CASO LAMELA
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La empresa que gestiona los ordenadores de Sanidad tendrá acceso a las historias clínicas
La empresa Stacks, que gestiona el nuevo sistema informático de los 400 centros de salud de la región, podrá acceder a los datos personales y médicos de los seis millones de madrileños con tarjeta sanitaria. Así se desprende del pliego de condiciones del concurso público que ganó Stacks, lo que desmiente a la Consejería de Sanidad y al PP, que en los dos últimos días han asegurado que Stacks no tendría acceso a los datos. Esta empresa es propiedad de una multinacional francesa que se dedica a almacenar, elaborar y vender todo tipo de información médica a la industria farmacéutica.
El nuevo sistema informático de la red de centros de salud, que pretende unificar en una única base de datos toda la información personal (nombre, dirección, teléfono...) y las historias clínicas (enfermedades, tratamientos...) de los madrileños, ha causado controversia en los últimos días por dos motivos. El primero es que Sanidad convocara y adjudicara por 6,3 millones un concurso público cuando ya había recibido el sistema informático que pretendía licitar. El segundo es que la empresa que lo lleva a cabo, Stacks, haya sido comprada recientemente por Cedegim, una multinacional francesa dedicada a vender datos médicos a la industria farmacéutica.
Este hecho, según ha denunciado el PSOE, pone en peligro la "confidencialidad de los datos más íntimos de los ciudadanos, sus enfermedades". Los socialistas también han alertado sobre el posible uso comercial de esta información.
Sanidad se ha defendido de las supuestas irregularidades en el concurso, documentadas con informes internos de la consejería, insistiendo en que ha "cumplido la legislación vigente" y ha actuado con "máxima transparencia y rigor". Sobre los peligros de uso comercial de las historias clínicas, Sanidad y el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid los han rechazado con dos argumentos en sendos comunicados. El primero es que "es la Comunidad, y no la empresa, la dueña de los datos, a cuyo contenido no accede la empresa". El segundo es que "Stacks ha suscrito una cláusula de confidencialidad cuyo incumplimiento generaría responsabilidades penales".
El contrato firmado entre Sanidad y Stacks confirma lo segundo, pero desmiente lo primero. La empresa sí tendrá acceso a los historiales clínicos en al menos un momento durante los próximos cuatro años, tiempo previsto para el desarrollo del nuevo sistema informático. Este momento será el de la "migración", es decir, el trasvase de los datos desde los 400 servidores actuales, uno en cada centro de salud o consultorio local, al nuevo gran servido centralizado.
El contrato establece que el proceso de migración deberá ser realizado por la empresa Stacks con personal propio y detalla con lenguaje técnico todos los pasos a seguir. Algunos son la "validación del sistema", la "migración de datos", el "paso a entorno de producción", la "carga de datos correspondientes a cada centro", "evaluación de la implantación" o "auditoría de seguridad del sistema implantado", entre otras actuaciones.
Fuentes informáticas de la Comunidad de Madrid interpretan estos pasos: "Todo esto significa que hay que poner a punto todos los datos contenidos en los 400 servidores de los centros de salud para su trasvase al nuevo gran servidor. El inicio de este proceso, la vigilancia de todo vaya bien y la comprobación de que los datos han llegado bien al nuevo servidor central estarán totalmente en manos del personal de Stacks porque es un trabajo muy técnico que sólo puede desarrollar la empresa creadora", precisan estas fuentes, que concluyen que "es indiscutible que Stacks tendrá a mano toda la información contenida en los ordenadores de la consejería".
La empresa, además, deberá poner a disposición de Sanidad un mínimo de dos personas durante hasta la finalización del contrato en 2010. Durante este tiempo, estas personas trabajarán en la sede de la Sanidad y velarán por el buen funcionamiento del sistema.
El proceso de migración acumula ya un mínimo de cuatro meses de retraso, lo que llevó ayer al PSOE a pedir a Sanidad que renuncie a seguir adelante con el proyecto, según afirmaron el candidato a la Comunidad, Rafael Simancas, y el diputado regional Eduardo Sánchez Gatell.
Según el contrato firmado entre Sanidad y Stacks, en octubre tendrían que haber empezado las migraciones de los primeros centros de salud y a final de año estar ya completada la mitad de los 400 de la región. En estos momentos no se ha realizado ninguno y Stacks ni siquiera ha podido empezar el plan piloto previsto en un centro de salud.
Este retraso se debe a los problemas de desarrollo del proyecto, que no han satisfecho nada a los médicos que lo han probado. Así se lo han hecho saber a Sanidad las cuatro sociedades médicas de atención primaria -Sociedad Española de Medicina General, Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Sociedad Española de Médicos de Atención primaria y Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria-."El nuevo sistema no funciona, al menos por ahora. No vamos a permitir que sea aplicado hasta que se solucionen los problemas que lo hacen mucho peor que el actual", manifestaron portavoces de las asociaciones. www.elpais.es 22.02.07
Sanidad convocó un concurso para un sistema informático que ya había recibido
convocó y adjudicó un concurso público por 6,3 millones de euros cuando había recibido meses antes el producto informático (para centralizar los datos médicos de los seis millones de madrileños en los centros de salud) que aparentaba comprar. Así se desprende de documentos e informes de Sanidad que demuestran que la empresa Stacks, ganadora del concurso en julio de 2006, ya había entregado las primeras versiones del sistema en marzo. Además, técnicos de Stacks y Sanidad trabajaban codo con codo para desarrollar el sistema desde 2005.El objeto del concurso tenía que servir para la "Dotación de software a medida, implantación y puesta en marcha del sistema de información centralizado para atención primaria de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid", según sus bases. El proyecto quería unificar las bases de datos de los 400 centros de salud de la región, que hasta ahora no están conectados.
Él precio de licitación era de 8,5 millones de euros, aunque finalmente Stacks se lo adjudicó por 6,3 y derrotó a una segunda empresa. La convocatoria del concurso fue hecha el 7 de abril y la adjudicación el 21 de julio, aunque no fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hasta 20 días más tarde. Stacks es una compañía posteriormente absorbida por una multinacional francesa que vende datos clínicos al sector farmacéutico.
Pero mientras Sanidad aparentaba cumplir todos los requisitos formales que exige la ley de adjudicación de contratos públicos -que establece que todas las empresas deben estar en igualdad de condiciones al aspirar a los contratos públicos-, trabajaba con Stacks en el desarrollo del sistema y realizaba pruebas sobre las primeras versiones.
Un documento interno, denominado Informe de Dirección y Aseguramiento de la Calidad, fechado el 3 de abril (cuatro días antes de la convocatoria del concurso) habla del sistema como entregado y cita "las pruebas unitarias y del sistema que se han llevado a cabo durante el proceso de desarrollo del sistema". Además, Sanidad exige a la empresa que entregue "la versión 0 del sistema totalmente operativa a finales del mes de mayo", es decir, mientras el concurso aún está abierto y dos meses antes de que el BOCM publicara su adjudicación.
Otros documentos, sin embargo, demuestran que la colaboración entre Stacks y Sanidad había empezado mucho antes. Uno fechado en febrero, por ejemplo, muestra como un técnico de Sanidad pide a Stacks que confirme "que los datos correctamente cargados son los que hay a continuación", y adjunta una tabla con datos de pacientes a cumplimentar como nombre, apellidos y la fecha de la última visita.
Promoción para Stacks
En aquellas fechas -el 26 y 27 de abril- el director general de Informática de Sanidad, Fernando Bezares, participó en Santander en unas jornadas organizadas por Stacks para promocionarse. "La gente se quedó alucinada", explica un asistente. "Era difícil entender que el director general de Informática de la Comunidad promocionara a una empresa que iba a aspirar a un concurso público que él mismo ha convocado".
Sanidad afirmó ayer que "es rotundamente falso que se haya producido ninguna irregularidad". Argumenta que el nuevo sistema era "una evolución" del anterior, por lo que "se trabajó inicialmente en un procedimiento negociado sin publicidad con la empresa Stacks".
Posteriormente el Consejo de Gobierno decidió sacar el contrato a concurso por su importante cuantía económica. Sanidad sostiene que entonces convocó el concurso cumpliendo estrictamente la normativa. "El hecho de que Stacks conociera algún contenido de los pliegos no está vinculado, en ningún caso, con el concurso convocado, sino con el procedimiento negociado llevado a cabo inicialmente".
Tres fuentes de Sanidad desmintieron ayer esta versión. "Sanidad recibe de Stacks las primeras versiones del sistema antes de convocar el concurso. La empresa y la consejería trabajan juntos en la evolución de estas versiones y cuando el Consejo de Gobierno detiene la adjudicación directa, Sanidad ralentiza el desarrollo mientras se cumplen los plazos formales. Luego vuelve a trabajar a partir del punto en el que se había dejado el proyecto", explican estas fuentes. "No es verdad que Stacks 'conociera algunos pliegos del concurso' como dice ahora Sanidad. Stacks era parte protagonista del sistema porque lo estaba desarrollando. Sin Stacks detrás, este concurso no se podría haber convocado simplemente porque ella era la que lo estaba desarrollando".
El PSOE exige una investigación
El PSOE exigió ayer una triple "investigación en institucional, judicial y política" que aclare si Sanidad adjudicó irregularmente un contrato a la empresa Stacks y si la compra de esta empresa por una multinacional francesa (Cegedim) dedicada a la venta de datos médicos pone en peligro la intimidad -enfermedades, tratamientos, antecedentes familiares...- de seis millones de madrileños.
El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, alertó del "posible tráfico de datos de todos los madrileños al sector farmacéutico". El diputado socialista Eduardo Sánchez Gatell argumentó "es una enorme irresponsabilidad que Sanidad adjudique irregularmente un concurso público y lo haga a una empresa que inmediatamente es comprada por un gigante europeo de la venta de datos médicos. Esto demuestra lo apetitosa que ahora es Stacks gracias a Manuel Lamela", el consejero de Sanidad.
La consejería respondió a la declaraciones de Simancas y le exigió una "rectificación inmediata", en un comunicado en el que aseguró que la adjudicación se "ha llevado a cabo con la máxima transparencia y rigor". Sanidad añadió que Stacks no tendrá acceso a los datos confidenciales y que, aunque lo tuviera, no podrá venderlos porque incurriría en un delito. Sanidad, además, mostro su "extrañeza" porque el PSOE critique el caso en Madrid cuando Stacks también trabaja con otras siete comunidades autónomas.
El PSOE replicó que "Stacks no hace lo mismo en Madrid que en el resto de comunidades". "Aquí será el único lugar donde los datos quedarán centralizados en una única base de datos gestionada por la empresa".
La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública calificó de "inaceptable" la actuación de Sanidad y la acusó de "tener mas interés en favorecer los negocios privados que la salud de la población".
Cegedim,
por
su
parte,
aseguró
que
"cumple
toda
la
legalidad"
y
que
la
"división
de
actividades"
de
las
empresas
de
su
grupo
impide
"todo
pirateo
de
expedientes
médicos
con
fines
comerciales",
informa
Europa
Press.
www.elpais.es 21.02.07
La salud de los madrileños llega a París
El sistema
informático de los 400 centros
de salud y consultorios locales
de la Consejería de Sanidad -que
contiene los datos personales de
seis millones de madrileños, sus
enfermedades, los medicamentos
que toman y los médicos que se
los han recetado- estará bajo
control hasta 2010 de una
multinacional francesa
especializada en almacenar,
elaborar y vender este tipo de
datos a la industria
farmacéutica.
Esta es la situación a la que se
ha llegado tras la compra por
esta multinacional -llamada
Cegedim- de la empresa española
Stacks, que ganó por 6,3
millones de euros el concurso de
gestión del sistema informático
de sus centros de salud
convocado por Sanidad. El nuevo
sistema está a punto de entrar
en funcionamiento y su
desarrollo se prolongará durante
cuatro años. Entre las novedades
que aporta está la creación de
una base de datos única para
toda la red de atención primaria
(hasta ahora cada centro de
salud tiene la suya
independiente) y nuevas
herramientas como la receta
electrónica.
La adjudicación del contrato a Stacks, según fuentes técnicas de la Comunidad, tampoco está exenta de polémica: según documentos internos de Sanidad, la consejería y Stacks trabajaron codo a codo desde marzo de 2005 en el desarrollo del sistema informático y elaboraron conjuntamente el pliego de prescripciones técnicas del concurso público, convocado en abril de 2006, que acabó ganando Stacks.
Una de las principales áreas de negocio de Cegedim, según su página web corporativa, es prestar servicios especializados a las empresas farmacéuticas para mejorar sus acciones de mercadotecnia y estrategias comerciales. "Para una empresa de este tipo, el sistema informático de un sistema sanitario público de seis millones de personas es oro puro", explica un técnico informático cercano a la adjudicación del contrato.
"Las multinacionales farmacéuticas gastan miles de millones de euros en campañas de promoción. Les interesa saber qué fármacos prescriben los médicos de la sanidad pública, en qué áreas son más fuertes sus productos y en cuáles deben reforzar sus fuerzas de ventas. Manejar el sistema informático público revaloriza a Cedegim de forma muy importante ante sus potenciales clientes", añade este técnico.
Fernando Bezares. director general de Informática de Sanidad, admite que "esto puede haber despertado el interés de Cedegim por Stacks". "Pero eso son razones de mercado en las que no podemos entrar. Nosotros debemos velar para que no haya ninguna fuga de información y eso lo garantiza el sistema. Además, Stacks incurriría en un delito si usara con fines comerciales los datos". Francesc Orri, directivo de Stacks, asegura que su empresa "ha vendido a Sanidad un sistema informático de calidad". "Nosotros les vendemos el entorno informático en el que se almacenan y procesan los datos, pero no accedemos al contenido".
Sobre la adjudicación del contrato a Stacks, Bezares admite que Sanidad quería otorgárselo de forma directa y sin concurso público: "Así iniciamos el trámite y superó todos los pasos internos hasta que el Consejo de Gobierno decidió pararlo por ser un contrato importante",
Tras el rechazo del Consejo de Gobierno, Sanidad reinició todo el proceso como si se tratara de un concurso público, en el que todas las empresas aspirantes deberían acceder en igualdad de condiciones. "Es cierto que Stacks tenía una ventaja enorme, porque ya conocía el proyecto. Pero también lo es que su proyecto era el que queríamos, el que más nos interesaba y el que más avanzado estaba", añade Bezares.
Preguntado sobre si esta situación de privilegio no vulneraba la normativa que regula los concursos públicos, el director general de Informática respondió: "Todo el proceso ha sido distinto de lo habitual porque ya de entrada sabíamos lo que queríamos y quién nos lo podía ofrecer".
Sobre los documentos internos, que muestran que Sanidad y Stacks prácticamente diseñaron juntos el concurso público que benefició a la empresa, Bezares informó de que "podrían estar manipulados". "Hace seis meses sufrimos un robo de la información contenida en un ordenador, que denunciamos ante la Unidad de Delitos Informáticos. No nos podemos hacer responsable de lo que dicen esos documentos ni si son originales o no", añadió.
Cinco empresas se interesaron por el concurso público en sus primeras fases, pero tres se retiraron posteriormente. Sólo Isoft se mantuvo hasta el final. Antonio Castillo, responsable de los contratos públicos de la compañía, afirmó ayer que "nos sorprendió mucho cómo se desarrolló el concurso". "Buena parte de las prescripciones técnicas, en lugar de estar incluidas en el pliego de condiciones, había que solicitarlas en un CD a Stacks, que se suponía que era otras aspirantes como nosotros. Hicimos lo que pudimos, pero estaba claro este no era nuestro concurso", concluyó sin entrar en más detalles.
El mayor contrato, en los tribunales
No tiene suerte la Consejería de Sanidad en los contratos públicos que convoca para la compra de material y programas informáticos. El mayor contrato que ha convocado esta legislatura, el de compra de ordenadores para siete nuevos hospitales, dotado con 44,6 millones de euros, se encuentra recurrido ante los tribunales por la empresa Hewlett-Packard (HP).
Su oferta fue seleccionada como la mejor de las presentadas en la primera fase del concurso, pero quedó luego excluida del concurso porque un certificado que había presentado estaba caducado. Siemens, la segunda mejor oferta, fue la beneficiada de la exclusión de HP.
HP y Siemens habían presentado dos ofertas económicas casi idénticas -les separaban menos de 500 euros-, pero la de HP fue considerada la mejor técnicamente.
Cuando ya sólo quedaba la firma de la adjudicación, a finales del mes de mayo de 2005, surgió un problema formal que le salió muy caro a HP. Los técnicos de Sanidad se dieron cuenta de que la Clasificación como contratista de servicios de HP, un certificado del Ministerio de Economía, había caducado cuatro semanas antes, el 27 abril.
"Es un documento que las empresas deben presentar en los concursos públicos. Lo expide Economía y sirve para demostrar que la empresa es solvente", explicó entonces un portavoz de HP. "Es un simple documento burocrático, que estaba en regla al presentar nuestra oferta, pero que, como el proceso de valoración técnica se alargó mucho, acabó caducándonos".
Sanidad fue tajante al aplicar la normativa, y ahora deberá ser el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid el que resuelva el entuerto.
De momento, el TSJ ha desestimado la petición de HP de suspender cautelarmente la adjudicación del concurso, y Siemens sigue trabajando en la dotación de los nuevos hospitales, cuya apertura está prevista a lo largo de este año.
Médicos privados reconocerán a los niños en los colegios públicos
Las consejerías de Sanidad y Educación ultiman un convenio para que los niños de tres, seis y 12 años que estudian en los colegios públicos de la región sean sometidos a reconocimientos médicos. La medida ha topado con el rechazo de las sociedades médicas, que lo califican de "inútil" y "un despilfarro de dinero", porque la Comunidad ha decidido que sean médicos privados y no de la sanidad pública los que hagan las revisiones. Además, éstas no serán hechas por pediatras sino por médicos de familia. Sanidad sacará a concurso el proyecto por cinco millones de euros, según las sociedades médicas. Pero no ha confirmado este dato a la espera de la publicación del concurso.
"Es un despilfarro que no servirá de nada. ¿Qué podrán ver estos chequeos que no vean los médicos de los niños en su centro de salud?", se pregunta Fernando Sánchez Perales, de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primara. Francisco José Sáez, de la Sociedad Española de Medicina General, añade que "la iniciativa supondrá resucitar" los chequeos que se hacían en España en las escuelas en los años cincuenta y sesenta, cuando no había una red de Atención Primaria como la que hay ahora. Sáez criticó que no se cuente con los médicos de la sanidad pública y considera que es "un dinero público que se va a malgastar".
Sanidad defiende la medida como una forma de reforzar la asistencia sanitaria a los niños y que permita detectar precozmente algunas dolencias. Los exámenes serán voluntarios y gratuitos y se llevarán a cabo a partir de abril. La plataforma 10 Minutos de Madrid, formada por médicos y pediatras de atención primaria, reclamó ayer a la Consejería de Sanidad que incremente, "de manera inmediata", el presupuesto para atención primaria. La plataforma cifró el alza en un 20% anual, para duplicarlo en cinco años. Además, se muestra a favor de establecer un límite máximo de 25 consultas al día con una media de 10 minutos por consulta y un máximo de dos visitas domiciliarias como media. (El País, 22/02/07)
Sanidad tiene ya más pacientes a la espera de anestesista que de entrar en quirófano
" El tema de las listas de espera quirúrgicas es muy preocupante. A mí me preocupa tanto que comprometo mi palabra en ello: tengo decidido que, si en dos años, algún madrileño tiene que esperar más de 30 días para ser operado, yo dimito de la presidencia del Gobierno"
( Espe en TeleMadrid.09.05.03 )A la espera de entrar en las listas de espera. Según los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, correspondientes al pasado 31 de diciembre, 37.880 pacientes están aguardando a ser intervenidos en la sanidad pública regional. La presidenta Esperanza Aguirre prometió en 2003 operarlos en un máximo de 30 días o dimitir si fracasaba en el intento. Hoy, Sanidad dice que ha cumplido la promesa, aunque sus datos revelan que sólo 12.040 de estos pacientes (un 31,8%) están incluidos en la lista de espera oficial, la de los 30 días. Ésta no incluye a otras 13.777 personas porque aún no les ha visto el anestesista, y a 12.063 más porque han optado por no ser operados en clínicas privadas concertadas.
De los tres grupos en los que Sanidad divide a los pacientes -los incluidos en la lista de espera oficial, los excluidos por estar a la espera del anestesista y los que lo son por preferir operarse en su hospital público a hacerlo en una clínica privada-, es precisamente el oficial el más pequeño.
Hace dos años y medio -antes de que el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, creara un nuevo sistema de contabilidad de las listas para cumplir la promesa de Aguirre-, el 84,3% de los enfermos que esperaba cita en el quirófano estaba incluido en la lista oficial. Desde entonces, este porcentaje ha caído vertiginosamente hasta el 31,8% actual.
La segunda categoría, los excluidos (aunque por un plazo máximo de otros 30 días) por estar a la espera del anestesista, también ha cambiado mucho, pero en sentido inverso: hace dos años y medio eran el 5,9% del total; hoy son mayoría: un 36,4%. La misma tendencia han seguido quienes prefieren ser operados en su hospital público y por eso quedan fuera de la lista: en junio de 2004 eran un 9,8%; hoy son más del triple: un 31,8%.
Desde que Lamela instauró su sistema para elaborar las listas de espera, las críticas han sido constantes por parte de los partidos de la oposición, PSOE e IU, y los sindicatos CC OO y UGT. Todos ellos acusan al consejero de "jugar al tocomocho" y de "manipular y mentir con la salud de los ciudadanos".
El sistema Lamela de contabilidad de las listas de espera también ha sido censurado por el Consejo Interterritorial de Sanidad -órgano en el que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas coordinan sus políticas-, que ha expulsado a la Comunidad de Madrid del cómputo nacional por considerar que incumple la normativa estatal.
La Consejería de Sanidad, por su parte, contesta a las críticas asegurando que "el Gobierno regional cumple escrupulosamente la normativa [estatal] vigente" y que su prioridad en la gestión de las listas es la eficiencia y "transparencia".Sanidad añade, en un comunicado, que se siente "tremendamente satisfecha por los buenos resultados que ha supuesto la implantación del Plan de Reducción de la Lista de Espera Quirúrgica" -el sistema Lamela-.Respecto a la evolución de las listas en el último trimestre, la consejería admite un ligero aumento de las personas y los plazos. Los pacientes han pasado de 34.664 a 37.880 (un 9,3% más). Por especialidades, las que más han aumentado son Traumatología y Oftalmología (ver cuadro).
La demora media aumenta a 50 días
Las muchas condiciones y matices que el sistema Lamela ha impuesto a la gestión de las listas de espera han convertido la llamada "demora media prospectiva" en el único dato fiable para hacerse una idea de la espera real de los madrileños para entrar a los quirófanos de la sanidad pública regional.La demora media prospectiva es un concepto de gestión que calcula cuántos días serían necesarios con los recursos actuales (hospitales públicos y clínicas privadas concertadas) para operar a todos los pacientes que en un día determinado esperan para ser intervenidos.Como los hospitales y clínicas son siempre los mismos, el dato se acerca bastante a la realidad, según las fuentes consultadas. El pasado 31 de diciembre la demora media prospectiva era de 50 días, tres más que en el trimestre anterior, según Sanidad. Esta cifra contrasta con los 14 días de espera media oficial.Quienes más esperan son los enfermos de traumatología (74 días) y cirugía vascular (70, véase cuadro).www.elpais.es 08.02.07
Colapso en las urgencias de los hospitales
Un hombre de 77 años, enfermo de cáncer, padece diarrea por la quimioterapia a la que se somete. Ingresa en el servicio de urgencias de La Paz el lunes por la noche, pero hasta la mañana siguiente no le asignan una cama: se pasó toda la noche sentado en un sillón esperando al diagnóstico. Al mediodía de ayer, 30 pacientes esperaban tumbados en camas a lo largo de los pasillos y siete lo hacían en sillones. CC OO y UGT denuncian que esta situación se ha convertido en habitual en los hospitales de la región. La Consejería de Sanidad dice que es un caso excepcional debido a picos de demanda.
Trabajar en las urgencias de La Paz parecía ayer un eslalon. Para hacer su trabajo, los sanitarios tenían que sortear las seis o siete camas que había en cada pasillo. Juani, de 76 años, lleva tres días tumbada en una de esas camas desperdigadas con su pancreatitis aguda a cuestas y con la revista Pronto como único entretenimiento. Su compañera de pasillo, la que está detrás en la fila, no para de sufrir convulsiones.
La médica que le atiende dice que éste es, más o menos, el panorama de todos los días. "Hay pacientes que pasan tres, cuatro días a la espera de un diagnóstico definitivo; otros que, una vez diagnosticados, pueden estar hasta una semana sin que se les asigne una habitación", añade.
Lo de ayer era lo de todos los días... pero un poco más. Los 111 pacientes que registraron las urgencias del hospital por la mañana suponían un récord, porque la capacidad del servicio es de 58 plazas. Así que 35 eran atendidos en los pasillos y ocho esperaban en los sillones. Los trabajadores dijeron basta y propusieron concentrarse todos los días frente a la puerta de la subdirección de enfermería. El gerente bajó, les prometió que ampliaría la plantilla de enfermeros y la protesta se quedó en nada.
Pero, según los médicos y los sindicatos consultados, el problema no es de falta de personal. O al menos, no sólo de falta de personal. Todos señalan el número insuficiente de camas de hospitalización con las que cuenta la sanidad madrileña. Jaime Cedrún, de CC OO, apunta que desde 2002 la ratio de plazas por 1.000 habitantes ha disminuido de 2,6 a 2,0. "La región cuenta hoy con 12.000 camas, las mismas que tenía hace cinco años, y en Madrid hay un millón más de personas", asegura Cedrún.
Un médico de La Paz -que prefiere no dar su nombre- culpa de la situación en la que trabajan a la "pésima" planificación de la Consejería de Sanidad. "Están primando la lista de espera quirúrgica porque Esperanza Aguirre se comprometió a reducirla, a costa de relegar a las urgencias. He visto cómo se daba prioridad a una operación de juanetes frente a un paciente que llevaba tres días en urgencias", dice este médico cubierto por su bata verde.
En CC OO y UGT confirman esta versión, que la consejería y la dirección de La Paz desmienten rotundamente: "Es absolutamente incierto. La lista quirúrgica está programada y las urgencias, por su propia naturaleza, se cubren según las necesidades", explica una portavoz de Sanidad.
El tercero de los sindicatos mayoritarios, CesmSatse, la unión de enfermeros y médicos, arguye que el problema fundamental es educativo. Su secretario general, José María Porras, dice que entre el 50% y el 60% de los pacientes que frecuentan las urgencias estaría bien atendido en la red primaria. Por eso, Porras califica de "encomiable" las campañas publicitarias de Sanidad para que los madrileños vayan a sus médicos de cabecera y no colapsen las urgencias de los hospitales.
En UGT ven un problema a este planteamiento. "Hace dos años, el médico de cabecera te daba cita para el mismo día. Hoy, ya es habitual que te la dé para dentro de dos o tres. ¡A ver qué padre con un hijo que tenga 39 grados de fiebre va a esperar por la cita y no lo va a llevar a urgencias!", exclama la secretaria de Política Sectorial de este sindicato, Carmen López.
La explicación de La Paz a la saturación vivida es que el lunes fue el día que registró una mayor afluencia de pacientes en todo el año: 425 atendidos. Pero con este argumento no convence a muchos de sus trabajadores.
Cuatro de ellos explicaban el cúmulo de problemas que suponía trabajar en una zona de urgencias abarrotada, sin las instalaciones necesarias. "Las botellas de suero las colgamos en los pasillos con esparadrapo; al mover las camas, muchas veces arrancamos las sondas a los pacientes; tenemos a decenas de enfermos en la sala de diagnóstico durante varios días, en una sala que no tiene ventilación y en la que no se podría estar más de un día...", cuenta una enfermera, mientras es interrumpida por un hombre que grita que lleva ahí 60 horas, que ya está harto y que exige que alguien le lleve a una habitación.
LA ATENCIÓN, EN LOS PASILLOS
-12 de Octubre: 19 camas en el pasillo. El hospital reconoce que ha sufrido una afluencia superior a la habitual en el servicio de urgencias. Algunos pacientes han sido trasladados a otros centros
- Gregorio Marañón: 26 pacientes en los pasillos y 36 en sillones. El centro cree que es una situación normal para la época del año y asegura que tiene capacidad de sobra para absorberla
- La Princesa: habitaciones con capacidad para dos pacientes están ocupadas por tres personas. Según el hospital, no sufren aglomeración y tienen camas libres
- Ramón y Cajal: 35 camas en los pasillos y 45 pacientes pendientes de ingreso. En el centro no dan cifras y dicen que viven una situación normal
- Hospital de Móstoles: 43 camas en los pasillos. Fuentes del centro niegan esta cifra y aseguran que, si bien en estas fechas hay más afluencia, tienen capacidad para afrontarla
Cifras de la mañana de ayer ofrecidas por las secciones sindicales de Comisiones Obreras (CC OO) de los hospitales citados.
www.elpais.es 07.02.07
La OMS cuestiona los hospitales de Aguirre
El modelo con el que la Comunidad construye los nuevos ocho hospitales de gestión privada, o mixta pública y privada, no gusta a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dejar en manos del sector privado la sanidad pública alerta una revisión de estudios de la organización, acaba siendo "más costoso", "prohibitivamente complejo" y su desarrollo "se logra a menudo a expensas de la calidad". El artículo, publicado en el último boletín de la OMS, analiza modelos aplicados en España -en el hospital valenciano de Alzira- Reino Unido y Australia y reconoce el interés de los Gobiernos en aplicarlos para no aumentar su deuda. El resultado no es satisfactorio: "La colaboración público-privada complica aún más la ya de por sí difícil tarea de construir y dirigir un hospital", concluye.
El estudio resume decenas de investigaciones realizadas en varios países sobre la entrada del sector privado en la gestión de la sanidad pública. Pese a admitir que la colaboración entre el sector privado y el público ha tenido éxito en el desarrollo de infraestructuras como carreteras, destaca los problemas en los intentos de trasladar el modelo a la gestión de la sanidad pública.
La OMS presta especial atención al Reino Unido y Australia, pioneros desde hace 15 años en desarrollar el modelo de gestión mixta pública y privada -PFI, en sus siglas en inglés- que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha elegido en siete hospitales: Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda, Vallecas, Aranjuez y Majadahonda. En este modelo, una empresa privada construye y gestiona el hospital mientras Sanidad aporta el personal médico y de enfermería y paga a la empresa un alquiler por el uso del centro. Sanidad promueve la construcción de un octavo hospital en Valdemoro, pero éste será enteramente privado y Sanidad le pagará por la asistencia que preste a 100.000 personas.
El boletín de la OMS tiene como objetivo "difundir información sobre salud pública científicamente rigurosa de transcendencia internacional para permitir que gestores, investigadores y facultativos sean más efectivos". El estudio, firmado por Martin McKee, del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas Sanitarios, y otros dos investigadores británicos, analiza tres claves para evaluar estas experiencias: coste, calidad y viabilidad de los proyectos.
- Coste. A largo plazo, "los nuevos servicios han sido en general más costosos que si se hubieran empleado los métodos tradicionales" de gestión pública, concluye el trabajo. Y da tres razones. La primera, los altos costes financieros que soportan los hospitales privados, ya que los créditos que deben pagar las empresas son más caros que la deuda pública. La segunda son los beneficios que obtienen los accionistas de las empresas que gestionan los centros sanitarios. El tercero es el "enorme coste" que deben asumir los Gobiernos si algún proyecto quiebra. El estudio destaca que en estos casos, los Gobiernos no pueden dejar de prestar la atención sanitaria y se ven obligados a intervenir. asumir las deudas e invertir más dinero. La OMS incide en que todos estos costes, aunque los Gobiernos afirmen que son las empresas las que asumen las pérdidas en caso de mala gestión, acaban siendo pagados por los presupuestos públicos. El estudio alerta también de la "falta de transparencia" de los proyectos PFI, ya que pese a estar sustentados con dinero público, Gobiernos y empresas se niegan a detallar el destino de las partidas económicas alegando que es información "comercial confidencial".
- Calidad. El modelo PFI ata a las empresas en el plazo de entrega por el interés del Gobierno implicado de inaugurarlo en una fecha concreta -por ejemplo, antes de las próximas elecciones-. El coste inicial de la obra civil -no la gestión del proyecto a medio y largo plazo- también está limitado. "En el Reino Unido, el 76% de los proyectos PFI fueron entregados en fecha y el 79% se adaptaron al presupuesto inicial, comparado von el 30% y el 27%, respectivamente, del sistema tradicional" de gestión pública, detalla el trabajo. "Pero teniendo coste y tiempo fijos" en la primera fase de desarrollo del modelo PFI, "los problemas surgen con la calidad de los proyectos, con muchos hospitales sufriendo significativos inconvenientes".
- Viabilidad. El estudio destaca la incapacidad del modelo para adaptarse a "un entorno de gestión sanitaria que cambia muy rápidamente" debido a los contratos a 30 años en los que está basado. "La falta de flexibilidad" para adaptarse a los cambios de población o a las nuevas técnicas médicas "ha hecho que algunos hospitales estén obsoletos cuando acaban de ser inaugurados", afirma el estudio.
Y también señala la enorme complejidad que adquiere un hospital que debe prestar un servicio público -alguno de ellos, como el nuevo Puerta de Hierro de Majadahonda, no sólo asistencial, sino también de formación a médicos residentes- pero que está gestionado por una o varias empresas privadas que, a su vez, pueden subcontratar la restauración, limpieza, mantenimiento, administración u otras funciones. "La dificultad de alcanzar un acuerdo entre tantos actores, junto los elevados costes de los proyectos, ha llevado a la quiebra de un gran hospital universitario, el Paddington Health Campus", en Londres, ejemplifica el estudio..www.elpais.es 16.12.96
Lamela tiene la solución
El sector privado gestiona mejor que el público los recursos. Este es uno de los pilares del pensamiento político de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, como ha repetido una y otra vez en la Asamblea de Madrid y a quien se lo ha preguntado. El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, comparte la opinión de la presidenta. La OMS, no.
Así se desprende del estudio publicado en su boletín - www.who.int/bulletin/downloads/en/index.html que analiza estudios realizados en otros países. "Una investigación en Australia demuestra que los hospitales públicos son más eficientes que los operados por el sector privado", recoge la OMS. "El resultado de 149 comparaciones realizadas en Estados Unidos entre entidades sociosanitarias con ánimo y sin ánimo de lucro concluye que, en 88 casos, los centros sin ánimo de lucro funcionaban mejor, 43 no encontraron diferencias y otras 18 se inclinaban por las entidades con ánimo de lucro", añade el trabajo.
La confianza de Aguirre y Lamela en el sector privado, sin embargo, no decae ante las críticas recibidas por los hospitales PFI en otros países.
"El sistema es más económico y eficiente", afirmó Lamela el pasado miércoles. "Si en el Reino Unido el sistema ha funcionado mal", dijo Lamela, "no es culpa del modelo, sino porque la gestión se ha hecho mal", añadió.Así las cosas, el consejero madrileño cree haber encontrado la solución a los 15 años de problemas que arrastra el modelo en el Reino Unido. "Hemos mejorado el modelo británico", aseguró. "Los responsables del NHS [sanidad pública britá-nica] se han interesado por la gestión que se está realizando en Madrid para incorporar nuestras mejoras a su sistema", añadió.www.elpais.es 16.12.96
La espera para el médico de familia llega a los siete días
Esta asociación entiende que la atención primaria está en "crisis y colapsada". Su origen está, según su análisis, tanto en la organización y planificación, como en la falta de medios que se han destinado. El que no se hayan reforzado las plantillas ha provocado un incremento de las cargas de trabajo en los profesionales, lo que a su vez les ha ocasionado "frustración".
La conclusión general de las 25 páginas de este documento está muy lejos de ser conciliadora con el Gobierno regional. "En la Comunidad de Madrid se está viviendo un intenso proceso de privatización de los servicios sanitarios públicos, ofreciendo al sector privado una cada vez mayor participación en los servicios sanitarios. Este proceso, que responde a una estrategia general del PP, en confluencia con la ideología neoliberal, pretende convertir la salud en una mercancía abandonando su carácter de derecho básico y cuestionando la integralidad e integración de la Sanidad Pública madrileña". Respecto a las listas de espera, denuncia que "no existe un verdadero interés por su reducción real". Finalmente, sentencia: "No se han reducido desde las transferencias".www.elpais.es 16.12.96
La segunda jornada de huelga, marcada por la guerra de cifras de su seguimiento
La Consejería de Sanidad dijo que el seguimiento de la huelga fue "escaso, al igual que el del pasado jueves".
CC OO y UGT de Madrid destacaron la ausencia total de incidentes en los servicios públicos sanitarios y opinaron que la huelga no supuso "demasiados trastornos para los ciudadanos" porque se aplazaron muchas citas previas y consultas programadas para estos dos días.
Los secretarios de Sanidad de UGT-Madrid y de CC OO-Madrid, Alfonso Merino y Manuel Rodríguez, respectivamente, declararon que la manifestación que recorrió el jueves las calles del centro de la ciudad en defensa de la sanidad pública tuvo un "efecto llamada" entre el personal sanitario de la región para secundar la segunda jornada de paros.www.elpais.es 16.12.96
Fallos de diseño y la crisis de Alzira
El estudio también señala los proyectos que, pese a todo, acabaron en quiebra o tuvieron que ser rescatados. Un caso es el de Alzira, en la Comunidad Valenciana, cuyo modelo difiere del de Madrid. Allí, el Gobierno ha cedido la gestión médica completa -hospital y centros de salud- a una empresa, a la que paga por atender a 200.000 personas. La OMS destaca que, tras ser abierto en 1999, la Comunidad Valenciana tuvo que salir en socorro del hospital sólo tres años después ante la crisis económica que sufría.En Londres, el hospital universitario Paddington quebró tras haber pasado de un presupuesto inicial de 391 millones de euros a otro de 1.135 millones. Las arcas públicas perdieron 20 millones.www.elpais.es 16.12.96
Aguirre: " Debería erigirle una estatua a Lamela "
A la presidenta regional, Esperanza Aguirre, le parece que los méritos al frente de la sanidad madrileña del consejero, Manuel Lamela, se merecen una estatua. "Creo que usted debería erigirle una estatua al señor Lamela en vez de utilizar políticamente la sanidad", le espetó ayer al portavoz socialista, Rafael Simancas.El grupo socialista aprovechó la primera de las dos jornadas de huelga para llevar al Parlamento regional hasta cinco preguntas, interpelaciones y comparecencias. En ellas cuestiona el funcionamiento de la sanidad, que, según Simancas, tiene "déficit de financiación". Éste afirmó que la Comunidad es "la que menos porcentaje dedica a sanidad en relación a su producto interior bruto (PIB), el 3,79%". Y agregó que la media de las otras comunidades es del 5,40%. Eso, concluyó, "tiene sus consecuencias en el deterioro de la calidad del servicio y en el cómputo de las listas de espera, las de verdad". Según él, la contabilidad de enfermos que esperan ser operados es "tramposa", y recordó que hay 23.390 enfermos que esperan más de 30 días a ser operados. www.elpais.es 15.12.06
La Comunidad reduce un 20% las nuevas inversiones en los centros sanitarios
El aumento de inversiones de la Consejería de Sanidad al sector privado empieza a pasar factura a las infraestructuras públicas, según reflejan los presupuestos de 2007. La Comunidad de Madrid invertirá el año que viene 156,7 millones de euros en la construcción y reforma de centros sanitarios públicos, un 19,7% menos que los 193,8 millones que ha invertido este año. La disminución de 37,1 millones en las infraestructuras contrasta con el incremento de 47,2 millones destinados a conciertos con el sector privado. La empresa propietaria de la Fundación Jiménez Díaz pasará de embolsarse 140,2 millones este año a 187,3 en 2007.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, llegará a las próximas elecciones con una sanidad pública muy distinta de la que encontró cuando llegó al cargo. En 2003, la salud de la práctica totalidad de los cerca de 5,8 millones de madrileños que vivían entonces, en 2003, en la región dependía de hospitales públicos. Los 200.000 pacientes que eran atendidos por la Fundación Jiménez Díaz (propiedad de una multinacional sueca que ha sido comprada por un fondo de capital riesgo) eran entonces la excepción.
Tras las decisiones tomadas en los últimos tres años, la salud de un millón y medio de madrileños estará a partir del próximo año al cuidado de hospitales enteramente privados o con un modelo de gestión mixto público y privado. En este modelo (PFI, en sus siglas en inglés), empresas privadas construyen y gestionan los hospitales y sus servicios no médicos -mantenimiento, administración, archivo de historias clínicas, limpieza, restauración...-, mientras Sanidad aporta el personal médico y de enfermería y paga a la empresa un alquiler anual por el uso del centro.
La apuesta de Aguirre y su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, por la entrada de capital privado en la sanidad pública se deja notar en los presupuestos del Gobierno regional para el próximo año.
En los presupuestos existe cada año una partida, la 728, destinada a "Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios". Esta partida, según las cuentas públicas, recoge todos los programas de "construcción de nuevos centros de atención primaria y especializada", como los hospitales. También las "obras de reforma o ampliación" y la "elaboración de planes de mejora de las infraestructuras".
En los Presupuestos de 2006, la partida 728 (Infraestructuras) ascendía a 193,8 millones destinados a la construcción de 36 centros de salud, 10 consultorios locales, tres centros de especialidades y la reforma de cuatro ambulatorios y 13 hospitales.
Todas estas cifras se reducen en los Presupuestos regionales de 2007. El montante de dinero cae hasta los 156,7 millones de euros, que servirán para construir 31 centros de salud (cinco menos), tres consultorios locales (siete menos) y dos centros de especialidades (uno menos). En cuanto a las obras de ampliación o mejora, Sanidad sólo tiene previsto reformar un centro de salud (tres menos que este año) y cuatro hospitales (nueve menos).
Los 37,1 millones de euros en que disminuye la inversión pública en nuevas infraestructuras cubren buena parte del aumento de dinero que el Gobierno regional destinará a los dos mayores contratos por conciertos privados que mantiene la sanidad pública.
El mayor contrato es el que recibe la Fundación Jiménez Díaz, que crece el año que viene un 24% al pasar de 140,1 a 170,1 millones de euros. Este aumento se debe a la mayor importancia que la Fundación asumirá a partir del año que viene en la sanidad pública regional.
Aguirre y Lamela anunciaron el pasado mes de julio que la Fundación pasará a ser hospital de referencia (hasta ahora lo era de apoyo al Clínico y al 12 de Octubre) para una población de entre 250.000 y 400.000 personas.
Un portavoz de Sanidad declinó ayer informar sobre la población asignada que recibirá este hospital privado, que pertenece a Apax, un fondo de capital riesgo norteamericano que hace cuatro meses compró a la multinacional sueca Capio que controlaba la Fundación.
La misma empresa recibirá otros 13,2 millones de euros por el concierto del nuevo hospital de Valdemoro. Este centro, el único enteramente privado de los ocho nuevos que ha promovido Sanidad esta legislatura, atenderá a una población de unas 100.000 personas del sureste de la región.
Los Presupuestos 2007, en cambio, destinan el mismo dinero al concierto con clínicas privadas para la reducción de la lista de espera.www.elpais.es 15.12.06
"Espero seis meses para el especialista"
Cerca de 10.000 sindicalistas, políticos, sanitarios y usuarios de los hospitales y ambulatorios madrileños, según los cálculos de este periódico, desfilaron ayer por el paseo del Prado y la calle de Alcalá para decirle a la presidenta Esperanza Aguirre y a su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, que hasta aquí hemos llegado; que están en contra de la privatización de la gestión de los hospitales; y que el sistema sanitario madrileño ha sufrido un deterioro paulatino en los últimos años.Aparte del baile de cifras habitual -los sindicatos convocantes, UGT y CC OO vieron 40.000 almas, mientras que la policía no contó más que 3.000-, los que se manifestaron desde Neptuno hasta Sevilla coincidían en todo lo demás. Miles de personas con chalecos rojos, que llevaban los de CC OO, y verdes, los de UGT, portando un mar de pancartas rojas criticaban la política de Lamela. Una voz rasgada megáfono en ristre aseguraba que lo público es de todos y preguntaba de quién es lo privado. "De Aguirre", respondían.En la cabecera, los nombres más conocidos de los partidos de la oposición y los sindicatos: el secretario general de los socialistas, Rafael Simancas, y su portavoz en la capital, Óscar Iglesias, y Fernando Marín, coordinador de IU, llevaban la pancarta central al lado de los líderes sindicales. Un chico vestido de carta en la que se leía: "Lista de Espe-ra" bailaba al ritmo de un grupo de percusionista que amenizaba la protesta.Detrás de los prebostes, los ciudadanos anónimos. Rosa, trabajadora social en dos centros de Leganés, decía que padece el deterioro de la calidad de los centros sanitarios. "En mi ambulatorio interesa ahora que los números estén bien, que atendamos a muchas personas; pero no que esa atención sea de calidad". Manuel, que como paciente lo ve desde el otro lado, está de acuerdo: "Antes, cualquier especialista te daba cita en dos meses; ahora tengo que esperar más de seis".www.elpais.es 15.12.06
El sistema de gestión de hospitales previsto por Aguirre, cuestionado en Reino Unido
La Comunidad ha elegido un modelo de gestión mixto (mezcla de privado y público) para los nuevos hospitales que está construyendo. Este modelo ya ha sido duramente cuestionado en Reino Unido, el país que introdujo el sistema en Europa hace 10 años. Al menos, una decena de grandes centros británicos gestionados de esta manera se encuentran al borde de la quiebra, mientras que en otros el Gobierno ha obligado a las empresas concesionarias a subsanar las deficiencias. El PSOE cree que el PP ha cometido un gran error, mientras que el Gobierno regional sostiene que los hospitales estarán mejor gestionados.
El periódico inglés The Guardian abrió su edición del pasado lunes con la noticia de que 13 grandes hospitales de aquel país están "técnicamente en quiebra". El problema que les ha llevado a esta situación es "el contrato de financiación privada, que encarece cada año en nueve millones de libras [13,3 millones de euros] sus costes en comparación con un hospital público", afirma el diario, que basa su información en datos oficiales del Gobierno.
El contrato de financiación privada (PFI, en sus siglas en inglés) es el que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha elegido para la construcción de siete nuevos hospitales en la región: Majadahonda, Vallecas, Aranjuez, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda y Parla.
En este sistema, una empresa privada construye y gestiona el hospital, mientras la Consejería de Sanidad aporta los médicos y enfermeros y paga durante 30 años un alquiler a la empresa por el uso del edificio y servicios auxiliares (mantenimiento, administración, cocina, limpieza, archivo de historias clínicas...).
"Es un modelo que ha recibido muchas críticas porque ha demostrado ser más caro y muchas veces menos eficaz que el público", afirma José Martín Martín, director del Máster en Economía de la Salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública. "La Comunidad de Madrid inaugurará el año que viene siete hospitales nuevos sin haber pagado un céntimo. Eso le viene bien al Gobierno, porque llegará a las elecciones con unos resultados visibles", comenta Martín.
"Pero la factura que quedará por pagar durante 30 años es enorme. La empresa avanza el dinero para construir el hospital, pero luego se lo cobra a Sanidad y le suma el interés que a ella le cobra el banco y el beneficio que la propia empresa quiere sacar. El PFI es pan para hoy y hambre para mañana", concluye Martín.
Javier Cabo, director del Máster de Gestión Sanitaria del Centro de Estudios Financieros, considera en cambio que los PFI "aportan una clara ventaja en un escenario económico como el español, con el objetivo del déficit cero que obliga a todas las administraciones". "Sin la flexibilidad que aportan los PFI, serían hospitales que no se podrían poner en marcha. Y eso es un activo que la sociedad debe valorar", concluye.
Vicente Ortún, director del Centro de Investigación de Economía y Salud de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, considera que el PFI tiene "a priori una ventaja, que es la mayor flexibilidad en la contratación, y un inconveniente, que son los mayores costes financieros". "Pero esto se puede decir a priori, pero luego hay que demostrarlo, estudiar los proyectos y ser muy transparentes con los datos. La experiencia inglesa, sin embargo, es más bien negativa en cuanto a costes y resultados de gestión. Quizá su única ventaja es que no aumentan el déficit", afirma Ortún.
Martín también alerta sobre "el peligro que supone para el sistema sanitario madrileño apostar por un modelo tan controvertido como el PFI, del que no hay experiencias previas en España y al que la Comunidad se ha atado durante los próximos 30 años".
Comida seca, virus sin presión y otras deficiencias
La implantación del modelo de gestión mixto público y privado en la construcción de hospitales ha sido polémica en el Reino Unido, pionero en desarrollarlos en Europa. Las desviaciones presupuestarias, los problemas de calidad de los edificios y las quejas de los pacientes han copado páginas en periódicos y revistas científicas. Estas son tres muestras de proyectos cuestionados según un artículo publicado por la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid:
- Hospital de Edimburgo. La empresa constructora tuvo que cambiar el sistema de luces en los quirófanos tras inaugurar el hospital porque éste era más económico y de peor calidad que el acordado. La empresa concesionaria transportaba los alimentos para pacientes desde Gales, a 500 kilómetros para ahorrar costes. Los pacientes se quejaban de que sabía mal y estaba seca.
- Hospital de Norwich and Norfolk.
Los laboratorios destinados a virus y bacterias estaban diseñados para tener un sistema de presión negativa (inferior a la del exterior) para evitar fugas. Se detectaron fallos en dos espacios destinados a virus letales. Una enfermera levantó las placas del techo y descubrió que el sistema nunca había sido conectado por problemas de construcción. La dirección conocía el caso desde dos años antes.
- University College London. La concesionaria no respetó la planificación que había realizado el gobierno y desarrolló un proyecto con demasiadas habitaciones sin ventanas que constituía una mezcla desordenada de bloques. En agosto de 2004, el alcalde de Londres, Ken Livingstone, vetó el proyecto.
El PSOE dice que las empresas se embolsarán 2.000 millones
El Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid considera que el modelo de gestión elegido por Aguirre es un "un error monumental que pagarán las futuras generaciones, encadenadas a contratos a 30 años sin margen para adaptarse a las nuevas necesidades de los madrileños", afirma el portavoz socialista de Sanidad, Lucas Fernández.
El PSOE dice que las empresas se embolsarán 2.000 millones
"El método elegido como financiación de los nuevos hospitales, el PFI, encarece las obras entre un 10% y un 25%, lo que unido a los costes financieros durante 30 años eleva los beneficios de las concesionarias a 2.000 millones de euros. Además, la rapidez en la entrega de la obra dificulta la calidad hasta tal punto que la ministra británica de Sanidad actual ha tenido que paralizar varios proyectos", añade.
Según datos de la Consejería de Sanidad, la Comunidad de Madrid deberá pagar en los próximos 30 años 3.500 millones de euros por el alquiler de los hospitales y los servicios auxiliares que ofrecerán las empresas concesionarias (mantenimiento, administración, archivo de historias clínicas, limpieza, restauración...). El PSOE eleva esta cifra hasta los 3.750 millones.
"Todo es más caro con el PFI", afirma Fernández. "El pago aplazado a 30 años multiplica los costes financieros, pero las obras ya salen más caras desde el primer momento por el sobrecoste que cargan las empresas para obtener sus beneficios. El Hospital General de Asturias, por ejemplo, con más de 1.000 camas, costó 205 millones de euros en presupuesto de inversión, mientras que la empresa que construye el nuevo Puerta de Hierro en Majadahonda, que tiene 200 camas menos, le pasará una factura a Sanidad de 21 millones más".
La Consejería de Hacienda, en cambio, sostiene que la forma de financiación y gestión de los nuevos centros "no supondrá de ninguna manera un mayor coste para los madrileños". "Por el contrario, el modelo elegido genera ahorros con una gestión más transparente y eficiente de los recursos públicos", sostiene en un estudio.
Esta consejería cree que, al contrario de "la construcción tradicional financiado con cargo al presupuesto, el modelo PFI crea sinergias de las que se deriva un ahorro de costes".
Hacienda recuerda que las empresas concesionarias estarán sujetas a un control estricto por parte de la Consejería de Sanidad, que tendrá un delegado en cada hospital. "Si la concesionaria ofrece un servicio deficiente, se le descontará de los pagos, lo que la obligará a remediar la situación".
El Gobierno regional también está convencido de que con los contratos que ha firmado está blindado ante "cualquier desviación presupuestaria, que deberá ser asumida por la empresa". "Este ahorro de costes no es una predicción teórica, por el contrario, es una realidad contrastada con la experiencia", sostiene Hacienda, que añade que "en el Reino Unido el 89% de los proyectos se entregaron en el plazo acordado". Hacienda, sin embargo, admite que en uno de cada cuatro casos fue el Gobierno británico el que tuvo que asumir los sobrecostes surgidos durante la fase de construcción o explotación de los centros. Por último, Hacienda considera que el PSOE se equivoca al comparar los costes de construcción e ignorar los de mantenimiento y gestión de los servicios auxiliares, que serán asumidos por las concesionarias.Como ejemplo, el Gobierno regional pone el hospital de Vallecas, cuyos costes de construcción, mantenimiento y gestión durante 30 años hubieran ascendido con el sistema tradicional de financiación pública a 440 millones. Con la concesión PFI, Hacienda estima que se ahorrará tres millones de euros.
"Los hospitales fueron
construidos con materiales
baratos"
Los Gobiernos de toda
Europa tienen desde hace 40 años
una valiosa fuente de lecciones
en la sanidad pública británica
(NHS, en sus siglas en inglés).
Durante los años sesenta y
setenta, el Reino Unido era un
modelo reconocido por su sanidad
pública universal y gratuita. En
los ochenta, Europa observó con
atención al Reino Unido para no
repetir los errores "de las
políticas liberales de Margaret
Thatcher, que arruinaron el NHS".
"A los hospitales británicos,
que sólo 10 años antes eran
eficientes y acogedores, se les
caían los azulejos de las
paredes. La política de
privatizaciones fue brutal",
asegura Peter Fisher, presidente
de la NHS Consultants
Association, una organización de
trabajadores de la sanidad
pública.
La presidenta regional,
Esperanza Aguirre, ha vuelto a
mirar ahora al NHS para importar
un modelo de gestión mixta
pública y privada (PFI, en sus
siglas en inglés) en la
construcción de los nuevos
hospitales.
Pregunta. ¿Qué balance puede
hacerse en el Reino Unido de las
PFI?
Respuesta. No es bueno. Ha sido
una fuente de problemas para el
Gobierno y de quejas para los
trabajadores y pacientes.
P. ¿Por qué?
R. Los PFI los introduce el
Gobierno conservador de John
Major en los noventa. Tras los
años de Thatcher, la red pública
de hospitales estaba muy
envejecida y necesitaba
inversiones. Major dijo que las
PFI eran la solución.
P. ¿Con qué argumentos?
R. Se dijo que la iniciativa
privada gestiona de forma más
eficaz, construye los hospitales
en menos tiempo y lo hace más
barato.
P. Éstos son los mismos
argumentos utilizados por la
Comunidad. ¿Qué conclusiones
pueden extraerse de la
experiencia británica?
R. Hoy hay 58 hospitales y
residencias sociosanitarias PFI
y otros 30 están en proyecto. El
balance es que casi nada de lo
que se dijo es verdad. Los
hospitales no han sido más
baratos ni funcionan mejor que
los públicos. Lo único que sí
han cumplido a veces es que se
han construido más rápido, pero
ha sido a un coste enorme.
P. ¿Por qué no son más baratos?
R. Haga la prueba. Vaya a un
banco y pida un crédito. Todos
se lo darán a una tasa de
interés mucho más alta que al
Gobierno. A usted y a cualquier
empresa constructora. El Estado
es el mejor cliente para un
banco, porque siempre devolverá
el crédito. Sume a ese mayor
coste financiero los beneficios
que se llevan los accionistas,
un 18% de media aquí en el Reino
Unido, y tendrá la respuesta.
Además, muchas empresas
presentaron ofertas muy
ajustadas para ganar el concurso
y luego han sufrido grandes
sobrecostes que han necesitado
mayores contribuciones públicas.
P. ¿Y qué dice el Gobierno?
R. En el Parlamento han admitido
que el contribuyente ha debido
pagar 8.000 millones de libras.
Pero ya no se puede echar atrás.
Tiene firmados decenas de
contratos a 30 años vista que le
atan de manos. Además, los
intereses y lazos entre Gobierno
y constructoras son muy fuertes.
P. ¿Y tampoco están mejor
gestionados?
R. En muchos casos no, pero es
lo lógico. ¿Quién tenía 20 ó 30
años de experiencia? ¿Las
constructoras o el NHS? Es obvio
que todo es mejorable, incluso
la gestión pública, pero ha sido
un enorme derroche no utilizar
toda esa experiencia acumulada.
P. ¿Los pacientes han notado una
pérdida de calidad asistencial?
R. En muchos casos sí. Se han
abierto hospitales con
materiales baratos, que han
tenido que ser cambiados a los
dos años. Otros, sin los equipos
técnicos que debían. Y en la
mayoría, la calidad de los
servicios no médicos, los que
ponen las empresas y que más
debían mejorar con el PFI, dejan
mucho que desear. En el hospital
de Edimburgo, la comida era muy
mala y los pacientes se
quejaron. Al final, se supo que
era porque la comida no se hacía
en el hospital. Tampoco en
Edimburgo ni en Escocia. Se
hacía en Gales, ¡a más de 500
kilómetros! Es que a la empresa
le salía más barato así.
P. ¿No puede ser que una vez
superados los problemas
iniciales los PFI funcionen
mejor?
R. No parece. Los problemas en
el Reino Unido no disminuyen,
aumentan. Los PFI deben cerrar
el año con beneficios. Ése es su
fin. Se ha cambiado la lógica de
la salud de los pacientes por la
del beneficio empresarial.
P. ¿No es optimista?
R. Cuesta serlo. Tenemos un
Gobierno que ha perdido gran
parte de su capacidad de
maniobra en favor del interés
público. Tiene contratos a 30
años vista que está obligado a
cumplir, aunque no sepa cuáles
serán las necesidades futuras.
¿Qué pasa si en una zona se
necesitan menos camas en 15
años? ¿O si las nuevas técnicas
médicas reducen a la mitad los
días de ingreso tras una
operación? Nos podemos encontrar
con hospitales demasiado
grandes, o demasiado pequeños,
pero el Gobierno será rehén de
los contratos que ha firmado.
www.elpais.es 13.12.96
Lamela admite que la lista de espera es de 42 días, 12 más de la promesa de Aguirre
La contabilidad de la lista de espera quirúrgica en Madrid es tan compleja y tiene tantos matices que ayer su creador, el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, fue víctima de sus propios números. Lamela admitió, quizá en un desliz, que "la espera media" en Madrid para ser operado es de 42 días, desmintiendo así el mensaje repetido por el Gobierno regional durante toda la legislatura: "que nadie espera más de 30 días para ser operado en la sanidad pública". La presidenta Esperanza Aguirre ganó las elecciones prometiendo que dimitiría si no reducía la lista de espera a un mes.
Aguirre afirmó en la campaña electoral en un debate en Telemadrid que iba a reducir la espera máxima para ser operado en la sanidad pública a 30 días. "Y miren si estoy segura de lo que digo que me comprometo a dimitir si no lo cumplo", afirmó entonces la candidata.
Aguirre hizo su promesa con una normativa vigente: el Real Decreto 605/2003, de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas y que establece una contabilidad común para las listas de espera de toda España.
Tras ganar las elecciones, sin embargo, Lamela y Aguirre aprobaron para Madrid una nueva norma -la Orden 602/2004- que cambiaba las reglas del juego. A su favor, claro. La Orden modifica el sistema de contar a los pacientes, lo que les permite reducir los días de espera oficiales.
El decreto estatal dice que un paciente será incluido en la lista de espera cuando su médico le prescribe la operación. Y que sólo será excluido de la lista si el anestesista, al hacerle las pruebas preoperatorias, concluye que la salud del enfermo podría ponerse en riesgo en caso de entrar en quirófano. En este caso el enfermo será considerado como "transitoriamente no programable" y volverá a la lista cuando su salud le permita afrontar una intervención quirúrgica con garantías de éxito.
Aguirre y Lamela, en cambio, hacen lo contrario: consideran a todos los pacientes como "transitoriamente no programable" y los mantienen fuera de la lista de espera oficial hasta que el anestesista no da luz verde a la operación.
Las ventajas para Aguirre y Lamela son evidentes. Con las cuentas del Consejo Interterritorial, sólo un 7,8% de los pacientes constan como "transitoriamente no programables" y por lo tanto están fuera de la lista oficial. Con las que hacen Lamela y Aguirre, la cifra es cinco veces mayor: un 39,2%. La Ministra de Sanidad ilustró con otro dato los trucos de Lamela y Aguirre al señalar que la espera en el conjunto de España es de 72 días, pero que "sería de 20 días" simplemente con aplicar las cuentas de Lamela.
Entonces el consejero madrileño quiso replicar a la ministra conn sus datos. Dijo que, según la contabilidad de Madrid, la espera en la región es de 9 días. Pero añadió que en caso de utilizar el sistema estatal, la espera sería de 42 días.
"El problema para Aguirre y Lamela es que el 'sistema estatal' es el que estaba vigente cuando Aguirre hizo su promesa. Y sigue estándolo, por lo que parece que no han cumplido su promesa", ironizó una fuente del Consejo Interterritorial. "Lo del sistema de contar a pacientes que se han inventado luego es como apostarte una cena al fútbol y luego, cuando ves que perderás, cambias las reglas y dices que no hay fueras de juego y que tus goles valen triple", añadió esta fuente.
El Consejo Interterritorial expulsó hace un año a Madrid del cómputo nacional de las listas de espera. Sus datos, dice el Consejo, no cumplen la normativa estatal y, por tanto, no son comparables con las del resto de comunidades. Ninguna otra comunidad, ni las gobernadas por el PP como Baleares, Valencia o Murcia, ha tenido que pasar el trago de verse expulsada.
Un portavoz de Sanidad matizó por la tarde la afirmación de Lamela. "El consejero se refería a la demora media prospectiva", un concepto de gestión que mide el tiempo necesario para operar a todos los pacientes incluidos en la lista de espera. Como Aguirre en la última campaña electoral, Lamela habló ayer con matices. www.elpais.es 12.12.06
CC OO y UGT llaman a la huelga en la sanidad los días 14 y 15
El final de legislatura podría ser revuelto en la sanidad pública regional debido a los conflictos laborales. Los sindicatos CC OO y UGT convocaron ayer a los más de 65.000 trabajadores de la Consejería de Sanidad a secundar una huelga de 48 horas los días 14 y 15 de diciembre, dando así "por rota la paz social" firmada en mayo de 2004 con el consejero Manuel Lamela. CC OO y UGT anunciaron ayer el paro y una manifestación que recorrerá el centro de la capital el próximo 14 de diciembre
Los sindicatos médicos, por su parte, ultiman para esta semana otra jornada de huelga que, salvo acuerdo de última hora con Sanidad, será anunciada hoy en rueda de prensa.Estas huelgas serían las primeras convocadas contra las políticas de Lamela en la legislatura. Hace un año tuvo lugar una protesta de técnicos sanitarios, pero en este caso iba dirigida contra el Gobierno central. La última gran huelga por cuestiones políticas regionales tuvo lugar en diciembre de 2001 y estuvo convocada, también por CC OO y UGT, en contra de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM) del entonces consejero José Ignacio Echániz.El responsable de la Federación de Sanidad de CC OO de Madrid, Manuel Rodríguez, justificó la huelga por el "incumplimiento" de algunas medidas laborales recogidas en el acuerdo que selló la "paz social" con el departamento de Lamela y para las que el presupuesto del año próximo "no reserva partidas específicas". Entre las iniciativas pendientes de ejecutar citó la implantación de la carrera profesional, las bolsas de contratación, el decreto de selección y previsión, la homologación de los médicos residentes, y el Plan de Urgencias y Emergencias, que está "parado". "Esta huelga no es un