JUECES CON ANTECEDENTES : MANUEL MARCHENA GÓMEZ

 

LAS NOTICIAS

EKAIZER EXPLICA LA OPERACIÓN DIQUE DEL PP: "MARCHENA ERA EL IDEÓLOGO"

MANUEL MARCHENA, EL PRÓXIMO IMPLICADO EN LAS GRABACIONES DE GONZÁLEZ

UN JUEZ DEL TS PIDIÓ A VELASCO QUE SE INHIBIERA TRAS RECORDARLE QUE SU MUJER FUE CONTRATADA POR GONZÁLEZ

MARCHENA, EL JUEZ QUE SENTENCIÓ A GARZÓN Y SUS RELACIONES BAJO SOSPECHA CON 'ABOGADOS GÜRTEL'

EL CLAN DE LA TOGA

LAS PELIGROSAS AMISTADES DEL SUPREMO

EL JUEZ MARCHENA Y EL POPULAR ÁNGEL ACEBES PROTAGONIZARON UNA OPULENTA COMILONA, SEGÚN 'EL CONFIDENCIAL'

MAZA, MARCHENA Y EL FERNÁNDEZGATE

FERNÁNDEZGATE, ¿INMUNIDAD PENAL?

LA CAUSA CONTRA EL JUEZ ALBA, A PUNTO DE ARCHIVARSE POR LA REFORMA DE LA LEY EN LA QUE PARTICIPÓ SU PROPIO ABOGADO

EL MAGISTRADO QUE IMPULSA LA QUERELLA DE SORIA CONTRA VICTORIA ROSELL ES ÍNTIMO AMIGO DEL ABOGADO DEL EXMINISTRO

¡ ES EL SUPREMO, ESTÚPIDO !

VICTORIA ROSELL PIDE EL CIERRE DE SU CASO POR ESTAR CONSTRUIDO SOBRE PRUEBAS PREFABRICADAS

ELOGIO DEL MAGISTRADO MARCHENA

AFECTADOS DE HOYA POZUELO DUDAN DE LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ DEL SUPREMO QUE ABSOLVIÓ A CORTEZO

LA CARIDAD DEL PP ES INFINITA

EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA FERNÁNDEZ DÍAZ Y EL EXDIRECTOR DE LA OFICINA ANTIFRAUDE CATALANA

EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA RAJOY POR LOS CUIDADOS A SU PADRE EN LA MONCLOA

EL SUPREMO ARCHIVA DE NUEVO LA CAUSA CONTRA PILAR BARREIRO POR NOVO CARTHAGO

EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA POR EL NOMBRAMIENTO DEL 'COMISARIO' MARHUENDA
.
EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA BARBERÁ POR NO RETIRAR SÍMBOLOS FRANQUISTAS

EL SUPREMO ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN CONTRA LA EXALCALDESA DE JEREZ

EL SUPREMO ARCHIVA LA CAUSA CONTRA EL PRESIDENTE DE MELILLA

LA PRESCRIPCIÓN SALVA AL PRESIDENTE DE CANTABRIA

EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA PRESENTADA POR PODEMOS CONTRA TRES JUECES DEL TSJ DE MURCIA

EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA MONAGO POR SUS VIAJES A CANARIAS

EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO CONTRA RAFAEL HERNANDO

EL SUPREMO ARCHIVA LAS QUERELLAS CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ POR EL ÁTICO EN ESTEPONA

EL SUPREMO RESPALDA LA ABSOLUCIÓN DEL JURADO A CAMPS EN EL CASO DE LOS TRAJES

EL SUPREMO REBAJA LA PENA A MATAS A NUEVE MESES Y LE EVITA INGRESAR EN PRISIÓN

LA SALA CLAVE DEL SUPREMO PROTESTA POR LAS INJERENCIAS DEL GOBIERNO DE RAJOY

UNA DENUNCIA CONTRA MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

EL CONSERVADOR MANUEL MARCHENA, NUEVO PRESIDENTE DE LA SALA PENAL DEL SUPREMO

EL CANDIDATO QUE SUSCITA MÁS RECHAZO PRESIDIRÁ LA PRINCIPAL SALA DEL SUPREMO

OTRO ‘GOLPE’ DEL PP A LA JUSTICIA: QUIERE PONER AL MAGISTRADO QUE 'FULMINÓ' A GARZÓN AL FRENTE DE LA SALA PENAL DEL SUPREMO

GARZÓN PLANTEA A ESTRASBURGO QUE NO TUVO “UN JUICIO JUSTO”

UN ARÚSPICE EN PALACIO

EL MAGISTRADO MARCHENA

EL JUEZ MARCHENA, QUE BUSCA CONDENAR A GARZÓN, LIBRÓ AL MINISTRO 'AZNARISTA' JOSEP PIQUÉ DE SER JUZGADO

EL JUEZ ARCHIVA POR PRESCRIPCIÓN LA CAUSA DE GARZÓN POR LOS CURSOS DE NUEVA YORK

"VARELA NO INVESTIGÓ LA OPERACIÓN NÉCORA Y MARCHENA ES UN IGNORANTE"

EL EJEMPLAR VOTO DE MARCHENA DEJA EN EVIDENCIA AL SUPREMO POR LA SEGUNDA SENTENCIA DEL CASO BONO

 


EKAIZER EXPLICA LA OPERACIÓN DIQUE DEL PP: "MARCHENA ERA EL IDEÓLOGO"

El periodista Ernesto Ekaizer ha explicado en 'Las Mañanas de Cuatro' la 'Operación Dique' con la que el PP intentó contener la corrupción. Según Ekaizer, Marchena fue el ideólogo de este entramado en el que el ministro Rafael Catalá era "el rey". Además, Ekaizer explica el papel del Fiscal Anticorrupción y el Fiscal General del Estado en esta operación.

http://www.cuatro.com/las-mananas-de-cuatro/Ekaizer-Operacion-Dique-PP-Marchena-Catala-Moix-Maza_2_2365155111.html

MANUEL MARCHENA, EL PRÓXIMO IMPLICADO EN LAS GRABACIONES DE GONZÁLEZ

Por Ernesto Ekaizer

El nombre del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, según fuentes próximas a la investigación de la Operación Lezo, se suma a las personalidades del mundo judicial que aparecen en las conversaciones que mantuvo en los últimos meses de 2016 el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Ante la formación del nuevo Gobierno, tras la investidura de Mariano Rajoy en octubre pasado, una serie de juristas influyentes, a los que tuvo acceso González, tramaron un cambio en la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.

González mantuvo intercambio de información sobre lo que se cocía con su amigo y socio negocios y proyectos el ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana, el ex magistrado del Tribunal Constitucional y magistrado en la sección segunda de lo Penal, Enrique López, y el ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique Arnaldo.

Las informaciones que le van transmitiendo a González luego se concretarán: la fiscal Consuelo Madrigal será engañada por el ministro Rafael Catalá ya que no es su candidata real para la Fiscalía General del Estado sino que la apuesta irá por el “tapado” José Manuel Maza, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Asimismo, González sabía que Manuel Moix, su protector en sus tiempos de fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 2009, será el próximo fiscal jefe Anticorrupción.

Precisamente, Manuel Marchena es el “padrino” de Maza y de Moix, respectivamente. Ha trabajado con Maza en la Sala Segunda del Supremo y ha coincidido con Moix en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado en época del fiscal General del Estado Jesús Cardenal, durante el gobierno de José María Aznar. González, según las fuentes consultadas por ARA, también hace referencia en sus conversaciones a Marchena, a quien sitúa entre los “buenos”.

http://www.ara.cat/es/Manuel-Marchena-implicado-grabaciones-Gonzalez_0_1786021516.html

UN JUEZ DEL TS PIDIÓ A VELASCO QUE SE INHIBIERA TRAS RECORDARLE QUE SU MUJER FUE CONTRATADA POR GONZÁLEZ

El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, llamó al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, para advertirle de que su esposa, la abogado Beatriz Saura, había trabajado durante años en la Comunidad de Madrid y ese antecedente profesional podría contaminar el proceso y propiciar un escrito de recusación por parte de los abogados de Ignacio González.

El juez del Supremo contactaba con el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en la mañana del pasado viernes, poco después de que el ex presidente de la Comunidad de Madrid fuera detenido en su domicilio de Aravaca, en la periferia de Madrid, como pieza principal de la denominada ‘operación Lezo’.

Marchena manejaba información de primera mano, obtenida de una periodista: la esposa de Velasco, la abogada Beatriz Saura Alberdi, había conseguido, en octubre de 2012, un contrato externo en un organismo adjunto de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad, por indicación directa del entonces recién nombrado presidente de Madrid, Ignacio González, a quien una persona próxima al juez de la Audiencia Nacional le había pedido el favor, según ha podido saber OKDIARIO. Paradójicamente, seis años después, el empleador de la esposa del magistrado, se sentaba ante él como reo y, horas después, era conducido en un furgón a la cárcel de Soto del Real.

Se daba la curiosa circunstancia de que Marchena, el ponente de la sentencia del Tribunal Supremo que apartó de la carrera judicial a Baltasar Garzón, advertía a Velasco sobre las intrigas en torno a su mujer, que durante un tiempo, cuando se quedó sin trabajó, probó suerte como abogada en el despacho del ex magistrado inhabilitado de la Audiencia Nacional.

Algunos medios periodísticos han adjudicado la contratación de la abogada alicantina al ex consejero Salvador Victoria, sin embargo en aquella fecha, desde un mes antes, ya era consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz, cargos en los que se mantuvo hasta junio de 2015. Entonces, se vio obligado a dimitir por las investigaciones del juez Velasco en el ‘caso Púnica’. El número dos de González fue imputado por el magistrado por pedir, supuestamente, a la empresa INDRA que saldara una deuda de 10.000 euros que la Comunidad de Madrid mantenía con uno de los detenidos en la operación policial. El consejero desde el primer momento negó la acusación, aunque dimitió para no afectar las negociaciones entre el PP y Ciudadanos.

En octubre de 2012 el consejero de Asuntos Sociales era Jesús Fermosel, hoy día senador por designación de la Comunidad de Madrid.

Salvador Victoria, ex consejero de Asuntos Sociales y de Presidencia y Justicia, se negó a confirmar ni desmentir a OKDIARIO la relación laboral de la esposa de Velasco con la Consejería de la Comunidad de Madrid: “Desde que dejé la política he decidido no hacer declaraciones y no voy a romper ahora ese compromiso“, señaló.
Avisó al juez Velasco

El magistrado del Supremo se decidió a llamar a su compañero de la Audiencia Nacional, “única y exclusivamente, para advertirle de que la prensa ya tenía esa información en su poder y que podía tener problemas por los antecedentes de la contratación”, según fuentes judiciales. Las mismas fuentes niegan la intención por parte de Marchena de presionar o influenciar en Velasco. Además, habría sido una labor infructuosa pues el titular del Juzgado número 6, nacido en Bilbao, tiene fama entre sus compañeros de judicatura de ser una persona trabajadora, insobornable y tozuda.

El magistrado de la Audiencia Nacional recibió con cierta preocupación la llamada de su compañero del edificio vecino del Supremo, en la otra esquina de la Plaza de París, por lo que algunos pudieran estar cociendo a sus espaldas, pero no le cogió por sorpresa. Los agentes de la UCO de la Guardia Civil ya le habían puesto sobre aviso. En una de las conversaciones de González, intervenidas por la Guardia Civil, el ex presidente aseguraba a su interlocutor que el juez Velasco estaba contaminado porque su esposa había trabajado para la Comunidad de Madrid, siendo él presidente.

Con la advertencia de la UCO y de su compañero del Supremo, Velasco se reservó un movimiento de ficha por sorpresa. Antes de iniciar el interrogatorio, le preguntó a González: “¿Hemos comido usted y yo alguna vez?”. Y el ex presidente de la Comunidad de Madrid, sorprendido con la pregunta, le contestó: “No”. Y el magistrado insistió: “¿Cree usted que existe alguna incompatibilidad que pudiera propiciar la recusación de este juez?”. La respuesta fue también negativa.

Tras ese arranque y el posterior interrogatorio, ni los fiscales anticorrupción ni Ignacio González se sumaron a la solicitud de ninguna medida de recusación.

Beatriz Saura Alberdi, la esposa de Velasco, es una prestigiosa abogada que copreside la sección de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Madrid. También es directora de penal y compliance en el despacho Legal y Económico, dirigido por Pedro Martín Molina. Con anterioridad ha sido fiscal sustituta de Madrid durante cuatro años y secretaria judicial en la Audiencia Nacional. La letrada ha escrito a medias con Velasco el libro “Cuestiones
Prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance“, el cumplimiento de las normativas internas de las corporaciones, mediante el código de buenas prácticas.

https://okdiario.com/investigacion/2017/04/27/juez-del-ts-pidio-velasco-inhibiera-recordarle-mujer-fue-contratada-gonzalez-946438

MARCHENA, EL JUEZ QUE SENTENCIÓ A GARZÓN Y SUS RELACIONES BAJO SOSPECHA CON 'ABOGADOS GÜRTEL'

Las revelaciones del magistrado en su libro 'En el punto de mira' sobre los vínculos del hombre que le sentenció con el PP

El magistrado Manuel Marchena, que participó en los tres procesos contra Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo, mantuvo una estrecha relación con uno de los abogados de varios implicados en la Gürtel, Luis Rodríguez Ramos. Ambos se ocupaban de la formación de una comisión institucional jurídica destinada, entre otras cosas, a controlar las intervenciones telefónicas. Recordemos que Garzón fue inhabilitado por las escuchas de la Gürtel, denunciado precisamente por abogados de la defensa. En su libro En el punto de mira relata estas conexiones y, también, con abogados y políticos del PP.

Sobre el juez Manuel Marchena dice: “Entre sus amigos, el antiguo fiscal y flamante magistrado del Supremo contaba con José María Michavila y Ángel Acebes, ministros del Gobierno de José María Aznar, con los que estuvo durante años como vocal en la Fundación Wolters Kluwer, que preside o presidía Michavila y en cuyo consejo asesor figura o figuraba asimismo Acebes”.

“Y en la entrega de los premios La Ley otorgados por esa fundación, Marchena ha coincidido con frecuencia con el abogado de varios implicados en el caso Gürtel, Luis Rodríguez Ramos. Y también, mira por dónde, con el director general de Comunicación y Estudios del Grupo Santander, José Manuel Cendoya Méndez de Vigo”, dice.

Con Michavila

Continúa así Garzón:

“Sin ir más lejos, el mismo año 2011 en que insistía en la financiación del Santander y el caso de los cursos de Nueva York. Con Rodríguez Ramos, y otros juristas afines al PP, se encontró también el juez Marchena en febrero de 2010, ya ven, en plena ebullición del caso Gürtel, durante unas jornadas de estudio patrocinadas por La Ley, y organizadas por Michavila, en la localidad vallisoletana de Quintanilla de Onésimo. Relata la prensa de la época que Rodríguez Ramos urgió en aquel lugar a la reforma del artículo 579 de la Lecrim, el precepto del ordenamiento español en el que se regula la intervención de las comunicaciones por orden judicial”.

“ Allí se encontraba también el magistrado de la Sala Segunda del Supremo Julián Sánchez Melgar, miembro del tribunal que decidió la admisión de los casos de Nueva York y Gürtel y, además, firmante de la sentencia del juicio de la memoria histórica. No deja de ser curioso que quince días después de ese encuentro, el 25 de febrero de 2010, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abriera la tercera causa contra mí por supuesto delito de prevaricación al acordar la interceptación de las comunicaciones de los máximos responsables de la trama criminal Gürtel en prisión”.
En la comisión institucional

Resalta Garzón que la sentencia del caso Gürtel, “de la que fue también obra y parte el magistrado Marchena, motivó que durante once años no pudiera ocupar mi puesto de juez. Esta inhabilitación se produjo el 23 de febrero de 2012. Pues bien, una semana después, el 2 de marzo, el Consejo de Ministros creó una comisión institucional cuyo cometido sería presentar una propuesta de texto articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

“Entre otras cosas, tendría como objeto luchar contra la creciente inseguridad jurídica, delimitar las atribuciones competenciales entre jueces y fiscales, regular el sometimiento a plazo del secreto de sumario e incrementar el control de las intervenciones telefónicas… Curiosamente, entre los miembros de la comisión figuraba como presidente «Manuel Marchena Gómez, magistrado del Tribunal Supremo» y, según indica el BOE, entre los miembros que se designaron se encontraba ni más ni menos que «don Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal y abogado»”.
Y en la sala del Supremo

“En efecto, Rodríguez Ramos era abogado —de varios implicados en la trama Gürtel— e impulsor, desde su puesto de vicedecano en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) al principio de toda esta historia, de la toma de posición de esta institución en la querella que afectaba al PP. Magistrado y abogado debían llevar tiempo postulados para este tema”.

“ Extraña situación cuando, mientras se gestaba este grupo de trabajo —que claramente no debía ser improvisado—, juez y letrado estaban frente a frente enjuiciando uno y defendiendo el otro a varios imputados que podían resultar afectados por la decisión del Tribunal Supremo. Aquí, la imparcialidad objetiva que reclamaba para otros el instructor brillaba por su ausencia cuando se trataba de sí mismo”.
La recompensa

¿Qué ocurrió con el juez Marchena? Lo relata Garzón:

“ Eso sí, las molestias que pudo sufrir porque el sector de la prensa que informaba con carácter crítico de las decisiones del Supremo contra mí, y de las que toda la Sala me hacía responsable, tuvieron su merecido premio: el juez Marchena pasó a presidir la Sala Segunda del Supremo en sustitución de Juan Saavedra el 30 de septiembre de 2014”.

“Peor suerte corrió otro magistrado que también estuvo presente en mis procesos. El antiguo fiscal Miguel Colmenero optaba al mismo puesto que Marchena, pero solo obtuvo un voto frente a los doce de su colega. Y eso a pesar de estar bien visto por el sector conservador, como muestra su participación en actos organizados por la Fundación FAES que preside José María Aznar, como algunos de los seminarios celebrados en 2005, 2006 y 2007 en los que coincidió con otro colega, el magistrado Adolfo Prego”.

Ponentes y cursos

“Colmenero dirigía, en la época en que se inició el baile de querellas, unos cursos en la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), en cuyo consejo académico figuran diferentes magistrados de distintas instancias. Entre los ponentes que acudían a las jornadas, cursos y seminarios de FIDE, había habituales representantes de prestigiosos bufetes como, una vez más, Luis Rodríguez Ramos o Miguel Bajo, abogados ambos en el caso Gürtel”.

“Y en los actos de FIDE colaboraban también diversas empresas y entidades financieras, entre ellas el Banco Santander. Esto ocurrió, por ejemplo, en 2009. Se da la circunstancia de que Miguel Colmenero fue magistrado en los tres casos que me instruyeron, actuando como ponente en la admisión de la querella de los cursos de Nueva York y en la de la Gürtel, y firmando la sentencia dictada por la investigación de los crímenes franquistas”.

http://www.elplural.com/2016/10/11/marchena-el-juez-que-sentencio-garzon-y-sus-relaciones-bajo-sospecha-con-abogados-gurtel

EL CLAN DE LA TOGA

Por Elisa Beni

Al final, cuando la soledad del poder te rodea, tiendes a fiarte de los compañeros de pupitre aunque algunos te acaben saliendo rana

Sin la comprensión del alcance de estos clanes nunca se entendería que magistrados o fiscales profundamente conservadores hayan apoyado durante toda su carrera a otros de índole progresista o a la inversa

Todos recordamos la importancia del denominado “clan de la tortilla” en la historia política reciente de España. Doce socialistas reunidos en torno a una merendola que refundarían el PSOE y conseguirían alcanzar el poder y ser actores esenciales de las últimas décadas. El apoyo mutuo, la confianza y una estrecha camaradería política y personal en la juventud les acompañó a lo largo de todo un devenir preñado de cargos de responsabilidad. Al final, cuando la soledad del poder te rodea, tiendes a fiarte de los compañeros de pupitre aunque algunos te acaben saliendo rana. El clan de Logroño, Aznar, Botella y Blesa, fue muy significativo.

Recuerdo estos ejemplos políticos porque, a veces, algunas alianzas y compenetraciones que existen en el mundo judicial son también difíciles de entender si no se conocen los entresijos de los diversos clanes. Sí, los clanes de juristas también nos presentan a profesionales que se conocieron en un momento y un lugar determinado -normalmente durante su juventud y los inicios de su andadura profesional- y que soldaron una amistad y unas alianzas que les han acompañado a lo largo de toda su vida jurídica. Sin la comprensión del alcance de estos clanes nunca se entendería que magistrados o fiscales profundamente conservadores hayan apoyado durante toda su carrera a otros de índole progresista o a la inversa, incluso contra la opinión de sus diversas asociaciones.

Podemos citar aquí como ejemplo el “clan de San Sebastián”, formado por fiscales que se conocen en tiempos difíciles en el País Vasco cuando inician su carrera. Esas amistades que no se olvidan. En él podemos incluir como figuras más relevantes a Candido Conde-Pumpido, Javier Zaragoza y Elvira Tejada, todos ellos instalados hoy en la Plaza de la Villa de París. Nada malo en confiar en los antiguos amigos sobre todo si todos ellos son buenos juristas.

También ha tenido gran éxito el “clan de Segovia”. En él se incluyen personas que convivieron en su día en las viviendas oficiales que los cargos judiciales ocupaban en la Audiencia de Segovia. De muy distinto signo ideológico, Adolfo Prego de Oliver, Candido Conde-Pumpido y Francisco Vieira,presidente del TSJM, formaban parte de ellos. Prego dejó el Supremo y ahora es abogado pero antes de eso, los tres ocuparon también despachos en la susodicha Plaza, en la que se aglutinan los órganos más importantes del Poder Judicial en Madrid.

El “clan de León” tuvo la virtualidad de traer a Madrid a Enrique López, el magistrado promesa, que acaba de ser recusado para el Caso Gürtel por su proximidad al PP y que fue llevado al Tribunal Constitucional a hoz y coz por los populares. Las brumas del alcohol le sacaron precipitadamente de allí. A López lo trajo a Madrid Enrique Míguez, alto cargo de la APM y vocal del CGPJ, junto a Prego. Algunos clanes no son geográficos sino que proceden de una largo periplo juntos en las distintas asociaciones judiciales.

Y así. Son sólo ejemplos. Sin conocer estas relaciones no se entienden algunos apoyos y movimientos judiciales que a veces se producen. Los traigo a colación para que se entienda que existe esa mecánica de apoyo y auxilio mutuo que no es sino, podríamos decir, una consecuencia de la amistad y la confianza. Como sucedía con el “clan de la tortilla”.

Voy ahora a lo que me ocupa que es el “clan de los canarios”. Y es que el clan de los canarios se ha complicado y se ha vuelto un hervidero en el que se ha pretendido cocer viva a la jueza Rosell. El guiso se aderezaba con las inquinas de un político a un periodista y la excedencia de la magistrada para ser candidata de Podemos. Su futura ministra de Justicía, ahí es nada. En esta historia, todos son canarios, los buenos y los malos y sólo analizando esa coincidencia espacio/temporal entenderemos algo de lo que está sucediendo. A Rosell le puso una querella el entonces ministro Soria. Canario. Ex presidente del Gobierno de Canarias. Como acusación popular. Un “Manos Limpias” de la banana.

El “clan de los canarios”, como los otros, aglutina a juristas que se conocieron hace años. Eligio Hernández, “El Pollo del Pinar”, se trajo de Canarias a Manuel Marchena, actual presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Como él mismo dijo en una entrevista: “me alegro de haber sembrado un pequeño grano.... del que ha crecido un gran jurista”. Claro que ahora el “pequeño grano” ocupa el sillón más alto entre los jueces penales de España y Eligio... Eligio es abogado. Y pleitea en su sala. Así que todo se complica, desde el punto de vista del ciudadano decente, cuando a Eligio le surge un cliente, también canario, el ministro Soria.

De modo que Eligio el abogado canario, representando al ministro canario, presenta una querella como acusación popular (es decir, sin estar concernido directamente) contra una juez canaria. La juez canaria tiene un compañero periodista canario que ha fustigado desde hace años a Soria por sus cacicadas. Lo dejamos en eso. Y la querella la tiene que admitir a trámite el “pequeño grano... ya gran magistrado” canario. El Tribunal Superior de Canarias ya ha dicho que no ha lugar y la Fiscalía del Tribunal Supremo emite informe diciendo que eso no se puede admitir. Pero el gran presidente de la Sala, canario, decide pedir informes directamente al juez que ha sustituido a Rosell. También canario y, además, portavoz que ha sido de la Asociación Profesional de la Magistratura en Canarias. La asociación a la que pertenece Marchena, el presidente canario de la Sala II, y que le ha apoyado para llegar dónde está.

El juez canario Alba, y de la APM, emite un informe y le da pié al otro canario para imputar en plena campaña a la juez canaria que, ¡ah, no se si lo hemos dicho!, ha pedido la excedencia y es candidata de....PODEMOS. Con el demonio hemos topado porque con la Iglesia no topa Marchena, que es hombre de fuertes creencias que le unen también a los clanes del Opus y los Legionarios (Michavila, Requero, Aceves), pero esa es otra historia. O es la misma. Vaya usted a saber.

Luego salen las grabaciones del juez canario aleccionando a un imputado de lo que debe decir para poder imputar a la podemita canaria. Una grabación que produce vergüenza y asco a cualquiera y más a quien tiene una sensibilidad especial para saber lo que debe ser un juez. Con esa declaración pudo actuar Marchena.

En este movido juego de conocidos hay que reseñar que esta no es la primera querella que el canario Soria intenta contra la canaria Rosell. La primera fue interpuesta y desestimada en Plaza de Castilla. En aquel momento el abogado de Soria fue Nicolás González-Cuellar. Un abogado, hijo de un prestigioso fiscal, que también ha arraigado sus negocios en Canarias. Hasta cuatro pleitos importantes llegó a llevar y cobrar del Cabildo de Gran Canaria siendo presidente Soria. Además defendió también al que era presidente de la Audiencia de Las Palmas, Jose Antonio Martín, cuando fue acusado de colaborar con narcotraficantes. Este juez, igualmente de la APM, fue finalmente exculpado por el Tribunal Supremo gracias al trabajo de González-Cuellar. Santiago Alba, desde Canarias y como portavoz de la asociación, mostró en aquel momento su satisfacción por el hecho.

Hay otros pleitos que ahora mismo González-Cuellar lleva en el Tribunal Supremo por cuenta de Soria y de los que entiende Marchena. Ambos, buenos juristas les digo, han escrito juntos un libro que explica la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se pasean por España presentándolo. Van a conferencias juntos. Muchas de ellas pagadas en su día por el gobierno que presidía Soria.

¿Entienden ahora por qué insisto en que sólo la transparencia puede asegurarnos la independencia y la imparcialidad? Vamos a ver ahora que hacen los vocales de la APM y conservadores que son mayoría en el CGPJ con lo del juez Santiago Alba y con todo este monumental lío. Un lío que amenaza con salpicar al presidente de la Sala más importante de España.

http://m.eldiario.es/zonacritica/clan-toga_6_515908421.html

LAS PELIGROSAS AMISTADES DEL SUPREMO

“Habría que someter un poco a una crítica la participación en ese tipo de coloquios con esas esponsorizaciones”. Aunque en apariencia tímida, la respuesta del magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez al ser interrogado la pasada semana sobre la frecuente presencia de algunos de sus compañeros de corte en seminarios o conferencias patrocinados por bancos y grandes empresas tiene un punto de gallardía, porque pone el dedo en la llaga de un pequeño escándalo sobre el que la judicatura siempre ha corrido un tupido velo cómplice.

Los magistrados del Supremo –no solo ellos, pero sobre todo ellos- han disfrutado siempre de dos vías para obtener un complemento salarial a sus abultados emolumentos. La primera es la tutoría o preparación de opositores al ingreso en la carrera judicial, algo hoy en declive desde que el exministro Alberto Ruiz-Gallardón cerró a cal y canto el acceso a la judicatura. Y la segunda vía es la participación remunerada en todo tipo de eventos –cursos, seminarios, jornadas, charlas, coloquios, paneles de expertos…- sufragados por distintos tipos de entidades financieras y compañías mercantiles. También poderosos bufetes jurídicos.

En este último caso, y sin entrar a valorar la estética del hecho, hace ya mucho tiempo que comenzaron a sonar ciertas alarmas entre la comunidad jurídica porque esos bancos o empresas o despachos patrocinadores de actos en los que participan magistrados del Supremo bajo precio suelen ser “clientes” habituales de la administración de Justicia. Y tal y como repite sin descanso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un juez no solo está obligado a ser imparcial –imparcialidad objetiva-, sino que está además obligado a parecerlo –imparcialidad subjetiva– porque ese es un derecho básico del justiciable.

El magistrado Giménez defendía ante los micrófonos de la Cadena SER que los jueces “no solo deben ser, sino también parecer imparciales”, para justificar la condena impuesta por un tribunal que él presidió al exjuez Baltasar Garzón, inhabilitado durante once años por interceptar las conversaciones en prisión de los imputados del ‘caso Gürtel’ con sus abogados. Que el juez “sea y parezca imparcial” es uno de los pilares, en su opinión, del proceso penal. Por eso, cuando fue interrogado sobre las charlas y coloquios patrocinados que frecuentan sus compañeros no tuvo más remedio que mostrarse un tanto crítico.

Al hilo de aquel proceso contra Garzón, en mayo de 2012 un grupo de juristas denunció ante el Consejo General del Poder Judicial las sospechosas compañías que frecuentaban algunos de los magistrados del Supremo, en concreto las de abogados de implicados en la ‘trama Gürtel’ con quienes compartían actividades académicas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid patrocinadas por empresas que mantenían alguna vinculación con esos mismos imputados. De la denuncia nunca más se supo, pues no consta que haya sido investigada ni contestada por el órgano de gobierno de los jueces.

Joaquín Giménez

Los ejemplos de magistrados del Supremo entregados a ese tipo de relaciones son frecuentes. Manuel Marchena, hoy presidente de la Sala Segunda de este tribunal, y José Manuel Maza fueron años atrás habituales conferenciantes en foros organizados por el Bufete Garrigues. Y el primero de ellos ha mantenido estrecha relación con la editorial La Ley, propiedad de la consultora Walters Kluwer de la que el exministro José María Michavila es presidente del consejo asesor al que también pertenece el exministro Ángel Acebes.

Los nombres de los magistrados Marchena, Maza o Antonio del Moral, entre otros, figuran entre el profesorado del Instituto Europeo de Práctica Jurídica Schola Iuris, entidad privada algunos de cuyos másteres superan los 10.000 euros de coste y en los que también son profesores el exmagistrado Adolfo Prego (abogado de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP), y los exfiscales Ignacio Gordillo y Florentino Ortí junto al abogado Luis Rodríguez Ramos, letrados todos de varios imputados en el ‘caso Gürtel’.

Juan Saavedra, antecesor de Marchena al frente de la Sala de lo Penal del Supremo, es miembro del consejo asesor del Centro de Formación Datadiar que dirige el principal responsable del Bufete Díaz Arias y con el que colabora con frecuencia el magistrado Julián Sánchez Melgar. Y su compañero Miguel Colmenero ha dirigido varios foros organizados por la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), patrocinada por empresas como Caixa Galicia, Banc Sabadell, Banesto, Telefónica, Repsol, Gas Natural, Enagás y otras, así como importantes despachos de abogados. Colmenero, junto a su entonces compañero Prego, también fue entre 2005 y 2008 un habitual en los cursos de la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES) que preside José María Aznar.

Estas son solo algunas pinceladas, el fenómeno es más amplio y se expande por otras salas del Supremo. Empieza a afectar también a la Audiencia Nacional, donde uno de los magistrados llamados a juzgar la trama corrupta desvelada gracias a los papeles de Bárcenas, Enrique López, ha sido cuestionado entre otras razones por su fluida relación con FAES. Aunque también es cierto que en ese órgano judicial son varios los magistrados que han rechazado participar en este tipo de actos pagados y lo han hecho de manera pública, lo que de algún modo ha empezado a retraer a otros compañeros más proclives a aceptar este tipo de invitaciones.

La participación en este tipo de cursos, conferencias y coloquios no es ilegal. En todos los casos en los que es preceptivo, los magistrados del Supremo solicitan y obtienen el correspondiente permiso del CGPJ. Es muy posible que sea injusto sospechar de ellos, pero se trata de una situación que permite la sospecha por lo que debería ser eliminada de raíz. La ciudadanía tiene derecho a que nada le haga dudar de la recta actitud de su Tribunal Supremo.

En unos días, el CGPJ elige al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal. Permanezcan atentos a sus pantallas, porque habrá noticia. Y polémica. Y de nuevo saldrán a la luz los fantasmas que convocan las peligrosas amistades del Supremo.

https://www.cuartopoder.es/elfarodetemis/2015/07/20/las-peligrosas-amistades-del-supremo/274

EL JUEZ MARCHENA Y EL POPULAR ÁNGEL ACEBES PROTAGONIZARON UNA OPULENTA COMILONA, SEGÚN 'EL CONFIDENCIAL'

Se trata del juez que intervino en el juicio que inhabilitó a Garzón y el exministro del PP ahora imputado por los 'papeles de Bárcenas'

El flamante nuevo presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena y el que fuera ministro del Gobierno Aznar y secretario general del Partido Popular Ángel Acebes, recientemente imputado por el juez Ruz por su presunta relación con el caso de los papeles de Bárcenas, al parecer almorzaron el 16 de octubre en Madrid una mariscada que el diario digital El Confidencial, que dio la primicia, ha calificado de pantagruélica. Marchena impulsó o estuvo presente en dos de las causas contra Baltasar Garzón y en concreto en el caso Gürtel que acabó con la inhabilitación del juez que destapó la trama de corrupción del PP.

El diario digital El Confidencial publicó ayer en su blog El Confidente que, el pasado 16 de octubre, un incidente de tráfico en la calle Mayor entre los escoltas de un coche oficial y un conductor “ha servido para poner al descubierto una comida pantagruélica, cuyos comensales habrían preferido mantenerse en el anonimato”.

¿Unidos en torno a la mesa?
Según indicaba el digital, Ángel Acebes, exministro del Interior y exsecretario general del PP, se encontraba almorzando “en el reservado de una peña gastronómica de Madrid con Manuel Marchena –presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo–, Pedro Calvo –exresponsable de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid–, Alfonso Carrascosa –propietario de Legalitas, que reside en Miami–, y otra persona sin identificar”.

Un menú estupendo
Tras recordar que poco después el juez Ruz imputaba a Acebes por la compra de un paquete de acciones de Libertad Digital con dinero de la supuesta ‘caja B’ de Génova, El Confidencial pasaba a relatar el menú: “Sobre la mesa: una fuente con casi dos kilos de angulas, otra de percebes y una botella magnum de Petrus que cuesta más de 2.000 euros. Y de plato fuerte, un descomunal chuletón de Ávila por barba”.

Ya se conocían en el 2006
Lo cierto es que, de ser así, no es nueva la relación entre el ahora presidente de la sala II de lo Penal Manuel Marchena y el actualmente imputado Acebes. Como ya relató ELPLURAL.COM el 4 de marzo de 2012, el mutuo conocimiento se puede datar al menos en el año 2006, cuando el entonces fiscal del Tribunal Supremo y hoy presidente de la Sala II de la misma instancia, Manuel Marchena, obtuvo el XX premio La Ley de artículos doctrinales.

Acebes y La Ley
La Ley es una potente editorial jurídica dependiente de la Fundación Wolters Kluwer – perteneciente al grupo multinacional del mismo nombre dedicado al area de publicaciones profesionales, seminarios y cursos. Como explicaba este diario, su consejo asesor está presidido por el ex ministro de Justicia popular José María Michavila y en él se encontraban, entre otros, el también ex ministro Ángel Acebes y hoy imputado por el caso Barcenas

En los eventos de Wolters Kluwer
A partir de entonces, Manuel Marchena, que años intervendría en el juicio de las “escuchas” por el caso Gürtel que concluyó con la inhabilitación del juez Baltasar Garzón, apareció en algunos eventos de la Fundación Wolters Kluwer en la que figuraba, como se ha dicho, Ángel Acebes. En concreto, Marchena ha sido jurado del Premio La Ley de artículos doctrinales, en varias ediciones.

Más jueces y abogados
En este jurado Marchena coincidió asimismo con su ex colega el juez Adolfo Prego también ponente del juicio de la memoria histórica contra Garzón, además de otras personalidades como el que fuera entonces vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid Luis Rodríguez Ramos quien asumió la representación de tres de los populares a los que se relacionó con la trama Gürtel e impulsó la personación del Colegio en la querella contra Garzón.

El juez Sánchez Melgar
Como recordaba EL PLURAL.COM en el mismo artículo, el nombre de Manuel Marchena aparecía además junto al de Michavila en algún acto concreto como fue el encuentro profesional celebrado en Quintanilla de Onésimo a principios del año 2010. En esta ocasión el magistrado (que archivó por prescripción el caso que instruyó de los cursos de Nueva York redactando un auto que no dejaba lugar a dudas sobre su convicción en la responsabilidad de Garzón pese a no haber sido juzgado), se encontró con otro colega de la Sala II del Tribunal Supremo: Julián Sánchez Melgar.

Presente en los tres casos
El magistrado Sánchez Melgar fue miembro del tribunal en las salas del caso Memoria Histórica, el de los cursos en Nueva York (durante el período de admisión a trámite e instrucción) y formó parte del tribunal que admitió a trámite e instruyó la querella por el caso escuchas Gürtel. Julián Sánchez Melgar fue presidente de la Audiencia Provincial de Ávila en 1993.

Coincidió con Acebes en Ávila
Coincidió allí durante tres años con el popular Ángel Acebes, que era entonces el alcalde de la ciudad. Casualidades de la vida, magistrado y político daba la impresión de que se iban siguiendo los pasos: Sánchez Melgar tomaba posesión en enero del 2000 de su cargo de magistrado del Tribunal Supremo. Ángel Acebes pasó de ser ministro de Administraciones Públicas a Ministro de Justicia en marzo del 2000.

El caso Libertad Digital
Ha pasado el tiempo y ahora el que fuera secretario general del PP, Ángel Acebes, se ve relacionado con el caso de los papeles de Bárcenas a causa de las operaciones presuntamente realizadas a través de la llamada "caja b" del PP a partir de octubre de 2004 para la suscripción de acciones de la empresa Libertad Digital. Se le cita como imputado por su posible responsabilidad respecto al eventual conocimiento y autorización de la operación, pudiendo haber colaborado a que "tales fondos terminaran siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando estos la opacidad de los mismos".

Relación poco aconsejable
¿Es correcta esta relación entre políticos y magistrados? “No es ilícita pero no parece aconsejable”, han comentado a ELPLURAL.COM en medios jurídicos. Y es que si en el peor de los casos el procedimiento en el que ahora mismo se está viendo el popular Acebes continuara hasta llegar al Tribunal Supremo ¿qué actitud tiene que tomar un juez que ha compartido seminarios o según la información referida, quizás incluso almuerzos postineros con un presunto responsable de un hipotético delito?

Garzón, el único condenado
Las mismas fuentes jurídicas consultadas por ELPLURAL.COM manifestaban que “no estaría de más empezar a replantearse las circunstancias que se dieron en la inhabilitación al juez Baltasar Garzón, hasta la fecha el único condenado años después, por haber iniciado el proceso contra la corrupción que rodea al PP. Máxime el tema de fondo era una interpretación de la ley y cuando otros jueces que continuaron el procedimiento en los mismos términos no fueron en absoluto reconvenidos”.

http://www.elplural.com/2014/11/04/el-juez-marchena-y-el-popular-angel-acebes-protagonizaron-una-opulenta-comilona-segun-el-confidencial

MAZA, MARCHENA Y EL FERNÁNDEZGATE

El Gobierno, por propuesta consensuada del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente, Mariano Rajoy, ha optado por el nombramiento de un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, para el puesto de fiscal general del Estado, decisión que supone dar marcha atrás en el respaldo a la candidatura de Consuelo Madrigal.

Fuentes judiciales señalan que el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, fue consultado sobre ello y aconsejó cambiar el enfoque. Es decir: nombrar un magistrado de su sala. Maza es un hombre de confianza de Marchena, quien a su vez mantiene una sintonía personal, y discreta, con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Algo cambió entre el lunes 7 de noviembre, día de la toma de posesión de Catalá, y el miércoles 9, el día después de una reunión que mantuvo Catalá en La Moncloa con Rajoy. Semanas antes de la investidura de Rajoy, Catalá convocó a Madrigal para saber si mantenía su deseo de ser nombrada por cuatro años, tras cumplir menos de dos en el puesto, al sustituir a Eduardo Torres-Dulce a mediados de diciembre de 2014.

Y el lunes 7, además, Catalá vino a insinuar que Madrigal sería su candidata. La fiscal general, a su vez, hizo saber a algunas personas próximas que seguiría.

Pero después del martes, la operación relevo de Madrigal, como la llaman algunos magistrados y fiscales, ya estaba en marcha. La ironía: se estaba relevando a alguien que era más que una fiscal in pectore porque Catalá había dado a entender que ella era su candidata.

Con la decisión de nombrar a Maza se encomendó la búsqueda de un equipo para el que será nuevo fiscal general del Estado.

El que fuera teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, que ahora trabaja como abogado en el bufete Baker & McKenzie -es letrado defensor del Partido Popular en casos como Gürtel y destrucción del disco duro del ordenador del ex tesorero del PP Luis Bárcenas- hizo entre jueves y viernes varios contactos entre fiscales para proponer nombres. Y Santos, según fuentes jurídicas, no fue el único al que se encargó ese trabajo.

La opción por Madrigal primero y por Maza definitivamente ha supuesto el naufragio de las aspiraciones del presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando Grande-Marlaska, quien apeló a los buenos oficios de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, para lograr el puesto.

En el mes de septembre, Maza integró la sala de admisión de la Sala Segunda del Supremo a cargo de la querella criminal presentada por Xavier Trías, ex alcalde de Barcelona, y Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), contra el ahora ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex director de la Oficina AntiFraude, Daniel de Alfonso, a raíz de las conversaciones grabadas en el ministerio del Interior el 2 y 16 de octubre de 2014.

En ellas, ambos se explayan sobre la posibilidad de difundir en los medios de comunicación informaciones que afectaban presuntamente a dirigentes soberanistas de Cataluña, una trama que se denominó Operación Cataluña según ha denunciado en sede judicial el comisario, ahora jubilado, José Villarejo.

Una de esas maniobras en grado de tentativa fue analizada entre el ministro y su interlocutor el 16 de octubre -la atribución de una cuenta en suiza al entonces alcalde de Barcelona Xavier Trías- y se consumó través de la filtración de los datos a un medio de comunicación los días 27 y 28 de octubre. Trías acreditó a través de una comunicación de la Union de Banques Suisses (UBS) que ni era titular de dicha cuenta ni se trataba de la numeración de dicha entidad bancaria.

La sala de admisión del Supremo solicitó informe al fiscal jefe, Antolín Herrero, quien en un breve dictamen señaló que no se apreciaban los delitos de prevaricación, revelación de secretos y malversación.

Herrero decía que las conversaciones -difundidas en la recta final de la campaña electoral del 26-J por el diario Público - entraban dentro de las competencias del ministro y del intercambio de información previsto por el estatuto de la Oficina Antifraude y que tampoco se hablaba de montante de dinero para destinar a la operación, lo cual descartaría el delito de malversación de fondos públicos.

Tanto el informe del fiscal jefe como la composición de la sala de admisión fueron objeto de cierto secretismo por parte de la Sala Segunda del Supremo. El 18 de octubre, a preguntas de este cronista, el Supremo confirmó que la sala estaba formada por Marchena, que como presidente de la sala, la presidía; Maza, Ana Ferrer, Miguel Colmenero y Andrés Palomo. También informó que Marchena era el magistrado ponente. Así lo reflejamos en esta crónica y en una segunda información.

Sin embargo, el 26 de octubre, una semana más tarde, el Supremo se puso en contacto con este cronista para corregir lo que había informado con anterioridad. La ponencia, decía, había recaído en Maza el 9 de septiembre. No en Marchena, como se había dicho.

Bien.

Dos meses largos después de presentada la querella, el pasado 1 de septiembre, tras la designación de ponente el 9 de septiembre y del informe del fiscal unas semanas más tarde, las preguntas son: ¿ha propuesto el ponente Maza archivar la querella criminal en línea con lo que proponía Antolín Herrero? ¿la sala de admisión ha apoyado por unanimidad caso de que se produjera el archivo? ¿por qué tanto retraso?.

Y last but not least, ¿por qué tanto secretismo?

http://politica.elpais.com/politica/2016/11/12/analitica/1478953935_147895.html

FERNÁNDEZGATE, ¿INMUNIDAD PENAL?

Por Ernesto Ekaizer

La reprobación del Congreso al ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, por su utilización del Ministerio del Interior para operaciones "especiales" contra dirigentes soberanistas catalanes -la bautizada por el comisario José Villarejo como Operación Cataluña- llegó ayer diez días después que el fiscal jefe del Tribunal Supremo, Antolín Herrero, entregara a la sala de admisión de la Sala Segunda su informe sobre una querella criminal presentada el pasado 1 de septiembre por el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trías, y la antigua Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) contra Fernández Díaz y el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.

La querella, que entró en el Supremo el 1 de septiembre, imputa al ministro cooperación en la revelación de secretos, prevaricación y malversación de fondos y se basa en las conversaciones que mantuvo durante dos encuentros, en octubre de 2014, el ministro y De Alfonso en el Ministerio del Interior, cuyo contenido trascendió en unas grabaciones difundidas en la recta de la campaña electoral del 26 de junio.

La sala de admisión del Supremo, integrada por Manuel Marchena, presidente de dicha sala y de la Sala Segunda (imagen) y los magistrados José Manuel Maza, Miguel Colmenero, Ana Ferrer y Andrés Palomo, tomó nota de la querella, nombró ponente a Marchena y pidió informe a la Fiscalía. El fiscal jefe, Antolín Herrero, elaboró su informe y lo entregó a la sala, como se ha apuntado, hace diez días.

Según manifestó el director de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Fernando Noya, a preguntas de este periódico, el fiscal jefe "estima que las conversaciones entre el ministro y el entonces jefe de la Oficina Antifraude entra dentro de las competencias de las autoridades para perseguir delitos, de la actividad de Interior y de la Policía, en este caso sobre hechos en la Comunidad Autónoma de Cataluña. El fiscal jefe no aprecia que sea delictivo".

El responsable de comunicación no podía aportar a este periódico el escrito "de cuatro folios", según dijo. Y remitió a solicitarlo al Tribunal Supremo. A su vez, el departamento de prensa del Supremo dijo que era la Fiscalía General del Estado la que debía dar a conocer el escrito.

Esta situación no suele ocurrir, para poner un ejemplo, con otras resoluciones judiciales, sean de la Sala Segunda o de la Fiscalía del Supremo. Por ejemplo: cuando se trata de temas como el referéndum soberanista en Cataluña y los autos e informes de Fiscalía en relación con los dirigentes investigados por ello. Esta doble va de medir desnuda la política de transparencia selectiva que aplica el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

Por otra parte, existe desde hace años un convenio en vigor entre la Fiscalía General del Estado y el CGPJ por el cual los responsables de prensa de los órganos judiciales deberían aportar las resoluciones que se adoptan en dichos órganos. Incluye la actuación de las fiscalías a través de sus informes.

Según explicó el portavoz citado de la Fiscalía General del Estado, el fiscal jefe del Supremo, Antolín Herrero, sigue en el asunto de FernándezGate, las líneas trazadas el pasado mes de julio por la Fiscalía General del Estado a raíz de una denuncia de Esquerra Republicana de Cataluña.

En un comunicado la FGE apuntaba el 7 de julio que "del contenido de las conversaciones no se desprenden indicios suficientes para iniciar una investigación penal por preconstitución falsa de pruebas, prevaricación administrativa ni por los restantes tipos penales".

Fuentes jurídicas y judiciales consultan resaltan la diferencia entre una denuncia genérica, como la que pudo presentar ERC en junio pasado, y una querella criminal como la que plantea el ex alcalde de Bárcelona y la antigua CDC.

¿Por qué?

Un ejemplo realza esa diferencia. En las conversaciones de octubre de 2014 -cuya falta de veracidad ni se ha denunciado ni cuestionado- Fernández Díaz y De Alfonso traman la difusión a la prensa de una presunta cuenta de Xavier Trías en la Union de Banques Suisses (UBS). Según el ministro, la "experiencia" de la filtración de las cuentas de miembros de la familia del expresident Pujol hacía pocos meses, en julio de 2014, era muy relevante pues había acabado con su carrera política. El objetivo de las filtraciones, según explica Fernández Díaz, era lograr que la Fiscalía Anticorrupción, que solía resistirse a sus iniciativas, abriera diligencias.

El "caso" de Trías, precisamente, es considerado por el ministro y De Alfonso en su segundo encuentro grabado, el 16 de octubre de 2014. El 27 y 28 de octubre, el plan del ministro se materializa. Y se filtra a un medio de comunicación "habitual", El Mundo, la cuenta apócrifa (no es de Trías ni corresponde a la numeración de la UBS, según la carta enviada por la entidad bancaria a requerimiento del entonces alcalde de Barcelona.).

Por tanto, tenemos un perjudicado.

El informe del fiscal tendrá que ser evaluado por el ponente, Marchena, quien deberá exponer ante la Sala de Admisión. El informe previo de Fiscalía suele ir a misa. Pero no siempre.

Fue Marchena, por ejemplo, quien contra el criterio de la Fiscalía del Supremo propició la admisión de la querella del entonces ministro José Manuel Soria contra la juez excedente en Canarias Victoria Rosell, diputada de Podemos, una decisión que acabó con su carrera política en el Congreso de los Diputados y que ha destapado una operación político-judicial rocambolesca.

http://politica.elpais.com/politica/2016/10/19/analitica/1476872676_147687.html

LA CAUSA CONTRA EL JUEZ ALBA, A PUNTO DE ARCHIVARSE POR LA REFORMA DE LA LEY EN LA QUE PARTICIPÓ SU PROPIO ABOGADO

El 26 de noviembre acaba el plazo de seis meses que fija la reforma legal si antes la magistrada instructora no llama a declarar al investigado, a las partes personadas y a testigos decisivos como el empresario Miguel Ángel Ramírez

Las últimas conversaciones grabadas por el magistrado investigado revelan que su estrategia es retrasar al máximo la instrucción para su archivo

La causa penal contra el juez Salvador Alba corre el riesgo de archivarse como consecuencia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuya redacción participó su propio abogado, Nicolás González-Cuéllar. Se trata del mismo letrado que defiende al exministro de Industria José Manuel Soria, autor de la querella contra la jueza Victoria Rosell, la que activó Alba al maquinar contra la exdiputada de Podemos.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal entró en vigor el pasado 6 de junio y obligó a juzgados y fiscalías de toda España a revisar todos los casos pendientes que llevaran seis meses de instrucción. La reforma, que fue ampliamente contestada por la Abogacía y calificada por las asociaciones de jueces y fiscales de “auténtica ley de punto final”, fue elaborada por una comisión institucional, creada por el Gobierno en marzo de 2012. De esa comisión formaron parte, entre otras personas, el abogado González-Cuéllar y el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, quien admitió la querella del entonces ministro Soria contra la magistrada en excedencia y a la sazón diputada de Podemos Victoria Rosell, pese al informe en contra de la Fiscalía del Supremo. Marchena y González-Cuéllar son los autores de un libro sobre esa reforma legal que ambos han presentado juntos a lo largo y ancho de la geografía española.

Todos los miembros de esa comisión constitucional fueron condecorados por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

http://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/Alba-archivarse-reforma-colaboro-abogado_0_577792307.html

EL MAGISTRADO QUE IMPULSA LA QUERELLA DE SORIA CONTRA VICTORIA ROSELL ES ÍNTIMO AMIGO DEL ABOGADO DEL EXMINISTRO

El hoy letrado Eligio Hernández impulsó la carrera del actual presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, desde su puesto de fiscal general del Estado

Marchena ha dado los primeros pasos para actuar contra la diputada de Podemos en contra del criterio de la Fiscalía

Hernández, sobre su "amigo" en 2014: "Me siento orgulloso de haber sembrado un pequeño grano que con el tiempo ha alcanzado una soberbia talla profesional"

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, es íntimo amigo del abogado del exministro José Manuel Soria en la causa contra la exjueza y diputada de Podemos, Victoria Rosell. Soria está a punto de conseguir que el Supremo abra una causa penal contra la dirigente de Podemos a la que acusa de injurias, calumnias y prevaricación. El exministro tiene de su lado al letrado Eligio Hernández, el hombre a quien Marchena debe buena parte de su éxito profesional y que se lo trajo de Canarias a Madrid en los años 90.

El abogado de Soria, Eligio Hernández, es un viejo conocido del mundo judicial. Fue fiscal general del Estado entre 1992 y 1996 y, en ese periodo, contrató a Manuel Marchena para la Secretaría General Técnica de la Fiscalía. A partir de ese momento, la carrera de Marchena se dispara. Tras una década en la Fiscalía General, obtiene la plaza de fiscal en el Supremo, tribunal en el que acabará por ocupar una plaza de Magistrado.

Marchena ingresó en la carrera fiscal en 1985 y ocupó plaza en Las Palmas. El resto de su actividad la ha desarrollado en Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía del Tribunal Supremo.

En la actualidad, Marchena preside la sala del Tribunal Supremo que se encarga, entre otras, de las causas en las que están inmersos aforados. Según publicó el diario El Mundo, el pasado día 13 el Supremo dictó una resolución en la que se daban los primeros pasos para iniciar una investigación contra la diputada de Podemos Victoria Rosell. El ponente de dicha resolución fue Manuel Marchena, contra el criterio de la Fiscalía que había pedido la inadmisión de las querellas presentadas por Soria contra Rosell.

Eligio Hernández escribió en 2014 un artículo que define la dimensión del tutelaje que ejerció en su día sobre quien ahora debe valorar la querella interpuesta por su cliente. En un artículo publicado en varios medios canarios, el abogado de Soria decía de Marchena: "Como magistrado jubilado me siento orgulloso de haber sembrado un pequeño grano que con el tiempo ha alcanzado la soberbia talla profesional, académica y humana de Manuel Marchena". "Le bastan el afecto y la admiración de quienes somos sus amigos y compañeros".

La causa que enfrenta a Soria con Victoria Rosell tiene su origen en el momento en el que la diputada de Podemos ejercía sus funciones de jueza en el juzgado número 8 de Las Palmas. Soria acusa a Rosell de dilatar la tramitación de una causa en la que estaba imputado un empresario que tenía negocios con la pareja sentimental de Rosell. El compañero de la exjueza no es otro que el periodista de Canarias Ahora Carlos Sosa, medio asociado a eldiario.es, quien lleva años denunciando presuntas irregularidades del exministro desde los diferentes cargos que ha ido desempeñando.

El ministro bien conectado con los jueces

No es la primera vez que el ministro Soria se hace acompañar de abogados bien conectados con la cúpula de la sala segunda del Tribunal Supremo. En la primera querella presentada contra Victoria Rosell en los juzgados de Plaza de Castilla, el exministro se apoyó en el letrado Nicolás González-Cuéllar. Este abogado es otro de los hombres de confianza de Manuel Marchena con quien ha trabajado mano a mano en la redacción de varios libros.

A finales de 2015, Marchena y González-Cuéllar presentaron por varios puntos de la geografía española la obra La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015, redactada por ambos. El texto está prologado por el ministro en funciones Rafael Catalá, compañero de Soria en la mesa de deliberaciones del Consejo de Ministros.

http://www.eldiario.es/politica/Magistrado-Supremo-quiere_0_506750085.html

¡ES EL SUPREMO, ESTÚPIDO!

El caso Rosell, ¿amenaza con metamorfosearse en el caso Marchena?

Por Ernesto Ekaizer

Las presuntas maniobras contra Victoria Rosell, que va a investigar el CGPJ, ¿cómo llegaron a convertirse en una causa contra ella? Como aquella frase que acuñó uno de los asesores de Bill Clinton en la campaña electoral de 1992, sobre el papel de la economía, se puede afirmar: ¡Es el Supremo, estúpido!

Veamos la secuencia de los hechos. El ministro en funciones, José Manuel Soria, se querella el 2 de febrero contra la juez en excedencia y diputada Rosell por calumnias e injurias. El 18 amplía la querella en el Supremo, por prevaricación judicial y retardo malicioso en el caso del empresario Miguel Ángel Ramírez.

Y, atención, pide que se solicite al magistrado Salvador Alba, que ha sustituido a Rosell en el juzgado de Canarias, un informe sobre un tema que fue archivado tanto en el Tribunal Superior de Canarias como en el Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Se trata de un presunto retraso malicioso del caso de Ramírez.

Soria no es parte en ese procedimiento. Su información no es directa. No es perjudicado. Hace de acusación popular contra Rosell.

La sala de admisión del Supremo, que preside Manuel Marchena, pide informe del fiscal. El fiscal desestima la querella.

Pero Marchena, que además es el ponente, dicta providencia y solicita informe al juez sustituto, Alba, tal cual pedía el letrado de Soria, el ex fiscal general del Estado con el PSOE, Eligio Hernández. Marchena llega a Madrid con Hernández a la fiscalía, en 1992.

El juez Alba toma declaración al empresario. Y este habla de irregularidades de Rosell. Marchena recibe el informe de Alba junto con la declaración del empresario. Propone abrir investigación. Los otros miembros de la sala le apoyan. Unanimidad. “El informe del juez era veneno puro. Se advertía a la legua que había enemistad”, dice una fuente jurídica.

El Supremo puede hacer diligencias pero suele ser prudente. Marchena extrae de la querella una percha. Y cuando llega el informe del juez Alba cuelga de ella la investigación. El auto de admisión no es prudente. “Hay ganas de actuar. Y se nota”, añade la fuente.

Lo que hace Marchena no es habitual. Desarrolla de facto una investigación de oficio. Llama la atención porque el fiscal del Supremo se ha unido al TSJ de Canarias y al CGPJ en no apreciar indicios delictivos en la conducta de Rosell.

“Marchena, cuando menos, ha actuado de forma temeraria e inquisitorial”, puntualiza la fuente. El caso Rosell, ¿amenaza con metamorfosearse en el caso Marchena?

http://politica.elpais.com/politica/2016/05/12/actualidad/1463080609_404786.html

VICTORIA ROSELL PIDE EL CIERRE DE SU CASO POR ESTAR CONSTRUIDO SOBRE PRUEBAS PREFABRICADAS

La jueza presenta un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias solicitando la nulidad de las actuaciones

A los delitos que la justicia ya imputa al juez Alba, suma el de posible "falsedad documental" por las pruebas aportadas al Supremo

Asegura que la Sala de lo Penal no ha respetado el "tenor literal y finalidad" de la Ley al pedir a Alba el informe en el que basó su decisión de investigarla

La magistrada Victoria Rosell quiere que un tribunal dictamine cuanto antes que nunca cometió un delito y que la causa que se abrió contra ella es fruto de un montaje. Su defensa ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el que solicita el archivo inmediato de las actuaciones por la “ilicitud” de la prueba en la que se basó el Supremo para admitir a trámite la querella del exministro José Manuel Soria.

El escrito llega nueve días después de que eldiario.es publicara los audios de la reunión que el juez Salvador Alba mantuvo con un empresario imputado para preparar una declaración que incriminara a Rosell de los delitos que le atribuye Soria: cohecho, prevaricación y retraso malicioso en la administración de justicia. La defensa de la jueza alega en su escrito que la Sala Segunda del Tribunal Supremo admitió a trámite la querella contra Rosell “en base a documentos e informes viciados de nulidad o que tienen su origen en actos ilícitos y presuntamente delictivos”.

No se trata de una afirmación propia. La sustituta del juez Alba, Carla Vallejo, ha informado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias de la presunta comisión por parte del magistrado de los delitos de prevaricación y negociación prohibida a funcionarios por la reunión con el empresario. La Fiscalía también cree que el juez Alba pudo mantener una conducta delictiva.

A lo largo de 39 páginas, el abogado de Rosell hace un extenso relato de cómo se ha ido fabricando, a su juicio, el proceso contra la exdiputada de Podemos. Se explaya en la actuación de Alba, un magistrado que pidió sustituir a Rosell de forma voluntaria, a pesar de que debía compaginar ese nuevo destino en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas con el que ya tenía en la Audiencia Provincial.

Pero la defensa de Rosell también alude a una “sorpresiva” interpretación de la Ley por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que preside el conservador Manuel Marchena, y que ha conducido a la admisión a trámite de la querella de Soria en contra de la posición de la Fiscalía, que se opuso en dos ocasiones.

El exministro, dimitido recientemente por su implicación en los Papeles de Panamá, llevó a los tribunales a Rosell en plena campaña electoral, cuando la jueza había dejado la carrera para presentarse al Congreso de los Diputados en la candidatura de Podemos. Enfrentado desde hace años a la actual pareja de la jueza, el periodista Carlos Sosa, José Manuel Soria denunció a la jueza por injurias y calumnias por afirmar que el exministro había utilizado a la Fiscalía en su contra.

Y desde ese mismo momento comenzaron las presuntas irregularidades que denuncia el escrito de Rosell. El juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, en el que recae la querella de Soria, admite a trámite la misma “a pesar de su clamorosa incompetencia” por ser Rosell ya diputada. Una vez admitida a trámite, el juez envía la causa al Tribunal Supremo y éste tarda cuatro meses y medio en proveer los escritos incorporados a la causa si se cuenta desde el momento en que comenzó las actuaciones.

De injurias y calumnias, el exministro Soria pasa a denunciar a Rosell por cohecho, prevaricación y retraso malicioso en relación por un caso que instruyó antes de pasar a la política y cuyo principal imputado es un empresario que a los pocos días cerró un acuerdo con la pareja de Rosell.

Pero Soria no puede acusar a Rosell de unos delitos que no le afectan, al menos si está personado como acusación particular. El Tribunal Supremo, sin embargo, le permite subsanar este defecto a pesar de que la Fiscalía “no había interesado su subsanación sino la inadmisión a trámite de la querella”, afirma el abogado de Rosell. La jueza se queja además de que finalmente se permitiera a Soria personarse como acusación popular –en defensa de los intereses colectivos- y no se le impusiera la “preceptiva” fianza.

Una vez solventado, la Fiscalía vuelve a pronunciarse: no aprecia delito en la conducta de Victoria Rosell. Es entonces cuando la Sala de lo Penal recurre al artículo 410 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Según Rosell, ese artículo está destinado a “filtrar las querellas interesadas contra jueces y magistrados”, pero Marchena traiciona su “tenor literal y finalidad”. El resultado es que el presidente de la Sala pide a Alba que le envíe un informe sobre la instrucción que su antecesora había desarrollado en el caso del empresario y que le remita las declaraciones que había realizado éste en marzo.

Pero ese informe está basado en unas declaraciones prefabricadas, de las que ya se ha retractado ante la sustituta de Alba el propio empresario, alega Rosell. El informe de Alba, además, “se halla muy lejos de constituir una información veraz y objetiva sobre el objeto interesado: no solo contiene datos objetivos falsos, susceptibles de ser calificados como delito de falsedad documental, sino que obedece a una sucesión de informes que denotan una evidente falta de imparcialidad y animadversión hacia mi representada, a quien se persigue y perjudica de forma evidente” como queda de manifiesto en la grabación, concluye. Y admite que la causa ha obligado a Rosell “a adoptar decisiones determinantes respecto” a aspirar o no de nuevo a ser diputada.

Además, la defensa de la jueza expone su extrañeza por la petición de la Sala de lo Penal. El Supremo no pide documentación sino “que se elabore” un informe por un juez que llama “hija de puta” a Rosell en la grabación de su reunión con el empresario. El informe termina siendo, dice el abogado de la jueza, “un conjunto de valoraciones subjetivas elaboradas por un magistrado que guarda una relación de evidente animadversión desde hace años a mi representada”.

Soria, "corta y pega"

Entre las multiples irregularidades que denuncia el escrito de la exdiputada de Podemos está la utilización por parte del abogado de Soria de un informe de Salvador Alba incorporado a “un expediente reservado” al que el exministro no tiene acceso. La querella de Soria se convierte, a juicio de la jueza, en “un burdo copia y pega”, acompañado de noticias de periódico.

Además, la Sala de lo Penal incorpora documentación sesgada del Consejo General del Poder Judicial, que ya había rechazado una denuncia de la Fiscalía contra Rosell por el mismo caso. Lo que llega al Supremo, dice la defensa de la jueza, es solo el informe de la Fiscalía que terminó siendo descartado por el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ.

http://www.eldiario.es/politica/Victoria-Rosell-construido-informes-prefabricadas_0_517949222.html

ELOGIO DEL MAGISTRADO MARCHENA

Se doctoró en Derecho con una tesis sobre ´El Ministerio Fiscal: Su pasado y su futuro´

Eligio Hernández

Manuel Marchena es el segundo magistrado canario que preside una Sala (de lo Penal) del Tribunal Supremo, ya que el primero fue el abogado del Estado tinerfeño Manuel Cerviá Cabrera, que presidió la Salas III y IV del alto Tribunal. Más humanista que jurista, no soy ni he querido ser sino un magistrado y abogado de provincias, pero mi experiencia profesional como fiscal, magistrado y abogado, y política en los tres poderes del Estado, me permiten valorar con rigor el mérito y la capacidad para ocupar cargos judiciales. He conocido a magistrados que son excelentes juristas, pero que no reúnen el perfil adecuado para ocupar cargos político-judiciales, que requieren capacidad institucional para las relaciones con los poderes públicos y con la sociedad, como la que ostentan José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, y Antonio Doreste, presidente del TSJC, dos acertados nombramientos.

Para merecer ser magistrado del Tribunal Supremo o del Constitucional es imprescindible, por el contrario, tener una elevada preparación técnico-jurídica y ser un valioso jurista, como, sin duda, lo es Manuel Marchena, al que hace tiempo califiqué como la "pluma magistral" del Ministerio Fiscal. La mayoría de las circulares e instrucciones que se elaboraron en mi etapa como FGE, valoradas positivamente por los fiscales de Sala del Tribunal Supremo, fueron escritas completamente por Manuel Marchena, a quien yo había designado como fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE. Se doctoró en Derecho con una tesis sobre El Ministerio Fiscal: Su pasado y su futuro, que fue defendida el día 1 de marzo de 1990 en la Universidad de La Laguna, obteniendo la calificación de Apto cum laude, sin duda, en mi opinión, el mejor trabajo de los muchos que he leído sobre el Ministerio Fiscal. Consumado publicista, ha sido autor de numerosas ponencias en mesas redondas y congresos, y de trabajos jurídicos. Con un curriculum académico brillante, ha escrito varios libros, de los que he leído uno sobre la reforma procesal-penal de la Ley Orgánica 7 / 1998, otro sobre la reforma del Código Penal de la Ley Orgánica 3 / 1989 y otro, en 1994, sobre La vulneración de los derechos fundamentales en el procedimiento abreviado y el principio de saneamiento en el proceso penal. Ha sido el fiscal de Sala más joven de la historia del Mi-nisterio Fiscal y desempeñó el cargo de fiscal jefe de la Secreta-ría Técnica de la Fiscalía General del Estado, en la que ha conformado la doctrina legal del Ministerio Fiscal. Presidió la comisión redactora del anteproyecto del Código Procesal Penal, que, lamentablemente, el ministro Gallardón no presentó para su debate y aprobación en el Congreso de los Diputados. Pero donde realmente se ha revelado Manuel Marchena como un extraordinario jurista es como magistrado del Tribunal Supremo, cuyas sentencias son lecciones magistrales de Derecho.

Algunos medios de comunicación vienen reiteradamente calificando a Marchena como un magistrado "conservador". Siempre he opinado que los jueces deben ser conservadores de lo que merece ser conservado. He conocido algunos jueces llamados "progresistas", que son jueces estrella o justicieros, no conscientes de sus limitaciones y de la modestia de su función. Por el contrario, he conocido jueces llamados "conservadores" que cumplen sus deberes profesionales con ecuanimidad y elevado nivel técnico y ético. Mi experiencia en el Consejo General del Poder Judicial y en la Fiscalía General del Estado revela que las asociaciones de jueces y fiscales consideradas como progresistas eran las más beligerantes con los gobiernos del PSOE.

Manuel Marchena, es, por encima de cualquier otra consideración, un juez de los que Alejandro Nieto califica de "justos", que no sólo aplican la ley sino que hacen "justicia" de acuerdo con la ley, e incluso a pesar de la ley, y hasta a falta de la ley, aunque nunca en contra de ella, que consideran a la judicatura no como un oficio, sino como una vocación a la que no regatean esfuerzos y sacrificios. A Manuel Marchena sólo le caracteriza el peso de su trabajo, y le bastan el afecto y la admiración de quienes somos sus amigos y compañeros. Como dijo, con gracia, Ossorio y Gallardo, el buen juez es como una mujer honrada, que nadie habla de ella. Como magistrado jubilado me siento orgulloso de haber sembrado un pequeño grano que con el tiempo ha alcanzado la soberbia talla profesional, académica y humana de Manuel Marchena.

http://www.laprovincia.es/opinion/2014/10/05/elogio-magistrado-marchena/636974.html

AFECTADOS DE HOYA POZUELO DUDAN DE LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ DEL SUPREMO QUE ABSOLVIÓ A CORTEZO

Tres vecinos denuncian que el alto tribunal les ha privado del derecho de recusar al magistrado al no haberles comunicado los cambios en la composición de la Sala y el ponente designado para estudiar su recurso

Los recurrentes afirman que el ponente del auto que inadmite el recurso, el canario Manuel Marchena, y el promotor inmobiliario procesado, Jaime Cortezo, "mantienen una relación personal que se remonta a la infancia"

Los vecinos que denunciaron una presunta estafa en la venta de los dúplex afectados por una orden de derribo en la urbanización de Hoya Pozuelo, ubicada en el municipio grancanario de Telde, apuran en el Tribunal Supremo su última bala por la vía penal mientras aguardan la resolución de los pleitos civiles que mantienen abiertos.

El alto tribunal español rechazó en noviembre el recurso de casación interpuesto por 17 afectados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que en marzo absolvió a los procesados, el promotor de la empresa, Jaime Cortezo, y la gerente, Juana Rosa Fuentes. Ahora, tres recurrentes han presentado un incidente de nulidad contra esta resolución judicial al considerar vulnerados sus derechos fundamentales en el proceso y cuestionar la neutralidad del ponente de la misma, el magistrado canario Manuel Marchena.

Los vecinos que han iniciado esta acción son Julián Téllez y el matrimonio formado por Antonio Antón y Clotilde Saavedra, que pertenecen al último grupo de compradores de las viviendas de la promoción de Hoya Pozuelo. La abogada de estos afectados, Mónica Pérez, expone en su escrito que el auto que inadmite el recurso está firmado por Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, y no por Andrés Palomo del Arco, que fue designado ponente en julio de 2014, cuatro meses antes de su resolución.

"No es hasta la notificación del auto (de inadmisión del recurso de casación) cuando las partes tienen conocimiento de la alteración de la composición de la Sala y del ponente", explica la letrada, que sostiene que, al "omitir la obligada comunicación a las partes" de esta modificación, el Supremo ha privado a sus clientes del derecho de poder ejercitar la recusación del juez, fundada en "la relación personal y cercana" que, asegura, le une al promotor inmobiliario Jaime Cortezo.

Esta acusación particular considera que, si bien no puede hablarse de "una amistad íntima" entre el juez y el empresario, sí que concurren "causas objetivas que debieran valorarse" para determinar la recusación de Marchena por falta de imparcialidad. Y es que, según reza el escrito, "Jaime Cortezo no es un desconocido para Manuel Marchena", puesto que ambos mantienen "una relación personal que se remonta a la infancia", habiendo sido "alumnos coetáneos" en el colegio San Ignacio de Loyola de la capital grancanaria. Esta situación, sostiene la abogada, genera "indefensión jurídica" a sus clientes.

Monica Pérez había solicitado que, por los motivos expuestos, no fuera Marchena quien resolviera el denominado incidente extraordinario de nulidad de actuaciones previo al recurso de amparo constitucional. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha notificado recientemente a las partes que el presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal volverá a ser el ponente del nuevo auto que se dicte.

Un fallo "arbitrario e incongruente"

Además de estas cuestiones relativas a las garantías procesales, el escrito de los afectados de Hoya Pozuelo cuestiona los argumentos esgrimidos por la Sala para desestimar el recurso. Según la abogada, del auto del Supremo se desprende que la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Las Palmas es "causa per se" para inadmitir la casación. Con este criterio, basado en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la mencionada resolución "parece resultar inatacable", en opinión de Pérez, que defiende que esta fundamentación "excede de los límites legales toda vez que no existe proscripción legal alguna que vede el acceso a los recursos cuando la resolución dictada fuera absolutoria".

En su auto, el magistrado Marchena sostiene que la sentencia de la Audiencia Provincial había valorado de forma "ejemplar" todas las pruebas aportadas por las acusaciones particulares para concluir que no hubo engaño en la venta por parte de la promotora de Hoya Pozuelo de las viviendas afectadas por un expediente de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias por invadir la zona de servidumbre fijada por la Ley de Costas, una situación administrativa que finalmente condujo a la orden de derribo.

Por otra parte, el incidente de nulidad recuerda que no se pudo recurrir en apelación -previo al de casación-, ya que la sentencia de primera instancia es de la Audiencia Provincial, e insiste en que la revocación de un fallo absolutorio "es viable" aún respetando la jurisprudencia del Constitucional, como acredita con una resolución dictada por el propio Marchena. Los recurrentes consideran que el auto del Supremo es "arbitrario", puesto que "no entra en el estudio de los (siete) motivos del recurso", e "incongruente", ya que manifiesta que los afectados invocaron el derecho a la presunción de inocencia cuando, según la letrada, en ningún momento se aludió a él en su argumentación.

El auto del Supremo redunda en que los compradores de las viviendas de Hoya Pozuelo fueron informados del estado del expediente sancionador de la Apmun, una postura que comparte la Fiscalía, que también solicitó la inadmisión del recurso de casación. A este respecto, el incidente de nulidad subraya que Téllez y el matrimonio Antón-Saavedra adquirieron los inmuebles "cuando ya habían sido dictadas sentencias firmes en derecho que ratificaban la orden de derribo de dichas viviendas, años después de que finalizara el expediente sancionador".

"La pretendida información que decían dar los acusados", continúa el escrito, "hubiera tenido nula relevancia en el caso de las dos compraventas de mis representados, salvo que se les hubiera dado la información real y certera de que las viviendas objeto de venta estaban afectas a una orden de derribo firme en derecho e irrevocable".

Estos denunciados pedían ocho años de cárcel y una multa de 24 meses con una cuota diaria de 400 euros para Cortezo, además de su inhabilitación para el ejercicio de actividades inmobiliarias. Para Fuentes solicitaban cuatro años de prisión y una sanción económica de 12 meses con una cuota de 100 euros al día. Además, el matrimonio formado por Antonio Antón y Clotilde Saavedra reclamaba una indemnización de 784.661 euros y Julián Téllez, una de 603.729 euros.

En su auto de inadmisión, el Supremo condenó a los recurrentes al pago de las costas procesales.

http://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/afectados-Hoya_Pozuelo-dudas-imparcialidad-juez-Supremo-absolucion-Cortezo_0_479803012.html

LA CARIDAD DEL PP ES INFINITA

No estaban muy claras las intenciones del Partido Popular cuando a la vuelta del verano ha llenado los periódicos y televisiones afines de declaraciones de sus dirigentes con propuestas de regeneración ética para que la ciudadanía vuelva a confiar en los políticos. Cualquiera podía pensar que, arrepentidos de los tremendos recortes del estado de bienestar que podrían causar un grave agujero a sus expectativas electorales, los populares y Mariano Rajoy habían decidido prescindir, por lo menos temporalmente, de aplicar el rodillo de la mayoría absoluta y de la ley del embudo. Sin embargo, parece que las intenciones se van a quedar en marketing, porque como decía un anuncio de los años setenta “La caridad bien entendida empieza por uno mismo”.

Ya supongo que a estas alturas les parezco un tanto críptico, pero les pido un poco más de paciencia. Verán, hace tan solo un par de semanas, en este mismo blog, les contábamos que el caso Gürtel, la más grande red de corrupción que afecta al Partido Popular iba a ser juzgada por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que está presidida por Concepción Espejel, conocida entre sus compañeros como Cospejel, por su afinidad con la número dos del PP, María Dolores de Cospedal. Lea “¿Un puticlub para la mujer del César?”.

Además, casi con seguridad el tribunal estará integrado por Enrique López, aupado por el PP al Consejo General del Poder Judicial, donde fue portavoz, y luego al Tribunal Constitucional. Como saben, López tuvo que renunciar a su puesto después de que fuera pillado saltándose un semáforo en el centro de Madrid y conduciendo ebrio. Lea “Las triquiñuelas de López” y “De las triquiñuelas de López a la chapuza de su cese”.

No es que haya que dudar de la sindéresis de ambos magistrados (dos de los tres integrantes del tribunal, por lo que conformarían la mayoría) pero tanto uno como otro deberían abstenerse, o apartarse de juzgar el caso, aunque solo fuera por apariencia de parcialidad, que es evidente para los ciudadanos a los que sirven. Aquello de que la mujer del César además de honrada, tiene que parecerlo.

Sin embargo, parece que el PP ha decidido que los amigos están para las ocasiones, y que esta es una ocasión muy buena para que un caso que afecta al PP lo juzguen los amigos.

Pero todavía hay más. El Consejo General del Poder Judicial, reducido por el ya ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón a poco más que una dirección general de su ministerio, ha tirado de rodillo bajo la batuta de Carlos Lesmes y ha completado la jugada. Acaba de nombrar para presidir la Sala Penal del Supremo a Manuel Marchena, el que menos méritos tenía de los tres candidatos que aspiraban al puesto, pero que se adornaba con el timbre de gloria de ser un halcón del Tea party español.

De modo que tenemos a otro amiguito para presidir la Sala que debe resolver los recursos sobre aquellas condenas por corrupción que recaigan sobre dirigentes, cargos o tan solo amigos del PP y también de los de la oposición.

Marchena (1959, Las Palmas de Gran Canaria), procede de la carrera fiscal. Gran parte de su carrera la hizo en la secretaría técnica de la Fiscalía del Estado, de la que acabó siendo nombrado jefe por Jesús Cardenal, aquel inefable fiscal del Estado de la época de José María Aznar.

Tras tres años en la fiscalía del Supremo, el Consejo del Poder Judicial le nombró magistrado de la Sala Penal del alto tribunal, que ahora pasa a presidir.

Marchena fue el ponente de la resolución que condenó al presidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa, quien, siguiendo el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara, no cumplió la resolución del Supremo que le obligaba a disolver un grupo parlamentario. Marchena aplicó para condenar el mismo precepto, pero con una interpretación contrariaa, que la utilizada para absolver al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en el caso de las cesiones de crédito. Como decía en junio de 2012, “seguramente no tiene nada que ver, pero entre uno y otro caso existía la sutil diferencia de que el patrón del Santander patrocina muchos de los cursos en los que participan los magistrados del Supremo, mientras que el expresidente del Parlamento Vasco había desafiado a tan excelsos próceres ya que se había negado a cumplir la orden de disolver el grupo parlamentario afín a Batasuna”.

Marchena formó parte también del tribunal que condenó a Baltasar Garzón por las escuchas de Gürtel, cuando era instructor del caso de los patrocinios de los cursos de Nueva York, lo que debería haberle hecho abstenerse para preservar su imparcialidad. Garzón fue condenado a pesar de que la resolución tachada de prevaricadora fue instada por dos fiscales y prorrogada y ampliada por otro magistrado, Antonio Pedreira, que nunca fue molestado, ni siquiera llamado como testigo. Si la prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) debe de ser grosera y no sujeta a interpretación, hubo al menos dos jueces —Pedreira y Suárez Robledano— que consideraron que la tesis de Garzón era correcta, lo que invalidaba la existencia de prevaricación. Sin embargo, el Supremo tuvo el dudoso honor de condenar y expulsar de la carrera al juez que destapó el caso al menos dos años antes de que los implicados en la trama de corrupción hayan sido siquiera juzgados.

En todo caso, Marchena, arrastró por el fango el prestigio de Garzón, cuando mantuvo abierto el caso de los patrocinios durante dos años, sabiendo —como sabía, puesto que es profesor de derecho procesal y penal— que los hechos estaban prescritos. Leer “En la absolución, yo te condeno” Leer “El Supremo archiva la última causa contra Garzón

Marchena decidió archivar el caso de Nueva York dejando un rosario de sospechas sobre la conducta de Garzón, durante la deliberación del proceso sobre las escuchas, en el que le condenó. Veremos qué opina sobre su imparcialidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que Garzón ha recurrido.

El nuevo presidente de la Sala Penal del Supremo avaló también la absolución del ex presidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps por el molesto asuntillo de los trajes.

En Estados Unidos, cuando los presidentes se ven envueltos en asuntos turbios, como el Watergate, el caso Iran-Contra o el caso Lewinsky, suelen designar a un fiscal independiente y duro para tratar de convencer a la ciudadanía de que son inocentes —aunque no lo sean— y que para demostrarlo se someten al peor acoso que pueden tener.

En España, ya ven, escogemos a los más amigos que puedan ser comprensivos con las debilidades del cargo. Así que no se puede decir que se aprecien verdaderos brotes verdes o síntomas de regeneración ética y democrática, como nos quieren vender, ya que seguimos sin elegir a los mejores candidatos para los cargos, sino a los más amigos. El Partido Popular lo tiene claro, como decía el anuncio, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Y la caridad del PP con sus dirigentes es infinita.

https://www.cuartopoder.es/acotadeperiscopio/2014/10/06/la-caridad-del-pp-es-infinita/854

EL TRIBUNAL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA FERNÁNDEZ DÍAZ Y EL EXDIRECTOR DE LA OFICINA ANTIFRAUDE CATALANA

No hubo delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación

La querella fue interpuesta por CDC y el exalcalde de Barcelona Xavier Trías

El Tribunal Supremo ha archivado la querella de CDC, actual Partit Demòcrata Europeu Catalá (PDCAT), contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude catalana Daniel de Alfonso por delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación.

La Sala de lo Penal ha acordado la inadmisión a trámite y archivo de la querella interpuesta por el partido nacionalista catalán, refundado bajo las siglas PDCAT, y el exalcalde de Barcelona Xavier Trías "al no existir indicios de que hubieran cometido tales delitos", en las conversaciones entre ambos que fueron grabadas.

Los hechos recogidos en la querella referían dos encuentros entre el exministro del Interior y el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, que fueron mantenidos los días 2 y 16 de octubre.

En uno de ellos, Daniel de Alfonso Laso habría entregado a Fernández Díaz un expediente con datos de una investigación sobre los nombramientos que Francesc Homs habría realizado de dos familiares del exconsejero de Interior catalán Felix Puip. Aquellos encuentros fueron grabados y el contenido de las conversaciones fue difundido por los medios.

Según los querellantes, que denunciaron que se llevaron a cabo "todas las turbias maniobras" por las conversaciones mantenidas, el exdirector de la Oficina Antifraude estaría cometiendo un delito de revelación de secretos al revelar información confidencial, instigado por el entonces ministro en funciones.

Otra de las imputaciones se centraba en la documentación relativa a Xavier Trías, relacionada con una investigación de un presunto delito de blanqueo de capitales que, según los querellantes, Daniel de Alfonso Laso habría entregado a Jorge Fernández Díaz y que fueron filtrados al periódico El Mundo.

En su auto, los magistrados reiteran la doctrina de la Sala que es contraria a admitir como base de la querella hechos cuya base probatoria aparece sólo en medios de comunicación, como en este caso. Con respecto a las transcripciones de las entrevistas mantenidas entre ambos querellados, la Sala determina que "dado el carácter subrepticio de su obtención no es posible determinar si han sido editadas, alteradas o manipuladas, de manera que tampoco se puede saber si la grabación corresponde al contenido íntegro de la entrevista".

La Sala recuerda que la comisión de un delito de revelación de secretos requiere la difusión de una información que no deba ser divulgada y de la que se haya tenido conocimiento por razón del cargo. Según los tribunales, "los hechos relatados en la querella no ponen de manifiesto que se haya revelado información de la que el querellado dispusiera por razón de su cargo y que, como tal no deba ser conocida", sino que debe entenderse como una colaboración entre instituciones.

Los querellantes también atribuían un delito de conspiración para delinquir por el contenido de las conversaciones aludidas. La Sala lo descarta y recuerda que este delito no estaba en vigor cuando se cometieron los hechos imputados al querellado, en octubre de 2014.

http://www.rtve.es/noticias/20161215/tribunal-supremo-archiva-querella-contra-fernandez-diaz-exdirector-oficina-antifraude-catalana/1454623.shtml

EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA RAJOY POR LOS CUIDADOS A SU PADRE EN LA MONCLOA

El Supremo ha archivado la querella que el partido Soberanía y la Asociación El Defensor del Paciente presentaron contra el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, por financiar a cargo de los servicios médicos de Moncloa la asistencia de gran invalidez que necesita su padre. La querella se basaba en una información de eldiario.es de acuerdo a la cual Rajoy "se vale del cargo de presidente para financiar con cargo al dinero público los gastos personales de asistencia en gran invalidez a su padre". La acusación de malversación se basaba en la citada información y señalaba que la noticia "reviste caracteres de verosimilitud porque pese al escándalo que ha montado en las redes sociales y medios de comunicación no ha sido desmentida". No es posible advertir en los documentos que se presentan la presencia de los elementos o requisitos dogmáticos del delito de malversación"

Examinada la querella y la denuncia no es posible advertir en los documentos que se presentan, exclusivamente por recortes de prensa, la presencia de los elementos o requisitos dogmáticos del delito de malversación, por lo que los hechos descritos no justifican la apertura de un procedimiento penal", responde el auto del Supremo. "La mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar la apertura de un procedimiento penal para su investigación si la querella que los incorpora no ofrece ningún indicio" añadido, dice también el alto tribunal en el escrito que archiva la querella. El diario.es informaba en la noticia, según señalaba la querella, de que los servicios que recibe en el complejo de Moncloa el padre de Rajoy alcanzaban un valor de unos 5.000 euros mensuales y añadía que "desde Moncloa no han desmentido la noticia" sino que han dicho que "aplican los criterios de los presidentes precedentes".

http://www.20minutos.es/noticia/2652003/0/rajoy/cuidados-padre-la-moncloa/archiva-querella-supremo/#xtor=AD-15&xts=467263

EL SUPREMO ARCHIVA DE NUEVO LA CAUSA CONTRA PILAR BARREIRO POR NOVO CARTHAGO

La resolución señala que el sobreseimiento provisional parece el más adecuado, ya que el caso continúa su tramitación en un Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga a los no aforados

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado el sobreseimiento del caso Novo Carthago, sobre presuntas irregularidades urbanísticas, para la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP Pilar Barreiro, aunque señala que el mismo ha de ser el de la modalidad de provisional.

El TS discrepa así de lo que entendió el instructor de las diligencias, que decretó el sobreseimiento libre, y, al mismo tiempo, desestima los recursos presentados por el ayuntamiento de Cartagena, dos concejales socialistas e Izquierda Unida (IU), que habían solicitado que Barreiro continuara imputada y que se practicaran nuevas diligencias.

El auto judicial supone que la causa no podrá ser reabierta contra la exalcaldesa si no aparecen elementos nuevos.

Estas actuaciones judiciales contra la actual senadora, que ha estado defendido por los letrados murcianos José Pardo Geijo y Raúl Pardo-Geijo Ruiz, trataban de esclarecer si aquella, cuando se tramitó una modificación urbanística en el consistorio que presidía para hacer viable un proyecto urbanizador en terrenos próximos al Mar Menor, pudo cometer algún ilícito penal.

Al respecto, el TS expone que de las pruebas practicadas no se deduce indicio criminal alguno contra ella.

http://www.lacronicadelpajarito.es/region/supremo-archiva-nuevo-causa-contra-pilar-barreiro-por-novo-carthago?qt-radio_tv=0

EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA POR EL NOMBRAMIENTO DEL 'COMISARIO' MARHUENDA

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) acusa al ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, de prevaricación por el reconocimiento al director de 'La Razón'
.
El Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, por delito de prevaricación administrativa tras el nombramiento del director de La Razón, Francisco Marhuenda, como comisario honorífico de la Policía Nacional.

La Sala de lo Penal del alto tribunal concluye que los hechos imputados al ministro no presentan relevancia penal y aclara que el cargo de comisario honorario que se otorga al periodista no parece contravenir la normativa indicada dado que es un nombramiento discrecional y el expediente no se hace público, tal y como denunció la parte querellante.

En su sentencia recuerda que el control de la legalidad de los actos administrativos corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa y que la aplicación del derecho penal queda restringida a los casos más graves. Además, subraya que en la querella presentada "ni siquiera consta el relato de los hechos", por lo que se desconoce la fecha, contenido y autoridad que la dicta.

El pasado 22 de abril el sindicato mayoritario de Policía interpuso una querella contra el responsable de Interior al considerar que podía haber incurrido en un presunto delito de prevaricación. Además, denunciaron que no se hicieron públicas las razones de tal nombramiento y que, por ello, incumplía los requisitos necesarios para cumplir con la normativa vigente.

También sostenían que el nombramiento de Marhuenda suponía un agravio para los funcionarios y recordaron que el periodista había sido condenado en sentencia firme por la Audiencia Provincial de Barcelona por haber vulnerado el derecho al honor y reputación profesional del Jefe Superior de Policía de Cataluña, Narciso Ortega, mediante la publicación de una noticia en el periódico que dirige.

En cuanto a la demanda del derecho al honor a que se refiere en su querella el sindicato de Policía, el Supremo entiende que no parece que afecte negativamente al designado en tanto que el derecho al honor objetivo del procedimiento civil se refiere a un funcionario policial concreto y no todo al cuerpo de policía.

http://www.mediaset.es/telemania/tribunales/tribunal-supremo-archiva-querella-nombramiento-comisario-director-razon-francisco-marhuenda_0_2211825466.html

EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA BARBERÁ POR NO RETIRAR SÍMBOLOS FRANQUISTAS

El tribunal no ve delito porque no hubo una orden a la alcaldesa para que quitara las distinciones al régimen

El Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada contra Rita Barberá por negarse a retirar los símbolos del franquismo durante su etapa como alcaldesa. La Sala de lo Penal ha rechazado la denuncia al considerar que los hechos no son constitutivos de delito, como ya hizo antes con denuncias similares contra otros alcaldes que eran, además, senadores y, por tanto, aforados, como el de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, o Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador.

La querella la presentaron el PSOE valenciano y el abogado madrileño Eduardo Ranz Alonso. En su denuncia pedían que se abriera una causa contra Barberá por delitos de desobediencia y denegación de auxilio y, subsidiariamente, por una falta contra el orden público. El Supremo destaca, sin embargo, que la Ley de Memoria Histórica de 2007 recoge la obligación genérica de las Administraciones Públicas de adoptar medidas tendentes, entre otras cosas, a la retirada de objetos conmemorativos de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, pero en la denuncia no se relata que se hubiese dado una orden directa y expresa a la entonces alcaldesa Rita Barberá para tomar medidas y retirar esos símbolos en cumplimiento de dicha Ley, ni tampoco que ella se hubiese negado a cumplir esa orden previa.

“Ambos elementos –destaca el auto—la existencia de una orden expresa y la negativa posterior a su cumplimiento, resultan necesarios para apreciar el delito”.

Del mismo modo, los jueces advierten de que tampoco hay constancia de que la exalcaldesa hubiese recibido una orden concreta y específica para, en cumplimiento de la misma Ley, realizar un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura. La decisión del Supremo asume los argumentos del fiscal, que había informado en contra de que se admitiera a trámite.

La de la memoria histórica es una de las dos causas pendientes que tenía Barberá en el alto tribunal. La otra, derivada de la Operación Taula abierta en Valencia por el presunto blanqueo en el grupo municipal del PP, está todavía endiente de que el fiscal presente su informe.

La denuncia contra Barberá mencionaba un total de 33 calles de la ciudad cuyo mantenimiento, según sus impulsores, infringe la Ley de Memoria Histórica. Entre ellos figura el nombre del Barón de Cárcer, Joaquín Manglano y Cucaló de Montull, que fue el primer alcalde de Valencia tras la Guerra Civil. O el del falangista Antonio Rueda, que fue gobernador civil.

http://politica.elpais.com/politica/2016/07/08/actualidad/1467983217_346837.html

EL SUPREMO ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN CONTRA LA EXALCALDESA DE JEREZ

María José García-Pelayo, del PP, ha sido investigada por tramitar contratos con la Gürtel

El Tribunal Supremo ha archivado provisionalmente la investigación a la exalcaldesa de Jerez y actual diputada del PP, María José García-Pelayo, por adjudicar contratos a la rama andaluza de la trama Gürtel. La parlamentaria declaró a finales de febrero durante más de una hora en el Tribunal Supremo en calidad de investigada —antigua figura de imputado— por un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público. Los investigadores le atribuían un papel clave en la supuesta contratación fraudulenta del Ayuntamiento gaditano con empresas de Francisco Correa. "Yo no firmé esos contratos", alegó la política andaluza.

Los jueces califican de "creíble" el testimonio de García-Pelayo sobre su desconocimiento de "toda esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles, resultan no solo muy verosímiles sino además sugestivas de acomodarse a lo más probable".

Los hechos investigados se remontan al año 2004 y tienen relación con determinados contratos administrativos para el desarrollo de FITUR de aquel año, así como otros expedientes para llevar a cabo actos en la Plaza Mayor de Madrid.

El instructor de esta parte de la causa en el Supremo, Antonio del Moral, no cuestiona en la resolución la posible relevancia penal de los hechos investigados. Explica que fue una decisión arbitraria "adoptada al margen de todo procedimiento legal" y que benefició a tres empresas que resultaron adjudicatarias, pero descarta que la alcaldesa tomara esta decisión a sabiendas de su arbitrariedad.

El auto cita dos sentencias de la Sala de lo Penal del Supremo que establecen que el delito de prevaricación exige probar algo más que la pura constatación de la firma en una resolución objetivamente arbitraria e injusta.

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/29/actualidad/1461931747_617416.html

EL TRIBUNAL SUPREMO ARCHIVA LA CAUSA CONTRA EL PRESIDENTE DE MELILLA

Juan José Imbroda compareció tras la contratación de un abogado externo

El Tribunal Supremo ha archivado la causa contra el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, por presunto delito de prevaricación en la contratación de un abogado externo por la ciudad autónoma para pleitos en materia laboral a partir de 2001, por los que cobró 395.000 euros hasta 2010.

El magistrado Francisco Monterde, instructor de la causa abierta a Imbroda por el Supremo el pasado 2 de febrero, ha acordado en un auto el sobreseimiento de las actuaciones a la vista de las explicaciones de Imbroda, que compareció en el alto tribunal el 11 de marzo, y de los informes que obran en la causa.

El presidente de Melilla y senador del PP, al que el partido ya ha confirmado como candidato a la reelección, pidió el archivo de las actuaciones. En su auto, el magistrado Monterde explica que la iniciativa para la designación del letrado no surgió de Imbroda sino de uno de los consejeros de Melilla y que hay dudas interpretativas sobre la naturaleza del contrato que unía al letrado con la ciudad autónoma y, por tanto, si era necesario o no tramitar un procedimiento administrativo de contratación.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Melilla destacó en la exposición razonada que elevó al Supremo que el contrato era administrativo, que se obviaron para establecerlo todos los requisitos legales y que el letrado fue contratado a dedo por Imbroda. Sin embargo, el instructor del Supremo indica que no hay elementos que prueben que hubo prevaricación en el caso, ya que para que se produzca este delito debe constatarse que la actuación del imputado fue injusta y arbitraria.

http://politica.elpais.com/politica/2015/04/07/actualidad/1428437316_380611.html

LA PRESCRIPCIÓN SALVA AL PRESIDENTE DE CANTABRIA

El Tribunal Supremo ha acordado no abrir un proceso penal al presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), y al consejero autonómico de Obras Públicas Francisco Javier Rodríguez Argüeso en relación al abono por parte de una empresa, en agosto de 2010, de una estancia en un balneario de Oviedo a ambos politicos, entonces diputados autonómicos (lea la resolución en PDF).

Tal como dictaminó el fiscal, la Sala ha apreciado que el supuesto delito de cohecho por el que se abriría la investigación ha prescrito.

El tribunal explica en una resolución conocida hoy que en la exposición razonada enviada al Supremo por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo (instructora del caso Pokemon) "no se aporta indicio alguno que sustente que el pago del hotel se realizó en consideración a la condición de diputados de los investigados", lo que exigía el tipo penal en el momento en que ocurrieron los hechos para un cohecho no vinculado a un concreto acto u omisión de un cargo público, sobre lo que tampoco existen indicios en el caso.

"En cualquier caso -añade el auto-, descartando la aplicación de los preceptos relativos al cohecho vinculados a un concreto acto administrativo y admitiendo hipotéticamente que existieran indicios de la comisión del delito del artículo 426 del Código Penal (referido a la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función), nos encontramos con que el mismo estaría prescrito".

Recuerda que ese delito prescribía a los tres años, y que, aun cuando se pretendiera fijar la interrupción de la prescripción en la fecha de la exposición razonada de la juez de Lugo (noviembre de 2014), habrían transcurridos más de tres años desde los hechos (agosto de 2010). Por ello, considera prescrito el delito y archiva las actuaciones.

http://www.elmundo.es/espana/2015/02/24/54ec64f8ca47411b578b4573.html

EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA PRESENTADA POR PODEMOS CONTRA TRES JUECES DEL TSJ DE MURCIA

Considera que no prevaricaron al remitir una querella contra Pedro Antonio Sánchez (PP) a los juzgados ordinarios

El Tribunal Supremo ha archivado las querellas presentadas por Podemos y el abogado José Luis Mazón contra tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia a los que acusaban de prevaricar al remitir a un juzgado ordinario, en vez de tramitar directamente, una querella que la Fiscalía presentó contra el candidato del PP Pedro Antonio Sánchez para evitar que fuera imputado en plena campaña electoral.

Las querellas se dirigían contra los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia Juan Martínez Moya, quien también es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique Quiñonero Cervantes y Miguel Pascual de Riquelme.

En un auto hecho público este jueves, el alto tribunal las inadmite y archiva al concluir que los autos que dictaron los magistrados no constituyeron prevaricación. Asegura que en la fase embrionaria de la instrucción contra aforados es conveniente que sean los jueces ordinarios los que investiguen a los imputados "cuando los indicios se muestren débiles o inconsistentes" o si existe un número elevado de acusados.

Las querellas explicaban que la Fiscalía presentó en febrero una querella dirigida, entre otros, contra Pedro Antonio Sánchez, por entonces consejero de Cultura, Educación y Empleo, así como diputado de la Asamblea Regional de Murcia, en relación con la licitación, adjudicación, construcción y recepción de las obras de un auditorio en el municipio murciano de Puerto Lumbreras, del que era alcalde el mandatario popular.

Dichas obras fueron abonadas por más de 5,5 millones de euros y sin embargo, continúan sin terminar a día de hoy. En dicha querella se le imputaba al candidato popular la posible comisión de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial, si bien el TSJ, pese a reconocer el carácter de aforado de Sánchez, decidió remitir el procedimiento al Juzgado de Instrucción de Lorca.

Un voto discrepante

Esta decisión contó con el voto discrepante de otro magistado, Manuel Abadía, que afirmó que la decisión carecía de sentido puesto que la competencia es del TSJ, y era ese órgano el que debía empezar a instruirlo directamente, imputando al aforado.

Ante el recurso de la Fiscalía la Sala dictó un nuevo auto argumentos muy similares a los del primero, y volvió a remitir a los juzgados de instrucción de Lorca, a pesar de la existencia de indicios de criminalidad relacionados con la actuación del aforado, según detalla la querella presentada este jueves.

Para entender la justificación de esas dos resoluciones, contrarias a lo previsto legalmente según Podemos, hay que saber en qué momento se producen. El primer Auto es de 2 de marzo, cuando se están decidiendo los candidatos a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, con lo que esa resolución dejaba al candidato en un limbo judicial, evitando su imputación directa por el TSJ, según Podemos.

El segundo auto, el que resuelve el recurso contra el primero, tiene fecha 23 de abril, con el candidato ya proclamado, con lo que se aseguraba una campaña electoral tranquila, evitando la imputación de Pedro Antonio Sánchez, ya proclamado candidato del Partido Popular.

El Supremo considera que el criterio utilizado por la mayoría de los magistrados contra los que se dirigían las querellas "no se apartó de los cánones y los métodos de interpretación a los que se ajusta la labor de un jurista en casos similares".

http://www.elmundo.es/espana/2015/07/23/55b0eeee46163f5e098b4572.html

EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA MONAGO POR SUS VIAJES A CANARIAS

El alto tribunal, no obstante, insta a regular mejor los desplazamientos de los parlamentarios para evitar "toda confusión" y no minar la confianza de los ciudadanos

El Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada contra el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, por los viajes que realizó a Tenerife con cargo al presupuesto del Senado entre mayo del 2009 y noviembre del 2010. Los jueces se apoyan en la decisión del grupo parlamentario popular en la Cámara alta, que rechazó la comisión de un delito de malversación de caudales públicos por estos desplazamientos.

La demanda fue interpuesta por la Asociación Pro Justicia Siglo XXI y en ella se denunciaba el uso de dinero público para pagar los desplazamientos del presidente extremeño a la isla canaria. Sin embargo, los senadores populares defendieron estos viajes en un comunicado en que afirmaron que Monago "como presidente autonómico" y como "miembro del Consejo de Dirección del grupo parlamentario en el Senado" tenía asignadas "labores de apoyo" en su comunidad, en Andalucía y en Canarias por lo que tenía que viajar a estas comunidades autónomas.

Por estos motivos, el alto tribunal cierra este caso, ya que el Senado autoriza el pago con cargo a su presupuesto "de los gastos de viaje realizados de acuerdo con las normas que la Mesa establezca en cada momento".

También sostiene que no tiene suficientes datos para afirmar que la actividad del presidente de Extremadura "sea ajena a la función pública". Además, considera que en el caso de Monago "no se aprecia la concurrencia de un comportamiento que revista los caracteres de ilícito penal".

No obstante, el Supremo recomienda que se regule mejor los viajes de los parlamentarios para evitar "toda confusión" entre "desplazamientos privados y oficiales, dado que la confianza de los ciudadanos en el buen funcionamiento del sistema de representación política constituye la base del Estado de derecho".

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/supremo-archiva-querella-monago-viajes-canarias-4052620

EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO CONTRA RAFAEL HERNANDO

El Supremo ha archivado la querella que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, integrada por víctimas del franquismo, presentó contra el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, por injurias.

Denunciaban que el diputado popular aseguró que los familiares de las víctimas sólo se acuerdan de ellos cuando hay subvenciones

El Tribunal considera que lo que hizo Hernando fue "un juicio de valor" y argumenta en su auto de archivo que la libertad de expresión "cobija críticas inofensivas o indiferentes e incluso otras que puedan molestar, inquietar o disgustar". Es decir, que las "opiniones del querellado no pueden considerarse formalmente injuriosas y, encontrándose amparadas en el ejercicio de la libertad de expresión, solo procede, al no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno, la inadmisión a trámite de la querella".

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó a finales del pasado noviembre una querella contra el diputado popular por unas palabras supuestamente pronunciadas por él en un programa de televisión sobre las víctimas del franquismo.

La parte querellante denunciaba que el parlamentario aseguró que los familiares de las víctimas del franquismo sólo se acuerdan de ellos cuando hay subvenciones. El propio Hernando negó repetidamente haber pronunciado esas palabras y acusó a las "terminales mediáticas de la izquierda" de haber manipulado "arteramente" sus declaraciones, usando un entrecomillado "absolutamente falso".

El fiscal no se pronunció sobre la querella, al considerar que era un asunto entre particulares o "una querella privada".

http://www.diariovasco.com/politica/201406/13/supremo-archiva-querella-victimas-20140613163106-rc.html

EL TRIBUNAL SUPREMO ARCHIVA LAS QUERELLAS CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ POR EL ÁTICO EN ESTEPONA

Toma esta decisión sin perjuicio de que el Juzgado de Estepona ponga de manifiesto indicios penales contra González

El Tribunal Supremo ha inadmitido este jueves las querellas que los extrabajadores de Telemadrid y el PSM presentaron contra el presidente de la Comunidad, Ignacio González, en relación con la adquisición y propiedad de un ático en Marbella.

Fuentes del alto tribunal han señalado que, siguiendo su doctrina general, se recuerda que ya existe una investigación abierta sobre este asunto en el Juzgado número 5 de Estepona (Málaga), que debe seguir investigando y que de encontrar algún indicio delictivo contra este aforado lo que procedería sería la remisión al Supremo de una exposición razonada.

El pasado 7 de mayo la Fiscalía se posicionó en contra de esta admisión por entender que del contenido de dichas querellas no se deduce la existencia de ningún hecho delictivo ni, por consiguiente, que pueda llevar a una imputación contra González.

La juez de Estepona puede seguir investigando

El tribunal aprovecha su auto para recordar su doctrina general sobre el momento en que debe asumir el Supremo la investigación de aforados. Explica que "no basta la mera imputación personal del aforado para que el instructor suspenda inmediatamente la instrucción y remita la causa al órgano competente, sino que puede y debe investigar hasta alcanzar indicios fundados que justifiquen dicha imputación".

El Supremo agrega, de acuerdo con la Audiencia de Málaga, que toma su decisión sin perjuicio que la investigación del Juzgado de Instrucción de Estepona ponga de manifiesto indicios penales contra Ignacio González, y el instructor entienda pertinente entonces elevar una exposición razonada al Supremo.

Además, el alto tribunal no aprecia en los hechos relatados en la querella ningún indicio de delito de la persona aforada. Añade que en algunos casos se basan sólo en informaciones periodísticas, sin que la querella aporte otros indicios, por lo que no cabe hablar de un verdadero ejercicio de la acción penal sino de la "mera remisión" al tribunal de informaciones publicadas en la prensa.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/07/03/53b553c2268e3e7f458b4583.html

EL SUPREMO RESPALDA LA ABSOLUCIÓN DEL JURADO A CAMPS EN EL CASO DE LOS TRAJES

El fallo ha salido adelante por cuatro votos a favor y uno en contra

El voto particular argumentará que la sentencia carecía de la motivación mínima exigible

Ni “arbitrario” ni “irrazonable” ni “ilógico”. Según cuatro de los cinco miembros que componían la Sala del Tribunal Supremo que ayer decidía sobre la suerte judicial del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps en relación con el caso de los trajes, el veredicto del jurado fue correcto. El 25 de enero de 2012, por un estrecho margen de cinco votos frente a cuatro, un jurado popular absolvió a Camps y al exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, acusados del delito de cohecho impropio por haber aceptado presuntamente regalos de la trama Gürtel mientras la red lograba contratos a dedo de la Generalitat por cerca de ocho millones de euros.

La absolución fue una decisión polémica —y cuestionada por el numeroso material probatorio que se había presentado—, que ayer fue ratificada por los magistrados del Tribunal Supremo Manuel Marchena, Carlos Granados, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral. El quinto miembro de la sala, Joaquín Giménez, presentará un voto particular.

El avance del fallo —la sentencia aún no ha sido redactada— indica que se han desestimado los cuatro argumentos fundamentales de los recurrentes, el Partido Socialista del País Valenciano: el error en la apreciación de la prueba (por ignorar decenas de elementos incriminatorios); la contradicción entre los distintos hechos considerados probados por el jurado; la arbitrariedad en el funcionamiento de los poderes públicos; y la supuesta necesidad legal de que hubiera una mayoría más amplia (de siete votos en lugar de cinco) para considerar como “no probados” hechos desfavorables para los acusados.

El único recurso contra la sentencia absolutoria fue el presentado por los socialistas valencianos. La Fiscalía Anticorrupción no recurrió. La decisión se produjo poco después de que el recién creado Ejecutivo de Mariano Rajoy nombrara al nuevo Fiscal General del Estado.

El magistrado discrepante en la decisión de ayer, Joaquín Giménez, anunció un voto particular que tampoco está aún elaborado, a la espera de los argumentos concretos de la sentencia. Fuentes jurídicas consideran que no entrará a valorar si hubo o no arbitrariedad o error en la apreciación de la prueba, sino que previsiblemente se aludirá a un argumento previo: la falta de motivación de la sentencia de 30 de enero de 2012 que absolvió a Camps y que se limitaba a levantar acta de lo que dijo el jurado sin cubrir, según algunas opiniones, las exigencias mínimas de motivación que requiere toda sentencia y que en este caso obligaban a desarrollar los argumentos que había proporcionado el jurado. Según esta línea de argumentación, una de las soluciones jurídicas del recurso habría sido devolver la sentencia al tribunal para que la motivara y, a partir de aquí, poder valorar otras cuestiones.

Los argumentos de los cuatro magistrados del alto tribunal que han respaldado al jurado y que fueron avanzados ayer son dos. Por un lado, la motivación del jurado, según la sala, no ha sido “arbitraria, ilógica o irrazonable al individualizar las pruebas y elementos de convicción que le han llevado al veredicto de no culpabilidad”.

No se aceptan, por tanto, los argumentos de los recurrentes de que el jurado no tuvo en cuenta en su decisión una serie de pruebas “esenciales” y que existía contradicción en el caso porque había cuatro personas acusadas y dos de ellos (Víctor Campos, exvicepresidente del Gobierno valenciano y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de turismo) reconocieron los hechos y su culpabilidad. “No tiene sentido que los otros dos que no lo aceptaron finalmente fueran absueltos”, argumentaban los socialistas valencianos.

Por otro lado, relación con el argumento sobre el número de votos por el que se adoptó la decisión, los cuatro magistrados consideran que “concurrían las mayorías necesarias para declarar no probados los hechos desfavorables del objeto del veredicto”. El artículo 59 de la Ley del Jurado dispone que los jurados votarán si estiman probados o no los hechos y que, “para ser declarados tales se requieren siete votos, al menos, cuando fueren contrarios al acusado, y cinco votos cuando fuesen favorables”.

La decisión de Camps se tomó por cinco votos frente a cuatro. Por ese número de votos se decidió tanto aceptar como probados los hechos favorables a Camps y a Costa como asumir como no probados los desfavorables. El recurso de los socialistas valencianos consideraba que los hechos desfavorables que se consideren “no probados”, según la interpretación que hacían de ese artículo 59 de la Ley del Jurado, necesitaban de un apoyo de al menos siete votos. Pero, según el Supremo, bastan los cinco votos para cualquier decisión que sea favorable al reo.

Camps dimitió del cargo en julio de 2011, solo unos meses antes del juicio, y se declaró víctima de una campaña personal contra él. Al igual que Ricardo Costa, es diputado del PP en las Cortes Valencianas, aunque apenas acude al hemiciclo. Como expresidente de la Generalitat, también es miembro del Consejo Jurídico Consultivo, del que cobra su sueldo.

El alto tribunal reabrió el caso después de que la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior valenciano, que entonces presidía un buen amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa, lo archivara en agosto de 2009 en contra del criterio del juez instructor, José Flors. El Supremo observó indicios de delito al reabrir el caso en mayo de 2010 y reprochó al tribunal valenciano una interpretación del cohecho pasivo impropio (aceptar dádivas que se ofrecen en atención al cargo) que implicaba en la práctica suprimir la figura de ese delito.

La Sala del TSJ consideró que para que el delito se consumase era necesario que el receptor de los regalos, en este caso Camps, desplegase a cambio alguna actividad. En el juicio, el jurado también llegó a la conclusión de que, incluso en el supuesto de que hubiera aceptado trajes de la trama, estos no se realizaron “en función de su cargo”, por lo que le absolvieron. Los socialistas valencianos interpusieron entonces un recurso de casación argumentando que hubo una “manifiesta ausencia de motivación” del veredicto y una errónea valoración de las pruebas por parte del jurado.

El letrado Virgilio Latorre destacó en el recurso que para concluir que los regalos no existieron, los cinco jurados que apoyaron la absolución se limitaron básicamente a remitirse al testimonio de Isabel Jordán, exempleada de la trama. Jordán, que declaró en Valencia como testigo estando imputada en otras ramas del caso Gürtel y que corría el riesgo de autoinculparse, dijo desconocer si había habido sobornos. Una afirmación que contradecía lo que había afirmado años antes, cuando fue grabada sin saberlo.

La acusación popular ahondaba en el hecho de que el jurado se apoyó básicamente en las palabras de Jordán, que hablaba de lo que le habían contado y desechó sin motivación las declaraciones de una decena de testigos directos, la mayoría empleados de las tiendas (incluido el sastre José Tomás), que coincidieron en que Camps y Costa recibieron la ropa, y que los pagó Pablo Crespo, lugarteniente de la red que lideraba Francisco Correa. Los testimonios ignorados por el jurado proclamaron que Camps recibió una veintena de trajes y prendas adquiridos por Gürtel en las tiendas madrileñas de Milano y Forever Young.

A estas declaraciones se sumaron grabaciones policiales telefónicas entre Camps y El Bigotes en plenos Reyes Magos de 2009. En una de ellas Pérez recordaba a Camps el tarjetón navideño que le acababa de enviar, y zanjaba el distendido diálogo con un “fíjate si te debo [presidente]”. Varios testigos coincidieron en que Crespo liquidaba las cuentas que la trama tenía abiertas en las tiendas, en las que figuraban también el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Entre los cuatro, Gürtel se habría gastado algo más de 40.000 euros en prendas de vestir entre 2005 y 2008. Campos y Betoret admitieron los hechos cinco meses antes de que empezara el juicio a Camps y Costa. El Supremo se ha mostrado de acuerdo con el tribunal valenciano y cree que ni el expresidente valenciano ni su ex número dos cometieron un delito.

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/09/actualidad/1365502448_047833.html

EL SUPREMO REBAJA LA PENA A MATAS A NUEVE MESES Y LE EVITA INGRESAR EN PRISIÓN

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena por un delito de corrupción que la Audiencia Provincial de Palma impuso, en el caso Palma Arena, al expresidente balear Jaume Matas, pero ha rebajado la pena de 6 años de prisión a 9 meses, lo que muy probablemente evite que el político ingrese en prisión.

La Sala Segunda del Supremo he hecho pública su sentencia sobre el caso, en la que elimina los delitos de malversación y prevaricación y mantiene la condena por tráfico de influencias.

Las penas de hasta dos años de cárcel permiten el cumplimiento fuera de prisión siempre que no pesen sobre el reo antecedentes penales anteriores y no se produzca ninguna otra condena posterior.

Se trata de una decisión contraria a la petición de la Fiscalía, y que no ha supuesto una sorpresa dado que, según informa hoy EL MUNDO, la Sala de lo Penal del Supremo se inclinaba por realizar una profunda corrección a la condena dictada por la Audiencia de Baleares contra el ex presidente de la comunidad autónoma.

Los magistrados de Mallorca le impusieron una pena total de seis años de cárcel en el primero de los más de 20 procesos abiertos contra él por el instructor del caso Palma Arena, inicialmente referido a la investigación del sobrecoste del velódromo construido por el Gobierno balear pero que se ha convertido en una macrocausa de la que el juez José Castro ha desgajado sucesivas piezas separadas.

Matas fue responsable del Govern balear entre los años 1996-1999 y 2003-2007 y ministro de Medio Ambiente de 2000 a 2003.

Dos años y tres meses para Alemany

El Supremo absuelve al periodista Antonio Alemany de algunos los delitos y, aunque mantiene varias condenas por prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil, le impone por ellas una sola condena de dos años y tres meses de prisión, además de inhabilitación por cuatro años y siete meses.

La misma sentencia condena al ex director general de Comunicación del Govern de Matas, Joan Martorell, por prevaricación y malversación y le impone una pena de siete meses y un día, además de inhabilitación por tres años; y al publicista Miguel Romero le absuelve de todos los delitos.

Las condenas a Alemany y Romero se producen por el llamado "Contrato Menor", en el que no está implicado Matas.

La sentencia, de la que ha sido ponente Carlos Granados, cuenta con un voto particular del magistrado Alberto Jorge Barreiro, quien considera que debió condenarse a Matas por delitos de prevaricación y falsedad, aunque no por malversación, ni tampoco por fraude.

La Audiencia de Palma consideraba probado que Matas benefició con dinero público al periodista que escribía sus discursos, Antonio Alemany con actos producidos entre 2003 a 2007.

En ese tiempo Matas concedió a Alemany, mediante un concurso pantalla a favor de su empresa Nimbus, 200.000 euros por escribir sus discursos y asesorarle en materia informativa, al tiempo que influyó para beneficiarle con una subvención de 450.000 euros para crear una agencia de noticias.

Matas fue condenado por estos hechos a penas diferenciadas: 5 años, 3 meses y 1 día de cárcel en calidad de inductor por los delitos de fraude a la Administración, falsedad en documento oficial y mercantil, prevaricación y malversación, y 9 meses y 1 día de prisión por el de tráfico de influencias.

El Supremo, que mantiene la última pena (tráfico de influencias), no discute los hechos probados, pero sí la consideración delictiva que les atribuyó la Audiencia.

En cuanto al concurso, dice el Supremo, se adjudicó a una sociedad, Nimbus, que realizó trabajos -como redacción de discursos y otros- por los que cobró, todo lo cual "en modo alguno" puede ser considerado prevaricación, ya que hubo un servicio prestado a cambio del dinero pagado.

Por lo que se refiere a la malversación, el tribunal acepta la tesis de la defensa de los reos, pues mientras la Audiencia condenó porque del dinero pagado a Nimbus se dedujeron comisiones para terceras personas, ahora el Supremo considera que se trataría, en todo caso, "de un acuerdo entre particulares".

En otras palabras, se hizo un concurso abierto y se firmó un contrato con Nimbus (del periodista Antonio Alemany) que se pagó a cambio de servicios prestados. Si luego, de ese dinero, el perceptor pagó una comisión, ya no se trataba de dinero público, por lo que no puede haber malversación, dice el Supremo.

En cuanto al fraude, el Supremo señala que pudo existir, en el concurso sobre el que Nimbus pudo disponer de información privilegiada, una irregularidad administrativa o incluso otra figura delictiva, pero no fraude, ni tampoco falsedades en documentos público y mercantil.

Por lo que se refiere al tráfico de influencias, el Supremo sí considera que Matas "utilizó su autoridad jerárquica para presionar" en favor de que se favoreciera la solicitud de Alemany para obtener una subvención pública a su Agencia Balear de Noticias, algo que hizo "con pleno conocimiento de que influyó con prevalimiento".

El expresidente balear Jaume Matas (PP) es el cuarto presidente autonómico desde la Constitución de 1978 que ha sido condenado penalmente. Matas fue responsable del Govern balear entre los años 1996-1999 y 2003-2007 y ministro de Medio Ambiente de 2000 a 2003.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/23/baleares/1374571813.html

LA SALA CLAVE DEL SUPREMO PROTESTA POR LAS INJERENCIAS DEL GOBIERNO

13 jueces piden a Lesmes que actúe ante Rajoy por unas declaraciones de Fernández Díaz

Trece de los 18 magistrados que componen la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que instruye todos los casos en los que hay imputados políticos aforados por el Congreso o el Senado, firmaron este jueves un escrito de protesta contra las injerencias del Gobierno en el poder judicial. En un gesto insólito en la historia reciente del Supremo, los 13 magistrados, entre ellos varios jueces pertenecientes al sector conservador de la magistratura, firmaron una carta dirigida al presidente de la sala, Manuel Marchena, para que actúe ante unas recientes declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que este calificó de “lamentables” las excarcelaciones de miembros de ETA decretadas por la Audiencia Nacional.

El escrito está suscrito por todos los miembros de la sala de lo Penal, incluidos los tres eméritos, excepto el presidente Marchena y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta y Carlos Granados. La reacción de los jueces llega después de que varios miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el titular de Justicia, Rafael Catalá, hayan criticado en público las excarcelaciones de etarras ordenadas por la Audiencia en cumplimiento de un acuerdo marco europeo que permite acumular en España las penas cumplidas en otros países.

Estas críticas han sido recibidas entre miembros de todos los sectores de la judicatura como una intromisión del Gobierno en la independencia judicial, pero los jueces, hasta ahora, habían optado por silenciar en público su malestar. El detonante de la carta de los magistrados de lo Penal han sido unas declaraciones de Fernández Díaz en una entrevista publicada el pasado sábado por La Razón. El ministro fue preguntado por la acumulación de penas a etarras, que el Tribunal Supremo avaló en marzo, cuando obligó a la Audiencia a revisar la condena del etarra José Luis Urrusolo Sistiaga para descontarle el tiempo de condena cumplido en Francia. “Me parece lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente”, respondió el ministro; a la pregunta de si los jueces podían estar prevaricando al tomar estas decisiones, contestó: “Yo no digo eso, pero si eso lo hubiera hecho una autoridad política o administrativa, quizá en estos momentos se le estaría acusando de un posible delito de prevaricación”.

Los jueces recogen en su escrito estas declaraciones, así como otras de la misma entrevista en las que Fernández Díaz lamenta que se haga “un uso alternativo del derecho” y sostiene que estas decisiones judiciales “provocan falta de confianza en las instituciones”.

Los 13 magistrados que firman la carta, “sin añadir calificación alguna respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno”, piden al presidente de la Sala de lo Penal que haga llegar al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, su “desazón” por estas afirmaciones. Los jueces instan a Lesmes a que, si considera que las afirmaciones del ministro “no son adecuadas ni guardan el debido respeto” al Tribunal Supremo, se lo haga saber al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y le pida “que ponga coto” a manifestaciones como las de su ministro del Interior.

Fernández Díaz: "he respetado y respetaré siempre la ley"

Tras las críticas de los magistrados del Supremo, el ministro del Interior ha insistido este jueves en que respeta la independencia judicial y la separación de poderes. En unas breves declaraciones a los periodistas antes de asistir a la jura de 24 comisarios principales, Fernández Díaz se ha limitado a afirmar: "He respetado y respetaré siempre la ley". A lo que ha añadido que respeto la separación de poderes "garantizada, reconocida y amparada" en la Constitución. A pesar de la insistencia de los reporteros, el titular de Interior ha reiterado que la separación de poderes es "el fundamento de un buen funcionamiento de un Estado social, democrático y de Derecho como es el nuestro".

Entre los cinco miembros de la Sala de lo Penal que no han firmado la carta se encuentran Andrés Martínez Arrieta y Antonio del Moral, que fueron dos de los cinco magistrados del Supremo que en marzo suscribieron la sentencia que avalaba la acumulación de penas del etarra Urrusolo Sistiaga. El alto tribunal celebró el pasado martes un pleno en el que tenía previsto unificar criterio sobre este asunto, pero, tras un largo debate, decidió aplazar la decisión hasta, al menos, el próximo enero.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/18/actualidad/1418909614_978651.html?rel=mas

UNA DENUNCIA CONTRA MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Estos días se ha sabido de un encuentro, parece que en una comida, del exministro Ángel Acebes, ahora imputado en la causa de Gürtel, y Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS). Un hecho ciertamente vergonzoso y preocupante por numerosas razones. Estos encuentros hacen recordar que el 7 de mayo de 2012 un grupo de juristas, ante la conclusión de los procesos contra el juez Garzón, en el ejercicio del derecho constitucional de petición, presentó un escrito ante el entonces presidente del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, en el que exponía una serie de conductas privadas de magistrados del Supremo que habían participado en los procesos contra Garzón y reclamaba que se adoptaran las medidas adecuadas. Hasta ahora, el CGPJ no ha respondido a dicha reclamación, incumpliendo abiertamente las obligaciones que le impone la L.O. 4/2001, que regula aquel derecho. Un ejemplo mas de cómo las Instituciones públicas menosprecian los derechos civiles de los ciudadanos.

El escrito concluía así: "Ante los hechos descritos, que suscitan serias dudas sobre el cumplimiento por dichos magistrados del TS del régimen de incompatibilidades y prohibiciones, con la consiguiente afectación claramente perturbadora no solo de su ética profesional sino de su imparcialidad tanto objetiva como subjetiva, se solicita que se proceda a la comprobación y esclarecimiento de los referidos hechos que, por su naturaleza, pueden incidir en la validez de sus decisiones jurisdiccionales y, en consecuencia, en su posible nulidad. Y, particular, la determinación de la totalidad de Seminarios, Cursos y Conferencias impartidos por dichos magistrados, sus patrocinadores y la retribución percibida por cada uno de dichos magistrados y por cada una de dichas actividades. Y, en su caso, que se acuerde la incoación de Diligencias Informativas o Expedientes disciplinarios contra los magistrados que, según resulta de los datos expuestos, hayan infringido el régimen orgánico de 'prohibiciones e incompatibilidades', deduciéndose, en su caso, el testimonio que proceda al Fiscal General del Estado para que proceda a la investigación de la posible comisión de delitos de cohecho".

Los hechos eran estos:

1.- Schola Iuris, Instituto Europeo de Práctica Jurídica.

"El Instituto de Práctica Jurídica Schola Iuris es una entidad de carácter privado que pretende fomentar en su campo de actividad, la Formación, valores tales como la excelencia, la calidad, el humanismo o la cercanía al alumno que, con un enfoque eminentemente práctico, sirva de puente para la para la incorporación eficiente al mundo del trabajo y de la empresa. Una de las características más importantes de Schola Iuris es su Profesorado. Así lo reconocen los alumnos que se han formado con nosotros. Con su prestigio, conocimientos, y sus dotes pedagógicas y humanas se han ganado a pulso una altísima valoración, que hacen de Schola Iuris una institución líder en España en sus áreas formativas" (domicilio social: c/Arturo Soria, 301. Madrid). Su titular es la sociedad Procard Europa S. L. con un capital social de 3.010 euros de la que es administrador único el director de dicho instituto, Ángel Benseny Pellicer, psicólogo forense de los Juzgados de 1º Instancia de Madrid. Director que, a la vez, es administrador solidario con María Ángeles Mora Martínez de la sociedad Servicios Promocionales Asociados Millenium S. L., de igual capital social que la anterior. Ofrece másters privados, cursos de Especialización y Formación Profesional. En relación al máster de Derecho Penal Práctico, "sin duda alguna el punto fuerte de este Master lo conforman el magnífico plantel de Profesores en el ámbito judicial español". Plantel en el que figuran los magistrados del TS Maza Martín, Sánchez Melgar y Manuel Marchena, como hemos dicho ahora presidente de la Sala Segunda del TS, más numerosos jueces y fiscales que figuran como reclamo para los cursos de este Centro. Además, entre otros, del letrado D. Luis Rodríguez Ramos, al que luego nos referiremos. Máster en el que los alumnos pagan por matrícula 14.000 euros. Asimismo, se ofrece un Curso de Derecho Penal En Genética y Nuevas Tecnologías en el que figuran como profesores los magistrados del TS Maza Martín y Sánchez Melgar.

Resulta preocupante, para la imagen de jueces y magistrados, hallar en internet desde hace varios años una enumeración de jueces, en particular los del TS, como reclamo para los cursos de una academia privada.

La oferta educativa de Schola Iuris incluye, conjuntamente con los citados magistrados, numerosos letrados que asumieron la defensa de imputados en el proceso por la trama de corrupción conocida como Gürtel, como el Sr. Rodríguez Ramos, vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid.

A lo expuesto, debe añadirse el siguiente texto publicitario del citado Instituto: "Para los licenciados en Derecho, el título proporciona una alta especialización práctica en Derecho Penal y está reconocido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para el acceso al Turno de Oficio". Y añadía: "Cuenta además con un cuadro docente del más alto nivel, en el que se encuentran juristas con la experiencia y prestigio de D. Adolfo Prego, vocal del Consejo General del Poder Judicial; D. José Manuel Maza, magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo" y otros magistrados y fiscales.

En noviembre de 2004, el director del centro viaja a México y firma un preacuerdo con las universidades de Guadalajara y Chihuahua para permitir que licenciados en derecho mexicanos pudieran cursar en Madrid el máster en Derecho Penal Práctico de Schola Iuris. La web de becas mba se refería a este viaje exponiendo que: "El preacuerdo se adoptó aprovechando la presencia de Don Ángel Benseny en Méjico con motivo de Primer Congreso Mundial de Procuración, Impartición de Justicia y Ciencias Forenses, celebrado en el Estado de Chihuahua. En dicho evento estuvo también presente D. José Manuel Maza, Magistrado del Tribunal Supremo de nuestro país y profesor de Schola Iuris (…)".

Previamente, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Tabasco, Guillermo Narváez, había visitado Madrid donde se reunió con el presidente del CGPJ y del TS, según explicaba becas mba.com: "El director del Instituto Europeo de Práctica Jurídica Schola Iuris, D. Angel Benseny, tuvo la oportunidad de entrevistarse con él y presentarle la oferta formativa del Instituto que preside, especialmente el máster en Derecho Penal Práctico. A la vista del excelente programa y del magnífico plantel de profesores, el Magistrado-Presidente D. Guillermo Narváez, acordó la promoción del mismo entre distintas instituciones del Estado en México…" En internet se puede encontrar al día de hoy esta oferta de Schola Iuris en diversos portales educativos. En educaweb se anuncia el máster de Derecho Penal Económico y de la Empresa” de Schola Iuris con un precio de 2.200 euros por las 96 horas de duración. En el programa figura como docente, con dos módulos, el magistrado del TS José Manuel Maza.

Entre los letrados se encuentran el ya citado Rodríguez Ramos, que asumió la defensa de varios imputados en la causa penal contra la trama Gürtel, como Benjamín Martín Vasco (exDiputado en la Asamblea de Madrid), Jesús Merino Delgado (exDiputado en el Congreso de Diputados) y Guillermo Ortega Alonso (exalcalde de Majadahonda). Por último, el letrado D. Florentino Ortí Ponte se hizo cargo de la defensa del ex alcalde del PP de Arganda, Ginés López Rodríguez.

2.- La Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE, cuenta con un consejo asesor empresarial cuya función es, según definición de la propia Fundación, la siguiente: "Promueven que la plataforma de reflexión que pretende ser la Fundación se amplíe a los diferentes sectores económicos, administrativos y jurídicos. Contribuyen económicamente al desarrollo de las diferentes actividades. Está integrado por un conjunto de empresas y despachos que financian y participan decididamente a la Fundación". (Domicilio social, c/Serrano 26,4º Dcha.) Fundación que cuenta con la colaboración de Caixa Galicia, Banc Sabadell, Banesto, Telefónica, Repsol, Gas Natural, Enagás y otras grandes empresas, así como importantes Despachos de Abogados como Rodríguez Ramos Abogados, Oliva-Ayala Abogados, Garrigues y, entre otros muchos, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

El magistrado Miguel Colmenero, ponente en el juicio oral contra el magistrado Sr. Garzón por la intervención legítima de las escuchas ya mencionadas de la trama Gürtel, que concluyó con la sentencia condenatoria del Magistrado acusado, figura desde el año 2007 en la dirección de un Foro de la Fundación.

Entre 2011 y 2012, el magistrado Colmenero participó en la dirección de dos foros: el de Jurisprudencia del Tribunal Supremo y el de Derecho Penal de los Negocios y la Empresa. En este último coincidió en la dirección, entre otros juristas, con la Sra. Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y el Sr. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, socio del bufete Oliva-Ayala Abogados. Este foro se viene realizando prácticamente con el mismo equipo desde 2007. Estos dos letrados tienen en común haber defendido a algunos de los imputados en el caso Gürtel. Silvina Bacigalupo se hizo cargo de la defensa de Francisco Javier del Valle Petersfeldt y Francisco Javier Sánchez Vera Gómez Trelles defendió a Jacobo Gordon Levenfel. El letrado D. Horacio Oliva García asumió de la defensa de Manuel Delgado Solís y José Antonio Lopez Rubal. Por su parte, D. Ignacio Ayala Gómez, del mismo despacho, asumió la defensa de Alberto López Viejo (exConsejero del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y exdiputado regional).

Además, el magistrado Colmenero ha participado en otros dos Cursos de FIDE. El 23/2/2011 sobre el Delito de corrupción entre particulares con la intervención también de los letrados Sra. Bacigalupo y el Sr. Sanchez-Vera. El 19/5/2011, sobre el delito de "administración desleal", acompañado de los mismos letrados. Y el 4/10/2011, apenas cuatro meses antes del juicio oral contra el Magistrado Sr. Garzón por la causa de las escuchas, el letrado Rodríguez Ramos intervenía junto al magistrado Colmenero en un evento sobre Compliance y Derecho Penal.

En relación al proceso contra el Magistrado Sr. Garzón por su intervención en el proceso sobre la trama Gürtel, el letrado Rodríguez Ramos protagonizó un debate sobre la conveniencia de que el Colegio de Abogados de Madrid, del que es Vicedecano, se personara como acusación. El Colegio finalmente se decidió por emitir un informe.

El 9 de febrero de 2012 a las 19.30 de la tarde, el magistrado Sr. Garzón hizo público un comunicado manifestando su rechazo hacia la sentencia condenatoria que esa misma mañana le habían notificado. A esa misma hora, en la sede de FIDE, según su programa de actividades , estaba previsto que el magistrado Miguel Colmenero presentara la tercera edición de los Comentarios al Código Penal, obra coordinada por el Sr. Conde Pumpido, exfiscal general del Estado y magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

3.-Los magistrados antes citados del TS y diversos letrados figuran relacionados en el anuncio de un Curso en la Universidad Rey Juan Carlos.

El curso de Derecho Penal Económico cuenta con un Consejo Científico. Como Presidente figura el magistrado del TS Maza Martín. Entre los vocales de dicho Consejo se encuentra el letrado D. Gonzalo Rodríguez Mourullo, defensor del exdirigente del PP Pablo Crepo Sabarís, imputado en causa de Gürtel y, asimismo, ejerció la acusación particular contra el Magistrado Sr. Garzón en la Causa especial ya mencionada y derivada de aquel proceso.

En el plantel de profesores de dicha Universidad figuran los siete magistrados que compusieron la Sala que juzgó y condenó al Magistrado Sr. Garzón: D. Joaquín Giménez, presidente de la Sala; D. Miguel Colmenero, ponente de la sentencia; D.Manuel Marchena, D.Andrés Martínez Arrieta; D. Francisco Monterde; D.Luciano Varela; y D. Juan Ramón Berdugo.

En el capítulo de letrados profesores figuran letrados que en su día asumieron la defensa de imputados relacionados con la trama Gürtel. Es el caso de D. Ignacio Ayala, de Oliva Ayala Abogados; D.Joaquín Burkhalter, abogado de Cuatrecasas Gonçalves Pereira; Dña.Adriana de Buerba, de Perez Llorca-Andres de la Oliva abogados; D. Ángel González Franco; Rodríguez Ramos; Sánchez Vera, de Oliva- Ayala Abogados y el citado Rodríguez Mourullo.

Ignacio Ayala, defensor del entonces diputado regional del PP Alfonso Bosch Tejedor.

Joaquín Burkhalter, que asumió la defensa de Arturo Gianfranco Fasana.

Adriana de Buerba, defensora de Cesar Tomás Martín Morales, exvicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte.

Ángel González Franco defiende al imputado Santiago Lago Borstein.

Este máster fue una de las ofertas académicas fruto del convenio entre URJC y la empresa KPMG, que presenta así la cátedra: "Bienvenidos a la página web de la cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG-URJC. La lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude fiscal, los delitos socioeconómicos cometidos mediante las nuevas tecnologías".

4.-Algunos de los citados magistrados del TS participaron hasta el 2007 en cursos de la Fundación FAES que preside José María Aznar. Más recientemente, han intervenido en eventos propiciados por la Fundación Wolters Kluwer cuyo consejo consultivo asesor está presidido por José María Michavila, ministro de Justicia con José María Aznar y en donde figura asimismo Ángel Acebes, quien fue Ministro de Administraciones Públicas y de Interior, también con Aznar.

Es relevante, por su significación ideológica y política, que un magistrado miembro de la Sala que juzgó y condenó al Magistrado Sr. Garzón. D. Miguel Comenero, haya tenido relación con la Fundación FAES que preside Aznar. Participó en cursos de la Fundación FAES durante los cursos 2005, 2006 y 2007, al menos, en cinco ocasiones. Concretamente, el 8 De Febrero de 2005, en un acto coordinado por el exmagistrado Adolfo Prego y el 21 de junio, también con el exmagistrado anterior. En 2007, el 26 de marzo. Y en 2008, los días 12 de junio y 12 de septiembre. Durante los años 2005-2008, el exmagistrado Adolfo Prego consta que asistió a 27 actos convocados por dicha fundación del Partido Popular, al menos en tres de ellos como Coordinador o Ponente. Posteriormente, pese a su evidente y pública afinidad con el Partido Popular, integró la Sala y fue Ponente durante la instrucción del proceso contra el magistrado Sr. Garzón por haber incoado el Sumario 53/2008 sobre los crímenes del franquismo.

FAES, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, es una Fundación privada sin ánimo de lucro que según se expresa en su propia presentación: "Trabaja en el ámbito de las ideas y las propuestas políticas. Vinculada al Partido Popular desde su creación, en 1989, la Fundación FAES está presidida por José María Aznar. FAES es un gran laboratorio de ideas y programas cuya vocación es nutrir el pensamiento y la acción política del centro liberal y reformista".

En 2006, el entonces fiscal del Tribunal Supremo y hoy magistrado Manuel Marchena obtenía el XX premio La Ley de artículos doctrinales. La Ley es una potente editorial jurídica dependiente de la Fundación Wolters Kluwer –perteneciente al grupo multinacional editorial Wolters Kluwer–. Su actividad se centra en la edición de publicaciones técnicas y profesionales, manuales y libros, y en la organización de seminarios presenciales y cursos on-line, en diferentes áreas: como Recursos Humanos, Finanzas, Contabilidad o Marketing, entre otros.

Su Consejo Asesor está presidido por el ex ministro de Justicia José María Michavila y en él se encuentran, entre otros, el también exministro Ángel Acebes, .Desde entonces,el magistrado Manuel Marchena, figura en algunos eventos de la Fundación Wolters Kluwer y en concreto como Jurado del premio La Ley de artículos doctrinales, del que es miembro desde hace varios años, coincidiendo en el Jurado con su ex olega Adolfo Prego y otros juristas como el Vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid Rodríguez Ramos.

El magistrado Manuel Marchena ha intervenido también en el comité de Expertos del Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía y La Ley de Walters Kluwer y su nombre aparece además junto al de Michavila en algún acto concreto como fue el encuentro profesional celebrado en Quintanilla de Onésimo a principios del año 2010. En esta ocasión el magistrado compartió el encuentro con otro magistrado del TS, Sánchez Melgar.

5.-El magistrado Manuel Marchena, en 2007, 2008 y 2009 participó en los Foros de las Evidencias Electrónicas que preside el despacho de abogados Garrigues. Consta el patrocinio de dicho Foro por Ancert, Cybex, El Derecho, Informática El Corte Inglés, Postal Trust, Secuware, Symantec y T-Systems.

En el Primer Congreso de la empresa INGEFOR Consultores, celebrado en 2008, también participó, conjuntamente con el Magistrado Maza Martín, con asistencia de diversos letrados del Despacho Garrigues y de otros, así como jueces de diversos órganos judiciales.

En marzo de 2009, el magistrado Marchena intervino, junto al Magistrado Sánchez Melgar, en la apertura del encuentro sobre la Responsabilidad de las personas jurídicas que organiza el Instituto de Fomento Empresarial, curso en el que la cuota de inscripción fue de 1.230 euros.

Igualmente participa, con el magistrado D. Miguel Colmenero, en la VII Semana Jurídica Malacitana celebrada en Noviembre de 2007 conjuntamente con letrados de los Despachos ya citados.

Según el CV de dicho magistrado, publicado por la Editorial Datadiar, ha sido Profesor del Master de Nuevas Tecnologías de la Información organizado por el Instituto de Informática Jurídica de la Facultad de Derecho de ICADE.

6.- En las Canarias, la entidad económica Caja7 patrocina diversos actos en los que intervienen los Magistrados de la Sala Segunda, Maza Martín y el letrado Choclan, defensor del imputado Correa en la causa penal contra la trama Gürtel y que actuó como acusador particular, en representación de dicho imputado,en la causa penal contra el Magistrado Sr. Garzón por las escuchas del caso Gürtel.

Bajo el patrocinio de Iuris Comer Canarias S. L.,empresa, entre otras actividades, de distribución de fondos bibliográficos, los días 25 y 26 de Junio de 2009, se celebra en Tenerife un Curso sobre La prueba ilícita penal en el que participó el expresidente de la Sala Juan Saavedra y el letrado Choclan.

Los días 25 y 26 de Junio de 2009, en la sede de Caja7, el expresidente de la Sala que acabamos de citar, interviene junto al citado letrado en unas Jornadas en Tenerife sobre la Prueba ilícita penal. Mas tarde, los días 21 y 22 de enero de 2010, en la Universidad de Las Palmas participan en otro evento el letrado Choclan y el Magistrado Maza Martín sobre La delincuencia medioambiental en Canarias. Y, nuevamente, el 3 de Noviembre de 2011,con el patrocinio de Caja7 y otras entidades, como Iuris Vegueta, el letrado y magistrado anteriormente citados participan, de nuevo en Tenerife, en las III Jornadas de delincuencia y económica y blanqueo de capitales.

7.-El 26 de Octubre de 2007, se celebra en la Sala de Conferencias de Cajamar la VII Semana Jurídica Malacitana. Semana en la que, según informó Cajamar, participaron "miembros relevantes de la judicatura española". Entre ellos, los magistrados Juan Saavedra, Manuel Marchena y Miguel Colmenero.

El 10 de noviembre de 2008, en la Sala ya citada se celebra una conferencia sobre La ejecución de las sentencias penales: disfunciones y carencias que modera el expresidente Saavedra.

Y en noviembre de 2009, Cajamar convoca un nuevo acto en Málaga sobre El Tribunal Supremo en la Constitución en el que también interviene el expresidente Saavedra. Acto que fue retransmitido por la empresa Datadiar, a la que luego nos referiremos.

8.- El 20 de mayo de 2011, el expresidente Saavedra preside el Jurado que ha de otorgar el Premio Cátedra José María Cervelló convocado por dicha cátedra, la IE Law School y el Despacho de Abogados Hermosilla y Gutiérrez de la Roza.

9.-Entre las numerosas actividades extrajudiciales del ex Presidente Saavedra, debe citarse su participación en las II Jornada Jurídica de Ceuta, convocada por el Gobierno de aquella ciudad para el 26 de Abril de 2011.

10.-En relación a Saavedra, debe destacarse su condición de miembro del Consejo Asesor del Centro de Formación Datadiar. Centro que dirige el letrado José Manuel Díaz-Arias, principal responsable del Bufete Díaz-Arias, con despachos en Madrid, Barcelona y California (EEUU). Y que garantiza una "Formación Jurídica, Fiscal, y Contable en Internet, desarrollada con la última tecnología y guiada por los mas prestigiosos autores en cada materia". Destaca en su oferta la "Consultoría Derecho de Nuevas Tecnologías y Juego Online". En su oferta de servicios dice así: "Las bases de datos de Datadiar han sido homologadas por el Consejo General del Poder Judicial y son seleccionadas por jueces y magistrados para su consulta”.Es decir, que, al parecer, magistrados de diversas instancias judiciales, entre los que figura el Presidente Saavedra, se han ocupado de realizar una labor de asesoramiento para la citada empresa. Así mismo, dispone de una oferta online para la adquisición de publicaciones de ciertos magistrados o visionar sus conferencias.Como algunas de los referidos Maza Martín y Sánchez Melgar.

En dicho centro, El expresidente de la Sala desarrolla una intensa actividad docente, en la que también intervienen algunos de los citados magistrados.

Entre otras, los siguientes. Los días 12 y 13 de marzo de 2007, organiza unas Jornadas de Derecho Penal Económico que fueron presentadas por el expresidente Saavedra y en la participaron los magistrados Manuel Marchena y Maza Martín.

Los días 16 a 18 de noviembre de 2010, se celebran las Jornadas sobre el C. Penal en el juego on line, Jornadas que también fueron patrocinadas por el Centro Internacional Carlos V y la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR). En ellas participaron el ex Presidente Saavedra y los magistrados Marchena y Maza.

Desde aquella fecha, 2012, habría que pensar que dichas actividades han continuado.Lo que suscita una honda preocupación por la vigencia de la independencia judicial en el seno de tan alto Tribunal.

http://www.eldiario.es/zonacritica/denuncia-magistrados-Tribunal-Supremo_6_322027809.html

EL CONSERVADOR MANUEL MARCHENA, NUEVO PRESIDENTE DE LA SALA PENAL DEL SUPREMO

El Poder Judicial elige al menos veterano de la terna para dirigir el órgano clave del tribunal

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy al conservador Manuel Marchena como nuevo presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Marchena, de 55 años y magistrado del Supremo desde 2007, se ha impuesto a los otros dos candidatos que aspiraban a ponerse al frente de la Sala de lo Penal: el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y Miguel Colmenero, el magistrado a quien ha correspondido instruir la pieza de admisión o no en el Supremo del caso del caso ERE de Andalucía y decidir si se abre una causa contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Sala Segunda es la encargada de instruir los casos que implican a aforados y de revisar en última instancia las sentencias penales. Un magistrado de esta sala tendrá que empezar a instruir previsiblemente en las próximas semanas una parte del caso de los ERE y este órgano tiene también pendiente la resolución de varias decenas de recursos contra la sentencia del caso Malaya.

De la terna de candidatos, Marchena es el que menos recorrido tiene como magistrado. Conde-Pumpido, el magistrado más antiguo de la Sala de lo Penal, ha acaparado el apoyo de los siete vocales progresistas, pero la mayoría conservadora del Poder Judicial ha aupado a Marchena a uno de los puestos clave del alto tribunal. Marchena ha contado con los votos de los 10 vocales propuestos por el PP, la vocal a propuesta de CiU y el del presidente del Supremo, Carlos Lesmes. El tercer candidato, Miguel Colmenero, obtuvo el apoyo de Enrique Lucas, vocal del Poder Judicial a propuesta del PNV.

Marchena, fiscal en excedencia, ha sido fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ha formado parte durante diez años de la Secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado. Su puesto de mayor responsabilidad lo alcanzó en 2003, con Jesús Cardenal al frente de la Fiscalía General del Estado, cuando Marchena fue nombrado fiscal jefe de la Secretaría Técnica y se convirtió en el Fiscal de Sala más joven en la historia de la Fiscalía. En 2004, tras la salida del Gobierno de Aznar de la Moncloa, Marchena se incorporó como fiscal al Tribunal Supremo y en 2007 fue nombrado magistrado de la Sala Segunda del alto tribunal. Formó parte del tribunal que condenó a Baltasar Garzón por las escuchas de Gürtel y archivó la causa contra el mismo magistrado por el cobro de los cursos de Nueva York.

Durante la presentación de sus candidaturas ante el CGPJ el pasado 11 de septiembre, Marchena abogó por hacer un esfuerzo para agilizar la admisión y el estudio de los casos más graves para que "el condenado a 15 o 20 años de prisión no espere en la soledad de su celda una respuesta del Tribunal Supremo". Además, se comprometió a impulsar la consolidación de las nuevas tecnologías y reclamó un "contacto directo, cotidiano y puntual" de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

http://politica.elpais.com/politica/2014/09/30/actualidad/1412090502_728390.html

EL CANDIDATO QUE SUSCITA MÁS RECHAZO PRESIDIRÁ LA PRINCIPAL SALA DEL SUPREMO

Marchena, avalado por Justicia, aventaja a Colmenero, preferido de los jueces

Salvo sorpresas de última hora harto improbables, la suerte está echada: Manuel Marchena Gómez, fiscal de carrera, magistrado del Tribunal Supremo desde hace siete años, será el elegido para ocupar durante los próximos cinco años la presidencia de la Sala Segunda de lo Penal del alto tribunal que quedará vacante el próximo 11 de septiembre por jubilación del actual titular, Juan Saavedra Ruiz.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha convocado para ese mismo día a los tres aspirantes que se han postulado formalmente para el cargo -Cándido Conde-Pumpido, Miguel Colmenero y Manuel Marchena- para que expongan ante la Comisión Permanente sus méritos y sus respectivos programas de gobierno, pero este examen será un mero trámite porque, según fuentes de la máxima solvencia, el nombre que será propuesto al pleno es el de Manuel Marchena Gómez. Aseguran que es la apuesta firme del ministro Ruiz-Gallardón y su secretario de Estado, Fernando Román. Además sería visto con muy buenos ojos por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ya que lo consideran «un hombre de la casa». Sin consenso De los tres candidatos, Manuel Marchena es el que menos se presta al consenso.

Entró en la Sala Segunda del Supremo hace siete años, en la cuota de los conservadores para compensar la entrada de Luciano Varela que llegó en el mismo paquete, pero con el apoyo de los progresistas. En el mundo judicial está muy señalado. Se le considera un hombre «muy estridente», que por donde pasa se hace notar. Su perfil podría no ser el preferido por Carlos Lesmes, el actual presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, pero las aludidas fuentes reconocen que su nombre viene impuesto desde más arriba. La otra opción que tenía la mayoría conservadora del CGPJ y que, según fuentes del alto tribunal, sería la que concitaría una mejor acogida en el seno de la sala a presidir es la de Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.

También es fiscal de carrera, desde 1986, y magistrado de la Sala de lo Penal desde el 2002, después de ejercer como fiscal del alto tribunal durante cuatro años, con lo que tiene más antigüedad en este tribunal que Marchena Gómez. Miguel Colmenero es menos conocido, tiene un perfil más discreto, por tanto, más dialogante, con buen currículo y, según distintas fuentes, sería un fiel continuador del modelo de gestión del hasta ahora presidente, Juan Saavedra. El candidato sorpresa El tercer aspirante a la presidencia de la Sala de lo Penal, que presentó su candidatura a última hora, es el gallego Cándido Conde-Pumpido Tourón, fiscal general del Estado durante los dos Gobiernos de Zapatero. Es el que tiene menos posibilidades de ser elegido. Cuenta a su favor el que es el magistrado más antiguo de la sala -como tal ocupará la presidencia en funciones a partir del cese de Juan Saavedra-, tiene experiencia gubernativa, pero no es santo de la devoción de su paisano Mariano Rajoy. Según fuentes judiciales, el nombre de Conde-Pumpido suscita tanto rechazo entre los conservadores como el de Marchena Gómez entre los progresistas. Por otra parte, ni siquiera tiene garantizado el apoyo de los progresistas del Consejo, que son minoría y, además, están divididos.

https://www.google.es/amp/www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/espana/2014/08/24/candidato-suscita-rechazo-presidira-principal-sala-supremo/0003_201408G24P18991.htm

OTRO ‘GOLPE’ DEL PP A LA JUSTICIA: QUIERE PONER AL MAGISTRADO QUE 'FULMINÓ' A GARZÓN AL FRENTE DE LA SALA PENAL DEL SUPREMO

Un 'hombre' de Génova para decidir casos como la 'Gürtel' o los ERE. El mismo que, además de poner en la picota a Garzón, exculpó a Camps y falló en contra del archivo de la causa contra los policías del 'caso Bono'

El próximo día 30 el Consejo General del Poder Judicial elegirá al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que se encarga de juzgar los casos más importantes de corrupción y criminalidad, entre estos, la causa de los ERE de Andalucía o el caso Gürtel. La candidatura del conservador Manuel Marchena, un magistrado de la órbita de Génova, y con mayores posibilidades dada la composición conservadora del Poder Judicial, es un paso más en la ‘cruzada’ del PP contra la independencia judicial.

Las otras dos candidaturas sobre la mesa, además de la de Marchena, son las del conservador Miguel Colmenero y la del exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, el magistrado más antiguo de la Sala de lo Penal, que apoya el sector progresista, pero que no conseguirá más de siete de los 21 votos posibles, según adelanta El País.

Ficha clave contra Garzón
Marchena tomó parte de la operación contra Baltasar Garzón. Fue el magistrado que intentó condenarle por presuntos delitos de prevaricación y cohecho, en 2010, por el caso de los cursos en el Centro Rey Juan Carlos I de España la Universidad de Nueva York, patrocinados por el Santander, entre 2005 y 2007, y que fue finalmente archivado. Era la segunda causa contra el entonces juez de la Audiencia Nacional, al que se intentaba juzgar, además, por investigar los crímenes del franquismo y por las escuchas durante la instrucción del caso Gürtel. En este último caso, con el que se consiguió inhabilitar a Garzón, Marchena también formó parte del tribunal y jugó un papel clave, como se explicará más adelante.

Su intento de sentar en el banquillo a Garzón por los cursos en Nueva York fue criticado por el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que denunció que el propio Marchena se habría saltado el estatuto especial que obliga a los magistrados del Tribunal Supremo a dedicarse en exclusiva a sus funciones, con la participación en múltiples cursos y eventos remunerados en “ horario de oficina”, como recogió la web Los Genoveses.com.

Mano derecha del fiscal general con Aznar
El vínculo de Manuel Marchena con el PP viene de lejos y su ascenso tuvo lugar durante los Gobiernos de José María Aznar. Se convirtió en el hombre de absoluta confianza del entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, militante del Opus Dei. Se ganó a pulso el puesto con actuaciones más que polémicas como su dictamen para evitar que se procesara al ministro Josep Pique, acusado de fraude en el caso Ertoil por sus actividades como presidente, en 1992, de la empresa ERCROS, dedicada a la fabricación de armas y explosivos.

Alineado con las acciones políticas de Génova
Otra de sus acciones discutibles fue su voto particular, en 2007, en contra de un recurso de tres policías condenados por la detención de dos militantes del PP que presuntamente habían participado en la agresión al entonces ministro de Defensa, José Bono, durante una manifestación en Madrid. Su voto particular dejó en evidencia su alineamiento con Génova, que utilizó aquel caso para atacar al Gobierno socialista.

Su extraño cambio de postura sobre las escuchas
Lo mismo ocurrió con otro caballo de batalla del PP contra el Gobierno de Zapatero, el avanzado sistema de escuchas de teléfonos móviles, llamado Sistema Integrado de Interceptación Ilegal de Telecomunicaciones (SITEL), adquirido bajo el mandato de Aznar, pero que con el caso Gürtel se volvió contra el PP. Marchena emitió un voto particular discrepante desde el Supremo cuestionando el sistema. Lo hizo a pesar de que antes había participado en una sentencia de las nueve emitidas por ese Tribunal en 2009 que lo avalaban. Fuentes judiciales, citadas por el diario El País en diciembre de 2010 apuntaron a que el cambio de postura de Marchena sobre Sitel tuvo lugar después de que el PP cuestionara las escuchas telefónicas a los cabecillas de la Gürtel, ordenadas por Garzón, y que perjudicaban al partido.

Su voto a favor de la absolución de Camps
La decisión de Marchena más reciente en el tiempo que da para pensar fue su voto a favor de la absolución de Francisco Camps en abril de 2013. El magistrado fue uno de los cuatro de la Sala del Tribunal Supremo que avaló el polémico veredicto del jurado popular en el juicio contra el expresidente valenciano, que le salvó a pesar de las numerosas pruebas contra él.

http://www.elplural.com/2014/09/12/nuevo-golpe-del-pp-a-justicia-pondra-al-juez-que-fulmino-a-garzon-al-frente-de-la-sala-de-lo-penal-del-supremo

GARZÓN PLANTEA A ESTRASBURGO QUE NO TUVO “UN JUICIO JUSTO”

El exjuez presenta una demanda contra la sentencia por la que fue inhabilitado 11 años
Insiste en que los magistrados del Supremo construyeron un delito "a la medida"

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra la sentencia del Tribunal Supremo que le inhabilitó durante 11 años por las escuchas del caso Gürtel.

En la demanda ante Estrasburgo, de 200 folios, Garzón alega que dicha sentencia vulnera "manifiesta y gravísimamente" sus derechos fundamentales y "pone en peligro la independencia judicial". El exmagistrado de la Audiencia Nacional mantiene que fue condenado "por un delito inexistente en el derecho español" ya que "no hay en España ninguna ley que regule las escuchas telefónicas", algo que la Corte europea, recuerda, ha reclamado varias veces. Garzón insiste en que el tribunal construyó un delito "a la medida" para apartarle de la carrera judicial y que no tuvo un juicio justo ya que no se contemplaron las pruebas que él aportaba, como la prórroga de las escuchas que ordenó el juez Antonio Pedreira y el apoyo del Ministerio Fiscal.

En su demanda asegura que los magistrados que le condenaron "vulneraron la exigencia de imparcialidad exigible a todo órgano jurisdiccional". Para Garzón "parece que la sentencia estaba puesta de antemano".

Finalmente, el exjuez de la Audiencia Nacional plantea en su demanda a Estrasburgo que la sentencia vulnera la independencia judicial, garantía recogida en la Constitución española, al negar la facultad de los jueces de interpretar las leyes aplicables mientras no haya una relación clara sobre estos temas (las escuchas).

Si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimara su demanda, Garzón volvería a ser juez y reclamaría una reparación por los perjuicios sufridos.

http://politica.elpais.com/politica/2013/05/26/actualidad/1369601943_491955.html

UN ARÚSPICE EN PALACIO

O cómo los vaticinios de un juez del Supremo sobre Garzón se han cumplido milimétricamente

Por José Yoldi

Los arúspices eran sacerdotes que en la Roma de los césares abrían las entrañas a los animales para leer en ellas sus presagios. No se sabe bien con cuánta frecuencia acertaban en sus predicciones, pero supongo que lo harían bien, porque los emperadores que quedaban descontentos no se andaban por las ramas a la hora de echarlos a las fieras. Aunque es muy probable que, como ocurre ahora con los adivinos de la tele, sus profecías fueran frases ambiguas en las que cabían varias interpretaciones que sirvieran para encajar en lo que ocurriera.

El arúspice del que hablo no es así. Un magistrado del Supremo me contó en abril de 2010 qué iba a pasar con las tres causas que ya estaban abiertas contra Baltasar Garzón en aquellas fechas. Mencionó que sería juzgado primero por el caso de las escuchas de la Gürtel, por el que sería condenado y expulsado de la carrera. Nada peor para un juez defensor de los derechos humanos que ser apartado de la judicatura por vulnerar los derechos de los acusados.

Aseguró también que en el caso de los patrocinios de los cursos de Nueva York no había nada delictivo, pero que serviría para enlodar la imagen del juez, y que en el caso de los crímenes del franquismo, con ser el más dudoso, en su opinión, sería absuelto para no deteriorar el prestigio de España y del Supremo en el extranjero.

Garzón había ninguneado la Ley de la Memoria al activar un proceso penal al franquismo y había humillado al alto tribunal con su decisión sobre la suspensión de actividades de ANV. Sectores del Gobierno socialista querían dar un escarmiento al juez por la Memoria, y el PP, con Federico Trillo al frente, se sumó con entusiasmo a la labor tras sus decisiones en la Gürtel.

Y el augurio del arúspice del Palacio de Justicia se ha cumplido en todos sus extremos. Como se dice ahora, la hoja de ruta ha culminado con la expulsión de la carrera de Garzón. Y eso no lo remedia ni aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condene al Reino de España, como es previsible, por falta de imparcialidad de los jueces Varela y Marchena. Este arúspice no falla.

http://politica.elpais.com/politica/2012/02/27/actualidad/1330370418_505583.html

EL MAGISTRADO MARCHENA

El Magistrado del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena era fiscal en las Islas Canarias, sin ningún relieve especial. El Fiscal General del Estado, nombrado por Felipe González, Eligio Hernández, se lo trajo consigo como hombre de confianza. Posteriormente, tras el nombramiento por el Gobierno de Aznar de Jesús Cardenal como Fiscal General del Estado, éste lo incorporó a su equipo de confianza. Aquí comenzaron sus méritos, hasta ese momento inexistentes, sobre todo en la permanente obstaculización de las iniciativas de la Fiscalía Anticorrupción. Así llegó a ser fiscal de confianza del PP, que luego, años mas tarde, a través de sus representantes en el CGPJ lo promocionaron en 2007 al TS.

En su actividad profesional forma parte del núcleo duro de la derecha en la Sala Segunda. Lo que se corresponde con sus actividades extrajudiciales. Desde hace años es miembro del Jurado del Premio La Ley que otorga el Grupo Editorial Wolters Kluver que preside el ex ministro de Aznar Jose María Michavila. Habiendo compartido el Jurado con su excompañero Adolfo Prego. En 2008, ya magistrado del TS, comparte el Jurado con Luis Rodríguez Ramos (defensor de Gürtel), el Director de comunicación del Grupo Santander José Manuel Cendoya Mendez de Vigo y el citado Prego.

En los jurados de los Premios de 2010, 2011 y 2012, comparte también Jurado con los anteriores, estando ya en marcha los procesos contra el juez Garzón. En 2007, 2008 y 2009 participó en los Foros de las Evidencias Electrónicas que preside el despacho de abogados Garrigues Walker. Consta el patrocinio de Ancert, Cybex, El Derecho, Informática El Corte Inglés, Postal Trust, Secuware, Symantec y T-Systems. En alguno de estos Foros participa el conocido magistrado conservador Enrique López que el PP pretende aupar al Tribunal Constitucional.

En marzo de 2009, interviene en la apertura del encuentro sobre la “Responsabilidad de las personas jurídicas” que organiza el Instituto de Fomento Empresarial.

También figura como docente en la Schola Iuris -curso 2010-2011-, abiertos ya los procesos contra Garzón, escuela en la que participan con el letrados defensores de imputados de Gürtel como Carlos Bueren, Florentino Ortí y Luis Rodríguez Ramos.

Sin duda, es un magistrado que sabe de patrocinios.

http://lamentable.org/el-magistrado-marchena/

EL JUEZ MARCHENA, QUE BUSCA CONDENAR A GARZÓN, LIBRÓ AL MINISTRO 'AZNARISTA' JOSEP PIQUÉ DE SER JUZGADO

El periodista Martí Gómez en la SER le describe como un magistrado “muy conservador” y “sin ningún prestigio”

En el programa A vivir que son dos días, Martí Gómez recuerda que fue Marchena quien en su día salvó al ministro aznarista Josep Piqué de ser juzgado como una de los responsables de que “Ercros , una de las empresas ligadas a De la Rosa, se liquidara después de volatizarse 20.000 millones de pesetas”.

Muy conservador
Martí Gómez califica a Marchena de juez “muy conservador”, y recuerda que fue nombrado “por el ultraconservador fiscal general del Estado Jesús Cardenal, fiscal jefe de secretaria de la Fiscalía General”.

Marchena evitó que se juzgara a Piqué
“En aquella época, Carlos Jiménez Villarejo presentó por indicios racionales de criminalidad una querella contra el ministro Josep Piqué. Los 15 fiscales de sala fueron rotundos, que se debía procesar a Piqué y el hombre que, supongo siguiendo las órdenes de Cardenal [fiscal general del Estado], elevó un dictamen diciendo que no se podía procesar fue precisamente Marchena. El fiscal que llevó aquel caso, Bartolomé Vargas, que defendía delante de todo el leno fiscal la necesidad de interrogar a Pique fue degradado “.

El desprestigio de Marchena
Martí Gómez afirma que cuando Cardenal “cayó”, el juez Marchena también “cayó bastante”, y tanto fue “su desprestigio que es el único fiscal jefe que no se le hizo después fiscal de sala”. En su opinión, Marchena “ha llegado a magistrado del Tribunal Supremo por esa cosa absurda que todo el mundo dice de ser conocido como jurista de reconocido prestigio, un prestigio que no se le reconoce por ninguna parte”.

Marchena quiere juzgar a Garzón por los cursos en Nueva York
Este viernes, se ha conocido el auto del juez Marchena sobre la causa contra Garzón por los cursos en Estados Unidos. El magistrado del Supremo le acusa de obtener de importantes empresas y bancos españoles fondos para patrocinar una serie de conferencias que dirigió durante su estancia en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. Garzón podría tener que sentarse en el banquillo por esta causa.

http://www.elplural.com/2012/01/28/el-juez-marchena-que-busca-condenar-a-garzon-libro-al-ministro-aznarista-josep-pique-de-ser-juzgado

EL JUEZ ARCHIVA POR PRESCRIPCIÓN LA CAUSA DE GARZÓN POR LOS CURSOS DE NUEVA YORK

El fiscal consideraba que los hechos no eran constitutivos del delito de cohecho pasivo impropio

El juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha decidido archivar por prescripción (rebasar el plazo que tenía el Estado para perseguir el delito) la causa que seguía contra Baltasar Garzón por los patrocinios de unos cursos en la Universidad de Nueva York. El instructor arrastra la honorabilidad del ya exjuez, al considerar acreditado que este reclamó dinero a diversas empresas españolas, en atención a que era el magistrado más famoso de España, para patrocinar una serie de conferencias en Nueva York, pero no le deja defenderse porque archiva la causa al considerar que ese delito ya no se puede perseguir.

Se cierra así el tercero de los procesos que el Supremo abrió contra Garzón, que la semana pasada fue expulsado de la carrera judicial al ser condenado por prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) por haber ordenado las escuchas en prisión de los acusados de la trama corrupta Gürtel, que afecta al PP, con sus abogados. Además, está pendiente de sentencia el caso abierto por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

El pasado 27 de enero, Marchena desechó que Garzón hubiera cometido prevaricación en relación con resoluciones relativas a los patrocinadores de los cursos de Nueva York, es decir, que todas sus resoluciones sobre el Banco Santander fueron ajustadas a derecho, pero concentró su inculpación en un delito de cohecho impropio (recibir regalos o fondos por razón del cargo que se ocupa).

Garzón decidió que no valía la pena recurrir en reforma al mismo juez al que ha recusado en varias ocasiones por falta de imparcialidad y elevó un recurso directo de apelación a la Sala. En él, tras manifestar su inocencia, precisaba que Marchena había actuado con notable falta de competencia de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial (lo mismo que se achacaba a Garzón por el caso de los crímenes del franquismo), que con cierta incongruencia el juez había denegado la comparecencia de testigos cuyos datos utilizaba para inculparle y que, en todo caso, el asunto debía ser considerado prescrito porque la presentación de la querella se realizó más de tres años después de celebrado el último de los cursos de Nueva York.

El fiscal Fidel Cadena, que sí recurrió en reforma, y ha mantenido en todo momento que Garzón no cometió delito alguno, consideró que tampoco había delito de cohecho impropio, pero en el caso de que el juez así lo creyera, el caso estaría prescrito. Sin embargo, el fiscal criticó duramente el auto de Marchena por entender que el delito apreciado va “contra el resultado apreciable de una valoración lógica”, que “debe ser armónica, no caprichosa”, y que “no puede soportarse en la especulación”, como hizo el juez del Supremo.

Porque Marchena, aunque no son los hechos probados de una sentencia, da por acreditado que Garzón cometió un delito de cohecho impropio del artículo 426 del Código Penal, del que tras el archivo ya no puede defenderse.

“El querellado”, dice Marchena en su auto, “contactó con responsables de distintas empresas españolas reclamando ayuda económica para la celebración de cursos en los que él aparecía como director. Todas tenían en común —BSCH, BBVA, Telefónica y Cepsa— el haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos en el propio juzgado del que era titular el acusado o en otros de la Audiencia Nacional”. Cita también a Endesa y agrega que reclamó 2,59 millones de dólares, aunque obtuvo para la universidad que le pagaba sus gastos 1.237.000 dólares. Marchena pasó por alto todos los testimonios y certificaciones que no eran útiles para sus tesis y desechó por ejemplo que todos los testigos afirmaron que ninguna de las cantidades aportadas como patrocinio de los cursos iban a servir para pagar el sueldo de Garzón que ya estaba estipulado como “senior fellow” (profesor distinguido) y como tal fue titular de la cátedra de Civilización y Cultura Hispánicas del King Juan Carlos I Spain Center. Por ello cobró 160.133 dólares brutos desde marzo de 2005 hasta junio de 2006. Pero, como expuso su letrado, Enrique Molina, Garzón no obtuvo, ni administró, ni percibió suma alguna, ni en efectivo ni en especie, por su intervención en los eventos, proyectos complejos, publicaciones y docencia, al margen de los honorarios fijos y mensuales pactados, con la Universidad de Nueva York, como han acreditado las certificaciones y el extracto de su cuenta en el Citibank.

De modo que el archivo del proceso por parte de Marchena supone un moderado alivio para Garzón, en el sentido de que por este asunto no será condenado, pero al mismo tiempo el archivo le impide limpiar su imagen pública y le queda el baldón de la sospecha de corrupción que deja el instructor de que cometió el mismo delito de cohecho impropio que aquel del que fue absuelto por un jurado popular el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps por el asunto de los trajes.

Todas las pruebas eran impertinentes

El 12 de junio de 2009, los acusadores presentaron una querella contra Garzón por prevaricación, estafa y cohecho. Ya en junio de 2008 habían presentado una querella similar que fue archivada por la Sala Segunda en febrero de 2008 por no ser los hechos constitutivos de delito.

Sin embargo, y a pesar de ser más de lo mismo, el tribunal estimó que podía haber nuevos datos y dio trámite a la causa. La instrucción, a cargo del magistrado Manuel Marchena, fue una sistemática denegación de todas las pruebas de descargo propuestas por la defensa de Garzón. Marchena imputaba a la Universidad de Nueva York falsear datos referidos a los cobros de Garzón. Además, pedía datos sobre testigos a la policía, pero luego declaraba su testimonio impertinente. Algo incomprensible, puesto que eran las personas que ordenaron el pago de la nómina de Garzón o autorizaron el pago de sus gastos o negociaron con el Santander y otras empresas el patrocinio de los cursos y, en definitiva, coordinaron la organización, financiación y destino de los recursos obtenidos.

La acusación popular solicitaba penas de hasta cinco años de prisión y 30 de inhabilitación para el ya exjuez, pero finalmente el caso se ha archivado.

http://politica.elpais.com/politica/2012/02/13/actualidad/1329132282_892204.html

"VARELA NO INVESTIGÓ LA OPERACIÓN NÉCORA Y MARCHENA ES UN IGNORANTE"

El exfiscal Jiménez Villarejo censura con dureza a dos jueces que condenaron a Garzón

El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo arremetió anoche con dureza contra Luciano Varela y Manuel Marchena, dos de los jueces del Tribunal Supremo que condenaron a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por las escuchas de la trama Gürtel. Del primero, Villarejo recordó que cuando estaba destinado en Galicia, hace más de 20 años, recibió la visita de un grupo de madres para denunciar las conexiones del narcotráfico en las rías. "Varela no hizo nada. Las madres se fueron a ver luego a Garzón, en la Audiencia Nacional, le explicaron lo mismo y eso desembocó en la Operación Nécora", recordó el exfiscal.

Aquél fue el golpe más duro que hasta entonces se había dado al narcotráfico en España. Garzón atacó el corazón de los capos de la droga en Galicia, registró sus pazos e incautó sus propiedades, una actuación insólita hasta entonces en la judicatura española y que posteriormente siguieron otros jueces. "Es solo un ejemplo de la actuación de Varela como juez, pero se podían poner más", dijo Villarejo, en una cena coloquio celebrada en Barcelona convocada por el lobby de opinión Uno de los nuestros.

Varela, perteneciente a la asociación Jueces para la Democracia, fue el instructor de la causa contra Garzón por los crímenes del franquismo que está pendiente de sentencia. Su actuación como instructor fue muy criticada desde varios sectores judiciales porque en alguna ocasión enmendó los escritos de la acusación particular, ejercida por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, para poder mantener la causa. Al mismo tiempo, Varela formó parte del tribunal que condenó a Garzón por las escuchas de la Gürtel, algo que jamás debería haber sucedido, dijo Villarejo, porque su enemistad con el juez de la Audiencia Nacional era manifiesta.

El magistrado Manuel Marchena también forma parte de ese mismo tribunal que condenó a Garzón y es el instructor de la causa por el cobro de los cursos de Nueva York. Justamente ayer, después de dos años de investigación y con Garzón ya condenado por las escuchas de la Gürtel, Marchena dictó un auto archivando la causa por prescripción. "Marchena es un perfecto ignorante y tiene una absoluta mala fe", dijo Jiménez Villarejo, después de recordar que el fiscal había invocado reiteradamente la prescripción de la causa y no se le hizo caso. Durante este tiempo, dijo Villarejo, "Marchena ha interrogado e investigado de manera humillante el patrimonio de Garzón y su familia para acabar concluyendo que el supuesto delito está prescrito, lo que ya se sabía desde el principio", apostilló el exfiscal anticorrupción.

En su opinión, el Tribunal Supremo español es "un ejemplo de la mala fe que vulnera las leyes fundamentales del Estado", porque Garzón ha sufrido una "persecución sistemática y perfectamente orquestada" desde ese tribunal. "Ha sido planificada y calculada al milímetro", dijo Jiménez Villarejo, después de recordar cómo se alteró el calendario lógico de los juicios para poder celebrar primero el caso de las escuchas de la Gürtel a pesar de que la instrucción de los crímenes del franquismo estaba concluida mucho antes.

http://politica.elpais.com/politica/2012/02/14/actualidad/1329216644_112855.html

EL EJEMPLAR VOTO DE MARCHENA DEJA EN EVIDENCIA AL SUPREMO POR LA SEGUNDA SENTENCIA DEL CASO BONO

La sentencia del Supremo contra la emitida por el Tribunal de Madrid en el caso Bono reduce la causa a un problema en el ejercicio de la burocracia. Además, deja dos votos particulares –el concurrente de Bacigalupo y el discrepante de Marchena– que merecen un análisis detenido. La argumentación de Marchena, ampliamente documentada, resulta demoledora para la sentencia. Pero cobra aún más interés si se compara con la opinión de Bacigalupo, un mero énfasis del fallo con algunos elementos que definen su polémica trayectoria.

Este jueves se publicó la segunda sentencia sobre el caso Bono, la emitida por el Tribunal Supremo y que absuelve a los condenados por el Tribunal madrileño y rechaza la existencia de los delitos de detención ilegal y falsedad documental. Los policías quedan absueltos pero, ¿hubo agresión al entonces ministro Bono? ¿La detención de los dos militantes del PP fue legal? ¿Fue limpio el proceso de redacción de los atestados? Para los magistrados del Supremo no importa si hubo o no agresión porque el intento sí existió y la actuación policial fue correcta. Además entienden que ni hubo falsificación en los atestados ni coacción alguna en el relevo de los inspectores que no convenían. Tan solo eran cuestiones burocráticas y organizativas.

Pero como en toda sentencia, el interés se centra en los votos particulares. Hay dos: uno discrepante emitido por el magistrado Marchena y otro por el magistrado Enrique Bacigalupo. En el caso que nos ocupa, la mejor lección –y cierto desasosiego– se obtiene al compararlos.

El de Enrique Bacigalupo Zapater ocupa cuatro folios y medio. Su argumentación, lejos de ser una aportación personal a la sentencia con la que concurre llega a alejarse de sus fundamentos y plantea razones como que "el intento de agresión está probado", lo califica de "tentativa de atentado que justifica la acción policial". Tan riguroso como de costumbre, Bacigalupo dice que "en el vídeo y en las fotos aparecen [los militantes detenidos] formando parte del grupo que se ve intentando agredir al ministro".

Los delitos de falsedad documental y coacción procedían de las irregularidades en la confección del atestado en el que se añadieron testimonios, se rehicieron otros o se ocultó al juez la destitución de uno de los inspectores. Para el tribunal todo ello es fruto de la burocracia. Para demostrar que tampoco se observan esos delitos, el magistrado Bacigalupo no duda en decir que no hay coacción ni amenazas en la destitución del inspector al que se le dijo que si no había detenciones "vamos a tener problemas" porque "el superior no empleó violencia sobre el subordinado al reemplazarlo". Además, añade Bacigalupo, "la expresión vamos a tener problemas no implica amenazas". En cuanto a las irregularidades en las fechas, el hispanoargentino se limita a decir que "son inocuas".

El voto particular discrepante, emitido por Manuel Marchena Gómez, ocupa algo más de 21 folios y desbroza de forma comparada los hechos acaecidos. Llega a provocar bochorno comprobar cómo el magistrado se apoya en la jurisprudencia y en los propios fundamentos del derecho para llegar exactamente a la postura contraria del tribunal.

Para Marchena, que considera que sí hubo detención ilegal, falsedad documental y coacción, "toda medida cautelar privativa de libertad (…) impone de forma ineludible la ponderación del riesgo de fuga. Si prescindimos de su exigencia o relativizamos su significación, corremos el riesgo de avalar injerencias injustificadas de los poderes públicos en la libertad de cualquier ciudadano".

En opinión del magistrado, "ni siquiera se dio por probada la existencia de una agresión física" al entonces ministro José Bono. Sin embargo, no se detiene en esa premisa y observa que ni en el caso contrario se encuentra una explicación a la sentencia:

"… aun aceptando la veracidad de la versión del Ministro acerca de la existencia de agresiones reales sobre su persona –como así hizo el acusado Rodolfo Ruíz Martínez cuando afirmó, según el factum, “...que si el ministro dice que le han pegado, le han pegado y eso no se cuestiona”-, el canon constitucional para la privación de libertad de dos ciudadanos sigue siendo inderogable".

Hasta 14 testimonios policiales se recabaron y en ninguno se halló la prueba de la agresión. Menos aún que se pudiera hallar la participación de los detenidos. Mientras Bacigalupo ni se ruboriza al decir que quedaba claro que "pertenecían al grupo", Marchena deduce que no existe "elemento de juicio alguno que permitiera individualizar la conducta de uno o varios protagonistas". En uno de los párrafos más significativos, el magistrado discrepante pinta la situación tal y como fue: el delegado del Gobierno, Constantino Méndez, se empeñó en que habría detenciones y llegó a anunciarlas. Pero, como dice Marchena:

"Ni la voluntad institucional favorable a la práctica de las detenciones ni, por supuesto, la militancia política de una persona, pueden integrar el tantas veces comentado presupuesto legitimante de la privación de libertad. Tampoco el simple hecho de estar allí, en el lugar del incidente, puede ser reputado suficiente a tales fines".

Son muchas las alarmas que despierta en el magistrado la sentencia absolutoria. En cuanto a las detenciones lamenta que, a la luz de la sentencia, "la detención policial está sometida a menos presupuestos de justificación que la detención acordada en el seno de un procedimiento judicial". Y también que "todo sospechoso de un hecho punible, por el solo hecho de serlo, puede ser legítimamente privado de libertad por los agentes de policía".

Estaba acordado detenerlos aunque comparecieran voluntariamente

Lamenta también Marchena que habiéndose ofrecido voluntariamente a declarar, los militantes fueran detenidos porque así se había decidido. "Pese a todo –explica–, el acusado Javier Fernández Gómez, actuando por orden del comisario Rodolfo Ruiz Martínez y aun constándoles a ambos la inminente presencia voluntaria de esas dos personas, indicó al instructor del atestado “... que cuando aquéllos llegaran les detuviera y leyera sus derechos”. La ulterior privación de libertad sufrida por dos ciudadanos, en ejecución de esa orden, colma las exigencias del tipo objetivo y subjetivo del delito de detención ilegal". No se puede decir con mayor claridad… o quizá sí: "Dicho de otra forma, todo detenido ha de ser previamente imputado, pero no todo imputado ha de ser necesariamente detenido".

Otro de los argumentos de la sentencia del Supremo es que los militantes del PP sólo estuvieron tres horas detenidos. Marchena no sale de su asombro: "la lesión al bien jurídico se produce con total independencia del tiempo durante el que se prolongue la pérdida de la capacidad ambulatoria. La detención o está justificada o es ilegal". Pero para arropar su opinión con antecedentes, el magistrado discrepante recuerda que "esta misma Sala ha estimado que una detención de 1 hora y 15 minutos, ajena a los presupuestos que la habrían justificado, integra el delito de detención ilegal".

Falsedad y coacción de libro

En cuanto a la actuación de los mandos que sustituyeron a unos de los inspectores por negarse a practicar una detención ilegal y que la sentencia del Supremo reduce a un mero problema organizativo, Manuel Marchena es igual de tajante y respetuoso con la Ley: "…la sustitución de los dos primeros instructores y secretarios y la decisión de ocultar a la autoridad judicial esa circunstancia, fue algo más que una mera decisión burocrática relacionada con la distribución de trabajo en la Comisaría". Quizá es aquí cuando el magistrado escribe la frase más dura de todas al rebelarse contra una sentencia que supone un precedente de impunidad: "No puedo suscribir tal entendimiento del delito falsario (…) nos conduce a una redefinición del delito de falsedad en documento oficial y, lo que es más peligroso, a la aceptación de la existencia de razones operativas que hacen legítima la ocultación al Juez de instrucción de la identidad de potenciales testigos".

Entiende Marchena que un superior puede asumir la responsabilidad de que se practiquen las detenciones a las que se niega un subordinado, pero sin ocultar el hecho porque, explica, "si al Juez de instrucción se le pone de manifiesto un único criterio –el favorable a las detenciones-, ocultándosele la voz discrepante, le estaremos privando de elementos de juicio básicos para conocer el verdadero alcance de los hechos". Y en el caso que nos ocupa, como dice el magistrado Manuel Marchena, "los acusados sustituyeron la identificación de los verdaderos instructores y secretarios por otra que no se correspondía con la realidad". Y eso es un delito tipificado en el Código Penal.

http://www.libertaddigital.com/nacional/el-ejemplar-voto-de-marchena-deja-en-evidencia-al-supremo-por-la-segunda-sentencia-del-caso-bono-1276309831/

VOLVER

© Copyright. 1998 - 2017. www.losgenoveses.net. Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 9 o superior  a 1024 x 768 píxeles )