ALBERTO RUÍZ GALLARDÓN : DE LA EXTREMA DERECHA A LA DERECHA EXTREMA

SU NOMBRE Y APELLIDOS,  EL CASO LEZO Y LA COMPRA DE INASSA

Lezo. Fiscalia. Nota prensa. Diligencias Inassa.22.12.17
Lezo. Canal Isabel II. Acta Consejo de Administración.  Compra INASSA.14.11.01
Lezo. Canal Isabel II. Acta Consejo de Administración. Propuesta inicial sobre INASSA.08.10.01

LAS NOTICIAS

El juez imputa a los colaboradores de Gallardón en el Canal de Isabel II por la compra de Inassa

ANTICORRUPCIÓN PEDIRÁ AL JUEZ NUEVAS PESQUISAS PARA RESOLVER SI CITA A GALLARDÓN COMO IMPUTADO EN EL 'CASO LEZO'

GALLARDÓN APUESTA A QUE NO SERÁ IMPUTADO EN EL CASO LEZO

RUIZ-GALLARDÓN CONFIRMA QUE IRÁ A LA COMISIÓN DE LA CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA

GALLARDÓN NIEGA VÍNCULOS CON 'LEZO': "NI HE COBRADO COMISIONES DEL CANAL NI HE PACTADO CON IGNACIO GONZÁLEZ"

ANTICORRUPCIÓN PEDIRÁ IMPUTAR A GALLARDÓN POR EL FRAUDE DEL CANAL DE ISABEL II

GALLARDÓN, IMPUTADO EN LA OPERACIÓN LEZO

LA FISCALÍA PIDIÓ EN NOVIEMBRE IMPUTAR A GALLARDÓN POR LA COMPRA DE INASSA QUE SUPUSO UN PRESUNTO DESFALCO DE 70 MILLONES

GALLARDÓN, EN EL PUNTO DE MIRA DE LA LEZO POR EL CANAL DE ISABEL II

EL JUEZ INVESTIGA UN SOBREPRECIO DE 70 MILLONES EN UNA OPERACIÓN DE LA ÉPOCA DE GALLARDÓN, LA COMPRA DE INASSA

 



El juez imputa a los colaboradores de Gallardón en el Canal de Isabel II por la compra de Inassa

El magistrado atendió así la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que además de Pedro Calvo y Juan Bravo solicitó también la imputación algo más de una veintena de personas

Anticorrupción ve evidente "la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público de esta sociedad colombiana"

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea acordó citar como investigados a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial Inassa en 2001, año en que Alberto Ruiz-Gallardón gobernaba en la Comunidad de Madrid.

El magistrado De Egea, juez de apoyo del instructor del caso Lezo, Manuel García Castellón, atendió así todas y cada una de las peticiones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la imputación de 25 personas, entre ellas antiguos colaboradores muy cercanos a Gallardón como Juan Bravo, actual presidente de Adif, y el exconsejero y exconcejal Pedro Calvo.

Además de Bravo y Calvo, están imputados los miembros del consejo de administración del Canal que asistieron a la reunión del 14 de noviembre de 2001 que aprobó la compra de Inassa y votaron a favor –en el que estaban Calvo y Bravo–: Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.

Aunque no fija fechas concretas aún, el juez ordena además la imputación del que fuera director gerente de la empresa pública de aguas y actual presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, quien también asistió a la mencionada reunión y "asumió el peso de la explicación del proyecto" junto con José Antonio de Cachavera, igualmente investigado, según explica el auto.

Junto a Canalda y Cachavera, el magistrado cita a Pablo López de las Heras como las "personas que tuvieron una participación esencial durante la gestión y ejecución del proceso de adquisición" de la filial colombiana, que habría supuesto un desfalco de en torno a 70 millones de dólares para el Canal.

Por otro lado, De Egea ordenó la imputación de "personas vinculadas a la operación de compraventa" de Inassa "por su posible participación como compradores, vendedores y gestores a través de distintas empresas interpuestas", entre las que están Salvador Cardona, Javier Vilaplana, Jesús Sánchez Sánchez, Esteban Palacios, Santiago García Benavides y Ángel Conde.

Como pedía Anticorrupción, el magistrado también ordenó citar a declarar como investigados al exconsejero de Canal Extensia SA Gaspar Cienfuegos-Jovellanos y a Diego Fernando García Arias, vinculado a la sociedad Inassa en el momento de los hechos.

Como el fiscal, el juez ve evidente "la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición de la sociedad colombiana", por lo que ordena numerosas diligencias, al tiempo que pide que "se adopten las medidas necesarias para incrementar el personal policial" adscrito a esta investigación.

Pide a Cifuentes información sobre el Gobierno de Gallardón

El auto del juez atiende todas las peticiones que hizo Anticorrupción la semana pasada, por lo que también solicita a la Comunidad de Madrid que aporte toda la documentación de que disponga sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno del 29 de noviembre de 2001 que autorizó la compra de Inassa para que la entregue en un plazo no superior a diez días.

El magistrado quiere que se aporte una "identificación completa de todos los miembros del Gobierno" de la Comunidad en ese año, que presidía Gallardón, así como el acta de la reunión en que adoptaron dicho acuerdo sobre Inassa. También pide "testimonio de la totalidad de la documentación que se le trasladó a los miembros de dicho Consejo para valorar esta operación y, consecuentemente, sustentar su decisión, especificando claramente si se les trasladó el mismo dossier de documentación" que aprobó el Canal de Isabel II.

Fuentes de Anticorrupción consultadas por Europa Press explicaron que conocer toda esta información es fundamental para la investigación con el objetivo de saber exactamente qué consejeros asistieron a la reunión del Consejo de Gobierno y qué grado de conocimiento tenían sobre la operación.

Asimismo, el magistrado reclama al Canal de Isabel II toda la información de que disponga sobre los acuerdos, así como numerosa documentación que haya disponible sobre todo el proceso de compra.

Operación diseñada por Canalda
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Según el relato de los hechos que hizo el fiscal en su escrito, y que el juez suscribe, la adquisición irregular de Inassa, se hizo de una forma distinta a la autorizada, ya que en vez de hacerlo de forma directa se empleó la panameña Aguas de América SA, sociedad radicada en un paraíso fiscal.

Esta operativa paralela fue diseñada por Arturo Canalda, José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras, que gestionaron la adquisición de una forma muy diferente al acuerdo de compra que se rubricó en el consejo de administración celebrado el día 8 de octubre de 2001 a petición del propio Canalda.

Por tanto, aunque la operación se autorizó formalmente en el consejo de administración del 14 de noviembre de 2001, lo cierto es que seis días antes ya estaba concedido el aval bancario definitivo para adquirir Inassa así como redactado el acuerdo de compraventa de acciones de la sociedad panameña, creada con la finalidad de canalizar los intereses de los implicados en la operativa.

El acta levantada de ese consejo no hizo referencia a la sociedad panameña, pero en el dossier puesto a disposición de los consejeros del Canal se mencionó e incluso se desaconsejó la compra mediante la panameña, según el escrito que describe que el siguiente trámite fue remitir el expediente al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Acuerdo firmado por Gallardón
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El 29 de noviembre se dictó acuerdo por parte del Gobierno madrileño autorizando al Canal la creación de Canal Extensia y la adquisición del 75% del capital social de Inassa por 73 millones de euros. Ese acuerdo está firmado por los entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y consejero de Hacienda, Juan Bravo.

Hasta la fecha no obra en el sumario de la trama Lezo ni el acta redactada por el Consejo de Gobierno ni la documentación de la que dispusieron los consejeros antes de adoptar el acuerdo. Información, a juicio del fiscal, "esencial" para poder avanzar en la investigación "y solicitar la declaración judicial" de los consejeros que adoptaron el acuerdo, reza el escrito.

El fiscal también resaltaba que uno de los socios iniciales de Inassa en su constitución en 1996 fue la sociedad General de Aguas de Barcelona SA (AGBAR) que, en el año 2000, vendió su participación en la colombiana precisamente a la sociedad pantalla que participó en la operativa, detrás de la cual se encontraban empleados de la sociedad general de aguas.

22 testigos

Entre las 22 citaciones que ordena el juez, destacan José Ferrán, expresidente del Consejo de Tecvasa; Manuel Josep Lerma, representante de la CAM que firmó el aval concedido a Tecvasa para financiar la operación; Alfonso Rodríguez Rabadán, empleado de la CAM que firmó el acuerdo; y Ciril Rozman Jurado, ex director financiero de la sociedad Aguas de Barcelona SA.

También cita a Borja Oria, trabajador en el momento de los hechos en banco Rothschild España SA; Fernando Troya, exasesor del Canal; Luis Gonzalo González García, receptor en nombre del Canal de la invitación hecha por Rothschild para participar en la licitación internacional de Inassa; Gregorio Arias y Javier Malía, encargados de la valoración que aportó la filial colombiana; y Rafael Merino López-Brea, ex consejero del Canal que no acudió a la reunión en que se aprobó la compra.

También quiere que comparezcan los autores de los informes que obran en las actuaciones realizados por Cuatrecasas, Garrigues & Andersen, Pricewaterhousecoopers y ATJ Consultores SL.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/27/el_juez_imputa_los_colaboradores_gallardon_canal_isabel_por_compra_inassa_73521_1012.html

ANTICORRUPCIÓN PEDIRÁ AL JUEZ NUEVAS PESQUISAS PARA RESOLVER SI CITA A GALLARDÓN COMO IMPUTADO EN EL 'CASO LEZO'

La Fiscalía ultima un informe al que incorporará la solicitud de nuevas diligencias para dirimir el papel desempeñado por los responsables políticos de Madrid que en 2001 dieron vía libre a la compra de Inassa

La Intervención del Estado analiza nuevos documentos sobre esa adquisición de la empresa colombiana, articulada a través de una empresa pantalla panameña con un hipotético sobrecoste multimillonario

El exministro de Justicia, que entonces presidía la Comunidad de Madrid, sostiene que la operación fue legal y "ética"

Casi a punto de cumplirse un año desde que la Audiencia Nacional dio vía libre para la citación de Alberto Ruiz-Gallardón como investigado en el caso Lezo por la controvertida, multimillonaria y opaca compra de la firma colombiana Inassa en su etapa como presidente de la Comunidad de Madrid, Anticorrupción pedirá al juez del caso nuevas diligencias antes de decidir qué posición adopta respecto al exministro de Justicia.

Fuentes de la investigación han confirmado a infoLibre que la solicitud de nuevas pesquisas sobre esa compra, cerrada a finales de 2001, se incorporará a un informe que la Fiscalía planea elevar al juez en cuestión de días y en el que detallará "el estado del procedimiento". Las fuentes consultadas por este diario no han precisado qué tipo de diligencias contempla Anticorrupción pero sí que con ellas busca acotar de manera precisa el papel desempeñado por los responsables políticos madrileños en la adquisición de Inassa. Es decir, en la primera operación del Canal de Isabel II bajo sospecha y que, según el principal imputado de Lezo, el también expresidente regional Ignacio González, se efectuó con un sobreprecio de casi 70 millones de dólares.

La Fiscalía se encontraba a la espera del dictamen encomendado a la Intervención General del Estado (IGAE) sobre las presumibles irregularidades de aquella compra. Pero la espera tendrá que prolongarse: la IGAE analiza ahora "nuevos documentos" de reciente obtención y relevantes para alcanzar una conclusión.

Aunque algunos juristas conocedores de la causa sostienen que la Fiscalía está recibiendo presiones para que cambie su posición inicial sobre Gallardón –llamarlo a declarar como imputado, o investigado en la actual terminología–, Anticorrupción niega ese extremo de manera taxativa. El relato de la Fiscalía sobre la lentitud en cuanto al veterano político ahora retirado pasa por dos coordenadas: la primera, que el tiempo transcurrido desde la sospechosa compra de Inassa es de tal magnitud que los hipotéticos delitos atribuibles a Gallardón –prevaricación y malversación– pueden haber prescrito; la segunda, que aunque Gallardón se haya retirado formalmente de la política y ahora sea en teoría solo un abogado más, forzar su comparecencia judicial sin tener unas mínimas garantías de que esa imputación puede mantenerse en el tiempo representaría un golpe importante para la causa.

Sea cual sea el escenario real de los acontecimientos, lo cierto es que la marcha del fiscal que hasta hace poco más de un mes capitaneaba la investigación, Carlos Iáñez, ha coincidido en el tiempo con el triunfo de lo que podría denominarse estrategia de prudencia. Fue el recurso planteado en noviembre de 2016 por Iáñez y la fiscal Carmen García, entonces también asignada al caso y ahora centrada en el otro gran caso de corrupción sobre el PP destapado tras Gürtel, la Operación Púnica, el que condujo a la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a dar en enero de este año vía libre a la imputación de Gallardón y su gobierno. Pero el auto con que la sección cuarta se alineó con los fiscales frente al juez de apoyo a la instrucción del caso Lezo, que era contrario a ampliar la investigación a la compra de Inassa, no hacía mención expresa en su parte resolutiva o dispositiva ni a Gallardón ni a nadie. Y las imputaciones –recalca una de las fuentes consultadas– o son nominales o no lo son.

Gallardón: ignorancia total sobre Panamá

Gallardón, que el viernes compareció ante la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid, defiende la legalidad de aquella compra, la considera ética pese a que se articuló a través de una empresa pantalla del paraíso fiscal de Panamá y niega que implicase el menor sobrecoste a las arcas públicas madrileñas. No obstante, el expresidente remarcó y remachó varias afirmaciones que parecen dibujar una eventual estrategia de defensa: lo primero de todo, que jamás supo hasta ahora que el Canal adquirió una empresa panameña para de ese modo hacerse con las acciones de Inassa.

La presencia del paraíso fiscal de Panamá –adujo Gallardón– ni siquiera llegó a la mesa del Gobierno por él presidido porque "eso era competencia estricta del Canal"; que la operación se hizo previa petición de dos informes de valoración; que había sido bendecida con antelación por "el mejor" despacho fiscalista del país, Garrigues; y que nadie en el consejo de administración del Canal, en el que participaban cuatro representantes del PSOE y dos sindicalistas, observó nada reprochable.

Fue el propio Ignacio González, antiguo delfín de Esperanza Aguirre, máximo jerarca del Canal de Isabel II casi durante una década y presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, quien de manera involuntaria puso el foco sobre la compra de Inassa. En una de las conversaciones interceptadas por al Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil antes del estallido de la Operación Lezo, González le contó al exministro Eduardo Zaplana que el equipo de Gallardón había adquirido esa compañía colombiana por 100 millones –de dólares– cuando en realidad no valía ni 30. González reveló en esa charla que un informe encargado por él mismo –al bufete Cuatrecasas– había reflejado las irregularidades de esa compra. Y añadió que, a diferencia de su sucesora, Cristina Cifuentes, que denunció ante la Fiscalía la segunda gran compra sospechosa del Canal en Latinoamérica, la de la brasileña Emissao, él guardó en un cajón ese informe.

Pero durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y en una maniobra que podría definirse como de judo intelectual –aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio–, Gallardón invocó en su favor a Ignacio González como "fuente autorizada". "La única fuente autorizada que yo tengo sobre el informe de Cuatrecasas es lo que dice en sede judicial el señor González: que en absoluto concluye que hubiera comisión alguna penalmente relevante".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/18/anticorrupcion_pedira_juez_nuevas_pesquisas_para_resolver_si_cita_gallardon_como_imputado_caso_lezo_73141_1012.htm


GALLARDÓN APUESTA A QUE NO SERÁ IMPUTADO EN EL CASO LEZO

"Tengo muchas dudas de que después de esta comisión alguien pueda sostener eso", dice en la Asamblea madrileña sobre las acusaciones de la Fiscalía

Anticorrupción aprecia en su querella de 2016 una "ilícita plusvalía" de 66 millones por la compra de una empresa colombiana en 2001 por el Canal

Sus consejeros marcan distancias con la etapa Aguirre y González: "No confundan churras con merinas porque vengan del mismo lugar"

"Estoy profundamente orgulloso de todo aquello que ustedes están intentando ensuciar". Así se dirigió este viernes Alberto Ruiz-Gallardón a los diputados de la oposición en la comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea de Madrid. Ante ella ha comparecido por el que la Fiscalía Anticorrupción considera el primer pelotazo del Canal de Isabel II en Latinaomérica, efectuado en 2001.

"Si hubiera tenido toda la información que han dado (exconsejeros y técnicos del Canal) yo hubiese aprobado la operación", dijo en referencia a la compra de la colombiana Inassa por un valor muy superior al real, según la Fiscalía y la Guardia Civil, y a través de una empresa radicada en el entonces paraíso fiscal de Panamá.

Cuando el diputado de Podemos Miguel Ongil le trasladó las rotundas afirmaciones de la querella de la Fiscalía Anticorrupción del caso Lezo, Ruiz-Gallardón aseguró que son conclusiones previas a la información y testimonios que ha recopilado la comisión de investigación. "Tengo muchas dudas de que después de esta comisión alguien pueda sostener eso", ha dicho el expresidente madrileño.

En los próximos días está previsto que la fiscal Ana Cuenca, quien ha tomado el relevo de su compañero Carlos Yáñez, presente sus conclusiones sobre la necesidad de solicitar la citación como imputado de Alberto Ruiz-Gallardón. En la querella que dio origen al caso Lazo se acusaba al Gobierno presidido por Ruiz-Gallardón de haber generado una "ilícita plusvalía" de 66 millones de euros con la compra de Inassa, de haberlo realizado de forma opaca en un paraíso fiscal y de comprar sin disponer de un marco legal para ello.

Sobre los pinchazos telefónicos en los que Ignacio González alude al desvío de fondos con la compra de Inassa y culpa a Gallardón o su equipo, el compareciento dijo desconocerlos. Y añadió que sí le consta un escrito de la defensa de González aportado al juez del caso en el que descarta haber conocido pelotazo alguno en la compra de la empresa colombiana.

La querella original de la Fiscalía presentaba un posible "pacto de silencio" entre Ignacio González y Gallardón por el cual el primero ocultaría lo descubierto durante la etapa del segundo y además repetiría una operación similar en 2013 con una empresa brasileña.

Como reveló eldiario.es en junio pasado, Gallardón y González se reunieron, a pesar de haber dejado la política y ser enemigos irreconciliables, después de que saltaran los primeros escándalos del Canal. Gallardón ha dicho hoy en la Asamblea que "nunca" ha hablado con González del Canal una vez los dos dejaron la política. "No, rotundamente no", dijo este viernes el compareciente sobre el supuesto "pacto de silencio" con González

El 51% de Inassa pertenecía a una sociedad pública española, la Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (Agbar). El Gobierno de Gallardón aprobó en noviembre de 2001 la compra del 75 por ciento de su compra y los créditos bancarios necesarios para la misma. El consejo de administración del Canal, la empresa pública de los grandes beneficios, acordó por su parte que la compra se hiciera a través de una empresa vehícular que se creó a tal efecto en Panamá.

Según los técnicos y consejeros que han comparecido en la Asamblea madrileña se hizo así porque lo exigió el vendedor y en nada perjudicó a los fondos públicos del Canal. Los investigadores del caso Lezo consideran, por contra, que es una operación "opaca" que podría haber escondido el desvío de 25 millones de euros de fondos públicos.

Aunque falta por determinar la cantidad, los investigadores creen que Agbar vendió en el año 2000 su participación por 7 millones de dólares. Al comparar el valor de venta de las acciones de Agbar y los 83 millones de euros que pagó un solo año después el Canal con fondos públicos de los madrileños, se pudo generar “una ilícita plusvalía” de 66 millones, recoge la querella de Anticorrupción.

"Ético, legal y beneficioso para los madrileños"

Gallardón defendió los beneficios que la expansión por Latinoamérica ha traído al Canal de Isabel II. Los diputados de la oposición le preguntaron por si le parecía "ético" comprar con dinero público a través de un paraíso fiscal. "Siendo legal y beneficioso para los madrileños, a mi me parece ético", ha respondido.

Antes que Gallardón, comparecieron sus consejeros Pedro Calvo y Juan Bravo. Ambos, como Gallardón, pusieron de manifiesto las diferencias con la gestión de la época de González, imputado por organización criminal y otros delitos, y de Esperanza Aguirre. Calvo, expresidente del Canal y antiguo consejero de Medio Ambiente, le soltó al portavoz de Ciudadanos, Carlos Zafra: " "No confundan churras con merinas porque vengan del mismo lugar".

Pedro Calvo puso en duda la investigación de la Fiscalía. "No todos los papeles que lee uno se tienen que dar por ciertos, aunque sean de la Fiscalía Anticorrupción", ha asegurado. Sobre la utilización de Panamá para la adquisición de Inassa, el exconcejal de Medio Ambiente afirmó: "Es verdad que Panamá fue un paraíso fiscal, pero no lo fue para el Canal".

Por su parte, Juan Bravo, exconsejero de Hacienda, ha afirmado los dos miembros del Gobierno responsables y conocedores de los acuerdos para la compra de la filial son Calvo y él. Bravo instó a los diputados a que despejen las "sombras" sobre una gestión que calificó de "impecable".

Ambos exconsejeros, al igual que Gallardón defendieron que las tres tasaciones del Canal -la banca Rothchild, posterior comisionista, el economista Emilio Ontiveros y los técnicos del Canal- consideraron que el precio que se pagó era superior incluso al real. Los tres comparecientes también esgrimieron el informe del despacho Garrigues para considerar legal y oportuna la compra a través de Panamá.

Antes había comparecido Francisco Olmos, directivo de Agbar antes de la venta y después nombrado gerente de Inassa. Admitió que las acciones que poseía le generaron "algo menos" de 2,8 millones de euros que reinvirtió en el Canal y tributó en España. "Le propondremos para una medalla", respondió el diputado Ongil.

http://m.eldiario.es/politica/Gallardon_0_718828348.html

RUIZ-GALLARDÓN CONFIRMA QUE IRÁ A LA COMISIÓN DE LA CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA

El expresidente de la Comunidad pide a Cifuentes documentación del Canal y advierte que la necesita con tiempo

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha aceptado comparecer ante la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política de la Asamblea de Madrid el próximo 15 de diciembre. En el mismo escrito, solicita que se le dé acceso "inmediato e íntegro" a toda la documentación que considera necesaria para contestar a las cuestiones que le planteen los diputados.

La comisión le ha llamado con el objetivo de que informe sobre el acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2001 del Canal de Isabel II por el que se autoriza la constitución en América de Canal Extensia, que luego adquirió Inassa por 73 millones. El juez está investigando estas operaciones, con las que se inició la expansión del ente público en América, en el marco de la Operación Lezo. El expresidente pide también la documentación sobre el resto de cuestiones que se trataron en dicha reunión.

Ruiz-Gallardón avisa a la Presidencia de la Comunidad de Madrid que el acceso a la información debe realizarse "con la suficiente antelación para poder preparar debidamente mi declaración". "Es como si no se fiase demasiado", ironiza la diputada socialista Encarnación Moya. La Comisión ha solicitado la misma documentación hace una semana al Gobierno regional, con pocas esperanzas de recibirla. Moya está convencida de que no se la van a enviar "como están haciendo con todos los documentos de este caso, por ejemplo con el informe de la abogacía del Estado". En todo caso, "si se lo mandan a Gallardón, que me parece genial, la comisión debería recibirlos también".

Moya advierte que Gallardón "viene simplemente a informar a la comisión donde se le va a pedir su versión de los hechos". "Esperemos que no se escude en que no tiene los papeles para no responder a los preguntas", indica.

https://elpais.com/ccaa/2017/11/24/madrid/1511544482_682190.html


GALLARDÓN NIEGA VÍNCULOS CON 'LEZO': "NI HE COBRADO COMISIONES DEL CANAL NI HE PACTADO CON IGNACIO GONZÁLEZ"

Ex presidente de la Comunidad de Madrid y ex ministro de Justicia. La Audiencia Nacional investiga su rol en la expansión internacional del Canal de Isabel II en busca de sobreprecios y sobornos, y estudia su imputación. Gallardón rompe su silencio en exclusiva con EL MUNDO y rebate todas las sospechas.

El ex presidente madrileño y ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón (Madrid, 1958) rompe su silencio un año después de que la Fiscalía comenzara a investigarle en el caso Lezo. En una entrevista exclusiva subraya que el Canal de Isabel II bajo su mandato jamás se gobernó «de arriba abajo» y que, por lo tanto, no fue suya sino del Consejo de Gobierno, la decisión de comprar la sociedad latinoamericana Inassa por 83 millones con tres informes favorables. Precisa que «nadie le consultó» que la operación se articularía en Panamá, niega haberse lucrado y precisa que con Ignacio González no existe un pacto de silencio sino «desencuentros».

La Fiscalía puso el foco desde el inicio de la operación Lezo en la figura de Gallardón. Le acusa de controlar la compra de Inassa, la sociedad con la que el Canal de Isabel II se expandió en Latinoamérica, para pagar un sobreprecio de más de 25 millones. Vincula la operación a posibles sobornos que no han aparecido y cuestiona el precio pagado por la sociedad, que se antoja muy discutible. Gallardón abonó 83 millones en 2001; la Comunidad de Madrid intentó privatizar Inassa hace 8 años y varios bancos de inversión la valoraron en 200 millones; y ahora el Gobierno madrileño no quiere venderla por menos de lo que pagó. El ex fiscal Anticorrupción Manuel Moix consideró infundadas y prescritas las acusaciones y frenó el asunto. Ya sin Moix al frente los fiscales le atribuyen un importante quebranto a las arcas públicas, le enclavan en la misma organización que González, y buscan su imputación.
Anticorrupción examina la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II desde marzo y le señala desde entonces.

¿Por qué ha guardado silencio hasta ahora?

Lo primero que le tengo que decir es que, por mi parte, la única información que he tenido de esa investigación ha sido por la prensa. Con ello simplemente quiero aclarar que, al contrario de lo que se ha publicado en otros medios, a día de hoy yo no soy parte en el procedimiento judicial que está instruyendo ese asunto ni, por tanto, conozco los detalles del mismo. La razón de hablar ahora, y no haberlo hecho antes, es la cantidad y variopinta información que, sobre este asunto, se ha filtrado a los medios en las últimas semanas. Desconozco por completo de dónde provienen esas filtraciones y qué objeto tienen, pero el daño que se está haciendo a mi nombre y reputación es sangrante. Y, sinceramente, creo que ese daño es ya irreparable, pero como no sólo me afecta a mí, sino que empieza a perjudicar a mi entorno más cercano -y me refiero a mi familia-, me siento con la obligación de romper el silencio que me había propuesto mantener mientras durase la instrucción.
Se especula desde hace meses con que su condición en estos momentos ya es la de imputado.

¿Le ha llegado alguna comunicación sobre este asunto procedente de la Audiencia Nacional requiriéndole información o emplazándole a declarar?

Hasta la fecha no se me ha imputado la comisión de ningún delito y, por lo tanto, no tengo esa condición, por eso le decía que no soy parte del procedimiento de instrucción que se está llevando a cabo. La decisión de llamarme a declarar como investigado -figura que, como sabe, ha sustituido a la de imputado- le corresponde única y exclusivamente al juez y no puedo yo anticipar qué decidirá hacer. Pero, como le decía, de ninguna forma se puede afirmar que a día de hoy yo esté imputado por este asunto.

Anticorrupción sostiene que usted dispuso en todo momento del «control» de la compra de Inassa a través del Canal. ¿Fue así?

No. La compra de Inassa fue una decisión acordada por el Consejo de Administración del Canal de Isabel II y que posteriormente, porque la Ley así lo exigía, fue elevada al Consejo de Gobierno de la Comunidad.

¿Tampoco tuvo conocimiento antes de que lo aprobase el Consejo de Gobierno de que se estaba negociando la compra de esta sociedad?

La primera vez que oí hablar de Inassa fue cuando se estudió en el Consejo de Gobierno la propuesta del Consejo de Administración del Canal de Isabel II. Quien afirme que las decisiones se tomaban allí de arriba abajo desconoce absolutamente cómo funcionaba el Canal durante los años en que yo fui presidente de la Comunidad. Estaba entonces gestionado por un Consejo de Administración plural y profesional del que, además de representantes de la Comunidad, formaban parte personas tan cualificadas como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, el ex presidente del Canal y ex consejero de Presidencia del Gobierno Socialista Agapito Ramos, altos dirigentes de la CEIM y representantes sindicales de UGT y de CSIT, un alcalde del PSOE y un concejal del Ayuntamiento de Madrid. Este Consejo aprobó por unanimidad la propuesta nacida del propio Canal de Isabel II de comprar Inassa. Afirmar que las decisiones del Canal se tomaban por encima de este órgano es rotundamente falso.

¿Cobró usted o alguien de su equipo comisiones ilegales a cambio de la compra de Inassa o se benefició de alguna manera?

Por supuesto que no. Pero ni yo, ni ningún otro miembro del Consejo de Gobierno que yo presidía. Se ha dicho que se ha realizado una investigación patrimonial sobre mis cuentas bancarias en España y sobre las que no tengo en el extranjero. Pues bien, le puedo asegurar sin ningún género de duda que esa investigación no se podrá llegar a una conclusión distinta.
¿Tuvo conocimiento de que la compra directa de Inassa se articuló a través de una sociedad panameña? ¿Le parece correcto que se articulara a través de un paraíso fiscal?

Mire, por la prensa he tenido noticia de que la operación que finalmente se llevó a cabo difería de lo que aprobó el Consejo de Gobierno que yo presidía. En Consejo aprobamos la adquisición de un número concreto de acciones de una sociedad colombiana y parece que lo que luego se decidió adquirir fue una sociedad panameña titular de esas acciones. Desconozco si el hecho de que la operación se ejecutase así supuso o no alguna irregularidad, pero le puedo asegurar que no fue una decisión mía, ni fui informado de ello ni antes ni después. También se ha dicho que por Inassa se pagó un sobreprecio, pero me consta -pues así lo ha confirmado públicamente Arturo Canalda, por entonces gerente del Canal- que, para fijar el precio, el Consejo de Administración del Canal de Isabel II se basó en tres informes de valoración -uno interno, otro del asesor financiero de la operación y un tercero de un experto independiente como Emilio Ontiveros- y que todos ellos arrojaban una valoración superior al precio que se pagó. Sé además que el proceso de compraventa se desarrolló en el marco de un concurso internacional al que el Canal fue invitado por el Banco Mundial.

¿De qué habló usted en la reunión que mantuvo con Ignacio González y con Enrique Cerezo en mayo de 2016 y que ha sido descubierta por los investigadores? ¿Alcanzó en ella con el ex presidente madrileño ahora en prisión un acuerdo para tapar las supuestas irregularidades cometidas en el Canal de Isabel II?

Efectivamente, asistí a esa reunión. Pero como tantas otras veces me vi con Ignacio González cuando compartíamos oficinas en el Consejo Consultivo. Y ni en esa reunión ni en ninguna otra hablé yo con Ignacio González nada relacionado con el Canal de Isabel II. Quien afirme que entre González y yo ha podido existir alguna vez un pacto de silencio desconoce completamente el pasado político que tenemos que, por suerte o por desgracia, ha sido de bastantes desencuentros.

http://www.elmundo.es/espana/2017/11/02/59fa373b46163f2c6a8b4646.html

ANTICORRUPCIÓN PEDIRÁ IMPUTAR A GALLARDÓN POR EL FRAUDE DEL CANAL DE ISABEL II

La Fiscalía atribuye al ex presidente de Madrid y a dos miembros de su equipo delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental

"Se robaron más de 25 millones de euros en el Canal de Isabel II y el actor de la operación fue Gallardón"

La Fiscalía Anticorrupción atribuye al ex presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón los delitos de malversación de caudales públicos en su variante cualificada, prevaricación y falsedad documental. El Ministerio Público enmarca la conducta supuestamente delictiva del también ex ministro en la adquisición por 83 millones de euros públicos de la sociedad Inassa en el año 2001. Una operación mediante la que Gallardón puso en marcha la expansión del Canal de Isabel II en Latinoamérica y en la que Anticorrupción advierte que medió un sobreprecio superior a 25 millones de euros. La Fiscalía considera en estos momentos responsables desde el punto de vista penal junto a Ruiz-Gallardón al ex consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo, y al ex director financiero de la empresa de aguas madrileña, Gaspar Cienfuegos-Jovellanos.

La Fiscalía tiene previsto solicitar en un mes la citación de todos ellos en calidad de investigados para que expliquen la controvertida adquisición ante el juez Manuel García Castellón, que instruye el bautizado como caso Lezo, que mantiene en prisión al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

La Fiscalía ha encargado durante los últimos meses a la unidad de apoyo de la Intervención General del Estado que cuantifique al céntimo el sobrecoste abonado por la Comunidad de Madrid a cambio de Inassa, que era propiedad originariamente de Aguas de Barcelona. En este sentido, su intención pasa por pedir las citaciones de Ruiz-Gallardón y su equipo cuando concluyan los cálculos de los interventores.

Anticorrupción tiene previsto pedir en un mes citarle a declarar como imputado
Hasta el momento ni Ruiz-Gallardón ni ningún miembro de su equipo se han puesto en contacto con el Ministerio Público ni con la Audiencia Nacional para explicar esta adquisición. No obstante, en Anticorrupción se ha adoptado ya la decisión de que en el caso de que se produjera dicho contacto antes de que finalicen las pesquisas de los interventores, que se encuentran ya muy avanzadas, se cursarían de inmediato las citaciones a los implicados en calidad de investigados.

Anticorrupción puso el foco hace un año en la compra de la filial colombiana de la empresa de aguas madrileña. Una transacción que siempre mantuvo que «fue controlada por Alberto Ruiz-Gallardón y su gente», extendiendo las posibles responsabilidades a «todos aquellos que han participado directa o indirectamente en los hechos». Incluidos los «miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo por el que se autorizó la compra», así como «los funcionarios públicos que por razón de sus cargos informaron o auditaron la operación sin reparo alguno».La sospecha inicial de los fiscales de que el precio abonado por la Comunidad de Madrid fue «muy superior al valor de la sociedad» ha podido ser corroborado por las indagaciones llevadas a cabo desde el comienzo del procedimiento. En este sentido, especialmente relevante ha sido el testimonio del ex responsable del Canal de Isabel II en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, desvelado por EL MUNDO. Este antiguo subordinado del ex presidente Ignacio González ha tildado la operación ante el juez de «robo» y «pelotazo» y ha señalado directamente al ex ministro de Justicia y a sus colaboradores directos como los «actores» que efectuaron la operación y que pudieron beneficiarse de ella.

El epicentro de la investigación es la millonaria adquisición de Inassa en 2001

La afirmación de Rodríguez Sobrino en sede judicial coincide con el contenido de las conversaciones que le fueron intervenidas tanto a él como a González, en las que ambos se expresaban en términos similares. Quien fuera hombre de confianza de González en el Canal, que asegura que revisó a fondo la operación, cifra en poco más de 10 millones de euros el valor real de la entidad en el momento de la adquisición. Es más, ha apuntado al juez que si pudiera expresar libremente su «opinión personal» sobre esta adquisición, «sin ser grabado» en sede judicial, sería mucho más contundente de lo que lo fue en su comparecencia del pasado mes de abril.

Anticorrupción considera que este relato, así como el contenido de los pinchazos telefónicos, coinciden con la documentación que ha recabado hasta la fecha y que confirma las valoraciones iniciales. Es decir, que se trata de una «decisión de arriba hacia abajo que presuntamente se gestó en el Consejo de Gobierno de la Comunidad y se cumplió escrupulosamente por los máximos responsables del Canal de Isabel II y los administradores de Inassa». La compra de Inassa, añade Anticorrupción, «no fue un hecho aislado, sino el cimiento para la adquisición con dinero público de un entramado de sociedades en Suramérica, presuntamente utilizadas para desviar fondos públicos». No en vano, considera que la posterior adquisición de la brasileña Emissao, con González ya al frente del Canal de Isabel II, «copió el modelo de adquisición de Inassa».De manera paralela la Fiscalía investiga la participación de González en esta última operación y descarta por completo volver a ofrecer un pacto de colaboración al ex presidente madrileño. Este periódico desveló que el Ministerio Público trasladó el pasado mes de julio a González una propuesta para que confesara los delitos que se le atribuyen a cambio de «acelerar el proceso». Este ofrecimiento fue rechazado por González, que mantiene su inocencia, y no volverá a producirse. Según aseguran a EL MUNDO fuentes próximas al Ministerio Público, «la Fiscalía Anticorrupción no tiene ahora mismo ninguna voluntad de pacto con González» porque considera que con las pruebas obtenidas «no lo necesita».

http://www.elmundo.es/espana/2017/10/23/59ece679ca4741e2148b4691.html?cid=MNOT23801&s_kw=1


GALLARDÓN, IMPUTADO EN LA OPERACIÓN LEZO

El exministro de Justicia y expresidente de la Comunidad de Madrid tiene la “consideración de investigado” desde que lo ordenó la Sala de lo Penal en enero de 2017 por el supuesto “desvío de fondos” ilícito para comprar en 2001 Inassa, la filial latinoamericana del Canal Isabel II

Alberto Ruiz Gallardón “tiene la consideración de investigado en la causa”, según fuentes jurídicas, desde que lo ordenó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en enero de 2017, por su papel en la adquisición de la filial latinoamericana del Canal Isabel II, Inassa, uno de los instrumentos fundamentales utilizados por la trama para el blanqueo de capitales, según los investigadores.

Dijo la Sala entonces que, de acuerdo con la Fiscalía, procedía declarar como investigados a Gallardón y al resto del consejo de Gobierno que adquirió Inassa en 2001, al existir sospechas de que “tratarían de desviar fondos públicos para otros fines ajenos a los legalmente establecidos”.

La investigación se dirige también contra todo el consejo de administración del Canal Isabel II, Extensia e Inassa en aquella época; y toda autoridad o funcionario público que informase o auditase la compra de Inassa sin poner reparo alguno.
Los delitos atribuidos, prevaricación, malversación o fraude en la contratación entre otros. Fuentes jurídicas admiten a la SER que están a la espera de recibir la petición de la Fiscalía Anticorrupción para señalar la fecha de declaración como imputado de Gallardón.

http://cadenaser.com/ser/2017/09/14/tribunales/1505392644_244143.html

LA FISCALÍA PIDIÓ EN NOVIEMBRE IMPUTAR A GALLARDÓN POR LA COMPRA DE INASSA QUE SUPUSO UN PRESUNTO DESFALCO DE 70 MILLONES

Apuntó directamente al expresidente de la Comunidad de Madrid, pero también a los "miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad" que "propusieron y adoptaron el acuerdo" por el que se autorizó la compra

También pidió la imputación del Consejo de Administración del ente público Canal de Isabel II y de las empresas del sector público madrileño, Canal Extensia S.A. e Inassa

La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado mes de noviembre imputar al expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón por la compra en 2001 de la filial colombiana del Canal de Isabel II Inassa en una operación en la que supuestamente se desfalcaron 70 millones de euros y que fue "controlada" por Gallardón y "por su gente".

Así consta en una petición de los fiscales Carmen María García Cerdá y Carlos Yáñez, fechada el 28 de noviembre de 2016, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que reclaman otorgar la condición de investigados a "todos aquellos que han participado directa o indirectamente en los hechos".

Los fiscales apuntan directamente a Gallardón, pero también a los "miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2009" por el que se autorizó la compra.

Piden, asimismo, la imputación del Consejo de Administración del ente público Canal de Isabel II y de las empresas del sector público madrileño, Canal Extensia S.A. e Inassa, que intervinieron en la adquisición investigada y a las autoridades; así como de los "funcionarios públicos que por razón de sus cargos informaron o auditaron la operación sin reparo alguno".

A lo largo de su exposición, los fiscales hacen un relato pormenorizado de la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001 por 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros) aprobando un endeudamiento de 51,1 millones de euros y apuntan a que el precio pagado "fue muy superior al valor de la sociedad".

Los fiscales ponen al frente de la operación a Ruiz-Gallardón y a "su gente" y exponen que tanto Ignacio González como el que era su mano derecha en el Canal, Edmundo Rodríguez, estaban al tanto de lo sucedido.

"Tanto Ignacio González como Edmundo Rodríguez tuvieron pleno conocimiento de la operación realizada y de que la misma se hizo con grave perjuicio de fondos públicos", señala la petición, que indica que "ambos, presuntamente, han participado de una organización corrupta y por ello, han dado cobertura a esta operación y se han beneficiado de la misma a través de la actividad de Inassa en Sudamérica".

Para apoyar estos hechos, en su escrito los fiscales recogen conversaciones captadas a Edmundo Rodríguez y a Ignacio González. En una de ellas Rodríguez habla del "robo de 25 millones al Canal de Isabel II en una inversión de 95 millones de dólares", datos que desde Fiscalía consideran que "encajan con los indicios de desvío de fondos en la compra de Inassa por parte de Canal Extensia".

En otra de las conversaciones captadas durante la investigación, la Fiscalía asegura que Ignacio González "acredita que el precio pagado por la adquisición de Inassa fue muy superior al valor de la sociedad"; así como el "alto grado de conocimiento que él mismo tuvo de la operación y lo fraudulento de la misma".

Se trata de una conversación entre el propio González, Eduardo Zaplana y Eduardo Belhot en la que González asegura que Ruiz Gallardón y "su gente" compraron una sociedad "que no valía ni treinta millones de dólares, por cien".

"Alberto hizo una operación de la que, no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II", expone González, que hace referencia a que la adquisición de Inassa se hizo mediante una sociedad panameña.

"No soy como esa gilipollas que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos, o reventamos esto, es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo pero yo no tengo todavía un dictamen, sí de Cuatrecasas, sobre toda la operación que no te puedes imaginar", dice González en otro punto de la conversación.

A raíz de estas conversaciones, los fiscales indican que tanto González como Edmundo Rodríguez tuvieron "conocimiento total de la operación fraudulenta, que ocultaron", y señalan que se desprende que, presuntamente, Ruiz-Gallardón "tuvo el control de la adquisición fraudulenta y de algún modo estableció un pacto de silencio y operación con Ignacio González". A su juicio, estas conversaciones "señalan claramente la presunta connivencia de todos los intervinientes".

Además, sostienen que "concurren indicios suficientes como para considerar que se trató de una decisión de arriba hacia abajo", es decir que "presuntamente se gestó en el Consejo de Gobierno de la Comunidad y se cumplió escrupulosamente por los máximos responsables del Canal de Isabel II, Canal Extensia y los administradores de Inassa".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/09/13/la_fiscalia_pidio_noviembre_imputar_gallardon_por_compra_inassa_que_supuso_presunto_desfalco_millones_69503_1012.html

EL PSOE QUIERE QUE GALLARDÓN DECLARE POR LA COMPRA QUE EL CANAL HIZO DE INASSA BAJO SU MANDATO

La diputada y portavoz socialista en la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid, Encarna Moya Nieto, ha registrado una petición para que el ex presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón comparezca ante la Comisión de investigación sobre corrupción política para explicar la compra de la empresa latinoamericana Inassa por el Canal de Isabel II bajo su mandato. La adquisición de Inassa por parte de Canal Extensia, una de las matrices del Canal de Isabel II, en el año 2001, se hizo, consideran los tres grupos de la oposición, de una forma «muy parecida al montaje que se realizó para comprar más tarde» la compañía brasileña Emissao, la adquisición fraudulenta sobre la que pivota la operación Lezo, que mantiene en la cárcel, entre otros, al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Entre las dos operaciones, de acuerdo a PSOE, Podemos y Ciudadanos, se pudieron malversar unos 50 millones de euros de dinero público. Por ello, hace tres semanas los tres grupos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción una ampliación de la denuncia en su día remitida por la compra de la empresa brasileña y con numerosos datos sobre las operaciones anteriores.

Explica Moya que, según los datos que se conocen del caso Lezo, estas prácticas presuntamente fraudulentas empezaron en 2001 con la compra de Inassa, por ello su grupo quiere que se llegue hasta el final de la responsabilidad política en esta adquisición, mientras se investiga en Fiscalía la anterior operación. Moya precisa que aunque en la comisión se pactó investigar solo desde 2007 a la actualidad, los nuevos datos obligan a tener una visión «más panorámica». La comparecencia ha sido registrada en la Asamblea, pero no se activará hasta después del verano, previsiblemente en octubre, cuando se retome la comisión de corrupción, que vive el próximo viernes su última sesión antes del fin de curso política.

http://www.elmundo.es/madrid/2017/06/19/5946b995ca47412c1e8b46b6.html

GALLARDÓN, EN EL PUNTO DE MIRA DE LA LEZO POR EL CANAL DE ISABEL II

Pedro Calvo y Canalda eran sus hombres fuertes en la empresa pública madrileña y los que estuvieron detrás de la sospechosa compra de Inassa en Colombia

El exministro de Justicia y expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue en el punto de mira de la sospechosa compra de Inassa, la empresa colombiana de gestión de agua, por parte del Canal de Isabel II, investigada en el caso Lezo. La operación se hizo en 2001, cuando él presidía la Comunidad de Madrid. El Canal pagó por ella diez veces más de su valor, a través de una offshore. En total, 83 millones por tres cuartas partes de una empresa que se había valorado en poco más de 7 millones un año antes.

La operación la cerró Pedro Calvo, el hombre que el propio Gallardón había colocado al frente del Canal de Isabel II. Arturo Canalda, el actual presidente del Tribunal de Cuentas, y entonces gerente del Canal, ejecutó la operación, a pesar de sus intentos de mantenerse al margen. Ambos, Calvo y Canalda, habían sido facultados "expresamente" para presentar ofertas en nombre del Canal para hacerse con la empresa colombiana. El Consejo de Gobierno, presidido por Gallardón, dio el visto bueno a la compra el 21 de noviembre de 2001.

El dimitido Manuel Moix intentó frenar la investigación de la compra de Inassa. Fue uno de los escándalos que han marcado su paso por la Fiscalía Anticorrupción. La marcha de este "fiscal cómodo" para el PP, tal y como lo describió Ignacio González a Eduardo Zaplana en las grabaciones de la Lezo, no puede ser peor noticia para Gallardón.

En otra de las conversaciones telefónicas intervenidas, González dijo que la compra de Inassa "sí que fue un pelotazo". Fue después del informe que presentó Cristina Cifuentes ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la compra de la brasileña Emissao en noviembre de 2013, ya bajo el mandato de Ignacio González. Se pagaron entonces 23 millones por una empresa que apenas valía 5.

El informe "exclusivo" que mantuvo oculto

Puede que González, sabedor de que le estaban grabando, quisiera desviar la atención hacia Gallardón. En cualquier caso, era muy consciente de los "agujeros negros" de la operación colombiana. Siendo presidente del Canal de Isabel II, en junio de 2004, encargó un informe al bufete Cuatrecasas para su "exclusivo interés", según desvela Infolibre, sobre la compra de Inassa. La describe como una "operación oscura" y pone en el disparadero al equipo de Ruiz Gallardón.

González ocultó la información hasta que se fue de la lengua en una conversación con Zaplana, grabada el 11 de noviembre de 2016. En ella habla claramente de Inassa y se refiere directamente al informe de Cuatrecasas:

"Alberto [Ruiz-Gallardón] hizo una operación que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá".

(...)

"Yo no soy como esta gilipollas [Cristina Cifuentes] que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos opciones, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo todavía tengo un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes imaginar".

https://www.elplural.com/politica/2017/06/21/gallardon-en-el-punto-de-mira-lezo-canal-de-isabel-ii

EL JUEZ INVESTIGA UN SOBREPRECIO DE 70 MILLONES EN UNA OPERACIÓN DE LA ÉPOCA DE GALLARDÓN, LA COMPRA DE INASSA

Eloy Velasco afirma que Ignacio González conocía la ilegalidad de la operación "a través de determinados informes jurídicos", pero que no lo denunció

El fiscal Moix intentó impedir el registro de Inassa previa consulta con el fiscal general del Estado alegando que debía llevarse en un caso aparte

El juez investiga un sobreprecio de 70 millones de euros en la compra por parte del Canal de Isabel II en 2001, con Alberto Ruiz-Gallardón de presidente de la Comunidad de Madrid, de la sociedad Inassa, una operación en la que el juez ve indicios de "compra fraudulenta y supuesta malversación".

El juez de la operación Lezo, Eloy Velasco, afirma en el auto de prisión del expresidente madrileño Ignacio González que éste conocía de la ilegalidad de la operación a su llegada a la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 "a través de determinados informes jurídicos", pero que no lo denunció.

La operación de la compra de Inassa, la filial latinoamericana del Canal cuyo registro intentó sin éxito parar el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, rondó los 100 millones de euros, dice el juez, que añade que el valor de la mercantil era "muy inferior", concretamente de unos 30 millones según los investigadores.

El magistrado sostiene que este sobreprecio de 70 millones pudo haber supuesto una malversación de fondos públicos que se produjo cuando Ignacio González aún no ocupaba ningún cargo en la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, añade que "se ha evidenciado que conocía los hechos de la compra fraudulenta y supuesta malversación de fondos públicos en la compra de Inassa en el año 2001 y, como vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, no los denunció, conociendo su supuesta ilegalidad a través de determinados informes jurídicos".

Inassa fue una de las sociedades registradas esta semana en la operación Lezo, un registro que intentó frenar Moix previa consulta con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, alegando que debía llevarse en un caso aparte y que aún no había suficientes indicios para realizar los registros.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/22/el_juez_investiga_sobreprecio_millones_una_operacion_epoca_gallardon_compra_inassa_64173_1012.html

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