Clásicos Populares
BRILLANTE GESTIÓN DE PILAR DEL CASTILLO 2ª PARTE
UN INFORME DE OCDE MUESTRA QUE EL ESFUERZO EN EDUCACIÓN BAJA EN ESPAÑA DESDE 1995
EL PP COMPARA A LA CONFERENCIA DE RECTORES CON EL PRI MEXICANO
CIENTOS DE INVESTIGADORES EN FORMACIÓN SE ENCIERRAN CONTRA LA PRECARIEDAD
LOS RECTORES RECHAZAN EL ANTEPROYECTO DEFINITIVO DE LA LEY DE UNIVERSIDADES
- EL CONSEJO ESCOLAR, CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA FP
- CIENTOS PROFESORES PIDEN AL GOBIERNO MÁS HORAS DE LATÍN
LOS RECTORES ADVIERTEN DE QUE NO SE PUEDE PONER EN DUDA LA LEGITIMIDAD DE LOS CLAUSTROS
LA IGLESIA PRESCINDE, SIN DESPIDO FORMAL, DE LA PROFESORA DE RELIGIÓN CASADA CON UN DIVORCIADO
LA IGLESIA CATÓLICA Y SU POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS EN LA DOCENCIA
LA CONFEDERACIÓN LAICA DE PADRES DE ALUMNOS ANUNCIA MOVILIZACIONES CONTRA EDUCACIÓN
ESPAÑA FINANCIA LAS ACTIVIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA CON MEDIO BILLÓN DE PESETAS AL AÑO
AZNAR CRITICA EL 'CORPORATIVISMO RANCIO' DE LOS CONTRARIOS A LAS REFORMAS EDUCATIVAS
AZNAR RATIFICA QUE LA REFORMA UNIVERSITARIA DEBE SUPERAR 'PROGRESISMOS TRASNOCHADOS'
UN DICTAMEN DE LAS UNIVERSIDADES CATALANAS TACHA DE INCONSTITUCIONALES 5 ARTÍCULOS DE LA LEY DEL PP
SINDICATOS Y ALUMNOS SE UNEN PARA CONVOCAR UNA HUELGA CONTRA LA LEY UNIVERSITARIA
ZAPLANA DESTACA QUE LA NUEVA LEY INTEGRARÁ A LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS
LOS PROFESORES DE RELIGIÓN EXCLUIDOS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS
DOS MANIFIESTOS FIRMADOS POR 5.000 DOCENTES PIDEN LA RETIRADA DE LA LEY UNIVERSITARIA
700.000 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA VAN A LA HUELGA PARA EVITAR EL REGRESO DE LA REVÁLIDA
DEL CASTILLO DICE QUE LA HUELGA UNIVERSITARIA NO TIENE FUNDAMENTO
1. SE ALQUILA EL TEATRO REAL DE MADRID
La totalidad del aforo del teatro es comprada por la Banca Nacional de París (BNP) para la última actuación de los bailarines que representaron Romeo y Julieta. Las razones que alega el Real para haber procedido de esa manera se centran en la rentabilidad. El teatro recauda 12 millones de pesetas cuando llena el aforo para este tipo de espectáculos. La BNP pagó 26 millones, según el teatro. (Junio 2001)
2. UN INFORME DE OCDE MUESTRA QUE EL ESFUERZO EN EDUCACIÓN BAJA EN ESPAÑA DESDE 1995
La proporción de la riqueza nacional dedicada a la educación descendió entre 1995 y 1998, según un informe distribuido en París por la OCDE, que compara los datos disponibles en los 30 países que forman parte de la organización. Si el porcentaje del producto interior bruto (PIB) dedicado a instituciones educativas representó el 5,53% en 1995, tres años más tarde descendió al 5,30%.
Los países que dedican a la educación una parte mayor de la riqueza nacional son Corea y Dinamarca, que gastan más del 7% de su PIB respectivo en financiar sus instituciones de enseñanza. A continuación se sitúan Islandia, Noruega y Suecia. Si la media de la OCDE está establecida en el 5.75%, España se encuentra cerca de ella, pero todavía por debajo, al dedicar a la educación el 5.30% del PIB, menos que Portugal (5.65% del PIB). El porcentaje de población adulta con nivel igual o superior a la educación secundaria postobligatoria (el bachillerato en el caso español) continúa por debajo de la media de la OCDE, aunque las diferencias son más cortas en el grupo de menor edad (25-34 años). .Los datos tampoco son positivos para España en lo que se refiere al gasto educativo por alumno. Así, frente a los 3.940 dólares de gasto por alumno en primaria en la OCDE, España gastó 3.267; y frente a los 5.294 dólares en la secundaria, España gastó 4.274 por cada estudiante.
Con todo, la caída más preocupante se produce en la enseñanza superior: frente a una media de gasto de 9.063 dólares por alumno en los países de la OCDE, el gasto español se limitó a 5.038 dólares por estudiante, siempre referidos al año de 1998 (Junio 2001).
3. EL PP COMPARA A LA CONFERENCIA DE RECTORES CON EL PRI MEXICANO
El PP dedica duras críticas en el Senado sobre la Conferencia de Rectores (CRUE), una institución en la que están representadas 65 universidades (las 50 públicas y 15 de las 18 privadas españolas). El portavoz de Educación del PP en el Senado, José María Barahona, dijo que la CRUE 'no es otra cosa que una asociación de derecho privado de unos asociados que, instalados en una situación de democracia orgánica, están apoyados por un clientelismo previo que de facto puede dar lugar a perversidades de regímenes académicos tipo Partido Revolucionario Mexicano (PRI), con críticas jaleadas por algunos partidos que sólo alaban la crítica por la crítica'. El PRI gobernó durante 71 años seguidos en México.
El Partido Popular acusó a los rectores de instalar 'tópicos en la opinión pública' sobre el anteproyecto de Ley de Universidades (LU) elaborado por el Gobierno, y les acusó de ejercer 'el monopolio de la crítica'.
Sin embargo, escasas horas después de la sesión en el Senado, el secretario de Estado de Educación y Universidades, Julio Iglesias de Ussel, se desmarcó en nombre del Ministerio de Educación de las declaraciones realizadas por el Partido Popular. Iglesias de Ussel señaló al presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza, que no suscribe las declaraciones de Barahona, y resaltó el diálogo abierto por Educación con los rectores. La CRUE se fundó en 1994 con el objetivo de crear un foro independiente de coordinación universitaria. Ese año, España era el único país de la Unión Europea que no tenía una organización de las universidades no vinculada al Gobierno. Las organizaciones europeas no aceptan como interlocutor a ningún organismo de un país miembro con participación gubernamental, como ocurre con el Consejo de Universidades español.
Los rectores han rechazado que se incluya a representantes políticos en el órgano de gobierno de las universidades, como pretende el ministerio. Según De la Plaza, 'la CRUE ha adoptado por unanimidad su posición sobre el anteproyecto del Gobierno' (Junio 2001).
4. CIENTOS DE INVESTIGADORES EN FORMACIÓN SE ENCIERRAN CONTRA LA PRECARIEDAD
Centenares de investigadores en formación terminan los encierros de 24 horas en ocho universidades españolas. La protesta se dirigía contra su situación de precariedad laboral, que creen que se va a consolidar en el anteproyecto de Ley de Universidades, presentado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Los portavoces de la protesta señalaron que el encierro se ha convocado en coincidencia con la reunión que terminó en Córdoba de los responsables de investigación de universidades, comunidades autónomas y el Ministerio de Ciencia y Tecnología para analizar el capítulo de investigación de la citada ley. Los becarios predoctorales y posdoctorales agrupados en la Federación de Jóvenes Investigadores se quejan de que el Gobierno lleva un año desoyendo sus peticiones y ahora presenta un proyecto que continúa excluyéndoles y manteniéndoles en una situación de 'precariedad laboral y social, sin derechos ni deberes reconocidos', en palabras de Carlos Peña Garay, presidente de la federación. Los encerrados solicitan la abolición del sistema de becas de investigación, tanto predoctorales como posdoctorales. A su juicio, el trabajo de investigación, incluido el del personal en formación, no debe ser en ningún caso financiado con una beca ni con un contrato administrativo renovable, sino con un contrato laboral adaptado a este colectivo (Junio 2001).
5. LOS RECTORES RECHAZAN EL ANTEPROYECTO DEFINITIVO DE LA LEY DE UNIVERSIDADES
Los rectores manifestaron su rechazo del anteproyecto de Ley de Universidades expuesto por la ministra en el Consejo de Universidades. Criticaron el proceso seguido por Educación y aseguraron que algunas modificaciones introducidas 'pueden entorpecer el funcionamiento de la universidad', como la asignación de competencias al consejo social 'para que supervise el desarrollo de los presupuestos y, por tanto, aspectos como la creación de titulaciones' (Junio 2001).
El secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca, asegura que 'la política cultural no está en el Ministerio de Asuntos Exteriores, sino en el de Educación, Cultura y Deporte'. De Cuenca hizo esta declaración en su comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso, para explicar la política de su ministerio en materia de apoyo a la acción cultural de España en el exterior y la creación de Seacex (Sociedad Estatal de Acción Cultural en el Exterior), en la que están representados a partes iguales ambos ministerios. Falta por conocer la opinión de su colega de exteriores Miguel Ángel Cortés (Junio 2001).
7. EL CONSEJO ESCOLAR, CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA FP
El Consejo Escolar del Estado remite al Ministerio de Educación un severo dictamen sobre el anteproyecto de Ley de la Formación Profesional, que el Gobierno pretende tramitar en el Congreso de forma inminente, donde se cuestiona de principio a fin un proyecto que, en la práctica, abre la puerta a la privatización por la vía legal de este tramo formativo. 'Si la formación con financiación pública puede ser ofertada indistintamente por centros o directamente por empresas y, además, no se hace ninguna referencia a los requisitos mínimos que deben reunir dichas empresas, se está introduciendo un principio de tratamiento diferente respecto al que se exige a los centros', advierte el máximo órgano asesor en el dictamen al que ha tenido acceso este periódico. Así, el Consejo, por un lado, busca introducir mecanismos jurídicos que corrijan la indefensión en que quedaría la Formación Profesional Específica reglada [integrada en el sistema educativo y única homologable a los títulos de la UE]; y, por otro, incorporar precisiones técnicas y jurídicas para frenar la consolidación de una red privada de centros y academias por parte de empresas, que son las que gestionan la Formación Ocupacional, y que se comen un bocado muy importante de los fondos estructurales de la UE (Junio 2001).
Todos los rectores de las universidades españolas se rebelan contra la obligación, impuesta por el Gobierno en el anteproyecto de Ley de Universidades, de que abandonen su cargo y convoquen nuevas elecciones a los seis meses de aprobarse la nueva normativa. Los rectores consideran que 'se está poniendo en cuestión la legitimidad democrática de los órganos de gobierno de las universidades' que les han elegido y que 'son consecuencia del desarrollo constitucional'. Las universidades elaborarán un manifiesto conjunto de respuesta que presentarán a la comunidad universitaria en todas las aperturas del próximo curso académico y a los partidos políticos, a los que instarán a que introduzcan enmiendas en la ley.
Las intervenciones en la reunión en Madrid de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) -integrada por 65 de las 68 universidades españolas- no pudieron ser más contundentes. 'No hay asomo de duda, la unanimidad en el rechazo es absolutamente clara. No sólo no ha habido ningún voto en contra, sino que no se ha manifestado en la reunión ni una sola intervención o posición discrepante', señaló el presidente de la CRUE y rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Saturnino de la Plaza.
El presidente de los rectores respondía así a las declaraciones de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, en las que sostenía que 'no todos los rectores tienen la misma postura' respecto a esta cuestión. Estuvieron presentes 50 universidades públicas. Éstas son las principales quejas de las máximos representantes universitarios:
- Legitimidad constitucional. Los rectores opinan que al establecer en la ley la obligación de que cesen 'se pone en cuestión la legitimidad democrática de los órganos colegiados que son consecuencia del desarrollo constitucional', resumió el vicepresidente de la Conferencia de Rectores y rector de la Universidad de Salamanca, Ignacio Berdugo.
- Paro de las universidades. 'Se establece un parón de al menos dos años de todas las universidades, totalmente innecesario y tremendamente perjudicial para la marcha de los centros', según los rectores.
- Falta de información. 'El Gobierno tenía previsto que se adaptaran los estatutos a la nueva ley por los claustros actuales', aseguraron varios rectores en la reunión. 'Esto refleja un cambio de postura y, por tanto, que se haya interpretado que puede haber habido una intención de venganza por habernos opuesto a la ley', dijo Berdugo.
- Inseguridad jurídica. El cese de los rectores y de los claustros elegidos democráticamente 'genera inseguridad júrídica', señalan. En su opinión, se quiebra el marco que protege los derechos democráticos de los votantes a que se respete su voluntad expresada en las urnas.
- Múltiples problemas. 'No hay que olvidar que esta ley no goza de consenso y no es bueno que se apruebe sin respaldo. El cese de los rectores no es el único de los aspectos controvertidos de la ley', resumió Saturnino de la Plaza (Julio 2001).
9. CIENTOS PROFESORES PIDEN AL GOBIERNO MÁS HORAS DE LATÍN
Apoyados por los presidentes de las sociedades de estudios clásicos, más de 750 catedráticos y profesores dirigen un manifiesto a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, y al presidente del Gobierno, José María Aznar, insistiendo en la necesidad de incrementar el número de horas de latín en las aulas de la ESO y el bachillerato. El escrito representa una reiteración de otro manifiesto con 300 firmas que emergió en mayo pasado del III Congreso internacional sobre humanismo y pervivencia del mundo clásico, celebrado en Alcañiz (Teruel) y que no obtuvo respuesta positiva. Los profesores de latín han aprovechado que está en capilla la Ley de la Calidad del Sistema Educativo para recordar al Gobierno la necesidad de implantación del latín como asignatura obligatoria en cuarto curso de la ESO para futuros bachilleres y como optativa para los restantes alumnos. Ya en el bachillerato, los firmantes piden incluirlo en las materias comunes de Ciencias Sociales. El manifiesto apela a la 'responsabilidad ineludible del Gobierno de la Nación' en el mantenimiento del latín en el estudio de lenguas y literaturas, historia, ciencia, arte y cultura de Occidente. Entre firmantes figuran Antonio Fontán, Carlos García Gual, Antonio Prieto y José Ignacio Fortea (Julio 2001).
10. LOS RECTORES ADVIERTEN DE QUE NO SE PUEDE PONER EN DUDA LA LEGITIMIDAD DE LOS CLAUSTROS
Los rectores han recibido con 'indignación' el argumento esgrimido por la ministra de Educación, Pilar del Castillo, para el cese de los claustros de las universidades. Del Castillo ha dicho que 'los actuales claustros no son representativos de la comunidad universitaria para elaborar los estatutos con la nueva ley'. El presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Saturnino de la Plaza, advirtió de que 'los claustros actuales están legítimamente capacitados para elaborar unos nuevos estatutos, sea con la ley que sea'. Según De la Plaza, 'no es justo ni razonable que, porque se hayan producido discrepancias y críticas, el Gobierno no confíe en que los actuales órganos puedan sacar adelante el proceso de cambio que señala la nueva ley' (Julio 2001).
11. LA IGLESIA PRESCINDE, SIN DESPIDO FORMAL, DE LA PROFESORA DE RELIGIÓN CASADA CON UN DIVORCIADO
El Obispado de Almería comunica a la Subdelegación del Gobierno local la lista de profesores de religión que el Ministerio de Educación deberá elegir este año para sus colegios públicos, y Resurrección Galera no está en la relación. Contratada durante siete años consecutivos, Galera se casó hace un año con un divorciado, motivo por el que fue amenazada con el despido por un funcionario episcopal. No ha habido despido formal, pero la profesora se enteró por un periodista de que ha pasado a engrosar la lista de parados.
Después de siete años de contratos y de cumplir los requisitos exigidos por la Iglesia católica para ser profesora de religión en el colegio público Ferrer Guardia, de Los Llanos de La Cañada, Galera seguía creyendo que el Obispado de Almería le comunicará algo, 'por escrito o de palabra, sobre su futuro profesional'. Así ha sucedido en los siete años anteriores, uno tras otro, aseguró. 'Siete años de entrega total me dan derecho a alguna esperanza', dijo Resurrección Galera, de 36 años.
El contrato laboral que ha vinculado este curso pasado a Resurrección Galera con el colegio Ferrer Guardia lo emitió el jefe de personal de la Subdelegación del Gobierno en Almería en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia, pero lo gestiona el Obispado de Almería por un acuerdo firmado en 1999 entre el Gobierno del PP y la Conferencia Episcopal Española. La última nómina cobrada por la profesora Galera corresponde a este mes de agosto.
Por su parte, el PP, a través de su presidente en Almería, expresó su 'respeto'
Como se recordará, el 26 de febrero de 1999, la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y el ministro de Educación, Mariano Rajoy [actual vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior], firmaron con la Conferencia Episcopal un convenio que reformaba el régimen laboral y económico de los profesores de religión pactado por los obispos con el Gobierno de Felipe González. El nuevo acuerdo convirtió al Estado en 'empleador' de los citados profesores, que desde ese momento quedaron equiparados retributivamente con el resto del sector. Quien decide los nombres que debe contratar cada año el Ministerio son los obispos, pero la Iglesia ha cerrado filas ahora asegurando que no es ella quien contrata o cesa, sino el Ministerio de Educación.
En este sentido, el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, declara que lo que ha hecho la Iglesia a la profesora Resurrección Galera -enviarla al paro por casarse por lo civil- es 'legal' (Septiembre 2001).
12. LA IGLESIA CATÓLICA Y SU POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS EN LA DOCENCIA (VARIOS)
La polémica sobre si la Iglesia católica puede despedir a los profesores de religión por su vida privada, apoyándose en el convenio bilateral entre España y el Vaticano, se extiende a otras provincias y tuvo una derivación en Granada, donde un cura casado cuenta este año con el aval del episcopado para enseñar esa materia y otro, ya jubilado, la ha impartido durante años. La Conferencia Episcopal insistió en que 'la naturaleza propia de la enseñanza religiosa reclama el testimonio personal del profesor acorde con lo que enseña'. Casarse por lo civil con un divorciado inhabilita a una mujer para la enseñanza de la religión porque, según la Iglesia, quien lo hace se sitúa fuera de ella por voluntad propia. Sin embargo, ser cura, dejarlo y casarse está perfectamente admitido para figurar en las listas de profesores de catolicismo que cada año los obispos facilitan al Ministerio de Educación para que éste contrate y pague como docentes en los colegios públicos. Pedro Talavera Arboleda, un ex sacerdote jienense de 65 años, pidió 'la reducción al estado laical' en 1976. Se casó, tuvo hijos, hizo un master en asesoría fiscal y trabajó en distintos quehaceres. Sin embargo, en 1993, por avatares de la vida 'como a tanta gente', dice, le llegó el paro. Un día pasó por el Arzobispado de Granada y pensó en la posibilidad de dar clase de religión. Entró y lo trataron 'como un hermano'. Muy pronto le ofrecieron un trabajo. Desde entonces ha trabajado en varios institutos de la provincia de Granada (Septiembre 2001).
EL ARZOBISPADO DE GRANADA AVALA A UN CURA CASADO COMO PROFESOR DE RELIGIÓN:
Francisca Urbano, profesora de religión del colegio Remedios Rojo de Monda (Málaga), ha perdido este año su empleo 'por faltar de vez en cuando a misa y por salir a tomar copas con algunos compañeros'. Estos son los argumentos que la docente relató y que el Obispado de Málaga, responsable de la decisión, ni confirma ni desmiente. El prelado de Málaga es Antonio Dorado, que ya calificó como adúltera a la profesora cesada con anterioridad por la diócesis de Almería por casarse por lo civil en el Juzgado de Paz de Níjar. Fue en junio pasado cuando el obispado comunicó a la profesora Francisca Urbano que no contaría con ella para este curso, después de 13 años dando clases en Monda y en otros colegios de Fuengirola y Coín. Por no constituir un 'buen ejemplo de vida cristiana', le dijeron (Septiembre 2001). DESPEDIDA EN MÁLAGA POR 'NO IR A MISA Y TOMAR COPAS':
13. LA IGLESIA Y SUS RELACIONES LABORALES (VARIOS)
: Algunos profesores de religión, contratados y pagados por el Estado, deben contribuir con un porcentaje de su salario a las arcas de la Iglesia, según los documentos aportados por el presidente de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER), Luis Guridi. 'Un impuesto revolucionario del que depende nuestro futuro trabajo', dijo en alusión al miedo que existe entre los docentes. El Obispado de Getafe (Madrid), uno de los señalados, replicó que la continuidad de los docentes no esté vinculada a ese 'donativo' que, como tal, 'es voluntario'. Quien propone a los profesores de religión es el episcopado, aunque quien firma los contratos y paga los salarios es la Administración. Pero la propuesta de cada prelado, por años y previa a la contratación, tiene condiciones tan arbitrarias como el pago anual a la diócesis de una cantidad en metálico, la cooperación con las parroquias o la contribución para algún regalo a un obispo recién ordenado, según la enumeración que hicieron los dirigentes de FEPER, Luis Guridi y Alfredo Sepúlveda, profesores de religión en Móstoles y Parla, en la Comunidad de Madrid. La FEPER demostró documentalmente la exigencia de ese 'impuesto' o cuota en las diócesis de Getafe (Madrid), Las Palmas y Tenerife, sobre una cantidad del 0,6% del salario de cada profesor. Por ejemplo, en el de Tenerife, el 'donativo irrevocable' asciende a 11.000 pesetas, y la profesora Resurrección Galera asegura que en el de Almería, cuyo obispo acaba de cesarla por casarse por lo civil, se exige -al menos el curso pasado- el 1% del salario. Resistirse a esa 'recomendación puede acarrear un disgusto, como que no te contraten al año siguiente, porque tienen una lista de quién paga o no paga', añade Galera. 'Al hacer balance hemos encontrado que tu no has aportado nada hasta la fecha de hoy. Si hay alguna causa, dínoslo con toda tranquilidad. Si ha sido despiste intenta hacerlo antes de que finalice el año. Si es error nuestro o que no has puesto en tu banco o caja quién hace el ingreso, llámanos. Lo mejor es que des orden en tu banco para que haga una transferencia periódica. Haz el cálculo sobre tu sueldo: hemos convenido que sea el 0,6%', dice una circular firmada por el delegado de Enseñanza del Obispado de Tenerife, José Hermógenes Martín, enviada a los profesores de religión de esa provincia el curso pasado. El Secretariado Diocesano de Enseñanza de Las Palmas, mediante circular titulada 'Asunto: Comunicación impago de cuota', escribe: 'No consta en este secretariado el pago de la cuota correspondiente al curso 2000-2001. Como sabes la cuota para el profesorado de Secundaria está establecida en 8.000 pesetas, y la de Primaria en 5.000 pesetas al año. Si tienes alguna duda o problema no dudes en ponerte en contacto con el Secretariado' (Septiembre 2001).
ALGUNOS OBISPOS PIDEN A SUS PROFESORES UN PORCENTAJE DEL SALARIO QUE PAGA EL ESTADO
Despedir a una profesora por su ideología o creencias íntimas merece no sólo una declaración de nulidad laboral, sino también una severa censura de inconstitucionalidad. 'Un despido sin causa y nulo de nulidad radical', proclama una sentencia del Tribunal Constitucional en 1985, que otorgó el amparo a Pilar Sala Ribalta, expulsada en julio de 1982 del colegio católico Lestonnac, de Mollet del Vallés (Barcelona), por no ajustarse al ideario religioso del centro. El ponente de la sentencia del máximo tribunal fue Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en 1996.La Magistratura de Trabajo, en primera instancia, y el Tribunal Central del Trabajo sentenciaron a su favor declarando nulo el despido, pero Pilar Sala recurrió en amparo al Tribunal Constitucional en busca de una reparación que llegase al fondo del asunto, es decir, que no solamente proclamara la nulidad del despido, sino una nulidad de 'radical nulidad' por razones de 'discriminación ideológica'. Lo consiguió en 1985 con una unánime sentencia redactada por Tomás y Valiente, acompañado en sala por Jerónimo Arozamena, Francisco Rubio Llorente, Luis Díez-Picazo, Antonio Truyol Serra y Francisco Pera Verdaguer (Septiembre 2001). EL CONSTITUCIONAL ANULÓ EN 1985 EL DESPIDO DE UNA PROFESORA POR SUS IDEAS RELIGIOSAS:
La voz de 1.200 teólogos católicos, reunidos en un Congreso y procedentes en su mayoría de organizaciones eclesiales de base, se alzó con severidad contra los obispos por su actitud 'inconstitucional' e 'intolerante' al no renovar los contratos a varias profesoras de religión (Septiembre 2001). UN MILLAR DE TEÓLOGOS AFIRMA QUE EL DESPIDO DE PROFESORES VIOLA LA CONSTITUCIÓN:
14. LA CONFEDERACIÓN LAICA DE PADRES DE ALUMNOS ANUNCIA MOVILIZACIONES CONTRA EDUCACIÓN
Los padres de alumnos de la confederación laica Ceapa han anunciado movilizaciones antes de fin de año contra las reformas que se propone emprender el Gobierno en la futura Ley de Calidad, como la recuperación de la prueba de reválida al final del bachillerato o de la ESO y la división de los alumnos en itinerarios según su rendimiento y las modificaciones de los currículos educativos. Así lo anunció la presidente de la Ceapa, Eulalia Vaquero, que, tras enumerar algunos de los problemas del sistema educativo, aseguró que la reforma anunciada es 'lo más preocupante en estos momentos para la enseñanza pública'. Las movilizaciones las convocará la Plataforma por la Escuela Pública (integrada también por sindicatos de profesores y asociaciones de alumnos), según señaló Vaquero. 'Estamos asistiendo al desmantelamiento de la escuela pública, se la está descapitalizando y esto atenta contra nuestra libertad de elección'. Para esta confederación de padres, entre los problemas de la educación hay que destacar la elevada ratio profesor-alumno que sigue habiendo en los centros de algunas comunidades, sobre todo en Ceuta y Melilla, que son competencia del Ministerio de Educación, y la 'selección descarada de alumnos que están haciendo numerosos centros concertados, es decir, financiados con fondos públicos', en los que no se escolariza, por ejemplo, a alumnado gitano e hijos de inmigrantes, según la Ceapa.
Para solucionar este problema, Vaquero propone que se creen 'comisiones de escolarización' centralizadas por municipios o distritos y que sean las que se encarguen de 'realizar un seguimiento de los alumnos escolarizados en cada uno de los centros para evitar las fugas de alumnos que algunos centros propician'. Estas comisiones serían las encargadas de recoger las solicitudes de los alumnos y, con los medios precisos, se encargarían de asignar las plazas disponibles de todos los centros sostenidos con fondos públicos. Los representantes de la confederación de asociaciones de padres piden además 'jornada partida para toda la enseñanza básica, comedores en los institutos y la ampliación del horario de apertura de los centros para que se pueda prestar servicios en ellos a la sociedad' (Septiembre 2001).
15. ESPAÑA FINANCIA LAS ACTIVIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA CON MEDIO BILLÓN DE PESETAS AL AÑO
La Iglesia católica española es, al menos, una poderosísima potencia económica, cultural, educativa e, incluso, inmobiliaria, por delante, con creces, de cualquier otra organización, si exceptuamos, como es lógico, al Estado. La fuerza del catolicismo español, medida en fieles, curas y monjas, obispos y otras jerarquías; en dinero, o en patrimonio inmobiliario; y en servicios educativos, sociales y de caridad, no tiene parangón porque se nutre de complicados y, a veces, inescrutables mecanismos de ingresos privados y, sobre todo, de financiaciones y subvenciones públicas. Así, el Estado, a través de sus administraciones central, autonómica y municipal, aporta cada año en torno a 586.000 millones de pesetas a la Iglesia católica en sus diferentes y numerosísimas manifestaciones. De ese medio billón largo, sólo 21.750 millones proceden directamente de los Presupuestos Generales del Estado que aprueban las Cortes, de los que apenas 15.000 millones corresponden a la asignación tributaria que los fieles atribuyen a su religión mediante el 0,5239% de la cuota en la declaración del IRPF. El resto sale de las arcas de varios ministerios de Estado -Educación y Cultura, Defensa, Sanidad, Trabajo y Asuntos Sociales- y de los presupuestos de las consejerías equivalentes de los Gobiernos autónomos.
Es en el campo de la asistencia social y de la caridad -donde Cáritas es el buque insignia, con 25.877 millones de recursos invertidos-, y en el sector de la enseñanza, donde las organizaciones católicas reciben más dinero del Estado. Por ejemplo: sólo en sueldos para pagar a los 33.440 profesores de catolicismo que actúan en el sistema educativo -de los que 15.600 imparten doctrina en los colegios públicos-, el Ministerio de Educación y las respectivas consejerías autonómicas gastan algo más de 100.000 millones por curso, una cifra pequeña si se tiene en cuenta que todo el sistema de conciertos con las instituciones eclesiales alcanza los 420.000 millones en subvenciones, algo más del 85% de lo que el Estado aporta para toda la enseñanza privada concertada.
En esos conciertos se incluyen las subvenciones por módulo y las nóminas de los docentes, además de una partida para administración de los centros. Por autonomías, a título indicativo, Asturias destinó el año pasado a esa partida 9.836 millones; Cantabria, 4.979 millones; y -ahora con datos de 1998, últimos oficiales- Cataluña gastó 82.220 millones; Andalucía, 54.340 millones y el País Vasco, 54.438 millones. Los profesores de religión del sistema público cobran 285.955 pesetas mensuales los de secundaria, y 214.625 pesetas, los de primaria, siempre, como es lógico, en cantidades brutas. Su salario es sensiblemente superior al de sus colegas en el sistema privado concertado, pero aquí el número de profesores se dispara, figurando en nómina, incluso, un denominado 'coordinador pastoral'.
La imponente actividad educativa de la Iglesia se resume en: 45.240 aulas, 1.500.037 alumnos y 80.959 profesores en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y enseñanza universitaria, donde diferentes órdenes eclesiásticas son propietarias de seis universidades -la de Deusto, de los jesuitas; la de Navarra, del Opus Dei; la de San Pablo-CEU, en Madrid, de la Asociación Católica de Propagandistas; las pontificias de Comillas y Salamanca; y las universidades católicas de Murcia y Ávila- y de 15 Facultades eclesiásticas, 41 centros teológicos, 11 colegios universitarios, 55 escuelas universitarias -sobre todo, de Enfermería y de Magisterio-, y 72 institutos superiores.
Respecto a la actividad social y caritativa del catolicismo, fuertemente respaldado por sus fieles y por los presupuestos estatales, además de la gran diaconía Caritas Española, sus 67 delegaciones diocesanas y otras 10 Cáritas autonómicas, destacan ONG como Manos Unidas y entidades tipo Hermanitas de los Ancianos Desamparados, subvencionadas este año por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con 277 millones -Cáritas recibió por el mismo concepto 1.438 millones-, aunque esas ayudas suelen ser completadas por autonomías o municipios allí donde la institución cuenta con asilos y residencias.
Otra fuente de financiación de gran envergadura a cargo del Estado -por encima de los 6.000 millones de pesetas en conciertos y subvenciones- son los centros hospitalarios propiedad de la Iglesia (116), y los centros de caridad y sociales como ambulatorios y dispensarios (180); casas de ancianos, inválidos o disminuidos psíquicos (865); orfanatos (323); guarderías infantiles (417); centros especiales de reeducación (325) y 'otros centros de caridad y sociales' (717). El Estado paga también la nómina de los capellanes hospitalarios (oficialmente, 510 capellanes a tiempo completo y 297 a tiempo parcial: en total, salarios por valor de 3.700 millones el año pasado), los penitenciarios (130), más los sueldos de los capellanes castrenses, a cuyo frente está un arzobispo con grado de vicario general.
Capítulo aparte, muy relevante, son las subvenciones o ayudas directas a la Iglesia para su ingente patrimonio artístico e inmobiliario: 280 museos, 130 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios. Para sostener ese patrimonio, las administraciones públicas han gastado en los últimos 20 años decenas de miles de millones. Cuatro ejemplos: el año pasado, la Generalitat de Cataluña presupuestó 377 millones para obras en edificios de propiedad eclesial, pero no incluyó en esa partida cuantiosos gastos en museos episcopales en cuyos patronatos participa la Generalitat, como el de Vic, al que el departamento de Cultura aportó íntegramente el coste de construcción de la nueva sede. Otro tanto pasa con Castilla-La Mancha: presupuesta este año 597 millones pero subvenciona, además, otras restauraciones o exposiciones de la Iglesia. O el caso de la Comunidad y el Ayuntamiento madrileños, que no sólo ayudaron en 1997 con unos 750 millones a la finalización de la catedral de La Almudena, sino que cada año añaden millones para otras propuestas episcopales (Septiembre 2001).
Cada año, la Conferencia Episcopal Española (CEE) envía a Roma un óbolo -de 16 millones de pesetas, en 2000- con cargo al único presupuesto público de la Iglesia católica, el de la propia CEE. Esa escueta generosidad de los obispos con el Romano Pontífice simboliza el funcionamiento centralizado de esta religión y contrasta con la dispersión con que funciona su economía de ingresos y gastos.
La ventajosa relación de la Iglesia católica con el Estado queda resumida en el campo de la fiscalidad. El clero no declara a Hacienda sus sueldos, y la Iglesia, en sus múltiples manifestaciones, está exenta de los impuestos principales: IVA, impuesto de bienes inmuebles (IBI), el de sociedades, el de transmisiones o el de actos jurídicos documentados. De forma que, cuando se hace la suma global de lo que aporta, aquí y allá, el Estado a las arcas católicas, nadie puede calcular lo que habría que añadir por esa situación de paraíso fiscal. Algunos expertos señalan por alto: decenas de miles de millones más.
Lo curioso es que de esas ventajas fiscales no se benefician ni siquiera las otras religiones que gozan de la calificación de 'notorio arraigo' [protestantismo, judaísmo e islamimso], que también han firmado convenios de colaboración con España. Eso quiere decir, por ejemplo, que si un rabino, un pastor o un imam construyen su vivienda en un municipio, deberán pagar, lógicamente, la licencia de obras al Ayuntamiento, de la que, en cambio, está exento el sacerdote para su casa, rectoral o no.
Otro ejemplo, más gráfico si se quiere: la Cruz Roja, como asociación de interés público y sin ánimo de lucro, también tiene peor tratamiento que la Iglesia católica. Dionisio Llamazares, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense de Madrid, en apoyo del principio de igualdad que debería asegurar el Estado aconfesional, recordó que la Comisión Europea ya ha llamado la atención al Gobierno de España por permitir estas discriminaciones. Es cierto que tales ventajas fiscales tienen su origen en los acuerdos bilaterales entre España y la Santa Sede, pero, dice Llamazares, tal situación también se contempla en el acuerdo de integración de España en la Unión Europea: en esos casos excepcionales, señala el tratado, los Estados deberán hacer esfuerzos para eliminar tales desigualdades de trato, y 'eso no se está haciendo', añadió.
Otro pozo insondable del dinero público que recibe la Iglesia tiene que ver con el patrimonio histórico y sus bienes inmobiliarios, cuantiosos a pesar de haber sido sometida a dos severos procesos de desamortización en el pasado. La Iglesia sigue siendo, con mucho, la primera potencia del Estado en patrimonio histórico, y es dueña de miles de inmuebles e incluso de varios latifundios rurales. Pues bien, cada año, las administraciones autonómicas presupuestan unos 10.000 millones para financiar proyectos de restauración o de mantenimiento de esos bienes -museos, archivos, catedrales, monasterios, iglesias, casas rectorales, campanarios, jardines-, e incluso para construir nuevos edificios eclesiales, sin que, a cambio, se exijan contrapartidas rigurosas de uso público, ajeno a caprichos de horario o prohibiciones por motivos, por ejemplo, de vestimenta. Respecto al dinero gastado por el Estado en actuaciones sobre ese patrimonio, se produce un hecho extravagante: las competencias están transferidas a las consejerías de Cultura, pero la Administración central también dedica decenas de millones a ese objetivo, incluso solapándose en las mismas partidas (Septiembre 2001).
17. AZNAR CRITICA EL 'CORPORATIVISMO RANCIO' DE LOS CONTRARIOS A LAS REFORMAS EDUCATIVAS
Aznar cree que detrás de las críticas vertidas contra sus leyes, como la Universitaria, a la que se han opuesto los rectores, 'hay intereses en juego' y 'un corporativismo antiguo y rancio envuelto en la bandera de un progresismo trasnochado'. Ya no es momento para 'escuchar monsergas', dijo Aznar en la Convención Nacional de Educación del PP. 'Pondremos en marcha las reformas, que es lo que España necesita'. Pero contra esas reformas proyectadas por el Ministerio de Educación ya se han anunciado movilizaciones para antes de fin de año y el presidente sabe que le van a dar al Gobierno algún dolor de cabeza: 'No va a ser fácil ni cómodo. Algunos se creen que la educación se la han inventado ellos, que es cosa de progres. Cuanto menos sea cosa de progres, mejor', zanjó.
El presidente del Gobierno garantizó a los padres que podrán llevar a sus hijos al colegio 'de su elección' y les recordó que los valores y principios no pueden delegarse a los centros educativos. Repartiendo responsabilidades, a los profesores les toca 'transmitir conocimientos'. 'Los profesores no son animadores infantiles. Necesitamos profesores que enseñen y que no se tengan que dedicar a miedos y amenazas'. Y los alumnos deben ir a la escuela a aprender y a que se les reconozca el esfuerzo. 'Creemos en la evaluación, hay que ver quien es el que sabe para pasar de curso. Ésa es la buena marcha'.
Para Aznar es 'inevitable' que haya alumnos que salgan del sistema sin haber aprobado todo lo que está al alcance de sus posibilidades. Por eso se mostró partidario de ofrecer a los estudiantes distintas opciones para encauzar sus estudios: el sistema de itinerarios curriculares según el rendimiento del alumno que diseña la Ley de Calidad. 'Las soluciones homogéneas perjudican a los débiles' dijo. Cuando le tocó el turno a la universidad, el presidente prometió que se premiará el mérito docente, y se 'hará realidad la formación permanente', aprovechando para ello 'el gran capital humano y los buenos gestores' con que cuentan los centros académicos. Alabó el sistema de evaluación de centros previsto por la nueva ley porque de esa forma se podrá 'elegir universidad libremente y llevar a los hijos adonde les enseñen'. Aznar lamentó la endogamia, 'que hace imposible la competencia' y dijo que la universidad tiene que ser 'una fábrica de pensamiento e innovación'. El presidente ironizó sobre lo que, a su juicio, sucede en la universidad: 'Nosotros guisamos la investigación, nosotros comemos la investigación, y así, vaya el mundo como vaya. Esto no es', dijo (Septiembre 2001).
La reforma universitaria del Gobierno propicia 'la separación entre sociedad y universidad' y es 'muy reglamentarista y poco abierta'. Esto impide que cada universidad pueda adaptar los cambios a sus circunstancias particulares, señaló el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Saturnino de la Plaza, tras hacer público el análisis realizado por los rectores del texto definitivo de la Ley de Universidades (LU), aprobada por el Gobierno a finales de julio. La conferencia de rectores no decidió si apoyará o no 'como organismo' las huelgas generales y manifestaciones anunciadas por las organizaciones de estudiantes contra la ley, que tendrán lugar a partir de octubre. Sin embargo, De la Plaza manifestó que cada rector tiene autonomía para decidir si apoya las protestas de los colectivos de su universidad, algo que algunos de los máximos responsables de estas instituciones no descartan. En la reunión de la CRUE (formada por 65 de las 68 universidades españolas) celebrada en Madrid, a la que asistieron 59 rectores de universidades públicas y privadas, este organismo acordó hacer llegar a los grupos parlamentarios sus propuestas de cambio de la ley para que puedan incluirlas en las enmiendas que presenten en el Congreso de los Diputados. El lunes próximo acaba el plazo para realizar enmiendas a la totalidad del proyecto y el martes, para las parciales. Los rectores ya presentaron antes del verano propuestas alternativas a la ley del Gobierno y según De la Plaza, 'tras analizar el texto definitivo, se observa que no han recogido ninguna'. Para los rectores, el proyecto de ley 'no ofrece el marco necesario para que la universidad dé un salto cualitativo en calidad, autonomía, gobierno, profesorado y financiación'. En referencia a las críticas a las universidades vertidas por el Gobierno, de la Plaza destacó con cifras el avance que han vivido en los últimos años: en 1990, la contribución científica de las universidades españolas era del 1,5% y a finales de esa década, del 2,6%. Además, desde finales de los ochenta, el creciento anual de la producción científica española ha sido del 8,4%, frente al 2,2% que creció la media de la UE (Septiembre 2001).
19. AZNAR RATIFICA QUE LA REFORMA UNIVERSITARIA DEBE SUPERAR 'PROGRESISMOS TRASNOCHADOS'
José María Aznar, ratificó ante el pleno del Congreso las descalificaciones hacia los sectores del mundo educativo, como los rectores, que se oponen a su Ley de Universidades. 'Ratifico lo mismo que dije en ese discurso, que releyéndolo, por cierto, estaba bastante bien', dijo Aznar en referencia a las palabras que pronunció la semana pasada en un encuentro del PP. Zapatero le preguntó si se ratificaba. 'Queremos mejorar la calidad del profesorado, incrementar la movilidad, mejorar el acceso a las cátedras, terminar con la endogamia, con el corporativismo, sin tópicos, sin progresismos trasnochados' (Septiembre 2001).
'No es fácil de entender la actitud del Gobierno de José María Aznar en este último año', dijo Pedro Ruiz en una larga reflexión en voz alta en el que fue su 'último acto de apertura de curso como rector' tras ocho años al frente de la Universidad de Valencia. En un discurso marcado por la carga histórica del atentado terrorista en EE UU y sus aún imprevisibles implicaciones sociales y políticas, el rector alertó no sólo contra las consecuencias 'negativas' que traerá la futura Ley de Universidades, sino también contra 'el paquete de reformas educativas que se pretende introducir en España'. Un modelo que, en su opinión, 'en nada se corresponde con una cultura abierta al mundo'.
Una larga ovación de varios minutos, poco dada en el austero mundo académico, sucedió a las palabras de Pedro Ruiz. Tan larga, como lo fue el silencio de los representantes del PP. Ninguno de los políticos del partido en el gobierno representados en la histórica sede del paraninfo de la Universidad de Valencia aplaudió la larga cita en castellano del escritor Carlos Fuentes en favor de una 'nueva legalidad para una nueva realidad" con la que el rector dio el banderazo de salida a un curso político y educativo que nace bajo el signo de la incertidumbre (Septiembre 2001).
Los sindicatos CC OO y UGT han decidido convocar una huelga general en las universidades públicas para mediados de noviembre contra la Ley de Universidades (LU) del Gobierno. La jornada de paro irá acompañada de manifestaciones en las principales ciudades. CC OO y UGT tienen la representación sindical mayoritaria entre el personal docente, investigador y de administración y servicios (PAS) en los 48 centros superiores públicos. Los claustros de 32 universidades ya han manifestado por unanimidad su oposición al proyecto del Gobierno y algunos rectores han asegurado que apoyarán la decisión que adopte su claustro sobre las movilizaciones. Los sindicatos se reunirán el próximo día 9 con las organizaciones de estudiantes para intentar convocar protestas de forma conjunta. Los rectores de las universidades públicas y privadas, por su parte, están haciendo pública su oposición al proyecto, uno por uno, en los actos de inauguración del curso académico de cada centro. El último en manifestarse ha sido el de la Universidad de Comillas (un centro privado de la Iglesia Católica), Manuel Gallego Díaz, que calificó el proyecto de 'conservador, reglamentista, centralista y uniformista'. Gallego señaló que el texto del Gobierno restringe la autonomía organizativa de las universidades e introduce una 'pseudohabilitación' que califica de 'examen único de ámbito estatal que retrotrae a fórmulas ya superadas' (Octubre 2001).
Al menos cinco artículos del proyecto de Ley de Universidades son inconstitucionales, según un dictamen encargado por las ocho universidades públicas catalanas. La creación de una Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación violaría las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas; el artículo 14.3, que niega el derecho a voto del rector en el Consejo Social, lesiona la autonomía universitaria, y los artículos 9.2, 42.3 y la disposición adicional séptima vulneran las competencias de cada universidad. Según el informe, la regulación que hace el proyecto de ley del régimen de departamentos, el acceso a la Universidad y los conciertos entre los centros de enseñanza superior y las instituciones sanitarias es de dudosa constitucionalidad. El sistema de elección del rector por sufragio universal también plantea dudas constitucionales a los catedráticos autores del informe, ya que 'abre un proceso de controversia electoral que podría derivar en una elección sobre intereses generales de carácter no específicamente universitario', lo que plantea 'un gran peligro', ya que supondría una 'vulneración de la autonomía universitaria'. La intromisión del 'sistema partidista' supondría una 'desnaturalización' de la elección del rector. El informe, que ha sido elaborado por el catedrático de Derecho Constitucional Marc Carrillo y los catedráticos de Derecho Administrativo Joaquim Ferret y Tomás Font, fue presentado por el rector de la Universidad de Barcelona, Joan Tugores, y el de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Carles Solà, que insistieron en que el proyecto del PP tiene 'graves defectos que vulneran la autonomía universitaria y de Cataluña'. El dictamen ha sido enviado al resto de universidades españolas, a los grupos parlamentarios del Congreso y del Parlamento catalán para que lo tengan en cuenta a la hora de presentar enmiendas. Sobre el régimen de becas, el informe considera que el proyecto de ley del PP 'no sigue ninguna directriz de la jurisprudencia constitucional' que señala que las subvenciones no tienen carácter de competencia. 'Si del proyecto se derivase una universalidad de la competencia estatal en materia de becas', aseguran los catedráticos, el resultado sería la inconstitucionalidad de la legislación (Octubre 2001).
23. SINDICATOS Y ALUMNOS SE UNEN PARA CONVOCAR UNA HUELGA CONTRA LA LEY UNIVERSITARIA
Los sindicatos mayoritarios CC OO y UGT, y 30 organizaciones de ámbito estatal y local de estudiantes, que forman la Campaña Estatal contra la LOU, acuerdan la 'unidad de acción contra la Ley Orgánica de Universidades': convocarán juntos una jornada de huelga general de profesores, alumnos y personal administrativo y de servicios de la Universidad para la primera quincena de noviembre. Ambos colectivos harán pública la fecha definitiva de la convocatoria la próxima semana, y organizarán una campaña informativa dirigida a todos los miembros de la comunidad universitaria de los 48 centros superiores públicos para 'pedirles que apoyen la convocatoria y acudan a las manifestaciones que se organizarán en las principales ciudades', señalaron. Los convocantes piden la retirada del proyecto y que se inicie un debate con toda la comunidad educativa para crear otra alternativa, como dice el lema creado por los alumnos: 'No a la LOU, otra universidad es posible'. Las universidades públicas tienen este curso, según datos oficiales, 1.369.000 estudiantes, 81.049 profesores e investigadores y cerca de 35.000 personas de administración y de servicios (octubre 2001).
24. ZAPLANA DESTACA QUE LA NUEVA LEY INTEGRARÁ A LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS
En el acto protocolario de apertura del curso académico de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, la única institución educativa superior privada valenciana, el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, defiende la Ley de Ordenación de Universidades (LOU), que prepara el Ministerio de Educación, subrayando el hecho de que 'por primera vez' se consigue la 'plena integración de las universidades de gestión privada en el sistema universitario con rigurosos mecanismos de garantía de la calidad'. El titular del Consell consideró 'absurdo' diferenciar entre los centros académicos 'en función de del origen de su financiación' y afirmó que es compatible apoyar tanto al público como al 'surgido desde la iniciativa social', que 'enriquece el sistema universitario y es manifestación evidente del pluralismo y de la libertad'. 'A veces resulta sorprendente que los mismos que defienden la autonomía universitaria, que hay que preservar y que jamás ha sido cuestionada, pretenden poner trabas a las universidades nacidas de una iniciativa diferente', añadió el titular del Consell en referencia al conflicto que enfrenta a las universidades públicas con la Administración, y en concreto, con la Generalitat.
En compañía del arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, además de numerosos cargos políticos del PP, como la presidenta de las Cortes, Marcela Miró, o el presidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner, que componían la representación institucional más numerosa en las recientes inauguraciones del curso de las distintas universidades públicas valencianas, Zaplana reiteró que los grandes retos de la universidad para el siglo XXI serán la apuesta por la investigación en colaboración con el tejido empresarial, la formación permanente, 'y la apertura a la sociedad'. El gran canciller de la Cardenal Herrera, Alfonso Coronel de Palma, se refirió a la importancia de educar en los valores en el actual contexto internacional. Antes del acto de apertura, el arzobispo García-Gasco bendijo la nueva biblioteca de la Cardenal Herrera (Octubre 2001).
25. LOS PROFESORES DE RELIGIÓN EXCLUIDOS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS
Entre los compromisos arrancados al Gobierno del PP en 1998 por la Conferencia Episcopal Española se encuentra el de excluir a los profesores de religión de toda 'posibilidad de negociaciones de convenios colectivos', según la 'pro-memoria' redactada tras la reunión entre el obispo responsable de la negociación y el secretario general del Ministerio de Educación. En la misma reunión, el Ejecutivo comunicó a los prelados que sus exigencias sobre la asignatura alternativa a la religión no serían atendidas en ese momento por falta de apoyo de los nacionalistas catalanes. Sin el apoyo de 'todos los socios' no habrá decreto, respondió en septiembre de 1998 el Ministerio de Educación a los obispos cuando la Conferencia Episcopal Española (CEE) insistió, por escrito, en cambiar el carácter de la asignatura alternativa a la religión en los colegios públicos. El presidente del Gobierno, José María Aznar, se había comprometido al cambio, elevando el rango de la materia a impartir a los alumnos en el mismo horario que la clase de religión -algo más serio y exigente que 'el parchís', resumió el líder del PP en la campaña electoral anterior-, pero su intención tropezó con los resultados de las urnas y la realidad educativa. Lo cierto es que, según la 'pro-memoria' que levantó acta de lo tratado aquel día, bajo el apartado de Nuevo decreto que regule la enseñanza de la religión, aparece la siguiente frase: 'El secretario general del MEC [Ministerio de Educación y Ciencia] afirma que no se ha producido compromiso de apoyo al proyecto de nuevo decreto de religión por parte de los socios de Convergencia. Necesitan la seguridad del respaldo de todos los socios para presentar el decreto'. Las negociaciones para cambiar radicalmente el régimen laboral y económico de los profesores de religión -fijado por los diferentes Ejecutivos de UCD y del PSOE- se concretaron el 22 de septiembre de 1998 por el obispo Antonio Dorado, en aquella fecha presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis en la CEE [ahora lo es el arzobispo de Granada, Antonio Cañizares], y el entonces secretario general de Educación, Eugenio Nasarre. Cuatro meses después, los ministros de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y de Educación, Mariano Rajoy [actual vicepresidente primero del Gobierno], rubricaban un acuerdo que cambiaba la relación laboral y económica de los docentes de catolicismo, a partir de entonces contratados y pagados por la Administración del Estado, aunque designados cada año por el obispo de cada diócesis. El acuerdo fijaba un plazo de cuatro años para la equiparación salarial de ese profesorado con los del resto del sistema educativo, además de su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social.
Es el punto cuatro de esa 'promemoria', en su letra E, el que especifica como 'compromiso del Ministerio de Educación', que en la redacción del nuevo convenio 'se deben buscar las fórmulas jurídicas necesarias [para] que, al ser un convenio en cumplimiento del acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, no tenga lugar la posibilidad de negociaciones de convenios colectivos para este profesorado' (Octubre 2001).
26. DOS MANIFIESTOS FIRMADOS POR 5.000 DOCENTES PIDEN LA RETIRADA DE LA LEY UNIVERSITARIA
Unos 5.000 profesores universitarios han suscrito dos manifiestos que piden la retirada del Proyecto de la Ley Orgánica Universitaria (LOU), elaborado por el Ministerio de Educación y que ahora se debate en el Parlamento. Los firmantes piden que se recupere el consenso y que se retrase su aprobación, prevista para antes de que acabe el año. Alegan que, de no ser así, podría provocarse un 'conflicto general'. Cinco catedráticos, encabezados por el titular de Historia Contemporánea en la UNED, Javier Tusell, presentaron los manifiestos en una rueda de prensa.
Uno de los manifiestos ha sido promovido por la Universidad de Valencia y está colgado desde junio en Internet. A él se han adherido hasta el momento 3.300 profesores a través de firma electrónica. El segundo manifiesto, también en la red desde septiembre está suscrito por 1.400 docentes. Lo encabezan el catedrático de Historia Contemporánea de la UNED, Javier Tussell; el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Miguel Ángel Aparicio, y el catedrático de Química Inorgánica de la Universidad Complutense, José González Calbet. Tusell explicó que esta oposición a la LOU se basa en que, a pesar del consenso existente por parte de todo el colectivo universitario sobre la necesidad de una reforma, 'no se ha tenido en cuenta su opinión' y se ha pretendido aprobar la ley 'con una rapidez y una falta de consulta preocupante'.
El PP decidió la semana pasada acelerar el trámite parlamentario de la ley y vetó todas las comparecencias solicitadas por los grupos. Marcó un calendario de dos semanas a la ponencia encargada de analizar el proyecto y las más de 800 enmiendas parciales presentadas por los grupos. 'Sabemos que la única solución sólo puede encontrarse ahora en el Parlamento. Por eso queremos que los partidos nos oigan y que la ley se discuta antes de aprobarse', explicó Tusell, en cuyo manifiesto se pide la retirada del proyecto en caso de no se enmendado (Octubre 2001).
27. EL PP ARREMETE CONTRA LA UNIVERSIDAD Y ACUSA A LOS RECTORES DE COMPRAR VOTOS
El portavoz de justicia del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y miembro de la Comisión de Educación, Andrés Ollero, arremetió contra la situación de la Universidad, dijo que la Ley de Universidades va ser 'un alivio' y criticó la excesiva permanencia de muchos alumnos en esta institución. Ollero acusó además a los rectores de comprar el voto de los claustros para ser elegidos. El portavoz de Justicia de los populares no escatimó en comentarios despreciativos sobre la actual Universidad española Ollero no se tuvo reparos en expresar públicamente algunas opiniones críticas hacia los alumnos y estas instituciones que suelen difundir sólo en privado otros miembros de su partido: 'Sería interesante ver cuántas universidades españolas cumplen las normas sobre el límite de permanencia por parte de los estudiantes, aparte de la Carlos III o la Politécnica, a mí no me suena ninguna otra. Quizás algo tenga que ver con cómo es elegido el rector. Incluso un rector, que ya no lo es, me confesaba el otro día que la primera vez que se presentó no salió porque el otro candidato había hecho una oferta económica al Personal de Administración y Servicios (PAS) realmente tentadora. Son hechos que forman parte del corporativismo cotidiano'. Para justificar la elección del rector por sufragio universal ponderado que recoge la nueva ley, afirmó que hay 'organigramas tropicales en la universidad porque, como el rector necesita ser votado por el claustro, tiene que inventarse cargos para poder satisfacer a los que le han votado'. Andrés Ollero dijo además que 'no le gusta' la Universidad y que es 'un alivio librarse' de la ley vigente (la Ley de Reforma Universitaria, de 1983, elaborada por el PSOE) porque 'ha machacado a la Universidad española' y ha provocado el 'corporativismo y la endogamia'. Y añadió que, por todo ello, la ley del PP supone 'un alivio' (Octubre 2001).
28. 700.000 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA VAN A LA HUELGA PARA EVITAR EL REGRESO DE LA REVÁLIDA
Una tercera parte de los estudiantes de educación secundaria pública (ESO, FP y Bachillerato) de toda España -según el Ministerio de Educación-, que supone alrededor de 700.000 alumnos, secundaron la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes para protestar contra las reformas educativas que prepara el Gobierno, entre ellas la posible reinstauración de una prueba de reválida al terminar el bachillerato. La huelga estuvo acompañada por manifestaciones en las principales ciudades de España (Octubre 2001).
29. DEL CASTILLO DICE QUE LA HUELGA UNIVERSITARIA NO TIENE FUNDAMENTO
La ministra afirmó que las manifestaciones y la huelga convocadas para el próximo 7 de noviembre, para protestar contra el proyecto de Ley Orgánica de Universidades, 'están fundamentadas en el vacío', porque lo que se ha dicho sobre la ley no se corresponde con lo que dice el texto. Esta huelga, a la que están llamados los profesores y el personal de administración y servicios, ha sido convocada por las centrales CC OO y UGT y el Sindicato de Estudiantes, y cuenta con el apoyo del resto de las organizaciones estudiantiles, que han convocado a los alumnos para una huelga el 14 de noviembre (Octubre 2001).
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