" Salimos del Gobierno con las manos limpias... "
( Dixit Mariano Rajoy.14.03.04 )MARIA TEOFILA MARTÍNEZ SAIZ TIENE UN PROBLEMA CON......Y RODRI $ RATO, TAMBIÉN
"No ha habido delito en la gestión"
( Teófila Martínez. 05.03.04 )PASEN Y VEAN
Condenado el ex delegado en la Zona Franca de Cádiz a devolver 208.000 euros
El Tribunal de Cuentas ha condenado al ex delegado del PP en la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro a devolver 208.362,59 euros que gastó sin justificar durante su etapa al frente de este organismo entre 1996 y 2001. Es la primera condena que se produce por las irregularidades detectadas durante la gestión del PP en el recinto fiscal gaditano. El PSOE exigió ayer que la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, asuma responsabilidades políticas y pida disculpas públicas por este caso. Rodríguez de Castro tiene otras causas pendientes en los juzgados.
Según la sentencia, ha quedado demostrado que Rodríguez de Castro empleó sin justificar 100.885,39 euros por contratación de profesionales independientes; 26.117,11 euros por facturas de agencias de viajes, 43.463,06 euros por liquidaciones de tarjetas de crédito; 33.589,96 euros por gastos compensados por la Zona Franca que previamente él había abonado, y 4.307,07 euros, por recibir un finiquito que la ley le impedía cobrar. El total, 208.362,59, está lejos de los 523.265,05 euros, que solicitaba en un principio la Abogacía del Estado. El Tribunal de Cuentas sostiene que Rodríguez de Castro sí ha podido justificar la diferencia entre esas dos cantidades.
En particular, la sentencia hace mención a un contrato con fecha de 16 de octubre de 1996 para la prestación de "un servicio de administración de actividades del Consorcio que necesariamente deban desarrollarse en Madrid". Ese contrato hasta el año 2000 supuso 145.023,72 euros, de los que no se justificaron 100.885,39 euros. Se trata de un contrato para la sociedad informática Rilco, que la Zona Franca creó en febrero de 2000 a instancia del propio Rodríguez de Castro.
En el apartado de viajes, se detallan los continuos desplazamientos que realizó el ex delegado por todo el mundo, supuestamente, para promocionar el recinto fiscal gaditano. Se citan viajes a Madrid, Lima (Perú), Miami y Panamá. Además, Rodríguez de Castro pagó con su tarjeta de crédito cinco viajes al extranjero que después le compensó la Zona Franca. Entre ellos, uno a China en julio de 2000 con facturas de alojamiento en tres hoteles, por 1.468,96 euros, y cargos en esos hoteles de 2.234,08 euros más por servicios no identificados.
Gastos de tarjetas
La principal diferencia entre lo que solicitaba la Abogacía del Estado y lo que estima el Tribunal de Cuentas está en el apartado de gastos con las tarjetas de crédito del Consorcio en restaurantes y viajes. La Abogacía había valorado esas cantidades sin justificar 320.800,05 euros, que la sentencia reduce a 43.463,06.
La sentencia considera a Manuel Rodríguez de Castro responsable contable directo de los gastos sin justificar en la Zona Franca y le obliga a indemnizar al recinto fiscal con 208.362,59 euros, a los que habrá que sumar los intereses y las costas del proceso. Independientemente, el propio Tribunal se reserva su derecho a iniciar un procedimiento civil o penal por estas irregularidades. El fallo, con fecha del 7 de noviembre, no es firme. Las partes pueden presentar recurso de apelación en el plazo de 15 días desde su notificación.
Tras a dar a conocer este fallo judicial, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y diputado en el Congreso, Rafael Román, consideró probado que en la Zona Franca ha habido corrupción. "No estamos hablando de presunta corrupción. Aquí ya hay una sentencia y se puede hablar de corrupción". A su juicio, esta primera resolución judicial contra Rodríguez de Castro da la razón a los que, en su día, denunciaron "la política de lujo y boato que promovía el PP" al frente del recinto fiscal.
"Entonces nos llamaban catetos por criticar esas formas de utilizar el dinero público", dijo Román, quien exigió responsabilidades a Teófila Martínez "por ser una de las impulsoras políticas" de la contratación de Rodríguez de Castro y le reclamó que pidiera disculpas públicas. La alcaldesa gaditana rehusó ayer pronunciarse sobre esta sentencia, al asegurar que desconocía su contenido, a pesar de ser la presidenta del Consorcio de la Zona Franca.
Por su parte, el teniente alcalde y consejero municipal en la Zona Franca, Ignacio Romaní, aseguró ayer que fue el PP quien pidió al Tribunal de Cuentas que investigara la gestión de Rodríguez de Castro, y aseguró que la sentencia demuestra que lo que se le imputaba hacía referencia "al ámbito de la responsabilidad personal, que nada tiene que ver con los asuntos abordados para el control de la Zona Franca en el Pleno y en el Comité Ejecutivo". www.elpais.es 14.11.06
La Abogacía del Estado y la Fiscalía se querellan contra el ex delegado de la Zona Franca de Cádiz
La Abogacía del Estado y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas del Estado han interpuesto conjuntamente un procedimiento de enjuiciamiento contable y penal por presunta responsabilidad en varios delitos contables contra el ex delegado de la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, del PP, a quien exigen que devuelva íntegramente los 606.000 euros de gastos en viajes, hoteles, restaurantes, regalos, asesorías y mediante tarjetas de crédito que no justificó durante su gestión al frente del recinto fiscal gaditano, dependiente del Ministerio de Hacienda y que preside la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez.
La denuncia presentada para el "resarcimiento del dinero público" incluye además una "posible derivación penal", con posibles penas privativas de libertad, según informaron ayer a este periódico varios letrados de los organismos denunciantes.
Estos mismos abogados explicaron que esta denuncia judicial se presentó hace dos semanas para la devolución íntegra del dinero injustificado. Este procedimiento de responsabilidad contable es previo a la querella penal, para evitar que si se le acusa penalmente se paralice el procedimiento contable. "En estos casos lo que interesa es determinar qué cantidad de dinero tiene que devolverse y una vez que se culmine el procesamiento de enjuiciamiento contable, el Tribunal de Cuentas y la Abogacía del Estado pedirán las responsabilidades penales que proceda", detalló uno de los letrados.
Este doble proceso contable y penal contra Rodríguez de Castro se produce siete meses después de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas actuara de oficio el pasado mes de marzo y abriese una investigación preeliminar sobre los indicios de varios supuestos delitos contables en la gestión de este alto cargo del PP -vinculado políticamente a Teófila Martínez- al frente de la Zona Franca de Cádiz entre los años 1997 y 2000. La Fiscalía comenzó a investigar a raíz de un informe del propio Tribunal de Cuentas que denunció que el ex delegado gastó durante su mandato, 606.000 euros de los fondos de este organismo sin que justificara su destino.
El Tribunal de Cuentas detalló que este dirigente cargó 330.000 euros en gastos a tres tarjetas de crédito por cuenta del Estado. Asimismo, se transfirieron al delegado 132.000 euros en efectivo en compensación de gastos sufragados por él pero "sin que la dirección del Consorcio aportara a los servicios financieros los correspondientes justificantes de gasto". Además, Rodríguez de Castro pasaba de forma habitual facturas sin justificar correspondientes a hoteles, coches con chofer y a viajes a Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina), Puerto Rico, Ciudad de México, Panamá y China. Denuncia el Tribunal que algunas de esas facturas se pasaron dos veces a su cobro. Este dirigente contrató con empresas privadas ajenas al Consorcio de la Zona Franca labores de administración y asesorías por las que cobraron 144.000 euros "sin que se haya aportado ningún documento que desprenda la utilidad o rendimiento que le reportó esta contratación".
Otros pagos
El Estado pagó, además, el alquiler de la vivienda del delegado y el sueldo y la Seguridad Social de su empleada del hogar entre 1997 y 2000. Al firmar el finiquito tras su dimisión, Rodríguez de Castro incluyó 11.000 euros "de cuya aplicación", según el Tribunal de Cuentas, "estaba expresamente excluido el delegado".Por otra parte, según informó Europa Press, el despacho de abogados que representa a la empresa Miami Free Zone solicitó ayer una "rectificación inmediata" al delegado de la Zona Franca de Cádiz, José de Mier, por "afirmaciones confusas y falta de veracidad que pueden causar un daño irreparable al nombre de la compañía". De Mier anunció que está investigando cómo se adjudicó un contrato de 4,2 millones de euros a una empresa que, según los técnicos de la Zona Franca, incumplió numerosos preceptos del pliego de condiciones y participó en un proyecto informático que no existe.
Según el despacho de abogados de Miami Free Zone, "esta sociedad participó en un concurso público en 1999 por un montante de 4,2 millones de euros, basado en un informe de las necesidades de Rilco y presentó una oferta de acuerdo con los requisitos del pliego, resultando adjudicataria de la misma. Además, Rilco aceptó y recepcionó el trabajo de Miami, así como certificó su satisfactoria conclusión".( El Pais.24.11.04)
Desmanes en la zona menos franca
La Zona Franca de Cádiz no logra despegarse de una permanente sospecha de irregularidades y corrupción. Casi todo lo que de este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha trascendido desde 1996 ha estado asociado a escándalos en la gestión de los dos militantes -Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna- a los que el PP encomendó la tarea de dirigirlo mientras gobernó en La Moncloa. Presuntos delitos contables, inversiones fantasma, gastos injustificados y excesivos, supuestos casos de enchufismo, nombramientos impuestos, dejación de responsabilidades en los órganos de control, posible malversación de fondos públicos y entramados empresariales poco transparentes han sumido al recinto fiscal gaditano en una delicada situación financiera, al borde de la quiebra. El nuevo delegado del PSOE, José de Mier, ha encargado una investigación porque de los documentos analizados hasta ahora concluye que en la Zona Franca "todo huele a podrido y a corruptela".
Los últimos escándalos vuelven a situar en la picota a los gestores populares, especialmente a Rodríguez de Castro -vinculado políticamente a Rodrigo Rato, director del Fondo Monetario Internacional, y Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca-, quien se vio obligado a dimitir en 2001 acuciado por denuncias de irregularidades.
Este alto cargo del PP gastó 6,8 millones en un proyecto informático que no existe. Una de las empresas beneficiadas, Miami Free Zone, era una sociedad limitada de apenas 1.000 dólares de capital social y que además, cuando recibió el contrato de 4,2 millones, llevaba un año sin actividad. Esta sociedad no presentó el preceptivo certificado empresarial de la embajada de España. Tampoco aportó referencias sobre su solvencia profesional y económica, y no hubo recepción física de la oferta, sino por correo electrónico cinco días antes de que expirase el plazo del concurso público. Todos estos supuestos impedimentos no impidieron a Rodríguez de Castro firmar un contrato redactado en sólo dos folios y con apenas cláusulas. A cambio, la Zona Franca recibió un equipo que no sirve para "crear la red de comercio digital contratada". Estos materiales son, según los técnicos, de "complicada cuantificación", aunque "en ninguno de los cálculos" se acercan a los 6,8 millones de euros desembolsados.
Los primeros pagos de este proyecto por 1,65 millones los firmó Rodríguez de Castro el día en el que presentó su dimisión, y después de cesar en el cargo, mediante transferencias a un banco de Florida. El resto de pagos se hizo con Miguel Osuna como nuevo delegado, sobre quien recae también la sospecha de permitir que su antecesor permaneciera al frente o que figurase en los consejos de administración de algunas empresas de la Zona Franca cuando ya había cesado en el cargo. Osuna se tendrá que enfrentar también a varias denuncias judiciales por la supuesta desaparición de 2,3 millones de los fondos de Quality Food, otra sociedad del recinto fiscal.
Estas nuevas denuncias se suman a las que obligaron a Rodríguez de Castro a presentar su dimisión el 19 de febrero de 2001, mes y medio después de que trascendieran las denuncias sobre su gestión, en especial, por 1,33 millones de euros que gastó en viajes, almuerzos, regalos y partidas relacionadas con el protocolo en sus cuatro años de gestión, un millón más de lo previsto, según los informes internos de control presupuestario de la Zona Franca. El delegado se marchó pero no ofreció explicaciones sobre estas denuncias y otras relacionadas con la supuesta contratación irregular de personas vinculadas al PP y a su actividad en numerosas empresas privadas. A cambio, se presentó como una "víctima" de la "campaña de acoso" que, a su juicio, había auspiciado el PSOE.
El fiscal para el Tribunal de Cuentas actuó de oficio el pasado marzo y abrió una investigación sobre los indicios de un supuesto delito contable en la gestión de la Zona Franca de Cádiz entre los años 1997 y 2000, a raíz de un informe de este organismo contable que denunció que Rodríguez de Castro gastó durante su mandato, entre 1997 y 2001, casi 600.000 euros de los fondos de este organismo sin que justificara su destino. Este dirigente contrató además con empresas ajenas al Consorcio de la Zona Franca labores de asesoría por las que cobraron 144.000 euros "sin que se haya aportado ningún documento que desprenda la utilidad o rendimiento que le reportó esta contratación".
El Tribunal de Cuentas detalló que el dirigente popular cargó 330.000 euros en gastos de viajes y restaurantes a tres tarjetas de crédito por cuenta del Estado. Asimismo, entre 1997 y 2000 se transfirieron al delegado 132.000 euros en compensación de gastos sufragados por él, pero "sin que la dirección del Consorcio aportara a los servicios financieros los correspondientes justificantes de gasto". Además, pasaba de forma habitual facturas sin justificar correspondientes a hoteles, coches con chófer y viajes a distintos países. Denuncia el Tribunal que algunas de esas facturas se pasaron dos veces.
El Estado pagó el alquiler de la vivienda del delegado y el sueldo de su empleada del hogar entre 1997 y 2000. Al firmar el finiquito tras su dimisión, Rodríguez incluyó 11.000 euros "de cuya aplicación", según el Tribunal, "estaba expresamente excluido el delegado".( El Pais.22..11. 04 )
'Colocado' por Rato y Teófila
La alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, Teófila Martínez, impuso en julio de 1996 el nombramiento de Manuel Rodríguez de Castro por encima de la opinión del PP de Cádiz, que no entendió la llegada de un delegado sin experiencia. El militante elegido por los populares gaditanos, Antonio Grimaldi, fue refrendado por todos los órganos del PP, hasta que llegó al Consejo de Ministros. Allí, el entonces titular de Hacienda, Rodrigo Rato, prefirió a Rodríguez de Castro ante las presiones ejercidas por Teófila Martínez.
Al estallar los escándalos, Martínez arremetió contra el mensajero que desveló el asunto -amenazó con querellas a algunos medios de comunicación- y ordenó cerrar filas en torno al aludido. Nunca admitió fallos, y sólo cuatro años después, semanas después de que el Tribunal de Cuentas confirmara todas las denuncias, Martínez se desmarcó de su antiguo hombre de confianza y le pidió que devolviera los 600.000 euros que no justificó. Ahora ha vuelto a recuperar su vieja costumbre de notarios y querellas con las que ha amenazado a José de Mier por acusarla de "conocer y tolerar todas las irregularidades" de la Zona Franca como presidenta de esta organismo.
Rodríguez de Castro, de 40 años, se caracterizó en los cuatro que pasó en Cádiz por su apego al lujo en una ciudad con la renta per cápita más baja del país. Tenía un elevado culto por la imagen personal y por el desmesurado gasto en lo selecto. Solicitó coches oficiales y medidas especiales de seguridad y atención en los aeropuertos de Jerez y Nueva York aludiendo a su rol de alto cargo del Estado. Sonadas fueron sus facturas de 2.400 euros por una noche de hotel en Miami o el uso profuso que hizo de las limusinas en sus viajes por América. Ahora nadie sabe dónde está. Lo último que se conoce data de marzo de este año. Entonces residía entre México y Miami y era el presidente de la empresa Agencia-Hispana. Era consejero además de las firmas Electra y Iusacell, dos grupos mexicanos cuyo propietario es el empresario Ricardo Salinas, que ha sido investigado por la justicia mexicana en reiteradas ocasiones por presunto delito de corrupción ( El Pais.22..11. 04 )
La Zona Franca de Cádiz gastó 6,8 millones en una red informática de comercio que no existe
La Zona Franca de Cádiz firmó a finales de 2000 y principios de 2001 contratos con dos empresas -una de ellas con sede en Miami- para crear una red informática de comercio exterior que impulsara negocios internacionales del recinto fiscal gaditano que "nunca se desarrolló y que hoy aún no existe", según informan técnicos de este organismo. La Red Iberoamericana de Logística y Comercio (Rilco) -sociedad de la Zona Franca- gastó 6,8 millones de euros por los trabajos de este proyecto "de dudosa utilidad y sin claro uso", a juicio de los citados técnicos del organismo fiscal gaditano.
Dos informes técnicos que obran en poder de la Zona Franca denuncian además que las empresas adjudicatarias -Miami Free Zone y Telvent (filial de Abengoa)- incumplieron numerosos preceptos del pliego de condiciones. Sin embargo, estas deficiencias no fueron obstáculo para que el ex delegado de la Zona Franca Manuel Rodríguez de Castro, del PP, les adjudicase estos contratos millonarios.
Este alto cargo -vinculado políticamente a Teófila Martínez que fue quien le trajo a la Zona Franca de Cádiz- se vio obligado a dimitir en febrero de 2001 presionado ante las numerosas denuncias de irregularidades en su gestión que fueron confirmadas el pasado mes de marzo por el Tribunal de Cuentas del Estado. La Fiscalía de este órgano le investiga por varios posibles delitos contables al gastar 600.000 euros que no ha llegado a justificar.
Rodríguez de Castro firmó el 29 de enero de 2000 un contrato de 4.237.135 euros con Miami Free Zone Management Services Corporation. El 16 de febrero, tres días antes de presentar su dimisión, firmó otro contrato por los mismos servicios con la empresa Telvent Iteractiva por un montante de 2.566.825 euros. Los dos contratos suman 6,8 millones de euros y tenían por objeto "crear una red informática de comercio exterior para impulsar negocios y operaciones con otros países". Entre los equipamientos y materiales que debía recibir está un portal informático, un hardware, un software y un sistema de comercio electrónico transnacional.
Sin embargo, la dirección de la Zona Franca ha asegurado a este periódico que Rilco no dispone de ninguna red informática de comercio y que no ha cerrado ninguna operación económica de las mencionadas en el pliego de condiciones. Esta filial de la Zona Franca tan sólo cuenta entre los activos recibidos con un portal de Internet -que apenas tiene valor-, algunos ordenadores, programas y "otras herramientas" informáticas que "en ningún caso" permiten crear una red informática. Estos materiales son, según la Zona Franca, de "complicada cuantificación" aunque "en ninguno de los cálculos" se acercará a los 6,8 millones de euros desembolsados.
Además, dos informes cuestionan la forma que se empleó para contratar estas empresas y los servicios que finalmente prestaron. En especial, la adjudicación a Miami Free Zone incumple numerosos puntos del pliego de condiciones. La dirección de esta sociedad no presentó el preceptivo certificado sobre esta empresa de la Embajada de España. Tampoco aportó referencias sobre su solvencia técnica, profesional y económica, como denuncia un informe "contundente" sobre este contrato en poder de la Zona Franca. Añade este documento que no hubo recepción física de la oferta, sino por correo electrónico, cinco días antes de que expirase el plazo del concurso público. Miami Free Zona tampoco desglosó en su oferta datos económicos ni el personal que iba a destinar al negocio. Sorprende además que un contrato de esta elevada cuantía (4,2 millones de euros) se adjudicase a una empresa que es una sociedad limitada con un capital social de sólo 1.000 dólares. Todos estos supuestos impedimentos no impidieron a Rodríguez de Castro firmar estos contratos millonarios que están redactados tan sólo en dos folios cada uno y con apenas cláusulas.
El segundo de los informes advierte de que algunos programas informáticos recibidos por estos contratos pueden no ser nuevos, cuando una de las condiciones era que los servicios que se prestaran a Rilco debían ser exclusivamente para el uso de esta sociedad. Los técnicos de la Zona Franca dudan además de la "autenticidad" del material que estaban recibiendo porque constataron que los programas informáticos "podían haber sido utilizados por otras empresas".
Los primeros pagos a estas dos empresas por 1,65 millones (EL PAÍS, 16 de noviembre) los firmó Rodríguez de Castro después de cesar en el cargo. El resto de pagos se hizo con Miguel Osuna, también del PP, como nuevo delegado de la Zona Franca ( El Pais.18.11.04)
Procedencia y destino del dinero
Rilco pagó 6,8 millones a Miami Free Zone y Telvent. Casi el 75% de ese dinero (4,8 millones) procedía de los fondos PROFIT (Programa de Fomento de la Investigación Tecnológica) del Ministerio de Educación y Ciencia, dotado con Fondos Estructurales de la Unión Europea, que concedió estas subvenciones a Rilco el 29 de febrero de 2000. El restante 25% fue una provisión de fondos de la propia Zona Franca ya que Rilco creció únicamente mediante subvenciones económicas institucionales porque su volumen de negocio fue "nulo", según informan técnicos del recinto fiscal.
Cuando Miami Free Zone recibió el dinero, la dirigía el empresario colombiano Germán Leiva. Esta empresa, que no es pública -a diferencia de la Zona Franca-, fue vendida posteriormente por Leiva y está actualmente en proceso de liquidación. Meses después de recibir el ingreso de este contrato millonario, Leiva creó dos empresas en Madrid: una filial de Miami Free Zone (Miami Free Zona Management Europa S.L.) y, curiosamente, Consultoría y Servicios Informáticos para Zonas Francas S.L.
Según consta en el Registro Mercantil, en la primera figuró como apoderada su esposa María Camila Leiva y tenía por objeto social el asesoramiento empresarial y la adquisición y comercialización de inmuebles en España. Se constituyó el 7 de septiembre de 2001, aunque fue liquidada apenas dos años más tarde por el propio Germán Leiva. La segunda sociedad nació, como su nombre indica, para asesorar, gestionar y suministrar material informático a las zonas francas. La dirección de la Zona Franca de Cádiz ha mostrado su sorpresa por la creación de una sociedad que se limite a prestar servicios a recintos fiscales, cuando en España sólo hay tres zonas francas: Cádiz, Barcelona y Vigo.( El Pais.18.11.04)
El ex delegado de la Zona Franca en Cádiz autorizó tres pagos tras su cese
El ex delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, del PP, autorizó en febrero y marzo de 2001, el mismo día en el que dimitió acuciado por numerosas denuncias de irregularidades y después de cesar en el cargo, tres pagos por parte de Rilco -una de las sociedades del recinto fiscal- por valor de 1.657.652 euros a dos empresas -una con sede en Miami- por trabajos de asesorías y materiales que, según valoran técnicos de Rilco y de la Zona Franca, son "de dudosa utilidad". Este dirigente, vinculado políticamente al ex vicepresidente del Gobierno y director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, y a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, se mantuvo además como presidente, consejero delegado o consejero de varias empresas de la Zona Franca entre cuatro y diez meses tras su salida del cargo.
El mismo día en el que dimitió -19 de febrero- firmó una transacción bancaria de la cuenta de Rilco en una sucursal de la caja de ahorros El Monte de Sevilla y Huelva, en la ciudad de Cádiz, a la cuenta que tiene en Miami la sociedad Free Zone Management Services Corporation, en el banco Brickell Branch de Florida. El pago fue de 643.082 euros en concepto de provisión para los trabajos iniciales. Cuatro días después, el 23 de febrero, autorizó otro pago a la misma sociedad de Miami por importe de 761.785 euros.
El tercer pago lo firmó el 27 de febrero a Telvent Interactiva -filial de Abengoa- por valor de 252.785 euros. Estos pagos fueron para materiales y asesorías "de dudosa utilidad que aún hoy no prestan un servicio claro y útil", según detallan técnicos de Rilco y de la Zona Franca de Cádiz consultados por este periódico.( El Pais.16.11.04 )
El ex delegado de la Zona Franca de Cádiz se gastó 100 millones de pesetas que no justificó
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz evidencia la falta de control sobre los gastos del ex delegado del Estado Manuel Rodríguez de Castro, quien no justificó (o lo hizo irregularmente) gastos por 318.536 euros efectuados con tarjetas de crédito corporativas, de 132.222 euros adelantados de su bolsillo y no avalados con facturas y de otros 144.232 euros abonados en conceptos de asesoría externa. Éstas son algunas de las irregularidades señaladas.
- Cesión de facultades. El Tribunal estima que "no puede considerarse prudente" el traspaso de todas las facultades contractuales de obras del pleno al comité ejecutivo del consorcio y de éste al delegado especial. Esto ha supuesto "la desvinculación" del pleno del consorcio "de uno de los aspectos más relevantes de la entidad". Así, revela el informe que "no aparece motivada la adjudicación de dos contratos en los que hubo concurrencia de ofertas".
- Publicidad. La contratación de campañas no se formalizó por escrito. Sobre un contrato de asesoría de comunicación y publicidad, por el que se pagaron 117.798 euros entre 1998 y 2000, "no hay constancia documental alguna de la prestación realizada por la empresa adjudicataria".
- Contratos externos. Un contrato de 1996 para prestar servicios al consorcio en Madrid, que tenía un costo anual de 10.800 euros, se disparó de 1997 a 2000 a 144.240 euros, la mayoría "gastos suplidos que el consorcio abonó sin que la perceptora le hubiera entregado los justificantes oportunos" ni haya "evidencia" del "rendimiento que reportó esta contratación".
- Viajes y comidas. La fiscalización de los viajes y comidas de Rodríguez de Castro se ha visto "limitada" por "el insuficiente control" por y "la insuficiencia de la documentación". El gasto por este motivo fue de 805.356 euros. Parte fueron abonados con la tarjeta del delegado y parte, adelantados por él y reintegrados.
- Tarjetas de crédito. El delegado pagó 318.536 euros con las tarjetas de crédito corporativas para "viajes, servicios de restauración y otros gastos" que no se han podido fiscalizar "adecuadamente", porque sólo se aportaron "los extractos mensuales de las tarjetas" y porque no se hacía constar el "motivo o finalidad del viaje". Faltan datos sobre un gasto de 2.404 euros en un hotel de Madrid en 1999; de 25.843 euros en libros "o artículos varios que parecen tener carácter particular", de los que luego sólo se reintegraron 2.500 euros; de otros 9.616 euros por desplazamientos nacionales e internacionales de varias personas "que el consorcio no ha podido identificar", y faltan por justificar 1.803 euros de disposiciones en efectivo desde la tarjeta que están sin reintegrar.
- Adelantos. Dice el informe, que siempre habla en pesetas, que el delegado adelantó 132.222 euros, que no se han justificado: 19.232 euros están avalados inadecuadamente con facturas "de carácter personal"; otros 5.000 euros son gastos propios, incluidos de servicio doméstico del delegado, y de los casi 77.000 euros de viajes sólo se justifican 10.217 euros.
BAJATE EN PDF EL INFORME INTEGRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
MANUEL RODRÍGUEZ DE CASTRO ( * )
Un delegado a medidaTodo lo que rodea a Manuel Rodríguez de Castro parece hecho a medida: el cargo, su comité ejecutivo y los trajes, magistralmente cosidos por un sastre que, en ocasiones, le toma medidas en su propio despacho. Para el delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, un economista de 37 años, casado, padre de un hijo y militante del Partido Popular (PP), todo en la vida es un problema de volúmenes. Por eso se compara con Isidoro Álvarez, presidente de la primera compañía privada del país, porque lo que importa es el resultado. En ese camino, Rodríguez de Castro deja una suma de 45 facturas del Hotel Ritz de Madrid en los últimos cuatro años. Abonos de almuerzos de trabajo, no de pernoctaciones, sostiene. La colección de asientos que consta en los listados de los informes internos de control presupuestario del recinto fiscal muestra un reguero de viajes y almuerzos en restaurantes de lujo o esplendorosos regalos. El delegado especial no ha querido responder a las preguntas de este medio. Exigió que previamente el periodista le mostrara los documentos internos a los que había tenido acceso.
Antes de aterrizar en la Zona Franca, marcada durante años por la turbulenta gestión de un delegado designado por el PSOE a comienzos de los noventa, Rodríguez de Castro trabajó, al parecer, en la constructora francesa Bouygues; después, como asesor político de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, en el Parlamento cuando esta era diputada, y, posteriormente, del grupo municipal del PP en Cádiz. Teófila Martínez -quien, paradójicamente, exhibe una gestión municipal austera- preside a la vez el Consorcio de la Zona Franca y ha admitido esta semana desconocer el detalle de los gastos. Se ha remitido a las auditorías de las cuentas generales -que no reflejan específicamente las partidas referidas- y, en todo caso, ha justificado el uso que hace Rodríguez de Castro del dinero público, 'sean los que sean los gastos', porque la Zona Franca 'ha entrado en ganancias'. En concreto, 60 millones de pesetas en 2000. Fuentes conocedoras de la contabilidad dudan de que el beneficio esté directamente relacionado con las actividades promocionales que han acarreado los gastos, en especial la Red Logística Iberoamericana de Comercio (RILCO), un proyecto de comercio electrónico aún nonato que ha obligado al delegado a viajar por todo el Cono Sur. Apasionado de las nuevas tecnologías, figura como administrador único de la empresa Transteech Internacional S.L., registrada el pasado año y dedicada a las telecomunicaciones, Internet, hardware y software, con domicilio social en Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Mientras él rubricaba convenios con las zonas francas por Suramérica -algunos de sus viajes los hacía coincidir con la visita oficial de José María Aznar a esos países-, los cinco directores de área y el secretario general del organismo fiscal firmaban en Cádiz, hace un año, un informe conjunto en el que pulverizaban su gestión y arrojaban serias dudas sobre algunos aspectos al señalar la existencia de 'gastos excesivos e innecesarios' o de partidas gestionadas por él 'de difícil justificación'. Tras la publicación del informe por este medio, algunos de los firmantes del mismo han recibido llamadas sugiriéndoles la posibilidad de suscribir otro, de carácter laudatorio a la gestión de Rodríguez de Castro. La petición indirecta ha recibido calabazas.
De cualquier forma, Rodríguez se ha afanado siempre en mantener alto el prestigio de la institución. Para ello se hizo con una vivienda de alquiler a cargo de la Zona Franca, reseñada en la contabilidad como 'residencia oficial del delegado', de la que no disfrutan los delegados de los recintos fiscales de Barcelona o Vigo. Reclamó públicamente el derecho 'a una vivienda digna, como cualquier trabajador'. El alquiler, los gastos de luz, gas, Internet, teléfono, las 70.000 pesetas de pintura, e incluso las 5.243 pesetas de la reparación de la lavadora figuran en los informes de control presupuestario. Hasta las limpiadoras de la Zona Franca y otros trabajadores de la empresa han realizado labores en su domicilio. En 1996, anunció que se rebajaría el sueldo en 1,3 millones anuales para compensar el gasto. Pero todo es cuestión, para Manolo -como le llaman sus íntimos- de volúmenes. Quizás por eso, al tener sospechas sobre la dimensión de las posibles irregularidades cometidas por sus antecesores los acusó de 'malversación de fondos, responsabilidades penales y actitudes dolosas'. Después rectificó, aunque decidió llevar ante la UE la gestión de los dos anteriores delegados para paliar la imagen negativa que la polémica podía ocasionar a la Zona Franca. Sin embargo, el que recibió una llamada de atención tras su primera polémica fue el propio Rodríguez, al que un alto cargo de la Administración le advirtió de la perplejidad que ocasionaban en Madrid sus polémicas nada más aterrizar en el cargo. Corría enero de 1997 y se acababa de publicar que éste reclamaba en el aeropuerto de Jerez el mismo trato que un secretario de Estado, que solicitaba que su coche oficial lo dejara al pie de la escalerilla del avión, que pedía un trato especial en el AVE; se supo que había remitido un fax a un hotel de Nueva York en el que anunciaba su próxima llegada y aconsejaba la adopción de medidas de seguridad ante la llegada de 'un alto cargo del Estado español'.
De las arcas de la Zona Franca salen subvenciones y ayudas a colectivos de lo más variopinto: asociaciones de vecinos, peñas flamencas, colegios de integración, la Embajada de Venezuela; aportaciones para los monumentos de Falla o de Las Marinas de España y colaboraciones económicas para las fiestas de algunos cuerpos de seguridad del Estado o los refugiados de la antigua Yugoslavia.
A sus críticas, responde: 'Sólo se me puede medir por mis resultados económicos'. Cuestión de volúmenes.
A. HERNÁNDEZ RODICIO. EL PAÍS | Andalucía - 07-01-2001
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