BRILLANTE GESTIÓN DE PILAR DEL CASTILLO 4ª PARTE

ENERO - JULIO 2003

 

EL CONSEJO ESCOLAR ALERTA DE LA "CRECIENTE PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO"

El Consejo Escolar del Estado, donde están representados todos los miembros de la comunidad educativa y el propio Gobierno, alerta en su último informe, presentado hace unas semanas, de la "creciente privatización del sistema [educativo], que atenta contra el principio de la igualdad y devalúa progresivamente al sector público". Los recursos económicos, dice, "han decrecido porcentualmente en los últimos años y se van transfiriendo, cada vez en mayor medida, al sector privado".

El Consejo Escolar "considera que la derivación de más recursos a la enseñanza privada supone un agravamiento de la educación pública y redunda en la profundización de la desigualdad de oportunidades y muy especialmente en los menos favorecidos, pero también para las familias que optan por la escuela pública y comprueban cómo cada año su oferta es más restringida".

Y prosigue el informe: "En los últimos años se ha relajado la exigencia para la concesión de conciertos, haciéndolos extensibles incluso a centros que no cumplen una función social y discriminan por las más variadas circunstancias a los niños [para matricularse en ellos], incluso por razón de sexo".

Estas consideraciones se encuentran en el capítulo dedicado a la educación primaria en el que también se destaca la necesidad de profesores de apoyo para atender a los alumnos cuando fracasan en lugar de "hacerles pasar otra vez por la misma maquinaria". Con ello se evitaría, dice el informe, "repeticiones de curso en muchos casos innecesarias y desmotivadoras".

Pero el documento hace otras muchas sugerencias, algunas con insistencia, porque las carencias encontradas se repiten año tras año. Recuerda, por ejemplo, que la oferta de ciclos formativos de Formación Profesional "no es adecuada a la demanda de alumnos" y que miles de ellos se quedan sin la plaza elegida. También se pide a las administraciones educativas que, allá donde exista demanda, se oferten las distintas modalidades de bachillerato.

Las consideraciones del informe se apoyan en datos cerrados del curso 2000-2001, pero muchas de las sugerencias pueden extenderse hasta hoy mismo. Es el caso, por ejemplo, del número de alumnos por aula. El consejo destaca cómo los centros privados de algunas comunidades y ciudades autonómicas escolarizan a más niños por clase de los que establece la ley e insiste especialmente en Ceuta y Melilla por "las características de sus poblaciones escolares". Los últimos datos del Ministerio de Educación reflejan aún un número de alumnos por aula superior al permitido y por encima de la media que presentan las comunidades.

Sobre la etapa de secundaria se afirma que el aprendizaje se está llevando a cabo de forma "poco experimental" y se destaca que todavía hay niños de secundaria estudiando en colegios de primaria, algo que ocurre a día de hoy.

En educación infantil (cero a seis años), el consejo pide a las administraciones que atiendan por completo la demanda de escolarización y recuerda que el desarrollo de servicios de atención a la primera infancia "es un eufemismo para ocultar el carácter asistencial de esta etapa" que debe ser educativa como el resto, afirma. Respecto a las nuevas tecnologías, se recuerda la "promesa incumplida" del presidente Aznar de que antes de finalizar el año 2001 dotaría a todos los centros de PC y conexión a Internet. "Nuestro país acumula un importante retraso en la incorporación del mundo de la educación a la sociedad de la información", reza el informe.

Para tener un sistema educativo de calidad, deja claro el documento del Consejo Escolar del Estado, habrá de "incrementarse el gasto público" (Enero 2003).

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES NO SE PRESENTA

La ministra de Educación ha confirmado que Ismael Crespo ha renunciado a presentarse a los exámenes para ser catedrático. El director de la Agencia Nacional de evaluación de las Universidades y su mujer se iban a beneficiar de la legislación que él mismo había creado.

La ministra Pilar del Castillo ha asegurado que Ismael Crespo no se presentará al examen para ser catedrático. Del Castillo e Ismael Crespo han mantenido una conversación en la que el director de evaluación de universidades le ha asegurado que esta renuncia es permanente mientras que desempeñe este cargo en el ministerio.

El que fue Director General de Universidades, se iba a presentar a unos exámenes que serán corregidos por altos responsables de las universidades españolas, los mismas que serán después examinadas por el propio Crespo para saber que nivel de formación imparten en sus campus.

En esa misma convocatoria de pruebas se presentaba también la esposa de Ismael Crespo, Antonia Martínez, antigua profesora de universidad que desde hace varios años no ejerce actividad docente porque es asesora de Aznar en Moncloa (Enero 2003). 

LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS ESTÁN ENTRE LAS PEOR DOTADAS DE LA UNIÓN EUROPEA   

El coste del servicio de las bibliotecas públicas asciende a 4,67 euros por habitante y año, de los que 0,67 euros se destinan a ampliar los fondos. La media de la UE es de 13,35 euros por habitante, de los que 1,97 euros son para compras. Las bibliotecas españolas tienen menos de un libro por habitante, muy inferior a las de Francia (2,1 libros por habitante), Irlanda (3), Bélgica (3), Suecia (5), Dinamarca (5,5) o Finlandia (7,2). Son los resultados del Estudio sobre el desarrollo de las colecciones de las bibliotecas públicas de España, realizado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Las cifras españolas se sitúan por debajo de las recomendadas por la Unesco. Sólo Portugal y Luxemburgo están por detrás.

Las colecciones de las bibliotecas públicas españolas son, por término medio, de tamaño reducido, se actualizan escasamente sus fondos y apenas incorporan los nuevos medios tecnológicos de información. Estos datos sombríos contrastan con otros mucho más positivos: el número de bibliotecas públicas ha aumentado en España un 62% en los últimos 10 años. Se ha pasado de 2.465 bibliotecas en 1990 a 4.009 en 2000. De forma paralela, los usuarios de estos centros se han incrementado en un 141% en el mismo periodo, según el estudio de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

En lo que se refiere a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información, el estudio de la fundación advierte de que "menos de la tercera parte de las bibliotecas públicas registradas en 2000 disponen de ordenadores para uso público y sólo el 19% del total ofrecían a sus usuarios acceso a Internet en ese año" (Enero 2003).  

ADMITIDA LA DEMANDA CONTRA RACIONERO POR PLAGIO DE TÍTULO  

La cruzada iniciada por dos historiadores catalanes contra el escritor Luis Racionero, actual director de la Biblioteca Nacional, al que acusaban de plagiar el título de su libro sobre el catarismo, L'últim càtar, continúa por otro rumbo. Tras no poder conseguir el año pasado la retirada cautelar del libro homónimo de Racionero porque la Audiencia de Barcelona la supeditó al pago, por parte de los historiadores, de una fianza de cinco millones de pesetas -cantidad de la que éstos dijeron no disponer-, ahora un juzgado ha admitido a trámite la demanda contra el escritor, que ha interpuesto en solitario uno de los dos estudiosos, Francesc F. Maestra.

Maestra y el coautor de L'últim càtar, Fèlix Villagrasa, anunciaron en abril de 2001 su intención de presentar una demanda por plagio contra Racionero bajo la acusación de haberse apropiado del título de su libro, una entrevista con el especialista en el fenómeno del catarismo Jordi Ventura, ya fallecido. La obra de los historiadores, de hecho una transcripción de una conversación radiofónica sostenida con Ventura, la publicó Oikos-Tau en 1998. El libro de Racionero, una novela, se publicó en 2000 y ganó el Premio Carlemany.

La demanda de Maestra va dirigida contra Racionero y las editoriales Columna y Enciclopèdia Catalana, y pide la retirada del libro y una indemnización "por daños morales y económicos", según dijo el propio historiador. Dicha indemnización, cuantificó, asciende al 20% de los beneficios obtenidos por el libro de Racionero con su "utilización ilícita del título", y 25.000 euros más en concepto de daño moral. Maestra insistió, en todo caso, en que para él lo importante "es que Racionero se siente en el banquillo de los acusados, que ya es hora". Columna, según publicó Diari d'Andorra, ha decidido no reeditar el libro de Racionero y ha renunciado a lanzar la edición de bolsillo del mismo.

Racionero consideró en su momento el pleito por plagio "una estupidez" y opinó que todo el asunto era "ridículo". Para el escritor, la coincidencia del título de un libro, y más aún de un título tan genérico, no es motivo que justifique una acusación de plagio (Enero 2003). 

ESPAÑA ES EL CUARTO PAÍS CON MAYOR EDUCACIÓN PRIVADA FINANCIADA POR EL ESTADO DE TODA EUROPA   

La educación pública en primaria y secundaria es la más extendida en Europa. Los datos comparados de 30 países (la UE y los países candidatos además de Islandia, Liechtenstein y Noruega) demuestran que España es uno de los que tiene más educación privada financiada con fondos públicos (los denominados centros concertados). El sector privado subvencionado, un fenómeno creciente en Europa, sigue suponiendo todavía una parte mínima de la enseñanza primaria y secundaria. No existe, por ejemplo, ni en Alemania ni en Italia ni en Irlanda ni en Noruega y apenas es una mínima parte en los países nórdicos y los países candidatos (del 1% al 5%).

En este panorama se destacan Holanda (75%) y Bélgica (58%). Después están el Reino Unido (31%) y España (26%). Son datos del informe Las cifras clave de la educación en Europa 2002 que ha confeccionado la Comisión Europea con estadísticas de Eurostat y Eurydice y que  será entregado al Consejo de Ministros de la UE de Educación en Bruselas.

 

Según ese mismo informe, que compara los datos del curso 1999-2000, España tiene un 5% de centros privados no concertados, lo que supera la media comunitaria, que se sitúa en el 3,2%, y, por supuesto, la de los países candidatos, donde la media es aún más baja: el 2,5%. Los países que más centros privados tienen son Portugal (11%), Malta (9%), Grecia y Chipre (7%), Luxemburgo (6%) y España e Italia (5%).

Al contrario de lo que va a ocurrir en otros sectores, los 12 países candidatos están ya muy bien situados a nivel educativo e incluso presentan algunos parámetros que superan la media comunitaria, como la tasa de diplomados en enseñanza secundaria, incluida la femenina. Éste es uno de los aspectos que destaca el informe, que evidencia también la escasa movilidad de los alumnos europeos (sólo el 2% sale de su país) y la carencia general de diplomados en estudios técnicos (Febrero 2003).

 EL GOBIERNO Y LA GALA DE LOS PREMIOS GOYA (VARIAS) :

§         DEL CASTILLO: "¿QUÉ PASA, QUE EL CINE ES EL BRAZO ARMADO DE LA OPOSICIÓN?": En el programa La ventana, de la cadena SER, la ministra y uno de los presentadores de la gala, el actor Guillermo Toledo, protagonizaron un duro enfrentamiento. Toledo, miembro del grupo teatral Animalario, explicó: "todos nuestros montajes tienen un alto contenido político, y cada vez lo tienen más, porque cada vez estamos más enfadados. Todo lo que estaba planeado era lo que estaba en el guión, lo que fue espontáneo fue la reacción de los que recibieron su premio, que mostraron su oposición a la guerra y al Prestige. Eso fue espontáneo". El actor aseguró que estuvo viendo la cara a la ministra durante toda la gala. "Ponía una cara muy mala, no le estaba gustando nada, creo que le hicimos pasar una de las peores noches de su vida política".

La ministra, por teléfono desde Galicia, contestó a Toledo: "Puede que me haya confundido, quizás no sepa quién es la ministra. Creo que tuve una expresión bastante natural. A mí me causó una cierta perplejidad porque se trataba de un acto en el que se entregaban los premios al mejor cine y había otro guión. Yo creo que está en la lealtad de la vida avisar del cambio de guión". Toledo le respondió: "Yo en absoluto soy leal al Gobierno ni tengo por qué serlo".

Sobre las imágenes que mostró TVE de la gala, Toledo dijo:

-"Es mentira que TVE es de todos, está manipulada porque al Gobierno le duelen las críticas".

-"Éste es un país libre y se pueden discutir las ideas", respondió la ministra.

-"Eso es muy relativo", señaló el actor.

Del Castillo dio su opinión sobre la guerra y la paz. "Todo el mundo está contra la guerra. Ése no es el problema ni el debate". Dijo que los que allí estaban no representaban al cine español. "El mundo de la cultura y el cine es muy amplio y no se reduce a lo que estaba allí". Yo también estoy a favor de la paz". Después añadió:

-¿"Qué pasa, qué el cine español es el brazo armado de la oposición al Gobierno?"

-"Armados no estamos más que de palabra y de imágenes. Los que se arman son ustedes, su gobierno que ampara y financia la guerra", le respondió Toledo.

Insistió la ministra en que España es "un país libre", frente a otras épocas que quizá Toledo, "por la edad, no conoció".

-"No viví de adulto la etapa de Franco, pero muchos de mis mayores me han dicho que no han vivido una situación como esta", dijo Toledo.

-"Te reto a que una sola de esas personas discuta esto en público", zanjó Del Castillo (Febrero 2003).

ESPAÑA NO ALCANZA LA MEDIA DE LA OCDE EN EDUCACIÓN Y GASTO SOCIAL   

España ha vivido importantes progresos en política social, pero ninguno suficiente para colocarse entre los mejores de los 30 países más desarrollados y que forman parte de la OCDE. Calidad educativa, gasto social, gasto sanitario y, por supuesto, la tasa de empleo, sitúan a España siempre por debajo de la media. Entre lo positivo, la ínfima tasa de chicas delincuentes y de suicidio juvenil.

El informe de la OCDE, Society at a glance (Panorama social), hecho público con los últimos indicadores sociales de los 30 Estados socios, arroja ciertos resultados inesperados. Resulta sorprendente que la calidad educativa más alta la posea Japón, seguido de Corea del Sur y Finlandia, y que el peor, tras México, sea Luxemburgo, con la mayor renta per cápita del mundo. Este indicador, que valora la capacidad de los estudiantes en adquirir conocimientos y habilidades, deja a España en el pelotón de los torpes.

El informe destaca el enorme esfuerzo realizado por algunos países en gasto sanitario, particularmente alto en Corea del Sur (7,4% del PIB), Irlanda (6,6%) y Turquía (6,1%). España ha aumentado en este capítulo su presupuesto (3,9%), aunque no bastante para colocarse en lugar destacado. De hecho, el gasto per cápita español es uno de los más bajos de la OCDE, en relación tanto al nivel de gasto público como privado. El país que más gasta, con una diferencia abismal, es EE UU, aunque el informe señala que más de la mitad de su gasto proviene de fondos privados (a través fundamentamente de los seguros médicos), en contra de lo que sucede en la práctica totalidad de los 30 países analizados.

Los gastos sociales también arrojan a España al furgón de cola, especialmente los destinados a la familia y los hijos. En este aspecto, como ya es sabido, España ocupa el último lugar de la Unión Europea (muy por detrás incluso de Portugal o Grecia). Dentro de la OCDE, España sólo figura por delante de México y Corea del Sur, mientras que Suecia ocupa el primer lugar. En un análisis comparativo más limitado, en el que sólo aparecen 15 países, España aparece en el último lugar respecto al número de receptores de beneficios sociales.

En cuanto a ocupación de personas discapacitadas, España y Polonia son los países que menos empleos ofrecen a este colectivo, todo lo contrario que Suiza y Noruega (Febrero 2003). 

LA MAYORÍA DE LAS COMUNIDADES ADVIERTE A EDUCACIÓN DE QUE NO DESARROLLE LA LEY DE CALIDAD SIN CONSULTARLAS  

Las comunidades autónomas acordaron pedir de forma conjunta a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, que no apruebe el desarrollo de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) sin debatirlo primero con los consejeros en la Conferencia Sectorial de Educación. Viceconsejeros y directores generales de la mayoría de las comunidades autónomas (incluidas las gobernadas por el PP) llegaron  a este acuerdo en la reunión de la Comisión General de Educación, celebrada en Madrid, un organismo creado en 2000 por el Gobierno, cuya labor consiste en la preparación de posteriores reuniones de la Conferencia Sectorial.

"El ministerio nos convocó con la idea de cumplir con el trámite de presentar a las comunidades los reales decretos de desarrollo de la LOCE (hechos públicos el 7 de febrero, antes de conocerlos las comunidades). Ha sido un atropello, algo inaceptable, el ministerio ha demostrado una gran falta de respeto a las comunidades, que somos las que vamos a tener que aplicar unilateralmente esta reforma", dijo el viceconsejero de Educación de Castilla-La Mancha, Pedro Pablo Novillo.

El director general de Cooperación Territorial y Alta Inspección del Ministerio de Educación, Juan Ángel España, confirmó que la convocatoria de la Conferencia Sectorial no figuraba en el orden del día de la reunión  pero que, a raíz "de una propuesta", fue mayoritariamente aprobada la petición de convocarla "en el más breve plazo posible".

Entre los desarrollos de la LOCE ya presentados figuran los reales decretos que detallan la aplicación de aspectos muy relevantes, como la reforma de tercero y de cuarto de la ESO para la división de los alumnos en itinerarios, cuya puesta en marcha tendrá presumiblemente un coste importante, así como la gratuidad de la educación infantil en todos los centros privados concertados y el calendario de aplicación de la ley.

Dos meses después de la aprobación de esta ley, aún no se conoce su financiación ni cuándo se reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera para estudiarla (Febrero 2003).

DEL CASTILLO AFIRMA QUE NO HAY "RESERVA" DE DINERO PARA LA LEY DE CALIDAD   

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, asegura que el Gobierno no tiene prevista una "reserva" de dinero para financiar la Ley de Universidades y recordó que las comunidades tienen también transferidas las competencias económicas. A la espera de que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Del Castillo afirmó en el Senado que "no hay reserva de financiación para el desarrollo de las competencias en normativa básica" e insistió en que las comunidades autónomas "determinan cuánto de su presupuesto hay para educación" (Febrero 2003). 

LA CLASE "NO CONFESIONAL" ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN SERÁ EL "HECHO RELIGIOSO" 

La asignatura alternativa a la religión será religión. El desarrollo de la Ley de Calidad, enviado ya por el Gobierno tanto a las comunidades autónomas como a los editores, establece que los alumnos que no quieran estudiar religión católica (cuyos contenidos establece la Iglesia) tendrán que estudiar la "dimensión moral, humanística, histórica, cultural y científica" del "hecho religioso" en todos los cursos de la educación obligatoria y 1º de bachillerato. En la actualidad, la alternativa a la religión se escoge entre diferentes optativas o se dedica al estudio. Las nuevas enseñanzas comunes fijadas por el Gobierno establecen que todos los alumnos estudiarán más horas de religión que, por ejemplo, de Ciencias Naturales y Biología.

Como alternativa a la asignatura de Religión se puede elegir actualmente -según estableció la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990- entre diversas opciones: actividades de estudio, análisis de los medios de comunicación, cultura musical, prácticas de informática o teatro. Antes de esta ley, los alumnos que estudiaron con la Ley General de Educación, de 1970 (la antigua EGB y el BUP) debían escoger entre Religión y Ética. Con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), en vigor desde el pasado 13 de enero, todos los estudiantes deberán estudiar Religión o "el hecho religioso".

Para introducir este cambio, la LOCE crea el área Sociedad, Cultura y Religión en la que integra dos materias: una "confesional" y otra "no confesional". La "confesional" es la clásica asignatura de Religión, en la que se estudia exclusivamente la doctrina católica. Éstos son los nuevos contenidos comunes (la parte que fija el Gobierno, que representa el 65% en las comunidades con una lengua oficial y el 55%, en las que tienen dos) de la materia "no confesional" y el tiempo que se establece para el estudio de la religión en cualquiera de sus dos versiones:

- Contenidos comunes. Los borradores de los anexos de los reales decretos de desarrollo de la LOCE especifican que la opción "no confesional" se ocupará de encuadrar "el hecho religioso" dentro de cinco dimensiones: "moral, humanística, histórica, cultural y científica". Los contenidos de la asignatura "no confesional" son:

-Primaria. En esta etapa (que consta de seis cursos) hay dos clases semanales de religión que durarán tres cuartos de hora. Los alumnos estudiarán en los dos primeros cursos (a los 6 y 7 años): los espacios de la religión (los lugares de culto, de peregrinación y reunión); el calendario de fiestas religiosas ("las fiestas religiosas de cada semana" y "de cada año"); los periodos santos; los ritos y cultos; las imágenes y el arte religioso, los símbolos de las religiones más importantes y "las representaciones religiosas más frecuentes del entorno", así como los libros sagrados ("la Biblia, el Evangelio, el Corán y los libros sagrados de las religiones orientales").

En los cursos siguientes (a los 8 y 9 años) hay una parte específica dedicada a "las constantes de lo religioso": "La persona, la trascendencia y las mediaciones, estructura básica de toda religión" y "la expresión de lo religioso en el arte y en la cultura".

En los dos últimos cursos (a los 10 y 11 años) aprenderán el nacimiento de las religiones, los mitos y leyendas religiosas de la Humanidad, el mapa de las religiones en el mundo, el arte religioso, las religiones orientales y "las religiones actuales: judaísmo, cristianismo e islam".

-ESO. En esta etapa, los estudiantes cursarán en el primer curso historia de las religiones. En el segundo curso, los contenidos profundizan en el "hecho religioso" de esa manera: "Los componentes temáticos del fenómeno religioso", que integran "lo religioso y lo profano, politeísmo y monoteísmo, el mito, el rito, la oración y lo moral". También incluyen "la actitud religiosa: la persona ante el misterio, el temor y la fascinación de lo religioso" y "los grandes interrogantes: el origen de la vida, el sufrimiento y la muerte, las religiones y el sentido de la vida".

Los dos últimos cursos se dedican a historia y religión del pueblo de Israel, el cristianismo, el islam, las religiones en la Edad Media y el Estado moderno, el humanismo y las guerras de religión, y la religión en la Europa del siglo XIX y XX: "la ciencia y religión en el siglo XIX, los totalitarismos, el ateísmo de Estado, la catástrofe moral de los totalitarismo, el Holocausto, el islam contemporáneo y el judaísmo".

-Bachillerato. El temario comienza con el "hecho religioso" y sus formas y manifestaciones. Le siguen: "Dios y el hombre en la religiones monoteístas, la razón y la fe, la política y la religión, la sociedad y la religión, la ética y la religión, el hecho religioso en la Constitución Española, los valores cívicos y la comunicación social, y la responsabilidad antes un mundo interdependiente: concepto de solidaridad y humanitarismo".

- Horario escolar. Cada curso escolar, según dice la LOCE, tendrá 175 días lectivos. Éstos se reparten en 35 semanas. El estudio de la religión se llevará el 9,5% de las horas de clase que fija el Gobierno para primaria y el 10% en 2º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Los estudiantes cursarán además el doble de horas de religión (dos a la semana) que de educación física (una a la semana) en 2º de la ESO (a los 14 años) y 4º (a los 16 años). En 1º y 3º, el mismo. La religión tendrá también más peso (210 horas) en toda la ESO que Ciencias Naturales y Biología (185 horas) y mucho más que Tecnología (125 horas).

La asignatura de Ética, que con la ley de 1970 era la alternativa a la Religión, sólo se estudia en 4º de ESO, durante una hora a la semana. En 2º de esta etapa, a partir de ahora todos los alumnos tendrán las mismas horas de religión (70 anuales, es decir, dos semanales) que de Matemáticas, Geografía e Historia y Ciencias de la Naturaleza, y el doble que de Educación Física y Música (Marzo 2003). 

CULTURA OTORGA 120.000 EUROS A LA FUNDACIÓN FRANCO PARA INFORMATIZAR SU ARCHIVO 

El secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca, asegura que no se han dado subvenciones de más de 20 millones de pesetas (120.000 euros) a la Fundación Francisco Franco. Afirma que se trata de una ayuda concreta para la informatización de sus archivos . Durante su comparecencia en el Senado,  De Cuenca consideró que la incorporación del Archivo de la Fundación Francisco Franco al Sistema Español de Archivos era una reclamación permanente de la comunidad científica desde hace años e insistió en que reiteradamente se ha explicado que el Gobierno no ha concedido subvenciones a la Fundación de acuerdo con sus fines, sino que lo ha hecho a "un proyecto archivístico".Este proyecto consiste en describir, catalogar e informatizar los fondos propiedad de la Fundación "con el objeto de que el archivo sea accesible a todos los ciudadanos". La partida global de ayudas a proyectos archivísticos, afirmó, esta contemplada en los Presupuestos General del Estado y se conceden de acuerdo a unos criterios objetivos.
"Estas ayudas no se conceden propiamente a la institución beneficiaria, sino a un proyecto científico concreto", destacó el secretario de Estado quien señaló que el archivo de la Fundación esta formado por proyecto de gran volumen: 25.980 documentos que suman un total de 125.000 páginas, "cuyo interés histórico es indiscutible".
De Cuenca declaró que "hay quien deliberadamente" ha tergiversado la realidad al afirmar que se trata de subvenciones públicas a esa institución. "No es verdad: lo que se subvenciona es un proyecto archivístico cuya única finalidad es incorporar un archivo privado al Sistema Español de Archivos, consiguiendo que así sea de libre acceso para todos los investigadores".Tras la intervención de Luis Alberto de Cuenca, la senadora Cristina Agudo se refirió a que se han destinado más de ciento veinte mil euros, en tres años, a una Fundación "que hace apología del fascismo", y consideró que este archivo debería ser llevado al Archivo General de la Guerra Civil (Marzo 2003). 

MIL ANTROPÓLOGOS RECHAZAN EL MUSEO DE LA MODA IDEADO POR PILAR DEL CASTILLO   

Un millar de profesionales de la antropología, las ciencias sociales y la cultura han enviado una carta a la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, en la que rechazan el posible cierre de la sede de los Pueblos de España del Museo Nacional de Antropología, de Madrid, y su sustitución por un museo dedicado a la moda. Los firmantes temen el "desmantelamiento progresivo" de las colecciones actuales, que superan las 100.000 piezas inventariadas, al sustituir un museo por otro en detrimento de un patrimonio que testimonia la diversidad de las culturas.

La apertura del Museo Nacional de Antropología, en su sede de la Ciudad Universitaria de Madrid tras las reformas actuales en el edificio del antiguo MEAC, se convirtió el pasado mes de noviembre en el anuncio de un museo de la moda. La ministra Pilar del Castillo visitó las dependencias y fondos y adelantó su intención de abrir las salas con fondos para un museo del traje y la indumentaria. Antropología tiene otra sede en la calle de Alfonso XII, con las colecciones de Filipinas y norte de África, que se mantiene tras la unificación en la etapa de Carmen Alborch como ministra de Cultura.

La carta, con más de un millar de firmas de profesionales españoles y extranjeros, fue enviada a Pilar del Castillo el pasado 4 de diciembre y desde entonces sólo ha habido una reunión, el 4 de marzo, del director general de Bellas Artes con los tres primeros firmantes. El plan integral de museos estatales sólo hace referencia a las obras de rehabilitación y la redacción de un nuevo plan museológico y programa museográfico, con apertura prevista en febrero de 2004.

Los firmantes señalan que el museo dedicado a la moda paraliza la apertura pública de la sección de los Pueblos de España, creada en 1934 como Museo del Pueblo Español, que Julio Caro Baroja dirigió entre 1944 y 1954. "Parecía por fin acabar con una larga historia de oscuridad que ha privado a la sociedad española de conocer el tratamiento antropológico de su patrimonio cultural y ha mantenido en almacenes unas colecciones que superan las 100.000 piezas inventariadas".

Señalan que el nuevo freno a la exposición de estos fondos "se ha transmutado en una absorción y sustitución de un museo por otro, cuya consecuencia más inmediata es el desmantelamiento progresivo de los únicos servicios públicos que hasta ahora venían funcionando como complementarios de un área expositiva que algún día sería contemplada por los visitantes". En este caso mencionan la biblioteca y el archivo audiovisual, los cursos, los seminarios, los premios de investigación Marqués de Lozoya y de fotografía sobre cultura popular, y las publicaciones.

Los profesionales de distintos campos académicos no ponen objeciones a la creación de un museo dedicado a la moda, pero sí que impida "la restitución museística a la sociedad de ese conocimiento antropológico del patrimonio cultural, cuando de nuevo se siguen sepultando en almacenes y en el olvido los testimonios materiales e inmateriales que expresan las diferentes formas de vida y pensamiento de los distintos individuos y grupos que conforman los diversos territorios del Estado español". Lamentan que España sea el único país de la UE que no dispone de un museo de antropología "que nos hable de la diversidad de culturas". Entre los firmantes, figuran José Luis García García y Enrique Luque, directores de los departamentos de Antropología Social de la Complutense y la Autónoma; María Cátedra, directora de Revista de Antropología Social; Isidoro Moreno, presidente de la Federación de Asociaciones de Antropología; Rafael Feria, presidente del comité español del ICOM; Marcial Gondar, de la Universidad de Santiago de Compostela; Jonathan Friedman, de la École des Hautes Études en Sciencies Sociales de París, y Néstor García Canclini, de la Universidad de Ciudad de México.

La dirección del Museo de Antropología prepara un plan museológico de contenidos de moda, con un inventario de más de mil piezas, con una trayectoria histórica de trajes e indumentaria desde el siglo XVIII hasta la actualidad, donde se incluyen los trajes regionales. Cultura acaba de comprar en Viena una colección de Fortuny Madrazo, con trajes y muestras de telas. Antropología mantiene además un fondo de juguetes, carteles, joyas populares, piezas domésticas, aperos agrícolas e instrumentos musicales. Esta última colección se va a depositar en un museo específico en Santiago de Compostela.

Las obras actuales en el museo (afectan a forjados, escaleras, fachadas, sótanos) incluyen un salón de actos que se transforma en pasarela y nuevos jardines (proyectados por los arquitectos López de Asiaín y Díaz Domínguez en 1969) con predominio de flores (Marzo 2003).

UNA SENTENCIA MUESTRA LA DEBILIDAD LEGAL DEL ÁREA DE RELIGIÓN DE LA LEY DE CALIDAD

Puede la Administración obligar a los ciudadanos a pronunciarse sobre sus creencias con la excusa de planificar las clases de religión? Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), no. La polémica está servida, porque la Ley de Calidad de la Educación (LOCE) contempla la implantación obligatoria de clases de religión -confesionales o no- con la consecuente necesidad de solicitar a padres o alumnos su posicionamiento ante el hecho religioso.

El nuevo modelo de enseñanza de la religión que introduce la LOCE obliga a los padres o alumnos desde los 6 a los 17 años a escoger entre la materia de Religión confesional y otra cultural, es decir, no confesional, denominada Hecho Religioso, en la que se estudian cuestiones como la oración, los lugares de culto, las fiestas religiosas, "la estructura básica de toda religión" y "la razón y la fe". Ambas se han englobado en una nueva área denominada Sociedad, Cultura y Religión y están configuradas como una asignatura más del currículo escolar.

La sentencia del TSJC da la razón al sindicato USTEC-STES -la primera fuerza en la enseñanza pública en Cataluña-, que interpuso un recurso contra las instrucciones dictadas por el departamento de Enseñanza de la Generalitat sobre organización y funcionamiento de los centros públicos de infantil y primaria del curso 1998-1999, en las que se obligaba a los padres a definirse en el impreso de preinscripción sobre si querían que sus hijos recibieran enseñanza religiosa.

La sentencia considera que "el carácter imperativo de la elección para la formación religiosa o las enseñanzas alternativas (...) vulnera el artículo 3.1 del Real Decreto 2438/1994" que habla de que "padres, tutores de los alumnos o ellos mismos, si fueran mayores de edad, manifestarán, voluntariamente, (...) su deseo de cursar enseñanzas de religión". Según este tribunal, el mencionado decreto está en relación directa con el artículo 16.2 de la Constitución que establece que "nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias".

La Generalitat se ha apresurado a anunciar que el curso que viene cambiará los impresos de preinscripción en los que se obliga a los padres a escoger entre la asignatura de Religión -con las opciones de católica, judía, evangélica o islámica- o las enseñanzas alternativas. "Para el departamento, estas preguntas se realizaban exclusivamente con el ánimo de hacer una previsión del profesorado necesario, y no por ninguna otra razón", aseguran. Para el portavoz de USTEC, Carles Martínez, "el estudio de la religión se vuelve obligatorio, siendo únicamente voluntaria la elección de la modalidad". El cambio introducido por la reforma de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, añade Martínez, "consiste en integrar las enseñanzas alternativas a la religión en contenidos relacionados con la cultura religiosa, lo que supone de facto, la configuración de un área obligatoria de religión integrada por una modalidad confesional y otra aconfesional. La disposición adicional segunda de la LOCE es clara: impone a todos los alumnos la obligatoriedad de escoger entre una u otra, justo lo que rechaza la sentencia del TSJC".

María Jesús Larios, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona (UB), en la medida en que esta disposición "obliga a padres o alumnos a manifestar obligatoriamente la opción por una enseñanza confesional de la religión o no confesional, por tanto, indirectamente a declarar sobre sus convicciones religiosas, esta norma podría ser considerada inconstitucional. Nos encontramos ante un derecho, recibir enseñanza de la religión, que implica que los alumnos o padres que lo quieran ejercer han de manifestar indirectamente sus creencias religiosas, pero no puede significar que aquellos que no quieran recibir esta enseñanza -en ejercicio de su libertad ideológica y religiosa- hayan también de manifestarse sobre sus creencias".

Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, coincide con Larios en que la LOCE, en la medida que establece un deber de elegir entre dos opciones, una confesional y otra que no lo es, puede ofrecer motivos suficientes para cuestionar su constitucionalidad.

Pero Carrillo introduce además el principio jurídico del favor libertatis, según el cual, en caso de duda, la interpretación de una norma siempre ha de ser la más favorable a la garantía de la libertad. Al obligar a escoger entre dos enseñanzas de religión, la LOCE podría lesionar la libertad religiosa, "una libertad que tutela el que nadie puede ser obligado a declarar sobre las propias convicciones religiosas", concluye Carrillo, para quien, "los motivos de autoorganización y funcionamiento de los centros no es criterio suficiente, si la interpretación de estas normas puede poner en cuestión la libertad religiosa" (Abril 2003). 

LOS COLEGIOS CONCERTADOS EXIGEN QUE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN HAGA MEDIA   

Las patronales de la enseñanza concertada y privada han exigido que las futuras asignaturas de religión, tanto confesional como no confesional, computen para la nota media y tengan el mismo carácter que el resto de las materias del currículo. Además, han criticado que la implantación de la gratuidad en la etapa de infantil (de tres a seis años), que las comunidades podrán establecer de forma voluntaria ya el próximo año, se vaya a retrasar un curso más de lo previsto.

"O no existe el área de Sociedad, Cultura y Religión [religión confesional y "hecho religioso"] o existe con todas sus consecuencias". Así de tajanse se mostró el presidente de una de las patronales de la enseñanza concertada Educación y Gestión (EyG), Néstor Ferrera. Y prosiguió: "No se entiende que después del desgaste político que ha sufrido el Gobierno del PP al instaurar el área de religión haya decidido en la recta final que no compute para la nota media".

El secretario general de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), Manuel de Castro, apuntó también en este sentido: "Sería mucho mejor que la clase de religión tuviera el carácter de una clase normal, puntuable, donde se impartiesen contenidos religiosos pero también culturales, que los alumnos conocieran y se tomasen en serio".

La presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Isabel Bazo, estimó que impartir este área pero no evaluarla como las demás asignatura supone convertirla en una "maría" y "desmotivar" a los alumnos y a los profesores. Tanto Ferrera como de Castro defendieron que la materia de religión confesional "no significa catecismo ni adoctrinamiento, sino un aprendizaje cultural; es un aspecto más de la formación de los alumnos. Hay que darles referencias para que sean ellos los que elijan una opción de vida en el futuro" (Abril 2003).  

LOS PADRES LAICOS PIDEN EL BOICOT DE LA CLASE DE "HECHO RELIGIOSO" 

La confederación laica de padres Ceapa ha recomendado a las familias que rechazan una formación religiosa para sus hijos que éstos no asistan a la futura clase alternativa a la religión, dedicada al "hecho religioso". La Ceapa presentará un recurso para que se retire el área de Sociedad, Cultura y Religión que la reforma educativa del PP ha creado y que empezará a impartirse en 2004.

La retirada de la formación religiosa del horario lectivo en las escuelas es una vieja pelea de la Ceapa. Pero ahora la situación se agrava. El nuevo modelo de enseñanza de la religión que introduce la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) obliga a los padres o alumnos de primaria, ESO y 1º de bachillerato a escoger entre la asignatura de Religión, confesional (cuyos contenidos establece la Iglesia), y la del "hecho religioso", no confesional, en la que se estudian cuestiones como la oración, los lugares de culto, las fiestas religiosas, la estructura básica de toda religión, la razón y la fe. "La alternativa de la religión que impone el Gobierno va en contra de la libertad de conciencia y de pensamiento. El derecho de unos padres a que sus hijos reciban clases de religión no puede obligar a estudiar una asignatura alternativa para aquellas familias que no quieren que sus hijos reciban una formación religiosa en la escuela. Ni mucho menos a una alternativa como la que se propone", señala Francisco Delgado, miembro de la junta directiva y responsable de temas de laicismo de la confederación. Aún así, la Ceapa confía en que en los dos años que faltan para que se empiece a impartir el área de Sociedad, Cultura y Religión el Gobierno, hoy "obcecado con el tema religioso", la retire. Además, la Ceapa ha anunciado que está estudiando con distintos expertos "la forma de presentar recursos de amparo e ilegalidad, en el momento que proceda, ante las instancias que permita la normativa española y europea", según una nota difundida. La religión y su alternativa serán asignaturas evaluables, pero no computarán para la nota media, las becas y la promoción de curso. Ahora, la alternativa a la religión se escoge entre diferentes optativas o se dedica al estudio. La asignatura de "hecho religioso" se impartirá a partir de 2004 en todos los cursos excepto en 3º, 4º, 5º y 6º de de primaria y en 2º y 4º de ESO, cursos en los que empezará en 2005 (Abril 2003). 

EDUCACIÓN ELIMINA LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS CENTROS DE 0 A 3 AÑOS   

El Gobierno ha eliminado la obligación de que los centros de preescolar (para niños de 0 a 3 años) tengan que cumplir unos requisitos mínimos sobre instalaciones, personal y ratio. Así se establece en los borradores de dos reales decretos que desarrollan la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Los centros de preescolar tenían la obligación de adaptarse antes del curso 2004-2005 a una serie de requisitos sobre la titulación del profesorado y del personal de apoyo, las condiciones que deben reunir las instalaciones y el número de niños por aula. El Gobierno ya amplió el año pasado el plazo para que se cumplieran esos requisitos, ahora derogados. Cientos de guarderías siguen sin cumplirlos. Los requisitos mínimos de esta etapa han sido el caballo de batalla de algunas patronales de la educación privada desde que se establecieron por real decreto (el 1004) en 1991. Las peticiones de ampliación del plazo para adaptarse a ellos han sido una constante, como también las propuestas de algunas patronales para que se flexibilizaran los requisitos que deben cumplir los centros de preescolar.

La LOCE recupera además para esta etapa voluntaria el carácter "asistencial", como las antiguas guarderías, mientras que desde 1990 tenía carácter "educativo". Desde ese año, ésta formaba parte de la educación infantil, que se dividía en dos ciclos (de 0 a 3 años y de 3 a 6 años). Así lo estableció la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) con el fin de evitar que las guarderías y jardines de infancia se limitaran a atender la higiene y alimentación de los niños durante las horas que permanecen cada día en ellos. En España hay alrededor de 1,5 millones de niños de 0 a 3 años. Existen aún numerosas guarderías privadas que no cumplen los requisitos mínimos, algunas están situadas en pisos o en plantas bajas y usan como patio el parque de la acera de enfrente o el de la comunidad de vecinos (Abril 2003).

EL DESPIDO DE PROFESORES DE RELIGIÓN CATÓLICA VUELVE AL CONSTITUCIONAL

Hasta qué punto es "libre y no susceptible de control" un obispo católico para despedir a un profesor de religión de la escuela pública por la causa que sea? Se lo pregunta el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que acaba de plantear una nueva cuestión de inconstitucionalidad contra la legislación que permite a la Iglesia de Roma despedir a sus docentes en España por causas como casarse por lo civil, irse de copas, ser concejal de un partido de izquierdas o, simplemente, ejercer el derecho de huelga o a la libertad de expresión. El Tribunal Superior canario plantea al Constitucional que los acuerdos entre España y el Estado del Vaticano en materia de enseñanza religiosa, y la interpretación que los prelados dan a la Ley 50/1998 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, pactada entre la Conferencia Episcopal y el entonces ministro de Educación, Mariano Rajoy, pueden vulnerar los artículos 9, 14, 16, 20, 23, 24, 28 y 103 de la Constitución Española.

Margarita Pérez Eguiagaray, profesora de catolicismo desde 1980 en diversos centros públicos de enseñanza secundaria, mediante sucesivos nombramientos efectuados a propuesta del Obispado de Canarias, y secretaria de la Asociación de Profesores de Religión de Enseñanzas Medias, perdió su empleo en agosto de 2002 después de escribir tres artículos en la prensa canaria y de participar en una huelga legal convocada por la Intersindical Canaria durante el curso 2000-2001. El largo pleito iniciado por la docente en defensa de sus derechos se saldó con reiteradas sentencias a su favor, pero tanto el Gobierno como el Obispado canarios recurrieron en suplicación al Tribunal Superior, que ahora ha decidido trasladar al Constitucional un problema que, a su juicio, está lastrado de varias sospechas de inconstitucionalidad.

Es la segunda vez que el TSJC eleva una cuestión de este tipo al tribunal de Estado encargado de interpretar al Constitucional. Hasta la fecha, tanto el Obispado de Canarias como el Gobierno de esa comunidad han cosechado una docena de reproches judiciales por su trato laboral a los docentes de religión, y varios tribunales de instancia están tramitando todavía otras muchas demandas, de próxima resolución (Mayo 2003). 

EL SUPREMO ACEPTA EL RECURSO DE CCOO A LOS CONCIERTOS CON CUATRO COLEGIOS DEL OPUS  

El Tribunal Supremo será el que finalmente dictamine sobre los controvertidos conciertos con colegios de élite vinculados al Opus (Aitana, Altozano, El Vedat y Guadalaviar) gestionados hace cuatro años por el que fuera consejero del área y hoy candidato del PP a la Generalitat, Francisco Camps, y aprobados el 26 de julio de 1999 por Manuel Tarancón. La admisión del recurso se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia lo desestimara en febrero al considerar que los sindicatos no tienen legitimidad para recurrir los conciertos. CC OO, sin embargo, considera que dichos conciertos "vulneran el artículo 3 que prohíbe a los centros concertados discriminar en el proceso de admisión por razón de sexo", ya que dichos colegios del Opus no tienen coeducación (algo que corrobora su propia matrícula).El secretario general de enseñanza de CC OO, Manolo Picó, indicó que, "los conciertos con colegios de élite perjudican al resto de centros privados que cumplen con la legislación" (Mayo 2003). 

CUATRO RESPONSABLES DE LA AGENCIA QUE EVALÚA A LAS UNIVERSIDADES DIMITEN POR "DISCREPANCIAS" CON EL DIRECTOR  

Desde que se creó hace 10 meses la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Universitaria (ANECA), tras aprobarse la Ley Orgánica Universidades (LOU), han dimitido cuatro altos directivos de los diferentes programas de este organismo (acreditación, evaluación, certificación, evaluación institucional y evaluación del profesorado) por "discrepancias graves" con el director de este organismo y ex director general de Universidades, Ismael Crespo.

Ahora presentaron su dimisión tres de los principales expertos españoles en calidad universitaria: el profesor José Ginés Mora (que coordinaba el programa de acreditación de la agencia), el catedrático Manuel Galán (encargado del de certificación) y el profesor Javier Vidal, (evaluación de los programas y servicios de los centros. Ya había dimitido, a finales de 2002, el catedrático de Química Miguel Valcárcel, que fue sustituido por Manuel Galán.

Ginés Mora aseguró que tanto él como los demás profesores han abandonado la ANECA por discrepancias con "el modelo organizativo y el estilo de funcionamiento" promovidos por su director.

Actualmente sólo quedan en la ANECA dos responsables de programas, el profesor de Ingeniería Química Pedro García Moreno (encargado de la dirección de los programas) y el catedrático de Derecho José María Souviron (coordinados de la evaluación del profesorado).

Ismael Crespo fue nombrado director de la ANECA por el patronato de este organismo -que preside la ministra de Educación, Pilar del Castillo- y en el que únicamente hay, hasta el momento, representantes del Ministerio de Educación. Crespo dejó el cargo de director general de Universidades para pasar a este cargo (Mayo 2003).  

LOS CENTROS PÚBLICOS ACOGEN EL DOBLE DE EXTRANJEROS QUE LOS CONCERTADOS Y PRIVADOS   

El porcentaje de extranjeros en los colegios españoles no para de crecer. Entre 1998 y 2001 se duplicó hasta alcanzar los 124.000 alumnos (2,22% del total). Pero esos menores se concentran en los centros públicos. El Defensor del Pueblo, en un informe de 800 páginas, establece que la cifra de inmigrantes en colegios públicos dobla ampliamente la de los privados y concertados. Un desequilibrio que se agudiza en los barrios desfavorecidos. El Defensor del Pueblo exige al Gobierno que solucione este desfase, limitando incluso la libre elección de centro para impedir la acumulación de extranjeros.

El Defensor del Pueblo establece que "el 82% de los escolares procedentes de América Latina y el Caribe, África, Europa no comunitaria, Asia y Oceanía estudian en colegios públicos; así su peso porcentual en la red pública, en relación con el total del alumnado, es del 2,22%, mientras que en la privada sólo supone el 0,96%". Los colegios concertados, pagados por el Estado, tienen la obligación de no hacer diferencias entre inmigrantes y españoles a la hora de seleccionar a su alumnado. Sin embargo, según el estudio del Defensor, que confirma otros anteriores, éstos eluden esa exigencia. Por eso en las recomendaciones se incluye la de "incrementar el control de las autoridades educativas sobre el proceso de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos a fin de garantizar su transparencia y la adecuación a las normas que lo regulan".

Para solucionar este problema, que el estudio considera "grave", se propone establecer cupos de reserva u otras medidas similares, informar a las familias inmigrantes de que pueden acceder a centros concertados de forma gratuita, e incluso limitar el derecho a la libre elección del centro, eje del problema según las conclusiones del estudio.

Los extranjeros se concentran en ciudades de más de 20.000 habitantes. Según los datos del informe, allí estudian el 71,5% de ellos. Su presencia es especialmente significativa en algunas comunidades. Entre Madrid y Cataluña se reparten casi el 50% del total. Mientras en Madrid hay casi un 5% de niños extranjeros, en Cataluña es el 2,46%, en Andalucía el 1,17%, en la Comunidad Valenciana el 1,58%, en el País Vasco el 1,75%, y en Galicia cae al 0,63%. En Ceuta y Melilla sube hasta el 12,43%.

Asimismo, mientras el 39% de los extranjeros acogidos en los públicos son africanos, ese porcentaje baja hasta el 21% en los concertados. Por contra, estos colegios privados financiados por el Estado educan a un 35% de latinoamericanos, frente al 30% de los públicos.

El estudio concluye que precisamente son los africanos los estudiantes con más problemas. Los expertos creen que se debe a sus escasas expectativas de continuar su formación (la mayoría se incorpora enseguida al mercado laboral) y la falta de dominio del idioma. A veces también influye su reducido nivel de escolarización previo. Por ello, el Defensor del Pueblo recomienda que los colegios apoyen los programas de inserción laboral para estos estudiantes. La mayoría se incorpora enseguida al mercado laboral.

Los asiáticos también tienen dificultades con el idioma. Para paliarlo, bastaría con ayudarles a que conozcan el español, explica el informe, ya que son los que mayor insatisfacción expresan con el sistema educativo.

El estudio es tajante al analizar la distribución por niveles educativos de los inmigrantes. El 50% se sitúa en la educación primaria, frente a un 22,19% en la infantil y un 27,61% en la secundaria, a la que muchos de ellos no llegan a pesar de ser obligatoria. Significativo es el caso de las niñas africanas, cuya presencia en esta etapa, entre 12 y 16 años, es "muy reducida" (Mayo 2003).  

LOS RECTORES TACHAN DE "RÍGIDA" LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE FIJAR EL 70% DE LOS CONTENIDOS DE TODAS LAS CARRERAS  

La decisión del Gobierno de fijar como mínimo el 70% del contenido de todas las carreras para que sea igual en toda España ha sido calificada por los rectores como "una medida rígida e inconveniente que se dirige en contra de la tendencia de flexibilidad por la que apuestan la mayoría de los países de la UE", según manifestó el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Ignacio Berdugo. En la actualidad, este porcentaje mínimo común en una misma carrera es del 30%.

Según precisó el Ministerio de Educación, el Gobierno establecerá estos contenidos previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria. Esta consulta no aparece detallada en los proyectos de reales decretos que modifican las estructuras de las enseñanzas, pero sí en la Ley Orgánica de Universidades (LOU), según especificó el ministerio.

Respecto a la presentación de estos proyectos, los rectores señalaron además que "ha sido precipitada, dada la trascendencia de una reforma de este calado, con la que se modifica toda la estructura de las titulaciones y con la que se debe garantizar una convergencia europea, para lo cual el plazo es hasta 2010, no de unos meses", añadió Berdugo. Los proyectos señalan que a partir del próximo mes de octubre no se podrán homologar titulaciones hasta que esté listo el nuevo catálogo de títulos. Con esta reforma, aparte de desaparecer las diplomaturas e ingenierías técnicas, presumiblemente desaparecerán algunas titulaciones, que se agruparán en otras más generalistas, y las licenciaturas serán de cuatro años, salvo excepciones. "Estos cambios requieren un debate no sólo en el seno del Consejo de Coordinación Universitaria sino también con otros sectores afectados, como los colegios profesionales", añadió el presidente de la CRUE. Los rectores analizarán en profundidad estos proyectos en el encuentro que mantendrán el próximo lunes (Junio 2003).  

EL 81% DE LOS INMIGRANTES ESTUDIA EN CENTROS PÚBLICOS  

El 81% de los alumnos inmigrantes (162.958) está escolarizado en centros públicos y sólo el 19% (38.560) en privados, según los últimos datos, del curso 2001-2002, que hizo públicos la ministra de Educación, Pilar del Castillo, en el Senado. Respondía a una pregunta sobre la distribución de inmigrantes en los colegios, tras la publicación de un informe del Defensor del Pueblo en el que se critica el desigual reparto de estos estudiantes entre la red pública y la concertada.

El mayor porcentaje de alumnos en centros privados está en el País Vasco (34%) y Cantabria (31,6%) y el menor en Extremadura (4,8%) y Murcia (9,5%). Al analizar estos resultados hay que tener presente que, por ejemplo, en Extremadura, hay pocas escuelas concertadas, y en el País Vasco representan la mitad del sistema (Junio 2003). 

LOS RECTORES RECLAMAN AL GOBIERNO "UN DEBATE ABIERTO A TODOS LOS SECTORES" ANTES DE REFORMAR LAS TITULACIONES  

Los rectores de las universidades acordaron pedir al Gobierno "una reflexión más profunda y un debate abierto a todos los sectores implicados en la educación superior, y teniendo en cuenta lo que planea el resto de los países de la UE, antes de reformar las titulaciones". La Asamblea de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en la que están presentes los máximos responsables de 67 de las 70 universidades públicas y privadas españolas, se reunió en Madrid para debatir la integración del sistema universitario español al espacio europeo, cuestión en la que está trabajando una comisión de la CRUE. Los rectores apostaron además por crear "flexibilidad" y no rigidez en la nueva estructura de las titulaciones.

Tras la presentación la pasada semana de un proyecto de real decreto por parte del Gobierno con el que se establece la estructura futura de las titulaciones, las universidades han manifestado que es necesario "más tiempo para tomar decisiones", según explicó tras la reunión el presidente de la CRUE, Ignacio Berdugo. Entre esos cambios figuran la desaparición de las diplomaturas, las ingenierías técnicas y la arquitectura técnica, así como que la duración de las futuras carreras será de cuatro años, y excepcionalmente de tres, y que el Gobierno pasará a determinar, previa consulta al Consejo de Coordinación Universitaria, como mínimo el 70% de los contenidos de las carreras (en la actualidad fija el 30%).

Según el presidente de los rectores, la mayoría de los países de la UE aún no ha tomado decisiones definitivas sobre aspectos como la duración futura de las titulaciones, aunque "la inmensa mayoría se inclina por que las licenciaturas consten de tres años y excepcionalmente de cuatro".

Las universidades también acordaron presentar una petición al ministro de Justicia, José María Michavila, y la ministra de Educación, Pilar del Castillo, para que el PP no siga adelante con la reforma del acceso a la abogacía. Los rectores consideran "inadecuado" modificar el acceso a la abogacía en el contexto actual de cambios en todas las titulaciones (Junio 2003). 

EL GOBIERNO EQUIPARA LA RELIGIÓN AL RESTO DE ASIGNATURAS CON EL APLAUSO DE LA IGLESIA  

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, anunció que la asignatura de Religión y su nueva alternativa, Hecho Religioso, computarán para repetir curso y para hacer la media para el acceso a la Universidad. El ministerio ha creado con la Ley de Calidad de la Educación (LOCE) un área para integrar estas dos materias, con lo que les ha dado la misma entidad jurídica que al resto. El portavoz de la Conferencia Episcopal manifestó su "satisfacción" por que se dé una "relevancia real" a esta materia.

El Consejo de Estado había recomendado, en su informe sobre la legalidad de los desarrollos de la LOCE, que se otorgue la misma entidad jurídica a las asignaturas integradas en la nueva área de Sociedad, Cultura y Religión -formada por las asignaturas de Religión y Hecho Religioso- que al resto de las materias. Basándose en ese informe, no vinculante, enviado al ministerio el pasado viernes, y en otro anterior del Consejo Escolar del Estado, Pilar del Castillo, anunció que esta área tendrá "las mismas consecuencias académicas que cualquier área en la ESO y el bachillerato". Esto significa que la Religión y el Hecho Religioso contarán para la repetición de curso en la ESO y el bachillerato, para obtener la nota media para el acceso a la Universidad, pero no para acceder a becas en el bachillerato.

En la actualidad existen variadas materias alternativas a la Religión (como actividades de estudio o prácticas de informática) que son computables a la hora de hacer la nota media, pero no para pasar de curso. Con la aplicación de esta reforma (en el curso 2004-2005), los alumnos de ESO y bachillerato tendrán que repetir curso con más de dos materias suspensas, una de las cuales podrá ser la Religión o el Hecho Religioso.

Los obispos terminan así imponiendo sus criterios al Gobierno, después de 26 años en que otros ejecutivos (de UCD, del PSOE e incluso el primer Gobierno Aznar) habían rechazado una interpretación tan beneficiosa para el catolicismo del convenio bilateral firmado entre España y el Estado del Vaticano en 1976. La tesis del cardenal Antonio María Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal, es que la asignatura de Religión es científica y debe tener, por tanto, la misma consideración que, por ejemplo, las Matemáticas. Rouco cree además, que el convenio España-Santa Sede es supraconstitucional.

El portavoz de los obispos, Juan Antonio Martínez Camino, que estrenaba su cargo, expresó su satisfacción por el nuevo tratamiento de esa asignatura y dijo que, con la nueva normativa, se da cumplimiento al acuerdo firmado entre los dos Estados, insinuando así que hasta ahora se estaban incumpliendo.

Los alumnos deberán estudiar estas materias durante 11 cursos, de 1º de primaria a 1º de bachillerato. La evaluación de estas asignaturas en 1º de bachillerato contará para la nota final de esta etapa que hará media con la de la futura reválida para obtener la nota de acceso a la Universidad. La nueva materia alternativa a la Religión es, según el Gobierno, "aconfesional" y, tal y como señalan los contenidos de los reales decretos, consiste en historia de las religiones en dos cursos (1º y 3º de la ESO) y en el resto trata temas como "la oración, la actitud religiosa, la persona ante el misterio y la fascinación de lo religioso". La ministra precisó que impartirán esta materia los profesores de Historia y de Filosofía. Los proyectos de real decreto señalan además que en la educación infantil (de 3 a 6 años), los padres podrán decidir si quieren que sus hijos estudien Religión, con lo que los centros que impartan estas etapas no obligatorias deberán ofrecerla y, por lo tanto, tener los profesores adecuados (Junio 2003).  

EL GOBIERNO ESTABLECE TRES HORAS DE RELIGIÓN POR CADA CINCO DE MATEMÁTICAS   

Todos los alumnos estudiarán, a partir del curso 2004-2005, tres horas de religión por cada cinco de matemáticas en primaria y ESO. Así lo ha establecido el Gobierno en la reforma de la religión introducida con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). En la actualidad, los alumnos y las familias pueden escoger cursar la materia de Religión, que imparten profesores elegidos por la Conferencia Episcopal, o alternativas no relacionadas con la religión, como prácticas de informática o actividades de estudio. Con la la reforma, el 9,6% del horario será de religión.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, anunció que la religión contará a todos los efectos en la educación obligatoria, incluso para repetir curso, como una asignatura más. En 1º de bachillerato, que no es una etapa obligatoria y, por lo tanto no gratuita, también puntuará para repetir curso, aunque no para obtener becas. Con esta medida, el Gobierno concede a la Iglesia una petición realizada a los sucesivos gobiernos democráticos españoles.

Esta iniciativa va más allá de la situación en la que se encontraba la enseñanza de la religión con la Ley General de Educación de 1970, (que establecía las etapas de preescolar, EGB, BUP COU y FP). Aquella ley fijaba la asignatura de Ética como única alternativa a la Religión. La norma fue reformada por los socialistas en 1990 con la Ley Orgánica de Ordenación General de la Educación (LOGSE).

El Gobierno fija una carga horaria común para toda España, así como los contenidos comunes, que representan el 55% del total en las comunidades con una sola lengua oficial y del 45% en las de dos. Con la novedad introducida respecto a esas enseñanzas, todos los alumnos cursarán entre 1º y 2º de primaria, por ejemplo, 105 horas de Religión o Hecho Religioso (lo que supone una hora y media semanal por curso) frente a 175 de Matemáticas (es decir, dos horas y media semanales). En la ESO y el bachillerato la proporción es prácticamente la misma.

Los alumnos estudiarán además en toda la primaria las mismas horas de contenidos religiosos que de educación artística; y lo mismo sucede de 4º a 6º de primaria respecto a educación física. En la ESO aprenderán más religión que ciencias naturales y tecnología. Y, en general, la religión tendrá seis veces más peso que el de la Ética y mucho más que el de Música.

El Sindicato de Estudiantes dijo  que la asignatura de Religión se va a convertir en una maría (una materia fácil) para que el número de alumnos matriculados en esta asignatura sea mayor que en su alternativa, "y así la enseñanza doctrinaria seguirá teniendo un enorme peso en el sistema educativ”. La Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAEST) añadió que está en desacuerdo pues "la religión pertenece a la esfera íntima y personal y, por lo tanto, no es evaluable".

La patronal Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) mostró su satisfacción por la decisión del Gobierno (Junio 2003).

EL ESTADO DEBERÁ INDEMNIZAR A UN MILITAR ARRESTADO POR NO IR A UNA PROCESIÓN  

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar con 100 euros a un sargento primero de Artillería por los daños morales que le causó sufrir dos días de arresto por negarse a portar el guión del Regimiento en un desfile de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que se celebró en abril de 2001 en Melilla.

El alto Tribunal estima el recurso del sargento, que consideró vulnerado su derecho a la libertad religiosa, puesto que el jefe de su unidad no atendió su solicitud de ser eximido de participar en la procesión y le sancionó. Según la sentencia, el arresto produjo al sargento una "menor perturbación anímica, psíquica y personal en el derecho a la libertad, que es la limitación con permanencia en el domicilio", sin que consten otras singularidades que agravaran su situación. Por ello, el Supremo condena a la Administración pública a indemnizar al sargento con 50 euros por cada día de arresto.

El Supremo recuerda que la Constitución establece que los particulares deben ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos (Junio 2003).

EL GOBIERNO PONE EN MARCHA SU REFORMA EDUCATIVA SIN ACLARAR LA FINANCIACIÓN   

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), la mayor reforma educativa emprendida por el PP, ha entrado en el terreno de la práctica. El Consejo de Ministros aprobó los seis decretos que detallan el contenido de la norma y que fijan el calendario de implantación, que empieza en septiembre. En este curso los alumnos de ESO con más de dos asignaturas suspendidas repetirán curso, volverán los exámenes de recuperación y las calificaciones de 0 a 10 en esta etapa, y en primaria, el suspenso o el aprobado. Pese a que la ley se aprobó en diciembre pasado, aún no se conoce su financiación.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, aseguró que "muy buena parte" de las medidas recogidas en los seis primeros reales decretos de desarrollo de la LOCE no suponen coste porque se trata de una "reorganización". Del Castillo no facilitó ninguna cifra y explicó que compete al Consejo de Política Fiscal y Financiera evaluar la financiación necesaria para la implantación de la reforma. Este órgano financiero, en el que están representadas las comunidades y los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y que se encarga de evaluar cuánto les cuesta a las comunidades la aplicación de sus competencias, se reúne dos veces al año y está previsto que la próxima convocatoria ordinaria no sea hasta octubre (Julio 2003).

 LA IGLESIA DESPIDIÓ A DOS PROFESORES EN TENERIFE POR NO DARLE EL 0,6% DE SU SUELDO   

La cosecha de reproches judiciales contra los obispos españoles por determinados comportamientos con sus profesores de Religión ha aumentado con dos nuevas sentencias de un juzgado de lo Social de Santa Cruz de Tenerife en las que se condena al Gobierno de Canarias a readmitir a dos docentes desalojados de su trabajo por su obispo por no haber pagado ese "donativo voluntario" del 0,6% del sueldo. Esta vez se trata de los donativos "voluntarios" que algunos prelados reclaman a esos docentes de la escuela pública contratados y pagados por el Estado pero seleccionados anualmente por cada diócesis. A estas sentencias se unen otras tres que critican otros despidos de docentes.

La Federación de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER) denunció, en septiembre de 2001, que tales donativos se habían vuelto "obligatorios" y que en muchos casos el docente que no atendiese a las peticiones episcopales corría el riesgo de ser despedido al curso siguiente. La Iglesia rechazó la denuncia con estrépito. Algunos obispos negaron que existiera tal práctica en su diócesis, y otros, el que fuera de obligatorio cumplimiento. "El donativo es voluntario", proclamó entonces el Obispado de Getafe, en Madrid, uno de los aludidos. En cambio, docentes de numerosas provincias confesaron sufrir la situación y que entregaban cada mes el 0,6% de su salario, incluso el 1% en algunas diócesis.

En el caso del Obispado de Tenerife, su delegado de Enseñanza, José Hermógenes Martín, recordó a sus morosos mediante una circular que lo mejor, para evitar olvidos e incomodidades, era dar la orden a su banco "para que haga una transferencia periódica". "Haz el cálculo sobre tu sueldo: hemos convenido que sea el 0,6%", decía el oficio eclesiástico.

En dos sentencias, la magistrada María del Carmen García Marrero, del Juzgado de lo Social número 4 de Tenerife, declara probado que el desalojo de sus empleos de los profesores Santiago López Ayala y Antonio Ángel Acosta Cáceres, que se negaron a pagar ese "impuesto o aportación económica a la Delegación Diocesana de Enseñanza", tuvo que ver con esa situación de morosos y con el hecho de pertenecer a la Asociación de Profesores de Religión y Moral Católica (Apreuca).

López Ayala y Acosta Cáceres llevaban varios años en sus puestos de trabajo como docentes de religión a propuesta del obispado local, pero éste los eliminó de su lista de profesores para el curso 2002-2003 en un oficio por el que el representante del prelado comunicaba a la autoridad educativa la relación de docentes a contratar para el citado curso y quiénes habían perdido su carácter de "idóneos". Las sentencias recogen como hecho probado que el obispado justificó la marginación de los citados en que no reunían "los requisitos de idoneidad", pero subraya que el obispado no daba "más explicaciones".

Después de aceptar el criterio de que la Iglesia puede prescindir cada año de esos profesores de Religión con un simple oficio a la Consejería de Educación -por ser la suya una relación de carácter especial a causa del convenio internacional entre España y el Estado de la Santa Sede-, la juez advierte de que, sin embargo, esos docentes gozan de los mismos derechos fundamentales que el resto de los españoles, entre ellos el de asociación. También reprocha al obispado que no intentase demostrar la "no idoneidad" de los despedidos con motivos como "una indisciplina, la pérdida de la fe o una actitud inconveniente", concluyendo que la pérdida del empleo se debió a sus actividades sindicales y a no acceder a dar el 0,6% de su sueldo.

La misma juez propinó el pasado 23 de abril otro varapalo judicial a la Iglesia y el Gobierno canario, esta vez por despedir al profesor Francisco Javier Ruiz Tintore, legalmente "liberado para el ejercicio de actividades sindicales de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza" y convenientemente sustituido por otro docente. La juez declaró probado que la decisión episcopal de despedirlo al año siguiente por pérdida de su "idoneidad para enseñar religión" atentó contra un derecho fundamental -el de participar en unas elecciones sindicales (Julio 2003). 

LA COORDINADORA LAICISTA RECLAMA QUE LA RELIGIÓN SALGA DE LA ESCUELA PÚBLICA  

Contra el adoctrinamiento religioso en la escuela con dinero del Estado. Ésa es la voz principal del III Encuentro por la Laicidad, celebrado en Albacete con la presencia de dirigentes de una veintena de organizaciones europeas. Los dirigentes laicistas concluyeron sus trabajos haciendo especial hincapié en la defensa de la laicidad en la enseñanza pública española. Entre otras medidas, el encuentro acordó exigir a las fuerzas políticas que recurran al Tribunal Constitucional contra la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que regula la enseñanza de la religión en la escuela, e incluso la realización de una "campaña de desobediencia civil" si finalmente se mantienen los proyectos de "adoctrinamiento religioso" acordados por el actual Gobierno y la Conferencia Episcopal Española.

Los representantes de las 18 organizaciones reunidas en Albacete, agrupadas en la llamada Coordinadora Laicista, llaman también "al conjunto de la sociedad a defender la enseñanza pública, laica y de calidad, por encima de los estrechos y limitados intereses religiosos particulares, de una determinada confesión, la Iglesia católica". Para ello, las organizaciones laicistas van más allá de los Grupos Parlamentarios de las Cortes. También piden que se impliquen en el problema las asociaciones, los sindicatos y el resto de las instituciones estatales, especialmente las comunidades autónomas, que también pueden promover los recursos legales pertinentes, en particular de inconstitucionalidad, contra las disposiciones legales y reglamentarias que convierten al Estado español en "confesional".

Además, los laicistas proponen y reclaman de las organizaciones civiles y sociales españolas "el lanzamiento de una campaña activa de información y movilización contra tales normas". Respecto a las comunidades autónomas, con competencia en la materia, el III Encuentro por la Laicidad les recuerda que tienen en sus manos "la posibilidad de eliminar, moderar o limitar los perniciosos efectos" de las disposiciones pactadas entre el Gobierno de Aznar y los obispos.

Pero los dirigentes laicistas saben que el destino de su reclamación no tiene camino fácil. alzaron la voz contra la actuación de algunos gobiernos regionales, como el de Castilla-La Mancha, que ha suscrito un acuerdo con el Arzobispado de Toledo "para la extensión y difusión del adoctrinamiento religioso en las escuelas públicas" de esa comunidad autónoma. "Deben ser denunciados", concluye la Coordinadora Laicista. Según sus datos, esos acuerdos entre la Iglesia católica y el Gobierno castellano-manchego "permiten impartir religión en la enseñanza, incluso en preescolar, a los niños desde los tres años, y conceden derecho de inspección sobre los centros públicos a los obispos y al Arzobispado de Toledo".

La Coordinadora Laicista acordó también en Albacete la creación de un Observatorio de la Laicidad en España que "vigile y denuncie las violaciones de la libertad de conciencia", además de promover con sus pares de la UE la fijación de un Día Europeo de la Libertad de Conciencia (Julio 2003). 

UN ALTO CARGO DE EDUCACIÓN PLAGIÓ UNA CONFERENCIA A UN PROFESOR UNIVERSITARIO 

Tras los casos de Luis Racionero, director de la Biblioteca Nacional, y del secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca, se conoce ahora que hay otro plagio de un alto cargo del ministerio de Educación. Ismael Crespo, director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) copió casi en su integridad una conferencia de la impartida por un profesor universitario El director de la ANECA, Ismael Crespo, pronunció el 8 de Mayo en Buenos Aires una conferencia sobre la acreditación universitaria en España y Europa, con un texto que es un auténtico plagio de una ponencia del profesor José-Ginés Mora de la Universidad Politécnica de Valencia. Ismael Crespo ha plagiado en más del 75 por ciento la ponencia de este profesor, que está publicada en un libro que se editó a raíz de unas jornadas realizadas en Madrid en Mayo de 2002 patrocinadas por la dirección general de Universidades, la consejería de Educación y la Universidad Politécnica de Madrid entre otras. El director de la ANECA ha copiado párrafos enteros y en otros introduce pequeñas variaciones como cambiar la palabra "graves" por "preocupantes". Ismael Crepo viajó a Buenos Aires en primera clase para dar esa conferencia plagiada. El vuelo costó más de 6.000 euros (Julio 2003).  

UNA COMISIÓN EUROPEA AFIRMA QUE EL RACISMO PERSISTE EN ESPAÑA  

El racismo y la xenofobia persisten en España, según el segundo informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI). El informe considera que el Gobierno español no ha hecho en los últimos cuatro años suficientes progresos para combatir la discriminación racial y lograr la efectiva igualdad de los ciudadanos. En ese sentido la ECRI suspende al Gobierno, si bien admite que el núcleo del problema no reside en las disposiciones legales, sino en su inadecuada o insuficiente aplicación. Los gitanos, los solicitantes de asilo y gran parte de los inmigrantes son, en la práctica, señala el informe, ciudadanos de segunda. Así se da la paradoja de que, a pesar de que los españoles, como sociedad, están a la cola de los europeos más racistas, "el Gobierno no ha dado los pasos necesarios para garantizar la igualdad en materia civil o penal", afirma José Manuel Fresno, miembro español de la ECRI (Julio 2003). 

EL CONSTITUCIONAL ADMITE OTRO CASO SOBRE LOS ACUERDOS CON LA SANTA SEDE  

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una cuestión que le remitió el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre si el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede en materia de enseñanza y cultura vulnera o no algunos artículos de la Constitución. Es la segunda vez que el Constitucional admite una cuestión semejante. La primera también la planteó el Tribunal Superior de Canarias, por conflictos planteados tras los despidos de varios profesores de religión.

Estos trámites judiciales se iniciaron cuando la profesora Carmen Galayo Macías fue expulsada de la docencia por las autoridades eclesiásticas, al comprobar que vivía con un hombre que no era su marido. Ha habido más denuncias por despidos de la Iglesia a profesores de religión. Y recientemente la Consejería de Educación de Canarias tuvo que readmitir a dos de estos profesores.

Los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede podrían vulnerar, según el tribunal canario,  ocho artículos de la Constitución. Entre ellos los referidos a la libertad de expresión, a la igualdad ante la ley, a la garantía de que ninguna confesión tenga carácter estatal, al principio de legalidad y al acceso en condiciones de igualdad a la función pública (Julio 2003). 

DENUNCIAN AL GOBIERNO POR FAVORECER A LA IGLESIA CATÓLICA

Maurizio Turco, Presidente de los diputados radicales en el Parlamento europeo electos por la "Lista Emma Bonino", ha presentado dos interrogaciones parlamentarias a la Comisión europea pidiéndole de actuar frente a la violación del Estado español del estado de derecho, de la democracia y de la libertad religiosa por favorecer a la Iglesia católica.
Los hechos que Maurizio Turco ha señalado son:
- el "Acuerdo de Asuntos económicos", según el cual la Iglesia católica goza de beneficios y exenciones fiscales que ninguna otra confesión religiosa goza en España, produciéndose así una discriminación por razón de religión con las otras confesiones religiosas inscritas en España;
- el "Acuerdo de Asuntos sobre Enseñanza y Asuntos Culturales", según el cual a través de leyes como la Ley Orgánica de Calidad en la Educación, vulnera el artículo 16.2 de la Constitución Español y el artículo 3.2 del RD 2438/1994 según ha constatado la sentencia Nº 153/2003 del TSJC, además de generar la violación del derecho fundamental protegido en el artículo 14.3 de la Carta de los derechos fundamentales de la UE y el artículo 27.3 de la Constitución Español.
Además Maurizio Turco evidencia algunos aspectos del caso Gescartera ligados a los privilegios de los que goza la Iglesia Católica.
Turco indica que de los quince primeros clientes de Gescartera por volumen de ganancias, seis son entidades religiosas. Lo Arzobispado de Valladolid, uno de los clientes que más dinero ha confiado a Gescartera y por ello, uno de los principales beneficiarios de plusvalías artificiales, es una de las entidades que accede a las exenciones previstas por la Ley 49/2002 "de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo" que deja exento el Rendimiento del capital inmobiliario de estas entidades.
De hecho las cuentas del arzobispado resultan oscuras y contradictorias, así, el arzobispado se negó a colaborar cuando la juez instructora le solicitó la contabilidad entre 1996 y 1999, cuando llegó a acumular una inversión en Gescartera de 6.641.184 euros, (que recuperó tras saber que la CNMV -Comisión Nacional del Mercado de Valores- estaba investigando a Gescartera), así como la del ejercicio 2001, cuando invirtió 150.253 euros; la Conferencia Episcopal Española apoyó esta no-colaboración alegando que los documentos eclesiásticos son inviolables en base al "Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos" que reconoce y tutela el derecho de la Iglesia española a la custodia en exclusiva de sus archivos y reconoce que "son inviolables"
Por todo ello, Maurizio Turco ha pedido a la Comisión europea si considera que un acuerdo internacional bilateral entre un estado miembro y un país tercero, que viola las normas comunitarias y el derecho internacional, pueda ser sometido a la consideración, a la evaluación y si es el caso, a la denuncia de parte de las instituciones comunitarias.
Declaración de Maurizio Turco: "Estas leyes son la enésima genuflexión de parte del Estado con respecto a la Iglesia. Y la peste Vaticana avanza. Como termitas capaces de vaciar árboles seculares dejando intacta la corteza, así los mercenarios vaticanos vacían las instituciones dejando intacta la apariencia laica y democrática. Es necesario reaccionar contra esta situación y no resignarse a padecer la contrarreforma, política y religiosa, en curso" (Julio 2003). 

EDUCACIÓN LIBERALIZA LOS HORARIOS, LOS DÍAS LECTIVOS Y EL CURRÍCULO EN LOS COLEGIOS 

Uno de los decretos que desarrollan la Ley de Calidad de la Educación abre a los centros docentes la posibilidad de ampliar currículo, horario escolar y días lectivos sobre los mínimos ya impuestos por la Administración. La medida ha sido bien acogida por los responsables de la enseñanza concertada, que podrán aplicarla, bien aumentando el horario de sus profesores, bien cobrando a los padres cuando se trate de actividades extraescolares. Pero ¿qué pasará en los centros públicos? Que será imposible una oferta semejante si la Administración no la financia, dicen en CC OO.

Reaparece el fantasma del enfrentamiento entre las dos redes educativas financiadas por la Administración, la pública y la concertada. El Gobierno central se dirige a los centros docentes: "Para poder desarrollar al máximo las capacidades, formación y oportunidades de los alumnos, los centros podrán ampliar el currículo, horario escolar y días lectivos, respetando, en todo caso, el currículo y calendario escolar establecidos por las Administraciones educativas". Esto vale para infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato y está enfocado a reforzar aquellas materias ya existentes "para los alumnos que presenten más dificultades". Los alumnos van a clase 175 días al año y tienen una jornada de 25 a 33 horas semanales, dependiendo de la etapa.

Pero ¿es viable en la práctica? "Los públicos no van a poder ampliar nada, no pueden modificar el calendario y, desde luego, no el currículo mientras la Administración no mande más profesores para ello. No podemos decirle a los profesores que trabajen más horas de lo estipulado", explica Miguel Recio, de CC OO (Julio 2003).  

LA FACULTADES PÚBLICAS DE MEDICINA PERDERÁN 50 PLAZAS EN FAVOR DE LA UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU  

De las 4.100 plazas para estudiar medicina en España -número cerrado para intentar adecuarlo a las necesidades del mercado de trabajo-, 180 eran para una universidad privada, la de Navarra y, a partir del próximo curso, serán 50 más en la San Pablo CEU de Madrid. El presidente de los decanos de Facultades de Medicina, José Paz Bouza, y el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Ángel Nogales, expresaron en conferencia de prensa, su "rechazo" a la concesión, por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la universidad privada de las 50 plazas para la implantación de dicha licenciatura en su centro. "Se abre la veda", afirmó Bouza, para la creación de nuevos centros de enseñanza de medicina. "Hemos hecho mucho esfuerzo para que haya un equilibrio entre titulados y necesidades sociales, que se puede romper".

Hasta ahora, el CEU ofrecía los tres primeros cursos de la carrera como centro adscrito a la Complutense. Los tres cursos siguientes, esos alumnos se unían a sus compañeros en la pública. Nogales afirma, por ello, que esas plazas pertenecen a la Complutense. Asimismo, señala que es "incomprensible" que, habiendo plazas limitadas en esta licenciatura, se concedan más a la empresa privada. Estos argumentos han sido apoyados también por el Consejo Social de la Universidad Complutense y por el Consejo Estatal de Estudiantes de dicha materia. El CEU afirma, por su parte, que la autorización "se ajusta a derecho", ya que en el último convenio de adscripción, firmado el año pasado, se señaló la intención de la privada de crear su propia licenciatura. Nogales criticó que el momento elegido por la Consejería de Educación para llevar a cabo el proceso ha provocado que los alumnos que creían haber sido admitidos para hacer medicina en el CEU, como centro adscrito, se han encontrado con que tendrán que matricularse en una nueva licenciatura totalmente privada.

Ramón Rodríguez Pons, director general de Universidades de la Consejería, asegura que, si se ha hecho ahora, ha sido por los problemas de interinidad provocados por la crisis en la Asamblea de Madrid (Julio 2003). 

LOS CONTRIBUYENTES QUE CEDEN UN PORCENTAJE DEL IRPF A LA IGLESIA BAJAN DEL 39% AL 33% 

2001, el año de Gescartera y de los escándalos por pederastia en el clero estadounidense, pasa factura a la Iglesia católica. La cruz religiosa en la declaración del IRPF sufre una caída del 15% (la marcó un 33% de los contribuyentes, frente al 39% del año anterior), mientras que la equis en la casilla de "otros fines de interés social" aumenta ligeramente, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales correspondientes al ejercicio fiscal de 2001, la declaración que se efectúa en 2002. Quienes no llenaron ninguna de las casillas suben del 30,8% al 35% (Julio 2003).  

CULTURA SUBVENCIONA UN AÑO MÁS A LA FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO   

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha concedido, un año más, una cuantiosa subvención a la Fundación Nacional Francisco Franco, una entidad que incluye entre sus actividades la exaltación de la figura del dictador.

La subvención que el Ministerio de Cultura ha concedido este año a la Fundación Francisco Franco asciende a 26.690 euros, y es la segunda más alta entregada a "instituciones o entidades privadas sin finalidad de lucro para llevar a cabo proyectos archivísticos", como especifica el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado jueves.

Esta fundación, de carácter privado y presidida por la hija del dictador, incluye en sus actividades, publicadas en su página web, la difusión del "conocimiento de Francisco Franco en sus dimensiones humana, política y militar, así como de los logros y realizaciones llevadas a cabo por su Régimen político". Además, se ocupa del "desarrollo de actos conmemorativos, entre los que destacan la celebración del 20 de noviembre [fecha de la muerte del dictador] y la constante ofrenda floral en las tumbas de Franco y José Antonio en la Basílica del Valle de los Caídos".

La Fundación Nacional Francisco Franco es propietaria de unos 27.000 documentos, en fase de informatización, relativos a la actividad del dictador como jefe de Estado. La ayuda económica ha sido concedida para la "finalización de la informatización del fondo y copia de seguridad del mismo (microfilmada y digital)", según está publicado en el BOE. El ministerio pretende así la modernización del archivo para "conocer mejor esa época de la Historia de España".

La evidente actividad de exaltación del dictador que lleva a cabo esta fundación y su recepción de dinero público ha provocado las críticas de los partidos de la oposición, que exigieron la retirada de esta ayuda, igual que hicieron en septiembre del año pasado. Entonces intentaron la retirada de la subvención en el Congreso de los Diputados, aunque sin éxito, ya que el PP utilizó su mayoría absoluta para frenar la iniciativa, permitiendo que la fundación recibiera los más de 41.000 euros anuales del Ministerio de Cultura asignados desde 2000. La ministra Pilar del Castillo dijo entonces que la fundación no persigue fines políticos, "sino una interpretación de la historia".

Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, justificó la subvención. Aseguró que "preferiría que la fundación fuera pública", pero añadió que esperaba que la ayuda sirviera para que la información esté al acceso de todos los investigadores.

José María Pedreño, presidente del Foro por la Recuperación de la Memoria Histórica, lament