¿SEGURIDAD
PRIVADA PARA ALGUNOS ? SI, GRACIAS
Mariano tiene un problema con los sindicatos policiales. Bajate la denuncia ante
el T. Supremo ( 1,2MB )
REPASAR OTRAS PROMESAS PPOPULARES
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" Vamos a barrer, con la ley
en la mano, a los pequeños delincuentes de las calles españolas "
(Dixit el líder cósmico en un ataque espontáneo de risa. 09.09.02 )
GESTIÓN COMPLETA SIN FISURAS DEL TRÍO OREJA & RAJOY& ACEBES. BAJATELA GRATIS ( 00-03 )
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NO SE TE OLVIDE CONOCER LOS DATOS QUE FACILITA EL SINDICATO DE LOS MADEROS ( SUP) MUY ILUSTRATIVO DE COMO ESTÁ EL PATIO. SI QUIERES BAJÁRTELO PINCHA AQUÍ. Mayo 2003
PROMETÍAMOS LO QUE SABÍAMOS QUE NO ÍBAMOS HACER :
PROGRAMA ELECTORAL 1996
(Extractos)
" El PP quiere un país seguro como garantía de la libertad de los españoles.........Durante los últimos años, los índices de criminalidad se han mantenido en constante progresión como consecuencia de los errores e imprevisiones de los gobiernos socialistas en la lucha contra la delincuencia.
Asimismo, favorecerá el incremento de la prevención general de la delincuencia mediante una mayor presencia en la calle que responda eficazmente al incremento de los delitos contra las personas y las propiedades. Se crearán unidades especiales para perseguir los delitos económicos y medioambientales.
En paralelo a la eficacia de la norma, el imperio de la ley, la dignidad y la eficacia de la función policial son elementos imprescindibles para crear un clima de seguridad en nuestro país.
Proponemos la gradual equiparación retributiva entre los miembros de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la mejora de sus medios técnicos y materiales y el establecimiento de planes para la formación permanente de sus miembros........... "
Y HACEMOS CON ABSOLUTO DESPARPAJO LO QUE NO PROMETEMOS :
EL AUMENTO DE LOS DELITOS INDICA QUE 25 DE CADA 1.000 HABITANTES SON VÍCTIMAS DE UNO CADA AÑO
Antes, mucho antes de que la guerra en Irak lo ocultase todo, la seguridad ciudadana se había convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, debido a la imparable tendencia al alza de los delitos, sostenida durante 2001, 2002 y 2003. Las medidas anunciadas por el Ejecutivo para combatir la criminalidad, la mayoría de las cuales aún no están en marcha, no han logrado frenar lo que se denomina "sensación subjetiva de inseguridad", ésa que provoca que los españoles coloquen la delincuencia entre una de sus cinco preocupaciones principales, según los sucesivos sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Cada año, 25 de cada 1.000 españoles son víctimas de un delito y otros tantos padecen una falta, generalmente un pequeño robo. Por ello, todos los partidos han situado en el centro de sus programas para las elecciones del 25 de mayo diferentes medidas para combatir la criminalidad, especialmente la de poca monta, ésa que afecta más directamente a los ciudadanos.
La inseguridad ciudadana fue durante los años ochenta un asunto de la máxima preocupación, debido a que los delitos llegaron a crecer anualmente hasta un 16%. El asunto pasó a un segundo plano durante los años noventa, pero a partir de 2000 la delincuencia volvió a las primeras páginas de los periódicos. Ese año las infracciones penales (delitos más faltas) rozaron los dos millones, pero en 2001 se produjo un espectacular incremento del 10,41%, un porcentaje de subida desconocido desde los citados años ochenta.
Inicialmente, el Gobierno restó importancia al problema, pero en 2002 no tuvo más remedio que aceptar, debido a la contumacia de los datos, que la situación se le podía ir de las manos. Primero le echó la culpa a la inmigración irregular, luego a la abundancia de delincuentes multirreincidentes que nunca entraban en prisión, más tarde al significativo descenso en las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Hubo que esperar a septiembre de 2002 para que Ángel Acebes, ministro del Interior, lanzara el llamado Plan de Lucha contra la Delincuencia, gestado durante el mandato de su predecesor, Mariano Rajoy, cuyo prólogo comenzaba así: "Este plan da respuesta a una realidad que se ha venido comprobando: el incremento de las tasas de delincuencia". Las estrellas del plan eran el aumento de las ofertas de empleo para policías y guardias hasta llegar a los 20.000 nuevos efectivos en 2005, la reforma del Código Penal para endurecer las penas, los juicios rápidos (que entran en vigor el 28 de abril) y los planes de colaboración con las policías municipales.
Hecho el plan, los datos volvieron por sus fueros. Al acabar 2002, la delincuencia había vuelto a subir un 4,95% respecto a 2001 y los ciudadanos se sobresaltaban casi a diario por un rosario de crímenes muy violentos.
Pero la situación, la percepción de la seguridad ciudadana, cambia radicalmente según de qué zona se hable, de forma que en Valencia, Madrid, Baleares o Tarragona (con las mayores tasas de delincuencia) la seguridad ciudadana se ha situado en el centro del debate político, mientras que en Asturias, Lleida, Zamora o Salamanca (con índices mucho más bajos) ha pasado a segundo plano.
Baleares y Ceuta, con 55,45 y 55,73 delitos por cada 1.000 habitantes, son hoy día las ciudades donde es más fácil ser víctima de un delito. "En general, han sido las ciudades del arco mediterráneo las que han registrado los mayores índices de delincuencia, por motivos que van desde la mayor afluencia de turistas al abundante número de segundas residencias vacías", admite el Ministerio del Interior.
¿Y Madrid? La capital es caso aparte, por motivos varios. El fundamental es que, además de que casi 32 ciudadanos de cada 1.000 son víctimas de la delincuencia, se han producido crímenes de excepcional violencia (como el asesinato de dos ladrones de coches búlgaros por sicarios suramericanos que los acribillaron con un subfusil AK-47) y ha surgido una especie criminal cuya mención da miedo: el asesino en serie, el llamado asesino del Naipe, que mata de forma indiscriminada y cuando se le antoja. No se recordaba en España un homicida en serie desde el llamado asesino de ancianas de Santander, muerto posteriormente a manos de sus compañeros de presidio.
En el punto diametralmente opuesto se sitúan Lleida y Girona, donde, a tenor de los datos oficiales de Interior, el delito es casi inexistente. La primera tiene una relación de 0,29 delitos por 1.000 habitantes y la segunda, 1,56. "Esos datos no son ciertos. Lo que ocurre es que en ambas provincias se ha completado el despliegue de los Mossos d'Esquadra y no han facilitado aún los datos oficiales", alegan fuentes del ministerio. La policía sostiene que donde menos delitos hay es en Castilla. En Zamora, Palencia, Soria y Salamanca las posibilidades de ser víctima de un delito son, de media, un 700% menores que en Baleares, Ceuta, Melilla o Alicante.
Ante este panorama, la delincuencia y las medidas para combatirla se han convertido en uno de los ejes del debate político, aunque con diferente intensidad. Mientras en Baleares, Madrid o Valencia todos los candidatos inciden en exponer medidas de contención -desde creación de comisarías en las nuevas urbanizaciones que rodean las grandes ciudades hasta el reparto de tareas entre los distintos cuerpos policiales-, en las Castillas apenas se habla del asunto.
Lo curioso es que, a pesar de que la delincuencia ha invadido el debate político, los datos sobre su evolución, claves para hablar del fenómeno, se han convertido en materia de Estado. Desde 2002, el Gobierno facilita a regañadientes y parcialmente las cifras del delito, hasta el extremo de que sólo extraoficialmente la Guardia Civil conoce cómo ha ido la delincuencia en el territorio de la policía. Las últimas cifras facilitadas por Acebes sólo incluían los delitos que bajaban, lo que le permitía afirmar que la delincuencia "está descendiendo en 2003", para asombro de quienes la combaten en la calle (Abril 2003).
LA SUSTRACCIÓN DE COCHES, SOBRE TODO DE GRAN CILINDRADA, HA CRECIDO UN 54% DESDE 1999, Y YA SE ROBA UNO CADA 210 SEGUNDOS
A Javier le han robado su Ford Escort dos veces. La primera vez ocurrió en Madrid y lo recuperó un mes después, "con cuatro o cinco rayones en la chapa y destrozado por dentro". El ladrón había recorrido 1.280 kilómetros con él y había dejado en su interior basura, sangre y un recibo de una gasolinera de Algeciras. "Yo creo que se bajaron al moro a comprar droga", aventura Javier. La segunda vez el vehículo desapareció en un pueblo de Burgos. "Sólo dejaron una rueda: la de repuesto", bromea. "Por lo demás, esta vez el coche apareció intacto a los tres días".
El caso de Javier dista mucho de ser único. De enero a noviembre de 2002 fueron sustraídos en España 140.509 vehículos, uno cada tres minutos y medio, según una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado socialista Miguel Ángel Heredia. Las zonas más castigadas por este tipo de delitos fueron la Comunidad Valenciana, las provincias costeras de Andalucía y Madrid. En términos absolutos, Madrid encabeza la lista, con 30.085 hurtos anuales (90 delitos diarios), seguida de Barcelona (con 15.912), Valencia (12.190) y Alicante (9.849). Según el Gobierno, el 27,11% de los coches no se recupera. La policía, por su parte, afirma que más del 97% de los vehículos aparece a los 3 o 4 días.
En España -un país poco azotado por este tipo de delitos si se compara con Francia, Italia o Reino Unido- se ha producido un incremento del 54% en el robo de coches desde 1999. En todo ese año se sustrajeron 90.790 frente a los 140.509 de los 11 primeros meses de 2002. Este fuerte aumento ha puesto en alerta a la policía, que en los últimos años ha desarticulado "más de 30 grupos" organizados de países del Este implicados en el tráfico internacional de vehículos. En estas operaciones fueron detenidos 200 ciudadanos búlgaros y 170 polacos.
Una de las zonas más castigadas de España por el robo de coches es la Costa del Sol. El Ejecutivo achaca esta situación al gran número de vehículos de alta cilindrada que circula por la zona y ha llegado a decir que el subidón se debe al "atractivo que supone para los jóvenes la sustracción de vehículos para el desplazamiento entre los centros de ocio de la provincia y la facilidad que ofrece la red viaria de la provincia con nuevos tramos de autovías y autopistas para desplazarse".
Nada que ver con el análisis que efectúa Europol, que en un reciente informe afirma que el robo de vehículos de lujo es una actividad delictiva "mucho más lucrativa y menos arriesgada que la trata de blancas o el contrabando". El organismo de policías europeas calculó en 1999 que el robo de 100 coches de gama alta generaba un beneficio de entre uno y dos millones de euros y elevó a 700.000 los vehículos de alta gama robados en toda Europa, lo que supuso para las mafias unos ingresos netos de 7.500 millones de euros. Los grandes mercados son Europa del este, el norte de África y el golfo Pérsico.
El Audi A6 de Gregorio (nombre supuesto) desapareció de las calles de Madrid en agosto de 2001 y apareció en Rumania un año y medio después, cargado de extras. "La aseguradora se lo quedó porque ya me había indemnizado", cuenta Gregorio. Los coches más codiciados por las mafias son los turismos de gama alta y los todo terreno, muy cotizados en el Este. Algunos modelos, de Audi, BMW, Volvo o Mercedes alcanzan tasas de intento de robo de hasta el 95%.
Los ladrones han debido adaptarse al aumento de medidas antirrobo de los vehículos, pero, según Europol, cada vez es más frecuente el robo de coches con violencia e intimidación. Este método tiene "la ventaja", según el informe, "de hacerse con el coche y con las llaves al mismo tiempo". Otro procedimiento, utilizado sobre todo por las mafias albanesas que operan en el sur de Italia, consiste en tener un encontronazo con el coche que se quiere robar. Cuando el conductor se baja del vehículo para comprobar los daños, la banda de delincuentes se abalanza sobre él, lo inmoviliza y se lleva el coche por la fuerza.
A pesar del fuerte aumento del robo de coches de lujo, la mayoría de los automóviles que desaparecen en España se destinan al uso esporádico. Soledad Samprón, directora de la empresa de recuperación de vehículos Rastro Móvil, lo explica así: "En Madrid se producen muchos robos los fines de semana por gente que coge los coches para irse de juerga o para comprar droga en los poblados". Según Samprón, los modelos que más se roban los fines de semana "son coches viejos fáciles de abrir, como el Kadett o el Golf". Cuando el coche aparece -normalmente a los pocos días, en poblados chabolistas del extrarradio- le cobran al dueño otros 60 euros que sirven como gratificación para quien lo encuentra (Abril 2003).
LA CIUDAD DE MADRID SUFRE 10.000 ATRACOS CALLEJEROS EN LOS TRES PRIMEROS MESES DEL AÑO
La delincuencia que más inquietud genera en la población (los atracos callejeros con empleo de armas, así como los robos en los que resultan rotos enseres o vallas) sigue al alza en la capital. Comparando el último trimestre de 2002 con el primero de este año, se observa que este tipo de actos delictivos han crecido un 4%, al pasar de los 9.893 registrados entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2002 a los 10.281 contabilizados entre enero y marzo de 2003. Y eso que la tasa de atracos violentos era ya de por sí alta en 2002, puesto que aumentó un 21% respecto a 2001, según los datos judiciales.
Durante el primer trimestre de este año, los robos con fuerza en las cosas también han subido un 6% (de 19.608 a 20.742) si se les compara con los registrados entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre pasados.
Otro de los delitos que siguen creciendo en Madrid, y que se enclava asimismo entre los que más desasosiego causa en la ciudadanía, es el de las violaciones y abusos sexuales. Comparando el último trimestre del año pasado con el primero del presente, también se observa un aumento de estos delitos: los 122 contabilizados en ese periodo del año anterior se elevaron entre enero y marzo de este año a 139 (Abril 2003).
LA MUERTE A TIROS DE UN JOVEN ELEVA YA A 19 LOS ASESINATOS EN MADRID EN 2003
La espiral de violencia crece día a día en la región. Un nuevo homicidio sacudió las calles de Móstoles. José Francisco Dopacio de Pablos, de 26 años, murió tras ser tiroteado por un hombre que llevaba la cara cubierta por un pasamontañas. La víctima, que recibió tres disparos en la cabeza y en el tórax, falleció a los pocos minutos de haber ingresado en el hospital Ernest LLuch, de Móstoles. Esta muerte violenta eleva a 19 los asesinatos registrados en Madrid este año. Hace unos días dos búlgaros murieron ametrallados en el distrito madrileño de Ciudad Lineal (Marzo 2003).
LAS PREJUBILACIONES EN LA POLICÍA DESCABEZAN LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
El Cuerpo Nacional de Policía está sorteando a duras penas la caída en el número de efectivos de la escala básica, los que trabajan de uniforme, pero aún no ha podido taponar la sangría que se está produciendo entre los comisarios y en la escala ejecutiva, donde se engloban inspectores jefes e inspectores. Desde que gobierna el PP se han jubilado (pasado a la segunda actividad) 199 comisarios (incluidos 87 principales), 1.128 inspectores jefes y 323 inspectores, además de 1.277 subinspectores, lo que ha descabezado "muchísimos equipos de investigación", está "mermando la capacidad de la policía de adelantarse a la delincuencia" y está "privando al cuerpo de sus inspectores más experimentados", según numerosos jefes policiales.
La sangría de efectivos viene produciéndose desde 1986, pero ha sido más dramática desde 1996, en un cuerpo con una edad media de 43 años. Entre esos dos años se pasó de 56.169 efectivos a 51.700 (4.469 menos), pero entre 1996 y 2001 la plantilla se precipitó hasta los 47.605 (4.095 menos). El Sindicato Unificado de Policía eleva la sangría durante el Gobierno popular a 6.800 miembros, "el 13% de la plantilla".
El problema ha sido más grave, en términos cuantitativos, en la escala básica, pero ha sido "cualitativamente peor" en la ejecutiva. "Se está marchando gente con más de 30 años de experiencia en la lucha contra el crimen y aunque llegue gente nueva vendrá verde", aseguran algunos comisarios y jefes de numerosas brigadas de las policías Judicial, Información y de grupos.
La sangría va a seguir este año, ya que está previsto el pase a la segunda actividad (semijubilación), tras cumplir los 56 años, de 17 comisarios principales, 21 comisarios, 229 inspectores jefes, 34 inspectores y 189 subinspectores en toda España. A la vista de este problema, el Gobierno acordó prorrogar el pase a la segunda actividad de los 56 a los 58 años para los mandos intermedios. "El 50% de los que llegan a esta edad se están aviniendo a seguir trabajando, en puestos menos expuestos o dentro del plan de prevención de la delincuencia doméstica", indican fuentes de la Dirección General de la Policía.
Los inspectores jefes subrayan que ellos han sido excluidos de esa posibilidad hasta el 2006. "Dicen que la escala ejecutiva está sobrecargada y por ello no es necesario que lleguen a los 58 años; pero entonces no entiendo por qué han convocado 500 plazas de inspectores para la gente de la calle y otras 150 para inspectores jefes de promoción interna", alegan miembros de este último nivel.
Debido a esa traba, entre este año y el 2006 se irán 1.363 inspectores jefes. "Ésa es gente que ahora manda brigadas y los grupos de investigación e incluso algunas secciones", lo que supondrá mermar la capacidad de investigación", alegan los afectados. "Por eso ahora hay grupos de dos inspectores y no hay gente para la noche", agregan. Muchos de ellos están recurriendo al Defensor del Pueblo y a los juzgados por la vía contencioso-administrativa para seguir de inspector jefe hasta los 58 años (Marzo 2003).
EL PLAN ESPECIAL CONTRA LA DELINCUENCIA FRACASA EN CINCO DE LAS DIEZ GRANDES CIUDADES DONDE SE APLICA
El plan especial que el Ministerio del Interior puso en marcha en 2001 para combatir diez tipos de delitos que causan gran alarma social en diez grandes ciudades españolas ha fracasado en Madrid, Palma de Mallorca, Alicante, Valencia y Vigo, según ha reconocido el propio Ministerio del Interior. Durante el pasado ejercicio, los índices de delincuencia subieron en estas cinco ciudades, mientras se redujeron en Barcelona, Sevilla, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. El plan especial se puso en marcha ante el aumento de bandas organizadas en diversas zonas de España.
El plan piloto se presentó a bombo y platillo a finales de 2000 con el objetivo de luchar contra la delincuencia organizada, uno de los aspectos de la inseguridad ciudadana que más preocupan al Gobierno. El programa especial combinaba diez áreas geográficas y diez delitos que por sus características "son especialmente graves y cuya importancia y trascendencia social y económica producen grandes perjuicios y elevadas cotas de alarma social". Las ciudades para aplicar el programa se eligieron en base a la existencia de un mayor número de grupos organizados de delincuentes.
Los delitos contra los que se actúa son los que siguen:
- Tráfico de drogas.
- Crimen organizado
- Redes de inmigración ilegal.
- Grandes delitos económicos y blanqueo de capitales.
- Delitos contra el patrimonio.
- Delitos contra la libertad sexual.
- Delitos del ámbito familiar, contra los menores.
- Delitos tecnológicos.
La Dirección General de la Policía, según explica el Gobierno en una respuesta parlamentaria potenció distintas unidades para combatir esta delincuencia en las 10 grandes ciudades. Pero los resultados sólo fueron óptimos en cinco de ellas, donde bajó la tasa de delincuencia. Se trata de Málaga, con un descenso del 15,58% en esos delitos, Las Palmas (15,06%), Santa Cruz de Tenerife (13,49%), Barcelona (5,54%) y Sevilla (1,89%). En el lado contrario se sitúan otras cinco grandes ciudades donde subió la criminalidad. En tres de ellas, Madrid, Alicante y Palma de Mallorca, el crecimiento superó incluso la media nacional, según indica en su respuesta el Gobierno. La información no precisa en qué porcentaje subió aquí la delincuencia. Los sindicatos policiales aportaron datos referidos a la suma de delitos y faltas conocidos en las tres ciudades. Madrid, según sus datos, sufrió un aumento del 13,%, en Alicante se registró una subida del 2,1% y en Palma de Mallorca un 43%. Las otras dos ciudades donde fracasó el plan especial de la policía son Valencia (un 1,95% de aumento) y Vigo (1,77%) (Marzo-Abril 2003).
LA DELINCUENCIA EN LOS PUEBLOS SUBIÓ UN 3,55%, CON 577.000 INFRACCIONES
La delincuencia en los pueblos y en las ciudades de menos de 50.000 habitantes, allí donde trabaja la Guardia Civil, creció en 2002 un 3,55%, con un total de 577.150 infracciones penales (delitos y faltas). Casi la mitad de ellas fueron denunciadas en Alicante, Valencia, Baleares, Tarragona, Barcelona y Murcia, que han sido, por ese orden, las provincias con más criminalidad rural. Si estos datos se suman a los de la policía, España rozó por primera vez el año pasado el listón de los dos millones de infracciones sólo en el territorio que protege el Ministerio del Interior.
En 2002 fueron denunciados en los acuartelamientos de la Guardia Civil 302.490 delitos, lo que supuso un alza de un 3,76%, frente al aumento del 13,17% del año anterior. Del mismo modo, las faltas conocidas (aquellos robos, por ejemplo, por un valor inferior a los 300 euros) se elevaron a 274.660, lo que supone un 3,35% más que en 2001
Estas cifras indican que la delincuencia en las zonas rurales siguió subiendo el año pasado, aunque a un menor ritmo que en 2001. El incremento medio entre delitos y faltas fue del 3,55%, un porcentaje que a los responsables de la Guardia Civil les parecía un sueño inalcanzable en octubre, mes en el que el crecimiento acumulado de la criminalidad era del 4,09%, según un documento interno del instituto armado.
Y parecía aún más inalcanzable al comenzar el año, ya que el crecimiento acumulado de la delincuencia entre 1996, cuando llegó el Partido Popular al poder, y diciembre de 2001 fue del 25,53% en el territorio Guardia Civil. El citado documento da un paso más: "Si vemos el número de delitos conocidos tan solo por la Guardia Civil en el año 1997 y lo comparamos con el año 2001, veremos que el incremento de los delitos en ese espacio de tiempo ha sido de un preocupante 26,43%".
La mayoría de los delitos y faltas conocidos por los aproximadamente 69.000 agentes del instituto armado fueron contra el patrimonio, es decir, los robos y los hurtos, que supusieron el 80% de todos los denunciados. De todos los delitos contra el patrimonio, el 60% fueron robos con violencia en las cosas o robos con fuerza; el 14%, robo de automóviles; el 13% fueron hurtos y un 5%, robos con intimidación.
Únicamente el 2% correspondieron a delitos contra las personas, la mayoría de ellos lesiones (55%), malos tratos (30%), otros (peleas, trifulcas..., casi un 20%) y asesinatos (0,9%). De los delitos conocidos, la Guardia Civil logró aclarar 99.000, lo que supone el 33% (un porcentaje que se queda corto ante el 98,6% de homicidios resueltos), lo que propició la detención de 80.000 personas, un 5% más), de los que el 38% lo fueron por delitos contra el patrimonio.
Si los datos de la policía se suman a los de la Guardia Civil, durante el año pasado se denunciaron 1.998.748, la cifra más alta jamás alcanzada en el territorio de exclusiva protección por el Ministerio del Interior (todo, menos Euskadi y Cataluña). Ese dato supone que uno de cada 20 españoles fue víctima de un delito o una falta durante 2002. La mayoría sufrió algún tipo de robo
El arco mediterráneo desde Barcelona a Murcia, con las islas Baleares incluidas, se ha convertido en el territorio español con mayor delincuencia. Durante 2001, las comandancias de Alicante, Baleares, Valencia, Barcelona y Tarragona "acumularon el 44,18% del total de los delitos" y, sobre todo, aquéllos que más directamente afectan al ciudadano.El crecimiento medio de la delincuencia en los pueblos y pequeñas ciudades de esas provincias fue del 25%, lo que habitualmente disparaba las estadísticas del instituto armado en 2001. Esto provocó que en 2002 la Guardia Civil aplicara planes especiales en esas zonas (también se incluyó Murcia) para intentar reducir la criminalidad.Se destinaron más efectivos, se crearon las unidades de Seguridad Ciudadana, se divorció a la pareja del instituto armado para lograr más presencia en la calle y se aplicaron sistemas de guardias combinadas en los puestos y casas cuartel.Las fuentes consultadas indicaron que, pese a que se ha producido un descenso de los delitos y faltas en esos territorios, aún lideran la tabla de las provincias con más problemas en las zonas rurales. Alicante repitió como la comandancia con más delitos (40.000), seguida de Valencia (26.000), Baleares (25.000) y, algo más distanciadas, Tarragona, Barcelona y Murcia. Estas zonas combinan un espectacular aumento de la población en los meses de verano, lo que crea un determinado tipo de delitos, con un gran vacío en invierno, lo que genera un tipo de infracción particular: la abundancia de robos en casas de segunda residencia que están vacías (Febrero 2003).
DESESTIMADA LA DEMANDA DE MAYOR A ARZALLUZ POR LIGARLE A FIRMAS DE SEGURIDAD
El juez de Primera Instancia número 5 de Vitoria ha desestimado la demanda civil interpuesta por el presidente del grupo parlamentario del PP vasco, Jaime Mayor Oreja, y el vicepresidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, contra Xabier Arzalluz por unas declaraciones del presidente del PNV en las que relacionó a Mayor y su familia con empresas de seguridad privada. Xabier Arzalluz aseguró hace ahora poco más de un año que la negativa del Ministerio del Interior a autorizar la ampliación de la Ertzaintza en 200 agentes estaba relacionada con "los amplios intereses de la familia Mayor Oreja en las compañías de seguridad privadas". La sentencia impone las costas a los demandantes (Febrero 2003).
INCENDIO COMISARÍA DE MÁLAGA: LOS SINDICATOS CRITICAN LAS MEDIDAS DE EVACUACIÓN Y VIGILANCIA, Y EL GOBIERNO APOYA LA ACTUACIÓN POLICIAL
Varios días después del incendio de la comisaría de Málaga, mientras los sindicatos policiales empiezan a lanzar críticas sobre las presuntas deficiencias de los planes de evacuación del edifico o la falta de personal de guardia, el Gobierno sale en defensa de la actuación policial. El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, y el secretario de Estado de Extranjería e Inmigración, Ignacio González, coincidieron en destacar la profesionalidad de la policía durante el siniestro.
Este suceso ha provocado ya cuatro muertos y otras cuatro personas continúan en grave estado en tres centros hospitalarios de Málaga y Sevilla. Los heridos tienen quemaduras entre un 30% y un 60% de su cuerpo, y están ingresados en unidades de cuidados intensivos. El principal riesgo para su salud es la insuficiencia respiratoria aguda que padecen por haber inhalado monóxido de carbono durante mucho tiempo. Otro de los heridos está pendiente de ser dado de alta y ya tiene preparado un expediente de expulsión, según fuentes policiales. Ocho han sido devueltos a Marruecos y el último es de nacionalidad argelina, con pasaporte en regla. Está sano, en libertad y tiene abierto un expediente de expulsión.
Ocho de los nueve supervivientes ilesos del incendio "fueron devueltos al día siguiente" a Marruecos, según el subdelegado del Gobierno, Carlos Rubio, que justifica la medida "porque el juez que instruye la causa penal por el incendio ya les había interrogado y no necesitaba su presencia en el país, porque su declaración es una pieza válida en un juicio". Fuentes de la Fiscalía han precisado que esta medida "es legal, pero quizá no la más prudente y oportuna", dado que los inmigrantes son testigos y víctimas de un delito.
La ONG Málaga Acoge ha anunciado que presentará demandas por daños y perjuicios en favor algunos heridos. Varios de los miembros de la expedición han dado datos a la policía que les permitirían acogerse al artículo 59 de la ley de Extranjería, y quedarse en España, por haber colaborado en la desarticulación de una red mafiosa.
El Sindicato Nacional de la Policía Uniformada ha distribuido un informe que dirigió en marzo de 2001 al comisario provincial advirtiendo de posibles problemas en la evacuación de humos. El comisario, Florentino Villabona, subraya que "precisamente la extracción de humos funcionó perfectamente durante el incendio, si no habrían podido morir todos".
Un dirigente del Sindicato Unificado de Policía sugiere que sería conveniente aumentar el personal de guardia. En un servicio de tarde como el del viernes 27 había un guardia en la puerta del garaje, otro en la puerta principal, dos en los calabozos y un oficial (Enero 2003).
LOS ROBOS VIOLENTOS SE DISPARAN Y CRECEN UN 28% EN 12 MESES
Los robos con violencia e intimidación, delitos en que el asaltante utiliza algún arma para amedrentar a su víctima y desvalijarla, siguen creciendo en Madrid capital. Si en 2001, y sólo en la capital, se produjeron 27.589 atracos violentos, durante el año que acaba de terminar se han registrado 35.205 (7.616 más, lo que representa un aumento comparativo próximo al 28%), según datos de los jueces de la plaza de Castilla de Madrid. El plan de choque contra la inseguridad implantado por el Gobierno en Madrid capital a mitad del último semestre de 2002 no ha dado aún los frutos deseados, puesto que en los seis primeros meses de 2002 se contabilizaron 17.012 atracos, y 18.193 en el segundo semestre.
Comparando los dos semestres de 2002, se observa que en el segundo se han contabilizado unos mil atracos más que en el primero (18.193 frente a los 17.012 del primer semestre). Pero hay que tener en cuenta que los datos del primer semestre, comparados con el mismo periodo del año 2001, eran ya de por sí espectaculares, puesto que representaban un incremento cercano al 23% en lo que respecta a robos con violencia e intimidación (los atracos callejeros), que son los que más inquietud generan en la población. De hecho, las encuestas apuntan a que la inseguridad que genera la delincuencia es uno de los problemas que más preocupa a los madrileños.
El Plan de Lucha contra la Delincuencia, consistente en redoblar la presencia de agentes en las zonas más conflictivas de la ciudad, fue anunciado por el Gobierno de José María Aznar el pasado 25 de septiembre, aunque entró en funcionamiento algunos días después. Se reforzaron con 300 agentes de seis unidades de intervención policial (antidisturbios) distritos como Centro, Usera, Vallecas y Tetuán.
A mediados del año pasado, desde el Ministerio del Interior se atribuyó el aumento de la inseguridad ciudadana al incremento de la población inmigrante. Atribución ésta que fue duramente criticada por las ONG, que ven detrás de las trabas que pone el Gobierno a la regularización de inmigrantes uno de los motivos del incremento de la tasa delictiva.
No sólo han aumentado los robos con violencia o intimidación en las calles de Madrid capital. También han crecido, en torno al 16%, los robos con fuerza en las cosas. En este tipo de ilícitos no median armas, aunque los delincuentes destrozan enseres o inmuebles para perpetrar su fechoría. Jurídicamente, se denominan así a los asaltos a chalés, casas o locales públicos.
En cifras, la capital madrileña ha contabilizado en 2002 un total de 75.996 robos con fuerza en las cosas, frente a los 65.386 de 2001, siempre según los datos que manejan los jueces de la plaza de Castilla. De estos juzgados dependen más de tres millones de madrileños.
Estos datos resultan de la suma de denuncias y atestados que al respecto llegan a los juzgados de ciudadanos y policías. En los robos con fuerza sí parecen notarse los efectos del plan de choque policial, puesto que se observa una reducción de la tasa delictiva si se comparan los dos semestres del año pasado: los 39.142 robos con fuerza registrados en el primer semestre cayeron a 36.854 en el segundo (en total del año, 75.996).
Sumando el total de atracos violentos y el de robos con fuerza, la capital ha contabilizado en el año recién extinguido 111.201 robos, frente a los 92.975 de 2001 en las mismas materias; en conclusión, en 2002 han habido 18.226 robos de todo tipo más, en total, que en 2001. Y todo ello sin contar los hurtos, cuya cifra es también sobrecogedora. En 2002 -sólo en la capital, se excluye el resto de la región- se han registrado 145.653 hurtos, unos mil más que un año antes. En los hurtos, el caco sustrae a su víctima dinero o cualquier otro artículo de valor, pero no utiliza para ello ni violencia ni provoca destrozos. Los jueces terminan archivando muchos de estos atracos ante la dificultad que presenta para las víctimas el identificar a los autores (Enero 2003).
EL AUMENTO DE PRESOS EN 2002 ES EL MAYOR DE LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS
Las cárceles dependientes del Gobierno incrementaron su población reclusa en 2002 en un total de 4.133 internos, lo que supone el mayor incremento anual registrado en los citados centros penitenciarios en los últimos 12 años. Esos reclusos, más los internados en Cataluña, comunidad que tiene transferidas las competencias sobre instituciones penitenciarias, sumaban 52.162 a finales de 2002, la cifra más alta alcanzada hasta ahora.
El número total de presos en los centros controlados por la Administración central era de 45.264, según datos del 13 de diciembre de 2002. Esta cifra excluye el número de presos de las cárceles ubicadas en Cataluña, comunidad que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria.
Según datos oficiales de Instituciones Penitenciarias, el crecimiento de la población reclusa en España ha sido constante año tras año, si bien el repunte de los últimos doce meses es el mayor registrado desde 1991, cuando esta cifra se incrementó en 3.981 presos con respecto al año anterior. En esas fechas el número total de internos no llegaba a los 29.000.
Del total de internos en toda España, los ya condenados suponen el 77,1% (40.237 presos) y los preventivos el 22,9% restante (11.925 presos). Por sexo, los hombres representan el 92% del total de reclusos, y el 8% restante son mujeres, según los datos oficiales (Enero 2003).
UN TERCIO DE LOS FISCALES DE SALA DEL SUPREMO CREE QUE LA REFORMA DEL GOBIERNO DAÑA LA REINSERCIÓN DE PRESOS
Cuatro de los doce fiscales de Sala del Tribunal Supremo que asistieron a la Junta convocada por el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, aseguraron que el anteproyecto de reforma del Código Penal para el cumplimiento íntegro de las penas "daña los principios de reinserción y resocialización del preso recogidos en la Constitución".
El fiscal de la Sala de lo Civil del Supremo, Jesús Bernal Valls; el de la Sala de lo Social, Juan José Martín Casallo; el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y el jefe de la Inspección Fiscal, Juan José Martínez Zato, se mostraron en desacuerdo con la reforma, principalmente porque la elevación del tiempo máximo de cumplimiento de las penas de privación de libertad hasta los 40 años vulnera el principio constitucional de que la pena está orientada a la reinserción y "contribuye a la destrucción de una persona", según agregó el jefe de la Inspección, Martínez Zato.
Además, este grupo de fiscales calificó la reforma de "inoportuna", puesto que se realiza para "combatir casos aislados", y consideró que 40 años de prisión es una pena "excesiva", dado que el actual Código Penal es adecuado y suficiente para combatir la delincuencia.
Los demás integrantes de la Junta de Fiscales, siete de 12, se mostraron de acuerdo con el anteproyecto y apuntaron que las penas también tienen una función punitiva y otra ejemplarizante (Enero 2003).
LAS CÁRCELES SUPERAN EL 100% DE OCUPACIÓN TRAS INGRESAR 4.500 NUEVOS PRESOS EN UN AÑO
"Vamos a barrer de las calles a los pequeños delincuentes", proclamó en septiembre pasado, durante un mitin, José María Aznar. Lo que no aclaró es dónde pensaba meterlos. Las cárceles españolas, según datos oficiales, tienen actualmente un 106% de ocupación. En los últimos 12 meses la población reclusa ha crecido casi un 10%, con 4.500 nuevos presos.
En agosto de 1998, el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo por el que revisaba el plan de amortización y creación de centros penitenciarios aprobados en 1991 por el Gobierno, que entonces era socialista. Entre los reajustes figuraba la supresión de la cárcel prevista en Guadalajara, con el argumento de que "no se ha producido una evolución de la población reclusa en los términos en que en su momento se cuantificó".Por el contrario, se apreciaba "tendencia a la baja".
En 1998, España tenía 44.700 reclusos. Hace 10 días superaba los 52.000. El pasado verano, la Dirección General de Instituciones Penitencias decidió adelantar la incorporación de 514 nuevos funcionarios de prisiones y contratar a 100 interinos para permitir la apertura de 30 módulos, con un total de 2.200 celdas, que seguían cerrados por falta de personal. Los datos que en ese momento tenía el director general, Ángel Yuste, apuntaban ya a un incremento "inusual y significativo" del número de presos.
La supresión de los beneficios penitenciarios, en el Código Penal de 1995, y la dificultad de los inmigrantes para acceder a la libertad provisional, entre otras razones, explican la actual situación, que vendrá a agravarse con las medidas contra la delincuencia anunciadas por el Gobierno.
José Luis Pascual, secretario general de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), el sindicato mayoritario entre los 18.000 funcionarios de prisiones dependientes del Estado, asegura que, si continúa la actual tendencia, la situación se hará explosiva en verano. Para Ángel Párraga, dirigente de Comisiones Obreras, la situación es ya explosiva ahora. "No pasa un solo día sin que se requise un objeto punzante, haya un intento de agresión o una pelea entre internos", argumenta. A su juicio, sólo la administración de metadona a los drogodependientes ha evitado que se repitan los violentos motines de los años ochenta.
Instituciones Penitenciarias cifra en el 106% la ocupación media de las prisiones. En el cálculo computa no sólo las celdas funcionales, sino también las de aislamiento, ingreso o enfermería, que deberían estar libres para atender a los presos sancionados, recién llegados o enfermos. Así, si una prisión tipo tiene 1.008 plazas según el diseño oficial, Interior las aumenta a 1.214.
Pero, además, según dijo Yuste en el Congreso de los Diputados el 10 de octubre, la capacidad puede llegar hasta 2.000 reclusos por la sencilla técnica de poner una litera en cada celda, lo que ya estaba previsto cuando se hicieron. "En una habitación de 10 metros cuadrados hay multitud de españoles que pernoctan [juntos]", alegó.
Si la situación es grave, en algunas zonas, como Canarias, resulta crítica. Aunque el Gobierno sólo renunció en 1998 a la prisión de Guadalajara, no se han construido tres de las previstas en 1991: Gran Canaria, Navarra y País Vasco. En el Plan Plurianual de Prisiones figura una partida de casi 100 millones de euros para el nuevo centro de Canarias. Pero el problema no es la falta de dinero.
Por último, España es el tercer país de la Unión Europea en proporción de presos (117 por cada 100.000 habitantes), sólo por detrás de Portugal y de Inglaterra y Gales (Escocia e Irlanda del Norte figuran en estadística separada), según datos del Consejo de Europa de 2001 (Enero 2003).
COTINO ANUNCIA MÁS VIGILANCIA POLICIAL HORAS DESPUÉS DE QUE LE ROBARAN EL COCHE A DÍAZ ALPERI
El tiempo quiso que coincidiera la noticia del robo del vehículo particular del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, con el anuncio del delegado del Gobierno, Juan Cotino, de poner en marcha un plan especial de vigilancia de policías de paisano durante estas fiestas. Una medida que desveló horas después de que unos desconocidos sustrajeran el coche del alcalde contra el que colisionó un todoterreno. Alperi bajó a ver qué desperfectos había sufrido, y en ese momento uno de los ocupantes empujó al alcalde y se fugó con su coche. El resto huyó a toda velocidad.
El alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, del PP, sufrió en sus propias carnes las consecuencias de la creciente inseguridad ciudadana. El viernes por la noche, cuando se disponía a aparcar su vehículo, un Audi A 8, en el garaje de su casa, en la zona del campo de golf de la Playa de San Juan, un todoterreno le dio un pequeño golpe por detrás.
El alcalde, tras la colisión, bajó a ver qué había ocurrido, en ese momento los ocupantes del otro coche de color negro bajaron, y uno de ellos aprovechó la ocasión para empujar al alcalde, subirse a su coche, que tenía las llaves de contacto puestas, y salir corriendo. Instantes después el conductor del todoterreno corrió y salío huyendo (Diciembre 2002).
LA DELINCUENCIA EN LAS CIUDADES SUBIÓ UN 5,46%, CON 1.421.000 DELITOS EN 2002
El plan del Gobierno para frenar la inseguridad ciudadana en España no logra resultados positivos a tenor de las estadísticas de la Dirección General de la Policía del año pasado. La criminalidad en las poblaciones de más de 50.000 habitantes (las que vigila el Cuerpo Nacional de Policía) subió durante 2002 casi un 5,5%, con 1.421.600 denuncias conocidas por infracciones penales (delitos más faltas) frente a las 1.347.800 del año anterior, según las cifras del último balance oficial de la policía. En esa subida destacan comunidades autónomas como Baleares, donde el incremento rozó el 45%.
Las oficinas de denuncias de las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía recibieron en los últimos 12 meses 1.421.600 denuncias, lo que supone un 5,5% de aumento con respecto a las 1.347.800 infracciones presentadas en 2001. Los meses de abril, con una subida del 11,74%, y enero y febrero, con más de un 8% cada uno, son los que más trabajo dieron a los policías. Los comentarios al llamado Resumen Estadístico de la Criminalidad recogen que el número de delitos subió a nivel nacional un 1,20%, ya que se registraron 8.174 denuncias más por este tipo penal. Las faltas (castigadas con penas leves) son las que más aumentaron, con un 9,84%: en 2002 se denunciaron 65.637 faltas más.
El número de detenidos también se incrementó el año pasado en un 2,32%: pasaron de 149.288 en 2001 a 152.756. Los agentes de policía nacional lograron esclarecer el 22,72% de las denuncias recibidas, según los datos del resumen estadístico.
La mayor subida del año la contabilizó la Jefatura Superior de Policía de Baleares, donde los delitos crecieron un 45%. Le siguen a gran distancia otras comunidades autónomas como La Rioja (15,73%), Madrid (11,68%) y Extremadura (11,65%). Por contra, las mayores bajadas las registran, según los datos de la Unidad de Seguimiento y Control Operativo de la Policía, Ceuta y Melilla, con una caída del 9,5%; Canarias (6,76%) y Navarra (4,7%).
Los principales sindicatos policiales criticaron "el espectacular aumento de la criminalidad" registrado en 2002. Según el portavoz de la Unión Federal de Policías (UFP), José Luis Morán, estos datos "sólo demuestran el rotundo fracaso de la política del Ministerio del Interior". "Las palabras del presidente del Gobierno de que iban a barrer los delincuentes de las calles no han servido de nada. La criminalidad sigue aumentando y no tiene visos de parar", añade Morán.
La UFP solicita medidas concretas como el incremento de los efectivos policiales en las calles, incrementar los sueldos de los agentes para incentivarles en su trabajo y mejorar la prevención para evitar la delincuencia.
Un caso especial de estudio es el de Madrid, según los representantes de la Unión Federal de Policía. Esta comunidad registra el 26,5% de las infracciones penales que se cometen en todo el territorio español y tiene una de las plantillas más deficitaria: "Según el catálogo de puestos de trabajo, Madrid se encuentra a un 80% del número de funcionarios que debería tener asignados. El caso es extremo en algunas comisarías, como la de Getafe [al sur de la capital], donde sólo se cubre el 60%". Según Morán, esta falta de policías se deja ver en la eficacia para resolver las denuncias recibidas.
"En comunidades autónomas como Canarias o Navarra, donde están cubiertos todos los puestos de trabajo según el catálogo, se demuestra que baja la delincuencia y que, de producirse, se resuelve casi todo. Por eso tendremos que luchar para que haya más policías en la Comunidad de Madrid, que ha estado descuidada en los últimos años por los distintos ministros del Interior", añade Morán.
En Madrid, el intento de bajar la criminalidad con el llamado Plan Focus (aumento de agentes en las zonas con mayor índice de criminalidad) no ha surtido efecto. La delincuencia en distritos como Puente de Vallecas, Centro o Usera-Villaverde se disparó, a pesar de tener más de 300 policías antidisturbios de otras jefaturas patrullando por sus calles, en especial, por la noche. Tan sólo en el distrito de Tetuán bajaron las denuncias. Sin embargo, los distritos periféricos a éstos que han reforzado su vigilancia sufrieron un fuerte alza en el número de denuncias.
La mayoría de las detenciones efectuadas por estos agentes fueron de inmigrantes que incumplían la Ley de Extranjería, al carecer de papeles, y a los que se les incoaron expedientes de expulsión del país. La falta de plazas en el centro de internamiento de extranjeros imposibilitó su retención hasta ser expulsados, por los que tuvieron que ser puestos en libertad, según reconocieron fuentes policiales de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, al conocer estos datos, mayor dotación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Desde 1996 se han dejado de invertir más de 3.005 millones de euros [500.000 millones de pesetas], lo que se ha notado en la falta de personal y de medios. Además, apuestas como el plan de Policía 2000 han demostrado una falta de descoordinación entre los distintos cuerpos".
"Las reformas legislativas son necesarias. De hecho, nosotros hemos pedido algunas como la prisión por la reincidencia. Pero de ahí a afrontar la inseguridad ciudadana sólo con cambios de leyes es muy insuficiente y demuestra la falta de ideas del Gobierno", añade Sánchez Fornet. Las reformas legislativas incluyen la puesta en marcha de juicios rápidos el próximo 28 de abril (Enero 2003).
SÓLO EL 6,5% DE LOS DELITOS ES COMETIDO POR EXTRANJEROS
Las frías cifras contradicen la versión oficial. El discurso que durante los últimos meses ha mantenido el Ejecutivo sobre la incidencia de la inmigración ilegal en el incremento de los índices de criminalidad no se corresponde con el análisis de los únicos datos oficiales que se manejan en el Ministerio del Interior.
El Departamento dirigido por Ángel Acebes no ha facilitado cifras sobre la evolución de la criminalidad durante los últimos tres meses, desde que se puso en marcha en plan Focus contra la delincuencia. Pero sí hay datos oficiales de los seis primeros meses del año. Durante el periodo de enero a junio, en el territorio donde tiene competencias el Ministerio del Interior en materia de seguridad ciudadana, es decir, toda España salvo el País Vasco, se han registrado 490.454 delitos y 593.813 faltas.
En la demarcación cuya responsabilidad corresponde al Cuerpo Nacional de Policía, los delitos ascendieron a 346.471 y las faltas a 360.091. Mientras que en el territorio controlado por la Guardia Civil, el número de delitos se situó en 143.983 y las faltas durante los seis primeros meses del año ascendieron a 233.722. Según estas cifras, en España se ha registrado más de 2.709 delitos diarios durante los primeros seis meses del año.
Estas cifras no varían de la tendencia que se ha mantenido durante los últimos años. Pero sí sorprende la repercusión que durante estos primeros seis meses han tenido las actuaciones de los extranjeros en esta situación. Así, según las estadísticas de la Secretaría de Estado de Seguridad, sólo 32.407 de los más de 490.000 delitos han sido cometidos por extranjeros. El dato aún resulta más significativo en el caso de las faltas. De las 593.813 registradas durante los seis primeros meses, sólo 4.148 se han podido comprobar que son responsabilidad de ciudadanos extranjeros. Según un análisis en profundidad de los datos oficiales, más de 24.000 de los 71.876 extranjeros detenidos lo han sido por irregularidades con su documentación. ( Diciembre 2002 )
Interior se apoya en la
seguridad privada para combatir la
delincuencia
El documento de la policía, firmado por el subdirector general operativo, Pedro Díaz-Pintado, afirma que uno de los 'principios de actuación' del plan debe ser la 'integración'. Y explica: 'La suma de esfuerzos en la lucha contra la delincuencia presenta tres aliados naturales: las policías locales, el sector de la seguridad privada y los propios ciudadanos'.
Interior ya ha firmado un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para sumar a las policías locales, y ahora toca coordinarse con las empresas de seguridad privada, que han visto cómo sus efectivos crecían desde 1996 en 27.000 efectivos, mientras descendían en 4.000 los de la policía. Por ello se afirma que la DGP 'pondrá en marcha los programas que permitan, en empresas de vigilancia y sistemas de implantación nacional, mejorar la coordinación y colaboración en las ciudades de desarrollo del plan'. Dichas ciudades son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, aunque, se explica, 'el ámbito de aplicación tiene carácter nacional'.
El objetivo declarado es buscar 'la mayor eficiencia en las operaciones y eficacia en los resultados', por lo que no se duda en decir que será necesario establecer 'protocolos de comunicación con organismos, entidades públicas o privadas, empresas o comerciantes, que posibiliten la rapidez del contacto y la inmediatez de la respuesta'. ( Noviembre 2002 )
ESPAÑA SUFRE 415 ROBOS DE COCHES AL DÍA
España
sufre 415 robos de coches al día. Uno cada tres minutos y medio. Al menos así
fue durante el primer semestre de este año, según el Ministerio del Interior.
Del 1 de enero al 30 de junio se produjeron 76.408 sustracciones. Siete
provincias (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga y Cádiz)
superan en robos a regiones como Castilla y León o Galicia.
Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña son las comunidades donde hay más posibilidades de que a uno le roben el coche. De las 76.408 sustracciones que se produjeron en los seis primeros meses, el 72% se perpetró en una de esas cuatro autonomías. Andalucía y Madrid están igualadas en la cabeza: 16.795 vehículos levantados en la primera y 16.497 en la segunda; uno cada cada 20 minutos.
El orden de las regiones varía si estos datos se comparan con el número de coches matriculados en cada comunidad, lo que permite analizar de manera aproximada la incidencia real de los robos en cada una de ellas. Según el anuario de la Dirección General de Tráfico, en la Comunidad Valenciana había en 2001 un total de 1.944.599 turismos y los robos afectaron este año a 13.164: uno de cada 147 coches matriculados en esta comunidad fue robado en los seis primeros meses, lo que la pone a la cabeza del país en robos por número de turismos, seguida de Ceuta (uno de 161), Andalucía (uno de 166), Madrid (uno de 178), y Baleares (uno de 183).
Madrid, con 16.497 robos, ocupa el primer lugar entre las provincias en cuanto a número total de sustracciones. Le siguen Barcelona (8.530), Valencia (7.148), Alicante (5.066) y las tres provincias andaluzas más pobladas: Sevilla (4.441), Málaga (3.415) y Cádiz (3.014). En todas ellas se sustrajeron más turismos que en comunidades autónomas mucho más extensas y con parques automovilísticos mucho mayores, como las dos Castillas, Extremadura, Aragón o Galicia.( Noviembre 2002)
ESPAÑA SUFRIÓ ENTRE ENERO Y JUNIO UN ROBO EN VIVIENDAS CADA SEIS MINUTOS.
Los robos en viviendas particulares se sucedieron durante los primeros seis meses de este año a razón de uno cada poco más de seis minutos (nueve a la hora). En total fueron 39.846 las casas robadas desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2002. La región más castigada fue, con mucha diferencia, la Comunidad Valenciana, que destacó con 11.095 delitos, por encima de las más pobladas (Andalucía, Cataluña y Madrid). Dos de sus provincias, Alicante y Valencia, registran las cifras más espectaculares (5.629 y 4.379 robos, respectivamente). Ambas superan a Madrid y Barcelona.
Una casa robada cada seis minutos, nueve a la hora, 221 al día o 6.641 al mes. El Ministerio del Interior ha revelado en un documento oficial que en los seis primeros meses de este año las viviendas desvalijadas en toda España fueron 39.846. ( Octubre 2002 )
ESPAÑA ES EL PAÍS DE LA UE CON MAYOR TASA DE HOMICIDIOS, SEGÚN UN ESTUDIO COMPARADO.
España, con 3,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, se ha convertido en el país de la Unión Europea (UE) con mayor proporción de homicidios. La tasa española, que casi dobla a la europea (1,7), se debe al fuerte crecimiento experimentando durante el lustro 1995-2000, cuando el número de homicidios creció en España un 34,5%, mientras la media de la UE se reducía un 7,7%. Así se desprende del análisis comparativo de datos de criminalidad realizado a partir de estadísticas oficiales por el Instituto de Estudios de Seguridad y Policía (IESP), ligado al sindicato policial SUP.
No es ninguna novedad decir que la seguridad ciudadana ha empeorado en España. Pero este deterioro resulta más acusado a la luz de la evolución experimentada en el entorno europeo. Según el análisis que el IESP asegura haber efectuado a partir de los datos oficiales de los respectivos Gobiernos, la criminalidad aumentó en un 0,7% en el conjunto de la UE entre 1995 y 2000. Sin embargo, como la población europea creció en un porcentaje mayor, la tasa de criminalidad se redujo en realidad medio punto, hasta situarse en 67 infracciones penales por cada mil habitantes.
Por el contrario, en España aumentó un 9,5%, casi nueve puntos porcentuales por encima de la media de la UE. Se trata del peor resultado entre los cinco grandes países de la UE (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España).
La tasa de criminalidad española se situó en 44,7 infracciones por mil habitantes, todavía por debajo de la media de la UE, ya que partía históricamente de cotas muy bajas, pero aumentando rápidamente. Estos datos corresponden al año 2000 (última fecha de la que hay estadísticas disponibles para todos los países europeos), pero en mayo pasado la tasa española llegó ya a 50,8 por cada mil habitantes.
La posición de España es algo mejor en el apartado de criminalidad violenta, el conjunto de delitos que conllevan el uso de la violencia física o psíquica contra las personas. Este indicador creció en España el 16,9% en el citado lustro, por debajo de la media de la UE (20,7%). La tasa europea de infracciones penales de este tipo se ha situado en 4,7 por cada mil habitantes. España está todavía por debajo de la misma (3,1), muy lejos del Reino Unido (13,1) y por encima de Alemania (2,3), Grecia o Irlanda (0,9).
Con todo, el parámetro más desfavorable para España es el de homicidios. Mientras en el conjunto de la UE han bajado como media un 7,7%, en España han aumentado un 34,5%.
Se trata del país donde más han crecido con gran diferencia, ya que en el siguiente, Bélgica, sólo crecieron el 11,3%.
Pero España no es sólo el país con mayor aumento de homicidios, sino también el que ha sufrido más por cada cien mil habitantes: 3,3 frente a 1,7 de media europea. Incluso en términos absolutos, España fue el país con más homicidios en el año 2000: 1.323. En Alemania, con más del doble de población, hubo 961.
Tampoco son positivos los datos sobre robos en domicilio: en España crecieron un 5,2% (sólo por detrás de Suecia, con un 5,3%), mientras que en la UE bajaron el 27,8%. Respecto a los robos de vehículos, aumentaron el 44,2% en España (inmediatamente detrás de Portugal, con un 52%), mientras que la media europea bajó el 19,2%.De su lado, la población reclusa experimentó en España un incremento del 111,9% entre 1995 y 2000, por encima de la media europea (96,9%). ( Octubre 2002)
EL ESTADO DESTINA 170 MILLONES DE EUROS A SEGURIDAD PRIVADA EN LOS PRESUPUESTOS
El Estado tiene previsto gastarse el año que viene 169.962.810 euros (28.279 millones de pesetas) en seguridad privada, según figura en el Proyecto de Presupuestos Generales para 2003 presentado en el Congreso. Casi el 40% de ese dinero, algo más de 67 millones de euros, se lo lleva la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y se destinará a dar protección a los amenazados por ETA, cargos públicos personalidades o sedes de partidos. El resto se reparte en remesas mucho menores y en más de 131 apartados de los 13 tomos del proyecto del Ejecutivo.
Los ministerios que más dinero dedican a la seguridad privada, dentro del epígrafe 'seguridad' del apartado económico 227 ('trabajos realizados por otras empresas y profesionales'), son, además del de Interior, Educación y Cultura (nueve millones) y Defensa (8,9 millones). El que menos se va a gastar en vigilantes, sistemas de control o alarmas es el de Sanidad (306.770 euros). En conjunto, los ministerios se gastarán 108.740 millones; las altas instituciones del Estado (Tribunal Constitucional, de Cuentas o el Consejo de Estado) destinarán 322.180 euros; los organismos autónomos (museos, el Inem o la Biblioteca Nacional), 44,6 millones, mientras los denominados 'otros organismos públicos' (Instituto Cervantes o la Agencia Tributaria), 16,2 millones. El montante total que el se destinará a seguridad privada supone el 0,023% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 0,43% que el Ministerio del Interior consigna en los epígrafes 'seguridad ciudadana' de sus distintos departamentos ( Octubre 2002 )
ESPAÑA TIENE 26.500 VIGILANTES PRIVADOS MÁS Y 6.000 POLICÍAS MENOS DESDE QUE GOBIERNA EL PP
La seguridad privada en España
aumenta sin freno y necesita personal para hacer frente a la demanda de
vigilantes. El crecimiento ha sido especialmente significativo desde 1996, año
en que llegó al poder el PP, ya que de los 63.686 vigilantes privados que había
ese año se ha pasado a 90.247 ahora. Mientras, en ese mismo periodo la Guardia
Civil y el Cuerpo Nacional de Policía han perdido 6.000 agentes. Las empresas
del sector estiman que su facturación superará los 1.800 millones de euros, un
45% más que en 1996. La seguridad privada no se ha visto afectada por crisis
alguna desde 1996 ni tampoco le ha afectado el síndrome de hiperseguridad
posterior a los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. España
contaba en dicho año con 782 empresas de vigilancia y custodia de bienes e
inmuebles, de las que el 57% estaban concentradas (por este orden) en Madrid,
Cataluña y Andalucía, las tres comunidades más pobladas, según datos del
Ministerio del Interior. Seis años después, ya son 947 empresas (un 18% más),
pero ahora Madrid tiene más del doble que Cataluña, comunidad que ha sido
rebasada en números absolutos por Andalucía.
El crecimiento ha sido muy superior en el personal habilitado para poder ejercer
de vigilante. Interior no dispone de un recuento de efectivos exactos anterior a
1998. Ese año, el personal habilitado con arreglo a la anterior normativa del
sector "tuvo que canjear su acreditación por las nuevas tarjetas de identidad
profesional reguladas en la normativa vigente". El canje se hizo entre 1997 y
1998 y afectó "a unos 54.000 vigilantes jurados que hasta ese momento estaban
habilitados por los distintos Gobiernos civiles", según Interior. Desde
entonces, los habilita la Secretaría de Estado de Seguridad.
El cambio explica por qué se pasó de los 9.686 vigilantes que estaban
habilitados en 1997 a los 68.486 del año siguiente. Desde entonces, el
incremento del personal que se dedica, con o sin arma, a la vigilancia y
custodia ha sido incesante, hasta alcanzar las 90.247 personas.
Este incremento ha motivado que España tenga 212,5 vigilantes por cada 100.000
habitantes y ocupe la tercera plaza de la Unión Europea en esa relación, sólo
superada por Alemania y Reino Unido. La primera tiene 82,7 millones de
habitantes y 276.000 vigilantes (212,8 por 100.000 ciudadanos) y el segundo,
59,5 millones de personas y 220.000 vigilantes (369,7 por 100.000), según datos
de Eurostat.
Si la cifra de 90.247 vigilantes de España se compara con los 189.651 agentes de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales,
resulta que hay un privado por cada 2,1 públicos. Sin contar que, según USO, UGT
y CC OO, trabajan "unas 10.000 personas sin la titulación requerida por la
vigente Ley de Seguridad Privada" y que "no reúnen las condiciones necesarias".
Interior y la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de
Seguridad (Aproser, que agrupa las empresas que controlan dos tercios del
volumen de negocio) coinciden en que el 70% de los trabajadores del sector es
operativo y presta servicios de vigilancia, mientras el resto es "personal no
operativo o de estructura".
El grueso del volumen de negocio se lo lleva la vigilancia física prestada por
personal (con o sin arma de fuego, según lo prefiera el demandante), que supuso
unos ingresos durante el año pasado de 990 millones de euros, frente a los 633
millones que se facturaron con otras actividades como la instalación de
sistemas, el transporte de fondos, las centrales de recepción de alarmas y,
finalmente, la seguridad física o escoltas privados. Interior tiene habilitados
para este último cometido a 9.898 escoltas, una especialidad dentro de la de
vigilante de seguridad.
El negocio de las empresas de seguridad ha tenido "un crecimiento sostenido,
desde el año 1996 hasta hoy, de un 9,5% anual de promedio", según fuentes de
Aproser. Se ha pasado de un volumen de negocio de 1.262 millones de euros en
1997 a los 1.623 millones del año pasado. "El aumento no es consecuencia, bajo
nuestro punto de vista, del incremento de la inseguridad, sino fruto del
crecimiento económico, ya que la gente tiene más bienes a conservar, hay más
viviendas unifamiliares y, por ello, los ciudadanos demandan más seguridad",
agregan las citadas fuentes.
Las perspectivas de negocio, además, son más que halagüeñas. Si se cumplen las
estimaciones de empresas como Securitas, Vinsa o Eulen, tres de las grandes, el
presente ejercicio se cerrará con un aumento del 11%, hasta alcanzar una cifra
de negocio de 1.800 millones de euros.
En ese mismo periodo, la proporción del gasto en seguridad pública en los
Presupuestos Generales del Estado respecto al Producto Interior Bruto (PIB) no
ha parado de caer. Según el Ministerio de Hacienda, el gasto en seguridad
pública en 1996 fue equivalente al 0,63% del PIB. El año pasado fue del 0,53%.
El proyecto de Presupuestos recién presentado por el Gobierno para 2003 eleva
ese porcentaje al 0,74%, con un gasto total en seguridad pública de 5.424,12
millones de euros (un 7,4% más que este año). ( Septiembre 2002 )
EN
2001 SE REGISTRARON MEDIO MILLÓN DE DELITOS MÁS QUE EN 2000, CON UN 14,52% DE
AUMENTO
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, da cuenta en su discurso ante el Rey, en la ceremonia de apertura de Tribunales, de que el aumento de la inseguridad ciudadana en 2001 alcanzó cotas que duplican la cifra más alta de crecimiento en el último decenio. Según el fiscal general, se incoaron 4.075.869 causas, más de medio millón más que el año anterior, que suponen un 'crecimiento muy significativo' respecto a años anteriores.
Los datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado son harto elocuentes. El número de diligencias previas incoadas durante 2001 por delitos alcanzó las 4.075.869 y experimentó un incremento de un 14,52% respecto al año anterior. Es decir, se superó por primera vez la barrera de los cuatro millones de diligencias y se incoaron 511.674 causas por delito más que en el año 2000. Un aumento de más de medio millón de delitos en un solo año duplica la cifra de 242.552 correspondiente a 1996, que era la más alta del último decenio.
Tal como reconoce la memoria del fiscal 'un aumento del 14,5% de las diligencias previas supone un parámetro que dobla la cifra más alta de crecimiento en tales años y un claro signo negativo de incidencia en el fenómeno de inseguridad ciudadana'.
Los delitos contra la vida e integridad física de las personas representaron el 22% del total. Se incoaron 1.180 causas por delito de homicidio doloso y 93 por asesinato. En conjunto, la cifra de muertes violentas intencionales en 2001 se elevó a 1.273, un 11% más que el año precedente. Por delito de homicidio imprudente se abrieron 596 causas, y por lesiones dolosas, 517.342.
Los delitos contra la libertad sexual motivaron 9.008 procedimientos, frente a los 8.508 asuntos del año anterior, con un aumento del 5,8%. Los delitos contra la libertad aumentaron un 2,8%, repartidos de modo muy igual entre las amenazas y detenciones ilegales. Se mantuvo prácticamente igual la cifra de coacciones.
Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico representaron el 66,3% del total de las causas incoadas, es decir, 2.146.520. La cifra de delitos contra el patrimonio 'ha experimentado un notable aumento del 10,8% (210.241 causas más).
Respecto a los clásicos delitos de este apartado, hay que destacar un muy importante aumento en todas sus figuras: el delito de hurto, un 8%; los robos con fuerza aumentaron un 12%; los robos con violencia e intimidación, un 17%, y los robos y hurtos de uso de vehículos, un 11%. Los delitos de estafa y apropiación indebida se situaron en 54.191 causas, un 3,7% más.
Los delitos societarios pasaron de 226 causas a 280 y también aumentaron las causas por blanqueo de capitales, desde las 40 del año 2000 a las 63 de 2001.
Los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social 'experimentaron un importante aumento' y se situaron en las 396 causas, frente a las 257 del año anterior. Aumentaron las causas por delito fiscal, por delito contable y por fraude de subvenciones, y disminuyeron las causas por fraude comunitario y por delito contra la seguridad social.
Por tráfico ilegal de personas se incoaron 99 causas, frente a los 119 procedimientos del año 2000.
El número de detenidos por tráfico de drogas en 2001 fue de 17.380 (12.380 nacionales y 5.000 extranjeros). Se practicaron 129.077 decomisos: 630,5 kilos de heroína; 33.680 kilos de cocaína; 514.181 kilos de hachís, 26.535 dosis de LSD y 2.822.310 de psicotrópicos. Se abrieron 26.708 procedimientos judiciales por narcotráfico y se produjeron 201 muertes directamente causadas por la droga, de ellas 192 por sobredosis y siete por ajustes de cuentas.( Septiembre 2002 )
NOS HA COSTADO PERO AL FINAL LO HEMOS LOGRADO : MADRID CAPITAL REGISTRA UN FUERTE AUMENTO DE ROBOS Y ATRACOS
La inseguridad ciudadana se ha disparado en lo que va de año en la capital de España. Los datos oficiales que manejan los jueces revelan que entre enero y julio los atracos callejeros (también llamados robos con violencia e intimidación) han experimentado un aumento del 23% respecto al mismo periodo de 2001.
Desde el Ministerio del Interior se ha atribuido el aumento de la inseguridad ciudadana al incremento de la población inmigrante. Este enfoque ha sido criticado por numerosas ONG.
Se han perpetrado en la capital 22.725 robos con violencia e intimidación, según los datos que figuran en la memoria de actividades relativa a 2001 de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. En la cifra se incluyen 49 robos en bancos, 5.232 tirones y otros 17.443 atracos en los que medió intimidación.
La capital ha registrado, además, 20.133 robos callejeros frente a los 15.700 registrados en el mismo periodo de 2001. Y se han cometido 45.000 robos con fuerza (sin violencia pero con daños) en casas, locales y coches.
Sólo en la capital se han perpetrado 4.433 atracos callejeros más que en 2001 (o lo que es igual, 94 atracos callejeros diarios hasta julio frente a los 73 contabilizados el año pasado).
También han aumentado en lo que va de año los hurtos, es decir, los robos sin violencia. Desde enero se han perpetrado en la capital 87.677 (409 diarios), frente a los 86.863 del año pasado.
Según la estadística de los juzgados, en los siete primeros meses de este año han sido robados 10.654 vehículos. En este apartado se ha producido una mejora, puesto que resulta un promedio de 49 robos diarios frente a 52 diarios el año pasado ( Septiembre 2002 )
LA DELINCUENCIA AUMENTÓ UN 5% EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO
La criminalidad sigue subiendo. En los cinco primeros meses de este año se han producido 43.261 delitos más que en el mismo periodo del pasado año; es decir, la delincuencia ha crecido un 5,2% más que de enero a mayo de 2001. El incremento es generalizado, pero se concentra en las ciudades de más de 50.000 habitantes, donde fue del 5,5%. La tasa de criminalidad, que el presidente del Gobierno, José María Aznar, cifró el pasado febrero en 48 delitos por cada mil habitantes, ha alcanzado el pasado mes de mayo las 50,8 infracciones por cada mil habitantes.
Las cifras estadísticas se recogen en un estudio realizado por el Instituto de Estudios de Seguridad y Policía (IESP), dependiente del Sindicato Unificado de Policía (SUP), con datos recabados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas.
En total, las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, la Ertzaintza (policía vasca), los Mossos d'Esquadra (policía catalana), y las dependencias de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de 872.499 delitos y faltas desde el pasado 1 de enero hasta el 31 de mayo. Son 43.261 delitos más que en el mismo periodo del año pasado (el 5,2%), cuando se registraron 829.238. La cifra es especialmente significativa si se tiene en cuenta que en los cinco primeros meses de 2001 el crecimiento respecto al 2000 fue del 11,3% y que los datos globales para todo 2001 arrojaron un incremento de un 10,52% respecto al año anterior.
La situación se entiende mejor con la tasa de criminalidad en la mano, que relaciona el número de delitos conocidos con la población. En la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados el pasado 20 de febrero, el presidente Aznar, la cifró en 48 delitos por cada mil habitantes. A 31 de mayo de 2002, esa tasa había crecido en 2,8 puntos y se situaba en los 50,8 delitos.
Siguiendo la tendencia de 2001, el aumento de los delitos se ha notado principalmente en las ciudades, como demuestran los datos relativos al territorio bajo competencia del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). En los núcleos urbanos con más de 50.000 habitantes se produjo un crecimiento del 5,5%, tres décimas por encima de la media. En las zonas rurales, bajo vigilancia de la Guardia Civil, la delincuencia también crece (4,6%), pero en menor medida.( Julio 2002 )
UN SINDICATO POLICIAL APUNTA CON DATOS QUE EL GOBIERNO INFLÓ LA CIFRA DE EXTRANJEROS DETENIDOS EN 2001
El Instituto de Estudios de Seguridad y Policía (IESP), dependiente del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en el Cuerpo, presenta un informe en el que afirma que de los 161.000 delincuentes que operan en España, 36.000 (el 22%) son extranjeros. El estudio explica que de las 232.147 personas que fueron detenidas el año pasado, el 28,2% (65.382) era de otro país, una cifra muy alejada del porcentaje del 40% que ha facilitado el Gobierno en los debates parlamentarios. El IESP concluye que el Ejecutivo se desliza hacia 'la estigmatización' de la inmigración, 'hasta convertirla en cabeza de turco de otros fracasos'.
El estudio de este organismo -elaborado con cifras aportadas por la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la Ertzaintza- rebate los datos del Ministerio del Interior sobre la incidencia de la inmigración en el aumento de la delincuencia durante los últimos 17 meses. 'Frente a la afirmación del Gobierno de que durante 2001 el 40% de los detenidos por un delito o falta penal eran extranjeros, los datos oficiales demuestran que la cifra real fue de un 28,2% (65.382 detenciones practicadas) frente al 72,8% de españoles (166.765 detenciones)', dice el informe.
Con esa distribución, los españoles ganaron a los extranjeros en número y porcentaje de detenidos en todas las figuras delictivas estudiadas, de forma que el 73,4% de los arrestados eran de nacionalidad española (160.248 personas) y el 26,6% (58.190), de otro país. Sin embargo, los extranjeros superaron a los españoles en la comisión de faltas: de los 13.709 arrestados por algún delito menor durante 2001, un total de 7.192 (52,5%) tenía una nacionalidad distinta de la española y el resto (6.517 personas, el 47,5%), eran españoles.
Como dato añadido, el número de españoles detenidos por homicidio en 2001 fue de 1.020, dos veces y media más que los extranjeros arrestados por la misma causa (401). El IESP, dirigido por José Antonio Rodríguez, subraya cómo hasta el año pasado el aumento de la inmigración no se consideraba un elemento determinante en el incremento de los índices de delincuencia (algo más de un 10% durante 2001 y un 6% en el primer trimestre de 2002). Para avalar esta tesis, argumenta que mientras entre 1999 y 2000 el aumento de la población inmigrante fue del 17%, en ese mismo periodo 'el Gobierno presentó a bombo y platillo unas cifras de disminución de la criminalidad de un -3%, sin decir entonces una sola palabra del componente de la población extranjera'.
El estudio hace una proyección sobre el número de delincuentes que trabajan en España. El resultado sobrecoge: 'Podemos estar hablando de 161.000 delincuentes operando en nuestro país, de los que 125.000 serían españoles [el 0,3% de la población autóctona total] y 36.000 extranjeros [no más del 2,5% del total de la población inmigrante]' ( Mayo 2002 )
LOS HURTOS CRECIERON EL 19% EN EL PRIMER TRIMESTRE, A UN RITMO DE CUATRO CADA HORA.
El hurto es un robo en el que no media ni fuerza ni violencia ni intimidación para llevarlo a cabo. Bueno, pues en el primer trimestre del año ya han sido denunciados 19.541 hurtos, lo que supone que los enemigos de lo ajeno perpetraron cada hora casi cuatro de estas sustracciones aprovechando la falta de vigilancia sobre un bien de su legítimo propietario. Los hurtos aumentaron durante los tres primeros meses del año un 18,8%, mientras que el resto de las infracciones contra el patrimonio o descendieron (los robos con fuerza) o crecieron moderadamente (los atracos).Nada ha crecido tanto en los últimos dos años como estos robos de carteras, teléfonos móviles (una moda en toda Europa), bienes u otros efectos de los que la víctima suele tardar un buen rato en enterarse. En 2001 esta tipología delictiva se incrementó un 19,45% con respecto al año anterior y en el primer trimestre de este año ha rozado esas cotas de subida: un 18,8%. El gran aumento de los hurtos es el causante de que los delitos y las faltas contra el patrimonio hayan crecido en el primer trimestre del año un 5,5%, ya que sin la incidencia de ese robo menor y sin violencia el crecimiento hubiera sido del 2,7%. Esto es así porque los robos con fuerza han descendido un 3,4%, los cometidos con violencia crecieron un 4%, las sustracciones de vehículos se estancaron (suben un 0,3%) y el resto de delitos relacionados se elevaron un 10%. El incremento ha afectado también a los delitos contra las personas: en territorio policial ya han sido conocidos 160 en el primer trimestre del año, dos más que el año pasado (pero los mismos que en el mismo periodo de 2000), lo que supone un 1,3% más. ( Mayo 2002 )
ATRACADO UN SUPERMERCADO DONDE COMPRABA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA JUNTO A SUS ESCOLTAS
Dos hombres atracan en un supermercado en Alaquàs (Valencia), cuando en su interior, a unos 30 metros de la cajera, se encontraban el director general de la Policía, Juan Cotino, y sus escoltas. Mientras un hombre apuntaba a la cabeza de la cajera con una pistola delante de varios clientes, según la víctima, Cotino escogió sus compras, acompañado de sus escoltas, sin percatarse de lo que estaba ocurriendo. El director general de la Policía se acercó a la víctima del atraco, tras lo sucedido, y se interesó por su estado. Ni el encargado del centro, que tiene una superficie de unos 500 metros cuadrados, ni la responsable de relaciones externas han querido dar a los medios informativos detalles sobre el suceso. La Jefatura Superior de Policía de Valencia, que en un primer momento aseguró no tener constancia de lo ocurrido, se limitó a confirmar el asalto añadiendo que 'los escoltas de los cargos públicos no están para intervenciones de este tipo, aunque al conocer el hecho actuaron en la medida de sus posibilidades'. ( Mayo 2002 )
Las empresas de seguridad facturaron en 2001 1.562 millones de euros (260.000 millones de pesetas), 482 millones de euros más que en 1996, año en el que la facturación alcanzó los 1.080 millones. Esto supone que en cinco años se ha producido un aumento del 45%. Las previsiones para 2002 se sitúan en los 1.800 millones. El incremento del gasto en seguridad privada también afectó a la contratación de vigilantes de seguridad, que se incrementó en cerca de un 10%. El personal de seguridad en España superará en 2002 los 100.000 efectivos, acercándose a los 119.604 del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.
Las últimas estadísticas del Ministerio del Interior indican que la delincuencia subió en 2001 un 10,52% con respecto al año anterior. Los delitos que más crecieron fueron precisamente los robos en inmuebles, que lo hicieron en un 20,34%. Desde 1996 hay 6.000 policías menos en las calles.
Precisamente desde ese año el crecimiento de las empresas de seguridad privada ha sido constante. Mientras que en 1996 sus cifras de facturación rondaban los 1.080 millones de euros (180.000 millones de pesetas), en 2001 se alcanzaron los 1.562 millones (260.000 millones de pesetas). La previsión para este año es la de aumentar esa cifra en 300 millones para llegar a los 1.800 millones de euros (300.000 millones de pesetas), según datos de la Asociación Profesional de compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser).
El producto más demandado de estas empresas es el sistema de alarma domiciliaria. Según Luis Posadas, vicepresidente de Aproser y director general de Securitas, la venta de este tipo aparatos creció el año pasado cerca de un 45%. La vigilancia de seguridad también subió, pero en menor medida (un 10%).
La clientela de estas empresas es mayoritariamente de clase media-alta, aunque últimamente se está extendiendo a capas sociales más modestas, sobre todo en las zonas más inseguras. La instalación de uno de estos sistemas -que avisan a la central de alarmas de la empresa en caso de detectar la presencia de algún intruso- cuesta entre 360 y 600 euros (entre 60.000 y 100.000 pesetas) e implica el pago de una cuota de unos 18 euros más cada mes. El coste de la vigilancia es bastante más elevado; no baja de los 115.000 euros anuales (19 millones de pesetas). El 90% de los particulares que la demandan son urbanizaciones de viviendas unifamiliares o adosadas situadas en las afueras de los núcleos urbanos.
El éxito del sector de la seguridad privada también se refleja en el aumento del personal de seguridad que se ha registrado en los últimos cinco años. En 2000, las empresas contaban con cerca de 92.000 efectivos, de los que 85.000 eran vigilantes y el resto escoltas. Teniendo en cuenta la creciente demanda de este tipo de personal, durante este año se prevé superar los 100.000, con lo que se duplicaría la cifra de hace sólo cinco años.
Si el éxito del sector continúa y la demanda de personal de seguridad privada sigue creciendo al mismo ritmo, en 2003 los efectivos de las empresas superarán a los de los cuerpos policiales controlados por el Gobierno que contaban con 119.604 agentes en 2001 (46.984 del Cuerpo Nacional de Policía y 72.620 de la Guardia Civil).( Febrero 2002 )
PERSONAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
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LA CRIMINALIDAD CRECIÓ UN 13% EN 2001, SEGÚN EL SUP
El Instituto de Estudios de Seguridad y Policía, dependiente del Sindicato Unificado de Policía (SUP), ha corregido al alza los datos sobre la criminalidad en España. El informe asegura que los delitos crecieron en 2001 un 12,8%, casi dos puntos más que el porcentaje facilitado por el Ministerio del Interior. El SUP afirma que España ha alcanzado el mayor nivel de criminalidad de su historia y rechaza la explicación oficial de que el incremento se deba a los inmigrantes. Es más: los delitos contra los derechos de éstos crecieron casi un 400%. Los datos de Interior, de los sindicatos policiales y de la Fiscalía del Estado sobre número de delitos y su evolución jamás coinciden: los del ministerio público suelen duplicar las cifras de Interior.(Enero 01 )
LA DELINCUENCIA SUBE UN 10,52% AL DISPARARSE LOS ROBOS CALLEJEROS, EN COCHES Y VIVIENDAS. LOS HOMICIDIOS SE INCREMENTAN Y LAS AGRESIONES BAJAN, SEGÚN LOS ÚLTIMOS DATOS DE INTERIOR
El espectacular aumento durante este año de los delitos contra el patrimonio (robos callejeros con intimidación, en coches o en viviendas), justo los que afectan a más ciudadanos, ha disparado las estadísticas sobre delincuencia en España. Desde el 1 de enero al 31 de agosto, los delitos y las faltas conocidas han crecido un 10,52% con respecto a 2000, hasta alcanzar 1.187.429 casos, según los últimos datos de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la Ertzaintza. Las estadísticas indican que frente a los 515.376 delitos contra el patrimonio de 2000 se ha pasado a 582.212 en 2001, lo que supone un aumento del 12,97%.
Las alzas más espectaculares son las de los robos con fuerza en inmuebles (los ladrones que desvalijan la casa tras reventar una puerta o una ventana), que han aumentado un 20,34%, y los perpetrados con violencia o intimidación en las calles (la sirla con navaja), que se van al 15,21%. En este capítulo entran los robos en el interior de coches, generalmente previa rotura de lunas o cerraduras, que suben un 11,49%, y la sustracción directa del vehículo, que crece un 11,34%. 'Dos datos pueden ayudar a entender las subidas: la mayor facilidad e interés, por el tema de los seguros, en denunciar este tipo de casos y la llegada de delincuentes de otros países camuflados entre los miles de inmigrantes que vienen a trabajar honradamente en España', según analistas policiales (Octubre 2001).
SE INCREMENTAN LOS HOMICIDIOS EN LAS ZONAS RURALES: UN 18% MÁS QUE EN 1999
Pedro Morenés, secretario de Estado para la Seguridad, afirmó en el Congreso que la delincuencia subió un 11,7% en las de la Guardia Civil. Incluso admitió que en las zonas rurales los homicidios crecieron un 17,59% (483 víctimas), un 7% los delitos sexuales (1.600 casos) y un 2% los robos violentos (6.153) (Marzo 2001).
LA POLICÍA DENUNCIA LA CRECIENTE REDUCCIÓN DE PERSONAL Y DE MEDIOS
Son 46.414 hoy, pero hace diez años eran 53.381. Los agentes pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía siguen realizando las mismas funciones que hace 15 años aunque cada año son menos. Se jubilan más policías de los que ingresan y el descenso parece imparable dentro de un colectivo con una media de edad superior a los 42 años.
'Estamos trabajando con medios del siglo pasado y somos cada vez menos', asegura José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP (Sindicato Unificado de Policía). Los sindicatos policiales han denunciado la situación reiteradamente y el pasado noviembre consiguieron sentar al ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja en una mesa de negociación. Incrementos salariales y revisión del sistema de provisión de puestos de trabajo son algunos de los puntos de las negociaciones que hasta hoy permanecen paralizadas, aunque ha habido cuatro encuentros, el último el pasado jueves. Los sindicatos ya amenazan con movilizaciones y paros si no se busca solución. La situación de la plantilla policial es ya crítica y las soluciones empiezan a ser desesperadas. En este momento hay un déficit de 6.000 agentes, reconocido por la Dirección General de la Policía. 'Interior está tratando de preparar a más policías por año y acaba de reducir el tiempo de formación teórica en Ávila (siete meses) para incrementar el tiempo de prácticas de los policías (11 meses), mientras negocia la oferta pública de empleo con Hacienda. Pero actualmente, la realidad es que hay menos policías en la calle y exceso de trabajo', concluye Fornet (Mayo 2001).
LA CRIMINALIDAD HA AUMENTADO UN 9,3% EN EL PRIMER SEMESTRE
La comparación de los datos estadísticos del año pasado con los de 2001 pone de manifiesto que ha aumentado la inseguridad ciudadana en España. El índice de criminalidad se ha incrementado un 9,3% de enero a junio de 2001 en comparación con el registrado durante el mismo periodo de 2000, según datos del Instituto de Estudios de Seguridad y Policía. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que este aumento de la delincuencia revela 'el fracaso estrepitoso' del Plan Policía 2000, elaborado por el Ministerio del Interior para mejorar la seguridad en las calles. (Septiembre 2001).
