NOTICIAS ZAPLANA
1999
EDUARDO ZAPLANA, LA CONCESIÓN DE AYUDAS Y EL SÍNDICO DE CUENTAS
El órgano de fiscalización de la Generalitat destaca en su informe referido a 1997 que, tal como se preparan los expedientes, la discrecionalidad del Ejecutivo a la hora de adjudicar es amplia. Tanto es así que, sobre una muestra de 22 contratos (que supusieron el 11% del total del dinero licitado), en el 41% de los expedientes «la definición de los criterios de adjudicación, su baremación o la forma de valoración de los mismos no aseguran suficientemente una adjudicación objetiva». El informe del Síndic de Comptes, José Antonio Noguera de Roig, enumera los motivos por los que en un 41% de expedientes no queda garantizada la objetividad de la adjudicación del Consell. Así, cita que «algunos criterios no están claramente definidos o su evaluación resulta excesivamente compleja», «no se establece la baremación para los distintos subconceptos en que se divide un criterio, lo que deja un margen elevado para la valoración técnica de las ofertas», e incluso que en algunos expedientes «no se establece la forma de valoración de los criterios». Entre las anomalías detectadas en las contrataciones revisadas sorprende una, la de que, en el 46% de contratos revisados, «la baremación del concurso no otorga a la oferta económica una importancia relevante, produciéndose casos en que se ha otorgado a la misma sólo el 20% del total». El Síndic considera que la puntuación de la oferta económica «no debe ser inferior al 50% del total», salvo que se justifique otra cosa. También cita un contrato, de 53 millones, en el que el objeto «no se encuentra adecuadamente determinado», tal como exige la LEY de Contratos. No lo dice, pero parece aludir a la adjudicación de la realización de encuestas, ya que la empresa debe hacer cuatro estudios periódicos y otros específicos «cuyo número y características no se fijan». La auditoría ha hallado deficiencias en porcentajes importantes en la formalización de facturas (23%), procedimiento de adjudicación (23%) o falta de acreditación de las obligaciones con la Seguridad Social (18%). Enero 99
LA CONSEJERÍA DE SANIDAD, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y LA HUELGA DE MÉDICOS
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado nulo el acuerdo de subida salarial que suscribieron la Conselleria de Sanidad y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de la Comunidad Valenciana (Cemsatse) el 27 de julio de 1995, con el que se puso fin a la huelga que llevaban a cabo los médicos especialistas de los hospitales del SVS, desde el 16 de mayo de ese año. La FSP-UGT recurrió el documento, que recogía incrementos retributivos sin estar sujetos a objetivos de productividad, al considerar discriminatorio que su finalidad fuera «recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años». La sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ-CV ha estimado el recurso presentado por la Federación de Servicios Públicos (FSP)-UGT contra el acuerdo firmado el 27 de julio de 1995, entre la Conselleria de Sanidad y la Cemsatse, relativo a los aspectos retributivos y condiciones de trabajo del personal facultativo de asistencia especializada. En concreto, este documento, que ahora ha sido declarado nulo por la vía judicial, estableció unas subidas salariales para los médicos que quedaban recogidas en el concepto de complemento específico, pero no les obligaba al cumplimiento de unos objetivos de productividad. Los términos del convenio, que en aquel momento fueron justificados por los representantes de Sanidad por ir ligados al «compromiso firme de recuperar el prestigio del médico y elevar el listón de la calidad», tenían como finalidad «recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, en lo que se refiere a las retribuciones fijas (É)». Ante ello, la sección sindical de la FSP-UGT interpuso un recurso contencioso-administrativo al considerar, entre otros motivos, que los incrementos económicos aprobados a favor de los facultativos de asistencia especializada eran discriminatorios respecto al resto del personal al servicio de la sanidad, «pues igual pérdida ha sufrido todo el personal al servicio de las instituciones sanitarias e integrantes de la función pública». La Sala reconoce como «desafortunada y confusa» la justificación de la subida salarial que expresó la Administración dirigida por el conseller Joaquín Farnós, como «también anuda su percepción a la obtención de determinados resultados en la prestación del servicio sanitario especializado». Enero 99
ALZIRA, EL HOSPITAL, LAS LICENCIAS Y EL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento de Alzira ha denegado la licencia de apertura al Hospital de la Ribera tras detectar los técnicos múltiples «deficiencias». El alcalde, Alfredo Garés, ha dictado lunes un decreto por el que requiere a la unión temporal de empresas (UTE) que gestiona el hospital para que en el plazo de quince días proceda a la subsanación de las anomalías. Los técnicos municipales, tras girar visita de inspección el pasado 22 y 23 de diciembre al hospital, han elaborado un informe en el que detallan una serie de deficiencias que se observan tanto en el edificio como en los servicios urbanísticos y en las condiciones de protección contra incendios. En cuanto a las deficiencias en los servicios urbanísticos, el informe técnico, que lleva fecha del 4 de enero, advierte de que el edificio «no dispone de los servicios de acometida de agua potable, eléctrica y gas natural». Sobre los accesos, el informe detalla que son «insuficientes», lo que comporta «un grave peligro para la seguridad del tráfico rodado». Respecto a las deficiencias del edificio, los técnicos aclaran que cuando giraron visita, las obras e instalaciones no se encontraban finalizadas. Por ello, en el decreto de alcaldía se requiere a la UTE para la finalización de las obras de edificación, refiriéndose principalmente a la construcción principal y a los aparcamientos. Asimismo también se insta al hospital para que mejore la eficacia de medidas correctoras tales como instalaciones contra incendios en el sótano, central de detección y alarma, conductores eléctricos accesibles, extracción de humos en cocina, etcétera. Tanto en el informe de los técnicos como en el decreto de alcaldía se detalla una serie de deficiencias detectadas en las condiciones de protección contra incendios. Entre las quince anomalías que se detallan en el informe se destaca que en algunos sectores el número y disposición de salidas es «inadecuado», ya que son salidas únicas con ocupación mayor de cien personas y recorridos mayores de 25 metros. La nueva cocina de la cafetería de público, según el informe de los técnicos municipales, es «local de riesgo medio, encontrándose sin sectorizar y con salida directa a espacios generales de circulación». El número y disposición de salidas es inadecuado en la cafetería, según el informe. El informe también especifica que en el sótano, la ampliación al este del núcleo de ascensores, informática, almacenes, laboratorios, talleres, así como el uso de radioterapia y medicina nuclear, no se preveían en licencia y, «dado su carácter potencial peligroso, nocivo e insalubre, se estima pueden alterar los parámetros de concesión de aquélla». El ayuntamiento reclama a la UTE que aporte la documentación justificativa de las variaciones efectuadas en la ejecución de la obra, así como un certificado de final de obras y de instalación de actividad, suscrito por un técnico competente y visado por el colegio profesional. También se reclama el certificado sobre autorización de las instalaciones nucleares suscritas por el organismo competente y documento justificativo de la adecuada gestión de los residuos infecciosos. Enero 99
EDUARDO ZAPLANA Y SUS CURIOSAS AUTOCRISIS DE GOBIERNO
El pacto de Gobierno entre el Partido Popular y Unión Valenciana que elevó a Eduardo Zaplana a la presidencia de la Generalitat valenciana en julio de 1995 atraviesa por malos momentos: María Angeles Ramón-Llin, vicepresidenta de UV y consejera de Agricultura en el Gobierno autonómico, anunció su renuncia a la disciplina de la formación regionalista y puso su cargo a disposición de Zaplana. Ramón-Llin acompañó su renuncia a UV con una auténtica diatriba contra la formación en la que ha militado desde hace 16 años. Aseguró que la formación que contribuyó a fundar carece hoy "del más mínimo rumbo y dirección política" y explicó que prefiere "no ser cómplice del naufragio político de UV". Héctor Villalba, actual presidente de UV, atribuyó la decisión de Ramón-Llin a cuestiones "personales". No obstante, admitió que la renuncia de la consejera constituye una baja significativa en el seno del partido, pero aseguró que "UV es un partido de ideas, no de personas", para restar importancia a la baja de su vicepresidenta. Enero 99
EL ALCALDE DE ALMORADÍ ( ALICANTE ) Y SUS AMORES POR EDUARDO ZAPLANA
El pleno del Ayuntamiento de Almoradí, con los votos del grupo popular acuerda que el nuevo espacio público surgido tras la realización del parque del agua y el municipal de tráfico, pendiente de inaugurar, se denomine como plaza de Eduardo Zaplana.Tanto los concejales socialistas como el del grupo de IU se opusieron a la propuesta y no consideraron de recibo que la zona llevara el nombre de un político en activo, proponiendo alternativas como plaza Mayor, por la acequia Mayor, plaza de la Serrana y del Presidente de la Generalitat. El alcalde, Antonio Alonso, afirmó durante el pleno que «Almoradí siempre agradece a quien le sirve», descartando que se trata de una cuestión partidista, ni personal, ni interna del grupo popular, añadiendo que sólo hay que ver cómo estaba Almoradí antes y cómo está ahora, poniendo como ejemplo la gestión personal realizada por él mismo y Gregorio Canales ante Eduardo Zaplana para conseguir aulas prefabricadas donde impartir clases los alumnos del Antonio Sequeros mientras se construía el nuevo. Enero 99
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN Y LAS SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS AMIGOS
Para el municipio de Vall d´Alba todo son facilidades: ha recibido 677 millones en ayudas de la diputación desde que gobierna el PP.La cantidad total, sin tener en cuenta las ayudas procedentes de decretos de los años 1995 y 1996 ni las ayudas de los convenios, se desglosa en 459.978.104 pesetas de los ayudas directas y 217.280.596 pesetas a través de decretos. Casualmente, el vicepresidente primero de la corporación, Francisco Martínez, es también alcalde de la Vall d´Alba.Este municipio con 1900 habitantes de derecho, entró por poco en el grupo de municipios cuyos proyectos de obras son subvencionadas al 100% por la diputación, tras el acuerdo tomado por el PP a su llegada, a mediados de 1995, al gobierno de la corporación provincial. Enero 99
AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO Y EL HERMANO DEL CONCEJAL
El edil independiente de Sagunto, Marcelino Gil, acusa a la cúpula del PP de haberle exigido celeridad en la tramitación del expediente para la construcción del edificio de la empresa Puertomar, SL, durante su etapa como concejal delegado de urbanismo. Las citadas obras se encuentran paralizadas en este momento por haberse iniciado sin licencia, ocupando un solar de propiedad municipal antes de que el ayuntamiento accediese a la permuta solicitada por los promotores. El asesor jurídico de la empresa Puertomar es David Castelló, hermano del actual concejal de urbanismo y presidente local del PP, Alfredo Castelló. Además, el arquitecto encargado del proyecto es el coordinador local de los populares, Francisco Muñoz Antonino.Enero 99
LAS CUENTAS DE EDUARDO ZAPLANA
La Generalitat Valenciana incrementó su endeudamiento a largo plazo durante el año 1997 en un 10,45%, llegando a alcanzar la suma de 425.560 millones, según desvela la Sindicatura de Comptes en su última auditoría hecha pública. El crecimiento de la deuda durante ese año no pudo ser frenado ni con el dinero de la privatización de las ITV, que ascendió a 6.157 millones, y que fueron destinados directamente a la amortización de préstamos, una operación que ya no podrá repetirse. El Ejecutivo autonómico excedió en 2.765 millones la deuda prevista inicialmente en los presupuestos. La ley de presupuestos para 1997, aprobada en diciembre de 1996, fijaba un endeudamiento neto máximo de 37.527 millones de pesetas. Meses después, mediante un decreto del Consell, la cifra se rebajó a 36.528 millones. Sin embargo, el saldo del endeudamiento de la Generalitat pasó de los 385.268 millones a 31 de diciembre de 1996 a 425.560 al cierre de 1997, 40.292 millones más, lo que representa un incremento del 10,45%, porcentaje que choca con los mensajes oficiales sobre el control de la deuda. Tomando como base la cifra fijada en los presupuestos, el Ejecutivo sobrepasó en 2.765 millones el límite de endeudamiento que se marcó en principio por ley. La expansión de la deuda a largo plazo se produjo a pesar de que ese año el Gobierno destinó los 6.157 millones obtenidos con la privatización de las ITV -un servicio que daba beneficios- para amortizar deuda. De no haber dispuesto de esos recursos, el endeudamiento habría crecido un 12%. La discrepancia entre el dato de deuda citado y el último ofrecido por el Banco de España -613.000 millones en el tercer trimestre de 1998- obedece a la diferente manera de computarla. El instituto emisor contabiliza todos los créditos, incluidos los suscritos a corto plazo, mientras que la Generalitat sólo reconoce los emitidos a largo plazo. La Sindicatura trata el endeudamiento a largo y a corto en apartados diferentes. Por ello, a la cifra de 425.560 millones al cierre de 1997 habría que sumarle al menos el saldo de 100.701 millones de operaciones a corto. Enero 99
ZAPLANA, SU CUÑADO Y COLOCACIONES VARIOPINTAS
Justo Valverde, cuñado de Eduardo Zaplana, es uno de los hombres con peso en Terra Mítica. Aunque el presidente del Consell, dijo en abril que se limitaba a realizar funciones de asesoría jurídica, lo cierto es que a Valverde se le considera un directivo más en el parque y su opinión influye de forma determinante sobre las tareas que desarrolla la empresa. El Consell y las cajas de ahorros conservan la mayoría de las acciones, pese a que Zaplana anunció su deseo de que la firma se privatice. De asesor jurídico y trabajador en «labores ordinarias» a participar activamente en el desarrollo de las obras y funciones de dirección en Terra Mítica. Justo Valverde, cuñado del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y responsable del departamento de compras del parque, es uno de los nombres importantes entre el grupo de personas encargadas de controlar y mantener relaciones con las empresas que están acometiendo las obras del complejo de Benidorm. Valverde gestiona, entre otros asuntos, las obras del aparcamiento, edificios de tiendas, restaurantes, zonas comunes y servicios, para los que se invertirán 18.000 millones de pesetas. También es el responsable de la sección de compras de la entidad. Valverde, que desde antes de que Zaplana fuera presidente forma parte, a propuesta del PP, del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (que posee el 15% de las acciones del parque), fue protagonista de cierta polémica en abril del pasado año, al saltar a la luz que la sociedad del parque se había hecho con sus servicios por un salario de 7,5 millones anuales. El PSPV vinculó entonces este contrato con «la tapadera de los negocios de Zaplana» en Terra Mítica, acusación que provocó una airada reacción entre los populares. Justo Valverde, teniente coronel de aviación en la reserva, está casado con una de las hermanas de Zaplana, procedente de la ciudad murciana de Cartagena. Enero 99
MAS COLOCACIONES
El jefe de gabinete de la ex consellera de Agricultura, Juan Carlos Beneyto no ha tenido problemas para encontrar trabajo después de abandonar, primero su partido Unión Valenciana, y después, el departamento agrario de la Generalitat, siguiendo los pasos de su hasta entonces jefa de filas Maria Àngels Ramón-Llin. Juan Carlos Beneyto ha comenzado a trabajar desde hace pocos días en los despachos del Palau de la Generalitat y en calidad de asesor. Beneyto desempeña sus funciones en Presidencia de la Generalitat, órgano de Gobierno que depende directamente del presidente Eduardo Zaplana. Se da la circunstancia de que el nuevo empleado de Presidencia es hermano de la concejala y presidenta del Palau de la Música, Mayren Beneyto, quien también se dio de baja en el partido regionalista hace algo más de un año. Enero 99
LA TELEVISIÓN DE ZAPLANA Y LA OPOSICION
Socialistas, Esquerra Unida-Els Verds y Nova Esquerra intentan que Canal 9-Televisió Valenciana no sea "el instrumento electoral del Partido Popular" en la Comunidad Valenciana. Los tres partidos de izquierda solicitaron a la Presidencia de las Cortes Valencianas que se incrementen las competencias de la comisión parlamentaria de control de Ràdio Televisió Valenciana para que la Cámara pueda disponer de controles semanales sobre los contenidos e informaciones emitidos por la televisión y la radio autonómicas.La iniciativa de la oposición se presenta después de que los regionalistas de Unión Valenciana, socios de gobierno del PP en la Comunidad Valenciana, hayan calificado de "indignos" los contenidos informativos de Canal 9, especialmente en las informaciones relacionadas con la dimisión de la consejera de Agricultura, María Ángeles Ramón-Llin, que abandonó la disciplina de UV antes de dejar su cargo. Unión Valenciana, cuyo presidente, Héctor Villalba, ocupa también la presidencia del Parlamento, anunció que la próxima semana exigirá al presidente de la Generalitat, el popular Eduardo Zaplana, una rectificación en los contenidos informativos de Canal 9 y garantías de que se respetará la pluralidad, la veracidad y la objetividad. En caso contrario, los regionalistas se sentirán legitimados para apoyar la iniciativa presentada por la oposición. Los partidos de izquierda reclaman la creación de una subcomisión parlamentaria que entregue semanalmente un informe sobre el contenido de las emisiones de Canal 9 y Ràdio 9 y que durante el periodo de campaña electoral [de los comicios municipales y autonómicos del 13 de junio] comunique a la Junta Electoral "las transgresiones" detectadas. Enero 99
LOS CONTRATOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
La Diputación de Valencia decide renovar el contrato a la empresa de la concejala del Partido Popular en Carcaixent, Carmen Martínez Ruescas, que se encarga de la gestión de la Casa de Acogida de Mujeres, en Valencia, un servicio que da asesoramiento y protección a mujeres de la provincia víctimas de malos tratos. A la firma adjudicataria, Aredo, SL, están vinculados también militantes del PP en la Ribera. Tres firmas optaron a adjudicarse el concurso. La mesa de contratación escogió la propuesta de Aredo, pese a que no era la más barata ni la que aportaba más experiencia. Se da la circunstancia de que la propuesta presentada en el pleno ha sido de la alcaldesa de Carlet (la Ribera) y diputada de Acción Social, María Ángeles Crespo. Aredo se constituyó el 14 de julio de 1996. Meses después, el pleno de la corporación provincial concedía el servicio a la citada firma, que ahora ha vuelto a ganar el concurso por 28 millones de pesetas. Enero 99
LA GENERALITAD VALENCIANA Y LOS PROBLEMILLAS DEL CONSEJERO DE SANIDAD CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
La sala de lo civil y lo penal del TSJ de la Comunidad Valenciana ha revocado los dos autos dictados por el magistrado José Luis Pérez Hernández que ordenaban el archivo del caso y ha reabierto las diligencias judiciales contra el conseller de Sanidad, Joaquín Farnós, por un presunto delito de revelación de secreto del caso de la hepatitis C. La sala ha estimado el recurso de apelación presentado por el letrado del anestesista Juan Maeso y ha pedido que se investigue quién recibió el requerimiento del juzgado que investiga el brote, que advertía que no había que dar publicidad a la información remitida al juez. El magistrado no sólo pide que se averigüen los hechos al admitir el recurso de apelación presentado por el abogado del anestesista Juan Maeso, sino que concreta lo que hay que averiguar. El origen de esta decisión del TSJ se encuentra en la providencia que el magistrado requirió a la secretaría general de la Conselleria de Sanidad para que remitiera al juzgado una información, con la advertencia de que no cabía darle publicidad por estar afecta a la restricción contenida en el artículo 301 de la ley de enjuiciamiento criminal. Febrero 99
LA GENERALITAD VALENCIANA Y EL GASTO FARMACEÚTICO
El Gobierno regional presidido por Eduardo Zaplana para que " le cuadren" las cuentas encuentra una curiosa solución: transferir al presupuesto de 1999 el déficit farmacéutico del año anterior, cifrado en algo más de 37.500 millones y así ocultar el gasto farmacéutico de los últimos cuatro meses de 1998 para evitar una desviación presupuestaria de varios miles de millones de pesetas. No obstante, a pesar del déficit presupuestario, Sanidad pagó con regularidad a los farmacéuticos las subvenciones por recetas de septiembre a diciembre. El presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, inauguró ayer el hospital de Alzira, el primer centro público de gestión privada, que en realidad ya lleva abierto desde enero. Entretanto, los hospitales públicos alicantinos de Elche, Vega Baja y Alcoy suspendieron ayer intervenciones por falta de camas. Febrero 99
LA TRÁNSFUGA DE BENIDORN Y SUS CUENTAS
La ex concejala Maruja Sánchez, actual coordinadora del área municipal de Cultura de Benidorm, es desde el mes de mayo copropietaria de más de 300.000 metros cuadrados de terreno en Relleu pese a tener parte del sueldo embargado y dos demandas judiciales por impago de préstamos bancarios. Maruja Sánchez, que permitió el acceso del Partido Popular a la alcaldía de Benidorm en 1991 tras abandonar el PSOE, figura junto a su marido, Pedro Martínez, y dos socios más como cotitular de una finca de 31 hectáreas en la partida de Bordolons, de Relleu, una extensión de tierra secana plantada de frutales y monte de pinos que rodean una casa de campo de grandes dimensiones. Maruja Sánchez y Pedro Martínez -en la actualidad asesor a sueldo de la diputación provincial- inscribieron la finca el 8 de mayo pasado. Ambos son titulares del 50% de la propiedad. La otra mitad pertenece al matrimonio formado por José Miguel López y María Ángeles Llorens. El primero es empleado del Ayuntamiento de Benidorm. El pago de la propiedad se financió a través de un préstamo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por valor de 7.300.000 pesetas. Sánchez y Martínez efectuaron la compra pese a que la ex concejala tiene embargada parte de su nómina. Un juzgado de Benidorm retiene 125.000 pesetas cada mes a la ex edila con motivo de las acciones emprendidas por Bankoa, la entidad que prestó el dinero a la pareja para comprar un chalé que no han pagado. El chalé en cuestión fue adquirido por el matrimonio en 1993, dos años después de que Maruja Sánchez entregara la alcaldía de Benidorm a Eduardo Zaplana. Sánchez había dejado el PSOE en noviembre de 1991 y con su abandono facilitó la llegada de los populares a la alcaldía. Ambos partidos quedaron a un concejal de diferencia en las elecciones de aquel año. Por su parte, el alcalde de Benidorm, Vicente Pérez Devesa salió en defensa de Maruja Sánchez, señalando que la edil tránsfuga gozaba de toda su confianza y que mientras él gobernara seguiría estando en su equipo de asesores, «sin ninguna duda». En sus declaraciones el alcalde destacó la valía de Maruja Sánchez como consejera, afirmando que le asesoraba en temas electorales, "por su gran visión de futuro ".El alcalde justificó la permanencia de Maruja y de su esposo en cargos de confianza, "porque por mucha que yo le ofrezca, la que dio ella al PP no tiene punto de comparación ". Según explicó su función en el Ayuntamiento de Benidorm es la de asesorar al alcalde en temas electorales, señalando que en ese sentido tenía «una fe tremenda en ella». En la rueda de prensa el alcalde dijo que Maruja Sánchez ganaba 300.000 pesetas como personal de confianza de la alcaldía. Preguntado si el PP pagó algo a Maruja Sánchez por su voto, Pérez Devesa dijo que "se había pagado con cariño, afecto y consideración. Tres monedas que en estos momentos en el mundo de la política tienen mucho valor " . Sobre la polémica finca que ha comprado Maruja el Alcalde declara: "con la visión de futuro que tiene Maruja Sánchez, yo estaría interesado en este momento en ver dónde ha comprado la finca, porque seguro que esta mujer, en cuatro metros de terreno saca petroleo. Tiene mucha vista. Yo le consulto muchas cocas y siempre ha acertado" Febrero 99
EL CONSEJERO DE SANIDAD Y SUS OBJETIVOS PRIVATIZADORES
El conseller de Sanidad de la Generalitad VAlenciana, Joaquín Farnós, asegura que el objetivo de su departamento es que "cada hospital sea en un futuro gestionado por vía empresarial con financiación capitativa, siguiendo el modelo del nuevo hospital de Alzira ". Asimismo Farnós destacó "la necesidad de fomentar en este tipo de gestión la competitividad, así como incentivar a los trabajadores sanitarios, ya que el que más trabaja debe cobrar más". Farnós hizo estas declaraciones en una conferencia sobre la sanidad en la Comunidad Valenciana, dirigida a los alumnos de farmacia del CEU San Pablo. El modelo al que se refirió supone que la conselleria no gestionará directamente los hospitales, sino que, mediante concursos, lo harán empresas privadas, y además "darán libertad al paciente para la elección del médico y hospital que considere más oportuno ". Febrero 99
ZAPLANA Y EL TRANSFUGISMO
El PP valenciano evita en las Cortes regionales que se activen en la Comunidad Valenciana medidas concretas contra el transfugismo político. Una propuesta de Esquerra Unida (EU), apoyada por el PSPV-PSOE y Unión Valenciana, requería el apoyo de todos los diputados para lograr que los partidos "ni promuevan el transfugismo, ni faciliten el acceso a las instituciones de cargos públicos que hayan practicado el transfugismo", una práctica que ha reportado en los últimos años un alto beneficio político al propio presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana que logró la alcaldía de Benidorm en 1991 gracias a la concejal tránsfuga Maruja Sánchez, ahora edil del PP. Su hijo, Juan Carlos Prieto Sánchez, ha sido contratado recientemente en la delegación de Canal 9-TVV, en Alicante, sin haber pasado una oposición, y su marido, Pedro Martínez Carrillo, es asesor en la Diputación de Alicante. Recientemente, dos diputados socialistas en las Cortes valencianas se han pasado al grupo mixto, lo que permitió al PP impedir la creación de una comisión que investigue la adjudicación de licencias de FM. La propuesta pretendía que se modificara el reglamento de las Cortes "para que los diputados tránsfugas no se adscriban al grupo mixto" y disfruten de los beneficios de los grupos parlamentarios. Febrero 99
EL CONDUCTOR DEL CONSEJERO DE SANIDAD Y SUS CURIOSAS RETRIBUCIONES
Al Consejero de Sanidad de la Generalitad Valenciana, Joaquín Farnós, no le falta imaginación y busca una curiosa salida para no tener que renunciar a su conductor de confianza, Fernando López Pitarch, que tras una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana había anulado la contratación del susodicho al establecer que el puesto de conductor no era una función clasificable como de confianza o asesoramiento especial. Fernando López trabajaba como chófer de Farnós pese a estar contratado como asesor, labor por la que cobraba más de cinco millones al año. La solución para que el Consejero pudiera continuar con su particular conductor la ha resuelto el pasado 2 de febrero nombrando a Fernando López Pitarch personal eventual de la Conselleria de Sanidad atribuyéndole el puesto de «conductor de confianza del conseller». La resolución señala que «en consideración a la dedicación, grado de prestación exigido y nivel de titulación adecuado a la función asignada», la retribución anual de Fernando López se fija en 5.316.000 millones de pesetas. El caso del chófer de Farnós es equiparable a Salvador Gil, la persona que el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, trajo expresamente desde Benidorm para convertirlo en su conductor de confianza. Gil también fue contratado en un principio como asesor y luego reconvertido en personal eventual, cuando la UGT también denunció su nombramiento. Ahora sólo ejerce de chófer de Zaplana en contadas ocasiones. El conductor de la Conselleria de Industria sigue los pasos de los dos anteriores. Primero fue nombrado asesor y luego personal eventual. Contra él también pesa un recurso del sindicato UGT. Febrero 99
ZAPLANA Y LA PLURALIDAD DE CANAL 9
Las Cortes valencianas aprueban, con el voto en contra del PP, la creación de una subcomisión de control encargada de vigilar "la manipulación informativa" en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). La iniciativa persigue poner coto a "los constantes ataques a la pluralidad y la libertad de expresión" que se producen desde Canal 9. UV, socio de gobierno de los populares en el ejecutivo valenciano, apoyó la propuesta, que para éstos "es innecesaria, ilegal y antiestatutaria". El PP anunció que, de momento, no participará en el nuevo órgano de control. La subcomisión se reunirá semanalmente para escrutar los informativos de Canal 9 y el tratamiento dado a los partidos. Febrero 99
ZAPLANA, CANAL 9 Y LOS SERVICIOS INFORMATIVOS
Los trabajadores de informativos de Canal 9 denuncian en las Cortes regionales que en la cadena pública " no se respeta la pluralidad, la veracidad ni la imparcialidad en las informaciones ". Aseguran que en los informativos " se incumple de forma clara, rotunda y voluntaria la Ley de Creación de RTVV, se desprecia el debate político para evitar voces críticas contra Zaplana y el Consell " Marzo 99
LAS PRIMAS UNICAS, LA AUDIENCIA NACIONAL Y FERNANDO CARTAGENA
Tres peritos de la Agencia Estatal Tributaria ratifican ante la jueza Palacios sus informes sobre el caso de las cesiones de crédito e insistieron en que el ex conseller de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena fue, entre otros 228 imputados, el verdadero titular de estos productos financieros. Cartagena está encausado por un presunto delito fiscal, por haber ocultado a Hacienda los rendimientos de estas inversiones financieras. La comparecencia se había suspendido tres veces. Cartagena, que dimitió por este caso como miembro del Consell que preside Eduardo Zaplana , está imputado como presunto autor de un delito fiscal por ocultar a la Hacienda pública una cuota tributaria de más de 42 millones de pesetas en el período señalado. El ex conseller, que siempre negó esa propiedad, realizó, según varios informes técnicos, operaciones con este producto financiero del Banco de Santander por valor de casi 300 millones de pesetas. Estos informes coinciden con el realizado por el Institut de Robòtica de la Universitat de València exclusivamente personalizado sobre Cartagena por orden del magistrado Flors, cuando su pieza judicial separada estuvo temporalmente en la competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Las actuaciones judiciales sobre Cartagena regresaron a la Audiencia Nacional tras dimitir como miembro del Gabinete de Zaplana. Una parte de la prueba pericial practicada consistió también en demostrar cómo había una correlación entre la titularidad de las cesiones de nuda propiedad por parte de varios encausados, entre ellos, el propio Cartagena, con la posterior adquisición de activos financieros mixtos (Afmix), otro producto financiero con el que se pretendía blanquear el dinero invertido en las cesiones de crédito, cuya opacidad fiscal garantizó en su día el Banco de Santander. Por primera vez desde que se inició este proceso judicial, en la prueba estuvo presente una abogada en representación de Ausbanc (Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios), una de las dos acusaciones populares que la Audiencia Nacional autorizó, contra el criterio de la instructora, a personarse en las diligencias. Marzo 99
EDUARDO ZAPLANA, LOS JUBILADOS Y LA AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS
La Agencia de Protección de Datos inicia un procedimiento de infracción contra la Conselleria de Bienestar Social por considerar que ésta ha podido incurrir en dos faltas graves contra la ley orgánica de tratamiento de datos personales (Lortad) en la convocatoria a los jubilados en Mestalla, el 29 de octubre de 1998. La Agencia cree que este departamento autonómico pudo utilizar de forma irregular datos confidenciales, algunos de origen desconocido, con finalidad distinta de aquella para los que fueron recogidos. Además, se entregaron a una empresa privada. La sanción en estos casos es de 10 a 50 millones. La Agencia de Protección de Datos ha resuelto iniciar un procedimiento de infracción contra la Conselleria de Bienestar Social, que dirige Marcela Miró, después de varios meses de investigación y tras haber realizado una inspección para comprobar si la Conselleria de Bienestar Social -organizadora de la fiesta de los jubilados en Mestalla en 29 de octubre de 1998-disponía de ficheros legales relativos a personas mayores de 65 años. Este organismo comenzó sus actuaciones el 11 de noviembre, después de tener conocimiento de la existencia de una carta firmada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana que había dirigido a casi 600.000 jubilados valencianos. El 1 de diciembre, la agencia solicitó por escrito a la Generalitat información relativa a la campaña objeto de la denuncia. El silencio administrativo provocó que el citado organismo reiterase telefónicamente la petición de documentación los días 13 de enero de 1999 y 1 de febrero de 1999. Y cuatro días después recurrió al fax ante la ausencia de respuesta .El subsecretario de Bienestar Social, Eduardo Ovejero, no contestó hasta el 10 de febrero de 1999 -dos meses después de ser requerido por la agencia- y lo hizo de una forma calificada de «sucinta» por el propio organismo, al limitarse a informar de que se enviaron 560.000 cartas a jubilados, utilizando " la base de datos propia que la conselleria posee por la competencias que tiene asumidas ". La respuesta oficial resultó insatisfactoria y la Agencia de Protección de Datos resolvió realizar una inspección el 22 de febrero. Y, según se narra en el escrito oficial de comunicación de apertura de procedimiento de infracción contra el departamento autonómico, se comprobó que algunos de los ficheros utilizados para la convocatoria no figuraban en el Registro General de Protección de Datos con establece la ley. También se especifica que para realizar los envíos se contrató a una empresa privada, Meydis SA, a la que se le dieron ficheros propios de la dirección general de servicios sociales, de carácter sectorial, así como «un número indeterminado de disquetes que obraban en la subsecretaría de bienestar social, de los cuales el subsecretario no puede precisar su origen ni su contenido». En total, unos 800.000 registros para su normalización. Por todo ello, la Agencia de Protección de Datos concluye que la conselleria puede haber incurrido en dos faltas consideradas«graves» al artículo 4, en su apartado segundo, y al artículo 6 de la ley orgánica de tratamiento de datos personales (Lortad). El primer artículo establece que «los datos de carácter personal objeto de tratamiento automatizado no podrán usarse para finalidades distintas de aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos». Y, el segundo, hace referencia a que los datos de carácter personal requieren «el consentimiento del afectado». La Lortad considera falta grave "tratar de forma automatizada los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías de la ley o con incumplimiento de los preceptos de protección ". Marzo 99
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y LA CONCEJALA DE ELDA
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ratifica la sentencia que reconoce que la Conselleria de Sanidad vulneró los derechos fundamentales y el principio de igualdad recogido en la Constitución, al contratar a la concejala del PP del Ayuntamiento de Elda, María Adelaida Pedrosa, como auxiliar administrativo para desempeñar funciones de secretaria de dirección en el hospital de Elda, sin estar en la bolsa de trabajo ni haber trabajado nunca para la Conselleria de Sanidad. Los magistrados de la sala de lo social del TSJ-CV han desestimado el recurso de súplica de la conselleria y han secundado el pronunciamiento judicial previo que declara nula la contratación de la concejala y la deja sin efectos y ordena además a la Conselleria de Sanidad a cubrir la vacante por la persona que le corresponda, según el orden de la bolsa de trabajo. Marzo 99
EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En el informe que el Tribunal de Cuentas ha remitido al Congreso de los Diputados, y que fiscaliza la gestión por empresarios y sindicatos de los fondos para la formación continua se incluyen duras criticas a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) e insta incluso la apertura de diligencias penales contra los ex responsables de su gestión:
José María Jiménez de Laiglesia presidía entonces la CEV. valenciano de 70 años, presidente de la CEV hasta que dimitió inesperadamente en febrero de 1997, no ejerce ahora ningún cargo público y se dedica a los negocios inmobiliarios.
Luis Espinosa Fernández era secretario general. valenciano de 53 años, vinculado al PP, fue durante una década secretario general de la CEV hasta que tras la victoria electoral de los populares en 1996 fue nombrado secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. La CEV le abonó en el momento de su partida una gratificación de 10 millones de pesetas. Desde el alto cargo que ocupa, con rango de subsecretario, gestiona más de 28.000 millones de pesetas (168 millones de euros) de ayuda al desarrollo y humanitaria al Tercer Mundo.
Según el Informe ,el Tribunal ha detectado algo más que irregularidades en las cuentas que examina lo que le ha llevado a que antes de remitir su informe a las Cortes ha enviado el caso a la Fiscalía Anticorrupción. El asunto se encuentra ahora en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia,. Las conclusiones del informe del Tribunal son aplastantes. La CEV, según este órgano, manipuló la documentación contable entre 1993 y 1995 hasta el punto de que una misma factura, y ésta es la acusación más grave, se utilizó para justificar hasta cuatro subvenciones diferentes, no sólo de las recibidas de la Forcem sino también de otras administraciones, como la Generalitat valenciana. La patronal de Valencia recaudó, entre subvenciones públicas e ingresos adicionales (cobro ilegal de matrículas a los alumnos beneficiarios) más dinero de lo que costaban los cursos. También se hincharon los gastos de los centros donde se impartían las clases y se sobrepasó ampliamente la partida prevista para gastos de difícil justificación, según el tribunal. El informe añade que en algunos casos no existen justificantes de que los alumnos declarados por la CEV como beneficiarios de los cursos asistieran a los mismos. Respecto a la justificación documental, el tribunal advierte que la CEV no facilitó detalle de la ejecución de sus presupuestos, ni certificados de las subvenciones, de las cuentas bancarias ni de los alumnos. Además, las facturas aportadas por los profesores externos encargados de las acciones formativas son todas genéricas e incluyen el alquiler de medios didácticos y de las aulas sin separación de importes. "Esta multiplicidad de imputaciones constatada supone que en estos casos la CEV ha utilizado una misma factura para justificar subvenciones diferentes, por lo que es razonable pensar que algunos de los cursos por cuya realización se recibieron las subvenciones no hayan sido llevados a la práctica", concluye el órgano fiscalizador. El órgano administrativo estima en sus conclusiones que nueve de las organizaciones fiscalizadas, entre las que se encuentra la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, deberían devolver más de 400 millones de pesetas por ayudas indebidamente justificadas. Marzo 99
ZAPLANA Y SUS PECULIARES HOMENAJES A LOS CONCEJALES TRÁNSFUGAS
Eduardo Zaplana, preside en Benidorm la entrega de placas conmemorativas por el vigésimo aniversario de la constitución de los ayuntamientos democráticos a todos los ediles que han formado parte a lo largo de estos años en los distintos Gobiernos locales. Durante el acto institucional, Zaplana afirmó que " Benidorm se debe sentir satisfecho de su clase política ". Añadió que "lo más importante para un político es el respeto, porque los votos van y vienen, pero el respeto perdura". Como se recordará el propio Zaplana fue concejal de este Ayuntamiento, accediendo a su alcaldía gracias al voto de la concejala tránsfuga Maruja Sánchez..Abril 99
ZAPLANA Y LAS SUBVENCIONES A LOS TRÁNSFUGAS
Todo son facilidades para el diputado autonómico Josep Garés Garés una vez que abandonó el PSPV-PSOE el 5 de febrero.: consigue el respaldo institucional para financiar el primer número de la revista que impulsa junto a su mujer, Mireia Donat. Un 80% de los anuncios que inserta la nueva publicación tiene su origen en la Generalitat o en instituciones como la Feria de Valencia, Bancaixa o la CAM, cuyos cargos directivos han sido nombrados por el Partido Popular. Como se recordará, su ausencia del hemiciclo de las Cortes regionales fue determinante cinco días después de su pase al Grupo Mixto para que el PP ganara la votación y evitara la constitución de una comisión que pretendía investigar la polémica adjudicación de las nuevas emisoras de FM. La revista llegó a los quioscos el primero de abril. Con una tirada de 4.000 ejemplares alcanza una distribución casi provincial, ya que llega a las comarcas de l´Horta, la Costera, la Ribera, la Safor, el Camp de Morvedre, el Camp de Túria, la Canal de Navarrés, la Hoya de Buñol, la Plana de Utiel, los Serranos y el Valle de Ayora. Abril 99
LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE, EL RIO SEGURA Y LA UNIVERSIDAD DE ELCHE
Una investigación realizada en el último trimestre de 1998 en 13 puntos de muestreo revela que el río Segura, desde Murcia hasta su desembocadura, lleva en suspensión metales y productos de altísima toxicidad. El cadmio, metal asociado al cáncer, está presente en dosis similares a la que contenía el Guadiamar tras el desastre de Aznalcóllar: 176 microgramos por litro, frente a los 5 que permite Europa y la propia ley española. Igual pasa con el herbicida lindano. La Comisión Europea ha solicitado análisis para denunciar a España ante el Tribunal Europeo. Los análisis fueron solicitados por la CE al ex diputado por Alicante, Rafael Martínez-Campillo, en repuesta a una queja presentada hace nueve años por la pésima calidad de las aguas del Segura en su Vega Baja, donde el cauce hace las funciones de colector fecal y de vertidos agrícolas e industriales. La CE le ha pedido información actualizada para acudir en su caso al Tribunal Europeo por incumplimiento de dos directivas sobre vertidos tóxicos a ríos, así como la obligación de comunicar la lista de contaminantes a las autoridades europeas. Los datos han sido enviados ya a Bruselas y están recogidos en un informe de la división de Edafología y Química Agrícola de la Universidad Miguel Fernández en Orihuela (Alicante) que dirige el catedrático Manuel Nieves Ruiz. Por su parte, la Universidad Miguel Hernández de Elche ha emitido un comunicado oficial en el que se desvincula de la investigación realizada por un catedrático de la institución donde detectaba concentraciones de cadmio y otros tóxicos en el río Segura por encima de los niveles permitidos por la Unión Europea. En un gesto inaudito en el mundo académico, la institución, creada por el PP, acusa al profesor de crear "alarma social". Al frente de la institución académica figura Jesús Rodríguez Marín, rector designado por el Gobierno valenciano, en manos del PP, hasta que se aprueben los estatutos del campus recién creado tras desgajar la Universidad de Alicante, hecho recurrido ante el Constitucional por el PSOE. Rodríguez tiene un hermano diputado por el PP en las cortes valencianas y con anterioridad compitió, sin éxito, por el rectorado de Alicante. El comunicado de la universidad que ahora dirige señala que el informe elaborado por el catedrático de Edafología y Química Agrícola, Manuel Nieves, sobre las aguas del Segura se realizó a través de una prestación de servicios. Las conclusiones de la investigación son responsabilidad "exclusiva" del catedrático .El comunicado, inaudito en el mundo académico, lamenta la "alarma social" desencadenada por la publicación de los análisis en EL PAÍS el pasado lunes. "La Universidad Miguel Hernández como institución no puede asumir en modo alguno las conclusiones alarmistas" que se desprenden del informe, elaborado a solicitud del ex diputado Rafael Martínez-Campillo y a requerimiento de la Comisión Europea. El rector asegura que otros profesores del departamento de Agroquímica y Medio Ambiente al que pertenece Nieves han obtenido resultados "distintos y discordantes", a partir de una actuación "más dilatada y precisa" sobre el Segura. El comunicado concluye que la dirección de la universidad lamenta "verse involucrada en situaciones de este tipo, y manifiesta que en todo momento procura que sus informes oficiales sean rigurosos, fiables y estrictamente verificados". Abril 99
ZAPLANA Y LA JUNTA ELECTORAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
La Junta Electoral de la Comunidad evita cualquier resquicio para que el PP se vea tentado a utilizar el cargo institucional de Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, como reclamo en la cuñas radiofónicas electorales. En respuesta a la consulta que los populares cursaron en el sentido de que si con la sintonía del partido de fondo sería suficiente para identificar a Zaplana como presidente del PP y no de la Generalitat, la autoridad electoral resolvió «por unanimidad» que, cuando en los anuncios de radio se hace referencia a que se trata de un mensaje del presidente, debe aclararse «que éste es el presidente del Partido Popular». Una segunda opción que da la junta es eliminar cualquier alusión a que el oyente va a escuchar unas palabras del «president», suprimiendo la presentación [«Parla el president»] y cierre [«Ha sigut un missatge del president Eduardo Zaplana»] del anuncio electoral. De este modo, el organismo acepta la reclamación presentada por PSOE-Progresistas y ordenó la suspensión de las cuñas por entender que inducen a «confusión» en el oyente sobre si Zaplana habla como líder del PP o como titular de la Generalitat, extremo este último prohibido por la normativa electoral. Los populares hicieron una consulta sobre si la incorporación de la sintonía electoral del PP de fondo bastaría para clarificar que Zaplana intervenía como presidente del partido. La autoridad electoral considera «innecesaria» la aclaración. Así, recuerda que cuando en su acuerdo aludía a la inexistencia de «símbolo distintivo musical o de otro tipo» en el anuncio lo hacía para reforzar su argumentación, sin que pudiera desprenderse que con la única inclusión de la sintonía fuera suficiente. La parte dispositiva de la resolución, apunta, «es clara y sólo permite dos alternativas», las ya citadas. Es decir, añadir «del PP» cuando se alude al «president» o eliminar la presentación y cierre del mensaje. Aceptar la pretensión popular, agrega, habría provocado «indefensión» en el partido que recurrió, el PSOE, y en UV, que se sumó a la queja. Mayo 99
LA ALCADESA Y EL CAMAROTE DE LOS HERMANOS MARX
La alcaldesa de Sacañet y candidata a la reelección, Araceli Enguídanos, del PP, ha censado en su domicilio de la calle Santa Bárbara de Canales -pedanía de Sacañet- a diecisiete personas, dos más de las que tenía censadas para las elecciones de 1995. Quince personas sin relación con el municipio aparecen empadronadas en otros domicilios, lo que supone el 25´8% del censo. Sin esos empadronamientos, Sacañet se regiría por un concejo abierto, con la participación de todos los vecinos. En el domicilio de la alcaldesa, según el censo, se hacinan, además de la alcaldesa, Juan Pedro Ángeles Aroca, presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia; su hijo, Juan Pedro Angeles Payá -que en 1995 no era elector y no estuvo censado en Sacañet-; la hermana de la alcaldesa, María Amparo Enguídanos Ferrandos, Amparo Galbis Úbeda, Pablo García Santafé, Patricia María García Santafé, Pedro Luis García Santafé, María Belén Miguel Enguídanos, María Amparo Mompeán Escartí, José Mompeán Lucas, Araceli y Salvador Mora Enguídanos -hijos de la alcaldesa-, Francisco José y Marta María Mora Galbis -sobrinos de la alcaldesa-, Fernando Sánchez García, y Salvador Mora Romero (marido de la alcaldesa). De las quince personas que en 1995 estaban censadas en Santa Bárbara 9, han desaparecido dos, Santiago Prim González y María Amparo Mora Galbis. En la calle Ballestería número 7, domicilio del matrimonio formado por el constructor de confianza de la alcaldesa, José Francisco Pradas Vicent y la juez de paz sustituta, Purificación Contreras Funes, hay otras cinco personas censadas: Rafael Contreras Aguayo, Francisco Javier Contreras Funes, María Vicenta Esponosa, Ramón Flach Calvete y Trinidad Funes. Araceli Enguídanos, enfermera de profesión, es de Llíria y ocupa el cargo de alcaldesa en Sacañet desde junio de 1991, al que accedió por un voto de diferencia respecto del PSOE. Después de que el PP llegara al gobierno de la Generalitat en 1995, el conseller de Sanidad, Joaquín Farnós, la nombró directora de enfermería del área de salud 03 -cargo en el que continúa-. Aun cuando es alcaldesa de Sacañet desde hace seis años, tiene fijada su residencia en Valencia y las visitas al municipio castellonense son esporádicas. La única vinculación de la familia a este municipio es del marido, Salvador Mora, natural de la aldea de Canales, administrada por Sacañet, de donde también es concejal desde antes que su mujer. De hecho, Araceli Enguídanos tiene fijado su domicilio habitual en la calle Sagunto de Valencia. Por su parte, Juan Pedro Ángeles, cuñado de Araceli Enguídanos, si bien tiene domicilio de derecho en Sacañet, el de hecho lo tiene en la calle San Vicente de Valencia, mientras que los Galbis viven en la calle Císcar de la capital del Turia. De los censados en la calle Ballestería 7, por su parte, Contreras Aguayo tiene fijada su residencia habitual en la calle Albocàsser de Valencia, y Flach Calvete en la calle Louvre de la misma ciudad. Finalmente, Trinidad Funes, tiene su domicilio habitual en L´Eliana. Existen, además, otras seis personas que no tienen relación con Sacañet empadronadas en casa de un artista llamado Milvaques que tiene una vivienda en este municipio. Se trata de Francisco Ballesteros Milvaques, José Ballesteros Milvaques, José Manuel Ballesteros Pascual, María del Mar Ballesteros Pascual, Ángel Ballesteros Sánchez y Josefina Milvaques Tamarit. Por último, otro de los domicilios que en 1995 tenía seis personas censadas sin relación con Sacañet, mantiene a dos empadronados, Fernando Matías Barrachina Pla y su hija Beatríz. Su mujer, María Luz Garzó Ferrandis, y otra de sus hijas, María Luz, que estaban censadas en 1995, viven ahora en la avenida del Antiguo Reino de Valencia, en Valencia. Junio 99
EL PARTIDO POPULAR Y LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE VALENCIA
La Junta Electoral Provincial de Valencia sanciona al Ayuntamiento de Rocafort, cuyo alcalde es Sebastián Bosch (PP), con 20.000 pesetas de multa, por haber costeado un autobús para que los vecinos acudieran al acto del PP sobre la tercera edad que se celebró el 8 de mayo en la Fuente de San Luis de Valencia. Al evento, celebrado en período electoral, asistió la plana mayor del PP, encabezada por José María Aznar, Eduardo Zaplana, Javier Arenas, Loyola de Palacio y Manuel Pimentel. La autoridad electoral «reprocha» la actuación del ayuntamiento, al entender que los hechos, dada la fecha del acto, «sobrepasan los límites del artículo 50 de la ley orgánica del régimen electoral general, máxime al disponer o utilizar fondos públicos para el desplazamiento» al evento. Junio99
ZAPLANA Y LOS FICHEROS INFORMÁTICOS
La Generalitat Valenciana, que preside Eduardo Zaplana, ha creado y regulado varios ficheros informáticos, entre ellos uno que recogerá los datos personales de los candidatos a representantes de los trabajadores en las elecciones sindicales que se celebren en la Comunidad Valenciana, en el que se indagará y tratará la ideología de los aspirantes. La creación y regulación del mencionado fichero informático se ha realizado por orden de 28 de abril de 1999, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, de 27 de mayo, del consejero de Empleo, Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana. Según esa orden, las personas de las que se pretende obtener datos son "las que se presenten como candidatos a representantes de los trabajadores en las elecciones sindicales que se realizan en centros de trabajo de la Comunidad Valenciana". La orden prevé la cesión del fichero al "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social" [quiere decir de Trabajo y Asuntos Sociales]. Entre otros datos a recabar, como el DNI o NIF, la fecha y lugar de nacimiento, el sexo, la antigüedad, la fecha de mandato, el colegio electoral y el sindicato al que se pertenece, figura la "ideología". Junio 99
LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL Y LAS CAMPAÑAS DE ZAPLANA
La Junta Electoral Central estima parcialmente el recurso presentado por el PSPV-PSOE que pedía la suspensión de la campaña de la Generalitat sobre incentivación del voto para las elecciones del pasado domingo al apreciar «cierta conexión» entre ésta y la campaña de propaganda electoral del PP. El acuerdo adoptado por la Junta Electoral Central el mismo día de las elecciones, estima el recurso «por apreciar, aunque sea de forma tenue y en grado leve, una cierta conexión entre algunas frases e imágenes de la campaña institucional y las contenidas en la campaña de propaganda electoral del Partido Popular». Junio 99
LA DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA Y LOS CONTRATOS AMIGOS
El conocido constructor de Cartagena Faustino Marín Pedreño figura en el registro mercantil como uno de los dos administradores de Mediarco Valencia, SL, la empresa que, por encargo de la Diputación de Valencia, organizará cinco conciertos de música valorados en 224 millones de pesetas. La corporación provincial aprobó en su último pleno de la legislatura, un convenio con Mediarco Valencia, SL, en virtud del cual la sociedad se compromete a traer a la capital del Turia, con precios previamente fijados por ella misma, a Julio Iglesias, Joan Manuel Serrat,The Corrs, Blur y Supertramp. Por su parte, la diputación le asegura que no correrá riesgos, ya que, llegado el caso, le pagará las pérdidas «en la cuenta y el banco» que fije la empresa. Faustino Marín es un conocido empresario de Cartagena que mantiene excelentes relaciones con el ayuntamiento de esta ciudad, gobernada por el Partido Popular. De hecho, el constructor tiene fuertes vínculos de amistad con el concejal de infraestructuras de la citada localidad murciana. Sus empresas han resultado adjudicatarias a lo largo de los últimos cuatro años de numerosas obras, varias de ellas polémicas, porque una vez obtenido el contrato, el presupuesto es modificado al alza. Así ocurrió, por ejemplo, con el acceso al campus universitario de Cartagena, que fue valorado en 60 millones y costó finalmente el doble. El suegro de la alcaldesa de Cartagena posee una empresa de electricidad, que habitualmente subcontrata con las firmas de Marín Pedreño. Junio 99
LA GENERALITAD VALENCIANA Y LA AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS
El Consell dejará en manos privadas el servicio de tributos para «descongestionar» los servicios territoriales de Hacienda, donde se acumulan cerca de 56.000 expedientes. Para dar salida a esta situación, la Conselleria de Economía y Hacienda ha optado por convocar un concurso urgente para contratar a doce personas que tendrán acceso a expedientes sobre impuestos patrimoniales, donaciones, sucesiones, actos jurídicos y bienes rústicos y urbanos, que constituyen el grueso de los tributos que gestiona la Administración. La Conselleria de Economía y Hacienda acudirá a la iniciativa privada para dar salida a los más de 56.000 expedientes que en estos momentos se acumulan en los cajones del departamento de tributos de los Servicios Territoriales de Hacienda de Valencia. Así, la conselleria que dirige José Luis Olivas, contratará a un total de doce personas cuyo cometido será, de un lado, la preparación, el planteamiento y la liquidación de actos sujetos a impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales, de sucesiones y donaciones, y de otro, la valoración de inmuebles urbanos y rústicos. La privatización de estos servicios se ha regulado mediante un concurso abierto y urgente convocado por la Conselleria de Economía el pasado 26 de junio. Las contrataciones, que tendrán una duración de seis meses prorrogables por medio año más, costarán a la Administración un máximo de 27.7000.000 pesetas. Según el pliego de condiciones del concurso, sólo podrán aspirar al mismo licenciados en derecho, arquitectos superiores e ingenieros técnicos agrícolas. Es más, los aspirantes deberán hacer constar en su oferta un precio por hora de trabajo. Para los titulados superiores la cantidad máxima por hora es de 2.300 pesetas y para los titulados medios, 1.800 pesetas. La especificidad de los trabajos que la Conselleria de Economía saca al mercado supondrá que personas no sujetas al sigilo profesional tendrán acceso a datos privados de los ciudadanos. Por sus manos pasarán cientos de expedientes sobre herencias, impuestos patrimoniales o bienes rústicos y urbanos que contienen información sensible. De hecho, las doce personas que la Conselleria de Hacienda tiene previsto contratar en breve tendrán que valorar si las liquidaciones de los diferentes tributos que recauda la Generalitat son correctas. Cabe recordar que sólo el personal funcionario o laboral al servicio de la Administración Pública está obligado a guardar la confidencialidad de la información que maneja. El régimen disciplinario de la función pública considera una falta muy grave la revelación de este tipo de datos. (Julio 1999)
EL AYUNTAMIENTO DE ALBAL Y EL TRANSFUGISMO
El código de conducta ética contra el transfuguismo político en las corporaciones locales que los principales partidos españoles y el entonces ministro para las Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, firmaron en Madrid el 7 de julio de 1998 no ha llegado ni a poder cumplir un año. El caso de Albal, por el que Agustín Zacarés (Alternativa Valenciana) y José Vicente Sanchis (PP) se repartirán la alcaldía dos años cada uno gracias al voto de la tránsfuga de Unión Valenciana, Elvira Vila, representa el primer incumplimiento tras estas elecciones de aquel compromiso, que ha impedido a Ramón Marí, del PSPV, la lista más votada, obtener la vara de mando. El citado código compromete a los partidos a «impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas». También exige a los firmantes el «no dar apoyo a ninguna iniciativa que provenga de las personas que abandonen el grupo en el que han sido elegidas» y desincentivar el transfuguismo con «medidas disuasivas de carácter económico, reglamentario y protocolario». (Julio 1999)
CURIOSAS NOVEDADES EN EL GOBIERNO DE ZAPLANA: EX SOCIALISTAS Y DE UNION VALENCIANA
La inclusión del ex socialista Rafael Blasco constituye la principal novedad del nuevo Gobierno valenciano dado a conocer ayer por el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, del PP. En la década de los 80, Blasco ocupó las consejerías de Presidencia y de Obras Públicas y Urbanismo en los gobiernos del socialista Joan Lerma. Tras distanciarse del PSPV-PSOE, Blasco protagonizó un acercamiento al PP y en los últimos cuatro años ha sido subsecretario de Planificación. Otras novedades del Consell son la creación de dos vicepresidencias sin cartera y el aumento del número de consejerías hasta el tope legal de 10 que establece el Estatuto. Zaplana ha configurado un equipo en el que gana peso la estructura orgánica del PP valenciano y ha redistribuido el equilibrio territorial, hasta ahora favorable a Alicante, en beneficio de Valencia. De los 12 miembros del nuevo Consell, sólo cinco repiten: José Luis Olivas (vicepresidente 1º), José Joaquín Ripoll (vicepresidente 2º), José R. García Antón (Obras Públicas, Urbanismo y Transportes), Manuel Tarancón (Cultura y Educación) y María Ángeles Ramón-Llin (Agricultura) ex militante de Unión valenciana. Los nuevos son Vicente Rambla (Economía), Serafín Castellano (Justicia), José Emilio Cervera (Sanidad), Rafael Blasco (Empleo), Fernando Castelló (Industria), Fernando Modrego (Medio Ambiente) y Carmen Mas (Bienestar Social). (Julio 1999)
EL EX ALCALDE DE AP-PP Y EL SECUESTRO EN DENIA
El secuestro por unas horas de una joven de Dénia (Alicante) se ha saldado con la detención de siete personas, entre ellas un ex alcalde de la localidad de Parcent, acusado de preparar la retención de la víctima y el robo en la casa familiar de ésta. Vicente Soldevila, alcalde por Alianza Popular entre 1983 y 1985, ingresó en prisión tras declarar en los juzgados de Dénia. (Septiembre 1999)
ZAPLANA Y EL TRANSFUGISMO, 8 AÑOS DESPUÉS
La ponencia de estatutos presentada por el vicesecretario regional, Serafín Castellano, establece que el PP no aceptará tránsfugas en las instituciones. Los representantes de los populares valencianos en las diferentes instituciones resistirán la tentación de abrazar a quienes renieguen de la fe que profesaban en las elecciones que les encumbraron al puesto que ocupen. Con esta medida sanitaria, diputados como Rafael Ferraro, los concejales de Valencia María Irene Beneyto o Juan Vicente Jurado (dejaron UV sin renunciar al acta) o la edil socialista de Benidorm Maruja Sánchez, que con su voto aupó a Zaplana a la alcaldía en noviembre de 1991, no habrían podido recibir el abrazo de bienvenida del PP, al menos en la misma legislatura. De lo contrario, se incurriría en falta disciplinaria que sería castigada, según indicó el vicesecretario regional del partido, Serafín Castellano, durante la presentación de la ponencia de estatutos. «Los grupos institucionales del Partit Popular de la Comunitat Valenciana fomentarán desde sus ámbitos de actuación la consecución de acuerdos con el resto de las formaciones políticas en la lucha contra el transfuguismo político», sentencia el borrador del reglamento. (Septiembre 1999)
LA GENERALITAD VALENCIANA Y EL INICIO DEL CURSO ESCOLAR
El Consejero de Educación decide realizar la inauguración del curso escolar en uno de los centros privados concertados, el María de Iciar de Riba-roja del Turia. Tarancón aseguró que aunque le «habían desaconsejado» la elección de un centro de estas características para inaugurar el curso insistió en cumplir el «cumplimiento estricto de la Constitución» para justificar los nuevos conciertos educativos con colegios privados de elite (el María de Iciar, ubicado entre naranjos y a espaldas de su localidad, cuenta con todas las instalaciones deportivas): «Se trata del derecho de los padres a elegir un tipo de educación moral y religiosa para sus hijos; se garantiza la libertad de elección» dijo «con absoluta afirmación».
Por otro lado, continua la polémica sobre la decisión del gobierno de Zaplana de subvencionar 20 nuevos centros privados. La empresa Fomento de Centros de Enseñanza, que cuenta con los colegios El Vedat de Torrent y Vilavella de Valencia, asegura que «cualquier imputación de elitismo o de infracción en el régimen de admisión carece de fundamento y de base real». No obstante, y según la publicidad que se recoge a través de Internet, Fomento reconoce que «realiza la actividad educativa teniendo en cuenta la doctrina de la Iglesia Católica, respetando en todo momento la libertad de las conciencias y solicita a la Prelatura del Opus Dei los sacerdotes necesarios para la atención espiritual de los colegios» a la vez que «organiza la educación teniendo en cuenta la psicología diferencial y evolutiva de los chicos y chicas desde los 8 a los 16 años». (Septiembre 1999)
EL PARTIDO POPULAR Y EL DIARIO VALENCIANO LAS PROVINCIAS: RENCILLAS DE FAMILIA
El consejo de administración de Federico Doménech SA, editora del diario valenciano Las Provincias, destituye a la directora, María Consuelo Reyna. La periodista, de 55 años, llevaba siete años en el cargo, al que accedió desde la subdirección convirtiéndose en la quinta persona que dirigía el rotativo fundado en 1866 por Teodor Llorente. El actual subdirector, Francisco Pérez Puche, ocupará el cargo en funciones. La salida de Reyna de la dirección de Las Provincias es fruto de las tensiones internas en el seno del Consejo de Administración de la editora, que se reparten a partes iguales las familias Zarranz y Reyna-Doménech, ambas descendientes de Federico Doménech, primer impresor del periódico. Los accionistas vinculados a la familia Zarranz se habían mostrado en repetidas ocasiones reticentes con la línea de anticatalanismo impulsada por la directora del periódico, pese a que el comunicado hecho público ayer para anunciar el relevo destacaba la "tarea ímproba" de Consuelo Reyna "a la hora de definir y sostener los signos que proclaman la inequívoca personalidad valenciana". A este desacuerdo se unió la pérdida de influencia del diario en los últimos años y el estancamiento en ventas. En 1998, la difusión diaria media de Las Provincias fue de 55.850 ejemplares, según la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), a muy corta distancia de su seguidor, el diario Levante, que ha recurrido esas cifras por considerar que no se corresponden con la realidad. Asimismo, "la confusión" del periódico con los negocios particulares de Jesús Sánchez Carrascosa, esposo de la ya ex directora, ha sido determinante en este relevo. Sánchez Carrascosa, que fue el primer jefe de gabinete del presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, dirigió después la Radiotelevisión valenciana y actualmente es el máximo responsable de la televisión alegal Valencia Te Ve. Precisamente, las tensiones entre las dos facciones del accionariado han tenido como escenario Valencia Te Ve. La directora propuso la entrada del periódico en el capital de dicha televisión local, lo cual fue rechazado por el consejo. Otro punto de fricción fue la oposición de los consejeros al nombramiento de un redactor jefe propuesto por la directora. A pesar de todas las tensiones, la situación se mantuvo hasta que uno de los accionistas vinculado a la familia Reyna-Doménech, y en concreto uno de los hermanos de la directora, se ha desmarcado a favor de la familia Zarranz. (Septiembre 1999)
LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE, ZAPLANA Y LOS CONCURSOS SORPRESA
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha recibido a muchos de sus docentes a la vuelta de vacaciones con una amarga sorpresa: en agosto se convocó el concurso para cubrir 83 plazas docentes en la Facultad de Medicina y el plazo de presentación expiraba el 2 de septiembre. El portavoz oficial de esta polémica universidad de reciente creación asegura que el procedimiento es legal y correcto. Un sector del profesorado cree que no lo es y que, aunque lo fuera, se ha hecho de la mejor manera posible para que los no gratos hayan perdido la oportunidad de presentarse. Las plazas docentes que han salido a concurso pertenecen a la Facultad de Medicina, la que era la más preciada joya de la Universidad de Alicante ahora adscrita a la Miguel Hernández por voluntad del presidente valenciano, Eduardo Zaplana. La convocatoria, publicada el 14 de agosto, prevé la contratación de 83 profesores asociados en ciencias de la salud para 14 especialidades: desde microbiología hasta la anatomía patológica, ginecología y psiquiatría. La resolución de convocar estas plazas para el curso 1999-2000 data del 3 de agosto y el plazo de admisión era de 20 días. El portavoz del rector, Jesús Rodríguez Marín, aseguró no tener noticias del malestar suscitado por esta convocatoria. Más de un departamento, sin embargo, ha pedido la anulación de la convocatoria y que se prorroguen o renueven los contratos actuales. Consideran que los departamentos debían haber sido consultados.
La situación legal de la Universidad Miguel Hernández es singular. Inaugurada en mayo de 1997 ante la plana mayor del PP valenciano, vive todavía en situación transitoria. En tanto no se consoliden los departamentos y se instituya el claustro, el rector y la Consellería de Educación tienen plenos poderes académicos. La segregación de la Facultad de Medicina está recurrida ante el Constitucional y algunas de las decisiones tomadas en el centro han levantado polémica. En agosto, el Gobierno valenciano dio luz verde a la adscripción a esta universidad de dos centros de estudios privados, a pesar de contar con el informe en contra del Consejo de Universidades. La Universidad Miguel Hernández, que vino a añadirse a las cinco públicas existentes en la Comunidad Valenciana, destaca, además, por su enorme desfase entre la oferta académica y la demanda. Sólo ha cubierto este año el 76,5% de su oferta. La convocatoria hecha ahora es, según un profesor que ruega quedar en el anonimato, "una depuración política". (Septiembre 1999)
LA GENERALITAD, EL PP Y LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
El PP vuelve a dar la espalda a la Universidad de Alicante en el acto de apertura del curso académico que se celebró en el Paraninfo del campus universitario. La representación institucional enviada por los populares -al margen de la directora general de Universidades, Carmen Martorell- se limitó al tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alicante, José Luis Pamblanco, y al vicepresidente segundo de la diputación, Rafael Pastor. A la ausencia del conseller de Educación, Manuel Tarancón, se unieron las del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y el presidente de la diputación, Julio de España.(Septiembre 1999)
EL GOBIERNO DE ZAPLANA, LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS Y LOS COLEGIOS VINCULADOS AL OPUS
Los conciertos con colegios de elite y vinculados al Opus Dei, aprobados por la Generalitat Valenciana tras la mayoría absoluta del PP en las autonómicas, han recibido un fuerte varapalo. El Ministerio de Trabajo, que desde 1995 investiga por fraude tributario a uno de los colegios beneficiados, ha ordenado a Educación que embargue el concierto. La polémica levantada en torno a este centro, elegido para inaugurar el curso, ha puesto en jaque toda la gestión. La crisis desatada a raíz de la orden de embargo enviada por el Ministerio de Trabajo el pasado 22 de septiembre a la Consejería de Educación para que embargue la subvención de 64 millones otorgada al colegio de elite María de Icíar por un delito de fraude tributario con la Seguridad Social desde 1995 (que asciende ya a más de 83 millones de pesetas), ha asestado un duro golpe a la política de conciertos emprendida por el consejero, Manuel Tarancón, quien, además, escogió este mismo escenario para inaugurar el curso. El fraude detectado en el María de Icíar, cuyos problemas financieros eran de sobra conocidos en la comunidad educativa debido a la precariedad laboral del profesorado, que desde hace años cobra con retraso de varios meses y en forma de pagarés, ha arrojado sospechas sobre la discrecionalidad con que se han gestionado los polémicos conciertos con una decena de centros de elite y vinculados al Opus Dei, aprobados a finales de agosto fuera del plazo de matrícula. Esto ha permitido a los diez colegios beneficiados -que en conjunto recibirán 690 millones de pesetas sólo para el primer cuatrimestre del curso- haber cobrado las altas tarifas de escolarización (que rondan las 700.000 pesetas por curso) en las matrículas de este año, en vez de garantizar la gratuidad a que obligan los conciertos. Pero, sobre todo, ha acrecentado las dudas sobre el supuesto interés del consejero en reflotar una empresa privada con graves problemas financieros. (Octubre 1999)
ZAPLANA, EL SINDICO DEL PUEBLO Y LA FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) certifica que Luis Fernando Saura presentó como Síndic de Greuges, el equivalente al Defensor del Pueblo, una denuncia particular contra la Universidad de Alicante por el uso de su despacho como docente. Al parecer, Saura remitió, a través de la Sindicatura, a la Fiscalía del TSJV una denuncia contra el Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Alicante por los presuntos delitos de robo, revelación de secretos y allanamiento del despacho que ocupaba en el campus. La Fiscalía del TSJV la trasladó, por cuestión de competencia, a la Fiscalía de Alicante, que decretó el archivo por "no constituir los hechos denunciados delito penal".
Pese a que está en juego la mezcla del ámbito público con el privado en una institución tan emblemática, su titular se ha limitado a emitir un breve desmentido. Desde que trascendió a la opinión pública el uso indebido del cargo público de Síndic de Gregues para su litigio personal con la Universidad de Alicante, Saura se ha limitado a emitir un breve comunicado de desmentido. La nota sólo aclaró que Saura nunca había presentado queja alguna ante el Síndic de Greuges, y añadía: "Saura se limitó a poner en conocimiento del ministerio fiscal determinados hechos por si pudieran ser constitutivos de delito". Sin embargo, un certificado de la Fiscalía del TSJV, confirma que Saura se dirigió a este órgano como Síndic para presentar su denuncia personal contra la Universidad. Saura optó ayer por seguir refugiado en el silencio. Tras varias horas de espera a la puerta de la Sindicatura (cuyo titular se negó a recibir a los periodistas), Saura declinó hacer declaraciones, mientras se disponía a subir en el coche oficial. A la pregunta de si se había planteado dimitir, Saura respondió: "No puedo atenderles porque tengo mucha prisa". Para el PP, según reiteró Juan Manuel Cabot, su vicesecretario general, sigue manteniendo que la actuación de Saura es una cuestión personal al margen de la institución del Síndic de Greuges. (Octubre 1999)
ZAPLANA, CANAL 9 Y SU SITUACION FINANCIERA
La radiografía económica de Canal 9 realizada por Arthur Andersen pone de manifiesto la difícil situación financiera de la sociedad. El informe revela que la televisión autonómica se encuentra en situación de quiebra técnica de la sociedad, ya que su patrimonio es inferior a la mitad de su capital social. La ley obliga a la disolución de las empresas que se encuentran en esta tesitura, alimentada por las pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios. En 1998 el déficit sumó 12.500 millones, que podrían ascender a 15.000 si se tienen en cuenta las pérdidas del ente. La auditoría externa encargada por el Consell a Arthur Andersen revela que los fondos propios de Canal 9 son inferiores a la mitad de su capital social que, tras la ampliación, superaba los 20.000 millones. La auditoría insta a los gestores de TVV a tomar medidas para paliar la situación de la cadena, ya que las empresas que presentan este balance se consideran insalvables e incapaces de remontar su estado de cuentas. Arthur Anderden aconseja que «procedería tomar medidas en los plazos legalmente establecidos, para dejar u patrimonio en una situación equilibrada». Los resultados del informe revelan que Televisió Valenciana finalizó el pasado ejercicio con unas pérdidas de 12.553 millones de pesetas, superiores en más de dos millones a los del 97, en que ascendieron a 10.197. (Octubre 1999)
LA DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declara nulo el decreto por el que se adjudicó, en abril de 1996, la asistencia técnica de unas obras realizadas en el Hospital General y ha condenado a la diputación a indemnizar a los afectados. La corporación provincial deberá pagar 1.200.000 pesetas, más los intereses legales que se hayan generado, en concepto de daños y perjuicios a los licitadores que fueron discriminados en una contratación, según advierte ahora la sentencia. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia considera que las dos empresas que fueron excluidas de la adjudicación eran acreedoras, «en derecho», del contrato del que finalmente resultó beneficiaria la sociedad Leing Ingeniería, SL. Esta empresa se encargó de la asistencia técnica en la redacción del proyecto y control de las obras de instalación de un sistema de climatización del Hospital General Universitario, dependiente de la Diputación de Valencia. El servicio de asesoramiento técnico fue adjudicado por un importe de diez millones y medio de pesetas por el entonces presidente de la Diputación de Valencia y hoy conseller de Educació y Cultura, Manuel Tarancón. (Octubre 1999)
LA GENERALITAD VALENCIANA Y LAS ADJUDICACIONES AMIGAS
La Conselleria de Sanidad facturó durante los años 1996, 1997 y 1998 un total de 1.077 millones de pesetas a la sociedad Inscanner, SL, de Alicante, por realizar exploraciones radiológicas a pacientes de la red pública sanitaria. Esta sociedad fue fundada el 1 de enero de 1981 por el actual presidente de la comisión de sanidad de las Cortes Valencianas, Luis Concepción Moscardó, quien entró con 16 participaciones de las 100 que se emitieron por valor de 10.000 pesetas cada una, lo que daba un capital social de un millón de pesetas. Según los datos disponibles, el 31 de diciembre de 1983 se venden todas las participaciones. Luis Concepción vende a su hermana Carmen el 33,3%; otro de los socios, Enrique López Martínez, vende a Ignacio Sanguino Juliá otro 33,3% y José Francisco Verdú Bellod vende a Francisco Verdú Cuenca, el 33,3% restante. En noviembre de 1991 se celebra una junta y se acuerda realizar una ampliación de capital social de 9 millones de pesetas, distribuidas en 900 participaciones de 10.000 pesetas cada una. Los datos que obran en poder de este periódico ponen de manifiesto que tres hijos de Luis Concepción: Carolina, Luis y Beatriz, aportan cada uno de ellos un millón de pesetas. Asimismo, los hijos de los otros dos socios fundadores de la sociedad Enrique López Martínez y José Francisco Verdú Bellod adquieren el resto de participaciones de la ampliación. El número 2.737 del DOGV del 29 de abril de 1996 informa de la adjudicación a esta empresa de un lote cuyo objeto es la prestación del servicio por concierto de exploraciones con TAC. La publicación recoge que el precio de la licitación asciende a 416.640.000 pesetas y también se establece que un TAC simple se abonarán 13.000 pesetas y por uno doble 23.000. Respecto a la posible existencia de incompatibilidades, el artículo 2-2 de la ley del 11 de mayo de 1995 establece que los titulares de altos cargos no podrán tener por sí o junto con su cónyuge e hijos dependientes y personas tuteladas participaciones superiores a un 10% en empresas que tengan conciertos con el sector público. (Octubre 1999)
LA GENERALITAD VALENCIANA Y EL INCREMENTO DE LOS ALTOS CARGOS
El vicepresidente segundo del Consell, José Joaquín Ripoll, reconoce que desde que el PP gobierna, el número de altos cargos se ha incrementado un 18%, aunque eludió responder cuál es el coste del aumento en el nuevo Consell. El vicepresidente segundo compareció en las Cortes, para explicar las razones del aumento de altos cargos en el nuevo Consell y cuantificar el gasto que este aumento supone para las arcas autonómicas. Ripoll restó importancia al crecimiento de los cargos directivos al compararlo con el aumento de funcionarios de la Administración General (un 28%) que han sido transferidos desde el Estado durante la última legislatura. Según Ripoll, el nuevo Consell responde al «nuevo impulso de la acción política» que el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, quiere dar para que la Comunidad Valenciana «lidere la expansión política y económica y esté en la vanguardia de Europa». Es más, manifestó que la nuevo organigrama de la Generalitat está basado en la «coherencia y el consenso». El diputado de Esquerra Unida Joan Antoni Oltra reprochó al Ripoll en incumplimiento del programa electoral del PP que en 1995 hizo caballo de batalla por la austeridad, a lo que Ripoll no tuvo reparos en replicar que los programas cambian. Oltra tasó en cerca de setecientos millones de pesetas el coste anual, sólo en sueldos, y criticó el despilfarro que supone sobre todo cuando la situación de las cuentas de la Generalitat es «catastrófica». Oltra acusó al PP de dar «mal ejemplo» y, tras considerar «injustificado» el aumento de conselleries y altos cargos, afirmó que los incrementos responden a «intereses de partido y a la necesidad colocar a amigos». La portavoz adjunta del PSPV, Cristina Moreno instó a Ripoll a aclarar el coste por el incremento de altos cargos «con lo que ello conlleva de dietas, coches, chóferes, jefes de prensa, secretarias...». «Diga aquí -espetó a Ripoll- cuánto cuesta y por qué ahora es eficiencia lo que en 1995 era despilfarro ". Moreno recordó que sólo en Presidencia, las dos vicepresidencias, las tres subsecretarias, las nueve direcciones generales y los tres directores territoriales cuestan 200 millones al año. "Y mientras que no sabemos bien qué hacen, 1.200 profesores no han cobrado el mes pasado ". Por otro lado, el debate sobre el incremento de altos cargos acabó en una enconada discusión sobre jacuzzis, deportivos y utilitarios. Moreno (PSPV) aludió a los hidromasajes que Zaplana y el vicepresidente primero del Consell, José Luis Olivas, se han hecho construir en el Palau, así como a los «deportivos» del parque móvil de Presidencia. (Octubre 1999)
ZAPLANA, EL DIRECTOR GENERAL DE RTVV Y LOS JUZGADOS DE PATERNA
El consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) ha ratificado la continuidad como director general de José Vicente Villaescusa, imputado por un juez de Paterna (Valencia) como supuesto responsable de tres delitos cometidos durante sus tres años en el cargo. La decisión del órgano de administración, que tras las elecciones autonómicas debía proponer la confirmación o sustitución de Villaescusa, contó con los votos en contra de los consejeros del PSOE y el de IU. Además, un juez ha imputado a Villaescusa y otros cinco ex cargos de RTVV en diligencias por tres presuntos delitos: malversación de caudales, tráfico de influencias y societario. El magistrado investiga una querella del PSOE que acusa al director general de contribuir, con la participación de cinco de sus antiguos subordinados, a la creación de un entramado de empresas que pudo ser utilizado para desviar recursos públicos a manos privadas. (Octubre 1999)
ZAPLANA Y LAS PRIVATIZACIONES SANITARIAS
El consejero de Sanidad del Gobierno de Eduardo Zaplana, en la Generalitat valenciana, José Emilio Cervera, anunció que su departamento estudia introducir equipos de exploración de resonancia magnética de empresas privadas en centros de la red hospitalaria pública valenciana. Cervera compareció ante las Cortes regionales para explicar el contrato suscrito entre la consejería y la empresa Inscanner, fundada por el diputado popular y presidente de la comisión de Sanidad del Parlamento autonómico, Luis Concepción, y que cuenta con la exclusiva, desde junio de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1999, de las exploraciones por resonancia de los pacientes de la Seguridad Social de la provincia de Alicante. Cervera no arrojó luz sobre las posibles vinculaciones actuales entre Concepción e Inscanner SL, empresa que sólo el año pasado recibió de la consejería 465 millones de pesetas. El consejero de Sanidad sí justificó el sistema de conciertos con empresas privadas para ofrecer este tipo de servicios y así "optimizar la eficiencia del sistema de sanidad público". Cervera defendió la bondad de esta práctica ya que, señaló, cuenta con las ventajas de la rapidez en la prestación del servicio y la ausencia de listas de espera. Además, "no son necesarios incrementos de plantilla", añadió al apuntar el hecho de que la empresa adjudicataria incluso revierte recursos al sistema vía impuestos. Con estos argumentos, Cervera anunció que, frente a la opción de compra e instalación de equipos de resonancia por parte de la Consejería, su departamento baraja la opción de "manteniendo el sistema actual de concertación, introducir los equipos en los hospitales públicos". La medida va más lejos y contempla incluso la posibilidad de establecer "fórmulas mixtas de explotación", sobre las que el responsable autonómico no ofreció más datos. El anuncio de Cervera encontró una rápida respuesta en la junta directiva de la Sociedad Valenciana de Radiología, que rechaza la medida al considerar, entre otras cosas, que "rompe el principio de distribución de funciones" de los especialistas establecido en los centros hospitalarios e impide que los residentes reciban la formación necesaria para manejar los aparatos. (Octubre – Nov. 1999)
EL SINCERO DE EDUARDO ZAPLANA Y EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL
El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ha reconocido que el Plan Hidrológico Nacional (PHN) -que regula los trasvases de caudales de agua para la Comunidad Valenciana- no estará listo para su tramitación en las Cortes Generales durante la actual legislatura. Lo reconoció Zaplana ante cerca de un millar de empresarios que acudieron a la «Noche de la Economía Valenciana» y precisó que «no tengo la certeza de que se vaya a aprobar porque apenas queda tiempo». Según las palabras de Zaplana, todo parece indicar que el Gobierno renunciará así -salvo una tramitación de urgencia- a sacar adelante un proyecto de especial trascendencia para el campo de la Comunidad Valenciana. El presidente del Consell, sin dar más explicaciones, indicó que «se lo preguntaremos al presidente del Gobierno cuando venga a Valencia». Las afirmaciones de Zaplana no causaron sorpresa entre algunos colectivos agrarios, aunque sí una lluvia de críticas al retraso en la aprobación de un plan que lleva ya varios años de retraso. El secretario general de la Unión de Llauradors, Lucio Monteagudo, dijo que el anuncio del presidente de la Generalitat «no es de extrañar», pues el Plan Hidrológico Nacional «sólo ha servido para hacer campañas electorales sin ninguna intención de aprobarlo».(Octubre – Nov. 1999)
ZAPLANA Y LA CENSURA EN CANAL 9
El comité de redacción de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), el órgano de representación de los periodistas, ha denunciado un nuevo "caso de censura" y "absoluta manipulación informativa" en Canal 9. Según el comunicado del comité, elegido por los informadores de la cadena, los responsables de los noticieros "censuran las noticias cuando consideran que pueden ser perjudiciales para el PP". Concretamente, los informadores denuncian las diferentes varas de medir utilizadas para valorar las noticias. Así, el supuesto intento de comprar los votos de varios concejales del PP de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) por parte de un edil del PSOE mereció hasta 23 minutos en diversos programas de Canal 9. Por contra, un caso idéntico, pero en sentido contrario (el supuesto comprador de voluntades es del PP, y los políticos tentados, del PSOE) y sucedido en Callosa de Segura (Alicante), no ha merecido ni una imagen. (Noviembre 1999)
EL ALCALDE DE ALICANTE Y SU SINGULAR CRITERIO SOBRE EL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN
La tensión existente en el Ayuntamiento entre el PP y la oposición, como consecuencia de las últimas decisiones del equipo de gobierno, entre ellas las de impedirles que remitan cartas con cargo a las arcas municipales y la de prohibir a los funcionarios hablar con la oposición, se eleva hasta niveles muy pocas veces alcanzados en esta ciudad, ante el nuevo intento de veto, ahora a EU, para dar una rueda de prensa en los salones municipales, y las declaraciones del portavoz municipal del PP, Pedro Romero, ratificando el veto a la correspondencia porque el PSOE la utiliza para «criticar al equipo de gobierno». La cronología de los hechos sucedidos y que han elevado aun más las ya tensas relaciones se iniciaron cuando el portavoz municipal de EU, José Luis Romero, denunció «la prohibición» por parte del alcalde, a través del Gabinete de Prensa, a que dieran una rueda de prensa en los salones municipales. Tras explicar el edil de EU que en su despacho municipal no hay espacio para una rueda de prensa, añadió que «le hemos contestado que el alcalde nos dé la prohibición por escrito pues de lo contrario haríamos la rueda de prensa y que intervenga la fuerza pública», recalcando que es un derecho constitucional. José Luis Romero dijo que Alperi, con su actitud antidemocrática, parece que «quiere convertir Alicante en una Marbella o Pego y convertirse él en un tiranuelo del tres por cuatro». Finalmente, el concejal de EU pudo dar la rueda de prensa en el Salón Azul del Ayuntamiento. Sobre la prohibición al PSOE y EU de remitir cartas con cargo al Ayuntamiento, Pedro Romero mostró una carta remitida por el Grupo Socialista a un vecino de San Blas, manifestando que «este es el trabajo sucio que hace la oposición» y añadiendo que «habrase visto más cinismo que coger los nombres de los presidentes de comunidad y enviar una carta y un trabajo periodístico diciendo que están para servir al ciudadano». En la citada carta, el portavoz socialista, José Antonio Pina expone al vecino el abandono del barrio y acompaña su escrito con recortes de prensa de la denuncia que el PSOE hizo exigiendo al PP municipal mejoras para San Blas. (Noviembre 1999)
EL CADA DÍA MÁS TELEVISIVO EDUARDO ZAPLANA Y SUS APARICIONES ALEATORIAS EN CANAL 9
Un estudio realizado por el comité de redacción de Canal 9 sobre los informativos de la televisión pública concluye que el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, copa el 82% de las apariciones de políticos. El informe denuncia además que Televisió Valenciana (TVV) fomenta un modelo de comunicación acrítico en el que el fútbol y los sucesos priman sobre las noticias de corte político, social o ecológico. La Tercera memoria del seguimiento de informativos de Canal 9 ha sido elaborada por el comité de redacción de TVV, el órgano de representación de los periodistas de la cadena ante la dirección de la misma. El trabajo, de 102 páginas, repasa los noticiarios de la televisión pública durante seis semanas aleatoriamente seleccionadas entre mayo de 1998 e idéntico mes de 1999. Sus resultados no pueden ser más contundentes. De las 2.795 noticias analizadas sólo 41 versaban sobre política valenciana (un 6,3%). De ellas, únicamente seis recogían alguna manifestación crítica contra el Gobierno autonómico, del Partido Popular. Otras 20, por contra, se hacían eco de las crisis internas padecidas por el PSOE o Unió Valenciana, un partido que ya no tiene representación en el parlamento regional. El documento recoge de manera prolija varios ejemplos de supuesta manipulación informativa, siempre enmarcados en un modelo de comunicación trivial y acrítico en el que el fútbol y los sucesos primarían sobre las noticias de corte político, social o ecológico. Así lo atestiguan las estadísticas del informe: los dos informativos más seguidos de lunes a viernes -emitidos a las 14.00 y a las 21.00- dedican el 63,5% de su minutado a deportes, sucesos, fiestas o frivolidades. En esa línea -la de unos noticiarios "que siguen las pautas de los antiguos No-Do" o cuyos responsables "manipulan y censuran para beneficiar los intereses políticos del PP y Zaplana"- se enmarca el tratamiento que Canal 9 dispensa al presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana. El comité de redacción afirma que su presencia "es tan abusivamente desproporcionada" que por sí sola vulneraría "la pluralidad e imparcialidad" sobre las que se edificó la ley de creación de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). El presidente valenciano aparece en Canal 9 cinco veces más que el resto de líderes parlamentarios juntos, protagoniza un 82% de las noticias de corte político y multiplica por 11 las irrupciones en pantalla del líder de la oposición, el socialista Joan Romero, durante el seguimiento realizado. Los periodistas de TVV consideran que el departamento de informativos "trabaja más como un estamento propagandístico al servicio del presidente Zaplana que de medio de comunicación que tiene como principal objetivo el servicio de la ciudadanía". Los autores del informe ilustran sus afirmaciones con varios ejemplos: Canal 9 desplazó una unidad móvil desde la localidad de Contreras (casi en la provincia de Cuenca) hasta Valencia con el "único objetivo de entrevistar a Rosa Zaplana, la hija del presidente de la Generalitat". La joven participaba, junto con otras chicas, en un homenaje de varias fallas a la Virgen de los Desamparados. El estudio también arremete contra "la elección de los diferentes periodistas que, muy generosamente remunerados, participan en los espacios de opinión". Un caso concreto es el de la comentarista Pilar Ferrer, cuyo trabajo "se caracteriza no sólo por no hacer nunca objeción alguna contra las gestiones gubernamentales de Zaplana y [José María] Aznar, sino por repetir constantemente frases admirativas hacia los dos presidentes". El largo capítulo de anécdotas sobre la manipulación informativa tiene algunos episodios estelares. Tal vez, el más llamativo de ellos, siempre según el informe, es el que hace referencia a las órdenes explícitas que reciben los cámaras de la televisión valenciana, "a los que se prohibió grabar a Zaplana por su perfil izquierdo" porque, al parecer, es el que menos favorece al presidente autonómico. Canal 9 incluso llegó a falsear una retransmisión en directo -introdujo planos grabados durante una emisión en vivo- al detectar que la ubicación de una cámara en un partido de fútbol impedía la captación de imágenes de Eduardo Zaplana, ocultado por un compañero de palco. Un fallo técnico, la diferente calidad de la imagen, evitó la repetición del falseamiento.
LA LISTA NEGRA DE «NOTÍCIES 9»
· Encuestas del CIS. Cuando aventaja el PP se da una amplia información.
· Primarias del PSPV. El PP opinó más del proceso que los socialistas.
· Precampaña de Asunción. Reig obliga a transcribir la rueda de prensa y selecciona las declaraciones.
· Caso Espinosa. Sólo se informa cuando comparece Jiménez de la Iglesia por el tema del CEV. Se esconde que uno de los principales implicados es un alto cargo del PP, Luis Espinosa.
· Pitada a Zaplana en el barrio del Cristo. Los responsables del informativo silencian las reivindicaciones de los vecinos.
· Fiesta de los mayores. No se informa de la muerte de una persona ni del ingreso de otras 9.
· Protesta de bomberos. Se ordena que no se vea ni se oiga la manifestación en la inauguración del Palau de Congressos.
· Respuesta de Zaplana. Contesta a críticas que no han salido en el informativo.
· Dudas de los socialistas. De una rueda de prensa sólo se escoge la declaración en la que se indicaba la posibilidad de que una denuncia del PSPV quedara en nada.
· Economía. Si el dato es bueno se destaca, si es malo se esconde.
· Comparecencia de Forner. El director prohibe que se grabe su explicación en las Cortes sobre la manipulación en TVV.
· Denuncia contra la Generalitat. Se borra la referencia al Consellen una denuncia ecológica.
· Manifestación laboral. El editor suprime que se dirige al Palau de la Generalitat para exigir el cumplimiento de la ley de seguridad.
· Protesta contra la política de enseñanza. Se censura que los manifestantes acusan al Consell de prometer inversiones en infraestructuras que no cumplen.
· Carga de estudiantes en la UAB. El editor borra que la Autónoma de Barcelona ha declarado persona non grata a Aznar.
Manifestación de jóvenes en la sede del PP. Se suprime que la oposición pide la dimisión de la delegada del Gobierno en Cataluña por la carga policial. (Diciembre 1999)
