COFELY, LA EMPRESA MÁS
BENEFICIADA DE 'PÚNICA',
REDACTÓ LOS PLIEGOS DE
SUS ADJUDICACIONES
Un directivo de la
compañía confiesa que se
trata de una dinámica
"extendida en toda
España".
La compañía Cofely,
adjudicataria de
concursos hasta en 11
ayuntamientos de Madrid
gracias a la mediación
del 'conseguidor' de la
trama Púnica, David
Marjaliza, redactó y
entregó los pliegos de
sus propias
adjudicaciones a los
consistorios.
Así al menos lo ha
explicado el director de
Desarrollo de la
compañía, Constantino
Álvarez, al instructor
del caso Púnica Manuel
García-Castellón. Según
el directivo, los
miembros de Cofely
diseñaban los pliegos de
los concursos de
proyectos de eficiencia
energética, se los
presentaban a los
ayuntamientos a través
de Marjaliza y otros
mediadores y finalmente
se quedaban con la
adjudicación.
Álvarez, que manifestó
su intención de
colaborar con la
Justicia hace tiempo y
ha llegado a un acuerdo
con la Fiscalía, también
ha explicado que esta es
una práctica "extendida
en toda España" y afirma
tener pruebas de que
otras 200 compañías del
mismo sector también han
procedido de la misma
manera.
Una partida dedicada a
las mordidas
Álvarez ha confirmado la
versión del otro
'arrepentido' de Cofely,
el director de Mercado
Pedro García, que este
miércoles confesó que la
compañía contaba con una
partida a la que
denominaron 'Business
Plan' dedicada a los
sobornos, en la que se
encontraban las
cantidades entregadas a
David Marjaliza y a
otros 'comerciales' para
que mediaran con los
ayuntamientos. Ésta
estaba dividida a su vez
en tres apartados: 'Success
Fee', 'Proyect
Management' y 'Auditorías'.
Por conseguir las
adjudicaciones de 11
ayuntamientos madrileños
y en el extremeño de
Almendralejo, la empresa
habría destinado unos
600.000 euros a
mordidas. Estos días, el
directivo García
reconoció la mediación
de Marjaliza con tres de
esos ayuntamientos:
Móstoles, Collado
Villalba y Parla, en
manos de los populares
Daniel Ortiz y Agustín
Juárez y el socialista
José María Fraile.
En Móstoles, Cofely
consiguió quedarse con
una adjudicación de un
contrato de 73 millones
de euros desbancando a
la primera empresa
adjudicataria. Los
pagos, en este caso,
llegaron a Marjaliza una
vez el contrato estaba
en marcha. Tuvieron que
frenarlos porque estalló
la investigación. En los
otros dos municipios los
contratos también
superaban los 30
millones de euros.
Igual que explicó el
director de Mercado, su
responsable directo,
Constantino Álvarez,
confirma que el director
general de la compañía,
Didier Maurice, también
estaba al tanto de esta
operativa. Los
directivos españoles de
Cofely tenían que
informar además a la
sede de París, de la que
eran filial, de todos
los proyectos que
superaran los 500.000
euros y tenían que pedir
su firma para los que
quedaban por encima del
millón de euros.
Igual que David
Marjaliza, que viene
confesando los hechos
delictivos de la trama
desde 2015, cuando llegó
a un acuerdo con la
Fiscalía, los dos
directivos se han
decidido a colaborar con
la Justicia y sus
confesiones ayudarán a
las fiscales del caso a
cerrar pronto la
investigación y redactar
su escrito de
conclusiones. De hecho,
la Fiscalía
Anticorrupción espera
poder presentarlo pronto
al juez y que se abra el
juicio de esta pieza de
la trama Púnica en la
que se encuentra el
mayor desvío de fondos
públicos.
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180209/empresa-beneficiada-punica-redacto-pliegos-adjudicaciones/283472751_0.html
UN NUEVO DIRECTIVO
ARREPENTIDO CONFIESA LOS
MAYORES AMAÑOS DEL ‘CASO
PÚNICA’
Un directivo de Cofely
detalla al juez el
mecanismo utilizado para
adulterar los contratos
de eficiencia energética
de 11 municipios que
sumaban 300 millones de
euros
Pedro García, exdirector
de Mercado Público de
Cofely, filial del
gigante energético
francés GDF Suez, ha
confesado esta tarde
ante el juez Manuel
García-Castellón que la
empresa para la que
trabajaba disponía de un
fondo establecido para
sobornar a cargos
públicos de distintos
municipios de toda
España a cambio de la
adjudicación de
contratos de eficiencia
energética. García, que
se convierte así en uno
de los principales
arrepentidos del caso
Púnica de corrupción, ha
explicado que Cofely
escondía este fondo de
reptiles, denominado
business plan, bajo tres
conceptos empresariales
de “Project management”
[“gestión de proyecto”],
success fee [tarifa de
éxito] y auditorías.
Los contratos de
eficiencia energética,
un total de 11 bajo
sospecha en otros tantos
municipios, suman 300
millones de euros y
constituyen, en términos
económicos, la principal
fuente de ingresos de la
trama corrupta. La
declaración permite al
juez instructor y a la
Fiscalía Anticorrupción
apuntalar uno de los
grandes ejes de la
investigación y
respaldar las
confesiones del otro
gran arrepentido de la
causa, el constructor
David Marjaliza, que
hizo de conseguidor de
los contratos para la
empresa energética.
Marjaliza lleva
colaborando con las
pesquisas desde junio de
2015.
García, que fue detenido
en octubre de 2014 y
estuvo en prisión
provisional durante
varios meses, ha
señalado en su
declaración a todos sus
superiores en la
empresa, empezando por
Didier Maurice, ex
director general de
Cofely en España.
También ha afirmado que
la matriz francesa de la
empresa tenía que
autorizar los pagos a
partir de cierta
cantidad.
En Parla, gobernado en
aquella época por el
socialista José María
Fraile, también
imputado, los contratos
de eficiencia energética
ascendieron a 66,2
millones. Según la
investigación, y ha
reconocido García,
Cofely dio mordidas en
este municipio por valor
de 600.000 euros.
Mientras tanto, en
Collado Villalba, el
popular Agustín Juárez
otorgó a Cofely un
contrato de 39,4
millones.
La declaración de este
miércoles ha durado unas
tres horas y ha sido tan
prolija que García solo
ha tenido tiempo de
explicar al magistrado
la operativa general del
fondo de reptiles y
hacer mención a tres de
los 11 municipios -10 en
Madrid y Almendralejo
(Badajoz)- en los que
Cofely supuestamente
obtuvo contratos a
cambio de sobornos. El
exdirectivo ha hablado
de los casos de
Móstoles, Parla y
Collado Villalba. En el
primero de los
municipios, gobernado
por el PP, la empresa
obtuvo el mayor de sus
contratos, valorado en
74 millones de euros.
Por estos hechos se
encuentra imputado el
exalcalde y ex diputado
regional Daniel Ortiz.
La declaración de este
miércoles ha durado unas
tres horas y ha sido tan
prolija que García solo
ha tenido tiempo de
explicar al magistrado
la operativa general del
fondo de reptiles y
hacer mención a tres de
los 11 municipios -10 en
Madrid y Almendralejo
(Badajoz)- en los que
Cofely supuestamente
obtuvo contratos a
cambio de sobornos.
Según el relato de
García, el conseguidor
Marjaliza adelantaba en
ocasiones el dinero de
los supuestos sobornos.
El montante de estas
mordidas se incluía
después en el precio
final del contrato, con
lo que el sobreprecio lo
acababan pagando los
fondos públicos de cada
municipio.
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/07/actualidad/1518021173_766993.html
COFELY TENÍA UNA PARTIDA
SÓLO PARA LAS MORDIDAS
DE MARJALIZA Y OTROS
CONSEGUIDORES
Pedro García, director
de Mercado de Cofely,
confiesa ante el juez
que la empresa pagó al
conseguidor de la trama
para que obtuviera
adjudicaciones en
ayuntamientos
madrileños.
El director de Mercado
de Cofely, Pedro García,
ha confesado este
miércoles ante el juez
del caso Púnica, Manuel
García-Castellón, que
Cofely pagó mordidas a
David Marjaliza y a
otros conseguidores a
cambio de obtener
adjudicaciones en
ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid.
Tanto era así que, según
el directivo, la partida
tenía un nombre
concreto, 'Business
Plan', dividido en tres
patas: 'Success Fee', 'Proyect
Management' y 'Auditorías'.
Ahí se recogían todos
los pagos que, según el
directivo, se hicieron
al 'conseguidor' de la
trama David Marjaliza y
a otras personas a
cambio de que mediaran
con los ayuntamientos y
fueran los
adjudicatarios de los
contratos de eficiencia
energética. Una especie
de fondo de reptiles
dedicado a los sobornos.
Entre los ayuntamientos
mencionados por el
directivo de Cofely se
encuentran los
madrileños Móstoles,
Collado Villalba y Parla
(en manos de los
populares Daniel Ortiz y
Agustín Juárez y el
socialista José María
Fraile) además del
municipio extremeño de
Almendralejo, cuyo
alcalde, José García
Lobato, también está
imputado en el caso
Púnica. La investigación
se centra hasta en 11
municipios en los que se
habrían adjudicado
contratos por un valor
cercano a los 400
millones de euros.
La confesión de Pedro
García confirman las
declaraciones en sede
judicial de David
Marjaliza, que, igual
que el empresario, llegó
a un acuerdo con la
Fiscalía para colaborar
con la Justicia.
El directivo de la
filial española de la
francesa GDF Suez ha
explicado ante el juez
que los altos directivos
de su compañía, como
Didier Maurice, Javier
Puyals o Jan Barlerin,
estaban al tanto de esta
operativa.
Incluso García ha
explicado que, en
algunas ocasiones, el
propio Marjaliza
adelantó dinero de su
bolsillo para los
sobornos a los
ayuntamientos que
después repuso Cofely.
La investigación impidió
que siguieran cobrando
en Móstoles
Pedro García ha
explicado cómo
funcionaba David
Marjaliza como enlace y
conseguidor para Cofely.
Él era quien se dirigía
a los ayuntamientos y
pagaba a sus
responsables para
conseguir las
adjudicaciones, aunque
no era el único.
En el ayuntamiento de
Móstoles, Cofely
consiguió quedarse con
una adjudicación de un
contrato de 73 millones
de euros desbancando a
la primera empresa
adjudicataria. Los
pagos, en este caso,
llegaron a David
Marjaliza una vez el
contrato estaba en
marcha. Tuvieron que
frenarlos porque estalló
la investigación.
En Parla, según ha
explicado García, los
favores no sólo fueron
económicos. La teniente
de alcalde de la
localidad, María José
López Bandera, también
habría pedido trabajo
para su hermano en
Cofely a cambio de
adjudicar el contrato.
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180207/cofely-partida-solo-mordidas-marjaliza-conseguidores/283222677_0.html
DOS EMPRESARIOS
RECONOCEN ANTE EL JUEZ
QUE EL PP PAGÓ SONDEOS
ELECTORALES A TRAVÉS DE
FUNDESCAM
Dos empresarios
dedicados al análisis
sociológico y electoral
han reconocido ante el
juez de la Audiencia
Nacional Manuel García
Castellón, en el marco
del Caso Púnica, que
facturaron algunos de
sus pagos en el año 2011
a Fundescam, la
fundación del PP de
Madrid, cuando en
realidad eran trabajos
realizados para el
Partido Popular de
Madrid. Público ya
desveló en 2009 que la
fundación del partido
conservador madrileño
había recibido
donaciones de
empresarios destinadas a
financiar sus campañas
electorales.
En su declaración ante
el juez instructor, a
cuyos audios ha tenido
acceso Europa Press,
tanto Josefa Barral,
socia fundadora y
administradora solidaria
de Hermanos Barral-
dedicada a análisis
cualitativos de
investigación social-
como Alfonso del Corral,
de la empresa
Demométrica -que realiza
sondeos electorales-
reconocieron que
realizaron trabajos para
el PP en períodos
justamente anteriores a
las campañas y dentro de
las mismas, aunque los
habrían facturado a
través de Fundescam, que
pertenece a la Comunidad
de Madrid.
Demométrica se fundó en
el año 2000, con
Hermanos Barral como
socio minoritario. Así,
colaboraron
"estrechamente" para
realizar investigaciones
electorales. La primera
se dedicaba
estrictamente al sondeo
mientras que la otra
realizaba análisis
"técnicos muy concretos
de carácer cualitativo".
Barral narra cómo
participaron en la
campaña como candidato a
la alcaldía de Valdemoro
del exsecretario general
del PP de Madrid
Francisco Granados en
2003, unas elecciones
que finalmente acabó
ganando. Alrededor de un
año antes, Demométrica
firmó un contrato con el
PP para realizar un
análisis precisamente de
la calidad de vida en
Valdemoro, que la
empresaria "no sabe a
quién se facturó", pese
a que asegura que ella
"nunca ha contratado
directamente con el PP o
Fundescam, solo a través
de Demométrica".
De ahí que negara
conocer a Beltrán
Gutiérrez, gerente del
PP de Madrid en aquella
época y que
supuestamente se
encargaba de realizar
los pagos a estas
empresas, según ha
relatado Del Corral.
En este punto, el
presidente de
Demométrica ha explicado
que trabajó para los
populares desde las
primeras elecciones de
Esperanza Aguirre, en el
año 2003, pero que su
cliente era
"cualquiera". "Los
políticos funcionan de
una manera muy rara. A
veces me llamaba Borja
Sarasola (exsecretario
ejecutivo territorial
del PP) para los
encargos de encuestas y
otras también Ignacio
González", apunta el
empresario.
El que le pagaba, no
obstante, era Beltrán
Gutiérrez, según sus
palabras: "Me dijo que
facturase a alguna
fundación. Me decía que
unas las pasara
directamente al PP y
otras a Fundescam". Sin
embargo, asegura que
"nunca trabajó
directamente para la
fundación, sino para el
PP".
"Aguirre conocía los
trabajos"
Por otra parte, Barral
ha detallado que en el
año 2011 Del Corral le
pidió que hiciera una
factura para Fundescam
porque "había llegado a
un límite en los
presupuestos".
Preguntada
insistentemente por la
fiscal, ha terminado
reconociendo que
entiende que esos
trabajos eran
electorales, "sobre
intención de voto".
"Él me dijo: por favor
necesito que hagas esa
factura. No me dijo nada
del trabajo en sí. Para
mí el cliente era
Fundescam, no el PP",
cuenta la empresaria.
Del Corral, por el
contratio, niega el
testimonio de la mujer:
"Le pedí que hiciera la
factura porque realmente
hicieron el estudio, yo
se lo encargué".
Finalmente, a preguntas
del abogado de Francisco
Granados, Del Corral ha
reconocido que "le
reportaba los trabajos
realizados" a la
expresidenta madrileña
Esperanza Aguirre en
reuniones en las que "a
veces estaba y otras
no".
En cualquier caso, ha
reiterado que Aguirre
estaba "al corriente" de
la naturaleza de los
trabajos, aunque no ha
podido confirmar si
conocía o no los
importes o la forma de
los pagos. Sí que ha
asegurado que tenía
"trato directo con
ella".
http://www.publico.es/politica/caso-punica-empresarios-reconocen-juez-pp-pago-sondeos-electorales-traves-fundescam.html
EL JUEZ CREE QUE 250.000
€ DESTINADOS AL CAMPUS
DE LA JUSTICIA SE
DESVIARON A LA CAJA B
DEL PP
El juez cree que 250.000
€ destinados al Campus
de la Justicia se
desviaron a la caja B
del PP
Velasco investiga si
González cobró mordidas
millonarias por
adelantado del Campus de
la Justicia
El juez instructor de la
trama Púnica investiga
tres facturas por un
valor total de 250.000
euros relacionadas con
la promoción del
malogrado proyecto del
Campus de la Justicia de
Valdebebas en el marco
de la financiación
ilegal del Partido
Popular de Madrid.
Las facturas sospechosas
recogidas en el sumario,
al que ha tenido acceso
OKDIARIO, fueron
emitidas a las empresas
Traci Comunicación S.L.
y Over Marketing &
Comunication Worldwide,
propiedad del empresario
Daniel Mercado, imputado
en la trama corrupta.
El empresario confesó en
diciembre al titular del
Juzgado Central de
Instrucción nº 6 de la
Audiencia Nacional,
Manuel García Castellón,
que el PP de Madrid a
través de su entonces
gerente, Beltrán
Gutiérrez, le pagó
“parte de la campaña de
2007 con dinero negro” y
que le hicieron “emitir
contra empresas
constructoras facturas
que en realidad
escondían trabajos para
el Partido“.
Por su parte, el
exconsejero madrileño,
Francisco Granados,
reconocía este lunes al
juez que el PP de Madrid
efectuaba “dos
financiaciones paralelas
para las campañas
electorales del año 2007
y el 2011″. La primera
era la oficial y era
sometida al control del
Tribunal de Cuentas. La
segunda era la
extraoficial y se
sustentaba en
facturación inflada o
ficticia a través de
empresas.
Granados apuntó que
González era el
dirigente que “mandaba
en realidad en el PP y
en la Comunidad de
Madrid” durante la
presidencia de Esperanza
Aguirre. En esta línea,
apuntaba que éste era el
responsable directo de
la financiación paralela
de la campaña electoral
del 2007, junto a la
actual presidenta
madrileña, Cristina
Cifuentes.
Precisamente, el
exdirigente del PP hacía
mención en su
declaración al
empresario Daniel
Mercado. Según su
testimonio, “fue
introducido en la
Comunidad de Madrid por
González, con el que
incluso jugaba partidos
de pádel”
La primera factura de
Daniel Mercado que
publica este diario está
fechada el 17 de octubre
de 2005 y en ella figura
un importe de 116.145
euros a nombre de Traci
Comunicación S.L. El
concepto es “Producción
audiovisual y equipos
audiovisuales para el
acto de presentación del
proyecto ‘Campus de la
Justicia de Madrid’.
La factura se refiere a
la realización de un
vídeo del Campus de la
Justicia, guión y
dirección de arte,
preproducción, equipo
artístico, equipo
técnico, rodaje, atrezzo
y vestuario,
post-producción,
transportes, dietas del
personal, seguros
permisos y 400 copias en
DVD. También hace
referencia a los
“equipos técnicos de
sonido y vídeo en la
sala de maquetas,
iluminación, sonido,
equipos de vídeo,
grabación y generador
insonorizado en el
jardín del Palacete
Duque de Pastrana”.
La segunda factura de
Mercado por importe de
92.238,59 euros y con
fecha 1 de marzo de 2007
se emitió a la empresa
Over Marketing &
Comunication Worldwide y
recoge como concepto el
“Acto presentación
maquetas Norman Foster.
‘Campus de la Justicia’.
Casa de Correos.
22/11/06”.
En este segundo recibo
se desglosa cada uno de
los gastos: producción
audiovisual (5.040€),
estructuras (6.075€),
decoración (25.900€),
producción gráfica
(3.370€), iluminación
(9.615€), sonido
(4.690€), vídeo
‘equipos’ (1.150€),
diseño y planimetría
(2.500€), personal de
producción (4.285€),
azafatas (440€),
creatividad (4.200)”.
Como extras figuran “30
Copias CD Foster,
incluyendo carátulas
con nuevo logo Campus
(225€) Impresión de
3.000 folletos
cuatripticos a 414
tintas sobre papel
Conqueror smooth diamond
White 320 grs.
(3.026,03€).
La tercera y última
factura sospechosa es de
41.550,45 euros, con
fecha 18 de noviembre de
2006 y emitida a la
empresa Over Marketing &
Comunication Worldwide
con el concepto
“Aceptación proyecto MKE
‘Ciudad de la Justicia’
T-4 Aeropuerto Madrid”.
Entre los gastos, se
recoge: lona 1 cara
8,60×4,50 Aeropuerto
Madrid T-4 puerta parada
taxis izquierda y
producción MKE ‘Ciudad
de Justicia’ T-4″.
En total las tres
facturas emitidas a
empresas de Daniel
Mercado suman 250.000
euros y los
investigadores sospechan
que muchos de los
conceptos y gastos
podrían estar “inflados”
con el objetivo de
financiar ilegalmente a
los populares
madrileños.
El empresario que
reconoció al juez haber
ayudado al PP a
financiarse
irregularmente para no
superar el límite de
gasto electoral con
facturas falsas, recibió
numerosas adjudicaciones
de la Comunidad de
Madrid en esos años. No
obstante, no reconoció
el pago de comisiones,
pero sí que gastó
400.000 euros en
productos de Loewe como
pago al buen trato
recibido.
El juez cree que 250.000
€ destinados al Campus
de la Justicia se
desviaron a la caja B
del PP
Campus de la Justicia de
Valdebebas (Madrid).
En el punto de mira de
la justicia
El proyecto del Campus
de la Justicia se inició
en el año 2004 mientras
Esperanza Aguirre
presidía la Comunidad de
Madrid y tenía el
objetivo de centralizar
todas las sedes
judiciales en el nuevo
desarrollo urbanístico
madrileño de Valdebebas.
Dicho proyecto se guardó
en un cajón cuando
comenzó la crisis
económica, pero Ignacio
González lo recuperó
cuando llegó a la
presidencia madrileña en
la recta final de su
mandato.
González planteaba un
contrato de 771,7
millones de euros para
un ‘megaproyecto’ que
vería la luz en el año
2019 y cuyo presupuesto
base de licitación de
las obras superaría
inicialmente los 1.300
millones de euros
aproximadamente. La
Comunidad de Madrid ya
había invertido cerca de
288 millones sobre el
terreno y las compañías
adjudicatarias tendrían
que aportar los 483
millones restantes.
La licitación fue
conseguida pero la
rúbrica definitiva de
adjudicación no se llegó
a plasmar.
Posteriormente, Cristina
Cifuentes tras llegar a
la presidencia regional
ordenaba paralizar el
proyecto ante las
sospechas de que se
hubieran cometido
irregularidades durante
el proceso, originando
un proceso judicial. La
presidenta madrileña
presentó un recurso ante
el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid para
poder paralizar el
proyecto.
https://okdiario.com/investigacion/2018/02/19/juez-cree-250-000-destinados-campus-justicia-desviaron-caja-b-del-pp-1792649
VILLAR MIR NIEGA HABER
PAGADO COMISIONES AL PP
DE AGUIRRE A CAMBIO DE
ADJUDICACIONES
Su yerno, el también
empresario Javier López
Madrid, admite sus
tratos con el
arrepentido Marjaliza,
pero niega
irregularidades en sus
negocios
Juan Miguel Villar Mir,
expresidente de la
constructora OHL, ha
negado este martes ante
el juez instructor del
caso Púnica haber pagado
comisiones al Partido
Popular de Madrid a
cambio de adjudicaciones
de obras públicas en
esta comunidad. El
directivo, de 86 años,
aseguró que él no estaba
al tanto de las obras
que la empresa pública
Arpegio -que gestionaba
el plan Prisma de
inversión pública-
adjudicó a las compañías
de su grupo por la
escasa cuantía de las
mismas. El juez Manuel
García-Castellón
apuntaba en el auto en
el que imputaba que la
agenda que se intervino
a Francisco Granados
cuando fue arrestado en
octubre de 2014 había
permitido identificar al
grupo Villar Mir “como
presunto donante del PP
de la Comunidad de
Madrid”.
Villar Mir, que ha
declarado como
investigado –actual
denominación de
imputado-, ha defendido
la transparencia de los
contratos de la empresa
que dirigió y ha negado
cualquier tipo de pago a
las empresas de la
trama. Además, ha
manifestado que mientras
fue presidente de OHL
puso en marcha una
política de “tolerancia
cero” con la corrupción.
El juez de la Audiencia
Nacional Manuel
García-Castellón
considera que Villar Mir
donó fondos —en torno a
3,6 millones de euros— a
la caja b del PP
madrileño, como quedó
reflejado en la agenda
del principal imputado
del caso Púnica, el
exconsejero de
Transportes Francisco
Granados. Este dinero
supuestamente sirvió,
entre otras cosas, para
financiar las campañas
electorales del partido
en 2007 y 2011, durante
la etapa de Esperanza
Aguirre como presidenta
de la Comunidad.
El pasado 17 de enero,
Marjaliza aportó al
magistrado y a la
Fiscalía Anticorrupción
documentación que
supuestamente acredita
las mordidas por las
obras del Metro Ligero a
la localidad de Boadilla
del Monte, el tramo 1-B
del Metro Norte y el 1-C
de la conexión entre la
Línea 10 y el Metro Sur.
Todas ellas fueron
adjudicadas en 2004 por
Granados a través de la
empresa pública Mintra.
Los 3,6 millones de
comisión fueron
repartidos entre 2005 y
2007 supuestamente entre
el exconsejero
madrileño, Marjaliza y
Javier López Madrid,
yerno de Villar Mir y
exconsejero de OHL.
Villar Mir, que renunció
al puesto de consejero
de OHL en mayo de 2017,
se desvinculó de
cualquier pagó bajo
cuerda al PP. Según
fuentes presentes en el
interrogatorio, el
exdirectivo afirmó que
ni pagó ni ordenó pagar
los supuestos sobornos.
El empresario y ministro
de Hacienda en el primer
Gobierno del reinado de
Juan Carlos I, de 86
años, manifestó que él
siempre ha sido
independiente y que su
único amigo en el mundo
de la política fue el
fallecido fundador de
Alianza Popular, Manuel
Fraga, según abogados
presentes en el
interrogatorio.
La sesión de
interrogatorios de ayer
se cerró con Javier
López Madrid. El
empresario aportó
facturas y contratos
para tratar de demostrar
que las facturas giradas
desde su mercantil
financiera SiaCapital SL
a la constructora
Vancouver Gestión,
participada por
Marjaliza, no sirvieron
para cobrar su parte de
los 3,6 millones de la
mordida por las obras
del metro madrileño.
Según su versión, las
facturas corresponden a
un préstamo a Marjaliza
para comprar inmuebles
en Dusseldorf
(Alemania). López Madrid
recordó que estuvo
asociado con Marjaliza
en 2004 para una serie
de negocios
inmobiliarios en Parla y
Valdemoro, pero que
rompieron sus relaciones
comerciales en torno a
2007. El empresario negó
todo tipo de comisiones
pero optó por guardar
silencio cuando se le
preguntó si había
recibido algún regalo en
forma de viajes por
parte de Marjaliza.
Según la investigación,
Granados usó su
influencia para
garantizar
adjudicaciones de obras
públicas de mediano
tamaño a la empresa
Obrum, de su entonces
amigo Marjaliza. Para
ello, López Madrid,
desde su puesto en el
Grupo Villar Mir, aportó
la empresa Elsan, que
contaba con las
calificaciones
necesarias para optar a
esos contratos.
El magistrado instructor
prevé continuar los
interrogatorios este
miércoles con una pieza
distinta de las 16 que
componen el macrosumario
del caso Púnica, la
referida a las supuestas
comisiones ilegales
abonadas por directivos
de la multinacional
francesa Cofely a
políticos de distintos
Ayuntamientos por la
adjudicación de
contratos de eficiencia
energética.
El juez García-Castellón
tiene previsto
interrogar al
exdirectivo de esta
empresa, Pedro García,
muñidor de la mayoría de
los contratos. Según
fuentes jurídicas, este
previsiblemente admitirá
las supuestas mordidas y
dará al magistrado
detalles de la operativa
fraudulenta.
Un imputado, Victor
Manuel Ortega, director
de un medio de
comunicación de Collado
Villalba (Madrid) e
imputado en la causa, ha
pedido declarar
voluntariamente ante el
juez sobre el contrato
de Cofely en su
localidad, valorado en
43 millones de euros.
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/06/actualidad/1517924055_641372.html
EL JUEZ IMPUTA A VILLAR
MIR EN 'PÚNICA' POR
SUPUESTAS DONACIONES A
CAMBIO DE LAS OBRAS DEL
METRO EN MADRID
Le cita el 6 de febrero
junto con el empresario
Javier López Madrid por
la adjudicación de
contratos de la
Consejería que dirigía
Granados Les cita a
ambos por los presuntos
delitos de
prevaricación,
malversación, fraude,
cohecho, organización
criminal, blanqueo de
capitales, falsificación
de documentos
mercantiles y tráfico de
influencias
Juan Miguel Villar Mir.
El magistrado de la
Audiencia Nacional Diego
De Egea ha citado a
declarar como imputado
en la trama Púnica al
expresidente de OHL Juan
Miguel Villar Mir y al
empresario Javier López
Madrid por el presunto
pago de comisiones a
cambio de adjudicaciones
de contratos públicos
dependientes de la
Consejería de
Transportes de la
Comunidad de Madrid,
presidida entonces por
Francisco Granados,
informa Europa Press.
El juez de refuerzo del
Juzgado Central de
Instrucción número 6 les
cita a ambos para el
próximo 6 de febrero por
los delitos de
prevaricación,
malversación, fraude,
cohecho, organización
criminal, blanqueo de
capitales, falsificación
de documentos
mercantiles y tráfico de
influencias, de acuerdo
con el auto del
magistrado al que ha
tenido acceso Europa
Press.
El magistrado adopta
esta decisión tras la
última declaración
prestada en sede
judicial el 17 de enero
por el presunto cerebro
de la trama, el
constructor David
Marjaliza, quien dijo
que tanto él como
Francisco Granados y
Javier López Madrid se
repartieron una comisión
de 3,6 millones de euros
por la adjudicación a
una empresa de Marjaliza
de tres obras de Metro
de Madrid.
Se refirió entonces a
unos trabajos
adjudicados en 2004 en
el Metro Ligero a la
localidad de Boadilla
del Monte, el tramo 1-B
del Metro Norte y el 1-C
de la conexión entre la
Línea 10 y el Metro Sur.
Abuso de poder de
Granados
De Egea explica en su
auto que de las
pesquisas desarrolladas
se deduce que Granados,
"abusando de su
posición" al frente de
esta consejería
garantizó un lote de
adjudicaciones a favor
de la empresa Obrum,
vinculada a David
Marjaliza, a cambio del
pago de "importantes
comisiones".
En dicho concierto
participaría Javier
López Madrid, que aportó
las calificaciones
precisas que ostentaba
la mercantil Elsan, del
Grupo Villar Mir, para
que la empresa de
Marjaliza pudiese
presentarse a los
concursos, que se
acomodarían a su favor.
En su auto, el juez
recuerda que ya se
identificó a la
constructora OHL como
presunto donante del
Partido Popular
madrileño de acuerdo con
las anotaciones
recogidas en la agenda
intervenida a Granados;
hechos que integran la
pieza que investiga la
presunta financiación
irregular de la
formación conservadora
en Madrid.
Entramado empresarial
El mismo día de su
declaración, Marjaliza
aportó nuevas facturas a
la causa que se
investiga desde 2014 que
constatan que López
Madrid recibió del
constructor la cuantía
de dinero que le
correspondía, a través
de Vancouver Gestión SL.
Este flujo de fondos se
encubría mediante
facturación falsa, que
recogía relaciones
mercantiles que en
realidad no existían
entre dicha sociedad,
vinculada a David
Marjaliza, y la de
Javier López Madrid
(Financiera Siacapital).
Las intervenciones
telefónicas permiten
revelar que Jesús
Trabada, exconsejero
delegado de la empresa
pública Mintra —ya
extinta— constituyó la
empresa Bustren que se
capitalizó presuntamente
con dinero de
procedencia ilícita
aportado por él mismo,
por López Madrid y por
Granados. Mintra fue la
entidad a través desde
donde se adjudicaron los
contratos licitados para
la construcción
determinadas líneas de
metro, de acuerdo con el
auto del juez.
En su auto de citación,
el juez recuerda los
correos cruzados en
enero de 2011 entre
Rafael Martín de
Nicolás, que fuera
ejecutivo de la
constructora de OHL,
López Madrid e Ignacio
Palacios, entonces
consejero de Arpegio, de
cara a que la empresa
Elsan, perteneciente al
Grupo de Villar Mir,
resultase adjudicataria
de los contratos
licitados por Arpegio.
Nuevos investigados
El magistrado cita
además a declarar como
investigados por los
mismo delitos a otras
cinco personas, que son
Rafael Martín de
Nicolás, expresidente de
Construcción de Obrascón
Huarte Lain (OHL); Jesús
Miguel Trabada,
exconsejero delegado de
Mintra; Antonio Martín
Jiménez, directivo de
Obrum; Javier Aldavert
Piñol, también directivo
de Obrum y Ana Isabel
Soria Torrecilla,
apoderada de la
mercantil Waiter Music.
Todos ellos para el día
6 de febrero excepto los
dos últimos que están
llamados para el día 13
de ese mismo mes junto
con José Luis Huerta
Valbuena y Edelmiro
Galván, ya investigados
en la trama liderada por
Francisco Granados.
OHL y su política cero
con la corrupción
Por su parte, desde OHL
defienden que Juan
Miguel Villar Mir no
ocupa ningún puesto en
la constructora en la
actualidad y que López
Madrid tampoco ostenta
ningún cargo directivo
en la misma tras haber
renunciado a su puesto
como consejero en
Obrascon Huarte Lain.
Igualmente señalan que
el Grupo OHL mantiene
una política de
tolerancia cero con la
corrupción y desde su
fundación en 1911 hasta
el día de hoy, ningún
directivo ni empleado
del Grupo (que incluye a
OHL S.A. y a todas sus
filiales) ha sido nunca
condenado por ningún
supuesto de corrupción.
En este contexto afirman
que "la totalidad de los
procesos de licitación,
adjudicación y
contratación" de
cualquiera de los
proyectos han sido
ejecutados "con la
máxima transparencia, de
acuerdo a la Ley".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/01/el_juez_imputa_villar_mir_punica_por_supuestas_donaciones_cambio_las_obras_del_metro_madrid_74799_1012.html
MARJALIZA, 'ABSUELTO'
TRAS DECIR QUE EL EX
NÚMERO 3 DE CIFUENTES
COBRABA "COMISIONES"
La Sección Tercera de la
Audiencia Provincial de
Madrid ha sobreseído la
denuncia que el ex
número tres de la
presidenta de la
Comunidad de Madrid
Cristina Cifuentes,
Jaime González Taboada,
interpuso por calumnias
contra el primer
arrepentido de la trama
'Púnica', David
Marjaliza, según el auto
de 22 de febrero al que
ha tenido acceso
Vozpópuli.
El titular del Juzgado
de Instrucción Número 14
de Madrid, Carlos Valle,
había dictado un auto en
el que proponía juzgar a
Marjaliza por un delito
de calumnias contra el
exconsejero de Medio
Ambiente de la Comunidad
de Madrid.
Según consta en la
resolución judicial, a
la que ha tenido acceso
Vozpópuli, en mayo de
2015 González Taboada
presentó una denuncia en
los juzgados de Plaza de
Castilla (Madrid) contra
Marjaliza por señalar en
la Audiencia Nacional
que en el botín" de la
empresa pública
madrileña de gestión del
suelo Arpegio el
consejero de Cifuentes
era el que "mangoneaba"
y "se llevaba un tercio
de las comisiones". "A
mí me decían que tenían
que hablar siempre con
Taboada que él era un
poco quien gestionaba
eso", confesó Marjaliza
ante el magistrado Eloy
Velasco, anterior
instructor dela trama
'Púnica'.
De esta forma, los
magistrados de la
Audiencia Provincial de
Madrid impiden que
Marjaliza se siente en
el banquillo de los
acusados, tan y como
había acordado el
titular del Juzgado de
Instrucción número 14 de
Madrid. Tanto la
Fiscalía como la defensa
de Marjaliza reclamaron
a los magistrados de la
Sección Tercera de la
Audiencia Provincial de
Madrid que archivara el
caso.
"Infracción penal"
Los magistrados acuerdan
el sobreseimiento
provisional de las
actuaciones solicitado
por no haber quedado
"debidamente acreditada
la infracción penal" que
habría podido cometer
Marjaliza al denunciar
los hechos ante el
entonces titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco.
Además, los magistrados
de la Audiencia
Provincial recuerdan que
Marjaliza realizó las
manifestaciones en
calidad de investigado
en el seno de un
procedimiento penal,
resaltando desde el
primer momento que tuvo
conocimiento de lo que
expuso ante la autoridad
judicial a través de "un
tercero", según resalta
la resolución, que
recuerda que esta
tercera persona negó la
acusación.
"La finalidad de lo
manifestado en sede
judicial, no puede ser
otra que provocar una
investigación del órgano
jurisdiccional en
relación a los hechos
que se le ponen en
conocimiento, tal y como
ha sucedido, según
resalta el Ministerio
Fiscal en su informe de
adhesión al recurso
presentado y ello pese a
que el querellante no
haya sido llamado el
procedimiento en calidad
de investigado", indican
los magistrados en su
auto, que destaca que no
existe "indicio alguno"
de que la repercusión
mediática de lo
manifestado en sede
judicial por el
querellado le sea
atribuible a Marjaliza.
La jurisprudencia
considera que no se
puede considerar
calumnia cuando el
acusado da a conocer
unos hechos a una
institución oficial
competente para su
investigación, y no a
particulares ni a medios
de comunicación.
Denuncia falsa
En este sentido, resalta
el auto, si una persona
denuncia unos hechos
"jurídicamente
relevantes" a un órgano
judicial "no se puede
imputar una intención
criminal y difamatoria",
incluso aunque no se
confirme el hecho. No
obstante, las
acusaciones que no sean
veraces de los
denunciados o imputados
pueden constituir en su
caso un delito de
acusación o denuncia
falsa.
Además, los magistrados
de la Sección Tercera de
la Audiencia Provincial
de Madrid destacan que
la querella de González
no tuvo que ser
admitida, ya que no
contaba con el permiso
del juez Velasco, ya que
la declaración de
Marjaliza se produjo en
su Juzgado.
"La falta de este
requisito, debió
conllevar la inadmisión
a trámite de la
querella, y daría lugar
a que si este tribunal
desestimara el recurso
de apelación y
considerara los hechos
como eventualmente
constitutivos de tal
infracción penal,
necesariamente debería
ordenar su archivo por
ausencia del expresado
presupuesto de
procedibilidad",
finaliza el auto.
https://www.vozpopuli.com/espana/Audiencia-calumnias-Cifuentes-arrepentido-Punica_0_1112589662.html
LA AUDIENCIA DEJA SIN
EFECTO LAS DECLARACIONES
DE MARJALIZA ACUSANDO A
ALCALDES DEL PP Y
EMPRESARIOS
La Sala de lo Penal da
la razón a una defensa y
considera que el
empresario no debió
comparecer sólo sobre
unos hechos, unas
"piezas" que todavía no
estaban formadas.
La Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional
acaba de dejar sin
efecto legal las últimas
declaraciones del
presunto conseguidor de
la trama Púnica, David
Marjaliza, ante el juez
que instruye el caso.
Precisamente, se trata
de las declaraciones que
habían ayudado a
apuntalar la
investigación de la
Fiscalía y del juez
Manuel García-Castellón
sobre las presuntas
comisiones que se
habrían llevado el
propio Marjaliza,
alcaldes y funcionarios
de una decena de
municipios madrileños a
cambio de adjudicaciones
de contratos de
eficiencia energética a
la empresa Cofely.
En su declaración de
noviembre, el empresario
madrileño admitió que
había pagado comisiones
a políticos y dijo que
"todos querían dinero,
no había un alcalde que
no pidiera". Unas
palabras que arrastraron
hacia nuevas
declaraciones de los
responsables de la
empresa Cofely, entre
ellos los directivos
Pedro García y
Constantino Álvarez,
quienes reconocieron los
hechos tras negociar con
la Fiscalía.
Según ha podido saber EL
ESPAÑOL, la Sala de lo
Penal de la Audiencia
Nacional ha estimado el
recurso de apelación de
una de las defensas del
caso en el que se
denuncia que las
declaraciones del
empresario se hicieran
por partes, perjudicando
a otros investigados y
vulnerando su derecho a
la defensa.
Es decir, que Marjaliza
se sentara ante el juez,
como ocurrió en sus
comparecencias de
finales de octubre y
noviembre después de
llegar a un acuerdo con
la Fiscalía y los
abogados de otros
implicados en la causa
sólo pudieran
preguntarle por unos
hechos concretos de la
investigación que, en
aquella fecha, ni
siquiera formaban una
pieza.
Los magistrados de la
Sección Cuarta de la
Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional
consideran que no se le
debería haber sometido a
una "declaración
particularizada en unos
hechos" porque
"propiciaría que una
persona tenga que
declarar de forma
continuada en tantas
piezas como las que se
formen".
La Sala, compuesta por
Ángela Murillo, Teresa
Palacios y Juan
Francisco Martel,
aceptan el recurso de
apelación de una de las
defensas y revocan una
resolución del 26 de
octubre de 2017 en la
que el juez
García-Castellón
acordaba recibir una
nueva declaración en
calidad de investigado a
David Marjaliza.
Peligran las
declaraciones de otros
investigados
Tras el auto de la Sala
fechado el pasado
viernes, la defensa que
interpuso el recurso ya
ha solicitado la nulidad
de las declaraciones de
Marjaliza y las de otros
investigados que
llegaron en cascada a
raíz de éstas.
Es muy probable, según
han avanzado a este
diario, que otras
defensas sigan el mismo
camino y pidan la
nulidad de las
declaraciones aludiendo
a la pérdida del derecho
a defenderse.
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180227/audiencia-nacional-sin-efecto-ultimas-declaraciones-marjaliza/288221192_0.html
EL CEREBRO DE LA PÚNICA
AMASÓ UN PATRIMONIO DE
68 MILLONES SÓLO CON 20
DE SUS EMPRESAS
El cerebro de la Púnica
Marjaliza abre nuevos
negocios y en sus
locales instala
conocidas franquicias
El denominado cerebro de
la Púnica, David
Marjaliza, llegó a
amasar un valor
patrimonial superior a
los 68 millones de euros
sólo con 20 de sus
sociedades en la fecha
en la que estalló la
trama corrupta.
Tal y como figura en el
sumario del caso, al que
ha tenido acceso
OKDIARIO, el 27 de
octubre de 2014 los
agentes de la Unidad
Central Operativa de la
Guardia Civil UCO
registraron los
vehículos
pertenecientes o
vinculados a los
distintos investigados,
entre ellos los de
Marjaliza. Durante el
registro de su vehículo
Mercedes S 530, se
halló diversa
documentación que se
precintó y
posteriormente, se
levantó la oportuna
acta de incautación de
efectos, que quedó
anexada al atestado
policial.
La documentación ha
sido aportada al Juzgado
Central de Instrucción
nº 6 de la Audiencia
Nacional, después de que
su contenido haya sido
analizado e incorporado
a distintos informes.
Entre los documentos
incautados, la UCO
localizaba un grupo de
folios grapados donde se
encontraban relacionadas
“diferentes mercantiles
vinculadas con Marajliza
con expresión de bienes
inmuebles vinculados a
cada una”.
El cerebro de la Púnica
aglutinó en sólo 20 de
sus sociedades un valor
patrimonial de
aproximadamente 68
millones de euros en
bienes y
participaciones. Su
fortuna total es
imposible de calcular
debido al entramado
societario que construyó
en donde muchas de sus
empresas comparten
participaciones.
La lista de sociedades
vinculadas con Marajliza
intervenidas por la UCO
son: “Adema Gestión,
Alcolea Capital Gestión,
Anahid Gestión, Arauna
Corporación y
Consulting, Aruba Arte y
Gestion, Aruba Gestión,
Aruba Patrimonio
Integral 2008, Deloya
Gestion, Divana
Integral, Herederos de
Riaza, Inversiones y
Estudios Urbanos,
Inversora Samara,
Lizamar, Nexus Gestión
de Activos, Noray
Gestion Integral,
Servicios Logísticos
Inmobiliarios, Servicios
Logísticos Inversiones
2008, Servicios
Logísticos
Promoinnovación, Tiare
Inizia y Zambra
Patrimonio”.
Estas empresas de
Marjaliza eran
propietarias de 3
solares en Valdemoro, 10
viviendas en Valdemoro,
Getafe, Parla,
Fuenlabrada y Córdoba, 2
dúplex en Valdemoro, 81
plazas de garaje y 3
trasteros en la misma
localidad madrileña.
También eran titulares
de 26 parcelas en
Valdemoro, Torrejón de
Velasco, Cartagena o
Peñíscola, una finca; 13
locales comerciales en
Madrid y Valdemoro; 3
naves industriales en
Madrid o 2 vehículos
Mercedes. Marjaliza
además tenía vinculada
con sus sociedades una
administración de
Lotería, un puesto de
atraque en Benalmádena
(Málaga) o una
embarcación.
Cabe destacar que a
Marjaliza los
investigadores le han
llegado a atribuir más
de 70 sociedades y 400
cuentas bancarias
sospechosas en España y
el extranjero. Tras su
detención, la mayor
parte de su imperio
empresarial fue
desmantelado o embargado
por la Audiencia
Nacional.
Los negocios de
Marjaliza
Tal y como desvelaba
este diario, David
Marjaliza sigue abriendo
negocios en municipios
de la Comunidad de
Madrid y buscando nuevos
socios para iniciar
nuevos proyectos.
Mientras, en Valdemoro
varios de sus locales
comerciales, gestionados
por algunas de sus
sociedades embargadas,
son explotados por
famosas franquicias de
hostelería y de ocio.
En estos locales de
Marjaliza, se ha abierto
una bolera, un
restaurante de una
famosa cadena española o
una crepería. En la
gestión de algunos de
los negocios,
participaría el abogado
y ex portavoz del PSOE
en Valdemoro, Antonio
Serrano Soldado, que
también fue arrestado e
imputado por la Púnica.
En los últimos años,
también se habrían
abierto otros negocios
dispares en los locales
embargados de Marjaliza
como un gimnasio, un
establecimiento de
comida rápida, un
restaurante o una
cafetería.
Marjaliza salió de
prisión el 30 de
diciembre de 2015, tras
pasar 14 meses
encarcelado por su
implicación en la trama
Púnica. El instructor de
la causa, Eloy Velasco,
le impuso una fianza de
100.000 euros que abonó
con una finca de
Valdemoro y 11.602 euros
en efectivo.
El magistrado accedió a
fijarle la libertad bajo
fianza tras declararse
arrepentido y colaborar
con la Justicia
compareciendo durante
varias horas ante el
propio juez y las
fiscales del caso. Tras
su salida de prisión, el
imperio que había
levantado presuntamente
en el marco de esta
trama corrupta con
decenas de negocios y
sociedades en Valdemoro
y otros municipios
madrileños quedaron
reducidos notablemente.
https://okdiario.com/investigacion/2018/02/07/cerebro-punica-amaso-patrimonio-68-millones-solo-20-empresas-1767654
EL JUEZ PIDE AL CNI
DATOS SOBRE SUS TRATOS
CON EL EXPERTO
INFORMÁTICO DE LA PÚNICA
El juez Manuel
García-Castellón ha
reclamado al Centro
Nacional de Inteligencia
(CNI) información sobre
la relación que mantuvo
durante los años 2013 y
2014 con el experto
informático Alejandro de
Pedro, imputado en el
caso Púnica por el cobro
supuestamente irregular
de sus trabajos para
mejorar la reputación en
internet de cargos
públicos del PP. El
magistrado quiere saber
si es cierto, como
afirma De Pedro, que
este estuvo una decena
de veces en su sede y
fue contratado para
contrarrestar campañas
contrarias a la imagen
de España en redes
sociales.
El magistrado accede así
a la petición que el
propio De Pedro hizo el
pasado 22 de diciembre,
y que reiteró el pasado
1 de febrero, para
demostrar que buena
parte de los 82.250
euros en metálico que la
Guardia Civil encontró
en su domicilio en
Valencia cuando fue
detenido en octubre de
2014 procede,
precisamente, de pagos
efectuados por el
servicio secreto “por
determinados servicios
que afectan a la
seguridad nacional”. El
imputado reclama que
dicha cantidad le sea
devuelta ya que es de
“procedencia lícita”.
El juez pide, en
concreto, que el CNI
certifique si De Pedro
visitó sus instalaciones
centrales en Madrid en
esos dos años y en qué
fechas. También solicita
el detalle de estos
supuestos trabajos que
una de las mercantiles
del informático, Eico
Online Comunicación SL,
hizo “bien directamente,
bien bajo supervisión”
de los servicios
secretos en el mismo
periodo. Finalmente,
García-Castellón reclama
información sobre las
“cantidades económicas
que el CNI o persona o
entidad relacionada con
el citado centro abonó”
al presunto integrante
de la trama y a su
mercantil.
No es la primera vez que
De Pedro pide a la
Audiencia Nacional que
se incorporen a la causa
pruebas sobre los
supuestos trabajos que
hizo para el CNI. La
última vez fue en mayo
del año pasado. Entonces
reclamó que se
incorporasen a la causa
el contenido de los 25
mensajes SMS y 12
llamadas de teléfono que
intercambió con
integrantes de los
servicios secretos hasta
pocos días antes de su
detención en octubre de
2014. El experto
informático aseguraba
que dichas
comunicaciones —que
fueron interceptadas por
la Guardia Civil durante
la investigación del
caso Púnica pero que
nunca fueron
incorporadas al sumario—
demuestran que trabajaba
para el CNI cuando fue
arrestado. El experto
informático ha declinado
detallar a EL PAÍS el
contenido exacto de
estos contactos.
Era la tercera vez que
De Pedro pedía que se
incorporasen estas
comunicaciones a la
causa. Ya lo hizo en el
verano de 2016, aunque
entonces su petición no
fue aceptada porque no
identificó quiénes eran
sus interlocutores. Lo
volvió a pedir en
diciembre de ese mismo
año, indicando entonces
que se trataba de
contactos con
integrantes del servicio
secreto, pero no obtuvo
respuesta. Tampoco lo
consiguió con la
petición del pasado mes
de mayo, según
confirmaron ayer fuentes
de su defensa. Los
supuestos contactos con
el CNI se desarrollan
entre el 1 de julio de
2014 —el día en el que
se inició la
intervención de su
teléfono por orden
judicial— y el 8 de
octubre de ese mismo
año, poco más de dos
semanas antes de que
fuera detenido.
“Especial
profesionalidad”
La defensa de De Pedro
justificó su insistencia
en pedir la información
sobre dichas llamadas
porque con las mismas se
demostraría que los
trabajos que hizo para
mejorar la imagen en
internet de políticos y
cargos públicos del PP
de Madrid, Valencia,
Murcia y León eran
absolutamente legales y
que, de hecho, fue su
“especial
profesionalidad y
capacitación” la que
llevó al CNI a contratar
sus servicios.
Según fuentes de su
defensa, los servicios
de inteligencia
españoles le encargaron
trabajos de
contranarrativa para
hacer frente a los
mensajes lanzados en las
redes sociales contra
España por diversos
colectivos radicales.
Entre ellos, por grupos
yihadistas,
independentistas
catalanes y la izquierda
abertzale. De Pedro
afirma que el resultado
de su trabajo se plasmó
en diversos informes que
guardaba junto a los
mensajes de correo
electrónico que
intercambió con agentes
del CNI en los
ordenadores que le
intervino la Guardia
Civil. Ninguno de ellos
se ha incorporado
tampoco al sumario.
“Cánones inexistentes de
transparencia”
En el CNI aún no se
había recibido ayer
formalmente la petición
del juez del caso
Púnicapara que remita
los datos sobre sus
tratos con Alejandro De
Pedro, según confirmó un
portavoz del servicio
secreto. Este recalcó
que una vez que llegue
“se estudiará y se
facilitará aquella
información que permita
la Ley de Secretos
Oficiales”. En este
sentido, recordó que las
actividades del centro
están consideradas
“información
clasificada” y que solo
el Consejo de Ministros
puede autorizar su
entrega.
De Pedro reconocía en el
escrito en el que pedía
al magistrado que
solicitase esta
información que era
consciente de que su
relación con el CNI
estaba sometida a una
cláusula de
confidencialidad y que
el trabajo que realizó
“se rige por unos
cánones limitados o
inexistentes de
transparencia”. Sin
embargo, afirmaba que se
había visto obligado a
reclamar que se
incorpore a la causa
porque el dinero
intervenido en su casa
se había convertido en
una prueba
incriminatoria contra
él.
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/13/actualidad/1518520172_756641.html?rel=mas
ROBAN DOCUMENTOS DEL
CASO PÚNICA EN EL
DESPACHO DEL ALCALDE DE
VALDEMORO
El alcalde socialista de
la localidad denuncia
ante la Guardia Civil
que es documentación que
iba a entregar en
Anticorrupción
Se trata de una lista de
contratos que el
Ayuntamiento firmó con
empresas de la trama e
información sobre
irregularidades en la
contratación de personal
Valdemoro, donde comenzó
su carrera política
Francisco Granados,
aparece en la causa como
epicentro de la trama de
corrupción Púnica
El actual alcalde de
Valdemoro, el socialista
Serafín Faraldos, ha
denunciado ante la
Guardia Civil el robo de
una serie de documentos
que guardaba en su
despacho y que están
vinculados al caso
Púnica, la trama de
corrupción que tiene
como epicentro la
localidad madrileña de
la que fue regidor
Francisco Granados.
Faraldos tenía previsto
entregar esa
documentación a la
Fiscalía Anticorrupción.
Entre los documentos
sustraídos figura uno
con la lista de
contratos del
Ayuntamiento de
Valdemoro con las
empresas de la trama que
el propio alcalde había
elaborado cuando estaba
en la oposición,
informan a eldiario.es
fuentes próximas a la
investigación del robo.
Además, el alcalde
guardaba en la carpeta,
que encontró vacía,
copia del informe de la
Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad
Social de Madrid sobre
contratos fraudulentos
de personal del
Consistorio en la época
de Gobierno del PP, así
como una denuncia al
respecto presentada por
el Grupo Municipal
Socialista en la
Fiscalía Anticorrupción
en 2009.
Faraldos se percató del
robo cuando se dispuso a
recoger la carpeta para
llevarlos el 13 de
febrero a
Anticorrupción, fecha en
la que había sido citado
por las fiscales del
caso. La sustracción se
debió producir entre la
mañana del 9 de febrero,
viernes y la del
siguiente lunes, día 12,
según los propios
cálculos que trasladó el
alcalde de Valdemoro a
los investigadores.
Faraldos arrebató la
Alcaldía de Vademoro a
Ciudadanos el pasado mes
de julio al prosperar
una moción de censura
presentada por su
partido, el PSOE, y que
apoyaron Ganemos
Valdemoro, Izquierda
Unida y un partido
local, Proyecto TUD.
Faraldos desposeía así
al partido de Albert
Rivera de la Alcaldía
más importante de Madrid
de las que gobernaba.
En una entrevista
concedida a
madridiario.es tras
tomar posesión del
cargo, Faraldos declaró
que lo primero que iba a
hacer era ponerse “a
disposición de los
trabajadores de la casa”
y, a continuación, dar
la orden de “iniciar los
procedimientos de
lesividad de la trama
Púnica antes de que
caduquen”.
“Estos procedimientos
son el derecho que tiene
la administración para
revisar los contratos
irregulares que aquí se
realizaron en la etapa
del PP (1999-2015). Lo
que no había hecho Gross.
Aquí han gobernado a
espaldas del Pleno. Las
medidas venían sin
consensuar y en otras ha
habido mucha pasividad,
como con Cofely o el
control de las
privatizaciones”, decía
el alcalde en esa
entrevista.
Cofely es una de las
empresas clave en la
investigación de Púnica.
Para ella legó a
trabajar David
Marjaliza, el empresario
amigo de Granados
alrededor del cual se
fue tejiendo la trama de
sobornos y concesiones.
Recientemente, un
exdirectivo de la
compañía de eficencia
energética confesó en la
Audiencia Nacional que
Cofely redactaba los
pliegos de los contratos
que luego le
adjudicaban.
El alcalde: "No me
sorprende"
eldiario.es se ha puesto
en contacto con el
alcalde de Valdemoro
para que de su versión
de los hechos. Faraldos
ha confirmado el robo y
la existencia de una
denuncia ante la Guardia
Civil y se ha limitado a
añadir: "No me sorprende
visto todo lo que ha
pasado en Valdemoro".
El Partido Popular
convirtió el municipio
madrileño en una suerte
de agencia de
contratación a afines
que siguen, tres años y
medio después de la
Operación Púnica, en sus
puestos de trabajo en el
Ayuntamiento. Fuentes
municipales cifran en un
80% el número de
contratados que
responden a prácticas de
"enchufismo".
Algunas de esas personas
están vinculadas a
detenidos e investigados
en Púnica, como la
hermana de Marjaliza,
Ana, funcionaria del
área de Contratación del
Ayuntamiento. En ese
mismo departamento están
la mujer del primo del
citado empresario y la
hermana de ésta. Uno de
los policías municipales
del municipio es hermano
de José Carlos Boza,
exalcalde y también
arrestado cuando estalló
la operación
anticorrupción.
https://www.eldiario.es/politica/Roban-documentos-Punica-despacho-Valdemoro_0_744375845.html
GRANADOS DECLARARÁ DE
NUEVO A PETICIÓN PROPIA
ANTE EL JUEZ DEL ‘CASO
PÚNICA’ EL 12 DE FEBRERO
García Castellón accede
a la petición que el
presunto cabecilla de la
trama Púnica hizo el
pasado 6 de octubre.
El titular del Juzgado
Central de Instrucción
6, Manuel García
Castellón, ha citado a
declarar de nuevo a
Francisco Granados
dentro del caso Púnica.
La nueva comparecencia
del señalado como
presunto cabecilla de la
trama se producirá el
próximo 12 de febrero a
las nueve de la mañana y
se produce después de
que el que fuera
secretario general del
PP madrileño lo
solicitara en un escrito
en el que también
reclamaba un careo con
su antiguo amigo y hoy
colaborador de la
Justicia, David
Marjaliza, y la
testifical de cerca de
40 personas, entre ellas
Esperanza Aguirre y
Cristina Cifuentes. Así
se recoge en una
providencia dictada este
martes por el magistrado
a la que ha tenido
acceso EL PAÍS y en la
que no se hace
referencia a ninguna de
las otras diligencias
solicitadas por la
defensa del político.
Será la segunda ocasión
en la que Granados
declare en el caso
Púnica de manera
voluntaria. La anterior
fue en diciembre de
2016. cuando el juez
instructor era Eloy
Velasco y él aún estaba
en prisión provisional.
Entonces, el ex
secretario general del
PP madrileño aportó
escasas novedades.
Siguió defendiendo su
inocencia y negó
disponer de fondos
ocultos en el
extranjero. También
desmintió que las
iniciales encontradas en
una agenda de su
propiedad -y que
permitieron la apertura
de una pieza separada
sobre la supuesta caja B
de su partido- recogiera
entradas y salidas de
dinero. Aseguro que las
cifras que contenía solo
reflejaban el número de
asistentes a actos del
PP. En las tres horas
que duró aquella
declaración, lo único
que admitió es que el
millón de euros que la
Guardia Civil localizó
oculto en el altillo de
la vivienda de sus
suegros era de su
propiedad, aunque siguió
negando que fuera fruto
de comisiones ilegales.
Tras aquella
declaración, Granados
siguió en prisión al no
convencer con sus
explicaciones ni al juez
Velasco ni a la Fiscalía
Anticorrupción.
Finalmente, salió en
libertad provisional en
junio del año pasado.
Desde entonces, ha
seguido negando las
irregularidades de que
se le acusa y, tras
cambiar de abogado en
septiembre, inició una
nueva línea de defensa
en la que incluyó
solicitar una batería de
nuevas diligencias. Así,
en octubre pidió
comparecer de nuevo y
mantener un careo con el
constructor David
Marjaliza, colaborador
de la justicia y cuyas
declaraciones le
incriminan gravemente.
También reclamó la
comparecencia como
testigo de cerca de
cuarenta personas, entre
ellas Aguirre. Cifuentes
y los exconsejeros Jaime
González Taboada y Borja
Sarasola, cuyos nombres
se han visto salpicados
durante la instrucción
de la causa pero que no
han sido imputados hasta
el momento. En un
escrito posterior, llegó
a pedir que se imputase
a todos ellos. El juez,
por ahora, solo ha
aceptado que declare él.
Granados fue condenado
en diciembre pasado a
dos años de cárcel en el
único juicio del caso
Púnica que se ha
celebrado hasta ahora.
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/24/actualidad/1516785525_913738.html
EL JUEZ DEL CASO PÚNICA
PIDE A INTERIOR
PROTECCIÓN PARA
MARJALIZA Y SU FAMILIA
El empresario
arrepentido ratifica que
se repartió una comisión
de 3,6 millones con
Granados y
El juez de la Audiencia
Nacional Manuel
García-Castellón anunció
este miércoles que
pedirá al Ministerio del
Interior una evaluación
del riesgo sobre la
seguridad del
constructor David
Marjaliza, arrepentido
del caso Púnica de
corrupción. Marjaliza ha
denunciado haber
recibido en los últimos
meses amenazas contra él
y su familia por parte
del entorno del ex
secretario general del
PP madrileño Francisco
Granados, su antiguo
amigo y ahora principal
perjudicado por las
confesiones que lleva
realizando desde junio
de 2015 en colaboración
con la justicia.
Marjaliza ha vuelto a
declarar ante
García-Castellón y ha
ratificado que se
repartió una mordida de
3,6 millones de euros
con el empresario Javier
López Madrid y Francisco
Granados por la
adjudicación de la obra
de tres tramos del metro
de Madrid, como adelantó
hoy este periódico. El
dinero se dividió a
partes iguales entre los
tres después de que
Granados decidiera el
porcentaje de comisión,
según declaró Marjaliza.
El empresario anunció
que seguirá aportando
documentación —facturas
y apuntes contables,
principalmente— al
macrosumario, que se
inició en febrero de
2014 y que consta de 16
piezas separadas.
Empresa pantalla
Marjaliza ha detallado
ante el juez y las
partes que López Madrid
participó en la
operación vendiéndole
una empresa de su
propiedad, denominada
Gravitum. Esta mercantil
tenía categoría de
constructora
certificada, lo que le
permitía acceder a los
concursos públicos de
infraestructuras. Según
la declaración del
arrepentido, López
Madrid vació de
patrimonio esta sociedad
—que formaba parte de
otra mercantil
denominada Elsan— para
que sirviera como
pantalla para ocultar
las mordidas, según
fuentes presentes en el
interrogatorio.
El constructor ha
dedicado parte de las
casi tres horas de
declaración ante el juez
García-Castellón a
detallar los supuestos
sobornos al Partido
Popular, al PSOE y a
Izquierda Unida por la
adjudicación de obras de
vivienda pública en
Parla y Getafe, a través
de consorcios
urbanísticos, y
numerosas obras públicas
en Valdemoro. También ha
especificado que, al
llegar a la Consejería
de Presidencia de la
Comunidad de Madrid,
creó una estructura “a
la carta” para poder
controlar, entre otros,
los fondos que
gestionaba la empresa
pública del suelo
Arpegio así como la
venta de suelo que se
realizaba a través de
los consorcios
urbanísticos.
De este modo, los
constructores pagaban
supuestamente mordidas a
ediles de los tres
principales partidos
—PP, PSOE e IU— de los
Consistorios donde se
asentaban los diferentes
consorcios urbanísticos.
Estos amaños quedaron
registrados en
anotaciones del propio
Granados.
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/17/actualidad/1516203484_328485.html
EL 'ÑAPAS' DE LA PÚNICA
ADMITE LA QUEMA DE
PRUEBAS EN "UN DÍA DE
NIEBLA"
El empresario Eduardo De
La Peña, denominado el
'ñapas' por el
conseguidor David
Marjaliza, admite ante
el juez que quemó “tres
carros con documentos”
comprometedores sobre el
caso. También desvela el
método para cobrar al
menos 800.000 euros en
mordidas de Cofely:
mediante la elaboración
de facturas falsas por
conceptos inexistentes
que abonaba la mercantil
investigada
El titular del juzgado
central de instrucción
número 6 de la Audiencia
Nacional, Manuel García
Castellón, ha tomado
declaración como
investigado al
empresario Eduardo De La
Peña, citado en el
juicio del chivatazo de
la Púnica por el
supuesto número 2 de la
organización criminal,
David Marjaliza, como la
persona que quemó por
orden suya, “en un día
de niebla” numerosa
documentación
incriminatoria, a raíz
del soplo recibido por
el exsecretario general
y exconsejero de
Justicia en Madrid,
Francisco Granados, de
boca del agente de la
Guardia Civil, José
Manuel Rodríguez
Talamino.
El “ñapas” Eduardo De La
Peña, según le calificó
Marjaliza, ha admitido
los hechos. Reconoce que
quemó “tres carros de
supermercado” repletos
de documentos, cuyo
contenido desconocía,
“en un día de niebla”,
tal y como le pidió el
conseguidor, para no
despertar sospechas y
que el humo no fuera
avistado “por el
helicóptero” de la
Guardia Civil.
De La Peña también ha
reconocido la
metodología de la trama
para el cobro de
mordidas de la empresa
de eficiencia energética
Cofely, en diversos
municipios de Madrid. Ha
confesado que elaboraba
facturas falsas por
conceptos inexistentes
que giraba a la empresa
investigada. Cofely
abonaba como trabajos
falsos lo que en
realidad eran las
comisiones a cambio de
la intercesión de la
trama para obtener
contratos públicos. El
“ñapas” ha admitido que
de esta forma cobró al
menos 800.000 euros, de
los que la mayoría eran
para Marjaliza mientras
que él se quedaba un
porcentaje.
http://cadenaser.com/ser/2018/01/31/tribunales/1517406365_105229.html
GRANADOS COBRÓ UNA
COMISIÓN DE 1,2 MILLONES
POR TRES OBRAS DEL METRO
Entre 2005 y 2007, el
político, Marjaliza y
López Madrid se
embolsaron 3,6 millones
El juez de la Audiencia
Nacional Manuel García
Castellón, instructor
del caso Púnica de
corrupción, cuenta desde
ayer con documentación
contable inédita sobre
el supuesto cobro de una
comisión ilegal de 3,6
millones de euros por la
adjudicación
presuntamente amañada de
tres obras del Metro de
Madrid. David Marjaliza,
uno de los cabecillas de
la trama y que desde
junio de 2015 colabora
con la Justicia, ha
entregado facturas y
apuntes contables en los
que se detalla el
reparto a partes iguales
de la mordida entre él
mismo, el ex secretario
general del PP de Madrid
Francisco Granados y el
empresario Javier López
Madrid, también
imputados en la causa.
La Fiscalía
Anticorrupción
interrogará hoy a
Marjaliza por estos
hechos.
La documentación, a la
que ha tenido acceso EL
PAÍS, refleja un
complejo sistema de
cruce de facturas entre
cuatro empresas, tres de
ellas sin conexión con
las obras. Este método
permitió tanto a
Marjaliza como a López
Madrid cobrar por
transferencia y ya
blanqueados los 1,2
millones de euros que
les correspondían de
comisión por los amaños.
Granados presuntamente
cobró la misma cantidad
en negro y en metálico.
Las obras bajo sospecha
son las del Metro Ligero
a la localidad de
Boadilla del Monte, el
tramo 1-B del Metro
Norte y el 1-C de la
conexión entre la Línea
10 y el Metro Sur. Todas
ellas fueron adjudicadas
en 2004, cuando Granados
era consejero de
Transportes en el
Ejecutivo regional
presidido por Esperanza
Aguirre.
La documentación
aportada por Marjaliza
incluye seis facturas
que Aruba Gestión SL
—una de las sociedades
de su entramado— cargó a
Obrum Urbanismo y
Construcciones SL, en la
que el empresario tenía
una pequeña
participación y que
estaba integrada en la
Unión Temporal de
Empresas (UTE) que se
hizo con una de las
adjudicaciones bajo
sospecha. Estas facturas
recogían falsos
conceptos como
“asesoramiento” y
“gestión” y suman un
importe total de 6,6
millones.
Granados es “Futuro 1”
Una anotación contable
interna de Marjaliza
detalla que de dicha
cantidad se descontaron
el IVA, el Impuesto de
Sociedades y otros
gastos hasta quedar
reducida la cifra a
repartir a 3,6 millones.
En esa misma anotación,
se detalla que 1,2
millones se entregaron a
“F1”, en referencia a
“Futuro 1”, el seudónimo
que Marjaliza ha
confesado que utilizaba
para referirse a
Granados. Otra parte
igual se adjudicaba a
López Madrid —al que se
identifica con las
siglas “JLM”—, y la
tercera, a “V”, en
referencia a Vancouver
Gestión, mercantil de la
que era socio el
constructor.
El segundo bloque
documental ahora
aportado lo componen las
cuatro facturas que
presuntamente
permitieron a López
Madrid cobrar su parte.
Todas ellas fueron
giradas desde su
mercantil Financiera
SiaCapital SL a la
constructora Vancouver
Gestión SL, participada
por Marjaliza. En los
conceptos se recoge como
justificación de estos
pagos la “intermediación
para la consecución de
obras” en Parla,
Valdemoro y Getafe, así
como “la prestación de
servicios profesionales
y administrativos en la
consecución de
inversiones”
supuestamente ficticios.
Los pagos se repartieron
entre 2005 y 2007 con el
objetivo de difuminar el
rastro de la comisión y
dificultar su detección.
NUEVAS AMENAZAS AL
ARREPENTIDO
La declaración de hoy de
Marjaliza se produce
poco después de que el
constructor haya
recibido nuevas amenazas
por su decisión de
colaborar con la
justicia. El 19 de
diciembre, ya denunció
ante el juez que
personas del entorno de
Granados habían hecho
llegar a otro imputado,
amigo de Marjaliza,
mensajes como: “A ver
cómo callamos a este
hijo de puta que va a
meternos a todos en la
cárcel” y “habrá que
mandarle un mensajito
con su hijo, que es lo
único que le importa”.
Según fuentes jurídicas,
el constructor
denunciará hoy que las
presiones continúan pero
afirmará que seguirá
colaborando pese a ello.
En esta nueva
declaración, Marjaliza
iba a dar nuevos datos
sobre las supuestas
irregularidades en
Arpegio, la empresa
madrileña del suelo
también controlada por
Granados. Sin embargo,
el lunes la Fiscalía
Anticorrupción propuso
ampliarla a “la
adjudicación amañada de
contratos públicos desde
la Consejería de
Transportes”.
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/16/actualidad/1516129804_982890.html
EL JUEZ DEL ‘CASO
PÚNICA’ RASTREA NUEVE
AÑOS DE ‘EMAILS’ DE
GRANADOS EN BUSCA DE
NUEVOS AMAÑOS
García-Castellón envía a
la Guardia Civil a la
Comunidad de Madrid a
recabar las
comunicaciones del
exconsejero y otras
cinco personas
El juez de la Audiencia
Nacional Manuel
García-Castellón está
explotando la nueva veta
en la investigación del
caso Púnica de
corrupción abierta por
las últimas
declaraciones del
arrepentido David
Marjaliza. El magistrado
ha reclamado a la
Comunidad de Madrid que
le entregue todos los
correos electrónicos
enviados y recibidos por
el exconsejero de
Presidencia y supuesto
cabecilla de la trama
corrupta y por su mano
derecha y exjefe de
gabinete, Ignacio
Palacios, entre los años
2003 y 2011. También ha
solicitado las
comunicaciones
electrónicas, y todos
los archivos adjuntos a
ellas, de Jesús Trabada,
consejero delegado de
Mintra, la empresa
regional de
infraestructuras de
transporte, y otros tres
directivos de este ente
público ya disuelto y
desde el que se
construyeron varias
líneas del Metro de
Madrid.
Según fuentes cercanas a
la investigación, el
magistrado quiere
localizar nuevas pruebas
del supuesto amaño en la
adjudicación de tres
obras del Metro de
Madrid: las del Metro
Ligero a la localidad de
Boadilla del Monte, el
tramo 1-B del Metro
Norte y el 1-C de la
conexión entre la Línea
10 y el Metro Sur. Todas
ellas fueron adjudicadas
en 2004, cuando Granados
era consejero de
Transportes en el
Ejecutivo regional
presidido por Esperanza
Aguirre. Marjaliza
confesó que él, Granados
y el empresario Javier
López Madrid se
repartieron a partes
iguales una comisión
ilegal de 3,6 millones
de euros por aquellos
concursos.
La petición de rastrear
estas comunicaciones, no
inspeccionadas hasta
ahora, la realizó la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil después de
analizar una serie de
correos del empresario
David Marjaliza, que
actualmente colabora con
la investigación y que
en su última
comparecencia aportó
diversos documentos
sobre amaños. En esos 'emails',
los agentes han
detectado una serie de
contactos entre
Marjaliza y Palacios
que, según el
magistrado, “evidencian
la intermediación” del
jefe de gabinete de
Granados en “la
adjudicación de
contratos públicos a
favor de empresas
licitadoras vinculadas
con David Marjaliza”.
El magistrado cita
expresamente supuestos
amaños desde la
Consejería de
Transporte, a través de
Mintra, y desde la
Consejería de
Presidencia, a través de
la entidad pública
Arpegio. Esta última
empresa pública también
estuvo controlada por
Granados, desde la que
gestionó durante años el
suelo público de la
Comunidad de Madrid y el
multimillonario plan de
inversiones públicas
Prisma.
El magistrado ordenó en
el mismo auto el volcado
del contenido de los
correos de todas estas
personas investigadas.
Para que ese mandato se
cumpla de forma
efectiva,
García-Castellón dispuso
que los agentes de la
UCO fueran auxiliados en
el volcado por los
informáticos de la
Administración regional.
El juez ordenó que los
archivos fueran
entregados “en el
momento en el que se
practiquen las
actuaciones”.
Esta orden tan explícita
llega después de que el
mismo magistrado haya
tenido problemas con la
Comunidad de Madrid en
el envío de documentos
de otra causa que
investiga, el caso Lezo.
El pasado diciembre,
García-Castellón tuvo
que apremiar a la
presidenta regional,
Cristina Cifuentes, para
que, en el plazo de 10
días, le remitiera el
“expediente completo”
del acuerdo de noviembre
de 2001 por el que el
Consejo de Gobierno de
la Comunidad, presidido
entonces por Alberto
Ruiz-Gallardón, dio luz
verde a la compra de la
sociedad Inassa por
parte del Canal de
Isabel II.
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/30/actualidad/1517332011_584410.html
LA CAJA B DEL PP DE
AGUIRRE SE INVESTIGARÁ
EN UNA SOLA CAUSA
La financiación ilegal
del partido se veía en
los casos Púnica y Lezo
El juez de la Audiencia
Nacional Diego de Egea
decidió ayer unificar en
el sumario del caso
Púnica de corrupción los
datos sobre la supuesta
financiación ilegal del
PP madrileño que han
surgido en el caso Lezo,
que también se investiga
desde 2016 en el Juzgado
Central de Instrucción
número 6. De este modo,
todas las pesquisas
sobre la caja b para las
campañas electorales de
2007 y 2011, época en
que la formación
conservadora en Madrid
estuvo presidida por
Esperanza Aguirre, se
agruparán en una misma
causa.
De Egea, en funciones de
apoyo en el Juzgado
Central 6, da validez a
un informe de la Guardia
Civil en el que se le
advierte del
solapamiento de los
hallazgos de ambos
sumarios. Y, con el
informe favorable de la
Fiscalía Anticorrupción,
ha decidido acumular
todas las pesquisas
sobre la caja b en el
caso Púnica, que se
abrió con anterioridad,
a principios de 2014.
El caso Lezo tiene como
principal imputado al
expresidente madrileño
Ignacio González, en
libertad bajo fianza
desde el 8 de noviembre
tras medio año en
prisión provisional. En
la pieza número 4 de las
seis de que consta este
sumario se analizan los
mecanismos opacos del PP
madrileño para
sobrefinanciar las
campañas electorales y
engañar a la Cámara de
Cuentas regional. Según
la investigación, el
partido se sirvió del
ente público Informática
de la Comunidad de
Madrid (ICM) para pagar
las deudas que había
contraído con sus
proveedores electorales.
Los pagos se realizaron
supuestamente a través
de la empresa Indra y de
una serie de sociedades
instrumentales que
supuestamente
proporcionaban facturas
falsas por servicios
inexistentes.
La empresa pública ICM
también forma parte
central de la
investigación del caso
Púnica, que tiene como
principal investigado a
Francisco Granados,
exconsejero madrileño y
antiguo número 2 del PP
regional. En la
financiación de las
campañas electorales de
2007 y 2011 tuvieron un
papel fundamental el
gerente del partido en
aquellos años, Beltrán
Gutiérrez Moliner, el
exconsejero delegado de
ICM, José Martínez
Nicolás y el exconsejero
de Medio Ambiente Borja
Sarasola.
Otra fuente de
financiación
supuestamente irregular
fue la adjudicación a la
constructora OHL del
tren ligero de
Navalcarnero, una obra
que no llegó a
realizarse. La
acumulación de ambas
causas evitará que en el
caso Lezo se tenga que
realizar un nuevo
registro al domicilio y
al despacho profesional
del directivo de la
constructora Javier
López Madrid. Una agenda
de Francisco Granados
reveló que este entregó
supuestamente al partido
dos millones de euros
procedentes de López
Madrid.
La caja b del PP tiene
otras patas, como la
fundación Fundescam, el
cobro de mordidas a
través de contratos de
publicidad por actos de
inauguración de obras
públicas o el pago de
encuestas políticas por
parte de de la sociedad
Cofely, filial del
gigante energético
francés GDF Suez.
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/09/actualidad/1515521755_590239.html
“EL PP ME DIJO QUE TENÍA
QUE FACTURAR SUS GASTOS
ELECTORALES A 4 Ó 5
EMPRESAS”
El empresario que
confirmó la caja b del
PP de Madrid señala ante
el juez del 'caso
Púnica' a Francisco
Granados, Ignacio
González y Beltrán
Gutiérrez en la
financiación irregular
del partido
El empresario argentino
Daniel Horacio Mercado
reconoció el pasado 19
de diciembre ante el
juez instructor del caso
Púnica que su empresa de
publicidad, Over
Marketing -ya extinta-
realizó servicios para
la campaña electoral del
PP de Madrid en 2007 y
que el partido le indicó
que las facturas por
estos trabajos las
girase a “4 o 5
empresas”. Así se recoge
en los audios de dicha
declaración de más de
tres horas, en las que
señaló como implicados
en las supuestas
irregularidades al
gerente de la formación,
Beltrán Gutiérrez, y a
los dirigentes populares
Francisco Granados e
Ignacio González. Las
cuatro sociedades de
Mercado recibieron en
2006 contratos públicos
de la Comunidad de
Madrid por un importe
superior a los 5,6
millones de euros pese a
que contaba con una
plantilla de solo 30
trabajadores, según
destacó la Fiscalía
Anticorrupción durante
el interrogatorio.
Según la investigación
de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil, Mercado
es uno de los
principales
financiadores del PP de
Madrid durante la época
en que estuvo presidido
por Esperanza Aguirre.
Sus empresas –Over
Marketing, Traci
Comunicación o Link
América- recibieron
grandes contratos
publicitarios de la
Comunidad de Madrid.
Estas sociedades
acapararon
adjudicaciones para
organizar la colocación
de primeras piedras y
cortes de cinta de
grandes proyectos
públicos, actos en los
que se invertía el 1%
del presupuesto de la
obra. Posteriormente,
las empresas dieron
servicio al partido para
sus actos de campaña y
estos fueron pagados
supuestamente por
constructoras a las que
Over Marketing giraba
facturas falsas.
El empresario detalló
ante el juez que fue el
gerente del PP quien le
dio “una lista de
empresas que nos dicen
que son conocidas de
ellos” para que les
enviasen los cargos por
parte de la deuda que la
formación había
contraído con sus
sociedades por la
organización de actos
electorales.“La ley
[electoral] les marca un
límite en inversión
[publicitaria] y tienen
que hacerlo por fuera.
En este caso, facturo a
una empresa ‘pepito’ que
le dicen que lo pague y
de esta manera ellos no
pasan el límite”,
explicó Mercado. A
continuación, añadió que
"el PP nos dijo [...]
que teníamos que
facturar a estas 4 o 5
empresas”, aseguró a
preguntas de la defensa
de Granados, del que
Mercado se mostró
convencido que estaba al
tanto de las
irregularidades: “Es muy
difícil que un gerente
de un partido no tenga
el visto bueno del
secretario general”.
A preguntas del juez
Diego de Egea -que apoya
al titular Manuel García
Castellón en la
instrucción de la
causa-, el empresario
también incidió en la
misma idea: “Hablé de
ello [sobre la
facturación en b] con
Beltrán y creo que tanto
Granados con Ignacio
González conocían el
tema, sin ninguna duda".
También añadió que una
de las constructoras,
que no concretó, a la
que dirigió una de esas
facturas se la devolvió
porque no sabía a qué
servicios concretos se
refería y que tuvieron
que hablar con el PP
para que finalmente se
hicieran cargo de ella.
“Esas empresas nunca va
a pagar una factura si
no tiene el visto bueno
del Partido Popular ¿Por
qué me va a pagar a mí
una empresa 10.000 euros
si no hay un tema
interno entre la empresa
y el partido?”, señaló.
También recalcó que el
importe de esas facturas
coincidía con el coste
de sus trabajados
electorales para los
populares.
UN SISTEMA SIMILAR AL
DEL PP DE BALEARES
El empresario Mercado
también está encausado
por hechos similares en
una de las piezas
separadas del caso Palma
Arena, en la que se
investiga la supuesta
financiación irregular
del PP balear. El
empresario describió en
2012 un sistema muy
parecido al que recoge
su reciente declaración
en la Audiencia
Nacional. Entonces
también aseguró que la
formación le pagó en
dinero negro a través
del entonces tesorero y
gerente del partido,
Luis Fernando Areal, o
del consejero de
Interior balear, José
María Rodríguez. Estos
pagos, según relató
Mercado, se hacían por
orden de Jaume Matas,
presidente balear en
aquella etapa, quien le
contrató y le facilitó
decenas de
adjudicaciones públicas
de su Gobierno, todas
ellas amañadas. Los
pagos en dinero negro,
según el relato de
Mercado, se hicieron o
bien en las oficinas del
PP en Palma de Mallorca
o en una cafetería.
Mercado separó en su
declaración a la
entonces presidenta del
PP madrileño, Esperanza
Aguirre, de los manejos
económicos de las
campañas electorales.
“Yo reuniones con
Esperanza Aguirre he
tenido muchas , pero que
me dijeran que me iban a
dar adjudicaciones no lo
recuerdo. Sí es verdad
que en los temas de
creatividad ella opinaba
mucho, no se puede decir
que sea una persona que
no se involucrara, pero
conmigo nunca habló de
eso”, sostuvo el
empresario argentino.
Durante el
interrogatorio,
Anticorrupción detalló
los numerosos contratos
públicos que la
Comunidad de Madrid
adjudicó a las empresas
de Mercado desde
diferentes consejerías
como las de Sanidad y
Transportes, y
sociedades públicas. En
este punto, la
representante de la
fiscalía hizo especial
hincapié en las
adjudicaciones que
recibió de Arpegio, una
de los epicentros de la
trama de corrupción, y
de la subcontratación
que de parte de las
mismas hizo a una
empresa participada por
un familiar de Ignacio
Palacios, mano derecha
de Granados durante toda
su carrera política.
Anticorrupción mostró
sus sospechas que parte
del dinero que el
ejecutivo regional pagó
a Mercado por esos
trabajos fue
posteriormente desviado
al “patrimonio
particular” de otros
imputados. El empresario
argentino se escudó en
que no recordaba los
detalles y, como repitió
en numerosas ocasiones a
lo largo de su
declaración, se
comprometió a “recordar
nombres exactos” más
adelante.
Donde sí admitió
supuestas
irregularidades fue en
el contrato de dos
millones de euros que
sus mercantiles
recibieron del Instituto
Madrileño de Desarrollo
(IMADE) en 2006 para
realizar una campaña de
apoyo a los autónomos.
La Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF)
de la UE pidió el pasado
octubre información a la
Audiencia Nacional sobre
dichas pesquisas ya que
el mismo fue financiado
en parte con fondos de
la Unión Europea (UE).
Mercado reconoció al
juez De Egea que antes
de la adjudicación habló
con el gerente de dicho
organismo, aunque en un
primer momento aseguró
que desconocía si hubo
amaño: “No soy
consciente de si me
ayudan”. Sin embargo,
admitió que subcontrató
a otra empresa
investigada en la causa,
Swat, y que también
había hecho trabajos
electorales para el PP.
La Fiscalía destacó que
Swat había participado
precisamente en la mesa
de contratación que
adjudicó dicho concurso
a la empresa de Mercado.
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/11/actualidad/1515669768_181095.html
EL EMPRESARIO QUE
CONFESÓ LA FINANCIACIÓN
ILEGAL DEL PP DECLARA
QUE SE LE COMPENSÓ CON
EL 'IMPUESTO
PUBLICITARIO' DE AGUIRRE
El dueño de Over
Marketing, Daniel
Mercado, admitió ante el
juez de Púnica que se
les favoreció con la
adjudicación verbal y a
dedo de campañas de
publicidad a cuyo pago
venían obligadas las
concesionarias de
hospitales privatizados
El audio de su
declaración revela cómo
el empresario detalló
uno de los mecanismos
clave para camuflar
gastos electorales: "La
gerencia nos dijo que lo
teníamos que facturar a
equis empresas y esos
servicios no se los
facturamos al PP de
Madrid"
El empresario Daniel
Mercado, que hace tres
semanas confesó ante el
juez de Púnica cómo el
PP madrileño le pagó
parte de su campaña de
2007 en negro y con
facturas falsas abonadas
por constructoras,
confirmó ese día una de
las grandes sospechas de
la Fiscalía
Anticorrupción: que la
denominada cláusula del
1% estaba al servicio
del PP. Esa cláusula
funcionaba como una
especie de impuesto
publicitario aplicado
por el Gobierno de
Esperanza Aguirre y en
virtud del cual las
adjudicatarias de la
construcción y gestión
parcial de nuevos
hospitales debían
destinar el 1% del
presupuesto total a
supuestas campañas de
publicidad
institucional. En su
declaración, a la que
infoLibre ha tenido
acceso, Mercado insinuó
que Esperanza Aguirre
formaba parte de la
"plana mayor" que le
daba a los distintos
miembros del Ejecutivo
madrileño indicaciones
para favorecer a su
grupo, Over Marketing.
A preguntas de la fiscal
Carmen García Cerdá, el
empresario reconoció que
fue la Consejería de
Sanidad la que adjudicó
a Over, siempre
"verbalmente" y a dedo,
esas campañas del 1%.
¿Eran una forma de
recompensarles por no
facturarle al PP todos
los gastos electorales
del partido?, inquirió
la fiscal. "Yo creo que
sí, yo creo que sí",
respondió Mercado, quien
a lo largo del
interrogatorio reconoció
varias veces que su
grupo había sido
"beneficiado por la
Comunidad de Madrid".
Solo en el cuatrienio
2004-2008, Over
Marketing y sus tres
empresas satélite
obtuvieron contratos del
Ejecutivo madrileño por
casi 10 millones. Esa
cifra no incluye lo
facturado a las empresas
adjudicatarias de los
seis hospitales de
gestión parcial privada
que Esperanza Aguirre
lanzó al final de su
primera legislatura como
paradigma de la
excelencia en gestión
sanitaria: era la
Consejería de Sanidad la
que decidía que el
supuesto trabajo de
publicidad institucional
lo realizaría Over pero
eran las concesionarias
las que pagaban. García
Cerdá advirtió a Mercado
de que Anticorrupción
"duda de la realidad de
esos trabajos".
El relato del
empresario, que declaró
en calidad de
investigado, dibuja un
paisaje donde la
frontera entre los
intereses y los gastos
del Gobierno madrileño y
los del PP durante la
etapa de Esperanza
Aguirre resulta por
momentos indistinguible.
La expresidenta, dijo
Mercado, participó en
numerosas reuniones del
partido donde nunca se
habló de adjudicar a
Over contratos públicos
licitados o de efectuar
pagos en B pero de las
que él mismo guarda
memoria por lo
siguiente: " Lo que sí
recuerdo es que
estábamos bien vistos
para licitaciones". ¿Se
ponía encima de la mesa
que ustedes serían bien
vistos para las
adjudicaciones?,
interpuso en ese momento
la fiscal. Y Mercado
respondió así: "Claro,
sin ninguna duda".
Un ejemplo: para
ilustrar cómo parte de
los gastos electorales
se pagaban en dinero
negro , Mercado mencionó
el lema que, según su
declaración, dio la
victoria a Esperanza
Aguirre en las segundas
elecciones autonómicas
de 2003, forzadas por el
tamayazo. "Algunas cosas
las pagaban en B. Por
ejemplo, nunca supe cómo
facturamos el logotipo
de La suma de todos pero
recuerdo que hubo una
factura tonta pero creo
que algo se pagó en
efectivo". En realidad,
La suma de todos fue el
lema de la Comunidad de
Madrid entre 2004 y
2016.
En las más de tres horas
de declaración, Mercado
se escabulló una y otra
vez en dos asuntos: no
admitió de forma
explícita el amaño de
contratos netamente
públicos, los licitados
y pagados por las
distintas consejerías, y
se cuidó de disparar sin
tapujos contra Esperanza
Aguirre. En cambio, fue
muy preciso al señalar a
Francisco Granados e
Ignacio González,
entonces los dos hombres
fuertes de Aguirre y hoy
protagonistas
principales en los casos
Púnica y Lezo. En un
momento del
interrogatorio, la
fiscal le recordó que,
según él mismo, los
consejeros ni siquiera
le habrían recibido sin
la intercesión de
Granados y González. El
empresario convino en
que así era: “Sin
ninguna duda”, fue su
respuesta.
Los vínculos con el
partido y los contratos
a dedo
Como ya adelantó este
diario, Mercado también
dio detalles sobre el
papel del exgerente del
PP regional, el también
imputado Beltrán
Gutiérrez, en la
estrategia para camuflar
gastos electorales y
evitar así traspasar el
límite legal establecido
para las campañas
autonómica de 2007: "La
gerencia nos dijo que
[parte de los servicios
electorales de 2007] lo
teníamos que facturar a
equis empresas y esos
servicios no se los
facturamos al PP de
Madrid". El imputado
respondió así a
preguntas de su abogado.
Y a renglón seguido
precisó que la mayoría
de esas empresas eran
"constructoras".
Pero que el dueño del
extinto grupo
capitaneado por Over
Marketing se aferrara al
equívoco y la perífrasis
cada vez que la fiscal
dirigía sus cuestiones
hacia el campo de los
contratos públicos
amañados no le impidió
admitir un dato de
relevancia para la
investigación: que el
trato de favor que le
otorgaba la Comunidad se
tradujo también en
contrataciones directas
como las del ya
desaparecido Instituto
Madrileño de Desarrollo
(Imade). Mercado contó
cómo Aurelio García de
Sola, su máximo
responsable en aquella
época, la primera
legislatura de Aguirre,
le dio numerosas
adjudicaciones sin
concurso porque el Imade
"no tenía que llevar la
normatividad". "Si yo no
estaba vinculado al
partido ese señor nunca
me iba a contratar
directamente", apostilló
aquí el empresario.
Solo en 2006, el Imade
adjudicó a Over
Marketing, tras una
licitación formalmente
impecable, una campaña
de publicidad de dos
millones de euros. En
2010 y tras una
investigación
periodística, la
oposición madrileña
denunció que los
trabajos de publicidad
jamás se habían llevado
a cabo. La denuncia se
convirtió en papel
mojado. La supuesta
campaña publicitaria se
inscribía en un proyecto
financiado por la UE.
Ahora, y como publicó en
julio este diario, el
expediente íntegro de
aquella licitación ha
desaparecido.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/04/el_empresario_que_admitio_financiacion_ilegal_del_aguirre_confirma_que_compenso_con_contratos_publicos_73704_1012.html
LÓPEZ MADRID COBRÓ AL
MENOS 600.000 EUROS POR
DIRIGIR UN FONDO OPACO
QUE HIZO PERDER 9,3
MILLONES AL ERARIO
AUTONÓMICO MADRILEÑO
El empresario cobró
entre 2011 y 2014 por la
"dirección del fondo"
Inicap a través de
Financiera SIA Capital,
de la que es socio único
Según el arrepentido
David Marjaliza, López
Madrid utilizó
Financiera SIA para
recibir 1,2 millones de
comisiones en Púnica
Creado por el Gobierno
de Aguirre en 2006,
Inicap ya estaba desde
el inicio en manos de
Möbius, entidad gestora
en la que participaba
Financiera SIA
La gestión del ruinoso
fondo público de capital
riesgo Inicap,
constituido por el
Gobierno de Esperanza
Aguirre en 2006 y que
originó al erario
madrileño no menos de
9,3 millones en
pérdidas, reportó al
empresario Javier López
Madrid 600.000 euros en
solo cuatro años y en
plena crisis económica.
Entre 2011 y 2014,
cuando las inversiones
de Inicap ya eran un
absoluto misterio porque
había dejado de
presentar cuentas en el
Registro Mercantil,
López Madrid cobró
595.850 euros por la
"dirección del fondo".
La Comunidad de Madrid
desembolsó en Inicap
11,9 millones. Cuando
disolvió la sociedad en
agosto de 2006 solo
había recuperado 2,6
millones. Por el camino
se quedó de esa forma el
78% del dinero público
destinado a un fondo
cuyo listado completo de
inversiones no se conoce
a día de hoy.
Formalmente, quien cobró
esos 595.850 euros por
la dirección última de
Inicap fue Financiera
SIA Capital. Según el
Registro Mercantil,
López Madrid es socio
único de Financiera SIA
Capital desde 1996,
cuando su denominación
social era Stanhope SL.
Financiera SIA Capital
es la empresa que, según
el arrepentido David
Marjaliza, ya había
utilizado entre 2005 y
2007 el yerno de Juan
Miguel Villar Mir para
canalizar 1,2 millones
de comisiones ilegales
de Púnica. El jueves de
la semana pasada, el
Ejecutivo madrileño
confirmó a infoLibre que
decidió liquidar Inicap
porque la autorización
de la CNMV expiraba en
2016 a menos que, como
socio mayoritario
(66,6%) optase por
renovarla. El otro
tercio del fondo estaba
en manos de la Cámara de
Comercio de Madrid. Ese
mismo jueves, este
diario intentó contactar
con López Madrid a
través de SIA Capital y
explicó a la persona que
atendió el teléfono el
porqué de la llamada. El
empresario no la ha
devuelto aún.
Las comisiones que la
gestión final de Inicap
reportó a Financiera SIA
salieron de la empresa
Möbius Corporate, que a
su vez percibía una
cantidad anual de Inicap
como entidad gestora del
fondo de capital
madrileño desde su
inicio. Como publicó
este diario, Financiera
SIA ya participaba en
Möbius cuando esta
última desembarcó en
Inicap.
El expediente no aparece
Para Möbius, asumir la
gestión de Inicap tras
haber ganado un concurso
convocado en 2005 por el
ya extinto organismo
público Imade y cuyo
expediente sigue sin
aparecer según el
Gobierno madrileño,
implicó percibir nada
menos que 5,2 millones
de euros entre 2007 y
2015. Así lo acreditan
los propios balances
anuales de Möbius salvo
en 2007. En ese caso, la
cifra abonada por Inicap
(988.674,33 euros) a
Möbius aparece reflejada
en uno de los documentos
incautados por la
Guardia Civil a López
Madrid en su despacho y
al que ha tenido acceso
este diario. El
documento incluye los
pagos de 2008 y 2009,
que coinciden al céntimo
con los consignados en
las memorias depositadas
en el Registro Mercantil
por Möbius.
Parte de esos 5,2
millones acabó
trasvasada a SIA
Capital. Pero las
cantidades que la
financiera que López
Madrid posee en
solitario obtuvo de
Möbius exceden con mucho
la ya referida de los
595.850 euros. En total,
SIA Capital percibió por
servicios profesionales
1,76 millones de euros
entre 2007 y 2014 (no
hay datos para 2015 ni
para 2016). Y aunque
todo apunta a que el
grueso de esa cifra
tiene su origen en la
gestión de Inicap,
infoLibre solo ha
computado en esa
categoría los pagos a
Financiera SIA que
expresamente figuran
mencionados como fruto
de la "dirección del
fondo" en los balances
de Möbius: son esos los
que suman los 595.850
euros del primer
párrafo. Además,
Financiera SIA se hizo
con otros 167.347 euros
por el alquiler de la
oficina a Möbius entre
2011 y 2014. Desde 2009
y al menos hasta el
acuerdo de disolución
adoptado por Möbius en
febrero de 2017, las dos
mercantiles han
compartido sede en el
cuartel general que
López Madrid posee en el
barrio de Salamanca.
Dos semanas para
presentar ofertas... con
el 'acueducto' de
diciembre en medio
Aunque, a tenor de los
datos mercantiles de
rango oficial,
Financiera SIA solo
ostentaba una
participación del 10% en
Möbius hasta que en 2011
se hizo con el 75% y
finalmente con el 100%
en diciembre de 2014, el
mayor volumen de gasto
anual por servicios que
año tras año fue
declarando la entidad
gestora de Inicap se
corresponde con los
pagos a la empresa de
López Madrid.
El desglose anual del
flujo de dinero con
origen en Inicap y
destino final en
Financiera SIA es este:
en 2011, Möbius, que
declaró una plantilla de
452 empleados, ingresó
del fondo de capital
riesgo 806.351 euros y
pagó a Financiera SIA
281.250 euros por la
"dirección del fondo".
Al año siguiente, Inicap
transfirió 501.666 euros
a Möbius, que para
entonces tenía 3,75
asalariados y que a su
vez abonó a Financiera
SIA 159.000 euros.
En 2013, la plantilla de
Möbius ya había
descendido a 1,75
trabajadores y así se
mantuvo en lo sucesivo.
Inicap desembolsó ese
año a su entidad gestora
300.855 euros de los que
105.000 fueron para SIA
Capital. En 2014, 50.600
de los 160.000 euros que
Inicap pagó a Möbius
fueron para satisfacer
los honorarios de
Financiera SIA. En 2015,
cuando ya Möbius
pertenecía al completo a
SIA Capital, percibió de
Inicap 100.731 euros.
Sus cuentas no detallan
qué parte de esa
comisión traspasó a SIA
Capital por la dirección
del fondo madrileño.
La toma de control
oficial de Möbius por
parte de SIA Capital en
2011 coincidió con dos
hechos importantes en el
historial de Inicap. En
diciembre, la Comunidad
de Madrid puso a la
venta las
participaciones del
fondo de capital riesgo
como consecuencia de una
decisión adoptada por el
Gobierno de Esperanza
Aguirre, que en 2010
había aprobado por ley
la desaparición de un
voluminoso paquete de
organismos públicos.
Entre ellos figuraba
Inicap y el propio
Instituto Madrileño de
Desarrollo (Imade),
impulsor del fondo de
capital riesgo junto con
la Cámara de Comercio.
En plena crisis
económica, la
Administración madrileña
otorgó solo dos semanas
laborables para que los
interesados en la
adquisición de Inicap
enviaran ofertas. Y una
de esas dos semanas fue
la del acueducto de
diciembre, que encadena
dos festivos: el de la
Constitución y el de la
Inmaculada. La
convocatoria se publicó
el 2 de diciembre de
2011, viernes. Y el
plazo de presentación de
ofertas expiró el día 19
de ese mismo mes, lunes.
La subasta quedó
desierta. Inicap, no
obstante, siguió en
activo aunque dejó de
publicar cuentas. Y ese
es el segundo hecho
significativo
temporalmente vinculado
a la incorporación
formal de Möbius al
perímetro de SIA
Capital. La financiera
de López Madrid consta
de hecho a partir de ese
ejercicio como "matriz"
de la que hasta agosto
de 2016 fue entidad
gestora de Inicap.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/24/lopez_madrid_embolso_600_000_euros_cuatro_anos_por_gestionar_fondo_que_hizo_perder_erario_madrileno_menos_millones_74440_1012.html
HUNDIDOS AL TRATAR DE
SALVAR SU REPUTACIÓN
15 cargos públicos del
PP ven peligrar sus
carreras acusados de
desviar dinero para
mejorar su imagen en la
Red
La corrupción no deja de
ser corrupción por
pequeña que sea la
cantidad de dinero
público defraudada. La
senadora del PP y
exalcaldesa de Cartagena
Pilar Barreiro declara
como imputada mañana en
el Tribunal Supremo por
la supuesta malversación
de 4.840 euros del
Consistorio para mejorar
su imagen pública en
Internet. Su compañero
de partido Pedro Antonio
Sánchez renunció a la
presidencia de Murcia
tras descubrirse que
presuntamente maniobraba
para gastar 32.200 en
ocultar las numerosas
noticias negativas sobre
él en la red.
Otros 13 cargos públicos
del PP han visto como el
caso Púnica truncaba sus
carreras o amenaza con
hacerlo por
irregularidades en la
financiación de trabajos
de reputación online. En
ningún caso, excepto el
de la exconsejera
madrileña de Educación
Lucía Figar, el desvío
de fondos públicos
superaba individualmente
las cinco cifras. Siete
de ellos están imputados
o procesados. Los ocho
restantes han aparecido
en informes de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil que
desentrañan los amaños
para pagar por estos
trabajos al experto
informático Alejandro de
Pedro y a su socio, el
exalcalde socialista de
Cartagena José Antonio
Alonso.
Además de Barreiro y
Sánchez, los otros
imputados o procesados
son el expresidente de
la Diputación de León y
hoy alcalde de Cuadros
por un partido
independiente, Marcos
Martínez Barazón; el
exvicepresidente de la
Comunidad de Madrid,
Salvador Victoria; la
exconsejera de Educación
madrileña Lucía Figar;
el exconsejero de
Industria y Turismo de
Murcia, Juan Carlos
Ruiz; y el exalcalde de
Valdemoro José Carlos
Boza Lechuga. Todos
ellos han declarado ya
ante el juez.
Escuchas telefónicas
En el caso de Marcos
Barazón, la
investigación destapó
que siguió con las
prácticas de su
antecesora al frente de
la Diputación, Isabel
Carrasco, asesinada en
mayo de 2014, y mantuvo
los servicios de la
trama en los que la
fallecida supuestamente
gastó más de 86.000
euros. En su caso, la
Guardia Civil cifra el
desvío de fondos en algo
más de 10.000 euros en
los pocos meses que
estuvo en el cargo antes
de su detención, en
octubre de 2014. Las
pesquisas revelaron que
ya entonces tenía
pendiente abonar al
menos otros 6.000 euros.
Las escuchas telefónicas
revelaron su obsesión
por presentarse ante el
PP de Madrid como el
mejor relevo de su
antecesora tanto en el
organismo público como
en la dirección
provincial del partido.
Incluso gastó 5.445
euros en un consultor de
comunicación que le
preparó ante una
entrevista que iba a
conceder a un medio
local. A todo ello hizo
frente, supuestamente,
con fondos de la
Diputación.
El deseo de escalar
posiciones y ser el
candidato del PP a la
presidencia de la Región
de Murcia en 2015 llevó
también al exconsejero
Juan Carlos Ruiz a
contratar a empresas de
la Púnica. En su caso,
la sospecha se centra en
un contrato para la
promoción turística de
Murcia en el mercado
británico de 47.000
euros. Cuatro cargos de
su departamento también
están encausados.
En Madrid, son cinco los
cargos públicos
salpicados. Tres están
ya imputados: el
exvicepresidente
regional Salvador
Victoria, la exconsejera
Lucía Figar y el alcalde
de Valdemoro hasta su
detención en octubre de
2014, José Carlos Boza
Lechuga. Victoria está
acusado de conseguir que
empresas adjudicatarias
de contratos públicos
pagaran a De Pedro por
su trabajo para
minimizar los daños en
la imagen del entonces
presidente de la
Comunidad de Madrid,
Ignacio González, por
las noticias sobre su
ático en la Costa del
Sol.
Sobre Figar, la Guardia
Civil y la Fiscalía
Anticorrupción han
incorporado
recientemente al sumario
informes en los que
elevan de 81.000 a
122.000 euros la
cantidad supuestamente
desviada por ella y su
equipo. Una empleada de
De Pedro aseguró al juez
que ocultar en Internet
las noticias sobre el
cheque guardería que se
autoconcedió fue “un
hueso” al que dedicaron
muchas horas.
“Crear una reputación”
Boza Lechuga está
imputado desde su
detención al inicio de
la Operación Púnica por
irregularidades
urbanísticas y de
corrupción municipal,
pero su implicación en
los amaños para
financiar una campaña de
reputación en las redes
sociales es reciente. El
sucesor de Francisco
Granados en la alcaldía
de Valdemoro declaró el
21 de diciembre ante el
juez Manuel
García-Castellón después
de que la UCO concluyera
que iba a pagar 39.930
euros para que le
“construyeran una
reputación positiva en
Internet”. El magistrado
destacaba que la trama
posicionó “seguidores
ficticios por Facebook,
Twitter y otras redes
sociales que ofrecían
sus mensajes concertados
de alabanza”.
En Madrid también están
bajo sospecha por estas
prácticas —aunque no
están imputados— Ignacio
González y el
exconsejero de Medio
Ambiente Borja Sarasola.
Un reciente informe de
la UCO sobre los
trabajos de De Pedro con
políticos madrileños
revela que la trama
intentó mejorar la
reputación de ambos,
además de las de
Esperanza Aguirre y el
actual diputado
autonómico del PP José
Manuel Berzal cuando era
concejal del
Ayuntamiento de Madrid.
El documento implica a
González y Sarasola en
las supuestas
irregularidades que
permitieron que los
servicios para mejorar
la imagen en Internet de
todos ellos se pagaran
con fondos públicos.
En el caso de la
expresidenta madrileña,
se invirtieron 82.000
euros, según los
investigadores. Ambos ex
altos cargos del
Ejecutivo regional ya
han declarado como
“investigados no
detenidos” ante la
Guardia Civil. En el
caso de Sarasola, el
primer instructor del
caso, el juez Eloy
Velasco, le llegó a
citar para declarar como
imputado en junio de
2015, pero su elección
como diputado autonómico
aquel año hizo que el
magistrado anulase
entonces el señalamiento
ya que pasó a ser
aforado. Poco después
causó baja como
parlamentario.
Otra política madrileña
—ya retirada— que se ha
visto salpicada por los
contratos de reputación
on line ha sido Ana
Botella. En agosto de
2013, la entonces
alcaldesa de la capital
y su esposo el
expresidente José María
Aznar, se reunieron con
De Pedro en Marbella.
Tras ese encuentro, la
jefa de prensa de
Botella concertó
supuestamente con De
Pedro que el
Ayuntamiento pagaría
60.000 euros por estos
trabajos. Sin embargo,
el contrato no se llegó
a firmar ante la
dificultad de facturar
esos trabajos al
presupuesto municipal.
Hubiera sido, quizá, el
trabajo de limpieza de
imagen más difícil del
experto informático.
SEIS CARGOS BAJO
SOSPECHA EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA
Aunque hasta la fecha no
hay ningún cargo público
como imputado, en los
últimos meses la UCO ha
entregado varios
informes sobre supuestas
irregularidades en los
ayuntamientos de
Valencia, Gandía y Denia
que señalan a cinco
cargos públicos del PP.
Además, la Guardia Civil
tomó declaración en
junio de 2015 como
“investigado no
detenido” a un sexto, el
entonces alcalde de
Castellón, Alfonso
Bataller, quien poco
después dejó su acta de
concejal. El informe
sobre los tratos de su
consistorio con la trama
aún se está elaborando.
De los cinco cargos ya
señalados, dos son
aforados. Víctor Soler,
parlamentario en las
Corts valencianas y
actual concejal en
Gandía, al que los
investigadores implican
en el pago de los
trabajos de reputación
que la trama hizo para
el que fuera alcalde de
este municipio, Arturo
Torró, también señalado
y que dejó su acta. El
segundo es Miquel
Domínguez, diputado
regional elegido en las
listas del PP populares,
aunque posteriormente
pasó al Grupo Mixto. La
UCO lo relaciona con los
trabajos de la trama
para mejorar la imagen
de Rita Barberá. Él era
uno de sus ediles. La
Guardia Civil también
implica al actual
concejal Alberto Mendoza
Seguí, imputado en el
'caso Taula'. La última
es Ana María Kringe,
actual concejal en
Denia. Según la
investigación, entre
finales de 2010 y 2014
—cuando era la
alcaldesa— presuntamente
pagó con fondos públicos
33.580 euros para “dar
ostias (sic) a la
oposición” en Internet.
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/12/actualidad/1515784963_790485.html
IGNACIO GONZÁLEZ SE
DECLARA AJENO A LA
FUNDACIÓN QUE PAGÓ
CAMPAÑAS DE AGUIRRE PERO
DICE QUE SU FIRMA FIGURA
PORQUE SE LA
"RECOGERÍAN"
El expresidente
madrileño se desvincula
ante la Guardia Civil de
Fundescam, a cuyo
patronato perteneció
durante cuatro años y a
la que él mismo
subvencionó desde la
Comunidad de Madrid con
medio millón de euros
Su comparecencia en
calidad de investigado
augura una segunda e
inminente imputación
judicial, esta en
'Púnica': la clave, la
financiación del PP
madrileño
La declaración prestada
el 4 de noviembre por
Ignacio González ante la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil como investigado
en el caso Púnica ha
empeorado aún más la
situación procesal del
expresidente madrileño.
En esa comparecencia,
que augura una segunda e
inminente imputación
judicial, esta por la
-presunta- financiación
ilegal del partido a
través de vías como la
oscura fundación
Fundescam, González
intentó desligarse de
todo lo relativo al
manejo de fondos del
partido. Tanto que
entregó a los
investigadores un
documento al que ha
tenido acceso infoLibre
y donde enfatiza que
aunque era patrono de
esa fundación jamás tuvo
"participación ni
conocimiento" de su
gestión.
González lo expone así:
"Que jamás asistí a
reunión alguna del
patronato y sí que nos
recogerían, el gerente o
el responsable de su
gestión, en algún
momento la firma como
patronos para aprobación
de presupuestos,
programa, etc., imagino.
Pero nada más". Ese es
el penúltimo párrafo del
texto. El último lo
dedica a señalar a su
antigua mentora: "Y que
la presidencia de la
fundación la tuvo la
señora [Esperanza]
Aguirre como presidenta
del partido y en la
última etapa la señora
Gádor Ongil".
El resumen de los hechos
por los que la UCO tomó
declaración el 4 de
noviembre a quien
durante años fue el
delfín de Aguirre, luego
su sucesor y finalmente
el principal imputado en
la Operación Lezo tras
una década de impunidad
incluye una mención
expresa a cómo en 2007
concurrieron tres
circunstancias: que,
como vicepresidente de
la Comunidad de Madrid,
González "participó
directamente en la
convocatoria y
resolución de
subvenciones públicas
con destino a
fundaciones vinculadas
con partidos", Fundescam
entre ellas; que en las
elecciones autonómicas
de ese año ocupó el
cargo de director del
comité regional de
campaña; y que "parte de
los gastos electorales
de la campaña del año
2007 fueron sufragados a
través del desvío de
dinero público con
subvenciones otorgadas a
Fundescam, convocadas y
concedidas por el
investigado cuando
pertenecía al patronato
de la misma".
Entre los grandes
donantes de Fundescam
figura Arturo Fernández,
expresidente de la
patronal madrileña Ceim
y cuyo contrato para
gestionar el restaurante
y la cafetería de la
Asamblea de Madrid
analiza la UCO. Por esa
adjudicación se
encuentra imputada una
de las integrantes del
"comité de expertos" que
inclinó la balanza de la
adjudicación en favor de
una empresa de
Fernández. A ese comité
pertenecía la actual
presidenta regional,
Cristina Cifuentes,
quien la pasada
primavera se lanzó a
degüello contra la UCO
por pedir que se la
investigase por esos
contratos. Durante el
interrogatorio judicial
de Arturo Fernández, el
anterior instructor de
Púnica, Eloy Velasco,
preguntó al empresario
por Cifuentes y su papel
en Fundescam. La
presidenta no ha cesado
de vindicar la limpieza
de aquella adjudicación
y asegura tener la
certeza de que no será
imputada.
En 2009, una
investigación
periodística ya había
destapado cómo Fundescam
sufragó las campañas de
Esperanza Aguirre de
2003 y 2004 con fondos
aportados –un millón en
ese bienio– por
empresarios que después
de entregar sus
donaciones obtuvieron
más de 300 millones en
contratos de la
Comunidad de Madrid.
Aunque la Policía llegó
a hacer algunas
averiguaciones sobre
Fundescam en el marco
del caso Gürtel,
Anticorrupción terminó
por concluir que los
eventuales delitos
habían prescrito. Ahora,
la Fiscalía y la UCO la
investigan de nuevo en
Púnica por la
financiación de la
campaña de 2007.
González se había
incorporado al patronato
de Fundescam en febrero
de 2005. Su cese no
quedó anotado en el
Registro de Fundaciones
hasta el 3 de octubre de
2008 aunque la
inscripción dice que la
renuncia se produjo
"mediante documento
privado" el 5 de
noviembre de 2007. Entre
2005 y 2007, Fundescam
recibió de la Comunidad
de Madrid 536.000 euros
en subvenciones.
Hasta 2005 correspondía
a la Consejería de
Presidencia de Madrid y
no a Vicepresidencia
resolver la adjudicación
de las subvenciones a
fundaciones ligadas a
partidos. Pero en
diciembre de 2004, una
vez que Esperanza
Aguirre desgajó la
Consejería de
Presidencia de la
Vicepresidencia y asignó
el primero de esos dos
departamentos a
Francisco Granados,
Ignacio González retuvo
como vicepresidente las
competencias sobre
dichas subvenciones.
Para ello, dictó el 30
de noviembre de 2005 una
nueva orden marco que
remarcaba, de forma
expresa, su potestad
personal sobre ese tipo
de ayudas. "El
excelentísimo señor
vicepresidente primero y
portavoz del Gobierno
resolverá el concurso",
dice la base octava de
la citada orden, la
412/2005. A renglón
seguido, quedaron
convocadas las
subvenciones
correspondientes a ese
ejercicio.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/06/ignacio_gonzalez_declara_ajeno_fundacion_que_pago_campanas_aguirre_pero_dice_que_firma_figura_porque_recogerian_73768_1012.html
UN EMPRESARIO DECLARA
QUE EL PP DE AGUIRRE LE
PAGÓ ENCUESTAS A TRAVÉS
DE UNA FUNDACIÓN QUE
RECIBÍA DONACIONES DE
CONTRATISTAS
El dueño de una firma
especializada en sondeos
confirma ante el juez
que el gerente regional
del partido le decía si
tenía que enviarle la
factura al PP o a
Fundescam, que desde
2003 financió campañas
de Esperanza Aguirre
El investigado asegura
que mantuvo reuniones
con la entonces
presidenta de la
Comunidad y líder
regional de la formación
conservadora
El dueño de una empresa
de encuestas que
trabajaba para el PP de
Esperanza Aguirre ha
declarado este lunes
ante el juez de la
Operación Púnica que en
2011 facturó parte de
esos servicios a la
fundación Fundescam
porque así le dijo que
lo hiciera el entonces
gerente del partido,
Beltrán Gutiérrez.
Fundescam, ya extinguida
y que dependía de la
ejecutiva regional del
PP, se nutría de
subvenciones y de
donaciones de grandes
contratistas públicos de
la Comunidad de Madrid:
entre ellos, Arturo
Fernández, expresidente
de la patronal madrileña
y también investigado en
Púnica. Oficialmente, el
objeto social de
Fundescam nada tenía que
ver con la financiación
de campañas electorales,
tarea que incluso la
anterior legislación
sobre partidos ya
prohibía. Pero, en la
práctica, llevaba años
sufragando gastos
electorales la formación
conservadora en Madrid.
Solo en el bienio
2003-2004 recibió un
millón en donaciones.
El empresario Alfonso
del Corral, con quien
infoLibre no logró
contactar, ha admitido
que como propietario de
Demométrica mantuvo
reuniones con Aguirre
pero que nunca habló con
ella de dinero. Corral
ha ratificado lo que en
marzo de 2017 había
reconocido ante la UCO
(Unidad Central
Operativa de la Guardia
Civil). Pero entonces
compareció como testigo
y ahora lo ha hecho en
calidad de investigado.
Es decir, como imputado.
En 2011 Demométrica
cobró del PP madrileño
117.008 euros. Y de
Fundescam, otros 39.156
euros. Pero el verdadero
importe fue todavía
superior: una segunda
mercantil especializada
en estudios de opinión,
Hermanos Barral, asegura
que le giró a Fundescam
ese año otra factura por
45.253 euros a petición
de Demométrica. Y que,
como la que realmente
había efectuado el
trabajo era Demométrica,
le hizo llegar el dinero
mediante una segunda
factura por esa cuantía.
Un año antes, y así lo
certifican los
documentos de Hacienda
integrados en el
sumario, Demométrica ya
había cobrado 91.673
euros de esa oscura
fundación cuyo patronato
estuvo siempre dominado
por la plana mayor del
PP madrileño.
El abogado de Granados
Fuentes conocedoras del
interrogatorio subrayan
que el abogado de
Francisco Granados,
antiguo número dos del
PP madrileño y principal
investigado en Púnica,
estuvo especialmente
activo y que sacó a
colación un asunto
similar al que en Gürtel
fue motivo de una larga
polémica mientras el PP
ejerció la acusación:
que la Comunidad de
Madrid ejerce la
acusación como ente
jurídico pese a que
entre las imputaciones
alcanzan a antiguos
cargos de esa
administración y a que
en el futuro la lista
puede ampliarse.
A Granados, ahora en
libertad bajo fianza y
que ha cambiado varias
veces de letrado, le
representa ahora Javier
Vasallo. Y Vasallo es
también el letrado que
en el juicio sobre la
financiación del PP
valenciano defiende a
Álvaro Pérez, El
Bigotes. El viernes,
Pérez señaló a Francisco
Camps como quien "creó"
el sistema de pagos con
el que obligó a la trama
Gürtel a endosar
facturas del PP a
grandes contratistas de
la Generalitat. En
Púnica, Granados lleva
meses intentando que el
juez cite a Esperanza
Aguirre como
investigada.
El defensor de Granados
preguntó a Del Corral
por José de la Uz,
actual alcalde del
municipio madrileño de
Las Rozas. De la Uz
ocupaba el cargo de
secretario general
técnico de
Vicepresidencia en el
Ejecutivo madrileño a
las órdenes de Ignacio
González. Ahora
convertido en principal
protagonista de la
Operación Lezo, González
había sucedido a
Granados en 2011 como
secretario general del
PP madrileño. Y al igual
que su antecesor había
pertenecido al patronato
de Fundescam pese a lo
cual se reservó la
competencia directa del
reparto de ayudas para
fundaciones vinculadas a
partidos políticos.
Un certificado
incorporado a la causa
constata que fue De la
Uz quien el 24 de mayo
de 2012 certificó "que
los gastos efectivamente
realizados se adecuan en
su naturaleza a la
finalidad de la
subvención". Es decir, a
la finalidad de los
127.850 euros que la
Comunidad de Madrid
había concedido a
Fundescam en 2011. En
diciembre, la Cadena SER
informó de que el juez
de Púnica planeaba citar
a De la Uz como
investigado. El
magistrado Manuel García
Castellón no ha dado aún
ese paso.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/23/un_empresario_declara_que_aguirre_pago_encuestas_traves_una_fundacion_que_recibia_donaciones_contratistas_74393_1012.html
LOS TRABAJOS
REPUTACIONALES DE PÚNICA
PARA AGUIRRE: 'ES TT
PORQUE LE HAN LANZADO UN
'TUPPER' EN UN COLEGIO'
Un ejército de tuiteros
y decenas de digitales
de EICO defendieron a la
ex presidenta madrileña
en redes sociales entre
abril y septiembre de
2012
'Existen pocos espacios
propios que ayuden a
defender, no ya a
promocionar", a Aguirre
e Ignacio González,
sostenía la empresa
'púnica'
Los trabajos para
limpiar la imagen de
Aguirre costaron 81.999
euros pagados por la
Comunidad o por empresas
púnicas según la Guardia
Civil
"Continuamos con el
apoyo a Esperanza
Aguirre. Es TT
['trending topic', entre
los temas más comentados
en la red social
Twitter] ahora mismo
porque le han lanzado un
'tupper' durante la
inauguración del curso
escolar en un colegio
público". La trama
Púnica protegió también
a Esperanza Aguirre por
medio de las acciones
digitales de la empresa
Eico, propiedad de
Alejandro de Pedro y uno
de cuyos empleados
escribió en un informe
la frase que abre esta
información. Púnica
cobró por ello 81.999
euros supuestamente en
facturas falsas, presume
la Guardia Civil en su
último informe adherido
a la causa que se
investiga en la
Audiencia Nacional. Los
trabajos no fueron
diferentes a los
realizados para
Francisco Granados,
Ignacio González o Lucía
Figar, pero el apoyo era
desconocido hasta que lo
destapó el digital El
Plural hace unos días
tras acceder al informe
policial. ¿Cómo trabajó
la red en la reputación
de Aguirre, desde abril
a septiembre de 2012,
cuando se produjo su
dimisión? La oferta se
produjo el 2 de
abril,con un correo
enviado por Alejandro de
Pedro, uno de los
conseguidores de la
trama, a Borja Sarasola,
entonces viceconsejero
de la Comunidad de
Madrid.
De Pedro envía un
documento titulado
"Valoración económica.
Proyecto reputación EA y
IG". Años después,
preguntado por la
Guardia Civil, Sarasola
(ya hace unos años fuera
de la política)
aseguraba no saber "a
quienes pueden
corresponder esas
iniciales", que
coinciden con los
nombres de Esperanza
Aguirre e Ignacio
González. El trranque
del informe no deja
lugar a dudas: "Ambas
personas tienen una alta
presencia en la red
Internet, sin embargo su
identidad digital está
determinada por la
percepción negativa que
se proyecta desde medios
de comunicación online".
Por tanto, "es necesario
destacar la carencia de
una estrategia online
que considere y/o vele
tanto por neutralizar
los comentarios
negativos como por
posicionar noticias
relevantes [...] en los
principales buscadores".
Y recalca, certificando
que Aguirre y González
no tienen prácticamente
quién les defienda en
Internet: "Existen muy
pocos espacios propios
que ayuden a defender,
no ya a promocionar, la
imagen de los objetos de
estudio".3.000 euros/mes
Aguirre, 3.500 González
Qué ofrece De Pedro:
informar de la
"situación actual",
crear "identidad
digital" de ambos, "dinamización
en redes sociales" y en
"blogs temáticos",
realizar informes
mensuales y "escucha
activa", entre otras
cosas. El precio: para
Aguirre, 3.000 euros al
mes. Para González,
3.500, e incluso una
rebaja del 20% si se
contratan los dos, como
fue el caso. Lo que la
Guardia Civil desconoce
es cómo se pagaron esos
servicios, aunque se
cree que a través de
facturas falsas emitidas
por la empresa de De
Pedro contra o bien la
Comunidad de Madrid, o
bien empresas
adjudicatarias de
contratos públicos
madrileños, dinámica
frecuentemente utilizada
en Púnica.
Los interlocutores de De
Pedro en la Comunidad de
Madrid para este
particular fueron la
jefa de prensa de
Aguirre, Isabel Gallego,
hoy investigada en
Púnica, e Isabel Díez
Ayuso, entonces
colaboradora de
Esperanza Aguirre y hoy
en el equipo de
Presidencia de Cristina
Cifuentes. De Pedro
solicitó en ese momento
fondos para pagar a dos
periodistas dedicados a
difundir noticias
positivas sobre Aguirre
y González en Internet a
través del contingente
de diarios de De
Pedro.El ejécito de
tuiteros y los diarios 'zombies'
La Guardia Civil incluye
en el documento varios
informes enviados por
EICO a la Comunidad de
Madrid sacando pecho de
cómo su ejécito de
'tuiteros', diarios
digitales y opinadores
casuales conseguían
posicionar argumentos
favorables a Aguirre y
González: "Su contenido
excede de un mero
servicio de recopilación
de noticias online y
comprende acciones
proactivas para alterar
la prelación de
contenidos que aparecen
en las búsquedas web con
el objeto de mejorar la
visibilidad de las
noticias favorables y
desplazar las
desfavorables",
concluyen los agentes.Un
correo de una
colaboradora de De Pedro
evidencia, por ejemplo,
cómo se trabajó contra
el entonces candidato
socialista, Tomás Gómez:
"Gómez fue TT ayer
durante toda la mañana y
se trabajó
desprestigiando sus
declaraciones", explica
Sara Gargallo la acción,
de pura propaganda
digital. "Además, este
fin de semana se trabajó
especialmente contra el
boicot que se difundía
en la red para la
inauguración del curso
en la Autónoma en las
que se anunciaba la
presencia de Esperanza
Aguirre", señaló
también.EICO, por demás,
controlaba incluso las
cuentas oficiales de
Aguirre en la redes
sociales Flickr,
Linkedin, Slideshare,
facebook, Twitter,
Google +, Youtube, e
igualmente con González.
Apartado especial merece
lo sucedido el 23 de
mayo, cuando Aguirre
pronuncia su famosa
frase de las
'mamandurrias': "Se
tienen que acabar los
subsidios,las
subvenciones y las
mamandurrias en
general", dice.
Para defender la tesis
ante las críticas
generalizadas "mamandurias
pronto se convirtió en
TT", constatan en EICO-,
50 tuiteros generan 350
tuits, y provocan 550
retuits según los datos
que la firma pasa a la
Comunidad de Madrid.
Incluye en su informe el
"perfil" de los
"usuarios": "Abogados,
directivos, empresarios,
profesores", asegura
EICO. La cifra, no
obstante, parece cercano
a lo ridículo, teniendo
en cuenta las
millonarias audiencias
de las redes sociales.
http://www.elmundo.es/espana/2018/01/08/5a4fc3bc46163fce338b465d.html
LA TRAMA PÚNICA COBRÓ
82.000 EUROS CON
FACTURAS FALSAS PARA
MEJORAR LA IMAGEN DE
ESPERANZA AGUIRRE
Un reciente informe de
la UCO detalla la
presunta implicación de
Ignacio González y otros
ex altos cargos de la
Comunidad de Madrid en
pagos irregulares a la
trama de corrupción
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil entregó el
pasado 20 de diciembre
al juez del caso Púnica
Manuel García Castellón
un informe en el que
detalla las supuestas
irregularidades
cometidas por altos
cargos de la Comunidad
de Madrid para pagar los
trabajos de reputación
online que el experto
informático de la trama,
Alejandro de Pedro, hizo
para dirigentes del PP
madrileño, entre ellos
Esperanza Aguirre e
Ignacio González. El
documento policial
detalla que mejorar la
imagen en Internet de la
expresidenta madrileña
entre abril de 2012 y su
dimisión meses después
costó cerca de 82.000
euros que supuestamente
se abonaron mediante la
emisión de facturas
falsas por parte de las
empresas de De Pedro que
posteriormente eran
abonadas por la propia
Comunidad de Madrid o
adjudicatarias de
contratos públicos.
Los investigadores
reconocen, no obstante,
que en este momento de
la investigación “no
consta el conocimiento
que pudiera tener” de
dichos amaños la que
fuera máxima dirigente
del PP de Madrid, aunque
sí señala al que fuera
su número dos, Ignacio
González, y a un ex alto
cargo de su Ejecutivo,
Borja Sarasola. Ambos
fueron interrogados como
“investigados no
detenidos” por la
Guardia Civil el pasado
mes de diciembre.
El informe de la UCO –de
190 folios de extensión-
analiza “los trabajos
realizados por Alejandro
de Pedro y sus
sociedades a altos
cargos políticos de la
Comunidad de Madrid”,
entre ellos Aguirre,
González y Sarasola,
pero también al que
fuera concejal popular
en el Ayuntamiento de
Madrid José Manuel
Berzal. En el caso de la
expresidenta madrileña,
la Guardia Civil detalla
los numerosos documentos
intervenidos en los que
se constata los trabajos
realizados por la trama
para mejorar su imagen
en Internet en 2012,
entre ellos una carpeta
localizada en el
ordenador de una
trabajadora de De Pedro
que recogía numerosos
detalles sobre qué
consistieron los mismos.
En concreto, “diversos
informes reputacionales
relativos a esta persona
tanto de carácter
periódico, como otros
confeccionados de manera
específica para
contrarrestar opiniones
desfavorables a la
presidenta de la
Comunidad de Madrid o
viralizar mensajes
positivos concretos”.
También mensajes de
correo electrónico y
telefónicos
intercambiados entre
varios de los imputados
en los que, por ejemplo,
se constató que el
experto informático de
la trama trabajó en
septiembre de aquel año
para contrarrestar “el
boicot que se difundía
en la red” por la
entonces aún no
confirmada presencia de
Aguirre en la
inauguración de un curso
en la Universidad
Autónoma de Madrid o
hacer desaparecer una
noticia negativa sobre
su gestión aparecida en
EL PAÍS.
Entre las medidas
emprendidas por De Pedro
para mejorar la imagen
de Aguirre, los
investigadores destacan
la supuesta creación de
dos diarios digitales
‘zombis’ destinados
exclusivamente a
difundir informaciones
positivas de la entonces
presidenta con el fin de
contrarrestar los
mensajes contrarios a
ella que aparecían en
las redes sociales. Para
ello, la trama contrató
a dos periodistas con el
único fin de que dotaran
de contenido favorable
sobre la entonces
presidenta e Ignacio
Gonzñalez a dichos
medios digitales.
Según los propios
documentos internos
intervenidos al experto
informático de la
Púnica, el objetivo era
que dicha información
pareciera neutral y que
“los lectores no
perciban los diarios
como proclives al
cliente (en este caso
autoridades del Partido
Popular) de tal modo que
se le otorgue por el
lector más credibilidad
al mensaje”. Los
informes de reputación
online intervenidos en
los registros destacan
que gracias a ellos
consiguieron desplazar
la mayor parte de las
noticias negativas de
los 20 primeros lugares
de los buscadores de
Internet.
El informe concluye que
de la abundante
documentación recabada
queda demostrado que la
trama Púnica trabajó a
través de una de sus
empresas, EICO, para
mejorar la imagen de
Esperanza Aguirre y que
los tratos del Ejecutivo
madrileño para ello
fueron realizados por la
jefa de prensa de la
presidenta, Isabel
Gallego –ya imputada en
la causa- y el entonces
viceconsejero Borja
Sarasola. Todo ello por
un importe de 81.999
euros que, en ningún
caso, fueron abonados
por el PP regional.
Los investigadores creen
demostrado que una parte
fue pagada a De Pedro
mediante facturas falsas
pagadas por la propia
Comunidad de Madrid por
trabajos inexistentes de
resúmenes de noticias.
Otra, por empresas
adjudicatarias de
contratos públicos de la
Comunidad de Madrid. La
UCO destaca que los
trabajos de Aguirre se
interrumpieron tras su
dimisión en septiembre
de 2012, aunque los de
Ignacio González
continuaron hasta sobre
octubre de 2014, cuando
se produjeron las
primeras detenciones de
la Operación Púnica.
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/03/actualidad/1514976670_766967.html
LA VICECONSEJERA DE
PRESIDENCIA PIDIÓ UN
“FAVORCITO” AL
CONSEGUIDOR DE LA PÚNICA
Isabel Díaz pidió a
Alejandro de Pedro una
página web para
Esperanza Aguirre, según
un correo electrónico
incluido en el informe
de la UCO
La actual viceconsejera
de Presidencia en la
Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, pidió
por correo electrónico
al conseguidor Alejandro
de Pedro una página web
para Esperanza Aguirre.
El correo está incluido
en un informe de la UCO
que sitúa a Díaz Ayuso
como “canal de
comunicación” entre De
Pedro y la cúpula del PP
en Madrid para la
contratación fraudulenta
de servicios de
reputación pagados con
dinero público. La UCO
no concluye que la
viceconsejera estuviera
al corriente de los
métodos ilícitos de
pago.
Con el asunto
“favorcito”, Isabel Díaz
Ayuso remitió el 28 de
enero de 2011 un correo
electrónico al
conseguidor de la
Púnica, Alejandro de
Pedro, pidiéndole una
plantilla de página web
para la entonces
presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre.
En el correo, la hoy
viceconsejera Díaz
Ayuso, que entonces era
responsable de internet
en el PP regional, se
despide del conseguidor
con un familiar “¿sigues
fuera?, ¡te echamos de
menos!”, entre signos de
exclamación.
La UCO sitúa en su
informe que recoge este
correo a Isabel Díaz
Ayuso como “uno de los
canales de comunicación
entre las autoridades
del Partido Popular en
Madrid y Alejandro de
Pedro”, para la
prestación de sus
servicios.
El conseguidor de la
Púnica realizaba
trabajos de mejora de
imagen personal en redes
sociales para dirigentes
del PP como Aguirre,
Ignacio González,
Salvador Victoria, o
Borja Sarasola entre
otros. Servicios de
reputación personal,
pero que se pagaron de
forma fraudulenta y sin
contrato con dinero
público o mediante
empresas interpuestas
adjudicatarias con la
administración regional.
La UCO no dice que Díaz
Ayuso conociera el
método irregular del
pago.
http://cadenaser.com/emisora/2018/01/05/radio_madrid/1515159724_044367.html
LA UCO SEÑALA A UNA
FIRMA PUBLICITARIA COMO
TAPADERA DEL CANAL DE
ISABEL II PARA PAGAR EL
LAVADO DE IMAGEN DE
CARGOS DEL PP
Un informe desvela cómo,
meses después de
conseguir en 2012 un
contrato multimillonario
de la empresa que
presidía Ignacio
González, una compañía
especializada en la
compra de espacios
publicitarios comenzó a
abonarle facturas a
Alejandro de Pedro tras
darle "instrucciones" de
por qué concepto y con
qué importe debía
emitirlas
La Guardia Civil
concluye que el "uso
instrumental" del Canal
y del organismo dedicado
a informática "fue la
estrategia nuclear"
empleada para pagar "la
deuda por los servicios
reputacionales prestados
a altos cargos" del
Ejecutivo madrileño
Un informe de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil
recién incorporado al
sumario de la Operación
Púnica desvela cómo,
poco después de
conseguir del Canal de
Isabel II en 2012 un
contrato de 4,25
millones, una firma
especializada en la
compra de espacios
publicitarios comenzó a
abonarle facturas a
Alejandro de Pedro tras
darle "instrucciones"
exactas de por qué
concepto y con qué
importe debía emitirlas.
Fechado el 20 de
diciembre, el informe
concluye que esas
facturas podrían
responder a "servicios
no prestados"y que el
"uso instrumental" del
Canal y del organismo
dedicado a informática
en la Comunidad de
Madrid, ICM, "fue la
estrategia nuclear"
empleada para pagar "la
deuda por los servicios
reputacionales prestados
a altos cargos" del
Ejecutivo madrileño.
Hace ya tres años y tras
el estallido de la
Púnica, el hermano de
Alejandro de Pedro
confesó ante la Guardia
Civil lo siguiente: que
la "facturación
ficticia" que se estaba
pagando a las empresas
de su hermano para
saldar la deuda por el
lavado de imagen de
Ignacio González en
Internet se hacía "a
través del Canal de
Isabel II". Pero esta es
la primera vez que la
Guardia Civil identifica
la que, según su
informe, podría ser al
menos una de las grandes
tapaderas utilizadas por
la empresa pública de
aguas de Madrid para
pagar el lavado de
imagen de altos cargos
como Ignacio González,
que presidió el Canal
hasta septiembre de
2012.
Ese año, y según los
documentos oficiales de
Hacienda, la firma
señalada por la UCO
abonó a una de las
sociedades de Alejandro
de Pedro, Madiva, 55.660
euros. Un año antes, en
2011, esa misma firma
había notificado a la
Cámara de Cuentas de
Madrid la prestación de
servicios al PP
madrileño para las
elecciones autonómicas y
municipales por importe
de 956.000 euros.
infoLibre ha preferido
omitir la identidad de
esta central de medios,
que hasta el momento no
figura entre los
imputados o investigados
de la causa, tras
atender la solicitud de
su presidente, quien
sostiene que desvelar el
nombre de la empresa
podría causarle un "daño
irreparable".
El viernes, infoLibre
logró por fin contactar
con el presidente de esa
central de medios, J.L.R.,
cuya eventual
responsabilidad penal,
al igual que la de la
directora general, C.C.,
subraya la UCO. Tras
asegurar en un primer
momento que su empresa
no trabajaba en 2012
para el Canal de Isabel
II ni conocía entonces a
Alejandro de Pedro,
J.L.R. dijo luego que se
había confundido y envió
a este diario su versión
sobre las facturas
abonadas a Madiva y cuyo
contenido, sospecha la
UCO, era falso.
La versión de esa
compañía es la
siguiente: "En la
segunda mitad de 2012,
entramos en contacto con
estos señores [Alejandro
de Pedro] para que nos
ayudaran en la parte de
reputación online de una
propuesta que hicimos a
un potencial cliente. La
propuesta no tuvo éxito
y por tanto, no hubo
relación comercial o
facturación con estas
empresas sobre este
asunto. Al hilo de este
trabajo, Madiva nos hizo
una oferta de
inserciones en sus
soportes publicitarios,
oferta que aceptamos
porque era competitiva
en precio y condiciones.
Es decir, hicimos un
acuerdo de compraventa
de espacios
publicitarios, que es
nuestra actividad
habitual. Madiva nos
facturó el importe del
acuerdo (compra) en 2012
y nosotros adjudicamos
los espacios a nuestros
clientes, por lo que
pedimos a Madiva que nos
facturara lo acordado
haciendo referencia a
los anunciantes que
consumirían los
espacios. Por otra
parte, nosotros
facturamos a nuestros
clientes (venta) a
medida que se producían
los consumos de dichos
espacios durante los
ejercicios 2012, 2013 y
2014".
El texto remitido por
J.L.R. no explica uno de
los aspectos más oscuros
del asunto: que dos de
los correos electrónicos
que la UCO esgrime y
reproduce en su informe
demuestran que Alejandro
de Pedro acudió en
octubre de 2012 a esa
firma publicitaria
pidiendo instrucciones
sobre cómo facturar en
relación a su "cliente
Comunidad de Madrid".
Apenas cinco horas
después, la directora
general de la compañía,
C.C., respondió a De
Pedro indicándole el
nombre y el CIF de la
central de medios y
detallando que debía
emitir las facturas bajo
dos conceptos por
completo ajenos a la
Administración
madrileña: una campaña
para una compañía de
seguros y un acto por el
12 de octubre para el
Ministerio de Defensa.
La UCO ya ha requerido a
la central de medios
bajo sospecha todos los
soportes documentales de
su relación comercial
con las empresas de
Alejandro de Pedro, Eico
y Madiva. El informe de
la UCO sostiene esto:
"Respecto a [esa firma
de publicidad], los
pagos se tratarían de
justificar mediante la
subcontratación de
presuntas campañas de
publicidad encargadas a
Eico/Madiva, si bien se
considera a juicio
policial que dichas
campañas pudieran
responder a servicios no
prestados".
De corroborarse la tesis
de la Guardia Civil tal
como apuntan todos los
indicios reseñados en el
informe, se confirmaría
que el Gobierno de
Esperanza Aguirre e
Ignacio González utilizó
aquí un método casi
idéntico al que, según
ha confesado otro
empresario del sector de
la publicidad, Daniel
Mercado, empleó para
compensarle en 2007 por
aquellos trabajos que su
grupo, Over Marketing,
hizo para el PP
madrileño pero no llegó
a facturarle. Y ese
método consistía en
encargarle a escondidas
campañas de publicidad
sobre los nuevos
hospitales de gestión
público-privada,
campañas de cuya
existencia real duda la
Fiscalía y a cuyo pago
venían obligadas las
adjudicatarias de esos
centros sanitarios. El
pliego de condiciones de
los respectivos
concursos las obligaba a
efectuar dichos pagos en
virtud de la llamada
cláusula del 1%, una
especie de impuesto
publicitario que centra
una de las grandes
líneas de investigación
del caso Púnica. Esa
cláusula les imponía
destinar a publicidad el
1% del presupuesto total
adjudicado.
De esa forma, el dinero
no salía estrictamente
del erario madrileño
sino de los grandes
adjudicatarios de
contratos públicos de la
Comunidad. En el caso de
Alejandro de Pedro y sus
facturas por mejorar la
imagen de los altos
cargos autonómicos del
PP, los pagos también
provenían de
adjudicatarios públicos
a tenor de lo
investigado por la
Guardia Civil. El
informe de la UCO apunta
directamente a Ignacio
González como artífice
de esa fórmula en lo que
respecta a la empresa
pública de aguas: "El
investigado –sostiene la
Guardia Civil– habría
mediado supuestamente
ante organismos de la
Comunidad de Madrid para
facilitar las
adjudicaciones de
concursos en el Canal de
Isabel II de las que
también se beneficiaría
la persona de Alejandro
de Pedro". ¿Cómo? "A
través de
subcontratación de
empresas
adjudicatarias". ¿Para
qué? Para que De Pedro
cobrase aquello que la
Comunidad tenía difícil
desembolsar sin dejar
rastro y poner en alerta
a los observadores.
"Cliente", Comunidad de
Madrid; "concepto",
Ministerio de Defensa
La UCO sustenta sus
conclusiones en una
amplia batería de SMS y
correos electrónicos que
acrecientan las
sospechas de que, en
realidad, la mencionada
empresa de compra de
espacios publicitarios
se limitó a satisfacer
de manera vicaria gastos
por los trabajos de
reputación online para
los altos cargos del PP
madrileño. "Al menos
desde abril de 2012 a
agosto de 2.014 –relata
el informe– la empresa
EICO habría estado
realizado trabajos de
reputación online para
Ignacio González,
contenidos en la
multitud de informes de
actuaciones en Twitter,
informes semanales de
noticias insertadas en
redes sociales y webs
para mejorar la
reputación de Ignacio
González".
"A juicio policial
–prosigue el texto–
serían esos trabajos los
que en buena medida
habrían generado la
deuda que reclamaba
Alejandro de Pedro a la
Comunidad de Madrid,
para cuyo pago Isabel
Gallego [entonces
directora de
comunicación del
Gobierno regional] y
Salvador Victoria
[consejero de
Presidencia y sucesor de
Ignacio González al
frente del Canal de
Isabel II desde
septiembre de 2012]
tratarían de articular
varias vías de pago a
cuenta de empresas
públicas (Canal de
Isabel II, ICM) o de
adjudicatarios de
contratos públicos de la
Comunidad de Madrid (Indra,
etc.)". Esa deuda,
apostilla la UCO en ese
párrafo, "se identifica
inequívocamente con
Ignacio González a tenor
de los documentos
[incautados] y de las
llamadas intervenidas".
Entre los mensajes que
menciona el informe
figuran varios SMS
cruzados entre Alejandro
de Pedro e Isabel
Gallego. Uno de esos sms
fue enviado por
Alejandro de Pedro a la
entonces directora de
comunicación del
Gobierno madrileño el 9
de octubre de 2013. El
mensaje era este:
"Isabel, me urge
comentarte un tema de
salva de XXX, aunque sea
en morse. Preferiría
hacerlo en persona pero
se q mañana estas liada
y no quedan muchos
días". Donde este diario
ha colocado tres equis (XXX)
aparece el nombre de la
central de medios que
ahora investiga la
Guardia Civil. Es una
incógnita por qué el
conseguidor de la Púnica
había de acudir a Isabel
Gallego para tratar con
ella ningún asunto
concerniente a una
empresa adjudicataria de
un contrato
multimillonario del
Canal de Isabel II si
esa empresa no mantenía
con Alejandro de Pedro
ninguna relación
comercial en torno a la
Comunidad de Madrid.
Pero si los SMS cursados
entre De Pedro y Gallego
resultan elocuentes,
también presentan esa
cualidad los correos que
el experto en reputación
online y una de sus
subordinadas
intercambiaron con la
directora general de la
central de medios objeto
de las nuevas pesquisas.
Dos de esos emails están
fechados el 3 de octubre
de 2012. En el primero
[pincha aquí para verlo]
, Alejandro de Pedro le
cuenta a la directiva de
la firma de publicidad
lo siguiente: "Mañana me
reúno con el cliente
Comunidad de Madrid para
hablar de mi proyecto y
sus avances. El problema
que tengo es que sigo a
fecha de hoy nada
facturado y cobrado, por
lo que no puedo hacer
exactamente lo que me
piden (...) como te
digo, ni sabemos a quién
se ha de facturar ni nos
confirman cantidades ni
tampoco tengo una
previsión de cobro.
Necesito tener claro
esto para mi reunión de
mañana con el cliente
por favor, ¿me puedes
ayudar?".
Ese correo llegó a su
destino a las 14.46 del
3 de octubre. Cinco
horas y media después,
exactamente a las 18.27
horas, la directora
general de la referida
central de medios
respondió con un segundo
email [pincha aquí para
verlo] . Y lo hizo para
decirle varias cosas. La
primera, el nombre de la
compañía para que
emitiera a su nombre las
facturas. Y justo
después le dio
instrucciones de por qué
concepto y cuantía debía
confeccionarlas:
"Septiembre: Campaña
Generali, 10.500 euros
más IVA". "Octubre (aquí
deben ser dos facturas):
Campaña Generali, 6.525
euros más IVA). Mº
Defensa Día de la
Hispanidad, 3.975 más
IVA".
"Llama la atención
–recalca la UCO– que sea
la directora general [de
la central de medios]
quien le tenga que
indicar qué conceptos y
cantidades facturar
cuando ambos conceptos
en una relación
comercial ordinarias
deberían ser conocidos
por el proveedor de
servicios".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/29/la_uco_descubre_tapadera_del_canal_isabel_para_pagar_lavado_imagen_altos_cargos_del_aguirre_73748_1012.html
UNA ALCALDESA DEL PP
PAGÓ CON DINERO PÚBLICO
“DAR HOSTIAS A LA
OPOSICIÓN” EN INTERNET
Un reciente informe de
la UCO cifra en cerca de
35.000 euros el supuesto
desvío de fondos del
Ayuntamiento de Denia
(Alicante) a la trama
Púnica para mejorar la
imagen de Ana María
Kringe
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ha
entregado al juez
instructor del 'caso
Púnica', Manuel García
Castellón, un informe
sobre las andanzas de la
trama en el Ayuntamiento
de Denia (Alicante)
entre finales de 2010 y
2014, cuando el PP
gobernaba este
municipio. El documento
policial concluye que la
entonces regidora, la
popular Ana María Kringe,
presuntamente pagó con
fondos públicos a dos
empresas del experto
informático Alejandro de
Pedro 33.580 euros para
mejorar su imagen en las
redes sociales y "dar
ostias (sic) a la
oposición", según se
recoge en mensajes
intercambiados por ambos
que constan en el
sumario. Los agentes
concluyen que Kringe -en
la oposición desde las
elecciones municipales
de 2015- sería
responsable de un
supuesto delito de
malversación.
El informe -fechado el
pasado 19 de diciembre-
señala que De Pedro
comenzó a trabajar en la
reputación 'online' de
la hoy exalcaldesa de
Denia a finales de 2010,
y que tres años más
tarde creó para ella un
diario digital zombi,
'Ahora Denia', con el
único fin de difundir
"contenidos favorables"
para Kringe. Los agentes
consideran que estos
servicios fueron
facturados por el
experto informático a
través de sus dos
empresas, Madiva
Editorial S.L. y Eico
Online Reputación
Management. Los
conceptos que utilizó
para ello fueron la
supuesta inserción de 'banners'
publicitarios en medios
de la trama, trabajos de
"posicionamiento
'online' de contenidos"
y "estrategia de
comunicación" para las
distintas concejalías.
Así, en 2011, la trama
recibió del Ayuntamiento
de Denia 11.800 euros;
4.840 euros al año
siguiente; 12.705 en
2013 y 4.235 en 2014,
cuando se produjeron las
primeras detenciones de
la Operación Púnica.
La UCO destaca que de
los mensajes
intercambiados entre la
alcaldesa, su jefe de
Gabinete, Claudio J.
Reig -al que el informe
también acusa de la
presunta comisión del
delito de malversación-
y De Pedro confirman que
el diario 'Ahora Denia'
era controlado por la
alcaldesa y su equipo, y
que fue ella quien
eligió a una periodista
de su máxima confianza
para trabajar en él y
que generara el
contenido del mismo,
siempre positivo para
ella. "La línea
editorial" de este medio
era "dar ostias (sic) a
la oposición", según
destacaba Kringe en el
cruce de mensajes que
intercambio en marzo de
2014 con De Pedro.
La Guardia Civil
interrogó como testigo
en junio de 2015 a la ya
en aquel momento
exalcaldesa por dicho
mensaje y está reconoció
su existencia, aunque
aseguró que "una cosa es
lo que puso en el
mensaje y otra lo que en
realidad fue [la función
del diario], que fue
reproducir las notas de
prensa del
ayuntamiento". Kringe
también aseguró que
dicha expresión no
implicaba que el medio
creado por De Pedro se
dedicara hacer trabajos
de reputación para el PP
o para ella.
La investigación ha
revelado que estos
trabajos de mejora de
imagen fueron
presuntamente abonados
de manera irregular
mediante dos mecanismos.
En primer lugar, con
campañas publicitarias
para el Ayuntamiento
que, en realidad, eran
"una mera herramienta
instrumental para
justificar formalmente
la emisión de facturas
[por parte de las
empresas de De Pedro] en
connivencia con
determinados cargos de
confianza del
Ayuntamiento". Entre
estos, el informe cita
al jefe de gabinete de
la alcaldesa, que era la
persona que "recibía los
informes sobre
reputación 'online' de
Ana Kringe" y el
interlocutor de
Alejandro de Pedro para
el pago de sus
servicios".
Las pesquisas concluyen
que las campañas de
publicidad no existieron
nunca y que se generaron
falsos 'banners' para
justificar los pagos.
También han revelado que
como segundo mecanismo
para pagar estos
servicios con dineros
públicos se utilizó la
facturación ficticia de
una tercera empresa para
camuflar en 2011 el pago
de otros 3.540 euros a
la trama. El informe de
la Guardia Civil destaca
que esta última
mercantil ya fue
empleada por la red de
corrupción para cobrar
de la Consejería de
Educación de la
Comunidad de Madrid por
trabajos similares para
la imputada Lucía Figar.
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/08/actualidad/1515419221_931340.html
BARREIRO PIDE AL SUPREMO
QUE ARCHIVE LAS
DILIGENCIAS ABIERTAS EN
CASO PÚNICA
La senadora del PP y
exalcaldesa de Cartagena
Pilar Barreiro ha pedido
hoy a la magistrada del
Tribunal Supremo (TS)
que la investiga en una
pieza separada del caso
Púnica por los presuntos
delitos de prevaricación
y malversación, entre
otros, que archive las
actuaciones contra ella.
En un escrito al que ha
tenido acceso Efe, los
letrados José Pardo
Geijo y Raúl Pardo-Geijo
Ruiz señalan que las
diligencias practicadas,
entre ellas, la
declaración de Barreiro,
han desvirtuado los
indicios que aconsejaron
abrir la investigación
en torno a los contactos
mantenidos con Alejandro
de Pedro, investigado en
el caso, para la mejora
de su imagen cuando era
alcaldesa.
Según los letrados, esa
falta de indicios se
deriva también de las
declaraciones de dos de
sus entonces directos
colaboradores: sus
directores de gabinete,
Francisco de Asís
Ferreño, y de relaciones
externas, María del Mar
Conesa.
Al pedir el archivo,
apelan a los derechos
constitucionales de
presunción de inocencia,
tutela judicial efectiva
e interdicción de la
arbitrariedad de los
poderes públicos.
Indican igualmente que
el análisis de los
medios de comunicación
que publicaron noticias
sobre Barreiro cuando
era regidora revela que
unas eran positivas,
otras neutras y otras
negativas.
Y añaden que "llama
poderosamente la
atención que no aparezca
ninguna positiva del
medio que supuestamente
de forma encubierta
utilizaba para
granjearse una buena
reputación".
Comentan que "con su
investigación paralela
en varios lugares", la
Unidad Central Operativa
de la Guardia Civil se
ha "contaminado" en
cuanto a los hechos que
se le atribuyen en el
caso de su defendida por
las otras pesquisas
simultáneas de los
agentes.
Esto ha funcionado como
"correa de transmisión,
ya que al extrapolar sus
investigaciones a esta
ha conseguido un 'totum
revolutum', ilógico en
los hechos investigados
a Barreiro".
Por otra parte, el
escrito expone que han
recibido la notificación
de que el Ayuntamiento
de Cartagena se ha
personado como acusación
particular, lo que
atribuye a un intento
del PSOE, hoy al frente
de la alcaldía, "de ir
en contra no ya de la
exalcaldesa, sino de
otras autoridades y
funcionarios" locales.
Finalmente, indican que
si se quiere comprobar
si era el PP el que
sufragaría el coste de
la campaña de imagen,
como ha declarado
Barreiro, sería fácil,
pues bastaría con llamar
a declarar al que fue
máximo dirigente del
partido en Cartagena y
presidente de la
Asamblea Regional de
Murcia, Francisco
Celdrán.
Se da la circunstancia
de que hoy mismo se ha
dado a conocer la
citación judicial de
Celdrán como testigo el
próximo 5 de febrero
ante el TS.
http://cadenaser.com/emisora/2018/01/29/radio_murcia/1517247486_664500.html
EL EXPRESIDENTE DEL PP
DE CARTAGENA, CITADO
COMO TESTIGO EN EL
SUPREMO POR LA RAMA
MURCIANA DE LA TRAMA
PÚNICA
La instructora Ana
Ferrer ha decidido
llamar para testificar
el próximo 5 de febrero
a Francisco Celdrán,
expresidente del PP de
Cartagena y de la
Asamblea Regional de
Murcia, para dar
explicaciones sobre los
contratos investigados
La magistrada del
Tribunal Supremo que
investiga la rama
murciana de la trama
Púnica ha llamado a
declarar como testigo,
para el próximo lunes 5
de febrero, a Francisco
Celdrán, expresidente
del Partido Popular en
Cartagena y presidente
también, durante dos
décadas, de la Asamblea
Regional de Murcia.
La jueza Ana Ferrer toma
esta decisión después de
haber escuchado las
explicaciones de la
senadora y exalcaldesa
de Cartagena, Pilar
Barreiro, que entre
otras cosas aseguró que
varios de los trabajos
de reputación que el
empresario Alejandro de
Pedro iba a hacer para
ella iban a ser pagados
por la formación
conservadora que
entonces presidía
Celdrán en la localidad.
El objetivo de la
magistrada, por tanto,
es saber si es cierto
que los trabajos
reputacionales para
mejorar la imagen de la
senadora 'popular' iban
a ser pagados por el PP
o si, tal y como
sospechan los
investigadores desde el
principio, el objetivo
era que esos pagos
saliesen de las arcas
públicas del gobierno
regional murciano.
Pilar Barreiro declaró
como imputada en el
Tribunal Supremo el
pasado 15 de enero, y
según explicó su abogado
a la salida del alto
tribunal, no negó que
parte de estos trabajos
se pagasen con fondos
públicos del
Ayuntamiento de
Cartagena pero sí
explicó que la campaña
de turismo bajo la que
se pagó a Alejandro de
Pedro "se hizo y se
pagó".
http://cadenaser.com/ser/2018/01/29/tribunales/1517228366_344144.html
BARREIRO RECONOCE SUS
TRATOS CON PÚNICA PERO
NIEGA EL DESVÍO DE
FONDOS PÚBLICOS
La senadora del PP Pilar
Barreiro ha reconocido
este lunes ante la juez
del Tribunal Supremo Ana
Ferrer que mantuvo
contactos con el experto
informático de la trama
Púnica Alejandro de
Pedro, para que
mejoraran su imagen en
Internet. Sin embargo,
negó en todo momento que
dichos trabajos –que
aseguró que no se habían
llegado a realizar-
fueran a ser pagados con
fondos públicos, sino
que los mismos iban a
ser cubiertos por su
partido. El abogado de
la senadora, José Pardo,
ha anunciado a la salida
de la declaración que en
los próximos días
presentará un escrito
para pedir el archivo de
la causa.
El alto tribunal decidió
abrir una causa contra
Barreiro en octubre
pasado por los delitos
de fraude, malversación
de caudales públicos,
cohecho, prevaricación
continuada y revelación
de información
reservada. El alto
tribunal decidió
investigar a la
exalcaldesa de Cartagena
asumiendo los argumentos
de la exposición
razonada que envió en
mayo pasado el juez Eloy
Velasco, que hasta junio
estaba al frente del
caso Púnica en la
Audiencia Nacional.
Velasco no podía
investigar a Barreiro
debido a la condición de
aforada de la actual
senadora y que cuando se
produjeron las primeras
detenciones en octubre
de 2014 era diputada.
Velasco pidió al Supremo
que lo hiciera al
considerar que la
exalcaldesa de Cartagena
había contratado con
dinero público a uno de
los principales
implicados en la Púnica,
Alejandro de Pedro, para
que mejorara en las
redes sociales su
reputación, que estaba
muy deteriorada después
de verse presuntamente
vinculada al supuesto
caso de corrupción Nova
Carthago. Por esta causa
también tuvo que
declarar ante el
Supremo, pero entonces
el alto tribunal cerró
la causa.
En su declaración de
este lunes, Barreiro ha
desligado el pago de
4.840 euros a las
empresas de De Pedro por
parte del Ayuntamiento
de Cartagena de los
trabajos de reputación
online. Según su
versión, se abonó dicha
cantidad por la
inclusión de banners de
pbulicidad de dos
exposiciones que
patrocinaba el
Consistorio. Su abogado
ha asegurado a la salida
que “se contrató una
publicidad, se hizo y se
pagó. Y luego se
contrató una reputación
que no llegó a
terminarse y que iba a
pagar el partido”, ha
añadido, antes de
insistir que “no hay
delito alguno” en la
actuación de su cliente.
A Barreiro se le
atribuye su supuesta
participación en dos
acuerdos para defraudar
fondos públicos: uno, en
el Ayuntamiento de
Cartagena y otro para
defraudar a la
Consejería de Educación
de Murcia, que en aquel
momento encabeza el que
luego sería presidente
de la Región de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez.
Respecto al primero, la
investigación recoge
indicios de que Barreiro
asistió a reuniones
donde, “con abuso de su
cargo al frente de la
gestión del Ayuntamiento
de Cartagena”, puso en
marcha un “plan
defraudador” basado en
crear cuentas de redes
sociales y un diario
digital a su servicio
que costearía el
Consistorio.
Entre los indicios
contra ella destacan
cuatro facturas que
Fiscalía Anticorrupción
tilda de falsas y que
supuestamente fueron
manipuladas por la
entonces alcaldesa de
Cartagena y sus
colaboradores para
justificar la
utilización de 4.840
euros de dinero de las
arcas municipales para
sufragar las actividades
del experto informático
de la trama. El desvío
supuestamente se camufló
con un contrato para
incluir banners de
publicidad en la red de
periódicos digitales de
De Pedro para
promocionar las "Fiestas
de cartagineses y
romanos" y la exposición
sobre el "Tesoro de la
Mercedes". La
documentación que
remitió el Ayuntamiento
fue calificada por la
fiscalía en sus escritos
de "escueta" ya que se
redujo a las cuatro
facturas (tres de ellas
de 968 euros y la última
de 1.936 euros),
distintos impresos de
"propuestas de gastos",
anotaciones contables
electrónicas y capturas
de pantalla de las
inserciones
publicitarias. No
apareció ningún
contrato.
En este punto, Fiscalía
destacaba las supuestas
irregularidades
detectadas en estas
facturas y, sobre todo,
en la fecha que plasman
los sellos de registro
de entrada de dichos
documentos en el
Ayuntamiento. El primero
es del 28 de octubre de
2014, solo un día
después de que la
Guardia Civil detuviera
en la primera fase de la
Operación Púnica al
experto informático de
la trama y a su socio,
el exalcalde socialista
José Antonio Alonso
Conesa, estrechamente
relacionado con la
propia Pilar Barreiro.
Los otros sellos son del
12 de diciembre de ese
mismo año y del 27 de
enero de 2015. Para
Anticorrupción, este
detalle evidencia que
fueron registradas en el
Consistorio cuando este
ya había efectuado el
pago. De todo ello, la
Fiscalía hace
responsable directa a la
propia Barreiro, a la
que considera máximo
responsable de dar el
visto bueno al pago.
Sobre el acuerdo para
defraudar a la
Consejería de Educación,
el juez describía
indicios de que la
aforada participó en un
plan para que el
Gobierno regional pagase
a De Pedro por otro
trabajo más completo de
reputación on line a
favor de ella y del
entonces presidente
murciano, Pedro Antonio
Sánchez, ya procesado en
el Tribunal Superior de
Justicia de Murcia por
estos hechos. En el
sumario consta la
declaración de un
trabajador de De Pedro
que reconoce a Barreiro
como la persona que
junto a Sánchez se
reunió con el experto
informático de la trama
22 de septiembre de 2014
en el Hotel Las Artes
para concretar los
trabajos para ambos
cargos públicos del PP.
En el ordenador de este
mismo trabajador
aparecieron durante los
registros dos documentos
relacionados con la
senadora. Uno recogía
los resultados obtenidos
en las distintas redes
sociales con los
términos de búsqueda
"Pilar Barreiro Álvarez"
y "Alcaldesa de
Cartagena". El segundo
era una propuesta para
realizar trabajos de
reputaciòn 'online' a la
política. En el mismo se
concretaba que los
mismos consistirían en
"la creación de soportes
y contenidos para la
consolidación de una
imagen positiva" de la
dirigente 'popular',
entonces a punto de
encabezar la lista de su
partido en las
elecciones municipales
de 2015.
Bajo sospecha desde mayo
de 2015
En mayo de 2015, cuando
se levantó por primera
vez el secreto de
sumario de los primeros
tomos del sumario, salió
a la luz que tres
trabajadoras de De
Pedro, habían citado a
Barreiro en sus
declaraciones como uno
de los cargos públicos
para los que
supuestamente habían
hecho trabajos para
mejorar su imagen en
Internet en 2014. Una de
estas empleadas admitió,
de hecho, que estaba a
punto de iniciar el
trabajo para ella cuando
la redada que acabó con
su jefe en la cárcel lo
impidió. Un tercer
testigo, en este caso la
secretaria de una
empresa de Murcia a la
que acudía a trabajar
Alonso Conesa fue
interrogada por la
relación existente entre
la hoy senadora y éste
último. El motivo fue el
hallazgo en un bolsillo
de la chaqueta que
vestía Alonso Conesa
cuando fue detenido de
una tarjeta para el pago
de peajes expedida por
el Congreso para que lo
utilizara la entonces
diputada en sus
desplazamientos. El
magistrado tildó esta
circunstancia como "una
cosa tan irregular".
En agosto de 2015, y
cuando la ahora senadora
ya había perdido las
elecciones a la alcaldía
de Cartagena, el juez
Velasco levantó el
secreto de sumario sobre
otra parte importante
del sumario y se
conocieron nuevos datos
sobre los supuestos
tratos de Barreiro con
la trama. En concreto,
dos llamadas de teléfono
y una cita con el 'gurú'
informático de la trama
que apuntaban a que los
mismos fueron a
iniciativa de la hoy
senadora. Aquellas dos
conversaciones
telefónicas se
produjeron el 23 de
julio de 2014 con pocos
minutos de diferencia.
La primera, a las 13:38.
La segunda, sólo cuatro
minutos después. En las
dos, la entonces
regidora de Cartagena le
reclamaba a De Pedro un
encuentro cuando pasase
por la ciudad murciana
dos días después.
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/15/actualidad/1516004890_318198.html
EL ALCALDE DE
ALMENDRALEJO RECONOCE
QUE PASÓ LOS PLIEGOS DE
UN CONCURSO PÚBLICO A
COFELY
José García Lobato,
alcalde popular
investigado por la
adjudicación de un
contrato municipal de
20,2 millones de euros,
ha declarado que "veía
normal que la empresa y
el ayuntamiento se
pasaran los pliegos y
las mejoras".
El alcalde popular de
Almendralejo (Badajoz)
investigado en la trama
Púnica por la presunta
adjudicación irregular
de un contrato de obra
pública de 20,2 millones
a la empresa Cofely, ha
declarado este martes
ante el juez de la
Audiencia Nacional,
Manuel García-Castellón.
Aunque ha negado
rotundamente que la
empresa le ofreciera una
"mordida" por quedarse
con dicho contrato
millonario, los nervios
le han fallado ante las
preguntas de la
Fiscalía, y ha admitido
que pasó los pliegos del
concurso a Pedro García,
trabajador de la
compañía Cofely, según
fuentes legales.
El concurso de obra
pública no llegó a
formalizarse, pero la
Audiencia Nacional
investiga al alcalde por
el proceso de
licitación, durante el
que habría incurrido,
presuntamente, en
irregularidades para que
la empresa investigada
en Púnica, Cofely, se
hiciera finalmente con
el contrato.
En este sentido, Lobato
ha reconocido que Cofely
conocía el pliego y que
no le extrañaba que su
ayuntamiento y la
compañía se pasaran los
pliegos y las mejoras
del concurso cuando
habían manifestado su
intención de presentarse
al concurso.
José García Lobato está
investigado por los
presuntos delitos de
cohecho, fraude,
revelación de secretos y
tráfico de influencias
por su actuación en el
concurso para la
adjudicación. Además de
él, están también
investigados los otros
miembros de su
corporación municipal
Luis Alfonso Merino y
Carlos González.
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180123/alcalde-almendralejo-reconoce-pliegos-concurso-publico-cofely/279472515_0.html
LA LARGA MANO DE
FLORENTINO: "AGUIRRE
ECHÓ A GRANADOS PORQUE
NO LE DABA OBRAS"
El empresario Marjaliza
declara que Granados
contó en una cena que
Florentino Pérez había
presionado a Aguirre
para que le quitara de
la Consejería de
Transportes porque no le
daba contratos
El empresario David
Marjaliza, uno de los
principales imputados en
el caso Púnica, ha
seguido este miércoles
tirando de la manta y
aportando detalles y
pruebas documentales de
supuestas obras amañadas
a favor de la trama.
Concretamente de tres
contratos de Metro
licitados por la
Consejería de
Transportes cuando su
titular era Francisco
Granados, también
imputado. Marjaliza ha
dado detalles de una
cena en la que Granados
relató cómo Esperanza
Aguirre le quitó en el
año 2005 sus
atribuciones en esa
consejería tras las
quejas del todopoderoso
Florentino Pérez.
Según el relato de
Marjaliza, Granados se
vanagloriaba de haber
introducido en las
licitaciones de su
consejería a empresas
medianas del sector, lo
que había provocado las
quejas de Florentino
Pérez (máximo
responsable de ACS y
Dragados) a la entonces
presidenta regional y
jefa de filas de
Granados. Precisamente
tres de esas obras, el
Metro Ligero a Boadilla
del Monte, el tramo 1-B
del Metro Norte y el
tramo 1-C de la conexión
entre la línea 10 y el
Metro Sur, se los llevó
una de esas empresas
"medianas", Obrum
Urbanismo y
Construcciones SL, en la
que el propio Marjaliza
tenía una pequeña
participación. Granados
solo estuvo un año al
frente de Transportes.
Marjaliza también ha
explicado que él,
Granados y el empresario
Javier López Madrid
(también imputado en la
causa) se llevaron 3,6
millones en comisiones
por lograr la
adjudicación de esos
tres contratos a Obrum.
El empresario ha
aportado a la Audiencia
Nacional una especie de
contabilidad interna que
detallaría que Granados
cobró 1,2 millones de
euros, dinero que
Marjaliza le pagó en
metálico y en sobres.
Granados aparece bajo la
denominación F1, en
referencia a 'Futuro 1',
el seudónimo que
Marjaliza utilizaba para
referirse a Granados.
Marjaliza también ha
aportado más información
sobre las facturas que
entregó este martes al
juzgado. Son facturas
que demostrarían cómo él
mismo y López Madrid
cobraron sus respectivas
comisiones por esas
obras de Metro.
Marjaliza lo hizo con
seis facturas que una de
sus sociedades, Aruba
Gestión SL, giró a Obrum
por supuestos trabajos
de asesoramiento y
gestión. Marjaliza pagó
a López Madrid de una
forma similar. Una
mercantil de este
último, Financiera
SiaCapital SL, pasó
cuatro facturas a una de
las constructoras de
Marjaliza, Vancouver
Gestión SL, por unos
presuntos trabajos de
"intermediación para la
consecución de obras" en
algunos municipios del
sur de Madrid, como
Parla, Valdemoro y
Getafe.
Durante su declaración,
Marjaliza también
detalló el papel de
López Madrid en todo
este proceso. Según ha
explicado, el empresario
"vació" una sociedad de
su propiedad (Asfaltos y
Construcción Elsan) y se
la vendió a bajo precio
a Marjaliza y Granados
para que la pudiesen
utilizar para amañar el
contrato de las obras de
Metro. Por esta 'ayuda',
López Madrid reclamó
luego su parte.
Marjaliza ha dejado
claro que tiene
documentación de toda
esta operación y que
también la aportará al
juzgado.
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-01-17/la-larga-mano-de-florentino-aguirre-echo-a-granados-porque-no-le-daba-obras-a-el_1507688/
LA CONFESIÓN DEL
EMPRESARIO QUE ADMITIÓ
LA FINANCIACIÓN ILEGAL
DEL PP PONE A AGUIRRE EN
EL DISPARADERO
La Fiscalía
interrogó al dueño de
Over Marketing sobre el
grado de conocimiento
que Aguirre tenía sobre
el sistema instituido en
2007 para abonar parte
de los trabajos
electorales Entre las
prácticas irregulares
del PP de Madrid estaba
el pago en dinero negro
y con facturas falsas
aceptadas por
constructoras afines El
investigado reiteró que
la entonces presidenta
madrileña no abordaba
los asuntos de dinero
pero subrayó su intensa
participación en el
diseño y preparación de
los actos de campaña
La confesión de Daniel
Mercado, que el martes
admitió ante el juez
haber participado en el
engranaje instituido por
el PP para pagar parte
de los trabajos
electorales con dinero
negro o mediante
facturas falsas emitidas
contra empresas
constructoras afines, ha
colocado en el
disparadero a Esperanza
Aguirre.
Por el momento,
Anticorrupción no prevé
pedir la citación de la
expresidenta madrileña
como investigada en la
Operación Púnica. Pero
las fuentes del caso
consultadas por
infoLibre convienen en
que la declaración de
Mercado, dueño del ya
desaparecido grupo de
publicidad y eventos
políticos Over
Marketing, complica sin
duda su posición.
Durante el
interrogatorio, Mercado
fue muy preciso en
cuanto a quién le daba
las instrucciones de a
qué empresas debía
enviar aquellas facturas
que el PP no quería
abonar por los cauces
legales porque ello
habría implicado
reconocer que estaba
gastando en la campaña
para las municipales y
autonómicas de 2007 más
de lo permitido
legalmente. Y, según sus
palabras, quien
transmitía a Over
Marketing esas
indicaciones era Beltrán
Gutiérrez, entonces
gerente del PP
madrileño. La versión
del empresario afianza
la tesis de que las
anotaciones del pendrive
incautado al gerente de
Aguirre y las de la
agenda localizada en
casa de Granados
reflejan pagos reales
efectuados por empresas
en beneficio del PP. Y
explica el porqué de la
insignificante
facturación al PP
declarada por Over y sus
tres empresas satélite
en 2007 pese a que solo
en Madrid asesoró a una
docena de candidatos
municipales.
En un momento de la
declaración, el
publicista dijo tener la
certeza de que el
gerente del PP madrileño
en ningún caso actuaba
por su cuenta. Y que
difícilmente la
operativa que seguía el
partido podía ser ajena
al secretario general
del partido, Francisco
Granados.
Fuentes conocedoras de
lo sucedido relatan cómo
la fiscal de Púnica
presente en el
interrogatorio a
Mercado, Carmen García
Cerdá, preguntó en
distintas ocasiones al
empresario y utilizando
perífrasis si el
conocimiento de las
técnicas empleadas para
ocultar gastos
electorales llegaba más
arriba. El investigado
reiteró que la entonces
presidenta de Madrid
nunca abordaba los
asuntos de dinero pero
subrayó su intensa
participación en el
diseño y preparación de
los actos de campaña.
De hecho, mencionó que
había celebrado muchas
reuniones con Aguirre,
que intervenía
directamente –eso dijo–
en la definición de la
estrategia de campaña y
que estaba al tanto de
los actos programados. A
raíz de ese retrato de
situación, ua fuente
vinculada al caso se
formula la siguiente
pregunta: "¿Es posible
que Aguirre supiera qué
cosas se hacían en la
campaña y no supiera que
todo eso había que
pagarlo?" En ese
interrogante radica una
de las claves por las
que la declaración de
Mercado ensombrece el
panorama para quien
durante una década
dirigió el PP de Madrid
y el Gobierno de la
Comunidad con mano de
hierro.
Los interlocutores de
Mercado
Según Mercado, sus
interlocutores en esas
reuniones eran la propia
Aguirre, Francisco
Granados, Ignacio
González, Isabel Gallego
–exdirectora de
comunicación de la
Comunidad de Madrid e
investigada en Púnica–
y, en varias ocasiones,
Alberto López Viejo
porque –adujo el
empresario– era quien
llevaba las campañas de
la presidenta.
Ahora en espera de
sentencia tras el primer
juicio de la serie
Gürtel, López Viejo
había sido señalado por
el propio Daniel Mercado
durante su declaración
en el primer caso de
corrupción en que se vio
envuelto, el Palma
Arena, como quien
amañaba los contratos de
que se beneficiaba Over
Marketing. El acta de la
declaración prestada en
octubre de 2012 refleja
sus palabras exactas:
"Era López Viejo el que
asignaba cada negociado
sin publicidad [fórmula
en la que se adjudica un
contrato por selección
entre las empresas
previamente invitadas] y
le decía al órgano
contratante que lo
amañara como creyera
conveniente".
Mercado"nunca acudió a
Esperanza Aguirre a
exponer la situación
porque le constaba que
Alberto era una persona
muy valorada y querida
por Esperanza".
Pero en cuanto a los
contratos públicos –Over
y sus tres compañías
satélite obtuvieron 10
millones solo del
Gobierno de Aguirre en
sus cuatro primeros años
de gobierno–, Mercado
concedió que recibía un
buen trato y que tanto
Francisco Granados como
Ignacio González le
allanaban el camino
diciéndole con quiénes
debían hablar en cada
consejería. Pero se
mostró este martes mucho
más correoso que ante el
juez instructor del
Palma Arena, el ahora
recién jubilado José
Castro. Fue ese caso el
que destapó la fórmula
de que se valía el
expresident del
Ejecutivo balear y
durante años líder del
PP en el archipiélago,
Jaume Matas, para
repartir dinero público
a despecho de la
legalidad y nutrir con
fondos opacos a su
partido a la vez que se
enriquecía. Matas, y así
lo subrayó el juez
Castro en distintas
resoluciones, solía
decir a sus subordinados
una sola palabra:
"Hágase". Y a partir de
ese momento se declaraba
por completo ajeno a qué
pasos daban esos
subordinados para
cumplir sus órdenes.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/28/la_confesion_del_empresario_que_admitio_financiacion_ilegal_del_pone_aguirre_disparadero_73429_1012.html
LA AUDIENCIA NACIONAL
CITARÁ COMO IMPUTADO AL
ALCALDE DE LAS ROZAS POR
LA FINANCIACIÓN ILEGAL
DEL PP EN LA PÚNICA
Cuando era alto cargo de
la Comunidad de Madrid,
José de la Uz, firmó la
concesión de 127.850
euros a la fundación
Fundescam, que fueron
empleados para financiar
al PP en 2011, según los
investigadores. La
fundación ni siquiera
justificó debidamente el
gasto, según fuentes del
caso
El juez de la Audiencia
Nacional que instruye la
operación Púnica, Manuel
García Castellón,
profundiza en la pieza
de la supuesta
financiación ilegal del
PP en Madrid. Después de
que empresarios como el
exgerente de Over
Márketing, Daniel
Mercado, hayan
certificado la mecánica
apuntada por los
investigadores, citará
en enero a los
responsables políticos.
Entre ellos, al
presidente del PP y
alcalde de este partido
en el municipio
madrileño de Las Rozas,
José de la Uz, porque
cuando era secretario
general técnico de la
Vicepresidencia del
Gobierno de la Comunidad
en 2011, a las órdenes
de Ignacio González,
concedió una subvención
de 127.850,10 euros a la
fundación Fundescam,
empleada por el PP de
Madrid como tapadera de
su financiación ilegal.
La subvención aprobada
por el hoy alcalde del
PP en las Rozas, José de
la Uz, tenía como
finalidad la
“realización de
actividades que difundan
el conocimiento del
sistema democrático y la
realidad política y
sociocultural de la
Comunidad de Madrid”,
según los documentos del
sumario a los que ha
tenido acceso la Cadena
SER. Pero en realidad,
según los
investigadores, fue
utilizada para financiar
la campaña electoral del
PP en 2011.
De hecho, las mismas
fuentes sostienen que la
entonces presidenta de
Fundescam, la senadora
Gádor Ongíl, ni siquiera
se molestó en acreditar
debidamente el gasto
para recibir el dinero,
y aun así, José de la Uz
lo concedió.
En la documentación que
obra poder del juzgado,
como justificante solo
constan facturas de
celebración de cursos
sobre dinámicas de grupo
y medios audiovisuales y
técnicos por 71.000
euros, sin detallar
fechas, lugar de
celebración, ponentes o
asistentes. El resto de
facturas usadas como
justificante
corresponden a la
empresa Demométrica, que
realizaba sondeos de
campaña para el Partido
Popular. Los
investigadores sospechan
que esta subvención
sirvió para pagar
encuestas electorales
del PP madrileño.
http://cadenaser.com/ser/2017/12/20/tribunales/1513792439_624082.html
INMACULADA JUÁREZ,
ALCALDESA DEL PP EN
ALGETE, CON LAS IMÁGENES
DE LA COMUNIÓN
ORGANIZADA POR PÚNICA
La alcaldesa de Algete
pagó con dinero público
los 40.000 euros de la
comunión de su hijo
La Guardia Civil acusa a
la ahora asesora del PP
de Cifuentes de
malversación,
prevaricación y fraude
continuado
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ha
elaborado un contundente
informe sobre la
penetración de la trama
Púnica en Algete. En
términos de influencia,
la relevancia para la
operación de este
municipio madrileño de
20.000 habitantes puede
parecer residual, pero
la operativa de regalos,
financiación irregular
del Partido Popular
local y desvío de dinero
público es una muestra
representativa de cómo
operaba la trama a nivel
regional y nacional.
El informe al que ha
tenido acceso El Plural
está realizado después
de que la Guardia Civil
citara en sus
instalaciones para
declarar como imputados
a varios personajes
nucleares en los hechos
investigados. Hablamos
de la que fuera
alcaldesa entre 2007 y
2013, Inmaculada Juárez,
y de David Erguido, su
primer teniente de
alcalde en la localidad,
ahora en nómina del
Ayuntamiento de Madrid
como asesor del portavoz
municipal, José Luis
Martínez-Almeida. Con
ellos también declaró
Lorenzo del Triunfo,
responsable de la
empresa de Servicios
Urbanos de Algete cuando
ocurrieron los hechos
investigados.
La investigación de la
Guardia Civil se centra
en dos empresas: Waiter
Music y Saranais. Ambas
habrían realizado actos
de campaña para el
Partido Popular que
después se habría
cobrado a través de los
presupuestos municipales
con dinero público con
contratos adjudicados a
dedo o amañados de
antemano.
Además, Waiter Music
habría agasajado a los
responsables políticos
de las adjudicaciones
con regalos variopintos.
Según la Guardia Civil,
“se han hallado
elementos de prueba que
apuntan a que altos
cargos del municipio y
del Partido Popular
local recibieron regalos
materializados en la
organización y
celebración gratuita de
eventos de índole
personal que responden a
trato de favor recibido
por Waiter Music desde
el Ayuntamiento en
materia de contratación
pública municipal”.
En el caso de la
alcaldesa del PP, la UCO
ha localizado un evento
en junio de 2008 “para
la alcaldesa de Algete
Inmaculada Juárez citado
como Comunión
Alcaldesa”. Este evento
“tenía un presupuesto de
41.800 euros y tuvo un
coste para Waiter Music
de 36.185 euros”, señala
la UCO. Y añade “los
41.800 euros del coste
del evento Comunión
Alcaldesa se liquidaron
utilizando dinero
público del Ayuntamiento
de Algete”.
Según la Guardia Civil,
el evento se relaciona
“con la celebración de
la Comunión de el/la
hijo/hija de la entonces
alcaldesa de Algete,
Inmaculada Juárez”.
Además, la UCO añade que
Juárez “es madre de dos
hijos que en el año 2008
tenían 9 y 12 años,
franja de edad
comprendida en la que
los menores en la
Comunidad de Madrid
reciben el sacramento de
la primera comunión”.
El recital de delitos
que la Guardia Civil le
atribuye a la
exalcaldesa de Algete es
contundente. A Juárez,
que ahora es asesora del
PP de Madrid que dirige
Cristina Cifuentes. Se
le acusa de
“prevaricación y fraude
continuado” por
adjudicar a Waiter Music
contratos y vincular su
pago a contratos
amañados en el futuro.
La UCO también le acusa
de “malversación de
fondos públicos” por
participar en el pago de
cinco facturas para “el
desvío de 74.444,21
euros” de dinero público
para pagar “eventos
privados y servicios
extras”.
Además, la Guardia Civil
considera a Juárez
“cooperadora necesaria
en la comisión de cuatro
delitos de malversación”
donde la alcaldesa
“habría favorecido el
desvío de 149.608,93
euros de dinero público”
para pagar deudas de
mítines y actos del PP
montados por Waiter
Music. Y se le atribuyen
dos delitos de
“malversación” por haber
realizado “acciones”
para pagar con dinero
público otros dos actos
electorales del PP por
valor de 21.095 euros.
Y, por último, la UCO le
atribuye un “delito de
cohecho” por “el regalo
recibido consistente en
la fiesta organizada el
día 7 de junio de 2008
citada en todos los
documentos como
‘Comunión Alcaldesa’ por
valor de 41.800 euros.
José Luis Huerta
Valbuena [dueño de
Waiter Music] organizó
dicho evento soportando
los gastos inicialmente
y después incluye el
coste del evento en un
listado de eventos
pendientes de facturar
al Ayuntamiento de
Algete y se termina
pagando con dinero
público destinado al
pago de eventos del
municipio”.
https://www.elplural.com/politica/2017/12/22/la-alcaldesa-de-algete-pago-con-dinero-publico-los-40000-euros-de-la-comunion-de
LA GUARDIA CIVIL CREE
QUE WAITER MUSIC LE
REGALÓ UNA ACTUACIÓN
MEXICANA A DAVID ERGUIDO
Mariachis gratis para el
teniente de alcalde de
Algete (PP), obsequio de
una empresa de Púnica
Los regalos que la trama
Púnica realizó a los
dirigentes del Partido
Popular, según señala la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil en el informe al
que ha tenido acceso El
Plural, eran muy
variopintos. Además de
la comunión de 40.000
euros que Waiter Music
pagó a la entonces
alcaldesa, Inmaculada
Juárez, los
investigadores apuntan a
una actuación de cuatro
mariachis que sirvió de
obsequio al primer
teniente de alcalde,
David Erguido.
Según el informe de la
UCO, en marzo de 2008
“Waiter Music organizó
un evento, con una
posible vinculación con
David Erguido”. Se trata
de la “actuación de
cuatro mariachis en el
Campo de Golf Isabel II,
con un importe de 1.800
euros”.
Esta actuación,
celebrada en el polémico
e ilegal campo de golf
de Chamberí que está
investigado en la
Operación Lezo y cuya
gestión fue entregada al
cuñado de Ignacio
González, quedó
“pendiente de facturar”,
según la Guardia Civil,
“y posteriormente se
incluyó para liquidar
con dinero público
destinado al pago de
otros eventos celebrados
en el municipio”.
Los agentes, en su
interrogatorio como
imputado, preguntaron a
Erguido sobre dicho
apunte contable. A lo
que el ahora asesor del
PP en el Ayuntamiento de
Madrid, contestó que “no
ha encargado nunca los
cuatro mariachis (…) y
jura que jamás ha
encargado a Waiter Music
ni ningún otro proveedor
ningún servicio de
carácter personal. Y que
no tiene constancia de
haber encargado para el
municipio la actuación
de cuatro mariachis”.
En su informe, pese a la
declaración de Erguido,
la Guardia Civil
profundiza en este
episodio, que lo incluye
dentro de los regalos en
Algete de la presunta
trama. Según la UCO, la
actuación de los
mariachis se hizo “a
petición de David
Erguido (primer teniente
de alcalde y concejal de
Festejos del
Ayuntamiento de Algete)
con un importe de 1.800
euros”. Los
investigadores aseguran
que “este evento se pagó
con dinero público
destinado al pago de
otros eventos celebrados
en el municipio de
Algete y fondos públicos
obtenidos de la
Comunidad de Madrid”.
La Guardia Civil acusa a
Erguido de “delitos de
malversación de fondos
públicos” por sus
actuaciones en la
tramitación de hasta 16
facturas “vinculadas a
siete eventos públicos
del Ayuntamiento de
Algete” a las que
Erguido habría dado “el
visto bueno” con un
“incremento deliberado
de los importes
facturados con el
objetivo de desviar
78.846 euros de las
arcas públicas del
Ayuntamiento” hacia las
empresas de José Luis
Huerta Valbuena, Waiter
Music y Saranais.
La deuda que se
intentaba pagar con esas
adjudicaciones infladas,
según la Guardia Civil,
“incluía eventos
privados y servicios
extras de eventos
públicos contabilizados
al margen de un
procedimiento público de
contratación”.
https://www.elplural.com/politica/2017/12/25/la-guardia-civil-cree-que-waiter-music-le-regalo-una-actuacion-mexicana-david
DOS AÑOS DE PRISIÓN
PARA GRANADOS EN LA
PRIMERA SENTENCIA DEL
CASO PÚNICA
El exconsejero madrileño
se benefició de un
chivatazo de la
investigación para
destruir pruebas
La Audiencia Nacional ha
condenado este lunes a
dos años de prisión a
Francisco Granados,
exconsejero de Justicia
de la Comunidad de
Madrid y principal
encausado en el
macrosumario Púnica de
corrupción, por el
chivatazo que recibió en
septiembre de 2014 de
que estaba siendo
investigado por la
Unidad Central Operativa
de la Guardia Civil y
que le permitió destruir
pruebas y ocultar
dinero. Granados ha sido
condenado por un delito
agravado de
aprovechamiento de
revelación de secreto
por funcionario público.
Se trata de la primera
sentencia del caso de
corrupción que se
destapó en octubre de
2014 y que acumula un
total de 16 piezas
separadas.
En el mismo juicio ha
sido condenado, también
a dos años de prisión,
el guardia civil José
Manuel Rodríguez
Talamino, autor del
chivatazo, y a un año y
medio de cárcel el
agente en excedencia del
instituto armado José
Luis Caro Vinagre,
trasladó a Granados la
información reservada.
Según la sentencia, la
fuga de información
produjo un “intenso”
daño tanto a la causa
pública como al
esclarecimiento de los
hechos y sus autores y
permitió a los
investigados la
destrucción de pruebas y
la ocultación de dinero.
A Rodríguez Talamino, la
Sección Primera de lo
Penal de la Audiencia le
impone, además, una pena
de 4 años de
inhabilitación especial
para empleo o cargo
público.
La Fiscalía
Anticorrupción
solicitaba tres años de
prisión para Francisco
Granados y para los dos
guardias civiles que en
septiembre de 2014 le
alertaron de que estaba
siendo investigado en la
Operación Púnica junto
con su socio, el
empresario David
Marjaliza.
A principios de
septiembre de 2014, el
guardia José Manuel
Rodríguez Talamino, que
trabajaba en la sección
de apoyo técnico de la
Unidad contra el Crimen
Organizado (UCO),
encargada de la
colocación de cámaras de
vigilancia y balizas de
seguimiento a
delincuentes, recibió el
encargo de instalar una
cámara en un vehículo
camuflado que iba a ser
instalado frente a las
oficinas de Marjaliza,
situadas en el edificio
Éboli, de Pinto.
El agente averiguó que
la operación para la que
estaba colaborando
investigaba al
constructor amigo de
Granados. Según el juez
Velasco, Talamino alertó
a su amigo José Luis
Caro Vinagre, guardia
civil en excedencia que
desempeñó cargos de
confianza en la
Comunidad de Madrid de
la mano del expolítico.
El 5 de septiembre por
la noche, Talamino,
durante las fiestas
patronales de Valdemoro,
avisó a Caro Vinagre de
los seguimientos. Al día
siguiente, el miembro de
la UCO buscó en las
fiestas a Granados y le
advirtió de que sus
compañeros habían puesto
un dispositivo de
seguimiento a su amigo
Marjaliza.
El 7 de septiembre,
Talamino aportó nueva
información al político:
le desveló que el grupo
que investigaba al
constructor era el de
delitos contra la
Administración, lo que
daba a entender que se
trataba de un delito de
corrupción. Y el 13 de
septiembre de madrugada,
ambos guardias se
reunieron con Granados
en el domicilio de este,
momento en el que
Talamino informó al
político de los avances
en la investigación.
Según el relato de
hechos probados de la
sentencia, el chivatazo
sirvió para que Granados
pidiera a Marjaliza que
destruyera la
documentación que le
relacionaba con sus
negocios. El empresario
trasladó a casa de su
secretaria la
documentación que le
relacionaba con cuentas
en Singapur y
operaciones en Suiza y
Granados ocultó en casa
de sus suegros el dinero
en metálico que
conservaba en su
domicilio.
El chivatazo de Talamino
fue descubierto gracias
a las escuchas
telefónicas decretadas
por el juez instructor
de Púnica, Eloy Velasco,
para investigar las
cuentas en Suiza de
Granados y Marjaliza.
Las defensas
consideraban que la
revelación de secretos
era un delito nuevo para
cuya investigación no
estaban previstas las
intervenciones
telefónicas. La
sentencia avala ese uso:
"La revelación de
secretos no era un
delito nuevo, diferente
o extraño a la
investigación, formaba
parte de la misma, había
surgido en su
desarrollo".
https://politica.elpais.com/politica/2017/12/04/actualidad/1512390683_479564.html
IMPUTADOS TRES
EMPRESARIOS POR AYUDAR A
GRANADOS A OCULTAR LA
PROPIEDAD DE UNA MANSIÓN
El juez cita a declarar
a los administradores de
las tres sociedades que
se sucedieron como
titulares de una
vivienda de lujo en
Valdemoro que se
sospecha que era del
exdirigente del PP
madrileño
El titular del Juzgado
Central de Instrucción
6, Manuel García
Castellón, ha citado
como imputados para el
próximo 8 de enero a
tres empresarios
madrileños a los que
acusa de haber ayudado
al presunto cabecilla de
la trama Púnica,
Francisco Granados, a
ocultar la supuesta
propiedad de una
vivienda de lujo en
Valdemoro, la localidad
del sur de Madrid en la
que fue alcalde y donde
comenzó su carrera
política. Los
empresarios son Consuelo
Astasio López,
administradora de Taller
de Arquitectura y
Gestión de Obra SL;
Rafael Navarro Conde, de
Conde Guedan SL; y
Millán Jesús Pradana
Cuellar, de Calderín de
Valdemoro SL. En el auto
por el que los llama a
declarar, el magistrado
detalla que todos ellos
figuraron de manera
ficticia y sucesiva como
propietarios de la finca
que otro imputado en la
causa, el constructor
Ramiro Cid, regaló a
Granados por sus
supuestos favores
urbanísticos para que se
levantara una casa en la
mejor zona de Valdemoro.
La vivienda bajo
sospecha fue levantada
por Ramiro Cid en dichos
terrenos bajo las
directrices estéticas de
la esposa del político,
la también imputada
Nieves Alarcón. Según un
informe de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil, a
cambio el empresario
supuestamente se vio
beneficiado como
"adjudicatario
recurrente en ventas de
suelo público" en la
localidad madrileña de
Valdemoro. Construida
sobre un solar de 1.700
metros cuadrados (lo que
ocupan seis chalés
adosados), la vivienda
iba a tener piscina con
el vaso revestido de
cuarcita dorada y el
perímetro cubierto de
pizarra negra. Además,
al amplio jardín iban a
dar un porche levantado
en piedra arenisca.En la
cocina, el político y su
mujer se habían gastado
80.000 euros, con
muebles de cocina
valorados en 44.000 y
con 17.000 en
electrodomésticos. Sólo
la nevera costaba 7.000
euros y el horno, otros
4.000. El resto de la
vivienda seguía la misma
línea: baño turco y
sauna, vestidor con
mando a distancia, tres
chimeneas y ducha con
cromoterapia y efecto
niebla.
Según recoge ahora el
juez García Castellón en
su auto, los tres
empresarios ahora
imputados participaron a
partir de 2008 en
sucesivas maniobras para
"encubrir el patrimonio
ilícito de Francisco
Granados a través de
artificiosas
compraventas" de las
seis parcelas de la
calle Chequia de
Valdemoro donde se
levantó la ostentosa
vivienda unifamiliar. En
concreto, Consuelo
Astasio y Rafael Navarro
están acusados de haber
simulado en 2008 la
compra de dichos
terrenos a Ramiro Cid
para "velar a su
verdadero propietario,
en referencia al
exdirigente del PP
madrileño, y "a su
testaferro oficial,
Ramiro Cid". En este
sentido, el magistrado
destaca que ambos
empresarios recogieron
en escrituras públicas
la supuesta adquisición
de las fincas y las
inscribieron en el
registro de la propiedad
a nombre de sus
sociedades. Sin embargo,
un día después, los dos
firmaron un contrato
privado con Cid por el
que éste conservaba la
propiedad real de dichos
terrenos.
Después de que en
febrero de 2009 el
diario Público comenzase
a informar sobre la
existencia de la
vivienda unifamiliar y
su vinculación con
Granados, éste y su
presunto testaferro
realizaron una nueva
maniobra de ocultación
en la que supuestamente
participó el tercer
empresario ahora
imputado. Según reflejan
los informes de la UCO
en los que el magistrado
sustenta su decisión, en
julio de 2011 el
inmueble y los terrenos
fueron comprados por
716.000 euros por
Calderín de Valdemoro
SL, propiedad de Millan
Jesús Pradana, en lo que
el juez considera como
una "adquisición tampoco
real". El anterior
instructor de la causa,
el juez Eloy Velasco, ya
tomó declaración a este
empresario por estos
hechos.
Entonces, el supuesto
testaferro negó
cualquier irregularidad
en la compra y aseguró
que había adquirido
aquella construcción
porque "el precio de
venta había bajado
considerablemente" y
"estaba dentro de sus
posibilidades
económicas", además de
tener la intención "de
sacar dos viviendas de
esta edificiación para
sus hijas". Sin embargo,
también admitió que esto
último no fue posible
porque el chalé había
sido levantado "con los
servicios e
instalaciones ejecutados
para una sola vivienda".
Por ello, la Guardia
Civil recogió en uno de
sus informes su
convencimiento de que el
empresario presuntamente
mintió en su testimonio
ya que "llama la
atención que se pague
una cantidad tan elevada
de dinero como son
716.000 euros sin haber
hecho indagaciones
mínimas sobre la
posibilidad de acometer
dicho proyecto".
La UCO concluía que la
participación en esta
supuesta maniobra de
ocultación de Millán
Jesús Pradana pudo estar
motivada por haber sido
beneficiado en 2007 en
un convenio entre el
Ayuntamiento de
Valdemoro y la sociedad
pública del suelo
Arpegio, entonces
controlada por Granados
desde su puesto de
consejero de Presidencia
del Gobierno de
Esperanza Aguirre.
Arpegio pagó 4,2
millones de euros en
terrenos a la sociedad
de Pradana a cambio de
que cediese 80.672
metros cuadrados de su
propiedad en el
municipio para
incluirlos en un espacio
verde. Las
irregularidades de aquel
convenio provocaron que
en abril de 2015 fuera
anulado por el Tribunal
Supremo. Ahora, el juez
quiere que él y los
otros dos empresarios
declaren como imputados
acusados de un supuesto
delito de blanqueo de
capitales.
https://politica.elpais.com/politica/2017/12/20/actualidad/1513761417_601238.html
NUEVOS INFORMES DEL
‘CASO PÚNICA’ REFUERZAN
LAS ACUSACIONES CONTRA
LUCÍA FIGAR
El juez instructor del
caso Púnica de
corrupción, Manuel
García-Castellón, ha
recibido en las últimas
semanas dos informes con
nuevos indicios sobre
irregularidades en la
Consejería de Educación
de la Comunidad de
Madrid en la etapa en la
que estuvo dirigida por
Lucía Figar, del PP. Los
investigadores elevan de
81.000 a más de 122.000
euros los fondos
públicos de la
Consejería que
supuestamente se
desviaron a mejorar la
imagen política de Figar
en Internet y las redes
sociales con las
empresas del informático
Alejandro de Pedro.
El primero de los dos
informes comprometedores
para Lucía Figar llegó a
la mesa del juez
García-Castellón a
finales de septiembre.
En él, las dos fiscales
Anticorrupción del caso
Púnica, María Teresa
Gálvez y Carmen García
Cerdá se oponen
tajantemente a la
desimputación de la
exconsejera de Educación
madrileña, cuyo nombre
sonó como posible
sucesora de la popular
Esperanza Aguirre al
frente de la Comunidad
de Madrid. Figar, que
estuvo en los gobiernos
regionales entre junio
de 2005 y junio de 2015,
cuando dimitió tras ser
imputada en el
macrosumario, está
apartada de la política.
En el documento, al que
ha tenido acceso EL
PAÍS, la fiscalía
enumera “los indicios
poderosos” del supuesto
pago con dinero público
de trabajos para mejorar
la imagen de Figar en
las redes sociales.
Según el ministerio
público, la exconsejera
“fue una de las primeras
autoridades en contratar
los servicios” de lavado
de imagen en Internet
del informático
Alejandro de Pedro y su
socio, el exalcalde
socialista de Cartagena
(Murcia) José Antonio
Alonso Conesa. Lo hizo
“a finales de 2010” y,
desde aquel momento y
hasta que la trama fue
desarticulada, en
octubre de 2014, Figar
“recibió sus dossieres
de forma continuada con
frecuencia casi
mensual”.
El segundo informe sobre
Figar, del 12 de
diciembre, lo remitieron
los responsables de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil. Este documento
detalla y amplía las
supuestas
irregularidades
cometidas en la
Consejería de Educación
madrileña en la etapa de
Figar, que el pasado
mayo pidió al entonces
juez instructor, Eloy
Velasco, el archivo de
la causa contra ella.
“Si valoramos su
contenido y la forma en
la que se han elaborado
los dossieres de marras,
son de inequívoco
significado laudatorio
hacia su persona y
gestión”, recalca la
fiscalía. En un primer
momento se cifró el
dinero presuntamente
desviado en 81.000
euros, aunque en este
último informe
Anticorrupción eleva
esta cuantía hasta los
122.252 euros.
Con los trabajos
realizados con dinero
público por las empresas
de De Pedro, Figar
consiguió supuestamente
que las noticias en las
que se la criticaba por
la autoconcesión de un
cheque-guardería fueran
desplazadas en los
buscadores de Internet
por otras positivas
sobre ella y su gestión.
Por todo ello, la
fiscalía le imputa
delitos de malversación
de caudales públicos,
prevaricación y cohecho.
Anticorrupción destaca
como evidencia de las
irregularidades el hecho
de que Figar autorizase
a los empleados de
Alejandro de Pedro a
gestionar “todas sus
redes sociales con sus
claves y contraseñas”.
En un documento
intervenido en la sede
de las empresas del
experto informático a
una de las trabajadoras
encargada de posicionar
los tuits de la política
del PP esta se
vanagloriase de “los
39.000 impactos
provocados en la red
social”.
También resalta que la
trama Púnica creó 51
perfiles falsos en
Twitter que “operaron
concertadamente” con el
único fin de mejorar el
posicionamiento de las
noticias positivas sobre
la entonces consejera
madrileña. Una red de la
que supuestamente
también se valió para
que se atacara al
socialista Tomás Gómez y
al que fuera tesorero de
su propio partido, Luis
Bárcenas, cuando estalló
el escándalo de sus
cuentas en Suiza.
“Durante los cuatro años
de servicios entre la
Consejería y la trama
—continúa el informe de
Anticorrupción— se
urdieron una serie de
estratagemas para
adjudicar de forma
directas los trabajos de
imagen y reputación en
favor de Alejandro de
Pedro y José Antonio
Alonso”. En concreto,
detalla la fiscalía, se
utilizaron cuatro
empresas distintas para
facturar los servicios,
aunque siempre los
realizaban EICO, una de
las mercantiles de De
Pedro. En las facturas
supuestamente se hacían
constar conceptos
distintos a los reales.
Las empresas del
informático se
beneficiaron
supuestamente de
contratos públicos
fraccionados para que
las adjudicaciones no
superaran la cantidad
que obligaría a sacarlas
a concurso público.
También se combinaron de
manera “arbitraria”
contratos mensuales y
anuales.
Finalmente,
Anticorrupción se
detiene en analizar la
adjudicación que De
Pedro recibió poco antes
de su detención en
octubre de 2014 de dos
contratos vinculados al
diseño de un portal web
del proyecto 'Study in
Madrid', centrado en
atraer estudiantes
extranjeros a la
comunicad. Según el
sumario, De Pedro inició
los trabajos “mucho
antes de que se
aprobaran los
expedientes de
contratación”.
https://politica.elpais.com/politica/2017/12/15/actualidad/1513363548_163798.html
UNA FUNDACIÓN
INVESTIGADA EN PÚNICA
PAGÓ 3.400 EUROS A LA
HERMANA DE CIFUENTES
La Guardia Civil cree
que la Fundación Dos de
Mayo de Esperanza
Aguirre sirvió para
financiar al Partido
Popular
La hermana de Cristina
Cifuentes, Margarita
Cifuentes Cuenca, cuenta
en su haber con otra
extraña aparición, más
allá de la polémica del
premio otorgado por el
Ministerio de Defensa y
de su fichaje
presuntamente ilegal en
la Universidad Rey Juan
Carlos I. Porque
Margarita Cifuentes
también tiene una
mención dentro del
sumario del caso Púnica.
En concreto, en una
factura de 3.400 euros
de la investigada
Fundación Dos de Mayo,
Nación y Libertad,
creada por Esperanza
Aguirre.
Corría el año 2007.
Cataluña no aspiraba a
la independencia, pero
eran los tiempos del
Estatut catalán y del
recurso del Partido
Popular ante el Tribunal
Constitucional. Además,
quedaba un año para el
segundo centenario de la
Guerra de Independencia,
y Aguirre se sacó de la
manga la Fundación Dos
de Mayo, Nación y
Libertad, para “reforzar
el sentimiento de que
España es una gran
nación”.
Hablamos de una época en
la que Cifuentes no
estaba bajo los focos
como ahora, pero en la
que ya ocupaba grandes
cargos. Hasta 2008 fue
vocal de Fundescam -otra
fundación investigada en
Púnica-, en aquella
legislatura fue
vicepresidenta primera
de la Asamblea de Madrid
-y adjudicó el contrato
de la cafetería
investigada en Púnica- y
secretaria de política
territorial del PP y una
de las responsables de
la campaña regional de
2007 -que habría sido
financiada ilegalmente
según ha señalado la
Guardia Civil en
Púnica-.
Tras servir de paraguas
para varios proyectos
patrióticos, la
Fundación acabó en
bancarrota, sin fondos
públicos, y cerrando en
el año 2014. Su página
web,
www.fundaciondosdemayo.es
en una especie de blog
cajón de sastre con
artículos sobre
decoración y
restaurantes. Pero de
por medio se llevó
varias inyecciones de
dinero que están bajo la
lupa de la Justicia.
En concreto, el juzgado
de instrucción número 6,
encargado del caso
Púnica, investiga si el
Partido Popular de
Madrid utilizó la
fundación para
financiarse de manera
irregular. Dentro de
esta causa, la Guardia
Civil apunta a dos
ingresos, en 2008 y
2009, provenientes de la
Fundación Caja Madrid
que ascienden a 4,5 y
1,86 millones de euros
respectivamente, tal y
como señalan los
escritos judiciales
incorporados al sumario
del caso Púnica.
Fue el juez Eloy Velasco
quien, en coordinación
con las fiscales del
caso, quien atendió a
las peticiones de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil para pedir
información a la Agencia
Tributaria sobre la
Fundación Dos de Mayo.
Los agentes sospechaban
que entre 2007 y 2010
este organismo habría
servido para financiar
las campañas del Partido
Popular de una manera
similar a como lo hacía
Fundescam, que usó
ingresos de Caja Madrid
para pagar actos
electorales del PP.
Y es dentro de esta
información requerida a
la Fundación Dos de Mayo
donde se encuentra un
desglose de gastos y
facturas en los que
aparece Margarita
Cifuentes Cuenca como
receptora de 3.400
euros. El pago a la
hermana de Cifuentes no
especifica su labor,
aunque aparece señalada
junto a José Arrabal
Lozano, que recibe
12.000 euros y a cuyo
nombre también hay
registrado en la
Biblioteca Nacional la
obra 2 de mayo: Fiesta
de la Independencia
guión para la
representación de los
hechos del 2 de mayo de
1808.
https://www.elplural.com/politica/2017/12/07/una-fundacion-investigada-en-punica-pago-3400-euros-la-hermana-de-cifuentes
ANA BOTELLA SE SIRVIÓ DE
LA RED PÚNICA PARA
MEJORAR SU IMAGEN POR
60.000 EUROS
Un informe de la Guardia
Civil detalla los
contactos de la
exalcaldesa madrileña
con la trama de
corrupción
La exalcaldesa de Madrid
Ana Botella utilizó los
servicios del empresario
Alejandro de Pedro, uno
de los principales
imputados del caso
Púnica, para mejorar su
imagen en Internet,
según la Guardia Civil.
En agosto de 2013, la
entonces regidora y su
esposo, el expresidente
José María Aznar, se
reunieron con De Pedro
en Marbella. Tras ese
encuentro, la jefa de
prensa de Botella
concertó supuestamente
con De Pedro que el
Ayuntamiento pagaría
60.000 euros por estos
trabajos.
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil entregó el
2 de noviembre al juez
de la Audiencia Nacional
Manuel García-Castellón
un informe de 69 páginas
sobre los trabajos
realizados entre 2013 y
2014 por las empresas
del empresario
valenciano Alejandro de
Pedro para mejorar la
deteriorada imagen
política de Ana Botella.
El documento sostiene
que, en el verano de
2013, De Pedro presentó
a la entonces alcaldesa
de Madrid “una propuesta
de servicios en materia
de reputación online” en
una reunión en Marbella
con ella y con Aznar que
supuestamente le fue
conseguida por su amigo
el exministro de Trabajo
Eduardo Zaplana.
Los trabajos de las
empresas de De Pedro
consistían en crear y
difundir noticias
positivas sobre los
cargos públicos para
desplazar a las noticias
negativas en los
buscadores de Internet.
De estos servicios de
reputación personal,
pagados con dinero
público, hicieron uso
otros políticos del PP,
como el expresidente
murciano Pedro Antonio
Sánchez, la exconsejera
madrileña Lucía Figar o
la senadora Pilar
Barreiro. Todos están
imputados por
corrupción.
PUBLICIDAD
“Fruto de la reunión con
Ana Botella en Marbella,
Alejandro de Pedro
entraría en contacto con
la jefa de prensa de la
alcaldesa, Elena
Sánchez, dando por
iniciado el proyecto
poco después mediante la
difusión de noticias
favorables a la
alcaldesa a través de su
red de medios
digitales”, sostiene la
UCO en su informe. La
Guardia Civil solo
aprecia responsabilidad
penal en De Pedro, su
socio José Antonio
Alonso Conesa, Elena
Sánchez y Zaplana.
Según las conversaciones
intervenidas por mandato
judicial, el contacto
personal entre Botella y
De Pedro se produjo a
finales de agosto de
2013, días antes de que
la regidora viajara a
Buenos Aires para
defender la fallida
candidatura olímpica de
Madrid 2020.
Los investigadores, tras
analizar decenas de
correos electrónicos,
consideran que De Pedro
pactó con Sánchez el
pago de 60.000 euros por
los servicios de
reputación online de su
jefa. Aunque los
trabajos se iniciaron
días después de la
reunión de Marbella, “de
los distintos mensajes
cruzados se deduce que
la contratación” de
estos servicios “no
termina de concretarse”,
según la UCO.
El principal problema
consistía en la
dificultad de facturar
esos trabajos con cargo
al presupuesto
municipal. En marzo de
2014, después de que De
Pedro se valiera de
Zaplana para reclamar
los pagos íntegros —solo
cobraron 400 euros
mensuales de los 12.000
previstos en cinco
meses—, la jefa de
prensa de Botella le
contesta vía Whatsapp:
“Es que sólo nos dan
eso. Pero hay un plan b.
Ya te contaré”. La
solución fue
subcontratar a una de
las empresas de De Pedro
en un contrato de
publicidad municipal.
Una reputación en
internet "preocupante"
El 1 de agosto de 2013,
De Pedro envió a la
secretaria de Zaplana un
primer informe sobre la
imagen de Botella en
Internet para que se lo
hiciera llegar a la
entonces alcaldesa con
el comentario de que en
esos momentos era
“verdaderamente
preocupante”. El
documento detallaba que
las 10 primeras noticias
que salían en Google al
teclear el nombre de la
alcaldesa eran “todas
negativas”. Lo mismo
ocurría en Facebook,
Twitter y Youtube, donde
se la relacionaba con
términos como “incapaz”,
“quiebra”, “Bárcenas” y
la tragedia del “Madrid
Arena”. De Pedro
proponía utilizar su red
de 100 diarios digitales
zombis para “fortalecer
la notoriedad de Ana
Botella”.
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/27/actualidad/1511806926_172134.html
LA GUARDIA CIVIL
CONFIRMA A BRUSELAS QUE
INVESTIGA DOS PRESUNTOS
DESVÍOS DE FONDOS
EUROPEOS A CAMPAÑAS DEL
PP
La Oficina Antifraude de
la UE había preguntado
por un caso, pero la UCO
le señala hasta dos
supuestos amaños de 3
millones de euros
destinados a la creación
de empleo
A principios de octubre,
la Unión Europea se
interesaba por la
investigación del caso
Púnica y preguntaba a la
Justicia española sobre
el uso de fondos
europeos para la
financiación irregular
del Partido Popular de
Madrid. La Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil ya
ha dado la respuesta que
le pidió al respecto el
juez del caso Púnica y
ha señalado que no sólo
están investigando un
contrato, como pensaba
Bruselas, sino que hay
dos casos bajo la lupa
policial y que suman
tres millones de euros.
A finales de octubre, la
cadena de información se
daba la vuelta. Primero,
la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF)
había pedido información
a la Audiencia Nacional
sobre las pesquisas del
caso Púnica sobre
adjudicaciones de la
Comunidad de Madrid con
fondos europeos. El
organismo dependiente de
la Unión Europea quería
abrir una investigación
al respecto y se puso en
contacto con el Juzgado
de Instrucción número 6.
En concreto, la OLAF
quería saber el estado
de la investigación
sobre la adjudicación de
2 millones de euros que
el Instituto Madrileño
de Desarrollo (IMADE)
había hecho en 2006 Over
Marketing, empresa
investigada por la
presunta financiación de
la caja B del PP de
Madrid.
Más información: La
Guardia Civil certifica
los trabajos de Púnica
para Ana Botella
Su titular, Manuel
García Castellón,
trasladó la pregunta a
la Guardia Civil que ha
respondido en un informe
al que ha tenido acceso
a El Plural, en el que
confirma que está
investigando ese
contrato con fondos
europeos y añade que
también tiene “bajo
análisis” un segundo
contrato de un millón de
euros, pagados al 80%
por la Unión Europea.
La UCO señala que la
primera adjudicación,
una campaña sobre “la
importancia de
autónomos/pymes”, está
siendo analizada dentro
su investigación sobre
“los contratos” de la
Comunidad de Madrid a
Over Marketing “en
relación con la
financiación de actos de
campaña del Partido
Popular” en Madrid. Y
subraya que “dicho
contrato estaría
financiado por el Fondo
Social Europeo”, cuyas
partidas deberían servir
para la creación de
empleo, aunque señalan
que “se desconocería el
porcentaje” que habría
venido de Europa.
Sin embargo, lo tienen
más claro en el segundo
contrato y del que la
Unión Europea no tenía
noticia. La Guardia
Civil informa de que “de
igual modo” se está
investigando el
“servicio de Publicidad
para la campaña del plan
de residuos”, adjudicado
también en 2006 a Over
Marketing por un millón
de euros. “Respecto a
este último contrato,
estaría financiado por
el Fondo Social Europeo
en un 80%”, señala la
UCO.
La OLAF tuvo
conocimiento de esta
causa después del
escándalo de la
desaparición de los
contratos. Cuando le fue
requerida por la
investigación, la
Comunidad de Madrid
respondió a la Justicia
que había perdido la
documentación sobre
estas adjudicaciones. El
hecho de que el
encargado de custodiarla
fuera un imputado en
Púnica no ayudó a
aligerar la polvareda y
la eurodiputada de
Izquierda Unida, Marina
Albiol, avisó a la OLAF
de las desapariciones de
los documentos.
Más información: Madrid
obligó a las
constructoras del Metro
a pagar 700.000 euros a
la Púnica para fiestas
en honor de Aguirre
Según la investigación
de Púnica, Over
Marketing habría
recibido varias
adjudicaciones
millonarias de la
Comunidad de Madrid
entre 2006 y 2007
–cuando hubo elecciones
regionales-, así como
contrataciones de
constructoras privadas
que habrían ganado
concursos públicos bajo
el Gobierno de Aguirre.
La UCO sospecha que ese
dinero serviría para
sufragar los actos de
campaña del PP que
habría realizado Over
Marketing.
Over Marketing,
beneficiaria de las
adjudicaciones, no sólo
está señalada en Púnica.
La empresa es propiedad
de Daniel Horacio
Mercado y, además de
estar imputado en la
causa sobre la presunta
caja B de la época de
Esperanza Aguirre al
frente del PP de Madrid,
también está encausado
en el caso Palma Arena.
En concreto, en la pieza
separada que investiga
la presunta financiación
irregular del Partido
Popular en Baleares con
un mecanismo similar.
https://www.elplural.com/politica/2017/11/27/la-guardia-civil-confirma-bruselas-que-investiga-dos-presuntos-desvios-de-fondos
UNA EMPRESA INVESTIGADA
EN 'PÚNICA' ENDOSÓ AL
GOBIERNO DE MADRID EL
PAGO DE FOLLETOS
ENCARGADOS POR EL PP
Uno de los archivos del
grupo Over incorporados
a la causa cimenta las
sospechas sobre la
financiación del PP con
fondos públicos:
"Cliente: Partido
Popular Leganés.
Producto: Folleto Severo
Ochoa. Facturar a:
"Consejería de Sanidad"
La ficha, a la que ha
tenido acceso infoLibre,
se elaboró cuando el
grupo ya estaba cobrando
de una promotora
inmobiliaria los
servicios de
asesoramiento que
prestaba a la entonces
candidata del PP en
Leganés y hoy alto cargo
de Cifuentes
Los nuevos documentos de
uno de los grupos
empresariales
investigados en la
Operación Púnica por
presunta financiación
del PP de Madrid, Over
Marketing, cimentan una
de las más firmes
hipótesis de la
investigación: que la
formación conservadora
utilizó fondos públicos
para su estricto uso
partidista. Uno de los
archivos internos de
Over, al que ha tenido
acceso infoLibre,
constata cómo el
conglomerado empresarial
endosó a la Consejería
de Sanidad de Madrid el
coste de 65.000 folletos
del hospital Severo
Ochoa de Leganés que
había encargado el PP de
ese municipio. La ficha
contable dice esto:
"Cliente: Partido
Popular Leganés.
Producto: Folleto Severo
Ochoa. Facturar a:
Consejería de Sanidad y
Consumo".
El paquete documental
incluye en efecto copia
de una factura enviada
por una de las filiales
de Over, Link América
SL, a esa consejería por
el mismo concepto que
refleja el ya citado
archivo interno. El
importe, aquí, es un
dato menor –10.426,08
euros– dada la magnitud
de los cobros que Over y
sus empresas satélite
percibieron solo del
Gobierno de Esperanza
Aguirre: casi 10
millones de euros.
La ficha contable sobre
los folletos del Severo
Ochoa, uno de los
innumerables papeles
incautados en su día por
la Guardia Civil durante
los registros de la sede
de Over, aparece fechada
el 12 de julio de 2006.
En aquel momento,
confluían dos hechos: el
primero y más conocido,
que el Gobierno de
Esperanza Aguirre ya
había desatado la
cacería contra parte del
equipo médico del
hospital de Leganés,
acusado en falso de
matar a pacientes
mediante sedaciones
ilegales; el segundo
hecho, desvelado el
miércoles por este
diario, estriba en que
en julio de 2006 Over
Marketing ya estaba
cobrando de una
promotora inmobiliaria
los servicios de
asesoramiento que
prestaba a la entonces
candidata y presidenta
del PP en Leganés y hoy
alto cargo de Cifuentes:
Guadalupe Bragado,
número 4 de la
Consejería de Educación
y responsable del
reparto de fondos de la
FP.
El Ejecutivo de Cristina
Cifuentes ha decidido
mantener a Bragado en su
puesto en tanto no pese
sobre ella un auto de
imputación formal.
Bragado, que el martes
dijo no recordar nada
sobre los pagos que
constructora Geicop
Leganés SA hizo a Over
por el "asesoramiento
político" que ese grupo
le estaba prestando a
ella misma, ni siquiera
los emails donde daba
instrucciones de a quién
debían cobrarle el
servicio, no atendió
ayer las llamadas de
este periódico. De la
misma forma, no
respondió a los mensajes
con que infoLibre la
informó por la tarde de
la existencia de un
archivo interno relativo
al encargo de folletos
del hospital Severo
Ochoa cuyo coste fue
endosado a la Consejería
de Sanidad, entonces
dirigida por Manuel
Lamela. Los portavoces
del Gobierno regional
tampoco contestaron.
¿Sesión de fotos del
Severo Ochoa o de "ocho
hospitales nuevos"?
Al igual que ocurre con
el servicio de
"asesoramiento político"
a Bragado iniciado en
septiembre de 2005 y por
el que el grupo Over
cobró 1.000 euros al mes
a la constructora Geicop
Leganés SA, la ficha
contable sobre los
folletos del Severo
Ochoa resulta
inequívoca. El apartado
destinado a detallar el
"producto" dice esto:
"Realización de una
sesión de fotos en el
hospital Severo Ochoa,
creatividad y artes
finales, impresión de
65.000 ejemplares y
buzoneo de un folleto
del hospital Severo
Ochoa. 8.988 euros +
IVA". En la última línea
se lee lo siguiente:
"Facturar a Consejería
de Sanidad y Consumo,
enviar fra. a la
atención de Germán
Rasilla". Rasilla era
uno de los más
destacados asesores del
consejero Manuel Lamela:
de hecho, se sumó a la
empresa privada BAPPH (Business
Assesstemt Plans and
Projects Healthcare SL),
fundada por Lamela tras
abandonar la política
institucional. En la
parte superior del
folio, una anotación
manuscrita indica cuál
de las empresas del
grupo Over emitiría la
factura: Link América
SL.
Y, en efecto, seis días
más tarde de que la
ficha quedase
confeccionada, Link
América SL giró el 19 de
julio de 2006 una
factura contra la
Consejería de Sanidad y
Consumo del Gobierno de
Madrid por 8.988 euros
más IVA. ¿El concepto?
Exactamente el mismo que
aparece en la ficha
interna elaborada con el
"Partido Popular
Leganés" como cliente y
con instrucciones
expresas de cobrarle al
Gobierno autonómico.
¿Pagó la Consejería de
Sanidad esa factura? Los
documentos a los que ha
tenido acceso infoLibre
impiden ofrecer una
respuesta definitiva.
Pero entre esos
documentos hay un
tercero cuyo contenido
sugiere que alguien
trató de camuflar el
carácter del trabajo
realmente efectuado. Ese
tercer papel es una
especie de borrador de
factura fechada el 14 de
diciembre de 2006, donde
se supone que por error
–una tachadura a
bolígrafo y una
corrección manuscrita
así lo apuntan– aparece
otra Consejería, la de
Familia, como
destinataria y en la que
falta el dato de quién
la emite: solo consta,
también escrito a mano,
la palabra "Link".
Pues bien, ese borrador
se presenta como factura
"rectificativa" de la
que el 19 de julio de
ese mismo año había
girado Link América e
introduce en negativo,
para su supuesta
devolución, los
10.426,08 euros del
importe inicialmente
cargado. Pero la
diferencia sustancial
aflora en el concepto:
la elaboración y buzoneo
de aquellos folletos del
Severo Ochoa encargados
por el PP de Leganés ya
han desaparecido como
servicio prestado. Y en
su lugar figura lo
siguiente: "Realización
de una sesión de fotos
de los ocho hospitales
nuevos de la Comunidad
de Madrid". ¿Llegó a
enviar esa factura
"rectificativa" el grupo
que capitaneaba el
empresario Daniel
Mercado? ¿Devolvió Over
los 10.426,08 euros? Las
dos preguntas carecen
por el momento de
respuesta.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/11/24/una_empresa_investigada_punica_endoso_gobierno_madrid_pago_folletos_encargados_por_pp_72303_1012.html
NUEVOS PAPELES DE
'PÚNICA' DESTAPAN QUE
UNA CONSTRUCTORA PAGÓ EN
2007 LA CAMPAÑA DE UN
ALTO CARGO DE CIFUENTES
Documentos recién
incorporados a la causa,
a los que ha tenido
acceso infoLibre,
destapan cómo una
empresa del grupo Over
Marketing asesoró a la
actual directora general
de Formación de Madrid,
Guadalupe Bragado, en su
carrera hacia la
alcaldía de Leganés Los
correos electrónicos
incautados, los archivos
contables internos y las
propias facturas indican
que fue ella misma quien
dijo a qué empresa había
que girarle las
facturas: Geicop Leganés
SA A preguntas de este
periódico, Bragado
asegura que no recuerda
los hechos porque ha
transcurrido mucho
tiempo
La actual directora
general de Formación
Profesional del Gobierno
de Madrid, Guadalupe
Bragado, recibió desde
el otoño de 2005 y en su
carrera hacia la
alcaldía de uno de los
mayores municipios de
Madrid, Leganés, en las
elecciones de 2007,
"asesoramiento político"
de una de las empresas
investigadas en la
Operación Púnica. Pero
el coste de esos
servicios no fue
sufragado por el PP sino
por una promotora
inmobiliaria. Así lo
desvelan algunos de los
nuevos documentos
incorporados a la causa
y relativos al grupo
Over Marketing, uno de
los más beneficiados por
el PP en contratos de
publicidad y a los que
ha tenido acceso
infoLibre. Su
propietario, el
investigado Daniel
Mercado, ya admitió
durante su
interrogatorio en otro
caso que había obtenido
contratos amañados en
Baleares y otras
comunidades, Madrid
entre ellas. Y que le
hacía actos gratis al
partido.
Correos electrónicos
incautados a Over
Marketing indican que
Guadalupe Bragado no
solo consintió con la
fórmula empleada para
ocultar ese
"asesoramiento"
clandestino sino que fue
ella misma quien dio
instrucciones de a qué
empresa debían girarse
mes a mes los cargos:
Geicop Leganés SA. Todas
las facturas fueron
emitidas por una de las
filiales de Over, Link
América SL. Y todas se
giraron por importe
mensual de 1.000 euros
salvo la primera, a la
que se aplicó una rebaja
del 50% dado que el
"asesoramiento político"
a la dirigente del PP
había comenzado a
mediados de septiembre
de 2005: lo dice
expresamente el primero
de los archivos
contables del grupo Over
relativos a Bragado. La
ingente documentación
remitida desde Baleares
a petición del juez
Manuel García Castellón
–fue intervenida en los
registros del denominado
caso Palma Arena– ya
está siendo analizada en
Madrid por la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil. Es
en ese paquete de
documentos donde se
localizan sucesivas
facturas de Link América
contra Geicop emitidas
al menos hasta diciembre
de 2006. En 2007, la
promotora inmobiliaria
hizo nuevos y aún
mayores pagos al grupo
Over.
A primera hora del
martes, este periódico
habló con Bragado, que
ocupa el número 4 en el
organigrama de la
Consejería de Educación
madrileña. La directora
general de Formación,
que en ningún momento
desmintió ninguno de los
datos que infoLibre puso
en su conocimiento,
incluida la existencia
de los correos que
delatan el plan para
disfrazar o falsear las
facturas y la identidad
de la empresa que las
abonó, esgrimió que ha
transcurrido "mucho
tiempo" y que no
recuerda nada. ¿Le
parece normal que un
constructor financie la
campaña de un político
con facturas camufladas?
Bragado se limitó a
responder que desconoce
los datos que le fue
facilitando este diario
durante la conversación
telefónica. Y a la
pregunta de si le
preocupa poner en
peligro la imagen del
Gobierno de su jefa de
filas, Cristina
Cifuentes, contestó lo
siguiente: "No considero
que esa información que
usted me está refiriendo
afecte directamente al
Gobierno" de Madrid. La
UCO no ha contactado con
ella, aseguró la también
expresidenta del PP de
Leganés.
El cliente real era el
partido
En el bienio 2006-2007
Geicop Leganés abonó a
Link América 111.484
euros, y así lo confirma
el llamado Modelo 347 de
Hacienda sobre
Operaciones con
Terceros. Esa cifra no
incluye los desembolsos
de 2005: cuando los
pagos a un mismo
proveedor quedan por
debajo de 3.000 euros en
el conjunto del año, no
quedan reflejados en el
formulario de
Operaciones con
Terceros. ¿Constituye
una excepción lo
sucedido con Bragado?
¿Fue esta, por el
contrario, la pauta
seguida para esconder
los trabajos que Over y
otras empresas prestaron
a quienes se encontraban
en la oposición y
carecían por tanto de
herramientas para
compensar a sus asesores
con dinero público,
entrara o no ese
objetivo en sus planes?
Esa es todavía una
incógnita. Los
investigadores sospechan
que, al igual que
ocurría con la trama
Gürtel, también el grupo
de Daniel Mercado se
cobró servicios al PP
emitiendo facturas
falsas contra
empresarios afines a la
formación conservadora.
El entrecomillado
"asesoramiento político"
se corresponde con los
términos que el grupo
Over, comandado por el
empresario Daniel
Mercado, utilizaba en
sus archivos contables
internos. Y esas fichas
internas, que
prefiguraban la futura
factura, no admiten
duda: como cliente –el
real– aparece "PP
Leganés". En el apartado
"campaña/acción" consta
el citado "asesoramiento
político", el número de
orden es asimismo un
código alfanumérico que
remite de nuevo al PP ("GABTE/PPLEG/01,
por ejemplo). Y es la
"descripción del
trabajo" la que revela
el concepto ficticio que
incorporará la factura:
"Realización de trabajos
de publicidad y
asesoramiento de
comunicación". La
factura –determina la
ficha– debía ser enviada
a quien entonces era el
responsable
administrativo de Geicop
Leganés SA, Ignacio C.,
cuyo apellido omite
infoLibre y que no ha
podido ser localizado.
En la sede de Geicop
Leganés SA, nadie
atendió ayer las
llamadas de este
periódico.
Una tras otra, las
facturas aparecen
envueltas bajo un
idéntico camuflaje
destinado a ocultar que
Geicop Leganés se
limitaba a pagar por
servicios que en
realidad no había
recibido. El concepto
formal es siempre el
mismo: "Trabajos de
publicidad y
asesoramiento de
publicidad".
"Por favor, indícanos un
nombre de contacto en la
empresa para enviarle la
factura"
Entre los papeles
requisados a Over
Marketing hay tres
correos electrónicos que
el 28 de septiembre de
2005 se cruzaron
Guadalupe Bragado y
Javier Rodríguez
Monasterio, número dos
en el organigrama del
grupo de Daniel Mercado.
En el primero, enviado a
las diez menos veinte de
esa mañana y tras
expresar su satisfacción
por "la colaboración que
recientemente hemos
iniciado con vosotros",
Bragado le escribe a
Monasterio lo siguiente:
"En la última reunión
contigo comentamos que
sería necesario que os
hiciera llegar los datos
para facturar el mes de
septiembre y siguientes.
Pues bien, los datos
son: Geicop Leganés SA".
Y de inmediato, añade la
dirección de la empresa
y su NIF.
Rodríguez Monasterio le
respondió al filo de las
doce. La saluda, se
congratula también él
por haber entrado en
contacto con ella y
añade algo sustancial:
"Respecto al tema de la
facturación solo un
comentario, si no hay
inconveniente por tu
parte incluiremos en la
factura el siguiente
concepto 'Realización de
trabajos de publicidad y
asesoramiento
comunicación mes...' Por
favor, indícanos por
favor un nombre de
contacto en la empresa
para poder enviarle la
factura, gracias".
Su interlocutora, es
decir, la persona que
ahora maneja los fondos
de Madrid para Formación
Profesional, tardó menos
de una hora en responder
a ese segundo email.
Esta vez fue escueta.
Pero su mensaje resulta
inequívoco: "Buenos
días, Javier. La persona
de referencia que me
pedías es: D. Ignacio
C.". El apellido aparece
completo en el correo. Y
es el del ya mencionado
responsable
administrativo y
contable de Geicop
Leganés.
El folio intervenido por
la Guardia Civil y en el
que quedaron impresos
los tres correos
electrónicos contiene
tres anotaciones
manuscritas: la primera,
que encabeza la página,
dice "Facturación
Leganés"; junto a esas
dos palabras, una flecha
conduce al nombre de la
compañía del grupo Over
que emitía las facturas,
es decir, Link; la
segunda anotación
aparece junto al primero
de los correos de la
serie y su contenido
resulta inequívoco: "Geicop
(PP Leganés)". La
tercera, situada cuatro
líneas más abajo,
reproduce uno de los
teléfonos que este
martes seguían figurando
a nombre de Geicop,
aunque el mensaje de
respuesta a cada llamada
siempre fue este: "El
número marcado no está
en servicio".
infoLibre intentó
durante toda la jornada
del martes recabar la
versión de Geicop. Pero
ninguno de los teléfonos
contratados a su nombre
estaba operativo.
Tampoco fue posible
localizar a ninguna de
las personas que en los
últimos diez años se han
sucedido en el cargo de
administrador único. La
compañía no ha
presentado cuentas
posteriores a las del
ejercicio 2011.
Este diario también
contactó con el
penalista Jaime Sanz de
Bremond, que representa
en Púnica a Daniel
Mercado. El abogado
declinó pronunciarse
porque no considera
correcto abordar ningún
asunto relacionado con
la causa en tanto su
cliente no haya prestado
declaración ante el
juez. En principio,
Mercado debe declarar el
próximo día 30 ante el
titular del juzgado 6 de
la Audiencia Nacional,
Manuel García Castellón.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/11/22/nuevos_papeles_punica_destapan_que_una_constructora_pago_campana_alto_cargo_cifuentes_72173_1012.html
LAS CONSTRUCTORAS DE LOS
HOSPITALES GASTARON CASI
MEDIO MILLÓN EN LAS
PRIMERAS PIEDRAS DE
ESPERANZA AGUIRRE
La UCO investiga el Plan
de Infraestructuras
Sanitarias 2004-2007. La
Consejería de Sanidad
obligaba a las empresas
adjudicatarias a costear
propaganda
Empresas adjudicatarias
del Plan de
Infraestructuras
2004-2007 de la
Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid
pagaron directamente
eventos en los que se
publicitaba, de facto,
la imagen del Gobierno
del Partido Popular
madrileño con dinero
procedente de las arcas
públicas. La Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil
investiga en una pieza
declarada secreta en el
marco del caso Púnica si
las empresas
concesionarias de la
construcción de hasta 10
hospitales bajo el
mandato de Esperanza
Aguirre pagaron
publicidad del Ejecutivo
de la Comunidad de
Madrid con dotaciones de
dinero público. Así se
desprende de los
documentos a los que ha
tenido acceso
ELPLURAL.COM, según los
cuales, este periódico
ha podido comprobar que
las empresas
adjudicatarias
financiaron los gastos
de publicidad destinados
a propaganda de las
primeras piedras de los
nuevos centros de salud,
unos actos en los que
participaba activamente
el gobierno de la
capital y de los que
sacaba rédito político.
En concreto, la cifra
asciende a casi medio
millón -unos 420.590
euros-.
El juez Eloy Velasco,
del Juzgado Central de
Instrucción Nº6 de la
Audiencia Nacional de
Madrid, remitió una
petición a la Consejería
de Sanidad de la
Comunidad de Madrid el
pasado 6 de marzo de
2017. El magistrado
requería que, “de forma
inmediata”, el organismo
facilitara la
documentación relativa
al Plan de
Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid
2004-2007 a fin de
discernir si el
Ejecutivo de Aguirre
obligaba por contrato a
las empresas a destinar
parte del dinero público
que recibían a
financiar, directamente,
publicidad del partido.
Se investiga si el
destino del dinero
relativo a la partida de
publicidad del 1% se
dedicaba a financiar
propaganda del partido
Uno de los documentos
que reclamó Eloy Velasco
fue una copia
certificada de los
Planes de Información
establecidos al efecto
por la Administración,
donde se incluye una
cláusula que obliga a
las empresas
concesionarias a
financiar publicidades.
En la cláusula ocho,
apartado “y.v” de los
Pliegos de Cláusulas
Administrativas
Particulares de los
contratos públicos de
Construcción y
Explotación de los
Hospitales, se obliga a
la sociedad
concesionaria a afrontar
diversos pagos, entre
los cuales destaca el
apartado v:
Los gastos de publicidad
e información de las
obras, confección de
vídeos o documentos
audiovisuales,
documentación técnica y
gráfica divulgativa, y
realización de actos de
inicio y fin de obra, de
conformidad con los
planes de Información
establecidos por la
Administración, hasta un
máximo de un 1% del
presupuesto de ejecución
material.
Es decir, las empresas
constructoras debían
destinar un 1% de la
dotación presupuestaria
(dinero público) a
publicitar las obras. El
matiz, en este punto, es
que, según las facturas
aportadas por la
Consejería de Sanidad al
Juzgado de Instrucción
Nº6 de Madrid, en este
precepto se incluyeron
gastos de publicidad
destinados a propaganda
de las primeras piedras
de los hospitales.
Medio millón que podría
ser mucho más
ELPLURAL.COM ha tenido
acceso a todas las
facturas aportadas por
la Consejería de Sanidad
a la UCO y, según ha
podido confirmar este
diario, en la
construcción de los
hospitales de Aranjuez
(Hospital del Tajo),
Arganda (Hospital del
Sureste), Coslada
(Hospital del Henares),
Parla (Hospital del
Sur), San Sebastián de
los Reyes (Hospital del
Norte), Valdemoro,
Vallecas, Móstoles,
Villalba y Torrejón; las
empresas gastaron más de
420.590 euros en las
primeras piedras.
La publicidad del acto
de la primera piedra
colocada en el Hospital
de Valdemoro costó
95.235 euros
Sin embargo, el costo
podría ser mucho mayor,
dado que en algunos
casos se detalla el
concepto de la factura,
y en otros, no, por lo
que puede haber facturas
cuyo “asunto” no aclara
si el gasto se ha
dedicado a primeras
piedras.
En el caso del Hospital
de Valdemoro, se detalla
el gasto del acto de la
primera piedra (70.188
euros), pero, además, se
especifica por separado
el costo del catering
del acto (14.926 euros
más), el costo del vídeo
que se realizó del acto
(2.744 euros) más todas
las copias que se
hicieron posteriormente
y la traducción
-locución y adaptación-
al inglés (las copias y
la adaptación supusieron
un desembolso superior a
14.000 euros). En suma,
según las facturas
aportadas, la publicidad
del acto de la primera
piedra colocada en el
Hospital de Valdemoro
costó 95.235 euros.
Pero podría ser más.
Algunos extractos
detallan el gasto del
traslado de la maqueta
para el acto, la
adecuación del terreno,
copias del vídeo... Por
ejemplo, el Hospital de
Vallecas precisa que el
coste de la lona para el
acto en cuestión supuso
un desembolso de 1.671
euros, pero ningún otro
hospital hace referencia
a este gasto. Asimismo,
los hospitales emiten
facturas cuyo concepto
es “copias de vídeo” o
“rodajes de sesión
fotográficas”, pero no
concretan si se trata de
copias del vídeo
realizado durante el
evento de la primera
piedra (como ocurre en
el caso de Valdemoro) o
de la progresión y
evolución de las obras.
De las facturas se puede
extraer la cifra
económica que cada
hospital realizó de la
primera piedra:
-Hospital de Aranjuez:
solo detalla que
realizaron copias del
vídeo de la primera
piedra, que costaron
5.278 euros.
-Hospital de Arganda:
56.750 euros del acto
más 3.857 copias del
vídeo (60.607 euros).
-Hospital de Coslada:
45.448 euros (solo el
acto).
-Hospital de Parla:
38.617 (solo el evento).
-Hospital de San
Sebastián de los Reyes:
28.454 euros (el acto).
-Hospital de Valdemoro:
un total de 95.235
euros.
-Hospital de Vallecas:
60.609 del acto, al que
hay que sumar 383 euros
del traslado de la
maqueta para el evento y
una lona, 1.671 (en
total, 95.235).
-Hospital de Móstoles:
30.171,66 euros.
-Hospital de Torrejón:
23.780.
-Hospital de Villalba:
26.203,29 euros.
En total, el montante
cuya descripción de las
facturas especifica que
el gasto está
relacionado con el acto
de la primera piedra, es
de 420.590 euros. Pero,
como decimos, podría ser
superior. La empresa
Over Marketing (unas de
las compañías en el
punto de mira de la UCO)
cobraba 2.494 euros por
cada mil copias de
vídeo, y se realizaban
pedidos periódicamente.
Casi mensualmente.
A este gasto, habría que
sumarle trípticos, spots
de televisión, diseño de
marquesinas, publicidad
en autobuses… Todo ello
se incluye dentro del 1%
del gasto que las
empresas adjudicatarias
tienen obligación de
gastar en publicidad.
Madrid 'no sabe nada'
La UCO no solo ha pedido
a la Consejería de
Sanidad las facturas y
el pliego de condiciones
de los contratos del
plan de infraestructuras
sanitarias entre 2004 y
2007 (ampliado a
posteriori al 2011),
sino que también ha
reclamado “que se
identifique a la persona
encargada” que “designó
a las empresas que
realizaron los servicios
de publicidad e
información”, así como
el nombre de las
empresas y el
procedimiento de
elección, selección y
adjudicación que se
siguió.
También pidió que se
informara del “tipo
concreto de servicio de
publicidad” y el nombre
de las personas que
supervisaron estos
trabajos.
En su respuesta, la
Comunidad de Madrid
quiso dejar claro que
“los pagos no los
realizaba la Consejería,
sino que es una
obligación de la
Sociedad Concesionaria”,
tal y como se detalla en
los “Pliegos de
Cláusulas
Administrativas
Particulares de cada uno
de los Hospitales y
Centros de Salud”, por
lo que la tramitación de
los pagos, aseguran, que
no estaba sujeta a la
Ley de Contratos vigente
en cada momento”.
La Comunidad de Madrid
se escuda en que “se
desconoce quién fue la
persona de esta
Consejería” que se
“designó para realizar
la selección de las
empresas”. Eso sí,
añaden que era Germán
Rasilla Arias (otrora
Asesor Técnico del
entonces Consejero de
Sanidad y Consumo) el
que “daba la conformidad
a las facturas mediante
certificado firmado”. En
este sentido, desde
Madrid sentencian que no
pueden determinar si la
decisión de los encargos
era de Rasilla o se
debía a una orden de
“indicación de
instancias superiores”.
Asimismo, la Comunidad
de Madrid asegura que
entre 2004 y 2008 no se
tiene constancia del
procedimiento de
elección, selección o
adjudicación de las
empresas: “No hay
documentación obrante
que pueda justificar
estos extremos”, al
tiempo que informa que
desde 2008 se sigue
contratando con las
mismas empresas porque
en su momento fueron
adjudicatarias.
https://www.elplural.com/politica/2017/11/30/las-constructoras-de-los-hospitales-gastaron-casi-medio-millon-en-las-primeras
LA EX JEFA JURÍDICA DE
LA ASAMBLEA EXCULPA A
CIFUENTES POR EL
CONTRATO DE LA CAFETERÍA
Destaca que Cifuentes
integraba el Comité de
Expertos que avaló
aquella adjudicación por
el cargo que desempeñaba
entonces como hubiera
ocurrido con cualquier
otra persona
La exjefa del Servicio
Jurídico de la Comunidad
de Madrid Tatiana
Sonsoles Recoder ha
exculpado este jueves en
la Audiencia Nacional a
la presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes,
salpicada por la UCO en
la trama Púnica en
relación con los
contratos adjudicados
por una mesa de
contratación que ella
presidía en su etapa
como vicepresidenta de
la Cámara madrileña
entre los años 2007 y
2012, antes de dirigir
la Delegación del
Gobierno en Madrid.
Ha defendido ante el
juez instructor Manuel
García Castellón que la
licitación en 2009 de
este servicio se hizo
cumpliendo
escrupulosamente con la
legalidad vigente y
destacado que Cifuentes
integraba el Comité de
Expertos que avaló
aquella adjudicación por
el cargo que desempeñaba
entonces y formó parte
de esta operativa, como
hubiera ocurrido con
cualquier otra persona.
Recoder, que ha
declarado en calidad de
investigada, ha
respondido a las
preguntas de su letrado
y de la Fiscalía en
relación al contrato que
recayó en el Grupo
Cantoblanco, del
empresario Arturo
Fernández. Según
explican fuentes
presentes en la
declaración, Recoder ha
insistido durante los
cerca de 45 minutos que
ha durado el
interrogatorio, en que
los criterios que se
siguieron venían
recogidos en los pliegos
y que ella no tenía
responsabilidad en
revisar el fondo de los
mismos, sino simplemente
en que se cumplieran,
como así ocurrió. En
respuesta a las
preguntas de la Fiscalía
Anticorrupción ha
explicado también que se
valoró positivamente la
experiencia anterior de
la empresa en otras
licitaciones como por
ejemplo la gestión que
ostentó hasta 2014 de la
cafetería del Congreso
de los Diputados.
En julio de 2009,
Cantoblanco se llevó la
concesión del servicio
de hostelería durante el
siguiente año tras
presentar una oferta de
212.900 euros. Obtuvo
una puntuación total de
71,59 puntos y superó al
segundo licitador, Clece
SA (empresa integrada en
ACS), que obtuvo 57,5
puntos. En ese año, la
presidenta de la
Asamblea era Elvira
Rodríguez, actual
presidenta de la CNMV.
En julio de 2011,
Cantoblanco volvió a
imponerse en el concurso
con una propuesta de
174.960 euros. En este
segundo contrato, aunque
el proceso de licitación
también fue iniciado
bajo la presidencia de
Rodríguez, la
adjudicación la completó
su sucesor en el cargo,
José Ignacio Echeverría
(que dimitió en
diciembre de 2015 tras
sufrir un accidente de
tráfico y superar la
tasa de alcoholemia
permitida).
En ambos procesos, el
órgano de contratación
del Parlamento
autonómico resolvió que
la compañía de Arturo
Fernández había
presentado la oferta más
ventajosa. Según la
información a la que ha
tenido acceso El
Confidencial, Cifuentes,
como vicepresidenta
primera de la Asamblea,
presidió la comisión de
expertos que estudió y
aprobó la valoración de
las ofertas presentadas.
Cifuentes fue
vicepresidenta de la
Asamblea entre 2007 y
principios de 2012 y le
tocó presidir varias
mesas de contratación.
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-11-30/la-ex-jefa-juridica-de-la-asamblea-exculpa-a-cifuentes-por-el-contrato-de-la-cafeteria_1486204/
PS TALAMINO. GRANADOS
RECONOCE QUE EL
CHIVATAZO INCLUYÓ DATOS
SOBRE EL ‘CASO PÚNICA’
El político admite en un
desliz que el guardia
civil sí le indicó que
la UCO estaba
investigando un caso
económico
Francisco Granados se
mantenía firme en su
declaración por el
chivatazo del caso
Púnica. Contestaba con
firmeza a la
representante de la
Fiscalía Anticorrupción
para negar una y otra
vez la existencia de un
soplo que le alertase de
que estaba siendo
investigado. Con sus
palabras respaldaba lo
que los otros dos
procesados, los guardias
civiles José Manuel
Rodríguez Talamino y
José Luis Caro Vinagre,
habían declarado el día
antes. Sin embargo, al
comentar el contenido
del segundo encuentro
que tuvo con el primero
de los agentes en un
local de copas de
Valdemoro, el político
cometió un desliz.
Por primera vez, el
presunto cabecilla de la
trama admitió que la
información que recibió
incluía más datos de los
que hasta ahora había
defendido. Granados
reconoció que Rodríguez
Talamino le confirmó que
participaba en el
operativo —su grupo se
encargó de instalar un
sistema de video
vigilancia frente a las
oficinas del constructor
David Marjaliza— y que
las pesquisas estaban
centrados en un asunto
económico. El desliz no
pasó inadvertido a la
fiscal Carmen García
Cerdá, que era quién
realizaba el
interrogatorio. “Esto
que ha dicho es muy
importante”, le espetó
al político, que intentó
matizar sus preguntas
sin mucho éxito.
En una declaración de
hora y media en la que a
menudo ha cuestionado la
labor de Anticorrupción
y el contenido de los
informes sobre las 14
llamadas que le
incriminan en el
chivatazo, Granados ha
intentado minimizar el
contenido de las
revelaciones que le hizo
el agente Rodríguez
Talamino a un simple
comentario en una noche
de copas en la que su
interlocutor estaba
“borracho”. El político
ha asegurado que se
preocupó por el
comentario que le hizo
este la madrugada del 6
de septiembre de 2014,
aunque negó que
intentara recabar nuevos
datos sobre las
pesquisas de las que
supuestamente le habían
alertado. Ha afirmado
que se limitó a mirar en
la Wikipedia que era la
UCO, pero que no intentó
en ningún momento que el
tercer encausado, el
guardia civil en
excedencia Caro Vinagre
y miembros del PP como
el exdelegado del
Gobierno en Madrid,
Pedro Núñez Morgades,
intentaran recabar
nuevos datos sobre las
pesquisas.
El exdirigente popular
ha dedicado una parte de
su declaración a cargar
contra David Marjaliza,
el que fuera su amigo y
socio —aunque él ha
negado este último
extremo—. Granados ha
insistido, como hicieron
ayer los abogados de la
defensa, en que debía
ser el constructor el
que estuviera en el
banquillo de los
acusados ya que él si
conoció detalles de la
investigación antes de
las detenciones.
Granados aseguró que el
constructor le informó
de que había una
investigación abierta en
la Audiencia Nacional y
que, incluso, el
empresario tomó medidas
para poner a salvo su
patrimonio, además de
“consultar a una
pitonisa para saber si
iba a salir bien” de
ello.
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/15/actualidad/1510746000_645344.html
PS TALAMINO. UNA
CONTRADICCIÓN DE
MARJALIZA PONE EN RIESGO
SU ACUSACIÓN CONTRA
GRANADOS
Las contradicciones de
David Marjaliza, el
presunto conseguidor de
la Púnica, están
poniendo en entredicho
sus acusaciones contra
Francisco Granados, ex
secretario del PP de
Madrid y uno de los
principales imputados en
la supuesta trama de
corrupción. Hace dos
semanas se produjo el
primer juicio por de la
Púnica. Se trataba de la
vista celebrada por el
supuesto chivatazo que
Granados recibió de dos
agentes de la Guardia
Civil que le avisaron de
que estaba siendo
investigado por la
UCO.La defensa de
Francisco Granados
sostiene que David
Marjaliza y su
secretaria y testaferro,
Ana Ramírez, mintieron
en este juicio para
incriminar a Granados y
modificaron las
declaraciones realizadas
ante el juez Velasco a
lo largo de la
instrucción del caso.
Ambos señalaron en la
vista de este mes de
noviembre de 2017 que
quemaron toda la
documentación que
contenía las pruebas de
los sobornos a cargos
públicos y políticos.
Según su testimonio,
hicieron acopio de los
papeles clave durante
todo un fin de semana,
los dos solos, en sus
oficinas. Agregaron que
siguiendo instrucciones
de Francisco Granados,
esperaron un mes hasta
que encontraron un día
de niebla, a principios
de octubre, para
quemarlos. Para reducir
todos los papeles
comprometidos a cenizas
mandaron a otro socio de
Marjaliza, Eduardo de la
Peña, a carbonizarlo
todo.
Lo curioso es que la UCO
nunca ha podido
demostrar que Granados
acudiese a la oficina
antes de que se quemasen
los papeles y tampoco ha
acreditado que se lo
ordenase en los
pinchazos telefónicos.
Lo que Marjaliza contó
de este asunto clave
ante el juez en 2015 fue
muy distinto. Hace dos
años dijo que gente de
toda su oficina les
ayudó a sacar tres
carros de Carrefour
llenos de papeles para
calcinarlos y que lo
hicieron el 12 y 13 de
septiembre. En su día
dijo que lo hizo porque
entró en pánico y que no
dejó nada. En 2015 el
juez le preguntó a
Marjaliza. "¿La
destrucción de
documentos es por lo
información que le da
Paco Granados?". Y
Marjaliza contesta: "No
es exclusivamente por
eso... es un acicate
más". No mencionó
tampoco como hace ahora
a Eduardo de la Peña, el
hombre que quemó los
papeles y que está
acusado por hacer
supuestas facturas
falsas para Marjaliza.
Sobre la quema de los
papeles la versión de
Ana Ramírez en 2015
también dista mucho de
la dada ahora en
noviembre en el juicio
del chivatazo. Hace dos
años dijo que no se
quemó nada y que los
papeles se los comieron
las máquinas, una
trituradora, en dos
horas y que esos
documentos no tenían
nada que ver con
Granados ya que eran de
la compañía Cofely. Muy
diferente a lo que dijo
hace 15 días cuando
señaló que lo que se
quemaba eran documentos
de las comisiones a Paco
Granados. Marjaliza
también dijo en 2015 que
Granados no le había
beneficiado en su
actividad empresarial y
que todos los pagos que
hacía en B los tenía
memorizados en la
cabeza. No habla nada de
un cuaderno donde anota
esas cantidades. Y Ana
Ramírez insiste en
varias ocasiones en 2015
que no había papeles con
pagos a políticos y que
no los conocía.
Hace dos semanas
Marjaliza da otra
versión radicalmente
distinta. Dice que había
un cuaderno donde se
apuntaban los sobornos a
Francisco Granados y
añade que pasaba todos
los meses por sus
oficinas, desde 1999 a
2011 para cobrar. Es
más, en 2015 Ana Ramírez
niega que Francisco
Granados fuese "jamás
por sus oficinas y
recibiera dinero".
También lo negó en sus
primeras comparecencias
David Marjaliza, según
la defensa de Granados.
"Más aún, siempre han
manifestado que no
llevaban ningún apunte
de esa naturaleza",
añaden las mismas
fuentes. Para la defensa
de Granados tanto
Marjaliza como Ramírez
mienten constantemente y
toda la instrucción de
la trama Púnica está
plagada de
contradicciones que
ponen en cuestión toda
la instrucción del caso.
Ayer mismo la defensa de
Granados presentó una
denuncia para que se
investigue las
relaciones de Marjaliza
con un narcotraficante y
que se indague si la UCO
cometió una grave
infracción penal por
omisión del deber de
perseguir el delito.
David Marjaliza, el
presunto conseguidor de
la Púnica, fue detenido
el 27 de octubre de 2014
y se negó a declarar. El
juez Velasco le envió a
prisión. En junio de
2015 llega a un acuerdo
con la Fiscalía para
incriminar a Francisco
Granados a cambio de
beneficios y salir de
prisión, según la
defensa del ex
secretario del PP de
Madrid y ex consejero de
Interior. Desde ese
momento acude muchas
veces a declarar a la
Audiencia Nacional,
hasta abandonar la
cárcel en las Navidades
de 2015.En sus
maratonianas
declaraciones ante
Velasco y los fiscales
del caso, siempre bajo
secreto de sumario y sin
que los abogados de los
diferentes investigados
pudieran estar presentes
y preguntar, Marjaliza
va endureciendo sus
acusaciones contra
Granados y otros cargos
públicos, según el mismo
letrado. Su aparente
objetivo es conseguir
una condena más moderada
y de hecho, el 18 de
junio de 2015, el juez
Velasco recalca a
Marjaliza: "Está
colaborando para
acogerse a futuros
beneficios".
En sus primeras
declaraciones David
Marjaliza sólo acusa a
Granados de recibir
sobornos de una forma
inconcreta,
circunscribiéndolo a su
etapa de alcalde de
Valdemoro (1999-2003),
sin saberse muchas veces
si se refiere a Granados
o en general a los
políticos, y sin dar
absolutamente ningún
dato.
En posteriores
comparecencias
judiciales cambia
radicalmente su versión
e introduce, aunque sin
concretar tampoco, a la
Comunidad de Madrid y la
financiación del PP.
Igual hace con otros
cargos públicos, como
los ex alcaldes de
Valdemoro José Miguel
Moreno y Juan Carlos
Boza. Marjaliza cae en
continuas
contradicciones de unas
declaraciones a otras, y
en muchísimos casos son
las fiscales y el propio
Velasco quienes
contestan por él, según
la defensa de Granados.
Igual sucede con Ana
Ramírez, su secretaria,
testaferro y persona de
máxima confianza. Tras
ocho meses en la cárcel
empieza a "colaborar de
manera dirigida" en la
misma dirección que su
jefe, David Marjaliza,
según los abogados de
Francisco Granados.
http://www.elmundo.es/espana/2017/11/28/5a1c6edb46163f73088b4620.html
EL JUEZ DE PÚNICA
SOSTIENE QUE EL PP DE
AGUIRRE USÓ UNA
CONTABILIDAD "AD HOC"
PARA OCULTAR LA CAJA B
Accede a que se
investigue a tres
empresas por recibir un
trato de favor por parte
del Gobierno regional
antes de las elecciones
de 2011 El juez
relaciona a estas
empresas con "la
ocultación de partidas
de gastos electorales
que no se recogieron en
la contabilidad
electoral del PP de
Madrid" La UCO señala
que cargos del Gobierno
de Aguirre se reunieron
con responsables de una
empresa proveedora del
PP poco antes de
adjudicarles un contrato
público
El PP de Esperanza
Aguirre diseñó con
cuidado su contabilidad
para esconder los pagos
en negro que sufragaban
los gastos electorales.
Así lo indica un auto
del juez del caso
Púnica, Manuel García
Castellón, por el que
ordena investigar si la
Comunidad de Madrid
benefició en 2011 a las
empresas que luego
organizaron actos
electorales para el
partido.
En su escrito, al que ha
tenido acceso
eldiario.es, el juez
aprueba a las
diligencias solicitadas
por la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil, que
reclama datos sobre los
contratos suscritos
entre la Consejería de
Hacienda de la Comunidad
de Madrid y las empresas
Thinking Forward,
Central de Producers y
la Joya Producciones
-esta última asegura a
eldiario.es que no está
" implicada en nada"-.
Tres proveedores del PP
que están relacionados
con Laboratorio de
Almagro, una de las
empresas que el juez
incluye en la
financiación ilegal del
partido.
García Castellón accede
a reclamar nuevas
pruebas sobre estas
empresas, con el fin de
"recabar nuevas
evidencias" y ampliar la
información que ya se
dispone sobre
"subvenciones, donantes,
adjudicaciones,
facturaciones de
cobertura con empresas
intermediarias, o la
simple ocultación de
partidas de gastos
electorales que no se
recogieron en la
contabilidad electoral
del Partido Popular de
Madrid, confeccionada
'ad hoc'".
El juez señala que estas
nuevas diligencias se
ordenan tras localizar
un documento donde se
revelaba "la posible
participación encubierta
de la empresa citada
-Laboratorio de Almagro-
en un concurso público
licitado por la
Comunidad de Madrid poco
antes de las elecciones
autonómicas y
municipales del año
2011".
La UCO desarrolla la
participación de esta
empresa en un informe,
en el que advierte de
que Laboratorio de
Almagro desarrolló los
trabajos de un contrato
público licitado por la
Consejería de Hacienda a
otra empresa, Thinking
Forward. La primera
"participó de manera
encubierta en la
licitación y ejecución
del referido contrato
público, llegó a
percibir el sesenta por
ciento de los beneficios
del mismo".
Es más, la UCO señala
que este proveedor del
PP "parece dirigir todas
las actuaciones del
contrato y ordenar los
pagos a los proveedores
del mismo, pese no ser
la adjudicataria real
del contrato público
investigado". Los
agentes destacan que
estas empresas también
colaboraron después en
diversos aspectos de la
campaña de Aguirre.
Contactos y reuniones
previas al contrato
Los agentes también
destacan que en el
registro de Laboratorio
de Almagro encontraron
un documento denominado
"contactos PP". En él
aparecen nombres y
teléfonos de cargos del
PP, pero también de la
Consejería de Hacienda,
como el mismo consejero,
Antonio Beteta. En la
lista de contactos de
esta empresa aparecen
también Beltrán
Gutiérrez, exgerente del
PP de Madrid, o
Francisco Granados.
En otro correo
interceptado,
responsables de la
empresa dejan claro que
tiene contactos en el
gobierno de Aguirre que
pueden ayudarles con los
contratos públicos:
"Creo que tendríamos que
coordinar bien estos
temas para que haya
siempre alguien
pendiente de los
concursos públicos,
especialmente de la CAM
(donde se supone que
tenemos amigos ¿no?)".
La UCO hace hincapié en
que el contrato
investigado se tramitó
poco antes de las
elecciones por el
procedimiento de
urgencia, cuando su
objeto era "informar a
todos los madrileños de
los beneficios y
servicios que obtienen
de la Comunidad de
Madrid por cumplir con
sus obligaciones
tributarias en la
Comunidad de Madrid".
Es más, rematan los
agentes que los
responsables de
Laboratorio de Almagro
"habrían mantenido
contactos directos con
responsables de la
Consejería de Economía y
Hacienda de la Comunidad
de Madrid, produciéndose
uno de esos contactos
antes de la publicación
del concurso y en
relación directa con esa
licitación concreta,
produciéndose la segunda
de esas reuniones
durante el proceso de
licitación del contrato
y antes de su
adjudicación
provisional".
En un correo posterior
de la responsable de la
empresa se refuerzas las
sospechas de los
agentes. Maria Luisa de
Madariaga, al frente de
Laboratorio de Almagro,
escribe que "hemos
recibido el briefing de
lo que quiere la
Consejera hace semanas,
y habéis podido trabajar
con esta información,
incluso antes de la
salida de pliegos".
Los agentes concluyen
que es necesario
investigar si hubo amaño
en ese contrato, dado
que durante la
investigación se han
reunido "elementos
probatorios sólidos que
acreditarían actos de
favorecimiento en
determinados procesos de
de adjudicación de
contratos públicos a
personas allegadas a la
formación política
investigada". En base a
este informe, el juez
accede a reclamar
documentación a la
Consejería de Hacienda y
a las empresas sobre ese
contrato.
La Joya Producciones
insiste en que ellos
solo fueron contratados
por Laboratorio de
Almagro para la
producción de un vídeo
para la Consejería de
Hacienda, no para el PP,
y añaden que han
entregado a la Guardia
Civil toda la
información que les ha
requerido.
http://www.eldiario.es/politica/Punica-sostiene-PP-Aguirre-contabilidad_0_707980380.html
EL SUPREMO INVESTIGARÁ A
LA SENADORA ‘POPULAR’
PILAR BARREIRO
El tribunal ha decidido
abrirle una causa por
los delitos de fraude,
malversación de caudales
públicos, cohecho,
prevaricación continuada
y revelación de
información reservada
El Tribunal Supremo
investigará la relación
de la senadora del PP y
exalcaldesa de Cartagena
(Murcia) Pilar Barreiro
con la trama Púnica. La
Sala Penal ha acordado,
en un auto notificado
ayer, abrir una causa
contra la senadora por
cinco delitos: fraude,
malversación de caudales
públicos, cohecho,
prevaricación continuada
y revelación de
información reservada.
En el mismo escrito, la
sala nombra a la
magistrada Ana Ferrer
como instructora de este
caso. La decisión del
Supremo asume la
exposición razonada que
envió en mayo pasado el
juez Eloy Velasco, que
hasta junio estaba a
cargo de la
investigación de Púnica
en la Audiencia
Nacional. Velasco no
podía investigar a
Barreriro debido a la
condición de aforada de
la senadora, pero pidió
al Supremo que lo
hiciera al considerar
que la exalcaldesa de
Cartagena había
contratado con dinero
público a uno de los
cabecillas de la Púnica,
Alejandro de Pedro, para
que mejorara en las
redes sociales su
reputación, que estaba
muy deteriorada después
de verse presuntamente
vinculada a casos de
corrupción.
La actuación que se
atribuye a la senadora
es similar a la llevada
a cabo, supuestamente,
por el expresidente de
Murcia Pedro Antonio
Sánchez, que está
procesado por el caso
Púnica en el Tribunal
Superior de Justicia de
Murcia, aunque en el
caso de Barreiro los
pagos sí se llevaron a
cabo y en el de Sánchez,
no.
Según el Supremo, los
hechos más relevantes
imputados a la senadora
están relacionados con
dos de los supuestos
acuerdos a los que se
refería el juez Velasco:
uno para defraudar al
Ayuntamiento de
Cartagena y otro para
defraudar a la
Consejería de Educación
de Murcia.
Respecto al primero, el
magistrado recogía
indicios que revelaban
que Barreiro asistió a
reuniones donde, “con
abuso de su cargo al
frente de la gestión del
Ayuntamiento de
Cartagena”, puso en
marcha un “plan
defraudador” basado en
crear cuentas de redes
sociales y un diario
digital a su servicio
que costearía el
Consistorio.
Sobre el acuerdo para
defraudar a la
Consejería de Educación,
el juez describía
indicios de que la
aforada participó en un
plan para que el
Gobierno regional pagase
a De Pedro por otro
trabajo más completo de
reputación online a
favor de ella y del
entonces presidente
murciano.
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/17/actualidad/1508250053_555112.html
ANTICORRUPCIÓN PIDE DOS
AÑOS DE CÁRCEL PARA EL
EXPRESIDENTE DE MURCIA
La Fiscalía presenta su
escrito de acusación
contra el expresidente
del PP y de la comunidad
autónoma, Pedro Antonio
Sánchez, y le reclama
dos años de prisión por
cometer un delito de
fraude al intentar
contratar a la trama
Púnica con dinero
público y mediante
facturación fraudulenta,
para mejorar su imagen
en redes sociales
Las fiscales
Anticorrupción Carmen
García y María Teresa
Gálvez han presentado
ante el Tribunal
Superior de Justicia de
Murcia el escrito de
acusación contra el
expresidente de esa
comunidad y del PP en la
región, Pedro Antonio
Sánchez, por su relación
con la trama Púnica.
Las fiscales piden dos
años de cárcel y ocho de
inhabilitación para
cargo público para el
expresidente Murcia por
un delito de fraude en
grado de tentativa, ya
que aunque supuestamente
intentó contratar a la
trama Púnica con dinero
del Gobierno autonómico
y mediante facturación
fraudulenta para mejorar
su imagen personal en
las redes sociales, al
final no pudo hacerlo
porque la trama fue
desarticulada justo
cuando iban a comenzar
los trabajos, en octubre
de 2014.
El escrito ha sido
comunicado este lunes a
las partes por el
Tribunal Superior de
Justicia, pero tiene
fecha del pasado 25 de
septiembre; dos días
antes de que Pedro
Antonio Sánchez, por
sorpresa, dimitiera de
todos los cargos a los
que aún se aferraba:
tanto a la presidencia
regional del PP como al
puesto de diputado
autonómico.
La Fiscalía, aunque con
una petición de pena
inferior a la
inicialmente prevista,
finalmente acusa por un
delito de fraude en
grado de tentativa a
Pedro Antonio Sánchez, a
pesar de que el Fiscal
General del Estado, José
Manuel Maza, llegó a
ordenar la retirada de
la acusación contra el
expresidente de Murcia,
basándose en un supuesto
informe de los fiscales
de Sala del Supremo, que
al parecer, sostenían la
inexistencia del delito.
Al escrito de
Anticorrupción, se suma
el ya presentado por
ADADE, acusación popular
en la causa, que reclama
para Pedro Antonio
Sánchez 9 años de cárcel
por delitos de fraude y
cohecho en grado de
tentativa.
http://cadenaser.com/ser/2017/10/02/tribunales/1506968315_425847.html
UN NUEVO INFORME
POLICIAL REMACHA LA
FINANCIACIÓN ILEGAL DEL
PP MADRILEÑO
La UCO entrega en la
Audiencia Nacional el
avance de un documento
más amplio en el que ya
detalla el hallazgo de
nuevos documentos sobre
la caja b
Un nuevo informe de la
Guardia Civil entregado
al juez Manuel
García-Castellón,
instructor del caso
Púnica de corrupción,
apuntala los indicios
sobre la supuesta
financiación ilegal del
PP madrileño entre 2007
y 2011. El atestado,
fechado el pasado
miércoles, sostiene que
la formación
conservadora se sirvió
de la empresa de
publicidad El
Laboratorio de Almagro
para camuflar gastos
electorales por encima
de los límites legales
en los comicios
autonómicos de 2011.
En la agenda intervenida
en octubre de 2014 en el
domicilio del ex
secretario general del
PP madrileño Francisco
Granados los agentes
detectaron una anotación
que les llamó la
atención: “El
Laboratorio”. Este
nombre fue identificado
por los investigadores
como la empresa de
publicidad El
Laboratorio de Almagro,
dirigida por María Luisa
Madariaga. Esta sociedad
fue la adjudicataria,
tras un concurso
interno, de la campaña
electoral de las
autonómicas de 2011,
cuya cabeza de cartel
fue Esperanza Aguirre.
La investigación sobre
la caja b del partido en
el caso Púnica ha puesto
de manifiesto que esta
compañía recibió
supuestamente fondos
opacos para financiar la
campaña de Aguirre
saltándose los límites
de la ley electoral. En
esos comicios, el
partido supuestamente
destinó 1,54 millones de
euros de “procedencia
desconocida”, según la
Guardia Civil. De esa
cantidad, según un
archivo Excel de campaña
intervenido al exgerente
del PP madrileño Beltrán
Gutiérrez Moliner, 1,21
millones se emplearon en
pagos a El Laboratorio
por diversos conceptos,
de los cuales 897.000
euros correspondían a la
campaña de 2011. Sin
embargo, el montante
declarado oficialmente
por el partido como
pagos de ese periodo
electoral a El
Laboratorio y las
sociedades vinculadas a
esta compañía fue
sensiblemente inferior:
solo 217.000 euros.
En el nuevo informe, los
agentes resaltan el
hecho de que el 22 de
agosto de 2011, pocos
meses después de las
elecciones autonómicas,
María Luisa Madariaga y
su esposo, Marcelino
Elosúa, fueron
sorprendidos en la
frontera franco suiza de
Saint Julien cuando
pretendían entrar en
Francia desde el país
helvético con 200.000
euros ocultos en tres
paquetes bajo el asiento
del conductor. El
informe policial
especula con la posible
vinculación de este
movimiento irregular de
fondos y los pagos en b
a El Laboratorio y sus
filiales.
Para justificar la
procedencia lícita de
ese dinero en efectivo,
la defensa de Marcelino
Elosúa ha presentado dos
resguardos bancarios de
la misma fecha de la
aprehensión de los
fondos por los aduaneros
franceses. Estos
resguardos bancarios
corresponden a dos
cuentas corrientes de la
sociedad panameña Zaino
Associated Corporation
en la banca privada
Julios Bär, en Lausana
(Suiza).
El hecho de que el
dinero estuviera en un
banco suizo a nombre de
una sociedad panameña
abierta en un despacho
dedicado a la
“testaferría
internacional” entra en
“franca contradicción”,
según los agentes, con
“los argumentos
expresados por la
defensa [de Elosúa] de
que la procedencia del
efectivo incautado [en
la frontera
franco-suiza] era
fácilmente
identificable”.
El 7 de marzo pasado,
los agentes del
instituto armado, por
orden del juez del caso
Púnica, registraron los
domicilios del
matrimonio y de las
sociedades de El
Laboratorio. El análisis
de los documentos
intervenidos en ese
registro será objeto de
un informe específico,
pero los investigadores
han comunicado al juez
un “resumen anticipado”
de ese futuro atestado.
Pago de facturas
Los agentes informan al
magistrado de que han
encontrado facturas de
varias empresas
subcontratadas por el
Laboratorio para
trabajos supuestamente
realizados en la campaña
electoral del PP
madrileño en 2011. Según
el informe, “muchas de
estas facturas”, cuyo
concepto corresponde de
manera “indubitada” a la
campaña, “han sido
abonadas semanas antes a
la convocatoria
electoral”. Otras
facturas se han
fraccionado en dos
pagos, uno antes de la
campaña y otro durante
el periodo especial
previo a los comicios.
El informe policial pone
de relieve, en su parte
final, que en fechas
anteriores a la campaña
de 2011, El Laboratorio
supuestamente recibió
parte de los beneficios
de una campaña de
publicidad de la
Consejería de Economía
de la Comunidad de
Madrid, pese a no haber
sido adjudicataria del
mismo ni “haber sido
subcontratada para su
ejecución”.
"Se facturó como dijo el
partido"
El matrimonio formado
por Marcelino Elosúa y
María Luisa Madariaga
declaró ayer en la
Audiencia Nacional
(ambos como
investigados) ante el
juez Diego de Gea
—nombrado en apoyo de su
compañero Manuel García
Castellón, de viaje esta
semana— para explicar su
presunta implicación en
la trama. Durante su
comparecencia, ambos
insistieron en que los
200.000 euros que se les
intervino en la frontera
entre Francia y Suiza
era “dinero de la
familia” de él y que ya
pagaron una multa por
ello, aunque no
explicaron por qué
estaba en un banco
helvético a nombre de
una sociedad panameña.
“No les preguntaron”,
aseguran fuentes
cercanas al matrimonio.
Estas insistían ayer en
que los trabajos que
hicieron al PP de
Aguirre para diseñar su
estrategia electoral en
2011 fueron
“transparentes” y que
los pagos se realizaron
“por transferencias
bancarias, sin dinero en
efectivo ni sociedades
interpuestas”, aunque
admitieron que algunos
se hicieron fuera de
plazo. “Se facturó cómo
dijo el PP”, alegaron.
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/19/actualidad/1508428896_970302.html
GRANADOS PIDE AL JUEZ
QUE IMPUTE A CIFUENTES,
IGNACIO GONZÁLEZ Y
AGUIRRE
Se apoya para ello en el
informe de la UCO
desvelado por
ELPLURAL.COM sobre el
desvío de 2,5 millones
de euros en B para
campañas electorales del
PP
Francisco Granados ha
presentado ante el
juzgado de Instrucción
número 6 de Madrid un
escrito en el que
reclama se cite como
investigados (antigua
imputación ) por el caso
Púnica a la presidenta
de la Comunidad de
Madrid, Cristina
Cifuentes, a sus
predecesores, Ignacio
González y Esperanza
Aguirre, y a la
exconsejera de la
Comunidad de Madrid
Lucía Figar, entre
otros. Inicialmente
estaban llamados como
testigos, pero el nuevo
abogado, José Javier
Vasallo, ha decidido
modificar "la naturaleza
jurídica y procesal de
la comparecencia" y
reclama que sean
llamados "en calidad de
investigados. El letrado
argumenta en su escrito,
al que ha tenido acceso
ELPLURAL.COM que el
nuevo informe de la
Unidad Central Operativa
(UCO) que acredita las
irregularidades en la
financiación del PP
durante las elecciones
autonómicas de 2007 y
2011 y las generales de
2008.
El informe de la UCO,
del que este periódico
informó en primicia, fue
enfue entregado al
instructor del Caso
Púnica, el pasado martes
17 de octubre. La
Guardia Civil concluye
que se desviaron 2,5
millones de euros en B
para las citadas
campañas del PP a través
de la empresa de
comunicación Laboratorio
de Almagro.
Todas las personas
citadas tuvieron cargos
de responsabilidad en
las campañas o están
relacionadas con
Laboratorios de Almagro.
Granados considera
"imprescindible" la
imputación de Cifuentes
como "responsable de
dirigentes y
movilización del Comité
de Campaña electoral del
PP de Madrid" en las
elecciones autonómicas y
municipales de 2007.
Destaca también que "fue
Secretaria de Política
Territorial en el
Partido Popular de
Madrid desde 2004 hasta
el 2008, siendo
sustituida
posteriormente por Don
Borja Sarasola" de quien
pide también la citación
como investigado.
A Esperanza Aguirre la
llama como presidenta de
la Comunidad de Madrid
entre 2003 y 2012 y como
lideresa del PP entre
2004 y 2010, que
coincide con los "años
objeto de
investigación". De
Ignacio González, a
quien llama por sus años
como vicepresidente y
presidente de la
Comunidad de Madrid
(2003-2015), presidente
del comité Electoral del
PP de Madrid
(2004-2007), y también
por su puesto como
presidente del Canal de
Isabel II y la Agencia
Informática y
Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid (ICM).
En la lista figura
también Jaime González
Taboada, el
recientemente dimitido
consejero de Medio
Ambiente de Cifuentes,
Lucía Figar, Beltrán
Gutiérrez, imputado en
la caja B del PP, o José
Ignacio Echeverría
Echániz, exconsejero de
Transportes.
En el escrito se nombra
un par de veces a María
Luisa de Madariaga, que
junto a su marido,
Marcelino Luis Elosúa,
prestó declaración ante
el juez Manuel García
Castellón, como
responsables de la
empresa Laboratorios de
Almagro. Ambos
confesaron que el PP de
Aguirre les había pedido
que desdoblaran
facturas.
Granados justifica la
imputación de Lucía
Figar asegurando que
María Luisa de Madariaga
la nombró con persona de
contacto en lo que se
refiere a campañas
electorales. En el
escrito también
justifica la imputación
de Beltrán Gutiérrez,
exgerente del PP,
citando la declaración
judicial de De Madariaga
quien le situó como la
persona que "autorizaba
los pagos y aprobaba las
facturas, redactaba los
conceptos a poner en
dichas facturas, se
encargaba de la
descripción de los
detalles y ordenaba el
desdoblamiento de la
misma".
https://www.elplural.com/politica/2017/10/20/granados-pide-al-juez-que-impute-cifuentes-ignacio-gonzalez-y-aguirre
SUSPENDIDA LA
DECLARACIÓN DE LA EXJEFA
JURÍDICA DE LA ASAMBLEA
DE MADRID POR EL CASO
PÚNICA
El juez Diego de Egea ha
suspendido la
declaración pedida por
la defensa de Tatiana
Sonsoles Recoder, que ha
alegado falta de tiempo.
También se investiga a
Recoder por otra
adjudicación en la que
la Guardia Civil llego a
pedir que se investigara
a Cristina Cifuentes.
El presunto testaferro
de Francisco Granados ha
negado las acusaciones.
El juez de refuerzo de
Púnica, Diego de Egea,
ha suspendido la
declaración como
investigada de la exjefa
de los servicios
jurídicos en la Asamblea
de Madrid, Tatiana
Sonsoles Recoder, citada
por los contratos de
adjudicación de los
servicios de cafetería
del parlamento regional
a Arturo Fernández en
2009. De Egea, en
sustitución del
instructor de la causa,
Manuel García Castellón,
que se encuentra ausente
esta semana, ha accedido
a la suspensión de la
comparecencia a petición
de la defensa de
Recoder, que ha alegado
falta de tiempo para
instruirse en la causa,
ya que ha sido esta
semana cuando se le ha
dado el visto bueno a su
personación, según han
informado fuentes
jurídicas.
Aparte de la concesión
de los servicios de
cafetería a Fernández en
2009, también se
investiga a Recoder por
otra adjudicación al
empresario madrileño en
2011, por la que la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil llegó a pedir que
se investigara también a
la presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes.
Cifuentes presidía
entonces la mesa de
contratación de esas
licitaciones como
vicepresidenta de la
Asamblea de Madrid y
también participaba en
los comités de expertos
que decidieron la
concesión al grupo de
Arturo, quien
previamente había
ingresado 160.000 euros
en la fundación
Fundescam que se
utilizaron presuntamente
para financiar
ilegalmente al PP
madrileño.
Según un auto del
anterior juez instructor
de la causa, Eloy
Velasco, existen
"sólidos indicios" que
acreditarían que
empresarios como
Fernández "fueron
adjudicatarios de
determinados contratos
públicos" donde "habrían
participado cargos
públicos que también
pertenecían por entonces
al Patronato de la
Fundación Fundescam
cuando se efectuaron las
aportaciones económicas
detectadas". Ignacio
Palacios niega los
hechos A lo largo de la
jornada del miércoles ha
declarado también ante
el juez De Egea Ignacio
Palacios, exjefe de
gabinete y presunto
testaferro de Francisco
Granados, quien fue
detenido en la operación
Púnica y quedó en
libertad bajo fianza de
30.000 euros. En su
comparecencia, Palacios
se ha limitado a
responder a su defensa
para negar los hechos
que se le imputan y por
los que está acusado de
delitos de blanqueo,
fraude, cohecho, tráfico
de influencias y
organización criminal.
Además han comparecido
como investigados Pedro
Bernard Moreno,
exdirector de proyectos
de Arpegio; Adolfo
Fernández Maestre, que
asesoró a la empresa
pública, la mujer de
este, Sagrario Gómez
Hernando, y José Luis
Jaraba Pérez, de los
servicios jurídicos
externos de Arpegio.
Fernández Maestre, que
asesoró a Arpegio como
administrador de la
empresa Análisis y
Gestión de Desarrollos
Urbanos (DUSA), que fue
subcontratada por la
empresa pública para
gestionar las
licitaciones públicas
del plan Prisma, ha sido
interrogado acerca de un
flujo de fondos hacia
cuentas que tenía
abiertas en entidades
bancarias suizas. A este
respecto ha explicado
que tenía una cuenta en
Suiza pero que era de un
cliente que tenía en
Nueva Zelanda, cuyo
nombre ha dicho que no
podía desvelar, y que le
mandó una transferencia
de 300.000 euros desde
su propia cuenta para
ahorrarse así 1.500
euros en una
transferencia.
http://www.20minutos.es/noticia/3164108/0/suspendida-declaracion-tatiana-sonsoles-recoder-exjefa-juridica-asamblea-madrid/#xtor=AD-15&xts=467263
EL JUEZ DE PÚNICA ACTIVA
LA INVESTIGACIÓN SOBRE
CIFUENTES Y CITA A LA
EXRESPONSABLE JURÍDICA
DE LA ASAMBLEA DE MADRID
La Guardia Civil
sostiene que la
presidenta de Madrid
cometió un delito de
prevaricación y otro de
cohecho por una
adjudicación en la
Asamblea madrileña.
El juez de la Audiencia
Nacional Manuel García
Castellón ha activado la
investigación que
salpica a la actual
presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, y
que puede acabar
haciéndola desfilar como
investigada. Se trata de
la adjudicación de un
contrato de cafetería al
grupo Cantoblanco en el
año 2009 por parte de la
Asamblea de Madrid
cuando ella era la
presidenta de la mesa de
contratación.
En una providencia
fechada este miércoles y
a la que ha tenido
acceso La Vanguardia, el
magistrado cita a
declarar en calidad de
investigada para el
próximo 18 de octubre a
la entonces responsable
de los servicios
jurídicos de la Asamblea
madrileña, Tatiana
Sonsoles Recoder, “por
su participación en el
proceso de licitación
del contrato de servicio
de cafetería, cocinas y
comedores de la Asamblea
de Madrid del año 2009”.
Después de que el pasado
27 de marzo la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil, que
investiga el ‘caso
Púnica’, emitiera un
informe señalando la
posible comisión de dos
delitos por parte de
Cifuentes el juez no
había adoptado ninguna
medida al respecto.
Cuando se conoció el
contenido del informe
policial, desde el
entorno de Cifuentes y
la propia presidenta
negaron con rotundidad
su implicación en
cualquier irregularidad
y se cargó contra la
Guardia Civil por la
temeridad del informe.
En ese momento, el juez
que llevaba el caso,
Eloy Velasco, estaba a
punto de abandonar el
Juzgado Central de
Instrucción número 6
para ascender como
magistrado a la Sala de
Apelaciones de la
Audiencia Nacional y no
hizo nada. Además, el
fiscal jefe de
Anticorrupción en aquel
entonces, Manuel Moix,
no era favorable a
investigar a Cifuentes.
Sin embargo, ahora hay
un juez nuevo, Manuel
García Castellón, y un
fiscal jefe de
Anticorrupción renovado,
Alejandro Luzón -tras la
dimisión de Moix al
conocerse que disponía
de una sociedad en
Panamá-. A la vuelta de
verano, los
investigadores han
decidido reactivar la
investigación por la
adjudicación irregular
al empresario Arturo
Fernández, a su vez
investigado por
financiar irregularmente
al PP de Madrid.
Tras la declaración de
Recoder, y posiblemente
la de otros responsables
en la adjudicación, el
juez decidirá si hay
indicios suficientes
para citar a Cifuentes
en calidad de
investigada, lo que muy
probablemente le haría
dimitir de su cargo.
La UCO llegó a realizar
hasta dos informes
señalando la presunta
comisión de los delitos
de prevaricación y
cohecho por parte de
Cifuentes. En sus
escritos, los
investigadores explican
que hay indicios que
indican que la
adjudicación de los
contratos del servicio
de cafetería, cocinas y
comedores de la Asamblea
de Madrid de los años
2009 y 2011, “pudo ser
decidida de antemano”.
“Actos injustos con
pleno conocimiento”
A juicio de la
investigación policial,
hubo una clara intención
de beneficiar en todo
momento al grupo
Cantoblanco. Esta
intención se articuló “a
través de una pluralidad
de arbitrariedades que
fueron cometidas por las
personas que conformaron
el comité de expertos en
ambas licitaciones donde
se ponen de manifiesto
actos injustos,
altamente
discriminatorios y
fácilmente cognoscibles
en cuanto al resultado
presumible de su
realización, de la que
puede inferirse el pleno
conocimiento y voluntad
a la hora de ejecutar
los mismos”.
La Guardia Civil
relaciona en sus
informes estas
adjudicaciones con las
aportaciones económicas
localizadas y efectuadas
por el empresario Arturo
Fernández a la Fundación
Fundescam en fechas
anteriores a las mismas.
Según los
investigadores, estas
aportaciones fueron en
gran parte destinadas a
sufragar gastos
electorales del Partido
Popular, al que
pertenecía Cristina
Cifuentes,
Cifuentes presidía las
mesas de las
licitaciones de los
contratos públicos en
relación a Arturo
Fernández, a la vez que
participaba como
componente de los
comités de expertos que
efectuaron las
valoraciones de las
ofertas presentadas,
según la UCO.
Para llegar a esta
conclusión, los agentes
tomaron declaración a
diversos responsables de
la adjudicación, entre
ellos a Tatiana Sonsoles
Recorder, ahora citada
por el juez.
Precisamente, sobre su
declaración la UCO cree
que mintió ya que
ofreció “respuestas
inverosímiles” y no
porque “pudiera
desconocer que la
experiencia no es un
criterio de
adjudicación, sino un
criterio de solvencia”.
http://www.lavanguardia.com/politica/20171005/431806967707/juez-punica-investigacion-cifuentes-cantoblanco-asamblea-de-madrid.html?facet=amp
EL JUEZ CITA A DECLARAR
LA EXJEFA DE SERVICIOS
JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA
DE MADRID POR LA
LICITACIÓN DE LA
CAFETERÍA
Tatiana Sonsoles
Recorder formó parte,
junto a Cristina
Cifuentes, del Comité de
Expertos que tuvo como
única finalidad
"favorecer al Grupo
Cantoblanco" en dicha
licitación
La Guardia Civil señala
que hay "significativas
y evidentes
contradicciones" entre
el testimonio de
Recorder y otro miembro
del comité
El juez de la Audiencia
Nacional Manuel García
Castellón, encargado de
investigar la trama
Púnica, citó a declarar
como investigada el
próximo 18 de octubre a
la exjefa del Servicio
Jurídico de la Comunidad
de Madrid Tatiana
Sonsoles Recorde en
relación a las supuesta
adjudicación irregular
del servicio de
cafetería, cocinas y
comedoras de la Asamblea
de Madrid a Grupo
Cantoblanco entre los
años 2009 y 2011, época
en la que la presidenta
de la Comunidad de
Madrid, Cristina
Cifuentes, era la
presidenta de la mesa de
contratación, han
informado fuentes
jurídicas a Europa Press.
El juez ha citado a
Sonsoles por su presunta
participación en esta
adjudicación a la
sociedad del
expresidente de los
empresarios madrileños
Arturo Fernández,
también investigado,
después el informe de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil elaborado el
pasado 27 de marzo en el
que destacaba que la
comisión de una presunta
prevaricación por parte
del Comité de Expertos
del que formó parte
Cifuentes. Unos días
antes los investigadores
remitieron otro informe
en el que se incidió
también en la posible
comisión del delito de
cohecho.
Según la UCO, este
Comité tuvo como única
finalidad favorecer de
manera preconcebida al
Grupo Cantoblanco en los
procesos de licitación y
en la decisión de
antemano de la
adjudicación de los
mismos. Este
favorecimiento se habría
materializado a través
de conductas
"arbitrarias que
derivaron en actos
injustos y de percepción
paladina" en cuanto a la
comisión de los mismos
por parte de sus
partícipes.
Además, relaciona estas
adjudicaciones con
donaciones realizadas
por el entonces
presidente de los
empresarios madrileños a
Fundescam –fundación del
PP de Madrid–, que
habrían servido para
financiar irregularmente
campañas electorales, si
bien el segundo informe
no alude a esta
circunstancia.
Testimonios
contradictorios
La UCO llegó a estas
conclusiones después de
tomar declaración en las
dependencias de la
Guardia Civil a Tatiana
Sonsoles Recorder, la
jefa de relaciones
externas y protocolo de
la cámara Maria Merino
–que formaba parte del
comité de expertos–, y
el también miembro de
esta mesa Arturo Zubiri.
Según los investigadores
estos testimonios ponen
de manifiesto la
existencia de
"significativas y
evidentes
contradicciones" que
permiten concluir la
existencia de "una
pluralidad de acciones"
por parte del Comité de
Expertos.
La UCO señala que en
ambas licitaciones, y
concretamente en la
licitación del año 2011,
existe una diferencia de
puntos que obtiene la
empresa Cantoblanco tras
haber valorado con cero
puntos a la rival, CLECE
S.A. bajo el falso
argumento de que esa
empresa no había
aportado documentación
alguna al respecto.
De esta circunstancia
concluye la UCO,
"tuvieron que ser
directas partícipes y
conocedoras las otras
dos componentes del
comité expertos María
Cristina Cifuentes
Cuencas y María Merino
Muñoz, lo cual ha podido
acreditarse de manera
indubitada respecto al
criterio de adjudicación
que valoraba otras
mejoras de los
licitadores".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/10/05/el_juez_cita_declarar_exjefa_servicios_juridicos_asamblea_madrid_por_licitacion_cafeteria_70367_1012.html
DOS PROVEEDORES
CONFIRMAN LA
MANIPULACIÓN DE FACTURAS
EN LAS CAMPAÑAS DE
AGUIRRE
Explican ante la
Audiencia Nacional que
fue Beltrán Gutiérrez
quien les pidió que
desdoblaran facturas.
El Partido Popular de
Esperanza Aguirre pidió
a sus proveedores
electorales que
desdoblaran facturas y
las enviaran a nombre de
distintas compañías y
personas físicas para
burlar los controles de
fiscalización. Así al
menos lo reconocieron
ayer ante la Audiencia
Nacional los empresarios
Marcelino Luis Elosua y
Maria Luisa de Madariaga,
responsables de la
empresa de marketing El
Laboratorio de Almagro
36, que trabajó en
varias campañas
electorales para el PP
de Madrid.
En su declaración de
ayer como investigados
en la trama Púnica y
según fuentes del caso,
ambos restaron
importancia al papel de
Francisco Granados en la
financiación de las
campañas y señalaron al
tesorero autonómico del
partido, Beltrán
Gutierrez, como la
persona que les daba las
instrucciones sobre la
elaboración de las
facturas. Su declaración
de ayer fue acordada
este jueves de urgencia
a tras la elaboración de
un informe de la Guardia
Civil firmado el pasado
martes, 17 de octubre,
que ahondaba en las
relaciones entre la
empresa de marketing y
el Partido Popular de
Madrid.
Según el documento de la
Policía Judicial, el
Partido Popular disponía
en la época de Esperanza
Aguirre de una caja B
con 1.014-375 euros para
pagar a proveedores en
la campaña electoral del
2007. Además, en casa
del tesorero autonómico,
también imputado en la
causa, los agentes
localizaron un documento
llamado "día a día",
relacionado con pagos a
proveedores en la
campaña de 2011. Allí
aparecen reflejados
pagos a la empresa El
Laboratorio por valor de
1,2 millones de euros.
"Una parte de los abonos
que aparecen en el
documento contable
referido no han podido
ser localizadas en las
cuentas corrientes de
funcionamiento del
partido Popular",
explican los agentes
encargados del caso en
su informe remitido al
juez.
"En ese mismo archivo
contable donde aparecen
los proveedores y los
pagos a efectuar a los
mismos, también aparecen
consignaciones contables
inherentes a una caja B
en dinero en efectivo,
los cuales ascienden a
1.546.000 euros y que
apuntan a la existencia
de dinero de procedencia
desconocida para
sufragar gastos de
campaña en las
elecciones del año
2011", continúan los
agentes.
Cuentas en Suiza
controladas desde Panamá
El informe elaborado por
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil explica
que de los 1,2 millones
facturados presuntamente
por El Laboratorio de
Almagro y otras empresas
afines al PP en el año
2011 (con comicios
municipales y
autonómicos de por
medio) solo 217.074
euros fueron declarados
por el partido como
gastos electorales. Los
agentes ponen de
manifiesto además que
"unos meses después de
la celebración de los
comicios electorales",
concretamente el 18 de
agosto de 2011, a los
dos empresarios que han
declarado este jueves
les encontraron 200.000
euros en efectivo
ocultos en tres paquetes
en los asientos de su
coche, cuando intentaban
alcanzar suelo suizo.
Ante la policía, los dos
empresarios investigados
trataron de justificar
la procedencia del
dinero con una sociedad
llamada Zaino Associated
Corporation, titular de
dos cuentas en suiza y
gestionada desde Panamá.
Una versión que ambos
mantuvieron ayer para
explicar la procedencia
de los fondos y
desligarlos
presuntamente de los
pagos en B que investiga
la Audiencia Nacional.
En su declaración de
este jueves, ambos
empresarios mantuvieron
que su relación con el
Partido Popular estuvo
siempre dentro de los
margenes legales y
aseguraron que los
asuntos de facturación
se trataron siempre con
Beltrán Gutiérrez,
restando así
responsabilidad al
principal imputado en la
causa, Francisco
Granados.
Lo que sí reconocieron
ambos, según fuentes del
caso, es que era el
tesorero del PP de
Madrid quien les daba
personalmente las
instrucciones para
presentar las facturas
al partido. Facturas que
en ocasiones se
presentaban fraccionadas
o desdobladas: primero
por una cuantía a nombre
de la empresa, y luego a
nombre de los
empresarios que
facturaban también al PP
como personas físicas.
Según los informes de la
Guardia Civil, los pagos
a la empresa también se
fraccionaban, buscando
así según la tesis de
los investigadores
burlar los mecanismos de
fiscalización del
Tribunal de Cuentas.
El pasado 7 de marzo, la
Guardia Civil registró
el domicilio de los dos
empresarios investigados
y las sedes sociales de
sus compañías. Allí, los
agentes localizaron
"facturas emitidas por
varias empresas que
habría subcontratado el
Laboratorio de Almagro
26 SL" para trabajos
electorales que por sí
solos, ya superan los
217.000 euros declarados
por el PP de Madrid al
Tribunal de Cuentas.
https://www.elespanol.com/espana/20171019/255475559_0.html
EL JUEZ RETRASA LA NUEVA
DECLARACIÓN DEL
ARREPENTIDO DE PÚNICA
Fijada en un primer
momento para el próximo
lunes y martes, el
magistrado la aplaza por
problemas de agenda,
según fuentes jurídicas
La nueva declaración del
constructor David
Marjaliza, cabecilla de
la trama Púnica y
colaborador de la
Justicia, tendrá que
esperar. El juez Manuel
García Castellón ha
comunicado este
miércoles a la defensa
del empresario que las
comparecencias previstas
para los próximos 30 y
31 de octubre tendrán
que retrasarse por
problemas de agenda del
propio magistrado, según
han confirmado fuentes
jurídicas. Aún no se ha
fijado nueva fecha para
las mismas. La Fiscalía
Anticorrupción había
solicitado este nuevo
interrogatorio para que
el primer gran
arrepentido de la
corrupción en España
aportara nuevos datos y
documentos sobre la red
que presuntamente
encabezaba su antiguo
socio Francisco
Granados, ex secretario
general del PP
madrileño.
Esta iba a ser la sexta
declaración de Marjaliza
desde que fuera detenido
en octubre de 2014 en la
primera fase de la
Operación Púnica. Tras
una primera
comparecencia en la que
se negó a contestar a
las preguntas, desde
junio de 2015 a
noviembre de ese mismo
año compareció en cuatro
ocasiones más ante el
entonces juez
instructor, Eloy
Velasco, al que aportó
abundante documentación
sobre la trama, sus
negocios y los
principales implicados.
Entonces, el sumario
estaba bajo secreto de
sumario y en los
interrogatorios solo
pudieron participar el
propio juez, las
representantes de
Anticorrupción y el
abogado defensor del
constructor.
La declaración del
próximo lunes –ahora
retrasada a una fecha
aún por determinar- iba
a ser, de hecho, la
primera en la que el
constructor iba a ser
preguntado por las
defensas de los otros
imputados. Por ello, el
juez García Castellón
había planteado un
interrogatorio dividido
por piezas separadas de
la causa. De este modo,
en esos dos primeros
días solo iban a
participar los letrados
de aquellos investigados
en la pieza separada
número 6, en la que se
investigan el supuesto
amaño de contratos
municipales en favor de
la empresa Cofely. El
magistrado pretende que
sea la próxima en ser
finalizada. En ella
están imputados, entre
otros los
exparlamentarios
regionales del PP Daniel
Ortiz y Mario Utrilla, y
varios alcaldes, entre
ellos el que fuera
regidor socialista de
Parla José María Fraile.
Fuentes cercanas al
empresario aseguran que
Marjaliza tiene
intención de responder a
todas las preguntas que
se le planteen y seguir
colaborando con la
justicia.
Es la segunda ocasión en
que se retrasa en el
último mes la
comparecencia del
constructor. Ya estuvo
fijada en un primer
momento para el pasado
16 de octubre después de
que el magistrado
aceptase la petición de
tres investigados que
reclamaban que sus
abogados pudieran
interrogar al
constructor para rebatir
sus acusaciones. Se
trataba del que fuera
alcalde de Valdemoro
cuando se produjeron las
primeras detenciones en
octubre de 2014, Juan
Carlos Boza Lechuga; su
mano derecha en el
consistorio, Alfredo
Ovejero; y el empresario
Víctor Manuel Sobrino,
cuya empresa de
encuestas TNS fue
supuestamente utilizada
por la red de corrupción
para pagar con sondeos
electorales a alcaldes
que presuntamente
amañaron contratos
públicos en favor de la
trama. Aquella citación
se anuló también por un
problema de agenda, en
este caso del abogado
defensor del propio
empresario, y
Anticorrupción aprovechó
esta circunstancia para
cambiar el formato de
las comparecencias.
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/25/actualidad/1508921618_141750.html
ASÍ CAYÓ EL "SOLDADO" Y
EXCONSEJERO TABOADA: LA
SENTENCIA LLEGÓ DE SUS
PROPIOS COMPAÑEROS
Altos cargos del
Gobierno de Cifuentes
presionaron para que se
fuera porque sus lazos
con Púnica dañaban
seriamente al Ejecutivo.
También influyó la queja
de una compañera
"Fue a petición propia.
En el congreso regional
[celebrado en marzo de
este año] yo le dije a
la presidenta que
consideraba, al llevar
toda la vida en el
partido y saber cómo
funciona, que todo el
Gobierno no podía estar
en el partido porque al
final las estructuras
territoriales se
debilitan, y que
tendríamos que tener
gente en el partido y
gente en el Ejecutivo.
Me pidió mi opinión, que
cómo lo haría yo. Y dije
que, si hacía falta dar
un paso y estar en
Génova para empezar a
hacer el trabajo de cara
a las próximas
elecciones, que contará
conmigo. Me contestó que
no era el momento y que
lo hablaríamos en su
día, y ese día llegó".
Así justificó Jaime
González Taboada el
martes pasado su relevo
al frente de la
consejería de Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio. Dejaba
así de ser el número
tres del Ejecutivo de
Cristina Cifuentes, uno
de los consejeros más
poderosos del Gobierno
regional, aunque seguirá
siendo coordinador
general del PP de Madrid
y diputado en la
Asamblea de Madrid. Una
decisión muy difícil
para la presidenta, que
lo ha pasado mal.
Taboada es uno de sus
más estrechos
colaboradores y un buen
amigo personal. Pero la
verdad es que su ya
exconsejero estaba
sentenciado desde este
verano.
Varios miembros del
Gobierno de Cifuentes,
de su núcleo duro,
señalaron en julio a la
presidenta que la
situación era
insostenible. La gota
que colmó el vaso se
produjo a principios de
ese mes. Algunos medios
de comunicación hicieron
públicas las
declaraciones judiciales
de testigos del caso
Púnica, funcionarios de
la consejería, que
acusaban a Taboada de
obligarles a amañar
contratos en la época de
Esperanza Aguirre,
cuando Taboada era
director general de
Administración Local. El
problema es que esas
informaciones de julio,
y muchas otras, siempre
salpican, y bastante, a
la presidenta, ya que
los medios lo titulan
como "el consejero de
Cifuentes" o "el número
3 de Cifuentes".
Testigos que apuntaron
que Taboada era "el
hombre" de Francisco
Granados en la empresa
pública Arpegio, uno de
los epicentros de la
trama. "Su soldado",
llegó a decir uno de
ellos ante la Audiencia
Nacional.
Los mensajes de que
había que hacer algo
llegaron así cada vez
con más frecuencia al
despacho de la
presidenta, en la Casa
de Correos. Altos cargos
del Ejecutivo se
mostraban cada vez más
contundentes en 'petit
comité': Taboada no
podía seguir. Además, el
calendario judicial
corría en contra del
calendario político. Son
muchos los que temían
que la Audiencia
Nacional pudiera citar
como investigado a
Taboada, dentro del caso
Púnica, justo al final
de la legislatura,
perjudicando gravemente
al PP en una precampaña
que todos saben que
comenzará con varios
meses de antelación a
las elecciones
autonómicas de 2019.
Pero Cifuentes dudaba.
No era fácil buscar una
salida para su
consejero, que había
jugado un papel
fundamental en el gran
triunfo que la
presidenta consiguió a
principios de año cuando
ganó las elecciones
internas y se hizo
oficialmente con las
riendas del PP de
Madrid. Cifuentes ha
mantenido además un duro
discurso contra la
corrupción,
estableciendo un código
ético que obliga a
dimitir si un alto cargo
o un diputado es
imputado por corrupción.
Y no es el caso de
Taboada. Sobre él solo
hay sospechas,
acusaciones en sede
judicial que aún no han
sido demostradas... en
definitiva, nada firme.
Taboada siempre ha
defendido su inocencia e
incluso ha denunciado
por injurias al
empresario imputado en
Púnica, David Marjaliza,
que fue el primero en
citar su nombre cuando
declaró ante la Fiscalía
Anticorrupción.
El fiel de la balanza de
inclinó en contra de
Taboada cuando un alto
cargo del Ejecutivo
regional relató
internamente conductas
inapropiadas del
consejero sobre su
persona, insinuaciones
peligrosas. Un alto
cargo que dejó la
consejería y buscó
acomodo en otro
departamento del
Gobierno. Nada que se
pueda demostrar. Y es
que Taboada, que lleva
muchos años en el
partido, ha dejado un
buen número de enemigos
dentro del PP de Madrid.
Demasiados. También
muchos amigos, que le
califican de trabajador
incansable, persona leal
y honesta.
La verdad es que el
principio del fin para
Taboada comenzó en julio
de 2015, nada más
empezar la legislatura.
El Español adelantaba la
declaración de
Marjaliza, que había
acusado a Taboada de
repartirse las obras del
Plan Prisma (en plan de
infraestructuras más
importante de la
Comunidad de Madrid)
para amañar algunas de
ellas. Desde entonces el
calvario de Taboada no
ha hecho más que
acrecentarse. Más de
8.000 noticias en Google
relacionan al ex
consejero con el caso
Púnica. En julio de este
año hubo un punto de
inflexión. El juez
instructor del caso citó
como investigados a
todos los miembros de la
mesa de contratación de
Arpegio, incluido el
número dos de Taboada,
su viceconsejero. A
todos menos a Taboada,
que también formó parte
de la mesa que
adjudicaba las obras.
La Fiscalía
Anticorrupción sabía que
perdía esta parte del
caso si se imputaba a
Taboada, que está
aforado al ser diputado
autonómico. Demasiado
pronto para el momento
en el que está la
investigación. La pieza
de Arpegio pasaría
entonces al Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid. "Por mucho que
ahora lo queramos vestir
de que se va para
dedicarse de lleno al
partido, la Púnica ha
sido la gran losa que ha
enterrado su puesto en
el Gobierno", señalan
fuentes del PP. "Si no
existiera la Púnica,
Taboada seguiría hoy
compatibilizando su
puesto de consejero con
su cargo de coordinador
general del PP de
Madrid. Eso es una
obviedad".
"La situación de Taboada
hacía daño al Gobierno.
Además no tiene
formación para ser
consejero", señala esta
vez una fuente del
Ejecutivo. En la
biografía que aparece en
la web de la Asamblea,
no actualizada, aparece
que es gemólogo (experto
en piedras preciosas).
Con 22 años fue regidor
de Berzosa de Lozoya
(1991-1995). Luego lo
fue de Estremera
(1995-1999). Su carrera
continuó en el
Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón, donde fue
teniente de alcalde
(1999-2003). En 2003
pasó a la Comunidad de
Madrid. Aguirre le fichó
como Director General de
Cooperación con la
Administración Local,
cargo que ocupó hasta
2015. Cifuentes le hizo
consejero. En la web del
Gobierno regional
tampoco vienen datos
sobre sus estudios.
El diario El País
informó que la web del
Parlamento regional
publicó por error que
Taboada era licenciado
en derecho, cuando
carece de estudios
universitarios. A este
mismo medio el político
popular declaró en 1991
que comenzó a militar en
el PP con 11 años,
cuando la edad mínima
para afiliarse a Nuevas
Generaciones era de 16
años. Lo cierto es que
Taboada, que estuvo doce
años siendo director
general de
Administración Local,
conoce a la perfección
la política municipal y
toda la estructura del
PP a nivel territorial,
sede por sede. "Durante
este tiempo ha tejido
una extensa red de
contactos, alianzas,
amistades y también
enemistades", explican
las mismas fuentes.
Informe Taboada
El propio sumario del
caso Púnica incluye un
documento titulado
'Informe Jaime González
Taboada', presuntamente
aportado por
trabajadores de la
dirección general de
Administración Local que
se hacen llamar grupo
Pontejos. El mismo reza:
"En agosto de 1996,
siendo alcalde de
Estremera, abandonó su
cargo en la alcaldía del
referido municipio y
también la presidencia
de la Mancomunidad
Intermunicipal del
Sudeste de la Comunidad
de Madrid (Misecam) sin
advertir a los
ayuntamientos en ella
incluidos. Este abandono
de funciones que duró
varias semanas le colocó
en situación de paradero
desconocido incluso para
el entonces Director
General de
Administración Local. Al
parecer estaba en
Francia, siendo el
motivo de su ausencia el
eludir el Servicio
Militar que le había
tocado desempeñar en
Cáceres".
En ese informe se acusa
a Taboada de cometer
irregularidades en el
primer Plan Prisma, en
los años 2005 y 2006, y
de presionar a
funcionarios para poder
cometer esas
irregularidades. "La
Dirección General
parecía un coto privado
suyo, donde él era el
capataz, perdiéndose
todo tipo de legalidad y
decencia
administrativa". Ese
documento, que no aporta
ninguna prueba,
continúa: "Cuando un
colaborador directo le
manifiesta su
preocupación ante sus
manejos, le responde con
toda tranquilidad que
'me he comprado un
estupendo piso en la
calle de Maudes y un
magnífico chalet en
Alcocebre. Ya me dirás
como iba a pagar todo
eso con un sueldo de
director general'".
El nombre de Taboada
también aparece
colateralmente en el
informe del caso Lezo.
El expresidente
madrileño Ignacio
González le nombra en
una conversación
intervenida por la
Guardia Civil. Esa
grabación revela que
González (actualmente en
prisión) intentó
presionar a varios
miembros de la cúpula de
la Consejería de Medio
Ambiente para que
ayudaran al empresario
Joaquín Molpeceres, que
tenía problemas de riego
en el campo de golf que
gestiona en Alcalá de
Henares. Molpeceres
aparece como donante en
los papeles de Bárcenas
y ha declarado como
testigo en el caso
Gürtel.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-10-01/taboada-consejero-cifuentes-dimision-punica_1451912/
EL CONSEJERO CESADO
TABOADA MINTIÓ SOBRE SU
PAPEL EN LA ADJUDICACIÓN
DE 118 MILLONES BAJO
SOSPECHA EN PÚNICA
El hasta ayer número 3
de Cristina Cifuentes,
Jaime González Taboada
-ayer se anunció su cese
oficial-, mintió en la
Asamblea de Madrid el
pasado 28 de julio
cuando aseguró no haber
ido «nunca» a la mesa de
contratación de la
empresa pública Arpegio.
EL MUNDO ha accedido a
más de 40 actas de las
adjudicaciones en que
Taboada participó, entre
2009 y 2011, como
miembro del órgano al
que aseguró no haber ido
a preguntas de la
oposición.
Las actas obran también
en poder de los
investigadores, que
intentan comprobar lo
declarado por David
Marjaliza, el empresario
ex socio de Francisco
Granados en la trama
Púnica: la vinculación
de Taboada con la cadena
de adjudicaciones a
cambio de mordidas e
incluso de financiación
irregular del PP en los
contratos de Arpegio.
Según declaró hace dos
años Marjaliza, un
tercio de cada mordida
habría ido al propio
Taboada.
El monto total de lo
adjudicado por González
Taboada en esos años,
como parte de la mesa de
contratación, fue de 118
millones de euros
públicos, según las
propias actas. Los
fondos públicos
asignados por Arpegio
correspondían al Plan
Prisma, un instrumento
de la Comunidad de
Madrid de inversión en
municipios de toda la
Comunidad. Los cargos
orgánicos de Taboada en
el Partido Popular de
Madrid han estado
vinculados desde hace
años al vínculo de la
dirección regional con
las diferentes
agrupaciones
municipales, según
fuentes del PP.
La declaración de
Taboada se produjo el
pasado 28 de julio en la
comisión de
investigación sobre
corrupción política de
la Asamblea de Madrid.
En este caso, la sesión
estaba dedicada a la
pérdida del expediente
de la empresa Dusa,
sociedad a la que
Arpegio otorgó un
contrato para gestionar
el Plan Prisma, el plan
para hacer obras en
municipios madrileños
que ahora investiga
Anticorrupción.
A respuesta de una
pregunta de la diputada
del PSOE Encarnación
Moya, el consejero dijo
lo siguiente, según
consta en la
transcripción de la
propia web de la Cámara
madrileña: «Es verdad
que yo era miembro de
esas mesas de
Prisma-Arpegio, no de
las mesas de Arpegio,
eso es cierto, pero
también es verdad que yo
no fui a ninguna».El
consejero de Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio de
Cifuentes, que
abandonará su cargo
oficialmente el martes,
era entonces, en 2009,
director general de
Administración Local, y
había sido nombrado
directamente por
Francisco Granados en
2006 como miembro de la
mesa que adjudicaba
millones públicos en
inversiones.
Hasta 2009 Taboada no
acudió a la mesa, pero
ese año se produjo una
sospechosa circunstancia
a juicio de los
investigadores. Mientras
asignaba los fondos
desde la Dirección
General, Taboada también
participaba en la
elección de las empresas
ganadoras de los
concursos desde la mesa
de contratación. Tampoco
se entiende muy bien por
qué, si no había acudido
a ninguna mesa desde el
año 2006 pese a estar
nominado como miembro,
fue renovado en ese
cargo en la legislatura
2008-2011. La Comunidad
de Madrid, al ser
preguntada por las
palabras de Taboada en
la Asamblea, aseguró que
el consejero «se refería
en realidad al Plan
Prisma de 2006-07»
porque la comparecencia
sólo versaba sobre ese
plan. Añadieron que «en
otras ocasiones» ya
había reconocido haber
estado en mesas del
segundo Prisma.
Entre las muchas
empresas adjudicatarias
se encuentran varias de
las que los
investigadores cuentan
como posibles pagadoras
de comisiones. Algunas
de ellas, implicadas en
otros sonados casos de
corrupción, como es el
caso de Virton y Licuas,
que figuran en el
sumario de Gürtel.
Los investigadores creen
que su presencia
respondía a la intención
de Granados de
asegurarse que
determinadas empresas de
las que la trama
conseguía mordidas
ganaban los contratos,
como declaró David
Marjaliza al juez Eloy
Velasco. Taboada habría
sido, así, el hombre de
Granados en Arpegio,
pero aún no ha sido
imputado formalmente en
la causa Púnica, que
ahora dirige el
magistrado Manuel García
Castellón, tras la
salida del juzgado de
Eloy Velasco. Se da la
circunstancia de que
Taboada es el único
miembro de la mesa no
investigado aún en la
trama. Uno de los
últimos en serlo fue
precisamente quien era
considerado su mano
derecha en Arpegio,
Miguel Ángel Ruiz, que
tuvo que dimitir el
pasado mes de mayo de su
cargo de viceconsejero
de Medio Ambiente de la
Comunidad tras ser
formalmente investigado.
Su dimisión se produjo
prácticamente al mismo
tiempo que los agentes
de la UCO estaban
registrando su despacho.
http://www.elmundo.es/madrid/2017/09/24/59c6acaa46163f12248b45ea.html
MADRID OBLIGÓ A LAS
CONSTRUCTORAS DEL METRO
A PAGAR 700.000 EUROS A
LA PÚNICA PARA FIESTAS
EN HONOR DE AGUIRRE
La Guardia Civil
desgrana la contratación
de Isabel Pantoja e
inauguraciones donde la
presidenta era aclamada
por ser "una tía de
palabra”
Hasta más de 740.000
euros obligó a pagar el
Gobierno de Esperanza
Aguirre a las empresas
adjudicatarias de las
ampliaciones del Metro
de 2007 para celebrar
fiestas populares con
las que darse baños de
masas. Eventos con
artistas de la talla de
Isabel Pantoja o Antonio
Carmona, con paellas o
chocolatadas populares,
fuegos artificiales… Un
peaje asequible cuando
te han concedido casi
700 millones de euros.
Todo el dinero, eso sí,
iba a parar a la misma
empresa vinculada a la
Púnica, Waiter Music,
que luego recompensaría
a Francisco Granados por
sus desvelos con fiestas
de cumpleaños y cenas
gratis total.
Es la conclusión a la
que ha llegado la
Guardia Civil en un
informe de su Unidad
Central Operativa (UCO),
entregado al juzgado que
investiga la Púnica, el
pasado 9 de septiembre
de 2017, y al que ha
tenido acceso
ELPLURAL.COM.
En total, son tres
empresas las que
participaron en el
cambalache (Dragados,
Sacyr y FCC), las mismas
que se llevaron el
contrato para la
ampliación del Metro en
2004 cuando Francisco
Granados era consejero
de Transportes.
FCC recibió 176.709.886
euros para llevar el
Metro a Villaverde y
Usera. Dragados,
285.939.447 euros para
la ampliación a Coslada
y a San Fernando de
Henares y Sacyr,
227.385.756 euros para
otra sección de la misma
obra.
La Guardia Civil destaca
que “entidades como
Sacyr, Dragados y FCC,
empresas distintas entre
sí, hubieran coincidido
en contratar a Waiter
Music para la
organización de los
eventos”. Y las pruebas
apuntan a Edelmiro
Galván, asesor de
Granados, y Jesús
Trabada, consejero
delegado de la empresa
pública MINTRA, quienes
en varios correos hacen
de intermediarios entre
las adjudicatarias y
Waiter Music.
De hecho, según las
pruebas recogidas en el
informes, Dragados y
Sacyr “tuvieron
conocimiento de que se
les iba a facturar el
coste de las
inauguraciones en fechas
posteriores a estas” y
no supervisaron la
organización de las
fiestas. Ni siquiera
Waiter Music sabía quién
iba a pagar los eventos,
así que adelantó los
747.000 euros que
costaron, algo que sólo
se podría haber llevado
a cabo si tuviera
confirmación por parte
de cargos públicos como
Edelmiro Galván o Jesús
Trabada”.
A cambio, el responsable
de Waiter Music, José
Luis Huerta Valbuena,
“habría sufragado la
organización y
celebración de eventos
privados cuyo coste a
favor del entonces
Consejero de Presidencia
[Francisco Granados] fue
soportado por la
mercantil”. Eventos que
“consistieron en una
fiesta de cumpleaños
celebrado el 22 de enero
de 2008, que tuvo un
coste de 9.166,98 euros”
u “otro evento para
Francisco Granados en el
restaurante Chirón de
Valdemoro cuyo coste fue
de 1.000 euros”.
Baños de multitudes para
Aguirre
Las fiestas pagadas por
las empresas tenían la
categoría de verbena
popular. El 5 de mayo de
2007, Coslada y San
Fernando de Henares se
engalanaron para la
llegada de la Línea 7 de
Metro. Hubo conciertos
de Antonio Carmona,
Efecto Mariposa e Iguana
Tango. Cada pueblo tuvo
su propia paella
popular, su castillo de
fuegos artificiales, un
autobús descapotable con
charanga, chocolatada
con churros, Haimas, un
parque infantil… Dos
fiestas gemelas de las
que Sacyr pagó 89.552
euros, el 20%, y
Dragados 358.208 euros.
Aunque para “fiesta
popular”, como destacaba
la factura de Waiter
Music, la de Villaverde
y Usera, que duró del 20
al 21 de abril de 2007.
En realidad, el esquema
era calcado: chocolatada,
paella, fuegos
artificiales… Todo
calcado, excepto el
concierto, donde hubo
más caché. La actuación
de Medina Azahara y de
Isabel Pantoja se
llevaron casi el 30% del
presupuesto. Eran los
tiempos previos a
Malaya, antes de que el
PP vetase a Pantoja, y
en total se facturaron
89.600 euros de
concierto de una fiesta
que le costó a FCC
299.601,32 euros.
Desde luego, lo de
Esperanza Aguirre y
Alberto Ruiz-Gallardón
fue ayer un baño de
multitudes. “Hoy se
llevan más votos a
casa”, comentaban
socarronamente algunos
vecinos. Lo cierto es
que se piropeaba sin
parar a los dos
políticos, especialmente
a Esperanza Aguirre.
Desde ese “¡Guapa,
guapa!” hasta un “tú sí
que eres una tía de
palabra”, fueron algunas
de las frases dedicadas
a la presidenta
regional. Una vecina,
Carmen de la Llave, fue
mucho más directa cuando
Aguirre llegó a la
entrada exterior de la
estación Hospital Doce
de Octubre: “Gracias,
muchas gracias Esperanza
por todo lo que estás
haciendo. Es la única
que cumple lo que
promete en cuanto al
Metro, los colegios, los
mayores ... ¡Tendría que
llegar a la presidencia
del Gobierno!”, decía
esta mujer a voz en
grito.
Las declaraciones de los
testigos de las tres
empresas constructoras
no dejan lugar a dudas.
El de Sacyr ni sabía que
sólo habían pagado el
20% y dice que “entiende
que fue la Comunidad de
Madrid la que organizó
la fiesta y Sacyr la que
colaboró en parte de los
gastos”. El de Dragados
declaró que era
“habitual” que la
empresa pagara “este
tipo de eventos” pero
que “en absoluto” fue él
quien contrató a Waiter
Music. Y el departamento
jurídico de FCC le dijo
al tribunal que es
normal pagar este tipo
de fiestas como
“compensación a los
vecinos que han venido
soportando las molestas
derivadas de la
realización de
determinadas obras”.
Aunque los besos y
abrazos de los vecinos
luego se los llevara
Esperanza Aguirre…
gratis total.
https://www.elplural.com/politica/2017/09/26/madrid-obligo-las-constructoras-del-metro-pagar-700000-euros-la-punica-para
LA GUARDIA CIVIL UNE LA
‘PÚNICA’ DE BARBERÁ CON
LA FINANCIACIÓN
IRREGULAR DE ‘TAULA’
La UCO pide a la
Audiencia Nacional que
envíe su informe sobre
Púnica a los juzgados de
Valencia
La Guardia Civil ha
establecido el puente
que une el caso Púnica y
el caso Taula, el de la
financiación irregular
del Partido Popular en
la Ciudad de Valencia
del que este viernes
tuvimos importantes
novedades, adelantadas
por ELPLURAL.COM. Según
la Unidad Central
Operativa (UCO), los
tres altos cargos
populares que
intercedieron para la
contratación del
conseguidor de la
Púnica, Alejandro de
Pedro, también estarían
relacionados con el
pitufeo y los delitos
electorales del PP de
Rita Barberá entre los
años 2007 y 2015.
El actual concejal del
PP en Valencia Alberto
Mendoza Seguí, el
exteniente de alcalde
Miquel Domínguez -que
ahora es diputado sin
grupo en Les Corts- y el
jefe de prensa de Rita
Barberá, Julio Valero,
son las tres personas
señaladas por la Guardia
Civil como el nexo entre
los dos casos de
corrupción que investiga
el cuerpo armado.
La UCO recuerda que los
tres aparecían en el
informe de 10 de mayo
-adelantado por
ELPLURAL.COM- sobre la
Púnica como sospechosos
de delitos de “fraude y
malversación” también
“presuntamente
participaron” en los
hechos “relacionados con
presuntos delitos
electorales (2007, 2011
y 2015) y otro de
blanqueo de capitales
datado en el año 2015”.
En dicho informe, la UCO
confirmaba que el
Ayuntamiento de
Valencia, en la época en
que Rita Barberá
gobernaba, había
contratado a las
empresas de la Púnica
para llevar la
reputación online del
Consistorio. La relación
era tan estrecha que
incluso las empresas de
Alejandro de Pedro
llegaron a manipular una
encuesta online sobre
las obras de El
Cabanyal.
Es por todo esto que la
Guardia Civil reclama al
juez de la Audiencia
Nacional que investiga
la Púnica, Manuel
García-Castellón, que
remita el citado informe
-titulado Informe de
Análisis sobre supuestas
irregularidades
cometidas en el
Ayuntamiento de Valencia
relacionadas con la
persona de Alejandro de
Pedro- al juzgado de
Instrucción número 18 de
Valencia, que investiga
el caso Taula, para que
“tenga conocimiento de
hechos que estarían
relacionados también con
su procedimiento y que
ayudaría a su
esclarecimiento”.
http://www.elplural.com/politica/2017/09/11/la-guardia-civil-une-la-punica-de-barbera-con-la-financiacion-irregular-de-taula
LA GUARDIA CIVIL ACUSA A
TRES CARGOS DEL PP DE
SER EL NEXO ENTRE LA
TRAMA PÚNICA Y EL ‘CASO
TAULA’
El instituto armado
detalla en un informe
las conexiones entre
ambas investigaciones de
corrupción
Un nuevo informe de la
Guardia Civil
incorporado al sumario
del caso Púnica vincula
por primera vez
formalmente la
investigación de la
trama de corrupción
presuntamente dirigida
por Francisco Granadas
con las pesquisas
instruidas en un juzgado
de Valencia por la
supuesta financiación
irregular del PP de la
ciudad de Valencia en la
etapa de Rita Barberá.
El escrito, al que ha
tenido acceso EL PAÍS,
señala a tres cargos de
los populares como la
conexión entre ambas
causas. Se trata del
actual concejal del PP
en Valencia Alberto
Mendoza Seguí, del ex
teniente de alcalde
Miquel Domínguez –actual
diputado no adscrito en
las Cortes Valencianas-
y del jefe de prensa de
Rita Barberá, Julio
Valero Lluesma.
Para la Unidad Central
Operativa (UCO) la
presunta implicación de
todos ellos en ambos
casos demuestra la
estrecha relación de
ambas pesquisas, por lo
que solicita al juez de
la Audiencia Nacional,
Manuel García-Castellón,
que remita el informe de
Púnica que los implica
al instructor del caso
Taula, en el que
permanecen imputados los
dos primeros. El
Tribunal Superior de
Justicia, que se hizo
cargo de la
investigación sobre el
tercero en su condición
de aforado, sobreseyó la
causa contra él en
febrero.
Aquel informe del caso
Púnica, adelantado por
EL PAÍS el pasado 3 de
julio, concluía que el
PP de la ciudad de
Valencia recurrió en el
verano de 2014 a los
servicio del experto
informático Alejandro de
Pedro –uno de los
principales implicados
en la trama Púnica- para
neutralizar las críticas
que recibía en la red el
partido durante la época
de la fallecida
alcaldesa Rita Barberá.
La Guardia Civil
concluía en el mismo que
dichos trabajos de
reputación ‘online’
fueron supuestamente
pagados con dinero
público tras camuflarlos
como inclusiones de
publicidad del
consistorio en un diario
digital del propio De
Pedro, cuya empresa
facturó al menos 9.335
euros al Ayuntamiento en
2014.
La UCO detallaba entre
otras irregularidades
que el señalado como
informático de la Púnica
generó contenidos para
las autoridades
municipales valencianas
incluso antes de haber
firmado contrato y que
entre los trabajos se
incluyó el intento de
manipular una encuesta
de la web del periódico
Levante sobre el
proyecto de reforma
urbanística de la
barriada del Cabanyal.
Entre los presuntos
implicados en estos
hechos, el documento
señalaba a los tres
cargos del PP, a los que
acusaba de los delitos
de fraude y
malversación. En el
nuevo informe, fechado
el pasado 12 de julio,
la UCO recuerda el papel
presuntamente jugado por
cada uno de ellos en el
fraude. Así, señala que
el concejal Alberto
Mendoza “se habría
prestado como
interlocutor” entre De
Pedro y el jefe de
prensa de Barberá, Julio
Valero, “articulando la
contratación” de Madiva
Editorial y Publicidad
SL, la empresa de De
Pedro, para el supuesto
desvío de fondos con los
que “mejorar la imagen
institucional de la
corporación municipal en
las redes sociales”. De
Miquel Domínguez, hoy
parlamentario regional y
entonces teniente de
alcalde, asegura que fue
el encargado de
conseguir que se
aprobase el expediente
de contratación que
sirvió para camuflar los
pagos.
La Guardia Civil destaca
ahora que este informe
“pone de manifiesto
determinadas cuestiones
que datan de los años
2013 a 2015 y que
presuntamente revelarían
tanto la implicación de
dichas personas en los
hechos relacionados con
su formación política
como la relación que
existían entre los
actores de forma previa
a los hechos
investigados” en el caso
Taula, “así como las
capacidades, jerarquía y
autonomía de unos y
otros en la toma de
determinadas decisiones,
lo que se considera de
interés para ambos
procedimientos
judiciales”.
Por todo ello piden que
el informe de Púnica sea
trasladado al sumario de
Valencia ya que
considera que “ayudaría
a su esclarecimiento”
del caso Taula. En una
de las piezas separadas
de esta causa se
investiga la
participación de los
tres cargos señalados
por el PP por un
presunto delito de
blanqueo de capitales
durante la campaña
electoral de las
municipales de 2015. En
concreto, la existencia
de una práctica de pagos
irregulares al grupo
municipal que generaban
dinero negro y que luego
fue supuestamente lavado
mediante el llamado
procedimiento del
pitufeo, por el que
concejales y otros
miembros del grupo
Popular del consistorio
ingresaron 1.000 euros
cada uno en la cuenta
del partido como si
fueran donaciones
propias.
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/08/actualidad/1504887574_544474.html
LA
GUARDIA CIVIL ABRE UNA
NUEVA INVESTIGACIÓN
SOBRE LA CAJA B DEL PP
DE MADRID
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil detectó el
pasado julio una posible
nueva vía de
financiación irregular
del PP de Madrid dentro
del caso Púnica de
corrupción y propuso al
juez de la Audiencia
Nacional Manuel
García-Castellón
diferentes actuaciones
para investigarla. Los
agentes han hallado dos
archivos Excel en los
que se refleja una
supuesta facturación
cruzada entre 2010 y
2012 entre empresas
sospechosas de camuflar
los gastos de las
campañas electorales de
Esperanza Aguirre
supuestamente cargados a
la caja b.
Los dos hojas de cálculo
fueron halladas por los
agentes en el registro
del domicilio del
empresario Óscar Sánchez
Moyano, imputado en
Púnica por supuesta
falsificación de
facturas para financiar
ilegalmente al PP
madrileño y salpicado
también por el caso
Lezo. Ambos cuadros de
contabilidad, según los
investigadores, permiten
dar sentido a una de las
anotaciones de la agenda
de Francisco Granados,
ex secretario general
del PP madrileño,
excarcelado el pasado
junio tras dos años y
medio en prisión.
En la página 3 del
famoso cuaderno
moleskine que le fue
intervenido en su
domicilio en octubre de
2014, Granados realizó
dos anotaciones de su
puño y letra. Una es el
nombre completo de un
empresario del sector
del marketing cuyas
iniciales son P. R. N.
La segunda anotación es
el nombre de una de sus
sociedades, Storm, que
hasta ahora no había
aparecido en la
investigación. Las
tablas Excel incautadas
por orden del juez al
empresario Óscar Sánchez
Moyano añaden una pieza
más al puzle de la
presunta financiación
ilegal del PP madrileño
que se refleja en la
agenda de Granados y que
dio lugar a la apertura
en mayo de 2016 de una
pieza separada en el
sumario de Púnica.
El documento policial,
al que ha tenido acceso
EL PAÍS, detalla que
ambos documentos fueron
encontrados en el
domicilio social de la
mercantil Sintra
Consulting, propiedad de
Sánchez Moyano. En el
primero se recoge
"facturación desde RNL
[una de las empresas de
P. N. R.] a vuestras
empresas". Entre ellas
figura Storm, la misma
que aparecía en las
anotaciones de la agenda
de Granados, y otras
tres de este último
empresario. En total,
refleja movimientos
superiores a los 3,5
millones de euros. La
Guardia Civil concluye
que esta cifra recoge la
supuesta facturación
cruzada con las
sociedades de Sánchez
Moyano. Además, llama la
atención sobre la
existencia de una nota
resaltada en el propio
original con un recuadro
en rojo con la frase
“las cantidades a
distribuir entre las
empresas a vuestra
disposición”.
Tres campañas
electorales bajo
sospecha
La nueva línea de
investigación sobre la
supuesta caja b del PP
de Madrid se suma a las
otras seis ya abiertas
en el 'caso Púnica' y
que han permitido
destapar la financiación
irregular de tres
campañas electorales de
los populares —las de
las municipales y
autonómicas de 2007 y
2011, y la de las
generales de 2008— en
las que, según los
investigadores, los
populares gastaron 4,9
millones de euros de
dinero negro. Las
pesquisas han permitido
acreditar que el PP se
valió presuntamente de
una trama de empresas
—muchas ellas de
marketing— y de su
fundación Fundescam para
camuflar pagos con
dinero en efectivo “de
procedencia opaca” e,
incluso, desviar
subvenciones públicas.
En el segundo cuadro
Excel los agentes
encontraron referencias
a otras tres sociedades
ligadas a P. R. N., y
diversos apuntes
contables que suman 2,2
millones de euros. De
nuevo recogen su
sospecha de que son
datos sobre la
facturación entre las
sociedades de éste y las
del imputado Sánchez
Moyano.
La UCO asegura haber
analizado también los
metadatos de ambos
archivos digitales para
conocer cuándo y quién
los creó. El oficio
recoge que fueron
elaborados el 1 de julio
de 2010 poco antes de
las dos de la tarde en
un equipo informático de
una de las empresas de
P. R. N, el Grupo RNL.
Como autor del mismo
aparece un nuevo
personaje, en concreto
una mujer que responde a
las iniciales F. B. P.,
y que figura como
consejera o apoderada
de, al menos, cinco
sociedades del
empresario.
Por todo ello, los
agentes piden al juez
para “poder avanzar con
la investigación” que
solicite a la Agencia
Tributaria información
fiscal sobre operaciones
con terceros de las
siete empresas —la
mayoría extinguidas hace
años— que, de un modo u
otros, aparecen
vinculadas al empresario
que apareció en la
agenda de Granados. Todo
ello, referido al
periodo 2010-2012, en el
que se incluye una de
las campañas electorales
bajo sospecha, las
municipales y
autonómicas de 2011. EL
PAÍS intentó sin éxito a
lo largo de todo el día
de ayer entrar en
contacto con el
empresario y su empleada
citados en el informe de
la Guardia Civil para
conocer su versión.
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/05/actualidad/1504635637_700836.html
CIFUENTES SE ENFRENTA AL
DEBATE DE LA REGIÓN TRAS
SER ACUSADA POR LA
GUARDIA CIVIL DE
PREVARICACIÓN Y COHECHO
La presidenta se
defenderá culpando a los
gobiernos anteriores,
pero ella siempre estuvo
ahí
La presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes se
enfrenta hoy a su
segundo debate del
estado de la región. Un
reto que se extenderá
dos días, entre hoy y
mañana, y ante el que
pretende transmitir
sensación de
tranquilidad. Ayer, con
pocos ojos sobre ella
por el conflicto
catalán, Cifuentes ya
adelantó su estrategia.
La presidenta madrileña
prometió proponer
“algunos proyectos
importantes” para
“seguir avanzando” y
dijo que la oposición se
dedicaría a criticar a
anteriores gobiernos.
“Voy a defender y a
poner en valor la acción
de mi Gobierno, y no voy
a entrar en lo que
hicieron o dejaron de
hacer los anteriores. Mi
obligación es gobernar,
gestionar, solucionar
problemas y trabajar
para que tengamos
mejores servicios, que
se cree empleo y que
crezca la economía, y no
voy a entrar en
cuestiones que no son de
mi Gobierno”, señaló.
Es decir, que se
amparará en la herencia
recibida ante la oleada
de críticas que recibirá
el viernes de parte de
la oposición, cuando
tengan su turno de
réplica. Y quien sabe si
los rescoldos catalanes
calentarán en su favor.
Sin embargo, Cifuentes
siempre estuvo ahí, por
mucho que busque poner
una línea divisoria que
en realidad es muy
difusa. La presidenta
madrileña acude por
primera al trance del
debate regional con la
acusación sobre ella,
por parte de la Guardia
Civil, de delitos tan
graves como
“prevaricación
continuada y cohecho”.
Pocos presidentes
autonómicos en activo
cuentan con semejantes
acusaciones sobre sus
cabezas. Los tuvo Pedro
Antonio Sánchez en
Murcia, y acabó
dimitiendo, y ni
siquiera Carles
Puigdemont en la
actualidad ostenta
semejante mérito.
Si esta condición
novedosa saliese a
relucir en el debate
regional, Cifuentes ya
ha avisado de que tirará
de la excusa de
gobiernos anteriores. En
este caso, el de
Esperanza Aguirre, quien
gobernaba cuando
tuvieron lugar dichos
hechos. Pero a ella le
acusó la Guardia Civil,
aunque el entonces juez
instructor se negó a
imputarla, porque en
2009 y 2011 estuvo al
mismo tiempo en el
comité de expertos -que
valoraba oferta de
Arturo Fernández para
quedarse con la gestión
de la cafetería de la
Asamblea- y presidió la
mesa de contratación que
adjudicó el contrato a
este donante de la
financiación irregular
del PP.
También dentro del caso
Púnica, hay que recordar
que Cristina Cifuentes
mantiene como su número
tres a Jaime González
Taboada. Una persona
vinculada a ese pasado
que Cifuentes rechaza.
Hasta el punto de que la
Fiscalía ha acusado al
Gobierno madrileño de
“ocultar información
relevante” para esta
investigación y de no
tener “una colaboración
espontánea”. Se da la
paradoja de que
Cifuentes mantiene a un
imputado en la causa
vigilando los papeles de
Púnica que el mismo
Ejecutivo madrileño ha
reconocido que
“traspapeló” contratos.
Y más allá de Púnica,
será inevitable que
sobrevuele en la
Asamblea de Madrid la
Operación Lezo. Puestos
a buscar en el pasado,
Cifuentes podrá esgrimir
que todo es culpa de
Ignacio González y hasta
de Alberto
Ruiz-Gallardón, ahora
también imputado en la
causa del agua
madrileña. Hasta podrá
presumir de que ella
destapó el caso Lezo.
Pero Cifuentes acudió a
denunciar a la Fiscalía
obligada por las
circunstancias, y
después de que lo
hiciera el PSM, y no hay
que olvidar que cuando
se realizaron las
operaciones sospechosas
de la etapa de González,
Cifuentes formaba parte
del Consejo de
Administración del Canal
de Isabel II. Porque
Cifuentes siempre estuvo
ahí, aunque ahora actúe
como si su Presidencia
se hubiera generado de
forma espontánea.
https://www.elplural.com/politica/2017/09/21/cifuentes-se-enfrenta-al-debate-de-la-region-tras-ser-acusada-por-la-guardia
UNO DE LOS GRANDES
CONTRATOS INVESTIGADOS
EN PÚNICA SE FIRMÓ DOS
MESES ANTES DE QUE LO
VISARA EL GOBIERNO DE
MADRID
Los documentos oficiales
del equipo de Granados
destapan los agujeros
negros del expediente
que en 2006 puso la
licitación de las obras
del mayor plan de
inversión pública, el
Prisma, en manos de una
empresa, Dusa, sin
apenas plantilla y que
terminó cobrando más de
siete millones
El número 3 de
Cifuentes, entonces
director general de
Cooperación Local,
acababa de ser nombrado
miembro de la mesa de
contratación para la
ejecución del Prisma
pero sus portavoces
remachan que fue otra
mesa de contratación
distinta y a la que él
nunca perteneció la que
inclinó la balanza en
favor de Dusa
El contrato con que la
empresa pública
convertida por Francisco
Granados en su feudo,
Arpegio, puso en 2006 la
licitación del mayor
plan de inversión
pública de Madrid en
manos de una empresa
llamada Dusa que
disponía de siete
empleados y que terminó
cobrando siete millones,
se firmó dos meses antes
de que fuera visado por
el Gobierno autonómico.
Ese plan era el Prisma,
dotado entre 2006 y 2011
con 1.000 millones para
obras municipales y
ahora en el centro del
huracán por la operación
Púnica. En la ejecución
del Prisma desempeñaba
un papel sustancial el
actual número 3 de
Cristina Cifuentes y
consejero de Medio
Ambiente, Jaime González
Taboada, entonces
director general de
Cooperación Local.
Taboada no figura entre
los imputados del caso.
Aunque una norma del
propio Ejecutivo
regional –el Reglamento
de Contratos– establece
en su artículo 26 que
consejerías y empresas
públicas "darán cuenta
al Gobierno" de todas
las "propuestas de
adjudicación de los
contratos que vayan a
celebrar" cuando estos
sobrepasen los tres
millones de euros,
Arpegio decidió no
esperar: el 1 de junio
de 2006, Granados llevó
al Consejo de Gobierno
la supuesta "propuesta
de adjudicación" a Dusa,
y así consta en los
documentos a que ha
tenido acceso infoLibre.
Pero en realidad, el
contrato llevaba firmado
y rubricado desde el 31
de marzo por 4,5
millones. Y ese mismo
día entró en vigor.
Distintas fuentes
jurídicas consultadas
coinciden en que el
Reglamento no admite
dudas: Arpegio aplicó
una política de hechos
consumados en lugar de
someter a conocimiento
del Ejecutivo madrileño
una "propuesta de
adjudicación".
Las prisas de Arpegio
por suscribir ese
contrato han quedado al
descubierto en los
propios documentos
oficiales incorporados
al sumario. Pero hay más
agujeros negros. Y uno
de ellos coloca en una
posición difícil al
consejero Jaime González
Taboada. Como director
general de Cooperación
Local, Taboada era
entonces pieza clave
para articular el
convenio por el que la
Comunidad de Madrid
encargó a Arpegio
ejecutar el Prisma.
Según la Intervención
General del Estado (IGAE)
y la Fiscalía
Anticorrupción, el
Gobierno de Aguirre
cometió una "cuádruple
infracción legal" al
firmar ese convenio.
Entre las infracciones
que destaca la IGAE hay
una de máxima
relevancia: que Arpegio
no disponía de medios
materiales para acometer
la ejecución del Prisma.
Y es ese convenio con
Arpegio el que constata
el rol esencial
desempeñado por Taboada
en la ejecución del
Prisma. Uno de sus
artículos dice esto: "La
Consejería de
Presidencia a través de
la Dirección General de
Cooperación con la
Administración Local
realizará un seguimiento
de las instrucciones y
pliegos de cláusulas
para la contratación de
cada obra". Y el
contrato suscrito por
Arpegio con Dusa, aquel
que se firmó dos meses
antes de la comunicación
preceptiva al Gobierno
de Madrid, especifica
que su objeto es el
siguiente: "La
realización de los
trabajos de consultoría
y asistencia técnica
para la gestión integral
de las licitaciones
públicas" del Prisma en
el bienio 2006-2007.
Precisamente porque se
trataba de una "gestión
integral", los pliegos
de cláusulas para la
contratación de cada
obra quedaban dentro del
perímetro del contrato.
No es deducción: entre
las obligaciones de
Dusa, y así consta en el
expediente facilitado a
la Asamblea de Madrid,
consta de forma expresa
la "adaptación de los
pliegos de cláusulas
administrativas y
redacción de los pliegos
de prescripciones
técnicas particulares"
para cada obra del
Prisma.
Hubo más. El 23 de
febrero de 2006, es
decir, 20 días después
de la firma del convenio
entre la Comunidad de
Madrid y Arpegio, Jaime
González Taboada fue
nombrado por el consejo
de administración de
Arpegio miembro de la
mesa de contratación
encargada de ejecutar el
Plan Prisma.
Nada que ver con la
"caja" del Plan Prisma
Pero, según el equipo de
Taboada, el expediente
que concluyó
encomendando a Dusa la
asistencia técnica del
Plan Prisma ni fue
sufragado con fondos del
Plan Prisma ni su
adjudicación fue
propuesta por la mesa de
contratación designada
ex profeso para el Plan
Prisma sino por otra
distinta. Arpegio
–sostienen sus
portavoces oficiales–
disponía de "dos cajas":
una para las operaciones
ordinarias de suelo de
la empresa pública y
otra para la ejecución
del Plan Prisma. El
equipo de Taboada
asegura también esto:
"El contrato inicial con
Dusa, así como sus
sucesivas ampliaciones y
prórrogas, se pagó con
cargo a la caja de las
operaciones ordinarias".
El hoy consejero nada
tuvo que ver con esa
adjudicación, remacha su
entorno.
Hace un año, el Gobierno
de Madrid le comunicó a
la Asamblea de Madrid
que en realidad el
contrato a Dusa se había
adjudicado sin mesa de
contratación porque la
de Dusa había sido la
única oferta recibida
pese a lo suculento de
la adjudicación. Luego,
y después de que la
Fiscalía Anticorrupción
arreciara en la petición
de papeles, la directora
jurídica de Nuevo
Arpegio, que ya lo era
en 2006 y que sí figura
entre los imputados,
"encontró" la fotocopia
del acta de una mesa de
contratación que, por lo
visto, fue la que
examinó la oferta de
Dusa y aconsejó que se
le otorgara el contrato.
Según las fuentes
oficiales consultadas
por este diario, la
composición de esa mesa
y de aquella otra de la
que el hoy consejero de
Medio Ambiente formaba
parte aunque nunca
participó en sus
sesiones era idéntica
salvo en lo que respecta
a Taboada y al entonces
jefe de gabinete y
supuesto testaferro de
Granados, Ignacio
Palacios. Este último
también está imputado.
En resumen: había varias
mesas de contratación,
Taboada solo pertenecía
a una de ellas aunque
jamás acudió a sus
sesiones y esa mesa a la
que sí pertenecía nada
tuvo que ver con la
adjudicación del
contrato millonario a
Dusa que examina la
Audiencia Nacional. El
administrador único de
Dusa, Adolfo Fernández,
también está imputado.
Las fuentes oficiales
sostienen que había
mesas de contratación
–en plural– para las
"operaciones ordinarias"
de Arpegio y que esas
las montaba por su
cuenta, en solitario y
en función de las
necesidades y sin rastro
documental de esas
pretendidas
resoluciones, el
entonces consejero
delegado de Arpegio,
Eduardo Larraz, que está
igualmente imputado.
El lío de las mesas de
contratación y la
versión ante la Asamblea
de Madrid
La supuesta existencia
de mesas de contratación
distintas aparece como
el factor clave de por
qué Taboada negó
taxativo el 25 de junio
ante la comisión de
investigación de la
Asamblea de Madrid no ya
su asistencia a ninguna
sesión de ninguna mesa
sino su propia
pertenencia a ella. El
equívoco comenzó cuando
el diputado de
Ciudadanos César Zafra
preguntó a Taboada si
había visto los
originales del contrato
de Dusa, que se cuentan
entre los que
misteriosamente han
desaparecido de Arpegio.
El Diario de Sesiones
[puedes consultarlo aquí
y hacer búsquedas]
detalla cómo el número 3
de Cifuentes respondió
con una negativa tajante
y el diálogo que a
renglón seguido entabló
con Zafra una vez que el
parlamentario de
Ciudadanos le interrogó
sobre si había visto los
originales del contrato
con Dusa:
Taboada: Nunca.
Zafra: Usted estaba en
la Mesa de Contratación,
aunque ya nos ha dicho
varias veces que, aunque
estaba en esa Mesa de
Contratación, no
asistió.
Taboada: Nunca estuve en
esa Mesa de Contratación
porque no era miembro de
esa Mesa de
Contratación, señor
Zafra.
Zafra: ¿De esa Mesa no
fue miembro?
Taboada: No, no era
miembro de esa Mesa de
Contratación.
Cuando le tocó el turno
al PSOE, la diputada
Encarnación Moya, quien
recalcó que ella sí
sabía que había mesas de
contratación distintas,
introdujo un nuevo
ángulo en el
interrogatorio: alguien
le diría en 2006 a
Taboada –le interpeló
Moya– que la gestión del
Prisma se iba a llevar
de otro modo. Taboada
respondió así: "Bueno,
el funcionamiento del
Prisma era que no lo
hacía una Dirección
General, lo hacíamos 18
o 20 (...) no había un
órgano que fuera el que
dirigiera el Prisma como
tal. Entonces, yo me
entero, como el resto de
los compañeros, cuando
dicen: oye, pues a
partir de ahora va a ser
la empresa pública
Arpegio la que va a
hacer esto".
Aunque el ya citado
convenio entre la
Comunidad y Arpegio
asignaba a la Dirección
General de Cooperación
Local, la de Taboada,
"el seguimiento de las
instrucciones y pliegos
de cláusulas para la
contratación de cada
obra", el hoy consejero
se extendió durante su
comparecencia en la
línea argumental
expuesta en el párrafo
anterior: "Pues mire,
señora Moya (...), es
que a mí no me tenían
que contar el Consejo de
Gobierno si iban a sacar
o no iban a sacar un
contrato con una empresa
y yo me entero cuando la
empresa está contratada
y cuando hay gente que
empieza a trabar. Es que
estaba muy desligado el
papel de la Dirección
General y el de Arpegio,
completamente desligado"
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/09/13/uno_los_grandes_contratos_investigados_punica_firmo_dos_meses_antes_que_visara_gobierno_madrid_69508_1012.html
UN IMPUTADO EN PÚNICA
PIDE QUE LE DEN 10.000
EUROS AL MES PARA
“SUBSISTENCIA”
El exjefe de Gabinete de
Celia Villalobos, que
tenía 146 lingotes de
oro escondidos, también
pide 45.000 euros para
la matrícula escolar de
su hijo
“10.000 euros al mes
para subsitencia”. Un
sueldo Nescafé con el
que soñarían muchos
ciudadanos, pero que es
la cantidad que Eduardo
Larraz, exconsejero
delegado de Arpegio e
imputado en Púnica, y su
mujer consideran que es
lo mínimo con lo que
llegar a fin de mes. Así
se lo han solicitado sus
abogados a la Fiscalía
suiza, que a su vez se
lo consultó al juzgado
de Instrucción Número de
la Audiencia nacional el
pasado mes de agosto, en
una solicitud a la que
ha tenido acceso
ELPLURAL.COM.
No es lo único que el
matrimonio ha pedido,
porque además los
“10.000 euros mensuales
para cubrir los gastos
de subsistencia” que
quieren desbloquear,
también reclaman “45.000
euros” destinados para
“matrícula escolar para
uno de los hijos” de la
pareja. Y, por último,
que se les permita sacar
“100.000 euros” de
“honorarios de
representación letrada”.
El mismo documento
remitido desde Suiza
recuerda a la Justicia
española que, “como
cumplimentación de su
solicitud de asistencia
jurídica mutua”, al
matrimonio ya le fue
“congelada” una cuenta
en el país helvético que
contaba con “2,8
millones de francos
suizos”, que al cambio
actual suponen casi 2,5
millones de euros.
Una cantidad que podría
parecer grande, pero hay
que tener en cuenta que
al matrimonio le fueron
descubiertos en Suiza
146 lingotes de oro en
el banco Julius Bar & Co.
Un pequeño tesoro que,
como explicó este
periódico, estaba
valorado en cerca de 2
millones de euros.
Larraz habría amasado
esta fortuna mientras
era consejero delegado
en la empresa pública
madrileña Arpegio,
estrechamente vinculada
con la trama Púnica. De
hecho, tanto el juez
Eloy Velasco como la
Fiscalía Anticorrupción
sospechaban que el
dinero podría proceder
de mordidas dirigidas
por Francisco Granados.
Ligado a Celia
Villalobos
Aparte de este historial
ligado al Gobierno de
Esperanza Aguirre en la
Comunidad de Madrid, su
pasado político se
inicia con Celia
Villalobos, cuando fue
contratado, diputada del
Partido Popular y
exvicepresidenta del
Congreso, como gerente
de Urbanismo del
Ayuntamiento de Málaga
cuando ésta ocupaba la
Alcaldía de la ciudad
malagueña.
Cuando Villalobos dio el
salto a la política
nacional, Larraz fue su
jefe de Gabinete en
Ministerio de Sanidad
cuando ocupó el cargo
con el Gobierno de José
María Aznar entre 2000 y
2002.
Empresa en paraísos
fiscales
También se conoció en
2013 que Larranz tuvo
una sociedad en el
paraíso fiscal de las
Islas Vírgenes
Británicas. La compañía,
creada en febrero de
2005, tuvo “un
desconocido origen de
los fondos”, según un
informe confidencial de
2010 de la empresa
intermediaria
Commonweath Trust
Limited según publicó El
Confidencial.
https://www.elplural.com/politica/2017/09/21/un-imputado-en-punica-pide-que-le-den-10000-euros-al-mes-para-subsistencia
UN NUEVO INFORME DE
PÚNICA ATRIBUYE CUATRO
DELITOS AL ALCALDE DE
ALMENDRALEJO
La Guardia Civil acusa
al popular García Lobato
de cohecho, fraude,
revelación de secretos y
tráfico de influencias
en el amaño frustrado de
un contrato de 20
millones
La Guardia Civil ha
entregado recientemente
al titular del Juzgado
Central de Instrucción
6, Manuel
García-Castellón, un
informe sobre el amaño
frustrado por parte de
la trama Púnica de un
contrato público en el
Ayuntamiento de
Almendralejo (Badajoz).
El documento policial
detalla la presunta
participación de 11
personas en las
irregularidades de una
adjudicación que iba a
superar los 20 millones,
entre ellos el alcalde,
el popular José García
Lobato, al que considera
responsable de cohecho,
fraude, revelación de
secretos y tráfico de
influencias.
El informe de la Unidad
Central Operativa (UCO)
recoge a lo largo de 124
folios correos
electrónicos,
conversaciones
telefónicas y
declaraciones de
testigos e investigados
que llevan a la Guardia
Civil a concluir que
cuatro directivos de
Cofely SA, una de las
empresas clave en la
trama de corrupción,
consiguieron modificar a
su antojo los pliegos
del concurso del
municipio pacense para
hacerse con la
millonaria adjudicación.
El documento policial
destaca que, para ello,
contaron con la
colaboración del alcalde
del municipio y de dos
de sus concejales, el
teniente de alcalde y
vocal de la mesa de
contratación, Luis
Alfonso Merino, y el
concejal Carlos González
Jariego —a cada uno de
los cuales los agentes
atribuyen sendos delitos
de fraude y revelación
de secreto—, además de
un arquitecto municipal
y tres empresarios
locales.
Todo ello a cambio de
una contraprestación
económica que la UCO
cifra en 180.000 euros
que se iban a repartir
supuestamente varios de
los implicados, así como
del patrocinio por parte
de la empresa implicada
de un campeonato de
kárate en la localidad y
la instalación de las
luces navideñas. El
informe añade que
finalmente la
adjudicación no se
produjo porque el 27 de
octubre de 2014, solo un
mes antes de que se
adoptara el acuerdo
municipal, fueron
detenidos varios de los
participantes en el
amaño. El equipo del
Consistorio suspendió
entonces el proceso en
pleno proceso de
apertura de sobres.
Según el informe
policial, el principal
muñidor de todo ello fue
presuntamente el
directivo de Cofely
Pedro García, imputado
en la causa por otros
amaños similares en
varios Ayuntamientos de
la Comunidad de Madrid y
al que ahora los agentes
consideran autor de
cinco delitos. El
alcalde popular García
Lobato mantuvo con él un
intenso intercambio de
correos electrónicos,
conversaciones
telefónicas y encuentros
personales que llevan a
los investigadores a
calificar la relación
entre ambos de
“estrecha”. Entre esos
mensajes, los agentes
destacan varios que el
regidor remitió al
directivo de Cofely con
documentación del
concurso cuando el mismo
aún no era público.
Gracias a esa relación,
la Guardia Civil
concluye que los pliegos
que iban a regir la
adjudicación fueron
redactados a la medida
por los empleados de
Cofely, pese a ser
licitadora del concurso,
y solo quedó en manos de
los técnicos del
Consistorio “algo tan
residual como rellenar
algunos apartados”.
En este punto, el
informe destaca que de
este proceso de
elaboración fueron
apartados un técnico del
Ayuntamiento y el
concejal de alumbrado
público, José Antonio
Regaña, también del PP,
quienes habían planteado
diversas objeciones al
contrato. Este último
declaró a los agentes
que su marginación fue
una orden directa del
alcalde, aunque él lo
achacó entonces a que
formaba parte del
“anterior equipo”
popular en el
Consistorio y no a su
oposición al proyecto.
El documento policial
recoge la declaración
que el alcalde de
Almendralejo prestó como
“investigado no
detenido” ante los
agentes de la UCO el
pasado 31 de enero y en
la que, pese a negar
cualquier irregularidad
en su actuación,
reconoció haber
mantenido conversaciones
telefónicas, reuniones y
cruce de correos
electrónicos con el
directivo de Cofely.
García Lobato llegó a
calificar de “llamada
imprudente” la que
realizó para pedirle a
Pedro García que su
empresa patrocinase una
competición deportiva,
aunque se excusó al
considerar que ello era
“una práctica habitual
de alcalde buscando
patrocinios y ayudas”.
Bajo sospecha desde el
inicio de la
investigación
Veinte llamadas. El
contrato de Almendralejo
está bajo sospecha desde
el inicio del caso
Púnica, cuando los
pinchazos telefónicos
revelaron los supuestos
tratos de la trama con
García Lobato.
Informe previo. Un
informe de la UCO sobre
el amaño de estos
concursos previo a las
primeras detenciones ya
citaba al alcalde del
PP.
Viaje a París. El nombre
del regidor apareció
posteriormente en una
lista de alcaldes a los
que Cofely invitó con
sus parejas a París en
2014.
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/04/actualidad/1504549109_750773.html
LA PÚNICA EN
EXTREMADURA: UN INTENTO
DE MORDIDA Y UN ALCALDE
DEL PP INVESTIGADO
Mientras el PP niega la
imputación de José
García Lobato, el PSOE
les acusa de mentirosos
y exigen su dimisión
“180.000 razones para
dimitir”, las mismas que
los euros que podría
haberse embolsado el
alcalde popular de
Almendralejo
(Extremadura) como
mordida de haber
conseguido las
adjudicaciones
planeadas, que
finalmente se quedaron
en el aire. Esto es lo
que denuncia el PSOE de
Almendralejo alegando
que su alcalde, José
García Lobato, dimita y
deje de asegurar que no
está cercado por la
Púnica.
Que la trama Púnica dio
el salto de Madrid a
Extremadura entrando por
Almendralejo es algo que
el PSOE lleva años
denunciando. Ahora, con
un informe en la mano de
la UCO, de 126 páginas,
esta denuncia se
convierte en una
realidad a seguir
investigando.
Ya lo dejó por escrito
el juez Eloy Velasco
antes de dejar la
Audiencia Nacional y,
con ello, la instrucción
de la trama corrupta de
la Púnica. Dejó una
serie de instrucciones
para que las siguiera su
sucesor, y entre ellas,
la petición de
investigar todos los
caminos de la Púnica que
llevan hasta Lobato.
Ahora, esas
investigaciones se
plasman en un informe de
la UCO y en la
imputación de cuatro
delitos: cohecho,
fraude, revelación de
secretos y tráfico de
influencias por intentar
adjudicar la gestión de
la luz del municipio a
Cofely SA, con un
contrato amañado, por
valor de 20 millones de
euros.
El PSOE lo tiene claro,
el alcalde y el teniente
alcalde prepararon la
privatización del
alumbrado del pueblo con
unos pliegos hechos a la
medida de la empresa
Cofely.
126 páginas de
investigación
“Este informe de la UCO
corrobora, palabra por
palabra, todo lo que
hemos venido contando”,
ha celebrado la líder
del PSOE el Almendralejo,
Piedad Álvarez en
declaraciones a
ELPLURAL.COM. “La UCO ha
conseguido muchos
correos electrónicos y
llamadas telefónicas que
van poniendo negro sobre
blanco que,
presuntamente, la
empresa Cofely llevaba
mucho tiempo trabajando
junto a Lobato para
conseguir esa
adjudicación”.
Es más, el PSOE no tiene
ninguna duda de que fue
la propia Cofely la que
redactó los pliegos de
la adjudicación para
asegurarse el contrato,
sin dejar espacio a
otras empresas.
“Nosotros denunciamos
que los pliegos los
hacia la empresa y,
presuntamente, se los
remitía al Ayuntamiento
con chapuzas tan
visibles como que
llevaba incluidos los
datos del clima de
Madrid y no los de
Almendralejo. Lo dijimos
hace años y ahora lo
demuestra la UCO”,
mantiene Álvarez.
Según ha contado la
líder del PSOE de
Almendralejo a
ELPLURAL.COM, Endesa les
comunicó por escrito que
no se presentaba al
concurso de eficiencia
energética porque no
tenían tiempo suficiente
para preparar una oferta
pero “Cofely, que es más
pequeña, sí, porque
llevaban años hablando
con técnicos, con el
alcalde y con más
tráfico de correos
electrónicos que en la
M-30”.
Y es que, el informe de
la UCO es claro, el
alcalde popular de
Almendralejo había
pactado, para él y toros
políticos, una mordida
de 180.000 euros más el
2% anual a cambio de
hacer todo lo posible
para que la adjudicación
del contrato de
eficiencia eléctrica
fuera para Cofely.
Incluso idearon una
fórmula que recoge la
UCO: Fee: 180K € + 2%
sobre CA anual.
El PP defiende a su
alcalde
Tras las investigaciones
de la UCO, tiene la
palabra el juez
instructor del caso,
aunque hay que recordar
que Lobato ya fue citado
a declarar como
investigado ante el
magistrado el pasado mes
de julio.
Y aquí nace otra
polémica. Mientras que
el PP mantiene que
Lobato no está
investigado, pues el
juez todavía no le ha
llamado, el PSOE de
Extremadura acusa a los
populares de intentar
ocultar la verdad.
“Monago y el Partido
Popular de Extremadura
intentan ocultar con
mentiras el intento de
apropiarse de 180.000
euros por parte de José
García Lobato”. “El PP
les dice a los
ciudadanos que Lobato no
está imputado en el
caso, mienten, ya que
declaró ante el juez
como investigado el
pasado mes de julio”,
mantienen los
socialistas y recuerdan
en un comunicado que “la
figura imputado ha
pasado a llamarse
investigado en el nuevo
Código Penal, siendo
ambas exactamente lo
mismo”.
Por eso, piden una vez
más su dimisión. “Lobato
debe dimitir dada la
gravedad de los
acontecimientos y si no
lo hace él, Monago debe
obligarle a abandonar el
puesto, porque sino el
también será cómplice de
este intento de
apropiación de dinero
público”. Lobato “no
puede estar ni un minuto
más al frente de una
institución a la que ha
intentado estafar tal y
como refleja el informe
de la UCO”.
Y añade Álvarez, “él
sigue cobrando 4.000
euros todos los meses
por tomarnos el pelo.
Almendralejo está
paralizado porque no
tenemos presupuestos.
Los últimos son del
2010” que los hicieron
el PSOE y Lobato, del
PP, entró en 2011 con
mayoría absoluta. “Tiene
mayoría absoluta, no
tienen ningún
impedimento para hacer
unos presupuestos
propios, pero no le da
tiempo porque está
ocupado en otros enredos
como adjudicar por
comisiones”.
Supuestos amaños de
contratos y consumos
inflados
Como ya explicó
ELPLURAL.COM a
principios de junio,
todo empezó cuando el
Ayuntamiento del PP
presentó unos pliegos
para privatizar el
alumbrado público del
pueblo. Al concurso se
presentaron dos
empresas, una de ellas
Cofely.
Fue entonces cuando al
PSOE empezaron a no
cuadrarle las cosas. Al
escribir en los
buscadores de internet
partes de los pliegos de
adjudicación,
encontraban que párrafos
enteros eran idénticos a
los pliegos que se
habían aprobado en otros
municipios. “Todos de
Madrid, todos en los que
sus alcaldes están ahora
en prisión o
investigados por la
Púnica”, como es el caso
de Móstoles,
Serranillos, Valdemoro
con Francisco Grandos…
“Todos los indicios nos
llevaron a pensar que
los pliegos habían sido
elaborados por la propia
empresa Cofely”.
Por eso, en 2015,
formalizaron una
denuncia ante la
Audiencia Nacional. Pero
aún tenían más pruebas.
Los socialistas venían
de haber gobernado
anteriormente en
Almendralejo, con los
datos en la mano,
descubrieron que en los
pliegos “se había
inflado un 30% el
consumo y eso es
beneficio limpio para la
empresa”, para Cofely,
que era la empresa para
la que se estaba
supuestamente amañando
la adjudicación.
Una adjudicación que
nunca se dio
Finalmente, la
adjudicación nunca se
llegó a dar a Cofely.
Antes de que se pudieran
cerrar todos los
detalles, se produjo una
denuncia de un guardia
civil y la UCO se
personó en el pueblo
para llevarse los
pliegos y toda la
documentación. Así nació
esta pieza separada, la
número 6 dentro de la
trama Púnica.
https://www.elplural.com/politica/2017/09/19/la-punica-en-extremadura-un-intento-de-mordida-y-un-alcalde-del-pp-investigado
EL ARREPENTIDO DEL ‘CASO
PÚNICA’ VUELVE A
DECLARAR
El constructor David
Marjaliza responderá en
octubre por primera a
los abogados defensores
de tres incriminados por
él en las actividades de
la trama
El constructor David
Marjaliza, amigo del
exdirigente del PP
Francisco Granados y
primer gran arrepentido
de la corrupción en
España, comparecerá en
las próximas semanas
ante el titular del
Juzgado Central de
Instrucción 6, Manuel
García-Castellón, para
realizar una nueva
declaración. Será la
primera que efectúe
desde su puesta en
libertad provisional en
diciembre de 2015 y
también la primera en la
que deberá responder a
las preguntas de las
defensas, ya que sus
anteriores
comparecencias en la
Audiencia Nacional se
realizaron bajo secreto
de sumario y con la
única asistencia de las
dos fiscales del caso y
su letrado.
La decisión del
magistrado se produce
después de que tres de
los incriminados por el
testimonio del
empresario presentaran
sendos escritos para que
se le tomara declaración
y que sus letrados
pudieran rebatir sus
acusaciones. Prevista en
un primer momento para
el próximo 16 de octubre
a las 9.30 de la mañana,
la nueva comparecencia
se retrasa por la
imposibilidad del
abogado de Marjaliza a
asistir ese día, según
fuentes jurídicas.
Los imputados cuyos
escritos han provocado
la nueva declaración del
arrepentido de la Púnica
son el que fuera alcalde
de Valdemoro cuando se
produjeron las primeras
detenciones en octubre
de 2014, Juan Carlos
Boza Lechuga; su mano
derecha en el
consistorio, Alfredo
Ovejero; y el empresario
Víctor Manuel Sobrino,
cuya empresa de
encuestas TNS fue
supuestamente utilizada
por la red de corrupción
para pagar con sondeos
electorales a alcaldes
que presuntamente
amañaron contratos
públicos en favor de la
trama.
En los tres casos,
habían planteado la
necesidad de que el
testimonio de Marjaliza
fuera sometido a
"contradicción con sus
defensas en la fase
sumarial, sin esperar al
juicio oral ante el
Tribunal". No era la
primera vez que lo
pedían, pero hasta ahora
el anterior instructor,
el juez Eloy Velasco, lo
había rechazado de
plano. Su sustituto en
el juzgado lo ha
considerado ahora
oportuno a considerar
que cuando se produjo el
testimonio de Marjaliza
la causa estaba bajo
secreto de sumario,
según se recoge en un
auto del pasado 13 de
septiembre al que ha
tenido acceso EL PAÍS.
El constructor y amigo
de Granados ha
comparecido, hasta
ahora, cinco veces ante
el juez. En la primera
de ellas, poco después
de su detención en la
primera fase de la
Operación Púnica, se
negó a declarar. Sin
embargo, en abril de
2015, el empresario dio
las primeras muestras de
querer colaborar con la
justicia durante un
registro en la casa de
sus padres en Valdemoro
(Madrid) al que él
asistía. Tras diversos
contactos entre su
abogado y la Fiscalía
Anticorrupción para que
su colaboración se
tradujera en una
reducción de sus futuras
condenas -fuentes
cercanas al empresario
aseguran a EL PAÍS que
no hay un pacto
concreto-, en junio
acudió en tres ocasiones
a la Audiencia Nacional
para confesar. La
primera fue el 18 de
junio de aquel año.
Aquel día, el juez Eloy
Velasco y las dos
fiscales del caso le
interrogaron por espacio
de dos horas.
Un día después volvía a
sentarse ante el
magistrado, en este caso
durante tres horas, para
seguir detallando su
participación y la de
otros en las actividades
de la trama. El 25 de
junio hacía su tercera
declaración. La más
larga hasta ahora: cinco
horas. En todo este
tiempo, Marjaliza siguió
encarcelado, situación
que se mantenía cuando
en noviembre de ese
mismo año acudió por
cuarta y última vez,
hasta ahora, para ser
interrogado. Un mes
después el juez accedía
a su puesta en libertad
bajo fianza.
Ahora, 22 meses después
de su excarcelación,
declarará por sexta vez,
aunque esta vez será la
primera vez que tenga
que responder a las
preguntas de las
defensas de las personas
incriminadas por él.
Según fuentes cercanas a
su defensa, la intención
de Marjaliza es "seguir
colaborando con la
justicia". Fuentes
cercanas a la
investigación reconocen
que su testimonio ha
sido clave para
consolidar pruebas ya
existentes, avanzar en
algunas líneas de
investigación e,
incluso, abrir otras
nuevas.
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/15/actualidad/1505467651_237059.html
EL JUEZ DE PÚNICA BUSCA
EN MÓNACO E ISLA
MAURICIO LA FORTUNA
OCULTA DE GRANADOS
La investigación apunta
a que el político
utilizó las cuentas en
paraísos fiscales de un
empresario también
imputado para evadir las
millonarias comisiones
El juez del caso Púnica,
Manuel García Castellón,
libró el jueves una
comisión rogatoria a las
autoridades del
Principado de Mónaco
para recabar información
sobre las cuentas
abiertas en dos bancos
de este país por el
constructor Ramiro Cid
Sicluna, también
imputado en la causa. Un
informe de la Guardia
Civil apunta a que
dichos depósitos fueron
utilizados por Francisco
Granados para ocultar
millonarias comisiones
ilegales. Las pesquisas
llevan hasta la isla
Mauricio, paraíso fiscal
al que fueron
transferidos fondos
desde una de esas
cuentas.
En un auto fechado el 14
de septiembre, y al que
ha tenido acceso EL
PAÍS, el magistrado
detalla la estrecha
relación existente entre
Granados y Ramiro Cid.
Una amistad de la que el
segundo, junto a otros
promotores urbanísticos,
obtuvo “ingentes
beneficios” ya que fue
uno de los principales
beneficiados de los
numerosos amaños
urbanísticos propiciados
por el político entre
1999 y 2014, periodo en
el que ocupó
sucesivamente los cargos
de alcalde de Valdemoro
(Madrid), consejero y
vicepresidente en los
gobiernos de Esperanza
Aguirre y senador.
A cambio de ello, el
constructor
presuntamente entregó al
político numerosas
comisiones. Una parte de
éstas fueron en especie,
entre las que el juez
detalla vehículos, “la
construcción de un
macrochalet” y
participaciones en
empresas ocultas
mediante testaferros a
través de las cuales
Francisco Granados
encubría, entre otras,
la propiedad de una
finca en la provincia de
Ávila y una inversión
para la construcción de
infraestructuras en el
metro de Moscú.
Granados recibió otra
parte de estas mordidas
en efectivo. 942.000
euros fueron localizados
en noviembre de 2015
dentro de una maleta
oculta en el domicilio
de los suegros del
político. Sin embargo,
la mayor parte fue
supuestamente sacada de
España de manera ilegal.
Cerca de 1,33 millones
de euros fueron
remitidos desde 1999 a
2003 a la cuenta que él
y su esposa, María
Nieves Alarcón, también
imputada en la causa,
tuvieron hasta 2007 en
el BNP Paribas de
Ginebra. Su
descubrimiento por parte
de las autoridades
helvéticas —junto con
los depósitos que
también tenía en este
banco otro constructor
imputado, el ahora
arrepentido David
Marjaliza— permitió
iniciar la Operación
Púnica que desembocó en
la detención del
político en octubre de
2014.
Ahora, las últimas
investigaciones de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil apuntan a que otra
parte importante de esos
fondos fueron
transferidos de modo
ilícito “al circuito de
cuentas abiertas en
Mónaco” del que era
titular el empresario
Ramiro Cid junto a su
padre y su compañera
sentimental, Benito Cid
Salgado y Francisca
María Parra González. El
auto del juez destaca
que dichos depósitos han
permanecido ocultos
hasta ahora para
Hacienda y no consta que
el constructor imputado
los hubiera regularizado
en la amnistía fiscal de
2012.
Las pesquisas han
permitido localizar una
cuenta en el Union
Bancaire Privee (UBP) de
Mónaco, en el que
figuran como titulares
el propio Ramiro Cid,
Francisco María Parra y
la sociedad Sil Assets
Management. Como
beneficiario aparece el
padre del promotor. El
auto judicial destaca
que esta cuenta fue
cancelada en una fecha
que no detalla y que sus
fondos fueron
transferidos a una
entidad bancaria de Isla
Mauricio, “considerado
un paraíso fiscal”, como
destaca el magistrado en
su auto.
La Guardia Civil también
ha encontrado indicios
de la existencia de
otros depósitos en una
segunda entidad
financiera del
Principado, el Lloyds
Bank Mónaco. En este
caso, las sospechas
apuntan a que los mismos
fueron abiertos a nombre
de Ramiro Cid y su
padre, aunque los
investigadores no han
podido aportar hasta
ahora datos más
concretos, ni siquiera
de cuántas se trata.
El auto del juez García
Castellón considera que
con todas estas cuentas
el constructor se
convirtió en un
“facilitador” para que
Granados ocultara en el
extranjero las
comisiones ilegales que
le entregaron él mismo y
otros promotores en pago
a sus favores políticos.
Por ello, el magistrado
reclama a las
autoridades del
Principado toda la
información disponible
sobre ellas, incluido el
detalle de sus
titulares,
beneficiarios,
transferencias,
disposiciones e ingresos
en efectivos, y tarjetas
de crédito ligadas a las
mismas. La comisión
rogatoria reclama que
todos estos datos se
remitan a la Audiencia
Nacional de manera
urgente.
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/15/actualidad/1505477037_757216.html
EL
PRIMER JUICIO DE LA
TRAMA 'PÚNICA', SOBRE EL
CHIVATAZO A GRANADOS,
ARRANCARÁ EL 14 DE
NOVIEMBRE
La fiscalía pide tres
años de cárcel para el
exdirigente del PP y los
dos guardia civiles que
le dieron el soplo
Ya hay fecha para el
juicio de la primera
pieza del 'caso Púnica',
la referente al
'chivatazo' que dos
guardias civiles de la
Unidad Central Operativa
(UCO) le dieron al
exsecretario general del
PP madrileño Francisco
Granados sobre que le
estaban investigando. La
vista oral arrancará el
próximo 14 de noviembre
en la Sección Primera de
la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional.
Según informan fuentes
jurídicas, los días 14,
15 y 16 de ese mes son
los señalados para esta
vista oral que sienta en
el banquillo de los
acusados a Granados y a
los dos guardias
civiles, que se
enfrentan a una petición
por parte de la fiscalía
de tres años de cárcel
por los delitos de
revelación de secretos y
aprovechamiento de
revelación de secretos.
La Sección Primera de lo
Penal de la Audiencia
Nacional será la
encargada de juzgar esta
causa que llega a juicio
después de que el
magistrado instructor de
la misma, Eloy Velasco,
finalizara en julio la
primera de las 14 piezas
separadas -denominada
'pieza I Talamino' por
ser el apellido de uno
de los guardias civiles
encausados- que obran en
el sumario de la trama
Púnica. Además, la fecha
se conoce un día después
de que Velasco haya
cesado como titular del
juzgado de instrucción
número 6 de la Audiencia
Nacional.
Tres carros del
Carrefour
Según precisó Velasco en
su auto de
transformación en
procedimiento abreviado,
el soplo que le dio
Talamino al exdirigente
popular a altas horas de
la madrugada en las
fiestas de Valdemoro de
septiembre del 2014 hizo
"un grave daño" a las
acciones realizadas por
la UCO sobre esta
operación.
David Marjaliza,
presunto cerebro de la
trama, quedó fuera de la
instrucción de esta
pieza a pesar de haber
confesado que había
"quemado" todos los
documentos que le
incriminaban después de
que Granados le
advirtiera de que estaba
siendo investigado.
"Sacamos tres carros del
Carrefour y los llevamos
a quemar", reveló ante
el juez.
http://www.elperiodico.com/es/politica/20170526/juicio-chivatazo-granados-arrancara-14-noviembre-trama-punica-6063778
GRANADOS CAMBIA POR
TERCERA VEZ DE ABOGADO Y
ELIGE AL DEFENSOR DE ‘EL
BIGOTES’
El presunto cabecilla de
la trama Púnica comunica
a la Audiencia Nacional
que su letrado pasa a
ser José Javier Vasallo
Francisco Granados, ex
secretario general del
PP madrileño y presunto
cabecilla de la trama
Púnica, ha vuelto a
cambiar de abogado. Es
la tercera vez que lo
hace desde que fue
detenido en octubre de
2014 por su presunta
implicación en la red de
corrupción. En un
escrito remitido este
lunes al titular del
Juzgado Central de
Instrucción 6, Manuel
García Castellón, el
político comunica al
magistrado que a partir
de este momento su
defensor será José
Javier Vasallo, también
personado en otro
célebre sumario, el caso
Gürtel, donde se encarga
de los intereses de
Álvaro Pérez, 'El
Bigotes'.
En primer letrado que
tuvo Granados cuando se
inició la causa hace
casi tres años fue el
exfiscal de la Audiencia
Nacional Enrique Molina.
Este abogado decidió
abandonar su defensa en
junio de 2016 al
considerarse engañado
por su cliente, quien le
había asegurado que no
tenía fondos ocultos y,
meses después, apareció
cerca de un millón de
euros oculto en un
maletín en casa de sus
suegros. Entonces,
Molina aseguró que
dejaba de hacerse cargo
de la defensa "por
motivos profesionales".
A él se siguió el
letrado Carlos Zabala,
un antiguo compañero de
despacho del exfiscal
que, sin embargo, solo
fue el abogado de
Granados cuatro meses.
En noviembre de ese
mismo año asumieron la
defensa del político los
letrados Virginia
Santana, Carlos-Pelayo y
Carlos María García de
Ceca. Son estos los que
ahora, once meses
después, ha comunicado
que el ex secretario
general del PP madrileño
deja de ser su cliente y
conceden la venia a José
Javier Vasallo. Este
último, además de
representar a 'El
Bigotes' -encarcelado
para cumplir la primera
condena impuesta en el
caso Gürtel- se
encargaba también de los
asuntos legales de Rocío
Carrasco.
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/26/actualidad/1506414624_438038.html
LA MUJER DE GRANADOS
FICHA COMO ABOGADO AL EX
JEFE DE LA FISCAL DE
PÚNICA
García Jabaloy, fiscal
de la Audiencia Nacional
hasta hace seis meses,
colaborará en la defensa
de Nieves Alarcón.
Nieves Alarcón, esposa
del cabecilla de la
trama corrupta Púnica,
Francisco Granados, e
investigada junto a él
en este procedimiento,
ha decidido cambiar de
abogado. El pasado
septiembre el bufete
Ramón y Cajal concedió
la venia a la letrada
María Victoria Vega
quien, a su vez, ha
hecho saber al Juzgado
que será sustituida
cuando sea preciso por
Juan Antonio García
Jabaloy. Este jurista ha
sido hasta hace escasos
seis meses fiscal de la
Audiencia Nacional,
órgano donde se lleva a
investigación.
García Jabaloy pidió el
pasado abril la
excedencia voluntaria
para incorporarse como
of counsel a la oficina
en España de la firma
internacional de
abogados DLA Piper,
donde dirige el área de
penal económico. Fiscal
de la Audiencia Nacional
desde 2004, ha sido
durante seis años
(2006-2012) responsable
de la delegación
española en Eurojust,
organismo creado por el
Consejo de la Unión
Europea para reforzar la
cooperación de los
Estados miembro en la
lucha contra la
delincuencia
transfronteriza.
A sus órdenes en
Eurojust trabajó desde
2008 María Teresa
Gálvez, que es una de
las dos fiscales
anticorrupción que se
encargan precisamente
del caso Púnica.
Asistente y suplente de
Jabaloy, Gálvez fue
número dos de la
delegación española en
Eurojust hasta junio de
2013, cuando se
reincorporó a la
Fiscalía Especial contra
la Corrupción. García
Jabaloy y Gálvez
trabajaron juntos en La
Haya durante cuatro
años.
La esposa de Granados ha
elegido, pues, como
colaborador de su
defensa a un ex fiscal
que, además de conocer
de primera mano el
funcionamiento de la
Audiencia Nacional,
tiene excelentes
relaciones con el
Ministerio Público.
Fuentes de
Anticorrupción restan
trascendencia a esta
situación, no sólo por
la acreditada
profesionalidad de
Gálvez sino también
porque los fiscales
están ya acostumbrados a
encontrarse 'en el otro
lado' a antiguos
compañeros. Sólo de la
Fiscalía de la Audiencia
Nacional se han pasado
al ejercicio de la
abogacía en los últimos
años casi una decena de
fiscales, entre ellos el
ex teniente fiscal Jesús
Santos, Ignacio
Gordillo, Juan Moral,
Florentino Orti, Ignacio
Peláez o Enrique Molina.
Algunos como Susana
Landeras han hecho un
viaje de ida y vuelta:
Landeras se marchó a un
bufete en noviembre de
2009 y se reincorporó a
la carrera fiscal en
febrero de 2012,
regresando a la
Audiencia Nacional unos
meses después.
Puertas giratorias
La ley permite a los
fiscales, igual que a
los jueces, solicitar la
excedencia voluntaria
alegando, entre otros
motivos, un interés
particular. En esta
situación deben estar
como mínimo dos años,
pasados los cuales
pueden volver a
incorporarse a la
Fiscalía sin solución de
continuidad. La
excedencia voluntaria no
permite reservar la
plaza, aunque sí tienen
preferencia en los
concursos para obtener
un puesto de su
categoría en la misma
provincia en la que
tuvieron el último
destino.
Nieves Alarcón,
investigada por
supuestos delitos
fiscales, de blanqueo de
capitales y de
pertenencia a
organización criminal,
designó inicialmente
como defensor al también
ex fiscal de la
Audiencia Nacional
Enrique Molina, que la
asistió en su primera
declaración ante la
Guardia Civil (28 de
octubre de 2014) y ante
el juez instructor, Eloy
Velasco, el 29 de enero
de 2015.
La operación Púnica
comenzó con una querella
de la Fiscalía
Anticorrupción tras
conocerse la existencia
de varias cuentas en un
banco suizo a nombre de
Francisco Granados y
David Marjaliza junto a
sus respectivas esposas,
Nieves Alarcón y Adela
Cubas. Existen indicios
de que los fondos
depositados en esas
cuentas proceden de
delitos relacionados con
la corrupción, en
particular de amaños
vinculados a la
promoción urbanística y
la contratación
administrativa.
En casa de los padres de
Nieves Alarcón la
Guardia Civil encontró
un maletín con cerca de
un millón de euros.
Granados ha reconocido
hace unos días que el
dinero formaba parte del
que tenía en Suiza y que
su socio, David
Marjaliza, se lo entregó
en España.
https://www.elespanol.com/espana/20161021/164734527_0.html
‘CASO PÚNICA’: EL
SUMARIO QUE AMARGARÁ EL
OTOÑO AL PP
Anticorrupción pedirá
tras el verano la
imputación de varios
cargos públicos del
partido en el ‘caso
Púnica’
Pasado el mal trago de
la declaración de
Mariano Rajoy como
testigo en el caso
Gürtel, el PP se
enfrentará después de
verano a un nuevo
chaparrón judicial por
culpa de la corrupción.
En esta ocasión será el
caso Púnica, en el que
se investiga la trama
presuntamente encabezada
por el ex secretario
general del partido en
Madrid, Francisco
Granados, el que
convertirá los últimos
meses de 2017 en un
nuevo vía crucis
judicial para los
populares. De las 16
piezas en la que está
dividido el sumario, el
juicio de la primera
tiene ya fecha:
noviembre. Entonces se
sentarán en el banquillo
el propio Granados y dos
guardias civiles,
acusados de dar al
político el chivatazo
que puso en peligro la
investigación y que
obligó a finales de
octubre de 2014 a
precipitar las primeras
detenciones.
Desde sus inicios, el
sumario ha provocado un
goteo constante de
imputaciones de cargos
públicos, en su inmensa
mayoría del PP. Varios
ven ya el banquillo como
un horizonte cercano. En
concreto, los
presuntamente implicados
en las actividades de la
trama en la Diputación
de León y en el Gobierno
de Murcia, las otras dos
piezas separadas del
sumario cuya
investigación ya ha
finalizado y cuyos
juicios deben ser
fijados en breve. En la
primera están encausados
Marcos Martínez Barazón,
alcalde de Cuadros
(León) y sustituto de la
asesinada Isabel
Carrasco al frente de la
diputación provincial, y
el regidor de Puebla de
Lillo, Pedro Vicente
Sánchez. La pieza de
Murcia ha supuesto la
imputación del
exconsejero Juan Carlos
Ruiz y del ex presidente
regional, Pedro Antonio
Sánchez. La senadora
Pilar Barreiro será
investigada por el
Tribunal Supremo por los
mismos hechos.
Sus nombres llevan casi
desde el principio
presentes en el sumario
junto a los de otros
cargos públicos del PP,
como los antiguos
aforados Salvador
Vitoria y Lucía Figar,
exconsejeros de la
Comunidad de Madrid; los
exmiembros del Grupo
Popular en la Asamblea
de Madrid Mario Utrilla,
José Miguel Moreno
Torres y Daniel Ortiz; y
alcaldes de varios
partidos como el que
fuera regidor socialista
de Parla, José María
Fraile; el de Valdemoro,
el 'popular' José Carlos
Boza Lechuga; el de
Collado Villalba,
Agustín Juárez López de
Coca, también del PP; el
de Serranillos del
Valle, el independiente
Antonio Sánchez
Hernández; los de
Casarrubuelos y Torrejón
de Velasco, David
Rodríguez Sanz y Gonzalo
Cubas Navarro; y el de
Moraleja de Enmedio,
Carlos Estada, también
popular.
Los últimos escritos de
la fiscalía apuntan a
que la cifra de cargos
públicos imputados
aumentará en los
próximos meses. El
pasado mayo, el
ministerio público pidió
que se interrogara a 35
personas dentro de la
pieza separada del
sumario en el que se
investigan las supuestas
adjudicaciones
irregulares de
millonarios contratos
municipales de
eficiencia energética a
la empresa Cofely. Entre
los citados aparecen dos
alcaldes —los de las
localidades madrileñas
de Brunete y Torrejón de
Velasco, Borja Gutiérrez
y Esteban Bravo—, cuatro
concejales y un ex alto
cargo de la Comunidad.
En esta pieza también
aparece salpicado un
nuevo aforado: el
diputado de la Asamblea
de Madrid Bartolomé
González, exalcalde de
Alcalá de Henares.
Además, en las últimas
semanas se ha
incorporado a la causa
un informe de la Guardia
Civil sobre la
adjudicación frustrada
de uno de estos
contratos en el
ayuntamiento de
Almendralejo (Badajoz).
Por estos hechos ya ha
declarado como
“investigado no
detenido” ante los
agentes el regidor
popular, José García
Lobato, y al menos otro
miembro de su equipo de
Gobierno. Está a punto
de llegar a la Audiencia
Nacional otro documento
policial sobre el
consistorio de Villalba
(Madrid), también
gobernado por el PP.
La pieza de Waiter
Music
También se convertirá en
un quebradero de cabeza
para Génova la pieza del
sumario referida a la
supuesta contratación
irregular de la empresa
especializada en la
organización de festejos
Waiter Music S. L. por
parte de ayuntamientos
de la Comunidad de
Madrid. En esta parte de
la investigación, la
Guardia Civil ya entregó
un informe referido al
consistorio de
Valdemoro, epicentro de
la trama, en el que
además de los cargos
locales implicados que
ya estaban imputados, se
recogían indicios de la
supuesta financiación
irregular de actos del
partido. Las pesquisas
señalaban entre ellos
mítines de las campañas
autonómicas y
municipales, pero
también de las generales
en las que Rajoy fue
cabeza de lista.
Anticorrupción quiere
extender estas pesquisas
a otros 47 ayuntamientos
de la Comunidad de
Madrid que también
adjudicaron contratos a
Waiter Music entre los
años 2004 y 2014 por un
importe total superior a
los 28 millones de
euros. En esta pieza
también se investiga a
siete constructoras y
una UTE por contratar a
esta misma empresa para
organizar actos de
inauguración de obras
públicas, y al propio PP
de Madrid.
La décima y decimoquinta
piezas separadas del
sumario también salpican
de lleno al PP. En
ellas, el juez
García-Castellón
investiga los contratos
de reputación online que
el experto informático
Alejandro de Pedro y su
socio, el exalcalde
socialista de Cartagena
José Antonio Alonso
Conesa, consiguieron con
ayuntamientos madrileños
y del litoral valenciano
supuestamente para
mejorar la imagen en
Internet de políticos.
Los trabajos eran
presuntamente pagados
con fondos públicos tras
camuflarlos como
campañas publicitarias.
En esta pieza están
pendientes las
declaraciones de varios
presuntos implicados,
incluidos dos aforados.
Uno es Víctor Soler,
parlamentario del PP en
las Corts valencianas y
actual concejal en
Gandía (Valencia), al
que los investigadores
implican en el pago de
los trabajos de
reputación que la trama
hizo para el que fuera
alcalde popular de este
municipio, Arturo Torró,
quien dejó su acta tras
saltar el escándalo.
El segundo es Miquel
Domínguez, también
diputado regional
valenciano y al que un
reciente informe de la
UCO relaciona con el
supuesto pago irregular
de trabajos de
reputación online para
la fallecida Rita
Barberá. El documento
policial también cita al
concejal Alberto Mendoza
Seguí, actualmente
imputado en la trama de
blanqueo de capitales y
financiación irregular
de la campaña de las
municipales de 2015, el
llamado caso Taula.
La caja b del PP
La decimocuarta pieza
del sumario está
dedicada en exclusiva a
la supuesta caja b de
los populares en Madrid,
y en ella está ya
imputado el que fuera
gerente de la formación,
Beltrán Gutiérrez,
aunque incluso han
aparecido documentos
relacionados con Luis
Bárcenas.
En esta parte de la
investigación están los
dos informes de la
Guardia Civil que
implicaban a la actual
presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, en
la supuesta adjudicación
irregular al empresario
Arturo Fernández de dos
contratos de la Asamblea
regional. Esta línea de
investigación también ha
puesto el foco judicial
en el papel que
Fundescam, una fundación
creada por Esperanza
Aguirre, presuntamente
jugó en la trama de
financiación irregular
que permitió a los
populares madrileños
gastar durante tres
campañas una cantidad de
dinero muy superior a la
permitida por la ley
electoral.
Finalmente, el PP
también aparece
acorralado en la
investigación sobre la
empresa pública del
suelo de la Comunidad de
Madrid, Arpegio, cuya
sede fue registrada
durante 14 horas el
pasado 16 de mayo. En
esta pieza están bajo
sospecha tanto los dos
planes Prisma de
inversiones de obra
pública en municipios
como la gestión del
suelo a través de 22
consorcios urbanísticos.
Entre ambos, el
Ejecutivo regional
manejó en la etapa de
Granados cerca de 3.000
millones de euros. Parte
de los cuales
supuestamente se
desviaron, no sólo al
PP, sino también a otros
partidos. Escritos del
primer instructor de la
causa, Eloy Velasco, y
de Anticorrupción hacen
referencias concretas a
“sospechas de
corrupción” de
concejales de PSOE e IU
que aún no identifica.
Por esta trama de
Arpegio ya tuvo que
dimitir un viceconsejero
del Ejecutivo regional,
Miguel Ángel Ruiz.
Además, parte de las
pesquisas se dirigen
hacia un aforado, el
número tres del Gobierno
de Cifuentes, Jaime
González Taboada. En las
declaraciones que ya han
prestado varios de los
imputados en la
Audiencia Nacional —el
resto lo harán después
de verano—
Anticorrupción planteó
numerosas preguntas
sobre el papel jugado
por González Taboada en
las millonarias
contrataciones.
https://politica.elpais.com/politica/2017/08/04/actualidad/1501860237_303529.html
LA FISCALÍA DEL SUPREMO
PIDE INVESTIGAR A LA
SENADORA DEL PP PILAR
BARREIRO POR LA PÚNICA
El ministerio público
hace responsable a la
exalcaldesa de Cartagena
de un desvío de fondos
públicos para mejorar su
imagen
La Fiscalía del Tribunal
Supremo ha solicitado a
la Sala que nombre un
magistrado instructor
para que investigue a la
senadora del PP y
exalcaldesa de Cartagena
Pilar Barreiro por los
delitos de fraude,
malversación de caudales
públicos, cohecho,
prevaricación continuada
y revelación de
información reservada en
el marco de la trama
Púnica.
El Ministerio Público
emitió el pasado 5 de
julio un escrito de dos
folios solicitando como
primera diligencia la
comparecencia voluntaria
de Barreiro "a fin de
que declare sobre los
hechos imputados objeto
de las presentes
actuaciones y cuantas
otras sean necesarias
para la aclaración de
los mismos", según ha
informado la Fiscalía en
un comunicado.
Según establece el
artículo 118 bis de la
Ley de Enjuiciamiento
Criminal (Lecrim) que
señala que los aforados
tienen derecho a prestar
declaración como
investigado antes de que
se pida el suplicatorio
y se le impute
formalmente.
El ex juez de
instrucción de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco, que ha estado
investigando el 'caso
Púnica' hasta que fue
ascendido el pasado mes
de junio a la nueva Sala
de Apelaciones de este
órgano judicial, elevó
antes de dejar la
instrucción de la causa
la exposición razonada
al Tribunal Supremo
debido a la condición de
aforada de Barreiro.
Velasco cree que la que
fuera alcaldesa de
Cartagena incurrió en
cinco delitos por
concertar con empresas
de Alejandro De Pedro
-considerado el
conseguidor de la
Púnica- para amañar
futuras adjudicaciones
en contratos públicos de
formación de la
Consejería de Educación
de Murcia.
También subrayó que
presuntamente sufragó
con dinero público
previsto para campañas
de publicidad de turismo
en Cartagena trabajos
particulares como la
creación de un diario
digital en esa ciudad
que emitiera
informaciones
favorables, así como los
honorarios de un
periodista.
Noticias favorables
Asimismo, el anterior
titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6 de la Audiencia
Nacional cree que la
senadora del PP "sentía
una honda preocupación
reputacional" por
habérsela vinculado a
una serie de proyectos
urbanísticos en esta
localidad sobre los que
existían denuncias por
trato de favor en el
llamado caso Novo
Cartago, por lo que ideó
la creación de un diario
digital con el propósito
de difundir noticias que
le fueran favorables.
Así, entre junio y
septiembre de 2014 los
trabajos se facturaron
como "campaña de
publicidad Turismo
Cartagena" por 4.840
euros --que se pagaron
de forma fraccionada
para eludir los
controles de la
Intervención-- y
posteriormente De Pedro
valoró realizar esta
labor de forma conjunta
con la que tenía
previsto hacer para el
expresidente murciano
Pedro Antonio Sánchez.
El Tribunal Superior de
Justicia de Murcia
procesó al expresidente
de la región unas horas
después de tomarle
declaración por esta
causa por los delitos de
fraude, cohecho y
revelación de
información reservada,
que le atribuyó el
entonces juez de
instrucción Eloy
Velasco.
El magistrado de la
Audiencia Nacional
remitió su exposición
razonada al tribunal
autonómico, después de
que Sánchez para que se
le investigase pedir
servicios a De Pedro
para "limpiar" con
dinero público su imagen
en las redes sociales
con motivo de la campaña
para las elecciones a la
presidencia de la región
en 2015.
https://politica.elpais.com/politica/2017/07/20/actualidad/1500548720_406172.html
EL PP DE MADRID PAGÓ LA
CAMPAÑA DE 2011 CON
FALSOS INFORMES SOBRE LA
CRISIS Y EL PARO
La Guardia Civil ha
descubierto que el PP
empleó facturas falsas
para gastarse las
subvenciones públicas
concedidas a Fundescam
en sondeos de intención
de voto de municipios
estratégicos
El Partido Popular de
Madrid desplegó un
arsenal de engaños para
inyectar fondos en sus
campañas electorales
sorteando los controles
de los organismos de
fiscalización. La Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil ha
descubierto que la
formación recurrió a una
entidad satélite, la
Fundación para el
Desarrollo Económico y
Social de la Comunidad
de Madrid, más conocida
por su acrónimo
Fundescam, para
contratar supuestos
informes sobre los
efectos de la crisis
económica en el mercado
de trabajo que, en
realidad, eran sondeos
de intención de voto en
municipios de máximo
interés para Génova.
El presunto fraude se
habría producido en los
meses previos a las
elecciones municipales y
autonómicas de mayo de
2011, en las que
Esperanza Aguirre volvió
a imponerse con mayoría
absoluta y arrasó al
PSOE en las principales
ciudades de la región.
Las pesquisas del caso
Púnica han permitido
comprobar ahora que el
PP acudió a esos
comicios y también a las
municipales de 2007 y a
las generales de 2008
con donaciones ilegales,
desvíos de subvenciones
públicas y, en conjunto,
una superación
sistemática del gasto
permitido en las
campañas. En el caso de
2011, el exceso
presupuestario rondó los
1.546.000 euros, según
la investigación.
Las facturas y las
encuestas que probarían
la trampa de los falsos
estudios de desempleo
fueron localizadas por
agentes del Instituto
Armado el pasado marzo
en la agencia de
investigación de
mercados Demométrica,
una de las mercantiles
que están acusadas de
haber colaborado con los
populares en la
ocultación de su caja B.
Según consta en el
sumario, la clave radica
en cuatro facturas de
esta firma que suman
39.156 euros IVA
incluido y fueron
abonadas por Fundescam.
La primera de ellas
tiene fecha del 31 de
enero de 2011 y asciende
a 11.835 euros.
Supuestamente, se
corresponde con trabajos
de “evaluación,
seguimiento y
asesoramiento sobre la
repercusión de la crisis
económica en el empleo
en los municipios del
'Cinturón Industrial
Sur'”. La UCO no
encontró ningún
documento relacionado
con el concepto de la
factura, pero sí
localizó encuestas de
intención de voto en
Parla y San Martín de la
Vega, dos municipios del
llamado Cinturón
Industrial Sur en los
que los populares
aspiraban a desbancar al
PSOE. A juicio de los
investigadores, la
factura sólo tenía como
objetivo esconder la
utilización de fondos de
Fundescam para abonar
servicios que tenían
como único beneficiario
al PP.
En la propia carátula de
los informes encontrados
por la Guardia Civil e
incluidos en el sumario
se anuncia que se trata
de estudios sobre el
“estado de opinión de la
población sobre su
ciudad y su alcalde”. En
concreto, analizan la
“intención de voto”, la
“fortaleza de los
partidos”, la
“notoriedad y valoración
de líderes”, “los
segmentos de afinidad e
imagen del alcalde/sa” y
la “valoración situación
y calidad de vida en el
municipio”. Sólo en este
último capítulo, de
apenas tres páginas,
aparece alguna mención
al problema del
desempleo, pero siempre
vinculado a la gestión
del partido de turno que
gobernaba la ciudad
correspondiente en aquel
momento.
La segunda factura
abonada por Fundescam
reproduce el mismo
esquema. Lleva fecha del
15 de febrero de 2011 y
ascendió a 19.841 euros.
Según el concepto, se
trataría de otro encargo
para la “evaluación,
seguimiento y
asesoramiento sobre la
repercusión de la crisis
económica en el empleo
en los municipios del
“Corredor del Henares” y
“Zona Norte” de la
Comunidad de Madrid”.
Pero esos trabajos
tampoco han aparecido.
La factura se
corresponde, nuevamente,
con otras encuestas de
intención de voto de
Alcalá de Henares,
Coslada y San Sebastián
de los Reyes, ubicadas
en las mismas zonas que
refleja el concepto de
ese segundo documento de
pago.
Finalmente, el sistema
se habría repetido en
otras dos facturas, del
17 y 28 de febrero de
2011 e importes de 2.618
y 4.862 euros,
respectivamente.
Mencionan evaluaciones
sobre los efectos de la
crisis en la “Zona
Oeste” de la Comunidad
que tampoco se
efectuaron nunca. En
esta ocasión, habrían
servido para que
Fundescam abonara
encuestas electorales en
los municipios de
Boadilla del Monte y
Guadarrama.
El propietario y
presidente de
Demométrica, Alfonso del
Corral, admitió en marzo
a la Guardia Civil que
realizó esos sondeos a
petición del Partido
Popular de Madrid. El
encargado de darle las
instrucciones era el
gerente de la formación
hasta octubre de 2014,
Beltrán Gutiérrez, otro
de los imputados en
Púnica por la presunta
financiación ilegal de
Génova. Según Del
Corral, Gutiérrez le
ordenó que unas
encuestas fueras
cargadas al PP y otras a
Fundescam. También le
indicó qué conceptos
debía poner en las
facturas.
El método era sencillo
pero permitió
presuntamente al PP
financiarse de forma
ilegal durante tres
procesos electorales
consecutivos. Por un
lado, con la facturación
a través de Fundescam,
podía gastar en la
campaña más dinero del
permitido. Los fondos ni
siquiera tenían que
pasar por la cuenta que
la formación debía tener
reservada por ley a los
gastos electorales. El
Tribunal de Cuentas
nunca encontró nada
extraño. Por otro lado,
a través de esa
fundación satélite,
Génova accedía a
recursos
extraordinarios. En 2010
y 2011, Fundescam se
nutrió esencialmente de
ayudas públicas
concedidas por el propio
Gobierno de Aguirre para
ejecutar supuestos
proyectos sociales y
formativos. Pero la UCO
ha constatado a lo largo
de la instrucción de
Púnica que esos
proyectos nunca
existieron. Mediante
facturas falsas como las
de Demométrica, el
dinero público que
recibió esa organización
acabó engrosando la
contabilidad opaca del
PP.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-08-02/pp-madrid-pago-campana-2011-falsos-informes-sobre-crisis-paro_1424032/
LA GUARDIA CIVIL ABRE
UNA NUEVA INVESTIGACIÓN
SOBRE LA CAJA B DEL PP
DE MADRID
Nuevos documentos
intervenidos a uno de
los empresarios
imputados en la trama
pone bajo sospechas a
siete nuevas empresas
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil detectó el
pasado julio una posible
nueva vía de
financiación irregular
del PP de Madrid dentro
del caso Púnica de
corrupción y propuso al
juez de la Audiencia
Nacional Manuel
García-Castellón
diferentes actuaciones
para investigarla. Los
agentes han hallado dos
archivos Excel en los
que se refleja una
supuesta facturación
cruzada entre 2010 y
2012 entre empresas
sospechosas de camuflar
los gastos de las
campañas electorales de
Esperanza Aguirre
supuestamente cargados a
la caja b.
Los dos hojas de cálculo
fueron halladas por los
agentes en el registro
del domicilio del
empresario Óscar Sánchez
Moyano, imputado en
Púnica por supuesta
falsificación de
facturas para financiar
ilegalmente al PP
madrileño y salpicado
también por el caso
Lezo. Ambos cuadros de
contabilidad, según los
investigadores, permiten
dar sentido a una de las
anotaciones de la agenda
de Francisco Granados,
ex secretario general
del PP madrileño,
excarcelado el pasado
junio tras dos años y
medio en prisión.
En la página 3 del
famoso cuaderno
moleskine que le fue
intervenido en su
domicilio en octubre de
2014, Granados realizó
dos anotaciones de su
puño y letra. Una es el
nombre completo de un
empresario del sector
del marketing cuyas
iniciales son P. R. N.
La segunda anotación es
el nombre de una de sus
sociedades, Storm, que
hasta ahora no había
aparecido en la
investigación. Las
tablas Excel incautadas
por orden del juez al
empresario Óscar Sánchez
Moyano añaden una pieza
más al puzle de la
presunta financiación
ilegal del PP madrileño
que se refleja en la
agenda de Granados y que
dio lugar a la apertura
en mayo de 2016 de una
pieza separada en el
sumario de Púnica.
El documento policial,
al que ha tenido acceso
EL PAÍS, detalla que
ambos documentos fueron
encontrados en el
domicilio social de la
mercantil Sintra
Consulting, propiedad de
Sánchez Moyano. En el
primero se recoge
"facturación desde RNL
[una de las empresas de
P. N. R.] a vuestras
empresas". Entre ellas
figura Storm, la misma
que aparecía en las
anotaciones de la agenda
de Granados, y otras
tres de este último
empresario. En total,
refleja movimientos
superiores a los 3,5
millones de euros. La
Guardia Civil concluye
que esta cifra recoge la
supuesta facturación
cruzada con las
sociedades de Sánchez
Moyano. Además, llama la
atención sobre la
existencia de una nota
resaltada en el propio
original con un recuadro
en rojo con la frase
“las cantidades a
distribuir entre las
empresas a vuestra
disposición”.
Tres campañas
electorales bajo
sospecha
La nueva línea de
investigación sobre la
supuesta caja b del PP
de Madrid se suma a las
otras seis ya abiertas
en el 'caso Púnica' y
que han permitido
destapar la financiación
irregular de tres
campañas electorales de
los populares —las de
las municipales y
autonómicas de 2007 y
2011, y la de las
generales de 2008— en
las que, según los
investigadores, los
populares gastaron 4,9
millones de euros de
dinero negro. Las
pesquisas han permitido
acreditar que el PP se
valió presuntamente de
una trama de empresas
—muchas ellas de
marketing— y de su
fundación Fundescam para
camuflar pagos con
dinero en efectivo “de
procedencia opaca” e,
incluso, desviar
subvenciones públicas.
En el segundo cuadro
Excel los agentes
encontraron referencias
a otras tres sociedades
ligadas a P. R. N., y
diversos apuntes
contables que suman 2,2
millones de euros. De
nuevo recogen su
sospecha de que son
datos sobre la
facturación entre las
sociedades de éste y las
del imputado Sánchez
Moyano.
La UCO asegura haber
analizado también los
metadatos de ambos
archivos digitales para
conocer cuándo y quién
los creó. El oficio
recoge que fueron
elaborados el 1 de julio
de 2010 poco antes de
las dos de la tarde en
un equipo informático de
una de las empresas de
P. R. N, el Grupo RNL.
Como autor del mismo
aparece un nuevo
personaje, en concreto
una mujer que responde a
las iniciales F. B. P.,
y que figura como
consejera o apoderada
de, al menos, cinco
sociedades del
empresario.
Por todo ello, los
agentes piden al juez
para “poder avanzar con
la investigación” que
solicite a la Agencia
Tributaria información
fiscal sobre operaciones
con terceros de las
siete empresas —la
mayoría extinguidas hace
años— que, de un modo u
otros, aparecen
vinculadas al empresario
que apareció en la
agenda de Granados. Todo
ello, referido al
periodo 2010-2012, en el
que se incluye una de
las campañas electorales
bajo sospecha, las
municipales y
autonómicas de 2011. EL
PAÍS intentó sin éxito a
lo largo de todo el día
de ayer entrar en
contacto con el
empresario y su empleada
citados en el informe de
la Guardia Civil para
conocer su versión.
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/05/actualidad/1504635637_700836.html
LA AGENDA DE GRANADOS Y
LOS REGISTROS PONEN AL
JUEZ DE PÚNICA TRAS LA
PISTA DE 7 EMPRESAS MÁS
POR LA FINANCIACIÓN DEL
PP
El magistrado García
Castellón pide a
Hacienda los pagos y
cobros de las nuevas
firmas de publicidad
detectadas.
Solo dos de ellas
recibieron del ya
extinguido Imade, uno de
los organismos del
Gobierno de Madrid bajo
sospecha, tres contratos
por 6,25 millones El
primero, por 1,25
millones, iba en el
mismo lote que el del
expediente de Over
Marketing cuya
desaparición íntegra
comunicó el Ejecutivo a
la UCO hace cuatro meses
La misteriosa agenda
negra que la Guardia
Civil encontró en la
misma casa a la que
Francisco Granados
regresó el 14 de junio
tras salir de la cárcel
bajo fianza ha
proporcionado nuevos
hilos sobre la presunta
financiación ilegal del
PP madrileño. El juez
Manuel García Castellón,
sucesor de Eloy Velasco
al frente del caso
Púnica, acaba de ordenar
a Hacienda que facilite
a la UCO (la Unidad
Central Operativa de la
Guardia Civil) las
declaraciones anuales de
pagos y cobros de siete
empresas de publicidad
sobre las que hasta
ahora no habían puesto
el foco los
investigadores.
Dos de las siete
mercantiles, vinculadas
al mismo empresario,
figuran en las
anotaciones de la
moleskine negra que
Granados guardaba en la
buhardilla de su
domicilio: Ruiz Nicoli y
Storm. La primera,
nombre señero en el
sector, encabeza en la
agenda un listado bajo
el epígrafe "Empresas de
comunicación"; la
segunda figura en la
misma página bajo el
título "Campaña política
de Internet". El juez
García Castellón
considera que ambas
destacan "sobre todas"
las demás de la lista de
firmas publicitarias.
Dos de ellas recibieron
del ya extinguido
Instituto Madrileño de
Desarrollo (Imade) uno
de los organismos del
Gobierno de Madrid bajo
sospecha, tres contratos
por 6,25 millones entre
2006 y 2009. El primero
de esos contratos, por
1,25 millones, se
adjudicó el mismo día y
en el mismo lote que el
del expediente de Over
Marketing cuya
desaparición íntegra
comunicó el Ejecutivo a
la UCO hace cuatro
meses. Se acerca así ya
a los 30 millones de
euros la suma de los
contratos adjudicados
por administraciones
madrileñas a firmas de
comunicación y
publicidad investigadas
en Púnica o en la
Operación Lezo por la
presunta financiación
irregular del PP
madrileño durante la
etapa de Aguirre.
Este diario intentó, sin
éxito, localizar el
viernes por la tarde a
algún portavoz
corporativo de Ruiz
Nicoli. De las otras
cinco compañías cuyos
datos reclama el juez,
al menos cuatro –Nova
Publicidad y Marketing
SA, Sineusis, Más Madera
Interactive SA y Líneas
de Comunicación Integral
SA– se encuentran
igualmente vinculadas a
ese grupo. La última de
la lista es Mediaworld
Sponsor y Soportes SL.
Y, como mínimo, ha
compartido dos
directivos con las
anteriores.
Aunque infoLibre tampoco
ha logrado localizar a
nadie de Mediaworld,
documentos aportados a
la UCO por un testigo
que trabajaba en el
Imade, organismo público
de la Comunidad de
Madrid que Esperanza
Aguirre liquidó de un
plumazo en diciembre de
2010 y cuyo elevadísimo
gasto en "publicidad
institucional" se
investiga dentro del
caso, indican la
existencia de un nexo
con otra mercantil
conocida por los
investigadores: Swat SL.
Porque esos documentos
–en resumen, un esquema
de trabajo utilizado por
el testigo– incluyen una
nota según la cual parte
del equipo humano de
Mediaworld procedía de
Swat, cuyo propietario
consta entre los
investigados de la
Operación Lezo. Cabeza
de un holding societario
de facto ya
desaparecido, Over
Marketing es la empresa
cuyo dueño confesó en
2012 al juez José Castro
que había recibido
contratos amañados del
PP en Baleares pero
también en Madrid y
otras comunidades
gobernadas por ese
partido. La confesión
fue más allá: el
empresario admitió que
no siempre le cobraba al
PP todo lo que en
realidad costaban los
trabajos que sus cuatro
mercantiles
desarrollaban para la
formación conservadora.
Y que llegó a hacerle
actos gratis.
Lo que las pesquisas
policiales dibujan tanto
en Púnica como en lo que
ya se conoce de Lezo y
que afecta al mandato de
Ignacio González es una
línea de puntos jalonada
por varios grupos de
publicidad
interconectados entre
sí. Algunas firmas, como
las define la Guardia
Civil en uno de sus
informes, eran solo "factureras".
De hecho, las distintas
declaraciones de cobros
y pagos ("operaciones
con terceros", en el
argot tributario)
revelan una constante
facturación cruzada
entre ellas.
Junto con la agenda de
Granados, lo que afianzó
la sospecha de que el
círculo de compañías
involucradas en la
supuesta red de
financiación paralela
podía ser aún mayor
fueron los registros a
una segunda vivienda: la
del publicista Óscar
Sánchez, el que en
noviembre de 2010 le
preguntó por whatsapp al
entonces gerente
regional del PP, Beltrán
Gutiérrez, si el cántaro
tenía agua; o sea,
dinero. La entrada de la
UCO en su domicilio y en
las empresas de
consultoría y publicidad
bajo su control se
saldaron con el hallazgo
de nuevos documentos
concernientes a las
siete empresas que el
juez suma ahora a la
investigación.
Es en un auto fechado el
jueves donde el juez
García Castellón hace un
somero relato de las
razones por las que la
UCO requiere las
llamadas declaraciones
anuales de operaciones
con terceros –pagos y
cobros superiores en su
conjunto a 3.000 euros
anuales y con origen o
destino en el mismo
contribuyente–,
especifica que la
diligencia se inscribe
en la investigación
sobre las cuentas del PP
madrileño y detalla la
citada lista de
empresas.
Un contrato para decir a
quién había que
contratar
La relación comercial de
las empresas ahora
investigadas con el
Imade se entrelaza con
la de Over Marketing. Y
comenzó así: el 11 de
octubre de 2006, Over
Marketing obtuvo del
Imade la adjudicación de
un contrato de dos
millones de euros para
diseñar, planificar y
producir una campaña de
publicidad sobre "la
importancia de los
autónomos": ese es,
según la respuesta
oficial aportada a la
UCO, el expediente del
que la Comunidad de
Madrid "no dispone
físicamente". Aquel
mismo 11 de octubre de
2006, Ruiz Nicoli Líneas
SA se alzó con una
segunda adjudicación del
Imade por 1.250.000
euros para diseñar,
planificar y producir
una campaña sobre "la
importancia de la
innovación tecnológica".
Ninguno de los dos
contratos preveía la
inserción de anuncios en
medios de comunicación,
el apartado que más
encarece un plan de
difusión.
Dos meses antes, el 10
de agosto de 2006, Swat
SL había logrado nada
menos que un contrato de
1.372.668 euros cuyo
objetivo consistía en
asesorar al Imade sobre
a qué empresas de
publicidad debía
contratar. La
denominación oficial del
expediente era esta:
"Contratación de los
trabajos de consultoría
y asistencia para la
promoción, coordinación,
seguimiento y evaluación
de la estrategia de
comunicación
institucional del
Instituto Madrileño de
Desarrollo".
La experiencia del
contrato para asesorar
sobre a quién contratar
se instaló en el
Gobierno madrileño. Y el
20 de abril de 2009,
Mediaworld se alzó con
una adjudicación de un
millón de euros para
hacer lo mismo que,
oficialmente, había
hecho antes Swat.
En 2010, una
investigación
periodística destapó
que, en 2006, Swat había
inclinado la balanza
hacia el platillo de
Over Marketing en cuanto
a la campaña sobre "la
importancia de los
autónomos". Y que de esa
campaña no había el
menor rastro. Este
diario no ha logrado
localizar en la web de
la Comunidad de Madrid
el pliego de condiciones
del contrato adjudicado
a Swat. Ignora, por
tanto, si su dictamen
también resultó crucial
para otorgar a Ruiz
Nicoli la campaña sobre
"la importancia de la
innovación tecnológica".
Casi dos años después de
aquellas adjudicaciones
de octubre de 2006, Ruiz
Nicoli Líneas SA
consiguió un segundo
contrato del Imade. Esta
vez el encargo tenía por
fin lanzar una campaña
publicitaria sobre la
"Red de Parques y
Clusters de la Comunidad
de Madrid". Y ahora
incluía la inserción de
anuncios en medios. El
importe, cuatro millones
para promocionar esa
"Red de Parques y
Clusters" de cuya
paternidad se
vanagloriaba entonces el
Gobierno regional pero
que, por razones nunca
explicadas, se había
constituido como una
asociación privada sin
obligación de presentar
cuentas anuales en
ningún registro. Esa red
es la actual Madrid
Network, gestora de un
macropréstamo público de
80 millones de euros del
que se han beneficiado
solo los afiliados a esa
asociación: entre ellos,
antiguos cargos
públicos. Madrid Network
también acabó
gestionando otros tres
convenios con el
Ejecutivo autonómico por
18,5 millones en total
para la concesión de
otras tantas líneas de
ayudas directas a la
innovación.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/31/la_agenda_granados_los_registros_ponen_juez_punica_tras_pista_siete_empresas_mas_por_financiacion_del_pp_68152_1012.html
UN NUEVO INFORME DE
PÚNICA ATRIBUYE CUATRO
DELITOS AL ALCALDE DE
ALMENDRALEJO
La Guardia Civil acusa
al popular García Lobato
de cohecho, fraude,
revelación de secretos y
tráfico de influencias
en el amaño frustrado de
un contrato de 20
millones
La Guardia Civil ha
entregado recientemente
al titular del Juzgado
Central de Instrucción
6, Manuel
García-Castellón, un
informe sobre el amaño
frustrado por parte de
la trama Púnica de un
contrato público en el
Ayuntamiento de
Almendralejo (Badajoz).
El documento policial
detalla la presunta
participación de 11
personas en las
irregularidades de una
adjudicación que iba a
superar los 20 millones,
entre ellos el alcalde,
el popular José García
Lobato, al que considera
responsable de cohecho,
fraude, revelación de
secretos y tráfico de
influencias.
El informe de la Unidad
Central Operativa (UCO)
recoge a lo largo de 124
folios correos
electrónicos,
conversaciones
telefónicas y
declaraciones de
testigos e investigados
que llevan a la Guardia
Civil a concluir que
cuatro directivos de
Cofely SA, una de las
empresas clave en la
trama de corrupción,
consiguieron modificar a
su antojo los pliegos
del concurso del
municipio pacense para
hacerse con la
millonaria adjudicación.
El documento policial
destaca que, para ello,
contaron con la
colaboración del alcalde
del municipio y de dos
de sus concejales, el
teniente de alcalde y
vocal de la mesa de
contratación, Luis
Alfonso Merino, y el
concejal Carlos González
Jariego —a cada uno de
los cuales los agentes
atribuyen sendos delitos
de fraude y revelación
de secreto—, además de
un arquitecto municipal
y tres empresarios
locales.
Todo ello a cambio de
una contraprestación
económica que la UCO
cifra en 180.000 euros
que se iban a repartir
supuestamente varios de
los implicados, así como
del patrocinio por parte
de la empresa implicada
de un campeonato de
kárate en la localidad y
la instalación de las
luces navideñas. El
informe añade que
finalmente la
adjudicación no se
produjo porque el 27 de
octubre de 2014, solo un
mes antes de que se
adoptara el acuerdo
municipal, fueron
detenidos varios de los
participantes en el
amaño. El equipo del
Consistorio suspendió
entonces el proceso en
pleno proceso de
apertura de sobres.
Según el informe
policial, el principal
muñidor de todo ello fue
presuntamente el
directivo de Cofely
Pedro García, imputado
en la causa por otros
amaños similares en
varios Ayuntamientos de
la Comunidad de Madrid y
al que ahora los agentes
consideran autor de
cinco delitos. El
alcalde popular García
Lobato mantuvo con él un
intenso intercambio de
correos electrónicos,
conversaciones
telefónicas y encuentros
personales que llevan a
los investigadores a
calificar la relación
entre ambos de
“estrecha”. Entre esos
mensajes, los agentes
destacan varios que el
regidor remitió al
directivo de Cofely con
documentación del
concurso cuando el mismo
aún no era público.
Gracias a esa relación,
la Guardia Civil
concluye que los pliegos
que iban a regir la
adjudicación fueron
redactados a la medida
por los empleados de
Cofely, pese a ser
licitadora del concurso,
y solo quedó en manos de
los técnicos del
Consistorio “algo tan
residual como rellenar
algunos apartados”.
En este punto, el
informe destaca que de
este proceso de
elaboración fueron
apartados un técnico del
Ayuntamiento y el
concejal de alumbrado
público, José Antonio
Regaña, también del PP,
quienes habían planteado
diversas objeciones al
contrato. Este último
declaró a los agentes
que su marginación fue
una orden directa del
alcalde, aunque él lo
achacó entonces a que
formaba parte del
“anterior equipo”
popular en el
Consistorio y no a su
oposición al proyecto.
El documento policial
recoge la declaración
que el alcalde de
Almendralejo prestó como
“investigado no
detenido” ante los
agentes de la UCO el
pasado 31 de enero y en
la que, pese a negar
cualquier irregularidad
en su actuación,
reconoció haber
mantenido conversaciones
telefónicas, reuniones y
cruce de correos
electrónicos con el
directivo de Cofely.
García Lobato llegó a
calificar de “llamada
imprudente” la que
realizó para pedirle a
Pedro García que su
empresa patrocinase una
competición deportiva,
aunque se excusó al
considerar que ello era
“una práctica habitual
de alcalde buscando
patrocinios y ayudas”.
Bajo sospecha desde el
inicio de la
investigación
Veinte llamadas. El
contrato de Almendralejo
está bajo sospecha desde
el inicio del caso
Púnica, cuando los
pinchazos telefónicos
revelaron los supuestos
tratos de la trama con
García Lobato.
Informe previo. Un
informe de la UCO sobre
el amaño de estos
concursos previo a las
primeras detenciones ya
citaba al alcalde del
PP.
Viaje a París. El nombre
del regidor apareció
posteriormente en una
lista de alcaldes a los
que Cofely invitó con
sus parejas a París en
2014.
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/04/actualidad/1504549109_750773.html
EL PRIMER JUICIO DE LA
TRAMA 'PÚNICA', SOBRE EL
CHIVATAZO A GRANADOS,
ARRANCARÁ EL 14 DE
NOVIEMBRE
La fiscalía pide tres
años de cárcel para el
exdirigente del PP y los
dos guardia civiles que
le dieron el soplo
Ya hay fecha para el
juicio de la primera
pieza del 'caso Púnica',
la referente al
'chivatazo' que dos
guardias civiles de la
Unidad Central Operativa
(UCO) le dieron al
exsecretario general del
PP madrileño Francisco
Granados sobre que le
estaban investigando. La
vista oral arrancará el
próximo 14 de noviembre
en la Sección Primera de
la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional.
Según informan fuentes
jurídicas, los días 14,
15 y 16 de ese mes son
los señalados para esta
vista oral que sienta en
el banquillo de los
acusados a Granados y a
los dos guardias
civiles, que se
enfrentan a una petición
por parte de la fiscalía
de tres años de cárcel
por los delitos de
revelación de secretos y
aprovechamiento de
revelación de secretos.
La Sección Primera de lo
Penal de la Audiencia
Nacional será la
encargada de juzgar esta
causa que llega a juicio
después de que el
magistrado instructor de
la misma, Eloy Velasco,
finalizara en julio la
primera de las 14 piezas
separadas -denominada
'pieza I Talamino' por
ser el apellido de uno
de los guardias civiles
encausados- que obran en
el sumario de la trama
Púnica. Además, la fecha
se conoce un día después
de que Velasco haya
cesado como titular del
juzgado de instrucción
número 6 de la Audiencia
Nacional.
Tres carros del
Carrefour
Según precisó Velasco en
su auto de
transformación en
procedimiento abreviado,
el soplo que le dio
Talamino al exdirigente
popular a altas horas de
la madrugada en las
fiestas de Valdemoro de
septiembre del 2014 hizo
"un grave daño" a las
acciones realizadas por
la UCO sobre esta
operación.
David Marjaliza,
presunto cerebro de la
trama, quedó fuera de la
instrucción de esta
pieza a pesar de haber
confesado que había
"quemado" todos los
documentos que le
incriminaban después de
que Granados le
advirtiera de que estaba
siendo investigado.
"Sacamos tres carros del
Carrefour y los llevamos
a quemar", reveló ante
el juez.
http://www.elperiodico.com/es/politica/20170526/juicio-chivatazo-granados-arrancara-14-noviembre-trama-punica-6063778
SUIZA SE RESISTE A
ENTREGAR A ESPAÑA 27
OBRAS DE ARTE DE LA
TRAMA PÚNICA
Exige la autorización
del testaferro de
Singapur a cuyo nombre
el constructor David
Marjaliza puso cuadros,
esculturas y
estilográficas valorados
en 15,6 millones
Las autoridades de Berna
alegan que los 18
cuadros, cinco
fotografías y cuatro
esculturas, además de
185 plumas
estilográficas de
colección, intervenidas
a David Marjaliza en un
almacén de Ginebra y que
la Audiencia Nacional
reclama desde febrero de
2016 no están a nombre
del constructor. Todas
ellas figuran como
propiedad de una empresa
de Singapur cuyo
administrador único es
un ciudadano llamado Tan
Hian Yew George,
testaferro del
empresario.
El Ministerio de
Justicia, a través de la
Oficina de Recuperación
y Gestión de Activos,
tiene listo desde hace
meses el dispositivo
para traerlas a España.
Y el Museo Nacional
Reina Sofía, para
acogerlas y
custodiarlas. Sin
embargo, ambos tendrán
que esperar. Las
autoridades suizas
tienen bloqueado desde
hace más de un año el
envío a España de las
obras de arte que
Marjaliza, ocultaba en
un almacén de la ciudad
de Ginebra. En febrero
de 2016, el entonces
titular del Juzgado
Central de Instrucción
6, Eloy Velasco, inició
los trámites para que
esas 27 obras de arte y
las cerca de doscientas
estilográficas,
valorados en 15,6
millones de euros,
regresaran a España para
que parte de ellos
pasaran a formar parte
de los fondos del museo
madrileño.
Entonces, el magistrado
contaba con el
consentimiento del
propio Marjaliza, que en
junio del año anterior
había comenzado a
colaborar con la
justicia y que había
autorizado expresamente
el traslado de las obras
sin necesidad de esperar
a que hubiera sentencia.
Sin embargo, la
respuesta hasta ahora de
la justicia helvética ha
sido negativa. Según las
fuentes consultadas,
Berna alega que los
cuadros no figuran
oficialmente como
propiedad del
constructor, sino de una
empresa de Singapur,
Millenia Trading Pte Ltd,
cuyo administrador único
es Tan Hian Yew George.
Sin su visto bueno,
Berna ya ha comunicado a
Madrid que los cuadros
no saldrán de los
almacenes ginebrinos
donde fueron ocultados
en 2013.
En realidad, Millenia
Trading Pt Ltd es
propiedad del propio
Marjaliza. Una empresa
fantasma que ordenó
crear para realizar,
precisamente, una falsa
operación de compraventa
de arte con la que
blanquear 4,2 millones
de euros que tenía
ocultos en Suiza y, así,
poder repatriarlos a
España. Tan Hian Yew
George es un empleado de
la multinacional
asiática Tricor que se
encargó de crear dicha
sociedad y al que ésta
colocó como fiduciario y
administrador de la
misma, así como titular
de la cuenta abierta en
un banco local, el
Standard Chartered Bank,
por la que pasaron los
millones de euros
blanqueados.
Un pequeño tesoro en el
trastero de casa
Marjaliza no sólo
atesoraba arte y objetos
de valor en Suiza.
Durante el registro de
las oficinas que tenía
en Pinto (Madrid) y de
un trastero en
Valdemoro, la Guardia
Civil localizó más
plumas, joyas, relojes
de lujo —parte de los
cuales ya han sido
subastados por orden
judicial— y otras obras
de arte. Para los
cuadros y esculturas, la
Audiencia Nacional
encargó un peritaje
sobre su autenticidad y
valor de mercado al
Museo Reina Sofía. El
dictamen valoró sendas
esculturas de Nathan
Carter, Tony Cragg,
Xavier Mascaró, Martín
Chirino y Javier Velasco
en 555.500 euros. Todas
ellas quedaron en manos
del propio Marjaliza en
depósito ante la
ausencia de un lugar
adecuado en el juzgado
donde custodiarlas.
Sobre el papel, Millenia
adquirió las obras a
tres sociedades
españolas de Marjaliza (Anaid
Gestión S. L.,
Inversiones y Estudios
Urbanos S. L. y Aruba
Arte y Gestión S. L.) y
alquiló dos depósitos en
los almacenes que tiene
en Ginebra la empresa
Fine Art Transports
Nature Le Coultre SA,
propiedad de Yves
Bouvier, uno de los
marchantes más
importantes del mundo.
Por tanto, para las
autoridades suizas esta
empresa de Singapur es
la propietaria formal y
su administrador, el
único que puede
autorizar el envío de
cuadros, esculturas y
estilográficas a España.
Según las fuentes
consultadas, la Fiscalía
Anticorrupción baraja
que sea el propio
Marjaliza el que, con
autorización judicial,
solicite a Tan Hien Yew
George que dé los
permisos pertinentes que
terminen de vencer las
últimas reticencias
suizas.
El esfuerzo de la
justicia española tiene
su razón de ser. Más
allá de la valoración en
15,6 millones de las
obras, la lista de sus
autores es de primer
nivel. Hay cuadros y
esculturas de Eduardo
Chillida, Miquel
Barceló, Antoni Tàpies,
Manolo Valdés, Equipo
Crónica, Juan Uslé,
Torres García y un largo
etcétera. Los
investigadores recogen
en sus informes su
convencimiento en que
buena parte de estas
obras de arte “fueron
adquiridas por David
Marjaliza y sus
sociedades para invertir
y ocultar parte de las
ganancias ilícitas
procedentes de los
delitos de corrupción”.
De hecho, algunas de las
facturas de adquisición
de dichos objetos
artísticos fueron
encontradas bajo el
colchón del dormitorio
de la secretaria de
Marjaliza, Ana Ramírez.
Allí, por ejemplo, se
halló el cargo por la
compra de un cuadro de
Antoni Tàpies por
941.000 euros.
Las facturas también han
permitido conocer el
periplo que el
constructor siguió entre
2008 y 2012 para
adquirir algunas de
estas obras. Así, figura
que compró en la célebre
casa de subastas
Christie's de Madrid en
octubre de 2007 la obra
'Furor Penellis' de
Barceló por 663.970
euros. Ese mismo día
adquirió también 'Cabeza
de Mujer' de Manolo
Valdés por 172.770
euros, y 'The Astronaut',
del Equipo Crónica, por
92.690 euros. En la
capital también figuran
obras adquiridas en las
galerías Antonio Machón
y Leandro Navarro. En
Barcelona, las compras
las hacía habitualmente
en la Galería Carles
Tache y en Arte Oriol.
En esta última, por
ejemplo, adquirió el 27
de diciembre de 2006 una
terracota de Eduardo
Chillida por 220.000
euros y una obra de
Manolo Millares por
300.000 euros.
Otra parte de las
adquisiciones las hizo
en el extranjero. Desde
Toronto a París, pasando
por Munich, Lisboa,
Nueva York, Zurich y
Singapur. Así, en este
último país adquirió en
julio de 2006 un Tàpies
por 250.000 euros a la
empresa Marathon Spirit
Global Limited. En la
ciudad canadiense
adquirió una fotografía
de José Manuel Ballester
por 30.000 euros,
mientras que en la
localidad suiza
desembolsó 9.500 euros
por un collage de
Douglas Kolk. En la
Galería Filomena Soares,
de la capital
portuguesa, compró obras
de Peter Zimmerman y
Günter Fog por un total
de 97.500 euros. En
Munich adquirió una
fotografía de Thomas
Ruff por 12.000 euros; y
en Nueva York, un José
Guerrero por 66.142
euros.
Un caro almacenaje
El interés de la
Audiencia Nacional por
repatriar cuanto antes
las obras tiene también
una razón económica: la
elevada factura del
alquiler del almacén de
Ginebra donde reposan.
Cuando la empresa
Millenia Trading Pt Ltd
las depositó allí, abonó
127.000 euros para
asegurar su custodia
durante un largo periodo
de tiempo. Sin embargo,
ese plazo venció y
mantenerlas allí cuesta
28.000 euros anuales. El
registro que permitió su
localización lo realizó
la Guardia Civil el 23
de abril de 2015, pero
el juez Velasco no quiso
iniciar los trámites de
repatriación hasta
febrero del año
siguiente ya que hasta
entonces la comisión
rogatoria que remitió a
las autoridades de Berna
el 4 de marzo de 2015
para solicitar aquella
entrada y registro en
los almacenes estaba
bajo secreto y no quería
que trascendieran
detalles sobre la misma.
https://politica.elpais.com/politica/2017/08/05/actualidad/1501958509_417444.html
MORALEJA DENUNCIA A SU
INTERVENTORA POR FALSEAR
UNA FACTURA DE 35.000
EUROS
El Ayuntamiento sostiene
que los servicios de
informática que se
pagaron no se llevaron a
cabo
Moraleja de Enmedio,
gobernado por el PSOE,
ha denunciado a la
interventora titular en
el Juzgado de
Instrucción de
Navalcarnero y a un
empresario por
falsificación de
documento público y
privado, prevaricación y
malversación de caudales
públicos. El
Ayuntamiento ha
detectado que la
funcionaria podría estar
implicada en la
manipulación de una
factura de 35.164 euros
por un trabajo de
informática, que se
abonó sin que se llevara
a cabo. Ambos declararán
en septiembre en calidad
de investigados por un
caso similar destapado
en Serranillos del
Valle.
Moraleja de Enmedio
(4.984 habitantes) y
Serranillos del Valle
(3.990) están unidos por
La Púnica, por el lastre
de la deuda que han
heredado de las
corporaciones del PP
anteriores y ahora por
una denuncia contra la
interventora titular,
que ya no trabaja en el
municipio, y un
empresario. El municipio
presentó el jueves
pasado una querella
contra la funcionaria y
el antiguo proveedor de
los servicios
informáticos
municipales, porque
consideran que podrían
haber incurrido en los
delitos de falsedad de
documento público y
privado, prevaricación y
malversación de fondos
públicos.
Los hechos se remontan a
una factura que se
presentó al cobro con
cargo al plan de pago a
proveedores de 2012 por
35.164 euros. La había
emitido un empresario
autónomo por un único
encargo de
“mantenimiento de red
interna informativa y
conexión entre los
edificios municipales”,
que se remontaba a 7 de
diciembre de 2006.
Pero el equipo de
gobierno ha detectado
una supuesta
"manipulación del sello
de registro de entrada y
alteración en la letra
de la persona que
supuestamente lo
inscribió". Salvo esa
factura, no consta en el
Ayuntamiento ninguna
otra prueba que acredite
la prestación del
servicio o que ese fuera
el precio establecido.
La interventora habría
participado
supuestamente en el
fraude.
El Ayuntamiento indica
en un comunicado que le
resulta "ciertamente
sospechoso" que se
encargase dicho servicio
por "semejante cuantía y
sin expediente alguno de
contratación". Sobre
todo, porque unos meses
después sí se
cumplimentaron los
trámites necesarios para
adjudicar un contrato
menor para realizar un
trabajo similar de
mantenimiento y
actualización de
aplicaciones
informáticas durante
cuatro meses por 12.000
euros. La alcaldesa de
la localidad, María del
Valle Luna, anuncia que
van a proceder a la
fiscalización de los 23
millones de euros del
pago a proveedores,
porque “ya hemos
detectado más facturas
que podrían estar en la
misma situación”.
La denuncia se ha
interpuesto en el mismo
juzgado que investiga
hechos similares
detectados por el
Consistorio de
Serranillos del Valle,
presuntamente cometidos
por las mismas personas,
tanto el empresario como
la funcionaria, que
también prestaba allí
sus servicios como
interventora acumulada.
En su caso, el
procedimiento ya está en
marcha y el juzgado ha
llamado a declarar a
ambos en calidad de
investigados en
septiembre, informa el
alcalde de la localidad,
el independiente Ivan
Fernández. “El
empresario lo confesó
todo en el Ayuntamiento
después de que le
pedimos la devolución
del dinero y le
comunicamos un embargo”,
relata el regidor. En el
caso de Serranillos, y
siempre según la
declaración que realizó
el informático en el
Consistorio, las
facturas no existían y
la funcionaria y él se
habrían repartido el
importe cobrado, dice
Fernández.
Montaje de documentos
Junto a la denuncia
anterior, el
Ayuntamiento de Moraleja
de Enmedio presentó otra
también el pasado jueves
contra el anterior
alcalde, Carlos Estrada
y dos funcionarios. Les
acusa de falsificar
certificados que daban
fe de que el pueblo se
encontraba al corriente
de de sus tributos con
la Tesorería General de
la Seguridad Social y
con Hacienda, cuando no
era real. Para acceder a
las subvenciones que
concede la Comunidad de
Madrid es requisito
imprescindible estar al
día en el pago de las
obligaciones
tributarias.
“En 2014, visto que no
pudieron obtener los
certificados positivos”
de dichos organismos, el
alcalde y los dos
funcionarios,
“decidieron
falsificarlos y
remitirlos junto con la
demás documentación”,
expone la denuncia. Para
ello, llevaron a cabo un
montaje. Usaron el
documento en el que se
mostraba la situación
real enviado por la
Seguridad Social el 4 de
agosto de 2014 que
cuantificaba la deuda en
3,4 millones, y otro del
que no se conoce su
procedencia.
Igual de falso sería
otro certificado que
muestra que el pueblo
pagaba en fecha a la
Agencia Tributaria. Este
sería otra composición,
según afirma un informe
de Intervención de 2014.
Previamente, la
corporación municipal
liderada por Estrada
tramitó varios
aplazamientos de la
deuda, “sin intención de
cumplir con el plan de
pagos propuesto”, solo
pretendían “obtener los
certificados de estar al
corriente del pago”,
añade la denuncia.
Una deuda de 38 millones
con un presupuesto de
3,6
El anterior alcalde,
Carlos Estrada (PP),
imputado en el caso
Púnica, dejó al pequeño
municipio del sur de
Madrid en una situación
económica de quiebra.
“Nos encontramos con 38
millones de deuda y un
presupuesto que no llega
a los cuatro”, explica
la alcaldesa María del
Valle Luna (PSOE). Cada
habitante toca a 7.600
euros.
El pueblo tampoco puede
acceder a las
subvenciones que otorga
la Comunidad de Madrid,
porque no está al
corriente del pago con
la Agencia Tributaria ni
con la Seguridad Social.
En total, deben seis
millones. “A pesar de
ello, estamos abonando
los sueldos y algunas
facturas a proveedores
sin ayuda del Gobierno
de Cifuentes, hacemos
magia”, ironiza la
regidora.
Ahora parece que se abre
una puerta al final del
túnel. El Gobierno
central ha aprobado unos
paquetes de medidas a
los que se pueden
acoger. “Nos permitirá
financiar la deuda a 10
años con una carencia de
tres”, explica. De esta
forma, podrán optar a
las ayudas que ofrece la
Comunidad de Madrid. Aún
así, Valle opina que el
Ayuntamiento no
conseguirá dejar atrás
la deuda en 60 años.
https://elpais.com/ccaa/2017/07/29/madrid/1501351571_206972.html
MARJALIZA, A JUICIO POR
DENUNCIAR AMAÑOS DEL
'NÚMERO TRES' DE
CIFUENTES
Taboada se querelló
contra el empresario por
aludirle en su
declaración ante la
Audiencia Nacional.
El empresario David
Marjaliza, uno de los
principales acusados del
caso Púnica, fue el
primero en advertir ante
la Audiencia Nacional de
las supuestas prácticas
corruptas del número 3
de Cristina Cifuentes,
Jaime González Taboada.
Ahora, aquellas
declaraciones
manifestadas en un
Juzgado le han costado
que otro juez le mande a
juicio por un delito de
calumnias tras la
denuncia que presentó el
propio Taboada.
El Juzgado de
Instrucción Número 14 de
Madrid dictó el pasado
junio un auto de
procedimiento abreviado
con el que pone fin a su
investigación y aboca a
Marjaliza al banquillo.
El empresario, que desde
su arresto colabora con
los investigadores del
caso Púnica, implicó en
julio de 2015 a Taboada
en el amaño de contratos
públicos financiados por
la empresa pública
madrileña Arpegio dentro
del Plan Regional de
Inversiones y Servicios
de Madrid (Prisma).
Cuando trascendieron
estas declaraciones, el
hombre de confianza de
Cifuentes se querelló
contra Marjaliza.
La decisión de llevar a
juicio dos años después
al presunto número dos
del caso Púnica se
produce en un momento en
el que otras dos
personas han refrendado
también en la Audiencia
Nacional las presuntas
prácticas corruptas de
Taboada en cuanto al
amaño de contratos. Este
es uno de los argumentos
que ha esgrimido
Marjaliza para solicitar
el archivo de la causa.
"Ataque preventivo" de
Taboada
Sostiene en un recurso
de reforma presentado
ante el Juzgado que sus
palabras sirvieron para
“alimentar una línea de
investigación que está
concluyendo de modo
notorio sobre la
realidad de los hechos
manifestados”. “Lo que
tenemos ante nosotros en
este proceso es un
ataque preventivo
realizado por una
persona (González
Taboada) que se sabe
investigada, a fin de
sabotear dicha
investigación a través
de acciones penales
paralelas dirigidas
contra quien, actuando
en interés de la
Justicia, por primera
vez puso en conocimiento
de las autoridades el
comportamiento del
querellante”, añade.
Alega también Marjaliza
que para que fuese
realmente un delito de
calumnias habría sido
necesario que la
imputación fuese “falsa,
subjetivamente inveraz,
con manifiesto desprecio
de toda confrontación
con la realidad”. En
cualquier caso, se
defiende diciendo que él
lo que hizo en el
Juzgado fue hablar "de
oídas".
http://www.elespanol.com/espana/20170729/234976980_0.html
EL EX NÚMERO 2 DE
VILLALOBOS CREÓ SU 'OFF
SHORE' EN ISLAS VÍRGENES
TRAS ENTRAR EN ARPEGIO
El considerado paraíso
fiscal ha remitido vía
Comisión Rogatoria a la
Audiencia Nacional toda
la documentación de la
sociedad off shore que
Eduardo Larraz, imputado
en la pieza número 16 de
la trama Púnica, abrió
en 2005 en la Isla de
Tórtola. El nombre de
dicha sociedad ya salió
a relucir en los
'Papeles de Panamá'.
El ex jefe de gabinete
de la ex ministra Celia
Villalobos, ex alto
cargo de la Comunidad de
Madrid cuando era
presidenta Esperanza
Aguirre y ex consejero
de Arpegio, Eduardo
Larraz, creó una
sociedad off shore en la
Isla de Tórtola (Islas
Vírgenes) en mayo de
2005, meses después de
entrar a formar parte de
la Mesa de Contratación
de la citada empresa
pública madrileña. Así
consta en la
documentación que dicho
paraíso fiscal ha
remitido a la Audiencia
Nacional vía Comisión
Rogatoria.
El juez del caso Púnica
investiga hasta doce
delitos de corrupción
tras el desfalco de
Arpegio
En dichos documentos, a
los que ha tenido acceso
Vozpópuli, se certifica
que Larraz registró la
empresa Hialeah Limited
el 16 de febrero de 2005
con un capital de 50.000
dólares. Meses antes el
imputado en el caso
Púnica había sido
nombrado consejero de la
empresa pública dedicada
a gestionar el suelo
madrileño Arpegio,
considerada uno de los
epicentros de dicha
trama corrupta.
Tal y como desveló este
periódico, tanto el juez
de la Audiencia Nacional
Manuel García Castellón
como las fiscales
Anticorrupción Carmen
García Cerdá y María
Teresa Gálvez sospechan
que Panamá, Islas
Vírgenes y Suiza
pudieron ser algunos de
los destinos de los
"fondos malversados" a
través de la entidad
Arpegio (ahora
denominada Nuevo
Arpegio).
Un patrimonio
injustificado
De ahí, que la Audiencia
Nacional haya cursado
sendas Comisiones
Rogatorias a dichos
países con el objetivo
de averiguar sí allí fue
a parar el denominado
'botín' de Arpegio, que
habría sido repartido
entre el ex consejero
madrileño Francisco
Granados y algunos de
sus hombres de
confianza.
Según consta en el
registro mercantil de
Islas Vírgenes, dicha
sociedad off shore -cuyo
nombre ya salió a
relucir en los
denominados 'Papeles de
Panamá'- fue creada por
Larraz meses después de
ser nombrado consejero
de Arpegio, cargo que
ostentó entre los años
2004 y 2008.
Asimismo, de la
investigación de la
trama Pùnica se
desprende que el ex jefe
de gabinete de la
exministra Celia
Villalobos llegó a
esconder 146 lingotes de
oro en Suiza, valorados
en casi dos millones de
euros en Suiza. Además,
en 2008, Larraz fue
expulsado del banco
suizo Societé Generale
bajo sospechas de
corrupción. De momento,
el imputado no ha podido
acreditar el origen de
su ingente patrimonio,
según informan fuentes
del caso.
El titular del Juzgado
de Instrucción Número 6
de la Audiencia Nacional
cree que tras la gestión
de Arpegio se pudieron
cometer hasta doce
delitos de corrupción:
delitos continuados de
cohecho, malversación de
caudales públicos,
fraudes contra la
Administración pública,
negociaciones y
actividades prohibidas a
los
funcionarios,aprovechamiento
y uso de información
privilegiada, tráfico de
influencias, infidelidad
y violación de secretos,
prevaricación,
falsificación de
documento privado y
oficial, organización
criminal, asociación
ilícita y blanqueo de
capitales.
http://www.vozpopuli.com/espana/gabinete-Villalobos-Islas-Virgenes-dolares_0_1060395285.html
EL 'NÚMERO 3' DE
CIFUENTES NO HA VISTO
LOS CONTRATOS
DESAPARECIDOS SOBRE
PÚNICA
El consejero
ha defendido que en
Nuevo Arpegio están
colaborando con la
Justicia en "todo lo que
piden" y, aunque afirma
desconocer los
documentos que han sido
enviados para la
investigación, sí sabe
que han sido en total
9.300 carpetas.
El consejero madrileño
de Medio Ambiente, Jaime
González Taboada, ha
dicho este viernes que
nunca ha visto los
contratos requeridos en
el caso Púnica, ahora
desaparecidos, que
fueron suscritos en 2006
entre la empresa pública
Arpegio y la compañía
Análisis y Gestión de
Desarrollos Urbanísticos
S.A. (DUSA).
En su comparecencia en
la comisión de
investigación de
corrupción de la
Asamblea de Madrid, el
'número tres' de la
presidenta de la
Comunidad, Cristina
Cifuentes, ha sostenido
que estos documentos
originales "nunca"
pasaron por sus manos,
ya que no era miembro de
la mesa de contratación
de Arpegio. "Nunca
estuve en esa mesa de
contratación porque no
era miembro de esa mesa
de contratación", ha
afirmado.
La documentación sobre
DUSA, solicitada por el
Juzgado Central de
Instrucción número 6 de
la Audiencia Nacional,
sería clave en los
presuntos amaños del
Programa Regional de
Inversiones y Servicios
de Madrid (Prisma) que
se investiga como
posible fuente de
enriquecimiento del
exconsejero madrileño
Francisco Granados.
Taboada formó parte de
la mesa de contratación
del plan Prisma
2006-2007 por su cargo
de director general de
Cooperación con la
Administración Local.
Granados, por su parte,
presidía entonces el
consejo de
administración de
Arpegio, la empresa
pública madrileña
investigada dentro del
caso Púnica a la que se
encomendó en 2006 la
gestión del plan Prisma.
Taboada: "No tengo ni
idea ni de dónde están
los papeles, ni de
cuándo estaban, ni de si
existían"
En su comparecencia,
Taboada (que actualmente
como consejero de Medio
Ambiente, Administración
Local y Ordenación del
Territorio preside Nuevo
Arpegio, la sucesora de
Arpegio) ha explicado
que se enteró por los
medios de comunicación
de la desaparición de
los contratos de DUSA.
"No tengo ni idea ni de
dónde están los papeles,
ni de cuándo estaban, ni
de dónde estaban, ni si
existían, si no existían
(...) bajo mandato de
este consejero no se ha
pedido bajo ningún
concepto a nadie que
oculte nada", ha
declarado.
El consejero ha
defendido que en Nuevo
Arpegio están
colaborando con la
Justicia en "todo lo que
piden" y, aunque afirma
desconocer la relación
de documentos que han
sido enviados para la
investigación del caso
Púnica, sí sabe que han
sido en total 9.300
carpetas.
Además, desde que asumió
hace dos años el cargo
de presidente de Nuevo
Arpegio ha dicho que no
ha hablado con ningún
trabajador, a excepción
de la consejera
delegada, "para que
nadie pueda interpretar,
ni pensar, ni decir, ni
querer nada".
El portavoz de
Ciudadanos en la
comisión, César Zafra,
le ha preguntado por un
documento contenido en
el sumario del caso
Púnica en el que un ex
jefe de área de la
Consejería de Medio
Ambiente denuncia
presiones de Taboada y
de Granados para
adjudicar en 2008 un
concurso a una empresa
del grupo ACS. "Fíjese
qué presiones hubo, que
diez años después de ese
expediente, de repente
dice que se sintió
presionado", ha
respondido el consejero.
Previamente, ha
comparecido el
secretario general de
Nuevo Arpegio, Francisco
Esquivias, que ha
asegurado que
actualmente hay 11
contratos desaparecidos,
entre ellos los cinco de
DUSA reclamados en el
caso Púnica y dos
suscritos con la empresa
Over Marketing,
investigada en la rama
balear de la Gürtel.
El directivo no cree que
alguien se haya llevado
toda esta documentación
"con intención de
obtener un rendimiento",
sino que cree que está
en posesión de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil, que
fue a registrar las
oficinas de Nuevo
Arpegio en mayo de este
año.
La consejera delegada de
Nuevo Arpegio, Susana
Magro, otra de las
comparecientes, ha
comentado que "no sabe"
qué documentación "se
han llevado" los
miembros de la UCO y
cuál "ha desaparecido".
En su caso, no ha visto
los documentos
originales, excepto los
correspondientes a Over
Marketing que localizó
con la OCU.
http://m.publico.es/politica/2008779/el-numero-3-de-cifuentes-no-ha-visto-los-contratos-desaparecidos-sobre-punica
TABOADA DICE NO HABER
VISTO LOS CONTRATOS
DESAPARECIDOS DE LA
PÚNICA
"Nunca estuve en esa
mesa de contratación
porque no era miembro de
esa mesa de
contratación"
El consejero de Medio
Ambiente, Jaime González
Taboada, ha dicho este
viernes que nunca ha
visto los contratos
requeridos en el caso
Púnica, ahora
desaparecidos, que
fueron suscritos en 2006
entre la empresa pública
Arpegio y la compañía
Análisis y Gestión de
Desarrollos Urbanísticos
S.A. (DUSA).
En su comparecencia en
la comisión de
investigación de
corrupción de la
Asamblea de Madrid,
Taboada ha sostenido que
estos documentos
originales "nunca"
pasaron por sus manos,
ya que no era miembro de
la mesa de contratación
de Arpegio. "Nunca
estuve en esa mesa de
contratación porque no
era miembro de esa mesa
de contratación", ha
afirmado.
La documentación sobre
DUSA, solicitada por el
Juzgado Central de
Instrucción número 6 de
la Audiencia Nacional,
sería clave en los
presuntos amaños del
Plan Regional de
Inversiones y Servicios
de Madrid (Prisma) que
se investiga como
posible fuente de
enriquecimiento del
exconsejero madrileño
Francisco Granados.
Taboda formó parte de la
mesa de contratación del
Prisma 2006-2007 por su
cargo de director
general de Cooperación
con la Administración
Local. Granados, por su
parte, presidía entonces
el consejo de
administración de
Arpegio, la empresa
pública madrileña
investigada dentro del
caso Púnica a la que se
encomendó en 2006 la
gestión del Prisma.
"No tengo ni idea ni de
dónde están los papeles"
En su comparecencia,
Taboada (que actualmente
como consejero de Medio
Ambiente, Administración
Local y Ordenación del
Territorio preside Nuevo
Arpegio, la sucesora de
Arpegio) ha explicado
que se enteró por los
medios de comunicación
de la desaparición de
los contratos de DUSA.
"No tengo ni idea ni de
dónde están los papeles,
ni de cuándo estaban, ni
de dónde estaban, ni si
existían, si no existían
(...) bajo mandato de
este consejero no se ha
pedido bajo ningún
concepto a nadie que
oculte nada", ha
declarado.
El consejero ha
defendido que en Nuevo
Arpegio están
colaborando con la
Justicia en "todo lo que
piden" y, aunque afirma
desconocer la relación
de documentos que han
sido enviados para la
investigación del caso
Púnica, sí sabe que han
sido en total 9.300
carpetas.
Además, desde que asumió
hace dos años el cargo
de presidente de Nuevo
Arpegio ha dicho que no
ha hablado con ningún
trabajador, a excepción
de la consejera
delegada, "para que
nadie pueda interpretar,
ni pensar, ni decir, ni
querer nada".
Taboada Vs. Marjaliza
El momento más tenso de
la comparecencia se ha
vivido cuando el
portavoz de Podemos en
la comisión, Miguel
Ongil, ha señalado que
los documentos
"sustraídos" son
contratos "muy bien
elegidos" porque ha
dicho que una de las
empresas citadas es del
supuesto cabecilla del
caso Púnica David
Marjaliza.
Taboada ha sacado pecho
asegurando que Marjaliza
no puede acusarle a él
porque es el constructor
el que está procesado
por calumniarle. Para
sentirse poderoso por
este hecho, no ha dudado
en hacer burlas y sacar
los papeles de dicha
denuncia.
Ta y como contamos en
ELPLURAL.COM, el juzgado
de Instrucción número 14
de Madrid decidió
procesar a David
Marjaliza, exsocio de
Francisco Granados y uno
de los cabecillas de la
trama Púnica, por un
delito de calumnias
contra el número 3 de
Cristina Cifuentes,
Jaime González Taboada.
El considerado
constructor de la Púnica
le señaló el pasado mes
de mayo para incluirle
en su lista de supuestos
perceptores de
comisiones ilegales a
cambio de
adjudicaciones. Fue muy
claro: Taboada
"mangoneaba" contratos y
se quedaba un buen
pellizco. Según aseguró
en su declaración en la
Audiencia Nacional ante
el juez Velasco,
anterior instructor de
la Púnica, Taboada era
el encargado de
gestionar las obras y
contratos amañados del
plan Prisma, un proyecto
de inversiones de los
municipios madrileños
financiado por la
Comunidad de Madrid.
Presiones de Taboada y
Granados
El portavoz de
Ciudadanos en la
comisión, César Zafra,
le ha preguntado por un
documento contenido en
el sumario del caso
Púnica en el que un ex
jefe de área de la
Consejería de Medio
Ambiente denuncia
presiones de Taboada y
de Granados para
adjudicar en 2008 un
concurso a una empresa
del grupo ACS. "Fíjese
qué presiones hubo, que
diez años después de ese
expediente, de repente
dice que se sintió
presionado", ha
respondido el consejero.
Previamente, ha
comparecido el
secretario general de
Nuevo Arpegio, Francisco
Esquivias, quien ha
asegurado que
actualmente hay 11
contratos desaparecidos,
entre ellos los cinco de
DUSA reclamados en el
caso Púnica y dos
suscritos con la empresa
Over Marketing,
investigada en la rama
balear de la Gürtel.
Entre los cuatro
restantes ha dicho que
hay tres suscritos con
sociedades
adjudicatarias para la
construcción de varias
parcelas en Getafe y uno
con una empresa
encargada de la
comunicación de los
proyectos del plan
Prisma.
Por otro lado, Esquivias
ha informado de que
también faltan los
originales del
certificado del Consejo
de Gobierno de la
Comunidad de Madrid que
autoriza el Prisma
2006-2007 y el del
convenio suscrito entre
el Gobierno regional y
Arpegio para desarrollar
este plan.
El directivo no cree que
alguien se haya llevado
toda esta documentación
"con intención de
obtener un rendimiento",
sino que cree que está
en posesión de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil, que
fue a registrar las
oficinas de Nuevo
Arpegio en mayo de este
año.
La consejera delegada de
Nuevo Arpegio, Susana
Magro, otra de las
comparecientes, ha
comentado que no sabe
qué documentación "se
han llevado" los
miembros de la UCO y
cuál "ha desaparecido".
En su caso, no ha visto
los documentos
originales, excepto los
correspondientes a Over
Marketing que localizó
con la OCU.
Magro ha añadido que ha
impulsado una
investigación interna
para esclarecer el
paradero de los
contratos que no
aparecen.
Por su parte, la
portavoz del PSOE-M,
Encarnación Moya, ha
alertado de que la
desaparición de
documentos "se está
convirtiendo en una
normalidad" en la
Comunidad de Madrid.
http://www.elplural.com/politica/2017/07/28/taboada-dice-no-haber-visto-los-contratos-desaparecidos-de-la-punica
FISCALÍA CERCA AL NÚMERO
3 DE CIFUENTES Y PIDE
ADELANTAR LOS
INTERROGATORIOS DE
ARPEGIO
El Ministerio Público
considera prioritario
oír de forma inminente a
los miembros de la mesa
de contratación de la
empresa pública de suelo
La Fiscalía
Anticorrupción no quiere
esperar más. Pasados
casi dos meses desde la
nueva operación dirigida
por el Juzgado Central
de Instrucción 6 de la
Audiencia Nacional
contra la empresa
pública de suelo Arpegio
y su presunto desvío de
fondos a través de
licitaciones
relacionadas con el Plan
de Inversiones de Madrid
(Prisma), el Ministerio
Público considera
prioritario interrogar
ya a los nuevos
imputados, entre los que
se encuentran todos los
miembros de su mesa de
contratación salvo el
número tres de Cristina
Cifuentes.
El aforado Jaime
González Taboada,
consejero de Medio
Ambiente y también
coordinador general del
PP de Madrid, no figura
en la lista de
investigados debido a
que su condición
especial impide a la
Audiencia Nacional
citarle. El tres de la
presidenta madrileña
también fue elegido
miembro de la mesa,
"designado por la
Consejería de
Presidencia", que en
esos momentos ostentaba
el considerado cabecilla
de la trama Púnica,
Francisco Granados.
El Ministerio Público
desea interrogar cuanto
antes a los miembros de
la empresa pública que
autorizó distintas
licitaciones y
adjudicaciones
sospechosas, muchas de
ellas vinculadas con
centenares de obras que
el Gobierno regional,
entonces presidido por
Esperanza Aguirre,
financió dentro del Plan
Prisma 2005-2006. En uno
de los flecos de la
investigación, el
Juzgado y la Fiscalía
Anticorrupción indagan
sobre el presunto cobro
de comisiones en obras
valoradas en cientos de
millones de euros.
Tras la confesión de
David Marjaliza, la UCO
investiga las
adjudicaciones de dos
empresas concretas en
los planes Prisma
2006-2007 y 2008-2011,
gestionados por Jaime
González Taboada
Los investigados son
Pilar Roca Suárez-Inclán,
directora de la Asesoría
Jurídica entre 2006 y
2009; Pedro Bernad
Moreno, director de
Proyectos de Arpegio;
Pilar Rubio Izquierdo,
directora de Proyectos
del Plan Prisma; Eduardo
Larraz Riesgo, ex
consejero delegado entre
2004 y 2008; Ignacio
Palacios Arazuri, quien
fuera jefe de gabinete
de Francisco Granados y
vocal del consejo de
administración de
Arpegio (imputado ya en
otras piezas del caso),
y María Dolores Nogal
González, abogada y
secretaria de la mesa de
contratación (y
presidenta del comité de
empresa). En marzo de
2008, también se sumó a
esa mesa Miguel Ángel
Ruiz, el ya
exviceconsejero de Medio
Ambiente, que dimitió
tras conocerse que era
otro de los citados en
calidad de investigados
por el juez Velasco. A
la lista se suma también
Francisco Esquivias
Ferriz, secretario del
consejo de Arpegio
Según han informado a El
Confidencial fuentes
jurídicas, la prioridad
es evitar el riesgo de
destrucción de pruebas
que potenciaría dejar
las declaraciones para
la vuelta del verano. En
el horizonte de la
Fiscalía se plantea
también la necesidad de
acotar la
responsabilidad de
Taboada en esta parte de
la trama, que se
investiga en una pieza
separada declarada
secreta. Varios testigos
han apuntado que era "el
hombre" de Granados en
Arpegio. "Su soldado",
llegó a decir uno de
ellos en una declaración
en la Audiencia
Nacional.
15 toneladas de
documentos
El retraso de los
interrogatorios se ha
visto provocado por la
situación del juzgado,
que perdió a su titular,
Eloy Velasco, tras ser
designado para un nuevo
destino. La llegada hace
dos semanas del nuevo
responsable del 6
permitirá, según las
fuentes consultadas,
llevar a cabo esta toma
de declaraciones. Otra
dificultad es la inmensa
cantidad de documentos
incautados en mayo, 15
toneladas almacenadas en
una nave que esperan su
revisión por parte de
los investigadores.
Según datos de la
Comunidad de Madrid,
hasta el momento se han
entregado más de 250.000
folios, 43.200 archivos
informáticos y 9.300
carpetas de Arpegio. Su
consejera delegada,
Susana Magro, ha pedido
comparecer en la
Asamblea para dar
explicaciones.
Madrid autorizó un
sueldo de 216.000€ para
el jefe de las obras
investigadas en Púnica
Arpegio aprobó la
propuesta económica de
la firma DUSA, bajo
investigación de la
Audiencia Nacional por
las obras del plan
Prisma. También dietas y
gastos varios por
237.900 euros
La UCO está investigando
si la trama Púnica
obtuvo beneficios
millonarios gracias a
los amaños en la
adjudicación de
centenares de viviendas
en los consorcios
urbanísticos que
promovió la Comunidad de
Madrid a través de esta
empresa pública. En otra
de las partes de la
investigación, se
rastrea el plan gracias
al que se financiaron,
en dos ediciones
(2006-2007 y 2008-2011),
centenares de
adjudicaciones valoradas
en casi 800 millones de
euros por toda la
región. Algunas empresas
adjudicatarias pudieron
pagar mordidas por
llevarse los contratos,
según los indicios que
ya manejan en la Guardia
Civil. González Taboada
estuvo en la mesa de
contratación de ambas
entidades.
La mesa es el órgano
técnico que debía
valorar las ofertas
presentadas por las
empresas que licitaban
por los contratos del
Plan Prisma. González
Taboada era entonces
también director general
de Administración Local,
el departamento que
planificaba el Prisma,
aunque lo ejecutaba
Arpegio. El empresario
Marjaliza ya declaró
ante el juez cómo se
repartían los presuntos
amaños: "Un tercio de la
obra era para los
técnicos, un tercio para
Jaime González Taboada
con su gente y el último
tercio para Paco
[Granados] o la
consejería".
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-07-13/cifuentes-taboada-arpegio-punica-audiencia-nacional_1414219/
EL CONSTRUCTOR DE LA
PÚNICA, PROCESADO POR
"CALUMNIAR" AL NÚMERO 3
DE CIFUENTES
David Marjaliza aseguró
que Jaime González
Taboada “mangoneaba” y
“se lleva un tercio de
las comisiones”
El juzgado de
Instrucción número 14 de
Madrid ha decidido
procesar a David
Marjaliza, exsocio de
Francisco Granados y uno
de los cabecillas de la
trama Púnica, por un
delito de calumnias
contra el número 3 de
Cristina Cifuentes, su
consejero de Medio
Ambiente en la Comunidad
de Madrid, Jaime
González Taboada.
El considerado
constructor de la Púnica
le señaló el pasado mes
de mayo para incluirle
en su lista de supuestos
perceptores de
comisiones ilegales a
cambio de
adjudicaciones. Ha sido
muy claro: Taboada "mangoneba"
contratos y se quedaba
un buen pellizco.
Según aseguró en su
declaración en la
Audiencia Nacional ante
el juez Velasco,
anterior instructor de
la Púnica, Taboada era
el encargado de
gestionar las obras y
contratos amañados del
plan Prisma, un proyecto
de inversiones de los
municipios madrileños
financiado por la
Comunidad de Madrid.
Según ha dictaminado
ahora el juez madrileño,
resolución recogida por
Vozpópuli, Taboada ya
presentó en mayo de 2015
una denuncia en los
juzgados de Plaza de
Castilla contra
Marjaliza por asegurar
ante Velasco que en el
“botín” de la empresa
pública madrileña
Arpegio el consejero
madrileño “mangoneaba” y
“se lleva un tercio de
las comisiones”.
Juicio próximo
El auto recoge que las
valoraciones de
Marjaliza sobre Taboada
pueden “ser
constitutivos de un
presunto delito de
calumnias” y fija un
plazo de 10 días para el
Fiscal y las partes
“formulen escrito de
acusación” y se realice
la “apertura de juicio
oral o el sobreseimiento
de la causa”.
Taboada, señalado
Pese a esta denuncia por
calumnias, la realidad
se le echa encima al
consejero de Cifuentes.
Sobre él, la Púnica
siempre ha revoloteado,
aunque si el caso de
corrupción no se ha
posado sobre él,
todavía, es gracias a su
aforamiento por ser
diputado en la Asamblea
de Madrid.
De hecho, se le podría
considerar un imputado
fantasma. Justo antes de
dejar la Audiencia
Nacional, en uno de sus
últimas decisiones, el
juez Eloy Velasco
decidió imputar a todos
los miembros menos a él
de la mesa de
contratación de Arpegio.
Además, Taboada aparece
en el informe de la
Fiscalía Anticorrupción
del 11 de mayo (el mismo
que acusa al Gobierno de
Cifuentes de “ocultar
información relevante”
sobre la Púnica), como
objeto de investigación.
http://www.elplural.com/sociedad/2017/07/12/el-constructor-de-la-punica-procesado-por-calumniar-al-numero-3-de-cifuentes
LA COMUNIDAD COLOCA EN
ECONOMÍA AL
VICECONSEJERO DE
CIFUENTES QUE DIMITIÓ
POR PÚNICA
Miguel Ángel Ruiz
intentó regresar a
Arpegio donde tenía una
excedencia, pero no
había plaza vacante
El exviceconsejero de
Medio Ambiente, Miguel
Ángel Ruiz, se ha
incorporado como
titulado superior
adscrito a la Dirección
General de Formación de
la Consejería de
Economía, Empleo y
Hacienda desde el pasado
27 de julio. Ruiz
dimitió de su cargo de
viceconsejero en mayo
después de que el juez
instructor del caso
Púnica le imputara por
su supuesta implicación
en la trama.
Miguel Ángel Ruiz llegó
a la empresa Arpegio el
27 de julio de 2007 para
prestar sus servicios,
por un tiempo
indefinido, en la
categoría de titulado
superior como director
general en el Programa
Regional de Inversiones
y servicios de Madrid
(PRISMA). Esta sociedad
comparte el convenio
colectivo para el
personal laboral de la
Comunidad de Madrid, lo
que le ha permitido
acogerse ahora a él.
Así, diez años después,
el 27 de julio de 2017,
Ruiz se ha incorporado a
un puesto en la
Administración regional
adscrito a la Dirección
General de Formación de
la Consejería de
Economía, Empleo y
Hacienda, según confirma
la Comunidad de Madrid.
El 22 de noviembre de
2011, Ruiz se marchó de
Nuevo Arpegio, que le
concedió la excedencia
forzosa, teniendo
derecho a conservar el
puesto de trabajo,
turno, centro y cómputo
de la antigüedad durante
su vigencia. En Arpegio
fue consejero delegado
de 2008 a 2010 y desde
esa posición participó
en mesas de contratación
del organismo. También
fue gerente del Plan
Regional de Inversiones
de Madrid (Prisma), que
gestionaba la empresa,
realizando proyectos de
las obras en los
municipios y otorgando
las adjudicaciones
correspondientes.
Motivos por los que se
le está investigado en
el caso Púnica, tras las
numerosas
irregularidades
detectadas por los
investigadores en el
seno de esta sociedad
pública.
Una vez que deja
Arpegio, Ruiz prestó sus
servicios en distintos
cargos públicos en el
Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz y en el de
Boadilla del Monte. Dejó
la política municipal
para formar parte del
Gobierno de Cristina
Cifuentes como número
dos del consejero de
Medio Ambiente,
Administración Local y
Ordenación del
Territorio Jaime
González Taboada. Ocupó
el puesto hasta el 26 de
mayo pasado, fecha en la
que dimitió después de
conocerse que era
investigado y de que la
UCO registrara su
despacho.
El 29 de junio de 2017,
el exviceconsejero
solicitó su reingreso en
la empresa Nuevo
Arpegio, pero no existía
plaza vacante, le
comunicaron desde la
Dirección General de
Recursos Humanos. Según
el convenio colectivo,
habría tenido derecho a
que le crearan un puesto
de similares
características, también
salariales, al que dejó
cuando se marchó. Sin
embargo, el Gobierno de
Cifuentes le ha buscado
acomodo en un puesto en
la Consejería de
Economía, porque ya
existía y estaba dotado
económicamente, "a pesar
de la merma económica
que ello le supondría",
indica la Comunidad de
Madrid. Sus
retribuciones van a ser
"notablemente inferiores
al salario que percibía
en Nuevo Arpegio, S.A",
añade.
https://elpais.com/ccaa/2017/07/28/madrid/1501237813_169228.html
NUEVO ARPEGIO DICE QUE
NO TIENE LOS ORIGINALES
DE CINCO CONTRATOS Y
CREE QUE PUEDE TENERLOS
LA UCO
Asegura también que
tampoco están los
originales de varios
contratos con Over
Marketing y de una
empresa vinculada a
Marjaliza
El secretario general de
Nuevo Arpegio resta
importancia a la
desaparición y subraya
que la documentación
está recogida
digitalmente
La entonces presidenta
de Madrid, Esperanza
Aguirre, escucha un
comentario que le hace
al oído el consejero de
Presidencia, Francisco
Granados, en un acto de
partido en 2010.
El secretario general de
Nuevo Arpegio, Francisco
Esquivias, ha indicado
este viernes que no se
encuentran cinco
contratos originales
suscritos con la empresa
Análisis y Gestión de
Desarrollos Urbanísticos
(DUSA), aparte de otros
relativos a otras
mercantiles como es de
dos relativos a Over
Marketing y otros con
Obrum (empresa vinculada
al empresario David
Marjaliza).
No obstante, Esquivias
tiene la creencia o
hipótesis de que esa
documentación puede
estar en disposición de
la Unidad Central
Operativa (UCO), que se
llevó mucha
documentación cuando se
realizaron los registros
ordenados por el Juzgado
de Instrucción número 6
de la Audiencia
Nacional, encargado de
investigar el caso
Púnica.
Así lo ha indicado
durante su comparecencia
en la Comisión de
Investigación sobre
Corrupción Política en
la Asamblea de Madrid en
relación al extravío de
los contratos originales
que firmó en 2006 con
Análisis y Gestión de
Desarrollos Urbanísticos
S.A (DUSA),
documentación que ha
sido requerida por este
juzgado el marco de la
investigación de la
operación Púnica.
Esquivias conjetura como
"hipótesis" que estos
contratos pueden estar
en disposición de la
UCO, que tiene en su
disposición muchas cajas
con documentación de la
contratación de Arpegio
(ahora Nueva Arpegio) y
que, por la "confusión"
de un registro que duró
12 horas el pasado 16 de
abril puede que no se
incluyera en las
anotaciones de
documentación elaborada
por el secretario
judicial.
No obstante, el
secretario general de
Nuevo Arpegio ha restado
importancia al hecho de
que aún no se localicen
esos originales y
subraya que esa
documentación está
recogida en la
herramienta digital de
registro. "No tenemos
dudas de que esas copias
son válidas y pertenecen
a los originales", ha
relatado.
"No ha ocurrido ninguna
tragedia", ha comentado
Esquivias quien ha dicho
que la tecnología
permite que no se tenga
que estar buscando
"pergaminos y legajos"
para poder acreditar que
hay algo acreditado
"fehacientemente".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/28/nuevo_arpegio_indica_que_estan_los_originales_los_cinco_contratos_dusa_que_puede_tenerlos_uco_68108_1012.html
IU DENUNCIA EN LA
OFICINA ANTIFRAUDE DE LA
UE LA DESAPARICIÓN DE UN
EXPEDIENTE MILLONARIO
INVESTIGADO EN 'PÚNICA'
La eurodiputada Marina
Albiol reclama a la OLAF
que averigüe si fallaron
los controles sobre las
partidas libradas por el
Fondo Social Europeo
La parlamentaria
pregunta al organismo
comunitario si va a
pedir la devolución de
los dos millones de ese
contrato, que benefició
a una empresa
investigada por la
financiación del PP
La portavoz de IU en el
Parlamento Europeo,
Marina Albiol, ha
remitido una carta a la
Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF)
después de que la
Comunidad de Madrid haya
comunicado a la Guardia
Civil la desaparición
del expediente íntegro
de un contrato
millonario investigado
en Púnica y que
oficialmente perseguía
publicitar un plan de
autónomos cofinanciado
por el Fondo Social de
la UE.
Como publicó infoLibre
hace una semana, la
Consejería de Economía
de Madrid notificó el 27
de marzo a la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil que
"no se dispone
físicamente" de los
documentos relativos a
la contratación de Over
Marketing y Comunicación
SL en 2006 por dos
millones para una
campaña de publicidad de
la que no quedó rastro y
cuya adjudicación corrió
a cargo de un organismo
público ya extinguido,
el Imade (Instituto
Madrileño de
Desarrollo). Según el
Ejecutivo madrileño, el
expediente se ha
esfumado al completo. No
hay originales ni
copias. Oficialmente, y
desde que en marzo de
2010 fue reclamado por
el Imade a la empresa de
gestión documental que
lo custodiaba, nadie
sabe dónde ha ido a
parar. Over Marketing es
una de las firmas bajo
sospecha por presunta
financiación ilegal de
las campañas de
Esperanza Aguirre.
¿Reclamará la OLAF el
dinero?
Remitida el pasado
viernes, el mismo día en
que este diario informó
de lo sucedido, la
misiva de Albiol
interpela a la oficina
antifraude sobre "si se
ha puesto ya en contacto
con las autoridades
españolas para facilitar
a los investigadores la
documentación al
respecto de la que pueda
disponer la propia OLAF
para ayudar a esclarecer
el caso". La
eurodiputada también
requiere respuesta a
otras dos preguntas: la
de si la OLAF "va a
reclamar que sea
devuelto este dinero de
todos los ciudadanos
europeos y si considera
que han fallado los
mecanismos de la
Comisión Europea para
controlar el destino
final de sus fondos".
En una nota
de la formación
izquierdista, Albiol
sostiene que este
episodio constituye "un
ejemplo más de las
prácticas como mínimo
irregulares a las que
nos está acostumbrando
el PP". Pero en este
caso, agrega la
eurodiputada, hay "un
agravante": los dos
millones de euros
adjudicados en el
contrato "proceden del
Programa de Autónomos
cofinanciado por el
Fondo Social Europeo”.
Para Albiol, “aunque no
es la primera vez que
desaparecen expedientes,
se borran discos duros,
o se alteran
testimonios, no nos
cansaremos de denunciar
públicamente el hecho de
que el PP mantenga,
incluso alimente, este
tipo de prácticas más
propias de la Camorra
que de un partido
político supuestamente
democrático”.
La parlamentaria
considera importante
“denunciar ante las
autoridades europeas los
reiterados casos de
irregularidades que
entorpecen las
investigaciones de la
justicia en las tramas
de corrupción del PP,
porque Europa no puede
seguir manteniéndose al
margen de los casos de
corrupción que asolan el
Estado español, y más
cuando se trata de
dinero de los europeos y
europeas. El PP no
solamente ha saqueado
buena parte de las arcas
públicas españolas, sino
que su corrupción
también ha llegado a los
fondos europeos”.
La portavoz de IU
reclama espera que las
autoridades europeas
“colaboren con la
investigación poniendo a
disposición de la Unidad
Central Operativa de la
Guardia Civil la
información para
esclarecer el caso, pero
también realizando
investigaciones internas
en el seno de las
propias instituciones
comunitarias, que han
permitido que el dinero
que en principio se
destinaba a luchar
contra el paro
presuntamente acabe
engordando las cuentas
de empresarios corruptos
amigos del gobierno
regional”.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/28/iu_denuncia_oficina_antifraude_la_desaparicion_expediente_millonario_investigado_punica_68086_1012.html
EL JUEZ RASTREA QUIÉN
TUVO ACCESO A LOS
CONTRATOS DESAPARECIDOS
DEL ‘CASO PÚNICA’
La fiscalía pide
“identificar la persona
o el órgano” que los
reclamó desde la
Comunidad de Madrid
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco
abrió, unos días antes
de abandonar el juzgado
del caso Púnica, una
investigación para
averiguar el paradero de
los contratos originales
que la empresa pública
madrileña del suelo
Arpegio celebró en 2006
con la mercantil
Desarrollos Urbanísticos
S.A. (DUSA), y que han
desaparecido de los
archivos de la sociedad
pública. El juez y la
Fiscalía Anticorrupción
sospechan que los
contratos con esta
mercantil —clave en los
presuntos amaños del
Plan Prisma de
inversiones de la
Comunidad de Madrid con
los que supuestamente se
lucró el exconsejero
Francisco Granados— han
pasado por las manos de
alguien en el Gobierno
regional. El juez que
lleva actualmente el
caso, Manuel
García-Castellón, ha
mantenido esa línea de
investigación.
El 13 de junio pasado,
el juez Velasco reclamó
a la consejera delegada
de Nuevo Arpegio que le
entregue “una copia
certificada del escrito
por el que la Comunidad
de Madrid le solicitó
los expedientes
completos de los
contratos adjudicados a
DUSA”. El magistrado
quiere con ello
“identificar la persona
o el órgano” del
Ejecutivo presidido por
Cristina Cifuentes (PP)
que requirió esa
documentación.
El juez, a petición de
la Fiscalía, quiere
saber también quién,
desde la empresa
Arpegio, remitió los
expedientes a la
Comunidad de Madrid. En
el escrito, el
magistrado especifica a
la consejera delegada de
Arpegio que no era
preciso incluir los
expedientes de los
contratos, “sino solo
los escritos de
remisión”.
El mismo 13 de junio, el
secretario general de
Nuevo Arpegio, Francisco
Esquivias, había enviado
un escrito al juez
Velasco en el que
reconocía que los
originales de los
contratos con DUSA se
habían “traspapelado”.
Estos documentos
continúan desaparecidos,
según han confirmado a
EL PAÍS fuentes de
Arpegio, aunque el
juzgado cuenta con una
copia de los mismos.
Una empresa clave
DUSA, empresa dirigida
por el promotor Adolfo
Fernández Maestre,
imputado en el caso
Púnica, recibió en marzo
de 2006 un contrato
“meteórico” por valor de
5,3 millones de euros
para gestionar los
contratos del Plan
Prisma de inversiones
del Gobierno regional,
un pastel de obras y
parcelas de suelo
público de cerca de mil
millones de euros. Los
investigadores sospechan
que DUSA, que en la
época de Granados
recibió adjudicaciones
por 9,8 millones de
euros, se dedicaba a dar
la mejor valoración y
preadjudicaba contratos
a las empresas que se
avenían a los tratos de
corrupción con Arpegio.
La Guardia Civil acudió
a la sede de Nuevo
Arpegio el 16 de mayo
para requerir la
documentación sobre
estos contratos por
orden del juez Eloy
Velasco, entonces al
frente del juzgado. Tras
14 horas en las
oficinas, los originales
no fueron encontrados.
Durante los días
siguientes, Nuevo
Arpegio remitió a la
Audiencia Nacional
diversa documentación
relacionada con DUSA,
pero no esos originales,
lo que provocó que la
Guardia Civil volviera a
presentarse el 25 de
mayo en Nuevo Arpegio.
Tampoco se hallaron.
En su escrito del 13 de
junio, el secretario
general de Nuevo
Arpegio, imputado en la
causa, remitió al
juzgado el escrito para
“dar explicación” al
“traspapelado” de estos
documentos pese a la
búsqueda exhaustiva que,
aseguraba, habían
realizado sus empleados
tras el último
requerimiento judicial.
En la misiva, el
directivo reconoce que
durante ese rastreo “se
ha podido advertir que
varias carpetas que
contenían originales de
diversa contratación
—además de los de DUSA—
se encontraban vacías”.
El escrito recoge que se
desconoce si la
desaparición ha sido
motivada por “causa
voluntaria o
involuntaria”.
https://politica.elpais.com/politica/2017/07/11/actualidad/1499795527_864453.html
DESAPARECEN DOCUMENTOS
CLAVES DEL ‘CASO PÚNICA’
La empresa pública
Arpegio remite al juez
un escrito en el que
reconoce que “varias
carpetas” que contenían
los originales de
contratos bajo sospecha
están vacías
Nuevo Arpegio, la
sociedad pública de
gestión de suelo de la
Comunidad de Madrid, ha
“traspapelado” y no
encuentra los contratos
originales que firmó con
la empresa Análisis y
Gestión de Desarrollos
Urbanísticos S. A.
(DUSA), clave en los
supuestos amaños del
Plan Prisma de
inversiones que se
investiga en el caso
Púnica como posible
fuente de
enriquecimiento de
Francisco Granados. Así
lo reconoce la propia
sociedad en un escrito
remitido el pasado 13 de
junio al Juzgado Central
de Instrucción 6, que
investiga la trama
corrupta desde 2014.
Fuentes de la compañía
reconocían ayer que
dichos documentos,
incluidas actas de mesas
de contratación,
continúan
"desaparecidos"
La Guardia Civil acudió
a la sede de Nuevo
Arpegio el 16 de mayo
para requerir la
documentación sobre
estos contratos por
orden del juez Eloy
Velasco, entonces al
frente del juzgado. Tras
14 horas en las
oficinas, los originales
no fueron encontrados.
Durante los días
siguientes, Nuevo
Arpegio remitió a la
Audiencia Nacional
diversa documentación
relacionada con DUSA,
empresa presidida por el
imputado Adolfo
Fernández Maestre, pero
no esos originales, lo
que provocó que la
Guardia Civil volviera a
presentarse el 25 de
mayo en Nuevo Arpegio.
Tampoco se hallaron.
Por ello, el secretario
general de Nuevo
Arpegio, Francisco
Esquivias, imputado en
la causa, remitió al
juzgado el escrito para
“dar explicación” de la
ausencia de estos
documentos pese a la
búsqueda exhaustiva que,
según asegura, han
realizado sus empleados
tras el último
requerimiento judicial.
En la misiva, el
directivo reconoce que
durante ese rastreo “se
ha podido advertir que
varias carpetas que
contenían originales de
diversa contratación
—además de los de DUSA—
se encontraban vacías”.
Una adjudicación
“meteórica”
La empresa DUSA es
sospechosa de ser una de
las patas del supuesto
plan de Granados para
extraer fondos de
Arpegio en su propio
beneficio. En marzo de
2006, esta empresa
resultó adjudicataria de
forma “meteórica” de un
contrato de 5,3 millones
de euros para gestionar
los contratos del Plan
Prisma de inversiones
del gobierno regional a
través de los cuales se
gestionaron cerca de
1.000 millones de euros.
Este contrato fue
posteriormente
prorrogado en cinco
ocasiones. La mercantil
se hizo también con
otras dos adjudicaciones
que elevaron a 9,8
millones de euros lo que
recibió de Arpegio en la
etapa Granados. Según la
investigación, DUSA lo
que hacía era dar la
mejor valoración y
preadjudicaba contratos
a las empresas que se
avenían a los tratos de
corrupción con Arpegio.
“Hasta el momento —se
lee en el escrito al que
ha tenido acceso EL
PAÍS— se desconoce la
causa pero se sigue
analizando
minuciosamente la traza
que estos originales
hayan podido llevar, así
como las diferentes
circunstancias que
hubieran podido dar
lugar a que actualmente
no se encuentren en el
archivo” en el que
estuvieron depositados.
El escrito recoge que se
desconoce si la
desaparición ha sido
motivada por “causa
voluntaria o
involuntaria”, pero
intenta restar
importancia a este
“traspapelado”.
Para ello, asegura que
una copia en papel de
parte de estos
documentos ya ha sido
entregada “en mano” a
los agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO)
en anteriores
requerimientos. También,
en formato electrónico,
a través de un
pendriveque se entregó
al juzgado en abril
junto a una carpeta en
papel con aspectos de la
contratación de DUSA en
este plan de
infraestructuras.
Falta de colaboración
La Fiscalía
Anticorrupción ya
denunció en mayo, en el
escrito en el que pedía
el registro de Arpegio,
una supuesta falta de
colaboración de la
Comunidad de Madrid.
Entonces, la fiscalía
aseguró que en el
Ejecutivo regional
“existe todavía una
cierta autoprotección
sobre aquellos que han
ejercido funciones
públicas y orgánicas” en
el Gobierno madrileño o
en el PP regional.
Anticorrupción detalló
que la documentación que
había enviado la empresa
pública en octubre
presentaba
“inconsistencias y
carencias que nos hacen
pensar que existe más
información que la que
se transmite”. Por ello,
la fiscalía reconoció
que se hacía “difícil
confiar en que haya una
colaboración espontánea
y leal”. La Comunidad ha
negado siempre dichas
trabas, aunque ayer
admitió desconocer si
habían aparecido los
originales
“traspapelados”.
https://politica.elpais.com/politica/2017/07/10/actualidad/1499703569_994584.html
LA 'CLÁUSULA DEL 1%'
INVESTIGADA BAJO LA
SOSPECHA DE QUE OCULTABA
PAGOS AL PP TAMBIÉN SE
APLICABA EN OBRAS DE
CARRETERAS
La obligación de que los
adjudicatarios de obras
de mejora viaria
destinasen ese
porcentaje a supuestos
"Planes de Información",
como ya se hacía en la
construcción de
hospitales, fue la norma
hasta poco antes del
estallido del caso
El temor de algunos
funcionarios a que
estuvieran certificando
gastos irreales alertó a
los sindicatos, que en
2013 exigieron
explicaciones al
entonces viceconsejero
de Infraestructuras y
hoy consejero delegado
de Metro de Madrid
El Ejecutivo madrileño
esgrime que la causa
está bajo secreto y no
explica ni en qué fecha
exacta de 2014 ni por
qué dejó de aplicarse
ese punto
La práctica de imponer a
los adjudicatarios de
obra de la Comunidad de
Madrid que destinasen el
1% del presupuesto a
supuesta publicidad
institucional, bajo la
que los investigadores
de Púnica sospechan que
se ocultaban actos para
el PP, no fue exclusiva
de la Consejería de
Sanidad. Al menos hasta
mediados de 2014,
también la Consejería de
Transportes e
Infraestructuras aplicó
esa cláusula en los
contratos para mejora de
la red viaria.
Al igual que sucedía con
los nuevos hospitales,
esas campañas –"Planes
de Información", era su
nombre oficial– no
quedaban bajo la
supervisión de ningún
funcionario sino de un
eventual. Es decir, de
un asesor elegido a dedo
por los altos cargos de
cada consejería: G.R.,
en el caso de los
hospitales; A.R., en el
de las carreteras. El
primero, y así consta en
un atestado de la
Guardia Civil
incorporado a las
actuaciones de Púnica,
firmaba cada mes un
documento según el cual
las empresas encargadas
de los "Planes de
Información" de los
nuevos hospitales habían
cumplido su cometido y
solo quedaba pagarles.
Sobre A.R., que era el
encargado de esa tarea
en la Dirección General
de Carreteras, este
diario no ha logrado
averiguar si su nombre
aparece en la causa de
Púnica. Pero el relato
de quienes conocían la
existencia de esas
prácticas en la
Consejería de
Transportes e
Infraestructuras
coincide punto por punto
con el que se desprende
del atestado policial
sobre el 1% de los
hospitales.
Fue precisamente el
temor de algunos
directores de obra a que
se les estuviese
obligando a certificar
gastos irreales y a
incurrir por tanto en
una eventual
responsabilidad
administrativa y/o penal
lo que puso en alerta a
los sindicatos. En la
primavera de 2013, la
junta de personal de la
Consejería de
Transportes e
Infraestructura, que
representa a los
funcionarios, exigió
explicaciones a quien en
ese momento ya era
viceconsejero: Borja
Carabante, actual
consejero delegado de
Metro de Madrid y que
entre 2008 y 2011 ocupó
la Dirección General de
Carreteras.
Personas que entonces
formaban parte de la
plantilla en aquel
momento recuerdan que no
hubo respuesta a sus
interrogantes pero que,
a partir de entonces, la
cláusula se fue
esfumando. Lo que la
junta de personal
preguntó en aquel
momento fue muy parecido
a lo que la Guardia
Civil les ha preguntado
ahora a tres cargos de
la sanidad madrileña en
relación al 1% del
pliego de los nuevos
hospitales: qué empresas
realizaban las campañas
previstas en esa
cláusula, cómo se las
elegía, qué importe
facturaban esas firmas
de publicidad a los
adjudicatarios de obras
y con qué criterio "se
asigna a personal
eventual ajeno a la
dirección de cada obra
la gestión de dichas
facturas".
infoLibre dispone de
copia de siete facturas
emitidas con cargo a ese
1%. Al menos una de las
que se emitieron –por
Traci Comunicación–
consta entre aquellas
que, según la Fiscalía
Anticorrupción, se
hicieron con contratos
fraudulentos de Arpegio,
la empresa pública que
bajo el control de
Francisco Granados
gestionó el mayor plan
–el Prisma– de inversión
pública de Madrid,
dotado con 1.000
millones.
El pasado viernes por la
mañana, infoLibre
comunicó a los
portavoces oficiales de
la Consejería de
Trasportes e
Infraestructuras de
Madrid los datos que
había recabado sobre la
aplicación del 1% en la
Dirección General de
Carreteras y les
solicitó la versión de
Borja Carabante. Esas
fuentes oficiales
declinaron cualquier
pronunciamiento bajo el
argumento de que el juez
Eloy Velasco, hasta
junio instructor de
Púnica, había prohibido
taxativamente hablar de
los contratos requeridos
por la Guardia Civil en
marzo. La Consejería ni
siquiera se avino a
explicar el porqué tras
el verano de 2014 la
cláusula desaparece en
los contratos
disponibles a través del
Perfil del Contratante.
¿Hay algún nexo entre la
desaparición del párrafo
del 1% y el estallido de
Púnica el 27 de octubre
de aquel año? Esa es una
más de las incógnitas
pendientes.
Campaña de "Sillas de
bebé" en la "obra de
refuerzo de la M-206"
En teoría, esas
supuestas campañas o
"Planes de Información"
financiados con cargo al
1% y ejecutados por
firmas que no se habían
sometido a ninguna
licitación previa debían
publicitar la obra a la
que iban vinculadas.
Pero entre las facturas
obtenidas por infoLibre
figura una que en sí
misma abona las
sospechas. Su concepto
dice lo siguiente:
"Campaña publicitaria
Sillas bebé, referente
al 1% de gastos de
publicidad según pliego
de la obra de refuerzo
M-206", al sureste de la
Comunidad. El importe
asciende a 17.473 euros.
Este diario inquirió de
forma expresa por esa
factura a la Consejería
de Transportes e
Infraestructuras.
Tampoco aquí hubo
respuesta. Ni siquiera
ante la pregunta de si
no ofrece su enunciado
más similitudes con una
campaña de la DGT que
con la que
hipotéticamente cabría
desplegar para difundir
las bondades de una
carretera comarcal
reformada. La empresa
que la emitió no pudo
ser contactada.
El 1% impuesto en el
pliego de condiciones
tanto en hospitales como
en carreteras e incluso
en contratos relativos
al Metro se traducía
buena parte de las veces
en cifras muy inferiores
a las que las
operaciones Gürtel y
Púnica han sacado a la
luz.
Pero precisamente su
moderada cuantía les
hizo pasar bajo el radar
durante años pese a que
eran ejecutados por
empresas que nadie sabe
aún cómo ni con qué
criterios ni por quién
resultaban elegidas. Y
que su supervisión se
encomendaba a cargos de
confianza y no a
funcionarios. Entre esas
empresas figuran varias
que ya están siendo
investigadas en Púnica
por presunta
financiación ilegal del
PP. Entre ellas, Over
Marketing y sus
sociedades satélite,
cuyo propietario ya
admitió hace cinco años
que había recibido
contratos amañados
también en Madrid. Y que
había hecho actos gratis
para el PP. Entre las
compañías del grupo Over
figura Traci
Comunicación.
Over Marketing y otras
empresas investigadas
por presunta
financiación del PP se
repartieron más de 23
millones en contratos
públicos de Madrid
durante la década de
poder de Esperanza
Aguirre. Esas cifras no
incluyen ni lo que
facturaron a las
adjudicatarias de la
construcción de
hospitales –más de dos
millones– ni a
adjudicatarias de obras
licitadas por
Transportes e
Infraestructuras.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/10/la_clausula_del_investigada_punica_bajo_sospecha_que_ocultaba_pagos_tambien_aplicaba_obras_carreteras_67358_1012.html
DOS TESTIGOS ADMITEN
IRREGULARIDADES EN LA
TRAMA DEL 1% QUE
FINANCIÓ AL PP CON LA
CONSTRUCCIÓN DE
HOSPITALES
Dos funcionarios de la
Consejería de Sanidad en
Madrid reconocen a la
Guardia Civil que la
administración
autonómica escogió el
método más arbitrario y
gravoso para las arcas
públicas en los
contratos de publicidad
del plan de
infraestructuras
sanitarias 2004-2007,
con los que
supuestamente se
financió de forma
irregular al PP. La
justicia sostiene que el
1% de la construcción de
8 hospitales y 57
centros de salud de
aquel plan, cerca de 23
millones de euros
públicos, sirvió en
parte para pagar
campañas del PP
Dos funcionarios de la
Consejería de Sanidad,
el jefe de contratación
de obras y un técnico de
apoyo, han acudido
voluntariamente a la
Guardia Civil, y han
confesado supuestas
irregularidades en la
campaña publicitaria de
los 8 hospitales y 57
centros de salud
construidos con el plan
de infraestructuras
sanitarias 2004-2007 de
Esperanza Aguirre. Parte
de los 23 millones
destinados a aquella
campaña publicitaria,
sirvieron para financiar
al PP de Madrid, según
la documentación
obtenida por los
investigadores.
En las actas de
declaración de los
testigos, a las que ha
tenido acceso la SER,
ambos admiten que
Sanidad, en tiempos del
consejero Manuel Lamela,
escogió el método más
caro y perjudicial para
el erario público con
aquellos contratos, y
que había una fórmula
mejor que fue desechada:
el concurso público.
La trama del 1% funcionó
de la siguiente forma,
según los
investigadores. La
administración
autonómica establecía
que el 1% del precio
total de la construcción
de cada centro
sanitario, debía ser
destinado a publicitar
el mismo. Las
adjudicatarias de los
hospitales, entre ellas
OHL, FCC o Acciona,
subcontrataban esos
trabajos a dedo a las
empresas que hacían las
campañas electorales del
PP. Sobre todo a Over
Marketing, principal
sospechosa de participar
en la trama de
financiación en negro de
este partido entre 2007
y 2011.
Supuestamente, el PP no
pagaba o pagaba a un
precio inferior al de
mercado a las empresas
que le hacían la campaña
electoral, que a cambio
eran compensadas y
pagadas con dinero
público de este uno por
ciento desde la
Consejería de Sanidad.
También había otras
fórmulas de pago
desveladas por la
investigación, como la
fundación Fundescam;
subvenciones públicas; o
con el dinero destinado
al funcionamiento del
grupo parlamentario en
la Asamblea de Madrid
entre otras.
Los dos testigos son
tajantes ante la Guardia
Civil. Hubiera sido
mucho menos caro para la
administración y más
“transparente” convocar
un concurso público para
la campaña publicitaria
de los hospitales, que
destinar el 1 por ciento
de cada centro
sanitario, que corría a
cargo de Sanidad pero
que las adjudicatarias
concedían a las empresas
que querían. Y siempre
eran las mismas.
Aquellas que llevaban
las campañas electorales
del PP.
http://cadenaser.com/ser/2017/07/06/tribunales/1499362590_033813.html
CARGOS DE LA SANIDAD
MADRILEÑA AFIANZAN EN
'PÚNICA' LA SOSPECHA DE
QUE LA 'CLÁUSULA DEL 1%'
OCULTABA PAGOS EN
ESPECIE AL PP
Declaran que nunca
supieron en qué se gastó
el porcentaje que los
adjudicatarios de la
construcción de seis
hospitales debían
dedicar a un supuesto
"Plan de Información"
Los testigos apuntan a
la consejería de
Presidencia, entonces en
manos de Francisco
Granados, y al equipo
del exconsejero de
Sanidad Manuel Lamela
como los artífices de la
controvertida cláusula
Tres testigos de la
Operación Púnica que en
la pasada década
ocupaban cargos de
relevancia en la sanidad
pública madrileña han
afianzado con sus
declaraciones ante la
UCO la sospecha de que
la conocida como
cláusula del 1% para
publicidad de seis
nuevos hospitales
ocultaba en realidad el
pago de comisiones en
especie para el PP. ¿Qué
tipo de comisiones en
especie? Los
investigadores sostienen
que la respuesta se
resume así: publicidad
electoral que habrían
sufragado las
constructoras de esos
hospitales bajo el
camuflaje de un
inexistente Plan de
Información.
La campaña para las
municipales y
autonómicas de 2007,
donde Esperanza Aguirre
anudó su poder
institucional tras
aquella primera victoria
que siguió al tamayazo
de 2003, se sitúa así de
nuevo bajo el foco.
Además de a Francisco
Granados, ahora en
libertad bajo fianza y
entonces consejero de
Presidencia, las
declaraciones ponen
también en el ojo del
huracán a quien en aquel
momento dirigía la
Consejería de Sanidad,
Manuel Lamela.
La transcripción de esas
tres declaraciones, una
de ellas nada menos que
la de la entonces
directora del Servicio
Madrileño de Salud (Sermas)
y a las que infoLibre ha
tenido acceso, constata
que ninguno de los tres
testigos supo nunca a
qué se dedicó ese 1% ni
quién supervisaba la
ejecución de cada
supuesta campaña de
información a que
también oficialmente iba
destinado ni con qué
criterio se elegía a las
empresas de publicidad.
Y aseguran que tampoco
tuvieron jamás noción de
por qué se introdujo esa
cláusula en el pliego de
condiciones para la
construcción de los
hospitales pese a que
hacerlo de ese modo no
solo constituía una
fórmula menos
transparente que
convocar un concurso
separado de publicidad
sino que encarecía el
coste global de la obra.
"Es más eficiente sacar
un concurso público
aparte que englobe toda
la comunicación e
información, es más
económico", respondió la
exdirectora del Sermas
cuando la Guardia Civil
la interrogó sobre ese
punto. "La cantidad
relacionada con el 1% no
le parece un gasto
razonado", contestó a
esa misma pregunta el
jefe de contratación de
la Consejería de
Sanidad, que mantiene
ese puesto. "Sí, por
supuesto", convino el
tercer testigo, exjefe
de sección de
contratación, cuando la
UCO indagó sobre si al
incluir la obligación de
abonar hasta el 1% en
concepto de información
y publicidad de las
obras se estaba
incrementando de una
forma indirecta el
importe de oferta de
cada licitador, lo que
finalmente implicaba un
aumento de gasto para la
Administración.
Sus declaraciones
colocan en el vórtice a
Francisco Granados, que
nunca había abandonado
esa posición y ahora se
encuentra en gira de
entrevistas tras su
recuperada libertad bajo
fianza. Pero también a
Manuel Lamela, que debe
su fama al frente de la
sanidad madrileña entre
2003 y 2007 no tanto a
su defensa de la
privatización
hospitalaria como a la
cacería a que fueron
sometidos varios médicos
del hospital Severo
Ochoa de Leganés
acusados por una
denuncia anónima de
haber perpetrado "400
homicidios".
Los tres testigos los
colocan a ambos en el
centro del vendaval de
Púnica por lo siguiente:
según la exdirectora del
Sermas, la cláusula del
1% ya figuraba en los
pliegos cuando accedió a
ese cargo en 2005, pero
que en cualquier caso la
selección de las
empresas que debían
publicitar los nuevos
hospitales y el
contenido exacto de esas
campañas de información
se dirigía "desde la
Consejería de
Presidencia y desde el
Gabinete de Prensa
situado en la sede de la
Puerta del Sol". El
exjefe de servicio fue
más lejos: "Cree
recordar –se lee en su
declaración– que ese
apartado [el del 1% para
publicidad] se incluía
en los pliegos por una
instrucción interna
recibida desde la
Consejería de
Presidencia o desde la
Consejería de Sanidad",
y el consejero, añadió,
era Manuel Lamela. Y el
jefe de contratación de
la Consejería de
Sanidad, a quien también
la Guardia Civil le
preguntó por el
contenido de los planes
de información sobre los
nuevos hospitales,
ofreció esta respuesta:
"Que lo desconoce, que
este Plan dependía del
Gabinete del consejero
de Sanidad Manuel
Lamela".
Los investigadores del
caso creen que ese 1%
sirvió para que empresas
de publicidad ya
investigadas por
presunta financiación
ilegal del PP facturasen
servicios de propaganda
electoral a las empresas
adjudicatarias de la
construcción de esos
nuevos centros
sanitarios. Los
documentos incorporados
a la causa prueban que
múltiples facturas
endosadas a distintas
constructoras con cargo
a la cláusula del 1%
fueron emitidas por Over
Marketing y sus
sociedades satélite. El
propietario de ese grupo
de publicidad ya admitió
que hacía actos gratis
para el PP. Y que ese
era posiblemente el
"beneficio" que podían
haber obtenido quienes
le adjudicaban contratos
amañados.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/07/tres_cargos_sanidad_madrilena_afianzan_sospecha_que_para_publicidad_hospitales_ocultaba_mordidas_67317_1012.html
UNO DE LOS PRINCIPALES
INVESTIGADOS EN 'PÚNICA'
CONTROLÓ DURANTE CUATRO
AÑOS UNA WEB DE
PROPAGANDA SOBRE RAJOY Y
EL PP
Alejandro de Pedro
presentaba la web
ppdigital.es como
"controlada" por su
empresa Eico en los
informes sobre
reputación online que se
pagaban con dinero
público
Encabezada siempre por
una gran foto de Rajoy y
activa hasta enero de
2015, la web ofrecía
"noticias del PP" de
todo el país y llegó a
sumar 1.037 comentarios
al programa electoral de
2011
Génova niega cualquier
vínculo con el digital y
recalca que su única
relación con De Pedro se
limitó al encargo
retribuido de una
"prueba" que no se
tradujo en ningún
contrato
Alejandro de Pedro,
experto en lavar
reputaciones de
políticos en Internet y
uno de los principales
investigados en la
Operación Púnica,
controló durante cuatro
años –de enero de 2011
al mismo mes de 2015–
una web de "noticias
sobre el PP nacional"
que en su propio dominio
incluía el nombre del
partido. Se trata de
www.ppdigital.es, ahora
inactiva aunque es
posible rastrear su
historial a través de
ciertos buscadores. Pese
a su larga existencia, a
que un gran retrato de
Mariano Rajoy presidía
cada edición y a que el
logotipo del partido
–cuya propiedad le
pertenece en exclusiva–
era una constante, los
portavoces oficiales del
PP consultados por
infoLibre aseguran que
esa web les era por
completo desconocida.
Los mismos portavoces
minimizaron la
importancia de uso de
las siglas del PP.
Son los informes de
reputación online
"institucional" que la
empresa cabecera de
Alejandro de Pedro,
Eico, elaboraba por
encargo de la Comunidad
de Madrid los que
señalan que ppdigital.es
se cuenta entre los
digitales bajo su
"control". En 2015, el
PP aseguró que su única
relación con De Pedro y
Eico se había limitado a
pagarle unos 5.000 euros
por una "prueba" sobre
mejora de imagen cuyo
resultado no convenció
al partido, que desistió
de contratarle. El
jueves, después de que
este diario informase a
los responsables de
comunicación del partido
sobre el nombre de
ppdigital.es, sus
características, sus
cuatro años de vida y su
pertenencia oficial a
Eico, la respuesta fue
la misma que la de 2015.
Hasta ahora, todos los
documentos de Eico
aflorados durante la
investigación de Púnica
asociaban a la empresa
de Alejandro de Pedro
con trabajos de mejora
de imagen política de
líderes del PP bajo el
camuflaje de lo
"institucional" para
Madrid, Valencia o
Murcia. Pero no con
ninguno relacionado con
la formación política a
escala estatal.
¿Puso Alejandro de Pedro
esa web en marcha y la
mantuvo hasta poco
después del estallido
del caso gratis et amore?
En 2014 el PP le abonó
4.840 euros a Eico
Online SL. Fue la única
salida de fondos desde
la sede central de
Génova en dirección a la
firma del supuesto
conseguidor, remachan
los portavoces del
partido. Pero en 2011 el
PP madrileño ya le había
ingresado 40.120, y así
lo acredita la
contabilidad enviada por
el partido ese año al
Tribunal de Cuentas y a
la que también ha tenido
acceso infoLibre.
¿Fue eso lo único que el
empresario cobró de la
formación azul? Es una
incógnita. Este diario
intentó sin éxito
recabar la versión de De
Pedro a través de una
llamada y un mensaje
escrito a su teléfono
móvil. Sí atendió el
teléfono el informático
a cuyo nombre figura
ahora la web
ppdigital.es. Su versión
es esta: que la compró
en diciembre de 2014
–los buscadores de
dominio arrojan como
fecha el día de
Nochebuena– por pura
utilidad mercantil, que
ignora a quién
pertenecía antes dado
que una vez que expira
la licencia el dominio
vuelve a manos de los
registradores, que no
tiene ni idea de quién
es Alejandro de Pedro y
que jamás ha mantenido
vínculos con el PP.
Del retrato del líder al
programa electoral de
2011
La página ppdigital.es
está, en efecto,
inactiva y su licencia
expira de nuevo este
año. Pero es posible
obtener una surtida
colección de fotos fijas
de su historia gracias a
los buscadores
retroactivos. Todas esas
instantáneas que
quedaron congeladas en
el ciberespacio
comparten un mismo
esquema: junto a un gran
retrato de Mariano Rajoy
aparecen las imágenes de
distintos líderes
regionales del partido.
Y debajo, una panoplia
de lo que en la
terminología empleada
por el propio Alejandro
de Pedro en sus informes
de reputación online se
definiría como titulares
"positivos" para la
formación conservadora.
Los documentos
incorporados a las
actuaciones de Púnica
constatan que los
informes de reputación
online que De Pedro
facturó a la Comunidad
de Madrid por trabajos
de supuesto carácter
"institucional" incluían
www.ppdigital.es entre
los "espacios web" o
digitales "controlados"
por su empresa Eico
Online. Los
entrecomillados proceden
de esos mismos informes.
En septiembre de 2011,
ppdigital.es alojó una
pieza sobre el programa
electoral del PP que
llegó a contabilizar
1.037 comentarios. La
pieza enlazaba a la
página oficial de la
formación conservadora (www.pp.es)
e incorporaba un banner
de otra web bautizada
como yocambiaria.es.
Ahora igualmente
inactiva, en aquel
momento yocambiaria.es
estaba dedicada a animar
a los ciudadanos a
participar en la
elaboración del programa
electoral del PP. Junto
a un primerísimo plano
de los ojos de Mariano
Rajoy, yocambiaria.es
situaba el logotipo del
PP y el siguiente lema:
"Participa en el
cambio".
Programa electoral del
PP de 2011 incluido en
la web, que llegó a
recabar 1.037
comentarios. Programa
electoral del PP de 2011
incluido en la web, que
llegó a recabar 1.037
comentarios.
Los titulares de
ppdigital.es se
actualizaban mes a mes a
tenor de las capturas
efectuadas por infoLibre
y de las numerosas url
de "noticias" publicadas
en ppdigital.es y que
constan en el sumario de
Púnica: por ejemplo,
noticias relativas a la
exconsejera Lucía Figar,
imputada en Púnica, o al
expresidente de Madrid
Ignacio González, en
prisión preventiva desde
que en abril estalló la
Operación Lezo.
Este diario solo ha
encontrado dos
excepciones a la regla
en virtud de la cual la
web articulaba sus
contenidos siempre en
torno a la imagen de
Rajoy. La primera
captura de ppdigital.es,
fechada el 28 de enero
de 2011, muestra una
página rudimentaria, sin
rastro del líder del
partido y entonces
aspirante a la
Presidencia del Gobierno
y solo ofrece
informaciones sobre
dirigentes del PP
madrileño y valenciano;
la última captura
muestra lo que de nuevo
se aproxima más a la
estética de un blog
artesano y contiene un
solo texto titulado La
verdad de las reformas
del Gobierno en España.
Su protagonista es María
Dolores de Cospedal.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/03/uno_los_principales_investigados_punica_controlo_durante_cuatro_anos_una_web_propaganda_sobre_rajoy_el_67081_1012.html
250 TUITEROS ‘PÚNICOS’
PARA LIMPIAR LA IMAGEN
DE IGNACIO GONZÁLEZ
La Comunidad de Madrid
dedicó ingentes medios
para silenciar en las
redes sociales los
escándalos que
salpicaban al presidente
autonómico y limpiar su
reputación
El mes de enero de 2013
fue duro para el
entonces presidente de
la Comunidad de Madrid,
Ignacio González. Sus
polémicas respuestas en
una entrevista en la
cadena SER le convertían
en blanco de las
críticas en las redes
sociales. La juez de
Estepona y la Fiscalía
Anticorrupción retomaban
la investigación sobre
su ático. Y el caso del
espionaje le seguía
salpicando. Todo un
chaparrón de noticias
“negativas” que el
experto informático
Alejandro de Pedro,
ahora imputado en el
caso Púnica y contratado
en aquel momento por la
Comunidad de Madrid para
mejorar la reputación
onlinedel político,
intentó contrarrestar.
Lo hizo mediante 250
perfiles creados por él
en Twitter —entre ellos,
@tuiterospp con 20.000
seguidores— , 5.600
tuits y 2.850 retuits.
Su objetivo, según
recogía en el informe
que emitió entonces, era
tildar de "vagas" y
"manipuladas" aquellas
noticias que ponían
contra las cuerdas a
González.
Una de las imputadas en
el caso Púnica, Isabel
Gallego, que fuera
directora general de
Medios de Comunicación
del Gobierno con
Esperanza Aguirre y,
posteriormente, con el
propio González, remitió
el pasado miércoles a la
Audiencia Nacional una
docena de los más de 20
informes mensuales que
EICO, una de las
empresas de De Pedro,
elaboró entre 2012 y
2014 para dar cuenta de
sus actuaciones
encaminadas a mejorar la
imagen de González, hoy
encarcelado por el caso
Lezo.
En dichos documentos, a
los que ha tenido acceso
EL PAÍS, se observa cómo
la preocupación por la
imagen del que terminó
siendo presidente de la
Comunidad iba más allá
de su cargo público, con
referencias, entre
otros, al caso de su
ático en Marbella o a
las polémicas en torno a
su mujer, Lourdes
Cavero, también imputada
ahora en el caso Lezo y
que entonces ocupaba un
cargo en la patronal
madrileña.
Campañas contra el rival
Las actuaciones fueron
desde la monitorización
de las noticias que
sobre González aparecían
en los buscadores de
Internet, para excluir
aquellas negativas de
las 20 primeras, a
controlar todos los
aspectos de la imagen
del político en las
redes sociales y lanzar
campañas contra el que
fue su rival, el
socialista Tomás Gómez.
Cuando estalló el caso
Púnica en octubre de
2014, el Gobierno
regional adeudaba
100.000 euros a De Pedro
por estos trabajos y,
supuestamente, iba a
abonárselos a través de
empresas adjudicatarias
de contratos públicos.
Brigadas en redes
sociales contra la
'marea blanca'
En 2013, los informes de
los encargados de
limpiar la imagen
pública de Ignacio
González destacaban como
estrategia la difusión
en las redes de 150
noticias "sobre el
desarrollo empresarial y
económico" de la
Comunidad de Madrid para
hacer frente a los
"temas relacionados con
la sanidad pública". En
mayo de ese año, 50
perfiles de Twitter y
500 tuits sirvieron para
contrarrestar las
críticas lanzadas por la
llamada marea blanca
contra la privatización
de la sanidad y las
noticias que
relacionaban a González
con el caso Gürtel.
Entre sus logros, el
informático Alejandro de
Pedro presumía de haber
eliminado los “vídeos
negativos” sobre el
presidente madrileño de
los 20 primeros puestos
de Google y haber
conseguido situar en
segunda posición de los
buscadores "la web
personal del político,
manteniendo el control
de las noticias
negativas".
De Pedro manejó en 2014
un total de 150 perfiles
en Twitter que hicieron
1.850 tuits. Un volumen
que mantuvo en los dos
meses siguientes, los
últimos de los que
figuran informes en el
sumario, para difundir
"todas aquellas noticias
positivas que resaltan
la gran labor política y
económica de la
Comunidad".
Iniciados los trabajos
en abril de 2012 —cuando
González era aún
vicepresidente
regional—, en el informe
del mes siguiente De
Pedro ya destacaba que
sus técnicos habían
conseguido "copar" con
noticias positivas de
González elaboradas por
páginas web controladas
por su empresa EICO
cinco de las 20 primeras
posiciones en Google.
Incluso se destacaba que
habían colocado en la
quinta posición de dicha
clasificación la "web
personal" del político.
Y que habían logrado
eliminar del listado
cuatro "noticias
negativas" y bajar de
posición otras tres.
Durante varios meses esa
fue, según estos
informes, la función
principal del señalado
como informático de la
Púnica.
Una labor que él mismo
ponía en valor en el
informe de septiembre de
2012, en el que
justificaba que los
resultados hubieran sido
similares al mes
anterior por "el revuelo
causado a raíz de los
cambios en la
Comunidad", en
referencia a la dimisión
ese mes de Esperanza
Aguirre que aupó a
González a la
presidenta.
Para entonces, De Pedro
no sólo controlaba el
posicionamiento de
noticias en los
buscadores, sino también
el de los vídeos
relacionados con el
político en Youtube o
sus fotos en Flickr. Al
mes siguiente, el
informe destacaba que la
presencia mediática del
dirigente del PP había
sido apoyada desde EICO,
que también "se ha
ocupado en contribuir en
gran medida [a]
desgastar la figura de
Tomás Gómez en redes
sociales".
Noticias negativas
En aquel momento, De
Pedro ya apuntaba que
tenía 45 perfiles en
Twitter que habían
generado 350 tuits y 150
retuits con diversas
etiquetas relacionadas
con González y con su
rival político. El
informe de noviembre
resaltaba que había
conseguido "bajar la
noticia negativa que
estaba en segunda
posición" de los
buscadores, que se
habían generado 150
noticias desde los
llamados diarios zombies
(utilizados para
multiplicar el tráfico
de las páginas
favorables al político)
y que se había colado el
perfil en Facebook de
González en el ranking
de Google.
En diciembre, los
trabajos de EICO se
centraron en
contrarrestar las
noticias “negativas”
sobre la política
sanitaria y la aparición
de un supuesto regalo a
González por parte de un
contratista de la
Comunidad, Over
Marketing, hoy en el
centro de las sospechas
por su presunta
vinculación con la
financiación irregular
del PP.
En 2014, los trabajos
del informático ahora
imputado en Púnica
aumentaron en Twitter.
En febrero se inició un
control sobre las
menciones a González en
la red social que en
aquellos días se
elevaron a 12.437. Al
mes siguiente fueron
54.843, después de que
el político hiciera unas
declaraciones en las que
comparaba las marchas de
la dignidad con el
movimiento neonazi
griego. "Los usuarios
critican que el
presidente lleva una
vida de millonario",
recogía el informe de De
Pedro, cuyo gran éxito
entonces fue que en la
primera página de Google,
la que recoge los
primeros 20 resultados
de las búsquedas, sólo
pareciera una noticia
negativa sobre Ignacio
González.
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/25/actualidad/1498406871_492138.html
FRANCISCO GRANADOS: “NO
TENGO NINGUNA MANTA DE
LA QUE TIRAR”
El exconsejero popular
ha asegurado que no
existe una 'trama
púnica' y que "se han
publicado informes
falsos en masa"
El exconsejero madrileño
Francisco Granados ha
asegurado este martes en
Telecinco, que no tiene
ninguna "manta de la que
tirar" porque no tiene
ninguna información
secreta que revelar
sobre el Partido
Popular. Granados, que
abandonó la de Estremera
en Madrid este mes de
junio, tras permanecer
encarcelado 31 meses por
blanqueo de capitales y
fraude, ha añadido que
no cree que existe una
trama púnica y ha
sostenido que "sin
ninguna duda" se han
publicado informes
falsos en masa".
Granados, que pagó una
fianza de 400.000 para
obtener su libertad
provisional, ha negado
haber mantenido relación
con el constructor David
Marjaliza, supuesto
cerebro de la trama. "Yo
no sé por qué se me ha
bautizado el socio de
Marjaliza, se me ha
quedado ese San Benito y
yo no he sido socio de
este señor jamás".
Marjaliza realizó una
confesión que le valió
la puesta en libertad el
30 de diciembre de 2015.
"El señor Marjaliza no
está colaborando con la
justicia, lo que está
haciendo es incriminar
de manera falsa a una
serie de personas en
cuestiones que cree que
a él le benefician", ha
expresado Granados.
Preguntado si se
consideraba víctima de
Partido Popular,
Granados ha afirmado que
se considera "una
persona inocente", que
ha estado dos años y
ocho meses en prisión.
"Yo no espero nada del
Partido Popular porque
yo no tengo nada que
pactar con mis
compañeros. Todo lo que
he visto en el PP en los
años que he sido
secretario general y en
los años que he ocupado
otros cargos ha sido
absolutamente legal".
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/27/actualidad/1498557866_943131.html
LA EMPRESA QUE
GESTIONABA EL MAYOR PLAN
DE INVERSIÓN PÚBLICA DE
MADRID CONTABILIZA YA 17
ENTRADAS DE LA UCO POR
PÚNICA
Arpegio, antiguo feudo
de Granados y
considerada como uno de
los grandes escenarios
del saqueo, ha afrontado
desde octubre de 2014
ocho requerimientos de
información y ha
protagonizado otras
nueve entregas
voluntarias
La desaparición de
documentos originales en
expedientes clave
inquieta a los
investigadores
La empresa Arpegio,
antiguo feudo de
Francisco Granados y
considerada por la
Fiscalía Anticorrupción
como uno de los grandes
escenarios del saqueo de
las arcas públicas
madrileñas, lleva
contabilizadas 17
entradas de la Unidad
Central Operativa (UCO)
desde el estallido de la
Operación Púnica, en
octubre de 2014.
La profusión de visitas
de la Guardia Civil a su
sede retrata hasta qué
punto Arpegio centra el
interés de los
investigadores de una
causa donde el
–supuesto– lucro
personal de los
principales imputados se
solapa con –presuntas–
operativas para
financiar al PP de
Madrid. Según fuentes
conocedoras de lo
sucedido, ocho de las 17
entradas de la UCO en
Arpegio perseguían la
búsqueda e inmediata
incautación de
determinados documentos.
Y nueve tuvieron como
objetivo recibir
documentos a iniciativa
del nuevo equipo
directivo que en octubre
de 2015 tomó las riendas
de Arpegio.
¿Y qué busca la UCO en
Arpegio con semejante
celo? En general,
contratos del llamado
Plan Prisma, que solo
entre 2006 y 2011 movió
nada menos que 1.000
millones de euros para
infraestructuras y
equipamientos en
municipios de la
Comunidad de Madrid. Un
informe de la
Intervención del Estado
(IGAE) ya ha señalado
que, con independencia
del eventual desvío de
fondos, el hecho de que
el Gobierno de Esperanza
Aguirre delegase en
Arpegio la ejecución del
Plan Prisma constituyó
"una cuádruple
infracción legal".
Dos grupos de
expedientes han
focalizado los rastreos
de los últimos meses. El
primero es el relativo a
los expedientes cuyo
protagonista es la
empresa de publicidad
Over Marketing y sus
tres sociedades
satélite: Traci
Comunicación, Link
América y Abanico
Comunicación. Las
cuatro, que en la década
de mando de Esperanza
Aguirre ingresaron 15,5
millones por contratos
públicos de la Comunidad
y de ayuntamientos
madrileños gobernados
por el PP, pertenecen al
empresario Horacio
Mercado. En 2012,
Mercado ya estaba siendo
investigado en el caso
Palma Arena. Y admitió
ante el juez José Castro
haber recibido contratos
amañados también en
Madrid.
El otro gran expediente
que centra el interés de
la investigación sobre
Arpegio se refiere al de
la adjudicación por la
que que en marzo de 2006
Arpegio encomendó a
Análisis y Gestión de
Desarrollos Urbanos SA
(DUSA) preparar todos
los contratos del Plan
Prisma. Ese encargo
reportó finalmente nueve
millones a DUSA, cuyo
administrador único,
Adolfo Fernández
Maestre, reconoció en
noviembre ante la
Asamblea de Madrid que
tenía solo "seis o siete
empleados" cuando se
alzó con la victoria y
que "no estaba
preparado" para una
tarea de tal
envergadura. DUSA ni
siquiera tuvo rivales
pese a lo suculento del
importe inicial en juego
–4,5 millones– y a que
20 empresas habían
retirado la
documentación necesaria
para competir.
¿Cumplió DUSA los
requisitos formales
exigidos en el pliego de
condiciones o ni
siquiera se molestó
Arpegio en garantizar el
cumplimiento de ese
trámite? Esa es una de
las dudas que todavía
persisten. Parte de los
documentos originales
del expediente han
desaparecido para
inquietud de los
investigadores.
De hecho, esa
desaparición se perfila
como la clave de por qué
en un informe fechado el
pasado mes de mayo la
Fiscalía Anticorrupción
incorporó un párrafo de
gran dureza hacia el
Gobierno de Cristina
Cifuentes: "Las razones
expuestas [los agujeros
negros detectados en
ciertos expedientes y
las declaraciones de
distintos funcionarios
sobre el "aislamiento
profesional" al que se
vieron sometidos por no
participar en manejos
turbios] nos conducen a
pensar, que se hace
difícil confiar que haya
una colaboración
espontánea y leal por
parte de la CAM
[Comunidad Autónoma de
Madrid], no
vislumbrándose medidas
alternativas que
satisfagan la
realización del interés
superior de la
justicia".
Dos flancos abiertos
El Ejecutivo madrileño
se declara no solo por
completo ajeno a
cualquier maniobra de
obstrucción a la
justicia sino que
subraya su "absoluta"
voluntad de colaborar.
Desde que tomó posesión
en el verano de 2015, la
presidenta Cifuentes no
ha cesado de repetir el
mensaje de que su equipo
está limpio de polvo y
paja. Como bazas a su
favor juegan la entrega
voluntaria de
documentación de
Arpegio, sobre la que
los portavoces del
Ejecutivo madrileño se
niegan a aportar el más
mínimo dato con el
argumento de que no
opinan "de causas
abiertas", así como la
presentación ante la
Fiscalía de una denuncia
sobre irregularidades
detectadas en el Canal
y, ahora, de otra sobre
operaciones bajo
sospecha relacionadas
con la Cámara de
Comercio de Madrid.
Pero Cifuentes también
tiene dos flancos
abiertos. Uno le afecta
personalmente. Y es la
adjudicación de la
gestión de la cafetería
de la Asamblea de Madrid
en 2009 y 2011 a una
empresa de Arturo
Fernández, entonces
dirigente patronal muy
próximo a Esperanza
Aguirre y donante del PP
a través de la oscura
fundación Fundescam.
Ambas adjudicaciones se
basaron en informes de
sendos "comités de
expertos" a los que
pertenecía Cifuentes,
que asimismo ocupaba un
puesto en la mesa de
contratación de la
Cámara madrileña.
De momento, y tras un
contundente informe de
la UCO denostado por
Cifuentes en particular
y por el PP en general,
el asunto parece
congelado en espera de
que el juez Manuel
García-Castellón tome el
relevo de Eloy Velasco
en el juzgado 6 de la
Audiencia Nacional. El
entorno de la presidenta
de Madrid da por hecho
que la investigación
sobre esas
adjudicaciones a Arturo
Fernández ha entrado en
definitiva vía muerta
"porque no hay nada".
El otro punto débil de
Cifuentes –el más débil,
según todos los
observadores– se llama
Jaime González Taboada y
es el actual consejero
de Medio Ambiente de
Madrid. Durante el
bienio 2006-2007,
periodo en que Arpegio
dispuso de 600 millones
para el Plan Prisma,
Taboada era director
general de Cooperación
Local a las órdenes de
Francisco Granados. Y
formaba parte de la mesa
de contratación de
Arpegio. Antes de
abandonar la instrucción
del caso Púnica para
incorporarse a la nueva
Sala de Apelaciones de
la Audiencia Nacional,
el juez Eloy Velasco
dictó un auto por el que
cita a declarar para
septiembre en calidad de
investigados –imputados–
a todos los que
pertenecieron a la mesa
de contratación de
Arpegio entre 2006 y
2007. A todos salvo a
González Taboada.
El consejero goza de
aforamiento y, en
consecuencia, no puede
ser formalmente
investigado por la
Audiencia Nacional. Como
informó este diario, en
las actuaciones del caso
consta incorporado el
relato de un funcionario
ya jubilado –el exjefe
de área de zonas verdes–
que involucra a Taboada
en la operación de acoso
y ostracismo a que,
según su versión, fue
sometido por negarse a
amañar una adjudicación.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/23/la_empresa_que_gestionaba_mayor_plan_inversion_publica_madrid_contabiliza_entradas_uco_por_punica_66758_1012.html
EL PSOE DICE QUE VIO EN
2016 PAPELES AHORA
PERDIDOS DEL ‘CASO
PÚNICA’
Uno de los expedientes
de contratación
reclamados por el juez
García-Castellón en la
investigación de la
supuesta caja b del PP
Parte de la
documentación sobre el
Campus de la Justicia de
Madrid que investiga el
juez de la Audiencia
Nacional Manuel
García-Castellón dentro
del caso Púnica y que la
Comunidad de Madrid ha
dado por desaparecida
estuvo supuestamente a
disposición de los
diputados de la Asamblea
de Madrid a comienzos de
2016, según denuncia el
PSOE.
La diputada regional
socialista Mercedes
Gallizo detalló ayer a
EL PAÍS que el
expediente de una de
estas adjudicaciones
bajo sospecha —la
realización en 2005 de
un vídeo sobre el
proyecto— estaba en uno
de los más de 400
archivadores que el
Ejecutivo de Cristina
Cifuentes puso en enero
del año pasado a
disposición de los
parlamentarios de la
Comisión sobre el
Endeudamiento que
investigaba las
supuestas
irregularidades del
proyecto de reunir en un
solo espacio las sedes
judiciales de la capital
y que ha dejado un
agujero de 105 millones
de euros.
Por ello, el PSOE tiene
previsto registrar hoy
una petición de
comparecencia del
consejero de Presidencia
y Justicia, Ángel
Garrido. Junto al mismo,
presentará un escrito en
el que detalla que,
según el listado que la
Comunidad de Madrid puso
en su día a disposición
de los diputados, en la
carpeta número 3 del
archivador 87 figuraba
el “expediente de
contratación” para el
“rodaje de imágenes para
el audiovisual Campus de
la Justicia”. El índice
especificaba que se
incluía las
“proposiciones
económicas de distintas
empresas”.
Sin embargo, nada de esa
documentación ha sido
ahora incorporada al
sumario del caso Púnica
pese a que en marzo el
entonces juez instructor
de la causa, Eloy
Velasco, reclamó a la
Comunidad de Madrid
todos los contratos
firmados por la sociedad
pública que gestionaba
el Campus de la Justicia
con cuatro sociedades
del empresario argentino
Daniel Mercado, imputado
por la supuesta
financiación irregular
del PP de Madrid.
Una de estas
mercantiles, Traci
Comunicación SL, es la
que finalmente hizo ese
audiovisual por 116.145
euros, según recoge una
factura que sí ha sido
localizada por el
Ejecutivo regional y
remitida a la Audiencia
Nacional. Según adelantó
EL PAÍS, el gobierno de
Cifuentes reconoció en
marzo a la Audiencia
Nacional que solo había
sido capaz de encontrar
“diversas facturas” y
“determinados asientos
contables” de los pagos
a dichas empresas, pero
ningún contrato.
https://politica.elpais.com/politica/2017/07/24/actualidad/1500924107_343071.html
DESAPARECEN PAPELES
LIGADOS A LA CAJA B DEL
PP DE MADRID
La Comunidad reconoce
que "no han localizado"
los archivos de la
sociedad pública Campus
de la Justicia
"No han sido localizados
ninguno de los
contratos". El agujero
documental en la
Comunidad de Madrid
destapado por el caso
Púnica crece con una
nueva desaparición de
documentos claves, en
este caso de los
archivos de la sociedad
pública Campus de la
Justicia, el millonario
fiasco inversor de los
Ejecutivos de Esperanza
Aguirre e Ignacio
González. La Comunidad
reconoce ante el Juzgado
6 de Instrucción que la
documentación sobre
adjudicaciones de
contratos no está
custodiada.
La Consejería de
Presidencia y Justicia
ha remitido al Juzgado
Central de Instrucción 6
dos escritos en los que
reconoce que la
documentación sobre las
adjudicaciones de varios
contratos de publicidad
a las empresas Over
Marketing y Comunicación
SL, Traci Comunicación
SL, Abanico de
Comunicación y Marketing
SL y Link América SL,
todas ellas ligadas al
empresario argentino
Daniel Mercado, imputado
por la supuesta
financiación irregular
del PP madrileño, "no se
encuentran custodiados"
en sus archivos. La
Comunidad de Madrid solo
ha sido capaz de
encontrar "diversas
facturas" y
"determinados asientos
contables" referidos a
estas mercantiles y que
certifican que se les
pagaron decenas de miles
de euros. Recientemente,
el Gobierno regional
admitió otras dos
pérdidas de documentos
relacionados con la
trama de corrupción
presuntamente encabezada
por Francisco Granados.
La búsqueda de estos
contratos se remonta al
pasado 6 de marzo. Ese
día, el entonces juez
instructor del caso
Púnica, Eloy Velasco,
envió a los agentes de
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil a la sede
de la empresa pública
Campus de la Justicia,
entonces ya en
liquidación, con un
mandamiento para
requerir la entrega de
manera "inmediata" de
"los contratos públicos
que ese organismo ha
adjudicado" a las cuatro
empresas de Daniel
Mercado. En dicho
mandamiento se
destacaba, que la
información reclamada
debía incluir "el objeto
del contrato, el órgano
contratante, fecha de
licitación y de
formalización del
contrato, empresa
adjudicataria,
presupuesto base de
licitación, importe de
adjudicación,
procedimiento y forma de
adjudicación". En
aquellas fechas, la
pieza separada de la
causa para la que se
recababa la
documentación, la
referida a la supuesta
financiación irregular
del PP de Madrid y
varias de sus campañas
electorales, estaba aún
bajo secreto de sumario
y así se lo advertía el
magistrado para que el
destinatario no revelase
la existencia de dichas
pesquisas.
El dedo de Granados
Entre la abundante
documentación remitida a
la Audiencia Nacional
por organismos y
empresas públicas de la
Comunidad de Madrid para
investigar la supuesta
caja b del PP madrileño
dentro del caso Púnica
figura una carta enviada
el 8 de marzo por el
secretario general de
Arpegio, Francisco
Esquivias -actualmente
imputado en la causa- en
la que éste admite que
uno de los contratos
adjudicados por esta
sociedad a Over
Marketing en 2005 se
produjo por "decisión de
la Consejería de
Presidencia", que
entonces encabezaba
Granados. Según dicho
documento, el 14 de
marzo de aquel año, el
departamento del hoy
señalado como presunto
cabecilla de la trama
comunicó a Arpegio su
intención de celebrar
cuatro días más tarde un
acto en Leganés para
presentar el llamado
Parque Forestal del Sur.
"Tanto la designación de
la empresa
adjudicataria, Over
Marketing, como el
presupuesto de los
trabajos de este evento,
31.559,43 euros más IVA,
fueron decisión de la
Consejería de
Presidencia y comunicado
a Arpegio con escasa
antelación", detalla el
escrito. En total, esta
empresa cobró por este y
otros tres contratos
cerca de 725.000 euros,
más IVA.
La respuesta de la
Comunidad de Madrid
tardó ocho días. El 14
de marzo, un asesor del
viceconsejero de
Presidencia y Justicia
remitía a la Audiencia
Nacional un escrito en
el que, tras detallar
que la sociedad Campus
de la Justicia había
sido "liquidada y
extinguida" en 2015 y
que el Ejecutivo
regional había pasado a
custodiar su archivo
documental, admitía que
no había podido
localizar "ninguno de
los contratos públicos"
con estas cuatro
mercantiles. También que
se habían encontrado
"diversas facturas en
las que se acredita la
relación existente" de
las mismas con el Campus
de la Justicia. Trece
días después de dicho
escrito, la UCO remitía
a la Comunidad de Madrid
un oficio en el que le
reclamaba "copia
certificada" de dichos
albaranes y asientos
contables, "así como
cualquier otro
documento".
Diario de apuntes
El 30 de marzo, la
Comunidad de Madrid
remitía un nuevo escrito
con dichos documentos,
pero también con la
advertencia de que eran
todos los que "han sido
posible localizar en
dicho archivo, sin que
ello implique que
pudieran existir otros".
Junto al mismo, once
facturas, diversos
documentos bancarios
relacionados con el pago
de las mismas y dos
memorias técnicas de
sendos actos
protocolarios
relacionados con el
Campus de la Justicia,
así como una decena de
páginas del "diario de
apuntes" de la
contabilidad en los que
aparecían once apuntes
contables que recogen el
pago a las empresas de
Daniel Mercado de
166.895,18 euros. Las
facturas que justifican
dichos abonos incluían
como concepto la
realización de un vídeo
del proyecto del Campus
de la Justicia, la
presentación de las
maquetas para el
proyecto diseñado por el
arquitecto Norman Foster
para uno de los
edificios nunca
construidos, la
organización de una
rueda de prensa, entre
otros encargos.
Con esta, ya son tres
las desapariciones de
documentos vinculados a
adjudicaciones bajo
sospecha en el caso
Púnica. El pasado 13 de
junio la empresa pública
del suelo de Madrid,
Arpegio, admitía a la
Audiencia Nacional que
"varias carpetas" que
debían contener
contratos investigados
aparecían vacías, como
adelantó EL PAÍS el
pasado 11 de julio. El
pasado 9 de marzo, el
ejecutivo regional
también reconocía que
dos contenedores con
toda la documentación
referida a un contrato
de publicidad del
Instituto Madrileño de
Desarrollo (IMADE) por 2
millones de euros se
encontraba en paradero
desconocido.
https://politica.elpais.com/politica/2017/07/22/actualidad/1500738485_915390.html
EL NUEVO TERREMOTO EN
PÚNICA: LA UCO CERCA A
19 ALCALDES, DIPUTADOS Y
ALTOS CARGOS DEL PP
Anticorrupción ha pedido
a la Guardia Civil que
impulse la investigación
de los contratos que la
firma Waiter Music se
llevó en 35 municipios
madrileños para
dilucidar cuántos
estuvieron amañados
La Fiscalía
Anticorrupción ha pedido
a la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil que
impulse la investigación
de una de las 16 piezas
del caso Púnica, lo que
puede provocar un nuevo
terremoto en la política
madrileña. Los agentes
tienen que examinar
todos los contratos que
la empresa Waiter Music,
que organizaba
conciertos y festejos,
obtuvo en 35 municipios
de la región entre los
años 2004 y 2013 y que
le permitieron ingresar
25,6 millones de euros.
El ministerio público ya
trabaja con la hipótesis
de que Francisco
Granados, principal
imputado de la causa,
utilizó su influencia
política como consejero
del Gobierno de
Esperanza Aguirre y como
secretario general del
PP de Madrid para que
muchos consistorios
gobernados por el PP
contrataran a Waiter. A
cambio, esta firma hizo
regalos a cargos
públicos y se prestó a
financiar actos
electorales de los
populares.
Los investigadores van a
examinar
irremediablemente los
expedientes de
contratación de estos 35
Consistorios. La
Fiscalía hizo la
petición antes de que el
juez instructor de la
causa, Eloy Velasco,
dejara el caso y fuera
sustituido por Manuel
García-Castellón. El
nuevo magistrado deberá
impulsar ahora la pieza
7, la de Waiter, tomando
declaración a
extrabajadores de esta
firma y analizando todos
los contratos, que
salpican a un reguero de
alcaldes madrileños (la
mayoría ya no ostenta el
cargo), pero entre los
que están ocho que hoy
siguen al frente de sus
municipios, tres que
ahora son diputados
autonómicos o
nacionales, cuatro que
han encontrado acomodo
como altos cargos en el
actual Gobierno de
Cristina Cifuentes y
cuatro exregidores que
actualmente son
concejales en la
oposición. Una lista en
la que hay 19 cargos
públicos en activo y una
veintena que ya no lo
están, como Alberto
Ruiz-Gallardón y Ana
Botella.
El principal municipio
investigado es
Valdemoro, epicentro de
la trama, donde Granados
fue alcalde. Según la
información que obra en
poder de la UCO, este
municipio pagó a Waiter
8,9 millones de euros
entre 2004 y 2013. En
esos años ocuparon la
alcaldía José Carlos
Boza y José Miguel
Moreno, ambos ya
imputados en la causa.
La Guardia Civil ya ha
analizado estos
contratos y concluye que
parte de los fondos
municipales que recibió
Waiter fueron luego
utilizados por el
partido para pagar los
gastos de varios
mítines, como por
ejemplo el acto de
cierre de campaña de
Aguirre en las
elecciones autonómicas
de 2007 y otro en marzo
de 2008 celebrado en
Valdemoro en apoyo de
Mariano Rajoy.
La Púnica cerca al PP:
150 imputados, 1.200
cuentas embargadas y 4
millones incautados
La macrocausa ha
generado miles de folios
de sumario y provocado
bajas y traslados de los
funcionarios encargados
de su gestión
El propietario de
Waiter, José Luis Huerta
Valbuena, también está
imputado. Mantenía buena
amistad con Granados y
se benefició de ella,
"fruto del clientelismo
político e intercambio
de favores". A cambio
del sinfín de contratos
que se llevó, Huerta
obsequió con diversos
"eventos de carácter
personal" al propio
Granados y a otros
cargos públicos del PP.
La Fiscalía quiere
dirimir ahora si lo que
pasó en Valdemoro se
repitió en otros
municipios de Madrid,
sobre todo en aquellos
que facturaron
importantes cantidades
de dinero con Waiter.
También ha pedido
"recabar la
justificación de los
trabajos que realizó
Waiter para el PP de
Madrid en el capítulo de
financiación y sus
gastos electorales".
El segundo municipio
donde Waiter logró
suculentos contratos fue
Móstoles. Entre 2004 y
2011 facturó 3,4
millones de euros. El
regidor en ese periodo,
del PP, fue Esteban
Parra. Su sucesor,
Daniel Ortiz (también
del PP), ya está
imputado por amañar,
presuntamente, otro
contrato de eficiencia
energética de 73
millones de euros que se
investiga en otra de las
piezas del caso. Hay
otros cinco municipios
que superan el millón de
euros contratados con
Waiter: San Martín de la
Vega (2,1 millones de
euros entre 2004 y
2011), Algete (1,7
millones entre 2007 y
2013), Chinchón (1,2
millones entre 2006 y
2013), Ciempozuelos (1,2
millones entre 2007 y
2012) y Torrejón de
Velasco (un millón de
euros entre 2004 y
2013). En todos gobernó
el PP, aunque hay una
excepción temporal.
Se trata de San Martín
de la Vega. Entre
diciembre de 2003 y
mediados de 2007 el
alcalde de este
municipio fue el
socialista Miguel Ángel
Belinchón. En esa
legislatura Waiter
facturó casi 600.000
euros con el
Ayuntamiento. Belinchón
luego trabajó para
Waiter, llegando a ser
su director de
comunicación. En 2007 le
sucedió en el cargo la
popular Carmen Guijorro
Belinchón, alcaldesa
hasta 2015, que siguió
contratando a Waiter.
Hoy es asesora de la
Consejería de
Transportes en el
Gobierno de Cifuentes.
En Algete, todos los
contratos con Waiter se
efectuaron bajo el
mandato de Inmaculada
Juárez (PP). Aunque en
este municipio la UCO
también ha puesto sus
ojos en el concejal de
Festejos, David Erguido,
que también fue diputado
autonómico y asesor de
la Comunidad con
Esperanza Aguirre. Hoy
es asesor del grupo
municipal del PP en el
Ayuntamiento de Madrid.
En Chinchón, todos las
adjudicaciones que se
llevó Waiter (1.276.016
euros) se efectuaron
bajo el mandato de María
Luisa Fernández
Fernández, alcaldesa del
PP entre 2006 y 2015.
Ahora ha sido recolocada
por Cifuentes al frente
de una empresa pública,
Madrid Activa, un ente
de tres trabajadores. En
Ciempozuelos Waiter hizo
negocio (1.210.344
euros) bajo el paraguas
de María Ángeles Herrera
(del PP), alcaldesa
entre 2007 y 2015. Ahora
es concejala en la
oposición. En Torrejón
de Velasco (1.026.629
euros) los regidores que
contrataron a Waiter
fueron Gonzalo Cubas,
cuñado del empresario
David Marjaliza y ya
imputado en la causa, y
Miguel Ángel López del
Pozo, que luego fue
consejero de Telemadrid.
Manual para comprar
alcaldes: los mails de
Púnica desvelan las 'soirées'
de lujo en París
En un viaje a la capital
francesa en el que
coincidieron hasta cinco
alcaldes investigados
por contratos
irregulares con la trama
Hay otras ocho
localidades que también
han trabajado con Waiter
cuyos alcaldes del PP
siguen hoy en el cargo.
Se trata de Alcorcón
(397.768 euros entre
2011 y 2013), con David
Pérez al frente (también
es diputado autonómico);
El Álamo (333.191 euros
entre 2007 y 2011), con
dos regidores
salpicados, Jesús
Arribas (ocupó el cargo
hasta mayo de 2010) y
Natalia Quintana, su
sucesora y actual
alcaldesa; Villarejo de
Salvanés (229.577 euros
en los periodos
2005-2007 y 2011-2013),
con los alcaldes
Francisca García-Fraile
(entre 2003 y 2008) y
Marco Antonio Ayuso
(desde 2011 hasta la
actualidad); Villanueva
de la Cañada (155.455
euros entre 2004 y
2013), con Luis Partida
al frente todos esos
años; Alcobendas (59.236
euros en 2011), con
Ignacio García de
Vinuesa (hoy también
diputado autonómico);
Boadilla del Monte
(41.140 euros en 2012),
con Antonio González
Terol (hoy también
diputado nacional);
Majadahonda (21.767
euros en 2012), con
Narciso de Foxá; y El
Escorial (17.980 euros
en 2008), con Antonio
Vicente Rubio.
Aunque la intención de
la UCO es examinar todos
los contratos, quiere
centrarse principalmente
en los de mayor cuantía
económica y en aquellos
en los que ya maneja
indicios de amaño. En
otros tres municipios
los alcaldes que en su
día adjudicaron a Waiter
son hoy diputados
autonómicos. Se trata de
Alcalá de Henares
(477.964 euros entre
2011 y 2013), bajo la
gestión de Bartolomé
González (parlamentario
en la Asamblea de
Madrid) y Javier Bello;
le sigue Getafe (169.879
euros entre 2012 y
2013), con Juan Soler,
que además de diputado
autonómico es hoy
senador; y Leganés
(63.330 euros entre 2012
y 2013), con Jesús
Gómez.
Otros exalcaldes han
encontrado acomodo en el
Ejecutivo regional de
Cifuentes o son en la
actualidad ediles de sus
municipios en la
oposición tras perder
las elecciones de 2015.
En este listado están
María Rabaneda,
exregidora de Pinto.
Bajo su mandato el
ayuntamiento pinteño
facturó 263.884 euros a
Waiter. Hoy es alto
cargo en la consejería
de Sanidad. O el actual
consejero de Tranportes,
Pedro Rollán, exalcalde
de Torrejón de Ardoz,
donde Waiter ingresó
155.927 euros bajo su
mandato y el de su
predecedora, la
socialista Trinidad
Rollán. En Aranjuez
(625.614 entre 2011 y
2013), Coslada (155.315
euros entre 2012 y 2013)
y San Lorenzo del
Escorial (21.240 euros
en 2010) los exregidores
María José Martínez de
la Fuente, Raúl López
Vaquero y José Luis
Fernández-Quejo del Pozo
son actualmente
concejales del PP.
La UCO también tendrá
que examinar los
contratos que el
consistorio de la
capital firmó con
Waiter. Alberto
Ruiz-Gallardón pagó
229.000 euros en 2006 y
2007, y Ana Botella,
55.660 euros en 2013. El
listado de municipios
controlados por el PP se
completa con Moraleja de
Enmedio (897.208 euros
entre 2004 y 2012), cuyo
exalcalde Carlos Alberto
Estrada está ya imputado
en la causa;
Arroyomolinos (386.963
euros entre 2004 y
2008), con Juan Velarde
Blanco; Colmenar de
Oreja (157.033 euros
entre 2011 y 2013), con
Francisco José García
Paredes; Las Rozas
(41.760 euros en 2009),
con Bonificacio de
Santiago; Titulcia
(34.563 euros en 2004 y
2005), con Fuencisla
Molinero Cuenca;
Navalcarnero (32.670
euros en 2013), con
Baltasar Santos González
(imputado en otras
causas); y Torrelodones
(18.815 euros en 2008),
con Carlos Galbeño.
La Púnica salpica
también a Navalcarnero
por un concierto de
Bertín Osborne
El Ayuntamiento,
gobernado por el PP y en
quiebra técnica,
contrató a Waiter Music
para que el artista
actuara en 2013. La
factura fue 11.600 euros
más cara que la misma
actuación en otro
municipio
Pero no todo son
alcaldes del PP. Waiter
también logró hacer sus
pinitos en municipios
controlados por el PSOE
e IU. Se trata de Parla
(253.026 euros entre
2009 y 2013), con el
socialista José María
Fraile (ya imputado en
Púnica) en el poder. O
Velilla de San Antonio
(229.909 euros en 2007,
2012 y 2013), donde
Waiter trabajó con la
socialista Dolores Agudo
y el popular Julio
Sánchez Alarilla. En
Humanes (365.099 euros
entre 2006 y 2010), con
el independientes Adolfo
Álvarez Sojo, que fundó
Compromiso Social
Humanes tras ser
expulsado del PSOE.
También aparece José
Masa, el mítico alcalde
de IU en Rivas
Vaciamadrid (43.352
euros en 2011 y 2012).
El trabajo para la UCO
va a ser ingente. De
estos 35 municipios, ya
tiene identificados a 11
que aceptaron facturas
duplicadas de Waiter y
cuatro de los
proveedores que
trabajaban con esta
firma en la organización
de los eventos. Se trata
de Valdemoro, Pinto,
Getafe, Moraleja de
Enmedio, Chinchón,
Algete, Torrejón de
Velasco, Arroyomolinos,
Humanes, Coslada y
Ciempozuelos. La
operativa consistía en
que Waiter y sus
proveedores facturaban
por lo mismo (aunque
cambiando el concepto),
por lo que el
consistorio pagaba dos
veces. En otros casos,
la UCO ya tiene
documentado que, por
ejemplo, los eventos que
Waiter regalaba al PP en
sus mítines (como la
instalación de castillos
hinchables para atraer a
familias) se facturaban
de forma fraudulenta
cargando los importes en
los contratos públicos
de fiestas locales.
En la lista también
aparece algún alcalde
socialista e incluso uno
de IU que también
contrató con Waiter
La pieza de Waiter no
acaba aquí. La Fiscalía
también ha pedido
recabar todos los
contratos que varias
constructoras (FCC,
Acciona, Dragados, OHL,
Sacyr, Virton, Grupo DHO
y Urbaser) firmaron con
la firma de José Luis
Huerta por valor de 1,34
millones de euros. La
Guardia Civil ya ha
constatado que estas
empresas, adjudicatarias
de contratos públicos en
la comunidad de Madrid,
también costearon actos
electorales del PP
abonando directamente
los gastos de esos
eventos a la empresa que
los organizó, Waiter,
estableciendo así una
relación indirecta entre
las adjudicatarias (las
constructoras) y el
partido que controlaba
esas adjudicaciones.
'Sanse', el municipio 36
En el listado que tiene
la UCO no aparece el
municipio de San
Sebastián de los Reyes,
aunque el actual
Gobierno local (una
coalición de PSOE,
Ganemos Sanse e
Izquierda Independiente)
ya envió a la Fiscalía
las conclusiones de la
comisión de
investigación que llevó
a cabo para analizar el
extraño convenio de
colaboración que el
Consistorio, cuando
gobernaba el PP, firmó
con Waiter.
Los contratos
municipales no han
aparecido. Waiter
organizó los conciertos
en el Auditorio
Municipal durante las
fiestas patronales de
agosto entre los años
2010 y 2014. El
Consistorio firmó un
convenio con esta firma
para la instalación de
una discoteca móvil, que
según esa comisión de
investigación no
autorizaba la
realización de
conciertos ni obviamente
cobrar entrada por
ellos. Pero se hicieron.
Luego Waiter engoradaba
sus cuentas con la firma
de 23 patrocinios con
empresas prestadoras de
servicios, que abonaban
el dinero directamente a
Waiter sin pasar por el
control de la
intervención municipal.
Según esta fórmula,
entre 2010 y 2014 Waiter
ingresó 423.125 euros de
patrocinios, a los que
sumar los ingresos por
la taquilla de los
conciertos.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-07-23/los-conciertos-de-la-punica-salpican-a-8-alcaldes-6-diputados-y-4-cargos-de-cifuentes_1415457/
EL PENDRIVE DEL
EXGERENTE DEL PP DE
MADRID SE CONVIERTE EN
LA 'PIEDRA ROSETTA' DE
LA FINANCIACIÓN ILEGAL
El usb incautado a
Beltrán Gutiérrez sirve
de guía en la
investigación para
descifrar la laberíntica
financiación de las
campañas de Esperanza
Aguirre
El cotejo de sus datos
con los de la
contabilidad oficial
afianzan la conclusión
de los investigadores
sobre cómo el PP gastó
en las elecciones de
2007 el doble de lo
permitido
Un sencillo pendrive
azul y plateado, el que
en uno de los registros
de la Operación Púnica
intervino la UCO en casa
de quien fue gerente del
PP de Madrid bajo el
mandato de Esperanza
Aguirre, Beltrán
Gutiérrez, se ha
convertido en una
especie de nueva piedra
rosetta con las claves
precisas para descifrar
la laberíntica
financiación del
partido. Y el
jeroglífico que aparece
a la vista ya casi
descifrado indica que,
desde luego, el gasto
del PP en las campañas
de Aguirre superó de
largo el máximo legal
permitido.
Lo que ya se conoce como
dopaje electoral queda
patente en esos
archivos. Un somero
contraste de los datos
del pendrive con los de
la contabilidad oficial
del PP madrileño apunta
a que la conclusión
alcanzada por la
Fiscalía Anticorrupción
se sustenta no en
conjeturas sino en
hechos contantes y
sonantes. Y esa
conclusión se resume
así: que el PP gastó en
la campaña autonómica de
2007 el doble del límite
legal. El umbral que
separaba una campaña de
lujo pero legal de otra
directamente ilegal se
situaba en 2.763.764
euros. Según el cálculo
de Anticorrupción, el PP
no solo cruzó esa raya
sino tuvo un "exceso de
gasto" de
aproximadamente
2.685.000 euros.
Cómo se pagó ese
"exceso" y el de las
convocatorias
electorales siguientes
–las generales de 2008,
685.000 euros; y las
autonómicas de 2011,
1.546.000 euros– se
erige hoy en la clave de
bóveda de la
investigación. Los
investigadores sostienen
que una parte se pagó
desde la opaca fundación
Fundescam, otra mediante
facturas pagadas por
empresas que habían
obtenido contratos de
obras o servicios –entre
ellas, las propias
firmas de publicidad y
eventos que hacían las
campañas– y otra más con
dinero negro acumulado
en una caja b de rango
autonómico. Ese año, el
PP de Madrid comunicó a
la Cámara de Cuentas
cuáles habían sido sus
ingresos por "donativos
electorales": "0,00". En
el interrogatorio a
Beltrán Gutiérrez, el
juez Eloy Velasco llegó
a espetarle su
convicción de que, en lo
que atañe a Fundescam,
el PP era "Juan Palomo,
yo me lo guiso yo me lo
como": financiaba a la
fundación con fondos
públicos de la comunidad
que a su vez servían
para financiar las
campañas del partido.
El cotejo de los datos
almacenados en el
pendrive del exgerente
con los que quedaron
reflejados en las
memorias contables que
el PP remitió año a año
a los órganos de
fiscalización –el
Tribunal de Cuentas y su
homóloga madrileña, la
Cámara de Cuentas–
constata dos hechos de
relevancia: el primero,
que no todas las
empresas que, según los
documentos elaborados
por el propio Beltrán
Gutiérrez trabajaron
para el partido aparecen
en la contabilidad
oficial; el segundo, que
las que aparecen lo
hacen en casos
significativos como
acreedoras de cuantías
muy inferiores a las que
realmente les adeudaba
el PP madrileño. Uno de
los principales
documentos del pendrive
examinados por la UCO se
refiere a la verdadera
deuda que el PP
arrastraba con sus
proveedores electorales
en noviembre de 2007. En
total, 873.027 euros.
El 'caso Demométrica'
Un ejemplo de la
relevancia de ese
archivo lo ofrece el
caso de Demométrica,
empresa de sondeos de
opinión Demométrica a la
que el PP aún debía en
noviembre de aquel año
104.400 euros por
"Estudios de Municipios"
y otros 23.780 euros por
el concepto "Caja".
Junto a la primera y más
abultada cifra, la tabla
de datos incorpora un
segundo concepto:
"Campaña". O sea,
elecciones. Sin embargo,
la contabilidad oficial
del PP madrileño sobre
el ejercicio 2007,
incorporada al sumario
del caso de los papeles
de Bárcenas y a la que
infoLibre ha tenido
acceso, no incluye
ninguna mención a
Demométrica. La de 2008,
tampoco. Demométrica
tampoco figura en la
documentación sobre la
campaña electoral de
2007 remitida por el PP
a la Cámara de Cuentas.
Su nombre no entra en
escena en la
contabilidad del PP
madrileño hasta 2010, en
que la organización que
entonces dirigía
Esperanza Aguirre
declaró haberle abonado
114.912 euros. En marzo,
el dueño de Demométrica
admitió ante la Guardia
Civil que en 2011 endosó
facturas de sondeos de
intención de voto por
casi 40.000 euros a la
fundación Fundescam, una
de las autovías de
supuesta financiación
ilegal de las que el PP
se valió para captar
fondos opacos y sufragar
gastos electorales. El
testigo señaló a Beltrán
Gutiérrez como la
persona que le decía
"que una parte de las
facturas se emitieran a
Fundescam y otra parte,
al PP".
Una pauta repetida
Lo sucedido con
Demométrica no
constituye una excepción
sino, muy al contrario,
una pauta repetida. Otro
ejemplo: ese mismo excel
del pendrive de Beltrán
Gutiérrez –el archivo se
llama Deudas Nov 2007–
la empresa Back RVS,
cuyo propietario figura
entre los investigados
de Púnica en la pieza
sobre financiación del
PP, figura junto a una
leyenda -"Montaje
actos"– y una cifra:
90834,73 euros
exactamente. Ese es el
montante que, a tenor
del documento del
exgerente, adeudaba el
PP madrileño a Back RVS
en noviembre de 2007. El
partido comunicó que esa
firma había realizado
trabajos electorales por
122.671,88 euros.
La contabilidad regional
del PP anotó casi el
doble –202.951 euros–,
lo que significa que
computó una parte
sustancial como
servicios de
funcionamiento
ordinarios y no
electorales. Pero el
problema no estriba en
si el PP hizo o no
trampas al anotar como
trabajo ordinario lo que
eran preparativos de
campaña, una práctica
que los investigadores
de Púnica consideran más
que acreditada. El
auténtico problema
radica en que, como
subraya la UCO en su
informe sobre la
financiación del PP, el
importe de los servicios
realmente prestados por
Back RVS al PP de Madrid
en 2007 superó nada
menos que los 900.000
euros. Del análisis de
los abundantes
documentos del pendrive
relativos a Back RVS la
Guardia Civil infiere
que la empresa cobró en
efectivo 450.000 euros.
Otro ejemplo: Over
Marketing, una de las
firmas de publicidad
receptoras de grandes y
numerosos contratos
públicos de la Comunidad
de Madrid en la segunda
mitad de la pasada
década y cuyo
propietario ya ha
confesado no solo que se
benefició de sucesivos
amaños sino que a cambio
hacía actos gratis para
el PP, aparece
igualmente en el excel
sobre la deuda que el PP
arrastraba en noviembre
de 2007. En total, el PP
le adeudaba 77.347 euros
por varios trabajos:
"Mailing Usa y
Argentina", "Mailing
Cera", "Vídeos
candidaturas", "Stand
Convención 2006" y "PP
Tres Cantos". En la
información suministrada
a la Cámara de Cuentas
no hay rastro de Over
Marketing. En la
contabilidad oficial del
partido, tampoco. Ese
año, Over Marketing y
sus tres empresas
satélite –Traci
Comunicación, Abanico
Comunicación y Link
América– facturaron a la
Comunidad de Madrid más
de 2,5 millones de euros
por trabajos de
publicidad
institucional.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/15/el_pendrive_del_exgerente_del_madrid_convierte_piedra_rosetta_financiacion_ilegal_67621_1012.html
ASÍ DESMONTÓ EL INFORME
TÉCNICO A LA EMPRESA QUE
QUERÍA PREMIAR TABOADA
“No se adapta a las
necesidades de un parque
tan complejo”, decía el
documento que quiso
amañar el número tres de
Cifuentes, según un
testigo.
“No se adapta a las
necesidades de gestión
de un parque tan
complejo y extenso”. Con
esta contundente frase
despachó el informe
técnico la propuesta de
IMES-API para hacerse
con el control del
Parque Polvoranca
(Leganés). Según un
testigo del caso Púnica,
esta es la empresa a la
que quería beneficiar el
actual número tres de
Cifuentes, Jaime
González Taboada,
siguiendo instrucciones
del presunto cabecilla
de la trama Púnica,
Francisco Granados.
Así lo relató el
funcionario que firmó el
informe de valoración
ante el juez de la
Audiencia Nacional:
Taboada presionó para
que le diese la mejor
nota a esta empresa. La
razón era que la firma
había colaborado con
800.000 euros en la
campaña del PP para las
elecciones de marzo de
2008. El informe técnico
aportado al sumario del
caso está fechado antes
de los comicios,
concretamente en febrero
de ese año, por lo que
cuando Taboada ejerció
sus presiones sabiendo
ya la valoración
negativa sobre la oferta
de IMES-API. Según el
funcionario, el propio
Taboada exigió ver el
informe antes de
remitirlo a la mesa de
contratación.
"Genérico" y "sin
planificación"
“Distingue 4 zonas de
diagnóstico, con una
descripción somera, sin
cartografía, y aportando
tan sólo una relación de
especies consideradas
como sensibles o
amenazadas. No aporta
cartografía
pormenorizada ni
inventario detallado”.
Frases como estás se
encuentran en el
documento, que tira por
tierra la propuesta de
IMES-API. “El análisis
es muy genérico, sin
relación directa con
cada zona. Ello supone
que la toma de
decisiones se debería
hacer sobre la marcha en
cada caso, sin la
suficiente e
imprescindible
planificación previa”,
añade el informe.
Tampoco mejoraba la
impresión técnica sobre
los tratamientos y
soluciones que proponía
la empresa: “es asimismo
una exposición genérica,
sin relación con las
zonas marcadas. Propone
la informatización de la
gestión del parque y un
notable incremento de
personal, pero sin
especificar las
actuaciones concretas a
desarrollar en cada zona
distinta que no vienen
suficientemente
descrita”.
El concurso estaba
licitado con un precio
de salida de casi dos
millones de euros que
Taboada quería que
fuesen a parar a la
empresa elegida por él,
en compensación por los
servicios prestados en
campaña, siempre según
el relato del
funcionario en sede
judicial. Sin embargo,
la valoración técnica le
otorgó a IMES-API un
total de 60,1 puntos
sobre 100. Se
presentaron 21
aspirantes y la empresa
a la que luego quiso
beneficiar Taboada quedó
en mitad de tabla. Había
exactamente diez notas
mejores que la suya. La
ganadora, con 81,9
puntos, era una UTE
integrada por Ciclo
Medio Ambiente S.L. y
Equipamientos
Ambientales S.L., pero
la firma del contrato se
paralizó.
"Presiones y desgaste"
A continuación se dieron
“varias semanas de
inactividad con
presiones indirectas” y
“táctica de desgaste”,
según el testimonio que
ya obra en poder del
juez. La decisión fue
prorrogar el contrato de
la UTE que había
prestado el servicio
hasta entonces. Estaba
integrada por Urbajar y
Velbapark. Según
informan a EL ESPAÑOL
fuentes conocedoras de
los trabajos que se
prestaban entonces en
Parque Polvoranca, el
mantenimiento del lugar
costaba cerca de 100.000
euros mensuales. La UTE
siguió pasando facturas
a la Administración por
estos trabajos, según
estas fuentes.
Según otro documento
firmado por el Área de
Zonas Verdes y Espacios
Urbanos de la Consejería
de Medio Ambiente “la
conservación de un
parque de las
características del de
Polvoranca no se puede
abandonar durante más de
una semana por los daños
irreversibles que se
ocasionarían” y que
generaría un coste “no
inferior a un millón de
euros”.
http://www.elespanol.com/espana/20170713/230977838_0.html
EL ‘CASO PÚNICA’ SALTA A
EXTREMADURA Y SALPICA DE
NUEVO AL PP
La Guardia Civil
interrogó en enero como
investigado al alcalde
de Almendralejo
Madrid, Valencia,
Murcia, Castilla y León
y, ahora, Extremadura.
La investigación sobre
la trama Púnica ha
puesto su foco en el
Ayuntamiento de
Almendralejo (Badajoz).
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil entregó el
pasado 21 de junio en la
Audiencia Nacional un
informe sobre las
supuestas
irregularidades en el
proceso de licitación de
un contrato municipal de
20,2 millones de euros
tras interrogar de
manera discreta en los
últimos meses a tres
cargos públicos de este
consistorio y a varios
empresarios como
“investigados no
detenidos”. Entre ellos
se encuentra el alcalde,
el popular José García
Lobato, según ha
confirmado a EL PAÍS el
abogado del propio
regidor. Junto al
informe, la Guardia
Civil ha remitido seis
tomos de documentación
relacionados con
aquellos hechos.
Las sospechas sobre el
proceso de licitación
del contrato para
instalar un sistema de
eficiencia energética en
el municipio extremeño
se remontan a 2014.
Entonces, la Guardia
Civil interceptó en el
transcurso de las
pesquisas del caso
Púnica una veintena de
llamadas telefónicas
entre algunos de los
principales implicados
de la trama —entre
ellos, el directivo de
Cofely Pedro García,
señalado como el
presunto muñidor del
amaño de contratos en
numerosos ayuntamientos—
en las que se hablaba de
los supuestos tratos con
García Lobato y otros
integrantes de su equipo
de gobierno.
Comprometedoras
conversaciones
El viernes 19 de
septiembre de 2014,
Pedro García, directivo
de Cofely, recibe la
llamada de su jefe,
Didier Maurice. En el
minuto tres, ambos
mantienen el siguiente
diálogo.
Didier Maurice: Muy
bien, ¿y con
Almendralejo has visto
al alcalde?
Pedro García: Sí, ayer,
ayer estuve con Pepe [en
referencia a José García
Lobato].
D.: U ju (sic).
G.: Y nada, todo bien...
Ya se ha abierto el
sobre técnico.
D.: U ju (sic).
G.: Y bueno, pues se van
a poner ahora las pilas
eh... De hecho, va a
externalizar la
valoración técnica de la
oferta con el local de
allí, el que tiene la
empresa Instalaciones
Eléctricas y con Makeba.
D.: U ju (sic).
G.: Para que le den los
informes para firmar el
aparejador municipal.
El 17 de octubre, es el
alcalde de Almendralejo
quien llama al directivo
de Cofely para pedirle
el patrocinio para el
campeonato de Kárate.
Instantes después,
hablan del estado del
concurso.
Pedro García: Habrá
alumbramiento en breve.
José García Lobato: Eh,
yo espero que sí, ahí
están con los fórceps.
P. G.: Joder.
J. G. L.: (Risas) Vale.
P. G.: (Risas) No
comment, venga.
J. G. L.: (Risas) Venga.
P. G.: Un abrazo, Pepe.
J. G. L.: Un abrazo
fuerte, Pedro, buen fin
de semana.
Un informe de la UCO
anterior a las primeras
detenciones de octubre
de 2014 concluía que del
contenido de estas
conversaciones se
deducía que “Cofely
habría intervenido en la
redacción de los pliegos
del contrato” y que en
los mismos se había
incluido una fórmula
“corregida” que esta
compañía había
conseguido colar de
manera irregular en
otros contratos “para
desvirtuar la valoración
de las ofertas
presentadas”. El
documento policial
destacaba la existencia
de “contactos con las
autoridades
municipales”, entre los
que citaba expresamente
a García Lobato, “para
discutir aspectos del
contrato”.
La Guardia Civil añadía
que existía “un acuerdo
para que la empresa que
haga la valoración de
las ofertas presentadas
sea una empresa local”
cuyo dueño, según se
desprende de las
conversaciones
intervenidas a Pedro
García, “es una persona
de allí que tiene mucha
confianza con el alcalde
[...] por lo que Pedro
García dice que así se
ahorran problemas”. Se
trataba de Gonzalo
Antonio Parra,
propietario de
Electrificaciones Parra
SL, quien también fue
interrogado como
“investigado no
detenido” por la UCO el
pasado 30 de enero,
según ha confirmado su
abogado.
El informe de UCO añadía
que de dichas
conversaciones se
deducía que García
Lobato había pedido al
directivo de Cofely a
cambio “el patrocinio de
un vivero de empresas
que se va a inaugurar en
Almendralejo y de un
campeonato de kárate
que, según conversación
telefónica del propio
alcalde, vendría muy
bien para las siguientes
elecciones de 2015”.
Las detenciones de
octubre obligaron al
consistorio a suspender
finalmente el concurso,
cuya documentación fue
reclamada días después
por la Guardia Civil. El
nombre del regidor del
PP apareció
posteriormente en una
lista de alcaldes a los
que Cofely invitó con
sus parejas a París en
2014. Cinco de los
políticos que acudieron
al viaje ya están
imputados.
Otros dos alcaldes,
concejales y un aforado,
a la espera
El informe sobre las
supuestas
irregularidades en el
Ayuntamiento de
Almendralejo se ha
incorporado a la pieza
separada número seis del
sumario de Púnica, en la
que se investiga la
adjudicación en una
decena de consistorios
de contratos de
eficiencia energética a
Cofely España. En uno de
sus últimos escritos
antes de abandonar el
juzgado, Eloy Velasco ya
anunció que a la misma
se incorporaría en breve
otro sobre hechos
similares en el
consistorio de Villalba
(Madrid). En esta misma
pieza, la Fiscalía ha
reclamado recientemente
interrogar a 31
personas, entre ellos
los actuales alcaldes
del PP en las
localidades madrileñas
de Brunete y Torrejón de
Velasco, Borja Gutiérrez
y Esteban Bravo, y a
cuatro concejales de
diversos municipios.
También ha propuesto
iniciar los trámites
para que el Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid se haga cargo de
la investigación
referida al hoy diputado
de la Asamblea de Madrid
Bartolomé González.
https://politica.elpais.com/politica/2017/07/13/actualidad/1499967878_797749.html
UNA CONSTRUCTORA PAGÓ
GASTOS ELECTORALES DEL
PP EN LAS ANDALUZAS DE
2008
Una filial de la
constructora Prasa, una
de las empresas más
fuertes de Córdoba, pagó
supuestamente gastos
electorales del PP de
esa provincia para la
campaña de las
elecciones autonómicas
del 2008, según se
desprende de varias
facturas y correos
electrónicos incluidos
en el sumario del caso
Púnica. En aquella
convocatoria electoral
el candidato de la
formación conservadora
era el exministro Javier
Arenas, y el Partido
Popular en Córdoba
estaba liderado por José
Antonio Nieto, actual
secretario de Estado de
Seguridad y número dos
del Ministerio del
Interior. Prasa, un
gigante de la promoción
inmobiliaria en
Andalucía durante la
época del boom del
ladrillo, es actualmente
una de las mayores
deudoras con Hacienda,
con 101 millones de
euros.
Los gastos supuestamente
abonados por Prasa, a
través de su filial
Hitos Urbanos,
correspondieron a
trabajos realizados por
la empresa de
comunicación El
Laboratorio Springer &
Jacoby, que actúa bajo
la denominación social
El Laboratorio de
Almagro 36 SL. Esta
empresa, según los
correos, se prestó a los
amaños de los gastos
electorales, haciéndolos
pasar por servicios
prestados después de los
comicios, y a girar a
Prasa las facturas que
en realidad correspondía
pagar al PP cordobés.
El 14 de febrero de
2008, tres semanas antes
de las elecciones
autonómicas, que se
celebraron el 9 de marzo
de ese año, José María
Bellido Roche, portavoz
municipal del PP de
Córdoba y mano derecha
de Nieto cuando fue
alcalde, envía un correo
electrónico a José Luis
Gil, directivo de El
Laboratorio. En esta
comunicación, le avisa
de que el partido va a
pagar unos 17.000 euros
que tiene pendientes con
la empresa de marketing
político y le pide que
le haga dos facturas. La
primera, por 5.000
euros, iría a nombre del
Grupo Popular en el
Ayuntamiento de Córdoba
“con fecha inmediata”.
La segunda se emitiría
“a nombre de Partido
Popular de Córdoba, por
el resto de lo
pendiente” y añade
Bellido: “Y con fecha
que tengo que
confirmarte si actual o
después del 9 de marzo,
por no sobrepasar los
límites de gasto que
tenemos hasta ese día.
El responsable del PP
cordobés le pide que en
ambas facturas figure el
mismo concepto:
“estudios sociológicos”.
"Pon una fecha
posterior"
El 1 de abril de 2008,
tres semanas después de
las elecciones, José
Luis Gil, enviaba un
correo a otro ejecutivo,
Carlos Ramírez con el
encabezamiento “PP
Córdoba”. En él, le
comunicaba: “Carlos, los
del PP me comentan que
les vuelva a enviar las
facturas a nombre de
Grupo Popular (ya lo
hicimos en su momento)
pero con una fecha
posterior a las
elecciones (así parece
que tienen menos
problemas para
pagarlas). Por favor,
pon una fecha posterior
a las elecciones”. Con
esa maniobra, los gastos
no se imputarían a los
comicios y no serían
fiscalizados por la
Cámara de Cuentas
andaluza como parte del
gasto electoral.
El 28 de abril, Gil le
envía otro correo a su
compañero Ramírez. “Me
comentan los del PP que
sin anular las facturas
enviadas a los de Hitos
Urbanos les emitamos
unas de la siguiente
forma: Una por un total
de 12.000 euros IVA
incluido a Grupo Popular
de Córdoba por un
concepto de Estudio
Sociológico. Otra por el
resto del importe
pendiente a Partido
Popular de Córdoba mismo
concepto que anterior”.
Las facturas de El
Laboratorio incluidas en
el sumario del caso
Púnica concuerdan con
estas peticiones. El 15
de febrero de 2008,
antes de las elecciones,
la empresa giró una
factura a Hitos Urbanos
por 15.049 euros por el
concepto “Campaña
Promoción Logroño”. El
31 de marzo del mismo
año, El Laboratorio giró
al Grupo Municipal del
PP cordobés una factura
por el mismo importe y
el concepto “estudio
sociológico”. El
propietario de El
Laboratorio, Marcelino
Elosua, está imputado en
el caso Púnica, junto
con su esposa, María
Luisa de Madariaga.
Ambos fueron
sorprendidos en 2011 en
la frontera franco suiza
tratando de sacar fondos
de la Unión Europea.
"Campaña de
desprestigio"
José María Bellido
afirma que la
publicación de estas
facturas y correos
obedece a “una campaña
de desprestigio” contra
el PP y Nieto. Bellido
afirma que sus trabajos
con El Laboratorio
fueron “puntuales” y
rechaza que los pagara
Prasa. Otras fuentes del
equipo de Nieto afirman
que estos correos y
facturas “no demuestran
nada” y niega que se
haya producido ninguna
irregularidad.
Prasa ha recobrado
actualidad en los
últimos días. La finca
Puerto de Toro, de la
localidad cordobesa de
Villanueva del Rey donde
se suicidó el
expresidente de Caja
Madrid Miguel Blesa el
pasado 19 de julio,
pertenece a la
constructora.
https://politica.elpais.com/politica/2017/07/24/actualidad/1500930925_606951.html
IMPUTAR A UN AFORADO Y
OTROS 20 DEBERES EN
PÚNICA PARA EL SUCESOR
DEL JUEZ VELASCO
El magistrado dictó un
auto antes de abandonar
el juzgado para detallar
qué diligencias están
pendientes en el sumario
Eloy Velasco ya ha
abandonado el Juzgado
Central de Instrucción
6, pero los sumarios que
instruía siguen
adelante. En el caso
Púnica, el magistrado
dictó el pasado 24 de
mayo un auto en el que
no sólo resolvía algunos
de los recursos
presentados por las
partes y prorrogaba la
instrucción de la causa
otros 18 meses, sino que
indicaba pieza por pieza
de las 16 en las que
está dividida la causa,
qué diligencias quedaban
pendientes de practicar.
Entre ellas,
“formalizar” ante el
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid la
petición de imputación
de un exalcalde, en
referencia al que fuera
primer edil de Alcalá de
Henares, el popular
Bartolomé González, hoy
aforado por ser diputado
en la Asamblea de
Madrid.
El Tribunal Superior de
Murcia imputa a Pedro
Antonio Sánchez por el
‘caso Púnica’
Con las tres primeras
piezas –las referidas al
chivatazo, a la
Diputación de León y a
la Región de Murcia- ya
concluidas, el juez
Velasco recuerda a su
sucesor que en la
cuarta, sobre las
supuestas
irregularidades
urbanísticas destapadas
en el Ayuntamiento de
Valdemoro, los dos
arquitectos de la
Dirección General del
Catastro y de Hacienda
que han sido designados
para colaborar en las
pesquisas deben emitir
informes periciales.
Para ello, “se hace
necesario requerir” al
consistorio en el que
Francisco Granados fue
alcalde “información
sobre el Planeamiento
urbanístico completo del
municipio”. En la quinta
pieza, dedicada a los
amaños en los
ayuntamientos de
Serranillos del Valle y
Torrejón de Velasco, el
magistrado destaca que
“está pendiente un
profuso número de
declaraciones que no se
han podido realizar
todavía por la propia
complejidad y dimensión
de la instrucción”.
Además, considera
“necesario” la
elaboración de informes
periciales sobre las
irregularidades en los
contratos para poder
“concretar las ganancias
ilícitamente obtenidas”.
Para ello, señala la
urgencia de nombrar dos
interventores del
Estado.
En la investigación
sobre el amaño en la
adjudicación de
concursos de eficiencia
energética a la empresa
Cofely, la pieza
separada número 6, el
juez Velasco anuncia al
futuro titular del
Juzgado que van a
incorporarse al sumario
en breve sendos informes
sobre las
irregularidades en los
consistorios de Villalba
(Madrid) y Almendralejo
(Badajoz). Tras ello,
apunta que habrá que
tomar nuevas
declaraciones. Entre
ellas, señala la del
diputado autonómico del
PP Bartolomé González.
En esta pieza, el
magistrado considera que
para calcular los
perjuicios económicos
causados por estos
contratos fraudulentos
“es preciso adoptar los
criterios que van a
regular las
indemnizaciones”.
En la pieza número 7,
dedicada a las
adjudicaciones
irregulares a la empresa
de festejos Waiter
Music, Velasco enumera
hasta cuatro diligencias
pendientes. En primer
lugar, tomar
declaraciones a los
trabajadores de esta
compañía. En segundo,
solicitar los
expedientes de
licitación a los 47
consistorios de Madrid
que la contrataron entre
2004 y 2014 por un
importe total de 28
millones de euros. En
tercero, pedir a siete
constructoras y una UTE
los detalles de la
facturación por 1,3
millones de euros que
les dirigió Waiter
Music. Por último,
reclamar al PP “la
justificación de los
trabajos” que esta
mercantil realizó “en el
capítulo de financiación
el PP y sus gastos
electorales”.
En la parte de la
investigación denominada
“Granados y
colaboradores”, el juez
Velasco destaca que aún
está pendiente “otro
profuso número de
declaraciones”. Además,
considera que para
apoyar las pesquisas de
la Guardia Civil sobre
los “regalos y
comisiones varias”
recibidas por el
político a cambio de
adjudicar parcelas, “es
necesario el informe de
los dos funcionarios
arquitectos de la
Agencia Tributaria
nombrados recientemente
en auxilio judicial”. En
esta pieza también se
investiga el supuesto
regalo de un automóvil
Mercedes Benz a una
colaboradora de
Granados. Tras el
reciente informe
entregado por la UCO, el
juez Velasco recomienda
que tome declaraciones y
practique nuevas
diligencias “dirigidas a
probar los indicios
recabados hasta ese
momento”.
En la pieza número 9,
centrada en la trama
internacional de
blanqueo, el magistrado
recuerda que aún está
pendiente que Suiza
envíe a España las obras
de arte intervenidas al
constructor David
Marjaliza en un almacén
de Ginebra, y que las
autoridades de Panamá
respondan a la comisión
rogatoria remitida en su
día. En la número 10,
referida a los trabajos
de reputación online
realizados por el
experto informático
Alejandro de Pedro para
diferentes cargos
públicos, apunta que
“está en trámite” la
toma de declaración a
los supuestos implicados
en el ayuntamiento de
Gandía. En este parte de
la investigación también
queda por recibir los
informes de la Guardia
Civil sobre “autoridades
de la Comunidad de
Madrid y Ayuntamiento de
Madrid” que “derivaron
supuestamente los costes
de su propaganda e
imagen a los
presupuestos públicos”.
Sobre la parte de la
trama que supuestamente
amañó la concesión de
conciertos para colegios
gestionados por
cooperativas, Velasco
recuerda que aún está
pendiente de analizar la
documentación remitida
por la Comunidad de
Madrid y que llegue al
juzgado otra nueva
solicitada a los
ayuntamientos donde se
levantaban los centros
educativos. También
propone que se elabore
un informe pericial con
todo esa documentación y
que en otro se
cuantifiquen “todas las
prestaciones, servicios
y obras que han sido
objeto de doble
facturación a los
cooperativistas” por
Afedel, la empresa
supuestamente utilizada
por la trama para dichas
irregularidades.
Finalmente, en la pieza
número 14, la de la
supuesta caja b del PP
de Madrid, el juez
recuerda que en marzo la
Guardia Civil intervino
“copiosa información” en
varios registros que hay
aún que analizar, junto
a la requerida a la
Cámara de Cuentas de
Madrid. Velasco señala
que también falta tomar
declaración a los
responsables de las
empresas de publicidad y
eventos implicadas, y
realizar “cruces de
datos y análisis con sus
declaraciones fiscales,
sus recursos y
trabajadores”.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/27/actualidad/1495909548_414069.html
LA INVESTIGACIÓN DE
‘PÚNICA’ SE VUELCA EN EL
NÚMERO TRES DE
CIFUENTES, GONZÁLEZ
TABOADA
Un informe de
funcionarios de la
Comunidad le acusa de
“ser uno de los cinco
que manejaban la
financiación paralela
del PP” y pedía “regalos
personales”
Cristina Cifuentes tiene
un problema en su equipo
con nombre propio: Jaime
González Taboada. No es
un cualquiera, hablamos
de su número tres en el
Gobierno, el consejero
de Medio Ambiente,
Administración Local y
Ordenación del
Territorio. Sobre él, la
Púnica siempre ha
revoloteado, aunque si
el caso de corrupción no
se ha posado sobre él,
todavía, es gracias a su
aforamiento por ser
diputado en la Asamblea
de Madrid.
De hecho, se le podría
considerar un imputado
fantasma. Justo antes de
dejar la Audiencia
Nacional, en uno de sus
últimas decisiones, el
juez Eloy Velasco
decidió imputar a todos
los miembros -menos uno-
de la mesa de
contratación de Arpegio,
la empresa pública que
protagoniza una de las
piezas más complicadas
de la Púnica.
Esa excepción en la
imputación fue Taboada,
porque quien tendría que
investigarle es el
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. Para
ello, el juez de la
Audiencia Nacional
tendría que elevar una
exposición razonada al
tribunal madrileño y eso
le haría perder el caso.
Antes de tomar esa
decisión, hay más de 100
cajas que analizar,
fruto de los registros
policiales de las
últimas semanas. La
última palabra la tendrá
el juez que sustituirá a
Eloy Velasco.
Pero desde antes de
abrir las cajas ya hay
pruebas sobre la mesa
que ponen muy difícil la
situación de González
Taboada.
El informe de la
Fiscalía
Porque, aunque no se le
impute, Taboada aparece
en el informe de la
Fiscalía Anticorrupción
del 11 de mayo (el mismo
que acusa al Gobierno de
Cifuentes de “ocultar
información relevante”
sobre la Púnica), como
objeto de investigación.
En concreto, la Fiscalía
reclama a la Comunidad
de Madrid las actas de
Presidencia “por las que
designó a Jaime González
Taboada (…) vocal en
representación de la
Comunidad de Madrid en
la Mesa de contratación
del Plan Prisma
2006-2007” y lo mismo,
pero para “la Mesa de
contratación del Plan
Prisma 2008-2011”.
Dentro de ese apartado,
la Fiscalía pide “copia
de las órdenes” que
determinaron las obras y
servicios que hicieron
Arpegio y Nuevo Arpegio
con los Planes Prisma en
las fechas en que
Taboada estaba en la
mesa de contratación.
Protección de Taboada
El informe, además de
acusar al Gobierno
madrileño de ocultar
información, apunta a
una protección sobre
miembros del Ejecutivo
que, por la descripción
y el contexto, bien
podría ser Taboada. “Por
otro lado”, escriben las
fiscales, “hemos
comprobado en otros
requerimientos a la
Comunidad de Madrid que
existe todavía una
cierta autoprotección
sobre aquellos que han
ejercido funciones
públicas en la CAM y
orgánicas en el partido
regional”.
Dentro del sumario de la
Púnica también se
incluyen dos informes,
uno de un testigo que
fue funcionario y otro
anónimo, que están en
manos del juez y donde
las acusaciones hacia
Taboada son de gran
calado.
Acoso laboral
El primero de ellos es
un relato cronológico
del que fuera jefe de
área de zonas verdes de
la Comunidad de Madrid,
en el que explica cómo
Taboada le habría
sometido a un intenso
acoso laboral por no
manipular según su
antojo y el de Francisco
Granados una
adjudicación pública
relacionada con el
Parque de Polvoranca
(Leganés) que no fue a
parar a una empresa de
Florentino Pérez.
En concreto, este
funcionario, con todo
lujo de detalles explica
cómo Taboada le exigió
“ver mi informe antes de
que yo lo enviase a la
mesa de contratación” y
después, a través de un
cargo intermedio, se le
dijo que “Granados no
admite que el concurso
se adjudique a otra
empresa que no sea IMES-API,
del Grupo ACS
(Florentino Pérez).
Este informe, que el
funcionario se negó a
cambiar, le llevó a “una
situación de inactividad
con presiones
indirectas: táctica de
desgaste”. La cosa va a
más con el tiempo y es
trasladado a una
“ruidosa habitación” que
se le asigna “como
despacho”. Él la
describe así: un
“almacén de proyectos”
que en realidad es “la
habitación de la planta
baja que está frente a
la oficina supervisora”.
Para colmo, después le
colocan “a mi lado, en
mi despacho” a una
“arquitecta de reciente
incorporación”. “Paso a
ser el único jefe de
área, o incluso jefe de
servicio de toda la
Dirección General que no
tiene despacho
independiente propio”.
El Grupo Pontejos
El otro informe está
firmado por el llamado
“Grupo Pontejos”, un
grupo de funcionarios
bautizado con el nombre
de la plaza adyacente a
la sede de la Comunidad
de Madrid. Este informe,
también en manos del
juez, sospecha del
perfil de Taboada, “un
auténtico semianalfabeto”,
lo que les lleva a
recelar de que hubiera
ocupado la Dirección
General y “menos aún se
entiende su actual cargo
de consejero”.
Este Grupo Pontejos
recuerda que, a los
funcionarios, “una vez
utilizados y exprimidos,
los ha expulsado o
marginado (…) a l no
prestarse a sus
múltiples caprichos e
irregularidades que van
mucho más allá de lo
permisible”. Y señalan
que en la segunda de las
tres legislaturas “actuó
como mandado de
Francisco Granados para
todo tipo de asuntos
poco claros”. Además de
recordar (citando, por
cierto, una noticia de
ELPLURAL.COM), que
Taboada era “uno de los
asiduos a las fiestas de
lujo en casa de Tomás
Martín Morales, antiguo
alcalde en la sombra y
gran conseguido de
Boadilla del Monte. A
estas fiestas eran
invitados los
principales imputados en
la trama Gürtel”.
Los mismos funcionarios
acusan a Taboada de
tener por “costumbre en
navidad pedir regalos
personales de gran
importancia. Así algunos
de los pedidos y
recibidos para él y para
Miguel Ángel Ruiz fueron
un juego de palos de
golf marca Callaway,
televisores de plasma,
etc…”. “Ante personas de
su confianza se
vanagloriaba de ser ‘uno
de los cinco’ que
manejaban la
financiación paralela
del PP en Madrid. Él
mismo se consideraba un
comisionista”.
El papel del
viceconsejero
El informe concluye así:
“No es posible ni
prudente subestimar el
daño que Jaime González
y Miguel Ángel Ruiz han
hecho a tantas personas
y a tantas instituciones
incluido en el propio
partido al que ambos
dicen servir”.
La atención ahora está
en lo que haya
encontrado el juez en
los registros que
autorizó, a petición de
la Fiscalía
Anticorrupción, en el
despacho de Ruiz,
viceconsejero y mano
derecha de Taboada. El
objetivo era “intervenir
la información en papel
o digital relativa a su
intervención en la
ejecución de los Planes
Prismas y en los
Consejos de
Administración de los
Consorcios
Urbanísticos”.
Y recuerda al juez que
toda esta investigación
“se inicia a raíz de las
declaraciones de David
Marjaliza en las que
revelaba el pago de
comisiones por
contratistas y
promotores”. Unas
comisiones que, aunque
el juez no lo
especifica, cobraba
entre otros Taboada,
según la declaración de
Marjaliza.
http://www.elplural.com/politica/2017/06/16/la-investigacion-de-punica-se-vuelca-en-el-numero-tres-de-cifuentes-gonzalez
EL JUEZ ESTRECHA EL
CERCO SOBRE EL PAPEL DEL
'NÚMERO 3' DE CIFUENTES
EN EL "BOTÍN" DE ARPEGIO
El magistrado Eloy
Velasco dictó el pasado
mes de mayo un auto
donde pidió a la
Consejería de
Presidencia de la
Comunidad de Madrid
nuevos datos sobre Jaime
González Taboada, el
único miembro de la mesa
de contratación de
Arpegio que no se
encuentra imputado en el
caso Púnica en estos
momentos. Es aforado
ante el Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid ya actualmente
ocupa consejero de Medio
Ambiente.
Los investigadores de la
trama Púnica tiene
puesto en estos momentos
el foco en la gestión
presuntamente
fraudulenta de la
sociedad pública
madrileña Arpegio
-encargada de gestionar
el suelo de la Comunidad
de Madrid-ya que
consideran que fue uno
de los mayores focos de
desfalco en esta
macrocausa de
corrupción.
Arturo Fernández llamó a
González el día que
declaró ante el juez
preocupado por Fundescam
La Fiscalía
Anticorrupción tiene en
su poder "evidencias
documentales sobre el
reparto ilícito del
suelo público de Madrid,
como si se tratase de un
botín". Así lo subraya
el juez Eloy Velasco en
un auto, al que ha
tenido acceso Vozpópuli,
donde explica que ese
"botín" fue repartido a
cambio del pago de
"dádivas concertadas
entre contratistas,
intermediarios y el ex
consejero madrileño
Francisco Granados",
desde el pasado martes
en libertad. En ese
'reparto de cromos'
ilegal habrían
participado consejeros
de la sociedad Arpegio y
"otros participantes
cuya responsabilidad hay
que determinar".
Tanto el Ministerio
Público como el juez
creen que el que fuera
secretario general del
PP de Madrid, Francisco
Granados, presunto
cabecilla de la red
Púnica, aprovechó su
puesto como consejero
durante aquellos años en
la entidad para
manipular hasta 22
consorcios urbanísticos
y un sinfín de contratos
de obras públicos
incluidos en el llamado
Plan Prisma. Sólo los
planes Prismas fueron
dotados con 1000
millones de euros de
fondos públicos.
En este contexto, los
investigadores quieren
determinar el papel que
desempeñó en Arpegio el
número tres de Cristina
Cifuentes, el actual
consejero de Medio
Ambiente de la Comunidad
de Madrid, Jaime
González Taboada. Por
esta razón, Velasco
ordenó el pasado mes de
mayo a la Consejería de
Presidencia del Gobierno
regional que le
entregase documentación
sobre "el acto" por el
que el máximo
responsable de esta
cartera "designó a Jaime
González Tabaoda,
director general de
cooperación local, vocal
en representación de la
Comunidad de Madrid en
la mesa de contratación
del plan Prisma de
2006-2007 y del Plan
Prisma de 2008-2011".
Además, el instructor
solicitó al Ejecutivo de
Cifuentes copias "de las
órdenes por las que se
determinaron las obras y
servicios objeto de
encomienda a las
empresas públicas
Arpegio y Nuevo Arpegio"
relacionadas con los
citados planes.
"La voracidad de
Arpegio"
En la resolución,
Velasco pone de relieve
"la voracidad de la
sociedad Arpegio y sus
mercantiles satélites -Dusa,
Adolfo Maestre y
Asociados, Técnicas
Territoriales Urbanas (TTU),
Jaraba y Tamame
Asociados, y de los
Consorcios Urbanísticos,
por obtener beneficios
personales o para
terceros a partir de
procesos acomodados de
vena de parcelas de la
Comunidad de Madrid,
adjudicaciones públicas
de parcelas para
viviendas de protección
pública y obras y
servicios de la
Comunidad de Madrid".
Antes de abandonar el
Juzgado Central Número
6, Velasco acordó imputó
a todos los miembros de
la mesa de contratación
de Arpegio, excepto
Taboada, que es aforado
ante el TSJM
Se da la circunstancia
de que antes de
abandonar el Juzgado
Central Número 6 de la
Audiencia Nacional, el
juez acordó la
imputación de los
miembros de la mesa de
contratación de Arpegio.
Fueron imputados todos
sus integrantes excepto
Taboada. De esta forma,
actualmente están siendo
investigados por Púnica
y la gestión de la
empresa de suelo
madrileña el ex jefe de
gabinete de Celia
Villalobos, Eduardo
Larraz; el jefe de
Gabinete de Granados,
Ignacio Palacios; y el
ex secretario general de
la Fundación Arpegio
Francisco Esquivias.
Asimismo, están
imputados en la
Audiencia Nacional el
administrador de la
empresa análisis y
gestión de desarrollos
urbanos (Dusa) y
encargado de gestionar
las licitaciones
públicas del plan Prisma
en 2006-2007, Adolfo
Fernández Maestre; la
exdirectora de Proyectos
del Plan Prisma en
Arpegio Pilar Rubio
Izquierdo; el director
de Proyectos de Nuevo
Arpegio, Pedro Bernad
Moreno; la directora de
la Asesoría Jurídica de
Arpegio entre 2006 y
2009, Pilar Roca Suárez-Inclán;
la abogada y ex
secretaria de la mesa de
contratación
MaríaDolores Nogal
González; así como José
Luis Jaraba, Tomás
Fernández Jiménez y
Sagrario Gómez Hernando.
La declaración de todos
ellos fueron aplazadas
recientemente 'sine die'
y será el nuevo
instructor del caso
Púnica, Manuel García
Castellón, el que deberá
tomarles a todos ellos
declaración. Será este
juez también quién deba
decidir si procede o no
penalmente contra el
'número tres' de
Cristina Cifuentes.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/estrecha-cerco-numero-Cifuentes-Arpegio_0_1035797665.html
LA FISCALÍA ACUSA AL
GOBIERNO DE CIFUENTES DE
“OCULTAR INFORMACIÓN
RELEVANTE” SOBRE LA
‘PÚNICA’
“Se hace difícil confiar
que haya una
colaboración leal por
parte de la Comunidad de
Madrid”
La posverdad, esa
tendencia a convertir
las mentiras en verdades
de cara a la opinión
pública a través de los
sentimientos, tiene
ejemplos en nuestro
país. De hecho, no hay
que buscar muy lejos,
basta acercarse al
kilómetro 0 de España,
en plena Puerta del Sol
de Madrid. Sobre la
placa que marca el
epicentro vial del país,
el pasado 2 de mayo,
Cristina Cifuentes, se
autoerigió en garante de
la transparencia y socia
preferente de la
Justicia en la lucha
contra la corrupción.
“El tiempo de los
corruptos ha llegado a
su fin en la Comunidad
de Madrid” fue la frase
que acuñó ese día la
presidente madrileña.
Porque la posverdad se
basa en sentimientos y
golpes en el pecho, pero
se derrumba con hechos,
como los que recoge el
informe de la Fiscalía
Anticorrupción al que ha
tenido acceso
ELPLURAL.COM y que fue
enviado al juzgado de la
Audiencia Nacional que
investiga la trama
Púnica el pasado 11 de
mayo, pocos días después
del discurso de
Cifuentes.
En este informe, la
Fiscalía acusa al
Gobierno de la Comunidad
de Madrid, a la empresa
pública Arpegio y a la
Dirección General de
Medios de estar
“ocultando información
relevante a la autoridad
judicial”. Fue esta
postura y “las
dificultades para
obtener información
fiable de la Comunidad
de Madrid” lo que
provocó la oleada de
registros policiales,
entre ellos el del 16 de
mayo en el despacho del
viceconsejero de Medio
Ambiente, Miguel Ángel
Ruiz, que provocó su
dimisión. Una renuncia
al cargo que quedó
eclipsada porque ese
mismo día se conoció que
la Guardia Civil acusaba
a Cifuentes de
"prevaricación
continuada y cohecho".
Según la Fiscalía
Anticorrupción, con
respecto a los contratos
de publicidad que
Arpegio realizó “a favor
siempre del mismo grupo
de empresas”, se
requirió bastante
documentación a esta
empresa pública
dependiente de la
Comunidad de Madrid.
“Una vez más la
documentación remitida
por la entidad pública
ha sido mínima y con un
nivel de inconsistencia
serio que nos hacen
cuestionar su veracidad
y que se pueda estar
ocultando información
relevante a la autoridad
judicial”, señala en el
informe las fiscales de
la Púnica, María Teresa
Gálvez y Carmen García
Cerdá.
Una sensación, según los
fiscales, que llega al
juez: “El Juzgado conoce
las dificultades para
obtener información
fiable de la Comunidad
de Madrid”. Y acusan al
gabinete de Cifuentes
de, por lo menos, tener
poco celo: “Se ha
llegado a producir por
la Dirección General de
Medios la pérdida o
extravío de los informes
contratados con la
sociedad EICO de
Alejandro de Pedro, sin
que la Comunidad de
Madrid, personada en las
actuaciones haya
realizado ninguna
manifestación”.
Los hechos que señala la
Fiscalía están a la
vuelta de la esquina:
“La última documentación
recibido de Nuevo
Arpegio en octubre del
pasado año volvió a
presentar
inconsistencias y
carencias en la línea
documental de los
expedientes que nos
hacen pensar que existe
más información que la
que se transmite”.
Con todos estos datos en
la mano, las fiscales
concluyen: “Las razones
expuestas nos conducen a
pensar que se hace
difícil confiar que haya
una colaboración
espontánea y leal por
parte de la Comunidad de
Madrid, no
vislumbrándose medidas
alternativas que
satisfagan la
realización del interés
superior de la
justicia”. Es por esta
desconfianza por la que
“se hacen necesarias las
entradas y registros que
proponemos”, entre las
que estaban el registro
del viceconsejero de
Cifuentes.
ELPLURAL.COM ha
contactado con la
Dirección General de
Medios de la Comunidad
de Madrid para conocer
las explicaciones a
estas acusaciones, sobre
todo las que aluden a
este gabinete. “Hay
orden específica de
colaborar con la
Justicia al máximo”,
señalan, “aquí se ha
dado todo lo que se ha
pedido”. “A nosotros
nadie nos ha pedido
nada”, añaden, para
subrayar como prueba que
las acusaciones de la
Fiscalía “se refieren a
la etapa anterior”, es
decir, a la época de
Ignacio González y
Esperanza Aguirre.
Unas afirmaciones que no
cuadran con el hecho de
que la Fiscalía habla de
octubre de 2016, cuando
Cifuentes ya llevaba un
año y medio en el cargo.
Y cuando en el informe
se define a la Comunidad
de Madrid como personada
en la Púnica, un status
que tiene desde agosto
de 2015, debido a que lo
pidió Cifuentes para
conseguir
“transparencia” y
"defender de una mejor
manera los intereses de
los propios madrileños y
de la Administración
regional".
¿Transparencia?
Posverdad.
http://www.elplural.com/politica/2017/06/12/la-fiscalia-acusa-al-gobierno-de-cifuentes-de-ocultar-informacion-relevante
EL FISCAL DESVELA "LA
VORACIDAD" DE GRANADOS
POR CONTROLAR UN "BOTÍN"
DE 3.000 MILLONES
En un demoledor informe,
la Fiscalía acusa a
Granados y algunos de
sus colaboradores de
hacerse con el "dominio"
de la empresa pública
Arpegio para obtener "pingües
beneficios"
Arpegio es la clave. La
empresa pública (que
Cristina Cifuentes
quiere ahora cerrar) es
la llave de la que se
sirvió el exconsejero
Francisco Granados para
abrir la caja de los
fondos públicos de la
Comunidad de Madrid. La
Fiscalía Anticorrupción
lo tiene claro y, en un
demoledor informe
fechado el 11 de mayo e
incorporado al sumario
del caso Púnica, desvela
las maniobras de
Granados y otros
consejeros de Arpegio
para hacerse con el
"botín" del "reparto
ilícito de suelo público
y la adjudicación
amañada de obra civil a
cambio del pago de
dádivas concertadas".
Ese botín, según el
ministerio público,
asciende a 3.000
millones de euros. La
Fiscalía habla además de
"evidencias
documentales" y de la
declaración de testigos
para confirmar "la
voracidad para obtener
beneficios personales".
La investigación ha
revelado que Granados
llevaba años "abusando
sistemáticamente de sus
cargos para detraer
caudales públicos en
cooperación con
empresarios concertados"
y que encontró en
Arpegio el lugar idóneo
para hacerlo. La
Fiscalía sitúa la fecha
de inicio (sin contar
sus pasos previos en la
alcaldía de Valdemoro)
es diciembre de 2004,
cuando fue nombrado por
Esperanza Aguirre
consejero de
Presidencia. De él
dependía la Dirección
General de Cooperación
con la Administración
Local, "una de las que
mayor presupuesto
público manejaba". El
control de esta
dirección, por otro
lado, "reforzó su poder
de influencia sobre los
alcaldes de los
municipios madrileños,
al colocarse en un
posición de supremacía
frente a los mismos".
Velasco cita como
investigados a varios
trabajadores de la
empresa pública de suelo
por los presuntos amaños
de las obras del Plan
Prisma
Un día después de ser
nombrado consejero de
Presidencia, "Granados
estableció a la carta la
estructura orgánica",
adscribiendo a la misma
a la empresa Arpegio,
que pertenecía a la
consejería de Medio
Ambiente. "Con la
entrega de Arpegio a
Granados", este "pasaría
a controlar y dirigir
interesadamente la venta
de suelo público, el
reparto de parcelas a
través de los consorcios
urbanísticos y la
gestión, tras la crisis
del sector inmobiliario,
de los fondos públicos
que financiaron los
planes Prisma 2006-2007
y 2008-2011". La
Fiscalía cuantifica en
3.000 millones el dinero
público que fue
controlado por Granados.
"Esto le permitió
conseguir, a través de
comisiones entregadas
por los empresarios
beneficiados con las
adjudicaciones, ingentes
cantidades de dinero
público", señala el
ministerio público.
Arpegio es una de las
piezas del caso, sin
duda la más complicada.
La Guardia Civil y la
Fiscalía están
analizando miles de
documentos y a mediados
de mayo realizaron
nuevos registros e
imputaciones
(autorizadas por el
juez) para avanzar en
sus pesquisas. "La
investigación está
revelando que el capital
defraudado sirvió para
engrosar patrimonios
particulares de todos
los participantes en los
hechos". Se está
analizando la venta de
parcelas, la gestión de
los 22 consorcios
gestionados por Arpegio
(que adjudicaron suelo
por importe superior a
2.000 millones de euros)
y la licitación de las
obras del plan Prisma,
dotadas con 1.000
millones. Todo "se llevó
a cabo bajo la esfera de
dominio y decisión de
Granados".
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ya tiene
identificados a los 24
miembros que pasaron por
el consejo de
administración de
Arpegio. Granados fue el
presidente de la empresa
entre abril de 2005 y
diciembre de 2007. "Pese
a que fue cesado y
Arpegio regresó a la
Consejería de Medio
Ambiente, Granados se
aseguró para él, o para
delegados a sus órdenes,
la presidencia de las
mesas de contratación de
las obras del Plan
Prisma y la gestión de
los consorcios que
adjudicaron suelo en la
Comunidad". La Fiscalía
está cetrando sus
pesquisas en dos
ámbitos: los planes
Prisma (obras en los
municipios financiadas
por la Comunidad) y los
consorcios urbanísticos,
que el Gobierno regional
gestionaba junto a los
municipios donde se
ubicaban.
Los planes Prisma
La Audiencia Nacional ha
citado como investigados
(la nueva figura
jurídica de la
imputación) a todos los
miembros de la mesa de
contratación de Arpegio.
Se trata de Pilar Roca
Suárez-Inclán, directora
de la Asesoría Jurídica
entre 2006 y 2009; Pedro
Bernad Moreno, director
de Proyectos de Arpegio;
Pilar Rubio Izquierdo,
directora de Proyectos
del Plan Prisma; Eduardo
Larraz Riesgo, ex
consejero delegado entre
2004 y 2008; Ignacio
Palacios Arazuri, quien
fuera jefe de gabinete
de Granados y vocal del
consejo de
administración de
Arpegio entre 2004 y
2008 (imputado ya en
otras piezas del caso),
y María Dolores Nogal
González, abogada y
secretaria de la mesa de
contratación (y la
presidenta del comité de
empresa).
El juez dejó sin imputar
al número 3 de Cifuentes
a la espera de analizar
100 cajas
Eloy Velasco ha citado
como investigados a toda
la mesa de contratación
de Arpegio menos al
consejero Jaime González
Taboada, que es aforado.
De momento, se ha
aplazado la decisión
Todos fueron elegidos el
23 de febrero de 2006,
cuando Arpegio recibió
el encargo de la
Comunidad de Madrid de
gestionar el primer plan
Prisma. En marzo de 2008
también se sumó a esa
mesa Miguel Ángel Ruiz,
el ya exviceconsejero de
Medio Ambiente, que
acaba de dimitir. A la
lista se suma también
Francisco Esquivias
Ferriz, secretario del
consejo de Arpegio. En
la mesa también estaba
Jaime González Taboada,
actual consejero de
Medio Ambiente y
coordinador general del
PP de Madrid. Como es
aforado, el juez Eloy
Velasco decidió de
momento no citarle.
La Fiscalía sostiene que
Granados, desde su
Consejería de
Presidencia, potenció a
Arpegio, otorgándole dos
encomiendas de gestión,
una por cada edición del
plan Prisma. "Con esta
maniobra se redujo de
manera muy significativa
el control por la
Comunidad. Estas
encomiendas se
realizaron de forma
abusiva y fraudulenta.
Con este traspaso ilegal
de competencias,
Granados se aseguró
posiciones de control
sobre todo el proceso de
adjudicación". ¿Cómo?
"Se confirió a Arpegio
la competencia para la
aprobación de los
pliegos de cláusulas
administrativas y
técnicas, por naturaleza
indelegables en
Arpegio". También se
burló la legalidad de la
mesa de contratación. La
legislación determina
que los componentes
deben ser funcionarios
públicos, excepto en las
empresas públicas, lo
que ayudó a que la mesa
se llenase de políticos
y cargos de confianza.
Por último, "las
actuaciones de Arpegio
tampoco estaban
sometidas a la
fiscalización de la
intervención".
En toda esta trama, la
Fiscalía reserva un
papel especial junto a
Granados a Eduardo
Larraz Riesgo, consejero
delegado de Arpegio
entre febrero de 2004 y
septiembre de 2008.
Estuvo en la mesa de
contratación del Plan
Prisma y en los consejos
de administración de
varios consorcios.
"Existen indicios de que
intervino en tratos de
corrupción,
concertándose con los
contratistas o con sus
intermediarios para
asegurarles su selección
en los procesos de
adjudicación". Los
investigadores señalan
que "coincidiendo con el
presunto cobro de
comisiones se produjo un
enriquecimiento de su
patrimonio".
La Fiscalía cita una
información de El
Confidencial publicada
en junio de 2013, que
reveló que Larraz tuvo
un empresa 'offshore' en
Islas Vírgenes
Británicas con cuentas
en Suiza. "Existen
sospechas de que los
fondos depositados en
cuentas suizas proceden
del cobro de comisiones
ilegales en su etapa
como consejero de
Arpegio, que, si bien
han sido objeto de
regularización fiscal,
no se conoce su origen,
pues las ha vinculado a
actividades
profesionales que no han
especificado". En Suiza
llegó a tener 1.653.000
euros. "En conjunto, él
y su esposa llegaron a
aflorar bienes por valor
de 3.364.968 euros",
entre los que se
incluyen 90 lingotes de
oro de medio kilo y 56
de un kilo, según
adelantó el diario El
Mundo.
Los 22 consorcios
urbanísticos
La UCO también está
analizando los 22
consorcios urbanísticos
gestionados por Arpegio,
de los que nueve son
residenciales. "Nos
llama la atención que,
teniendo la competencia
la Consejería de Medio
Ambiente, aparezca en
todo momento Arpegio
gestionándolos". Los
consejos de estos
consorcios, que han
promocionado 40.000
pisos, estaban formados
por consejeros de
Arpegio y los concejales
de los municipios donde
se ubicaban. Los
consejos nombraban a los
miembros de las mesas de
contratación. "Los
indicios de corrupción
se dirigen también hacia
ellos, quienes a través
de sus propios
intermediarios cobraron
comisiones de las
empresas que resultaron
adjudicatarias de las
parcelas para construir
vivienda pública",
señala la Fiscalía.
"La investigación ha
revelado que existió un
reparto concertado
previo de dichas
parcelas, entre Arpegio
y el respectivo
ayuntamiento, de manera
que cada una de estas
entidades decidió el
adjudicatario de las
parcelas que le habían
tocado en reparto. A su
vez, las parcelas sobre
las que decidía el
ayuntamiento,
presuntamente fueron
repartidas entre
diferentes grupos
políticos del
consistorio". En este
punto la Fiscalía
implica a políticos del
PSOE y de IU en este
reparto de la tarta. "Se
sospecha que este se
produjo en proporción a
las cuotas de
participación en el
consejo del
consorcio".El empresario
y exsocio de Francisco
Granados,
Otro de los principales
investigados en el caso,
el empresario David
Marjaliza, ya declaró en
sede judicial (tiene un
acuerdo de colaboración
con la Fiscalía
Anticorrupción) que él
se llevo suelo de
algunos de estos
consorcios tras pagar su
respectiva comisión, de
entre 3.000 y 6.000
euros por vivienda.
Marjaliza también
falicitó los nombres de
algunas de las empresas
que supuestamente
pagaban comisiones a
cambio de conseguir
obras del Prisma, como
Begar, Teconsa, Licuas,
Virton, Avintia y Dico.
En algunos casos,
facilitó incluso el
nombre de los
intermediarios de esas
sociedades con los que
negociaba los pagos.
Otra de la piezas clave
en este entramado es el
que fuera secretario de
los consejos de
administración de los
consorcios urbanísticos,
José Luis Jaraba Pérez,
también imputado y socio
de la sociedad Jaraba &
Tamame Asociados. Esta
empresa facturó a
Arpegio 1.119.093 euros
entre 2003 y 2012. La
UCO ha registrado
Arpegio y el despacho de
Jaraba para recabar más
documentación, "al
existir sólidos indicios
de que tuvo que
utilizarse facturación
simulada cruzada para
desviar capital de los
propios consorcios".
Granados pagó 14.000€ a
un detective para que
investigara el ático de
González en EEUU
El exalcalde de
Valdemoro utilizó un
intermediario para
contratar los servicios
de una agencia de
detectives con la
intención de destruir la
carrera política de su
mayor rival en la filas
del PP madrileño
"El dominio sobre
Arpegio reportó a
Francisco Granados y a
otros investigados
pingües beneficios que
afloraron en las cuentas
suizas, compras de
viviendas, participación
en sociedades
patrimoniales,
permaneciendo todavía en
su mayor parte en
ignorado paradero",
sentencia el ministerio
público, que para
concluir da un
importante tirón de
orejas al Gobierno
regional hoy presidido
por Cristina Cifuentes:
"Hemos comprobado en
otros requerimientos a
la Comunidad que existe
todavía una cierta
autoprotección sobre
aquellos que han
ejercido
"El juzgado conoce las
dificultades para
obtener información
fiable de la Comunidad.
La última documentación
recibida de Arpegio
volvió a presentar
inconsistencias y
carencias, que nos hace
pensar que existe más
información que la que
se transmite. Las
razones expuestas nos
conducen a pensar que se
hace difícil confiar que
haya una colaboración
espontánea y leal por
parte de la Comunidad".
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-11/punica-granados-arpegio-fiscalia_1396274/
LOS TRES GUARDIANES DE
LA ‘MINA DE ORO’ DE
GRANADOS
Un directivo, un
promotor y un abogado
controlaban Arpegio, la
empresa clave del ‘caso
Púnica’
Francisco Granados,
exconsejero de
Presidencia de la
Comunidad de Madrid y
antiguo número dos del
PP regional, convirtió
Arpegio, la empresa
pública autonómica de
suelo, en su mina de oro
particular. Según la
investigación del caso
Púnica, el expolítico,
en prisión desde octubre
de 2014, hizo grandes
negocios con la gestión
de los consorcios
urbanísticos municipales
y las adjudicaciones de
obras y servicios de los
llamados Planes Prisma,
que totalizaron 3.000
millones de euros entre
2004 y 2012. Desde esta
sociedad, opaca a la
fiscalización de los
funcionarios, Granados
controlaba –y,
supuestamente, amañaba-
todas las fases de las
operaciones de venta de
parcelas públicas
durante los años
centrales de la burbuja
del ladrillo,
especialmente hinchada
en Madrid.
La gestión diaria de
Arpegio, sin embargo, no
la llevaba Granados,
ocupado en sus tareas
políticas. Tres figuras
son clave en la presunta
explotación fraudulenta
de esta mina de oro:
Eduardo Larraz, ex
consejero delegado de la
sociedad; el promotor
Adolfo Fernández Maestre
y el abogado José Luis
Jaraba, secretario de
los 22 consorcios
urbanísticos suscritos
por Arpegio con once
ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid.
La expresión “mina de
oro” es, en este caso,
mucho más que una
metáfora. En una
declaración fuera de
plazo a Hacienda
realizada en 2013,
Eduardo Larraz, que
antes de colaborar con
Granados fue jefe de
Gabinete del Ministerio
de Sanidad con Celia
Villalobos, reconoció
que poseía 90 lingotes
de oro de medio kilo y
otros 56 de un kilo con
un valor de 1,96
millones de euros. Según
el juez Eloy Velasco,
Larraz “intervino en
tratos de corrupción” y
se enriqueció con las
comisiones que
contratistas e
intermediarios le
pagaron a cambio de las
adjudicaciones de suelo
entre 2005 y 2012.
Larraz y su esposa,
Ángeles de Diego,
supuestamente ocultaron
en Suiza hasta 1,65
millones de euros. Sin
embargo, la situación
era tan irregular que
hasta el banco privado
helvético Société
Générale canceló su
cuenta en 2008 al
existir sospechas de
corrupción. El
matrimonio también tenía
sociedades en Panamá y
las Islas Vírgenes
Británicas, que, según
el juez, no fueron
declaradas a la Agencia
Tributaria. La Fiscalía
Anticorrupción sospecha
que Larraz y De Diego
han maniobrado durante
los últimos años para
sacar de España parte de
este patrimonio. En
noviembre de 2014, un
mes después de estallar
la Operación Púnica y
ser detenido Granados,
Larraz y su esposa
donaron a sus dos hijos
la casa familiar de
Pozuelo de Alarcón
(Madrid) y una segunda
residencia en Marbella
(Málaga).
El banco suizo Société
Générale expulsó a
Eduardo Larraz en 2008
por sospechas de
corrupción
La segunda pata del plan
criminal de Granados
para extraer fondos de
Arpegio es externa a la
sociedad. Se trata del
promotor Adolfo
Fernández Maestre, dueño
de la mercantil DUSA. En
febrero de 2006, esta
firma recibió una
“licitación meteórica”
de 5,3 millones de euros
para la gestión de los
contratos del Plan
Prisma de inversiones de
la Comunidad de Madrid.
Según la investigación,
DUSA lo que hacía era
dar la mejor valoración
y preadjudicaba
contratos a las empresas
que se avenían a los
tratos de corrupción con
Arpegio.
En el registro del
domicilio de Fernández
Maestre, junto al parque
del Retiro en Madrid,
los agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO)
hallaron, además de
15.480 euros y 3.840
dólares en metálico, una
pistola marca Llama en
perfecto estado de
funcionamiento. El arma,
que no tenía licencia,
perteneció, según
manifestó el promotor, a
su padre, militar y le
ha costado al empresario
una imputación por
tenencia ilícita de
armas, además de una
ristra de delitos de
corrupción y blanqueo de
capitales.
Los agentes incautaron
una pistola Llama en
perfecto estado al
promotor Adolfo
Fernández Maestre
El tercer personaje
clave de la trama
Arpegio es el abogado
José Luis Jaraba Pérez.
Secretario de los
consejos de
administración de los
diferentes consorcios
urbanísticos bajo
sospecha, también figura
como socio de la empresa
Jaraba Tamame Asociados
SL, a través de la cual
facturó entre 2003 y
2012 más de 1,1 millones
de euros a la propia
empresa pública del
suelo. Anticorrupción
destaca que en esos años
también “mantuvo dudosas
relaciones” con las
firmas de Adolfo
Fernández Mestre, de las
que recibió alrededor de
1,5 millones de euros.
Además, facturó 3,1
millones de euros a
Técnicas Territoriales
Urbanas, otra de las
firmas investigadas.
Anticorrupción considera
que “estos intercambios
de fondos” son “sólidos
indicios de que tuvo que
utilizarse facturación
simulada cruzada para
desviar capital de los
propios consorcios”. Por
ello, el juez Velasco
autorizó el pasado 16 de
mayo el registro de su
domicilio y de la sede
de su empresa, en la que
se intervinieron 37
cajas de documentación.
El magistrado también le
incautó el teléfono
móvil al considerar que
este dispositivo puede
ser clave para descubrir
“los acuerdos y reparto
de parcelas en los
consorcios urbanísticos,
las adjudicaciones ad
hoc para dar cobertura a
decisiones presuntamente
fraudulentas”. También
le bloquearon seis
cuentas bancarias y 25
productos financieros.
Una nueva veta de una
mina de oro que parecía
no tener fin.
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/09/actualidad/1497028817_251276.html
COSPEDAL Y UNA CONSEJERA
DE CIFUENTES INTEGRABAN
EL GOBIERNO DE AGUIRRE
QUE SEGÚN LA IGAE
VULNERÓ LA LEY EN UN
PLAN DE 1.000 MILLONES
La ministra de Defensa y
la titular de Economía y
Hacienda de Madrid
formaban parte del
Ejecutivo que en febrero
de 2006 encomendó el
plan Prisma a la empresa
pública Arpegio, antiguo
feudo de Francisco
Granados
Anticorrupción cree que
Granados utilizó Arpegio
como herramienta para el
saqueo de fondos
públicos y que eso "fue
algo planificado desde
el primer momento"
La ministra de Defensa,
María Dolores de
Cospedal, y la actual
consejera de Economía,
Empleo y Hacienda de
Madrid, Engracia
Hidalgo, formaban parte
del Gobierno de
Esperanza Aguirre al que
un informe de la
Intervención del Estado
(IGAE) incorporado al
sumario de Púnica
atribuye haber incurrido
en una "cuádruple
infracción legal" por
encomendar el mayor plan
regional de inversión
pública a la empresa
pública Arpegio. Cuando
el Ejecutivo madrileño
dio vía libre el 2 de
febrero de 2006 a que el
Prisma quedase en manos
de Arpegio, entonces
feudo de Francisco
Granados y escenario de
una –presunta– operativa
de saqueo continuado,
Cospedal dirigía la
Consejería de
Transportes. Y Engracia
Hidalgo ocupaba el cargo
de consejera de
Hacienda. Entre 2006 y
2011 y con el objetivo
formal de dotar de
infraestructuras y
equipamientos a los
municipios de Madrid, el
Prisma dispuso nada
menos que de 1.000
millones de euros.
El equipo de la ministra
de Defensa, al que
infoLibre trasladó un
resumen del contenido
del informe de la IGAE
con párrafos literales
de sus principales
argumentos, declinó
pronunciarse. Sí lo
hicieron los portavoces
de la consejera
madrileña Engracia
Hidalgo. Y remarcaron
dos puntos: que tanto la
Intervención General de
la Comunidad como los
servicios jurídicos
emitieron informe
favorable previo a la
firma del convenio con
Arpegio y que, además,
el asunto llegó a la
mesa del Consejo de
Gobierno por iniciativa
de la Consejería de
Presidencia. O sea, por
iniciativa de Francisco
Granados. En el bienio
2006-2007, el Prisma
manejó 300 millones; en
la siguiente edición,
2008-2011, su
presupuesto ascendió a
700 millones.
"Deberán ser los
tribunales, si así
procede, los que diriman
las discrepancias
legales que puedan
existir entre el informe
de la IGAE y el de la
Intervención General de
la Comunidad de Madrid y
los Servicios Jurídicos
de la Comunidad de
Madrid", subrayaron los
portavoces de Hidalgo.
"En la Comunidad de
Madrid –fue su
apostilla– estamos a
disposición de la
Fiscalía como siempre
para aclarar cualquier
asunto que considere".
Este diario preguntó a
portavoces oficiales de
la Fiscalía si
Anticorrupción considera
que estamos ante una
mera infracción
administrativa o si, por
el contrario, observa
visos de un potencial
delito de prevaricación.
No hubo respuesta, pero
las fuentes consultadas
entienden que si
Anticorrupción viera
indicios de delito
habría pedido que se
dedujese testimonio. Es
decir, que se diera el
primer paso para
investigar penalmente a
quienes participaron en
la adopción del acuerdo
de febrero de 2006 y del
de septiembre de 2008.
La única página del
citado informe de los
servicios jurídicos que
fuentes de la Comunidad
de Madrid facilitaron a
este diario dice que la
encomienda –el encargo,
en argot jurídico- a
Arpegio para la
preparación y ejecución
del Plan Prisma se
ajustaba a la normativa
sobre contratos
públicos. Y añade que
"las actuaciones que
Arpegio realice a través
de terceros quedan
sujetas a la Ley de
Contratos". Lo que la
IGAE reprocha al
Gobierno madrileño es
que incumpliese la ley
estatal sobre
procedimiento
administrativo y su
equivalente a escala
regional. La vulneración
de esas normas, aduce la
Intervención, permitió
que Arpegio asumiera al
completo el Plan Prisma.
Y eso no solo evitó la
fiscalización previa de
las decisiones
vinculadas al Prisma
sino que eximió a
Arpegio –entidad pública
que se rige por el
derecho privado– de
aplicar la legislación
sobre contratos públicos
salvo en los sujetos a
regulación armonizada.
Según Anticorrupción,
utilizar Arpegio como
"instrumento de control
de los presuntos
negocios de corrupción
fue algo planificado
indiciariamente desde el
primer momento". Pero el
plan de convertir
Arpegio en herramienta
para el –presunto–
desfalco de fondos
públicos a gran escala
prosperó gracias, entre
otros factores, a que el
el Ejecutivo madrileño
autorizó el 2 de febrero
de 2006 la firma de un
convenio que encomendaba
la aplicación integra
del Plan Prisma a
Arpegio. El 25 de
septiembre de 2008, el
Consejo de Gobierno de
Madrid aprobó la firma
de un segundo convenio
con Arpegio. Para
entonces, Cospedal ya no
pertenecía al equipo de
Aguirre. Engracia
Hidalgo, sí, aunque en
esa nueva legislatura
como consejera de
Asuntos Sociales.
Al igual que la IGAE, la
Fiscalía Anticorrupción
sostiene que la
"encomienda o encargo [a
Arpegio] vulneró los
artículos 15 de la ley
30/92 de Régimen
jurídico de las
Administraciones
Publicas y del
Procedimiento
Administrativo Común y
150 y 151 de la ley
2/2003 de Administración
Local de la Comunidad de
Madrid". El juez Eloy
Velasco, a punto ya de
abandonar la instrucción
de Púnica para
incorporarse a su nuevo
destino, hizo suyo el
diagnóstico de la
Fiscalía –que el acuerdo
del Consejo de Gobierno
de Madrid vulneró la
legislación estatal y
autonómica– en el auto
por el que el 16 de mayo
ordenó el registro de
Arpegio. A través de esa
misma resolución, el
magistrado citó como
investigados a todos los
miembros de la Mesa de
Contratación de Arpegio
salvo al actual
consejero de Medio
Ambiente, Jaime González
Taboada, que goza de
aforamiento.
La colaboración del
Gobierno regional, ni
"espontánea" ni "leal"
Ese registro se produjo
a instancias de la
Fiscalía Anticorrupción.
En el mismo informe de
mayo donde las fiscales
del caso hicieron
constar que el Gobierno
de Aguirre infringió la
legislación estatal y la
autonómica al entregar a
Arpegio aquellos dos
planes Prisma
cuantificados en 1.000
millones aparece un
durísimo reproche al
Gobierno regional que
preside Cristina
Cifuentes. "Se hace
difícil confiar que haya
una colaboración
espontánea y leal por
parte de la CAM
[Comunidad Autónoma de
Madrid], no
vislumbrándose medidas
alternativas que
satisfagan la
realización del interés
superior de la
justicia". Precisamente
por eso –y así lo
explicita su informe–
las fiscales pidieron
varios registros, entre
ellos el de Arpegio.
El informe de la
Fiscalía no hace
valoraciones jurídicas
sobre los dos acuerdos
del Gobierno madrileño a
los que atribuye una
infracción de la
normativa. El de la IGAE,
tampoco. Pero es tajante
en sus argumentos. Y,
punto por punto y
acompañando cada
afirmación de prolijas
referencias jurídicas,
detalla por qué habla de
“cuádruple infracción
legal”. El primer
argumento es que ni la
legislación estatal
sobre procedimiento
administrativo ni la
autonómica autorizaban a
la Comunidad de Madrid
(CAM) a atribuir a
Arpegio la potestad de
realizar los actos
jurídicos previos al
cumplimiento del Plan
Prisma. ¿Por qué? Porque
esos actos jurídicos
“deben ser acordados por
la Administración de la
CAM”.
Segundo, prosigue el
informe, porque la
normativa también vetaba
que la ejecución del
plan quedase en manos de
“un ente instrumental
sujeto a derecho
privado”. Y eso
exactamente eso era
Arpegio. Hace un año, la
presidenta Cristina
Cifuentes anunció la
disolución de Arpegio.
El tercer argumento de
la IGAE queda resumido
así: la ley tampoco
permitía que se dejase
la implementación del
Plan Prisma en manos de
un organismo carente,
como Arpegio, de “los
medios materiales
idóneos para la
realización de las
actividades de carácter
material o técnico”.
El cuarto argumento de
la IGAE sobre el
carácter ilegal de la
decisión del Gobierno de
Esperanza Aguirre
resulta igualmente
demoledor: que el marco
normativo vigente en
2006 y en 2008 –también
ahora- solo da vía libre
a que la Administración
delegue su competencia
si concurren “razones de
eficacia o que el
encomendante no posea
los medios técnicos
idóneos para la
realización de las
actividades de carácter
material o técnico”.
Pero la Comunidad de
Madrid, recalca el
informe, sí “disponía de
los medios personales y
materiales necesarios
para la ejecución del
Plan Prisma”. Ese aserto
lo sustenta la IGAE
citando literalmente los
argumentos de la propia
Comunidad: aquellos
manejados en el propio
decreto del Gobierno de
Aguirre que aprobaba el
Plan Prisma para el
periodo 2006-2007 y
donde se dejaba
constancia de que la
Administración regional
había desarrollado “con
sus propios medios” los
dos los planes
anteriores homónimos.
Esos dos primeros Prisma
se lanzaron entre 1997 y
2005 y sumaron una
inversión de casi 1.300
millones.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/13/cospedal_una_consejera_cifuentes_eran_del_gobierno_aguirre_que_segun_igae_vulnero_ley_plan_000_millones_66299_1012.html
EL JUEZ DE 'PÚNICA' DICE
QUE EL PP ERA "JUAN
PALOMO": DABA A
FUNDESCAM SUBVENCIONES
PÚBLICAS QUE SE USABAN
PARA GASTOS ELECTORALES
El interrogatorio al
exgerente del partido en
Madrid, imputado por
delito electoral y
pertenencia a
organización criminal,
confirma que el partido
y su fundación jugaban
papeles intercambiables
en cuanto al pago de
facturas
Beltrán Gutiérrez admite
que los proveedores eran
los mismos y que
Fundescam organizaba
"cursos de formación de
forma más especial
cuando se acercaban
campañas"
Dice que nunca contactó
con los donantes de
Fundescam y que no sabe
si aportaban dinero "por
cariño al partido o
buscando..., no sé"
La declaración prestada
ante el juez Eloy
Velasco el 13 de abril
por el exgerente del PP
madrileño, Beltrán
Gutiérrez, como imputado
por la presunta
financiación ilegal en
las campañas electorales
de 2007, 2008 y 2011
afianzó las sospechas
que los investigadores
de la Operación Púnica
ya albergaban: que
Fundescam, la fundación
dependiente del PP
madrileño y que hasta
2010 presidió la propia
Esperanza Aguirre, fue
utilizada para inyectar
al partido dinero ajeno
al circuito legal.
En un momento de la
declaración, a la que ha
tenido acceso infoLibre,
y en referencia
inequívoca a la doble
condición que ostentaba
Aguirre como presidenta
de la Comunidad de
Madrid y también de
Fundescam, así como a la
de Ignacio González,
entonces vicepresidente
de su Ejecutivo y vocal
de esa misma fundación
hasta noviembre de 2007,
el magistrado preguntó
al investigado quién le
daba subvenciones a
Fundescam. Gutiérrez
respondió de inmediato:
"La Comunidad". Y
Velasco lanzó entonces
el misil que la
grabación del
interrogatorio deja oír
con nitidez: "Y al
frente estaba la misma
persona que al frente de
la fundación, o sea,
Juan Palomo, yo me lo
guiso yo me lo como. Y
resulta que con esto se
enmascaran gastos
electorales".
Entre 2006 y 2011 la
Comunidad de Madrid
subvencionó a Fundescam
con 1.226.814 euros.
Tanto el juez como las
fiscales del caso
advirtieron a Gutiérrez
de que en poder de los
investigadores obran
documentos indicativos
de que el dinero de esas
subvenciones públicas
acabó sirviendo para
abonar gastos
electorales. Velasco
remarcó igualmente que
las donaciones a
Fundescam fluctuaban en
función de si había o no
elecciones a la vista.
Fue en febrero de 2005,
tras el congreso que en
el otoño anterior la
había aupado a la
jefatura del partido en
Madrid, cuando Esperanza
Aguirre adquirió el
rango de presidenta de
Fundescam. Y permaneció
en el cargo hasta abril
de 2010. Durante ese
periodo, su número dos
fue Francisco Granados,
hoy principal imputado
en Púnica y en libertad
bajo fianza desde este
miércoles. Ignacio
González permanece en
prisión. Como
vicepresidente de la
Comunidad, Ignacio
González firmó
personalmente
subvenciones a
Fundescam, y así consta
en los documentos
oficiales incorporados
al sumario de Púnica.
[pincha aquí para
verlos]
Más cursos de
formación... cuando se
acercaban las campañas
Beltrán Gutiérrez, que
dijo no recordar si el
PP le había despedido
como gerente regional en
2012 o en 2014 y remachó
varias veces que nunca
había contactado con
donantes de Fundescam,
se aferró durante el
interrogatorio a una
sola tesis: la de que
Fundescam jamás pagó
gastos electorales. Pero
las preguntas del juez y
de las fiscales del caso
le llevaron a hacer tres
afirmaciones
significativas. La
primera es la siguiente:
"En Fundescam hacíamos
habitualmente cursos de
formación, de forma más
especial cuando se
acercaban campañas".
¿Por qué hacían
donaciones ciertos
empresarios? Gutiérrez
responde que no sabe si
"por cariño al partido o
buscando... no sé"
La segunda, esta:
"Fundescam, en la parte
que yo conozco, nunca ha
pagado un acto
electoral. Puede ser que
un curso de
interventores y
apoderados se podía
entender como un gasto
electoral pero la junta
electoral nunca lo
entendió así y seguimos
haciéndolo".
Su tercera afirmación
abunda en la idea de que
el partido y la
fundación eran una misma
cosa, no solo porque
compartieran sede –la
primera planta de Génova
13, cuartel general del
PP madrileño– sino,
sobre todo, gastos:
"Fundescam –sostuvo el
interrogado– no paga
gastos electorales pero
lo lógico es que si yo
tenía que contratar un
proveedor en Fundescam
lo utilizaba también
para el partido, pero el
gasto era de quien lo
pagaba".
De la cuenta de la
Asamblea de Madrid a la
'caja B'
El arranque del
interrogatorio
constituye en sí mismo
un resumen de lo que
Velasco, a punto ya de
abandonar de manera
definitiva la
instrucción de Púnica
para incorporarse a su
nuevo destino en la Sala
de Apelaciones de la
Audiencia Nacional,
considera ya acreditado:
que el PP madrileño
utilizó cuatro vías de
financiación irregular
que le permitieron
hacerse con casi cinco
millones extra en las
elecciones de 2007, 2008
y 2011. Y que, dado que
se trató de un delito
continuado –es su
tesis–, ninguno de ellos
ha prescrito.
La primera de esas vías
de financiación opaca
fue Fundescam, cuyo
papel en la captación de
fondos para el PP y en
el abono de facturas
electorales ya fue
desvelado en 2009 tras
una investigación
periodística. Beltrán
Gutiérrez está
investigado en la
Operación Púnica por una
larga panoplia de
delitos, entre ellos –y
ese dato no había
trascendido aún– el de
supuesta pertenencia a
organización criminal
"por la estructura de
facturación ficticia que
repunta en procesos
electorales".
La segunda fórmula para
acopiar fondos, expuso
Velasco ante Beltrán
Gutiérrez, fue la cuenta
de funcionamiento
ordinaria del grupo
parlamentario del PP en
la Asamblea de Madrid.
Qué ocurrirá con quienes
gobernaban entonces esa
cuenta –Gutiérrez negó
tener ni la más remota
idea de quiénes tomaban
esas decisiones– sigue
siendo una incógnita.
La tercera vía, sostiene
el juez, fue una caja B
nutrida por aportaciones
de empresarios. Las
anotaciones de la agenda
incautada a Francisco
Granados y su cruce con
el contenido de los
pendrives hallados en la
casa de Beltrán
Gutiérrez han resultado
aquí esenciales para la
investigación.
Y la cuarta herramienta
utilizada para obtener
dinero opaco fue el ya
famoso 1% que empresas
contratistas de la
Comunidad tenían que
destinar a publicidad
supuestamente
institucional. Según el
juez, parte de ese
dinero se empleó para
minorar la deuda que el
PP tenía con sus
proveedores precisamente
por gastos de publicidad
electoral.
Las pesquisas sobre la
financiación del PP
madrileño en el marco de
la Operación Púnica, con
Francisco Granados como
protagonista del
extensísimo elenco de
investigados, se solapan
con las que se
desarrollan en la
Operación Lezo, que
tiene a Ignacio González
como imputado principal.
A su vez, ambas
investigaciones
presentan nexos con la
reabierta investigación
sobre los papeles de
Bárcenas. ¿Confluirán
las tres investigaciones
en una sola? Algunas
fuentes jurídicas no lo
descartan.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/15/el_juez_punica_dice_que_era_juan_palomo_daba_fundescam_subvenciones_publicas_que_usaban_para_gastos_electorales_66405_1012.html
EL EXGERENTE DEL PP EN
MADRID DICE QUE LOS
EMPRESARIOS DONABAN
DINERO "POR CARIÑO"
La Cadena SER ofrece la
grabación inédita de la
declaración judicial del
principal implicado en
la financiación ilegal
del PP en Madrid por el
caso Púnica, el
exgerente de siempre de
Aguirre, Beltrán
Gutiérrez Moliner
Admite donaciones al PP
y es abrumado en el
interrogatorio por el
juez y las fiscales del
caso, que llegan a
pillarle en una sonora
contradicción
El juez Eloy Velasco le
doblega con el relato
exhaustivo sobre la
mecánica de la
financiación ilegal y
las cifras millonarias
del dinero supuestamente
malversado
Nunca hasta ahora se
había escuchado, y poco
se conocía de su
contenido. La Cadena SER
ha tenido acceso a la
grabación de la
declaración judicial
como imputado del
exgerente del PP en
Madrid, Beltrán
Gutiérrez Moliner, el
pasado 13 de marzo ante
el juez de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco,
por su implicación en la
financiación ilegal de
la formación
conservadora en la
operación Púnica.
El magistrado le exhibe
las numerosas pruebas
incautadas un año antes
en el registro de su
domicilio, contenidas en
dos pendrives que le
fueron requisados.
Después de analizar la
documentación, los
investigadores han
concluido que Beltrán
Gutiérrez llevaba una
caja b en el PP de
Madrid durante la época
de Esperanza Aguirre
como presidenta.
El exgerente del PP
asegura desconocer o
desvía la atención en la
mayor parte de los
hechos pero admite que
la fundación Fundescam,
controlada por el PP y
que destinaba parte del
dinero recaudado a la
financiación ilegal de
actos electorales del PP
madrileño, recibía
donativos de
empresarios. Beltrán
Gutiérrez sostiene que
desconoce los motivos.
Tal vez, afirma, donaban
por "cariño al partido".
"Hay algunos que sí me
suenan. No sé si era por
cariño al partido o
buscando... Yo me
limitaba a decir que lo
habían entregado"
A pesar del
desconocimiento alegado,
Beltrán Gutiérrez
incurre en varias
contradicciones. La más
sonada es cuando la
fiscal Teresa Gálvez le
pregunta por el
empresario Óscar Sánchez
Moyano, que
supuestamente colaboró
en la operativa de
financiación ilegal del
PP con facturación
falsa. Gutiérrez
contesta que se lo
habían "presentado una
vez", y a continuación,
la fiscal lee una
conversación por
whatsapp que el
exgerente mantuvo con
este empresario y ha
sido intervenida por la
Guardia Civil. Una
conversación en la que
Beltrán Gutiérrez habla
en clave con un supuesto
desconocido de si "hay
agua en el cántaro"; de
"aguas minerales" e
intercambio de "cromos".
El juez le pregunta si
se estaban refiriendo a
"dinero", y tras un
carraspeo, Beltrán
Gutiérrez concede que
"puede ser".
Beltrán Gutiérrez:
"¿Cuando dice 'agua' se
refiere al dinero? Puede
ser"
Beltrán Gutiérrez
intenta negar los
hechos, pero para los
investigadores y el juez
Eloy Velasco, la
financiación ilegal del
PP en Madrid está
acreditada. El imputado
tiene que escuchar en el
interrogatorio al juez
describir la mecánica
ilícita empleada por la
formación conservadora,
al menos en las
elecciones municipales y
autonómicas de 2007 y
2011; y las generales de
2008. Velasco expone las
cuatro fórmulas de pagos
en negro corroboradas.
El juez explica ante
Beltrán Gutiérrez la
mecánica ilícita para la
financiación ilegal del
PP
Y también el detalle del
dinero con el que el PP
se financió de forma
ilegal en aquellas tres
elecciones, bajo la
gerencia de Beltrán
Gutiérrez. Un total de
cinco millones de euros,
acreditados tras una
"exhaustiva
investigación", según
Velasco.
El juez, a Beltrán
Gutiérrez: "Hubo un
exceso de gasto bajo su
dirección bajo las
campañas de 2007, 2008 y
2011"
Con toda probabilidad,
este es uno de los
últimos interrogatorios
en fase de instrucción
que van a poder
escucharse del juez Eloy
Velasco. El magistrado,
al que el Consejo
General del Poder
Judicial retiró el juez
de refuerzo a pesar de
la gran carga de
trabajo, y admitió una
denuncia contra él
basada en informaciones
periodísticas, acabó
pidiendo otro destino y
ha sido sustituido en el
juzgado de instrucción
número 6 de la Audiencia
Nacional.
Los investigadores de la
Unidad Central Operativa
de la Guardia Civil han
confirmado diversas
fórmulas de financiación
ilegal del PP de Madrid
con el estudio de los
pendrive de Beltrán
Gutiérrez. Sostienen que
por una parte, el PP se
financiaba con la
aportación de “dinero en
efectivo de procedencia
desconocida” desde su
caja b. Además, empleaba
a la fundación Fundescam
para pagar a proveedores
del PP mediante
facturación falsa. Las
fórmulas de ingreso de
Fundescam para poder
ejecutar los pagos era
las aportaciones de
empresarios; el desvío
de fondos de
subvenciones abonadas
por la Comunidad
Autónoma de Madrid, y
hasta un convenio con la
Fundación Caja Madrid.
El juez concluye que los
hechos son constitutivos
de delitos electorales,
de malversación y
falsedad documental; y
los principales
responsables de su
comisión, a su juicio,
son el exgerente Beltrán
Gutiérrez; el extesorero
José Ignacio Echeverria;
el exsecretario general,
Francisco Granados; y el
expresidente de la
Comunidad de Madrid y
director de campaña en
2007, Ignacio González,
quien además desvió de
forma fraudulenta desde
la Comunidad de Madrid
una subvención de
200.000 euros a
Fundescam, para que
acabara sufragando pagos
electorales del PP de
manera irregular.
Arturo Fernández no sabe
quién le pidió dinero
para Fundescam
Entre los
interrogatorios a los
que ha tenido acceso la
Cadena SER también se
encuentra el practicado
al imputado expresidente
de la CEIM, Arturo
Fernández, quien admite
una donación de 60.000
euros a la fundación
Fundescam a título
particular, y otra de
100.000 euros aprobada
por la "junta directiva"
de la patronal
madrileña, coincidiendo
con la precampaña
electoral.
Arturo Fernández afirma
que no sabe quién le
pidió el dinero, y dice
que creía que era
destinado a los fines de
la fundación que figuran
sus estatutos, que son
el "desarrollo
económico" de la
Comunidad de Madrid. Sin
embargo, en un momento
determinado del
interrogatorio, admite
que no sabía a qué
destinaba el dinero
Fundescam. Si era para
cumplir esos objetivos,
o para pagar "actos
electorales" del PP. "Le
mentiría si le dijera
otra cosa", asevera el
empresario.
Arturo Fernández: "No se
para qué utilizaba el
dinero Fundescam"
Arturo Fernández es
preguntado por Esperanza
Aguirre, por Cristina
Cifuentes y la polémica
adjudicación de la
cafetería de la asamblea
de Madrid, y niega trato
de favor alguno. Afirma
que su relación es "muy
buena" con ambas, y al
ser interpelado por
Ignacio González, dice
que su vínculo es solo
"protocolario".
Arturo Fernández: "Tenía
una relación
protocolaria con Ignacio
González"
Sin embargo, en cuanto
salió de la declaración
el pasado 8 de marzo,
llamó de inmediato a
Ignacio González para
contarle el contenido
del interrogatorio.
González, quien se sabía
pinchado por la
operación Lezo, contestó
con monosílabos e
interjecciones.
http://cadenaser.com/ser/2017/06/14/tribunales/1497474511_443396.html
EL DURO INTERROGATORIO
DEL JUEZ A ARTURO SOBRE
EL PAPEL DE CIFUENTES:
"TAN REGULAR NO FUE"
Velasco desplegó una
batería de preguntas a
lo largo de 10 minutos
sobre el contrato de la
cafetería de la Asamblea
de Madrid
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco
intentó acorralar al
empresario Arturo
Fernández en un duro
interrogatorio sobre su
papel en la presunta
financiación del PP de
Madrid. El magistrado de
Púnica desplegó toda una
batería de preguntas
destinadas a averiguar
el papel desempeñado por
la presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, en
la adjudicación de
contratos para la
cafetería de la Asamblea
madrileña al grupo
Cantoblanco. "Tan
regular como usted dice
no fue", llegó a apuntar
durante el
interrogatorio, a cuya
grabación ha tenido
acceso El Confidencial.
La tensa sucesión de
preguntas comenzó con
una en la que Velasco
inquiere sobre la
relación que une a
Cifuentes y Fernández.
"Mi relación, como con
todos, excelente, muy
buena", contestó el
empresario, al que el
juez demanda, a
continuación, si se ha
visto favorecido en
alguna licitación
pública "por algún cargo
público". El magistrado
pone el foco en las
licitaciones de 2009 y
2011 de restauración en
la sede parlamentaria
regional.
"Cifuentes formaba parte
del comité de expertos y
era la presidenta de la
mesa de contratación que
a usted le adjudicó esos
servicios", apunta el
instructor, e insiste:
"¿No hubo nadie del PP
que le dijo, te la vamos
a adjudicar a ti?".
Fernández niega todo
conocimiento del asunto
y precisa que desde que
el PP gobierna en
Madrid, sus empresas han
ganado algunos concursos
y perdido otros. "Mis
concursos han sido todos
más que transparentes,
muy exigentes", agrega.
El juez Velasco, lejos
de plegar velas, intenta
llegar más al fondo de
la cuestión. "¿El dedo
del político no fue el
decisor?", "¿hubo la
mano de algún
político?", "para
decirlo en castellano...
¿no estaba amañado
aquello?, repregunta una
y otra vez hasta
extenderse durante más
de 10 minutos. El
empresario lo niega
todo, asegura que
concurrió a la
adjudicación para la
Asamblea por una
cuestión de prestigio, a
pesar de que era un
negocio ruinoso que le
hacía perder más de
60.000 euros al año.
"Estuve allí como
también he estado en el
Congreso, Moncloa o la
Zarzuela, llevo 58 años
trabajando en esta
historia", explica, y
detalla que él quería
irse porque perdía
dinero sistemáticamente
y recibía múltiples
quejas. "Se me quejaban
hasta del café", dice en
un punto.
Velasco continúa
insistiendo y apunta
irregularidades del
contrato, como el hecho
de que se ponderaba la
experiencia de
Cantoblanco en el sector
público. "¿Alguien le
ayudó?", inquiere una
vez más, obteniendo solo
continuas negativas de
Arturo Fernández, que se
enroca en el hecho de
que él no se encargaba
directamente de la
presentación en los
concursos y en que no le
hizo "muy feliz" ganar
aquel. "¿No es un poco
irregular eso? Le dieron
25 puntos", reitera una
última vez el
magistrado.
En un informe
incorporado a la causa,
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil apuntaba
la vinculación de
Cifuentes con la
comisión de delitos de
prevaricación continuada
y cohecho en el marco de
la trama Púnica, por
este contrato. No
obstante, hace unas
semanas, fuentes
jurídicas apuntaron que
ni el juez ni la
Fiscalía se planteaban
por el momento pedir la
imputación de la
presidenta madrileña por
estos hechos.
Durante el
interrogatorio, el juez
pregunta también por la
relación de Fernández
con Esperanza Aguirre e
Ignacio González,
encarcelado en el marco
de la operación Lezo. El
empresario reconoce que
le une a ellos dos una
buena relación, pero
descarta que le pidieran
que efectuara donaciones
a Fundescam que, según
las sospechas de los
investigadores,
sirvieron en realidad
para financiar de forma
ilícita las campañas
electorales de 2007,
2008 y 2011. "Me lo
pidió alguien del PP",
dice, aunque no precisa
la identidad de esta
persona.
Ignacio González y su
esposa comieron con
Arturo Fernández antes
de cerrar las listas
El hostelero incluye a
Lourdes Cavero y su
hermana entre os 200
socios que el lunes
decidirán el nombre del
presidente: él mismo o
su rival, Hilario Alfaro
En este punto, Fernández
apunta que donó a
Fundescam al igual que
contribuyó, "cuando
tenía dinero", en otras
fundaciones como la del
síndrome de Down.
También aseguró que ha
hecho favores a otros
partidos. "Como yo no
soy del PP ni del PSOE
ni de nada, soy
empresario, si me pedían
el favor, pues daba
alguna cena o alguna
comida, por tener el
detalle", dijo según los
audios del
interrogatorio.
El empresario insistió
en varias ocasiones en
que no tiene fondos en
la actualidad y, en
respuesta a las
preguntas de la fiscal,
indicó que hizo los
donativos que ahora se
investigan en pro de la
sociedad. "Nadie que da
un donativo a una
fundación lo va
contando. Cuando hago
una donación, no lo
publicamos, lo hacemos
porque hay que ayudar.
Hay que devolver a la
sociedad parte de lo que
se gana, decimos mucho
los empresarios. Me
parece algo razonable,
sobre todo en mi caso,
que no tengo hijos",
dijo.
La fiscal Carmen García
Cerdá tomó el revelo del
juez y continuó
incidiendo en el famoso
contrato. "¿Alguien le
pide a usted que se
presente a esos
concursos de la
cafetería de la
Asamblea?", pregunta
hasta en tres ocasiones
la representante del
Ministerio Público.
Fernández explica que
él, entonces, "estaba
muy de moda" y reitera
que era una cuestión de
prestigio y que su
empresa no fue alertada
por nadie sino que sus
empleados lo vieron en
el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.
La versión del tesorero
El juez Velasco
interrogó también en
esta pieza, destinada a
averiguar de qué forma
en las tres campañas
mencionadas el PP "por
lo menos duplicó, en
negro, el máximo que le
permitía la ley"
—explica el propio
magistrado en una de las
grabaciones al que fuera
tesorero del partido en
Madrid durante dos años,
Ignacio Echevarría—. Al
ocupar ese cargo, el
también exconsejero de
Transportes figuró
durante ese plazo como
patrono de Fundescam. El
magistrado, muy gráfico
en un punto de la
comparecencia, le dice
en referencia a la
campaña de 2007: "Se lo
voy a preguntar a lo
bestia, como soy yo, ¿se
pudieron pasar de gasto
legal en más de 2,7
millones de euros?".
Negó todo conocimiento
de la presunta
financiación irregular y
concretó que si hubiera
sabido algo así, "lo
hubiera denunciado a
quien le correspondía",
Esperanza Aguirre. La
mayor parte de los
fondos procedía de
aportaciones de la
Comunidad de Madrid,
dijo, y aclaró que la
fundación no tenía sede
y las reuniones se
celebraban en la primera
planta de sede popular
de Génova.
La presidenta del PP de
Madrid, Esperanza
Aguirre, ha asegurado en
una improvisada
comparecencia de prensa
que "no ha habido
financiación ilegal del
PP de Madrid"
"Nunca he sacado dinero
ni metido dinero ni nada
de nada", asegura en un
momento de la ronda de
preguntas, y agrega que
nunca tuvo ningún
indicio de que
existieran
irregularidades.
"Confiaba totalmente en
Beltrán Gutiérrez",
gerente de la formación
regional, dijo, y
precisó que a este lo
nombró "Génova España".
Los investigadores
apuntan a que las
donaciones investigadas
coincidían siempre con
periodos electorales y
luego "se secaban".
Echevarría también
recibió preguntas sobre
el servicio de
restauración de la
Asamblea de Madrid. "¿No
recibió usted alguna
indicación de algún
político que estuviera
incluso más arriba que
usted?", indagó el juez
en su caso. Las fiscales
plantearon también la
cuestión y se refirieron
directamente a
Cifuentes. "¿La señora
Cifuentes no formaba
parte de ese comité de
expertos?", preguntó
Teresa Gálvez.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-15/juez-velasco-arturo-fernandez-punica-cifuentes-pp-interrogatorio-audiencia-nacional_1399934/
GRANADOS NIEGA SU PAPEL
EN PÚNICA Y ACHACA AL
“APARATO DEL ESTADO” SU
IMPUTACIÓN
El exconsejero madrileño
sale de la cárcel:
"Jamás, jamás, jamás he
metido la mano en la
caja".
Francisco Granados,
exconsejero de
Presidencia de la
Comunidad de Madrid y
antiguo número dos del
PP regional, abandonó
este miércoles por la
tarde la prisión de
Estremera, donde ingresó
hace 31 meses como
supuesto cabecilla de la
Operación Púnica de
corrupción. A las
puertas del centro
penitenciario, Granados
calificó de falsas las
acusaciones contra él y
las atribuyó a una
actuación del “aparato
del Estado”. El
expolítico, en libertad
provisional bajo fianza
de 400.000 euros,
aseguró que no se ha
llevado “ni un solo euro
jamás de dinero
público”.
Las puertas de la
prisión de Estremera, a
75 kilómetros al sureste
de Madrid, que él mismo
inauguró en julio de
2008 cuando era
consejero de Justicia,
se abrieron para
Granados sobre las
15.30. Tras abrazar a
sus dos hijas, que
llevaron sus petates al
coche, el último de los
imputados del caso
Púnica que permanecía en
la cárcel —957 días,
desde el 31 de octubre
de 2014— dio a los
medios sus primeras
declaraciones. Granados,
a quien el juez Eloy
Velasco atribuye delitos
de blanqueo de
capitales, pertenencia a
organización criminal,
tráfico de influencias,
cohecho, malversación,
prevaricación y fraude,
salió al ataque. La
primera andanada fue
para la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil, cuyos
informes tachó de
“interesados”,
“opinativos” y
“especulativos”. “Iré
demostrando su falsedad
y su inconcreción uno
por uno. Como es lógico
también pediré
responsabilidades a los
funcionarios que los
hayan firmado, sean de
la UCO, sean de la
fiscalía o sean de quien
sean”, anunció.
Desde febrero de 2014,
los investigadores han
informado a la Fiscalía
Anticorrupción y al juez
Velasco, entre otros
aspectos, de la cuenta
en Suiza en la que
Granados supuestamente
ocultó 1,6 millones de
euros. También han
descubierto la propiedad
de una finca de 84
hectáreas en Higuera de
las Dueñas (Ávila)
puesta a nombre de una
testaferro, o la mansión
en Valdemoro —ciudad de
la que fue alcalde—
construida para él por
el promotor Ramiro Cid,
beneficiado por sus
decisiones urbanísticas.
El hallazgo más sonado,
en noviembre de 2015,
fue el millón de euros
que Granados ocultaba en
un altillo de un armario
de la casa de sus
suegros.
La UCO sospecha que
estos bienes tienen su
origen en supuestas
comisiones por venta de
suelo y consorcios
urbanísticos realizados
a través de la empresa
pública Arpegio, que
Granados colocó bajo su
competencia en el año
2004 cuando la
presidenta madrileña
Esperanza Aguirre lo
nombró consejero de
Presidencia.
Los investigadores
consideran que Granados,
en su posición de
secretario general del
PP madrileño, alimentó
una caja b de la
formación mediante
entregas de empresarios
que recibían contratos
de la Comunidad de
Madrid. Según el juez
Velasco, la constructora
OHL entregó 2,1 millones
bajo cuerda al partido.
De esta cantidad
supuestamente se
detrajeron 500.000 euros
“para repartírselos
entre Francisco José
Granados y Javier López
Madrid”, exconsejero de
OHL. Los 1,6 millones de
euros restantes tuvieron
como “destinatario
final” al PP madrileño y
fueron recaudados por su
gerente, Beltrán
Gutiérrez, también
imputado.
“No soy cabecilla”
A su salida de prisión,
Granados se quejó de
haber sufrido
“indefensión” y negó
haberse quedado con
dinero público: “Yo
jamás, jamás, jamás he
metido la mano en la
caja”, manifestó. El
expolítico fue incluso
más allá y puso en duda
la existencia de la
trama Púnica de
corrupción: “Después de
leer muchas partes del
sumario, las que no
están todavía en
secreto, después de ver
todo eso yo no sé si
existe. Creo que no,
pero desde luego, si
existe, ni formo parte
de esta trama ni desde
luego soy ni mucho menos
el cabecilla”.
Granados denunció la
filtración “sistemática,
planificada y con un
interés bien concreto”
de “secretos del sumario
obtenidos por el aparato
del Estado”. Según él,
estas fugas de
información sólo pueden
provenir de “la Guardia
civil o la fiscalía, o
el juez”.
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/14/actualidad/1497426772_027199.html
UNA EMPRESA DEL CÍRCULO
DE GRANADOS COBRÓ MEDIO
MILLÓN DE LA
ADJUDICATARIA DE UN
CONTRATO INVESTIGADO EN
'PÚNICA'
Una firma de publicidad
de la familia del exjefe
de gabinete de Granados
y de su esposa, ambos
investigados como
testaferros del
político, recibió pagos
de Over Marketing en
2006
Propiedad de un
empresario que ya
confesó haber recibido
adjudicaciones amañadas,
Over se había alzado ese
año con la adjudicación
para una campaña de
publicidad del mayor
plan de inversión
pública de Madrid, el
Prisma
Una empresa vinculada a
María José Marijuán,
esposa de quien fue mano
derecha de Francisco
Granados, Ignacio
Palacios, y ella misma
supuesta testaferro del
político, cobró medio
millón de euros de una
de las principales
mercantiles investigadas
en Púnica, Over
Marketing, justo el
mismo año –2006- en que
esta última obtuvo un
contrato de 542.000
euros para desarrollar
una campaña de
publicidad del Plan
Prisma. Dotado con 1.000
millones en el sexenio
2006-2011, la ejecución
del Plan Prisma dependía
al completo de la
empresa pública Arpegio,
entonces feudo absoluto
de Granados.
La empresa que cobró de
Over Marketing
–exactamente, 522.858
euros– se llama Gesmedia
Consulting. Y así lo
constatan documentos
oficiales a los que ha
tenido acceso infoLibre.
Las fuentes consultadas
por este diario han
confirmado que el citado
contrato para la campaña
de publicidad del Plan
Prisma es uno de los que
la UCO incautó durante
los registros en
Arpegio. Parte de los
documentos originales
han desaparecido del
expediente.
En 2006, y según datos
de Hacienda incorporados
al sumario de Púnica,
Gesmedia tenía su sede
en un inmueble propiedad
de otra empresa que
formalmente pertenecía a
María José Marijuán,
Ayjopen SL. Y estaba
–como lo sigue estando–
dirigida por su hermano
Pedro Marijuán. Gesmedia
concurrió también al
concurso que finalmente
ganó Over Marketing pese
a que Ignacio Palacios,
marido de María José
Marijuán y entonces jefe
de gabinete de Francisco
Granados, formaba parte
de la mesa de
contratación de Arpegio.
Over Marketing es una
compañía largamente
conocida por la UCO y la
Fiscalía Anticorrupción
porque su dueño ya
confesó en 2012 que
había obtenido contratos
amañados en Baleares
pero también en Madrid.
En esa última comunidad,
Over Marketing y sus
tres compañías satélite
se hicieron con 15,5
millones en
adjudicaciones públicas
durante la década de
poder de Esperanza
Aguirre. En 2006, el año
en que pagó medio millón
a Gesmedia, Over
Marketing declaró a
Hacienda haber recibido
de la Comunidad de
Madrid 803.361 euros en
total por diversos
trabajos.
Imputada en Púnica al
igual que su marido,
María José Marijuán se
negó a declarar en
noviembre de 2015 ante
el juez Eloy Velasco. El
magistrado le informó no
obstante de que en la
causa se investiga su
vínculo con distintas
sociedades –en ese
momento se cifraban en
ocho– supuestamente
utilizadas como tapadera
para que Granados
cobrase comisiones de
adjudicatarios de
contratos públicos.
Otras empresas
Entre las empresas cuyo
nombre leyó el
magistrado a Marijuán
figura Ayjopen
Consulting SL, que es la
que, según la Agencia
Tributaria, mantenía
arrendada a Gesmedia una
oficina en 2006.
infoLibre no ha logrado
contactar con Pedro Luis
Marijuán. El jueves de
la semana pasada, tras
varias llamadas
fallidas, este diario
envió a su secretaria un
correo electrónico en el
que exponía a Marijuán
los datos que ya
entonces obraban en su
poder y le planteaba
varias preguntas sobre
la relación de Gesmedia
con Over Marketing y
sobre el hecho de que
hubiese acudido a un
concurso sobre el que su
propio cuñado debía
pronunciarse como
miembro de la mesa de
contratación. Ni ha
habido respuesta a ese
email ni Pedro Luis
Marijuán atendió este
lunes las llamadas
realizadas nuevamente
este lunes.
El listado de compañías
que enumeró el juez ante
María José Marijuán
durante su
interrogatorio fallido
incluye Match Golf
Consulting SL, cuyas
cuentas y bienes
permanecen bloqueados
desde noviembre desde
2015.
Al menos una de las
llamadas recibidas por
Granados e intervenidas
por la Guardia Civil en
2014 meses antes del
estallido del caso fue
cursada desde un
teléfono móvil
contratado a nombre de
Match Golf Consulting.
En esa llamada, Granados
habla en clave con un
tal Pedro al que da
instrucciones sobre un
negocio en el que lo que
le preocupa es que “los
administradores
concursales” busquen a
“algún amigote que ponga
un euro más” que la
empresa con que la trama
planea participar en el
negocio.
La conversación no
revela con qué compañía
pensaban hacer dinero en
ese caso ni de qué
negocio se trata. Pero
un informe de la UCO
confirma que Bustren,
otra de las empresas del
listado enunciado por
Velasco ante María José
Marijuán, estaba
negociando la compra de
30 naves industriales
“de un proceso
concursal”.
Especializada en el
“diseño conceptual de
sistemas integrados de
transportes”, Bustren es
la protagonista de otra
de las conversaciones
pinchadas a Granados.
Aquí, su interlocutor es
Ignacio Palacios, el
marido de María José
Marijuán. “Ignacio –se
lee en la transcripción
incorporada al sumario-
dice que el ruso se va a
quedar con el 100% de la
compañía allí y por
detrás va a firmar un
contrato de fiducia por
el que el 70% de las
acciones son de Bustren
España”.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/22/una_empresa_del_circulo_mas_proximo_granados_cobro_medio_millon_adjudicataria_contrato_investigado_punica_66605_1012.html
EL CGPJ ARCHIVA LA
INVESTIGACIÓN SOBRE SI
EL JUEZ VELASCO PIDIÓ
TRABAJO PARA SU MUJER A
IGNACIO GONZÁLEZ
La autoridad
disciplinaria considera
que la denuncia está
basada en informaciones
periodísticas "carentes
de sustento"
La autoridad
disciplinaria del
Consejo General del
Poder Judicial ha
archivado la
investigación abierta al
magistrado de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco a raíz de la
denuncia interpuesta por
el partido político
Contrapoder, basada en
informaciones
periodísticas que
señalaban que, según
unas grabaciones
realizadas al
expresidente de la
Comunidad de Madrid
Ignacio González, el
primer instructor del
caso Lezo habría
solicitado a éste
trabajo para su esposa.
En el acuerdo de
archivo, el promotor de
la acción disciplinaria,
Antonio Fonseca-Herrero,
reprocha a Contrapoder
que haya presentado una
denuncia basada solo en
informaciones
periodísticas. Según el
promotor, cuando se
formula una denuncia de
este tipo, “resulta
necesario que la
conducta denunciada
aparezca mínimamente
probada y no
genéricamente invocada,
sin soporte probatorio
alguno y sobre la base
de meras hipótesis o
datos acreditados, al
menos con carácter
indiciario. “Lo que no
sucede en el presente
caso, en el que el
denunciante se limita a
reproducir simples
noticias periodísticas o
supuestas sospechas
carentes de sustento”,
sostiene
Fonseca-Herrero.
La autoridad
disciplinaria añade que,
según la jurisprudencia
del Tribunal Supremo,
“no resulta
jurídicamente procedente
la imputación de
responsabilidades
disciplinarias con base
en datos y
circunstancias no
acreditados plenamente y
cuya discusión
correspondería en todo
caso al ámbito
jurisdiccional” y en el
procedimiento que
instruía Velasco (el
caso Lezo, en el que
González figura como
investigado). La
resolución, que puede
ser recurrida en alzada
ante la Comisión
Permanente del CGPJ, ha
sido ya notificada al
denunciante y al
magistrado interesado.
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/06/actualidad/1496748322_797924.html
VELASCO SUSPENDE 14
DECLARACIONES DEL ‘CASO
PÚNICA’ TRAS
OFICIALIZARSE SU SALIDA
DEL JUZGADO
Las últimas
decisiones del
magistrado al frente del
Juzgado Central de
Instrucción 6 antes de
pasar a la Sala de
Apelación
El juez Eloy Velasco ha
dictado sus últimas
providencias y autos al
frente del Juzgado
Central de Instrucción 6
que ha abandonado de
manera definitiva este
jueves rumbo a la Sala
de Apelación de la
propia Audiencia
Nacional. En uno de
ellos, fechado este
miércoles, ordenaba
suspender las
declaraciones previstas
para las próximas
semanas de catorce
imputados del caso
Púnica.
Se trata de las del
empresario argentino
Daniel Horacio Mercado,
acusado de colaborar en
la supuesta financiación
irregular del PP de
Madrid, y de trece
personas relacionadas
con las irregularidades
detectadas en la empresa
del suelo de la
Comunidad de Madrid
Arpegio. El motivo, la
"ausencia del magistrado
y hasta que se provea de
nuevo titular a este
órgano judicial”. El
escrito se completa con
una relación de escritos
presentados por abogados
defensores para tener
acceso a las actuaciones
y a la nube digital
desde la que pueden
consultar el sumario.
La primera de las
declaraciones suspendida
es la del empresario
Daniel Horacio Mercado,
propietario, entre otras
sociedades, de Over
Marketing, una mercantil
beneficiada por el
Ejecutivo de Esperanza
Aguirre con numerosos
contratos públicos de
publicidad. El juez lo
había citado a declarar
para el próximo 29 de
mayo bajo la sospecha de
haber puesto sus
empresas a disposición
del PP para desviar
fondos públicos con
destino a la
financiación de actos
electorales de los
populares en diferentes
campañas.
Las otras trece
comparecencias
suspendidas son las de
trece personas
relacionadas con la
empresa pública Arpegio,
en cuyas adjudicaciones
entre los años 2006 y
2011 la Agencia
Tributaria ha localizado
numerosas
irregularidades que
motivaron un exhaustivo
registro de su sede la
semana pasada. Son el
consejero delegado
Eduardo Larraz y su
esposa, María de los
Ángeles de Diego; Pilar
Rubio, el empresario
Adolfo Fernández Mestre
y su mujer, Sagrario
Gómez; Pedro Bernard,
Pilar Roca, María
Dolores Nogal, el
abogado José Luis Jaraba,
Tomás Fernández,
Francisco Esquivias,
Ignacio Palacios y
Miguel Ángel Ruiz. La
Fiscalía Anticorrupción
sospecha que esta
sociedad fue la
principal fuente de
enriquecimiento ilícito
de Francisco Granados.
Todos ellos habían sido
citados a declarar entre
el 12 y el 14 de julio
próximo.
Entre estos trece
investigados que ahora
tendrán que esperar a
que se nombre un nuevo
magistrado instructor se
encuentra Miguel Ángel
Ruiz, quien hasta su
imputación era
viceconsejero de Medio
Ambiente del Ejecutivo
de Cristina Cifuentes y
mano derecha del número
tres del Gobierno
regional, Jaime González
Taboada. Otro de ellos
es Ignacio Palacios,
quien hubiera sido la
tercera vez que acudiera
a declarar ante el juez
Velasco. Hombre de la
máxima confianza de
Francisco Granados,
Palacios acudió la
primera vez como testigo
para ser detenido meses
después junto a su mujer
acusados de haber
servido de testaferros
para que el político
ocultase parte de su
patrimonio en
propiedades y empresas.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/25/actualidad/1495727678_747544.html
CIFUENTES DESPEJA
BALONES SOBRE LOS
FUNCIONARIOS E INSISTE
EN QUE EL INFORME DE LA
UCO "ESTÁ EQUIVOCADO"
La presidenta de la
Comunidad de Madrid
asegura que su "pecado
fue no valorar, valoró
el técnico, yo me limité
a asentir y a dar por
bueno el criterio del
técnico"
En una comparecencia muy
trabada, con
enfrentamientos directos
con los diputados
autonómicos, Cifuentes
admite "posibles errores
administrativos" en los
contratos
Tres informes de la UCO
apuntan a la implicación
de Cifuentes en la
financiación irregular
del PP de Madrid por
indicios "de una
adjudicación decidida de
antemano"
Diputados del PP hacen
un paseíllo a Cifuentes
a su llegada a la
comisión de
investigación
La presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, ha
descargado sobre los
funcionarios de la
Asamblea de Madrid los
posibles "errores
administrativos" en los
contratos de
adjudicación a la
empresa Cantoblanco. La
dirigente del Partido
Popular ha reiterado que
el informe de la Guardia
Civil que la relaciona
con la presunta
financiación irregular
del PP "está equivocado"
La presidenta había sido
llamada por los grupos
de la oposición de la
cámara autonómica para
explicar las posibles
irregularidades que
investiga la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil en
la adjudicación los años
2009 y 2011 de los
contratos de
restauración y cafetería
a Grupo Cantoblanco,
empresa del exlíder de
la patronal madrileña
Arturo Fernández, y su
vinculación con con la
financiación irregular
del PP de Madrid en el
marco de la Operación
Púnica.
Con una puesta en escena
muy cuidada, con traje
blanco, ha entrado en la
sala protegida por un
grupo de diputados y
miembros del Partido
Popular que le han hecho
un paseillo. Cifuentes
se ha asegurado de hacer
público que llevaba la
insignia de la Guardia
Civil que le otorgaron
como madrina del cuerpo
armado, después de las
críticas que hizo al
informe de la UCO que la
vincula presuntamente a
la financiación ilegal
del PP.
"La UCO está equivocada
en ese informe en muchas
cosas. Contiene extremos
que están equivocados y
realiza juicios de valor
que deberían hacer
jueces o fiscales. Lo
que a mí me parece que
no es real es que aquí
hubiera una
confabulación para
beneficiar a un empresa
concreta. No sólo es
irreal, sino
absolutamente incierto",
ha sentenciado
Cifuentes.
"Problema
administrativo"
Cifuentes ha despejado
balones a los
funcionarios de la
Asamblea. "Si se han
cometido errores en la
elaboración de los
pliegos no lo voy a
discutir, pero en este
caso estamos hablando un
problema administrativo
no de una causa penal",
ha apuntado.
Antes de entrar señaló
que estaba "
tranquilísima. El
proceso fue
transparente,
cristalino, con informes
favorables y jurídicos
de los técnicos, con
decisiones tomadas por
unanimidad de todos los
órganos y grupos
partidos. Es
sorprendente el valor
que le está dando
Ciudadanos y Podemos a
un informe policial para
crear un juicio
paralelo".
Cifuentes ha salido
desde el principio con
una ofensiva airada
contra los diputados
autonómicos con los que
se enzarzó en agrias
disputas en un debate
trabado. La presidenta
ha reiterado que su
petición de
comparecencia era solo
un intento de
"linchamiento político".
"Modificaciones
puntuales"
En un tenso debate, la
presidenta sí ha
admitido que "se
hicieron modificaciones
puntuales, muy menores,
que no variaban el
resultado final". La
Guardia Civil recogió la
declaración de
funcionarios de la
Asamblea de Madrid en
las que se referían a
una reunión en el
despacho de Cifuentes en
la que se cerró la
licitación. "Cifuentes
dijo que se hicieran las
modificaciones y que una
vez terminado, dijo que
muy bien, que se firmase
el acuerdo", relató uno
de los funcionarios.
La presidenta no ha
llegado a aclarar los
motivos por los que la
Mesa la designó como uno
de los miembros de la de
la Comisión de Expertos
que evaluó las ofertas.
En este sentido ha
señalado como una de las
posibles razones que
"comía todo los días en
la Asamblea" y que había
"un precedente en 2008
con el comité de
expertos de la
contratación de las
cestas de Navidad".
Este es uno aspectos más
polémicos ya que los
agentes de la Guardia
Civil apuntan que se
incluyeron criterios de
valoración contrarios a
derecho y hubo
“arbitrariedad en las
valoraciones efectuadas
por el comité de
expertos”, que
encabezaba Cifuentes.
"Usted se cree que puedo
recordar los acuerdos
que se tomaban en la
Mesa cada semana en
2009", le ha respondido
airada al diputado de
Ciudadanos, César Zafra.
La presidenta ha
insistido en que no
participó "en la
elaboración de ningún
pliego de condiciones ni
en 2009 ni en 2011".
Según la Guardia Civil
Cifuentes que entonces
era vicepresidenta de la
Asamblea de madrid
compatibilizó ser
miembro del comité de
expertos con la
presidencia de la mesa
de contratación,
“circunstancia contraria
a la legalidad y que
vulnera Ia
imparcialidad”. Ante las
preguntas del diputado
de Podemos, Ramón
Espinar, sobre esta
incompatibilidad, la
presidenta ha remachado
que "no la había. Hay
opinión jurídica más
cualificada, que es la
de esta Asamblea, que lo
ha dicho de manera
taxativa en un informe
pedido para ello".
Participación en la
campaña de 2008
Aunque intentó no
contestar a la pregunta
de su participación en
las campañas electorales
del PP porque, en su
opinión "no era objeto
de esta comisión",
finalmente ha admitido
que fue miembro del
comité de campaña en los
comicios de 2008, como
responsable territorial
de partido, y no ha
descartado que estuviera
en la siguiente campaña
de 2011. La Guardia
Civil tiene las
sospechas de posible
financiación irregular
del PP en las campañas
electorales de 2007,
2008 y 2011.
Los informes señalan
directamente a Cifuentes
porque integraba a la
vez el patronato de
Fundescam, al Comité de
Campaña y los órganos de
contratación de la
Asamblea de Madrid. La
presidenta de la
Comunidad de Madrid ha
subrayado que ella
perteneció a Fundescam
entre "febrero de 2005 y
septiembre de 2008".
"Cometí el pecado de no
valorar, valoró el
técnico, yo me limité a
asentir y a dar por
bueno el criterio del
técnico", ha espetado la
presidenta. Con estas
declaraciones trataba de
escapar de un informe de
la UCO, que recoge que
existió "una pluralidad
de acciones por parte
del comité de expertos
que tuvieron como única
finalidad la de
favorecer de manera
preconcebida" a la
empresa de Arturo
Fernández.
Espinar le ha requerido
sobre si conocía al
empresario Arturo
Fernández, Cifuentes ha
comentado: "Conozco a
cientos de personas.
Cómo me voy a inhibir
por conocer a Arturo
Fernández, mi relación
era puramente
institucional".
http://www.eldiario.es/politica/Cifuentes_0_650235215.html
JUSTICIA, FISCALÍA Y
GUARDIA CIVIL: LOS 6
DOCUMENTOS QUE ACORRALAN
A CIFUENTES
La presidenta de la
Comunidad de Madrid se
enfrenta a la Comisión
de Investigación sobre
la Corrupción en la
Asamblea
La presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, vive
este viernes uno de los
peores tragos de su
carrera política. A raíz
del informe de la
Guardia Civil que le
acusaba de delitos de
cohecho y prevaricación
continuada, la Comisión
de Investigación sobre
corrupción política de
la Comunidad de Madrid
le ha citado para que dé
explicaciones sobre la
contratación del grupo
empresarial de Arturo
Fernández para la
cafetería y el comedor
de la Asamblea de
Madrid.
Reclaman su presencia
todos los partidos de la
Asamblea de Madrid
-PSOE, Podemos y
Ciudadanos- menos el
Partido Popular, y la
comisión arrancará a las
10:00 horas. Eso sí,
antes de Cifuentes, el
PP ha conseguido que
vaya a dar explicaciones
Antero Ruiz, exdiputado
de Izquierda Unida que
era vicepresidente
tercero en el momento de
los hechos.
Aunque existe una
diferencia fundamental
entre Cifuentes y Ruiz:
al de Izquierda Unida la
Guardia Civil no le
nombra en sus informes,
y mucho menos le imputa
delitos. Entre otras
cosas porque, aunque
Ruiz fue forzado a dejar
su acta por su
implicación en las
tarjetas Black, el
empresario beneficiado
no donó dinero a IU ni
el entonces diputado
gestionaba las campañas
electorales de su
partido.
Y es que Cifuentes sí
cumplía esas
características, por no
hablar de la colección
de documentos que
atesora en su contra y
que le ponen las cosas
muy complicadas. A
continuación, ofrecemos
a nuestros lectores el
contenido de los
informes y documentos
judiciales a los que ha
tenido acceso
ELPLURAL.COM y que
tienen contra las
cuerdas a la presidenta
de la Comunidad de
Madrid.
1. Prevaricación
continuada y cohecho
El primer informe de la
Guardia Civil al
respecto está fechado el
1 de marzo de este año y
abunda en la
contratación de la
cafetería, señalando que
María Cristina Cifuentes
Cuenca era a la vez
miembro del Comité de
Expertos que valoró la
oferta y presidenta de
la mesa de contratación.
Una circunstancia que es
“completamente irregular
y anómala, y únicamente
puede corresponderse con
la intencionalidad de
tener controladas las
licitaciones en todo
momento, es decir,
ejercer un control en la
valoración directa de
las ofertas de las
empresas y asegurarse
que esas valoraciones
eran finalmente
aprobadas”.
Al mismo tiempo, la
Guardia Civil vincula la
adjudicación con “las
aportaciones económicas
localizadas y efectuadas
por el empresario Arturo
Fernández a la Fundación
Fundescam (…) que fueron
en gran parte destinadas
a sufragar gastos
electorales de la
formación política a la
que pertenecía Cristina
Cifuentes cuando ésta
formaba parte del
Patronato de la referida
Fundación”.
La bomba viene justo
después, cuando asegura
que “los hechos
descritos en el mismo,
podrían ser
constitutivos de la
comisión de los
supuestos delitos de
PREVARICACIÓN CONTINUADA
y COHECHO” [sic] tras lo
que vuelven a citar a
Cristina Cifuentes por
“la presunta
participación en los
hechos citados”.
2. Manipulación del
concurso
En otro informe de la
Guardia Civil, fechado
el 28 de marzo, en el
que un agente analiza
los interrogatorios
realizados a varios
funcionarios de la
Asamblea de Madrid. A
uno de ellos, Isaac
Arturo Zubiri y miembro
del comité de expertos,
le acusan de que “faltó
a la verdad a la hora de
elaborar el informe de
valoración de las
ofertas” y dar 0 puntos
a una empresa rival
“bajo la falsa
argumentación de que la
misma no había
presentado documentación
alguna”.
Y, añade, en el párrafo
que cierra el informe:
“Circunstancia de la que
tuvieron que ser
directas partícipes y
conocedoras las otras
dos componentes del
comité de expertos
-María Cristina
Cifuentes Cuenca y María
Merino Muñoz- lo cual ha
podido acreditarse de
manera indubitada
respecto al criterio de
adjudicación que
valoraba otras mejoras
de los licitadores”.
3. "Habrían participado
cargos públicos"
Cifuentes también
aparece mencionada en
otro informe de la
Guardia Civil del 1 de
marzo, de más de 100
folios, que se dedica a
analizar la presunta
financiación ilegal del
Partido Popular. Es en
las conclusiones
generales donde se
explica como
“determinados
empresarios” ingresaron
a Fundescam “importantes
cantidades de dinero que
fueron empleadas para
sufragar gastos
electorales”.
En concreto, se paran en
el caso de Arturo
Fernández y los
contratos adjudicados
“en los que se han
detectado múltiples
irregularidades
penalmente relevantes y
donde habrían
participado cargos
públicos que también
pertenecían por entonces
al Patronato de la
Fundación FUNDESCAM
cuando se efectuaron las
aportaciones económicas
detectadas, como es el
caso de María Cristina
Cifuentes Cuenca”.
4. “Estructura de
decisión cohesionada en
el tiempo”
Después de leer los
informes del 1 de marzo,
la Fiscalía
Anticorrupción emitió su
propio informe en el que
incluyen las mismas
valoraciones de la
Policía Judicial sobre
las “adjudicaciones en
favores del grupo de
Arturo Fernández -Grupo
Cantoblanco- quien
siempre que se determinó
a realizar una donación
a Fundescam obtuvo la
adjudicación de diversos
contratos públicos desde
Vicepresidencia [cargo
de Cifuentes] y de la
Asamblea de Madrid en
los años 2007, 2009 y
2011”. Unas
contrataciones que
“presentaban
irregularidades por su
falta de motivación,
baremación y ponderación
de las ofertas,
posicionándose en favor
del grupo de Arturo
Fernández desde los
trámites del informe”.
Y, en otro párrafo,
vuelve a mencionar los
cargos de Cifuentes,
cuando señala la
“coincidencia de
personas y de roles
entre los propios
patronos de la Fundación
FUNDESCAM, Directores y
miembros de los Comités
de Campañas Electorales,
Presidente, Secretario
General y Vicepresidente
del Gobierno de la
Comunidad de Madrid,
Gerente y cargos
orgánicos del PP y
autorizados en cuentas y
en las mesas de
contratación de la CAM
consolidó una estructura
de decisión cohesionada
en el tiempo”.
5. “Múltiples
irregularidades
penalmente relevantes”
En medio del escándalo
que supuso que la
Guardia Civil apuntase a
posibles delitos de la
presidenta madrileña que
acababa de declarar que
“el tiempo de los
corruptos ha llegado a
su fin”, Cifuentes
encontró una tabla de
salvavidas en unas
supuestas declaraciones
del entorno de Eloy
Velasco en las que
descartaba de momento
imputarla.
A Velasco, inmerso en
aquel momento en el
proceso para dejar el
juzgado de instrucción
número 6 de la Audiencia
Nacional por un puesto
mejor, nunca se le oyó
decir aquello en
persona. Sin embargo, sí
que hay algo tangible
vinculado a su trabajo:
tres cédulas de citación
como imputados, dos de
ellas a personajes tan
relevantes como Beltrán
Gutiérrez, exgerente del
PP de Madrid, José
Ignacio Echevarría,
expresidente de la
Asamblea y patrono de
Fundescam y la
empresaria María Luisa
de Madariaga.
En dichas citaciones, el
juez Velasco incluyó
tres textos idénticos en
los que habla de las
“evidencias” de que
varios empresarios
ingresaron “importantes
cantidades” a Fundescam
que “fueron empleadas
para gastos electorales
no declarados como
tales” por el PP.
Acto seguido y sobre
estos hechos, Velasco
señala que hay “sólidos
indicios que
acreditarían como
algunos de esos
empresarios como Arturo
Fernández fueron
adjudicatarios de
determinados contratos
públicos vinculados con
la Asamblea de Madrid en
los que se han detectado
múltiples
irregularidades
penalmente relevantes y
donde habrían
participados cargos
públicos que también
pertenecían por entonces
al Patronato de la
Fundación FUNDESCAM
cuando se efectuaron las
aportaciones económicas
detectadas”.
http://www.elplural.com/politica/2017/06/02/justicia-fiscalia-y-guardia-civil-los-6-documentos-que-acorralan-cifuentes
EL JUEZ DESCARTA IMPUTAR
A CIFUENTES POR LA
FINANCIACIÓN IRREGULAR
DEL PP MADRILEÑO
El juez del caso Púnica
Eloy Velasco no tiene
intención de proceder
contra la presidenta
madrileña Cristina
Cifuentes, pese a que la
UCO en un informe
señalara indicios de
delito en su papel en la
adjudicación de
contratos de la
cafetería de la Asamblea
de Madrid, cuando era
presidenta de la mesa de
contratación.
Según han informado a
Efe fuentes jurídicas,
ni el juez ni la
Fiscalía Anticorrupción
han encontrado pruebas
de que tuviera una
participación en la
financiación ilegal del
PP que se investiga en
la pieza de Púnica cuyo
secreto se ha levantado
y en donde aparece el
citado informe.
Las fuentes han
resaltado que la UCO,
que señala indicios de
delito en relación a la
intervención de
Cifuentes en esa mesa de
contratación, la
menciona al igual que a
otras tantas personas y
han recordado que lo que
se investiga en esta
pieza es la presunta
financiación irregular
del PP, hechos en los
que no se considera que
Cifuentes esté
involucrada
En ese informe, la
Guardia Civil implica a
la actual presidenta de
la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, en
la financiación
irregular del PP
regional investigada en
el caso Púnica de
corrupción. La Unidad
Central Operativa (UCO)
subraya, en un informe
remitido el pasado 1 de
marzo a Eloy Velasco,
que la presidenta
regional y líder del PP
madrileño intervino en
las supuestas
“valoraciones
arbitrarias” de la Mesa
de Contratación de la
Asamblea de Madrid, que
ella presidía, y que
otorgaron a la empresa
Cantoblanco, del
empresario Arturo
Fernández, la gestión
del comedor y cafetería
de la Cámara autonómica.
Según los
investigadores, los
hechos “podrían ser
constitutivos” de
delitos de prevaricación
continuada y cohecho, y
en ellos “se aprecia la
presunta participación”
de Cristina Cifuentes.
El informe señala que
Cifuentes supuestamente
“vulneró la
imparcialidad” de la
mesa de contratación al
“compatibilizar” la
presidencia de esta con
su pertenencia al
patronato Fundescam,
cuando esta fundación
había recibido 160.000
euros del empresario y
que fueron utilizados
para la campaña
electoral del PP para
las autonómicas de 2007.
Cifuentes pertenecía al
comité de campaña del PP
regional para esos
comicios como vocal de
Participación
Territorial.
El instituto armado
recuerda al juez que
Cifuentes es aforada en
su calidad de presidenta
regional. En su informe,
los agentes recuerdan
que a través de la
cuenta corriente de
Fundescam “determinados
empresarios y organismos
empresariales,
ingresaron en el año
2007 importantes
cantidades de dinero que
fueron empleadas para
sufragar gastos
electorales no
declarados como tales”.
La UCO recuerda que
empresarios como Arturo
Fernández, antiguo líder
de la patronal madrileña
fue adjudicatario de
“contratos públicos en
los que se han detectado
múltiples
irregularidades
penalmente relevantes”.
Según los agentes, en
estos contratos
supuestamente
participaron “cargos
públicos que también
pertenecían por entonces
al Patronato de Ia
Fundación Fundescam
cuando se efectuaron las
aportaciones económicas
detectadas, como es eI
caso de Cristina
Cifuentes”.
En el caso de Cifuentes,
los agentes constatan la
“coincidencia” de que
era patrono de Ia
Fundación Fundescam con
su pertenencia al
Partido Popular de
Madrid y a los comités
de Campaña de esa
formación política
cuando se efectuaron las
aportaciones económicas
de Cantoblanco. También
subrayan que Cifuentes
pertenecía al comité de
expertos que efectuó las
valoraciones de las
ofertas de las empresas
licitadoras de los
contratos de cafetería,
cocinas y comedores de
Ia Asamblea de Madrid en
los años 2009, 2011 y
2013 donde resultó ser
Ia adjudicataria final
Ia empresa de Arturo
Fernández. Cifuentes
“desempeño también de
manera simultánea Ia
Presidencia de Ia Mesa
de contratación en esas
licitaciones”, señala el
informe.
Los agentes recuerdan
que en estas
adjudicaciones,
Cantoblanco “no presentó
certificaciones que
avalasen Ia
experiencia”, como
exigían los pliegos, y
que pese a ello “no fue
penalizada”. Es decir,
“hubo arbitrariedad y
hubo un trato diferente
para situaciones
idénticas”, señala la
UCO. Según los agentes
compatibilizar Ia
pertenencia a los
comités de expertos y
valorar las ofertas, con
el hecho de presidir las
mesas de contratación,
es una circunstancia
“completamente irregular
y anómala, y únicamente
puede corresponderse con
Ia intencionalidad de
tener controladas las
licitaciones en todo
momento, es decir,
ejercer un control en Ia
valoración directa de
las ofertas de las
empresas y asegurarse
que esas valoraciones
eran finalmente
aprobadas”.
Los imputados,
preguntados por la
presidenta
Los investigadores de la
UCO preguntaron por
Cifuentes a tres
imputados en el marco de
la adjudicación de los
servicios de cafetería.
Los agentes insistieron
a Tatiana Recoder,
letrada jefa de la
asesoría jurídica de la
Cámara, "si no apreció
una incompatibilidad
respecto a que Cifuentes
fuese componente del
comité de expertos y
presidenta de la mesa de
contratación en esa
misma licitación".
Aunque la abogada
respondió que desconocía
que la actual jefa del
Gobierno autonómico se
encontraba al frente de
ese órgano.
Por su parte, la también
imputada María Virtudes
Merino, jefa de
protocolo de la Asamblea
e integrante del comité
de expertos, declaró a
la Guardia Civil que se
mantuvo una reunión
—“muy corta" y
"meramente expositiva",
afirma— para analizar la
valoración de las
ofertas presentadas a
esta adjudicación. Este
encuentro se produjo en
el despacho de
Cifuentes. Y, allí,
según Merino, Recoder
expuso sus razonamientos
jurídicos, pero no se
deliberó sobre nada: "No
había nada que
discutir".
A su vez, el funcionario
Isaac Zubiri, también
imputado, explica cómo
él se encargó el informe
de valoración de las
compañías que optaron al
concurso. Y que, tras
una reunión para
estudiarlas, fue
Cifuentes quien dijo que
se hicieran las
modificaciones que se
habían planteado en esa
cita y que se firmase el
acuerdo.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/16/actualidad/1494936002_991531.html
05. EL JUEZ DEJÓ SIN
IMPUTAR AL NÚMERO 3 DE
CIFUENTES A LA ESPERA DE
ANALIZAR 100 CAJAS
Eloy Velasco ha citado
como investigados a toda
la mesa de contratación
de Arpegio menos al
consejero Jaime González
Taboada, que es aforado.
De momento, se ha
aplazado la decisión
El horizonte judicial de
Jaime González Taboada,
número tres del Gobierno
de Cristina Cifuentes,
se llena de nubarrones.
En una de las últimas
decisiones antes de
abandonar el Juzgado
Central de Instrucción
número 6 de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco
decidió la semana pasada
citar en calidad de
investigados (la nueva
figura jurídica de la
imputación) a todos los
miembros de la mesa de
contratación de Arpegio,
la empresa pública que
protagoniza una de las
piezas del caso Púnica.
A todos los miembros
menos a uno, González
Taboada, consejero de
Medio Ambiente y también
coordinador general del
PP de Madrid.
El juez que sustituya a
Velasco tendrá que tomar
declaración a los
investigados que
pertenecieron a la mesa
de contratación de
Arpegio. De momento, la
citación prevista para
julio ha quedado
pospuesta. Los
investigados son Pilar
Roca Suárez-Inclán,
directora de la Asesoría
Jurídica entre 2006 y
2009; Pedro Bernad
Moreno, director de
Proyectos de Arpegio;
Pilar Rubio Izquierdo,
directora de Proyectos
del Plan Prisma; Eduardo
Larraz Riesgo, ex
consejero delegado entre
2004 y 2008; Ignacio
Palacios Arazuri, quien
fuera jefe de gabinete
de Francisco Granados y
vocal del consejo de
administración de
Arpegio (imputado ya en
otras piezas del caso),
y María Dolores Nogal
González, abogada y
secretaria de la mesa de
contratación (y la
presidenta del comité de
empresa). El presidente
de la mesa era el propio
Granados, hoy en prisión
a la espera de conseguir
los 400.000 euros que la
Audiencia le ha puesto
como fianza.
Todos fueron elegidos
por el consejo de
administración de la
empresa pública el 23 de
febrero de 2006, cuando
Arpegio recibió el
encargo de la Comunidad
de Madrid de gestionar
el Plan Prisma
2006-2007, un plan de
inversiones financiado
por el Ejecutivo
autonómico para realizar
obras en todos los
municipios de la región
menos la capital. Jaime
González Taboada también
fue elegido miembro de
la mesa, "designado por
la Consejería de
Presidencia", que en
esos momentos ostentaba
Granados. "Era su
soldado", asegura una
fuente del caso. El
juez, en cambio, ha
decidido no acusarle. De
momento. Fuentes de la
investigación han
señalado a El
Confidencial que Velasco
aplazó la decisión de
remitir los indicios en
su contra al tribunal
competente y que será su
sustituto el que decida
al respecto.
La pieza de Arpegio
(ahora rebautizada como
Nuevo Arpegio) es una de
las más complicadas del
caso, ya que la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil está
analizando más de 100
cajas de documentación
incautadas en los
últimos registros. Los
agentes no han podido
entregar a Velasco, que
este jueves abandonó el
juzgado, los informes
con las conclusiones de
este análisis, que se
prolongará
previsiblemente varios
meses. Los recibirá, por
tanto, el nuevo titular
del Juzgado Central de
Instrucción 6, que será
designado en las
próximas semanas.
La imputación de Taboada
hubiera supuesto en
estos momentos de la
instrucción la posible
pérdida de la pieza
sobre Arpegio, ya que
Taboada es aforado. Es
decir, la Audiencia
Nacional no puede
investigarle y debe
enviar una exposición
razonada para elevar el
caso al Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid y que este cite
como investigado al
consejero. Por eso
Velasco, en sus últimos
días al frente del
juzgado encargado de
Púnica, decidió citar
solo a los miembros de
la mesa de contratación
que no están aforados.
No había tiempo material
para nada más, agregan
las fuentes consultadas.
El objetivo es que la
UCO siga avanzando en
sus investigaciones
mientras que el nuevo
titular del juzgado
interroga a los miembros
de la mesa de
contratación de Arpegio
ya imputados. En marzo
de 2008, también se sumó
a esa mesa Miguel Ángel
Ruiz, el ya
exviceconsejero de Medio
Ambiente, que dimitió la
semana pasada tras ser
otro de los citados en
calidad de investigados
por el juez Velasco. A
la lista se suma también
Francisco Esquivias
Ferriz, secretario del
consejo de Arpegio.
La UCO está investigando
si la trama Púnica
obtuvo suculentos
beneficios amañando la
adjudicación de
centenares de viviendas
en los consorcios
urbanísticos que
promovió la Comunidad de
Madrid a través de esta
empresa pública. Es solo
uno de los capítulos de
la pieza. En otro, los
agentes también están
investigando si se
amañaron obras del Plan
Prisma, un plan que
financió en dos
ediciones (2006-2007 y
2008-2011) centenares de
adjudicaciones valoradas
en casi 800 millones de
euros por toda la
región. Algunas empresas
adjudicatarias pudieron
pagar mordidas por
llevarse los contratos,
según los indicios que
ya manejan en la Guardia
Civil. González Taboada
estuvo en la mesa de
contratación de ambas
entidades.
La empresa pública
investigada dentro del
caso Púnica contrató en
2006 al empresario
imputado por financiar
el PP balear de Jaume
Matas. También
desembolsó 395.388€ en
artículos promocionales
La UCO y el juez creen
que Granados utilizó su
cargo en la Consejería
de Presidencia
(2004-2011) para amañar
determinados contratos
públicos. Como
consejero, fue
presidente de Arpegio
entre abril de 2005 y
diciembre de 2007. Eloy
Velasco sostiene que
Granados reguló el
funcionamiento de esos
planes Prisma para
garantizarse un "dominio
absoluto" sobre las
"decisiones de
adjudicación". La UCO
lleva el último año
recabando documentación
de Arpegio
constantemente, y la
semana pasada decidió
realizar importantes
registros en la
Consejería de Medio
Ambiente.
Otro de los principales
investigados en el caso,
el empresario David
Marjaliza, ya declaró en
sede judicial (tiene un
acuerdo de colaboración
con la Fiscalía
Anticorrupción) los
nombres de algunas de
las empresas que
supuestamente pagaban
comisiones a cambio de
conseguir obras del
Prisma, como Begar,
Teconsa, Licuas, Virton,
Avintia y Dico. En
algunos casos, facilitó
incluso el nombre de los
intermediarios de esas
sociedades con los que
negociaba los pagos. Los
investigadores tienen
además presente que el
elegido directamente por
Granados para estar en
esa mesa de contratación
fue Taboada.
La mesa es el órgano
técnico que debía
valorar las ofertas
presentadas por las
empresas que licitaban
por los contratos del
Plan Prisma. González
Taboada era entonces
también director general
de Administración Local,
el departamento que
planificaba el Prisma
aunque lo ejecutaba
Arpegio. El empresario
Marjaliza ya declaró
ante el juez cómo se
repartían los presuntos
amaños: "Un tercio de la
obra era para los
técnicos, un tercio para
Jaime González Taboada
con su gente y el último
tercio para Paco
[Granados] o la
consejería". Aunque lo
que realmente quiso
explicar es que las
obras del Plan Prisma se
repartían entre los
técnicos, el grupo de
Taboada y el grupo de
Granados, y que luego
cada grupo intentaba
amañar las que podía
dentro del lote que le
correspondía. Taboada
siempre ha negado las
acusaciones y se ha
querellado contra
Marjaliza.
La Fiscalía, por su
parte, señala en un
escrito al que ha tenido
acceso El Confidencial
que "la investigación
financiera realizada por
la Guardia Civil ha
permitido conocer el
montante aproximado de
ganancias ilícitas
generadas por la trama
en torno a la actividad
inmobiliaria y el
inicial análisis de la
documentación
concerniente a los
fondos Prisma. Lo que
permite señalar la
cantidad de 728 millones
de euros como importe
gestionado por Francisco
Granados y sus más
directos colaboradores,
que presuntamente han
generado ingentes
beneficios a las
personas que han estado
detrás de la
adjudicación de obra
civil al amparo de
dichos fondos".
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-26/taboada-jaime-cifuentes-velasco-arpegio-punica-imputacion_1387465/
LA FISCALÍA
ANTICORRUPCIÓN CIFRA EN
4,9 MILLONES LA
FINANCIACIÓN ILEGAL DEL
PP EN LA PÚNICA
El informe de la
Fiscalía califica los
hechos como delitos de
malversación, cohecho,
falsedad, delito
electoral, prevaricación
y blanqueo.
El juez Eloy Velasco
apunta a los gastos de
las elecciones
municipales y
autonómicas de 2007 y
2011 y las generales de
2008.
Existen evidencias de
que determinados
empresarios, entre los
que cita a Arturo
Fernández, ingresaron en
2007 "importantes
cantidades de dinero".
A cambio se les
adjudicaron contratos
relacionados con la
Asamblea de Madrid.
Por otro lado, la UCO
cree que el grupo
popular en la Asamblea
desvió 1,7 millones de
su presupuesto al PP de
Madrid para los gastos
de las autonómicas de
2007.
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco,
que investiga la trama
Púnica, considera que el
PP de Madrid tuvo
contabilidad 'B' de
gastos electorales en
tres campañas
electorales, dos de
ellas municipales y
autonómicas (2007 y
2011) y otra de ellas de
elecciones generales
(2008) y la Fiscalía
Anticorrupción cifra en
4.916.000 euros la
financiación irregular
del PP de Madrid.
El juez sostiene que la
Guardia Civil ha podido
acreditar que
"importantes gastos
electorales" de las
campañas de 2007 y 2008
e "indiciariamente" de
las de 2011 se pagaron
mediante "subvenciones
públicas" de la
Comunidad de Madrid a
través de la Fundación
Fundescam.
Velasco, en la
documentación que obra
en el sumario, señala
como responsables al
exconsejero de
Presidencia y
exsecretario general del
PP de Madrid Francisco
Granados; al extesorero
del partido Beltrán
Gutiérrez y al
exconsejero de
Transportes Ignacio
Echevarría, todos ellos
patronos de Fundescam.
4,9 millones de euros de
financiación irregular
La Fiscalía
Anticorrupción cifra en
4.916.000 euros la
financiación irregular
del PP de Madrid en
2007, 2008 y 2011 a
través de la red Púnica,
una cifra que obtiene
sumando el dinero que
gastó de más en las
campañas electorales de
esos años y que no
incluyó en su
contabilidad electoral.
En un informe del pasado
8 de marzo, la Fiscalía
destaca que el PP se
puso en marcha "un grupo
de decisión", liderado
por el exconsejero
madrileño Francisco
Granados y el exgerente
del partido regional
Beltrán Gutiérrez, que
usó varios "canales de
financiación irregular"
para pagar los excesos
de gasto de esas tres
campañas electorales.
Calcula ese exceso a
partir del estudio de la
contabilidad B que se
halló a Gutiérrez y lo
divide por años, de
manera que en 2007
fueron 2.685.000 euros,
en 2008 685.000 y en
2011 1.546.000 euros; en
este último caso "sin
contar la cuenta de
funcionamiento del
partido, que no era
cuenta electoral".
"El Partido Popular
presentó una
contabilidad electoral
de recursos y gastos en
los que no incluyó esos
importes", destaca
Anticorrupción acto
seguido en dicho
informe.
El documento analiza los
dos efectos incautados
que han sido clave para
encontrar indicios de
financiación irregular
del PP madrileño: una
libreta o "cuaderno
negro" hallado en el
domicilio de Granados y
un pendrive encontrado a
Gutiérrez.
En la libreta hay
anotaciones manuscritas
sobre actos de campañas
electorales de
septiembre de 2010 a
abril 2011, y en un hoja
aparecen dos columnas
"IN-OUT", donde, dice la
Fiscalía, "supuestamente
se relacionaban los
ingresos procedentes de
determinados
empresarios" y se
vinculan con salidas a
personas como Granados y
Gutiérrez.
El "segundo hallazgo
importante para la
investigación" fue la
intervención de dos
lápices de memoria de
Gutiérrez en el registro
a domicilio en febrero
del 2016, cuyo análisis
"revela la existencia de
una contabilidad B de
gastos electorales de
las campañas electorales
de los años 2007, 2008 y
2011 (municipales,
autonómicas y
nacionales)".
De estas pruebas, dicen
las fiscales del caso,
se extrae que una vía de
financiación era a
través de empresarios
que hacían trabajos
electorales para el PP y
que "acordaban facturar
a quien se les indicara
desde la Gerencia del
partido".
En esas facturas,
desglosaban los importes
para que una parte se
declarara al Tribunal de
Cuentas y otra, en
cambio, "fuera opaca".
Así, en 2007, 2008 y
2011 el PP de Madrid
pudo haber violado la
normativa electoral y
superó en cada campaña
los límites de gasto,
"derivando su pago a
canales opacos de
financiación ilegal".
"La cuenta electoral del
Partido no recogió ni el
ingreso de todos los
fondos destinados a
sufragar los gastos
electorales, ni los
pagos de los mismos",
dice la Fiscalía.
Fundescam
Otro "instrumento muy
activo" para financiar
al partido era la
fundación Fundescam, a
través de la cual se
desviaban subvenciones
públicas de la Comunidad
de Madrid a la
financiación de los
proveedores del PP.
"Dichos pagos a
proveedores se desviaban
groseramente de los
fines" de la fundación,
añaden las fiscales.
A esta fundación hacían
además donativos
personas luego
beneficiadas con
contratos públicos, como
fue el caso del
empresario Arturo
Fernández, y también se
ha detectado una tercera
vía por la que empresas
recibieron
adjudicaciones directas
del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón a
cambio de organizar
actos para el PP.
La Fiscalía cree que
este desvío de fondos
para el partido se hizo
a través de una
"estructura de decisión
cohesionada en el
tiempo" y formada por
directores de comités de
campañas electorales,
presidente, secretario
general y vicepresidente
del Gobierno de Madrid,
así como el gerente y
otros cargos del PP y
miembros de mesas de
contratación de la
Comunidad.
Los partícipes "más
activos" de esa red,
apunta, fueron Gutiérrez
y Granados "por sus
responsabilidades
coincidentes en el
partido, en el gobierno
autonómico, en los
comités de campaña y en
la fundación Fundescam".
Este grupo de personas,
añade, es el que puso en
marcha un plan de
diversas vías de
financiación irregular
del PP para pagar los
"excesos" de gasto en
las campañas.
El informe califica los
hechos como delitos de
malversación, cohecho,
falsedad, delito
electoral, prevaricación
y blanqueo y plantea una
serie de entradas y
registros a empresarios.
1,7 millones desviados
por el PP de Madrid
Por otro lado, la Unión
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil cree
que el grupo popular en
la Asamblea de Madrid
desvió de forma
irregular 1,7 millones
de euros de su
presupuesto al PP de
Madrid para sufragar los
gastos de la campaña
electoral de las
elecciones autonómicas
del año 2007.
El instituto armado
halló entre la
documentación
relacionada con la
financiación de los
gastos de la citada
campaña un apunte de 1,7
millones de euros
indicados como ingresos
al PP madrileño que le
habría hecho llegar el
"Grupo PP Asamblea", lo
que, según la UCO, se
refiere "al grupo del
Partido Popular de
Asamblea de Madrid".
Así lo refleja la UCO en
un informe fechado el 22
septiembre de 2016 que
obra en el sumario del
caso Púnica, y en el que
solicitó al juez
instructor del caso,
Eloy Velasco, que
requiriese a la entidad
bancaria donde el grupo
popular tenía su cuenta
toda la información
relativa a los
movimientos, como así
hizo el magistrado.
La UCO argumenta que en
la cuenta corriente de
funcionamiento del PP de
Madrid —que no puede
utilizarse para facturar
gastos de campaña— se
hallaron dos ingresos de
850.000 euros cada uno
"dimanantes de la cuenta
corriente del Grupo
Parlamentario Popular de
la Asamblea de Madrid",
que podría corresponder
con los 1,7 millones
citados anteriormente.
Por otra parte, la
Guardia Civil destaca
que el PP madrileño
"podría haber facturado
actos de la campaña
electoral a través de
una empresa interpuesta
—Sintra Consultores—"
empleando para ello la
mencionada cuenta y no
la que debe utilizar
para recoger los gastos
e ingresos efectuados en
las campañas.
En concreto, detalla un
pago de 517.168 euros
del partido a esta
empresa en conceptos de
asesoramiento, una
cantidad muy parecida a
la que refleja Sintra en
conceptos de operaciones
con terceros en una
declaración tributaria.
"Esta operativa también
podría responder a la
finalidad de enmascarar
gastos electorales que,
de esa manera, no serían
fiscalizados, teniendo
en cuenta que las únicas
cuentas corrientes
fiscalizadas a efectos
electorales son las
cuentas abiertas para la
campaña electoral",
refleja la UCO.
La Guardia Civil explica
en este mismo informe
cómo en un lápiz de
memoria hallado en el
registro al exgerente de
la formación Beltrán
Gutiérrez, se encontró
un documento con el
nombre "Aportaciones
Especiales" con pagos en
2007 de diferentes
personas y empresas a la
fundación de la
Comunidad de Madrid
Fundescam por un importe
total de 376.000 euros,
que se destinaron
presuntamente a abonar
gastos electorales del
PP de Madrid.
Y destaca, sobre todo
"por su importe", los
pagos a Fundescam
vinculados al
expresidente de la
patronal madrileña
Arturo Fernández
(100.000 euros a través
de la Confederación de
Empresarios de Madrid y
otros 60.000 a través de
su grupo empresarial,
Cantoblanco)y otro de
60.000 euros relacionado
con Gecesa-Gestión de
Centros Educativos.
http://m.20minutos.es/noticia/3038522/0/juez-punica-detecta-financiacion-ilegal-pp-madrid-tres-campanas-electorales/
EL PP DESVIÓ
SUBVENCIONES PÚBLICAS
PARA FALSOS CURSOS DE
FORMACIÓN AL PAGO DE LA
CAMPAÑA DE RAJOY DE 2008
Un informe de la Guardia
Civil revela la
existencia de facturas
ficticias por jornadas
de “diseño gráfico”
organizadas por
Fundescam para hacer
frente a gastos de actos
electorales
Otros816ConéctateConéctateImprimir
Uno de los informes de
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil
incorporado al sumario
del caso Púnica detalla
cómo el PP de Madrid
desvió parte de las
subvenciones públicas
que el Ejecutivo
regional otorgaba a la
fundación del partido
Fundescam a pagar parte
de los gastos
electorales a los que la
formación regional hizo
frente durante la
campaña a las Elecciones
Generales de 2008, en
las que Mariano Rajoy
fue cabeza de lista. El
documento policial
detalla que para
justificar dichos pagos,
los populares utilizaron
a empresas interpuestas
que emitieron facturas
“por operaciones
mercantiles
inexistentes” en cuyo
concepto figuraban desde
un “curso de edición de
vídeo y realización
audiovisual para
eventos” a unas
“jornadas de diseño
gráfico y publicidad
impresa”. La UCO destaca
que dichos cursos nunca
se realizaron.
La primera pista sobre
estas supuestas
irregularidades surge de
un prendrive intervenido
por la Guardia Civil en
febrero de 2016 en el
domicilio de Beltrán
Gutiérrez, gerente de la
formación. En el
interior del mismo, los
agentes encontraron una
carpeta con el título
presupuesto 08 que, a su
vez, daba acceso a un
archivo contable con
tres pestañas
denominadas
respectivamente “Elecc
08”, “pendiente” y
“resumen”. El informe
detalla que una vez
abierta la primera de
esas pestañas se
encontró “un documento
contable que describe
conceptos generales,
tales como actos,
publicidad exterior,
imprenta, etc; concepto
específico como
esquineros, banderolas,
trípticos etc; y también
proveedores a los que se
asocian determinados
importes; todo ello,
relacionado con las
referidas Elecciones
Generales y con la
campaña electoral del
Partido Popular de
Madrid”.
En su análisis de dicho
documento, la Guardia
Civil destaca que del
mismo se desprende que
parte de los gastos se
abonaron a través de la
cuenta corriente del PP
específica de los
comicios, como marca la
ley, pero otros fueron
derivados a otras
cuentas que no deberían
soportar dichos gastos.
Entre ellas, una de
Fundescam. En concreto,
a la fundación la señala
como responsable de
asumir 179.797 euros. En
otro fragmento de este
documento, y que se
denomina “resumen”, se
vuelve a hacer este
reparto de dinero, lo
que lleva a la Guardia
Civil a concluir que
parte de los gastos de
aquella campaña fueron
“asumidos por cauces no
legales”, entre ellos la
fundación.
En este punto, los
investigadores recuerdan
que ésta recibió en 2008
una subvención pública
de la Comunidad de
Madrid que entonces
encabezaba Esperanza
Aguirre y que la misma
fue justificada con
facturas de empresas e
importes coincidentes
con las que aparecían en
el documento contable
intervenido en el
‘pendrive’ de Beltrán
Gutiérrez. Lo único que
difería entre ellas
eran, precisamente, los
conceptos. Así, una
factura de 2.389 euros
abonados según la
contabilidad opaca de
los populares a la
empresa Emfasis en
concepto de “carteles”
figura en la fundación
por el concepto “edición
de programa de cursos y
seminarios para el años
2008”.
Otro cargo por 45.400
euros pagado a la
empresa Víctor Gayo
Papelerías en concepto
de “tríptico” en los
gastos electorales, es
presentada por Fundescam
ante la Comunidad de
Madrid desglosada en
tres albaranes que suman
la misma cantidad, pero
en este caso en concepto
de “edición de boletín
informativo actividades
a realizar por la
fundación en el primer
trimestre de 2008”.
El documento de la
Guardia Civil también
llama la atención sobre
el caso de la empresa
Back RV Producciones
Culturales SL, a la que
la Fundación
supuestamente abonó
50.529 y 46.189 euros en
dos partidas por
“esquineros” y
“telepronter” para la
campaña de Mariano
Rajoy. Dichas cantidades
fueron finalmente
abonadas por el partido
presuntamente a través
de la fundación bajo
sospecha. En este
sentido, la Guardia
Civil localizó un correo
electrónico del
propietario de dicha
mercantil dirigido al
gerente del PP ahora
imputado en el que se
hace referencia a la
supuesta planificación
de cursos de formación
para camuflar el pago de
dichos actos
electorales. La UCO
recoge como ejemplo de
ello tres facturas de
sendas empresas, todas
ellas vinculadas al
dueño de Back RV, por la
celebración entre
finales de mayo y
mediados de junio de
2008 un curso de edición
de vídeo y unas jornadas
de diseño gráfico, junto
al alquiler de equipo
técnico para ello. Todas
ellas son consideradas
“operaciones mercantiles
inexistentes” por los
investigadores.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/18/actualidad/1495092969_043646.html
LOS DOS ‘PENDRIVE’ DE
PÚNICA
La Guardia Civil destapa
la caja b del PP de
Aguirre gracias a un par
de memorias informáticas
halladas en casa del
gerente
Si el caso Gürtel tuvo
su "puto pendrive" —en
palabras de un Francisco
Correa consciente de que
la memoria USB que la
Policía intervino a su
contable guardaba los
secretos de su trama—,
la Púnica tiene dos de
estos delatores ingenios
informáticos. Ambos
fueron localizados por
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil en el
registro que realizó el
11 de febrero de 2016 en
el domicilio de Beltrán
Gutiérrez, exgerente del
PP madrileño y uno de
las personas de la
máxima confianza de
Esperanza Aguirre.
El primero, de color
pistacho y con la
inscripción "Indra", fue
encontrado en un cajón
del dormitorio junto a
la ropa interior. El
segundo, azul y plata y
con publicidad del
Ayuntamiento de Las
Rozas, al fondo de una
balda del armario de la
misma habitación. Los
agentes, que durante
tres horas y media
registraron la vivienda,
también hallaron otros
equipos electrónicos
—intervinieron un móvil,
una tableta, un disco
duro y un tercer
pendrive—, pero 15 meses
después son ambas
memorias las que
sustentan buena parte de
los informes sobre la
supuesta financiación
irregular del PP que la
UCO ha entregado al juez
de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco.
La facturas de Bárcenas
retrasaron el registro
La Guardia Civil llevaba
pocos minutos de
registro del domicilio
de Beltrán Gutiérrez
–sólo habían anotado en
el acta el hallazgo en
la entrada de la
vivienda de un listín de
teléfonos “antiguo” y un
estuche con
documentación- cuando el
contenido de una carpeta
azul les obligó a
interrumpir la
diligencia. Los agentes
habían encontrado
recibís, certificados de
autenticidad de obras de
arte y un sinfín de
facturas a nombre de
Luis Bárcenas y su
esposa, Rosalía
Iglesias. Las poco
convincentes
explicaciones que dio en
ese momento la mujer de
Beltrán Gutiérrez –alegó
que se referían a la
restauración de obras de
casa de su madre- llevó
a la fiscal
Anticorrupción presente
en el registro, Carmen
García Cerdá, a
telefonear al juez
Velasco para informarle
del hallazgo de dicha
documentación y de que
podía tener relación con
otras investigaciones de
la Audiencia Nacional,
en referencia al caso
Gürtel. El magistrado
ordenó que se
interviniera, por lo que
el registro continuó.
Recientemente, todas
esas facturas del
extesorero y su esposa
se incorporaron a la
pieza de los llamados
papeles de Bárcenas
después de que el juez
de la Audiencia Nacional
José de la Mata los
reclamara tras
solicitarlo una
acusación.
En el primero de estos
pendrive, la Guardia
Civil localizó carpetas
denominadas "elecciones
2007", "proveedores" y
"actos del PP en Madrid
2006/2007" en el que se
recogían facturaciones,
importes sin impuestos y
con ellos, y un desglose
de los pagos y las
deudas que se habían
generado. En ese
archivo, se recogían
todos los mítines
celebrados entre el 10
de abril y el 27 de mayo
de 2007, así como la
forma en la que el PP
iba abonando "de manera
fraccionada" los mismos.
En total, la
contabilidad reflejaba
pagos por un total
980.133,97 euros. Sin
embargo, el mismo
documento digital
también incluía aquellos
cargos que, de manera
irregular, eran cargados
a otras entidades, como
la fundación Fundescam.
Entre estos gastos, los
agentes destacan varias
facturas giradas por
empresas como Back RVS y
Formaslect, que partir
de ese momento centraron
buena parte de las
pesquisas. Era el primer
indicio de la supuesta
utilización por parte
del PP de Aguirre de
empresas interpuestas
para facturar gastos
electorales.
En este mismo pendrive
se localizaron varios
correos electrónicos
incriminatorios. Uno de
ellos, intercambiado por
Beltrán Gutiérrez con
otro dirigente del PP
madrileño, apunta a que
en las actuaciones
musicales del último
mitin de la campaña de
2007, celebrado en el
Palacio de los Deportes
de la capital, costaron
el triple de los 20.000
euros que reflejaba el
contrato formalizado. En
otro, la directiva de
una empresa le
preguntaba al entonces
gerente del partido de
Esperanza Aguirre "a
quién tenemos que
facturar" los 30.000
carteles electorales que
iba a imprimir para la
campaña. Acabó pagando
Fundescam.
La supuesta contabilidad
opaca de los populares
madrileños apareció en
la otra memoria USB. En
ella, la UCO encontró un
archivo digital
bautizado como "caja
07-08" que, según los
informes de la Guardia
Civil, refleja "la
existencia de una caja b
controlada por el
gerente del partido que
se nutre de fondos
opacos y que se destina
al pago de proveedores
de campaña". En el
mismo, aparecen escritas
en color negro las
cantidades que reflejan
las entradas de dinero.
En rojo y con el signo
menos delante, los
pagos. Este archivo
contable recoge la
entrada de 1.014.375
euros en efectivo. Pese
a la elevada cifra, otro
archivo denominado
"deudas nov 2007"
desvelaba que el saldo
negativo de esta
supuesta caja b del PP
después de aquellas
elecciones autonómicas
de 2007 alcanzó los
873.027 euros.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/19/actualidad/1495213058_246850.html
AGUIRRE CAPTÓ 7,6
MILLONES PARA EL DOS DE
MAYO… QUE AHORA
INVESTIGA LA UCO
La expresidenta de la
Comunidad está en el
foco de nuevas
investigaciones de la
Guardia Civil por la
presunta utilización de
una entidad sin ánimo de
lucro para pagar
campañas electorales
La fundación que creó
Esperanza Aguirre en
2007 para celebrar el
bicentenario del
levantamiento contra
Napoleón, la Fundación
Dos de Mayo, Nación y
Libertad, llegó a
gestionar un presupuesto
de al menos 7,6 millones
de euros. El dinero
salió de subvenciones
públicas de su propio
Gobierno regional y de
donaciones de la
Fundación de Caja
Madrid, controlada
también en esos momentos
por el PP madrileño. La
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil y el juez Eloy
Velasco sospechan ahora
que los máximos
responsables del partido
también utilizaron ese
organismo para inyectar
fondos en su caja B y
están realizando
indagaciones para tratar
de reconstruir su
contabilidad.
Las pesquisas apuntan
directamente a Aguirre,
que era presidenta
regional cuando el
consejo de Gobierno de
la Comunidad aprobó el 2
de agosto de 2007
constituir la Fundación
Dos de Mayo. La
exdirigente del PP
también se convirtió
automáticamente en
presidenta del patronato
de la entidad y se
aseguró de que el resto
de puestos del consejo
director fueran ocupados
por miembros de su
gabinete. Entre ellos,
el entonces
vicepresidente del
Ejecutivo regional,
Ignacio González,
presunto cabecilla de la
operación Lezo, que
también ocupó el cargo
de vicepresidente en la
Fundación Dos de Mayo; y
el otro dirigente de la
plena confianza de
Aguirre, el entonces
consejero de
Presidencia, Francisco
Granados, presunto líder
de la trama Púnica.
Hasta el jefe de
gabinete de la
expresidenta, Regino
García-Badell Arias,
tenía un hueco en la
cúspide de la fundación,
según consta en las
memorias de actividad
presentadas por la
entidad, a las que ha
tenido acceso El
Confidencial.
La UCO investiga 6,4
millones que transfirió
Caja Madrid a una
fundación satélite del
PP
La Guardia Civil
sospecha que el PP de
Madrid utilizó la
Fundación Dos de Mayo,
Nación y Libertad para
inyectar fondos de la
Fundación de Caja Madrid
en sus campañas
electorales
En total, de los 14
asientos del patronato,
solo había tres ocupados
por dirigentes ajenos al
Partido Popular: el
entonces director de la
Fundación de Caja Madrid
y exjefe de la Casa del
Rey Rafael Spottorno; el
expresidente socialista
de la Comunidad Joaquín
Leguina; y el exalcalde
de Aranjuez Dionisio
Ballesteros, también del
PSOE. Aguirre también
trató de incluir en el
órgano de gestión a
Alberto Ruiz Gallardón,
en esos momentos,
alcalde de Madrid, pero
el exministro de
Justicia rechazó la
invitación y nunca llegó
a tomar posesión del
puesto. Su plaza
permaneció vacante hasta
la misma liquidación de
la entidad en 2014, tras
quedarse sin
subvenciones públicas ni
donaciones privadas para
poder continuar su
actividad.
A pesar de que el
principal órgano
directivo estaba copado
por políticos, la cara
visible de la Fundación
Dos de Mayo durante sus
siete años de vida fue
el catedrático de
Historia Contemporánea
Fernando García
Cortázar. En diciembre
de 2007, el Gobierno de
Aguirre concedió al ente
una primera ayuda de
570.000 euros para
financiar los primeros
actos programados en
2008 con motivo de la
efeméride. Ese año llegó
la aportación más
considerable. La obra
social de Caja Madrid,
controlada entonces por
Miguel Blesa con el
respaldo del PP de
Madrid, aceptó
convertirse en mecenas
exclusivo del
bicentenario y
transfirió 4.550.000
euros a las cuentas de
la Fundación Dos de
Mayo.
La última entrada de
fondos en la Fundación
Dos de Mayo fue en 2010,
con una ayuda tramitada
por el Ejecutivo de
Aguirre por importe de
300.000 euros
En un principio, la
entidad tenía que
disolverse en 2009, tras
concluir todas las
celebraciones, pero la
expresidenta madrileña
decidió mantenerla para
convertirla en un foro
de pensamiento que
defendiera la unidad de
España. Así, en 2009, su
ejecutivo concedió una
nueva ayuda a la entidad
de 400.000 euros. Con
todo, la ayuda más
importante llegó de
nuevo de la Fundación de
Caja Madrid, con otro
donativo de 1.862.000
euros. La última entrada
de fondos en la
Fundación Dos de Mayo,
según la documentación
que figura en el
Registro Oficial de
Fundaciones, se produjo
en 2010, con una nueva
ayuda tramitada por el
Ejecutivo de Aguirre por
importe de 300.000
euros. Es decir, que
entre 2007 y 2010, el
organismo manejó un
presupuesto de 7.682.000
euros. Se desconocen los
ingresos que consiguió
entre 2011 y 2014, el
año de su liquidación.
Sus responsables nunca
los declararon.
La UCO trata de
determinar ahora qué
hizo Aguirre con esos
fondos. De las memorias
de actividades de la
fundación se desprende
que el grueso del dinero
se destinó a la
publicación de obras y
exposiciones itinerantes
sobre el levantamiento
de 1808. También se
organizaron
conferencias,
conciertos,
representaciones
teatrales y funciones de
'ballet'. De los 7,6
millones del presupuesto
total, 832.000 euros –el
10% del total– se
destinaron a la
publicación de una sola
obra, '1808: el dos de
mayo, tres miradas'. La
fundación imprimió
500.000 ejemplares. La
mitad se distribuyó en
centros escolares,
100.000 se repartieron
con el periódico 'ABC' y
otros 50.000 se
repartieron en la Feria
del Libro. El resto del
dinero también se
utilizó, sobre todo,
para cubrir gastos de
imprenta, para publicar
obras como 'Liberales de
1808', 'Relatos después
de la batalla', '1808.
La memoria alargada',
'Dos de mayo: el grito
de una nación', 'Más que
libertador' y 'Recuerdo
de un tiempo viejo',
entre otras.
No todo el dinero habría
tenido ese destino. Los
expertos en delitos
contra la Administración
de la UCO sospechan que
el PP de Madrid utilizó
esos encargos para
abonar servicios de sus
campañas electorales. Un
oficio de la Guardia
Civil y un auto del juez
Velasco, incorporados
ambos al sumario del
caso Púnica, revelan que
la Fundación Dos de Mayo
encargó la impresión de
libros y la organización
de actos a varias de las
empresas de
comunicación, publicidad
y marketing utilizadas
por el PP regional en
las elecciones de 2007,
2008 y 2011 para
sobrepasar los límites
de gasto electoral de
forma fraudulenta. Se
trata de mercantiles que
presuntamente se
concertaron con el
gerente del partido,
Beltrán Gutiérrez,
imputado también en
Púnica, para rebajar en
las facturas el importe
real de los trabajos de
campaña y para cargar
los gastos de la
formación a otras
organizaciones satélite
del PP e, incluso, a
proveedores y
adjudicatarios de la
Comunidad de Madrid.
Rajoy se presentó a las
generales de 2008 con
685.000€ en B pagados
por la trama Púnica
El sumario del caso
Púnica confirma que la
red de Francisco
Granados generó 685.000
euros no declarados para
sufragar parte de los
gastos del PP en las
elecciones generales de
2008
La mecánica
presuntamente utilizada
por la primera planta de
Génova con la Fundación
Dos de Mayo no sería
nueva. Como adelantó
este diario, la
instrucción del caso
Púnica ha permitido
descubrir que el PP
regional utilizó
masivamente otra
organización sin ánimo
de lucro creada por el
propio partido, la
Fundación para el
Desarrollo Económico y
Social de la Comunidad
de Madrid (Fundescam),
para desviar
subvenciones públicas y
donaciones ilegales de
empresarios a su
contabilidad.
El engaño era sencillo y
fue empleado por el PP
durante años. Fundescam
abonaba facturas a
proveedores por
conceptos relacionados
con sus fines
estatutarios. De ese
modo, demostraba a las
autoridades qué había
hecho con las ayudas que
le habían concedido.
Pero lo cierto es que
esas facturas eran
completamente falsas.
Ocultaban trabajos
efectuados para el PP
por esos mismos
proveedores en campañas
electorales. Fundescam
actuaba así como un
simple intermediario.
Pagaba deudas de la
formación sin que el
dinero tuviera que pasar
ni siquiera por las
cuentas de Génova. La
UCO mantiene ahora que
la Fundación Dos de Mayo
habría sido
instrumentalizada por la
formación para ejecutar
la misma operativa.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-21/aguirre-capto-7-6-millones-con-la-fundacion-que-investiga-la-uco-por-desviar-dinero-al-pp_1385303/
IMPUTADO EN 'PÚNICA' EL
EMPRESARIO AL QUE EL
GOBIERNO DE AGUIRRE
ENCARGÓ GESTIONAR EL
MAYOR PLAN DE INVERSIÓN
PÚBLICA
El administrador de Dusa,
que no tuvo rivales en
el concurso convocado en
2006 por Arpegio,
reconoció en la Asamblea
de Madrid que en ese
momento tenía "seis o
siete empleados" y "no
estaba preparado"
Pese a ello, se alzó con
el contrato y terminó
cobrando seis millones
por gestionar el mayor
plan madrileño de
inversiones, el Prisma,
controlado por Francisco
Granados
El empresario se
incorporó como
vicepresidente a una
fundación lucrativa
panameña a los tres
meses de que Dusa se
alzara con la
adjudicación pero dice
que los fondos de esa
entidad eran de uno de
sus clientes históricos
Adolfo Fernández,
administrador de Dusa,
la empresa que en 2006
se alzó con la gestión
de todas las
licitaciones del Prisma,
un multimillonario plan
de inversión pública
madrileña articulado por
la sociedad pública
Arpegio bajo control de
Francisco Granados y
dotado con 600 millones,
acaba de engrosar la
lista de imputados de la
Operación Púnica. Los
indicios recabados desde
el inicio del caso
apuntan a que fondos del
plan Prisma se desviaron
para abonar gastos
electorales del PP.
El empresario, que en
una breve conversación
telefónica con infoLibre
invocó este lunes el
secreto del sumario para
eludir pronunciarse
sobre el paso dado por
el juez Eloy Velasco,
compareció hace seis
meses en la Asamblea de
Madrid. Ante la comisión
de investigación sobre
la corrupción, Fernández
reconoció el 18 de
noviembre varios hechos:
que antes de lograr el
contrato para gestionar
las licitaciones del
plan Prisma -600
millones para
infraestructuras– Dusa
tenía "seis o siete
empleados". Que él mismo
consideraba que "no
estaba preparado para
afrontar" un encargo de
esa magnitud. Y que como
nadie más acudió al
concurso se hizo con el
contrato, que según su
versión cumplió
correctamente al
contratar a una
treintena de técnicos y
que mediante prórrogas y
ampliaciones terminó
reportándole seis
millones a Dusa. Gracias
a ese contrato, los
ingresos de la compañía
se multiplicaron por
diez en un año.
Fernández sostuvo en
varias ocasiones que
jamás conoció
personalmente a
Francisco Granados.
Administrador de Dusa y
otras sociedades de
gestión, el empresario
presidió el Tribunal
Económico Administrativo
del municipio madrileño
de Pozuelo de Alarcón
hasta hace unas semanas.
Accedió al cargo cuando
la actual presidenta de
la Asamblea de Madrid,
Paloma Adrados, ocupaba
la alcaldía (2011-2015).
Pero, según Fernández,
solo después de obtener
ese puesto supo que
tenía vínculos
personales con Adrados:
"Veníamos del mismo
colegio y teníamos
amigos comunes". Antes
-dice- no la conocía.
"Dimití del tribunal
económico, no me ha
destituido nadie". Fue
lo único que Fernández
accedió a decirle a este
diario tras su
imputación en Púnica.
El contrato para la
gestión del Plan Prisma
2006-2007 se formalizó
el 31 de marzo de 2006.
Tres meses después,
quedó inscrita en el
Registro de Panamá una
fundación lucrativa
bautizada como Asiak y
en la que Fernández
asumió el cargo de
vicepresidente. En su
comparecencia ante la
Cámara madrileña,
Fernández demoró su
respuesta cuando el
diputado de Podemos
Miguel Ongil le preguntó
si había declarado a
Hacienda "la sociedad
que tiene en Panamá". El
Diario de Sesiones de la
Asamblea transcribe así
su contestación: "¿Yo,
en Panamá tengo una
sociedad? Yo, en Panamá,
no tengo ninguna
sociedad, ¡ninguna! A
ver, yo no sé qué cargo
puedo tener en una
fundación de un cliente
mío en Panamá". Más
adelante, se extendió en
sus explicaciones para
asegurar que los fondos
custodiados por esa
fundación pertenecen a
uno de sus clientes
históricos. Y que, al no
tratarse de fondos de su
propiedad, no se ha
visto abocado a declarar
nada ante la Agencia
Tributaria.
Fernández, con quien
este diario mantuvo dos
conversaciones en
noviembre de 2016,
proclamó en cambio de
forma tajante que Dusa
le pertenece en su
totalidad.
Dusa se hizo con la
adjudicación gracias a
que ninguna otra empresa
acudió al concurso
convocado por la empresa
pública Arpegio y para
cuya presentación de
ofertas solo hubo 15
días de plazo, como
recordó la socialista
Nani Moya durante su
interrogatorio a
Fernández en la citada
comparecencia.
Un tercer diputado,
César Zafra, de
Ciudadanos, formuló una
pregunta a la que
Fernández respondió con
evasivas. ¿Había
prestado ya Dusa el tipo
de servicios que
implicaba el contrato
que le adjudicó Arpegio?
"Para otras empresas,
sí, claro", contestó
Fernández. Y Zafra le
pidió entonces que le
dijera "alguna". Y estas
fueron las palabras que,
como recoge el Diario de
Sesiones, articuló
Fernández: "No sé... Por
ejemplo... No sé. Ahora
mismo no recuerdo,
porque, la verdad...
Pero, vamos, yo he
trabajado para el
Ayuntamiento de
Guadarrama. Una empresa
privada, que en aquel
momento... Esto era en
el término municipal de
Ribatejada... Era una
empresa privada, que
había que hacer una
junta de compensación.
En otras juntas de
compensación... Pero,
vamos..."
Un auténtico maná
Para Dusa, el contrato
de Arpegio fue un
auténtico maná. La
compañía decuplicó sus
ingresos -pasaron de los
291.351 euros de 2005 a
los 3.383.858 de 2006- y
disparó su beneficio
neto: los 39.350 euros
de 2005 se convirtieron
en 234.605. Al año
siguiente, 2007, cuando
las prórrogas y un
contrato complementario
mantuvieron la gestión
del Prisma en manos de
Dusa, sus cuentas
evolucionaron todavía
mejor: computó ingresos
por 4,5 millones y
beneficios después de
impuestos por 572.349
euros. Otorgado a dedo
en diciembre de 2006 por
618.000 euros, ese
"contrato
complementario" no era
tal, recalcó la
socialista Moya, sino
una adjudicación por
completo novedosa cuya
informe jurídico de
justificación o no
existe o ha
desaparecido.
Solo en 2006, Arpegio
pagó 800.000 euros a
Over Marketing, mascarón
de proa de un entramado
de empresas de
publicidad cuyo
propietario, como
desveló infoLibre, ya ha
confesado que obtenía
contratos amañados. No
le pagaba comisión a los
cargos públicos que le
beneficiaban pero "quizá
el beneficio que
pudieran obtener" era
que "no les facturasen
las totalidades de las
campañas". Así lo
aseguró en 2012 ante la
Fiscalía Anticorrupción
y el juez del caso Palma
Arena, José Castro, en
una declaración ya
incorporada al sumario
de Púnica.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/23/imputado_punica_empresario_que_gobierno_aguirre_encargo_gestionar_mayor_plan_inversion_publica_65395_1012.html
EL PP DE MADRID "QUEBRÓ"
CON SU CAJA B "EL
PLURALISMO POLÍTICO"
Un informe de la UCO
concluye que el PP
compareció tan dopado
“al menos” a las
elecciones de 2007, 2008
y 2011, que “atentó"
contra “el necesario
equilibrio en la
concurrencia electoral”
Los agentes apuntan a
Ignacio González, al
extesorero José Ignacio
Echeverria y al
exgerente Beltrán
Gutiérrez, a quien le
fue incautado el
pendrive clave con la
caja b
Nunca antes la Guardia
Civil había sido tan
concluyente en un
informe, sobre la caja b
del Partido Popular o de
cualquier otro partido.
El sumario de la pieza
de la financiación
ilegal del PP de Madrid
dentro del sumario de la
Púnica, contiene un
minucioso informe de la
Unidad Central Operativa
de la Guardia Civil en
el que los agentes no
solo dan por
sobradamente acreditada
la “contabilidad
soterrada” o “b” del
partido “al menos” en
las elecciones
regionales de 2007 y
2011, y las generales de
2008, sino que los
agentes sostienen que
con ese exceso de
financiación, el Partido
Popular rompió las
reglas del juego
democrático.
En concreto, los agentes
dicen que “el examen y
análisis de la abundante
documentación incautada
en el domicilio y
despacho de Beltrán
Gutiérrez ha puesto de
manifiesto una
contabilidad b de gastos
electorales que revela
la superación
sistemática de los
límites de gasto
electoral, así como
numerosas
irregularidades, muchas
de ellas de relevancia
penal, que suponen una
profunda quiebra de las
normas que regulan el
régimen electoral y que
atentan contra los
principios que pretenden
salvaguardar como son el
necesario equilibrio en
la concurrencia
electoral y con ello un
grado aceptable de
pluralismo político”.
Para ello, el PP contó
con “la articulación y
colaboración de un
entramado empresarial
que servía para la
puesta en práctica y
enmascaramiento de los
servicios de campaña”
electoral.
Esa contabilidad b fue
hallada en dos pendrives
del exgerente Beltrán
Gutiérrez, de colores
pistacho y azul, que ha
sido contrastada con
información de la
Agencia Tributaria, por
los registros
practicados, e
información de cuentas
bancarias.
Así funcionaba la caja b
Los agentes han
confirmado diversas
fórmulas de financiación
ilegal del PP de Madrid.
Sostienen que por una
parte, se financiaba con
la aportación de “dinero
en efectivo de
procedencia desconocida”
desde su caja b. Además,
empleaba a la fundación
Fundescam para pagar a
proveedores del PP
mediante facturación
falsa. Las fórmulas de
ingreso de Fundescam
para poder ejecutar los
pagos era las
aportaciones de
empresarios; el desvío
de fondos de
subvenciones abonadas
por la Comunidad
Autónoma de Madrid, y
hasta un convenio con la
Fundación Caja Madrid.
El informe revela que
hasta pagaron en negro a
12 mariachis para un
acto de Esperanza
Aguirre en Valdemoro, y
cómo gran parte de los
mítines de la
expresidenta, se pagaron
en todo o en parte con
dinero b.
Los agentes concluyen
que los hechos son
constitutivos de delitos
electorales, de
malversación y falsedad
documental; y los
principales responsables
de su comisión, a su
juicio, serían el
exgerente Beltrán
Gutiérrez; el extesorero
José Ignacio Echeverria;
el exsecretario general,
Francisco Granados; y el
expresidente de la
Comunidad de Madrid y
director de campaña en
2007, Ignacio González,
quien además desvió de
forma fraudulenta según
la UCO una subvención a
Fundescam, para que
acabara sufragando pagos
electorales del PP de
manera irregular.
http://cadenaser.com/ser/2017/05/16/tribunales/1494947614_317391.html
DIMITE EL VICECONSEJERO
DE MEDIO AMBIENTE TRAS
LOS REGISTROS
PRACTICADOS POR LA UCO
EN SU DESPACHO EN EL
MARCO DE 'PÚNICA'
El magistrado instructor
ha ordenado el registro
para obtener información
relacionada con la etapa
en la que ejerció como
consejero delegado de
Arpegio
Un total de doce
personas comparecerán
como investigadas a
partir de junio
El viceconsejero de
Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid,
Miguel Ángel Ruiz, ha
presentado este martes
su dimisión tras
resultar investigado en
el marco de la trama
Púnica, por su etapa en
Arpegio, donde fue
consejero delegado. El
magistrado de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco ha ordenado este
martes siete registros,
entre ellos el despacho
del recién dimitido
viceconsejero.
Según han informado
fuentes del Gobierno
regional, Miguel Ángel
Ruiz ha recibido este
martes un auto formal de
investigación dictado
por el Juzgado Central
de Instrucción número 6,
donde "no se refiere a
ningún hecho derivado de
sus actuales
responsabilidades como
viceconsejero, sino a
actividades desempeñadas
en los órganos de
dirección de Arpegio,
durante legislaturas
anteriores, coincidiendo
con el mandato de
Esperanza Aguirre".
Las mismas fuentes han
señalado que aunque el
auto de investigación es
completamente ajeno a la
labor que desempeña
actualmente en el
Gobierno de la Comunidad
de Madrid, Miguel Ángel
Ruiz ha presentado esta
misma mañana, de forma
voluntaria, su renuncia
al cargo de
viceconsejero de Medio
Ambiente, Administración
Local y Ordenación del
Territorio de la
Comunidad de Madrid, así
como de vicesecretario
Territorial del PP de
Madrid.
La presidenta del
Gobierno regional,
Cristina Cifuentes, ha
aceptado la dimisión, en
aplicación del Código
Ético de los altos
cargos del Gobierno
regional, así como del
Código Ético del Partido
Popular de Madrid.
Hace seis meses, el
exconsejero delegado de
Arpegio compareció en la
comisión de
investigación sobre
corrupción en la
Asamblea de Madrid donde
justificó una factura de
16,5 millones de euros
en promoción que la
empresa pública dedicada
a la gestión del suelo y
del Plan Prisma cargó a
dicho plan, y que
incluía, entre otras
cosas, un gasto de 3,3
millones de euros en
primeras piedras.
Por otro lado, aseguró
que por lo que pudo
observar como presidente
de la Mesa de
Contratación de PRISMA,
desde diciembre de 2008
hasta marzo 2011, "los
procedimientos se
hicieron de forma
transparente, no se
hicieron procedimientos
negociados, había o
contratos menores o
abiertos, en los que el
pliego era 60 por ciento
precio, 40 por ciento la
cuestión técnica".
Por ello, indicadó que
no podía afirmar lo que
sostiene el juez Eloy
Velasco, en relación con
el control por parte del
Francisco Granados en la
Mesa de contratación.
También aseguró
desconocer si se han
producido mordidas.
El magistrado de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco ha ordenado este
martes siete registros,
entre ellos el despacho
del recién dimitido
viceconsejero de Medio
Ambiente de la Comunidad
de Madrid Miguel Ángel
Ruiz, en el marco de la
trama Púnica y en
concreto de la pieza en
la que se investigan
presuntas
irregularidades
detectadas en la gestión
del exsecretario general
del PP de Madrid
Francisco Granados y sus
colaboradores con las
empresas públicas
Arpegio y Fundación
Arpegio 2.
Según informan fuentes
jurídicas, los agentes
de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil han
practicado siete
registros, algunos de
ellos en despachos de
abogados. En lo que
respecta al
exviceconsejero del
gobierno regional, el
magistrado instructor ha
ordenado el registro
para obtener información
relacionada con su etapa
en la que ejerció como
consejero delegado de la
sociedad pública Áreas
de Promoción Empresarial
(Arpegio).
Según las mismas
fuentes, un total de
doce personas
comparecerán como
investigadas a partir de
junio ante el titular
del Juzgado Central de
Instrucción número 6 de
la Audiencia Nacional
por su implicación en
esta pieza número 13 de
la trama que estalló en
2014 y cuenta con más de
un centenar de personas
imputadas por participar
en presuntos contratos
fraudulentos en materia
de urbanismo y obras
públicas.
Irregularidades en
Arpegio y Prisma
El pasado mes de julio,
el instructor del caso
Púnica solicitó a la
Consejería de
Presidencia, Justicia y
Portavocía de Gobierno
de la Comunidad de
Madrid documentación
relativa a los
consorcios urbanísticos
desarrollados por la
empresa pública de
gestión de suelo Arpegio
y los dos Planes del
Programa Regional de
Inversiones y Servicios
(PRISMA) que llevó a
cabo la Comunidad de
Madrid entre 2006 y 2010
al sospechar que dichas
operaciones fueron
planeadas por Granados
como un sistema para
obtener beneficios
ilícitos.
El magistrado actuó a
requerimiento de la
Fiscalía, que fundó su
petición en las
declaraciones en las que
el exsocio de Granados
David Marjaliza, reveló
el pago de comisiones
por contratistas y
promotores para acceder
a las obras de los 22
consorcios urbanísticos
de Arpegio y los dos
planes Prisma de la
Comunidad de Madrid
sobre los que ahora se
centra la investigación.
Los citados planes,
dotados con 1.000
millones de euros según
el el juez Velasco, "se
llevaron a cabo bajo la
espera de dominio de
Francisco Granados como
presidente de las Mesas
de Contratación, en
persona o por
delegación". Su dominio
sobre las decisiones de
adjudicación, según
Velasco "era absoluto y
fue algo buscado desde
el momento inicial de
redacción del convenio".
El sumario de la trama
también recoge un
informe de la UCO del
pasado año según el cual
el presunto cabecilla de
la Púnica y su mujer
enviaron en 2006 y 2007
cestas de navidad a
familiares y compañeros
de trabajo por un
importe de 100.000 euros
y que cargaron a Arpegio
durante la etapa en la
que Granados ejercía
como consejero de
Presidencia, Justicia e
Interior y presidente de
Arpegio.
El informe puso de
manifiesto que,
aprovechando su cargo
como presidente de
Arpegio, Granados indicó
al personal competente
de la empresa pública
las instrucciones
oportunas para que la
liquidación de las
facturas de dichos
regalos se hicieran con
cargo a la misma, con el
consiguiente perjuicio
para las arcas de dicha
sociedad, según el
informe.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/16/el_juez_velasco_ordena_siete_registros_marco_punica_entre_ellos_despacho_del_viceconsejero_medio_ambiente_65118_1012.html
GRANADOS HABLABA DE
"LIBROS" O "BOMBONES"
PARA REFERIRSE A LAS
DONACIONES DE DINERO
NEGRO PARA EL PP
En un conversación
grabada por la UCO, el
cabecilla de la Púnica
"hace alusión a una
devolución de libros, en
la llamada anterior
hablan de bombones. Todo
parece indicar que el
intermediario habría
retenido dinero",
especifican los agentes
de la Guardia Civil Los
agentes también aluden a
Julio Gutiez,
administrador de la
empresa Mira Detectives,
que presuntamente espió
al expresidente
madrileño Ignacio
González en su viaje a
Colombia por encargo de
OHL, "una empresa
adjudicataria de
contratos públicos"
El presunto cabecilla de
la trama Púnica, el
exconsejero madrileño
Francisco Granados,
ejerció de intermediario
entre los empresarios
que realizaban
donaciones en negro y el
Partido Popular de
Esperanza Aguirre, según
consta en un informe de
9 de febrero de 2016 de
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil al que ha
tenido acceso infoLibre.
En concreto, Granados
realizó esa función de
"intermediación" con el
también excargo del PP
Pedro Núñez Morgades,
que fue delegado del
Gobierno en la Comunidad
de Madrid entre los años
1996-2.000. Defensor del
Menor en la Comunidad de
Madrid anos 2.001-2006 y
concejal del PP del
Ayuntamiento de Las
Rozas entre 2.007 y
2011.
En un conversación
grabada por la UCO,
Granados "hace alusión a
una devolución de
libros, en la llamada
anterior hablan de
bombones. Todo parece
indicar que el
intermediario habría
retenido dinero que
habría que entregar a un
tercero, expresando su
temor a que puedan
pensar que ellos se han
quedado el dinero",
especifican los agentes
de la Guardia Civil.
En el mencionado
informe, la UCO también
alude a Julio Gutiez,
administrador de la
empresa Mira Detectives,
que presuntamente espió
al expresidente
madrileño Ignacio
González en su viaje a
Colombia. Según los
agentes, este espionaje
lo habría abonado OHL,
"una empresa
adjudicataria de
contratos públicos".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/16/las_grabaciones_uco_destapan_las_gestiones_granados_para_cobrar_para_ha_recibido_los_libros_los_bombones_65141_1012.html
INVESTIGADAS LAS CUENTAS
SUIZAS DE TRES IMPUTADOS
EN PÚNICA POR PAGOS A
GRANADOS
Se trata de Eduardo
Larraz, consejero
delegado de la empresa
pública Arpegio, su
esposa y el propietario
de la mercantil Dusa,
Adolfo Fernández
La Guardia Civil ha
localizado en varias
entidades financieras de
Suiza cuentas abiertas a
nombre de, al menos,
tres imputados en el
caso Púnica. Se trata
Eduardo Larraz, quien
fuera consejero delegado
de la empresa pública
Arpegio, su esposa y el
propietario de la
mercantil Dusa, Adolfo
Fernández, adjudicataria
de millonarios contratos
de la Comunidad de
Madrid. Dos fueron
abiertas hace menos de
un año. La UCO investiga
si a través de ellas se
realizaron pagos a
Francisco Granados o le
permitieron ocultar su
“elevadísimo
patrimonio”.
La investigación del
caso Púnica vuelve a
mirar hacia Suiza. La
Guardia Civil ha
localizado en entidades
financieras del país
helvético varias cuentas
bancarias a nombre de
Eduardo Larraz Riesgo,
que fuera consejero
delegado de la empresa
del suelo de la
Comunidad de Madrid
Arpegio entre los años
2004 y 2008; su esposa,
María de los Ángeles de
Diego Suso, y el dueño
de la empresa Análisis y
Gestión de Desarrollos
Urbanos SA (DUSA),
Adolfo Fernández Mestre,
contratista de la
Comunidad de Madrid. Las
pesquisas han permitido
determinar que al menos
dos de estos depósitos
fueron abiertos por el
matrimonio hace menos de
un año en el Julius Bar
& Co Ag Bahnhofstrasse
de Zurich, aunque ya
tenían otros en el país
helvético con
anterioridad.
El juez Eloy Velasco
remitió una comisión
rogatoria a las
autoridades de Berna
para recabar nuevos
datos sobre “los
movimientos bancarios”
de ellos poco antes de
abandonar el pasado
jueves el Juzgado
Central de Instrucción
6. Anticorrupción ha
anunciado que solicitará
una ampliación en los
próximos días. Los tres
titulares de las cuentas
fueron imputados el
pasado el pasado 16 de
mayo, el mismo día que
la Unidad Central
Operativa (UCO) y la
Fiscalía Anticorrupción
sometían a un exhaustivo
registro a la empresa
pública ante la sospecha
de que el “elevadísimo
patrimonio” que la
investigación adjudica a
Francisco Granados
proviene en su mayor
parte de la adjudicación
irregular de contratos
de Arpegio.
Las sospechas sobre la
empresa pública se
remontan a julio del año
pasado. Entonces, el
juez Velasco dictó
dentro del caso Púnica
un auto en el que
reclamaba a la Comunidad
de Madrid abundante
documentación de Arpegio
y del plan regional de
inversiones Prisma,
gestionado por la
empresa pública. Con
aquella información, la
Agencia Tributaria
elaboró un informe en el
que se apuntaba la
posibilidad de que buena
parte de la fortuna
ilícita supuestamente
obtenida por Granados
procediera,
precisamente, de estos
amaños. Hacienda también
descubrió la existencia
“de un flujo de fondos
hacia cuentas abiertas
por Adolfo Fernández”,
el dueño de la empresa
Dusa, en Suiza.
Pago de comisiones
Con estos nuevos datos,
el juez Velasco dictó el
pasado 24 de mayo un
auto en el que incidía
en la existencia de
indicios de “pago de
comisiones por
contratistas y
promotores para acceder
a las obras de los 22
consorcios urbanísticos
de Arpegio y los dos
planes Prismas”. Unos
programas que,
recalcaba, estuvieron
“bajo la esfera de
dominio de Francisco
Granados como presidente
de la Mesa de
Contratación, en persona
o por delegación” y en
los que se manejaron
fondos cercanos a los
1.000 millones de euros.
En ese auto, el
magistrado autorizaba a
la Guardia Civil a
acudir de nuevo a la
sede de Arpegio el
pasado jueves para
reclamar el expediente
con los documentos
originales de la
adjudicación a Dusa, la
empresa de Adolfo
Fernández, el 31 de
marzo de 2006 de un
contrato de “consultoría
y asistencia técnica
para la gestión integral
de las licitaciones
públicas” por un valor
de 4,5 millones de
euros. Este contrato fue
posteriormente
prorrogado en cinco
ocasiones. La mercantil
se hizo también con
otras dos adjudicaciones
que elevaron a 9,8
millones de euros lo que
recibió de Arpegio en la
etapa de Granados.
Una empresa en las Islas
Vírgenes
No es la primera vez que
el nombre Eduardo Larraz
se ve salpicado por un
escándalo financiero con
vínculos en paraísos
fiscales. En 2013 salió
a la luz que él y su
esposa tuvieron una
sociedad en las Islas
Vírgenes Británicas que,
según un informe
confidencial de 2010 de
la empresa intermediaria
Commonwealth Trust
Limited, tuvo “un
desconocido origen de
los fondos”. Antiguo
director de Gabinete de
Celia Villalobos en el
Ministerio de Sanidad,
Larraz también declaró
como testigo en el
sumario del caso Gürtel
para asegurar que a
Arpegio llegaban
“órdenes políticas”
desde la Consejería de
Deportes que encabezaba
el hoy procesado Alberto
López Viejo para que se
pagasen determinados
contratos.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/18/actualidad/1495094214_410346.html
EL SOSPECHOSO MERCEDES
DE LA AMIGA DE GRANADOS
Un informe de la UCO
detalla cómo un coche de
30.500 euros acabó en
manos de una
colaboradora del
político
El último informe de la
Guardia Civil en el caso
Púnica que Eloy Velasco
recibió en el Juzgado
Central de Instrucción 6
antes de abandonarlo no
trataba de financiación
del PP ni de contratos
públicos amañados. Es un
documento policial de 11
folios en el que la
Unidad Central Operativa
(UCO) detalla las
gestiones realizadas en
los últimos meses para
desentrañar el misterio
de quién pago realmente
un vehículo Mercedes
Benz SLK200 Kompressor
que desde 2006 utiliza
María Victoria Cristóbal
Araujo, exasesora de
prensa de Esperanza
Aguirre en la primera
campaña de ésta a la
Presidencia de la
Comunidad de Madrid y
que con Francisco
Granados en la
Consejería de
Presidencia encabezó la
Agencia Madrileña de
Emigración.
El informe, fechado el 8
de mayo, concluye que
los 30.500 euros que
costaba el vehículo no
salieron de las cuentas
bancarias de su actual
propietaria, sino que
presuntamente los pagó
un empresario de
Valdemoro, Ramiro Cid,
ya imputado en la causa.
La Guardia Civil
concluye que el
automóvil fue una
"contraprestación" más
del constructor a
Granados por sus
supuestos favores
urbanísticos. Éste había
hecho que el coche fuera
puesto a nombre de ella,
a la que la Guardia
Civil califica de
"persona de su
confianza". EL PAÍS se
puso en contacto
telefónico con María
Victoria Cristóbal para
recoger su versión, pero
rechazó hacer
declaraciones. Hasta la
fecha no ha sido llamada
a declarar por el juez.
Las sospechas sobre el
vehículo se remontan al
27 de octubre de 2014,
pocos días después de
las primeras detenciones
de Púnica. Ese día, la
UCO registró la sede en
Madrid de la empresa
Obras y Vías SA,
propiedad de Cid. Entre
la documentación
intervenida, había
cuatro tablas en las que
aparecían listados de
vehículos con indicación
de la sociedad a la que
supuestamente pertenecía
cada uno y los usuarios.
El Mercedes figuraba en
todos a nombre de la
constructora y con
"Victoria" o "Viki" como
conductora.
Sobre el piso, la UCO
destaca que la que la
colaborada del político
adquirió en julio de
2008 una vivienda con
plaza de garaje en la
calle Argensola, de
Madrid, por 400.000
euros a Vicfidem
Proyectos SL, otra
sociedad de Ramiro Cid.
Sin embargo, en este
último informe entregado
al juez Velasco no
ahonda en las
circunstancias de dicha
adquisición.
Los agentes iniciaron un
rastreo sobre el origen
del automóvil. Así,
constataron que fue
importado desde Alemania
a finales de 2005 por
Car Valdemoro SL,
empresa también
vinculada a Cid, y que
fue puesto en mayo de
2006 a nombre de María
Victoria Cristóbal. Todo
ello, supuestamente tras
abonar 30.500 euros,
según una factura. Sin
embargo, el análisis que
los agentes hicieron de
las declaraciones del
concesionario al fisco
reveló que dicha
cantidad nunca entró en
sus cuentas y que sólo
aparecía un ingreso de
5.400 euros
supuestamente realizado
por la colaboradora de
Granados.
Sin rastro de los pagos
El rastreo que la UCO
hizo después de las
cuentas bancarias de
ésta confirmó las
sospechas. "No se
localizó ningún
movimiento que coincida
o se aproxime, tanto en
la cantidad como en
fecha, con la factura de
compra del vehículo
emitida por Car
Valdemoro (30.500 euros)
así como tampoco con los
5.400 euros", destaca el
informe. A ello añade un
dato: el teléfono de
contacto que aparecía en
la póliza de seguro
hasta 2011 —cinco años
después de que la
exasesora de Granados lo
comenzara a conducir—
era de una de las
sociedades del Ramiro
Cid.
La UCO recuerda que una
mecánica similar a la
detectada en este caso
se produjo con otro
vehículo: un Mini Cooper
que utilizaba la mujer
de Granados, María
Nieves Alarcón, también
imputada, y que fue
destruido en el garaje
de la pareja por un
incendio provocado. Este
automóvil también
mereció un informe de la
Guardia Civil que
concluyó que era una
"dádiva" del mismo
constructor y que se
intentó camuflar con
"facturación falsa".
Faes, Aznar y el piso de
400.000 euros
La Guardia Civil destaca
en su informe como un
indicio más del
sospechoso origen del
Mercedes de la
colaborada de Granados
una conversación
telefónica mantenida por
ambos el 2 de julio de
2014, cuatro meses antes
de la detención del
primero. En la misma,
además de constatarse la
estrecha relación entre
ellos, se hablaba de un
"piso" y un "coche"
supuestamente regalados
a ella por Granados.
María Victoria Cristóbal
se quejaba de que el
expresidente José María
Aznar la quería echar de
la fundación FAES, donde
ella colaboraba, por
temor a que saliera un
escándalo "muy gordo de
ella" en referencia a
estos supuestos regalos.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/27/actualidad/1495913159_687027.html
EL JUEZ DE PÚNICA
INVESTIGA SI EL PP DE
AGUIRRE SE FINANCIÓ CON
972 CURSOS PARA PARADOS
La Guardia
Civil intervino en la
Consejería de Economía y
Empleo de la Comunidad
de Madrid los
expedientes de
contratación para
impartirlos en 2007 y
2008
La investigación del
titular del Juzgado
Central de Instrucción
6, Eloy Velasco, sobre
la supuesta financiación
irregular del PP de
Madrid alcanza también a
los cursos que el
Ejecutivo regional que
presidía Esperanza
Aguirre impartía con
cargo al erario para
facilitar la colocación
laboral de los parados
madrileños. Un documento
judicial sobre la pieza
del sumario de Púnica en
el que se investiga la
existencia de una caja b
del partido revela que
el magistrado requirió
recientemente a la
Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda la
documentación "original"
relativa al expediente
de contratación para la
"organización e
impartición" de 972
cursos de formación
profesional ocupacional
durante 2007 y 2008,
años de dos de las
campañas electorales
bajo sospecha de haberse
financiado con fondos
públicos. La consejería
remitió a la Audiencia
Nacional más de mil
folios que ocupan cerca
de tres tomos de la
causa cuyo secreto ha
levantado recientemente
el magistrado.
La investigación sobre
dichos cursos se añade a
otras líneas de
investigación abiertas
por el juez Velasco
después de que el
empresario David
Marjaliza, socio y amigo
de Francisco Granados,
presunto cabecilla de la
trama, desvelase quién
se encontraba detrás de
unas siglas aparecidas
en un cuaderno
manuscrito del político
y explicase que las
cifras que figuraban
junto a las mismas
correspondían a
supuestas entregas de
comisiones ilegales.
Desde entonces, el
magistrado ha requerido
numerosa documentación a
organismos públicos
sobre adjudicaciones de
contratos o la entrega
de subvenciones públicas
a la fundación del PP
Fundescam, una de las
supuestas vías de
financiación irregular
de los populares. Sobre
ésta, el juez ha
solicitado en los
últimos meses abundante
información al registro
de fundaciones de la
Comunidad de Madrid
referida a los años
2003, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012 y 2014.
El documento judicial
también detalla que los
investigadores están
analizando las
contrataciones de los
servicios de cafetería,
cocinas y comedores de
la Asamblea de Madrid de
los años, 2009, 2011 y
2013, y que ganó la
empresa Grupo
Cantoblanco, del
empresario Arturo
Fernández, quien ya ha
declarado en la
Audiencia Nacional por
estos hechos. También
está bajo sospecha el
expediente de
contratación del
servicio de cafetería de
la Consejería de
Presidencia y Portavocía
de la Comunidad de
Madrid, situada en el
número 4 de la calle
Carretas, de Madrid,
junto a la Puerta del
Sol.
Además, Velasco ha
extendido la
investigación a nuevos
ayuntamientos de la
Comunidad. Entre ellos,
el de Pozuelo de
Alarcón, quien ya se vio
salpicado en el caso
Gürtel precisamente por
la supuesta financiación
irregular de actos
electorales del que
fuera su alcalde, Jesús
Sepúlveda. Ahora, el
juez Velasco ha pedido a
este consistorio los
expedientes de
contratación con las
empresas Back RVS
Producciones Culturales
SL, Digital Plane SL y
Croma 21 SL. Estas tres
sociedades también están
siendo investigadas por
sus contrataciones con
el Ayuntamiento de
Madrid en las etapas de
Alberto Ruiz Gallardón y
Ana Botella.Las dos
primeras mercantiles
tienen entre sus
clientes al propio PP.
Back RVS figura,
incluso, como donante
del partido en 2002.
Ello le valió entonces
un reproche de la Cámara
de Cuentas ya que aquel
año ya era proveedor de
los populares y del
ayuntamiento de la
capital.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/11/actualidad/1494479681_891686.html
VELASCO CITA COMO
INVESTIGADO A DANIEL
MERCADO, UNO DE LOS
FINANCIADORES DEL PP
Daniel Mercado,
empresario argentino
dueño de Over Marketing,
ya incriminó al balear
Jaume Matas por la trama
de financiación ilegal
del PP.
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha
citado a declarar en
calidad de investigado a
Daniel Horacio Mercado,
en la pieza que se
investiga la
financiación ilegal del
Partido Popular en el
'caso Púnica'. Su
empresa, Over Marketing,
figura entre los papeles
incautados al gerente
del PP madrileño,
Beltrán Gutiérrez,
aparece como una de las
financiadoras del
partido, de manera
oculta al Tribunal de
Cuentas.
En una providencia a la
que ha tenido acceso EL
ESPAÑOL, Velasco cita al
empresario argentino
para el próximo día 29
en calidad de
investigado. Mercado ya
reconoció ante la
Justicia balear haber
recibido contratos
públicos amañados, en la
era de Jaume Matas, a
cambio de financiar al
partido. Ahora, la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil le sitúa como uno
de los principales
beneficiados por los
servicios de publicidad
pagados con cargo a los
hospitales madrileños
construidos durante la
etapa de Esperanza
Aguirre como presidenta
de la Comunidad de
Madrid.
Ya en Baleares,
reconoció ante el juez
del caso Palma Arena,
José Castro, y la
Fiscalía Anticorrupción
haber hecho “facturas
falsas” para los
Gobiernos de Madrid y
Castilla y León. Entre
la documentación
encontrada en el
domicilio del exgerente
del PP de Madrid y
hombre de confianza de
Aguirre, Beltrán
Gutiérrez, tras el
registro realizado hace
un año, apareció un
documento que ahora ha
sido analizado por la
Guardia Civil. En éste
se ve cómo una sociedad
Sintra, habría recibido
de Over Marketing
200.000 euros.
La tesis de los
investigadores, tal y
como ya ha desvelado
este diario, es que
Sintra hacía de empresa
interpuesta para el PP,
desde la cual se
canalizaban los pagos de
los financiadores del
partido, quien asumirían
el pago de los
proveedores del PP para
las campañas
electorales, y ocultarlo
así al Tribunal de
Cuentas. Es decir, Over
Marketing, adjudicataria
de publicidad de la
comunidad de Madrid,
habría pagado parte de
la campaña del PP a
través de Sintra.
El pasado mes de
febrero, el titular del
Juzgado de Instrucción
número 3 de Palma, José
Castro, decretó la
apertura de juicio oral
contra el expresidente
del Gobierno balear,
Jaume Matas y el
exconseller de Interior
y exsecretario general
del PP, José María
Rodríguez por una pieza
del llamado 'caso Over'
en el que también será
juzgado Daniel Mercado
como propietario de Over
Marketing.
Se investiga el desvío
de fondos públicos para
sufragar los gastos de
las campañas electorales
del PP balear de los
años 2003 y 2007. Se les
acusad de fraude a la
administración en
concurso medial con
malversación, falsedad
documental y
malversación de caudales
públicos.
http://www.elespanol.com/espana/20170510/214978920_0.html
PÚNICA DESTAPA EL USO DE
DINERO B Y FONDOS
PÚBLICOS EN TRES
CAMPAÑAS ELECTORALES DEL
PP
La pieza del sumario
cuyo secreto se levanta
ahora sitúa el acto de
fin de campaña de las
autonómicas de 2007 como
el paradigma de las
supuestas
irregularidades
La pieza del sumario del
caso Púnica que
investiga la supuesta
financiación irregular
del PP de Madrid durante
la etapa de Esperanza
Aguirre, y cuyo secreto
se levanta ahora, ha
aflorado el presunto
desvío de fondos
públicos y la
utilización de dinero
procedente de una caja b
de la formación para el
pago de una parte
importante de los gastos
electorales de las
elecciones autonómicas y
municipales de 2007 y
2011, y de las generales
de 2008, en las que
Mariano Rajoy repetía
por segunda vez como
cabeza de cartel de los
populares.
Fuentes cercanas a la
investigación destacan
que el mitin que la
formación celebró hace
diez años como final de
campaña de los comicios
locales y regionales es
el paradigma de buena
parte de estas
irregularidades. Según
han revelado las
pesquisas, en el mismo
hubo pagos con dinero
"de procedencia
desconocida" y se
abonaron a proveedores
con cargo a los
presupuestos de
Administraciones
públicas controladas
entonces por el PP. El
'pendrive' localizado
hace ahora un año en
casa del que fuera
gerente regional del
partido, Beltrán
Gutiérrez, desveló que
en aquellos años la
formación contó en su
supuesta caja b con
cinco millones de euros.
De ellos, tres millones
fueron presuntamente
destinados a financiar
la campaña que incluyó
aquel acto electoral,
mientras que para las
generales de 2008 y las
de 2011 se emplearon un
millón de euros en cada
una.
En el mitín de 2007,
celebrado en el Palacio
de Deportes de Madrid la
noche del 25 de mayo con
la presencia de los
principales dirigentes
de la formación, entre
ellos Rajoy, Aguirre y
Alberto Ruiz Gallardón,
estos dos últimos como
candidatos al gobierno
regional y la alcaldía
de la capital
respectivamente, las
primeras irregularidades
detectadas se refieren a
la contratación de las
actuaciones musicales de
los grupos Iguana Tango
y Azúcar Moreno para
amenizar el acto antes
de los discursos. Waiter
Music SL, una empresa
investigada en el caso
Púnica por la sospechosa
elevada cifra de
contratos públicos que
obtuvo durante años de
la Comunidad de Madrid y
de ayuntamientos de la
región, fue la encargada
de ello. De hecho, es
del análisis de la
documentación
intervenida en octubre
de 2014 en la sede de
esta mercantil donde
surgen los primeros
indicios de financiación
irregular del acto
electoral. Así, una
secuencia de correos
electrónicos cruzados
por empleados de la
compañía y dirigentes
del PP regional tres
días antes de que se
celebrara, reveló la
existencia de un
contrato "donde se
acuerdan las cláusulas
para la actuación [...]
de una duración
aproximada de 90
minutos" por un valor de
20.000 euros.
Sin embargo, otro email
fechado dos meses más
tarde revelaba la
supuesta falsedad de
dicha cifra. En el
mismo, el propietario de
Waiter Music SL, José
Luis Huerta, aseguraba a
Guillermo Mayoral,
dirigente regional del
PP y actual gerente del
partido en sustitución
del imputado Beltrán
Gutiérrez, que dicha
cifra había sido, en
realidad, el triple. En
los mismo el empresario
pedía que se le indicase
"lo antes posible cómo
facturo esto y la formas
de cobro", para a
continuación detallar
las diferentes partidas
que elevaban la factura
hasta los 48.600 euros
más IVA. En total,
60.000 euros. El
empresario destacaba que
"les hicimos un contrato
por 20.000 euros, IVA
incluido, aún sabiendo
ambas partes que
ascendía a una cantidad
mayor, como te explico
anteriormente".
Las pesquisas apuntan a
que finalmente el PP ni
siquiera pagó la
cantidad reflejada en el
contrato y hay indicios
de que los 60.000 euros
iban a cargarse mediante
distintos mecanismos a
las arcas de los
ayuntamiento de Pinto y
Valdemoro, gobernados
entonces por el PP. De
hecho, la Guardia Civil
ha constatado tras
analizar las
declaraciones de ingreso
y pagos realizados por
Waiter Music ante la
Agencia Tributaria que
entre los años 2006 y
2013 no figura ninguna
actividad comercial
entre esta mercantil y
el partido que "pudiera
estar relacionada" con
este mitin. Por ello,
los agentes concluyen
que se utilizaron
"recursos económicos
municipales para
sufragar actos
electorales del Partido
Popular de la Comunidad
de Madrid que no fueron
declarados como gastos
de campaña" en aquel
2007 y en las elecciones
posteriores de 2008 y
2011.
De hecho, irregulares
similares han sido
detectadas en los
mítines de estos dos
últimos comicios. Como
ejemplo del primero, las
pesquisas sitúan el
mitín que el PP celebró
en el Pabellón Juan
España de Valdemoro el 1
de marzo de 2008 con
motivo de las generales
de aquel año. La UCO ha
podido constatar que
parte de aquel acto fue
financiado con cargo a
los fondos públicos del
consistorio de este
municipio madrileño. En
concreto, los 4.200
euros más IVA que costó
la actuación de un grupo
de 12 mariachis que
recibieron con el
'Cielito lindo' y 'Sigo
siendo el rey' a
Aguirre, al número dos
de la lista al Congreso
por Madrid, el
empresario Manuel
Pizarro, y al
expresidente José María
Aznar. La empresa que
contrató dicha actuación
cobró dicha factura de
la partida destinada a
la celebración de las
Fiestas Patronales de
Septiembre de 2009 de
Valdemoro, que el equipo
de gobierno municipal le
adjudicó. La Guardia
Civil estima que de los
150.000 euros que
salieron de arcas
públicas para costear
dichas celebraciones
locales, cerca de un
tercio se desviaron a
actos del partido. Los
agentes también
investigan los pagos por
la organización de las
inauguraciones de
grandes obras de la
Comunidad.Otra parte
importante de los fondos
presuntamente
irregulares utilizados
en el pago son los que
los informes iniciales
de la UCO describían
como "de procedencia
desconocida".
Las investigaciones de
los últimos años han
revelado el verdadero e
irregular origen de los
mismos, así como los
diferentes mecanismos
utilizados para hacer
frente con ellos a
gastos electorales del
PP de manera opaca. Así,
la principal vía de
entrada eran las
donaciones supuestamente
realizadas por
empresarios -algunos de
ellos imputados ya en la
causa como Javier López
Madrid y Arturo
Fernández- a cambio de
la adjudicación de
contratos públicos. La
investigación ha
destapado que, en
ocasiones, dichos pagos
se hacían en maletines
con dinero en efectivo
y, en otras, con
aportaciones de capital
a la fundación
Fundescam.En otras,
dichos pagos se
realizaban 'en diferido'
haciéndose cargo la
compañía donante de los
pagos que el PP tenía
comprometidos con firmas
que le daban diferentes
servicios durante la
campaña. Para ocultar
aún más todo ello, en
buena parte de los
mismos se utilizaban
empresas interpuestas
para dificultar el
rastreo del origen de
los fondos.
Nueve de estas
mercantiles han salido
ahora a la luz en la
Operación Lezo. En esta
estrategia, las
pesquisas han puesto de
manifiesto el papel
protagonista que jugaron
en algunas de estas
irregularidades las
sociedades Over
Marketing, Traci
Comunicación y Link
América, todas ellas de
empresario argentino
Daniel Mercado. Éstas
firmaron multitud de
contratos con las
consejerías de Sanidad y
Transportes, la
Dirección General de
Justicia y la antigua
empresa pública del
suelo Arpegio, para
organizar actos de
colocación de primeras
piedras y cortes de
cinta en los que se
invertía el 1% del
presupuesto de la obra.
Recientemente el juez
Velasco reclamó a
Arpegio facturas que
suman 16,5 millones de
euros del Plan Prisma en
estos conceptos para
analizarlas. La
sospechas apuntan a que
parte de estos fondos
pudieron desviarse a la
supuesta caja b del PP
madrileño para el pago
de costosos actos
electorales con los el
partido entonces
liderado por Esperanza
Aguirre exhibía músculo
político como en el
mitín de fin de campaña
de las elecciones de
2007.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/10/actualidad/1494427354_398074.html
EL PP FINANCIÓ CON
DINERO DE PÚNICA LA
CAMPAÑA ELECTORAL DE
RAJOY EN 2008
El juez de la AN Eloy
Velasco halla indicios
de que el PP de Madrid
financió de forma
irregular a su hermano
mayor nacional en las
segundas generales del
actual presidente del
Gobierno
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha
hallado indicios de que
el Partido Popular de
Madrid aportó fondos de
origen ilícito a su
hermano mayor nacional
para financiar la
campaña de las
elecciones generales de
2008, las segundas en
las que Mariano Rajoy se
presentó como cabeza de
lista del PP. El
magistrado, que acaba de
levantar el secreto en
la pieza separada del
caso Púnica en la que
investiga las finanzas
de la formación
regional, ha remitido la
documentación que
apuntala estas sospechas
a su compañero José de
la Mata, encargado de
investigar la presunta
caja B de Génova en la
llamada causa de los
'papeles de Bárcenas'.
Según apuntan a El
Confidencial fuentes
cercanas al caso, la
contribución que hizo el
PP madrileño para
costear los gastos de
esos comicios,
celebrados durante la
etapa de Esperanza
Aguirre, se acercó al
millón de euros. Solo
'una ayuda' si se
compara con la cuantía
de la entrada de dinero
negro que se destinó a
las municipales de 2007
y 2011, las otras dos
campañas bajo sospecha
en esta parte de la
investigación del
entramado que
presuntamente dirigía
Francisco Granados. "Les
echaron una mano en
aquellos comicios",
señalan las fuentes
consultadas.
La pieza separada de
Púnica sobre la
financiación irregular
de los populares se
centra en la actividad
desplegada por el
gerente del partido
regional, Beltrán
Gutiérrez, receptor de
millones de euros en
negro que destinó a tres
procesos electorales. La
mayor contribución se
destinó a las elecciones
de 2007. También existen
pruebas que sustentan
una financiación en B
durante las autonómicas
de 2003, pero el juez
Velasco ha descartado
investigar esta parte
debido al tiempo
transcurrido desde
entonces y a que los
presuntos delitos
cometidos estarían
prescritos.
Las sospechas se basan
en anotaciones
manuscritas del propio
Gutiérrez y en la
abundante documentación
que se le incautó en
varias tandas de
registros. Como ya
reveló El Confidencial,
apuntan a que el
encargado de las
finanzas de la formación
manejó “una contabilidad
B de gastos electorales”
que le habría permitido
superar de forma
sistemática “los límites
de gasto electoral” sin
que saltaran las alarmas
en los órganos de
fiscalización. Los
fondos salieron del
desvío de subvenciones
de la Administración,
así como del cobro de
donaciones ilegales a
cambio de “contratos
públicos”. Estas
donaciones no declaradas
se camuflaban mediante
pagos directos a las
empresas que contrataba
el PP para sus campañas.
Al menos tres empresas
participaron de forma
continuada —a lo largo
de varios años— en esta
dinámica ilegal, según
ha podido saber este
diario. El foco se sitúa
sobre el grupo de
publicidad del
empresario argentino
Daniel Horacio Mercado,
que ya admitió en 2012
haber utilizado esta
fórmula para colaborar
en la financiación
ilegal del PP de Islas
Baleares, y en concreto
en una de sus empresas,
Over Marketing. Los
investigadores sospechan
que recibió millones de
euros en adjudicaciones
del Gobierno de la
Comunidad de Madrid para
campañas de publicidad y
'marketing'. Parte de
esos fondos públicos
habrían sido desviados,
según Velasco, para
costear las campañas.
.
También forma parte del
trío la agencia Carat, a
la que el PP de Madrid
adjudicó su publicidad
exterior; por último,
una sociedad del
empresario Óscar Sánchez
Moyano, Sintra
Consultores, que, según
la documentación
incautada, canalizó al
menos 600.000 euros en
las elecciones de
municipales y
autonómicas de 2007.
Entre las carpetas que
ocultaba Gutiérrez en su
casa, los investigadores
localizaron varios
folios manuscritos con
un plan de medios que
identificaba el origen
real del dinero que
manejó la formación en
esos comicios. El
exgerente anotó que el
capítulo de publicidad
exterior requería un
gasto de “1,5”, en
referencia a 1,5
millones de euros. Por
su parte, para
publicidad en “prensa
radio”, el partido
destinaría “0,9”,
900.000 euros. Esta
última partida terminó
ascendiendo a 1,1
millones de euros. Y,
finalmente, la “campaña
de medios exteriores”
supondría una inversión
de otros “0,6”, 600.000
euros.
Tres responsables
políticos
Según el juez, en el
desvío de las ayudas
públicas habrían tenido
un papel destacado tres
dirigentes del partido.
Además del primero y
evidente, el ex
secretario general de la
formación y presunto
cerebro de Púnica
Francisco Granados y el
exgerente Beltrán
Gutiérrez, el magistrado
también da importancia
al papel del exconsejero
de Transportes José
Ignacio Echevarría, con
responsabilidades en la
tesorería y gerencia del
partido en Madrid.
Además, investiga la
cooperación en la
entrada de fondos
ilegales de una entidad
satélite, la Fundación
para el Desarrollo
Económico y Social de la
Comunidad de Madrid, más
conocida por su acrónimo
Fundescam. Empresarios y
adjudicatarios públicos
realizaban donaciones a
Fundescam con la excusa
de apoyar su supuesta
actividad cultural y
formativa. Pero el
dinero era luego
desviado mediante
facturas falsas a la
caja B del PP de Madrid
y se destinaba a actos
de campaña.
La Fiscalía
Anticorrupción ya
advirtió en 2010 dentro
del caso Gürtel de que
la formación había
utilizado ese método
para concurrir a
elecciones de 2003 y
2004. Es un sistema
idéntico al que
presuntamente usó CDC
para ocultar sus
donaciones ilegales a
través de tres
fundaciones: Trias
Fargas, CatDem y Fórum.
Asimismo, en el caso
Filesa, el PSOE también
se aprovechó de
mercantiles satélite
para triangular
donaciones de
empresarios que
terminaron engrosando su
contabilidad paralela.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-10/punica-audiencia-nacional-financiacion-irregular_1379944/
GRANADOS PIDE SALIR DE
PRISIÓN PARA CUIDAR A
SUS HIJAS "EN SU MODESTA
CASA HIPOTECADA"
En un nuevo escrito,
suplica, más que pide,
quedar libre, y defiende
que debe salir para
hacerse cargo de sus dos
hijas adolescentes que
viven "en una modesta
casa hipotecada"
El presunto cabecilla de
la trama Púnica,
Francisco Granados, ha
vuelto a solicitar al
juez Eloy Velasco su
excarcelación, cuando se
cumplen tres años y
medio desde que fuera
enviado a prisión. En un
nuevo escrito, suplica,
más que pide, quedar
libre, y defiende que
debe salir para hacerse
cargo de sus dos hijas
adolescentes que viven
"en una modesta casa
hipotecada" donde se ven
obligadas a compartir
habitación. El número de
peticiones de este tipo
cursadas por el preso
más famoso de la red de
corrupción se acerca ya
a la decena.
El escrito, al que ha
tenido acceso El
Confidencial, defiende
que no existe riesgo
alguno de que el que
fuera hombre fuerte de
Esperanza Aguirre
destruya pruebas o
influya en otros
imputados por la trama
Púnica. "Es español,
reside en España donde
vive con su mujer y dos
hijas adolescentes, que
precisan de la presencia
de su padre, en una
modesta casa
hipotecada", destaca.
También pone de
manifiesto que la
vivienda ha estado a
punto de ser embargada y
solo una reciente
autorización del Juzgado
ha permitido cancelar,
con cargo a las cuentas
bloqueadas, las letras
pendientes salvando la
propiedad. En la casa,
situada en el mismo
pueblo donde siempre ha
residido, Valdemoro,
"las niñas comparten
dormitorio" cerca de su
abuela, la "anciana
madre" de Granados.
"Desde que su hijo
ingreso en prisión,
únicamente sale a la
calle para ir a
visitarle", destaca
también el escrito.
El 'Falcon Crest' de
Granados en Ávila: 84
hectáreas, 24 caballos y
seis 'quads'
La Guardia Civil acusa a
Francisco Granados de
cohecho y blanqueo de
capitales por haber
disfrutado durante una
década de una finca de
Ávila que le regalaron
constructores
"Carece de otras fuentes
de ingreso que no sean
las del trabajo de su
mujer, ingresos estos
últimos reducidos a una
ridícula cantidad como
consecuencia de la
publicidad del presente
procedimiento", se queja
el que fuera secretario
general del PP de
Madrid. También lamenta
"el trato claramente
discriminatorio" que
sufre en relación con
tantos otros
investigados e incluso
"condenados en situación
de libertad", dice en
clara referencia a casos
como Nòos o el de las
tarjetas 'black'.
En el más absoluto
"olvido y abandono"
El escrito, plagado de
reproches, también
recrimina la falta de
sustento que en su
opinión tiene su
supuesta tenencia de un
patrimonio oculto. "¿Qué
se ha hecho en los
últimos meses, incluso
en el último año, en
orden a acreditar tales
extremos? Pues nada de
nada", dice, y agrega:
"Granados se encuentra
en una situación de
absoluto olvido y
abandono".
La Guardia Civil
investiga otra caja B
del PP de Madrid que
funcionó entre 2010 y
2014
La UCO rastrea la
contabilidad de la
fundación Fundescam tras
descubrir que el Partido
Popular de Madrid la
habría utilizado para
financiarse ilegalmente
incluso después de que
estallara Gürtel
Niega disponer de fondos
escondidos y se
desvincula de las más de
190 sociedades que
—dice— forman el
entramado empresarial de
David Marjaliza.
Granados intenta cargar
a su antiguo socio y
amigo con el peso de las
irregularidades
investigadas y destaca
que nada tiene que ver
con las "ilícitas
maniobras" del
empresario. "De las más
de 5.000 llamadas
intervenidas a Marjaliza
durante casi cinco
meses, únicamente 30
fueron con Granados, la
gran mayoría de
'contenido social' y
ninguna de ellas
relacionadas con
operaciones, negocios,
contratos públicos o
supuestas maniobras
ilícitas", destaca su
abogado, que tacha la
confesión de este
coimputado de
"disparatada e
incongruente".
También rechaza Granados
contar en la actualidad
con influencias o
capacidad de presión. No
cuenta con "NINGUNA"
capacidad ni poder para
ello, destaca en
mayúsculas mientras
clama ante la injusticia
que a sus ojos supone
llevar en prisión
"¡¡¡¡TRES AÑOS!!!!"
cuando la ley permite
mantener en estos casos
la prisión provisional
solo seis meses.
"No existe causa que
justifique el
mantenimiento de prisión
durante tan dilatado
periodo de tiempo, más
de 30 meses, con los
enormes perjuicios que
de dicha situación se
derivan no solo para el
interesado sino también
para su familia",
concluye el escrito.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-08/francisco-granados-audiencia-nacional-punica-eloy-velasco_1379236/
VELASCO PREGUNTA A
ANTICORRUPCIÓN SI CIERRA
LA INSTRUCCIÓN DE PÚNICA
TRAS LEVANTAR EL SECRETO
DE LA CAJA B
El juez de la Audiencia
Nacional ha dictado una
providencia donde
pregunta al Ministerio
Fiscal si se debe
prorrogar de nuevo la
instrucción del caso
Púnica, declarada causa
compleja, y si considera
conveniente practicar
más diligencias en este
procedimiento. El plazo
legal para investigar
esta trama de corrupción
expira el próximo día
15.
El próximo 15 de mayo
expira el plazo previsto
en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal
(LeCrim) para que la
Audiencia Nacional pueda
continuar investigando
uno de los mayores casos
de corrupción que tenido
lugar en nuestro país en
los últimos años. Se
trata de la trama Púnica
que instruye el titular
del Juzgado Central de
Instrucción Número 6 de
la Audiencia, el
magistrado Eloy Velasco.
Por esta razón, el
instructor ha dictado
una providencia, a la
que ha tenido acceso
Vozpópuli, donde
pregunta al Ministerio
Fiscal si considera
necesario prorrogar esta
instrucción o, por el
contrario, se debe
cerrar ya. El artículo
324 de la LeCrim
establece que si la
instrucción de una causa
es declarada compleja
"el plazo de duración de
la instrucción será de
dieciocho meses, que el
instructor de la causa
podrá prorrogar por
igual plazo o uno
inferior a instancia del
Ministerio Fiscal y
previa audiencia de las
parte".
En la providencia, el
juez Velasco solicita a
las fiscales
Anticorrupción, María
Teresa Gálvez y Carmen
García Cerda, que les
informe sobre si, en
primer lugar, solicitan
la práctica de nuevas
diligencias y cuáles
son; en segundo lugar,
sobre si concurre alguna
razón que justifique la
prórroga de la duración
de la fase de
instrucción; y, por
último, sobre qué fecha
aproximada estiman que
sería el límite hasta el
que prorrogarla.
Levanta el secreto de la
Caja B
La instrucción de la
trama Púnica arrancó en
la Audiencia Nacional en
2014. Desde octubre de
ese año, el ex consejero
de la Comunidad de
Madrid, Francisco
Granados, se encuentra
en prisión preventiva
acusado de la comisión
de varios delitos de
corrupción como blanqueo
de capitales,
malversación de caudales
públicos, cohecho, etc.
Dada la magnitud de las
pesquisas de esta
macrocausa, en
septiembre de 2015 el
magistrado decidió
trocear la misma en
catorce piezas separadas
para agilizar la
instrucción.
Este viernes, el juez
levantó el secreto de la
pieza separada número
14. En ella, Velasco y
las fiscales investigan
la presunta financiación
irregular del Partido
Popular de Madrid. Están
imputados en dicha
pieza, el ex gerente del
PP madrileño, Beltrán
Guitérrez, y el ex
tesorero de la formación
regional José Ignacio
Echeverría. Los
investigadores han
apuntado ya a que
Granados actuaba como
"recaudador" para nutrir
la supuesta Caja B de su
partido.
Por su parte, el juez ya
ha dado por finalizada
la investigación de las
piezas 1, 2 y 3 de esta
causa. En la primera de
ellas se investiga el
chivatazo policial que
recibió Granados antes
de ser detenido; en la
dos, a la trama leonesa
de Púnica, y, la
tercera, versa sobre
cómo operaba esta red de
corrupción en la región
de Murcia. Estas tres
piezas separadas están
pendientes de ser
enjuiciadas en estos
momentos por la
Audiencia Nacional.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/velasco-pregunta-anticorrupcion-cierra-instruccion-punica-levantar-secreto-caja-b-pp_0_1023498284.html
VELASCO LEVANTA EL
SECRETO DE SUMARIO EN
PÚNICA SOBRE LA
FINANCIACIÓN ILEGAL DEL
PP DE MADRID
El titular del Juzgado
de Instrucción nº 6 de
la Audiencia Nacional,
Eloy Velasco, ha
levantado el secreto de
sumario sobre la pieza
nº 14 de la trama Púnica
donde se investiga la
presunta financiación
ilegal del PP de Madrid.
Según asegura Velasco en
el auto emitido este
viernes, al que ha
tenido acceso OKDIARIO,
“a la vista del
contenido de la
documentación recibida
por CEIM Confederación
Empresarial de Madrid
–CEOE y del informe
favorable del Ministerio
Fiscal, se acuerda el
levantamiento del
secreto de la presente
pieza separada nº 14,
compuesta de 56 tomos,
relativa a Hechos
relativos a Beltrán
Gutiérrez (ex gerente
del PP de Madrid) y
Francisco Javier López
Madrid (consejero de OHL),
procediéndose a su
desglose e
incorporación a la
causa principal”.
“Una vez escaneado y
foliado”, continúa el
auto, “el contenido de
dicha pieza, se dará
traslado a las partes.
En diligencia aparte se
indicará en qué pieza
se incorpora cada uno de
los particulares.
Póngase esta
resolución en
conocimiento del
Ministerio fiscal y del
resto de partes
personadas”.
El año pasado, los
agentes de la UCO de la
Guardia Civil
registraban los
domicilios y despachos
de López Madrid y
Gutiérrez, y hallaron
diversa documentación
sobre la presunta
financiación ilegal del
PP de Madrid que
afectaría a la patronal
madrileña CEIM.
El magistrado toma esta
decisión en plena
‘Operación Lezo’, que
llevaba a la detención
del ex presidente de la
Comunidad de Madrid,
Ignacio González y del
propio López Madrid. El
empresario eludía el
ingreso en prisión tras
hacer efectiva al fianza
de 100.000 euros
impuesta por el juez. En
esta operación, se
investiga López Madrid
pagó presuntamente una
comisión de 1,4 millones
de euros a través de OHL
a González, por la
concesión del tren al
municipio madrileño de
Navalcarnero.
Precisamente, Velasco
emitía en las últimas
horas otro auto en el
que afirmaba que “visto
el estado de las
presentes actuaciones y
estando próximo a
expirar el plazo
previsto” en la Ley para
la instrucción de la
presente causa, “se
acuerda dar traslado al
Ministerio Fiscal y
demás partes personadas
a fin de que antes del
próximo 15 de mayo
manifiesten si solicitan
la práctica de nuevas
diligencias y cuáles”.
Sobre la posibilidad de
continuar la
investigación, el
titular del Juzgado de
Instrucción nº 6 de la
Audiencia Nacional
preguntaba “si concurre
alguna razón que
justifique la prórroga
de la duración de la
fase de instrucción” y
“qué fecha aproximada
estiman que sería el
límite hasta el que
prorrogarla”.
Las fuentes del caso
consultadas por este
diario indican que el
hecho de que Velasco
decrete el levantamiento
del secreto de sumario
sobre la pieza nº 14 de
la Púnica sobre la
presunta financiación
ilegal del PP de Madrid
“no significa que se
vaya a cerrar la
instrucción de la
causa”.
La investigación de esta
trama corrupta se inició
en febrero de 2014 y en
octubre de ese año
estallaba el caso con la
detención del ex
dirigente popular,
Francisco Granados.
Desde entonces, el ex
consejero madrileño
permanece en prisión, es
decir, 32 meses
encarcelado.
El magistrado toma esta
decisión mientras “está
en el aire” su
continuidad en el
Juzgado de Instrucción
nº 6. Velasco se habría
postulado para ocupar
una de las plazas de la
futura Sala de Apelación
de la Audiencia Nacional
que quedará constituida
en las próximas semanas.
La ‘Operación Lezo’ y el
cierre de la Púnica
podrían ser las últimas
muescas en el revólver
de Velasco antes de
abandonar el juzgado.
https://okdiario.com/investigacion/2017/05/05/velasco-levanta-secreto-sumario-punica-financiacion-ilegal-del-pp-madrid-967569
EL HOMBRE FUERTE DE
AGUIRRE METIÓ EN EL
“CÁNTARO” 600.000 EUROS
El PP usó a
la firma Sintra para
pagar a proveedores de
campaña y ocultarlo al
Tribunal de Cuentas.
“No puedes estar
sediento con lo que ha
llovido”. Con esta
frase, quien fuera
gerente del Partido
Popular madrileño y
hombre fuerte de
Esperanza Aguirre,
Beltrán Gutiérrez, pedía
un poco de tiempo a
Óscar Sánchez Moyano
para pagarle lo que le
debía. Este empresario
ofrecía -según la tesis
de la Audiencia
Nacional- sus empresas
para pagar a los
proveedores reales del
PP de sus campañas
políticas. Una de sus
sociedades, Sintra,
cobró 600.000 euros
directamente del Partido
Popular. Los
investigadores
consideran que el dinero
sirvió para sufragar
ilegalmente la campaña
del partido durante las
elecciones regionales de
2007.
En la documentación
obrante en la pieza
separada del caso Púnica
sobre la financiación
ilegal del PP madrileño,
a la que ha tenido
acceso EL ESPAÑOL,
aparece cómo el PP de
Madrid pagó a Sintra esa
cantidad a través de dos
cheques y una
transferencia. Ese
dinero, que no salió de
la cuenta oficial para
la campaña de 2007,
sirvió para que desde la
sociedad de Sánchez
Moyano se pagara a los
proveedores del PP sin
que constara así
oficialmente en el
Tribunal de Cuenta.
.
En la operativa
gestionada por Beltrán
Gutiérrez, investigado
en la causa, el PP
contrató por 517.168
euros a Sintra (599.915
con IVA) por trabajos
ajenos a la campaña.
Después, ese dinero era
pagado por Sintra a las
empresas que realmente
hacían los trabajos para
la campaña, o incluso
todavía se utilizaba
otra sociedad
interpuesta antes de
llegar al trabajador
real.
La Guardia Civil llega a
esta conclusión después
de analizar una serie de
documentos intervenidos
en el registro de
Gutiérrez hace un año
ordenado por el juez de
la Audiencia Nacional
Eloy Velasco.
Este contrato se compara
con otro documento con
el encabezamiento
“Campaña PP”
-presuntamente elaborado
'por el propio
Gutiérrez- y en el que
se puede ver como el PP
hace tres pagos por la
suma exactamente igual
que el contrato anterior
con Sintra, 517.168
euros. Esto demuestra,
para la Guardia Civil,
que “el PP de Madrid
habría sufragado gastos
electorales desde la
cuenta corriente de
funcionamiento del
partido al margen de la
cuenta corriente de la
campaña electoral con el
objeto de sustraerlos
del control de la Cámara
de Cuentas”.
La normativa que regula
los comicios electorales
establece que debe
crearse 'ad hoc' para
cada uno de ellos una
cuenta corriente en la
que se centralicen tanto
los ingresos como los
gastos concernientes a
la campaña,
distinguiendo este tipo
de gastos de los de
funcionamiento
ordinario. Estos
documentos demostrarían
que esta normativa fue
incumplida en diversas
campañas electorales.
Pagos del gerente al
intermediario
Estos documentos son
relativos a la campaña
de 2007 pero los
mensajes de texto entre
Beltrán Gutiérrez y
Óscar Sánchez Moyano,
revelados por EL
ESPAÑOL, en los que
hablan de pagos del
gerente al empresario,
con jerga como “¿tiene
agua el cántaro?”, del
año 2010 para la campaña
electoral para las
elecciones autonómicas
de 2011.
En el segundo documento
con el encabezamiento
“Campaña PP” se
identifica como cliente
al partido, el cual
debería de abonar en
tres pagos una cantidad
exactamente coincidente
con la que aparece
reflejada en el borrador
del contrato con Sintra,
ajeno a la campaña. En
el mismo papel aparece
otra tabla de
“proveedores”, en la que
se identifican
conceptos, empresa e
importes. Muchos de los
cuales “coinciden
exactamente en cuanto a
importes y proveedores
con el modelo 347 de la
Agencia Tributaria
(declaración de
proveedores e ingresos
recibidos de más de
3.000 euros de una
empresa) de Sintra
Consultores S.L.,
referido a las compras
efectuadas en el año
2007.
El PP utilizó sociedades
interpuestas
Todo esto demostraría,
para los investigadores,
que el PP ha utilizado a
Sintra como una sociedad
interpuesta para la
facturación de actos de
campaña electoral.
Un tercer documento
avalaría la tesis de la
Guardia Civil:
El 0,6 al lado de Sintra,
coincidiría, según los
investigadores, con los
600.000 euros pagados
por el PP a esta
sociedad para ocultar
sus gastos de campaña.
El 0,2 Over y 0,2 + 0,2
Carat “podría
corresponderse al origen
de esos fondos”, es
decir los financiadores
reales del PP, que sería
Over Marketing y Carat
España.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170509/214728531_0.html
LOS SMS EN CLAVE DE LA
FINANCIACIÓN ILEGAL DEL
PP: “¿TIENE AGUA EL
CÁNTARO?" "YA SE ESCUCHA
EL RUMOR DEL AGUA”
El gerente del partido
en Madrid, Beltrán
Gutiérrez, y el
conseguidor hablaban
como “organizaciones
criminales”, según la
UCO.
“Querido mío, ¿tiene
agua el cántaro? Mis
obligaciones me
aprietan”. Con este
mensaje, uno de los
hombres utilizados por
el Partido Popular para
vehicular los pagos de
las campañas del PP de
manera irregular, y
ajenos al Tribunal de
Cuentas, pedía dinero al
gerente del partido
madrileño, Beltrán
Gutiérrez, uno de los
hombres de confianza de
Esperanza Aguirre cuando
presidía la Comunidad de
Madrid.
EL ESPAÑOL ha tenido
acceso a una
conversación que consta
en la pieza sobre la
financiación ilegal del
PP en el sumario del
caso Púnica y que el
juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco
levantó el secreto de
sumario este pasado
viernes. La primera
pregunta la hace, vía
mensaje, Óscar Sánchez
Moyano, propietario de
un conjunto de empresas
a través de la cual se
habrían pagado gastos de
campaña.
“Ya se puede escuchar el
rumor del agua. Espero
que en esta semanilla”,
le contesta Gutiérrez.
Estos mensajes están
fechados el 30 de
noviembre de 2010,
fechas en las que ya se
estaba preparando la
campaña electoral de
2011 para las elecciones
municipales y
autonómicas de Madrid, y
en las que Esperanza
Aguirre fue reelegida
presidenta madrileña.
Para la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil, en esos
mensajes se estaría
hablando de entregas de
dinero por Beltrán
Gutiérrez al empresario.
SOCIEDADES INTERPUESTAS
PARA PAGOS AL PP
El modus operandi entre
Sánchez Moyano y el PP
era el siguiente. Este
empresario disponía de
una serie de empresas
que recibía a través de
trabajos ficticios
dinero de los pagadores
reales del PP, como es
por ejemplo el caso de
Indra, adjudicatoria de
contratos públicos por
la Comunidad de Madrid.
Indra hace una serie de
pagos a empresas de
Moyano, éste a su vez
hace pagos por el mismo
importe a otras
sociedades, y estas
últimas son las que
pagan los trabajos
reales realizados para
la campaña del PP
madrileño.
De esta manera, en esos
pagos, el PP queda ajeno
a cualquier pago de esos
trabajos, y por tanto no
los tiene que justificar
ante el Tribunal de
Cuentas. Para el pago de
proveedores en campaña,
cada partido tiene que
abrir una cuenta
específica de campaña
para que puedan ser
controlados los pagos y
que no superen el límite
legal establecido. Así
que por un lado el PP
hacía los pagos
oficiales y por otro
lado, utilizaría el
anterior modus operandi
para articular los pagos
ajenos a esa
contabilidad, y que
demostraría la
financiación ilegal del
partido.
Durante el registro
realizado por la UCO en
el domicilio de Beltrán
Gutiérrez hace un año,
se le incautó
documentación y un
'pendrive', tal y como
adelantó este diario.
Entre los papeles
manuscritos, Gutiérrez
dejó plasmado el pago
con dinero b de parte de
la campaña, y entre sus
apuntes ya aparecían las
empresas del empresario
con quien se intercambió
estos mensajes.
"LA SEQUÍA ES
IMPORTANTE"
Según los investigadores
encargados del caso, a
cambio de hacer esta
operativa, el PP pagaría
por sus servicios a
Sánchez Moyano. Dos días
después de esa primera
conversación, el
empresario vuelve a
contactar con Beltrán
Gutiérrez -investigado
en esta pieza- y le
recuerda:
O.S.M: ¿Llueve? Porque
la sequía es importante
a día de hoy.
B.G: Ven a por el agua.
O.S.M: Voy!!!
B.G: Me puedes mandar a
alguien.
O.S.M: Ya ha salido para
allá jajajajajajaja
"NO PUEDES ESTAR
SEDIENTO CON LO QUE HA
LLOVIDO"
Esa conversación se
produjo el 2 de
noviembre de aquel año.
Tan sólo 11 días después
volvían a sacar el
asunto:
O.S.M: Querido mañana
podemos vernos en el
Universal? Ya sabes que
además de nuestras
cosas, tenemos que
hablar de aguas
minerales.
B.G: No puedes estar
sediento. Con lo que ha
llovido. Mañana
imposible, pasado.
O.S.M: Leído ottia!! Lo
mismo me decía mi yaya
cuando me daba la paga y
me lo gastaba! Se
pensaba que los cromos
valían a real!!! Ok,
desayuno el miércoles.
Ab!!
B.G: Tanto cromo te ha
perdido. Hasta el
miércoles.
"HABLO CON BORJA Y PACO"
El mismo miércoles 15 de
diciembre por la tarde,
después de la cita que
habían pactado, Sánchez
Moyano vuelve a escribir
al entonces gerente del
PP de Madrid:
O.S.M: No te olvides de
mi pls (please -en
inglés; por favor-)
B.G: Te tengo muy
presente. He hablado de
ello con Borja y me
falta con Paco. Mañana.
El análisis de la
Guardia Civil es que en
esa conversación se
estaba hablando de
dinero. Y es más, con la
expresión “no puedes
estar sediento con lo
que ha llovido”, hace
indicar que además
significa que la
cantidad monetaria es
importante. Para los
investigadores, el uso
de este lenguaje es
propio de
“organizaciones
criminales” como medidas
de seguridad para evitar
para, en caso de tener
el teléfono intervenido,
no se pueda sabe de qué
hablan.
En el último mensaje,
después de que el
empresario parece le
esté volviendo a pedir
dinero, el gerente del
PP en aquel entonces le
contesta que ha hablado
con Borja y que tiene
que hablar con Paco,
dando a entender, para
los investigadores, que
estas personas deberían
dar su visto bueno a la
operación solicitada.
Para la UCO, las
personas de Borja y Paco
“podrían corresponderse”
con Borja Sarasola yPaco
Granados,
respectivamente. La
actividad de gerente del
partido, según los
propios estatutos de la
formación, está
controlada por el
secretario general, que
en aquel entonces era
Francisco Granados, en
prisión por el caso
Púnica desde octubre de
2014. Resulta que
después ese puesto pasó
a ocuparlo Ignacio
González, que se
encuentra en prisión
desde el pasado 20 de
abril, en el marco de la
Operación Lezo y en el
que también se
investiga, entre otras
cosas, la financiación
ilegal del partido
regional.
Por su parte, Sarasola
fue diputado de la
Asamblea de Madrid desde
2003 a 2015, cuando dejó
la carrera política para
irse a un despacho de
abogados. Previamente,
fue consejero de Medio
Ambiente en la época de
Ignacio González.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170507/214228756_0.html
EL PP DE MADRID USÓ EN
LA CAMPAÑA DE 2011
EMPRESAS PANTALLA QUE YA
FIGURAN EN LOS PAPELES
DE 2007 INCAUTADOS A SU
EXGERENTE
Dos sociedades de los
manuscritos de Beltrán
Gutiérrez aparecen en la
lista de mercantiles a
las que Indra pagó
700.000 euros en 2011
por facturas que, según
el juez Velasco,
escondían trabajos para
el partido
Swat, que en 2006
recibió de la Comunidad
de Madrid 1,3 millones
para “evaluar” la
estrategia de
comunicación de un
organismo público, y
Sintra Consultores se
repiten en 2007 y 2011
Los avances en la
Operación Lezo han
destapado que, para
obtener financiación
opaca, el PP de Madrid
utilizó presuntamente en
las elecciones de 2011
empresas de las que ya
se había valido en 2007.
Desde el estallido del
caso Gürtel en febrero
de 2009, estuvo sobre la
mesa la supuesta
financiación ilegal del
PP a través de varias
vías: donaciones a la
fundación Fundescam;
gastos partidarios
abonados a las empresas
de la trama con fondos
de distintas
administraciones; y
facturas electorales
asumidas, también en
2007 y 2008, por
adjudicatarias de
contratos públicos, una
operativa que han
terminado confesando
nueve empresarios
valencianos.
Pero nada de eso, ni el
terremoto provocado por
los arrestos y las
tempranas imputaciones
de cargos públicos en el
caso Gürtel ni la
posterior constatación
de que distintos
empresarios habían
sufragado gastos del
partido mediante
facturas falsas, torció
las rutinas del PP de
Madrid. Un ejemplo: el
nombre de las empresas
Sintra y Swat ya salió a
la luz hace un mes a
través de los papeles
incautados a quien en
2007 era gerente del PP
madrileño, Beltrán
Gutiérrez. Ahora, ambas
aparecen de nuevo en el
auto donde el juez Eloy
Velasco señala a nueve
mercantiles –"entramados
de empresas pantalla",
dice la resolución– como
receptoras de casi
700.000 euros pagados
por Indra en 2011 para
sufragar gastos
camuflados del PP.
Dos vías de financiación
ilegal
Las indagaciones sobre
la –presunta–
financiación ilegal del
PP madrileño certifican
la utilización de
distintas vías. En lo
que concierne a estas
empresas, la formación
conservadora habría
utilizado dos. La
primera, esta:
adjudicatarios públicos
–en este caso, Indra,
una firma habitual en
los contratos de la
Agencia de Informática,
ICM- asumían gastos
electorales del partido
aceptando facturas
falsas como si estas se
correspondieran con
trabajos de publicidad o
similar efectuados para
la compañía pagadora. La
segunda habría
consistido en satisfacer
parte del coste de las
campañas electorales
otorgando contratos
públicos a las firmas
que habían realizado las
campañas: así lo admitió
el propietario de Over
Marketing, una de las
firmas investigadas en
la pieza sobre
financiación del PP que
Velasco instruye en el
marco de la Operación
Púnica.
Cinco de las nueve
compañías están
vinculadas al mismo
empresario que capitanea
Sintra Consultores SL.
Otras tres, al que
dirige Swat. La última
es Strat Map. Los tres
empresarios figuran
entre las 58 personas
cuyas propiedades ha
ordenado averiguar el
juez Velasco en
previsión de eventuales
embargos preventivos.
Tanto el máximo
responsable de Sintra
Consultores, Óscar
Sánchez, como el de Swat,
Juan Miguel Madoz,
rehúsan ofrecer su
versión sobre lo
sucedido bajo el
argumento de que el juez
les ha prohibido hablar
de aquello que está bajo
investigación. El tercer
empresario, José Miguel
Alonso, que también
estuvo vinculado a Swat,
no pudo ser localizado.
De las nueve sociedades
que Velasco incluye en
su resolución judicial
como destinatarias de
los pagos de Indra bajo
sospecha, cuatro
facturaron al partido
entre 2007 y 2011, según
la contabilidad oficial
del PP. Sintra
Consultores SL declaró
trabajos para la
formación conservadora
en 2007, año de
elecciones autonómicas y
municipales, por 599.915
euros. Otra de las
sociedades del mismo
grupo, Troyano Marketing
y Diseño SL, contabilizó
200.069 euros en 2011
por sus servicios al PP.
Y una tercera pieza de
la misma constelación
societaria, Braveheart
Management SL, facturó a
la formación
conservadora 81.200
euros en 2008.
Una de las empresas de
la lista ya suscitó las
sospechas de la
oposición un año antes
de las elecciones de
2011: Swat SL, a la que
el Gobierno de Esperanza
Aguirre adjudicó un
contrato de nada menos
que 1,3 millones en 2006
para “evaluar” la
estrategia de
comunicación del
Instituto Madrileño de
Desarrollo (Imade). En
2009, y según los
documentos incorporados
por Hacienda al sumario
Gürtel, Swat facturó
61.245 euros al PP. Y
21.240 al siguiente año.
Los manuscritos
incautados por la
Guardia Civil en el
domicilio del exgerente
del PP plasma lo que los
investigadores
consideran un reparto de
los costes reales de las
campañas de 2007, cuando
se celebraron
autonómicas y
municipales.
Según esos manuscritos,
Over Marketing habría
recibido del PP 1,03
millones de euros, Carat
–durante años ligada al
exportavoz del Gobierno
de Aznar, Miguel Ángel
Rodríguez, que en 2007
ya no dirigía la
compañía- se hizo con
1,5 millones y Sintra
con 600.000 euros.
¿Y dónde aparece Swat?
Su nombre no se menciona
en los papeles de
Beltrán Gutiérrez pero
fue a su fax a donde se
enviaron desde la sede
del PP dos hojas
mecanografiadas que
detallan gastos
electorales por
441.425,45 euros.
El sumario de la
Operación Púnica muestra
cómo un empresario
declaró en 2015 ante el
juez Velasco que su
compañía, dedicada a la
investigación
demoscópica, Demométrica,
había hecho en 2008 y
2009 un sondeo en cuatro
oleadas sobre la
valoración de los
distintos líderes
políticos de la
Comunidad de Madrid y
por el que Swat le pagó
36.598 euros. Braveheart
Management desembolsó
otra cantidad idéntica.
Uno de los directivos de
Demométrica aseguró al
aportar sendas facturas
que le habían dicho que
Braveheart “era una
empresa del mismo grupo”
que Swat.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/31/la_operacion_lezo_revela_que_madrid_uso_mismo_circuito_financiacion_2011_que_2007_64581_1012.html
EL JUEZ DE PÚNICA REVISA
FACTURAS QUE SUMAN 16
MILLONES POR LA CAJA B
DEL PP
La pieza secreta sobre
la presunta financiación
irregular del PP
madrileño corresponde a
la etapa de Francisco
Granados como secretario
regional
El juez Eloy Velasco,
que investiga el caso
Púnica, ha reclamado a
la Comunidad de Madrid
toda la documentación
sobre los gastos de 16,5
millones de euros del
plan de inversiones
Prisma 2006-2007 para
incorporarlos a la pieza
secreta en la que
investiga la presunta
financiación irregular
del PP madrileño en la
etapa de Francisco
Granados como secretario
regional. La relación de
gastos incluye desde la
colocación de primeras
piedras de obras al pago
de consultorías.
La reciente Operación
Lezo no ha impedido que
el titular del Juzgado
Central de Instrucción
6, Eloy Velasco, haya
seguido trabajando en el
otro gran sumario que
acorrala al PP de
Esperanza Aguirre por su
presunta financiación
irregular: el caso
Púnica.La semana pasada,
el magistrado ordenó a
la Comunidad de Madrid
que remitiera a la
Audiencia Nacional toda
la información que
tuviera sobre los 16,5
millones de euros que se
gastó el Ejecutivo
regional para
promocionar el Plan
Regional de Inversiones
de Madrid (conocido como
Prisma) durante los años
2006 y 2007, etapa en la
que el presunto
cabecilla de la trama,
Francisco Granados,
controlaba como
consejero de Presidencia
la millonaria partida
dedicado a dicho plan.
Velasco quiere conocer
los expedientes de
contratación, las
memorias y los
certificados de
ejecución de los
trabajos, según
confirman a EL PAÍS
fuentes cercanas a la
investigación. Toda la
documentación se ha
incorporado a la única
pieza del sumario que
aún permanece bajo
secreto, la referida a
la supuesta caja b del
partido, y en la que
están imputados, entre
otros, el que fuera
gerente del partido en
Madrid, Beltrán
Gutiérrez, el
exconsejero de
Transportes José Ignacio
Echeverría, y el
empresario Javier López
Madrid, también
investigado en la
Operación Lezo.
Gastos sin justificar
Los gastos ahora bajo
sospecha en el caso
Púnica fueron remitidos
en 2010 por la empresa
pública del suelo,
Arpegio Áreas de
Promoción Empresarial
SA, ya investigada por
otros gastos dentro del
sumario, a la Comunidad
de Madrid para que esta
se hiciera cargo de la
abultada partida. Sin
embargo, la Intervención
del Ejecutivo regional
se negó en 2015, ya con
Cristina Cifuentes en la
presidencia, a
validarla, al considerar
que buena parte de los
gastos que incluían no
estaban convenientemente
justificados.
La partida ha sido en
los últimos meses objeto
de debate en la Asamblea
de Madrid por los
conceptos e importe de
gran parte de los
trabajos reflejados en
ella. Así, 5,9 de los
16,5 millones fueron
destinados a
“consultorías y
asistencias para la
tramitación de
licitaciones”, y ahí se
incluyeron los sueldos
de una veintena de
trabajadores contratados
para llevar a cabo el
plan de inversiones.
La siguiente gran
partida es la destinada
a actos de propaganda de
las obras. Las facturas
que el juez Velasco
quiere investigar suman
3,3 millones en este
concepto, que incluye
los actos de colocación
de primeras piedras.
Hay, por ejemplo, una
factura de 28.232 euros
para la primera piedra
de la comisaría de
policía de Alcalá de
Henares con la presencia
de Esperanza Aguirre;
otra por 29.000 euros
para un acto similar con
la residencia de mayores
de Navas del Rey; y
35.000 euros más para
dar publicidad a una
obra del Plan Prisma en
Serranillos del Valle.
En total, solo en este
tipo de celebraciones la
Comunidad gastó 782.000
euros.
Más elevada es la
partida dedicada a dar a
conocer las obras: 2,5
millones en “campaña
publicitaria
instituciones”. En ella
se incluyen 852.000
euros por la realización
de un “vídeo
estereoscópico en tres
dimensiones” y los
500.000 euros gastados
en la creación y
mantenimiento de una
web. También 28.072
euros invertidos en
traer urgentemente desde
China en avión 10.000
paraguas y bolígrafos de
propaganda.
Junto a todo ello, otros
gastos como 65.000 euros
en teléfono, otros
78.000 en “útiles y
herramientas de
escritorio”, 96.027 en
“supermercados,
suministros higiénicos,
farmacia, consumibles
informáticos y bebidas
(agua y café)” y 289.000
en el alquiler de plazas
de garaje para empleados
y el arrendamiento de
oficinas.
No es la primera vez que
Arpegio y algunas de
estas partidas aparecen
en el sumario de Púnica.
En julio de 2016,
Velasco ya reclamó a la
Comunidad de Madrid que
le entregase de manera
“urgente e inmediata”
toda la información del
periodo 2006-2011
referido a 22 consorcios
urbanísticos y un sinfín
de contratos de obras
públicas del Plan
Prisma. Entre ellos, los
adjudicados por 9,8
millones a la empresa
Análisis y Gestión de
Desarrollos Urbanos SA (Dusa).
Entonces el magistrado
ya apuntaba la sospecha
de que todos estos
contratos se licitaron
de manera supuestamente
irregular “bajo la
esfera de dominio de
Francisco Granados”,
unas veces “en persona”
y otras “por
delegación”. El
empresario David
Marjaliza señaló en su
confesión a Jaime
González Taboada,
entonces vinculado a
Arpegio y hoy consejero
de Medio Ambiente del
Gobierno de Cristina
Cifuentes, de cobrar
comisiones por estas
obras. Taboada siempre
lo ha negado.
En el sumario también se
investiga a la Fundación
de la empresa pública
por la financiación con
más de 300.000 euros de
un concierto organizado
por Waiter Music, una
empresa de la trama.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/23/actualidad/1492968594_789226.html
LOS ÚLTIMOS INFORMES DEL
‘CASO PÚNICA’ AMENAZAN A
SEIS CARGOS PÚBLICOS DEL
PP
Tras actuar contra Pedro
Antonio Sánchez, el juez
Velasco debe decidir
sobre varias
imputaciones
Pedro Antonio Sánchez no
ha sido el primer cargo
público salpicado por el
'caso Púnica' ni será el
último. Antes que él ya
tuvieron que dejar su
puesto concejales,
alcaldes, parlamentarios
regionales y consejeros
de gobiernos autónomos.
Los últimos informes de
la Guardia Civil sobre
las supuestas
irregularidades apuntan
a que la lista seguirá
creciendo. Varios
documentos policiales
incorporados en los
últimos meses al sumario
señalan como presuntos
autores de delitos a una
senadora, a un diputado
autonómico valenciano, a
otro de la Asamblea de
Madrid, a un alcalde de
esta última comunidad y
a dos concejales.
Una de ellas es la
senadora Pilar Barreiro,
cuya condición de
aforada obligará al
magistrado de la
Audiencia Nacional a
seguir el trámite
judicial que acaba de
realizar para el ya
expresidente de Murcia:
elaborar una exposición
razonada para que, en
este caso, sea el
Tribunal Supremo quien
la investigue. Incluida
en la misma pieza
separada del sumario que
ha puesto contra las
cuerdas a Pedro Antonio
Sánchez, fuentes
jurídicas apuntan a que
este hecho se producirá
“en breve”. En uno de
sus últimos autos, el
juez Velasco la
considera autora de
fraude, malversación de
caudales públicos,
cohecho, prevaricación
continuada y revelación
de información reservada
por el supuesto desvío
de fondos públicos
cuando era alcaldesa de
Cartagena para pagar a
la trama una campaña
personal de reputación
‘online’. La Fiscalía
Anticorrupción detallaba
en un reciente informe
decenas de “sólidos
indicios” contra ella,
entre ellos cuatro
facturas supuestamente
manipuladas para
justificar el pago de
4.840 euros.
También los trabajos
para limpiar la imagen
en Internet de un
político son lo que
acorrala a Víctor Soler,
parlamentario del PP en
las Corts valencianas.
En su caso, el
beneficiado era el
entonces alcalde de
Gandía, el popular
Arturo Torró, quien
dimitió tras saltar a la
luz su presunta relación
con la red de
corrupción. Soler, sin
embargo, conserva su
cargo de concejal en
esta localidad
valenciana y su escaño
en la cámara regional
pese a que un informe de
la Guardia Civil del
pasado 17 de noviembre
le señala como presunto
autor de fraude, cohecho
y malversación de
caudales públicos. Los
investigadores le
consideran "el
interlocutor directo”
con el experto
informático Alejandro de
Pedro “en la
determinación de los
trabajos reputaciones a
realizar [para Torró] y
la manera de
sufragarlos".
El informe policial
destaca que estos
servicios fueron
facturados con cargo a
las arcas municipales
"como presuntos trabajos
de posicionamiento
'online' del
Ayuntamiento de manera
continuada durante 15
meses", pero que en 2013
surgió "una
discrepancia" con De
Pedro que hizo que este
dejara de recibir dinero
y, en consecuencia,
decidiera dejar de
trabajar para el
regidor. Soler fue quien
buscó "una fórmula de
pago" que supuestamente
incluyó que un
constructor se hiciera
cargo de la deuda por
"los trabajos pasados y
futuros" del entonces
alcalde de Gandía.
También parlamentario
regional, aunque en la
Asamblea de Madrid, es
Bartolomé González,
exalcalde de Alcalá de
Henares. Es precisamente
por su gestión al frente
de este consistorio por
lo que este político,
considerado muy cercano
a Esperanza Aguirre,
figura citado en un
informe de la UCO
incorporado al sumario
del caso Púnica en
septiembre. En concreto,
por su presunta
participación en el
supuesto amaño para
adjudicar un contrato
millonario de eficiencia
energética a la empresa
Cofely. El documento
policial destaca que el
constructor David
Marjaliza aseguró en su
confesión ante el juez
Velasco que se había
acordado el pago de
60.000 euros a Bartolomé
González, aunque no
recordaba si se le llegó
a pagar. Los agentes han
localizado una factura
falsa por esta cantidad
supuestamente destinada
a generar dinero negro
con el que abonar la
mordida, además de un
correo electrónico
enviado por uno de los
implicados de la trama
en el que se cita al
“alcalde Bartolomé”.
Este contrato también
afecta a un concejal del
PP en este Ayuntamiento,
Marcelo Isoldi, al que
la Guardia Civil
relaciona con la misma
adjudicación a dedo.
Los dos últimos cargos
públicos señalados por
informes de la UCO
pertenecen al actual
equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Brunete
(Madrid). Se trata del
alcalde, Borja
Gutiérrez, y de la
concejal Ana Cristina
Gil. Ambos ya han
declarado ante la
Guardia Civil. El
primero, como presunto
autor de los delitos de
fraude y cohecho. Su
compañera, por fraude.
Los investigadores les
relacionan con el
supuesto amaño frustrado
de un contrato de
eficiencia energética de
8,9 millones de euros en
este municipio de 10.000
habitantes. En su
confesión, Marjaliza
aseguró que la trama iba
a pagar a cambio una
encuesta electoral
valorada en 8.000 euros
más IVA que se pensaba
camuflar como un estudio
de gestión energética.
Las pesquisas
posteriores revelaron
que la Púnica también
iba a correr con el
coste de unos conciertos
de las fiestas
patronales. El informe
policial, fechado el 14
de diciembre, implica en
estos hechos a otras
nueve personas, la
mayoría directivos de
Cofely.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/07/actualidad/1491592059_605089.html
LA AGENDA DE GRANADOS
PRUEBA QUE EN 2010 HIZO
SEGUIMIENTO DIRECTO DE
UN CONTRATO AMAÑADO PARA
UNA EMPRESA DONANTE DEL
PP
El ex secretario general
del PP madrileño trazó
un relato exhaustivo de
las peticiones de
Hispánica para prorrogar
sin penalizaciones el
plazo de construcción de
la Ciudad del Deporte en
Boadilla
La obra figura entre las
que sustentan la
acusación en esa pieza
separada del 'caso
Gürtel', pendiente de
juicio y donde el PP
figura como presunto
beneficiario económico
de los manejos de la
trama y sus cómplices
Las anotaciones
manuscritas de la agenda
secreta de Francisco
Granados, incautada en
su domicilio durante los
registros de la
Operación Púnica y a la
que infoLibre ha tenido
acceso, confirman que el
antiguo número dos del
PP madrileño hizo en el
otoño de 2010 un
seguimiento personal y
directo de las
vicisitudes del proceso
de construcción de la
llamada Ciudad del
Deporte en el municipio
de Boadilla. La obra
había sido adjudicada en
diciembre de 2007 a
Constructora Hispánica,
una de las empresas
cuyas -presuntas-
donaciones al PP
quedaron reflejadas en
los papeles de Bárcenas
y cuyo antiguo
propietario, Alfonso
García Pozuelo, confesó
en octubre haber
entregado dinero a
Francisco Correa "para
organismos centrales".
Aquel macroproyecto -se
otorgó por 29,6
millones- constituye hoy
uno de los ejes
centrales de la
acusación en una de las
piezas separadas del
caso Gürtel pendientes
de juicio: la de
Boadilla, donde el PP se
arriesga a ser declarado
beneficiario económico
-partícipe a título
lucrativo- de los
manejos de la trama.
Pese a su confesión en
el primer juicio del
caso que celebra la
Audiencia Nacional, el
de la llamada Época I,
hace dos semanas García
Pozuelo se ha negado a
prestar declaración en
la reabierta instrucción
sobre la supuesta caja B
del PP y los papeles de
su extesorero.
Es una incógnita por qué
Granados se tomó interés
en los problemas de
Hispánica y dedicó dos
páginas de su agenda a
narrar lo sucedido y
consignar en estilo
aprobatorio los
argumentos de la empresa
para obtener una
prórroga de 13 meses en
el plazo de ejecución de
la Ciudad del Deporte
sin que ello le costara
el pago de
penalizaciones. Pero las
dos páginas que dedica
al asunto crean de nuevo
una zona de confluencia
entre dos casos
oficialmente ajenos el
uno al otro: Púnica y
Gürtel. La existencia de
un área de intersección
que conecta conjuntos en
teoría diferentes ya
afloró con los papeles
intervenidos al
exgerente del PP
madrileño en los
registros de Púnica: son
esos papeles los que
devuelven al primer
plano la fundación
Fundescam, cuyo papel en
la financiación de las
campañas de Esperanza
Aguirre de 2003 fue
investigado en Gürtel y
finalmente relegado por
prescripción. La
decisión del juez
instructor de Púnica,
Eloy Velasco, de
reclamar a la Comunidad
de Madrid los contratos
adjudicados al grupo de
publicidad Over
Marketing y sus empresas
satélite establece a su
vez un nexo con una de
las piezas del caso
Palma Arena, aquella
donde el propietario de
Over ya declaró en 2012
haber recibido contratos
amañados también en la
Comunidad de Madrid. El
empresario admitió que
había realizado actos
gratis para el PP.
"Motivos ajenos al
contratista"
A la prórroga sin
contrapartidas para
Constructora Hispánica,
aprobada en noviembre de
2009 y "que acaba en
dic. de este año"
–escribió Granados en
referencia a aquel 2010
que enfilaba ya su fin–
se habían opuesto los
altos funcionarios de
Boadilla.
Y también de ese extremo
dejó constancia el
político, encarcelado
desde octubre de 2014
por su -supuesto-
liderazgo en la trama
corrupta conocida como
Púnica: "El secretario
se niega a la prórroga",
anotó el antiguo
consejero del Gobierno
madrileño para, a
renglón seguido, hacer
un apunte en sentido
contrario: "Los técnicos
de obras han informado a
favor de la prórroga x
motivos ajenos al
contratista".
La narración de Granados
coincide casi al
milímetro, y salvo algún
error como el del precio
de adjudicación –la
cifró en 26 millones en
lugar de en 29,6–, con
lo que realmente
ocurrió: una técnica de
Administración General
había emitido un informe
jurídico que refutaba
los argumentos de
Hispánica para ganar 13
meses de tiempo gratis.
En el polo opuesto, la
empresa de García
Pozuelo había esgrimido
un argumento que
Granados, a quien
aquella obra no
concernía en absoluto
desde el punto de vista
institucional, recogió
luego con fidelidad en
su agenda: "Los desvíos
de servicios se han
retrasado x Iberdrola y
Canal de Isabel II".
Reproducido por la
Intervención General del
Estado (IGAE) en su
extenso dictamen sobre
los desmanes del
Ayuntamiento de Boadilla
en materia de
contratación, el informe
jurídico de la técnica
de Administración
General del Estado
recibió la conformidad
de la vicesecretaria
general del consistorio
de Boadilla. Pero,
capitaneado por Arturo
González Panero, El
Albondiguilla, el equipo
local de gobierno del PP
atendió la solicitud de
Hispánica.
Lo cierto es que quien
en 2010 se sentaba a la
derecha de Esperanza
Aguirre en el panel de
mando del PP madrileño
trazó un detalladísimo
relato del asunto.
Mencionó, incluso, la
vertiente judicial de la
Ciudad del Deporte: "El
tema de esta
adjudicación está en
Gürtel (por comisión de
750' € a Tomás Martín
Morales)", se lee en la
página 12 de la agenda.
"La informó un técnico
eventual. Se llevó el
expediente la policía",
apostilló el dueño del
cuaderno.
Fechado el 29 de junio
de 2016, el auto de
apertura de juicio de la
pieza de Boadilla
atribuye a Martín
Morales, que había sido
director general de
Gestión Urbanística de
la localidad, el cobro
de 150.000 euros de
comisiones por las obras
adjudicadas a Hispánica
en 2007. ¿Se equivocó
Granados? No se sabe. De
aquella remesa de
comisiones atribuidas a
Hispánica por las obras
de 2007, sostiene la
resolución judicial, el
PP no recibió nada.
Por las obras encargadas
a la constructora de
Alfonso García Pozuelo
en 2003, el PP había
obtenido 30.050 euros,
sostiene el auto del
juez de la Audiencia
Nacional José de la
Mata. El auto incluye un
apartado titulado así:
"Los beneficios del
Partido Popular". El
texto arranca del
siguiente modo: "El PP
se benefició de algunas
de estas operaciones
consiguiendo que las
empresas de la
organización abonaran
los costes de distintos
actos políticos
organizados por y para
el Partido". En total, y
siempre según el auto de
apertura de juicio,
175.000 euros de origen
ilegal se utilizaron en
beneficio del PP, al que
la resolución judicial
no atribuye ningún
delito. La reforma del
Código Penal que
incorporó el delito de
financiación ilegal no
entró en vigor hasta
2015, en la recta final
del primer Gobierno de
Mariano Rajoy.
Otro auto judicial, este
dictado en marzo de 2015
por el juez Pablo Ruz en
la pieza de los papeles
de Bárcenas antes de
traspasar el caso a De
la Mata como su sucesor
en el Juzgado Central 5,
cuantificó en 258.161
euros lo que Alfonso
García Pozuelo habría
donado al PP entre 1998
y 2006. Como los otros
empresarios que según
Bárcenas aportaron
fondos al PP, el que era
dueño de Hispánica
-finalmente vendió la
compañía- se libró de
aparecer en la lista de
procesados de los
papeles porque tanto
Anticorrupción como el
juez sostuvieron que en
ningún caso era posible
vincular las hipotéticas
donaciones con la
adjudicación de
contratos públicos.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/05/la_agenda_granados_prueba_que_2010_hizo_seguimiento_directo_contrato_amanado_para_una_empresa_donante_del_pp_63422_1012.html
LA AUDIENCIA NACIONAL
ENVÍA A MURCIA 41
INDICIOS DE DELITO
CONTRA EL PRESIDENTE
AUTONÓMICO
Conversaciones
telefónicas
interceptadas por la
Guardia Civil, SMS,
documentos incautados a
la trama e incluso datos
de localización
telefónica acorralan a
Pedro Antonio Sánchez
El juez Eloy Velasco
detalla las evidencias
una a una en el escrito
donde pide al TSJ
murciano que investigue
al político por cohecho,
fraude y revelación de
información reservada
Conversaciones
telefónicas
interceptadas por la
Guardia Civil, SMS,
correos electrónicos,
documentos incautados a
la trama e incluso datos
de localización
telefónica. Numerados,
fechados y desmenuzados
en 41 puntos, los
indicios fácticos de
delito reunidos por el
juez del caso Púnica,
Eloy Velasco, amenazan
desde este lunes al
presidente de Murcia con
una segunda imputación,
adicional a la que ya
pesa sobre él por el
llamado caso Auditorio.
En la resolución, que
coloca a Sánchez en el
disparadero en vísperas
de la moción de censura
anunciada por los
socialistas, el juez de
la Audiencia Nacional
pide al Tribunal
Superior de Murcia
(TSJM) que investigue al
político por los
presuntos delitos de
cohecho (soborno),
fraude a la
Administración y
revelación de
información reservada.
Apoyándose en los hechos
plasmados en esos 41
indicios, Velasco
concluye que el
presidente murciano no
solo se concertó (fraude
a la Administración) con
la trama para
adjudicarle un contrato
público destinado a la
realización de trabajos
reputacionales "de
carácter privado"
(cohecho) sino que le
facilitó información de
la Consejería a cuyo
frente estaba, la de
Educación, "que no podía
ser conocida" por sus
destinatarios
(revelación de
información reservada).
Según él juez, Sánchez
sabía que aquello
quedaba extramuros de la
labor institucional e
implicaba pagar con
fondos públicos un
trabajo de limpieza de
imagen personal. "Él era
consciente", escribe el
magistrado.
El juez esgrime los 41
indicios mencionados así
como la declaración de
dos investigados en la
causa como constatación
de que solo el estallido
de la Operación Púnica,
el 27 de octubre de
2014, impidió que la
Administración
autonómica pagase "3.000
pavos" mensuales a la
trama por "mejorar y
limpiar" la "estima
particular" del hoy
presidente y entonces
consejero de Educación
de Murcia antes de las
elecciones autonómicas
de 2015.
Sánchez, sostiene
Velasco, buscaba
"conjurar" así el riesgo
que las noticias
"vinculadas a aspectos
de corrupción
urbanística" ya
representaban entonces
para su ascenso
político. El magistrado
remarca cómo "prueba del
concierto de voluntades
fueron las al menos
cuatro reuniones
presenciales" a las que
asistió Pedro Antonio
Sánchez, en algunos
casos de forma "cuasi
clandestina" y fuera de
las instalaciones
oficiales de la
Consejería de Educación.
La secuencia de indicios
aportados por el juez al
TSJM se abre
precisamente con la
referencia a un correo
electrónico incautado en
el domicilio de
Alejandro de Pedro y que
constituye un
"recordatorio" de la
reunión que mantuvo el
11 de junio de 2014
"entre las 16.30 y las
17.30" con Pedro Antonio
Sánchez.
Bajo el argumento de que
ni se produjo daño para
las arcas públicas ni
"puede establecerse" que
el hoy presidente
murciano llegara a
concertarse con la trama
-lo que constituiría el
delito de fraude a la
Administración- para que
lavase su imagen privada
a cambio de fondos
públicos, el fiscal
general del Estado, José
Manuel Maza, ordenó en
febrero a Anticorrupción
oponerse a la imputación
de Pedro Antonio
Sánchez. Pero Velasco no
solo ha decidido seguir
adelante sino que la
exposición razonada que
dirige al TSJM invoca en
apoyo de sus tesis una
sentencia de la que fue
ponente el mismo José
Manuel Maza cuando
ocupaba una plaza de
magistrado en el
Tribunal Supremo.
Datada en 2014, esa es
la sentencia del llamado
caso Can Domenge [pincha
aquí para leerla], que
condenó en firme a la
expresidenta del
Parlamento balear, Maria
Antonia Munar y a otros
cuatro acusados. En esa
resolución, Maza adujo
que el delito de
revelación de
información reservada,
presente en aquella
causa al igual que el de
fraude a la
Administración, quedaba
fuera de toda duda. ¿Por
qué? Porque los
beneficiados por la
venta a bajo precio de
un suelo público habían
tenido acceso, para
empezar, a "la ya
inicial comunicación de
que se pretendía
enajenar la finca". Y,
para continuar, se le
fueron trasladando
"informaciones
concernientes a las
iniciativas, criterios,
presupuestos y
orientaciones que se
estaba dispuesto a
admitir, introducir,
aportar, rechazar o
rectificar".
La analogía entre las
peripecias de Munar y
sus cómplices con lo
sucedido en Murcia queda
reflejada en parte de
los 41 indicios que
recoge Velasco, quien
subraya que el delito de
fraude "se consuma con
el mero acuerdo o
concertación con un
interesado en algún
contrato público"
incluso si dicho
contrato no llega
materializarse.
El relato que traza el
juez para documentar los
indicios de delito
incluye desde la
transcripción de
conversaciones cazadas
por la Guardia Civil y
que demuestran los
avatares de la
negociación con Pedro
Antonio Sánchez y los
suyos sobre el plan de
limpieza de imagen hasta
los datos de
localización por
repetidor del teléfono
de Alejandro de Pedro,
el gran experto de la
trama Púnica en
"reputación online", y
que demuestran que el 24
de octubre de 2014
estaba donde le había
dicho previamente a uno
de sus empleados que iba
a estar ese día: en la
Consejería de Educación
reunido con Pedro
Antonio Sánchez.
"A este hay que
limpiarle la reputación"
Frente al argumento
exculpatorio utilizado
por Anticorrupción y
según el cual las
investigaciones
"entrañan dificultades
de deslinde de la
publicidad institucional
de la reputacional",
Velasco no alberga
dudas: Sánchez, mantiene
el juez, se concertó con
Alejandro de Pedro y su
equipo para le limpiaran
su imagen "y así poder
presentarse a aspirante
a presidir el Gobierno
autonómico, como
finalmente consiguió".
Pero nada de eso "lo
sufragó con su dinero
particular ni lo hizo
personal al servicio de
su cargo público de su
gabinete de prensa, pues
no está entre sus
labores acondicionar la
imagen privada de la
persona". "Y él era
consciente", apostilla
aquí Velasco en alusión
directa al presidente
murciano.
El juez cita, uno a uno,
el contenido de 13
correos electrónicos. Y
transcribe la parte
sustancial de los
diálogos sostenidos por
De Pedro y su socio,
José Antonio Alonso, a
lo largo de seis
llamadas. En una de
ellas, y en referencia a
Pedro Antonio Sánchez,
el socio de Alejandro de
Pedro habla sin tapujos
sobre el carácter
personal y no
institucional del
trabajo que planean
desarrollar: "A éste hay
que limpiarle la
reputación, este pura y
dura reputación".
En la panoplia de
indicios desplegada por
Velasco ocupan una
posición destacada y
extensa los 11 imessage
(una variante de los
SMS) cruzados entre el
21 de septiembre de 2014
y el 23 de ese mismo mes
por Pedro Antonio
Sánchez y Alejandro de
Pedro. De esos 11
mensajes, reproducidos
de manera íntegra en la
exposición razonada, "se
desprende un interés del
político por reunirse
con Álex [Alejandro de
Pedro], cosa que
finalmente culminaron en
un bar cercano al hotel
donde se alojaba este en
su visita a Madrid".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/04/la_audiencia_nacional_envia_murcia_indicios_delito_contra_presidente_autonomico_63365_1012.html
CUATRO FACTURAS FALSAS
ACORRALAN A UNA SENADORA
DEL PP EN EL ‘CASO
PÚNICA’
La Fiscalía
Anticorrupción incorpora
al sumario nuevos
informes contra Pilar
Barreiro
"Datos objetivos",
"sólidos indicios",
"evidencias"… La
Fiscalía Anticorrupción
ha incorporado al
sumario del caso Púnica
dos anexos al informe
con el que el pasado 13
de febrero pidió al juez
Eloy Velasco que
remitiese al Tribunal
Supremo la causa contra
Pilar Barreiro, senadora
del PP, por el presunto
desvío de fondos
públicos para pagar a la
trama trabajos de
reputación online
personales. Son 31
folios, desconocidos
hasta ahora, en los que
se enumeran los correos
electrónicos, llamadas
de teléfono, mensajes y
documentos intervenidos
a diferentes implicados
y que sustentan la
acusación contra la
parlamentaria por los
delitos de fraude,
malversación de caudales
públicos, cohecho,
prevaricación continuada
y revelación de
información reservada.
Entre estas "evidencias"
destacan cuatro facturas
que Anticorrupción tilda
de falsas y que
supuestamente fueron
manipuladas por la
entonces alcaldesa de
Cartagena (Murcia) y sus
colaboradores para
justificar la
utilización de 4.840
euros de dinero de las
arcas municipales para
sufragar las actividades
del experto informático
de la red, Alejandro de
Pedro, con la que
pretendía lavar su
imagen en Internet,
afectada entonces por
las noticias sobre el
caso de corrupción Nova
Cartago. Barreiro ha
declinado a través del
servicio de prensa del
PP en el Senado dar a EL
PAÍS su versión sobre
dichas acusaciones.
El primer indicio sobre
la supuesta "falsedad"
de esos documentos
mercantiles que recoge
el documento de la
Fiscalía es la
conversación a través de
mensajes de Whatsapp que
mantuvieron el 27 de
mayo de 2014 De Pedro, y
un asesor de Pilar
Barreiro en el
consistorio, Francisco
Ferreño. En ella, este
recriminaba al primero
que las empresas que
realizaban los trabajos
de reputación para la
alcaldesa hubieran
remitido las facturas
con el concepto de
"mantenimiento web".
"Como sabes, quedamos en
que nos facturabais por
mes de publicidad".
Las pesquisas
permitieron comprobar
posteriormente que
dichas facturas ya
modificadas fueron
remitidas a partir del
mes siguiente desde un
correo electrónico de
las empresas del experto
informático a la jefa de
la secretaría particular
de Pilar Barreiro en el
Ayuntamiento, María del
Mar Conesa, también
imputada en el caso
Púnica.
El anexo de
Anticorrupción destaca
que con estos datos se
hizo un requerimiento
judicial al Consistorio
de Cartagena para que
entregara toda la
documentación del
expediente con el que
supuestamente se camufló
el desvío de fondos como
abonos por banners de
publicidad en la red de
periódicos digitales de
Alejandro de Pedro para
promocionar las "Fiestas
de cartagineses y
romanos" y la exposición
sobre el "Tesoro de la
Mercedes". La
documentación que
remitió el Ayuntamiento
es calificada por la
fiscalía en su escrito
de "escueta" ya que se
redujo a las cuatro
facturas (tres de ellas
de 968 euros y la última
de 1.936 euros),
distintos impresos de
"propuestas de gastos",
anotaciones contables
electrónicas y capturas
de pantalla de las
inserciones
publicitarias. No
apareció ningún
contrato.
En este punto, Fiscalía
destaca las supuestas
irregularidades
detectadas precisamente
en las facturas y, sobre
todo, en la fecha que
plasman los sellos de
registro de entrada de
dichos documentos en el
Ayuntamiento. El primero
es del 28 de octubre de
2014, solo un día
después de que la
Guardia Civil detuviera
en la primera fase de la
Operación Púnica a
Alejandro de Pedro y a
su socio, el exalcalde
socialista José Antonio
Alonso Conesa,
estrechamente
relacionado con la
propia Pilar Barreiro.
Los otros sellos son del
12 de diciembre de ese
mismo año y del 27 de
enero de 2015.
Para Anticorrupción,
este detalle evidencia
que fueron registradas
en el Consistorio cuando
este ya había efectuado
el pago. Así, sobre la
última factura, el
documento de Fiscalía
destaca que estaba
fechada en junio de
2014, pero que no entró
en el ayuntamiento hasta
más de seis meses
después, en enero de
2015. "Consta también en
la misma factura otro
sello de aprobación del
gasto, de 30 de
diciembre de 2014, que
difícilmente pudo
realizarse en dicha
fecha, al ser la fecha
anterior a la entrada en
el Registro del
Consistorio, lo que
plantea serias dudas
sobre la veracidad de
las fechas o sobre el
procedimiento de entrada
y tramitación", recoge
textualmente.
De todo ello, la
Fiscalía hace
responsable directa a la
propia Pilar Barreiro, a
la que considera máximo
responsable de dar el
visto bueno al pago. En
este sentido, destaca
que el Ayuntamiento de
Cartagena remitió a la
Audiencia Nacional la
relación contable que
acredita que fue la
alcaldesa la que
"autorizó" el abono de
las facturas presentadas
por las empresas de
Alejandro de Pedro
"consumando el desvío
mensual de fondos
públicos planificado".
Como muestra de ello,
reproduce el documento
informático aportado por
el propio consistorio
que así lo acredita.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/02/actualidad/1491147244_793179.html
DOCUMENTOS MANUSCRITOS
DEL GERENTE DE AGUIRRE
CONTIENEN APUNTES DE LA
PRESUNTA CAJA B DE LA
CAMPAÑA DE 2007
Tres documentos
manuscritos de Beltrán
Gutiérrez, a los que ha
tenido acceso infoLibre,
indican que el partido
destinó 1,5 millones a
publicidad exterior y
1,03 millones a prensa y
radio en las autonómicas
de 2007
Sin embargo, el PP
declaró a la Cámara de
Cuentas que había
destinado 265.002 euros
al primer concepto y
550.000 al segundo. Es
decir, 1,71 millones
menos de lo
presuntamente gastado
Un millón de euros lo
habría aportado, según
los papeles del gerente,
la patronal madrileña
CEIM
Tres documentos
manuscritos del entonces
gerente del PP de Madrid
Beltrán Gutiérrez, a los
que ha tenido acceso
infoLibre y que figuran
en el sumario de la
Púnica, indican que el
partido destinó 1,5
millones de euros a
publicidad exterior y
1,03 millones a prensa y
radio en la campaña de
las autonómicas de 2007.
En total, 2,53 millones.
Sin embargo, el PP
declaró a la Cámara de
Cuentas que había
gastado 265.002 euros
por el primer concepto y
550.000 por el segundo.
Es decir, declaró 1,71
millones menos de lo
presuntamente gastado.
En los papeles del
gerente del PP que
entonces presidía
Esperanza Aguirre
también se hace
referencia a los
supuestos financiadores
de los gastos
publicitarios. Así, los
documentos manuscritos
incluyen varias
referencias a "Diego de
León", lo que según los
investigadores supone
una alusión a la
patronal madrileña CEIM,
cuya sede está situada
en la calle del mismo
nombre. En el mismo
documento aparece el
apunte: "Jueves 10:00
CEIM", lo que parece ser
una cita con la
organización entonces
encabezada por el
empresario Arturo
Fernández, que junto al
propio Beltrán Gutiérrez
está imputado en la
Púnica por la
financiación ilegal del
PP madrileño.
En total, siempre según
los documentos
manuscritos, la patronal
madrileña habría
aportado un millón de
euros para los gastos
publicitarios de la
campaña electoral de
2007.
El resto del dinero
procedería de la "CAM",
siglas con las que se
conoce a la Comunidad
Autonómica de Madrid y
que también
identificaban a la Caja
de Ahorros de Madrid
(ahora Bankia), origen
de otro millón de euros.
Mientras que el PP sólo
habría puesto 400.000
euros. Hay otros 130.000
euros cuya procedencia
no aparece identificada
con claridad en los
papeles del gerente de
Aguirre.
Documento manuscrito 2:
el origen del dinero.
Documento manuscrito 2:
el origen del dinero.
Registro de la vivienda
Los agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil que
registraron el 11 de
febrero de 2016 la
vivienda del Beltrán
Gutiérrez Moliner
requisaron, entre otra
abundante documentación,
tres folios manuscritos
que apuntan a que el PP
madrileño superó con
creces sus límites de
gasto de la campaña
electoral de 2007.
En concreto, uno de los
papeles incluye los
apuntes "Prensa y Radio:
0,9+ 0,13" y "Exterior
1,5", en una supuesta
alusión a los gastos
publicitarios en la
campaña, en concreto a
los asignados a los
medios de comunicación y
a la publicidad de
calle, lo que supondría
en total 2,53 millones
de euros. Esta cifra es
muy superior a los
265.002 euros en
publicidad exterior y a
los 550.000 euros que el
PP justificó ante la
Cámara de Cuentas, según
el informe de
fiscalización de este
órgano.
En total, y de forma
oficial, el PP
especificó a la Cámara
de Cuentas que en la
campaña de 2007 hizo un
gasto de 2.664.052
euros, siendo el límite
fijado por ley de
2.763.764 euros. Sin
embargo, los documentos
interceptados por los
agentes indican que solo
en los conceptos de
publicidad en medios de
comunicación y en las
calles la formación
liderada por Aguirre se
habría gastado los 2,53
millones que registró de
forma manuscrita el
entonces gerente Beltrán
Gutiérrez.
Los gastos realizados
por el PP al margen de
la fiscalización de la
Cámara de Cuentas
madrileña se canalizaron
a través de dos empresas
adjudicatarias de
contratos de la
Comunidad de Madrid,
entonces presidida por
Esperanza Aguirre.
En concreto se trata de
las compañías Carat
España y Over Marketing,
cuyos directivos más
conocidos eran entonces
el ex portavoz del
Gobierno de José María
Aznar, Miguel Ángel
Rodríguez, y el
ciudadano argentino
Daniel Mercado,
respectivamente.
En total, Over Marketing
habría recibido del PP,
siempre según los
manuscritos, 1,03
millones de euros,
mientras que Carat se
hizo con 1,5 millones de
euros, según consta en
la documentación
requisada.
La "CAM"
De acuerdo con los
papeles, de los 1,5
millones de euros que se
gestionaron a través de
la agencia Carat, un
millón procedía de la
"CAM", siglas que
podrían identificar a la
Comunidad Autónoma de
Madrid o a la Caja de
Ahorros de Madrid (la
entidad financiera en el
origen de la actual
Bankia).
En el sumario de la
Púnica se investiga,
entre otras cuestiones,
si el Ejecutivo de
Aguirre abonó dinero al
informático Alejandro de
Pedro a cargo de
empresas concesionarias
de la Comunidad de
Madrid, como es el caso
de la tecnológica Indra:
"Esto se ha hecho toda
la vida y nunca ha
pasado nada", llegó a
asegurar en este sentido
el exconsejero Salvador
Victoria, imputado en la
trama.
Por su parte, Daniel
Mercado, dueño de Over
Marketing, ya ha
colaborado con la
justicia en piezas
derivadas del caso Palma
Arena. Mercado declaró
en 2012 que, además del
Govern balear, también
el de Esperanza Aguirre
le benefició con
contratos amañados. El
empresario puso sobre la
mesa el nombre del
exconsejero madrileño
Alberto López Viejo, que
desde octubre se sienta
en el banquillo del
proceso Gürtel y que,
según el dueño de Over
Marketing era quien
igualmente manejaba los
hilos de todos los
contratos que recaían en
sus empresas.
Las empresas del grupo
Over Marketing
recibieron 9,85 millones
de euros en
adjudicaciones públicas
del Gobierno de
Esperanza Aguirre entre
2004 y 2008, tal y como
desveló infoLibre. Por
su parte, la firma Carat
España recibió sólo en
2006, un año antes de la
cita electoral de 2007,
un total de 42 millones
de euros en contratos
licitados por el
Ejecutivo de Esperanza
Aguirre.
Acciona, Grupo Ortiz y
Publibús
Además, entre los
papeles requisados al
gerente del PP
madrileño, apareció otro
documento que redunda en
la posible financiación
ilegal de la formación
política presidida por
Esperanza Aguirre. El
folio especifica que un
total de 860.135 euros
de la campaña electoral
de 2007 de la
expresidenta madrileña
habrían sido facturados
a empresas.
En concreto, se habrían
facturado a Acciona
300.000 euros; a Grupo
Ortiz, 150.135 euros, y
a Publibús, 300.000
euros. Siempre según
este documento,
quedarían pendientes de
facturar otros 110.000
euros para llegar a una
cantidad de 860.135
euros marcada como
objetivo.
Agenda de Granados
Asimismo, en la página
119 de la agenda del
exsecretario general del
PP madrileño Francisco
Granados aparecen los
supuestos pagos
realizados por el
empresario Javier López
Madrid, el yerno de
Miguel Ángel Villar Mir,
dueño de OHL, de
1.460.000 euros a
Beltrán Gutiérrez.
Los apuntes reflejan, en
concreto, cuatro abonos
de 400.000 euros, uno de
300.000, uno de 100.000
y otro de 60.000
presuntamente efectuados
por el empresario Javier
López Madrid con una
regularidad casi
mensual.
Las entregas de dinero
del empresario quedan
reflejadas en el
cuaderno con las siglas
JLM. Además, el
instructor también ha
centrado su atención en
la financiación del PP
madrileño mediante la
Fundación para el
Desarrollo Económico de
la Comunidad de Madrid
(Fundescam).
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/30/documentos_manuscritos_del_gerente_aguirre_apuntan_financiacion_del_traves_adjudicatarias_contratos_comunidad_63170_1012.html
ALEJANDRO DE PEDRO: EL
LAZARILLO 2.0 QUE
CAUTIVÓ AL PP, EL REAL
MADRID Y GRANDES FIRMAS
DEL IBEX
Imputado por siete
delitos distintos, el
conseguidor de la Púnica
hizo sus primeros
negocios de la mano del
PP valenciano y de
Francisco Granados
El supuesto experto en
reputación on line tejió
una red de contactos que
le permitieron ganar
como clientes a
Telefónica, el Real
Madrid o Mediaset
Quienes le trataron
dudan de sus supuestas
habilidades para el
marketing en Internet y
atribuyen su éxito a las
amistades políticas y
empresariales
"Me encanta la
tecnología, Internet y
las comunicaciones. Son
mi hobby y mi trabajo.
Pongo mi pasión y mis
conocimientos al
servicio de clientes
particulares, empresas y
administraciones". Así
se se presenta Alejandro
de Pedro Llorca en su
página web,
alejandrodepedro.es, en
la que ha colgado dos
certificados médicos
para probar las secuelas
psicológicas que le
produjeron los 56 días
que pasó en la prisión
de Extremera y los meses
posteriores de titulares
que le señalan como
conseguidor de la trama
Púnica, una red corrupta
que logró contratos por
250 millones de euros en
distintas
administraciones y que
acumula más de medio
centenar de imputados.
Quienes trataron a De
Pedro lo retratan como
un personaje clásico de
la novela picaresca,
ávido de contactos y con
olfato para los
negocios, más que como
un peligroso
delincuente, y niegan
que tuviera capacidad
para urdir una red
mafiosa. Su habilidad
para relacionarse le
llevó a firmar contratos
con Mediaset, el Real
Madrid de Florentino
Pérez, e importantes
firmas del IBEX como
Sacyr o Bankia. Incluso
Telefónica, una de las
principales compañías
tecnológicas del país,
llegó a recurrir a sus
servicios de reputación
en Internet. El PP en
Madrid, Valencia y
Murcia también confió en
sus supuestos
conocimientos.
El problema resultó que
los trabajos de partido
lo acabaron pagando
administraciones
públicas. Por eso está
acusado de los delitos
de organización
criminal, tráfico de
influencias,
malversación, cohecho,
falsificación
documental, utilización
de información
confidencial y fraude.
Las conversaciones
captadas por la Guardia
Civil le han pillado
falsificando concursos
públicos con un
instituto público del
Gobierno murciano. Y
fabricando noticias en
un falso medio de
comunicación al servicio
de Florentino Pérez, que
llegó a pagarle 300.000
euros por montar una web
de noticias sobre el
club. Al servicio de
Esperanza Aguirre urdió
campañas en Internet
para desprestigiar a la
Marea Verde de
profesores que
protestaba contra los
recortes.
De Pedro llegó a tener
en nómina a 26
trabajadores y facturaba
a las administraciones
públicas a través de dos
sociedades, Madiva y
Eico. Para su plantilla
contrataba informáticos
y recién licenciados en
Periodismo, a los que
pagaba unos 1.000 euros
mensuales, para poner en
marcha falsos diarios en
Internet a disposición
de sus clientes. A media
docena de ayuntamientos
de Madrid les facturó
más de 15.000 euros por
cabeza a cambio de unos
manuales muy básicos
para moverse en las
redes sociales. El
documento fue el mismo
para todos, solo
cambiaba la portada:
nociones para
principiantes en el uso
de Facebook, Twitter,
LinkedIn, YouTube,
Flickr, Slideshare y
para blogs en Internet.
Uno de esos alcaldes del
PP recuerda cómo fue
Francisco Granados, el
exsecretario general del
PP madrileño, el que lo
introdujo en el partido
poco antes de las
elecciones de 2011. "Nos
dijeron que nos iban a
ayudar. Él fue montando
pequeños diarios
digitales en nuestros
municipios y cuando
llegó la campaña alguno
ya tenía miles de
lectores. Ahí se ofrecía
a meter noticias que nos
beneficiaban y también
para perjudicar al resto
de partidos".
Aunque De Pedro se
presentase como un
vanguardista empresario
capaz de dar la vuelta a
crisis de reputación en
la Red y prácticamente
de hacer magia en
Internet, sus
procedimientos eran
bastante rudimentarios.
Creaba noticias falsas
en sus diarios digitales
que luego trataba de
amplificar con cuentas
de miles de seguidores
en las redes sociales.
Llegó a manejar 45.000
usuarios en Twitter,
según él, todos reales.
Un empleado suyo asegura
a eldiario.es que llegó
a cobrar 6.000 euros a
distintas
administraciones por
fabricar trending topics.
Los efectos que lograban
sus campañas eran más
bien discretos. Pese a
las instrucciones que
recibió de la Comunidad
de Madrid para
contrarrestar las
informaciones sobre el
ático de su expresidente
Ignacio González o sobre
el cheque guardería de
Lucía Figar, la red de
De Pedro apenas pudo
hacer nada por contener
el escándalo.
"Yo me reuní con él,
tenía mucho interés en
conocer su método.
Pensaba que tenía un
algoritmo para optimizar
los posicionamientos en
Internet y cuando me
comentó lo que hacía, vi
que era un chiringuito",
cuenta un ingeniero en
telecomunicaciones que
se sentó varias veces a
la mesa con él.
Porque el secreto de De
Pedro no estaba tanto en
sus conocimientos
técnicos como en su
habilidad para tejer
contactos. Creó en la
Comunidad Valenciana la
web del todopoderoso
Juan Cotino, con el que
compartió paellas y
actos variados, y a
partir de ahí aprovechó
para introducirse en la
vida orgánica del PP.
Por si acaso, también se
asoció con un exalcalde
socialista de Cartagena.
Su listado de llamadas,
incorporado al sumario,
incluye conversaciones
con Florentino Pérez,
Isabel Gallego, la jefa
de campaña de Esperanza
Aguirre, también
imputada en este caso,
con el exministro
Eduardo Zaplana y con
directivos de las
principales empresas del
país.
Fue el presidente del
Real Madrid, en su
declaración como testigo
en el sumario Púnica, el
que desveló ante el juez
Eloy Velasco uno de los
misterios del IBEX. “Una
persona que se llama
Donato González es el
que nos lo recomendó.
Trabaja en un banco
importante y tiene
relaciones con ACS”.
Donato González era un
importante ejecutivo de
Société Générale, el
banco que rescató a
Francisco Granados
cuando este presentó su
dimisión a raíz del
escándalo de sus cuentas
en Suiza.
El sumario evidencia la
carrera de De Pedro y
sus colaboradores por
hacer más y más
amistades en el mundo de
la política y la
empresa. Llamadas a
Zaplana para fijar
reuniones en la
residencia de verano de
los Aznar en Málaga y
poder entrar así en el
Ayuntamiento de Madrid
que entonces gobernaba
Ana Botella. Gestiones
ante Florentino Pérez
para conseguir entradas
de fútbol que servían
para invitar a
directores de
comunicación del IBEX a
los que trataban de
seducir. Cada puerta que
abría De Pedro y su red
servía para llamar a
otra nueva en una rueda
que nunca dejaba de
girar. Su importante
cartera de clientes
animaba a otros más
pequeños a confiarle su
reputación.
Una periodista que
acudió a una entrevista
de trabajo con De Pedro
sostiene que quien se
dejó engañar por el
empresario es porque
quiso. "Se le veía venir
y no parecía una persona
especialmente hábil en
el mundo que intentaba
vender. Es difícil de
creer que todas esas
grandes empresas
hubieran recurrido a
él".
Las charlas telefónicas
que transcribe la causa
dibujan a un buscavidas,
a un oportunista que
buscaba oportunidades de
negocio debajo de las
piedras. "Notición.
Acabo de cerrar con
Florentino un
supercontrato.
Oeoeoeoeoeoeoe oeoeoe.
Ahora soy del madrid.
Jajaja. Soy un
chaquetero". Así celebró
su acuerdo con el
presidente del Real
Madrid en un mensaje
telefónico enviado a
Donato González, que
medió entre De Pedro y
Florentino Pérez. Sus
trabajadoras han
declarado en el juzgado
que todos las
instrucciones en la
empresa las daba él. Y
que el enfoque
informativo de los
medios era el que pedían
los clientes.
Información y propaganda
a la carta al servicio
de Gobiernos y grandes
empresas. Con una
influencia, eso sí, muy
relativa, según se
desprende del sumario.
La última aventura de De
Pedro fue intentar
convencer al juez del
caso Púnica de que hasta
el Centro Nacional de
Inteligencia había
requerido de sus
servicios. Según El
Confidencial, el
empresario valenciano
aportó 12 llamadas y 25
mensajes para probar que
el CNI le había
encomendado a él
"contrarrestar los
ataques a España en los
foros independentistas".
De Pedro declaró además
que parte de los 80.000
euros que la Guardia
Civil incautó en su casa
procedían de pagos
realizados con fondos
reservados por esos
trabajos secretos (sic).
No hay constancia de que
las webs de De Pedro en
Cataluña hayan logrado
mitigar las ansias
independentistas, ni
tampoco de que el dinero
hallado en su domicilio
procediese de las
cloacas del Estado.
"El informático que
conocía a todo el
mundo", como él mismo se
presenta en su página
web, vive sus horas más
bajas. Como los que le
trataron, él también
niega ser el cerebro de
nada. Durante un tiempo
amagó con conceder
entrevistas a cambio de
alguna suma de dinero,
pero al final solo ha
hablado a través de sus
abogados en el juzgado.
Se presenta como víctima
de una cacería y anuncia
un nuevo reto: "El
especialista en generar
negocio en Internet y
marca personal que ahora
va a empezar a trabajar
para reconstruir la
suya".
http://m.eldiario.es/politica/Alejandro-Pedro-Florentino-PP-IBEX_0_628537503.html
LAS ESTRECHAS RELACIONES
DEL CONSEGUIDOR DE LA
TRAMA PÚNICA CON LOS
DIRIGENTES DEL PP
VALENCIANO DE AYER Y DE
HOY
El imputado Alejandro de
Pedro tuvo una relación
fluida con Eduardo
Zaplana, César Sánchez,
Lola Johnson, José
Císcar, Juan Cotino,
Luis Santamaría, José
María Chiquillo, María
Carmen Contelles, José
Juan Zaplana, Arturo
Torró o Alberto Mendoza
Mantuvo contactos
indirectos o reuniones
con Alberto Fabra,
Isabel Bonig, Jorge
Bellver, Alfonso
Bataller, Javier Moliner
o Mercedes Alonso, entre
otros
La figura del empresario
Alejandro de Pedro, uno
de los principales
imputados de la trama
Púnica, ha ido ganando
relevancia a medida que
avanzaba la
investigación del juez
Eloy Velasco sobre el
caso. Sus relaciones con
el PP en la Comunidad
Valenciana sirvieron de
trampolín para que su
entramado de tráfico de
influencias se
extendiera a Madrid,
Murcia, León y otros
territorios. Los
mensajes telefónicos que
intercambió entre 2013 y
2014 revelan sus
estrechas relaciones con
más de una veintena de
dirigentes del PP
valenciano de ayer y de
hoy mismo.
Confirman esos mensajes,
por ejemplo, algo que ya
apuntaban las
grabaciones policiales
entre De Pedro y David
Marjaliza, cabecilla de
la trama. Que el
expresidente de la
Generalitat Valenciana y
exministro Eduardo
Zaplana tuvo una
vinculación más intensa
que una mera tentativa
no consumada de
contratar la confección
de una página web
personal con el
empresario que inundaba
la red de noticias
favorables al PP, creaba
diarios digitales
falsos, como Ahora
Valencia o Ahora Gandia,
y hasta publicaba
supuestas entradas en la
Wikipedia para vender la
imagen de sus
dirigentes.
La extracción de las
conversaciones
realizadas por Alejando
de Pedro a través de
messenger o whatsapp
refleja una relación
frecuente con Zaplana y,
en general menos intensa
aunque a veces más
cordial, con otros
dirigentes del PP, como
César Sánchez, Lola
Johnson, José Ciscar,
Juan Cotino, Luis
Santamaría, José María
Chiquillo, María Carmen
Contelles, José Juan
Zaplana, Arturo Torró o
Alberto Mendoza. En esos
contactos se alude a
reuniones con Esther
Pastor, Jorge Bellver,
Mercedes Alonso, Alfonso
Bataller o Javier
Moliner, así como a
propuestas sobre las que
debían decidir, entre
otros, Alberto Fabra e
Isabel Bonig.
No son los únicos
dirigentes o excargos
públicos del PP
valenciano que
intercambiaron mensajes
con De Pedro (el alcalde
de Alberic, Antonio
Carratalà, por ejemplo,
tuvo un trato intenso
con él), pero sí los más
significados.
Eduardo Zaplana.
Entre agosto de 2013 y
mediados de 2014, hay
más de una quincena de
sesiones de mensajes
entre De Pedro y Eduardo
Zaplana, así como una
gran cantidad de
referencias al
expresidente valenciano
y exministro en otras
conversaciones. "El
lunes que viene está en
Madrid Fabra. ¿Tú
puedes?", le teclea
Zaplana al ahora
imputado en la Púnica a
finales de octubre de
2013. Y De Pedro
responde: "Sí claro aquí
estoy". "Pues lo vemos
aquí", dice Zaplana.
"Perfecto, pues ya me
dice Mitsouko
[secretaria de Zaplana].
Un abrazo", zanja el
otro.
En días sucesivos, De
Pedro inquiere por esa
reunión de alto nivel:
"Hola, Eduardo. ¿Tenemos
fecha con Alberto?".
"Eduardo me dijo
Mitsouko q tenías fecha
con Fabra pero yo no la
sé". Ya en marzo, el
empresario informa a
Zaplana: "Buenos días
Eduardo, informarte q ya
he estado con Esther
Pastor y Lola Johson...".
En aquel momento eran
secretaria autonómica de
Relaciones
Institucionales de
Presidencia de la
Generalitat Valenciana,
la primera, y
exconsellera y
coordinadora de estudios
en el PP valenciano, la
segunda.
"Eduardo ya me ha
comentado Mitsouko, pero
aunque fuera si podemos
hablar x teléfono antes
de q te veas con Fabra
me preocupa ciertos
movimientos que veo con
los alcades", le escribe
De Pedro en junio de
2014 a Zaplana. "El
juzgado retrasa la
decisión del tema de
Lola Johnson hasta el 23
de julio. Abrazo", le
comunica Zaplana días
después. Y De Pedro
responde: "Eduardo tengo
un tema urgente q hablar
contigo, nos puede
solucionar temas Fabra.
Llego hoy a Madrid a las
20h. puedes? Abrazo".
De Pedro a Zaplana en
otro mensaje: "Eduardo
buenas tardes. Hace dos
semanas estuve reunido
con Luis Santamaría, me
dijo que lo mejor sería
contarle todo (sic) mi
estrategia y
conocimiento de la
comunidad directamente
al presidente, crees q
podríamos verlo la
semana que viene q es
más tranquila?" Zaplana
a De Pedro: "Le llamaré
el lunes a ver si
puede". De Pedro a
Zaplana : "Después de
hablar con Santamaría lo
veo más necesario, están
muy perdidos y no veo
compromiso. Abrazo".
Luis Santamaría era
entonces conseller de
Justicia del gobierno de
Alberto Fabra.
De Pedro vuelve a
retomar el tema días
después: "Eduardo ya
esta hablado con esa
persona pero si queremos
hablar de estrategia no
es la persona. Aquí o lo
ven bonig y/o fabra, o
me parece que es
imposible, el equipo es
muy flojo. A favor
tenemos q todos me
apoyan pero es una
decisión de esos dos.
Abrazo".
A partir de ahí, ya no
hay más contacto directo
entre los dos
interlocutores. Los
mensajes del teléfono de
De Pedro, sin embargo,
están llenos de
referencias a su
estrecha relación
personal con Zaplana...
que le habría presentado
incluso a José María
Aznar. "Pues igual voy
la semana del 20, he
quedado con tu amigo
david, con Zaplana y los
Aznar para cenar",
teclea en agosto de
2013. "Mañana estaré por
estepona hasta el
domingo, he quedado con
zaplana me quiere
presentar a jose Maria
Aznar".
José Císcar
El 10 de abril de 2014,
Alejandro de Pedro envía
un mensaje a José Ciscar,
entonces vicepresidente
de la Generalitat
Valenciana y hoy
presidente provincial
del PP en Alicante.
"Buenos días, Pepe, soy
Alejandro. Espero q
estés bien. Una cosita,
no sé si andas por
Valencia y tienes 5m
para verme y comentarte
una cosa. He estado con
Lola Johnson sobre lo
mío y quería comentarlo.
Abrazo". Ciscar les
responde escuetamente:
"Estoy en Alicante". De
Pedro insiste: "OK y
mañana estás por
Valencia?". A lo que
Ciscar contesta: "Mañana
no puedo". Pese a la
insistencia de De Pedro,
ya no hay más
respuestas.
Sin embargo, el
conseeguidor de la
Púnica revela una
relación anterior más
fluida con Ciscar en
otro momento. "Yo le
puse hace dos años una
comida al presidente con
Paolo Basile en mediaset
(me lo pidió Pepe Ciscar)",
le cuenta a Lola Johnson
solo cuatro días
después.
Su colaboración con el
PP en Alicante había
encontrado algunos
obstáculos que no queda
claro si se habían
superado. En septiembre
de 2013 De Pedro se
quejaba a Raúl Dalmau,
delfín de Ciscar: "Una
cosita, me ha llegado a
mis oídos de q 'no soy
de fiar' para el partido
de 'alicante' y
especifico alicante
porque sigo trabajando
en la nacional y otras
dos comunidades. A esto
se le suma para apoyar
los comentarios que se
hacen sobre mí q Benissa
cancela el contrato
repentinamente. Bien,
sobre esto dos cosas,
una mientras se averigua
quien ha dicho eso a
Antonio no le voy a
pagar lo que se le debe,
bastante he palmado ya y
segundo en cuanto vuelva
me gustaría dejar este
tema zanjado, quiero
saber si soy de
confianza, si la
relación con el PP
alicante está rota
saberlo para tomar la
decisión que mejor se
adecue a mi empresa". Y
añadía: "Espero
entiendas mi malestar
con esto".
Dalmau le respondió: "Yo
desconozco quien ha
dicho eso. Xa mi
alejandro de pedro es
afin y ni idea de q se
haya roto la relacion
con pp alicante. Todo
eso pese a q si es
verdad q los periodicos
no van como deseamos, xo
nada q no se pueda
solucionar creo". De
Pedro replicó: "Tenéis
un alcalde q larga un
huevo, su discrepcion
(sic) brilla por su
ausencia y según el se
le ha dado orden de q no
trabaje conmigo. A mi
vuelta me gustaría
aclarar esto y pongamos
la cartas sobre la mesa.
Los diarios van como un
tiro, aumentan de
seguidores y de visitas
otra cosa es q el
partido no lo vea (ahora
no me preocupa) pero de
verdad no admito que se
me diga justo a mi que
no soy de fiar. Pienso
llegar al final de este
asunto. Disculpa q te
suelte el rollo a ti
pero es con quien más
confianza tengo". Dalmau
busca tranquilizarlo:
"Tu cuando vuelvas
llamame. Xq ahí hay
mucha mentira.
Hablamos".
César Sánchez,
presidente de la
Diputación de Alicante.
De Pedro mantenía buena
sitonía con otros
dirigentes del PP
alicantino. Entre ellos
el actual presidente de
la Diputación, el
alcalde de Calp, César
Sánchez. El 29 de
noviembre de 2013, le
envía un mensaje al
conseguidor de la
Púnica: "A tu vuelta
llámame. Y nos vemos".
De Pedro responde:
"Claro, vuelvo la semana
del 16".
Meses más tarde, el 26
de abril de 2014, De
Pedro le escribe: "César
q tal tío? Espero q
bien. Una cosita esta
tarde estaré por Benissa
voy con antonio el
alcalde de alberic que
esta en mi casa de oliva
comiendo. Te vemos o vas
liado? Quería comentarte
el tema de los diarios
digitales ya he hablado
con Lola y tengo luz
verde. Abrazo". César
Sánchez, que era también
diputado autonómico en
aquel momento, le
responde: "Alejandro
estoy a tope a ver si te
puedo ver esta semana".
José Juan Zaplana
Hay otro Zaplana en la
lista de contactos de De
Pedro. Se trata del
diputado alicantino en
las Corts Valencianes
José Juan Zaplana, con
quien De Pedro muestra
gran camaradería y le
pregunta si es del
Madrid. "Soy!!!",
responde el político del
PP, lo que propicia de
su interlocutor presuma
de su relaciones con
"Florentino". "Es bien
amigo mío", le dice.
José María Chiquillo
El senador del PP José
María Chiquillo también
revela una familiaridad
absoluta con De Pedro.
En junio de 2014 le
envía un recorte de
prensa y el imputado de
Púnica le responde "Muuu
guapo". Chiquillo le
recorta un párrafo de la
prensa: "Corbata y
pañuelo VERDE para la
proclamación de Felipe
VI. Un grupo de
parlamentarios del PP,
entre los que destaca
activamente el senador
valenciano José María
Chiquillo, Pedro
Agramunt y los diputados
I. Pastor y Rubén
Moreno, han puesto en
marcha una campaña para
que el día de la
proclamación de Felipe
VI el VERDE esté
presente en el
hemiciclo. V-E.R.D.E.
Viva El Rey de España".
De Pedro responde:
"Mucha suerte amigo".
Lola Johnson
Exdirectora de Canal 9,
exconsellera y
exportavoz de los
gobiernos de Francisco
Camps y Alberto Fabra,
Lola Johnson se había
retirado a un cargo en
el PP de la Comunidad
Valenciana tras su
imputación en el caso de
la empresa Valmor, que
funcionó como pantalla
en la organización de la
Fórmula 1 en Valencia.
Johnson hizo de
interlocutora del
miembro de la Púnica,
como revelan los
mensajes.
"Lola el 24 estoy con la
alcaldesa de Elche para
ver si monto un diario
allí, si me ayudas...",
le escribe de Pedro en
abril de 2014. La
alcaldesa popular de
Elche era Mercedes
Alonso. Lola Johnson le
responde: "Hola
Alejandro!!! Hoy veo a
la alcaldesa d Elche, le
hablaré d la idoneidad
dl diario digital!!!". "Jejeje",
teclea De Pedro, que
unos días después le
informa: "Lola buenos
días. Ayer en Elche muy
bien, creo q montaremos
el diario con objetivo
de captar 100.000
usuarios hasta final de
legislatura. Pudiste
hablar con Castellón?
Cuídate, un abrazo".
"Buenos días Lola,
informarte que Toño de
alberic también está
cerrado. Me gusta este
porque está en zona
conflictiva. Suerte por
Castellón", le teclea un
par de días más tarde. Y
al día siguiente:
"casualidades de la
vida, tengo sentado a mi
derecha en el ave al
alcalde de Castellón, le
digo algo del diario?".
"El alcalde de Castellón
un encanto", acaba
diciendo. Se refería a
Alfonso Bataller,
regidor entonces de la
capital de La Plana por
el PP.
Pero el contacto de De
Pedro con Lola Johnson
llegaba a lo más alto,
al mismísimo presidente
de la Generalitat. Así,
el 30 de abril de 2014
le escribe: "Lola una
pequeña recomendación si
me permites. Alguien en
el ppcv debería de
escuchar en internet la
palabra 'Alberto Fabra'
y en todas las noticias
que salgan positivas
hacer comentarios en las
mismas. He detectado q
la oposición sobre las
positivas están dando
cera, el ejemplo lo
tienes en una noticia q
he puesto yo hoy en el
Facebook http://www.ahoravalencia.es/fabra-descenso-paro/128838".
Lola Johnson le
contesta: "Descansa un
poco q no paras".
Alfonso Bataller y
Javier Moliner
El exalcalde de
Castellón y el todavía
presidente de la
Diputación de Castellón
por el PP, Alfonso
Bataller y Javier
Moliner,
respectivamente, se
reunieron con De Pedro,
a juzgar por el
contenido de los
mensajes. Aunque no
establecen contacto
telefónico, las
alusiones en otras
conversaciones así lo
indican.
En un mensaje de octubre
de 2014 a "Paloma
Ayuntamiento de
Castellón" le dice De
Pedro: "Andres ayala
portavoz de
infraestructuras en el
congreso ya ha hablado
con el presidente de
adif para que le de
cita". Y añade: "le
llame de su parte y
listo". Su interlocutora
responde: "Muchas
gracias. Disculpa el
otro día q no me pude
despedir de ti. Cuando
salí te habías ido.
Gracias por todo".
"Alejandro tienes
cerrada cita con J.
Moliner el lunes 27 a
las 13 horas en
Diputación. Un abrazo",
le comunica a De Pedro
ese mismo mes de octubre
Juan José Pérez Macián,
portavoz del PP en el
Ayuntamiento de
Castellón.
Luis Santamaría,
presidente de la gestora
del PP de València
Conseller de Gobernación
y Justicia en el último
gobierno de Alberto
Fabra, Luis Santamaría
es hoy presidente de la
gestora del PP de la
ciudad de Valencia,
cargo al que llegó tras
el desmantelamiento de
la organización por la
imputación de todo el
grupo popular en el
Ayutamiento en la
operación Taula.
Santamaría era uno de
los dirigentes con línea
abierta con De Pedro.
"Luis q tal tío? Andarás
liado q te cagas madre
mía, aún no me lo creo,
como me alegro macho, de
todo corazón, mira que
es lo único bueno que he
visto en fabra que
haga", le escribe De
Pedro en junio de 2014
en alusión a su
nombramiento". "Jajaja",
responde Santamaría, a
quien el conseguidor
adopta como un
interlocutor con el
presidente. "Hola luis q
tal? Pudiste ver el tema
con el presi? Yo voy a
hacer lo q te dije, si
te parece", le escribe
un día de septiembre.
"Yo estoy un tanto a
expensas de que se
nombre comité de campaña
para acelerar las cosas
y arrancar
definitivamente. Ahora
estamos en una especie
de impass raro", le
explica Santamaría a De
Pedro unos días después.
"Lo digo porque no
sabemos los recusos con
los que vamos a contar
entre otras cosas. Me
dijo guillem q ibas a
sentarte con torró [probalemente
José Luis Torró,
secretario autonómico de
Comunicación] y a mi me
parece muy acertado". De
Pedro le responde: "Se
que esta el tema por
cerrar pero yo quiero
ver si cerrando una
estrategia los 3 y luego
validando con torro, me
sentaba con el presi. De
esta forma el presi
preguntará y estará ya
todo mas o menos ok. Del
tema del dinero ya me
encargo yo bien con
torro o bien presi. Así
vimos guillem y yo que
sería la mejor forma".
Juan Cotino
"Juan un favor, tu me
podrías ayudar a ver con
quien tengo que hablar
para intentar bautizar a
mi hija en la capilla de
la virgen de los
desamparados?", pregunta
De Pedro en septiembre
de 2013 a Juan Cotino,
entonces todavía
presidente de las Corts
Valencianes (dimitiría
al año siguiente).
Cotino le responde:
"Tengo al lado al
párroco de San Nicolas
que es una iglesia
preciosa. En la basílica
no bautizan". "Ah no lo
sabía pero perfecto, lo
hablamos el viernes.
Abrazo".
En otro momento, a
mediados de noviembre,
De Pedro vuelve al tema
religioso. "...a mi
hermana le han detectado
una enfermedad
degenerativa en el
sistema nervioso, una
enfermedad rara donde se
puede quedar paralizada,
sólo quería pedirte
cuando puedas rezar por
ella". Cotino responde:
"A partir de hoy la
encomendaré todos los
días en Misa".
La relación entre ambos
también deja lugar a
temas más prosaicos.
"Una pregunta que tal
con Lola yonson (sic)?
Cómo podría verla? Me
interesa mostrarle todos
los diarios", inquiere
De Pedro en enero de
2014. Y Cotino le dice:
"Ya se lo dire y le
llamas".
Arturo Torró
El entonces alcalde de
Gandia, Arturo Torró,
señaló en 2016 al
declarar ante el juez
Eloy Velasco, a su
número dos, el actual
diputado Víctor Soler
como negociador con
Alejandro de Pedro para
los pagos por la
maniobras de la Púnica
en la ciudad. Sin
embargo, Torró conocía
personalmente a De
Pedro, como revelan los
mensajes.
"Buenos días Arturo", le
dice este último a Torró
por whatsapp el 18 de
noviembre de 2013. "Soy
Alejandro. Una cosa
tienes un email personal
donde pueda
escribirte?". Y Torró se
lo da. "Como tienes el
04 de abril para tomar
algo y hablar de la
campaña? Me urge que lo
veamos juntos. Antes no
puedo estoy en
Guatemala. Abrazo", le
escribe el conseguidor
de la Púnica el 25 de
marzo del año siguiente.
Alberto Mendoza
Entre los concejales del
PP de Valencia imputados
en el caso Taula está
Alberto Mendoza.
Integrante del equipo de
la fallecida exalcaldesa
Rita Barberá, Mendoza
tenía una más que
cordial relación con De
Pedro, que el 5 de julio
de 2013 le pregunta:
"Buenos días Tito me
dijiste q te recordara
lo de la cuota mensual
del diario. Pudiste ver
algo? Mi gente ya se
presentó en el Ayto como
me pediste".
"Pudiste hablar con
Cristóbal [seguramente
Cristóbal Grau, otro
concejal] del tema del
diario?", le pregunta en
noviembre. "No",
contesta Mendoza. "Y qué
hago con
diario-ayuntamiento? Me
olvido?". "Nooo",
responde el edil. "Hemos
sido el diario con mas
seguidores valencianos y
el que más viralidad
produce, doblando al
Levante", insiste De
Pedro. "Tu amigo julio
ni puto caso y eso que
hablé con Miguel y este
con julio, nada. Arturo
pasa de todo así que
mira el panorama".
En enero tienen ambos
una conversación para
ver de quedar y de Pedro
suelta: "ya intentamos
vernos tengo el
miércoles q reunirme con
tu jefe en valencia a
primera hora". Mendoza
se extraña: "Yo no tengo
jefe, tengo jefa".
"Bueno el otro ya me
entiendes". "Quien es el
otro? Miquel?". "Fabra.
Poco hablas con él". "Jejej".
En febrero vuelve a
surgir la relación con
el Ayuntamiento: "Dime
que hago tío, julio no
dice nada y necesito
tirar a un lado o a
otro. Por cierto hemos
creado
www.fallasenvalencia.com
para captar más
valencianos, 5.000 en
una semana". Mendoza le
indica: "Llámalo mañana
y me dices como has
quedado".
Jorge Bellver
El diputado autonómico
del PP Jorge Bellver
surge en las
conversaciones por
whatsapp que Alejandro
de Pedro mantiene con el
alcalde de Alberic (lo
sigue siendo al frente
de una lista
independiente), Antonio
Carratalá, con toda la
contundencia. "Ayer
estuve con Mari Carmen
Contelles, Jorge Bellver
para el tema de
campaña", asegura De
Pedro el 22 de julio de
2014. No hay, sin
embargo, más referencias
ni relación directa
telefónica.
Mari Carmen Contelles
Un caso distinto es el
de Mari Carmen Contelles,
exalcaldesa de La Pobla
de Vallbona y actual
portavoz del PP en la
Diputación de Valencia.
"Buenos días Mari Carmen
pudiste hablar sobre el
tema con Bonig?", le
pregunta De Pedro el 29
de julio de 2014. Y ella
responde: "Buenos días,
tengo pendiente cerrar
una reunión, te aviso".
"Este verano estuve con
Luis Santamaría es
amiguete mío y le
encanto el tema pero me
dice q esto es una
decisión de la
secretaria general, q él
apoyara la iniciativa.
Pudiste hablar con
ella?", pregunta el
imputado en la Púnica a
Contelles en septiembre,
refiriéndose a Isabel
Bonig. "Sí... te llamo",
contesta. Días después,
el 8 de septiembre de
2014, De Pedro parece
haber avanzado en sus
propósitos. "Mari Carmen
buenos días, he hablado
con Alberto el de bonill
(sic) y me ha dicho que
hablaste con Luis Torró
para ver si me podía
recibir. ¿Contacto con
él?".
La exalcaldesa de la
Vall d'Uixó y
exconsellera de
Infraestructuras fue
nombrada coordinadora
general del PP de la
Comunidad Valenciana en
2014 y pasó a ocupar la
presidencia cuando
dimitió Alberto Fabra.
No figura relación
directa alguna de la
actual líder del PP
valenciano con Alejandro
de Pedro, pero su nombre
es citado en diversas
ocasiones como el de la
persona que ha de tomar
decisiones sobre lo que
propone el conseguidor
de la Púnica.
Una de esas referencias
no alude a campañas de
venta del PP en internet
o a la financiación de
diarios digitales
fantasma, sino a otro
asunto. "Los colegios
que te he pasado
dependen de la
Consejería de
Infraestruturas no de
educación. Por lo tanto
es Isabel Bonig quien
decide", teclea De Pedro
a José Antonio Alonso,
exalcalde de Cartagena,
detenido e imputado en
el caso Púnica a quien
el cerebro de la trama,
David Marjaliza, ha
apuntado como
comisionista del grupo.
El propio Marjaliza ha
confesado que intentaron
exportar a Calp y a
Elche el procedimiento
para hacerse con suelo
público para construir
colegios privados del
que se aprovecharon en
Madrid, pero que la
Administración
valenciana anuló la
operación al estallar el
caso.
Alberto Fabra
Con el expresidente de
la Generalitat, Alberto
Fabra, hoy senador por
representación
autonómica, ocurre algo
parecido. Su nombre es
muy citado y todo apunta
a que pudo llegar a
reunirse con De Pedro,
pero no hay contacto
directo entre ambos en
los mensajes extraídos
del teléfono móvil del
miembro de la trama
Púnica.
De Pedro, que parece muy
interesado en llegar a
Fabra, confía en que
Eduardo Zaplana le haga
de intermediario. Y en
una de esas peticiones,
el 24 de octubre de
2013, suelta esto:
"Disculpa Eduardo con
Fabra hay alguna
novedad? Creo q te dije
q fue cliente mío cuando
era alcalde de
Castellón. Abrazo".
http://m.eldiario.es/cv/trama_Punica-PP_valenciano-politica-corrupcion_0_628537239.html
EL JUEZ ELOY VELASCO
DEJARÁ LA INSTRUCCIÓN
DEL 'CASO PÚNICA' EN
JUNIO
El juez ha
solicitado la plaza de
nueva creación en la
Sala de Apelaciones de
la Audiencia Nacional
que comenzará a
funcionar el 1 de junio
El caso Púnica, una de
las mayores tramas de
corrupción de España,
pende de un hilo. El
hasta ahora magistrado
instructor dejará el
caso en junio pues ha
solicitado una plaza en
otro juzgado que, de
facto, ya es suya al ser
uno de los dos únicos
jueces con especialidad.
Según ha podido saber
Valencia Plaza de
fuentes de toda
solvencia, el juez del
Juzgado Central de
Instrucción Número 6 de
la Audiencia Nacional,
Eloy Velasco, ya ha
solicitado el concurso a
la Sala de Apelaciones
de la Audiencia
Nacional, una sala de
nueva creación que
comenzará a funcionar el
1 de junio.
Tal y como ya informó
este periódico, Velasco
tenía la firme intención
de abandonar el juzgado
y, por ende, el caso
Púnica pese a
encontrarse a mitad de
la instrucción.
Dentro de las
posibilidades de su más
que segura salida había
dos opciones. La
primera, y preferida por
el Gobierno de Mariano
Rajoy, era posibilidad
de una comisión de
servicios especiales en
el extranjero que les
permitiera dar ‘a dedo’
la plaza a otro juez en
comisión de servicio,
pero no ha sido posible
y, como ya adelantó
Valencia Plaza, Velasco
ha optado por solicitar
la sala de nueva
creación.
La salida de Velasco va
a suponer dos cosas. Por
un lado, un retraso de
meses en una de las
causas más complejas
abiertas hasta la fecha
ya que, si no cambia la
situación, se producirá
unas dilaciones
indebidas en la
instrucción que
llevarán, como poco, a
una obligatoria
reducción en las
posibles futuras penas.
Y por otro, un revés
importante para aquellos
que querían imponer ‘un
juez de la cuerda’.
El problema con la
petición del nuevo
destino es que la plaza
de Velasco tiene que
salir a concurso y, si
no se ‘trampea’ la
situación creando algún
tipo de comisión
temporal, el magistrado
que entre lo hará por
escalafón, algo que es
incontrolable para todos
los interesados en
imponer un juez afín en
un Central de
Instrucción.
Dejar de dar cursos
mermaría sus ingresos en
50.000 euros anuales
El motivo por el que
Velasco ha decidido
concursar y no escoger
la plaza de
internacional ha sido,
según las mismas
fuentes, económico.
50.000 euros es lo que
el magistrado perdería
anualmente por dejar de
dar cursos y eso ha sido
lo que ha inclinado la
balanza a favor de una
salida y no la otra.
A todo ello hay que
sumar el varapalo que se
llevó Eloy Velasco, muy
afín al sector
conservador pues fue
secretario autonómico de
Justicia del PP con
Eduardo Zaplana en la
Comunitat Valenciana,
cuando solicitó una
plaza de magistrado en
el Tribunal Supremo y le
fue denegada.
Desde el
Gobierno y desde el
Consejo General del
Poder Judicial le
dijeron que “nunca había
puesto una sentencia
(está en un
instrucción), y que al
Supremo no se llega sin
poner sentencias”.
López y Guevara
Junto a Eloy Velasco, el
resto de la sala la
formará el magistrado
Félix Alfonso Guevara,
uno de los magistrado
más garantistas y con
más mal genio de la
Audiencia Nacional y el
ex portavoz del Consejo
General del Poder
Judicial y ex magistrado
del Tribunal
Constitucional, Enrique
López.
La nueva sala será
única: Velasco junto al
juez que juzgó a Txapote
o Lola Flores y, a su
lado, Enrique López, tan
vinculado al PP que fue
recusado como magistrado
del caso Gürtel por su
“más que cercana
sintonía” con el partido
de Mariano Rajoy. Sus
cursos, cobrando, para
FAES nunca han pasado
desapercibidos.
http://valenciaplaza.com/el-juez-eloy-velasco-dejara-la-instruccion-del-caso-punica-en-junio
LAS PRUEBAS DOCUMENTALES
DEL "PLAN CRIMINAL" DE
PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ
La Cadena SER accede a
los documentos
probatorios del trabajo
desarrollado por la
trama para la reputación
personal del hoy
presidente de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez, y
las negociaciones
mantenidas para lavar su
imagen con dinero
público La Púnica
incluso redactó una
propuesta de facturación
para ser firmada por el
interesado. Junto a los
testimonios judiciales,
conversaciones y
mensajes telefónicos,
son las pruebas que han
llevado a afirmar a las
fiscales del caso que
Sánchez concibió “un
plan criminal” para
delinquir
El presidente de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez,
siempre ha negado que
pactara o acordara
contrato alguno con el
conseguidor de la
Púnica, Alejandro de
Pedro, para limpiar su
imagen personal en las
redes sociales. Pero hay
numerosas pruebas en su
contra. Tanto las
conversaciones
telefónicas grabadas
entre los responsables
de la trama, como los
correos electrónicos,
sms y whatsapp que
implican de forma
directa a Sánchez, o el
testimonio ante el juez
del director comercial
de una de las empresas
del entramado, Javier
Bueno, quien reconoce
reuniones y el acuerdo
para pagar los trabajos
con cargo a la
Consejería de Educación
que dirigía el hoy
presidente murciano.
Además, la Guardia Civil
incautó en los registros
practicados a la Púnica
numerosos documentos
hasta ahora inéditos,
parte de los cuales
ofrece hoy la SER, que
prueban que el entramado
realizó trabajos para
Pedro Antonio Sánchez.
La Púnica trabajó al
menos un mes para Pedro
Antonio Sánchez
Son informes de
propuesta de reputación
para el presidente de
Murcia, e informes de
percepción, que
supusieron una
considerable labor para
las empresas de
Alejandro de Pedro, pues
ya analizaron al menos
durante un mes un total
de 938 mensajes de
Twitter; e informaron
sobre su situación en
otras redes sociales
como Facebook o Youtube,
donde destacaron la
existencia de más de
300.000 referencias y
38.000 vídeos
respectivamente.
El conseguidor llegó a
la conclusión en su
informe de que no
existía una estrategia
de reputación y propuso
la creación de sus
periódicos digitales,
para posicionar en
internet sus noticias
positivas relativas al
presidente por delante
de las negativas, y
mejorar así su imagen.
El presidente de Murcia
insistió en contactar
con la Púnica
Los correos electrónicos
de su responsable de
prensa y los mensajes
enviados por el propio
Pedro Antonio Sánchez,
prueban el interés del
presidente murciano por
contactar con el
conseguidor de la Púnica
para limpiar su imagen
personal en la red, a
partir de septiembre de
2014. Es Sánchez y su
gabinete, y no el
conseguidor, quienes
insisten en la cita con
la Púnica para cerrar el
acuerdo.
Pruebas de que iba a
pagarse con dinero
público
Además, entre la
documentación
intervenida consta el
análisis redactado por
Alejandro de Pedro tras
la reunión mantenida el
24 de octubre con
Sánchez en la Consejería
de Educación de Murcia.
En ese documento el
conseguidor expone que
han acordado la creación
de una “página estática”
para “Pedro A. Sánchez”,
que empiezan el “1 de
noviembre” y también
anota como “concepto” el
capítulo “Formación”.
Para la Guardia Civil,
que suma el
interrogatorio a los
responsables y el
análisis de las escuchas
para llegar a su
conclusión, esto es
indicativo de que la
factura iba a girarse al
apartado “Formación” de
la Consejería de
Educación. Iba a pagarse
la imagen personal de
Pedro Antonio Sánchez
con dinero público.
La Púnica incluso
redactó una propuesta de
factura
Las conversaciones
estaban tan avanzadas
que la Púnica llegó a
redactar una propuesta
de factura por la
reputación personal de
Sánchez, de un total de
32.000 euros sin IVA, a
razón de 4.600 euros al
mes, que incluía
diversos apartados.
Entre ellos la
contratación de un
periodista que redactase
noticias beneficiosas
para el presidente de
Murcia, estrategia,
auditoría, servicios de
posicionamiento e
informes mensuales.
Hoja de pedido de
servicios con la
estrategia de reputación
online
Esa propuesta de
facturación estaba lista
y preparada para ser
firmada por el cliente.
Si no llegó a ser
rubricada, según los
investigadores, fue
porque solo tres días
después de la reunión
con el presidente en la
Consejería de Educación,
se produjo la
intervención judicial y
las detenciones.
Informe preventa con
cargo a la Consejería de
Educación
Con todo, para las
fiscales del caso,
Carmen García y Teresa
Gálvez, tanto Pedro
Antonio Sánchez como la
senadora del PP, Pilar
Barreiro, concibieron
“un plan criminal” para
delinquir, y fueron
apartadas porque
pretendían solicitar su
imputación.
http://cadenaser.com/m/ser/2017/03/28/tribunales/1490733923_693491.html
LAS GRABACIONES
DESCLASIFICADAS QUE
IMPLICAN A PEDRO ANTONIO
SÁNCHEZ
La SER accede a la
grabación de las
conversaciones
telefónicas entre los
implicados en la Púnica,
que corroboran el pacto
alcanzado entre la trama
y el hoy presidente de
Murcia, para lavar su
imagen. “¡Murcia a
tope!” exclama entre
carcajadas uno de los
imputados tras el
acuerdo por “3.000 pavos
al mes” a pagar con
dinero público, que iban
a servir para limpiar la
imagen personal de Pedro
Antonio Sánchez en redes
sociales. El juez
Velasco atribuye a
Sánchez los delitos de
cohecho, fraude a la
Administración y
revelación de
información reservada
El juez de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco,
que instruye el 'caso
Púnica', ha
desclasificado las
grabaciones entre los
implicados de la trama,
relativas a los delitos
investigados
supuestamente cometidos
en la comunidad autónoma
de Murcia. Los sonidos
de aquellas
conversaciones, se
escuchan ahora por
primera vez.
Las grabaciones entre el
conseguidor Alejandro de
Pedro, su socio José
Antonio Alonso Conesa,
los empleados de ambos y
técnicos y jefes de
gabinete de distintas
consejerías en Murcia,
corroboran la existencia
de cuatro reuniones en
las que participó el
entonces consejero de
Educación y hoy
presidente, Pedro
Antonio Sánchez, entre
el 11 de junio de 2014 y
el 21 de octubre de ese
mismo año, y el interés
de Sánchez por alcanzar
un acuerdo para lavar su
imagen en las redes
sociales, porque
aspiraba a la
presidencia regional.
Además de estas
grabaciones, hay otras
pruebas en la causa que
implican al presidente
murciano como mensajes
SMS, whatsapps y el
testimonio del director
comercial de Eico, la
empresa de Alejandro de
Pedro, que confirman el
pacto.
Una de aquellas
reuniones tuvo lugar en
la consejería de
Educación de Murcia que
Pedro Antonio Sánchez
dirigía, y las otras
tres en Madrid, en
hoteles como el Palace o
Las Letras. En este
último tuvo lugar el
cónclave del 21 de
octubre, el definitivo
en el que fue cerrado el
contrato con el
presidente murciano y la
senadora Pilar Barreiro,
según relata el
conseguidor Alejandro de
Pedro a uno de sus
colaboradores.
Según comunica Alejandro
de Pedro a otra de sus
trabajadoras, el
contrato tenía que ser
de 3.000 euros al mes,
entre octubre de 2014 y
mayo de 2015, cuando
tuvieran lugar las
elecciones.
A esos 3.000 euros
sumarían otros 1.000
netos para un periodista
que elaborase noticias
beneficiosas para Pedro
Antonio Sánchez desde el
periódico digital
murciano que el
conseguidor de la Púnica
creó como herramienta
para promocionar a sus
clientes. La trama
también tenía mucho
interés en Sánchez. El
imputado José Antonio
Alonso cuenta a su socio
De Pedro que necesitaban
ese contrato "como el
agua".
Según las conversaciones
intervenidas, estaba
previsto que la
Consejería de Educación
de Pedro Antonio Sánchez
pagase con dinero
público la reputación
personal y privada del
propio Sánchez, y
también parte del
contrato de Pilar
Barreiro.
La justicia frustró la
contratación pero sigue
siendo delito
Al final, la trama no
llegó a ejecutar los
trabajos porque el 27 de
octubre de 2014, solo
seis días después de
alcanzar el acuerdo,
estalló la operación y
el juez Velasco ordenó
las detenciones. Aun
así, el magistrado acusa
a Pedro Antonio Sánchez
de delinquir porque
según el código penal,
no es necesario haber
consumado el cohecho y
el fraude a la
administración para ser
considerados delitos.
Tanto el artículo 420
del código penal
relativo al cohecho,
como el 436 sobre el
fraude a la
administración,
establecen desde 2010
que se trata de delitos
tendenciales. Que pueden
ser atribuidos con la
mera existencia de un
plan o concertación para
delinquir, aunque se
hayan visto frustrados.
Y existe numerosa
jurisprudencia del
Tribunal Supremo que
confirma esta postura.
Entre ellas, sentencias
en las que actuaban como
ponentes magistrados
considerados
conservadores como Pablo
Llarena, o de José
Manuel Maza,
recientemente designado
Fiscal General del
Estado.
El juez pedirá imputar a
Sánchez pese a la
Fiscalía
Sin embargo, Maza no es
partidario ahora de
imputar a Pedro Antonio
Sánchez. Se da la
circunstancia de que
reunió a los fiscales de
Sala del Supremo para
tomar su decisión, pero
no a las fiscales
Anticorrupción del caso,
Carmen García y Teresa
Gálvez, que nunca han
sido llamadas para
informar al respecto. En
su lugar, fue la
teniente fiscal
Anticorrupción, Belén
Suárez, quien libró a
Sánchez de la acusación
en un escrito despachado
en 12 líneas.
A pesar de la negativa
de la Fiscalía, el juez
Eloy Velasco tiene
intención de elevar la
exposición razonada al
Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, para
pedir la imputación de
Pedro Antonio Sánchez
por su vinculación con
la 'trama Púnica'.
Ignacio González, Lucía
Figar y cómo amañar un
contrato en Murcia
Las conversaciones
grabadas por los agentes
de la Guardia Civil
sobre Murcia también
recogen algunas de las
acciones de la trama en
otras comunidades como
Madrid o Castilla y
León.
Alejandro de Pedro habla
del contrato de
reputación personal del
expresidente de la
Comunidad de Madrid,
Ignacio González.
De reuniones con el
exconsejero Salvador
Victoria o la jefa de
prensa de Esperanza
Aguirre, Isabel Gallego,
y de los dos contratos
por un total de 400.000
euros, para la
reputación personal de
la exconsejera de
Educación, Lucía Figar,
también imputada en la
causa.
Las grabaciones también
revelan métodos para
amañar contratos. Es
Jesús Galindo, el
imputado secretario
general del Instituto de
Turismo en Murcia, quien
pacta con Alejandro de
Pedro un supuesto
concurso público al que
se presentarán tres
empresas. Y las tres,
son de la Púnica.
Las conversaciones
revelan además cómo la
trama tiraba de sus
contactos en el PP para
promocionar a sus
clientes en el partido,
como el presidente de la
Diputación de León,
Marcos Martínez, o el
también imputado
exconsejero murciano de
Turismo, Juan Carlos
Ruiz.
http://cadenaser.com/ser/2017/03/26/tribunales/1490542512_466644.html?int=masinfo
LA GUARDIA CIVIL TIENE
CERCADO EN PÚNICA AL
PRESIDENTE DE MURCIA POR
“DELITOS DE FRAUDE”
ELPLURAL.COM accede al
sumario de la pieza
separada, donde están
los pinchazos y los
mensajes que acorralan a
Pedro Antonio Sánchez
ELPLURAL.COM ha tenido
acceso a la Pieza
Separada 3 de Púnica que
se centra en la
investigación de las
operaciones de la
supuesta trama en la
Región de Murcia y sus
negocios con destacados
dirigentes del Partido
Popular, con especial
relevancia en aquellos
que afectan al actual
presidente regional,
Pedro Antonio Sánchez.
La documentación incluye
numerosos pinchazos
telefónicos a los
cabecillas de la trama y
a los entornos de los
dirigentes, así como
documentación digital,
correos electrónicos y
mensajes de teléfono
móvil. Todo este
material ha sido puesto
en orden en un informe
de la Unidad Central
Operativa de la Guardia
Civil en el que acusan a
Pedro Antonio Sánchez y
su jefe de gabinete,
David Conesa, de
“supuestos delitos de
fraude en la
contratación pública”
por adjudicar a la trama
y con dinero público
trabajos de reputación a
favor del ahora
presidente de Murcia.
Además de Sánchez y su
jefe de gabinete, la red
está formada por otros
tres nodos de especial
relevancia que
protagonizan las
llamadas y los mensajes
intervenidos: Pilar
Barreiro, entonces
alcaldesa de Cartagena y
actual senadora del PP;
Alejandro de Pedro,
cabecilla de la trama y
considerado el
conseguidor; y el
exalcalde socialista de
Cartagena, José Antonio
Alonso Conesa, que
habría ayudado a De
Pedro a conseguir
contactos en la región.
La guerra de poder
interna en el Partido
Popular de Murcia, con
dos consejeros que
aspiraban a suceder a
Ramón Luis Valcárcel al
frente de la formación y
a
presidir el
Gobierno autonómico es
el marco en el que se
movía la trama. Púnica
ya trabajaba para el
consejero de Industria,
Juan Carlos Ruiz. Pero
su rival, Pedro Antonio
Sánchez, entonces
consejero de Educación,
se interesó por los
servicios de De Pedro
cuando su reputación
empezó a caer debido a
que se le acumulaban las
imputaciones por
corrupción.
A través del contacto de
la alcaldesa de
Cartagena, la trama
empezó a mantener
relación con Sánchez y
cerraron un par de
reuniones, como puede
confirmarse en las
grabaciones intervenidas
por la Guardia Civil. De
hecho, como se refleja
en las pruebas, lo
acordado fue que los
servicios de reputación
a Pedro Antonio Sánchez
ascendieran a 4.600
euros al mes, que se
pagarían con fondos
públicos de la
Consejería, camuflados
como “formación”, y que
también servirían de
pago para los trabajos
realizados a favor de la
alcaldesa Pilar
Barreiro.
Este extremo queda
comprobado en dos
pinchazos. Uno es una
llamada entre De Pedro y
Alonso, en el que el
segundo le pide que le
diga al jefe de Gabinete
de Barreiro, Paco
Farreño que “como vamos
a conseguir lo otro, lo
del precio lo
ajustaremos como
queramos”. “Lo otro”,
según la Guardia Civil,
es el contrato con
Sánchez que servirá para
pagar el de Barreiro. La
otra llamada intervenida
es al propio Farreño, en
el que le pide a De
Pedro que ponga en
marcha los trabajos
porque en “los detalles
de la facturación nos
van a echar una mano”.
Por último, otro aspecto
que acorrala a Sánchez
son sus reuniones con De
Pedro, que quedan
reflejadas en varias
llamadas y que prueban
que los trabajos estaban
ya en marcha y fueron
interrumpidos por la
detención de los
implicados.
Todo arranca el 18 de
septiembre de 2014, con
una llamada en la que
Alonso conmina a hablar
con Sánchez, que le
mande “un wassap y le
dices ‘que me dijo
[Pilar] que querías
hablar conmigo, estoy a
tu disposición en este
teléfono”.
Los contactos
fructifican y el 23 de
septiembre se celebra
una reunión entre De
Pedro y Sánchez en una
cafetería cerca del
Congreso de los
Diputados. Un día antes,
Alonso llama a De Pedro
y le dice que, aparte de
los trabajos de
reputación, le intente
sacar más dinero con
ejemplos de lo que están
haciendo: “Le cuentas
alguna cosa de las que
estás haciendo con
[Lucía] Figar”, la
entonces consejera de
Educación de la
Comunidad de Madrid.
Tras esta reunión, De
Pedro llama a una
trabajadora de su
empresa para informarle
que se ha reunido con
Pedro Antonio Sánchez. Y
le pide que le prepare
una oferta para “ponerle
3.000 pavos” al mes, más
otros 1.000 “pavos” para
contratar a un
periodista que redacte
noticias positivas sobre
él. Al final, el
presupuesto se eleva a
4.600 euros, sumando
cerca de 24.000 euros de
fondos públicos desde
octubre hasta mayo de
2015. “Llama la atención
que los servicios que se
van a prestar hasta el
mes de mayo de 2015,
(fecha 24/05/2015) en la
que se celebran los
comicios locales y
regionales de 2015”,
señala la Guardia Civil
en su informe.
La siguiente reunión se
celebra el 21 de octubre
de 2014 en el hotel Las
Letras. De Pedro está
esperando para la cita y
llama a Alonso para
contárselo, quien le
anima: “Sácale el
contrato a Pedro
Antonio, que lo
necesitamos como el
agua”.
El día siguiente de la
reunión, por la mañana,
De Pedro llama a otro
miembro de la empresa y
posterior arrepentido,
Francisco Javier Bueno,
para contarle la buena
noticia: “Hemos cerrado
lo de la reputación de
Pilar Barreiro y la de
Pedro Antonio, el
consejero de Educación”.
Lo que su interlocutor
celebra entre risas
diciendo: “¡Murcia a
tope!”. De Pedro le da
orden “de que lo metan
ya en facturación para
el mes de noviembre”.
El 24 de octubre, tres
días después de la
reunión, De Pedro vuelve
a hablar con Bueno.
Ambos están en Murcia, a
punto de entrar a
reunirse con el jefe de
gabinete de Pedro
Antonio Sánchez, pero
Bueno está esperando en
la misma Consejería
mientras De Pedro se
apura para no llegar
tarde a la reunión.
Tres días después, De
Pedro era detenido
dentro de la Operación
Púnica.
http://www.elplural.com/politica/2017/03/26/la-guardia-civil-tiene-cercado-en-punica-al-presidente-de-murcia-por-delitos-de
DOCUMENTOS MANUSCRITOS
DEL GERENTE DE AGUIRRE
CONTIENEN APUNTES DE LA
PRESUNTA CAJA B DE LA
CAMPAÑA DE 2007
Tres documentos
manuscritos de Beltrán
Gutiérrez, a los que ha
tenido acceso infoLibre,
indican que el partido
destinó 1,5 millones a
publicidad exterior y
1,03 millones a prensa y
radio en las autonómicas
de 2007
Sin embargo, el PP
declaró a la Cámara de
Cuentas que había
destinado 265.002 euros
al primer concepto y
550.000 al segundo. Es
decir, 1,71 millones
menos de lo
presuntamente gastado
Un millón de euros lo
habría aportado, según
los papeles del gerente,
la patronal madrileña
CEIM
Tres documentos
manuscritos del entonces
gerente del PP de Madrid
Beltrán Gutiérrez, a los
que ha tenido acceso
infoLibre y que figuran
en el sumario de la
Púnica, indican que el
partido destinó 1,5
millones de euros a
publicidad exterior y
1,03 millones a prensa y
radio en la campaña de
las autonómicas de 2007.
En total, 2,53 millones.
Sin embargo, el PP
declaró a la Cámara de
Cuentas que había
gastado 265.002 euros
por el primer concepto y
550.000 por el segundo.
Es decir, declaró 1,71
millones menos de lo
presuntamente gastado.
En los papeles del
gerente del PP que
entonces presidía
Esperanza Aguirre
también se hace
referencia a los
supuestos financiadores
de los gastos
publicitarios. Así, los
documentos manuscritos
incluyen varias
referencias a "Diego de
León", lo que según los
investigadores supone
una alusión a la
patronal madrileña CEIM,
cuya sede está situada
en la calle del mismo
nombre. En el mismo
documento aparece el
apunte: "Jueves 10:00
CEIM", lo que parece ser
una cita con la
organización entonces
encabezada por el
empresario Arturo
Fernández, que junto al
propio Beltrán Gutiérrez
está imputado en la
Púnica por la
financiación ilegal del
PP madrileño.
En total, siempre según
los documentos
manuscritos, la patronal
madrileña habría
aportado un millón de
euros para los gastos
publicitarios de la
campaña electoral de
2007.
El resto del dinero
procedería de la "CAM",
siglas con las que se
conoce a la Comunidad
Autonómica de Madrid y
que también
identificaban a la Caja
de Ahorros de Madrid
(ahora Bankia), origen
de otro millón de euros.
Mientras que el PP sólo
habría puesto 400.000
euros. Hay otros 130.000
euros cuya procedencia
no aparece identificada
con claridad en los
papeles del gerente de
Aguirre.
Documento manuscrito 2:
el origen del dinero.
Documento manuscrito 2:
el origen del dinero.
Registro de la vivienda
Los agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil que
registraron el 11 de
febrero de 2016 la
vivienda del Beltrán
Gutiérrez Moliner
requisaron, entre otra
abundante documentación,
tres folios manuscritos
que apuntan a que el PP
madrileño superó con
creces sus límites de
gasto de la campaña
electoral de 2007.
En concreto, uno de los
papeles incluye los
apuntes "Prensa y Radio:
0,9+ 0,13" y "Exterior
1,5", en una supuesta
alusión a los gastos
publicitarios en la
campaña, en concreto a
los asignados a los
medios de comunicación y
a la publicidad de
calle, lo que supondría
en total 2,53 millones
de euros. Esta cifra es
muy superior a los
265.002 euros en
publicidad exterior y a
los 550.000 euros que el
PP justificó ante la
Cámara de Cuentas, según
el informe de
fiscalización de este
órgano.
En total, y de forma
oficial, el PP
especificó a la Cámara
de Cuentas que en la
campaña de 2007 hizo un
gasto de 2.664.052
euros, siendo el límite
fijado por ley de
2.763.764 euros. Sin
embargo, los documentos
interceptados por los
agentes indican que solo
en los conceptos de
publicidad en medios de
comunicación y en las
calles la formación
liderada por Aguirre se
habría gastado los 2,53
millones que registró de
forma manuscrita el
entonces gerente Beltrán
Gutiérrez.
Los gastos realizados
por el PP al margen de
la fiscalización de la
Cámara de Cuentas
madrileña se canalizaron
a través de dos empresas
adjudicatarias de
contratos de la
Comunidad de Madrid,
entonces presidida por
Esperanza Aguirre.
En concreto se trata de
las compañías Carat
España y Over Marketing,
cuyos directivos más
conocidos eran entonces
el ex portavoz del
Gobierno de José María
Aznar, Miguel Ángel
Rodríguez, y el
ciudadano argentino
Daniel Mercado,
respectivamente.
En total, Over Marketing
habría recibido del PP,
siempre según los
manuscritos, 1,03
millones de euros,
mientras que Carat se
hizo con 1,5 millones de
euros, según consta en
la documentación
requisada.
La "CAM"
De acuerdo con los
papeles, de los 1,5
millones de euros que se
gestionaron a través de
la agencia Carat, un
millón procedía de la
"CAM", siglas que
podrían identificar a la
Comunidad Autónoma de
Madrid o a la Caja de
Ahorros de Madrid (la
entidad financiera en el
origen de la actual
Bankia).
En el sumario de la
Púnica se investiga,
entre otras cuestiones,
si el Ejecutivo de
Aguirre abonó dinero al
informático Alejandro de
Pedro a cargo de
empresas concesionarias
de la Comunidad de
Madrid, como es el caso
de la tecnológica Indra:
"Esto se ha hecho toda
la vida y nunca ha
pasado nada", llegó a
asegurar en este sentido
el exconsejero Salvador
Victoria, imputado en la
trama.
Por su parte, Daniel
Mercado, dueño de Over
Marketing, ya ha
colaborado con la
justicia en piezas
derivadas del caso Palma
Arena. Mercado declaró
en 2012 que, además del
Govern balear, también
el de Esperanza Aguirre
le benefició con
contratos amañados. El
empresario puso sobre la
mesa el nombre del
exconsejero madrileño
Alberto López Viejo, que
desde octubre se sienta
en el banquillo del
proceso Gürtel y que,
según el dueño de Over
Marketing era quien
igualmente manejaba los
hilos de todos los
contratos que recaían en
sus empresas.
Las empresas del grupo
Over Marketing
recibieron 9,85 millones
de euros en
adjudicaciones públicas
del Gobierno de
Esperanza Aguirre entre
2004 y 2008, tal y como
desveló infoLibre. Por
su parte, la firma Carat
España recibió sólo en
2006, un año antes de la
cita electoral de 2007,
un total de 42 millones
de euros en contratos
licitados por el
Ejecutivo de Esperanza
Aguirre.
Acciona,
Grupo Ortiz y Publibús
Además, entre los
papeles requisados al
gerente del PP
madrileño, apareció otro
documento que redunda en
la posible financiación
ilegal de la formación
política presidida por
Esperanza Aguirre. El
folio especifica que un
total de 860.135 euros
de la campaña electoral
de 2007 de la
expresidenta madrileña
habrían sido facturados
a empresas.
En concreto, se habrían
facturado a Acciona
300.000 euros; a Grupo
Ortiz, 150.135 euros, y
a Publibús, 300.000
euros. Siempre según
este documento,
quedarían pendientes de
facturar otros 110.000
euros para llegar a una
cantidad de 860.135
euros marcada como
objetivo.
Agenda de Granados
Asimismo, en la página
119 de la agenda del
exsecretario general del
PP madrileño Francisco
Granados aparecen los
supuestos pagos
realizados por el
empresario Javier López
Madrid, el yerno de
Miguel Ángel Villar Mir,
dueño de OHL, de
1.460.000 euros a
Beltrán Gutiérrez.
Los apuntes reflejan, en
concreto, cuatro abonos
de 400.000 euros, uno de
300.000, uno de 100.000
y otro de 60.000
presuntamente efectuados
por el empresario Javier
López Madrid con una
regularidad casi
mensual.
Las entregas de dinero
del empresario quedan
reflejadas en el
cuaderno con las siglas
JLM. Además, el
instructor también ha
centrado su atención en
la financiación del PP
madrileño mediante la
Fundación para el
Desarrollo Económico de
la Comunidad de Madrid
(Fundescam).
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/30/documentos_manuscritos_del_gerente_aguirre_apuntan_financiacion_del_traves_adjudicatarias_contratos_comunidad_63170_1012.html
NUEVE (PRESUNTAS) VÍAS
DE FINANCIACIÓN ILEGAL
DEL PARTIDO POPULAR DE
MADRID
El juez Eloy
Velasco sostiene que los
cabecillas de Púnica
aplicaron todas las
irregularidades al
alcance de su
imaginación para dopar
las campañas electorales
del PP madrileño
El caso Púnica está
todavía en fase de
instrucción, pero los
datos que ya tiene en su
poder el juez Eloy
Velasco son suficientes
para publicar el manual
sobre corrupción
política más exhaustivo
que haya salido nunca de
una imprenta. La Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil ha
acumulado indicios que
acusan al PP de Madrid
de haber utilizado al
menos nueve vías de
financiación ilegal para
superar de forma
“sistemática los límites
de gasto electoral” sin
ser detectado por los
órganos de
fiscalización. La
mayoría de las trampas
habían aparecido en
otros escándalos, como
el caso Filesa —que
afectó al PSOE—, el caso
del 3% de Convergència
Democràtica de Catalunya
(CDC) y los casos Palma
Arena y Gürtel del
propio Partido Popular,
por ejemplo. Pero es
difícil encontrar un
precedente en el que
hayan coexistido tantas
fórmulas de financiación
ilegal durante un
periodo tan largo de
tiempo. El PP va camino
de batir todos los
récords en el caso
Púnica.
El PP carga contra la
comisión de
investigación sobre su
supuesta financiación
irregular
1. Donaciones de
empresarios al cerebro
de la trama. El presunto
cabecilla de Púnica,
Francisco Granados,
anotó en una agenda
supuestas donaciones de
empresarios al PP de
Madrid que él mismo se
encargaba de recoger y
luego entregaba al
tesorero de la
formación, Beltrán
Gutiérrez. Según los
investigadores, las
aportaciones se habrían
producido entre 2011 y
2014. Suman un total de
2.060.000 euros, de los
que 1,6 millones habrían
sido entregados por una
sola empresa, OHL.
Extremo este que ha sido
desmentido por la
constructora. El sistema
sería idéntico al
descubierto en los
papeles de Bárcenas.
2. Donaciones a la
fundación del partido.
Es uno de los últimos
mecanismos detectados en
Púnica. Informes de la
UCO han constatado, como
reveló El Confidencial,
que el partido se
financió a través de una
entidad satélite, la
Fundación para el
Desarrollo Económico y
Social de la Comunidad
de Madrid, más conocida
por su acrónimo
Fundescam. Empresarios y
adjudicatarios públicos
realizaban donaciones a
Fundescam con la excusa
de apoyar su supuesta
actividad cultural y
formativa. Pero el
dinero era luego
desviado mediante
facturas falsas a la
caja B del PP de Madrid
y se destinaba a actos
de campaña. La Fiscalía
Anticorrupción ya
advirtió en 2010 dentro
del caso Gürtel de que
la formación había
utilizado ese método
para concurrir a
elecciones de 2003 y
2004. Es un sistema
idéntico al que
presuntamente usó CDC
para ocultar sus
donaciones ilegales a
través de tres
fundaciones: Trias
Fargas, CatDem y Fórum.
Asimismo, en el caso
Filesa, el PSOE también
se aprovechó de
mercantiles satélite
para triangular
donaciones de
empresarios que
terminaron engrosando su
contabilidad paralela.
3. Subvenciones
públicas. Por el
circuito de Fundescam
también pasaron fondos
públicos. Los expertos
en delitos económicos
del Instituto Armado han
acreditado que la
Comunidad de Madrid,
controlada por el propio
PP, concedió año tras
año subvenciones a esa
entidad para apoyar sus
proyectos. En el año
2012, por ejemplo,
recibió 127.850 euros
para difundir “el
conocimiento del sistema
democrático y la
realidad política y
sociocultural de la
Comunidad de Madrid”.
Pero la UCO sostiene que
gran parte de las
subvenciones que se
llevó Fundescam fue
desviada a la
contabilidad paralela
del PP utilizando
nuevamente una
“facturación por
conceptos mercantiles
falsos”. En ningún gran
caso de corrupción se
había utilizado hasta
ahora este sistema.
4. Pago de facturas de
campaña. Donantes del PP
también ayudaron al
partido corriendo
directamente con sus
gastos electorales. El
juez Velasco sostiene
que las firmas de
publicidad y 'marketing'
que eligió la formación
para diseñar y ejecutar
sus actos facturaron
parte de esos servicios
a empresas y
adjudicatarios públicos
del entorno de la
formación. Los trabajos
fueron realizados para
el PP, pero los pagaron
otros. El foco se sitúa
sobre el grupo de
publicidad del
empresario argentino
Daniel Horacio Mercado,
que ya admitió en 2012
haber utilizado esta
fórmula para colaborar
en la financiación
ilegal del PP de Islas
Baleares.
5. Partidas de
infraestructuras para
gastos electorales. Otra
de las últimas vías de
financiación ilegal
descubiertas también se
habría alimentado de
fondos públicos. La UCO
investiga las partidas
reservadas a publicidad
que el Gobierno
madrileño habría
incluido al menos desde
2007 en todas las
adjudicaciones que
licitó. Las empresas que
se imponían en los
concursos tenían la
obligación de gastar en
torno a un 1% del
importe total del
contrato a publicitar el
proyecto. El instructor
de Púnica sostiene en
documentos publicados
por este diario que el
PP de Madrid aprovechó
esas partidas para
obligar a los
licitadores a dedicar
parte de ese 1% a pagar
sus gastos de campaña.
El sistema también fue
utilizado por el PP
balear de Jaume Matas.
La Guardia Civil analiza
cuatro concursos de
carreteras en los que se
impuso Dragados (ACS);
los proyectos de Ciudad
y el Campus de la
Justicia, y expedientes
del plan para la
construcción de nuevos
hospitales y centros de
salud, entre otros.
6. Transferencias desde
la cuenta ordinaria. La
Ley de Financiación de
Partidos Políticos
obliga a las formaciones
a centralizar en una
sola cuenta bancaria los
cobros y pagos de las
campañas electorales.
Debe ser un depósito
diferente al utilizado
para los gastos de
funcionamiento
ordinario. Sin embargo,
las averiguaciones de la
Guardia Civil habrían
permitido probar, según
el juez, que el PP de
Madrid usó cuentas
diferentes a la
electoral para abonar
servicios de campaña. A
esas otras cuentas había
llegado previamente
dinero entregado por los
diputados del partido en
la Asamblea regional de
Madrid. Es la maniobra
de financiación ilegal
menos sofisticada que se
haya aplicado nunca,
pero demuestra que en la
primera planta de Génova
ni siquiera se
respetaban las formas.
7. Dinero en efectivo de
origen opaco. El PP
también manejaba
billetes de “procedencia
desconocida” con los que
habría sufragado sus
campañas. Se trata de
una vía que puede estar
relacionada, según el
juez, con las donaciones
de empresarios que anotó
Granados en su agenda.
Pero la UCO no ha
logrado aún averiguar de
dónde sacó exactamente
el partido esos fondos,
abriendo así la puerta a
la aparición en el
futuro de una estrategia
de financiación
irregular diferente a
las nueve detectadas por
el momento. El manejo de
fondos en efectivo no
supone ninguna novedad.
Es casi un denominador
común de todos los de
corrupción, pero en
Púnica no había quedado
reflejado en el sumario
hasta ahora.
8. Presupuesto de
fiestas populares. Un
informe de la UCO del
pasado 14 de diciembre
desveló que el
Ayuntamiento de
Valdemoro, controlado
por el PP, dedicó parte
de su presupuesto para
festejos a costear actos
de la misma formación en
las elecciones
municipales y
autonómicas de 2007 y en
las generales de 2008.
Todos los trabajos los
hizo la misma empresa,
Waiter Music. El
consistorio de Valdemoro
la contrató para
celebrar sus fiestas
patronales, pero pagó un
suplemento a esa
mercantil para ocultar
por esa vía el abono de
facturas que debían
haber sido sufragadas
por el PP regional. El
mecanismo estuvo
funcionando al menos
entre 2006 y 2010. El
método es similar al que
utilizaron los alcaldes
corruptos del PP en el
caso Gürtel. Concedían
contratos con
sobrecostes al grupo de
empresas de Francisco
Correa y luego este
utilizaba los excedentes
para organizar actos de
Génova.
9. Encuestas políticas.
Los investigadores han
reconstruido otra
fórmula de financiación
ilegal novedosa. La
empresa de eficiencia
energética Cofely logró
contratos millonarios en
ayuntamientos de toda
España ofreciendo a
alcaldes y concejales,
entre otros presuntos
cohechos, sondeos sobre
su gestión en sus
respectivos municipios.
Supuestamente, las
encuestas iban a abordar
asuntos relacionados con
la energía y cuestiones
medioambientales, pero
las preguntas se
centraban siempre de
manera intencionada en
la labor de las
corporaciones locales
para que los partidos
pudieran utilizar los
resultados de las
encuestas con fines
electorales.
Nota de redacción: OHL
se ha puesto en contacto
con este diario para
afirmar que “es
rotundamente falso, y en
consecuencia, negamos
por completo, que OHL
haya entregado al
Partido Popular de
Madrid (ni a ninguna
otra formación política)
cantidad de dinero
alguna para su supuesta
financiación ilícita. En
consecuencia, OHL,
niega, de forma tajante,
que se haya hecho
entrega al Sr. Granados
de la suma a la que se
refiere esta
información.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-29/el-pp-de-madrid-recibio-750-000-euros-en-b-para-la-campana-de-2007_1357385/
GÉNOVA AYUDÓ A BLANQUEAR
LA FINANCIACIÓN DEL PP
DE MADRID
Bárcenas anotó de su
puño y letra que el
3/3/2004 recibió en...
Bárcenas anotó de su
puño y letra que el
3/3/2004 recibió en
efectivo 50.000 euros en
negro para las campañas
de Madrid. Este dinero
fue ingresado en la
cuenta nacional del
partido y transferido a
la regional. El
presidente del PP de
Madrid en ese momento
era Pío García Escudero,
máximo responsable, por
lo tanto, de las
finanzas del partido en
Madrid en ese momento.
Días después tuvieron
lugar las Elecciones
Generales (en ese
ejercicio no hubo
autonómicas). Esperanza
Aguirre le sucedería al
frente del partido en
noviembre de 2004. EL
MUNDO
Sus tesoreros recibían y
pedían los grandes
donativos y los
blanqueaban
Fernández: "Dábamos
dinero a la fundación
del PP para quedar bien
con el establishment"
Documentos de Púnica
revelan financiación
ilegal en el PP de
Madrid
Génova colaboró con la
financiación irregular
de las campañas
electorales del PP de
Madrid. La Tesorería
Nacional del partido se
puso de acuerdo con los
responsables regionales
para diseñar una
operativa fraudulenta
con la que blanquear
dinero negro para los
actos de la formación
encabezada por Esperanza
Aguirre y burlar así los
controles legales
establecidos.
En el marco de esta
estrategia, la dirección
del partido mantuvo
además reuniones con
Ceim (Confederación
Empresarial Madrileña)
para que intercediera
ante sus afiliados con
el objetivo de que
inyectasen dinero en
Fundescam, la fundación
que utilizó el PP
madrileño para
financiarse ilegalmente.
EL MUNDO ha tenido
acceso a documentación
de los ex responsables
de las finanzas del PP,
Luis Bárcenas y Álvaro
Lapuerta, que revelan
las diferentes
estrategias diseñadas
desde Génova para
camuflar las donaciones
en efectivo ante el
Tribunal de Cuentas y
esquivar los límites
legales. Estas
estratagemas vinculan
directamente a Génova
con una trama que está
siendo investigada ahora
por la Audiencia
Nacional en la
denominada operación
Púnica.
La dirección del PP
pidió a Ceim que ayudara
dando dinero a Fundescam
La práctica más
importante que acordaron
desarrollar
conjuntamente los
responsables del PP
nacional y madrileño
consistía en que buena
parte de los donativos
en metálico aportados
por los empresarios para
las campañas madrileñas
fueran entregados en
mano en la Tesorería
Nacional del partido.
De esta forma, se
instruyó a los grandes
donantes para que
pasaran por la
ventanilla de Lapuerta y
Bárcenas a la hora de
realizar las entregas en
lugar de por la del ex
gerente del PP madrileño
Beltrán Gutiérrez. Tras
seguir estas
indicaciones y ya con el
dinero en manos de la
Tesorería Nacional del
partido, se procedía a
urdir una estrategia que
perseguía no llamar la
atención en la cuenta
corriente de donativos
de la regional de
Madrid. Así, el dinero
en metálico se ingresaba
por parte de los
tesoreros nacionales en
la cuenta corriente
nacional de donativos a
pesar de que su destino
eran los comicios
autonómicos y
municipales madrileños
y, en ningún caso, los
actos nacionales.
Justificante del ingreso
de uno de los presuntos
donativos ilegales al PP
de Madrid en la cuenta
nacional del partido.
|EL MUNDO
Una vez allí, estos
fondos eran transferidos
por vía bancaria a la
cuenta corriente de
funcionamiento del
partido en la capital de
España. Mediante este
subterfugio se
aparentaba falsamente
que la formación
madrileña se nutría de
aportaciones del partido
nacional y se disimulaba
su procedencia. También
se evitaba que la cuenta
regional recibiera
cantidades muy
importantes en campaña
que contrastaban con las
recibidas habitualmente.
Se vulneraban así los
límites de 60.000 euros
por donante y año y la
imposibilidad de hacer
donaciones a quienes
obtenían licitaciones de
administraciones
públicas.
Sirva de ejemplo que el
4 de marzo de 2004 los
responsables de las
finanzas nacionales,
Bárcenas y Lapuerta,
transfirieron 50.000
euros desde una cuenta
de funcionamiento del
partido a nivel nacional
a la cuenta corriente de
funcionamiento del PP de
Madrid. Transferencia
desde la cuenta nacional
del PP a la cuenta de
funcionamiento regional
del partido. | EL MUNDO
Junto a uno los
extractos de estas
operaciones, Bárcenas
anotó de su puño y letra
que el dinero les había
sido entregado en mano y
señaló a José Manuel
Fernández Norniella (ex
presidente de las
Cámaras de Comercio).
Resaltó que esos «50.000
euros en efectivo»
habían sido
«transferidos a Madrid
c/c funcionamiento».
La sede central metía en
su cuenta dinero negro y
la transfería a Madrid
Sin embargo, Génova no
sólo tejió este sistema,
sino que recurrió a su
propio personal para
ingresar en pequeñas
cantidades el dinero en
efectivo de los
empresarios en la cuenta
de donativos regional en
lo que se conoce
popularmente como
pitufeo. Asimismo,
corría a cargo de
empleados de la sede
central del partido el
ingreso de efectivo o de
cheques fraccionados en
Fundescam, también con
el objetivo de sufragar
los actos electorales.
En relación con esta
última operativa,
Bárcenas reflejó en sus
anotaciones que
«Esther», en referencia
a la empresaria Esther
Koplowitz, le había
entregado «73.000 euros»
que fueron fraccionados
en cheques de importes
menores e ingresados en
la fundación controlada
por el PP madrileño. La
coordinación entre el PP
nacional y regional en
materia de financiación
irregular de las
campañas se tradujo,
además, en otra serie de
gestiones.
Concretamente, en la
interlocución por parte
de la Tesorería Nacional
del PP con organismos
como Ceim (Confederación
Empresarial de Madrid)
para que sus afiliados
donaran a Fundescam para
pagar las campañas
populares. Especialmente
intensas fueron estas
gestiones al repetirse
las elecciones de 2003
tras el célebre tamayazo
http://www.elmundo.es/espana/2017/03/25/58d57fd7e2704e39418b45ab.html
LA CAJA B DEL PP DE
MADRID AFLORA EN EL PAGO
EN EFECTIVO DE UN MITIN
DE AGUIRRE
Un informe de la UCO
incorporado al 'caso
Púnica' revela que los
populares abonaron
20.470 euros de
"procedencia
desconocida" por un acto
de las elecciones de
2007
Un informe de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil
incorporado al sumario
del caso Púnica destapa
el supuesto pago en
efectivo por parte del
PP de sendos actos del
partido en 2006 y 2007
con fondos de
"procedencia
desconocida". Uno de
ellos, el mitin que el
12 de mayo de ese último
año celebraron los
populares en Valdemoro
(Madrid) con motivo de
las elecciones
autonómicas y
municipales, y en el que
participaron la entonces
presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre; su
vicepresidente, Ignacio
González, y el ahora
señalado como presunto
cabecilla de la trama,
Francisco Granados. El
documento cifra en
20.470 euros el dinero
en metálico de origen
dudoso utilizado por la
formación para pagar a
Waiter Music SL, la
empresa que organizó
ambos eventos y cuyo
propietario, José Luis
Huerta, está imputado.
Los agentes llegan a
esta conclusión tras
localizar en los
ordenadores intervenidos
en la sede de esta
mercantil especializada
en festejos populares y
que recibió cerca de 14
millones de euros en
adjudicaciones de
ayuntamientos gobernados
por el PP diversos
documentos contables en
los que se detallaba el
coste de dicho mitin y
de una fiesta de la
formación en la misma
localidad celebrada en
2006, así como la forma
de pago de ambos. El
primero estaba valorado
en 17.000 euros e
incluyó la contratación
del grupo 'Ecos de las
Marismas', la
adquisición de "8.000
botellas de agua con
camión frigorífico", la
actuación de
"patinadores" y la
compra de "15 tableros y
14 sillas para campaña".
El segundo fue valorado
en 12.540 euros, pero la
mercantil hizo un
descuento del 50% al PP
y sólo le facturó 6.270
euros.
En otro documento
intervenido, los
responsables de Waiter
Music detallan la forma
de facturar los 23.270
euros de ambos actos.
"Esto se cobra así", se
recoge textualmente
antes de pormenorizar
que los 2.800 de las
sillas y tableros se
camuflaron en sendas
facturas emitidas por la
propia mercantil y otra
del mismo empresario,
Saranais SL, que la UCO
tilda de
"manifiestamente falsas"
y que fueron cargadas al
presupuesto de las
fiestas patronales que
el Ayuntamiento de
Valdemoro organizó aquel
año. Los restantes
20.470 euros fueron
abonados en "efectivo"
por el PP, según dicha
anotación.
Tras este
descubrimiento, la UCO
examinó los datos
aportados tanto por
Waiter Music como por el
PP a la Agencia
Tributaria sin encontrar
"ninguna actividad"
entre ambas "que pudiera
estar relacionada con el
pago del evento
señalado". Por ello, los
agentes concluyen que
los 17.000 euros que
costó el mitin de
Aguirre "habrían sido
liquidados en parte
utilizando 2.800 euros
de dinero público pagado
por el Ayuntamiento de
Valdemoro” y el resto
“se habría pagado en
efectivo desconociendo
la procedencia de esta
cantidad".
Por todo ello, la
Guardia Civil considera
que se cometió un
posible delito electoral
al haber utilizado el PP
fondos "que no fueron
declarados como gastos
de campaña". No
obstante, el informe de
la UCO admite que dicha
infracción penal estaría
prescrita dado el tiempo
transcurrido, diez años.
De la misma, los agentes
hacen responsable al
entonces gerente del PP
de Madrid, Beltrán
Gutiérrez, ya imputado
en la causa dentro de la
pieza secreta en la que
se investiga,
precisamente, la
supuesta financiación
irregular del partido.
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/21/actualidad/1490121745_520364.html
EL PP DE MADRID REGÓ CON
DINERO PÚBLICO LAS
AGENCIAS QUE HICIERON SU
CAMPAÑA B DE 2007
El Gobierno de Aguirre
concedió millones de
euros en contratos
públicos a las dos
empresas de publicidad
que aparecen en los
papeles de Beltrán
Gutiérrez sobre la caja
B del PP madrileño
Miguel Ángel Rodríguez
aterrizó en la
presidencia de la
central de compra de
medios Carat España en
1998 tras dos años como
portavoz del primer
Gobierno de José María
Aznar. Abandonó la
compañía en enero de
2006 pero, para
entonces, Carat ya se
había convertido en uno
de los adjudicatarios
predilectos de los
gobiernos populares de
la Comunidad de Madrid.
También del propio PP
regional. Documentos
encontrados por la
Guardia Civil en la casa
del entonces gerente del
partido, Beltrán
Gutiérrez, revelan que
Carat ejecutó su campaña
de 2007 y que al menos
un millón del
presupuesto que manejó
la agencia en esos
comicios salió de tres
letras, "CAM", el
acrónimo más utilizado
para referirse a la
Comunidad de Madrid.
Gutiérrez lo anotó junto
al nombre de la agencia.
¿De dónde salió
exactamente ese dinero?
Eso es lo que tratan de
determinar los expertos
en delitos económicos de
la Unidad Central
Operativa (UCO) y el
instructor del caso
Púnica, el juez Eloy
Velasco, que investigan
en secreto la caja B del
PP madrileño desde hace
dos años. Documentos
como los encontrados en
la vivienda de Beltrán
Gutiérrez ya han llevado
al juez a sostener, por
lo pronto, que hay
numerosos indicios de
que la formación que
lideraba Esperanza
Aguirre se presentó a
las elecciones de 2007,
2008 y 2011 superando
los límites legales de
gasto, como adelantó El
Confidencial.
Según fuentes cercanas
al caso preguntadas por
este diario, el juez
considera que ese millón
de euros utilizado por
Carat para la compra de
espacios “de publicidad
exterior” fue desviado
de las adjudicaciones
millonarias que recibió
esa misma compañía de
organismos públicos
controlados por el
propio beneficiario de
la campaña: el PP de
Madrid. Los ejemplos son
numerosos. En abril de
2006, Metro de Madrid,
dependiente de la
comunidad, otorgó a
Carat un megacontrato de
23,6 millones de euros,
la cantidad más elevada
que el suburbano había
dedicado nunca a
publicidad.
Ese mismo año, a solo 12
meses de las elecciones
de 2007, Carat también
recibió otro
megacontrato de un
organismo tutelado por
el Ejecutivo de Aguirre.
En concreto, el 31 de
marzo de 2006, el BOE
publicó la victoria de
la central de medios en
un concurso del Canal de
Isabel II para
desarrollar su
publicidad por 9,86
millones, cinco veces el
importe licitado para
ese cometido en el
ejercicio anterior. Y en
2007, el ente público
del agua volvió a
licitar otro contrato de
'marketing' por importe
de 19,7 millones y una
duración de dos años. La
empresa que se lo llevó
fue, nuevamente, Carat
España. La licitación
fue prorrogada y duró
finalmente tres
ejercicios.
Otras entidades también
regaron con millones la
cuenta de resultados de
Carat antes de las
elecciones bajo
sospecha. El 27 de
noviembre de 2006, por
ejemplo, la Consejería
de Empleo y Mujer
entregó otros tres
millones a la agencia
para un plan de
“prevención de la
violencia de género y
servicio de información
telefónica para mujeres
víctimas de violencia de
género”. El juez Velasco
mantiene que una parte
de esa lluvia de
millones públicos, al
menos 56 millones de
euros antes de los
comicios de 2007,
terminó en la caja B que
presuntamente
administraba Beltrán
Gutiérrez. El desvío de
los fondos se habría
camuflado mediante
facturas por conceptos
mercantiles falsos.
La mecánica se habría
repetido con al menos
una segunda firma de
publicidad que también
participó en la campaña
de Aguirre de 2007, Over
Marketing, y que aparece
igualmente en los
documentos manuscritos
por el exgerente del
partido. El caso de Over
era más conocido. Hace
tres semanas, la UCO
lanzó un nuevo operativo
en Púnica para requerir
precisamente los
expedientes de todas las
adjudicaciones
concedidas por la
Comunidad de Madrid a
esa agencia, propiedad
del empresario argentino
Daniel Horacio Mercado.
Los agentes sospechan,
al igual que en el caso
de Carat, que una parte
de los contratos que se
llevó fueron
instrumentalizados para
dopar la financiación
del PP en sucesivas
elecciones. Los papeles
del domicilio de Beltrán
Gutiérrez reflejan que,
al menos en 2007, Over
Marketing habría
realizado acciones para
el partido por importe
de 1,1 millones de euros
en negro. Y Horacio
Mercado ya reconoció en
2012 en un juzgado de
Baleares haber hecho
exactamente lo mismo
para inyectar dinero
negro el PP de las islas
que presidía Jaume
Matas.
En total, como publicó
El Confidencial este
jueves, Aguirre fue
reelegida en 2007 tras
destinar presuntamente a
su campaña 5,7 millones
de euros, más del doble
de los 2,6 millones que
comunicó a la Cámara de
Cuentas autonómica. Esos
3,1 millones en B de
diferencia salieron
presuntamente de las
adjudicaciones otorgadas
a las agencias, pero
también de donaciones de
empresarios y
subvenciones públicas
que fueron canalizadas a
través de Fundescam, la
fundación sin ánimo de
lucro de los populares
madrileños. El juez
Velasco apunta asimismo
a dinero “en efectivo de
procedencia
desconocida”. Por su
parte, el dinero de los
empresarios venía
supuestamente de otro
nombre clave, “Diego
León”, el nombre de la
calle en la que tiene su
sede la Confederación
Empresarial de Madrid (CEIM).
En opinión de Francisco
Montiel, miembro de la
Asociación de Abogados
Demócratas por Europa
(Adade), que lidera la
acusación popular en
Púnica, “aunque falta
conocer los informes de
la Guardia Civil, todo
apunta a que se están
cerrando varios círculos
al mismo tiempo”. “Por
un lado”, sostiene
Montiel, “está la
financiación ilegal del
PP de los papeles de
Bárcenas, que está
conectada con estos
nuevos documentos.
Además, por otro lado,
también han aparecido
vinculaciones con
Fundescam, que ya fue
investigada en Gürtel en
una pieza separada,
aunque luego se
sobreseyó al concluir
que los posibles delitos
habrían prescrito. Si se
demuestra ahora que
Fundescam siguió siendo
utilizada por el PP,
estaríamos ante un
delito continuado de
falsedad y de cohecho y
podría volver a
investigarse todo”,
apunta este letrado. “Se
está conectando todo,
incluso casos de
financiación del PP de
otros puntos de España
que se habían
investigado por
separado. Parece que
todo respondía a un plan
conjunto”.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-31/financiacion-ilegal-pp-madrid-dinero-publico-agencias-campana-2007_1358436/
NUEVOS PAPELES REVELAN
QUE AGUIRRE FUE
REELEGIDA EN 2007 CON 3
MILLONES EN NEGRO
La Guardia Civil
encontró en la casa del
exgerente del PP de
Madrid un esquema de la
campaña de 2007 que
revela que el partido
dobló presuntamente los
límites de gasto
electoral con fondos
opacos
El Partido Popular de
Madrid concurrió
presuntamente a las
elecciones autonómicas
de 2007 con un
presupuesto de 5,7
millones de euros, más
del doble de los 2,6
millones que declaró de
forma oficial a la
Cámara de Cuentas. El
excedente habría salido
de donaciones directas
de empresarios, pagos de
la Administración
pública y actos de
campaña facturados con
conceptos mercantiles
falsos. Agentes de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil encontraron las
pruebas de esas
supuestas
irregularidades en
febrero de 2016, cuando
registraron el domicilio
del gerente del partido
en aquellos años,
Beltrán Gutiérrez, en el
marco de la pieza
separada del caso Púnica
en la que el juez Eloy
Velasco disecciona la
presunta caja B de los
populares madrileños.
Entre las carpetas de
documentación que
ocultaba Gutiérrez en su
casa, los investigadores
localizaron varios
folios manuscritos con
un plan de medios para
las elecciones de 2007
que identificaba el
origen real del dinero
que manejó la formación
en esos comicios. Y su
procedencia no fue
precisamente legal. El
exgerente anotó que el
capítulo de publicidad
exterior requería un
gasto de “1,5”, en
referencia a 1,5
millones de euros. Por
su parte, para
publicidad en “prensa
radio”, el partido
destinaría “0,9”,
900.000 euros. Esta
última partida terminó
ascendiendo a 1,1
millones de euros. Y,
finalmente, la “campaña
de medios exteriores”
supondría una inversión
de otros “0,6”, 600.000
euros.
Pero lo verdaderamente
relevante son los
nombres que aparecen
junto a esas cantidades.
En otro folio, Beltrán
Gutiérrez precisó que
los 900.000 euros para
la publicidad en “prensa
radio” saldrían en su
mayor parte de “Diego
León”, un código en
clave que alude, según
empresarios cercanos al
PP consultados por El
Confidencial, a la calle
de Diego de León, la
misma en la que tiene su
sede la Confederación
Empresarial de Madrid (CEIM),
la filial autonómica de
CEOE que lideraba el
empresario de la
hostelería Arturo
Fernández, imputado ya
en la pieza de Púnica
sobre la caja B del PP.
Según dejó escrito
Gutiérrez, el partido
solo puso 200.000 euros
para la publicidad en
“prensa radio”. Los
otros 700.000 euros
salieron de donaciones
de “Diego León”. Estas
mismas dos palabras
vuelven a aparecer junto
a otra aportación de
300.000 euros que
presuntamente sirvió
para sufragar los 1,5
millones que el partido
destinó a publicidad
exterior. El resto del
dinero para ese capítulo
de la campaña salió en
su mayoría de un gran
donante al que Gutiérrez
identificó con tres
mayúsculas: CAM. Se
trata del acrónimo que
se utiliza habitualmente
para referirse a la
Comunidad de Madrid. El
exgerente del PP
regional anotó las tres
letras junto a un “1”,
es decir, un millón de
euros. Los otros 200.000
que completaron el
capítulo de publicidad
exterior los puso
nuevamente el PP de
Madrid. El documento no
aclara de dónde salió
exactamente el dinero.
Asimismo, Gutiérrez dejó
constancia de las
agencias de publicidad
que desarrollaron cada
segmento de la campaña.
Sus nombres también han
servido para avanzar en
las indagaciones. De los
folios se desprende que
el PP de Madrid adjudicó
su publicidad exterior a
la agencia Carat, la
central de compra de
medios que fichó como
presidente a Miguel
Ángel Rodríguez, el
primer secretario de
Estado de Comunicación
de José María Aznar,
justo después de que
abandonara ese puesto en
1998. Rodríguez dejó la
empresa solo unos meses
antes de las autonómicas
de 2007.
Por su parte, la campaña
de “prensa radio”
terminó en manos de Over
Marketing, la firma de
publicidad en la que se
han centrado las últimas
diligencias ordenadas
por Velasco. El juez de
Púnica sostiene que esa
mercantil formaba parte
de un grupo capitaneado
por el empresario
argentino Daniel Horacio
Mercado, que recibió
millones de euros en
adjudicaciones del
Gobierno de la Comunidad
de Madrid para campañas
de publicidad y
'marketing'. Parte de
esos fondos públicos
habrían sido desviados,
según Velasco, para
costear las campañas del
PP, entre ellas la de
2007. La maniobra se
ocultaba mediante
facturas por conceptos
falsos.
En otro documento
hallado en el domicilio
de Gutiérrez, avanzado
por 'El Mundo', el
exgerente reflejó gastos
de campaña por valor de
750.135 euros que
presuntamente fueron
abonados por tres
empresas: Acciona
(300.000 euros), Grupo
Ortiz (150.135 euros) y
Publibus (300.000
euros). El dirigente
resumió en una última
hoja la distribución de
todos los gastos y quién
los asumió. En total, el
plan de medios de 2007
financiado presuntamente
con dinero negro alcanzó
los 3,1 millones de
euros, una cantidad que
supera incluso los 2,6
millones que declaró el
PP de Madrid a la Cámara
de Cuentas.
Así son las joyas y
antigüedades de los
Bárcenas
La Guardia Civil
encontró en la casa del
extesorero del PP de
Madrid numerosos
documentos de su amigo
Luis Bárcenas, el
tesorero del PP nacional
imputado
Supuestamente, según
manifestaron los
populares, esos 2,6
millones salieron de
operaciones de
endeudamiento y
anticipos de la
Administración que
fueron debidamente
justificados. Pero el
caso Púnica ha revelado
que la candidatura de
Esperanza Aguirre contó
presuntamente con hasta
5,7 millones de euros
gracias a las vías de
financiación
alternativas que
gestionó el supuesto
responsable de su
contabilidad paralela.
Una vez publicada esta
información, el
presidente de CEIM-CEOE,
Juan Pablo Lázaro, ha
ordenado este jueves
realizar una
investigación interna,
que incluye una
auditoría externa, para
aclarar si la patronal
madrileña financió la
campaña del PP de Madrid
en 2007. En el caso de
que dicha investigación
interna arroje cualquier
irregularidad, CEIM la
trasladará "con total
transparencia" al
juzgado instructor que
está instruyendo el caso
"en el ánimo de
colaborar, en todo
momento, con el
esclarecimiento de los
hechos".
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-29/nuevos-papeles-revelan-aguirre-reelegida-elecciones-2007-dinero-negro_1357820/
LA PATRONAL MADRILEÑA
INVESTIGA SI FINANCIÓ
CAMPAÑAS DEL PP EN 2007
El presidente de Ceim,
Juan Pablo Lázaro, ha
ordenado una
investigación interna y
una auditoría externa
El presidente de la
Confederación
Empresarial de Madrid,
Juan Pablo Lázaro, ha
ordenado una
investigación interna y
una auditoría externa
para aclarar si la
patronal madrileña
destinó fondos a
financiar campañas del
Partido Popular en 2007.
La patronal
reacciona así a una
información del diario
El Mundo que asegura que
documentación manuscrita
hallada por la Guardia
Civil en el domicilio
del exgerente del PP
madrileño Beltrán
Gutiérrez muestra esos
pagos con la anotación
"Diego León", el nombre
de la calle madrileña en
la que Ceim tiene su
sede.
Junto a la "minuciosa
investigación interna",
Ceim hará una auditoría
externa de "los
supuestos pagos
realizados a terceros
durante el periodo
publicado".
Arturo Fernández, que
aquel año era miembro de
la junta directiva de la
patronal madrileña, que
dirigía Gerardo Díaz
Ferrán, ha defendido
este jueves la gestión
"transparente" de la
organización, que según
él, cumplió con los
"cánones ortodoxos"
establecidos para ello,
informa Europa Press.
De hallar cualquier
"irregularidad", la
patronal la trasladará
"con total
transparencia" al
tribunal que investiga
la "supuesta"
financiación ilegal del
Partido Popular, asegura
la Confederación
Empresarial en un
comunicado difundido
hoy.
Ceim desarrollará "las
acciones oportunas para
defender sus intereses
legítimos frente a
quienes puedan haber
tomado decisiones
presuntamente
irregulares", añade la
nota de prensa.
El juez de la Audiencia
Eloy Velasco investiga
la posible financiación
irregular del PP
madrileño en una pieza
del caso Púnica, la
única secreta de esta
investigación, y ante él
ha comparecido en dos
ocasiones el exgerente
del PP Beltrán
Gutiérrez, que ha negado
que la existencia de
fondos ilegales.
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/30/actualidad/1490870255_465700.html
LOS PAPELES DEL GERENTE
DE AGUIRRE INCLUYEN A
UNA EMPRESA QUE LOGRÓ
1,3 MILLONES POR
"EVALUAR" OFERTAS DE
PUBLICIDAD OFICIAL
Un fax con gastos
electorales "pendientes"
por 441.425 euros fue
enviado desde la sede
del partido a la empresa
Swat en noviembre de
2007
La empresa se había
encargado de puntuar los
méritos de quienes un
año antes optaron a
gestionar dos campañas
institucionales
millonarias de las que
no quedó rastro y que la
oposición denunció en el
'caso Gürtel'
Los documentos sobre la
campaña electoral de
2007 incautados en casa
del hoy exgerente del PP
madrileño, Beltrán
Gutiérrez, durante uno
de los registros de la
Operación Púnica
incluyen dos hojas
mecanografiadas que
detallan gastos
electorales por
441.425,45 euros y que
fueron enviadas desde la
sede regional del
partido a un fax el 1 de
octubre de 2007. El
justificante de
transmisiones no precisa
a quién pertenecía. Pero
el número que aparece en
ambas hojas se
corresponde con el del
fax que en aquella época
utilizada la empresa
Swat SL, que en 2006
había recibido de la
Comunidad de Madrid un
contrato de 1,3 millones
de euros para "evaluar"
la estrategia de
comunicación del
Instituto Madrileño de
Desarrollo (Imade), un
organismo autonómico que
el Gobierno de Esperanza
Aguirre clausuró por
sorpresa en enero de
2011.
infoLibre contactó este
jueves con el
administrador de Swat.
El empresario, a quien
este diario comunicó los
datos que obran en su
poder -la pertenencia
del citado fax a Swat en
2006 consta en la base
de datos de contratos
públicos de la Unión
Europea-, declinó
responder las preguntas
formuladas. Ha prestado
ya declaración en el
caso Púnica y desde
entonces -adujo- tiene
prohibido taxativamente
por el juez abordar el
asunto con nadie. En el
verano de 2015, el
administrador de Swat ya
declaró como testigo
ante la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil. El acta
confirma que admitió
haber dado servicios al
Canal de Isabel II pero
también que negó de
forma tajante cualquier
otro trabajo para la
Comunidad de Madrid. El
contrato de 1,2 millones
con el Imade no figura
en esa declaración.
En 2007, el balance
nacional consolidado del
PP anotó 815.515 euros
como cantidad facturada
por Swat al partido en
su conjunto. Pero la
contabilidad regional
del PP madrileño no
refleja ni un euro
abonado o adeudado a esa
mercantil a lo largo de
aquel ejercicio. Por qué
Beltrán Gutiérrez le
envió el 1 de noviembre
de 2007 un fax a Swat
con distintos conceptos
y costes parciales que
suman un "total
pendiente" de 441.425,45
euros es aún una
incógnita.
Campañas sin rastro
Como "consultora" del
Imade, el único trabajo
conocido que desarrolló
Swat fue el de puntuar
en el segundo semestre
de 2006 los méritos de
las compañías aspirantes
a gestionar sendos
contratos igualmente
millonarios (1,25
millones y dos millones,
respectivamente)
licitados por ese
organismo público. El
primero de esos dos
contratos se refería a
"una campaña de
publicidad (sin
inserción en medios)"
sobre "la importancia
del Desarrollo Económico
Equilibrado"; el segundo
iba vinculado a una
campaña destinada a
subrayar la relevancia
de las pymes y los
autónomos. De ninguna de
esas dos campañas quedó
rastro. Y así lo hizo
constar la entonces
diputada regional de IU
Reyes Montiel en la
denuncia que el 22 de
abril de 2010 elevó al
fiscal general del
Estado. La denuncia
quedó incorporada al
sumario Gürtel. Pero sin
consecuencias.
¿Y quiénes fueron los
beneficidos por la
puntuación que Swat hizo
de sus ofertas? De la
primera campaña, la
empresa MQM, que había
ostentado la condición
de proveedora de firmas
del grupo de Francisco
Correa. La ejecución de
la segunda campaña
recayó en Over
Marketing. Investigada
por el juez Eloy Velasco
dentro de la pieza
abierta en Púnica sobre
financiación del PP y
que se mantiene bajo
secreto de sumario, Over
Marketing es una de las
firmas que aparecen en
los manuscritos donde el
gerente regional del PP
en la etapa de Aguirre
reflejó lo que posee
todos los visos de un
reparto de costes
electorales endosados a
grandes adjudicatarios
de contratos públicos.
Como publicó infoLibre,
Over Marketing y sus
tres empresas satélite
cobraron casi 10
millones de euros de la
Comunidad de Madrid
durante la etapa de
Esperanza Aguirre.
Su propietario, Daniel
Mercado, admitió en 2012
durante la instrucción
del caso Palma Arena que
había obtenido contratos
amañados no solo en
Baleares sino también en
Madrid. Mercado remarcó
que nunca había pagado
comisiones. Y que el
beneficiado por esa
operativa había sido el
PP: Over Marketing y sus
empresas satélite
-aseguró entonces-
habían realizado para el
PP actos gratis. El acta
de su declaración
resulta elocuente: “Que
quizás el beneficio que
pudieran obtener las
personas que le
contratasen es que no
les facturasen las
totalidades de los
costes de las dos
campañas electorales del
PP del año 2003 y 2007”.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/31/los_papeles_del_gerente_aguirre_incluyen_una_empresa_que_logro_millones_por_evaluar_ofertas_publicidad_oficial_63235_1012.html
EL JUEZ ACUSA AL PP DE
PAGAR CON BILLETES "DE
PROCEDENCIA OPACA" SUS
ACTOS DE CAMPAÑA
Informes de la Guardia
Civil revelan nuevas
vías de financiación
ilegal del PP de Madrid
que incluyen el pago de
campañas con fondos
entregados por diputados
de la Asamblea regional
Los avances en la
investigación sobre la
presunta caja B del PP
de Madrid han arrojado
conclusiones demoledoras
para el partido. La
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil ha descubierto un
aluvión de evidencias
que demostraría, por
primera vez, que Génova
habría estado utilizando
“dinero en efectivo de
procedencia opaca”,
fuera de todo control,
para pagar actos de
campaña. Para rebasar de
forma “sistemática los
límites de gasto
electoral” sin ser
descubierto, el partido
recurrió a “la
articulación y empleo de
una red de empresas” que
facilitó “la
materialización y
ocultación de los gastos
electorales no
declarados”. En esa
estrategia, empleó
incluso dinero de sus
diputados en la Asamblea
de Madrid. Las
acusaciones se
desprenden de nuevos
informes de la UCO
incorporados a la pieza
secreta que instruye el
juez del caso Púnica,
Eloy Velasco, sobre la
contabilidad paralela
del PP regional.
Como adelantó El
Confidencial este
martes, los expertos en
delitos económicos del
Instituto Armado
sostienen que esas
“irregularidades, muchas
de ellas con relevancia
penal”, habrían
permitido a la formación
concurrir en condiciones
ventajosas a al menos
tres citas electorales:
las municipales y
autonómicas de 2007 y
2011 y las generales de
2008. El dinero opaco
que manejó el partido en
esos comicios salió
presuntamente de
donaciones ilegales de
empresarios y de
subvenciones públicas
concedidas por gobiernos
de la Comunidad de
Madrid del propio PP.
Los fondos llegaban a
una entidad sin ánimo de
lucro, Fundescam, y
luego eran desviados
mediante “facturas por
conceptos mercantiles
falsos” a las cuentas
del partido.
Pero la trama que
supuestamente lideraban
el exsecretario general
del partido y cerebro de
Púnica, Francisco
Granados, y el exgerente
de la formación Beltrán
Gutiérrez, también
utilizó otras vías para
aumentar su capacidad de
gasto. En un auto de la
pieza secreta al que ha
tenido acceso este
diario, el juez Velasco
detalla que “se ha
detectado (…) la
participación reiterada
en el tiempo de un
núcleo empresarial que
ha formado parte
integral de la
estrategia del Partido
Popular en este ámbito y
que lo ha hecho
posible”, blanqueando
los billetes que
circulaban por la
primera planta de
Génova.
Esas empresas a las que
se refiere el magistrado
no realizaron
aportaciones económicas,
como hicieron otras
mercantiles, en su
mayoría, constructoras y
adjudicatarias públicas.
En este caso, el juez
habla de un grupo
integrado por
proveedores de
publicidad y marketing
que trabajaron para la
formación colaborando
abiertamente en su
fraude. Así, según
Velasco, “en el marco de
su colaboración con el
Partido Popular
regional, [estas
empresas] habrían sido
receptoras de dinero en
efectivo de procedencia
opaca, habrían falseado
facturas con el
propósito de ocultar la
prestación de servicios
de campaña y habrían
actuado de
intermediarios para
eludir que el Partido
Popular figurara como
destinatario y pagador
de los servicios de
campaña prestados por
terceras empresas”.
Según fuentes cercanas
al caso consultadas por
El Confidencial, en esa
mecánica de ocultación
habría participado el
grupo de publicidad de
Daniel Horacio Mercado,
un empresario que
precisamente acaba de
ser procesado por la
presunta financiación
ilegal del PP de Islas
Baleares. Mercado ya
admitió en 2012 que
desvió fondos de
adjudicaciones públicas
del Gobierno de Jaume
Matas para sufragar las
campañas del propio
dirigente popular.
También recogió dinero
de empresarios que
pagaron en negro otros
actos del partido.
Aguirre dice que
Fundescam no costeó
ninguna campaña del PP
de Madrid
Esas mismas prácticas y
con el mismo
intermediario son la que
ha detectado ahora la
Guardia Civil en el PP
de Madrid dentro del
caso Púnica. El juez
Velasco ordenó hace dos
semanas una nueva
batería de diligencias
para analizar todos los
contratos de publicidad
que concedió la
administración madrileña
a Mercado y, también,
las partidas que se
llevó de adjudicatarios
públicos para
promocionar
infraestructuras
aprobadas por ejecutivos
regionales.
Este diario ya publicó
que, entre esos
contratos bajo sospecha,
están las adjudicaciones
de la Ciudad de la
Justicia y el proyecto
anterior Campus de la
Justicia; cuatro
carreteras construidas
por Dragados (ACS) entre
2007 y 2011; un contrato
de 919.183 euros de la
empresa pública Gestión
y Desarrollo del Medio
Ambiente; y una
adjudicación de 2
millones de euros de la
Consejería de Economía,
entre otras
licitaciones. Los
investigadores sostienen
que esos proyectos
sirvieron para detraer
fondos públicos con los
que se pagaron los
trabajos realizados para
el PP por las
mercantiles del
empresario argentino (Over
Marketing y Comunicación
SL, Traci Comunicación
SL, Link América SL y
Abanico de Comunicación
y Marketing SL).
EL JUEZ ACUSA AL PP EN
UN AUTO SECRETO DE PAGAR
EN B LAS CAMPAÑAS DE
2007, 2008 Y 2011
El juez acusa al PP en
un auto secreto de pagar
en B las campañas de
2007, 2008 y 2011
La Guardia Civil ha
acreditado que el PP de
Madrid utilizó la
fundación Fundescam para
captar subvenciones
públicas que luego
desvió al partido con
facturas falsas para
pagar gastos electorales
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ha
descubierto que el
Partido Popular de
Madrid manejó “una
contabilidad B de gastos
electorales” en los
comicios autonómicos y
municipales de 2007 y
2011 y en los generales
de 2008 que le habría
permitido superar de
forma sistemática “los
límites de gasto
electoral” sin que
saltaran las alarmas en
los órganos de
fiscalización. El dinero
entró por la puerta de
atrás de Génova mediante
el desvío de
subvenciones de la
Administración y el
cobro de donaciones
ilegales a cambio de
“contratos públicos”. La
acusación figura en
nuevos informes de la
UCO incorporados a la
pieza secreta que
instruye el juez del
caso Púnica, Eloy
Velasco, centrada en la
presunta financiación
ilegal del PP madrileño.
Según sostiene el
magistrado en un auto al
que ha tenido acceso El
Confidencial, en el
núcleo de la trama se
sitúa la Fundación para
el Desarrollo Económico
y Social de la Comunidad
de Madrid, más conocida
por su acrónimo
Fundescam. Como ya
adelantó este diario el
pasado enero, los
expertos en delitos
económicos del Instituto
Armado han concluido que
esta entidad sin ánimo
de lucro creada por el
PP regional en el año
2000 con el supuesto
objetivo de promover
acciones formativas y
culturales fue empleada
de forma masiva, en
realidad, para
triangular operaciones
de su contabilidad
paralela. El juez
considera acreditado que
permitió al partido
“vehicular los fondos
destinados a gastos
electorales y actuar de
pantalla de cobertura de
la verdadera naturaleza
y destinatario de los
servicios de campaña”.
Por Fundescam habrían
pasado los donativos
opacos de constructores
y empresarios pero
también ayudas públicas
concedidas por los
gobiernos madrileños del
propio Partido Popular,
una nueva vía de
financiación ilegal que
había pasado
desapercibida hasta
ahora. La mecánica era
sencilla y permitía al
PP controlar todo el
proceso. Primero, los
gobiernos autonómicos de
Esperanza Aguirre
concedían fondos a
Fundescam para apoyar
falsos programas
sociales y educativos.
Posteriormente, el
dinero era transferido a
Génova mediante
“facturación por
conceptos mercantiles
que enmascaraban gastos
electorales del Partido
Popular de Madrid”. Y,
por último, los fondos
permitían a la formación
partir con ventaja en
los comicios para
conservar el control de
las instituciones y, de
ese modo, poner en
marcha otra vez la rueda
del fraude para
financiar futuras
campañas.
La resolución de Velasco
precisa que esta
práctica ha sido
detectada al menos en
tres elecciones que se
celebraron en un periodo
de cuatro años. Los
hechos se atribuyen al
PP de Madrid pero se da
la paradoja de que, en
las generales de 2008,
el verdadero beneficiado
por el engaño fue el PP
nacional, que celebró
numerosos actos de
campaña en la Comunidad
de Madrid. En varios de
ellos, participó el
propio Mariano Rajoy.
Granados, Gutiérrez y
Echevarría
Según el juez, en el
desvío de las ayudas
públicas habrían tenido
un papel destacado tres
dirigentes del partido:
el ex secretario general
de la formación y
presunto cerebro de
Púnica Francisco
Granados; el exgerente
Beltrán Gutiérrez; y el
exconsejero de
Transportes José Ignacio
Echevarría, que durante
una temporada hizo las
funciones de tesorero de
la fundación. El auto
asegura que los tres,
“como miembros del
Patronato de Fundescam,
habrían sido los que
presentaron dichas
facturas falsas al
objeto de justificar el
destino de los fondos
recibidos con el
propósito declarado de
la subvención”.
Granados está imputado
desde que estalló Púnica
en octubre de 2014,
mientras que Gutiérrez
fue detenido en febrero
de 2016. Por su parte,
Echevarría se había
mantenido al margen del
caso hasta hace sólo dos
semanas. El juez Velasco
lo citó como imputado
para que aclarara su
papel en el movimiento
de fondos. Echevarría,
que empezó la
legislatura como
diputado en la Asamblea
de Madrid, tuvo que
dejar su escaño después
de que tuviera un
accidente de tráfico
superando la tasa de
alcohol permitida.
La UCO también ha
confirmado que el PP de
Madrid utilizó Fundescam
para canalizar
donaciones ilegales de
empresarios que luego
terminaron en la caja B
del partido. La
acusación no es nueva.
La Fiscalía
Anticorrupción ya
concluyó en 2010, dentro
de las investigaciones
sobre el caso Gürtel,
que los populares
utilizaron esa entidad
satélite para captar
aportaciones no
declaradas que luego
desviaron a las campañas
de las dos elecciones
autonómicas de 2003,
conocidas como las del
'tamayazo'. Sin embargo,
el Ministerio Público
desistió de perseguir
los dos posibles delitos
electorales al
considerar que ya habían
prescrito.
Donaciones de
empresarios hasta 2011
La Guardia Civil ha
descubierto ahora en
Púnica que Fundescam
siguió recibiendo dinero
de empresarios al menos
hasta 2011, sólo tres
años antes de que
comenzara esta causa.
Pero los agentes han ido
incluso más allá en sus
últimos informes. Según
la resolución de
Velasco, se ha podido
certificar la existencia
de “múltiples
irregularidades
penalmente relevantes”
en concursos públicos
que habrían sido
manipulados por
dirigentes del partido
para premiar a las
mercantiles que daban
dinero para sus campañas
electorales. Es decir,
que las entregas
ilegales de fondos al PP
tuvieron una
correspondencia directa
en adjudicaciones, un
vínculo que permite al
juez cerrar el círculo
del cohecho.
En el trienio 2005-2007,
Fundescam recibió de la
Comunidad de Madrid
subvenciones por valor
de 536.096 euros, según
una información del
diario Público. Todas
las ayudas estaban
firmadas por Ignacio
González, entonces
vicepresidente del
Ejecutivo autonómico.
González fue patrono de
la fundación entre el 28
de febrero de 2005 y el
12 de junio de 2008. Es
imposible encontrar en
el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid
(BOCM) la concesión de
estas subvenciones, ya
que no se publicitaron.
Aguirre dice que
Fundescam no costeó
ninguna campaña del PP
de Madrid
Hay más datos en el
Tribunal de Cuentas, que
fiscaliza las cuentas de
fundaciones vinculadas a
los partidos políticos.
En 2008, Fundescam
recibió 150.000 euros en
donaciones, la misma
cantidad que en 2009 y
2010. La cifra bajó a
75.000 euros en 2011.
Pero el Tribunal de
Cuentas no distingue en
su labor de control
entre donaciones
públicas y privadas. En
2012 el BOCM sí recoge
una ayuda de
Vicepresidencia (seguía
Ignacio González en el
cargo) de 128.000 euros.
Esperanza Aguirre
anunció en 2010 el
cierre inmediato de
Fundescam cuando
trascendió el vínculo de
la entidad con el caso
Gürtel. Dejó la
presidencia de la
fundación y colocó al
frente a una dirigente
de su confianza, Gádor
Ongil, exconsejera de
Familia y Asuntos
Sociales, para que la
liquidara. Sin embargo,
como informó El
Confidencial, la
fundación ha estado
operativa al menos hasta
2015. De hecho, el
pasado enero todavía no
se había comunicado
oficialmente su
disolución.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-21/juez-acusa-pp-madrid-auto-secretofinanciacion-ilegal-2007-2008-2011_1349586/
TRES SUMARIOS APUNTAN A
LA FINANCIACIÓN ILEGAL
DE CUATRO CAMPAÑAS DE
AGUIRRE ENTRE 2003 Y
2011
La investigación sobre
la financiación de sus
actos electorales en
2007 señala de nuevo a
la patronal madrileña,
que ya le ayudó en 2003
a través de Fundescam
Firmas implicadas en
Gürtel realizaron
trabajos para el partido
mientras el Gobierno de
Aguirre le pagaba por
campañas fantasma de las
que no hay constancia
El sumario de Púnica
desvela que la firma que
hacía encuestas para el
PP hasta 2014 cobraba a
través de empresas
públicas y subcontratas
de la Comunidad
Tres sumarios conducen a
la financiación del
Partido Popular en
Madrid. Durante la
presidencia de Esperanza
Aguirre (2004-2016) al
frente del partido,
desde Fundescam a
Púnica, pasando por
Gürtel... todos los
escándalos de corrupción
salpican a empresas que
trabajaban para el PP
regional o el Gobierno
madrileño. A veces para
ambas y al mismo tiempo.
La última pieza separada
abierta por el juez de
la Audiencia Nacional
Eloy Velasco tirando del
ovillo de Púnica indaga
sobre la documentación
incautada por la Guardia
Civil a Beltrán
Gutiérrez, el hombre de
las cuentas en la sede
del PP madrileño que ya
fue condenado en el
escándalo de las
tarjetas black e
imputado ahora en esta
rama del sumario. Los
investigadores siguen el
rastro del dinero de la
campaña de las
autonómicas de 2007, en
las que Aguirre resultó
reelegida presidenta
regional, y han
encontrado apuntes
sospechosos del puño y
letra de Gutiérrez.
En el cuaderno del
exgerente figuran
garabateados los nombres
de Carat, la
comercializadora de
publicidad del
exportavoz del Gobierno
de Aznar Miguel Ángel
Rodríguez -que facturó
entre 2006 y 2008 más de
50 millones a la
Comunidad de Madrid y
sus empresas públicas-,
Over Marketing, otro de
los proveedores
habituales del PP y del
Gobierno regional, y la
firma Sintra, junto a
sus supuestas
aportaciones económicas
al partido.
Según esas anotaciones
de Beltrán Gutierrez en
las cuentas del PP
regional, el dinero
pagado a Carat en 2007
(1,5 millones de euros)
salió del Gobierno
regional (un millón),
0,2 (200.000 euros) del
PP y 0,3 (los 300.000
restantes) están
atribuidos a "Diego de
León", calle donde se
ubica la sede de la
patronal madrileña.
"Diego de León" vuelve a
salir en la caligrafía
del exgerente como
responsable de aportar
700.000 euros a la
contabilidad del PP ese
mismo año 2007, en que
se celebraron
municipales y
autonómicas para pagar a
Over Marketing, una
empresa de publicidad
cuyo propietario, Daniel
Mercado, está imputado
en varios casos de
corrupción por amañar
contratos en
instituciones gobernadas
por el PP.
El apunte "Diego de
León", sobre el que
todavía se está
investigando, es clave
porque se trata de
determinar si las
prácticas detectadas en
Fundescam, la fundación
del PP que sirvió para
camuflar las entregas
ilegales de empresarios
que recibían contratos
de instituciones en
manos del partido,
siguieron todos estos
años.
De Fundescam salieron
los fondos para sufragar
las dos campañas de
2003: la primera que
dejó a Aguirre fuera del
Gobierno hasta que dos
tránsfugas del PSOE
evitaron votar con su
partido; y la segunda,
tras el 'tamayazo' que
la aupó al poder. En los
tribunales todo acabó en
nada porque los delitos
estaban prescritos. Los
investigadores de Púnica
creen ahora que se
pueden haber dado
delitos continuados en
el tiempo que
interrumpan ese plazo de
prescripción.
Con los conciertos en
las fiestas locales
Otros tomos del mismo
sumario Púnica se
explayan sobre las
andanzas de la sociedad
organizadora de eventos
musicales Waiter Music,
a los que decenas de
ayuntamientos del PP
madrileño le contrataron
en los últimos años las
orquestas para las
fiestas de distintas
localidades madrileñas,
siguiendo instrucciones
del que fue el
secretario general del
partido y mano derecha
de Aguirre, Francisco
Granados, el cabecilla
de la trama.
Waiter Music se ocupó a
la vez de varios mítines
electorales de Aguirre
en 2007 y 2011,
incluidos actos en los
que intervino el dúo
musical Azúcar Moreno,
Iguana Tango y hasta una
banda de mariachis. Los
investigadores sospechan
que los contratos
institucionales
sirvieron para rebajar
la factura en los
mítines del PP, cuyos
presupuestos de campaña
no cuadran con los
números remitidos a la
Cámara de Cuentas.
Entre las sospechosas
habituales, presentes en
los sumarios Gürtel y
Púnica, figura una
tercera consultora de
publicidad, la firma
Swat, organizadora de
campañas del PP en
distintos lugares de
España y proveedor
habitual del Gobierno de
Aguirre. Según los
informes de la Guardia
Civil en poder de Eloy
Velasco, y tal y como
han refrendado varios
testigos en la Audiencia
Nacional, Swat fue una
de las empresas a las
que la multinacional
Indra -una potente
subcontrata del Gobierno
regional- debía abonar
una factura de 20.000
euros siguiendo órdenes
del entonces consejero
de la Comunidad de
Madrid, Salvador
Victoria.
Entre los cargos que el
PP había hecho a Swat
figuraba la contratación
de los sondeos de
opinión que la empresa
Demométrica entregó
durante 2014 al partido
de Esperanza Aguirre.
'Made in Madrid',
campaña fantasma
Los lazos entre Swat y
el aguirrismo también
vienen de muy atrás y
aparecen en otras
causas. La consultora
publicitaria cobró en
2006 un total de 1,3
millones de euros por
valorar las ofertas de
dos polémicas campañas
convocada por organismos
adscritos al Gobierno
regional.
La adjudicataria del
primer concurso ideado
para promocionar "el
desarrollo económico" de
la región, MQM, ingresó
1,25 millones de euros
supuestamente a cambio
de distribuir material
promocional con el logo
de Made in Madrid. No
hay ninguna evidencia de
que se realizase. Y eso
que su plan de
comunicación incluía el
reparto de 100.000
bolígrafos, entre otras
actuaciones.
La segunda acción
publicitaria, que
tampoco dejó rastro,
reportó dos millones a
Over Market, la firma
que ahora aparece de
nuevo en los papeles de
Beltrán Gutiérrez. El
diario Público desveló
en 2011 que ninguna de
las dos acciones se
llevó a cabo. Y de paso
recordó que las tres
firmas implicadas, que
se embolsaron 4,5
millones de euros por
publicidad inexistente,
aparecían también en la
trama Gürtel creando
sociedades pantalla para
camuflar adjudicaciones
propuestas por Francisco
Correa en municipios
como Majadahonda.
Preguntada sobre las
últimas revelaciones
judiciales, Aguirre se
desvinculó este viernes
de las actuaciones que
investiga la Audiencia
Nacional y defendió que
si alguien ha cometido
alguna ilegalidad que lo
pague. La portavoz del
PP en el Ayuntamiento de
Madrid no ha sido citada
a declarar en Púnica
pero sí lo hará como
testigo en el juicio de
Gürtel. La petición de
su antiguo colaborador
Francisco Granados a
Eloy Velasco para que
aclare sus
responsabilidades en
determinados contratos
de la trama Púnica fue
desestimada por el
magistrado.
http://m.eldiario.es/politica/Esperanza-Aguirre-campanas-electorales-sospecha_0_628187645.html
EL 'CASO PÚNICA' DESVELA
QUE EL EXDUEÑO DE ELOSÚA
FUE SORPRENDIDO CON
200.000 EUROS EN
EFECTIVO EN LA FRONTERA
FRANCO-SUIZA
El empresario fue
interceptado en 2011 en
la aduana francesa de
Saint Julien en Genevois
con 200 billetes de 500
euros, 300 billetes de
200 euros, 300 billetes
de 100 euros y 200
billetes de 50 euros
El exdueño de la empresa
de aceites leonesa
sostiene que las cuentas
en bancos suizos de la
familia Elosúa se
remontan "a varias
décadas" y que están
"totalmente
regularizadas y
declaradas a la Agencia
Tributaria"
La investigación del
titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6 de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco,
de la pieza secreta de
la Púnica sobre la
financiación ilegal del
PP de Esperanza Aguirre
ha desvelado que el
exdueño de la marca de
aceite Elosúa Marcelino
Elosúa de Juan fue
sorprendido con 200.000
euros en efectivo en la
frontera suiza con
Francia, según un
escrito del letrado del
empresario a la que ha
tenido acceso infoLibre.
Este empresario, siempre
según el escrito de la
defensa del mismo,
declaró como investigado
en la Audiencia Nacional
en relación con la
financiación ilegal del
PP madrileño.
Precisamente este
miércoles se ha conocido
que tres documentos
manuscritos del
exgerente de la
formación política
conservadora en Madrid
Beltrán Gutiérrez, y que
figuran en el sumario de
la Púnica, indican que
el partido destinó 1,5
millones a publicidad
exterior y 1,03 millones
a prensa y radio en la
campaña de las
autonómicas de 2007.
Sin embargo, el PP
declaró a la Cámara de
Cuentas que había
gastado 265.002 euros
por el primer concepto y
550.000 por el segundo.
Es decir, declaró 1,71
millones menos de lo
presuntamente gastado.
200 billetes de 500
euros
Los hechos conocidos en
relación al exdueño de
Elosúa y expresidente de
Aceites Carbonell se
remontan a 2011, año en
el que Marcelino Elosúa
de Juan, fundador de la
firma LID Editorial
Empresarial, S.L, fue
interceptado en la
aduana de la ciudad
francesa de Saint Julien
en Genevois, tras
abandonar Suiza con 200
billetes de 500 euros,
300 billetes de 200
euros, 300 billetes de
100 euros y 200 billetes
de 50 euros; en total
200.000 euros.
"El dinero consignado en
la frontera francesa, no
en la suiza, no procedía
de España, sino de una
cuenta en el banco suizo
Julius Baer. La
consignación la realizó
la policía francesa de
aduanas tras pasar
nuestro defendido la
frontera desde Suiza
hacia Francia. Las
autoridades francesas
consideraron que se
trataba de una simple
infracción
administrativa e
impusieron al señor
Elosúa una multa del 5%
de la cantidad incautada
(10.000 euros),
devolviéndole el resto
(190.000 euros) por
medio de una
transferencia bancaria",
especifica el
representante legal del
investigado, en un
intento de desvincular
ese dinero con la pieza
separada de Púnica sobre
la financiación
irregular del PP
madrileño.
La multa de 10.000
euros, tal y como
reconoce el escrito del
empresario enviado al
juez Eloy Velasco, se
produjo por incumplir la
obligación de declarar
los fondos introducidos
en Francia desde un país
no miembro de la Unión
Europea, como es el caso
de la Confederación
Helvética.
Asimismo, el exdueño de
la empresa de aceites
leonesa sostiene que las
cuentas en bancos suizos
de la familia Elosúa se
remontan "a varias
décadas y no han tenido
ingresos (ni en efectivo
ni de ninguna otra
forma) desde hace más de
diez años".
Registro de LID
Editorial Empresarial
Este empresario asegura
que las mencionadas
cuentas están
"totalmente
regularizadas y
declaradas a la Agencia
Tributaria española".
Además, asegura que los
agentes de la UCO
comprobaron durante el
registro de la sede de
LID Editorial
Empresarial todos los
modelos de declaración
sobre bienes y derechos
situados en el
extranjero "debidamente
presentados y se
llevaron copia de
ellos".
El escrito pone de
manifiesto que al final
de la declaración de
Marcelino Elosúa de Juan
el juez le preguntó por
el incidente de la
frontera suiza, cuando
la Policía consignó los
200.000 euros que tenía
en efectivo: "En la
entrada y registro en la
sede de LID Editorial
Empresarial, S.L. los
agentes de la UCO habían
intervenido una
documentación sobre unas
cuentas bancarias en
Suiza alegando que eran
relevantes para la
investigación (pese a
que se trataba de
documentación personal
de Marcelino Elosúa y no
de LID Editorial
Empresarial)",
interpreta el letrado.
"La hipótesis con la que
trabajaba la UCO, y que
a su entender
justificaba la
intervención de los
documentos sobre estas
cuentas, era que el
señor Elosúa había
llevado 200.000 euros en
efectivo desde España a
Suiza para ingresarlos
en un banco de ese país.
Como ya anticipamos en
la declaración judicial,
esta interpretación de
la UCO es un error",
completa la defensa del
empresario investigado.
Y para justificar este
supuesto error de los
agentes de la Guardia
Civil, el letrado
incorpora un extracto
bancario de dos
reintegros, por importes
de 150.000 y 50.000
euros, realizados en dos
cuentas del banco Julius
Baer, de Lausana, el 18
de agosto de 2011.
La fundación de Vargas
Llosa
Marcelino Elosúa de
Juan, que está imputado
en la pieza de la
financiación ilegal del
PP madrileño, es
integrante del Consejo
Empresario Asesor de la
Fundación Internacional
para la Libertad (FIL)
presidida por el Premio
Nobel Mario Vargas
Llosa. Según la página
web de la editorial, fue
el propio escritor
peruano el que invitó a
Marcelino Elosúa a
formar parte de la
fundación "cuyos
objetivos son la defensa
y promoción de los
principios de la
libertad, la democracia
y el Estado de Derecho".
En el Consejo Empresario
de la FIL, que tiene 45
miembros, están además
de Marcelino Elosúa los
españoles Juan Félix
Huarte, Ignacio Eyries y
Juan Villar-Mir de
Fuentes. La Fundación
Internacional para la
Libertad, cuya sede está
situada en la ciudad
argentina de Rosario,
fue registrada el 4 de
febrero por el
exdiputado del PP y
exjefe de prensa de José
María Aznar en Castilla
y León Pablo Izquierdo
Juárez, según consta en
el Boletín Oficial del
Estado (BOE) de 10 de
marzo de 2004.
Pablo Izquierdo Juárez
es presidente de la
Fundación Iberoamérica
Europa, que según la
Cadena Ser en los ocho
años de Gobierno del PP
recibió más de 20
millones de euros en
ayudas públicas. Tanto
la fundación de
Izquierdo Juárez como la
FAES de Aznar están
asociadas a la de Vargas
Llosa.
La Fundación
Iberoamérica Europa fue
la adjudicataria del
contrato de gestión de
dos centros dedicados a
la población rumana en
las localidades
madrileñas de Coslada y
Alcalá de Henares. Entre
las entidades asociadas
a la Fundación
Internacional para la
Libertad se incluye
Freemarket, cuyo
presidente es el
economista Lorenzo
Bernaldo de Quirós.
Según la revista Tiempo,
LID Editorial, el sello
fundado por el leonés
Marcelino Elosúa y que
dirige Jeanne Bracken ha
publicado un volumen
titulado Ideas en
libertad en el que 80
personas han escrito
textos dedicados al
autor hispanoperuano.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/31/el_caso_punica_desvela_que_exdueno_elosua_fue_sorprendido_con_200_000_euros_efectivo_frontera_suiza_63229_1012.html
LOS
AUDIOS DE LA ‘PÚNICA’
QUE SALPICAN A COSPEDAL
Y SU ENTORNO
De Pedro reconoce haber
tenido una reunión con
la número dos del PP y
los cabecillas presumen
de proyectos con el
anterior Gobierno de
Castilla-La Mancha y la
alcaldesa de Ciudad Real
Dentro del sumario de la
Pieza Separada de la
Púnica, al que ha tenido
acceso ELPLURAL.COM, hay
multitud de menciones
intrigantes a relevantes
dirigentes del Partido
Popular. Muchas de ellas
han quedado eclipsadas
por el maremoto murciano
que afecta al todavía
presidente de la Región,
Pedro Antonio Sánchez.
En concreto, hablamos de
las que afectan a María
Dolores de Cospedal,
ministra de Defensa,
secretaria general del
PP y presidenta del PP
de Castilla-La Mancha y
a dirigentes de su
confianza.
La primera de esas
menciones, que versa en
completo sobre Cospedal,
está incluida en la
larga conversación que
mantuvo Alejandro de
Pedro con José Fidel
Saura, jefe de gabinete
del consejero Juan
Carlos Ruiz, sobre las
luchas de poder dentro
del PP de Murcia.
Saura comenta que están
preparando una reunión
en Moncloa para
“pastelear” y que su
jefe, el entonces
consejero de Industria,
tome ventaja para
presidir el PP de Murcia
y la Comunidad Autónoma,
frente a Pedro Antonio
Sánchez, en ese momento
consejero de Educación y
aspirante al mismo
ascenso.
Es entonces cuando De
Pedro le lee a Saura el
correo electrónico que
le ha enviado a María
Dolores de Cospedal, en
el que le vende la
figura de Juan Carlos
Ruiz:
“Existe un consejero
joven, que viene de ser
portavoz en la Asamblea
regional y es querido en
el partido. El otro
consejero de Educación
tiene una imputación, es
igualmente joven, pero
con el problema que ya
te comento”. De Pedro,
en el correo que lee,
insiste en dos ocasiones
en los “casos de
corrupción” y “la
situación que generan en
la opinión pública”.
“Eso iba para tu amigo
de…”, subraya el
conseguidor de la
Púnica, una mención
sutil a Pedro Antonio
Sánchez que celebra
Saura: “Sí, sí, el
otro…”
En el encabezado de su
correo a Cospedal, De
Pedro deja caer que ya
se había visto con
Cospedal: “Querida
amiga, desde la última
vez que nos vimos hasta
hoy nuestra empresa ha
crecido…”. Y, a juzgar
de lo que dice De Pedro,
no iba a ser la última
reunión: “Me ha
contestado su jefa de
gabinete, que ya lo ha
leído y me va a dar
cita”.
No es la única grabación
que afecta a Cospedal y
su entorno. El 22 de
septiembre de 2014, De
Pedro habla con José
Antonio Alonso Conesa
-exalcalde socialista de
Cartagena e implicado en
la trama-, haciendo los
preparativos del día
siguiente para reunirse
con Pedro Antonio
Sánchez. Hablan sobre
qué hacer con el coche
de empresa, porque
Alonso tiene que viajar
al día siguiente a
Toledo para reunirse con
Leandro Esteban,
consejero de Presidencia
del Gobierno de
Castilla-La Mancha.
“Yo a las 12 tengo que
estar en Toledo, porque
me pidió la alcaldesa de
Tarancón, que le hiciera
un favor con… que me lo
pidió ella, que es para
el consejero de
Presidencia de
Castilla-La Mancha. Y
voy a las 12 nada más
que para eso, para ver a
este hombre, a Leandro,
y me vuelvo”.
Horas después, Alonso
vuelve a hablar con De
Pedro para decirle que
la reunión se ha
cancelado finalmente.
En esa misma
conversación, Alonso
vuelve a apuntar a otra
persona fiel a Cospedal.
Se trata de la que fuera
alcaldesa de Ciudad Real
durante ocho años, Rosa
Romero, y quien en la
actualidad ejerce como
vicepresidenta tercera
del Congreso de los
Diputados.
"Se me olvidó decirte
que habló Pilar
[Barreiro] con la
alcaldesa de Ciudad Real
y le dijo: “Pero si mi
jefe de gabinete quedó
muy contento. No
entiendo como no haya
contestado. Te lo digo
porque voy a llamar al
Javi, a Bueno [Francisco
Javier Bueno] para
decirle: “Oye, llámate
al pavo éste y usa esta
conversación”.
A lo que De Pedro
contesta que “se ve que
la tía esta da
prioridades a otras
cosas”. Alonso le
replica que en Ciudad
Real “es más complicado
para nosotros porque ahí
no tenemos nada
montado”. Pero De Pedro
le contradice: “Sí, sí,
ya lo tenemos. Ahí
tenemos el de Ciudad
Real montado y ya tiene
dos años. Lo que pasa es
que no lo alimentamos,
pero tiene 6 o 7.000
tíos”.
http://www.elplural.com/politica/2017/03/27/los-audios-de-la-punica-que-salpican-cospedal-y-su-entorno
EL CONSEGUIDOR DE LA
PÚNICA MONTÓ UN FALSO
DIARIO DIGITAL AL
SERVICIO DE FLORENTINO
PÉREZ Y EL REAL MADRID
Alejandro de Pedro creó
diariobernabeu.com con
el dinero del contrato
de reputación en redes
sociales que su empresa
firmó con el Real Madrid
El propio Florentino
Pérez daba en ocasiones
instrucciones sobre los
contenidos de ese diario
a De Pedro a través de
mensajes SMS que
aparecen en el sumario
de la Púnica
El falso medio de
comunicación se usó
también para presionar
al entrenador con las
alineaciones, para
intentar acallar
noticias negativas o
para criticar a los
árbitros y a rivales
como Ramón Calderón
"Notición. Acabo de
cerrar con Florentino un
supercontrato.
Oeoeoeoeoeoeoe oeoeoe.
Ahora soy del madrid.
Jajaja. Soy un
chaquetero". Así celebró
Alejandro de Pedro, uno
de los principales
imputados de la trama
Púnica, el acuerdo al
que llegó en septiembre
de 2013 con el Real
Madrid.
El mensaje se lo mandaba
a su mediador con
Florentino Pérez, Donato
González, responsable de
Société Générale en
España, y la euforia de
De Pedro estaba
justificada. Era un
contrato por 300.000
euros por un año para
mejorar la reputación en
redes sociales del Real
Madrid en España y otros
países.
La campaña en redes
sociales organizada por
De Pedro tenía como base
central una página web,
diariobernabeu.com. El
método era similar al
que De Pedro aplicó con
otras campañas en redes
que vendía a empresas y
políticos, y que solían
incluir un medio
digital, en apariencia
independiente, donde se
publicaban noticias
favorables al cliente
que después se movían en
redes sociales a través
de cuentas falsas para
influir en el debate
público y aminorar el
impacto de las noticias
negativas.
Hoy diariobernabeu.com
ya no está en
funcionamiento y su
cuenta de Twitter hace
meses que no se
actualiza. Se presentaba
como un "periódico
digital con todas las
noticias del Real
Madrid", pero tanto en
las redes como en su
propia web –accesible
parcialmente a través de
Archive.org– omitía que
quien realmente pagaba
ese supuesto medio de
comunicación era el
propio club, a través
del contrato con la
empresa de Alejandro De
Pedro, EICO.
El equipo de
comunicación del Real
Madrid y, en ocasiones,
el propio Florentino
Pérez, daban
indicaciones directas a
De Pedro sobre los
contenidos que tenían
que aparecer en esa web.
La relación entre De
Pedro y el presidente
del Real Madrid está
acreditada por los
numerosos mensajes SMS y
llamadas telefónicas que
figuran en el sumario
judicial de la trama
Púnica, a los que ha
tenido acceso
eldiario.es.
El Diario Bernabéu no
solo servía para mejorar
la reputación en redes
del Real Madrid o contar
noticias sobre el club.
También para lanzar
campañas contra los
árbitros y contra
rivales de Florentino
Pérez, como el
expresidente del club
Ramón Calderón. O
incluso para presionar
al entrenador con la
alineación.
"Presi, lo sacan ahora y
te lo envío"
Gareth Bale fue
contratado en el último
suspiro del mercado de
fichajes el 31 de agosto
de 2013. El Real Madrid
se comprometió entonces
a pagar una cifra
récord: 99 millones de
euros.
Pero, cosas del fútbol,
el fichaje se demoró más
de lo previsto; el galés
se incorporó tarde a los
entrenamientos y el
entrenador, Carlo
Ancelotti, no terminaba
de alinear de inicio a
Bale tanto como se
esperaba por el precio
pactado por el
presidente del Real
Madrid, Florentino
Pérez.
"Presi, lo sacan ahora y
te lo envío", avisaba De
Pedro a Florentino Pérez
a las diez de la noche
el 16 de enero de 2014
en relación con una
publicación en
diariobernabeu.com
escrita para reclamar la
titularidad de Bale:
"Además, mañana en la
rueda de prensa
preguntarán por esto al
entrenador".
A las 7:51 del día
siguiente, De Pedro
vuelve a escribir al
presidente del Real
Madrid: "Buenos diass
presi, hemos sacado dos
artíulos, hoy se mueven
en redes sociales http://www.diariobernabeu.com/bale-reclama-su-
sitio/1258 y este
dirigido al entrenador
http://www.diariobernabeu.com/ancelotti-pon-bale/1254".
Y a las pocas horas,
otro mensaje más de De
Pedro a Florentino
Pérez: "Hace un rato q
se cambiaron como
pediste. Un abrazo".
Ambos artículos no están
ya disponibles en la
web, pero tanto la
dirección como el
mensaje "dirigido al
entrenador" quedan aún
más claros pocas horas
después. Esa misma
mañana, en la rueda de
prensa de Carlo
Ancelotti, los servicios
de prensa del Real
Madrid daban la palabra
al periodista Javier
Iglesias, director de
diariobernabeu.com, para
preguntar por las
suplencias del galés,
tal y como había avisado
De Pedro a Florentino
Pérez: "¿Es un lujo
excesivo que Gareth Bale
no sea titular en todos
los partidos como ocurre
con Cristiano Ronaldo?"
Este es el vídeo con la
pregunta de Javier
Iglesias y la
contestación del
entrenador:
Tras la pregunta de
Javier Iglesias,
Alejandro de Pedro envió
por SMS el vídeo a
Florentino Pérez. "Presi
esta mañana se ha
preguntado al entrenador
como te dije", escribía
De Pedro con un enlace
al vídeo en Youtube.
"Bien", respondía Pérez.
diariobernabeu.com no
sólo presionaba al
entrenador del Madrid,
Carlo Ancelotti. También
a los árbitros tras un
clásico en el que cayó
el Madrid 3-4 frente al
F.C. Barcelona. "Buenas
noches presi, estamos a
tope con el tema del
arbitraje, sobre todo
sacando imágenes del
pisotón en la cabeza de
Busquets a Pepe",
informaba De Pedro en
marzo de 2014.
Envió un mensaje similar
a Antonio Galeano,
responsable de
comunicación del Real
Madrid: "Buenas noches
Antonio, estamos a tope
con el arbitraje si
tenéis algo interesante
me lo envías. Gracias y
un abrazo".
Al día siguiente, De
Pedro envía a Pérez y
Galeano el siguiente
mensaje: "El Real Madrid
acostumbrado a jugar con
diez contra el Barça
http://www.diariobernabeu.com/real-madrid-expulsiones-barcelona-diez-
jugadores/4170".
Galeano responde:
"Magnífico trabajo.
Abrazo". Y añade en su
comunicación con Pérez:
"Hemos hecho dos mas,
por indicación de
Antonio [Galeano], http://www.diariobernabeu.com/real-madrid-perjudicado-arbitros-liga/4169
Y la tercera, Undiano es
reincidente y talismán
para el Barsa http://www.diariobernabeu.com/undiano-mallenco-barcelona/4182".
Se refiere a Alberto
Undiano, uno de los
árbitros de Primera
División.
Pero no solo Galeano
daba instrucciones
directas a De Pedro.
También lo hacía en
algunas ocasiones el
propio Florentino Pérez,
como se ve en este
mensaje de julio de
2014: "Alex, no pongáis
en el diario Bernabéu
que media Europa está
detrás de Isco porque
aparte de que no es
verdad nos va a terminar
creando problemas". Y De
Pedro le responde:
"Vale, ahora mismo lo
quitan. De todas formas
presi echo en falta más
q nos digan q interesa
poner y q no, superamos
ya los 2 millones de
visitas así q lo q se
pone tiene su
repercusión en los
madridistas". A este
mensaje de De Pedro,
Florentino no respondió.
La de Isco no es la
única corrección que
hace Florentino Pérez a
De Pedro. En septiembre
de 2014, le dice: "Pones
muchas cosas de Di
María".
Hacía un mes que había
firmado su traspaso al
Manchester United. De
Pedro le responde:
"Puede ser se lo diré
pero es q el tío trae
mucho tráfico. Por
cierto hoy el as
criticaba la decisión q
habéis tomado con la
cantera, se ha sacado
esto http://www.diariobernabeu.com/cantera-real-madrid-remodelacion/13379".
De Pedro también
publicaba artículos
contra el expresidente
madridista Ramón
Calderón, rival de
Florentino Pérez, como
este que le mandó a
Antonio Galeano en abril
de 2014: "http://www.diario-bernabeu.com/tapese-un-poquito-senor-ramon-calderon/4857".
En alguno de los
mensajes, el propio
Florentino duda de la
eficacia de la
estrategia de redes
sociales diseñada por De
Pedro: "Vale para algo
lo de el diariobernabeu.
Todo el mundo sabe que
es un diario de la
casa", le escribe por
SMS.
Según declaró Florentino
Pérez hace unos meses
ante la Audiencia
Nacional, donde fue
citado como testigo por
este contrato con De
Pedro, el Real Madrid
decidió romper con la
empresa para cerrar un
acuerdo mucho más
ambicioso con Microsoft,
que desarrolló un
herramienta de software
a medida para gestionar
las redes sociales del
club.
En el interrogatorio, el
fiscal le preguntó en
varias ocasiones por el
Diario Bernabéu. En su
declaración, cuyo audio
desveló El Confidencial,
Florentino Pérez aseguró
que esa web la montó De
Pedro desde su empresa
"para tener más contacto
con este mundo de los
seguidores" en redes
sociales. "El diario es
un tema menor" (...),
"es uno de los miles que
hay sobre el Real
Madrid". También aseguró
que ese diario no lo
pagaba el club, sino que
corría a cargo de
Alejandro De Pedro, y
que no conocía de nada a
su director, Javier
Iglesias.
Ante la Audiencia
Nacional, como testigo,
Perez se mostró también
arrepentido de su
contrato con Alejandro
de Pedro y "la fatalidad
de que una persona que
nos presentan como
experto resulta que
después está implicado
en una cosa que mancha
el nombre del Madrid".
Javier Iglesias, el
periodista que dirigía
Diario Bernabéu, hoy
trabaja como coordinador
de Diario Madridista,
una sección dedicada al
Real Madrid dentro de OK
Diario, el digital de
Eduardo Inda. Iglesias
también fue interrogado
por la Audiencia
Nacional como testigo de
la Operación Púnica.
Ante el fiscal, según
publicó El Confidencial,
Iglesias admitió que ese
medio tenía como único
cliente al propio club.
“Hay un cliente que es
el Real Madrid, y nos
pedían que hiciéramos
determinadas cosas como
contrarrestar una
campaña contra un
jugador publicada en
otros medios”.
http://m.eldiario.es/politica/conseguidor-Punica-falso-diario-digital-servicio-Florentino-Perez-Real-Madrid_0_627138361.html
EL JUEZ VELASCO
INVESTIGARÁ A LAS
EMPRESAS SEÑALADAS POR
GRANADOS
Esperanza Aguirre, "de
momento", se libra de
tener que testificar,
como pidió el cabecilla
de la ‘Púnica’
El juez Eloy Velasco,
encargado de la
instrucción de la
conocida trama Púnica,
ha aceptado este martes
investigar a las
empresas señaladas por
Francisco Granados como
adjudicatarias de la
construcción de
viviendas entre 2001 y
2004.
En el auto al que ha
tenido acceso
ELPLURAL.COM, el juez de
la Audiencia Nacional
accede “a la práctica de
la documental
solicitada” por el
abogado de Granados y
reclamará a Arpegio,
fundación presidida por
Granados y que está
investigada en la Púnica
por ser un instrumento
“para hacer favores” con
dinero público, un
informe sobre “las
adjudicaciones de
vivienda realizadas en
el periodo 2001 a 2004”
a siete empresas:
Himalaya S.L., Hilday
S.L., Tuvalu S.L.,
Servicios Logísticos
Inmobiliarios S.L,
Servicios Patrimoniales
Obras y Vías S.L., TPC
S.L. y Obras y Vías S.A.
Además, la investigación
que dirige Velasco se
dirigirá al Ayuntamiento
de Valdemoro, que
gobernó Granados durante
cuatro años, para que
consiga una “relación
completa de los
propietarios” de varios
sectores de polígonos
industriales de la
localidad cuando se
aprobó el Plan General
de Ordenación Urbana
local, en 2004, justo
cuando él dejó la
Alcaldía.
Por último, se acepta la
reclamación de un
“listado completo de las
adjudicaciones del suelo
público y de servicios
públicos realizados en
el periodo 1999 a 2003”
en la localidad
madrileña, en concreto
el periodo en el que fue
alcalde, y solicitar al
registro de Valdemoro
“las propiedades que,
durante los años 2001,
2002, 2003 y 2004”
tuvieron las misma siete
empresas.
Rechaza las
declaraciones
Las peticiones de
Granados que no acepta
Velasco son las
comparecencias que había
reclamado dentro de la
investigación, entre
ellas la más llamativa
la de su exjefa,
Esperanza Aguirre, a la
cual Granados escribió
una carta la semana
pasada donde le
recordaba que
“prácticamente todo lo
que sé de política lo
aprendí de ti”.
El juez de la Audiencia
Nacional explica en su
respuesta al supuesto
cabecilla de la trama
Púnica que, “de
momento”, no procede
acordarlas dada la gran
cantidad de
declaraciones
solicitadas, ya que las
considera “innecesarias
en este momento
procesal”. Velasco sí
que abre la puerta a que
las mismas
comparecencias se puedan
solicitar “en la fase de
juicio oral”.
Granados, el colaborador
Tanto las diligencias
documentales como las
testificales se enmarcan
dentro de la estrategia
de Francisco Granados
para mostrarse como
colaborador de la
justicia, declarando en
ellas su “propósito de
que se puedan llegar a
conocer todos los datos
referentes a los hechos
investigados”.
Por ello, el exconsejero
de la Comunidad de
Madrid pidió que se
llamase a declarar a
Esperanza Aguirre para
que “explique el papel”
de Granados en su
Gobierno y “qué
influencia pudo ejercer
sobre la gestión de
otros consejeros”, así
como su papel en las
adjudicaciones de
colegios públicos y en
el PGOU de Valdemoro.
Entre otros, el supuesto
cabecilla de la Púnica
también pidió la
comparecencia de Jaime
González de Taboada,
actual número tres de
Cristina Cifuentes como
consejero de Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio, y a
quien el socio de
Granados, David
Marjaliza, acusó de
“mangonear” en el Plan
Prisma para llevarse
mordidas. Granados le
quiso citar para que
“desmienta” dichas
acusaciones y
“manifieste si conoce de
la existencia de pagos
de comisiones
referidas”.
http://www.elplural.com/politica/2017/03/21/el-juez-velasco-investigara-las-empresas-senaladas-por-granados
EL JUEZ DE PÚNICA
RECHAZA INTERROGAR COMO
TESTIGO A ESPERANZA
AGUIRRE POR
"INNECESARIO"
Francisco Granados había
solicitado la
declaración de la
expresidenta de la
Comunidad de Madrid y
otros 24 ex altos cargos
para que aclarasen cuál
era su poder real dentro
del Ejecutivo autónomo
El titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
ha decidido rechazar la
petición del presunto
cabecilla de la trama
Púnica, Francisco
Granados, para que
comparezcan como
testigos 25 ex altos
cargos de la Comunidad
de Madrid, entre ellos
Esperanza Aguirre. En
una providencia a la que
ha tenido acceso EL
PAÍS, el magistrado
argumenta su decisión en
"la gran cantidad de
declaraciones
solicitadas,
innecesarias muchas en
este momento procesal".
Velasco invita al que
fuera secretario general
del PP madrileño y hoy
único encarcelado por la
red de corrupción, a
"solicitarlas en la fase
del juicio oral".
La decisión del juez
tiene fecha del pasado
17 de marzo, sólo dos
días después de que
Granados presentara un
escrito para solicitar
una batería de
diligencias en el caso
Púnica, entre las que se
incluía las 25
testificales. En el
mismo, el político hoy
encarcelado asegura que
la declaración de
Aguirre era “necesaria”
para que ésta explicase
qué papel jugaba él en
los Ejecutivos
regionales cuando fue
integrante del mismo y
“qué influencia pudo
ejercer sobre la gestión
de otros consejeros”. El
presunto cabecilla de la
trama también quería que
la expresidenta
madrileña detallase qué
participación pudo tener
él en la aprobación del
Plan General de
Ordenación Urbana de
Valdemoro, en los
conciertos de colegios
“y en cualesquiera otros
asuntos urbanísticos”
ahora bajo sospecha.
Junto a Aguirre,
Granados pedía que
también se citase como
testigo a Jaime González
Taboada, actual
consejero del Ejecutivo
de Cristina Cifuentes, y
que durante la etapa de
Aguirre ocupó el cargo
de director general de
Administración Local y
presidente del Consejo
de Administración de
Arpegio, la empresa
pública del suelo
investigada en el caso
Púnica. Su nombre
apareció en la
declaración del
arrepentido David
Marjaliza como supuesto
receptor de mordidas por
la adjudicación de obras
del Plan Prisma. En este
caso, el ex secretario
general del PP madrileño
quería, precisamente,
que Taboada “desmienta”
aquellas acusacioneslas
declaraciones del
constructor David
Marjaliza. Además,
quería que detallase si
conocía la existencia de
pagos al propio Granados
y si tenía constancia de
que algún empleado de la
sociedad pública Arpegio
había manifestado "temor
a sufrir represalias o
presiones para no
colaborar con la
Justicia”.
En la lista de testigos
propuestos por el
presunto cabecilla de la
trama, y ahora rechazada
por el juez Velasco, se
encontraban también dos
diputados actuales del
PP en la Asamblea de
Madrid, el también
senador Juan Soler y
Bartolomé González,
quien fuera alcalde de
Alcalá de Henares y una
de las personas de la
máxima confianza de
Aguirre. Granados quiere
que ambos sean
interrogados por las
acusaciones que lanzó
contra ellos Marjaliza
durante su confesión,
cuando los señaló como
supuestos receptores de
sobornos a cambio del
amaño de contratos
públicos. También
solicitaba las
comparecencias de los
exconsejeros Mariano
Zabia Lasala, Beatriz
María Elorriaga, Ana
Isabel Mariño y Santiago
Fisas, del exalcalde
socialista de Getafe
Pedro Castro, de siete
concejales del
Ayuntamiento de
Valdemoro y de varios
altos cargos de la
Comunidad ligados a
Arpegio y al Plan
Prisma.
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/21/actualidad/1490094841_112524.html
LOS
72 INDICIOS QUE
ACORRALAN AL PRESIDENTE
DE MURCIA EN LA ‘PÚNICA’
El sumario sobre la
trama de corrupción
acumula decenas de
correos electrónicos,
llamadas, mensajes de
móvil, documentos y tres
declaraciones que
salpican a Pedro Antonio
Sánchez
El 'caso Auditorio' por
el que tuvo que declarar
como investigado este
lunes en el Tribunal
Superior de Justicia de
Murcia no es el único
frente judicial al que
pende sobre el
presidente de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez.
Pese a la polémica
decisión de la Fiscalía
Anticorrupción de no
apoyar al juez Eloy
Velasco en su iniciativa
de remitir parte del
sumario del ‘caso
Púnica’ a los órganos
judicial de la región
autónoma para que sean
ellos los que
investiguen al político
en su condición de
aforado, la causa de
corrupción recoge
numerosos indicios de la
supuesta implicación del
jefe del Ejecutivo de
esta comunidad en la
trama. Son trece correos
electrónicos, una docena
de llamadas de
teléfonos, 35 mensajes
de móvil, seis
documentos digitales y
tres en formato papel
que sustentan las
sospechas contra él y
que se detallan en dos
informes de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil.
Trece correos
electrónicos. El primer
correo electrónico que
destacan los informes
del Instituto armado
sobre los supuestos
tratos de la trama
Púnica con Pedro Antonio
Sánchez y su entorno
tiene fecha del 11 de
junio de 2014. Es un
“recordatorio” de la
reunión que ese día
supuestamente
mantuvieron el político
y el experto informático
de la trama, Alejandro
de Pedro, y que fue
localizado en el
ordenador que este
último tenía en su casa.
El último es del 24 de
octubre de ese mismo
año, sólo tres días
antes de que se
produzcan las primeras
detenciones de la
‘Operación Púnica’,
entre ellas la del
propio De pedro. Éste
último también era un
“recordatorio”, en ese
caso de un encuentro que
mantuvo el presunto
integrante de la trama
con un miembro de la
Consejería de Educación
de Murcia, que entonces
encabezaba el hoy
presidente de Murcia.
Entre medias, una decena
de mensajes más, algunos
entre De Pedro y un
asesor de Pedro Antonio
Sánchez llamado David
Conesa Ferrer,
actualmente imputado en
la causa. En uno de
ellos, fechado el 20 de
octubre, éste último
destaca al experto
informático que “el
consejero tiene mucho
interés en que nos
veamos para empezar”.
Doce llamadas de
teléfono. Una docena de
comunicaciones
intervenidas a Alejandro
de Pedro y su socio, el
que fuera alcalde
socialista de Cartagena
José Antonio Alonso
Conesa, son consideradas
clave por la Guardia
Civil. Muchas son
conversaciones entre
ambos en las que
comentan detalles de sus
tratos con autoridades
de Murcia y, en
concreto, con Pedro
Antonio Sánchez. En una
de ellas, del 17 de
octubre de 2014, el
experto informático se
muestra impaciente por
la falta de respuesta
del político a sus
propuestas "Oye, si
hablas con Pilar
[Barreiro, entonces
alcaldesa de Cartagena y
diputada, y hoy senadora
del PP] dile que le he
mandado tres mensajes al
Pedro Antonio éste,
tanta prisa y tanta
hostia". También las hay
con sus empleados para
reclamarles
modificaciones sobre las
propuestas que van a
hacer al hoy presidente
murciano o en las que
les informa de sus
gestiones y encuentros.
35 mensajes de móvil.
Los informes de la
Guardia Civil destacan
la existencia de dos
cadenas de mensajes
comprometedores. Por un
lado, los 24 whatsapp
que intercambian De
Pedro con David Conesa,
miembro del equipo de
Pedro Antonio Sánchez,
entre el 21 de octubre y
el 25 del mismo mes.
Buena parte de ellos se
centran en concretar
sendas citas en Madrid y
Murcia. La segunda, son
las comunicaciones vía
imessages entre el
conseguidor y el propio
político del PP. Son
once y se desarrollan
entre el 21 y el 23 de
septiembre. En ellas se
ve el interés del
candidato por reunirse
con "Alex". Finalmente
lo hicieron para
desayunar en un bar
cercano al hotel donde
se alojaba el político
durante una de sus
estancias en la capital.
Seis documentos
digitales. En uno de los
ordenadores intervenidos
durante el registro de
la sede de las empresas
de Alejandro de Pedro
apareció un "informe de
percepción inicial" con
el nombre de Pedro
Antonio Sánchez en la
portada. En el mismo se
examinaba la presencia
del político en Facebook,
Twitter, Youtube y los
buscadores, así como una
serie de
"recomendaciones para
mejorar su imagen y
marca personal. El
documento incluía un
gráfico que destacaba
que el 70% de las
informaciones que
aparecían en Internet
sobre él fueran
"negativas", sobre todo
por los diferentes
procesos judiciales en
los que se había visto
envuelto desde su etapa
de alcalde de Puerto
Lumbreras. Entre ellos,
el ‘caso Auditorio’. En
otro equipo informático,
en este caso el que se
encontró en casa del
experto informático,
apareció el segundo de
estos documentos: un
"informe preventa" en el
que se dejaba constancia
de una reunión que el 11
de junio de 2014 habían
celebrado en Madrid el
político y De Pedro
junto a la entonces
alcaldesa Pilar
Barreiro. En el mismo se
señalaba dicho informe
no gustó al "cliente",
que incluso detectó
fallos. No sería el
último de las mismas
características. De
hecho, se encontraron
otros cuatro. El último
una propuesta como
proyecto “vendido” que
fijaba el precio de los
servicios en 4.600 euros
al mes más IVA.
Tres documentos en
papel. Son los últimos
incorporados a la causa
y, de hecho, no figuran
en el informe que la UCO
entregó en la Audiencia
Nacional en mayo de
2016, sino en uno más
reciente. En concreto,
del pasado 22 de
noviembre. En el mismo
se califican a dichos
documentos de "nuevos
hallazgos" que en
opinión de los autores
"amplían y corroboran"
los indicios sobre las
supuestas
irregularidades
cometidas. Se trata de
tres anotaciones
manuscritas localizadas
en "los puestos de
trabajo" de otros tantos
empleados del experto
informático de la trama.
Pese a que todas ellas
fueron intervenidas
durante los registros de
octubre de 2014 en la
sede en Valencia de las
empresas de este último,
ha sido en estos últimos
meses cuando las han
podido encajar en las
pesquisas.
Tres Declaraciones.
Todas ellas son de la
misma persona, Francisco
Javier Bueno, un
empleado de Alejandro de
Pedro que ejercía de
comercial de sus
empresas y que, por
ello, acompañaba al
experto informático en
sus encuentros con los
clientes. La primera la
realizó como testigo
poco después de las
detenciones de octubre
de 2014. Las dos
siguientes, ya como
investigados. Una, ante
la Guardia Civil, en
abril de 2016. La
última, ante el juez
Eloy Velasco el 5 de
octubre pasado. En todas
ellas, este trabajador
de Madiva Editorial SL
ha mostrado su
disposición a colaborar.
Así su testimonio ha
servido para confirmar
la reunión que De Pedro
mantuvo el 22 de
septiembre de 2014 en el
Hotel Las Artes de
Madrid Pedro Antonio
Sánchez y la hoy
senadora Pilar Barreiro.
Su testimonio también ha
servido a los
investigadores para
confirmar otro
encuentro, este del 24
de octubre en la sede la
Consejería de Educación
entre De Pedro, el
responsable de redes
sociales del entonces
consejero de Educación ,
y en el que se
supuestamente se cerró
definitivamente el
acuerdo. El trabajador
aseguró que ese día les
comunicaron que el
actual presidente
murciano había dado su "Ok"
a los trabajos de
reputación online.
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/07/actualidad/1488879047_012387.html
LA
CAJA B DEL PP DE MADRID,
LA HIDRA DE SEIS CABEZAS
La investigación del
juez Velasco saca a la
luz las diversas vías
del partido para lograr
fondos a través de la
trama
La decisión del juez
Eloy Velasco de requerir
diversa documentación a
la Comunidad de Madrid y
tomar declaración como
imputados dentro del
caso Púnica a dos
antiguos altos cargos
del PP de Madrid de la
etapa de Esperanza
Aguirre y a varios
empresarios ha sacado a
la luz dos nuevas vías
de financiación
supuestamente irregular
de los populares:
Fundescam y el cobro de
mordidas a través de
contratos de publicidad
por actos de
inauguración de obras
públicas. Son las dos
últimas cabezas de una
hidra, la de la supuesta
caja b de la formación,
que ya había mostrado
durante los tres años de
investigación otras
cuatro de sus caras.
La reputación on line.
Es la partida de
supuesta financiación
irregular menos
cuantiosa, apenas varios
cientos de miles de
euros, pero es la que
más repercusión política
ha generado. Políticos
del PP de toda España
desviaron supuestamente
fondos públicos a las
empresas del experto
informático Alejandro de
Pedro para que este
promocionara su imagen
política en Internet.
Uno de ellos, Marcos
Martínez Barazón, que
fuera presidente de la
Diputación de León, ya
ha sido procesado por
ello. Otros, como el
exvicepresidente de la
Comunidad de Madrid,
Salvador Victoria, y su
compañero en el
Ejecutivo, Lucía Figar,
están imputadas, como
también el que fuera
consejero de Industria
de Murcia, Juan Carlos
Ruiz. En esta región, el
presidente, Pedro
Antonio Sánchez, y la
hoy senadora Pilar
Barreiro, están
pendiente de que el juez
Velasco decida si envía
sendas exposiciones
razonadas para que los
investigue el Tribunal
Superior y el Supremo.
Además, la Guardia Civil
mantiene abiertas
pesquisas en otros
municipios, como
Castellón y Gandía
(Valencia). En este
último, un informe de la
UCO señala al que fuera
su alcalde, Arturo
Torró, y al
parlamentario regional
Víctor Soler.
Los maletines. También
ha salido a la luz uno
de los métodos
tradicionales de
financiación ilegal: el
pago en metálico de
comisiones. Una agenda
del exconsejero y ex
número dos del PP
madrileño Francisco
Granados reveló que este
entregó supuestamente al
partido dos millones de
euros procedentes del
empresario Javier López
Madrid, miembro del
consejo de
administración de la
constructora OHL y yerno
del anterior presidente
de esta empresa Juan
Miguel Villar Mir. Los
investigadores -y el
juez Velasco con ellos-
consideran que existen
otras empresas
financiadoras. De hecho,
en el auto dictado en
noviembre de 2015 para
poner en libertad bajo
fianza a Ignacio
Palacios, mano derecha
de Granados y señalado
como su supuesto
testaferro, el
magistrado ya apuntaba a
la presunta entrega de
dinero en efectivo por
parte de mercantiles. En
aquel escrito, se
destacaba el papel
“clave” de este
colaborador del
exdirigente popular
“mediante la recepción
de cantidades en
metálico entregadas por
empresarios”.
Fiestas e
inauguraciones. Waiter
Music SL acaparó durante
años contratos
municipales para
organizar festejos en
una veintena de
localidades de Madrid
gobernados por los
populares. Todo ello,
según la Guardia Civil,
gracias a la estrecha
relación entre su
propietario, José Luis
Huerta, y Granados. En
un reciente informe de
la UCO se destaca que el
primero consiguió “entre
los años 2006 y 2010
contratos con
ayuntamientos gobernados
por el PP por valor de
19.214.514,56 euros”.. A
cambio, la Guardia Civil
considera que Huerta
obsequió con la
organización de diversos
“eventos de carácter
personal” a Granados y a
otros cargos públicos,
pero también al propio
PP, cuyo coste luego era
cargado a las arcas
públicas mediante el
inflado de las facturas
por la organización de
fiestas patronales y
conciertos. Solo en
Valdemoro, la UCO estima
que se desviaron cerca
de 200.000 euros del
erario para sufragar
mítines y actos del PP.
Waiter Music también
organizó los festejos
que acompañaron la
inauguración en 2007 de
dos grandes obras de
ampliación de la red del
Metro de la Comunidad de
Madrid. En este caso,
fueron las constructoras
que recibieron las
adjudicaciones las que
se encargaron de
contratar a la empresa
de la trama, pero el
juez Velasco sospecha
que lo hicieron por
indicación expresa de
Granados.
Encuestas políticas. La
investigación sobre los
supuestos amaños de
contratos a favor de la
sociedad Cofely, filial
del gigante energético
francés GDF Suez, ha
revelado que en
ocasiones la mordida no
era en efectivo sino
mediante la elaboración
de encuestas
electorales. Los
beneficiarios eran
alcaldes, en su mayoría
del PP, aunque también
los había de otros
partidos, como el
socialista de Parla
(Madrid), José María
Fraile. Las empresas que
aspiraban a conseguir
una adjudicación,
encargaban a la
consultora TNS, uno de
cuyos directivos está
imputado, un sondeo de
intención de votos que
se camuflaba como
estudio socioeconómico.
El partido se ahorraba
así el coste del mismo.
Los investigadores han
encontrado indicios de
que esta práctica se
realizó entre 2005 y
2014. Las primeras
estimaciones cifran en
más de 400.000 euros el
coste real de estos
trabajos.
Fundescam. No es la
primera vez que esta
fundación del PP de
Madrid aparece salpicada
por la corrupción. Ya
ocurrió en el caso
Gürtel. Entonces, el
juez Antonio Pedreira
archivó las pesquisas al
considerar que los
posibles delitos
cometidos a través de
ella estaban prescritos.
Ahora, su colega Velasco
ha reactivado esta línea
de investigación que
convierte las donaciones
de empresarios a esta
fundación creada por el
PP durante los años en
que Esperanza Aguirre
presidió la Comunidad de
Madrid en una de las más
prometedoras de las
pesquisas. La misma
surgió tras encontrarse
durante los registros de
la sede de los populares
y en el domicilio del
que fuera su tesorero,
Beltrán Gutiérrez,
documentación que
relacionan las
aportaciones realizadas
por algunos empresarios
con la posterior
adjudicación de
contratos públicos. Uno
de ellos es el
presidente de la
patronal madrileña,
Arturo Fernández, quien
logró contratos públicos
para su empresa de
restauración en
organismos públicos. El
pasado miércoles fue
citado a declarar a la
Audiencia Nacional.
Actos publicitarios. Las
sospechas se centran en
las sociedades Over
Marketing, Traci
Comunicación y Link
América, todas ellas de
empresario argentino
Daniel Mercado. En
concreto, en los
contratos firmados con
ellas por las
consejerías de Sanidad y
Transportes, la
Dirección General de
Justicia y la antigua
empresa pública del
suelo Arpegio, los
órganos de la Comunidad
de Madrid a los que ha
acudido en los últimos
días la UCO para
reclamar facturas. Los
investigadores han
constatado que estas
sociedades acapararon
adjudicaciones para
organizar primeras
piedras y cortes de
cinta en los que se
invertía el 1% del
presupuesto de la obra y
de la que supuestamente
se desviaba una parte
para la supuesta caja B
del PP madrileño.
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/13/actualidad/1489391334_296570.html
EL EXGERENTE DEL PP
MADRILEÑO NIEGA LA
FINANCIACIÓN ILEGAL ANTE
EL JUEZ
El magistrado Velasco
deja a Beltrán Gutiérrez
en libertad sin medidas
cautelares tras tres
horas de declaración
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha
dejado este lunes en
libertad sin medidas
cautelares al exgerente
del PP madrileño Beltrán
Gutiérrez, imputado en
la pieza separada del
caso Púnica sobre la
financiación ilegal del
partido en esta
comunidad. Fuentes
jurídicas han informado
que Gutiérrez ha negado
cualquier tipo de
irregularidad en la
financiación del PP
autonómico durante la
etapa en que Esperanza
Aguirre fue presidenta
regional.
Gutiérrez ha declarado
durante unas tres horas
y ha respondido a todas
las preguntas de todas
las partes, según las
mismas fuentes. El
exgerente ha salido del
edificio judicial sin
ser visto alrededor de
las 13.25. La
investigación de la 14ª
pieza del caso Púnica
permanece bajo secreto
sumarial.
La presunta implicación
de Beltrán Gutiérrez en
el caso Púnica arranca
con unas notas
manuscritas encontradas
en una agenda
intervenida a Francisco
Granados. Los
investigadores -y con
ellos, el juez Eloy
Velasco- sospechan que
las mismas reflejan la
supuesta entrega de
dinero en metálico por
parte de empresarios a
una caja B del PP de
Madrid a cambio de
adjudicaciones. Dichas
notas, en las que
figuraban diversas
cifras e iniciales,
pudieron ser
interpretadas gracias al
constructor David
Marjaliza, que lleva
desde el verano de 2015
colaborando con la
Justicia. En las mismas
aparecían las iniciales
‘BG’, que el que fuera
socio de Granados
relacionó con el
extesorero de los
populares de Madrid,
junto a las de ‘JLM’,
referidas presuntamente
al empresario Javier
López Madrid.
Según dichas
anotaciones, ambos
estaban ligados a la
entrega de 2 millones de
dinero, parte de los
cuales supuestamente se
embolsó el que fuera
secretario general del
PP de Madrid, mientras
el resto nutrió una
contabilidad paralela de
la formación. Una
interpretación que
Beltrán Gutiérrez negó
cuando fue llamado a
declarar, primero, por
la Guardia Civil y, más
adelante, por el propio
magistrado a comienzos
del año pasado. Para
entonces, los agentes de
la Unidad Central
Operativa (UCO) ya
habían registrado su
despacho en la sede del
partido así como su
domicilio, donde se
localizaron diversos
equipos informáticos y
dispositivos de memoria
cuyo contenido es el que
ha provocado las
diligencias ordenadas
por el magistrado las
últimas semanas.
Entre ellas estaban,
precisamente, su toma de
declaración -que tuvo
que ser retrasada el
jueves hasta hoy por la
imposibilidad de su
abogado de asistirla a
la misma-, la del que
fue consejero de
Transportes y presidente
de la Asamblea de
Madrid, Ignacio
Echeverría, y la del
empresario Arturo
Fernández. La UCO
también se personó en
las sedes de varias
consejerías y de la
empresa pública del
suelo Arpegio para
requerir documentación
sobre los contratos de
las mismas con empresas
de publicidad, ante la
sospecha que parte del
1% de las adjudicaciones
que se debía dedicar a
publicitar las obras
acababa supuestamente
desviado a la caja B de
la formación.
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/13/actualidad/1489392798_557351.html
EL FINANCIADOR DEL PP DE
MADRID RECIBIÓ 18
MILLONES EN CONTRATOS
La Guardia Civil
investiga si Over
Marketing desvió al
partido dinero de
adjudicaciones de
publicidad de
ayuntamientos, Comunidad
y empresas
Durante los primeros
cinco años de Gobierno
de Esperanza Aguirre, la
Comunidad de Madrid fue
un negocio de lo más
lucrativo para Daniel
Mercado, el publicista
que competía con la
trama Gürtel. Las
denominadas «operaciones
con terceros» que
constan en las bases de
datos de la Agencia
Tributaria de algunas de
sus empresas le dejaron
al menos 18,5 millones
de euros en ventas de
servicios de publicidad
y marketing al Gobierno
de Aguirre y a alcaldes
del entorno más próximo
a la ex presidenta.
Estos cálculos con el
listado completo de
clientes dejan cortas
todas las cifras
conocidas hasta ahora.
Se trata de operaciones
que muestran cómo la
Comunidad, a través de
sus múltiples (y
desconocidas) agencias,
institutos, fundaciones
y empresas públicas,
otorgaba cada año
millones a este
empresario. La Guardia
Civil investiga si parte
del dinero acabó en el
PP.
Las operaciones con
terceros de cuatro
empresas de Daniel
Mercado, a las que ha
tenido acceso EL MUNDO,
y que obran en poder de
la Fiscalía
Anticorrupción,
demuestran cómo la
Comunidad de Madrid
concedía con especial
fijación contratos a su
sociedad Over Marketing,
ahora bajo la lupa de la
Unidad Central Operativa
de la Guardia Civil
(UCO), de Anticorrupción
y de la Audiencia
Nacional en el caso
Púnica.
Contratos Daniel Mercado
Esta empresa
publicitaria es
sospechosa de ocultar
una presunta
financiación ilegal del
PP de Madrid. Hay que
recordar que este
empresario ya declaró
ante un juez en 2012 que
los contratos públicos
en Baleares, Madrid,
Castilla y León y
Valencia se amañaban,
que hacían regalos a
políticos de la órbita
del PP y que en Madrid
era Alberto López Viejo
(imputado en Gürtel) uno
de los que daba las
órdenes de que se le
contratara.
La suma de facturaciones
de sus empresas Over
Marketing, Traci
Comunicación, Abanico de
Comunicación y Marketing
y Link America ronda los
18,5 millones de euros
entre 2003 y 2008. A
grandes rasgos, se puede
desglosar de esta manera
cómo los políticos del
PP de Madrid repartían
sus inversiones siempre
con este publicista
argentino:
Los alcaldes Bartolomé
González y Esteban Parro
pagaban cada año
COMUNIDAD DE MADRID.
Cada año, el Gobierno
regional, como entidad
propia, gastaba cientos
de miles de euros con
este publicista. Sólo
con Over Marketing:
384.353 euros en 2004,
571.610 en 2005 y
1.455.799 en 2006. Es
decir, en apenas tres
años, la Comunidad pasó
a gastarse el triple de
lo que invertía a
principios de la
legislatura.
Excepto en 2003, año de
la llegada de Aguirre al
poder en Madrid, que la
inversión fue de sólo
4.379 euros, todos los
demás años no bajó de
100.000. Es destacable
además que el mismo
organismo contrataba con
las distintas sociedades
del empresario. Aparte
de a Over, la Comunidad
pagó a las otras tres
empresas escrutadas por
este diario todos los
años, y en casos como el
de Link America, fue su
mejor cliente durante
toda la legislatura.
ORGANISMOS DE LA
COMUNIDAD. Fundaciones,
institutos, agencias y
empresas públicas han
invertido la mayor parte
del dinero en estas
empresas de publicidad.
No faltan las ya
sospechosas Campus de la
Justicia, Arpegio o
Fundescam. Ni tampoco
Mintra (que construyó el
Metro de Madrid) o el
Imade (Instituto
Madrileño de
Desarrollo), al que la
Cámara de Cuentas ya
acusó tras una
fiscalización de no
respetar los principios
de concurrencia en los
concursos públicos y de
haber aumentado su gasto
en publicidad un 706% de
2005 a 2006.
También figuran ventas a
la Agencia Regional para
la Inmigración, la
Agencia Madrileña para
la Emigración, el 112,
la Academia de Policía
Local, el Servicio
Madrileño de Salud, el
Servicio de
Publicaciones Oficiales,
la Sociedad Pública
Turismo Madrid, el
Instituto Madrileño de
Investigación y
Desarrollo Agrario (Imidra)
o Gedesma (empresa
pública de gestión de
residuos, a la que
también investiga la
UCO).
Hay abonos de más de 15
instituciones
dependientes de la
Comunidad de Madrid
AYUNTAMIENTOS
AGUIRRISTAS. Hay tres
corporaciones locales
madrileñas que no
fallaron ni un solo año
a su cita con el
empresario de la
publicidad: Móstoles,
Alcalá de Henares y
Humanes de Madrid. En
2003, Móstoles,
tradicional feudo
socialista, pasó a manos
del popular Esteban
Parro, que se convirtió
para Aguirre en la punta
de lanza del asalto del
PP al llamado cinturón
rojo madrileño, las
ciudades del sur de la
región que
tradicionalmente
gobernaba el PSOE.
Móstoles pagó 483.000
euros a Over en 2005 y
740.000 a Traci
Comunicación en 2008,
entre otras muchas sumas
de cientos de miles de
euros. Además, es
llamativo cómo junto al
Ayuntamiento mostoleño
pagaba cada año su
llamada Empresa
Municipal de Promoción
Económica de Móstoles,
que abonó al menos
100.000 euros anuales,
repartidos entre las
diferentes sociedades de
Daniel Mercado. Lo mismo
hacía el Instituto
Municipal del Suelo de
Móstoles, que pagó
varios años a Over
Marketing. Y su
fundación para celebrar
el bicentenario del
alzamiento contra los
franceses pagó 155.000
euros.
Tampoco fue infiel con
las empresas de
publicidad Bartolomé
González, uno de los más
entregados escuderos de
Esperanza Aguirre,
hombre fuerte dentro del
PP regional hasta su
reciente caída en
desgracia, cuando
diferentes casos
salpicaron su gestión en
el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares -entre
ellos, la contratación
con empresas de Púnica o
la investigación de la
Policía Nacional a
familiares suyos por
cobrar dinero
municipal-. Cada año, su
Gobierno municipal, o su
Empresa Municipal de
Promoción de Alcalá, o
el PP de Alcalá, o el
Ente Público Empresarial
Alcalá Desarrollo,
pagaban a todas las
empresas de Mercado
decenas de miles de
euros. Por ejemplo, sólo
en 2007: 70.000 a Over,
12.000 a Abanico de
Comunicación, 21.000 a
Link America y 12.000 a
Traci Comunicación.
Humanes, peculiar porque
su alcalde popular, José
Antonio Sánchez, llegó
al poder con el apoyo
del PSOE, metió la
desorbitada suma de
50.000 euros en 2004 en
las empresas de Mercado.
Ingente suma para
Humanes, que tiene poco
presupuesto y esos años
no superaba los 15.000
habitantes.
Hay muchos otros
ayuntamientos que
pagaron, como
Alcobendas, Galapagar,
San Sebastián de los
Reyes o Aranjuez (este
último en manos del PSOE
durante esos años). De
todos, el que más pagó,
aunque sólo en 2003, fue
el de Madrid (casi
900.000 euros), que ese
año cambió el Gobierno
de Álvarez del Manzano a
Ruiz-Gallardón. Su
empresa Madrid 2012 para
la promoción de los
Juegos Olímpicos pagó
también más de 70.000
euros.
AYUNTAMIENTOS 'GÜRTEL'.
También pagó el
Ayuntamiento popular de
Majadahonda, donde
estaba Guillermo Ortega,
uno de los preferidos de
Aguirre hasta que le
imputaron en Gürtel. Y
pagó Pozuelo de Alarcón,
con el ex marido de Ana
Mato, Jesús Sepúlveda,
también en Gürtel, y la
Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda
Boadilla, del también
miembro de la trama de
Francisco Correa Arturo
González Panero, El
Albondiguilla.
HOSPITALES. Estos
pasados días se ha
publicado cómo la UCO
investiga si el 1% que
obligatoriamente se
destinaba a publicidad
en los grandes contratos
públicos madrileños se
gastó adecuadamente o
una parte fue a parar a
las arcas del PP. Los
hospitales de Parla, del
Noreste, de Valdemoro,
del Norte, del Sureste,
del Tajo, de la Paz, de
Móstoles, de Majadahonda
y de El Escorial
destinaron grandes
partidas a publicidad en
las empresas de Daniel
Mercado. La UCO pidió
los contratos de esos
hospitales la semana
pasada. Los gastos
varían mucho de un año a
otro, de los casi
530.000 euros del
hospital de Majadahonda
en 2006 a las cuatro
empresas de Mercado, a
los sólo 20.000 de La
Paz en 2007.
http://www.elmundo.es/espana/2017/03/16/58c9b4dbe2704ea70e8b4633.html
CINCO AYUNTAMIENTOS DEL
PP CONTRATARON A LAS
EMPRESAS INVESTIGADAS EN
'PÚNICA' QUE HICIERON LA
CAMPAÑA A SUS ALCALDES
La UCO requisa los
contratos que por más de
cuatro millones otorgó
Móstoles a Over y sus
empresas satélite bajo
el mandato de Esteban
Parro, cuya carrera
hacia la reelección en
2007 preparó ese grupo
Tres de los alcaldes
cuyos consistorios
contrataron al mismo
grupo del que recibieron
impulso electoral
mantienen un escaño en
la Asamblea de Madrid
Cinco ayuntamientos
madrileños del PP
contrataron con dinero
público a las mismas
empresas que en 2007
diseñaron la campaña de
sus candidatos
municipales y cuyas
adjudicaciones públicas
acaba de reclamar el
juez que investiga la
Operación Púnica a la
Comunidad de Madrid.
Sobre los contratos
otorgados por esos
ayuntamientos también ha
puesto el juez Eloy
Velasco la lupa: la
Guardia Civil ya ha
requisado todos los
contratos que otorgó el
ayuntamiento de Móstoles
al grupo Over bajo los
mandatos del conservador
Esteban Parro antes y
después de que ese mismo
entramado condujera su
carrera hacia la
reelección en 2007.
Solo del Ayuntamiento de
Móstoles, ahora
gobernado por los
socialistas e Izquierda
Unida, Over y sus
filiales obtuvieron más
de cuatro millones por
contratos durante los
mandatos del PP entre
2004 y 2011. Los datos
de facturación recabados
por infoLibre proceden
de las declaraciones de
ingresos y pagos -el
llamado Modelo 347-
presentadas cada año
ante Hacienda por Over y
sus empresas satélite.
Los cinco municipios del
PP que adjudicaron
contratos a Over antes,
durante y/o después de
que el grupo hiciera la
campaña municipal de sus
alcaldes o aspirantes en
2007 reportaron en total
al grupo 4,66 millones
de euros.
Como publicó este martes
infoLibre, el grupo Over
Marketing les hizo la
campaña municipal de
2007 a no menos de 12
candidatos del PP
madrileño. Y lo hizo con
un enorme despliegue de
medios del que dejó
constancia en un dossier
que la Policía terminó
encontrando en su sede
durante los registros
del caso Palma Arena.
Over, que solo en el
bienio 2006-2007
consiguió más de seis
millones de euros en
contratos del Gobierno
de Esperanza Aguirre, no
le facturó a su partido
un solo euro en 2007.
Solo en 2004 consta una
"venta" de 9.871 al PP.
Y otra de 55.416 euros
en 2006.
Sí lo hicieron sus
filiales. Pero las
cantidades facturadas al
PP en toda España -el
formulario anual de
declaración de ingresos
y pagos solo ofrece
cifras estatales- por
Traci Comunicación, Link
América y Abanico
Comunicación resultan
tan insignificantes que
podrían calificarse de
simbólicas: 57.625 en
2007, de los cuales más
de la mitad se
correspondían con
facturas giradas al PP
balear, como constató la
investigación de esa
pieza del caso Palma
Arena que ahora se
encuentra pendiente de
juicio.
El PP madrileño solo
anotó en su contabilidad
oficial un pago de
10.440 euros a una de
las filiales de Over, la
empresa Traci
Comunicación SL. ¿Fue
eso todo lo que cobró el
grupo Over? ¿Y si por
hacerles la campaña a 12
candidatos madrileños
cobró mucho más, quién
pagó? Esas preguntas
siguen sin respuesta. En
Baleres, Anticorrupción
sostiene que los
trabajos reales que Over
Marketing y sus
satélites hicieron para
el PP en las campañas de
2007 costaron más de
212.000 euros, lo que
equivale a casi ocho
veces lo que declararon
oficialmente.
El de Móstoles no fue un
caso único. Los
ayuntamientos de
Alcobendas, Majadahonda,
Alcalá de Henares y San
Lorenzo de El Escorial
también otorgaron al
grupo Over contratos
públicos antes, durante
y/o después de que el
equipo que capitaneaba
el empresario Daniel
Mercado se embarcase con
el PP madrileño en la
carrera hacia las
municipales de 2007 con
una campaña que incluyó
el lanzamiento de
vídeos, inserciones
publicitarias, puesta en
circulación de
furgonetas electorales,
edición de folletos y
programas y montaje de
actos.
En 2012, Mercado declaró
ante el juez del caso
Palma Arena, José
Castro, que, además de
en Baleares, también en
Madrid había conseguido
contratos amañados. Su
grupo había conseguido
algo más: hacer doblete
institucional y
partidario con el PP de
Madrid. Si entre los
contratos de la
Comunidad de Madrid y
los de los Ayuntamientos
ingresó no menos de 14
millones entre 2004 y
2011, Mercado apenas
hizo negocio con su
facturación oficial a la
organización que
entonces presidía
Esperanza Aguirre: la
contabilidad regional
del partido solo refleja
un pago de 10.440 euros
a Traci Comunicación SL.
El PP, a cuyos
portavoces comunicó este
diario el lunes por la
mañana el contenido de
la información a la que
había tenido acceso,
sigue sin pronunciarse.
Campañas
institucionales, campaña
partidaria
Bajo la batuta de
Bartolomé González,
alcalde hasta 2012, las
cuatro sociedades del
grupo de Mercado -Over,
Traci Comunicación, Link
América y Abanico de
Comunicación- se
hicieron con contratos
de Alcalá de Henares por
361.434 euros entre 2004
y 2008.
En Alcobendas, donde
Ignacio García de
Vinuesa estrenó alcaldía
en 2007, ocurrió lo
mismo que en Alcalá. Las
filiales de Over
denominadas Traci
Comunicación y Link
América consiguieron
19.082 euros entre 2007
y 2008.
En Majadahonda, donde
Narciso de Foxá tomó el
bastón de mando en 2005
tras la caída en
desgracia de su
antecesor Guillermo
Ortega, ahora procesado
en Gürtel, el
consistorio contrató por
primera vez a Over ese
mismo año de 2005. Luego
adjudicó servicios a
Traci y luego a Link
América. Entre las tres
facturaron al municipio
52.865 euros entre 2005
y 2007.
San Lorenzo de El
Escorial ofrece las
cifras más modestas.
Allí, José Luis
Fernández, revalidó la
alcaldía en 2007 tras la
campaña que, según el
propio dossier elaborado
por la compañía, le
diseñó Over Marketing
con apartado incluido de
"investigación electoral
y conclusiones
estratégicas". Ese mismo
año, Traci Comunicación
le facturó al
consistorio escurialense
6.380 euros.
Una sexta localidad
madrileña, la de
Humanes, se cuenta
también en la lista de
aquellas en las que
concurre la doble
circunstancia de haber
otorgado contratos
públicos al grupo Over y
haber preparado la
campaña del candidato
del PP en 2007. Pero en
Humanes hubo una moción
de censura en 2004 que
desalojó de la alcaldía
al conservador José
Antonio Sánchez, quien
en 2007 repitió como
candidato. Y este diario
ignora si los 48.957
euros facturados en
total en 2004 por Over y
sus filiales Traci
Comunicación, Link
América y Abanico de
Comunicación al
Ayuntamiento de Humanes
se corresponden con
contratos adjudicados
antes o después de que
un tránsfuga diera un
golpe de mano agosto de
ese año.
Hoy, tres de los
alcaldes que utilizaron
los servicios de Over y
sus satélites Traci
Comunicación, Link
América y Abanico de
Comunicación en la doble
vertiente institucional
y partidaria mantienen
un escaño en la Asamblea
de Madrid: Ignacio
García de Vinuesa,
alcalde de Alcobendas;
José Luis Fernández,
regidor de San Lorenzo
de El Escorial.
El tercero es Bartolomé
González, exalcalde de
Alcalá de Henares y
sobre quien la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil ya
señaló en 2016 como
involucrado en los
manejos de la trama
Púnica, sospecha que a
día de hoy no se ha
traducido en una
solicitud formal de
imputación por parte del
juez Eloy Velasco. Como
diputado autonómico,
González goza de
aforamiento ante el
Tribunal Superior de
Madrid (TSJM). Es decir,
ningún otro juez puede
investigarle.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/15/cinco_ayuntamientos_del_contrataron_las_empresas_investigadas_punica_que_hicieron_campana_sus_alcaldes_62513_1012.html
EMPRESAS INVESTIGADAS EN
'PÚNICA' HICIERON LA
CAMPAÑA DEL PP DE MADRID
EN 2007 PERO LA FACTURA
OFICIAL AL PARTIDO FUE
INSIGNIFICANTE
Documentos de Over
Marketing SL a los que
ha tenido acceso
infoLibre constatan que
el grupo que lideraba
Daniel Mercado participó
intensamente en la
campaña municipal de una
docena de candidatos
madrileños
La contabilidad oficial
del partido solo anotó
10.440 euros por
prestación de servicios
y lo hizo a nombre de
una de las empresas
satélite del grupo:
Traci Comunicación
Over Marketing y
Comunicación SL,
cabecera de un grupo de
empresas de publicidad a
las que el Gobierno de
Esperanza Aguirre
adjudicó más de seis
millones solo en el
bienio 2006-2007 y cuyos
contratos acaba de
reclamar el juez que
investiga la
financiación del PP en
el seno de la Operación
Púnica, proveyó de
múltiples servicios a no
menos de 12 candidatos
de la formación en
Madrid durante la
campaña para las
elecciones municipales
de ese último año. Así
consta en un dossier
elaborado por la propia
Over Marketing y al que
infoLibre ha tenido
acceso.
Pese a que el contenido
del dossier resulta
inequívoco sobre su
intensa relación con el
PP madrileño durante la
campaña de 2007, Over
Marketing no declaró a
Hacienda haber facturado
ni un solo euro al
partido. Sí lo hicieron
tres de sus empresas
satélite, que igualmente
habían conseguido
contratos públicos del
Ejecutivo madrileño
aunque de menor cuantía
que los asignados a Over.
Pero la cifra total
anotada por esas tres
compañías en 2007 en
concepto de facturación
dirigida al PP como
persona jurídica global
–es decir, sin
distinción de para qué
organización territorial
se había realizado el
trabajo– se limitó a
57.625 euros, y así lo
certifican documentos
oficiales de Hacienda a
los que ha accedido
infoLibre. De esa
cantidad, sólo 10.440
euros constan en la
contabilidad oficial del
PP madrileño.
Las tres compañías que
emitieron facturas
contra el PP se
denominaban Traci
Comunicación SL, Link
América SL y Abanico de
Comunicación SL. Al
igual que Over, todas
ellas eran propiedad del
arrepentido Daniel
Mercado, quien en 2012
confesó ante el juez
José Castro y el fiscal
anticorrupción Pedro
Horrach que no solo en
Baleares sino también en
Madrid había obtenido
contratos públicos
amañados para su grupo.
El exconsejero Alberto
López Viejo, uno de los
principales procesados
en el juicio sobre
Gürtel que desde octubre
celebra la Audiencia
Nacional, era la figura
clave en esos amaños,
declaró Mercado. La
operativa de ambas
tramas marcha así, al
menos aparentemente, en
paralelo.
Ahora, el juez
instructor de Púnica,
Eloy Velasco, intenta
encontrar respuesta a
una de las grandes
incógnitas planteadas
tras el hallazgo de
documentos
comprometedores en el
domicilio del anterior
gerente del PP
madrileño, Beltrán
Gutiérrez, que este
lunes declaró de nuevo
en la Audiencia
Nacional. Esa incógnita
es la de si el PP pagó
servicios electorales
bien con dinero de las
administraciones, bien
con cantidades abonadas
mediante facturas falsas
por grandes
adjudicatarios de
contratos públicos.
10.440 euros, el único
rastro en la
contabilidad del PP
madrileño
De los 68.065 euros
notificados a Hacienda
por las tres filiales de
Over durante el bienio
2006-2007 en concepto de
trabajos para el PP,
solo hay rastro de
10.440 en la
contabilidad oficial del
PP madrileño.
La organización que
entonces presidía
Esperanza Aguirre los
anotó en 2006 como
facturados por Traci
Comunicación SL y los
mantuvo en la casilla
del “haber” hasta que en
2008 se incorporaron a
la del “debe”, lo que
apunta a que fue
entonces cuando la deuda
quedó saldada.
Así figura en el balance
remitido cada ejercicio
al Tribunal de Cuentas
por la dirección
nacional del partido y
que incluye las cuentas
de las diferentes
organizaciones
territoriales. La cifra
contabilizada por el PP
madrileño se corresponde
al milímetro con la
total que ese mismo
ejercicio de 2006
declaró Traci a Hacienda
en concepto de servicios
prestados al PP en su
conjunto.
Como todos los partidos,
el PP posee un solo
Código de Identificación
Fiscal (CIF). Ese factor
explica que el Modelo
347 –el formulario que
refleja el volumen total
de facturación endosado
a un mismo cliente
siempre que el importe
supere los 3.000 euros
anuales– no permita
saber qué organizaciones
territoriales del PP
contrajeron el
compromiso de pagar
aquellos 57.625 euros.
Pero la investigación
abierta en Palma por el
amaño de contratos a
favor de Over Marketing
y su participación en
los manejos de
financiación del
partido, entonces bajo
la batuta de Jaume
Matas, ya ha confirmado
un dato esencial: que de
todo lo facturado al PP
por el conglomerado Over
en el bienio 2006-2007
(123.481 euros), 35.000
euros se corresponden
con facturas emitidas
contra el partido en el
archipiélago por la
campaña de 2007.
Una deuda más que exigua
Lo anterior significa
que, incluso si los
conservadores solo
hubiesen encargado sus
campañas a Over y sus
filiales en Baleares y
Madrid –y no fue así,
dado que tuvo presencia
en otras cuatro
comunidades–, el partido
que dirigía Esperanza
Aguirre habría podido
computar en esos dos
años 88.000 euros en
calidad de deudas
contraídas con el grupo
de Daniel Mercado. Según
Over Marketing, la
empresa asignó a la
campaña de 2007 nada
menos que 49 personas.
En principio, las deudas
asumidas con Over y/o
sus filiales por el PP
madrileño habrían sido
las generadas por los
trabajos para impulsar
las campañas de 12
aspirantes a otras
tantas alcaldías de la
Comunidad. Entre esos
candidatos figuraban
quienes pretendían
revalidar o conseguir el
bastón de mando en
municipios políticamente
relevantes como
Móstoles, Alcalá de
Henares, Leganés,
Alcobendas, Alcorcón,
Majadahonda y Pinto.
infoLibre explicó este
lunes por la mañana el
contenido de los datos
que obran en su poder a
los portavoces oficiales
de Esperanza Aguirre,
ahora líder municipal
del PP en Madrid; a los
de la ya virtual jefa
del partido en la
Comunidad, la presidenta
Cristina Cifuentes; y a
los portavoces de la
dirección nacional.
Ninguna de las partes
accedió a pronunciarse.
Los portavoces de Génova
dijeron no estar en
condiciones de verificar
los datos este mismo
lunes y aconsejeron
trasladar la consulta al
PP madrileño; el equipo
de Aguirre, que dirigía
el Gobierno autonómico y
la organización regional
del partido en el
momento de los hechos,
remitió a la actual
organización del PP; y
el de Cifuentes, que
acaba de desembarcar en
la jefatura del PP
madrileño, anunció que
intentará contrastar los
datos aunque sin
prometer fecha.
De los vídeos de Aguirre
a las “pepenetas” de
campaña
Que la participación de
Over Marketing y/o sus
filiales de facto en la
campaña del PP madrileño
de 2007 fue intensa lo
acredita un dossier
elaborado por la propia
compañía y que la
Policía encontró en su
sede durante los
registros del caso Palma
Arena. Bajo el título
“Over MCW. Memoria de
trabajos realizados
elecciones autonómicas y
municipales 2007”, el
dossier detalla cuántos
vídeos, folletos,
postales electorales,
montaje de actos e
incluso puesta en
circulación de
furgonetas de campaña
–las pepenetas– realizó
el grupo para el PP
madrileño y para otras
organizaciones
territoriales.
El extenso apartado
relativo a Madrid, cuyas
páginas reproduce ahora
infoLibre, se abre con
varios fotogramas del
“vídeo de apoyo a los
candidatos municipales”.
Y quien aparece en esos
fotogramas es Esperanza
Aguirre.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/14/empresas_investigadas_punica_hicieron_campana_del_madrid_2007_pero_facturaron_una_cantidad_insignificante_62465_1012.html
LA EMPRESA INVESTIGADA
EN 'PÚNICA' POR LA
FINANCIACIÓN DEL PP
ADMITIÓ QUE LE HACÍA
ACTOS GRATIS AL PARTIDO
El dueño de Over
Marketing declaró que no
pagaba comisión a
quienes le daban
contratos amañados, pero
que “quizá el beneficio
que pudieran obtener”
era que “no les
facturasen las
totalidades" de las
campañas
El grupo Over hizo en
2007 las campañas de
candidatos a alcaldes de
Madrid, Baleares,
Galicia, Castilla y
León, Valencia y Murcia,
además de la de Floriano
en Extremadura
Solo declaró haber
facturado al PP aquel
año 57.625 euros
Daniel Mercado, dueño
del grupo Over Marketing
y cuyos contratos de
publicidad con la
Comunidad de Madrid –9,8
millones entre 2004 y
2008, como adelantó
infoLibre– investiga el
juez del caso Púnica en
la pieza secreta sobre
financiación del PP,
admitió en 2012 ante la
Fiscalía Anticorrupción
que había cubierto actos
del PP por los que no
cobró “absolutamente
nada”. Así consta en una
de sus declaraciones por
el caso Palma Arena,
donde afloraron los
primeros indicios de
financiación ilegal
vinculados a su grupo,
los del PP balear.
Fuentes jurídicas
aseguran que las
declaraciones prestadas
por Mercado en esa causa
ya están en manos del
juez instructor de
Púnica, Eloy Velasco.
Daniel Mercado, que
durante años manejó las
riendas de Over, Traci
Comunicación, Abanico
Comunicación y Link
América, respondió en
esos términos durante
uno de los
interrogatorios en una
de las piezas del caso
Palma Arena cuya
apertura de juicio acaba
de dictar el juez José
Castro. Tras relatar que
no solo en Baleares sino
también en la Comunidad
de Madrid había obtenido
contratos amañados con
intervención directa del
exconsejero Alberto
López Viejo, ahora
procesado en Gürtel, el
fiscal Pedro Horrach
preguntó al empresario
qué beneficio tenían a
título personal quienes
le contrataban
irregularmente. El
empresario respondió que
nunca había pagado
comisión alguna. Pero
añadió lo siguiente:
“Que quizás el beneficio
que pudieran obtener las
personas que le
contratasen es que no
les facturasen las
totalidades de los
costes de las dos
campañas electorales del
PP del año 2003 y 2007”.
Y prosiguió así: "Que
aparte de las campañas
electorales Over ha
cubierto actos a los que
han acudido líderes del
PP por los que no ha
cobrado absolutamente
nada, por lo que
entiende el declarante
el beneficio lo ha
obtenido el Partido
Popular".
Durante varios años,
Over envió obsequios
navideños a políticos de
las administraciones del
PP con las que mantenía
contratos. Entre ellos
figuraba el entonces
vicepresidente de
Madrid, Ignacio
González. Entre 2003 y
2007, González, que
luego sucedió a Aguirre
en la presidencia de la
Comunidad y ahora está
retirado de la política,
recibió regalos como
"billeteras y llaveros
de Loewe", y así lo
admitió en noviembre de
2012 una portavoz del
dirigente madrileño.
Una campaña extensa y
muy barata
Como publicó el martes
infoLibre, el grupo Over,
al que también
pertenecían otras tres
empresas satélite, hizo
en 2007 la campaña de 12
candidatos municipales
del PP madrileño. Pero,
como servicios prestados
por el grupo, la
contabilidad oficial del
PP madrileño solo anotó
ese año 10.440 euros. Lo
hizo junto al nombre de
una de las filiales de
Over, Traci Comunicación
SL. Esa cifra ya
aparecía en el balance
del PP madrileño
correspondiente a 2006.
Y se mantuvo hasta 2008.
En 2007, las cuatro
empresas del grupo –Over,
Traci Comunicación, Link
América y Abanico de
Comunicación–
notificaron a Hacienda
que habían facturado al
PP por servicios
prestados en toda España
57.625 euros.
En mayo de ese año se
celebraron elecciones
municipales en todo el
país y autonómicas en la
mayoría de las
comunidades. De su
actuación en esas
campañas Over dejó tras
sí un dossier que la
Policía terminó
encontrando en su sede.
Es esa memoria la que
constata que, además de
la campaña para el PP de
Madrid y la del PP
balear, el grupo impulsó
en 2007 la carrera
municipal de otros
candidatos locales del
partido en Galicia,
Castilla y León,
Valencia y Murcia así
como la de Carlos
Floriano hacia la
Presidencia de la Junta
de Extremadura.
Portavoces oficiales de
la dirección nacional
del PP aseguraron que
Floriano conoció en
algún acto del partido
al dueño de Over y que a
partir de ahí se inició
su colaboración para la
campaña autonómica.
La memoria de trabajos
electorales
desarrollados por Over
para el PP en 2007
detalla qué candidatos
locales, además de los
madrileños sobre los que
ya informó este diario
el miércoles, contaron
con el apoyo de la trama
societaria que dirigía
Mercado.
En Galicia, Carlos
Negreira, alcalde de A
Coruña entre 2011 y
2015; Telmo Martín, que
optaba al bastón de
mando de Sanxenxo
(Pontevedra), el
ourensano Enrique Nóvoa,
Juan Juncal, que en 2007
no logró revalidar la
alcaldía de Ferrol, y
Joaquín García Díez, que
había sido alcalde de
Lugo.
En Castilla y León,
Valencia y Murcia, Over
hizo campaña por
“candidatos que partían
de situaciones
específicamente
complejas”, dice el
dossier. Fueron las
castellanoleonesas
Celinda Sánchez
(Palencia) y Beatriz
Escudero (Segovia),
ninguna de las cuales
logró imponerse al PSOE;
los valencianos Ana
Kringe (Denia), que
perdió en las urnas pero
se hizo finalmente con
la alcaldía gracias a un
tránsfuga, y Manuel
Pérez, que sí obtuvo la
mayoría en Benidorm. En
Murcia, Over hizo
campaña por Juan Miguel
Benedito (Yecla) y Pedro
Chico (Bullas).
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/17/la_empresa_investigada_punica_por_financiacion_del_admitio_que_hacia_actos_gratis_partido_62653_1012.html
GRANADOS PIDE AL JUEZ
QUE LLAME A DECLARAR A
ESPERANZA AGUIRRE Y AL
HOMBRE FUERTE DE
CIFUENTES
El exconsejero da un
paso más en su
estrategia para repartir
culpas y se presenta
como “colaborador de la
Justicia”
Francisco Granados va un
paso más allá y, tras su
carta dedicada a
Esperanza Aguirre y su
solicitud de que se
investiguen hasta siete
empresas y sus vínculos
con Valdemoro y las
adjudicaciones de
vivienda pública de
Arpegio, acaba de
presentar un escrito
dirigido al juez del
caso Púnica, Eloy
Velasco. En dicho
documento, al que ha
tenido acceso
ELPLURAL.COM, le pide
que llame a declarar a
la expresidenta de la
Comunidad de Madrid, al
actual hombre fuerte de
Cristina Cifuentes y
varias decenas de
dirigentes del Partido
Popular, entre los que
se encuentran varios
exconsejeros de su etapa
en el Gobierno de la
Comunidad de Madrid.
El documento, del que se
había rumoreado su
existencia pero que no
ha sido registrado hasta
este miércoles, tiene
algunas curiosidades. La
abogada de Granados
arranca diciendo “que el
pasado día 21 de los
corrientes tuvo lugar la
primera declaración
voluntaria de mi
mandante”. Granados
declaró ante el juez
antes de Navidades, el
21 de diciembre, pero el
documento lleva firma
del 15 de marzo, por lo
que habría estado
preparado desde hace
meses.
La oportunidad de
presentarlo ahora, justo
después de que se diera
a conocer su carta a
Esperanza Aguirre y a
las puertas del Congreso
regional del PP de
Madrid no parece pues
casual. Sobre todo
teniendo en cuenta que
llama a declarar a uno
de los hombres fuertes
de Cifuentes, Jaime
González Taboada.
El texto sigue con la
autoproclamación de que
Granados –y su abogada-
son “colaboradores de la
Justicia” y declaran su
“propósito de que se
puedan llegar a conocer
todos los datos
referentes a los hechos
investigados”.
Por ello, pide que se
llame a declarar a
Esperanza Aguirre para
que “explique el papel”
de Granados en su
Gobierno y “qué
influencia pudo ejercer
sobre la gestión de
otros consejeros”, así
como su papel en las
adjudicaciones de
colegios públicos y en
el PGOU de Valdemoro. Y
requiere a la lideresa
para que aclare “si los
altos cargos de su
Consejería lo fueron por
decisión suya, en
calidad de Presidenta,
por ser de su
confianza”.
También, como decimos,
pide la comparecencia de
Jaime González de
Taboada, actual número
tres de Cristina
Cifuentes como consejero
de Medio Ambiente y
Ordenación del
Territorio y a quien el
socio de Granados, David
Marjaliza, acusó de
“mangonear” en el Plan
Prisma para llevarse
mordidas. Granados le
cita para que
“desmienta” dichas
acusaciones y
“manifieste si conoce de
la existencia de pagos
de comisiones
referidas”.
Además, le reclama como
presidente de Nuevo
Arpegio para que
manifieste “si le consta
que dicha mercantil
colabora con la Justicia
o si, por el contrario,
pone trabas como al
parecer viene
sosteniendo el
Ministerio Público; e
indique si le consta que
algún empleado de Nuevo
Arpegio le ha
manifestado temor a
sufrir represalias o
presiones para no
colaborar con la
Justicia”.
Además, Granados ha
pedido que declaren
Mariano Zabía, Beatriz
María Elorriaga y Ana
Isabel Mariño, todos
exconsejeros de Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio, para que
aclaren el
funcionamiento de
Arpegio y se comparen
sus actuaciones con las
que realizó él al frente
de esta empresa pública.
Y solicita citar a
Santiago Fisas,
exconsejero de Cultura,
para que aclare “si fue
él quien se encargó de
patrocinar el evento
titulado “TheNight of
theProms” y si el Sr.
Granados tuvo algún tipo
de participación o
relación con dicho
evento”.
Además, Granados ha
exigido que declare
Pedro Castro, exalcalde
socialista de Getafe, y
a su exconcejal de
Urbanismo para que
“informen acerca de si
ellos dos se encargaron
de negociar el consorcio
“Los Molinos-Buenavista”
con la Consejería de
Urbanismo y Don Ignacio
González”.
Pero Granados también
tiene hueco para
dirigentes municipales
de su partido. Pide que
declare Juan Soler,
exalcalde del PP en
Getafe, imputado en el
caso del Teatro, para
“que manifieste si en el
curso de su mandato como
Alcalde del municipio de
Getafe recibió alguna
comisión del Sr. David
Marjaliza”.
Y al exalcalde de Alcalá
de Henares y hombre de
confianza de Esperanza
Aguirre, Bartolomé
Giménez para “que aclare
si es cierto que recibió
60.000€ del Sr.
Marjaliza, en el curso
de su mandato”.
http://www.elplural.com/politica/2017/03/15/granados-pide-al-juez-que-llame-declarar-esperanza-aguirre-y-al-hombre-fuerte-de
CARTA DESDE LA PRISIÓN
DE ESTREMERA. GRANADOS A
ESPERANZA: “TÚ MANDABAS
EN TODO, NO ENTIENDO QUE
NO DESMIENTAS LA CAJA B”
OKDIARIO publica en
exclusiva una carta
escrita por Francisco
Granados desde la cárcel
madrileña de Estremera
dirigida a Esperanza
Aguirre en la que le
pide que desmienta
públicamente que
existiera “financiación
ilegal del PP de Madrid”
en el marco de la trama
Púnica.
La misiva, escrita de
puño y letra por
Granados en 6 folios,
color verde Esperanza,
tiene fecha 13 de marzo
y comienza así: “Querida
Esperanza. Te escribo,
después de dos años y
medio en prisión
preventiva, para
trasladarte algunas
reflexiones sobre la
llamada, con fines
exclusivamente
mediáticos, ‘Operación
Púnica’ y tu reacción
ante todo lo que está
pasando”.
“Sabes que, con mis
defectos, siempre he
dado lo mejor de mí
mismo por Madrid y por
los principios y valores
que compartimos. Y,
aunque después de tanta
basura como se ha
esparcido suene
increíble, te aseguro
que jamás he ‘metido la
mano en la caja’ y que
soy inocente. Y, como me
conoces bien sabes que
lo voy a pelear hasta el
final”. A continuación,
añade rotundo: “‘Ningún
ataque sin respuesta’,
¿te acuerdas?”.
“Pero no me he decidido
a escribirte por esto,
sino por tu reacción, o,
mejor dicho, tú no
reacción ante las
acusaciones de
‘financiación ilegal’
del PP de Madrid. Esa no
es la forma de actuar de
la Esperanza que los
afiliados del PP de
Madrid conocen”.
Después recuerda como
hace dos años y medio
registraron su casa y se
llevaron una libreta muy
antigua en la que
apuntaba ideas para no
olvidarse. “Ahí había
unas notas sobre actos
del PP que hicimos en
las Juntas Locales de
Madrid. Recordarás que
casi todas eran en las
sedes a las que a veces
ibas tú, y otras yo u
otros cargos del partido
o del gobierno”.
“Yo anoté como tantas
veces, el nº de
asistentes previsto,
quién se encargaba de
movilizar a los
afiliados, y cosas así.
Pues bien, la
interpretación absurda
de esas notas, que no
dicen nada más, que no
reflejan dinero ni nada
por el estilo, llevaron
al registro de la sede
del PP de Madrid hace ya
un año y a la imputación
de nuestro gerente
regional (Beltrán
Gutiérrez)”.
A continuación, afirma
tajante: “Tú decidiste
entonces dimitir. Según
explicaste, habías
cometido un error ‘in
vigilando’!!!
¿Significaba eso que
admitías que, contigo de
Presidenta pudo haber
financiación ilegal
irregular, pero que, en
todo caso tú no te
enteraste? Quiero pensar
que no, pero el hecho es
que nunca lo has
aclarado y que esa duda
ha quedado en el
ambiente”.
“Una de tus frases
preferidas eras ‘Todo se
puede delegar menos la
supervisión'”
“Una de tus frases
preferidas”, prosigue,
“que tantas veces has
repetido como consejo
es: ‘Todo se puede
delegar menos la
supervisión’. Y todos
los que hemos trabajado
contigo sabemos que
siempre has actuado así.
Absolutamente nada, ni
el en el Partido, ni en
el Gobierno, se ha hecho
jamás sin que tú lo
ordenaras o, al menos,
dieras el visto bueno.
Todo el que ha estado a
tus ordenes lo sabe. Más
aún, era más que
habitual que tú
despacharas con cargos
intermedios del Gobierno
para tomar decisiones
‘puenteando’ a sus jefes
orgánicos”, sentencia
Granados.
“Por eso”, matiza, “me
sorprendió tanto lo de
falta ‘in vigilando’ en
vez de proclamar la
verdad, que bajo tu
mandato la financiación
del PP siempre se ha
ajustado a la Ley”. El
ex dirigente popular
asegura creer en “la
honestidad” del gerente,
el tesorero, el contable
y de “todos los que se
han encargado de esos
asuntos en el PP de
Madrid”.
“Ha pasado más de un año
desde el registro de la
sede y tu dimisión y
nadie ha pedido
TRANSPARENCIA en las
actuaciones. No es
aceptable que en
Democracia, en un Estado
de Derecho, la policía
registre la sede del
principal partido del
país, se cree una crisis
política en Madrid sin
precedentes, y se
extienda un manto de
duda de este calibre, y
nadie pida, y nadie dé,
ninguna explicación de
en base a qué hechos
objetivos se tomado esa
decisión”.
“La financiación ilegal
del PP de Madrid es una
enorme falsedad”
Granados destaca que las
últimas informaciones
sobre la presunta
financiación ilegal del
PP de Madrid son una
“enorme FALSEDAD.
Sencillamente es
mentira, los madrileños
en general y los
afiliados al PP en
particular necesitan que
tú se lo digas.
Necesitan que tú exijas
públicamente ‘luz y
taquígrafos’. Que se
diga quién, cuándo,
cuánto y cómo se
desviado ese dinero y
que pruebas hay. Yo
estoy muy tranquilo,
porque sé que eso no se
ha hecho, que ni los
consejeros de esas
áreas, ni los
funcionarios, ni los
empresarios, ni las
personas del partido han
cometido ninguna
irregularidad”.
Después hace referencia
a la instrucción del
juez Eloy Velasco en la
trama Púnica: “Creo que
alguien debería decir de
una vez que las causas
generales, las
investigaciones
prospectivas y cuatro
años de secreto de
sumario son
incompatibles con la
Constitución Española.
Yo llevo sometido a una
causa general sobre mi
vida cuatro años, pero
ahora también la está
sufriendo el PP y tus
años al frente del
Gobierno de la CAM”.
Finalmente, Granados se
despide de Esperanza
Aguirre: “Estoy seguro
de que en defensa de tus
principios y valores, y
sobre todo, porque se lo
debes a los millones de
ciudadanos que confían
en ti, harás lo que más
convenga para que se
aclare la verdad y se
haga Justicia. Un beso,
Paco G.”.
https://okdiario.com/investigacion/2017/03/15/granados-esperanza-mandabas-no-entiendo-no-desmientas-caja-b-827391
GRANADOS DA AL JUEZ UN
LISTADO DE EMPRESAS PARA
QUE LAS INVESTIGUE
Desde prisión, el
exconsejero apunta a las
adjudicaciones de
Vivienda en Valdemoro y
a los polígonos
industriales
La actividad frenética
de Francisco Granados en
la cárcel de Estremera
no se limita a la
escritura de cartas a
sus amigos y enemigos,
ni a sus peticiones de
que vaya a declarar
Esperanza Aguirre o
Eduardo Inda. El
considerado cabecilla de
la trama Púnica, dentro
de su estrategia de
mostrarse como
colaborador de la
Justicia, ha remitido
también al juez del
caso, Eloy Velasco, un
nuevo escrito en el que,
sin entrar en muchos
detalles, le reclama que
investigue las
adjudicaciones de
vivienda a siete
empresas, así como las
propiedades de dichas
sociedades en Valdemoro.
Francisco Granados, cuya
extensa biografía se
puede consultar en
nuestra web colaboradora
Los Genoveses, arranca
su escrito recordando su
“actitud de colaboración
con el Juzgado” para
reclamar varias
“diligencias de
pruebas”.
La primera de ellas es
que se dirija a la
entidad Arpegio,
fundación presidida por
Granados y que está
investigada en la Púnica
por ser un instrumento
“para hacer favores” con
dinero público, según
confesó Elisa de la
Nuez, la persona
contratado por Esperanza
Aguirre para “poner
orden” tras el paso de
Granados.
El exconsejero de
Aguirre reclama que
Arpegio emita “un
informe” sobre “las
adjudicaciones de
vivienda realizadas en
el periodo 2001 a 2004”
a siete empresas:
Himalaya S.L., Hilday
S.L., Tuvalu S.L.,
Servicios Logísticos
Inmobiliarios S.L,
Servicios Patrimoniales
Obras y Vías S.L., TPC
S.L. y Obras y Vías S.A.
Además, requiere que se
dirija al Ayuntamiento
de Valdemoro, que
gobernó durante cuatro
años, para que consiga
una “relación completa
de los propietarios” de
varios sectores de
polígonos industriales
de la localidad cuando
se aprobó el Plan
General de Ordenación
Urbana local, en 2004,
justo cuando él dejó la
Alcaldía.
Dentro de esta petición,
también reclama un
“listado completo de las
adjudicaciones del suelo
público y de servicios
públicos realizados en
el periodo 1999 a 2003,
en concreto el periodo
en el que fue alcalde.
Finalmente, solicita al
juez que pida al
registrador de la
Propiedad de Valdemoro
“las propiedades que,
durante los años 2001,
2002, 2003 y 2004”
tuvieron las misma siete
empresas que citaba
anteriormente.
Cartas desde prisión
En los últimos tiempos,
Granados ha demostrado
que, quizás por el
tiempo libre del que
disfruta en prisión, es
un prolífico escritor.
Además de los continuos
escritos que manda al
juzgado, -ora para
presentarse como
colaborador de la
Justicia, ora para
solicitar declaraciones
sorpresa en las que
nunca acaba de tirar de
la manta-, también se ha
destacado por sus
cartas.
Este miércoles se ha
conocido la que ha
enviado a su antigua
mentora, Esperanza
Aguirre, que ahora le
considera alguien que le
“ha salido rana”. Él
mismo lo recuerda en la
misiva que se extiende
por seis folios llenos
de halagos y nostalgia
por todo lo que “hemos
trabajado, reído,
llorado y compartido mil
confidencias”.
Pero, sin embargo, entre
tanta línea, esconde un
misil a su línea de
flotación, recordándole
que su defensa de que
falló “in vigilando” no
se sostiene pues la
filosofía de Aguirre era
“todo se puede delegar
menos la supervisión”. Y
subraya que
“absolutamente nada, ni
en el PP ni en el
Gobierno, se ha hecho
jamás sin que tú lo
ordenaras”, hasta el
punto de reunirse con
las decenas de cargos
intermedios –“todos
habían sido nombrados
por ti”- incluso
“puenteando a sus jefes
orgánicos”.
La otra carta famosa fue
la que dirigió al
director de La Razón,
Francisco Marhuenda,
después de que éste
insinuara que Granados
era “un paleto de
Valdemoro”. En esa
carta, Granados insinúa
que Marhuenda tiene una
nave en un polígono de
la localidad porque
acudió “a este paleto de
Valdemoro para que te
pusiera en contacto con
el alcalde (también
imputado) a ver si te
encontraba algún
chollo”. Y le pregunta
“¿puedes explicar por
qué te aprovechaste de
tus contactos políticos
para fines espurios?
¿cuánto te ahorraste?
¿pagaste comisión o
mordida a alguien?”.
http://www.elplural.com/politica/2017/03/15/granados-da-al-juez-un-listado-de-empresas-para-que-las-investigue
VALDEMORO. LOS SEIS
PASOS PARA AMAÑAR UNA
ADJUDICACIÓN DE 61
MILLONES
Un informe de la UCO
recién incorporado al
sumario del 'caso
Púnica' detalla los
pasos que siguió la
trama para hacerse con
un contrato del
Ayuntamiento de
Valdemoro
Llamadas de teléfonos,
correos electrónicos,
reuniones, facturas
falsas, dinero negro
para pagar sobornos y
más de un año de
gestiones en la sombra.
El último informe
entregado por la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil al
titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
dentro del caso Púnica
detalla de manera
pormenorizada todos los
pasos que la trama
siguió para amañar la
adjudicación de un
contrato de eficiencia
energética de 60,8
millones de euros en el
Ayuntamiento de
Valdemoro. El documento
policial destaca que
para ello hizo falta la
presunta participación y
connivencia de, al
menos, 21 personas,
entre empresarios y
funcionarios públicos.
La Guardia Civil destaca
que fue el mismo
mecanismo que la red
utilizó en otros
consistorios de la
Comunidad de Madrid para
hacerse de modo
irregular con concursos.
1. Acceso privilegiado a
datos. En octubre de
2012, 14 meses antes de
que se firmara el
contrato de eficiencia
energética en el
Ayuntamiento de
Valdemoro y la filial
española de Cofely-GDF
Suez, dos de los
principales implicados
en la trama
intercambiaron el primer
correo electrónico
presuntamente dirigido a
amañar este concurso.
Pedro García, directivo
de la compañía y
señalado por la
investigación como uno
de los supuestos
muñidores de las
irregularidades, cruzaba
en aquellas fechas
varios mensajes con el
constructor David
Marjaliza, socio de
Francisco Granados y
ahora colaborador de la
Justicia, en los que
este último facilitaba
al primero "los datos de
facturación del
Ayuntamiento de
Valdemoro” que iban a
servir para elaborar de
manera irregular los
pliegos para decidir la
adjudicación. Entre esa
información, el informe
de la UCO destaca que
figuraban las claves de
acceso que se utilizaban
en el Consistorio para
consultar las facturas
de consumo de energía de
los diferentes edificios
municipales, conocer el
número total de
contadores o saber
cuántas farolas había en
la localidad. Unos datos
clave para preparar la
oferta de un concurso
que aún tardaría meses
en hacerse público.
2. Manipulación de la
consultoría previa. La
investigación ha
permitido determinar que
Cofely envió toda esa
información recabada
gracias a "funcionarios
y responsables de dicho
Ayuntamiento" a una
tercera sociedad, en
este caso Consultoría
Lumínica, para que esta
elaborase para el
consistorio la
obligatoria auditoria
previa y que ésta fuera,
además, a medida de los
intereses de la
multinacional. La UCO
considera que esta
sociedad era, en
realidad, un tentáculo
de Cofely, con la que
colaboraba desde hacía
tiempo y que por este
trabajo supuestamente
recibió 8.000 euros. Eso
sí, para difuminar dicha
dependencia, los cobró
utilizando empresas
interpuestas. En este
caso, Ruta Energética,
del constructor David
Marjaliza. Este
adelantaba en primera
instancia el dinero para
posteriormente emitir
facturas falsas a Cofely
por la realización de
trabajos inexistentes
para recuperar dichos
fondos y, además, cobrar
su comisión por su labor
de intermediario con el
Ayuntamiento, donde los
agentes destacan que el
hoy arrepentido tenía
gran “influencia”.
3. Pliegos a medida. En
noviembre de 2012, nueve
meses antes de que se
anunciase el concurso,
el directivo de Cofely
Pedro García envió a
Marjaliza borradores de
los pliegos y los anexos
que debía publicar el
Ayuntamiento de
Valdemoro para convocar
el concurso. Era el
inicio de una cadena de
mensajes que, según la
UCO, ponía de manifiesto
que en la confección de
dicha documentación
técnica estaban
trabajando empleados de
la multinacional junto a
varios técnicos y cargos
de confianza del propio
consistorio, que en
algunos momentos llegan
a prescindir de la
intermediación de García
y Marjaliza para tratar
directamente entre ellos
cuestiones concretas de
los pliegos. Las
investigaciones han
revelado al menos dos
"reuniones físicas"
entre un funcionario del
Ayuntamiento y
trabajadores de Cofely
varios meses antes de
que se convocase el
concurso para la
elaboración de dicha
documentación técnica.
4. Minusvalorar la
oferta económica. Esos
correos electrónicos y
reuniones se tradujeron
en una coincidencia casi
total “en formato y
contenido” entre los
pliegos que finalmente
publicó el equipo de
gobierno de Valdemoro,
entonces encabezado por
el popular Jose Carlos
Boza Lechuga, hoy
imputado, y los que
había remitido Cofely.
En este punto, el
informe de la Guardia
Civil destaca que "el
hecho de que una empresa
participe en la
confección de unos
pliegos para más
adelante participar en
la licitación del
concurso está
expresamente prohibido".
Con ello, la
multinacional consiguió
incluir en los mismos
una fórmula entre los
criterios objetivos de
adjudicación que a la
hora de decidir el
ganador del concurso
restaba de manera
significativa
importancia al precio de
la oferta económica
para, de este modo,
aunque la de Cofely
fuese la más cara,
seguir siendo la
ganadora. Una maniobra
que, según destaca el
informe, la trama
también utilizó
supuestamente en
municipios como Parla,
Serranillos del Valle,
Collados Villaba y
Almendralejo, entre
otros.
5. Evitar a los
interventores
municipales. El análisis
policial de la
documentación también ha
revelado que los pliegos
presuntamente elaborados
por la trama y
posteriormente
utilizados por el
Ayuntamiento contenían
otras irregularidades
con el supuesto objetivo
de eludir el control de
los interventores
municipales. Así, el
informe de la UCO
destaca que se
incluyeron de manera
intencionada en el
Pliego de Prescripciones
Técnicas (PPT) algunas
cláusulas sobre revisión
de precios, subrogación
de personas, criterios
de adjudicación y
solvencia económica que
debían haber figurado en
el Pliego de Cláusulas
Administrativas y
Prescripciones (PCAP).
De este modo, la trama
evitaba que las mismas
fuesen sometidas al
escrutinio de los
interventores del
Ayuntamiento, que
hubieran puesto serias
objeciones al concurso.
Uno de ellos era el
criterio de solvencia,
que figuraba definido en
el PPT con "unos
requisitos difíciles de
cumplir para otras
empresas del sector
diferentes a Cofely".
Una manera de evitar la
competencia, en opinión
de los investigadores.
6. Desviar dinero
municipal para sobornos.
La Guardia Civil pone
especial énfasis en la
cláusula del pliego que
permitía a la empresa
adjudicataria destinar
el 2% del importe de la
licitación a contratar
todos los años una
auditoría de su elección
para fiscalizar el
cumplimiento del
contrato. Según la
investigación, "Cofely
se valió de esta
oportunidad" para
contratar a una empresa
de Marjaliza que no
realizaba servicio
alguno -la auditoría la
iban a elaborar los
propios trabajadores de
la multinacional- y que
"servía únicamente para
generar facturación
instrumental que se
utilizaría para hacer
frente a otros pagos".
¿Cuáles? La UCO concluye
que para los "cohechos"
a los funcionarios y
cargos públicos que
colaboraban en el amaño
y para abonar al
constructor el dinero
que éste había
adelantado durante todo
el proceso, además de su
supuesta comisión. De
este modo, cada
ejercicio se iban a
desviar 130.000 euros
del erario con tal fin.
El contrato tenía una
duración de 15 años.
Finalmente, en agosto de
2013, el Ayuntamiento de
Valdemoro hizo público
el concurso. En
diciembre de ese año, el
alcalde José Carlos Boza
Lechuga firmaba el
contrato con Cofely, la
única empresa que se
presentó al mismo. Era
el punto final de todo
un proceso repleto de
supuestas
irregularidades en el
que la Guardia Civil
asegura que se
cometieron hasta seis
delitos: cohecho,
fraude, tráfico de
influencias, falsedad en
documento mercantil,
revelación de secretos y
malversación. Una larga
lista de la que hace
responsable a doce
cargos públicos y
funcionarios del
consistorio, entre ellos
el entonces regidor,
Boza Lechuga; a cinco
directivos de la
multinacional, y a
cuatro empresarios,
incluido David
Marjaliza. Todo por un
contrato de 60,8
millones de euros, el
segundo de importe más
elevado supuestamente
amañado por la Púnica.
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/13/actualidad/1489418866_942289.html
VELASCO HA RECHAZADO EL
PUESTO EN LA UE PORQUE
LE PROHIBÍAN SEGUIR
COBRANDO 50.000€ POR DAR
CHARLAS
El juez Eloy Velasco ha
rechazado convertirse en
el coordinador de la
Unión Europea para la
lucha contra el
narcotráfico y el crimen
organizado en
Latinoamérica porque en
ese cargo vería
sensiblemente reducidos
sus ingresos, según las
fuentes consultadas por
OKDIARIO.
En la actualidad,
Velasco percibe un
sueldo que ronda los
80.000 euros brutos
anuales como titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6 de
la Audiencia Nacional.
A estos ingresos suma
cerca de 50.000 euros
anuales más por sus
actividades privadas
como profesor y
conferenciante, dado que
tiene concedida la
compatibilidad por el
Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ).
Profesor del ESADE sobre
ciberseguridad
Durante el pasado curso,
Eloy Velasco dirigió un
programa de innovación
sobre ciberseguridad en
un Máster de Coaching
Ejecutivo impartido por
el ESADE, una de las más
prestigiosas escuelas
privadas de negocios. De
hecho, Velasco es uno de
los mayores expertos
españoles en
ciberdelincuencia.
Según las fuentes
consultadas por OKDIARIO,
Velasco percibiría un
sueldo que ronda los
100.000 euros anuales si
hubiera aceptado el
puesto de coordinador de
la UE contra el crimen
organizado. Desempeñaría
esta labor en Madrid,
aunque tendría que
viajar con frecuencia a
distintos países de
América Latina.
Se trata de una plaza en
servicios especiales, lo
que le permitiría
regresar a su puesto de
magistrado en la
Audiencia Nacional una
vez concluido el plazo
de cuatro años.
Ha rechazado el puesto
de la UE
Pero con una diferencia:
es un puesto con
dedicación exclusiva,
por lo que la Unión
Europea no le permitiría
seguir desempeñando sus
actividades privadas
como profesor y
conferenciante. Una
actividad que le reporta
cerca de 50.000 euros
brutos al año, señalan
las mismas fuentes.
Este sería el motivo por
el que Eloy Velasco ha
renunciado finalmente al
puesto ofertado por la
Unión Europea, pese a
que su candidatura
contaba con todas las
bendiciones del CGPJ.
Como ha informado
OKDIARIO, Velasco
formaba parte de la
terna elaborada por el
Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ)
para ocupar dicho puesto
en la Unión Europea. Los
otros dos aspirante
mejor colocados son el
juez de vigilancia
penitenciaria de Córdoba
Luis de Arcos y el
magistrado Manuel
Olmedo.
Como titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6 de la Audiencia
Nacional, Velasco
instruye actualmente el
caso Púnica sobre
presunta financiación
ilegal del PP.
https://okdiario.com/investigacion/2017/03/16/eloy-velasco-cobra-80-000-euros-como-magistrado-otros-50-000-dar-conferencias-831118
EL JUEZ HALLA PAPELES
SECRETOS CON TODA LA
FINANCIACIÓN ILEGAL DEL
PP DE MADRID
Velasco cita
de nuevo en la Audiencia
al exgerente del partido
Beltrán Gutiérrez tras
intervenirle una
explosiva documentación
confidencial en el marco
de Púnica
La pieza que aún
mantiene secreta el juez
Eloy Velasco en el marco
de la Operación Púnica
contiene profusas
pruebas que
presuntamente acreditan
la financiación ilegal
del PP de Madrid desde
2004 y que salpica a
gran parte de la
anterior cúpula del
partido, según fuentes
jurídicas. Se trata de
documentación
confidencial requisada
por el juez en casa del
exgerente del PP
madrileño Beltrán
Gutiérrez y que destapa
la caja B con la que los
populares madrileños han
sufragado en los últimos
lustros campañas
electorales y actos del
partido. Y, según se
desprende de las
pesquisas, lo han hecho,
entre otros canales
delictivos, a través de
Fundescam, la fundación
que creó el PP en época
de la expresidenta
Esperanza Aguirre y que
se ha nutrido de fuertes
sumas de dinero pagadas
por empresarios afines a
cambio supuestamente de
contratas públicas.
El juez Velasco ha
reactivado en los
últimos días la
investigación sobre la
caja b del PP madrileño,
la única de las 14
piezas separadas del
caso Púnica que
permanece bajo secreto
sumarial. Durante la
mañana de este
miércoles, el juez ha
citado a declarar como
investigados -imputados-
a Beltrán Gutiérrez, a
José Ignacio Echeverría,
exconsejero de
Transportes de la
Comunidad de Madrid y
extesorero del PP
madrileño y a Arturo
Fernández, expresidente
de la patronal madrileña
CEIM. Los tres han
salido de la Audiencia
sin hacer declaraciones.
Fuentes jurídicas han
aclarado que el
exgerente del PP
regional no ha llegado a
declarar porque su
abogado llegó tarde a la
citación y volverá a ser
convocado el lunes
próximo.
Fuentes de la
investigación han
señalado que los tres
"han respondido a todas
las preguntas" y que lo
han hecho de forma
"profusa y contundente".
Las mismas fuentes han
señalado de las pruebas
documentales recabadas y
de las declaraciones de
este miércoles "se
derivarán más
citaciones".
Fuentes jurídicas han
informado este miércoles
que el juez Velasco
ordenó ayer registros en
diversos domicilios
particulares y de
empresas. También envió
a agentes de la Guardia
Civil a diferentes
sedes, entre ellas las
de la Consejerías de
Sanidad y Transportes de
la Comunidad de Madrid y
de la sociedad
autonómica de suelo
Arpegio, para requerir
información.
El juez Velasco ha
dictado un contundente
auto en el que describe
la financiación ilegal
del PP madrileño y en el
que vuelve a citar en su
despacho al exgerente
Beltrán Gutiérrez para
interrogarle sobre
algunos flecos que le
faltan para terminar de
encajar algunas piezas
sueltas. Las pesquisas
implican presuntamente
al exconsejero de
Presidencia y Justicia
del Gobierno de Aguirre,
Francisco Granados,
encarcelado desde
finales de octubre de
2014 por su condición de
cabecilla de la trama
Púnica. Y también
salpican al expresidente
de la Comunidad de
Madrid Ignacio González,
entre otros altos cargos
del PP de los últimos 16
años. Otros implicados
en esta financiación
ilegal ocupan ahora
puestos de
responsabilidad en la
Comunidad de Madrid, que
preside Cristina
Cifuentes.
Las donaciones de
empresarios a Fundescam
han acabado con los años
conectando los dos casos
más graves de corrupción
política que han
sacudido España desde la
transición: Gürtel y
Púnica. El juez
instructor de Gürtel,
Antonio Pedreira,
investigó en 2010
Fundescam y, según un
informe policial de
entonces elaborado por
la UDEF, esta fundación
recaudó de empresarios
afines, solo en 2003,
unos 900.000 euros.
Entre los donantes, con
hasta 300.000 euros,
estaba el expresidente
de la CEOE Gerardo Díaz
Ferrán, posteriormente
encarcelado por delitos
de alzamiento de bienes
en su extinto grupo
industrial Marsans.
Con parte de ese dinero
el PP regional financió
actos y campañas
electorales en los años
2003 y 2004. Pero
Pedreira acabó
archivando esta parte
del sumario al entender
que los delitos habían
prescrito. Púnica ha
vuelto a destapar
Fundescam y en esta
ocasión el juez Velasco
ha detectado que la
financiación a través de
esta fundación se ha
mantenido hasta casi
2011, con lo que los
supuestos delitos serían
continuados y, por
tanto, no prescritos.
El juez envió a la
Guardia Civil al
registro de
asociaciones, a la sede
del PP regional, al
despacho del gerente y a
varios departamentos de
la Comunidad en busca de
pruebas con las que
hilvanar, y en gran
parte lo ha conseguido,
que las sumas de dinero
que aparecen en los
papeles secretos del
gerente tienen relación
con Fundescam y con
otras aportaciones
ilegales recibidas por
el PP madrileño. El juez
sospecha que las
entregas de dinero
fueron onerosas y a
cambio de contratas y
adjudicaciones públicas.
El expresidente de la
CEIM, la patronal de
Madrid, Arturo
Fernández, es uno de los
empresarios, ahora en
pleno declive,
investigados en la pieza
número 14 de Púnica. Su
grupo de hostelería
Cantoblanco recibió
lucrativas
adjudicaciones de la
Asamblea de Madrid y de
otras administraciones
gobernadas por los
populares. El juez
también ha pedido
información sobre
contratas al
Ayuntamiento de Madrid
de las épocas en fue
gobernado por los
exalcaldes Alberto
Ruiz-Gallardón y Ana
Botella, según las
citadas fuentes.
El expresidente Ignacio
González mantuvo en
nómina en el partido a
Beltrán Gutiérrez
incluso después de que
este tuviera que dimitir
como gerente por su
implicación en el caso
de las tarjetas black,
de las que se gastó
58.000 euros. El PP de
Cifuentes le pagó
120.000 euros y
Gutiérrez finalmente
abandonó el despacho que
le había asignado
González en Génova tras
el escándalo de las
tarjetas.
No es la primera vez que
Gutiérrez es citado por
el juez. Ya compareció
el 3 de marzo de 2016.
El detonante entonces
fue una agenda
intervenida a Granados
en la que figuran, junto
a entregas de casi dos
millones de euros, las
iniciales de “BG”,
presumiblemente
referidas a Beltrán
Gutiérrez, y las de “JLM”,
en alusión a Javier
López Madrid, yerno del
dueño de la constructora
OHL. David Marjaliza,
exsocio arrepentido de
Granados, ayudó al juez
a identificar las
citadas iniciales.
El nombre de Beltrán
Gutiérrez, a quien
Velasco atribuye en
Púnica delitos de
cohecho y falsedad,
también salió a relucir
en Gürtel al estar
detrás de facturaciones
del PP a la empresa de
Francisco Correa Special
Event que a la postre
fueron abonadas por
Fundescam. En Gürtel,
fue también
documentación secreta
intervenida al contable
de la red en su casa la
que puso al descubierto
los amaños y comisiones
pagadas a altos cargos
del PP nacional. El
contable de Gürtel volcó
la caja B de las
empresas en un pendrive.
Lo ocultaba en la mano,
cerrada, cuando la
policía se lo intervino.
"El puto pendrive", como
lo definió airado
Francisco Correa al
enterarse, una vez
detenido, de su
existencia y de su
contenido.
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/08/actualidad/1488968705_893334.html
EL JUEZ REACTIVA LA
INVESTIGACIÓN SOBRE LA
CAJA B DEL PP DE AGUIRRE
A TRAVÉS DE FUNDESCAM
El instructor centra su
atención en Fundescam y
preguntado al
expresidente de la
patronal madrileña sobre
60.000 euros que donó en
2007
Eloy Velasco investiga
el supuesto pago del 1%
en publicidad en la
construcción de seis
hospitales o en la
Ciudad de la Justicia
lanzada por la
expresidenta en 2005
El juez que instruye en
la Audiencia Nacional la
pieza separada de Púnica
sobre la financiación
ilegal del PP madrileño,
Eloy Velasco, ha
reactivado su
investigación con el
registro de varias
empresas y viviendas y
con requerimientos de
documentación en varios
organismos oficiales de
la Comunidad de Madrid,
en concreto las
consejerías de Sanidad,
Transportes y Urbanismo,
la Fundación Arpegio, la
dirección de Justicia
madrileña e incluso
Presidencia.
El objetivo, indagar en
grandes iniciativas de
la última etapa de
Aguirre como el plan de
infraestructuras
sanitarias del periodo
2004 a 2007 –que incluía
el desarrollo de seis
hospitales– o la Ciudad
de la Justicia lanzada
por la presidenta en el
2005 y que, tras quedar
paralizada por la
crisis, fue recuperada
en 2014 por su sucesor
en el cargo, Ignacio
González. En concreto,
el magistrado está
analizando el supuesto
pago de un 1% del total
de las concesiones en
conceptos de publicidad.
El instructor también ha
centrado su atención en
la financiación del PP
madrileño mediante la
Fundación para el
Desarrollo Económico de
la Comunidad de Madrid
(Fundescam).
Velasco ha ordenado
estas diligencias
después de que los
agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil
encontraran
documentación importante
en el registro que
realizaron por orden
judicial hace un año en
la vivienda y en el
despacho del exgerente
regional del PP de
Esperanza Aguirre,
Beltrán Gutiérrez, que
estaría vinculada con la
presunta financiación
irregular de la
formación conservadora
en la Comunidad de
Madrid.
infoLibre cuenta con un
informe de la Brigada de
Blanqueo de Capitales de
la Unidad Central de
Delincuencia Económica y
Fiscal (Udef-Bla) de la
Policía Judicial, de 30
de julio de 2010, en el
que se analiza "el
sistema de financiación
de los actos electorales
del Partido Popular de
Madrid a través de
Fundescam". Y los
agentes citan en el
mencionado informe el
nombre del exgerente del
PP madrileño, imputado
en Púnica, Beltrán
Gutiérrez, como "el
interlocutor de la
organización" de Correa
"con el Partido Popular
regional para el
desarrollo de la
campaña".
El gerente de Aguirre
Asimismo, el informe de
la Udef resalta que en
los archivos de la trama
aparece el nombre de
Beltrán Gutiérrez como
la persona a nombre del
cual se "anota el
conjunto de actos
realizados en la
Comunidad de Madrid en
los que ha intervenido
Esperanza Aguirre, tanto
relativos a la
precampaña como a la
campaña electoral".
Precisamente, el
magistrado ha llamado a
declarar este miércoles,
por segunda vez como
imputado, a Beltrán
Gutiérrez, que ha sido
condenado de forma
reciente a ocho meses de
cárcel en el caso de las
tarjetas black de Caja
Madrid.
Pero también el juez ha
citado como investigados
al exconsejero de
Industria y expresidente
de la Asamblea madrileña
José Ignacio Echeverría,
cuya vivienda habría
sido registrada el
martes por la noche, y
al expresidente de la
patronal madrileña CEIM
Arturo Fernández,
también condenado a seis
meses de prisión por las
black.
Según fuentes del caso,
el instructor ha
interpelado a Arturo
Fernández por sus
relaciones con la
expresidenta Esperanza
Aguirre, a la que le une
una larga amistad, al
mismo tiempo que se
interesó por los al
menos 60.000 euros que
donó a Fundescam en 2007
poco antes de las
elecciones autonómicas a
través de la Fundación
Arturo Fernández.
Contrato para Fernández
en la Asamblea
Velasco también centró
su interrogatorio en el
contrato que ese mismo
año 2007 obtuvo de la
Asamblea de Madrid para
gestionar el bar de la
Cámara autonómica, donde
la actual presidenta
madrileña, Cristina
Cifuentes era
vicepresidenta.
El año 2007, año en el
que se celebraron las
elecciones autonómicas
que ganó Esperanza
Aguirre en la Comunidad
de Madrid, fue muy
positivo para esta
fundación ligada a la
formación política
conservadora, porque
según sus cuentas,
adelantadas por Público,
obtuvo 741.561 euros de
donaciones privadas y de
patrocinios de la
Fundación Caja Madrid,
presidida por Miguel
Blesa, también condenado
a seis años de cárcel
por las tarjetas black.
Los ingresos de
Fundescam, siempre según
la información de
Público, se disparaban
en años electorales.
Como por ejemplo el
primero de Aguirre como
candidata, 2003, en el
que esta fundación que
fue presidida por Pío
García-Escudero y Gádor
Ongil, y en la que
Francisco Granados
también ejerció de
vicepresidente, con
938.210 euros. En el año
de las elecciones
generales de 2004 los
ingresos de Fundescam
fueron de 553.520 euros.
En total la Caja Madrid
de Blesa aportó 1,3
millones a Fundescam.
La investigación sobre
la financiación ilegal
del PP madrileño
mediante Fundescam formó
parte del caso Gürtel,
aunque el magistrado del
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid
Antonio Pedreira, ya
fallecido, archivó la
misma al considerar que
los presuntos delitos
cometidos habían
prescrito.
Sin embargo, las nuevas
evidencias descubiertas
por el juez Velasco
apuntan a que los
delitos que habrían
cometido los
conservadores con
Fundescam llegarían
hasta el año 2011, por
lo que no estarían
prescritos, según
informa el diario El
País.
El papel de Cifuentes en
Fundescam
Precisamente sobre
Cifuentes, el magistrado
preguntó a Arturo
Fernández sobre su papel
en Fundescam, fundación
en la que la actual jefa
del Ejecutivo regional
fue patrona, sin
remuneración, y que
centra el foco de las
investigaciones.
Cifuentes fue elegida
patrona de la fundación
por el comité ejecutivo
del PP madrileño el 28
de febrero de 2005. Y
cesó de este cargo el 18
de septiembre de 2008
poco antes del XIV
Congreso regional de la
formación conservadora
madrileña.
Fuentes cercanas a la
presidenta regional han
enfatizado que la
pertenencia de Cifuentes
a la junta directiva de
Fundescam era obligada
dado que formaba parte
del comité de dirección
del partido en Madrid
pero que "jamás tuvo
acceso ni a los informes
ni a las cuentas de esa
fundación".
Sobre el contrato
adjudicado a una de las
empresas de Arturo
Fernández para la
gestión del bar de la
Asamblea, las mismas
fuentes han recalcado
que las decisiones
adoptadas por la mesa de
contratación que
Cifuentes presidía por
delegación de la
presidencia de la Cámara
eran siempre
"colegiadas".
El informe elaborado en
2010 por los policiales
de Gürtel sobre
Fundescam confirma, tras
el análisis de los
agentes de la
documentación
interceptada en un
pendrive a la trama
liderada por Francisco
Correa, la existencia de
"un sistema de
facturación ad hoc de
los actos electoral de
2003 y 2003 enmascarando
la verdadera realidad de
los conceptos y de las
entidades para las que
se prestó el servicio".
Además, los agentes
concluyen que el
mecanismo de
financiación de los
mencionados actos
electoral es "ajeno a lo
contemplado en la Ley
Electoral General y en
la Ley de Financiación
de Partidos Políticos a
través de una fundación
vinculada orgánicamente
al Partido Popular de
Madrid (Fundecam) que
recibe fondos de
empresas que mediante
contratos vigentes
prestaban servicio o
realizaban suministros u
obras para
administraciones
públicas de la Comunidad
de Madrid, y que
posteriormente canaliza
para financiar los actos
del partido en campaña
electoral".
El informe explica,
además, que la
organización de Correa
"reporta a Luis
Bárcenas", entonces
gerente del PP nacional,
"las facturas emitidas
por Special Events a las
distintas sedes
regionales por los actos
realizados bajo el
concepto montaje actos
elecciones autonómicas".
Facturas ficticias del
PP
Los policías que
realizan el informe
constatan también que
las facturas tienen "un
cambio de entidad puesto
que actos desarrollados
por el PP de Madrid con
motivo de la campaña de
las elecciones
autonómicas de 2003 se
transforman en servicios
prestados a Fundescam.
Ésta práctica no sólo se
observa con actos de la
campaña electoral de
2003 sino también en
relación a las
elecciones europeas de
2004 y al Congreso
Regional de 2004",
completa el documento
del sumario del caso
Gürtel, que sostiene que
mediante la elaboración
de estas facturas
ficticias se trata de
representar una
operación mercantil
imitando lo que no es".
"Dichas facturas",
resaltan los agentes,
"responden en realidad a
actos realizados con
motivo de las campañas
electorales locales y
autonómicas de 2003,
elecciones generales de
2004, elecciones al
Parlamento Europeo de
2004 y al congreso
regional de 2002 y 2004
para el Partido Popular
de Madrid o el Partido
Popular Nacional, por
tanto han sido objeto de
un cambio de entidad y
de concepto".
Finalmente los agentes,
que citan el mencionado
artículo del diario
Público, aseguran que
los principales donantes
de fondos a Fundescam
eran las siguientes
compañías: Transportes
de Cercanías, Grupo
Cantoblanco, Siemens,
FCC, Unión Fenosa, Grupo
Avanza, Mercurio,
Promociones García
Domínguez, Inmobiliaria
COF, Francisco Santos,
Ciuvasa, Valentín,
Carlos de Bias García,
Idea informática, José
Antonio López Casas,
Felop, Hotetur,
Expacontra, Aerolíneas
Baleares y Germán López
Madrid.
72.000 euros de Díaz
Ferrán
En el sumario de Gürtel
aparece también otro
documento en el que el
entonces gerente de
Aguirre, Beltrán
Gutiérrez ingresa en
2003 en calidad de
"apoderado" de Fundescam
72.000 euros de Gerardo
Díaz Ferrán en nombre de
la empresa Mercurio.
En la pieza sobre la
financiación ilegal del
PP madrileño, el juez
Velasco mantiene
imputados por presuntos
delitos de cohecho y
blanqueo de capitales,
al exgerente del partido
regional Beltrán
Gutiérrez, y el
empresario Javier López
Madrid, además de al
propio Granados y su
socio David Marjaliza.
Según una agenda
manuscrita de Granados,
incluida en el sumario
de la trama, el ex
secretario general del
PP madrileño reflejó en
una de las páginas de su
libreta unos pagos a
Beltrán Gutiérrez 1,4
millones de euros.
Otros de los casos
investigados por Velasco
en relación a la
presunta financiación
ilegal del PP es la
ampliación de líneas de
Metro y su inauguración
en 2007, ante las
sospechas de que una de
las empresas de la trama
Púnica, Waiter Music, se
beneficiara de la
adjudicación irregular
de las fiestas de
inauguración de estas
extensiones. Los agentes
han puesto el foco en
las partidas de
publicidad asignadas a
estos proyectos, pero
también en el pago a
cargo de la Comunidad de
Madrid del
posicionamiento on line
de excargos de los
Gobiernos de Aguirre e
Ignacio González.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_juez_velasco_reactiva_investigacion_sobre_financiacion_ilegal_del_con_fundescam_62242_1012.html
EL JUEZ DE 'PÚNICA'
PREGUNTA POR CIFUENTES A
UN EMPRESARIO QUE HIZO
DONACIONES A UNA
FUNDACIÓN DEL PP
Eloy Velasco interroga
al expresidente de la
patronal madrileña
Arturo Fernández por el
dinero que trasvasó a
Fundescam antes de las
autonómicas de 2007 y el
contrato que logró para
gestionar el bar de la
Asamblea regional
También han declarado
como imputados el
exconsejero de Industria
de Esperanza Aguirre
José Ignacio Echeverría
y el ex gerente del
Partido Popular
madrileño Beltrán
Gutiérrez
Las investigaciones que
el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco
mantiene abiertas sobre
la financiación del PP
madrileño en el contexto
de la Operación Púnica
han dado hoy un salto
cualitativo. Ante
Velasco han declarado
como imputados dos
antiguos altos cargos
del PP madrileño -José
Ignacio Echevarría,
exconsejero con
Esperanza Aguirre y
expresidente de la
Asamblea regional, y
Beltrán Gutiérrez,
gerente regional del
partido en la etapa de
Aguirre-, así como el
expresidente de la
patronal madrileña
Arturo Fernández. El
juez ha preguntado al
empresario por sus
relaciones con la
expresidenta Esperanza
Aguirre, a la que le une
una larga amistad, pero
también con la actual
jefa del Ejecutivo
autonómico, Cristina
Cifuentes.
El interrogatorio a
Fernández ha hecho que
trascienda un dato que
hasta ahora había pasado
inadvertido: que la
actual jefa del
Ejecutivo regional fue
vocal de la fundación
Fundescam, que centra el
foco de las
investigaciones y cuyo
papel en la presunta
financiación ilegal del
PP madrileño en las
campañas de 2003 y 2004
ya fue destapado en 2009
p0r una investigación
periodística del diario
Público. El magistrado
ha preguntado al
exdirigente patronal
madrileño por los al
menos 60.000 euros que
donó a Fundescam en 2007
poco antes de las
elecciones autonómicas a
través de la Fundación
Arturo Fernández. Y por
el contrato que ese
mismo año obtuvo de la
Asamblea de Madrid para
gestionar el bar de la
Cámara, donde Cifuentes
ostentaba entonces el
cargo de de
vicepresidenta.
Fuentes cercanas a la
presidenta regional han
enfatizado que la
pertenencia de Cifuentes
a la junta directiva de
Fundescam era obligada
dado que formaba parte
del comité de dirección
del partido en Madrid
pero que "jamás tuvo
acceso ni a los informes
ni a las cuentas de esa
fundación". Sobre el
contrato adjudicado a
una de las empresas de
Arturo Fernández para la
gestión del bar de la
Asamblea, las mismas
fuentes han recalcado
que las decisiones
adoptadas por la mesa de
contratación que
Cifuentes presidía por
delegación de la
presidencia de la Cámara
eran siempre
"colegiadas".
Hasta ahora se sabía que
Fernández había sido uno
de los grandes donantes
de la fundación de
cabecera del PP
madrileño, Fundescam, en
las elecciones que en
2003, el año del
tamayazo, auparon a
Esperanza Aguirre a la
presidencia de Madrid.
Los manejos de esa
fundación ya afloraron
en el sumario del caso
Gürtel pero
Anticorrupción consideró
que los presumibles
delitos habían
prescrito. Ahora, el
hallazgo de nuevos
documentos durante los
registros de la
Operación Púnica la han
traído de nuevo al
primer plano.
El juez que instruye la
causa no ha decretado
medidas cautelares para
ninguno de los tres
investigados. El
magistrado ha
interrogado a los
imputados después de que
ordenara el pasado
martes el registro de
empresas e incluso
realizara
"requerimientos
inmediatos y mediatos" a
departamentos de la
Comunidad de Madrid,
como es el caso de las
Consejerías de Industria
y Sanidad.
Según las mismas
fuentes, los
requerimientos
inmediatos se realizan
bajo la posibilidad de
que se efectúe un
registro para obtener la
documentación requerida.
El diario El
Independiente.com, ha
asegurado que el juez
Velasco busca
información sobre los
hospitales promovidos
por el Gobierno de
Esperanza Aguirre.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_juez_punica_pregunta_por_cifuentes_empresario_que_hizo_donaciones_una_fundacion_del_pp_62226_1012.html
LA UCO INVESTIGA EL PLAN
DE HOSPITALES DE
ESPERANZA AGUIRRE EN EL
‘CASO PÚNICA’
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco
investiga uno de los
proyectos estrella de
Esperanza Aguirre
durante su etapa como
presidenta de la
Comunidad de Madrid
(2003-2012), el plan de
infraestructuras
sanitarias 2004-2007, en
una pieza separada del
caso Púnica. Éste es el
motivo que explica la
presencia de agentes de
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil en la
mañana de este martes en
la sede de la Consejería
de Sanidad, donde se
personaron para requerir
documentación por orden
del instructor.
Durante los años
2004-2005, siendo Manuel
Lamela consejero de
Sanidad y Consumo, el
Ejecutivo madrileño
aprobó los estudios de
viabilidad para la
construcción y
explotación de seis
hospitales públicos con
los que pretendía
terminar la
descentralización de la
asistencia sanitaria en
la Comunidad y dotar de
servicios de atención
especializada a
poblaciones con
perspectivas de
crecimiento alejadas de
los complejos existentes
hasta entonces. Bajo la
fórmula de concesión de
obra pública a
operadores privados, el
proyecto inicial buscaba
levantar instalaciones
hospitalarias en
Móstoles, Leganés,
Alcalá de Henares,
Alcorcón, Fuenlabrada y
Getafe, para lo que se
aprobó un gasto
plurianual de 2.283
millones de euros en
2005. La UCO investiga
ahora el destino del 1%
de esa cantidad total,
es decir, 22,8 millones
de euros.
Según ha podido
confirmar El
Independiente, los
investigadores de la
trama corrupta Púnica
buscan ahora conocer el
destino que se dio a la
partida de publicidad
(vídeos, documentación
técnica y gráfica
divulgativa, buzoneo…),
una de las obligaciones
que asumía la sociedad
concesionaria a fin de
que los ciudadanos que
formaban parte de la
población asistida
conocieran el inicio de
los servicios y cómo
podían acceder a los
mismos. Las fuentes
consultadas dijeron que
este capítulo importaba
el 1% de la inversión de
cada hospital y que su
gestión correspondía en
teoría a la empresa, si
bien en la práctica se
encargaba la
Administración
autonómica.
Agentes de la UCO se
personaron este martes
en la Consejería de
Sanidad para retirar
documentos
La decisión del titular
del Juzgado Central de
Instrucción 6 de la
Audiencia Nacional de
abrir una pieza separada
sobre esta ramificación
en el marco de la
investigación del caso
Púnica se fundamenta en
la sospecha de que parte
de ese dinero podría
haberse desviado a fines
completamente ajenos a
los descritos. Es lo que
tendrán que determinar
los agentes de la UCO
cuando analicen la
documentación requerida
a la Consejería de
Sanidad de Madrid con la
autorización del juez
Velasco.
La puesta en
funcionamiento de los
seis hospitales se
produjo en el mes de
febrero de 2008, si bien
la Administración
-excepto en el caso del
Hospital Infanta Sofía,
sito en la localidad de
San Sebastián de los
Reyes- inició el pago de
las retribuciones en
septiembre del año
anterior con cargo al
programa presupuestario
750 gestionado por el
Servicio Madrileño de
Salud (SERMAS). La
entrada en servicio de
estos complejos
sanitarios permitió a la
Comunidad de Madrid
incrementar su oferta en
1.259 camas y contar con
medio centenar de
quirófanos más, creando
unos 4.780 empleos.
En contrapartida por la
construcción y
explotación de los
hospitales, las empresas
concesionarias percibían
de la Comunidad de
Madrid una retribución
compuesta por una
cantidad fija y otra
variable, distribuida
ésta en función de los
servicios prestados en
cada centro sanitario y
actualizada cada año en
función del
comportamiento de la
inflación. El contrato
que unía a empresa
privada y Administración
tenía una duración de 30
años, a contar desde el
día siguiente al de la
formalización del
contrato.
Se investiga, en
concreto, el destino del
dinero relativo a la
partida de publicidad
del 1%
Según detalla en el
informe de fiscalización
aprobado por acuerdo del
Consejo de la Cámara de
Cuentas de la Comunidad
de Madrid el 24 de
septiembre de 2012, el
Gobierno de Esperanza
Aguirre aprobó el 23 de
junio de 2005 un gasto
plurianual total por
importe de 2.283.301.257
euros constantes.
A la espera de que
avancen las pesquisas de
la UCO, la investigación
correspondiente a la
trama Púnica pone la
lupa a uno de los
principales proyectos de
Esperanza Aguirre, que
en su etapa al frente de
la Comunidad tuvo tres
consejeros de Sanidad:
Manuel Lamela
(2003-2007), Juan José
Güemes (2007-2010) y
Javier Fernández-Lasquetty
(2010-2014). La
presidenta dejó el
Ejecutivo autonómico en
septiembre de 2012; en
la actualidad, es
portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Madrid.
El nombre de Aguirre ya
figuraba en el sumario
de este caso de
corrupción que Eloy
Velasco instruye desde
junio de 2014 tras la
querella presentada por
la Fiscalía
Anticorrupción y que
procesalmente se ha
desgajado en más de una
decena de piezas
separadas con el fin de
agilizar su instrucción
y el futuro
enjuiciamiento de los
hechos.
Como desveló Voz Pópuli
el pasado 23 de enero,
la UCO puso de
manifiesto en un informe
aportado al juzgado cómo
la trama utilizó dos
facturas con conceptos
“manifiestamente falsos”
para que gastos
correspondientes a un
mitin de Esperanza
Aguirre en el año 2007
se hicieran pasar como
gastos de las fiestas
patronales de Valdemoro.
De este municipio fue
alcalde Francisco
Granados, uno de los
principales imputados en
el caso Púnica y al que
Esperanza Aguirre
incorporó como consejero
de Transportes e
Infraestructuras cuando
llegó a la Presidencia
de la Comunidad de
Madrid en noviembre de
2003 en sustitución de
Alberto Ruiz-Gallardón.
El Gobierno de Aguirre
aprobó un gasto de 2.283
millones en 2005 para
financiar seis
hospitales
No es la primera vez que
los agentes de la
Guardia Civil se
personan en
departamentos del
Gobierno madrileño a
retirar documentación en
el marco de Púnica, en
la que se investiga la
presunta financiación
irregular del PP
madrileño. Así, el 22 de
enero de 2015 el juez
Velasco ordenó a la UCO
que acudiera a la
Consejería de la
Presidencia para que le
entregaran todos los
contratos sobre
reputación en internet
que hubiera firmado
cualquier organismo de
la Comunidad de Madrid
con las empresas de
Alejandro de Pedro
Llorca y José Antonio
Alonso Conesa, ambos
imputados en la causa.
Los investigadores,
asimismo, acudieron el
pasado 27 de septiembre
a la sede de la
Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda a
retirar expedientes de
contratación hasta 2013.
Ese mismo día también
retiraron documentación
de la Cámara de Cuentas
de Madrid y del Registro
y el Protectorado de
Fundaciones de la
Comunidad de Madrid.
http://www.elindependiente.com/politica/2017/03/07/la-uco-investiga-el-plan-de-hospitales-de-esperanza-aguirre-en-el-caso-punica/
LA UCO ACUDIÓ A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID PARA LLEVARSE
LOS EXPEDIENTES DEL
PROYECTO ESTRELLA DE
IGNACIO GONZÁLEZ POR SU
VINCULACIÓN CON LA CAJA
B DEL PP
El juez que instruye el
caso Púnica, Eloy
Velasco, ha iniciado
nuevas diligencias para
investigar el proceso de
adjudicación de la
Ciudad de la Justicia de
Madrid, un proyecto
faraónico impulsado por
el expresidente del
Gobierno regional
Ignacio González
(2012-2015) que salió a
concurso sólo unas
semanas antes de las
elecciones autonómicas
de 2015 en las que se
impuso Cristina
Cifuentes. La mesa de
contratación llegó a
seleccionar la oferta
presentada por una UTE
integrada por las
constructoras OHL y
Acciona, que ascendía a
1.356 millones de euros.
Sin embargo, González no
tuvo tiempo de
oficializar la
licitación con su firma
antes de abandonar el
Gobierno y Cifuentes se
ha negado luego a
completar el proceso
durante su mandato.
Según han confirmado a
El Confidencial fuentes
cercanas al caso, las
pesquisas sobre la
Ciudad de la Justicia se
enmarcan en la pieza
secreta que instruye
Velasco, dentro del
procedimiento de la
trama Púnica, sobre la
presunta financiación
ilegal del PP de Madrid.
Agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil
acudieron este martes a
la Dirección General de
Justicia de la
Comunidad, dependiente
de la Consejería de
Presidencia, para
solicitar los
expedientes relacionados
con ese proyecto e
incorporarlños a la
investigación.
No es la primera vez que
el caso Púnica salpica a
OHL. Los agentes
encontrarton en poder
del presunto cerebro de
la trama, el exconsejero
madrileño de Presidencia
y exsecretario general
del PP regional
Francisco Granados, una
agenda con anotaciones
de supuestas donaciones
ilegales de empresarios
que sumarían 2.060.000
euros. El grueso de esos
fondos, en torno a 1,6
millones de euros,
habría sido aportado por
el consejero de OHL
Javier López Madrid. Por
esa conexión, Velasco ya
imputó al directivo de
la constructora y ordenó
a la UCO que rastreara
las adjudicaciones que
recibió esa compañía de
la Comunidad de Madrid
durante la etapa en la
que Granados fue miembro
del Gobierno regional,
entre 2003 y 2011. Entre
esos proyectos bajo
sospecha se encuentran,
como reveló El
Confidencial, las obras
del Metro Ligero de
Pozuelo de Alarcón y del
tren de Cercanías a
Navalcarnero.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-08/velasco-investiga-adjudicacion-ciudad-justicia-ohl-acciona_1344836/
LOS 12 MARIACHIS DE LA
CAMPAÑA DE RAJOY QUE SE
PAGARON CON DINERO
PÚBLICO
Un informe de la UCO
sobre la contabilidad de
una empresa de la trama
Púnica revela supuestas
irregularidades en la
financiación de actos
electorales del PP en
2007 y 2008
Pabellón Juan España de
Valdemoro. 1 de marzo de
2008. El PP celebra uno
de los mítines de la
campaña a las Elecciones
Generales de aquel año
con todo un despliegue.
En el escenario, una
docena de mariachis del
grupo ‘Malas compañías’
entonan el ‘Cielito
lindo’ y ‘Sigo siendo el
rey’ mientras llegan al
recinto abarrotado por
más de 4.800
simpatizantes los
dirigentes del partido
que van a intervenir.
Son Esperanza Aguirre,
el ‘número dos’ de la
lista al Congreso por
Madrid, el empresario
Manuel Pizarro, y el
expresidente José María
Aznar. Hoy, nueve años
después de aquel acto,
parte de la financiación
de aquel acto está en
bajo sospecha. Un
informe de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil
incorporado al sumario
de la trama Púnica
detalla que una de las
empresas que participó
en la organización de
aquel evento, Waiter
Music SL, regaló al
partido una pequeña
parte de los gastos y
presuntamente cargó a
las arcas del
Ayuntamiento de
Valdemoro los 4.200
euros más IVA que costó
la actuación del grupo
de música mexicana.
Así lo recoge la
documentación
intervenida durante el
registro realizado en
octubre de 2014 en la
sede de esta sociedad,
especializada en la
organización de festejos
y a la que diferentes
ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid
gobernados por el PP
adjudicaron contratos
públicos por más de 19
millones de euros entre
los años 2006 y 2010. El
informe de la UCO
reproduce los cuatro
documentos localizados
que apuntan a que el
propietario de Waiter
Music, el empresario
José Luis Huerta
Valbuena, “habría
sufragado los gastos del
vehículo con megafonía
utilizado para el mitin
del Partido Popular
mientras que la
actuación reseñada,
llevada a cabo por ’12
Mariachis’ valorada en
4.200 euros se habría
pagado con dinero
público procedente de la
partida destinada a la
celebración de las
Fiestas Patronales de
Septiembre de 2009” de
Valdemoro. Uno de estos
es una contabilidad
referida específicamente
a dicho evento
denominado “mitin PP
alquiler coche y
megafonía” en el que se
desglosa el coste del
alquiler del coche,
megafonía y combustible,
por un lado, y la
actuación del grupo
musical por otro. En
total, todo ello estaba
valorado en 4.465,40
euros más IVA.
El documento policial
añade que de esa
cantidad, una pequeña
parte fue asumida por el
propio empresario,
mientras que los 4.200
euros pasaron a engrosar
lo que en otro apunte
contable intervenido se
denomina “cuenta partido
PP Valdemoro”, en el
aparecían también los
costes de otros dos
actos organizados para
la formación política en
los años anteriores como
“pendientes de
facturar”. Los agentes
recogen la sospecha que
todos ellos fueron
finalmente cargados al
presupuesto municipal
por la organización de
los festejos populares
de Valdemoro mediante el
inflado de las facturas
giradas al Ayuntamiento.
También concluyen que
todo ello es
constitutivo de un
delito electoral “en
virtud de la utilización
de fondos y recursos
económicos en beneficio
del Partido Popular de
Valdemoro y de la
Comunidad de Madrid y
que no fueron declarados
como gastos de campaña”,
aunque apuntan que puede
estar prescrito. El
informe de UCO señala
que “el administrador
general único” de la
candidatura de la
formación en aquellos
comicios fue Luis
Bárcenas.
El mitin del 1 de marzo
de 2008 no es, sin
embargo, el único acto
electoral sobre cuya
financiación tienen
sospechas los
investigadores. De
hecho, el informe de la
Guardia Civil detalla
otros siete eventos del
PP que presuntamente
también fueron pagados
todo o en parte con
dinero público desviado
desde el Ayuntamiento de
Valdemoro gracias a las
adjudicaciones a Waiter
Music. Entre ellos está
el mitin de final de
campaña de las
elecciones municipales y
autonómicas de 2007
celebrado en el Palacio
de los Deportes de
Madrid y en el que
participaron Rajoy,
Aguirre y Alberto Ruiz
Gallardón. Otro es el
celebrado el 12 de mayo
de aquel año en la plaza
de toros de Valdemoro
con la presencia de la
entonces presidenta de
la Comunidad y sus dos
hombres de confianza
entonces en el Ejecutivo
regional, Francisco
Granados e Ignacio
González. Del este, la
Guardia Civil resalta
que una parte del mismo
fue supuestamente
abonado por el PP en
efectivo con fondos de
“procedencia
desconocida”.
La UCO también pone bajo
sospecha otros cinco
actos menores
organizados por el PP de
Valdemoro entre los años
2005 y 2011, y de los
que existen indicios de
que el empresario José
Huerta asumió la mitad
del coste de los mismos
como un 'regalo' o, en
otros casos, desvió "el
pago a eventos
municipales
posteriores". "Estos
eventos -destaca el
informe- no se
facturaron por la
mercantil al Partido
Popular y permanecieron
'pendientes de facturar'
durante seis años,
habiéndose liquidado
parte con dinero público
del Ayuntamiento de
Valdemoro destinado a
sufragar los gastos de
las Fiestas patronales
de septiembre de 2009".
De los 150.000 euros que
el Consistorio destinó a
pagar dichos festejos,
la Guardia Civil apunta
que más de 45.000 euros
fueron destinados a
“sufragar parte de la
deuda que el PP de
Valdemoro había
contraído con Waiter
Music SL”.
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/08/actualidad/1488996379_182438.html
CIFUENTES PRESIDIÓ LA
MESA QUE ADJUDICÓ EL
CONTRATO DE LA ASAMBLEA
CON ARTURO EN 2011
La investigación del
caso Púnica salpica
colateralmente a la
presidenta regional: la
UCO analiza varios
contratos que el
Parlamento madrileño
otorgó a la empresa
Cantoblanco
La investigación del
caso Púnica salpica
colateralmente a la
presidenta regional,
Cristina Cifuentes. Al
menos uno de los
contratos que la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil se
llevó este martes de la
Asamblea de Madrid fue
adjudicado por una mesa
de contratación que
presidía Cifuentes, que
fue vicepresidenta de la
Cámara madrileña entre
los años 2007 y 2012,
antes de dirigir la
Delegación del Gobierno
en Madrid. Dos agentes
de la UCO se personaron
en la Asamblea para
solicitar documentación
sobre los contratos que
este organismo adjudicó
al Grupo Cantoblanco, la
empresa de hostelería de
Arturo Fernández,
exvicepresidente de la
CEOE y expresidente de
la patronal madrileña.
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha
abierto una nueva línea
de investigación en la
pieza 14 del sumario,
que permanece secreta, y
que indaga sobre la
presunta financiación
ilegal del PP de Madrid.
La UCO encontró hace
tiempo las presuntas
donaciones ilegales que
anotó el exconsejero
Francisco Granados, el
principal político
imputado en la causa, en
una agenda que fue
localizada durante los
registros que se
practicaron en la
primera fase del caso.
Según esas anotaciones,
el exsecretario general
del PP de Madrid recibió
entre 2011 y 2014 pagos
para la formación por un
total de 2.060.000
euros, de los que
ingresó en la caja del
partido 1.460.000 euros.
La UCO ha hallado ahora
nuevos elementos que
apuntan a que Arturo
Fernández habría
colaborado también en
esa financiación ilegal
del PP de Madrid a
cambio de conseguir las
concesiones del servicio
de hostelería del
Parlamento autonómico.
Las pesquisas se centran
en el periodo 2007-2013,
durante el que el
Partido Popular controló
de forma ininterrumpida
los órganos de decisión
de la Cámara regional.
Los agentes han
solicitado varios
contratos e información
sobre el sistema de
funcionamiento de las
mesas de contratación de
la Asamblea.
Llamadas incorporadas al
sumario prueban que
Granados y el resto de
cabecillas de Púnica
recibieron un soplo de
un agente de la UCO que
les alertó de que
estaban siendo
investigados
En julio de 2009, por
ejemplo, Cantoblanco se
llevó la concesión del
servicio de hostelería
durante el siguiente año
tras presentar una
oferta de 212.900 euros.
Obtuvo una puntuación
total de 71,59 puntos y
superó al segundo
licitador, Clece SA
(empresa integrada en
ACS), que obtuvo 57,5
puntos. En ese año, la
presidenta de la
Asamblea era Elvira
Rodríguez, actual
presidenta de la CNMV.
En julio de 2011,
Cantoblanco volvió a
imponerse en el concurso
con una propuesta de
174.960 euros. En este
segundo contrato, aunque
el proceso de licitación
también fue iniciado
bajo la presidencia de
Rodríguez, la
adjudicación la completó
su sucesor en el cargo,
José Ignacio Echeverría
(que dimitió en
diciembre de 2015 tras
sufrir un accidente de
tráfico y superar la
tasa de alcoholemia
permitida).
Vicepresidenta entre
2007 y 2012
En ambos procesos, el
órgano de contratación
del Parlamento
autonómico resolvió que
la compañía de Arturo
Fernández había
presentado la oferta más
ventajosa. Según la
información a la que ha
tenido acceso El
Confidencial, Cifuentes,
como vicepresidenta
primera de la Asamblea,
presidió la comisión de
expertos que estudió y
aprobó la valoración de
las ofertas presentadas
en la adjudicación de
2011, el trámite final
de la mesa de
contratación después de
que la mesa técnica
analizara las ofertas de
las empresas que se
presentaron al concurso.
Cifuentes fue
vicepresidenta de la
Asamblea entre 2007 y
principios de 2012 y le
tocó presidir varias
mesas de contratación.
Fuentes cercanas a la
presidenta han asegurado
a este diario que las
decisiones de la mesa de
contratación eran
colegiadas y que, tras
elegir la oferta más
ventajosa, la propuesta
se elevaba al conjunto
de la mesa de la
Asamblea, en la que
estaban representados
todos los partidos, para
que autorizara la
adjudicación. Según
estas fuentes, el único
motivo por el que
Cifuentes participó en
esa mesa de contratación
fue que el presidente de
la Asamblea entre 2011 y
2015, José Ignacio
Echeverría, delegó en la
entonces vicepresidenta
de la Cámara esa
responsabilidad.
En 2013, Cantoblanco
ganó de nuevo el
contrato para 2014, pero
en esa ocasión ni
siquiera tuvo
competidores. La oferta
de 168.000 euros más IVA
de Cantoblanco fue la
única que llegó al final
del concurso. Sin
embargo, la vinculación
de la Asamblea de Madrid
con Cantoblanco se
rompió tras esa
licitación. Los
problemas económicos que
atravesaba el grupo
hostelero llevaron a
Arturo Fernández a
solicitar la anulación
del acuerdo en agosto de
2014, pero la compañía
fue obligada a continuar
al menos hasta que
desembarcara un nuevo
adjudicatario en 2015.
El Parlamento autonómico
incluso tuvo que abonar
directamente a Hacienda
los pagos de la
concesión por las deudas
que había contraído la
empresa con la Agencia
Tributaria. Finalmente,
en enero de 2015, el
grupo de restauración
Cafestore se llevó el
nuevo contrato para los
dos siguientes años por
un total de 336.000
euros más IVA.
En conversación
telefónica con este
diario, Arturo Fernández
ha negado que exista
ningún tipo de
irregularidad en esos
contratos y ha negado
que los consiguiera
gracias a donaciones al
Partido Popular. "Las
únicas donaciones que
hice al PP las ingresé
por transferencia
bancaria a través de
Fundescam y ya son
conocidas. Nunca he
hecho ninguna otra
donación al partido",
explica el
exvicepresidente de la
CEOE. Fernández también
asegura que esas
adjudicaciones eran
deficitarias. "Me parece
absurdo que alguien
pueda pensar que se
amañaron esos contratos.
Si fueran por alguna
cantidad importante,
podría entenderlo, pero
casi estaba en la
Asamblea para quedar
bien, más que por otra
cosa", defiende.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-09-28/punica-cifuentes-arturo-fernandez-contratos-cafeteria_1266884/
UN CABECILLA DE PÚNICA
PIDE EL MISMO TRATO
JUDICIAL QUE EL
EXONERADO PRESIDENTE DE
MURCIA
De Pedro esgrime el
escrito de la Fiscalía
para que se archiven
parte de las acusaciones
contra él
La decisión de la
Fiscalía General del
Estado de no acusar al
presidente de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez,
por sus tratos con la
trama Púnica sigue
ganando ‘adeptos’ entre
los acusados del propio
sumario. El último ha
sido Alejandro de Pedro,
el experto informático
señalado por la
investigación como uno
de los presuntos
cabecillas de la red de
corrupción y responsable
de los trabajos de
reputación online a
políticos que salpican
al jefe del ejecutivo
autonómico. De Pedro ha
presentado este
miércoles un recurso en
el que solicita que se
archiven parte de las
acusaciones que pesan
sobre él porque su
actuación “no había
perjudicado a las arcas
públicas”, uno de los
argumentos que defendía
la Fiscalía para
exonerar al presidente
de Murcia. Con él, ya
son cinco los
investigados (actual
denominación de la
figura del imputado) en
Púnica que han esgrimido
la ‘doctrina’ defendida
este miércoles en el
Congreso por el fiscal
general del Estado, José
Manuel Maza, para pedir
que levanten las
acusaciones que pesan
sobre ellos.
En la pieza de León, que
el juez Eloy Velasco dio
por concluida a finales
del año pasado, están
encausados, además del
propio De Pedro, el que
fuera presidente de la
Diputación de León por
el PP, Marcos Martínez
Barazón; el alcalde de
Puebla de Lillo, Pedro
Vicente Sánchez; un
interventor de la
provincia, y el socio
del experto informático,
José Antonio Alonso
Conesa, exalcalde
socialista de Cartagena.
De Pedro está acusado en
esta parte del sumario
de fraude, cohecho,
aprovechamiento de
información reservada,
malversación de caudales
públicos y prevaricación
continuada por el
supuesto desvío de
fondos públicos para
pagar los trabajos de
reputación online de
Martínez Barazón, y el
intento de amaño de un
concurso para adjudicar
la explotación de dos
cafeterías en una
estación de esquí de la
provincia. En su
escrito, el experto
informático niega los
hechos y acusa al
magistrado de la
Audiencia Nacional de
vulnerar sus derechos.
Así, detalla ocho
alegaciones en este
sentido. La última,
precisamente, la
“inexistencia de
indicios racionales de
criminalidad” en
“aplicación de [la]
doctrina de la Fiscalía
emitida en asunto contra
[el] presidente de la
Comunidad de Murcia”. En
este sentido, el
presunto cabecilla de la
trama recalca que las
acusaciones contra él
son “un mero juicio de
inferencia hipotético
carente del suficiente
soporte probatorio” en
el que se le atribuyen
hechos “que no tienen
trascendencia penal”.
Por ello, insiste en
“acoger la tesis
expuesta por la propia
Fiscalía” para mostrar
contrario a investigar a
Pedro Antonio Sánchez en
la pieza de Murcia, en
la que el propio De
Pedro también está
acusado, ya que
considera que tampoco en
León se produjo un
perjuicio a las arcas
públicas, uno de los
argumentos de aquel
escrito de
Anticorrupción. El
experto informático
también recuerda que la
Fiscalía también
considera que los
ilícitos de proposición
y conspiración en los
delitos contra la
Administración Pública
no aparecieron recogidos
en el Código Penal hasta
la reforma de 2015,
después de que se
produjeran los hechos.
Con el de Alejandro de
Pedro ya son cinco los
imputados en el caso
Púnica que hacen alusión
expresa en sus recursos
al escrito de la
Fiscalía Anticorrupción
que rechaza investigar
al presidente murciano.
La primera fue Reyes
Samper, que fuera la
directora del Instituto
de Fomento de la Región
de Murcia. El pasado 20
de febrero, solo cinco
días después de que se
conociera el polémico
escrito amparado por
José Manuel Maza,
presentaba un recurso en
este sentido. Un día
después lo hacía el que
fuera consejero de
Industria y Turismo del
Gobierno regional, Juan
Carlos Ruiz López; y 24
horas después los
excargos de confianza
del Ejecutivo murciano
Dolores Martínez Robles
y Fidel Saura.
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/02/actualidad/1488457034_348177.html
LA ACUSACIÓN POPULAR DE
PÚNICA DA UNA LECCIÓN DE
DERECHO A LA FISCALÍA
ADADE desmonta el
intento de exonerar al
presidente de Murcia con
jurisprudencia del
Supremo y pide la
imputación de Sánchez
La acusación popular de
Asociación de abogados
demócratas por Europa
(ADADE) ha presentado un
escrito en la Audiencia
Nacional en el que ponen
los puntos sobre las íes
en toda la polémica
sobre la petición de
imputación para el
presidente de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez
que intentó bloquear la
Fiscalía Anticorrupción.
En su escrito, ADADE
toma tres direcciones:
por un lado, dan un duro
rapapolvo a la teniente
fiscal de
Anticorrupción, Belén
Suárez, que se plegó a
las presiones de sus
superiores para intentar
exonerar al presidente
murciano con un escrito
de 12 líneas carente de
argumentos jurídicos.
Por otro lado, piden la
imputación de Sánchez
por fraude, cohecho y
revelación de
información reservada,
dando su apoyo a los
argumentos de la Unidad
Central Operativa de la
Guardia Civil que
también aceptó el juez
Eloy Velasco, cuando se
dirigió al Parlamento
murciano para certificar
que el presidente está
aforado, como paso
previo a su imputación.
Por último, aportan
variada documentación y
jurisprudencia del
Tribunal Supremo que
prueba que hay
argumentos jurídicos de
sobra para imputar a
Sánchez, como ya hizo
ELPLURAL.COM este
jueves.
En el punto cuarto de
sus argumentos, ADADE se
refiere al informe de la
fiscal teniente, “que
causa estupor a esta
parte” por la “simpleza
dialéctica empleada”
para intentar salvar a
Sánchez. Un informe
cuyas “doce líneas
contrastan” con la
“profusión de los
argumentos fácticos” que
aportan las fiscales del
caso Púnica, que se
negaron a firmar dicha
exoneración.
También que “resulta de
todo punto llamativo”
que el argumento de las
fiscales que sí es
válida para imputar a la
senadora del PP y
exalcaldesa de Cartagena
“no lo es respecto de
Pedro Antonio Sánchez”.
Además, como ya señaló
ELPLURAL.COM, destacan
que las fiscales del
caso dejaron todas sus
pruebas contra Sánchez
“en el Informe del
Ministerio Fiscal
referido a Pilar
Barreiro”.
Además, ADADE se remite
a variada jurisprudencia
del Tribunal Supremo,
mucha de ella citada por
este periódico este
jueves, para demostrar
que el fraude es un
“delito de naturaleza
netamente tendencial o
de mera actividad, que
viene a castigar
verdaderos actos
preparatorios, ya que no
necesita para la
consumación ni la
producción del efectivo
perjuicio patrimonial ni
tan siquiera el
desarrollo ejecutivo del
fraude”, como defendía
la fiscal teniente.
La lección de derecho
continúa con la
explicación de cómo
funciona el cohecho que
“es un delito de mera
actividad y se consuma
con la sola solicitud u
ofrecimiento”. Y
concluye con una
explicación de lo que
significaría que el
famoso escrito de 12
líneas fuera tomado en
consideración, sobre
todo cuando la fiscal
lanza la tesis de que,
hasta que el artículo
445 CP fue modificado
para penar
conspiraciones para
cometer delitos contra
la Administración, no se
podían perseguir un
“acuerdo criminal” como
el de Sánchez y
Barreiro.
Sostiene que lo
pretendido por el
legislador al aprobar
dicho artículo era
despenalizar con efecto
retroactivo todas
aquellas conductas
típicas de mera
concertación para
cometer delitos contra
la administración
pública. Ello choca
frontalmente con un
número significativo de
sentencias de todos los
Tribunales, y en
especial del Tribunal
Supremo, que condenan
por la comisión de
delitos como el fraude o
el cohecho por el mero
hecho de haberse
acreditado el concierto
para defraudar.
Por último, ADADE
concluye su escrito
haciendo mención a lo
“notorio” de que Sánchez
estuviera al tanto de
las contradicciones en
la Fiscalía sobre cómo
proceder sobre su caso.
En concreto, el informe
de la Secretaria Técnica
de la Fiscalía General
del Estado. Y añade,
demostrando que ni
siquiera ellos, que
están personados, tenían
esa información:
Esta parte está deseosa
de conocer dicho informe
y las confirmaciones de
los Fiscales de Sala del
Tribunal Supremo, puesto
que sin duda arrojarían
luz donde solo hay
oscuridad. Pero
desgraciadamente los
mismos no se han hecho
públicos y solo
disponemos para conocer
las razones de la
Fiscalía de doce líneas.
http://www.elplural.com/politica/2017/02/24/la-acusacion-popular-de-punica-da-una-leccion-de-derecho-la-fiscalia
EL JUEZ DE PÚNICA USA
SENTENCIAS DEL FISCAL
GENERAL CONTRA EL
PRESIDENTE DE MURCIA
Eloy Velasco sustenta
uno de los delitos que
atribuye al presidente
de Murcia con una
resolución dictada por
el propio fiscal general
La Fiscalía General
impuso no acusar al
presidente de Murcia
Catalá se entrevistó con
el presidente de Murcia
antes de que el fiscal
retirara la acusación
El juez del caso Púnica,
Eloy Velasco, ha
esgrimido una sentencia
redactada por el propio
fiscal general, José
Manuel Maza, para
justificar la imputación
de uno de los delitos
que el magistrado
atribuye al presidente
de Murcia, Pedro Antonio
Sánchez. En el auto con
el que el pasado viernes
dio por concluida la
investigación sobre la
rama murciana de Púnica
-a expensas de lo que
pase con el aforado
Sánchez y la otra
aforada popular-, el
juez desgrana los
argumentos jurídicos por
los que cree que se
cometieron diversos
delitos. Entre ellos, el
de «revelación de
informaciones
reservadas». Se trata de
uno de los tres que el
juez y las fiscales del
caso -no así la Fiscalía
General- creen que pudo
cometer Pedro Antonio
Sánchez. Lo habría hecho
«al proponer filtrar a
personas no funcionarios
información y
documentación interna
propia y pre
contratativa que no
podía revelar». Se
trataría de información
transmitida por Sánchez
y sus colaboradores a
las empresas de la trama
Púnica, que de esa forma
tenían ventaja frente a
la competencia.
El juez de la Audiencia
Nacional considera que
varios implicados
-Sánchez entre ellos-
cometieron ese delito al
examinar las sentencias
del Supremo que lo
analizan. Entre ellas,
una dictada por el
propio Maza en 2014,
cuando era magistrado de
la Sala de lo Penal del
Alto Tribunal.«La
jurisprudencia entiende
(ver por todas la
importante STS 8/5/2014,
ponente Maza
Martín)...», dice el
juez para extractar una
sentencia del fiscal
general sobre una
empresa a la que se
suministró información
para que obtuviera una
adjudicación. «La
característica esencial»
del delito, decía la
sentencia de Maza, es
«conocer aspectos que
redunden en una
adquisición de
privilegio por parte del
administrado favorecido,
frente a quienes son
privados de tal
información, que quedan
en una clara posición de
desventaja».
Además de revelación de
información, el juez del
caso Púnica ve fraude y
cohecho
El Código Penal castiga
con multa e
inhabilitación de hasta
tres años a «la
autoridad o funcionario
público que revelare
secretos o informaciones
de los que tenga
conocimiento por razón
de su oficio o cargo y
que no deban ser
divulgados».La mayor
parte de la
jurisprudencia empleada
por Velasco contra la
veintena de imputados se
refiere al delito de
fraude, que también se
le imputa a Sánchez
junto al de cohecho. El
juez es particularmente
extenso en el supuesto
fraude, puesto que es el
delito en el que se
centró el breve escrito
del Ministerio Público
oponiéndose a que se
abriera formalmente una
investigación contra el
mandatario popular. Tras
repasar las sentencias
del Supremo, el juez
resalta que el delito de
fraude es de los
denominados «de mera
tendencia», es decir,
que para considerarse
cometido basta «con que
exista la concertación
con el fin de
defraudar». El juez y
las fiscales del caso
estiman que eso se ha
producido. Por contra,
fuentes de la Fiscalía
General -tras recordar
que conocen
«perfectamente» la
sentencias aireadas por
Velasco- insisten en que
no llegó a producirse
ese «concierto».
Resaltan que no llegó a
haber aceptación por
parte de Sánchez de lo
que el imputado
Alejandro de Pedro le
proponía. Aunque sólo
fuera, como sostienen el
juez y las fiscales del
caso, porque el
estallido de la
operación policial no le
dio tiempo para ello.
Según el juez Velasco,
Sánchez se puso en
contacto con empresas de
la trama Púnica para
mejorar su imagen en
internet. Lo hizo porque
quería encabezar la
lista del PP en la
comunidad, cosa que
consiguió. Lo que más le
preocupaba, según la
investigación del caso,
era el desgaste que
podía suponer para él la
posible imputación en
otro presunto caso de
corrupción. También esto
acabó sucediendo y
Sánchez ya ha sido
imputado en el caso
Auditorio.
http://www.elmundo.es/espana/2017/02/22/58aca024ca47414e4f8b4662.html
GRANADOS QUIERE QUE
EDUARDO INDA TESTIFIQUE
EN SU FAVOR
El exsecretario general
del PP madrileño
pretende demostrar su
inocencia en el caso del
chivatazo a Marjaliza
Desde hace ya varios
meses, el que fuera mano
derecha de Esperanza
Aguirre y alcalde de
Valdemoro, Francisco
Granados, parece estar
dispuesto a jugar
cualquier carta para
salir de prisión. En
varias ocasiones ha
pedido declarar haciendo
creer que tiraría de la
manta, para luego no
hacerlo. Su última
carta: pedir que los
periodistas Eduardo Inda
y Estaban Urreiztieta,
así como otro de los
supuestos cabecillas de
la trama Púnica, el
constructor David
Marjaliza, acudan a
declarar en su defensa.
Granados pretende que
los tres le expliquen al
juez que su versión
sobre el supuesto
chivatazo de un guardia
civil que ayudó a poner
en sobre aviso a
Marjaliza y a él mismo,
es la correcta. El
problema es que lo que
cuenta Granados que
ocurrió y a lo que
apuntan las
investigaciones
judiciales es más que
antagónico.
La versión de Granados…
Según ha explicado la
defensa de Granados en
el escrito en el que
solicitan la declaración
de Inda, Urreiztieta y
Marjaliza, un documento
a ELPLURAL.COM ha tenido
acceso, todo fue una
serie de coincidencias
causadas por el alcohol.
La historia comienza
cuando la Sección de
Apoyo Técnico Operativo
de la UCO instaló una
cámara de vigilancia en
la entrada de las
oficinas del constructor
David Marjaliza, en
Pinto. Es aquí donde
empieza el relato de
Granados: “En la
madrugada del 6 de
septiembre de 2014,
durante la celebración
de las fiestas de
Valdemoro, D. Francisco
José Granados Lerena,
fue abordado por el
referido guardia civil
Sr. Rodríguez Talamino
al que no conocía con
anterioridad·”, cuenta
la defensa en el
escrito.
Pese a no saber quién
era, Granados asegura
que le contó que había
pasado la tarde
instalando un
dispositivo de seguridad
en Pinto ¿Por qué le
diría algo así?
“posiblemente por efecto
de las copas”, dice.
Por casualidades de la
vida, este guardia civil
le había contado sólo
unas horas antes lo
mismo al ya ex guardia
civil José Luis Caro
Vinagre. Para liar aún
más el rizo, resulta que
Granados y Caro son
amigos por lo que
hablaron por teléfono
“para comentar la
incidencia vivida y
aquel le confirmó lo que
sabía”.
Es entonces cuando a
Granados, según relata
su defensa, se vio
ahogado por la
preocupación pensando
que “la vigilancia
pudiera estar centrada
sobre su persona”,
aunque le habían dicho
que el dispositivo
estaba implantado en
Pinto, no en Valdemoro
donde él vive.
El que sí tiene las
oficinas en pinto, es
Marjaliza, pero Granados
no le llamó para
avisarle, para darle el
chivatazo y decirle que,
posiblemente, era el
objetivo de la
investigación de la UCO,
sino para desahogarse.
Por todo ello y
entendiendo “que los
hechos anteriores no son
constitutivos de
delito”, piden la
absolución de Granados.
La versión de los
investigadores…
Hasta aquí lo que cuenta
Granados, una historia
que ahora quiere que
Inda y Marjaliza
confirmen ante el juez.
Ahora bien, la justicia
apunta a otra versión
que pasa por que
Granados alertó a su
amigo Marjaliza tras
recibir el chivatazo de
un guardia civil de que
le estaban vigilando.
“Esto tiene muy mala
pinta”, le dijo el
exsecretario general del
PP madrileño al otro
principal detenido de
Púnica.
El guardia civil José
Manuel Rodríguez
Talamino le contó a
Granados que la UCO iba
tras él y el empresario.
Acto seguido, el popular
llamó a Marjaliza. Nada
de fiestas en Valdemoro,
ni de alcohol y
encuentro fortuitos.
Ahora habrá que esperar
a que el tribunal acepte
las peticiones de
declaración y a que Inda
y el propio Marjaliza
expliquen lo que saben
para saber la versión
definitiva.
http://www.elplural.com/politica/2017/02/22/granados-le-pide-ayuda-inda-quiere-que-testifique-en-su-favor
EL JUEZ DE LA PÚNICA
PIDE A LA UCO INVESTIGAR
VÍNCULOS DE MADRI+D CON
LA TRAMA
La gerencia de la
Fundación sigue vacante
tras la salida del
‘bisoño’ fichado por
Cifuentes
El juez Eloy Velasco ha
solicitado remitir
documentación de la
Fundación pública
Madri+D a la Unidad
Central Operativa de la
Guardia Civil (UCO),
para que investigue sus
vínculos con la trama
Púnica.
En una diligencia con
fecha de 17 de febrero,
a la que ha tenido
acceso ELPLURAL.COM, el
juez pide que se remita
el informe del
Ministerio Fiscal y la
documentación facilitada
por la Fundación Madri+D
a la Guardia Civil.
En un escrito anterior,
de junio de 2016, el
juez reclamaba a Madri+D
información sobre sus
contratos con la empresa
Estrategia de Identidad
y Comunicación Online
(EICO) en la etapa de
Ignacio González como
presidente de la
Comunidad de Madrid y
Lucía Figar como
consejera de Educación.
Madri+D es una entidad
de titularidad pública
dedicada a la
investigación
científica, que depende
de la Consejería de
Educación. En 2014, la
Fundación recibió del
Gobierno Regional las
competencias de
evaluación y
acreditación de las
universidades
madrileñas.
El juez pidió el
expediente de
contratación con la
Púnica
En 2013, Madri+D
contrató con la empresa
Estrategia de Identidad
y Comunicación Online
Reputation Management
(EICO), del conseguidor
de la Púnica Alejandro
de Pedro, la creación de
la web Studyinmadrid.es,
para difundir en el
extranjero de carreras
universitarias que se
cursan en la Comunidad
de Madrid.
En su diligencia de
junio de 2016, el juez
pedía a Madrid+D las
“normas de contratación”
seguidas por la
Fundación en su contrato
con EICO, “medios de
pago”, “presupuestos
solicitados a otras
sociedades” y el
“expediente completo de
contratación”.
En el momento de la
formalización del
contrato con la empresa
de Alejandro de Pedro el
director de la Fundación
Madrid+D era Luis
Sánchez Álvarez y el
gerente, José de la Sota
Ríus.
El exgerente, actual
director ajunto
Sota Ríus fue gerente de
Madri+D desde 2003 hasta
que fue relevado, en
noviembre de 2015, por
Ignacio Javier García
Gimeno, el escandaloso
fichaje de Cristina
Cifuentes para director
general de Asuntos
Europeos de la Comunidad
de Madrid, a principios
de febrero, como
adelantó en exclusiva
ELPLURAL.COM.
Sota Ríus dejó la
gerencia en noviembre de
2015, pero no la
Fundación, donde aparece
como coordinador del
Área de Investigación,
Desarrollo e Innovación.
En su cuenta en Linkedin,
Sota Ríus se presenta
como director adjunto de
Madri+D.
Curiosamente, en la web
de Madrid+D, el cargo de
gerente aparece vacante,
tras la salida de
Ignacio Javier García
Gimeno. Este diario ha
confirmado con la
fundación que
actualmente este puesto
continúa sin cubrirse.
http://www.elplural.com/politica/2017/02/21/el-juez-de-la-punica-pide-la-uco-investigar-vinculos-de-madridd-con-la-trama
EL JUEZ VELASCO ESTRECHA
EL CERCO EN TORNO AL
PRESIDENTE DE MURCIA EN
'PÚNICA' PESE A LAS
TRABAS DE LA FISCALÍA
El magistrado
resalta que un empleado
de Pedro Antonio Sánchez
cometió el delito de
fraude porque intentó
que los trabajos
"particulares
reputacionales on line
de su consejero se
sufragasen con cargo a
dinero público"
El segundo delito que el
instructor imputa a
David Conesa Ferrer es
el de revelación de
información reservada,
"al filtrar a personas
no funcionarios
información y
documentación interna
propia que no podía
revelar"
Las acusaciones del PSOE
y de Podemos del caso
Auditorio recurrirán la
citación como imputado
de Sánchez ya que el
auto le llama únicamente
por el delito de
prevaricación
administrativa, cuando
la exposición razonada
de la jueza de Lorca
incluye otros tres
El magistrado que
instruye en la Audiencia
Nacional el caso Púnica,
Eloy Velasco, estrecha
el cerco en torno al
presidente de la Región
de Murcia, Pedro Antonio
Sánchez, pese a la
oposición del fiscal
general del Estado, José
Manuel Maza, y de la
teniente fiscal de
Anticorrupción, Belén
Suárez.
En un auto del pasado 17
de febrero, Velasco
cierra la pieza separada
de Murcia de la Púnica,
e incluye entre los
acusados al máximo
colaborador de Pedro
Antonio Sánchez en la
Consejería de Educación
del Gobierno de la
Región de Murcia en sus
actividades
presuntamente
delictivas: el empleado
público David Conesa
Ferrer.
Además, el instructor
imputa dos de los tres
delitos que también
atribuye por los mismos
hechos a su exjefe en el
Gobierno murciano:
fraude y revelación de
información reservada.
El magistrado aplica al
presidente de la Región
de Murcia un tercer
delito de cohecho.
Velasco reclama a las
partes personadas en la
pieza separada de Murcia
de la Púnica que
presenten, en el plazo
de diez días, sus
escritos de acusación o
defensa, como paso
previo a sentar en el
banquillo de los
acusados a todos los
implicados en las
actividades delictivas
de la trama liderada por
Francisco Granados en la
Región murciana.
David Conesa Ferrer
Entre los implicados por
estas actividades se
encuentra David Conesa
Ferrer, del gabinete de
la Consejería de
Educación de Murcia,
cuyo consejero era el
actual presidente
murciano, Pedro Antonio
Sánchez. Y el juez
Velasco especifica los
delitos que
presuntamente habría
cometido este empleado
público. El primero el
de fraude, que también
implica al presidente de
Murcia, al concertarse
presuntamente con
empresas vinculadas al
informático de la red,
Alejandro de Pedro, "en
el amañe de contratos
de formación para la
Consejería de
Educación de la Región
de Murcia".
El auto resalta que
Conesa Ferrer trató de
que los trabajos
"particulares
reputacionales on line
de su consejero se
sufragasen con cargo a
dinero público
proveniente de futuros
contratos vinculados a
formación en el seno de
su Consejería).
Precisamente, la
imputación del delito de
fraude acordada por
Velasco choca de forma
frontal con las
intenciones de la
Fiscalía General del
Estado, que a través de
la teniente fiscal Belén
Suárez aseguró en un
escrito de 13 de
febrero, que consideraba
improcedente elevar una
exposición razonada
contra Pedro Antonio
Sánchez, y explicó: "Las
investigaciones entrañan
dificultades de deslinde
de la publicidad
institucional de la
reputacional, a lo que
se suma el hecho de que
ni siquiera existen los
contratos de publicidad
y no se ha producido
perjuicio alguno para
las arcas públicas".
Un fraude sin
cuantificar
Anticorrupción justifica
esta decisión también
porque la cuantificación
del perjuicio futuro
"tampoco puede
establecerse a los
afectos del fraude, en
la medida que sólo
constan las condiciones
propuestas por los
responsables de las
sociedades en un informe
preventa y no la
aceptación de las mismas
por el citado aforado",
en referencia al
presidente murciano.
Sin embargo, Velasco
incluye en el auto en el
que da por finalizada la
instrucción de la pieza
de Murcia un apartado en
el que justifica la
atribución de los
delitos a los
investigados. Y de esta
forma, el juez alude a
la sentencia del
Tribunal Supremo
166/2014, de 28 de enero
de 2014, cuyo ponente
fue el magistrado
Antonio del Moral
García, y que
estableció: "El artículo
436 del Código Penal
describe un delito de
naturaleza netamente
tendencia o de mera
actividad, que viene a
castigar verdaderos
actos preparatorios, ya
que no necesita para la
consumación ni la
producción del efectivo
perjuicio patrimonial ni
tan siquiera el
desarrollo ejecutivo del
fraude. Bastaría la
simple elaboración
concordada del plan
criminal (concierto) o
la puesta en marcha de
ciertos artificios con
la finalidad de llevarlo
a cabo".
Por eso, el instructor
establece en el auto que
el fraude, "en
consecuencia, es un
delito de mera
actividad, que se
consuma con que exista
la concertación con el
fin de defraudar, por lo
que la efectiva
apropiación de caudales
no pertenece a la
perfección del delito y
debe sancionarse en
concurso medial, siendo
pues, compatible con el
delito de
malversación".
Un segundo delito
El segundo delito que el
instructor de la Púnica
imputa a David Conesa
Ferrer es el de
revelación de
información reservada,
"al filtrar a personas
no funcionarios
información y
documentación interna
propia y precontratativa
que no podía revelar".
También en este segundo
caso coinciden tanto los
hechos como el delito
atribuido a Pedro
Antonio Sánchez.
Precisamente, el propio
empleado público David
Conesa Ferrer reconoció
en un escrito del pasado
15 de febrero dirigido
al juez Velasco, que los
hechos que se le
atribuyen son los mismos
que los del presidente
murciano: "Ha tenido que
ser el propio Ministerio
Público, en el que en un
escueto pero claro y
contundente informe,
destinado a un posible
aforado", en referencia
a Sánchez, "pero en
relación a los mismos
hechos, ha venido a
afirmar que no existe el
más mínimo indicio, no
ya de la participación"
el empleado público,
"sino incluso de la
comisión de delito
alguno".
De esta forma, el
representante legal del
imputado David Conesa
Ferrer utiliza, al igual
que ya hiciera otra de
las implicadas en la
pieza de Murcia, la ex
directora general del
Instituto de Fomento de
la Región de Murcia
Reyes Samper el informe
de la Fiscalía
Anticorrupción para
tratar de sortear el
banquillo de los
acusados.
Pero sin ningún éxito,
ya que Velasco mantiene
la acusación contra
todos los implicados, a
excepción de Pedro
Antonio Sánchez y de la
senadora Pilar Barreiro,
que como aforados
tendrán que ser
investigados en el
Tribunal Superior de
Justicia de Murcia y en
el Tribunal Supremo,
respectivamente.
Una posible imputación
En el auto,
Velasco explica también
que el actual presidente
de la Región de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez,
recurrió a la trama
liderada por Francisco
Granados porque "temía
por las consecuencias en
su estima debido a una
posible imputación" en
el caso Auditorio, por
el que ha sido llamado a
declarar como imputado
por el magistrado del
Tribunal Superior de
Justicia de Murcia,
Julián Pérez Templado.
Según explica el
magistrado en un auto
hecho público este
lunes, durante el año
2014 el presidente
murciano contactó con el
empresario de la red
Alejandro de Pedro para
valorar la posibilidad
de que se le realizaran
trabajos reputacionales
en internet y redes
sociales. Velasco
explica que en aquel
momento "la candidatura
de la región se
encontraba en disputa"
lo que convertía en algo
básico "un buen
posicionamiento en las
redes sociales" y una
buena reputación.
En el caso del
presidente murciano,
explica el auto, se
pusieron en marcha
contactos entre ellos,
que se intensificaron a
partir del 22 de
septiembre, valorando
los trabajos
reputaciones en 1.500
euros al mes que
facturarían en 3.000
euros al mes, más los
1.600 de un periodista
[4.600 con un total de
32.200 euros] y la
creación de un portal de
educación que daría
cobertura al coste de
los trabajos
reputacionales, pasando
finalmente una propuesta
de 4.600 euros al mes en
la que se cargaban e
incluían los costes por
los trabajos
particulares, también de
reputación, para Pilar
Barreiro, que esta
obtendría sin desembolso
alguno.
El contrato se truncó
La duración de los
servicios sería de 7
meses, de noviembre de
2014 a mayo de 2015,
exactamente, subraya el
auto, el periodo previo
a la campaña electoral
de ese año -en la que
los dos consejeros se
disputaban la
Presidencia de la
Región- facturándose
bajo el concepto
"formación". Las
cantidades indicadas,
explica la resolución,
no se llegaron a cobrar
al explotar la operación
policial y judicial
denominada Púnica, a
finales de octubre, que
la abortó.
En el citado auto, el
juez Velasco ordena
continuar el
procedimiento contra la
veintena de acusados en
la pieza que investiga
las actividades de la
trama Púnica en Murcia.
El magistrado deja fuera
a los dos aforados en
esta parte de la
investigación -el
presidente de Murcia y
la senadora del PP Pilar
Barreiro- a la espera de
decidir si remite o no
las actuaciones
relativas a ambos a los
tribunales competentes.
El instructor acusa
entre otros al
exconsejero de Turismo e
Industria Juan Carlos
Ruiz, el ex alcalde de
Molina de Segura Eduardo
Contreras y dos
exdirectoras generales,
así como uno de los
presuntos cerebros de la
red, el exalcalde del
PSOE de Cartagena y
exdiputado José Antonio
Alonso Conesa. Considera
los hechos constitutivos
de los delitos de
cohecho, fraude,
revelación de
información reservada,
tráfico de influencias,
malversación de caudales
públicos, prevaricación,
falsedad en documento y
pertenencia a
organización criminal.
Tres delitos en Púnica
Fue la semana pasada
cuando se conoció el
auto del juez de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco en el que se
atribuían la posible
comisión de tres delitos
al actual presidente
murciano, Pedro Antonio
Sánchez, y de otros
cinco a la senadora del
PP Pilar Barreiro, por
su relación con la trama
Púnica, a través de la
cual habrían pretendido
adjudicar contratos
desde la Consejería de
Educación a una empresa
que realizaría trabajos
para mejorar su imagen
on line.
El presidente murciano
presumió públicamente de
haberse enterado de que
cuatro fiscales del
Supremo se oponían a su
imputación, o, lo que es
lo mismo, se jactó de
haber accedido a una
información reservada de
la Fiscalía General.
Como estos últimos días
ha venido publicando
infoLibre, Pedro Antonio
Sánchez no ha podido
explicar un hecho
anómalo que ha provocado
la solicitud de dimisión
del ministro de
Justicia, Rafael Catalá,
que cargó además contra
las fiscales del caso
que no compartían la
decisión tomada por sus
superiores.
Por otra parte, las
acusaciones del PSOE y
de Podemos del caso
Auditorio han anunciado
su intención de recurrir
la citación como
imputado de Pedro
Antonio Sánchez ya que
el auto del magistrado
Julián Pérez Templado le
llama únicamente por el
delito de prevaricación
administrativa, cuando
la exposición razonada
de la jueza de Lorca
incluye otros tres
delitos: fraude contra
la administración
pública, falsedad en
documento oficial y
malversación de caudales
públicos.
En este sentido, este
miércoles el actual
fiscal general del
Estado, José Manuel
Maza, decidirá si
continúa en su cargo el
actual fiscal superior
de Murcia, Manuel López
Bernal, que este lunes
anunció a infoLibre su
intención de ejercitar
acciones legales contra
el periodista Eduardo
Inda, que en el programa
de laSexta Al Rojo Vivo
aseguró que la mujer del
fiscal, como letrada del
PSOE, fue la artífice de
la querella que dio
lugar al caso Auditorio,
unos hechos que rechaza
el funcionario público,
que explica que su
cónyuge abandonó
cualquier actividad
ligada al PSOE justo
antes de que pasara a
ejercer en 2006 las
labores de fiscal jefe
de Murcia.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/21/el_juez_velasco_estrecha_cerco_torno_presidente_murcia_punica_pese_las_trabas_fiscalia_61445_1012.html
CATALÁ ADMITE QUE EL
PRESIDENTE DE MURCIA
ACCEDIÓ A INFORMACIÓN
RESERVADA DE LA FISCALÍA
GENERAL EN EL CASO
PÚNICA
Pedro Antonio Sánchez
conocía un decreto del
fiscal general Maza
ordenando que no se le
acusara cuando ni
siquiera las partes
personadas lo habían
recibido
El ministro de Justicia
resta importancia al
asunto al tiempo que
carga contra las
fiscales del caso por
hacer constar sus
discrepancias con la
orden del fiscal general
"Me pongo del lado de
sus jefes", dice en
contra de las fiscales
que investigan la Púnica
desde hace más de tres
años, a las que deja
caer que serán
sancionadas
El ministro de Justicia,
Rafael Catalá, ha
admitido este jueves que
el presidente de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez,
conoció el decreto de la
fiscalía general del
Estado dando
instrucciones para que
no fuera acusado cuando
ni siquiera está
personado en la causa de
Púnica y al menos dos
días antes de que las
acusaciones y las
defensas comenzaran a
tener acceso al mismo.
En ese decreto del
lunes, el fiscal general
del Estado, José Manuel
Maza, daba instrucciones
para que Sánchez no
fuera acusado de
corrupción, en contra
del criterio de las dos
fiscales del caso y del
juez, Eloy Velasco. En
la mañana del día
siguiente, Sánchez decía
en una emisora que
cuatro fiscales del
Tribunal Supremo
respaldan que no se le
acuse. Esa postura de
los fiscales del alto
tribunal aparece en el
decreto de Maza.
"El fiscal general del
Estado dicta un decreto
que se comunica a
Anticorrupción, y el
presidente de Murcia al
día siguiente hace
referencia al documento.
Ha pasado el tiempo y,
me temo, las manos
suficientes como para
que (Sánchez) haya oído
hablar del asunto", ha
asegurado Catalá en una
entrevista en la cadena
Ser.
Hasta 24 horas después
de las declaraciones del
presidente de Murcia,
los medios de
comunicación no
comenzaron a informar de
las maniobras de la
Fiscalía General y, por
entonces, ni siquiera se
conocía la participación
de cuatro fiscales del
Tribunal Supremo.
La naturalidad con la
que Catalá se refiere a
la filtración al
presidente de Murcia se
convierte en reproche al
hablar de las fiscales
del caso Púnica por
dejar por escrito que
discrepan de las órdenes
recibidas. "La Fiscalía
debe funcionar con mayor
discreción. No tiene
sentido que unos
fiscales pongan que han
discrepado con sus
jefes", ha afirmado
Catalá en la entrevista.
El ministro de Justicia
ha intentado poner en
evidencia a las fiscales
Gemma García y María
Teresa Gálvez asegurando
que quien "tiene el
problema" son ellas, que
comenzaron a investigar
la trama Púnica hace más
de tres años. " Que el
criterio de dos fiscales
no sea soportado por sus
jefes, yo no sé dónde
hay que poner la verdad,
si en las fiscales o en
los jefes, yo me pongo
más del lado de sus
jefes", ha dicho.
Catalá ha remarcado que
la Fiscalía es una
organización jerárquica
y que es habitual que
los superiores se
pronuncien cuando hay
asuntos de especial
relevancia y "ratifiquen
o modifiquen". Por
contra, ha añadido: "Que
firme el escrito la
fiscal jefe de
Anticorrupción y no las
fiscales actuantes es
anómalo", ha reconocido
Catalá, quien ha
insistido en que eso no
implica que se ordenara
desde la Fiscalía del
Estado no acusar a
Sánchez, sino que la
superior jerárquica de
las fiscales del caso,
de forma independiente,
no sostuvo el criterio
de aquellas.
Lo "anómalo" en este
caso es, según el
ministro, que "una
discrepancia interna se
haya puesto en evidencia
hacia el exterior. Que
se hayan negado a firmar
supongo que generará una
actuación dentro de la
fiscalía. Pero sobre
todo me extraña que se
ponga en conocimiento
público", ha señalado.
También ha defendido que
no dimita el presidente
de Murcia al no estar
imputado.
http://www.eldiario.es/politica/Catala-presidente-Murcia-informacion-Punica_0_613138792.html
EL FISCAL GENERAL DEL
ESTADO: «NO HE RECIBIDO
PRESIONES PARA NO ACUSAR
A SÁNCHEZ»
Se muestra sorprendido
por la solicitud del
PSOE de que comparezca
en el Congreso de los
Diputados, aunque
asegura que estará
«encantado de hacerlo»
El fiscal general del
Estado, José Manuel
Maza, ha asegurado hoy
que no ha recibido
"ninguna presión" para
no actuar contra el
presidente de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez, y
el expresidente de La
Rioja y vicepresidente
del Senado, Pedro Sanz,
y que esa decisión está
avalada por informes
técnicos.
Así lo ha declarado a
los periodistas a su
llegada al Centro de
Estudios Jurídicos,
antes de inaugurar unas
jornadas sobre
criminalidad
informática, donde ha
asegurado que estará
"encantado" de dar
explicaciones en el
Congreso sobre este
asunto.
Ha sido preguntado por
la petición del PSOE de
que comparezca en el
Congreso de los
Diputados para que
explique si hay
injerencias políticas
detrás del informe que
remitió la teniente
fiscal -supuestamente
por indicación suya-
oponiéndose a investigar
al presidente de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez,
por el caso Púnica.
Y también por la
información publicada
hoy por el diario El
Mundo que apunta a su
oposición a acusar al
expresidente de La Rioja
y vicepresidente del
Senado, Pedro Sanz, en
un caso de supuesta
prevaricación
urbanística en la
construcción de un
chalet.
Preguntado si en esos
casos ha recibido
presiones, ha recalcado:
"Absolutamente,
absolutamente, yo no he
recibido ninguna
presión, pero además mi
decisión está avalada
por informes técnicos de
varios fiscales".
"Es insensato pensar que
pueda haber presiones;
en absoluto, mi decisión
ha sido tomada
analizando los criterios
de la Secretaría Técnica
y compartiéndolos,
viendo que eran
razonables, pero la
iniciativa parte de
ahí", insistido.
José Manuel Maza ha
asegurado además: "Si
algún día recibo
presiones tengo muy
claro lo que tendría que
hacer, pero espero no
recibirlas nunca y por
esto estoy en este
puesto".
El fiscal general ha
dicho que está "a
disposición del
Parlamento" y que si
tiene que comparecer lo
hará "encantado para
aclararlo todo".
"A mí sinceramente esto
me resulta sorprendente
porque son dos
actuaciones que están
totalmente fundadas en
la legalidad, avaladas
por los informes de los
fiscales de la
Secretaría Técnica y en
un caso (en referencia
al de Púnica) incluso
también por los fiscales
del Tribunal Supremo",
ha comentado.
Ha añadido que "igual
que hay multitud de
asuntos de corrupción
todos los días en los
cuales la Fiscalía está
investigando y está
colaborando, hay casos
en los que consideramos
que un ciudadano, sea
político o quien sea, no
tiene por qué estar
sometido a un
procedimiento penal".
Son casos en los que
"entendemos con toda
honestidad e
interpretando la ley que
no tienen por qué estar
en esa situación y eso
es lo que hemos hecho,
creo que esa es la tarea
de la Fiscalía", ha
apostillado.
Maza no ha querido
entrar en más
explicaciones, aunque
las daría en su momento
en el Congreso de los
Diputados.
"Llegado el momento,
creo que es en el
Congreso de los
Diputados donde hay que
responder lógicamente
como representantes de
todos nosotros y de la
soberanía nacional", ha
concluido el fiscal
http://www.larazon.es/espana/el-fiscal-general-del-estado-niega-presiones-para-no-investigar-al-presidente-de-murcia-GD14530475?sky=Sky-Febrero-2017#Ttt1BfEGu8IVXg3D
ANTICORRUPCIÓN ENVÍA DOS
INFORMES OPUESTOS SOBRE
'PÚNICA': EL DE LA JEFA
EXIME AL PRESIDENTE DE
MURCIA Y EL DE LAS
FISCALES DEL CASO LO
INCRIMINA
La teniente fiscal
argumenta en 12 líneas
que no consta que Pedro
Antonio Sánchez aceptase
el plan para defraudar
al Gobierno murciano
El relato de hechos del
escrito de sus
subordinadas sobre la
senadora Barreiro, de 27
páginas, involucra al
político en un "plan
criminal" abortado a una
semana de su inicio
El viraje impuesto por
el fiscal general del
Estado en la Operación
Púnica y que ha llevado
a Anticorrupción a
oponerse a que el
presidente de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez,
sea imputado acaba de
desencadenar una
situación inédita. Sobre
la mesa del juez del
caso, Eloy Velasco, hay
desde el lunes dos
informes, a los que ha
tenido acceso infoLibre,
formalmente ajenos el
uno al otro pero en
realidad absolutamente
contradictorios.
Un informe, firmado por
la fiscal jefe en
funciones de
Anticorrupción, Belén
Suárez, es el que
refleja la posición del
fiscal general, José
Manuel Maza. Y salva en
12 líneas a Sánchez al
concluir que los
contratos con que la
trama habría acometido
la tarea de limpiar su
imagen en Internet a
cambio de dinero
público, amén de
colocarse en un terreno
de difícil "deslinde"
–el que separa "la
publicidad institucional
de la reputacional"– ni
siquiera se firmaron. No
hubo por tanto
"perjuicio" económico.
Ni tampoco delito de
fraude porque –alega
Suárez– no consta que la
propuesta del
conseguidor y gran
experto en lavar la
imagen de distintos
políticos fuese aceptada
por Pedro Antonio
Sánchez.
El otro informe, de 27
páginas y suscrito por
las dos fiscales
asignadas al caso,
Carmen García y Teresa
Gálvez, se refiere
oficialmente solo a la
senadora del PP Pilar
Barreiro, que goza de
aforamiento ante el
Supremo y cuya futura
imputación se da por
segura. Pero el relato
de hechos de ese segundo
informe involucra
abierta y extensamente
al presidente murciano
en un "plan criminal"
destinado a mejorar la
reputación de Barreiro y
Sánchez con fondos
públicos y que para la
Consejería que entonces
-2014- dirigía Sánchez,
la de Educación, habría
supuesto un perjuicio
contante y sonante:4.600
euros por mes durante
siete meses de no ser
porque la operación
policial abortó la
implementación de ese
plan cuatro días antes
de la fecha fijada para
su inicio.
García y Gálvez solo
ponen nombre a los
delitos –prevaricación,
fraude y malversación–
en lo que respecta a
Barreiro. Pero las
conductas que describen
son idénticas en el caso
de la senadora y el del
jefe del Gobierno
murciano y número dos
del PP en esa comunidad:
la diferencia estriba en
que el Ayuntamiento de
Cartagena llegó a
suscribir los contratos
con Alejandro de Pedro y
el Gobierno de Murcia,
no.
La acusación popular que
ejerce la asociación de
abogados Adade pedirá al
juez Velasco que
mantenga su plan de
elevar al Tribunal
Superior de Murcia una
exposición razonada -una
especie de auto
explicatorio dirigido a
otros jueces- con los
indicios incriminatorios
que pesan sobre Pedro
Antonio Sánchez. El
abogado Francisco
Montiel, de Adade,
refuta los argumentos de
la fiscal Belén Suárez
con un ejemplo: "Es como
si la Policía pilla a
uno cuando todavía no le
ha dado tiempo a
disparar la escopeta y
decimos, no, no, no hay
muerto así que no hay
delito".
Según las fiscales de
Púnica, la senadora
Barreiro, que en 2014
aún era alcaldesa de
Cartagena, "se concertó"
con el entonces
consejero de Educación y
convino con él
"intermediar" con el
supuesto gran
conseguidor de la trama,
Alejandro de Pedro, y su
socio José Antonio
Alonso "para conseguir
que dicho tándem
aceptase trabajar la
reputación del
Consejero, estigmatizada
por las noticias
negativas que sobre él
publicaba internet". Y,
también, para que De
Pedro utilizase su
influencia en el ámbito
del PP nacional para
facilitar que Sánchez se
erigiese en candidato a
la Presidencia del
Gobierno murciano.
El siguiente párrafo del
escrito contiene la
primera gran bomba
contra Sánchez. "El
apoyo político y
reputacional que
ofrecieron a Pedro
Antonio Sánchez permitió
que todos ellos
elaboraran
concordadamente un nuevo
plan criminal
(concierto) para que el
gasto personal por los
trabajos de reputación y
posicionamiento en
buscadores realizado por
la sociedad EICO [de
Alejandro de Pedro] a
Pilar Barreiro y Pedro
Antonio Sánchez fuese
sufragado con cargo a
los fondos públicos del
presupuesto de
Educación".
La fiscal Belén Suárez
aduce en su informe
sobre Pedro Antonio
Sánchez que no se le
puede atribuir el delito
de fraude -cuando un
político se concierta
con un tercero para
adjudicarle un contrato
que en sí mismo
constituye un fraude a
las arcas públicas-
porque "ni siquiera
existen los contratos de
publicidad". "La
cuantificación de tal
eventual perjuicio
futuro tampoco puede
establecerse a los
efectos del delito de
fraude del art. 436 del
Código Penal, en la
medida en que sólo
constan las condiciones
propuestas por los
responsables de las
sociedades en un
denominado "informe
preventa" y no la
aceptación de las mismas
por el citado aforado".
"Además –agrega Suárez–,
en cuanto se trata de
hechos previos y
anteriores a la reforma
del Código Penal (...),
que entró en vigor el 1
de julio de ese año
[2015], no podría
sancionarse la
provocación, proposición
y conspiración para
cometer los delitos
contra la Administración
Pública, que ahora
tipifica el art. 445 del
Código Penal".
Las fiscales García y
Gálvez, en cambio,
recalcan en cambio la
existencia de lo que en
un momento del escrito
definen también como
"plan defraudador". Y
aportan detalles para
ilustrar la presunta
participación de Pedro
Antonio Sánchez en ese
plan, cuya sola
existencia implicaría
los delitos de fraude y
malversación según
distintas fuentes
jurídicas ajenas a la
Fiscalía aun si solo
fuera en grado de
tentativa. "Las
conversaciones
telefónicas intervenidas
-dice este segundo
informe- han revelado
que Alejandro de Pedro,
José Antonio Alonso,
Pilar Barreiro y Pedro
Antonio Sánchez
mantuvieron contactos y
reuniones convocadas en
hoteles de Madrid, fuera
de los despachos
oficiales de ambos
cargos públicos,
manteniendo reservados
los encuentros, para
fraguar un contrato
negociado del que
saldría perjudicada la
Administración pública
autonómica de Murcia".
El texto dice más: "Las
llamadas telefónicas
intervenidas -relatan
las dos fiscales de
Púnica- han puesto de
manifiesto que la
publicación en las redes
sociales de nuevas
noticias negativas del
Consejero de Educación
en el mes de septiembre
de 2014 aceleró las
prisas de Pedro Antonio
Sánchez por sus trabajos
y provocó la
convocatoria de dos
nuevos encuentros en
Madrid entre Alejandro
de Pedro, el Consejero
de Educación y Pilar
Barreiro los días 22 de
septiembre y 21 de
octubre de 2014, en el
"Hotel Palace" y en el
"Hotel de las Letras"
respectivamente,
evitando de nuevo la
sede oficial de ambos
políticos. En esa
segunda reunión se
cerraron las
negociaciones ideadas".
La implementación del
plan de limpieza de
imagen de Sánchez con
cargo a los fondos de la
Consejería de Educación,
explican las fiscales,
estaba previsto para el
1 de noviembre. Pero la
operación policial
ordenada por el juez
Eloy Velasco estalló
cuatro días antes, el 27
de octubre.
Lo sucedido desde que
Anticorrupción difundió
el lunes una nota de
prensa con la que
anunciaba su negativa a
la imputación del
presidente autonómico
del PP y una vez que el
propio Pedro Antonio
Sánchez desveló al día
siguiente a primera hora
que los cuatro fiscales
jefe de lo Penal del
Supremo se oponían
igualmente a que se le
investigase ha generado
inquietud e
incertidumbre en
distintos ámbitos
jurídicos.
Este miércoles, el
portavoz de la Unión
Progresista de Fiscales,
Álvaro García, aseguró a
infoLibre que su
asociación pedirá a la
Fiscalía General que
explique "cómo le llegó
la información" a Pedro
Antonio Sánchez.
También la Asociación
Profesional
Independiente de
Fiscales emitió un
comunicado en el que
alerta de que "la
supuesta orden dada por
la Fiscalía General del
Estado de no promover la
investigación" a Pedro
Antonio Sánchez
evidencia "serias
deficiencias de la
actual configuración del
Ministerio Fiscal para
que pueda asumir la
función de llevar la
instrucción de las
causas penales". "No
alcanzamos –agrega el
comunicado- a comprender
(ni debe admitirse) que
las órdenes, dentro de
nuestra institución,
sean negativas, es
decir, que se nos ordene
no investigar o no
perseguir un posible
delito"
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/16/anticorrupcion_envia_dos_informes_opuestos_sobre_punica_jefa_exime_presidente_murcia_las_fiscales_del_caso_incrimina_61246_1012.html
EL PRESIDENTE DE MURCIA
SUPO ANTES QUE LAS
FISCALES DE 'PÚNICA' QUE
LA CADENA DE MANDO DEL
TS SE OPONÍA EN BLOQUE A
INVESTIGARLE
Las dos
responsables de la
acusación pública en el
caso ignoraban que los
cuatro fiscales jefe de
sala del alto tribunal
se habían pronunciado
contra imputar a Pedro
Antonio Sánchez
La portavoz del
Ejecutivo murciano se
escuda en una especie de
secreto profesional para
no desvelar cómo accedió
su jefe a información
secreta de la Fiscalía
General del Estado
El presidente de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez,
del PP, supo antes que
las dos fiscales
asignadas a la Operación
Púnica que la cadena de
mando de la Fiscalía del
Supremo –los cuatro
fiscales jefe de la Sala
de lo Penal– se habían
pronunciado en bloque en
contra de la imputación
del político. Fuentes
jurídicas informadas de
lo sucedido reconocieron
este miércoles a
infoLibre que cuando
Sánchez desveló el
martes por la mañana en
la Cadena Cope que los
cuatro fiscales jefe de
sala "consideran que no
hay que investigar",
nadie había comunicado
aún ese dato a las
fiscales de Púnica,
María Teresa Gálvez y
Carmen García. Es decir,
ambas ignoraban que el
respaldo a la posición
del fiscal general
-eximir de culpa a
Sánchez, lo contrario de
lo que ellas mismas
mantenían que debía
hacerse- había sido
"unánime", por utilizar
el adjetivo que
emplearon este miércoles
fuentes oficiales de la
Fiscalía para definir el
resultado de la consulta
planteada por Maza. La
consulta a los cuatro
fiscales de sala,
añadieron las fuentes
oficiales, se efectuó
"la semana pasada".
Gálvez y García,
conocidas por su actitud
reacia hacia los
periodistas, se
mantienen fuera de foco
desde el lunes. .
El martes, infoLibre
preguntó a los
portavoces oficiales del
Gobierno murciano cómo
supo Sánchez cuál era la
posición de los fiscales
del Supremo si se trata
de un dato estrictamente
reservado que en ningún
caso se comunica a
ningún potencial
imputado, como era y
sigue siendo su caso, y
que no había trascendido
a la opinión pública. La
noche del martes, una
fuente oficial del
Ejecutivo regional dijo
que lo había sabido "por
la prensa" pero guardó
un silencio sostenido
cuando este diario
inquirió sobre a través
de qué medio de
comunicación se había
enterado el presidente
Sánchez.
El miércoles por la
mañana, infoLibre
reiteró la pregunta. Los
portavoces oficiales
dijeron esta vez que
"por medios digitales y
periodistas que llamaron
para comentarnos el
asunto". Pero, en contra
de esa versión, lo
cierto es que ningún
medio –ni digital ni de
ninguna categoría– había
publicado la noticia.
Supuestamente, el
Gobierno murciano habría
recibido así la
información a través de
periodistas que teniendo
una exclusiva de gran
alcance jamás habrían
llegado a publicarla
para, en cambio,
limitarse a ponerla en
manos del Ejecutivo
regional del PP.
A media mañana, la
sospecha de que Pedro
Antonio Sánchez había
tenido acceso a
información
privilegiada, no se sabe
exactamente a través de
qué tipo de filtración,
adquiría fuerza
redoblada en la rueda de
prensa ofrecida por la
portavoz del Gobierno
regional. En esa
comparecencia, y después
de que un periodista le
insistiera para que
explicase cómo logró
Pedro Antonio Sánchez
saber lo que opinaban
los cuatro fiscales jefe
del Supremo, la portavoz
y consejera Noelia
Arroyo eludió ya toda
referencia a la supuesta
publicación de la
noticia en el
desconocido "medio
digital" mencionado
varias veces desde el
día anterior por su
equipo sin aportar nunca
ningún dato que
permitiera identificar a
dicho medio. La portavoz
cambió de estrategia y
pasó a invocar una
especie de secreto
profesional para negarse
a dar explicaciones.
Al informador que había
preguntado, Arroyo le
espetó lo siguiente:
–¿Usted cuando publica
una exclusiva cómo lo
consigue?
Mientras otros presentes
en la sala saludaban con
risas de complacencia la
inversión de papeles
protagonizada por
Arroyo, el periodista
que había hecho la
pregunta se limitó a
responder con seriedad
de forma escueta:
–Por fuentes oficiales,
generalmente no.
Y fue aquí cuando de
manera inesperada Arroyo
equiparó a su jefe y
jefe del Gobierno
murciano con un
periodista asistido por
el deber y derecho de
secreto profesional:
–O por filtraciones
-replicó la portavoz al
informador-. Y usted
nunca desvela sus
fuentes. El presidente
hizo una entrevista y
contestó lo que creyó
oportuno. Ahí está la
entrevista y ahí están
las respuestas del
presidente; desde luego
el gobierno no va a
hacer valoraciones de
ningún tema de la
justicia. Ni del juez ni
de la fiscalía, ningún
tema de la justicia.
Un momento después, la
misma Arroyo añadía otra
afirmación sorprendente:
–Él dijo lo que dijo. Y
quien quiera saber lo
que dijo el presidente,
que escuche la
entrevista. Y lo que
digo es que yo
desconozco, y no es una
cuestión, como le he
planteado al compañero
periodista, que deba
trascender si sabía, no
sabía.... Yo sé lo que
dijo el presidente y yo
no valoro más allá de lo
que dijo el presidente.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/16/el_presidente_murcia_supo_antes_que_las_fiscales_punica_que_cadena_mando_del_supremo_oponia_bloque_investigarle_61231_1012.html
LA FISCALÍA GENERAL
IMPUSO NO ACUSAR AL
PRESIDENTE DE MURCIA
La Fiscalía General del
Estado ordenó no seguir
adelante con la
investigación al
presidente de Murcia, en
contra del criterio de
las fiscales encargadas
del caso Púnica,
partidarias de reclamar
la imputación de Pedro
Antonio Sánchez. El
informe remitido por la
Fiscalía a la Audiencia
Nacional oponiéndose a
pedir el suplicatorio
contra el dirigente
popular está firmado por
la teniente fiscal de
Anticorrupción, Belén
Suárez, y no por las
fiscales del caso Carmen
García Cerdá y Teresa
Gálvez, que sí rubrican
el de la senadora del PP
Pilar Barreiro, según
confirmaron fuentes
jurídicas. El motivo es
que las fiscales que han
llevado el día a día de
la investigación que
afecta a Sánchez
consideraban que había
indicios para proceder
contra él y contra la
parlamentaria, según las
mismas fuentes.
El dirigente del PP
conocía ya el lunes que
la cúpula fiscal apoyaba
exonerarle
En lo que afecta a
Sánchez, el criterio de
las fiscales chocó con
el de sus superiores.
Inmediatamente después
de que el juez Eloy
Velasco activara los
trámites para pedir su
imputación, la Fiscalía
que dirige José Manuel
Maza informó de que se
oponía a que el juez
elaborase la llamada
exposición razonada. Se
trata del escrito en el
que se reúnen los
indicios de delito
encontrados contra un
aforado y que se remite
al tribunal competente
para juzgarle, de manera
que éste decida si le
abre una investigación.
En el caso de Sánchez,
sería el Tribunal
Superior de Justicia de
Murcia el que, si así lo
acuerda finalmente el
juez, debería decidir si
le imputa por el uso de
dinero público para
reforzar su candidatura
a encabezar la lista del
PP en la comunidad.
El recorrido interno que
el asunto ha tenido en
la Fiscalía era conocido
por el propio afectado.
En una entrevista en la
cadena Cope, Sánchez se
jactó ayer de que
«cuatro fiscales jefe de
la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo»
consideraron «que no se
debe investigar».
Precisamente, el
Gobierno de Murcia
informó, el mismo lunes,
a los medios, por vía
oficial, que la decisión
del Ministerio Público
fue «adoptada por la
Secretaría Técnica de
esta Fiscalía General y
por los cuatro fiscales
de Sala jefes de la
Sección de lo Penal del
Tribunal Supremo».
Fuentes de la Fiscalía
restan relevancia a las
discrepancias entre el
criterio del fiscal de
un caso y lo que
finalmente se decide
desde la cúpula del
Ministerio Público.
Explican que los asuntos
de trascendencia se
pasan para su examen a
la Secretaría Técnica,
el órgano que asesora al
fiscal general.
El Ministerio Fiscal no
desmiente que Sánchez
planeara gastar dinero
público
En este caso también se
envió a los fiscales de
Sala del Supremo, el
tribunal que se
encargará en su caso de
juzgar a la senadora. La
Fiscalía General resalta
que en ambos ámbitos
hubo unanimidad a la
hora de considerar que
no había motivos para
imputar al presidente.
En su escrito, que ayer
aún no se había
notificado a las partes,
la Fiscalía no desmiente
que el presidente
autonómico planeara
gastar dinero público en
la mejora de su imagen.
Su argumento para no
seguir adelante contra
Sánchez es que «no
llegaron a formalizarse
contratos de publicidad»
en su favor y que, por
tanto, «no se ha
producido perjuicio
alguno para las arcas
públicas».El juez
atribuye a Sánchez los
presuntos delitos de
fraude, cohecho y
revelación de
información reservada.
Los habría cometido en
su etapa de consejero de
Educación, al amañar
contratos de formación
que servían para pagar
con dinero público
«trabajos particulares
reputacionales en
internet y redes
sociales para reformar
su imagen de cara a su
postulación como futuro
presidente de la Región
de Murcia».Para ello se
habría concertado con
Alejandro de Pedro -uno
de los principales
imputados del caso
Púnica-, que manejaba
numerosos medios de
comunicación digitales
con los que obtenía
buenos posicionamientos
de sus clientes en
internet. La decisión
del juez instructor
sobre el presidente
murciano tiene su origen
en un informe de la
Guardia Civil que
explica que los
servicios supuestamente
contratados por Sánchez
«tienen que ver con la
reputación» del
dirigente popular «y no
son prestaciones que
respondan a una
necesidad pública, sino
al interés personal del
consejero para validar
su gestión,
contrarrestar las
noticias desfavorables a
su persona y de ese modo
poder progresar en su
carrera política». Según
los investigadores, los
pagos acordados entre
Sánchez y De Pedro
fueron de 4.600 euros al
mes durante siete meses.
A la Guardia Civil le
llamó la atención «que
los servicios se van a
prestar hasta el mes de
mayo de 2015, fecha
(24/05/2015) en la que
se celebraron los
comicios locales y
regionales en 2015». En
total, un acuerdo por
valor de 32.200 euros.
El juez considera que si
los pagos no se llegaron
a realizar fue porque
antes estalló la
operación Púnica.
http://www.elmundo.es/espana/2017/02/15/58a37ccc22601de4508b45d0.html
EL JUEZ QUIERE
INVESTIGAR A SÁNCHEZ POR
COHECHO, FRAUDE Y
REVELACIÓN DE
INFORMACIÓN EN 'PÚNICA'
Pide a la Asamblea que
certifique que está
aforado para enviar una
exposición razonada al
TSJ
Velasco atribuye a la
senadora y exalcaldesa
de Cartagena Pilar
Barreiro los mismos
delitos que al
presidente regional,
además de los de
prevaricación continuada
y malversación
Cohecho, revelación de
información reservada y
fraude. Esos son los
tres delitos que el juez
de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco atribuye de
forma indiciaria al
presidente de la
Comunidad de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez,
por su presunta
implicación en el 'caso
Púnica'. El magistrado
ha dictado un auto en el
que expresa su
determinación de enviar
las diligencias sobre la
rama murciana al
Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, por
ser el competente para
enjuiciar al jefe del
Ejecutivo murciano,
razón por la cual ha
reclamado de la Asamblea
Regional que certifique
que Sánchez disfruta de
ese aforamiento
especial.
En principio, una vez
que el juez Velasco
tenga en sus manos la
certificación de la
cámara del aforamiento,
dictará una exposición
razonada y remitirá el
caso al TSJ con todos
los indicios delictivos
que en su opinión
señalan a Sánchez.
Sin embargo, horas
después de que se
hiciera pública la
decisión del instructor,
la Fiscalía
Anticorrupción presentó
un informe ante Velasco
en el que se opone a
dicha elevación de dicha
exposición razonada,
porque considera que en
el caso de Sánchez no
hubo perjuicio alguno
para las arcas públicas,
al no llegar a
formalizarse los
contratos.
El instructor del 'caso
Púnica', que también
anuncia que actuará
contra la exalcaldesa de
Cartagena y actual
senadora Pilar Barreiro,
da por hecho que Pedro
Antonio Sánchez quiso
beneficiarse
personalmente de los
trabajos de reputación
en internet que
ofertaban dos de los
supuestos líderes de esa
trama, Alejandro de
Pedro y el exalcalde de
Cartagena José Antonio
Alonso, así como que
esas tareas iban a ser
sufragadas con cargo a
los fondos de la
Consejería de Educación.
En concreto, el juez
considera que Sánchez
podría haber incurrido
en un presunto fraude
«por la concertación con
empresas vinculadas a
Alejandro de Pedro en el
amañe de contratos de
formación para la
Consejería de Educación
tendentes a sufragar con
dinero público previsto
para la formación lo que
eran en realidad
trabajos particulares
reputacionales en
internet y redes
sociales, para reformar
su imagen de cara a su
postulación como futuro
presidente de la Región
de Murcia»; otro
supuesto delito de
cohecho, por
«ofertársele y prestarle
servicios de carácter
particular y personal de
carácter reputacional
'online', a cambio de
amañar futuros contratos
públicos de formación en
la Consejería de
Educación», y un tercer
delito, presuntamente de
revelación de
información
privilegiada, por
«proponer filtrar a
personas no funcionarios
información y
documentación interna
propia y precontratativa
que no podía revelar».
En el caso de Barreiro,
Anticorrupción considera
que sí se debe elevar la
investigación sobre su
conducta al Tribunal
Supremo por considerarla
indiciariamente
constitutiva de delitos
de falsedad,
prevaricación y
malversación.
Quién es quién en el
'caso Púnica'
Pilar Barreiro Álvarez
El juez Eloy Velasco
atribuye a la
exalcaldesa de Cartagena
en el 'caso Púnica' los
presuntos delitos de
fraude -«por la
concertación con
empresas vinculadas a
Alejandro de Pedro en el
amañe de futuras
adjudicaciones en
contratos públicos de
formación en la
Consejería de
Educación»-,
malversación de caudales
públicos -«por sufragar
con dinero público
previsto para campañas
de publicidad de turismo
en Cartagena, en
realidad, trabajos
particulares como son:
la creación de un diario
digital y los honorarios
por los trabajos de un
periodista para
sufragarlos-, cohecho
-«se le ofertan y
prestan servicios de
carácter particular y
personal como son: la
creación de un diario
digital en Cartagena y
los honorarios por los
trabajos de un
periodista para
sufragarlos, a cambio de
innecesaria publicidad
turística que ella
adjudica en su
Ayuntamiento»-,
prevaricación continuada
-«instrumentalizando una
secuencia continuada de
resoluciones ejecutivas,
decisorias y
arbitrarias, por las que
mes tras mes, aprobó un
gasto de respaldo,
fraccionando con
intención, un gasto
irregular durante
meses»- y revelación de
información reservada
-«al proponer filtrar a
personas no funcionarios
información y
documentación interna
propia y pre
contratativa que no
podía revelar», según se
desprende del auto del
magistrado.
Juan Carlos Ruiz López
El que fuera consejero
de Industria, Turismo,
Empresa e Innovación
está siendo investigado
por los presuntos
delitos de cohecho -«se
le ofertan y prestan
servicios de
asesoramiento y
reputación 'online'
particulares que se
retribuyen con cargo a
la realización de
contratos públicos
redundantes e
innecesarios y por
encima del precio de
mercado en la Consejería
que dirige»-, fraude
-«concertación
privilegiada contraria a
la libre concurrencia de
otras posibles ofertas
en la adjudicación de
diversos contratos
públicos, unos
vinculados a la
visibilidad en las redes
sociales a la Región de
Murcia a visitantes
extranjeros de Reino
Unido, del Instituto de
Turismo y otro de
reposicionamiento de la
marca INFO del Instituto
de Fomento, ambos de su
Consejería, como paso
previo a distraer
caudales públicos para
fines particulares de
influencia política,
compensando trabajos de
reputación digital de
carácter personal
alejados del interés
común, mediante la
adjudicación de sendos
contratos de su
Consejería»- y
revelación de
información reservada
-«al proponer filtrar a
personas no funcionarios
información y
documentación interna
propia y pre
contratativa que no
podía revelar».
Fidel Saura Guerrero
El exjefe de Gabinete de
la Consejería de
Industria, Turismo,
Empresa e Innovación
está imputado por
supuestos delitos de
tráfico de influencias
-«presionando a
empleados públicos de la
Consejería abusando de
su cargo para conseguir
encontrar la forma de
poder llevar a cabo
contratos públicos que
remunerase en la
reputación 'online' de
su consejero»-,
revelación de
información reservada
-«al filtrar a personas
no funcionarios
información y
documentación interna
propia y pre
contratativa que no
podía revelar»-, y
fraude -«realizar
concreta actividad
ejecutiva estando al
tanto de la misma y de
su ilicitud, tendente a
la concertación
privilegiada contraria a
la libre concurrencia de
otras posibles ofertas
en la adjudicación de
diversos contratos
públicos, unos
vinculados a la
visibilidad en las redes
sociales a la Región de
Murcia a visitantes
extranjeros de Reino
Unido, del Instituto de
Turismo y otro de
reposicionamiento de la
marca INFO, como paso
previo a permitir la
distracción posterior de
caudales públicos para
fines particulares de
influencia política,
compensando trabajos de
reputación digital de
carácter personal sobre
la persona de su
consejero alejados del
interés común mediante
la adjudicación de
sendos contratos de su
Consejería».
Mariola Martínez Robles
La que fuera directora
general de Turismo de la
Región de Murcia está
siendo investigada en el
'caso Púnica' por
presuntos delitos de
tráfico de influencias
-«presionando a
empleados públicos del
Instituto de Turismo
abusando de su cargo
para conseguir encontrar
la forma de poder llevar
a cabo los contratos
públicos que remunerasen
la reputación online de
su consejero»-, fraude
-«realizar concreta
actividad ejecutiva de
concertación
privilegiada contraria a
la libre concurrencia de
otras posibles ofertas
en la adjudicación de un
contrato público
vinculado a la
visibilidad en las redes
sociales a la Región de
Murcia a visitantes
extranjeros de Reino
Unido, en su Instituto
de Turismo, como paso
previo a distraer
caudales públicos para
fines particulares de
influencia política,
compensando trabajos de
reputación digital de
carácter personal, tanto
de su consejero como del
alcalde de Molina de
Segura, donde fue
concejal, alejados del
interés común, mediante
la adjudicación de un
contrato de su Dirección
General»- y revelación
de información reservada
-«al filtrar a personas
no funcionarios
información y
documentación interna
propia y pre
contratativa que no
podía revelar».
Reyes Samper Henarejos
La ex directora general
del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia (INFO)
está imputada por los
supuestos delitos de
tráfico de influencias
-«presionando a
empleados públicos del
INFO, abusando de su
cargo para conseguir
encontrar la forma de
poder llevar a cabo los
contratos públicos que
remunerasen la
reputación 'online' de
su consejero»-, fraude
-«realizar concreta
actividad ejecutiva de
concertación
privilegiada contraria a
la libre concurrencia de
otras posibles ofertas
en la adjudicación de un
contrato público
vinculado al
reposicionamiento de la
marca INFO, como paso
previo a realizar la
concreta actividad
ejecutiva, estando al
tanto de la misma y de
su ilicitud, tendente a
distraer caudales
públicos para fines
particulares de
influencia política,
compensando trabajos de
reputación digital de
carácter personal de su
consejero alejados del
interés común, mediante
la adjudicación de un
contrato de su Dirección
General»- y revelación
de información reservada
-«al filtrar a personas
no funcionarios
información y
documentación interna
propia y pre
contratativa que no
podía revelar».
Jesús Norberto Galindo
Sánchez
El ex secretario general
del Instituto de Turismo
de la Región de Murcia
es otro de los
investigados en el 'caso
Púnica'. El juez Velasco
le atribuye los
presuntos delitos de
revelación de
información reservada
-«al filtrar a personas
no funcionarios
información y
documentación interna
propia y pre
contratativa que no
podía revelar»- y fraude
-«realizar concreta
actividad ejecutiva
estando al tanto de la
misma y de su ilicitud,
tendente a la
concertación
privilegiada contraria a
la libre concurrencia de
otras posibles ofertas
en la adjudicación de un
contrato público
vinculado a la
visibilidad en las redes
sociales a la Región de
Murcia a visitantes
extranjeros de Reino
Unido, en su Instituto
de Turismo, como paso
previo a distraer
caudales públicos para
fines particulares de
influencia política,
compensando trabajos de
reputación digital de
carácter personal sobre
la persona de su
consejero alejados del
interés común»-.
Eduardo Contreras
Linares
El exalcalde de Molina
de Segura está imputado
en el 'caso Púnica' por
supuestos delitos de
fraude -concertación con
los anteriores
coooperando
necesariamente en la
materialización de la
concreta ilícita
actividad ejecutiva (de
la que estaba al tanto y
compartía), tendente a
distraer caudales
públicos para fines
particulares de
influencia política,
compensando trabajo de
reputación digital de
carácter personal,
alejados del interés
común, mediante la
adjudicación de un
contrato en la Dirección
General de Turismo de la
Región de Murcia»- y
cohecho -«se le ofertan
y prestan servicios de
asesoramiento y
reputación 'online'
particulares que se
retribuyen con cargo a
la realización de
contratos públicos
redundantes e
innecesarios y por
encima del precio de
mercado en la Consejería
de Industria, Turismo,
Empresa e Innovación»-.
María del Mar Conesa
Marchán
La que fuera asesora de
la exalcaldesa de
Cartagena Pilar Barreiro
está siendo investigada
por los presuntos
delitos de fraude -«por
la concertación con
empresas vinculadas a
Alejandro de Pedro en el
amañe de contratos de
publicidad turística en
el Ayuntamiento de
Cartagena»-,
prevaricación continuada
-«instrumentalizando una
secuencia continuada de
resoluciones ejecutivas,
decisorias y
arbitrarias, por las que
mes tras mes aprobó un
gasto indebido, sin
formalizarse ni
aprobarse ningún tipo de
contrato o procedimiento
negociado de respaldo,
fraccionando con
intención un gasto
irregular durante
meses»- y malversación
de caudales públicos
-«por colaborar con la
autorización y trabajos
de ejecución a sufragar
con dinero público
previsto para campañas
de publicidad de turismo
en Cartagena, en
realidad, trabajos
particulares como son:
la creación de un diario
digital en esa localidad
murciana y los
honorarios por los
trabajos de un
periodista para
sufragarlos»-.
David Conesa Ferrer
El actual asesor del
presidente de la
Comunidad, Pedro Antonio
Sánchez, que fue asesor
del mismo en su etapa al
frente de la Consejería
de Educación, está
imputado en el 'caso
Púnica' por los
presuntos delitos de
fraude -«por la
concertación con
empresas vinculadas a
Alejandro de Pedro en el
amañe de contratos de
formación para la
Consejería de Educación,
siendo funcionario,
cooperador necesario
connivente en que los
trabajos particulares
reputacionales 'online'
de su consejero se
sufragasen con cargo a
dinero público
proveniente de futuros
contratos vinculados a
formación en el seno de
su Consejería»- y de
revelación de
información reservada
-«al filtrar a personas
no funcionarios
información y
documentación interna
propia y pre
contratativa que no
podía revelar»-.
José Antonio Alonso
Conesa
El exalcalde socialista
de Cartagena y socio de
Alejandro de Pedro es,
según el auto del juez
Velasco, «el conseguidor
de contactos para
iniciar y mantener los
trabajos de las
entidades vinculadas a
De Pedro». El magistrado
le imputa los presuntos
delitos de fraude
-«concertación
privilegiada contraria a
la libre concurrencia de
otras posibles ofertas
en la adjudicación de
diversos contratos
públicos vinculados a
las Consejerías de
Educación e Industria,
Turismo, Empresa e
Innovación»-, cohecho
-«ofertan y prestan
servicios de
asesoramiento y
reputación ‘online’
particulares que les son
retribuidos con cargo a
la realización de
inserciones
publicitarias
redundantes e
innecesarias y por
encima del precio de
mercado»-,
aprovechamiento de
información reservada
-«al recibir y usar,
como persona
funcionaria, información
y documentación interna
propia y pre
contratativa pública que
no se le podía
revelar»-, pertenencia a
organización criminal
-«junto con su socio
Alejando de Pedro y los
empleados de ambos, de
manera concertada,
coordinada, estable y
prolongada en el tiempo
fue realizando los
trabajos que necesitaban
para que pudieran entrar
en diversas
administraciones
públicas murcianas,
creando la confianza
suficiente en diversos
cargos públicos para
que, junto con ellos,
llevaran a cabo la
actividad delictiva que
se ha descrito»-,
malversación de caudales
públicos -«participar
como ‘extranei’
cooperador necesario en
la distracción de
caudales públicos para
fines particulares
realizando asesoramiento
e influencia política o
creando diario digital
servido por un
periodista»- y falsedad,
por incorporación, en
documento oficial
-«simulaba y aportaba
como cobertura
documentos y facturas
mendaces que hacía
llegar a las
administraciones
respectivas para
permitir la formalidad
de la aprobación del
gasto contable y su pago
posterior minorando el
riesgo de ser detectadas
por los controles
económicos oportunos».
http://www.laverdad.es/murcia/201702/13/juez-punica-pide-certificados-20170213112203.html
PS1 TALAMINO.
ANTICORRUPCIÓN PIDE TRES
AÑOS DE CÁRCEL PARA
GRANADOS POR EL
CHIVATAZO DE LA PÚNICA
El exconsejero fue
alertado en septiembre
de 2014 de que estaba
siendo investigado
La Fiscalía
Anticorrupción ha
solicitado tres años de
prisión por delitos de
violación de secretos
para el exconsejero de
Justicia de la Comunidad
de Madrid Francisco
Granados y para dos
guardias civiles que en
septiembre de 2014 le
alertaron de que estaba
siendo investigado en la
Operación Púnica junto
con su socio, el
empresario David
Marjaliza.
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco,
instructor del caso de
corrupción, ha decretado
la apertura de juicio
contra el expolítico y
los dos miembros del
instituto armado en lo
que previsiblemente será
la primera vista oral
del macrosumario.
En el auto, el juez
Velasco relata que a
principios de septiembre
de 2014, el guardia José
Manuel Rodríguez
Talamino, que trabajaba
en la sección de apoyo
técnico de la Unidad
contra el Crimen
Organizado (UCO),
encargada de la
colocación de cámaras de
vigilancia y balizas de
seguimiento a
delincuentes, recibió el
encargo de instalar una
cámara en un vehículo
camuflado que iba a ser
instalado frente a las
oficinas de Marjaliza,
situadas en el edificio
Éboli, de Pinto.
El agente averiguó que
la operación para la que
estaba colaborando
investigaba al
constructor amigo de
Granados. Según el juez
Velasco, Talamino alertó
a su amigo José Luis
Caro Vinagre, guardia
civil en excedencia que
desempeñó cargos de
confianza en la
Comunidad de Madrid de
la mano del expolítico.
El 5 de septiembre por
la noche, Talamino,
durante las fiestas
patronales de Valdemoro,
avisó a Caro Vinagre de
los seguimientos. Al día
siguiente, el miembro de
la UCO buscó en las
fiestas a Granados y le
advirtió de que sus
compañeros habían puesto
un dispositivo de
seguimiento a su amigo
Marjaliza.
El 7 de septiembre,
Talamino aportó nueva
información al político:
le desveló que el grupo
que investigaba al
constructor era el de
delitos contra la
Administración, lo que
daba a entender que se
trataba de un delito de
corrupción. Y el 13 de
septiembre de madrugada,
ambos guardias se
reunieron con Granados
en el domicilio de este,
momento en el que
Talamino informó al
político de los avances
en la investigación.
La divulgación de la
información reservada
por parte de Rodríguez
Talamino “obstaculizó y
entorpeció gravemente el
curso de la
investigación” de la UCO
en el caso Púnica. Este
chivatazo, según el
juez, “menoscabó la
prestación del servicio
público” de la Guardia
Civil y causó “un
importante daño a la
causa pública”.
http://politica.elpais.com/politica/2017/02/14/actualidad/1487073688_164228.html
VELASCO DEJA EN PRISIÓN
A GRANADOS ALEGANDO QUE
SUS SUPUESTOS
TESTAFERROS ESCONDEN
MILLONES DE EUROS
La investigación de la
trama Púnica se ha
convertido en una huída
hacia delante que podría
tener fecha de caducidad
si se confirma el
traslado del juez Eloy
Velasco de la Audiencia
Nacional para
desarrollar un proyecto
europeo en latinoamérica.
Mientras tanto, el
titular del Juzgado de
Instrucción nº 6 de la
Audiencia ha negado una
vez más, y van cerca de
una decena, la libertad
provisional para
Francisco Granados tras
casi 28 meses en prisión
preventiva.
El pasado mes de enero,
la defensa del ex
dirigente del PP
presentaba un escrito en
la Audiencia proponiendo
al magistrado un poder
notarial que le
permitiera investigar
cualquier cuenta
bancaria de Granados en
los bancos y entidades
de crédito de todo el
mundo, incluyendo los
paraísos fiscales.
Este escrito oficial
sustituiría a las
denominadas comisiones
rogatorias, que son
auxilios judiciales
remitidos a países del
extranjero con el
objetivo de investigar y
completar la instrucción
de un caso. Dichas
comisiones rogatorias
retrasan frecuentemente
los procesos judiciales,
ya que hasta que son
recibidas, aceptadas y
contestadas por los
países receptores pueden
pasar meses e incluso
años.
Según ha podido saber
OKDIARIO, Velasco ha
rechazado hace pocos
días este poder notarial
y mantiene en prisión a
Granados alegando que
esconde su fortuna
millonaria a través de
“testaferros” en el
extranjero.
Esta aseveración del
magistrado, sin embargo,
no se sostiene aportando
ningún dato concreto que
demuestre la existencia
de estos supuestos
testaferros, ni la
presunta fortuna
millonaria amasada a
través de hipotéticos
pelotazos urbanísticos
en Valdemoro,
fundamentados en
informes policiales
plagados de errores, tal
y como ha desvelado este
diario.
Las fiscales
anticorrupción de Púnica
ya negaron hace pocos
meses la libertad al ex
consejero madrileño
asegurando que ocultaba
700 millones de euros
fuera de España, otra
hipótesis que mantenían
las representantes del
Ministerio Público sin
presentar prueba alguna.
Hace pocos días, los
letrados del ex
dirigente del PP dejaron
la puerta abierta a
presentar un posible
recurso ante el Tribunal
Constitucional si
Velasco mantenía en
prisión provisional a
Granados sin comunicarle
los hechos concretos
para fundamentar su
decisión.
El patinazo de Velasco
en Murcia
Paradojicamente, la
propia Fiscalía
Anticorrupción
desautorizaba ayer al
juez Velasco en su
intención de imputar en
Púnica al actual
presidente de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez,
por presuntos delitos de
fraude, cohecho y
revelación de
información reservada.
El magistrado acusaba a
Sánchez por
supuestamente
“concertarse con
empresas del experto
informático, Alejandro
de Pedro, para amañar
contratos de formación
en la Consejería de
Educación con el fin
mejorar su reputación
para postularse a
presidente de la
región”.
El Ministerio Público
emitía un comunicado
para aclarar que no
investigarán al
presidente popular
murciano al entender que
“no llegaron a
formalizarse contratos
de publicidad” con el
informático y por tanto,
“no se ha producido
perjuicio alguno para
las arcas públicas”.
Por el contrario,
Anticorrupción sí
entiende que la
participación en los
mismo hechos de la
senadora popular Pilar
Barreiro, “aparece
sustentada en diversos
indicios que, sin
adelantar su suficiencia
probatoria, sí merecen
ser investigados”.
A Barreiro, Velasco le
atribuye presuntos
delitos de fraude,
malversación, cohecho,
prevaricación y
revelación de
información reservada
por igualmente
concertarse con empresas
de De Pedro para “amañar
futuras adjudicaciones
en contratos públicos de
formación de la
Consejería de
Educación”.
También por
presuntamente sufragar
con dinero público
previsto para campañas
de publicidad de turismo
en Cartagena trabajos
particulares como la
creación de un diario
digital en esa ciudad
para que emitiera
noticias positivas sobre
su persona y los
honorarios de un
periodista.
https://okdiario.com/investigacion/2017/02/15/velasco-deja-prision-granados-alegando-supuestos-testaferros-esconden-millones-euros-751101
EL 'FALCON CREST' DE
GRANADOS EN ÁVILA: 84
HECTÁREAS, 24 CABALLOS Y
SEIS 'QUADS'
La Guardia Civil acusa a
Francisco Granados de
cohecho y blanqueo de
capitales por haber
disfrutado durante una
década de una finca de
Ávila que le regalaron
constructores
La Guardia Civil ha
aportado al instructor
del caso Púnica, el juez
de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco, nuevos
indicios de corrupción
contra Francisco
Granados que lo dejan
aún más cerca de una
hipotética condena. Un
informe de la Unidad
Central Operativa (UCO)
del Instituto Armado
acusa al exconsejero de
Presidencia y
exsecretario general del
PP de Madrid de haber
disfrutado desde 2004
hasta su ingreso en
prisión en 2014 de una
finca de 842.881 metros
cuadrados con mansión,
caballerizas, tentadero,
piscina e incluso un
embalse, que estaba a
nombre de dos
constructores a los que
presuntamente favoreció
con recalificaciones y
convenios urbanísticos.
El informe, al que ha
tenido acceso El
Confidencial, concluye
que la finca es
presuntamente una de las
contraprestaciones que
recibió Granados de esos
empresarios y, por ello,
sostiene que los hechos
descubiertos serían
constitutivos de los
delitos de cohecho y
blanqueo de capitales.
En un primer momento, el
exdirigente popular no
tenía una participación
directa en la propiedad
de los terrenos. Sin
embargo, en 2005 efectuó
un movimiento societario
con testaferros y firmas
instrumentales para
quedarse con el 50% de
la finca, ubicada en el
paraje de Fuentenebro
del término municipal de
Higuera de las Dueñas
(Ávila), a solo hora y
media de los despachos
del Gobierno de la
Comunidad de Madrid que
ocupó entre 2003 y 2011.
Los agentes han
acreditado que Granados
se alojaba en ella con
regularidad y que
incluso acudía allí con
su familia y también con
amigas cercanas. En
noviembre de 2015,
realizaron un registro
de la propiedad.
Encontraron 24 caballos
de competición de pura
raza española, 19
escopetas de caza, seis
vehículos 'quad' de las
marcas Kymco y Polaris,
un coche Ford Ranger,
una furgoneta Renault
Kangoo y una máquina
excavadora sin
matricular. Además de
las 84 hectáreas de
terreno, en su mayoría
pastos y monte bajo, el
complejo disponía de una
vivienda principal de
dos plantas y sótano con
1.400 metros cuadrados,
otra vivienda para los
encargados del
mantenimiento de 102
metros cuadrados, más de
100 metros de almacén y
una piscina exterior con
vestuarios. También
contaba con un embalse
para las aguas de
lluvia, un cebadero, un
palomar, cuadras para
los caballos y un
tentadero en el centro
de las instalaciones.
Granados la visitó por
última vez solo unos
días antes de ser
detenido por su
implicación en Púnica el
27 de octubre de 2014.
El presunto cerebro de
la trama ha sostenido
desde el principio que,
en realidad, solo acudía
ocasionalmente a
Fuentenebro invitado por
los constructores. Sin
embargo, los
investigadores recuerdan
que se interceptaron
llamadas telefónicas en
las que reconocía que
era copropietario de la
finca. Otros indicios
avalan esa acusación,
como las numerosas
fotografías encontradas
en su vivienda que
prueban que visitaba las
instalaciones de forma
recurrente, hojas de
cálculo en las que
aparece como responsable
de parte de los gastos
de la finca y las
conexiones del esquema
societario de Higuera de
las Dueñas con otras
operaciones en las que
también estuvo
presuntamente
involucrado.
La UCO detalla que la
finca fue adquirida en
2004 por los
constructores Ramiro Cid
y David Marjaliza a
través de la sociedad
Tuvalu Gestión SL, tras
pagar a partes iguales a
sus antiguos
propietarios un total de
1.022.710 euros. Cid y
Marjaliza están
imputados en Púnica por
haberse enriquecido
presuntamente con la
ayuda de Granados y
otros políticos. Entre
ellos, José Miguel
Moreno Torres, que se
convirtió en alcalde de
Valdemoro en 2003 cuando
Granados dejó ese cargo
para ser consejero de
Transportes. Moreno
Torres también habría
disfrutado de la finca
de Higuera de las Dueñas
desde el primer momento,
según el informe al que
ha tenido acceso El
Confidencial.
Las circunstancias
cambiaron en 2005.
Marjaliza decidió
separarse de Cid y le
vendió su 50% de la
finca. La operación se
materializó con el pago
de 1,3 millones de euros
por esa mitad. Los
investigadores sostienen
que Granados aprovechó
ese momento para entrar
en el accionariado de
Tuvalu Gestión SL, dueño
de Fuentenebro,
quedándose con un
simbólico 2% de las
participaciones de la
mercantil y, por tanto,
de la finca. Para
ocultar esa vinculación,
el político del PP
utilizó a María José
Marijuán, la mujer de su
jefe de gabinete,
Ignacio Palacios. Así,
el 2% de las viviendas y
terrenos pasó a ser
propiedad,
supuestamente, de la
mercantil Ayjopen
Consulting SL, una
empresa administrada por
Marijuán. Pero las
pesquisas ya han
acreditado que Granados
era el auténtico dueño
de Ayjopen y que su
participación en
Fuentenebro no fue del
2%, sino del 50%. Es
decir, que con esa
operación pasó a
controlar activos por
valor de 1,3 millones de
euros, el precio en el
que ya estaba tasada la
mitad de la finca.
“Como ha quedado
evidenciado a lo largo
de la investigación”,
recoge el informe, “el 'modus
operandi' que ha
utilizado siempre
Francisco Granados para
ocultar su verdadero
patrimonio obtenido por
supuestas comisiones
ilegales era a través de
personas
físicas/jurídicas
interpuestas. En el caso
de la finca Fuentenebro,
Francisco Granados
quería disfrazar también
el vínculo que le
relacionaba con la
misma, dando apariencia
de ser simplemente un
huésped invitado por
Ramiro Cid y no como
copropietario”. En
opinión de los
investigadores, el 2%
(50% real) que pasó a
controlar Ayjopen
Consulting en
Fuentenebro sería una
remuneración que
consiguió el exconsejero
del PP por beneficiar a
las sociedades de los
constructores, “por lo
que se le considera
presunto autor de un
delito de cohecho y otro
de blanqueo de
capitales”.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-02-08/granados-finca-avila-caballos-escopetas-quads_1328119/
LA PREVISIBLE IMPUTACIÓN
DEL ALCALDE DE BRUNETE
QUE HACE TEMBLAR A LA
FISCALÍA
El paralelismo con el
caso del presidente de
Murcia, ambos pillados
'con las manos en la
masa', pondrá la mira en
el trato de favor del
Ministerio Público con
los políticos del PP
Brunete, un municipio de
poco más de 10.000
habitantes al Oeste de
Madrid, no está
hermanado con ninguna
ciudad extranjera,
aunque, sin salir de
España, podría
vincularse con Murcia.
Una unión basada en el
caso Púnica, que pone a
un nivel similar al
alcalde de Brunete,
Borja Gutiérrez, y al
presidente de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez, y
que puede poner en
entredicho la supuesta
imparcialidad de la
Fiscalía General del
Estado.
Este lunes, justo
después del Congreso
Nacional del Partido
Popular, se conocía el
escrito del juez Eloy
Velasco, firmado el
viernes, que pedía el
certificado de
aforamiento del
presidente murciano,
como paso previo para
pedir su imputación. El
razonamiento de este
paso es que “sin la
presencia ni el
conocimiento de
empleados públicos, y sí
con el de eventuales de
confianza”, se procedió
a realizar el contrato
con Alejandro de Pedro,
cabecilla de la Púnica.
El contrato, en el
último momento, no se
llegó a realizar,
gracias al estallido de
la Operación Púnica, que
fue precipitado, en
parte, por el presunto
chivatazo de un agente
de la Guardia Civil a
Francisco Granados. Y
esto ha servido tanto a
Sánchez como a la
Fiscalía Anticorrupción,
dependiente del
Ministerio de Justicia,
para defender su
inocencia.
El presidente murciano
ha repetido que “nunca
se firmó, nunca se
acordó, nunca se pactó
ni se encargó, nunca se
pagó, nunca se aceptó un
presupuesto, nunca se
pidió una oferta”. Algo
que se puede esperar de
quien está acusado de
tres delitos, pero que
sorprende en la Fiscalía
Anticorrupción. Porque
después de conocerse el
escrito del juez, el
Ministerio Fiscal sacó
otro informe alegando
que “no llegaron a
formalizarse contratos
de publicidad y no se ha
producido perjuicio
alguno para las arcas
públicas”.
Un argumento que pasa
por alto la calificación
legal de “grado de
tentativa” o, visto de
una manera más profana,
implicaría que a un
ladrón de bancos le
pillasen con la pistola
en la mano, pero sin
coger el botín, y
saliese impune porque no
ha llegado a vaciar la
caja fuerte.
Pues esta posición de la
Fiscalía y el criterio
judicial pueden estar en
entredicho cuando nos
trasladamos a Brunete. A
mediados de diciembre,
la Unidad Operativa
Central de la Guardia
Civil envió al juez
Velasco un informe
detallado de 68 páginas,
al que ha tenido acceso
ELPLURAL.COM, en el que
narran todos los
trámites de la trama
Púnica para que la
empresa Cofely sacase
partido de las arcas de
Brunete. El trato estaba
cerrado, como se prueba
a través de las llamadas
telefónicas
intervenidas, y todo
apuntaba a "que el
alcalde de la localidad
participa activamente en
la concertación”.
Incluso hay en el
informe una fotografía
del directivo de Cofely
Pedro García saliendo
del Ayuntamiento de
Brunete.
La adjudicación, que
estaba programada para
aprobarse en la comisión
municipal del 29 de
octubre de 2014, se
abortó deprisa y
corriendo cuando se
conocieron las
detenciones de la
Operación Púnica, que
empezaron el 27 de
octubre. Se borró del
orden del día y José Gil
Granizo, secretario
general del PP de
Brunete y padre de la
concejala Cristina Gil,
ambos implicados por la
Guardia Civil, llamó
corriendo a Pedro
García, quien no
respondió por estar ya
detenido.
Mientras, su hija, la
concejala del PP
Cristina Gil, fue la que
encargó a un técnico
municipal un informe
“que corría mucha prisa”
y que debía estar listo
en menos de un día para
poder justificar la
retirada de la
adjudicación a Cofely
del orden del día.
Es decir, no se llegó a
dar el contrato a Cofely
por los pelos y gracias,
o por culpa, de las
detenciones de la
Púnica. Sin embargo, la
Guardia Civil imputó al
alcalde de Brunete para
tomarle declaración,
algo que no puede hacer
el cuerpo armado con el
presidente de Murcia por
estar imputado. Un
privilegio con el que no
cuenta el regidor del PP
y que, siguiendo la
lógica de lo ocurrido en
Murcia, le debería
llevar ahora a ser
imputado por el juez
Velasco. Lo que está por
ver es si la Fiscalía
saldrá también a
defender a Borja
Gutiérrez con el
argumento de que no
llegaron a robar, pese a
tener la pistola en la
mano. Pero quizás este
regidor madrileño
tampoco cuente con el
privilegio de tener a la
Fiscalía cubriéndole las
espaldas. El por qué a
uno sí y a otro no, si
se da el caso, puede dar
para otra historia.
http://www.elplural.com/politica/2017/02/14/la-previsible-imputacion-del-alcalde-de-brunete-que-hace-temblar-la-fiscalia
LA PÚNICA DESVIÓ DINERO
PÚBLICO A MÍTINES DEL PP
CON FACTURAS FALSAS DE
'WC PORTÁTILES'
El informe de la Guardia
Civil que confirma la
supuesta financiación
irregular de actos
electorales de Esperanza
Aguirre y Mariano Rajoy
destaca dos cargos
"manifiestamente falsos"
girados por la trama al
Ayuntamiento de
Valdemoro con dicho fin
y en cuyo concepto se
recogía la instalación
de retretes
provisionales durante
las fiestas patronales.
Cualquier concepto le
servía a la trama Púnica
para falsificar una
factura. Incluso, la
instalación de 'wc
portátiles'. El reciente
informe de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil que
destapa el supuesto
desvío de fondos
públicos para financiar
actos electorales del PP
en la Comunidad de
Madrid revela la
existencia de dos
facturas con dicho
concepto
"manifiestamente falsas"
utilizadas por la trama
para que parte de los
gastos de un mitin de
Esperanza Aguirre de
2007 fueran cargados al
presupuesto de las
fiestas patronales del
Ayuntamiento de
Valdemoro. Detrás de
todo ello está
presuntamente el
empresario José Luis
Huerta Valbuena,
propietario, entre
otras, de la sociedad
Waiter Music SL, quien
gracias a su estrecha
relación con el entonces
secretario general de
los 'populares'
madrileños, Francisco
Granados, se hizo con
adjudicaciones por valor
de más de 19 millones de
euros en
administraciones
controladas por este
partido.
La UCO concluye que la
trama desvió parte de
los 17.321 euros
cobrados al Ayuntamiento
de Valdemoro por
instalar los sanitarios
a un mitin electoral de
Aguirre en esta
localidad
El informe de la Guardia
Civil destaca dos
facturas en estos
supuestos amaños. En
concreto las números
15/07 y 92/07. La
primera fue emitida por
la mercantil Saranais
SL, "sociedad que emplea
Huerta Valbuena para
diversificar la
facturación con los
Ayuntamientos entre
varias empresas o para
conformar concurrencias
ficticias" en concursos
públicos. Su importe,
6.533,12 euros, IVA
incluido. En ella se
recoge como concepto "14
químicos con transporte,
limpieza diaria y
recogida en recinto
ferial. La segunda es de
Waiter Music SL por un
valor de 10.788 euros,
también con impuestos.
En la misma se puede
leer que es por el
"alquiler y retirada de
2 cabinas sanitarias con
duchas en Matadero".
Ambas fueron enviadas al
Ayuntamiento de
Valdemoro como parte de
los supuestos trabajos
que ambas firmas de José
Luis Huerta habían
realizado para el
consistorio con motivo
de las fiestas
patronales de septiembre
de 2007.
Sin embargo, el
documento policial
destaca que ambas son
"manifiestamente falsas"
y que una parte del
dinero que fue abonada
por el municipio
madrileño por ellas se
utilizó a "evento
Partido Popular en plaza
de toros campaña mayo de
2007" celebrado en
Valdemoro el día 12 de
aquel mes con motivo de
los comicios locales y
autonómicos y que contó
con la presencia de
Esperanza Aguirre y sus
entonces 'números 2 y 3'
el Ejecutivo regional,
Ignacio González y
Francisco Granados. La
UCO señala que de
aquellos 17.321 euros se
desviaron al acto
político 2.800 euros,
mientras que el resto
del dinero se utilizó
también irregularmente
para el pago de extras
de las fiestas que ese
mismo mes de mayo se
habían celebrado en la
localidad y cuyo
concurso había sido
adjudicado a la empresa
de José Luis Huerta con
precios artificialmente
bajos.
Botellines de agua y
patinadores
Sin embargo, el desvío
de ese dinero de las
facturas por 'wc'
portátiles no es la
única irregularidad
detectada en la
financiación de dicho
mitin de Aguirre. El
informe de la Guardia
Civil detalla que para
el mismo se contrató la
actuación musical del
grupo 'Ecos de las
Marismas' por 7.600
euros, además de
adquirir "8.000
botellines de agua con
camión frigorífico"
(3.600 euros),
"patinadores" (3.000
euros) y "15 tableros y
14 sillas para campaña"
(2.800 euros). En total,
17.000 euros, según se
recoge en un documento
intervenido en el
ordenador que en la sede
de Waiter Music SL
utilizaba la esposa de
JoséLuis Huerta. En el
mismo documento interno
de la compañía de la
trama se detallaba el
importe de otro acto del
PP, una fiesta del 2006,
por un total de 12.540
euros, aunque de dicha
cifra el 50% fue
"regalado" por el propio
empresario. En total, el
PP debería haber abonado
23.270 euros a la Púnica
por ambos actos.
La Guardia Civil
califica como de
"procedencia
desconocida" los más de
20.000 euros que el PP
pagó en efectivo por el
mitín de Aguirre y otro
acto del PP
Sin embargo, tras dicha
cantidad, figura la
anotación "esto se cobra
así" y referencia a los
2.800 euros detraídos de
las facturas de los 'wc
portátiles', junto a la
afirmación de que los
20.470 euros restantes
fueron abonados por el
propio PP "en efectivo".
En este punto, la UCO
destaca el origen
sospechoso de esta
última cantidad ya que
es de "procedencia
desconocida". Una
afirmación que sustenta
en el análisis que sus
agentes han hecho de la
documentación aportada
por la Agencia
Tributaria sobre las
declaraciones de
ingresos y gastos en el
año 2007 de la empresa
Waiter Music SL y en la
que no aparece ninguna
"actividad" entre esta
mercantil y el PP "que
pudiera estar
relacionada con el pago"
del mitin del 12 de mayo
de 2007 en la plaza de
toros de Valdemoro.
"Además -continúa el
documento- en la
documentación
intervenida en Waiter
Music SL no se observa
facturación hacia el
Partido Popular por los
eventos relacionados".
Por todo ello, el
documento policial
concluye que José Luis
Huerta "habría
organizado" dicho acto
electoral que tuvo "la
participación y
asistencia de los
dirigentes del Partido
Popular de Madrid" y que
tuvo un coste de 17.000
euros. La UCO continúa
destacando que "parte"
de esta cantidad, en
concreto 2.800 euros, se
abonó con "dinero
público pagado por el
Ayuntamiento de
Valdemoro mediante dos
facturas manifiestamente
falsas", las de los 'wc
portátiles', mientras
que el resto se pagó "en
efectivo desconociendo
la procedencia de esta
cantidad", en clara
referencia a una
supuesta 'caja B' en la
formación. Por estos
hechos, la Guardia Civil
señala la posible
existencia de varios
delitos, entre ellos uno
electoral, del que hace
presunto responsable al
que entonces, 2007, era
gerente del PP de
Madrid, Beltrán
Gutiérrez Moliner, ya
imputado en la causa
dentro de la pieza
secreta que investiga,
precisamente, la
supuesta financiación
irregular del partido.
Eso sí, los agentes
apuntan que tal vez
dicho delito ya haya
prescrito dado el tiempo
transcurrido.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-PP-facturas-WC-portatiles_0_992900862.html
EL GOBIERNO TIENDE UN
PUENTE DE PLATA PARA
SACAR DE LA AUDIENCIA AL
JUEZ DE PÚNICA
Eloy Velasco opta a un
proyecto europeo para
Latinoamérica y Justicia
valora su candidatura,
aunque el CGPJ no le
propuso.
El juez que investiga en
una pieza secreta la
supuesta financiación
ilegal del PP de Madrid,
que tiene en su punto de
mira a alcaldes del
partido, a diputados
regionales y a
empresarios como Javier
López Madrid, del grupo
Villar Mir, puede tener
los días contados al
frente de estas
diligencias. Eloy
Velasco ha solicitado el
puesto de coordinador de
un novedoso programa de
cuatro años de duración
que ha proyectado la
Unión Europea para
Latinoamérica. Se trata
de un cargo de cobertura
discrecional por el
Gobierno a propuesta del
Ministerio de Justicia.
Fuentes del Departamento
que dirige Rafael Catalá
confirman que Justicia
está valorando con mucho
interés la candidatura
de Velasco que, de ser
designado, dejaría el
Juzgado Central de
Instrucción del que es
titular en la Audiencia
Nacional y quedaría en
situación de servicios
especiales, un ventajoso
estatus administrativo
que da derecho a la
reserva de plaza y
permite seguir
computando antigüedad en
la carrera judicial.
No fue, sin embargo,
Velasco el candidato
que, a juicio del
Consejo General del
Poder Judicial, presentó
el mejor curriculum para
el puesto. Tras recibir
la comunicación del
Ministerio de Justicia
sobre la existencia de
este programa y la
necesidad de cubrir el
puesto de coordinador,
el CGPJ informó a la
carrera judicial y
recibió seis
candidaturas de
magistrados.
El servicio de
relaciones
internacionales del CGPJ
elaboró una terna
integrada por Luis
Arcos, Manuel Olmedo y
Eloy Velasco. La
Comisión Permanente
propuso al Ministerio al
primero de ellos.
"Hicimos la propuesta
que creímos más idónea",
señalan fuentes de la
Comisión. "Arcos tiene,
a nuestro parecer, el
mejor perfil para ese
cometido porque tiene
muchísima experiencia en
proyectos en
Iberoamérica en el
ámbito de justicia".
En el Ministerio, donde
no gustó que el órgano
de gobierno de los
jueces hiciera una pre-selección
para un cargo cuya
designación compete en
exclusiva al Gobierno,
decidieron pedir al CGPJ
el envío de los
currículos de todos los
aspirantes, que
efectivamente fueron
remitidos a San
Bernardo.
El cargo tiene también
'novios' en la Fiscalía,
donde existen quejas por
la, a su parecer,
postergación de fiscales
en puestos de
representación
institucional
internacional. Las
plazas de enlace en el
extranjero están copadas
por jueces (varios de
ellos procedentes
precisamente de la
Audiencia Nacional) y el
Ministerio Público sólo
tiene un representante
en Eurojust a través de
Francisco Jiménez
Villarejo.
Es intención de la
Fiscalía presentar a
algún candidato al
programa de la UE en
Latinoamérica, un
ambicioso proyecto
focalizado en tres
áreas: fortalecimiento
del Estado de Derecho,
Policía y prisiones.
España y Francia se
encargarán de forma
conjunta de la primera
de esas áreas, por lo
que el coordinador
español, cuyo centro de
trabajo estará
principalmente en
Madrid, tendrá que
desplazarse con
frecuencia a París y a
Iberoamérica.
El proyecto persigue la
mejora de la cooperación
entre jueces, policías y
administración
penitenciaria para
fortalecer los
mecanismos de lucha
contra el crimen
transnacional
organizado. En él está
implicada, además de la
Unión Europea, la
Comunidad de Estados de
Latinoamérica y el
Caribe (Celac)
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170207/191981789_0.html
LOS 9 MÍTINES Y 194.467
EUROS QUE ACORRALAN A
GÉNOVA 13 EN EL 'CASO
PÚNICA'
El informe de la UCO
sobre las supuestas
irregularidades en la
contratación de festejos
en el Ayuntamiento de
Valdemoro va mucho más
allá de un simple fraude
de ámbito municipal. El
documento policial
también revela que el PP
se 'ahorró' una
importante cantidad de
dinero en la
organización de actos
electorales de manera
similar a como ocurrió
en el 'caso Gürtel' y
que le ha llevado al
banquillo de los
acusados como "partícipe
a título lucrativo".
El 25 de mayo de 2007,
un Palacio de los
Deportes de Madrid
abarrotado vivía el
preludio de un nuevo
triunfo electoral del PP
en su bastión de Madrid.
Mariano Rajoy, Esperanza
Aguirre y Alberto Ruiz
Gallardón unían sus
manos y las elevaban
mientras miles de
militantes del PP les
jaleaban y movían
banderas del partido.
Era el mitin de final de
campaña de los comicios
municipales y
autonómicos de aquel
año, en los que los
'populares' volverían a
repetir sus mayorías
absolutas en el
Ayuntamiento de la
capital y en la Asamblea
de Madrid. Era, por
tanto, el prólogo de una
fiesta anunciada. Sin
embargo, más de nueve
años después esa fiesta
puede tener un regusto
amargo para sus
protagonistas. La culpa
la tiene el informe
número
2016-005605-0000290 que
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil entregaba
el pasado 15 de
diciembre al juez Eloy
Velasco dentro del 'caso
Púnica' sobre las
supuestas
irregularidades
cometidas por el
Ayuntamiento de
Valdemoro en la
adjudicación de
contratos a la sociedad
Waiter Music SL,
propiedad de José Luis
Huerta Valbuena, un
empresario amigo de
Francisco Granados.
Dicho documento
policial, de 156 folios
de extensión más varios
tomos de documentación
como anexos, revelaba
que de aquellos 'pufos'
habían salido de una
manera u otra 194.467
euros para financiar
hasta nueve actos del
partido, entre ellos
aquel triunfal mitin de
Rajoy, Aguirre y
Gallardón de 2007. La
sombra de la figura de
"partícipe a título
lucrativo", la misma que
ha llevado al PP al
banquillo de los
acusados en el juicio
por la primera etapa del
'caso Gürtel', vuelve a
sobrevolar sobre Génova
13.
Sólo en Valdemoro, el PP
se 'ahorró' gracias a la
Púnica cerca de 195.000
euros, más que con la
'Gürtel' en Pozuelo de
Alarcón (111.000 euros)
o Majadahonda (125.000
euros)
De hecho, la cantidad
presuntamente desviada
en Valdemoro para el
pago de actos de partido
es superior a la que,
por ejemplo, se 'desvió'
en Pozuelo de Alarcón en
sus tratos con la trama
de Francisco Correa. O
en Majadahonda. En el
municipio que entonces
gobernaba el hoy
procesado Jesús
Sepúlveda, la red de
'Don Vito' le 'ahorró'
al PP 11.864 euros,
según el escrito de
acusación de la Fiscalía
Anticorrupción. En la
Majadahonda del también
acusado Guillermo Ortega
fueron otros 125.000. En
Púnica, este primer
informe se ha acerca a
los 195.000 euros... y
aún resta numerosos
municipios que
contrataron con la
empresa bajo sospecha,
Waiter Music, que de la
mano del entonces
todopoderoso Granados,
llegó a facturar a
administraciones
gobernadas por los
populares más de 19
millones de euros. La
UCO, por tanto, aún
tiene que entregar
nuevos informes
relacionados con estos
consistorios en los que,
según señalan fuentes
cercanas a la
investigación, van a
salir a la luz otros
actos electorales
supuestamente sufragados
por la trama mediante el
presunto desvío de
fondos públicos.
De los nueve detectados
en Valdemoro, el mitín
del 25 de mayo en el
Palacio de los Deportes
de Madrid es, tanto en
cuantía económica como
en relevancia política,
el más importante.
Valorado en 60.000
euros, las supuestas
irregularidades
comenzaron en la propia
firma del contrato entre
la empresa Waiter Music
y los dirigentes del
partido por la
actuaciones musicales
que debían amenizar a
los asistentes antes de
que comenzaran los
discursos de los
candidatos y del líder
del partido. Así, el
documento policial
recoge 'emails'
intercambiados entre el
empresario José Luis
Huerta y dos personas de
la confianza de
Francisco Granados,
presunto cabecilla de la
trama, en el que se
puede leer que se firmó
por 20.000 euros, aunque
"sabiendo ambas partes
que ascendía a una
cantidad mayor". En
concreto, el triple. El
informe de la UCO
destaca que dichos
emails se unen a otros
documentos localizados
en la sede de Waiter
Music SL durante los
registros del 27 de
octubre de 2014, cuando
se produjeron las
primeras detenciones de
la 'Operación Púnica'.
En los mismos se hace
referencia a dicho mitin
como uno de los actos
organizados "pendiente
de facturar". El
documento policial añade
que José Luis Huerta
terminó dividiendo "la
cantidad del coste del
evento en dos partes
iguales al 50% y le
imputaba cada una [de]
sus mitades al Partido
Popular de Pinto y [de]
Valdemoro". Otros dos
documento ahondan en
dicha maniobra.
Sin rastro en la AEAT
La UCO destaca que
también ha analizado la
documentación aportada
por la Agencia
Tirbutaria con los
ingresos y pagos
realizados por Waiter
Music entre los años
2006 y 2013 sin que
figure ninguna
"actividad" comercial
entre la mercantil de
José Luis Huerta y el PP
que "pudiera estar
relacionada" con este
mitin. Por estas
irregularidades, el
informe de la Guardia
Civil señala al
exgerente del PP de
Madrid, Beltrán
Gutiérrez, ya imputado
en la causa por otros
hechos, como presunto
responsable de "varios
supuestos delitos
electorales" al ser en
aquella campaña el
"administrador
electoral" del partido.
Los investigadores
consideran que se
utilizaron "recursos
económicos municipales
para sufragar actos
electorales del Partido
Popular de la Comunidad
de Madrid que no fueron
declarados como gastos
de campaña y, por
consiguiente, no fueron
declarados en las
cuentas presentadas [por
la formación] de la
campaña de 2007", en
vulneración de la Ley
Orgánica del Regimen
Electoral General". Una
infracción penal que,
según destaca el
informe, estaría ya
prescrita, no así los
otros posible delitos de
corrupción detectados en
las pesquisas.
El informe de la UCO
apunta a la existencia
de una 'caja B' del PP
de Madrid con dinero "en
efectivo" y de
"procedencia
desconocida" con el que
se pagaron diversos
actos
De los otros ocho actos
del PP bajo sospecha,
destaca otro mitin,
aunque en este caso no
tanto por la cuantía del
dinero que supuestamente
se ahorró el PP (2.800
euros), sino por los
participantes. Fue de
nuevo en el campaña a
las municipales y
autonómicas de 2007. En
concreto, el que se
celebró el 12 de mayo de
aquel año en la plaza de
toros de Valdemoro con
la presencia de Aguirre
y sus dos hombres de
confianza entonces en el
Ejecutivo regional,
Francisco Granados e
Ignacio González. La
investigación ha
revelado que Waiter
Music, que organizó
dicho acto electoral,
cargó dos facturas
"manifiestamente falsas"
al Ayuntamiento de la
localidad por la
instalación de 'wc
portátiles' en las
fiestas patronales de
septiembre de ese año
que sirvieron para
desviar presuntamente
algo más de 17.000 euros
de los que , finalmente,
2.800 euros sirvieron
para pagar parte de los
gastos de aquel mitín de
Aguirre, según revelan
documento internos de la
empresa intervenidos.
De hecho, estos apunten
contables señalan
también que no fue la
única irregularidad
financiera en dicho
acto, ya que el informe
policial pone de
manifiesto que el resto
del coste del mismo y el
de otro acto de 2006, en
total 20.470 euros,
fueron finalmente
abonados por el propio
PP en efectivo con
fondos de "procedencia
desconocida", en una
clara referencia a la
supuesta existencia de
una caja 'B' de los
'populares' en Madrid.
Una afirmación que
sustenta en el análisis
que sus agentes han
hecho de la
documentación aportada
por la Agencia
Tributaria sobre las
declaraciones de
ingresos y gastos en el
año 2007 de la empresa
Waiter Music SL y en la
que no aparece ninguna
"actividad" entre esta
mercantil y el PP "que
pudiera estar
relacionada con el pago"
de este mitin del 12 de
mayo de 2007 en la plaza
de toros de Valdemoro.
"Un vehículo con
megafonía"
También está bajo
sospecha un acto
celebrado en Valdemoro
el 1 de marzo de 2008
con motivo de las
Elecciones Generales de
aquel año en las que
Rajoy repitió como
cabeza de lista del PP
sin éxito. Sobre éste,
el informe de la Guardia
Civil destaca que Waiter
Music SL organizó un
mitin en este localidad
madrileña que incluía
"una actuación musical"
y "un vehículo con
megafonía". Este acto
electoral tuvo un coste
para la empresa de
festejos de 5.179 euros,
según los documentos
intervenidos al propio
empresario, en los que
también se refleja la
existencia de 4.200
euros "pendiente de
facturar". "Este apunte
-se continúa leyendo en
el documentos policial-
se localiza en multitud
de documentos vinculados
a la cuenta pendiente
entre Waiter Music SL y
el Ayuntamiento de
Valdemoro, y que
finalmente fue liquidado
en parte con dinero
público destinado al
pago de las fiestas
patronales de Valdemoro
de septiembre de 2009".
La Guardia Civil
concluye que Waiter
Music destinó a sufragar
actos del PP 45.000
euros de los 150.000 que
cobró del Ayuntamiento
de Valdemoro por
organizar unas fiestas
patronales
El informe de la UCO
también pone bajo
sospecha otros cinco
actos menores
organizados por el PP de
Valdemoro entre los años
2005 y 2011 en los que
existen indicios de que
José Huerta asumió la
mitad del coste de los
mismos como un 'regalo'
o, en otros casos,
desvió "el pago a
eventos municipales
posteriores". "Estos
eventos -se lee en el
informe- no se
facturaron por la
mercantil al Partido
Popular y permanecieron
'pendientes de facturar'
durante seis años,
habiéndose liquidado
parte con dinero público
del Ayuntamiento de
Valdemoro destinado a
sufragar los gastos de
las Fiestas patronales
de septiembre de 2009".
Por éstas, el
Consistorio pagó 150.000
euros, de los cuales
algo más de 45.000 euros
fueron destinados a
"sufragar parte de la
deuda que el PP de
Valdemoro había
contraído con Waiter
Music SL", añade el
texto.
El primero de estos
actos del partido es una
fiesta del año 2005,
cuyo coste ascendió a
32.260 euros. De esta
cantidad, la
documentación
intervenida apunta que
Huerta 'perdonó' al
partido 17.260 euros,
pero que quedó pendiente
el cobro de otros 17.400
euros. Al año siguiente
ocurre algo similar con
la fiesta celebrada en
2006. Valorada en 12.540
euros, el empresario
'regaló' el 50% del
coste del evento y quedó
para facturar 6.270
euros. El 22 de junio de
2007 tiene lugar una
nueva fiesta de la
formación en Valdemoro.
Su precio, 15.500 euros,
de los que de nuevo
Waiter Music SL asumió
la mitad y dejó para
abonar 7.750 euros. Un
mecanismo que se repitió
al año siguiente en un
evento celebrado el 24
de mayo, en la que se
invirtieron 32.513
euros. La sociedad bajo
sospecha también
organizó para los
'populares' de Valdemoro
un desayuno el 17 de
marzo de 2010 valorado
en 18.760 euros, y un
acto el 14 de mayo de
2011, que costó cerca de
22.000 euros. De esta
última cantidad, la
empresa cobró a cuenta
10.000 euros y se
encontraban pendiente de
pago otros 11.915 euros.
En total, entre los
nueve actos, el PP se
ahorró 194.467 euros
sólo en Valdemoro, más
que en Pozuelo de
Alarcón o Majadahona con
la Gürtel y por los que
ahora está sentado como
"partícipe a título
lucrativo" en el
banquillo de los
acusados. Un horizonte
que ahora se dibuja
también para Génova 13
en el 'caso Púnica'.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/mitines-euros-salpican-PP-Punica_0_994100953.html
LA PÚNICA AGASAJÓ A
GRANADOS CON CUATRO
FIESTAS 'GRATIS TOTAL'
VALORADAS EN 37.234
EUROS
El reciente informe de
la UCO que detalla la
supuesta adjudicación
irregular de numerosos
contratos del
Ayuntamiento de
Valdemoro a Waiter Music
SL desvela que esta
emoresa organizó para el
político eventos
familiares sin coste
alguno. También le hizo
regalos por valor de
1.869 euros.
Toboganes piratas,
castillos hinchables de
los pitufos, caretas
personalizadas,
orquestas de salsa,
catering... La trama
Púnica no agasajó a
Francisco Granados con
una única fiesta 'gratis
total', como se conoció
al inicio de la
investigación, sino que
en realidad fueron
cuatro.
Así aparece recogido en
un reciente informe de
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil sobre las
supuestas
irregularidades
cometidas en el
Ayuntamiento de
Valdemoro para la
adjudicación de
contratos a Waiter Music
SL, propiedad del
empresario José Luis
Huerta Valbuena, amigo
del político y también
imputado en la causa.
Los agentes destacan que
Huerta presuntamente
corrió con los gastos de
estos eventos para
"congraciarse" con el
que fuera secretario
general del PP de Madrid
y conseguir que mediante
su influencia contratos
públicos en
Administraciones
gobernadas por los
'populares'.
El documento policial
cifra exactamente en
37.234,28 euros el coste
total de estas fiestas,
a los que suma otros
1.869 euros en regalos
navideños. Todo ello
destinado a "gozar de la
buena disposición del
consejero y secretario
regional del PP". Una
cifra humilde si se
tiene en cuenta que
entre 2006 y 2010 esta
firma se hizo con
adjudicaciones por valor
de 19,2 millones en
ayuntamientos gobernados
por el PP. Por todo
ello, los agentes
consideran a Granados
autor de varios delitos
de tráfico de
influencias y cohecho.
Sólo la fiesta de junio
de 2006 costó 18.453
euros e incluyó un
'catering' de más de
9.000 euros, así como el
alquiler de equipos de
sonido, 'wc portátiles'
y "servicios de fiesta"
El informe de la UCO, al
que ha tenido acceso
Vozpópuli, detalla que
la primera de esas
fiestas 'gratis total'
fue la más costosa: una
"cena" celebrada el 23
de junio de 2006 que
costó 18.453 euros,
según consta en diversos
apuntes contables
intervenidos en la sede
de Waiter Music SL. El
primero de estos
documentos es uno
denominado "pendiente de
facturar en Valdemoro"
que contiene un listado
de eventos vinculados al
consistorio de esta
localidad. El último de
la lista es,
precisamente, el que
hace referencia al
político hoy
encarcelado.
También aparecen
referencias en otro
apunte contable
denominado "facturas
2006 Waiter" en el que
que figura un listado de
los cargos emitidos por
otras mercantiles a la
sociedad de la trama.
Entre ellos figuran
cinco relacionados con
la referencia "cena
Granados" y con fechas
que van del 23 al 27 de
junio. Así, aparece un
factura de 9.306 euros
por "catering" del
Restaurante Casa Pablo;
otros 5.220 euros por
"generadores y sonido"
para aquel acto "y día
después"; otros 1.020
euros por la instalación
de 'wc portátiles';
1.050 euros más por
"servicio de fiesta", y,
finalmente, 1.856 euros
por "instalación". En
total, los 18.453 euros.
La UCO destaca en su
informe que ha
"analizado y revisado"
la facturación de Waiter
Music SL y otra de las
empresas de José Luis
Huerta, Saranais SL, y
"no se observa factura
alguna emitida por estas
sociedades a Francisco
Granados y María Nieves
Alarcón [su mujer y
también imputada en la
causa] relacionadas con
el evento citado".
Los agentes también
recalcan que en los
registros internos del
dinero en efectivo que
se manejaba en la
compañía de festejos
tampoco "se observa pago
en efectivo realizado
por el matrimonio"
respecto a dicha "cena".
Por ello, el documento
policial concluye que la
misma no se facturó al
político ni hay
constancia de que el ex
secretario general del
PP madrileño hiciera
"pago alguno por la
cuantía expuesta o
aproximada", lo que
explica en su opinión
que dicha cantidad
figurase en la lista de
"pendiente de facturar
en Valdemoro".
Dos fiestas en tres
meses
La segunda fiesta
'gratis total' es la de
enero de 2008 por el
cumpleaños del político,
la primera que salió a
la luz pública. Ésta
terminó teniendo un
coste de 9.166,98 euros
y contaba con su propia
y detallada hoja de
costes en la
contabilidad interna de
Waiter Music SL. En la
misma se refleja el
gasto de 324 euros en
caretas, otros 510 euros
en camisetas del
Atlético de Madrid (club
de fútbol del que
Granados se manifiesta
seguidor); 4.012 euros
por la cena en el
Restaurante Chirón;
1.000 euros más por
utilizar el local de
éste para celebrar la
fiesta posterior; 1.300
euros por la actuación
de la Orquesta 'Sabor
Sabor'; 1.320 euros más
por una tuna, y 700
euros por el escenario.
Según la declaración de
uno de los empleados de
la empresa de José Luis
Huerta, el hecho de que
la cifra de los 9.166
euros figurase con signo
negativo en dicha
anotación contable
significaba que "no se
ha cobrado y se ha
perdido esa cantidad,
que las pérdidas las
asume Waiter".
Granados también figura
en la contabilidad
interna de Waiter Music
como receptor en 2007 y
2008 de regalos
navideños valorados en
1.869 euros
Una conclusión que los
agentes confirman tras
volver a analizar las
cuentas de esta compañía
y de Saranais SL y no
detectar ningún cargo
emitido por estas
sociedades a Granados.
El informe incluye
también unas fotografías
del evento, en el que se
ve a Granados y a otros
invitados juntos a los
miembros de una tuna y
el uso de caretas por
parte de varios
presentes, todo ello en
las instalaciones del
restaurante Chirón,
"coincidiendo con los
conceptos" que aparecen
en el documento contable
de Waiter Music. El
documento policial añade
que tras analizar los "metadatos"
de dichas imágenes se
constata que las mismas
fueron tomadas el 21 de
enero de 2008 entre las
once y las doce de la
noche.
Sólo unos meses después
tuvo lugar la tercera
fiesta bajo sospecha.
Fue el 12 de marzo de
2008 y con el
Restaurante Chirón
también como escenario.
Así lo deducen los
investigadores de un
documento contable
encontrado en la empresa
de José Luis Huerta con
el encabezamiento
"cuenta con Paco
Granados" en el que se
detalla la relación de
gastos soportados por
Waiter Music en la
fiesta de cumpleaños de
enero y al que se ha
incorporado uno más
denominado "fiesta
Chirón" por un importe
de 1.000 euros. La UCO
no ha localizado más
datos sobre ella.
Ocio infantil y otros
regalos
La última fiesta 'gratis
total' se celebró los
días 30 y 29 de mayo de
2010. La Guardia Civil
tiene conocimiento de
ella tras encontrar un
documento digital en el
que figuran sendas
anotaciones de esos días
con referencias a la
mercantil 'Ocio Infantil
y Juvenil Trampolín' y
el nombre de "Nieves
Alarcón Castellanos", la
mujer de Granados. Sus
importes: 5.664 y 2.950
euros. En total, 8.614
euros. La UCO decidió
investigar dichos
apuntes y solicitó a
esta compañía las
facturas de dicho
evento, además de
analizar si en sus
cuentas bancarias y en
su declaración a la
Agencia Tributaria de
pagos recibidos aquel
año figuraban dichas
cantidades. En los
depósitos de la compañía
no aparecieron
movimientos por las
mismas, pero sí en los
impresos que presentó
ante Hacienda, en los
que figuraban vinculados
al nombre de la esposa
del político.
En otro de los eventos
las facturas aparecen
emitidas a nombre de la
mujer del político, pero
un testigo asegura que
en realidad las pagó en
efectivo el empresario
Pese a ello, los agentes
llamaron a declarar al
apoderado de Ocio
Infantil y Juvenil
Trampolín, Francisco I.L.,
quien confirmó que su
empresa montó dicha
fiesta en una finca de
Granados, pero añadió
que el importe de la
misma fue abonada en
efectivo no por el
político y su mujer,
sino por José Luis
Huerta. Fue éste,
añadió, quien "dio
instrucciones para que
se emitieran las
facturas a nombre de
Nieves Alarcón" y se
enviaran directamente a
la sede de Waiter Music.
La propia mujer de
Granados fue interrogada
por el juez Eloy Velasco
el 29 de enero de 2015
por dichas facturas.
Entonces se limitó a
decir que no recordaba
el evento, "que no le
suena y que lo tendría
que mirar", recalca el
reciente informe de la
UCO.
El documento policial
también recoge otras
dádivas supuestamente
entregados por el
empresario a Granados.
En concreto, regalos.
Así, la Guardia Civil ha
localizado dos listados
con presentes enviados
en las Navidades de 2007
y 2008 a "personas
vinculadas a distintas
administraciones
públicas donde Huerta
Valbuena era
adjudicatario".
En ambas relaciones
aparece "Paco
Comunidad", que los
agentes identifican sin
género de dudas como
Francisco Granados. En
concreto, en el primero
de esos años el político
recibió supuestamente un
"reloj y pluma" de la
marca Montblanc
valorados en 1.000
euros. Al siguiente, fue
un "bolso" de La Martina
cuyo coste fue de 869
euros. "Estas dádivas
estarían orientadas a
congraciarse con los
funcionarios y cargos
públicos que pudieran
intervenir en la
contratación y
facturación" con sus
empresas, señala la
Guardia Civil.
Sólo una pagada
El informe de la UCO
también recoge una
quinta fiesta, celebrada
en este caso el 31 de
enero de 2014, nueve
meses antes de las
detenciones. En este
caso se trata de una
factura emitida a nombre
de "Nieves Alarcón
fiesta" por un importe
de 2.662 euros y con
fecha de emisión del 14
de febrero de ese año.
El documento policial
detalla que ésta fue
abonada catorce días
después mediante
transferencia, según la
documentación que ha
aportado a la causa el
propio empresario. "Se
trata del único pago
realizado por Paco
Granados en relación con
los eventos organizados
por Waiter Music SL",
destacan los
investigadores, que
recalcan que José Luis
Huerta nunca tuvo
intención de cobrar el
resto de las fiestas.
De hecho, concluyen que
con ello quería ganar
"la buena disposición"
del político, que en
aquellos años era el
consejero de
Presidencia, Justicia e
Interior de la Comunidad
de Madrid, además del
'número 2' del PP
madrileño. Una
generosidad que, según
añade el informe, "le
supuso conseguir entre
los años 2006 y 2010
contratos con
ayuntamientos gobernados
por el Partido Popular
por valor de
19.214.514,56 euros,
fruto del clientelismo
político e intercambio
de favores de favores
del que se benefició la
mercantil investigada en
la figura de su
administrador, José Luis
Huerta Valbuena".
Dádivas a otros
políticos de Valdemoro
El informe de la UCO
destaca que Francisco
Granados no fue el único
cargo público de
Valdemoro que recibió
las atenciones del
empresario José Luis
Huerta. Así, destaca que
también sus sucesores al
frente del Ayuntamiento
de la localidad, los
también imputados José
Miguel Moreno Torres y
José Carlos Bouza
Lechuga, figuran como
receptores de diferentes
tipos de fiestas
familiares 'gratis
total'. Desde cumpleaños
a comuniones. También
aparece entre los
presuntamente agasajados
una concejal, María
Jesús Juárez López, a
quien supuestamente la
sociedad de la trama le
costeó en marzo y
octubre de 2008 la
instalación de varios
hinchables y el alquiler
de sillas por un total
de 1.350 euros. El
primero de estos
políticos también
aparece como receptor de
regalos en las Navidades
de 2007 y 2008 por un
total de 1.628 euros.
Además, la Guardia Civil
ha localizado otros dos
eventos supuestamente
costeados por Huerta
aunque no ha sido capaz
de identificar el
beneficiario de los
mismo. Se trata, además,
de dos gastos elevados.
Uno es por 68.000 euros
aparecido junto a la
anotación "comunión" y
una fecha, 2 de junio de
2008. El otro, una
"fiesta privada" en
septiembre del mismo año
por 12.428 euros. La UCO
se limita a apuntar que
debe ser "personal
vinculado al
Ayuntamiento de
Valdemoro".
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-agasajo-Granados-fiestas-valoradas_0_993201713.html
LA UCO ACUSA DE FRAUDE Y
COHECHO AL 'SHERIFF DE
BRUNETE', OTRO ALCALDE
DEL PP EN PÚNICA
El último informe de la
Guardia Civil señala a
Borja Gutiérrez, regidor
del pueblo madrileño de
Brunete, por haber
concertado con Cofely el
amaño de un contrato de
eficiencia energética
El caso Púnica suma y
sigue. La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil implica en
uno de los últimos
informes que ha
entregado al juez Eloy
Velasco a dos cargos del
Ayuntamiento de Brunete
(municipio madrileño de
10.500 habitantes),
entre ellos al alcalde
Borja Gutiérrez
Iglesias, del PP, al que
acusa de los delitos de
fraude y cohecho por
intentar amañar un
contrato de 8,4 millones
de euros que se iba a
adjudicar a una de las
principales empresas
investigadas en el caso,
Cofely, la multinacional
de eficiencia energética
del grupo francés Engie.
A cambio, la compañía
gala financió
"espectáculos musicales"
en el pueblo y
"encuestas políticas
municipales" que, según
la UCO, deberían haber
sido pagados por el
ayuntamiento (los
conciertos) y por el PP
de Brunete (las
encuestas).
En un informe fechado el
14 de diciembre de 2016,
la UCO implica a 11
personas, dos de ellas
cargos del consistorio.
Además del regidor, la
Guardia Civil también
acusa de fraude a la
concejala popular María
Cristina Gil Guerra. En
la lista también está su
padre, José Gil Granizo,
secretario general del
PP de Brunete e
ingeniero técnico de
Obras Públicas en otro
ayuntamiento madrileño,
el de Villanueva de la
Cañada, al que se le
acusa de fraude y
cohecho. Desde que la
Púnica se destapara en
octubre de 2014, el caso
se ha ido extendiendo a
varias localidades
madrileñas y ha
salpicado a otros
regidores del PP. Los
dos últimos han sido los
exalcaldes de Móstoles y
Alcalá de Henares. El
primero, Daniel Ortiz,
tuvo que dejar su cargo
de diputado autonómico
tras ser imputado. La
UCO acusa al segundo,
Bartolomé González
(también diputado
autonómico) de recibir
60.000 euros a cambio de
amañar otro contrato de
Cofely. La Audiencia
Nacional ultima
inhibirse en el TSJM
para que este impute a
González, ya que es
aforado.
La UCO asegura en este
nuevo informe que hay
"importantes elementos
que indican de manera
clara" que directivos y
trabajadores de Cofely
actuaron en connivencia
con funcionarios y
responsables políticos
del Ayuntamiento de
Brunete "para favorecer
a dicha sociedad frente
a otros licitadores que
quedaban en una clara
situación de
desventaja". Es cierto
que el contrato de
eficiencia energética,
de 8,4 millones y con
una duración de 15 años,
finalmente no se
adjudicó, pero solo
porque la UCO destapó
este escándalo el 27 de
octubre y detuvo a los
directivos de Cofely que
"urdían la adjudicación
fraudulenta" en Brunete.
De hecho, antes de las
detenciones, Brunete ya
había convocado para el
día 29 la comisión
municipal que iba a
aprobar el expediente de
contratación y los
pliegos. "Una vez
conocidas la actuaciones
policiales, dicho punto
fue sacado del orden del
día", señala la UCO en
el documento, al que ha
tenido acceso El
Confidencial.
"Que no se adjudicara y
por tanto no se
formalizara el contrato,
no es óbice para que se
consuman hechos de
relevancia penal",
aseguran los
investigadores en su
informe. En este
sentido, la Guardia
Civil subraya que Cofely
redactó y envió los
pliegos administrativos
y técnicos del contrato
al ayuntamiento. Dos
funcionarios han
declarado que la edil
Cristina Gil Guerra les
entregó los pliegos,
"algo que no es normal,
ya que los pliegos los
hacen los técnicos
municipales y los firman
los concejales de área.
En el caso que nos
ocupa, ni los pliegos
los hacen los técnicos
[los hace Cofely] ni los
firman los concejales
[aparecen sin firmar]".
La UCO cree que permitir
que Cofely redactara
esos documentos "es
darle una ventaja
injustificada frente a
otros competidores", ya
que la firma francesa
determinó "el
presupuesto, los
criterios de
adjudicación y las
condiciones de solvencia
de los licitadores".
Dos correos con los
pliegos
La UCO destaca dos
correos, ambos enviados
por el ya imputado Pedro
García Pérez, uno de los
exdirectivos de Cofely
implicados en la trama.
El primero es del 18 de
junio de 2013, en el que
García remite al alcalde
Borja Gutiérrez "unos
modelos de pliegos que
posteriormente fueron
adaptados al municipio
de Brunete". En el
segundo, del 6 de
febrero de 2014, García
envía a José Gil Granizo
(secretario del PP de
Brunete y padre de la
concejala Cristina Gil)
"unos pliegos idénticos
en sus puntos esenciales
a los que pretendían ser
aprobados en octubre".
Esos pliegos establecían
que solo las empresas
con un volumen de
negocio igual o superior
a los 150 millones de
euros se podían
presentar al contrato.
"Desproporcionado para
una licitación de
559.000 euros anuales
[durante 15 ejercicios].
Buscaría restringir la
concurrencia evitando
que se puedan presentar
otras empresas", indica
la UCO.
Los investigadores
también están
convencidos de que las
detenciones que
realizaron el 27 de
octubre de 2014
motivaron que se sacara
de la comisión municipal
que se iba a celebrar el
día 29 (y que fue
convocada el 24) el
punto relativo a un
dictamen sobre la
aprobación del
expediente y de los
pliegos. "Según los
indicios recabados, la
intención inicial era
que el contrato de
eficiencia energética de
Brunete fuera aprobado
definitivamente en el
pleno del 6 de
noviembre", tal y como
comunicó el alcalde a
otro directivo de
Cofely. Es llamativo que
el día de las
detenciones José Gil
intentara contactar con
Pedro García (que ya
estaba detenido), y cómo
su hija, la concejala,
encargó un informe "que
corría mucha prisa" a un
técnico para que lo
redactara en menos de un
día, "contradiciendo uno
también suyo de tan solo
unos días antes, siendo
utilizado para sacar del
orden del día de la
comisión el punto
relativo a este
contrato".
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-01-25/punica-uco-alcalde-pp-brunete-borja-gutierrez_1321136/
EL JUEZ VELASCO PIDE SER
TRASLADADO Y DEJAR YA LA
INSTRUCCIÓN DE LA
'PÚNICA'
El magistrado de la
Audiencia Nacional se ha
postulado para una plaza
de cooperación
internacional, aunque el
Poder Judicial propone a
otro juez para el puesto
Eloy Velasco está muy
molesto porque se ha
quedado sin juez de
refuerzo
En la Audiencia Nacional
creen que ahora
intentará lograr una
plaza de la Sala de
Apelación, que se pondrá
pronto en marcha
El magistrado Eloy
Velasco se quiere ir de
su actual puesto en la
Audiencia Nacional y
dejar así de investigar
el caso Púnica, la trama
de corrupción
presuntamente organizada
por el ex secretario
general del PP madrileño
Francisco Granados. El
titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6 de la Audiencia
Nacional se ha postulado
para una plaza de
cooperación
internacional, en un
programa conocido como
PAcCTO, según ha podido
saber infoLibre. El
Poder Judicial propone,
no obstante, a otro juez
para el puesto.
El caso Púnica se inició
en octubre de 2014 con
12 piezas separadas,
pero que tras las
investigaciones
desarrolladas se han
elevado hasta 15. Hasta
el momento, Velasco ha
concluido dos de estas
piezas separadas: la
primera referente al
chivatazo que un guardia
civil dio a Granados de
que estaba siendo
investigado, por lo que
ha procesado a dos
agentes y al propio
exconsejero de Justicia
del Gobierno de
Esperanza Aguirre. Y la
segunda se trata de la
investigación de los
amaños realizados por la
trama en la Diputación
de León.
Esta segunda causa se
dirige contra el
expresidente de la
Diputación leonesa
Martín Marcos Martínez,
contra el alcalde de
Puebla de Lillo (León),
Pedro Vicente Sánchez, y
contra el empresario
Alejandro de Pedro, que
está acusados de un
delito de fraude y
malversación de caudales
públicos por
adjudicaciones
vinculadas con la
estación de esquí de San
Isidro y los trabajos de
reputación on line.
Financiación irregular
del PP madrileño
Una de las piezas con
mayor repercusión es la
investigación sobre la
presunta financiación
irregular del Partido
Popular de Esperanza
Aguirre, cuyo sumario
permanece bajo secreto
de sumario. En total, la
causa supera los 200
tomos y en la misma han
declarado más de 150
imputados y casi 400
testigos.
Fuentes jurídicas
explican a infoLibre "el
malestar" del magistrado
Eloy Velasco, que desde
hace varias semanas, en
concreto desde antes de
Navidad, no dispone de
la ayuda del juez de
apoyo, Alejandro
Abascal, que le había
otorgado el Consejo
General del Poder
Judicial. Este juez sólo
ha permanecido en el
Juzgado Central número 6
de la Audiencia Nacional
seis meses, un periodo
que el magistrado
considera insuficiente.
Además de Púnica, el
juez Eloy Velasco
instruye en su Juzgado
los casos Acuamed, Air
Europa, Banca Cívica y
Ellacuría, entre otros.
Fuentes del órgano de
gobierno de los jueces
señalan que la decisión
de no prorrogar la
presencia del juez
Alejandro Abascal como
refuerzo de Velasco se
adoptó a la luz de un
informe de los Servicios
de Inspección del
Consejo que señalaban
que la situación de este
órgano ha mejorado desde
que se adoptó el
refuerzo en marzo de
2016.
Velasco, que fue
director de Justicia del
Gobierno valenciano
presidido por Eduardo
Zaplana (PP), desembarcó
en la Audiencia Nacional
procedente del Juzgado
de Instrucción número 24
de Madrid en junio de
1998, sustituyendo al
hasta entonces titular,
Juan del Olmo, el
magistrado que investigó
la macrocausa sobre el
atentado del 11-M.
Programa contra el
crimen
Para cambiar de Juzgado,
Velasco se ha postulado
a una de las plazas de
magistrado creadas en
virtud del Programa de
Asistencia contra el
Crimen Transnacional
Organizado (PAcCTO)
desarrollado en el marco
de la cooperación sobre
seguridad ciudadana y
Estado de Derecho y que
cuenta con la
participación de España,
Portugal, Francia e
Italia. El objetivo de
este programa es "el
tratamiento integral de
las visiones policial,
judicial y penitenciaria
en la lucha contra el
crimen organizado",
según indicó en su día
el Ministerio de
Justicia.
Sin embargo, la comisión
permanente del Consejo
General del Poder
Judicial (CGPJ) no ha
propuesto a Velasco.
Según confirmó a
infoLibre una portavoz
oficial del consejo,
entre la treintena de
candidatos que se
postulaban para el
puesto, el CGPJ ha
decidido proponer al
Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria de
Córdoba, Luis de Arcos
Pérez, al considerar que
tiene el perfil más
idóneo para el cargo. La
propuesta del Poder
Judicial ha sorprendido
en medios de la
Audiencia Nacional, que
destacan la importante
experiencia que tiene
Velasco.
La institución encargada
de nombrar al magistrado
es el Ministerio de
Justicia, que casi con
toda seguridad elegirá
al magistrado Luis de
Arcos Pérez para el
puesto de coordinación
del PAcCTO contra el
crimen.
Sala de Apelación
Las fuentes jurídicas
consultadas por
infoLibre dan por hecho
que Velasco, si se
confirma que no logra el
puesto en el programa
PAcCTO, solicitará una
de las plazas que se van
a habilitar en la Sala
de Apelación de la
Audiencia Nacional.
Hasta el momento, los
recursos que se
presentaban por las
decisiones de la Sala de
lo Penal de la Audiencia
Nacional se interponían
ante el Tribunal
Supremo. Pero ahora la
Audiencia Nacional
pondrá en marcha la
denominada Sala de
Apelación, que deberá
contar con varios
magistrados adscritos.
En la Audiencia Nacional
también creen que habrá
un número importante de
solicitudes para la Sala
de Apelación, cuyos
jueces no estarán tan
expuestos mediáticamente
como los que realizan
las instrucciones o los
que dictan sentencia en
primera instancia. Las
plazas, que aún no se
han convocado, serán
publicadas "con toda
probabilidad" a lo largo
del presente año.
La Sala de Apelación se
creado en virtud de la
modificación, en marzo
de 2015, de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal
por parte del Gobierno
de Mariano Rajoy.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/01/25/el_juez_velasco_pretende_abandonar_instruccion_del_caso_punica_60164_1012.html
EL PP PAGÓ CON DINERO
PÚBLICO A LA PÚNICA
MÍTINES DE LAS CAMPAÑAS
DE AGUIRRE Y RAJOY
Un informe de la UCO
sobre las supuestas
irregularidades
cometidas en la
contratación de festejos
en el Ayuntamiento de
Valdemoro detalla cómo
se desviaron
presuntamente fondos
para financiar eventos
del partido de los
comicios municipales y
autonómicos de 2007 y de
las generales de 2008.
Implica en ello a
Beltrán Gutiérrez,
tesorero del partido de
la 'lideresa' y ya
imputado en la pieza
secreta del sumario
sobre la supuesta
financiación irregular
de los 'populares'
madrileños, y cita a
Luis Bárcenas.
Nueve actos electorales
y fiestas del PP bajo
sospecha. Entre ellos,
dos mítines de la
campaña a las
municipales y
autonómicas de 2007, y
uno de las Generales de
2008. La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ha
entregado al titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, un amplio
informe sobre la
adjudicación
supuestamente irregular
por parte del
Ayuntamiento de
Valdemoro (Madrid) de
multitud de contratos
públicos a una de las
empresas del 'caso
Púnica', Waiter Music
SL, especializada en la
organización de
festejos. El documento
policial concluye que
parte de "los fondos
municipales" que se
abonaron a esta sociedad
fueron presuntamente
utilizados por el
partido para sufragar
los gastos de varios
mítines de sus
dirigentes.
Entre ellos, el cierre
de campaña de Esperanza
Aguirre de las
elecciones autonómicas
de 2007 celebrado en
Madrid, en el que
también participaron
Alberto Ruiz Gallardón y
Mariano Rajoy, y otro
que tuvo lugar en marzo
de 2008 en el municipio
madrileño de apoyo a la
candidatura de este
último. La Guardia Civil
apunta por ello a la
posible comisión de
varios delitos
electorales por parte de
Beltrán Gutiérrez
Moliner, quien fuera
gerente de la formación
en Madrid y ya imputado
en la causa precisamente
por la presunta
financiación irregular
de los 'populares' en la
región. El informe
también cita a Luis
Bárcenas, en su
condición de
"administrador general
único de la candidatura
del Partido Popular en
las elecciones generales
del año 2008".
El documento de la UCO,
fechado el pasado 15 de
diciembre y al que ha
tenido acceso Vozpópuli,
detalla a los largo de
más de 150 folios la
estrecha amistad entre
el empresario José Luis
Huerta Valbuena,
propietario de Waiter
Music SL, y Francisco
Granados, presunto
cabecilla de la trama y
único que permanece
encarcelado por esta
causa. En el informe,
los agentes destacan que
dicha relación permitió
al primero "conseguir
entre los años 2006 y
2010 contratos con
ayuntamientos gobernados
por el Partido Popular
por valor de
19.214.514,56 euros,
fruto del clientelismo
político e intercambio
de favores del que se
benefició la mercantil
investigada". A cambio,
la Guardia Civil destaca
que Huerta obsequió con
la organización gratuita
de diversos "eventos de
carácter personal" al
propio Granados y a
otros cargos públicos,
pero también del propio
PP. De hecho, en uno de
los apartados del
informe se destaca que
estos últimos "han
estado 'pendiente de
facturar' durante varios
años y se habrían
liquidado utilizando
dinero público del
Ayuntamiento de
Valdemoro destinado a
sufragar los gastos de
las 'Fiestas patronales
de septiembre de 2009".
En concreto, habla de
cinco eventos de diverso
tipo y tres mítines.
Los mítines bajo
sospecha son dos de la
campaña de las
municipales y
autonómicas de 2007,
entre ellos el de
cierre, y uno para las
generales del año
siguiente
Estos últimos son los
celebrados el 12 de mayo
de 2007 en la Plaza de
Toros de Valdemoro; el
25 de ese mismo mes en
el Palacio de Deportes
de la Comunidad de
Madrid, y que sirvió de
cierre de campaña de la
candidatura de Aguirre y
Gallardón para las
autonómicas y
municipales de aquel
año, y un acto celebrado
en Valdemoro el 1 de
marzo de 2008 con motivo
de las Elecciones
Generales de 2008 en la
que Rajoy era el cabeza
de lista del PP. Sobre
éste, el informe de la
Guardia Civil destaca
que Waiter Music SL
organizó un mitin en
este localidad madrileña
que incluía "una
actuación musical" y "un
vehículo con megafonía".
Este acto electoral tuvo
un coste para la empresa
de festejos de 5.179
euros, según los
documentos intervenidos
al propio empresario, en
los que también se
refleja la existencia de
4.200 euros "pendiente
de facturar". "Este
apunte -se continúa
leyendo en el documentos
policial- se localiza en
multitud de documentos
vinculados a la cuenta
pendiente entre Waiter
Music SL y el
Ayuntamiento de
Valdemoro, y que
finalmente fue liquidado
en parte con dinero
público destinado al
pago de las fiestas
patronales de Valdemoro
de septiembre de 2009".
"Manifiestamente falsas"
Los otros dos mítines
supuestamente cargados
al erario se produjeron
un año antes. El primero
tuvo lugar el 12 de mayo
de 2007 en la plaza de
toros de Valdemoro y a
él asistieron tanto la
candidata 'popular',
Esperanza Aguirre, como
quien entonces eran sus
'números 2 y 3' en el
Ejecutivo regional,
Ignacio González y
Francisco Granados.
Costó 17.000 euros,
según se desprende de un
documento intervenido en
el ordenador de la
esposa del empresario
José Luis Huerta. Sin
embargo, su coste no fue
asumido ni por el PP ni
por la empresa, sino que
fue incluido en dos
facturas
"manifiestamente falsas"
que luego fueron
cargadas al Ayuntamiento
de Valdemoro. De hecho,
la UCO ha localizado un
documento en el que se
recoge esta cifra y
otros 6.270 euros
supuestamente
relacionados con la
organización de una
"Fiesta PP" en 2006 con
la anotación "esto se
cobra así" y, a
continuación, el detalle
de cómo se cargó a otras
partidas. Así, los
investigadores han
localizado dos facturas
supuestamente
fraudulentas cargadas de
nuevo a las fiestas
patronales de la
localidad de 2007 que
suman 12.132 euros. Los
investigadores concluyen
que dicho dinero fue
destinado precisamente
al pago de parte de
aquel mitin.
La UCO localizó en el
registro de la sede de
Waiter Music SL
documentos sobre el pago
irregular de dichos
mítines con la anotación
"esto se cobra así"
El tercer mitin es la
gran fiesta de fin de
campaña que el PP
celebró en el Palacio de
los Deportes de la
Comunidad de Madrid en
la noche del 25 de mayo
de 2007 con la presencia
de los principales
dirigentes de la
formación, entre ellos
Rajoy, Aguirre y Ruiz
Gallardón, estos dos
últimos como candidatos
al gobierno regional y
la alcaldía de la
capital respectivamente.
El acto, en cuya
organización participó
Waiter Music SL, incluyó
un concierto de los
grupos Iguana Tango y
Azúcar Moreno. La
Guardia Civil ha
localizado en los
ordenadores de la sede
social de la empresa de
festejos diversos
correos electrónicos
relacionados con el pago
del mismo. Entre ellos,
uno enviado tres días
antes del mitín desde la
cuenta del propio José
Luis Huerta a la de
Edelmiro Andrés Galván
Villamandos, también
imputado en la causa y
que entonces era el jefe
de Gabinete de Francisco
Granados. El mismo
contiene como documento
adjunto el borrador del
contrato que debían
firmar el propio Huerta
y Beltrán Gutiérrez,
entonces gerente del PP
madrileño. El precio que
se reflejaba en el mismo
por dichas actuaciones
musicales era 20.000
euros.
Precio falso
No es el único. El 31 de
julio de 2007, dos meses
después de aquel acto,
el empresario remitió un
nuevo email a otro
dirigente del partido,
Guillermo Mayoral,
actual gerente del
partido en Madrid en
sustitución,
precisamente, de cesado
Beltrán Gutiérrez. En el
mismo, José Luis Huerta
le solicita el cobro de
diversas facturas
relacionadas que suman
un total de 48.600 euros
sin IVA. El empresario
le añade que "siguiendo
indicaciones de Edelmiro
(Consejería de
Presidencia) les hicimos
un contrato de 20.000
euros IVA incluido aun
sabiendo ambas partes
que ascendía a una
cantidad mayor". Además
de dichos correos, en
aquel mismo registro la
Guardia Civil también
localizó otros
documentos con
anotaciones sobre dicho
acto electoral en el que
se especificaba que se
encontraba "pendiente de
facturar". Incluso hay
uno, fechado en octubre
de 2010, más de tres
años después del mitin,
en el que se divide la
cantidad del coste del
mismo en dos parte
iguales "y le imputa
cada una [de] sus
mitades al Partido
Popular de Pinto y [de]
Valdemoro". En total,
60.000 euros.
El informe cita al
gerente del PP de
Madrid, Beltrán
Gutiérrez, y a Luis
Bárcenas por su relación
con sendos delitos
electorales que pueden
estar prescritos
La Guardia Civil
considera que todo ello
pudieran ser
constitutivo de dos
delitos electorales "en
virtud de la utilización
de fondos y recursos
económicos en beneficio
del Partido Popular de
Valdemoro y de la
Comunidad de Madrid que
no fueron declarados
como gastos de campaña
y, por consiguiente, no
fueron declarados en las
cuentas presentas de las
campañas de 2007 y
2008". El informe de la
UCO destaca que los
administradores
electorales de éstas
fueron, respectivamente,
Beltrán Gutiérrez y al
entonces tesorero de PP
nacional, Luis Bárcenas,
aunque también apunta la
posibilidad de que estén
prescritos dado el
tiempo transcurrido
desde que se cometieron.
No obstante, el
documento policial
incluye el nombre del
primero, que se
encuentra imputado en la
pieza secreta del
sumario en el que se
investiga la
financiación
presuntamente irregular
del PP de Madrid, en la
relación de "encartados"
que podrían tener
"responsabilidades
penales" por estos
hechos.
Tres fiestas, un
desayuno...
El informe de la UCO
también pone bajo
sospecha otros cinco
actos menores
organizados por el PP de
Valdemoro entre los años
2005 y 2011 en los que
existen indicios de que
José Huerta asumió la
mitad del coste de los
mismos como un 'regalo'
o, en otros casos,
desvió "el pago a
eventos municipales
posteriores". "Estos
eventos -se lee en el
informe- no se
facturaron por la
mercantil al Partido
Popular y permanecieron
'pendientes de facturar'
durante 6 años,
habiéndose liquidado
parte con dinero público
del Ayuntamiento de
Valdemoro destinado a
sufragar los gastos de
las Fiestas patronales
de septiembre de 2009".
Por aquellas
celebraciones populares,
el Consistorio pagó
150.000 euros, de los
cuales algo más de
45.000 euros fueron
destinados a "sufragar
parte de la deuda que el
PP de Valdemoro había
contraído con Waiter
Music SL", añade el
texto.
La financiación de tres
fiestas, un desayuno y
un evento sin concretar
celebrados por el PP de
Valdemoro entre 2005 y
2010 también están bajo
sospecha
El primero de estos
actos del partido es una
fiesta del año 2005,
cuyo coste ascendió a
32.260 euros. De esta
cantidad, la
documentación
intervenida apunta que
Huerta 'perdonó' al
partido 17.260 euros,
pero que quedó pendiente
el cobro de otros 17.400
euros. Al año siguiente
ocurre algo similar con
la fiesta celebrada en
2006. Valorada en 12.540
euros, el empresario
'regaló' el 50% del
coste del evento y quedó
para facturar 6.270
euros. El 22 de junio de
2007 tiene lugar una
nueva fiesta de la
formación en Valdemoro.
Su precio, 15.500 euros,
de los que de nuevo
Waiter Music SL asumió
la mitad y dejó para
abonar 7.750 euros. Un
mecanismo que se repitió
al año siguiente en un
evento celebrado el 24
de mayo, en la que se
invirtieron 32.513
euros. La sociedad bajo
sospecha también
organizó para los
'populares' de Valdemoro
un desayuno el 17 de
marzo de 2010 valorado
en 18.760 euros, y un
acto el 14 de mayo de
2011, que costó cerca de
22.000 euros. De esta
última cantidad, la
empresa cobró a cuenta
10.000 euros y se
encontraban pendiente de
pago otros 11.915 euros.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/UCO-Punica-electorales-Aguirre-Rajoy_0_992001970.html
GRANADOS DICE QUE
MARHUENDA LE PIDIÓ AYUDA
PARA ENCONTRAR “UN
CHOLLO” EN VALDEMORO Y
EL PERIODISTA LO NIEGA
El alcalde encarcelado
pide al periodista que
aclare si compró en
condiciones económicas
ventajosas, gracias a
sus contactos políticos,
una nave en la localidad
madrileña
El director de 'La
Razón' rechaza de forma
tajante la acusación de
Granados y asegura que
compró el local a
Bankinter
El exconsejero de
Transportes de Madrid y
ex secretario general
del PP madrileño
Francisco Granados ha
enviado desde la cárcel
de Estremera una carta
abierta al director de
La Razón, Francisco
Marhuenda, que ha
publicado el Portal de
Valdemoro, la localidad
de la que fue alcalde
entre 1999 y 2003.
En esa misiva, escrita
la pasada Nochebuena,
Granados, que se
encuentra en prisión por
el caso Púnica, responde
airado a las
descalificaciones que
Marhuenda le lanzó en el
programa de La Sexta Al
Rojo Vivo emitido dos
días antes. En esa
tertulia el director de
La Razón dijo que el ex
número dos de Esperanza
Aguirre “es un paleto y
un hortera de Valdemoro
que no sabe ni comer”.
“Aguirre”, continuó, “le
consideraba como al
servicio”.
En una carta escrita a
mano, Francisco Granados
replica a Marhuenda
detallando su currículo
profesional y político.
Para finalmente
preguntarle por la nave
que el periodista posee
en Valdemoro. Según el
exalcalde de esa
localidad del sur de
Madrid, cuando Marhuenda
buscaba un local donde
alojar su gran colección
de libros, no acudió a
una inmobiliaria, ni
buscó en internet, sino
que utilizó sus
“contactos políticos”:
“Acudiste a este paleto
de Valdemoro para que te
pusiera en contacto con
el alcalde (también
imputado) a ver si te
encontraba algún
chollo”.
Granados dice que el
periodista habló con el
regidor municipal, con
el concejal de Urbanismo
y con los técnicos del
Ayuntamiento. Y a
continuación le
pregunta: “¿Puedes
explicar por qué te
aprovechaste de tus
contactos políticos para
fines espurios? ¿Por qué
no hiciste como todo el
mundo? ¿Cuánto te
ahorraste? ¿Pagaste
comisión o mordida a
alguien? ¿Cómo explicas
que te beneficiaras
económicamente gracias a
tu relación con los,
según tú, corruptos,
pelotas, horteras y
sinvergüenzas de la
Púnica?”.
Me ofreció él su ayuda
Por su parte, el
director de La Razón ha
negado a infoLibre que
le pidiera a Granados
intermediación alguna
para comprar la nave,
una acusación que
considera “disparatada”.
Por el contrario,
Marhuenda asegura que
fue el exalcalde de
Valdemoro quien, en una
comida con él y más
personas, le ofreció
“buscar alguna
oportunidad” en su
pueblo. “Le contesté
que, en todo caso, tenía
que ser dentro de la
legalidad. Pero aquella
conversación quedó en
nada”, apunta.
Finalmente, el
periodista compró a
Bankinter la nave, que
tiene 400 metros
cuadrados y alberga
60.000 libros, según
señala. Marhuenda
también dice que se
decidió finalmente por
Valdemoro debido a que
un catedrático de
Historia amigo suyo
tenía una nave en el
municipio para guardar
su biblioteca, y le
pareció “una buena
idea”. Además, niega que
haya llamado “paletos” a
los ciudadanos de
Valdemoro, por los que
siente “gran respeto”.
“Era Aguirre, no yo,
quien consideraba a
Granados como del
servicio”, zanja.
De paleto a dormir en
los mejores hoteles del
mundo
Granados reacciona con
enojo contra la
“incontinencia verbal”
de Marhuenda, tras
reprocharle que, en
realidad, no sepa nada
de su vida. Así que se
la recuerda paso a paso,
para terminar acusándole
de “representar la
vaciedad intelectual y
moral más absoluta”. El
exalcalde presume de ser
“efectivamente, de
pueblo”, de no haber
tenido nunca “servicio y
de que su madre
“cocinaba, limpiaba y
cuidaba de sus hijos”,
mientras su padre se
dedicaba a la
agricultura. “En fin,
unos paletos según tu
casposa y clasista
opinión”.
Después explica que
estudió Económicas en la
Complutense y su primer
trabajo fue como
analista financiero en
una sociedad de valores
y bolsa. “Fui elegido
dos años consecutivos
como mejor analista
europeo del sector
energético” añade
Granados, quien después
fue contratado como
director de Análisis “en
uno de los mayores
bancos del mundo”.
“Cuando tú aún ho habías
salido de La Rambla, yo
hablaba sobre la
economía y la bolsa
española a inversores en
Londres, París, New York
o Tokio”, se jacta el ex
secretario general del
PP madrileño. También
dice haber sido director
de banca de inversión,
miembro de comités
internacionales de
inversión y de consejos
de administración de
empresas
internacionales. “He
ganado dinero, recorrido
kilómetros de avión y
casi vivido en los
mejores hoteles del
mundo, en los que, por
cierto, nunca me dijeron
que no supiera comer
como tú aseguras”,
recrimina de nuevo a
Marhuenda.
También recuerda su paso
por la política: “Como
soy un paleto, lo dejé
todo para ser alcalde de
mi pueblo, Valdemoro”,
comienza. Luego alardea
de haber conseguido allí
dos mayorías absolutas
“gracias al voto
ignorante de esos
ciudadanos que tú
consideras de tercera
por no vivir en La
Moraleja, La Finca o el
barrio de Salamanca”. Y
de que, gracias a él, el
sur de Madrid “nunca más
se llamó el cinturón
rojo”. Valdemoro,
destaca, “es uno de los
pueblos con mayor
calidad de vida de
Madrid, con buenos
colegios, bien
urbanizado, zonas verdes
y un hospital
estupendo”.
Granados no se olvida de
mencionar que fue
consejero de Transportes
de la Comunidad de
Madrid y secretario
general del PP regional
“gracias a [Esperanza]
Aguirre”. En resumen,
llegó “a la política
después de una exitosa
carrera profesional”.
“Aunque te sorprenda, ya
sabía comer, vestir ¡y
hasta idiomas!”.
Marhuenda, de familia
bien y colegio privado
Al origen humilde y
brillante historial
descritos, Francisco
Granados contrapone el
“nada destacable”
currículo de Marhuenda,
a quien retrata como
perteneciente a “una
familia bien de
Barcelona”, residente en
un barrio acomodado,
“con nai y servicio”, y
alumno de “los mejores
colegios privados”.
Según dice en la carta,
el currículo del
periodista se reduce a
un “inédito paso por el
parlamentarismo” [fue
diputado del Parlamento
catalán por el PP
durante seis meses] y su
trabajo en el gabinete
de Mariano Rajoy. Además
de dirigir “un periódico
de extraordinarios
profesionales del que
nunca, a las 12 de la
noche”, sabe “qué
portada lleva al día
siguiente”.
Francisco Granados
termina su diatriba con
una posdata envenenada:
“Como eres un gran
intelectual, seguro que
conoces la cita
parlamentaria ‘Deje su
señoría de decir
mentiras sobre mí y yo
dejaré de decir verdades
sobre usted”.
http://www.infolibre.es/noticias/medios/2017/01/18/granados_dice_que_marhuenda_pidio_ayuda_para_encontrar_chollo_valdemoro_59921_1027.html
LA ACUSACIÓN POPULAR
PIDE 6 AÑOS DE CÁRCEL
PARA GRANADOS POR EL
'CHIVATAZO' DE LA PÚNICA
La acusación popular,
ejercida por la
asociación ADADE,
entrega su escrito de
acusación para la pieza
que investiga el
presunto 'chivatazo' de
un Guardia Civil al ex
secretario general del
PP de Madrid. El
político está acusado en
esta parte del sumario
de un delito de
"aprovechamiento del
delito revelado". Junto
a él se sentarán dos
agentes del Instituto
armado para los que
piden 3 años de prisión.
Primera petición de pena
de cárcel para Francisco
Granados en el caso
Púnica. La Asociación de
Abogados Demócratas por
Europa (ADADE), que
ejerce la acusación
popular en la causa, ha
entregado este lunes su
escrito de acusación en
la pieza del sumario que
investiga el 'chivatazo'
que presuntamente dio
una agente de la Guardia
Civil al ex secretario
general del PP de Madrid
y que puso en peligro
toda la operación. En
él, se considera al
político responsable de
un delito de
aprovechamiento de
revelación de secreto,
penado con hasta seis
años de prisión. Esa es,
de hecho, la petición
que hace la acusación
popular. Para los otros
dos encausados por estos
hechos, el miembro de la
Unidad Central Operativa
(UCO) que supuestamente
dio los datos, José
Manuel Rodríguez
Talamino, y el guardia
civil en excedencia José
Luis Caro Vinagre, la
solicitud es de tres
años de cárcel para cada
uno de ellos.
ADADE pide para Granados
la máxima pena recogida
en Código Penal para el
delito de
"aprovechamiento de
revelación de secreto"
El escrito de ADADE, de
once folios de extensión
y al que ha tenido
acceso Vozpópuli,
detalla que el 6 de
septiembre de 2014, solo
un día después de que se
instalase una cámara de
vigilancia frente al
edificio de la localidad
de Pinto donde el
constructor David
Marjaliza, tenía las
oficinas de su entramado
empresarial, se
interceptaron diferentes
llamadas que apuntaban a
que alguien de esta
unidad policial había
alertado supuestamente
al político de que
estaba siendo
investigado. A partir de
ese momento, los
responsables de las
pesquisas detectaron que
varios de los
sospechosos comenzaron a
intercambiar llamados
con información sobre
dicho aviso. A partir de
ese momento, algunos de
ellos "proceden a la
destrucción y ocultación
de pruebas, reducen sus
conversaciones
telefónicas que habían
sido intervenidas,
provocan la necesidad de
distraer medios y
personal [de la Guardia
Civil], alterando de
este modo el normal
curso de la
investigación y
dificultando la misma,
lo que provoca serios
problemas para la
instrucción [...] además
de incrementar el coste
de la misma".
Un grave incidente en el
que, según detalla el
escrito de acusación de
ADADE, participan los
dos guardias civiles y
Granados. De este último
detalla que "en cuanto
recibe la información
pone en marcha la
actividad a fin de
minimizar los daños que
de la investigación
puede derivarse". Así,
"intenta recabar más
información" o bien
directamente del miembro
de la UCO Rodríguez
Talamino, o de José Luis
Caro Vinagre, guardia
civil en excedencia con
"los contactos y los
conocimientos necesarios
que pueden facilitar
mejor el acceso a la
información". Además, el
que fuera número 3 del
Ejeuctivo de Esperanza
Aguirre también "utiliza
los medios informáticos
a su alcance para
ampliar la información
suministrada", en
concreto para saber qué
es la UCO y el grupo de
esta unidad que le
investiga.
"Todo de tipo de
precauciones"
Asímismo, ADADE destaca
que Granados también
puso "en alerta a las
personas relevantes a
fin de entorpecer la
investigación en curso".
En concreto, hace
referencia a una llamada
al que entonces era su
socio, el constructor
David Marjaliza, "quien
inmediatamernte procede
a alertar" a varias
personas de su confianza
e intenta recabar nuevos
datos. Finalmente, el
escrito de acusación
recalca que el ex
secretario general del
PP madrileño tomó "todo
tipo de precauciones,
notablemente minimiza
información transmitida
por teléfono, con el
mismo objetivo de
entorpecer la
investigación". En este
sentido, recuerda la
existencia de varias de
las llamadas en las que
"se evita hablar
claramente por teléfono
y se organizan citas
presenciales para
abordar los temas".
La acusación particular
solicita para los otros
dos encausados, un
agente de la UCO y un
guardia civil en
excedencia, 3 años de
prisión para cada uno
El escrito recalca que
todo ello provocó graves
perjuicios a la
investigación. En
primer, lugar la UCO
tuvo que retirar la
cámara de vigilancia "lo
que les priva de una
valiosísima fuente de
información". También
"puso en alerta" tanto a
Granados como "a otros
investigados, quienes
tomaron medidas
adicionales de
seguridad". También
recuerda que los
responsables de las
pesquisas se vieron
obligados a simular una
operación paralela que
se tradujo en un
distracción de "recursos
personales, económicos y
materiales de la
investigación en curso".
Sin olvidar que "el
estado de alerta de los
investigados obligó a
reducir los
seguimientos, privando a
los investigadores de
información sustancial".
Finalmente, ADADE
destaca que incluso se
estudió iniciar las
detenciones
inmediatamente, una
medida que "finalmente
fue descartada por el
riesgo que suponía
realizarlas en
condiciones adversas".
Por todo ello, el
acusación popular
considera al guardia
civil Rodríguez Talamino
y su compañero en
excedencia Caro Vinagre
responsables de un
delito de revelación de
secreto recogido en el
artículo 417 del Código
Penal, por lo que pide
para cada uno de ellos
tres años de cárcel. En
el caso de Francisco
Granados, le considera
autor de otro de
"aprovechamiento del
delito revelado",
englobado en el artículo
418 y cuya pena máxima
es, precisamente, la que
le pide: 6 años de
cárcel. También pide que
los tres indemnicen de
manera conjunta a la
Dirección General de la
Guardia Civil por el
coste de la operación
que hubo que montar para
intentar engañar al
político y el resto de
investigados, y que
obligó a desplazar a
diversos agentes fuera
de la provincia de
Madrid.
El político vuelve a
pedir la libertad
Menos de un mes después
de que declarase de
manera voluntaria ante
el juez Eloy Velasco,
Francisco Granados
vuelve a pedir su puesta
en libertad. La defensa
del político ha remitido
a la Audiencia Nacional
un escrito de poco más
de un folio en el que
solicita que se le
excarcele "con fianza,
retirada de pasaporte y
presentación semanal o
incluso diaria ante el
Juzgado de su domicilio
en garantía de que no
eludirá la acción de la
Justicia". Como
principal argumento para
ello, el que fuera
'número 3' del Ejecutivo
regional de Esperanza
Aguirre se ofrece a
otorgar "un poder tan
amplio como en derecho
sea menester a favor del
Juzgado para que pueda
dirigirse a cualquier
entidad bancaria o
financiera, en cualquier
parte del mundo, y
requerir la información
que exista sobre el
patrimonio a su nombre o
al de cualquier persona
jurídica de la que sea
beneficiario o
apoderado". En su
escrito, Granados señala
que con este medida
quiere demostrar "cuál
es su situación
económica real que no es
otra que la de que
carece de otros bienes
que no sean los que han
sido intervenidos y
bloqueados por el
Juzgado" y que, por
tanto, la decisión del
magistrado de mantenerle
en prisión por la
sospecha de que posee
"un patrimonio oculto"
está injustificada.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Peticion-Granados-primer-juicio-Punica_0_990802220.html
LAS 'PERLAS' DE GRANADOS
ANTE EL JUEZ: "ME HE
PORTADO FRANCAMENTE BIEN
CON MI PUEBLO"
El pasado 21 de
diciembre, el ex
consejero del PP declaró
a petición propia ante
el titular del Juzgado
Central de Instrucción
Número 6, Eloy Velasco.
Durante el
interrogatorio, el
político se defendió de
las graves acusaciones
que pesan sobre él. "No
tengo ni un solo euro
fuera" o "la
financiación del PP de
Madrid es absolutamente
transparente", son sólo
algunas de las frases
que pronunció.
La primera declaración
voluntaria de Francisco
Granados ante el titular
del Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, no aportó
prácticamente novedades
a la investigación.
Encarcelado desde
octubre de 2014 como
presunto cabecilla de la
trama Púnica, el que
fuera secretario general
del PP de Madrid utilizó
su comparecencia ante el
juez para defenderse de
las graves acusaciones
que pesan sobre él y
para cargar contra el
que fuera su socio, el
hoy arrepentido David
Marjaliza. Más que
'tirar de la manta' lo
que hizo el político
aquel día fue echar 'balores
fuera' y negar
prácticamente todo. A
veces, con frases cuanto
menos llamativas. Éstas
son algunas de esas
'perlas'.
Durante la declaración,
de tres horas de
extensión, el que fuera
'número 3' del Ejecutivo
regional de Esperanza
Aguirre lamentó que se
hubiera "mermado" su
presunción de inocencia.
El magistrado tan sólo
formuló dos preguntas a
Granados. La primera,
sobre los apuntes
contables de la presunta
Caja B del PP de Madrid.
La segunda, sobre el
dinero que habría
ocultado a la Justicia
española al extranjero.
El investigado subrayó
que no tiene fuera de
España "ni un euro".
El ex consejero de la
Comunidad de Madrid
también negó el pasado
mes de diciembre en la
Audiencia Nacional que
existiese financiación
irregular del PP de
Madrid.
Preguntado por su
defensa por qué no había
informado al juez del
maletín con más de
900.000 euros que la
Guardia Civil encontró
en noviembre de 2015 en
un altillo de la casa de
los suegros, Granados no
dudo en asegurar que
porque los agentes "no
me preguntaron" qué
había hecho con los
fondos que había
repatriado de manera
irregular desde Suiza.
Granados no dudó en
presumir de su labor
como alcalde de
Valdemoro, la localidad
del sur de Madrid
convertida en auténtico
epicentro de la trama
Púnica. De hecho, no
sólo negó haber cometido
ninguna irregularidad,
sino que incluso aseguró
sentirse "orgulloso" de
su gestión. "Me he
portado francamente bien
con mi pueblo”, llegó a
decir.
El exsecretario general
del PP madrileño negó de
manera insistente que
hubiera presionado o
fuera hacerlo a ningún
testigo porque no tiene
poder para ello.
"Cualquier persona que
haya tenido un cargo
público sabe que [...]
cuando empieza a
rumorearse que vas a ser
cesado, no te mira nadie
a la cara", dijo. De
hecho rechazó haber "ideologizado"
a ningún funcionario de
la Comunidad de Madrid o
haberle presionado. "No
digo nada de amenazar,
que no entra dentro, en
fin, de mi concepto de
la vida", recalcó.
Pese a la aparente
firmeza de sus palabras,
la declaración de
Granados no convenció ni
al juez Velasco ni a las
representantes de la
Fiscalía Anticorrupción,
lo que provocó que su
situación de prisión
preventiva se mantuviera
y pasara sus terceras
Navidades en la
madrileña cárcel de
Estremera. Según,
destacaron entonces
fuentes presentes en el
interrogatorio, el juez
se marchó convencido de
que el político se había
limitado a "mentir" en
cuestiones claves como
el paradero de los
fondos que presuntamente
mantiene ocultos en el
extranjero o los datos
que fueron hallados en
la agenda que le fue
incautada y que sirvió a
los investigadores para
abrir la pieza secreta
donde se investiga
actualmente la presunta
financiación irregular
del Partido Popular.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Granados-Velasco-solo-euro-Espana_0_989901925.html
EL PP DE AGUIRRE INTENTA
'COLARSE' EN EL SUMARIO
DE PÚNICA PARA ACCEDER
"A TODO LO ACTUADO"
Una concejala 'popular'
de Brunete y un
dirigente del partido en
esta localidad
madrileña, uno de los
feudos 'fieles' a la
lideresa, piden
personarse y tener
acceso toda la causa dos
días antes de que la UCO
entregara un informe
sobre supuestos pufos en
el Ayuntamiento del 'aguirrista'
Borja Gutiérrez.
Prisas por conocer el
sumario del 'caso
Púnica' desde dentro.
Dos destacados miembros
del PP de la localidad
madrileña de Brunete,
uno de los feudos
'fieles' a Esperanza
Aguirre, han solicitado
formalmente al titular
del Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, que les
permita personarse en la
causa pese a no estar
imputados en la misma.
Se trata de Ana Cristina
Gil Guerra, concejala de
Nuevas Tecnologías en
este municipio de 10.000
habitantes situado a 28
kilómetros al Oeste de
la capital, y de José
Gil Granizo, secretario
general de la formación
en el municipio. Ambos
presentaron el escrito,
en el que ya designaban
procurador y abogado, el
pasado 13 de diciembre
con la petición expresa
de tener acceso a una
"copia de todo lo
actuado".
Los dos miembros del PP
de Brunete que han
pedido personarse en el
sumario son una
concejala y el
secretario general del
partido en la localidad
El último informe de
Púnica destapa pufos en
uno de los ayuntamientos
'fieles' a Aguirre
Precisamente, dos días
después era la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil la
que entregaba un informe
en la Audiencia Nacional
referido a las supuestas
irregularidades
detectadas en los
trámites del concurso
para la adjudicación por
parte de este
consistorio de un
contrato de 8,9 millones
de euros a la empresa
Cofely España SAU,
salpicada por la trama.
Portavoces de esta
alcaldía han calificado
a Vozpópuli la decisión
de la concejala y el
dirigente local del PP
como "personal" y han
rechazado detallar si
ambos cargos del partido
lo hacían como acusación
o ante la sospecha de
que pueden ser
encausados. En una
reciente providencia, el
juez ha pedido a la
Fiscalía Anticorrupción
que se pronuncie sobre
dicha personación antes
de tomar él una
decisión.
Hasta la fecha no hay
ningún cargo público del
ayuntamiento de Brunete
imputado en la causa,
pero el nombre del
municipio sí ha salido
de manera reiterada en
el sumario tanto en la
confesión del
constructor David
Marjaliza, como en los
'pinchazos' telefónicos
de algunos de los
principales implicados y
en diversa documentación
en formato digital y en
papel intervenida
durante los registros.
De hecho, los diferentes
levantamientos del
secreto de sumario
ordenados por el
magistrado en los
últimos meses han
permitido conocer las
numerosas referencias
que a lo largo de la
investigación han ido
apareciendo de esta
localidad y de una
adjudicación municipal
fallido que
supuestamente iba a ser
adjudicado a Cofely.
La 'visita' de la UCO
Las pesquisas sobre esta
licitación se aceleraron
el pasado verano. A
finales del pasado mes
de agosto, agentes de la
UCO acudieron a la sede
del consistorio a
intervenir el expediente
del concurso de
eficiencia energética
que este pequeño
consistorio tenía
previsto convocar a
finales de 2014 y por el
que se iba a gastar 8,9
millones de euros en
quince años para mejorar
el alumbrado público de
municipio y que,
finalmente, no se llegó
a licitar porque la
aprobación de los
pliegos que debía
regirlo se suspendió
justo un día después de
las primeras detenciones
de la 'Operación
Púnica'.
En las últimas semanas,
la UCO ha tomado
declaración a
funcionarios y cargos
públicos de Brunete,
entre ellos el alcalde,
el 'aguirrista' Borja
Gutiérrez
Tras intervenir aquella
documentación el pasado
verano, la Guardia Civil
comenzó a llamar a
declarar a funcionarios
y cargos públicos del
consistorio, entre ellos
el propio alcalde, el 'aguirrista'
Borja Gutiérrez
Iglesias, según
confirmaron hace unos
días a Vozpópuli fuentes
cercanas a éste. Tras
recabar dichos
testimonios, los agentes
de la UCO elaboraron un
informe que entró el
pasado 15 de diciembre
en la Audiencia Nacional
mediante el oficio
número 494.
Curiosamente, dos días
antes eran la concejala
y el otro miembro del PP
los que acudían a la
Audiencia Nacional a
presentar su escrito de
personación en una
decisión que desde el
equipo del Gobierno
municipal se ha
insistido en desvincular
del alcalde y del propio
Ayuntamiento.
La edil que firma el
escrito, Ana Cristina
Gil, actual responsable
del área de Nuevas
Tecnologías, era
teniente de alcalde con
atribuciones,
precisamente, en obras
públicas e
infraestructuras del
municipio cuando se
elaboró el expediente
que ahora bajo sospecha.
El segundo firmante del
escrito es el secretario
general de la formación.
Ambos forman parte del
Comité Ejecutivo del PP
local que preside Borja
Gutiérrez, hombre
considerado en Génova 13
como muy próximo a
Esperanza Aguirre.
Cifuentes y el PSOE
El PP ya está personado
en la causa a través de
una de las
Administraciones que
preside, en concreto de
la Comunidad de Madrid
que encabeza Cristina
Cifuentes. Fue la propia
jefa del Ejecutivo
autonómico la que
anunció en julio de 2015
en un acto público que
su Gobierno lo iba a
hacer como acusación
"por razones de
transparencia y para
defender los intereses
de los propios
madrileños y de la
Administración
regional". La dirigente
'popular' recalcó
entonces que se había
adoptado esta medida a
la vista de los datos
que se iban conociendo
tras haberse levantado
el secreto del sumario y
considerar que "de los
presuntos delitos que se
han cometido podría
derivarse un perjuicio
patrimonial para la
Comunidad de Madrid".
El Ejecutivo de
Cifuentes consiguió
personarse como
acusación tras recurrir
la decisión del juez que
le obligaba a ir de la
mano de una asociación
que acorraló al PP en
Gürtel
En un primer momento, el
juez Velasco la obligó a
hacerlo bajo la
dirección letrada de la
primera acusación que
fue admitida. En
concreto, la de la
Asociación de Abogados
Demócratas por Europa
(ADADE), célebre por
haber sido precisamente
el azote del PP en los
dos grandes sumarios
instruidos en la
Audiencia Nacional que
salpican el partido:
Gürtel y los 'papeles de
Bárcenas'. El equipo
jurídico de Cifuentes no
se resignó y presentó un
recurso a esta decisión.
Finalmente la Justicia
le dio la razón y hoy
actúa en la causa de
modo independiente. Ello
no fue, sin embargo,
impedimento para que el
juez Velasco le echara
en cara poco después la
lentitud con la que
algunos de los
organismos que depende
de ella a la hora
actuaban para remitirle
la documentación que les
estaba reclamando para
avanzar en la
investigación.
No ha tenido tanto
suerte el PSOE, que
batalla desde hace diez
meses en los tribunales
para poder ejercer
también la acusación
popular en el 'caso
Púnica' con voz propia.
El 15 de febrero de
2016, cuando la causa
llevaba ya cerca de año
y medio abierta,
presentó un escrito con
dicho fin. El pasado 26
de agosto el magistrado
lo admitía, aunque con
la condición de que lo
hicieran bajo la
dirección letrada de
ADADE, a la que el
magistrado había
conferido "el liderazgo
del ejercicio de la
acción popular" en junio
de 2015. Sólo unos días
después, el 5 de
septiembre, el PSOE
presentaba un recurso de
reforma contra dicha
decisión, que el
magistrado rechazaba dos
semanas después con un
auto en el que
justificaba su decisión
para evitar "dilaciones
indebidas" de la
instrucción de la causa
por culpa de la
proliferación de
acusaciones. Éste fue
recurrido por los
socialistas en apelación
a comienzos de octubre.
La Audiencia Nacional
aún no lo ha resuelto.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/PP-Esperanza-Aguirre-sumario-Punica_0_985702242.html
NOTAS INÉDITAS DESTAPAN
NUEVOS VÍNCULOS DE
PÚNICA CON RITA BARBERÁ
Y CASTELLÓN
La UCO localiza en el
cuaderno de una empleada
del experto informático
De Pedro referencias a
"informes comunicación
positiva" de la
fallecida exalcaldesa de
Valencia y de la ciudad
levantina. Supuestamente
fueron utilizados para
captar como cliente al
actual presidente de
Murcia, el 'popular'
Pedro Antonio Sánchez.
Los exhaustivos análisis
que la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ha
realizado en los últimos
meses de la abundante
documentación
intervenida durante los
registros de la
'Operación Púnica' han
sacado a la luz la
existencia de notas
manuscritas hasta ahora
inéditas que apuntalan
los indicios sobre la
existencia de vínculos
entre la trama de
corrupción y la que
fuera alcaldesa de
Valencia, la fallecida
Rita Barberá, y la
ciudad de Castellón. Se
trata, en concreto, de
un cuaderno localizado
en la sede de las
empresas del experto en
reputación 'online'
Alejandro de Pedro en el
que una de sus empleadas
anotaba los pasos que
daban para captar a
político como nuevos
clientes. En dicha
libreta figura el nombre
de la localidad
levantina y de
Cartagena, además del
nombre y apellido de la
dirigente del PP justo
debajo de la frase "ver
informes comunicación
positiva". Todo ello
junto a anotaciones
referidas a la entonces
regidora de la ciudad
murciana, la hoy
senadora 'popular' Pilar
Barreiro, y al actual
presidente de esta
comunidad, su
correligionario Pedro
Antonio Sánchez, para
los que la red de
corrupción estaba a
punto de comenzar a
trabajar. De hecho,
dicha anotación se ha
incorporado a un
reciente informe del
Instituto armado sobre
los tratos de estos dos
últimos con la trama al
que ha tenido acceso
Vozpópuli.
Las anotaciones sobre la
exalcaldesa de Valencia
han aparecido en un
cuaderno localizado en
la sede de las empresas
del experto informático
Alejandro de Pedro
Dicho cuaderno fue
localizado por la
Guardia Civil en el
registro que sus agentes
hicieron en octubre de
2014, a la vez que las
primeras detenciones, en
la sede que tenían en el
número 1 de la calle
Marqués de Sotelo, de
Valencia, EICO
Reputation Management SL
y Madiva Editorial y
Publicidad SL, las dos
sociedades de De Pedro
dedicadas a mejorar la
imagen en Internet de
políticos y empresas. En
concreto, fue
intervenido en el puesto
de trabajo de Sara
Gargallo, una de las
empleadas del 'gurú'
informático que ha sido
imputada dentro de la
investigación sobre las
andanzas de la trama en
la Región de Murcia. Se
trata de una libreta de
anillas con una de sus
hojas encabezada por la
palabra "tareas" en
mayúscula. A partir de
ahí figuran varias
anotaciones de
enigmático significado
como "textos info" y
"textos buceo", junto a
otras que apuntan a
trabajos de reputación
'online'. Así, aparece
la frase "acabar SEO
Castellón", en clara
referencia a supuestos
trabajos para optimizar
contenidos en páginas
web de manera que sean
más fácilmente
localizados por los
buscadores de Internet.
No es la única alusión a
esta ciudad en dicho
documento. También
figura como "ejemplo" de
los "informes
comunicación positiva"
que supuestamente
elaboraba el experto
informático.
La referencia a esta
capital levantina no es
nueva dentro del sumario
de Púnica. De hecho, en
junio de 2015 la Guardia
Civil acudió a la sede
del Ayuntamiento a
intervenir documentación
sobre supuestos
contratos municipales
con empresas de la
Púnica. Poco después sus
agentes tomaban
declaración como
investigado no detenido
al entonces alcalde en
funciones, el 'popular'
Alfonso Bataller, quien
poco después dejaba su
acta de concejal y se
retiraba de la primera
línea política. Sin
embargo, desde entonces
no se habían tenido
nuevas referencias a
dicha línea de
investigación y, de
hecho, fuentes del grupo
del PP en el
consistorio, ahora en la
oposición, mostraban
recientemente a
Vozpópuli su
convencimiento de que el
juez Eloy Velasco había
retirado la imputación
al exregidor "al no
hallar indicios de
delitos penales". Sin
embargo, fuentes
cercanas a la
investigación
consultadas en los
últimos días por este
diario aseguran que las
pesquisas sobre la
relación de la trama con
el anterior equipo de
gobierno municipal del
PP no están, ni mucho
menos, cerradas, y que
aún está pendiente de
elaborar un informe
policial sobre las
mismas para presentarlo
al magistrado.
Una columna con tres
nombres
Tras esa anotación sobre
el "SEO Castellón", el
manuscrito hace
referencia a dos fechas,
el 1 de noviembre y el
31 de mayo, y figuran
los nombres de dos
políticos. En concreto,
la actual senadora Pilar
Barreiro y el presidente
de Murcia, Pedro Antonio
Sánchez, con claras
alusiones a supuestos
trabajos de reputación
'online' como la
expresión "reput", junto
a la anotación temporal
"7 meses" y la cifra de
"24.700 euros". Justo
debajo aparece la frase
"ver informes de
comunicación positiva" y
una columna con las
palabras "Cartagena",
"Rita Barberá" y
"Castellón" en este
orden precedidas de las
letras "Ej",
supuestamente "ejemplo".
Una flecha que sale de
dicha columna señala a
"1 mes". Según fuentes
cercanas a la
investigación, dichas
anotaciones apuntan a
que la Púnica pudo haber
hechos labores para
mejorar la imagen de la
política ya fallecida y
de los alcaldes de las
otras dos localidades.
De hecho, en el caso del
municipio murciano, ya
hay varios informes de
la UCO que apuntan a que
así fue y que
supuestamente se pagaron
con el desvío de fondos
públicos. De hecho,
cuando se produjeron las
primeras detenciones en
octubre de 2014 estaba a
punto de iniciarse otra
campaña con vistas a las
elecciones locales del
año siguiente.
Tres miembros del equipo
municipal de Barberá ya
fueron interrogados hace
meses por los supuestos
trabajos de reputación
'online' hechos por la
trama para ella
En el caso de Rita
Bárbera también hay
referencias anteriores
en el sumario. Así, la
Guardia Civil interrogó
en junio de 2015 a tres
miembros de su equipo de
Gobierno sobre los
supuestos tratos con la
trama con el equipo de
la entonces ya alcaldesa
en funciones. En
concreto, fueron el
concejal del
Ayuntamiento de
Valencia, Alberto
Mendoza; el ex jefe de
prensa del Consistorio,
Julio Valero, y el
diputado del PP en las
Cortes Valencianas y
exconcejal de Seguridad
de Barberá, Miquel
Domínguez. Todos ellos
tuvieron que responder a
varias preguntas para
saber si el 'gurú'
informático Alejandro de
Pedro se encargaba de
mejorar la imagen de la
exregidora en la red:
"¿Es Rita Barberá
clienta de Alejandro de
Pedro a efectos de
reputación?", "¿el
Ayuntamiento de Valencia
asume el coste de
trabajos de mejora de
reputación 'online' de
algún miembro de la
corporación municipal?",
"¿sabe si Alejandro de
Pedro gestiona la
reputación online de
Rita Barberá?", fueron
algunas de las
cuestiones que les
plantearon.
"Presionar
entreveladamente"
Todos ellos negaron
tener constancia de
dichos trabajos, aunque
uno de ellos, el
exconcejal Domínguez
explicó que el experto
informático "llegó a
presionar
entreveladamente para
que le adjudicaran el
contrato alegando que a
su competencia le habían
adjudicado contratos
similares", en
referencia al que cerró
el Consistorio con una
de sus empresas, Madiva
Editorial y Publicidad
SL, para publicitar la
ciudad de Valencia por
importe de 13.068 euros.
El otro edil, Alberto
Mendoza, sostuvo que
tuvo conocimiento de ese
contrato "después de la
detención de Alejandro
de Pedro, que en ese
momento supo que era
para inserción de
publicidad institucional
del Ayuntamiento en
algún diario digital".
Por su parte, el
periodista Julio Valero
añadió que en el año
2013 el presunto miembro
de la trama ofertó una
propuesta de publicidad
al Ayuntamiento de
Valencia que no fue
valorada positivamente
porque "en esos momentos
no se consideraban
rentables". Luego añadió
que a finales de ese año
presentó otra y que ésa
comenzó a ejecutarse
"aproximadamente" en
junio de 2014.
Una empleada de De Pedro
admitió ante el juez que
hicieron numerosos
trabajos de
"posicionamiento en web"
para políticos, y citó
erntre ellos a la
fallecida senadora
Una empleada de De Pedro
también imputada en la
causa, María José
Gutiérrez, también citó
en su primera
declaración ante el
juez, entonces como
testigo, a Rita Barberá.
Esta trabajadora, cuyo
puesto en las empresas
del 'gurú' informático
era precisamente el de
"jefa del departamento
de posicionamiento en
web" aseguró al
magistrado que desde que
se incorporó a la
empresa en 2012 realizó
numerosos trabajos para
instituciones públicas
y, sobre todo, para los
políticos que ocupaban
sus cargos. Así, junto a
los nombre del que fuera
presidente de la
Comunidad de Madrid,
Ignacio González, de su
consejera de Educación,
Lucía Figar; de la
presidenta de la
Diputación de León
asesinada a tiros en
mayo de 2014, Isabel
Carrasco; y de varios
alcaldes, como Ana
Botella y el regidor de
Gandía, Arturo Torró;
esta mujer citó
expresamente a Rita
Barberá como una de las
clientes. De hecho,en
junio de 2015 el juez
Eloy Velasco ordenó a la
UCO personarse en una
decena de ayuntamientos
en busca de
documentación
relacionada,
precisamente, con
contratos con empresas
de la trama. Entre ellos
estaba el de Valencia.
Ahora, las notas
manuscritas apuntalan
esa línea de
investigación.
La 'pista púnica' de la
contabilidad de Taula
La supuesta relación del
Rita Barberá con la
Púnica no se reduce,
curiosamente, a los
indicios recopilados en
el sumario que instruye
en la Audiencia Nacional
el juez Velasco, sino
que también alcanza a
otra causa célebre: la
llamada 'Operación
Taula'. La contabilidad
del grupo municipal del
PP valenciano, incautada
por la UCO en busca de
indicios de supuesta
financiación irregular
de la formación, reveló
pagos de los 'populares'
a una empresa
relacionada con
Alejandro de Pedro. Se
trataba, en concreto, de
la mercantil Demini, que
figuraba en dichos
apuntes contables
manuscritos en relación
con el asunto "web
Rita". Dichos libros
contables fueron
intervenidos en poder de
María del Carmen García
Fuster, mano derecha de
la ex alcaldesa, y en
los mismos también se
reflejaban los pagos del
supuesto 'pitufeo' que
llevaron al magistrado
de Valencia Víctor Gómez
a imputar a todo el
grupo municipal del PP
por blanqueo de
capitales y, más
adelante, al Tribunal
Supremo a actuar contra
la propia Rita Barberá
en su condición de
aforada.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Notas-Punica-Barbera-Ayuntamiento-Castellon_0_989301993.html
LA GUARDIA CIVIL
INVESTIGA OTRA CAJA B
DEL PP DE MADRID QUE
FUNCIONÓ ENTRE 2010 Y
2014
La UCO rastrea la
contabilidad de la
fundación Fundescam tras
descubrir que el Partido
Popular de Madrid la
habría utilizado para
financiarse ilegalmente
incluso después de que
estallara Gürtel
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ha abierto
otra línea de
investigación sobre la
presunta entrada ilegal
de fondos en el Partido
Popular de Madrid a
través de la trama
Púnica, la red corrupta
desarticulada en octubre
de 2014 que
supuestamente lideraban
Francisco Granados y
David Marjaliza. Según
fuentes cercanas al
caso, los agentes
asignados a este
procedimiento han
requisado las cuentas
presentadas entre 2010 y
2014 por la Fundación
para el Desarrollo
Económico y Social de la
Comunidad de Madrid, más
conocida por su acrónimo
Fundescam, ante los
indicios que apuntan a
que la entidad fue
empleada por el PP de
Esperanza Aguirre para
canalizar el cobro de
donaciones opacas al
partido.
El análisis de las
cuentas se está
realizando en secreto
dentro de la pieza
separada de Púnica que
abrió el instructor del
caso, el juez Eloy
Velasco, para rastrear
las presuntas comisiones
ilegales que Granados
habría entregado a la
formación de la que
llegó a ser secretario
general. En una agenda
encontrada en su
vivienda aparecieron
supuestas aportaciones a
la caja B del PP
madrileño por valor de
2.060.000 euros, la
mayoría presuntamente
entregadas por la
constructora OHL a
través de su consejero
Javier López Madrid,
imputado también en la
causa.
Esa pista condujo el
pasado febrero hasta
Beltrán Gutiérrez,
gerente del partido
hasta 2014, tras
descubrirse que era la
persona que
supuestamente recibía y
gestionaba las
donaciones B que captaba
Granados. Sin embargo,
según fuentes cercanas
al caso consultadas por
El Confidencial, en el
ordenador y en los
documentos encontrados
en el despacho y la
vivienda de Gutiérrez
han aparecido nuevas
pruebas que han
terminado encaminando a
los agentes de la UCO
hasta Fundescam, en la
que el gerente también
ejerció como apoderado.
El foco se centra en la
actividad de ese
organismo desde el
inicio de esta década.
Pagos con facturas
falsas
La entidad fue creada en
2000 por el PP
autonómico con la
supuesta intención de
contribuir al desarrollo
de la sociedad madrileña
con acciones formativas
y foros de debate. Sin
embargo, en 2009, con el
estallido del caso
Gürtel, se descubrió que
Fundescam había estado
abonando facturas falsas
a las empresas de la
trama de Francisco
Correa para ocultar la
organización de actos
electorales del PP, en
paralelo a los que
oficialmente costeaba el
partido. Los fondos que
acabaron en manos de
Gürtel salieron de
empresarios del entorno
del PP madrileño. Solo
un año más tarde, en
2010, la Fiscalía
Anticorrupción consideró
acreditado que el
partido había financiado
ilegalmente las campañas
electorales de 2003 y
2004, entre ellas, la
del tamayazo. Sin
embargo, el Ministerio
Público sostuvo que un
hipotético delito
electoral ya estaría
prescrito en ese momento
y el caso Fundescam
acabó en una cuneta de
Gürtel.
Los investigadores de la
UCO no solo consideran
ahora que hay indicios
de delitos como blanqueo
de capitales que no
prescriben hasta los 10
años y, por tanto, aún
podrían ser perseguidos
penalmente. También han
descubierto que
Fundescam habría seguido
operando como caja B de
la formación después de
que estallara Gürtel,
según revelan fuentes
próximas a las
pesquisas. El propio
Granados se habría
encargado, con la ayuda
de Beltrán Gutiérrez, de
que las donaciones
ilegales que entregaban
contratistas de la
Administración madrileña
llegaran al partido a
través de esa entidad
sin ánimo de lucro para
sortear los controles de
los órganos de
fiscalización.
Según ha podido saber
este diario, la
investigación afecta en
concreto a las cuentas
de Fundescam del periodo
2010-2014. Las de este
último año fueron
presentadas en 2016, y
las del ejercicio 2013,
en 2015. Los agentes
también han requisado,
por orden del juez Eloy
Velasco, los estatutos y
el registro de actos
celebrados por la
entidad desde su
constitución. Las
actuaciones se mantienen
en secreto. Es la única
pieza de Púnica a la que
no tienen acceso los
acusados ni las
defensas.
Disolución en diferido
Cuando se conoció la
vinculación de Fundescam
con Gürtel en 2009,
Esperanza Aguirre
renunció a su cargo en
el patronato de la
entidad y puso al frente
un equipo gestor,
liderado por la diputada
del PP en la Asamblea de
Madrid y exconsejera
autonómica Gádor Ongil,
que debía tener como
único objetivo disolver
la entidad. Pero la
fundación continuó
actuando al menos
durante los cinco años
siguientes. De hecho,
aunque el patronato
inició los trámites
legales para liquidarla
en 2015, oficialmente
permanece activa.
Aguirre dice que
Fundescam no costeó
ninguna campaña del PP
de Madrid
Las pesquisas sobre
Fundescam ya provocaron
que agentes de la UCO se
llevaran el pasado
septiembre los contratos
concedidos por la
Asamblea de Madrid al
grupo de restauración
Arturo Cantoblanco,
propiedad del
expresidente de la
patronal madrileña CEIM
y exvicepresidente de la
nacional CEOE Arturo
Fernández. Como reveló
este diario, los
encargados del caso
sospechan que esas
concesiones, del periodo
2007-2012, están
relacionadas con las
donaciones que el
empresario hizo a
Fundescam. En concreto,
como él mismo reconoció
en conversación
telefónica a este
diario, aportó un total
de 57.030 euros entre
2003 y 2004 que habrían
servido para costear
campañas de Aguirre. Las
pesquisas ya afectan
ahora a un periodo mucho
más reciente y a otros
empresarios.
Bucear en la hemeroteca
sólo agrava las
sospechas sobre las
irregularidades. Cuando
saltaron las noticias
que vinculaban a
Fundescam con Gürtel, el
dirigente del PP que
salió en defensa de las
cuentas del partido fue
precisamente Granados,
que está a punto de
cumplir dos años y medio
en prisión. El entonces
secretario general
declaró que él mismo
había comprobado
personalmente que las
contabilidades de la
fundación y del partido
eran correctas y acusó
de mentir a quién se
atreviera a afirmar lo
contrario.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-09/la-guardia-civil-investiga-otra-caja-b-del-pp-de-madrid-entre-2010-y-2014_1313439/
LA JUSTICIA ALARGA,
UNA VEZ MÁS, EL SECRETO
SOBRE LA SUPUESTA
FINANCIACIÓN IRREGULAR
DEL PP DE MADRID
El juez Eloy Velasco
suma un mes más al
secreto del sumario de
esta pieza separada de
la Púnica por miedo a la
manipulación de pruebas
Con el paso del tiempo,
son muchos ya los datos
que sabemos y que nos
ayudan a entender cómo
funcionaba la trama
Púnica en Madrid.
Detalles con los que se
puede ir relacionando a
muchos ayuntamientos del
PP en Madrid con
empresas, comisiones,
adjudicaciones y demás
acciones que fueron
dando forma a uno de los
casos de corrupción más
amplios de este país.
Sin embargo, hay una
pieza separada sobre la
que todavía poco se
conoce: la que investiga
las supuestas
irregularidades en la
financiación del PP de
Madrid en relación a
esta trama. ¿Por qué?
Pues porque desde su
creación, esta pieza
separada ha estado
sometida a un secreto de
sumario que se ha ido
prologando y renovando.
Cada vez que el secreto
vencía, la expectación
por conocer lo que se
había descubierto en
relación a una supuesta
financiación irregular
del Partido Popular en
Madrid era máxima. Pero
la Justicia ha ido
renovando este secreto
mes a mes y lo ha vuelto
hacer. El juez de la
Audiencia Nacional, Eloy
Velasco, ha decidido
ampliar un mes más este
secreto que, en un
principio, iba a cumplir
el próximo siete de
enero.
El próximo sábado se
podrían haber
esclarecido muchas
cosas, pero el juez ha
decidido imponer el
secreto “un mes más
entendiendo que tal
medida sigue siendo
necesaria para
garantizar la eficiencia
de la investigación así
como la destrucción de
pruebas”.
Tanto el pasado 5 de
febrero de 2016 como el
13 de mayo del mismo
año, la Justicia decidió
levantar el secreto
sobre parte de lo
instruido dentro de esta
trama Púnica. Según
explican en el auto por
el que ahora se renueva
el secreto, en estas dos
ocasiones anteriores se
entendió que los riesgos
de que se destruyesen
pruebas o se
entorpeciese el resto de
la investigación habían
disminuido.
Sin embargo, ahora y
sobre esta pieza
separada, el juez
Velasco ve nuevos
riesgos. La ampliación
del secreto “es esencial
para poder asegurar la
investigación de los
hechos” dice en el auto
y añade que se han
abierto nuevas vías de
investigación que
necesitan la protección
del secreto para poder
esclarecer si en el PP
de Madrid hubo
irregularidades en su
financiación usando la
trama Púnica.
Sólo manteniendo en
secreto los detalles,
asegura el juez, se
podrán conseguir “más
elementos probatorios”.
http://www.elplural.com/politica/2017/01/04/la-justicia-alarga-una-vez-mas-el-secreto-sobre-la-supuesta-financiacion
LA UCO DESCUBRE UNA
TRAMA DE DOBLE
FACTURACIÓN EN LOS
AYUNTAMIENTOS DE PÚNICA
Investiga el presunto
pago de 536.597 euros en
facturas duplicadas en
12 consistorios de
Madrid y Toledo gracias
a cabalgatas y fiestas
patronales.
La UCO de la Guardia
Civil investiga doce
ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid por
participar en una trama
de facturas duplicadas
que logró detraer
presuntamente 536.597
euros de las arcas
públicas. Según los
informes del caso,
incluido en una pieza
separada de la operación
Púnica, los
ayuntamientos de Pinto,
Getafe, Moraleja de
Enmedio, Valdemoro,
Chinchón, Algete,
Torrejón de Velasco,
Arroyomolinos, Humanes,
Añover de Tajo (Toledo),
Coslada, Cienpozuelos y
San Sebastián de los
Reyes abonaron por
duplicado facturas en
los festejos y actos
organizados por la firma
Waiter Music y varios de
sus proveedores.
Según los informes del
Grupo de Delitos Contra
la Administración de la
UCO de la Guardia Civil,
el método utilizado era
sencillo: por un lado,
la empresa Waiter Music
facturaba a los
ayuntamientos madrileños
por organizar actos como
las fiestas patronales o
las cabalgatas de reyes.
Después, uno de sus
proveedores (hay otras
cuatro empresas
investigadas) facturaba
de nuevo al consistorio,
pero esta vez solo por
una cuantía parcial y en
apariencia, distinta:
conceptos como el
alquiler de una carroza
o el gasto en la
megafonía para un
desfile.
Los responsables de
estas empresas han sido
calificados ya como
investigados por el juez
Eloy Velasco, que ha
ordenado analizar tanto
la contabilidad
municipal como la de sus
compañías. En sus
declaraciones ante la
UCO, los empresarios
afectados reconocen que
parte de las facturas se
entregaban directamente
a Waiter Music, que era
la encargaba de hacerlas
llegar después a los
ayuntamientos. Y que en
todo momento
consideraron que la
operativa era legal.
La trama se centra en la
empresa Waiter Music,
una de las principales
investigadas en la trama
Púnica por abonar
mordidas a Francisco
Granados a cambio de
contratos públicos. La
empresa era la
encargada, por ejemplo,
de abonar las
actuaciones y los grupos
de música que amenizaban
los cumpleaños del ex
consejero de Presidencia
de la Comunidad de
Madrid en su finca de
Valdemoro.
"Acepté para no cerrarme
las puertas"
Por el momento, no hay
funcionarios municipales
imputados en esta pieza,
aunque parece poco
probable que si las
facturas eran en
realidad duplicadas,
pasaran todos los
controles de
fiscalización
municipales sin que
nadie hiciera la más
mínima pregunta, hasta
abonar más de medio
millón de euros.
Ante los agentes de la
UCO, los empresarios
investigados reconocen
el uso de este tipo de
facturas, giradas
después contra la
contabilidad de Waiter
Music, y argumentan que
sirvieron para saldar
deudas anteriormente
contraídas con ellos por
esta mercantil, a la que
prestaban servicios en
la organización de sus
eventos.
Pero no todos han dado
la misma versión. El
empresario José Martínez
Manzanares, uno de los
proveedores de Waiter
Music, reconoció en su
comparecencia del 26 de
octubre ante la UCO
haber remitido una
factura al Ayuntamiento
de Valdemoro por valor
de 9.860 euros. Una
factura por trabajos que
nunca se produjeron. "Un
día recibí una llamada
de José Luis Huerta y me
dijo textualmente que
tenía problemas
administrativos para
poder cobrar la factura
de la cabalgata de reyes
de 2009 y me pidió el
favor de que si podía
facturar por Waiter al
Ayuntamiento de
Valdemoro", explica el
empresario. "Acepté por
amistad y por no
cerrarme la puerta a
posibles trabajos que
pudiera tener", matiza
Martínez, que entregtó
la documentación a los
agentes de forma
voluntaria.
Sin embargo, el grueso
de las facturas (hasta
298.597 euros según el
sumario del caso)
corresponden a otro
proveedor, una empresa
llamada Friend's Group
Técnicas de Espectáculo.
La Guardia Civil
investiga 18 facturas de
esta empresa en seis
ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid. Tal
y como informó EL
ESPAÑOL, esta compañía
fue la responsable de
instalar más de 8.500
euros en atracciones,
carpas y castillos
hinchables para una de
las fiestas que
Francisco Granados
organizó en 2009 en su
finca a las afueras de
Valdemoro.
En su declaración ante
la Unidad Central
Operativa de la Guardia
Civil, el empresario
Francisco Illana asegura
no recordar el motivo
por el que Waiter Music
le factura un importe
exactamente igual al que
ellos cobraron del
Ayuntamiento de
Valdemoro. La falta de
memoria sirve también
como argumento para no
explicar los trabajos
reales a los que
responden estas
facturas. En esa misma
comparecencia, Illana
reconoce a los agentes
que las facturas a
nombre de Nieves Alarcón
fueron abonadas en
realidad y en efectivo
por el principal
responsable de Waiter
Music.
http://www.elespanol.com/espana/politica/20170102/182982156_0.html
EL REGATEO DE UN
DIPUTADO DEL PP CON
PÚNICA: "SOY DE LETRAS
PERO ME DEFIENDO CON LOS
NÚMEROS"
El informe de la UCO que
atribuye al miembro de
las Corts valencianas
Victor Soler tres
delitos incorpora como
anexos el intenso cruce
de 'emails' y mensajes
de 'wasaps' entre éste y
el 'gurú' informático de
la trama sobre el pago
de los trabajos para el
entonces alcalde de
Gandía, el también
'popular' Arturo Torró.
Setenta mensajes de 'wasaps'
enviados por él al
señalado como 'gurú'
informático de la
Púnica, Alejandro de
Pedro, y 108 de éste en
respuesta. Además, un
buen puñado de correos
electrónicos. El informe
de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil adelantado
por Vozpópuli sobre las
'andanzas' de la trama
en Gandía (Valencia) que
atribuía al actual
parlamentario del PP en
las Corts valencianas
Víctor Soler la presunta
comisión de los delitos
de fraude, cohecho y
malversación de caudales
públicos recoge el
intenso intercambio de
mensajes este este
diputado autonómico y
uno de los principales
implicados en el sumario
que instruye el juez
Eloy Velasco. Buena
parte de dichos mensajes
se centran en las
discrepancias que tenían
uno y otro sobre la
cantidad mensual a pagar
por los trabajos de
reputación 'online' que
De Pedro realizaba para
el entonces alcalde de
esta localidad, Arturo
Torró, y que se sospecha
eran abonados con fondos
públicos. Tras imponer
sus cifras, Soler
bromeaba con el experto
informático: "Jaja soy
de letras pero algo me
defiendo con los
números. Quedamos así,
tío, un abrazo!". Era el
2 de octubre de 2014.
Tres semanas después se
producían las primera
detenciones de la
'Operación Púnica',
entre ellas la de
Alejandro de Pedro.
Ahora, 26 meses más
tarde, aquellos 'wasaps'
y 'emails' tienen contra
las cuerdas al aforado
valenciano.
Víctor Soler y Alejandro
de Pedro intercambiaron
un total de 178 mensajes
de 'wasap' y varios 'emails'
en los que se tratan de
"amigo", "tío" y
"coleguita"
El cruce de mensajes
muestra, de hecho, una
estrecha relación entre
este último y el 'gurú'
informático, lo que les
lleva a referirse uno a
otro como "amigo" y los
coloquiales "tío" y
"coleguita". Así, el
anexo número 16 del
informe, que recoge los
178 mensajes de 'wasaps'
que Víctor Soler
intercambió con
Alejandro de Pedro entre
julio de 2013 y octubre
de 2014, se inicia con
una favor que le pide
este último al primero
para que le consiga
entradas para los
conciertos que aquel
verano organizaba el
Ayuntamiento de Gandía,
donde el político era
concejal y mano derecha
del alcalde Torró.
También hay mensajes con
felicitaciones
navideñas, incluido
alguno con bromas sobre
"el intérprete del
funeral de Mandela".
Pero, sobre todo, hay
cruce de mensajes sobre
los tratos para el pago
de los supuestos
trabajos de reputación
'online' para el primer
edil. Algunos de ellos
sirven para concretar
encuentros en un bar o
en la propia sede del
consistorio de la
localidad valenciana.
Por ello, el informe de
la Guardia Civil
concluye que Soler no es
solo "conocedor" de las
supuestas
irregularidades
cometidas para pagar a
la trama la mejora de la
imagen del regidor, sino
también "el interlocutor
directo de Alejandro de
Pedro en la
determinación de los
trabajos reputacionales
a realizar y la manera
de sufragarlos". Eso sí,
"con el visto bueno del
alcalde Arturo Torró,
beneficiario de los
servicios
reputacionales", recalca
el documento policial.
En el anexo en el que se
recogen todos los 'wasaps',
los agentes de la UCO
destacan de modo gráfico
29 de ellos al
considerarlos que
incluyen "aspectos que
se resultan
fundamentales para la
investigación". Así, se
ponen énfasis en uno del
remitido por Alejandro
de Pedro a Víctor Soler
el 17 de junio de 2014
en el que el primero le
asegura que Torró le
había llamado el día
antes y, por ello, le
urgía al hoy diputado
autonómico a "vernos un
rato el jueves tarde".
La Guardia Civil también
da importancia a otro
intercambiado casi un
mes más tarde en el que
el político insta al
experto informático a
"venir algún día de la
semana que viene por
Gandía y cerramos el
tema". De Pedro le
responde con un "bien
tío [...], pues dime
cuando te viene mejor
así cerramos todo
[...]." El informe
también pone énfasis en
el cruce de mensajes que
el 20 de agosto de ese
mismo año se enviaron
mutuamente a cuenta del
malestar que había
causado a Arturo Torró y
su equipo las noticias
contrarias a su gestión
que estaba publicando el
diario local digital que
poseía Alejandro de
Pedro, precisamente,
para posicionar bien las
noticias positivas del
alcalde. "No interesa
seguir así porque el
diario nos da mucha
caña", le espeta poco
después de las siete de
la tarde el concejal
'popular", una impresión
que comparte De Pedro.
En lo que no están de
acuerdo es en que, como
le propone Soler, el
medio pase a ser
gestionado por
"nosotros" y "con
personas de confianza".
"Olvídate, eso es
imposible. El diario lo
uso para otras cosas" es
la negativa del experto
informático, que da como
solución un mayor
control por su parte de
los contenidos: "Ok, a
partir del lunes la
superviso yo, estate
tranquilo, verás como no
vuelve a poner nada y
ante la duda que
pregunte y yo te lo
traslado".
"¿Dónde tengo que
facturar?"
La UCO destaca otros dos
intercambios de
mensajes, ambos
referidos al pago de los
trabajos de reputación,
incluida una supuesta
deuda del consistorio
con la trama. "Buenas
amigo, una cosita donde
tengo que facturar? O
con quién hablo para no
molestarte?", le
pregunta De Pedro a
Víctor Soler el 8 de
septiembre de 2014. Tras
un intercambio de
mensajes con los nombres
de pila de diversas
trabajadoras del
Ayuntamiento, el hoy
diputado regional le
pide un poco de
paciencia en dos
mensajes. "Déjame
preguntar y te digo
algo", le dice ese mismo
día para 48 horas más
tarde, pedirle un poco
más de tiempo con un
"Alejandro, no me he
olvidado de lo tuyo,
estamos mirando unas
cosas y nada más sepa
algo te digo". Cinco
días después, el experto
informático aún pregunta
a quién debe enviar las
facturas: "Víctor, sabes
algo?". Semana y media
después el tema no se ha
resuelto y el cruce de
mensajes se retoma.
"[...] Me sabe mal pero
es que son cosas que no
depende de mí y mira que
insisto", le asegura el
concejal al presunto
integrante de la trama,
quien le advierte a su
vez que "la deuda
acumulada es la misma
por lo que sube lo que
hay que facturar". Un
mensaje que es
respondido por el
político con un "lo
hablaríamos para
recalcular" que no
impide que su
interlocutor le meta
presa: "Vale, pero dile
que para mi es urgente
cobrar tengo mucho gasto
metido más 'ivas'
pagados y me ahoga el
tema".
El 'gurú' informático
reclamaba al político el
pago de 3.067 euros al
mes, sin embargo Soler
consigue rebajar la
factura hasta los 2.600
El 1 de octubre de 2014
vuelven a cruzar
mensajes de 'wasaps' en
lo que parece la
confirmación de que han
llegado a un acuerdo.
Así, Víctor Soler le
pide que "me envíes por
email los datos de la
empresa para facturar y
la cantidad total
mensual que acordamos".
Hora y media después De
Pedro le responde con
"ya lo tienes". Ese
mismo día y el
siguiente, ambos
intercambian varios
correos electrónicos en
los que discrepaban
sobre el dinero a pagar
para hacer frente a los
supuestos trabajos de
reputación 'online' y
esa deuda pendiente.
Así, el 'gurú'
informático de la trama
le había asegurado que
"al tener un mes menos
para facturar, la
cantidad es 3.067
[euros]", una cifra que
no convence al concejal:
"Alejandro, a mí no me
salen esos números. Me
salen alrededor de 2.600
al mes según la última
propuesta que acordamos.
Es decir, lo que resulta
de retrasar un mes y
aplicar ese mes al
resto". De Pedro no
parece dispuesto a
alargar la discusión y
lo zanja con un "me fío
de ti, lo que tú digas"
que es respondido por
Víctor Soler con un "Jaja,
soy de letras pero algo
me defiendo con los
número. Quedamos así,
tío, un abrazo!". Días
después, Soler le envía
un nuevo 'wasap' al
experto informático para
preguntarle por "el
nombre de la empresa"
que va a utilizar para
emitir las facturas.
"Madiva Editorial SL" es
la respuesta del experto
informático, quien antes
de su detención el día
27 de ese mismo mes aún
tiene tiempo para
intercambiar varios
mensajes más con el hoy
diputado autonómico, en
este caso referidos a
una información
publicada en el
periódico regional
'Levante' y a unos
comunicados del
"partido" para
desmentirlo y que De
Pedro quiere subir en el
diario digital de su
propiedad para
contrarrestar la imagen
negativa provocada a
Torró por la primera.
Por todo ello, el
informe de la UCO otorga
un papel relevante al
hoy aforado Víctor Soler
en las supuestas
irregularidades, ya que
esos informes de
posicionamiento en
Internet a favor del
alcalde Arturo Torró
fueron facturados al
consistorio "como
presuntos trabajos de
posicionamiento 'online'
del Ayuntamiento de
manera continuada
durante 15 meses" hasta
que en 2013 surgió "una
discrepancia entre
empleados municipales y
Alejandro de Pedro" que
hizo que éste dejara de
recibir dinero. Como
consecuencia de ello,
éste decidió dejar de
trabajar para el regidor
'popular' hasta que el
hoy diputado regional
asumío un papel
protagonista para
desbloquear esa
situación. Así, el
informe destaca que
"para solventar la deuda
pendiente" con el 'gurú'
informático y "para
concertar los futuros
trabajos de cara a los
comicios [municipales]
de 2015" el hoy diputado
autonómico trató
directamente con
Alejandro de Pedro.
También es él quien
acude a su compañero de
partido, Dionisio
Ollero, "para buscar una
fórmula de pago" con la
que hacer frente a la
cantidad que se debía al
experto informático. Son
estos tratos los que
desembocaron "en que
Construcciones Gomuñoz,
empresa adjudicataria de
obras en el Ayuntamiento
de Gandía y acreedor del
Consistorio" aceptase
supuestamente asumir la
deuda de "los trabajos
pasados y los futuros de
quien ostentaba el cargo
de alcalde de Gandía
[Arturo Torró] en
aquellos momentos". Por
ello, el documento
policial concluye que
Víctor Soler sería autor
de los delitos de
fraude, cohecho y
malversación de caudales
públicos.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/regateo-diputado-PP-Punica-defiendo_0_986601975.html
LA GUARDIA CIVIL
INVESTIGA OTRA CAJA B
DEL PP DE MADRID QUE
FUNCIONÓ ENTRE 2010 Y
2014
La UCO rastrea la
contabilidad de la
fundación Fundescam tras
descubrir que el Partido
Popular de Madrid la
habría utilizado para
financiarse ilegalmente
incluso después de que
estallara Gürtel
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ha abierto
otra línea de
investigación sobre la
presunta entrada ilegal
de fondos en el Partido
Popular de Madrid a
través de la trama
Púnica, la red corrupta
desarticulada en octubre
de 2014 que
supuestamente lideraban
Francisco Granados y
David Marjaliza. Según
fuentes cercanas al
caso, los agentes
asignados a este
procedimiento han
requisado las cuentas
presentadas entre 2010 y
2014 por la Fundación
para el Desarrollo
Económico y Social de la
Comunidad de Madrid, más
conocida por su acrónimo
Fundescam, ante los
indicios que apuntan a
que la entidad fue
empleada por el PP de
Esperanza Aguirre para
canalizar el cobro de
donaciones opacas al
partido.
El análisis de las
cuentas se está
realizando en secreto
dentro de la pieza
separada de Púnica que
abrió el instructor del
caso, el juez Eloy
Velasco, para rastrear
las presuntas comisiones
ilegales que Granados
habría entregado a la
formación de la que
llegó a ser secretario
general. En una agenda
encontrada en su
vivienda aparecieron
supuestas aportaciones a
la caja B del PP
madrileño por valor de
2.060.000 euros, la
mayoría presuntamente
entregadas por la
constructora OHL a
través de su consejero
Javier López Madrid,
imputado también en la
causa.
Esa pista condujo el
pasado febrero hasta
Beltrán Gutiérrez,
gerente del partido
hasta 2014, tras
descubrirse que era la
persona que
supuestamente recibía y
gestionaba las
donaciones B que captaba
Granados. Sin embargo,
según fuentes cercanas
al caso consultadas por
El Confidencial, en el
ordenador y en los
documentos encontrados
en el despacho y la
vivienda de Gutiérrez
han aparecido nuevas
pruebas que han
terminado encaminando a
los agentes de la UCO
hasta Fundescam, en la
que el gerente también
ejerció como apoderado.
El foco se centra en la
actividad de ese
organismo desde el
inicio de esta década.
Pagos con facturas
falsas
La entidad fue creada en
2000 por el PP
autonómico con la
supuesta intención de
contribuir al desarrollo
de la sociedad madrileña
con acciones formativas
y foros de debate. Sin
embargo, en 2009, con el
estallido del caso
Gürtel, se descubrió que
Fundescam había estado
abonando facturas falsas
a las empresas de la
trama de Francisco
Correa para ocultar la
organización de actos
electorales del PP, en
paralelo a los que
oficialmente costeaba el
partido. Los fondos que
acabaron en manos de
Gürtel salieron de
empresarios del entorno
del PP madrileño. Solo
un año más tarde, en
2010, la Fiscalía
Anticorrupción consideró
acreditado que el
partido había financiado
ilegalmente las campañas
electorales de 2003 y
2004, entre ellas, la
del tamayazo. Sin
embargo, el Ministerio
Público sostuvo que un
hipotético delito
electoral ya estaría
prescrito en ese momento
y el caso Fundescam
acabó en una cuneta de
Gürtel.
Los investigadores de la
UCO no solo consideran
ahora que hay indicios
de delitos como blanqueo
de capitales que no
prescriben hasta los 10
años y, por tanto, aún
podrían ser perseguidos
penalmente. También han
descubierto que
Fundescam habría seguido
operando como caja B de
la formación después de
que estallara Gürtel,
según revelan fuentes
próximas a las
pesquisas. El propio
Granados se habría
encargado, con la ayuda
de Beltrán Gutiérrez, de
que las donaciones
ilegales que entregaban
contratistas de la
Administración madrileña
llegaran al partido a
través de esa entidad
sin ánimo de lucro para
sortear los controles de
los órganos de
fiscalización.
Según ha podido saber
este diario, la
investigación afecta en
concreto a las cuentas
de Fundescam del periodo
2010-2014. Las de este
último año fueron
presentadas en 2016, y
las del ejercicio 2013,
en 2015. Los agentes
también han requisado,
por orden del juez Eloy
Velasco, los estatutos y
el registro de actos
celebrados por la
entidad desde su
constitución. Las
actuaciones se mantienen
en secreto. Es la única
pieza de Púnica a la que
no tienen acceso los
acusados ni las
defensas.
Disolución en diferido
Cuando se conoció la
vinculación de Fundescam
con Gürtel en 2009,
Esperanza Aguirre
renunció a su cargo en
el patronato de la
entidad y puso al frente
un equipo gestor,
liderado por la diputada
del PP en la Asamblea de
Madrid y exconsejera
autonómica Gádor Ongil,
que debía tener como
único objetivo disolver
la entidad. Pero la
fundación continuó
actuando al menos
durante los cinco años
siguientes. De hecho,
aunque el patronato
inició los trámites
legales para liquidarla
en 2015, oficialmente
permanece activa.
Las pesquisas sobre
Fundescam ya provocaron
que agentes de la UCO se
llevaran el pasado
septiembre los contratos
concedidos por la
Asamblea de Madrid al
grupo de restauración
Arturo Cantoblanco,
propiedad del
expresidente de la
patronal madrileña CEIM
y exvicepresidente de la
nacional CEOE Arturo
Fernández. Como reveló
este diario, los
encargados del caso
sospechan que esas
concesiones, del periodo
2007-2012, están
relacionadas con las
donaciones que el
empresario hizo a
Fundescam. En concreto,
como él mismo reconoció
en conversación
telefónica a este
diario, aportó un total
de 57.030 euros entre
2003 y 2004 que habrían
servido para costear
campañas de Aguirre. Las
pesquisas ya afectan
ahora a un periodo mucho
más reciente y a otros
empresarios.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-09/la-guardia-civil-investiga-otra-caja-b-del-pp-de-madrid-entre-2010-y-2014_1313439/
LA JUSTICIA ALARGA, UNA
VEZ MÁS, EL SECRETO
SOBRE LA SUPUESTA
FINANCIACIÓN IRREGULAR
DEL PP DE MADRID
El juez Eloy Velasco
suma un mes más al
secreto del sumario de
esta pieza separada de
la Púnica por miedo a la
manipulación de pruebas
Con el paso del tiempo,
son muchos ya los datos
que sabemos y que nos
ayudan a entender cómo
funcionaba la trama
Púnica en Madrid.
Detalles con los que se
puede ir relacionando a
muchos ayuntamientos del
PP en Madrid con
empresas, comisiones,
adjudicaciones y demás
acciones que fueron
dando forma a uno de los
casos de corrupción más
amplios de este país.
Sin embargo, hay una
pieza separada sobre la
que todavía poco se
conoce: la que investiga
las supuestas
irregularidades en la
financiación del PP de
Madrid en relación a
esta trama.
¿Por qué? Pues porque
desde su creación, esta
pieza separada ha estado
sometida a un secreto de
sumario que se ha ido
prologando y renovando.
Cada vez que el secreto
vencía, la expectación
por conocer lo que se
había descubierto en
relación a una supuesta
financiación irregular
del Partido Popular en
Madrid era máxima. Pero
la Justicia ha ido
renovando este secreto
mes a mes y lo ha vuelto
hacer. El juez de la
Audiencia Nacional, Eloy
Velasco, ha decidido
ampliar un mes más este
secreto que, en un
principio, iba a cumplir
el próximo siete de
enero.
El próximo sábado se
podrían haber
esclarecido muchas
cosas, pero el juez ha
decidido imponer el
secreto “un mes más
entendiendo que tal
medida sigue siendo
necesaria para
garantizar la eficiencia
de la investigación así
como la destrucción de
pruebas”.
Tanto el pasado 5 de
febrero de 2016 como el
13 de mayo del mismo
año, la Justicia decidió
levantar el secreto
sobre parte de lo
instruido dentro de esta
trama Púnica. Según
explican en el auto por
el que ahora se renueva
el secreto, en estas dos
ocasiones anteriores se
entendió que los riesgos
de que se destruyesen
pruebas o se
entorpeciese el resto de
la investigación habían
disminuido.
Sin embargo, ahora y
sobre esta pieza
separada, el juez
Velasco ve nuevos
riesgos. La ampliación
del secreto “es esencial
para poder asegurar la
investigación de los
hechos” dice en el auto
y añade que se han
abierto nuevas vías de
investigación que
necesitan la protección
del secreto para poder
esclarecer si en el PP
de Madrid hubo
irregularidades en su
financiación usando la
trama Púnica.
Sólo manteniendo en
secreto los detalles,
asegura el juez, se
podrán conseguir “más
elementos probatorios”.
http://www.elplural.com/politica/2017/01/04/la-justicia-alarga-una-vez-mas-el-secreto-sobre-la-supuesta-financiacion
LA UCO DESCUBRE UNA
TRAMA DE DOBLE
FACTURACIÓN EN LOS
AYUNTAMIENTOS DE PÚNICA
Investiga el presunto
pago de 536.597 euros en
facturas duplicadas en
12 consistorios de
Madrid y Toledo gracias
a cabalgatas y fiestas
patronales.
La UCO de la Guardia
Civil investiga doce
ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid por
participar en una trama
de facturas duplicadas
que logró detraer
presuntamente 536.597
euros de las arcas
públicas. Según los
informes del caso,
incluido en una pieza
separada de la operación
Púnica, los
ayuntamientos de Pinto,
Getafe, Moraleja de
Enmedio, Valdemoro,
Chinchón, Algete,
Torrejón de Velasco,
Arroyomolinos, Humanes,
Añover de Tajo (Toledo),
Coslada, Ciempozuelos y
San Sebastián de los
Reyes abonaron por
duplicado facturas en
los festejos y actos
organizados por la firma
Waiter Music y varios de
sus proveedores.
Según los informes del
Grupo de Delitos Contra
la Administración de la
UCO de la Guardia Civil,
el método utilizado era
sencillo: por un lado,
la empresa Waiter Music
facturaba a los
ayuntamientos madrileños
por organizar actos como
las fiestas patronales o
las cabalgatas de reyes.
Después, uno de sus
proveedores (hay otras
cuatro empresas
investigadas) facturaba
de nuevo al consistorio,
pero esta vez solo por
una cuantía parcial y en
apariencia, distinta:
conceptos como el
alquiler de una carroza
o el gasto en la
megafonía para un
desfile.
Los responsables de
estas empresas han sido
calificados ya como
investigados por el juez
Eloy Velasco, que ha
ordenado analizar tanto
la contabilidad
municipal como la de sus
compañías. En sus
declaraciones ante la
UCO, los empresarios
afectados reconocen que
parte de las facturas se
entregaban directamente
a Waiter Music, que era
la encargaba de hacerlas
llegar después a los
ayuntamientos. Y que en
todo momento
consideraron que la
operativa era legal.
La trama se centra en la
empresa Waiter Music,
una de las principales
investigadas en la trama
Púnica por abonar
mordidas a Francisco
Granados a cambio de
contratos públicos. La
empresa era la
encargada, por ejemplo,
de abonar las
actuaciones y los grupos
de música que amenizaban
los cumpleaños del ex
consejero de Presidencia
de la Comunidad de
Madrid en su finca de
Valdemoro.
"Acepté para no cerrarme
las puertas"
Por el momento, no hay
funcionarios municipales
imputados en esta pieza,
aunque parece poco
probable que si las
facturas eran en
realidad duplicadas,
pasaran todos los
controles de
fiscalización
municipales sin que
nadie hiciera la más
mínima pregunta, hasta
abonar más de medio
millón de euros.
Ante los agentes de la
UCO, los empresarios
investigados reconocen
el uso de este tipo de
facturas, giradas
después contra la
contabilidad de Waiter
Music, y argumentan que
sirvieron para saldar
deudas anteriormente
contraídas con ellos por
esta mercantil, a la que
prestaban servicios en
la organización de sus
eventos.
Pero no todos han dado
la misma versión. El
empresario José Martínez
Manzanares, uno de los
proveedores de Waiter
Music, reconoció en su
comparecencia del 26 de
octubre ante la UCO
haber remitido una
factura al Ayuntamiento
de Valdemoro por valor
de 9.860 euros. Una
factura por trabajos que
nunca se produjeron. "Un
día recibí una llamada
de José Luis Huerta y me
dijo textualmente que
tenía problemas
administrativos para
poder cobrar la factura
de la cabalgata de reyes
de 2009 y me pidió el
favor de que si podía
facturar por Waiter al
Ayuntamiento de
Valdemoro", explica el
empresario. "Acepté por
amistad y por no
cerrarme la puerta a
posibles trabajos que
pudiera tener", matiza
Martínez, que entregtó
la documentación a los
agentes de forma
voluntaria.
Sin embargo, el grueso
de las facturas (hasta
298.597 euros según el
sumario del caso)
corresponden a otro
proveedor, una empresa
llamada Friend's Group
Técnicas de Espectáculo.
La Guardia Civil
investiga 18 facturas de
esta empresa en seis
ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid. Tal
y como informó EL
ESPAÑOL, esta compañía
fue la responsable de
instalar más de 8.500
euros en atracciones,
carpas y castillos
hinchables para una de
las fiestas que
Francisco Granados
organizó en 2009 en su
finca a las afueras de
Valdemoro.
En su declaración ante
la Unidad Central
Operativa de la Guardia
Civil, el empresario
Francisco Illana asegura
no recordar el motivo
por el que Waiter Music
le factura un importe
exactamente igual al que
ellos cobraron del
Ayuntamiento de
Valdemoro. La falta de
memoria sirve también
como argumento para no
explicar los trabajos
reales a los que
responden estas
facturas. En esa misma
comparecencia, Illana
reconoce a los agentes
que las facturas a
nombre de Nieves Alarcón
fueron abonadas en
realidad y en efectivo
por el principal
responsable de Waiter
Music.
http://www.elespanol.com/espana/politica/20170102/182982156_0.html
EL REGATEO DE UN
DIPUTADO DEL PP CON
PÚNICA: "SOY DE LETRAS
PERO ME DEFIENDO CON LOS
NÚMEROS"
El informe de la UCO que
atribuye al miembro de
las Corts valencianas
Victor Soler tres
delitos incorpora como
anexos el intenso cruce
de 'emails' y mensajes
de 'wasaps' entre éste y
el 'gurú' informático de
la trama sobre el pago
de los trabajos para el
entonces alcalde de
Gandía, el también
'popular' Arturo Torró.
Algunos de los mensajes
de 'email' y 'wasap' de
Víctor Soler con
Alejandro de Pedro
incorporados al sumario.
Setenta mensajes de 'wasaps'
enviados por él al
señalado como 'gurú'
informático de la
Púnica, Alejandro de
Pedro, y 108 de éste en
respuesta. Además, un
buen puñado de correos
electrónicos. El informe
de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil adelantado
por Vozpópuli sobre las
'andanzas' de la trama
en Gandía (Valencia) que
atribuía al actual
parlamentario del PP en
las Corts valencianas
Víctor Soler la presunta
comisión de los delitos
de fraude, cohecho y
malversación de caudales
públicos recoge el
intenso intercambio de
mensajes este diputado
autonómico y uno de los
principales implicados
en el sumario que
instruye el juez Eloy
Velasco.
Buena parte de dichos
mensajes se centran en
las discrepancias que
tenían uno y otro sobre
la cantidad mensual a
pagar por los trabajos
de reputación 'online'
que De Pedro realizaba
para el entonces alcalde
de esta localidad,
Arturo Torró, y que se
sospecha eran abonados
con fondos públicos.
Tras imponer sus cifras,
Soler bromeaba con el
experto informático: "Jaja
soy de letras pero algo
me defiendo con los
números. Quedamos así,
tío, un abrazo!". Era el
2 de octubre de 2014.
Tres semanas después se
producían las primera
detenciones de la
'Operación Púnica',
entre ellas la de
Alejandro de Pedro.
Ahora, 26 meses más
tarde, aquellos 'wasaps'
y 'emails' tienen contra
las cuerdas al aforado
valenciano.
Víctor Soler y Alejandro
de Pedro intercambiaron
un total de 178 mensajes
de 'wasap' y varios 'emails'
en los que se tratan de
"amigo", "tío" y
"coleguita"
El cruce de mensajes
muestra, de hecho, una
estrecha relación entre
este último y el 'gurú'
informático, lo que les
lleva a referirse uno a
otro como "amigo" y los
coloquiales "tío" y
"coleguita". Así, el
anexo número 16 del
informe, que recoge los
178 mensajes de 'wasaps'
que Víctor Soler
intercambió con
Alejandro de Pedro entre
julio de 2013 y octubre
de 2014, se inicia con
una favor que le pide
este último al primero
para que le consiga
entradas para los
conciertos que aquel
verano organizaba el
Ayuntamiento de Gandía,
donde el político era
concejal y mano derecha
del alcalde Torró.
También hay mensajes con
felicitaciones
navideñas, incluido
alguno con bromas sobre
"el intérprete del
funeral de Mandela".
Pero, sobre todo, hay
cruce de mensajes sobre
los tratos para el pago
de los supuestos
trabajos de reputación
'online' para el primer
edil. Algunos de ellos
sirven para concretar
encuentros en un bar o
en la propia sede del
consistorio de la
localidad valenciana.
Por ello, el informe de
la Guardia Civil
concluye que Soler no es
solo "conocedor" de las
supuestas
irregularidades
cometidas para pagar a
la trama la mejora de la
imagen del regidor, sino
también "el interlocutor
directo de Alejandro de
Pedro en la
determinación de los
trabajos reputacionales
a realizar y la manera
de sufragarlos". Eso sí,
"con el visto bueno del
alcalde Arturo Torró,
beneficiario de los
servicios
reputacionales", recalca
el documento policial.
En el anexo en el que se
recogen todos los 'wasaps',
los agentes de la UCO
destacan de modo gráfico
29 de ellos al
considerarlos que
incluyen "aspectos que
se resultan
fundamentales para la
investigación". Así, se
ponen énfasis en uno del
remitido por Alejandro
de Pedro a Víctor Soler
el 17 de junio de 2014
en el que el primero le
asegura que Torró le
había llamado el día
antes y, por ello, le
urgía al hoy diputado
autonómico a "vernos un
rato el jueves tarde".
La Guardia Civil también
da importancia a otro
intercambiado casi un
mes más tarde en el que
el político insta al
experto informático a
"venir algún día de la
semana que viene por
Gandía y cerramos el
tema". De Pedro le
responde con un "bien
tío [...], pues dime
cuando te viene mejor
así cerramos todo
[...]." El informe
también pone énfasis en
el cruce de mensajes que
el 20 de agosto de ese
mismo año se enviaron
mutuamente a cuenta del
malestar que había
causado a Arturo Torró y
su equipo las noticias
contrarias a su gestión
que estaba publicando el
diario local digital que
poseía Alejandro de
Pedro, precisamente,
para posicionar bien las
noticias positivas del
alcalde. "No interesa
seguir así porque el
diario nos da mucha
caña", le espeta poco
después de las siete de
la tarde el concejal
'popular", una impresión
que comparte De Pedro.
En lo que no están de
acuerdo es en que, como
le propone Soler, el
medio pase a ser
gestionado por
"nosotros" y "con
personas de confianza".
"Olvídate, eso es
imposible. El diario lo
uso para otras cosas" es
la negativa del experto
informático, que da como
solución un mayor
control por su parte de
los contenidos: "Ok, a
partir del lunes la
superviso yo, estate
tranquilo, verás como no
vuelve a poner nada y
ante la duda que
pregunte y yo te lo
traslado".
"¿Dónde tengo que
facturar?"
La UCO destaca otros dos
intercambios de
mensajes, ambos
referidos al pago de los
trabajos de reputación,
incluida una supuesta
deuda del consistorio
con la trama. "Buenas
amigo, una cosita donde
tengo que facturar? O
con quién hablo para no
molestarte?", le
pregunta De Pedro a
Víctor Soler el 8 de
septiembre de 2014. Tras
un intercambio de
mensajes con los nombres
de pila de diversas
trabajadoras del
Ayuntamiento, el hoy
diputado regional le
pide un poco de
paciencia en dos
mensajes. "Déjame
preguntar y te digo
algo", le dice ese mismo
día para 48 horas más
tarde, pedirle un poco
más de tiempo con un
"Alejandro, no me he
olvidado de lo tuyo,
estamos mirando unas
cosas y nada más sepa
algo te digo". Cinco
días después, el experto
informático aún pregunta
a quién debe enviar las
facturas: "Víctor, sabes
algo?". Semana y media
después el tema no se ha
resuelto y el cruce de
mensajes se retoma.
"[...] Me sabe mal pero
es que son cosas que no
depende de mí y mira que
insisto", le asegura el
concejal al presunto
integrante de la trama,
quien le advierte a su
vez que "la deuda
acumulada es la misma
por lo que sube lo que
hay que facturar". Un
mensaje que es
respondido por el
político con un "lo
hablaríamos para
recalcular" que no
impide que su
interlocutor le meta
presa: "Vale, pero dile
que para mi es urgente
cobrar tengo mucho gasto
metido más 'ivas'
pagados y me ahoga el
tema".
El 'gurú' informático
reclamaba al político el
pago de 3.067 euros al
mes, sin embargo Soler
consigue rebajar la
factura hasta los 2.600
El 1 de octubre de 2014
vuelven a cruzar
mensajes de 'wasaps' en
lo que parece la
confirmación de que han
llegado a un acuerdo.
Así, Víctor Soler le
pide que "me envíes por
email los datos de la
empresa para facturar y
la cantidad total
mensual que acordamos".
Hora y media después De
Pedro le responde con
"ya lo tienes". Ese
mismo día y el
siguiente, ambos
intercambian varios
correos electrónicos en
los que discrepaban
sobre el dinero a pagar
para hacer frente a los
supuestos trabajos de
reputación 'online' y
esa deuda pendiente.
Así, el 'gurú'
informático de la trama
le había asegurado que
"al tener un mes menos
para facturar, la
cantidad es 3.067
[euros]", una cifra que
no convence al concejal:
"Alejandro, a mí no me
salen esos números. Me
salen alrededor de 2.600
al mes según la última
propuesta que acordamos.
Es decir, lo que resulta
de retrasar un mes y
aplicar ese mes al
resto". De Pedro no
parece dispuesto a
alargar la discusión y
lo zanja con un "me fío
de ti, lo que tú digas"
que es respondido por
Víctor Soler con un "Jaja,
soy de letras pero algo
me defiendo con los
número. Quedamos así,
tío, un abrazo!". Días
después, Soler le envía
un nuevo 'wasap' al
experto informático para
preguntarle por "el
nombre de la empresa"
que va a utilizar para
emitir las facturas.
"Madiva Editorial SL" es
la respuesta del experto
informático, quien antes
de su detención el día
27 de ese mismo mes aún
tiene tiempo para
intercambiar varios
mensajes más con el hoy
diputado autonómico, en
este caso referidos a
una información
publicada en el
periódico regional
'Levante' y a unos
comunicados del
"partido" para
desmentirlo y que De
Pedro quiere subir en el
diario digital de su
propiedad para
contrarrestar la imagen
negativa provocada a
Torró por la primera.
Por todo ello, el
informe de la UCO otorga
un papel relevante al
hoy aforado Víctor Soler
en las supuestas
irregularidades, ya que
esos informes de
posicionamiento en
Internet a favor del
alcalde Arturo Torró
fueron facturados al
consistorio "como
presuntos trabajos de
posicionamiento 'online'
del Ayuntamiento de
manera continuada
durante 15 meses" hasta
que en 2013 surgió "una
discrepancia entre
empleados municipales y
Alejandro de Pedro" que
hizo que éste dejara de
recibir dinero. Como
consecuencia de ello,
éste decidió dejar de
trabajar para el regidor
'popular' hasta que el
hoy diputado regional
asumío un papel
protagonista para
desbloquear esa
situación. Así, el
informe destaca que
"para solventar la deuda
pendiente" con el 'gurú'
informático y "para
concertar los futuros
trabajos de cara a los
comicios [municipales]
de 2015" el hoy diputado
autonómico trató
directamente con
Alejandro de Pedro.
También es él quien
acude a su compañero de
partido, Dionisio
Ollero, "para buscar una
fórmula de pago" con la
que hacer frente a la
cantidad que se debía al
experto informático. Son
estos tratos los que
desembocaron "en que
Construcciones Gomuñoz,
empresa adjudicataria de
obras en el Ayuntamiento
de Gandía y acreedor del
Consistorio" aceptase
supuestamente asumir la
deuda de "los trabajos
pasados y los futuros de
quien ostentaba el cargo
de alcalde de Gandía
[Arturo Torró] en
aquellos momentos". Por
ello, el documento
policial concluye que
Víctor Soler sería autor
de los delitos de
fraude, cohecho y
malversación de caudales
públicos.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/regateo-diputado-PP-Punica-defiendo_0_986601975.html
LA MUJER DE IGNACIO
GONZÁLEZ FACTURA 11.296€
A LA JUSTICIA POR
SUBASTAR 75 JOYAS DE
PÚNICA
La empresa de la que es
presidenta y accionista
María Lourdes Cavero ha
remitido a la Audiencia
Nacional dos escritos en
los que detalla qué
objetos de valor que
puso a la venta por
indicación del juez
Velasco ha vendido en
sendas pujas. Por cada
uno de ellos, cobra el
9% de comisión más IVA.
Desde un colgante con
forma de flor vendido
por 50 euros hasta una
exclusiva estilográfica
con 274 diamantes de
18.000 euros. Subastas
Segre, la empresa de la
que es presidenta y
accionista Lourdes
Cavero Mestre, la mujer
del expresidente
madrileño Ignacio
González, ha remitido a
la Audiencia Nacional en
los últimos meses dos
escritos en los que
detalla que objetos de
valor intervenidos en la
'Operación Púnica' y que
salieron a la "venta
anticipada" por orden
del titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
ha conseguido vender en
sendas pujas. Se trata
de 75 bienes entre los
que hay sortijas,
pendientes, colgantes,
relojes, plumas de
colección e, incluso,
una lupa de la marca 'Cartier'.
En total, aseguran haber
recaudado 103.735 euros,
aunque no todo el dinero
irá a las cuentas
judiciales para hacer
frente a las
responsabilidades
civiles del imputado al
que se le intervinieron,
el constructor David
Marjaliza. En ambos
escritos la casa de
subastas detalla sus
honorarios: el 9% del
precio más el IVA. En
total, 11.296 euros,
según la documentación a
la que ha tenido acceso
Vozpópuli.
Relojes, joyas y
estilográficas fueron
intervenidas en las
oficinas de Marjaliza.
Hasta ahora se han
recaudado con su venta
más de 100.000 euros
Según dichos escritos,
la primera subasta tuvo
lugar entre los días 2 y
4 de febrero pasado. Ese
día, la empresa de
Lourdes Cavero consiguió
'colocar' 68 objetos de
valor de la trama
Púnica. Entre ellos
había numerosas joyas,
como unos 'pendientes
cortos en abanico con
brillantes' por la que
se pagaron 600 euros y
un 'colgante flor' que
se quedó en 50 euros.
Sin embargo, las grandes
estrellas de esta puja
fueron las plumas
estilográficas, de las
que la la Guardia Civil
intervino cerca de medio
centenar en las oficinas
de la localidad
madrileña de Pinto que
el que fuera socio de
Francisco Granados
utilizaba como 'cuartel
general' para dirigir su
entramado empresarial.
Entre ellas llamaba por
su valor una 'Master of
Urbino' dedicada al
pintor italiano Rafael
de la que sólo hay
cuatro unidades en el
mundo.
"Vemos el clip de oro
macizo esqueletización
750 y adornado con
Tsavorita granate verde.
El emblema Montblanc
está contenido en nácar.
La firma del artista
aparece en el anillo que
rodea la tapa. Las
delicadas guirnaldas
movenza oro cincelado se
entrelazan a lo largo
del instrumento de
escritura que revela
esmalte rojo. Adornos
florales que rodean la
tapa y el cuerpo están
decorados con diamantes
(274 talla brillante).
El plumín de oro de 18
quilates hecho a mano ve
aparecer uno de los
querubines alados,
símbolo divino del arte
raffaelliano", detalla
la profusa descripción
del objeto de la Púnica
que salía entonces con
el precio más alto a la
subasta, 18.000 euros.
Ese fue tambiénel
importe por el que
finalmente se adjudicó.
Junto a ellas figuran
como vendidas una 'pluma
Atelier Prive Carnegie
pieza única oro blanco,
laca roja, rubies'
subastada por 7.000
euros y una 'Montblanc
edición limitada
Soulmakers por 100 years
oro blanco y tres
diamantes', por 3.500
euros.
Una lupa 'Cartier' y 17
relojes
Junto a ellas, también
fueron vendidas aquellos
días una lupa de
escritorio 'Cartier',
que salía con un precio
de 80 euros y que
finalmente se vendió por
190 euros, y 17 relojes.
Entre ellos, un 'IWC
modelo Portuguese
Chronograph Laureus
Sport for Gold Fundation'
que alcanzó en la puja
los 4.200 euros. También
hubo otro cuyo precio de
'remate' fue de 3.800
euros (un 'Franck Muller,
modelo Master of
Complications Taormina')
y varios de 3.000 y
2.800 euros cada uno. En
total, en aquella puja
de febrero, Subastas
Segre consiguió colocar
68 joyas de la trama por
un valor total de 80.085
euros. De esa cantidad,
la empresa de Lourdes
Cavero se embolsó una
"comisión" de 7.207,65
euros más otros 1.513,61
euros de IVA. Al final,
la Justicia recibió
71.363,74 euros que se
destinarán a cubrir
parte de la
responsabilidad civil a
la que previsiblemente
será condenado David
Marjaliza cuando se
celebre el juicio.
En la puja de febrero,
la firma que preside
Lourdes Cavero consiguió
colocar 67 objetos de
valor de la Púnica. En
septiembre, otros siete
Como en aquella subasta
no se enajenaron la
totalidad de los objetos
para los que el juez
Eloy Velasco ordenó su
"venta anticipada", la
casa de subastas volvió
a sacar a puja los
restantes en la subasta
que celebró entre los
días 20 y 21 de
septiembre pasado. Ese
día sólo consiguió
'colocar' únicamente
siete objetos. En
concreto, una 'Pluma
Great Caracters Edición
limitada Alfred
Hitchcock', por la que
se pagaron 1.200 euros,
y seis relojes. Uno de
ellos era un 'Audemars
Piguet modelo Royal Oak
Offshore Alingui Polaris
Edición Limitada' que
tuvo su remate en 7.600
euros. También hubo un
reloj 'Hublot' por el
que se pagaron 4.700
euros y otro de la misma
marca que alcanzó los
4.600. El objeto de
menor valor fue,
precisamente, la
estilográfica en honor
del cineasta británico.
En aquella segunda
subasta se recaudaron
finalmente 23.650 euros,
de los que la firma de
Lourdes Cavero se quedó
2.128.50 euros en
concepto de comisión y
otros 447 por IVA. Con
los 21.074,51 euros que
finalmente llegaron de
esta partida a la
Audiencia Nacional, la
venta de las joyas han
conseguido sumar hasta
ahora 92.438 euros. No
obstante, fuentes
cercanas a la venta
recalcan a Vozpópuli que
aún queda objetos de
valor que no han sido
vendidos y que,
posiblemente, sigan
saliendo a subasta en
próximas convocatorias.
Un largo proceso
judicial de venta
El juez Velasco tomó la
decisión de iniciar la
"venta anticipada" de
las 'joyas' de la Púnica
justo un mes después de
los arrestos de octubre
de 2014. El 27 de
noviembre de 2014 dictó
una providencia
desconocida hasta que
este diario destapó su
existencia en el verano
de 2015 por la que
ordenaba abrir una pieza
separada en la causa
para buscar una salida a
"los relojes y plumas
estilográficas
intervenidos en las
entradas y registros".
Muchos de ellos,
destacaba dicho escrito,
fueron encontrados en
sus "envoltorios"
originales y sin abrir.
El motivo esgrimido por
el magistrado era que el
Juzgado que dirige no
disponía "de lugar
adecuado para depositar
los relojes, plumas,
joyas y efectos
intervenidos".
El septiembre de 2015,
Eloy Velasco propuso que
la subasta fuera
realizada por la Sala
Retiro, una conocida
empresa madrileña, pero
David Marjaliza, el
empresario al que se le
intervinieron, remitió
un escrito en el que
sugería que fuera
Subastas Segre, la firma
de Lourdes Cavero, la
que realizara dicha
venta judicial "por su
prestigio en el sector".
El constructor aseguraba
entonces que su único
objetivo con dicha
propuesta era que la
liquidación de "los
bienes intervenidos sean
efectivamente realizados
(sic) por un valor
justo". Finalmente, el
16 de noviembre del año
pasado el magistrado
aceptaba en una
diligencia de ordenación
que fuera la empresa de
la mujer de Ignacio
González la que se
encargara de vender las
joyas de la Púnica. En
diciembre de 2015, los
objetos de valor pasaron
a estar en las oficinas
de Subastas Segre para
preparar la primera
subasta, la de febrero
de este año. Hoy, 26
meses después de que el
juez ordenara la "venta
anticipada" y las dos
pujas celebradas, aún
quedan relojes y
estilográficas.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Ignacio-Gonzalez-factura-Justicia-Punica_0_985402213.html
EL CGPJ QUITA EL
REFUERZO AL JUEZ ELOY
VELASCO, QUE INVESTIGA
LA TRAMA PÚNICA
Esta semana, el
magistrado Alejandro
Abascal –juez de
adscripción territorial
de Madrid- dejará de
estar en comisión de
servicios en la
Audiencia Nacional. El
instructor de Púnica se
queda sin refuerzo en su
juzgado.
El Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) ha
decidido no prorrogar el
refuerzo con el que ha
contado en los últimos
meses el Juzgado Central
de Instrucción Número 6
de la Audiencia
Nacional, que capitanea
el magistrado Eloy
Velasco, según ha podido
saber Vozpópuli.
Los secretos de la
'inverosímil'
declaración de Granados
que lo mantendrá en
prisión
Fuentes de este órgano
explican que el motivo
es que el informe
elaborado por el
Servicio de Inspección
no ha valorado muy
positivamente el
refuerzo del citado
juzgado debido a que el
número de causas no se
ha reducido como se
esperaba pese a que
Velasco haya contado en
el último año con la
ayuda del magistrado
Alejandro Abascal, en
comisión de servicios
para agilizar la
sobrecarga de trabajo
del Central 6.
Sin embargo, fuentes de
la Audiencia matizan que
si el número de causas
no se ha reducido tanto
como se espera en dicho
juzgado es debido a que
los procedimientos
judiciales que investiga
el magistrado Eloy
Velasco son macrocausas
donde se practican
decenas de diligencias,
como en la trama Púnica,
pero que al no darse por
finalizadas no
contabilizan para el
Servicio de Inspección.
Por ejemplo, mientras la
tramitación de una orden
de extradición (OED) sí
contabiliza para los
inspectores el tomar
declaración a decenas de
testigos de Púnica no.
De ahí, el malestar con
el que se ha recibido
esta noticia en el
tribunal.
Fuentes jurídicas
explican que el
magistrado Alejandro
Abascal ha hecho una
buena labor como juez de
apoyo de Velasco en la
Audiencia Nacional
Esta semana, el
magistrado Abascal –juez
de adscripción
territorial de Madrid-
dejará de estar en
comisión de servicios en
la Audiencia Nacional.
El magistrado ha pasado
los últimos nueve meses
asumiendo todas las
guardias que
correspondía al Juzgado
de Instrucción Número 6
e investigando las
causas que, por estricto
turno de reparto,
recaían en dicho órgano
judicial.
Fuentes jurídicas
explican que ha hecho
una buena labor como
juez de apoyo y que, en
el juzgado de Velasco,
aún hay faena suficiente
como para que hubiera
continuado en comisión
de servicios en la
Audiencia algunos meses
más ya que el Juzgado
Central 6 se investigan,
junto a la macrocausa de
Púnica, Acuamed, causas
de yihadismo, o
procedimientos
importantes como la
plataforma Herrira y el
frente de cárceles de
ETA o los Ángeles del
Infierno.
El pasado mes de marzo
la Comisión Permanente
del CGPJ nombró al
magistrado Abascal juez
de apoyo del Juzgado
Central de Instrucción
Número 6 de la Audiencia
Nacional. Tras una
comisión de servicios de
seis meses, el Poder
Judicial concedió una
segunda comisión de tres
meses al magistrado.
Ahora, Alejandro
Abascal, juez de
adscripción territorial
de Madrid, será nombrado
por el Tribunal Superior
de Justicia de esta
autonomía para un nuevo
destino.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/CGPJ-Eloy-Velasco-investiga-Punica_0_983601969.html
PÚNICA COMIENZA A HACER
SOMBRA A GÜRTEL: 150
IMPUTADOS, 390 TESTIGOS,
200 TOMOS...
Sólo dos años después de
las primeras
detenciones, el sumario
que instruye el juez
Eloy Velasco alcanza
cifras muy cercanas a
las de la otra gran
macrocausa de
corrupción. La trama de
Correa llegó a
contabilizar 187
investigados en algunos
momentos.
Todo comenzó con una
comisión rogatoria
enviada por las
autoridades de Suiza a
la Fiscalía
Anticorrupción en
febrero de 2014 para
solicitar información
sobre dos ciudadanos
españoles que aparecían
como titulares de
cuentas con movimientos
sospechosos de dinero.
Eran Francisco Granados
y el constructor David
Marjaliza. Con aquel
documento se iniciaba la
'Operación Púnica', que
se convirtió en sumario
en junio de ese mismo
año y que el 27 de
octubre siguiente, sólo
nueve meses después del
inicio de las pesquisas,
registró las primeras
detenciones. Hoy, dos
años y una semana
después de aquellos
primeros arrestos, el
titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
maneja una macrocausa
formada por quince
piezas separadas y que,
por su alcance y cifras,
ya hace sombra al otro
gran escándalo de
corrupción registrado en
los últimos años en
nuestro país, la Gürtel.
La investigación comenzó
con una comisión
rogatoria enviada por
Suiza a España en
febrero de 2014. Nueve
meses después eran
detenidas 50 personas
De hecho, en estos 24
meses, la investigación
de la Guardia Civil suma
ya una cifra cercana a
los 150 investigados
(denominación actual de
imputados) y que ha
hecho pasar por la
Audiencia Nacional a 390
testigos. El sumario
cuenta además con 200
tomos de diligencias y
documentación, según
confirman a Vozpópuli
fuentes judiciales. Las
pesquisas sobre la red
de Francisco Correa
llegó a alcanzar los 187
imputados entre todas
sus partes, aunque al
final esta cifra se ha
ido reduciendo a algo
más de un centenar. De
ellos, 37 se sientan
ahora en el banquillo de
los acusados en el
juicio por la primera
etapa de la trama que se
está celebrando.
124 empresas
intervenidas
El caso Púnica ya
comenzó, de hecho, con
cifras de récord. Aquel
día de octubre en el que
eran detenidos los
principales implicados
de la trama, entre ellos
Granados y Marjaliza,
los agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO)
procedieron al arresto o
imputación de 50
personas, y a intervenir
124 empresas. En aquella
primera fase de la
operación, que tuvo que
precipitarse por el
'chivatazo' que dio un
agente al ex secretario
general del PP
madrileño, ya aparecían
alcaldes entre los
implicados.
Las primeras detenciones
se produjeron el 27 de
octubre de 2014. Aquel
día fueron arrestadas o
imputadas 50 personas, e
intervenidas 124
empresas
En concreto, el de
Parla, el socialista
José María Fraile; el de
Valdemoro, el 'popular'
José Carlos Boza
Lechuga; el de Collado
Villalba, Agustín Juárez
López de Coca, también
del PP; el de
Serranillos del Valle,
el independiente Antonio
Sánchez Hernández; y los
de Casarrubuelos y
Torrejón de Velasco,
David Rodríguez Sanz y
Gonzalo Cubas Navarro.
Además figuraba el
entonces presidente de
la Diputación de León y
primer edil de la
pequeña localidad de
Cuadros, Marcos Martínez
Barazón, así como
concejales,
funcionarios,
empresarios, los
principales directivos
en España de la filial
española de la
multinacional Cofely-GDF
Suez y familiares de los
principales implicados.
Nuevas detenciones
Desde entonces, el
número de investigados
ha seguido creciendo. En
algunos casos, con
nuevas detenciones, como
ocurrió con el alcalde
de Moraleja de Enmedio,
Carlos Estrada, y con
Ignacio Palacios, que
fuera la mano derecha
durante años de
Francisco Granados.
Además, el avance de la
investigación ha hecho
que algunas de las
personas que en las
semanas posteriores a
las primeras detenciones
habían declarado como
testigos hayan sido
citados meses después
como imputados. Es el
caso, por ejemplo, de
Pedro Vicente Sánchez,
alcalde 'popular' de la
localidad leonesa de
Puebla de Lillo.
Algunos de los que
declararon como testigos
las semanas siguientes a
las detenciones al final
han sido imputados por
el juez Velasco
En este tiempo también
han pasado a engrosar
esta lista algunos
políticos que en el
momento en que se
produjo la redada de
octubre ocupaban un
cargo público que les
convertía en aforados.
Tras perder esta
situación, fueron
encausados. Son los
casos de los ex
integrantes del
Ejecutivo de la
Comunidad de Madrid
Salvador Victoria y
Lucía Figar, los ex
miembros del Grupo
Popular en la Asamblea
de Madrid Mario Utrilla
y José Miguel Moreno
Torres; y el ex
consejero del Gobierno
de la Región de Murcia
Juan Carlos Ruiz. El
último aforado (por
ahora) en esta situación
ha sido el ex alcalde de
Móstoles y entonces
parlamentario regional
en Madrid, el también
'popular' Daniel Ortiz,
quien renunció a su
cargo cuando el Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid dio luz verde a
su imputación. Poco
después declaraba ante
el juez Velasco como
investigado.
Piezas finalizadas
A él le han seguido en
las últimas semanas
asesores de políticos y
empleados de las
empresas del 'gurú'
informático Alejandro de
Pedro, uno de los
principales implicados
de la trama. Todos ellos
forman parte del impulso
final que el juez
Velasco está dando a una
de las quince piezas en
las que ha dividido el
sumario. En concreto, a
la que investiga las
'andanzas' de la trama
en la Región de Murcia y
que salpica, entre
otros, al mismísimo
presidente del gobierno
autónomo, Pedro Antonio
Sánchez. De hecho, las
previsiones del
magistrado es finalizar
la instrucción de esta
pieza antes de que acabe
el año . Fuentes
cercanas a la
investigación están
convencidos que el
magistrado lo hará
elevando al Tribunal
Superior de Justicia de
Murcia una exposición
razonada precisamente
para que investigue al
aforado jefe del
Ejecutivo murciano.
Tras finalizar las
piezas del 'chivatazo' y
de León, el juez Velasco
está a punto de culminar
la que afecta a la
Región de Murcia
Con ella, serían tres
las piezas del sumario
concluidas, después de
que en los últimos meses
y semanas lo haya hecho
con la que investiga el
'chivatazo' que
precipitó la operación y
la que afecta a la
Diputación de León. Por
la primera van a ser
procesados Francisco
Granados y dos guardias
civiles. Por la segunda,
otras cinco personas,
dos de ellos los cargos
públicos del PP Martínez
Barazón y Pedro Vicente
Sánchez.
Dos piezas concluidas
Esa es otra de las
características más
llamativas del 'caso
Púnica': la celeridad
con la que se está
concluyendo parte de la
investigación. En ello
ha jugado un papel
importante el hecho de
que desde junio de 2015
David Marjaliza, uno de
los principales
implicados, haya
comenzado a colaborar
con la Justicia. Con su
ayuda y, en menor
medida, con las de otros
imputados, en sólo dos
años el juez Velasco ha
concluido en dos piezas,
estáa punto de hacerlo
con una tercera y una
cuarta, en la que se
investiga los amaños
millonarios de los
contratos de eficiencia
energética de numerosos
municipios, se encuentra
muy avanzada. Quedan, no
obstante, otras once
piezas separadas.
El sumario de Púnica
cuenta ya con 116 tomos
en su pieza principal,
otros 40 de documentales
y medio centenar de
otras cuestiones, además
de los de
responsabilidad civil
Algunas, como la que
investiga supuestas
irregularidades en el
llamado Plan Prisma de
inversiones de la
Comunidad de Madrid,
están en manos de una
unidad de la Agencia
Tributaria adscrita a la
Fiscalía Anticorrupción.
Casi todas las restantes
siguen siendo
investigadas por la UCO.
En la actualidad, el
sumario ya cuenta con
116 tomos en su pieza
principal, a los que hay
que sumar cerca de 40
documentales y medio
centenar de otras
cuestiones. En total,
unos 200 tomos. Eso sin
contar los de
responsabilidad civil.
Los 1.000 tomos de
Gürtel
Estas cifras están, sin
embargo, aún muy lejos
del volumen de 'papel'
acumulado en la
instrucción de las
diferentes piezas del
'caso Gürtel', algunas
de las cuales aún están
en fase de instrucción.
El pasado mes de mayo,
la Fiscalía
Anticorrupción esgrimía
precisamente la
existencia de más de
1.000 tomos en este
sumario en el escrito
con el que pedía la
declaración de causa
compleja de la misma. En
el mismo se detallaba
que 350 correspondía a
la pieza principal, 47
más a diligencias
pendientes, un centenar
a comisiones rogatorias;
14 de documentales; 80
de información
intervenida.
El sumario de Gürtel,
algunas de cuyas piezas
aún se están
instruyendo, cuenta con
más de 1.000 tomos,
según destacaba un
escrito de la Fiscalía
En total, casi un millón
y medio de folios en
siete años y medio de
instrucción, según
diversas estimaciones.
Una cifra que seguirá
aumentando en los
próximos meses, aunque
ya no al ritmo que
registra su 'rival', el
'caso Púnica', que ya ha
empezado a hacerle
sombra con sus 150
imputados, 390 testigos
y 200 tomos. Son los
elevados números de la
corrupción en España.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-comienza-Gurtel-imputados-testigos_0_968903530.html
EL CNI PAGÓ A UN
IMPUTADO DE LA PÚNICA
PARA QUE SE INFILTRARA
EN FOROS
INDEPENDENTISTAS
Los servicios secretos
españoles le contrataron
para difundir noticias
positivas sobre la
sociedad y la economía
españolas a través de
páginas web y redes
sociales
El CNI pagó a un
imputado de la Púnica
para que se infiltrara
en foros
independentistas
El Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), casa
de los espías españoles,
contrató al experto en
reputación online
Alejandro de Pedro -que
actualmente está
imputado por la trama de
la operación Púnica-
para que se infiltrara
en foros de
independentistas
catalanes para mejorar
la imagen en internet de
los políticos españoles
y de las
administraciones del
Estado. Así se desprende
de las grabaciones de 12
llamadas y 25 mensajes
de texto que el abogado
de De Pedro ha pedido al
juez Eloy Velasco que
incluya en la causa de
la Púnica.
El letrado presentó el
escrito este lunes en el
Juzgado Central de
Instrucción número 6 de
la Audiencia Nacional,
según explica El
Confidencial. Las
llamadas y SMS fueron
intervenidas por la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil semanas antes del
17 de octubre de 2014,
fecha en la que estalló
la operación Púnica.
Las conversaciones de
Alejandro de Pedro con
el CNI, realizadas entre
julio y octubre de 2014,
estarían relacionadas
con sus trabajos por
encargo del CNI en los
meses anteriores a su
detención. Los servicios
de inteligencia
recurrieron a De Pedro
para tratar de
contrarrestar los
ataques a España en
foros independentistas
catalanes. Su misión era
difundir noticias
positivas sobre la
sociedad y la economía
españolas a través de
páginas web y redes
sociales. Una tarea que
se prolongó durante
varios meses. Su trabajo
nunca fue detectado
hasta que la operación
Púnica se cruzó en su
camino y en el del CNI.
Lo que se desconocía
hasta ahora es que esta
relación laboral fue
registrada y documentada
por la Guardia Civil. El
acusado pretende
utilizar esas pruebas
para demostrar que los
servicios que realizó
para políticos e
instituciones que han
provocado su imputación
en Púnica eran
perfectamente legales y
que hasta el CNI decidió
contratarlo para mejorar
la imagen de España en
foros radicales. También
alega que parte de los
80.000 euros en efectivo
encontrados en su
vivienda durante los
registros procedía del
cobro de fondos
reservados por esos
trabajos secretos.
https://www.google.es/amp/www.lavanguardia.com/politica/20161220/412753175477/cni-imputado-punica-independentistas-catalunya-alejandro-de-pedro.html%3Ffacet%3Damp
UN ACUSADO EN PÚNICA
REVELA 12 LLAMADAS CON
EL CNI PARA TRABAJOS
CONTRA LA INDEPENDENCIA
El experto en reputación
'online' Alejandro de
Pedro solicita al juez
Eloy Velasco que se
incorporen al sumario 12
llamadas y 25 SMS que se
cruzó con funcionarios
del CNI
El experto en reputación
'online' Alejandro de
Pedro, imputado en
Púnica por el presunto
cobro irregular de
trabajos para mejorar la
imagen en internet de
políticos y
administraciones
públicas, ha solicitado
al instructor de la
causa, el juez Eloy
Velasco, que autorice la
incorporación al sumario
de 12 llamadas y 25
mensajes de texto que
supuestamente se cruzó
con miembros del Centro
Nacional de Inteligencia
(CNI). Así consta en un
escrito que el letrado
de De Pedro presentó
este mismo lunes en el
Juzgado Central de
Instrucción número 6 de
la Audiencia y al que ha
tenido acceso El
Confidencial.
Esas llamadas y SMS
forman parte de las
comunicaciones que le
intervino la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil
durante las semanas
previas al estallido del
caso, el 27 de octubre
de 2014. El pasado
julio, el juzgado le
remitió el bruto de sus
conversaciones para que
valorara cuáles
solicitaba eliminar por
afectar a asuntos
privadas y qué otras,
inéditas hasta el
momento, quería que se
incorporaran al sumario
por su supuesta
trascendencia.
Se trata del segundo
escrito que envía De
Pedro a Velasco en
relación a sus llamadas.
En el primero, remitido
después del verano, ya
reclamó la inclusión de
los contactos con el
CNI, aunque no explicitó
que se trataba de
conversaciones con los
servicios de
inteligencia. Pero la
Fiscalía exigió a De
Pedro que identificara
con claridad quiénes
eran sus interlocutores
antes de pronunciarse
sobre su petición. De
ahí este segundo escrito
enviado a la Audiencia.
Su primera conversación
con los servicios de
inteligencia se habría
producido el mismo día
en que comenzó a tener
el teléfono intervenido,
el 1 de julio de 2014, a
las 9:52. El 3, 4 y 7 de
julio se limitó a
cruzarse SMS. Sin
embargo, hay otra
supuesta llamada el 9 de
julio, hasta tres el día
siguiente y dos nuevas
el 14 de julio. Dos días
después, el 16 de julio,
De Pedro se habría
cruzado cinco mensajes
de texto con sus enlaces
en el CNI y otros nueve
SMS entre el 23 y 25 de
ese mismo mes. Sin
embargo, el día 28
mantuvo otras dos
conversaciones
telefónicas, en
concreto, a las 17:01 y
17:11.
Según el escrito
remitido por el acusado,
los contactos
desaparecieron durante
los primeros días de
agosto. No se reanudaron
hasta el día 26, con
otros dos SMS, y el día
27, con una nueva
llamada, a las 14:04. La
comunicación se mantuvo
hasta el 8 de octubre,
apenas tres semanas
antes de que De Pedro
fuera detenido en
Valencia por agentes de
la UCO y conducido a
Madrid para declarar
ante el juez Velasco. A
las 11:09 de esa
jornada, habló por
última vez con los
servicios de
inteligencia.
La propia Audiencia
Nacional facilitó al
imputado el contenido de
esas llamadas y mensajes
para que se pronunciara
sobre su relevancia. La
solicitud que ha
presentado no aclara el
motivo de las
conversaciones pero
estas, según ha podido
saber El Confidencial,
estarían relacionadas
con los trabajos que De
Pedro realizó por
encargo del CNI en los
meses anteriores a su
detención.
Los servicios de
inteligencia recurrieron
al experto en reputación
online imputado en el
caso Púnica, Alejandro
de Pedro Llorca, para
colocar noticias
positivas sobre España
en entornos virtuales
hostiles
Como ya desveló este
diario hace un año, los
servicios de
inteligencia recurrieron
a De Pedro para tratar
de contrarrestar los
ataques a España en
foros independentistas
catalanes y difundir
noticias positivas sobre
la sociedad y la
economía nacionales a
través de páginas web y
redes sociales. Su labor
se habría prolongado
durante meses y se
habría mantenido en la
más estricta
confidencialidad. De
hecho, su trabajo nunca
fue detectado. Pero la
operación Púnica se
cruzó en su camino y en
el del CNI.
Lo que se desconocía
hasta ahora es que esa
relación laboral fue
registrada y documentada
por la Guardia Civil. El
acusado pretende
utilizar esas pruebas
para demostrar que los
servicios que realizó
para políticos e
instituciones que han
provocado su imputación
en Púnica eran
perfectamente legales y
que hasta el CNI decidió
contratarlo para mejorar
la imagen de España en
foros radicales. También
alega que parte de los
80.000 euros en efectivo
encontrados en su
vivienda durante los
registros procedía del
cobro de fondos
reservados por esos
trabajos secretos. Se
agarra a esas llamadas y
SMS para demostrarlo.
Este diario se ha puesto
en contacto con De Pedro
para confirmar el
contenido de las
comunicaciones y el
motivo del escrito, pero
ha rechazado realizar
comentarios.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-12-20/caso-punica-alejandro-de-pedro-llamadas-cni-trabajos-antiindependencia-sumario_1306427/
"POR QUÉ DECIDÍ
COLABORAR CON LA
JUSTICIA": MARJALIZA
EXPLICA SU
ARREPENTIMIENTO
El constructor implicado
en el caso Púnica remite
a 'Vozpópuli' una carta
en la que apunta por
primera vez las causas
que le llevaron en 2015
a dar el paso de
colaborar con la
Justicia. Lo hace a
escasos días de que el
otro cabecilla de la
trama, Francisco
Granados, declare de
manera voluntaria ante
el juez Velasco.
"Ya me han preguntado
varias veces por qué, un
buen día, después de
pasar meses en prisión,
decido hablar y
colaborar con la
Justicia". Así se inicia
la carta de dos folios
de extensión que el
constructor David
Marjaliza Villaseñor,
uno de los cabecillas de
la trama Púnica, ha
remitido a Vozpópuli
para explicar por
primera vez desde que
fue excarcelado hace
ahora un año los motivos
que le llevaron a
convertirse en el primer
gran arrepentido de la
corrupción española. Y
lo hace, además, cuando
sólo faltan unos días
para que el que fuera su
socio y amigo, Francisco
Granados, acuda a la
Audiencia Nacional para
declarar voluntariamente
ante el juez Eloy
Velasco tras negarse a
hacerlo en los dos años
que lleva en prisión.
La soledad de las horas
de celda desde las nueve
de la noche, un día tras
otro, ofrecen la
posibilidad de pensar,
de mirar atrás, de ver
qué es lo importante de
la vida"
En la misiva, Marjaliza
afirma que su decisión
"no se puede centrar en
una sola razón". "La
soledad de las horas de
celda desde las nueve de
la noche, un día tras
otro [estuvo en el
Centro Penitenciario de
Aranjuez desde su
detención en octubre de
2014 hasta el 30 de
diciembre de 2015],
ofrecen la posibilidad
de pensar, de mirar
atrás, de ver qué es lo
importante de la vida y,
de verdad, de poder
alzar la mirada e
imaginar un nuevo
horizonte, unas nuevas
metas", asegura a
continuación. De hecho,
recalca que es "en ese
momento" cuando entendió
que "lo verdaderamente
importante de la vida lo
tienes delante de tus
narices todos los días y
no lo valoras lo
suficiente: la familia,
mi esposa, mi hijo... su
futuro".
Son, precisamente, las
referencias a su entorno
las que, según la carta,
le llevaron finalmente a
dar en abril de 2015,
durante un registro de
la vivienda de sus
padres en Valdemoro, el
primer paso de esa
colaboración con la
Justicia que
desembocaría en junio de
aquel año en tres
comparecencias ante el
magistrado para prestar
declaración durante
horas y destapar muchos
de los interrogantes de
la investigación. Al fin
y al cabo, asegura que
su gran aspiración es
que "mi hijo pueda decir
que, hasta en estos
momentos, se sintió
orgulloso de su padre,
que hizo lo que tenía
que hacer". De hecho,
asegura que es "de ese
pensamiento" del que
arranca su decisión de
"hablar de mi con toda
franqueza y sinceridad
ante quienes tienen la
obligación de investigar
qué actos son lícitos o
no. ¿Quién ante ese
pensamiento no hubiera
obrado de igual
manera?", se pregunta.
"Este tipo de cosas"
Para Marjaliza, sus
actuaciones delictivas,
"este tipo de cosas"
como las denomina en su
misiva, "se comienzan
arreglando así, primero
con el arrepentimiento,
confesando, colaborando,
reparando el daño
causado y asumiendo las
consecuencias que de
todo ello se deriven. No
se puede dar más y no se
puede pedir más",
recalca. Consciente de
que "no tendría que
haber hecho cosas
reprochables", también
considera que "el reloj,
en ésta, como en muchas
ocasiones, no se puede
volver atrás". Eso sí,
también destaca que no
todo lo que ha hecho
durante su actividad
profesional es
delictivo. "Soy
empresario desde hace
treinta años y mi vida
se ha sostenido en el
trabajo diario, duro y
constante. Algunas
cosas, muy pocas, pueden
ser penalmente
reprochables", admite.
Este tipo de cosas se
comienzan arreglando
así, primero con el
arrepentimiento,
confesando, colaborando,
reparando el daño
causado y asumiendo las
consecuencias que de
todo ello se deriven"
Y son por ellas por las
que está "dispuesto a
pagar lo que la Justicia
determine"."Esa es mi
tranquilidad de
conciencia, pagar mi
deuda con la sociedad
con todo lo que la
Justicia tiene previsto
para mí", continúa la
carta, en la que también
recalca que después de
ello aspira "reconstruir
mi vida, poder volver a
mis hábitos iniciales de
trabajo, tesón y
esfuerzo. Eso es lo que
yo sé hacer, lo que he
hecho toda mi vida y
para lo que, no sólo
estoy dispuesto a
luchar, sino que ya
estoy luchando".
Agradecido al juez
En ese punto, Marjaliza
detalla en su carta un
episodio desconocido
hasta ahora de sus
comparecencias ante el
juez Eloy Velasco. "Sólo
unos pocos, muy pocos,
conocen que un buen día,
de los varios que estuve
declarando, al acabar la
sesión, le pedí
autorización a Su
Señoría para poder
comentar algo que iba
más allá de ofrecer
datos y respuestas a las
preguntas que se me
hacían". El constructor
asegura que el juez
Velasco le dijo que
"adelante" y se mostró
dispuesto a abandonar la
sala del juzgado "para
que yo hablara con más
libertad". "Le dije que
no -continúa Marjaliza-
que precisamente era a
él a quién quería
dirigirme especialmente,
y que en su nombre
recogiera para todos los
que estaban
interviniendo en las
investigaciones mis
palabras, que iban a ser
breves pero con mucho
sentimiento".
Marjaliza asegura que
agradeció al juez
Velasco "lo que había
hecho por mi [...],
había puesto coto a una
espiral sin sentido en
la que estaba metiendo a
mi vida y de la que no
era consciente"
El empresario asegura
que el magistrado "se
quedó sentado y me dio
la palabra. Y comencé a
hablar dándole las
gracias por lo que había
hecho por mí, porque,
sin ser ese el objetivo
de la investigación,
lógicamente, había
puesto coto a una
espiral sin sentido en
la que estaba metiendo a
mi vida y de la que no
era consciente, hasta
ese momento de confesión
y colaboración".
Marjaliza considera que
con su actuación el juez
y los investigadores
"habían posibilitado que
pusiera en el centro de
mi vida lo
verdaderamente
importante", en
referencia a su familia.
"Después de aquel día,
me sentí libre", añade
para, a continuación
aclarar a qué libertad
se refiere: "Para volver
a mirar a los ojos a mi
esposa y mi hijo, para
volver a trabajar con mi
gente creando desde la
nada, con empuje, con
tesón, esfuerzo, ilusión
y ganas sabiendo que,
cuando llegue el
momento, pagaré mis
deudas". La misiva
finaliza reiterando esa
idea de "libertad" a la
que, añade, "dedico y
dedicaré todas las horas
mi vida". Debajo, la
fecha: "Diciembre de
2016". Y su firma: David
Marjaliza Villaseñor.
Un café junto a la
Audiencia Nacional
David Marjaliza accedió
a tomar un café en los
primeros días de este
otoño. Un amigo común
nos había puesto en
contacto. Él quería
hablar conmigo. Yo
estaba deseando
entrevistarle. La cita
fue en una cafetería de
la calle Génova, muy
cercana a la Audiencia
Nacional, donde él acude
cada quince días a
cumplir el trámite de
firmar en el Juzgado. La
charla duró cerca de
hora y media. En el
transcurso de la misma,
el primer gran
arrepentido de la
corrupción española
habló, sobre todo, del
futuro que se le abría
más que de su pasado.
Era una charla 'off the
record', con mi
compromiso de que nada
de lo que allí estábamos
comentando fuera
publicado. Así lo he
hecho. Marjaliza no
quería -ni quiere-
entrevistas formales ya
que considera que lo que
sea interesante para la
investigación del 'caso
Púnica' lo contará
delante del juez Velasco
y no a los periodistas.
Tras escuchar sus
palabras, le planteé la
posibilidad de que
relatase en un escrito
por qué decidió aceptar
colaborar con la
justicia, convertirse en
arrepentido. Me dijo que
lo pensaría, que lo
hablaría con su abogado.
Desde aquel día, hemos
vuelto a hablar en
algunas ocasiones por
teléfono y cruzado
varios mensajes. En
ellos, le volvía
recordar mi propuesta.
Ahora, meses después de
aquel encuentro y cuando
está a punto de
cumplirse el primer año
de su puesta en libertad
provisional, mi correo
electrónico ha recibido
su misiva encabezada por
un "estimado Óscar" y
con alusión a aquel
"café que tomamos". Aquí
la reproducimos por su
interés informativo. Al
fin y al cabo, él es el
primer gran arrepentido
de la lucha contra la
corrupción y, por
primera vez, explica por
qué lo ha hecho.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Marjaliza-convirtio-arrepentido-Quiero-sociedad_0_979402396.html
