas,
ordenó que se disolviera la
agrupación de Valdemoro.
Encargó a una gestora la
dirección del partido local.
Borox, sin embargo, mantiene
que nadie la echó, sino que
fue ella la que decidió no
solicitar su alta en la
formación. En aquella época,
Granados y Marjaliza tenían
pleno control sobre el grupo
socialista de Valdemoro. De
los 300 militantes, más de
la mitad estaban
relacionados con el PP o
eran familiares suyos.
El actual escándalo arrancó
después de la difusión de
varias fotografías [en la
cadena de televisión La
Sexta] en las que Borox
aparece junto a David
Marjaliza, socio de
Francisco Granados, y uno de
los cerebros de la trama
Púnica. Hay imágenes en la
casa del empresario y en un
parque de atracciones. Las
instantáneas sugieren que
existía una mayor relación
que la que reconoció la
diputada entre ella y el
empresario. Dijo que solo le
conocía debido a que
residían en la misma
localidad y tenían amigos en
común.
La diputada ha remarcado que
la decisión es de “carácter
personal” para no interferir
ni perjudicar el buen
funcionamiento del partido
“a pesar de no estar
investigada ni imputada”.
Borox se siente objeto de
una persecución mediática:
“Un medio de comunicación ha
hecho una causa personal
contra mí”. En último lugar,
ha puntualizado que entrega
su acta “a diferencia de
todos aquellos que,
existiendo motivos reales
para marcharse, siguen
aferrándose cada día a su
cargo público protegidos por
su aforamiento”. La
sustituirá Ana Rodríguez, la
siguiente en las listas de
Ciudadanos. Borox no ha
admitido preguntas.
“Eva Borox ha decidido
echarse a un lado para poder
defenderse y para no
perjudicar al partido” ha
sostenido Ignacio Aguado. El
líder de la formación
naranja en Madrid ha
defendido que la exdiputada
“ha dado una lección a todos
aquellos que a pesar de
estar imputados, incluso
condenados, siguen aferrados
a la silla”.
La dimisión de Borox cierra
una posible crisis en el
Gobierno regional de la
Comunidad de Madrid,
encabezado por Cristina
Cifuentes (PP). La
presidenta popular fue
elegida gracias al apoyo de
Ciudadanos, pero solo cuenta
con un voto más que los
grupos de la oposición. Si
Borox no hubiera abandonado
su acta y hubiese pasado al
grupo mixto, PP y Ciudadanos
no tendrían mayoría
absoluta, ya que solo tienen
un escaño más que la unión
de PSOE y Podemos.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/17/madrid/1458241258_410633.html
UN EX CONCEJAL DEL PP
PROCESADO EN GÜRTEL COLABORA
EN PÚNICA: DESTAPA CÓMO ERAN
LAS CACERÍAS DE GRANADOS Y
MARJALIZA
Se trata del ex edil de
Majadahonda, Juan José
Moreno Alonso, quien
recientemente prestó
declaración en la Fiscalía
Anticorrupción incriminando
al ex secretario general del
PP de Madrid, Francisco
Granados. El ex concejal
explicó cómo se hacían
negocios en las cacerías
donde estaba la mano derecha
de Aguirre.
El ex edil de Majadahonda,
Juan José Moreno Alonso,
procesado por su
participación en la Primera
Época de la trama Gürtel
(1999-2005), testificará en
los próximos días ante el
titular del Juzgado Central
de Número 6 de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco, para
colaborar en la
investigación de la trama
Púnica, según han informado
fuentes jurídicas a
Vozpópuli. En realidad,
Moreno Alonso había sido
citado por el magistrado
este martes pero por motivos
de agenda no dio tiempo a
que prestase declaración
ante el instructor y dicha
comparecencia se ha aplazado
para los próximos días,
según explican las mismas
fuentes.
Moreno Alonso, ahora testigo
en Púnica, también colaboró
a esclarecer la
investigación de la trama
Gürtel con sus confesiones
Se da la circunstancia de
que el ahora testigo del
caso Púnica fue uno de los
concejales que ayudó a
destapar la trama Gürtel ya
que participó en las
grabaciones que se
realizaron al presunto
cabecilla de esta red de
corrupción, Francisco
Correa, y que en 2007 fueron
aportadas a la Fiscalía
Anticorrupción por el
también ex edil de
Majadahonda, José Luis
Peñas. Moreno, que no se
atrevió en un primer momento
a ir junto con Peñas a la
Fiscalía para denunciar los
hechos, sí que colaboró con
la Audiencia Nacional y
Anticorrupción en momentos
posteriores de la
instrucción de Gürtel. De
ahí, que en el auto de
apertura de juicio oral de
la Primera Época de esta
trama corrupta a Juan José
Moreno Alonso, ex concejal
de Hacienda de Majadahonda,
se le apliquen varios
atenuantes por "colaboración
con la justicia y confesión
judicial".
Pues bien, Moreno Alonso
prestó declaración
recientemente en la Fiscalía
Anticorrupción y entregó
allí las cintas de las
grabaciones que forman parte
del sumario de Gürtel donde
se recoge cómo operaba la
red de Correa y donde
aparece salpicado Francisco
Granados. Este ex edil contó
cómo el ex consejero de
Presidencia, Justicia e
Interior de la Comunidad de
Madrid ordenó al ex alcalde
de Majadahonda, Guillermo
Ortega, dimitir porque se
estaba quedando con el
dinero de las comisiones que
daban los empresarios y no
las estaba haciendo llegar a
sus superiores.
Cacerías con putas
Según fuentes de la
investigación consultadas
por este periódico, el
testimonio de este ex
concejal del PP tiene valor
en las pesquisas de Púnica
ya que coincidió en algunas
de las cacerías que están
siendo investigadas con los
cabecillas de la trama,
Francisco Granados y su ex
socio arrepentido, David
Marjaliza. Era en dichos
encuentros de caza donde, en
ocasiones, se cerraban los
'pelotazos' urbanísticos.
El ex edil de Majadahonda
coincidió con los cabecillas
de la trama Púnica en las
ostentosas cacerías donde se
cerraban los 'pelotazos'
urbanísticos
Del sumario de Púnica se
desprende que tanto el que
fuera mano derecha de
Esperanza Aguirre como sus
entonces amigos, Marjaliza y
el también constructor
Ramiro Cid, cerraban gran
parte de sus operaciones
empresariales en cacerías.
Así lo confesó el ex
director financiero de la
promotora Dico, David
Merino, una de las
constructoras investigadas
en este procedimiento y que
habría costeado las
ostentosas monterías que se
dieron en fincas como La
Parrilla, La Solana, Los
Yébenes, Los Berrocales y
Los Collados de San Benito,
para uso y disfrute de los
imputados en dicha trama de
corrupción.
Merino explicó que las
monterías se celebraban en
prestigiosas fincas de
España de caza mayor, donde
había "venados a
cascoporrillo", y que a
ellas acudían unas 50
personas entre empresarios y
políticos. Según sostuvo el
ex director de la
constructora Dico en su
confesión, en las jornadas
cinegéticas tampoco faltaban
las prostitutas.
Por su parte, el ex concejal
de Majadahonda Juan José
Moreno detalló cómo se
hacían los negocios en
dichos encuentros campestres
cuando compareció en la sede
de Anticorrupción a voluntad
propia. De ahí que las
fiscales del caso, Carmen
García y María Teresa
Gálvez, incorporaran su
testimonio al sumario de
Púnica y consideraran que
éste debe ser escuchado
también por el juez Velasco.
http://vozpopuli.com/actualidad/78577-un-ex-concejal-del-pp-procesado-en-gurtel-colabora-en-punica-destapa-como-eran-las-ostentosas-cacerias-de-granados-y-marjaliza
GRANADOS PIDE AL JUEZ QUE LE
LIBERE 114.269 € PARA PAGAR
LA HIPOTECA DE SU CASA
'OFICIAL'
El exsecretario general del
PP de Madrid dirige un
escrito a la Audiencia
Nacional para que desbloquee
de sus cuentas los fondos
suficientes para pagar toda
la deuda pendiente con el
banco. Su argumento: si no
lo hace así, la entidad
financiera se quedará con la
vivienda que utilizaba
cuando fue detenido en
octubre de 2014.
Nueva petición de Francisco
Granados desde la cárcel. El
que fuera secretario general
del PP de Madrid y número 3
del Ejecutivo de Esperanza
Aguirre ha dirigido un
escrito al titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy
Velasco, en el que le pide
de nuevo que le desbloquee
las cuentas que tiene
embargadas desde que fue
detenido el 27 de octubre de
2014. En concreto, el
político, único de los
'investigados' en el caso
Púnica que permanece
encarcelado, pide que se
liberen 114.269,40 euros de
la cuenta en la que figuran
como titular él y su mujer,
María Nieves Alarcón,
también imputada, para poder
saldar el préstamo
hipotecario que grava la
casa que la pareja utilizaba
como vivienda habitual en la
localidad de Valdemoro. Su
argumento es que, de no
hacerse así, la entidad
financiera que les concedió
el crédito, se la quedará.
Los investigadores adjudican
al ex alcalde y ex consejero
la propiedad de otros cuatro
inmuebles, dos de ellos a
nombre de testaferros (ver
recuadro).
Catalunya Caixa ha ofrecido
a Granados y su mujer la
posibilidad de acogerse a
"la reestructuración de la
deuda y la dación en pago".
El político ni se lo plantea
En el escrito, fechado este
lunes y al que ha tenido
acceso Vozpópuli, Francisco
Granados asegura que
Catalunya Caixa "va a
iniciar la ejecución
hipotecaria de la vivienda
en las próximas fechas"
después de que la pareja no
haya abonado desde el
arresto del político, hace
año y medio, ninguna de
cuota de dicho préstamo. En
total, más de 32.000 euros.
Para demostrarlo, incorpora
la carta que recientemente
ha remitido la entidad
financiera a la pareja en la
que ésta les da "5 días
hábiles [...] para
regularizar la totalidad de
la deuda". En la misma
misiva, la caja catalana
ahora absorbida por el BBVA,
le ofrece "soluciones como
la reestructuración viable
de la deuda y la dación en
pago".
Sin embargo, ninguna de
estas dos posibilidades es
contemplada por el político
a la vista del contenido del
escrito. De hecho, en el
mismo solicita al juez
Velasco "el desbloqueo de
los saldos suficientes para
pagar el préstamo
hipotecario pendiente, toda
vez que el bien inmueble se
encuentra embargado por este
Juzgado y de otro modo
perdería el bien a favor de
la entidad bancaria como
acreedor hipotecario", algo
que rechaza. El político
cuantifica en 114.269,40
euros el dinero necesario
para no 'despedirse' de su
vivienda, según un
certificado con las cifras
pendientes de amortización
que le remitió el banco el
pasado 15 de marzo. En él se
detallaba que esta cantidad
se repartía entre 80.793,93
euros de "capital
pendiente", 32.205,60 euros
de "deuda vencida", 18,93
euros de "intereses
devengados", 807,94 euros de
"comisión amortización" y
otros 442 euros de "comisión
de rec. impago".
Una inmobiliaria bajo
sospecha
En su escrito, Granados y su
mujer detallan al juez todo
el proceso que siguieron
para la adquisición en marzo
2007 de dicha vivienda,
situada en el número 2 de la
calle Venezuela, de
Valdemoro, la localidad
donde el exdirigente del PP
fue alcalde. Así, aseguran
que firmaron un contrato de
compraventa con Promodico
SL, también intervenida por
orden judicial en el 'caso
Púnica', por un precio de
468.000 euros. Para ello,
aseguran que suscribieron la
hipoteca con Catalunya Caixa
por 330.000 euros de capital
gracias a que la casa fue
tasada entonces por un valor
incluso superior al que
ellos iban a pagar. Todo
ello lo acompañan con
documentos como la propia
escritura de la compra.
El juez investiga si la
vivienda que quiere salvar
Granados fue realmente
pagada por el político o se
trató de un 'pago en
especie' por sus favores a
una constructora Promodico
SL, la inmobiliaria que le
vendió la casa, es una de
las filiales del Grupo DICO,
uno de cuyos directivos
denunció hace tiempo el
supuesto pago de 'mordidas'
al exdirigente regional del
PP. En el sumario consta que
fue esta promotora la que
vendió al político 'popular'
dos viviendas, entre ellas
la que ahora a toda costa
conservar. No obstante, la
investigación intenta
aclarar si ésta fue
realmente abonada por
Granados o se trató de un
'pago en especie' por los
supuestos favores que el
político hizo a la
constructora y sus filiales
en Valdemoro. Además, un
informe de la Agencia
Tributaria incorporado a la
causa también llama la
atención sobre otra venta de
Promodico al 'clan
Granados', en este caso a
los cuñados del exsecretario
general del PP en Madrid.
Formalizada en 350.000
euros, los expertos de
Hacienda destacan que su
valor real se acercaba al
medio millón de euros. Por
todo ello, el pasado 27 de
octubre, cuando se
produjeron las detenciones,
la compañía fue intervenida,
y todos sus bienes y cuentas
corrientes embargados.
Situación que se mantiene en
la actualidad.
Sus viviendas 'ocultas'
El patrimonio inmobiliario
de Francisco Granados no se
limita, ni mucho menos, a la
vivienda de la calle
Venezuela, de Valdemoro,
para cuya hipoteca pide
ahora dinero. Él y su mujer
también figuran como
titulares de otra casa en
esta localidad al Sur de
Madrid donde él ejerció de
alcalde y de un chalé en
Marbella. Ambas
adquisiciones también están
bajo sospecha. Sin embargo,
las pesquisas también han
permitido destapar otras
posesiones que supuestamente
pertenecen al político
aunque figuran a nombre de
supuestos testaferros. Una
es la mansión de 1.000
metros cuadrados que uno de
los constructores imputados
en la causa le estaba
levantando también en
Valdemoro. La misma iba a
contar con todo tipo de
lujos como una piscina con
el vaso revestido de
cuarcita dorada, un amplio
jardín con porche levantado
en piedra arenisca y una
cocina con muebles y
electrodomésticos valorados
en más de 80.000 euros. El
resto de la vivienda seguía
la misma línea: baño turco y
sauna, vestidor con mando a
distancia, tres chimeneas,
ducha con cromoterapia y
efecto niebla... La segunda
propiedad inmobiliaria
oculta es un chalé situado
en la localidad abulense de
Higuera de las Dueñas, un
pequeño pueblo de menos de
300 habitantes. Esta
vivienda, que Granados
utilizaba junto a otros
imputados como lugar de
asueto muchos fines de
semana, esta situado sobre
siete fincas valoradas en
más de un millón de euros.
http://vozpopuli.com/actualidad/78506-granados-pide-al-juez-que-le-libere-114-269-para-pagar-la-hipoteca-de-su-casa-oficial
EL JUEZ VELASCO ABRONCA
A CIFUENTES POR NO ENVIARLE
11 FACTURAS DE PAGOS AL
'CONSEGUIDOR' DE PÚNICA
El magistrado envía un
mandamiento a la Dirección
General de Contratación,
Patrimonio y Tesorería de la
Comunidad de Madrid para que
entregue una serie
documentos contables sobre
abonos a la empresa de
reputación 'online' EICO que
solicitó en noviembre del
año pasado y que aún no ha
recibido. También pide
explicaciones de por qué no
lo ha hecho.
Enfado del juez Eloy Velasco
con la Comunidad de Madrid.
El titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6 ha remitido a la
Dirección General de
Contratación, Patrimonio y
Tesorería del Ejecutivo que
ahora preside la 'popular'
Cristina Cifuentes un
mandamiento en el que le
requiere "nuevamente" para
que entregue diversa
documentación sobre los
pagos realizados durante los
años 2012, 2013 y 2014 a
Eico Online Reputation
Management SL, empresa del
presunto 'conseguidor' de la
trama Púnica, Alejandro de
Pedro. En concreto, el
magistrado le reclama once
documentos contables sobre
dichos abonos que ya
requirió junto a otra
documentación el pasado mes
de noviembre y que cuatro
meses después aún no ha
entregado. Velasco también
pide explicaciones de "por
qué no se ha incluido" la
misma en su momento. Los
investigadores sospechan que
varios de esos trabajos se
dedicaron a mejorar la
imagen 'online' del
expresidente regional
Ignacio González, entonces
muy castigada por el 'caso
ático', y que parte se
pudieron pagaron a través
del Canal de Isabel II
mediante facturación
ficticia.
La documentación contable
reclamada por el juez se
refiere a los contratos para
mejorar la imagen 'online'
del entonces presidente
madrileño, Ignacio González,
muy castigada por el 'caso
ático'
El mandamiento y el auto que
lo acompaña, ambos con fecha
del 4 de marzo y a los que
ha tenido acceso Vozpópuli,
señalan que dicha petición
de información se produce
después de que la Comunidad
de Madrid respondiera a un
auto del pasado 4 de
noviembre con información
incompleta, según denunció
la Fiscalía Anticorrupción
en un informe remitido el
pasado 1 de marzo al juez
Velasco. En aquel escrito de
hace cuatro meses, el
magistrado había pedido a la
Dirección General de
Contratación que
"certificara los actos de
ordenación de pagos y los
pagos efectuados por las
facturas emitidas por razón
de los contratos con la
empresa Eico Online
Reputation Mangement SL para
los trabajos de 'cliping'
[recopilación de noticias] y
posicionamiento online desde
abril de 2012, 2013 y 2014".
El objetivo era encontrar en
la misma pruebas del
supuesto "tratamiento
irregular en la adjudicación
de contratos públicos" a
esta mercantil del
'conseguidor' de la trama.
Sin embargo, la respuesta
dada por el dirección
general no fue
satisfactoria. De hecho, el
magistrado detalla once
documentos que deberían
constar entre aquellos
certificados y que, sin
embargo, no figuraban. En
concreto, pide de nuevo que
se le remita copia "del
documento contable ADOK
número 09-14-014873 y de la
documentación justificativa
del mismo". También exige
que "se explique por qué no
se ha incluido en la
certificación expedida"
cuatro "documentos OK"
referidos todos ellos al
documento contable AD número
03-14-000416 que abarca el
periodo que va de febrero a
diciembre de 2014. En
concreto pide dicha
documentación sobre un pago
de 3.627,58 euros y tres de
1.813,79 euros hechos a Eico
por trabajos realizados
entre mayo y septiembre de
ese mismo año.
"Copia y documentación
justificativa"
También reclama a la
Comunidad de Madrid que
certifique si ha expedido
"los documentos contables OK
correspondientes a los meses
de octubre y diciembre de
2014 con cargo al documento
contable AD número
03-14-00416". En el caso que
la respuesta sea afirmativa,
reclama "copia de los mismos
y de la documentación
justificativa". Y si no ha
sido así, solicita que le
reenvíen el documento
contable que anula el
anterior que autorizaba
dichos pagos. Finalmente,
reclama que se expida "una
nueva certificación
ajustada" a todos los
documentos anteriores
solicitados y que en la
misma se corrijan la
inclusión de otros dos
referidos al año 2013, los
números 03-13-005509 y
03-13-006097, que habían
sido incluidos en la
remitida en respuesta al
auto de noviembre.
El juez Velasco destaca en
su auto que el objetivo de
recabar dicha documentación
es "seguir el rastro" de
estos pagos bajo sospecha e
"identificar a todos los
intervinientes en la misma"
El juez también quiere que
la Dirección General de
Contratación se de prisa en
el cumplimiento de su
mandato. Así, solicita que
todos estos documentos se
remitan directamente a los
agentes de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil sin necesidad
de que pasen por la
Audiencia Nacional. Incluso,
faculta a éstos últimos para
"la recogida en mano de la
documentación requerida".
Ante la posible existencia
de dudas por parte de los
funcionarios sobre la
documentación que se les
reclama, Velasco les invita
a contactar directamente con
los integrantes de la UCO a
través de un correo
electrónico. Ante la
posibilidad de que la
documentación remitida no
despeje todas las dudas de
los investigadores, el
magistrado también autoriza
expresamente a la Guardia
Civil a recabar a la
Comunidad de Madrid
"cualquier información o
documentación ampliatoria"
sobre los contratos con la
empresa del 'conseguidor'
sin que sea necesaria una
nueva autorización judicial.
Como detalla el escrito, la
finalidad de dicha
diligencia es "seguir el
rastro de la operación en
cuestión" además de
"identificar a todos los
intervinientes en la misma".
Desde Aguirre a Ignacio
González
La relación de Eico con la
Comunidad de Madrid se
remonta a abril de 2012,
cuando Esperanza Aguirre aún
era presidenta del Ejecutivo
regional. De esa primera
época existe una orden de
pago, un documento AD OK, a
la empresa de Alejandro de
Pedro por un valor de
13.447,5 euros por "trabajos
de clipping y
posicionamiento online de la
Comunidad de Madrid"
realizados entre esa fecha y
septiembre del mismo año.
Tras la llegada de Ignacio
González, el contrato se
renueva y por el último
trimestre de ese año se
abona a Eico otros 8.167,5
euros. Entonces, el
documento oficial ya recoge
como trabajos realizados el
seguimiento de las noticias
publicadas sobre el
sustituto de Aguirre.
Por todo el 2013 existe un
nuevo abono, en este caso de
21.765,48 euros, por
trabajos similares, incluido
el control concreto de las
informaciones que se
publicaban en Internet sobre
Ignacio González. En 2014 se
renovó el contrato y
aparecen dos documentos de
abono. Uno, por los trabajos
de enero de 1.813,79 euros;
y un segundo por los once
meses restantes por un total
de 19.951,69 euros. En
total, el conseguidor se
embolsó desde abril de 2012
a diciembre de 2014 la cifra
de 65.175 euros procedentes
de las arcas de la Comunidad
de Madrid.
http://vozpopuli.com/actualidad/77385-el-juez-velasco-abronca-a-cifuentes-por-no-enviarle-11-facturas-de-pagos-al-conseguidor-de-punica
UNA FUNDACIÓN DEL GOBIERNO
DE ESPERANZA AGUIRRE
REPARTIÓ 10 MILLONES SIN
CONTROL
La Fundación Arpegio gastó
10 millones en subvenciones
a amigos, favores personales
y proyectos que no pasaron
ningún filtro
El entonces vicepresidente
Granados y la propia Aguirre
ordenaban con quién había
que firmar los convenios
Casi 10 millones de euros en
dinero público, y una
gerente y dos secretarias
como todo personal para
repartirlos a la orden de
Francisco Granados. Una
interminable lista de
beneficiarios, muchos de
ellos amigos o de la órbita
del PP, favorecidos sin
control ni fiscalización de
órgano público alguno.
Son los datos contables de
la Fundación Arpegio, que
emergen de la documentación
entregada este martes en la
Asamblea de Madrid por el
Gobierno de Cristina
Cifuentes, a petición de la
investigación que se sigue
en el parlamento regional
para auditar los años de
Aguirre y González. Los
datos, más allá del
despilfarro sin control,
retratan una época y una
manera de gobernar en
Madrid.
En la Fundación, nacida en
2006 para ahorrar impuestos
a la empresa pública
Arpegio, que llevaba décadas
comerciando con el suelo de
Madrid, se hacía lo que
decía Granados, según
declaró ante el juez Velasco
la entonces gerente, Carmen
Plata, que se halla imputada
en la Operación Púnica por
sólo uno de esos gastos: el
entonces vicepresidente le
pidió que subvencionara con
200.000 euros un concierto y
ella misma, según le dijo al
magistrado, tuvo que decirle
que «tanto no».Finalmente
fueron 140.000 y, según los
investigadores, una parte de
lo que pagó la Fundación
Arpegio a Waiter Music fue a
parar a la red tejida por el
entonces vicepresidente de
la Comunidad, hoy
encarcelado, y su presunto
conseguidor de mordidas
David Marjaliza.
Ahora, los papeles de
Arpegio muestran cómo se
gastaron esos casi 10
millones entre 2006 y 2011,
puesto que en los años
siguientes bajó mucho su
presupuesto. Un cura se
acercaba a Esperanza Aguirre
y le pedía un órgano para su
iglesia, y la presidenta
descolgaba el teléfono y
ordenaba que se le
construyera uno: 266.000
euros de dinero público sin
concurso ni fiscalización.
Así lo escribió en un
informe y corroboró a este
diario Elisa de la Nuez,
contratada en la fundación
por quien fue consejera
responsable de Arpegio
durante un año, Beatriz
Elorriaga, para vigilar qué
sucedía en Arpegio.
Tras su creación en 2006,
Granados tomó el control de
la Fundación como
presidente, pero ante la
pelea entre él e Ignacio
González, en aquel momento
los dos delfines de Aguirre,
ésta tomó una decisión
salomónica: le otorgó su
control a Elorriaga, a quien
pasó de Asuntos Sociales a
Ordenación del Territorio, y
además le remitió las
competencias sobre Arpegio.
Después de Elorriaga, otros
tomaron su testigo, aunque
fuentes de la Comunidad
consultadas anoche afirman
que el poder lo detentó
siempre Granados. La
consejera Elorriaga intentó
hacerse con el control de la
fundación e incluso intentó
cambiar a la gerente, pero
fue relevada menos de un año
después por Aguirre y
enviada al Senado.
Fundación manirrota
Entre 2007 y 2011,
principalmente, la Fundación
operó como una manirrota, y
otorgó riadas de dinero a
todo el que lo pidió sin
controles técnicos ni
criterios de selección.
Simplemente, allí se hacía
lo que decían Granados o
Aguirre, según De la Nuez y
otras fuentes.
Pedro Gómez de la Serna, hoy
investigado por varios
delitos de corrupción
internacional y repudiado
por el PP, cobraba a razón
de 3.030 euros al mes (un
total de 157.000) por
asesoramiento jurídico
externo (aunque la Comunidad
tiene decenas de abogados en
plantilla), pero no hay un
solo informe suyo escrito
durante cuatro años, de 2007
a 2011.El balance de gastos
es demoledor porque no se
han guardado facturas ni
justificantes de la mayoría
de los gastos, incluyendo
35.377 euros en El Corte
Inglés sin objeto conocido,
o 142.000 euros para la Casa
de Madrid en Buenos Aires
(Argentina) que se
perdieron. También se
subvencionó un proyecto
literario que tenía al
Premio Nobel Mario Vargas
Llosa como protagonista.
En 2007 las fundaciones
públicas ya debían someterse
a la Ley de Contratos del
Sector Público (LCSP), pero
eso sólo afectaba a Arpegio
para adjudicar contratos,
algo que apenas hacía esta
fundación: principalmente
firmaba convenios y otorgaba
subvenciones, por lo que
podía ignorar la LCSP.
Los convenios a veces
tomaban caminos
transversales dentro de la
propia Comunidad de Madrid,
como un gasto de 668.957
euros para un proyecto
deportivo con jubilados de
la Consejería de Deportes,
que dirigía entonces Alberto
López-Viejo, hoy uno de los
principales acusados en el
caso Gürtel. De López-Viejo
y la propia Aguirre llegó el
empeño en subvencionar con
medio millón al equipo
español de la Copa Davis.
Los vínculos de la Fundación
y el periodismo son
patentes: aparte de
inserciones de publicidad en
casi todos los periódicos
(incluido éste), se firmó un
convenio con Intereconomía
de 174.000 euros para
realizar un programa llamado
Madrid Solidario, en la
televisión donde Granados
era tertuliano. También se
financiaron unos premios de
la Asociación de Periodistas
Europeos que otorgó la
Infanta Cristina, hoy
acusada en el caso Nóos.
http://www.elmundo.es/espana/2016/03/09/56df3ff8268e3e1a208b46ab.html
GÓMEZ DE LA SERNA COBRÓ
157.000 EUROS POR
ASESORAMIENTOS VERBALES A
ARPEGIO
El diputado del Grupo Mixto
y comisionista cobraba más
de 3.000 euros al mes por su
asesoramiento a la
fundación.
En la Fundación Arpegio sólo
trabajaban de manera
permanente tres personas: la
directora gerente y dos
secretarias. Y a partir de
ahí, surge la pregunta de
quién controlaba los
convenios que se firmaban,
quién daba el visto bueno a
los acuerdos, a las
subvenciones y dádivas. Pues
la fundación contó desde el
primer momento con un asesor
jurídico especial: el
diputado y comisionista
Pedro Gómez de la Serna.
De la Serna, muy vinculado
al PP desde que estuvo en el
gabinete del Ministerio del
Interior en la última
legislatura de Aznar, había
pasado a la vida de abogado
durante los años de gobierno
socialista, pero sin dejar
su vinculación con el PP.
Entonces, tras la creación
de la fundación en 2006, fue
cuando le llamaron para que
realizara sus labores de
«asesoramiento recurrente»,
según consta en las facturas
que él mismo emitía
periódicamente a la
fundación controlada por
Granados y Aguirre. En sus
años de asesor jurídico, se
embolsó hasta 157.000 euros
de la Comunidad de Madrid.
Las facturas eran de más de
3.000 euros netos mensuales,
aunque sin embargo en los
archivos de la fundación no
consta ni un solo papel
firmado por De la Serna. El
abogado es en la actualidad
diputado del Grupo Mixto,
desde que este periódico
desveló sus negocios con el
ex embajador Gustavo de
Arístegui como comisionista
por conseguir negocio en el
extranjero a empresas
españolas y el PP le dejó
fuera de su grupo en el
Congreso, aunque en la
legislatura anterior sí que
fue diputado del PP por
Segovia.
De hecho, las facturas del
diputado a la Fundación
Arpegio son periódicas desde
su constitución hasta el
verano antes de las
elecciones generales de
2011, cuando ya dejó de
asesorar. Sus
asesoramientos, sin embargo,
debieron de ser siempre
verbales, puesto que no
consta en ninguna parte la
vinculación de este político
con sus trabajos para la
fundación. En sus facturas,
de las cuales muchas han
desaparecido de los archivos
de la fundación, pone algo
tan genérico como
«honorarios por servicios
profesionales de
asesoramiento recurrente
prestados». Según explicaron
desde la fundación a la
letrada Elisa de la Nuez, el
asesoramiento de De la Serna
consistía en leerse los
convenios que pensaban
firmarse y dar su opinión,
aunque ni siquiera es seguro
que lo hiciera con cada
acuerdo que se firmó.
Sí que estuvo en algunas de
las reuniones con la abogada
del Estado Elisa de la Nuez,
a quien la ex consejera
Beatriz Elorriaga envió a la
fundación con el fin de
controlar en qué se estaba
gastando el dinero. Este
periódico intentó hablar
ayer con el diputado para
conocer su versión, pero no
cogió el teléfono.
http://www.elmundo.es/espana/2016/03/09/56df360b268e3ecc428b45b8.html
LA GUARDIA CIVIL HA ENTRADO
TRES VECES EN LA SEDE DEL PP
DE MADRID EN BUSCA DE
PAPELES
Los agentes se llevaron
abundante documentación
relacionada con campañas
electorales.
Numerosos indicios apuntan
directamente al expresidente
Ignacio González en la
corrupción detectada en el
Canal de Isabel II
La Guardia Civil ha entrado
en el último año, no una,
sino en tres ocasiones, en
la sede del PP de Madrid y
se ha llevado documentación
relacionada con
adjudicaciones y campañas
electorales, según han
confirmado fuentes jurídicas
y corroborado otras fuentes
cercanas a la gerencia de
los populares madrileños.
Con autorización del juez,
los agentes de la UCO han
acudido tres veces para
cotejar si el exconsejero
Francisco Granados y otros
dirigentes del PP utilizaron
empresas públicas para
lucrase ellos e inyectar
dinero al grupo regional.
En el marco de la Operación
Púnica, que instruye el juez
Eloy Velasco, los agentes
requisaron una agenda a
Granados (ex secretario
general del PP con Esperanza
Aguirre) en la que figuran
apuntes de supuestos pagos
hechos por un alto cargo de
la constructora OHL a esta
formación política y que
supuestamente acabaron en
las arcas que controla el
exgerente del PP de Madrid
Beltrán Gutiérrez.
Las tres entradas no fueron
registros judiciales en
sentido estricto, sino
peticiones de documentación
para cotejarla con la que
figuran en el sumario de la
Púnica, según fuentes
cercanas al exgerente del
PP. Los agentes recabaron
documentación en el despacho
de Gutiérrez, hombre de
confianza de la expresidenta
Esperanza Aguirre, apartado
recientemente del cargo por
Cristina Cifuentes,
responsable de la gestora
constituida en el PP de
Madrid después de trascender
la última de las visitas
efectuadas a Génova por
agentes de la UCO.
La investigación de la red
Púnica ha destapado la trama
de Granados y de su socio
David Marjaliza para el
lucro personal de ambos y,
además, aflorado prácticas
de financiación ilegal.
Arpegio (que gestiona suelo
público en Madrid, 600
millones anuales en
inversiones), la Agencia
Informática ICM (hasta 200
millones ha llegado a
manejar en un año) y el
multimillonario Canal de
Isabel II son las tres
empresas que indaga el juez
Velasco y de las que,
mediante contratas infladas
y facturación falsa, ha
salido dinero del que se
habrían beneficiado los
bolsillos de altos cargos
del PP y el propio partido.
Sobre el Canal de Isabel II,
las pesquisas apuntan a
graves irregularidades. Se
investigan numerosas
contratas ante la sospecha
de que muchas de ellas
fueron infladas, en
connivencia con los
adjudicatarios, con la
finalidad de tener un
colchón económico a
disposición del partido y de
altos cargos del Gobierno de
Ignacio González. Una
dinámica parecida a la
empleada con ICM, que se
sirvió de empresas privadas
para darles contratos
millonarios inflados a
sabiendas de que el dinero
sobrante quedaba a
disposición de los
políticos. De tal forma que,
cuando hacía falta dinero
(Granados dejó vacía la caja
del PP cuando se marchó),
bastaba un telefonazo, o una
orden al gerente de ICM, el
imputado en Púnica José
Martínez Nicolás, para
obtener dinero líquido.
Velasco también tiene
imputado, por ejemplo, al
exconsejero del Gobierno de
Madrid Salvador Victoria,
quien habría dado
instrucciones a Martínez
Nicolás para obtener dinero
con el que pagar a un
experto en redes sociales,
Alejandro de Pedro, por
borrar en Internet noticias
negativas sobre el
expresidente de Madrid
Ignacio González.
En Arpegio, y en concreto
las obras del plan regional
de inversiones en pueblos de
la Comunidad (Prisma), la
investigación se centra en
ventas de terrenos públicos
por debajo de su valor y en
recalificaciones muy
onerosas para el erario
público. Y en supuestas
comisiones para los cargos
públicos que las instigaban,
según se desprende de las
confesiones del arrepentido
Marjaliza.
El Canal de Isabel II no
solo pagó al conseguidor De
Pedro por dar brillo a la
imagen de González en la
red; los investigadores
escudriñan operaciones
(relacionadas con contratas
publicidad y de imagen,
entre otras) que apuntan
directamente al expresidente
González, envuelto ahora,
además, en el asunto de su
ático en la selecta
urbanización Alhambra Golf
de Marbella, que está siendo
investigado por un juzgado
de Estepona, y con indicios
que lo vinculan a comisiones
en las que medió la trama
Gürtel. Las pesquisas
trascienden incluso el
Atlántico; en concreto,
llegan a Colombia, y tienen
ramificaciones en otros
países.
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/06/actualidad/1457284463_012548.html
UN EMPLEADO DE GÉNOVA 13
ALERTÓ A LA UCO DE QUE EL PP
AÚN GUARDABA LOS 'EMAILS' DE
GRANADOS
La Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil ha
acudido a la sede nacional
del Partido Popular (PP) en
la calle Génova de Madrid
hasta en tres ocasiones
durante la instrucción de la
trama Púnica, tal y como
desveló Vozpópuli. El
reciente levantamiento del
secreto sobre parte del
sumario revela ahora que una
de ellas fue propiciada por
un trabajador del
Departamento de informática
de la propia formación. Éste
informó a los agentes del
Instituto Armado que habían
acudido el pasado 9 de julio
al edificio a hacer el
primer requerimiento de
información que el ex
secretario general de
Madrid, Francisco Granados,
cabecilla de la trama,
mantenía aún "una cuenta
corporativa [de correo
electrónico] activa y que
existía, además, una copia
de seguridad que podía
mantener información
previa".
En el informe remitido por
los agentes de la UCO al
titular del Juzgado Central
de Instrucción Número 6,
Eloy Velasco, éstos
sostienen que considerando
los cargos que ocupó
Granados en el PP y el uso
"espurio" que hizo de los
mismos se consideraba de
gran interés la
interceptación de los 'emails'
"que haya podido mandar o
recibir de dicha cuenta
corporativa que pueden
contribuir a aportar nueva
información sobre las
instrucciones o
comunicaciones que mantenía
con otros miembros del
partido en relación al
favorecimiento de
determinados empresarios en
materia de contratación
pública o urbanismo o
cualquier otra información
que revele la comisión de
los delitos investigados".
En Génova 13 se guardaba
copia de la cuenta
corporativa del cabecilla de
Púnica, Francisco Granados,
y una copia de seguridad de
sus correos electrónicos
Los investigadores hicieron
dicha solicitud al juez el
14 de julio mediante un
oficio ahora conocido. El
magistrado dictó al día
siguiente el auto por el que
autoriza la diligencia,
además de un mandamiento al
PP para que facilitase la
labor de los agentes. Dos
días más tarde se realizó
sin que transcendiera a la
prensa hasta ahora. Por su
parte, la primera ocasión en
la que los agentes acudieron
a Génova 13 fue para
requerir varios contratos
firmados por el PP de
Madrid. La tercera, el
pasado día 11 para extraer
información del ordenador
del exgerente regional del
PP de Madrid, Beltrán
Gutiérrez Moliner, en busca
de documentación sobre la
supuesta recepción de
'donaciones' ilegales por
parte de la formación.
Se guardaron los correos de
Granados pero no los de
Lapuerta y Páez
De la afirmación de este
empleado del PP a la UCO se
desprende además una gran
contradicción. El PP sí
guardó durante meses copia
de los 'emails' de Francisco
Granados pero no hizo lo
mismo en el caso del ex
tesorero Álvaro Lapuerta y
el exgerente Cristóbal Páez.
El acta levantada por el
secretario judicial de la
Audiencia Nacional durante
el registro que tuvo lugar
en Génova 13 por 'el caso
Bárcenas' en diciembre del
año 2013 los expertos
policiales que revisaron el
servidor informático del
partido se encontraron con
una desagradable sorpresa:
los buzones de correo
electrónico de dos de los
imputados en la causa de los
'papeles de Bárcenas',
Lapuerta y Páez, habían sido
"borrados".
Durante la instrucción del
caso Bárcenas, la Policía
descubrió que los buzones de
correo electrónico de dos de
los imputados en la causa,
Lapuerta y Páez, habían sido
"borrados"
Según recogía el documento
judicial que daba fe de
dicho registro, publicado
por este periódico, el
borrado del contenido de
dichos dispositivos no pudo
ser realizado "por el
usuario físicamente debiendo
ser solicitado
explícitamente". Los
representantes del PP que
asistieron a la diligencia
policial negaron cualquier
implicación en esta maniobra
y aseguraron que "ninguna
persona de la actual
gerencia ni tesorería ha
ordenado dicho borrado". Los
mismos apuntaron que "lo
lógico es pensar que debió
ser él mismo [en referencia
a Lapuerta y Páez] quién
antes de marcharse diera la
orden ya que tenía funciones
para ello".
http://vozpopuli.com/actualidad/76393-un-empleado-de-genova-13-alerto-a-la-uco-de-que-el-pp-aun-guardaba-los-emails-de-granados
UCO VISITA OTRA VEZ POR
SORPRESA LA EMPRESA
MADRILEÑA DEL SUELO EN BUSCA
DE MÁS CONTRATOS AMAÑADOS
POR PÚNICA
Agentes de la Guardia Civil
acudieron el pasado lunes a
la sede de Arpegio, la
sociedad pública del suelo
que estuvo bajo control de
Francisco Granados.
Reclamaron nuevos
expedientes del Plan Prisma,
el programa de inversiones
en municipios en el que el
Ejecutivo regional invirtió
cientos de millones de euros
en la etapa que era
controlado por el político
hoy encarcelado. Una
directiva de este organismo
ya está imputada por
supuestas irregularidades.
Nuevas sospechas, nueva
'visita'. Agentes de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil
acudieron por sorpresa el
pasado lunes 29 de febrero a
la sede que la empresa
pública Arpegio Áreas de
Promoción Empresarial SA
(hoy rebautizada como Nuevo
Arpegio SA) tiene en el
madrileño Paseo de
Castellana. Su objetivo era
reclamar a sus actuales
responsables nuevos
contratos relacionados con
el llamado Plan Prisma, el
programa de inversiones en
obra pública en municipios
de la región que gestionaba
la Comunidad de Madrid a
través de esta sociedad que
estuvo bajo control de
Francisco Granados durante
su etapa de consejero de
Presidencia. No es la
primera vez que miembros del
Instituto armado se personan
en esta sociedad para
recabar documentación sobre
supuestos amaños de la
Púnica. De hecho, la que
fuera gerente de su
Fundación, Carmen Plata,
está imputada en la causa
por la concesión de un
subvención para la
celebración en 2007 de un
macroconcierto que costó al
erario más de 300.000 euros
y del que se había
'encaprichado' el que fuera
'número 3' del Ejecutivo de
Esperanza Aguirre y hoy
único cabecilla de la trama
que permanece encarcelado.
Los agentes acudieron el
lunes a la sede de Arpegio
en el madrileño Paseo de la
Castellana para recabar más
expedientes de las
adjudicaciones del Plan
Prisma
El nombre de Arpegio está
ligado, de hecho, a una
línea de investigación
dentro del sumario del 'caso
Púnica' que recibió un
importante impulso el pasado
mes de junio con la
confesión del constructor
David Marjaliza. Aunque el
contenido de dicho
testimonio aún permanece
secreto, sí ha transcendido
que el socio de Granados
habló de irregulares
recalificaciones de terrenos
en municipios en las que
tuvo supuestamente
participación la firma
pública Arpegio y, sobre
todo, de obras presuntamente
amañadas del Plan Prisma.
Además, según han confirmado
a este diario fuentes
cercanas a la investigación,
el cabecilla de la trama
citó expresamente a Jaime
González Taboada, actual
consejero de Medio Ambiente
de la Comunidad y 'número 3'
del Ejecutivo de Cristina
Cifuentes, que en aquellos
años gestionó dicho plan.
Éste siempre ha negado
cualquier relación con la
red de corrupción y ha
recibido el respaldo público
de la presidenta madrileña.
Ya entonces el juez Eloy
Velasco ordenó la práctica
de diligencias muy concretas
sobre Arpegio. Así, reclamó
a Hacienda un estudio en
profundidad de la
Declaración Tributaria 347
del año 2006 que hizo un
empresario de la
construcción, C.G.R. y "su
entorno societario".
Entonces, el magistrado
quería saber si aquel año en
concreto, esta persona había
"sido beneficiario de algún
tipo de adjudicación o
contrato por parte de la
Comunidad de Madrid y en sus
entes públicos asociados
[...] con especial hincapié
en la empresa pública
Arpegio". Tras recibir ese
primer informe, la UCO envió
a la Audiencia Nacional un
oficio para pedir que dichas
pesquisas se ampliaran a un
periodo mayor de tiempo. En
concreto, el que iba entre
2004 y 2011, "durante el
cual Francisco Granados
ocupó cargos de relevancia
en la Comunidad de Madrid" y
controlaba, de facto, las
inversiones del Plan Prisma.
El juez dio luz verde a la
petición, cuyo resultado aún
no ha trascendido.
Una biblioteca y un centro
lúdico por 9,5 millones
Esta vinculación
entre dicho programa de
obras públicas y el exnúmero
tres del PP Madrileño hizo
que el pasado 16 de
septiembre, fecha en la que
el juez Eloy Velasco decidió
'trocear' la investigación
del 'caso Púnica' en doce
piezas separadas para
agilizar el proceso,
incluyera las pesquisas
sobre Arpegio en la octava,
que recibió el significativo
nombre de "Granados y
colaboradores". En la misma
se han incluido, por
ejemplo, las pesquisas sobre
los expedientes de
adjudicación para la
construcción en Valdemoro,
epicentro de la red de
corrupción, de una
biblioteca y un centro
lúdico que costaron al
erario 9,5 millones de euros
desembolsados en su
totalidad con cargo al Plan
Prisma. Se trataba, en
concreto, del Centro Lúdico
El Restón y de la Biblioteca
Municipal Ana María Matute.
El primero, inaugurado en
abril de 2005, costó 5,3
millones de euros y fue
presentado en su día como
"un renovado impulso" a la
vida cultural de esta
localidad del sur de Madrid
de 70.000 habitantes. La
segunda fue inaugurada por
la propia Esperanza Aguirre
el 2 de enero de 2008. Las
notas oficiales de aquel
acto destacaban que había
costado 4,2 millones de
euros y tenía capacidad para
albertar 70.000 volúmenes y
300 puestos de lectura
repartidos por sus más de
2.000 metros cuadrados de
superficie. La documentación
sobre ambas obras fue
reclamada por la UCO en
septiembre en otra 'visita'
sorpresa a la sede de la
empresa pública.
El pasado septiembre, la UCO
ya acudió a la sede de la
empresa pública para
requerir los expedientes de
una biblioteca y un centro
lúdico que costaron 9,5
millones
Arpegio también sale en las
pesquisas sobre la mansión
'a la medida' que
presuntamente iba a regalar
un constructor a Granados.
Un informe de la Guardia
Civil incorporado al sumario
el pasado 8 de enero y que
se ha conocido ahora tras
levantarse el secreto,
concluye que el que fuera
consejero de Presidencia con
Aguirre era el beneficiario
real del chalé de lujo que
el constructor Ramiro Cid,
también imputado en la
causa, estaba levantando en
el sector R-6, denominado El
Caracol, de la localidad
madrileña. Tras saltar en
2009 a los medios de
comunicación la existencia
de dicha vivienda y su
destinatario final, Granados
y Cid convencieron a otro
empresario, Millán Jesús
Pradana, para que éste
simulara su compra. El
político recurrió a él tras
haberle beneficiado
presuntamente con parcelas
valoradas en 4,2 millones de
euros en un convenio
firmado, precisamente, entre
la empresa pública del suelo
y el Ayuntamiento de
Valdemoro, controlados ambos
por el político ahora
encarcelado. Las claras
irregularidades de aquel
convenio provocaron que en
abril del año pasado fuera
anulado por el Tribunal
Supremo.
http://vozpopuli.com/actualidad/77106-uco-visita-otra-vez-por-sorpresa-la-empresa-madrilena-del-suelo-en-busca-de-mas-contratos-amanados-por-punica
LA UCO INVESTIGA LOS
CONTRATOS MILLONARIOS DEL
CANAL DE ISABEL II
ANTERIORES A 2015
La unidad anticorrupción de
la Guardia Civil rastrea
adjudicaciones que
supuestamente siguieron un
mismo procedimiento
irregular de adjudicación de
servicios
La Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil
investiga desde hace un año
decenas de contratos
adjudicados por el Canal de
Isabel II que podrían ser
fraudulentos. En el marco de
la operación Púnica, los
agentes rastrean todas las
licitaciones que ha
ejecutado la institución
siguiendo un sistema que
consideran ilícito. En
concreto, el procedimiento
-habitual desde hace años en
las adjudicaciones del Canal
de Isabel II- consistía en
valorar primero los aspectos
económicos de las ofertas y
solo después realizar el
trabajo técnico, aspecto más
subjetivo.
Esta metodología -conocida
por los investigadores tras
las denuncias de varias
empresas- permitiría a los
adjudicadores manipular las
valoraciones técnicas una
vez conocidas las ofertas
económicas, extremo que aún
deben confirmar que ha
sucedido. El artículo 30 del
Reglamento de la Ley de
Contratos de las
Administraciones Públicas de
2009, de hecho, indica
expresamente que "la
valoración de los criterios
cuantificables de forma
automática se efectuará
siempre con posterioridad a
la de aquellos cuya
cuantificación dependa de un
juicio de valor".
Los contratos que se
investigan son todos ellos
previos al polémico concurso
que ganó una empresa
participada por el propio
Canal. En concreto, el
suministrador de agua
adjudicó a principios de
2015 un concurso de atención
telefónica a la compañía GSS
Venture -que había decidido
llevarse parte de los
teleoperadores a Perú y que
era propiedad en un 25% del
propio Canal- por 20
millones de euros para
cuatro años. Tres meses
después, y como consecuencia
del escándalo que conllevó,
el Tribunal Administrativo
de Contratación Pública
anuló el concurso.
La Guardia Civil se centra,
por lo tanto, en las
adjudicaciones previas al
mencionado contrato fallido,
al entender que todas o una
gran parte de ellas podrían
haberse llevado a cabo con
el mencionado procedimiento
irregular, que permitiría
supuestamente al
concesionario manipular las
condiciones del contrato una
vez conocidas las ofertas
económicas. Tras esta
adjudicación, que fue
posteriormente anulada,
según fuentes de la
investigación, el organismo
habría corregido las
supuestas irregularidades.
No en vano, fuentes de la
Consejería de Presidencia y
Justicia confirman a El
Confidencial que, tras el
contrato de los 'call
centers', el departamento
revisó y modificó todo el
sistema de contratación
porque en el que estaba
vigente hasta ese momento se
habían detectado anomalías.
La investigación, por lo
tanto, se extiende al menos
al mandato de Ignacio
González al frente de la
Comunidad de Madrid (del 27
de septiembre de 2012 al 25
de junio de 2015).
La UCO pretende confirmar
sus sospechas, y por eso ha
solicitado entrar en las
dependencias del Canal de
Isabel II, extremo que por
el momento no ha sido
avalado por el Juzgado
número 6 de la Audiencia
Nacional, para recabar más
información relativa a los
citados contratos. El
sindicato Manos Limpias ha
tenido conocimiento de la
investigación de la Guardia
Civil y está preparando una
querella que presentará en
los próximos días en los
juzgados de Madrid.
Dentro del sumario del caso
Púnica, ya se apunta a la
utilización del Canal de
Isabel II para realizar
pagos por servicios de
reputación que la trama
ofreció a dirigentes del
Partido Popular. En
concreto, un testigo declaró
ante el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco que la
Comunidad de Madrid había
pagado 14.000 de los 140.000
euros que el Gobierno
regional debía a las
empresas Eico y Madiva,
vinculadas con la supuesta
organización delictiva.
La UCO, además, también en
el marco de la instrucción
judicial de Púnica,
investiga presuntas
irregularidades en la
concesión de un megacontrato
que la empresa pública de la
Comunidad de Madrid adjudicó
en enero de 2014 a la
compañía Arena Media, filial
del gigante publicitario
francés Havas, según
confirmaron a El
Confidencial fuentes del
caso. El contrato fue de 5,6
millones de euros y tenía
por objeto "los servicios de
gestión de compra de medios
y diseño de campañas y
acciones de comunicación del
Canal de Isabel II Gestión,
Sociedad Anómina" durante un
periodo de ejecución de 15
meses.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-02-24/la-uco-investiga-decenas-de-contratos-millonarios-del-canal-de-isabel-ii_1157524/
MÁS PRESIÓN SOBRE JUAN
SOLER: LA UCO LE INVESTIGA
POR VARIOS CONTRATOS CON LA
PÚNICA
Getafe firmó cuatro
contratos con Waiter Music y
dos con Cofely que suman
611.000 euros. Un juzgado de
la localidad madrileña tiene
abierta otra causa por más
contratos irregulares
Dos investigaciones
acorralan al equipo
municipal de Juan Soler, que
dirigió la alcaldía de
Getafe entre 2011 y 2015 y
hoy ocupa escaños tanto en
la Asamblea de Madrid como
en el Senado. A la
investigación abierta por el
juzgado de instrucción
número 4 de este municipio
madrileño sobre presuntas
irregularidades en la
licitación de un teatro
municipal, que dejó este
lunes cinco detenidos, se
suma la de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil, que también
tiene en el punto de mira
seis contratos que el equipo
de Soler adjudicó a dos de
las principales empresas de
la trama Púnica: Waiter
Music y Cofely. Estos
contratos suman 611.000
euros. El caso Púnica
también salpica a otros
políticos de Getafe, como el
exalcalde socialista Pedro
Castro.
Eloy Velasco troceó la
instrucción en 12 piezas. En
una de ellas, la número 7,
la UCO está intentando
dirimir en cuántos
municipios madrileños las
adjudicaciones que se llevó
Waiter Music (empresa que
hacía conciertos y festejos
municipales) se tradujeron
en el pago de comisiones a
políticos y al propio
Partido Popular. En una
nueva fase, aún muy
preliminar, los
investigadores están
centrando sus pesquisas
sobre los contratos que
Waiter se llevó en otras 13
localidades madrileñas,
entre ellas Getafe, gracias
a la documentación
intervenida al dueño de esta
sociedad, José Luis Huerta.
Getafe firmó cuatro
contratos con Waiter en
febrero y mayo de 2012, mayo
de 2013 y junio de 2014 por
importes que suman 483.000
euros. Se trata de los
Carnavales de 2012, y las
fiestas patronales de 2012,
2013 y 2014. La UCO sabe que
Waiter trabajó
tradicionalmente con
ayuntamientos controlados
por el PP y que solo empezó
a colaborar con algunas
localidades del sur que
siempre habían estado
gobernadas por la izquierda
casualmente cuando los
populares llegaron al poder
tras las elecciones de mayo
de 2011.
Tres de los cuatro contratos
adjudicados por Getafe a
Waiter fueron por el sistema
negociado sin publicidad:
Carnavales 2012 (70.741
euros), Fiestas Patronales
2012 (70.741 euros) y
Fiestas Patronales 2013
(136.700 euros). En esos
tres contratos, Waiter no
ofreció ninguna rebaja sobre
el precio inicial fijado por
el ayuntamiento. El cuarto
contrato es la organización
de las Fiestas Patronales de
2014, que Waiter se llevó
por 205.000 euros. En las
adjudicaciones de las
fiestas de 2012 y 2013,
Waiter fue la única empresa
invitada por el consistorio.
128.000 euros para Cofely
Cofely, la filial española
de la multinacional francesa
GDF Suez, también trabajó en
Getafe. Cofely, que tiene a
varios de sus directivos
imputados por pagar
comisiones a políticos a
cambio de jugosas
adjudicaciones, se llevó en
mayo de 2012 dos contratos
para el mantenimiento
energético de los edificios
municipales "de uso general"
y "las dependencias de
educación infantil y
primaria". Ambas
licitaciones suman 128.272
euros. La Cámara de Cuentas
de la Comunidad de Madrid ya
detectó algunas anomalías:
"Estos expedientes no
incluyen ninguna
justificación del
fraccionamiento de las
prestaciones en dos
contratos, lo cual permitió
que se pudiesen adjudicar
cada uno de ellos mediante
procedimiento negociado sin
publicidad", reza el
informe.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-03-09/la-uco-investiga-la-gestion-de-juan-soler-por-varios-contratos-con-la-punica_1165380/
8BIS.
AGUADO AVISA A CIFUENTES POR
UN POSIBLE CASO DE
CORRUPCIÓN
La posible implicación del
exalcalde de Móstoles Daniel
Ortiz, detrás del aviso del
portavoz de Ciudadanos
Ciudadanos ha lanzado una
seria advertencia a la
presidenta de la Comunidad,
Cristina Cifuentes. En caso
de que uno de los diputados
del PP sea imputado por
corrupción, la formación que
lidera Albert Rivera podría
romper el pacto de
gobernabilidad firmado al
principio de legislatura con
ella. Este aviso llega
después de que el exalcalde
de Móstoles y actual
diputado regional Daniel
Ortiz se haya visto envuelto
en el entramado de la
Operación Púnica por un
contrato firmado con la
empresa Cofely.
El portavoz de Ciudadanos en
la Asamblea, Ignacio Aguado,
recordó ayer que en caso de
que hubiera un solo imputado
(actual investigado según la
ley procesal) por corrupción
“se pondría en peligro el
acuerdo de investidura”
firmado con el PP. Aguado
recordó que todos los casos
que están saliendo ahora
corresponden a la década
anterior a la formación de
gobierno por parte de
Cifuentes. “En los ocho
meses que llevamos en la
Asamblea no ha habido casos
nuevos de corrupción en el
Gobierno regional porque eso
implicaría automáticamente
que exigiéramos su
dimisión”, señaló el
portavoz de Ciudadanos.
LA PRESIDENTA CANCELA UNA
INAUGURACIÓN
La presidenta de la
Comunidad, Cristina
Cifuentes, ha cancelado con
solo tres días de antelación
la inauguración del centro
sociocultural en el barrio
de El Soto, en Móstoles,
prevista para mañana jueves,
según confirmaron fuentes
municipales.
Fuentes regionales hablan de
un problema de agenda de
Cifuentes, pero, según
fuentes municipales, la
cancelación se debe a que
Daniel Ortiz iba a acudir a
la inauguración. Se
trataría, pues, de evitar la
foto entre la presidenta y
el exalcalde.
Aguado no quiso valorar si
sería precisa la renuncia al
cargo del exalcalde de
Móstoles, sobre el que la
Guardia Civil considera que
está detrás de la
adjudicación del contrato
del mantenimiento de 174
edificios municipales por un
montante de 73 millones de
euros a la empresa Cofely.
Los agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO) del
instituto armado le
consideran autor de los
delitos de fraude y cohecho.
“Hay que ser responsable
desde un punto de vista
político. Si por cada
titular que vemos tuviéramos
que exigir dimisiones no
habría políticos suficientes
tanto en el PP como en el
PSOE, porque lamentablemente
estos dos viejos partidos
están afectados por
corrupción”, concluyó
Aguado.
El portavoz de Ciudadanos
destacó que su grupo quiere
que la comisión de
investigación puesta en
marcha por su grupo llegue
hasta el final de la
legislatura: “Había otros
partidos haciendo oposición
y parecía que estaban a
verlas venir. Si hubieran
ejercido bien su oposición,
a lo mejor todos estos casos
de corrupción no se hubieran
producido”.
Por su parte, el portavoz
del PP en el Parlamento
regional, Enrique Ossorio,
se mostró partidario de que
la comisión funcione durante
un año y que se vean los
resultados cosechados en
este periodo. A partir de
ahí, debería valorarse si es
conveniente continuar con su
desarrollo. “Decir un número
de años es totalmente
aventurado y bastante poco
serio”, destacó Ossorio.
El portavoz popular afirmó
que había hablado con Daniel
Ortiz y que el exalcalde
niega todos los hechos.
También recordó que todos
los diputados regionales han
firmado un código ético que
les obligaría a dimitir en
caso de que estuvieran
investigados o imputados por
corrupción. “Confiamos en
que esto no suceda”, añadió.
Un hecho destacado fue que
la presidenta regional,
Cristina Cifuentes, no
compareció ayer a mediodía
ante los medios de
comunicación tras la reunión
del Consejo de Gobierno,
como suele hacerlo. En su
lugar estuvo el portavoz del
Ejecutivo y consejero de
Presidencia, Ángel Garrido.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/23/madrid/1456257000_932293.html
EL JUEZ PRORROGA EL SECRETO
DE PÚNICA PARA IDENTIFICAR A
LOS EMPRESARIOS QUE
"COLABORARON" CON EL
BLANQUEO EN SUIZA
El magistrado insiste en la
necesidad de la medida ante
las "nuevas vías de
investigación" abiertas con
la documentación aportada
por Suiza y los indicios
incorporados a la causa en
los últimos meses. Ya son al
menos tres las personas
imputadas por lavar fondos
de la trama con 'operaciones
de compensación' con las
cuentas que Granados y
Marjaliza tenían en el país
helvético.
Una parte importante del
sumario del 'caso Púnica'
seguirá bajo secreto. Así lo
ha decidido el titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy
Velasco, que ha emitido un
auto por el que prorrogaba
esta medida para la llamada
'pieza separada
internacional' en la que
están tanto la documentación
remitida por Suiza que dio
pie a la investigación como
la confesión del cabecilla
de la trama David Marjaliza.
En el escrito, al que ha
tenido acceso Vozpópuli, el
magistrado insiste como en
otras ocasiones que la
medida es necesaria "para no
perjudicar nuevas líneas de
investigación". Sin embargo,
también menciona algo a lo
que hasta ahora no se había
referido en otros autos de
prórroga de secreto: que
está intentando identificar
a "las personas que
colaboraron en las
actuaciones de blanqueo".
Según fuentes cercanas a la
investigación, se trata de
unas pesquisas que se
centran en una veintena de
empresarios con cuentas en
Suiza que presuntamente
colaboraron con la red de
corrupción en el 'lavado' y
repatriación de fondos
mediante el llamado
'mecanismo de compensación'.
Al menos tres de ellos ya
han sido imputados
(investigados, según la
terminología de la nueva Ley
de Enjuiciamiento Criminal),
según la documentación que
obra en poder de este
diario.
El último auto de prórroga
del secreto de sumario es el
primero en el que se
mencionan las pesquisas para
identificar a "las personas
que colaboraron en las
actuaciones de blanqueo"
Según se encarga el propio
juez de recalcar en este
último auto, la decisión de
mantener el secreto se
produce un mes después de
que decidiera levantar el
secreto sobre otra parte de
la causa que ha ido
transcendiendo en los medios
de comunicación en las
últimas semanas. El
magistrado insiste en que
aquella medida fue posible
por "el avance en los
trabajos de análisis de las
evidencias documentales y
digitales obtenidas en las
entradas y registros", pero
que no es aún factible
hacerlo respecto a la
documentación que la
Fiscalía Federal helvética
puso en manos de la Justicia
española a comienzos de
2014. De hecho, recalca que
toda esta información, "que
aparece en diversos idiomas,
se está procediendo a su
traducción" y ha destapado
también "nuevas vías de
investigación que en este
momento necesitan la
protección del secreto para
apoyar la acción de la
Justicia en la persecución
de los hechos denunciados".
El juez Velasco reconoce en
el auto que utiliza esta
'pieza separada
internacional' para mantener
bajo secreto otros
documentos. Entre ellos,
aunque no la cita
expresamente, la declaración
del constructor David
Marjaliza.
Respecto a "las personas que
colaboraron en las
actuaciones de blanqueo", el
magistrado ha mantenido un
estricto mutismo del que
hasta ahora han transcendido
muy pocos datos. El primero,
fue un informe de la
Fiscalía Anticorrupción de
11 de junio de 2014, al
comienzo de las
investigaciones, en la que
desvelaba que las
autoridades suizas habían
detectado ya entonces
transacciones entre las
cuentas que tenían en este
país Francisco Granados y su
amigo Marjaliza con las de
varios ciudadanos españoles.
Uno de ellos era
identificado como Rodrigo
Díez de Pichardo, al que la
Fiscalía señalaba como
presunto responsable del
ingreso de 1,35 millones de
euros en los depósitos de
Marjaliza a través de dos
sociedades de paraísos
fiscales, Senator Overseas y
Extreme Overseas Corp. La
Fundación Cotazur, ligada al
empresario fallecido Jesús
Roa Baltar, supuestamente
estaba detrás del envío de
1,05 millones de euros. Otra
fundación, en este caso
Algaba, realizó un ingreso
de 341.000 euros. Detrás de
la misma está presuntamente
el exalcalde socialista de
Alcalá de Henares Florencio
Campos. También aparecían en
el informe los empresarios
José Miguel López Gutiérrez
y Tristán Domecq de la Maza
como presuntos responsables
de la transferencia de
609.000 y 407.000 euros
respectivamente a dichas
cuentas. El último era
Michael Trevor Langdon
Sharman, un ciudadano
español de origen
norteamericano al que la
investigación relacionaba
con un ingreso de 1,28
millones de euros a través
de la sociedad panameña
Rockfish Finance Corp.
El primer imputado
Precisamente, Trevor Langdon
se convirtió en el primer
imputado en la causa por
estas transferencias bajo
sospecha, como adelantó
Vozpópuli el pasado mes de
octubre. De hecho, su casa
fue registrada por agentes
de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil en busca de
documentación. El informe de
Anticorrupción que le
mencionaba por primera vez
en el sumario ya recogía la
sospecha de que dicho
movimiento de fondos hacia
las cuentas de Marjaliza,
así como los realizados por
otros cinco empresarios,
estaban relacionados con
operaciones de blanqueo de
capitales "gracias al
mecanismo de compensación".
Un sistema utilizado, por
ejemplo, también por la
mafia china presuntamente
liderada por Gao Ping para
sacar sus fondos de España.
Un informe posterior del
Instituto armado destacaba
que Trevor Langdon había
tenido vínculos con una de
las mercantiles de
Marjaliza, Estándar Colina
Investments Limited, ya
disuelta, de la que fue
"director" desde 1991 a
2007. Los agentes destacaban
que entonces no habían
podido constatar si la misma
había tenido "alguna
relación con los hechos
investigados y con el
entramado mercantil
vinculado" al cabecilla de
la Púnica.
En septiembre, el juez pidió
al Banco de España
información sobre posibles
cuentas en Suiza de una
docena de personas. Entre
ellas estaba Inés de Borbón,
prima del rey emérito
En pasado mes de septiembre,
el juez Velasco dio un nuevo
paso sobre dicha línea de
investigación al enviar al
Banco de España un listado
de doce empresarios, entre
los que se encontraba Trevor
Langdon. Reclamaba de ellos
información sobre la
"apertura, cancelación o
movimientos de cuentas
bancarias en el exterior"
por parte de todos ellos
entre 2003 y 2015 "con
especial hincapié" en las
que tuviera en el país
helvético. Junto a él
aparecían los otros cinco ya
citados en el informe de
Fiscalía; la esposa del
propio Trevor, María Elisa
Usera Cano, e Inés de Borbón
y Borbón, prima del monarca
emérito. El magistrado
quería conocer su posible
relación con el centenar
largo de transferencias
detectadas que tenían como
destino las cuentas suizas
de Marjaliza y Granados.
Dicha información aún
permanece bajo secreto.
Desde entonces, no había
vuelto a transcender
información hasta que el
pasado mes de febrero una
providencia del magistrado
apuntaba a la imputación de,
al menos, otras dos personas
por el supuesto blanqueo de
dinero de la trama a través
de cuentas suizas. Se trata
de J.P.B. y M.G.Y. El
abogado del primero confirmó
en conversación telefónica
con Vozpópuli que la
situación judicial de su
cliente ha sido provocada
por un movimiento bancario
que se hizo desde sus
cuentas en el año 2008 con
los depósitos de Marjaliza y
Granados. Siempre según el
testimonio del letrado, el
empresario aseguró que no
ordenó dicha operación y que
fue la entidad bancaria la
que realizó sin su
consentimiento. El juez
Velasco no le ha creído
hasta ahora y mantiene la
condición de 'investigado'
para él y las otras dos
personas como presuntos
integrantes de ese grupo de
personas que "colaboraron en
las actuaciones de blanqueo"
de la trama Púnica.
LÓPEZ MADRID, EL PP Y EL
'BLANQUEO'
Otra parte de la
investigación que
permanecerá aún en secreto
tras el último auto del juez
es la referida a los apuntes
de la agenda intervenida a
Francisco Granados y que
supuestamente recoge
información sobre pagos de
'mordidas' al político
madrileño por parte de
empresarios. Por estas
anotaciones ya han declarado
como imputados en los
últimos días el empresario
Javier López Madrid y el
exgerente del PP madrileño,
Beltrán Gutiérrez. Los dos
están acusados de sendos
delitos de blanqueo de
capitales y cohecho. El
juez, que ordenó cinco
registros, entre ellos el
despacho del segundo en la
sede del PP de la calle
Génova, intenta saber si es
cierto que, como indica la
agenda, el yerno del
presidente de OHL entregó un
millón de euros al empleado
de los 'populares' y si ese
dinero fue directamente a
las arcas del partido o de
otras personas, entre ellos
el propio Granados.
http://vozpopuli.com/actualidad/77321-el-juez-prorroga-el-secreto-de-punica-para-identificar-a-los-empresarios-que-colaboraron-con-el-blanqueo-en-suiza
EL CGPJ CONCEDERÁ UN JUEZ DE
APOYO AL INSTRUCTOR DE LA
TRAMA PÚNICA
Seis meses después de que el
titular del Juzgado Central
de Instrucción Número 6 de
la Audiencia Nacional Eloy
Velasco solicitara un juez
de refuerzo para su juzgado,
dicha petición será
finalmente aprobada este
jueves por el Consejo
General del Poder Judicial,
según adelantan fuentes de
este órgano a Vozpópuli. La
Comisión Permanente del
órgano de gobierno de los
jueces tiene previsto
aprobar mañana un juez de
apoyo para el juzgado de
Velasco donde se instruyen
causas tan complejas como la
trama Púnica, la plataforma
Herrira y el frente de
cárceles de ETA o la causa
contra los Ángeles del
Infierno, entre otras.
La terna de candidatos que
optan a ser juez de apoyo de
Velasco la componen los
magistrados Juan Antonio
Toro, titular del Juzgado de
Instrucción Número 36 de
Madrid; Coro Monreal,
titular del Juzgado de
Instrucción Número 34 de
Madrid; y, el ex letrado del
CGPJ y actual juez de
adscripción territorial en
el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid,
Alejandro Abascal. Según
informan las fuentes
consultadas, el candidato
que parte como favorito es
Abascal pese a ser el que
menos años lleva en la
Carrera Judicial.
En septiembre el juez
Velasco pidió que se
incorporarse a su juzgado
para que así él pudiera
avanzar en la investigación
de causas antiguas que tiene
encima de la mesa
El pasado mes de septiembre
el juez Eloy Velasco pidió
que se incorporarse a su
juzgado la figura
tradicional del juez de
apoyo para que así él
pudiera avanzar en la
investigación de causas
antiguas que tiene encima de
la mesa mientras el
magistrado de refuerzo fuese
asumiendo los procedimientos
nuevos que recayesen en el
mismo.
Sin embargo, a la hora de
enviar su informe favorable
al CGPJ la Sala de Gobierno
de la Audiencia Nacional
planteó la disyuntiva de si
el juez de apoyo que se
asigne al Juzgado Central de
Instrucción Número 6 de la
Audiencia Nacional deberá
ser nombrado de acuerdo al
sistema ordinario de
refuerzo, es decir, mediante
una comisión de servicios
por un plazo de seis meses
prorrogable otros seis; o
si, por el contrario, dicha
plaza debía ser cubierta
siguiendo el criterio de la
Unidad de Apoyo para Causas
por Corrupción (UACC). Dicho
órgano es una unidad de
carácter técnico al servicio
de los jueces y magistrados,
dependiente de la Secretaria
General del Consejo, que fue
creada en marzo de 2015 y se
puso en funcionamiento el
pasado mes de julio.
Finalmente, el Consejo se
decantará este jueves por
conceder al juez de Púnica
la figura tradicional de
magistrado de refuerzo
prevista en la Ley Orgánica
del Poder Judicial para que
instruya los asuntos nuevos
que recaigan en el Juzgado
Central Número 6 de la
Audiencia Nacional.
http://vozpopuli.com/actualidad/77423-el-cgpj-concedera-este-jueves-un-juez-de-apoyo-al-instructor-de-la-trama-punica
EL PP CONTESTA AL JUEZ QUE
TAMPOCO GUARDA FACTURAS DE
LAS OBRAS EN GÉNOVA
Comunica al juez Castro que
"no consta" en sus archivos
y tan sólo aporta recibos de
sillas por 88.000 euros.
El PP comunica al juez que
también ha destruido la
documentación relacionada
con la reforma de la primera
planta de la sede de Génova,
en la que se ubica la sede
del partido en Madrid. El
gerente de los populares
madrileños, Guillermo
Mayoral, ha comunicado al
Juzgado de Instrucción
número 3 de Palma que “no
consta por su antigüedad en
los archivos del Partido
Popular de Madrid
presupuesto ni proyecto
arquitectónico”. Por lo que
no revela a cuánto ascendió
realmente la reforma de esta
primera planta del edificio.
Pero es que tampoco asegura
tener en su poder la
preceptiva licencia de obras
al considerar que no fue
necesaria.
El juez José Castro solicitó
al PP la documentación de
esta reforma después de que
EL ESPAÑOL desvelara que
había sido sufragada con
dinero negro entregado por
Javier López Madrid, yerno
del constructor Juan Miguel
Villar Mir. La entrega de
estos fondos fue comunicada
por los dirigentes del PP
madrileño a los ex
responsables de las finanzas
del partido, Álvaro Lapuerta
y Luis Bárcenas. Estos pagos
entroncan, además, con las
anotaciones halladas por la
Guardia Civil en la ya
célebre agenda de Francisco
Granados. Un cuaderno
incautado en el domicilio
del ex secretario general
del PP madrileño en el que
figuran las iniciales “JLM”,
en referencia al yerno de
Villar Mir, acompañadas de
cifras con pagos en
metálico.
El juez Castro investiga en
estos momentos el amaño de
la mayor obra pública de la
historia de Baleares, el
hospital de Son Espases, a
favor de OHL, la
constructora de Villar Mir.
Una vez acreditado que el
Gobierno que presidía Jaume
Matas diseñó el trucaje de
la licitación para favorecer
a este empresario, el juez
busca cuál fue la
contrapartida abonada por
presuntamente por OHL.
SIN LICENCIA DE OBRA
Los populares madrileños han
añadido además a Castro que
“tampoco” disponen de la
“solicitud de licencia de
obras, dado que la
remodelación interior
consistió tan sólo en la
demolición de tabiques y
colocación de cristales y
tarima”. “Exenta por tanto”,
añade el escrito del PP
dirigido al juez, “de
licencia municipal”.
En lugar de los
justificantes del grueso de
las obras, el partido ha
presentado una decena de
facturas relacionadas con el
“acondicionamiento” de la
primera planta. En total,
recibos por valor de 88.563
euros integrados por
elementos como “estanterías,
mesas de trabajo, mesas de
despacho, sillas de
confidente, muebles de
archivo, armarios o mamparas
acristaladas” y un “mapa” de
la Comunidad de Madrid
“tamaño 1,5 x 1,5 metros
pintado en un color”. Como
norma general, la
administración solicita que,
tanto particulares como
administraciones guarden la
documentación sobre sus
ejercicios contables al
menos durante cinco años,
que coincide en plazo con la
capacidad fiscalizadora de
Hacienda. A partir de esa
fecha, la legislación deja
en manos de cada compañía o
particular mantener una
copia de su las facturas.
En cualquier caso, los
justificantes presentados
ante el juez Castro
contrastan con los que ha
aportado el partido en
relación con el resto de las
plantas del edificio y en
las que la Audiencia
Nacional ya ha acreditado
que mediaron importantes
pagos con dinero negro. Así,
han sido documentados pagos
de entre medio millón y casi
un millón de euros por la
reforma de las seis plantas
restantes de la sede
central.
De esta manera, a la séptima
planta, en la que se ubica
la dirección del partido, se
destinaron al menos 505.152
euros. A la sexta, que
alberga los departamentos de
tesorería, administración y
gerencia, 354.299; a la
quinta, donde se establecen
los servicios jurídicos del
partido, 649.978 euros y
existen indicios de que se
abonaron 258.000 euros extra
en dinero negro. En la
cuarta planta, donde se
radican las oficinas del
Área de Organización, el
pago oficial se elevó a
560.895 euros y los
investigadores sostienen que
se abonaron 200.000 euros
más en negro.
409.325 EUROS PARA LA PLANTA
DE BÁRCENAS
La tercera planta de Génova
acoge varias salas, entre
ellas la denominada sala
Andalucía que llegó a ser
empleada por el ex tesorero
Luis Bárcenas como despacho.
En ella se invirtieron
409.325 euros en remodelarla
a los que hay que añadir
235.000 euros más en negro.
Pero, sin lugar a dudas, la
planta a la que se
destinaron más fondos fue la
segunda, donde se ubican los
departamentos de Prensa y
Telegenia. El gasto oficial
registrado en su reforma
ascendió a 988.195 euros a
los que habría que añadir
195.000 euros más en negro.
No es la primera ves que el
partido de Mariano Rajoy
asegura ante el juez que no
dispone de la documentación
solicitada. En el juicio que
afecta a la reforma de la
sede central del PP, el
partido aseguró a la
Audiencia Nacional que había
perdido la agenda de la
secretaria de Bárcenas y el
libro de visitas. Ambos
documentos impiden comprobar
qué empresarios visitaron la
sede del Partido Popular y
en concreto el despacho del
ex tesorero en las fechas
investigadas. Además, el PP
protagonizó un hecho todavía
bajo investigación; la
entrega de los ordenadores
de Bárcenas con los discos
duros completamente
borrados. No hubo forma de
extraer información alguna
de ellos.
El juez Castro se encuentra
pendiente de recibir,
además, una copia de la
agenda de Granados, que en
estos momentos se encuentra
bajo secreto. El magistrado
de Palma ya ha comunicado
que en cuanto reciba esta
nueva documentación incoará
una nueva pieza separada y
secreta para no perjudicar
las investigaciones que se
llevan a cabo en la
Audiencia Nacional.
http://www.elespanol.com/espana/20160307/107739479_0.html
LA UCO ACORRALA A OTRO
EXCONSEJERO DE AGUIRRE POR
EL AMAÑO DE UN CONCIERTO
Un informe de la Guardia
Civil incorporado al sumario
atribuye a Santiago Fisas,
que llevó el área de Cultura
y ahora es eurodiputado, los
delitos de prevaricación y
malversación
Los tentáculos del caso
Púnica vuelven a agarrar con
fuerza a otro exconsejero de
Esperanza Aguirre. La Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil atribuye a
Santiago Fisas Ayxela,
actual eurodiputado del PP y
titular de la Consejería de
Cultura del Gobierno
regional entre noviembre de
2003 y junio de 2009, los
delitos de prevaricación,
tráfico de influencias y
malversación de fondos
públicos en un reciente
informe incorporado al
sumario que analiza el
presunto amaño de un
concierto de música a favor
de una de las empresas de la
trama, Waiter Music. Por
este concierto ya está
investigada (la nueva figura
jurídica de la imputación)
Carmen Plata Esteban,
exconcejala del PP y
exgerente de la Fundación
Arpegio.
Santiago Fisas asegura tener
la conciencia tranquila: "No
he cometido ninguna
irregularidad. No sé lo que
es la Púnica, no recuerdo
ese concierto y estoy seguro
de que en mi etapa como
consejero todo se hizo
dentro de la legalidad. Yo
firmé los contratos que
tenían los informes
pertinentes de la
Intervención y de los
técnicos". Dentro de la
pieza 7 (el juez Eloy
Velasco ha troceado la
instrucción en 12 partes),
los investigadores han
encontrado "indicios de
delito" en el concierto que
la Comunidad de Madrid
organizó el 31 de marzo de
2007 y que se bautizó como 'The
night of the proms', que
trajo al Palacio de los
Deportes de la capital
artistas como Mike Oldfield,
Tears for Fears, Gipsy Kings
y Ana Torroja.
La Guardia Civil ve
"indicios de delito" en el
concierto 'The night of the
proms', celebrado el 31 de
marzo de 2007 en el Palacio
de los Deportes de Madrid
El 15 de noviembre de 2006,
el dueño de Waiter Music, el
imputado José Luis Huerta
Valbuena, firmó con la
sociedad GPE (que tenía los
derechos del concierto) un
contrato para que el
espectáculo viajara a
España. GPE recibió de
Waiter 522.000 euros. Un mes
después, en diciembre de
2006, la Comunidad de Madrid
creaba la Fundación Arpegio,
presidida por el presidente
de Arpegio (la empresa
pública de suelo), que en
esa época era Francisco
Granados, el principal
dirigente político imputado
en el caso. Carmen Plata fue
elegida directora gerente de
la fundación.
El 15 de febrero de 2007,
Waiter Music y Santiago
Fisas, como consejero de
Cultura, formalizaban el
contrato de actuaciones
artísticas por valor de
225.000 euros. Este contrato
tenía como objeto la
realización del concierto 'The
night of the proms'. La UCO
destaca en su informe "que
la fórmula elegida para la
contratación de este
espectáculo incumple la Ley
de Contratos del Sector
Público, ya que si la
Administración autonómica
quería contratar este
concierto, debería haberlo
hecho con el empresario
titular de los derechos y no
con la empresa Waiter
Music". Es más, los agentes
creen que la fecha del
contrato pudo ser
manipulada.
Fechas que no cuadran
Un mes después, en marzo de
2007, Waiter Music firma un
convenio de patrocinio con
la Fundación Arpegio también
para este concierto. El
convenio obliga a la
fundación a pagar a Waiter
139.200 euros por publicidad
en el espectáculo (por
ejemplo, las entradas
llevarían el logo de la
fundación). A los
investigadores no les cuadra
que este convenio tuviera
firma de 12 de marzo de 2007
y que el 29 de marzo, dos
semanas después, Carmen
Plata enviara un correo a
Huerta en el que le insta a
firmar el convenio
adjuntándole un borrador del
mismo.
El concierto se realizó y
Waiter Music recibió por la
venta de entradas 103.206
euros. Para la UCO, "no fue
un negocio para Waiter", ya
que tuvo que pagar 522.000
al empresario que poseía los
derechos. José Luis Huerta
reconoció en sede judicial
que todo surgió "tomando una
copa con Granados", que le
propuso la idea del
concierto y que al político
le gustó. Se firmó entonces
el contrato con la
comunidad, pero llegó un
momento "en el que la venta
de entradas no cumplió las
expectativas" y Huerta pidió
ayuda a Granados para no
perder dinero. Llegó
entonces el patrocinio de
Arpegio y otro de 180.000
euros a cargo del Instituto
Madrileño de Desarrollo.
Huerta reconoció que al
final perdió 75.000 euros.
La UCO concluye que en 2007
la empresa Waiter Music
recibió un total de 364.200
euros de fondos públicos
"relacionados directamente
con el concierto", en una
actuación "contraria al
interés público". La Guardia
Civil atribuye delitos de
prevaricación, malversación,
fraude y tráfico de
influencias a Granados,
Huerta, Carmen Plata y
Santiago Fisas. Los tres
primeros ya están imputados.
La investigación también ha
revelado que la esposa de
Granados, Nieves Alcorcón,
utilizó fondos públicos de
Arpegio para hacer regalos
de Navidad en el año 2007 a
familiares y amigos.
Fisas, por su parte, es
eurodiputado, por lo que
está aforado y su imputación
sería competencia del
Tribunal Supremo. La causa
ya ha dejado imputados a
tres exconsejeros de
Esperanza Aguirre: Francisco
Granados, Salvador Victoria
y Lucía Figar. "Estoy
tranquilo y dispuesto a
colaborar con el juez",
asegura Fisas.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-02-22/la-uco-acorrala-a-otro-exconsejero-de-aguirre-por-el-amano-de-un-concierto_1155552/
PODEMOS ENVÍA AL JUEZ EL
INFORME DE LAS WEBS QUE
PROMOCIONABAN AL PP
Contiene un análisis de los
dominios y las fechas en las
que estos estuvieron
almacenados en el servidor
de Alejandro de Pedro
La carta ha sido dirigida
también a la Fiscalía
Anticorrupción
El Grupo de Podemos en la
Asamblea de Madrid presentó
este martes una carta al
juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco,
investigador de la trama
Púnica, en la que pone a su
disposición el informe del
perito informático
presentado en la última
sesión de la comisión de
corrupción del pasado 12 de
febrero.
Según informa Europa Press,
dicho informe contiene
información nueva sobre los
servidores de Alejandro de
Pedro, el llamado
'conseguidor' de la Púnica,
que incluye páginas webs que
supuestamente promocionaban
a cargos políticos del
Partido Popular. Esta carta
también ha sido dirigida a
la Fiscalía Anticorrupción,
ha informado este mediodía
el portavoz parlamentario de
Podemos, José Manuel López.
La misiva, enviada por el
portavoz de dicha comisión,
Miguel Ongil, incluye el
peritaje informático
realizado de forma gratuita
por el perito Josep Jover.
El documento aportado consta
del dictamen central y tres
anexos remitidos al juez por
si fuera de interés para la
instrucción que se está
llevando a cabo en el
Juzgado Central de
Instrucción número 6".
Así, destaca que el informe
contiene un análisis de los
dominios y las fechas en las
que estos estuvieron
almacenadas en el servidor
de Alejandro de Pedro,
imputado en el caso Púnica,
y otros.
Según señala el grupo
parlamentario, dentro de
estos servidores "se han
encontrado 'subservidores'
que, de igual modo que
existen particiones de
discos duros, como reza el
informe, comparten entre sí
y presumiblemente
coordinados diversos
servidores en los que se
alojan páginas web y nombres
de dominio, y constaban como
administradores a las
siguientes personas:
Alejandro de Pedro Lorca,
Adrián de Pedro Lorca, José
Luis Román, José Miguel Ruiz
Tornero, Alberto Aznar César
y Fernando Badal".
Podemos incorpora un listado
de webs y dominios que
promocionaban a cargos
políticos, entre ellos
"sorprendentemente un gran
número de alcaldes,
diputados y altos cargos de
la Comunidad de Madrid"; así
como webs de rivales
políticos "con el supuesto
objetivo de dañar su
reputación"; páginas de
diferentes causas
sectoriales "con el presunto
fin de o bien alabar
actuaciones de cargos del PP
o dañar su reputación"; y
webs de negocios
presumiblemente legítimos.
"Por ignorancia del
contenido de la causa, no
hemos encontrado evidencia
de este extremo, pero
sospechamos que en algún
caso, empresas de apariencia
legítima podrían haber
servido de pantalla o pagado
sobrecostes a las empresas
vinculadas a De Pedro con el
objetivo de canalizar
comisiones ilegales al
Partido Popular o bien
hacerse cargo de forma
ilegítima de servicios
prestados al Partido
Popular. Entre la lista de
cargos políticos hemos
encontrado algunos casos que
ya se encontraban
investigados en las causas
que instruye este Juzgado",
esgrimen.
En estos casos, el informe
pericial de Podemos
identifica un posible caso
de "malversación de fondos"
en algunos alcaldes como el
de Alcobendas, Ignacio
García de Viñuesa, "donde
existen facturas dirigidas
al Ayuntamiento en 2011 y
2012 por valor de 237.000
euros facturas que sin
embargo han sido negadas al
Grupo Municipal Sí Se Puede
Alcobendas, y por lo tanto
se han podido comprobar el
objeto de estos servicios".
"Sorprende el alto coste de
dichos servicios teniendo en
cuenta que según las
declaraciones del portavoz
del PP en la comisión de
corrupción, Alfonso Serrano,
De Pedro facturó en torno a
40.000 euros al Partido
Popular por los servicios
prestados para toda a
campañas autonómicas y
municipales de 2011",
indican.
El Grupo Parlamentario de
Podemos también identifica
un presunto pago en dinero
negro. "Existen algunos
casos en los que no tenemos
constancia de facturación
alguna ni al Partido
Popular, ni al cargo público
en cuestión, ni facturación
al Ayuntamiento", alegan.
Por todo ello, piden a
Juzgado que tenga por
presentado el escrito y de
conformidad con lo
pretendido por la comisión
de investigación, cuyo fin
"no es otro que hallar el
rastro del dinero y como
fueron pagados los
centenares de nombres de
dominio, su administración y
soporte web".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/02/23/podemos_envia_juez_informe_las_webs_que_promocionaban_pp_45420_1012.html
EL JUEZ DE ‘PÚNICA’ SITÚA AL
EXALCALDE SOCIALISTA DE
CARTAGENA COMO UNO DE LOS
CABECILLAS DE LA TRAMA
El magistrado de la
Audiencia Nacional considera
que el exdiputado en el
Congreso José Antonio Alonso
Conesa estaba "en la cabeza
de un entramado de tráfico
de influencias"
Eloy Velasco cree
"acreditado" que el
exregidor socialista "se ha
concertado con diversas
autoridades en Murcia, León
y Madrid para la
adjudicación de contratos
públicos"
El magistrado que investiga
en la Audiencia Nacional el
caso Púnica, Eloy Velasco,
sitúa al exalcalde
socialista de Cartagena José
Antonio Alonso Conesa, "en
la cabeza de un entramado de
tráfico de influencias",
según consta en un auto del
pasado 1 de febrero, al que
ha tenido acceso infoLibre.
Hasta la fecha, los autos
sostenían que los cabecillas
de la red corrupta eran el
exsecretario general del PP
madrileño Francisco
Granados, y su socio y amigo
de la infancia, el
empresario David Marjaliza.
En la resolución judicial,
el magistrado considera
"acreditado" que el
exregidor de Cartagena "se
ha concertado con diversas
autoridades en Murcia, León
y Madrid para la
adjudicación de contratos
públicos o para la
facturación de trabajos a la
administración a través de
contratos públicos
adjudicados a terceras
empresas".
José Antonio Alonso Conesa
fue alcalde de Cartagena por
el PSOE entre 1991 y 1995.
En las Elecciones Generales
de 1989, Alonso Conesa
obtuvo un escaño en el
Congreso de los Diputados,
cargo que mantuvo hasta
1996. También fue
coordinador territorial del
gabinete de Josep Borrell
(1998–1999) en el PSOE.
Murcia y León
Tanto el caso de la Región
de Murcia como el de la
Diputación de León guardan
ciertas similitudes, habida
cuenta de que en ambos casos
la trama trató de mejorar el
posicionamiento online de
candidatos del PP en ambos
territorios: el consejero
Juan Carlos Ruiz en Murcia y
Marcos Martínez en León.
Y según Velasco, "el
investigado Alonso Conesa,
socio de Alejandro de Pedro
[el informático de la
Púnica] habría pactado con
José Fidel Saura Guerrero
(jefe de gabinete del
consejero de Industria, Juan
Carlos Ruiz) la realización
por parte de personal de
Alejandro de Pedro de varios
contratos públicos, uno
tramitado en el Instituto de
Turismo de la Región de
Murcia y otro en el
Instituto de Fomento de la
Región de Murcia",
especifica el auto, que
continúa: "Los cuales
ampararían otros trabajos de
manera encubierta como son
la creación de un diario
digital en Molina de Segura
y su mantenimiento y la
reputación y los trabajos en
redes sociales del consejero
de Industria, Turismo,
Empresa e Innovación, todo
ello con el conocimiento del
consejero Juan Carlos Ruiz".
Asesoramiento político
En el caso de
León, un informe de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil
sitúa a Alonso Conesa junto
a De Pedro al frente de la
red corrupta: "Marcos
Martínez, una vez accede al
cargo tras la muerte de
Isabel Carrasco, pretende
consolidarse en el puesto
haciendo uso de las
pretendidas influencias de
Alejandro de Pedro y José
Antonio Alonso Conesa con
personas influyentes del
Partido Popular. Con el
mismo propósito les confía
su asesoramiento político y
seguimiento de medios de
comunicación, incluyendo la
búsqueda de un jefe de
prensa".
Y la contraprestación por
estos servicios, explican
los agentes de la UCO, sería
la contratación de servicios
a través de los diarios
digitales, "que se pagan con
la inserción de banners
publicitarios, y el pago de
servicios de asesoramiento.
Estos pagos se realizan
discrecionalmente por el
presidente de la Diputación,
no estando sometidos a
fiscalización por razón de
su cuantía, lo que le
facilita poder destinar
dinero público a los únidos
fectos de consolidar su
puesto en el partido y
continuar como presidente".
Enlace con Granados
Tanto en Murcia como en
León, el papel de Alonso
Conesa sería el de
conseguidor. En la Comunidad
de Madrid, según el sumario,
el exregidor de Cartagena
actuó como enlace con los
políticos. En su declaración
tras ser detenido reconoció
que fue él quien introdujo a
Alejando de Pedro en el
entorno del exsecretario
general del Partido Popular
de Madrid y presunto cerebro
de la red Púnica, Francisco
Granados, ya que era socio
en otros negocios de su
amigo David Marjaliza.
En este sentido, explicó que
De Pedro quería conocer a
Granados porque había estado
estudiando los perfiles de
los políticos madrileños y
el entonces consejero de
Presidencia tenía "una
reputación on line de pena".
"Y yo le puse en contacto
con David, que fue mi socio
y que es muy amigo de Paco
[Granados]. Le llamé y se lo
presenté", explicó.
Un sobre con 3.000 euros
En esa comparecencia, José
Antonio Alonso Conesa
también reconoció haber
recogido un sobre con 3.000
euros que supuestamente el
exvicepresidente de la
Comunidad de Madrid Salvador
Victoria enviaba al
informático de la red.
El exalcalde del PSOE de
Cartagena relató el pago en
negro que recibió a cambio
de las tareas de reputación
on line que la empresa EICO
había realizado para mejorar
la imagen en las redes
sociales del expresidente de
la Comunidad de Madrid
Ignacio González, en
relación al ático de
Estepona, y otros altos
cargos de la Administración
regional.
Agustín Alonso Conesa
Además de José Antonio
Alonso Conesa, en el caso
está imputado su hermano
Agustín Alonso Conesa por su
colaboración en la
adjudicación de contratos de
posicionamiento en internet
en la Región de Murcia.
Además, y según reconoció a
infoLibre el propio José
Antonio Alonso Conesa,
cuando fue arrestado por la
Guardia Civil tenía en el
bolsillo de su chaqueta la
tarjeta de peajes asignada
por el Congreso de los
Diputados a la parlamentaria
y exalcaldesa del PP en
Cartagena Pilar Barreiro.
"Me pasó su tarjeta para
pagar el peaje de la
autopista. Me la dio y yo la
metí en el bolsillo de mi
chaqueta. Al tiempo la llamé
y le dije: 'Oye, tú me diste
tu tarjeta', porque ella iba
conduciendo y la tengo yo.
'Pues ya me la darás'. Y
cuando me detienen llevaba
la misma chaqueta. Y su
tarjeta iba en el bolsillo”,
explicó Alonso Conesa a este
diario.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/09/el_juez_punica_situa_exalcalde_socialista_cartagena_como_uno_los_cabecillas_trama_46140_1012.html
"EL EXPEDIENTE DE LA
'COJOCASA' DE GRANADOS FUE
MANIPULADO", DENUNCIA UNA
FUNCIONARIA
Asegura al juez que la
llamaron un domingo a su
domicilio para que fuera al
Ayuntamiento a sacar el
documento.
Personas próximas a
Francisco Granados en el
Ayuntamiento de Valdemoro
"manipularon" un expediente
urbanístico para
desvincularle de la mansión
de lujo que se estaba
construyendo en el sector de
El Caracol de la localidad,
desveló al juez la
responsable de los servicios
jurídicos del área de
urbanismo del Consistorio,
Montserrat Pacheco.
Por las manos de esta
funcionaria han pasado todos
los procedimientos
urbanísticos desde 1991,
cuando fue nombrada para ese
puesto. Es, por ello, una
testigo de especial
relevancia por su
conocimiento del desarrollo
urbanístico de Valdemoro
antes, después y durante el
mandato de Francisco
Granados, alcalde de la
ciudad ente 1999 y 2003 y
luego brazo derecho de
Esperanza Aguirre como
consejero del Gobierno
regional y como secretario
general del PP de Madrid.
Durante su declaración ante
el juez de la operación
Púnica, Eloy Velasco,
Montserrat Pachecho habló de
un expediente especial, el
que afectaba a siete
parcelas en el sector R-6,
denominado El Caracol, una
zona con excelentes vistas.
LA "COJOCASA"
"Todo el mundo comentaba que
ese inmueble era de
Francisco Granados", dijo la
funcionaria, que no dudó en
calificar de "cojocasa" ("vi
por curiosidad el plano")
una construcción de 1.000
metros cuadrados de vivienda
y cuya parcela ocupaba el
terreno de seis chalés
adosados. Piscinas exterior
e interior, ascensor, salón
de juegos para adultos con
barra de bar incluida,
habitaciones para el
servicio, sauna y hamman en
el sótano, chimeneas en el
salón, dormitorio y
despacho...
Pacheco explicó al
instructor que en las
dependencias de urbanismo se
guardan los expedientes de
una antigüedad inferior a 5
años y que el resto se
almacena en el archivo
general del Ayuntamiento, "a
excepción", matizó, "del
expediente de la calle
Chequia, que lo tenía yo
bajo custodia porque así me
lo pidió el alcalde José
Miguel Moreno Torres".
Moreno, también imputado en
la trama Púnica, sucedió a
Granados al frente del
Consistorio.
UNA LLAMADA EN DOMINGO
"¿Por qué lo custodiaba, qué
pasaba con ese expediente?",
le preguntó el juez. La jefa
de los servicios jurídicos
del área de urbanismo relató
entonces que "un domingo
que, además, era la fiesta
de Todos los Santos recibí
una llamada en mi casa
porque tenía que acudir al
Ayuntamiento a sacar ese
expediente".
"¿Quién la llamó?", inquirió
el instructor. "Me llamó
José Luis Navarro [el
arquitecto municipal] por
orden del alcalde José
Miguel Moreno, para que
acudiese al departamento y
abriese las puertas. Le dije
que yo no iba a ir un
domingo a sacar ningún
expediente, aparte de que no
tenía llaves", contestó
ella.
"Se quejó de que cómo es
posible que no tuviera las
llaves y me dice: 'Bueno,
pues te vienes'. Y le dije:
'No pienso ir'". Me negué,
dije que no iba y no fui. Me
dijeron que querían coger
ese expediente".
Pacheco añadió que "al día
siguiente, lunes, cuando fui
a trabajar noté que en ese
expediente había alguna
manipulación. Lo habían
tocado, no sé en qué
sentido". La funcionaria
cree que había un documento
"que hacía referencia a la
mujer" de Granados que pudo
ser retirado. Con
posterioridad, Moreno le
pidió que custodiara el
expediente porque "la Prensa
está detrás".
En el procedimiento de la
trama Púnica consta una
copia del "Proyecto básico y
de ejecución de vivienda
unifamiliar en Glorieta de
Suecia" en cuya carátula
figura como propietaria
Nieves Alarcón Castellanos,
esposa de Francisco
Granados. El proyecto se
incorporó al expediente
urbanístico donde, sin
embargo, consta que la
licencia de obra la solicitó
"una empresa de Ramiro Cid",
dijo la funcionaria, que
remachó: "Granados no tenía
suelo en ese desarrollo".
Los investigadores sospechan
que Cid, uno de los
constructores más
beneficiados por la trama
Púnica con recalificaciones
de terrenos y nuevos
planeamientos municipales,
pagó los favores
urbanísticos a Granados con
esa mansión de lujo, entre
otras contraprestaciones.
"QUERÍA UNA CASA MÁS GRANDE"
Nieves Alarcón trató de
desvincularse a toda costa
de la "cojocasa" cuando
declaró como investigada
ante el juez el 29 de enero
de 2015. Según dijo,
"nosotros [Granados y ella]
queríamos construir una
casa, a mí me gustaba esa
zona y Ramiro Cid
[propietario de las
parcelas] quería venderla".
"Yo quería vivir en una casa
más grande que mi adosado de
250 metros en cuatro
plantas", manifestó Alarcón,
que admitió que alguna vez
se acercaba "a dar una
vuelta para ver cómo iba" la
obra, tras hacer un proyecto
"muy impersonal, para que lo
pudiera comprar cualquiera".
La versión de la mujer de
Granados tiene en contra no
sólo el testimonio de varios
testigos sino incluso las
manifestaciones de Ramiro
Cid y, sobre todo, los
documentos custodiados por
Pacheco. La primera carátula
del proyecto, en la que
Nieves Alarcón figuraba como
propietaria, fue cambiada
por otra en la que la
propiedad era de la empresa
Vicfidem, vinculada a Ramiro
Cid.
Así lo declaró el arquitecto
que visó el proyecto, Carlos
de Rojas, citado como
testigo por
Velasco."Inicialmente visé
el proyecto a nombre de
Nieves Alarcón y luego nos
pidieron que cambiáramos la
propiedad", dijo.
"O sea, que usted sabía que
el chalé era del matrimonio
Granados-Alarcón", manifestó
el juez. "Estaba en la
carátula", respondió el
arquitecto, que señaló que
ignoraba por qué se le pidió
que cambiara la propiedad.
La decoradora de la
vivienda, también llamada a
declarar como testigo,
indicó que se reunió decenas
de veces con Nieves Alarcón.
"Todo se hacía 'ad hoc' para
ella, con el tamaño de los
muebles de su casa", señaló.
Esta testigo entregó al juez
un documento que constituye
otra prueba de la relación
de la esposa de Granados con
la "cojocasa". Se trata de
un email que Nieves Alarcón
envió a la decoradora para
que retomara el proyecto en
diciembre de 2012. Ella
declinó la oferta.
El correo desmiente que
fuera un proyecto
"impersonal", como manifestó
Alarcón al juez. Según
recordó a la decoradora la
esposa de Granados,
"teníamos hasta presupuesto
de puertas, vestidores,
muebles de cocina, baño y
bastantes cosas que teníamos
elegidas y algunas pedidas".
Consuelo Astasio, arquitecto
técnico y gestor del
proyecto de la calle Chequia,
manifestó que la mujer de
Granados visitaba
frecuentemente la obra,
eligió los materiales "e
incluso hizo modificaciones
como tirar una escalera. El
matrimonio Granados actuaba
como clientes finalistas",
aseguró.
Astasio confirmó que en el
proyecto -"que se presentó
en el Ayuntamiento"-
"aparecía el nombre de
Nieves Alarcón". La empresa
de Astasio compró las
parcelas a Ramiro Cid y
luego se deshicieron de
ellas, perdiendo dinero,
"porque Granados y su mujer
dejaron de tener interés en
la casa en 2009, después de
que aparecieran unos
artículos en la Prensa". La
festividad de Todos los
santos de ese año 2009 fue
domingo.
"ERA UNA CABEZONADA DE LA
MUJER"
Ramiro Cid negó que la casa
de la calle Chequia fuera un
cohecho a Granados pero no
supo explicar cómo empezó a
desarrollar una construcción
cuyo coste cifró en 1,5
millones sin firmar un solo
papel con Granados y sin que
éste entregara un solo euro.
"Francisco Granados me
plantea que están buscando
una vivienda de lujo, una
casa singular, con la idea
de hacer una casa a su
medida. El único problema es
que nunca llegamos a cerrar
un acuerdo sobre el precio
de la casa. Hablamos
bastantes veces y no
llegamos a concretar nada.
La mujer insistía mucho, me
presionaba. Era una
cabezonada particularmente
de la mujer".
"¿Y no le pidió una
compensación por echarse
atrás después de los gastos
ocasionados?", le preguntó
el instructor. "No, porque
no teníamos nada firmado",
fue la respuesta de Cid.
http://www.elespanol.com/espana/20160229/105989694_0.html
EL PP DE VALDEMORO USÓ
DINERO MUNICIPAL PARA
AUTOBUSES A MÍTINES Y TRAJES
DE ESQUÍ PARA EDILES
El Ayuntamiento de
Valdemoro, feudo de
Francisco Granados, mantuvo
durante años una caja b con
dinero en efectivo cobrado
por la concejalía de
Deportes con las que se
costeaban actos del PP y
gastos privados.
El Ayuntamiento de Valdemoro
bajo la gestión del Partido
Popular también tuvo una
caja b, según se desprende
de los informes de la Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil que
investiga la trama Púnica.
El consistorio, feudo de
Francisco Granados, contaba
con ese fondo en el que se
realizaban ingresos en
efectivo procedentes de las
actividades relacionadas con
la Concejalía de Deportes y
que se utilizaron para fines
tan diversos como pagar
autobuses para acudir a
mítines del PP o para
equipaciones de esquí para
los concejales.
La existencia de esta caja b
fue desvelada a la UCO por
un testigo, Carlos Tomás
Barajas, trabajador de la
concejalía de Deportes. Su
relato fue explosivo: “Una
parte de los ingresos que
entraban en la concejalía de
Deportes procedentes de
otras actividades deportivas
que se abonaban en metálico
no ha tenido fiscalización”.
El testigo fue más lejos en
su acusación: “Parte de ese
dinero ha sido utilizado
para pagar el traslado en
autobuses a mítines del PP”.
Esa caja b se usó para
costear dos trajes de esquí,
comidas y taxis sin
justificar. “Todo ese
montante de dinero se puede
considerar como la caja b
del Ayuntamiento de
Valdemoro”.
“En algunas ocasiones, en la
concejalía de Deportes
disponían de una caja
fuerte, en la cual tanto
desaparecía como aparecía
dinero. En alguna ocasión
fueron a devolver el dinero
de las fianzas del futbol y
el dinero no se encontraba
en la caja fuerte”,
continuaba el relato del
testigo.
Pero las irregularidades en
Deportes, cuya gestión llevó
un cuñado de Granados, no
acaban aquí: en un momento
dado se decidió
“externalizar la escuela
municipal de padel”, justo
cuando empezaba a ser muy
rentable. El testigo relata
que la adjudicataria resultó
ser una empresa vinculada al
omnipresente David
Marjaliza.
El empleado de Deportes no
se arredró a la hora de
repartir culpas: “Todo lo
ocurrido en la concejalía de
Deportes ha tenido una
magnitud muy grande debido
al enmascaramiento de lo que
sucedía y ser conocedores de
estos hechos los distintos
concejales del Ayuntamiento
que han pasado por la
concejalía de Deportes. En
la actualidad han puesto
como jefe de deportes a José
Manuel García Morán, que ha
estado viviendo en chalés a
nombre de Ana María Ramírez
[directiva de Marjaliza] sin
pagar nada por ello”.
http://okdiario.com/investigacion/el-pp-de-valdemoro-uso-dinero-municipal-para-autobuses-a-mitines-y-trajes-de-esqui-para-ediles-77390
TORREJON DE VELASCO. VIAJE
AL EPICENTRO DE LA PÚNICA
Torrejón de Velasco
simboliza mejor que ningún
otro municipio la trama de
corrupción que tejieron
Granados y Marjaliza
El deporte oficial de
Torrejón de Velasco es el
pádel. Y no porque se
practique, que no se
practica, sino porque el
antiguo alcalde del PP,
Gonzalo Cubas, imputado en
ocho delitos, prolongó 15
años un contrato de servicio
lúdico con una empresa
vinculada a la trama Púnica
que ha desaparecido igual
que están desapareciendo las
rayas de las pistas.
No han llegado a
inaugurarse. Las custodia un
candado que haría sudar el
ingenio del Gran Houdini y
que neutraliza el acceso al
templo de la raqueta
recortada. Las redes cuelgan
como telas de araña y
algunas cristaleras se han
resquebrajado, más o menos
como si esta aberración
periférica de cemento y
hierba artificial
simbolizara el dispendio de
la trama Púnica en el pueblo
más púnico de la comunidad
madrileña.
Ya se ocupó Francisco
Granados, entonces consejero
de Justicia e Interior, de
otorgarle los honores
inaugurando el centro de
mayores en 2010. Una placa
recordaba el momento, igual
que en la cárcel de
Estremera, donde ahora
amanece y anochece el delfín
favorito de Esperanza
Aguirre, pero ha sido
retirada por aseo
institucional, dejando el
rastro de los tornillos como
expresión de un municipio en
bancarrota.
Recuerda Silvia Bonilla,
concejal del PSOE, que
Torrejón debe 12 millones. Y
que a cada uno de los 4.177
vecinos le corresponden
2.800 euros de la deuda, sin
derecho a jugar al pádel ni
a añorar los años de gloria,
cuando Melendi, Bertín
Osborne o Marta Sánchez
amenizaban las fiestas
patronales en la plaza
Mayor.
El Ayuntamiento los
contrataba a través de
Waiter Music, una empresa
del entramado púnico que
abastecía el hedonismo de
los municipios del PP, bien
inflando los presupuestos,
bien predisponiendo el
trajín de las comisiones o
bien amortiguando en las
arcas públicas los
acontecimientos lúdicos que
los populares organizaban
para sí mismos.
Ha ocurrido en Aranjuez, en
Alcorcón, en San Sebastián
de los Reyes, pero Torrejón
de Velasco representa el
aleph de la Púnica porque
Gonzalo Cubas es cuñado de
David Marjaliza, cerebro
inductor de la trama, y
porque el pueblo en cuestión
fue pionero en contratar los
servicios de Cofely,
sobrenombre de una empresa
ya mitológica en el
imaginario popular que
lograba adjudicarse siempre
los grandes contratos de
infraestructura y alumbrado.
Y no por cualificación, sino
porque los pliegos se
redactaban a su medida. Y a
la medida de las
correspondientes
gratificaciones políticas.
No iba a ser la excepción
Torrejón de Velasco. Ni por
la cantidad desembolsada,
4,5 millones. Ni por la
duración del contrato, 15
años. Ni por la promesa de
la eficiencia energética.
"Tanta eficiencia", sostiene
Silvia Bonilla, "que no se
ve tres en un burro de
noche. Aquí se ha cambiado
el alumbrado para que veamos
menos", apostilla la
concejal socialista.
Está en minoría la autora
involuntaria de la metáfora.
La imputación enciclopédica
de Gonzalo Cubas en 2014
—organización criminal,
prevaricación, malversación,
cohecho, fraude,
falsificación...— no ha
impedido al PP ganar por
mayoría absoluta el pasado
mes de mayo.
Las razones las explica en
la calle Ángel, un jubilado
envalentonado que no teme la
omertà de sus vecinos. "Aquí
lo que ha pasado es que ha
trascendido fuera del pueblo
lo que todos sabíamos que
pasaba dentro. Se hacían las
cosas de manera caciquil.
Siempre se han hecho así. Se
vota al alcalde por vínculos
familiares y por estar a
bien con quien reparte el
dinero. Me da vergüenza todo
esto, pero tenía que
saberse".
Agonizante anacronismo
Se preocupó de demostrarlo
la Cámara de Cuentas en un
informe que retrata el
pueblo como un señorío
feudal. Y no por el
maltrecho castillo medieval
que agoniza como un
anacronismo en el centro de
la villa, sino por la
arbitrariedad de la gestión
en presupuestos, personal,
tesorería, subvenciones,
tributación, contratación y
regulación del suelo
público.
Eran las condiciones idóneas
en que podían prosperar
nueve de las empresas
vinculadas a la trama
Púnica. Una de ellas
construyó el teatro Plácido
Domingo. Y otra, o sea,
Cofely, se ocupó de arreglar
los desmanes de la obra.
Empezando por las goteras
que deslucen la fachada.
Y quien dice obra dice Obrum,
denominación latina de la
empresa de Marjaliza que
materializó el colegió
Catón. Reunía todos los
requisitos. Es decir, la
mediación política de
Granados para levantar un
centro privado subvencionado
con dinero público y la
complicidad de su cuñado, el
alcalde, para construirlo,
así es que la coreografía de
la corrupción evocaba la
lírica de un partido de
pádel amañado en una pista
que nunca llegó a
inaugurarse.
Y EL ESCÁNDALO CONTINÚA
La imputación del exalcalde
de Torrejón, Gonzalo Cubas,
no ha detenido el rastro del
escándalo, sobre todo porque
la Guardia Civil y el juez
Velasco investigan ahora la
implicación de su sucesor en
el cargo, Esteban Bravo. Y
no por fechorías actuales,
sino por las que pudo haber
cometido cuando era concejal
y concedió un trato de favor
a la empresa de servicios
Cofely.
Tal como informaba la cadena
SER, la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil dispone de
documentación suficiente
para demostrar que el súper
contrato de Cofely en
infraestructura eléctrica,
cercano a los 5 millones de
euros, pudo haberse
adjudicado de manera
fraudulenta.
La empresa francesa, según
las investigaciones,
estableció las condiciones,
y no al revés, insistiendo
en un modelo repetido en
muchos otros municipios del
PP. La guardia civil
investiga a Bravo por
delitos de fraude,
infidelidad en la custodia
de documentos, prevaricación
y malversación de caudales
públicos.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/25/actualidad/1456421357_633043.html
LA UCO ACELERÓ LA
INVESTIGACIÓN SOBRE LA
GESTIÓN DE 'BARTOLO' EN
ALCALÁ DE HENARES HACE MENOS
DE SEIS MESES
A comienzos de septiembre
del año pasado, la Guardia
Civil interrogó a varios
empleados de Waiter Music,
la empresa dedicada a
organizar espectáculos que
acaparó concursos en los
ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid
gobernados por el PP. Los
agentes les preguntaron por
las adjudicaciones de los
contratos de festejos y
conciertos en este
municipio, y por la gestión
de la plaza de toros del
mismo.
La investigación sobre las
relaciones de empresas de la
trama Púnica con el
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares durante la etapa del
'popular' Bartolomé
González, 'Bartolo', como
alcalde no es, ni mucho
menos, reciente. La Guardia
Civil, que ha pedido
recientemente documentación
al consistorio y ha
interrogado como testigos a
cuatro de sus técnicos y a
dos cargos públicos, empezó
a preguntar insistentemente
sobre ellos hace ahora casi
seis meses. Fue, en
concreto, el pasado 9 de
septiembre. Según revela la
parte del sumario sobre la
que se ha levantado
recientemente el secreto,
ese día los agentes de la
Unidad Central Operativa
(UCO) citaron en el cuartel
de Valdemoro con varias
horas de diferencia a cuatro
empleados de Waiter Music,
la empresa especializada en
la organización de
espectáculos que aparece
presuntamente implicada en
el amaño de concursos
públicos, para preguntarles,
entre otras cosas, por los
vínculos económicos de la
misma con el Ayuntamiento
que hasta julio de 2012
presidió el hoy diputado de
la Asamblea de Madrid y, por
tanto, aforado.
El pasado 9 de septiembre,
la Guardia Civil tomó
declaración como testigos a
cuatro empleados de Waiter
Music. A todos ellos les
preguntó por los contratos
con el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares
El primer trabajador en
comparecer fue María
Consolación G.D., quien fue
citada a declarar a las 9:30
de aquel día. Tras las
preguntas de rigor sobre su
ocupación, estudios y si
trabajaba o lo había hecho
para Waiter Music, así como
las funciones que tenía en
esta sociedad, los guardias
civiles le interrogaron por
"el funcionamiento interno
de su empresa en relación
con la licitación de los
distintos contratos públicos
relacionados con fiestas
municipales y otros eventos"
en diversos municipios de la
Comunidad de Madrid. En el
acta de aquel interrogatorio
figura expresamente que se
la preguntó por Alcalá de
Henares, además de Valdemoro
(considerado el epicentro de
la trama de corrupción),
Ciempozuelos y
Arroyomolinos. La mujer
explicó que "en algunas
ocasiones" José Luis Huerta,
propietario de la empresa e
imputado en la causa, "traía
los pliegos del concurso del
municipio que fuera", pero
que en otras ocasiones era
una invitación recibida por
correo electrónico o
consultaban el Boletín
Oficial de la Comunidad
Autónoma de Madrid (BOCAM).
Organizar una paella
Tras varias preguntas más
sobre cómo funcionaba Waiter
Music y varios 'emails'
relacionados con la
organización de festejos en
el municipio de Alcorcón y
sobre las fiestas de
cumpleaños 'regaladas' a
Francisco Granados y otros
implicados en la trama, los
agentes pidieron a la
testigo que explicase "el
papel de Waiter Music SL en
la gestión de la plaza de
toros de Alcalá de Henares y
su relación con la UTE
Taurina Alcalaína". María
Consolación G.D. admitió
entonces que otra empresa
del grupo, Water Music
Records "explotaba dicho
recinto". Idénticas
preguntas hicieron horas
después a los otros tres
empleados citados, José
Javier S.G., Miguel Ángel
S.P. y Maximiano P.T. El
primero, que aseguró que
realizaba labores de
contabilidad en la empresa
bajo sospecha, añadió que la
mercantil que gestionaba los
conciertos en el coso
taurino de la localidad se
había creado sólo para ello.
El segundo no aportó
novedades a lo manifestado
por sus compañeros.
Uno de los trabajadores
aseguró que el dueño de
Waiter Music a veces
aseguraba que se iba a hacer
con algunos concursos
públicos en ayuntamientos
del PP antes de que se
publicaran los pliegos del
mismo
Más información añadió el
último de los empleados,
Maximiano P.T., quien
aseguró que algunos
ayuntamientos, entre los que
citó los de Valdemoro,
Chinchón y Alcalá de
Henares, llamaban a veces a
Waiter Music "solicitando la
organización y producción de
algún evento y que eran
siempre eventos pequeños,
como por ejemplo una carpa,
la organización de una
paella, una charanga". Este
trabajador reconoció que el
dueño de la empresa, José
Luis Huerta, a veces
aseguraba que se iba a hacer
con algunos concursos
públicos en municipios
gobernados por el PP antes
de que se publicaran los
pliegos del mismo. También
que se quejaba de que
Francisco Granados no le
había pagado alguna de las
fiestas que había organizado
para él. Sobre la gestión de
la plaza de toros de Alcalá
aseguró que Waiter Music lo
utilizó como "recinto
habitual" en el que la
empresa de Púnica había
"organizado multitud de
conciertos".
Las conclusiones de la
comisión de investigación
El interés de los agentes de
la UCO por los concursos del
consistorio alcalaíno que
consiguió Waiter Music se ha
prolongado hasta ahora.
Aunque en los
interrogatorios a los que
sometieron como testigos el
pasado lunes al actual
alcalde de la localidad, el
socialista Javier Rodríguez
Palacios; a un edil de su
grupo municipal y a cuatro
técnicos del Ayuntamiento
las preguntas se centraron
en la adjudicación de un
contrato de eficiencia
energética de 14 millones de
euros adjudicado a la
multinacional Cofely-GDF
Suez, los dos cargos
públicos entregaron a los
guardias civiles abundante
documentación relacionada
con la celebración de
conciertos y otros festejos
organizados por la compañía
bajo sospecha. Entre ella se
encontraban las conclusiones
de la comisión de
investigación que creó el
propio Consistorio, y que
fueron hechas públicas en
marzo de 2015, así como
numerosas actas de las
mismas. Dicho informe final
ya había sido remitido
entonces por el propio
Ayuntamiento a la Fiscalía
Anticorrupción para que se
incorporara al sumario del
'caso Púnica', pero el
regidor volvió a
entregárselo a los
integrantes de la UCO que
acudieron este lunes al
municipio, según ha
confirmado a Vozpópuli el
propio Rodríguez Palacios.
El actual alcalde de Alcalá
de Henares entregó el lunes
a la Guardia Civil abundante
documentación de la comisión
de investigación que analizó
las adjudicaciones a Waiter
Music y Cofely
Sobre los contratos con
Waiter Music, este documento
elaborado por la comisión de
investigación municipal
destacaba, precisamente, la
cesión a esta empresa de la
gestión de la plaza de toros
"para la realización de
eventos y espectáculos no
taurinos" desde septiembre
de 2011, cuando 'Bartolo'
aún era el regidor del
municipio. También de esa
primera etapa, los
concejales analizaron la
autorización para celebrar
un fiesta de la cerveza en
los alrededores de la plaza
y el concierto benéfico que
dio el grupo 'Hombres G' en
beneficio de la Fundación
Arco Iris y en el que el
Ayuntamiento invirtió casi
22.000 euros para una
recaudación de sólo 4.044
euros. En todos ellos
participó Waiter Music en la
organización.
El listado de conciertos y
eventos que el informe final
de la comisión de
investigación cita es largo.
Se habla desde el que dio
Miguel Bosé en 2009, y que
fue el primero en el que
aparece la empresa de la
trama Púnica como gestora
del mismo, hasta otros de
Bertín Osborne, Raphael,
Pablo Alborán, Maldita Nerea
o el Puchero del Hortelano.
También se estudiaron los
contratos con Waiter Music
para las Fiestas del Mayor
de 2012, 2013 y 2014, y para
la cabalgata de Reyes de
2013, así como la
realización de "la actividad
'un verano bajo las
estrellas". En el documento,
de veinte folios de
extensión que se ha
entregado ahora a la Guardia
Civil, se destacan diversas
irregularidades en los
procedimientos seguidos para
las adjudicaciones, entre
ellos el supuesto
incumplimiento por parte de
la empresa de la trama de
los requisitos exigidos en
algunos de los pliegos
técnicos o que ésta
subcontratase parte de la
ejecución del contrato sin
comunicarlo al consistorio.
http://vozpopuli.com/actualidad/76598-caso-punica-la-uco-acelero-la-investigacion-sobre-la-gestion-de-bartolo-en-alcala-de-henares-hace-menos-de-seis-meses
NUEVO REVÉS A AGUIRRE EN
PÚNICA: LA UCO INVESTIGA
AHORA A 'BARTOLO' GONZÁLEZ,
SU MANO DERECHA
Una semana después de que la
Guardia Civil acudiera a la
sede del PP en la calle
Génova dentro del 'caso
Púnica' y tan sólo tres días
más tarde de que Esperanza
Aguirre dimitiera por ello,
la Unidad Central Operativa
(UCO) ha vuelto a poner en
apuros a la ya ex 'lideresa'
del PP. Agentes del
Instituto armado 'visitaron'
el pasado jueves el
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares (200.000 habitantes)
para hacerse con el
expediente de la
adjudicación de un
millonario contrato a la
empresa de eficiencia
energética Cofely-GDF Suez,
una de las mercantiles
claves de la trama de
corrupción. El caso salpica
directamente a Bartolomé
González, 'Bartolo', regidor
del municipio hasta julio de
2012, actual diputado en la
Asamblea de Madrid (y, por
tanto, aforado) y una de las
personas más cercanas a
dimisionaria dirigente
'popular'.
Los agentes acudieron al
Ayuntamiento de Alcalá el
pasado 18 de febrero.
Buscaban el expediente por
el que se adjudicó a Cofely
un contrato de 14 millones
Los agentes de la UCO
acudieron a la sede del
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares el jueves 18 de
febrero, según confirmaron a
Vozpópuli fuentes cercanas a
la investigación y del
propio Consistorio.
Buscaban, en concreto, el
expediente del contrato que
el municipio adjudicó a
Cofely-GDF Suez por 14
millones de euros y que,
según concluyó en marzo de
2015 una comisión de
investigación municipal,
acumuló numerosas
irregularidades en su
tramitación. Una sospecha
que ya fue refrendada por
las declaraciones que hizo
ante el juez Eloy Velasco el
constructor David Marjaliza.
Éste, en su confesión del
pasado verano que aún
permanece secreta, aseguró
que Bartolomé González había
recibido supuestamente
60.000 euros de 'mordida'
cuando era alcalde de este
municipio por favorecer la
contratación de Cofely.
Según detalló entonces el
constructor al magistrado,
la elevada cantidad de
dinero le fue supuestamente
entregada al político por
Ana María Ramírez,
secretaria y mano derecha
del propio empresario,
también imputada en la
causa. Esta mujer también ha
comparecido recientemente en
la Audiencia Nacional y ha
ratificado las palabras de
su jefe. De hecho, confirmó
que las anotaciones
encontradas en un documento
hallado en uno de los
registros recogían,
precisamente, los nombres de
varios consistorios en los
que se habían pagado
sobornos y, uno de ellos,
era precisamente el de
Alcalá de Henares.
El hombre de las listas
electorales
De este modo, la nueva línea
de investigación abierta
vuelve a golpear al entorno
más próximo de Esperanza
Aguirre. En el propio
partido se considera a
Bartolomé González como el
'número 2' de facto de la
'lideresa' hasta la reciente
dimisión de ésta. De hecho,
'Bartolo' era el encargado
de controlar los municipios
de la Comunidad de Madrid
donde surgían problemas.
Todo ello con el aval de la
propia dirigente 'popular'.
En las últimas elecciones
municipales, él fue una de
las cinco personas que
oficiaron como
"examinadores" de los
aspirantes a encabezar las
listas del PP en un acto que
se presentó como ejemplo de
'regeneración' para evitar
la presencia de corruptos.
En aquellos comicios fue
también la persona designada
para modificar las listas
electorales de diversos
municipios. Entonces se
hicieron públicas varias
grabaciones en las que
supuestamente se le
escuchaba imponiendo
candidatos en Mejorada del
Campo y en Leganés.
La gestión del actualmente
aforado 'Bartolo' González
al frente del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares también
es investigada en el sumario
de Gürtel y en el 'caso
flauta'
El momento de mayor
influencia política fue en
2007, cuando fue nombrado
presidente de la Federación
Madrileña de Municipios. Era
el momento en el que el PP,
con Francisco Granados como
secretario general, llegó a
acumular más poder municipal
en la región. También es
conocida la buena relación
de amistad que le unía con
la persona que,
precisamente, le ha delatado
ahora, el constructor David
Marjaliza, con el que había
coincidido en la etapa en la
que ambos militaron en
Nuevas Generaciones. De 47
años de edad los dos, 'Bartolo'
presidía las juventudes del
PP en la Comunidad de
Madrid, mientras el socio de
Granados lo hacía en la
localidad de Valdemoro,
convertida años después en
el epicentro de la trama
Púnica.
No obstante, el caso Púnica
no es el único que ha
salpicado en los últimos
años a Alcalá de Henares y a
su exalcalde. Así, en
Gürtel, la investigación
sobre las actividades de la
trama de Francisco Correa en
este municipio madrileño ha
sido incluida en la pieza de
la segunda época, que aún no
está concluida. También
aparece la localidad y su
antiguo regidor en el
llamado 'caso Flauta'
(bautizado así en clara
referencia al propio 'Bartolo')
abierta en el verano de 2015
para investigar supuestas
irregularidades en varias
adjudicaciones de la
concejalía de festejos,
entre ellos el de la compra
de caramelos para las
cabalgatas de los Reyes
Magos al triple del precio
de mercado a una empresa
supuestamente vinculada al
propio Bartolomé González.
El Juzgado de Instrucción
número 6 de Alcalá de
Henares, que es quien dirige
el sumario, ha extendido las
pesquisas a otros municipios
que supuestamente compraron
los caros dulces gracias a
la influencia que tenía 'Bartolo
por su condición de
presidente de la Federación
Madrileña de Municipios.
http://vozpopuli.com/actualidad/76421-nuevo-reves-a-aguirre-en-punica-la-uco-investiga-ahora-a-bartolo-gonzalez-su-mano-derecha
UN DIPUTADO DE CIFUENTES,
IMPLICADO EN EL MAYOR
PELOTAZO DE LA PÚNICA
Daniel Ortiz, exalcalde de
Móstoles, intermedió para
adjudicar un contrato de 75
millones a Cofely
Daniel Ortiz, diputado del
PP en la Asamblea de Madrid
y exalcalde de Móstoles,
intermedió para que Cofely,
la principal empresa de la
trama Púnica, ganara un
macrocontrato de alumbrado
en esta localidad de 200.000
habitantes al sur de Madrid.
Así lo cree la Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil, que en un
informe incorporado al
sumario del caso Púnica
recopila pruebas de cómo usó
su cargo para influir en la
adjudicación del contrato
público de mayor cuantía de
entre los que dieron a la
red los municipios
investigados en la causa.
El informe que la OCU
entregó al juez Eloy
Velasco, de más de 300
páginas y con fecha de
septiembre de 2015, relata
cómo "el concierto
delictivo" pretendía influir
en el concurso para que
fuera Cofely la
adjudicataria,
"independientemente de cuál
fuese la oferta
económicamente más
ventajosa", a cambio del
pago de "notorias comisiones
a cargos públicos vinculados
al Consistorio de Móstoles".
Según las investigaciones de
la Guardia Civil, el
entonces alcalde y un
concejal habían "adquirido
un compromiso previo con
Cofely incluso antes de la
publicación del contrato".
El concejal en cuestión era
Alejandro Utrilla, edil
adjunto de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Móstoles,
que —según la UCO— pudo
cometer delitos de fraude,
revelación de secretos y
cohecho. El exalcalde, que
es aforado por su actual
condición de diputado en la
Cámara madrileña, sería
autor de delitos de cohecho
y fraude, según los
investigadores. La empresa
se había comprometido a
pagar una mordida de 240.000
euros a cambio de las
facilidades para obtener el
contrato.
El concurso para adjudicar
el alumbrado público de
Móstoles no siguió los
patrones habituales de la
trama en otros municipios.
En lugar de crear los
pliegos de la licitación
específicamente para
facilitar que ganara Cofely,
en este caso "se pusieron
trabas a los competidores,
de forma que finalmente se
desechase la oferta del
licitador mejor posicionado
y se orientase el concurso a
la empresa que querían que
lo ganase", asegura el
informe.
Con un precio de licitación
de 75 millones de euros, el
contrato mostoleño era
especialmente jugoso para la
trama. Los responsables de
Cofely llegaron a elaborar
un informe anónimo para
ayudar al Ayuntamiento a
desestimar la oferta de otra
de las empresas
competidoras, Fulton. Para
confeccionarlo accedieron al
expediente de contratación
valiéndose de "contactos
personales con los cargos
públicos", asegura la UCO,
que detectó correos
electrónicos y
conversaciones entre los
implicados en las que
aludían a ese informe
anónimo.
"Nos están escuchando"
La minuciosa investigación
de la UCO incluye escuchas
telefónicas, correos
electrónicos e infinidad de
pruebas documentales. En una
de las conversaciones
intervenidas los
investigadores escuchan a
los implicados bromear sobre
la posibilidad de que les
estén oyendo.
Constantino: No sigas por
ahí. No sigas por ahí... que
no sigas por ahí.
Pedro: ¿Por?
Constantino: Pues porque nos
están escuchando.
Se trata de Pedro García
Pérez y de Constantino
Álvarez, los trabajadores de
Cofely que presuntamente
urdieron el amaño. Los
investigadores escucharon al
primero decir por teléfono
una frase que resultó muy
reveladora: "Nadie puede
negar que nos han echado una
mano en que resultáramos
adjudicatarios del
contrato". Justo antes
hablaba con Álvarez de
"resolver lo de los 240.000
euros". Y justo después es
cuando este último le pide a
García que no siga por ahí
porque les pueden estar
escuchando.
El ahora diputado Ortiz no
es el único político que
tiene relación con el
contrato de Móstoles con
Cofely. Mario Utrilla,
exalcalde del PP de Sevilla
la Nueva, municipio muy
cercano a Móstoles, colaboró
con su hermano Alejandro
Utrilla en el amaño del
millonario concurso de
alumbrado, según el informe
de la UCO. Utrilla también
fue diputado de la Asamblea
de Madrid en la pasada
legislatura. El juez Velasco
llamó a declarar a Utrilla
como imputado en junio
pasado, junto con los
entonces consejeros de la
Comunidad de Madrid Salvador
Victoria y Lucía Figar.
Daniel Ortiz ha rehusado
comentar el contenido del
informe incluido en el
sumario de la trama Púnica,
del que el jueves se
conocieron varios tomos
hasta ahora secretos y que
adelantó EL PAÍS. Una
portavoz del Grupo Popular
en la Asamblea de Madrid ha
remitido una nota de prensa
en la que asegura: "Como ya
declaré ante la ciudadanía
cuando era alcalde y ahora
como portavoz en la
oposición, mantengo mi
actitud de más absoluta
indignación con los casos de
corrupción y en el caso de
la Operación Púnica son
falsas todas las acusaciones
que hoy he recibido hacia mi
persona".
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/19/actualidad/1455899373_511469.html
LA UCO INVESTIGA A A
'BARTOLO' GONZÁLEZ, EX
ALCALDE ALCALA DE HENARES
Una semana después de que la
Guardia Civil acudiera a la
sede del PP en la calle
Génova dentro del 'caso
Púnica' y tan sólo tres días
más tarde de que Esperanza
Aguirre dimitiera por ello,
la Unidad Central Operativa
(UCO) ha vuelto a poner en
apuros a la ya ex 'lideresa'
del PP. Agentes del
Instituto armado 'visitaron'
el pasado jueves el
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares (200.000 habitantes)
para hacerse con el
expediente de la
adjudicación de un
millonario contrato a la
empresa de eficiencia
energética Cofely-GDF Suez,
una de las mercantiles
claves de la trama de
corrupción. El caso salpica
directamente a Bartolomé
González, 'Bartolo', regidor
del municipio hasta julio de
2012, actual diputado en la
Asamblea de Madrid (y, por
tanto, aforado) y una de las
personas más cercanas a
dimisionaria dirigente
'popular'.
Los agentes acudieron al
Ayuntamiento de Alcalá el
pasado 18 de febrero.
Buscaban el expediente por
el que se adjudicó a Cofely
un contrato de 14 millones
Los agentes de la UCO
acudieron a la sede del
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares el jueves 18 de
febrero, según confirmaron a
Vozpópuli fuentes cercanas a
la investigación y del
propio Consistorio.
Buscaban, en concreto, el
expediente del contrato que
el municipio adjudicó a
Cofely-GDF Suez por 14
millones de euros y que,
según concluyó en marzo de
2015 una comisión de
investigación municipal,
acumuló numerosas
irregularidades en su
tramitación. Una sospecha
que ya fue refrendada por
las declaraciones que hizo
ante el juez Eloy Velasco el
constructor David Marjaliza.
Éste, en su confesión del
pasado verano que aún
permanece secreta, aseguró
que Bartolomé González había
recibido supuestamente
60.000 euros de 'mordida'
cuando era alcalde de este
municipio por favorecer la
contratación de Cofely.
Según detalló entonces el
constructor al magistrado,
la elevada cantidad de
dinero le fue supuestamente
entregada al político por
Ana María Ramírez,
secretaria y mano derecha
del propio empresario,
también imputada en la
causa. Esta mujer también ha
comparecido recientemente en
la Audiencia Nacional y ha
ratificado las palabras de
su jefe. De hecho, confirmó
que las anotaciones
encontradas en un documento
hallado en uno de los
registros recogían,
precisamente, los nombres de
varios consistorios en los
que se habían pagado
sobornos y, uno de ellos,
era precisamente el de
Alcalá de Henares.
El hombre de las listas
electorales
De este modo, la nueva línea
de investigación abierta
vuelve a golpear al entorno
más próximo de Esperanza
Aguirre. En el propio
partido se considera a
Bartolomé González como el
'número 2' de facto de la
'lideresa' hasta la reciente
dimisión de ésta. De hecho,
'Bartolo' era el encargado
de controlar los municipios
de la Comunidad de Madrid
donde surgían problemas.
Todo ello con el aval de la
propia dirigente 'popular'.
En las últimas elecciones
municipales, él fue una de
las cinco personas que
oficiaron como
"examinadores" de los
aspirantes a encabezar las
listas del PP en un acto que
se presentó como ejemplo de
'regeneración' para evitar
la presencia de corruptos.
En aquellos comicios fue
también la persona designada
para modificar las listas
electorales de diversos
municipios. Entonces se
hicieron públicas varias
grabaciones en las que
supuestamente se le
escuchaba imponiendo
candidatos en Mejorada del
Campo y en Leganés.
La gestión del actualmente
aforado 'Bartolo' González
al frente del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares también
es investigada en el sumario
de Gürtel y en el 'caso
flauta'
El momento de mayor
influencia política fue en
2007, cuando fue nombrado
presidente de la Federación
Madrileña de Municipios. Era
el momento en el que el PP,
con Francisco Granados como
secretario general, llegó a
acumular más poder municipal
en la región. También es
conocida la buena relación
de amistad que le unía con
la persona que,
precisamente, le ha delatado
ahora, el constructor David
Marjaliza, con el que había
coincidido en la etapa en la
que ambos militaron en
Nuevas Generaciones. De 47
años de edad los dos, 'Bartolo'
presidía las juventudes del
PP en la Comunidad de
Madrid, mientras el socio de
Granados lo hacía en la
localidad de Valdemoro,
convertida años después en
el epicentro de la trama
Púnica.
No obstante, el caso Púnica
no es el único que ha
salpicado en los últimos
años a Alcalá de Henares y a
su exalcalde. Así, en
Gürtel, la investigación
sobre las actividades de la
trama de Francisco Correa en
este municipio madrileño ha
sido incluida en la pieza de
la segunda época, que aún no
está concluida. También
aparece la localidad y su
antiguo regidor en el
llamado 'caso Flauta'
(bautizado así en clara
referencia al propio 'Bartolo')
abierta en el verano de 2015
para investigar supuestas
irregularidades en varias
adjudicaciones de la
concejalía de festejos,
entre ellos el de la compra
de caramelos para las
cabalgatas de los Reyes
Magos al triple del precio
de mercado a una empresa
supuestamente vinculada al
propio Bartolomé González.
El Juzgado de Instrucción
número 6 de Alcalá de
Henares, que es quien dirige
el sumario, ha extendido las
pesquisas a otros municipios
que supuestamente compraron
los caros dulces gracias a
la influencia que tenía 'Bartolo
por su condición de
presidente de la Federación
Madrileña de Municipios.
http://vozpopuli.com/actualidad/76421-nuevo-reves-a-aguirre-en-punica-la-uco-investiga-ahora-a-bartolo-gonzalez-su-mano-derecha
LA AUDIENCIA DENIEGA LA
LIBERTAD A GRANADOS POR SU
"RED DE INFLUENCIAS"
Cree que tiene dinero oculto
y pide al juez que termine
"a la mayor brevedad" la
investigación.
La Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional deniega
la libertad a Francisco
Granados al considerar que
existe riesgo de que se
fugue o destruya pruebas.
Eso sí, insta al juez que
instruye la denominada
Operación Púnica a que
"culmine" su investigación
"a la mayor brevedad".
La Sección Cuarta concluye
en un auto al que ha tenido
acceso EL ESPAÑOL que el ex
secretario general del PP de
Madrid, acusado de cobro de
comisiones a cambio de
favores públicos, no puede
abandonar la prisión debido
a la "red de influencias y
favores" que ha demostrado
controlar así como por
disponer de fondos que
todavía no han sido
localizados por la Justicia.
Sostiene la Audiencia
Nacional que el "riesgo de
fuga" de quién fuera mano
derecha de Esperanza Aguirre
en la Comunidad de Madrid
"se ve incrementado tras la
aparición de un maletín con
un millón de euros en su
interior en el altillo del
armario del dormitorio de
sus suegros en la vivienda
en la que estos residen en
Valdemoro". "Constituyendo
tal hallazgo", añade la
Sala, "una evidencia
poderosa de poseer activos
patrimoniales que se ocultan
al juzgado".
OTROS "PRECEDENTES"
Pero es que, además, la
Audiencia Nacional considera
que dejar en libertad al ex
dirigente del PP en este
momento "podría poner en
peligro el éxito de la
investigación". Alude en
esta línea a "ciertos
precedentes relativos al uso
por Granados de una red de
influencias y favores" que
le habría llevado a "obtener
revelación de informaciones
secretas de la Guardia
Civil, así como la
colaboración de funcionarios
del Ayuntamiento y la
Policía Local, para la
destrucción de expedientes".
La defensa de Granados ha
esgrimido que "tras un
estudio pormenorizado de la
causa se extrae la
conclusión de que no se le
atribuyen hechos delictivos
concretos y sí genéricas
imputaciones veladas, vagas
e inconcretas referidas a
los cargos que ocupó en la
Comunidad de Madrid".
SEGUNDO REVÉS DE LA
AUDIENCIA
Asimismo, los letrados del
principal imputado en la
Operación Púnica arguyen que
su cliente "tiene arraigo,
pues vive con su esposa y
sus hijos en la localidad de
Valdemoro, tenía un trabajo
conocido que desempeñó hasta
ser detenido y es un
personaje público, por lo
que difícilmente podría
sustraerse a la acción de la
Justicia".
Esta es la segunda vez que
se le deniega la libertad a
Granados, que ingresó en
prisión preventiva en
octubre de 2014. El Juzgado
de Instrucción número 6 de
la Audiencia Nacional
rechazó su petición el
pasado 28 de diciembre
utilizando argumentos
similares.
http://www.elespanol.com/espana/20160219/103489927_0.html
UN TESTIGO RECONOCE QUE EL
PP PAGÓ POR MEJORAR LA
IMAGEN DE UN ALCALDE
El testigo afirma que él
mismo se negó a sostener con
fondos públicos este tipo de
contratos para mejorar la
imagen de los políticos
Un testigo del Caso Púnica
señala directamente al PP
como pagador del conseguidor
Alejandro de Pedro. Hasta
ahora los informes
policiales de la Guardia
Civil hablaban de que Génova
había recomendado a De Pedro
a diferentes ayuntamientos
madrileños para mejorar la
imagen de sus alcaldes pero
nunca se había revelado que
fuese el PP el "pagador" de
estos trabajos.
La declaración ante la
Unidad Central Operativa de
la Guardia Civil, la UCO, es
del que fue su jefe de
gabinete. En su declaración
como testigo, Casado asegura
ante la Guardia Civil que
Alejandro de Pedro fue
recomendado, contratado y
pagado por Génova para
mejorar la imagen de su
alcalde, Agustín Juárez y
ayudarles a ganar las
elecciones.
Según este testigo, los
trabajos para mejorar en
concreto la imagen de Juárez
se extendieron hasta junio
del 2011. Después el propio
De Pedro era quien proponía
ampliar estos trabajos de
mejora de imagen del alcalde
al ayuntamiento de Collado
Villalba.
Según el testigo que fue
jefe de gabinete del
exalcalde Juárez, los
trabajos continuaron hasta
finales del 2012, aunque en
una última fase fue el
propio Alejandro de Pedro
quien pidió el dinero de su
facturación al propio
ayuntamiento que no aceptó
la petición del conseguidor
de la Púnica. Según su
relato, estos últimos
trabajos fueron pagados bien
por el alcalde o por el PP
porque él se negó a sostener
con fondos públicos este
tipo de contratos de mejora
de imagen.
De acuerdo a este
testimonio, el exalcalde
Agustín Juárez -que fue
detenido por la Guardia
Civil- estuvo en todo
momento al corriente de los
problemas de facturación que
tuvo con el conseguidor De
Pedro.
http://cadenaser.com/ser/2016/02/18/tribunales/1455813050_078804.html
EL CANAL DE ISABEL II PAGÓ
POR “TRABAJOS FICTICIOS” A
LA TRAMA PÚNICA
El Gobierno del expresidente
de la Comunidad de Madrid
Ignacio González, PP, se
sirvió supuestamente del
dinero de dos empresas
públicas -el Canal de Isabel
II y la Agencia Informática
ICM- para pagar campañas de
mejora on line de imagen del
propio González, de su mano
derecha y consejero de
Justicia y Presidencia
Salvador Victoria y de su
exconsejera de Educación
Lucía Figar. Así consta en
la parte del sumario de la
trama Púnica cuyo secreto
levantó el juez Eloy Velasco
la pasada semana y al que ha
tenido acceso EL PAÍS.
Adrián de Pedro Llorca,
hermano del "conseguidor" de
la trama Alejandro de Pedro,
responsable de una red de
periódicos en Internet para
lavar la imagen de políticos
del PP, entre ellos del
expresidente Ignacio
González, asegura que parte
de los trabajos de mejora de
la reputación de González,
fueron abonados por el Canal
del Isabel II, dependiente
del Gobierno regional. El
juez está investigando el
Canal de Isabel II y
sospecha que, aparte de
estos trabajos de
reputación, este organismo
público manipuló e infló
contratas con la finalidad
de liberar dinero para la
caja b del PP de Madrid,
que, según fuentes del PP,
el cabecilla de la Púnica
Francisco Granados dejó
vacía tras abandonar la
secretaria general del
partido.
Adrián de Pedro, en su
declaración como testigo
ante el juez Eloy Velasco,
instructor de la trama
Púnica, señaló que trabajaba
como coordinador de las
empresas de su hermano
Alejandro, Eco y Madiva. Y
reveló que “la facturación
ficticia” que se estaba
pagando a Eico y Madiva por
esos trabajos "procedía del
Canal de Isabel II”.
En este momento el juez
Velasco está centrando su
atención en el Canal de
Isabel II ante los indicios
de que desde la Comunidad de
Madrid se utilizaron las
arcas de este organismo
público tanto para financiar
al PP regional como para que
De Pedro cobrase dinero
público por poner su
infraestructura de
comunicación al servicio de
la imagen de González. Otra
testigo de la trama,
Guadalupe Caballero,
empleada de las empresas de
De Pedro, en la declaración
que prestó ante el juez el
día 5 de febrero de 2015,
abunda también en que fue el
Canal de Isabel II el que
financió los trabajos de
lavado de imagen en Internet
de altos cargos de la
Comunidad. Señaló al juez
que, en un momento dado, De
Pedro le dijo que anotase en
la contabilidad una deuda de
la Comunidad de Madrid con
ellos de “de 140.000 euros”
y que le comentó que la
misma la iba a ser abonada
por el “el Canal de Isabel
II”.
El Gobierno de González no
solo utilizó supuestamente
al Canal para pagar a De
Pedro. El sumario tiene
acreditados pagos a las
empresas de este experto
informático por parte de la
firma ICM, que dependía del
exconsejero Victoria. La
Guardia Civil halló a De
Pedro, en el registro que se
hizo en su domicilio, tres
sobres con un total de
82.000 euros, dentro de dos
chaquetas, en billetes de 50
euros. Este reconoció que
parte de ese dinero procedía
de un pago que le hizo un
directivo de Indra por sus
trabajos para favorecer en
Internet la reputación de
políticos de la Comunidad.
José Martínez Nicolás,
entonces máximo responsable
de ICM, también confirmó al
juez que De Pedro recibió
dinero de Indra a instancia
de Victoria. La Comunidad de
Madrid daba trabajos a Indra
todos los años por valor de
unos 16 millones. El juez
sospecha que se inflaron
contratos con Indra para
pagar a De Pedro. Martínez
Nicolás dijo que detrás de
los pagos de Indra a De
Pedro estaba el exconsejero
Salvador Victoria. Martínez
Nicolás señaló al juez:
"Santiago [Roura, alto
directivo de Indra] se ha
puesto en contacto conmigo y
me ha transmitido que la
petición solicitada por el
dicente, a instancias de mi
jefe Salvador Victoria,
había sido aceptada. Y que
cree que se ha procedido al
pago". Martínez Nicolás se
refiere a que Victoria le
utilizó como “mensajero”
para que solicitara a Indra
efectuar pagos a De Pedro.
En el sumario hay constancia
de un pago de 10.000 euros
que le hizo en un coche
Roura a De Pedro por los
trabajos de mejora de la
reputación.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/18/actualidad/1455794597_732477.html
EL JUEZ CASTRO ABRE UNA
PIEZA SECRETA SOBRE LAS
OBRAS DE LA SEDE DE GÉNOVA,
13
Solicita a la Audiencia
Nacional la agenda de
Granados y al PP las
facturas de su reforma en la
primera planta del edificio.
El juez José Castro ha
abierto una pieza separada
para investigar los pagos de
la constructora OHL al
Partido Popular de Madrid.
En un auto emitido el pasado
día 16, el magistrado balear
solicita a la Audiencia
Nacional la información
existente en la trama Púnica
sobre la agenda de Francisco
Granados. Además, el titular
del Juzgado de Instrucción
número 3 de Palma de
Mallorca libra un oficio a
la Presidencia del Partido
Popular para que "informe
sobre las obras de reforma
que haya realizado en la
plata primera" de la sede
central del partido.
La petición del juez Castro
llega después de que este
diario revelara los vínculos
entre el empresario Javier
López Madrid y la reforma de
las instalaciones que el PP
de Madrid ocupa en la
primera planta del edificio
de la calle Génova. La
contabilidad manuscrita de
Francisco Granados,
localizada en el registro de
su domicilio, fue
interpretada después por el
empresario David Marjaliza,
considerado el principal
testaferro del ex
vicepresidente de la
Comunidad de Madrid. Ante el
juez Eloy Velasco, Marjaliza
mantuvo que las iniciales "JLM"
correspondían al yerno de
Villar Mir, y las cantidades
anotadas en relación a estas
siglas, corresponderían a
donaciones en dinero B
aportadas a Granados por el
consejero de OHL.
El magistrado enmarca sus
pesquisas en la
investigación sobre el
hospital de Son Espases,
otorgado a la constructora
de Villar Mir por más de 700
millones de euros. Tanto
Castro como la Fiscalía
Anticorrupción trabajan con
la tesis de que responsables
del grupo OHL pagaron
comisiones a miembros del PP
a cambio de la concesión del
contrato público.
http://www.elespanol.com/espana/20160218/103239741_0.html
EL JUEZ CASTRO EXIGE A RAJOY
INFORMES SOBRE LAS OBRAS DE
LA SEDE DEL PP
El magistrado balear pide a
la Audiencia Nacional copia
de la agenda de Francisco
Granados sobre la reforma de
la sede del partido
El juez de Palma de Mallorca
José Castro reclamó este
jueves a “la Presidencia del
Partido Popular” —que ejerce
Mariano Rajoy— un informe
sobre las obras de reforma
de la primera planta de la
sede nacional del partido,
en la calle Génova 13 de
Madrid. El magistrado
sospecha que la empresa OHL
o alguna subcontrata de esta
sufragó con dinero b estos
trabajos como contrapartida
para obtener la adjudicación
de la obra del Hospital Son
Espases, de Palma de
Mallorca, la mayor obra
pública de Baleares, con un
presupuesto de 635 millones
de euros.
El magistrado reclama a la
Presidencia de la formación
conservadora “el proyecto
arquitectónico, presupuesto,
licencia de obras que se
obtuviera, empresa encargada
de la materialización y
facturas que obren en su
poder”. Las obras de la sede
nacional del PP,
supuestamente realizadas con
1,7 millones de euros en
dinero negro, fueron
encomendadas a la empresa
Unifica, del arquitecto
Gonzalo Urquijo.
En la planta 1 de Génova 13
tiene su sede el Partido
Popular de Madrid. El
magistrado balear, en una
resolución notificada hoy,
pide a la Audiencia Nacional
que le remita una copia de
la agenda personal de
Francisco Granados, ex
secretario general del PP
madrileño, en prisión desde
octubre de 2014 por el caso
Púnica. Castro solicita a su
colega Eloy Velasco,
instructor de la trama
corrupta en la Comunidad de
Madrid, que le remita
“cuanta documentación guarde
relación con las obras de
reforma que se hayan
realizado en la planta 1ª
del edificio sede del PP” en
la calle Génova de Madrid.
Castro le señala que en caso
de que estos documentos
tengan el carácter de
secreto en el caso Púnica,
él abriría una pieza
separada en el caso Son
Espases y decretaría también
el secreto sumarial.
El magistrado balear
investiga la adjudicación
del complejo hospitalario
Son Espases por 635 millones
de euros en 2006 por el
Gobierno balear de Jaume
Matas (PP) y sospecha que el
Partido Popular percibió
sobornos en especie por
obras ejecutadas en el
edificio de Madrid por la
empresa del arquitecto
Gonzalo Urquijo, imputado
por el caso de la caja b del
PP, pieza separada del caso
Gürtel de corrupción.
El proyecto de construcción
y explotación de Son Espases,
fue adjudicado finalmente a
la unión temporal de
empresas que lideraba la
firma Dragados, de la
corporación ACS que preside
Florentino Pérez, pese a que
en un primer momento los
técnicos habían puntuado
como mejor oferta la que
encabezaba OHL de Juan
Miguel Villar Mir.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/18/actualidad/1455799687_201851.html
GRANADOS CONTROLABA LA VENTA
DE SUELO EN LA COMUNIDAD DE
MADRID POR MORDIDAS
Son adjudicaciones públicas
por centenares de millones
de euros desde 2004 en venta
de suelo, adjudicación de
vivienda protegida y obra
civil, según la declaración
de Marjaliza. Los
investigadores sospechan que
parte de las comisiones
fueron a parar al Partido
Popular de Madrid
El sumario de la Púnica
revela que Francisco
Granados controló y exigió
mordidas para la
adjudicación de suelo
público y la concesión de
vivienda protegida y obra
civil en toda la Comunidad
de Madrid entre 2004 y 2011.
Son centenares de millones
de euros en adjudicaciones y
a cambio reclamaba a los
empresarios el pago de una
comisión, parte de la cual
engrosaba las arcas de la
caja B del Partido Popular
en Madrid, según las
sospechas de los
investigadores.
Anticorrupción revela el
control del mercado público
del suelo por parte de
Granados en un informe
contenido en el sumario de
la Púnica, a cuyo acceso ha
tenido acceso la SER.
Un informe de la Fiscalía
basado en la declaración del
arrepentido socio y colíder
del entramado, David
Marjaliza, cuyo
interrogatorio de más de 13
horas ante el juez,
permanece aún bajo secreto
de sumario.
La Fiscalía asevera que
Francisco Granados
“aprovechó sus continuados
cargos públicos en la
Comunidad de Madrid” para
“situarse al frente de la
sociedad pública Arpegio y
para gestionar los fondos
del Plan Regional de
Inversiones y Servicios
PRISMA”, permitiéndole con
ello “controlar ventas de
suelo de la Comunidad y la
adjudicación de vivienda
protegida y de obra civil,
solicitando el pago de un
peaje a los empresarios
interesados” en las
adjudicaciones para la
consecución de las mismas.
Granados controló desde 2004
la fundación Arpegio, que ha
dedicado centenares de
millones de euros desde su
inicio tanto a la creación
de suelo residencial y
vivienda protegida, como a
la promoción de polígonos
industriales.
Según la declaración de
Marjaliza recogida en el
informe fiscal, esas
adjudicaciones tenían lugar
a cambio de mordidas. Los
investigadores, que solo han
encontrado una mínima parte
del dinero supuestamente
malversado entre los
investigados, sospechan que
un porcentaje de esas
comisiones ilegales abonadas
por empresarios a cambio de
las adjudicaciones
concedidas por Granados,
iban a parar al Partido
Popular de Madrid.
http://cadenaser.com/ser/2016/02/18/tribunales/1455809210_218970.html
AGUIRRE DIMITE: "LA
CORRUPCIÓN NOS ESTÁ MATANDO
A TODOS"
Esperanza Aguirre ha
dimitido de su cargo como
presidenta del PP madrileño
tras destaparse los últimos
casos de corrupción que se
dieron cuando era presidenta
de la Comunidad de Madrid
La expresidenta de la
Comunidad de Madrid, y hasta
ahora presidenta de los
populares madrileños,
Esperanza Aguirre, ha
dimitido de su cargo. La
decisión la ha tomado
después de destaparse los
últimos casos de corrupción
relacionados con la supuesta
financiación ilegal del
partido, en el marco de la
Operación Púnica.
"No tengo ninguna
responsabilidad directa,
pero sí política", ha
afirmado Aguirre tras
abandonar su cargo. Aun así
ha reconocido, como ya
apuntó el pasado viernes en
la comisión de corrupción,
que no le "consta que haya
habido ninguna finaciación
irregular, y menos ilícita".
Atribuye este
desconocimiento a que ella
no se ocupaba de "las
cuestiones económicas del
partido". "A lo mejor me
debería haber ocupado", ha
añadido después.
Aguirre también ha insistido
en que se trata de una
"decisión personal" y que lo
hace porque "la gente quiere
gestos". Un gesto que ella
ha transformado en su propia
renuncia.
La hasta ahora presidenta
del PP de Madrid, ha
mostrado su rechazo a los
casos de corrupción de su
partido. "Nos está matando a
todos", ha aseverado.
Asimismo, ha asegurado que
su formación "no merece
tener personas que nos están
avergonzando". Entre sus
deseos, "que la justicia
actúe con celeridad en estos
casos".
La expresidenta del PP de
Madrid ha afirmado que ha
hablado con el presidente
del partido para trasladarle
la noticia, aceptando Rajoy
su renuncia. "Te entiendo",
han sido las palabras del
secretario general del
partido, según la propia
Aguirre. Sin embargo, ha
reconocido que no le ha dado
tiempo a comunicárselo a la
mayor parte de sus
compañeros.
http://cadenaser.com/emisora/2016/02/14/radio_madrid/1455455710_220114.html
AGUIRRE: “HE NOMBRADO A MÁS
DE 500 ALTOS CARGOS Y DOS ME
HAN SALIDO RANA”
Esperanza Aguirre defiende a
sus exconsejeros imputados
en el 'caso Púnica' y solo
se desmarca de Granados y de
López Viejo por su papel en
Púnica y Gürtel
La presidenta del PP
madrileño desde 2004,
Esperanza Aguirre, ha
realizado una defensa
cerrada de los 33 años que
ha desempeñado cargos
públicos y se ha desmarcado
de los casos de corrupción
protagonizados por
consejeros de su confianza y
a los que ella misma nombró
en su etapa al frente de la
Comunidad de Madrid. "Mi
carrera política es
larguísima y he manejado más
de 200.000 millones de
euros, ¿verdad que es
increíble? He pasado seis
años en la Concejalía de
Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid, he
sido ministra de Educación,
presidenta del Senado y he
sido nueve años presidenta
de Madrid, que salían a
razón de 17.000 millones al
año. [En ese tiempo] He
nombrado a más de 500 altos
cargos y dos me han salido
rana. De momento, dos, y
ninguno ha sido condenado.
El señor [Francisco]
Granados, que ya saben dónde
está, y el señor [Alberto]
López Viejo", ha afirmado
este viernes en su
comparecencia en la comisión
especial sobre corrupción de
la Asamblea de Madrid.
"Financiación ilegal del PP
de Madrid, que a mí me
conste, nunca", afirmó el
jueves y ha repetido hoy
Aguirre, que se comprometió
a la "colaboración a tope"
con la justicia. "El PP ha
pagado la consultoría online
de campaña electoral de 2011
y tiene la factura. Las
encuestas que encarga el PP
de Madrid las paga el PP de
Madrid", ha insistido en su
comparecencia. Aunque su
inicio estaba previsto para
alrededor de las 14.00, la
presidenta del PP de Madrid
ha llegado al Parlamento
regional a primera hora de
la mañana, alrededor de las
8.30. Antes de su
intervención en el
Parlamento regional, Aguirre
ha aseverado que no le ha
llamado "nadie" de la
dirección nacional del
partido y ha afirmado que se
siente respaldada por
Génova. "Cómo no", han sido
sus palabras. La
comparecencia de Aguirre se
produce un día después de
que la Guardia Civil
realizara un registro en la
sede del PP de Madrid —en la
primera planta de la sede
del partido en la madrileña
calle Génova— buscando
indicios de una posible
financiación irregular del
PP en la región y el más
poderoso del país.
Los agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO)
analizaron el ordenador del
exgerente en Madrid Beltrán
Gutiérrez Moliner, que
dimitió en octubre de 2014
por su implicación en el
escándalo de las tarjetas
black de Caja Madrid (gastó
58.000 euros en tres años).
El exgerente del PP de
Madrid mantenía desde
entonces “un despacho
administrativo”, según la
jerga empleada por
responsables del partido. La
secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal,
ha mostrado su malestar por
que el PP madrileño
mantuviese un tiempo a
Gutiérrez Moliner. "Este
señor deja de ser gerente,
pero la contratación
particular que haga el PP de
Madrid ni la controlo ni la
dirijo", dijo este jueves en
una entrevista en 13tv.
La presidenta de la
Comunidad entre 2003 y 2012,
que estaba obligada a acudir
a la comparecencia, que ha
sido exigida por el PSOE,
Podemos y Ciudadanos, ha
reiterado en el Parlamento
su confianza en Salvador
Victoria y Lucía Figar,
exconsejeros del Gobierno
regional imputados en la
trama Púnica. "El señor
Victoria fue secretario
general del Consejo y
después, consejero de
Asuntos Sociales. Es una
persona que tiene toda mi
confianza. De momento, sí",
ha indicado Aguirre sobre el
exconsejero de Presidencia,
nombrado en esa cartera por
el sucesor de Aguirre,
Ignacio González, y
previamente secretario del
Consejo de Gobierno y
consejero de Asuntos
Sociales.
"Sigo teniendo mi confianza
en la señora Figar,
absolutamente", ha añadido
de la exconsejera de
Educación. "Hay imputaciones
e imputaciones, pongo la
mano en el fuego por Figar y
por la señora Gallego", ha
reiterado Aguirre, en
referencia también a Isabel
Gallego, directora general
de Medios en su Gobierno y
el de González e imputada en
Púnica. A diferencia que con
Victoria, Aguirre ha puesto
por ambas "la mano en el
fuego". "Si en algo me he
equivocado es que personas
en las que confiaba están
ahora en tela de juicio.
Espero que los tribunales
les juzguen y si son
condenados que devuelvan lo
que se han llevado (...). He
cesado a todos los que
tienen un mínimo indicio [de
su involucración en casos de
corrupción]. La señora
Gallego tiene cero
indicios", ha cerrado filas
Aguirre con Gallego, a la
que mantiene como jefa de
prensa del grupo popular en
el Ayuntamiento de Madrid.
En su intervención, Aguirre
ha negado conocer
irregularidades en la
Agencia de Informática y
Comunicaciones de la
Comunidad (ICM). Otro de los
imputados en Púnica, José
Martínez Nicolás,
exconsejero delegado del
organismo público, declaró
que Victoria, que presidía
el consejo de administración
de ICM, le ordenó pedir a
Indra saldar una deuda de
10.000 euros con Alejandro
de Pedro,al que el juez Eloy
Velasco otorga un papel
primordial en Púnica. "El
contrato de la informática
lo desconozco. Desconozco
totalmente, salvo en mi
papel de usuaria, los temas
de la informática. No tengo
los conocimientos técnicos
para decir si es mejor
suspenderlo o de¡jarlo
todo", se ha descolgado
Aguirre.
La expresidenta regional
tampoco ve problema alguno
en la Ciudad de la Justicia,
en la que la Comunidad de
Madrid derrochó 105 millones
y solo cuenta con un
edificio, sin terminar, de
los 15 previstos. "Los
ciento y pico millones no se
han tirado, ahi están: en el
edificio de la cosa esa
forense [el Instituto de
Medicina Legal], en las
carreteras subterráneas... A
partir de 2008 decidimos
suspender toda la idea de la
Ciudad de la Justicia,
podrán decir que era
megalomaníaco y nos le
quitaría la razón, pero no
iba a costar un euro al
contribuyente: la venta de
las sedes judiciales iba a
financiar los proyectos de
los mejores arquitectos del
mundo", se ha enrocado. El
Instituto de Medicina Legal,
en el que los Gobiernos de
Aguirre y González
pretendían agrupar las
funciones del Instituto
Anatómico Forense, ha
perdido un 20% de su valor
desde su finalización en
abril de 2010. Una tasación
del inmueble, cuyo coste fue
de 21,4 millones de euros,
valoró la infraestructura en
16,9 millones a finales de
2013.
El contexto en que se ha
producido la comparecencia
de Aguirre en la comisión de
corrupción abierta en el
Parlamento de Madrid no
podía ser peor para el PP.
Asolado por distintos casos
de corrupción y cuyo
presidente y dirigente en
funciones del Gobierno,
Mariano Rajoy, se reúne esta
tarde a partir de las 17.00
en el Congreso con el
secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, al que el Rey
ha encargado la tarea de
afrontar su investidura tras
la negativa de Rajoy.
El desarrollo de la comisión
de investigación sobre
corrupción política de la
Asamblea de Madrid ha
coincidido con la citación
del PP por la destrucción de
los discos duros de los
ordenadores de Luis
Bárcenas, extesorero
popular. Esta semana también
es objeto de polémica,
incluidas las filas del PP,
de la presencia de Rita
Barberá en la Diputación
Permanente del Senado, lo
que permite a la exalcaldesa
de Valencia mantener la
condición de aforada en
plena Operación Taula. La
investigación apunta a Rita
Barberá, según fuentes del
caso. El juez Eloy Velasco,
el mismo que instruye el
caso Púnica, también
investiga sobornos a altos
cargos de la firma estatal
Acuamed, operación que ha
provocado la dimisión de
Federico Ramos, mano derecha
de la vicepresidenta del
Gobierno en funciones,
Soraya Sáenz de Santamaría.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/12/actualidad/1455268277_467608.html
DOS REGISTROS OCULTOS EN EL
PP DE MADRID
En julio de 2015, entraron
en dos ocasiones en la sede
del PP de Madrid para pedir
los correos de Granados y
las facturas de las empresas
relacionadas con la Púnica
Todo el mundo habla de dos
registros en Génova pero, en
total, han sido cuatro. Hay
dos que no se no han hecho
públicos. Se produjeron
durante la primera quincena
de julio de 2015 en el PP de
Madrid. Entonces, las
fuerzas de seguridad fueron
a reclamar los correos
electrónicos de Francisco
Granados, además de los de
otros dirigentes
conservadores y las facturas
de las empresas relacionadas
con la Operación Púnica.
Con estas son tres las
ocasiones que han entrado en
la formación regional. Se
debe sumar a ellas, la
intervención del pasado
jueves cuando la Unidad
Central Operativa de la
Guardia Civil, por orden del
juez Velasco, se llevó una
copia del disco duro del
exgerente, Beltrán
Gutiérrez.
En la cúpula nacional
recuerdan que esto siempre
ha sucedido en la primera
planta para desvincularse
por completo de ello. Ellos
ya afrontaron un episodio
que mucho populares vivieron
con auténtico bochorno. El
famoso 19 de diciembre de
2013, cuando la policía
nacional estuvo 14 horas
buscando información por las
obras de reforma,
investigadas dentro del caso
Bárcenas.
Cuando se produjeron los
registros de julio, Mariano
Rajoy estaba inmerso en
informar sobre el último
Consejo Europeo. Justo en
esos días se celebró la
conferencia política del PP
en la que se hablaba tanto
de regeneración. En esa cita
se le vio hablando con
Esperanza Aguirre. La semana
pasada, mientras se producía
la noticia, el presidente en
funciones se reunía con
Albert Rivera. El líder de
Ciudadanos le propuso
precisamente un gran pacto
nacional contra la
corrupción. Y él dijo que
estaba dispuesto a escuchar
cualquier planteamiento que
le hicieran.
http://cadenaser.com/ser/2016/02/15/politica/1455532841_996933.html
LOS PAPELES DE GRANADOS
REVELAN UNA POSIBLE
FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
DE MADRID DE DOS MILLONES DE
EUROS
Los investigadores sospechan
además que el millón de
euros que se encontró en
casa del suegro de Granados
procede también del
empresario Javier López
Madrid
La agenda de Francisco
Granados recoge un total de
dos millones de euros que
presuntamente el PP de
Madrid ha recibido del
empresario Javier López
Madrid, miembro del consejo
de administración de OHL y
yerno del también empresario
Juan Miguel Villar Mir.
Según estos papeles del que
fuera número dos de
Esperanza Aguirre, el
empresario hizo multitud de
entregas de dinero al
exgerente del Partido
Popular de Madrid, Beltrán
Gutiérrez. Fuentes cercanas
a esta investigación
aseguran que en principio
todo el dinero, hasta dos
millones de euros, se
entregó en metálico. Lo que
se investiga ahora es el
periodo de tiempo que el
Partido Popular madrileño
estuvo recibiendo estas
importantes cantidades de
dinero del empresario López
Madrid.
Los investigadores creen que
los papeles de Granados
revelan una posible
financiación ilegal del PP.
La investigación trata de
concretar ahora cuántas
entregas de dinero se
hicieron acompañadas de
contratos. En los cinco
registros que se practicaron
este jueves en los despachos
de los implicados y en las
empresas, la Guardia Civil
se ha incautado de material
informático, documentos,
contratos y correos
electrónicos que envió y
recibió Francisco Granados.
David Marjaliza, el
testaferro de Granados que
ahora está colaborando con
la justicia, es quien ha
puesto sobre la pista a los
agentes de la Unidad Central
Operativa de la Guardia
Civil (UCO). El pasado
noviembre el exsocio de
Granados reconoció que las
iniciales “J.L.M.” y “B.G.”
que aparecieron en la agenda
de Granados correspondían a
Javier López Madrid y
Beltrán Gutiérrez. El
exgerente del PP de Madrid
ya apareció en las
diligencias del caso Gürtel
relacionado con unas
facturas por servicios
prestados al PP de Madrid
por una empresa de Francisco
Correa, cabecilla de la
trama Gürtel. Gutiérrez fue
además uno de los consejeros
de Bankia que imputado por
las tarjetas black.
Los investigadores sospechan
además que el millón de
euros que apareció en un
altillo de la casa del
suegro de Granados podrían
proceder también del
empresario Javier López
Madrid. Es otra de las
claves de esta
investigación. Según las
diligencias practicadas,
todo apunta a que fueron
varias entregas en metálico
directamente al que fue
número dos de Esperanza
Aguirre encarcelado en la
cárcel de Soto del Real por
este sumario.
El juez Velasco preguntó al
suegro de Granados, médico
jubilado, cómo era posible
que un maletín con un millón
de euros que no tiene patas,
llegase hasta el altillo del
armario. El suegro de
Granados respondió: “No lo
sé, señoría, en mi casa ha
entrado mucha gente de Ikea
y fontaneros”.
http://cadenaser.com/ser/2016/02/15/politica/1455532841_996933.html
GRANADOS OBLIGÓ A UNA FIRMA
PÚBLICA A PAGAR 140.000
EUROS POR UN CONCIERTO
Arpegio, dedicada al
urbanismo, patrocinó el
espectáculo, organizado por
Waiter Music
Esta firma entregó numerosas
dádivas y comisiones al
exsecretario general del PP
de Madrid
El 31 de marzo de 2007 el
espectáculo Night of the
Proms recaló en el Palacio
de los Deportes de Madrid.
Prácticamente desconocido en
España, consiste en juntar
música clásica con pop.
Aquella noche una orquesta
sinfónica de unos 60
miembros, un coro infantil y
artistas como Mike Oldfield,
Tears for Fears, John Miles
y Ana Torroja deleitaron a
un público que, en su
mayoría, no pagó los 50
euros que costaba la
entrada. Miles de ellas se
regalaron. En realidad quien
pagó el espectáculo fue el
erario público. La Fundación
Arpegio patrocinó el evento,
organizado por Waiter Music,
con 139.200 euros por orden
de Francisco Granados,
entonces consejero de
Presidencia y mano derecha
de Esperanza Aguirre.
Así se lo contó hace un mes
al juez que instruye el caso
de la trama Púnica, Eloy
Velasco, la que entonces era
gerente de la Fundación
Arpegio, Carmen Plata.
Arpegio, la empresa pública
de la Comunidad de Madrid
que gestiona el suelo, está,
junto con el Canal de Isabel
II, en el centro de las
pesquisas sobre la trama.
Velasco llamó a declarar a
Plata después de saber que
Granados intermedió para que
la Fundación Arpegio
patrocinara el concierto de
Waiter Music, la empresa de
espectáculos y eventos que
presuntamente pagaba
comisiones para obtener
contratos por toda la
Comunidad de Madrid.
"Me lo plantea Granados",
dijo Plata al juez en su
declaración, que consta en
la parte del sumario que
permanecía secreta hasta hoy
y a la que ha tenido acceso
El País. Se refiere a cómo
llega hasta la Fundación
Arpegio la propuesta para
patrocinar el concierto. A
preguntas del juez, Plata
asegura que le pareció que
entraba dentro de los "fines
sociales y culturales" de la
fundación, creada en 2006,
es decir, un año antes del
concierto, por el propio
Francisco Granados. Velasco
llega a preguntarle si es
consciente de que fue creada
"ex profeso para evitar
pasar por la Ley de
contratos públicos". Ella lo
niega.
Plata, que fue concejal del
PP en Getafe entre 1995 y
2014, fue nombrada gerente
de la fundación en diciembre
de 2006 y continuó en ese
puesto hasta junio de 2011.
Es ella la que firma el
convenio con Waiter Music. A
Velasco le interesa saber
qué recibía a cambio del
patrocinio Arpegio:
"publicidad", "entradas con
el logo de la fundación",
salir en las cuñas de radio
y ruedas de prensa en las
que se cita a Arpegio,
contesta Plata, que asegura
desconocer qué relación
tenía Granados con el
responsable de la empresa
Waiter Music, José Luis
Huerta. "¿Le dio la
impresión de que Granados
quería favorecerle?". Ella
lo niega.
Plata aportó a su
declaración la memoria de
actividades económicas que
Huerta envió a la fundación
tras el concierto, en la que
se recoge que Waiter Music
también consiguió dinero de
otros lugares en la
Comunidad de Madrid. En
concreto, una subvención de
225.000 euros que ayudó a
sufragar la contratación del
espectáculo. A cambio del
patrocinio, la Fundación
Arpegio también recibió
entradas gratuitas. Muchas
de ellas se repartieron en
la Dirección de Juventud de
la Comunidad de Madrid.
El juez sospecha que el
patrocinio de Arpegio se
planteó a última hora,
cuando Huerta comprobó que
no se estaban vendiendo las
entradas a buen ritmo y
quiso tener otra fuente de
ingresos. Algo que parece
demostrar un correo
electrónico, de 29 de marzo,
es decir, solo dos días
antes del concierto, en el
que Plata insta a Huerta a
firmar el convenio. Velasco
insiste en preguntarle por
qué envió ese email. "No
recuerdo nada de ese correo.
Hace nueve años", contesta
Plata, que sin embargo sí
recuerda que inicialmente se
iban a destinar 200.000
euros al patrocinio y que
fue ella la que recomendó
reducir la cantidad. "No me
parecía oportuno".
Plata trabaja actualmente en
la empresa pública Arpegio.
Según fuentes del Gobierno
regional, ocupa un puesto
técnico y ejerce labores
administrativas, es decir,
ya no tiene cargo directivo.
En esta empresa pública los
trabajadores son personal
laboral, no funcionarios.
Arpegio es una de las tres
firmas públicas investigadas
por el juez Velasco, junto
con el Canal de Isabel II y
la Agencia de Informática de
la Comunidad ICM. Además de
Granados y la exgerente de
la fundación, otra de las
personas que se relacionan
con esta empresa es Jaime
González Taboada, que en la
época ocupaba la dirección
general de relaciones con la
Administración Local y que
actualmente es número tres
en el Gobierno de Cristina
Cifuentes.
El socio y testaferro de
Granados David Marjaliza
pactó con el juez y la
fiscalía una reducción de
pena a cambio de contar toda
la verdad de la trama.
Declaró durante tres días e
implicó a González Taboada
en la trama, si bien el juez
no le ha citado.
Según fuentes de la
investigación, la Fundación
Nuevo Arpegio, que fue la
que patrocinó el concierto
de los 140.000 euros que
organizó la firma afín a
Granados Waiter Music,
estaba situada en un local
alquilado por Arpegio,
matriz de la fundación, a
familiares de Carmen Plata,
exgerente de Arpegio.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/18/actualidad/1455796052_421759.html
LA GUARDIA CIVIL BUSCA
PRUEBAS DE FINANCIACIÓN
ILEGAL EN LA SEDE DEL PP DE
MADRID
Los agentes registran las
casas del exgerente y un
empresario, además de tres
oficinas
La última operación de la
trama Púnica llevó este
jueves a la Guardia Civil
hasta la sede central del
Partido Popular en Madrid,
en busca de documentos de su
exgerente, Beltrán Gutiérrez
Moliner. El juez de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco ordenó este y otros
registros ante una posible
financiación irregular del
PP y a raíz de las notas de
una agenda —aún bajo secreto
sumarial— del exsecretario
general del PP madrileño
Francisco Granados. Los
agentes registraron otros
cinco domicilios, incluidos
el de Beltrán y el del
empresario Javier López
Madrid, y entraron en la
sede de la empresa Villar
Mir, matriz de OHL.
Un total de cinco registros
en domicilios y otros dos en
sendos despachos de la sede
central de los populares
madrileños —el PP nacional y
el de Madrid comparten
oficinas en la calle de
Génova— y en la sede del
grupo Villar Mir son los
últimos coletazos de la
investigación de la trama de
corrupción Púnica que lleva
a cabo el juez Eloy Velasco
desde la Audiencia Nacional.
El objetivo: intervención de
material de documentación
para posteriores análisis,
en el marco de una
investigación por la
supuesta financiación
irregular del PP en Madrid.
No obstante, de momento, los
hechos investigados por el
magistrado podrían encajar
en los “delitos de cohecho y
blanqueo de capitales”,
según señalaron fuentes
jurídicas.
Los agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO)
entraron por la tarde en las
oficinas del PP para revisar
y analizar el ordenador del
exgerente en Madrid Beltrán
Gutiérrez Moliner. Fuentes
del partido que lidera
Mariano Rajoy confirmaron
que habían entrado “sobre
las 16.30 preguntando por
Beltrán”, quien desde que se
conoció su implicación en el
caso de las tarjetas opacas
black tiene “un despacho
administrativo”, informa
Javier Casqueiro.
Las mismas fuentes matizaron
que “revisaron con él
documentos y su ordenador,
pero no se lo llevaron”. La
“visita” de los guardias
duró media hora, según los
testigos. Las oficinas de
los populares madrileños
están en la primera planta
de su sede central.
Esperanza Aguirre,
presidenta del PP madrileño,
contó, tras acudir a las
oficinas: “No es la primera
vez que vienen [los
agentes]. Ya vinieron a ver
Correos de Granados y
facturas de la Púnica”.
Aguirre, que remachó que el
partido presta “colaboración
a tope”, aseguró que “no hay
indicios ni está probado
nada de financiación
ilegal”. La dirigente
popular explicó por qué
Gutiérrez Moliner, pese a
haber sido destituido,
mantenía despacho en Génova:
“Trabaja aquí porque es un
funcionario del partido,
imputado como otros muchos
señores, entre otros el
padre de uno de los que
mañana me va a interrogar en
ese linchamiento comisión en
la Asamblea”, informa
Natalia Junquera. Aguirre
comparece hoy en la comisión
sobre corrupción abierta en
la Cámara autonómica
madrileña.
Fuentes jurídicas
confirmaron que los agentes
también registraron el
domicilio del exgerente y el
del empresario Javier López
Madrid —yerno del empresario
Juan Miguel Villar Mir—.
Además, se llevaron
documentación de un despacho
del Grupo Villar Mir, matriz
de OHL, donde el primero es
miembro del consejo de
administración. Ambas
empresas tienen sus oficinas
en la llamada Torre Espacio.
Los registros se producen
como consecuencia de un
manuscrito incautado al
supuesto cabecilla de la
trama, Francisco Granados.
El detonante ha sido una
agenda hallada entre los
documentos que se le
incautaron en su día a
Granados, exsecretario
general del PP y otrora
hombre de confianza de
Aguirre, y actualmente
preso. Entre esos papeles
intervenidos, que forman
parte aún de la parte del
sumario que permanece bajo
secreto, figuran pagos de
importantes sumas de dinero
junto a las iniciales de
Javier López Madrid, yerno
del dueño de OHL.
Marjaliza colabora
Las pesquisas tratan de
acreditar si, como señala la
documentación intervenida,
López Madrid pagó fuertes
sumas de dinero al PP
madrileño y contribuyó a una
financiación ilícita del
partido. La investigación de
Velasco se ha visto
facilitada por otro puntal
de la trama trama Púnica: el
empresario David Marjaliza,
socio y amigo íntimo de
Granados, quien ha
interpretado el contenido de
las agendas en las que
aparecen las cantidades de
dinero entregadas por OHL y
las iniciales del nombre de
López Madrid. Este compartió
paseos en barco con
Granados. Marjaliza, que
salió de la cárcel el pasado
31 de diciembre tras pagar
una fianza de 100.000 euros,
y Granados supuestamente
amañaron múltiples pelotazos
urbanísticos cuando el
segundo era alcalde de
Valdemoro (Madrid).
El nombre de Villar Mir
figura en los papeles de
Luis Bárcenas como donante
de 300.000 euros al PP
nacional y, según Bárcenas,
tenía mucho interés en
Mariano Rajoy supiera que
hacía aportaciones al
partido. Gutiérrez Moliner
dimitió tras conocerse que
gastó 58.000 euros con una
tarjeta opaca de Caja
Madrid. En noviembre de
2014, tras la dimisión, la
secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal,
instó al PP de Madrid a
explicar por qué mantenía
como trabajador del partido
a su exgerente. Cospedal
recordó que, tras conocer el
uso de la tarjeta opaca,
tomó “inmediatamente” la
decisión de pedir el cese de
Gutiérrez Moliner porque su
puesto tenía una
responsabilidad “con
carácter nacional”
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/11/actualidad/1455210116_950151.html
EL YERNO DE VILLAR MIR PAGÓ
COMISIONES AL PP DE MADRID
La UCO investiga un
manuscrito que señala
también al gerente
autonómico.
Javier López Madrid, yerno
del empresario Juan Miguel
Villar Mir y miembro del
consejo de administración de
OHL, habría abonado
importantes cantidades de
dinero al Partido Popular.
Así lo revela al menos la
agenda de Francisco
Granados, el documento
manuscrito requisado al ex
vicepresidente de la
Comunidad de Madrid durante
los registros de la
Operación Púnica y que la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil
investiga desde el pasado
mes de noviembre. Según ha
confirmado EL ESPAÑOL, el
manuscrito refleja una serie
de pagos junto a las letras
“JLM”, iniciales que los
agentes atribuyen de forma
indiciaria al yerno de
Villar Mir y consejero
delegado de OHL.
Fue el empresario David
Marjaliza, testaferro de
Granados y que ahora
colabora con la Justicia,
quien puso a los agentes en
alerta sobre la existencia
del documento. El pasado 13
de noviembre y tras analizar
la documentación localizada
en los distintos registros,
el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco le
mostró por primera vez la
agenda al hombre de
confianza de Granados.
Marjaliza reconoció allí la
letra de su jefe e
identificó varias de las
abreviaturas, anotaciones
como “me”, en inglés, que
corresponderían al dinero
detraído por el propio
Granados o las de “JLM”,
señalado como el empresario
Javier López Madrid.
300.000 EUROS
No es la primera vez que los
responsables de OHL aparecen
relacionados con presuntos
pagos al Partido Popular. El
pasado domingo este diario
reveló la disposición de
Matas a pactar con la
Fiscalía. En su relato, el
ex presidente balear valora
confesar que recogió en
Génova las instrucciones
para amañar un contrato
millonario a favor de Villar
Mir. Según su versión, Matas
recibió la llamada del
entonces tesorero, Álvaro
Lapuerta, para que acudiera
a la sede central del
partido. En Madrid, Matas ha
confesado a su entorno que
recibió un escrito detallado
con las instrucciones que
debía seguir la Mesa de
Contratación del Gobierno
balear. El objetivo era
otorgar el mayor concurso
público de la zona –el
hospital de Son Espases, con
778 millones de euros de
presupuesto inicial y que
ahora investiga la Justicia-
a la constructora OHL.
En julio de 2013, el nombre
de Villar Mir se cruzó de
nuevo con la presunta
contabilidad B del PP. Y lo
hizo por boca de Luis
Bárcenas. El ex tesorero del
PP declaró en la Audiencia
Nacional que el presidente
de OHL le mostró su voluntad
de donar 300.000 euros al
partido meses antes de las
elecciones generales de
2011. Según Bárcenas, Villar
Mir tenía especial interés
en que Mariano Rajoy
conociera su pago. Ante el
juez, Bárcenas aseguró
desconocer si se materializó
la entrega, ya que derivó al
empresario al actual
presidente en funciones del
Consejo de Estado, José
Manuel Romay Becaría, que le
sustituyó al frente de las
finanzas del partido.
Tampoco es la primera vez
que el nombre de Javier
López Madrid aparece
relacionado con trama
Púnica. En el inicio de la
investigación, los agentes
de la Guardia Civil
analizaron el uso que David
Marjaliza y otros imputados
hacían del yate que Javier
López Madrid tenía amarrado
en Marbella, un barco
escriturado a nombre de su
madre y controlado por la
sociedad LM Gestión. Además,
los agentes investigan el
uso que tanto Marjaliza como
López Madrid le dieron a dos
sociedades, dos empresas en
las ambos empresarios fueron
socios durante un tiempo:
Alora Gestión y Arena
Innovación y Promoción.
APUNTES PARA BELTRÁN
GUTIÉRREZ
En su declaración del 13 de
noviembre ante el juez Eloy
Velasco, David Marjaliza
ayudó a interpretar las
anotaciones reflejadas en la
agenda manuscrita de
Granados. El empresario
aseguró ante el juez que las
iniciales “B.G”
corresponderían a Beltrán
Gutiérrez, ex gerente del PP
de Madrid y cuyo nombre
apareció ya en las
investigaciones del caso
Gürtel en relación con
facturas por servicios
prestados al PP de Madrid
por una empresa de Francisco
Correa, Special Events, que
habrían sido pagados por la
fundación Fundescam.
Gutiérrez, muy próximo a
Esperanza Aguirre, fue
también uno de los
consejeros de Bankia que
disfrutó de 'tarjetas black'.
La agenda de Francisco
Granados haría referencia
también a Ignacio (Nacho)
Palacios, detenido por la
UCO el 18 de noviembre,
cinco días después de la
comparecencia de Marjaliza
ante el juez. Los
investigadores creen que
Palacios era el 'cobrador'
de Granados, la persona que
acudía a las oficinas del
constructor para recoger la
parte de las comisiones que
correspondían al político
del PP por la recalificación
de terrenos y adjudicación
de parcelas para edificar
viviendas protegidas, entre
otros pagos supuestamente
ilícitos que habrían ido a
parar a manos del ex
dirigente del PP de Madrid y
ex consejero de Esperanza
Aguirre.
http://www.elespanol.com/espana/20160208/100739927_0.html
OPERACIÓN CONTRA LA
FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
EN MADRID
La Guardia Civil ha entrado
en la sede del PP de Génova
y ha analizado el ordenador
del exgerente regional del
PP en Madrid, Beltrán
Gutiérrez Moliner. El juez
Eloy Velasco registra además
los domicilios del
empresario de OHL, Javier
López Madrid, y de Gutiérrez
Moliner por supuestos pagos
del primero al segundo,
detectados en los ‘papeles
de Granados’
Agentes de la Unidad Central
Operativa de la Guardia
Civil, según fuentes
jurídicas, han registrado
este jueves el domicilio y
dos despachos de Javier
López Madrid, miembro del
consejo de administración de
OHL y yerno del empresario
Juan Miguel Villar Mir.
También la casa y el
despacho en la sede de
Génova 13 del exgerente del
PP en Madrid, Beltrán
Gutiérrez Moliner, por los
supuestos pagos del
empresario, de decenas de
miles de euros, al Partido
Popular de Esperanza
Aguirre. La Guardia Civil ha
entrado además en la sede
del PP de Génova y se ha
llevado el contenido del
ordenador del exgerente
regional del PP en Madrid,
Beltrán Gutiérrez Moliner.
Los hechos pueden ser
constitutivos de los delitos
de cohecho y blanqueo de
capitales.
Es parte de la supuesta
financiación ilegal del PP
en Madrid en la trama Púnica
lo que investiga el juez
Eloy Velasco. Los registros
se producen como
consecuencia de un
manuscrito incautado al
supuesto cabecilla de la
trama, Francisco Granados,
que ha sido interpretado
para los investigadores por
el conseguidor, David
Marjaliza.
Él fue quien identificó las
siglas J.L.M. que figuraban
en el documento con el
nombre del empresario. Al
lado de ese acrónimo había
una cantidad anotada de
forma manuscrita que
supuestamente era trasvasada
a otra persona con las
siglas B.G., que Marjaliza
corroboró que se trataba del
gerente regional del PP,
Beltrán Gutiérrez.
Ese documento es una especie
de contabilidad B de
Granados, añaden fuentes
jurídicas, con pagos de
López Madrid al gerente
regional para financiar de
forma ilegal al PP de
Madrid.
Tanto Javier López Madrid
como Beltrán Gutiérrez
Moliner están también
involucrados en el caso de
las tarjetas opacas de Caja
Madrid. Gutiérrez tuvo que
abandonar por ello la
gerencia del partido. No
obstante, como sucedió con
Bárcenas, el Partido Popular
sigue manteniéndole el
despacho en Génova 13 y
sueldo.
El exgerente regional ha
sido relacionado además con
el caso Gürtel, ya que firmó
diversas facturas para
abonar a las empresas de
Francisco Correa los actos
de campaña que el líder de
la trama organizaba para la
candidata a la presidencia
de la Comunidad en 2003.
La investigación ha
detectado otras formas de
supuesta financiación
irregular de la formación
conservadora en esta trama
de mordidas a cambio de
adjudicaciones. Tal y como
avanzó la Cadena SER, las
pesquisas han detectado que
varias empresas
constructoras, entre ellas
FCC, Urbaser, Avintia u
Ortiz Construcciones y
Proyectos, pagaron encuestas
electorales en municipios
del Partido Popular donde
obtenían adjudicaciones
públicas. El juez también
investiga si la empresa
Waiter Music facturó a bajo
coste los actos que
organizaba al PP madrileño,
a cambio de adjudicaciones
de eventos festivos en los
municipios implicados.
Precisamente este viernes
Esperanza Aguirre
comparecerá en la comisión
de corrupción de la Asamblea
de Madrid para analizar las
contrataciones efectuadas
por la Agencia de
Informática y Comunicaciones
de la Comunidad de Madrid (ICM),
vinculada al caso Púnica. La
comparecencia de la actual
presidenta del PP de Madrid
y portavoz de este partido
en el Ayuntamiento de la
capital está prevista en
torno a las 13.00 horas.
COMUNICADO ÍNTEGRO DE OHL
En relación con las
informaciones publicadas en
los medios de comunicación
sobre la orden del juez de
la Audiencia Nacional Eloy
Velasco en el marco de la
conocida como Operación
Púnica, OHL desmiente que se
hayan registrado las
oficinas de su sede social
en Madrid, situadas en las
plantas 8 a 17 del edificio
Torre Espacio, y que el
vocal del Consejo de
Administración Javier López
Madrid forme parte de la
dirección de la compañía y
ostente ninguna posición
ejecutiva en la misma.
Asimismo, la compañía
también desmiente haber
realizado ningún pago al
Partido Popular.
http://cadenaser.com/ser/2016/02/11/tribunales/1455209523_575578.html
EL JUEZ LEVANTA EL SECRETO
DE MILES DE FOLIOS DE PÚNICA
PERO LO MANTIENE PARA LA
CONFESIÓN DE MARJALIZA
El magistrado dicta un auto
por el que da acceso a
defensas y acusaciones a
decenas de informes de la
Guardia Civil y
declaraciones de testigos,
pero prorroga hasta marzo la
reserva para la declaración
en la que el constructor
excarcelado el pasado
diciembre tiró de la manta.
El sumario de Púnica es un
poco menos secreto. El
titular del Juzgado Central
de Instrucción número 6,
Eloy Velasco, ha dictado un
auto por el que acuerda
permitir el acceso a
defensas y acusaciones a
miles de folios de la causa
que hasta ahora permanecían
sólo accesibles para la
Fiscalía Anticorrupción.
Entre los documentos que
ahora verán la luz se
encuentran numerosos
informes de la Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil y decenas
de declaraciones de testigos
e imputados que en los
últimos meses han pasado
discretamente por la
Audiencia Nacional . Sin
embargo, las once horas del
testimonio que el pasado mes
de junio hizo ante el
magistrado el constructor
David Marjaliza, amigo y
socio de Francisco Granados,
seguirán bajo secreto en la
pieza separada internacional
de la causa.
El magistrado saca a la luz
gran parte de los detalles
sobre la falsa operación de
compraventa de arte con la
que Marjaliza blanqueó 4,2
millones de euros
El auto, al que ha tenido
acceso Vozpópuli, detalla
que el levantamiento parcial
de las medidas de reserva
había sido solicitada por
las representantes de la
Fiscalía Anticorrupción al
considerar que "se han
ultimado los trabajos de
análisis de las evidencias
correspondientes", aunque
también solicitaba que se
mantuvieran para otras
partes del sumario al
considerar que el secreto
sigue siendo necesario "para
garantizar la eficacia de la
investigación en curso
respecto a tales extremos".
El informe de Anticorrupción
hizo su entrada en la
Audiencia Nacional el pasado
viernes 5 de febrero y ese
mismo día el juez Velasco
daba su conformidad a la
petición. Este lunes se ha
dado traslado a las partes
de dicho acuerdo.
El escrito del magistrado
detalla tomo a tomo de la
pieza que mantenía secreta
los folios de los mismos que
dejan de estarlo. Así, del
número uno destaca que da
acceso a las partes a todos
los detalles sobre la falsa
operación de compraventa de
obras de arte con la que
Marjaliza blanqueó 4,2
millones de euros. En la
misma figuran tanto el
contenido de varias
comisiones rogatorias a
Suiza como el auto que
permitió registrar en marzo
de 2015 los almacenes en el
país helvético de Fine Art
Transports Nature Le Coultre
SA, al empresa que
custodiaba cuadros,
esculturas, fotografías y
estilográficas de colección
utilizadas en el lavado.
También figuran detalles
sobre las cuentas en el BNP
Paribas y USB intervenidas
en la operación y que fueron
el hilo que destapó el
escándalo.
Los tres alcaldes de
Valdemoro
De otros tomos destaca el
levantamiento de secreto de
diversos oficios de la UCO
sobre los tres alcaldes de
Valdemoro imputados en la
causa, el propio Francisco
Granados; su sucesor y
exparlamentario regional,
José Miguel Moreno Torres; y
Juan Carlos Bouza Lechuga,
todos ellos del PP. También
la información sobre el
volcado de las cuentas del
Partido Popular en este
municipio madrileño. Sobre
esta localidad, epicentro de
la trama, también salen a la
luz diferentes informes de
la Guardia Civil sobre
diferentes concesiones
administrativas
presuntamente irregulares,
desde las destinadas a la
explotación de cafeterías a
las del servicio de
aparcamiento, pasando por el
de recogida de ropa de
segunda mano.
Entre los documentos
desclasificados, hay varios
relacionados con la
Comunidad de Madrid. Desde
pagos al 'conseguidor' a la
organización de un concierto
bajo sospecha
También figura documentos
sobre la investigación
realizada a las supuestas
'mordidas' que Granados
recibió presuntamente de uno
de los constructores
imputados, Ramiro Cid. En
concreto, sobre un coche de
la marca Mini Cooper que
posteriormente fue quemado
de manera intencionada, y
sobre los "vínculos" del
político con la vivienda
unifamiliar de lujo en la
calle Chequia de Valemoro
que supuestamente iba a
servir para pagar una
comisión pero que el
matrimonio nunca llegó a
ocupar al salir a la luz
pública su existencia.
También figuran datos sobre
el chalé de Marbella que la
pareja sí llegó a disfrutar.
En el auto también se hace
referencia a numerosos
documentos relacionados con
la organización por parte
del Gobierno de la Comunidad
de Madrid del concierto 'The
night of the proms' así como
pagos del Ejecutivo regional
a la empresa Eico Online
Reputacion Management SL,
del 'conseguidor' Alejandro
de Pedro, por trabajos de
reputación en internet.
También aparecen informes
sobre las actuaciones
policiales en la empresa
pública Arpegio y la
fundación del mismo nombre,
una parte de la
investigación que salpica
Jaime González Taboada,
número 3 del gobierno de
Cristina Cifuentes.
Entre las actuaciones
judiciales que ahora serán
facilitadas a las defensas
aparecen también numeras
actuaciones relacionadas con
los contratos de eficiencia
energética firmados por
diferentes consistorios como
Móstoles, Serranillos del
Valle, Parla y Valdemoro con
la empresa Cofely-GDF Suez,
una parte clave de la
investigación por el volumen
de dinero público
supuestamente defraudado con
dichos amaños. También
aparecen 32 declaraciones
prestadas en los últimos
meses por testigos e
"investigados" (el nuevo
término para referirse a
imputados) que no se
conocían ahora ni su
existencia.
http://vozpopuli.com/actualidad/75698-el-juez-levanta-el-secreto-de-miles-de-folios-de-punica-pero-lo-mantiene-para-la-confesion-de-marjaliza
EL JUEZ DE PÚNICA INVESTIGA
EL MEGACONTRATO DE
PUBLICIDAD DE 5,5 MILLONES
DEL CANAL
El instructor del caso
Púnica investiga al Canal de
Isabel II por la
adjudicación en 2014 de un
megacontrato publicitario de
5,5 millones de euros a
Arena Media, filial de la
multinacional Havas
La instrucción judicial de
la trama Púnica ha acabado
situando el foco sobre el
Canal de Isabel II, la mayor
empresa pública de la
Comunidad de Madrid y una de
las que arrastran más
sospechas de corrupción. La
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil,
encargada de las pesquisas,
está investigando presuntas
irregularidades en un
megacontrato que la empresa
pública del agua adjudicó en
enero de 2014 a Arena Media,
una filial del gigante
publicitario francés Havas,
según han confirmado a El
Confidencial fuentes
próximas al procedimiento.
El contrato ascendió a 4,6
millones de euros más IVA,
5.566.000 euros en total, y
tenía por objeto “los
servicios de gestión de
compra de medios y diseño de
campañas y acciones de
comunicación del Canal de
Isabel II Gestión, Sociedad
Anónima” durante un plazo de
ejecución de 15 meses. El
trámite siguió en apariencia
el procedimiento normal. El
entonces consejero de
Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno,
Salvador Victoria,
responsable directo del
Canal de Isabel II por el
cargo que ocupaba, llevó la
adjudicación al Consejo de
Gobierno de la Comunidad de
Madrid del 23 de enero de
2014. Y tras su ratificación
en ese órgano presidido por
el entonces jefe del
Ejecutivo autonómico,
Ignacio González, la
decisión fue publicada en el
Boletín Oficial de la
Comunidad el 29 de abril de
2014. El anuncio especificó
que Arena Media fue la
vencedora del concurso por
plantear la “proposición
económica más ventajosa”.
Pero los expertos en delitos
económicos de la UCO manejan
pruebas de que ese concurso
habría sido amañado por los
máximos responsables
políticos del Canal para
desviar fondos del ente
público, y ya han tomado
declaración en las últimas
semanas a varios implicados
en la licitación para
profundizar en el episodio,
revelan fuentes cercanas al
caso.
Otro amaño de 361.000 euros
El exconsejero Victoria ya
está imputado en Púnica por
haber utilizado
presuntamente otro contrato
del Canal para abonar con
pagos en efectivo los
servicios de imagen y
reputación 'online' que las
empresas Eico Online
Reputation Management y
Madiva Editorial y
Publicidad realizaron para
Ignacio González. En este
otro caso, como reveló El
Confidencial, el contrato se
adjudicó en el verano de
2014, el beneficiario fue la
empresa tecnológica Imagen
de Síntesis Digital SL y el
importe de la licitación
sumó 361.306 euros.
El contrato con Arena Media
descubierto ahora multiplica
por 12 el valor de esa otra
licitación cuestionada. De
confirmarse el fraude,
constituiría uno de los
mayores pelotazos de la
trama de corrupción del
exconsejero madrileño de
Presidencia Francisco
Granados y su amigo y socio
David Marjaliza,
especializada precisamente
en el amaño de contratos y
servicios de la
Administración. Hasta el
momento, los mayores
negocios que se atribuían a
la red tenían que ver con el
amaño de contratos de
eficiencia energética para
la multinacional Cofely. Su
exitosa incursión en el
sector de la publicidad
había pasado hasta ahora
desapercibida.
Citación de un testigo
El instructor de la causa,
el juez Eloy Velasco,
titular del Juzgado Central
de Instrucción número 6 de
la Audiencia Nacional, ha
citado a un directivo de
Arena Media, David Colomer,
para que declare como
testigo el próximo 15 de
febrero sobre el concurso
bajo sospecha, aunque el
juez ya dispone de otros
testimonios que apuntalarían
la existencia de
irregularidades. Según ha
podido saber este diario,
los investigadores de la UCO
han accedido a declaraciones
de implicados en el caso que
confirmarían que los
responsables políticos del
Canal de Isabel II tenían la
intención de que ese
contrato fuera adjudicado a
la filial de Havas antes
incluso de que se anunciara
oficialmente la licitación.
Una de las agencias de
medios derrotada por Arena
Media en ese proceso,
Inteligencia y Media SA,
recurrió la adjudicación
ante el Tribunal
Administrativo de
Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, al
considerar que se “habían
vulnerado las normas
esenciales del
procedimiento” al aceptar
una oferta baja tan “anormal
o desproporcionada” como la
presentada por la filial del
Grupo Havas “sin valorar su
viabilidad”. También
denunció que la adjudicación
se notificó “sin motivación
alguna”. El Tribunal solo
dio parcialmente la razón a
Inteligencia y Media SA.
Reconoció que la decisión no
se había motivado pero no
anuló el concurso. Al
contrario, permitió que el
Canal de Isabel II subsanara
los errores y Arena Media
acabó recibiendo los 5,5
millones de euros. La
Asamblea de Madrid abordó el
litigio el 5 de febrero de
2015 en una comparecencia
del director general del
Canal, Adrián Martín, que
sigue en el cargo. A
preguntas de un diputado de
Unión, Progreso y Democracia
(UPyD), Martín negó
irregularidades en el
proceso y afirmó que el
dinero se utilizó para
fomentar un consumo
responsable del agua.
Presupuesto multimillonario
Por lo pronto, las dudas
sobre el contrato de Arena
introducen de lleno a la
empresa pública del agua en
el caso Púnica y van a
provocar que la UCO
inspeccione sus mecanismos
de contratación. No es la
primera vez que el Canal
aparece en un sumario. Sin
embargo, el ente nunca ha
sido objeto de una
investigación judicial, a
pesar de las numerosas dudas
que han existido siempre
sobre el uso que los
diferentes gobiernos de la
Comunidad de Madrid han
hecho de sus ingentes
recursos, especialmente, del
gasto en publicidad
institucional. Solo en 2014,
el Canal contó con un
presupuesto total de 1.059
millones de euros.
Arena Media también figura
como adjudicataria de otros
contratos de publicidad de
la Administración
autonómica. En 2010, por
ejemplo, la Consejería de
Hacienda le encargó la
campaña sobre los beneficios
a los que podían acogerse
los madrileños en la
declaración de la renta.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-02-10/el-juez-de-punica-investiga-el-megacontrato-de-publicidad-de-5-5-millones-del-canal_1149675/
COFELY OBTUVO AL MENOS 18
CONTRATOS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID EL AÑO PASADO
Cuatro consejerías de la
Comunidad de Madrid firmaron
17 contratos menores y otro
de mayor cuantía con la
empresa por valor de casi
70.000 euros en el tercer
trimestre de 2015
El 27 de octubre de 2014, el
nombre de la empresa Cofely
saltaba a todas las
portadas: la empresa era
considerada por el juez Eloy
Velasco como uno de los ejes
de la ‘trama Púnica’,
acusando a sus directivos en
España de amañar contratos
públicos en numerosos
municipios de la Comunidad
de Madrid por valor de más
de cien millones de euros.
Además de la propia entidad
– filial de la multinacional
francesa GDF Suez – fueron
imputados varios de sus
directivos y trabajadores.
Un año después del estallido
de esta operación contra la
corrupción, la Comunidad de
Madrid siguió adjudicando
contratos públicos a esta
empresa: hasta 18 contratos
adjudicados desde cuatro
consejerías por valor de
69.472,70 euros entre los
meses de julio y noviembre.
Ninguno de estos contratos
está bajo la lupa de la
justicia ni está
referenciado en el sumario
de la investigación.
Diecisiete de estos
contratos adjudicados a
Cofely son contratos menores
por servicios relacionados
con la climatización de
distintos locales, como por
ejemplo arreglar una caldera
o instalar un ventilador. De
estos contratos menores,
diez fueron adjudicados por
el Servicio Madrileño de
Salud – dependiente de la
Consejería de Sanidad – otro
por la Consejería de
Presidencia y otros seis por
la Agencia Madrileña de
Atención Social –
dependiente de la Consejería
de Políticas Sociales – por
un valor total de 7.846
euros. La documentación
hecha pública por la
Comunidad no incluye los
contratos menores suscritos
con anterioridad ni
posterioridad al tercer
trimestre de 2015.
El resto del montante
corresponde a un contrato de
61.626 euros que la
Consejería de Economía
adjudicó a Cofely el pasado
mes de noviembre por la
climatización de las
oficinas de la Consejería y
centros de formación. Según
consta en la documentación
relativa a este contrato, la
oferta de Cofely fue la
“económicamente más
ventajosa” en un
procedimiento de
adjudicación abierto y con
publicidad.
El eje de la trama Púnica
La empresa Cofely es
considerada por el juez Eloy
Velasco como pieza
indispensable del entramado
de corrupción que investiga
la Audiencia Nacional en la
operación Púnica: la empresa
a través de la cual la trama
habría supuestamente amañado
contratos millonarios en
municipios madrileños como
Móstoles – donde Cofely
tenía “una garganta
profunda” – Collado Villalba
o Valdemoro.
La empresa es investigada y
tanto como su exdirector en
España y varios empleados
fueron imputados por el
juez, y posteriormente
destituidos por GDF-Suez.
Contratos bajo vigilancia
Recientemente han sido
diversas administraciones
públicas madrileñas las que
han decidido contabilizar
los contratos firmados con
esta empresa y otras
relacionadas con la Púnica
tras el estallido de la
operación: recientemente el
Ayuntamiento de Madrid sumó
hasta 32,4 millones de euros
adjudicados a empresas
relacionadas con la Púnica,
así como el consistorio de
Pinto ha remitido a la
Asamblea de Madrid un
listado de más de 200
facturas adjudicadas a
Cofely y a Waiter Music.
Otros municipios como
Collado Villalba han
decidido rescindir un
contrato investigado por
valor de más de cuarenta
millones de euros.
http://cadenaser.com/emisora/2016/02/08/radio_madrid/1454944708_293244.html
EL CONSISTORIO DE MADRID
CONTEMPLA HALLAR MÁS
ADJUDICACIONES A LA PÚNICA
"El informe preliminar lo
alimentamos, cada día, con
nuevos datos", apunta el
edil de Hacienda
La lista de contratos
otorgados por el
Ayuntamiento de Madrid a
empresas vinculadas a la
trama Púnica, durante los
mandatos de Ana Botella y
Alberto Ruiz Gallardón, no
está cerrada. "Cabe la
posibilidad de que, a medida
que avance la investigación,
se añadan más contratos y
empresas", ha resaltado este
martes el Consistorio,
después de publicarse un
primer informe de la
Subdirección General de
Auditoría de Cuentas que
incluye 48 expedientes por
valor de 32,4 millones de
euros que la administración
local adjudicó a siete
sociedades investigadas por
la Audiencia Nacional por su
vinculación con la red de
corrupción ligada al PP.
"Este documento es
absolutamente preliminar.
Cada día vamos alimentándolo
con nuevos datos", ha
señalado Carlos Sánchez
Mato, concejal de Economía y
Hacienda, que ha destacado
que existen indicios de
"posibles irregularidades"
en estas adjudicaciones,
concedidas entre 2005 y
2014. En esa línea se ha
manifestado también Rita
Maestre, portavoz de Ahora
Madrid, que ha asegurado que
este informe evidencia una
"práctica continuada" por
parte del PP "que, a primera
vista, parece irregular".
"Y, más allá, está claro que
ha habido una mala práctica
en la contratación sin que
haya tenido que haber
delito", ha apostillado
Sánchez Mato.
Responsabilidad política
Los populares, por su parte,
consideran que este informe
preliminar del Ayuntamiento
no revela nada nuevo. Según
fuentes del partido, no se
ha demostrado por ahora que
existan ilegalidades en
alguno de los contratos
otorgados. En este sentido,
recuerdan las palabras de su
portavoz en el pleno,
Esperanza Aguirre: "Que se
investigue y hasta el
final".
Pero estos argumentos no
convencen al resto de
formaciones políticas, que
cargan contra el PP y
subrayan la "responsabilidad
política" de la expresidenta
de la Comunidad de Madrid,
ya que Francisco Granados
—uno de supuestos los
hombres clave en la red de
corrupción— era su mano
derecha en el Gobierno
regional. "Existe una
conexión entre el
Ayuntamiento y la trama.
Toca investigar si hubo
irregularidades", ha
insistido este martes
Purificación Causapié
(PSOE).
"Lo que está haciendo el PP
es tratar de desvincularse.
Pero existe una clara
responsabilidad política",
ha remachado Silvia Saavedra
(Ciudadanos). "Hay un
interés muy concreto, por
parte de los populares, de
desviar la atención de este
tipo de actuaciones", ha
considerado Sánchez Mato
El Consistorio someterá
ahora los 48 expedientes a
"una revisión exhaustiva" y,
si detecta ilegalidades, las
trasladará a la Fiscalía
Anticorrupción. "Nos llaman
bastante la atención los
procedimientos [adjudicados]
sin publicidad y,
paralelamente, las
modificaciones de contratos.
Porque esta última fórmula
se ha utilizado en muchos
casos de corrupción", ha
sentenciado Saavedra.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/02/actualidad/1454422587_482837.html
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
ADJUDICÓ 32 MILLONES A
EMPRESAS DE LA PÚNICA
El Ayuntamiento de Madrid
otorgó contratos por valor
de 32,4 millones de euros a
empresas vinculadas a la
trama Púnica, según concluye
un informe interno elaborado
por la Subdirección General
de Auditoría de la Deuda,
departamento dependiente del
área municipal de Economía y
Hacienda. El documento
detalla hasta 48 expedientes
adjudicados entre 2005 y
2014 a siete compañías y
sociedades investigadas por
la Audiencia Nacional, así
como gastos adicionales
derivados de modificaciones
en obras e intereses de
demora.
Este informe "preliminar",
confeccionado a raíz de la
aprobación en octubre de una
moción presentada por el
PSOE en el pleno, supone el
primer paso en la
investigación interna de los
contratos adjudicados por el
Ayuntamiento de Madrid a las
empresas vinculadas a esta
trama de corrupción ligada
al PP y, según la Fiscalía,
"infiltrada" en diversos
consistorios y organismos
autonómicos de Madrid,
Murcia, León y Valencia. El
objetivo ahora es someter
estos contratos a "un
análisis exhaustivo para
comprobar la concurrencia o
no de hechos que pudieran
ser ilícitos", según explica
el documento de la
Subdirección de Auditoría de
la Deuda, al que ha tenido
acceso EL PAÍS.
El informe incluye un primer
listado con 48 expedientes
adjudicados a siete
sociedades: Waiter Music;
Cofely España; Elyo Ibérica
Servicios Energéticos (que
comparte datos fiscales con
Cofely); Grupo Dico Obras y
Construcciones; Super Cash
de Alimentación; la UTE
Cofely-Velasco; y Obrum,
Urbanismo y Construcciones.
Estos contratos suman un
importe de 24,7 millones.
Aunque, los autores del
documento recalcan que "esta
cifra debe considerarse con
cautela" y detallan que
existen partidas adicionales
a añadir: como una
convalidación de gasto
relacionada con el
expediente del Programa de
Aparcamiento para Residentes
(PAR) de Cándido Mateos por
valor de 3,3 millones; y
modificaciones en la obra
para la construcción de un
aparcamiento en la
ampliación de IFEMA que
supusieron el pago de otros
2,9 millones de euros de
"principal", así como 1,3
millones en intereses de
demora. "De todo ello,
resulta, en el ámbito de
contratación municipal, un
importe de 32,4 millones de
euros en gastos asumidos con
empresas relacionadas con la
trama Púnica en el periodo
contemplado", concluye la
Subdirección.
Un contrato de 13 millones
El contrato de mayor cuantía
recogido en el informe
asciende a 13 millones de
euros. Responde a una
adjudicación de IFEMA con
Obrum, Urbanismo y
Construcciones en 2004 para
la construcción de un
aparcamiento en la
ampliación del Recinto
Ferial Juan Carlos I. El
proyecto e informe de
adjudicación corrió a cargo
de una UTE de dos empresas —Euroestudios
y Andrés Perea Ortega— que,
según explica el documento
del Ayuntamiento, "no se
encuentran recogidas en el
sumario de la Púnica". Pero,
eso sí, la ejecución del
proyecto lo desarrolló Obrum.
"Al concurso para el
desarrollo de la obra se
presentaron 14 empresas, de
las cuales seis fueron
excluidas por distintas
deficiencias en las ofertas
presentadas. De las 8
empresas admitidas,
finalmente, fue elegida
Obrum, que presentaba la
tercera mejor oferta
económica, a pesar de no
presentar un historial de
obras homologables a la que
se pretendía realizar",
subraya el informe de la
Subdirección, que invita a
"estudiar
pormenorizadamente" el
expediente.
"Este primer informe
demuestra que existía una
vinculación entre el
Ayuntamiento y las empresas
de la trama. Ahora toca
investigar si existieron
irregularidades", ha
explicado este lunes
Purificación Causapié,
portavoz del PSOE en el
Consistorio, a preguntas de
EL PAÍS. El documento aborda
las adjudicaciones otorgadas
a las sociedades
investigadas entre 2005 y
2014, cuando Alberto
Ruiz-Gallardón (2003-2011) y
Ana Botella (2012-2015),
ambos del PP, eran los
alcaldes de la localidad.
Eso sí, los socialistas
también acusan a Esperanza
Aguirre, actual portavoz del
PP en el Ayuntamiento y
presidenta del partido en
Madrid, de "tener una gran
responsabilidad política".
Francisco Granados,
secretario general del PP de
Madrid hasta 2011 y su mano
derecha cuando era
presidenta en la Comunidad,
es el único imputado del
caso Púnica que permanece
aún en prisión desde que
estalló esta causa en
octubre de 2014. Los
investigadores consideran al
exconsejero como una pieza
clave de la trama.
En cambio, David Marjaliza,
el presunto cerebro de la
trama, abandonó la cárcel de
Aranjuez (Madrid) el pasado
diciembre, después de reunir
la fianza de 100.000 euros
exigida por Eloy Velasco,
juez de la Audiencia
Nacional. Granados sigue en
la prisión madrileña de
Estremera que él mismo
inauguró en su etapa como
consejero de Justicia.
Comisiones de investigación
El Ayuntamiento estudiará
ahora los expedientes
recogidos en el informe de
la Subdirección, fechado el
26 de enero de 2016. En caso
de encontrar indicios
sospechosos, se trasladarán
las averiguaciones a los
órganos judiciales. También,
en ese momento, se abrirá
una comisión de
investigación política en el
pleno. A esta fórmula,
precisamente, ya ha
recurrido la Asamblea de
Madrid por las
contrataciones de la Agencia
de Informática y
Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid (ICM),
vinculada también al caso
Púnica. Y, de hecho, la Mesa
y Junta de Portavoces de
esta comisión aprobaron hace
dos semanas la comparecencia
de Esperanza Aguirre. "Como
responsable de la Comunidad
tiene que venir y explicar
qué sabía y que no sabía",
incidió entonces la diputada
Encarnación Moya (PSOE).
Para elaborar este informe,
el Ayuntamiento de Madrid
comenzó a investigar 91
contratos por valor de 50
millones de euros, según
anunció en octubre la
Concejalía de Hacienda, que
dirige Carlos Sánchez Mato,
que inició entonces un
sondeo previo de las
adjudicaciones vinculadas a
la trama Púnica.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/01/actualidad/1454349096_741912.html
SOLICITAN AUDITAR LAS
PRESUNTAS FACTURAS DE
ALCOBENDAS CON LA PÚNICA
UPyD y Ciudadanos piden
revisar los posibles
contratos del Ayuntamiento
con empresas de la trama
El portavoz de UPyD en
Alcobendas, Miguel Ángel
Arranz, y el portavoz de
Ciudadanos en esa ciudad,
Horacio Rico, han solicitado
auditar las facturas de
todas las adjudicaciones del
Ayuntamiento que hayan
podido existir con empresas
investigadas en la trama
Púnica. Piden hacer “un
ejercicio de transparencia
para fiscalizar el correcto
uso del dinero público de
los vecinos”, aseguran.
Ambas formaciones ha emitido
un comunicado conjunto en el
que han pedido que se haga
pública, de forma
voluntaria, toda la
información relativa a
contratos y facturas que
hayan podido ser suscritos
por el equipo Gobierno con
las más de 100 empresas
investigadas en la trama.
Aseguran que es “esencial
seguir el ejemplo ético de
otros consistorios y poner a
disposición de la Fiscalía,
las fuerzas de seguridad del
Estado y los jueces valiosa
información adicional para
que investiguen el alcance
de la trama corrupta en la
Comunidad de Madrid”.
Los portavoces de ambos
partidos ya han anunciado
que fiscalizarán las
facturas del periodo
2008-2015 y derivarán a la
comisión de investigación
sobre la corrupción de la
Asamblea de Madrid cualquier
contrato anómalo que pudiera
existir.
http://cadenaser.com/emisora/2016/02/08/ser_madrid_norte/1454948627_391999.html
EMPRESAS DE LA PÚNICA
OBTUVIERON CASI MILLÓN Y
MEDIO EN CONTRATOS CON PINTO
El actual gobierno municipal
entrega a la Asamblea de
Madrid un listado de más de
200 facturas suscritas entre
el consistorio y empresas
vinculadas a la trama entre
2005 y 2014
Tras el estallido de la
‘operación Púnica’ en
octubre de 2014, numerosos
ayuntamientos madrileños
decidieron echar cuentas y
ver cuántas veces habían
cerrado contratos públicos
con empresas vinculadas a la
trama de corrupción. El
último consistorio en enviar
esta información de forma
voluntaria a la Comisión de
Investigación sobre
corrupción de la Asamblea de
Madrid ha sido Pinto: más de
200 facturas por valor de
casi millón y medio de euros
con varias empresas
vinculadas a la trama.
Contratos y facturas que por
el momento no están bajo la
lupa de la justicia pero que
en opinión del consistorio
pinteño merecen la atención
de la Comisión de
Investigación sobre
corrupción así como de la
Fiscalía.
Fue el 25 de enero cuando
esta documentación llegó en
un CD a la Asamblea de
Madrid, acompañado de un
escrito firmado por el
actual alcalde Rafael
Sánchez (Ganemos Pinto) y
dando cumplimiento a lo
acordado por el pleno
municipal a finales de
octubre del año pasado:
“Trasladar los expedientes
de las empresas contratadas
por el Ayuntamiento de Pinto
relacionadas con la trama
Púnica a la Fiscalía y a la
Comisión que se ha puesto en
marcha”. La recopilación de
estos contratos, sin
embargo, fue llevada a cabo
durante la anterior
legislatura, cuando tras el
estallido de este caso de
corrupción aprobó por
unanimidad crear una
Comisión Informativa
Especial a este respecto y
cuantificar el volumen de
negocio de estas empresas en
el municipio.
La mayoría de estas facturas
entregadas corresponden a
contratos suscritos con
Cofely – eje central de la
trama Púnica según el juez
Velasco – y con Elyo
Ibérica, entonces parte del
grupo GDF Suez: a lo largo
de casi una década
facturaron más de un millón
de euros por servicios
relacionados con la
climatización de
dependencias municipales
(piscinas, bibliotecas,
colegios y dependencias
policiales, entre otros) y
reparaciones esporádicas
relacionadas con esta
actividad.
Organizar las fiestas sin
cotizar
El resto de documentación
remitida por Pinto a la
Asamblea – unas 35 facturas
por aproximadamente 450.000
euros – corresponden a dos
empresas ligadas al
empresario José Luis Huerta,
imputado en la Púnica:
Waiter Music y Saranais S.L.
Contratos y pagos
relacionados con la
organización de eventos como
la cabalta, un cocktail por
la festividad de San Juan
Bautista o conciertos de
artistas como Raphael,
Francisco o Estopa por las
fiestas patronales de la
localidad.
La empresa Saranais –
administrada por José Luis
Huerta – se hizo cargo en
2008 de diversos aspectos de
las fiestas como el pregón,
el catering o las sillas de
un concierto de Manolo
Escobar. Unos servicios que
prestó sin estar inscrita en
la Seguridad Social: según
consta en un informe del
Ministerio de Trabajo
aportado en la
documentación, a 1 de julio
de ese año la empresa
Saranais “no figura inscrita
en el sistema de la
Seguridad Social y no tiene
ni ha tenido asignado código
de cuenta de cotización”. La
propia empresa reconocía que
ni tiene ni ha tenido
trabajadores en Régimen
General.
A lo largo de la última
década, Waiter Music también
suscribió varios convenios
de colaboración con este
ayuntamiento para cooperar
en la organización de las
fiestas patronales: fue el
caso de las del año 2011 con
el objetivo de que Raphael
cantase en el pueblo. Fue la
otra empresa de José Luis
Huerta, Saranais, la que
cobró más de 21.000 euros
por la “producción
artística” de este
concierto, que incluía entre
otros servicios la promoción
del evento y la instalación
de sonido y luces.
Procedimientos “ajustados a
la legalidad”
La documentación sobre estos
contratos ha sido remitida a
la Asamblea de Madrid junto
con las conclusiones que
emitieron los grupos
municipales de Pinto el año
pasado. Unas conclusiones en
las que el presidente de la
Comisión aseguraba que “la
totalidad de los
procedimientos utilizados se
ajustan a la legalidad”,
destacando que tanto el
Tribunal de Cuentas como la
Cámara de Cuentas de Madrid
han dado el visto bueno a
estos contratos, algo con lo
que coincidió el grupo del
Partido Popular.
Fueron los grupos de la
entonces oposición los que
denunciaron trato de favor a
las empresas de José Luis
Huerta: los ediles de UPyD
aseguran que “los contratos
menores en los que
participan sus empresas se
realizaron de forma directa
y sin solicitar presupuestos
a otras empresas del
sector”, mientras que desde
el Movimiento de Izquierda
Alternativa afirmaban que el
adjudicatario de conciertos
como el de Estopa en 2008
“era conocido de antemano”.
Más tajante fue el PSOE de
la localidad, denunciando
que entre 2007 y 2008 “la
actuación del Gobierno
municipal ha beneficiado a
las empresas investigadas”
en la ‘operación Púnica’.
http://cadenaser.com/emisora/2016/02/02/radio_madrid/1454444109_636869.html
EL EMPRESARIO ALEJANDRO DE
PEDRO COMPARECERÁ EN LA
ASAMBLEA
Está imputado por su
presunta implicación en la
trama Púnica
El empresario Alejandro de
Pedro, imputado en el caso
Púnica, comparecerá el
próximo día 12 de febrero
ante la comisión que
investiga presuntos casos de
corrupción en la Asamblea de
Madrid, tras haber logrado
la cámara localizarlo.
Un portavoz del grupo
parlamentario de Ciudadanos
ha confirmado a los medios
de comunicación la fecha de
la comparecencia de De
Pedro, que ingresó en
prisión el pasado 30 de
octubre y quedó en libertad
el 7 de enero tras pagar
50.000 euros de fianza.
El pasado 26 de enero, los
grupos parlamentarios
solicitaron por tercera vez
la comparecencia del ante la
comisión de investigación,
donde las comparecencias son
obligatorias.
En las dos ocasiones
anteriores, la Cámara no
había conseguido localizarlo
para notificarle la
citación, aunque en este
caso todavía hay margen para
lograrlo, porque el plazo es
de al menos tres días de
antelación.
En la sesión del 12 de
febrero se analizarán las
contrataciones efectuadas
por la Agencia de
Informática y Comunicaciones
de la Comunidad de Madrid (ICM),
investigada dentro del caso
Púnica.
Para este día, se espera que
comparezcan la expresidenta
regional Esperanza Aguirre;
la actual consejera de
Economía, Engracia Hidalgo,
que ejerció de presidenta de
ICM entre 2007 y 2008; y una
técnica de la agencia, Mar
García Priego.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/28/madrid/1453980358_424554.html
LOS 'MINI-PELOTAZOS' DE
PÚNICA: LA CAFETERÍA DE UN
TANATORIO, OTRA EN UNA
BIBLIOTECA, APARCAMIENTOS...
El auto por el que se
levanta el secreto de
sumario que pesaba sobre
miles de folios de la causa
desvela las pesquisas
seguidas en los últimos
meses por la Guardia Civil
para destapar las supuestas
irregularidades en seis
contratos adjudicados por el
Ayuntamiento de Valdemoro.
Entre ellos está la
explotación a precios
irrisorios de los servicios
de restauración en varias
instalaciones públicas.
Nada quedaba fuera del
alcance de la trama Púnica
en Valdemoro. Ni siquiera,
la venta de bebidas y comida
en edificios públicos. El
titular del Juzgado Central
de Instrucción número 6,
Eloy Velasco, ha ordenado
investigar en los últimos
meses seis expedientes de
adjudicación realizados por
el consistorio entre 2010 y
2013 a empresas
presuntamente relacionadas
con la red de corrupción y,
más en concreto, con el
constructor David Marjaliza,
uno de sus cabecillas. El
magistrado intenta aclarar
si en dichos concursos se
produjeron irregularidades a
la vista de las ventajosas
condiciones económicas en
las que dichas mercantiles
se hicieron con los mismos.
Entre ellos se encuentra la
explotación de la cafetería
del tanatorio de esta
localidad de 72.000
habitantes, ganada por la
sociedad de un presunto
testaferro del empresario a
cambio de un exiguo canon
anual de 1.000 euros más
IVA. Otra cafetería, en este
caso en la Biblioteca
Municipal Ana María Matute,
un aparcamiento, dos centros
deportivos y un restaurante
en un parque público del
municipio son los otros
pequeños 'pelotazos' que la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil
investiga, según se recoge
en el auto adelantado ayer
por este diario por el que
el magistrado levantaba el
secreto a miles de folios de
la causa.
Una de las cafeterías cuya
explotación fue adjudicada a
las empresas de Marjaliza
estaba en la Biblioteca
pública Ana María Matute,
cuya construcción también
está bajo sospecha
El supuesto amaño sobre la
adjudicación de las
cafeterías del tanatorio y
de la biblioteca aparecen
recogidos en un informe que
el Instituto armado remitió
en octubre de 2015 al juez
Velasco en el que se
incorporaban los expedientes
452/2010 y 453/2010 del
Ayuntamiento de Valdemoro,
que fueron aprobados por la
Junta de Gobierno en
noviembre de ese año.
Entonces el alcalde era Juan
Carlos Boza Lechuga, uno de
los tres antiguos regidores
del municipio madrileño que
se encuentran imputados en
la causa. El último de
dichos expedientes se
refiere, en concreto, a "la
concesión administrativa de
uso privativo de una porción
del bien de dominio público
del edificio del tanatorio
municipal para la
explotación de una
cafetería". El concurso lo
ganó la empresa Valbar 3064
SL, ligada a uno de los
presuntos testaferros de la
trama, Eduardo de la Peña
Pérez, según detacan los
informes de la UCO
incorporados a la causa.
Esta empresa sólo debía
pagar a las arcas públicas
1.000 euros más otros 180 de
IVA al año.
Parecidas condiciones
figuran en el expediente
452/2010, en este caso para
la explotación también de un
espacio de venta de bebidas
y comida en un recinto
municipal: la Biblioteca
Municipal Ana María Matute.
La fecha de adjudicación y
las condiciones son
idénticas a las de la
cafetería del tanatorio y,
de nuevo, ganó el concurso
la sociedad Valbar 3064 SL
en la que figuraba como
administrador el presunto
hombre de paja de David
Marjaliza. En este caso,
además, el pequeño
'pelotazo' se producía en
una instalación cuya
construcción también es
investigada dentro del 'caso
Púnica'. La biblioteca de
"apariencia minimalista",
como destacaban las notas
oficiales, costó 4,2
millones de euros de fondos
públicos y su
materialización recayó en
Begar Construcciones y
Contratas SL, del empresario
José Luis Ulibarri, imputado
en Gürtel. La financiación
corrió a cuenta del Plan
Regional de Inversiones y
Servicios (Prisma) de la
Comunidad de Madrid, un
programa de obras públicas
ahora bajo sospecha que
salpica a Jaime González
Taboada, actual 'número 3'
del Ejecutivo regional de
Cristina Cifuentes.
Dos centros deportivos, un
aparcamiento...
También condiciones muy
ventajosas incluía la
adjudicación hecha en 2011
para la explotación durante
25 años de la Instalación
Deportiva 'El Caracol' de
Valdemoro. El expediente
188/2011 del Consistorio
reclamado ahora por el juez
Velasco al Consistorio
refleja que el contrato fue
ganado por la empresa
Gestión Pádel Valcenter SL
por un valor de 1.500 euros
anuales más un 10'5% de los
"resultados de explotación".
Esta mercantil también es
investigada por otras
adjudicaciones para
gestionar centros deportivos
por cánones irrisorios en
otros municipios en cuyos
consistorios la trama se
había infiltrado, como
Torrejón de Velasco y
Serranillos del Valle. La
administradora de la
compañía, Ana Mayoral Blaya,
también figura entre los
imputados por sus vínculos
con Marjaliza.
Algunos de los contratos del
Ayuntamiento de Valdemoro
ahora investigados sólo
obligaban a las empresas
adjudicatarias a pagar un
canon anual de 1.000 euros
más IVA
Otra instalación deportiva
bajo sospecha es la afectada
por el expediente 491/2010,
reclamado por el juez
Velasco el pasado mes de
septiembre al Ayuntamiento
de Valdemoro. En este caso,
se trataba de la "concesión
administrativa de uso
privativo de la parcela de
dominio público sita en la
UDE Oeste-Norte, urbana, SGE,
para la construcción y
explotación de un conjunto
dotacional deportivo,
comercial y genérico". La
empresa adjudicataria fue
otra de la trama societaria
de Marjaliza, Open Sport
Life Center SL, que debía
pagar un canon anual de
1.500 euros más otros 270 de
IVA.
El constructor ahora
colaborador de la Justicia
también figura relacionada
con la adjudicación por el
expediente 260/2010 de la
gestión del aparcamiento de
un centro lúdico en
Valdemoro. En este caso, el
canon a pagar era de 9.200
euros más IVA al año, que
ganó la empresa Valescar
Parking SL. El administrador
único de la misma es Candido
Antonio Ruiz García, también
imputado por su condición de
presunto testaferro del
socio de Francisco Granados.
Ruiz García, que el pasado
mes de junio alertó a la
Audiencia Nac ional de
cambios societarios en las
mercantiles donde ejercía de
hombre de paja, figura
también como directivo de La
Vid Servicios Hosteleros SL.
Con esta firma, la trama se
hizo en 2013 con la
explotación del bar
restaurante situado en el
Parque Duque de Ahumada, de
Valdemoro, aprobada en el
expediente 213/2013. La
cuota anual fue aquí más
elevada: 17.500 euros
anuales.
Junto al nombre de
Marjaliza, que aparece
relacionado de un modo u
otro con todas las empresas
adjudicatarias, el otro
personaje en común de estos
'mini-pelotazos- es el de
Juan Carlos Bouza Lechuga,
alcalde del PP cuando se
produjeron las detenciones.
Él fue, precisamente, uno de
los arrestados, tras lo que
tuvo que abandonar su cargo
público. No obstante, el
juez Velasco sospecha que no
es el único responsable y,
de hecho, en los últimos
meses ha pedido también al
consistorio la relación de
concejales que asistieron a
las Juntas de Gobierno del
municipio de los días 24 de
febrero, 25 de noviembre y
21 de diciembre de 2010,
cuando se decidieron qué
empresas se adjudicaban
parte de estos seis
contratos bajo sospecha.
http://vozpopuli.com/actualidad/75727-los-mini-pelotazos-de-punica-la-cafeteria-de-un-tanatorio-otra-en-una-biblioteca-aparcamientos
UN CENTRO DE LA UNED
ADJUDICÓ CUATRO CONTRATOS A
DEDO A LA PRINCIPAL EMPRESA
DE LA ‘PÚNICA’ DESPUÉS DE
ESTALLAR EL ESCÁNDALO
La institución académica
admite que, desde octubre de
2014, un centro de Madrid
adjudicó a la firma Cofely
contratos por valor de
81.242 euros IVA incluido
"Se han contratado estas
actuaciones con Cofely al
entender que eran expertos y
teniendo en cuenta criterios
económicos", subraya a
infoLibre un portavoz
oficial
El 27 de octubre de 2014
estallaba la operación
Púnica llevándose por
delante, entre otros, a
cuatro alcaldes del Partido
Popular de Madrid, presidido
por Esperanza Aguirre, y a
Francisco Granados, el que
durante años fue uno de los
hombres fuertes de sus
gobiernos en la Comunidad.
También ponía en el punto de
mira a una serie de
empresas, la principal de
ellas Cofely. Con el
transcurso de las
investigaciones se fueron
demostrando los estrechos
vínculos de esta firma de
servicios con la trama
corrupta liderada por
Granados y David Marjaliza.
Este hecho, no obstante, no
ha sido óbice para que
Cofely se siguiese haciendo
con contratos públicos.
Según documentación que obra
en poder de infoLibre, desde
que estalló la Púnica, un
centro asociado de la
Universidad Nacional del
Educación a Distancia (UNED)
en Madrid ha otorgado cuatro
contratos a esta firma. Para
ninguno de ellos se convocó
concurso. Es decir, fueron
adjudicados a dedo.
El centro asociado de la
UNED que siguió manteniendo
relación con Cofely cuando
su nombre ya estaba
relacionado con esta trama
está ubicado en la madrileña
calle de Tribulete. Y, según
confirman fuentes del propio
centro –en la institución
académica destacan que estos
funcionan con "autonomía
jurídica y contractual"–, la
suma de los cuatro contratos
asciende a 81.242,92 euros,
IVA incluido.
Todos ellos son, según el
propio centro, "contratos
menores de obras según
establece el artículo 138.3
de la Ley de Contratos del
Sector Público". El citado
artículo establece que "los
contratos menores podrán
adjudicarse directamente a
cualquier empresario con
capacidad de obrar y que
cuente con la habilitación
profesional necesaria para
realizar la prestación". Se
consideran contratos menores
los que no superen los
50.000 euros, cuando se
trate de obras, o los 18.000
euros, en el resto de
contratos.
En el caso de los cuatro
contratos adjudicados a
Cofely por el centro de la
UNED, el importe más alto
corresponde a una
adjudicación de 51.695,3
euros (42.723,3 euros sin
IVA).
Sin "impedimento jurídico"
Según señaló un portavoz del
centro a preguntas de
infoLibre, el estallido del
escándalo de corrupción no
llevó a reconsiderar el
recurrir a Cofely. "Es
difícil conocer si las
empresas con las que se
trabaja y a las que se
solicitan presupuestos
tienen o no tienen alguna
relación de este tipo",
añaden. No obstante, la
relación de Cofely con la
Púnica es pública desde hace
meses.
"Si no hay ningún
impedimento jurídico que le
limite la capacidad de
contratar con la
Administración, no es
posible detectarlo", añade
dicho portavoz.
Las mismas fuentes
justifican que "se han
contratado esas actuaciones
con Cofely por entender que
eran expertos y teniendo en
cuenta criterios
económicos".
Los contratos, al detalle
El primero de los contratos
adjudicado por el centro
asociado de la UNED tuvo por
objeto la "obra de
instalación de una red
enterrada de calefacción en
el edificio de Giner de los
Ríos". El importe de esta
adjudicación fue de
21.736,83 euros, IVA
incluido (17.964,3 euros sin
IVA).
El segundo, el más
cuantioso, es el ya citado
de 51.695,3 euros. Su
concepto: "Obra de
instalación, sustitución y
puesta en marcha de la
caldera de gas en el
edificio de Escuelas Pías".
Al mismo edificio fueron a
parar los dos contratos
restantes. Uno, de
"alimentación de frío en
suelo radiante", por importe
de 6.002 euros (4.960,7
eruos sin IVA). Y otro, de
"sustitución de urgencia de
bomba de agua secundario",
que ascendió a 1.808,3 euros
(1.494,5 euros sin IVA).
Según figura en la página
web de la institución
académica, "la titularidad y
responsabilidad plena del
Centro Asociado corresponde
a un Patronato integrado por
el Excmo. Ayuntamiento de
Madrid, la Consejería de
Educación y Cultura de la
Comunidad de Madrid y la
Universidad Nacional de
Educación a Distancia".
170 millones en
adjudicaciones
Según la investigación del
juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco,
Cofely es una de las piezas
clave del puzle de la
Púnica. La firma habría sido
una de las principales
beneficiarias de los
contratos que varias
administraciones públicas
adjudicaban a cambio de
comisiones ilegales.
De hecho, el estallido del
caso supuso que varios
ayuntamientos anunciaran que
la suspensión de los
contratos con Cofely. Hasta
ese momento, se calcula que
Cofely-España, la filial
española GDF Suez, logró más
de 170 millones de euros en
adjudicaciones de la trama
de Granados.
Uno de los contratos más
cuantiosos es el firmado
entre esta empresa y el
Ayuntamiento de Parla
(Madrid). Desde 2013, en
este municipio Cofely se
había encargado de prestar
los servicios energéticos en
diferentes instalaciones
tras firmar un convenio por
66 millones de euros.
Pero no sólo Parla tuvo
relación con esta empresa.
Otros de los municipios
salpicados en este escándalo
fueron los de las
localidades madrileñas de
Valdemoro, Collado Villalba,
Torrejón de Velasco,
Serranillos del Valle y
Casarrubuelos. Cuando
estalló el caso fueron
registradas las oficinas
centrales de Cofely e
imputados varios de sus
directivos.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/02/09/un_centro_asociado_uned_adjudico_cuatro_contratos_dedo_principal_empresa_punica_despues_estallar_escandalo_44507_1012.html
LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA
OTRA TRAMA PÚNICA EN PUEBLOS
DE MADRID QUE GOBERNÓ EL PP
Dos denuncias de dos
ayuntamientos abren una
nueva línea de investigación
sobre contratos de
eficiencia energética con
dos nombres propios: la
empresa Asproener y el
exalcalde de Griñón
La Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil
investiga si los contratos
de eficiencia energética
aprobados por varios
ayuntamientos del sur de
Madrid han generado una
segunda trama Púnica.
Gracias a una denuncia
presentada en febrero de
2015, a la que se sumó otra
en octubre, los agentes
tienen en su poder
documentación sobre varios
contratos, e información
sobre el papel que jugó en
su adjudicación una
consultoría, Asproener, y un
nuevo intermediario, José
Ramón Navarro Blanco,
alcalde del PP de Griñón
entre 2003 y septiembre de
2011. El exregidor lo niega
todo. El juez Eloy Velasco,
instructor de la causa en la
Audiencia Nacional, levantó
este lunes el secreto de
parte del sumario, que ha
ido engordando en el último
año, una parte en la que
aparece nueva documentación
sobre Asproener y los pagos
que recibió de Cofely, una
de las empresas de la trama.
Asproener, constituida el 21
de junio de 2011 por el
empresario Juan José Guzmán
López, ya aparece en la
primera parte del sumario.
Carlos Estrada, exalcalde de
Moraleja de Enmedio, y su
esposa, funcionaria del
consistorio, eran detenidos
en junio del año pasado por
presuntas irregularidades en
la adjudicación de un
contrato a Cofely valorado
en 3,6 millones de euros. A
diferencia del resto de
casos investigados, la firma
que intervino en la
licitación de Moraleja de
Enmedio no fue Ruta
Energética, sino Asproener.
El consistorio elaboró los
pliegos del concurso
utilizando como base las
recomendaciones que había
formulado previamente
Asproener. Y, al igual que
en otros ayuntamientos que
trabajaron con Ruta
Energética, el coste de la
auditoría elaborada por
Asproener fue abonado por
Cofely tras llevarse la
licitación, aunque los
fondos procedían en realidad
de las arcas municipales.
El exalcalde de Griñón lo
niega todo, aunque reconoce
que ha colaborado
puntualmente con la empresa
investigada, Asproener
Dos ayuntamientos, uno de
Madrid y otro de Toledo, han
acudido a la UCO con
sospechas de amaño en los
contratos de eficiencia
energética en los que
intervino Asproener y el
papel que en ellos pudo
jugar José Ramón Navarro
Blanco. Asproener consiguió
contratos de auditoría en
seis municipios: Carranque,
Cubas de la Sagra,
Arroyomolinos, Moraleja de
Enmedio, Quijorna y Torrejon
de la Calzada. Y antes de
que estallara la trama
estaba en negociaciones para
conseguirlos en Algete,
Cacabelos, Casarrubuelos, El
Álamo, Humanes, Navalcarnero
y San Lorenzo de El
Escorial.
Contratos por debajo de
18.000 euros
Asproener, constituida el 21
de junio de 2011, firmó el
19 de julio de 2011 con el
entonces alcalde de Griñon,
José Ramón Navarro Blanco,
un contrato de gestión
energética. El contrato era
de 18.000 euros, el importe
máximo por el que puede ser
adjudicado sin concurso
público. Pero una moción de
censura desalojó al PP de la
alcaldía en septiembre de
2011. Un año después, en
septiembre de 2012, el nuevo
equipo municipal recibía una
factura por valor de 44.840
euros a nombre de una
empresa llamada Consultoría
Lumínica, que había recibido
el encargo de hacer una
auditoría por parte de
Asproener. La auditoría se
había realizado en mayo de
2011, semanas antes de que
se constituyera Asproener y
que esta, por tanto, pudiera
encargar la auditoría a
Consultoría Lumínica.
En Carranque (Toledo), el
ayuntamiento, gobernado
entonces por el PP, también
adjudicó un contrato de
18.000 euros a Asproener, un
contrato que le permitía
formar parte de la mesa de
contratación y la potestad
de redactar los pliegos de
condiciones del concurso. En
Griñón, el contrato
finalmente no se formalizó,
pero en Carranque se lo
llevó Elecnor por 3,3
millones de euros. El
fundador de Asproener, Juan
José Guzmán López, fue
militante del PP de Griñón.
José Ramón Navarro Blanco
asegura a El Confidencial
que ha colaborado
puntualmente con Asproener
en alguna ocasión, pero
siempre cuando ya no era
cargo público. Niega
cualquier amaño. Navarro
dejó la alcaldía y empezó su
aventura en el sector
privado, también en la
eficiencia energética.
Trabajó un par de años para
Valoriza (filial de Sacyr
Vallehermoso) y luego montó
la empresa Naverilux. En
Arroyomolinos, por ejemplo,
UPyD también llevó el
contrato con Asproener
(17.700 euros) al Tribunal
de Cuentas, ya que la
empresa cobró por copiar un
dosier publicitario de Gas
Natural Unión Fenosa que
ofrece presupuestos
comparativos de tarifas
eléctricas, algo que las
compañías ya ofrecen
gratuitamente.
Conversación intervenida por
la UCO
El sumario de la Púnica
incluye una conversación
intervenida por la UCO entre
David Marjaliza, cabecilla
de la trama, y Pedro García
(comercial de Cofely). Ambos
están imputados. La UCO
deduce que tras la auditoría
de Asproener, el contrato en
Griñón se lo iba a llevar
Cofely. En la conversación
aparece un tal José Antonio,
"el de Griñón", que la
Guardia Civil cree que es el
exalcalde. Pero en julio de
2014, cuando está grabada la
conversación, Navarro Blanco
ya no está en el Gobierno
municipal, por lo que se
deduce que pudo tener entre
2011 y 2014 un papel de
intermediario entre las
empresas de servicio
energético y los
ayuntamientos de la zona
gracias a su influencia como
presidente del partido en el
municipio. De hecho, seguía
como presidente del PP de
Griñón hasta el año pasado,
cuando el PP nombró una
gestora en la localidad.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-02-08/la-guardia-civil-investiga-otra-trama-punica-en-pueblos-de-madrid-que-goberno-el-pp_1148900/
MARJALIZA COBRÓ 1,2 MILLONES
DE COMISIÓN POR UN SUELO
PÚBLICO DE 484.000 EUROS
Profesores de un colegio
concertado de Valdemoro
pagaron a una sociedad
pantalla por conseguir la
parcela
La «sociedad» que
constituyeron los líderes de
la trama Púnica, Francisco
Granados y su amigo de la
infancia, David Marjaliza,
fue especialmente productiva
en la adjudicación de suelo
público y la construcción de
colegios concertados en la
Comunidad Madrid. Tal y como
reveló ABC en marzo de 2015,
empresas pantalla de
Marjaliza cobraban entre
900.000 euros y 1,2 millones
de euros por las «gestiones»
para conseguir las parcelas.
Tras esta información,
algunas cooperativas de
profesores se han sentido
estafadas y se han puesto a
disposición del juez de la
Audiencia Nacional Ely
Velasco, instructor de la
operación Púnica.
Es el caso de la cooperativa
que gestiona el colegio
concertado Hélicon, en
Valdemoro, el epicentro de
la trama corrupta
desmantelada en octubre de
2014. Lo docentes
contrataron los servicios de
la consultora Servicios
Logísticos Inmobiliario S.
L., manejada por David
Marjaliza. El contrato lo
firmó en nombre de los
profesores Alfonso Ferrón
del Río, que hacía las veces
de intermediario para la
puesta en marcha del centro
a través de su sociedad
Alfedel. Ferrón, que está
imputado en la trama, pactó
con Marjaliza un pago de
1.591.342,67 euros «para que
gestionase la adquisición de
un suelo en la Comunidad de
Madrid con el fin de
construir un centro
escolar». Así lo revela el
contrato, al que ha tenido
acceso ABC.
El suelo ya estaba elegido
El documento fue suscrito el
20 de septiembre de 2002,
cuando Francisco Granados
era alcalde de Valdemoro.
Llama la atención que en esa
fecha la cooperativa de
profesores ya había
seleccionado el suelo que
necesitaba, una parcela
pública en el municipio que
regía Francisco Granados.
El contrato recoge que de
los casi 1,6 millones de
euros se restaría el precio
de la parcela, apenas
484.000 euros. Esto
significa que los profesores
acabaron pagando más del
triple del precio del suelo
público. Una anotación
manuscrita al margen del
contrato revela la magnitud
de la presunta «mordida»:el
beneficio para la sociedad
pantalla de Marjaliza era de
1,1 millones de euros,
aunque al final facturó algo
más, 1,2 millones, según la
documentación consultada por
ABC, que desde hace unas
semanas está en poder de la
Audiencia Nacional, la
Fiscalía Anticorrupción y la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil.
La Guardia Civil y la
Fiscalía investigan una
docena de casos similares en
la Comunidad de Madrid, por
los que Marjaliza se embolsó
unos 12 millones de euros
Las pesquisas de los
investigadores apuntan a que
Marjaliza compartía esos
beneficios con el entonces
alcalde Granados,
responsable de la
adjudicación de la parcela.
Un año después de la firma
del contrato, Granados dejó
la alcaldía de su pueblo
para ser nombrado consejero
de Transportes de la
Comunidad de Madrid y,
luego, secretario general
del partido en la región.
Los profesores que gestionan
el centro –y que no están
implicados en la trama–
contrataron los servicios de
Alfedel para la puesta en
marcha del centro a cambio
de otros 1,3 millones de
euros. El negocio no
terminaba ahí, ya que
Alfonso Ferrón también
encargaba la construcción a
una empresa de Marjaliza,
Obrum. En el caso del
colegio Hélicon, firmaron un
presupuesto de 12 millones
de euros, pero al final los
profesores, entrampados con
una hipoteca, están pagando
18 a causa de los
sobrecostes.
Una vez terminado el
colegio, Alfonso Ferrón
concluía su relación con la
cooperativa de profesores.
Su empresa, Alfedel, ha
promovido 18 colegios en la
Comunidad de Madrid. Según
los documentos investigados
por ABC, los pagos a
sociedades pantalla de
Marjaliza se han repetido en
alrededor de una docena de
ellos a razón de,
aproximadamente, un millón
de euros de comisión por
cada centro. Granados habría
usado sus influencias como
secretario general del PP de
Madrid y número tres del
Gobierno de Esperanza
Aguirre para extender este
negocio por toda la
Comunidad.
http://m.abc.es/espana/abci-caso-punica-marjaliza-cobro-12-millones-comision-suelo-publico-484000-euros-201601312057_noticia.html?ref_m2w=
https://www.google.es/
GRANADOS PIDE A LA AUDIENCIA
NACIONAL UNA PULSERA DE
CONTROL LAS 24 HORAS CON TAL
DE SALIR YA DE LA CÁRCEL
Su abogado espanta el riesgo
de fuga: es "un político
conocido", tiene arraigo
familiar y sus cuentas en el
extranjero están bloqueadas
Velasco denegó la libertad a
Granados tres días después
de que la Guardia Civil
encontrara un maletín con
casi 1 millón de euros en
casa de sus suegros
Recurre a la Sala de lo
Penal después de que su
exsocio David Marjaliza
fuera el excarcelado el 30
de diciembre por 'tirar de
la manta'
Catorce meses después de su
ingreso en prisión, el
exconsejero de Presidencia
de la Comunidad de Madrid
Francisco Granados quiere
salir de la cárcel cuanto
antes. Con ese propósito, su
defensa acaba de proponer a
la Audiencia Nacional que le
coloque una pulsera
telemática para estar
localizado las 24 horas,
pero fuera del centro
penitenciario de Estremera
que él mismo inauguró y en
el que permanece desde
octubre de 2014.
El abogado de Granados ha
recurrido ante la Sala de lo
Penal el auto del juez Eloy
Velasco que impidió al
expolítico recibir el nuevo
año en libertad. Su abogado
alega que no hay un solo
indicio de los riesgos que
establece la ley para negar
su puesta en libertad
provisional, esto es, el de
fuga, la destrucción de
pruebas o la reincidencia.
“El señor Granados es un
conocido político, que ha
vivido durante toda su vida
en Valdemoro, que ha
cosechado una carrera
política de muy largo
recorrido. Todos sus bienes
se encuentran también en
España, por lo que en el
extranjero no tendría medio
de sustento alguno, si sus
cuentas bancarias fueran
bloqueadas, como así se
encuentran en la
actualidad”, dice el escrito
de la defensa, al que ha
tenido acceso eldiario.es.
La defensa de Granados
también propone como
alternativa la comparecencia
diaria en el juzgado de
Valdemoro o en la propia
Audiencia Nacional o el
arresto domiciliario. Su
abogado se apoya en que,
antes o después, Granados
saldrá de la cárcel y el
juicio, seguramente, no se
habrá celebrado aún. El
exconsejero fue detenido el
27 de octubre de 2014 y,
según la Ley, no puede
permanecer más de dos en
prisión preventiva. Su
estancia en prisión, escribe
el abogado, se ha convertido
en “una pena adelantada”.
“No es posible concebir que
alguien vaya a abandonar a
su familia y sus
responsabilidades
profesionales por estar
inmerso en un proceso penal,
máxime teniendo en cuenta
que el señor Granados es un
personaje público que podría
ser fácilmente identificado
allá donde fuese”, insiste.
Granados intentó pasar las
últimas Navidades en su
casa, pero el escrito
presentado el 18 de
diciembre fue rechazado por
el juez diez días más tarde.
En la decisión de Velasco
pesó el hallazgo de un
maletín con más de 900.000
euros en el domicilio de los
suegros del que fuera hombre
fuerte del Gobierno de
Esperanza Aguirre. El
registro tuvo lugar tres
días después de la solicitud
de libertad. Los billetes
estaban dentro de una
maletín oculto en el altillo
de un armario. El matrimonio
fue llamado a declarar por
el juez Velasco, quien les
imputa un delito de blanqueo
de capitales por no dar
explicaciones convincentes
del origen del dinero. La
esposa de Granados, Nieves
Alarcón, también está
imputada en el caso Púnica
por el mismo delito.
El abogado de Granados, sin
embargo, rebate el riesgo de
ocultación de pruebas de
Granados. “Parece que
durante más de catorce meses
en prisión provisional, el
Juzgado ha tenido tiempo de
sobra para asegurar todas
sus fuentes de prueba”,
asegura en su escrito.
El último de la 'Púnica' en
la cárcel
Al mismo tiempo que denegaba
la excarcelación de
Granados, el juez Velasco
autorizaba el 28 de
diciembre la de Marjaliza,
siempre que abonara una
fianza de 100.000 euros. El
imputado presentó una finca
como aval, a la que debió
sumar más de 11.000 euros de
su cuñado, y el 30 de
diciembre abandonó la cárcel
de Aranjuez. “Resulta más
relevante todavía que todos
los miembros de la supuesta
organización criminal están
ya en libertad”, alega el
abogado de Granados para
conseguir la libertad de su
cliente.
La salida de Marjaliza de
prisión estuvo precedida de
cuatro visitas al juzgado de
Eloy Velasco, la última el
pasado mes de noviembre.
Marjaliza ha decidido
colaborar con la justicia y
aportar información al
instructor sobre los
presuntos delitos que
investiga. En su relato del
pasado verano aparecieron
nuevos nombres de políticos
que mantienen en vilo al
Gobierno de la Comunidad de
Madrid.
Según desveló El Español el
pasado julio, Marjaliza ha
implicado al número 3 de la
lista de Cristina Cifuentes,
el actual consejero de Medio
Ambiente, Jaime González
Taboada, en un “reparto” de
comisiones por
adjudicaciones de obra
pública. En la confesión de
Marjaliza también aparecían
mencionados el número 11 de
la lista de Cifuentes,
Bartolomé González, y una
diputada de Ciudadanos, Eva
Bórox, por su época de
concejal en las listas del
PSOE. El exsocio de Granados
también ha implicado al
socialista Tomás Gómez en el
reparto de comisiones por
adjudicaciones de vivienda
pública en Getafe, la
localidad de la que fue
alcalde.
El abogado Enrique Molina,
que defiende a Granados,
insiste en su escrito en que
en el auto por el que
Velasco envió a la cárcel a
su defendido, no concreta,
como exige el Tribunal
Constitucional para la
prisión provisional, los
hechos en los que se basa
para acusarle de ocho
delitos de corrupción,
incluido el de liderar una
organización criminal.
La “supuesta participación”
de Granados en dicha
organización, escribe el
abogado Molina, “no está ni
siquiera determinada más
allá de una cuenta en Suiza”
a nombre de su defendido.
Una cuenta que, por otra
parte, añade el letrado, ha
sido “reconocida por el
señor Granados muchos meses
antes de conocer la
existencia de las presentes
actuaciones”. El expolítico
defiende que esa cuenta fue
abierta con "un poco de
dinero" de su padre y que
pasó a ser titular de ella
su amigo y socio David
Marjaliza porque el banco le
exigió que buscara a alguien
solvente como condición para
poder poder desvincularse de
ella.
El hecho de que el juez
Velasco decidiera el pasado
mes de septiembre dividir la
investigación en 12 causas,
con la intención de agilizar
la instrucción, reafirma a
la defensa de Granados en
que la supuesta organización
criminal que se investigaba
en la anterior pieza
principal no existe. El
letrado se queja de que no
sabe en qué piezas debe
personarse o de si ya lo ha
hecho el juzgado de oficio
por él. Una parte de la
investigación de la trama
Púnica sigue secreta.
http://m.eldiario.es/politica/Granados-Audiencia-Nacional-pulsera-control_0_473503577.html
LA HERMANA DE MARJALIZA,
INVESTIGADA POR BLANQUEO EN
LA ‘OPERACIÓN PÚNICA’
Ana María Marjaliza está
siendo investigada por
ofrecer una "colaboración
necesaria" para la comisión
de delitos de asociación
ilícita, corrupción y
blanqueo de capitales
Habría participado en la
tramitación de licencias
urbanísticas y el blanqueo
de ganancias ilícitas por
parte de su hermano, socio
de Francisco Granados
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco
investiga a Ana María
Marjaliza, hermana del
presunto cerebro de la trama
Púnica y socio del
exsecretario general del
Partido Popular (PP) de
Madrid Francisco Granados,
por participar presuntamente
en intercambios de
información en la
tramitación de licencias
urbanísticas y blanquear las
ganancias ilícitas obtenidas
por su hermano David
Marjaliza.
En un auto, al que ha tenido
acceso Europa Press, el
magistrado hace suyos los
argumentos de la Fiscalía
para rechazar archivar el
caso de Ana María Marjaliza,
ya que está siendo
investigada por ofrecer una
"colaboración necesaria"
para la comisión de delitos
de asociación ilícita,
corrupción y blanqueo de
capitales.
"En el momento actual, se
están investigando los
intercambios de información
en la tramitación de
licencias urbanísticas, a
cambio de favores y
recompensas a favor de
Marjaliza y su grupo de
testaferros y cómplices",
explica.
En esta trama, el juez
señala que la hermana de
David Marjaliza "desarrolló
su trabajo en el
departamento de tesorería y
gestión económica de las
licencias" y los posibles
factores que realizó ese
órgano constituye una de las
líneas de investigación
abiertas entorno a la trama
de corrupción.
Un tercio de las acciones de
la sociedad Nexus
El titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6 destaca también que
Ana María Marjaliza es
administradora de la
sociedad Inversiones y
Estudios Urbanos, que forma
parte del grupo dirigido por
su hermano David, y que
"contribuyó de forma
necesaria en la dinámica de
ocultación y transformación
de las ganancias ilícitas"
obtenidas por el
constructor.
En este punto, el magistrado
sitúa los indicios de
blanqueo que afectan a la
empresa Singapur Milenio
Trading y la compañía
Inversiones y Estudios
Urbanos, que "aparentó
vender las obras de arte" de
David Marjaliza. El dinero
fue repatriado de nuevo e
invertido en la cuenta de
Ibercaja en la que la
investigada estaba
autorizada.
La sociedad Nexus, de la que
es propietario David
Marjaliza y donde
centralizaba su "abultado"
patrimonio, contó también
con la colaboración de su
hermana, que "detentaba de
forma simulada un tercio de
las acciones". El juez
sospecha que el constructor
puso a nombre de su sobrina,
nacida en 1997 e hija de Ana
María Marjaliza, un
patrimonio valorado
catastralmente en 589.600,24
euros.
El juez Velasco dejó el
pasado 30 de diciembre en
libertad a David Marjaliza,
socio y amigo de la infancia
del exdirigente del Partido
Popular Francisco Granados,
tras haber satisfecho la
fianza de 100.000 euros que
le impuso por su "dinámica
de colaboración" con la
Justicia.
En concreto, destacó que
Marjaliza ha aportado
"evidencias documentales
incriminatorias" y ha
auxiliado a su juzgado en
"la recuperación de activos
de origen delictivo". Los
investigadores han recibido
informaciones procedentes de
sus testaferros y
"colaboradores más
inmediatos", en referencia a
su secretaria, Ana María
Ramírez.
Marjaliza, al que la
investigación atribuye un
patrimonio de más de 33
millones de euros, la
presencia en unas 150
empresas e incluso la
construcción de un zulo para
ocultar "obras de arte y
dinero", está imputado por
los delitos de blanqueo de
capitales, cohecho, tráfico
de influencias, contra la
Hacienda Pública,
malversación de caudales
públicos, prevaricación,
falsificación documental y
organización criminal.
Estos delitos se atribuyen
también al exconsejero
madrileño Francisco
Granados, el único de los
miembros de la trama que
permanece en prisión.
Un centenar de imputados
La operación Púnica estalló
en octubre de 2014 y, desde
entonces, más de un centenar
de personas se encuentran
imputadas por participar en
la adjudicación de contratos
supuestamente fraudulentos
en materia de urbanismo y
obras públicas, eficiencia
energética y reputación on
line en las comunidades de
Madrid y Murcia, la
Diputación de León y una
decena de ayuntamientos.
Entre los ex altos cargos de
la Comunidad de Madrid
imputados en la causa se
encuentran, además de
Granados, el exconsejero de
Presidencia y Justicia
Salvador Victoria; los
antiguos titulares de
Educación Lucía Figar y
Manuel Pérez Gómez; o el ex
consejero delegado de la
Agencia Informática y de
Comunicaciones (ICM) José
Martínez Nicolás.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/01/18/la_hermana_marjaliza_investigada_por_blanqueo_operacion_punica_43525_1012.html
EL COLEGIO DE ECONOMISTAS
MANTIENE A UN IMPUTADO DE
PÚNICA COMO SECRETARIO
TÉCNICO
El Colegio de Economistas de
Madrid mantiene desde hace
año y medio como secretario
técnico a Rafael Laso,
imputado en la operación
Púnica, en el curso de la
cual la Guardia Civil detuvo
en 2014 a 51 políticos,
funcionarios y empresarios
por estar supuestamente
implicados en una trama de
corrupción que adjudicó
servicios públicos por valor
de 250 millones de euros a
cambio de comisiones
ilegales.Rafael Laso, según
la Fiscalía, era el
encargado de realizar varios
informes de consultoría cuyo
precio luego se inflaba para
ocultar comisiones. «Sigo
aquí porque esto fue
valorado por la secretaría
jurídica y se vio que mi
situación procesal cambiaría
rápidamente», explicó Laso
ayer telefónicamente a este
diario.
Sin embargo, el secretario
técnico sigue en el puesto
año y medio después del
estallido del caso. «Es que
en realidad la causa no se
ha movido, ni para mí ni
para nadie, pero sí que hay
informes de la Fiscalía en
un sentido positivo para
mí». Ayer, de hecho, Laso,
que no figura en la web con
el cargo que ocupa, era el
único miembro de la cúpula
del Colegio que se hallaba
en la sede de la
institución, en la calle
Flora de Madrid.
Según la investigación, Laso
era el técnico contratado a
1.000 euros mensuales por la
trama para realizar informes
fantasma a los ayuntamientos
de Parla, Móstoles y
Almendralejo, documentos que
finalmente servían para
camuflar las comisiones de
la red. Parla, por ejemplo,
adjudicó a la firma Ruta
Energética 1,3 millones de
euros por diversos estudios
que costaban mucho menos.
Laso realizó en
aproximadamente medio año
dos informes para Parla; sin
embargo, Púnica facturó al
Ayuntamiento cerca de
200.000 euros.
El Colegio de Economistas de
Madrid, con varios miles de
colegiados, explicó ayer a
este diario su postura por
medio de Juan Carlos López
Amor, su secretario
jurídico: «Estudiamos en su
momento su situación, y no
hay ningún problema. Por un
lado, porque es un simple
investigado, y por otro, el
Colegio puede contratar a
cualquier persona como lo
puede hacer una empresa
privada, como si fuéramos
Google, IBM o McDonalds.
Además, él mismo nos dijo
que su participación es
absolutamente accidental, y
ni siquiera tiene medidas
cautelares, ni bloqueo de
cuentas, como sí tienen el
99% de los investigados.
Además, hay informes del
fiscal diciendo que no tiene
participación en el núcleo
del tema.
Él tiene un contrato laboral
con el Colegio y cobra un
sueldo que es de naturaleza
privada, porque el
presupuesto es de naturaleza
completamente privada. Y
esto es lo que hay», zanjó.
http://www.elmundo.es/madrid/2016/02/04/56b3caaee2704ed73c8b4627.html
UNA “ULTRACATÓLICA,
DICTATORIAL” Y ‘TOCADA’ POR
PÚNICA PARA REFUNDAR EL PP
VALENCIANO
Isabel Bonig aparece en el
sumario de la Púnica por una
adjudicación de seis
millones vinculada a la
presunta financiación ilegal
del PP
¿Quién es Isabel Bonig?
La adjudicación de seis
millones a la Púnica
En el sumario del caso
Púnica, aparece su nombre
por una adjudicación de seis
millones de euros en su
etapa como consejera de
Infraestructuras. Esos
contratos pudieron estar
vinculados con la presunta
financiación irregular del
PP valenciano con Alberto
Fabra.
En una de las conversaciones
telefónicas grabadas en el
marco de esta operación, uno
de los empresarios de la
Púnica, Alejandro de Pedro,
le dice a David Marjaliza,
el cabecilla de la trama e
íntimo de Francisco
Granados, que tiene “un
contrato de 6 millones de
euros de la Generalitat para
el mantenimiento del metro
de Valencia”.
La Guardia Civil sospecha
que la trama Púnica
financiaba al Partido
Popular de Alberto Fabra a
cambio de contratos públicos
de la Generalitat. En otro
de los pinchazos
telefónicos, Alejandro de
Pedro le dice a Marjaliza
que va a reunirse la semana
siguiente con “el
presidente”, que según los
investigadores es Alberto
Fabra. De Pedro asegura que
“el presidente” le va a
“reclamar para la campaña”
de los pasados comicios de
2015. En contraprestación,
añade el empresario, él le
va a pedir la adjudicación
de algún concurso público.
http://www.elplural.com/2016/02/08/una-ultracatolica-dictatorial-y-tocada-por-punica-para-refundar-el-pp-valenciano/
LA COMUNIDAD DE MADRID PODRÁ
PRESENTARSE COMO ACUSACIÓN
PARTICULAR EN LA ‘PÚNICA’
Se abren dudas sobre su
actuación a partir de ahora
y si defenderá los intereses
de los madrileños o los del
PP
El pasado día 30, el juzgado
central de instrucción
número seis de Madrid
decidió que la Comunidad de
Madrid podía presentarse
como acusación particular
independiente en la
instrucción a la operación
Púnica, al entender que
debía defender los intereses
de todos los madrileños.
Hasta ese momento, la CAM
había estado ejerciendo su
acusación particular junto
con la Asociación de
Abogados Demócratas de
Europa, que fue la primera
que se presentó. Ante el
recurso interpuesto por la
Comunidad, ahora el juez
Eloy Velasco ha considerado
que “es palpable y evidente
la diferencia de intereses
que hay entre una Asociación
de Abogados y una
institución pública que
trata de velar por la
defensa del patrimonio
público de los ciudadanos de
la Comunidad de Madrid”.
El Gobierno de Madrid,
directamente salpicado
Las dudas surgen ahora para
saber cómo actuará el
Gobierno de Cristina
Cifuentes en una causa
judicial en la que está
directamente salpicado ya
que su número tres, el
Consejero de Medio Ambiente,
Administración Local y
Ordenación del Territorio,
Jaime González Taboada, ha
sido directamente señalado
por estar relacionado con
operaciones inmobiliarias en
entredicho.
Del mismo modo, otros
diputados populares en la
Asamblea de Madrid como
Bartolomé González, alcalde
de Alcalá de Henares, o
Ignacio García de Vinuesa,
alcalde de Alcobendas, entre
otros.
Similitudes con la Gürtel
Es a partir de ahora cuando
el Gobierno de la Comunidad
de Madrid debe demostrar que
de verdad busca defender los
intereses de los madrileños.
Será interesante ver cómo
actúa en los
interrogatorios, cuando se
pida que estos ser realicen
a miembros del Partido
Popular, a la hora de pedir
diligencias previas, o
cuando Francisco Granados
pida salir de la cárcel.
Esta incómoda situación
recuerda a la que se produjo
con el Partido Popular a
nivel nacional cuando se
encontraba como acusación
particular en el Caso Gürtel
y el juez Ruz decidió
echarlo de la investigación
por considerar que “vienen
en la práctica a
contradecir” el
planteamiento de que el
partido “no tiene otra
intención que colaborar
activamente con la
investigación”, incluso
llegando a actuar a favor de
los imputados como Luis
Barcenas y su mujer.
http://www.elplural.com/2016/01/04/la-comunidad-de-madrid-podra-presentarse-como-acusacion-particular-en-la-punica/
EL PP NO ENCUENTRA EL
INFORME QUE JUSTIFICA 4,7
MILLONES A LA PÚNICA EN HOYO
DE MANZANARES
La oposición de este
municipio madrileño denuncia
que la comisión de
investigación puesta en
marcha no halla
documentación clave en un
contrato sospechoso de
eficiencia energética
"Por escrito no hay nada".
Con esta frase, el PP, que
gobierna el municipio
madrileño de Hoyo de
Manzanares (7.800
habitantes), ha confirmado
en la comisión de
investigación que se ha
puesto en marcha en el
ayuntamiento la ausencia de
un informe o memoria que
justificara la contratación
del servicio de eficiencia
energética que iba a costar
a las arcas municipales 4,7
millones de euros en 15
años. "Fue una decisión que
se toma en el seno del
equipo de Gobierno, que
quiere sacar este proyecto
adelante (...), porque la
empresa que lleva el
mantenimiento lleva tiempo
diciendo que los centros de
mando están en muy malas
condiciones, pero por
escrito no hay nada",
sentencia Juan Ramón de
Lózar, uno de los tres
ediles que el PP tiene en la
comisión, en el acta de la
reunión que se produjo el
pasado 8 de octubre. La
comisión no ha hallado, de
momento, esa documentación.
Hoyo iba a adjudicar el
contrato de eficiencia
energética a la empresa
Dalkia, una de las
salpicadas por la trama
Púnica. De hecho, cuatro de
los detenidos por la
Audiencia Nacional acusados
de amañar contratos para la
empresa energética Cofely
habían trabajado antes en
Dalkia. Al final, el
municipio se libró de esa
adjudicación gracias al voto
en contra de un concejal
popular, Álvaro González del
Castillo, ya fuera del
partido, que se estudió el
contrato y detectó múltiples
irregularidades. El pleno
que rechazó ese contrato,
con el voto de González del
Castillo, se produjo el 7 de
octubre de 2014, dos semanas
antes de que estallara el
caso. "Era una
irresponsabilidad votar a
favor de un contrato tan
caro para la localidad sin
todas las garantías", señala
González a El Confidencial.
La comisión de
investigación, que es
informativa, está formada
por siete ediles: tres del
PP, uno del PSOE, otro de
IU, otro de Ciudadanos y el
séptimo del partido
independiente Unidos por
Hoyo. Está presidida por el
alcalde del PP, Ramón
Regueiras, el mismo bajo
cuyo mandato se quiso
adjudicar el contrato
sospechoso. Por ley, el
alcalde debe ser el
presidente de la comisión si
no delega la presidencia en
otro edil que sea elegido
por votación, algo que no
hizo.
La comisión la preside el
alcalde del PP, cuyo bajo
mandato se quiso adjudicar
el sospechoso contrato
Javier de Orduña, de Unidos
por Hoyo, explica que falta
mucha documentación sobre
este expediente, "sobre todo
los informes preceptivos que
justifican la necesidad de
este servicio, decretos de
alcaldía, informes de la
intervención, informes de
trabajos de campo sobre las
necesidades energéticas del
municipio. No hay nada".
Fernando Ontiveros, del
PSOE, señala: "Esto es una
carrera de fondo, la
información la están dando a
cuentagotas. El motivo de la
comisión es conocer por qué
se produjo la contratación y
cómo. No sabemos quién
justificó el inicio del
contrato".
Una auditoría previa
El expediente ocupa unos 800
folios, según señaló el
alcalde en esa reunión, pero
la oposición quiere conocer
dónde está toda la
documentación anterior a la
auditoría energética que el
ayuntamiento adjudicó, en un
contrato negociado sin
publicidad, a Francisco
Javier Rubio de Miguel, un
empresario afincado en
Collado Villalba. Esta
auditoría daba la mejor
puntuación a Dalkia. El
sumario de la Púnica revela
que muchos municipios
amañaron este tipo de
contratos argumentando que
la privatización del
mantenimiento eléctrico
supondría un ahorro en la
factura energética de la
localidad. "Aquí nos dijeron
que el ahorro sería del 7%",
afirma Javier de Orduña.
Pero el momento clave del
amaño vino a continuación.
Los pliegos del concurso se
redactaban siguiendo las
recomendaciones que había
elaborado previamente una
supuesta consultora
independiente de eficiencia
eléctrica. En la Púnica, esa
labor la hacía Ruta
Energética. En Hoyo de
Manzanares, ese trabajo lo
hizo Francisco Javier Rubio
de Miguel. "Le investigué y
vi que era un empresario
autónomo con su chiringuito
en Villalba, sin apenas
capacidad para hacer ese
tipo de trabajo", explica
González del Castillo.
El exedil del PP pidió
explicaciones y apareció
entonces un ingeniero de la
empresa Mecano Consulting
avalando el trabajo de este
empresario, que necesitaba
la supervisión de un
ingeniero especializado.
"Pero el ingeniero no
firmaba los trabajos de la
supuesta auditoría". La
oposición también quiere
saber quién del ayuntamiento
invitó al empresario al
concurso que ganó para hacer
esa auditoría, "una
auditoría que fue un corta y
pega, ya que en su informe
hablaba de un paso
subterráneo en el municipio
que no existe y que era de
otra localidad, un
despropósito", aclaran en
Unidos por Hoyo. Para rizar
el rizo, Dalkia era cliente
de Mecano Consulting. Es
decir, que Mecano avalaba la
auditoría que había hecho un
empresario dando la mejor
puntuación a Dalkia, cliente
de Mecano.
Ganó Dalkia con 95,69 puntos
Al final, la auditoría
energética se hizo tras
abonar 14.000 euros al
empresario de Villalba, y se
sacó a concurso el contrato
de eficiencia energética por
4,72 millones (IVA
excluido). Se presentaron
cuatro empresas y lo ganó
Dalkia con 95,69 puntos.
Segunda quedó Gas Natural,
que acudió al ayuntamiento
para pedir información sobre
el expediente. En el pleno
municipal en que se iba a
adjudicar el contrato a
Dalkia, el concejal díscolo
del PP votó en contra, y con
su voto y los seis de la
oposición tumbaron la
adjudicación.
"Días antes de que se
destapara la trama, me
llamaron de Dalkia para
hablar conmigo. Yo les dije
que solo acudiría a una
reunión en la que estuviesen
todos los concejales. ¿Cómo
tenían mi número y cómo
sabían que yo había votado
en contra si las actas del
pleno aún no eran
públicas?", se pregunta
Álvaro González del
Castillo. El Confidencial se
ha puesto en contacto con el
alcalde de Hoyo, que ha
preferido no hacer
declaraciones de momento.
Hasta el momento, solo se
han realizado tres reuniones
de la comisión de
investigación. No hay fecha
para la siguiente reunión.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-01-06/el-pp-no-encuentra-el-informe-que-justifica-4-7-millones-a-la-punica-en-hoyo-de-manzanares_1131178/
VALDEMORO FACILITÓ UN
PELOTAZO AL PROMOTOR QUE
CONSTRUYÓ UNA MANSIÓN POR
ENCARGO DE GRANADOS SIN
COBRARLE UN EURO
El consistorio vendió 1,6
hectáreas de edificabilidad
a bajo precio a la empresa
de cabecera del constructor
Ramiro Cid, socio de
Marjaliza y también imputado
en la operación Púnica
El municipio cifró en 510
euros el valor del metro
cuadrado dos meses después
de que el propio Cid
vendiera a otra empresa
terreno en la misma zona a
1.100 euros
El Ayuntamiento de Valdemoro
(Madrid) facilitó en 2006 un
pelotazo urbanístico a uno
de los principales imputados
en la Operación Púnica, el
promotor inmobiliario Ramiro
Cid, el mismo año en que una
de sus empresas comenzó a
construir una mansión por
encargo de Francisco
Granados y su mujer pese a
que el entonces alto
dirigente del PP madrileño
nunca llegó a pagarle un
solo euro.
La operación con la que Cid
resultó beneficiado
consistió en una venta de
suelo municipal a bajo
precio en julio de 2006,
momento álgido del boom
inmobiliario. Cid era uno de
los socios de David
Marjaliza, considerado el
gran capitoste de la trama
corrupta junto con el propio
Francisco Granados. Ni Cid
ha atendido las llamadas de
infoLibre ni lo ha hecho el
abogado de Granados.
Cuando la operación de venta
de suelo municipal a Ramiro
Cid quedó cerrada ya hacía
tres años que Granados había
dejado de ser alcalde de
Valdemoro, pero conservaba
intacto su poder en el
municipio. Los
investigadores de la
Operación Púnica creen que
la mansión que Ramiro Cid
comenzó a levantar ese mismo
año en la zona de El Caracol
era sin duda para el
entonces vicepresidente del
Gobierno madrileño, quien
formalmente nunca llegó a
adquirirla.
Anticorrupción sospecha que
Ramiro Cid, otra de cuyas
empresas era propietaria del
coche que también en 2006
conducía la esposa de
Granados y que acabó
devorado por un incendio,
actuó como una especie de
depositario clandestino de
parte del patrimonio
acumulado por el
exsecretario general del PP
madrileño.
En ese contexto se produjo
en julio de 2006 la venta a
Ramiro Cid de una "finca
especial disgregada de suelo
que se corresponde con un
aprovechamiento de 16.650
metros cuadrados de
edificabilidad residencial
de uso global multifamiliar
libre".
Traducido, lo anterior
significa que Cid estaba
adquiriendo la propiedad del
suelo sobre el que, una vez
efectuada la reparcelación
del terreno, podría
construir 16.650 metros
cuadrados para bloques de
viviendas. Y esos 16.650
metros cuadrados se
correspondían con el 12,34%
de la edificabilidad total
asignada a la parcela regida
por el plan parcial R10-N,
es decir, el de El Majuelo
Norte.
La enajenación se cifró en
8.493.910 euros, IVA
incluido. Eso significa que
el Ayuntamiento le adjudicó
a 510 euros (439 sin IVA) el
metro cuadrado edificable.
El informe de tasación lleva
la firma de quien en ese
momento era el arquitecto
municipal de Valdemoro, que
a su vez tenía una empresa
denominada Struere que hacía
negocios con David
Marjaliza. O sea, con el
socio de Ramiro Cid.
Dos meses antes, en mayo de
2006, Obras y Vías SA había
vendido 8.000 metros
cuadrados edificables en la
misma zona, el Majuelo
Norte, a una tercera
empresa. Y lo había hecho
exactamente por el doble de
lo que luego le cobró el
ayuntamiento: por 1.100
euros el metro cuadrado
edificable, como confirma
una sentencia a la que ha
tenido acceso infoLibre y
que puso fin al pleito que
Obras y Vías mantenía con la
compañía compradora, Fineco
SL.
Fuentes conocedoras de aquel
litigio –Fineco se negó a
pagar la cantidad
comprometida porque Obras y
Vías incumplió su obligación
de urbanizar el sector–
aseguran que 1.100 euros era
“un precio normal” en aquel
momento. Y que en el Majuelo
Norte, un antiguo predio
rústico cuya recalificación
ya se contemplaba en el
Avance del Plan General
aprobado en abril de 2002,
el valor del suelo era
aproximadamente el mismo en
todas las parcelas.
En 2006, el padrón oficial
de Valdemoro rozaba los
50.000 habitantes con 48.517
censados. Para ese año, y en
lo que respecta a los
municipios de 50.000 o más
empadronados, el Ministerio
de Fomento cifra entre 1.022
y 1.296 el precio del metro
cuadrado de suelo urbano.
Para el segmento inferior
(de 10.001 a 50.000
habitantes), la tabla ofrece
ese año valores mucho más
bajos: entre 420 y 481
euros. Pero el vertiginoso
crecimiento demográfico de
Valdemoro -en 2007 superaba
ya los 53.000 habitantes y
el año pasado dejó atrás los
72.000- así como su
proximidad a la capital -30
kilómetros- lo sitúan más
cerca de los municipios más
poblados que de los llamados
medianos en variables como
el precio del suelo.
Los antiguos suelos de El
Corte Inglés, vendidos a Cid
En El Majuelo Norte, Ramiro
Cid ya poseía desde
diciembre de 2004 la mayor
parte de la parcela a la que
pertenecían los 16.650
metros cuadrados cuya
propiedad le acabó
traspasando el Ayuntamiento
de Valdemoro un año y medio
más tarde. Y fue ese factor
–su derecho de preferencia
como titular mayoritario del
resto del solar- el que
permitió al Ayuntamiento de
Valdemoro evitarse la
convocatoria de un concurso
en el que el promotor habría
tenido que enfrentarse a
posibles competidores.
Cid se había hecho fuerte en
El Majuelo Norte gracias a
El Corte Inglés. El 9 de
diciembre de 2004, el
constructor le había
comprado por 17,74 millones
más IVA un "proindiviso del
87,66%" de la parcela de El
Majuelo Norte.
La escritura de venta,
incorporada al sumario de
Púnica, describe El Majuelo
Norte como una enorme finca
rústica de 43,48 hectáreas
en la que "está prevista una
actuación urbanística (...),
estando pendiente la
presentación con carácter
inmediato por parte de la
compradora de un Plan
Parcial al Excmo.
Ayuntamiento de Valdemoro,
relativo a la finca
catastral 60 del Polígono
24, registral 2.055". En
otras palabras, de nuevo el
plan parcial de El Majuelo
Norte.
El Corte Inglés le vendió a
Ramiro Cid un proindiviso
del 87,66% porque el resto
-los 16.650 metros cuadrados
restantes que equivalían al
12,34% del aprovechamiento
urbanístico total- se los
permutó al Ayuntamiento de
Valdemoro por unos terrenos
industriales ese mismo mes
de diciembre de 2004.
Dado que ambos suelos se
localizan en la misma
parcela y quedaban a
expensas del mismo plan
parcial, ambos habían dejado
de ser rústicos en la
práctica, solo a la espera
de la aprobación del Plan
Parcial que los propios
vendedores -El Corte Inglés-
habían invocado en la
escritura de venta.
Pese a ello, y pese a que la
empresa que entonces
presidía el ya fallecido
Isidoro Álvarez se
encontraba en un momento de
plenitud económica, Ramiro
Cid se hizo con ese 87,66% a
razón de 150 euros el metro
cuadrado.
Esa es la cifra que se
alcanza atendiendo a la
proporción establecida luego
por el Ayuntamiento cuando
vendió el 12,34% restante al
mismo Ramiro Cid. Si "la
edificabilidad
correspondiente al 12,34% de
la parcela" era de 16.650
metros cuadrados, la del
87,66% había de ascender a
118.277 metros cuadrados
edificables.
Fuentes del actual equipo
municipal de gobierno han
confirmado a este diario que
el plan parcial de El
Majuelo Norte afecta a una
superficie total de 586.332
metros cuadrados sobre los
que pueden edificarse
389.847 metros cuadrados.
Este diario preguntó a los
portavoces autorizados de El
Corte Inglés el porqué de
aquella transacción a aquel
precio en un momento en que
la compañía líder del sector
del comercio no necesitaba
liquidez y estaba a punto de
cerrar el ejercicio de 2004
con un 6,1% de beneficio más
que el año anterior. Las
fuentes consultadas
respondieron que el actual
equipo gestor de la empresa
no posee datos sobre una
operación que "se remonta a
hace 11 años".
El grueso de El Majuelo
Norte sigue a día de hoy sin
edificar. En su declaración
como imputado ante el juez
que investiga la trama
Púnica, Ramiro Cid aseguró
que su empresa está todavía
"urbanizando" el sector.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/12/30/el_ayuntamiento_valdemoro_facilito_pelotazo_promotor_que_construyo_una_mansion_disenada_para_granados_41986_1012.html
MARJALIZA REVELA EL NOMBRE
DE LA EMPRESA QUE PAGÓ
COMISIONES AL NÚMERO TRES DE
CIFUENTES
En su declaración ante el
juez, el cerebro de la
Púnica asegura que la
empresa Virton se benefició
de contratos amañados del
plan Prisma tras pagarle a
él, a Granados y a Jaime
González Taboada
El empresario David
Marjaliza, socio del
exconsejero de la Comunidad
de Madrid Francisco Granados
y principal cabecilla de la
trama Púnica, ha revelado
ante el juez Eloy Velasco el
nombre de la principal
empresa que supuestamente
les pagaba comisiones tras
ser adjudicataria de obras
públicas en la región,
comisiones que se repartía
no solo Marjaliza como
intermediario, sino también
los políticos que al parecer
gestionaban esas obras,
Granados y el actual
consejero de Medio Ambiente
y número tres del Gobierno
de Cifuentes, Jaime González
Taboada. La empresa se llama
Virton, y fue adjudicataria
de al menos nueve contratos
por valor de 2,9 millones de
euros del Plan Regional de
Inversiones (Prisma) que
pusieron en marcha Granados
y Taboada. Marjaliza también
ha dado incluso el nombre
del directivo de Virton que
hacía los pagos. La
colaboración del empresario
ha sido el motivo por el que
el magistrado revocó su
prisión provisional a cambio
de una fianza de 100.000
euros.
La colaboración de Marjaliza
ha sido clave para ahondar
en las investigaciones
iniciadas por la Guardia
Civil. En junio, cuando el
empresario ya llevaba ocho
meses en prisión, puso sobre
la mesa el nombre de
González Taboada. El ahora
número tres de Cifuentes fue
durante una década director
general de Cooperación con
la Administración Local,
dirección de la que dependía
la planificación del plan
Prisma, un plan de
inversiones en los
municipios madrileños
financiado por la Comunidad
de Madrid. En febrero de
2006, Arpegio (empresa
pública de suelo) firmó con
la Comunidad un convenio
para que el ente público
gestionara Prisma. Francisco
Granados, que sigue
encarcelado, fue presidente
de Arpegio entre abril de
2005 y diciembre de 2007. Es
decir, Taboada planificaba
el plan Prisma y Arpegio
(con Granados como
presidente) lo gestionaba.
Virton es una de las
principales urbanizadoras de
la comunidad. En 2005 era
apoderada la hija de Ricardo
Romero de Tejada, entonces
secretario general del PP
Marjaliza aseguró ante el
juez que algunas de esas
obras fueron amañadas y que
la empresa que resultó
beneficiada pagaba una
comisión que se dividía en
tres partes: para el propio
Marjaliza, para Granados y
para González Taboada. La
empresa se llama Virton, con
sede en Majadahonda, una de
las principales empresas
urbanizadoras de la región.
En 2005 era apoderada de
esta empresa la hija de
Ricardo Romero de Tejada,
entonces secretario general
del PP madrileño y exalcalde
de Majadahonda. El plan
Prisma tuvo dos ediciones:
2005-2006 y 2008-2011.
Virton se llevó al menos
nueve contratos por valor de
2,9 millones en municipios
como Alameda del Valle,
Camarma de Esteruelas,
Colmenarejo, Fresno del
Torote, Fuenlabrada, Hoyo de
Manzanares, Sevilla la Nueva
y Villarejo de Salvanés.
Marjaliza también ha dado el
nombre del directivo que
supuestamente hacía los
pagos, uno de los cuatro
accionistas que tiene Virton.
La Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil
lleva desde junio haciendo
las comprobaciones
pertinentes tras la
declaración de Marjaliza,
que también informó sobre el
porcentaje de la comisión,
en función de la cuantía de
la obra adjudicada, además
de aportar otros detalles.
González Taboada siempre ha
defendido su inocencia, y
espera a que la declaración
de Marjaliza deje de estar
bajo secreto de sumario para
conocerla y emprender
acciones legales si procede.
Un portavoz de la comunidad
asegura que el consejero no
conoce a Marjaliza ni a
nadie de la empresa Virton,
y que las acusaciones contra
él "son falsas". El mismo
portavoz asegura que
González Taboada cree que
"Marjaliza le puede estar
confundiendo con otro
político, porque no entiende
por qué le está implicando".
El tentáculo de Arpegio
Aparte del plan Prisma,
Virton es una adjudicataria
habitual de ayuntamientos
madrileños. El principal
accionista es Víctor García
Sánchez. Uno de sus hijos
tuvo responsabilidades en
Nuevas Generaciones del PP
de Majadahonda, según
fuentes del partido. La
empresa ha trabajado y
trabaja en municipios como
Majadahonda, Boadilla del
Monte, Villaviciosa de Odón,
Arroyomolinos, Parla,
Pozuelo de Alarcón o
Valdemoro. No solo urbaniza,
también construye y tiene
contratos en el sector
hidráulico y eléctrico. El
Confidencial ha intentado,
sin éxito, conocer la
versión de Virton.
Uno de los tentáculos del
caso Púnica agarra con
fuerza a la empresa pública
Arpegio. La UCO de la
Guardia Civil investiga
también ocho contratos que
Arpegio y la Fundación
Arpegio firmaron con tres
empresas de la trama: Waiter
Music, la constructora DICO
y Aranan Gestión Patrimonio
Inmobiliario, estas dos
últimas vinculadas el
empresario David Marjaliza.
El montante de todas estas
operaciones asciende a 11,7
millones de euros. La
estrategia de defensa de
Marjaliza está dirigida por
el prestigioso penalista
José Antonio Choclán.
En el extenso sumario del
caso, en la parte que ya no
es secreta, el juez destaca
que "las operaciones que
tuvieron lugar desde
Arpegio, donde Francisco
Granados Lerena ocupó el
cargo de
consejero-presidente,
resultan dudosas, existiendo
indicios de una posible
remuneración por los favores
conseguidos de uno de los
constructores beneficiados".
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2015-12-31/marjaliza-revela-el-nombre-de-la-empresa-que-pago-comisiones-al-numero-3-de-cifuentes_1122008/
EL SUEGRO DE GRANADOS
ATRIBUYE A 'UN LADRÓN' Y
LUEGO A 'LOS DE IKEA' LOS
900.000 EUROS HALLADOS EN SU
DORMITORIO
La primera reacción de Juan
Alarcón, suegro del ex
secretario general del PP de
Madrid Francisco Granados,
fue atribuir a «un ladrón»
el hallazgo de 900.000 euros
en un altillo de su
dormitorio en su vivienda de
Valdemoro (Madrid).
Lo hizo durante el registro
que se realizó el pasado día
18 en el inmueble. Nada más
pronunciar esas palabras
alguien le advirtió de que
los ladrones lo que suelen
hacer es llevarse cosas, no
dejarlas. Salvo que el
ladrón fuera su yerno,
claro.Ese dinero ha sido
clave en la decisión del
juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco de
denegar la libertad que
Granados solicitó nada más
tener noticia de que se
permitía la salida de
prisión de su socio y amigo,
el constructor David
Marjaliza, bajo fianza de
100.000 euros. Ambos se
encuentran en la cárcel
desde el 31 de octubre de
2014.Para no interferir en
las elecciones que se iban a
producir el domingo 20, el
juez Velasco citó al
matrimonio formado por Juan
Alarcón y Catalina
Castellanos para el lunes
siguiente.
La versión que ofreció el
suegro de Granados, tras un
fin de semana en el que
había podido reflexionar,
variaba sustancialmente de
la que había utilizado
durante el registro, pero
tampoco logró ser verosímil.
A la pregunta del magistrado
de cómo un maletín cerrado
con candado que «no tiene
patitas» acaba en el altillo
del dormitorio conyugal,
Alarcón, médico de
profesión, explicó que en la
vivienda habían entrado
muchas personas, como «los
de Ikea» y algún
«fontanero». Fuentes
jurídicas destacaron que, en
cambio, Catalina Castellanos
prefirió no dar ninguna
explicación al origen del
dinero intervenido antes de
ofrecer una tan peregrina
como la de su esposo. En lo
que coincidieron ambos fue
en negar la propiedad del
dinero encontrado.
Todo apunta a que el dinero
pertenece a Granados, como
señalaba el anónimo por el
que se procedió a realizar
el registro. Las fiscales
Anticorrupción adscritas al
caso, Carmen García y Teresa
Gálvez, solicitaron la
entrada y registro, pero el
juez Velasco se negó al
entender que un anónimo no
es suficiente para poder
acordar una medida tan
lesiva. Fue la Sala de lo
Penal la que le ordenó
realizarlo al tener en
cuenta varios motivos. El
principal es que, pese a los
esfuerzos realizados hasta
ahora, no se había
encontrado dinero que
pudiera pertenecer a
Granados, salvo el que tenía
en Suiza. Tampoco cuenta con
propiedades que justifiquen
los ingresos que se le
presumen por su
participación en la trama
corrupta. Esto se atribuye a
que, como empezó joven en la
política, como alcalde de
Valdemoro, siempre ha
contado con testaferros para
ocultarlas y siempre se ha
tratado de personas muy
cercanas a él.
De ahí que fuentes de la
investigación destaquen la
importancia del hallazgo, al
considerar que es al menos
parte del botín obtenido
ilícitamente por quien fue
consejero de Presidencia,
Justicia e Interior de la
Comunidad de Madrid.
De hecho, durante la
instrucción del
procedimiento, su defensa y
la de su esposa han
solicitado reiteradamente el
desbloqueo de sus cuentas
para poder hacer frente al
pago de los gastos
corrientes de su vivienda
incluida la hipoteca. Tras
el hallazgo de casi un
millón de euros, está
petición correrá la misma
suerte que la de la
excarcelación.
En su escrito pidiendo la
libertad, la defensa de
Granados argumentaba que si
Marjaliza podía quedar libre
con el pago de una fianza,
porque ya no había riesgo de
fuga, ni de destrucción de
pruebas, él también debía
serlo. El considerado
cerebro de la trama de
corrupción está a la espera
de que los peritos
judiciales certifiquen si la
finca en Valdemoro que ha
aportado como aval cubre la
cantidad de 100.000 euros
fijada. Marjaliza sostiene
que está valorada en más del
doble de esa cifra. Cuando
se compruebe, abandonará la
prisión.
http://www.elmundo.es/madrid/2015/12/28/56818d02e2704e32418b460b.html
EL JUEZ DENIEGA LA LIBERTAD
DE FRANCISCO GRANADOS TRAS
HALLAR UN MILLÓN DE EUROS EN
UN ALTILLO DE SUS SUEGROS
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha
denegado la puesta en
libertad del ex secretario
general del PP de Madrid
Francisco Granados, tras
valorar, entre otros
indicios, que el pasado día
18 la UCO de la Guardia
Civil halló un maletín con
casi un millón de euros en
efectivo en su interior.El
hallazgo se produjo en un
altillo del dormitorio del
domicilio donde residen los
suegros de Granados, Juan
Alarcón y Catalina
Castellanos, en Valdemoro
(Madrid).
La importante cantidad de
dinero que contenía llevó al
juez a llamar a declarar a
ambos en el Juzgado Central
de Instrucción número 6 bajo
la imputación de un delito
de blanqueo de capitales.
Fuentes jurídicas señalaron
que el pasado día 21 ambos
negaron ante el juez y las
fiscales adscritas al caso,
Carmen García y Teresa
Gálvez, que el dinero fuera
suyo, pero no pudieron dar
ninguna respuesta
convincente respecto a quién
pertenecía y de dónde
procedía. La petición de
Granados, que se encuentra
internado en la cárcel de
Estremera desde el 31 de
octubre de 2014 cuando se
desarticuló la trama de
corrupción a la que da
nombre, coincidió en el
tiempo con la decisión del
magistrado de permitir a su
amigo, el constructor David
Marjaliza, abandonar la
prisión si hace efectiva una
fianza de 100.000 euros.
Para afrontar el pago, el
considerado cerebro de la
trama corrupta aportó una
finca de su propiedad en
Valdemoro, valorada en más
de 200.000 euros. Los
peritos deben determinar si
efectivamente ese es su
valor y por tanto si cubre
la cantidad fijada para
poder ser excarcelado.
http://www.elmundo.es/madrid/2015/12/28/56812df546163fef378b456c.html
EL PAGO DE LA FIANZA DE
MARJALIZA DESTAPA UNA NUEVA
EMPRESA DE SU CLAN FAMILIAR
El cuñado del cabecilla de
la trama Púnica, también
imputado en la causa,
completó la cantidad
requerida por el juez
Velasco para dejar al
constructor en libertad en
nombre de la empresa
Comienza en Blanco SLU,
creada dos meses después de
los arrestos de octubre de
2014.
David Marjaliza Villaseñor,
el cabecilla de la trama
Púnica, ya está en libertad
bajo fianza... y su clan
familiar metido en negocios.
El pago el pasado miércoles
de la fianza de 100.000
euros que había impuesto el
titular del Juzgado Central
de Instrucción número 6,
Eloy Velasco, al constructor
para excarcelarle ha
destapado la existencia de,
al menos, una nueva empresa
dirigida por un miembro de
su entorno que ya actuó como
presunto testaferro en la
trama empresarial
desmantelada. Los 11.602,50
euros que faltaban para
completar la cantidad fijada
por el magistrado fueron
consignados en la Audiencia
Nacional por el también
encausado Alfonso Luna
García, actual pareja de Ana
María Marjaliza, la hermana
del socio de Francisco
Granados e imputada en la
causa. Lo hizo como
administrador único de la
sociedad Comienza en Blanco
SLU, constituida el 15
diciembre de 2014, sólo mes
y medio después del arresto
de los principales
implicados en la trama de
corrupción. Para cubrir el
resto de la fianza, otro
familiar, una sobrina de 18
años, puso en prenda uno de
los 14 inmuebles que posee.
El cuñado de Marjaliza se
personó en la Audiencia
Nacional como administrador
único de Comienza en Blanco
SLU para abonar 11.620 euros
de la fianza
Así consta en el auto de
libertad que el juez Eloy
Velasco dictó el pasado 30
de diciembre y en el que
detallaba los diferentes
pasos que había dado el clan
para conseguir consignar la
cantidad requerida por el
magistrado en el auto del 16
de diciembre para su
excarcelación. Así, el juez
señalaba que el 21 de
diciembre acudió a la
Audiencia Nacional Paula
Pinto Marjaliza, la joven
hija de la hermana del
constructor, para poner en
prenda un chalé de su
propiedad en Valdemoro
(Madrid). Dos días después,
aportaba una escritura
notarial y una nota de
registro en la que se
recogía que dicha vivienda,
una de las 14 que un informe
de la Guardia Civil de abril
adjudicó a dicha sobrina, no
tenía ninguna carga tras
haber abonado la hipoteca
que tenía desde el año 2000.
Sin embargo, el inmueble fue
considerado insuficiente ya
que los peritos judiciales
lo tasaron en 176.795 euros,
cifra que no alcanzaba el
doble de la fianza impuesta
que exige la Ley de
Enjuiciamiento Criminal
cuando la cantidad no se
consigna en metálico sino en
bienes. Por ello, el mismo
30 de diciembre el juez
dictaba un auto en el que
denegaba la libertad
solicitada. Sin embargo,
horas después comparecía
ante el magistrado un nuevo
"fiador". Se trataba de
Alfonso Luna, actual
compañero de Ana María
Marjaliza, quien "como
administrador único de la
empresa Comienza en Blanco
SLU" aportaba el
justificante de haber
ingresado en la cuenta de
consignaciones del juzgado
los 11.602,50 euros en
metálico que faltaban.
Inmediatamente después el
juez dictaba la puesta en
libertad del cabecilla de la
trama.
Pieza clave en las facturas
falsas
Ya en aquel momento el
nombre del "fiador" no era
nuevo en la causa, De hecho,
Alfonso Luna está imputado
por su presunto papel en la
trama empresarial de David
Marjaliza. Situación
judicial que el juez Velasco
confirmó el pasado 22 de
septiembre en un auto en el
que se rechazaba sobreseer
la causa contra él, como
éste había pedido, ya que le
consideraba una persona
"especialmente vinculada" a
los negocios de su cuñado
desde 2009. Así, su nombre
aparece como administrador
único de Ozery Invest y en
la constitución de Noray
Gestión, Integral y Deloya
Gestión, compañías en cuya
administración sucedió
precisamente a Marjaliza.
También figura como
administrador de Vancouver
Gestión SL, una de las
piezas claves de la compleja
estructura societaria. En
dicho papel, el magistrado y
la Fiscalía Anticorrupción
le vinculan al mecanismo
supuestamente utilizado por
el constructor para
blanquear cientos de miles
de euros mediante un sistema
de facturas falsas.
La nueva empresa del clan
fue creada el 15 de
diciembre de 2014, mes y
medio después de las
detenciones de los
principales implicados en la
trama Púnica
La que sí es la primera vez
que aparece es la empresa
Comienza en Blanco SLU, de
la que es administrador
único Alfonso Luna y que ha
sido la fiadora del dinero
que faltaba de la fianza
para la excarcelación del
socio de Granados. Esta
empresa fue creada el 15 de
diciembre de 2014 con otra
denominación, Valdesur
Restauración Gourmet, con un
capital social de 3.000
euros y con domicilio social
en Valdemoro. Como objeto
social figura la "prestación
de servicios relacionados
con el asesoramiento
laboral, fiscal, contable a
toda clase de personas
físicas o jurídicas, así
como la tramitación de
cualquier tipo de gestión en
general". Ese mismo día, la
sociedad se registró como
unipersonal con el cuñado de
Marjaliza como único
accionista. El cambio de
denominación se produjo dos
meses después, en febrero de
2015.
La actividad empresarial
reciente de Alfonso Luna no
se limita, sin embargo, a
esta compañía. Así, su
nombre figura en el registro
nercantil desde esas mismas
fechas de 2014 e inicios de
2015 como representante de
otras dos compañías y
administrador único de una
tercera, todas ellas ligadas
también a David Marjaliza.
Además, aparece otra
treintena de empresas en las
que ha ocupado cargos, en su
inmensa mayoría bajo el
control de su cuñado. Unos
movimientos societarios que,
sin embargo, no son los
únicos relacionados con este
'clan'. Así, el pasado mes
de junio, un presunto
testaferro de la trama,
Antonio Cándido Ruiz,
alertaba al juez Velasco de
que cuatro de las empresas
en las que él figuraba como
administrador único, y que
en realidad eran de la mujer
de Marjaliza, Ana Cubas,
también imputada, habían
sufrido cambios meses
después de que se produjeran
las detenciones. En marzo,
este hombre de paja ya había
llevado a la Audiencia
Nacional una factura de
16.536 euros que una de las
empresas de Marjaliza aún
pretendía cobrar cuatro
meses después de las
detenciones.
EL CUÑADO Y SU 'ESPÍA' DE LA
AUDIENCIA NACIONAL
Los investigadores
interceptaron el 2 de julio
de 2014 una conversación
telefónica entre Marjaliza y
Alfonso Luna en la que se
revelaba que el constructor
sospechaba que entonces ya
era investigado, aunque en
otra causa célebre: la
'Gürtel'. En dicha
conversación, el empresario
ahora excarcelado era
advertido por la pareja de
su hermana de que el juez
Pablo Ruz, entonces
instructor de la causa
contra la trama de Francisco
Correa, lo tenía en su punto
de mira, según le había
revelado un informante, al
parecer un funcionario de la
Audiencia Nacional que no
identifican.
Alfonso Luna: Sí, el caso
‘Gürtel’ es.
David Marjaliza: ¡Ah! de
‘Gürtel’. ¿Pero qué es lo
que ha visto?
A.L.: No lo sé, no puedo
hablar por teléfono.
D.M.: ¿Y qué pinto yo en el
caso ‘Gürtel’, tío?
A.L.: No sabe más. Me ha
dicho que es del juez Ruz.
Pero nada más.
En esa misma conversación,
Marjaliza sugería que ya
entonces intuía que era
investigado, pero que creía
que era por otro asunto:
"Vale, vale. De momento ya
sabemos que es de 'Gürtel'.
Pues ya está. No es lo otro
que estábamos esperando.
Pues ya está", parecía
intentar tranquilizar a su
presunto testaferro, al que
le recordaba que ya había
declarado ante el magistrado
por aquella operación: "A lo
del juez Ruz ya fuimos
nosotros y declaramos en su
día", recalcó. Además,
admitió que eran sus
vínculos con la constructora
Teconsa la que le podían
"meter en algún lío de
comisiones, yo no sé
que…alguna intermediación,
una gilipollez de esta que
te llamen a declarar".
http://vozpopuli.com/actualidad/73774-el-pago-de-la-fianza-de-marjaliza-destapa-una-nueva-empresa-de-su-clan-familiar
EL SOCIO DE GRANADOS SALE DE
LA CÁRCEL TRAS ABONAR LA
FIANZA DE 100.000 EUROS
El juez Velasco ha
confirmado su decisión de
separar en doce piezas
separadas el caso Púnica
El instructor ha admitido la
personación de la Comunidad
de Madrid como acusación
El juez que investiga en la
Audiencia Nacional la
operación Púnica, Eloy
Velasco, ha decretado la
puesta en libertad del
empresario de la
construcción David
Marjaliza, socio y amigo de
la infancia del exsecretario
general del Partido Popular
de Madrid Francisco
Granados, después de que
hubiera aportado la
escritura de una finca en el
municipio madrileño de
Valdemoro y dinero en
efectivo para cubrir la
fianza de 100.000 euros.
El magistrado ha dejado en
libertad con medidas
cautelares a Marjaliza tras
tasar esta finca valorada en
176.795 euros y certificar
que ha abonado 11.602 euros
euros en efectivo, después
de que hubiera decretado
hace unos días su prisión
eludible con fianza por
haber colaborado
"positivamente" con la
instrucción.
El juez, que ha confirmado
su decisión de separar en
doce piezas el caso Púnica y
ha admitido la personación
de la Comunidad de Madrid
como acusación, permite así
a Marjaliza abandonar la
prisión de Aranjuez en la
que se encuentra desde el 31
de octubre de 2014
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/12/30/el_socio_granados_sale_carcel_tras_abonar_fianza_100_000_euros_42864_1012.html
MARJALIZA APORTA UNA FINCA
PARA CUBRIR LA FIANZA DE
100.000 EUROS IMPUESTA
El considerado cerebro de la
trama Púnica, el constructor
David Marjaliza, ha
presentado hoy en la
Audiencia Nacional la
escritura de una finca
ubicada en la localidad
madrileña de Valdemoro para
cubrir la fianza de 100.000
euros que le fue impuesta
por el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco para
poder salir de prisión.
Los peritos designados por
el Juzgado Central de
Instrucción número 6 deberán
ahora tasar el terreno
aportado para determinar si
es suficiente para
garantizar la cantidad
fijada. Sólo en ese caso
podrá abandonar la cárcel,
por lo que fuentes jurídicas
señalaron que la puesta en
libertad no es previsible
que se pueda producir antes
de final de año.
El pasado día 16, el juez
Velasco le impuso una fianza
al tener en cuenta que había
colaborado de forma positiva
con la investigación,
contribuyendo a la
recuperación de activos
obtenidos ilícitamente tanto
en España como en Suiza. Con
esa actuación podría ver
rebajada una hipotética
condena, lo que hace que
disminuya el riesgo de fuga
que conlleva su puesta en
libertad. Cuando salga de
prisión, Marjaliza deberá
realizar comparecencias
quincenales en el juzgado.
Además, se le retirará el
pasaporte y tendrá prohibido
salir del país. El imputado
deberá, además, facilitar un
teléfono y domicilio al
juzgado y avisar de
cualquier cambio para estar
permanentemente localizado.
Tras su excarcelación, el
único imputado del caso
Púnica que seguirá en
prisión será su amigo, el ex
secretario general del PP de
Madrid Francisco Granados.
http://www.elmundo.es/espana/2015/12/22/56794319e2704e8f268b45d4.html
ARPEGIO CONTRATÓ CON LA
'GÜRTEL BALEAR' Y SE GASTÓ
760.000€ EN ACTOS DE
INAUGURACIÓN
La empresa pública
investigada dentro del caso
Púnica contrató en 2006 al
empresario imputado por
financiar el PP balear de
Jaume Matas. También
desembolsó 395.388€ en
artículos promocionales
La oposición en la Asamblea
de Madrid ha comenzado a
fiscalizar a la empresa
pública Arpegio, investigada
por la Audiencia Nacional
dentro de la trama Púnica y
que en 2016 será auditada
por la comisión de
investigación que ha puesto
en marcha la Cámara
madrileña. Esta
fiscalización ha revelado
que Arpegio contrató en 2006
una campaña de publicidad
con la firma Over Marketing
Comunicación, propiedad del
empresario Daniel Mercado,
imputado por un juzgado de
Mallorca acusado de utilizar
precisamente esta sociedad
para financiar
irregularmente la campaña
electoral del expresidente
balear Jaume Matas, lo que
se conoce como 'la Gürtel
balear' y el 'caso Over',
una de las piezas de la
macrocausa 'Palma Arena'.
Además, Arpegio se gastó
entre 2006 y 2011 unos
760.000 euros en actos de
inauguración y visitas a
obras, la gran mayoría de
esa cantidad adjudicada por
el sistema de "negociado sin
publicidad", es decir
contratos inferiores a
60.000 euros en los que se
invita a varias empresas.
La Comunidad de Madrid ha
empezado a responder la
batería de preguntas, ya van
más de 300, que varios
diputados de PSOE, Podemos y
Ciudadanos han formulado
para conocer las cuentas de
la empresa Arpegio, que
gestiona suelo público en
toda la comunidad de Madrid.
Pero lo ha hecho
sesgadamente. Durante el
Plan Prisma 2006-2007, un
plan de inversiones en los
municipios financiado por el
Gobierno regional, Arpegio
pagó 1,82 millones en
campañas de publicidad.
Cinco empresas se llevaron
esas campañas, una de ellas
Over Marketing, aunque la
Comunidad de Madrid no
desglosa la cantidad que se
llevó cada una de esas
empresas. Según el BOCM, el
contrató que se le adjudicó
a Over se licitó por 600.000
euros.
La Comunidad pagó 1,82
millones en campañas de
publicidad relacionadas con
el Prisma 2006-2007
Francisco Granados, el
principal exdirigente del PP
implicado en el caso Púnica,
fue presidente de Arpegio
entre abril de 2005 y
diciembre de 2007, cuando se
adjudica el contrato a Over.
El juez Eloy Velasco,
instructor del caso, imputó
hace pocos días al exjefe de
gabiente de Granados,
Ignacio Palacios, y a su
mujer, María José Marijuán
Alonso. Esta última fue
administradora de Match Golf
Consulting SL, cuyas
oficinas ya fueron
registradas por la Policía
Nacional dentro del 'caso
Ibatur', el presunto desvío
de fondos públicos del
Gobierno balear presidido
por Matas. Por su parte,
Daniel Mercado volverá a
declarar el 23 de enero de
2016 frente al titular del
juzgado de instrucción
número 3 de Palma, José
Castro, acusado de financiar
el PP a cambio de conseguir
contratos amañados.
300 millones para 520 obras
Las cuentas de Arpegio no
solo están bajo la lupa de
la Asamblea de Madrid. La
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil
investiga desde hace meses
ocho contratos que Arpegio y
la Fundación Arpegio
firmaron con tres empresas
de la trama: Waiter Music,
la constructora DICO y
Aranan Gestión Patrimonio
Inmobiliario, estas dos
últimas vinculadas el
empresario David Marjaliza,
el principal imputado. Esta
investigación salpica al
Plan Prisma 2006-2007 y
algunos de los convenios
urbanísticos que Arpegio
firmó con determinados
municipios para construir
viviendas protegidas.
Gracias a esos convenios,
cooperativas gestionadas por
Marjaliza obtuvieron suelo
para construir pisos.
Con el Plan Prisma 2006-2007
se financiaron unas 520
obras en municipios
madrileños que costaron 300
millones de euros. No fue el
único gasto. En ese periodo,
Arpegio desembolsó 605.669
euros en actos de
presentación, inauguraciones
y visitas a las obras
vinculadas al Plan Prisma.
Once empresas fueron las
adjudicatarias de estos
contratos, todos negociados
sin publicidad, es decir,
Arpegio invitaba a
participar a las empresas
que creía conveniente y
luego adjudicaba el servicio
(siempre inferior a 60.000
euros) a la que en principio
mejor cumplía los requisitos
solicitados. En el siguiente
Plan Prisma, 2008-2011,
Arpegio solo se gastó
154.523 euros en
inauguraciones y actos de
presentación.
La Comunidad de Madrid
también ha revelado que
Arpegio se gastó otros
395.388 euros en artículos
promocionales durante el
Prisma 2006-2007 y otros
309.661 euros en trabajos
gráficos sobre folletos y
publicidad. Además, como ya
adelantó El Confidencial,
Arpegio pagó durante esos
dos años otros 7,1 millones
de euros por unos trabajos
de consultoría externa para
la gestión de las
licitaciones de las 500
obras del Plan Prisma.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2015-12-28/arpegio-contrato-con-la-gurtel-balear-y-se-gasto-760-000-en-actos-de-inauguracion_1126960/
LAS PERLAS DE LA LISTA:
MARJALIZA, CONEXIONES CON
BÁRCENAS, LA BURGUESÍA
CATALANA Y LA SOCIEDAD QUE
QUEBRÓ DE LA ROSA
La larga relación de morosos
que publica la Agencia
Tributaria esconde, tras
numerosos nombres de
sociedades, infinidad de
historias relacionadas con
el pasado y el presente.
Desde casos tan lejanos como
el de Javier de la Rosa
hasta otros tan recientes
como la trama ‘Púnica’.
Mercantiles relacionadas con
la alta burguesía catalana y
también con antiguos
ministros constituyen
también algunas de las
perlas ocultas de la
controvertida lista.
La lista de morosos
publicada por la Agencia
Tributaria señala
directamente a algunos
ilustres con nombres y
apellidos. Pero también
incluye un sinfín de
sociedades instrumentales
cuya denominación, en
principio, no resulta
familiar. Sin embargo,
detrás de ellos se ocultan
numerosas historias
interesantes, vínculos con
personajes de plena
actualidad e incluso con
otros que hacía mucho tiempo
que no estaban en el ojo del
huracán.
Entre los primeros destacan
los nombres de David
Marjaliza, la mano derecha
de Francisco Granados en la
trama ‘Púnica’, y el ex
tesorero del PP Luis
Bárcenas. Marjaliza aparece
como uno de los
protagonistas del listado de
Hacienda a través de una de
sus empresas: Obrum
Urbanismo y Construcciones
SL, a la que la Agencia
Tributaria adjudica una
deuda con el fisco de 3,7
millones de euros.
Obrum es, de hecho, una de
las mercantiles claves del
que fuera socio de Granados,
ya que con ella no sólo dio
pelotazos urbanísticos en la
Comunidad de Madrid, sino
que también fue utilizada
por el empresario para
ocultar que él era el
verdadero propietario de
muchas otras compañías en
las que la constructora
figuraba como accionista
mayoritario. Así, la
compañía 'morosa’ sirvió a
Marjaliza para levantar una
residencia de ancianos en el
municipio madrileño de
Valdemoro con la que se
embolsó 20 millones de
euros.
También fue la adjudicataria
del contrato para construir
un aparcamiento en esta
misma localidad, auténtico
epicentro de la trama y
donde levantó una promoción
de 121 viviendas ahora bajo
sospecha. Incluso la utilizó
para facturar al propio
consistorio cerca de 9
millones de euros en tres
años. A nombre de Obrum
también Marjaliza adquirió
joyas, estilográficas de
colección y relojes de lujos
con los que supuestamente
blanqueó millones de euros
entre 2003 y 2013.
Bárcenas y la trama Gürtel
El nombre de Bárcenas
sobrevuela la ya célebre
relación de morosos con
Hacienda gracias a que en
ella figura la sociedad
Alium Seguridad. Bajo su
antigua denominación de
Serygur, la compañía recibió
numerosos contratos de la
Comunidad de Madrid gracias
a la mediación del entonces
tesorero de la formación
política.
Detrás de Serygur se
encontraban antiguos cargos
del PP como Ignacio del Río
y Álvaro de la Cruz, al que
se le relaciona con la
‘trama Gürtel’. Gracias a
las gestiones entre
bambalinas de Bárcenas, la
empresa obtuvo cerca de 20
contratos con las
administraciones madrileñas
en apenas tres años, entre
2006 y 2009, cuando hasta la
fecha era una auténtica
desconocida en el sector.
La deuda de Alium Seguridad
con el fisco se eleva a 9,5
millones de euros.
En la lista de Hacienda se
dan la mano lo más reciente
con lo más antiguo. El
nombre de Javier de la Rosa
se pierde en la noche de los
tiempos, igual que el de la
sociedad Grand Tibidabo, que
contribuyó a descapitalizar
en los años 80 perjudicando
a numerosos pequeños
accionistas. Para sorpresa
de muchos, Grand Tibidabo
figura aun como deudora de
la Agencia Tributaria, con
cuentas pendientes valoradas
en algo más de 9 millones de
euros.
Burguesía catalana y ex
ministros
Sin salir de Cataluña,
nombres de la alta burguesía
de esta comunidad autónoma
comparten protagonismo en la
relación de morosos de
Hacienda. Por ejemplo, los
Godia, a través de la
instrumental BCN Godia, que
adeuda algo más de dos
millones de euros a la
Agencia Tributaria.
Con algo más de 8 millones
de euros de deuda figura en
la relación de morosos la
sociedad Abantia
Empresarial, vinculada con
nombres como la consejera de
Sabadell y Atresmedia Aurora
Catá, Claudio Boada o el ex
presidente de Enagás Antonio
González-Adalid.
Otra de las destacadas en la
relación es Grupo MGO, en la
que figuran como consejeros
el que fuera ministro de
Defensa y de Educación
Gustavo Suárez Pertierra y
también Ricardo Martí-Fluxá,
ex secretario de Estado de
Seguridad. La sociedad, que
ha atravesado una complicada
situación desde el punto de
vista financiero, adeuda
algo más de un millón de
euros.
Empresarios como Iván
Losada, relacionado con el
escándalo de la quiebra de
Marsans, y Jesús Salazar, ex
presidente y accionista de
referencia de la antigua Sos
Cuétara, son otros nombres
ilustres presentes en la
lista a través de sociedades
instrumentales. Belqueba,
controlada por Losada, debe
más de 30 millones al fisco.
Corporación Industrial
Salazar 14, algo más de 2,5
millones.
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/73528-las-perlas-de-la-lista-marjaliza-conexiones-con-barcenas-la-burguesia-catalana-y-la-sociedad-que-quebro-de-la-rosa
EL CNI CONTRATÓ AL EXPERTO
WEB DE PÚNICA PARA COMBATIR
ATAQUES A ESPAÑA EN FOROS
RADICALES
Los servicios de
inteligencia recurrieron al
experto en reputación online
imputado en el caso Púnica,
Alejandro de Pedro Llorca,
para colocar noticias
positivas sobre España en
entornos virtuales hostiles
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco,
instructor de la trama
Púnica, envió al empresario
Alejandro de Pedro Llorca a
prisión provisional en la
primera fase del caso por
haber obtenido presuntamente
de forma irregular
adjudicaciones públicas para
mejorar la imagen en
internet de diferentes
instituciones y políticos.
Pero las investigaciones
posteriores han revelado que
De Pedro no tenía
exactamente el perfil de un
supuesto conseguidor, como
sostenía en un principio
Velasco. Según han
confirmado a El Confidencial
fuentes cercanas al caso, De
Pedro trabajó para el Centro
Nacional de Inteligencia (CNI)
difundiendo información
positiva sobre España en
foros y páginas web
radicales, una labor que se
ha mantenido hasta ahora en
secreto.
El propio De Pedro comunicó
a los agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil encargados
del caso este relevante
detalle cuando fue detenido
en Valencia el 27 de octubre
de 2014, aseguran fuentes
próximas a la investigación.
El empresario quería
convencer a los agentes de
que no era un empresario
corrupto y, al mismo tiempo,
avisarles de que entre el
material que le habían
intervenido podían encontrar
documentos confidenciales.
Pero esa información no le
sirvió De Pedro para mejorar
su situación procesal. El
juez Velasco lo envió
automáticamente a la cárcel
imputado por organización
criminal, tráfico de
influencias, malversación,
cohecho, falsificación
documental, utilización de
información confidencial y
fraude. Quedó en libertad a
los dos meses tras el pago
de una fianza que luego le
fue devuelta.
Distribución de noticias
positivas
Sin embargo, la relación de
De Pedro con el CNI se ha
acabado confirmando y pone
en duda el papel que se le
ha atribuido en Púnica.
Según han detallado fuentes
próximas al caso, los
servicios de inteligencia
ficharon a este profesional
en 2013 para utilizar sus
conocimientos sobre el
control de la imagen y la
reputación en internet para
combatir la difusión de
mensajes radicales contra
España en entornos
virtuales. La labor del
informático consistía en
penetrar en foros y páginas
radicales, ganarse la
confianza del resto de
seguidores y, finalmente,
divulgar contenidos y
noticias en esas mismas
plataformas que actuaran
como contrapunto de los
discursos más extremos. Su
objetivo era desmontar los
ataques a los valores
constituciones de la forma
más disimulada posible, sin
buscar la confrontación.
El empresario realizó esa
actividad utilizando
sofisticados programas
informáticos de análisis
para no levantar sospechas.
Según ha podido saber este
diario, los servicios de
inteligencia lo utilizaron
al menos para colocar
mensajes en algunas de las
plataformas más utilizadas
por la izquierda abertzale y
el independentismo catalán,
así como en foros de
contenido yihadista. El CNI
le indicaba regularmente qué
noticias y artículos tenía
que divulgar en cada una de
esas esferas.
Una decena de visitas al CNI
Según ha podido saber El
Confidencial, esa relación
profesional con los
servicios de inteligencia se
habría prolongado durante
casi un año. Fue
interrumpida en 2014, sólo
unos meses antes de que el
empresario fuera detenido
por Púnica. En ese tiempo,
De Pedro visitó las
instalaciones del CNI en una
decena de ocasiones para
reunirse con los agentes que
coordinaban y supervisaban
su trabajo.
Las pruebas de esa
vinculación laboral se
encuentran en los
ordenadores portátiles que
intervino la UCO en su
vivienda y en las oficinas
de sus empresas cuando fue
detenido. Los expertos en
delitos económicos del
Instituto Armado tienen en
su poder los correos
electrónicos que se cruzó
con los agentes de
inteligencia, las noticias
que difundió y los informes
que elaboró con el resultado
de su trabajo, entre otros
materiales.
Este diario se ha puesto en
contacto con el entorno de
De Pedro para recabar su
versión. El empresario ha
rechazado hacer
declaraciones y se ha
limitado a responder que no
puede “confirmar ni
desmentir la información”.
Por su parte, un portavoz
oficial del CNI ha asegurado
únicamente a El Confidencial
que, “en el caso de que
hubiera existido esa
relación laboral, esta no
tuvo ningún efecto”,
apuntando a, que la
colaboración se habría
limitado a un periodo de
prueba.
De Pedro fue citado los
pasados 4 y 18 de diciembre
por la Asamblea de Madrid
para declarar en la comisión
de investigación que se
constituyó en octubre para
esclarecer las
responsabilidades políticas
de esta trama de corrupción.
Sin embargo, el acusado no
declaró porque las
notificaciones llegaron
fuera de plazo. La Asamblea
volverá a citarlo
previsiblemente por tercera
vez el próximo febrero,
cuando empiece el nuevo
periodo de sesiones.
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-12-29/el-cni-contrato-al-experto-web-de-punica-para-combatir-ataques-a-espana-en-foros-radicales_1127402/
EL GOBIERNO VALENCIANO NO
ENCUENTRA 16 INFORMES QUE EL
PP PAGÓ A PÚNICA
El Gobierno valenciano no
encuentra 16 informes que el
anterior Ejecutivo, del PP,
encargó a dos empresas
vinculadas a la trama
Púnica. Los trabajos,
relacionados con
posicionamiento en redes
sociales y análisis de
publicaciones en Internet,
costaron 61.000 euros y
fueron abonados por las
consejerías de Educación,
Medio Ambiente y Solidaridad
y Ciudadanía entre los años
2010 y 2011.
"O los informes nunca
existieron o los destruyeron
porque no se correspondían
con lo pagado", ha afirmado
este martes Fran Ferri,
portavoz parlamentario de
Compromís. Ferri ha
aventurado que, del mismo
modo que presuntamente
sucedió en otros contratos
de esta trama, la
Generalitat pagó en realidad
por trabajos destinados a
potenciar en la Red la
campaña electoral de los
populares del año 2011.
La coalición pidió los
informes a las tres
consejerías, dirigidas
entonces por el ahora
recluso en la cárcel de
Picassent Rafael Blasco
(Solidaridad y Ciudadanía),
Alejandro Font de Mora
(Educación) y Juan Cotino
(Medio Ambiente), imputado
en el caso Gürtel, que
ocupaban los cargos bajo la
presidencia de Francisco
Camps. Los departamentos
contestaron que no existe
"constancia de ningún
informe" con los títulos de
los pagados. Ni tampoco
vinculados a los números de
facturas abonados en su día
por las consejerías.
Ferri ha afirmado que
enviarán la información, que
afecta a una empresa
vinculada a Alejandro de
Pedro, uno de los
principales imputados en la
investigación judicial,
tanto a la Audiencia
Nacional como al Tribunal de
Cuentas.
El Partido Popular, a través
de su coordinadora general
Eva Ortiz, ha negado tener
conocimiento sobre la
cuestión y ha ofrecido la
colaboración de su partido a
la justicia.
Rebaja en el alquiler del
Ágora
El portavoz socialista en
las Cortes Valencianas,
Manuel Mata, ha denunciado
por su parte que la Ciudad
de las Artes y las Ciencias
hizo una gran rebaja en el
alquiler del edificio del
Ágora al Partido Popular
para un acto de campaña de
las elecciones europeas de
2014.
Según los documentos
mostrados por Mata, el PP
pagó 5.000 euros cuando el
alquiler costaba 25.000
euros. E incluso 40.000 si,
como ha mantenido el
portavoz parlamentario y
muestra información
publicada el 20 de mayo de
2014 por Europa Press, el
montaje tuvo lugar un día
antes del mitin. Los
preparativos fueron
supervisados por el entonces
presidente de la Generalitat
y del PP valenciano, Alberto
Fabra.
Mata ha explicado que los
precios de las tarifas de
alquiler del Ágora, un
edificio que según ha
recordado ha costado 100
millones de euros sin tener
una función concreta, son
aprobadas por el consejo de
administración de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias
Sociedad Anónima (Cacsa).
Los precios aplicables en
mayo del año pasado, cuya
documentación ha entregado
el portavoz, reflejan que el
alquiler para una
"presentación, cena o
fiesta", con solo un día de
montaje, costaba 25.000
euros. Con dos días de
montaje, el precio asciende
ya a 40.000 euros.
Para el acto electoral en
Valencia, al que asistió el
presidente del Gobierno y
del PP nacional, Mariano
Rajoy, se firmó, sin
embargo, un "contrato de uso
y disfrute" del espacio. De
un lado, el administrador de
campaña del PP valenciano.
Del otro, Henar Molinero,
como directora general de
Cacsa. Molinero, que
perteneció en su día al
círculo más cercano a Camps,
pactó un precio de 5.000
euros.
En el contrato se preveía
que el montaje se realizaría
el 21 de mayo, el acto
tendría lugar de 19.00 a
21.00 horas de ese mismo día
y el desmontaje concluiría
esa misma noche. La
información publicada
indica, sin embargo, que los
preparativos y por tanto la
ocupación del espacio se
iniciaron un día antes, el
20 de mayo.
Mata ha recordado que el PP
también tiene pendiente de
pagar el alquiler de la
Feria de Muestras de
Valencia, más de 500.00
euros, desde el año 2008. Un
montante que el recinto
ferial ha reclamado ante los
tribunales.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/15/valencia/1450183905_156317.html
FALLECE JOSEMI VILLAR,
PRINCIPAL ASESOR DEL
EXALCALDE DE GANDIA ARTURO
TORRÓ
Experto en música, locutor
de radio y presentador de
televisión, trabajó en
varias campañas del PP y
Plataforma
José Miguel Villar Urban,
quien fuera mano derecha y
principal asesor del
exalcalde del PP de Gandia,
Arturo Torró, en los últimos
años, y jefe del gabinete de
comunicación del
Ayuntamiento durante el
mandato de este, falleció
ayer por la tarde al
precipitarse desde la
ventana de su casa, ubicada
en un octavo piso de un
edificio del paseo de les
Germanies de la capital de
la comarca de la Safor.
La Policía Nacional ha
iniciado una investigación
para aclarar lo que le
sucedió a Villar, que en ese
momento se encontraba solo
en casa tras regresar de
comer con su familia, según
confirmaron a este periódico
fuentes del Partido Popular.
Con esta formación aún
colaboraba de manera activa.
Los hechos tuvieron lugar
alrededor de las 18.20
horas.
Josemi Villar, de 54 años,
estaba casado y no tenía
hijos. Su padre fue el
Maestro Villar, conocido
músico de la comarca.
Contaba con una amplia
experiencia en comunicación
política. Fue asesor del
exalcalde popular de Oliva,
Enrique Orquín. En Gandia,
estuvo en el PP en la etapa
de Fernando Mut al frente de
esta formación. Dirigió la
campaña de este a la
alcaldía de la capital de la
comarca de la Safor en las
elecciones del 2003,
logrando la victoria con 12
concejales, pese a lo cual
no pudo gobernar por un
pacto entre el PSPV y el
Bloc que le dio la alcaldía
a José Manuel Orengo.
Mayoría absoluta para Torró
Posteriormente, junto a Mut,
dio el salto a Plataforma de
Gandia, escisión del PP,
donde también se encargó de
llevar la campaña electoral
con la que la nueva
formación logró entrar en el
consistorio, y a la postre
en el Gobierno local, con
dos concejales. Hasta 2010
fue jefe de comunicación del
Ayuntamiento de Gandia, bajo
el mandato de José Manuel
Orengo y Fernando Mut.
En 2011, empezó a trabajar
con Arturo Torró, tomando
las riendas de la campaña
que le llevó a lograr la
primera mayoría absoluta de
un Gobierno local en Gandia.
Fue jefe de varios
departamentos del área de
comunicación hasta que el
pasado mes de junio Torró y
el PP dejaron el gobierno.
Además de su trabajo como
asesor político, Josemi
Villar era una persona muy
conocida en toda la comarca
por su trabajo en los medios
de comunicación.
Colaboraba en Radio Gandia y
Tele 7 Safor, donde
presentaba El Transistor y
El Transistor que se ve,
donde, como experto en
música tanto nacional como
internacional presentaba
temas de todos los tiempos.
Sus compañeros en el partido
aseguraron ayer sentirse
«hundidos» y «consternados»
tras difundirse la noticia
de su muerte en estas
trágicas circunstancias. La
sorpresa también alcanzó al
mundo de la política y la
comunicación de la comarca
de la Safor.
http://www.levante-emv.com/safor/2015/12/26/fallece-josemi-villar-principal-asesor/1359085.html?utm_medium=rss
VICTORIA NO ACLARA NADA EN
LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN
El exconsejero de Justicia
evitó responder a los
diputados remitiéndose a su
declaración ante el juez
Salvador Victoria,
exconsejero de Presidencia y
Justicia del Gobierno
regional e imputado en el
caso Púnica, declaró ayer
ante la comisión de
corrupción de la Asamblea.
En su intervención, aseguró
no haber detectado ningún
signo de ilegalidad en la
Agencia Informática de la
Comunidad (ICM). En
múltiples ocasiones evitó
responder a los diputados
remitiéndose a su
declaración ante el juez.
Salvador Victoria regresó
ayer a la Asamblea de
Madrid. En esta ocasión,
para someterse a las
preguntas de la comisión de
corrupción, que intenta
depurar las
responsabilidades políticas
en relación con las
contrataciones de la Agencia
Informática y de
Comunicaciones (ICM), un
organismo de la Comunidad
que se ha vinculado a la
trama Púnica.
El exconsejero y exportavoz
de la Comunidad está
imputado por prevaricación,
cohecho, fraude y
malversación de fondos
públicos en relación con los
pagos a Eico, propiedad de
Alejandro de Pedro, otro de
los imputados en la supuesta
red de comisiones. El juez
Eloy Velasco investiga si
Victoria está detrás del
abono a De Pedro de 120.000
euros, que se habría
realizado a través de
empresas como la
multinacional Indra,
adjudicataria de grandes
contratos con la Comunidad.
El magistrado sospecha que
se usaron fondos públicos
para mejorar la imagen de
los políticos populares.
La comparecencia se
desarrolló en un ambiente de
tensión, entre continuas
llamadas de atención de la
presidenta de la sesión.
“Esto ya no es su cortijo y
ahora soy yo la que
interrogo”, le espetó la
diputada de Podemos, María
Espinosa. En otro momento,
comentó que el PP le había
dejado caer “como una
manzana podrida”.
Con más tranquilidad se
desarrolló la intervención
de la portavoz del PSOE,
Encarnación Moya, que le
preguntó sobre su relación
con De Pedro También se
interesó por José Martínez
Nicolás, consejero delegado
de ICM y por los 10.000
euros que supuestamente
Victoria le ordenó entregar
a De Pedro. El representante
de Ciudadanos, César Zafra,
le reprochó el poco respeto
que estaba demostrando al no
contestar.
Victoria aseguró que nunca
había sido testigo de signos
de ilegalidad en ICM durante
su presidencia, en otro caso
“habría sido el primero en
denunciarlo”. El expolítico
remitió en múltiples
ocasiones a su declaración
ante el juez Eloy Velasco en
septiembre pasado, para no
responder. También, cuando
el portavoz del PP en la
comisión, Alfonso Serrano,
le planteó si había firmado
algún contrato con De Pedro.
Por su parte, la exdirectora
de Medios del Gobierno,
Isabel Gallego, se acogió
desde el primer momento, a
su derecho a no declarar.
“Yo ya he contestado esto
ante el juez y mi abogado me
ha recomendado no hacerlo a
ninguna de las preguntas de
esta comisión”, indicó. A
pesar de ello, escuchó las
preguntas de los grupos
políticos.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/18/madrid/1450467871_249840.html
ALEJANDRO DE PEDRO LOGRÓ
SOLO 600 VISITAS Y 110
RETUITS EN SU INTENTO POR
MEJORAR LA IMAGEN DE IGNACIO
GONZÁLEZ
La SER publica el contenido
de los informes pagados con
dinero público para mejorar
la imagen de Ignacio
González, que elaboraba la
empresa del imputado
Alejandro de Pedro. González
aspiraba a ser candidato del
PP y su imagen pública,
según estos informes, era
muy negativa
Mejorar su mala imagen
pública, neutralizar las
noticias negativas
relacionadas con Ignacio
González y prepararle el
terreno para ser el
candidato del PP en las
autonómicas de mayo. Este
era el objetivo —nunca
alcanzado— de los trabajos
contratados por la Comunidad
de Madrid con la empresa
EICO, propiedad del
conseguidor de la trama
Púnica, Alejandro de Pedro.
La SER ha tenido acceso al
contenido de los informes de
reputación elaborados en
febrero de 2014 que fueron
encargados por la Dirección
General de Medios de la
Comunidad —cuya responsable
entonces, Isabel Gallego,
está imputada en la causa— y
pagados con dinero público.
Ese mes, las cuentas y
falsos medios creados por
las empresas de Alejandro de
Pedro intentaron frenar sin
éxito las críticas a Ignacio
González por el caso ático,
la aparición de las cuentas
suizas de Francisco
Granados, la dimisión de la
esposa del expresidente,
Lourdes Cavero, como
vicepresidenta de la
patronal madrileña (CEIM) o
la fuerte oposición social
al proceso de privatización
sanitaria, aparcado unos
días antes.
Los informes de EICO
detectaron un 60% de
noticias negativas en Google,
aunque los autores del
informe se apuntan el mérito
de haber mejorado
ligeramente esos resultados
adversos.
Visitas en picado
Si en la Puerta del Sol el
objetivo era construir el
perfil de un candidato
fuerte, las cosas no iban
por el mejor camino. Las
visitas a la web de Ignacio
González se hundieron un 70%
entre enero y febrero de
2014. Ese mes, solo 602
personas entraron en su
página.
Informe sobre comentarios en
redes sociales.
En Twitter, el informe
destaca el papel de "los
colectivos sanitarios y
Sufridores Metro" como
corrientes negativas y solo
salva la imagen del
presidente su posición
favorable a la bajada del
IVA cultural.
Un trabajo poco eficiente
EICO utiliza falsos portales
y perfiles de Twitter para
contrarrestar las
informaciones negativas.
Utiliza para ello 110
usuarios creados para
mejorar la imagen de
González, que generan 1.780
tuits y solo 110 retuits.
La empresa de Alejandro de
Pedro abre y gestiona los
blogs de González en Blogger
y Wordpress, publica
noticias favorables en
portales locales de
Alcobendas o Valdemoro (el
epicentro de la Púnica) y
recopila todas esas noticias
en un anexo al final de su
informe mensual. A fecha de
hoy, la mayoría de cuentas y
dominios ha sido eliminada
de las redes sociales y los
portales que permanecen
activos se han dejado de
actualizar. También ha
desaparecido la web personal
del expresidente regional.
EICO realizó informes
pagados por la Comunidad de
Madrid desde abril de 2012
hasta el estallido del caso
Púnica. Según las
declaraciones realizadas en
sede judicial, el Gobierno
abonaba unos 1.500 euros por
estos informes, asignados a
dedo y firmados mediante
contratos que no son
públicos.
http://cadenaser.com/emisora/2015/12/08/radio_madrid/1449576118_877868.html
PÚNICA: GRANADOS ENTREGÓ LA
GESTIÓN DE 300 MILLONES EN
LICENCIAS A UNA FIRMA
PRIVADA
La UCO descubre que Arpegio,
bajo la presidencia del
exconsejero ahora
encarcelado, privatizó la
"gestión integral de las
licitaciones públicas" del
Plan Prisma, del que se
benefició
La empresa pública Arpegio,
investigada por la Audiencia
Nacional dentro del caso
Púnica, pagó durante dos
años 7,1 millones de euros
por unos trabajos de
consultoría externa para la
gestión de las licitaciones
de las 500 obras que la
Comunidad de Madrid financió
en municipios de la región
dentro del Plan Prisma
2005-2006, un plan que fue
dotado inicialmente con 300
millones de euros. Esta
consultoría fue adjudicada
bajo el mandato de Francisco
Granados, el principal
dirigente político implicado
en la trama, actualmente en
prisión, y sirvió para
tramitar las licencias de
algunas de las obras bajo
sospecha, las que se llevó
el empresario, socio y amigo
de Granados, David
Marjaliza, también imputado.
La Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil ya
tiene sobre su mesa el
nombre de la empresa
adjudicataria, Dusa, que
tenía la sede en la calle
Génova.
Granados fue presidente del
consejo de administración de
Arpegio entre abril de 2005
y diciembre de 2007, cuando
el ente público, que
gestiona suelo y pone en
marcha consorcios
urbanísticos, dependía de su
Consejería de Presidencia.
Durante ese periodo,
concretamente el 3 de
febrero de 2006, Arpegio
firmó con la Comunidad de
Madrid un convenio para
gestionar el plan de
inversiones Prisma, que
tiene por objeto la
ejecución de obras en apoyo
de los municipios. La
planificación del Prisma era
entonces competencia de la
Dirección General de
Cooperación con la
Administración Local, en
manos de Jaime González
Taboada, hoy consejero de
Medio Ambiente y número tres
del Ejecutivo de Cristina
Cifuentes. David Marjaliza
le ha implicado en su
declaración judicial.
La empresa DUSA ya tramitaba
las licencias cuando una
firma del imputado David
Marjaliza se llevó contratos
por valor de 1,5 millones
del plan Prisma
Es decir, que la comunidad
traspasó la gestión del
Prisma a Arpegio, en manos
de Granados, que decidió que
era necesaria una empresa
privada para gestionar a su
vez las licitaciones de las
obras del plan, un trabajo
que en teoría tenía que
haber desarrollado la propia
Arpegio. El concurso,
público, lo ganó a
principios del año 2006 la
empresa Análisis y Gestión
de Desarrollos Urbanos (Dusa),
una firma constituida a
finales del año 2002 con
solo seis empleados y con
sede en la calle Génova.
Aunque el registro mercantil
dice que la firma sigue
operativa, no tiene web y el
teléfono que aparece en el
registro mercantil no está
activo. Al menos cinco de
las obras del Prisma, por
valor de 1,5 millones de
euros, se las llevó una
empresa de Marjaliza entre
mayo y noviembre de 2006,
cuando Dusa ya tramitaba las
licencias. La UCO investiga
ahora todas las obras del
plan, unos 500 contratos, si
otras empresas de Marjaliza
se llevaron más
adjudicaciones, y el papel
que jugó Dusa.
Para no paralizar la
actividad de Arpegio
Arpegio justificó entonces
la contratación de una
empresa privada con el
objetivo de desarrollar el
Prisma "sin interferir ni
paralizar la actividad
normal de la empresa
pública". Para ello no solo
se alquiló una nueva oficina
de 300 metros cuadrados en
las torres de Colón, en el
centro de Madrid. "Para
llevar a cabo todas las
actividades encomendadas que
comportan la gestión
integral y el control de las
importantes inversiones que
se van a realizar, así como
garantizar la viabilidad, se
ha contratado por concurso
una consultoría para la
gestión integral de las
licitaciones, que son 509
actuaciones. Eso se hizo
público por concurso, y
resultó adjudicataria
Análisis y Gestión de
Desarrollos Urbanos SA",
explicó en la Asamblea de
Madrid el entonces consejero
delegado de Arpegio, Eduardo
Larraz.
Las facturas, a las que ha
tenido acceso El
Confidencial, suman 7,11
millones de euros. La
primera es de marzo de 2006
y se trata de un adelanto de
661.200 euros por la
"consultoría y asistencia
técnica para la gestión
integral de las licitaciones
públicas del programa
regional de inversiones y
servicios de Madrid, para el
periodo 2006-2007". Desde
entonces, Arpegio emite 37
facturas a Dusa, la mayoría
firmadas por el entonces
consejero delegado de la
empresa pública, Eduardo
Larraz, durante años mano
derecha de la exministra
Celia Villalobos y que, como
ya publicó El Confidencial,
tuvo una empresa radicada en
las Islas Vírgenes
Británicas con "un
desconocido origen de los
fondos". Otras facturas
tienen el concepto de
"honorarios de consultoría y
asistencia técnica para la
gestión integral, técnica,
jurídica y económica de las
obras derivadas de la
actuaciones del Prisma". El
contrato con Dusa tuvo tres
prórrogas, lo que amplió el
acuerdo hasta abril de 2008.
Precisamente a finales de
2007 se produce un cambio en
las estructuras de la
Comunidad y Arpegio deja de
depender de Presidencia y,
por tanto, de Granados, para
formar parte de la
Consejería de Medio
Ambiente, dirigida por
Beatriz Elorriaga. Esta
decide en abril de 2008
prescindir de los servicios
de Dusa, a pesar de que se
había puesto en marcha un
nuevo Plan Prisma, el
2008-2011. "Se hizo por
ahorro", señala una fuente
de la Consejería de Medio
Ambiente. "Curiosamente,
cuando Granados dejó de
mandar ya no hizo falta una
empresa privada para hacer
el trabajo que le
correspondía a Arpegio",
señala otra fuente del
entonces Ejecutivo
autonómico.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2015-12-01/granados-entrego-la-gestion-de-300-millones-publicos-a-una-empresa-privada_1110458/
EL SUMARIO DE LA PÚNICA
CORROBORA LA FINANCIACIÓN
ILEGAL DEL PARTIDO POPULAR
Grandes constructoras y
empresas de servicios han
pagado hasta este mismo año
encuestas electorales en al
menos siete municipios del
PP en Madrid por más de
400.000 euros. Las empresas
obtienen después
adjudicaciones públicas
Una decena de grandes
constructoras como FCC,
Urbaser, Avintia u Ortiz
Construcciones y Proyectos;
empresas de servicios; y
hasta una fundación cultural
han pagado encuestas
electorales para el Partido
Popular en al menos siete
municipios madrileños por
más de 400.000 euros en los
últimos 10 años, según la
documentación que figura en
el sumario de la Operación
Púnica a la que ha tenido
acceso la Cadena SER.
También en Parla, mientras
era gobernada por el
socialista José María
Fraile, que fue expulsado
del PSOE por su vinculación
con la trama.
Estas sociedades han sido
después adjudicatarias de
contratos en esas
localidades. Las empresas
camuflaban los sondeos de
intención de voto bajo la
apariencia de estudios
socioeconómicos con la
complicidad y colaboración
de la consultora TNS,
encargada siempre de
ejecutar las encuestas. El
director de Proyectos de
esta empresa, Víctor Manuel
Sobrino, ha sido imputado
por malversación, cohecho y
fraude debido a estos hechos
por el juez de la Audiencia
Nacional que instruye el
caso, Eloy Velasco.
Las empresas de la
construcción y gestión de
residuos FCC, Urbaser, Ortiz
Construcciones y Proyectos,
y Avintia; sociedades
consultoras y de imagen,
como Ruiz & San Juan, Noxa
Consulting, Focus Asesoría e
Imagen y Open Sport; las
empresas del conseguidor
David Marjaliza denominadas
Vancouver, Ruta Energética,
Inversiones y Estudios
Urbanos; y hasta la extinta
fundación cultural Valdemoro
Siglo XXI han pagado entre
2005 y 2015 un total de
419.700 euros en encuestas
de intención de voto para
los municipios populares de
Valdemoro, Alcalá de
Henares, Móstoles, Pozuelo
de Alarcón, Alcobendas,
Brunete, Torrejón de Velasco
y el socialista de Parla.
Según la documentación en
poder de la SER, que figura
en el sumario, estas
sociedades firmaban con TNS,
la empresa encargada de
elaborar las encuestas,
contratos fraudulentos en
los que simulaban la
realización de un estudio
socioeconómico sobre el
municipio con el propósito
de lograr un nuevo nicho de
mercado, pero en realidad se
trataba de encuestas
electorales cuyo
destinatarios últimos eran
el Partido Popular en esas
siete localidades y el PSOE,
en el caso de Parla. El
partido se ahorraba de esta
forma el coste de esos
barómetros de intención de
voto.
Este es el detalle de las
empresas que han participado
en la operación, el coste de
las encuestas, las
anualidades en las que han
efectuado el gasto y algunas
de las adjudicaciones
obtenidas:
FCC
Rubricó un contrato con la
demoscópica TNS para
efectuar seis sondeos de
opinión sobre el sistema de
limpieza urbana en la
localidad de Valdemoro
durante los años 2013, 2014
y 2015 por un importe total
de 112.000 euros.
En realidad, se trató de
encuestas electorales en las
que se preguntó por la
valoración del alcalde del
PP en Valdemoro y la
intención de voto. Fomento
de Construcciones y
Contratas (FCC) fue la
adjudicataria de la recogida
de basuras.
FCC también aparece como
donante al PP de 165.000
euros en el caso de la caja
b de este partido y,
supuestamente, también abonó
665.000 euros a Jordi Pujol
Ferrusola por servicios
inexistentes.
Urbaser
La gestora de residuos del
grupo ACS abonó 40.000 euros
en 2008 para que TNS
realizase dos sondeos de
opinión para el PP de
Móstoles, según la
documentación entregada a la
Guardia Civil por el
director de Proyectos de
esta firma, Víctor Sobrino.
Urbaser logró la
adjudicación del servicio de
limpieza en la localidad.
Ortiz Construcciones y
Proyectos
Esta empresa pagó en 2006
una encuesta electoral para
el PP de Alcobendas con un
coste de 11.100 euros. En
esta localidad madrileña,
Ortiz fue después
adjudicatario de la
construcción del colegio
público Antonio Machado y
del pabellón deportivo del
colegio Luis Buñuel.
Avintia Proyectos y
Construcciones
Firmó un contrato con TNS
bajo la apariencia de un
estudio socioeconómico para
el área sur de la Comunidad
de Madrid que en realidad
fueron cinco barómetros
electorales entre 2010 y
2011 para el municipio de
Valdemoro por un total de
55.000 euros. Finalmente,
solo se hizo efectivo el
pago de 27.500 por expreso
deseo "del cliente final",
según expresa por carta el
imputado Víctor Sobrino al
responsable de Avintia. Ese
"cliente final", según los
investigadores, encubre al
destinatario real de las
encuestas, el PP de
Valdemoro. En este
municipio, Avintia consiguió
numerosas adjudicaciones,
entre ellas la construcción
del colegio Nobelis por
8.996.860 euros en una unión
temporal de empresas con
Ortiz Construcciones y
Proyectos.
Ruiz & San Juan
Esta consultora pagó
encuestas electorales para
el PP en Pozuelo durante los
años 2006 y 2007 por un
total de 21.297,5 euros, y
otra para Alcalá de Henares
en 2011 por 8.000.
Focus Asesoría e Imagen
Abonó sondeos electorales
para Móstoles durante los
años 2013, 2014 y 2015 por
28.461 euros, según la
documentación del sumario.
Noxa Consulting
Esta consultora abonó a TNS
un total de 7.200 euros para
la elaboración de una
encuesta electoral para
Alcobendas en mayo de 2007.
Open Sport Life Center
En diciembre de 2010
abonó un total de 17.545
euros a TNS por un sondeo de
opinión sobre la necesidad
de un nuevo centro deportivo
en Valdemoro. Un año
después, el entonces
presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González,
inauguró el centro deportivo
El Caracol en Valdemoro, que
contó con una inversión de
dos millones de euros del
plan autonómico Prisma. La
gestión de El Caracol fue
concedida a Open Sport Life
Center.
Fundación Valdemoro Siglo
XXI
Dedicada a la cultura y al
deporte, esta extinta
fundación, presidida por el
alcalde de la localidad,
destinó 22.496 euros en 2005
a TNS para la elaboración de
un sondeo electoral del PP
de Valdemoro.
Inversiones y Estudios
Urbanos, Vancouver y Ruta
Energética
Estas tres empresas del
conseguidor David Marjaliza,
líder de la Púnica junto a
Francisco Granados, abonaron
entre 2006 y 2014 sondeos
electorales para Torrejón de
Velasco (2010-2011),
Valdemoro (2006-2007),
Brunete (2014) y Parla
(2013), que sumaron en total
118.712 euros. Correos
electrónicos cruzados entre
Marjaliza y Sobrino
demuestran que este último
mantenía informado en todo
momento al conseguidor de la
Púnica sobre el avance de
los estudios. Marjaliza
logró después numerosas
adjudicaciones en estos
municipios, según las
investigaciones del sumario
de la Púnica.
A estas empresas se sumaría
la imputada Cofely, que, tal
y como se dio a conocer el
verano pasado, también pagó
encuestas electorales al
menos en Torrejón de Velasco
y Parla por un total de
65.000 euros. Encuestas que
esta empresa también
encargaba a TNS y que, al
igual que en el resto de
casos, camuflaba bajo la
apariencia de estudios sobre
necesidades de eficiencia
energética en esos
municipios.
Otras fuentes de
financiación ilegal del PP
en la Púnica
El pago de sondeos
electorales no es la única
fuente de financiación
ilegal detectada por los
investigadores de la Púnica.
También sospechan que la
empresa Waiter Music
organizaba actos para el
Partido Popular a un precio
muy inferior al de mercado,
y después era recompensada
con adjudicaciones en los
municipios madrileños. Una
forma de actuar muy similar
a la de las empresas de
Francisco Correa en el caso
Gürtel, y que le ha costado
al Partido Popular su
procesamiento por lucrarse
de los delitos cometidos por
la trama en la pieza
principal del caso que se
juzgará el año próximo.
http://cadenaser.com/ser/2015/11/22/tribunales/1448207802_964644.html
LA COMUNIDAD DE MADRID
ADJUDICÓ SONDEOS A LA
EMPRESA TNS AUNQUE ERA LA
OFERTA MÁS CARA
La sociedad demoscópica
sospechosa de amañar
encuestas con la Púnica
logró la adjudicación de un
concurso público de la
Comunidad de Madrid por más
de 200.000 euros, y seis
contratos más por el
procedimiento negociado,
durante la presidencia de
Aguirre. La comunidad pagó
350.000 euros por adjudicar
a TNS
Documento que acredita que
la oferta de TNT era la más
cara / CADENA SER
La Comunidad de Madrid
adjudicó durante 2005, 2006
y 2007, al menos siete
trabajos demoscópicos a la
empresa TNS, sospechosa de
actuar en connivencia con
empresas constructoras y
siete ayuntamientos del PP,
para elaborar sondeos
electorales fraudulentos
hasta fechas recientes.
El sumario de la
Púnica corrobora la
financiación ilegal del PP
Grandes constructoras han
pagado encuestas por más de
400.000 euros
Según la documentación del
sumario de la Operación
Púnica, la primera
adjudicación de la Comunidad
de Madrid en época de
Esperanza Aguirre se produce
en 2005. Se trata de un
concurso público sobre
conciliación de la vida
laboral y personal en la
región y se presentan un
total de cuatro empresas.
Fue TNS quien logró el
contrato aunque su oferta
era la más cara, con un
total de 240.000 euros. Las
otras tres firmas eran Sigma
2, Media Factoring y Cimop,
y perdieron a pesar de que
ninguna llegaba a los
230.000 euros.
Para los seis contratos
restantes, entre 2006 y
2007, ya no hubo concurso
público sino que la
comunidad contrató a TNS por
el procedimiento negociado.
Fueron los llamados test
publicitarios para sondear
la incidencia de distintas
campañas dirigidas por la
Comunidad sobre riesgos
laborales, sensibilización
de la inmigración, violencia
machista o emprendedores.
Esos seis contratos por el
procedimiento negociado para
la consultora de la Púnica
costaron 142.699,65 euros.
El coste total de las
campañas adjudicadas a TNS
por la Comunidad de Madrid
fue de 349.758,61 euros.
Según la documentación del
sumario que se instruye en
la Audiencia Nacional, la
demoscópica TNS ha actuado
entre 2005 y, al menos,
hasta abril de 2015 en
connivencia con grandes
constructoras y empresas de
servicios en Madrid.
Simulaba contratos con estas
sociedades para la
elaboración de estudios de
mercado en ciudades, pero en
realidad hacía encuestas
electorales para los
municipios, casi todos del
Partido Popular. El juez
Velasco ha imputado al
director de Proyectos de TNS
los delitos de cohecho,
malversación y fraude.
http://cadenaser.com/ser/2015/11/23/tribunales/1448305861_546532.html
GRANADOS ENTREGÓ LA GESTIÓN
DE 300 MILLONES EN LICENCIAS
A UNA FIRMA PRIVADA
La UCO descubre que Arpegio,
bajo la presidencia del
exconsejero ahora
encarcelado, privatizó la
"gestión integral de las
licitaciones públicas" del
Plan Prisma, del que se
benefició
La empresa pública Arpegio,
investigada por la Audiencia
Nacional dentro del caso
Púnica, pagó durante dos
años 7,1 millones de euros
por unos trabajos de
consultoría externa para la
gestión de las licitaciones
de las 500 obras que la
Comunidad de Madrid financió
en municipios de la región
dentro del Plan Prisma
2005-2006, un plan que fue
dotado inicialmente con 300
millones de euros. Esta
consultoría fue adjudicada
bajo el mandato de Francisco
Granados, el principal
dirigente político implicado
en la trama, actualmente en
prisión, y sirvió para
tramitar las licencias de
algunas de las obras bajo
sospecha, las que se llevó
el empresario, socio y amigo
de Granados, David
Marjaliza, también imputado.
La Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil ya
tiene sobre su mesa el
nombre de la empresa
adjudicataria, Dusa, que
tenía la sede en la calle
Génova.
Granados fue presidente del
consejo de administración de
Arpegio entre abril de 2005
y diciembre de 2007, cuando
el ente público, que
gestiona suelo y pone en
marcha consorcios
urbanísticos, dependía de su
Consejería de Presidencia.
Durante ese periodo,
concretamente el 3 de
febrero de 2006, Arpegio
firmó con la Comunidad de
Madrid un convenio para
gestionar el plan de
inversiones Prisma, que
tiene por objeto la
ejecución de obras en apoyo
de los municipios. La
planificación del Prisma era
entonces competencia de la
Dirección General de
Cooperación con la
Administración Local, en
manos de Jaime González
Taboada, hoy consejero de
Medio Ambiente y número tres
del Ejecutivo de Cristina
Cifuentes. David Marjaliza
le ha implicado en su
declaración judicial.
La empresa DUSA ya tramitaba
las licencias cuando una
firma del imputado David
Marjaliza se llevó contratos
por valor de 1,5 millones
del plan Prisma
Es decir, que la comunidad
traspasó la gestión del
Prisma a Arpegio, en manos
de Granados, que decidió que
era necesaria una empresa
privada para gestionar a su
vez las licitaciones de las
obras del plan, un trabajo
que en teoría tenía que
haber desarrollado la propia
Arpegio. El concurso,
público, lo ganó a
principios del año 2006 la
empresa Análisis y Gestión
de Desarrollos Urbanos (Dusa),
una firma constituida a
finales del año 2002 con
solo seis empleados y con
sede en la calle Génova.
Aunque el registro mercantil
dice que la firma sigue
operativa, no tiene web y el
teléfono que aparece en el
registro mercantil no está
activo. Al menos cinco de
las obras del Prisma, por
valor de 1,5 millones de
euros, se las llevó una
empresa de Marjaliza entre
mayo y noviembre de 2006,
cuando Dusa ya tramitaba las
licencias. La UCO investiga
ahora todas las obras del
plan, unos 500 contratos, si
otras empresas de Marjaliza
se llevaron más
adjudicaciones, y el papel
que jugó Dusa.
Para no paralizar la
actividad de Arpegio
Arpegio justificó entonces
la contratación de una
empresa privada con el
objetivo de desarrollar el
Prisma "sin interferir ni
paralizar la actividad
normal de la empresa
pública". Para ello no solo
se alquiló una nueva oficina
de 300 metros cuadrados en
las torres de Colón, en el
centro de Madrid. "Para
llevar a cabo todas las
actividades encomendadas que
comportan la gestión
integral y el control de las
importantes inversiones que
se van a realizar, así como
garantizar la viabilidad, se
ha contratado por concurso
una consultoría para la
gestión integral de las
licitaciones, que son 509
actuaciones. Eso se hizo
público por concurso, y
resultó adjudicataria
Análisis y Gestión de
Desarrollos Urbanos SA",
explicó en la Asamblea de
Madrid el entonces consejero
delegado de Arpegio, Eduardo
Larraz.
Las facturas, a las que ha
tenido acceso El
Confidencial, suman 7,11
millones de euros. La
primera es de marzo de 2006
y se trata de un adelanto de
661.200 euros por la
"consultoría y asistencia
técnica para la gestión
integral de las licitaciones
públicas del programa
regional de inversiones y
servicios de Madrid, para el
periodo 2006-2007". Desde
entonces, Arpegio emite 37
facturas a Dusa, la mayoría
firmadas por el entonces
consejero delegado de la
empresa pública, Eduardo
Larraz, durante años mano
derecha de la exministra
Celia Villalobos y que, como
ya publicó El Confidencial,
tuvo una empresa radicada en
las Islas Vírgenes
Británicas con "un
desconocido origen de los
fondos". Otras facturas
tienen el concepto de
"honorarios de consultoría y
asistencia técnica para la
gestión integral, técnica,
jurídica y económica de las
obras derivadas de la
actuaciones del Prisma". El
contrato con Dusa tuvo tres
prórrogas, lo que amplió el
acuerdo hasta abril de 2008.
Precisamente a finales de
2007 se produce un cambio en
las estructuras de la
Comunidad y Arpegio deja de
depender de Presidencia y,
por tanto, de Granados, para
formar parte de la
Consejería de Medio
Ambiente, dirigida por
Beatriz Elorriaga. Esta
decide en abril de 2008
prescindir de los servicios
de Dusa, a pesar de que se
había puesto en marcha un
nuevo Plan Prisma, el
2008-2011. "Se hizo por
ahorro", señala una fuente
de la Consejería de Medio
Ambiente. "Curiosamente,
cuando Granados dejó de
mandar ya no hizo falta una
empresa privada para hacer
el trabajo que le
correspondía a Arpegio",
señala otra fuente del
entonces Ejecutivo
autonómico.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2015-12-01/granados-entrego-la-gestion-de-300-millones-publicos-a-una-empresa-privada_1110458/
EL
CANAL ADJUDICÓ 361.000 EUROS
A LA FIRMA QUE PAGÓ LA
IMAGEN 'ONLINE' DE IGNACIO
GONZÁLEZ
Una adjudicación del Canal
de Isabel II habría servido
para que un proveedor de esa
empresa pública se hiciera
cargo de las facturas de
reputación 'online' que no
podía pagar directamente el
Ejecutivo
Los investigadores están
desentrañando los últimos
flecos de la parte de Púnica
relacionada con el presunto
desvío de fondos públicos
para financiar campañas de
imagen de políticos del
Partido Popular. Los agentes
de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil han
descubierto que el Canal de
Isabel II, la empresa
pública de gestión del agua
de la Comunidad de Madrid,
adjudicó en septiembre de
2014 un contrato de 361.306
euros a la misma empresa que
pagó en negro los servicios
de reputación 'online' de
los que se habrían
beneficiado el expresidente
autonómico Ignacio González
y la exconsejera de
Educación, Juventud y
Deporte Lucía Figar, según
han confirmado a El
Confidencial fuentes
próximas a la investigación.
El contrato complica la
situación procesal del
exconsejero de Presidencia
Salvador Victoria, imputado
por su presunta implicación
en la trama desde el pasado
junio, al igual que su
compañera Figar. El
instructor de la causa, el
juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco, le
atribuye indiciariamente los
delitos de prevaricación,
cohecho, fraude y
malversación de caudales
públicos. Los agentes
consideran acreditado por
diversas intervenciones
telefónicas que Victoria
intervino en el verano de
2014 para que varias
empresas abonaran de su
bolsillo las facturas que la
comunidad adeudaba por
tensiones de tesorería a
Eico Online Reputation
Management y Madiva
Editorial y Publicidad, las
firmas contratadas por el
Gobierno del PP para mejorar
la reputación en internet de
varios miembros del
Gabinete.
Victoria niega las
acusaciones
Victoria ha negado en sede
judicial que efectuara algún
tipo de gestión para que
terceras empresas abonaran
esas deudas. Ha reconocido
que habló con los
responsables de Eico y
Madiva, también imputados,
pero asegura que solo les
atendió para calmarles y
garantizarles que la
Administración madrileña
terminaría pagándoles los
servicios que habían
realizado. Pero el juez no
solo ha asumido las tesis de
la UCO, sino que considera
que Victoria tuvo un papel
decisivo en esta parte de la
trama. Le acusa de haber
empleado su cargo en el
Gobierno madrileño para que
proveedores de organismos
públicos encuadrados en su
consejería abonaran las
facturas que en ese momento
no podía pagar la
Administración autonómica.
El contrato complica la
situación procesal del
exconsejero de Presidencia
Salvador Victoria, imputado
desde junio, al igual que su
compañera Figar
Un contrato incluido en el
sumario refuerza ahora esa
acusación. Los
investigadores han
comprobado que el Canal de
Isabel II, un organismo
dependiente de la consejería
de Victoria, adjudicó un
contrato de 361.306 euros a
Imagen de Síntesis Digital
SL, una de las compañías que
habrían puesto dinero de su
bolsillo para costear los
gastos de reputación de
González y Figar, como ya
han podido acreditar los
investigadores.
Publicación en el Boletín
Oficial
La adjudicación bajo
sospecha se hizo oficial el
23 de septiembre de 2014,
solo un mes antes de que
estallara el caso Púnica con
las primeras detenciones. El
Boletín de la Comunidad de
Madrid (BOCM) anunció ese
día que Imagen de Síntesis
Digital SL se había impuesto
en el concurso para ejecutar
“servicios de diseño y
producción de web
interactiva con recorridos
virtuales y audiovisuales de
procesos e infraestructuras
del ciclo integral del
agua”. Supuestamente, su
oferta había sido la más
ventajosa económicamente
(298.600 euros más el 21% de
IVA).
La concesión no fue firmada
por Victoria, sino por el
subdirector de Contratación
del Canal de Isabel II,
Miguel Ángel Casanueva, pero
el juez Velasco considera
que el dirigente del PP
madrileño pudo influir en
ese concurso, aprovechando
el cargo que ocupaba en ese
momento, para tratar de
favorecer a las empresas que
estaban dispuestas a
ayudarle a mantener el
servicio de reputación
'online' con el pago de las
facturas atrasadas. Según
fuentes próximas al caso,
los agentes ya han
establecido una relación
causa-efecto entre esa
adjudicación de la empresa
pública del agua y la
aparición de Imagen de
Síntesis Digital SL en la
trama Púnica.
Dos pagos de 7.000 euros
Lo cierto es que ambos
procesos ocurrieron de forma
casi simultánea. De la parte
del sumario ya desvelada se
desprende que, apenas unas
semanas después de que el
Canal de Isabel II iniciara
el concurso de adjudicación,
el administrador de Imagen
de Síntesis Digital, Sergio
Ortega, y un colaborador,
Víctor Torres, realizaron
dos pagos por un valor total
de 7.000 euros a Eico y
Madiva, las firmas que
llevaban la imagen de
González y Figar y que
amenazaban con suspender ese
servicio si no cobraban.
Los responsables de Imagen
de Síntesis Digital SL, una
modesta consultora
tecnológica con solo tres
empleados, tenían motivos
económicos para prestarse a
participar en esos pagos,
aunque tras su imputación
les parecerán probablemente
menos consistentes. Solo esa
adjudicación del Canal de
Isabel II de 361.306 euros
ya supera por sí sola la
facturación que logró la
empresa durante todo 2013,
cuando cerró con unos
ingresos de 293.188,90
euros.
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-12-03/el-canal-adjudico-361-000-a-la-firma-que-costeo-la-imagen-online-de-ignacio-gonzalez_1112438/
LA GUARDIA CIVIL ACUSA AL
ALCALDE DE MOLINA DE SEGURA
DE LOS DELITOS DE
MALVERSACIÓN Y TRÁFICO DE
INFLUENCIAS
Los agentes de la UCO
consideran que la trama
encubrió los trabajos de
reputación de Eduardo
Contreras entre los
convenios pagados por el
Gobierno regional murciano
El informe especifica que
los contratos del Gobierno
de la Región de Murcia
"sufragarían los trabajos de
reputación online de cargos
públicos"
Un informe de la Guardia
Civil en el que se analiza
la actuación de la trama
Púnica en la Región de
Murcia acusa al actual
alcalde del municipio
murciano de Molina de Segura
(71.577 habitantes), Eduardo
Contreras Linares (PP), de
ser el presunto autor de los
delitos de malversación y
tráfico de influencias,
según la documentación a la
que ha tenido acceso
infoLibre.
El documento de la Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil plasma la
presunta implicación del
alcalde de Molina en los
contratos del denominado
Plan de Comunicación
Digital, por el que
departamentos del Gobierno
autonómico murciano
contrataron o tenían
intención de contratar a
empresas de la trama Púnica.
El plan se desarrolló en el
Instituto de Fomento,
departamento dependiente de
la Consejería de Industria,
cuyo entonces titular, Juan
Carlos Ortiz, dimitió tras
ser imputado por el juez
Velasco en la Púnica. Y
según la Guardia Civil, que
cita "datos disponibles",
con esta iniciativa "se
habrían encubierto [...] los
trabajos personales de
reputación online del
alcalde de Molina de
Segura".
Sufragar otros gastos
Y para demostrar estas
conclusiones, los agentes
aportan en su informe el
contenido de varias llamadas
de teléfono entre el
considerado conseguidor de
la red corrupta, Alejandro
de Pedro, y un empleado del
Gobierno murciano, que
fueron grabadas por orden
del juez Velasco. En una de
ellas se hace referencia a
un contrato público firmado
por la Consejería de
Industria y Fomento, "y de
la conversación se deduce
que con dicho contrato se
pretendía sufragar trabajos
de reputación de dicho
alcalde", indica el
documento incluido en el
sumario.
Pero los agentes basan su
acusación en que Contreras
conocía la maniobra de la
red corrupta: "Este dato no
sería desconocido para el
alcalde de Molina de Segura,
como muestra la conversación
mantenida entre Alejandro de
Pedro y [el que fuera
alcalde de Cartagena con el
PSOE] José Antonio Alonso
Conesa el 30 de junio de
2014", especifican los
miembros de la UCO, que a
continuación transcriben la
conversación, que dice:
Alejandro de Pedro: "Otra
cosa, el tema de Murcia,
porque me digas cómo lo
hacemos. Nostros fuimos a la
reunión por la mañana,
¿vale? y estuvimos con el
alcalde del municipio éste,
entonces...".
José Antonio Alonso Conesa:
"De Molina".
Alejandro de Pedro: "Si,
allí dijo la rubia que de
eso se encargaba ella....
(refiriéndose a Mariola)".
El informe explica, además,
que en ese momento de la
conversación grabada entre
Alejandro de Pedro y José
Antonio Alonso Conesa, el
primero se queja de que
salieron de la reunión "sin
hablar de lo que hay que
hablar, que es del dinero
del que disponen para
hacerlo". Y según los
agentes Alejandro de Pedro
asegura a su interlocutor
que "la de Molina de Segura
no para de enviarle notas de
prensa, pero que hasta que
no cierren el contrato no
hay nada de nada".
Reunión con el conseguidor
Los agentes destacan que de
las conversaciones grabadas
se desprende que el alcalde
de Molina de Segura "habría
acudido a una reunión con
Mariola [María Dolores
Martínez Robles, imputada en
el caso] y Alejandro de
Pedro, entre otros, para
tratar de los trabajos a
desarrollar".
Pero la conversación
definitiva para la Guardia
Civil es la mantenida entre
Alejandro de Pedro y José
Fidel, un empleado del
Ejecutivo autonómico
murciano, en la que el
primero informa a su
interlocutor "de que han
metido los trabajos de
Molina de Segura en el
contrato adjudicado en el
Instituto [Consejería] de
Turismo de la Región de
Murcia".
"Ilícito penal"
Con todos estos indicios,
que se desprenden de las
intervenciones de las
comunicaciones decretadas
por el magistrado Eloy
Velasco, los integrantes de
la UCO de la Guardia civil
concluyen que la
participación del actual
regidor de Molina de Segura,
Eduardo Contreras Linares,
"en los hechos descritos,
podría ser constitutivo de
ilícito penal como presunto
responsable de un delito de
tráfico de influencias y
malversación", resalta el
documento policial.
Pero, a su vez, el informe
del Grupo de Delitos contra
la Administración de la UCO
especifica que la imputada
María Dolores Martínez
Robles, conocida como
Mariola, también era
"conocedora y partícipe
directa de la articulación
del procedimiento de
contratación pública que
estaba concertado para
adjudicar de antemano a las
empresas de Alejandro de
Pedro y José Antonio Alonso
Conesa, y de que dichos
contratos sufragarían los
trabajos de reputación
online de cargos públicos de
la Región de Murcia", entre
los que se encontraba el
alcalde de Molina de Segura.
Reputación personal del
alcalde
"En el caso concreto del
Instituto [Consejería] de
Turismo de la Región de
Murcia, se ha comprobado que
en los mismos, estarían
incluidos los trabajos de
reputación personal del
alcalde de Molina de Segura,
Eduardo Contreras Linares, a
través de la creación de un
diario digital en dicha
población. María Dolores
Martínez Robles [Mariola]
conoce personalmente a esta
persona, ya que ha estado
muy unida al Ayuntamiento de
dicha localidad,
desempeñando desde 2003 el
cargo de concejal del
Partido Popular de
Educación, Cultura y
Festejos".
Contreras, que es ingeniero
naval, ingresó en Alianza
Popular en 1982. Es alcalde
de Molina de Segura desde
1995 y fue diputado en el
Congreso por el PP de 1996 a
2004. Además de regidor de
la cuarta localidad en
población de la Región de
Murcia, Contreras es
presidente del PP de Molina
de Segura, al mismo tiempo
que forma parte del Comité
Ejecutivo Regional del PP y
de la Junta Directiva
Nacional de la formación
presidida por Mariano Rajoy.
El presidente murciano
Pero en el informe de la
Guardia Civil también
aparece un documento escrito
a mano en el que se cita una
propuesta realizada al
actual presidente de la
Región de Murcia, Pedro
Antonio Sánchez, que
entonces era el consejero de
Educación. En concreto, el
apunte especifica: "Pedro
Antonio Sánchez. 21.000
euros". Según ha
trascendido, el presidente
murciano no contrató a la
trama Púnica.
En el manuscrito también
aparecen los nombres de
otras personas a las que
presuntamente la trama
Púnica les habría ofrecido
sus servicios, como por
ejemplo es el caso de los
exalcaldes de Cartagena y
Murcia, del PP, Pilar
Barreiro y Miguel Ángel
Cámara, respectivamente.
Otro de los nombres que
aparece en el informe
escrito a mano es el del
imputado exconsejero de
Industria Juan Carlos Ruiz,
que también fue diputado en
el Congreso del PP. Ruiz era
el principal rival del ahora
presidente murciano Pedro
Antonio Sánchez, como
sucesor de Ramón Luis
Valcárcel como cabeza de
lista del PP en las pasadas
elecciones autonómicas. Y es
en ese contexto, en el que
el presunto conseguidor de
la Púnica, Alejandro de
Pedro, se ofreció a
intermediar con la
secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal, a
quien envió un correo
electrónico: "Le he pedido
que quiero verla por el tema
vuestro de Murcia",
especifica De Pedro en una
de las conversaciones
interceptadas por la Guardia
Civil.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/12/03/la_guardia_civil_apunta_alcalde_molina_segura_como_posible_autor_los_delitos_malversacion_trafico_influencias_41598_1012.html
EL 'CONSEGUIDOR' COBRÓ
72.000 EUROS DE LUCÍA FIGAR
POR SER SU "COLCHÓN FRENTE A
LA IZQUIERDA"
La Cadena SER accede a los
informes elaborados durante
dos años por Alejandro de
Pedro para limpiar la imagen
de la exconsejera de
Educación en Madrid, Lucía
Figar, que fueron pagados
con dinero público. Los
documentos muestran la falta
de escrúpulos del
'conseguidor' en la
utilización de cualquier
mensaje o medio a su
alcance, incluida la
manipulación de la opinión
pública, para lavar la
imagen de Figar y denostar a
quienes la criticaban
La Consejería de Educación
en Madrid pagó durante dos
años un total de 72.000
euros de dinero público al
conseguidor de la trama
Púnica, Alejandro de Pedro,
para mejorar la imagen de la
exconsejera Lucía Figar en
las redes sociales. Dinero
público para informes
mensuales durante el
Gobierno de Esperanza
Aguirre en los que De Pedro
se jactaba de haber "actuado
de colchón frente a los
usuarios de izquierdas", o
donde tildaba de "mentiras
de la izquierda" y de "los
medios de comunicación
izquierdistas", las críticas
e informaciones sobre la
política de Figar. A costa
del erario público y con la
aprobación de la Consejería
de Educación, el conseguidor
de la Púnica no dudaba en
utilizar perfiles falsos en
la red social Twitter para
manipular la opinión y
contrarrestar las noticias
negativas que afectaban a
Figar.
Los informes fueron
elaborados durante 2012 y
2013. Cada reporte mensual
para Educación costaba 2.000
euros. Además, Alejandro de
Pedro redactaba otro anual
con un precio de 12.000
euros. El documento al que
ha tenido acceso la Cadena
SER, y que forma parte del
sumario, deja en mal lugar a
la exconsejera de Educación
en Madrid, Lucía Figar. El
dossier, fechado en febrero
de 2012, tiene como título
"informe de reputación
online Lucía Figar". Una
personalización que ella
negó en su declaración como
imputada ante el juez Eloy
Velasco. Figar sostuvo con
vehemencia que eran informes
sobre la política de la
Consejería, pero el
documento desvela que con
dinero público se intentaba
mejorar la imagen de la
consejera, en lugar de
posicionar en las redes a la
institución.
El informe de Alejandro de
Pedro desgrana las
actuaciones que llevó a cabo
para limpiar la imagen de la
consejera. Comunica que
utilizó 20 usuarios falsos
"de perfil liberal" para
contrarrestar las noticias
negativas que afectaban a la
consejera, con la creación
de hashtags enaltecedores de
su imagen o "dispersando"
los ataques.
De Pedro también se
vanagloria de haber
"desacreditado" mediante
mensajes desde esos perfiles
falsos al diputado
socialista Eusebio González,
quien acusó a Figar de
haberle llamado "payaso".
"Lanzamos mensajes", dice el
conseguidor, "ironizando
sobre lo acertado del
insulto de haberse
producido". En su afán por
desvirtuar a los críticos
para deslegitimar sus
mensajes, otro objetivo de
sus ataques fue un
"sindicalista de UGT, cabeza
visible en las protestas
contra el Gobierno de
Aguirre, por llevar a sus
hijos a un colegio privado".
También utilizó a su equipo
desde sus empresas Madiva y
Eico para elogiar la
política de Figar mientras
participaba en los programas
de televisión El Gran Debate
o El Gato al Agua, y no dudó
atacar al gobierno andaluz
en un intento de que la
línea de actuación de la
consejera saliera bien
parada. Según declaró Lucía
Figar ante el juez, estos
informes eran "esenciales"
para el personal de la
Consejería.
A pesar de las evidencias y
del contenido de los
informes de Alejandro de
Pedro para Lucía Figar, la
exconsejera también negó al
magistrado de la Audiencia
Nacional que acordara la
neutralización de las
noticias negativas que le
afectaban en las redes
sociales. Durante el
interrogatorio,
Anticorrupción también
reprochó a Figar que no
hubiera convocado un
concurso público para
adjudicar estos contratos a
De Pedro. Unas
contrataciones que tuvieron
el carácter de menor durante
dos años consecutivos, lo
que también fue censurado
por la Fiscalía. Figar, que
continúa imputada, confesó
al juez que el supuesto
líder de la Púnica,
Francisco Granados, fue
quien le presentó al
conseguidor en 2010.
http://cadenaser.com/ser/2015/12/01/tribunales/1448927188_139107.html
ASÍ ‘LIMPIABAN’ LOS
‘PUNICOS’ LA IMAGEN DE LOS
CARGOS DEL PP: LOS ‘PAPELES’
DE FIGAR
Como muestran los recibos,
la Consejería pagaba cada
mes 2.420 euros a Madiva, la
empresa de su amigo, el
imputado Alejandro de Pedro
“Informe Reputación Online”.
Lucía Figar. Así se
encabezaba cada mes el
estudio que realizaba Madiva,
una de las empresas de ‘la
Púnica’, dirigida por el
imputado Alejandro de Pedro,
sobre la consejera de Madrid
de Educación, y por el que
la empresa percibía
mensualmente, según hemos
comprobado, al menos 2.420
euros. Un dinero que, según
han dicho a este periódico
en empresas del sector,
excede el precio habitual de
mercado. Un dinero que salía
de las arcas públicas, no de
las del PP, ni de las
personales de la política.
Aspecto éste que es el que
considera el juez Eloy
Velasco, que valora como
presunto delito de
malversación el hecho de que
con los fondos de la
Consejería se llevara a cabo
un trabajo permanente que
tenía como fin, como se
puede ver de los propios
informes, mejorar la imagen
pública de la política
‘popular’ en las redes. Muy
especialmente su presencia
en los buscadores. Algo que,
en principio, no parece
tener nada que ver con el
rol de Figar como Consejera.
Noticias positivas,
neutrales y negativas
Uno de estos informes
típicos muestra, como
decimos, el papel
prioritario que se daba por
parte del equipo de Alex de
Pedro a la colocación de las
noticias que se producían
sobre Lucía Figar en el
buscador Google. Análisis en
los que se valoraban las
noticias situándolas en tres
campos, las positivas, las
indiferentes y las
negativas. Entre estas, como
se ve, por ejemplo, en el
número dos del buscador
aparecía en ese momento la
noticia que publicó
ELPLURAL.COM sobre su
nómina, que coincidió con el
conocimiento de que la hija
de la consejera estaba
becada.
Un estudio que se completaba
con informes sobre su
posicionamiento en las
diferentes redes sociales.
El posicionamiento de Lucía
Figar en las diferentes
redes sociales, según el
estudio
El trabajo, recordamos que
se pagaba con dinero
público, que realizaba a
partir de este momento el
llamado ‘conseguidor’ de ‘la
Púnica’, Alejandro de Pedro,
a través de sus empresas era
reforzar las noticias
‘positivas’ y realizar un
“ataque a las noticias
negativas” (así lo denomina
Madiva al ofrecer su
servicio, que califica de
“escucha activa en
Internet”) para eliminar
estas noticias incómodas
para el cliente “de entre
los 20 primeros resultados
de Google”. Es decir, que
desaparezcan de la primera
página de referencias del
buscador, restándoles así
notoriedad.
Noticias ficticias y
favorables
¿Cómo realizaban este
trabajo? Generando noticias
y promoviéndolas con páginas
‘ficticias’ controladas por
la propia Madiva en las que
se daban informaciones
positivas sobre la propia
Lucía Figar.
Este mismo sistema utilizado
en el caso de Fígar era el
‘vendido’ por las empresas
de Alejando de Pedro a los
demás políticos del PP
‘tocados’ por ‘la Púnica’
para mejorar su imagen en
redes. En el caso de Lucía
Figar, como se recordará,
además el intercambio de
sms’s entre la consejera y
el ‘conseguidor’ de la
Púnica demuestran que
llegaron a establecer una
relación de amistad.
http://www.elplural.com/2015/11/24/asi-limpiaban-los-punicos-la-imagen-de-los-cargos-del-pp-los-papeles-de-figar/
EL TESTAFERRO DE GRANADOS
PIDE DINERO AL JUEZ DE
PÚNICA PARA PAGAR LA CUOTA
DEL REAL MADRID
Ignacio Palacios, durante
años la mano derecha del
exdirigente del PP
madrileño, envía al
magistrado Eloy Velasco un
escrito en el que le
solicita el desbloqueo de
sus cuentas para hacer
frente a 28 "necesidades
económicas". Entre ellas,
los pagos derivados de su
condición de socio del club
de fútbol y de otro con
campo de golf del Ejército.
Dos semanas. Ese es el
tiempo que ha tardado
Ignacio Palacios Arazuri,
mano derecha durante años de
Francisco Granados y
detenido el pasado 17 de
noviembre por su presunta
implicación en la trama
Púnica, en presentar sus
primeros escritos ante el
titular del Juzgado Central
de Instrucción número 6,
Eloy Velasco. Y lo ha hecho
para solicitar el desbloqueo
de las cuentas bancarias que
él y su mujer, María José
Marijuán Alonso, también
encausada, tienen a su
nombre con el fin de "hacer
frente a las necesidades
económicas" de la familia.
¿Cuáles? En la relación que
ha presentado en la
Audiencia Nacional, el
señalado por la
investigación como presunto
'testaferro' del político y
el hombre que supuestamente
cobraba en metálico para él
las 'mordidas' enumera hasta
28 cargos. Entre ellos,
llaman especialmente la
atención uno de 149 euros de
la "cuota Real Madrid", otro
de 132 euros al trimestre
derivado de su condición de
socio del club militar La
Dehesa, y dos más de 28
euros cada tres meses para
el club hípico de dos de sus
hijos.
Palacios pide el desbloqueo
de cuentas para pagar gastos
tan dispares como el recibo
del agua y el club de hípica
de dos de sus hijos
En dicho escrito, Palacios y
su esposa, que están
acusados de cohecho,
blanqueo, fraude, tráfico de
influencias y organización
criminal, aseguran que "han
comprobado con sorpresa" que
todos sus depósitos "han
sido bloqueados por orden
judicial" pese a no
habérseles comunicado
ninguna resolución del
magistrado en ese sentido.
Dicho embargo preventivo es
calificado en el recurso
como "la muerte económica"
de ambos ya que, según
destaca, no pueden "hacer
frente a sus obligaciones
económicas". El hombre de
confianza de Granados
recalca que su detención le
ha supuesto también su
despido del colegio donde
trabajaba, como corrobora
con la carta que le remitió
el centro educativo para
poner fin a la relación
laboral tres días después de
su arresto. Una
"desproporcionada actuación"
que le ha dejado "sin poder
atender las más elementales
necesidades de una familia
numerosa con tres hijos
pequeños", recalca el
escrito remitido por su
abogado a la Audiencia
Nacional.
Para "paliar el daño",
Palacios pide "el desbloqueo
parcial" de las cuentas
bancarias que él y su mujer
tienen, para lo que presenta
una lista de gastos con los
consiguientes documentos
acreditativos. Así, en
primer lugar pone los 1.134
euros mensuales de la
hipoteca de una casa, a los
que suma el agua de su
vivienda habitual y de su
"segunda residencia", por
45,31 y 30,84 euros
bimensuales respectivamente.
De sus propiedades
inmobliarias también reclama
fondos para pagar la
comunidad de propietarios de
ambos (600 y 83,90 euros
mensuales), los recibos de
la luz (127 y 16,24 euros
cada dos meses), los seguros
(596 y 126,69 euros
anuales), el Impuesto de
Bienes Inmuebles (2.123 y
475,90 euros anuales), el
teléfono (120 euros
mensuales) y el suministro
de gas (200 euros cada dos
meses).
El club hípico de los niños
Junto a ellos sitúa los
recibos del colegio de dos
de sus hijos (662 euros
mensuales cada uno) y el
"comedor" de un tercero
(97,61 euros), así como el
impuesto del coche (59 euros
anuales), de una motocicleta
(27 euros también cada doce
meses), la ortodoncia de uno
de los pequeños (135 euros
al mes), el seguro médico
(341 euros al mes), y los de
vida de él (172 euros al
año) y de su esposa (138
euros). A ello, suma un
presupuesto de 750 euros al
mes en "comida, ropa, etc.
para matrimonio y tres
hijos". Sin embargo, los
gastos más llamativos para
los que pide el desbloqueo
de sus cuentas son dos
recibos de 28 euros al
trimestres cada uno para que
sus dos hijos acudan a la
Real Sociedad Hípica
Española-Club de Campo, otro
de 132 euros trimestral para
pagar la cuota para utilizar
las instalaciones del Centro
Deportivo y Sociocultural
Militar del Ejército de
Tierra 'La Dehesa', con
campo de golf, piscina e
hípica, y los 149 euros que
cada 1 de julio paga como
socio del Real Madrid.
El que fuera mano derecha de
Granados asegura que fue
despedido del colegio donde
trabajaba tres días después
de su detención
Ignacio Palacios adjunta al
escrito recibos bancarios de
todos estos gastos, salvo
del teléfono ya que, como
asegura su abogado, "los que
permanecían en poder de mi
representado han sido
intervenidos por la UCO
[Unidad Central Operativa de
la Guardia Civil] durante el
registro de la vivienda".
Con todo ello, el presunto
testaferro de Granados
solicita al juez Velasco que
autorice a las entidades
bancarias donde el
matrimonio tenía las cuentas
a seguir atendiendo los
recibos domiciliados. Para
hacer frente a la minuta de
su abogado y "los
elementales gastos de
comida, ropa, etc de su
familia numerosa", pide que
se le permita disponer de
fondos suficientes para
cubrirlos y se comunique
también a los bancos para
poder extraer dicho dinero
de las cuentas.
Competición de golf
A este escrito del
matrimonio se ha sumado un
segundo de la mujer con
idéntico fin, aunque en este
caso para pagar determinados
gastos de un reciente torneo
de golf que su empresa, Sega
Integrales SL, ha
organizacio. Según detalla
en este segundo recurso
María José Marijuán, el
instructor del 'caso Púnica'
también ha bloqueado las
cuentas de esta mercantil,
"dedicada principalmente a
la organización de eventos
deportivos desde hace años".
Una sociedad que, según
recalca, estaba preparando
cuando ella fue detenida el
pasado 17 de noviembre "un
evento para una fundación
con fines benéficos" que se
celebró finalmente del 27 al
29 del mismo mes. El escrito
destaca que para ello había
"percibido determinadas
cantidades de dinero que
había de emplear para
afrontar los gastos del
evento y, lo más importante,
se había comprometido a
afrontar una serie de
gastos", entre ellos el pago
a 17 jugadores profesionales
de golf que participaron en
el torneo.
La mujer de Palacios,
también imputada, pide el
desbloqueo de las cuentas de
su empresa para pagar los
gastos de un torneo benéfico
de golf
Entre estos abonos que pide
sitúa también cuatro nóminas
de trabajadores, facturas de
cartelería, decoración y
trofeos, almuezos y cenas,
el coste de un escenario con
sonido e iluminación, un
número indefinido de
billetes de avión por cerca
de 10.000 euros, el alquiler
de "buggies y vehículos para
traslados" y la realización
de "reportajes de
televisión, prensa..." Todo
ello, asegura, sufragado por
patrocinadores que ya había
entregado el dinero y que es
el que se encuentra
bloqueado en las cuentas de
Sega Integrales SL. A ello
suma los desembolsos
corrientes de esta
mercantil, como la cuota de
autónomos, los gastos de
gestoría y de teléfono. "La
empresa es la única forma
que mi representada posee
para ganarse la vida y,
ahora que su madrido se
encuentra en situación de
desempleo, es el único
sustento tanto para ella
como para su familia",
resalta su abogado. Por
ello, pide el desbloqueo de
dicha cuenta ante el riesgo
de que la empresa se vea
"abocada a un concurso de
acreedores que, insistimos,
no sólo perjudicará a mi
representada sino a los
patrocinadores, proveedores
y, fundamentalmente, a las
fundaciones organizadoras
del torneo y sus fines
benéficos".
http://vozpopuli.com/actualidad/72437-el-testaferro-de-granados-pide-dinero-al-juez-de-punica-para-pagar-la-cuota-del-real-madrid
LA
TRAMA ‘PÚNICA’ CREÓ A TODA
“PRISA” UNA EMPRESA EN
SINGAPUR A LA QUE ENVIÓ 4,5
MILLONES
"La apertura de la cuenta
bancaria corre bastante
prisa. Necesitaríamos que la
dejaran abierta este año ya
que tenemos que transferir
el dinero", explica un nuevo
correo intervenidos
Los imputados tenían
previsto, según los
mensajes, transferir a la
ciudad-Estado asiática "7
millones de euros"
Los asesores de David
Marjaliza, uno de los
presuntos cerebros de la
trama Púnica, crearon a toda
"prisa" una empresa en la
ciudad-estado de Singapur a
la que transfirió 4,5
millones de euros, según los
correos electrónicos
incluidos en el sumario del
caso, a los que ha tenido
acceso infoLibre.
Este correo forma parte de
los nuevos tomos del
sumario, cuyo secreto ha
levantado el magistrado que
instruye en la Audiencia
Nacional la operación
Púnica, Eloy Velasco, que
mantiene en prisión a los
presuntos cerebros de la red
corrupta, Francisco Granados
y el propio David Marjaliza.
En un mensaje de 19 de
diciembre de 2012 entre
Roberto de Francisco, el
principal asesor de
Marjaliza en España, y
Javier Díaz, uno de los
encargados de las gestiones
de la trama en Singapur, el
primero especifica que en la
cuenta bancaria para la
empresa Millenia Trading
tenía previsto transferir "7
millones de euros". Tanto
Roberto de Francisco como
Javier Díaz están imputado.
"La apertura de la cuenta
bancaria corre bastante
prisa. Necesitaríamos que la
dejaran abierta este año ya
que tenemos que transferir
el dinero", completa Roberto
de Francisco al contestar al
día siguiente, el 20 de
diciembre de 2012.
En diez días
Javier Díaz le explica al
gestor de Marjaliza que no
es posible abrir la cuenta
en Singapur "antes de
finales de año. Es
imposible. Tardan como unos
siete días de trabajo en
tramitar la apertura". Sin
embargo, la empresa Millenia
Trading sí se constituye en
menos de diez días, y según
un documento que obra en el
sumario sec crea un con
capital de 4,5 millones de
euros.
Otro correo de Roberto de
Francisco a Javier Díaz, de
24 de enero, da cuenta de
que los integrantes de la
trama urgen a la creación de
la cuenta para transferir el
dinero: "¿Cómo va el asunto
de la cuenta de Millenia?
Corre muchísima prisa y nos
están preguntando a todas
horas por ello?".
"Evitamos que nadie
pregunte"
Pero los mensajes
electrónicos de los asesores
de Marjaliza ponen también
de manifiesto las maniobras
que lleva a cabo la trama
para que el pago por los
servicios prestados desde
Singapur no levantara
sospechas en España: "Dime
los importes de vuestra
factura y yo te busco la
forma de cómo pagaros los
honorarios. Le hemos dado
una vuelta y preferimos no
tener una factura recibida
de Singapur porque así
evitamos que nadie pregunte
a qué corresponde",
especifica el asesor de
Marjaliza en España a su
socio en Singapur.
En este sentido, Roberto de
Francisco asegura también
que el representante legal
de la empresa creada en
Singapur no tenía que tener
relación con Marjaliza: "La
idea de que fuera uno de
vosotros es evitar
precisamente que nadie
pregunte por el mismo motivo
que lo de la factura que te
he comentado antes".
Dos cuentas corrientes
Finalmente, Marjaliza abre,
tres meses después, en abril
de 2013, dos cuentas
corrientes en el banco
Standard Chartered Bank, una
de ellas en euros y la otra
en dólares de Singapur. En
concreto, las cuentas se
abren con un montante
inicial de 10.000 dólares de
Singapur y 4.800 euros.
Pero los correos posteriores
ponen de manifiesto cómo los
asesores de Marjaliza tratan
de ahorrarse gastos: "Te
hemos hecho la factura a
nombre de CDD, en vez de una
sociedad española como
hablamos. Las razones son
que si facturamos desde
España tendríamos que
aumentar un 21% por el IVA y
que además, los conceptos
serían un pelín más caros
por la diferencia de
impuesto de sociedades en
España".
Y los gestores de los
intereses de Marjaliza en
Singapur llegan incluso a
ofrecer "cambiar los
conceptos para que aparezca
otra cosa". En este sentido,
unos párrafos del mensaje,
Miguel Díaz reitera el
ofrecimiento: "Cambiamos los
datos que no te interesen.
Si no pudiera ser y
prefieres que aumentemos la
factura para cobrarla en una
sociedad española, dímelo...
pero nosotros preferiríamos
desde Singapur".
Obras de arte
Ante esa pregunta, Roberto
de Francisco contesta que a
él no le gustaría recibir
una factura de Singapur: "He
hablando con David, y como
él tiene cosas que pagarnos
a nosotros, hemos pensado,
si os parece bien, que se lo
facturaseis a una de las
sociedades de David como
intermediación. A él tiene
sentido que le llegue una
factura de una sociedad de
unos españoles que están
allí habiendo vendido las
obras de arte".
En el sumario aparece
finalmente un pago posterior
de 127.228 euros por parte
de la empresa de Marjaliza
Inversiones y Estudios
Urbanos a favor de CDD, la
sociedad de los españoles
imputados con residencia en
Singapur, un país que se
caracteriza por su opacidad,
tal y como se ha demostrado
en el caso Gürtel.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/11/26/la_trama_punica_creo_toda_quot_prisa_quot_una_empresa_singapur_que_envio_millones_41337_1012.html
EL PATRIMONIO SECRETO DE
GRANADOS: TRES EMPRESAS Y UN
CHALÉ EN ÁVILA... JUNTO A
LAS FINCAS DE UN NARCO
El exdirigente del PP
madrileño utilizó al
matrimonio detenido el
pasado martes para ocultar
parte de sus propiedades y
participaciones societarias.
Tenía una vivienda
unifamiliar a nombre de una
mercantil en la localidad
abulense de Higuera de las
Dueñas, un pueblo de 300
habitantes en el que tenía
fincas el traficante Marcial
Dorado.
Testaferros, empresas
pantallas y un 'narcovecino'.
La investigación de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil
que desembocó el pasado
martes en la detención del
matrimonio formado por
Ignacio Palacios y María
José Marijuan ha permitido
descubrir una parte del
patrimonio acumulado
presuntamente por Francisco
Granados en su condición de
cabecilla de la trama Púnica
y que aún permanecía oculto.
En concreto, su
participación en al menos
tres empresas y la propiedad
de una vivienda familiar en
un pequeño pueblo de Ávila,
Higuera de las Dueñas, en el
que, curiosamente, también
tenía propiedades el célebre
traficante gallego Marcial
Dorado. En todos los casos
era María José Marijuan,
mujer del que fue su mano
derecha, la que figuraba
como falsa titular de las
participaciones societarias.
El juez acusa al matrimonio
de testaferros de prestar a
Granados el nombre de la
mujer para ocultar su
participación en tres
empresas
Así se refleja en documentos
incorporados al sumario a
los que ha tenido acceso
Vozpópuli y en los que se
detalla que las tres
mercantiles en las que
supuestamente Granados tenía
acciones eran Servicios
Patrimoniales de Obras y
Vías y dos filiales de ésta,
Circuito de Prácticas Sur SL
y Tuvalu Gestión SL. Estas
dos últimas eran propiedad
al 100% de la primera, en la
que figuraba como accionista
minoritaria la mujer. Por
todo ello, el juez Eloy
Velasco ordenó el martes la
detención de ésta y de su
marido, Ignacio Palacios,
como presunto testaferros
del político, aunque este
jueves dictó la puesta en
libertad bajo fianza de
ambos acusados de los
delitos de cohecho,
blanqueo, fraude, tráfico de
influencias y organización
criminal.
En Servicios Patrimoniales
de Obras y Vías, María José
Marijuan eran supuestamente
la titular de un 2%, aunque
en la práctica el reparto de
los elevados beneficios que
esta sociedad conseguía tras
la compra de terrenos
rústicos en la localidad
madrileña de Valdemoro que
luego eran recalificados
gracias a Granados eran
repartidos a partes iguales
entre los tres socios. Los
otros dos accionistas eran
los constructores también
imputados en la causa y
amigos de politico Ramiro
Cid y David Marjaliza,
quienes a su vez tenían
puestas sus participaciones
a nombre de sociedades de
sus complejos entramados.
La confesión de Marjaliza
En concreto, Ramiro Cid a
Obras y Vías SA, mientras
que Marjaliza tenía su
capital escriturado a la de
Vancouver Gestión SL, una
firma clave en la madeja de
empresas que tejió. De
hecho, para desentrañarla y,
sobre todo, para destapar
las participaciones de
Granados en estas tres
compañías, ha sido clave la
larga confesión que la
pasada primavera hizo este
constructor, considerado
junto al político 'popular'
el otro cabecilla principal
de la trama Púnica.
Marjaliza explicó al juez
como su amigo, aún
encarcelado como él,
ocultaba su participación en
empresas.
En Higuera de las Dueñas, el
pueblo de Ávila donde
Granados tenía un chalé
secreto, el narco Marcial
Dorado adquirió 17 fincas
También ha sido él quien ha
apuntado a los
investigadores que una
vivienda unifamiliar en la
localidad abulense de
Higueras de las Dueñas es,
en realidad, de Granados,
aunque la misma figura a
nombre de Tuvalu Gestión SL.
Este chalé fue registrado el
pasado martes por agentes de
la Guardia Civil por orden
del juez Velasco en busca de
documentación sobre las
actividades del que llegara
a ser senador y número 3 del
Ejecutivo autonómico de
Esperanza Aguirre.
El inmueble, sobre el que
hasta ahora no había ninguna
referencia en el sumario,
está situado en un municipio
de poco más de 300
habitantes en el límite sur
de la provincia de Ávila.
Pese a su pequeña extensión,
35 kilómetros cuadrados,
Granados no es el personaje
de la crónica de sucesos que
se ha fijado en él para
invertir. También lo ha
hecho Marcial Dorado, el
narco gallego que alcanzó
gran notoriedad hace uno
años al publicarse unas
fotos suyas junto al actual
presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijoo. Según
recoge la sentencia que le
condenó a seis años de
cárcel por blanqueo, Dorado
adquirió en 2003 veinte
fincas en la provincia de
Ávila a través de la empresa
Progamallo SA. De ellas,
nada menos que 17 estaban en
Higuera de las Dueñas, el
pequeño pueblo que escondía
el chalé secreto de
Granados.
http://vozpopuli.com/actualidad/71756-el-patrimonio-secreto-de-granados-tres-empresas-y-un-chale-en-avila-junto-a-las-fincas-de-un-narco
EL JUEZ VELASCO AFIRMA QUE
GRANADOS COBRABA 'MORDIDAS'
EN METÁLICO DE EMPRESARIOS
El instructor del caso
Púnica considera a Ignacio
Palacios, ex jefe de
gabinete de Francisco
Granados, una "pieza clave"
en el cobro de dichas
comisiones ilegales. El ex
consejero de la Comunidad de
Madrid las percibía en
metálico o "empleando
vehículos societarios
mediante la compraventa de
participaciones" en
distintas empresas, según
sostiene Velasco en un auto
al que ha tenido acceso
'Vozpópuli'.
El titular del Juzgado
Central de Instrucción
Número 6 de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco,
instructor del caso Púnica,
sospecha que el ex consejero
de presidencia de la
Comunidad de Madrid,
Francisco Granados, cobraba
'mordidas' en metálico de
distintos empresarios.
Así lo pone de manifiesto en
un auto que forma parte de
las diligencias secretas, al
que ha tenido acceso
Vozpópuli, donde sostiene
que su ex jefe de gabinete y
mano derecha, Ignacio
Palacios, fue una "pieza
clave" en el cobro de las
comisiones ilegales que
percibía Granados en forma
de dinero líquido o a través
de operaciones
empresariales.
En concreto, el juez Velasco
sostiene que el ex consejero
de Esperanza Aguirre cobraba
las mordidas "ya sea
mediante la recepción de
cantidades en metálico
entregadas por empresarios o
empleando vehículos
societarios que mediante la
compraventa de
participaciones han servido
para capitalizar las
comisiones pactadas". Para
ello contaba con la estrecha
ayuda de Palacios y su
esposa. El ex consejero
madrileño del Partido
Popular, junto con el
empresario David Marjaliza,
son los dos únicos imputados
de la operación Púnica que
permanecen en prisión sin
fianza desde octubre del año
2014. El juez acusa a
Francisco Granados de los
delitos de blanqueo de
capitales, organización
criminal, contra la hacienda
pública, tráfico de
influencias, cohecho,
malversación, prevaricación
y fraude".
Velasco asegura que Ignacio
Palacios fue una "pieza
clave" en el cobro de las
comisiones ilegales que
percibía el ex consejero
Granados
Asimismo, en la resolución,
el magistrado de la
Audiencia Nacional añade que
la mano derecha de Granados
-que quedó este jueves en
libertad con medidas
cautelares- "contribuyó" a
ocultar la titularidad de
diversos bienes de su ex
jefe en la Comunidad de
Madrid "ya sea
participaciones societarias
o bienes muebles figurando
las empresas administradas"
a nombre del propio Ignacio
Palacios o de su mujer,
María José Marijuan.
Anticorrupción solicitó
400.000 euros de fianza para
Palacios
Por su parte, el juez
atribuye a su esposa,
también imputada en la
operación Púnica, un papel
de "cooperadora necesaria"
en la constitución del
entramado societario que se
empleó para ocultar "la
vinculación de Francisco
Granados con las operaciones
de compraventa" de distintas
mercantiles como la sociedad
Servicios Patrimoniales de
Obras y Vías y Circuitos de
Prácticas Sur o de la
sociedad inmobiliaria Tuvalu
Gestión S.L.
La Fiscalía Anticorrupción
solicitó prisión provisional
para la mano derecha de
Francisco Granados eludible
previo pago de una fianza de
400.000 euros
Velasco les imputa a ambos
los delitos de cohecho,
blanqueo de capitales,
organización criminal,
fraude y tráfico de
influencias. El magistrado
decretó este jueves libertad
provisional para el
matrimonio Palacios-Marijuan
siempre que abonen antes del
próximo lunes a las 11 horas
las fianzas de 30.000 euros
en el caso del exjefe de
gabinete de Granados y de
5.000 euros en el caso de su
esposa. En ese supuesto,
ambos deben comparecer cada
quince días en el juzgado y
tienen prohibido ausentarse
del territorio nacional sin
autorización previa del
instructor.
Por su parte, la Fiscalía
Anticorrupción solicitó ayer
en la 'vistilla' del
artículo 505 de la Ley de
Enjuciamiento Criminal que
se celebró en la Audiencia
Nacional que se enviara a
prisión provisional eludible
bajo fianza a la mano
derecha de Granados y a su
cónyuge. En este caso, las
fiscales Anticorrupción
pidieron a Velasco que
impusiera a Ignacio Palacios
una fianza de 400.000 euros
al considerar acreditada su
participación en la presente
trama de corrupción mientras
que para la imputada María
José Marijuan solicitaron
una fianza de 25.000 euros.
Sin embargo, en sendos
autos, el titular del
Juzgado Central de
Instrucción Número 6 de la
Audiencia Nacional decidió
acordar la libertad
provisional bajo fianza de
ambos teniendo en cuenta el
"arraigo y los problemas
familiares" de dichos
imputados.
http://vozpopuli.com/actualidad/71769-el-juez-velasco-afirma-que-granados-cobraba-mordidas-en-metalico-de-empresarios
EL JUEZ DEJA LIBRE BAJO
FIANZA AL JEFE DE GABINETE
DE GRANADOS
Ignacio Palacios deberá
depositar 30.000 euros antes
del lunes para evitar la
prisión por ejercer de
testaferro del político
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha
dejado en libertad bajo
fianza a Ignacio Palacios,
jefe de gabinete del
exconsejero de la Comunidad
de Madrid Francisco
Granados, principal imputado
en el caso Púnica de
corrupción. El magistrado ha
tomado declaración como
imputado este miércoles a
Palacios, que fue detenido
el pasado martes por agentes
de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil.
El antiguo cargo de
confianza de Granados deberá
depositar 30.000 euros de
fianza antes de las 11.00
del próximo lunes para
evitar la prisión. Para su
esposa, María José Marijuán,
también detenida, la fianza
es de 5.000 euros, según han
informado fuentes jurídicas.
El matrimonio está imputado
por fraude, cohecho, tráfico
de influencias, blanqueo de
capitales y pertenencia a
organización criminal. Una
vez que depositen la fianza,
Palacios y Marijuán deberán
entregar el pasaporte y
deberán comparecer cada
quince días en el juzgado,
según las mismas fuentes.
Los dos detenidos, según
fuentes jurídicas, eran
personas de la máxima
confianza del exconsejero de
Madrid y actuaron como
testaferros en varias
empresas que recibieron
ilícitamente dinero público
por las influencias de
Granados.
La esposa detenida figura
como administradora de una
empresa que ha recibido
fuertes sumas de dinero de
las arcas públicas. Ambos
miembros del matrimonio se
han acogido a su derecho a
no declarar, según fuentes
jurídicas.
Palacios, compañero de
universidad y asesor fiscal
de Granados, ha sido mano
derecha del expolítico del
PP desde que llegó a alcalde
de Valdemoro en 1999. Los
investigadores creen que
desde entonces participó,
como testaferro, en varias
operaciones ilícitas que se
atribuyen al exdirigente
popular.
El imputado, que compareció
como testigo el 5 de
diciembre de 2014, fue jefe
de Personal en el
Ayuntamiento de Valdemoro
(Madrid) entre 1999 y 2003,
durante la etapa de Granados
como alcalde, y jefe de
Gabinete de las Consejerías
de Transportes, Presidencia
y Justicia e Interior entre
2003 y 2008, también a sus
órdenes. Además, asumió los
cargos de consejero del
Campus de la Justicia y de
la sociedad pública de
gestión del suelo Arpegio.
Palacios, economista de
profesión, estuvo a sueldo
hasta el pasado 10 de
diciembre de una de las
empresas del constructor
Ramiro Cid Sicluna, también
imputado en esta causa,
según reconoció él mismo en
su declaración judicial.
El juez sospecha, a partir
de las conversaciones
telefónicas que constan en
el procedimiento, que
Palacios se ofreció a
Granados para poner a nombre
de su hermana un yate
atracado en el puerto de
Palma de Mallorca que
supuestamente puso a su
disposición el directivo de
OHL Javier López Madrid,
yerno del presidente de la
compañía, Juan Miguel Villar
Mir, informa Europa Press.
De igual modo, considera que
realizó gestiones ante el
exalcalde de Valdemoro José
Carlos Boza, también
imputado en el
procedimiento, para cambiar
el uso de una finca agrícola
de la localidad que Granados
heredó de su padre y poder
construir en ella.
La operación Púnica estalló
en octubre de 2014 y, desde
entonces, más de un centenar
de personas se encuentran
imputadas por participar en
la adjudicación de contratos
supuestamente fraudulentos
en materia de urbanismo y
obras públicas, eficiencia
energética y reputación on
line en las comunidades de
Madrid y Murcia, la
Diputación de León y una
decena de ayuntamientos.
Entre los ex altos cargos de
la Comunidad de Madrid
imputados en la causa se
encuentran, además de
Granados, el exconsejero de
Presidencia y Justicia
Salvador Victoria; los
antiguos titulares de
Educación Lucía Fígar y
Manuel Pérez Gómez; el ex
consejero delegado de la
Agencia Informática y de
Comunicaciones (ICM) José
Martínez Nicolás; y la
exdirectora general de
Medios de Comunicación
Isabel Gallego.
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/19/actualidad/1447936741_233452.html
LOS 30 MILLONES (AL MENOS)
QUE GRANADOS OCULTÓ CON
TESTAFERROS
Descubren una participación
millonaria en una empresa a
través de personas de paja,
ahora detenidas.
La Unidad Central Operativa
de la Guardia Civil (UCO),
que trabaja a las órdenes
del juez Eloy Velasco para
poner al descubierto la
trama de corrupción conocida
como Púnica, detuvo este
miércoles al matrimonio
formado por Ignacio Palacios
y María José Marijuán. Los
investigadores les atribuyen
un papel "muy activo" -sobre
todo, al primero- en las
supuestas conductas ilícitas
del ex consejero del
Gobierno de Madrid y ex
secretario general del PP
madrileño Francisco
Granados, hoy en la cárcel.
Los datos que han llevado al
arresto de Palacios y
Marijuán tienen su origen en
la confesión del empresario
David Marjaliza, antiguo
socio de Granados y, al
igual que él, encarcelado
desde octubre de 2014. Según
esa información,
desarrollada por la Guardia
Civil y la Fiscalía
Anticorrupción, Marjaliza,
el constructor Ramiro Cid y
Granados eran los socios
reales de una empresa
llamada Servicios
Patrimoniales Obras y Vías.
La persona a través de la
que formalmente participaba
en esa sociedad el ex
consejero de Esperanza
Aguirre era María José
Marijuán, con un 2% de las
acciones. Marjaliza y Cid se
repartían a partes iguales
el resto del capital social,
con un 49% cada uno.
Con esa distribución del
accionariado, explicó al
juez Marjaliza en sus
declaraciones de la pasada
primavera, ninguno de los
socios tenía la capacidad
individual de controlar la
empresa y Granados era, de
facto, el que tenía la
llave.
Lo que hacían,
supuestamente, en Servicios
Patrimoniales Obras y Vías
era comprar en el municipio
de Valdemoro hectáreas de
suelo rústico que, gracias a
la concertación con
Granados, sabían que iba a
ser recalificado a urbano.
Los terrenos eran vendidos
después a un precio
notablemente superior al de
compra dadas las
expectativas de desarrollo
urbanístico existentes tras
la recalificación.
EL 'RECAUDADOR' DE GRANADOS
Los beneficios así obtenidos
se distribuían entre los
tres socios al 33,3%, pese a
los diferentes porcentajes
que figuraban en la
composición formal del
accionariado, afirmó David
Marjaliza.
El empresario aseguró que
ingresaron "millones de
euros" y dio un dato
preciso: cuando en 2005 él
discute con Cid y se marcha
de Servicios Patrimoniales,
vende su participación en 30
millones de euros. Esa
cantidad era también, pues,
el precio de la presunta
participación en la empresa
del ex dirigente del PP
madrileño.
David Marjaliza hizo más
relevaciones respecto a
Ignacio Palacios, del que
dijo que era el 'recaudador'
de Granados en la cuota de
dinero que le correspondía
de las comisiones ilegales
entregadas por empresarios a
los que se adjudicaban
contratos, entre otros para
la construcción de viviendas
públicas.
Según Marjaliza, Palacios
era el que iba a las
oficinas a recoger la
'parte' de Granados y ello
sucedió tanto en la época en
que éste era alcalde de
Valdemoro como
posteriormente, cuando pasó
a ser consejero de la
Comunidad de Madrid.
Los dos detenidos serán
puestos previsiblemente este
jueves a disposición
judicial.
http://www.elespanol.com/espana/20151118/80242031_0.html
SUMA Y SIGUE EN LA PÚNICA:
LA UCO DETIENE A LA MANO
DERECHA DE GRANADOS
Agentes de la Guardia Civil
han arrestado a Ignacio
Palacios, jefe de gabinete
del exdirigente del PP
cuando este ocupaba un
puesto en el gobierno de
Esperanza Aguirre. La
captura se ha producido en
Valdemoro, epicentro de la
trama de corrupción.
Nueva detención en el 'caso
Púnica'. En esta ocasión de
una persona muy cercana a
Francisco Granados, ex
dirigente del PP madrileño
que lleva más de un año
encarcelado por su
implicación en esta trama de
corrupción. Se trata de
Ignacio Palacios Azazuri,
quien durante años fuera la
mano derecha del político,
según ha confirmado
Vozpópuli en fuentes
cercanas a la investigación
y ha confirmado
posterormente la Audiencia
Nacional. Las pesquisas que
han llevado a él arrancan de
la confesión realizada antes
del verano por el otro
presunto cabecilla de la
red, el empresario David
Marjaliza, que durante once
horas decidió tirar de la
manta y aportar numerosos
datos de las actividades
delictivas en las que
participó. Además de Ignacio
Palacios, ha sido arrestada
su mujer y e han realizados
tres registros, uno de ellos
en Ávila y otro en
Valdemoro, epicentro de la
trama y donde residían los
detenidos ahora.
Palacios ha seguido a
Granados en su carrera
política. Cuando éste acabó
en el Senado, comenzó a
trabajar para un constructor
también imputado en Púnica
La vida laboral de Palacios
ha discurrido siempre al
lado de Granados, del que
era su hombre de máxima
confianza y al que ha
seguido en todos sus puestos
políticos. De hecho, fue
jefe de personal del
Ayuntamiento cuando el
político encarcelado fue
regidor de Valdemoro. Tras
el salto de este al
ejecutivo autonómico, se
convirtió en jefe de su
gabinete e, incluso, ocupó
el puesto de director
general del Centro Regional
de Coordinación e
Información. También fue
nombrado consejero del
Campus de la Justicia de
Madrid SA, del que el
dirigenre regional del PP
era presidente, y de
Arpegio, la sociedad pública
del suelo de la Comunidad
ahora bajo sospecha por la
gestión que hizo de los
fondos Prisma. Finalmente,
fue directivo de la empresa
Vía y Obras, propiedad del
constructor Ramiro Cid
Sicluna, también imputado en
el sumario del caso Púnica.
Declaró como testigo
La detención, realizada en
la localidad madrileña de
Valdemoro por la Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil, se produce
en un momento de intensa
actividad por parte del
titular del Juzgado Central
de Instrucción número 6,
Eloy Velasco, que en las
últimas semanas está tomando
declaración a medio centenar
de personas presuntamente
relacionadas con diferentes
aspectos de la trama.
Algunos de ellos,
mencionados en su confesión
por David Marjaliza, el
cabecilla 'arrepentido' que
ha decidido colaborar con la
investigación y que ha
abierto nuevas vías para
indagar. No obstante, el
nombre de Ignacio Palacios
no es nuevo en el sumario.
De hecho, los informes de la
Guardia Civil sobre las
intervenciones telefónicas
recogen numerosas
conversaciones que éste
mantuvo con Granados y que
ya entonces los agentes
consideraron relevantes para
la investigación.
El juez interrogó en
diciembre del año pasado al
ahora detenido por el yate
que su jefe, Granados,
disfrutaba pese a no figurar
como propietario
Además, ya había acudido a
la Audiencia Nacional a
declarar ante el propio juez
Eloy Velasco. Fue el 5 de
diciembre del año pasado, y
entonces fue interrogado por
el magistrado y la Fiscalía
Anticorrupción por el yate
de 15 metros de eslora que
disfrutaban Granados y
Marjaliza, pero que sobre el
papel era propiedad de la
familia de José Miguel
Villar Mir, dueño de OHL. En
concreto, el juez le
preguntó quién pagaba los
gastos de mantenimiento de
la embarcación, a lo que
Palacios contestó: "Yo sé
que el señor Granados alguna
vez manifestaba su
indignación con Javier López
Madrid [yerno de Villar Mir]
porque le reclamaba dinero
del barco, pero no sé en
concepto de qué". Velasco le
espetó entonces: "¿No será
porque el barco es de más de
uno, y uno de ellos era
Granados pero no quería
figurar como tal?". Palacios
optó entonces por un "no sé"
que le sirvió también para
parapetarse cuando le
preguntó por qué su jefe no
quería constar como
propietario del barco.
http://vozpopuli.com/actualidad/71686-suma-y-sigue-en-la-punica-la-uco-detiene-a-la-mano-derecha-de-granados
DETENIDO EL EXJEFE DE
GABINETE DE GRANADOS Y SU
ESPOSA EN LA PÚNICA
La Guardia Civil ha
desarrollado el martes una
nueva fase de la Operación
Púnica, que se ha saldado
con la detención del que fue
su jefe de Gabinete en la
etapa en la que Francisco
Granados era consejero del
Gobierno de Madrid. Ignacio
Palacios y su esposa han
sido detenidos en el
dispositivo, según fuentes
jurídicas.
Los agentes también han
realizado un registro en una
finca que Granados tiene en
Valdemoro, de la que se han
llevado abundante
documentación para su
análisis. Granados salió de
la cárcel de Estremera para
asistir al registro. Las
actuaciones han sido
supervisadas por la Fiscalía
Anticorrupción.
Los dos detenidos, según
fuentes jurídicas, eran
personas de la máxima
confianza del exconsejero de
Madrid y actuaron como
testaferros en varias
empresas que recibieron
ilícitamente dinero público
por las influencias de
Granados.
La esposa detenida figura
como administradora de una
empresa que ha recibido
fuertes sumas de dinero de
las arcas públicas. El caso
está en el Juzgado Central
de Instrucción 6, a cargo de
Eloy Velasco.
http://vozpopuli.com/actualidad/71427-una-juez-se-adelanta-a-la-audiencia-nacional-para-investigar-la-trama-americana-de-punica
UNA JUEZ SE ADELANTA A LA
AUDIENCIA NACIONAL PARA
INVESTIGAR LA TRAMA
AMERICANA DE PÚNICA
La titular del Juzgado de
Instrucción número 35 de
Madrid cita a declarar como
testigos a dos imputados por
la red de corrupción en un
supuesto caso de estafa con
varios notarios como
víctimas que implica a
Promodico, la 'inmobiliaria
de cabecera' de Francisco
Granados, por unas
inversiones inexistentes en
México, Brasil y República
Dominicana.
El caso Púnica se expande a
otros juzgados más allá de
la Audiencia Nacional. Dos
de los empresarios imputados
en el sumario que investiga
la trama liderada por
Francisco Granados y su
amigo el constructor David
Marjaliza, acudirán el
próximo martes al Juzgado de
Instrucción número 35 de
Madrid para declarar en
condición de testigos en una
causa abierta por una
supuesta estafa
presuntamente cometida a
través de la empresa
Promodico SL, una sociedad
intervenida precisamente por
el juez Eloy Velasco dentro
del 'caso Púnica' al
considerarla la
'inmobiliaria de cabecera'
del dirigente 'popular'
encarcelado.
La magistrada centra las
pesquisas en una
inmobiliaria de la Púnica y
ha citado como testigos a
dos constructores imputados
por el juez Velasco
Se trata, en concreto, de
Julián Jiménez de los
Galanes Romero del
Hombrebueno y Francisco
Colado Sánchez-Camacho,
cofundadores del Grupo DICO,
matriz de Promodico y una de
las principales
constructoras bajo sospecha
en la red de corrupción.
Junto a ellos también
comparecerán el hermano del
primero y David Merino
Morena, director de
operaciones de la compañía y
quien denunció hace años el
supuesto pago de 'mordidas'
al que fueran secretario
general del PP madrileño.
Todos ellos han sido citados
por la magistrada María
Sagrario Herrero Enguita en
una providencia del pasado
del pasado 2 de noviembre
dictada dentro de las
diligencias previas
3724/2013.
Este sumario fue iniciado
hace dos años después de que
varios notarios de Madrid
presentaran una denuncia en
la que aseguraban haber sido
engañados por la empresa
Promodico SL para que
invirtieran importante
cantidades de dinero en
proyectos inmobiliarios
internacionales. En
concreto, en promociones
situadas en Veracruz,
Huatulco y Chetumal
(México), además de en
Brasil (Maricá) y República
Dominicana (Samaná) que
fueron valoradas en 2.000
millones de dinero y que,
finalmente, nunca se
realizaron.
Un solo imputado hasta ahora
La cifra que los afectados
aseguran haber entregado a
la inmobiliaria es superior
a los dos millones de euros,
según las fuentes jurídicas
consultadas, que añaden que
el procedimiento ha estado
prácticamente paralizada
hasta hace pocos meses. De
hecho, por el momento sólo
hay una persona imputada,
Álvaro Q., directivo de
Promodico SL. Sin embargo,
el caso parece reactivarse
ahora, sobre todo con la
citación de estos cuatro
directivos y, sobre todo,
por las evidentes
vinculaciones de la empresa
acusada de la estafa y
varios de sus directivos con
la trama de corrupción que
investiga en la Audiencia
Nacional el juez Velasco.
Promodico SL aparece en la
sospechosa venta a bajo
precio de dos viviendas a
Francisco Granados y una
tercera a unos familiares
del político
De hecho, Promodico SL ocupa
un lugar destacado en el
sumario del 'caso Púnica'.
Fue, de hecho, la promotora
que vendió a Granados dos
viviendas, entre ellas la de
350 metros de Valdemoro en
la que vivía y donde fue
detenido en octubre de 2014.
La investigación intenta
aclarar si ésta, escriturada
en 468.000 euros, fue
realmente abonada por el
dirigente 'popular' o se
trató de un 'pago en
especie' por los supuestos
favores que el político hizo
a la constructora y sus
filiales en el municipio
donde fue alcalde,
Valdemoro.
Tercer inmueble para el
'clan Granados'
Además, un informe de la
Agencia Tributaria
incorporado a la causa
también llama la atención
sobre otra venta de
Promodico al 'clan
Granados', en este caso a
los cuñados del exsecretario
general del PP en Madrid.
Formalizada en 350.000
euros, los expertos de
Hacienda destacan que su
valor real se acercaba al
medio millón de euros. Por
todo ello, cuando se
produjeron las detenciones,
la mercantil fue
intervenida, y todos sus
bienes y cuentas corrientes
embargados.
La inmobiliaria, en concurso
de acreedores desde 2008, ha
pedido en dos ocasiones al
juez Velasco que le levante
el embargo para vender sus
pisos
Los representante legales de
la empresa, que se encuentra
en concurso de acreedores
desde 2008, también se
muestran activos en el
sumario de la Púnica. Así,
los pasados 23 de junio y 4
agosto remitieron al
magistrado sendos escritos
en los que le solicitaban
que se levantase el embargo
judicial que pesa sobre sus
inmuebles para poder
venderlos. Su argumento es
que de no autorizar dichas
operaciones, peligra "la
supervivencia de la empresa"
y, por tanto, la posibilidad
de que la Justicia pueda
recibir de ella hipotéticas
responsabilidades económicas
si finalmente se demuestra
su participación en la
trama.
LA 'CONEXIÓN' COSTARRICENSE
Hasta ahora, sólo se conocía
que la trama Púnica hubiera
saltado el Océano Atlántico
con dirección a Costa Rica,
el pequeño país
centroamericano donde están
inscritas dos empresas
'pantalla' de David
Marjaliza, el socio y amigo
de Granados. Allí creó, en
febrero de 2006 la sociedad
Sheraton Trading SA, a la
que el juez Velasco situó
desde sus primeros autos en
el epicentro de la red
creada presuntamente por
ambos para el lavado de
capitales ya que a nombre de
ella figuraban depósitos
bancarios millonarios en
Suiza. Para crearla, el
constructor se valió de una
firma especializada en
registrar empresas
'pantalla' en paraísos
fiscales, como en aquel
momento era Costa Rica. Se
trataba de CAC Management,
regentada entonces por el
abogado español Antonio
Guerrero -posteriormente
fallecido- y su hijo Xavier.
Éstos, a su vez, utilizaron
a un familiar y otras
personas de su entorno como
testaferros para que
figurasen como cargos de la
misma. Como sede social,
dieron la dirección de una
humilde vivienda particular
a las afueras de la capital
costarricense donde no
residía nadie, según mostró
en su día la televisión
local Teletica.
Sólo unos meses después,
Marjaliza registró una
segunda mercantil en el
mismo país. En esta ocasión,
recibió el nombre de Droz &
Co SA y, aunque se intentó
inscribir en agosto de ese
mismo año, formalmente no
estuvo operativa hasta un
mes después por culpa de un
problema de traducción de su
denominación, según refleja
el acta del registro al que
ha tenido acceso este
diario. De nuevo fue la
compañía CAC Management la
que se encargó de los
trámites y, otra vez,
utilizaron los nombres de
los mismos familiares y
conocidos para 'rellenar'
los cargos de las mismas. En
2007, sólo unos meses
después de ser inscrita en
el registro mercantil,
Marjaliza la utilizó para
abrir un nuevo depósito en
el UBS en el que el
beneficiario final era él
mismo. También a Costa Rica
hizo un 'viaje express' de
sólo 38 horas Francisco
Granados en abril de 2013,
aunque los investigadores
aún no han sido capaces de
descubrir el motivo real del
mismo.
http://vozpopuli.com/actualidad/71427-una-juez-se-adelanta-a-la-audiencia-nacional-para-investigar-la-trama-americana-de-punica
INTERIOR APLICA A GRANADOS
EL PROTOCOLO ANTITERRORISTA
El Ministerio del Interior
ha acordado aplicar a
Francisco Granados el
protocolo antiterrorista e
intervenir todas sus
comunicaciones en prisión.
La Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias
argumenta su decisión
aludiendo a la "capacidad
criminal y la peligrosidad
del interno patente en los
delitos presuntamente
cometidos relacionados con
la corrupción". Pero, sobre
todo, precisa Interior que
el motivo radica en haberse
puesto en contacto con
"medios de comunicación"
para "llevar a cabo
denuncias o quejas fuera de
los canales establecidos
reglamentariamente, que
pueden resultar infundadas y
plantear supuestas
amenazas".
La decisión ha sido adoptada
después de que el
exconsejero de Presidencia,
Justicia e Interior de la
Comunidad de Madrid,
encarcelado como supuesto
cabecilla de la denominada
'Operación Púnica',
decidiera conceder una
entrevista en exclusiva a EL
ESPAÑOL. En ella Granados
proclamaba su inocencia y
arremetía contra altos
cargos del PP, entre ellos
Esperanza Aguirre, por
haberle "tratado como un
kleenex". Denunciaba que en
su partido están siendo más
duros con él que los
miembros de la oposición con
el único objetivo de "ganar
votos" y que la Justicia
está empleando con él una
doble vara de medir”.
SUSPENDIDAS LAS LLAMADAS A
SU MUJER
La medida adoptada por
Instituciones Penitenciarias
se prolongará durante al
menos seis meses y se
fundamenta oficialmente en
"razones de seguridad y buen
orden del establecimiento al
existir constancia de que
las comunicaciones con el
exterior previstas
legalmente con familiares,
amigos y otras personas
autorizadas, se pretenden
utilizar de forma
fraudulenta y para fines no
previstos legalmente". Todo
ello, con objeto de "acceder
a personas no autorizadas a
comunicar con él, vinculadas
a los medios de
comunicación, utilizando
procedimientos no previstos
en la normativa
penitenciaria".
Interior limita además a "un
máximo de dos" las "cartas
semanales" que puede enviar
y ha "suspendido" las
"comunicaciones telefónicas"
de quien fuera mano derecha
de Aguirre con su esposa
hasta hace apenas unos días.
"AGUIRRE HA MENTIDO DE
MANERA INDECENTE"
En su entrevista con este
diario, el ex número dos de
Esperanza Aguirre alegó que
la 'Operación Púnica' "no
existe": "A la mayoría de
los imputados no los conozco
o son de otros partidos.
¿Qué tipo de organización
criminal es ésa?". Asimismo,
reconoció que lo que más le
"ha dolido" de su antigua
jefa fueron sus
declaraciones. "Me conoce
bien y sabe que soy incapaz
de quedarme con lo que no es
mío. Ha mentido de manera
indecente", admitía
Granados.
También lanzó un dardo
contra la actual líder del
Ejecutivo madrileño,
Cristina Cifuentes: "Va a
tener éxito como presidenta,
pero no ha sido justa
conmigo. En el PP ha habido
personas que han sido más
duras conmigo que las de
otros partidos para ganar
votos".
EL JUEZ OBLIGA A CIFUENTES A
ACUSAR EN PÚNICA DE LA MANO
DE LA ASOCIACIÓN QUE
ACORRALÓ AL PP EN GÜRTEL
El gobierno de Cristina
Cifuentes ya está personado
en el 'caso Púnica'... pero
no en las condiciones que
esperaba. El titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy
Velasco, ha dictado
recientemente un auto en el
que acepta la pretensión del
Ejecutivo de la Comunidad de
Madrid de ejercer la
acusación en la causa contra
la trama de corrupción en la
que están imputados tres de
sus exconsejeros, pero le
obliga a hacerlo bajo la
dirección letrada de una
asociación que fue admitida
antes. Se trata, en
concreto, de la Asociación
de Abogados Demócratas por
Europa (ADADE), célebre por
haber sido el azote del PP
en los dos grandes sumarios
instruidos en la Audiencia
Nacional que salpican el
partido: Gürtel y los
'papeles de Bárcenas'. El
equipo jurídico de Cifuentes
ya ha presentado un recurso
de reforma en el que se
opone a esta decisión ya
que, como han confirmado a
Vozpópuli fuentes del
gobierno madrileño, su
aspiración sigue siendo
actuar de modo
independiente.
El Gobierno madrileño ha
recurrido la decisión del
magistrado al considerar que
los intereses de ADADE en la
causa "no son coincidentes"
con los suyos
La pretensión de personarse
en la causa fue anunciada
por la propia Cifuentes el
pasado 28 de julio.
Entonces, la presidenta
regional aprovechó su
comparecencia en un foro
organizado por el diario ABC
para anunciar su decisión y
justificarla "por razones de
transparencia y para
defender los intereses de
los propios madrileños y de
la Administración regional".
La dirigente 'popular'
recalcó entonces que el
Ejecutivo había adoptado
esta medida a la vista de
los datos que se iban
conociendo tras haberse
levantado el secreto del
sumario y considerar que "de
los presuntos delitos que se
han cometido podría
derivarse un perjuicio
patrimonial para la
Comunidad de Madrid". En
aquel acto público Cifuentes
acudió acompañada de su
consejero de Medio Ambiente,
Administración Local y
Ordenación del Territorio,
Jaime González Taboada,
implicado por David
Marjaliza, uno de los
cabecillas de la trama, en
las actividades de la red.
Un mes después de aquel
anuncio, los equipos
jurídicos presentaban en la
Audiencia Nacional el
escrito para ejercer la
acusación particular. Días
después, el juez dio
traslado del mismo a la
Fiscalía Anticorrupción para
que informase y, finalmente,
el pasado 20 de octubre
dictó el auto con el que la
admitía como parte en el
procedimiento pero con la
condición de que actuara
bajo "el liderazgo de la
acción popular" conferida ya
entonces a ADADE. No era la
primera vez que Eloy Velasco
lo hacía dentro de la causa.
El 19 de junio el magistrado
había tomado una decisión
idéntica con el sindicato
Manos Limpias, al que
también le pone bajo la
dirección letrada con la
asociación de abogados.
Tanto el PP como el
colectivo de funcionarios
públicos han presentado
sendos recursos.
"No coincidencia de
intereses"
Según han confirmado a
Vozpópuli fuentes del
Ejecutivo de Cifuentes, éste
alega en su escrito que el
régimen de la Comunidad de
Madrid otorga a sus
servicios jurídicos la
exclusiva representación de
la Administración regional
para pleitos y que, por
tanto, no se puede dejar en
manos de una asociación de
carácter privado lo que
consideran un acción en
defensa de los intereses de
los madrileños. Además,
insisten en que los
intereses de ADADE "no son
coincidentes" con los que
defiende el Gobierno
madrileño en la causa, por
lo que consideran que no les
puede representar. "Lo
importante es que ya estamos
personados en el
procedimiento, ahora se
trata de solventar el cómo",
señalan para justificar el
recurso.
En junio, el juez Velasco ya
obligó a otra acusación, la
de Manos Limpias, a actuar
en la causa bajo el
"liderazgo" de la asociación
de abogados
El juez Velasco ya ha dado
traslado de este escrito a
Anticorrupción para que se
pronuncie y ha puesto a
disposición de las partes
que lo deseen una copia del
mismo en la secretaría del
Juzgado hasta el próximo 5
de noviembre para que puedan
alegar a favor o en contra
de lo planteado por el
equipo de Cifuentes, según
una providencia del pasado
27 de octubre a la que ha
tenido acceso este diario.
Tras ello, el magistrado
tomará una decisión que aún
podrá ser recurrida ante la
Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional. Un
recorrido jurídico que según
una de las fuentes
consultadas, el Ejecutivo
madrileño está dispuesto a
recorrer para intentar
ejercer la acusación sin
depender de ADADE.
Exconsejeros, altos cargos,
alcaldes...
En el sumario del 'caso
Púnica' están imputados
hasta el momento tres
antiguos consejeros de los
gobiernos 'populares' de la
Comunidad de Madrid. Uno de
ellos es Francisco Granados,
antiguo responsable de
Presidencia y Justicia,
además de antiguo secretario
general del PP regional y
exsenador, quien lleva más
de un año encarcelado
acusado de ser uno de los
presuntos cabecillas de la
trama junto a su amigo, el
constructor David Marjaliza.
Los otros dos son Salvador
Victoria, número 2 del
Ejecutivo que encabezó
Ignacio González hasta las
elecciones del pasado mes de
mayo, y la responsable de
Educación, Lucía Figar.
Ambos están acusados de
supuestas irregularidades en
la contratación de trabajos
de reputación 'online' que
supuestamente pagaban
empresas privadas a los que
luego adjudicaba contratos
públicos.
En el 'caso Púnica' están
imputados tres exconsejeros
madrileños, además de dos
altos cargos regionales y
varios concejales y alcaldes
'del PP'
También hay altos cargos
regionales encausados. Son
Isabel Gallego, quien fuera
directora general de Medios
de la Comunidad de Madrid y
mano derecha de Esperanza
Aguirre, y José Martínez
Nicolás, consejero delegado
de la Agencia de Informática
y Comunicaciones, desde la
que se controla el sistema
informático del Gobierno
regional. Fue precisamente
la declaración de este
último la que ha puesto
contras las cuerdas a
Salvador Victoria. A todos
ellos se suman en la
relación de imputados varios
concejales y alcaldes
'populares' en la región y
en otras tres comunidades
autónomas.
EL ANTECEDENTE DE 'GÜRTEL' Y
'Bárcenas'
El sumario del 'caso Púnica'
no es el primero en el que
se investigan delitos de
corrupción que salpican al
PP en el que los 'populares'
o una administración
gobernada por ellos se
personan como acusación. De
hecho, Génova 13 lo hizo en
las dos causas en las que la
asociación con la que ahora
debe ir de la mano, ADADE,
ha tenido un papel muy
activo en contra de sus
intereses: 'Gürtel' y los
'Papeles de Bárcenas'. En
aquellos casos, el PP
esgrimió que su única
intención era "colaborar
activamente" en ambas
investigaciones judiciales
al sentirse parte
perjudicada. Sin embargo, en
ambos casos quedó fuera de
la instrucción y, al final,
en el caso de la trama
liderada por Francisco
Correa deberá responder como
beneficiario a título
lucrativo de algunos de los
delitos y en el de los
apuntes contables de su
extesorero como responsable
civil subsidiario.
En el caso que investigaba
los apuntes contables los
'populares' fueron excluidos
el 4 de abril de 2013. Ese
día, el entonces juez de la
Audiencia Nacional Pablo Ruz
dictó un auto en el que
rechazaba que el PP fuese
acusación dada su posible
responsabilidad civil por
defraudar a Hacienda. En
aquel escrito, el magistrado
afirmaba que la pretensión
de los 'populares' era
"incompatible con el propio
objeto de la misma, dirigido
entre otros extremos a la
investigación de
determinados hechos de los
que podría derivarse
responsabilidad civil" del
partido, como así fue
finalmente. Sólo 22 días
después, el magistrado hacía
público otro escrito que
sacaba al PP del caso Gürtel
como acusación popular al
considerar que durante el
procedimiento había
defendido la inocencia de
Luis Bárcenas, su mujer,
Rosalía Iglesias; y el
exdiputado Jesús Merino,
algo que el entonces titular
del Juzgado Central de
Instrucción número 5
destacaba que no era
"congruente" con las
funciones de la acusación
popular que la formación
decía ejercer.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/11/04/velasco_sobre_las_piezas_separadas_punica_40268_1012.html
EL JUEZ VELASCO DEFIENDE SU
DECISIÓN DE DIVIDIR LA
‘PÚNICA’ EN 12 PIEZAS
SEPARADAS
El magistrado especifica en
un auto que la "corrupción"
de los directivos de Cofely,
a los que acusa de abonar
"dádivas" para obtener
contratos de "muy elevadas
partidas económicas", se
encuadrará en la sexta causa
La resolución indica también
que la investigación contra
el exalcalde de Valdemoro
quedará en la pieza cuarta
"por su vinculación con las
irregularidades" en ese
Ayuntamiento
El juez que instruye en la
Audiencia Nacional la trama
de corrupción liderada por
Francisco Granados ha
defendido su decisión de
dividir la operación Púnica
en 12 piezas separadas. En
un auto, del pasado 30 de
octubre, el magistrado
explica que la
compartimentación de la
causa busca la
"simplificación" del
proceso.
"Todavía se está en el
proceso material de
traspasar fotocopias de
actuaciones de la pieza
principal a lo que resulten
ser las futuras piezas
separadas", explica Velasco
en un auto en el que aclara
sus intenciones al exalcalde
y al exjefe de gabinete del
Ayuntamiento de Valdemoro
José Carlos Boza Lechuga y
Alfredo Ovejero López,
respectivamente; pero
también a David Marjaliza,
uno de los principales
cabecillas de la red
corrupta; y a la empresa
Cofely, filial en España de
GDF-Suez, en qué pieza
concreta acabarán sus
causas.
Además, el magistrado
destaca que el auto de 16 de
septiembre en el que
reorganizaba la causa señala
futuras intenciones: "Y en
ningún caso coarta la
posibilidad de activar la
defensa a cada imputado en
concreto [...] pues lo único
que se pretende es
simplificar y activar el
procedimiento en función de
las circunstancias en cada
uno de los hechos
injuiciables, ganando alguno
en velocidad sin tener que
esperar a futuras
diligencias que no tiene
sentido que se retrasen",
resalta el instructor de la
Púnica.
Un plazo a los imputados
El auto, al que ha tenido
acceso infoLibre, especifica
que una vez se concreten los
hechos en cada una de las
piezas "se dará un plazo a
todos para pedir inclusiones
y exclusiones en las mismas
o la práctica de
diligencias, antes de la
concreta imputación formal".
Para el instructor la
situación de defensa
"continúa exactamente igual
que estaba, pero se anuncia
que habrá un momento en el
que se indicará y
concretarán los hechos y las
personas que seguirán una
vida procesal en cada pieza
para evitar dilaciones y
juicios muy prolongados en
el tiempo".
Pero Velasco aprovecha el
auto para informar que la
causa contra el exalcalde de
Valdemoro y su jefe de
gabinete quedarán en la
pieza cuarta "por su
vinculación con las
irregularidades e ilicitud
penales entorno a la
contratación y servicios en
ese Ayuntamiento".
Cofely, en la sexta pieza
El caso de la filial de GDF-Suez
en España se encuadrará en
la sexta pieza separada de
la Púnica por su relación
con la "corrupción" de
ciertos directivos de la
misma. Y Velasco resalta que
estos directivos se hicieron
con contratos de gestión y
mantenimiento de los
servicios de eficiencia
energética "mediante
ilícitos penales por los que
ya se les ha interrogado".
El juez también destaca en
su resolución que los
directivos de Cofely habría
participado en las
"recompensas" y "dádivas"
que desde la empresa se
ofrecieron "para obtener
contratos administrativos de
muy elevadas partidas
económicas", pero también en
la "sobrefacturación de
ciertas partidas de los
contratos adjudicados para
que algunas de estas
cantidades a su vez
provinieran de dinero
público, causando otro
segundo daño añadido al del
apaño".
Según el sumario, Cofely
pudo haber cobrado más de
170 millones de euros de las
Administraciones públicas
implicadas, principalmente
Ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid.
Prórroga del secreto
Precisamente, el pasado 2 de
octubre Velasco acordó
prorrogar hasta el próximo
sábado el secreto de la
pieza separada en la que
investiga la trama
internacional de la red de
corrupción Púnica tras
recibir diversa
documentación de la Fiscalía
Federal Suiza sobre la
comisión de un "grave"
delito de blanqueo de
capitales.
En el auto, el instructor
calificaba de "esencial"
ampliar durante un mes el
secreto declarado en la
pieza abierta con la
información que las
autoridades del país
helvético han remitido en
varios idiomas y que está
siendo traducida.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/11/04/velasco_sobre_las_piezas_separadas_punica_40268_1012.html
UNA EMPRESA DE PÚNICA LE
PIDE 12.600 EUROS AL JUEZ
PARA PAGARLE UN SUELDO AL
'CONSEGUIDOR' DE LA TRAMA
EICO Online Reputation
Management SLU, la mercantil
que hacía los informes para
'lavar la cara' en internet
a políticos, se declaró en
concurso de acreedores el
pasado septiembre. Ahora
pide al magistrado que le
desbloquee dos cuentas para
hacer frente a "los gastos
necesarios" para su
liquidación. Entre éstos
incluye el concepto "nóminas
de Alejandro", en referencia
a Alejandro de Pedro, dueño
de la sociedad y uno de los
principales implicados en el
sumario.
Desbloquear dinero para
pagar un sueldo durante
siete meses al señalado como
'conseguidor' de la trama
Púnica, Alejandro de Pedro.
El representante legal de
EICO Online Reputation
Management SLU, la empresa
que realizaba trabajos en
internet para 'lavar la
cara' a políticos, ha
entregado un escrito al
titular del Juzgado Central
de Instrucción número 6,
Eloy Velasco, en el que
solicita el desbloqueo de
las dos cuentas a nombre de
la sociedad que fueron
intervenidas cuando se
produjeron las detenciones
hace ahora un año. Con ese
dinero pretende "atender los
gastos necesarios" del
concurso de acreedores en
que se declaró la compañía
el pasado 10 de septiembre y
entre los que incluye el
pago de siete nóminas al
único trabajador que queda:
el propio 'conseguidor'. En
concreto, solicita un total
de 30.148,60 euros, de los
cuales 12.600 euros tienen
como fin abonarle los
sueldos del pasado
septiembre y de los seis
meses siguientes al propio
De Pedro, que en el registro
mercantil figura como
"liquidador".
EICO quiere destinar 3.600
euros a la "nómina" de
septiembre del Alejandro de
Pedro, y el resto a abonarle
1.500 euros durante los
próximos seis meses
El escrito, al que ha tenido
acceso Vozpópuli, detalla
que el Juzgado de lo
Mercantil número 1 de
Valencia declaró el concurso
voluntario de acreedores de
la compañía el pasado 10 de
septiembre, día que nombró
una administradora concursal
para proceder a la
disolución de la compañía.
Para ello, y dada "la
situación de iliquidez que
tiene la empresa", reclaman
como "necesario" el
desbloqueo de las dos
cuentas que la sociedad
tenía en Banco de Sabadell y
en CaixaBank para conseguir
de sus saldos el dinero
preciso para hacer frente al
proceso de liquidación. Para
ello, el escrito hace una
previsión de los gastos a
los que tendrá que hacer
frente en los próximos seis
meses y que ascienden a
30.148,54 euros en concreto.
De dicha cantidad, la mayor
parte corresponde a lo que
denomina "gastos
corrientes".
Es en esta partida donde el
escrito incluye los sueldos
del 'conseguidor'. Así,
recoge la "nómina septiembre
Alex" por un total de 3.600
euros, a los que suma
"nóminas Alejandro" para los
próximos meses por un
importe cada una de ellas de
1.500 euros. En total,
12.600 euros. A ellos se
suman 300 euros para la
inscripción en el registro
mercantil, 630 euros de luz,
240 euros de agua, 96 euros
de línea telefónica, otros
312 euros de ADSL y 2.070,60
de alquiler del local de la
calle Fontanares, de
Valencia, donde tiene sus
oficinas EICO. A todas estas
cantidades, la petición suma
1.506 euros de "crédito
contra la masa" de los 30
últimos días, así como
1.833,32 euros del 50% de
los honorarios de la
administración concursal,
otros 9.970 euros que cobra
el letrado que presentó el
concurso de acreedores y
otros 989,92 euros para la
procuradora. En total
30.148,54 euros con los que
la administración concursal
pretende poder desempeñar
sus funciones.
La devolución de los
ordenadores
No obstante, el desbloqueo
del dinero no es la única
petición que el escrito hace
al juez Eloy Velasco. En el
mismo también se pide la
devolución "de todos los
ordenadores, portátil e
Iphone que fueron
intervenidos" y que estaban
a nombre de la sociedad. El
representante legal de la
compañía del 'conseguidor'
pretende con ello recuperar
la información necesaria
para administrar la sociedad
hasta su disolución ya que
en los mismos figuran "la
contabilidad, facturación,
archivos con impuestos de
años precedentes, informes y
emails necesarios para las
labores de recobro". No es
el único objetivo de dicha
petición. El abogado también
quiere con ello disponer de
una información que califica
de "necesaria para que la
entidad pueda ejercitar
adecuadamente su derecho de
defensa en el proceso penal"
del 'caso Púnica'. En este
sentido, el escrito recuerda
que ya no existe "ningún
riesgo de destrucción o
pérdida de datos" ya que el
Juzgado hizo en su día "el
correspondiente volcado" de
los datos contenidos en
ellos para incorporarlos a
las investigaciones.
La empresa que hacía los
informes de reputación
'online' a políticos también
pide la devolución de los
ordenadores para que la
administradora concursal
pueda iniciar "las labores
de recobro"
No es la primera vez que
Alejandro de Pedro
directamente o a través de
sus empresas reclama el
desbloqueo de las cuentas de
éstas. El pasado mes de
julio fue el propio
'conseguidor' quien presentó
en la Audiencia Nacional un
recurso para pedir la rebaja
de la fianza de 113.000
euros que le había impuesto
el juez Velasco y que
consideraba desproporcionada
sobre todo porque en un
primer momento fue de sólo
20.000 euros. En aquel
escrito, De Pedro
argumentaba que este hecho y
el bloqueo de las cuentas de
sus sociedades, Eico y
Madiva Editorial y
Publicidad SL, había dejado
a éstas "absolutamente
descapitalizadas" y sin
posibilidad de "hacer frente
a sus obligaciones". Entre
estas, De Pedro destacaba el
pago de las indemnizaciones
a los empleados de ambas,
más de veinte, a los que
tuvo que despedir tras la
operación de octubre del año
pasado en la que se produjo
su detención. "La imputación
de estas mercantiles ha
supuesto la necesidad de
resolver los contratos
laborales de estos
trabajadores con el costo
que ello conlleva y que sin
el desbloqueo de las cuentas
no es posible atender",
recalcaba dicho recurso.
Permiso para vender pisos
También ha pedido
recientemente al juez
Velasco el desbloqueo de
parte de sus bienes la
empresa Promodico SL, una
promotora inmobiliaria que
aparece mencionada decenas
de veces en el sumario por
su estrecha relación con
Francisco Granados, al que
vendió varias viviendas en
Valdemoro en condiciones
sospechosas que ahora
investiga el juzgado. Filial
del Grupo DICO, uno de cuyos
directivos denunció hace
tiempo el supuesto pago de
'mordidas' al exdirigente
regional del PP, esta
mercantil solicitó en agosto
al magistrado permiso para
continuar con la venta de
viviendas. Argumentaba que
de no autorizarlo peligraba
no sólo la pervivencia de la
empresa, sino también la
posibilidad de que la
Justicia pueda recibir de
ella hipotéticas
responsabilidades económicas
si finalmente se demuestra
su participación en la
trama. Los representantes
legales de la sociedad
pedían que, si no de todas
las viviendas, al menos se
retirase el bloqueo de
aquellas "que están siendo
objeto de operaciones de
venta que no pueden cerrarse
por la existencia de embargo
[judicial]".
La empresa, que se encuentra
en concurso de acreedores
desde años antes de que
estallase el 'caso Púnica',
adjuntaba varios correos
electrónicos intercambiados
entre trabajadores de la
firma y potenciales clientes
interesados en algunos de
sus inmuebles para demostrar
que detrás de su petición no
hay ningún intento de
realizar un alzamiento de
bienes. Así, incluía un
email del pasado 31 de julio
en el que un gestor de
Liberbank le plantea "dar
solución definitiva a los
activos y deuda que
Promodico mantiene aún" con
esta entidad financiera
mediante la permuta de la
deuda hipotecaria por
algunos inmuebles. En otro
correo se hablaba de la
posibilidad de vender un
chalet en Valdemoro por el
que, pese a su estado de
deterioro, ofrecían 151.000
euros más IVA. También
figura un tercero sobre el
supuesto interés de "un
chaval" por comprar por
6.500 euros una plaza de
garaje. "Son pequeñas
ventas, en este caso que dan
una liquidez mínima para que
la empresa vaya pagando
nóminas", destaca en este
mensaje un responsable de la
firma.
http://vozpopuli.com/actualidad/70586-una-empresa-de-punica-le-pide-12-600-euros-al-juez-para-pagarle-un-sueldo-al-conseguidor-de-la-trama
EL JUEZ VELASCO PREPARA OTRA
FASE DE PÚNICA CON 10 NUEVOS
AYUNTAMIENTOS IMPLICADOS POR
AMAÑAR CONTRATOS ENERGÉTICOS
El magistrado da un nuevo
impulso a la pieza del
sumario que investiga las
supuestas irregularidades en
las adjudicaciones a la
multinacional Cofely-GDF
Suez. Con esta decena de
consistorios, son ya 19 los
municipios salpicados en la
misma.
El 'caso Púnica' sigue
avanzando a velocidad de
crucero. El titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy
Velasco, prepara ya una
nueva fase de la operación,
la tercera, contra la trama
de corrupción presuntamente
liderada por Francisco
Granados y su amigo, el
constructor David Marjaliza.
En esta ocasión, la
actuación judicial va
dirigida contra el
'tentáculo' de la red que
mayor cantidad de dinero
defraudó al erario: la que
supuestamente amañó los
contratos de eficiencia
energética de numerosos
municipios a favor de la
multinacional Cofely-GDF
Suez. Serán una decena de
consistorios los implicados,
que se unirán a los otros
nueve que fueron registrados
en las dos anteriores fases
de las pesquisas.
La mayoría de los nuevos
consistorios salpicados son
de la Comunidad de Madrid y
estaban gobernados por el PP
cuando se hicieron las
adjudicaciones
Así lo han confirmado a
Vozpópuli fuentes cercanas a
la investigación, que
detallan que los agentes de
la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil
están en estos momentos
elaborando los informes de
cada uno de los municipios
bajo sospecha para su
próxima entrega al
magistrado. No obstante, no
se espera que el magistrado
ordene la práctica de
ninguna diligencia de
entrada y registro ni la
detención o imputación de
supuestos implicados hasta
después de las Elecciones
Generales del próximo 20 de
diciembre. Lo que también se
mantiene en secreto son los
municipios concretos
afectados, aunque fuentes
jurídicas aseguran que la
mayoría son de la Comunidad
de Madrid y gobernados por
el PP cuando se produjeron
los hechos, pese a que
también los hay de otras
regiones y otros partidos.
Estas mismas fuentes también
añaden que la ciudad de
Madrid, cuyo consistorio ha
iniciado una investigación
sobre sus contratos con
empresas de la Púnica,
incluido uno de Cofely, no
está entre ellas.
Con estas diez futuras
intervenciones (ocho están
confirmadas y otras dos
están aún en fase de
investigación) se elevará a
19 la cifra de ayuntamientos
implicados en esta pieza de
la investigación, la número
seis de las doce en que el
magistrado dividió
recientemente el sumario. Es
la parte del sumario que
acumula mayor cuantía
defraudada dada la condición
de multimillonarios de todos
los contratos supuestamente
amañados, según resaltan las
fuentes consultadas. En la
primera fase de la
investigación, fueron ocho
los consistorios registrados
por la Guardia Civil por las
supuestas irregularidades en
los contratos de eficiencia
energética adjudicados a
Cofely-GDF Suez, cuatro de
cuyos directivos fueron
entonces detenidos.
Ocho hace un año y otro en
junio
En concreto, fueron los de
Collado Villalba, Parla,
Móstoles, Casarrubuelos,
Valdemoro, Torrejón de
Velasco, Serranillos del
Valle y Almendralejo. El
fraude en los tres primeros
se produjo mientras la
investigación estaba en
marcha y sumaron 166
millones de euros (un
contrato de 72 millones con
el Ayuntamiento de Móstoles,
otro de 54,6 millones con el
Consistorio de Parla y uno
más de cerca de 40 millones
con el de Collado Villalba).
Además, el de la localidad
extremeña de Almendralejo,
que era de 24 millones,
estaba a punto de firmarse
cuando se produjo la
detención de los principales
integrantes de la trama el
27 de octubre del año
pasado. A estos ocho
consistorios se sumó en
junio un noveno, el de
Moraleja de Enmedio.
Un auto del juez del pasado
verano ya anticipaba la
preparación de más "acciones
operativas" en "nuevos
ayuntamientos" por los
contratos a Cofely
La tercera fase que se
prepara ahora ya fue
anticipada por el propio
juez Velasco en un auto del
pasado verano en el que
prorrogaba el entonces aún
vigente secreto de sumario.
El magistrado destacaba en
aquel escrito la preparación
de más "acciones operativas"
que afectarían a "nuevos
Ayuntamientos". Según
detallaba aquel texto,
adelantado por este diario
en exclusiva, esas nuevas
pesquisas se sustentaban en
el análisis realizado por la
Guardia Civil de la
abundante documentación
intervenida durante los
registros del 27 de octubre
del año pasado, a la que se
había sumado la aportada por
numerosos funcionarios que,
tras conocer las
detenciones, habían decidido
colaborar con la Justicia y
destapar irregularidades aún
no detectadas.
En aquel auto, el juez hacía
mención expresa a las
millonarias adjudicaciones a
Cofely-GDF Suez y detallaba
que "del análisis de las
evidencias electrónicas,
correos y mensajes"
encontradas en los
ordenadores de sus cuatros
directivos arrestados se
habían descubierto "nuevos
regalos y favores a los
ayuntamientos que
contrataron con la citada
multinacional". Se refería,
en concreto, a "las
peticiones de encuestas y
otros favores prestados" que
supuestamente recibían
políticos y cargos públicos
por parte de dicha compañía
como pago por las
adjudicaciones irregulares.
De hecho, el juez Velasco
interrogó insistentemente
sobre el supuesto pago con
sondeos de opinión política
al que en octubre aún era
regidor de Parla, el
socialista José María
Fraile, detenido también en
aquella primera fase.
Elevadas comisiones
El juez recogía en dicho
escrito lo que ya apuntaba
un informe anterior de la
UCO que poco antes ya
alertaba de que la
investigación de esta rama
de la trama "excede en gran
medida al que resultó
afectado por las diligencias
practicadas en octubre de
2014". En aquel momento, la
Guardia Civil había
encontrado ya "evidencias de
contratación pública
fraudulenta" en trece. "Esta
parte de la investigación
resulta de gran importancia
no sólo por el número de
ayuntamientos implicados,
sino también por el importe
de la contratación pública
afectada y de las comisiones
acordadas con cargos
públicos por la
adjudicación", señalaba
dicho informe del Instituto
armado, en el que se
recalcaba que sólo en Parla
los políticos implicados se
iban a repartir comisiones
por un valor de 2,7 millones
de euros. Los agentes ya
anunciaban que para llevar a
buen puerto la investigación
iba a ser "necesario
practicar nuevos
requerimientos de
documentación, entradas y
registros, tomas de
declaración, etc. en buena
parte de estas
administraciones locales".
El magistrado destacaba la
semana pasada que el fraude
en los contratos energéticos
incluía un "doble" quebranto
porque parte de la 'mordida'
se cargaba a las arcas
públicas
En un auto mucho más
reciente, en este caso del
pasado 30 de octubre, el
juez Velasco incide en esa
idea de sobornos y regalos
por parte de Cofely-GDF Suez
a alcaldes. Ha sido en el
escrito de respuesta a los
que habían presentado tres
imputados y la propia
empresa de eficiencia
energética en los que se le
pedía que aclarase en qué
pieza concretas de las doce
en las que se había dividido
la causa estaban ellos
implicados. Así, señalaba al
que era alcalde de
Valdemoro, José Carlos Boza,
y a su jefe de Gabinete,
Alfredo Ovejero, cuando este
municipio firmó el contrato
bajo sospecha como presuntos
receptores de "recompensas y
dádivas" que la
multinacional ofrecía para
conseguir "contratos
administrativos de muy
elevadas partidas
económicas". El escrito del
magistrado destacaba además
que el daño a las arcas
públicas era "doble", ya que
la trama procedía a "la
sobrefacturación de ciertas
partidas de los contratos
adjudicados" para que
algunas de las cantidades
que servían de 'mordida'
salieran también del erario.
LA EMPRESA DEL 2% DE
COMISIÓN
Cofely ha representado
siempre una de las
principales líneas de
investigación de la
'Operación Púnica', sobre
todo por la millonaria
cuantía de los contratos de
eficiencia energéticas que
esta empresa firmó con
numerosos ayuntamientos, en
su mayoría de la Comunidad
de Madrid. Para ello, la
multinacional contaba con el
apoyo del constructor David
Marjaliza, socio y amigo de
Granados, y de su empresa
Ruta Energética SL. Según
detalló la Fiscalía
Anticorrupción durante la
declaración ante el juez
Velasco de uno de los altos
cargos de la compañía
arrestados, los
representantes de ésta
acudían a los concursos
públicos para ganar "con
absoluta seguridad, ya que
se infiltraban en los
ayuntamientos y obtenían las
valoraciones de las otras
ofertas", incluidos los
baremos económicos que
ofrecían sus competidores.
"Se hacían sugerencias en
los pliegos y se exigía que
se acomodaran a la oferta
que iba a presentar Cofely".
En este sentido, una técnico
del consistorio de Parla
aseguró en su declaración en
la Audiencia Nacional que a
ella le entregaron el pliego
ya elaborado y que uno de
los comerciales de la
compañía, Pedro García,
también detenido en octubre,
acudía a las instalaciones
municipales y se reunía con
el propio alcalde y otros
miembros de su equipo para
añadir o quitar cláusulas al
contrato. Una de éstas era
la obligación de realizar
una auditoría sobre la
ejecución del contrato por
parte de una empresa externa
a la que el Ayuntamiento iba
a abonar por ello un
porcentaje del importe de la
adjudicación. Esa era la
mercantil de Marjaliza.
Según detalló la
representante de
Anticorrupción en sus
preguntas a Fraile, dichos
informes de auditoría, que
eran realmente elaborados
por un trabajador de Cofely
que "luego le pone el logo
de Ruta Energética", era con
los que se camuflaba el pago
de la 'mordida'. En sus
preguntas a testigos e
imputados, una de las
fiscales del caso también
detallaba el modo de actuar
y de repartirse las
supuestas comisiones entre
los implicados. "Aquí
cobramos nosotros, cobran
ellos, cobro yo, cobras tú,
cobramos todos", se escucha
decir en una intervención
telefónica incorporada al
sumario a uno de ellos tras
amañar precisamente un falso
informe de auditoría en el
contrato de Parla por el que
supuestamente se iban a
embolsar el 2% de los 66
millones del importe total.
http://vozpopuli.com/actualidad/70826-el-juez-velasco-prepara-otra-fase-de-punica-con-10-nuevos-ayuntamientos-implicados-por-amanar-contratos-energeticos
LOS CUADROS Y PLUMAS QUE
GUARDABA DAVID MARJALIZA EN
SUIZA
La SER muestra el patrimonio
artístico del ‘conseguidor’
de la Púnica evadido a Suiza
como parte de una operación
para blanquear 4,2 millones.
Más de 30 cuadros de Tàpies,
Barceló o esculturas de
Chillida valoradas en casi
dos millones de euros; y 184
estilográficas Montblanc por
2,3 millones más
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha
intervenido el patrimonio de
David Marjaliza, supuesto
líder de la Púnica junto al
exconsejero Francisco
Granados, tanto en España
como en Suiza. Hasta ahora
se conocían las obras de
arte, relojes exclusivos y
plumas Montblanc confiscados
en España, con una única
estilográfica valorada en
700.000 euros que destacaba
entre la colección, pero
poco se sabía del patrimonio
que disponía en el país
Helvético.
Las obras de arte y plumas
enviadas a Suiza por
Marjaliza, y aseguradas
incluso contra actos de
terrorismo, están valoradas
en 4.236.784,98 euros.
De esos más de 4,2 millones,
un total de 1.913.265 euros
corresponden a 37 obras de
arte, entre las que se
encuentran dos cuadros de
Tàpies u otros de Barceló,
Miralles o Valdés, y una
escultura de Chillida. El
resto, 2.323.519,98 euros,
corresponde a 184 plumas
estilográficas Montblanc.
Las hay de platino, oro
blanco o amarillo, con
diamantes, brillantes,
rubíes o zafiros. Estas
plumas suponen una inversión
que con dificultad pierde su
valor.
El circuito del blanqueo
Las obras y las plumas
fueron transportadas en
camión desde Valdemoro a
Suiza en 2013 como una
supuesta operación de venta
por parte de Marjaliza a una
empresa domiciliada en
Singapur.
Sin embargo, para el juez se
trata de una clara operación
de blanqueo, ya que
Marjaliza guardó en un
depósito las obras,
transfirió en metálico desde
Suiza a la supuesta
compradora de Singapur más
de 4,2 millones de euros y
después recibió en España el
dinero como supuesto pago
desde Singapur en dos
transferencias bancarias. De
esta forma, se ejecutó,
según el juez, el circuito
internacional del blanqueo.
Desde su cuenta en Suiza, el
conseguidor transfiere el
dinero a Singapur, y desde
allí le llega a España
blanqueado como una
operación de venta de arte.
El juez ha conseguido
embargar tanto la totalidad
del dinero implicado en la
operación de blanqueo como
las obras de arte en Suiza.
El origen de la fortuna
Púnica
El dinero para la
adquisición de estas obras
de arte y estilográficas
exclusivas habría sido
obtenido por Marjaliza de
forma ilícita, al menos en
parte.
La justicia considera que la
trama Púnica inició sus
negocios con el boom
inmobiliario, y con el
estallido de la burbuja y la
consecuente crisis mutó sus
negocios hacia los contratos
de eficiencia energética en
municipios y
administraciones gobernadas
sobre todo por el PP, cuyos
políticos y funcionarios
supuestamente cobraban
comisiones a cambio de
adjudicar a la trama. La
cifra de negocios
fraudulentos desde 2004
supera los 500 millones de
euros según los
investigadores.
http://cadenaser.com/ser/2015/11/17/tribunales/1447788355_622062.html
MARJALIZA Y SU RELACIÓN CON
SUBASTAS SEGRE, LA EMPRESA
DE LA MUJER DE IGNACIO
GONZÁLEZ
Esta semana hemos sabido
que, según el investigador
de la 'trama Púnica', el
juez Eloy Velasco, el
presunto cabecilla de la
red, David Marjaliza,
enviaba a Suiza todas las
obras de arte que compraba,
según el magistrado, para
blanquear dinero. Lo ha
desvelado 'La Sexta', que ha
tenido acceso además a las
facturas de sus compras.
Un total de 4,2 millones de
euros en esculturas, cuadros
y plumas estilográficas. Por
ejemplo, el cuadro de Lucio
Muñoz por el que Marjaliza
pagó casi 50.000 euros a la
casa de subastas 'Segre',
propiedad de la esposa del
expresidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González.
En total, más de 30 cuadros
que pagaba en metálico a
través de una empresa
tapadera ubicada en
Singapur. Unos gustos, los
de Marjaliza, muy españoles
que le llevaron a adquirir
varios Miró, Miralles o
Barceló. En 2006 gastó
883.000 euros en dos cuadros
de Antonio Tapies. Y todos,
en camión, desde Valemoro
derechitos a Suiza.
También coleccionaba plumas.
Dos millones de euros en 184
estilográficas de oro,
platino y piedras preciosas.
Solo una de esas
estilofráficas costó 700.000
euros.
Marjaliza no se limitaba a
comprar en España. Una
factura corresponde a la
compra de tres obras de arte
en la Ópera Gallery de Suiza
por valor de 50.000 euros.
Un tesoro que se encontraba
en Suiza y que ha sido
intervenido por el juez
Velasco, que considera que
es una clara operación de
blanqueo que obtenía a
través de sus negocios
fraudulentos, informó la
cadena.
No es la primera vez
Hace a penas dos meses, el
titular del Juzgado Central
de Instrucción número 6 e
instructor del 'caso
Púnica', Eloy Velasco,
iniciaba los trámites para
decidir quién se encargaría
de la "venta anticipada" de
decenas de joyas y plumas de
lujo intervenidas durante
los los principales
implicados de la trama.
Según informaba entonces
'Voz Populi', el magistrado
ponía en marcha este
procedimiento ante la falta
de sitio en su juzgado para
depositar los objetos en
custodia.
Según el citado diario, el
juez Velasco habría recibido
entonces dos propuestas. Se
trataba de dos casas de
subastas situadas en la
capital madrileña. La
primera de ellas es la que
señalaba entonces el
cabecilla de la trama y
dueño de la mayoría de estos
objetos, David Marjaliza, y
no es otra que 'Subastas
Segre'. La segunda que se
postula es 'Sala Retiro'.
En el escrito del abogado de
David Marjaliza, escribía el
diario, se señala la
idoneidad dicha casa de
subastas "por su prestigio
en el sector", no obstante
Marjaliza no ponía reparos a
que finalmente se encargue
la segunda casa, siempre y
cuando la liquidación de
"los bienes intervenidos
sean efectivamente
realizados (sic) por un
valor justo".
'Subastas Segre'
La casa de subastas Segre,
dedicada a la venta de arte
y antigüedades y llamada así
por la calle en la que está
instalada, fue fundada en el
año 2000 por un grupo de
amigas. Está presidida por
Lourdes Cavero Mestre, la
mujer del expresidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González y cuenta entre las
consejeras con Pilar Cavero,
hermana de Lourdes y socia
del despacho 'Cuatrecasas'.
En los inicios figuraba otra
hermana, Carmen, fallecida
en 2013, que fue consejera
de Bankia y acabó imputada
en el caso que se sigue por
la salida a bolsa de esta
entidad.
Lourdes Cavero, imputada y
posteriormente desimputada
en la investigación que se
sigue contra su marido por
la compra del famoso ático
de Marbella, ha compaginado
este cargo con su trabajo
como vicepresidenta de
Confederación de Empresarios
Madrileños (CEIM) como mano
derecha de Arturo Fernández.
Fernández, gran amigo de
Esperanza Aguirre, fue
imputado por el escándalo de
las 'tarjetas Black' tras
haberse gastado 37.300
euros.
Y precisamente otra que
resultó imputada por las
'tarjetas Black' es Carmen
Cafranga Cavestany, entonces
presidenta de la Fundación
Caja Madrid. Es también
socia de Lourdes Cavero en
'Subastas Segre'. El nombre
de Cafranga, íntima amiga de
Ana Botella y de Esperanza
Aguirre, saltó a la luz con
el escándalo de las 'Black'
al hacerse público que había
gastado 175.200 euro con la
famosa tarjeta de 'Caja
Madrid'.
No es la primera vez que
Carmen Cafranga está en los
medios de comunicación. El
diario '20 minutos' ya
informó en 2013 que Ignacio
González había utilizó los
servicios jurídicos públicos
de la Comunidad de Madrid
para la defensa de una
sociedad de la socia de su
mujer, cuya licencia había
sido revocada por los
tribunales. El Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) consideró
entonces que la Comunidad
actuó en defensa de un
interés "en ningún caso"
público, sino "netamente
privado". Las sociedades de
Cafranga reciben además
cuantiosas subvenciones de
la Comunidad de Madrid.
Pues bien, el nexo en común
de todos ellos, 'Subastas
Segre' es la entidad elegida
por el socio de Granados y
cabecilla de la 'trama
Púnica', David Marjaliza,
para comprar muchas de sus
obras de arte cuando estaba
en libertad y para dar
salida a sus relojes, joyas
y plumas de lujo y obtener
por ellas el valor más alto
posible ahora que está en la
cárcel.
http://www.informacionsensible.com/news/7203/Marjaliza-y-su-relacion-con-Subastas-Segre-la-empresa-de-la-mujer-de-Ignacio-Gonzalez/
GUÍA
DE LA TRAMA PÚNICA: MÁS DE
60 TOMOS, 105 DECLARACIONES
Y 300 HORAS DE ESCUCHAS
La operación
investiga el presunto amaño
de concursos públicos para
beneficiar a empresas
privadas y su relación con
altos cargos de la Comunidad
de Madrid que supuestamente
utilizaron empresas
intermediarias para
beneficiar al PP.
¿CÓMO ARRANCA LA
INVESTIGACIÓN?
La Operación Púnica nace
oficialmente el 24 de
diciembre de 2013, cuando la
Fiscalía suiza alerta a la
española de un posible
delito de blanqueo de
dinero, cometido
presuntamente por el
empresario David Marjaliza y
el ex consejero de
Presidencia y Justicia de la
Comunidad de Madrid,
Francisco Granados. Suiza
alerta de que ambos fueron
poseedores de varias cuentas
bancarias en el país
helvético y el caso -al ser
un presunto delito cometido
en suelo extranjero- pasa a
la Audiencia Nacional.
La llegada de la
documentación suiza supuso
la apertura de las
Diligencias de Investigación
nº2/2014 de la Fiscalía
Anticorrupción, que el 1 de
febrero de 2014 confía las
pesquisas a la Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil. Son sus
agentes quienes bautizan la
investigación como Operación
Púnica, en referencia al
apellido en latín del
principal imputado,
Granados. Sin embargo, en la
Audiencia Nacional el caso
recibe el nombre de
Diligencias Previas nº
85/2014 y, tras pasar a
reparto, recae el 13 de
junio de 2014 en manos del
juez Eloy Velasco, que lo
declara secreto.
El 27 de octubre de 2014,
casi un año después del
inicio de las
investigaciones, la Guardia
Civil realiza las primeras
detenciones. Los agentes
arrestan en Madrid, León,
Valencia y Murcia a 51
políticos, funcionarios y
empresarios por su supuesta
implicación en una trama de
corrupción a nivel local y
regional. Los implicados
supuestamente adjudicaban
servicios públicos a cambio
de comisiones ilegales que
después eran blanqueadas a
través de un entramado
societario. Se calcula que,
en solo dos años, la trama
se hizo con adjudicaciones
valoradas en 260 millones de
euros.
A día de hoy, ya hay un
centenar de implicados en la
causa, que sigue abierta.
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN?
Las pesquisas de la
Audiencia Nacional se
dividen en dos grandes
bloques. Por un lado, los
agentes investigan el
presunto amaño de concursos
públicos para beneficiar a
empresas privadas. La
Guardia Civil estima en 260
millones de euros el posible
beneficio para los
empresarios implicados. Como
principal beneficiada, los
informes policiales colocan
a la empresa gala Cofely,
especializada en programas
de eficiencia energética.
Según la tesis policial, la
multinacional pudo captar
hasta 160 millones de euros
en contratos amañados, tanto
de ayuntamientos como de
gobiernos autonómicos y
provinciales.
El segundo gran bloque trata
de esclarecer si altos
responsables de la Comunidad
de Madrid utilizaron
empresas intermediarias
-principalmente la
tecnológica Indra- para
abonar servicios personales
o del Partido Popular de
Madrid. Este segundo bloque
es mucho menor en cuantía
que el primero, y se basa en
testimonios como el del
empresario Alejandro de
Pedro y el ex jefe de
Informática de la Comunidad
de Madrid, José Martínez
Nicolás. Los dos declararon
ante el juez que Salvador
Victoria, ex consejero de
Presidencia de la Comunidad
de Madrid, ordenó a la
multinacional Indra abonar
130.000 euros a tres
empresas distintas por
servicios que en realidad
pertenecían a altos cargos
del PP de Madrid.
¿QUIÉNES SON LOS CABECILLAS?
Francisco Granados. Quien
fuera ‘número dos’ en el
Gobierno de la Comunidad de
Madrid cuando la dirigía
Esperanza Aguirre sigue en
prisión incondicional desde
el 27 de octubre. Dejó la
política ocho meses antes,
cuando se supo que disponía
de una cuenta en Suiza que
ascendía a 1,5 millones de
euros. Al ex alcalde de
Valdemoro y ex consejero de
Presidencia y Justicia del
Ejecutivo madrileño se le
coloca en el epicentro de la
trama como el ‘cerebro’ que
tejió la red corrupta.
David Marjaliza. El
empresario es amigo de
Francisco Granados desde la
infancia y consiguió
adjudicaciones millonarias
de contratos públicos en
varios municipios de la
Comunidad de Madrid, sobre
todo en Valdemoro, municipio
donde Granados fue alcalde.
Encabeza un complejo
entramado empresarial
dedicado a un amplio abanico
de sectores de negocio, la
mayor parte de ellos
vinculados a actuaciones
administrativas como
promociones urbanísticas,
contratos públicos o
concesiones administrativas.
¿HAY OTROS IMPUTADOS DE
RELEVANCIA?
Salvador Victoria. Es el
cargo público con más
responsabilidad implicado en
la trama. El ex consejero de
Presidencia, Justicia y
portavoz del Gobierno de la
Comunidad de Madrid en la
pasada legislatura fue
citado por el juez en
calidad de imputado para
declarar por supuestos
delitos de corrupción. El
político dimitió tras su
implicación y se negó a
declarar ante el juez, que
le retiró el pasaporte como
medida cautelar para que no
abandone el país. Se le
imputan cuatro delitos:
prevaricación, cohecho,
fraude y malversación de
caudales públicos.
Lucía Figar. La ex consejera
de Educación de la Comunidad
de Madrid contrató los
servicios de EICO para
mejorar su imagen en
Internet y la Policía cree
que se pagó con dinero
público. Aunque permanece
imputada, el juez no ha
acordado ninguna medida
cautelar contra ella.Dimitió
el mismo día que Salvador
Victoria para no perjudicar
la investidura de Cristina
Cifuentes, que dependía de
Ciudadanos para poder ser
presidenta de la Comunidad
de Madrid.
Alejandro de Pedro. Es el
director general de la
empresa Estrategia de
Identidad y Comunicación
Online (EICO), encargada de
gestionar perfiles de
políticos en Internet y de
crear páginas web
propagandísticas sobre su
gestión. Con sede en
Valencia, el implicado, en
libertad sin cargos, ha
hecho trabajos para Juan
Cotino, ex presidente de las
Cortes Valencianas; para la
Diputación de León y altos
cargos de la Comunidad de
Madrid, como Figar y
Victoria. También parece que
tenía una gran influencia en
Génova y confesó que hizo
trabajos de reputación para
Ana Botella por mediación de
Eduardo Zaplana.
Alcaldes. Los servicios de
reputación que ofrecía
Alejandro de Pedro con dos
empresas, Eico y Madiva,
supuestamente se pagaban con
fondos públicos de los
ayuntamientos donde
gobernaban los políticos
implicados en procedimientos
supuestamente corruptos. De
momento, hay seis alcaldes
de la Comunidad de Madrid
implicados en la trama (los
de Parla, Valdemoro,
Torrejón de Velasco,
Casarrubuelos, Collado
Villalba y Serranillos del
Valle); el secretario del
Instituto de Turismo de la
región de Murcia; el ex
alcalde de Cartagena, José
Antonio Alonso, y el
presidente de la Diputación
de León, Marcos Martínez
Barazón.
Altos directivos. En el
listado de imputados en esta
trama corrupta figura el
nombre del actual consejero
delegado de Indra, Javier de
Andrés González y un
promotor inmobiliario
vinculado a Granados y
Marjaliza, Ramiro Cid. En la
primera fase de la operación
fueron detenidos cuatro
altos cargos de Cofely: su
director general en España,
Didier Maurice y el director
comercial, Constantino
Álvarez de la Cueva, aunque
el asunto parece que va más
arriba. Su director general
de Servicios, Xavier Susan
Mir, también está imputado.
Al administrador único de
otra empresa implicada en la
red, Waiter Music, José Luis
Huerta Valbuena, se le
impuso la mayor de las
fianzas para eludir la
prisión: 300.000 euros.
¿CÓMO TRABAJABA LA PÚNICA?
En líneas generales,
Granados y Marjaliza
utilizaban su influencia
para conseguir comisiones
por diferentes frentes,
todos cercanos a la
política. La trama
facilitaba contratos
públicos a empresarios
afines a través de tres
cauces distintos: reputación
online, eficiencia
energética y actividades
musicales.
La compañía a la que más
contratos públicos le llovió
gracias a su afinidad con
los cabecillas de Púnica fue
la francesa Cofely, que se
hizo con muchos de los
contratos de eficiencia
energética que ofertaban
municipios de la Comunidad
de Madrid. Hay funcionarios
de algunas localidades
investigadas que han
confesado ante el juez
Velasco que recibían órdenes
de la multinacional
energética para confeccionar
el pliego de condiciones de
la adjudicación pública a
imagen y semejanza de sus
condiciones. Por eso ninguna
otra gran compañía conseguía
arrebatarle ni un solo
contrato.
El empresario Alejandro de
Pedro es el propietario de
dos de las empresas
investigadas por la trama:
Eico y Madiva. Las
entidades, que compartían la
misma sede en Valencia,
trabajaban para mejorar a
través de Internet la imagen
de los candidatos populares
las semanas previas a las
elecciones municipales.
También se crearon páginas
web zombis con noticias
positivas de sus clientes
para contrarrestar las
noticias negativas y
perfiles en Twitter falsos
para hacer propaganda a sus
clientes. Se sabe que el
valenciano trabajó para
altos cargos de la Comunidad
de Madrid, como Salvador
Victoria y Lucía Figar, y
otros destacados miembros
del PP de la Comunidad
Valenciana, como Juan
Cotino. De Pedro ayudó
también a otros candidatos
populares de la región a
posicionarse en la red de
cara a las elecciones
municipales y autonómicas.
Además, confesó ante el juez
que Indra le pagó 10.000
euros en metálico por un
trabajo hecho a la Comunidad
de Madrid.
En León, el juez Velasco
sospecha que el que fuera
presidente de la Diputación,
Marcos Martínez, intentó
amañar contratos vinculados
a la estación de esquí de
San Isidro a cambio de ganar
influencia en Génova. Su
intención era hacerse con el
control del PP de León.
Durante el interrogatorio,
el popular reconoce tratos
directos con Alejandro de
Pedro pero, sin embargo,
asegura que fue su
predecesora, la fallecida
Isabel Carrasco, quien lo
introdujo en la Diputación
leonesa.
El juez también detuvo en el
marco de esta operación a
José Antonio Alonso, ex
alcalde socialista de
Cartagena (Murcia) por
participar, junto a De
Pedro, en la estrategia de
mejorar la reputación de
altos cargos públicos.
¿HA TENIDO EL CASO
CONSECUENCIAS POLÍTICAS?
Tras las detenciones
llegaron las dimisiones. Los
seis alcaldes de la
Comunidad de Madrid
detenidos dejaron sus
puestos al frente de sus
respectivos ayuntamientos:
Parla (PSOE), Collado
Villalba (PP), Casarrubielos
(PP), Valdemoro (PP),
Torrejón de Velasco (PP) y
Serranillo del Valle (PP).
Las dos personas con más
relevancia pública que
dimitieron tras el escándalo
fueron Salvador Victoria y
Lucía Figar, ambos
consejeros de la Comunidad
de Madrid durante la
legislatura pasada. Su
imputación saltó en plena
negociación de la
investidura de Cristina
Cifuentes. Ciudadanos pidió
sus cabezas a cambio de
permitir que el PP se
hiciera con la presidencia
de la región.
También dimitieron tras su
imputación el consejero de
Industria y Turismo de
Murcia, Juan Carlos Ruiz; el
consejero delegado de la
Agencia Informática de la
Comunidad de Madrid, José
Martínez Nicolás, el alcalde
de Castellón, Alfonso
Bataller y el presidente de
la Diputación de León,
Marcos Martínez.
¿EN QUÉ MOMENTO ESTÁ LA
INVESTIGACIÓN?
David Marjaliza ha pactado
con la Fiscalía rebajar su
pena si colabora con la
Justicia. El empresario
habría revelado ante el juez
Eloy Velasco el nombre de
más municipios que amañaron
contratos con la red. El
empresario también habría
dado el nombre de los
políticos que habrían
colaborado con la trama y
que, hasta ahora, aún están
al margen de la Operación.
En una de sus declaraciones,
Marjaliza involucró a tres
aforados de la Comunidad de
Madrid: Jaime González
Taboada, consejero en el
Gobierno de Cristina
Cifuentes; Bartolomé
González, número 11 en la
misma candidatura; y Eva
Borox, la número 3 en la
lista regional por
Ciudadanos.
De momento, las 105
declaraciones que el juez
Eloy Velasco ha recopilado
en la Audiencia Nacional
conforman ya un sumario de
60 tomos y 300 horas de
grabaciones. Las
indagaciones realizadas han
permitido descubrir una
trama que, sacando provecho
de relaciones personales e
influencias políticas, han
logrado obtener de manera
irregular la adjudicación de
contratos públicos,
aprovechamientos
urbanísticos o gestiones de
cualquier tipo que,
dependiendo de autoridades
públicas, actuaban en
beneficio de las personas
físicas y jurídicas que
forman parte de la trama.
A corto plazo, se espera que
el juez levante el secreto
de sumario de los pinchazos
telefónicos de los
principales imputados en la
causa y escuchar de su
propia voz cómo amañaban las
adjudicaciones públicas.
http://www.elespanol.com/actualidad/20151015/71742835_0.html
MARJALIZA PIDE AL JUEZ SU
LIBERTAD "INMEDIATA" PARA
SEGUIR 'TIRANDO DE LA MANTA'
EN PÚNICA
El cabecillo de la trama y
socio de Francisco Granados
esgrime su colaboración con
la justicia para reclamar su
excarcelamiento.
"Es necesario el acceso a la
libertad para poder aclarar
varios extremos de la
documentación incautada",
alega.
David Marjaliza quiere
seguir 'tirando de la manta'
en el caso Púnica... pero en
libertad. El constructor y
socio de Francisco Granados
ha presentado un escrito en
la Audiencia Nacional en el
que reclama al juez Eloy
Velasco su "inmediata"
puesta en libertad con el
argumento de que su
excarcelación le permitiría
seguir "complementando" los
datos que aportó en la
confesión que durante tres
días del pasado mes de junio
hizo en la Audiencia
Nacional. En el texto, al
que ha tenido acceso
Vozpópuli, el empresario
insiste que no existe riesgo
de fuga y que la mejor
prueba de ello es,
precisamentre, que en los
últimos meses ha aportado
"datos relevantes" para el
"adecuado esclarecimiento de
los hechos". Marjaliza pide
también que si finalmente se
accede a su puesta en
libertad, en el caso de que
sea con fianza, está sea
"adecuada a sus
posibilidades" dado que
recuerda que tiene todos los
bienes intervenidos.
Marjaliza considera su
confesión de once horas ante
el propio juez Velasco como
la mejor prueba de que no
tiene intención ni de
fugarse ni de destruir
pruebas
El escrito, de cinco folios
de extensión, detalla que no
es la primera vez que pide
la excarcelación desde su
arresto el 27 de octubre del
año pasado y que, hasta
ahora, todas estas
solicitudes han sido
denegadas "de forma
reiterada". La última, el
pasado mes de marzo, cuando
el magistrado justificó
mantenerle en prisión porque
entonces aún subsistían
"importantes riesgos de
ocultación y destrucción de
pruebas". En aquella
resolución, el juez Velasco
insistía en el peligro de
"que se sigan cometiendo
hechos delictivos por el
desconocimiento del alcance
de la red empresarial
creada". De hecho, recalcaba
que en aquel momento "no han
podido conocerse todavía
todas las empresas
utilizadas o vinculadas a
David Marjaliza ni la
concreta implantación de
negocios en terceros países
no comunitarios".
Aquella decisión fue
recurrida por el empresario,
pero la Sección Cuarta de la
Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional respaldó
la posición del juez, aunque
ya entonces dio "por válidos
y acreditados" los datos que
Marjaliza aportó sobre su
"arraigo personal, familiar
y social". Este detalle es
aprovechado ahora por el
socio de Granados para
respaldar su petición de
libertad, a la que suma el
hecho del "alzamiento del
secreto" que pesaba sobre la
causa y que, en su opinión,
hace innecesaria en estos
momentos mantenerlo en la
cárcel. Además, insiste que
para preparar su defensa,
requiere analizar "la
ingente documentación
incautada" de manera
"sosegada desde una
situación de libertad, lo
que se dificulta
notablemente en situación de
prisión". Es en este punto
donde Marjaliza añade que su
puesta en libertad también
le facilitaría a seguir
'tirando de la manta'.
Información "relevante"
El empresario, que declaró
durante cerca de once horas
el pasado mes de junio para
destapar detalles de la
trama, considera que esta
confesión disipa cualquier
"riesgo" de ocultación de
pruebas y que, de hecho, su
objetivo es seguir
colaborando con la Justicia.
"Es necesario el acceso a la
libertad para poder aclarar
varios extremos de la
documentación incautada,
complementando en su caso la
declaración prestada en el
Juzgado, lo que permitiría
aclarar el contenido de las
fuentes de pruebas ya
incautadas", recalca. De
hecho, califica la
información que ha aportado
hasta ahora como "relevante"
y fundamental para
contribuir "al adecuado
esclarecimiento de los
hechos".
El socio de Granados asume
que se le imponga una
fianza, pero pide que esta
sea "proporcionada" a su
situación económica actual,
con todos los bienes y
cuentas intervenidos
Por todo ello, su abogado
pide que se modifique su
situación de prisión por "la
medida más proporcionada de
libertad provisional".
Incluso asume que ésta
incluya el pago previo de
una fianza, eso sí,
"proporcionada a sus
posibilidad reales, una vez
que se han bloqueado todas
las cuentas y saldos de los
que disponía mi
representado". El escrito
también pide que esta
petición sea tramitada de
modo preferente "y adecuada
celeridad" para "no
prolongar indebidamente la
prisión provisional de mi
representado, pues, a
nuestro juicio, la libertad
debe ser inmediata".
http://vozpopuli.com/actualidad/68785-marjaliza-pide-al-juez-su-libertad-inmediata-para-seguir-tirando-de-la-manta-en-punica
EL JUEZ DE LA ‘PÚNICA’
CRITICA LA “GRACIA DEL
MINISTRO” DE HACER SUMARIOS
EN 6 MESES
Eloy Velasco se desahoga
durante los interrogatorios
del caso: dice que no es "Speedy
González o Billy el Rápido"
Es el colectivo de jueces
uno de los más herméticos,
con sus integrantes poco
dados a opinar sobre según
qué cosas. En contadas
ocasiones, la ciudadanía
tiene constancia de las
dificultades por las que
pasan en el desempeño de sus
funciones. De ahí que el
documento al que ha tenido
acceso ELPLURAL.COM se
convierta en una interesante
herramienta de análisis del
colectivo.
Se trata de la grabación de
la declaración prestada por
Xavier Susan Mir, director
de Servicios Cofely e
imputado en el marco de la
Operación Púnica. Quien le
pregunta es el juez de la
Audiencia Nacional, Eloy
Velasco. Este le interroga
sobre sus funciones en la
compañía y el funcionamiento
de esta, así como de la
posibilidad de haber
recibido “presiones” para
generar compras que a su vez
sirviesen para “pagar
comisiones”, algo que niega
el declarante.
Mantenimiento de Génova
En otra parte de la
declaración grabada pregunta
el magistrado sobre si
participó “en reuniones con
partidos políticos” con el
tema de la eficiencia
energética sobre la mesa.
Incluso habla de una
presunta presencia del
interrogado en la sede del
PP en la calle Génova, que
recibe otra negativa como
contestación, aunque
reconoce que Cofely llevaba
el mantenimiento de la sede
‘popular’ hasta octubre.
En un momento determinado, y
tras hablar del papel del
departamento jurídico en
cuanto a las contrataciones,
el juez menciona la empresa
Aruba Gestión. Cuando Xavier
Susan Mir va a contestar se
percibe en la grabación la
voz de su abogado
aconsejándole que no lo
haga.
“Más tiempo a la ETA”
Es en ese momento, cuando el
interrogado confirma que
“siguiendo el consejo de mi
abogado” se acoge a su
derecho a no declarar y el
juez lanza un alegato de
queja contra la situación en
la que se encuentra la
magistratura. “Pues hala. Ya
llevo ciento y pico
declaraciones. Cuantas menos
declaraciones, más tiempo
que le dedico a la ETA y a
otras cosas que tengo por
ahí pendientes”.
La “gracia” del ministro
En lo que parece ser una
conversación que mantiene
con el abogado de la persona
a la que acaba de tomar
declaración, Velasco dice:
“No se crea que la gracia
del ministro de ‘hay que
hacer los sumarios en 6
meses y hay que acabar con
la gripe en un día’, pero la
gripe a veces tarda tres. Es
decir, o dan ustedes medios
o nos tiramos aquí
eternamente“.
“No soy Speedy González”
El juez, tras esas quejas,
asegura a su interlocutor no
sentirse “culpable, de
verdad, por mucha que sea la
presión. Al revés, yo creo
que si alguien supiera el
contexto de trabajo que yo
tengo, creerían ustedes que
soy Billy el Rápido o Speedy
González“, para añadir que
“no llevamos solo el asunto
Púnica, que ya va por ciento
y pico de declaraciones,
sino que tantísimas cosas a
la vez… Y lo malo es que
ahora estoy pensando en
peras y a los tres minutos
te llaman de guindas y a los
cinco minutos tienes que
hablar de pescado, y es
difícil”
Quejas justificadas
No está el colectivo de
jueces muy contento que
digamos con el Gobierno, a
propósito de la reforma de
la Ley de Enjuiciamiento
Criminal sobre la que han
opinado esta semana
distintas agrupaciones de
magistrados. Critican la
normativa porque va a dar
como resultado “la impunidad
de hechos delictivos que
debieran ser castigados”. A
modo de resumen, no son
partidarios de la aplicación
de la ley hasta que no haya
“medios personales,
materiales e informáticos
que posibiliten el
cumplimiento de la norma”.
Las quejas las han hecho
públicas a través de un
documento firmado por los
colectivos Francisco de
Vitoria, Jueces para la
Democracia y Foro Judicial
Independiente, por lo que
respecta a la judicatura, y
la Asociación de Fiscales,
la Unión Progresista de
Fiscales y la Asociación
Profesional Independiente de
Fiscales, en cuanto a los
representantes del
ministerio Público.
Una de las mayores
controversias tiene que ver,
tal y como se queja Eloy
Velasco en la grabación
citada, con el plazo que se
establece para instruir las
causas ordinarias, 6 meses,
y tan solo 18 para las
complejas, por ejemplo buena
parte de los casos de
corrupción que se investigan
ahora mismo en España, con
posibilidad de prorrogarlo a
solicitud del fiscal.
http://www.elplural.com/2015/10/18/el-juez-de-la-punica-critica-la-gracia-del-ministro-de-hacer-sumarios-en-6-meses/
C.A.MADRID. SIETE
AYUNTAMIENTOS INVESTIGAN SUS
CONTRATOS CON LA TRAMA
PÚNICA
Los alcaldes se proponen
analizar sus contrataciones
a Cofely y Waiter
El juez del ‘caso Púnica’
pide refuerzos por el atasco
de su juzgado
Un año después de las
detenciones de la trama de
corrupción Púnica, siete
Ayuntamientos de la región
—la mayoría antes en manos
del PP— abren o reabren
comisiones de investigación,
con las que pretenden
determinar si se cerraron
con empresas implicadas en
la red contratos que no se
atienen a la legalidad.
Supuestamente, según el
sumario del caso, las firmas
pagaban mordidas —por valor
del 2% del contrato— a
alcaldes a través de la
mediación de Francisco
Granados, exsecretario
general del PP de Madrid, y
de un constructor.
Seis pueblos con alcaldes
imputados no indagarán más
No habrá nuevas comisiones
en los pueblos cuyos
alcaldes están imputados en
Púnica, salvo en Valdemoro.
Parla, hoy del PP, con los
contratos más sustanciosos
con la red y con una
comisión que no echó a andar
en el anterior mandato, va a
“esperar a que dictamine la
Justicia”. Casarrubuelos,
por su parte, dejó en 20
minutos un pleno en invierno
sobre Púnica, e IU, que ha
echado al PP, espera a tener
noticias de la Audiencia
Nacional antes de actuar. En
Serranillos del Valle, hoy
gobernado por la formación
independiente Transparencia,
Democracia y Serranillos, no
hubo comisión y también
están a la espera. En
Collado Villalba prosigue el
PP y no hay visos de nuevas
pesquisas tras una comisión
en noviembre de 2014, según
la oposición llena de
obstáculos. Tampoco en
Torrejón de la Velasco, que
mantienen los populares, o
en Moraleja de Enmedio, hoy
con una inesperada mayoría
absoluta socialista y una
deuda inabordable.
En noviembre de 2014 el PP
paró en la Junta de
Portavoces de la Asamblea
que esta investigase la red
Púnica. Hoy, en minoría, no
va a poder frenar que
miembros de su partido
desfilen por la Comisión de
corrupción. Podemos ha
pedido la comparecencia por
Púnica de la expresidenta
Esperanza Aguirre, del
exlíder socialista Tomás
Gómez y de Granados.
Valdemoro. La corporación,
con la abstención del PP, ha
aprobado una comisión que
analice la deuda de 91
millones generada en los dos
últimos mandatos y que
podría estar salpicada por
la trama, ya que dos
alcaldes populares, José
Miguel Moreno y José Carlos
Boza, se encuentran
imputados. Es también la
localidad (73.000
habitantes) de Granados.
Hubo una primera comisión
que resultó un fiasco. Las
placas de los regidores se
han quitado de las calles.
Móstoles. En la primera
comisión, bajo gobierno del
PP, se vetó la comparecencia
del anterior regidor, Daniel
Ortiz, y de Alejandro
Utrilla, un concejal
imputado en el caso. El
municipio (205.700
habitantes) adjudicó a
Cofely en mayo de 2014 un
concurso energético de 72
millones de euros. Para
PSOE, IU y Ganar Móstoles,
la comisión se “cerró en
falso” porque se impidió
examinar los contratos con
la empresa de fiestas Waiter
Music y con Atención Social
y Estancias Residenciales (Asersa),
empresas que se relacionan
con Púnica. A mediados de
septiembre, ya con regidor
socialista, se ha partido de
cero.
Getafe. Hace un mes que
empezaron los trabajos de la
comisión encargada por Sara
Hernández, alcaldesa de la
localidad (173.000
habitantes) y secretaria
general de los socialistas
madrileños. Getafe adjudicó
a Cofely un contrato de 1,2
millones de euros en 2009
—cuando aún gobernaba el
PSOE— y otro de 164.000
euros en 2013 (ya con el PP
de Juan Soler). También hay
relación contractual con
Waiter Music. Las actas de
los encuentros, que son a
puerta cerrada, se colgarán
en la web de transparencia.
Madrid. A petición del PSOE
y con el respaldo de Ahora
Madrid, la capital ha
abierto una “investigación
interna” de sus contratos, y
si encuentra indicios dará
paso a una comisión. Cofely
logró contratos por 239.00
euros y Waiter Music por
145.000 euros en las fiestas
de La Paloma.
Leganés. A petición de IU y
Leganemos, se ha inaugurado
una comisión que indagará en
los contratos a Cofely y
Waiter. El nombre de algún
concejal del PP aparece en
el sumario de Púnica, pero
su partido recuerda que
nadie ha sido imputado. El
PSOE tiene hoy el bastón de
mando de este municipio de
186.700 vecinos.
Alcorcón. Hace 20 días se
constituyó la comisión de
esta ciudad de 170.400
habitantes. El consistorio
va a investigar las
adjudicaciones en fiestas a
Waiter por 550.000 euros y
dos contratos menores a
Colefy. Ciudadanos preside
la comisión en una localidad
que sigue en manos del PP.
El partido recuerda que la
Justicia ni ha registrado ni
pedido ningún papel al
Ayuntamiento en estos meses.
Hoyo de Manzanares. Por los
votos en contra de la
oposición y de un concejal
popular el municipio (7.800
residentes) no llegó a
firmar bajo gobierno del PP
un contrato energético de
cinco millones de euros por
15 años con Cofely. Una
comisión estudia desde
septiembre cómo fueron las
gestiones. El PP sigue en el
poder, pero ha perdido la
mayoría absoluta.
En Alcobendas (PP), con
contratos de publicidad en
entredicho, ha caído el saco
roto la propuesta de Podemos
de crear una comisión.
Mientras que Alcalá, de
nuevo socialista, se centra
en la Operación Flauta, una
supuesta corrupción que
implica a la exconcejal de
fiestas del PP Virginia
Sanz. Aranjuez (PSOE)
enviará a la fiscalía los
contratos por 710.000 euros
con Waiter, que tenía allí
su sede.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/23/madrid/1445632327_325851.html
C.A.MADRID. EL PP DE MADRID
AHONDA SU DIVISIÓN A MENOS
DE DOS MESES DE LAS
GENERALES
La destitución de Jesús
Gómez como portavoz del PP
en la comisión de
investigación evidenció la
ruptura, cada día mayor y
peor disimulada, en la
bancada popular
Las críticas del Ejecutivo
de Cristina Cifuentes a la
gestión de los Gobiernos de
Esperanza Aguirre e Ignacio
González y el arranque de la
comisión de investigación
sobre corrupción —que
comienza la semana que viene
en la Asamblea de Madrid y
en la que podrían comparecer
los últimos dos
expresidentes autonómicos—
han ahondado la fractura
entre los partidarios de la
actual gobernante y el
sector que se mantiene fiel
a la presidenta y el
secretario general del PP de
Madrid. El pulso entre los
dos sectores se ha agudizado
a menos de dos meses para
las elecciones generales de
diciembre y se produce antes
de que Cifuentes presente
los presupuestos de 2016,
para cuya aprobación
necesitará el apoyo en la
Asamblea de Ciudadanos.
Una comisión de
investigación ágil y con
repreguntas
PSOE, Podemos y Ciudadanos
han solicitado de urgencia
la modificación de las
reglas básicas para la
composición, organización y
funcionamiento de la
comisión de investigación
sobre corrupción política
que comienza la próxima
semana. La reclamación
principal de la oposición es
que los comparecientes y los
grupos parlamentarios
alternen preguntas y
respuestas.
“Queremos que el formato sea
de pregunta y respuesta, con
repreguntas, para que sea
más ágil y nos permita a
todos sacar unas mejores
conclusiones”, explica un
diputado socialista, que
pone de ejemplo la comisión
que se creó a raíz del
tamayazo en 2003, cuando dos
diputados de su partido
impidieron un Gobierno de
izquierdas liderado por
Rafael Simancas (PSOE). El
PP no es partidario de un
formato con repreguntas.
Los tres partidos de la
oposición también son
favorables a que se pueda
solicitar “más de una vez”
la comparecencia de una
misma persona o autoridad en
el mismo periodo de
sesiones, “siempre que
resulte estrictamente
imprescindible” para las
labores de información de la
comisión.
La duración de cada sesión
solicitada por la oposición
es que sea de un máximo de
cinco horas. La
documentación aportada en la
comisión se digitalizaría y
debería ser accesible en la
web de la Asamblea, en un
espacio reservado a la Mesa
del Parlamento y los
portavoces de la comisión.
PSOE, Podemos y Ciudadanos
también quieren que, en el
caso de que “se dedujeran
indicios racionales de
criminalidad para alguna
persona”, el Parlamento
regional “lo ponga en
conocimiento” del ministerio
fiscal.
La destitución de Jesús
Gómez como portavoz del PP
en la comisión de
investigación —tras su
desplante abandonando una
reunión con los
representantes de los demás
grupos— enardeció los ánimos
y evidenció la división,
cada día mayor y peor
disimulada, en la bancada
popular en la Asamblea. En
ella, los leales a Cifuentes
son minoría. De los 48
diputados del PP —en 2011
eran 72 de los 129 del
hemiciclo—, tan solo una
docena respalda de manera
indudable a la presidenta
regional. El resto le deben
mayoritariamente el escaño a
Aguirre. “La mayoría de
diputados se han quedado
huérfanos. Entre ellos, hay
algunos que mantienen lo que
se diría una neutralidad
hostil o abierta”, resume un
dirigente regional del
partido.
La elección de Alfonso
Serrano como nuevo portavoz
en lugar del exalcalde de
Leganés —aguirrista confeso,
pese a sus diferencias con
la presidenta del PP desde
2004 por no dejarle
presentarse como candidato
municipal en las elecciones
de mayo— es una muestra más
de cómo Cifuentes trata de
situar en puestos
estratégicos a políticos de
su confianza. Serrano entra
dentro de esos baremos, pues
pertenece a la dirección
nacional del PP (es
responsable del departamento
electoral). Esto es, es uno
de los enlaces de Cifuentes
con el presidente del
partido y del Gobierno,
Mariano Rajoy.
La confección de la lista
autonómica es uno de los
principales quebraderos para
Cifuentes. El pesar de la
presidenta del Gobierno de
la Comunidad trascendió a
mediados de abril, cuando
todavía quedaba más de un
mes para las elecciones
autonómicas. “La lista no la
he hecho yo, la lista la ha
hecho el PP de Madrid”,
expresó Cifuentes su
descontento. Seis meses
después, la confección de
las listas ha trasladado la
ruptura en el PP de Madrid
al Parlamento regional.
Tan solo una docena de
diputados respalda de manera
indudable a la presidenta
regional
La sensación en el entorno
de Aguirre y González es que
Cifuentes “va a por ellos
para reforzar su posición”.
Y la responsabilizan de la
comisión de investigación
sobre la corrupción, que
Ciudadanos no ha sacado
adelante en Andalucía, donde
gobierna Susana Díaz (PSOE),
pero sí en Madrid. La
reunión la semana pasada de
González con el portavoz
socialista en la Asamblea,
Ángel Gabilondo, en relación
con la comisión de
investigación de la
corrupción y en la que el
secretario general del PP de
Madrid criticó a Cifuentes,
según fuentes socialistas,
es otra demostración de la
crisis que sacude al
partido. “Hay crisis porque
hemos perdido poder”,
resumen en el grupo
parlamentario.
Después de 20 años de
mayorías absolutas en la
región, el PP gobierna en
minoría tras el acuerdo de
investidura de Ciudadanos.
La pérdida de poder
municipal también se ha
vivido como una hecatombe en
la formación: si en 2011
gobernaba en 141 de los 179
municipios madrileños, el PP
lo hace ahora en poco más de
80, tras alcanzar solo en 62
la mayoría absoluta.
El trasfondo del conflicto
que divide al PP de Madrid
está en el ascendente, en
clave nacional, de Cifuentes
en el partido. La dirigente
es la favorita para suceder
a Aguirre al frente del PP
de Madrid, donde manda desde
2004. Su política de
derechos sociales (ley del
aborto, matrimonio
homosexual) contrasta con la
versión más conservadora que
existe en el PP. Además,
Cifuentes también se ha
forjado una imagen —muy
considerada dentro del
partido— como potencial
ejemplo a seguir, de ser
capaz de gobernar en minoría
y llegar a acuerdos con
otras formaciones en un
partido acostumbrado a
gobernar en solitario las
últimas dos décadas.
El resultado de las
generales marcará el futuro
del PP de Madrid.
En contra de Cifuentes pesa
que, por más que el Gobierno
regional la ha dotado de
poder institucional, resulta
insuficiente ante el
desplome municipal del PP y
el legado de Aguirre.
El resultado de las
generales marcará el futuro
del PP de Madrid. La
continuidad de Rajoy en el
Gobierno beneficiaría a
Cifuentes, ya que la
reforzaría ante el congreso
del PP autonómico, que se
celebrará a más tardar a
finales de abril. Por el
contrario, el candidato que
presente Aguirre ganaría
puntos si Rajoy pierde el
Gobierno. González, teórico
sustituto de Aguirre, ya ha
dejado claro su desinterés
en relevar a la todavía
presidenta del PP madrileño,
que en junio anunció que no
se presentaría a la
reelección.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/26/madrid/1445892640_714631.html
C.A.MADRID. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ABRE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA
TRAMA PÚNICA
A petición del PSOE y
con apoyo de Ahora Madrid,
se plantea una comisión de
investigación
Justo un año después de la
detención por presunta
corrupción del que fuera
número dos de Esperanza
Aguirre en el PP entre 2004
y 2011, Francisco Granados,
y solo cinco meses después
de que esa formación
perdiera la mayoría absoluta
y el gobierno municipal en
Madrid, el Ayuntamiento de
la capital investigará los
contratos firmados en los
últimos años con el
entramado de la Operación
Púnica. Lo hará a petición
del PSOE y con el respaldo
de Ahora Madrid, que se
plantean incluso abrir una
comisión de investigación
política.
El pleno aprobará el próximo
miércoles “realizar una
investigación interna”,
tanto en el Ayuntamiento
como en las empresas y
organismos municipales,
“para determinar qué
contratos suscribieron con
las sociedades investigadas
judicialmente”, y someterlos
a “un análisis exhaustivo
con el objetivo de comprobar
la concurrencia o no de
hechos que pudieran ser
ilícitos”. Evidentemente, de
hallar indicios delictivos
se pondrían en conocimiento
de los órganos judiciales.
Pero, en caso de encontrar
el mínimo rastro sospechoso,
el PSOE y Ahora Madrid
forzarán la constitución de
una comisión de
investigación política en el
pleno municipal.
Esta investigación no parte
de cero. Las dos empresas
que aparecen indiciariamente
en el centro de la trama de
corrupción firmaron
contratos con el
Ayuntamiento de Madrid en
los últimos años, según ha
constatado el PSOE.
Las fiestas de La Paloma
Cofely, filial española de
la multinacional francesa
GDF Suez, se hizo en 2012
con el contrato del
mantenimiento de los
edificios del organismo
Madrid Emprende por un
importe de 101.217 euros, a
los que se sumaron otros
20.647 por otro inmueble en
la calle de Bailén. Ese
mismo año obtuvo un contrato
de servicios en las
instalaciones deportivas de
distrito por 101.651 euros.
Y, en 2014, asumió el
mantenimiento del sistema de
control de las instalaciones
de la Empresa Municipal de
Transportes en Sanchinarro y
Carabanchel por 18.150
euros.
Respecto a Waiter Music,
cuyo responsable (José Luis
Huerta) también fue
detenido, se encargó de las
fiestas de San Cayetano, San
Lorenzo y La Paloma en 2013
y 2014 (por 55.660 y 58.876
euros, respectivamente). El
juez instructor, Eloy
Velasco, investiga si la
trama se enriqueció con
comisiones pagadas por
Ayuntamientos a esta
empresa, que organizaba
festejos en la región.
El magistrado ha solicitado,
además, un gran volumen de
documentación a 12
Ayuntamientos de toda
España, entre ellos el de la
capital, ante los “indicios
racionales de delitos” en
algunos de ellos. En este
caso, la Guardia Civil
señaló que el empresario
Alejandro de Pedro, también
imputado, había logrado que
algunos Ayuntamientos le
pagaran publicidad
institucional en diarios
digitales, en realidad un
pago en especie encubierto
por “trabajos de reputación
de autoridades y cargos
públicos”.
El PP gobernó la capital
entre 1991 y 2015. No hay
ningún concejal, exconcejal
o alto cargo municipal de la
capital imputado en la
Operación Púnica. El juez sí
considera que el anterior
Gobierno regional, dirigido
por Ignacio González, amañó
supuestamente contratos a
favor de la trama; y ha
imputado a dos exconsejeros
(Salvador Victoria y Lucía
Figar).
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/24/madrid/1445683982_380930.html
C.A.MADRID. UN SEGUNDO
EMPRESARIO CONFIESA QUE
RECIBIÓ POR ORDEN DE
SALVADOR VICTORIA “SOBRES
CON DINERO NEGRO” PARA LA
‘PÚNICA’
El magistrado dio especial
relevancia en el
interrogatorio del
exconsejero al hecho de que
"un segundo señor" fuera al
juzgado "a confesar que, por
orden de usted, se han hecho
pagos en negro"
"Eso carece de la más mínima
prueba, es falso, yo a ese
señor no le he visto en mi
vida. No he encargado nada a
nadie", se defendió el ex
número dos del Gobierno
madrileño del PP
El juez Eloy Velasco, que
instruye en la Audiencia
Nacional la operación
Púnica, aseguró durante la
declaración como imputado de
Salvador Victoria que el
empresario Víctor Torres es
el segundo que reconoce en
sede judicial haber recibido
"sobres con dinero negro por
orden" del exconsejero de
Presidencia madrileño.
En el interrogatorio de
Victoria desarrollado el
pasado 25 de septiembre, a
cuya grabación ha tenido
acceso infoLibre, Velasco
llega a asegurar: Víctor
Torres dijo que "recibió
sobres de usted en dinero
negro, que él entregó en el
Hotel de las Artes a
Alejandro de Pedro". El
magistrado da especial
relevancia a este
testimonio: "Ya es distinto
a Indra, esto es que un
segundo señor viene al
Juzgado a confesar que, por
orden de usted, se han hecho
pagos en negro al señor
Alejandro de Pedro y
especificó hasta el
sitio...".
Velasco se refiere en la
declaración al hasta ahora
pago conocido en sobres, que
tal y como reconocieron los
implicados, se realizó en un
coche en La Moraleja
(Madrid). El propio De Pedro
reconoció haber recibido "de
un señor de Indra" 10.000
euros en un sobre a
instancias de Salvador
Victoria. Pero el juez
también aporta el dato
gracias a la declaración del
empresario Víctor Torres,
que está imputado en el
caso.
"Amigo personal de Victoria"
Según el juez, Torres le
reconoció que "esto no
estaba bien hecho", pero que
lo hizo porque "un amigo
personal de Victoria", que
era Sergio Ortega Hernando,
le subcontrataba a él los
trabajos que le adjudicaba
previamente Victoria. Por
eso aceptó el encargo de
Ortega para que entregara
los sobres a De Pedro. "En
teoría era lo que le daban a
Alejandro de la Comunidad de
Madrid por lo que le debían
-dice-. [Sergio] me dijo que
era dinero que le debían a
Alejandro", explicó Torres
al juez en su declaración
del pasado septiembre.
"¿Qué tiene que decir a
esto?", le preguntó entonces
Velasco al exconsejero
madrileño, que contestó:
"Eso carece de la más mínima
prueba, que es falso, que yo
a ese señor no le he visto
en mi vida, que no he
encargado nada a nadie y
mire usted, el uso que hagan
de mi nombre, que habrán
hecho en miles de ocasiones,
es ajeno a mi".
"Ponía los micrófonos"
Pero en el interrogatorio,
Velasco aporta datos de la
investigación realizada al
empresario Sergio Ortega
Hernando, supuesto amigo de
Victoria: "¿Usted no ha
procurado trabajo a Imagen
de Síntesis Digital?. Es la
que ponía los micrófonos,
los ordenadores y los
altavoces en los actos" de
la Comunidad de Madrid",
relató el juez a Victoria,
que contestó de forma
escueta: "Es que yo no me
ocupo de estos temas".
Y el instructor siguió con
el interrogatorio,
planteando la "hipótesis" de
que si Victoria hubiera
decidido que estos actos se
adjudicaran a la empresa de
Sergio Ortega Hernando, "y
hace muchos actos, al final
empezará a ganar dinero...".
"Ya", interrumpió el
consejero, que echando
balones fuera reiteró que él
no se ocupaba de la
contratación: "Y recuerdo
que hicimos hasta un
concurso público de
celebración de actos para
ese tipo de cosas y lo
montaba una empresa, que no
sé qué empresa es, que yo no
he visto en mi vida, no la
he visto en ningún trabajo".
184.000 euros
Velasco añade entonces la
información recabada de la
Comunidad de Madrid sobre la
facturación de la empresa de
Sergio Ortega Hernando, a
quién se le considera
"amigo" de Victoria: "Imagen
Síntesis Digital facturó con
la Comunidad de Madrid en
2009 unos 30.000 euros;
53.000 euros en 2010; 42.000
en 2011; y 65.000 en 2012. Y
he empezado a mirar el Canal
de Isabel II Gestión
[presidido por Salvador
Victoria], y solo en 2014
facturó un total de 184.000
euros. Para ser una empresa
que pone dos altavoces y dos
ordenadores...".
En este punto del
interrogatorio, Velasco le
vuelve a hacer una pregunta
directa a Victoria.
"¿Entonces no le ha
procurado trabajo a cambio
de adjudicaciones de la
Comunidad al señor Ortega,
que lo ha realizado sin
embargo el señor Torres? ¿Le
ha pedido que le cubra
trabajos que han realizado
ellos a través de
facturación falsa al señor
Torres?¿No le ha pedido el
señor Víctor Torres...?". Y
ante esta última
interpelación, Salvador
Victoria interrumpió al
instructor: "Es que yo con
el señor Torres no he
hablado en mi vida. No sé
quién es".
"¿Entonces no es verdad que
le hayan llegado sobres de
usted para pagarle a
Alejandro de Pedro y que ha
intervenido el señor
Torres?", replicó Velasco a
Victoria, que dijo: "Ni este
señor ni nadie. No es verdad
que le haya dado ningún
sobre por orden, mediación o
indicación mía, a nadie, es
falso".
Borja Sarasola
En el interrogatorio,
Velasco se interesó también
sobre los contratos del PP.
En concreto, sobre si el
propio Victoria o el
exdiputado del PP en la
Asamblea de Madrid Borja
Sarasola habían contratado a
las empresas vinculadas a la
Púnica para realizar
encuestas con la intención
de conocer la opinión de los
madrileños sobre el Partido
Popular de esta Comunidad.
Pero Victoria volvió a
recurrir al recurso de
asegurar que él no era el
responsable de contratación
del PP madrileño: "Yo no
tengo ninguna facultad para
contratar en el PP de
Madrid. Yo he estado
coordinando las actuaciones
judiciales del PP, yo no
contrato a nadie".
Asimismo, Velasco se
interesó sobre si tenía
algún dato sobre los
contratos del PP a la
empresa Demométrica para
realizar encuestas: "Una vez
me comentó Borja Sarasola
que se estaba haciendo una
encuesta en la primavera de
2014, y contacté con la
empresa para ver si me podía
comentar algo, pero me dijo
que no lo podía hacer".
Y el magistrado interrumpió
a Victoria para preguntar:
"¿Quién contrató y cómo se
pagó?". "De la Comunidad...
que yo sepa no, las pagaría
el PP, de la Comunidad de
Madrid en absoluto",
contestó el imputado al
juez.
Complicado reconocer su voz
Pero a lo largo de la
declaración, y tras la
lectura de una de las
conversaciones, Victoria,
que dijo que era "muy
complicado" reconocer su voz
en las grabaciones,
reconoció haber "pecado",
porque Alejandro de Pedro le
agobiaba ya que le debían
dinero.
Y Victoria explicó su
versión de una conversación
grabada por la Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil que leyó el
juez, en la que se
comprometía a pagar al
considerado como conseguidor
de la Púnica, Alejandro de
Pedro.
"Yo cuando le contestaba al
teléfono sabía que podía
hacerle llegar un mensaje de
tranquilidad. ¡Oye!, ¡qué
sabemos que estás agobiado!,
no te preocupes que algo
haremos. [El jefe de
informática de la Comunidad
José] Martínez Nicolás me
acababa de contar que estaba
presionando, de alguna
manera a Indra...
presionando no ilegalmente,
para que le recibieran. Y
bueno, yo lo que a lo mejor
sí pequé fue de exagerado al
decir que se vea que estamos
intentando a ver si le puede
recibir alguien de Indra",
dijo el exconsejero
madrileño, en relación a su
supuesta intermediación con
la empresa Indra para que
ésta abonara dinero en negro
al conseguidor de la Púnica.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/10/21/un_segundo_empresario_confiesa_que_cobro_comunidad_madrid_dinero_negro_sobres_para_punica_39506_1012.html
C.A.MADRID.EL JUEZ DE PÚNICA
INVESTIGA UN CONTRATO DE 26
MILLONES A SACYR PARA PONER
MULTAS EN VALDEMORO
El magistrado cree haber
encontrado "indicios de
corrupción" en el contrato
adjudicado en 2012 a la UTE
formada por la constructora
y su filial Valoriza para
regular el estacionamiento
de la localidad considerada
el epicentro de la trama.
En el 'caso Púnica' no todo
fueron 'pelotazos'
urbanísticos y amañados
contratos de eficiencia
energética. El titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy
Velasco, ha ordenado
recientemente a la Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil investigar
una nueva adjudicación del
Ayuntamiento de Valdemoro
tras haber encontrado
"indicios de corrupción" en
el
procedimiento para su
concesión. Se trata, en
concreto, de la que
consiguieron en el verano de
2012 Sacyr y su filial
Valoriza para gestionar
durante 25 años el
estacionamiento regulado en
la localidad considerada el
epicentro de la trama. Un
contrato de 26 millones de
euros por poner multas y
retirar con la grúa los
coches mal aparcados que
salpica directamente al que
era alcalde de esta ciudad
del sur de Madrid cuando se
produjeron las detenciones,
el 'popular' José Carlos
Boza Lechuga, y a su jefe de
Gabinete, Alfredo Ovejero
López, ambos imputados.
Informes de la Agencia
Tributaria destacan las
relaciones de la UTE que se
hizo con el contrato para
gestionar el aparcamiento en
Valdemoro y varias empresas
de la trama
Pese a que las pesquisas
sobre dicho contrato se han
iniciado recientemente y aún
están en una fase "muy
incipiente", según fuentes
cercanas a la investigación,
en el sumario constan ya
varias referencias al mismo
y, más en concreto, a la
Unión Temporal de Empresa
(UTE) Valdemoro Movilidad
que se hizo con él en julio
de 2012 y en la que
participa de manera
destacaba Valoriza. De
hecho, figuran diversos
informes de la Agencia
Tributaria en los que se
detallan las supuestas
conexiones entre la
adjudicataria y algunos de
los implicados de la trama y
sus sociedades. Así, los
expertos de Hacienda
destacan que mientras la UTE
recibía del consistorio
cerca de un millón de euros
(59.556 euros por los
últimos veinte días de
diciembre de 2012 en los que
se inició el servicio y
918.647 euros por todo el
año siguiente), ésta
entregaba a su vez 25.410
euros en 2012 a Anaid
Gestión SL, una de las
empresas claves del
entramado de David
Marjaliza. No es la única.
También hay vínculos con
Valescar Parking, otra de
las mercantiles investigadas
en el 'caso Púnica'.
Pese a dichos informes de la
AEAT, portavoces oficiales
de Sacyr negaban a Vozpópuli
cualquier irregularidad en
el proceso por el que la
compañía y su filial se
hicieron con el millonario
contrato y aseguraban que la
primera noticia de que él
mismo estaba siendo
investigado por el juez Eloy
Velasco la tenían por la
llamada de este diario.
"Nadie, ni el magistrado ni
la Guardia Civil, se han
dirigido a nosotros para
solicitarnos la
documentación", aseguraban,
antes de recalcar que todo
"se ajustó a la legalidad,
tanto en la licitación como
en la adjudicación", y que
el servicio se seguía
prestando sin incidencias.
También rechazan la
existencia de amaño los dos
principales responsables del
Ayuntamiento de Valdemoro
investigados por el mismo,
el alcalde cuando se
concedió, José Carlos Boza,
y su mano derecha y jefe de
Gabinete, Alfredo Ovejero.
Ambos han presentado en los
últimos días recursos ante
la Audiencia Nacional para
criticar, precisamente, la
decisión del juez Eloy
Velasco de incluir este
contrato entre las que se
investigan en el sumario.
90 millones en contratos
bajo sospecha
De hecho, con él son ya seis
adjudicaciones bajo sospecha
las que ponen a ambos en el
punto de mira judicial.
Media docena de licitaciones
que suman cerca de 90
millones de euros. Así,
además del contrato de Sacyr
y Valoriza, la UCO tiene
abiertas pesquisas por el
contrato de eficiencia
energética adjudicado a
Cofely-GDF Suez en diciembre
de 2013 por un importe de
60,8 millones de euros; los
firmados con Waiter Music
para las fiestas patronales
de mayo y septiembre de 2014
por 300.000 euros; uno para
la recogida de ropa usada en
las calles de Valdemoro de
agosto de 2014; otro del
mismo año para vallas de
publicidad y la concesión de
un bar restaurante también
en esa época. Todos ellos
aparecen citados en un auto
del pasado 6 de octubre, al
que ha tenido acceso
Vozpópuli, y en el que el
magistrado recuerda que fue
la crisis del ladrillo la
que llevó a la trama Púnica
a dejar a un lado la
corrupción inmobiliaria y
buscar otros ámbitos de
actuación.
El juez Velasco investiga al
exalcalde Boza Lechuga y a
su mano derecha por seis
adjudicaciones del
Ayuntamiento de Valdemoro
que suman cerca de 90
millones de euros
No es la primera vez que
ambos imputados remiten al
juez del 'caso Púnica'
recursos en los que piden
que se sobresea la causa
contra ellos tras negar
cualquier responsabilidad en
las numerosas
irregularidades investigadas
en el Ayuntamiento de
Valdemoro. De hecho, el
antiguo edil, que dimitió
precisamente cuando estaba
encarcelado por esta causa,
acusa de todas ellas a su
antecesor, el también
imputado José Miguel Moreno
Torres (PP). En un escrito
que remitió a la Audiencia
Nacional el pasado mes de
febrero, y que fue
adelantado por este diario,
él se presentaba como
alguien sin capacidad de
maniobra que se encontró
hechas tanto las listas
'populares' con las que ganó
las municipales de 2011 como
el equipo de gobierno tras
su victoria. De hecho,
afirmaba que ni siquiera
eligió a su secretaria, la
cual "heredó" y que, por
supuesto, tampoco seleccionó
"los cargos municipales más
destacados como Urbanismo y
Hacienda". Su capacidad de
maniobra, afirmaba, se
limitó a seleccionar quiénes
ocuparían "concejalías
menores" y al jefe de su
Gabinete, Alfredo Ovejero,
precisamente el otro
investigado por los seis
contratos bajo sospecha.
En esta línea de defensa,
Boza Lechuga detallaba 22
supuestos 'pelotazos'
registrados en su municipio
de los que hacía responsable
a su antecesor, Moreno
Torres. De éste, que fue
imputado cuando dejó de ser
aforado tras no ser incluido
por el PP en las listas a
las autonómicas de Madrid
del pasado mes de mayo,
recordaba en aquel escrito
que ocupó la alcaldía de
Valdemoro "desde el 3 de
diciembre de 2003 hasta el
mes de junio de 2011, esto
es ocho años". Además
recalcaba que su vinculación
con la gestión del
consistorio era muy
anterior, ya que se
remontaba "hasta el año
1999, momento en que se
incorporó al equipo de
Gobierno de Francisco
Granados", el exdirigente
del PP madrileño señalado
por la investigación como
uno de los cabecillas de la
trama Púnica.
En el mismo escrito, el
exalcalde también negaba la
existencia de
irregularidades en uno de
los seis contratos
adjudicados bajo su gestión
ahora bajo sospecha. En
concreto, el que se concedió
a Cofely para la eficiencia
energética del municipio.
Boza Lechuga recalcaba que
la oferta de esta empresa,
cuatro de cuyos directivos
fueron arrestados en la
'Operación Púnica', ganó
porque fue la única que se
presentó al concurso, además
de que los técnicos del
Ayuntamiento concluyeron que
con su propuesta el
consistorio podría recortar
en 300.000 euros anuales el
coste para las arcas
municipales de la factura en
luz y otros combustibles. El
juez Velasco no le cree y le
sigue investigando por éste
y otros cinco contratos,
entre ellos el adjudicado a
Sacyr para poner multas de
aparcamiento.
http://vozpopuli.com/actualidad/69987-el-juez-de-punica-investiga-un-contrato-de-26-millones-a-sacyr-para-poner-multas-en-valdemoro
C.A.MADRID.
MARJALIZA DICE ANTE EL JUEZ
QUE PAGÓ VIAJES A DOS CARGOS
DE CIUDADANOS
El presunto cerebro de
'Púnica' dijo que pagó con
viajes y lotería a un edil
de Valdemoro y su mujer,
diputada en la Asamblea de
Madrid
El presunto cerebro de la
trama Púnica, el empresario
David Marjaliza, ha
implicado ante el juez a dos
cargos de Ciudadanos en la
Comunidad de Madrid. Según
su extensa declaración, en
la que colaboró con el
instructor de la causa y
confesó haber realizado
pagos a diversas personas,
atribuyó dádivas a un
matrimonio cuyos miembros
pertenecen en la actualidad
al partido que lidera
Rivera.
El primero es Raúl del Olmo,
primer teniente de alcalde
de Valdemoro, el municipio
del que Francisco Granados
fue alcalde durante años.
Ciudadanos se hizo con el
gobierno de este municipio
tras las elecciones
autonómicas y municipales de
mayo de este año. Del Olmo
es además concejal de
Seguridad Ciudadana,
Movilidad y Deportes en el
gobierno municipal.La
segunda persona es la pareja
de Del Olmo, la diputada de
Ciudadanos en la Asamblea de
Madrid Eva Borox.
Según declaró David
Marjaliza ante el juez Eloy
Velasco, él mismo pagó
viajes al matrimonio, y
también aseguró que les
había dado dos boletos de
lotería premiados con
diversas cantidades. La
declaración judicial de
Marjaliza aún continúa bajo
secreto de sumario, pero
diversas fuentes del caso
confirmaron que en el
contenido de la declaración
están estas acusaciones
contra los dos políticos.Las
supuestas dádivas, sin
embargo, se retrotraen a
hace 10 años, cuando
Ciudadanos todavía no
existía como partido
político.
La entonces concejal de PSOE
Eva Borox, que vivía en
Valdemoro, tenía problemas
con Granados y Marjaliza,
según su versión. Ella misma
ha manifestado varias veces
que no tenía más que
problemas con los dos amigos
ahora encarcelados en el
caso Púnica, y que llegó a
poner varias denuncias por
corrupción en el
Ayuntamiento de Valdemoro.
Este jueves, la diputada
negó a este periódico que
haya recibido nunca nada de
Marjaliza, e hizo hincapié
en que tampoco tendría
sentido que lo hubiera
hecho: «Sólo fui portavoz
del PSOE un año, estando en
la oposición contra una
mayoría absoluta del PP, y
además todos mis votos de
los plenos tenía que
consultarlos con el PSM
porque Simancas había puesto
una gestora en Valdemoro. Es
decir, mis votos no influían
para nada en adjudicaciones
ni contratos».
La diputada madrileña está
convencida de que «esta
declaración se ha realizado
para hacer daño a
Ciudadanos, porque a mi
marido también le hicieron
la vida imposible siendo
policía local en Valdemoro y
ahora no soportan que
Ciudadanos gobierne allí y
que además los que estuvimos
luchando contra la
corrupción ahora estemos en
el Gobierno municipal y en
la asamblea de Madrid».
Hay que recordar que uno de
los epicentros de la trama
investigada por la UCO de la
Guardia Civil es este
municipio del sur de Madrid,
donde Granados fue alcalde,
pero también se detuvo a
otro ex alcalde del PP, José
Miguel Moreno (famoso por
las escuchas del sumario de
la operación Púnica en las
que afirmaba que se metió a
diputado de la Asamblea de
Madrid para «tocarse los
huevos»).
Precisamente hace un par de
días que la corporación
actual de Valdemoro ha
comenzado a retirar todas
las placas que había en
lugares públicos para
recordar a los ex alcaldes
detenidos. Desde Ciudadanos,
su portavoz en la Asamblea
de Madrid, Ignacio Aguado,
dijo a este periódico que
«por ahora, nada prueba que
esto sea verdad, y Eva [Borox]
ha negado repetidas veces
que haya aceptado nada de
Marjaliza.
Y hay que recordar que es
Marjaliza el que está en la
cárcel».Aguado hizo hincapié
en que Borox, sobre la que
ya se publicó este verano
una parte de la declaración
de Marjaliza, ha puesto su
acta de diputada a
disposición del partido si
llegaran a imputarla, y
desde C's insisten en que la
política del partido es que
«cualquier miembro que sea
imputado en un caso de
corrupción política,
independientemente de que al
final se archive el caso,
será expulsado del partido».
Esta es la primera vez que
se conoce lo de los
supuestos viajes como parte
de la declaración judicial
del empresario investigado
y, por su parte, Borox negó
haber recibido ningún viaje
ni décimo de lotería por
parte de Marjaliza, e
insistió en que su relación
nunca fue buena, aunque se
conocieran porque Valdemoro
es un lugar relativamente
pequeño.El matrimonio ha
decidido esperar para
conocer el contenido de la
declaración de Marjaliza una
vez que se levante el
secreto y tomar medidas
legales para defenderse.
http://www.elmundo.es/madrid/2015/10/16/56200bfd268e3ee2538b465e.html
C.A.MADRID.
GRANADOS ADMITE EN UNA CARTA
QUE TRASPASÓ SU CUENTA SUIZA
A MARJALIZA
El presunto 'cerebro' de la
Púnica, a su vez,
“transfirió esos fondos y
otros a otras cuentas, y la
fiscalía suiza le abrió una
investigación"
Granados admite en una carta
que traspasó su cuenta suiza
a Marjaliza
Una carta dirigida a EL PAÍS
y firmada por Francisco
Granados, exsenador del PP,
confirma que este traspasó
la titularidad de una cuenta
suya en Suiza (1,5 millones)
al empresario David
Marjaliza, considerado el
cerebro, junto con él, de la
trama Púnica (cobro de
comisiones ilegales por
parte una red
político-empresarial).
Marjaliza, a su vez,
“transfirió esos fondos y
otros a otras cuentas, y la
fiscalía suiza le abrió una
investigación”. Comenzaba
así, dice Granados, el caso
Púnica.
El que fuera consejero de la
Comunidad de Madrid con
Esperanza Aguirre, que se
encuentra en la prisión
madrileña de Estremera desde
hace un año, desvela en la
misiva, datada el pasado 7
de julio, que cometió “tres
errores” que le llevaron a
la cárcel. Explica que las
investigaciones sobre él
comienzan con una denuncia
“anónima” que le acusa de
ser propietario de “una
empresa [Waiter Music] que
organiza fiestas por los
pueblos” para cobrar
comisiones, a pesar de que
no tenía ninguna relación
con ella. De hecho, la
policía cerró las
investigaciones porque no
encontró “nada de nada”,
hasta que la fiscalía
española volvió tiempo
después a investigarle tras
ser avisada por la de Suiza.
Granados sostiene que el
dinero que guardaba en Suiza
desde los años noventa no
procedía de Waiter Music,
sino de su trabajo “como
analista de renta variable
en una sociedad de valor
primero y, luego, en el
banco de inversión Société
Générale”. Estos hechos son
los que Granados califica
como “primer error”. “Abrí
[la cuenta] en un banco
francés y, cuando ese banco
empezó a atravesar problemas
hasta desaparecer [no indica
qué entidad], la cambié a
otro”.
“Urdangarin, Rato, Blesa...
Todos están en la calle”
Granados sostiene en la
misiva que el relato que
hace de los hechos “es la
verdad” y que espera “poder
demostrarlo”. “Yo creo en la
justicia, pero también en la
consecución de la misma. No
todo vale en una causa con
docenas de detenciones, más
de 100 imputados,
filtraciones interesadas…”.
“No me permiten ni pagar la
hipoteca, y no les importa
si me cortan la luz o el gas
o si mis hijas pueden seguir
estudiando”. Asegura que su
familia vive de lo que su
madre y sus suegros les dan.
Y concluye: “Rato,
Urdangarin, Olivas, Blesa...
Todos tienen probado dinero
en paraísos y están en la
calle”. “El juez sabe que yo
no lo tengo y estoy aquí”.
Por su parte, José Luis
Olivas, expresidente de la
Generalitat de Valencia,
entre 2002 y 2003, ha
enviado hoy un comunicado a
este periódico donde explica
que "con motivo de la nota
manuscrita de Francisco
Granados, en la que me
atribuye junto a otras
personas que está probado
que tengo cuentas en
paraísos fiscales, tengo que
manifestar que dicha
afirmación es absolutamente
falsa, exigiendo por ello al
señor Granados su inmediata
rectificación, dejando
reservadas cuantas acciones
legales me correspondan.
Igualmente y ya que rompo mi
silencio con esta noticia,
deseo manifestar que confío
plenamente en la Justicia y
defiendo por ello mi mas
absoluta inocencia".
Granados recuerda que en
mayo de 1999 ganó las
elecciones en Valdemoro
(“algo que no entraba en mis
planes”) y decidió “cambiar
la banca por la política
(segundo error)”. “En
aquellos años no estaba tan
en el debate el tema de los
paraísos fiscales, pero yo
ya no me sentía cómodo, así
que pedí al banco que la
cerrara”. Y añade:
“Entonces, empezaron los
problemas. No me daban otra
solución que transferir el
dinero a otro sitio, pero
nada de cerrar y devolverme
mi dinero”.
Después de casi dos años, la
propuesta del banco fue que
se buscara “una contraparte
a quien ceder” el depósito y
que “ésta le pagara su
dinero”. “Así aparece mi
relación en esta historia
con David Marjaliza. Le
conocía desde hace años,
sabía que él estaba
interesado y le cedí mi
cuenta (tercer y último
error)”.
“Ahí acaban mis errores”
Años después, Marjaliza
“transfirió esos fondos y
otros a otras cuentas y la
fiscalía suiza le abrió una
investigación”.
Posteriormente, la fiscalía
española abrió también
pesquisas y apareció así su
nombre en El Mundo. Granados
dimitió. “Así se inicia la
llamada Operación Púnica y
aquí acaban mis errores”.
Granados sostiene que siendo
alcalde no recalificó “ni un
metro de suelo en
Valdemoro”, y que su casa,
comprada a Dico
(constructora supuestamente
beneficiada por él con
recalificaciones), “tiene
una hipoteca” que está
pagando. Asegura que nunca
llamó a un alcalde para que
recibiese o beneficiase “a
este señor”, en referencia a
Marjaliza. “Los negocios que
haya hecho en Parla,
Torrejón, Móstoles o
Valdemoro, nada tienen que
ver conmigo”, asevera. En
cuanto a la empresa Cofely
(la que supuestamente
utilizaba la trama para
conseguir contratos
municipales relacionados con
el servicio de
electricidad), Granados
asegura que no había oído
hablar de ella hasta que le
detuvieron. “Yo no sé si
alguna de estas empresas ha
recibido alguna adjudicación
de las consejerías por las
que he pasado pero, si es
así, serán pequeñas y
estarán perfectamente
informadas por los
técnicos”. “Otra cosa son
las adjudicaciones directas,
sin procedimiento, al estilo
[Alberto] López Viejo, pero
de estas yo no hice
ninguna”. López Viejo,
exconsejero de Esperanza
Aguirre al igual que
Granados, está imputado por
otra supuesta trama ilegal,
el llamado caso Gürtel.
“Soy una persona inocente”
La carta que Francisco
Granados dirige a este
periódico comienza con un
alegato en defensa de su
inocencia. Esta es, dice el
que fue senador, consejero
de la Comunidad de Madrid,
alcalde de Valdemoro y
secretario regional del
Partido Popular madrileño,
“mi versión”. “Me considero
una persona inocente a
efectos penales. Seguro que
he cometido muchos errores,
cuando se investiga toda una
vida (como está siendo mi
caso), esos errores, que la
mayoría cometemos, pueden
dar apariencia de lo que no
es”.
“Adelanto”, señala Francisco
Granados en su escrito, “que
tengo muy pocos datos del
sumario, porque lleva ¡año y
medio! declarado secreto y,
por tanto, solo sé lo que me
preguntaron en mi
declaración hace ocho meses
y lo que se ha publicado”.
En la misiva manuscrita, el
exconsejero de Esperanza
Aguirre recuerda cómo se
llevó a cabo su arresto y
las siguientes horas a la
detención. “Hace más de ocho
meses que la Guardia Civil
me detuvo en la puerta del
colegio de mi hija pequeña,
registró mi casa sin
encontrar absolutamente
nada, ni documentos
incriminatorios, ni dinero,
ni obras de arte, y me llevó
a un calabozo del cuartel de
Las Rozas [Madrid]”. Así
estuvo en el cuartelillo
cinco días “encerrado a zumo
y galletas”, sin posibilidad
de lavarse y “sin
posibilidad de que me tomara
declaración el juez”. “Yo no
soy abogado, pero siempre
pensé que el límite es de 72
horas excepto para el
terrorismo”, sostiene.
Luego, y tras declarar
“menos de dos horas”,
respondiendo preguntas
“surrealistas”, fue enviado
a prisión: “Donde llevo más
de ocho meses [la carta es
de julio de este año] sin
saber aún de qué hechos
concretos se me acusa”.
Granados admite, igualmente,
que vendió a David Marjaliza
(del que “tampoco era tan
íntimo como se dice”,
escribe) unas parcelas en
Valdemoro, municipio del que
había sido alcalde.
Sin embargo, niega
tajantemente que la
operación fuese “un
pelotazo” “Las heredé de mi
padre cuando ya eran
urbanas, las recalificó un
alcalde socialista [anterior
a su llegada a la alcaldía
en 1999], las vendí a precio
de mercado, pagué mis
impuestos y lo declaré en el
Registro de Intereses de la
Asamblea [de Madrid] y
luego, en el Senado”.
Sostiene, además, que la
casa que posee en Marbella
la compró “hace unos años a
través de un banco” y que
“desde hace muchísimo” no
tiene “un solo euro fuera de
España, ni en Suiza, ni en
Singapur, ni en ningún
sitio”.
Francisco Granados también
niega que dejase “un
sucesor”, José Miguel
Moreno, en el Ayuntamiento
de Valdemoro para continuar
cobrando de la trama. “Al
revés, hice lo posible para
que no lo fuera, y eso me
costó nuestra amistad. Así
que eso de que lo manejaba
desde la Comunidad de Madrid
es otra mentira”.
“Y doy mi palabra de que
esta es la verdad, y que
espero poder demostrar
todo”, porque “es evidente
que la presunción de
inocencia en este caso, al
menos, no existe”.
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/15/actualidad/1444937602_649563.html
C.VALENCIANA. NUEVAS
FACTURAS VINCULAN AL
GOBIERNO DE FABRA CON
EMPRESAS DE LA TRAMA PÚNICA
Los pagos, realizados entre
abril y julio de 2014, han
sido desvelados este jueves
por el portavoz de Compromís
en las Cortes Valencianas,
Fran Ferri
El Consell de Alberto Fabra
abonó facturas por importe
de 180.000 euros a
Construcciones Gomuñoz, una
empresa vinculada a la trama
Púnica investigada por el
juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco. Los
importes se corresponden con
cuatro certificaciones de
obra de un centro social en
Gandía adjudicado a la
empresa dentro del llamado
Plan Confianza. Los pagos,
realizados entre abril y
julio de 2014, han sido
desvelados este jueves por
el portavoz de Compromís en
las Cortes Valencianas, Fran
Ferri, durante la sesión de
control al actual presidente
de la Generalitat, Ximo
Puig. El proyecto fue
seleccionado por el
Ayuntamiento de Gandía pero
correspondía a la
Administración autonómica
afrontar los pagos, en
virtud del citado plan.
Construcciones Gomuñoz es
una de las empresas de las
que la UCO requirió
información al Ayuntamiento
de Gandía cuando registró
las dependencias municipales
poco antes de las elecciones
autonómicas del 24-M. La
investigación apunta a que
la constructora abonó al
empresario vinculado a la
Púnica, Alejandro de Pedro,
facturas por trabajos
realizados al PP de Gandía,
que dirigía el exalcalde
Arturo Torró. “El PP de
Gandía adjudica; el PP de la
Generalitat ordena el pago,
y pagamos todos los
valencianos”, denuncia la
formación nacionalista, que
prevé la aparición de nuevos
documentos y pagos
realizados a Gomuñoz. “Esta
empresa ha recibido
numerosos contratos a dedo
de administraciones del PP”,
señaló Ferri.
La aparición de estas nuevas
facturas se suma a otra por
importe de 61.000 euros a la
empresa de Alejandro de
Pedro, EICO, por parte de
las consejerías de Medio
Ambiente (Juan Cotino),
Educación (Alejandro Font de
Mora) y Solidaridad (Rafael
Blasco). Este último, por
ejemplo, desembolsó 4.000
euros a la Púnica por la
gestión de cuentas de
Facebook y Twitter.
http://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2015-10-15/nuevas-facturas-vinculan-al-gobierno-de-fabra-con-empresas-de-la-trama-punica_1060824/
C. VALENCIANA. EL CONSELL DE
FABRA PAGÓ 180.000 EUROS A
UNA EMPRESA DE LA TRAMA
PÚNICA EN GANDIA
El Consell presidido por
Alberto Fabra emitió una
orden de pago de 180.000
euros a la empresa gandiense
construcciones Gomuñoz,
correspondiente a cinco
certificaciones de obra
diferentes sobre la
construcción de un centro
social en Gandía dentro del
Plan Confianza, según ha
desvelado Compromís.
La firma aparece en los
informes policiales de la en
la investigación abierta por
el juez de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco, en
la presunta trama corrupta
del llamado 'caso Púnica.
como la que pagó al PP de
Gandía las facturas que la
empresa municipal
Iniciatives Públiques Gandia
(IPG) mantenía con Alejandro
de Pedro, el conseguidor de
la trama Púnica.
Compromís denuncia el modus
operandi del PP, ya que, de
esta manera, el partido en
Gandía adjudicaba proyectos
mientras la Generalitat
ordenaba el pago.
Como ya informó Levante-EMV
el pasado mes de julio, IPG
ha facturado en los últimos
años 880.000 euros por
trabajos a Construcciones
Gomuñoz, una de las que
están siendo investigadas
por el juez de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco, en
la presunta trama corrupta
del llamado 'caso Púnica'.
La Guardia Civil requisó el
pasado 9 de junio contratos
y documentos firmados por el
Ayuntamiento de Gandía con
esta mercantil, pero el
nuevo Gobierno local reveló
que en IPG había otros
contratos que suman la
cantidad de 880.000 euros.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/10/15/consell-fabra-pago-180000-euros/1327835.html?utm_medium=rss
EL JUEZ INSINÚA QUE EL PP
PAGÓ CON “CONTRATITOS” Y “EN
NEGRO” A LOS ‘PÚNICOS’ POR
SU AYUDA EN LAS GENERALES DE
2011
Audio del interrogatorio a
una testigo, en el que
Velasco relaciona los
acuerdos de asesoramiento de
los líderes 'populares' en
Madrid con actuaciones de
las empresas de De
A menudo, escuchar las
grabaciones de los
interrogatorios por el caso
Púnica deja una sensación de
cierta ansiedad. La que
produce asistir al esfuerzo
del juez instructor, Eloy
Velasco, y en cierta medida
de la fiscalía, por sacar a
la luz los hechos que ellos
parecen tener claros y que
toda una maraña de
circunstancias esconden.
Las raíces de la Púnica en
Génova
Entre esos convencimientos
ocupa un lugar primordial la
idea de que con los
contratos que tenían ‘los
púnicos’ con los políticos
‘populares’ de Madrid para
mejorar su imagen, lo que se
estaban ‘pagando’ en
realidad eran otros
trabajos. En concreto unos
por los que las empresas de
la trama habrían ayudado al
PP nacional pero por los que
no se habían firmado
contratos y que los capos de
la trama no habían podido
cobrar. De esto se deduco
que el juez piensa que la
Púnica no era una trama que
se había limitado a la
planta segunda de Génova,
13, la que ocupa el PP
madrileño, sino que también
se extendió por las plantas
superiores.
Un ejemplo muy claro de
ello, este interrogatorio
que hemos extraído de las
cientos de horas de
grabación que figuran en el
sumario. Los protagonistas,
el juez Velasco, y una
directiva de EICO, una de
las empresas que ‘el
conseguidor’, Alejando de
Pedro, había montado para
trabajar en redes sociales,
de nombre María José
Gutiérrez. Según ella misma
dice en la grabación, su
trabajo era el de “encargada
del departamento de
posicionamiento en web”.
Ayudas al PP para las
generales en 2011
El juez y la fiscalía, en un
momento determinado, llevan
el interrogatorio a hablar
de los supuestos problemas
económicos de EICO causados
por la falta de pago del PP
y que habrían provocado una
reducción de los sueldos de
los empleados.
Después de un largo
interrogatorio de la
fiscalía, el juez en un
momento determinado pregunta
a la testigo si en EICO “han
trabajado con algún partido
para ayudarle a posicionarse
bien en las redes sociales”.
La directiva de la empresa
de Alejandro de Pedro
reconoce que, aunque ella no
trabajaba entonces aún con
él, sí que sabe que en EICO
trabajaron para el PP para
ayudarles con las redes
sociales cara a las
elecciones generales de
2011. Ante las preguntas del
juez, la directiva acaba
apuntando que para el PP en
aquel proyecto llegaron a
trabajar cinco o seis
personas.
El desarrollo de la
conversación en los minutos
siguientes, en los que
Velasco deja claro su
convencimiento de la
involucración del PP
nacional con la trama Púnica
es éste:
Juez Velasco: Cinco o seis
(trabajadores) ayudaron al
PP a posicionar su
propaganda en las redes… y
esos cinco o seis, sabe
usted cuánto cobraron por
ayudarle al PP y de quién..,
si del partido o, como no
cobraron, tuvieron ustedes
que hacer estas cosas
después (posicionamiento en
redes de los líderes del PP
madrileño) para que los
políticos les devolvieran de
esa manera lo que no
cobraron en su momento…
Testigo: No lo sé… es que yo
no estaba en ese momento…
Juez: ¿No ha oído usted
hablar de que a Alejandro de
Pedro le debían dinero (en
el PP), pero no tenía
contratos para poder probar
que le debían el dinero?
La testigo dice entonces que
no sabe, que ella no tenía
esa información, pero el
juez insiste a la testigo
sobre cómo la trama Púnica
pudo cobrar el dinero que el
PP nacional no acababa de
pagar…
Juez:… ¿Por qué Alejandro de
Pedro no tenía contratos?…
¿O los contratos era que él
había ayudado en las
elecciones y la
Administración se lo tendría
que pagar de esta manera
negra o ilegal a través de
estos informes que ustedes
hacían…?
Testigo: (…) Yo de contratos
no he visto ninguno… Y por
tanto no sé ni los que
existen ni lo que no…
Juez:… le pregunto si
ustedes (los trabajadores)
han hablado de lo que ha
pasado aquí.., porque
ustedes están en el paro por
culpa de que su jefe hacía
cosas irregulares…(…)… No
han hablado de que
“posiblemente estábamos
cobrando ahora con estos
‘informitos’ de reputación
el trabajo que se hizo para
las elecciones que claro, no
lo pagó el partido, no lo
pudo pagar nadie.., y
entonces luego lo tienen que
pagar con cargo a cosas que
parezcan regulares ¿no?”
http://www.elplural.com/2015/10/08/el-juez-insinua-que-el-pp-pago-a-los-punicos-con-contratitos-y-en-formas-en-negro-e-ilegales-por-su-ayuda-en-las-generales-de-2011/
ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA DOS
EMPRESAS ‘TAPADERA’ CON CERO
EMPLEADOS QUE MARJALIZA Y
LÓPEZ MADRID TENÍAN EN
VALDEMORO
La Fiscalía sospecha que
ambas sociedades pudieron
actuar como meras tapaderas
para canalizar el pago de
comisiones ilegales a cambio
de adjudicaciones públicas
por parte de los
ayuntamientos implicados en
la trama Púnica
La Fiscalía Anticorrupción
investiga dos constructoras
de David Marjaliza,
considerado como el cerebro
de la trama Púnica, en las
que ha participado como
socio Javier López Madrid,
consejero de OHL y yerno del
empresario Juan Miguel
Villar Mir.
El Ministerio público indaga
si ambas sociedades pudieron
actuar como meras tapaderas,
para trasvasar fondos
destinados al pago de
comisiones ilegales a cambio
de adjudicaciones públicas.
López Madrid tiene otras
cuentas pendientes con la
Justicia. Está imputado en
el caso Bankia, así como en
la causa abierta en el
Juzgado de Instrucción
número 39 de Madrid por
acoso y coacciones a la
médico E.P.R, que ha sido
apuñalada dos veces por
presuntos sicarios desde que
denunció estos hechos ante
la Guardia Civil.
La Fiscalía investiga ahora
dos empresas de la trama
Púnica en la que López
Madrid ha sido socio y
administrador junto a David
Marjaliza, quien permanece
en prisión desde el 31 de
octubre de 2014.
Las dos constructoras
comparten el mismo domicilio
en el número 14 de la calle
Libertad de Valdemoro
(Madrid), y tienen además
otros datos sorprendentes en
común: tanto Arena
Innovación y Promoción como
Alora Gestión carecían de
empleados y tenían unos
ingresos insignificantes en
2010, año en que Marjaliza y
López Madrid participaron en
estas sociedades.
Arena Innovación y Promoción
tiene como objeto social la
“promoción, gestión,
administración, explotación
y construcción de
apartamentos, viviendas,
locales comerciales y naves
industriales”.
También tiene entre sus
objetos sociales la
“gestión, consulting y
asesoramiento en todo tipo
de obras”, así como la
“gestión, asistencia y
asesoramiento técnico para
la presentación de servicios
para la creación de
cooperativas en régimen de
comunidad”.
Esta empresa tenía un activo
de 1,7 millones de euros en
2010 (en su mayoría,
inversiones inmobiliarias),
frente a los 2,9 del
ejercicio anterior.
Javier López Madrid fue
administrador solidario de
esta empresa hasta el 19 de
febrero de 2010, en
representación de Financiera
Siacapital SL. En ese mismo
ejercicio, el 20% del
accionariado de la sociedad
pertenecía a Servicios
Logísticos Inmobiliarios,
cuyo administrador era, a su
vez, David Marjaliza,
considerado como el cerebro
de la trama Pública y amigo
de infancia del exconsejero
de Presidencia de la
Comunidad de Madrid,
Francisco Granados, quien
hoy también permanece en
prisión.
Un año después, el 24 de
mayo de 2011, el propio
David Marjaliza se convirtió
en administrador solidario
de Arena Promoción e
Innovación (en
representación de Arauna
Corporación y Consulting),
cargo que ocupó hasta agosto
de 2013.
En 2010 se produjo un salto
del capital escriturado de
la constructora de
Valdemoro, que pasó de 3.000
euros a 1,2 millones. Ese
mismo año, sus deudas con
entidades de crédito se
alzaron hasta los 2,6
millones. En el ejercicio
anterior, la deuda ascendía
a cero.
Pese a haber contraído un
riesgo tan elevado, a través
de operaciones de crédito
con entidades financieras,
la sociedad tan solo
registró unos ingresos de
49.000 euros en el ejercicio
2010.
En cuanto a la otra
constructora investigada,
Alora Gestión SL, Javier
López Madrid y David
Marjaliza compartieron
puesto en su consejo de
administración, como
administradores solidarios,
hasta febrero de 2010.
La sociedad se dedica a la
“compra y venta, como al
arrendamiento de toda clase
de bienes inmuebles,
excluyendo el arrendamiento
financiero”, según consta en
el Registro Mercantil. Su
objeto social es
prácticamente calcado al de
Arena Innovación y
Promoción.
Tenía un activo de tan solo
1.141 euros en el ejercicio
2010, en el que López Madrid
y Marjaliza fueron los
responsables de su gestión,
con un capital desembolsado
de 3.000 euros. Alora
Gestión SL cerró el
ejercicio 2010 con un
balance positivo de tan solo
1.687 euros.
Los dos socios de ambas
empresas tienen también en
común la estrecha amistad
que les ha unido a Francisco
Granados, quien durante años
fue uno de los más
destacados miembros del
gobierno popular de la
Comunidad de Madrid.
http://okdiario.com/investigacion/anticorrupcion-investiga-empresas-tapadera-cero-empleados-que-marjaliza-lopez-madrid-tenian-valdemoro-6576
EL JUEZ DE PÚNICA NO
ENCUENTRA LOS INFORMES QUE
FACTURÓ LA TRAMA AL GOBIERNO
DE GONZÁLEZ
El exconsejero Salvador
Victoria aseguró el viernes
en su declaración ante el
juez Velasco que realizó una
auditoría para tratar de
localizar los trabajos de
reputación 'online' pero no
los encontró
El exconsejero de
Presidencia de la Comunidad
de Madrid Salvador Victoria,
imputado desde junio en la
operación Púnica, declaró
voluntariamente el pasado
viernes ante el instructor
de la causa, el juez de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco, para tratar de
demostrar que no tiene
ninguna vinculación con la
trama corrupta dedicada al
amaño de contratos públicos.
Pero Victoria no solo no
convenció al magistrado,
sino que abrió frentes que
salpican a otros imputados
en el procedimiento, según
han confirmado fuentes
conocedoras de la
declaración.
El número dos del
expresidente Ignacio
González reveló a preguntas
del juez que, después de que
estallara el caso en octubre
de 2014, decidió efectuar
una auditoría para tratar de
localizar los trabajos de
seguimiento de noticias en
internet y redes sociales
que Eico Online Reputation
Management y Madiva
Editorial y Publicidad, dos
de las compañías implicadas
en el caso, habían realizado
supuestamente para la
Comunidad de Madrid desde
2012.
Según ha podido saber El
Confidencial, la
investigación interna fue
asumida por técnicos de la
Agencia Informática y de
Comunicaciones de Madrid (ICM),
un ente público que dependía
de Victoria y cuyo antiguo
director, José Martínez
Nicolás, también está
involucrado en el caso.
Las facturas de esos
servicios de seguimiento de
información, que fueron
avaladas por la Intervención
General, suman un total de
65.175,50 euros y
aparentemente no se
diferencian de las de
cualquier otro proveedor, ya
han sido incorporadas al
sumario. Sin embargo, como
adelantó El Confidencial en
diciembre del año pasado,
los investigadores de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil y
el propio instructor de la
causa sospechan que en
realidad los trabajos
recogidos en los documentos
oficiales nunca llegaron a
ejecutarse. Las facturas
solo habrían servido, según
los agentes, para encubrir
el pago con fondos públicos
de servicios de imagen y
reputación 'online' de los
que se habría beneficiado
personalmente Ignacio
González.
Solo aparecieron dos
documentos
Fuentes cercanas al
procedimiento aseguran que
casi un año después de su
inicio, esos trabajos siguen
sin aparecer. El juez
reclamó a Victoria que
aclarara en qué consistieron
exactamente, pero el
exdirigente del PP solo
aportó nuevos indicios que
refuerzan esa hipótesis.
Victoria, imputado por
prevaricación, cohecho,
fraude y malversación,
confesó que tuvo que dar por
concluida la auditoría sin
haber localizado ninguno de
los dosieres de seguimiento
informativo que
supuestamente realizaron
Eico y Madiva para el
Gobierno madrileño, a pesar
de que ordenó un exhaustivo
rastreo informático en todos
los ordenadores del
departamento de Comunicación
del Ejecutivo autonómico.
Fuentes cercanas al
exconsejero de Presidencia
añaden que solo se
localizaron dos documentos
relacionados con esas
empresas pero ninguno de
ellos guardaba relación con
los servicios que indicaban
las facturas avaladas por la
Intervención. Con todo,
ambos documentos fueron
remitidos al juzgado para
que se valorara su
contenido.
La exdirectora general de
Comunicación de la Comunidad
de Madrid que avaló la
contratación de Eico y
Madiva, Isabel Gallego, se
encuentra imputada por ello
en la causa. Gallego ya
admitió en sede judicial que
no podía aportar los
informes de seguimiento
vinculados a las facturas de
la Comunidad de Madrid
porque los borraba después
de leerlos. Velasco, sin
embargo, no lo ve del todo
claro después de Victoria
sembrara el pasado viernes
nuevas interrogantes sobre
la existencia de los
trabajos ante la insistencia
del juez, que fue
especialmente pertinaz en su
interrogatorio.
Los trabajos, en los
ordenadores requisados
Desde el entorno de Eico y
Madiva, administradas ambas
por el también imputado
Alejandro de Pedro, restan
valor al testimonio de
Victoria y afirman que los
servicios contenidos en las
facturas se entregaron a la
Comunidad de Madrid tal y
como se había pactado.
Reconocen a El Confidencial
que, después de que
estallara el escándalo, el
Ejecutivo madrileño se puso
en contacto con ambas firmas
para pedir un duplicado de
los informes pero no
pudieron remitírselo porque,
según aseguran, la Guardia
Civil se llevó todos los
ordenadores de sus oficinas
en Valencia en la primera
fase de la operación.
No obstante, estas fuentes
insisten en que los trabajos
que aparecen en las facturas
se realizaron, y remarcan
que estaban dirigidos a
seguir las informaciones y
el posicionamiento 'online'
de la Comunidad de Madrid.
Aseguran que en ningún caso
pudo beneficiarse de sus
servicios el expresidente
autonómico.
El juez Velasco acusa a
Victoria de haber
intervenido para que Indra y
otros contratistas de la
Comunidad de Madrid abonaran
a De Pedro hasta 120.000
euros para asumir la deuda
que tenía con este el
Gobierno de González. El
exconsejero de Presidencia
negó esos hechos en su
declaración y aseguró que,
ante las tensiones de
tesorería que existían en la
Administración madrileña
como consecuencia de la
crisis económica, solo se
puso en contacto con el
propietario de Eico y Madiva
para pedirle que mantuviera
la calma y garantizarle el
pago de 21.000 euros en
facturas atrasadas.
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-09-29/el-juez-de-punica-no-encuentra-los-trabajos-que-facturo-la-trama-al-gobierno-de-gonzalez_1040842/
VICTORIA SE LAVA LAS MANOS
SOBRE EL CONTRATO CON LA
‘PÚNICA’ Y RECUERDA QUE LO
CONTROLABA LA JEFA DE PRENSA
DE AGUIRRE
Declara que se limitó a
tranquilizar a Alejandro de
Pedro porque Isabel Gallego
se lo pidió y niega haber
mediado para que Indra le
pagase en negro 21.000 euros
que le adeudaba la Comunidad
El exconsejero de
Presidencia dice que tras
estallar el escándalo ordenó
buscar en los discos duros
los trabajos de reputación:
afloraron emails pero no
hallaron rastro de esos
trabajos
Salvador Victoria,
exconsejero de Presidencia
de la Comunidad de Madrid,
ha negado cualquier
mediación para que el
empresario Alejandro de
Pedro, el propietario de
Eico, cobrase en negro de
Indra lo que la Comunidad de
Madrid le debía pese a que
varios pinchazos telefónicos
así lo sugieren. Victoria
recordó ante el juez que la
responsabilidad de los
contratos de reputación era
de la entonces jefa de
prensa del Gobierno
madrileño, Isabel Gallego,
también imputada en la
Operación Púnica.
Lo investigado hasta la
fecha apunta a que De
Victoria intervino en cinco
pagos en negro a Alejandro
de Pedro por 120.000 euros.
Y un antiguo cargo de la
Comunidad, el exdirector de
la Agencia de Informática (ICM)
José Martínez Nicolás, ya
relató al juez las presiones
de Salvador Victoria para
que Indra le pagase a Eico.
Este viernes, Victoria ha
cargado también contra
Martínez Nicolás, al que ha
definido como alguien que le
suscitaba gran desconfianza
–su círculo le era
"incómodo"– y sobre el que
no tenía control real pese a
que en teoría era su
subordinado.
Victoria ha defendido sin
fisuras la conducta
"intachable" de los dos
últimos presidentes
regionales, Esperanza
Aguirre e Ignacio González.
Según fuentes jurídicas,
durante sus tres horas de
declaración como imputado
ante el juez Eloy Velasco
"ha disparado, pero hacia
abajo".
Victoria ha recordado que
era Isabel Gallego la
responsable de los contratos
de reputación encargados a
Alejandro de Pedro, uno de
los principales imputados en
el caso. Ha subrayado que él
mismo ordenó buscar en los
discos duros de la Comunidad
cualquier rastro de esos
trabajos tras el estallido
del escándalo. Y ha contado
que, aunque esa búsqueda
hizo aflorar otros
documentos borrados, como
emails cruzados entre la
Comunidad y el equipo de
Alejandro de Pedro, los
trabajos en sí nunca
aparecieron.
Gallego ya aseguró que esos
trabajos no se conservaban
porque se iban borrando. La
novedad reside en que
Victoria haya narrado que la
búsqueda en el sistema
informático sacó a la luz
otros documentos como emails
cruzados en el equipo de
Alejandro de Pedro, pero no
los trabajos de reputación
en sí.
La antigua jefa de prensa
del Gobierno de Madrid
declaró ante el juez el 31
de marzo y reconoció como
propia la responsabilidad de
haber contratado a Alejandro
de Pedro para trabajos de
reputación online. Gallego
remarcó que nadie le había
dado instrucciones ni
sugerencias para optar por
ese empresario.
Victoria, que ha declarado a
petición propia durante tres
horas, ha negado que mediase
ante Indra para que pagara
en negro a De Pedro lo que
le adeudaba la Comunidad,
aseguran fuentes conocedoras
del interrogatorio.
El imputado ha aprovechado
su declaración para repetir
"cuatro o cinco veces" que
como consejero se preocupaba
–en el sentido de que se
ocupaba– por las
retribuciones de Indra a
jueces de Madrid por sus
asesoramientos informáticos.
El que fue número dos de
Ignacio González ha
declarado que se limitó a
"tranquilizar" al empresario
y a asegurarle que el
Gobierno le pagaría su
deuda. Y lo hizo porque
Isabel Gallego se lo pidió,
ha afirmado. De Pedro fue
tan insistente en su queja
por esa deuda, según
Victoria, que tuvo que
pedirle a su secretaria que
ni siquiera le alertase de
sus llamadas.
Hombre de confianza del
expresidente Ignacio
González, Victoria ha
defendido sin fisuras a su
antiguo jefe y a su
predecesora, Esperanza
Aguirre: los dos, ha dicho,
tenían una conducta
"intachable" y a ninguno de
ellos se le habría ocurrido
pedirle que solicitara de
Indra que pagase en negro a
proveedores del Gobierno
madrileño. A Victoria
tampoco le cabe siquiera
como hipótesis que una
multinacional semipública
como Indra pueda manejar
dinero B.
Fue Victoria quien sacó a
colación el nombre de
Ignacio González cuando el
juez Eloy Velasco le
preguntó si algún superior
suyo le había ordenado que
contratase a De Pedro. El
exconsejero introdujo
entonces el nombre del
expresidente. Y cuando el
juez le replicó que no le
preguntaba por nadie
concreto, Victoria espetó
que su único jefe había sido
Ignacio González.
El dinero negro de las
chaquetas de De Pedro
Durante el interrogatorio,
Victoria ha negado una y
otra vez que alguna vez
recibiese dinero en
contrapartida por los
contratos adjudicados por la
Comunidad de Madrid y el
Canal de Isabel II, a cuyo
frente sucedió a Ignacio
González cuando este se
convirtió en presidente de
Madrid.
En un momento de la
declaración, y según fuentes
jurídicas, el juez Velasco
ha expresado su sospecha de
que el dinero negro
encontrado durante el
registro al domicilio de
Alejandro de Pedro no fuese
para el empresario sino para
terceros. Ese dinero –más de
80.000 euros– permanecía
oculto en dos chaquetas del
empresario. Eico, la empresa
de De Pedro, atravesaba una
grave situación económica.
Pero De Pedro no utilizó el
dinero negro para pagar los
salarios que adeudaba a su
plantilla
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/09/25/salvador_victoria_defiende_ignacio_gonzalez_pone_los_pies_los_caballos_antigua_jefa_prensa_del_gobierno_madrid_38176_1012.html
SALVADOR VICTORIA NIEGA LOS
PAGOS EN B AL CONSEGUIDOR
ALEJANDRO DE PEDRO
El exconsejero de
Presidencia de la Comunidad
de Madrid reconoce
únicamente que intercedió
para que el Gobierno
acelerara el pago de la
deuda con el empresario
Salvador Victoria,
exconsejero de Presidencia y
Justicia y exportavoz de la
Comunidad de Madrid, ha
negado este viernes ante el
juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco los
pagos en b al empresario
Alejandro de Pedro, uno de
los principales imputados en
el caso Púnica de
corrupción. Victoria, que ha
acudido a declarar como
imputado, tras dos
citaciones fallidas el 25 de
junio y el 20 de julio
pasados, ha reconocido
únicamente que habló en una
ocasión con De Pedro para
tranquilizarle sobre los
pagos pendientes del
gobierno regional con Eico,
la empresa de De Pedro,
dedicada a mejorar la
reputación en Internet de
políticos del PP.
El juez Velasco mantiene por
el momento las medidas
cautelares que impuso el
pasado 20 de julio al
portavoz del último gobierno
regional de Esperanza
Aguirre: comparecencias
mensuales en el juzgado,
retirada del pasaporte y
prohibición de salir de
España, según fuentes
jurídicas. Victoria está
imputado por prevaricación,
cohecho, fraude y
malversación de caudales
públicos en relación con los
pagos a Eico. El magistrado
considera que los contratos
para mejorar la imagen de
políticos populares firmados
con la empresa de De Pedro
fueron abonados con fondos
de la Comunidad de Madrid.
Según fuentes presentes en
el interrogatorio, Victoria
ha manifestado que solo ha
visto en una ocasión al
informático valenciano De
Pedro, y que se reunió con
él tras solicitárselo Isabel
Gallego, exdirectora de
Comunicación con Aguirre en
la Comunidad de Madrid y
ahora asesora de Esperanza
Aguirre en el Ayuntamiento
de la capital de España.
Según la investigación,
Victoria está detrás de
cinco pagos en efectivo a De
Pedro por un total de
120.000 euros. Estos pagos
se realizaron a través de
empresas como la
multinacional Indra,
adjudicatarias de grandes
contratos de la Comunidad de
Madrid. Estos pagos se
realizaron supuestamente con
la mediación de José
Martínez Nicolás,
exconsejero delegado de la
Agencia Informática de la
Comunidad de Madrid,
organismo que dependía de la
consejería de Victoria.
De Pedro relató ante la
Guardia Civil que una de
esas retribuciones
irregulares, de 10.000
euros, se efectuó en un
vehículo de alta gama, "un
Audi, Mercedes o BMW", en el
parque empresarial de La
Moraleja. El empresario
valenciano manifestó que
acudió a esa cita a
instancias de Martínez
Nicolás, quien le dijo que
el encuentro iba a ser con
“gente de Indra”.
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/25/actualidad/1443182480_952810.html
ARPEGIO GASTÓ 3,3 MILLONES
EN PRIMERAS PIEDRAS Y
PROPAGANDA
EL PAÍS accede a la
contabilidad interna de esta
empresa de la Comunidad de
Madrid, investigada por el
juez Velasco en el marco de
la trama Púnica
Colocar la primera piedra de
la comisaría de policía de
Alcalá de Henares (una carpa
con un monolito del evento y
un cóctel) costó 28.232
euros; la de la residencia
de mayores de Navas del Rey
(lo mismo, pero con una
degustación de pinchitos)
29.000 euros; y los 10.000
paraguas y bolígrafos
traídos urgentemente desde
China en avión, otros
28.072. Sólo en relaciones
públicas, publicidad y
primeras piedras, Arpegio,
la firma 100% pública de
Madrid que investiga el juez
Eloy Velasco dentro de la
red Púnica, gastó 3,3
millones con cargo al plan
Prisma de inversiones
2006/2007.
EL PAÍS ha tenido acceso a
los gastos internos
(referidos a consultorías,
comidas, teléfono,
relaciones públicas,
primeras piedras,
folletos...) que tuvo la
filial pública Arpegio
durante el desarrollo del
Plan Regional de Inversiones
de Madrid (Prisma,
2006/2007). El objetivo de
este plan, puesto en marcha
por el Gobierno de Esperanza
Aguirre, era ayudar a los
municipios a sufragar las
obras que necesiten. El
Prisma 2006/2007 ha
dispuesto hasta ahora de 582
millones de euros.
Arpegio es la sociedad
pública a la que se
encomendó el desarrollo de
este plan. Para llevarlo a
cabo realizó gastos “muy
disparatados e innecesarios”
(al margen del presupuesto
de 582 millones), según
fuentes cercanas a este
organismo. Todos estos
gastos internos figuran en
una factura por importe
total de 16,5 millones que
ha sido elevada por Arpegio
a la Comunidad de Madrid
para que le sea abonada en
su cuenta. Pero la Comunidad
está poniendo pegas y la
factura se ha convertido en
un verdadero quebradero de
cabeza para el Gobierno de
Cristina Cifuentes. Y, en
concreto, para su número
tres y consejero de Medio
Ambiente, Jaime González
Taboada, quien durante los
últimos 12 años ha sido
director general de
relaciones con la
administración local y, por
tanto, la persona que
gestionó con alcaldes y
ayuntamientos las
inversiones del Prisma. La
factura ha estado guardada
desde 2009 en un cajón y su
destino final sigue
coleando. González Taboada
aseguró a este periódico que
él no tiene nada que ver con
la gestión de Arpegio,
puesto que se trata de una
sociedad que tiene su propio
consejo de administración.
Si no hubo recato económico
en la colocación de primeras
piedras (que suman 782.000
euros), el coste del
despliegue propagandístico y
publicitario de estas obras
no se quedó a la zaga.
Arpegio contrató, por
ejemplo, un plan de
comunicación de sus obras
por 2,5 millones. Por la
elaboración de un “vídeo
estereoscópico en tres
dimensiones” y la
presentación de “vídeos
zonales” de obras del
Prisma, Arpegio pagó, en
concreto, 852.000 euros. Y
otros 500.000 por la
creación y mantenimiento de
una página web. Más otros
660.000 por “consultorías y
asistencia técnica para la
gestión integral, técnica,
jurídica y económica" de las
obras del Prisma 2006/2007.
La más cara y suntuosa de
las primeras piedras importó
35.000 euros y fue para una
obra del Prisma en
Serranillos del Valle,
municipio de apenas 4.000
habitantes. Otra costosa
primera piedra fue la que se
puso con motivo del inicio
de las obras de la comisaría
conjunta de Policía Nacional
y Local de Alcalá de
Henares, 28. 232 euros. El
acto se limitó a la
instalación de una carpa con
su respectivo atril y un
monolito símbolo del inició
de las obras. Lo presidió
Aguirre, aunque también
asistieron los exconsejeros
Alfredo Prada y Granados.
Entre los gastos que Arpegio
quiere que la Comunidad le
abone (y que forman parte de
la citada factura de 16.5
millones) figuran también
289.000 euros por las plazas
de garaje para empleados y
arrendamiento de la oficinas
que tuvo Arpegio en la Torre
II de la plaza de Colón;
otros 96.027 euros se
gastaron “en supermercado,
suministros higiénicos,
farmacia, consumibles
informáticos y bebidas (agua
y café)”; mientras que en
“ticket de comida para
empleados” hay anotados
otros 48.286” euros.
La partida de publicidad y
propaganda es de las más
elevadas. “E innecesarias”,
señalan fuentes cercanas a
Arpegio. En total 2,5
millones. Según se indica en
un anexo de la citada
factura de 16,5 millones,
los 2,5 millones se gastaron
en lo siguiente:
“Realización de una campaña
publicitaria institucional,
con elaboración de
audivisuales y folletos para
presentar los proyectos
regionales, así como
elaboración del logotipo
Prisma y relaciones con los
medios de comunicación”.
Asimismo, para el
“mantenimiento de sistemas
informáticos, aplicaciones,
web, equipos y en licencias
de programas informáticos de
renovación anual, constan
pagos por importe de 351.000
euros”, sin contar otros
78.000 empleados en “útiles
y herramientas de
escritorio”. Fuentes del
actual Gobierno de Cristina
Cifuentes admiten que
ciertamente se produjo un
derroche de dinero en
publicidad y propaganda en
el marco del Prisma
2006/2007.
Un periodista de EL PAÍS
analizó los cientos de pagos
de la citada facturas de
16,5 millones y observó que,
además, Arpegio contrató
actos con la firma de la red
Púnica Waiter Music. Con
posterioridad la Comunidad
ha rechazado tales
contrataciones. Waiter Music
es una de la empresa de las
que se sirvió el exconsejero
Francisco Granados para
amasar su ilícita fortuna.
Arpegio se dedica a
desarrollar el programa
Prisma y también a realizar
operaciones relacionadas con
el suelo. Es decir, compra
terrenos, insta la
recalificación, los urbaniza
y los saca a concurso para
su venta. Su finalidad es
atraer inversiones para la
Comunidad. El juez Velasco
está investigando presuntos
pelotazos en
recalificaciones de terrenos
en las que habría
intervenido Arpegio y de las
que se habrían beneficiado
Granados y otros implicados.
El cerebro de la trama
Púnica, David Marjaliza, ha
pactado con la Fiscalía
Anticorrupción confesar
todos sus chanchullos a
cambio de una rebaja de
pena. En su declaración ha
implicado a González Taboada,
antiguo subordinado de
Granados.
5,9 millones en consultoría
y sueldos
Si impresiona el despliegue
propagandístico que Arpegio
dio a las obras del Prisma
2006/2007, en la factura de
16,5 millones que este
organismo público pretende
ahora que le abone la
Comunidad de Madrid hay
otras anotaciones que
también llaman la atención.
En concreto, 5,9 de los 16,5
millones que conforman esa
factura se han gastado “en
consultorías y asistencias
para la tramitación de
licitaciones”, según reza la
factura sobre ese gasto en
concreto. Este dinero es al
margen de los 582 millones
invertidos por la Comunidad
en las obras del Prisma
2006/2007.
Fuentes cercanas a la firma
Arpegio señalan que esos 5,9
millones se corresponden,
además de con consultorías,
con el pago de salarios a
los trabajadores, una
veintena, que hubo que
contratar para el desarrollo
del plan de inversiones.
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/22/actualidad/1442944647_565337.html
EL JUEZ VELASCO CITA A OTRAS
40 PERSONAS PARA CORROBORAR
LA CONFESIÓN DE MARJALIZA
El juez Eloy Velasco, a su
llegada a la Audiencia
Nacional. CHEMA BARROSO
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha
citado a declarar en el
marco del 'caso Púnica' a
otras 40 personas que
comparecerán como imputados
y testigos a fin de
corroborar las confesiones
que realizó el constructor
David Marjaliza, presunto
cerebro de la red y socio y
amigo de la infancia del ex
secretario general del
Partido Popular (PP) de
Madrid Francisco Granados,
informaron fuentes
jurídicas. La mitad de los
citados, que comparecerán
durante los últimos días del
mes de septiembre y los
meses de octubre, noviembre
y diciembre, lo harán con la
condición de testigos
mientras que el resto lo
harán como imputados y, por
tanto, podrán acudir al
juzgado acompañados de un
abogado de confianza. Entre
los imputados se encuentran
el ex alcalde de Gandía
(Valencia) Arturo Torró (PP)
y el ex concejal del
municipio Víctor Soler
aunque en el caso de este
último el magistrado ha
suspendido la citación y ha
preguntado a las Cortes
Valencianas si tiene acta de
diputado, lo que le
convertiría en aforado ante
el Tribunal Superior de
Justicia. Las nuevas
citaciones, que también
afectan a trabajadores y
personas relacionadas con
ayuntamientos de Madrid y la
Comunidad Valenciana, se
efectúan en el marco de una
de las 12 piezas del
procedimiento que continúa
bajo secreto de sumario.
Comisiones rogatorias Además
de la confesión de
Marjaliza, que detalló ante
el juez el cobro de mordidas
por parte de cargos públicos
a cambio de la adjudicación
de contratos, el juez
pretende con estos nuevos
interrogatorios contrastar
datos que aparecen en las
comisiones rogatorias
internacionales que ha
cursado desde que comenzó la
investigación y cerrar otros
flecos de la instrucción.
Según las citadas fuentes,
las declaraciones tendrán
que suspenderse durante los
últimos días de septiembre y
los primeros de octubre a
fin de realizar la mudanza
que los seis Juzgados
Centrales de Instrucción de
la Audiencia Nacional tendrá
que realizar desde las
instalaciones de la calle
Prim hasta la nueva sede de
Génova. El juez Velasco
troceó la causa el pasado 16
de septiembre en 12
procedimientos separados, a
fin de lograr "una
tramitación más rápida y
ordenada" y permitir "el
enjuiciamiento sin
dilaciones" de las piezas en
las que se haya finalizado
la instrucción.
El magistrado, que mantiene
imputados en el 'caso
Púnica' a un centenar de
personas, entre ellas cuatro
exconsejeros de la Comunidad
de Madrid y una decena de
alcaldes, justificó la
desmembración del
procedimiento argumentando
que el sumario tiene más de
65 tomos y 50.000 folios, lo
que resulta "inmanejable", y
que muchas de las
actividades investigadas no
están "relacionadas entre
sí". Un centenar de
imputados La 'operación
Púnica' estalló en octubre
de 2014 y, desde entonces,
más de un centenar de
personas se encuentran
imputadas por participar en
la adjudicación de contratos
fraudulentos en materia de
urbanismo y obras públicas,
eficiencia energética y
reputación 'on line'
suscritos en tres
comunidades autónomas
(Madrid, Valencia y Murcia),
la Diputación de León y una
decena de ayuntamientos
madrileños y valencianos.
Entre los ex altos cargos de
la Comunidad de Madrid
imputados en la causa, se
encuentra, además de
Granados, el ex consejero de
Presidencia y Justicia
Salvador Victoria; la ex
consejera de Educación Lucía
Figar; el ex consejero y ex
viceconsejero de Educación
Manuel Pérez Gómez; o el ex
consejero delegado de la
Agencia Informática y de
Comunicaciones (ICM) José
Martínez Nicolás. En
relación con la Región de
Murcia, se investiga al ex
consejero de Industria y
Turismo Juan Carlos Ruiz; la
ex directora general de
Turismo Mariola Martínez
Robles; al ex jefe de
Gabinete del consejero de
Turismo e Industria José
Fidel Saura; a la ex
directora del Instituto de
Fomento Reyes Samper, o al
secretario técnico del
Instituto de Turismo Jesús
Norberto Galindo. El exp
residente de la Diputación
de León Martín Marcos
Martínez y el ex interventor
general de este organismo
Manuel Jesús Sánchez están
encausados en el
procedimiento, al igual que
nueve antiguos alcaldes, 12
ex concejales y trabajadores
municipales de diversos
municipios madrileños.
http://www.elmundo.es/madrid/2015/09/23/56026fcde2704e78798b4575.html
LA GENERALITAT PAGÓ 4.000
EUROS POR ABRIR DOS CUENTAS
EN REDES SOCIALES
Compromís remitirá a la
Audiencia Nacional las
facturas por valor de más
61.000 euros, por facturas
de servicios de Internet,
que la Generalitat pagó a la
trama Púnica
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Compromís llevará a la
Audiencia Nacional las
facturas que la Generalitat
pagó a la trama Púnica, por
ejemplo , 4.000 euros solo
por abrir una cuenta en
Twitter y otra en Facebook.
El portavoz, Fran Ferri, ha
tenido acceso a las facturas
pagadas por la Generalitat a
la red corrupta, en 2010 y
2011 con la Conselleria de
Medio Ambiente de Juan
Cotino, la Conselleria de
Solidaridad, de Rafael
Blasco y la Conselleria de
Educación de Alejandro Font
de Mora pagaron 61.403 euros
a la empresa de Alejandro de
Pedro, EICO Online
Reputacion Management.
Además muchas veces no se
pagaban a través de
Hacienda, como estipula la
normativa , sino mediante
caja fija.
Según las facturas, se
trataba de presuntas labores
realizadas por De Pedro
relacionadas con Internet
para estas consellerias,
tales como “Estudio, puesta
en marcha y parametrización
de perfil red social
Facebook y Twitter” por la
que facturó 3.964 euros a la
Consellería de Solidaridad
en julio de 2010 o “Escucha
activa mensual en Medios
Digitales, Redes Sociales y
Blogsfera” a la Consellería
de Educación por 6.068
euros. Algo que debe
explicarse, por eso enviarán
la documentación a la
audiencia Nacional.
http://cadenaser.com/emisora/2015/09/22/radio_valencia/1442916789_641361.html
EL JUEZ DEL ‘CASO PÚNICA’
PIDE REFUERZOS POR EL ATASCO
DE SU JUZGADO
Eloy Velasco necesita
“impulsar y agilizar” 47
“asuntos complejos”
El juez Eloy Velasco ha
pedido al presidente de la
Audiencia Nacional, José
Ramón Navarro, que se nombre
un juez de apoyo en su
juzgado, el Central de
Instrucción número 6, ante
la gran cantidad de asuntos
acumulados. En la
actualidad, el juzgado de
Velasco tiene 47 “asuntos
complejos” que es “necesario
impulsar y agilizar”.
Estos asuntos, tanto de
delitos económicos, como de
corrupción y terrorismo, se
encuentran pendientes de que
se dicte el auto de
procesamiento o de paso a
procedimiento abreviado,
trámites que solo puede
realizar el magistrado.
El magistrado, instructor
del caso Púnica de
corrupción en la Comunidad
de Madrid, reclama que se
nombre un juez de refuerzo
para las causas nuevas y
para las causas pendientes
de señalamiento de juicio
durante un periodo de seis
meses prorrogables por otros
seis, en función de cómo
avancen las causas.
La petición ha sido remitida
a Navarro, quien deberá
enviarlo a la Sala de
Gobierno de la Audiencia
Nacional. En caso de que
este órgano considere
necesario el refuerzo, se
derivará la petición al
Consejo General del Poder
Judicial.
Velasco afirma que no se
trata tanto de “un problema
de cantidad de asuntos, como
de calidad” y que desatascar
el juzgado depende
únicamente de su trabajo
como magistrado. El juez
recuerda “la ayuda y el
trabajo impagable de los
funcionarios”.
Entre los asuntos que
menciona el juez figuran,
además de Púnica, la trama
de crimen organizado de Los
Ángeles del Infierno o el
clan mafioso de los
Polverino, así como causas
de terrorismo, estafas y
narcotráfico.
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/17/actualidad/1442492979_099257.html
COFELY ANULÓ UNA DONACIÓN DE
300.000 EUROS A UNA
FUNDACIÓN LIGADA A PARLA
TRAS EL ESTALLIDO DE LA
‘OPERACIÓN PÚNICA’
La multinacional, una de las
piezas centrales en el puzle
de la trama Púnica, se había
comprometido a solucionar la
situación de un conflictivo
edificio de 280 viviendas
sociales
La Fundación Toda Ayuda, que
gestiona los arrendamientos
del bloque, se declara por
completo ajena a los manejos
de la trama y subraya que
solo le mueve su carácter
social
La multinacional Cofely, una
de las piezas centrales en
el puzle de la trama Púnica,
anuló tras estallar el caso
una donación de más de
300.000 euros comprometidos
con una fundación que, por
convenio con el Ayuntamiento
de Parla, gestiona un
edificio de viviendas
sociales en ese municipio.
Así lo indican los
documentos a que ha tenido
acceso infoLibre a través de
la Fundación Toda Ayuda, que
desde 2013 administra los
arrendamientos de los 280
pisos del edificio Toledo 15
de Parla, buena parte de
cuyos habitantes son okupas
y que está considerado por
las autoridades locales como
uno de los principales focos
de conflicto de toda la
Comunidad de Madrid.
Una de las principales
operaciones investigadas en
el caso en relación a Cofely
es la adjudicación,
supuestamente amañada, de un
contrato de 66 millones por
parte de ese Ayuntamiento,
el único de los investigados
que estaba dirigido por el
PSOE y no por el PP, el
partido bajo cuyo poder
institucional, tanto local
como autonómico, prosperó la
trama Púnica.
El compromiso de donación,
cancelado el 22 de diciembre
de 2014, constituía el
objeto del acuerdo firmado
por Cofely y Fundación Toda
Ayuda tres meses antes:
exactamente, el 17 de
septiembre de 2014. Seis
días después, el 23 de
septiembre, el Ayuntamiento
de Parla decidió asumir la
deuda acumulada por las más
de 280 viviendas de Toledo
15 con Iberdrola. Lo hizo
subrogándose en las
obligaciones del propietario
del edificio, Unifo SA, que
ya llevaba años en concurso
de acreedores.
De acuerdo con los papeles
aportados por Toda Ayuda a
este diario, la donación de
Cofely se haría en especie.
La multinacional se
comprometía a construir en
Toledo 15 un centro de
transformación eléctrica
valorado en 295.024 euros
más IVA (356.979 euros en
total) para que cada una de
las viviendas del conjunto
dispusiera de contador
propio.
Para qué necesitaba el
Ayuntamiento de Parla la
presencia interpuesta de la
Fundación Toda Ayuda si a
Cofely le movían solo
razones altruistas es una de
las grandes incógnitas. O
uno de los motivos de
sospecha.
El informe de la Guardia
Civil
¿Fue esa donación, que
oficialmente iba a plasmarse
en obras para instalar
contadores individuales en
Toledo 15, un soborno o una
generosa e incondicionada
contribución de Cofely? En
uno de sus primeros autos
sobre la Operación Púnica,
dictado el 29 de octubre de
2014, el juez Eloy Velasco
incluye esa donación dentro
de los “cohechos acordados”.
Y hace tres meses, el 8 de
junio, la Guardia Civil
incorporó el nombre de la
Fundación Toda Ayuda a la
lista de entidades y
empresas sobre las que pedía
al juez una investigación de
sus cuentas. Este diario no
ha podido confirmar si el
magistrado ha accedido a
ello.
La Fundación asegura que
nadie le ha requerido un
solo papel, remacha que
todos sus miembros son por
completo ajenos a la trama
corrupta y proclama que su
único interés en Parla pasa
por mejorar la calidad de
vida en Toledo 15. ¿Por qué
Cofely rompió entonces el
acuerdo, qué explicación
ofreció a Toda Ayuda?
Ninguna, responde la
fundación.
Constituida en noviembre de
2012, Toda Ayuda ha suscrito
desde entonces convenios
para el alquiler de
viviendas sociales con ocho
ayuntamientos de Madrid,
Castilla-La Mancha,
Valencia, Mallorca y Murcia,
según sus propios datos. Por
qué la fundación no dispone
de ninguna línea telefónica
registrada a su nombre en
toda España es una pregunta
para la que sus rectores no
ofrecieron respuesta. Sí
cuenta con una web que
ofrece un email como vía de
contacto.
Su presidente, Antonio
Gimeno, que desempeña cargos
en una decena de empresas
del sector inmobiliario,
sostiene que decidió crear
la fundación y centrarla en
el alquiler de viviendas
sociales para familias
desfavorecidas tras superar
una grave enfermedad. La
sede operativa de la
fundación coincide con la de
las empresas –“familiares”-
de su presidente. Su
domicilio formal se localiza
en otra dirección.
"Cofely no tenía
inconveniente"
El presidente de Toda Ayuda
narra cómo la inexistencia
de sistemas individuales de
medición de consumo terminó
por engordar la deuda del
edificio –propiedad de una
inmobiliaria en concurso,
Unifo- con la compañía
suministradora hasta
sobrepasar los 400.000
euros. La fundación asumió
la gestión del edificio –el
suelo es propiedad
municipal- el 24 de abril de
2013 mediante convenio con
el Ayuntamiento y previo
pacto con Unifo.
Casi año y medio después,
"el Ayuntamiento comunicó a
la fundación que Cofely
haría un donativo", cuentan
Antonio Gimeno y el director
general de Toda Ayuda,
Carlos García Navarro. ¿Y
cuál era el porqué de esa
donación? "Porque la empresa
iba a desarrollar la
optimización energética del
Ayuntamiento y no tenía
inconveniente en hacerlo",
responden ambos.
Rubricado por Didier Maurice,
máximo responsable de Cofely
en España y también
imputado, así como por un
segundo directivo de Cofely
que en el caso ostenta la
condición de testigo, y por
el director de la fundación,
Carlos García Navarro, el
acuerdo lleva fecha del 17
de septiembre de 2014.
El 22 de diciembre, con la
Operación Púnica en pleno
apogeo, Cofely envió un
burofax a la fundación por
el que le comunicaba
oficialmente “su voluntad de
desistir del convenio y
resolver el mismo por
razones operativas y de
organización interna
sobrevenidas estos últimos
meses”.
El burofax contiene
aparentemente una errata: el
importe del proyecto
comprometido por Cofely, la
puesta en marcha de un
centro de transformación
eléctrica, se cifra aquí en
215.024 euros. Es decir, en
80.000 euros menos de lo que
señala el documento datado
en septiembre.
A esa donación de Cofely
aluden varios de los
imputados en las
conversaciones telefónicas
que la Guardia Civil
interceptó.
Uno de los pinchazos a su
jefe de gabinete destapa que
el entonces alcalde, José
María Fraile, exmilitante
del PSOE, tenía previsto
reunirse con el jefe de
Cofely en España para hablar
de la donación justo el día
en que la multinacional de
la energía y Toda Ayuda
suscribieron su acuerdo. No
obstante, Fraile negó ante
el juez cualquier relación
con el asunto.
El acta de su interrogatorio
ante la Guardia Civil, al
que se sometió el 29 de
octubre de 2014, dos días
después del estallido del
caso, contiene el siguiente
párrafo: “Preguntado para
que diga si en la visita que
recientemente ha realizado a
la sede de la empresa Cofely
España SAU ha solicitado,
recibido o intermediado en
algún tipo de donación
efectuada por la citada
empresa y qué finalidad y
destino ha tenido la misma,
manifiesta que no”.
Más adelante, Fraile admitió
que su jefe de gabinete,
Antonio Borrego, también
imputado, le informó de que
Cofely iba a firmar un
acuerdo con una fundación.
Fraile indica entonces que
esa firma “suponía el fin
del problema de la calle
Toledo 15, en
relación a una
infraestructura eléctrica y
contadores” ¿Y a qué importe
asciende ese acuerdo?,
insistió la Guardia Civil.
Fraile “manifiesta que lo
desconoce”, se lee en el
acta.
Por qué Fraile se aferra a
su supuesto desconocimiento
si el convenio poseía un
carácter estrictamente
altruista es una de las
incógnitas. O uno de los
motivos de sospecha.
Una reseña vaga
La web de Fundación Toda
Ayuda incluye una breve
reseña del acuerdo con
Cofely. Tanto que no
especifica en qué
consistiría la donación.
Bajo el titular "Firma de
convenio con Cofely" y
datada el 18 de septiembre
de 2014, la nota dice lo
siguiente: "La Fundación
Toda Ayuda agradece a Cofely
GDF Suez la firma de un
acuerdo de colaboración por
el cual donarán importantes
recursos encaminados a
resolver graves problemas
energéticos con un marcado
carácter social".
Las demás noticias sobre
acuerdos de colaboración que
alberga la web de Toda Ayuda
son igualmente escuetas.
Pero todas ellas detallan el
objeto exacto de la
colaboración y/o el
destinatario de la ayuda. La
de Cofely, no.
Donaciones de Parla
De los 71.000 euros
contabilizados en 2013 por
Toda Ayuda como donaciones,
30.000 proceden del
Ayuntamiento de Parla, según
los datos expuestos por
Gimeno a este diario. En
2014, de 238.000 euros por
donaciones, 100.000 salieron
también de Parla.
El soporte financiero
prestado por el Ayuntamiento
de Parla no consta en la
memoria facilitada a
infoLibre por sus
responsables y depositada en
el Registro de Fundaciones
del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad el pasado 10 de
julio.
Tanto el presidente de Toda
Ayuda como su director
general aseguran que solo el
convenio de Parla prevé
contrapartidas económicas
para la fundación.
Pero, según Gimeno, ni
siquiera merecen la
definición de
contrapartidas: “Tal como
entraron, en varias remesas,
los 130.000 euros del
Ayuntamiento de Parla
salieron directamente para
pagar la deuda de Toledo 15
con Iberdrola”.
Gimeno mostró a este diario
los movimientos bancarios de
la fundación, que consignan
pagos a Iberdrola por
importes idénticos al de
sucesivas transferencias.
Algunas de ellas reflejan
que la transferencia tenía
su origen en el Ayuntamiento
de Parla. Otras se limitan a
señalar que el dinero
procede de “otras entidades
[bancarias]”.
Las cuentas de la fundación
sí precisan que otros
246.700 euros ingresados en
2014 provienen del convenio
de colaboración firmado por
la fundación con Probuen SL.
Esa es una de las sociedades
administradas por el
presidente de Toda Ayuda,
Antonio Gimeno.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/09/21/cofely_anulo_una_donacion_300_000_euros_una_fundacion_ligada_parla_tras_estallido_operacion_punica_37924_1012.html
LA AUDIENCIA DIVIDE EL ‘CASO
PÚNICA’ EN 12 PIEZAS PARA
AGILIZAR LA INVESTIGACIÓN
El juez pretende que
se juzgue "sin dilaciones"
la parte de la instrucción
que ya ha concluido
El juez de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco considera necesario
agilizar la tramitación de
la Operación Púnica, la
última trama de corrupción
municipal vinculada al PP.
Velasco ha acordado dividir
en 12 piezas separadas la
investigación para
garantizar una tramitación
más rápida y ordenada y
permitir que se juzguen,
“sin dilaciones”, aquellas
piezas en las que haya
finalizado la instrucción.
En un auto, el juez recuerda
que la causa se inició en
junio de 2014 a raíz de una
querella de la Fiscalía
Anticorrupción y que a lo
largo de la investigación
han ido surgiendo "tramas
delictivas no siempre sobre
hechos semejantes o
involucrando a las mismas
personas". Velasco sostiene
que ahora que la causa
empieza a estar definida se
observa que existen
“diversas acciones
delictivas” que afectan a
muchas personas (más de 100
imputados) que no siempre
guardan relación entre sí-
La causa, que ya supera los
50.000 folios divididos en
más de 65 tomos resulta
“inmanejable”, advierte el
juez.
Aunque todos los hechos
tienen el hilo conductor de
“ciertos conseguidores que
van expandiendo influencias”
lo hacen en diferentes
Administraciones Públicas,
afectan a diversos órganos
de contratación e incluso
diferentes formaciones
políticas, en épocas
diversas en el tiempo, lo
que, según el magistrado,
aconseja la división “más
afín temática posible” para
una continuación ordenada de
la causa, tal y como permite
el artículo 762.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.
En opinión del magistrado,
tras analizar diversa
jurisprudencia del Tribunal
Supremo, mantener en este
momento en una misma causa
tramas tan diversas “condena
a dilatar plazos de
interinidad en espera de
enjuiciamiento a implicados
muy diversos, sin relación
entre sí, en función del
avance de complicadas
diligencias" como, por
ejemplo, las comisiones
rogatorias que afectan sólo
"a unos pocos imputados".
Esta circunstancia, entiende
el juez, podría lastimar
"involuntariamente más
tiempo el derecho a la
presunción de inocencia y el
de a la no dilación
(indebida) de otros” lo que
le ha llevado a decantarse
por dividir la causa en
piezas independientes en
función de las “diversas
tramas fácticas".
Las 12 piezas de la trama
1.- Hechos referentes a la
revelación de la
investigación oficial del
constructor David Marjaliza
y el ex número dos del PP de
Madrid y ex consejero de
Presidencia y Justicia
Francisco Granados.
2.- Hechos referentes de la
Diputación de León.
3.- Hechos referentes a la
Comunidad de Murcia.
4.- Hechos referentes a la
actuación en torno al
Ayuntamiento de la localidad
madrileña de Valdemoro
(urbanismo y contratación).
5.- Hechos referentes a
otras presuntas
contrataciones ilegales en
el ámbito local (Serranillos
del Valle, Torrejón de
Velasco...).
6.- Hechos referentes a
Cofely.
7.- Hechos referentes de
Waiter Music.
8.- Hechos referentes a
Granados y sus
colaboradores.
9.- La trama internacional
de presuntos blanqueos de
capitales.
10.- Las empresas Eico,
Madiva, los empresarios
Alejandro de Pedro y Alonso
Conesa y los trabajos para
mejorar la reputación online
en otras Administraciones
Públicas y empresas.
11.- Hechos referentes a
Alfedel.
12.- Otros hechos (que
continuarán en la pieza
principal).
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/16/actualidad/1442409101_414057.html
EL JUEZ ULTIMA TRES PIEZAS
DE PÚNICA PARA MANDAR AL
BANQUILLO AL 'CHIVATO' Y A
DOS CARGOS PÚBLICOS DEL PP
La decisión del magistrado
de trocear la causa en doce
partes para agilizar la
misma le permitirá terminar
en breve las líneas de
investigación sobre León,
Murcia y el guardia civil
que dio un 'soplo' a
Granados que tenía
prácticamente concluidas
desde abril.
El 'caso Púnica' avanza a
velocidad de crucero... al
menos en tres de sus doce
líneas de investigación. La
decisión del titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy
Velasco, de trocear el
sumario en una docena de
piezas separadas se
traducirá en breve en la
conclusión de tres de ellas.
En concreto, las que
investigan el supuesto
'chivatazo' que un agente de
la Guardia Civil dio a
Francisco Granados, y las
dos referidas a los pagos
realizados presuntamente con
dinero público para mejorar
la reputación 'online' de
sendos altos cargos del PP:
el expresidente de la
Diputación de León, Marcos
Martínez Barazón, y el
consejero de Industria y
Turismo de la Región de
Murcia, José Carlos Ruiz
López. Ya en abril, un
informe de la Unidad Central
Operativa (UCO) reconocía
que estas pesquisas
concretas estaban muy
avanzadas y su conclusión
estaba "próxima" al menos en
el ámbito policial. El auto
del magistrado de este
miércoles permitirá que esa
finalización sea también
judicial y los más de diez
imputados en dichas partes,
entre ellos el guardia civil
y los dos cargos públicos
'populares', puedan ser
mandados al banquillo de los
acusados. Mientras, las
otras nueve piezas separadas
del sumario, algunas con
"complicadas diligencias"
pendientes, seguirán su
camino más lentamente.
Tras dejar la UCO, el agente
del 'chivatazo' ha pedido
ser destinado al cuartel en
cuyo calabozo estuvo
detenido. Hasta que no sea
condenado en firme, no podrá
ser expulsado de la Guardia
Civil
La primera pieza que se verá
beneficiada por esta
decisión es la que en su
auto de este miércoles el
magistrado denomina como
"hechos referentes a la
revelación de la
investigación oficial a los
señores Marjaliza y
Granados". Se refiere con
ello al 'chivatazo' que Luis
Rodríguez Talamino, agente
de la propia UCO, dío
presuntamente en septiembre
de 2014 al exdirigente
regional del PP sobre la
instalación de un equipo de
vigilancia a las puertas de
las oficinas de las empresas
que su amigo y socio tenía
en el edificio Plaza Éboli
de Pinto. Durante el
interrogatorio al que fue
sometido por el juez, el
guardia civil aseguró que
“en ningún momento” supo que
sus compañeros estaban
investigando a Granados y a
Marjaliza a pesar de que
admitió haber participado en
la preparación del
dispositivo de grabación.
También negó cualquier
conversación con el primero
en las fiestas de Valdemoro,
momento en el que el sumario
apunta que se produjo la
confidencia. Un agente en
excedencia próximo a
Granados desmontó esta
versión en su declaración
como testigo. Los informes
de la UCO presentes en el
sumario consideran que
aquella indiscreción puso en
peligro toda la operación
Púnica.
Ahora es el propio Instituto
armado el que quiere que
esta parte de las pesquisas
se dilucide rápidamente ante
los tribunales para, de este
modo, concluir el expediente
interno al agente y, si es
finalmente condenado,
proceder a su expulsión. El
agente se encuentra en estos
momentos apartado de la UCO,
pero mantiene su condición
de miembro en activo
pendiente de destino.
Fuentes de la Dirección
General han confirmado en
las últimas semanas que
Rodríguez Talamino ha
solicitado destino en, al
menos, dos unidades, una de
ellas 'sensible'. En
concreto, en la Unidad de
Policía Judicial de la
Comandancia de Madrid, con
sede en la localidad
madrileña de Tres Cantos.
Curiosamente, fue en los
calabozos de este cuartel
donde el 'chivato' estuvo
detenido tras su arresto.
Los agentes de la unidad a
la que ahora pretende ser
destinado y que, por tanto,
serían sus compañeros,
fueron los que le tomaron
las fotografías y las
huellas dactilares para la
reseña policial. Estas
mismas fuentes auguran que,
finalmente, no se aceptará
dicha petición, aunque
admiten que, mientras no
esté condenado en firme,
sigue siendo guardia civil y
puede pedir un destino en
función de sus méritos.
Entre estos últimos cuenta,
precisamente, su paso por la
UCO como integrante de su
Grupo de Apoyo Técnico
(GAT), especializado en
seguimientos e instalación
de dispositivos de
vigilancia.
León y Murcia
Las otras dos piezas que se
encuentran en su fase final
a punto de concluir son las
que el auto denomina "hechos
referentes a la Diputación
de León" y "hechos
referentes a la Comunidad de
Murcia". Son, en concreto,
los que tienen como
principales implicados
respectivamente al
expresidente de la
Diputación de León y actual
alcalde de la localidad de
Cuadros, Marcos Martínez, y
al exconsejero de Turismo de
la región murciana, Juan
Carlos Ruiz. Un informe de
la Guardia Civil fechado el
pasado 20 de abril ya
apuntaba que ambas líneas de
investigación estaban
entonces muy avanzadas y
auguraba que su
"finalización está próxima".
Los agentes afirmaban que
desde las detenciones de
octubre se había avanzado en
ambas "de manera
significativa" y que había
dado tiempo a analizar "las
evidencias procedentes de la
intervención telefónica,
declaraciones policiales y
judiciales, y requerimientos
de documentación". Ya
entonces se consideraba que
"sólo" quedaban por tomar
algunas "declaraciones
policiales con el propósito
de confirmar algunos de los
hechos que se ponen de
manifiesto en los informes
policiales". Dicha labor,
según fuentes cercanas a la
investigación, concluyó hace
tiempo.
En las piezas de León y
Murcia se investiga el
supuesto pago con dinero
público de trabajos de
reputación 'online' para
sendos cargos públicos del
PP imputados
Aunque independiente una de
otra, ambas tienen un punto
en común: las empresas del
llamado 'conseguidor' de la
trama, Alejandro de Pedro,
prestaron servicios de
reputación 'online' "para
autoridades de ambas
administraciones". Según las
pesquisas, el objetivo de
dichos trabajos era
"posicionar favorablemente a
estas personas en el seno
del Partido Popular nacional
para lograr que fueran
elegidos candidatos a las
próximas elecciones locales
y municipales", en
referencia a los comicios
del pasado 24 de mayo. A
cambio de ello, el
'conseguidor' de Púnica
"recibía pagos por
publicidad en sus diarios
digitales" mediante
contratos públicos
"adjudicados en concurrencia
ficticia con empresas de su
entorno". En el caso de
Marcos Martínez, estos
hechos provocaron su
detención el pasado mes de
octubre y que pasara 40 días
en prisión. A Juan Carlos
Ruiz le salvó su condición
de aforado y, sólo cuando
abandonó su cargo en el
Ejecutivo poco antes de las
elecciones, pudo ser
formalmente imputado.
En el primero de los casos,
la investigación ha
comprobado que una de las
sociedades de Alejandro de
Pedro, Madiva Editorial,
mantuvo un contrato con la
Diputación de León desde
mediados de 2013 hasta que
se desató la operación a
finales de octubre de 2014 a
razón de 3.600 euros
mensuales por mejorar la
imagen en internet de la
asesinada Isabel Carrasco,
primero, y de Martínez,
después. En total, la
Diputación reconoció a la
Audiencia Nacional pagos por
algo más de 105.000 euros a
Madiva en dos años y medio
por este concepto. Además,
en el sumario figuran además
otros pagos -cuatro de 1.500
euros cada uno- de una
entidad vinculada a la
Diputación, el consorcio de
gestión de las basuras,
Gersul. El magistrado
también considera probado
que el político leonés, en
su aspiración por presidir
el PP de León, prometió al
'conseguidor' adjudicaciones
de contratos para la
estación de esquí de San
Isidro a cambio de
influencia política en
Génova. Por esta pieza
también están imputados el
interventor Manuel Jesús
López Sánchez y el
empresario Francisco Eduardo
Ruiz Valenzuela.
En Murcia, el juez también
investiga un contrato
firmado con Madiva Editorial
que, sobre el papel, tenía
como objetivo la promoción
turística de Murcia en el
mercado británico y cuyo
importe ascendía a 24.000
euros. El magistrado
considera que no sólo se
eludió la normativa en
materia de contratación
pública (se simuló la
concurrencia de varias
empresas que, en realidad,
eran todas del entorno del
'conseguidor'), sino que
también sirvieron
presuntamente para desviar
fondos a hacer trabajos de
reputación 'online' en favor
del exconsejero imputado.
Además de éste, en esta
pieza también están
encausados la que fuera
directora del Instituto de
Fomento (INFO), Reyes Samper;
la directora del Instituto
de Turismo, Mariola
Martínez; su secretario
general, Jesús Galindo; el
jefe de gabinete de la
Consejería de Turismo, José
Fidel Saura; y el segundo
'conseguidor' de la trama,
el exalcalde socialista de
Cartagena, José Antonio
Alonso Conesa. De las tres
ya terminadas, es la que
previsiblemente siente a más
personas en el banquillo de
los acusados.
http://vozpopuli.com/actualidad/68351-el-juez-ultima-tres-piezas-de-punica-para-mandar-al-banquillo-al-chivato-y-a-dos-cargos-publicos-del-pp
EL JUEZ INVESTIGA AL 'NÚMERO
3' DE CIFUENTES EN UNA PIEZA
SEPARADA DEL CASO PÚNICA
Las pesquisas sobre Jaime
González Taboada, iniciadas
tras la confesión de David
Marjaliza, ocupan una de las
12 piezas del caso. El
magistrado tiene que decidir
si admite a algunas de las
acusaciones
El auto no lo menciona
expresamente, pero el juez
de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco investiga a
Jaime González Taboada,
consejero de Medio Ambiente
y 'número tres' de Cristina
Cifuentes, en una de las
doce piezas separadas en las
que acaba de trocear el
'caso Púnica'. La trama, que
ya ocupa 65 tomos y más de
50.000 folios, se ha divido
en estas doce instrucciones,
distintas pero paralelas,
para agilizar y ordenar la
causa. En una de esas doce
piezas, la ocho, bautizada
como “Granados y
colaboradores”, se incluyen
las pesquisas que la Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil inició hace
unos meses sobre el
consejero madrileño.
Como ya publicó El
Confidencial, el principal
imputado en la causa, el
empresario David Marjaliza
Villaseñor (socio y amigo
del exconsejero madrileño
Francisco Granados) empezó a
colaborar hace semanas con
la UCO y con el juez para
conseguir una reducción en
su previsible futura
condena. En esa colaboración
mencionó el nombre de
González Taboada y la
empresa pública madrileña
Arpegio, encargada de
gestionar suelo en la
Comunidad de Madrid. A raíz
de su declaración, la UCO
investiga ocho contratos por
valor de 11,7 millones de
euros que Arpegio y la
Fundación Arpegio firmaron
con tres empresas de la
trama: Waiter Music, la
constructora DICO y Aranan
Gestión Patrimonio
Inmobiliario, estas dos
últimas vinculadas a
Marjaliza.
La Guardia Civil investiga
ocho contratos de la empresa
pública Arpegio con la trama
y la relación del consejero
en esas adjudicaciones
Granados fue presidente de
Arpegio entre abril de 2005
y diciembre de 2007. Durante
ese periodo, en febrero de
2006, Arpegio firmó con la
Comunidad de Madrid un
convenio para que el ente
público gestionara el plan
de inversiones Prisma, que
tiene por objeto la
ejecución de obras en apoyo
de los municipios. El
‘número 3’ de Cifuentes era
entonces director general de
Cooperación con la
Administración Local,
dirección de la que dependía
la gestión del plan Prisma.
La información que ofreció
Marjaliza, que supuso el
inicio de una serie de
investigaciones y
comprobaciones por parte de
la UCO, se ha incluido en
esta pieza 8. "Las pesquisas
han avanzado y empiezan a
dar sus primeros frutos",
explican fuentes del caso.
La declaración de Marjaliza
sigue bajo secreto de
sumario.
Las investigaciones de las
posibles relaciones entre la
trama y la empresa pública
Arpegio no solo salpican a
González Taboada. El juez
también tiene una relación
de nombres de otros
responsables de Arpegio,
algunos de los cuales ocupan
actualmente puestos en el
Gobierno de Cifuentes. En
junio de 2015 el magistrado
también mostró especial
interés en los contratos que
Arpegio pudo firmar con un
empresario, Carlos García
Rodríguez.
Demasiadas acusaciones
El juez Velasco también
quiere organizar la
representación de las
acusaciones particulares y
populares que han pedido
personarse en el caso. Aún
no ha decidido, tras
consultarlo con la Fiscalía,
si va a aceptar o no la de
la Comunidad de Madrid, que
lo ha solicitado "para
esclarecer si el patrimonio
de los madrileños ha salido
perjudicado", explican
fuentes del Gobierno
regional. En principio, todo
indica que el magistrado
aceptará su personación.
Son muchas las
Administraciones públicas
que quieren estar en el
caso, como el Ayuntamiento
de Parla, el de Valdemoro o
el de Moraleja de Enmedio
(todos en Madrid), y varios
municipios valencianos.
Mover Parla, el partido de
la exalcaldesa socialista de
esa localidad, Beatriz
Arceredillo, también quiere
personarse.
En las acusaciones
particulares, el juez aún
debe decidir si las autoriza
todas a título individual o
las agrupa bajo una solo
coordinación, que en un
principio podría recaer en
la Asociación de Abogados
Demócratas de Europa
(ADADE), que también está
personada en el 'caso
Gürtel'. La verdad es que
plataformas y organizaciones
muy diversas ideológicamente
han pedido ser acusación, lo
que dificulta que todas se
organicen en una sola. El
sindicato Comisiones Obreras
también lo ha solicitado, al
igual que Manos Limpias, la
asociación que ha creado el
polémico abogado Emilio
Rodríguez Menéndez, y la
Asociación para la
Prevención y Estudios de
Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática
y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA).
Algunas de ellas ya lo han
conseguido.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2015-09-17/el-juez-ya-investiga-al-numero-3-de-cifuentes-en-una-pieza-separada-del-caso-punica_1020267/
CIFUENTES IGNORA LAS
SOSPECHAS SOBRE SU 'NÚMERO
3' Y LE DA UN CARGO EN LA
EMPRESA INVESTIGADA EN
PÚNICA
La presidenta de Madrid
firma el decreto por el que
Jaime González Taboada,
salpicado por la declaración
de uno de los cabecillas de
la trama, pasa a ser vocal
de Arpegio, el ente público
investigado precisamente por
el juez Eloy Velasco por
irregularidades en sus
adjudicaciones.
La presidenta de Madrid,
Cristina Cifuentes, vuelve a
poner la mano en el fuego
por su 'número 3', el
consejero de Medio Ambiente,
Jaime González Taboada,
salpicado por algunas
declaraciones en el 'caso
Púnica'. Y, en esta ocasión,
lo hace con el Boletín
Oficial de la Comunidad (BOCM)
como testigo. El Consejo de
Gobierno que ella preside
acordó el pasado 8 de
septiembre nombrar al
político vocal de Nuevo
Arpegio SA, la empresa
pública de gestión del suelo
investigada por el juez Eloy
Velasco precisamente por
supuestas irregularidades en
adjudicaciones a miembros de
la trama de corrupción. El
nombramiento fue
oficializado dos días
después en el BOCM en un
acuerdo que firman Cifuentes
y el propio Taboada, como
titular de la Consejería de
la que depende este ente de
la Administración
autonómica. Según fuentes
del Ejecutivo regional, este
es el paso previo al
nombramiento del 'número 3'
como presidente de la
cuestionada empresa pública.
El acuerdo para nombrarle
vocal de Arpegio se produjo
el 8 de septiembre, un día
después de que el juez
Velasco ordenada nuevas
diligencias sobre esta
empresa pública
El acuerdo, que se publicó
el pasado jueves en el BOCM,
hace público el cese de los
seis vocales que hasta ahora
ejercían dicho cargo en el
Consejo de Administración de
la empresa pública en nombre
de la Comunidad y propone el
nombramiento de los cinco
que los sustituían. El
primero, el propio González
Taboada, de cuya consejería
depende Nuevo Arpegio desde
que un decreto del 4 de
agosto pasado incluyó a esta
empresa en la estructura
orgánica de su departamento.
Cristina Cifuentes no ha
dudado hasta ahora en
respaldar públicamente a su
'número 3' desde que
comenzaran a salir a la luz
las sospechas de su
implicación en la trama
Púnica. Y ello, según
fuentes del propio PP, pese
a las voces que desde dentro
del partido le recomendaban
prescindir de uno de sus
hombres de máxima confianza
para no poner en peligro el
pacto con Ciudadanos que le
dio la Presidencia de la
Comunidad.
Sin embargo, el nombramiento
se produce sólo un día
después de que el pasado
martes 7 de septiembre el
titular del Juzgado Central
de Instrucción número 6
dictase un auto en el que
ordenaba a la Agencia
Tributaria elaborar un
informe sobre las
adjudicaciones recibidas por
un empresario de la
construcción, Carlos G.R.,
con la Comunidad de Madrid
"con especial hincapié" en
las logradas con Arpegio
Áreas de Promoción
Empresarial SA, la
antecesora de Nuevo Arpegio.
En concreto, el magistrado
quiere saber qué contratos
recibió entre 2004 y 2011,
periodo que coincide con la
etapa en la que el ahora
encarcelado "Francisco
Granados ocupó cargos de
relevancia en la Comunidad
de Madrid" y en el que
también González Taboada, en
su condición entonces de
director general de
Cooperación con la
Administración Local del
Ejecutivo autonómico,
gestionaba PRISMA, el plan
de inversiones en obra
pública en los municipios
madrileños que era
materializado desde Arpegio.
El contenido de dicha orden
judicial fue desvelado este
lunes en exclusiva por
Vozpópuli.
La confesión de Marjaliza
De este modo, el juez
Velasco mostraba su clara
intención de centrar parte
de las pesquisas del 'caso
Púnica' en una línea de
investigación que llevaba
tiempo abierta, pero que
recibió un importante
impulso el pasado mes de
junio. Entonces, el
constructor David Marjaliza,
socio y amigo de Granados,
acudió tres días a la
Audiencia Nacional para,
tras llegar a un acuerdo con
la Fiscalía Anticorrupción,
confesar durante cerca de
once horas las corruptelas
en las que había
participado. Aunque el
contenido de dicho
testimonio aún permanece
secreto, sí ha transcendido
que el socio de Granados
habló de supuestas
irregularidades en las
recalificaciones de terrenos
en las que tuvo
participación la firma
pública Arpegio y de
adjudicaciones de obras
presuntamente amañadas en el
Plan PRISMA. Además, según
confirman a este diario
fuentes cercanas a la
investigación, citó
expresamente al actual
consejero de Medio Ambiente
de la Comunidad.
Taboada es citado por varios
imputados en las
conversaciones telefónicas
intervenidas por la Guardia
Civil y es citado por
Marjaliza en su confesión
ante el juez
Para entonces, sin embargo,
el nombre del 'número 3' de
Cifuentes ya había salido en
el sumario. Así, fue citado
por el anterior alcalde de
Valdemoro, José Carlos Boza
Lechuga, en una conversación
con Marjaliza intervenida
por orden judicial en la que
se deja constancia de la
ascendencia que
supuestamente tenía sobre
Taboada el que fuera
secretario regional del PP.
"Le he pedido una cita a
Jaime González Taboada
también para ver si me hace
lo de las obras del PRISMA.
Entonces le he invitado a
comer para ver cómo le cojo
el pulso a éste, porque
Jaime conmigo nunca ha sido
hostil, pero ahora me hace
menos caso y ya no está Paco
[en referencia a Francisco
Granados] y ya no le manda,
pues ya pasa", llega a
asegurar el regidor que
pretende que la empresa
pública le sufrague varias
obras en su localidad por un
total de "millón y pico". En
otra conversación telefónica
de Boza por este tema, en
este caso con el propio
Granados, es éste quien
asegura que se lleva
"fenomenal con Jaime".
El nombre de González
Taboada volvió a salir en
febrero de 2015, y en este
caso en las preguntas de la
Guardia Civil a un testigo.
En concreto, en el
interrogatorio a Francisco
Esquivias, actual secretario
general de Nuevo Arpegio, la
empresa que sustituyó en
diciembre de 2010 a la
antigua Arpegio tras su
fusión con otro ente de la
Comunidad, Tres Cantos SA.
Los agentes de la UCO le
interrogaron en profundidad
sobre el mecanismo de
actuación de dicha empresa
entre abril de 2005 y
diciembre de 2007, el
periodo en el que Granados,
por su condición de 'número
3' del Ejecutivo de
Esperanza Aguirre, fue
presidente de Arpegio. Fue
en esta etapa en el que esta
entidad comenzó a gestionar
las inversiones de PRISMA,
que dependían directamente
de González Taboada en su
condición de director
general de Cooperación con
la Administración Local. Por
ello, los agentes
preguntaron expresamente a
Esquivias por el papel del
actual consejero de Medio
Ambiente en la gestión de
aquellas ayudas a los
consistorios. En el acta de
aquella declaración figuran,
de hecho, cinco contratos de
este plan por un total de
1,5 millones de euros
adjudicados en aquellos años
a la constructora DICO, una
de las intervenidas en la
'Operación Púnica'.
http://vozpopuli.com/actualidad/68256-cifuentes-ignora-las-sospechas-sobre-su-numero-3-y-le-da-un-cargo-en-la-empresa-investigada-en-punica
UN IMPUTADO EN LA TRAMA
PÚNICA SE COMPROMETIÓ POR
ESCRITO A “COLABORAR” EN UNA
RECALIFICACIÓN
Se ofreció a “realizar
cuantas gestiones resulten
eficaces” para conseguir los
terrenos sobre los que ha
sido construido el polémico
colegio privado que el
Gobierno de Aragón debe
concertar por orden judicial
Un imputado en la operación
Púnica se comprometió por
contrato a “colaborar,
coadyuvar y realizar cuantas
gestiones resulten eficaces”
para lograr una
recalificación urbanística
en Zaragoza. Los trámites
salieron mejor incluso de lo
que esperaban sus
promotores.
El compromiso lo adquirió
Alfonso Ferrón del Río,
propietario de la empresa
Alfedel y sospechoso de
haber pagado mordidas a la
trama presuntamente dirigida
por Francisco Granados y
David Marjaliza a cambio de
obtener conciertos para los
colegios privados que
promovía bajo fórmulas de
cooperativa. Figura, negro
sobre blanco, en el contrato
por el que otra empresa,
Ánfora Sociedad Cooperativa
Madrileña, acordó la compra
de los terrenos en los que
se ubica el polémico centro
Ánfora Internacional, en
Cuarte de Huerva: dos
parcelas residenciales de
una zona conocida como
Monasterio, propiedad de una
empresa llamada Yerhec, que
suman 15.058 metros
cuadrados y a las que el
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de Cuarte
asignaba una edificabilidad
de 12.627 metros cuadrados
de techo y capacidad para 64
viviendas unifamiliares.
El contrato especifica que
el proyecto del colegio
requería “la totalidad de la
superficie de las dos
parcelas y 12.000m2t [metros
de techo] de edificabilidad,
no necesitando consumir
numero alguno de viviendas”,
por lo que esa extensión
“deberá ser asignada a dicho
uso” de equipamiento. “Todos
los trabajos, gestiones,
proyectos tramitaciones y
autorizaciones que haya que
realizar y conseguir” para
modificar el ordenamiento
urbano con el fin de
“trasladar el exceso de
edificabilidad de ambas
parcelas” a otra del
vendedor, señala el
contrato, “para conformar
una sola parcela de uso
destinado a centro
educativo, serán de cuenta
de la propiedad,
comprometiéndose la
cooperativa a colaborar,
coadyuvar y realizar cuantas
gestiones resulten eficaces
para la consecución de tal
fin”.
Los promotores se ganan una
calle
La recalificación, aunque
conllevó la “amortización”
del grueso de las viviendas,
salió mejor incluso de lo
que podían esperar los
promotores: el rediseño de
las dos parcelas, basado en
un estudio presentado por
Ánfora, absorbió el vial de
1.477 metros cuadrados que,
sobre el papel, debía
separar las parcelas (iba a
ser bautizado como calle
Boltaña). Esa superficie fue
cedida por el Ayuntamiento,
gobernado en minoría por el
PAR (aragonesistas de
centro-derecha), al colegio.
Ahora es la acera que lo
rodea. El alcalde, Jesús
Pérez, niega que se haya
entrevistado con Ferrón o
negociado con él.
El de la ayuda para la
recalificación no es el
único servicio llamativo que
Ferrón se ha ofrecido
prestar. Un informe de
Hacienda que consta en las
diligencias del caso Púnica
destaca cómo la web de
Alfedel incluía “entre los
servicios prestados” a sus
clientes la “realización de
todas las gestiones
necesarias para la
adquisición del terreno,
obtención de licencias
municipales y concesión de
conciertos educativos” y,
también, la “localización
geográfica de nuevos centros
en municipios con
necesidades de oferta
educativa”.
La compra de los terrenos,
condicionada a que el
colegio obtuviera el
concierto y la licencia de
construcción y tasada en
3,85 millones de euros más
IVA, incluye un calendario
de pagos que finaliza en
diciembre de 2016 y que
aplica un interés del 4%
anual a cada plazo, a partir
de la fecha del primero. A
partir de ese momento, la
cooperativa puede pedir que
la operación sea escriturada
“en el plazo de 15 días”.
Sin embargo, la operación
seguía sin estar registrada
la semana pasada.
Concertado por orden
judicial
La no disponibilidad de los
terrenos, pese a estar ya
construido el centro, es uno
de los motivos por los que
el actual Gobierno de Aragón
decidió suspender y someter
a revisión la concesión del
concierto que había aprobado
el anterior ejecutivo
autonómico. Sin embargo, el
Tribunal Superior de
Justicia de Aragón le ha
obligado a pagarlo hasta que
resuelva el recurso
interpuesto por los padres.
Otro de los motivos para
suspenderlo fue que la
Intervención había emitido
un informe desfavorable al
constatar que el presupuesto
autonómico no disponía de
los casi 12 millones de
euros (1,3 este año y 10,6
los cinco siguientes)
necesarios para cubrir esa
subvención.
El Gobierno de Aragón prevé
presentar esta semana su
propia denuncia sobre el
asunto del colegio ante la
Fiscalía, cuya Unidad
Antifraude lleva unas
semanas investigándolo a
instancias de un colectivo
de oposición a los
conciertos.
Los vínculos de la
constructora con el
conseguidor de la Púnica
El colegio fue construido
por Avintia, empresa que
trabajó en la construcción
de otros colegios promovidos
por Alfedel.
En su informe, Hacienda
propone investigar un pago
por valor de 230.000 euros
que Avintia hizo a otra
sociedad llamada Servicios
Logísticos Inmobiliarios (SLI),
vinculada a David Marjaliza,
uno de los presuntos jefes
de la Púnica, en 2010. Ese
año, la constructora le
facturó al Ayuntamiento de
Valdemoro algo más de dos
millones de euros vinculados
a “un contrato de obras
otorgado por la vía de
urgencia”.
Los inspectores de Hacienda
llaman también la atención
sobre el hecho de que SLI
era una de las empresas que
solían recibir pagos de “las
cooperativas vinculadas a
Alfedel” cuando los centros
iban a ser construidos por
Obrum, sociedad también
relacionada con Marjaliza.
Avintia, según informó
elconfidencial es una de las
empresas a las que el
diputado del PP Vicente
Martínez Pujalte les
consiguió una entrevista con
el presidente de la Sareb.
http://www.publico.es/politica/imputado-punica-comprometio-escrito-colaborar.html
EL ENVÍO DE MILLONES DE
EUROS A CUENTAS DE PÚNICA
SALPICAN A LA PRIMA DEL REY
Y A ONCE EMPRESARIOS
Una prima del rey Juan
Carlos, un exalcalde
socialista de Alcalá de
Henares, varios empresarios,
un par de matrimonios y un
asesor financiero de
apellido De Guindos. El
titular del Juzgado Central
de Instrucción número 6,
Eloy Velasco, investiga
dentro del 'caso Púnica' a
doce personas por su
supuesta relación con las
millonarias transferencias
de fondos que entre los años
2000 y 2012 recibieron las
cuentas que tenían en Suiza
el exdirigente madrileño del
PP Francisco Granados y su
socio David Marjaliza. Así
aparece en un auto dictado
por el magistrado,
adelantado este martes en
exclusiva por Vozpópuli, en
el que se solicita al Banco
de España información sobre
las declaraciones de
"apertura, cancelación o
movimientos de cuentas
bancarias en el exterior"
que hicieron todos ellos
entre los años 2005 y 2013.
Los nombres de seis de ellos
ya aparecían en la
documentación que a
comienzos de 2014 remitieron
las autoridades de Berna a
la Fiscalía Anticorrupción y
que permitieron iniciar la
investigación contra la
trama de corrupción.
De los doce empresarios
investigados ahora por el
juez Velasco, seis ya
aparecían en un documento
que las autoridades suizas
enviaron a España en mayo de
2014
Los investigados son Inés de
Borbón y Borbón, prima del
monarca emérito, además de
los empresarios Jesús Roa
Baltar, Florencio Campos
Corona, Rodrigo Díez de
Pichardo, José Miguel López
Gutiérrez, Tristán Domecq de
la Maza, José María Riu
Rabetllat, Ricardo Antonio
Guindos Latorre, Miguel
Trevor Langdon Sharman,
María Elisa Usera Cano, José
Amadeo Semper Asensi y María
del Carmen Ballester Ríos.
Uno de ellos, Roa Baltar,
falleció en 2012 y así lo
recoge el propio auto del
juez Velasco, pese a lo cual
quiere conocer si es
empresario ligado a media
docena de sociedades ya
extinguidas tuvo cuentas en
el país helvético. Del resto
destacan Florencio Campos
Corona, que fue alcalde por
el PSOE de Alcalá de Henares
(Madrid) entre 1987 y 1995,
y dos matrimonios. Uno lo
forman José Amadeo Semper y
María del Carmen Ballester.
El segundo, por Miguel
Trevor Langdon y María Elisa
Usera. De esta última pareja
se ha incorporado al sumario
recientemente un informe de
la Agencia Tributaria.
Las pesquisas sobre seis de
ellos se iniciaron el 21 de
mayo de 2014, hace ya 15
meses. Ese día la Fiscalía
Anticorrupción recibió un
fax de la Oficina Federal de
la Justicia suiza en la que
le informaba de la
existencia de "varios
terceros (personas físicas y
jurídicas)" que habían
"intervenido activamente" en
transferir algo más de 5
millones de euros a las
cuentas en el BNP Paribas y
el UBS de Ginebra abiertas a
nombre de David Marjaliza,
Francisco Granados y una
empresa 'pantalla' del
primero, la costarricense
Sheraton Trading SA. En
concreto, la documentación
remitida por la Justicia
suiza hablaba de dos
fundaciones 'fantasmas',
tres empresas y cuatro
empresarios asentados en
España.
Transferencias millonarias
Uno de ellos era Díez de
Pichardo, al que la Fiscalía
señalaba como presunto
responsable del ingreso de
1,35 millones de euros en
dichas cuentas a través de
dos sociedades, Senator
Overseas y Extreme Overseas
Corp. Por su parte, Trevor
Langdon aparecía como
titular de la sociedad
Rockfish Finance Corp. que
transfirió a las cuentas de
los cabecillas de la trama
1,28 millones de euros. La
Fundación Cotazur, ligada al
fallecido Jesús Roa,
supuestamente estaba detrás
del envío de 1,05 millones
de euros. Otra fundación, en
este caso Algaba, realizó un
ingreso de 341.000 euros.
Detrás de la misma está
presuntamente el exalcalde
socialista Florencio Campos.
Finalmente, José Miguel
López Gutiérrez y Tristán
Domecq de la Maza
aparecieron en la
documentación helvética como
los responsables de la
transferencia de 609.000 y
407.000 euros
respectivamente a dichos
depósitos.
Cuatro de los empresarios se
valieron de dos fundaciones
' fantasma' y tres empresas
panameñas para hacer las
transferencias a las cuentas
de la Púnica
En aquel informe de
Anticorrupción, fechado el
11 de junio de 2014, ya se
recogía la sospecha de que
dichos movimientos de fondos
estaban relacionadas con
operaciones de blanqueo de
capitales "gracias al
mecanismo de compensación".
Un sistema utilizado, por
ejemplo, también por la
mafia china presuntamente
liderada por Gao Ping para
sacar sus fondos de España.
Este documento de la
Fiscalía llevó a la Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil a elaborar
un informe sobre los datos
relacionados con estos seis
empresarios y su posible
vinculación con empresas de
David Marjaliza. Dicho
informe, al que también ha
tenido acceso este diario,
detalla de Roa Baltar su
presencia en los órganos de
administración de las
mercantiles Ocisa Esys SA,
Solyc SA, Invesan SA, Garage
Mundial SL, Invermay 3 Sicav
SA y Parking Coslada 3 SL,
todas ellas extinguidas ya
en aquel momento. Los
agentes también detallaban
que "ninguna de ellas tiene
relación con los hechos
investigados ni se encuentra
dentro del entorno
empresarial" del cabecilla
de la Púnica.
Sobre el alcalde socialista
de Alcalá de Henares, la UCO
sólo reseñaba que fue
consejero de la Empresa
Municipal de la Vivienda de
este municipio madrileño, el
tercero más grande de la
comunidad, y que tampoco
constaba relaciones con el
socio de Granados. A Trevor
Langdon lo vincula
únicamente con la empresa
Estándar Colina Investments
Limited, ya disuelta, de la
que fue "director" desde
1991 a 2007. También con una
sola mercantil se
relacionaba a Rodrigo Díez
de Pichardo. En su caso, con
la Compañía de Navegación
Santa Ponsa SL. No obstante,
de éste la Guardia Civil
también refleja que en 2007
se le abrió un expediente en
la Intervención de Armas y
Explosivos de la Comandancia
de Baleares por "no
depositar armas a la
caducidad de la licencia".
José Miguel López Gutiérrez
aparecía relacionado con la
sociedad Turismo Sierra de
Gata SL y con dos denuncias
en 2009 por "infracción a la
normativa sobre hospedaje".
Finalmente, de Tristan
Domecq estaba su
participación en los órganos
de administración de cuatro
empresas: Pie de Rey SL,
Domarco Import Export SA,
Bahía Torre del Tajo SL y
Gourmet Domecq Selección SL.
Empresas panameñas
La Guardia Civil también
intentó rastrear datos sobre
las fundaciones Algaba y
Cotazur, y las empresas
Rockfish Finance Corp.,
Senator Overseas y Extreme
Overseas Corp. a través de
las cuales cuatro de estos
empresarios realizaron las
transferencias bajo
sospecha. Sin embargo, en
aquel momento la UCO no
encontró en el Registro
Mercantil Central ni en
otras bases de datos
"ninguna información" sobre
ellas. Finalmente se supo
que al menos las tres
mercantiles tenían su sede
social en un paraíso fiscal:
Panamá.
Un reciente informe de la
AEAT destaca que una de las
investigadas se acogió a la
polémica amnistía fiscal y
transfirió 277.000 euros
desde Suiza a España
El sumario incluye, además,
un informe de la Agencia
Tributaria del pasado mes de
marzo referido a uno de
estos empresarios: Trevor
Langdon. En el mismo, los
expertos de Hacienda
detallan la situación
económica y financiera del
mismo, y también su
vinculación con otra de las
personas que figura en la
lista remitida ahora por el
juez Velasco al Banco de
España. Se trata de María
Elisa Usera Cano, quien
según los archivos de la
AEAT figura como su esposa y
titular de varias
sociedades.
De hecho, el informe le
dedica un amplio espacio y,
más en concreto, a sus
movimientos de fondos con
Suiza. Así, detalla que en
diciembre de 2012 esta
empresaria traspasó a una
cuenta en España del Banco
de Santander 277.000 euros
procedentes de una cuenta en
el BNP Paribas de Ginebra,
la misma entidad donde
tenían abiertos sus
depósitos Granados y su
socio. También destaca que
ese mismo año se acogió a la
polémica amnistía fiscal
para aflorar una cartera de
valores en esta misma
entidad. Una declaración
Tributaria Especial que fue
presentada, curiosamente,
por otro de los ahora
investigador: Ricardo
Antonio de Guindos Latorre.
Ahora el juez Velasco quiere
saber si todos ellos
tuvieron cuentas en Suiza
http://vozpopuli.com/actualidad/67906-el-envio-de-millones-de-euros-a-cuentas-de-punica-salpican-a-la-prima-del-rey-y-a-once-empresarios
HACIENDA INVESTIGA A DOS
COOPERATIVAS DE VIVIENDAS
POR SU RELACIÓN CON LA TRAMA
‘PÚNICA’
Un informe de la Agencia
Tributaria dirigido al juez
Velasco explica que Lares
del Sur y Altamira abonaron
4,28 millones a empresas
vinculadas con David
Marjaliza
El documento, realizado a
instancias de la Fiscalía
Anticorrupción, anuncia la
intención de los
investigadores de determinar
la razón de dicha
facturación en relación a un
consorcio urbanístico de
Getafe
La Agencia Tributaria
investiga a dos cooperativas
de viviendas de Getafe
(Madrid) por su posible
vinculación con la trama
Púnica, según consta en un
informe de Hacienda de 13 de
noviembre de 2014 incluido
en el sumario que instruye
el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco.
Se trata en concreto de
Lares del Sur Sociedad
Cooperativa Madrileña y de
Altamira Sociedad
Cooperativa, que según la
Agencia Tributaria abonaron
en total 4.281.677 euros a
empresas que la
investigación vincula con la
red corrupta encabezada por
el ex secretario general del
PP madrileño, Francisco
Granados. "Hay que conocer
la razón de dicha
facturación", adelanta el
informe realizado a
instancias de la Fiscalía
Anticorrupción.
El documento de Hacienda, al
que ha tenido acceso
infoLibre, analiza la
facturación realizada entre
2001 y 2013 por el consorcio
urbanístico Los Molinos-Buenavista,
cuyos titulares eran la
Comunidad de Madrid (60%) y
el Ayuntamiento de Getafe
(40%).
La Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Getafe
constituyeron el consorcio
el 30 de noviembre de 2001,
después de que fuera
autorizada su creación y
aprobados sus estatutos por
el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid,
mediante un acuerdo adoptado
el 18 de octubre de 2001, y
por el Pleno del
Ayuntamiento de Getafe el 19
de junio de 2001.
Consorcio Los Molinos-Buenavista
En el caso de Lares del Sur,
Hacienda resalta que esta
cooperativa paga al
consorcio urbanístico Los
Molinos-Buenavista un total
de 9.191.066 euros por la
adquisición de un terreno de
6.000 metros cuadrados. Y el
informe pone de manifiesto
que entre los autorizados en
las cuentas de la
cooperativa de viviendas
entre 2006 y 2010 se
encuentran Sara Sánchez
Hervás y Ricardo López
Ramón.
Estas dos personas,
especifica el documento,
reciben retribuciones de la
empresa Área Iniciativas
Inmobiliarias "por trabajo
personal" entre 2006 y 2010,
en el caso de Sara Sánchez
Hervás, y entre 2006 y 2008
en el de Ricardo López
Ramón.
Precisamente, la firma Área
Iniciativas Inmobiliarias
tiene como administrador
único, a lo largo de los
años, a otras empresas
vinculadas al número dos de
la red corrupta, David
Marjaliza, y otros
implicados en la trama
Púnica. En concreto, las
sociedades Servicios
Logísticos Inmobiliarios,
Ozery Gestión y Vancouver
Gestión.
2,5 millones a Marjaliza
Asimismo, la Agencia
Tributaria destaca que la
cooperativa de viviendas
Lares del Sur realiza entre
2007 y 2010 cuatro pagos por
un valor total de 2.536.543
euros a la empresa Gestión y
Técnicas de Ordenación
Urbana, que a su vez estaría
administrada por firmas
vinculadas a Marjaliza, como
por ejemplo es el caso de
Devadai, Sauca Inversiones,
Arauna Corporación y
Consulting, Vancouver
Gestión, Servicios
Logísticos Inmobiliarios y
Valparaíso Técnicas de
Promoción.
Este es el motivo por el que
el informe de Hacienda
destaca la necesidad de
conocer la razón de la
facturación entre Lares del
Sur y la empresa Gestión y
Técnicas de Ordenación
Urbana.
La segunda de las
cooperativas que investiga
la Agencia Tributaria es la
mencionada Altamira Sociedad
Cooperativa Madrileña. Y
entre los autorizados en las
cuentas de esta entidad
entre 2006 y 2010 se
encuentra directamente
Marjaliza.
Altamira pagó 8,8 millones
Al igual que en el caso de
la cooperativa Lares del
Sur, Altamira también abonó
en 2007 al consorcio
urbanístico de la Comunidad
de Madrid y del Ayuntamiento
de Getafe 8.883.972 euros
tras la venta de una parcela
de 6.000 metros cuadrados en
el municipio del sur de
Madrid.
La cooperativa Altamira
abonó a la firma Área
Iniciativas Inmobiliarias,
vinculada con Marjaliza,
1.745.133 euros en los años
2007 y 2008, especifica la
Agencia Tributaria, que
también se plantea
determinar la razón de dicha
facturación.
La cooperativa de viviendas
Altamira está en concurso de
acreedores, según consta en
el Boletín Oficial del
Estado (BOE) de 4 de marzo
de 2015.
Otras empresas de la trama
El informe de la Agencia
Tributaria de noviembre de
2014 también apunta los
nombres de otras empresas,
vinculadas con Marjaliza, y
que también habrían abonado
cantidades millonarias al
consorcio urbanístico de la
Comunidad de Madrid y el
Consistorio de Getafe.
Es el caso de Akira
Inversiones, administrada
por empresas de Marjaliza y
cuya sede social coincide
con la cooperativa Altamira,
que pagó 5.716.878 euros al
consorcio; Obrum Urbanismo y
Construcciones (4.862.493
euros) y Obras y Vías
(4.548.900 euros). "Si son
operaciones de permuta habrá
que conocer la valoración en
dicho momento de los
inmuebles permutados y
respecto de los entregados
por Akira Inversiones
indagar cuándo y por cuánto
los adquirió.
El documento de la Agencia
Tributaria pone de
manifiesto que entre los
administradores del
consorcio urbanístico Los
Molinos-Buenavista aparecen
cinco personas que reciben
retribuciones "por trabajo
personal" de la empresa
pública de la Comunidad de
Madrid Arpegio Área de
Promoción Empresarial.
Arpegio, que dependió de
Granados durante su etapa de
consejero de Presidencia
madrileño, está siendo
investigada en el seno de la
trama Púnica por sus
adjudicaciones a Marjaliza.
Educación, Familia y Sanidad
El informe sobre las dos
cooperativas de viviendas de
Getafe se une a las
pesquisas iniciadas por el
juez Velasco en diferentes
áreas de la Comunidad de
Madrid. En educación, el
magistrado investiga a seis
empresas que la Guardia
Civil vincula con la trama
Púnica porque se embolsaron
más de 222 millones por la
construcción de 13 colegios
privados y concertados,
según consta en un informe
de la Agencia Tributaria.
Asimismo, la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil investiga la
adjudicación de contratos
por parte de la Consejería
de Familia madrileña, por un
valor superior a los 56,3
millones, a la empresa
Atención Social y Estancias
Residenciales (Grupo Aser).
Entre los contratos
sospechosos por su
implicación en la Púnica se
encuentran los realizados
por el Servicio Madrileño de
Salud (Sermas), dependiente
de la Consejería de Sanidad
madrileña, que pagó en 2006,
2007 y 2009 un total de 10,7
millones a Obrum Urbanismo y
Construcciones.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/09/01/hacienda_investiga_dos_cooperativas_viviendas_por_relacion_con_trama_punica_37131_1012.html
EL GOBIERNO PERMITE A UN
IMPUTADO EN LA ‘PÚNICA’
SEGUIR DE CONSEJERO DELEGADO
DE UNA EMPRESA DEL IBEX-35
Estar imputado en un caso de
corrupción no parece ser
motivo para abandonar un
alto cargo de una empresa
participada por el Estado. Y
es que el Gobierno permite
que Javier De Andrés,
consejero delegado de la
multinacional tecnológica
Indra, se mantenga en su
puesto a pesar de que se
encuentra imputado en el
sumario de la trama Púnica
por, supuestamente, haber
participado en el
encubrimiento de pagos
irregulares a la sociedad
usada por la trama para
prestar a políticos
servicios de mejora de su
reputación en internet.
El pasado día 22 de julio,
el juez Eloy Velasco levantó
parcialmente el secreto del
sumario de la investigación
del caso Púnica, la red de
corrupción encabezada hasta
el pasado año por el ex
consejero de Presidencia de
la Comunidad de Madrid,
Francisco Granados. De
Andrés se encontraba en la
extensa lista de imputados,
pero no obstante el Estado
–que, a través de la
Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales
(SEPI), es el máximo
accionista de Indra con un
20% de las acciones– no ha
tomado ninguna acción contra
él, ni tampoco lo ha hecho
la propia empresa.
A preguntas de infoLibre,
una portavoz de la SEPI –que
depende del Ministerio de
Hacienda– sostuvo que los
dos consejeros que tiene el
organismo dentro del consejo
de administración de Indra
(Juan Carlos Aparicio y
Adolfo Menéndez) tienen
pensado pedir "información
debidamente cumplida sobre
los hechos" para analizarla
y, a partir de ahí, "tomar
decisiones". No obstante,
esta petición no se
producirá hasta la próxima
reunión del consejo de
administración, que se
celebrará en septiembre.
Indra y la SEPI conocían la
imputación
El portavoz de la SEPI, sin
embargo, admite que los
integrantes del consejo de
administración de Indra
conocen la imputación de De
Andrés desde antes de que el
juez Velasco decidiese
levantar el secreto de una
parte del sumario de la
Púnica. Y es que el
consejero delegado se vio
obligado a informar de su
implicación por el
Reglamento del Consejo de
Administración y de sus
Comisiones de Indra, un
código que establece que los
altos cargos deben "informar
a la sociedad de cualquier
hecho o situación que pueda
perjudicar a la reputación
de esta, y en particular, de
las causas penales en las
que aparezca como imputado".
En este sentido, una fuente
oficial de la propia Indra
aseguró a este periódico que
De Andrés "informó de forma
preceptiva al consejo de
administración de su
situación como imputado en
el momento en el que la
conoció", si bien se niega a
especificar una fecha
concreta y tampoco explica a
través de qué vía y en qué
términos lo hizo. La única
acción que ha iniciado al
respecto la empresa, explica
el portavoz, es la
elaboración de un informe
sobre el tema por parte de
la "unidad de cumplimiento"
de Indra, dependiente de la
comisión de auditoría de la
compañía.
"Se están llevando a cabo
los trámites pertinentes,
pero los detalles no son
públicos, es un informe
interno", señala este
portavoz oficial al
respecto. Además, resalta
que la unidad de
cumplimiento "no depende ni
formal ni funcionalmente de
ningún directivo ni del
presidente, sino únicamente
de la comisión de auditoría"
de la compañía. No obstante,
la comisión que dirige el
trabajo de la unidad que
elabora el informe está
formada por cinco directivos
–cuatro vocales y el
presidente– y los cinco
pertenecen al consejo de
administración de Indra.
La compañía también declina
hacer comentarios sobre si
De Andrés ha pensado en
dimitir motu proprio, y es
igualmente reacia a
contestar sobre los hechos
que, a juicio del consejero
delegado, serían motivo para
presentar su renuncia.
El auto en el que el juez
Velasco anuncia su
imputación, en cualquier
caso, certifica que tanto De
Andrés como el director
general de Operaciones,
Santiago Roura, participaron
en la supuesta ocultación de
los pagos irregulares a la
empresa Estrategia de
Identidad y Comunicación
Online (EICO), con la que
los también imputados
Alejandro de Pedro –el
conseguidor de la Púnica– y
José Antonio Alonso Conesa
ofrecían a políticos de
administraciones como la
Comunidad de Madrid
servicios para mejorar su
imagen en internet.
De Andrés, interlocutor de
Salvador Victoria
"Se patentiza la realización
de trabajos o encargos a
Alejandro De Pedro por parte
de altos funcionarios de
dicha Comunidad [la
Comunidad de Madrid], no
abonados ni justificados de
manera contable, y la
articulación de formas de
pago encubiertas utilizando
adjudicaciones de contratos
en vigor como el de Indra,
con la participación de los
imputados Santiago Roura
Lama y Javier De Andrés
González, director general
de Operaciones y consejero
delegado de dicha empresa,
respectivamente", detalla el
auto.
Según afirmó De Pedro en su
declaración ante la Guardia
Civil, tras ser detenido el
28 de octubre de 2014, el
Gobierno madrileño le pagó a
través de Indra 10.000 de
los 140.000 euros que le
debía por el trabajo
realizado para mejorar el
posicionamiento en internet
de los miembros del
Ejecutivo regional. "Me dijo
[José Martínez Nicolás,
exconsejero delegado de la
Agencia Informática y de
Comunicaciones (ICM) de la
Comunidad de Madrid, también
imputado] que me pagaría a
través de la empresa Indra
[...] que es todo muy
reglado", señaló De Pedro
ante la Guardia Civil.
El propio Martínez Nicolás
confesó por escrito que el
ex consejero de Presidencia
de la Comunidad de Madrid,
Salvador Victoria, le
encargó que pidiese a Indra
que pagara esos 10.000 euros
a De Pedro. Martínez Nicolás
aseguró que dio esa
indicación a Santiago Roura,
pero en vista de que no se
realizaba el pago, el propio
Victoria llamó por teléfono
al consejero delegado Javier
De Andrés para decirle que
"si ayudan, bien; pero que
si no, lo digan y no pasa
nada". "No habla del pago ni
de nada en concreto, sino
que la conversación
transcurre en un contexto
general", detalla el
imputado.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/08/04/el_gobierno_permite_que_imputado_punica_siga_siendo_consejero_delegado_indra_36183_1012.html
LAS 44 VECES QUE EL NOMBRE
DE COSPEDAL APARECE EN EL
SUMARIO DE LA PÚNICA
La secretaria general del PP
y expresidenta de
Castilla-La Mancha es citada
en ocho tomos de los 60 que
hasta ahora componen la
causa por esta trama de
corrupción.
El 'conseguidor' Alejandro
de Pedro y su compañero de
partido Francisco Granados
quienes más mencionan a la
dirigente 'popular', aunque
no los únicos. Ella siempre
ha negado cualquier vínculo
con la red y sus
integrantes.
Ni está imputada ni ha sido
llamada a declarar como
testigo, pero la presencia
de su nombre en el sumario
del 'caso Púnica' va más
allá de lo anecdótico. Es
María Dolores de Cospedal,
secretaria general del PP y,
hasta las elecciones
autonómicas del pasado mes
de mayo, presidenta de
Castilla-La Mancha. Hasta 44
veces se la menciona en los
60 tomos de la causa
conocidos hasta ahora, sobre
todo en las conversaciones
intervenidas a dos de los
principales implicados en la
trama: su compañero de
partido Francisco Granados y
el 'conseguidor', Alejandro
de Pedro. Según el análisis
del contenido del sumario
realizado por Vozpópuli, el
nombre de la dirigente
'popular' aparece por
primera vez en el tomo 19 y
lo hace en otros seis. En el
que más ocasiones, en el 29,
en el que se la cita nada
menos que 18 veces. Pese a
ello, la política siempre ha
negado cualquier vinculación
con los personajes de la
trama. "Esto pasa como ha
pasado toda la vida. Hay
mucho fanfarrón y mucho
mentiroso por ahí que dice
'yo conozco a mengano o
fulano y yo te voy a
conseguir, yo te voy a
hacer...' y luego es todo
mentira", aseguró la
política a finales del
pasado mes de julio cuando
se conoció que aparecía en
el sumario.
Las dos primeras referencias
se refieren a una
conversación telefónica
entre Alejando de Pedro y
Marcos Martínez, entonces
presidente de la Diputación
de León, en la que éste
último pide ayuda al
'conseguidor' de la trama
para que influya en Génova y
le mantengan como candidato
a dicho puesto tras las
elecciones municipales del
24-M. La llamada se produce
el 17 de julio de 2014 poco
antes de las diez de la
mañana. En ella, Marcos
Martínez, que también fue
detenido en la operación de
octubre y que había
sustituido en el cargo a la
asesinada Isabel Carrasco,
le pregunta al presunto
cabecilla de la trama si
tiene relación con los
dirigentes de Génova Carlos
Floriano y María Dolores de
Cospedal, a lo que éste
responde que sí. Por ello,
el político leonés le pide
que mueva esos contactos
para evitar que otro
dirigente regional, el
alcalde de Salamanca,
Alfonso Fernández Mañueco,
consiga sustituirle en dicho
cargo por otro miembro del
partido. De Pedro se
compromete a enviarle un SMS
a Floriano "a ver si puede
quedar para la semana que
viene con él".
Hasta el tomo 23 no vuelve a
aparecer de nuevo el nombre
de la número 2 del PP en el
sumario. En esta ocasión es
Francisco Granados,
exdirigente regional del
partido en Madrid y presunto
cabecilla de la trama, quien
la menciona en una
conversación telefónica que
mantiene también el 17 de
julio del año pasado con una
dirigente de Nuevas
Generaciones en la
Comunidad. En el transcurso
de la misma, que Granados
reconoce mantener "algo
bebido", el político comenta
diversos temas, entre ellos
sus problemas con una finca
y sus tratos con
magistrados, y termina
lamentando tener que ir esa
noche a una cena en la que,
entre otras personas, estará
"María Dolores", a los que
los guardia civiles que
elaboran el informe
identifican como De
Cospedal. Los agentes
también resaltan que, a la
vista del tono y los
comentarios, Granados "no le
tiene mucho aprecio" a su
compañera de partido.
Un 'email' a Cospedal
Cuatro tomos después, en el
27, vuelve a citarse a la
expresidenta castellano
manchega. Es de nuevo de la
mano de Alejandro de Pedro,
quien en varias
conversaciones que mantiene
con el exalcalde socialista
de Cartagena, José Antonio
Alonso Conesa, considerado
otro de los 'conseguidores'
de la trama, habla de las
gestiones a realizar para
mantener al presidente de la
Diputación de León en su
cargo tras las elecciones.
La primera en el tiempo
tiene fecha del 22 de
septiembre de 2014 y en
ella, el primero le muestra
los temores de Marcos
Martínez a perder su cargo y
que él le ha propuesto
enviar un correo a Floriano
"además de hacerle llegar un
mensaje a Cospedal a través
de su jefa [de gabinete]".
Al día siguiente, ambos
interlocutores vuelven a
hablar por teléfono del tema
y, de nuevo, sale el nombre
de la número 2 del PP, en
esta ocasión, porque De
Pedro anuncia al otro
conseguidor que va a enviar
"un email" a la dirigente
popular para apoyar la
reelección del político
leonés. Un correo
electrónico del que el
'conseguidor' presume el 1
de octubre en una tercera
conversación, en esta
ocasión la que mantiene con
Fidel Saura, jefe de
gabinete del consejero de
Turismo e Industria de la
Región de Murcia, también
detenido en octubre. Éste,
incluso, pide que se lo
reenvíe a él.
Antes de ésta hay una nueva
conversación de De Pedro en
la que se menciona a De
Cospedal. Es con Donato
González, director general
de Société Générale en
España y amigo de Granados y
David Marjaliza, a quién el
'conseguidor' le pide que
interceda ante la número 2
del PP a favor de Marcos
Martínez. Poco después, el
'conseguidor' llama a Marcos
Martínez para informarle que
ya ha hablado con "el mejor
amigo de Cospedal" que esa
noche va a cenar con ella y
que se quede "tranquilo",
que en ese encuentro le va a
quedar "claro" a la
dirigente del PP que todos
en León le apoyan a él como
candidato a la Diputación.
Pocas horas después vuelven
a hablar, y el presunto
integrante de la trama
promete al político que "a
lo largo de la noche le dará
un 'input' de lo de
Cospedal". No será la última
vez que hablen ese día sobre
el asunto y salga a relucir
el nombre de la secretaria
general. Marcos Martínez
insiste en el tema y le
asegura a su interlocutor
que él y otro miembro del
partido han quedado con el
secretario de ella para
hablar directamente y
"cerrar el tema". En dicha
conversación, el político
leonés asegura que la
secretaria general "está un
poco enfadada" con el
presidente castellano
leonés, Juan Vicente
Herrera, por este tema.
18 menciones en el tomo 28
El tomo número 28 es en el
que más veces figura
reflejado el nombre de la
dirigente 'popular'. Nada
menos que 18 veces. Así,
figura un llamada telefónica
recibida por Granados de
María Victoria Cristóbal
Araujo, entonces concejala
'popular en Majadahonda
(Madrid) y antigua asesora
de aquel, en la que comentan
que a "María Dolores de
Cospedal le va a costar el
puesto por las operaciones
de su marido [Ignacio López
del Hierro]" con un
empresario salpicado en
varios escándalos de
corrupción. También se
encuentran nuevas
conversaciones entre
Alejandro de Pedro y el
presidente de la Diputación
de León sobre la reelección
de éste en el cargo. Entre
ellas, una del 21 de
septiembre del pasado año en
la que el primero le ofrece
a éste "sí quiere hablar con
Floriano o con María
Dolores". El político
responde que "prefiere" a la
segunda. El 'conseguidor' le
tranquiliza y le dice que
"ahora lo gestiona", recoge
el informe de la Guardia
Civil sobre dicha
conversación.
Uno de los directivos de
Cofely detenido por amañar
presuntamente contratos
públicos se reunió con
Cospedal, según una de las
conversaciones intervenidas
por la Guardia Civil
Un día más tarde, De Pedro
le asegura que se verá en
breve con ella,
"posiblemente el jueves".
Más adelante, son los dos 'conseguidores'
los que vuelven a hablar del
tema del nombramiento de
Marcos Martínez y de la
necesidad de hablar con
Floriano o Cospedal para
"forzar el tema. [...] No se
puede dejar pasar más
tiempo", comentan entre
ellos. En este tomo aparecen
recogidas de nuevo
conversaciones ya incluidas
en los informes de la UCO
incorporados en otros
anteriores, pero que de
nuevo sirven a los
investigadores para reforzar
los indicios contra De Pedro
y Marcos Martínez por las
supuestas irregularidades
cometidas por ambos.
El nombre de la secretaria
general del PP no vuelve a
aparecer hasta el tomo 34 y
aquí sólo en dos ocasiones.
Las dos, en el
interrogatorio que la
Guardia Civil somete a
Alejandro de Pedro tras su
detención. Los agentes le
preguntan directamente si
conoce realmente a ella o a
Floriano, y el 'conseguidor'
asegura que "no
directamente, pero que a
través de Isabel Gil, la
jefa de prensa, sí". Más
adelante, le vuelven a
plantear cuestiones sobre su
relación con ambos
dirigentes y si ha realizado
gestiones a favor de Marcos
Martínez ante ellos. De
Pedro asegura que
simplemente "envió un email
y un whastapp a personas de
su entorno informándoles de
la situación real de León".
Por último, también figuran
cinco menciones a la número
2 'popular' en el tomo 42.
En este caso, se reflejan
nuevas llamadas telefónicas
del 'conseguidor' pocos días
antes de su detención el 27
de octubre pasado en el que
éste insiste en las
gestiones para ayudar a
Marcos Martínez.
También figuran en este
último tomo menciones a ella
en una conversación
intervenida a otro personaje
clave de la trama, Pedro
García, directivo de Cofely-GDF
Suez y señalado por la
investigación como uno de
los presuntos muñidores del
amaño de contratos
millonarios de eficiencia
energética en ayuntamientos
gobernados principalmente
por el PP. En ella, éste
reconoce a un tal "Tino" que
le ha llamado alguien
llamado Donato que no sabe
quién es. Su interlocutor le
dice que este no es otro que
el directivo de Société
Générale, amigo a su vez de
David Marjaliza y la persona
que "organiza las fiestas a
las que van Florentino
[Pérez, presidente del Real
Madrid], Cospedal y demás
gente". "Es el que nos
organizó la reunión con
María Dolores de Cospedal",
le insiste. Sin embargo,
sobre el contenido de ésta
no hay constancia.
http://vozpopuli.com/actualidad/66726-las-44-veces-que-el-nombre-de-cospedal-aparece-en-el-sumario-de-la-punica
HERNANDO (PSOE): "CUANDO
ESCUCHEMOS AUDIOS DE LA
PÚNICA A CIFUENTES Y RAJOY
SE LES HELARÁ LA SANGRE"
El PSOE ha presentado este
jueves un escrito en el
Congreso en el que pide al
Tribunal de Cuentas que
investigue a las cuatro
comunidades autónomas y a la
veintena de ayuntamientos
que firmaron contratos con
la red Púnica, una trama de
corrupción que, a juicio de
los socialistas, "afecta de
lleno" al PP, según recoge
Efe.
En una rueda de prensa en el
Congreso, el portavoz
socialista, Antonio
Hernando, ha subrayado que
la trama Púnica y la Gürtel
guardan muchas similitudes
porque en ambas se
adjudicaban contratos con
dinero público a empresas
que después servían para
financiar al PP o para
enriquecer a sus dirigentes.
"Gürtel y Púnica tienen
caminos paralelos y ambos
caminos acaban en el mismo
sitio, en la calle Génova y
en los despachos de Mariano
Rajoy y Esperanza Aguirre",
ha denunciado.
El PSOE confía en que el PP
no se oponga a esta
solicitud de investigación
cuando se discuta en la
Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal
de Cuentas
Para Hernando, la sede del
PP en Génova 13 tiene una
planta 0, "de
oportunidades", y despachos
en la planta 1 y 7,
"relacionados con la
corrupción", en referencia a
los despachos de Rajoy y
Aguirre. "Cuando escuchemos
las grabaciones de la trama
Púnica a Rajoy y a Cifuentes
se les va a helar la sangre
porque vamos a escuchar a
muchos dirigentes del PP
diciendo barbaridades", ha
alertado.
El portavoz socialista
confía en que el PP no se
oponga a esta solicitud de
investigación cuando se
discuta en la Comisión Mixta
para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas, el
órgano parlamentario que
puede ordenar al tribunal
que abra esa investigación
para esclarecer "qué ha
fallado en esas
instituciones".
Hernando ha rechazado eso
sí, que el PP pretenda
zanjar el caso Púnica
expulsando a un "actor
secundario" de la trama como
el antiguo alcalde de
Valdemoro José Miguel Moreno
quien, según el sumario,
dijo que estaba "tocándose
los huevos" porque para eso
se había hecho
parlamentario. "Si el PP
cree que expulsando a un
actor secundario de la trama
Púnica es suficiente es que
no sabe lo que hay detrás",
ha destacado.
Preguntado por la propuesta
de reforma del Código Penal
del líder del PSOE, Pedro
Sánchez, y las críticas que
ha suscitado entre el
ministro de Justicia, Rafael
Catalá, Hernando ha
reprochado a éste que no
conozca lo que ha legislado
porque "si lo conociera"
sabría que lo propuesto por
Sánchez "es mucho más
exigente". Ha explicado que
el PSOE apuesta por una
reforma del Código Penal que
no sólo persiga el
patrimonio del corrupto,
sino que también persiga el
patrimonio de sus allegados
o testaferros, allá donde
haya podido esconder el
producto de la corrupción.
Hernando ha recordado que no
apoyaron en su día la última
reforma del Código Penal
porque se quedaba "muy
corta", y ha rechazado las
críticas del PP de que el
PSOE no ha hecho lo
suficiente en el caso de los
ERE irregulares en
Andalucía. "En el PSOE hemos
sido extremadamente
exigentes con la
corrupción", ha proclamado.
http://vozpopuli.com/actualidad/66174-hernando-psoe-cuando-escuchemos-audios-de-la-punica-a-cifuentes-y-rajoy-se-les-helara-la-sangre
EL JUEZ DEL ‘CASO PÚNICA’
INVESTIGA A 12 ALCALDES DE
GRANDES CIUDADES
La Audiencia Nacional
reclama documentación a
Ayuntamientos de tres
comunidades Madrid y
Valencia, entre las
capitales investigadas
Aguirre asegura que el PP de
Madrid estudia personarse en
el caso Púnica
El juez Eloy Velasco,
instructor del caso Púnica,
ha abierto nuevas líneas de
investigación sobre esta
trama corrupta y
multidisciplinar. El
magistrado ha solicitado
ingente documentación a 12
grandes ayuntamientos bajo
sospecha, entre ellos Madrid
y Valencia, gobernados por
Ana Botella y Rita Barberá
respectivamente, cuando
ocurrieron los hechos
investigados.
La información solicitada
tiene relación con los
contratos que el empresario
Alejandro de Pedro, imputado
en la causa, logró de estos
ayuntamientos a través de
las sociedades Madiva y Eico.
La Guardia Civil remitió en
julio pasado un informe al
magistrado en el que
señalaba que De Pedro
consiguió que todos esos
municipios le pagaran dinero
público a cambio de insertar
publicidad institucional en
sus diarios digitales.
Documentos intervenidos en
las sedes de Madiva y Eico
acreditan que De Pedro
controlaba hasta 20 diarios
digitales en diversas
localidades de Madrid y
Comunidad Valenciana. “En
realidad”, sostiene la
Guardia Civil, “[la
inserción de publicidad en
los medios digitales de De
Pedro] era un pago en
especie por trabajos de
reputación para autoridades
y cargos públicos”.
Los gobiernos de esos 12
ayuntamientos -Dénia,
Gandia, Valencia, Collado
Villalba, Cartagena, Madrid,
Elche, Valdemoro,
Majadahonda, Castellón,
Alcobendas y Coslada-
contrataron con De Pedro
diversos servicios que
servían para financiar
trabajos de reputación que
beneficiaban a los alcaldes
de esas localidades, según
la tesis defendida por los
investigadores. En su
informe al juez, la Guardia
Civil detalla los hechos que
ha podido comprobar en
relación con las supuestas
corruptelas y pide el
auxilio del magistrado para
lograr la documentación
oficial con la que poder
apuntalar todas sus
sospechas.
Dénia. La Guardia Civil
investiga si la exalcaldesa
de Dénia Ana María Kringe
contrató a una periodista
para sus intereses
particulares y la pagó a
través de Alejandro de
Pedro, a quien habría
adjudicado contratos de
publicidad institucional del
Ayuntamiento.
Gandia. La investigación
sostiene que De Pedro cobró
de este ayuntamiento a
través de un contratista
municipal que se prestó a
facturar por servicios no
prestados al consistorio y
pagar ese dinero al dueño de
Madiva y Eico.
Valencia. De Pedro insertó
en 2014 en su diario digital
Ahora Valencia publicidad
institucional del
ayuntamiento que presidía
Rita Barberá. “Con ese
contrato de publicidad”,
sostiene la Guardia Civil,
“se pudiera haber realizado
reputación a responsables
políticos del Ayuntamiento
de Valencia”.
Collado Villalba. “Empresas
de Alejandro de Pedro”,
según la investigación,
“habrían realizado servicios
a este ayuntamiento sin
contratación administrativa
previa, desconociéndose si
los trabajos consistían en
mejorar la reputación de
cargos públicos de esa
localidad”. La Guardia Civil
basa sus sospechas en
conversaciones telefónicas
del empresario De Pedro.
Cartagena. “Con los datos
que se conocen se puede
apuntar un pacto entre
Alejandro de Pedro y Pilar
Barreiro, alcaldesa de
Cartagena, para sufragar
trabajos de reputación a
cambio de 3.000 euros. Queda
por confirmar si se han
realizado con dinero
público”, señala la Guardia
Civil.
Madrid. La empresa Irismedia
resultó adjudicataria de un
contrato de 1,165.000 euros
para gestionar la publicidad
del Ayuntamiento de Madrid.
Irismedia pagó a Madiva,
empresa de Alejandro de
Pedro, 7.669 euros por
insertar publicidad
institucional en el diario
digital Madrid Actualidad.
“Alejandro de Pedro habría
realizado trabajos de
reputación de la exalcaldesa
Ana Botella para lo que
habrían mediado José Antonio
Conesa y Eduardo Zaplana (…)
Las comunicaciones whatsapp
evidencian la realización de
informes sobre presencia en
Internet de Ana Botella así
como la creación de diarios
digitales en la Comunidad de
Madrid y en el Ayuntamiento
de Madrid”, señala la
Guardia Civil.
Valdemoro. Un concurso
amañado, según la Guardia
civil, permitió a Eico,
firma de Alejandro de Pedro,
ganar un concurso por 10.600
euros en 2013 para hacer un
estudio sobre implantación
de redes sociales en
Valdemoro. Además, otra
firma del empresario De
Pedro, Madiva facturó
durante varios trimestres
1.089 euros a este
ayuntamiento bajo los
conceptos “publicidad,
noticias, Valdemoro”.
Coslada. La Guardia Civil ha
localizado hasta cinco
facturas de 2014 a favor de
Madiva por campaña de
publicidad online
consistente en incluir “dos
banner publicitarios en el
diario Noticias Coslada”. En
2011, la otra firma bajo
sospecha, Eico, facturó
22.320 euros por “servicios
de auditoría y guía de
normas de uso de redes
sociales y presencia en
Internet del Ayuntamiento de
Coslada”.
Alcobendas. Entre 2011 y
2014, el Gobierno municipal
de Alcobendas, presidido por
el diputado autonómico del
PP Ignacio García de
Vinuesa, pagó más de 60.000
euros a Madiva y Eico por
inserción de publicidad
institucional en diarios
digitales y por informes de
posicionamiento en redes
sociales
Majadahonda. Entre 2011 y
2014, las empresas de
Alejando de Pedro facturaron
con este ayuntamiento 56.000
euros, según la Guardia
Civil.
Elche. Según las
conversaciones del
empresario Alejandro de
Pedro intervenidas por orden
judicial, éste logró
contratos del Ayuntamiento
de Elche tras la
intermediación de Eduardo
Zaplana. Sin embargo, la
Guardia Civil advierte que
“no se tiene la certeza de
qué trabajos se hubieran
realizado y si efectivamente
se hubieran materializado”.
Castellón. “Alejandro de
Pedro realizó trabajos
relacionados con campañas de
publicidad para el
ayuntamiento de Castellón y,
de manera simultánea,
servicios de reputación para
su exalcalde, Alfonso
Bataller”, señala el informe
de la Guardia Civil.
El informe preliminar de la
Guardia Civil sobre los 12
ayuntamientos bajo sospecha
concluía solicitando al juez
autorización para recabar
toda la documentación
necesaria de estos
municipios. El juez Velasco
aceptó la petición tras
considerar “constatado que
Alejandro de Pedro realizaba
trabajos de reputación en la
red para autoridades y
cargos electos que generan
una deuda a su favor que más
tarde se sufraga por dichos
cargos públicos por
procedimientos irregulares,
ya sea mediante el pago
directo o facturación de
terceras empresas,
adjudicatarias de la
administración, o mediante
la inclusión del coste de
estos trabajos de reputación
en contratos públicos
previstos para otro
propósito y que luego se
facturan a empresas de
Alejandro De Pedro”.
El juez, en una resolución
del pasado julio, destaca
que la investigación ha
podido acreditar que existen
"indicios racionales de
delitos en algunos de los
ayuntamientos que han
contratado con Alejandro de
Pedro".
El caso Púnica que instruye
Eloy Velasco en la Audiencia
Nacional mantiene a 92
personas imputadas, entre
ellas una decena de ex
alcaldes y dos exconsejeros
autonómicos madrileños. Dos
de los imputados llevan
presos desde octubre pasado:
Francisco Granados,
exsecretario general del
PP-Madrid, exsenador y
exconsejero autonómico; y su
amigo David Marajaliza,
empresario de Valdemoro.
Ambos serían, según la
investigación, los
cabecillas o cerebros de las
distintas tramas de
corrupción que han
desarticulado la Fiscalía
Anticorrupción y el
magistrado Eloy Velasco.
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/19/actualidad/1439979489_676442.html
EL PP NACIONAL PAGÓ A UN
‘CABECILLA’ DE PÚNICA POR
MEJORAR SU IMAGEN
El partido pactó un proyecto
de prueba y renunció a
contratarlo al comprobar los
resultados
El Partido Popular admitió
este miércoles haber pagado
más de 5.000 euros al
empresario Alejandro de
Pedro, uno de los cabecillas
de la trama Púnica, por un
proyecto para mejorar la
imagen en Internet de
"líderes del partido". Lo
que se pactó y se abonó fue
una prueba y "a la vista de
los resultados", se decidió
no contratar a De Pedro,
según explicó este miércoles
el anterior vicesecretario
de Organización y Electoral
del PP, Carlos Floriano. Es
su declaración, De Pedro
admitió cobros en sobres de
empresas que trabajaban con
la Comunidad de Madrid.
"El señor Alejandro de Pedro
ofreció sus servicios a la
sede del PP para mejorar la
reputación de los líderes
del partido en las redes. Se
le pidió una prueba por la
que se le pagó la cantidad
de 5.000 euros más IVA y a
la vista de los resultados
de la misma, siguiendo las
indicaciones del
Departamento de Informática
del PP, al señor Alejandro
de Pedro no se le contrató".
Así explicó este miércoles
Carlos Floriano, en un
comunicado, su relación con
el empresario Alejandro de
Pedro, considerado uno de
los cabecillas de la red
Púnica.
De Pedro citó a Floriano
ante el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco como
uno de los dirigentes del
partido con los que trató
para ofrecerle los servicios
de sus empresas, que
cobraban por mejorar la
imagen de políticos en
Internet.
Los investigadores sospechan
que, en muchos casos, los
alcaldes contrataban a las
sociedades de De Pedro (Madiva
y Eico) como modo de pagar
los servicios que les habían
prestado estas empresas
cuando eran candidatos.
La "prueba" que De Pedro
hizo para el PP nacional
hace dos años consistía,
según Floriano, en "mejorar
la reputación de líderes del
partido". El dirigente no
concretó ayer la reputación
de qué líderes se pretendía
impulsar, pero fuentes
consultadas precisaron que
eran "nacionales y
territoriales". Le abonaron
"5.000 euros más IVA", pero
los informáticos del partido
recomendaron no contratarle
más. "Vendía humo", dijeron
estas fuentes, que
explicaron que fue el
Departamento de Publicidad
el que cerró el acuerdo de
prueba y su importe.
En su declaración ante el
juez, el empresario relató
también que hizo trabajos
para la Comunidad de Madrid
para mejorar la imagen de su
entonces presidente, Ignacio
González. Esos trabajos,
según la grabación de las
declaraciones judiciales que
se han entregado a las
acusaciones y las defensas
de Púnica esta semana, se
abonaron a través de Indra y
otras contratistas del
Gobierno madrileño. Parte de
ese dinero se lo dio un
empleado de Indra en su
propio coche. "Me dijeron
que asistiera a un sitio
donde me estaba esperando
una persona de Indra. Cuál
fue mi sorpresa que, cuando
llegué, tenía un sobre
debajo del asiento y me
dijo: 'coge el sobre y sal
por la puerta'. Lo cogí y me
fui. Dentro había 10.000
euros", declaró el
empresario.
De Pedro explicó que su
relación con la Comunidad
duró dos años y que fue
Isabel Gallego, jefa de
Comunicación de Esperanza
Aguirre y luego de Ignacio
González, la que le
contrató.
De Pedro contó que tuvo que
reclamar insistentemente el
dinero prometido por sus
servicios. "Siempre me han
estado diciendo que sí, que
ya salía el contrato de mis
trabajos, que tal… Se fue
alargando. En noviembre de
2013 tuvimos una reunión
porque, claro, se acababa el
año y yo no había facturado.
A esa reunión asistió el
vicepresidente (Salvador
Victoria), Isabel Gallego y
otro señor", declaró.
Según el empresario, las
cantidades que le debía la
Comunidad de Madrid
ascendían a 120.000 euros al
año. "Salvador Victoria me
dijo que no me preocupara,
que me lo iban a pagar". "No
podíamos presentar facturas
porque no habíamos firmado
ningún contrato con la
Comunidad", aclaró. En
principio, las deudas de la
Comunidad con las empresas
de De Pedro se iban a pagar
a través de una contratista
del Canal de Isabel II (la
empresa pública del agua),
pero, finalmente, los pagos
se canalizaron por ICM, la
agencia informática del
Gobierno regional. "En
septiembre de 2014 me
empiezan a llamar de ICM
para decirme que, a petición
de Salvador Victoria, me
iban a dar un contrato de
unos 10.000 euros. Que eso
ya estaba hecho". "Me
dijeron que era Indra la
empresa a la que yo iba a
facturar".
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/05/actualidad/1438801882_957664.html
LA PÚNICA EXPLOTA EN GÉNOVA:
ZAPLANA, FLORIANO O ISABEL
CARRASCO SON SEÑALADOS POR
LOS IMPUTADOS
Los interrogatorios de la
'Púnica' confirman la
conexión de algunos de los
rostros más influyentes del
PP con la trama, tanto
dentro como fuera de la
Comunidad de Madrid. En las
300 horas de interrogatorios
aparecen nombres como los de
Eduardo Zaplana, Carlos
Floriano, Isabel Carrasco o
Marcos Martínez.
La trama Púnica no sólo se
asocia con apellidos del PP
de Madrid. La onda expansiva
salpica a otras plantas de
la sede de Génova, más allá
de dónde estaban situados
estrechos colaboradores de
la presidenta del PP de
Madrid Esperanza Aguirre.
Las alrededor de 300 horas
de interrogatorios que el
juez Eloy Velasco realizó el
pasado octubre a los
imputados en la Operación
Púnica confirman las
conexiones existentes entre
esta enorme trama de
corrupción y varios
despachos de dentro y de
fuera de la calle Génova.
Los testimonios de las más
de 90 personas que fueron
citadas en la Audiencia
Nacional implican a diversos
cargos del Partido Popular
de Madrid, pero también de
otras autonomías como
Murcia, Comunidad Valenciana
o Castilla y León. En las
conversaciones entre el
magistrado y los implicados
aparecen nombres como
Eduardo Zaplana, Carlos
Floriano o Ignacio Uriarte,
con nexos directos con el
núcleo duro del partido.
Entre los varios cientos de
intervenciones que el juez
titular de esta
investigación realiza
durante los interrogatorios
a los imputados y testigos
resulta especialmente
significativa una que le
espeta a Francisco Granados,
exconsejero de Presidencia
de la Comunidad de Madrid y
considerado como el cerebro
de la trama: "Creemos que
parte del dinero hinchado en
esos contratos se lo
quedaban y se lo repartían
el alcalde, usted y el PP de
la CAM", llega a asegurar el
juez Velasco en un momento
dado de los interrogatorios.
Una afirmación que muestra
las sospechas que tiene el
magistrado de que detrás de
esta gigantesca trama de
corrupción no sólo puede
existir un fin de lucro
personal o empresarial, sino
también un posible delito de
financiación irregular de
los populares en Madrid.
-El juez Velasco: "Creemos
que parte del dinero
hinchado en esos contratos
se lo quedaban y se lo
repartían el alcalde, usted
y el PP de la CAM. ¿Lo
niega?"
-Granados: "Vamos, lo niego
al cien por cien. Qué tiene
que ver el partido en esto"
Pero los testimonios de los
implicados también señalan
nombres con línea directa
con los despachos
principales de la calle
Génova. Es el caso de Carlos
Floriano, antiguo
vicesecretario de
Comunicación del partido a
quien el "conseguidor" de la
trama, Alejandro de Pedro,
afirma que conoce y que
contactó por correo
electrónico a través de
Ignacio Uriarte, presidente
de Nuevas Generaciones del
PP entre 2006 y 2011. De
Pedro se refiere a este
asunto ante el juez de la
siguiente forma:
-Alejandro de Pedro: El
único contacto que tuve hace
dos años fue con Carlos
Floriano a ese nivel (altas
instancias de Génova).
-Fiscal: Cuando ha hablado
de que escribió un email a
Nacho Uriarte, ¿de qué
persona hablamos?
-Alejandro de Pedro: Nacho
Uriarte es un cargo del
partido, no sé si es
diputado nacional que es
amigo de...
-Fiscal: ¿Es del gabinete de
Cospedal?
-Alejandro de Pedro: No, no,
no. Yo le pedía el favor de
que se lo hiciera llegar a
Carlos Floriano.
Pese a la claridad con la
que señala el 'conseguidor'
de la Púnica a estos cargos
del PP Nacional, el juez
Velasco no vuelve a
preguntar sobre la posible
relación de Floriano con
esta trama.
Otro de los capos del PP que
había sido relacionado con
la Púnica en las últimas
semanas y que salió el
pasado octubre durante el
interrogatorio del juez
Velasco a De Pedro es el de
Eduardo Zaplana. El nombre
del expresidente de la
Comunidad Valenciana y
ministro de Trabajo de José
María Aznar sale a colación
porque el "conseguidor"
recurrió a él para
interesarse por las
posibilidades que tenía su
hermano, Adrián de Pedro, de
ganar un concurso público.
El imputado afirma que
Zaplana le contestó que
prefería que le trasladara
ese tipo de consultas
mediante un papel y no por
correo electrónico.
-Fiscal: ¿Qué es lo que
habla con Eduardo Zaplana
respecto al tema éste que le
digo yo (sic) de que tiene
que llevarle en papel...
-Alejandro de Pedro: Pues
que no quería que le mandara
por email eso...
-Fiscal: ¿Pero era del tema
de los colegios o de otro
tema?
-Alejandro de Pedro: Es que
no recuerdo si era el tema
de los ferrocarriles u otro.
-Fiscal: ¿Y para qué se lo
lleva usted?
-Alejandro de Pedro: Por si
podía ayudar.
El cogollo, en el PP de
Madrid
Los sonidos de los
interrogatorios de esta
operación anticorrupción,
entregados a las partes del
proceso este martes, dejan
en evidencia a Francisco
Granados y David Marjaliza,
a quienes se ha situado como
los urdidores de la trama y
a quienes los instructores
de la causa sitúan como
presuntos responsables de
delitos de tráfico de
influencias, pertenencia a
organización criminal,
blanqueo de capitales,
falsedad documental,
prevaricación o fraude. Al
primero se le considera como
el cabecilla de las
operaciones, mientras que al
constructor como el nexo de
unión entre los varios
alcaldes madrileños que
están imputados en la trama.
Dentro de los varios cargos
del PP de la Comunidad de
Madrid sobre los que pesan
fundadas sospechas de estar
involucrados en esta trama
adquiere una especial
relevancia la figura de
Salvador Victoria, consejero
de presidencia hasta hace
unas semanas y a quien el
"conseguidor" cita en su
declaración. En concreto, De
Pedro contó ante el juez que
la Comunidad de Madrid le
debía 120.000 euros por
algunos trabajos realizados
y que Salvador Victoria le
aseguró que se le pagaría a
través de un contrato con el
Canal de Isabel II. Poco
después, recibió en un sobre
10.000 euros a través del
grupo Indra, lo que ratifica
la presencia de esta
compañía tecnológica en
Púnica.
También habla de los
evidentes nexos que existen
entre el gobierno de Ignacio
González y la Púnica el
testimonio de Lucía Figar,
exconsejera de Educación,
Juventud y Deportes cuyo
departamento pagó 80.000
euros a la empresa de De
Pedro para que mejorara su
posicionamiento y su
reputación en las redes
sociales, según la
investigación. En su
locución ante el juez, Figar
señala directamente a
Granados como el responsable
de que el "conseguidor"
recibiera encargos de las
Administraciones públicas
regidas por los populares.
Las varias ramificaciones de
Púnica por España
Pero los ecos de la
Operación Púnica se escuchan
más allá de la Comunidad de
Madrid, como se recoge en su
sumario y se confirma en las
grabaciones de los
interrogatorios del juez
Velasco. Uno de los puntos
salpicados por la trama es
la provincia de León, según
se desprende también de las
palabras de De Pedro. El
imputado explicó en octubre
en la Audiencia Nacional que
había concertado un contrato
con la Diputación de León,
firmado con la anterior
presidenta, Isabel Carrasco,
asesinada en mayo de 2014,
para posicionar en redes
sociales informaciones
favorables. "Le sacábamos
los enlaces de internet y le
decíamos todo lo que se
decía de ella. Le hacíamos
un listado diario que
enviábamos a una
funcionaria", relató.
En su testimonio, también se
refiere a su relación con su
sucesor, Marcos Martínez,
también imputado. “Le dije
que si necesitaba ayuda,
sobre todo porque quería ser
presidente del partido en la
provincia", (...) Me dijo
que sí porque políticamente
no sabía nada", afirmó De
Pedro, quien aseveró que
recibió información
privilegiada sobre concursos
públicos que se realizaron
en la estación de esquí de
San Isidro, en León.
En los interrogatorios ante
el juez Velasco también se
pone de manifiesto la
ramificación de la trama en
la Región de Murcia. De
hecho, entre los cargos
públicos de los que el
magistrado pidió declaración
se encuentra el exconsejero
de Industria y Turismo de
esta comunidad autónoma,
Juan Carlos Ruiz, quien
durante el ejercicio de su
función pública rubricó un
contrato con De Pedro para
firmar su imagen en internet.
En su declaración, Ruiz
defendió la legalidad de
este documento y recordó
que, en cuanto se supo la
implicación de De Pedro en
Púnica, se canceló el
acuerdo.
Dentro de esta zona de
España, adquiere una
especial relevancia la
figura de José Antonio
Alonso, exalcalde socialista
de Cartagena entre 1991 y
1995 que está imputado por
su estrecha relación con
David Marjaliza y por las
sospechas de los
investigadores del caso
sobre su papel de
"conseguidor" en Valencia.
De hecho, De Pedro le citó
en varias ocasiones durante
sus alrededor de dos horas
de declaración.
http://vozpopuli.com/actualidad/66404-la-punica-explota-en-genova-zaplana-floriano-o-isabel-carrasco-son-senalados-por-los-imputados
DOS LLAMADAS DE TELÉFONO AL
'CONSEGUIDOR' DE PÚNICA
PONEN CONTRA LAS CUERDAS A
UNA DIPUTADA DEL PP
Pilar Barreiro, exalcaldesa
de Cartagena y aforada por
el escaño que ocupa en el
Congreso, llamó en dos
ocasiones a Alejandro de
Pedro para concertar una
cita. Éste terminó
confesando a la Guardia
Civil que le hizo a la
política trabajos de
reputación 'online' cuyo
pago camufló supuestamente
con una campaña de
publicidad en sus diarios 'zombies'.
Dos llamadas de teléfono y
una cita. Nuevos datos
conocidos del sumario del
'caso Púnica' ponen en
entredicho la versión que
hasta ahora ha defendido al
exalcaldesa de Cartagena y
aún diputada del PP en el
Congreso, Pilar Barreiro,
sobre sus relaciones con
Alejandro de Pedro,
considerado el 'conseguidor'
de la Púnica. La política,
que salió derrotada en las
urnas el 24-M, negó haber
contratado los servicios de
'reputación online' de la
trama para mejorar su imagen
en Internet y redujo los
contactos a los intentos de
aquel de ofrecerle sus
servicios a través de su
jefe de Gabinete. Sin
embargo, los 60 tomos del
sumario que instruye el juez
Eloy Velasco apuntan a que
la iniciativa y el interés
eran de la propia
parlamentaria, quien llega a
llamar en persona por
teléfono al 'conseguidor' en
dos ocasiones para concertar
una cita en la ciudad
murciana cuyo consistorio
entonces dirigía. Barreiro,
que al ocupar un escaño en
la carrera de San Jerónimo
es aún aforada, tenía
entonces problemas de imagen
pública al haber sido
imputada en un caso de
supuesta corrupción
urbanística del que salió
finalmente sin cargos poco
antes de los últimos
comicios municipales.
El 23 de julio de 2014, la
diputada y el 'conseguidor'
hablaron por teléfono en dos
ocasiones para concertar un
encuentro en Cartagena para
dos días más tarde. En
octubre, De Pedro dio por
cerrado el acuerdo
Las llamadas que ponen
contra las cuerdas a la
diputada se produjeron el 23
de julio de 2014 con pocos
minutos de diferencia. La
primera, a las 13:38. La
segunda, sólo cuatro minutos
después. En las dos,
incorporadas al sumario de
la Púnica ya que entonces
estaba intervenido el
teléfono de Alejandro de
Pedro por orden judicial, la
entonces alcaldesa de
Cartagena le reclama a éste
un encuentro cuando pase por
la ciudad murciana. La
Guardia Civil destaca en el
informe sobre aquella
conversación que junto a la
diputada se encuentra un tal
"Paco", supuestamente
Francisco Ferreño, su jefe
de gabinete y la persona con
la que, siempre según las
llamadas interceptadas
durante la investigación,
trata a menudo el
'conseguidor' para negociar
sus servicios a la política
'popular'. Ambos quedan
entonces en volver a
llamarse, detalla el
documento de los agentes. No
pasó mucho tiempo. De nuevo
es la diputada del PP la que
toma la iniciativa y marca
el número de De Pedro
instantes después para
concretar dicho encuentro
para dos días más tarde, el
viernes 25 de julio, a las
nueve de la mañana en
Cartagena.
Las grabaciones telefónicas
al 'conseguidor' no reflejan
ninguna llamada telefónica
más entre Barreiro y éste,
pero sí que el día de la
cita se encontraba en la
ciudad murciana. De hecho,
el 25 de julio, poco después
de las diez de la mañana,
recibe una llamada en la que
De Pedro informa a su
interlocutor de que se
encuentra, precisamente, en
esta localidad, aunque sin
hacer referencia a lo que
hacía en ella. A partir de
ese momento, las alusiones a
Cartagena y a encuentros con
"Paco Ferreño", el jefe de
gabinete en la alcaldía en
Cartagena, se suceden de
modo habitual hasta que el
22 de octubre, sólo cinco
días antes de su detención,
el presunto integrante de la
trama hace una llamada a un
tal Javier. En ella, asegura
que ha "cerrado el asunto de
la reputación de Pilar
Barreiro y Pedro Antonio",
en referencia al que
entonces era consejero de
Educación y actual
presidente de la Región de
Murcia, Pedro Antonio
Sánchez. De hecho, le pide a
Javier que "le rescate la
oferta de ambas personas" y
"que lo metan ya en la
facturación para el mes de
noviembre". En esa misma
conversación le informa de
que en dos días volverá a
reunirse en Cartagena con la
mano derecha de la diputada.
Al lunes siguiente,
Alejandro de Pedro y el otro
conseguidor de la trama, el
exalcalde socialista de esta
localidad murciana, José
Antonio Alonso Conesa,
relacionado sentimentalmente
con la parlamentaria
'popular', fueron arrestados
por la Guardia Civil.
"Facturados al Ayuntamiento"
En su declaración ante la
Guardia Civil un día después
de su detención, De Pedro
reconoció haber realizado
"servicios de reputación de
la alcaldesa y de
Cartagena". Y añadió que
durante "esos meses" dichos
trabajos se habían facturado
al Ayuntamiento "en concepto
de publicidad, pero que ha
tratado de solucionar esto y
el pasado viernes los
trabajos de reputación de
Pilar" iban a pasar a
facturarse "al partido".
También reconoció que en
alguna ocasión pudo comentar
que dichos trabajos se le
harían gratis. Unas
afirmaciones que confirmaban
las que sólo un día antes
había hecho uno de sus
empleados, Javier Bueno,
también detenido. Éste, ante
las preguntas de los
agentes, aseguró que a la
diputada se le había
elaborado "un plan de medios
con sus redes sociales" y
que cobraban "unos 800 euros
por mes en el caso de
Cartagena". Posteriormente,
otros trabajadores de las
dos sociedades de De Pedro,
EICO y Madiva, confirmaron
los contactos y los planes
de trabajo para la entonces
alcaldesa de Cartagena. El
magistrado también dedicó a
la aforada parte del
interrogatorio al que
sometió a Alonso Conesa,
quien se limitó a echar
balones fuera al asegurar
que creía que no o,
simplemente, que no lo sabía
si dichos servicios se
habían realizado.
El 'conseguidor' reconoció
en su declaración ante la
Guardia Civil que los
trabajos de reputación
'online' a la diputada se
facturaron como una campaña
de publicidad en sus diarios
'zombies'
Los nuevos datos ahora
conocidos y, sobre todo, la
existencia de conversaciones
telefónicas entre la propia
Barreiro y el 'conseguidor'
echan por tierra la versión
que han defendido ésta y su
equipo desde que el pasado
mes de mayo trascendiese que
su nombre aparecía en el
sumario. Entonces, Vozpópuli
se puso en contacto con el
Ayuntamiento de Cartagena
para recoger la versión de
la regidora. Ella rechazó
responder directamente y los
miembros de su equipo sólo
admitieron que los tratos
con De Pedro se limitaron a
"un contrato en 2014 de
abril a mayo, meses antes de
las llamadas de teléfono,
para publicitar en sus
diarios digitales una
exposición que se organizó
en Cartagena sobre el tesoro
del navío Nuestra Señora de
las Mercedes". En total,
aseguraron haber
desembolsado 3.200 euros a
Madiva Editorial y
Publicidad SL, la mercantil
bajo la que funcionaban los
60 periódicos zombies con
los que la empresa de la
trama mejoraba la posición
en los buscadores de
Internet de las noticias
positivas sobre sus
clientes.
Entonces, desde el
consistorio cartagenero
también admitieron que el
'conseguidor' había
intentado desde 2010
ofrecerles sus servicios de
"reputación online y
posicionamiento de web",
pero que dichas propuestas
se rechazaron desde "el
gabinete de la alcaldesa".
"No se veían necesarias",
añadieron entonces. En
ningún momento reconocieron
contactos directos entre la
diputada y el presunto
integrante de la trama
Púnica. En junio, el juez
Eloy Velasco envió a la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil a
la sede del Ayuntamiento de
Cartagena a reclamar el
expediente de aquel contrato
y otros que hubieran podido
firmar el consistorio con
EICO y Madiva ante la
sospecha de que se pudieron
desviar fondos públicos al
pago de aquellos servicios
de reputación online. Este
miércoles, Vozpópuli ha
intentado volver a ponerse
en contacto con los
colaboradores de Barreiro en
su etapa en el Ayuntamiento
de Cartagena, que abandonó
tras perder las elecciones
del pasado mes de mayo, pero
éstos no han respondido a
los requerimientos de este
diario.
http://vozpopuli.com/actualidad/66683-dos-llamadas-de-telefono-al-conseguidor-de-punica-ponen-contra-las-cuerdas-a-una-diputada-del-pp
PÚNICA SALPICA AL
'PROTEGIDO' DE ARENAS EN
ALMERÍA, EL ÚLTIMO FEUDO
ANDALUZ DEL PP
Javier Arenas le ha llamado
su "hermano mayor" y todo el
mundo le considera su
'protegido'. Mariano Rajoy
no ha dudado en calificarlo
como "un tío estupendo". Y
en el PP hay muchos que le
consideran el 'Carlos Fabra
de Almería', por el poder
que ejerce en esta provincia
similar al que tenía en
Castellón el ahora preso. Es
Gabriel Amat, el veterano
alcalde de Roquetas de Mar,
presidente de la Diputación,
de los 'populares' en su
último bastión en Andalucía
y miembro de la Junta
Directiva Nacional de la
formación. Un veterano
dirigente que, ahora, ha
aparecido en las escuchas
del 'caso Púnica' en boca de
uno de los principales
implicados de la trama, el
directivo de Cofely GDF-Suez
Pedro García Pérez.
Según los 'pinchazos'
telefónicos, un directivo de
Cofely se reunió y "cerró"
el acuerdo con el alcalde de
Roquetas el 23 de octubre,
sólo cuatro días antes de
las detenciones
En los 60 tomos del sumario
hasta ahora conocidos, los
informes de la Guardia Civil
recogen numerosas
referencias al "alcalde de
Roquetas" y a "Gabriel" como
uno de los políticos con
supuestos tratos con la red
de corrupción. De hecho,
miembros de la trama
aseguran en las
conversaciones intervenidas
haber mantenido con el mismo
encuentros en relación con
un futuro concurso para
adjudicar un millonario
concurso de eficiencia
energética en el municipio
costero. Vozpópuli intentó
este martes ponerse en
contacto con el político
para conocer su versión
sobre dichas referencias en
la causa, pero la
responsable de prensa del PP
almeriense aseguró que había
sido imposible localizarle.
Este miércoles, y tras
publicarse esta información,
Amat hacía llegar a este
diario una escueta
declaración: "El
Ayuntamiento [de Roquetas]
no ha tenido conversaciones
con nadie de la trama Púnica
ni ha firmado nada con estos
señores".
Sin embargo, son numerosas
las alusiones a este
municipio almeriense y a
otros de la misma provincia
(se mencionan a Adra, Berja
y Vera, también gobernados
por el PP). Y todas ellas
con una particularidad:
salen en las conversaciones
telefónicas 'pinchadas' a
Pedro García, director de
Mercado Público de Cofely y
la persona que, según las
investigación, cerraba con
la ayuda de David Marjaliza,
el socio de Francisco
Granados, los acuerdos con
regidores y concejales para
hacerse de manera
presuntamente irregular con
los concursos. De hecho, en
dichas intervenciones se oye
a este directivo asegurar
que ha "cerrado" un acuerdo
en Roquetas e, incluso, cita
con nombre y apellido a
Gabriel Amat, aunque en la
transcripción de la misma
que hace la Guardia Civil
aparece mal escrito:
"Gabriel Amai".
El 23 de octubre, "todo
cerrado"
La primera referencia a la
localidad almeriense se
produce en una conversación
del 19 de septiembre, en la
que este presunto cabecilla
de la trama habla con un tal
"Manuel", quien parece ser
un delegado de la empresa en
Andalucía. Éste último
asegura en el transcurso de
la misma que ya había
hablado con "Gabriel" y que
creía tener encarrilado el
contrato. En la misma
conversación, ambos
interlocutores se refieren a
la necesidad de mantener
reuniones en diferentes
municipios de esta
comunidad. Así, además de a
Roquetas, mencionan a Adra y
Berja en la provincia de
Almería, a Motril en
Granada, y a Jaén. No
obstante, quedan en cerrar
un viaje para intentar
hacerse con adjudicaciones
en las tres primeras
localidades.
Ese mismo día, pero ya por
la tarde, la Guardia Civil
interviene otra conversación
de Pedro García, en este
caso con "Tino" (Constantino
Álvarez de la Cueva, otro
directivo de Cofely también
imputado por el amaño de
concursos). En ella, este
último asegura haber estado
con "Gabriel Amai (sic)" y
que "todo en orden", que
como muy tarde al miércoles
siguiente lo llamará para
"ir a Roquetas". Apenas 20
minutos después, el propio
Pedro García llama a su jefe
directo, Didier Maurice,
también encausado, para
informarle de que tiene
pensado viajar personalmente
a Roquetas "para ir
cerrando" el asunto, del que
no da más detalles por
teléfono.
Treinta horas antes de su
arresto, el cabecilla de la
trama aseguraba por teléfono
que "el tema de Roquetas
está cerrado con el alcalde"
La siguiente aparición de
este importante municipio
almeriense en las escuchas
de la trama Púnica se
produce el 23 de septiembre.
A las 10:46, Pedro García
habla con un tal "Gregorio"
sobre varias visitas a
ayuntamientos que tienen
pendientes. Con éste trata
una visita a Almadén (Ciudad
Real), pero el directivo le
dice que el día fijado no
puede, que tiene pensado
precisamente ir a Roquetas
porque es "un tema muy
gordo, sin desmerecer a
Almadén". Más adelante, en
las escuchas policiales,
Pedro García informa a
varios de sus trabajadores
que tiene pensado viajar a
Almería y Granada entre el 7
y el 9 de octubre, pero
finalmente dichos planes se
van al traste. Esos días se
celebra en Sevilla un
congreso sobre eficiencia
energética organizado por la
Agencia Andaluza de la
Energía al que debe acudir,
por lo que retrasa la
reunión en Roquetas de Mar
al 23 de octubre, y así
"dejar zanjado el tema",
según le confiesa por
teléfono a uno de sus
interlocutores.
El día antes a esa supuesta
reunión definitiva en la
localidad almeriense, Pedro
García aseguraba por
teléfono que tiene previsto
acudir a Adra, un
ayuntamiento almeriense
también gobernado por el PP.
Finalmente, el día previsto
para la cita, se escucha a
Pedro García asegurar que
acaba de tener una reunión
con el "alcalde de
Roquetas", que no es otro
que Gabriel Amat. En la
misma, el directivo de
Cofely detenido llega a
asegurar que en la misma
quedó "todo cerrado". Al día
siguiente, el presunto
cabecilla vuelve a hablar
con "Manuel". Pedro García
queda con él en enviarle
"unos sobres" que
supuestamente contienen
pliegos para el concurso.
Según la investigación,
serían los documentos de
especificaciones técnicas
que la trama imponía a los
ayuntamientos para hacerse
con las adjudicaciones a
cambio de supuestas
comisiones irregulares. La
última referencia a Roquetas
en el sumario se produce el
sábado 25 de octubre. Pedro
García habla con un tal
"Evaristo", al que le
informa que "el tema de
Roquetas está cerrado con el
alcalde". No hay más
escuchas. Apenas 30 horas
después de esta
conversación, la Guardia
Civil detenía en Madrid al
directivo de Cofely.
http://vozpopuli.com/actualidad/66865-punica-salpica-al-protegido-de-arenas-en-almeria-el-ultimo-feudo-andaluz-del-pp
EL NUEVO SECRETARIO DE
ESTADO DE EDUCACIÓN SE
COMPROMETIÓ A “AVISAR” DE
UNA LICITACIÓN AL PROMOTOR
DE LOS COLEGIOS DE LA
‘PÚNICA’
Marcial Marín era consejero
en Castilla-La Mancha cuando
prometió "avisar" a Alfedel
de la licitación para un
colegio concertado en Seseña
(Toledo), según consta en un
informe de la UCO
El administrador de Alfedel,
Ferrón del Río, confirma a
infoLibre que el intercambio
de mensajes se produjo pero
le resta importancia
Fuentes cercanas al
secretario de Estado
destacan que el concurso
para el centro de Seseña "se
declaró desierto" y que en
el sumario "no hay ninguna
conversación directa" de
Marín
El nuevo secretario de
Estado de Educación, Marcial
Marín, se comprometió a
"avisar" a uno de los
imputados en la trama Púnica
de la licitación de un
colegio concertado en el
municipio toledano de Seseña,
según consta en las
transcripciones de las
grabaciones de las
conversaciones que constan
en el sumario.
La Guardia Civil, en un
informe de 8 de octubre de
2014 dirigido al juez que
instruye el caso en la
Audiencia Nacional, Eloy
Velasco, da cuenta del
contenido de una
conversación telefónica
clave, que tuvo lugar el 23
de septiembre, y cuyos
interlocutores fueron el
cabecilla de la red
corrupta, David Marjaliza, y
el considerado testaferro
Alfonso Ferrón del Río,
quién intercambió mensajes
con el hoy secretario de
Estado: "Respecto a estos
procedimientos públicos se
han registrado nuevas
llamadas con Alfonso Ferrón
en las que abordan la
situación de estos
procedimientos de
licitación. Respecto a un
procedimiento análogo en
Seseña, le comenta que tiene
un mensaje del otro día del
consejero (se deduce de una
llamada anterior que sería
Marcial Marín) en el que
dice que tiene mucho interés
en sacarlo y que le avisará
cuando lo haga".
Por la importancia de esta
conversación entre Marjaliza
y Ferrón del Río, la Guardia
Civil hace en el informe una
transcripción literal de la
misma, que es la siguiente:
"Yo te llamo también por lo
de Seseña, yo tengo un
mensaje del otro día del
consejero [...] que tiene
tanto interés como yo en
sacarlo, ehhh, y que bueno,
que me avisará". La
conversación prosigue: "Y es
bastante amable, lo tienen
que sacar porque es un
concurso que tienen que
sacar, pero yo lo que
quisiera saber es cuándo lo
van a sacar".
En la declaración como
imputado de Ferrón del Río,
el juez Velasco le interpela
sobre el colegio de Seseña.
Así, ante la pregunta de si
estaba preparando con
Marjaliza un concurso para
un colegio en Seseña, el
administrador de Alfedel
contestó de forma
afirmativa.
Y entonces el magistrado
volvió a preguntar: "¿Y por
qué de socio Marjaliza?".
"No, no era socio, no era
nada. Él me dijo que iban a
sacar un colegio en Seseña
que no se adjudicó",
respondió Ferrón del Río. El
juez interpeló de nuevo al
imputado sobre si conocía de
dónde sacaba Marjaliza esa
información: "No lo sé,
señoría".
Consejero de Cospedal
En las fechas señaladas,
Marcial Marín, ahora
secretario de Estado de
Educación tras la salida de
José Ignacio Wert, era
consejero de Educación del
Gobierno del PP de María
Dolores de Cospedal. Y
Alfonso Ferrón del Río,
imputado en la Púnica, es el
administrador de la empresa
Alfedel, que representa a
cooperativas de profesores.
Alfedel obtuvo la
adjudicación de una veintena
de colegios concertados, la
mayor parte de ellos en la
Comunidad de Madrid. La
Guardia Civil considera que
Alfedel podría ser en
realidad propiedad de
Marjaliza.
Tal y como adelantó
infoLibre, seis empresas
vinculadas a Marjaliza
obtuvieron ingresos
superiores a los 222
millones de euros por la
construcción de 12 colegios
concertados y uno totalmente
privado. Además Alfedel se
embolsó otros 19 millones de
los propios cooperativistas.
Conversaciones entre dos
imputados
Fuentes cercanas al
secretario de Estado
aseguraron a este diario que
no hay "ninguna" actuación
judicial que afecte a
Marcial Marín en el sumario
de la Operación Púnica. En
relación a las charlas
reflejadas en el informe de
la Guardia Civil entre
Marjaliza y Ferrón del Río,
las mismas fuentes
explicaron que se trata de
"conversaciones entre dos
imputados en el caso. En
ningún momento consta
ninguna conversación directa
del señor Marín".
Por su parte, el
administrador de Alfedel,
Alfonso Ferrón del Río, ha
reconocido a infoLibre el
intercambio de mensajes con
el entonces consejero de
Educación de Castilla-La
Mancha, aunque restó
importancia al responder a
la pregunta de si había
recibido un mensaje de
Marcial Marín : "Como a
todos, se le enviaba el
mensaje para preguntarle
¿cuándo va a salir? Y te
contestaba: pronto, yo lo
estoy deseando. Y esto lo
escribía a todos los
licitantes. De hecho,
todavía estamos
preguntando", respondió
Ferrón del Río.
"Marín, de nombre no lo sé"
En la conversación con
infoLibre el administrador
de Alfedel, imputado en
Púnica, identifica a la
persona con la que
intercambió mensajes: el
consejero de Educación de
Castilla-La Mancha: "Marín,
de nombre no lo sé. No ha
habido más".
Las fuentes cercanas al
secretario de Estado
explican, por su parte, que
Marín fue consejero de
Educación de Castilla-La
Mancha durante cuatro años
"y todas sus actuaciones se
han enmarcado en la más
estricta legalidad
objetividad y
transparencia".
Un ejemplo de ello, prosigue
la citada fuente vinculada a
Marcial Marín, es que, "a
pesar de la creciente
demanda de escolarización en
Seseña durante el mandato de
Marín como consejero de
Educación, el concurso para
la licitación de dicho
colegio se declaró desierto
al no cumplir ningún
licitador los requisitos
técnicos previstos en la
convocatoria, que se llevó a
cabo de acuerdo con el
procedimiento legalmente
previsto. A día de hoy, ese
concierto está pendiente aún
de adjudicación por la nueva
administración educativa
autonómica".
Aulas de 45 metros
Ferrón del Río da su versión
de los hechos relacionados
con el concurso del colegio
de Seseña: "Nos presentamos
cuatro. La diócesis
toledana; otro
ultrarreligioso, me parece
que de los Legionarios de
Cristo; otro también
religioso y una cooperativa,
encabezada por mí. Salió el
concurso y quedó desierto".
Y según el administrador de
Alfedel el motivo de esta
decisión se debió a una
modificación puntual de la
ratio de alumnos. "Se
subieron las ratios a 30
niños por aula. Y todos nos
presentamos con aulas de 40
metros para cumplir la ley,
pero la modificación puntual
de la ley, que fue temporal,
hizo que se declarara
desierto el concurso, porque
las aulas tenían que tener
un mínimo de 45 metros".
Las grabaciones de las
conversaciones realizadas
por la Guardia Civil aportan
más datos sobre el centro
educativo de Seseña. En
concreto, el 30 de agosto
del año pasado Alfonso
Ferrón del Río le dice a
Marjaliza que en Seseña "se
retrasa el tema por que hay
un informe de un inspector
que dice que no se necesita
escolarizar a niños, y David
[Marjaliza] dice que será
uno de los rojos, como
siempre".
En otra conversación, en la
que participan los mismos
interlocutores, Ferrón del
Río le dice a Marjaliza, que
le había preguntado por los
temas pendientes: "La
oposición más fuerte es la
del alcalde, porque quiere
meter a un religioso ultra.
David [Marjaliza] le comenta
que eso es porque no le ha
tocado bien".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/08/20/el_nuevo_secretario_estado_educacion_comprometio_quot_avisar_quot_una_licitacion_promotor_los_colegios_punica_36713_1012.html
EMPRESAS DE LA ‘PÚNICA’ SE
EMBOLSARON AL MENOS 222
MILLONES DE EUROS CON LA
CREACIÓN DE 13 COLEGIOS
PRIVADOS
Seis empresas que la Guardia
Civil vincula con la trama
Púnica se embolsaron entre
2001 y 2011 al menos 222,8
millones de euros por la
construcción de 12 colegios
concertados y uno totalmente
privado, según consta en un
informe de la Agencia
Tributaria al que ha tenido
acceso infoLibre.
Se trata, en concreto, de
las siguientes sociedades:
Obrum Urbanismo y
Construcciones; Dirección de
Técnicas y Consulting de
Obras; Valparaíso; Servicios
Logísticos Inmobiliarios;
Atalia Grupo Patrimonial y
Vancouver Gestión, que según
los informes de la Guardia
Civil y la Agencia
Tributaría están vinculadas
a uno de los principales
cabecillas de la trama,
David Marjaliza, y al socio
de éste José Luis Capita
Gallardo.
El documento, elaborado por
la Unidad de Apoyo de
Hacienda a la Fiscalía
Anticorrupción el 25 de
julio de 2014, eleva la
sospecha a un total de
veinte centros educativos
promovidos por la empresa
Alfedel, que abonó más de
325 millones de euros en
todos sus negocios. El
administrador de Alfedel,
Alfonso Ferrón del Río, está
imputado en Púnica.
"¿Y usted qué hacía?"
En su declaración como
imputado ante el juez Eloy
Velasco, que se desarrolló
el pasado 26 de febrero en
la Audiencia Nacional en
Madrid, Ferrón negó ser un
hombre de paja de Marjaliza:
"¿Todo lo hacían las
empresas? ¿Y usted que
hacía? ¿Usted no es un
testaferro de Marjaliza?",
le interpeló el magistrado:
"No", contestó Ferrón, quien
más tarde reconoció que dos
de las cuatro constructoras
que edificaron los cuatro
colegios concertados que ha
promovido la cooperativa
Alfedel en Valdemoro
(Madrid) están vinculados
con Marjaliza.
infoLibre se ha puesto en
contacto con el propio
Ferrón del Río, que aseguró
no tener "ni idea" sobre el
beneficio que ha tenido
Marjaliza con los colegios
promovidos por su
cooperativa de colegios
privados.
Valdemoro es un municipio
madrileño del sur de Madrid
considerado el epicentro de
la trama Púnica. El presunto
cerebro, Francisco Granados,
fue alcalde del Ayuntamiento
de esta localidad, para
posteriormente llegar a ser
secretario general del PP
madrileño y consejero de
Presidencia de la Comunidad
de Madrid gobernada por
Esperanza Aguirre.
"Un subordinado"
El magistrado Velasco trata
de profundizar durante el
interrogatorio a Ferrón en
el papel que pudo desempeñar
Marjaliza en la cooperativa
Alfedel: "¿Por qué tiene
tantas llamadas de David
Marjaliza por el tema de los
colegios que se están
licitando, así como los que
ya está gestionando Alfedel.
¿Por qué se dan cuenta? Eso
no es asesoría, eso es darse
cuenta, es muy distinto
asesorar de contar. ¿Por qué
tiene tantas llamadas y
usted parece un subordinado
de Marjaliza, y por lo tanto
un testaferro?", argumenta
Velasco. "No", vuelve a
responder Ferrón del Río,
ante lo que Velasco continúa
preguntando: ¿Por qué da esa
impresión cuando oye uno las
escuchas?".
Pero el administrador de
Alfedel le interrumpe: "No
tengo tantas llamadas de
Marjaliza...". Y el
magistrado prosigue: "Para
mí el negocio no es de
usted, es de él". Y Ferrón
del Río trata de defenderse:
"No es así señoría, no.
También he hecho un colegio
en Palma de Mallorca, y no
tiene nada que ver David, y
también he hecho un colegio
en Murcia, y tampoco tiene
nada que ver David
Marjaliza".
¿Es usted testaferro de
Marjaliza?
En el interrogatorio del
responsable de Alfedel el
juez Velasco vuelve a
interesarse por la
vinculación de Marjaliza con
los colegios que gestiona la
cooperativa: "Nada, excepto
el contrato de servicios, es
decir asesoramiento". Y
entonces el magistrado
vuelve a preguntar a Ferrón
del Río sobre su vinculación
con el detenido: "¿Es usted
testaferro de Marjaliza y en
realidad las empresas son de
él, y usted es el que
figura?". "No", volvió a
declarar el imputado.
La Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil
destaca, además, que Alfedel
ha tenido concesiones de
colegios en múltiples
municipios de la Comunidad
de Madrid, como por ejemplo
Valdemoro, Pinto, Villanueva
de la Cañada, Arganda del
Rey, Torrejón de Velasco,
Majadahonda y Sevilla La
Nueva. Asimismo, aparece
Cartagena (Murcia), un
municipio también vinculado
con la red corrupta dirigida
por Granados.
Obrum, 202 millones
Entre las seis sociedades
beneficiadas por la
edificación de los colegios
privados destaca Obrum
Urbanismo y Construcciones,
de David Marjaliza.
Precisamente, los
funcionarios de la Agencia
Tributaria consideran que
los mayores beneficios por
la puesta en marcha de los
colegios tienen su origen en
la edificación de los
centros educativos.
Solo la constructora Obrum
de Marjaliza, siempre según
el documento de Hacienda,
habría ingresado más de 202
millones de euros en 12
centros educativos. En el
resto de empresas
agraciadas, en concreto
Dirección de Técnicas y
Consulting de Obras,
Servicios Logísticos
Inmobiliarios, Valparaíso
Técnicas de Promoción,
Atalia Grupo Patrimonial y
Vancouver Gestión, también
aparece Marjaliza como
administrador o socio.
Las conclusiones del
mencionado informe de
Hacienda indican que cuando
la posible constructora del
centro educativo es Obrum
Urbanismo y Construcciones,
"aparecen simultáneamente,
salvo en un caso, pagos o
bien a entidades
posiblemente emisoras de
facturas falsas, como Ademo
Asesoría Integral,
Constructora Reprocom y
Constructora Larsson Madrid
2004".
17 centros en Madrid
En otros casos emergen
sociedades de Marjaliza.
Además, la Agencia
Tributaria considera
necesario analizar el motivo
por el que Avintia
Infraestructuras, la matriz
de una de las empresas que
construyó otro de los
colegios de Alfedel, en
concreto Nobelis en
Valdemoro, abonó en 2010 un
total 232.000 euros a la
firma de Marjaliza Servicios
Logísticos Inmobiliarios.
En el reparto geográfico de
los 20 colegios bajo
sospecha por su vinculación
con la red Púnica destaca la
Comunidad de Madrid, con 17
centros educativos. Alfedel
también promovió tres
centros educativos en la
Región de Murcia,
Castilla-La Mancha e Illes
Balears.
Precisamente, el colegio
promovido por Alfedel en
Yebes (Guadalajara) llamó la
atención de los funcionarios
de Hacienda, ya que pese a
no haber entrado en
funcionamiento la
cooperativa llegó a abonar
más de 21 millones a Obrum y
otras empresas de Marjaliza.
La empresa se denomina
Milenia, y está detrás de la
construcción del colegio Luz
de Yebes. El Ayuntamiento
otorgó una concesión de 50
años a la cooperativa para
construir y gestionar el
centro: "Pero tal concierto
nunca se obtuvo de la Junta
de Castilla-La Mancha, lo
cual ha abocado a la
cooperativa a entrar en un
procedimiento concursal,
cuestionándose la
regularidad de tal
concesión", indica el
informe de Hacienda.
Colegio Malvar, 29,3
millones
En cuanto a los ingresos de
las empresas de Púnica,
destaca el caso del Colegio
Malvar, de Arganda del Rey,
en el que Obrum Urbanismo y
Servicios Logísticos
Inmobiliarios obtuvieron
29,3 millones. El inmueble
en el que está ubicado el
centro escolar tuvo como
titular catastral hasta 2005
al Ayuntamiento de Arganda
del Rey (Madrid).
Le siguen en volumen de
negocio el Colegio
Litterator, en Aranjuez
(Madrid), por cuya
construcción los integrantes
de la trama se embolsaron
22,3 millones; Hélade
(Boadilla del Monte) 22,2
millones; Colegio Arula (Valdeolmos)
20,2 millones; Colegio Valle
del Miro (Valdemoro) 20,1
millones; Helicon
(Valdemoro) 16,3 millones; y
Colegio Caude (Majadahonda)
13,7 millones.
En el interrogatorio del
juez Eloy Velasco al
administrador de Alfedel, el
magistrado interpeló a
Ferrón del Río sobre si
conocía a Gonzalo Cubas
Navarro, exalcalde del PP de
Torrejon de Velasco
(Madrid), municipio en el
que la cooperativa gestiona
el Colegio El Catón: "¿Lo
amañó este señor?, ¿le dio
información privilegiada?".
Estas preguntas también
tuvieron una respuesta
negativa. Según la Agencia
Tributaria, las empresas de
la trama se embolsaron con
la puesta en marcha de este
colegio un total de 15,9
millones.
Convoca la Comunidad de
Madrid
En todos los casos, los
terrenos en los que se
construyeron los centros
educativos han sido
transmitidos por los
Ayuntamientos a la Comunidad
de Madrid, que es la que
convoca finalmente el
concurso.
Precisamente, el
interrogatorio del juez
Velasco al administrador de
Alfedel se centra en la
presencia de la cooperativa
en 13 municipios de la
Comunidad de Madrid: "¿Y por
qué tiene en Valdemoro
cuatro colegios? Puedo
pensar que es gracias a la
labor de Marjaliza, que le
utiliza a usted como
testaferro... ¿es así?":
"No", contesta de nuevo
Ferrón del Río, que recuerda
que gestiona unos 20
colegios en la Comunidad de
Madrid, que salen por
concurso público en los
ayuntamientos.
Ferrón del Río ha asegurado
a infoLibre que tras su
comparecencia como imputado
el juez Velasco no
estableció medidas
cautelares contra él, lo que
probaría, según su versión,
que el magistrado considera
creíble que no es testaferro
de Marjaliza. Asimismo, el
gestor de la cooperativa
explicó a este diario que
ahora mismo "Alfedel no
tiene actividad" al margen
de los concursos que ganó en
el pasado.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/08/14/constructoras_punica_ingresaron_menos_222_millones_euros_con_los_colegios_concertados_36538_1012.html
LOS COLEGIOS PROMOVIDOS POR
LA ‘PÚNICA’ INGRESARON 41
MILLONES POR CONCIERTOS EL
CURSO PASADO
16 centros de Madrid y uno
de Murcia promovidos por
Alfedel recibieron dinero
por los conciertos
educativos
El administrador de Alfedel
está imputado y, al menos
desde 2007, pagaba una
comisión de 1.14 millones al
socio de Granados por cada
colegio puesto en marcha
Los 17 colegios concertados
promovidos por la compañía
Alfedel, vinculada a la
trama Púnica, ingresaron
41,7 millones de euros de
dinero público para su
funcionamiento el curso
pasado, según los cálculos
realizados por infoLibre a
partir de los datos
oficiales de las consejerías
de Educación de Madrid y
Murcia.
Los centros privados
subvencionados se financian
por un sistema de módulos
por aulas o grupos cuyo
precio varía según el nivel
educativo y en el que están
incluidos tanto el salario
de los docentes, a través
del llamado pago delegado,
como otros gastos variables
destinados a mantenimiento.
El precio de los módulos se
define cada año en los
presupuestos de cada
autonomía.
De los otros tres centros
relacionados con Alfedel,
dos son totalmente privados
y no recibieron por tanto
fondos públicos, y otro
todavía no se ha puesto en
marcha.
El administrador único de
Alfedel, Alfonso Ferrón del
Río, está imputado en el
caso. La investigación
judicial debe aclarar si,
tal y como el juez Eloy
Velasco sospecha, Ferrón del
Río era realmente un
testaferro de David
Marjaliza, socio del ex
secretario general del PP de
Madrid Francisco Granados y
uno de los principales
cabecillas de la Púnica.
Pero de lo que no hay duda
es de que, por cada colegio
puesto en marcha, Marjaliza
se llevaba una comisión de
1,14 millones de euros. Al
menos desde 2007, tal y como
atestigua un contrato
[consultar en PDF, aquí] al
que ha tenido acceso este
diario.
Del total de 17 centros
concertados promovidos por
Alfedel, uno está en
Cartagena (Murcia) y los
otros 16 se encuentran
ubicados en la Comunidad de
Madrid. Tres de ellos en la
localidad de Valdemoro,
considerada epicentro de la
Púnica; dos en Boadilla del
Monte; y uno en cada uno de
los municipios siguientes:
Alpardo;Aranjuez;Arganda del
Rey; Majadahonda; Parla;
Paracuellos del Jarama, San
Martín de la Vega;Sevilla la
Nueva; Torrejón de Velasco y
Villanueva de la Cañada.
Los cobros en la concertada
Los citados 41 millones de
euros recibidos por estos 17
centros educativos
corresponden a la asignación
que la Administración está
obligada a garantizar a
estos colegios por su
condición de centros
concertados y para
garantizar que sea gratuita
para las familias. No
obstante, desde la educación
pública se viene denunciando
que el verdadero negocio de
la enseñanza concertada está
en el pago obligatorio de
cuotas al que, según un
estudio de la Organización
de Consumidores y Usuarios
(OCU), obligan el 91% de los
centros de este tipo.
infoLibre ha podido
confirmar como esta es una
práctica que también lleva a
cabo alguno de los colegios
puestos en marcha por
Alfedel. Según se recoge en
una sentencia de divorcio
del año 2013, la
escolarización en uno de los
centros construidos por
empresas vinculadas a la
trama, el Colegio Arcadia de
Villanueva de la Cañada
(Madrid), "el importe de los
recibos mensuales por
actividades formativas,
comedor, material,
excursiones... ascienden a
una media mensual de 270
euros".
Negocios por una doble vía
La información que viene
desvelando infoLibre
evidencia que la puesta en
marcha de colegios privados
concertados sirvió a la
trama Púnica para hacer
negocios por una doble vía.
Por un lado, seis empresas
que la Guardia Civil vincula
con la red se embolsaron
entre 2001 y 2011 al menos
222,8 millones de euros por
la construcción de 12
centros concertados y uno
totalmente privado. Obrum
Urbanismo y Construcciones,
propiedad de David
Marjaliza, es la principal
sociedad beneficiada con la
edificación de colegios,
pues ingresó 202 de los 222
millones cobrados por la
trama por la construcción de
los centros. En los seis
concertados y el otro
privado restantes
relacionados con Alfedel los
investigadores no ha
encontrado por el momento
vinculación entre la red
corrupta y las compañías que
los edificaron.
Por otro lado, según consta
en un informe de la Agencia
Tributaria al que ha tenido
acceso este periódico,
Alfedel se hizo con otros 19
millones de euros mediante
el cobro a las cooperativas
de profesores que son las
que, en última instancia,
gestionan los colegios. La
trama garantizaba a los
docentes, según se deduce de
la investigación, que los
municipios liberarían suelo
para los centros y que la
Administración les daría el
concierto.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/08/21/los_colegios_promovidos_por_punica_ingresaron_millones_por_conciertos_curso_pasado_36746_1012.html
SE BUSCA DESTINATARIO DE UNA
MORDIDA DE 240.000 EUROS
El juez Velasco acusa a los
hermanos Utrilla, dos
políticos del PP, de
intervenir en una comisión
por un concurso de 73
millones en Móstoles
Uno de los mayores contratos
de eficiencia energética
concedidos a la empresa
Cofely, una multinacional
que utilizaba los servicios
de la trama Púnica, es el
firmado con el Ayuntamiento
de Móstoles, el segundo más
poblado de Madrid, por una
cuantía superior a los 72
millones de euros. El juez
Eloy Velasco sospecha que
Cofely ha podido disfrutar
de información privilegiada
o ha podido arreglar las
cláusulas del contrato para
que estas se ajusten a sus
intereses. En las
conversaciones grabadas por
la Guardia Civil relativas a
este contrato aparecen David
Marjaliza, un par de
comerciales de Cofely, y dos
hermanos, los hermanos
Utrilla, Mario y Alejandro,
uno alcalde y diputado del
PP, el otro, concejal de
Móstoles.
El juez interroga a los
Utrilla, ambos abogados y
dedicados desde muy jóvenes
a la política como
militantes del PP. Mario
Utrilla era alcalde de
Sevilla la Nueva, población
muy próxima a Móstoles, y
diputado del PP. Durante
casi 60 minutos de
interrogatorio se defiende
con constantes negativas,
aludiendo a que no ha hecho
“nada ilícito”, no sabe
nada, no recuerda nada. El
juez le acusa de recibir una
mordida de 6.000 euros como
parte de un pago de 240.000
que está pidiendo un
tercero. Lo niega. “No he
hecho nada”, “no he hecho
nada ilícito”, dice una y
otra vez.
El juez le pregunta por
Marjaliza, a quien confiesa
conocer, pero no demasiado.
Le pregunta por dos
comerciales de Cofely, Tino
y Pedro, a quienes también
conoce. Tiene citas con
ellos, “donde siempre”, dice
en las grabaciones, pero
niega estar tratando un
asunto o tener demasiada
familiaridad con ellos. El
juez lee conversaciones
telefónicas grabadas, donde
hablan de Mario Utrilla, y
de terceros sin identificar.
Se habla de alguien que
“está que bufa” porque un
contrato no acaba de salir
adelante, se menciona a
alguien que está pidiendo
más de 200.000 euros. (”este
tío está tonto”, dice uno de
los comerciales). Mario
Utrilla los conoce, queda
con ellos, toma copas con
ellos, pero no recuerda de
qué habló. El juez le
pregunta si influyó en su
hermano Alejandro, concejal
de Móstoles. “No puedo
influir en él”. La Guardia
civil tomó nota de una cita
entre los hermanos Utrilla y
un comercial de Cofely.
Tampoco recordaba el motivo
de aquella reunión.
Cuando fue inicialmente
detenido por la Guardia
Civil reconoce que se quedó
bloqueado y “en blanco” en
el interrogatorio.
Su hermano Alejandro también
fue interrogado por el juez
Velasco. Según su testimonio
se encargaba de parques y
jardines en el Ayuntamiento
de Móstoles. Casi no
despachaba con el alcalde.
Cuando fue inicialmente
detenido por la Guardia
Civil reconoce que se quedó
bloqueado y “en blanco” en
el interrogatorio.
Dijo no haber tenido ninguna
intervención en el contrato
de Cofely con Móstoles por
más de 72 millones de euros,
cuyo concurso motivó que
otras dos empresas
aspirantes se retiraran y
dejaran sola a Cofely, según
explicaba el juez. “Eso lo
llevaba la concejalía de
mantenimiento”, dice
Alejandro. Pero, en un
momento dado, el juez le
pregunta si presentó a gente
de la empresa Cofely al
alcalde de Móstoles, hecho
que sí reconoció, aunque
utilizó un argumento un
tanto exagerado: “Vi que era
una de las 70 empresas más
importantes del mundo, más
importante que Banesto o que
el Santander y, claro les
ayudé a presentarles al
alcalde”. No parece que una
empresa de ese tamaño
necesite a un concejal de
parques y jardines para
pedir cita con un alcalde.
El asunto de la mordida de
240.000 euros se queda sin
resolver, por el momento. En
una de las últimas
conversaciones grabadas a
dos de los comerciales de
Cofely, uno dice, “hay que
resolver lo de los 240.000
euros”, pero el otro
interrumpe, “por teléfono,
no, nos están escuchando”.
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/05/actualidad/1438793215_223551.html
UNA EMPRESA DE RESIDENCIAS
MULTIPLICÓ POR 23 SUS
INGRESOS PROCEDENTES DEL
GOBIERNO DE AGUIRRE TRAS
ASOCIARSE CON LA ‘PÚNICA’
La firma Atención Social y
Estancias Residenciales
obtuvo de la Consejería de
Familia de la Comunidad de
Madrid 56,3 millones tras
crear una sociedad con
Marjaliza en Valdemoro
La empresa pasó de facturar
al Gobierno de Aguirre
482.359 euros en 2007 a
recibir una media anual de
11,2 millones los cinco años
siguientes
La mayor parte de las
adjudicaciones las realizó
el departamento que dirigía
Engracia Hidalgo, ahora
titular de la cartera de
Economía y Hacienda en el
Ejecutivo de Cifuentes
La empresa Atención Social y
Estancias Residenciales
(Grupo Aser) facturó 482.359
euros en 2007. En los cinco
años siguientes, tras
asociarse a David Marjaliza
y obtener cuatro
adjudicaciones del Gobierno
de Aguirre para gestionar
residencias de mayores, su
facturación total fue de
56.389.868 euros. Ello
supone unos ingresos medios
anuales para el periodo
2008-2012 de 11.277.973
euros. En otras palabras:
sus ingresos se
multiplicaron por más de 23
tras asociarse con
Marjaliza, hombre clave de
la trama Púnica junto al ex
número dos del PP de Madrid
Francisco Granados. Tanto
Marjaliza como Granados
permanecen en prisión desde
el pasado 27 de octubre.
Estos datos constan en un
informe de la Agencia
Tributaria, aportado al
sumario judicial, al que ha
tenido acceso infoLibre.
Este dato se conoce después
de que este periódico
adelantara este martes que
seis empresas que la Guardia
Civil vincula con la trama
Púnica se embolsaron entre
2001 y 2011 al menos 222,8
millones de euros por la
construcción de 12 colegios
concertados y uno totalmente
privado, según consta en un
informe de la Agencia
Tributaria, que también
especifica que la red se
hizo con otros 19 millones
mediante el cobro a las
cooperativas de profesores
que gestionan los colegios.
"Se da además la
circunstancia de que a
partir de la vinculación con
David Marjaliza, la empresa
Atención Social y Estancias
Residenciales obtiene cuatro
contratos con la Comunidad
de Madrid", especifican los
agentes de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil en un informe
en el que analizan los
negocios de la trama con los
centros de mayores. Ante
estas conclusiones, la
Fiscalía Anticorrupción
anuncia al juez Velasco su
intención de revisar "las
concesiones".
Todas estas cantidades se
reflejan en un informe de 19
de mayo de 2014 de la Unidad
de Apoyo de la Agencia
Tributaria a la Fiscalía
Anticorrupción, que ha
servido de base para que el
juez que instruye el caso en
la Audiencia Nacional, Eloy
Velasco, impute a los
propietarios del Grupo Aser,
Elena Moreno Pascual y Juan
José Amor Moreno, los
delitos de cohecho y fraude.
Tanto Elena Moreno Pascual
como su hijo, Juan José Amor
Moreno, se negaron a
declarar ante el magistrado
en marzo pasado, tal y como
consta en las grabaciones a
las que ha tenido acceso
infoLibre.
Cuatro contratos de la
Comunidad
El documento de Hacienda
aporta los cuatro contratos.
El primero de ellos, de
noviembre de 2007, supuso un
ingreso inicial para el
Grupo Aser de 17.808.850
euros por la gestión del
centro de personas mayores
en el distrito madrileño de
Villaverde. El 10 de
noviembre de 2011, la firma
implicada en Púnica obtuvo
una prórroga de dos años por
2.458.170 euros. En esa
fecha, la consejera de
Familia y Asuntos Sociales
era Gádor Ongil.
Los otros tres centros de
mayores los adjudicó la
consejera Engracia Hidalgo,
ahora titular de la cartera
de Economía y Hacienda del
Ejecutivo de Cristina
Cifuentes. El 29 de
septiembre de 2008, la
Consejería de Familia y
Asuntos Sociales otorgó al
Grupo Aser la gestión de los
centros de mayores de Puente
de Vallecas (9.866.845
euros), Villa del Prado
(8.333.021 euros) y Usera
(11.663.058 euros).
Al igual que en el caso del
centro de mayores del
distrito madrileño de
Villaverde, en los otros
tres la Comunidad de Madrid
también prorrogó los
contratos iniciales con un
desembolso añadido de
6.643.647 euros. En total,
los más de 56 millones de
euros que se reflejan en el
informe de Hacienda enviado
al juez Eloy Velasco.
Una residencia en Valdemoro
Los agentes de la UCO se
remontan al año 2006 para
mostrar la vinculación entre
Marjaliza y los propietarios
de la empresa Atención
Social y Estancias
Residenciales. En ese año,
el Ayuntamiento de
Valdemoro, considerado el
epicentro de la red corrupta
dirigida por Francisco
Granados, adjudicó a Obrum
Urbanismo y Construcciones,
empresa de Marjaliza, la
edificación de un centro de
mayores. Esta firma ingresó
casi 20 millones de euros.
La sociedad que gestionó el
mencionado centro geriátrico
se denomina Atención Social
y Residencial Valdemoro. Y
en la misma eran socios
Marjaliza y Elena Moreno
Pascual, del Grupo Aser.
Precisamente, un auto
firmado por el titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6 de la
Audiencia Nacional el 27 de
octubre de 2014 pone de
manifiesto la importancia de
la firma Atención Social y
Estancias Residenciales
(Grupo Aser) en la trama. El
juez, accediendo a la
petición de la Fiscalía
Anticorrupción, acordó el
embargo de todos los bienes
de la empresas de la trama,
entre las que se encuentra
la sociedad beneficiada por
las adjudicaciones de la
Consejería de Familia de la
Comunidad de Madrid bajo la
presidencia de Esperanza
Aguirre.
En la resolución, Velasco
explica que la decisión de
embargar los bienes se
produce por considerar que
los mismos proceden de un
delito de blanqueo de
capitales. Hacienda
especifica que la empresa
Atención Social y Estancias
Residenciales consta como
"contribuyente en proceso
concursal".
Otros 10,7 millones de
Sanidad
Pero, además de las
Consejerías de Familia y
Educación, el Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS),
dependiente de la Consejería
de Sanidad, pagó en 2006,
2007 y 2009 un total de 10,7
millones de euros a la
empresa Obrum Urbanismo y
Construcciones, tal y como
adelantó este diario.
infoLibre ha comprobado que
en junio de 2014 la
Comunidad abonó otros 1,3
millones a la constructora
que pertenece a David
Marjaliza, el principal
socio de Granados. En total,
la empresa habría percibido
del Servicio Madrileño de
Salud más de 12 millones de
euros.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/08/21/una_empresa_residencias_multiplico_por_sus_ingresos_procedentes_del_gobierno_aguirre_tras_asociarse_con_punica_36761_1012.html
SUMA Y SIGUE: LA UCO CREE
QUE LA TRAMA PÚNICA PODRÍA
EXTENDERSE AL PP DE VALENCIA
Aunque el grueso de sus
negocios los llevaban a cabo
en Madrid, la trama Púnica
también buscaba contratos a
cambio de financiación en la
Comunidad Valenciana en
Alex: Tengo una idea, a ver…
Ayer estuve con Zaplana
Marjaliza: ¡Hala!
Alex: Y hoy voy a ponerme la
reunión con el Presidente la
semana que viene si no pasa
nada, ¿vale?. Una de las
ideas que se me han ocurrido
es que, como él ahora me va
a pedir tema de campaña.
Es el arranque de según las
escuchas de la Unidad
Central Operativa, UCO, a
petición del juzgado número
6 de Madrid. Unas llamadas
del día 20 de junio de 2014
consideradas que la UCO
considera “de gran interés”
entre David Marjaliza y un
tal Alex, que aseguran que
es Alejandro de Pedro Llorca,
uno de los empresarios de la
trama. Si se confirma el
contenido de estas llamadas,
asegura esta unidad de la
Guardia Civil, se podría
estar ante un caso de
financiación ilegal de
partidos, de cara a las
elecciones de este año.
El tal Zaplana sería
“posiblemente” Eduardo
Zaplana, “ex alto cargo de
Ia Comunidad Autónoma
Valenciana” y el Presidente
“posiblemente el de la
Comunidad Autónoma de
valencia” Alberto Fabra.
En cuanto de Pedro le
menciona a Marjaliza que el
plan es meterse en los
contratos de la campaña,
este le pide no tratar ese
asunto por teléfono sino
“vis a vis”. El círculo se
cierra con la llamada que
Marjaliza realiza a un tal
Alfonso inmediatamente
después
Marjaliza: Alfonso.
Alfonso: Sí, mira, ya lo
hemos visto, ha salido en
Calpe y en Elche […]
Nosotros nos vamos a
presentar a dos, ¿vale?
David: Hay que presentarse
ahora hasta que nos de uno,
a todos, a lo que salga.
Alfonso. A todos, a todos
pero digo que... que si
“apalabraillo” teníamos de
los 7
parece ser que uno seguro. Y
dos… bueno.
La idea, por tanto, sería
dar donaciones a cambio de
contratos en dos localidades
valencianas: Elche y Calpe.
“De dicha afirmación parece
deducirse que tendrían
comprometida Ia adjudicación
de un procedimiento público
de contratación”, opinan los
agentes de la UCO.
Consideran los antecedentes
de la investigación,
“iniciada por un delito de
blanqueo de capitales, cuyo
delitos subyacentes estarían
vinculados con Ia corrupción
pública, y en particular del
aprovechamiento de David
Marjaliza de sus contactos e
influencia con cargos
políticos para Ia
adjudicación de contratos
públicos o desarrollos
urbanísticos, estas llamadas
vendrían a aportar nuevas
evidencias de dichas
conductas y a ampliar el
ámbito territorial de
influencia de Ia trama
investigada a Ia Comunidad
Autónoma de Valencia”,
concluyen. “En añadido del
contenido de Ia
conversación, de confirmarse
los extremos de Ia misma,
estaríamos ante un caso de
financiación irregular de
partidos políticos”.
Por todo ello, la UCO pide
que se investigue si la
reunión tuvo lugar con el
Presidente en los términos
adelantados y piden la
intervención del teléfono de
Alejandro, para determinar
si “pudiera tratarse de un
concierto en la adjudicación
de contratos de antemano a
cambio de financiación de
una campaña política, así
como de posible
participación de actores de
especial relevancia de la
Comunidad Valenciana”.
De confirmarse, esta sería
la cuarta región en la que
la trama Púnica trataba de
establecer su red. Ya se
conocía que se había
adjudicado presuntamente
contratos en tres
comunidades autónomas
(Madrid, Castilla y León y
Murcia) y una decena de
ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid.
http://vozpopuli.com/actualidad/65925-suma-y-sigue-la-uco-cree-que-la-trama-punica-podria-extenderse-al-pp-de-valencia
MARJALIZA LO CUENTA TODO: SU
CONFESIÓN, DE CASI 11 HORAS,
LLAMADA A SACUDIR EL CASO
PÚNICA
Cuando fue detenido el 27 de
octubre, David Marjaliza se
negó a declarar. Primero
mantuvo el silencio ante la
Guardia Civil. Poco después,
ante el titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco.
Incluso llegó a pedir el
'habeas corpus' al
considerar que su arresto en
la 'Operación Púnica' había
sido ilegal. Sin embargo,
ocho meses después, el socio
de Francisco Granados cambió
de actitud. Durante tres
días del pasado mes de
junio, el señalado como uno
de los cerebros de la trama
decidió colaborar con la
Justicia. Su testimonio,
registrado en el sistema 'e-fidelius'
que se utiliza en la
Audiencia Nacional, ocupa un
total de 10 horas y 52
minutos de grabación que aún
permanece secreta. Es, con
diferencia, el testimonio
más amplio de toda la causa
y, según fuentes cercanas a
la investigación, el que
'sacudirá' a la vuelta del
verano las pesquisas por
algunas de las revelaciones
que contiene sobre la
implicación de políticos.
Marjaliza declaró tres veces
en junio ante el juez. El
primer día lo hizo durante
una hora y 57 minutos. El
segundo, dos horas y 54
minutos. Y el tercero, cinco
horas y un minuto
Siempre fuentes jurídicas,
el cambio de actitud de
Marjaliza empezó a
materializarse el pasado 23
de abril. Aquel día, el
magistrado ordenó a la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil
que registrara el número 14
de la Avenida de la
Libertad, de Valdemoro,
domicilio social de algunas
de las sociedades del
empresario, pero también
residencia de sus padres.
Los agentes buscaban nueva
documentación sobre la
trama, pero también obras de
arte supuestamente
utilizadas para blanquear
dinero. Encontraron algunas
de estas últimas, junto a
trofeos de caza, en un
trastero del edificio.
Además, ese mismo día, otro
grupo de guardias civiles se
encontraba en Suiza
analizando el contenido de
la caja de seguridad de una
entidad financiera en busca,
también, de pruebas del
supuesto 'lavado' de dinero
por parte del constructor.
Fue entonces cuando
Marjaliza dio el primer paso
e indicó a los guardias
civiles que no buscasen
documentación comprometedora
en aquella vivienda porque
no la había. Aseguró que
todo lo referido al supuesto
pago de comisiones y
sobornos lo guardaba "aquí",
señalándose la cabeza.
Desde aquel día, y tras
llegar a un pacto con la
Fiscalía Anticorrupción para
que su colaboración sea
tenida en cuenta cuando se
celebre el juicio, Marjaliza
ha salido cuatro veces más
de la prisión. En la
primera, asistió a otro
registro, el de las oficinas
que tenía en el Edificio
Éboli, de la localidad de
Pinto. Allí los agentes
localizaron un zulo en una
buhardilla en el que había
abundante documentación
contable de su vasto
entramado empresarial. La
siguiente fue el 18 de
junio. El destino en este
caso fue el despacho en la
Audiencia Nacional del juez
Velasco. Aquel día, el
magistrado y las fiscales
del caso le interrogaron por
el espacio de una hora y 57
minutos. En concreto, desde
las 18:03 hasta las 20:00,
según consta en el acta que
se levantó al término de la
misma. Era la primera de las
tres comparecencias que
realizaría. Había empezado a
tirar de la manta.
Tres días de declaración
Para la siguiente no hubo
que esperar mucho. Un día
después, el socio y amigo de
Granados estaba de nuevo
frente al juez. En este caso
inició su declaración a las
10:40 y terminó a las 13:34.
En total, dos horas y 54
minutos. La tercera, sin
embargo, se demoró seis
días. El 25 de junio, Eloy
Velasco le dedicaba
prácticamente toda la
jornada a Marjaliza en una
maratoniana sesión que duró
cinco horas y un minuto,
exactamente. La inició a las
11:18 y la interrumpió a las
13:39. Tras la comida,
comenzó a interrogarle de
nuevo a las 16:37, para no
dejarlo ya hasta las 20:17.
En total, entre los tres
días el constructor contestó
preguntas durante 10 horas y
52 minutos. Más del doble
del tiempo que, por ejemplo,
estuvo declarando en julio
de 2013 Luis Bárcenas cuando
decidió 'tirar de la manta'
y confirmar la veracidad de
sus célebres apuntes
contables.
El constructor ha dado
nombres de cargos públicos
supuestamente implicados en
la trama Púnica que hasta
ahora no habían salido en
las investigaciones
Mucho más tiempo que el
extesorero del PP y,
posiblemente, con mayores
consecuencias judiciales. De
hecho, su declaración ha
permitido apuntalar
numerosos aspectos de la
investigación, según
reconocen fuentes
conocedoras de las mismas.
Pero también, recabar más
pruebas contra el que fuera
su amigo y socio, Francisco
Granados. Marjaliza ha
detallado que las
millonarias cantidades de
dinero que tanto él como el
exsecretario general del PP
de Madrid acumularon en
cuentas bancarias en Suiza
procedían presuntamente del
cobro de comisiones por las
recalificaciones de terrenos
en Valdemoro, epicentro de
la trama. También ha dado
abundante información sobre
las supuestas
irregularidades urbanísticas
cometidas a través de la
sociedad pública Arpegio, al
frente de la cual estuvo
Granados en su época de
consejero del Gobierno de la
Comunidad de Madrid. Y, lo
que es más importante, cómo
se camuflaban las
'mordidas'.
Unos datos, estos últimos,
que han hecho aflorar al
sumario nombres de cargos
públicos que hasta ahora no
habían aparecido. Parte de
las pesquisas que el juez ha
encargado a la Guardia Civil
van encaminados,
precisamente, a comprobar la
veracidad de dichas
acusaciones. Lo actuado
hasta ahora apunta a que "sí
son reales", señalan las
fuentes consultadas. Tampoco
salen bien parados los
cuatro directivos arrestados
de Cofely-GDF Suez, la
multinacional de eficiencia
energética que supuestamente
amañaba concursos públicos.
Sobre esta línea de
investigación, que por ahora
afecta al menos a trece
consistorios, Marjaliza
detalló tanto las cuantías
de los sobornos que
supuestamente recibieron
concejales y alcaldes (habla
de hasta 50.000 euros) como
la identidad de éstos
últimos. Aquí también han
aparecido nombres que hasta
ahora no figuraban en el
sumario, según estas
fuentes.
En el 'módulo de respeto' de
la prisión
Finalmente, Marjaliza ha
facilitado nuevos datos
sobre una de las líneas de
investigación en la que más
interés ha puesto el juez
Velasco en este año y medio
de pesquisas: el pago de
trabajos de reputación
'online' a políticos con
cargo supuestamente a fondos
públicos. El constructor y
su amigo Granados fueron, de
hecho, quienes abrieron la
puerta de varios
ayuntamientos y gobiernos
autónomos a Alejandro de
Pedro, el bautizado como
'conseguidor' de la trama.
Hasta ahora, estas pesquisas
se han llevado por delante a
dos consejeros del Gobierno
de Madrid (Salvador Victoria
y Lucía Figar) y a uno de la
Región de Murcia (Juan
Carlos Ruiz), así como al
que era presidente de la
Diputación de León, Marcos
Martínez. También han puesto
en el ojo del huracán a los
regidores de una docena de
consistorios, entre ellos de
ciudades tan importantes
como Valencia, Cartagena o
la propia capital.
Fuentes penitenciarias
aseguran que Marjaliza se ha
adaptado bien a la vida en
prisión. Ha sido recluido en
el 'módulo de respeto' de la
cárcel de Aranjuez por su
buen comportamiento
A cambio de esta
colaboración, Marjaliza ya
ha conseguido algunos
beneficios, aunque por ahora
no para él. Así, su
secretaria durante 18 años y
persona de su máxima
confianza, Ana María
Ramírez, consiguió la
libertad tras pagar una
fianza de 40.000 euros el
pasado mes de julio. Era la
única persona, junto al
propio empresario y
Granados, que aún permanecía
en prisión desde las
detenciones de octubre.
Mientras, el propio
'arrepentido' continúa
encarcelado, aunque diversas
fuentes jurídicas apuntan
que "no pasará la Navidad en
la cárcel" ya que
posiblemente el juez le
abrirá la posibilidad de la
excarcelación con fianza en
los próximos meses. Pero
mientras ese momento llega,
él sigue recluido en la
prisión de Aranjuez, donde
fuentes penitenciarias
aseguran que se ha adaptado
bien. "No da ningún
problema", aseguran. Incluso
ha sido ingresado en el
llamado 'módulo de respeto',
un espacio de la cárcel
donde están los internos que
tienen mejor comportamiento.
http://vozpopuli.com/actualidad/67060-marjaliza-lo-cuenta-todo-su-confesion-de-casi-11-horas-llamada-a-sacudir-el-caso-punica
LA CONTABILIDAD DEL PP
PRUEBA QUE AGUIRRE MINTIÓ
CUANDO DIJO QUE NUNCA
CONTRATÓ AL ‘CONSEGUIDOR’ DE
LA ‘PÚNICA’
Oficinas de Cinfa
La líder del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, mintió
cuando este viernes aseguró
que las empresas del
conseguidor de la trama
Púnica, Alejandro de Pedro,
no había realizado ningún
trabajo para el partido que
preside. Así lo prueba la
contabilidad oficial del PP
de Madrid, a la que ha
tenido acceso infoLibre. La
empresa Eico Reputación
Management, de Alejandro de
Pedro, facturó 40.120 euros
en 2011 a la formación.
Esperanza Aguirre, que
preside el PP madrileño
desde el 27 de noviembre de
2004, fue interpelada el
pasado viernes 7 de agosto
por una periodista, que
dirigiéndose a la
expresidenta madrileña le
indicó que Adrián de Pedro,
el hermano del conseguidor
de la red corrupta, "sí
reconoce en su declaración
que hizo muchos trabajos
para el Gobierno de Ignacio
González, para el de usted
también y para el Partido
Popular de Madrid".
Y en ese momento Aguirre
interrumpe a la informadora,
para asegurar: "Para el mío,
desde luego ninguno, y para
el PP de Madrid, cero. Así
que a otra cosa mariposa".
40.120 euros desde el Banco
Popular
Pero la contabilidad oficial
del Partido Popular, enviada
en su día al Juzgado Central
de Instrucción número 5 de
la Audiencia Nacional con
motivo de los casos Bárcenas
y Gürtel, demuestra que el
PP madrileño abonó el 21 de
junio de 2011 a la empresa
Eico Reputación Management
un total de 40.120 euros.
El extracto bancario
especifica que la
transferencia se realiza
desde la cuenta del partido
en el Banco Popular, y con
motivo de las elecciones
autonómicas de 2011.
De Pedro reconoció el cobro
El propio Alejandro de Pedro
reconoció al juez que
instruye en la Audiencia
Nacional la Operación
Púnica, Eloy Velasco, que en
2011 había percibido del PP
de Esperanza Aguirre "40.000
euros por siete meses de
trabajo" para la campaña
electoral de 2011.
Y Adrián de Pedro, el
hermano del conseguidor de
la Púnica, aportó en su
testimonio más datos sobre
los trabajos realizados por
su empresa Eico –cuyo nombre
viene Estrategia de
Identidad y Comunicación
Online– para el PP
madrileño: "En 2010 o 2011,
cuando Esperanza Aguirre era
presidenta de la Comunidad,
Francisco Granados era
vicepresidente creo [en
realidad había sido
consejero de Presidencia].
Ahí trabajábamos con todo el
equipo, cosas que nos pedían
de Esperanza Aguirre, de
Francisco Granados y del PP
de Madrid sobre cambios
técnicos. Estuvimos varios
meses, y no supe más de
Francisco Granados hasta que
trabajamos para su mujer",
declaró el testigo.
En ese momento del
interrogatorio de Adrián de
Pedro, el juez interpela al
testigo sobre la existencia
de facturas al PP por los
trabajos de 2011. Y los
abogados de los hermanos De
Pedro aseguran que sí
existen, informando de su
intención de aportarlas.
"Pero muy clarito, que tengo
mis grandes dudas", contesta
el instructor.
El PP de Madrid y de
Valencia
¿Para qué partido trabajaban
y cuánto tiempo?, prosigue
en su interrogatorio
Velasco. "Para el PP en la
Comunidad de Madrid y en la
Valenciana. No sé si el
acuerdo fue de forma oral o
por escrito", indica Adrián
de Pedro, que a preguntas de
quién les iba a pagar,
aludió a que era su hermano
el que lo sabía.
"¿Quién era el que iba a
pagar por el PP de Madrid,
la señora Esperanza Aguirre,
el señor Ignacio
González...?", prosigue
Velasco, ante lo que Adrián
de Pedro asegura que era la
época de Esperanza Aguirre.
"¿Pero con quién llegaron
ustedes al arreglo del
pago?", inquiere el
magistrado "Lo desconozco",
responde.
Velasco no se quedó contento
con este respuesta.
"Perdone, pero voy a
preguntárselo de otra forma:
¿Puede ser que sus dos
empresas trabajaran en esa
campaña con esos políticos y
pactaran que ya cobrarían
después?". La respuesta de
Adrián de Pedro fue: "No,
imposible". "¿Entonces
tendrían que tener un
contrato...?, prosigue el
magistrado, que no consigue
arrancar más datos del
testigo: "Lo que hayan
hablado con mi hermano. Yo
no lo sé".
Informe sobre Aguirre
Tal y como publicó
infoLibre, la trama Púnica
generó decenas de noticias
para mejorar la reputación
en internet de Esperanza
Aguirre, según confirma un
informe de la propia Eico.
El acuerdo entre Eico y la
Comunidad de Madrid generó,
según De Pedro, una deuda de
120.000 euros. Y la
responsable del acuerdo por
parte del Gobierno madrileño
era –según De Pedro– Isabel
Gallego, la directora
general de Medios en la
Comunidad de Madrid con el
Gobierno Esperanza Aguirre y
después con el de Ignacio
González. Gallego, que
aseguró al juez Eloy Velasco
que no guardaba ninguno de
estos informes, está
imputada por dicha
contratación.
Por su parte, el portavoz
adjunto del PP en el
Congreso de los Diputados y
ex vicesecretario general
del partido, Carlos
Floriano, explicó el pasado
miércoles que el PP nacional
pagó algo más de 5.000 euros
a De Pedro por una "prueba",
pero a la vista del
resultado se decidió no
contratarle.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/08/11/la_contabilidad_oficial_del_madrid_prueba_que_aguirre_mintio_cuando_dijo_que_nunca_contrato_conseguidor_punica_36362_1012.html
LA PÚNICA MADRILEÑA, PUEBLO
A PUEBLO
Varios Ayuntamientos de la
región han visto cómo
detenían a sus alcaldes,
implicados en una trama que
amañaba contratos a costa de
las arcas públicas
Cifuentes hace una defensa
férrea de su consejero de
Medio Ambiente
Quizá muchos madrileños no
supieran de la existencia de
un pequeño pueblo llamado
Casarrubuelos o de otro de
nombre Serranillos del Valle
hasta el 27 de octubre de
2014. Ese día, marcado en el
recuerdo de funcionarios y
vecinos, desembarcaron en
las dependencias de seis
Ayuntamientos madrileños
agentes de la Guardia Civil
en busca de pruebas de
supuestos amaños de
contratos, con mordidas
incluidas, en el marco de la
Operación Púnica.
Tras horas de registro, los
agentes abandonaron las
instalaciones con seis
alcaldes detenidos y
portando cajas y cajas de
documentación. Valdemoro,
Móstoles, Collado-Villalba,
Parla, Casarrubuelos,
Serranillos del Valle y
Torrejón de Velasco
completaron esta primera
lista de localidades
marcadas por el nuevo caso
de corrupción. La operación,
dirigida por el juez Eloy
Velasco, se extendió también
por las comunidades de
Murcia, Castilla y León y
Valencia, y finalizó con la
detención de 51 personas. En
el último auto de
levantamiento del sumario se
imputa a 92 personas. Siguen
entre rejas Francisco
Granados y David Marjaliza,
los presuntos cabecillas de
una trama que contrató con
varias Administraciones 250
millones de euros.
Valdemoro. Es la cuna de la
Operación Púnica y la
localidad con mayor número
de imputados. Francisco
Granados (el político) y
David Marjaliza (el
constructor) crecieron en
sus calles y formaron un
tándem durante años que
permitió a Marjaliza hacerse
con contratos públicos de
obras y servicios,
concesiones administrativas
y promociones y
recalificaciones
urbanísticas, según el juez
Eloy Velasco. La corrupción
ha pasado factura en las
urnas al PP, que solo obtuvo
el respaldo del 18% de los
votos frente al 45% de la
convocatoria de 2011,
pasando de 14 a 5 ediles.
El último en depositar una
fianza de 100.000 euros para
evitar la cárcel en este
municipio ha sido el
exalcalde José Miguel Moreno
(sustituyó a Granados en
2003). Las escuchas
ordenadas por el juez le
pusieron en el punto de
mira. En una de las
conversaciones comentó a
Marjaliza: “Bueno, tío, pues
nada, que me voy de
vacaciones. Prepárame la
pasta”. Otro de sus
comentarios, que se había
hecho diputado para “tocarse
los huevos”, le ha supuesto
la expulsión del PP.
El sucesor de Moreno y
cuñado de Granados, José
Carlos Boza, siguió la senda
de sus predecesores. Ingresó
en prisión al estallar el
caso y salió de la cárcel
tras depositar una fianza de
25.000 euros. Más de lo
mismo. Según el juez,
“favoreció de manera
continuada a empresas
vinculadas a David Marjaliza
y otros empresarios”
mediante “adjudicaciones
irregulares, revelación de
información y otras
conductas que han
subordinado el interés
público y la objetividad e
imparcialidad de la
Administración a los
intereses particulares”.
La lista de imputados de la
localidad se completa con
Alfredo Ovejero, jefe de
gabinete (fianza de 25.000
euros); José Javier
Hernández, concejal de
Hacienda (fianza de 60.000
euros); José Luis Navarro
Soto, arquitecto municipal
(fianza de 100.000 euros);
varias personas del
departamento de
Contratación, entre ellas
Ana María Marjaliza, hermana
del promotor inmobiliario,
además de otros técnicos.
Granados fue alcalde de la
localidad entre 1999 y 2003.
De ahí dio el salto a la
Comunidad de Madrid, donde
ejerció de consejero hasta
2011. Ya había caído en
desgracia en el partido por
su enfrentamiento con
Ignacio González, cuando
salió a la luz, en febrero
de 2014, la existencia de
una cuenta en Suiza a su
nombre por 1,6 millones de
euros, que desencadenó la
investigación judicial.
Parla. La noticia de la
detención de José María
Fraile (socialista, gran
amigo de Tomás Gómez, en ese
momento todavía secretario
general del PSM) por un caso
de corrupción cayó como un
jarro de agua fría en un
Ayuntamiento que arrastra la
segunda deuda mayor de la
región; cada ciudadano debe
2.869 euros. El juez detectó
irregularidades en el
contrato de eficiencia
energética firmado con
Cofely en julio de 2013 por
54,6 millones de euros.
El auto indica que Fraile
“como alcalde (…) sería
conocedor de los pagos
comprometidos por Cofely,
participando al menos en el
que se ha materializado a
través de una supuesta
donación”. Además, se
detectó que el Ayuntamiento
seleccionó a una empresa
auditora, Ruta Energética,
vinculada con Marjaliza, que
encubrió el pago de la
comisión pactada por la
adjudicación y la entrega de
cohechos a autoridades y
funcionarios del
Ayuntamiento que
intervinieron en el
contrato. Por todo ello,
Fraile incurre presuntamente
en los delitos de
organización criminal,
malversación, cohecho,
revelación de secretos,
tráfico de influencias,
falsedad documental y
fraude. El juez le impuso
una fianza de 60.000 euros.
El día en que se desató la
redada, Fraile se encontraba
en Málaga, en un encuentro
de la Federación Española de
Municipios, que presidía.
Los agentes detuvieron
también a Antonio Borrego,
jefe de gabinete de Fraile
(fianza de 60.000 euros). El
juez explica que existen
conversaciones de Borrego
con Pedro García (comercial
de Cofely) y Marjaliza en
las que se apunta a que se
han desbloqueado los pagos a
Cofely, que serían las
“contraprestaciones por la
adjudicación”. También
gestiona un cohecho que se
habría producido en forma de
donación.
En cuanto a Avelino Pérez
(fianza de 20.000 euros),
asesor municipal y el
primero que dejó el
Ayuntamiento detenido, el
juez considera que es el
encargado de supervisar el
contrato y “habría
intermediado en los pagos”.
Ahora el municipio,
gobernado en minoría por el
PP, intenta que Cofely no le
corte la luz por los 10
millones que le debe desde
octubre.
Móstoles. Las escuchas
telefónicas apuntan a que
Cofely tenía comprometida la
entrega de 240.000 euros en
Móstoles, por la
adjudicación del contrato de
eficiencia energética por 72
millones de euros y una
duración de 12 años. Además,
las investigaciones
constataron la celebración
de varias reuniones en las
que estuvo presente
Alejandro Utrilla, concejal
de Medio Ambiente en ese
momento, en las que se
aborda el tema y la forma de
justificar dicha cantidad.
En este gran municipio del
sur de Madrid (210.000
habitantes), Cofely también
se presentó al concurso en
“una situación de ventaja”
frente a otras empresas,
porque se había pactado de
antemano que ganaría el
contrato.
En Móstoles, el PP perdió en
los últimos comicios cinco
concejales —pasó de 17 a
12—, aunque fue la fuerza
más votada. El PSOE gobierna
gracias al apoyo en la
investidura de Ganar
Móstoles. El nuevo equipo ha
iniciado los trámites
jurídicos para rescindir el
contrato de Cofely, que se
encarga de todo el
mantenimiento de la ciudad,
desde las farolas hasta el
aire acondicionado pasando
por los colegios.
La Púnica tampoco respetó la
gestión educativa. Las
pesquisas se extienden a
cuatro colegios concertados
—tres en Valdemoro y uno en
Torrejón de Velasco— en cuya
construcción intervino
Marjaliza. El dueño de la
empresa que impulsó esos
centros, Alfonso Ferrón del
Río, también está imputado
en la operación.
Collado-Villalba. Todo
pintaba bien para el popular
Agustín Juárez, que arrasó
en las elecciones de 2011 en
Collado-Villalba, el
municipio de 65.500
habitantes conocido como la
capital de la sierra.
Consiguió 14 ediles, seis
más que en las elecciones
anteriores. El PSOE perdió
ocho concejales. El camino
se torció para Juárez cuando
los agentes de la Guardia
Civil llamaron a la puerta
del Ayuntamiento con la
Operación Púnica bajo el
brazo y le detuvieron. Salió
en libertad bajo fianza de
40.000 euros y dejó el
Ayuntamiento declarando su
inocencia.
El juez considera que
existen evidencias de malas
prácticas en la adjudicación
del contrato a Cofely por
39,4 millones durante 15
años. “Los miembros de la
corporación local implicados
recibirían al menos de la
multinacional francesa
varios pagos de 70.000
euros”, dice el auto.
Para la materialización del
pago se había preparado un
sistema de facturas falsas
entre empresas de Marjaliza
y Cofely “por servicios no
prestados en el marco del
contrato de eficiencia
energética”. Por este
motivo, el juez considera
que Juárez incurre
presuntamente en los delitos
de organización criminal,
prevaricación, malversación,
revelación de secretos,
falsedad documental, tráfico
de influencias, cohecho y
fraude.
Con el levantamiento del
secreto del sumario del
caso, que se encuentra en
diligencias previas, el juez
añadió como imputado a
Alberto Sánchez Caballero,
segundo teniente de alcalde
del municipio. Como
consecuencia, Sánchez
abandonó el equipo de
gobierno, pero no entregó el
acta, con lo que sigue en el
Ayuntamiento como edil no
adscrito.
Cofely ha pedido la
rescisión del contrato que
firmó con el Ayuntamiento,
debido a que el Consistorio
no le ha pagado ni una
factura desde que inició el
servicio, en septiembre del
año pasado. Ahora pide 6,8
millones, que incluyen el
abono de las facturas que se
les adeudan (más de cuatro
millones), el lucro cesante
y las inversiones que han
hecho.
Torrejón de Velasco. Este
pequeño pueblo de 4.177
habitantes y una deuda de 12
millones estaba gobernado
por Marjaliza en la sombra.
El regidor, Gonzalo Cubas,
cuñado del promotor, seguía
las instrucciones del
constructor “hasta tal
punto”, especifica el juez,
que se dejaba guiar por sus
instrucciones sobre cuándo y
a quién facturar.
El auto se detiene en un
procedimiento que se estaba
llevando a cabo para
adjudicar a la empresa de
Eduardo de la Peña unas
obras subvencionadas de
rehabilitación del río de la
ciudad. Existen, además,
indicios de irregularidad en
otros contratos públicos
adjudicados a Marjaliza.
En el municipio han
trabajado nueve empresas
vinculadas con la trama
Púnica. Cofely también se
hizo con la licitación de
eficiencia energética de
este municipio por 4,8
millones durante 15 años.
Valcenter, parte de la
Operación Púnica, se encarga
del club de pádel durante 15
años (2.000 euros
mensuales), y a la cabeza
del servicio jurídico se
encuentra Antonio Serrano,
testaferro de la trama y
exconcejal de Valdemoro.
Un informe de la Cámara de
Cuentas del ejercicio 2012
refleja todo tipo de
anomalías en la contabilidad
de la localidad. El informe
subraya la “inadecuada
utilización” del contrato de
gestión de servicio público
en dos de los contratos
adjudicados ese año: uno de
14,8 millones y 25 años de
vigencia con SEYS
Medioambiente para la
limpieza de la localidad y
el mantenimiento de las
zonas verdes, y el de Cofely.
Casarrubuelos. Con 4.000
habitantes, Casarrubuelos se
despertó en octubre en medio
de la Púnica. Su alcalde,
David Rodríguez Sanz, en
libertad sin fianza, está
imputado por malversación,
revelación de secretos,
tráfico de influencias,
cohecho y fraude, debido al
contrato energético de
95.000 euros y una duración
de seis meses.
El juez Velasco considera
que Rodríguez Sanz se puso
totalmente en manos de Pedro
García (comercial de Cofely)
y Marjaliza para redactar
los pliegos del concurso, lo
que facilitó a la empresa
jugar sus cartas con
ventaja.
Sobre todo, añade el auto,
porque se trata de unos
pliegos de preparación
compleja, lo que condiciona
mucho las posibilidades de
obtener el contrato. Además,
existen indicios de cohechos
vinculados al contrato.
Desde el Ayuntamiento
insistían en que no habían
firmado dicho contrato.
Serranillos del Valle. La
Púnica aterrizó en este
municipio madrileño de 3.800
habitantes. Su alcalde,
Antonio Sánchez Fernández,
del partido independiente
UCMA, fue detenido pero no
puesto a disposición
judicial por motivos médicos
en octubre del año pasado,
cuando el juez Velasco
desencadenó la operación. El
regidor está imputado por
prevaricación, fraude,
cohecho y malversación.
Unos días más tarde fue
sorprendido cuando trataba
de sacar del Ayuntamiento
documentación de su
despacho. El juez Velasco le
envió a prisión bajo fianza
de 60.000 euros. Él dimitió
de su cargo. En el auto de
levantamiento del sumario,
el magistrado considera a
Sánchez responsable de
“severas irregularidades en
materia de contratación
pública” para beneficiar a
David Marjaliza.
El magistrado sostiene que
en el contrato de eficiencia
energética de la localidad
se alteró la valoración de
las ofertas de un concurso
público a favor de Cofely.
El Ayuntamiento anunció en
septiembre la adjudicación
por 339.250 euros anuales
durante 15 años. Un acuerdo
que, manifestó entonces,
sería altamente beneficioso
para el municipio por el
ahorro energético y por los
beneficios medioambientales.
Algo que vendría muy bien a
un municipio con una deuda
de nueve millones. El juez
afirma también que en
Serranillos del Valle las
empresas de Marjaliza
trabajaron sin contrato
público con la connivencia
del alcalde y del técnico
municipal Marco Durán. Para
dar cobertura a estos
contratos fraudulentos se
elaboraron informes y
facturas falsas, según el
magistrado.
Moraleja de Enmedio. El
popular Carlos Alberto
Estrada, alcalde en
funciones de Moraleja de
Enmedio, fue detenido dentro
de la Operación Púnica el
pasado 9 de julio. Detrás,
una vez más, la firma Cofely,
que ganó en abril de 2013 el
concurso de Moraleja por 3,5
millones, pese a que la
propuesta de la vasca
Elecnor —se presentaron solo
dos empresas— alcanzó mejor
nota en los números
objetivos (37,88 puntos de
50, frente a 35,80 de Cofely).
La diferencia entre ambas
ofertas se evidenció en el
apartado “criterios que
dependen de un juicio de
valor”, donde Elecnor obtuvo
35 puntos frente a los 43 de
los franceses. Teresa
Martín, pareja del alcalde,
es la técnico encargada de
hacer los informes. Ambos
fueron puestos en libertad
por el juez. El regidor, que
llevaba 16 años al frente
del Consistorio cuando
perdió en los últimos
comicios, está acusado de
prevaricación, fraude,
malversación, tráfico de
influencia y cohecho, y su
pareja de prevaricación,
fraude y malversación.
Sevilla la Nueva. El juez ha
imputado en la trama de
corrupción a Mario Utrilla,
exalcalde de Sevilla la
Nueva (9.000 habitantes) y
hermano del exedil de
Móstoles investigado por la
contratación con Cofely. Las
pesquisas apuntan a que el
exregidor, que no se
presentó a las pasadas
elecciones, podría haber
colaborado con su hermano en
el acuerdo con la empresa.
El actual regidor de la
localidad, el popular
Asensio Martínez, asegura
que el Ayuntamiento no ha
sido registrado.
Las fiestas populares más
rentables
Una de las líneas de
investigación sobre cómo se
financiaba la trama Púnica
pone el foco en las
contrataciones de
actuaciones musicales por
varios municipios madrileños
con la empresa Waiter Music,
ubicada en Aranjuez.
Supuestamente, de ahí
habrían salido parte de las
comisiones de Francisco
Granados. El magistrado Eloy
Velasco indica en un auto
que la empresa ha sido
“históricamente”
adjudicataria en pueblos y
empresas públicas
dependientes de la Comunidad
de Madrid, donde el
exsecretario general del PP
autónomo ocupó cargos de
relevancia. Un hecho que “le
confería la capacidad de
influir sobre dichas
adjudicaciones”. Durante las
investigaciones se
registraron la empresa y el
domicilio del dueño, José
Luis Huerta, para quien el
juez acordó prisión
provisional eludible con
fianza en metálico de
300.000 euros.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/08/01/madrid/1438454076_082850.html
MÁS ‘PÚNICA’ PARA CIFUENTES:
¿POR QUÉ EL JUEZ ESTÁ
PREGUNTANDO POR LA PORTAVOZ
ADJUNTA DEL PP EN LA
ASAMBLEA DE MADRID?
Isabel Díaz Ayuso, número
dos del Grupo Popular, era
responsable de las redes
sociales del partido
mientras el 'conseguidor
púnico' Alejandro de Pedro
se hacía con contratos
Se escucha en las
grabaciones de las
declaraciones de la
Audiencia Nacional. El juez
Eloy Velasco le preguntó a
Lucía Figar, la imputada
exconsejera del Gobierno de
la Comunidad de Madrid, cómo
había conocido a Alejandro
de Pedro. Y la exconsejera
respondió que a través de
Isabel Díaz Ayuso. También
puede escuchar cómo el
magistrado pregunta a otros
imputados, por ejemplo a la
directora de Comunicación de
Esperanza Aguirre, por si
conocían a Isabel Díaz
Ayuso.
¿En qué se basa el interés
del magistrado que está
dirigiendo el sumario de la
trama Púnica en Isabel Díaz
Ayuso? Según fuentes
cercanas a la investigación
con las que ha hablado
ELPLURAL.COM, el interés del
juez proviene de un hecho:
en el momento en el que
Alejandro de Pedro (que ha
pasado a ser conocido como
‘el conseguidor’ de la trama
y una de sus cabezas junto a
Francisco Granados y el
empresario David Marjaliza)
se mostraba más activo
buscando hacerse con los
contratos de imagen de
diferentes gobiernos y
dirigentes del PP, Isabel
Díaz Ayuso era la
responsable del control de
las redes sociales
‘populares’. Además, en
concreto, de llevar
personalmente la cuenta de
Esperanza Aguirre,
presidenta del partido en
Madrid.
Momento en el que se
produjo, por ejemplo, este
intercambio de mensajes
entre Alejandro de Pedro y
quien ‘firma’ Esperanza
Aguirre, pero que, nos
aseguran fuentes populares,
escribió quien llevaba la
cuenta:
Posteriormente, cuando
Cristina Cifuentes presentó
su candidatura a la
presidencia, dio el paso de
responsabilizarse de las
cuentas en redes de la ahora
presidenta de Madrid. Un
trabajo que debió realizar
lo suficientemente bien al
gusto de Cifuentes como para
que, a pesar de ir en el
número 23 de la lista del PP
para la Asamblea, en estos
momentos sea la número dos,
portavoz adjunta, del Grupo
Popular.
Desde ese puesto, en su
cuenta de Twitter, Isabel
Díaz Ayuso, aunque sin citar
en ningún momento a
Alejandro de Pedro ni las
características de su
relación con él, no ha
tenido reparos en mostrarse
activa sobre este asunto
alabando tanto al PP de
Madrid…
…como aireando las
‘explicaciones’ de la
presidenta de la Comunidad,
su jefa, Cristina Cifuentes,
sobre su amistoso
intercambio de tuits con el
propio Alejandro de Pedro,
del que les hemos informado
en ELPLURAL.COM.
http://www.elplural.com/2015/08/14/mas-punica-para-cifuentes-por-que-el-juez-esta-preguntando-por-la-portavoz-adjunta-del-pp-en-la-asamblea-de-madrid/
CIFUENTES, PILLADA EN
TWITTER DE CHARLA CON EL
CONSEGUIDOR DE LA PÚNICA:
“SI TENGO UN MOMENTO TE
INVITO A UN CAFÉ”
ELPLURAL.COM ya destapó los
intentos de Alejandro de
Pedro por acercarse a ella y
el entorno de la presidenta
de la Comunidad de Madrid
siempre ha negado que
hubiese contactos
Los portavoces de Cristina
Cifuentes mienten, o dicen
la verdad a medias. Tras la
revelación por parte de
ELPLURAL.COM de que la
presidenta de la Comunidad
de Madrid aparecía en el
sumario de la Púnica como
una potencial cliente de la
trama, el entorno de
Cifuentes se empeñó en
señalar que el conseguidor
de la trama no había
contactado con ella, aunque
en realidad parece que fue
Cifuentes quien contactó con
él, según un tuit de 2011
descubierto en su cuenta.
En dicho mensaje, es
Cifuentes la que le dice a
De Pedro “Si tengo un
momento durante el Pleno te
invito a un café :-) ” El
emoticono iba incluido y ni
siquiera se trata de un
mensaje privado, intervenido
por la Policía, sino un tuit
a plena luz que muestra su
confianza con el que hoy en
día es considerado uno de
los cerebros de la trama y
que ha sido destapado por
los usuarios de la red
social.
En el sumario, como destapó
ELPLURAL.COM, Alejandro de
Pedro exhibe sus
conocimientos en las alturas
del PP y le dice a su
‘socio’, según se recoge en
la nota de la Guardia Civil
“que va a pedir una cita con
CIFUENTES pues le conoce.
ALEJANDRO dice que va a
llamar a MARISA que es la
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN de
CIFUENTES además de
GALLARDÓN y le conoce muy
bien”. El asunto les parece
un negocio importante, y,
concluye la nota policial,
“JOSE ANTONIO dice que se
ponga las pilas con ese
asunto”.
La presidenta de la
Comunidad ya se ha
apresurado a asegurar
también en Twitter que nunca
llegó a tomarse café “ni
otra cosa” con De Pedro y ha
presumido de que se
diferencia de otros
políticos como Ramón
Espinar, de Podemos, que
“han borrado todo su
historial en Twitter para
que nadie sepa qué ha
dicho/hecho”.
En ELPLURAL.COM ya les
contamos cómo precisamente
por la existencia de
contratos con la trama para
‘la mejora de su imagen’, el
juez llamó a declarar como
imputados al
exvicepresidente de la
Comunidad de Madrid,
Salvador Victoria, a la
consejera Lucía Figar y
también a la directora de
Comunicación de Esperanza
Aguirre y de Ignacio
González, Isabel Gallego.
Incluso, como también les
contamos, hasta un dirigente
del PP ya fuera de la
primera línea, como Eduardo
Zaplana, reconoció a nuestro
periódico que le había
contactado Alejandro de
Pedro.
http://www.elplural.com/2015/08/12/cifuentes-pillada-en-twitter-de-charla-con-el-conseguidor-de-la-punica-si-tengo-un-momento-te-invito-a-un-cafe/
LAS CONVERSACIONES Y LA FOTO
DE CIFUENTES CON UN
CABECILLA DE LA PÚNICA AL
QUE NIEGA CONOCER
La Presidenta de la
Comunidad de Madrid Cristina
Cifuentes ha negado
tajantemente conocer a
Alejandro de Pedro, uno de
los cabecillas de la trama
Púnica: "No conozco al señor
De Pedro, ni conozco a
ninguna de estas personas,
más allá de conocerles a
través de los medios de
comunicación".
Rastreando el twitter de
Cifuentes hemos encontrado
que con De Pedro tenía
conversaciones distendidas.
No podemos saber qué
contestaba Alejandro de
Pedro porque su twitter no
está disponible, pero sí
sabemos que Cristina
Cifuentes, en noviembre de
2010, le echaba en cara a
uno de los cabecillas de la
trama Púnica que no le
hubiera saludado.
Pero hay más. Unos meses más
tarde, en Congreso Nacional
del PP que se celebró en
Sevilla en enero de 2011, se
conocieron personalmente.
Alejandro de Pedro llegó a
piropear a Cifuentes después
del encuentro. Y ésta se lo
agradeció.
Un mes después, seguían en
contacto por Twitter. En
febrero de 2011, durante
varios días, Cristina
Cifuentes se escribió con
Alejandro de Pedro desde el
Pleno de la Asamblea de
Madrid con intención de
verle e invitarle a un café.
Además, Alejandro De Pedro
reconoce en una conversación
telefónica, incluida en el
sumario de la Púnica, que él
conoce a Cifuentes y a su
jefa de prensa "Marisa".
Sumario Púnica
Si ese café tuvo finalmente
lugar, y si se lo tomaron
dentro de la Asamblea de
Madrid porque alguien le dio
acceso a Alejandro de Pedro
a la institución, o fuera de
ella, es algo que habrá que
preguntarle a la Presidenta
de la Comunidad de Madrid.
http://www.eldiario.es/malditahemeroteca/Cifuentes-conocia-Pedro-cabecilla-Punica_6_415118485.html
EL JUEZ MANTIENE LA IMPUTACIÓN A LOS EXCONSEJEROS DEL
‘CASO PÚNICA’
El exconsejero de Presidencia de Madrid Salvador
Victoria ha obligado al juez Eloy Velasco a paralizar el
interrogatorio previsto para hoy en el caso Púmica
porque cuando lo citó como imputado todavía estaba
aforado. Victoria, enunció a su cargo de consejero y al
acta de diputado autonómico después de que se conociera
la citación judicial, ha comparecido en la Audiencia
Nacional, pero antes de empezar el interrogatorio ha
alegado el defecto de forma y Velasco ha accedido a
suspender la cita. La estrategia le ha servido solo para
posponerla unas semanas porque el juez ha señalado esta
misma mañana una nueva comparecencia como imputado del
exconsejero para el próximo 20 de julio a las 10 de la
mañana.
Después del interrogatorio de Victoria estaba previsto
el de la exconsejera de Educación Lucía Figar, que podía
haber alegado la misma razón que su compañero para
aplazar la cita. Pero la exconsejera ha optado por
declarar y se ha sometido al interrogatorio de Velasco.
TRas declarar durante una hora y media, el juez le ha
mantenido la imputación por prevaricación y
malversación, pero no le ha impuesto medidas cautelares.
Victoria y Figar son, de momento, los dos últimos
imputados del caso Púnica, en el que investigan hasta
tres tramas de corrupción distintas que se enriquecieron
durante años a la sombra de la administración autónoma.
La investigación judicial arrancó tras una iniciativa de
la Fiscalía suiza, que remitió a España en diciembre de
2013 información detallada sobre la fortuna que ocultaba
en un banco de ese país el político Francisco Granados,
exconsejero de la Comunidad de Madrid y ex secretario
general del PP-Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción puso el asunto en manos del
juez Eloy Velasco, quien durante meses investigó en
secreto el patrimonio del exconsejero y de su principal
socio y amigo, el constructor David Marjaliza, mediante
intervenciones telefónicas y diversos seguimientos. Ocho
meses después ordenó la detención de los principales
implicados, entre los que estaban Granados, Marjaliza,
seis alcaldes del PP, uno del PSOE y varios empresarios.
Uno de los hilos de la investigación destapó la
existencia de prácticas supuestamente ilegales en la
Comunidad de Madrid relacionadas con servicios en
Internet que prestaban dos empresas, Eico y Madiva,
propiedad de Alejandro de Pedro.
Figar y Victoria, según la investigación judicial,
dedicaron dinero público de sus departamentos a
contratar los servicios de dos empresas de Alejandro de
Pedro, quien les prometía mejorar su imagen y
contrarrestar informaciones negativas a través de
diversos servicios en la red. El juez sospecha que esas
prácticas son ilegales y que podrían suponer una
malversación de fondos públicos, por lo que ha citado a
los dos exconsejeros para aclarar los expedientes de
gasto que firmaron a favor de las empresas Eico y Madiva,
ambas propiedad de Alejandro de Pedro.
Empleados de esas dos empresas que han declarado ante el
juez Velasco como testigos explicaron los métodos que
utilizaban para mejorar la imagen de los políticos que
contrataban sus servicios. Creaban diarios digitales
donde metían informaciones positivas de sus clientes y
las difundían a través de cientos o miles de cuentas en
Twitter. Con ese empeño, intentan convencer a los
políticos que les contrataban del efecto inmediato que
lograban. Los trabajadores pusieron como ejemplo de las
tareas que les encomendaron varios escándalos que
afectaban al presidente de la Comunidad, Ignacio
González, por la adquisición de un ático en Estepona; o
a la consejera de Educación, Lucía Figar, por haberse
beneficiado personalmente, pese a sus altos ingresos, de
ayudas económicas públicas para los estudios de su hija.
En el caso de Salvador Victoria, la investigación
también ha encontrado supuestamente contratos con las
empresas de De Pedro para contrarrestar informaciones
que pusieron en duda su gestión y, además, le vincula a
diversas operaciones con la empresa Indra, contratista
de la Comunidad de Madrid, para que pagara con dinero
negro servicios de las sociedades Madiva y Eico con las
que el Gobierno autonómico se hacía propaganda en la
red.
http://politica.elpais.com/politica/2015/06/26/actualidad/1435305968_373217.html
DIMITEN SALVADOR VICTORIA Y LUCÍA FIGAR PARA QUE EL PP
PACTE EN MADRID
Los consejeros de Presidencia y Justicia y Educación
están implicados en el 'caso Púnica'
La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid,
Lucía Figar, del Partido Popular, imputada en la
operación Púnica, ha anunciado este jueves su dimisión
para facilitar un pacto entre PP y Ciudadanos para que
Cristina Cifuentes presida el Gobierno autonómico. El
anuncio se ha producido minutos después de que también
haya dimitido esta misma mañana el consejero de
Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid,
Salvador Victoria.
Figar ha anunciado su decisión durante un desayuno con
periodistas. "Había dicho desde hace meses que
renunciaría a la política. No quiero que mi continuidad
perjudique la creación de gobierno en Madrid. No tengo
interés de hacer uso de mi privilegio de aforamiento, no
quiero que se retrase un dia más mi comparecencia ante
el juez. No tengo ningún apego, lo que no quiero es
perjudicar lo más mínimo el Gobierno de Cifuentes", ha
señalado a los medios. También se ha mostrado dispuesta
a abandonar su cargo de secretaria de Comunicación del
PP de Madrid. "Haré todo lo que haga falta" para
facilitar un gobierno del PP, ha añadido.
"A día de hoy no sé por qué hechos concretos me
imputan", ha señalado Figar, que asegura tener "la
conciencia tranquilísima". La consejera sostiene que
ningún responsable del partido le había pedido la
dimisión, que ha anunciado apenas unos minutos después
de que lo hiciera Salvador Victoria. "La decisión de
dejar el Gobierno es mía", según Figar, que hace meses
anunció ya su intención de no seguir en política tras
esta legislatura. "No es plato de buen gusto dejar la
política de esta manera", ha admitido al final de su
comparecencia.
Su marcha se produce apenas dos días después de que el
juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional les haya
citado a declarar como imputados el próximo 26 de junio
dentro de la operación Púnica, la trama de corrupción en
la Comunidad de Madrid y en los Ayuntamientos de esta
región. El juez había dispuesto que su declaración se
pospusiera, si llegada esa fecha, tanto Victoria como
Figar seguían siendo aforados.
El consejero de Presidencia, Salvador Victoria, ha
anunciado su intención de dimitir "para facilitar el
pacto" entre PP y Ciudadanos para gobernar en la
Comunidad de Madrid. También ha anunciado que abandona
los cargos del PP de Madrid que ostenta. Victoria era,
hasta este jueves, presidente del Comité Electoral del
partido en Madrid.
La imputación de Victoria, junto con la de Figar, había
comprometido las negociaciones de Cristina Cifuentes
(PP) con Ciudadanos para formar Gobierno en la Comunidad
de Madrid. El partido de Albert Rivera está siendo muy
crítico con la sombra de la corrupción en el Partido
Popular en esta y otras regiones. Tras conocerse la
citación, Ciudadanos se había acercado a los
planteamientos de Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a
esta Comunidad, con el que también se negocia un pacto.
Victoria ha cesado en el cargo tras conversar con el
presidente de la Comunidad, Ignacio González. En la
charla abordaron la posibilidad de presentar la
dimisión, a pesar de que quedan muy pocos días para que
concluya la actual legislatura. Fuentes del Gobierno
regional interpretan el paso de Victoria como "un acto
de generosidad con el Partido Popular". Figar lo ha
hecho tras convocar un desayuno de trabajo con
periodistas.
Los viceconsejeros Javier Hernández y Manuel Pérez
sustituirán a Victoria y a Figar al frente de las
consejerías de Presidencia y Justicia, y Educación,
según han manifestado fuentes de la Comunidad de Madrid.
Tras hablar con los consejeros que han dimitido, el
presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
también ha conversado con los viceconsejeros para
proponerles ocupar el cargo, que ostentaran en funciones
hasta que se constituya el nuevo Gobierno. El decreto
tanto de cese como de nombramiento sera rubricado en
breve, según estas mismas fuentes.
Contratos de reputación en red
El juez Eloy Velasco considera acreditado que se ha
usado dinero público para mejorar la imagen de algunos
de los consejeros del Gobierno del PP en la Comunidad de
Madrid. Figar defiende que los contratos de su
consejería se hicieron para canalizar y difundir en
redes sociales como Twitter informaciones de Educación
que no llegaba al público más joven y detectar
convocatorias e informaciones que circulaban en las
redes sociales sin que aparecieran necesariamente en los
medios tradicionales. La dirigente popular mantiene que
no se trataba de cuidar su imagen personal, como
sostiene el juez, sino que ella figura en los informes
mensuales por ser la cabeza visible de la consejería. En
2011, Educación contrató a las empresas de Alejandro de
Pedro, uno de los imputados en la trama Púnica, porque
era “muy prestigiosa y conocida en el sector”, según
fuentes de la consejería. Se abonaron 80.000 euros entre
2011 y 2014. Según fuentes de Educación, los contratos
se cancelaron en cuanto se conoció la imputación de De
Pedro en la trama Púnica a finales del año pasado.
La empresa Eico creó una web de promoción de los
estudios universitarios de la región (www.studyinmadrid.es)
y Madiva, otra de las firmas de De Pedro, fue contratada
para el seguimiento en redes sociales.
El departamento de Figar ha mostrado parte de la
documentación relacionada con esos contratos que remitió
al juez Velasco como muestra de la "plena transparencia"
de su departamento, según la consejera. Entre ellos, una
factura a la empresa Madiva, con las firmas del
subdirector, interventor y secretario general de la
consejería. Madiva elaboraba informes mensuales de
"escucha activa en Internet". Uno de estos informes, de
marzo de 2013, recoge algunos de los hastags (etiquetas)
que se revisaban en las redes sociales (#luciafigar, #ppmadrid,
#mareaverde, ...) y destaca tanto “hitos negativos” como
“positivos” de informaciones que se movieron en Twitter
durante ese mes. Entre otras, una petición de la
plataforma change.org (que recoge firmas en internet)
para que no se cerrara un centro escolar o una
información en la que el exlíder del PSOE en Madrid,
Tomás Gómez, criticó públicamente el cierre de un
colegio público de Fuencarral. Entre los “hitos
positivos”, destacaba que se movió en las redes el
siguiente tema: “Lucía Figar apoya a Rouco Varela en su
campaña para que la religión tenga más peso en la
escuela pública”.
http://politica.elpais.com/politica/2015/06/04/actualidad/1433415211_093577.html
El juez Eloy Velasco de la
Audiencia Nacional ha citado a declarar como imputados
el próximo 26 de junio a los consejeros de la Comunidad
de Madrid, Salvador Victoria y Lucía Figar dentro de las
investigaciones por el caso Púnica.
El juez ha dispuesto que su declaración se posponga, si
llegada esa fecha, tanto Velasco como Figar siguen
siendo aforados. Velasco también ha llamado a declarar
por este caso a otros políticos, como el alcalde de
Sevilla La Nueva y diputado de la Asamblea de Madrid,
Mario Utrilla (11 de junio); Jose Miguel Moreno, ex
alcalde de Valdemoro y también diputado (18 de junio) y
el consejero autonómico murciano en funciones Juan
Carlos Ruiz (22 de junio). Según fuentes de la Comunidad
de Madrid, ni Figar, ni Victoria han recibido todavía la
comunicación del juzgado.
El juez
Velasco ha enviado las citaciones a los aforados antes
de que expire el periodo de protección jurídica especial
de que disfrutan los miembros de los legislativos y
ejecutivos autonómicos. La Operación Púnica, con más de
medio centenar de implicados, investiga el supuesto
cobro de mordidas por la concesión de contratos públicos
por valor de al menos 250 millones de euros desde el año
2012 hasta la actualidad.
El primero
en declarar será Mario Utrilla, alcalde de Sevilla la
Nueva (Madrid), citado para el próximo 11 de mayo.
Utrilla ya ha perdido la condición de aforado tras las
elecciones del pasado 24 de mayo, ya que no forma parte
de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid. El
segundo, José Miguel Moreno, citado para el día 18, ya
habrá perdido el aforamiento de que disfruta en este
momento como suplente de la Diputación Permanente por el
PP. La sesión de investidura de los nuevos diputados
electos de la Asamblea de Madrid, está prevista para el
día 13 de junio.
Es en el
caso del consejero autonómico murciano en funciones Juan
Carlos Ruiz, citado para el día 22, y los consejeros
madrileños en funciones Salvador Victoria y Lucía Figar,
convocados ambos el día 26, donde el juez Velasco puede
haberse pillado los dedos, si los cálculos políticos le
fallan. Si se diera el caso de que, una vez constituidos
los parlamentos autonómicos, las negociaciones entre los
partidos no permitieran formar gobiernos regionales, los
ejecutivos actuales seguirían en funciones, y Victoria y
Figar, podrían disfrutar de aforamiento. Es decir, para
que estos tres altos cargos puedan declarar en su
despacho, es necesario que las negociaciones políticas
hayan dado lugar a nuevos gobiernos autonómicos en
Madrid y Murcia. Fuentes jurídicas apuntan a que, en
caso de que para ese día no haya Ejecutivos en esas
comunidades, se pospondrán las declaraciones.
El pasado 27 de octubre, el juez
de la Audiencia Nacional Eloy Velasco
destapó la que, según fuentes jurídicas, es “la trama
del 3% madrileño”, una gran red de cobro de comisiones
ilegales que afecta al PP en esta comunidad y en otras
zonas de España, pero que también salpica de manera
notable a políticos del PSOE.
De momento,
Salvador Victoria no se ha pronunciado. Por su parte,
fuentes del departamento que dirige Lucía Figar han
indicado a Efe que Figar asegura "no tener en estos
momentos ninguna citación" de la Audiencia Nacional para
comparecer y que la Consejería de Educación "está
colaborando" con la justicia desde hace meses.
El sumario del caso Púnica incluye
una declaración del que fue consejero delegado de la
Agencia de Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM),
José Martínez Nicolás,
en la que acusa a su jefe, el consejero de Presidencia y
Justicia,
Salvador Victoria,
de presionar para que Indra pagase a una firma de la
trama Púnica.
http://politica.elpais.com/politica/2015/06/02/actualidad/1433230643_116445.html
LA OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN
CONTRA FRANCISCO GRANADOS,
EN CIFRAS
Los principales detenidos,
las pesquisas en bancos y
los vehículos embargados
Detenido Francisco Granados
en una redada anticorrupción
La operación contra la
corrupción que se ha saldado
con el arresto de medio
centenar de personas se ha
llevado a cabo de manera
simultánea en varias
ciudades. Aquí se recogen
los principales datos de una
operación ordenada por el
Juzgado Central de
Instrucción número 6 de la
Audiencia Nacional, que
dirige el magistrado Eloy
Velasco, y la Fiscalía
Especial contra la
Corrupción y el Crimen
Organizado. Las detenciones
y los numerosos registros
los está realizando la
Unidad Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil.
Al menos 51 detenidos. Hasta
el momento, la operación se
ha saldado con 51 detenidos.
Entre ellos hay políticos,
como Francisco Granados, ex
número dos de Esperanza
Aguirre cuando presidía la
Comunidad en Madrid, o el
presidente de la Diputación
de León, Marcos Martínez
Barazón, del PP. Martínez
sustituyó hace cuatro meses
a la fallecida Isabel
Carrasco, que murió
asesinada a tiros en León
mientras caminaba por la
calle.
Seis alcaldes entre los
detenidos. Entre los
arrestados, hay seis alcades.
De momento ha trascendido
que son José Carlos Boza
(PP) de Valdemoro y el
socialista José María Fraile
de Parla. También han pasado
a estar bajo custodia
policial los máximos
responsables del consistorio
de Torrejón de Velasco
(Gonzalo Cubas Navarro, del
PP), Casarrubuelos (David
Rodríguez San, PP), Collado
Villalba (Agustín Juárez ,
PP) y Serranillos del Valle
(Antonio Sánchez Fernández.,
UDMA con el apoyo del PSOE).
Actuaciones en Madrid,
Valencia, León y Murcia. Las
actividades investigadas se
desarrollaban en
Ayuntamientos y comunidades
autónomas de Madrid,
Valencia, León y Murcia.
Entre los consistorios donde
ha entrado la Policía están
el de Collado Villaba,
gobernado por el popular
Agustín Juárez, o el de
Móstoles.
Múltiples delitos. Los
delitos que se investigan
son: blanqueo de dinero,
falsificación de documentos,
delitos fiscales, cohecho,
tráfico de influencias,
malversación de caudales,
prevaricación, revelación de
secretos, negociaciones
prohibidas a funcionarios,
fraudes contra la
administración y
organización criminal.
Obras por 250 millones. los
empresarios implicados
habrían logrado, mediante el
pago de "comisiones
ilegales" a ediles
municipales y funcionarios,
la adjudicación de obras por
unos 250 millones de euros
en los últimos dos años.
259 Mandamientos a Registros
de la Propiedad. Estas eran
peticiones de anotaciones
preventivas de prohibiciones
de disponer, vender, gravar
o enajenar de las personas
físicas y sociales
investigadas en aras de
iniciar las acciones de
recuperación de activos.
400 Mandamientos dirigidos a
entidades bancarias y
compañías aseguradoras. En
estas, las autoridades han
acordado bloqueos de cuentas
corrientes, valores, y
cualquier otro producto con
la prohibición expresa de
realizar cualquier
movimiento de fondos.
30 Embargos preventivos de
Vehículos. Los coches,
destaca la Fiscalía, son de
alta gama y pertenecen a los
principales investigados.
Un operativo de 150 agentes.
La Guardia Civil ha
desplegado un total de 150
efectivos entre agentes de
la Unidad Central Operativa
(UCO) y de las unidades de
Seguridad Ciudadana
territoriales para llevar a
cabo la macro operación
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/27/actualidad/1414403987_804155.html
LAS EVIDENCIAS SOBRE
GRANADOS QUE AGUIRRE NO VIO
La presidenta del PP
madrileño dijo el lunes que
de haber tenido "la más
mínima sospecha" habría
llevado a su ex número dos
ante la Justicia
La realidad es que las
sospechas se fueron
acumulando desde 2006 y
Aguirre mantuvo a Granados
como secretario general del
PP hasta 2011
Granados no abandonó el PP
de Valdemoro hasta abril de
2014, dos meses después de
que se conociera que tenía
una cuenta en Suiza
Consciente quizá de que el
PP de Madrid queda duramente
tocado por la investigación
abierta a los ayuntamientos
de Valdemoro,
Collado-Villalba, Móstoles y
Torrejón de Velasco,
Esperanza Aguirre intentó
este lunes sacudirse
cualquier tipo de
responsabilidad. Dijo sobre
Granados que ya había
perdido su confianza en él
"hace tiempo". Y que en
"ningún momento" tuvo la
menor sospecha de que
estuviera utilizando sus
cargos para el
enriquecimiento personal.
"No tengan la menor duda de
que si hubiera tenido alguna
sospecha, la más mínima
sospecha, hubiera actuado
con prontitud y lo hubiera
puesto inmediatamente en
conocimiento de la Justicia
como he hecho siempre y como
hice en el caso Gürtel",
dijo la presidenta del PP
madrileño. La realidad es
que las sospechas sobre
Granados se han ido
acumulando desde el año
2006, y a pesar de ello
Aguirre lo mantuvo como
secretario general del
partido hasta 2011. Y, pese
a sus declaraciones, no
consta que Aguirre haya
puesto jamás un caso de
corrupción en manos de la
Justicia.
En 2006, cuando se descubrió
que la mujer de Francisco
Granados conducía un coche
que estaba a nombre de una
constructora de Valdemoro,
el político ahora
encarcelado era consejero de
Presidencia. En los años
sucesivos, Aguirre le amplió
las atribuciones
adjudicándole también las
carteras de Interior (2007)
y Justicia (2008). Mantuvo
también el cargo de
secretario general del PP de
la Comunidad de Madrid,
puesto en el que sustituyó a
partir de noviembre de 2004
a Ricardo Romero de Tejada,
hombre ligado a la deserción
de dos diputados del PSOE
tras las elecciones de 2003
que auparon a Aguirre a la
presidencia de la Comunidad,
el llamado Tamayazo.
Tampoco fue apartado cuando
en 2009 estalló la trama del
espionaje y se descubrió que
la misma inmobiliaria le
estaba construyendo una
mansión en el pueblo del que
había sido alcalde entre
1999 y 2003. El 16 de junio
de 2011 fue descartado para
formar el nuevo equipo de
Gobierno, pero Aguirre le
ofreció la portavocía del PP
en la Asamblea –él la
rechazó– y también le guardó
uno de los cinco puestos en
el Senado que correspondían
a los conservadores
madrileños. Granados no
abandonó los dos cargos
–diputado raso en la
Asamblea y senador– hasta el
21 de febrero de 2014,
después de que el diario El
Mundo desvelara que tenía
1,5 millones de euros en una
cuenta en Suiza.
El 19 de febrero se supo que
Granados mantuvo abierta una
cuenta en Suiza cuando ya
estaba en política. La
información apuntaba a que
esto había ocurrido entre
1996 y 2000, años en los que
fue sucesivamente concejal y
alcalde de Valdemoro. La
reacción de Aguirre por
entonces fue la de exigirle
la entrega de las actas en
la Asamblea y en el Senado.
Y el hombre que lo fue todo
en sus gobiernos y en su
partido accedió. Lo que no
hizo ni se le exigió por
entonces fue abandonar la
presidencia del PP de
Valdemoro y, por extensión,
solicitar su baja en el
partido. Ni él lo hizo ni
nadie se lo pidió.
El partido no se encargó de
informar por entonces. Pero
fuentes del PP de Madrid
aseguran que Granados
renunció por carta a
presidir el PP de Valdemoro
el 21 de abril, dos meses
después de conocerse la
existencia de esa cuenta en
Suiza que hizo que las
autoridades tirasen de la
manta dando origen a la
Operación Púnica.
EL MINI A NOMBRE DE UNA
INMOBILIARIA
La primera de las evidencias
del comportamiento
sospechoso de Granados que
Aguirre no vio se remonta a
2006. En octubre de ese año
alguien incendió un coche
modelo Mini Cooper
descapotable que estaba
aparcado en una de las
plazas de garaje de la
vivienda que Granados y su
familia ocupaban en
Valdemoro (71.000
habitantes). Nunca se supo
si el coche se incendió de
forma fortuita o si su
calcinación fue
intencionada, pero el
incidente sí obligó al
entonces consejero de
Presidencia de la Comunidad
de Madrid a dar unas
incómodas explicaciones.
Aunque era su mujer, Nieves
Alarcón, la que solía
utilizarlo y su supuesta
propietaria, en la
documentación del coche
incendiado no aparecía ni su
nombre ni el de Granados.
El vehículo estaba a nombre
de una de las principales
constructoras del municipio,
Obras y Vías, con la que
Alarcón no tenía ningún
vínculo laboral ni
societario. Según informó la
revista Interviú, esta
compañía estaba a nombre de
Ramiro Cid Sicluna, el
principal operador
inmobiliario del municipio
madrileño, y dueño a su vez
varias firmas que se
entrelazaban con empresas
que tenían a David Marjaliza
en su accionariado, amigo de
la infancia del consejero
Granados y también detenido
en la operación Púnica.
Ramiro Cid, por su parte,
figura entre los imputados.
Granados explicó entonces a
El País que su mujer había
comprado el vehículo de
segunda mano y que el hecho
de que todavía no se hubiera
hecho el cambio de titular
era consecuencia del
"retraso burocrático". No
obstante, ese mismo
periódico publicó después
que la Dirección General de
Tráfico no había recibido
petición alguna de cambio de
titularidad.
El 17 de julio de 2008
Alarcón fue nombrada
consejera de Caja de Madrid
de Pensiones, SA, entidad
gestora de fondos de
pensiones. Allí representaba
a la Comunidad, es decir, a
la institución en la que su
marido era consejero y que
presidía Aguirre. Profesora
de Economía Política en el
Centro Universitario
Villanueva, de titularidad
privada y adscrito a la
Complutense, Alarcón
percibía al mes 1.803 euros
brutos (1.175 netos) en
dietas por asistencia al
consejo.
LA MANSIÓN DEL MILLÓN DE
EUROS
El nombre de Ramiro Cid
Sicluna también está
relacionado, al menos, con
una vivienda del ex número
dos de Aguirre. En febrero
de 2009 el diario Público
destapó que, por encargo de
Granados, una promotora
inmobiliaria estaba
construyendo desde 2006 en
Valdemoro una casa de lujo
de 1.000 metros cuadrados.
Pues bien, la licencia de
obras la había obtenido en
2006 una inmobiliaria que
formaba parte de Obras y
Vías, el grupo empresarial
con intereses urbanísticos
en Valdemoro a cuyo nombre
figuraba el coche Mini
Cooper que en 2006 conducía
Nieves Alarcón. Aunque no
estaba a su nombre, la mujer
de Granados visitaba de
forma asidua las obras.
A la oposición no le
cuadraba que una promotora
optara por construir en
Valdemoro –ciudad de la que
Granados había sido alcalde
entre 1999 y 2003–, y sin
tener comprador asegurado,
una casa de lujo sobre seis
parcelas donde el
planeamiento le permitía
levantar otros tantos chalés
estándar. El PSOE dio
entonces un plazo de 24
horas para que Granados
hiciera público su
patrimonio y explicara cómo
lo había obtenido. El
entonces consejero de
Presidencia, Justicia e
Interior respondió con un
escrito de dos folios en el
que admitía tener un
patrimonio inmobiliario de
351.000 euros,
correspondientes a un piso
de 110 metros cuadrados y un
dúplex de 164 metros, ambos
en Valdemoro. También
declaró que en 2007 había
comprado una vivienda por
450.760 euros de los que
todavía debía 330.000 euros.
En cualquier caso, dijo que
"todas" sus adquisiciones se
había realizado "sin ningún
trato de favor".
Pero las cuentas de la
mansión siguieron sin
cuadrar. El coste del
proyecto (incluyendo el
proyecto de ejecución, los
equipamientos de lujo o los
honorarios del arquitecto)
ya superaba en 2006 el
millón de euros que, según
Granados, le pidió la
promotora para construirla.
Alcanzaba los 1.036.713
euros, según la información
revelada por Público.
No obstante, cargos del PP
salieron entonces a defender
a Granados. El entonces
portavoz conservador en la
Asamblea de Madrid, David
Pérez, dijo que el chalet en
cuestión no era "propiedad"
de Granados ni existía
"ningún vínculo para su
adquisición" por lo que
consideró que "sería el
colmo venir a dar
explicaciones sobre una
propiedad que no le
pertenece a Granados".
Asimismo, acusó al PSOE de
de divulgar “ignominias”.
LA TRAMA DEL ESPIONAJE
El caso de los seguimientos
a políticos del PP de
Esperanza Aguirre tiene a
Francisco Granados como uno
de sus protagonistas. Aunque
no el único. Siendo él
consejero de Interior
estalló una trama de
espionaje en la que
intervenían antiguos agentes
de la policía y de la
Guardia Civil a sueldo del
Gobierno autonómico. Él era,
por lo tanto, el jefe
orgánico de los supuestos
espías imputados.
En enero de 2009, El País
publicó que en la Comunidad
de Madrid se habían hecho
trabajos de inteligencia e
información sobre tramas
corruptas o escándalos en
ayuntamientos socialistas y
conservadores para el
consejero madrileño
Francisco Granados. El
"servicio de espionaje"
estaba dirigido por el ex
inspector de policía Marcos
Peña, fichado por Granados
en julio de 2008 como asesor
para asuntos de seguridad, e
integrado al menos por tres
ex guardias civiles. Las
investigaciones abarcaban
desde políticos o tramas de
corrupción en ayuntamientos,
como Ciempozuelos o Coslada,
hasta las "supuestas mafias"
que controlan la seguridad
en las discotecas
madrileñas. Entre ellos
supuestamente se sometió a
seguimiento al vicealcalde
del Ayuntamiento de Madrid,
Manuel Cobo, y al
exconsejero Alfredo Prada.
Desde que se abrieron las
diligencias, en 2009, a
instancias de una denuncia
presentada Cobo a la que se
unió Prada, dos veces la
jueza Carmen Valcarce ha
intentado dar carpetazo a la
investigación con el
razonamiento de que es
imposible cuantificar el
dinero público malversado
para los hipotéticos
seguimientos. Pero la
Audiencia de Madrid ha
forzado la reapertura en
sendas ocasiones. Los
denunciantes, entre los que
está el Grupo Parlamentario
Socialista en la Asamblea,
alegaron que se utilizaron
teléfonos y vehículos para
espiar y que, por lo tanto,
hubo malversación de fondos
públicos.
El pasado 16 de septiembre
la jueza llamó a declarar
como testigo a Granados para
que explicara una serie de
reuniones en las que los
guardias civiles imputados
en el proceso le comentaron
que les estaban obligando a
realizar los seguimientos.
El ahora presidente Ignacio
González siempre ha
sostenido que Granados
organizó una trama para
espiarle. Sin embargo, uno
de los espías imputados, el
guardia civil José Oreja,
envió el pasado enero un
escrito a la jueza en la que
aseguraba que en realidad
vigilaban a aquellos
políticos en cuyos
movimientos y actuaciones
tenía “especial interés” el
hoy presidente de Madrid y
entonces vicepresidente
primero con Aguirre. El
asunto todavía se investiga
en los tribunales.
Menos recorrido tuvo la
investigación política. A
raíz de las informaciones
publicadas, la Asamblea de
Madrid constituyó el 6 de
febrero de 2009 una comisión
de investigación
parlamentaria para analizar
los hechos. Sus trabajos
comenzaron el 4 de marzo y
finalizaron siete días
después, tras comparecer
sólo once de las 29 personas
que había aprobado la Mesa
de la Asamblea. El 16 de
marzo de ese mismo año la
comisión de investigación
aprobó el dictamen propuesto
por el PP –que exculpó al
Gobierno regional de
cualquier responsabilidad–,
frente a los informes del
PSOE e IU, que señalaron a
la presidenta madrileña como
"máxima" responsable y
exigían el cese del
consejero Francisco
Granados. Aguirre lo mantuvo
a su lado.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/10/31/las_evidencias_sobre_granados_que_aguirre_vio_23312_1012.html
AGUIRRE PIDE PERDÓN Y DICE
QUE ASUME RESPONSABILIDADES,
PERO NO DIMITE
"No quiero eludir mi
responsabilidad porque la
tengo. Estoy muy
abochornada" ha dicho la
presidenta del PP de Madrid.
Pide a todos los cargos
institucionales implicados
que dimitan
Esperanza Aguirre ha
comparecido en rueda de
prensa para excusarse ante
los ciudadanos por la
operación Púnica, que ha
llevado hoy a prisión a
numerosos cargos del PP y
del PSOE, entre ellos su
exnúmero 2, Francisco
Granados. "No quiero eludir
mi responsabilidad porque la
tengo. Estoy muy
abochornada", ha confesado
Aguirre.
"Los ciudadanos tenemos
muchas razones para estar
hartos", ha expresado la
presidenta del PP en Madrid,
que ha querido pedir "perdón
a los madrileños y a los
militantes honrados y
sacrificados".
Lo ha anunciado en la sede
del PP madrileño, en la
primera planta de la sede
nacional de la calle Génova.
Además de Francisco
Granados, varios alcaldes
del PP en el marco de la
operación Púnica, que
desarrolla la Audiencia
Nacional. Entre ellos cuatro
son del Partido Popular,
José Carlos Boza
(Valdemoro), Gonzalo Cubas
(Torrejón de Velasco), David
Rodríguez (Casarrubuelos) y
Agustín Juárez (Villaba).
"Pensé que Granados era
adecuado para el PP", ha
confesado Aguirre"Hay que
pedir perdón por este y
otros casos de corrupción",
ha continuado en referencia
al caso Gürtel, asegurando
que el PP "está haciendo
todo lo posible" por
destapar los casos de
corrupción. Pese a todo, la
conservadora ha pedido más
celeridad a la justicia.
"Llevamos con el Gürtel seis
años y ni siquiera se ha
abierto el juicio oral".
Dice que los ciudadanos
están "hartos" de la
"coletilla" de la
"presunción de inocencia"
porque lo consideran
"excusas". Se siente "muy
abochornada" por lo ocurrido
e insiste en que "no quiere
eludir" su "responsabilidad"
porque asegura que la tiene.
"No conocía" a los detenidos
Aguirre ha declarado que no
conocía a los alcaldes
detenidos en el marco de la
operación, refiriéndose a
que ella no los eligió para
ocupar puestos de
responsabilidad en las
instituciones al ser ésta
una designación que le
corresponde a los comités
electorales locales.
"A esos alcaldes no les
conozco", ha declarado para
matizar, a renglón seguido,
que su designación le
correspondía al comité
electoral local. Lo que sí
ha asegurado es que a todos
con puestos institucionales
"se les pedirá que dejen ese
cargo".
"No quiero eludir la
responsabilidad que me
corresponde en el
nombramiento de Francisco
Granados para cargos de alta
responsabilidad en el
partido y en el Gobierno de
la Comunidad de Madrid", ha
manifestado con respecto a
uno de sus antiguos
colaboradores más próximos.
De Granados ha señalado que
era "una persona destacada",
nacida y criada en un
municipio del sur como
Valdemoro, con una "carrera
universitaria brillante" a
sus espaldas y que procedía
de "un puesto de
responsabilidad en la
banca", es decir, que "no
venía de ser militante desde
jovencito".
http://www.publico.es/politica/552767/aguirre-pide-perdon-y-dice-que-asume-responsabilidades-pero-no-dimite
El Ejecutivo regional
entrega documentación
referente a seis consejerías
