EL GOBIERNO RETRASA LA LEY DEL ABORTO ANTE LA DIVISIÓN INTERNA QUE GENERA

Santamaría matiza a Gallardón y admite que la fórmula está en discusión
Rajoy decidirá sobre la prohibición del aborto por malformación

La división interna que genera la ley del aborto, y que ha estallado muy claramente esta semana, ha llevado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a aparcar esta norma hasta encontrar un claro consenso interno. A pesar de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, asegura que presentará el texto “pronto”, la ley no está en la agenda de reformas inminentes, según estas fuentes. De hecho, ni siquiera es la primera en cartera en el Ministerio de Justicia, que antes tiene que sacar adelante la del Código Penal. Y ni el Gobierno en privado ni ayer en público la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, muestran ninguna prisa por sacar adelante esta polémica norma. De modo que el choque interno continuará hasta que Rajoy decida definitivamente.

La ley del aborto quema. Cada vez que el PP intenta llegar a un acuerdo sobre ella, estalla la división interna que genera. Acercarse a ella es arriesgarse a que la polémica acabe con la imagen de quien la protagoniza. Tal vez por eso los tres principales protagonistas del Gobierno en este asunto —Gallardón, Santamaría y Mariano Rajoy— parecen buscar una forma de repartir el coste.

Algunos en el Gobierno señalan que es Gallardón quien ha ido más lejos de lo pactado al plantear la eliminación del supuesto de aborto por malformación del feto. Lo achacan a su tradición conservadora familiar —su padre fue el promotor del recurso al Constitucional contra la anterior ley en 1983— y a su deseo por reconciliarse con el sector del partido que más recelaba de él. Otros indican que una decisión de este calibre tiene que contar con el aval e incluso el impulso de Rajoy, que evita pronunciarse sobre el asunto. Gallardón hizo un gesto el martes en el Senado. Miró a Rajoy, que se quedó a escuchar su respuesta sobre el aborto —lo habitual es que se marche antes— y dijo “voy a contar una primicia de la ley, con el permiso del presidente, que me lo acaba de autorizar”. Con ese gesto estaba implicando a Rajoy y destacando que esta ley es tan suya como del presidente.

Mientras, Sáenz de Santamaría jugó ayer a un equilibrio dificilísimo. Sin desautorizar a Gallardón ni descartar que se vaya a prohibir el aborto por malformación, matizó al ministro y trató de alejar su imagen de las posiciones más duras del PP. Todo de forma sutil, pero claramente estudiada.

Tras los juegos políticos para evitar que un asunto tan delicado destruya la imagen pública de sus protagonistas, hay una realidad, según coinciden diversas fuentes del Gobierno y del PP: Gallardón, que ha dado un giro total en los últimos meses hacia posiciones mucho más duras, cuenta con apoyos para sacar adelante el proyecto, y probablemente las instrucciones de Rajoy, pero el asunto genera una enorme división tanto en el Gobierno como en el PP, donde muchos quieren limitarse como mucho a volver a la ley del 85 —que permitía el aborto por malformación— y otros prefieren esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

Santamaría admitió implícitamente ese debate interno. Cuando se le preguntó por lo más polémico, el aborto por malformación, dejó la responsabilidad en Gallardón: “El Ministerio de Justicia está analizando la convención de la ONU sobre personas con discapacidad [que recomienda, no exige, limitar este tipo de abortos] y la doctrina del Constitucional [que sí los autorizó en 1985] para establecer la mejor manera posible para tener presentes ambos equilibrios”. Esto es, que todo está abierto. A pesar de este aparente distanciamiento, Santamaría firmó en 2010 el recurso al Constitucional en el que se comparaba el aborto por malformación con las prácticas nazis. Ayer dijo que lo importante de ese recurso eran los argumentos jurídicos.

El PP, en especial el grupo parlamentario, está muy dividido, según coinciden todas las fuentes consultadas. El sector conservador, en algunos casos vinculado al Opus o próximo a la Conferencia Episcopal, como sucede con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, está entusiasmado ante las propuestas de Gallardón. Otros, más moderados, están descolocados porque creían que se volvería a ley del 85. La idea de eliminar el supuesto de malformación, que obligaría a quienes sufran esa circunstancia a viajar al extranjero si quieren abortar, no genera consenso. Y otros, los más centristas, están directamente indignados. Tanto, que Celia Villalobos, la única que ha mostrado abiertamente su rechazo y se marchó del pleno mientras hablaba Beatriz Escudero, la portavoz elegida por el PP para defender este asunto en el Congreso, ha recibido varias muestras de apoyo de diputados, según personas que han hablado con ella. De hecho, buena parte del grupo evitó aplaudir a Escudero. Una muestra más de esta división que nadie niega: Alberto Núñez Feijóo, presidente gallego, dijo que la ley merece “un debate sosegado” y una “aproximación entre partidos”.

Esta división no es nueva. Ya en 2011, a la hora de elaborar el programa electoral, se produjo una enorme batalla interna por el asunto del aborto. Grupos católicos, en especial Hazte Oír, presionaban para que Rajoy prometiera antes de votar que derogaría la ley del aborto socialista. La división interna era tan fuerte que al final se optó por una fórmula especialmente ambigua, de una sola línea, en un programa de 214 páginas: “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Nada se decía del aborto por malformación. Fue el consenso mínimo alcanzado tras una gran polémica. Por eso, para el PP, la situación ideal era la vivida hasta 2010: miraban para otro lado y dejaban que se aplicara la ley de 1985, que AP rechazó. Pero ahora toca tomar decisiones y abrir la guerra interna o esperar al Constitucional.

http://politica.elpais.com/politica/2013/05/10/actualidad/1368211571_199887.html

FERNÁNDEZ: EL ABORTO “TIENE ALGO QUE VER” CON ETA, “PERO NO DEMASIADO”

El ministro del Interior relaciona la interrupción del embarazo con el terrorismo
Luego matiza sus declaraciones y asegura que no quiso comparar ambos temas

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha relacionado este martes por la mañana el aborto con el terrorismo de ETA en una rueda de prensa convocada para dar detalles de una operación contra la banda en la que han sido detenidos seis presuntos miembros en Francia.

Cuando ha llegado la tanda de preguntas, varios periodistas han cuestionado al ministro acerca de otros temas de actualidad, como el aborto y la suspensión de la imputación de la Infanta por parte de la Audiencia de Palma. Díaz, que quería primero contestar a las preguntas relacionadas con la operación policial, ha ido contestando que todos los temas que no estuvieran relacionados con la detención de los etarras se contestarían al final de la rueda de prensa. Preguntado por el aborto, ha dicho que eran dos temas muy diferentes, para matizarlo luego: "Tiene algo que ver, pero no demasiado", ha sentenciado.

Posteriormente, y dada la polémica levantada, el ministerio del Interior ha hecho pública una nota matizando las declaraciones de Díaz y negando haber comparado terrorismo y aborto: "En ningún momento el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha querido establecer una comparación entre las personas que deciden abortar y los terroristas etarras. La voluntad del ministro era contestar más tarde la pregunta relacionada con el aborto para evitar que se mezclara con las cuestiones vinculadas con la operación antiterrorista. De hecho, así ha sido. El titular de Interior, tras responder a las preguntas relacionadas con la detención de seis presuntos etarras, dio su opinión sobre la cuestión del aborto", dice la nota.

Ferviente católico -sus colaboradores diseñan su agenda para que no falte ningún día a misa-, no es la primera vez que el ministro levanta polémicas con sus declaraciones. El pasado marzo indignó a los colectivos de homosexuales al asegurar que los matrimonios entre personas del mismo sexo "no garantizan la pervivencia de la especie".

Díaz ha aprovechado para apoyar al ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en la reforma de la ley del aborto. "Estoy totalmente de acuerdo con la opinión del ministro de Justicia. Apoyo de la A a la Z todo lo que dijo y cómo lo dijo".

La número dos del PSOE, Elena Valenciano, ya le ha pedido una rectificación a Fernández Díaz. El ministro era este martes al mediodía uno de los prinicipales temas de conversación en la red social Twitter, donde muchos usuarios pedían su dimisión.

También la vicepresidenta primera del Congreso y compañera de partido del ministro, Celia Villalobos, ha exigido este martes "una rectificación en toda regla" por su comparación "impresentable" del aborto con ETA. "Espero que [el ministro] se haya equivocado porque me parece un error gravísimo que no comparto en absoluto", ha manifestado a los periodistas Villalobos, para quien comparar "cualquier cosa con ETA es impresentable".

http://politica.elpais.com/politica/2013/05/07/actualidad/1367926859_705406.html

VIAJE AL PASADO PARA ABORTAR

La reforma de la ley que prepara el Gobierno sitúa a España a la cola de Europa

Los expertos alertan de un retroceso de más de 30 años

Gallardón: “Me identifico con que desaparezca el supuesto de aborto por malformación”

En España, las mujeres pueden abortar sin dar explicaciones, hasta la semana 14 de gestación. Tras esto, se necesita un dictamen médico y cumplir ciertos requisitos —riesgo para la salud, hasta la semana 22, y anomalías fetales graves o incompatibles con la vida, sin plazo—. Pero cuando aún no ha cumplido tres años desde su estreno, el derecho a la maternidad libremente decidida, que consagra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, pende de un hilo. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que la reformará para sustituir ese plazo libre por un sistema de supuestos como el que rigió hasta 2010.

El cambio, alertan los expertos, no solo supondría un retroceso de más de 25 años. También aleja a España de la esfera de la UE, donde predominan leyes de plazos. Así es en Francia (hasta la semana 12 de gestación), Holanda (26) o Italia (10). Solo cuatro países tienen un modelo de supuestos como el deseado por Gallardón: la restrictiva Polonia, Chipre, Reino Unido y Finlandia. Aunque en los tres últimos se amparan las razones socioeconómicas, bajo las que subyacen, en realidad, la libertad de la mujer.

La nueva regulación colocaría a España al nivel de Malta, que prohíbe el aborto, o Irlanda que lo restringe tanto que es inalcanzable. Estos son, además, los dos únicos países de la UE que no permiten la interrupción del embarazo por anomalías fetales. Un supuesto que el titular de Justicia ya ha insistido en que eliminará.

Ese cambio dejaría sin cobertura, alerta la experta en Diagnóstico Prenatal Pilar Martínez Ten, a los 3.000 gravísimos casos que se detectan cada año. Quienes estén en esta situación por el dictamen de patologías como anencefalia o agenesia de cuerpo calloso, de pronóstico fatal, por ejemplo, se verán obligadas a salir del país para abortar. “La restricción también impedirá que se haga la necropsia para ver si la enfermedad se repetirá con otros hijos”, dice Martínez Ten.

Los expertos no dudan de que una ley más restrictiva no frenará los más de 110.000 abortos que se realizan cada año en España, pero sí provocará que las mujeres sin medios para viajar a países más permisivos con la intervención —antaño iban a Londres— recurran a métodos inseguros. En el siglo XXI, apunta la ginecóloga Isabel Serrano, presidenta de la Plataforma por los Derechos Reproductivos, el aborto clandestino ya no es en casa y con una abortera. “Se recurrirá a fármacos que no están indicados para ello, lo que causará a las mujeres graves problemas de salud”, dice.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/04/actualidad/1367694686_721410.html

ELPLURAL.COM desvela que Gallardón recibió millones de pesetas en sobresueldos del PP

El ministro de Justicia aseguró el domingo que “nunca” había cobrado más de un sueldo

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cobró numerosos sobresueldos en su etapa de senador. Así queda reflejado en la contabilidad oficial del Partido Popular que está en manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y a la que ha tenido acceso en exclusiva ELPLURAL.COM.

Sólo en el año 1994, el ministro de Justicia recibió a través de sobresueldos y gastos de representación más de 2.275.000 pesetas. Cifra que habría que sumar al salario que Ruiz-Gallardón cobraba de forma oficial por ser senador. Es decir, al igual que otros altos cargos del Partido Popular en el Senado, el actual ministro recibía otras retribuciones que no se hacían públicas.

Pagos fijos
Por ejemplo, en 1994 era habitual que, a finales de cada mes, Alberto Ruiz-Gallardón recibiese un ingreso en su cuenta por valor de 53.769 pesetas. En junio y diciembre de ese mismo año, la cantidad varió significativamente, alcanzando las 107.538 pesetas (justo el doble de lo que cobraba habitualmente, simulando de esta forma el cobro de una paga extraordinaria). Retribuciones que el ministro recibió al menos hasta abril de 1995, fecha en la que se anunció su candidatura a la Comunidad de Madrid.

Cuantiosos pagos en cuenta
En la contabilidad oficial de la cuenta que el Partido Popular disponía en el Senado, también quedan reflejadas otras transferencias a la cuenta de Alberto Ruiz-Gallardón. Sin ir más lejos, el 30 de junio de 1994 el ministro recibió una “contraprestación” de 609.392 pesetas por concepto de “varios”. Un mes antes, el 31 de mayo, el PP transfirió al titular de Justicia otras 304.696 pesetas. Cifra que se dobló el 30 de septiembre, cuando desde la cuenta del Partido Popular en el Senado le ingresaron 610.622 euros.

Lo negó el domingo
Se da la circunstancia de que este mismo domingo, el ministro de Justicia negó de forma tajante haber recibido sobresueldo alguno a lo largo de su carrera política. En concreto, al ser preguntado por el diario El País sobre si había “tenido más de un sueldo alguna vez, como cargo electo y dirigente del PP”, Ruiz-Gallardón respondió tajante que “nunca”.

Extractos de las cuentas oficiales del Partido Popular que obran en manos del juez Ruz y a las que ha tenido acceso ELPLURAL.COM

Insiste en su negativa
Acto seguido, aunque aclaraba que le parecían legítimos los “gastos de representación”, el ministro insistía en que “nunca” había recurrido a estos pagos en contraprestación a los posibles viajes o comidas que hubiese podido efectuar en representación del Partido Popular.

Suma y sigue
La información desvelada por ELPLURAL.COM respecto a los sobresueldos que recibió el actual ministro de Justicia se suma a la desvelada este lunes por El País, en la que se refleja que en la propia contabilidad oficial del Partido dirigentes como Mariano Rajoy, José María Aznar, Javier Arenas o Francisco Álvarez-Cascos recibieron, al menos, entre 1990 y 1993, retribuciones mensuales fijas en concepto de “trabajos extraordinarios” o “gastos de representación”.

El ministro niega tajantemente haber cobrado
Alberto Ruiz Gallardón, a través de la Oficina de Prensa del Ministerio de Justicia, ha contactado con ELPLURAL.COM para ”negar tajantemente” el cobro de este tipo de retribuciones. Sobre el hecho de que los ingresos de los que informa este periódico están recogidos en los papeles de su contabilidad oficial entregados por el PP al juez Ruz, en Justicia se ratifican a su desmentido, que ya adelantó en una entrevista a El País, en el sentido de que el ministro nunca había cobrado un sobresueldo del partido: “Sólo cobró como senador y como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado”, reiteran.

http://www.elplural.com/2013/04/29/elplural-com-desvela-que-el-ministro-de-justicia-recibio-millones-de-pesetas-en-sobresueldos-del-partido-popular/

GALLARDÓN INVOCA EL “MANDATO DE LOS CIUDADANOS” PARA CAMBIAR EL ABORTO

El PSOE llama a la sociedad contra la “abolición” de la interrupción del embarazo

“Señor Gallardón, por qué, por qué hace esto, qué le han hecho las mujeres”. Así arrancó este miércoles, pasadas las nueve de la mañana, en la sesión de control al Gobierno, el primer rifirrafe sobre las intenciones del Ejecutivo respecto a la legislación del aborto. La pregunta era de la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano. Después vendría una interpelación defendida por la portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Carmen Montón. Ante las acusaciones de retroceso de 30 años, de vulneración de los derechos de las mujeres, de intromisión en el derecho a decidir sobre la maternidad, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se envolvió en el “mandato de los ciudadanos” para cambiar la ley del aborto y aludió a la interpretación que el Tribunal Constitucional hizo en 1985 sobre este asunto. En efecto, en su programa los populares se comprometieron a cambiar la ley aprobada por el Gobierno socialista en 2010, pero sin dar detalles ni precisar hasta dónde tenían previsto cambiarla. No hay lugar para la transacción con el paso que ha dado el ministro de contraponer el derecho de las mujeres a su libertad con el derecho del “concebido”. “Nosotros repondremos el derecho de los no nacidos”, ha avisado el titular de Justicia.

Eso significa echar abajo la actual ley de plazos, que permite abortar durante las primeras 14 semanas de embarazo, pero también eliminar los supuestos actuales, incluida la posibilidad de interrumpir el embarazo por malformaciones en el feto. Con estos apuntes se intuye que el Gobierno irá más allá de cambiar la ley de 2010, al eliminar supuestos de la norma de 1985.

Los argumentos y las objeciones de las diputadas socialistas Elena Valenciano, primero, y Carmen Montón, después, se extendieron por diferentes ámbitos: políticos, jurídicos, sanitarios y morales. “Sobre las mujeres no decide nadie; ni los obispos ni los ministros”, clamó Montón, ante lo que no anda lejos de ser “la abolición encubierta del aborto”, ante las restricciones anunciadas, proclamó la diputada socialista.

Con gráficos en mano, la portavoz de Igualdad del PSOE citó los países europeos en los que rige una ley de interrupción del embarazo similar a la española. “Con los cambios que anuncia”, dijo, “se condena a las españolas a tener que acudir a métodos cruentos o a abortar a Londres las que se lo puedan permitir económicamente”. Antes, la número dos del PSOE, Elena Valenciano, en tono muy duro, había hecho esa dicotomía y situaba a las mujeres “de la clase social de Gallardón” en el grupo que podría ir a abortar a Londres, “como antes, como siempre”, y a las más débiles económicamente, dijo, se las condenaría a poner en riesgo su vida al acudir a la clandestinidad.

El ministro de Justicia aseguró que hace los cambios en la ley por convicción, sin presiones. “Ni lobbies ni jerarquías eclesiásticas, sino respeto a la Constitución y al mandato del pueblo, que nos pidió que cambiáramos la ley”, argumentó. Cada posición fue acogida por la bancada del correspondiente orador con los diputados puestos en pie y en apretado aplauso. La derecha aplaudió a Gallardón; la izquierda, a Montón.

La discusión avanzó sin la menor posibilidad de encontrar un punto de aproximación. “¿Por qué la derecha española no está a la altura de la derecha europea y deja la ley actual que da seguridad jurídica, seguridad sanitaria, seguridad profesional, hace prevención…?”, enumeró Montón. También preguntó por qué el Gobierno no espera a que el Constitucional se pronuncie sobre la reforma de Zapatero antes de que la ley llegue a la Cámara.

¿Para qué?, se preguntó Gallardón. Hasta tres veces, dijo, el Tribunal se ha pronunciado sobre la necesidad de respetar los derechos del no nacido. “El concebido es un bien jurídico protegido y cuando entra en conflicto con otros derechos, como el de la mujer a su pleno desarrollo personal, libertad de creencias, etcétera, el legislador tiene que dar respuesta, pero no acabar con los derechos del concebido. Los derechos de la mujer no pueden tener prevalencia sobre los derechos del no nacido”, sentenció el ministro.

Pero esta literatura jurídica del Constitucional no se ha traducido de la manera que anuncia el titular de Justicia y que tiene intención de plasmar en la futura ley del aborto. ¿De nuevo la cárcel para las mujeres por abortar? No, aseguró el ministro. “Ninguna mujer irá a la cárcel por abortar”, dijo, sin precisar cómo se conseguirá eso. “Respete a las mujeres, ministro. Y yo, que soy madre, me siento igual de mujer antes y después de parir”, dijo Montón, que anunció que luchará “por no dejar” a su hija como herencia “una ley que no respeta el derecho de las mujeres a decidir”.

No le importa a Gallardón lo que le digan, porque, dijo, “la defensa de los más débiles justifica” toda su vida política. Esas aseveraciones provocaron desasosiego en la bancada socialista, que interpretó que el ministro va muy en serio y que la futura ley será sumamente restrictiva.

La diputada Montón hizo un llamamiento a la sociedad para que “se oponga a este retroceso” y llamó a la sociedad a no dar “ni un paso atrás”. La batalla también va en serio por parte de la izquierda, esta vez abanderada por el PSOE en el Parlamento. “Gallardón, ya no toca ser el progre del Gobierno”, espetó con dura ironía la número dos socialista. “Usted carece de la necesaria serenidad para abordar este asunto”, replicó el ministro a Valenciano. El componente anímico inapropiado también se lo atribuyó el ministro a la portavoz de Igualdad.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/24/actualidad/1366791616_715518.html

“Señor Gallardón, entrega gratis a los registradores, a Rajoy y a su nuera un negocio redondo de 180 millones al año”

El ministro de Justicia se defiende de las acusaciones de nepotismo acusando al PSOE de pretender "expulsar de la función pública a gente que ha accedido por méritos propios"

El diputado socialista Gabriel Echávarri, en la sesión de control al Gobierno, ha reprochado al ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón el blindaje de los registradores contemplado en su reforma de los Registros Civiles. En concreto, con su privatización de estos registros, le ha acusado de crear un monopolio en beneficio de este lobby, en lugar de legislar en función del interés de los ciudadanos. “Usted legisla sólo para algunos, para 740 personas o para 749 y el registrador de Santa Pola que resulta ser el presidente del Gobierno”, le ha espetado.

Además, le ha recriminado la casualidad de que, entre este colectivo figure también su nuera, María Teresa Touriñán, registradora en activo. Y es que, como ya denunció ELPLURAL.COM los intereses del PP en este gremio no son pocos. El diputado socialista cargó contra el ministro por “regalar millones de euros” de esta manera:

“En la última legislatura se invirtieron 128 millones de euros para digitalizar e informatizar todos los registros civiles de España y que entrega gratis a los registradores para que hagan su negocio. Un negocio redondo dado que pueden ingresar 180 millones de euros al año, a repartir entre los registradores, entre ellos su nuera y o el señor Rajoy al que , al que hecho un segundo favor, dado que en Santa Pola había previsto un segundo registro y que usted ha suprimido. Más pedazo de tarta. Estarán contentos, pero no los ciudadanos”

Según el diputado con esta reforma unos pocos se van a forrar y a los ciudadanos no nos quedará otra que pagar por un servicio que era gratuito desde 1870. “Con su Gobierno, la diosa Justicia ya no tiene una balanza en la mano sino una caja registradora”, le ha recriminado a Gallardón para pedirle a continuación que diera marcha atrás a esta reforma.

El ministro, sin embargo, ha negado la mayor y ha acusado al PSOE de tener un “problema muy severo”, además de un “desconocimiento completo” del funcionamiento de la administración del Estado. En su opinión, lo que les molesta es que el presidente del Gobierno sea registrador de carrera, que él sea fiscal en excedencia o que haya funcionarios en sus familias que lo único que han hecho “ha sido trabajar mucho y esforzarse mucho” para llegar ahí. Gallardón acusó al PSOE de pretender “expulsar de la función pública a gente que ha accedido por méritos propios”.

En relación a la propuesta de privatización de los Registros Civiles, se ha escudado en que se trata de una idea no del PP sino del nada sospechoso grupo Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que presentó una enmienda que así lo contemplaba.

http://www.elplural.com/2013/03/20/senor-gallardon-entrega-gratis-a-los-registradores-a-rajoy-y-a-su-nuera-un-negocio-redondo-de-180-millones-de-euros-al-ano/

GALLARDÓN REFORMARÁ LA LEY DEL ABORTO PERO NO EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL

La reforma de la ley de interrupción del embarazo no resulta fácil para el titular de Justicia

Mariano Rajoy, un hombre creyente y que sus más cercanos definen como un conservador clásico, siempre ha estado muy atento a las reclamaciones del ala de su partido más cercana a las posiciones de la Iglesia católica. Fue él quien ordenó a los máximos dirigentes del PP que se manifestaran con los obispos contra el matrimonio homosexual. Sin embargo, él siempre busca una imagen de moderación. De hecho no fue a esas marchas y trató de no mojarse antes de las elecciones en cuestiones clave como las bodas gais o el aborto. Además, la relación de Rajoy con la Conferencia Episcopal, y en especial con Antonio María Rouco, un hombre que no disimula su intento por influir en el PP, nunca ha sido buena. La irrupción, ayer, del cardenal en un día especial para Rajoy, en Roma con el Papa, la complicará aún más.

Una vez llegado al Gobierno, Rajoy ha encargado a Alberto Ruiz-Gallardón estos asuntos delicados. La posición en principio parece clara sobre las dos cuestiones clave que ayer reclamaba Rouco: el matrimonio homosexual no se va a tocar, el Gobierno acata la sentencia del Tribunal Constitucional y el asunto está cerrado. Pese a sus ideas sobre la cuestión —él dijo en la oposición que no creía que los gais debieran poder adoptar y que no debería llamarse matrimonio a su unión— Rajoy ha sido pragmático y ha visto que la mayoría de los españoles y de los votantes del PP apoyan las bodas gais. En el PP y en su propio Gobierno algunos ministros como Gallardón las respaldaban y hasta las llegó a celebrar cuando era alcalde. Así que Rajoy no dará satisfacción a Rouco.

En el aborto, teóricamente también debería estar claro: el PP se ha comprometido a reformar la ley para defender los derechos del nasciturus y para eliminar la posibilidad de que las menores de 18 años puedan abortar sin autorización de sus padres. Pero la reforma está claramente encallada. Gallardón la ha retrasado ya tres veces. Primero prometió que estaría en otoño de 2012. Luego a finales de año. Después se apuntó a la Semana Santa de 2013. Ahora parece que podría estar para el verano. Aquí Rajoy, que ve a los españoles más divididos que con el matrimonio homosexual y sobre todo a su electorado muy escorado hacia un rechazo a la ley socialista, no ha querido esperar a que el Tribunal Constitucional falle. O al menos eso ha prometido, porque la ley sigue retrasándose.

Fuentes del Ejecutivo insisten en que ya está cercana su aprobación. Tal vez esa inminencia explique el nuevo intento de presión de Rouco, precisamente el día en que Rajoy se ve con el Papa en Roma, para recuperar protagonismo —opacando mediáticamente incluso a Francisco— y garantizar que su contenido le satisface.

Pero no es fácil. La ley será una marcha atrás pero no impedirá el aborto. De hecho, mientras gobernaba Aznar se practicaron 500.000 abortos porque él no tocó la ley. Gallardón sabe que haga lo que haga recibirá el ataque de la derecha o de la izquierda, o de los dos a la vez. El ministro busca ahora un complejo equilibrio. Parece claro que va a eliminar la ley de plazos socialista —similar a la que rige en la mayoría de los países europeos y aceptada por la derecha de esas naciones— para volver a una de supuestos. Pero de la definición de esos supuestos, sobre todo de la laxitud con que se entienda el daño psicológico a la madre, dependerá que en España el aborto sea accesible o una auténtica pesadilla legal.

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/15/actualidad/1366053811_961553.html

EL INDULTO DE JUSTICIA AL KAMIKAZE SE TOMÓ EN CONTRA DE JUECES, FISCALÍA Y VÍCTIMAS

El indulto de un conductor kamikaze por el Gobierno desató este miércoles una cadena de reacciones de rechazo. La concesión de una medida de gracia a un hombre condenado a 13 años de prisión por un delito de conducción grave con desprecio para la vida de los demás —causó la muerte a un joven de 25 años— recibió incluso un toque de atención por parte del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

“Como soy miembro del Gobierno, soy solidario” [con sus decisiones], declaró el ministro en una rueda de prensa posterior a su encuentro con responsables de Interior del PP. Pero, tras pronunciar estas palabras, Fernández recordó que la política del Ejecutivo es no conceder indultos a personas condenadas por delitos contra la seguridad vial, y advirtió. “Tendremos que estar atentos a estas cuestiones”.

El conductor indultado, un directivo de la firma Opel, tan solo pasó diez meses en prisión. El pasado 7 de diciembre, a propuesta del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros le conmutaba la pena de 13 años por dos años de multas de seis euros diarios.

La medida de gracia fue concedida con informes contrarios de la Audiencia Provincial, de la fiscalía y de las víctimas. Tan solo el informe elaborado por la prisión recomendaba la excarcelación del recluso.

Los hechos se remontan al 1 de diciembre de 2003, día en que Ramón Jorge Ríos Salgado, tras realizar una maniobra de cambio de sentido en plena autopista AP-7, condujo durante cinco kilómetros en dirección contraria, a alta velocidad, antes de estrellarse cerca de Polinyà del Xúquer (Valencia) contra el coche de José Alfredo Dolz España, de 25 años, que murió.

La familia de la víctima expresó ayer su indignación ante el indulto. Por su parte, el secretario general del PSOE valenciano, Ximo Puig, fue más allá: instó a la fiscalía a investigar si en la medida de gracia ha habido tráfico de influencias.

En el despacho de Uría y Menéndez que se ocupó la defensa de Ríos Salgado, trabaja un hijo del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Y el abogado que defendió al kamikaze es el letrado Esteban Astarloa Huarte-Mendioca, hermano del diputado del PP Ignacio Astarloa, que fue subsecretario de Justicia en el periodo 2000-2002. De ahí las voces que reclamaron que se estudiara el caso.

EL PAÍS contactó con el despacho del letrado Esteban Astarloa, que declinó hacer declaraciones. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también rehusó contestar a las preguntas de este diario. Sí lo hizo el subsecretario de Justicia, Juan Bravo, el hombre que tramita los indultos en el ministerio. Bravo enfatizó el resultado de los informes del centro penitenciario en el que el conductor condenado pasó diez meses. “Dio inequívocas muestras de arrepentimiento”, declaró el subsecretario. El tiempo pasado desde el delito (diez años) y las reducidas posibilidades de reincidencia también pesaron.

Asimismo, Bravo adujo que la Audiencia Provincial había “desdeñado” los informes de la defensa, que aludían a un episodio de epilepsia como causante de los hechos. La sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Valencia, ratificada más tarde por el Tribunal Supremo, descartaba que un presunto episodio de epilepsia pudiera justificar “una conducta tan compleja y prolongada” como la del condenado, que realizó una maniobra de cambio de sentido descrita por un testigo como “plenamente consciente y deliberada”, según recoge el fallo judicial.

En cuanto a las acusaciones de posible tráfico de influencias, fuentes del Ministerio de Justicia dijeron que José Ruiz-Gallardón Utrera (hijo del ministro) nada tuvo nada ver con el indulto, puesto que es solo uno de los 538 abogados que trabajan en el bufete y, además, estaba en Brasil durante la tramitación del expediente

"Entiendo que no me aplaudan", dice el ministro. Asegura que la asociación mayoritaria de jueces le pidió cobrar tasas para financiar planes de pensiones a los magistrados

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este miércoles que gobernar, "a veces, es repartir dolor" en referencia a los esfuerzos económicos que se están pidiendo a "los ciudadanos en general y a los funcionarios en particular" para salir de la crisis y entiende por ello que no le "aplaudan".

Así lo ha expuesto el ministro en declaraciones en la cadena Cope, al ser preguntado por las protestas que han provocado sus reformas tanto en el mundo judicial como en gran parte de la ciudadanía, a causa de la Ley de Tasas.

Sobre las protestas de los jueces, ha insistido en que están "disgustados" por perder la paga extra y haberles reducido de 18 a 12 sus días de permiso y entiende que son "medidas dolorosas" como lo ha sido no actualizar las pensiones conforme al IPC, pero ha indicado que no puede gobernar para satisfacer a los sectores jurídicos "sino para defender los derechos de los ciudadanos".

En cuanto a las tasas, Gallardón ha vuelto a explicar que servirán para pagar la justicia gratuita y no recaerán en aumentar la retribución de los jueces como ha pedido alguna asociación, y ha destacado que la cuantía es tres veces menos que la media europea, por lo que opina que no se puede decir que sean "disuasorias".

Gallardón ha insistido en atribuir a un sector de los propios jueces la responsabilidad de la imposición de tasas judiciales, al asegurar que le pidieron que se implantaran nuevas tasas para financiarles un plan de pensiones, una idea que él rechazó, optando en cambio por utilizar la recaudación para "financiar la justicia gratuita".

El ministro ha reiterado en que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial y tendencia conservadora, le entregó, poco después de que asumiera su cargo, un documento en el que le pedía un sistema de tasas judiciales que revirtiese en la Administración y favoreciese directamente a los jueces y magistrados.

En ese documento, según el ministro, se planteaba un sistema de incentivos por productividad para los jueces y se abogaba por el que parte de esos incentivos pudieran plasmarse en un plan de pensiones de manera que un juez que ingresase en la carrera judicial tuviese garantizada en su jubilación una indemnización de un mes de salario por año trabajado.

Se trata de "un documento que me entregó la Asociación Profesional de la Magistratura a los pocos días de tomar posesión", ha explicado Gallardón, que ha recordado que también la Junta de jueces Decanos acordó en su momento solicitar unas tasas "pedagógicas y disuasorias".

"Nosotros hemos atendido a la idea, que es positiva, de la implantación de las tasas, pero no lo hemos hecho para establecer un plan de pensiones para los jueces", sino que se han implantado "única y exclusivamente para financiar la justicia gratuita", ha aclarado.

"Ahí se ha producido una diferencia, no hemos atendido a la petición que ellos nos hacían sobre el destino de la recaudación de las tasas", ha añadido. En este contexto, ha rechazado la posibilidad de establecer incentivos en función de los casos de los que se encargue cada juzgado y ha descartado que en el futuro se pueda crear un plan de jubilación para los jueces a cuenta de las tasas. "Rotundamente, no", ha respondido a una pregunta al respecto.

Respecto al referéndum que tienen previsto convocar en Catalunya sobre la independencia CiU y ERC, el ministro ha asegurado que no se va a celebrar porque se suspenderá recurriendo la convocatoria ante el Tribunal Constitucional.

En cuanto a la negativa del gobierno catalán de aplicar sentencias del Supremo que obligan a garantizar la enseñanza en castellano, ha indicado que la reforma educativa del gobierno "establece mecanismos para forzar a que se cumpla ese derecho".

Ha adelantado por otra parte que la Ley del aborto está muy avanzada y en "fechas próximas" se presentará el proyecto de reforma

El ministro tilda de corporativista la protesta de jueces y fiscales: “¿Cómo no van a quejarse si les hemos quitado la paga?”. 18 organizaciones, contra el Gobierno

Alberto Ruiz-Gallardón comparó ayer la reforma que él pretende acometer en la justicia española —que implica cambiar las condiciones de trabajo de jueces y fiscales, cobrar tasas a los ciudadanos y desviar ciertos asuntos de los juzgados a las notarías— con el fin de la mili, la instauración del moderno sistema tributario, la reconversión industrial de los años ochenta o la entrada en Europa. “Los cambios producen resistencias, siempre ha ocurrido en España”, resumió como común denominador. Así, el mismo día —el de su cumpleaños— en el que 18 organizaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, trabajadores del sector y consumidores se unían para mostrarle su oposición frontal, el ministro de Justicia los tildó de corporativistas y anunció que no piensa cambiar una coma de sus medidas, porque el objetivo es “agilizar” la administración de justicia y eso es “irrenunciable”.

El conflicto está servido: hoy hay un paro de una hora —de 12.00 a 13.00— convocado en los juzgados y, aunque Gallardón subrayó que su puerta está “abierta” para seguir hablando, las organizaciones profesionales no lo aceptan como interlocutor. Han pedido una reunión con el presidente Mariano Rajoy —que no ha respondido— y están recogiendo firmas entre los ciudadanos.

La bronca del sector judicial con su ministro comenzó hace meses por un tema estrictamente laboral: la Ley de medidas de eficiencia en la Administración de justicia, que obliga a los jueces de carrera a hacer sustituciones (despidiendo, de paso, a los interinos) y les quita días libres (aunque bastantes menos que al resto de funcionarios del Estado). Las asociaciones de jueces y fiscales admiten que ese fue el origen de la pelea, pero añaden que en su opinión las condiciones laborales no solo les afectan a ellos sino a la calidad del servicio público.

Luego llegó la ley de tasas, muy impopular, y los jueces y fiscales —a los que se sumaron, en primera línea, los abogados— tomaron la oposición a esa medida como bandera, tachándola de atentado al Estado de derecho. Además, en las últimas semanas ha habido pronunciamientos de jueces, públicos y en grupo, sobre los desahucios, la ley hipotecaria o los indultos del Gobierno, creando un clima de movilización desconocido en este sector.

Como broche a una situación inédita, representantes de todos los colectivos de la justicia —18 organizaciones de distinto color ideológico y profesional— escenificaron ayer con una rueda de prensa el frente antiGallardón. Lo sintetizó Antonio Segura, de la Plataforma Justicia para Todos: “Somos muy diferentes, son muchas las cosas que nos separan a los que estamos aquí. Pero hay un ministro de Justicia que nos ha unido”. Apiñados en una sala del Consejo General de la Abogacía, en Madrid, algunos sentados y otros de pie con el micro, jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, representantes sindicales y miembros de asociaciones de usuarios defendieron sus reivindicaciones detrás de una pancarta que rezaba: Acto público de defensa de la Administración de Justicia.

“La justicia está en descomposición por las reformas del ministerio. Hay que hablar de poder a poder: con el presidente”, dijo el juez decano de Madrid y portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol. “Su gestión la rechazamos todos los colectivos y la población. ¿Para quién gobierna el ministerio?”, preguntó Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. Ángel Dolado, del Foro Judicial Independiente, aseguró que asimilar a los jueces con el resto de funcionarios ataca a su “independencia”; lo mismo que Álvaro Martín, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura.

Así siguieron el resto de organizaciones: hablaron de “desmantelamiento de la justicia como servicio público”, de “ataque brutal sin precedentes a la ciudadanía”, de “crisis institucional”, de una falta total de diálogo por parte del ministerio y del intento de “privatizar” la justicia. “De la tutela judicial efectiva se va a pasar a la tutela judicial en efectivo”, ironizó Bosch sin sonreír. Quienes más énfasis pusieron en el asunto de las tasas, no obstante, fueron los representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios. Francisca Sauquillo dio un ejemplo: las tasas terminarán, dijo, con las demandas colectivas contra grandes empresas como las eléctricas, por el volumen de dinero que habría que desembolsar en tasas para empezar a pleitear.

El ministerio, sin embargo, sostiene que lo que ha unido a todos esos colectivos profesionales no es la “defensa de la administración de justicia” sino la de sus propios intereses. Gallardón ya lo había sugerido, pero ayer fue claro como el agua al acusar de corporativistas a jueces y fiscales. “¿Cómo no van a protestar si les hemos quitado una paga y les hemos reducido los días libres de 18 a 12?”, preguntó retóricamente durante una conferencia en el Foro ABC. No menos de cinco veces repitió lo de la paga extra, convirtiendo la batalla que las asociaciones están planteando como ciudadana en una mera protesta por dinero y privilegios. “Soy consciente de que las medidas pueden afectar a algunos colectivos, es legítimo que protesten. Pero el Gobierno en quien está pensando es en el conjunto de la sociedad”, remató. No habrá rectificación: “A mí no me hicieron ministro para estar colgado en un retrato del ministerio. Yo ante quien tengo que responder es ante mi presidente, que me pide que defienda el interés de los ciudadanos”, zanjó.

Gallardón pretende que haya “un antes y un después” de su mandato y que la administración de justicia se convierta en un “factor de competitividad” que ayude a salir de la crisis. Para eso, según él, son necesarias las tasas: para disuadir a los ciudadanos que abusan del sistema. Unas tasas, subrayó con un golpe de efecto, que le pidieron “los jueces”. El ministro leyó dos textos: uno de la reunión de jueces decanos de España de 2011 y otro de la APM, la asociación mayoritaria; ambos defendiendo las tasas (el segundo, además, proponiendo que parte de la recaudación vaya a pagar incentivos a los jueces o a un plan de pensiones). “Me lo pidieron [poner tasas], y es exactamente lo que hemos hecho”, concluyó el ministro ante la sorpresa del auditorio. En realidad, la APM nunca ha ocultado que defiende las tasas, pero rechaza la cuantía “desorbitada” de las que aprobó Gallardón.

El titular de Justicia desgranó después un rosario de datos para justificar sus medidas. Uno: el 77% de las veces que un ciudadano recurre en segunda instancia el recurso es rechazado. “¿No debe haber un mecanismo disuasorio para evitar que sea rentable prorrogar indefinidamente el proceso judicial?”, inquirió (aunque las tasas también son en primera instancia). Dos: las tasas existen en casi todos los países europeos y, de media, cubren el 30% del coste del proceso judicial; en España, el 8%. “La justicia es gratuita, pero no es gratis”, afirmó.

Ayer, la mayoría de las organizaciones pasaron de puntillas sobre la posibilidad de pedir la dimisión del ministro, y tampoco quisieron aclarar si jugarán la carta de la huelga. “No se descarta, pero no creo que sea más eficaz que esto que estamos haciendo”, dijo el presidente de los abogados, Carlos Carnicer. El último comunicado que aprobó la comisión interasociativa de conflicto de jueces y fiscales ponía como condición para no ir a la huelga que se retire la ley sobre el régimen estatutario de los jueces y que no se apruebe la reforma del CGPJ. Las tasas no figuran entre esas condiciones, aunque ayer todos aseguraron que se tendrán muy en cuenta.

18 COLECTIVOS DE LA JUSTICIA SE UNEN PARA RECHAZAR A GALLARDÓN COMO INTERLOCUTOR

Casi todos los cuerpos profesionales presentan un manifiesto conjunto en contra de sus reformas

Hasta 18 colectivos de la justicia, entre los que se encuentran las asociaciones mayoritarias de jueces, fiscales y el Consejo General de la Abogacía, han celebrado esta mañana un acto conjunto en el que han rechazado como interlocutor al ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, y han reclamado una reunión directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Casi todos los cuerpos profesionales que forman la Administración de justicia, además de sindicatos y organizaciones de consumidores, han escenificado su rechazo a las reformas emprendidas por Gallardón con un manifiesto conjunto presentado en la sede del Consejo General de la Abogacía española. Los colectivos han reconocido que les ha unido su oposición a la política del ministro. Las reformas emprendidas son, a su juicio, un "ataque brutal al Estado de Derecho" además de un intento de privatización de la justicia, al igual que está ocurriendo con otros servicios públicos. La de hoy es, además, la primera jornada de protestas en la justicia: para mañana han convocado un paro de una hora en los juzgados de toda España.

El conflicto comenzó por un asunto puramente laboral: el motivo fue el proyecto de ley de “medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia”, aprobado por el Gobierno en octubre, que introducía en el ámbito judicial los recortes generalizados en la función pública —incluida una reducción de días libres— y eliminaba prácticamente la figura del juez interino sustituto, traspasando esa carga extra de trabajo a los titulares (a cambio de un plus en el sueldo). Los jueces lo consideraron una declaración de guerra.

Pero las discrepancias se agravaron con la Ley de Tasas. No hay una oposición frontal y general a las tasas, sino a estas tasas. Jueces para la Democracia rechaza la imposición de cualquier tarifa; pero la APM, por ejemplo, sí es partidaria de cobrar al ciudadano para “disuadir de pleitear” (en 2011 entraron en los juzgados nueve millones de asuntos): lo que rechaza es las “cuantías desorbitadas” que ha establecido el ministerio. González Armengol, de la asociación Francisco de Vitoria, afirma: “Estas tasas, exclusivamente por razón de la cuantía, son inconstitucionales”.

Entre los secretarios judiciales (4.200) hay división: el mayoritario Colegio Nacional de Secretarios Judiciales aprueba las tasas y se ha apartado de las protestas porque ve un “diálogo sincero” con el ministro, mientras que el Sindicato de Secretarios Judiciales va a proponer a sus afiliados que, cada vez que un ciudadano se niegue a pagar la tasa y haya que archivar el pleito, pidan al juez que eleve una consulta al Constitucional.

Pero si hay una organización que se ha movilizado contra las tasas es el Consejo General de la Abogacía, con su presidente Carlos Carnicer a la cabeza, que la semana pasada constituyó con sindicatos y asociaciones de consumidores la Plataforma Justicia para Todos.

Los profesionales de la justicia amenazan con una huelga, en enero —sería la segunda de la democracia, tras la que los jueces hicieron contra el Gobierno del PSOE en 2009—, si el ministerio no accede a sus reclamaciones.

Las nuevas tasas judiciales y la anunciada reforma del Registro Civil, que en 2014 pasará de las manos de los jueces a las de los registradores de la propiedad —lo que implicará pagar por trámites que ahora son gratis—, han puesto la palabra sobre la mesa: “privatización”. Algunos colectivos sostienen que este nuevo copago es el primer paso para cambiar el modelo de servicio público de la justicia y favorecer el negocio de privados, y auguran que dejará a muchos ciudadanos de clase media sin posibilidad de defender sus derechos en los tribunales. El ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón replica: el ciudadano que hace uso de los juzgados ya paga a privados (los abogados y procuradores), simplemente va a pagar más que ahora “y eso va en beneficio del conjunto de la sociedad”, que es la que sostiene, con sus impuestos, el grueso del Estado de bienestar.

Tarifa al abogado... y al Estado. Hay un detalle paradójico en la discusión sobre las tasas judiciales: mientras la bronca crece, los pleitos que se están interponiendo en este momento no pagan ninguna tasa: ni las de antes —que eran mucho más bajas y solo para ciertas empresas— ni las de ahora —que oscilan entre 100 y 1.200 euros mas otra tarifa variable, y que pagarán todos los ciudadanos—. Y eso es así porque un error de coordinación entre Justicia y Hacienda ha hecho que la anterior ley quede derogada y la nueva no pueda aplicarse, al no estar regulado el mecanismo de cobro. En principio, debería estar resuelto este mes o ya en enero.

Entonces se empezará a pagar en todas las jurisdicciones menos en la penal (que supone el 70% de todos los pleitos), en la primera instancia de lo social, en las reclamaciones por deudas inferiores a 2.000 euros y en ciertos asuntos civiles relacionados con derechos fundamentales o de menores. Tampoco pagarán quienes tengan derecho a justicia gratuita (familias que ingresan menos de 15.000 euros brutos al año).

El resto lo notará, y mucho: divorciarse (excepto para las víctimas de violencia machista) tendrá una tasa de 300 euros más el 0,5% de los bienes que se reclamen; recurrir una multa de tráfico ante un juez (sea cual sea la cuantía) supondrá, mínimo, 200 euros (podría llegar a 1.200 si se sigue recurriendo hasta la última instancia); el recurso de un trabajador contra una sentencia de despido, entre 200 y 300 euros. Y así con todos los pleitos. Si gana, el recurrente recuperará el dinero, pero solo en el caso de que haya condena en costas para la otra parte; si no, lo perderá.

Notarios y registradores se hacen con el libro de familia. Las 8.700 oficinas del Registro Civil las llevan ahora los jueces (o jueces de paz, no letrados), que son quienes inscriben allí —gratis— nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, nacionalidades y otros muchos trámites administrativos (1,4 millones al año). Justicia prepara una ley que —previsiblemente en 2014— pasará la gestión de ese servicio a los registradores de la propiedad, porque estos “han perdido mucho trabajo por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria”, alegan fuentes del ministerio. Ya en junio se les encomendó la gestión de solicitudes de nacionalidad.

Justicia asegura que los registradores —que son “ejercientes privados con funciones públicas”, como los notarios— no recibirán una remuneración por ese trabajo extra, y que tampoco cobrarán a los ciudadanos por el 80% de los trámites: seguirá siendo gratuito inscribir nacimientos, defunciones y resoluciones judiciales como las de adopción, tutela o incapacidad. También será gratis pedir copias de certificados, “porque las pedirá directamente la Administración”. El resto de trámites, probablemente, pasará a ser de pago (el ministerio dice que eso está “en estudio”), con tarifas —que fijará el Gobierno— de “entre 20 y 40 euros”, calculan fuentes oficiales. Y habrá muchas menos oficinas.

Justicia subraya que la “desjudicialización” del Registro Civil es algo que dejó aprobado el Gobierno anterior, del PSOE, y recuerda que el ciudadano ya paga por otros trámites, como la renovación del DNI o el pasaporte.

La misma reforma legal que cambiará el Registro Civil introducirá otra medida anunciada hace meses: el matrimonio lo oficiarán los notarios. Así que ahí habrá una doble tasa: por casar y por inscribir después el matrimonio.

■Nuevo Gobierno de los jueces. El Ministerio de Justicia está negociando con el PSOE una reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial para cambiar la elección de vocales del Gobierno de los jueces: la dejará en manos del Congreso, como hasta ahora (en contra del programa electoral del PP), pero intentando evitar que las asociaciones mayoritarias de jueces copen ese órgano. Esta ley se convertirá previsiblemente en otro foco de conflicto con los jueces; también la futura Ley de Planta, que reducirá el número de partidos judiciales y concentrará los juzgados.

■Registro Civil. Esta reforma está en fase de borrador; Justicia pretende aprobarla en el primer trimestre de 2013 y que entre en vigor en 2014. El Registro Civil —ahora dirigido por jueces— pasará a manos de los registradores de la propiedad, que cobrarán por algunos servicios hoy gratuitos.

■Fin a la ley de plazos del aborto. La polémica por este proyecto de ley provocó el primer bajón de popularidad del ministro Gallardón en muchas encuestas. El texto aún no ha visto la luz. Solo se sabe que acabará con el sistema de plazos actual.

■Enjuiciamiento Criminal. Uno de los objetivos de esta reforma, prometida por todos los ministros de los últimos 18 años, es que la instrucción pase de los jueces a los fiscales. Gallardón también reformará la Ley de Enjuiciamiento Civil.

JUSTICIA PONE EL REGISTRO CIVIL EN MANOS DE LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD

Inscribir nacimientos y defunciones seguirá siendo gratis; otras gestiones podrían pagar tasa

Jueces por la Democracia denuncia que el cambio supone una "privatización" del servicio

El Registro Civil, que desde el siglo XIX está adscrito a la administración de justicia —con un juez al frente de cada registro— y que gestiona la inscripción de nacimientos y defunciones, matrimonios y divorcios, entre otros trámites, va a pasar a manos de los 1.000 registradores de la propiedad que hay en España, según confirmó ayer el Ministerio de Justicia. A los registradores se les encomendó ya el pasado junio la gestión de las solicitudes de nacionalidad.

Un portavoz del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón garantizó que “la gestión del Registro Civil seguirá siendo pública” y que los trámites “obligatorios” para todos los ciudadanos —básicamente la inscripción del nacimiento y de la defunción— seguirán siendo gratuitos. Pero queda en el aire si por otras gestiones como la inscripción de matrimonios, divorcios, petición de nacionalidad o cambio de apellidos el Gobierno fijará el pago de una tarifa.

La asociación Jueces por la Democracia denunció que ese cambio de gestores, recogido en un borrador de la futura Ley de Reforma Integral de los Registros, supone la “privatización” del Registro Civil, que “dejará de ser un servicio público y pasará a depender de los registradores de la propiedad y de los registradores mercantiles”. “Con esta reforma los ciudadanos van a tener que pagar aranceles por obtener un certificado de nacimiento, de defunción o sobre otros actos de estado civil”, auguró el portavoz de la asociación, Joaquim Bosch.

El ministerio replicó en una nota que “los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil, como pueden ser la inscripción de nacimientos y las actas de defunción, seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos”, y que los registradores tampoco recibirán una “contraprestación económica” del Gobierno por hacer ese trabajo. Un portavoz sí admitió, sin embargo, que se está “estudiando” que cobren una tarifa por el resto de trámites que ahora realiza el Registro gratuitamente, aunque subrayó que los registradores, como los notarios, son “funcionarios públicos” (con estatus autónomo), y que los aranceles que cobran “los fija el Gobierno”.

Justicia alega además que la “desjudicialización” del Registro Civil es algo que ya figuraba en una ley aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, pero no llegó a llevarse a la práctica. “Es absurdo que un juez o un secretario judicial tenga que ocuparse de esos trámites”, argumentan desde el ministerio.

ABOGADOS, SINDICATOS Y CONSUMIDORES SE UNEN CONTRA LAS REFORMAS DE GALLARDÓN

Nace la plataforma 'Justicia para todos' para combatir la reforma de la Ley de Tasas

"Peligran los cimientos del Estado de Derecho", advierte el presidente del Consejo de la Abogacía

Las reformas en la Justicia de Alberto Ruiz Gallardón han provocado un incendio que se extiende sin descanso por todos los profesionales del sector. El descontento es tal que el Consejo General de la Abogacía, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos UGT, CC OO, USO y CSIF han dado un paso adelante y se han unido en una plataforma —bajo el nombre de Plataforma Justicia para todos— para combatir, entre otras, la nueva Ley de Tasas y el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita. El enfado por las modificaciones legislativas es profundo: "El descalabro en los derechos fundamentales amenaza con ser de tal magnitud que peligran los cimientos del Estado de Derecho", advierte el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer.

La plataforma se presentó en público este miércoles en una comparecencia en la que sus integrantes aseguraron que la Ley de Tasas y la de Justicia Gratuita atentan contra los derechos fundamentales y la Constitución. Las reformas están enfocadas a la "protección de los poderosos", denunció el representante de UGT, Frederic Monell. El colectivo impulsará un recurso de inconstitucionalidad contra ambas normas, ya que no están legitimados para presentarlo. El PSOE, el Gobierno vasco y la Junta de Andalucía han anunciado ya que llevarán al alto tribunal el encarecimiento del acceso a los tribunales.

"Esta Plataforma se opone a la implantación de las tasas, ya que imponen graves obstáculos para que los trabajadores puedan recurrir en una instancia superior pronunciamientos judiciales desfavorables en una primera instancia. Se potencia así, a juicio de la Plataforma, la reforma laboral ya que se limita el derecho de los trabajadores a reclamar ante los tribunales frente a la arbitrariedad y lesión de sus derechos", dice el comunicado.

Jueces, fiscales y secretarios realizarán el miércoles una declaración conjunta contra el "rumbo" de la Justicia

La plataforma llevará a cabo a partir de la semana que viene una recogida de firmas, además de concentraciones frente a los juzgados. Al mismo tiempo buscará retomar el diálogo con el Gobierno: "No hay canales de comunicación, conocimos la Ley de Tasas cuando se remitió al Consejo de Estado y eso que la Ley de Colegios profesionales obliga a que se nos informe para que elaboremos un dictamen no vinculante", lamenta el presidente del Consejo General de la Abogacía, el órgano que representa a los más de 80 colegios de abogados del país.

Las movilizaciones serán intensas la semana próxima. Fuentes del sector avanzan que jueces, fiscales y secretarios judiciales realizarán el miércoles que viene una declaración conjunta contra el "rumbo" de la Justicia. "Salvo a Gallardón, ese rumbo no le gusta a nadie", concluye Carnicer.

El Gobierno ha defendido que uno de los argumentos que le lleva a reformar la Ley del Aborto de 2010 es que "no se sostiene" emitir juicios atribuyendo "hipotéticas y negativas" consecuencias sobre la salud de la mujer, si ésta no decide interrumpir su embarazo no deseado. Así se recoge, según informa Europa Press, en una respuesta parlamentaria dirigida a la diputada de ICV Laia Ortiz, en la que esta preguntaba al Ejecutivo sobre la exclusión de la malformación fetal como causa legal del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que anunció el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en verano.

El Gobierno justifica que su reforma “no se basa en frías estadísticas” y que son “multitud” las normas internacionales y del ordenamiento jurídico español las que amparan y extienden el derecho a la no discriminación a todas las personas. Y es que Gallardón justifica esa parte de la reforma –en realidad pretende reformar toda la ley de Salud Sexual y reproductiva para eliminar el plazo de aborto libre que actualmente permite a la mujer interrumpir su embarazo sin justificación hasta la semana 14— en un texto de Naciones Unidas, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad.

La ONU en 2010, tras las quejas de dos asociaciones de personas discapacitadas, recomendó a España modificar la posibilidad de abortar por “razón de discapacidad exclusivamente”. Sin embargo, la ley actual no habla de discapacidad sino de anomalías fetales graves. La regulación permite abortar a la mujer hasta la semana 22 si dos médicos diagnostican que el feto sufre anomalías fetales graves y después de ese tiempo, y sin plazo, si las anomalías diagnosticadas por un comité médico designado por las comunidades autónomas se consideran extremadamente graves e incurables o incompatibles con la vida.

El Gobierno ha recalcado en su respuesta a Ortiz que la reforma de la actual legislación sobre el aborto se inspirará y respetará ese principio universal que se configura como uno de los derechos humanos que “merece mayor protección”. Dice que seguirá las recomendaciones hechas en octubre de 2011, cuando ya estaba en vigor la Ley promovida por el anterior Gobierno, por el Comité de Seguimiento de Naciones Unidas, que ha dado de plazo hasta 2015 para que España subsane las contradicciones entre la legislación española sobre el aborto y la Convención. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya contestó a la ONU tras recibir la recomendación alegando que la ley no chocaba en ningún caso con la Convención.

La ley permite a la mujer abortar, sin plazo, si un comité médico diagnostica anomalía fetal extremadamente grave

La mayoría de los países de Europa – a excepción de Irlanda y Malta— permiten la interrupción del embarazo por malformación del feto. En Francia, Alemania, Grecia o Reino Unido —incluso Polonia— ese supuesto no tiene límite de tiempo si la anomalía se considera extremadamente grave; como en España. En otros estados, como Suecia o Dinamarca, las mujeres tienen esta opción hasta la semana 24 de gestación. En España, las intervenciones por este motivo son apenas el 3% de los abortos registrados cada año.

El Gobierno también ha recordado en su respuesta a la diputada de ICV que el proyecto que presentará parte de la doctrina del Tribunal Constitucional de que el no nacido es titular de unos derechos, al igual que lo es la mujer, que hay que proteger; y que es tarea del legislador prever qué hacer cuando se produce una colisión de esos derechos. El alto tribunal resolvió en 1985 el recurso que presentó José María Ruiz Gallardón –padre del actual titular de Justicia—con una sentencia en la que definía al nasciturus (no nacido) como un bien jurídicamente protegido. Tras la doctrina el aborto se despenalizó pero solo en tres supuestos en los que el derecho de la mujer prevalecía: violación (hasta la semana 12 de gestación), malformación del feto (hasta la 22) y riesgo físico o psicológico para la salud de la mujer (sin plazo). Una regulación que estuvo en vigor hasta julio de 2010 y que forzaba a las mujeres a alegar problemas de salud mental para poder abortar.

El Ejecutivo apunta que reformará la ley porque la actual no protege los derechos de los no nacidos

El Gobierno cree que la ley de plazos actual –similar a la de la inmensa mayoría de los países de la UE— choca con los derechos del nasciturus que, afirma, confirmó el Constitucional. Por eso, plantea una vuelta a una regulación más parecida al sistema de supuestos anterior, para que no haya colisión entre los derechos de la mujer y del no nacido. “Algo que no ocurre actualmente durante esas 14 primeras semanas del embarazo en las que el concebido no nacido está completa y absolutamente desprotegido”, esgrime el Ejecutivo.

Así, argumenta que, en el ejercicio de su independencia y responsabilidad, va a introducir en el ordenamiento jurídico español las necesarias garantías en aquellos casos que se produzca un conflicto entre el derecho a la vida del concebido y no nacido y otros derechos, de acuerdo con la doctrina expresada por el Tribunal Constitucional. El tribunal --pero otros magistrados-- que tiene pendiente pronunciarse, a instancias del PP, sobre la ley de Salud Sexual y Reproductiva. Uno de los ponentes será el magistrado Andrés Ollero, conocido por sus estudios antiabortistas.

El Ejecutivo, sin embargo, elude pronunciarse sobre los programas de educación sexual y salud reproductiva. Afirma que estos programas de salud son competencias de las comunidades y que en todas ellas se realizan programas de educación sexual.

GALLARDÓN: “LOS DISCAPACITADOS NACIDOS Y POR NACER NO PUEDEN SER DISCRIMINADOS”

La izquierda pide a las mujeres del PP que se opongan al retroceso en la ley del aborto

Ni un paso atrás de los grupos de la izquierda parlamentaria y social, y de los sindicatos en su defensa de la actual ley del aborto y tampoco se mueve un ápice el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en su afán de darle la vuelta a la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. El titular de Justicia se opone a la ley de plazos, que rige en la mayor parte de Europa, pero también abomina de los actuales supuestos para abortar, entre ellos, la malformación del feto. En una brevísima declaración en el pasillo del Congreso, el ministro da muestras de un criterio muy restrictivo o directamente contrario a cualquier posibilidad de interrupción del embarazo.

Se le preguntó al ministro qué entiende por malformación del feto y esta fue la respuesta, sin posibilidad de réplica porque empezaba el pleno del Congreso: “Todos los discapacitados tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano; por ser discapacitado no tiene por qué ver mermados sus derechos ni sufrir ningún tipo de discriminación. Y este criterio es para los discapacitados que han nacido y para los que no han nacido”.

Durante toda la mañana las iniciativas para oponerse a las intenciones del ministro continuaron y también declaraciones de los portavoces parlamentarios. PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), BNG y PNV mostraron su más absoluto rechazo. El Grupo Socialista del Congreso y del Senado piden la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Ana Mato, para que responda por lo que dice el ministro de Justicia ya que el riesgo de abortos clandestinos preocupa a estos grupos. “Pido a las mujeres de todos los grupos parlamentarios, también a las del PP, que se opongan al retroceso de 30 años que pretende el ministro sobre la ley del aborto. Creo que por encima de la disciplina de partido debe primar la dignidad de la ciudadanía y de las mujeres", opina el diputado de ICV. “Entre la actividad parlamentaria y la movilización social hay que impedir que Gallardón se salga con la suya en su intento de involución cívica de más de tres décadas". La primera movilización contra el cambio de la ley está prevista para el próximo domingo ante el Congreso convocada por la Plataforma de Mujeres.

Gallardón denuncia una "violencia de género estructural" contra la mujer que la obliga a abortar

No fue una improvisación sino una declaración explícita sobre el porqué las mujeres abortan. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha provocado un auténtico incendio fuera y dentro del Parlamento al afirmar que las mujeres se ven sometidas “en muchas ocasiones” a una "violencia de género estructural por el mero hecho del embarazo”. Así lo ha dicho a la pregunta de la diputada socialista, Ángeles Álvarez, preocupada por el sentido del cambio que quiere hacer en la actual ley del aborto. “El legislador no debe ser indiferente a la situación de muchas mujeres que ven violentado su derecho a ser madres por la presión que ejercen a su alrededor determinadas estructuras”. Los murmullos de los bancos de la izquierda subían de intensidad, mientras que la bancada del PP le aplaudía con fuerza. Los temores de que el Gobierno quiere dejar en papel mojado la legislación actual del aborto en España se confirman para la izquierda parlamentaria. El nuevo borrador estará en el otoño.

El debate que suscitó Gallardón en el pleno del Congreso siguió en los pasillos y llegó muy pronto a las asociaciones de mujeres, a los sindicatos y a las redes sociales. Todo el discurso del ministro, leído en un cuaderno, se dirige a señalar como causa de los abortos, “en muchos casos” a la falta de atención, ayuda e información que tienen las mujeres. Con una red asistencial adecuada no renunciarían a la maternidad. Esta concepción no es compartida en absoluto por la diputada interpelante, Ángeles Álvarez, tampoco por la ponente de la ley ahora en vigor, la socialista Carmen Montón, y las mujeres de la izquierda en el Parlamento. La discrepancia radical con el ministro procede de que para las personas a favor del aborto este es un derecho inalienable de las mujeres, al margen de consideraciones socioeconómicas.

Las diputadas de la izquierda tienen previsto preguntar al ministro permanentemente sobre sus planes de cambio para esta ley por el temor de que vaya mucho más allá de exigir que las menores entre 16 y 18 años puedan abortar sin conocimiento de los padres. De ahí el enunciado de la pregunta de Álvarez que ha dado lugar a la tremenda polémica.

"¿Piensa el Gobierno recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?". A la pregunta, el ministro respondió que "no solamente" no los va a recortar sino que va a aumentar la protección del derecho reproductivo "por excelencia", que es “la maternidad”. "A mi juicio es insuficiente una legislación que se limita a proteger el no nacido mediante la tipificación penal del aborto y que no preste atención a la situación de la mujer que debe estar protegida", ha afirmado. El ministro seguía leyendo, y los diputados del ala izquierda, empezaron a mirarse unos a otros. “Ninguna mujer debería verse obligada a renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, laboral o social. "Esos son los principios rectores", ha dicho el ministro. El acompañamiento a las mujeres para que no aborten, con “promoción de la inserción laboral, formación, garantías de conciliación de la vida laboral…" provocó murmullos que no pararon hasta el final del parlamento leído por el titular de Justicia. Las Administraciones van a estar muy cerca “de las menores de edad, de las inmigrantes, de las discapacitadas…”

Apenas una hora después de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, haya hablado, de "violencia de género estructural" en el Congreso como motivación fundamental de la futura reforma de la Ley del Aborto, el término #violenciaestructural ya era trending topic en la red social Twitter. Al poco, se ha colocado a la cabeza de los temas de conversación más populares. Con esa etiqueta, se incluyen ejemplos sarcásticos aportados por los usuarios de Twitter haciendo mofa del término acuñado por el ministro.

La respuesta del ministro, con una fundamentación muy elaborada, alarmó mucho más de lo que tenían previsto a los diputados que apoyaron la actual ley del aborto. La diputada interpelante le pidió que no tocara la ley actual hasta que el Tribunal Constitucional no resolviera el recurso que el PP presentó. “Ustedes la quieren cambiar porque saben que van a perder ese recurso”, aventuró la diputada socialista. “Ese pronunciamiento favorable iría en contra de los sectores fundamentalistas con los que ustedes están comprometidos, siempre ajenos a los derechos de las mujeres”. No olvidó la diputada recalcar que el 90% de las jóvenes entre 16 y 18 que abortan “tienen confianza con sus padres” y están acompañadas en ese trance. “Sólo una minoría que sufre violencia” no puede hacer partícipes a sus progenitores de esa decisión. Pero esta referencia a lo que en principio parecía que iba a ser el meollo de la respuesta, quedó muy relegado ante las reflexiones del ministro.

El ministro quiere desahogar los juzgados sacando las bodas y rupturas de mutuo acuerdo - Los expertos advierten del riesgo de quitar la tutela judicial

Bodas y divorcios ante notario. Es la propuesta del Gobierno para desatascar los juzgados. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer su intención de reformar el sistema para que los matrimonios civiles puedan formalizarse ante fedatarios públicos. También aquellos divorcios en los que hay común acuerdo. La iniciativa, que ayer celebró el Consejo del Notariado, preocupa, sin embargo, a abogados de familia y fiscales. Alertan de que elimina el control judicial sobre las medidas alcanzadas en estos acuerdos de divorcio, pone en riesgo a la parte más vulnerable de la pareja y a los menores, si los hay. En la actual normativa, el Ministerio Fiscal revisa los convenios -también los consensuados- para garantizar que salvaguardan los derechos de los menores. No obstante, Justicia asegura que estos intereses se respetarán.

El sector cree que creará una justicia a dos velocidades: para pobres y ricos

Gallardón cree que el nivel de litigiosidad de España es mayor al de la media europea y que se tramitan en los tribunales asuntos que deberían resolverse por otros cauces, lo que contribuye -dice- a la saturación de la Administración. "No tiene sentido que un divorcio de mutuo acuerdo no pueda ser directamente formalizado ante un notario por las partes. También podría ser aplicado en el matrimonio civil", dijo en una entrevista en la Cope, en la que anunció que impulsará esta ley de mediación y jurisdicción. La medida afectaría a las casi 70.000 parejas que se divorcian por consenso cada año y las cerca de 100.000 que se casan por lo civil.

Justicia no ha calculado aún, sin embargo, cuánto podría suponer el ahorro -económico y temporal- de una propuesta que "aún no es firme" y tiene que perfilarse. El anuncio se produce un día después de la reunión del ministro con miembros del Consejo General del Notariado, en la que los fedatarios se propusieron para asumir nuevas funciones para "descongestionar" los tribunales.

La Asociación de Mujeres Juristas Themis o Jueces para la Democracia critican que el nuevo sistema puede significar en realidad una privatización de bodas y divorcios. "Puede derivar en una justicia a dos velocidades: una para quien pueda sufragársela y otra para quien carezca de medios", argumenta José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia. Las personas con derecho a la asistencia gratuita, contesta Justicia, también tendrán acceso a esta nueva fórmula.

"La propuesta, además de ser inconcreta y deslavazada, parece una forma de compensar a los notarios", opina Ángela Cerrillos, presidenta de Themis. "En los procedimientos de familia lo importante no es ahorrar tiempo -porque desde que llegan al juzgado hasta que se resuelven no suelen dilatarse-, sino garantizar los derechos de las partes más débiles. Tememos que esta medida no lo haga", añadió Cerrillos.

Porque lo que más preocupa a los expertos es que la pérdida de tutela judicial de los procesos de divorcio consensuados repercuta en los más débiles. Consuelo Abril, miembro de la Asociación de Abogados de Familia, cree la medida "un disparate". Se pregunta, además, si será el notario quien analice si lo firmado garantiza los derechos de los menores. "Aunque los dos miembros de la pareja estén de acuerdo con el convenio es el Fiscal quien decide si es bueno para el menor", apunta.

A María Moretó, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, también le inquieta la posibilidad de que su figura desaparezca en estos procedimientos. Explica que la oposición de la fiscalía a lo acordado no es tan infrecuente. "Solemos hacerlo en los casos en los que no se prevé un régimen de visitas alternativo o se fija uno que es demasiado intensivo para el menor; también cuando se acuerda que una de las dos partes no contribuya a nada", explica.

Justicia cree, por el contrario, que en los divorcios consensuados no tiene por qué haber problemas. "Si se viese que hay algún conflicto con la custodia, por ejemplo, se solicitaría la intervención del fiscal. Siempre van a prevalecer los derechos del niño", dicen fuentes del ministerio.

Pero además de los hijos, alertan los abogados de familia, estos divorcios sin supervisión judicial -el juez también analiza que los términos del acuerdo son correctos para ambas partes- pueden favorecer separaciones desiguales y bajo presión.

Para Patricia Peláez, profesora titular de Derecho Civil de la UNED, la medida esbozada ayer por Gallardón es "problemática". Además de la adecuada protección de los menores, deja otros muchos flecos y dudas sin resolver, plantea. "Puede provocar un eventual encarecimiento de los procesos, porque a los notarios hay que pagarlos -aunque el Gobierno fije para estos asuntos unos aranceles bajos-, a los jueces no", dice. Además, los juzgados tienen establecido un sistema de distribución de los casos, "cómo se hará ese sistema de elección con los notarios, ¿escogeré uno y si no me gusta lo que dice iré a otro?", se pregunta.

Los divorcios, aunque sean de común acuerdo, no siempre son fáciles. Y tienen un recorrido posterior. "A quién se recurrirá después si se quiere revisar la sentencia firmada por el notario porque la situación de una de las partes ha cambiado y se quiere solicitar una revisión", incide Peláez. "Esta medida no sirve para descargar el sistema de trabajo", dice. Tampoco la opción de casarse ante notario liberará a los jueces de grandes cargas. De hecho, la nueva ley de registro civil -de julio de 2011 y que tiene tres años para hacerse efectiva- fija que los jueces ya no se encargarán de los registros civiles y que serán los funcionarios quienes casen (si no se escoge la opción, por ejemplo, de un alcalde o concejal) a las parejas por lo civil.

El alcalde de Madrid se desvincula de las opiniones del coordinador general de Circulación, Fernando Autrán.- La frase "Prisa va mal, muy mal. Mas EREs" provoca un fuerte revuelo en la red social

"@equipogallardon no se hace responsable de las opiniones personales que se manifiesten en otros perfiles ajenos a esta cuenta. Esta cuenta sólo recoge las opiniones, declaraciones y actos de Alberto Ruiz-Gallardón. No suscribimos ningún tuit no publicado por nosotros". Con esta categórica respuesta, el alcalde de Madrid se desvinculaba a las dos de la tarde de una desafortunada frase publicada por uno de sus altos cargos en su cuenta personal en esta red social 15 horas antes. A última hora, tras comprobar la gravedad de las opiniones vertidas por este directivo, el alcalde ordenó su destitución fulminante.

Fernando Autrán, coordinador general de Circulación y vicepresidente de diversas empresas públicas en el Ayuntamiento de Madrid, como consta en su currículo publicado en Internet, afirmó ayer: "Prisa va mal, muy mal. Mas EREs." Horas después, se disculpó por esta alusión a la empresa editora de este diario: "Lamento profundamente el desafortunado tuit sobre los eres. Y pido disculpas públicamente".

Pero para entonces ya se había organizado un tremendo revuelto en la red social, no solo por este último tuit sino también por otros anteriores en los que Autrán insulta a políticos, periodistas y banqueros. Ésta es una relación de algunos de ellos:

- Arturo Mas, no pueden los jueces tocarle las narices y usted si puede tocarnos las pelotas a todos los demás?

- Caamaño "los demócratas sabrán ser generosos cuando ETA deje las armas". Desde luego, en vez de un tiro les meteremos dos.

- [En referencia a la ministra de Defensa, Carme Chacón]. Pija de colegio de pago y casi no sabe ni hablar. La salva el despliegue mediático de su pareja. (...) y tu que quieres para España. Das vergüenza ajena y eso que vas de cuota.

- Mas colmo y desvergüenza!! Colando a ETA cuando llevan días lamiendose el cipote como si fuera su mérito!! [En referencia a la alusión a la banda terrorista realizada por Alfredo Pérez Rubalcaba en el debate de ayer con Mariano Rajoy]

- Campo Vidal igual que Jordi en la Noria. Esta mas pasado que el arroz! Permite las interrupciones.

- Felipe,Guerra,Rubalcaba...solo faltan Barrionuevo,Vera y Corcuera. El equipo A....de Atapuerca.

- Toda mi simpatía y apoyo a la Magistrada Angela Murillo. Todo mi desprecio a Pascual Salas cuyo voto ha permitido esto.

- Que gracioso este Paco Gonzalez. En medio folio en El Pais ha resuelto los problemas de España.

- La banca española recurrirá a "enjuagues" contables para no ampliar capital. Y cuando han dejado de hacerlos? dónde esta el BdE?

- Pero que asco (democrático) da el PNV después de 25 años recogiendo nueces (cadáveres).

- Anosagasti lo que necesita es un injerto de pelo. Cada vez que entra en el corte ingles se le va la olla.

- CiU,S.A ya contempla en su presupuesto el chantaje de su apoyo al PP en Madrid. Habrá reparto de dividendos?

- Rajoy:"llamare a los mejores",genial pero, sabe quienes son los mejores? Yo le puedo recomendar algunos.

En conversación con este periódico Autrán ha reiterado esta tarde su disculpa por su frase "absolutamente desafortunada" sobre el grupo Prisa. Preguntado sobre el resto de sus afirmaciones, ha añadido: "El tuit es lo que es".

El portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, había exigido a Gallardón que condenara y desautorizara sin ambages los comentarios de su subordinado, o que en su defecto lo cesara por sus palabras "soeces y misóginas". "Un alto cargo nombrado a dedo debe expresar valores que no sean ajenos a los de cualquier demócrata", aseguró el líder socialista.

Autrán es presidente de la Comisión Delegada Calle 30 desde 2007. Tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo, el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, le nombró coordinador general de Circulación, pero Autrán lleva ocupando altos cargos en esa área de Gobierno desde la llegada a la Alcaldía de Gallardón, en 2003. De hecho, fue vicepresidente de la Empresa Municipal de Transportes (de la que aún es consejero) y vicepresidente de Madrid Salud durante las dos pasadas legislaturas.

GALLARDÓN DEJARÁ MADRID CON UN ‘AGUJERO’ QUE COSTARÁ DURANTE AÑOS 100.000 EUROS POR HORA

Las cuentas elaboradas por el Ayuntamiento de Madrid para su envío al Ministerio de Economía y Hacienda señalan que a 31 de diciembre de 2011 el consistorio tendrá una deuda viva de 6.061 millones de euros (la más alta de España para un ayuntamiento), de los que 2.198 millones corresponden a la faraónica obra del soterramiento de la M-30, la autovía que la Comunidad de Madrid aprobó que pasara a ser calle para poderle dar las licencias de obra y que será pagada por los madrileños durante dos décadas.

Las obras de la M-30 les siguen costando a los madrileños 17.000 euros a la hora

El Ayuntamiento de Madrid ya ha dejado hechas las cuentas hasta 2015, con lo que la previsible nueva alcaldesa, Ana Botella, esposa de José María Aznar, no tendrá que preocuparse de hacer los presupuestos. Esto ha sido así porque el consistorio madrileño tiene en 2011 una deuda viva media que supone el 158% de sus ingresos ordinarios presupuestarios. Y cuando la cifra es superior al 110% no puede pedir dinero a los bancos sin autorización expresa del Ministerio de Economía y Hacienda, al que hay que enviar un plan para alcanzar ese porcentaje de endeudamiento.

El equipo de Ruiz Gallardón ha elaborado un plan en el que en 2015 el Ayuntamiento de Madrid tendrá una deuda que será del 105% de sus ingresos presupuestarios, con lo que habrá cumplido su compromiso y podrá volver a endeudarse sin permiso. Para ese año 2015 la carga de la deuda por intereses y amortización del principal será prácticamente la misma que en 2011, puesto que el coste de los préstamos pendientes de amortizar no se reduce.

Por de pronto, para 2012, toda esa carga financiera supondrá para el Ayuntamiento de Madrid un desembolso de 103.000 euros por hora. De ellos, 86.000 euros corresponderán a la deuda general del consistorio, a razón de 20.000 euros a la hora de intereses y 66.000 euros de amortización de principal. La M-30, por su parte, gastará 17.000 euros a la hora, de los que 10.000 euros corresponden a intereses y 7.000 a amortización del principal.

Para 2015 la cosa no habrá mejorado. Las cantidades serán prácticamente las mismas, pero el Ayuntamiento de Madrid calcula que ingresará 450 millones más al año y su deuda, como no puede suscribir nuevos préstamos con los bancos porque lo tiene prohibido por ley, habrá disminuido en poco más de 1.700 millones de euros, fruto de las amortizaciones devueltas a las entidades financieras durante estos cuatro ejercicios presupuestarios.

En cuanto a la fuente para incrementar los ingresos presupuestarios, además de prever que a partir de 2013 tendrá un aumento gradual debido a la mejor marcha de la economía de España y, por tanto, de su participación en los impuestos del Estado, el Ayuntamiento confía una parte importante de su subida en la recaudación a sus propios impuestos, fundamentalmente el IBI y el de plusvalía, para los que, en conjunto, prevé incrementos del 6,7%, 5,3% y 5,1%, respectivamente, para los tres años que van de 2013 a 2015.

El agente, que habló en una asamblea en su tiempo libre, se enfrenta a tres meses de suspensión de empleo y sueldo

"Sé que muchos de mis compañeros de curro apoyan este movimiento, sé que muchos compañeros estáis ahí sentados compartiendo este cambio con todos los que han venido de fuera. También sé que hay muchos compañeros mirando y sólo mirando y os pido, por favor, respeto. Este es un mensaje personal, hablo en mi nombre y sólo en mi nombre. Me llamo Javier Roca Sierra. Soy policía, de Madrid".

Cuando el pasado 23 de julio, en su tiempo libre, tomó el micrófono en la Puerta del Sol de Madrid y se dirigió a cientos de indignados reunidos en asamblea, Javier no imaginó que sus palabras podrían acarrearle la apertura de un expediente disciplinario por "abuso de atribuciones". El próximo 28 de septiembre comparecerá ante el instructor del expediente, que podría imponerle una sanción de entre cinco días y tres meses de suspensión de empleo y sueldo.

El Ayuntamiento de Madrid considera que el agente ha podido cometer una "falta grave" al expresar su apoyo al Movimiento 15-M "como policía", si bien Javier dejó claro desde el primer momento que sólo se representaba a sí mismo.

El Consistorio, que se ampara en la Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo de Régimen Disciplinario del Cuerpo de Policía Nacional aplicable a los cuerpos de Policía Local, alega que el agente tomó la palabra "por espacio de más de seis minutos" en una asamblea del 15-M en la que hizo varias alusiones al colectivo policial. De esa intervención, recogida en un vídeo que acumula más de 50.000 visitas en YouTube, la notificación del Área de Gobierno de Seguridad del Ayuntamiento, fechada el 18 de agosto, recoge algunas de las frases pronunciadas por el agente como "sé que muchos compañeros de curro apoyan este movimiento" o "pese a nuestro trabajo, también somos indignados".

El funcionario también invitó a otros policías a "leer" y "reflexionar" e incluso a "dejar colgado" el uniforme durante "algún tiempo" para pensar "con la cabeza y no con el corazón". Cuando pronunció estas palabras, los indignados madrileños, junto a otros llegados ese mismo día desde pueblos y ciudades de toda España a través de las marchas populares indignadas, rompieron en aplausos. "¡No gritéis mucho, que lo mismo me la juego, compañeros!", les dijo entonces Javier.

"Él nunca pensó que fuera a pasarle esto, era impensable. Como mucho, pensó que podrían decirle que se callara, que no se metiera donde no le llamaban, pero no pensó que pudieran abrirle un expediente disciplinario. No ha tenido ni un parte en casi 25 años de servicio", afirman fuentes cercanas a Javier.

En su entorno aseguran que el agente no se arrepiente de lo que hizo, pero tiene miedo de la sanción a la que enfrenta porque tiene dos hijos pequeños y su mujer está en paro.

La sección de Seguridad y Movilidad de CCOO del Ayuntamiento de Madrid condenó ayer a través de un comunicado lo que consideran un "nuevo atropello" a los derechos fundamentales a través del aparato disciplinario de la jefatura de la Policía Municipal de Madrid.

"Siguen pretendiendo que la Policía no tenga libertad de expresión. Expedientar mediante un artículo que se emplea para casos de brutalidad contra ciudadanos o de abuso de superioridad a un agente que ha mostrado su apoyo a un movimiento pacífico es propio de una dirección policial que viene de modos y formas militares", asegura José Luis Berrón, secretario de Acción Sindical de CCOO en la sección de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. "El deseo del Ayuntamiento es que la Policía no pueda opinar", continúa Berrón.

En CCOO califican este hecho de "persecución esperpéntica, grosera y arbitraria" a los funcionarios "en el ejercicio de sus derechos constitucionales".

Fuentes del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid aseguran que "no se ha atentado contra la libertad de expresión" y que el Consistorio se ha limitado a "cumplir el reglamento que había que cumplir"

GALLARDÓN CREE QUE LOS CORTES POR LA JMJ SON "EN BENEFICIO DE TODOS"

El alcalde lamenta la celebración de la manifestación laica del próximo jueves

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, reapareció ayer en público tras dos semanas de vacaciones para participar en la misa por la festividad de la Virgen de la Paloma y de paso defender el interés general de los múltiples cortes de tráfico que la ciudad afronta desde hoy con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) a la que asiste el papa Benedicto XVI.

A juicio de Gallardón, las restricciones de circulación sin precedentes que el Ayuntamiento ha establecido durante toda esta semana (siete días consecutivos de cierre del tramo comprendido entre Colón y Atocha y del que une la plaza de España con la plaza de Cibeles) "redundarán en beneficio de todos los ciudadanos", informa Efe. "Esta es una ciudad que siempre ha sabido adaptarse a los acontecimientos", aclaró el alcalde, para quien muy pocas ciudades del mundo están en condiciones de afrontar con éxito una afluencia masiva de visitantes (más de un millón de personas) como la que se espera durante estos siete días.

La participación del regidor en el acto religioso de ayer, oficiado por el cardenal y arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, estuvo acompañada de una encendida defensa de las celebraciones de la JMJ y de su impacto positivo en la economía de la ciudad. "Es una auténtica alegría recorrer las calles, ver la cantidad de gente que ha venido de fuera, jóvenes y peregrinos, que nos están regalando su presencia", declaró el alcalde. A cambio, la ciudad recibirá a los visitantes, según Gallardón, con "hospitalidad, seguridad, apoyo logístico y, lo más importante, con una población en la que estamos encantados de que se celebre aquí la JMJ".

El entusiasmo del alcalde no se limitó a sus declaraciones a los periodistas. Su perfil oficial de Twitter @equipogallardon, inactivo desde el pasado 28 de julio, narró con detalle la participación institucional del primer edil en los actos religiosos de ayer y se hizo eco de sus declaraciones tras coincidir con un grupo de peregrinos: "La ilusión de estos jóvenes es la prueba de que nos espera un futuro mejor". La presencia de estos visitantes, añadió, es la "mejor arma ante cualquier grito y cualquier enfado".

Sobre la manifestación laica que va a recorrer varias calles del centro de Madrid el próximo día 17 por la tarde, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento emitió un informe desfavorable, pero se declaró "respetuoso y promotor de los derechos constitucionales" que asisten a los convocantes de la marcha. No obstante, insistió en que "no debía hacerse ni en las fechas ni en el lugar en los que se va a celebrar". La marcha se celebrará un día antes de que llegue el Papa y pasará, como pretendían los convocantes, por la Puerta del Sol.

La delegada de Medio Ambiente pregunta qué hubiese pasado si la Delegación del Gobierno hubiese autorizado una manifestación "antigay"

La teniente de alcalde y delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, ha afirmado este martes que la celebración de la manifestación laica este miércoles "son ganas de provocación".

Botella ha manifestado que "nunca se debe convocar nada anti a algo que ya está organizado". Ha preguntado qué hubiese pasado si la Delegación del Gobierno hubiese autorizado una manifestación "antigay" durante el Orgullo gay. Unas afirmaciones que podrían pasar a engrosar la lista 'perlas dialécticas' de la teniente alcalde.

Botella ha subrayado que este evento "va a dejar mucho dinero"
La delegada ha señalado que la mayoría de los madrileños, con independencia de sus creencias, "están esperando un evento con proyección internacional". Además, "el Papa no solamente es un líder espiritual, sino que también es un jefe de estado que arrastra a un gran número de personas", ha añadido.

Botella ha subrayado que este evento "va a dejar mucho dinero en la ciudad de Madrid y ha creado empleo temporal".

www.publico.es 16.08.11

"Acceso denegado por política de contenidos. Usted está intentando acceder a contenidos no permitidos". El mensaje aparece en la pantalla de los ordenadores de las bibliotecas públicas municipales al introducir cualquier dirección de Internet relacionada con el Movimiento 15-M. El sistema no permite entrar en Tomalaplaza.net, el portal desde el que los indignados informan de todas sus actividades, como tampoco en Democraciarealya.es o Tomalosbarrios.net, otras de las páginas web donde dan cuenta de las iniciativas del Movimiento: cualquier dominio que tenga que ver con la indignación está vetado. Para el Ayuntamiento de Madrid el 15-M es un contenido "no permitido".

"No hay ninguna intencionalidad detrás", explica una portavoz del consistorio. "El servicio de informática establece una serie de filtros de acceso a Internet, bien por contenidos inapropiados, como sexo o descarga ilegal de archivos; o por seguridad, y en este caso por el motivo que sea ha afectado a estas páginas", añaden desde el Gobierno municipal. No aclaran, sin embargo, si en esta ocasión el filtro que no ha pasado el 15-M es el de información inadecuada o el de falta de seguridad.

El asunto se comenta desde hace un par de días en las redes sociales y en los blogs, como el de madrilonia.org, que informa del veto a los indignados con el título de "Ver para creer: el Ayuntamiento de Madrid censura al 15-M en Internet". El acceso a esa página es, precisamente, también imposible desde los centros municipales. El mismo mensaje vuelve a aparecer en pantalla: "Acceso denegado por política de contenidos".

"Se bloquean cosas muy extrañas, esta semana una mujer francesa me contó que no le dejaba acceder a la página de una asociación cubana", dice una trabajadora de la biblioteca Iván de Vargas, en la calle de San Justo, que conocía el veto al 15-M porque lo había leído en la Red desde su casa.

¿Solventará el Ayuntamiento el bloqueo al 15-M? "No podemos hacer caso a cada usuario que se queje porque no accede a uno u otro sitio", es la respuesta.

De "chollo" calificó ayer Izquierda Unida el contrato firmado entre Madrid Espacios y Congresos -empresa municipal que gestiona, entre otros, el Palacio Municipal de Congresos y la Caja Mágica- y el Arzobispado de Madrid por el que el Ayuntamiento alquila la oficina que usa la organización de la Jornada Mundial de la Juventud. El Arzobispado está pagando 13.800 euros al mes por una oficina de 2.300 metros cuadrados en la cuarta planta del edificio APOT, en Campo de las Naciones. Un precio, seis euros por metro cuadrado, que es una tercera parte del precio de mercado.

"Alguien tendrá que explicar por qué se renuncia alegremente a ingresar 150.000 euros más mientras los proveedores siguen sin cobrar del Ayuntamiento", aseguró el portavoz del grupo municipal de IU, Ángel Pérez. Los cálculos de la organización se basan en el contrato de alquiler, firmado el 1 de abril pasado. Madrid Espacios y Congreso alquila la oficina al Arzobispado del 1 de abril al 15 de septiembre, lo que supone un pago de 76.100 euros. "Un particular tendría que haber pagado en torno a 230.000 euros por ese alquiler", asegura IU.

En el mismo edificio, la inmobiliaria Aguirre Newman alquila oficinas por 18 euros el metro cuadrado, es decir, el triple de lo que paga el Arzobispado. Un chequeo por el entorno de esta zona realizado por el grupo de IU muestra que los alquileres rondan esa tarifa. Pérez se preguntó ayer "quien va a restituir el dinero que pierde una empresa municipal, en unos tiempos que tanta falta hace, por esa generosa oferta al inquilino y qué razones hay para dar ese trato cuando ni siquiera se paga a los proveedores por falta de dinero mientras se renuncia alegremente a estos ingresos".

El Ayuntamiento de Madrid rehusó comentar la denuncia de IU. El Consistorio cede también para la visita de Benedicto XVI el uso de 206 colegios de Infantil y Primaria, de seis de Educación Especial y del albergue juvenil de Mejía Lecquerica para acoger algunas de las actividades de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). El gasto de agua y luz de estas instalaciones irá a cargo de las arcas municipales, según aseguró la coordinadora general de Apoyo a la Familia, Alicia Domínguez, en la comisión municipal de Servicios Sociales de junio pasado.

El regidor madrileño pide más "espacio" para "lo privado" y presume de gestión sin mencionar el endeudamiento de la capital

El alcalde de Madrid en funciones, Alberto Ruiz-Gallardón, considera que "lo público tiene que saber dar un paso inteligente hacia atrás para que ese espacio lo ocupe lo privado". Así lo ha asegurado el regidor de la ciudad más endeudada de España, que ha presumido de gestión durante la presentación en el IE Bussines School, donde ha hablado de Madrid como "modelo de gestión pública orientado al futuro".

Gallardón considera aún así que los instrumentos de colaboración entre lo público y lo privado han sido uno de los factores del éxito de la capital. Un éxito que, según el alcalde, casi nadie creía posible cuando se constituyó el Estado de las autonomías en los años 80 porque se pensaba que la riqueza de Madrid era "fruto de decisiones políticas" y se suponía que cuando el poder político se dispersase como consecuencia de la reorganización administrativa la economía madrileña caería.

"Pasó todo lo contrario", ha afirmado Gallardón, quien ha valorado el aumento del PIB madrileño de los 4.000 millones de euros de 1970 a los 126.000 millones de hoy en día (el 12% del país). Sin embargo, el regidor madrileño no ha mencionado la situación que vive la capital, que lidera la lista de los consistorios más endeudados de España con 6.453 millones de euros.

Pese a todo, el alcalde ha defendido la disminución del peso del sector público al afirmar que en Madrid solo da empleo al 15,9% de la población ocupada, mientras que el sector servicios da trabajo al 84%. Gallardón ha comparado la capital con otros territorios del país al afirmar que el Estado de las autonomías ha llevado a la capital a "convocar a la sociedad civil" al desarrollo económico, social y cultural, mientras que en los demás se ha generado un sector público "protagónico".

La abultada deuda y la prohibición de refinanciarla obliga al Ayuntamiento a medidas de ahorro aún más profundas de las que propugna ahora el líder del PP

Mariano Rajoy tiene un mandamiento: austeridad. Y quiere aplicarlo en las autonomías y municipios ganados el 22 de mayo. Pero el PP ya gobernaba en muchos antes. Es el caso de Madrid: la región la dirige Esperanza Aguirre desde 2003, y de hecho las medidas anunciadas el miércoles por el líder popular se inspiran en la letra y la convicción liberal de los planes de la presidenta autonómica en los últimos años.

Tanto el déficit como la deuda regional están bajo control, aspecto del que no puede presumir el Ayuntamiento. Por ello, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que lo es desde 2003 (aunque heredó 12 años de gobierno popular), está inmerso desde hace tiempo en un proceso de ajuste presupuestario que incluso supera en ciertos aspectos las directrices de Rajoy. Algunos recortes vienen de lejos; otros, como una posible reducción de distritos o áreas de Gobierno, se están estudiando ahora.

- Altos cargos y asesores. "En la diputación de Pontevedra, yo tenía cero asesores; no le digo que ninguno, pero pueden tener muchos menos", aseguró Rajoy. El Ayuntamiento cuenta con 123 altos cargos; esta cifra no se ha recortado en los últimos tiempos, aunque sí el sueldo que cobran, congelado desde 2008 y recortado un 15% el año pasado (eso permitió ahorrar 2,7 millones al año). Además, el Gobierno municipal dispone de 221 asesores elegidos a dedo, a los que se suman 89 más para los grupos políticos (PP, 36; PSOE, 35; IU, 18). Estos últimos deben repartirse de nuevo (o incrementarse) ahora que UPyD entra en el Consistorio. Su labor, de sesgo más político, complementa el de los 27.000 empleados públicos del Ayuntamiento.

- Gastos corrientes. Ahogado por la deuda (y la prohibición del Estado de refinanciarla), el Ayuntamiento está reduciendo a marchas forzadas el dinero que necesita para funcionar. Desde 2008 ha ahorrado 75,3 millones en publicidad (esta partida se ha recortado un 74%), estudios técnicos (43%), viajes, dietas o material. A esto se suma la reducción de plantilla (eliminando los puestos cuyo titular dejaba libre, pero sin despedir). Desde 2009, se ha pasado de 28.150 a 26.422 empleados. Además, ahora cobran menos.

- Edificios. El Ayuntamiento se disemina por 1.571 inmuebles, 73 de ellos alquilados (4,65%). Apretando las tuercas con los contratos ha ahorrado 23 millones. El 0,83% de los edificios municipales está en desuso, en parte a la espera de ser reformados.

- Compras. Madrid presume de gestión centralizada de compras desde 2003 dentro de su ámbito de gobierno (electricidad, agua, renting o publicidad), y en colaboración con la Comunidad (mobiliario, maquinaria).

- Gastos protocolarios. El presupuesto asigna 292.783 euros a esta partida, de los que 16.400 corresponden al alcalde; 8.180 al vicealcalde; 5.450 a los delegados de las áreas de Gobierno; y 3.630 al resto de ediles. Este dinero (para comidas, visitas, etc.) se redujo un 28% desde 2008; en 2010, además, sólo se gastó un 62%.

- Coches y móviles. "Que todos los concejales tengan coche, pues mire, no", dijo Rajoy. Más allá del anunciado recorte de vehículos oficiales, el Ayuntamiento ha examinado todo su parque móvil (camiones, coches de policía, etc.). Desde 2008, ha ahorrado un 10% con un sistema de renting. En la actualidad tiene 2.950 teléfonos móviles, que suponen un gasto total de 72.000 euros. Sus planes de ahorro pasan, entre otras medidas, por la migración a telefonía IP (llamadas a través de Internet).

- Eficiencia energética. Entre 2003 y 2010 se incrementaron un 12% los puntos de luz (hasta 26.497), pero el aumento de potencia instalada fue solo del 1,4%. Se ha rebajado la intensidad del alumbrado público: iluminar nuevos barrios apenas ha incrementado el consumo total. En los edificios oficiales, cerrar la oficina a las cinco de la tarde ha supuesto un ahorro de 1,31 millones.

- Administración adelgazada. En la pasada legislatura se extinguieron cuatro fundaciones. En el mandato que ahora empieza, el Ayuntamiento promete adelgazar aún más el sector público, pero sin explicar cómo. Rajoy abogó además por "reducir las delegaciones de las autonomías en cada provincia". Eso, aplicado al Gobierno municipal, implicaría un cambio en la división de la ciudad en 21 distritos. Sobre esta modificación (podrían eliminarse todos, o centralizarse en solo cuatro o cinco áreas) se ha hablado mucho en campaña, pero todavía no existe un plan concreto consensuado.

- Pago a proveedores. Quizá sea el punto más espinoso. El retraso máximo del pago a las empresas de recogida de basura es de 10 meses, con una media de siete meses sobre el vencimiento de factura. Si el Gobierno central permite refinanciar la deuda municipal, el PP se compromete a reducir esta demora en tres meses. Si no, todo seguirá igual.

Las ciudades que deben más dinero, después de Madrid (6.453 millones de euros), son Barcelona (1.202 millones), Valencia (890), Zaragoza (748) y Málaga (743)

La deuda del Ayuntamiento de Madrid, de 6.453 millones de euros al cierre de 2010, representa el 22,3 por ciento del total de lo que deben los 8.116 consistorios españoles, y el 18,2 por ciento del conjunto de la entidades locales, según datos del Ministerio de Economía.

La deuda financiera de las entidades locales al cierre de 2010 era de 35.443 millones de euros, el 3,3 por ciento del PIB, con lo que en ese año aumentó en 848 millones, un 2,4 por ciento. En el caso de los ayuntamientos, el endeudamiento fue de 28.851 millones de euros.

Tras Madrid, el ayuntamiento con más deuda es el de Barcelona, con 1.202 millones de euros, seguido de Valencia, con 890 millones; Zaragoza, 748; Málaga, 743, y Sevilla, con 544 millones de euros. Estos seis municipios acumulan el 36,6 por ciento de la deuda del conjunto de los ayuntamientos.

Por volumen de deuda, hay 33 municipios que superan los 100 millones de euros, entre ellos, tras los citados, los de Córdoba, Valladolid, Palma de Mallorca o Murcia y ayuntamientos que no son de ciudades capitales como Elche, Gandía, Hospitalet y Badalona.

Según los datos del Ministerio de Economía, hay 3.077 municipios, más de un tercio del total, que no presentan deuda alguna. Aunque la deuda municipal media por habitante es de 613,6 euros, hay 377 ayuntamientos donde el endeudamiento supera los 1.000 euros por vecino.

GALLARDÓN GUIÑA CON EL OJO DERECHO

Sus últimas posturas sobre asuntos de actualidad alinean al alcalde con el electorado más conservador del PP

Como afirma un concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid: "Ya lo decía Mitterrand cuando llegaban las elecciones: lo primero es que te voten los tuyos".

Algo así debe de pensar el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que en las últimas semanas ha hecho una serie de declaraciones que han sorprendido incluso dentro de su propio partido. Gallardón se ha caracterizado, tanto en su mandato en la Comunidad como en el Ayuntamiento, por mostrar una imagen moderada, casi cercana al centro-izquierda en algunos aspectos, como la cultura. Y eso le ha acarreado severas críticas de una parte de su partido, de muchos votantes del PP y de la derecha mediática más radical.

Por eso ha llamado la atención su postura en algunos temas que han generado polémica en la ciudad. Por ejemplo, su propuesta de cambiar la legislación para que los sin techo no puedan dormir en la calle. El adjetivo de populista le llovió al instante, aunque el alcalde asegura que solo le importa la situación de estas personas, y no lo que piensen los comerciantes y vecinos de las zonas donde duermen los vagabundos.

¿Busca Gallardón hacer un guiño al electorado más derechista de su partido, el que jalea a Esperanza Aguirre y le tiene a él como renegado de las posturas del PP? "No creo que sea premeditado. Además, para esa parte de los votantes del partido ya tiene a Ana Botella", asegura un edil popular. El vicealcalde, Manuel Cobo, niega rotundamente que el anuncio de los mendigos tenga doble lectura: "Creo que es mucho más cínico verlos tirados en un banco y no hacer nada. Y sería el Samur Social el que se los llevaría, no la fuerza pública".

Pero fuentes del PP del Ayuntamiento aseguran que las declaraciones del alcalde sorprendieron hasta al propio equipo de Gobierno y, compartiendo la idea de que hay que dar una solución a esta gente que vive en la calle, algunos pensaron que quizá no lo había comunicado adecuadamente. "La verdad es que le veo un poco descentrado políticamente porque hace propuestas que no había hecho en estos ocho años", asegura el candidato socialista a la alcaldía, Jaime Lissavetzky. "Hay mensajes que no me pegan teniendo en cuenta su trayectoria. Me extrañó lo de los sin techo, porque hizo su intervención en una comisaría, hablando de seguridad", abunda.

El alcalde no teme por el resultado de las elecciones. Todos en el PP -y algunos en el grupo socialista- están convencidos de que Gallardón revalidará la mayoría absoluta. Algunas fuentes sí ven en los últimos movimientos del alcalde un intento por asegurarse un porcentaje de votos en las elecciones similar, o superior, al de su archirrival dentro del partido, Esperanza Aguirre. En las pasadas elecciones el alcalde sacó un 55,6% de los votos, mientras que la presidenta se quedó en el 53,2%. Y la victoria de uno u otro puede servir a la hora de rendir cuentas en Génova, la sede del PP nacional. Falta menos de un mes para estas elecciones, pero tampoco están lejos las generales. Aunque otro concejal del PP asegura que no es un tema del que se hable últimamente en el partido. "No le dan importancia ninguno de los dos", afirma.

"Gallardón ha desatendido a su electorado más conservador y ahora le está haciendo guiños", opina una fuente del PP regional, que cree que estaría haciendo caso a las encuestas que le dicen que tiene a una porción de sus votantes naturales descontenta. Las señales empezaron el 6 de abril, cuando en una plaza más que cómoda, el Foro Madrid, organizado por el PP, el alcalde alertó del riesgo de un bipartito PSOE-IU. Aseguró que llegarían con una "agenda oculta" bajo el brazo. Un discurso muy parecido al que Aguirre lanzaba en la campaña de 2007. A Lissavetzky casi le hace gracia esa arenga estilo que viene la izquierda. "Entre 1991 y 1995 el PSOE e IU hicieron un pacto de legislatura en la Comunidad y no pasó absolutamente nada. De hecho, recuerdo que Gallardón me felicitó por cosas que hicimos en esa época", señala. "No es que vienen los rojos", defiende Cobo, director de la campaña del alcalde. "Es que están engañando a los electores. El programa de IU no se parece al del PSOE, pero se sumarán si van a gobernar. Creemos que el más votado es el que tiene que gobernar, y si no que haya segunda vuelta".

La manifestación atea que se convocó para el Jueves Santo supuso otra ocasión para demostrar mano dura. Cuando la Delegación del Gobierno aún estudiaba si la autorizaba o no, Gallardón anunció que si no la prohibía la Delegación lo haría él. El Ayuntamiento redactó un informe desfavorable y le pasó la patata caliente a Dolores Carrión. "Me gustaría saber qué pensarían si se organizara una manifestación a la puerta de la mezquita haciendo chorizos asados", ironiza Manuel Cobo, número tres en la lista al Ayuntamiento. "No se puede hacer el día que se celebran las procesiones. Es absurdo, una provocación. Es como si se hace una manifestación del orgullo heterosexual el día del orgullo gay. Hágalo usted otro día", argumenta.

Falta menos de un mes para estas elecciones, pero tampoco están lejos las generales. Y eso es algo que todo el mundo tiene presente. Es el momento de hacer piña -incluso tal vez méritos- en el partido. Tiempo de ortodoxia. Al menos en las manifestaciones públicas porque, según afirman desde el Consistorio, la forma de actuar del alcalde, su manera de gestionar la ciudad, ni ha cambiado ni va a cambiar. Es también lo que defiende Cobo: "El alcalde está donde tiene que estar, en la moderación, en el centro, huyendo de los extremismos. Eso es lo razonable".

UN EXEDIL DEL PP EN MADRID, CULPABLE DE UN DELITO DE MALVERSACIÓN

JORGE BARBADILLO ACEPTA UNA CONDENA DE UN AÑO Y MEDIO DE PRISIÓN

El exconcejal del Ayuntamiento de Madrid Jorge Barbadillo, del PP, es culpable de un delito de malversación de caudales públicos. Así lo aceptó el acusado durante el juicio celebrado ayer en la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal solicitaba para el imputado cinco años de cárcel por este delito, pero al final todas las partes acordaron rebajar la condena a un año y seis meses de cárcel, a lo que se suma dos años de inhabilitación absoluta. Esto supone que no entrará en prisión.

Jorge Barbadillo estuvo al frente de la empresa municipal Campo de las Naciones de 1999 a 2003, durante el mandato de José María Álvarez del Manzano. Durante ese tiempo dispuso de dos tarjetas de crédito y estuvo utilizando dinero de la compañía para su propio beneficio. Los cálculos del Grupo Municipal Socialista llegaron a los 400.000 euros. Eso llevó al concejal del PSOE Óscar Iglesias a presentar en 2004 una querella por el delito de malversación de caudales públicos cometido por funcionarios. Tiempo después se sumó el Ayuntamiento de Madrid como acusación particular.

La fiscalía solicitaba para Barbadillo una condena de cinco años de prisión, 10 años de inhabilitación y el pago de 72.445 euros, cantidad que adeudaba a las arcas municipales, según los cálculos del ministerio publico. La acusación particular ejercida por el PSOE aumentaba la pena hasta los ocho años de cárcel y el pago de 129.000 euros por responsabilidad civil.

La defensa pidió la nulidad del procedimiento, ya que Barbadillo había sido fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Este le obligó a devolver unos 140.000 euros el pasado mes de noviembre. Como el exconcejal no había consignado el dinero, fue confiscado un mes después de una cuenta de la que era titular en el Banco Gallego.

El juicio comenzó con una hora de retraso. El abogado de la acusación particular, José Mariano Martínez de Lugo, planteó una cuestión previa, ya que el delito debía haber sido enjuiciado por un jurado popular. De hecho, la defensa de Barbadillo lo planteó durante la instrucción del caso, pero fue rechazado por el juzgado de plaza de Castilla y en un recurso posterior de la Sección 23ª de la Audiencia Provincial. Todas las partes se adhirieron ante el riesgo de que el Tribunal Supremo anulara después la sentencia y ordenara repetir la instrucción en plaza de Castilla.

Las tres magistradas de la Sección 7ª, encargadas de dictar sentencia, hicieron un receso para dilucidar si llevaban razón. No tuvieron que pronunciarse sobre la cuestión. Esa media hora de parón en la vista oral sirvió para que las partes llegaran a un acuerdo. Hubo bastante movimiento en los pasillos, incluidas varias consultas al Código Penal.

El fiscal se erigió en portavoz de todo el grupo de la acusación. Planteó varias modificaciones en su escrito de conclusiones de forma que reducía la condena de cinco años de prisión a otra de un año y medio. Para llegar a esa rebaja, apreció la atenuante de reparación del daño causado, ya que Barbadillo había devuelto las cantidades no justificadas durante su gestión al frente de Campo de las Naciones. El ministerio público también aplicó la atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la instrucción del procedimiento. Este ha tardado siete años en ser juzgado. El fiscal anuló el pago de la responsabilidad civil al haber devuelto el dinero. La abogada defensora aceptó la propuesta, por lo que el juicio terminó en ese momento.

El exconcejal afirmó a la salida de la Audiencia Provincial que se encontraba "muy contento" después de 11 años de procedimiento. "Me habría gustado la absolución porque no había responsabilidad penal, pero al final la condena queda a título de inventario. Han sido muchas esperas y me ha perjudicado", destacó Barbadillo. "Al haberse dado una situación de negociación por todas las partes, tenía que aceptarlo", añadió el culpable.

Mucho más satisfecho se mostró el concejal Óscar Iglesias, quien recordó que su grupo llevaba razón al querellarse contra el exconcejal. "Si no llegamos a acudir a la justicia, este señor se habría librado de todo. Una vez más queda en entredicho el Ayuntamiento de Madrid, que se negó a ir contra Barbadillo por la vía penal. Esperemos que si se vuelve a producir una situación similar apueste por la transparencia y la defensa del patrimonio de los ciudadanos", declaró Iglesias.

El abogado José Mariano Martínez de Lugo mantuvo la misma versión: "Estamos muy satisfechos porque se ha reconocido por parte del acusado la comisión del delito, que es de lo que se trataba".

EL FISCAL TUMBA EL ARDID DE GALLARDÓN PARA ENMASCARAR LA CONTAMINACIÓN

La Guardia Civil midió en las estaciones que retiró el Ayuntamiento de Madrid y la polución apenas había mejorado - Vercher ordena identificar a los responsables

El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, cargó ayer contra el ardid del Ayuntamiento de Madrid para enmascarar la contaminación, consistente en retirar estaciones de las zonas más contaminadas para rebajar artificialmente los niveles de polución. Vercher mandó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) a que instalara sus propias estaciones en algunos de los lugares ignorados por el consistorio. El resultado, según Vercher, es que apenas se ha dado "una mejora de la calidad del aire", en contra de lo que dice su alcalde, el popular Alberto Ruiz-Gallardón, y la concejal de Medio Ambiente, Ana Botella.

Vercher envió ayer un duro escrito de 34 páginas al Ayuntamiento en el que le pide que "identifique a la autoridad o funcionario que ordenó esa reubicación de las estaciones de medición", con qué informes se decidió y qué técnicos informaron a favor. Ese parece el primer paso para actuar contra el responsable del cambio.

En mayo de 2009, Gallardón encontró una forma novedosa para reducir la contaminación: no medirla en algunas zonas del centro de Madrid con muchos tráfico. El Consistorio cambió estaciones de medición de sitio y redujo el número. Como ejemplo, desplazó unos 200 metros la estación de Gregorio Marañón, una de las zonas con más tráfico. El medidor acabó en los jardines del Museo de Ciencias, lo que disminuyó la contaminación registrada. Al eliminar las series históricas, el Ayuntamiento dificultó los estudios científicos sobre el aire que respiran más de tres millones de personas, pero logró su objetivo: la contaminación bajó en el papel un 20%. Aun así, Madrid incumple el umbral europeo de dióxido de nitrógeno (NO2), producto del tráfico, por lo que quiere una moratoria de la UE. Sí cumple el de partículas en suspensión.

El fiscal destaca que "ni siquiera la reubicación de algunas estaciones de medición ha servido para maquillar un resultado que a todas luces cabe calificar de grave". En 2010, el límite máximo durante una hora de NO2 se superó en 336 ocasiones, según la fiscalía, pese a que no se puede sobrepasar más de 18 veces. Aunque la superación es "notable", el fiscal destaca que ha bajado respecto a años anteriores, algo que achaca a que "tratamos con nuevas estaciones y se han eliminado las que tradicionalmente presentaban mayor concentración de NO2". El texto señala que las estaciones que habían superado los umbrales de alerta a la población fueron suprimidas.

Vercher recuerda al Ayuntamiento que la directiva europea sobre contaminación "no tiene prevista la eliminación de estaciones antiguas". "Si ahora se toman registros de nuevas estaciones, eliminando las antiguas que se encontraban en los lugares en los que más contaminación se venía produciendo, lo único que se obtiene es un valor muy diferente [...] dando como resultado que la ciudad de Madrid de pronto presenta menos contaminación, pero la realidad de los niveles de contaminantes en el núcleo de la ciudad sigue sin resolverse", dice.

El fiscal sostiene que Madrid no tiene norma sobre contaminación, solo una "estrategia", que es "una declaración de intenciones". Sobre la calidad del aire, "nada ha realizado el Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias, de las que no puede abdicar, abandonando así la posición de garante del ordenamiento jurídico".

En 2006, Gallardón anunció que a partir de 2008 vetaría la entrada al centro de los coches más sucios. La medida nunca ha sido aplicada. En 2010 el alcalde insistió en su promesa: "En el próximo mandato restringiré el uso del coche en el centro". Botella declaró el martes que la polución en Madrid "no es nociva para la salud de los ciudadanos". Los científicos han relacionado episodios de intensa polución en la capital con un aumento de infartos y de la mortalidad infantil.

El escrito advierte al Ayuntamiento que puede afrontar reclamaciones por su dejación: "Como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que en esta materia atribuyen las leyes al Ayuntamiento de Madrid pueden ocasionarse lesiones antijurídicas susceptibles de sustentar reclamaciones y posteriores demandas de responsabilidad patrimonial, sean presentadas por particulares o por grupos de afectados". E incluso que la fiscalía no descarta actuar "en representación de personas incapaces".

El escrito va dirigido al director general de Calidad Ambiental del Consistorio, Manuel Tuero, al que le pide que identifique al responsable de recolocar las estaciones -o que asuma la decisión-. También le reclama que "inexcusablemente" señale a los "técnicos que hayan informado a favor de esas nuevas ubicaciones" así como "los informes técnicos que han aconsejado esa decisión". Con este reparto, "se miden partículas en 11 de las 23 estaciones, y entre estas 11 no están las que tradicionalmente reflejaban [...] en valor superior al límite legal".

La fiscalía "efectuó mediciones de partículas [no de NO2] en el entorno de algunas estaciones que han dejado de funcionar, lo que permite ver que el nivel de contaminación es similar antes del cambio de ubicación de algunas estaciones". La Guardia Civil midió durante seis meses en tres puntos cerca del Paseo de la Castellana, próximos a las antiguas estaciones: en la Fiscalía, en el Ministerio de Sanidad y en el jardín del cuartel general del Ejército.

El resultado es, según el fiscal, que hay "ligerísimas mejoras que no parecen atribuirse a una mejor gestión, ya que la misma no ha existido". El fiscal usa el umbral de 20 microgramos de partículas por metro cúbico para 2010 que fijó un decreto de 2002. Sin embargo, ayer el Gobierno aprobó otro decreto que, de acuerdo con la directiva de 2008, suaviza el límite a 40 microgramos. Estas estaciones sí cumplirían esa norma la mayoría de los meses. El fiscal concluye que "los ciudadanos de los lugares con mayor contaminación siguen sufriendo el mismo nivel aunque no tenga reflejo en las estadísticas municipales". Vercher ironiza: "Si se eliminaran todas las estaciones de control, Madrid sería una ciudad oficialmente no contaminada".

www.elpais.es 29.01.11

El Partido Popular de Madrid se ha volcado este martes para ayudar a conquistar Alcorcón -localidad gobernada por el PSOE desde la transición- a David Pérez, el delfín de Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid. Pérez, que se ha hecho conocido gracias su tono exaltado -como cuando comparó a Zapatero con Mao Tse Tung o acusó al Gobierno de "perseguir" a quienes comen chucherías-, consiguió reunir en un pabellón deportivo de un elitista colegio situado a las afueras de Alcorcón a Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Francisco Granados, Ignacio González, Alberto Ruíz Gallardón y Manuel Cobo.

La excusa para celebrar el evento era la celebración de la cena de Navidad del Partido Popular de Madrid. El PP tenía milimetrado el acto para ofrecer a los medios de comunicación una imagen muy alejada de aquella época en la que Gallardón y Manuel Cobo se enfrentaban a diario con Esperanza Aguirre y su equipo más íntimo de colaboradores.

De hecho, todos ellos esperaron en paz y armonía a Mariano Rajoy en la puerta del pabellón polideportivo. Antes de la llegada del líder del Partido Popular -quien, como viene siendo habitual, se negó a contestar las preguntas que le formularon los periodistas-, todos ellos posaron junto a un árbol de Navidad. Fue entonces cuando el alcalde de Madrid comentó que el árbol estaba muy situado a la derecha. Francisco Granados rapidamente susurró entre risas a Gallardón: "Alberto, ya sabes, nosotros siempre a la derecha".

La escena era contemplada desde la distancia por Manuel Cobo. Y es que la mano derecha de Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid no posó junto al resto de sus compañeros frente al panel en el que el Partido Popular deseaba una feliz Navidad a los habitantes de Madrid.

Cobo, el más serio

De hecho, en los momentos previos a la cena-mitin, Cobo fue el dirigente del PP que más serio se mostró ante el resto de sus compañeros. El vicealcalde de Madrid apenas dirigió palabra alguna con Granados o González. A Aguirre se limitó a saludarla con un seco “¿qué tal Esperanza?”.

Los periodistas, detrás de una vitrina

Después, todos ellos entraron en el lujoso Pabellón deportivo -que a diferencia del resto de los colegios públicos de Alcorcón, cuenta con peluquería, piscina cubierta, sauna o pista de squash-. Los periodistas fueron situados detrás de una vitrina donde era imposible formular pregunta alguna a Rajoy, Gallardón o Aguirre. La única periodista que pudo establecer cierto contacto con los militantes del Partido Popular fue la corresponsal de Telemadrid. Y es que a diferencia de sus compañeros de profesión, la periodista de TeleEspe pudo filmar a los líderes del PP desde la grada del pabellón.

Los controladores

En sus intervenciones, Rajoy y Aguirre se centraron en el conflicto que los controladores mantienen con el Gobierno de España. La más dura fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien se opuso a prorrogar el Estado de alarma aún a riesgo de que miles de ciudadanos, tal y como ocurrió en el pasado puente de diciembre, se queden atrapados estas navidades en los aeropuertos españoles.

"No es normal que para arreglar un conflicto laboral tengamos que estar en estado de alarma como no es normal que ahora se prorrogue", dijo Aguirre antes de que criticar que Zapatero y Rubalcaba no hayan aprobado en esta legislatura una ley de huelga que impida que los españoles "no dependamos de la voluntad de unos pocos”.

Por su parte, Mariano Rajoy se centró en criticar la "incompetencia manifiesta" de un Gobierno que ha sido "absolutamente incapaz" de resolver el conflicto con los controladores aéreos.

Los paganos

En su intervención -mucho menos aplaudida que la de Esperanza Aguirre-, el presidente del PP también recalcó que los ciudadanos "honrados, que trabajan y que viajan por trabajo o porque quieren ir a su casa o irse de vacaciones, son los paganos de los controladores y de la incompetencia de un Gobierno que, como siempre, no está a la altura de las circunstancias".

"¡Qué fácil es salir por la televisión agrediendo a la oposición y qué difícil es gobernar!", indicó Rajoy, antes de apuntar "a los gobernantes se los ve en momentos de dificultad" porque "para lo fácil vale cualquiera", informa la Agencia Efe.

El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, apercibió al alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en marzo de 2010 al considerar que la institución municipal incurrió en “una reiterada conducta que impedía el desarrollo de la investigación” sobre la adjudicación en 2004 de una contrata de limpieza viaria en 10 zonas de Madrid a una de las empresas presuntamente unidas a la trama, y más concretamente, la correspondiente a la zona de Moratalaz.

En el sumario, el juez señala que en las dos ocasiones en que fue requerida por la Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento de Madrid información sobre los contratos adjudicados a la empresa Sufisa, en junio y noviembre del año 2009, se produjo un “incumplimiento” en el envío de la misma, según se desprende de los informes emitidos por la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Así, se destaca la omisión en el envío de las actas de la Mesa de Contratación; los informes técnicos con la valoración de todas las ofertas presentadas y sus proposiciones económicas, y la documentación justificativa de los pagos efectuados por el propio Ayuntamiento de Madrid al adjudicatario.

Nadie dijo que fuera a ser fácil, pero la intención del alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, de vender el 51% de su participación en Mercamadrid a la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (MEyC) no ha tardado en convertirse en fuente de conflicto entre los dos grandes socios del principal mercado de abastos de España. Mercasa, la sociedad pública estatal, que cuenta con una participación del 49%, se dispuso a facilitar la operación que inyectará 190 millones de euros en las arcas municipales, pero condicionó su autorización a obtener un mayor poder en la toma de decisiones en la empresa. El Ayuntamiento no tiene intención de concedérselo, según avanzan fuentes municipales, y confía en que la transacción se haga por las buenas o por las malas. Ya se ha dado el primer paso.

durante el primer Consejo de Administración de MEyC después de que el alcalde confirmase su decisión (que adelantó Cinco Días) de desprenderse de Mercamadrid para pagar a sus proveedores, se decidió adquirir los derechos de usufructo del 51% de las acciones de Mercamadrid.

El acuerdo, que deberá ratificarse en el Pleno municipal, no solo acelera los trámites para que la operación pueda cerrarse antes de fin de año, sino que se adelanta a la posible negativa de Mercasa a autorizar que MEyC compre las acciones del Ayuntamiento.

En el caso de que la empresa estatal cumpla su amenaza de obstaculizar con su voto la transacción si no se restablece el régimen de mayorías cualificadas para la aprobación de cuentas, distribución de beneficios y nombramiento de altos cargos, el Ayuntamiento seguirá adelante. Mantendrá la titularidad de las acciones y cederá sus derechos a MEyC, una maniobra para la que no necesita autorización.Cuando el pleno municipal, donde Gallardón tiene mayoría, apruebe el traspaso de titularidad de las acciones de Mercamadrid a Madrid Espacios y Congresos (MEyC), esta, muy interesada en la adquisición, pagará al Ayuntamiento antes de fin de año 150 millones de euros. Ya en 2011, cuando se complete la operación, abonará la diferencia de 40 millones. La inmediata inyección de efectivo es clave para permitir al alcalde reducir el retraso de pago a proveedores de 10 a siete meses de media, según declaró el concejal de Hacienda, Juan Bravo, el jueves pasado.

Para que la cesión en usufructo sea posible, el Consejo de Administración de MEyC también tuvo que aprobar la modificación de su objeto social para incluir en la actividad de la sociedad la "administración, gestión, usufructo y enajenación sobre participaciones de entidades mercantiles". Un cambio que no excluye la entrada de capital privado en la empresa pública.

Mercasa sostiene que para "garantizar el carácter público de Mercamadrid" es necesario que las "decisiones clave" -aprobación de cuentas, nombramientos del presidente y el director general y distribución de beneficios- sean fruto del consenso y no de una mayoría simple, exigible hasta ahora, explican fuentes de la empresa.

Las condiciones de la empresa estatal se interpretan de manera muy distinta en el palacio de Cibeles. Fuentes participantes en la transacción deslizan que "Mercasa se está aprovechando de la situación, donde está mezclando los intereses empresariales con la política".

La escena se repite. Una administración, un presupuesto y una conclusión: las cuentas más restrictivas de la historia. Esta vez le toca al Ayuntamiento de Madrid, que presentó ayer sus cifras para 2011. La capital dispondrá de 4.526 millones para gestionar la ciudad. Eso significa un 8,9% menos, 410 millones de recorte. Se repite el tijeretazo, pero cambian las fórmulas. El Ayuntamiento juega sus cartas para encarar su principal problema: se ha quedado sin liquidez porque está obligado a amortizar su deuda, que asciende a 7.145 millones. Esta es la única partida que no se rebaja y a la que se destinan 294 millones.

Por primera vez las cuentas contemplan más ingresos (4.585 millones) que gastos (4.542 millones), pero no se trata de contención. Por imposición del Gobierno, los 43 millones que Gallardón ahorra con la reducción del 5% en nóminas tienen que destinarse a cancelar créditos futuros; ni un euro para gasto corriente. Para sanear cuentas Gallardón ha aprobado que una empresa municipal le compre el 51% de Mercamadrid. Si sale bien, según el Ayuntamiento, se acelerará el pago a proveedores. Los mayores recortes recaen en Obras y Hacienda, pero también superan la media en Servicios Sociales. Se notarán más en los distritos de Villa de Vallecas y Salamanca.Los presupuestos no dan solución a los más de 900 millones que el Ayuntamiento debe a sus proveedores, en algunos casos, desde hace más de 10 meses. Y aunque Gallardón traspasa la responsabilidad al Gobierno ha tenido que buscar vías alternativas con las que reducir los retrasos hasta cuatro meses.

La primera, que aún depende de la aprobación del Ejecutivo, es la subrogación de la deuda de la M-30, que permite un ahorro anual de 100 millones que se destinaría a pagar a proveedores. La última ha sido permitir que Madrid Espacios y Congresos, de titularidad municipal, le compre el 51% de su participación en Mercamadrid por 200 millones de euros. Para el portavoz socialista David Lucas, los presupuestos no contemplan "medidas reales de ahorro y austeridad. Se parchea, se utiliza el cambalache presupuestario y quienes pagan las consecuencias son los madrileños, ya que no se solucionan los verdaderos problemas".

- Por distritos. El dinero para distritos cae un 7,24% hasta los 561,34 millones, principalmente por el descenso en inversiones. El ajuste más severo lo ha sufrido Villa de Vallecas, que pierde el 20% de los recursos que recibió en 2010. Con los 18,5 millones que se destinarán se mantiene el dinero para servicios sociales y para mayores, pero no cuenta con los cuatro millones que el año pasado sirvieron para construir centros deportivos y educativos. El segundo en recortes es Salamanca, uno de los más prósperos. Pierde más del 13% y se queda en 18 millones. El mayor recorte se repite en las inversiones en equipamientos deportivos, que se reducen casi a la mitad, con 2,5 millones de euros. "El liderazgo de Madrid es el de su deuda; no solo la financiera, sino la que tiene contraída con los barrios y los distritos que viven al margen de sus grandes proyectos con deficiencias en las dotaciones y en los servicios", criticó el candidato a la alcaldía por IU, Ángel Pérez.

La Concejalía de Obras y Espacios Públicos es la que más dinero pierde, con un recorte del 23%. Le siguen Hacienda y Urbanismo con un descenso del 18% cada una. De los 205 millones que le corresponderán a Urbanismo se destinarán 37,4 millones a culminar el proyecto de Madrid Río antes de que finalice la legislatura.

El área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana baja un 13,51% sus recursos hasta los 105 millones. El Ayuntamiento mantiene que su prioridad serán los desempleados, a los que se dedicarán 45,2 millones, y que en el recorte ha influido que ha reducido un 93% las inversiones.

La Concejalía de Familia y Servicios Sociales rebaja también su presupuesto un 10,41% y contará con 233 millones. Los recortes en esta área se deben principalmente a que se han eliminado los 18 millones que el Ayuntamiento destinaba a proyectos de Cooperación al Desarrollo. Gallardón promete que asegurará los servicios de asistencia a los mayores, una de las pocas partidas que no se resienten.

LAS DEUDAS DEL CONSISTORIO AHOGAN A LAS PYMES DE ACTIVIDADES CULTURALES

La crisis de las arcas municipales asfixia también a decenas de promotoras de eventos y espectáculos que trabajan en la capital

Ya lo anunció el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón después de su aciaga entrevista con Zapatero el miércoles: hay serias dificultades para pagar a los proveedores. Y añadió: "Las pequeñas y medianas empresas van a verse afectadas". Es cierto. Centenares de pymes sufren la morosidad del Ayuntamiento. Pequeñas empresas a las que, tras esas declaraciones, se les vino el mundo encima. Concretamente, a las que vienen organizando, tras ganar los concursos públicos, las actividades culturales de Madrid: cabalgatas, fiestas patronales, carnavales, animación infantil... Los retrasos en los pagos llegan en algunos casos a los nueve meses, cuando, según los contratos, deben cobrar a los 60 días de presentar la factura. Y la deuda del sector, según la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo (ARTE, que aglutina al 90% de las compañías de managers, representantes y productores del sector: 117 empresas en Madrid), alcanza los 10 millones de euros solo en la capital. Las compañías consultadas aseguran que están al borde de la quiebra, que se ven obligadas a prescindir de trabajadores y que no pueden pagar a sus proveedores, después de décadas trabajando con ellos.

La ampliación de los créditos y la hipoteca de sus propios bienes se han convertido en el recurso de emergencia para mantenerse a flote ante una situación que no tiene visos de mejorar en el corto plazo, cuando el Ayuntamiento ha recibido un no por respuesta de Zapatero. Lejos de los palacios de Cibeles y Moncloa, las consecuencias de estas deudas tienen nombre y apellidos.

"Esto es el mundo al revés. Nos hemos convertido en los bancos o las financieras del Ayuntamiento, y nosotros no tenemos capacidad económica para asumir tanta deuda. La prueba es que la gente está teniendo que hacer encaje de bolillos con los bancos para poder llegar a fin de mes y no puede siquiera pagar a sus proveedores", dice Emilio Santamaría, presidente de ARTE.

Cuando Santamaría habla de "la gente" se refiere a personas como Cristina de Santiago (ASI-KEM S.L.), Gloria Parra (Yeiyeba), Augusto Teruel (Teruel Producciones S.L.) o Fernando Navarro (Piruleta).

Gente que gestiona pequeñas empresas promotoras de eventos y que lleva décadas (35, 25, 20 años...) trabajando para el Ayuntamiento; organizando desde las fiestas de Moncloa-Aravaca a las de Arganzuela (contratación de artistas, orquestas, equipos técnicos, seguridad...) a la cabalgata de los Reyes de Usera (carrozas, vestuario, escenarios, actuaciones...), o las actividades y juegos para niños de la Cuesta de Moyano.

Este periódico ha hablado con nueve empresas del sector y ha constatado que las deudas son millonarias y que suelen ir acompañadas de entrevistas a la desesperada con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Juan Bravo, o con el tesorero, José María Polo.

Ambos se han convertido en una especie de servicio de urgencias económico del Consistorio, que trata de agilizar o dar cierta prioridad a los pagos más perentorios o que pueden tener consecuencias más catastróficas, como pérdidas de empleos o cierre de empresas.

Según la información que pudo contrastar ayer este periódico, cinco de las nueve empresas consultadas acumulan ya una deuda de 5.428.271,51 euros.

La falta de liquidez del Consistorio, que va pagando a trancas y barrancas, ha abocado a los propietarios de las compañías del sector sociocultural a constantes visitas a los bancos para conseguir ampliaciones de hipotecas o de líneas de crédito para subsistir y poder pagar tanto a sus trabajadores como a sus proveedores.

Los bancos son la tercera pata de esta crítica historia. Tanto el Ayuntamiento como los pequeños empresarios sufren la rigidez que impera en los últimos meses en las entidades financieras, que no aceptan anticipar facturas de más de tres o cuatro meses. Y si se tiene en cuenta que el Consistorio está pagando con un retraso de entre seis y nueve meses...

"Acabo de salir del Banco Popular y me han dicho que del Ayuntamiento no quieren saber nada, ahora voy a probar suerte en otros. Lo que antes era casi trabajar con un aval se ha convertido en una condena", dice Augusto Teruel, secretario general de ARTE y propietario de la empresa Teruel Producciones SL, con la que el Consistorio acumula una deuda de 747.517,75 euros por las actividades y espectáculos realizados en los distritos de Hortaleza, Villaverde, Moncloa y Usera desde el pasado mes de abril.

Teruel lleva 20 años trabajando en Madrid y asegura que, "aunque los retrasos se vienen produciendo desde el año pasado, nunca habían llegado a los niveles actuales, que no nos pueden decir ni cuándo cobraremos".

Cristina de Santiago, de la empresa ASI-KEM SL, vive una situación similar: "Todavía me deben actividades de enero cuyas facturas han caducado en marzo. Yo ya estoy desesperada. Llevo 35 años trabajando aquí, tengo una reputación y un nombre. Nunca he vivido nada igual, no puedo pagar a mis proveedores, tengo 400 euros en la cuenta y no me llega ni para pagar la hipoteca que me pasan a mediados de mes. Vivo con mi madre, que tiene 80 años, he tenido que prescindir de dos de mis trabajadores, no puedo más".

Ella se entrevistó el pasado miércoles con el tesorero Polo que le ofreció la posibilidad de pagarle una de las facturas más bajitas: 6.161 euros "para ir tirando", de los 265.755,60 que le adeuda el Ayuntamiento.

Aparte de las empresas de espectáculos, están también las que se dedican a Equipamientos Culturales, asociadas en patronales como Educatia, por ejemplo, que reúne a 18 empresas en Madrid y suma 8.000 trabajadores, que nutren de actividades (pintura, teatro, bailes de salón, yoga...), a los centros culturales de la capital.

La semana pasada, uno de los representantes de esta patronal y director de una de las empresas con 700 trabajadores (que este mes han cobrado el día 10) se reunió con Bravo y le puso sobre la mesa las facturas de nueve de esas empresas por valor de ocho millones de euros. "Nos han pagado hace una semana la factura de abril (4.205.278,16 euros). Nos han prometido que nos pagarían en noviembre la correspondiente al mes de mayo y ya en enero la de junio, pero que si no se refinancia la deuda del Ayuntamiento podemos tardar en cobrar un año la siguiente".

La retahíla de impagos continúa: "Esta mañana he salido llorando del banco, tengo que hipotecar mi casa y me la tasan mucho más baja que hace ocho años. Y encima tengo que gastarme 6.000 euros en notarios", cuenta Fernando Navarro que, con sus ocho trabajadores, organiza actividades infantiles con su empresa Piruleta en los distritos de Retiro, Chamberí, Hortaleza y Usera, y que acumula una deuda de 190.000 euros desde mayo.

La situación es crítica y tiene más nombres y apellidos, aunque muchos de los empresarios de este sector no se atreven a salir en los papeles por miedo a sufrir más retrasos en los pagos o incluso represalias futuras en la adjudicación de nuevas actividades culturales. Llegado este punto, los responsables del Ayuntamiento se limitan a remitir a las últimas palabras del alcalde, hasta que el próximo jueves se presenten los nuevos presupuestos.

LA PATRONAL DE LIMPIEZA HABLA DE UNA SITUACIÓN "EXTREMA"

El Consistorio debe al sector todas las mensualidades de 2010

Los grandes proveedores del Ayuntamiento, las empresas que juegan en la primera división de las finanzas nacionales, también están sufriendo dificultades derivadas de la falta de pago del Ayuntamiento de Madrid.

Compañías de la importancia de FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr Vallehermoso, que forman parte de la asociación de limpieza Aselip, llevan sin cobrar 10 meses, y no lo harán tampoco en diciembre. "El Ayuntamiento de Madrid nos dijo que nos pagaría en enero de 2011", asegura Francisco Jardón, presidente de esta patronal.

La situación la define la patronal como "extrema". Y es que las cantidades que se barajan son astronómicas: alrededor de 500 millones de euros paga el Ayuntamiento a las empresas que se encargan de la limpieza de la capital.

"Llegará un momento en que no se pueda pagar a los trabajadores, y puede ser de forma inmediata. Nos vamos a poner en 12 meses sin cobrar y no podemos mantener ese desfase de tesorería", asegura Jardón, que anuncia un encuentro a primeros de diciembre de las empresas del sector para analizar la situación.

Lo último que estas empresas ingresaron procedente del Ayuntamiento de Madrid fueron los meses de noviembre y diciembre de 2009, y eso tras hacerse público que no podían abonar las nóminas al carecer de fondos para pagar a los trabajadores. El Consistorio pagó entonces, pero es un parche que apenas tapa la herida que sufren las empresas del sector.

Agotado el recurso de los créditos del ICO que el Gobierno tampoco ha permitido utilizar a los Ayuntamientos, el presidente de Aselip ve poco margen para el optimismo, asegura que ahora se trata de una situación de supervivencia y reconoce que aunque el Consistorio madrileño es un cliente muy importante, "un cliente también te puede llevar a la tumba".

ZAPATERO DICE NO AL PLAN DE GALLARDÓN PARA SALVAR LA DEUDA DE LA CAPITAL

Decepción en el alcalde tras salir de La Moncloa sin lograr ningún resultado

Enorme decepción. Eso es lo que se apreciaba en la cara del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando entró en la sala de prensa tras su reunión ayer con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso es lo que explicó a continuación: no habrá posibilidad de refinanciar la enorme deuda del Ayuntamiento de la capital de España, una petición que hizo en su nombre y en el de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La negativa del Gobierno coloca al alcalde de Madrid en una situación límite. La posibilidad de refinanciar ya los 257 millones de euros de la deuda que vencen a final de año le permitía tapar algunos agujeros muy importantes. El consistorio madrileño tiene problemas de tesorería muy graves, que se traducen en serias dificultades para pagar a los proveedores, algunos de los cuales (como las empresas de limpieza) llevan desde principios de año sin cobrar, y que han provocado amenazas de huelga. "Las pequeñas y medianas empresas van a verse afectadas", dijo el regidor. El balón de oxígeno que esperaba obtener de Zapatero desaparece ahora, y la situación de Gallardón se antoja muy complicada justo antes de que presente unos presupuestos de la ciudad para el año que viene que a la fuerza tendrán que ser muy restrictivos. Refiriéndose a ellos, el alcalde solo aseguró que las nóminas no se verán afectadas, ni tampoco los servicios sociales para los más perjudicados por la crisis.

El Gobierno abrió la mano en septiembre para que los Ayuntamientos que no tuvieran una deuda superior al 75% de sus ingresos corrientes pudieran refinanciarla y acceder a un crédito que en estos tiempos se antoja imprescindible para seguir funcionado. Pero de esa norma quedaban fuera algunos Ayuntamientos importantes, como el de Valencia y sobre todo el de Madrid. De ahí que Gallardón pidiera a Zapatero una solución para las corporaciones locales que no cumplían los objetivos. Una propuesta que envió a La Moncloa y en la que el Ayuntamiento tenía puestas muchas esperanzas, que se desvanecieron ayer.

"No hay ningún elemento de optimismo", dijo ayer el alcalde. La negativa del presidente del Gobierno a modificar la normativa para dar un balón de oxígeno a los Ayuntamientos más endeudados se basa, según relató el alcalde, en "los compromisos internacionales adquiridos por el Gobierno de España". Algo que Gallardón no acaba de entender, sobre todo porque, como recuerda últimamente cada vez que tiene la oportunidad, la deuda de las corporaciones locales sólo es el 6,3% del total de las Administraciones, y la parte del león se la lleva el Estado (77%) y las comunidades autónomas (13%). El alcalde recordó que Madrid no tiene dificultades para pagar su deuda, y que dedica a ella 3,4 euros de cada 100, mientras que la Administración central destina 10. "Si alguien hace un reproche al Ayuntamiento tendría que multiplicar por tres el reproche a sí mismo", dijo Gallardón, ya que la situación del consistorio es "tres veces mejor" que la del Estado.

"Queremos una regulación legal equivalente a las de las comunidades autónomas y el propio Estado. Es una situación de discriminación legal carente de sentido", se quejó el alcalde de Madrid, que insistió en que la negativa del Gobierno le aboca a una situación en la que los proveedores de los Ayuntamientos van a ser los principales perjudicados.

Gallardón reiteró que su propuesta no era solo para el Ayuntamiento de Madrid, sino que hablaba en boca de todos los alcaldes de la FEMP, que unificaron sus criterios en este tema.

Fuentes de La Moncloa, sin embargo, califican la petición del regidor como una excepción inasumible para endeudar de nuevo al Ayuntamiento de Madrid, y argumentan que decir sí a sus propuestas significaría poner en peligro la solvencia futura del consistorio y la prestación de servicios a los ciudadanos. También se admitía que esos planes de Gallardón entrarían en contradicción con los ajustes aplicados a todas las Administraciones y vigilados por Europa. En el aire queda, sin embargo, la pregunta de por qué Zapatero recibió al alcalde si su respuesta iba a ser negativa.

Ante el fracaso de la reunión, el alcalde mantiene el recurso contencioso administrativo que presentó contra el Gobierno por impedirle refinanciar la deuda.

El Ayuntamiento de Madrid gasta cada día 12 millones de euros pero solo ingresa 11,3 millones. Ya no queda ni una sola luz roja de emergencia por encender. La falta de liquidez está empujando al precipicio a su alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), que no encuentra dinero para pagar a los principales proveedores.

Los ingresos de la capital han caído en los tres últimos ejercicios un 29% -642 millones de euros menos de lo previsto-, el pago a las empresas que prestan los principales servicios acumula un retraso de nueve meses de media y la deuda asciende a 7.145 millones de euros (siete veces más que el segundo municipio más endeudado de España y muy por encima de la mayoría de comunidades autónomas). Para rematar esta gravísima situación financiera, el Gobierno central ha denegado a Madrid la refinanciación de sus créditos. El alcalde ha sufrido las tres peores semanas de sus 15 años en el poder.

El pasado 24 de septiembre, una de las alarmas salta en el Ayuntamiento. Las cuatro grandes constructoras del país, que le prestan servicios de limpieza y recogida de basuras -FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr-Vallehermoso- amenazan con no pagar la nómina a 12.000 trabajadores si no reciben parte de los 298 millones de euros que se les adeuda. Marcan en rojo una fecha límite: el 15 de octubre. La cúpula municipal acude a los bancos para que les adelanten dinero con el que abonar las facturas anteriores al 30 de diciembre de 2009. Los bancos aceptan. Pero es solo un parche.

La situación es tan desesperada que los máximos ejecutivos de tres de esas empresas, a las que los municipios españoles deben 3.425 millones, acuden el martes 5 de octubre a la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, para pedirle que facilite fuentes de financiación a los ayuntamientos. Le reunión fue un fracaso.

La negativa de Salgado irritó tanto al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que el jueves de la semana pasada cargó contra el presidente José Luis Rodríguez Zapatero al que llamó "mentiroso" y "envidioso". Palabras que se ahorró cuando en el desfile de la Fiesta Nacional le abordó para pedirle que permitiese refinanciar los créditos que le vencen este año (257 millones, de los 7.145 millones que adeuda). "Vale, hablamos", le dijo Zapatero. Pero si el plan que le enviará el alcalde no convence al presidente, el problema de liquidez de la capital se agravará y amenazará la supervivencia de sus proveedores, que llevan nueve meses de media sin ver un euro. Gallardón, a diferencia de sus predecesores, nunca tuvo reparos en acometer los más ambiciosos proyectos, aunque para ello tuviese que triplicar su deuda en la Comunidad de Madrid o sextuplicar la municipal (véase gráfico). Todo era posible. "Nunca se han construido a la vez tantos kilómetros de metro en ninguna ciudad del mundo", presumía como presidente de la Comunidad en 1996 ante el desafío de perforar 113 kilómetros de subterráneo que financió a golpe de créditos. Su trayectoria en la Comunidad, que inició con una deuda de 2.791 millones y cerró con 8.862 millones, presagiaba su futuro como alcalde de la capital.

"El alcalde Álvarez del Manzano no ha sabido ni gastar ni tan siquiera endeudarse. Gallardón va a entrar en el Ayuntamiento de Madrid como un tanque y vamos a pasar pronto a una situación muy distinta, que tendrá que negociar con Aznar si quiere seguir la misma política de gasto que ha realizado en la Comunidad", auguró en 2003 la entonces concejal socialista, Ruth Porta, ahora senadora. Siete años después, la situación es parecida a la que describió Porta, salvo que con quien tiene que negociar es con Zapatero. Cuando Gallardón asumió del Ayuntamiento en 2003 heredó las cuentas saneadas de Álvarez del Manzano, que invertía poquísimo -hasta el punto de que dejaba sin gastar más de la mitad del dinero presupuestado para obras nuevas-, bajaba impuestos y optó por endeudarse lo justo (1.200 millones). En solo un año, el nuevo alcalde demostró que pretendía todo lo contrario y comprometió gran parte de las inversiones que ahora, con la caja vacía, pasan factura. En sus primeros presupuestos de 2004, inmerso en la candidatura olímpica de 2012, aumentó la inversión un 60%, triplicó la deuda y subió considerablemente impuestos con el fin de "transformar la ciudad".

Se abordaron un año después más de 50 grandes obras públicas y su macroproyecto: el soterramiento de la M-30. La inversión, de 3.200 millones, supuso un aumento de la deuda municipal de 2.500 millones que no terminarán de pagarse hasta el año 2035, a razón de 350 millones de euros anuales. Desde que llegó al Ayuntamiento, el alcalde ha gastado 5.000 millones en inversiones, de los que solo unos 900 millones se destinaron a construir equipamientos sociales, ha subvencionado unos 1.000 millones de euros de la red de Metro, que paga a medias con la Comunidad, y ha acometido casi una decena de grandes infraestructuras y peatonalizaciones, con créditos.

El alcalde también decidió mudarse. "El Ayuntamiento tiene la obligación de identificar a los ciudadanos y situarse a la vanguardia del pueblo madrileño. Y la Casa de la Villa no lo hace", dijo. Por eso, y aunque aún no lo había visto por dentro, decidió que el Palacio de Cibeles sería el lugar perfecto para acoger parte de las dependencias municipales y un centro cultural. La mudanza, con un presupuesto inicial de rehabilitación del inmueble de 48 millones, le ha costado al final 124 millones y la etiqueta de "derrochador" que le ha adjudicado la oposición.

El concejal de Hacienda, Juan Bravo, insiste en que la deuda no es el problema de la capital porque "es perfectamente asumible". Bravo mantiene que para afrontar sus créditos destina "solo" 9,4 de cada 100 euros que ingresa y que si sus limitaciones de endeudamiento se equiparasen al de las comunidades, a las que se le permite destinar un 25% de sus ingresos a amortizar créditos y pagar intereses, aún podría asumir el doble de deuda de la que tiene.

El optimismo de Bravo choca con las críticas de la oposición. El PSOE acusa al alcalde de haber sido "incapaz de garantizar un equilibrio entre ingresos y gastos" y de haber "enterrado el dinero de los madrileños en hormigón en lugar de aumentar equipamientos". IU lamenta que "el gasto se haya dedicado a grandes proyectos urbanísticos en lugar de mejorar barrios necesitados".

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, habitualmente escrupuloso en sus formas, escenificó un golpe sobre la mesa y arremetió duramente contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Le llamó "mentiroso" por afirmar el martes pasado en el Senado que la capital pretendía aumentar su deuda y le culpó de que el Ayuntamiento no pueda abonar las facturas de sus proveedores, con los que ya acumula un retraso de pago de nueve meses de media.

Los colaboradores del alcalde admiten que está "harto" y "enfadado" por las medidas económicas del Gobierno que, aseguran, están asfixiando sus cuentas. A la negativa del Ejecutivo a que la capital pueda refinanciar su deuda de 7.134 millones de euros se añadió el reconocimiento de Zapatero de que el Gobierno no abriría la línea de crédito ICO que reclaman los municipios -y que está contemplada en la recién aprobada ley de morosidad- para poder asumir las deudas con sus proveedores anteriores al 30 de abril de 2010.

"Lo que le pasa a Zapatero es que está profundamente envidioso porque cuando a él le preguntan qué ha hecho por la ciudad de Madrid no tiene respuesta, porque no ha hecho nada. Y no solo no hace nada, sino que pretende que nosotros no sigamos haciendo cosas. Y esa es la razón para negar la refinanciación de nuestra deuda", criticó Gallardón tras la junta de Gobierno.

"Zapatero [que dijo el pasado martes en el Senado que había que "decirle al Ayuntamiento de Madrid que no se endeude más"] mintió. Desde luego, el Ministerio de Economía y Hacienda sabe que eso es falso y que vamos a reducir nuestra deuda".

Gallardón reiteró su amenaza de dejar de pagar el alumbrado de la M-40 y extendió el desafío al resto de obras de titularidad estatal. "Nosotros a este envidioso, falso y obstaculizador Gobierno para los madrileños no le vamos a seguir pagando el mantenimiento de sus infraestructuras", zanjó el alcalde.

Tras el desahogo del regidor, Jaime Lissavetzky se manifestó por primera vez como candidato socialista a la alcaldía. "Yo puedo entender que haya discrepancias en temas de financiación, pero una descalificación general no es creíble", dijo sorprendido por los "insultos" de Gallardón. "El Plan E ha supuesto para Madrid 900 millones de euros en dos años", le replicó el todavía secretario de Estado para el Deporte.

GALLARDÓN GASTARÁ 3.000 EUROS DIARIOS EN LA LIMPIEZA DE SU ALCALDÍA DE CIBELES

Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde del Ayuntamiento más endeudado de España, gastará en la reforma del Palacio de Cibeles, sede de la Alcaldía, 124 millones de euros. Cada día, a partir de marzo próximo, cuando esté terminado, costará al erario , sólo en limpieza y pequeñas reparaciones, 3.000 euros al mes. Eso sí, lleva sin pagar los servicios de limpieza de la capital desde 2009.

El Gobierno de Gallardón aprobó la pasada semana un gasto de 1.068.785,33 euros para 2011. La sede de la Alcaldía costará 2.928,17 euros al día, de ese dinero, se destinará 2.354,9 euros a la limpieza.

Además, el Gobierno municipal aprobó, en el mismo acuerdo, 61.402,20 euros específicos para el mantenimiento del edificio y las instalaciones del Palacio de Comunicaciones, para este mes de diciembre, en las mismas condiciones.

El traslado de la Alcaldía de la Casa de la Villa al Palacio de Comunicaciones ha sido criticado por la oposición por entender que era innecesario y un gasto excesivo. El portavoz municipal de IU, Ángel Pérez, acusó al alcalde de despilfarrador y dijo que “todo gasto derivado de Cibeles nos parece suntuoso e innecesario” más aún con una crisis económica que paraliza dotaciones sociales y deportivas en los barrios, mucho más prioritarias”.

El Gobierno de Gallardón ha anunciado el recorte de 1.041 millones, previsto ya para este año en los servicios sociales municipales (discapacitados, indigentes, escuelas infantiles, etc.) El consejero de Hacienda, Juan Bravo, afirmó que se haría frente sólo a “lo prioritario”, y justificó que siguieran las reformas del Palacio de Cibeles, porque si se detuvieran, se perderían 150 empleos.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid lleva sin pagar los servicios de la basura desde 2009, por su precaria situación financiera, lo que ha provocado que las empresas adjudicatarias no puedan pagar las nóminas de sus empleados, como ya han anunciado, y hayan renunciado a renovar sus contratos a los trabajadores eventuales.

La candidatura de Madrid a los Juegos de 2016 se desmoronó el 2 de octubre de 2009. Hace un año. Varios proyectos de infraestructura se esfumaron, como estaba previsto si no venían los Juegos: un centro de tiro, otro de hockey, un velódromo, un pabellón de gimnasia, un canal de remo y otras instalaciones en la Casa de Campo y en el municipio de Coslada. La Villa Olímpica, que sería primero residencia de deportistas y luego un barrio de viviendas sociales en alquiler, no se puso en marcha. El Estadio Olímpico de Madrid sigue siendo la simple Peineta (el plan para convertirla en el campo del Atlético de Madrid se demora). La ocupación de la Caja Mágica, una joyita de 300 millones de euros, es del 40%.

Esta es la situación de los principales proyectos del sueño olímpico un año después.

- La Peineta: el estadio de nunca empezar. Cuando el Atlético de Madrid y el Ayuntamiento firmaron en diciembre de 2008 un convenio para la mudanza del estadio Vicente Calderón a La Peineta, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, pronosticaron que las obras empezarían "en seis meses" y acabarían "en un máximo de tres años". La Peineta pasaría de ser una grada de 20.000 localidades a un estadio cerrado de 73.000; en los terrenos colindantes de la cervecera Mahou se harían viviendas.

En julio de 2009 Cerezo dijo que las obras estaban en marcha. "Será una de las joyas de la corona", proclamó ufano, aunque no se vieran grúas ni cuadrillas de trabajo en kilómetros a la redonda del complejo.

Casi dos años después de la firma inicial, el pasto campa a sus anchas donde debería haber gradas y el estadio continúa como estaba. Salvo alguna competición de atletismo de bajo calibre sigue siendo un páramo "infrautilizado y muy costoso de mantener", como dijo Gallardón el día que firmó el convenio.

La derrota de la candidatura olímpica de Madrid ante Río de Janeiro alteró la hoja de ruta del Ayuntamiento, como reconoció la concejala de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez: "Las prisas existían si nos daban los Juegos de 2016, ahora no las hay. El Calderón podría demolerse dentro de dos o tres años".

Para el Ayuntamiento, la pelota está en el tejado del Atlético. "Nosotros no somos prisioneros de los plazos del convenio. No nos obsesionan", afirmó Martínez. "Las prioridades de la ciudad son otras. No corre prisa ejecutar ese desarrollo", concluyó la concejala, dejando entrever las dudas del gabinete de trabajo de Gallardón sobre la falta de liquidez del club, con unos 300 millones de euros de deuda.

Llegados a 2010, en la Junta Extraordinaria de Accionistas del 5 de mayo, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, justificó el retraso alegando que estaban pendientes diversos trámites en el Ayuntamiento e hizo una nueva profecía: finales de junio.

Cumplido el plazo, los gestores del club siguen poniendo nuevas fechas. "En Navidad estaremos iniciando el vaciado y la cimentación", declaró recientemente Gil Marín.

- Centro acuático: ahora, una piscina. Pegado al estadio de La Peineta, como otro proyecto de los seis que se habían diseñado para crear el Parque Olímpico, el Consistorio levantó lo que se iba a llamar Centro Acuático Olímpico, con instalaciones que permitiesen antes de 2011 practicar la natación, los saltos, el waterpolo y la natación sincronizada.

Pasado un año del descalabro de Copenhague, las aspiraciones menguaron y las construcciones se detuvieron. Lo que se aprecia cuando se visita la zona no es más que una edificación medio terminada, en un terreno yermo, donde no se ve ningún tipo de movimiento. Ni nadadores ni obreros. "Está parada", reconocen desde el Ayuntamiento; "pero aseguramos que se terminará".

Aunque del proyecto inicial, una vez se ejecute el proyecto,no quedará nada. No habrá trampolines para saltar, ni gradas, ni waterpolo. "Será una piscina pública. Y ya", zanja el portavoz municipal.

- Villa Olímpica: congelada hasta nuevo aviso. Iba a ser la única zona no deportiva de Madrid 2016. En el margen este de la M-40, cerca del estadio de La Peineta, el Ayuntamiento tenía previsto construir un espacio residencial de 46 hectáreas, con dos hoteles, una residencia de mayores y espacios comerciales y de oficinas. También lagos y parques que ambientasen la zona en otras 16 hectáreas.

La Villa alojaría a 17.800 deportistas durante los Juegos y más tarde aportarían a la ciudad viviendas sociales en alquiler (15% reservadas para atletas españoles). Pero después del sueño, nada. El no de Copenhague mató las prisas que el Consistorio tenía para que los propietarios del suelo donde se pretendía levantar los edificios cediesen el terreno. Que el plan se hiciese con urgencia, según una portavoz de Urbanismo, dependía de que la candidatura de 2016 saliese adelante. Ahora el Ayuntamiento contempla dos posibilidades: esperar a que Madrid consiga ser sede olímpica y volver a apurar los trámites para hacerse al fin con los suelos y levantar la Villa; o dejar a un lado el sueño y adquirir los derechos del suelo para uso dotacional (uso público).

- La Caja Mágica: una botella medio llena o medio vacía. Alberto Ruiz-Gallardón y Jordi Hereu, respectivos alcaldes de Madrid y Barcelona, hablan sentados en sus butacas mientras llegan a la capital en AVE, durante un viaje organizado por EL PAÍS en el segundo aniversario del tren. Es 6 de marzo de 2010. Gallardón advierte a Hereu: "Por cierto, mira, eso es la Caja Mágica, de Dominique Perrault".

Perrault es un reconocido arquitecto francés y la Caja Mágica, proyectada por él, era la joya de la corona de la candidatura olímpica de Madrid 2016, un complejo de 100.000 metros cuadrados con tres estadios de techos retráctiles y capacidad para 12.000, 3.500 y 2.500 espectadores, pensado, esencialmente, para campeonatos de tenis.

Costó 294 millones de euros levantarlo en la ribera sur del Manzanares, el doble de lo previsto seis años antes de su inauguración (abril de 2009).

Un año después de la frustración olímpica, el Gobierno municipal lucha por aprovechar la Caja. Informa de que actualmente se usa el 40% de su capacidad, incluyendo la actividad que dará vida al edificio, con relevancia y continuidad, durante este curso, los partidos del Real Madrid de baloncesto, con el que ha firmado un convenio para que juegue aquí durante los próximos cinco años. El club pagará 1.075.000 euros al año.

Otros eventos que han puesto en primera plana a la Caja Mágica son el Open de Tenis de Madrid, que ya ha acogido en 2009 y en 2010, y el partido de preparación para el Mundial de Baloncesto de Turquía entre España y EE UU (22 de agosto pasado).

Son brillos pasajeros para una instalación ambiciosa. En el futuro inmediato, aparte del estreno del Real Madrid, el acontecimiento más notorio será la gala de los premios MTV (7 de noviembre), una cadena estadounidense de vídeos musicales. Además, la Federación Madrileña de Tenis usa a diario canchas de la Caja desde hace casi dos años. Económicamente el estadio "no ha llegado a cubrir más que el 50% de la amortización [el gasto que ha supuesto]", según el Ayuntamiento.

- Parque de la Gavia: "Quizás para primavera". La apuesta medio ambiental del Ayuntamiento para el Ensanche de Vallecas era el parque de la Gavia, diseñado por el arquitecto japonés Toyo Ito. Un recinto verde de 24 hectáreas que iba a albergar un canal de "aguas bravas" para hacer piragüismo eslalon, con capacidad para 15.000 espectadores.

Otra propuesta que pendía del hilo de Copenhague. Adiós al canal. Lo que sí existirá es el parque. Un macroespacio que hoy, con dos tercios terminados, se erige como un desierto urbano, cerrado, entre los edificios modernistas que se levantan en el Ensanche y unos chamizos hechos de tablones que albergan caballos y galgos. La última fase del proyecto depende de la concejalía de Medio Ambiente, que argumenta que está esperando a asegurarse de que las especies vegetales plantadas allí se adaptan al entorno. "Quizás para primavera", se aventura una portavoz.

Los vecinos de la zona no tienen intención de esperar tanto. Juan Aceituno y Tamara Cano, dos residentes de la zona, no han dudado en atravesar el gigantesco agujero que hay en las vallas para entrar a pasear a su pitbull. "Hoy lo tenemos para nosotros solos, pero aquí viene mucha gente los fines de semana a hacer deporte", afirman. Y les surge una duda: "La verdad es que aquí todo el mundo entra por el mismo agujero, ¿pero dónde está la puerta?".

- Pista de BMX: ciclismo extremo sin bicis. Promesa cumplida. La serpenteante pista para velocípedos planeada en el límite sur del proyecto de Madrid Río (Nudo Sur) ya es una realidad. Aunque, de momento, una realidad cerrada. 7.000 metros cuadrados de curvas de 180 grados y rampas inverosímiles cuya construcción valió dos millones y medio de euros financiados por el Estado (Plan E). "No sé cuándo se va a abrir esto", se pregunta un aburrido guarda de seguridad que pasa las horas vigilando el recinto. "Para finales de diciembre", asegura el Consistorio.

UNA EMPRESA MUNICIPAL CONTRATA UN CURSO DE FORMACIÓN QUE INCLUYE PRÁCTICAS DE TIRO

Miércoles 25 de noviembre de 2009. A las ocho y media de la mañana un grupo de 12 empleados de la empresa municipal Promoción Madrid, dedicada a fomentar el turismo en la capital, se sube a un autobús con destino a Alpedrete. Allí se extienden 48.000 metros cuadrados de un centro de formación para policías, vigilantes de seguridad y escoltas. Les espera un curso obligatorio pensado para reforzar su trabajo en equipo.

La iniciativa, impulsada por el departamento de Recursos Humanos para reforzar los lazos entre los empleados, costó 16.397 euros, pero no pudo concluirse porque varios trabajadores se negaron a pegar tiros con pistolas de aire comprimido, a unirse con sus compañeros mediante una cuerda que debían meterse por el interior de la ropa o a completar refranes que les parecieron machistas.

La jornada, que comenzó con una charla teórica, se animó cuando el instructor pidió a los empleados que se presentasen mediante un juego que consistía en encontrar al compañero que completaba el refrán que cada uno tenía escrito en un papel.

Los dichos pretendían tener gracia y se plantearon en clave de humor: "Cría cuervos... y tendrás muchos", "Quien a buen árbol se arrima... epidemia" -este les descolocó- o, el que más chirrió, "La mujer y la sartén... en la cocina estén". "Eran refranes que llevados al área profesional buscaban suscitar el debate", justifica la gerente de la empresa pública, Beatriz Ballesteros. Tras las presentaciones ficticias -ya que todos se conocían-, el instructor pasó a explicarles qué era comunicar, vender o pagar. Preguntó al que era el equipo de la ya clausurada televisión local (esMADRIDtv) quién se sentía vendedor o comercial, aunque luego también se interesó por su situación personal.

Concretamente, el instructor preguntó quién estaba casado o tenía pareja, "que para el caso es lo mismo", dijo. Algunos de los empleados levantaron la mano y entonces el profesor -aunque los participantes no saben aclarar con qué intención, se supone que pretendía explicar que hasta las relaciones personales suponen un intercambio, según la empresa- les preguntó: "¿Tu mujer te paga?", "¿tú pagas a tu mujer?", "¿cómo la pagas?". Las preguntas generaron cierta tensión. "El responsable respondió de forma machista y soez, dando a entender que se refería a que pagaba en carne", explica uno de los participantes.

El siguiente episodio que terminó de descolocar a los asistentes fue un juego de estrategia aderezado con "pruebas de habilidad". Para conseguir más puntos, los dos equipos que se formaron se enfrentaron a una prueba de puntería con pistolas de aire comprimido. En una de las cuatro galerías de tiro con las que cuenta el centro se les invitó a disparar a una diana. Varios de los asistentes se negaron a realizar la prueba. Tampoco participaron en otra que buscaba unir al equipo mediante una cuerda. Para hacerlo había que comenzar metiéndola por la pernera del pantalón, seguir por la camisa, rodear el cuello y repetir la operación hacia abajo. "No nos pareció adecuado", sentencian dos participantes.

Tras una segunda y última jornada de curso, donde uno de los empleados se pasó el día leyendo en la cafetería del recinto y otros se negaron a participar en varias pruebas, las quejas llegaron al comité de empresa. Varios trabajadores habían manifestado su malestar por la obligatoriedad del curso, habían criticado los métodos por machistas y poco apropiados, y aclararon que preferían otro tipo de formación, como cursos de idiomas o de informática, más acordes a su función de guionistas, administrativos, periodistas o diseñadores. uando la aventura, que supuso un 25% del gasto en formación de 2009, llegó a los oídos del consejero delegado de Promoción Madrid, Pablo Bautista, la canceló.

Los dos primeros días de curso, a los que asistieron 21 empleados, costaron a la empresa municipal 8.223 euros. Es decir, que se invirtieron 391 euros en las ocho horas de formación de cada trabajador. Quedaron otros dos cursos, valorados en 8.173 euros, que nunca se celebraron y que la empresa de formación que se los facturó compensará con otros de informática, asegura Bautista. De las actividades que se programaron ese año solo hay un curso que lo supera en algo más de 1.000 euros, uno para los 20 directivos -de 114 trabajadores- que había entonces.

Los responsables de la empresa pública, que depende de la Concejalía de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, en manos de Miguel Ángel Villanueva, defienden que este curso, "que a día de hoy no se volvería a contratar", pretendía acabar con las rencillas que se habían instalado en el departamento audiovisual, que acabó desintegrado con el desmantelamiento de la televisión pública y el consecuente despido de 9 de 23 de sus empleados. La reestructuración se justificó con el recorte del 27% en su presupuesto de 27,6 millones que se acometió para abordar la situación de crisis.

Sin embargo, la propuesta económica que la empresa de formación (especializada en cursos de informática) envió a Promoción Madrid demuestra que la empresa pública pretendía impartir el curso a toda la plantilla y no solo a ese departamento. Según el documento que se envió, estaba prevista la contratación de otros cuatro cursos, que, de celebrarse, habrían aumentado el presupuesto hasta los 29.905 euros.

El grupo municipal de IU requirió la semana pasada las facturas de estos cursos que no se presentaron ante el Consejo de Administración del que forman parte concejales de la oposición. El concejal, Ángel Lara, considera la actividad "un absoluto disparate" y "un despilfarro del dinero de los madrileños tan descabellado o más que la idea de inculcar a los trabajadores de una televisión municipal una formación castrense con carácter obligatorio". "Alguien nos tendrá que explicar, y así lo exigiremos en la Comisión Informativa correspondiente, cómo es posible que la cuarta parte de todo el dinero destinado a formación laboral para el 2009 se destinara a un curso sobre juegos de guerra", explicó. "Si el alcalde decidió cerrar esMADRIDtv por motivos económicos parece lógico que tome ahora decisiones sobre quiénes, con estos derroches, colaboraron a su defunción", zanjó Lara.

LOS MEDIOS AGUIRRISTAS VUELVEN A REPROCHAR A GALLARDÓN "EL DERROCHE" EN SU "CAPRICHO" DEL PALACIO DE CIBELES

El último capítulo de las desavenencias entre Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre se produjo cuando el alcalde lamentó que la presidenta estuviera dando oxígeno al Gobierno al enfrentarse con los sindicatos a las puertas de la huelga general.

Los medios de la órbita de la presidenta regional no han tardado en reaccionar y han replicado a unas declaraciones en las que el alcalde justificaba el alto coste de la nueva sede de su Ayuntamiento en el Palacio de Cibeles, recordándole entre otras cosas que es un “derroche” en tiempos de crisis o un “capricho” personal. La propia presidenta regional ya tachó en su momento de “obrón” la transformación de la nueva sede consistorial, mostró su preferencia por la anterior y reclamó “austeridad” para los edificios públicos.

Gallardón trato de justificar este jueves el elevado coste de las obras en el Palacio de Cibeles englobándolo en un gasto que redundará en beneficio de la ciudad, ya que la parte de los nuevos espacios habilitados en su interior se destinarán a actividades culturales. "La inversión en Conde Duque, en Matadero y en Cibeles, en los tres grandes contenedores culturales de la ciudad, tiene un retorno económico muy importante", aseguró el alcalde, para concluir que por tanto ese gasto era " un acierto".

Pero la reacción del entorno mediático de Aguirre ante estas palabras no se ha hecho esperar, y es que le tenían ganas al alcalde después de las declaraciones a cuenta del enfrentamiento de la CAM con los sindicatos con las que dejó en evidencia a su compañera de partido.

Medios de la órbita de la presidenta regional como Madridiario alertaban en sus ediciones de este viernes de “la costosa metamorfosis del Palacio de Cibeles”. Especialmente duros con el alcalde se muestran en la web de Losantos, Libertad Digital, donde hablan de “millones derrochados” en la nueva sede consistorial.

“Tras el formidable derroche, el alcalde se parapeta ahora en un supuesto uso cultural al que se dedicará parte del edificio”, apunta la web de Losantos, insistiendo que cultura y turismo no son sino “las pantallas” con las que el alcalde pretende tapar su “descomunal derroche”. “El capricho de Gallardón ha costado a los ciudadanos de Madrid más 500 millones de euros, concretamente la oposición municipal denuncia que ya se habrían gastado unos 536 millones”, advierten.

En una entrevista reciente en la cadena SER, Aguirre ya tachó de “obrón” y de "barbaridad" la remodelación del Palacio de Cibeles y tuvo palabras de elogio para el edificio de siempre en la Plaza de la Villa. “Con la crisis que tenemos ahora quizá no se hubiera hecho, creo que ha costado una barbaridad”, apuntó sobre la nueva sede. A continuación se proclamó partidaria de la austeridad “y más en las oficinas públicas, el reflejo de cómo gestionamos el dinero de los contribuyentes”.

Dentro del equipo municipal madrileño son conscientes de que puede ser difícil de entender ese fuerte gasto precisamente en estos tiempos de crisis y recortes, de hecho el Ayuntamiento está teniendo problemas de pagos.

El concejal de Hacienda, Juan Bravo, justificó que el plan de recorte de su Ayuntamiento no afectara a 24 millones de euros adicionales con cargo al presupuesto para el Palacio de Cibeles amparándose en los puestos de trabajo que se habrían destruido con la paralización. En cualquier caso apuntó sobre el traslado de sede que "hoy no tomaríamos esa decisión" dado el actual contexto económico.

No todo son penurias en las empresas de Gerardo Díaz Ferrán. Al presidente de la CEOE le ha salido una ayuda inesperada. El Ayuntamiento de Madrid, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, ha perdonado a la empresa de autobuses turísticos de Madrid, que está en manos de Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, un total de 560.682 euros durante la concesión de un negocio que dura ya diez años.

El desfase se debe a que la concesionaria (una Unión Temporal de Empresas, UTE, controlada por compañías de Díaz Ferrán y Pascual) ha pagado al ayuntamiento menos canon del que debería, según lo estipulado en el contrato de adjudicación, acordado el 21 de diciembre de 2000, y de la modificación del mismo aprobada en diciembre de 2003 (como confirmó el consistorio), documentos a los que ha tenido acceso Público.

De acuerdo con esas condiciones, los autocares de Madrid Visión tenían que haber pagado 9,4 millones a las arcas municipales (de los que 1,2 millones están asignados a este año). Pero, al final de los diez años de concesión, que expiran el próximo 21 de diciembre, habrán abonado 8,9 millones. Una parte la han pagado en billetes de regalo al ayuntamiento por valor de 1,2 millones, una de las peculiaridades del contrato. El consistorio no explica el reparto de esos billetes.

La diferencia total es ese medio millón que el Ayuntamiento ha dejado de recaudar. El motivo es que el canon anual tenía que haber subido año a año en la misma proporción que las tarifas, ya que así lo marcan los pliegos de condiciones y el contrato. También estipulan que esas tarifas "se revisarán anualmente en función de las variaciones que experimente el IPC del conjunto nacional o índice que lo sustituya". La realidad es que la UTE de Díaz Ferrán ha elevado sus tarifas un 79% en diez años, cuando el incremento del IPC ha sido del 30%. Primer incumplimiento del contrato.

El segundo, mucho más grave para los contribuyentes madrileños, es que el canon sólo ha experimentado un alza del 60%, casi veinte puntos porcentuales menos de lo que la concesionaria de Díaz Ferrán ha subido las tarifas. Estos son los puntos más importantes que infringen las normas del contrato, aunque hay más (ver información adjunta).

Pero para el ayuntamiento, no existe ningún incumplimiento de ningún tipo "desde 2003", cuando entró el equipo de Ruiz-Gallardón. "Si los hubiera habido, los hubiéramos detectado", insisten oficialmente en el Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad, donde no dan una explicación que encaje en las condiciones de la concesión.

No lo ven igual los juristas consultados, que aseguran que "hay irregularidades por parte del ayuntamiento porque se infringen los pliegos". Argumentan que, en este caso, "en ausencia de otra explicación plausible, la Administración, de forma injustificada y sólo imputable a desidia, indolencia o connivencia con el contratista, está dejando de exigir el ingreso de un canon que es de derecho público". Si no hay explicación, "podría haber indicios de responsabilidad contable" que, según la Ley del Tribunal de Cuentas, comete quien menoscaba "caudales o efectos públicos".

Todo comenzó cuando, hace diez años, Díaz Ferrán montó una UTE con sus empresas Trapsa, Trapsatur, Travel Bus y Pullmantur (que luego vendió) junto con el operador turístico Juliá Tours y su filial de autocares. Dejó en la cuneta a otros siete competidores en un concurso que despertó las sospechas de unos y generó las denuncias de otros ante el ayuntamiento de José María Álvarez del Manzano.

Uno de los trucos que usó la UTE de Díaz Ferrán y Juliá fue presentar también al concurso a una filial de esta última, Autocares Campanevado, para que hiciera una oferta peor que la UTE en ciertos requisitos y favorecerla así en la puntuación, según señalan fuentes del sector de transporte.

Al final, ganó. Pero, además de incumplir el canon, tampoco ha seguido lo que marca el contrato en otros aspectos. Nunca ha tenido los seis vehículos a gas, eléctricos y de 7,35 metros prometidos. Tampoco le hizo falta pues el ayuntamiento, ya con Ruiz-Gallardón al frente, modificó en diciembre de 2003 algunas condiciones del contrato y le permitió cambiar esos vehículos de la marca Iveco por otros distintos. "Iveco dejó de fabricar los tres modelos", explican en el Área de Seguridad y Movilidad, exculpando así a la concesionaria.

Sobre el motivo por el que el consistorio cambió las condiciones, argumentan que la concesionaria lo pidió alegando "desequilibrio económico-financiero" porque no se le subían las tarifas desde que comenzó a dar el servicio el 31 de mayo de 2001.

El equipo de Gallardón accedió a elevar el precio del billete un 10% desde 2004, además de unificar precios de días laborables y festivos. Asimismo, se procedió a "modificar el canon que satisface" la concesionaria "en la misma cuantía porcentual en que se modifican las tarifas", algo que tampoco se ha cumplido porque subió sólo la mitad.

El Ayuntamiento de Madrid reconoció la existencia de un desfase entre el incremento de las tarifas de Madrid Visión, la concesionaria de los autobuses turísticos de la capital controlada hasta hace unos meses por el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el aumento del canon que dicha empresa abona al ayuntamiento por la concesión.

Ese desfase ha provocado que Madrid Visión abone al consistorio medio millón de euros menos de lo estipulado en los pliegos del concurso.

En respuesta a las informaciones de este periódico, el responsable del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Autrán, aseguró que la empresa "ha incrementado sus tarifas" en esta década "un 62,8%", mientras que el canon por disfrutar de la licencia se ha incrementado sólo "un 54%". Autrán no especificó las tarifas que permitirían hallar dichos porcentajes.

En un equilibrio interpretativo, el ayuntamiento sostuvo que "ni se ha regalado ni se va a perdonar" deuda alguna. Lo dijo el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, por la mañana, al declarar que "en ningún caso" el ayuntamiento "va a permitir que ninguna deuda sea perdonada" y lo repitió Autrán.

El clavo al que se agarra el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón es la existencia de un "dese-quilibrio económico financiero" en la concesión. Madrid Visión se encontró con una "ciudad llena de obras" (lo que obligó a modificar los itinerarios), "tuvo que invertir en autobuses de dos plantas al dejar de fabricar Iveco los vehículos de un solo piso que iba a comprar" la empresa y se le "obligó a invertir en tecnologías para dar servicio en diferentes idiomas" (se trata de un servicio a turistas), explica Autrán.

Sin embargo, la Unión Temporal de Empresas Madrid Visión ya apeló a este desequilibrio cuando el alcalde José María Álvarez del Manzano no le dejaba subir las tarifas entre 2001 y 2003. Tras llegar a la alcaldía, Ruiz-Gallardón modificó en 2003 las condiciones del contrato para elevar de golpe estos precios un 10%.

Esa modificación del contrato no cambió las condiciones del canon, que ha seguido ligado a lo que aumentaran las tarifas, con lo que, desde 2003 hasta ahora, se ha mantenido un desfase porque Madrid Visión ha pagado menos al consistorio de lo que han subido sus precios, sin que el ayuntamiento le haya reclamado la diferencia. Expertos juristas ven irregular esta ausencia de recaudación.

Según Manuel García Hierro, portavoz de movilidad del PSOE en el ayuntamiento, "en la próxima comisión informativa", que se celebrará en octubre, plantearán "la exigencia de que se cumpla con el canon del concurso. Si no, pediremos responsabilidades y estudiaremos alguna acción legal". La licencia de Madrid Visión vence en diciembre y el ayuntamiento ya prepara el nuevo concurso.

GALLARDÓN NO PAGARÁ ESTE MES DE SEPTIEMBRE A JARDINEROS Y BASUREROS DE MADRID

La deuda que arrastra Gallardón con sus proveedores, por falta de liquidez, se hace cada vez más insostenible. Muestra de ello es el impago que los trabajadores de las contratas de limpieza viaria, recogida de basuras y jardinería de la capital sufrirán este mes, pues no van a percibir la nómina correspondiente al mes de septiembre, según han revelado CCOO y UGT después de que la patronal del sector, Aselip (Asociación de Empresas de Limpieza Pública), se lo comunicara a ambas centrales. Los dos sindicatos han informado de que el motivo esgrimido por la patronal es la falta de liquidez económica provocada por la falta de pago del Ayuntamiento a las empresas desde hace 10 meses.

Por su parte, UGT y Comisiones ya han dicho que no van a consentir este tipo de actuaciones y han advertido de que iniciarán los procesos judiciales y conflictos necesarios para revertir la situación. En sendos comunicados lamentan que, "una vez más, la cadena se rompe por el eslabón más débil", los trabajadores. Además, consideran "triste" y "penoso" que "las instituciones que manejan grandes cantidades de dinero público lo derrochen a su antojo y sean los trabajadores los que tienen que pagar las consecuencias de su despilfarro".

Por último, ambos sindicatos subrayan que “estos trabajadores sufren los recortes que el Ayuntamiento ha implantado en todos los servicios, además de sufrir los nuevos impuestos, como la tasa de basura, y ahora además tienen que trabajar gratis porque no les quieren pagar sus nóminas, situación que puede provocar verdaderos dramas humanos".

"La gente tiene miedo y un estrés acojonante". Esa frase resume la situación de los empleados de limpieza viaria y recogida de basuras que trabajan para las empresas concesionarias del Ayuntamiento de Madrid. La pronuncia Juan Antonio Verdugo, de 41 años, 20 de ellos en este trabajo.

Desde que el pasado jueves la asociación de empresas de limpieza pública (Aselip) comunicó a los sindicatos que no podían asegurar la nómina del mes de septiembre, hay inquietud entre los empleados. Y enfado. "Es una injusticia. Nosotros estamos en medio de la pelea entre las empresas y el Ayuntamiento. Somos los títeres y nos están utilizando para presionar", se queja Juan Antonio. Él trabaja para FCC como conductor de un camión de recogida de basura.

Iván Ortín, de 37 años, elige otro sustantivo: "Angustia". Es operario de limpieza viaria. Trabaja para una empresa distinta, Cespa. Pero la amenaza es la misma. "No tenemos ninguna garantía de poder cobrar en septiembre", cuenta. Ortín lleva 15 años trabajando en esto, y no recuerda nada parecido. "De lo que yo he vivido, es la crisis más gorda".

La noticia llega en mal momento. Y es que, como explica Ortín, las condiciones de trabajo han empeorado desde que el Ayuntamiento anunciara en mayo que iba a renegociar a la baja los contratos con las empresas concesionarias. Un 15% menos. Unos 25 millones de euros de ahorro para las arcas municipales, que tienen otra traducción para los trabajadores. "Las condiciones son bastante peores. Se han ampliado las zonas de trabajo y no se han cubierto los puestos de la gente que se ha ido de vacaciones este verano".

Resultado: "La gente se queja. Las calles están llenas de guarrería. Y lo malo es que los vecinos le echan la bronca al barrendero que encuentran en su barrio. Te cogen y te ponen verde, en vez de llamar al 010 y trasladar la queja al Ayuntamiento. Al que puedes le explicas lo que pasa. Y algunos te entienden, pero otros no".El otoño no ayuda a que la cosa mejore. "Cuando venga la recogida de la hoja y la campaña de Navidad no sé por dónde vamos a salir", cuenta Iván Ortín, operario de limpieza viaria. Para la hoja tendremos que hacer el trabajo que realizaban antes 30 o 40 trabajadores que este año no van a estar".

Lo mismo piensa Juan Antonio Verdugo. "Estamos aguantando unas condiciones de trabajo exageradas". Y enumera: "Hay menos vehículos de recogida, menos mecánicos, la empresa está obligando a mucha gente a doblar turno, el trabajo es menos eficiente". Él conduce su camión de recogida de basura siete horas y 20 minutos al día, y comprueba que las cosas van a peor. Por ejemplo, en la recogida de residuos del contenedor amarillo. Antes era diaria. Ahora, "hay zonas en que se recogen 48 horas después de lo debido". Así, se encuentran todo tirado por el suelo, lo que ralentiza su trabajo. Y la gente se queja de la suciedad. Verdugo trabaja en Canillejas, pero las quejas llegan de todos los distritos.

"Es la peor época para trabajar con el Ayuntamiento", reitera Jesús María Rodríguez, de 47 años, operario de mantenimiento de parques y jardines. "No se ha contratado a gente por vacaciones, las bajas y las jubilaciones no se cubren. Pero nosotros tenemos que seguir haciendo el mismo trabajo". Así que, si antes había que podar ocho árboles en un día, ahora solo pueden podar cuatro. Lo que también repercute en cómo lucen los jardines.

Pero Rodríguez no se queja. Su empresa, Sufi, SA, les ha dicho que va a pagar este mes, que no habrá problemas. "Vamos a cobrar normalmente, ya han hecho las nóminas", cuenta este operario. Pero se tienta la ropa: "Otra cosa es que el mes que viene el problema sea nuestro, porque trabajamos para el mismo cliente, que es el Ayuntamiento". Y se acuerda del refrán de las barbas peladas y el vecino.

El vecino es Iván Ortín, que cuenta el ambiente entre sus compañeros: "La gente está muy preocupada. Quien no tiene niños tiene una hipoteca. La situación es nueva, porque hasta ahora habíamos cobrado sin problemas las nóminas. Tienes que hablar con barrenderos muy mayores, que se remontan a los años ochenta para encontrar algo similar". Juan Antonio Verdugo prefiere no hacer predicciones: "Hasta el último día del mes hábil no vamos a saber si cobramos o no. Luego Dios dirá". Las nóminas se pagan normalmente el día 29 o 30. Así que quedan un par de días más de incertidumbre.

¿Y si al final pasa lo peor y no llega el dinero a la cuenta? "Habrá concentraciones para presionar a la empresa", dice Juan Antonio. "Habrá una denuncia por impago de los sindicatos y concentraciones en el Ayuntamiento", afirma Iván. Quedan dos días de incertidumbre para saber si este mes cobrarán la nómina. De incertidumbre o de angustia.

Tras el anuncio de las empresas de limpieza pública de que no aseguraban el pago de las nóminas de septiembre el pasado viernes, los sindicatos les pidieron una reunión para . No hubo respuesta. "Hemos esperado todo el día, pero no nos han contestado", coincidían Moisés Torres, de UGT, y Jesús Belvis, de CC OO.

El vicealcalde, Manuel Cobo, aseguró que el Ayuntamiento "acometerá todos los compromisos asumidos" en el pago de las empresas concesionarias y acusó al Ejecutivo central al afirmar que, si este hubiera activado la línea del Instituto de Crédito Oficial para que los Ayuntamientos paguen a sus proveedores, el problema estaría solucionado.