OPERACIÓN PÚNICA :
caso MÓSTOLES
las noticias, al día
ASÍ ACORRALÓ EL JUEZ VELASCO A UN EXDIPUTADO DE CIFUENTES POR EL MAYOR AMAÑO DE PÚNICA
EL DIPUTADO DE CIFUENTES QUE DIMITIÓ POR LA PÚNICA DECLARARÁ COMO IMPUTADO EL 13 DE SEPTIEMBRE
DIMITE DANIEL ORTIZ, EL DIPUTADO DEL PP
DE MADRID IMPLICADO EN LA TRAMA PÚNICA
MAREJADA EN EL PP ANTE LA NEGATIVA DE
DANIEL ORTIZ A ABANDONAR SU ESCAÑO
CIFUENTES NO PEDIRÁ EL ACTA AL EXALCALDE
DE MÓSTOLES HASTA QUE EL JUEZ NO LE INVESTIGUE FORMALMENTE
EL TSJ DE MADRID INVESTIGARÁ AL DIPUTADO
REGIONAL DANIEL ORTIZ POR SU PARTICIPACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE DIVERSOS
CONTRATOS DE SUMINISTROS
UN MAGISTRADO ELEGIDO POR EL PP PIDE
ANULAR DOS PRUEBAS DEL 'CASO PÚNICA' QUE ACORRALAN A UN AFORADO DE CIFUENTES
EL JUEZ PIDE IMPUTAR AL DIPUTADO DE
CIFUENTES, DANIEL ORTIZ, POR CORRUPCIÓN
LOS 28 DOCUMENTOS, MENSAJES Y REUNIONES
QUE ACORRALAN AL AFORADO DE CIFUENTES EN EL 'CASO PÚNICA'
UN NUEVO INFORME DE LA UCO "REFUERZA"
LAS PRUEBAS EN PÚNICA CONTRA UN AFORADO DE CIFUENTES
PRIMER PASO PARA IMPUTAR A DANIEL ORTIZ,
DIPUTADO REGIONAL DEL PP EN MADRID
UN DIPUTADO DE CIFUENTES, IMPLICADO EN
EL MAYOR PELOTAZO DE LA PÚNICA
ASÍ ACORRALÓ EL JUEZ
VELASCO A UN EXDIPUTADO
DE CIFUENTES POR EL
MAYOR AMAÑO DE PÚNICA
Los audios de la
declaración que prestó
Daniel Ortiz, exdiputado
de la Asamblea de Madrid
y antiguo alcalde de
Móstoles, revelan cómo
el magistrado consiguió
que el político
admitiera el envío de
los 'wasaps' que recibió
un edil para que
paralizara un concurso
público y pudiera
ganarlo la trama.
El pasado 13 de
septiembre, Daniel Ortiz
Espejo, alcalde de
Móstoles hasta 2015 y
diputado de la Asamblea
de Madrid hasta sólo
unas semanas antes,
acudía a la madrileña
sede de la Audiencia
Nacional. Perdida su
condición de aforado,
tenía una cita para
declarar como imputado
ante el titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, por su
presunta implicación en
el 'caso Púnica'. Lo
hacía acusado de seis
delitos por su supuesta
participación en el
amaño de un contrato
público de 73 millones
de euros, el mayor
'pelotazo' de la trama
de corrupción.
Un informe de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil de
unos meses antes había
recopilado hasta 28
documentos, mensajes y
testimonios que lo
señalaban. Pese a ellos,
él se declaró inocente
una y otra vez durante
su comparecencia. Sin
embargo, durante la hora
y seis minutos que duró
su testimonio, el juez
consiguió arrancarle una
confesión clave para
sostener las graves
acusaciones contra él:
admitió ser el autor de
las dos cadenas de 'wasaps'
con los que
presuntamente presionó a
uno de sus ediles para
que paralizara la
adjudicación del
millonario concurso de
eficiencia energética
cuando éste estaba a
punto de ganarlo una
empresa ajena a la red
de corrupción.
Finalmente, aquel
contrato se lo llevó
Cofely-GDF Suez, la
multinacional salpicada
por la red de
corrupción.
Así lo refleja el audio
de aquella declaración,
a la que ha tenido
acceso Vozpópuli, y en
el que se percibe el
tenso ambiente en el que
se desarrolló el
interrogatorio y en el
que Daniel Ortiz intentó
en todo momento en
desligarse de la
decisión de adjudicar a
la empresa de la trama
el millonario contrato
de eficiencia energética
del consistorio que él
dirigía entonces. Así,
en la primera media hora
de su declaración
intentó reducir a
inofensiva reunión
"institucional y
protocolaria" un
encuentro que mantuvo en
2013 con altos
directivos de Cofely y
convencer al magistrado
de que él siempre estuvo
al margen del proceso de
licitación, sobre el que
únicamente pidió
"información" al ser un
contrato que calificó de
"muy sensible
socialmente", pero sin
ninguna intención de
manipularlo.
Tras el interrogatorio
de la Fiscalía
Anticorrupción, el juez
Velasco tomó la palabra
para preguntar a Daniel
Ortiz sobre la autoría
de los 'wasaps'
De hecho, negó
rotundamente que él
hubiera facilitado a
Cofely dos documentos de
la oferta de una empresa
de la competencia que
aparecieron durante los
registros en el
ordenador de uno de los
directivos implicados y
que permitieron a la
trama contrarrestar la
mejor propuesta de ésta
y llevárselo. "Fue un
concurso público
limpio", insistió tras
recordar en un par de
ocasiones que el mismo
había sido avalado por
el Tribunal de
Contratación
Administración.
Las preguntas del juez
En ese momento, el juez
Velasco, que hasta ese
momento había dejado
todo el peso del
interrogatorio a las
representantes de la
Fiscalía Anticorrupción,
tomó la palabra y
comenzó a lanzarle
cuestiones a Daniel
Ortiz. Primero, si
conocía a David
Marjaliza, el
constructor que ha
confesado haber
participado como
intermediario en el
amaño, y al que el
político aseguró no
conocer. Y, después, por
el concejal del PP David
Sánchez del Rey,
entonces responsable
Mantenimiento e
Infraestructuras y
destinatario de los 'wasaps'
que señalan la presunta
implicación del ex
diputado de Cifuentes.
De hecho, fue este edil
el que los aportó a la
Audiencia Nacional.
Juez Velasco: "¿Y
[conoce] al señor
Sánchez del Rey?
Daniel Ortiz: Ex
compañero mío de
Gobierno [municipal] y
no tengo nada más que
decir. Mi relación es
cordial con el señor
Sánchez Rey
JV: Los correos que
aporta voluntariamente
este señor a este
juzgado en los que usted
ordena paralizar [el
concurso] ¿los niega
usted o ocurrieron así?
DO: Lo explico. No es
quisiera paralizar ese
expediente. Lo que
pretendía es que me
informara...
JV: Ya le he entendido.
Le pregunto. Esos
correos, ¿ocurrieron?.
¿No los ha traído
falsamente este concejal
a este juzgado?
DO: Esos correos los
mando yo dentro de la
gestión...
El magistrado
interrumpió en ese
momento la respuesta del
político para hacerle
una petición concreta:
"¿Puede usted aportar la
parte que usted tuvo y
recibió de ellos? ¿Puede
venir un día a volcar de
su móvil esos correos?",
le pidió a Daniel Ortiz.
Sin embargo, éste le
aseguró que no podía,
que ya no lo tenía,
porque había cambiado de
teléfono al dejar el
Ayuntamiento y
convertirse en diputado
de la Asamblea de
Madrid. "¿Pero no los
niega?, ¿ocurrieron?",
insistió el magistrado.
El ex regidor intentó de
nuevo inscribirlos en el
"ámbito normal de la
gestión del día a día en
un expediente de
contratación en el que
el alcalde y un concejal
trabajan" y rechazó que
con ello buscara
"amañar" o "enturbiar un
proceso contractual" en
el que, insistió, no
había habido ninguna
irregularidad "desde el
Ayuntamiento". El tema
de los 'wasaps' no
volvería a surgir en el
interrogatorio hasta
prácticamente el final
del mismo. En este caso
fue una de las fiscales
Anticorrupción la que
incidió en el tema al
querer mostrárselos:
Daniel Ortiz: Los
conozco.
Fiscal Anticorrupción:
¿Los conoce y admite que
se los ha enviado a esta
persona [el concejal
Sánchez Rey]
DO: Sí, sí, pero no
tiene ninguna
importancia porque es
una cuestión normal
entre concejales del día
a día de gestión.
FA: Sólo quería que
validara la conversación
de los 'wasaps'.
Las dos cadenas de 'wasaps'
La insistencia en la
autoría de estos
mensajes de móvil está
justificada en la
relevancia que los
investigadores han dado
a los mismos desde que
llegaron a su poder para
probar la supuesta
implicación del entonces
alcalde mostoleño. La
primera cadena de 'wasaps'
fueron remitidas por el
ahora también ex
diputado regional el 12
de marzo de 2014 al
concejal de su partido
David Sánchez del Rey,
responsable de
Infraestructuras del
consistorio y que, por
tanto, participaba en el
proceso de adjudicación
del contrato bajo
sospecha. En ellos, el
entonces alcalde
ordenaba a su edil que
"no lleves mañana tema
oferta económica... Ok?"
"Recibido. Te refieres a
que no demos lectura de
informe del sobre 2 ni
abrir el sobre 3?", fue
la respuesta de este
último. El entonces
alcalde se lo confirmaba
en otro wasap: "Eso...
ya os cuento a ti y a
Vanesa", en referencia
otra integrante del
equipo de gobierno del
consistorio, Vanesa
Martínez. Ese mismo día,
los dos protagonistas
del intercambio de
mensajes de móvil
mantuvieron una reunión
en la que Daniel Ortiz
puso sobre la mesa la
que finalmente sería la
excusa para anular la
mejor oferta y darle el
millonario contrato a
Cofely: sus "dudas sobre
la capacidad económica
de Fulton [la otra
empresa] para afrontar
las inversiones".
Un informe de mayo de la
UCO ya recalcaba la
importancia de las dos
cadenas de mensajes al
coincidir temporalmente
"con la fase de
adjudicación" del
millonario contrato
La segunda cadena se
produjo casi dos semanas
después. En concreto, el
25 de marzo de 2014. En
ella, Daniel Ortiz
avisaba al concejal de
Infraestructuras de que
"mañana creo que tengo
la respuesta sobre la
documentación que me
diste". De hecho, un
informe de marzo de la
Guardia Civil aseguraba
que estas
"comunicaciones"
permitían alcanzar
"conclusiones que
reforzarían la
participación" del
entonces diputado
regional ya que las
misma, producidas en
marzo de 2014, coinciden
temporalmente "con la
fase de adjudicación del
contrato de eficiencia
energética". Estos datos
fueron respaldados con
las declaraciones que
ante la propia Guardia
Civil y el juez Velasco
hizo como testigo el
concejal Sánchez del
Rey, receptor de dichos
'wasaps'. Con ellos,
recalcaba el documento
policial, la UCO creía
haber terminado de
"identificar los
acuerdos extraoficiales
y ajenos al expediente
de contratación con los
que se pretendería
desechar la oferta del
licitador mejor
posicionado para lograr
la adjudicación y, por
tanto, beneficiar, a
Cofely".
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Velasco-diputado-Cifuentes-millones-Punica_0_974903630.html
EL DIPUTADO DE CIFUENTES QUE
DIMITIÓ POR LA PÚNICA
DECLARARÁ COMO IMPUTADO EL
13 DE SEPTIEMBRE
El juez Eloy Velasco ha
dictado una providencia por
la que cita a Daniel Ortiz
Espejo, exalcalde de
Móstoles y elegido como
parlamentario autonómico en
las elecciones de 2015, a
declarar como investigado
después de que haya perdido
su condición de aforado tras
abandonar su escaño al
conocerse un informe que lo
implicaba en el amaño de un
contrato de 73 millones de
euros.
Daniel Ortiz Espejo, primer
diputado de Cristina
Cifuentes que se vio
obligado a dimitir por su
implicación en el 'caso
Púnica', ya tiene fecha para
declarar como investigado
(término que sustituye al de
imputado tras la reforma de
la Ley de Enjuiciamiento
Criminal) ante el titular
del Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy
Velasco. El magistrado ha
dictado este lunes, tras
reincorporarse a la
Audiencia Nacional tras las
vacaciones de verano, una
providencia por la que fija
el próximo 13 de septiembre
a las diez de la mañana como
la fecha y hora en la que el
antiguo parlamentario
regional madrileño deberá
comparecer ante él para
declarar por su supuesta
relación con el amaño de un
contrato público de más de
73 millones euros cuando era
alcalde de la localidad
madrileña de Móstoles.
Daniel Ortiz, que siempre ha
negado cualquier relación
con la trama que
presuntamente encabezaba su
correligionario Francisco
Granados, dimitió de su
escaño el pasado mes de
julio horas después de
conocerse que el Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) había aceptado
investigarle tras remitirle
el juez Velasco la causa
contra él dado que era
aforado. Tras perder dicha
condición el alto tribunal
ha devuelto las diligencias
a su colega de la Audiencia
Nacional, quien ahora ha
decidirle citarle "a fin de
oírle en declaración como
imputado, previa instrucción
de sus derechos".
El juez Velasco ha citado
como imputado a Daniel Ortiz
después de que el TSJM le
devolviera la causa contra
él tras haber perdido el
político su condición de
aforado al verse obligado a
abandonar su escaño
El juez Velasco había
elevado en mayo al TSJM una
extensa exposición razonada
para pedir a este órgano
judicial que investigase a
Daniel Ortiz al considerar a
éste al político presunto
autor de seis delitos de
corrupción por su supuesta
participación en el amaño de
un contrato de eficiencia
energética en favor de la
empresa Cofely-GDF Suez, una
de las principales
implicadas en la red de
corrupción. En su escrito,
de 74 folios de extensión,
el magistrado detallaba
todos los indicios y pruebas
recopilados en la causa
contra él, entre ellas 28
comunicaciones entre los
principales implicados de la
trama, que demostrarían en
su opinión "actos de
corrupción en beneficio de
la empresa que se llevó la
adjudicación bajo sospecha,
la filial española de Cofely-GDF
Suez, "con un ánimo de lucro
personal como
contrapartida". El
magistrado llegaba a hablar
de pagos de entre 240.000 y
500.000 euros de los que
supuestamente se
beneficiaron él, el concejal
del mismo municipio Alejando
Utrilla, y el hermano de
éste, Mario, que fuera
alcalde de Sevilla La Nueva
y parlamentario regional la
pasada legislatura
autonómica.
Junto a estos tres políticos
el juez destaca la
participación "activa" en la
trama para amañar dicho
contrato de tres
responsables de la empresa
adjudicataria. En concreto,
del responsable del
Departamento Comercial,
Constantino Álvarez; del
jefe de Mercado Público,
Pedro Pérez, del propio
director general de la
compañía, Mauricio Didier, y
de otros empleados del
Departamento de operaciones,
todos ellos ya imputados en
la causa. También participó
el constructor David
Marjaliza, quien actuó como
'conseguidor' del contrato e
intermediario ante Ortiz y
los otros políticos, de los
que consiguió información
reservada para que Cofely
pudiera preparar la oferta
con la que se llevaron el
concurso. El amigo de
Francisco Granados incluso
negoció la cifra de la
'mordida' y adelantó los
primeros pagos de ésta, como
él mismo ha confesado en su
declaración autoinculpatoria.
El escrito del juez señalaba
que dicha comisión era de
240.000 euros, 500.000 euros
y 6.000 euros “como
reconocimiento a su ayuda
para obtener el contrato”.
Gran parte de este dinero
salió con cargo al
presupuesto mismo de
ejecución del contrato
mediante facturación que se
giró al Ayuntamiento
mediante conceptos como una
auditoría falsa por importe
del 2 por ciento del
presupuesto de adjudicación.
La otra, de “una serie de
reformados que no eran más
que una ficción de gastos
para generar a costa del
erario municipal el efectivo
necesario para abonar las
dádivas prometidas”.
"Prevaliéndose de su
posición como alcalde"
La exposición razonada
explicitaba todos los
indicios recabados contra
Daniel Ortiz en las fases de
licitación, adjudicación y
ejecución del “contrato
administrativo mixto de
suministros y servicios
energéticos y mantenimiento
integral con garantía total
de los edificios municipales
y centros educativos del
municipio de Móstoles”,
licitado el 12 de diciembre
de 2013 y adjudicado el 20
de 2014 por importe de
73.143.434,76 euros por un
periodo de 12 años. Daniel
Ortiz, según el juez de la
Audiencia Nacional, recabó
información del avance de la
fase de licitación del
contrato presionando
continuadamente sobre
empleados públicos y
autoridades municipales,
“prevaliéndose de su
posición como alcalde de la
localidad”. Muy
especialmente, sobre el
concejal promotor del
expediente, David Sánchez
Rey. A éste llegó a
solicitarle la interrupción
del procedimiento de
adjudicación, interfiriendo
en el proceso reglado de
decisión de la Mesa de
Contratación, único órgano
competente sobre el
contrato, del que no formaba
parte.
Un juez Velasco le acusa de
haberse valido de su
condición de alcalde para
interrumpir el proceso de
licitación de millonario
contrato y así facilitar que
fuera adjudicado a Cofely,
una de las empresas de la
trama
Según Velasco, durante la
tramitación del
procedimiento, el ex
diputado regional puso en
marcha “una dinámica de
mensajes e intercambios de
informes confidenciales que
generaron un auténtico
circuito paralelo encubierto
de licitación, remitiendo
subrepticiamente a los
empleados de Cofely (…)
documentos confidenciales de
la oferta de un licitador
competidor”. Dicha actuación
se hizo, continúa el juez,
al objeto de que los cuadros
técnicos de esa
multinacional realizaran
“como efectivamente
realizaron, un contra
informe anónimo para excluir
al competidor mejor baremado
hasta entonces”, con el fin
de ayudar a Cofely
“facilitándole información
que no podía adelantar y que
sólo filtró a ella”. Un mes
después de aquel escrito, y
cuando ya se sabía que el
TSJM iba a actual contra él,
Daniel Ortiz dimitió. Ahora,
ya sin la condición de
aforado, tiene una cita el
13 de septiembre para
declarar como imputado ante
el juez Velasco en la
Audiencia Nacional.
http://vozpopuli.com/actualidad/88840-el-diputado-de-cifuentes-que-dimitio-por-la-punica-declarara-como-imputado-el-13-de-septiembre
DIMITE DANIEL ORTIZ, EL DIPUTADO DEL PP DE MADRID IMPLICADO EN LA TRAMA PÚNICA
El exalcalde de Móstoles renuncia a su escaño tras la petición de imputación del juez del caso
El diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Ortiz, vinculado con el caso Púnica, ha dimitido esta tarde tras reunirse con la presidenta regional, Cristina Cifuentes, según informan fuentes del PP.
El diputado y exalcalde de Móstoles, dimite "de todos sus cargos" -incluido el de concejal-, dos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya aceptado investigarlo por su posible relación con la Púnica, tal y como pidió el juez Eloy Velasco, que investiga el caso en la Audiencia Nacional.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid atribuye cinco delitos relacionados con la corrupción al diputado del PP porque en su época como alcalde de Móstoles supuestamente amañó un contrato para la Púnica de 73 millones a cambio de una mordida de 743.000 euros
http://cadenaser.com/emisora/2016/07/08/radio_madrid/1467995905_382233.html
MAREJADA EN EL PP ANTE LA NEGATIVA DE DANIEL ORTIZ A ABANDONAR SU ESCAÑO
Si el diputado no entregase su acta, su voto sería decisivo en la mayor parte de las decisiones parlamentarias
La situación en la que se encuentra el diputado popular de la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz, al que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido investigar por su presunta vinculación en la trama Púnica, ha abierto el debate en el seno del grupo popular de la Asamblea en cuanto a la conveniencia o no de su dimisión y la consecuente entrega del acta. Muchos de los diputados interpretan que la obligación de abandonar el escaño por el mero hecho de resultar investigado es "excesiva" e "injusta". Hasta tal punto parece desproporcionada, que existe la sensación de no ser lo más acertado. Sobre todo si se compara con el código ético del PP Nacional, en el que también existe el compromiso de dejar el escaño, pero siempre que se produzca apertura de juicio oral.
A pesar de estas opiniones discordantes, los parlamentarios admiten que la firma del documento que les compromete a dar dicho paso en el caso de que un juez abra una investigación se realizó sin ninguna presión. “A nadie se le puso una pistola en la cabeza”, puntualizan fuentes del PP. El punto de fricción, del que ahora el PP se encuentra rehén, forma parte del acuerdo de investidura firmado entre Ciudadanos y PP, que permitió gobernar a Cristina Cifuentes tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015.
El diputado, que asiste hoy al pleno de la Asamblea, no se ha pronunciado sobre cuál va a ser su decisión, aunque fuentes de su entorno indican que en ocasiones ha mostrado su reticencia a entregar el acta. En el caso de que dejara su lugar en el hemiciclo, dejaría de ser aforado y la pieza volvería a manos del juez Eloy Velasco, en la Audiencia Nacional. Cifuentes, sin embargo, insistió ayer en que Ortiz dimitiría en el momento en el que se produjera “el auto formal” de investigación. “Si esto no ocurre, podría estar en peligro el pacto de investidura”, advirtió Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos.
En el caso de que Ortiz no dejase su escaño, pasaría al grupo mixto o de diputados no adscritos. Su poder en la Asamblea sería total, ya que la suma de diputados del PP y Ciudadanos actualmente es solo superior en un escaño al de PSOE y Podemos. Ortiz decidiría en los casos de empate.
En las filas del PP, intentando reducir la tensión interna, se recuerda el caso del exalcalde de Las Rozas José Ignacio Fernández Rubio, que en junio de 2015 estaba imputado y tuvo que abandonar el Ayuntamiento porque Ciudadanos se negaba a apoyar a su partido (que a pesar de ser la lista más votada no tenía los suficientes ediles). En marzo de 2016, Fernández Rubio fue exculpado del delito de prevaricación del que había sido acusado junto a cuatro miembros de la corporación. Si se hubiera esperado a que el procedimiento estuviera más avanzado, el exregidor seguiría en su puesto, porque ahora, se preguntan en el PP ¿quién le resarce por todo lo que ha pasado?
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anunció ayer que iba a investigar a Ortiz por haber favorecido supuestamente a la empresa Cofely (implicada en la trama Púnica) con un contrato de eficiencia energético por 73 millones en Móstoles. La adjudicación se produjo cuando era alcalde del municipio Ortiz y el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional sospecha que pudo existir un soborno de 746.000 euros.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/07/madrid/1467903864_772585.html
CIFUENTES NO PEDIRÁ EL ACTA AL EXALCALDE DE MÓSTOLES HASTA QUE EL JUEZ NO LE
INVESTIGUE FORMALMENTE
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acepta su competencia para
investigar al exalcalde de Móstoles y actual diputado regional del PP Daniel
Ortiz por su presunta vinculación con la Operación Púnica. El tribunal
considera que Ortiz utilizó su condición de alcalde para que la
multinacional Cofely se hiciera con un contrato de 73 millones de euros para
la prestación de servicios energéticos y de suministros en la localidad.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, insiste en que
si finalmente se abre auto de investigación contra el exalcalde...se
aplicará el código ético del Partido Popular y Ortiz tendrá que renunciar a
su acta en la Asamblea de Madrid.
http://telemadrid.es/audio/cifuentes-no-pedira-el-acta-al-exalcalde-de-mostoles-hasta-que-el-juez-no-le-investigue-formal
EL TSJ DE MADRID INVESTIGARÁ AL DIPUTADO REGIONAL DANIEL ORTIZ POR SU
PARTICIPACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE DIVERSOS CONTRATOS DE SUMINISTROS
La Sala Civil y Penal designa como instructora a la magistrada Susana Polo
García
La Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid ha aceptado la competencia para el
conocimiento de los hechos investigados en las diligencias previas nº
85/2014 del Juzgado Central de Instrucción nº 6 realizados por al diputado
regional Daniel Ortiz Espejo y que se concretan en su intervención en torno
al “contrato administrativo mixto de suministros y servicios energéticos y
mantenimiento integral con garantía total de los edificios municipales y
centros educativos del municipio de Móstoles”, licitado el 12 de diciembre
de 2013 y adjudicado el 20 de mayo de 2014. En el mismo auto de admisión de
la competencia, se ha designado como instructora de la causa, entre los
miembros de la misma Sala, a la magistrada Susana Polo García, quien
determinará la personas que, junto al aforado, deben figurar en esta causa
como investigados por su participación conexa con los hechos imputados a
Daniel Ortiz.
El auto cuenta con un voto particular formulado por el magistrado Jesús
María Santos Vijande, quien comparte la asunción de la competencia acordada
en la resolución objeto de esta nota, pero considera que el magistrado
instructor del Juzgado Central de Instrucción nº 6 debió remitir mucho antes
a este tribunal la exposición razonada, pues al menos desde el 20 de octubre
de 2015 tenía más que suficiente conocimiento de “indicios consistentes”
contra Ortiz Espejo, por lo que no debió practicar ni la declaración en
calidad de testigo del día 27 de octubre del depositante de las cadenas de
mensajes ante la Unidad Policial interviniente, ni el segundo informe
policial, de fecha de 28 de marzo de 2016, ni cualquier otra actuación
posterior al 10 de octubre de 2015 que haya podido efectuarse en relación
con el aforado investigado y que no traiga causa de una razón de urgencia o
necesidad.
Entiende así este magistrado discrepante con la decisión de la mayoría, que
esta Sala debió declarar nulas de pleno derecho, ya ab initio, con su
consiguiente expurgo de la causa, la expresadas actuaciones, ya que fueron
practicadas cono conocimiento, en “auxilio” y bajo la supervisión de un
juzgador carente de competencia objetiva.
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Noticias-Judiciales-TSJ-Madrid/El-TSJ-de-Madrid-investigara-al-diputado-regional-Daniel-Ortiz-por-su-participacion-en-la-adjudicacion-de-diversos-contratos-de-suministros
UN MAGISTRADO ELEGIDO POR EL PP PIDE ANULAR DOS PRUEBAS DEL 'CASO PÚNICA'
QUE ACORRALAN A UN AFORADO DE CIFUENTES
El juez Jesús María Santos Vijande, elegido miembro del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en 2014 sólo con los votos de los diputados 'populares'
de la Asamblea de Madrid, formula un voto particular en la decisión de este
tribunal de aceptar la competencia para investigar al ex alcalde de Móstoles,
Daniel Ortiz, en el que pide anular interrogatorios e informes que sustentan
las acusaciones contra éste en el amaño del mayor pelotazo de la trama de
corrupción.
Palos en la rueda en la investigación contra uno de los aforados de Cristina
Cifuentes salpicados por el 'caso Púnica'. La Sala Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado este miércoles la
competencia para hacerse cargo de la investigación sobre el actual diputado
regional del PP y ex alcalde de Móstoles Daniel Ortiz Espejo tras la
exposición razonada que le había remitida en mayo el juez Eloy Velasco,
instructor del sumario abierto por la trama de corrupción que presuntamente
encabezaba Francisco Granados. Eso sí, lo hará con el significativo 'pero'
de uno de sus magistrados. Se trata de Jesús María Santos Vijande, quien a
pesar de compartir la necesidad de que la causa contra el político 'popular'
sea asumida por el alto tribunal madrileño, ha emitido un voto particular en
el que pide anular varias pruebas contra el parlamentario madrileño, entre
ellas la declaración de un testigo y un posterior informe de la Guardia
Civil que implicaban gravemente al parlamentario. Se da la circunstancia de
que Santos Vijande fue elegido dentro de una terna para su actual puesto en
el TSJ por la Asamblea de Madrid en 2014 con el único voto a favor del grupo
parlamentario que le había propuesto: el PP.
El magistrado Santos Vijande considera que el juez Velasco debía haber
remitido la causa del TSJ de Madrid el pasado octubre y no haber tomado
declaración a un testigo clave
El voto de este magistrado es, de hecho, un duro rapapolvo para su colega
Eloy Velasco, al que acusa de modo implícito de retrasar de manera irregular
el tramite de remitir al TSJ de Madrid la exposición razonada para que este
tribunal asumiera la investigación sobre Daniel Ortiz en su condición de
aforado. En este sentido, asegura que el juez de la Audiencia Naciona tenía
desde el 20 de octubre de 2015, hace más de ocho meses, suficiente
conocimiento de "indicios consistentes" contra el parlamentario regional y
que, por tanto, desde aquella fecha debió abstenerse de seguir practicando
diligencias de prueba dirigidas a aclarar su supuesta implicación en el
amaño de un contrato de eficiencia energética 74 millones de euros en
Móstoles, municipio en el que él fue alcalde entre 2012 y 2015.
En concreto, detalla que no debió tomar declaración el 27 de octubre al
concejal del PP David Sánchez de Rey que aportó al juzgado una cadena de
mensajes de whatsapp que había intercambiado en marzo de 2014 con Daniel
Ortiz en relación con dicha adjudicación y que revelaban el supuesto interés
de el actual parlamentario regional por paralizar el concurso ya que
entonces la empresa que se había presentado la mejor oferta no era Cofely-GDF
Suez, la multinacional acusada de amañar diversos contratos de eficiencia
energética en la región gracias a la trama Púnica.
Las 28 pruebas con Daniel Ortiz
También considera que no debió elaborarse el informe que la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró precisamente a raíz de dichos
mensajes de móvil y en el que se detallan las 28 pruebas que implicaban
presuntamente al aforado en los supuestos amaños y que fue entregado el
pasado mes de marzo en la Audiencia Nacional. Además, considera que habría
que "declarar nulas de pleno derecho" cualquier otra "actuación" posterior a
aquel día de octubre "que haya podido efectuarse en relación con el aforado
investigado y que no traiga causa de una razón de urgencia o necesidad".
Todas ellas, recalca, deberían ser expurgadas de la causa ya que considera
fueron practicadas bajo la supervisión de un juez, Eloy Velasco, que no es
competente para investigar a un aforado.
En su voto particular, Santos Vijande considera que había que declarar nulo
el informe de la UCO que detalla las 28 pruebas que implican a Daniel Ortiz
en el amaño de un contrato de 74 millones de euros
Santos Vijande se convirtió en magistrado del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en 2014 al ocupar la plaza reservada a la Asamblea de Madrid. La
propuesta de su elección fue planteada, precisamente, por el grupo 'popular'
en la cámara autonómica dentro de una terna que fue apoya únicamente por los
votos del PP, que entonces contaba con mayoría absoluta en el parlamento
regional. Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial lo eligió en un
pleno celebrado en abril de aquel año con 17 votos a favor. Sustituyó en el
puesto a Antonio Pedreira, instructor en su día del caso Gürtel, y que
entonces se encontraba ya gravemente enfermo. Ya en el TSJ de Madrid, Santos
Vijande formó parte del tribunal que condenó a 17 años de inhabilitación al
juez Elpidio Silva por prevaricar en el llamado 'caso Blesa'.
El voto particular de este magistrado no afecta, sin embargo, a la decisión
final de la Sala Civil y Penal del TSJM, que en el auto por el que aceptan
la competencia señalan que existen indicios suficientes para investigar al
diputado de Cristina Cifuentes por fraude contra la Administración Pública,
tráfico de influencias, información privilegiada, infidelidad en la custodia
de documentos y cohecho. Los jueces detallan en dicho auto que "se han
detectado presuntos actos de corrupción en beneficio de la mercantil Cofely
España, con ánimo de lucro personal como contrapartida tanto de este regidor
del Ayuntamiento, como de su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla,
y su hermano Mario", que supuestamente iban a recibir una comisión de
743.000 euros. La decisión de los magistrados designa a su colega Susana
Polo como instructora de la causa, que será la que próximamente cite a
Daniel Ortiz a declarar en condición de investigado (antes, imputado).
http://vozpopuli.com/actualidad/85656-un-magistrado-elegido-por-el-pp-pide-anular-dos-pruebas-del-caso-punica-que-acorralan-a-un-aforado-de-cifuentes
EL JUEZ PIDE IMPUTAR AL DIPUTADO DE CIFUENTES, DANIEL ORTIZ, POR CORRUPCIÓN
Eloy Velasco remite la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia
de Madrid para que investigue al aforado por seis delitos
El juez halla sólidos indicios de que junto a sus cómplices, Ortiz percibió
746.000 euros de la trama por facilitar un contrato de 73 millones a la
firma de la Púnica, Cofely, mientras era alcalde de Móstoles
Los mensajes del exalcalde de Móstoles sobre el contrato investigado de
Cofely
En su escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 entiende que
la conducta del aforado Daniel Ortiz sería constitutiva de los delitos de
fraude contra la administración pública, tráfico de influencias, uso de
información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y
revelación de secretos e informaciones y cohecho.
A lo largo de los 74 folios de la exposición razonada el magistrado incluye
todos los indicios recabados a lo largo de la instrucción, entre ellos
numerosa documentación, escuchas telefónicas, correos electrónicos y
declaraciones policiales y judiciales que obran en el procedimiento.
El juez explica que en esta pieza del caso Púnica, la sexta, se investigan
las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos entre
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y la multinacional Cofely.
En el caso concreto de Móstoles, el juez Velasco señala que durante su
mandato (2013-2014) “se han detectado presuntos actos de corrupción” en
beneficio de Cofely “con un ánimo de lucro personal como contrapartida” en
el que fue en su día regidor del Ayuntamiento, además de en su concejal de
Medio Ambiente Alejandro Utrilla Palombi y su hermano Mario Utrilla Palombi,
diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de
Sevilla La Nueva, “que se erigieron como intermediarios-representantes de
todos ellos en las negociaciones del cobro de dádivas”.
Por parte de Cofely actuaron “activamente” responsables del Departamento
Comercial, principalmente su director, Constatino Álvarez, el responsable de
Mercado Público, Pedro García Pérez, así como personal del Departamento de
Operaciones y el director general de la compañía en España, Mauricio Didier.
Participó también David Marjaliza, como asesor comercial externo de la
empresa, como conseguidor del contrato, como intermediario con los
mencionados cargos públicos municipales en la obtención de informaciones
reservadas para preparar las ofertas de la compañía, como representante de
la compañía en la negociación de los pagos de las comisiones e incluso como
financiador, adelantando los primeros pagos de comisiones, objeto luego de
reembolso, tal y como él mismo ha confesado en el juzgado.
La exposición razonada detalla todos los indicios recabados contra Daniel
Ortiz en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del “contrato
administrativo mixto de suministros y servicios energéticos y mantenimiento
integral con garantía total de los edificios municipales y centros
educativos del municipio de Móstoles”, licitado el 12 de diciembre de 2013 y
adjudicado el 20 de 2014 por importe de 73.143.434,76 euros por un periodo
de 12 años.
Daniel Ortiz, según el juez de la Audiencia Nacional, recabó información del
avance de la fase de licitación del contrato presionando continuadamente
sobre empleados públicos y autoridades municipales, “prevaliéndose de su
posición como alcalde de la localidad”, especialmente sobre el concejal
promotor del expediente, David Sánchez Rey, llegando incluso a solicitarle
la interrupción del procedimiento de adjudicación, interfiriendo en el
proceso reglado de decisión de la Mesa de Contratación, único órgano
competente sobre el contrato, del que no formaba parte.
Según Velasco, durante la tramitación del procedimiento puso en marcha “una
dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron
un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación, remitiendo
subrepticiamente a los empleados de Cofely (…) documentos confidenciales de
la oferta de un licitador competidor”.
Dicha actuación se hizo, continúa el juez, al objeto de que los cuadros
técnicos de esa multinacional realizaran “como efectivamente realizaron, un
contra-informe anónimo para excluir al competidor mejor baremado hasta
entonces”, con el fin de ayudar a esa empresa –Cofely España- “facilitándole
información que no podía adelantar y que sólo filtró a ella”.
El escrito del juez señala que las irregularidades se hicieron a cambio de
cantidades entre 240.000 euros, 500.000 euros y 6.000 euros “como
reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato”, dinero que salió con
cargo al presupuesto mismo de ejecución del contrato mediante facturación
que se giró al Ayuntamiento mediante conceptos como una simulada auditoría
por importe del 2 por ciento del presupuesto de adjudicación en 12
anualidades.
También a cambio de “una serie de reformados que no eran más que una ficción
de gastos para generar a costa del erario municipal el efectivo necesario
para abonar las dádivas prometidas que, en perjuicio del servicio, la
competencia y el erario público repartió con otras autoridades municipales y
que llevó a que finalmente se le adjudicara el contrato a la empresa
indicada”.
http://cadenaser.com/ser/2016/05/11/tribunales/1462959427_720364.html
LOS 28 DOCUMENTOS, MENSAJES Y REUNIONES QUE ACORRALAN AL AFORADO DE
CIFUENTES EN EL 'CASO PÚNICA'
'Vozpópuli' detalla el contenido del cronograma elaborado por la UCO con las
comunicaciones comprometedoras que han permitido al juez Velasco poner al
borde de la imputación a Daniel Ortiz, ex alcalde de Móstoles y actual
parlamentario regional.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, la 'popular' Cristina Cifuentes, en
apuros. La exposición razonada enviada este miércoles por el titular del
Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, al Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (TSJM) para que comience a investigar por el 'caso
Púnica' a Daniel Ortiz Espejo, ex alcalde de Móstoles, actual diputado
regional del PP y, por lo tanto, aforado, pone de relieve la existencia de
numerosos mensajes, llamadas telefónicas y documentación comprometedores.
Son los que intercambiaron los principales protagonistas del supuesto amaño
de un contrato de eficiencia energética de 74 millones de euros en el
municipio madrileño. El documento del magistrado se sustenta en dos informes
elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) y, sobre todo, en el
segundo de ellos, entregado en la Audiencia Nacional el pasado 28 de marzo y
al que ha tenido acceso Vozpópuli. En el mismo, los agentes detallan en un
completo cronograma los 28 indicios en los que se sustentan la decisión del
juez Velasco de pedir al TSJM que actúe contra el diputado madrileño por
seis delitos de corrupción.
Febrero de 2013. El contructor y presunto cabecilla de la trama, David
Marjaliza, remite un email a Pedro García, directivo de la filial española
de la multinacional Cofely-GDF Suez, supuestamente autora del amaño. Es el
indicio más antiguo de las irregularidades del contrato bajo sospecha. Según
se recoge en dicho correo electrónico, el primero señalaba que "están
esperando a que se produzca esta reunión y a la impresión que saque el
alcalde de la compañía para dar el siguiente paso", sin concretar.
Los detalles los aportará un edil del Consistorio mostoleño que ha declarado
como testigo. Se trata del entonces concejal de Infraestructuras David
Sánchez del Rey, quien aseguró que dicho encuentro se celebró ese mismo mes
de febrero de 2013 y que al mismo asistieron él y otros dos miembros el
equipo de gobierno municipal y dos representantes de la compañía. Sus
compañeros del Ayuntamiento fueron, precisamente, el regidor, Daniel Ortiz,
y el concejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla, imputado en la causa. Por
parte de la multinacional asistieron su director general en España, Maurice
Didier, y el directivo Constantino Álvarez. La fecha no aparece concretada.
20 de marzo de 2013. El anterior no sería la única reunión secreta entre
empresa y miembros del Consistorio. En la agenda intervenida a otro
ejecutivo de Cofely, Pedro García, la Guardia Civil encontró en la página de
ese día la anotación manuscrita "Móstoles (reunión Alej. Utrilla)", en clara
referencia al concejal señalado ahora por el juez Velasco como uno de los
"intermediarios-representantes" en la trama junto a su hermano Mario, ex
alcalde en Sevilla La Nueva y parlamentario regional en la anterior
legislatura autonómica, y el propio Daniel Ortiz.
26 de septiembre de 2013. Ese día, dos directivos de Cofely imputados
intercambiaron correos electrónicos. En concreto, Constantino Álvarez
remitía a Pedro García un mensaje informándole de una llamada que el primero
había recibido del director de Infraestructuras y Mantenimiento del
Ayuntamiento: "Han avanzado mucho pero dado que hay un compromiso con Cofely
por parte del alcalde y del concejal [presuntamente Ortiz y Utrilla] nos
ponemos en contacto con vosotros", rezaba el mismo.
23 de enero de 2014. Cuatro meses después de aquellos primeros contactos y
mensajes, se reunía la Mesa de Contratación del Consistorio para abrir los
sobres que contenían la documentación administrativa, los llamados 'sobre
número 1'. Tres eran las compañías que aspiraban a hacerse con el millonario
de eficiencia energéticas: Fulton, Dalkia y la propia Cofely.
30 de enero de 2014. Este mismo órgano municipal se volvía a reunir y
levantaba acta del contenido del sobre número 2, el que contenía la oferta
"que debía evaluarse mediante juicios de valor", recoge el documento de la
Guardia Civil.
7 de marzo de 2014. Una responsable del Consistorio mostoleño, Carmen
Moratinos, emitía el informe de valoración sobre las ofertas de las tres
compañías. En él, Fulton "obtiene la puntación más alta". En concreto, 10,7
puntos más que la multinacional francesa. Ante esta circunstancia, la
presunta implicación del hoy diputado aforado se comenzaba a hacer más
evidente.
12 de marzo de 2014. Daniel Ortiz remitía al concejal David Sánchez del Rey
una cadena de mensajes de whatsapp que tanto la UCO como el juez Velasco han
considerado ahora muy reveladores. En él, el hoy diputado regional le
ordenaba a su concejal que "no lleves mañana tema oferta económica... Ok?"
"Recibido. Te refieres a que no demos lectura de informe del sobre 2 ni
abrir el sobre 3?", fue la respuesta de este último. El entonces alcalde se
lo confirma: "Eso... ya os cuento a ti y a Vanesa", en referencia otra
integrante del equipo de gobierno del consistorio, Vanesa Martínez.
Ese mismo día, los dos protagonistas del intercambio de mensajes de móvil
mantuvieron una reunión en la que Daniel Ortiz puso sobre la mesa la que
finalmente sería la excusa para anular la mejor oferta y darle el millonario
contrato a Cofely: sus "dudas sobre la capacidad económica de Fulton [la
otra empresa] para afrontar las inversiones".
De nuevo en la misma jornada, el concejal remitía a Daniel Ortiz un correo
electrónico, con copia para su compañera Vanesa Martínez, en el que "parece
justificar por qué Fulton supera la solvencia económica y por qué obtuvo la
mayor puntuación en el sobre 2". En el mismo mensaje, el edil responsable de
Infraestructuras proponía "solicitar aclaraciones sobre capacidad
económica-financiera por la preocupación del alcalde".
También ese día de marzo, Daniel Ortiz reenviaba el email anterior al
también imputado Alejandro Utrilla. Éste, a su vez, le daba su opinión sobre
la estrategia a seguir.
13 de marzo de 2014. La Mesa de Contratación leía el informe del sobre 2 que
daba la mejor puntuación a Fulton e, inmediatamente después, abría el sobre
3, el de la oferta económica. El acta de dicho encuentro no reflejó que se
detectase ningún error en las ofertas y, a la vista de las cifras, la
compañía rival de Cofely "sería la virtual adjudicataria", recoge
textualmente el cronograma de la Guardia Civil.
14 de marzo de 2014. El Ayuntamiento decidía por sorpresa hacer un
requerimiento de información a Fulton "por posible baja temeraria en las
prestaciones" y otro a las tres compañías participantes en el concurso "para
que aclaren la capacidad económico financiera para afrontar las
prestaciones" en la misma línea marcada por el entonces alcalde de Móstoles.
Ese mismo día, el ahora diputado autonómico reenviaba a Alejandro Utrilla un
correo de David Sánchez del Rey en el que éste informaba al primero del
anterior requerimiento a Fulton.
17 de marzo de 2014. El directivo de Cofely Pedro García le informaba a su
compañero Constantino Álvarez de que el requerimiento de nueva infromación
económica "se enmarca en el interés del Ayuntamiento en desechar la oferta
de Fulton", sus competidores.
En la misma jornada, Constantino Álvarez el que enviaba un email, en ese
caso a uno de sus subordinados. Lo hacía para que éste preparase para el día
siguiente "antes de las 14 horas" un informe 'fantasma' sobre las supuestas
deficiencias de su rival en la puja. "Obviamente, si somos capaces de
demostrar lo que nos piden, Cofely superaría a nuestro principal competidor
en este tema", se leía textualmente en el mismo.
Ese mismo día, Pedro García se volvía a poner en contacto por email con su
compañero Álvarez para solcitarle que se preparasenunos informes financieros
de las otras sociedades concurrentes con la finalidad de "desmontar la
viabilidad de la propuesta de Fulton".
20 de marzo de 2014. Constantino Álvarez se dirigía ese día a un subordinado
por correo electrónico para 'meterle prisa'. "Necesitamos entregar un
informe con un análisis financiero de las cuentas de Fulton como apoyo para
desestimar su oferta. No es suficiente con un correo. Ese informe debe ser
en papel blanco, sin membrete", en un claro intento de que no se supiera
quién era realmente el autor del mismo.
Con poco tiempo de diferencia, Pedro García recibía un correo electrónico
que incluía información bancaria y un cuatro financiero de Fulton que
figuraban en la documentación confidencial que esta empresa había entregado
al Ayuntamiento de Móstoles junto a su oferta. Los agentes destacan en su
informe que en los registros realizados en la sede de Cofely tras las
primeras detenciones de octubre de aquel año se encontró "más documentación
de Fulton de este tipo".
24 de marzo de 2014. La técnico municipal Carmen Moratinos redactaba el
informe de valoración del sobre 3 del concurso, el referido a la oferta
económica, el cual daba como adjudicatario a Fulton al considerar que no se
había detectado ningún error en su propuesta. Sin embargo, este informe
nunca se incorporó al expediente del concurso, porque la concejal Vanesa
Martínez, que formaba parte de la mesa de contratación dijo 'in extremis'
que se había percatado de un error. El informe apareció, finalmente, en el
despacho del directivo de Cofely Pedro García durante los registros de la
Guardia Civil.
Ese mismo día, dos empleados de la compañía intercambiaban un correo en el
que uno explica que "necesitan tener algún tipo de justificación para
Móstoles antes del día 25".
También el día 24 de marzo, Alejandro Utrilla escribía un email al alcalde
Daniel Ortiz en el que se asegura que "el miércoles me dan el análisis de
los papeles" sin más concreción.
25 de marzo de 2014. Sólo 24 horas más tarde, uno de los trabajadores de la
multinacional remitía a su superior Pedro García "una versión inicial del
informe anónimo que estaban preparando para un concejal del Ayuntamiento de
Móstoles [se supone que Utrilla]" en el que ya "se detecta el error en la
oferta económica de Fulton".
Ese mismo, día, Pedro García recibía el documento definitivo adjunto a un
correo electrónico.
También el 25 de marzo, Daniel Ortiz enviaba un nuevo whatsapp al concejal
de Infraestructuras para comunicarle lo que le había dicho Utrilla poco
antes. "Mañana creo tengo respuesta sobre documentación que me diste...
OK?".
1 de abril de 2014. La concejal Vanesa Martínez y una funcionaria daban
cuenta del supuesto error en la oferta de Fulton. Ese mismo día, el
Departamento de Contratación del Consistorio emitía el informe excluyendo a
ésta compañía y a la tercera que había presentado oferta, Dalkia, por un
ficticio error no subsanable en sus ofertas.
Entre el 16 de julio y el 8 de octubre de 2014. Con la Guardia Civil tras
los pasos de los principales integrantes de la trama, los 'pinchazos'
revelaron durante aquellos meses la existencia de "reiteradas llamadas
telefónicas" de los directivos de Cofely Constantino Álvarez y Pedro García,
a los hermanos Alejandro y Mario Utrilla, y el constructor David Marjaliza,
'conseguidor' del pelotazo. En las mismas, según recoge el cronograma de la
UCO, "se aborda el pago de comisiones por el contrato de Móstoles". El juez
las cuantificó entre 500.000 y 240.000 euros en el escrito que acaba de
remitir al TSJM
22 de septiembre de 2014. De todas esas llamadas, los agentes destacan en su
informe una registrada este día de septiembre entre los dos altos cargos de
la multinacional. En ella, Constantino Álvarez le aseguraba a su
interlocutor que había hablado con el director general de la compañía,
Maurice Didier, "de varias cosas. La primera, bueno, eh... le he comentado
que hay que resolver los de los 240.000 euros" Pedro García le responde con
unas palabras que la Guardia subraya y pone en mayúscula en su cronograma
por su relevancia: "Lo que es indiscutible, que es lo que le decía yo a
Antonio, digo Antonio, no estaba previsto pero nadie puede negar que nos han
echado una mano en que resultáramos adjudicatarios del contrato". Son el
punto final al informe que ha puesto contra las cuerdas al diputado Daniel
Ortiz y en apuros, a Cristina Cifuentes.
http://vozpopuli.com/actualidad/81646-los-28-documentos-mensajes-y-reuniones-que-acorralan-al-aforado-de-cifuentes-en-el-caso-punica
UN NUEVO INFORME DE LA UCO "REFUERZA" LAS PRUEBAS EN PÚNICA CONTRA UN
AFORADO DE CIFUENTES
La Guardia Civil entrega en la Audiencia Nacional la ampliación de un
informe de septiembre que ya señalaba al 'popular' Daniel Ortiz, ex alcalde
de Móstoles y hoy diputado en la Asamblea de Madrid, como uno de los
presuntos implicados en las irregularidades de un contrato de 75 millones de
euros.
Veinticinco folios demoledores. La Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ha entregado recientemente en la Audiencia Nacional la
ampliación a un informe que hizo el pasado septiembre sobre el supuesto
amaño para la adjudicación a la trama Púnica de un millonario contrato por
parte el Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) con nuevos datos que "reforzarían
la participación del ex alcalde Daniel Ortiz Espejo en el presunto concierto
urdido para predeterminar el resultado de la licitación en favor de Cofely",
una de las empresas más salpicadas por el escándalo. El documento policial,
cuya existencia no era conocida hasta ahora, llegó a la Audiencia Nacional
el pasado 28 de marzo y menos de un mes después el titular del Juzgado
Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, elevaba a la Asamblea de
Madrid un oficio para que certificase la actual condición de parlamentario
regional del PP, y por tanto aforado, del ex regidor del municipio
madrileño. Es el primer paso para la imputación del diputado de Cristina
Cifuentes, presidenta 'popular' de la Comunidad de Madrid.
Las nuevas pruebas contra el diputado regional Daniel Ortiz han sido
aportadas de manera voluntaria por uno de sus concejales en el Ayuntamiento
de Móstoles
El informe de la UCO, al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla que el
motivo para realizar este documento de ampliación es la llegada el pasado
mes de octubre a la Audiencia Nacional de nuevas pruebas desconocidas cuando
se realizó el anterior documento, fechado el 14 de septiembre. En concreto,
se refiere a "dos cadenas de mensajes enviadas por teléfono móvil" en marzo
de 2014 entre Daniel Ortiz y el que fuera su concejal de Infraestructuras y
Mantenimiento, David Sánchez del Rey. El contenido de dichos mensajes,
adelantado entonces por la Cadena Ser, sirve ahora a la Guardia Civil para
completar el cronograma de comunicaciones de todo tipo (llamadas, emails,
mensajería instantánea...) que intercambiaron entre febrero de 2013 y
septiembre de 2014 los principales implicados de la trama para amañar
presuntamente a favor de la filial española de Cofely-GDF Suez un contrato
de eficiencia energética de 75 millones de euros, el mayor 'pelotazo' de la
Púnica destapado hasta ahora.
Según destacan los autores del documento policial, "estas nuevas
comunicaciones" permiten alcanzar "conclusiones que reforzarían la
participación" del diputado regional ya que las misma, producidas en marzo
de 2014, coinciden temporalmente "con la fase de adjudicación del contrato
de eficiencia energética". Estos datos son respaldados con las declaraciones
que ante la propia Guardia Civil y el juez Velasco hizo como testigo el
concejal David Sánchez del Rey, receptor de los mensajes del ex alcalde de
Móstoles y que ha sido la persona que finalmente ha aportado de manera
voluntaria las nuevas pruebas a la causa. Con ellos, recalca el documento
policial, la UCO cree haber terminado de "identificar los acuerdos
extraoficiales y ajenos al expediente de contratación con los que se
pretendería desechar la oferta del licitador mejor posicionado para lograr
la adjudicación y, por tanto, beneficiar, a Cofely".
28 comunicaciones
El minucioso cronograma incorporado ahora al sumario detalla 28
comunicaciones y sitúa los nuevos mensajes que implican al diputado de
Cifuentes en octavo y vigésimo quinto lugar del mismo. Así, la primera de
estas cadenas ahora incorporadas se produjo el 12 de marzo de 2014, poco
antes de las diez de la mañana. En la misma, el ex alcalde de Mostoles da
instrucciones al concejal de Infraestructuras "sobre los tiempos en que
debería irse desarrollando la fase de adjudicación del contrato [...].
Concretamente, Daniel Ortiz le conminaba a retrasar la apertura de los
sobres que contenía la oferta económica: 'No lleves mañana tema oferta
económica... Ok?". La UCO destaca a continuación un segundo mensaje de aquel
día, en concreto uno en el que el hoy diputado regional tenía "la intención
de explicar el porqué de la dilación" tanto a su interlocutor como a otra
concejal, Vanesa Martínez, presidenta precisamente de la mesa de
contratación "que también jugó un papel relevante" en el concurso amañado.
La Guardia Civil ha incluido los dos mensajes del ex alcalde en un
cronograma con 28 comunicaciones entre implicados en la trama que detalla
cómo se hizo el amaño
"Estas instrucciones, que a priori pueden paracer irrelevantes, no lo son si
las analizaros en el contexto", destaca el nuevo documento policial. Sus
autores inciden en que Daniel Ortiz dice lo que hay que hacer en una
adjudicación en la que "a priori no tiene potestad" ya que no formaba parte
del órgano municipal que iba a decidir sobre ella. En este sentido, la
Guardia Civil resalta la declaración que el concejal David Sánchez del Rey
prestó como testigo en la comandancia el pasado 27 de octubre y en la que
reconocía que no era "habitual" que el entonces alcalde se inmiscuyera en
estos asuntos y que si le hizo caso fue porque "lo consideró una orden y la
acató". El edil también recalcó que no entendía por qué el regidor "quería
retrasa la apertura del sobre 3 [el de la oferta económica] y la lectura del
informe del sobre 2".
Para los investigadores, sin embargo, sí existe explicación a esta actitud
del hoy aforado. La misma se encuentra en las "comunicaciones paralelas y
ajenas al expediente de contratación entre directivos de Cofely y cargos
públicos del Ayuntamiento de Móstoles", entre ellos el propio Daniel Ortiz.
El objetivo de todos ellos era "encontrar deficiencias" en la oferta que
había presentado la empresa Fulton para, de este modo, conseguir que fuera
Cofely la que se hiciera con la adjudicación. Las pesquisas han revelado
que, para ello, esta última compañía se hizo con documentación del
expediente que nunca debió salir del Consistorio y que la UCO sospecha que
fue extraída por otro de los ediles presuntamente implicados, Alejandro
Utrilla, concejal de Medio Ambiente del municipio y detenido en octubre de
2014 Los agentes recogieron el testimonio de una responsable del Consistorio
que les aseguró que las empleadas de limpieza le habían asegurado haber
visto a este último "en el Departamento de Contratación en horas en las que
no había trabajadores y dando justificaciones incongruentes de su visita".
Segunda cadena de mensajes
La segunda cadena de mensajes que ha provocado el nuevo informe policial se
produjo casi dos semanas después. En concreto, el 25 de marzo de 2014. En
ella, Daniel Ortiz avisaba al concejal de Infraestructuras de que "mañana
creo que tengo la respuesta sobre la documentación que me diste". El informe
de la Guardia Civil resalta que "es importante situar en el tiempo este
correo para comprender en qué fase de la adjudicación se envió y cuál podría
ser su propósito". De hecho, aquel día "ya se había dado lectura al informe
de valoración del sobre 2 (criterios subjetivos) y, por tanto, la
adjudicación dependía únicamente de aquellos criterios que se evaluaban
mediante fórmulas (criterios objetivos que no dejan margen alguno de
interpretación)". Por ello, los agentes consideran que el hoy aforado se
refería a la documentación sobre los licitadores que había pedido con
anterioridad a David Sánchez del Rey y con la que supuestamente Cofely
elaboró "un informe anónimo sobre las debilidades" de la oferta de su
competidora Fulton, que era la que estaba a punto de llevase el concurso. Es
el que supuestamente permitió al Ayuntamiento amañar el contrato para que
fuera la multinacional implicada en la trama Púnica la que finalmente se
hiciera con él.
Dos directivos de Cofely reconocían en una conversación 'pinchada' que
"nadie puede negar que nos han echado una mano en que resultáramos
adjudicatarios del contrato"
Por ello, los agentes concluyen que este segundo mensaje del ex alcalde de
Móstoles "refuerza más aún" las pruebas ya recopiladas hasta ese momento
sobre el presunto fraude. Y resaltan que, poco después del mismo, Pedro
García y Constantino Álvarez, dos de los directivos de Cofely que fueron
detenidos en la 'Operación Púnica', hablan de esta supuesta 'ayuda' de
Daniel Ortiz y el concejal Alejandro Utrilla en una conversación telefónica
intervenida por orden judicial: "Nadie puede negar que nos han echado una
mano en que resultáramos adjudicatarios del contrato". La mordida prevista
por ello fue de 240.000 euros, de los que ya se habían pagado 6.000 euros
cuando la trama fue desmantelada a finales de octubre de 2014. Ahora, el
juez Eloy Velasco espera que la Asamblea de Madrid le confirme la condición
de aforado de Ortiz para elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de
Madrid y actuar contra el diputado regional de Cristina Cifuentes que aún se
aferra a su escaño.
http://vozpopuli.com/actualidad/81345-un-nuevo-informe-de-la-uco-refuerza-las-pruebas-en-punica-contra-un-aforado-de-cifuentes
PRIMER PASO PARA IMPUTAR A DANIEL ORTIZ, DIPUTADO REGIONAL DEL PP EN MADRID
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, pregunta a la Asamblea de
Madrid por la condición de diputado del exalcalde de Móstoles. Es el paso
previo para elevar la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, con el objetivo de que impute al parlamentario de Cifuentes por
amañar un contrato de 75 millones a cambio de una mordida de 240.000
El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco, ha remitido este viernes un oficio a la Asamblea de
Madrid en el que pregunta si el exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, es
diputado regional del Partido Popular. Es el paso protocolario, necesario y
previo a la redacción de la exposición razonada, que en el caso de Ortiz el
juez remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, único órgano
jurisdiccional que puede proceder a su imputación e investigación, debido a
su aforamiento.
El juez Velasco ha encontrado fundados indicios de que mientras era alcalde
de Móstoles, Daniel Ortiz maniobró para que Cofely, la principal empresa de
la Púnica, resultase adjudicataria en 2014 de un contrato de casi 75
millones de euros en la localidad. A cambio, la empresa pactó el pago de una
mordida, supuestamente, de 240.000 euros. Los hechos serían susceptibles de
sendos delitos de cohecho y fraude.
El juez se basa en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia
Civil adjuntado al sumario el 15 de septiembre pasado, en el que los agentes
concluyeron que el entonces alcalde, Daniel Ortiz, y su concejal de Medio
Ambiente, Alejandro Utrilla, acordaron el amaño a cambio de “notorias
comisiones”.
La Guardia Civil incluyó numerosas pruebas que implican al hoy diputado
Daniel Ortiz Espejo, como documentos, escuchas telefónicas y correos
electrónicos. También apuntan al diputado dos mensajes ‘sms’ aportados al
juzgado por quien fuera su concejal, David Sánchez del Rey. En esos
mensajes, avanzados por la SER, Daniel Ortiz se interesó por la adjudicación
y ordenó paralizar una de las fases del proceso porque perjudicaba a Cofely.
Sánchez del Rey declaró al juez Velasco que los guardó porque el
comportamiento del alcalde era inusual y probaban que había recibido órdenes
del alcalde de Móstoles para la adjudicación.
El juez Velasco redactará y remitirá en dos semanas la exposición razonada
al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para que impute e investigue al
diputado regional del PP. La presidenta regional de Madrid, Cristina
Cifuentes, se ha comprometido a exigir el acta de todo diputado que resulte
imputado en un procedimiento judicial.
http://cadenaser.com/ser/2016/04/21/tribunales/1461262892_707376.html
UN DIPUTADO DE CIFUENTES, IMPLICADO EN EL MAYOR PELOTAZO DE LA PÚNICA
Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles, intermedió para adjudicar un contrato
de 75 millones a Cofely
Daniel Ortiz, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de
Móstoles, intermedió para que Cofely, la principal empresa de la trama
Púnica, ganara un macrocontrato de alumbrado en esta localidad de 200.000
habitantes al sur de Madrid. Así lo cree la Unidad Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil, que en un informe incorporado al sumario del caso
Púnica recopila pruebas de cómo usó su cargo para influir en la adjudicación
del contrato público de mayor cuantía de entre los que dieron a la red los
municipios investigados en la causa.
El informe que la OCU entregó al juez Eloy Velasco, de más de 300 páginas y
con fecha de septiembre de 2015, relata cómo "el concierto delictivo"
pretendía influir en el concurso para que fuera Cofely la adjudicataria,
"independientemente de cuál fuese la oferta económicamente más ventajosa", a
cambio del pago de "notorias comisiones a cargos públicos vinculados al
Consistorio de Móstoles". Según las investigaciones de la Guardia Civil, el
entonces alcalde y un concejal habían "adquirido un compromiso previo con
Cofely incluso antes de la publicación del contrato".
El concejal en cuestión era Alejandro Utrilla, edil adjunto de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Móstoles, que —según la UCO— pudo cometer
delitos de fraude, revelación de secretos y cohecho. El exalcalde, que es
aforado por su actual condición de diputado en la Cámara madrileña, sería
autor de delitos de cohecho y fraude, según los investigadores. La empresa
se había comprometido a pagar una mordida de 240.000 euros a cambio de las
facilidades para obtener el contrato.
El concurso para adjudicar el alumbrado público de Móstoles no siguió los
patrones habituales de la trama en otros municipios. En lugar de crear los
pliegos de la licitación específicamente para facilitar que ganara Cofely,
en este caso "se pusieron trabas a los competidores, de forma que finalmente
se desechase la oferta del licitador mejor posicionado y se orientase el
concurso a la empresa que querían que lo ganase", asegura el informe.
Con un precio de licitación de 75 millones de euros, el contrato mostoleño
era especialmente jugoso para la trama. Los responsables de Cofely llegaron
a elaborar un informe anónimo para ayudar al Ayuntamiento a desestimar la
oferta de otra de las empresas competidoras, Fulton. Para confeccionarlo
accedieron al expediente de contratación valiéndose de "contactos personales
con los cargos públicos", asegura la UCO, que detectó correos electrónicos y
conversaciones entre los implicados en las que aludían a ese informe
anónimo.
"Nos están escuchando"
La minuciosa investigación de la UCO incluye escuchas telefónicas, correos
electrónicos e infinidad de pruebas documentales. En una de las
conversaciones intervenidas los investigadores escuchan a los implicados
bromear sobre la posibilidad de que les estén oyendo.
Constantino: No sigas por ahí. No sigas por ahí... que no sigas por ahí.
Pedro: ¿Por?
Constantino: Pues porque nos están escuchando.
Se trata de Pedro García Pérez y de Constantino Álvarez, los trabajadores de
Cofely que presuntamente urdieron el amaño. Los investigadores escucharon al
primero decir por teléfono una frase que resultó muy reveladora: "Nadie
puede negar que nos han echado una mano en que resultáramos adjudicatarios
del contrato". Justo antes hablaba con Álvarez de "resolver lo de los
240.000 euros". Y justo después es cuando este último le pide a García que
no siga por ahí porque les pueden estar escuchando.
El ahora diputado Ortiz no es el único político que tiene relación con el
contrato de Móstoles con Cofely. Mario Utrilla, exalcalde del PP de Sevilla
la Nueva, municipio muy cercano a Móstoles, colaboró con su hermano
Alejandro Utrilla en el amaño del millonario concurso de alumbrado, según el
informe de la UCO. Utrilla también fue diputado de la Asamblea de Madrid en
la pasada legislatura. El juez Velasco llamó a declarar a Utrilla como
imputado en junio pasado, junto con los entonces consejeros de la Comunidad
de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar.
Daniel Ortiz ha rehusado comentar el contenido del informe incluido en el
sumario de la trama Púnica, del que el jueves se conocieron varios tomos
hasta ahora secretos y que adelantó EL PAÍS. Una portavoz del Grupo Popular
en la Asamblea de Madrid ha remitido una nota de prensa en la que asegura:
"Como ya declaré ante la ciudadanía cuando era alcalde y ahora como portavoz
en la oposición, mantengo mi actitud de más absoluta indignación con los
casos de corrupción y en el caso de la Operación Púnica son falsas todas las
acusaciones que hoy he recibido hacia mi persona".
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/19/actualidad/1455899373_511469.html
