MANUEL LAMELA :  UN COMISIONISTA ILUSTRADO BAJO SOSPECHA


 NOTICIAS DEL SUSODICHO

MADRID NETWORK PROMETIÓ A LAMELA UN CRÉDITO MESES ANTES DE CONCEDERLOS

DOS EX ALTOS CARGOS DE AGUIRRE NO DEVUELVEN LAS AYUDAS QUE RECIBIERON

EL PSOE PEDIRÁ EXPLICACIONES EN BRUSELAS POR LOS ‘CHANCHULLOS’ ENTRE CAÑETE Y LAMELA

BRUSELAS RECONOCE QUE LAMELA PIDIÓ ENTREVISTARSE CON CAÑETE

LA MINERA DE URANIO QUE CONTRATÓ A LAMELA COMPRÓ SUELO AL ALCALDE DEL PP DE RETORTILLO POR EL DOBLE DE SU PRECIO

LAMELA MEDIÓ A FAVOR DE UNA MINA DE URANIO ANTE SU EXJEFE CAÑETE EN LA UE

Lamela asesoró a una empresa que equipó tres hospitales que él privatizó como consejero de Sanidad

EL PP DARÁ AL IMPUTADO LAMELA 60.000 EUROS PARA QUE PUEDA REHABILITAR UNO DE SUS EDIFICIOS

MATO CONTRATA A LAMELA PARA CAMBIAR EL MODELO DE GESTIÓN DE LOS HOSPITALES DEPENDIENTES DE SANIDAD

LOS OTROS NEGOCIOS SANITARIOS DEL IMPUTADO LAMELA

EL JUEZ MANTIENE LA IMPUTACIÓN A GÜEMES Y LAMELA POR COHECHO Y PREVARICACIÓN

UN JUZGADO PONE BAJO LA LUPA LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA DE MADRID

ADMITIDA LA QUERELLA CONTRA LAMELA Y GÜEMES POR LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA

IMPUTADOS LOS PROMOTORES DE LA PRIMERA PRIVATIZACIÓN DE HOSPITALES

GONZÁLEZ Y LASQUETTY DIERON CONTRATOS A ASSIGNIA TRAS EL FICHAJE DE LAMELA

UN MAESTRO DE LA PUERTA GIRATORIA

Una empresa a la que aconseja Lamela gestiona un hospital que él adjudicó

MATO Y LASQUETTY SALEN EN DEFENSA DE LAMELA

LA PUERTA GIRATORIA ENTRE LA SANIDAD PÚBLICA Y LA PRIVADA

CAPIO, EL GRAN GESTOR PRIVADO DE LA SANIDAD PÚBLICA

LOS GIGANTES DE LA SANIDAD PRIVADA

DE LA PÚBLICA A LA PRIVADA Y AL REVÉS

¿QUÉ FUE DE MANUEL LAMELA?

LA VENTA DE RIBERA SALUD A CAPIO BENEFICIARÁ A UN ALTO CARGO DE BANKIA

Nace Madrid Centro Médico para posicionar la región como referencia mundial en turismo sanitario privado

MADRID, DESTINO DEL TURISMO SANITARIO PRIVADO

MANUEL LAMELA, EX RESPONSABLE DE LA SANIDAD MADRILEÑA, LIDERA UN PROYECTO DE TURISMO MÉDICO

MANUEL LAMELA, DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO

Lamela, ex consejero de Aguirre, refuerza su asesoría con la sustituta de Correa

MANUEL LAMELA NOMBRA CONSEJERA DE SU CONSULTORA A ELENA SÁNCHEZ, EX MUJER DE JUAN COSTA

La empresa que gestiona los ordenadores de Sanidad tendrá acceso a las historias clínicas

Sanidad convocó un concurso para un sistema informático que ya había recibido

La salud de los madrileños llega a París

El mayor contrato, en los tribunales

Médicos privados reconocerán a los niños en los colegios públicos 

Sanidad tiene ya más pacientes a la espera de anestesista que de entrar en quirófano

Colapso en las urgencias de los hospitales

La OMS cuestiona los hospitales de Aguirre

La espera para el médico de familia llega a los siete días

La segunda jornada de huelga, marcada por la guerra de cifras de su seguimiento

Fallos de diseño y la crisis de Alzira

Aguirre: " Debería erigirle una estatua a Lamela "

La Comunidad reduce un 20% las nuevas inversiones en los centros sanitarios

"Espero seis meses para el especialista"

El sistema de gestión de hospitales previsto por Aguirre, cuestionado en Reino Unido

El PSOE dice que las empresas se embolsarán 2.000 millones

"Los hospitales fueron construidos con materiales baratos"

Lamela admite que la lista de espera es de 42 días, 12 más de la promesa de Aguirre

CC OO y UGT llaman a la huelga en la sanidad los días 14 y 15

El protegido de Aguirre multiplica en 11 años por 2.000 el capital de su empresa


MADRID NETWORK PROMETIÓ A LAMELA UN CRÉDITO MESES ANTES DE CONCEDERLOS

El exconsejero amenazó con hacer público el retraso en la financiación de su proyecto de turismo sanitario

El proyecto de turismo sanitario privado de Manuel Lamela nunca padeció la incertidumbre de la falta de financiación. El que fuera consejero de Sanidad con Esperanza Aguirre sabía que su negocio iba a contar con un crédito preferente salido de los presupuestos generales del Estado meses antes de que se concedieran las ayudas. Madrid Network, una entidad opaca creada por el Gobierno de Aguirre, le prometió algo más de un millón de euros procedentes de una partida de 80 millones destinados a financiar proyectos de innovación. 

Documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS muestra que Lamela sabía que Madrid Medical Destination (MMD), su proyecto para captar pacientes extranjeros y dirigirlos a las clínicas privadas de Madrid, iba a tener financiación pública al menos desde octubre de 2010. Es decir, meses antes de que se firmara el convenio entre la Comunidad de Madrid y Madrid Network para que esta última gestionara los créditos del Ministerio de Economía, en mayo de 2011. Lamela aseguró por carta a sus socios de la sanidad privada que MMD iba a recibir un préstamo de 1,4 millones el 10 de noviembre de 2010.

Por aquel entonces acababa de constituir una sociedad mercantil con el mismo nombre que el proyecto, Madrid Medical Destination. La fundación que preside, Fundación Lafer (un acrónimo de sus apellidos, Lamela Fernández), tenía el 85% de las participaciones. El otro 15% estaba en manos de los socios de Lamela y de Madrid Centro Médico, una asociación sin ánimo de lucro en la que participaban desde 2009 importantes grupos sanitarios con presencia en la capital. Con esta asociación iba Lamela a obtener la ayuda pública. La mercantil iba a ser la "herramienta de gestión".

Solo unos días después de la creación de la empresa, el 10 de noviembre de 2010, el equipo de Lamela envía a una quincena de grupos hospitalarios privados y otras empresas del sector sanitario un borrador de "pacto de socios" en el que les invita a comprar parte de las acciones y participar así en el capital de la empresa. En este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Lamela incluye un plan de negocio y afirma que Madrid Network "concederá a la nueva mercantil Madrid Medical Destination S.L un préstamo de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL EUROS (1.400.000 €) para el desarrollo del mismo, en los términos y condiciones que las partes ya conocen".

Faltaban aún más de cinco meses para que se firmara el convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y Madrid Network. Finalmente fueron 1,3 millones de euros los que consiguió el proyecto de Lamela. Solo se le llegaron a entregar 500.000 porque empezó a incumplir los objetivos y se le rescindió el contrato. Según la última memoria trimestral de Madrid Network, no los ha devuelto y ha sido demandada, tal y como adelantó EL PAÍS esta semana.

El "pacto de socios" no es el único documento que demuestra que Lamela contaba con ese dinero mucho antes de que otras empresas supieran de su existencia. El exconsejero de Aguirre se quejó por escrito, en una carta enviada al presidente de Madrid Network, Aurelio García de Sola, hombre de confianza de Aguirre y pariente político del marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, el 22 de marzo de 2011, de que el dinero que le habían prometido para su proyecto se estaba retrasando. Se lamentaba también de un "cambio de condiciones": le pedían garantías.

Según relata en la carta, las nuevas condiciones eran "garantías solidarias personales de los socios del proyecto o capitales sociales", que califica de "absurdos de suscribir" porque, argumenta, ya no suponen una ventaja comparativa con "la financiación privada que se puede obtener en el mercado". Este cambio "se percibiría como una ruptura de la confianza del sector sanitario privado madrileño en la capacidad de la Comunidad de Madrid de cumplir un compromiso acordado y cerrado", añade.

La carta, de más de tres páginas, insiste en otro párrafo en la mala imagen que va a dar la Comunidad de Madrid si no cumple lo prometido. "Me obliga a tener que plantear a la Asamblea de Socios algo que no van a entender y que en nada beneficia a la imagen de la Comunidad de Madrid, cosa que me preocupa y me gustaría evitar por un montón de razones que no hace falta que te traslade". Lamela le recuerda a García de Sola ese compromiso --confirmado "personalmente por vosotros", dice-- en varias ocasiones.

Si el 23 de mayo se firma el convenio, el 30 de ese mes García de Sola le comunica a Lamela que la evaluación de su proyecto es "positiva" y que ya es beneficiario del préstamo. Dos meses después, en julio de 2011, su proyecto se presentó en sociedad en una dependencia cedida por la concejalía de Economía del Ayuntamiento de Madrid. El apoyo del Gobierno de Aguirre se tradujo en la presencia de dos consejeros, el de Sanidad (Javier Fernández-Lasquetty) y el de Economía (Percival Manglano), y dos viceconsejeras. También tomó la palabra el entonces presidente de CEIM, Arturo Fernández.

El proyecto fracasó. "Nunca recibimos ni un solo paciente", asegura el responsable de una de las clínicas asociadas en Madrid Centro Médico: "Asistí a varias reuniones poco fructíferas; no se avanzaba nada. Recuerdo que daban a entender que estaban bien relacionados; decían que la Comunidad de Madrid les iba a dar un crédito de mucho dinero para ponerlo todo en marcha. Pasado un tiempo lo dejamos porque no parecía que aquello fuera a ninguna parte".

La asociación sigue inscrita en el registro regional y la empresa Madrid Medical Destination continúa activa, pero jamás ha presentado cuentas en el Registro Mercantil. Un portavoz de la Fundación Lafer aseguró que Lamela ya no preside la asociación. Este diario ha intentado reiteradamente, sin éxito, hablar con el exconsejero. Madrid Network aseguró que los proyectos que se financiaron fueron evaluados "con apoyo de empresas y personas independientes y con experiencia" y que, en último término, los aprobaba una comisión formada por la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Economía.

Infertilidad, cardiología y estética para pacientes extranjeros

Manuel Lamela aseguraba en 2011 que su proyecto iba a conseguir atraer a más de 12.000 pacientes extranjeros a los hospitales privados de Madrid, con un volumen de negocio de 18 millones de euros en 2016. Centros médicos prestigiosos como MD Anderson, el Instituto Valenciano de Infertilidad, la Clínica La Luz, la Clínica López Ibor o el grupo Capio estaban entre los asociados en Madrid Centro Médico.

"Desde la Comunidad de Madrid se estaba trabajando en un proyecto similar a este y tras un serie de reuniones se acordó integrar ambas iniciativas en una sola que tiene estructura mercantil y que es la encargada de poner en el mercado la oferta sanitaria privada de Madrid: Madrid Medical Destination", decía uno de los documentos de presentación.

Lamela aseguró durante la presentación del proyecto que uno de sus objetivos era que los centros médicos asociados consiguieran la certificación internacional de calidad de la Joint Commission, muy apreciada en el mundo anglosajón. También se lo decía a los socios, que pagaban una pequeña cuota por pertenecer a la asociación. 

La oferta de Madrid Medical Destination se iba a centrar en tratamientos de infertilidad (dirigidos sobre todo a pacientes de Italia, Alemania y Francia), cardiología (Rusia), cataratas y oncología (Reino Unido) y oftalmología y estética (países árabes). 

"El proyecto tiene como objetivo situar a Madrid en el mapa internacional como punto de referencia de calidad médico asistencia reconocido y posicionar a Madrid en este sector como uno de los players más importantes a nivel internacional". Así se describía el proyecto en una de las evaluaciones que le hizo Madrid Network, en julio de 2011. "Se trata de la oferta de un servicio. No aporta ninguna contribución al avance del conocimiento y al progreso tecnológico, entendido como tal", reconocía el evaluador, poniendo así en duda que se tratara de un proyecto de innnovación, el motivo por el que se le dio el crédito.

Lamela es el presidente de la Fundación Lafer, que se dedica a la formación y el asesoramiento en los sectores sanitario, agroalimentario y de infraestructuras, áreas en las que ocupó cargos públicos. También preside la consultora Business Assestment Plans & Projects (BAPP), con la que Madrid Network contrató por valor de 349.200 euros.

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/08/actualidad/1460137130_878785.html

DOS EX ALTOS CARGOS DE AGUIRRE NO DEVUELVEN LAS AYUDAS QUE RECIBIERON

Aguirre, el día de su dimisión como presidenta del PP de Madrid.

Ocho pleitos para recuperar nueve millones de euros de dinero público. Madrid Network, una entidad público-privada creada en época de Esperanza Aguirre, ha tenido que recurrir a los juzgados para exigir que ocho empresas le devuelvan los créditos ventajosos que esta les prestó para que realizaran proyectos de innovación. Entre las empresas figuran las de dos exaltos cargos de Aguirre que se beneficiaron de estos préstamos a bajo interés adjudicados a dedo en 2011: el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela y el exgerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.

De los nueve millones que Madrid Network no ha conseguido recuperar, tres y medio corresponden a las empresas de Lamela y De Miguel, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Ambos han declinado ofrecer su versión. Una de las empresas vinculadas a De Miguel, Safeview, ha sido condenada, en primera y segunda instancia, a devolver cerca de dos millones de euros “por incumplimiento contractual”, según la sentencia.

Proyectos morosos de Madrid Network

Entre las muchas fundaciones, empresas públicas y entidades que se crearon durante las dos legislaturas de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno de Madrid, Madrid Network es sin duda la más opaca. Al ser un ente de derecho privado, no presenta cuentas ni ante el Registro Mercantil ni ante los interventores públicos. Tampoco es fiscalizada por el Parlamento regional. No se sabe qué plantilla tiene, cuánto cobran sus directivos ni qué hace exactamente, a pesar de recibir cuantiosas aportaciones anuales de dinero público. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2016 le reservan una subvención de 450.000 euros.

La Comunidad de Madrid, entonces presidida por Esperanza Aguirre, encargó en 2011 a Madrid Network repartir entre empresas de la región un préstamo de 80 millones de euros en condiciones muy ventajosas —1,2% de interés, carencia de cinco años— procedente de los Presupuestos Generales del Estado. Era una partida del Ministerio de Ciencia e Innovación (hoy, Ministerio de Economía) destinada a financiar proyectos de I+D en la región.

Madrid Network es una entidad que nació del "impulso" del Gobierno madrileño, y con el respaldo de la patronal CEIM y de la Cámara de Comercio, que se define como “asociación sin ánimo de lucro”, pese a gestionar el reparto de millones de euros de dinero público, incluidos fondos estatales y europeos.

El Ministerio de Ciencia e Innovación firmó un convenio en octubre de 2010 con el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), empresa pública --esta sí-- de Madrid, para encargarle la gestión de 80 millones en préstamos preferentes para fomentar la innovación. El Imade (una de las entidades madrileñas investigada en el caso Gürtel) se clausuró en enero de 2011, y la ejecución del convenio se subrogó en mayo de 2011 a Madrid Network. Así fue como 80 millones de dinero público pasaron a manos de una asociación empresarial opaca.

Preguntada por EL PAÍS, la secretaría de Estado de Investigación, desarrollo e innovación confirma que aún no ha realizado la preceptiva auditoría para saber si esos fondos se emplearon correctamente. El motivo, según un portavoz, es que lo "prioritario" es cerrar los convenios que llevan confinanciación europea (FEDER) del periodo 2007-2013. La auditoría del dinero de Madrid Network debería haberse completado hace meses.

Dos de cada tres proyectos, fallidos

Pasados cinco años, dos de cada tres de los proyectos seleccionados a dedo por este ente público-privado opaco han resultado fallidos. En 13 casos, Madrid Network pactó una resolución amistosa con las empresas y fijó un calendario de devolución del dinero. Con 16 compañías tuvo que resolver los préstamos unilateralmente “debido a incumplimientos por su parte”, señala la última memoria de actividades entregada a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Economía.

"Numerosas incidencias" con los préstamos

Como la mayoría de los proyectos a los que Madrid Network decidió entregar los préstamos resultaron fallidos, a la entidad finalmente le ha sobrado dinero del que debía repartir entre empresas de I-+D. Así lo asegura en la última comunicación que envía al Ministerio de Economía, a través de la Consejería de Economía madrileña: "Tras las numerosas incidencias de incumplimiento, Madrid Network presenta un saldo positivo de tesorería de 5,2 millones de euros". Algunos beneficiarios no devolvieron el dinero, pero otros sí, y antes de tiempo, porque su negocio naufragó.

Madrid Network decidió usar esos 5,2 millones para devolver a la Comunidad de Madrid uno de los libramientos, según el calendario de amortización pactado en 2011, y tal y como recoge la memoria. Precisamente como Madrid Network ha estado pagando puntualmente el crédito que le transfirió la Comunidad, un portavoz de esta afirma que, de momento, todo está correcto. No consta que el Gobierno de Cristina Cifuentes haya realizado una auditoría, pero fuentes políticas afirman que el asunto se está estudiando al detalle.

Ocho de las empresas que resultaron agraciadas con créditos imposibles de conseguir en el peor momento de la crisis económica acabaron en concurso de acreedores. Con las otras ocho hubo que acudir a los tribunales. La “cuantía desembolsada” y no devuelta es de 9.028.402, según este documento de la propia Madrid Network, que se ha negado repetidamente a contestar preguntas de este diario.

De Miguel abandonó la presidencia de Safeview en 2004 pero le sustituyó al frente de la empresa su cuñado, Fernando Ruano, como administrador único, según figura en el Registro Mercantil. De Miguel es actualmente administrador único de Zubenelgenubi S L, una de las dos mercantiles que actuaron como fiadoras de Safeview cuando esta firmó el crédito con Madrid Network en 2011. La otra es Servicios Financieros Aravaca, administrada por Ruano en esa época y que comparte sede social con Zubenelgenubi.

Ambas fueron condenadas por la Audiencia Provincial en junio de 2015 a devolver los dos millones de euros del préstamo público. Según fuentes judiciales, han recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. Responsables de Safeview se negaron a dar su versión y amenazaron a EL PAÍS, por escrito, con demandas judiciales.

Saerco, administrada desde 2009 por De Miguel, tampoco devolvió los casi 1,3 millones de euros del crédito a la innovación, según la documentación consultada. Madrid Network demandó a la empresa. Con la fecha de juicio ya fijada para el 11 de febrero pasado, Saerco pidió que se suspendiera para llegar a un acuerdo. Tanto Madrid Network como la Comunidad de Madrid declinaron confirmar si se ha alcanzado un pacto para devolver el dinero. EL PAÍS ha intentado, sin éxito, que Saerco y De Miguel ofrecieran su versión.

Otra de las polémicas adjudicaciones de créditos públicos recayó en el proyecto de sanidad privada del exconsejero de Sanidad Manuel Lamela. En esta ocasión, Madrid Network entregó 500.000 euros a una asociación llamada Madrid Centro Médico que en 2011 presidía Lamela. “Tras la resolución del préstamo debido a los incumplimientos [...] en diciembre de 2013 se pactó con la entidad un calendario de devolución de lo prestado y los intereses”, señala la documentación. “El beneficiario asociado solo abonó las cuotas previstas para 2013”, añade.

Pese a que han pasado más de dos años, “el procedimiento está pendiente de que se admita a trámite por el juzgado y se requiera de pago a la demandada”, asegura la memoria presentada al Gobierno y que sigue sin auditar. Ni Lamela ni el tesorero de la asociación, Mario Esteban, quisieron responder a las preguntas de este diario. Tanto este último como un portavoz de la Fundación Lafer que preside Lamela aseguraron que ya no ocupan cargos en la asociación que recibió el préstamo. En el Registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid seguían figurando hasta finales de febrero ambos como miembros de la junta directiva.

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/04/actualidad/1459775211_154259.html

EL PSOE PEDIRÁ EXPLICACIONES EN BRUSELAS POR LOS ‘CHANCHULLOS’ ENTRE CAÑETE Y LAMELA

Ha presentado varias preguntas ante la Comisión Europea para saber cómo influyó la amistad de los dos políticos en la adjudicación de una mina de uranio en Salamanca

El Partido Socialista en el Parlamento Europeo pedirá explicaciones a la Comisión después de que se conociese que Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, intermedió ante Miguel Arias Cañete, actual comisario de Energía, para que se concediese a la empresa Berkeley la apertura de una mina de uranio en Salamanca. Se da la casualidad de que Lamela, después de intentar privatizar la sanidad madrileña, fue de 2000 a 2003 subsecretario de Agricultura con Cañete de ministro.

Los socialistas han enviado dos preguntas escritas al ejecutivo comunitario para conocer “qué argumentos justificaron la opinión positiva de la Dirección General de Energía respecto al proyecto” de Berkeley y “los contactos mantenidos por el Sr. Lamela con el gabinete del Sr. Arias Cañete”.

Las preguntas tienen mucho sentido ya que la adjudicación está plagada de sombras, especialmente con el hecho de que la empresa Berkeley pidiese que el informe para dar luz verde al proyecto fuese clasificado.

Coincidencia de fechas
Por otro lado, el PSOE también se ha interesado por “el calendario establecido para la autorización” del proyecto, especialmente “la fecha de solicitud, la fase de evaluación y la adopción del dictamen positivo” para autorizar la mina de uranio en el pueblo de Retortillo (Salamanca).

El interés en las fechas concretas radica en que Lamela inscribió en Bruselas su despacho personal poco más de un mes después del nombramiento de Miguel Arias Cañete como comisario de Energía, el 1 de noviembre de 2014.

Conflictos de intereses
A tenor de esta información, parece que Cañete ha optado por no dejar atrás los escándalos por conflictos de intereses que le acompañaron durante su etapa como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, funciones que combinaba con su estatus de accionista de las empresas petroleras Ducor y Petrologis Canarias.

Participaciones que tuvo que vender, según informó el Grupo Popular en Bruselas, con motivo de su fichaje como comisario europeo. Porque Europa es otra cosa, o ¿tal vez no?

http://www.elplural.com/2015/12/02/el-psoe-pedira-explicaciones-en-bruselas-por-los-chanchullos-entre-canete-y-lamela/

BRUSELAS RECONOCE QUE LAMELA PIDIÓ ENTREVISTARSE CON CAÑETE

La oficina del comisario asegura que el ministro no llegó a recibirle, aunque sí lo hicieron otros miembros de su departamento. Las respuestas de la Comisión Europea son incompletas, según los eurodiputados Socialistas, Verdes, de UpyD, de IU y de Podemos

Este pasado enero, con Cañete recién incorporado a sus funciones, "la empresa solicitó una entrevista" pero el gabinete del Comisario "trasladó la demanda a los expertos de la Dirección General de la Energía", según las normas del Tratado Euratom, ha explicado a la Cadena SER la portavoz de la Comisión para temas de energía Anna-Kaisa Itkonen.

El hombre que se inscribió en el Registro de Transparencia de la Comisión Europea para negociar en nombre de Berkeley era Manuel Lamela. Pero el exnúmero dos de Arias Cañete en su etapa de ministro de Agricultura no le ha visto en Bruselas, según la portavoz de Energía, que precisa: "El Comisario no se ha reunido con el Sr. Lamela durante este proceso". Lo que la Comisión no puede precisar es cuántas reuniones se han organizado entre Manuel Lamela como representante de la empresa minera y los expertos de la Dirección General de la Energía antes de que el comisario diera luz verde al informe final sobre la mina.

Versión mutilada del dictamen positivo sobre la mina de uranio de Retortillo

Un detalle importante y por el que el grupo socialista ha decidido ya pedir explicaciones. "Vamos a pedir a la Comisión Europea explicaciones. Queremos que nos diga cuáles han sido las relaciones con esta empresa y por supuesto haremos lo posible para conocer el contenido del informe final al que en estos momentos no hay acceso posible", explica Iratxe García, presidenta de los socialistas españoles.

El informe firmado por Cañete dando luz verde a la mina de uranio en Retortillo no es vinculante, explican intentando reducir la polémica fuentes de su entorno más próximo. Pero su contenido es hoy secreto porque la ley permite proteger los intereses industriales de las empresas.

Determinar cuál es el interés que ha invocado Berkeley para tener derecho a mantener clasificados los argumentos de la autorización es lo que deberá explicar ahora la Comisión. Porque la preocupación crece. "Absolutamente que nos preocupa", afirma la eurodiputada de UPyD Maite Pagazartundúa, que añade, "ya tuvimos muchísimas dudas y nos pareció bastante incorrecto que Cañete, que no estaba totalmente desvinculado de sus intereses familiares, tomará el cargo y ahora nos encontramos con que un amiguete se ve favorecido y obtiene una buena retribución para un ejercicio de lobby que nos parece poco decente".

El caso puede inscribirse en un problema de "conflicto de intereses" para los Verdes que a petición de Equo ha redactado ya una pregunta escrita exigiendo que clarifique la información por entender que los argumentos de la portavoz no responden a los interrogantes que formula la mediación de Manuel Lamela. Una inquietud compartida también desde Podemos donde consideran que la mediación de Lamela es "una vergüenza". Para Podemos este "es un caso escandaloso", dice Tania González. La eurodiputada cree que la Comisión debe añadir explicaciones pero también reclama que se pronuncie el Partido Popular cuyo grupo europarlamentario, hasta el momento, ha declinado hacer declaraciones.

Desde Izquierda Unida, Marina Albiol, ha recordado que su grupo se opone a esta futura mina de uranio y anuncia también una pregunta escrita para clarificar un caso "de puertas rotatorias y confusión entre interés público y beneficios privados que no es el primero para el Comisario Cañete".

http://cadenaser.com/ser/2015/12/02/internacional/1449081897_247216.html

LA MINERA DE URANIO QUE CONTRATÓ A LAMELA COMPRÓ SUELO AL ALCALDE DEL PP DE RETORTILLO POR EL DOBLE DE SU PRECIO

Veinte hectáreas de suelo rústico en el paraje conocido como El Sierro chico. A la vista, un terreno pedregoso con un pequeño encinar. La finca 104 del plan parcelario de Retortillo, en Salamanca, fue el lugar elegido por la minera Berkeley, que pretende abrir la que será la única mina de uranio a cielo abierto de Europa, para instalar sus oficinas.

Los terrenos pertenecían a la familia de quien en aquel momento era alcalde del municipio, Javier Santamartina, del Partido Popular. Concretamente eran propiedad de su madre (el regidor es su único hijo)

Berkeley, había solicitado a finales de 2011 los permisos necesarios para su proyecto a la Junta de Castilla y León y al tiempo había comunicado al ayuntamiento de Retortillo su intención de trasladar sus oficinas desde Salamanca al pequeño municipio.

En abril de 2012, el alcalde de Retortillo, Javier Santamartina, otorgó a Berkeley los permisos municipales necesarios para abrir sus oficinas a la minera. Ocho meses después Berkeley compraba la finca familiar del entonces alcalde y comenzaba allí la construcción de su nueva sede.

Al doble del precio de mercado

De acuerdo con la certificación registral de la finca despositada el el registro de la propiedad de Ciudad Rodrigo, su precio de compra fue de 197.414 euros. El equivalente a 10.000 euros por hectárea. Un valor que, según las fuentes consultadas por la SER, está muy por encima del precio de mercado. Manolo Serrano, representante de Ecologistas en Acción en la delegación de Salamanca del Consejo Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, "el tipo de terreno de la finca en cuestión está valorado en un máximo de 5000 euros".

La empresa lo atribuye a una casualidad

Desde la empresa Berkeley, aseguran que la compra de la finca familiar del alcalde se debió a una casualidad y niegan haber elegido el emplazamiento por ese motivo. Berkeley explica que eligió ese terreno para sus oficinas por la proximidad de este a la futura mina de uranio que planean. "Todo se hizo de manera legal", insisten.

http://cadenaser.com/ser/2015/12/04/politica/1449213899_063400.html

LAMELA MEDIÓ A FAVOR DE UNA MINA DE URANIO ANTE SU EXJEFE CAÑETE EN LA UE

Una empresa australiana contrató como 'lobbista' a un exalto cargo del actual comisario de Medio Ambiente

Manuel Lamela, ex alto cargo del exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, cobró por mediar a favor de la construcción de una mina de uranio ante la Unión Europea, según publica este miércoles la Cadena Ser. La empresa australiana Berkeley, promotora del proyecto energético que se ubicará en Retortillo (Salamanca), contrató al ex subsecretario del dirigente popular hace menos de un año, aunque este no tiene ningún tipo de relación con el sector de la energía, el ámbito nuclear o el entorno comunitario.

Berkeley registró el fichaje del ex subsecretario de Agricultura el pasado 26 de diciembre de 2014. Lamela inscribió entonces su despacho personal, Acountax, en el registro de lobbies de la UE. El único cliente del asesor era la empresa minera y él el único lobista autorizado por la misma. El exministro popular Miguel Arias Cañete había sido nombrado comisario de Energía justo un mes antes, el 1 de noviembre.

La empresa sometió el proyecto de la mina de uranio al dictamen de la UE semanas después de que Lamela comenzase a trabajar oficialmente para Berkeley. En el departamento que tenía que examinar el plan energético se encontraba el ya comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, que dio luz verde a la operación en Retortillo. Y no solo eso, sino que fue el propio exministro, como detalla la Cadena Ser, quien firmó cinco meses después, en mayo de este año, el dictamen positivo de la Comisión Europea sobre la mina.

Según Berkeley, "en su informe la Comisión resaltaba los progresos realizados por la empresa en el cumplimiento de las obligaciones de comunicación a la UE que establece el artículo 41 del Tratado del Euratom, al tiempo que destacaba que el proyecto de Retortillo responde a la estrategia energética de la Unión Europea".

Pero la Cadena SER especifica que es imposible comprobar cuáles fueron los argumentos exactos del comisario para autorizar el proyecto, porque el contenido del informe, según la Comisión, está clasificado "a petición de la propia empresa". El propio organismo europeo ha dirigido un escrito a la emisora en el que acompaña una versión "mutilada del informe", en la que solo es visible el prefacio y la firma del comisario Cañete.

Sobre la polémica contratación de Lamela, la empresa Berkeley desvincula el fichaje del ex subsecretario como lobbista de su relación con el comisario de Energía, y manifiesta que "la empresa puede contratar a los profesionales que tenga por conveniente" y que ha contado con él para asuntos puntuales "como abogado del Estado, experto en asuntos de derecho administrativo".

http://politica.elpais.com/politica/2015/12/02/actualidad/1449044625_684122.html

Lamela asesoró a una empresa que equipó tres hospitales que él privatizó como consejero de Sanidad

La empresa Eductrade recibió 10,7 millones de euros a cambio de amueblar los hospitales de Parla, Coslada y Aranjuez, construidos bajo un sistema semipúblico

El político madrileño, que abandonó el Gobierno de Aguirre en 2007, asesoró a esta compañía entre 2010 y 2013

La empresa Eductrade, a la que asesoró durante dos años y medio el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela, amuebló a cambio de 10,7 millones de euros tres de los hospitales que puso en marcha el Ejecutivo de Esperanza Aguirre en 2005 bajo concesión semipública. Se trata de los hospitales de Coslada, Parla y Aranjuez, cuya construcción y explotación de la parte no sanitaria durante 30 años fue adjudicada por la Consejería que encabezaba el propio Lamela a dos UTE lideradas por Sacyr (en Coslada y Parla) y Constructora Hispánica (en Aranjuez).

Manuel Lamela está precisamente imputado por los delitos de prevaricación y cohecho, cometidos presuntamente al realizar en su etapa de consejero adjudicaciones a empresas que luego le contrataron (es el caso de Constructora Hispánica). Este periódico ha intentado, sin éxito, conocer la versión de Lamela sobre su relación exacta con Eductrade.

infoLibre tuvo conocimiento de que Eductrade había equipado los tres hospitales madrileños gracias a los datos que constan en uno de los correos electrónicos secretos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, a los que ha tenido acceso este periódico. La información fue confirmada por un portavoz oficial de Eductrade.

Una vez edificados en 2006 y 2007, a través de sendos contratos privados, Sacyr y Constructora Hispánica (ahora Assignia) pagaron a Eductrade un total de 10.703.996 euros para que se encargara del equipamiento mobiliario de estos hospitales (camas, armarios, salas de espera...). Al tratarse de un acuerdo entre dos empresas privadas no hubo concurso público. En concreto, Sacyr firmó con Eductrade un contrató por valor de 4.507.877,59 y 4.313.986,92 euros, respectivamente, para el equipamiento de los centros sanitarios de Coslada y Parla, mientras que Constructora Hispánica abonó 1.882.131,62 por el de Aranjuez. Eductrade es ahora una filial del grupo empresarial Essentium, del que también forma parte Assignia, que es la empresa que gestiona toda la parte no sanitaria del hospital de Aranjuez.

Los hospitales de Coslada, Parla y Aranjuez fueron construidos bajo una fórmula de gestión mixta –el llamado modelo PFI de iniciativa de financiación privada, por sus siglas en inglés–. Esta fórmula consiste en que la Administración, que gestiona la parte sanitaria, cede a la concesionaria la financiación, construcción y gestión de la parte no sanitaria de los hospitales (administración, limpieza, alimentación, lavandería, aparcamiento, locales comerciales, etc.) a cambio de un canon que paga durante 20 o 30 años. Fuentes de la Consejería de Sanidad de Madrid confirman que los contratos para equipamiento sanitario y la alta tecnología de esos hospitales "se realizaron desde la Consejería de Sanidad a través de concurso público". Es decir, estas concesionarias "sólo dotaron las camas y aquellos elementos sanitarios que estuviesen anclados a la pared, como dispensadores de oxígeno".

Paso de la pública a la privada

Manuel Lamela fue nombrado consejero de Sanidad por Aguirre en 2003 a pesar de no tener experiencia en este campo. Dejó este departamento en 2007 marcado por el escándalo de las supuestas sedaciones en el Severo Ochoa. De ahí recaló en la Consejería de Transportes, hasta que cayó en 2008. En 2010 pasó a formar parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, la empresa que lidera la gestión del hospital madrileño del Tajo, en Aranjuez, según avanzó en abril de 2013 la cadena Ser. Fuentes de la compañía han asegurado a infoLibre que "por decisión empresarial" Lamela, que dirigía su actividad "de forma exclusiva" al asesoramiento de la gestión de servicios no médicos de América Latina, ya no forma parte del grupo. El pasado verano se cambiaron todos los miembros del consejo de administración y desde entonces el exconsejero mantiene una actividad privada al margen de estas compañías.

Hasta el momento, el exconsejero de Sanidad permanece imputado, al igual que su sucesor en la Consejería de Sanidad, Juan José Güemes, tras la querella interpuesta por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid admitió a trámite el escrito del colectivo profesional en el que solicitaba la imputación de Lamela y Güemes por los delitos de prevaricación y cohecho. El colectivo de médicos considera que ambos cargos cometieron esos delitos al haber intervenido en las adjudicaciones a empresas "con un accionariado opaco [...] que se beneficiaron de dichos acuerdos para después contratar los servicios de anteriores consejeros de Sanidad, como el señor Güemes y el señor Lamela, responsables políticos de la adjudicación", según especifica un auto del 29 de octubre del año pasado.

En concreto, la querella especifica que el Hospital del Tajo fue licitado y adjudicado durante la etapa en la que era consejero de Sanidad. Además, el propio Lamela inauguró el hospital que ahora gestiona la sociedad a la que asesoró durante más de dos años. La concesión recayó en un consorcio liderado por Costructora Hispánica en colaboración con Construcciones Sánchez Domínguez (Sando) e Instalaciones Inabensa. Las dos primeras empresas han aparecido en el sumario del caso Gürtel. El contrato, firmado por el exconsejero Lamela, concedía a Hispánica y sus socios la construcción del edificio y el mantenimiento y gestión de todas las áreas no asistenciales (historias clínicas, celadores, seguridad, entre otros) a cambio de un canon anual de 217 millones en 30 años.

Los contratos de Eductrade

Gracias al correo electrónico secreto de Blesa se ha podido conocer que Constructora Hispánica también ha obtenido beneficios por el equipamiento mobiliario de tres centros médicos. Así, el mensaje enviado el 19 de enero de 2009 por Blesa a su número dos en la entidad financiera, Ildefonso Sánchez Barcoj, relata que la constructora había entrado en 2006 en el accionariado de Eductrade. En concreto la firma Constructora Hispánica, acusada de pagar importantes cantidades en dinero negro a los integrantes de la red Gürtel capitaneada por Francisco Correa, se hizo entonces con el 60% de la sociedad. El resto del capital, el 40%, se lo repartían a partes iguales el empresario Ángel Alburquerque y "un profesional independiente que fue director de la antigua Focoex", indica el correo electrónico al que ha tenido acceso infoLibre, que no identifica a esta última persona.

El equipo de comunicación del grupo Essentium ha confirmado a este diario que el 100% de Eductrade pertenece ahora a este grupo y que la relación que mantiene con Assignia es que ambas forman parte del mismo grupo empresarial y que, por tanto, trabajan juntas para dar "una respuesta integral" a determinados proyectos. En 2009 Essentium compró Constructora Hispánica y asumió las obligaciones adquiridas por esta.

Concesiones

El Hospital del Tajo (Aranjuez) comenzó a prestar servicios hospitalarios en 2008, y dos años después su gestión protagonizó un giro total. El principal propietario de la Constructora Hispánica, el murciano Alfonso García-Pozuelo Asins, fue imputado por pagar presuntamente dinero negro en el marco de la trama Gürtel. Después vendió el 100% de su empresa. El comprador fue el grupo Essentium, convirtiéndose así el gestor del Hospital de Aranjuez. El grupo cambió de nombre comercial de Hispánica a Assignia Infraestructuras, y renovó su equipo de consejeros.

El correo electrónico de Blesa incluye, además, un repaso de las concesiones que ha recibido la sociedad Eductrade desde la entrada en la misma de la empresa Constructora Hispánica. "Eductrade sigue manteniendo hoy su rentable negocio de proyectos internacionales pero se ha introducido con fuerza en el sector de las concesiones de negocios que le son afines", puede leerse en el correo.

Según el correo, además de las adjudicaciones sanitarias, cuando Lamela era consejero de Sanidad del Gobierno de Aguirre, Eductrade se hizo con la concesión por parte de la Comunidad de Madrid de la construcción, equipación y gestión, por 10 y 50 años, de dos colegios concertados en la Comunidad de Madrid. Según ha podido comprobar este diario, uno de los centros educativos es el colegio Tajamar, vinculado con el Opus Dei. Además de las concesiones del Ejecutivo de Aguirre, Eductrade también se benefició de la adjudicación de dos polideportivos municipales por parte del Ayuntamiento de Madrid.

Los nombres de las empresas Eductrade y Focoex aparecieron en la prensa española en los años 90 tras una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, Eductrade pertenecía al grupo empresarial de Jesús Polanco. El caso, relacionado con pagos irregulares en Uruguay, fue archivado.

Resultados "muy pobres"

Pero el éxito de la empresa Eductrade desde la entrada en 2006 de Constructora Hispánica en su accionariado contrasta con las cifras obtenidas hasta el 18 de abril de 2005. Según otro correo de Blesa que se adjunta en esta información, Eductrade presentaba unos resultados "muy pobres y decrecientes desde el año 2000". De hecho, según este mensaje, en 2002 y 2003 el resultado de explotación fue "negativo (2,23 millones y 1,94 millones) que compensa con diferencias positivas de cambio".

El mensaje, enviado por el empleado de Caja Madrid Mariano Pérez Claver a Blesa, destaca asimismo que la actividad de la compañía hasta ese momento se concentraba "en países de elevado riesgo político, operando en su mayor parte con créditos FAD y por la información disponible no nos consta ningún proyecto de importancia desde 2003". Y por eso, Pérez Claver desaconseja a Blesa entrar en el capital de la firma Eductrade: "Salvo que los gestores tengan un plan que no dejan ver las cifras, a primera vista no parece que pueda ser una oportunidad para entrar en el capital. Desde Riesgos piensan lo mismo", completa el mensaje.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/03/17/lamela_asesora_una_empresa_que_equipo_tres_hospitales_que_privatizo_como_consejero_14549_1012.html

EL PP DARÁ AL IMPUTADO LAMELA 60.000 EUROS PARA QUE PUEDA REHABILITAR UNO DE SUS EDIFICIOS

El Ayuntamiento de Burgos, que ha previsto la ayuda, explica que la finca está encima de una puerta histórica. La que junto con el exconsejero madrileño es dueña del inmueble, que es también la madre del exdirigente, no descarta que su hijo haya tratado con el consistorio "porque tenga amigos"

El Ayuntamiento de Burgos, controlado por el PP, ha reservado una partida presupuestaria para sufragar el 50% de los gastos de la rehabilitación de un céntrico edificio del municipio que es propiedad de una empresa del exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela. El 31 de octubre, éste fue imputado por cohecho y prevaricación por las supuestas irregularidades que cometió durante el proceso de privatización de diferentes hospitales madrileños.

Apenas 13 días antes, el 18 de ese mes, el Gobierno municipal había firmado un convenio (ver PDF) con la entidad Inversiones Lamela Campos S.L., de la que el exdirigente madrileño y hombre de confianza de Aguirre es administrador solidario -según la información que figura en el registro mercantil-, para darle 60.000 euros, la mitad de 120.000, el total de la obra presupuestada. A pesar de la imputación de Lamela el convenio no ha sido revocado. La otra administradora solidaria de la empresa es Carolina Fernández Blay, la madre del exconsejero madrileño tal y como ha reconocido ella misma en declaraciones a este diario.

El acuerdo, al que Público ha tenido acceso, nace para sufragar el gasto de la remodelación de las galerías existentes en las dos fachadas del edificio propiedad de la empresa de Lamela, y que están encima de la conocida como Puerta o Arco de San Juan. Se trata de una edificación que según establece el convenio está "descrito en el catálogo de bienes protegidos del centro histórico de Burgos", y cuyos vestigios se remontan al siglo XIII, si bien el arco ahora construido es del XIX.

"Por el interés de la ciudad"

El arco lo cruzan al día cientos de personas para entrar en el centro histórico de la ciudad, pero ahora el Ayuntamiento quiere hacer el edificio "visitable", según explica a este diario el concejal de Fomento del consistorio burgalés, Ángel Ibáñez. Y es que la contrapartida de la subvención municipal es que la empresa de Lamela se compromete a dejar entrar a su edificio, en el que viven diferentes vecinos, a al menos 20 personas cada año,

Ibáñez apunta a que únicamente existe "una partida presupuestaria" en las cuentas del municipio para el próximo año destinada a sufragar esas obras, así como el mencionado convenio. Pero explica que aún no hay nada ejecutado ni cerrado. En todo caso, el concejal precisa que "el único objetivo" que persigue la financiación de la obra es "el interés de la ciudad" por habilitar como "visitable" la "única puerta histórica de la ciudad que queda en pie". "No se ha tenido en cuenta, como nunca se tiene, quién es el propietario de la sociedad ni su situación judicial", ha remarcado.

"Una puerta única" en la ciudad

El espacio objeto de la rehabilitación sería, en todo caso, el inmueble propiedad de la mencionada Inversiones Lamela Campos S.L., una empresa que tiene ánimo de lucro ya que entre su objeto social se encuentran, entre otros, las "operaciones inmobiliarias de cualquier naturaleza" o el "asesoramiento jurídico".

Asimismo, y a diferencia de lo que suele ser habitual en este tipo de reformas, la entidad de Manuel Lamela no ha tenido que concurrir a ninguna convocatoria pública para poder optar esas ayudas. Ibáñez explica que el hecho de que se haya acordado hacerlo a través de un convenio entre la empresa y la Consejería de Economía se debe a que "es una puerta única" en la ciudad.

Lamela evita hacer declaraciones

La que junto con el exconsejero madrileño es la propietaria del inmueble -por ser también la administradora solidaria de Inversiones Lamela Campos S.L.-, que resulta ser además la madre de Lamela, explicó ayer a este diario que si se ha llegado a ese acuerdo con el consistorio burgalés ha sido porque ella es "la dueña" y hace "lo que quiere" con el edificio. Respecto a la ayuda solicitada Fernández Blay la justificó porque se trata de un edificio "de más de 200 años" que "es monumento artístico nacional".

Además, si bien en un principio trató de desvincular a Lamela de sus negocios, al recordarle que es con él con quien comparte la administración de la empresa explicó que es así por su relación familiar. Finalmente, no descartó "que él haya tratado con el ayuntamiento porque tenga amigos". "No lo sé", zanjó. Este diario también se puso ayer en contacto con el despacho del exconsejero madrileño, si bien tras explicar desde el mismo que se dejaría "constancia" de la llamada de Público, no se obtuvo ninguna respuesta.

El PSOE denuncia que ya son dos años sin ayudas

El caso fue denunciado hace una semana por el PSOE local, tal y como recogieron medios locales como El Diario de Burgos. El concejal socialista Antonio Fernández Santos lamentaba entonces la "desfachatez que tienen los que gobiernan pensando que esto es suyo y pueden hacer con la ciudad lo que les dé la gana". Él explica ahora que el Ayuntamiento de Burgos lleva "dos años" sin conceder ninguna ayuda económica para la rehabilitación de viviendas en el Centro Histórico de Burgos.

Y enfatiza en el hecho de que la convocatoria de ayudas a edificios de la zona vieja de la ciudad establece que "en ningún caso se otorgarán ayudas" para la realización de "obras en edificio de propiedad o uso exclusivo de personas jurídicas que realicen sus actividades con ánimo de lucro". En consecuencia, explica, "ni aunque hubiera habido convocatoria de subvenciones para la concesión de ayudas a la rehabilitación se hubiera podido conceder ninguna a la mercantil Inversiones Lamela Campos S.L". Así, "dado que no existía ningún resquicio legal para conceder esta subvención directa", Fernández Santos denuncia que se ha recurrido a la fórmula de un convenio

http://www.publico.es/488739/el-pp-dara-al-imputado-lamela-60-000-euros-para-que-pueda-rehabilitar-uno-de-sus-edificios

MATO CONTRATA A LAMELA PARA CAMBIAR EL MODELO DE GESTIÓN DE LOS HOSPITALES DEPENDIENTES DE SANIDAD

El Ministerio abonará 36.000 euros a la empresa de exconsejero Manuel Lamela a cambio de "la asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión clínica". Un proyecto que Sanidad pretende poner en marcha en los hospitales de Ceuta y Melilla

El Ministerio de Sanidad ha adjudicado a sendas consultoras privadas "la asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión clínica y su implantación" en los hospitales Comarcal de Melilla y Universitario de Ceuta.

Estos centros son los únicos hospitales españoles que dependen orgánicamente del Ministerio de Sanidad y no de las distintas Comunidades Autónomas.

De acuerdo al pliego de condiciones del contrato, la intención del Ministerio de Sanidad es implantar en los hospitales de Ceuta y Melilla las llamadas Unidades de Gestión Clínica: pequeñas "microempresas" dentro de los centros sanitarios públicos dotadas de entidad jurídica propia. Departamentos que podrán administrar su propio presupuesto y que contarán con personal regulado por el régimen laboral de las empresas privadas, sometido a un sistema de incentivos en función de criterios de eficiencia.

Un sistema que para la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública "es en realidad una privatización encubierta que pretende dar una entrada discreta al sector privado". Concretamente, los médicos de la Marea Blanca denuncian que con las Unidades de Gestión Clínica "se pretende introducir de manera encubierta una empresarización de los servicios hospitalarios y de los centros de Salud que provocará que las decisiones clínicas de los profesionales sanitarios estén sometidas a las políticas empresariales" primando "el cribado de pacientes y patologías atendiendo a criterios de rentabilidad".

Según apunta la Federación, las farmacéuticas, multinacionales sanitarias o fondos de capital riesgo podrán gestionar los centros sanitarios "a cambio de aportar recursos y capitalización" por lo que estas Unidades "sólo beneficiarán a empresarios, laboratorios, consultoras y a personajes vinculados a la actual administración que participen en la llamada puerta giratoria".

Y por ahora, desde luego, así es; ya que el Ministerio de Sanidad ha contratado a la empresa BAPPH (Business AssesstemtPlans and ProjectsHealthcare SL) presidida por el exconsejero de Sanidad madrileño Manuel Lamela, para pilotar el nuevo modelo que se implantará en los únicos dos hospitales que gestiona el gobierno Central.

Lamela está imputado por tráfico de influencias y prevaricación durante el proceso de privatización de la Sanidad madrileña ya que recaló en las mismas empresas que consiguieron gestionar los hospitales madrileños que él mismo había privatizado siendo consejero.

En la empresa de Lamela, figuran también como asesores dos antiguos colaboradores suyos en la Consejería de Sanidad: Germán Rasilla Arias, ex alto cargo de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitarias y Jorge Fernández Ordás, ex director general Farmacia de la Comunidad de Madrid.

Junto a la consultora de Lamela, el departamento de Ana Mato ha contratado también para la misma tarea a Mensor Asesores, un despacho asesor compuesto asimismo por profesionales provenientes del sector público. Ambas empresas se encargarán respectivamente de cada uno de los hospitales de las cidades autónomas. La consultora de Lamela, del hospital comarcal de Melilla y la otra asesoría, del hospital universitario de Ceuta.

De acuerdo al pliego de prescripciones técnicas ambas empresas deberán "valorar en qué servicios pueden desarrollarse Unidades de Gestión Clínica, así como diseñar y colaborar en la gestión del cambio de modelo" en los hospitales de Ceuta y Melilla. A cambio ambas empresas recibirán 36.000 y 46.000 euros respectivamente con cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad.

Se da la circunstancia de que el Ministerio de Sanidad está dotado de un órgano asesor, el Instituto de Salud Carlos Tercero (dependiente del Ministerio de Economía) que cuenta con la Escuela Nacional de Sanidad. Un órgano que tiene en sus filas a reputados especialistas en Gestión Clínica cuya asistencia técnica tendría coste cero para las arcas públicas.

Sanidad afirma que desconocía que la empresa fuera de Lamela
Desde el Ministerio de Sanidad reconocen que se ha adjudicado por concurso ese informe sobre el hospital de Melilla a la empresa de la que estamos hablando pero insisten en que no sabían siquiera que la empresa fuera de Lamela.

Dicen que el proceso ha sido escrupulosamente legal, que se presentan muchas empresas a un concurso como éste, y que ganó la que tenía la mejor oferta técnica y económica.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/mato-contrata-lamela-cambiar-modelo-gestion-hospitales-dependientes-sanidad/csrcsrpor/20131125csrcsrnac_2/Tes

LOS OTROS NEGOCIOS SANITARIOS DEL IMPUTADO LAMELA

Nombrado consejero de Sanidad por Aguirre en 2003 a pesar de no tener experiencia en este campo, Manuel Lamela dejó este departamento en 2007 marcado por el escándalo de las supuestas sedaciones en el Severo Ochoa

Desde entonces participa en una compleja red de sociedades relacionadas con la sanidad y ha llegado a participar en empresas que gestionan lo que él adjudicó

Su fichaje como asesor del Ministerio de Sanidad para lo que este departamento define como puesta en marcha de "un nuevo modelo de gestión clínica" y los defensores de la sanidad como "privatización encubierta" de los únicos dos hospitales que gestiona la cartera de Ana Mato es el último episodio. Pero el salto de la sanidad pública a la privada del ex consejero de Sanidad madrileño Manuel Lamela –imputado por prevaricación y cohecho por las presuntas ilegalidades cometidas en la primera etapa de la privatización en la Comunidad– tiene otros episodios reseñables.

Marcado por el escándalo de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés, dejó la Consejería de Sanidad madrileña en 2007, cinco años después de haber desembarcado en ese departamento de la mano de Esperanza Aguirre a pesar de no tener "ninguna experiencia previa en el sector de la salud", según denuncian los facultativos de AFEM en la querella presentada contra las impulsores del primer proceso de privatización de la sanidad madrileña, Lamela entre ellos. En 2007, Aguirre situó en Sanidad a Juan José Güemes y trasladó a Lamela a Transportes, hasta que cayó en 2008.

Dos años después, en 2010, creó la empresa Madrid Centro Médico, encaminada a "posicionar" a la Comunidad como potencia de turismo sanitario de primer nivel. Según infomó El País, el exconsejero presentó su proyecto rodeado de dos altos cargos del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, dos concejales del Ayuntamiento de Madrid, entonces liderado por Alberto Ruiz Gallardón, y el presidente de la patronal. Entre sus clientes estaban empresas como Capio Sanidad, MD Anderson o Clínica La Luz. Y tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones. infoLibre ha intentado sin éxito contactar con Lamela para contrastar estas informaciones a través de la compañía BAPPH (Business AssessmentPlans and ProjectsHealthcare SL) de la que es presidente y por la que este lunes volvió al tablero mediático.

Además, Lamela entró en ese mismo año a formar parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, la empresa que lidera la gestión del hospital madrileño del Tajo, en Aranjuez, según avanzó el pasado 2 de abril la cadena Ser. El problema es que Lamela adjudicó ese centro, de naturaleza semipública, en su etapa como titular de Sanidad del Gobierno regional (2003-2007). Y ese es uno de los seis hospitales que el PP quiere ahora privatizar por completo en un proceso que está suspendido de forma cautelar en los tribunales. La concesionaria, según recoge la querella de AFEM, fue un consorcio liderado por la constructora Hispánica en colaboración con Sando, Instalaciones Inabensa y Construcciones Sánchez Domínguez. El contrato, firmado por Lamela, concedía a Hispánica y sus socios la construcción del edificio y el mantenimiento y gestión de todas las áreas no asistenciales.

En 2010, Pablo García Pozuelo, propietario de la constructora, fue imputado en el marco de trama Gürtel. Se vio obligado a vender su empresa, que en 2009 adquirió en su totalidad el grupo Essentium, que cambió toda la cúpula directiva y el capital de Hispánica y la convirtió en una nueva compañía, Assignia Infraestructuras. Unos meses después Lamela se integró en el consejo de administración de Assignia. Desde entonces, esta compañía se hizo también con los servicios de mantenimiento del hospital de Getafe y la Consejería de Sanidad también le concedió sendos contratos de asistencia técnica para Hospital de la Princesa así como para el mantenimiento de varios centros de atención primaria y otros edificios del Gobierno regional.

Sin respuesta en la Asamblea

Aunque tanto la ministra de Sanidad, Ana Mato, como el actual consejero madrileño del ramo, Javier Fernández-Lasquetty, defendieron la legalidad del paso de Lamela a la privada, la oposición se lanzó en tromba. La diputada socialista Helena Almazán, portavoz de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones Públicas, registró el 4 de abril en la Asamblea sus 24 peticiones de información al Gobierno regional sobre los contratos otorgados a 10 empresas "relacionadas" con Lamela. BAPPH, a la que el Ministerio de Sanidad ha encomendado ahora labores de asesoramiento en el cambio de gestión de los hospitales de Ceuta y Melilla, es una de las compañías por las que Almazán preguntó. La Mesa de la Asamblea, gracias a la mayoría absoluta de la que disfruta el PP, rechazó por completo las 24 solicitudes. Ahora, la diputada ha reformulado las peticiones y está a la espera una respuesta que está tardando en llegar. "Preguntar en la Cámara es la única forma que tenemos de controlar los contratos. Seguiré insistiendo hasta que me contesten", lamenta la parlamentaria.

El pasado octubre, meses después de conocerse su imputación por prevaricación y cohecho al estimar el juez que podía haber existido "una actuación punible", Lamela abandonó Assignia Infraestructuras. Sí continúa como presidente de BAPPH, una compañía que, según se recoge en el BOE, tiene como objeto social el "asesoramiento integral de personas físicas o jurídicas, mercantiles o civiles, asociaciones y fundaciones en todo lo concerniente a la explotación de mercados y oportunidades de negocio en el ámbito sociosanitario". Y que ahora asesorará al Ministerio de Sanidad sobre qué modelo de gestión es más óptimo para los hospitales de Ceuta y Melilla.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/11/26/los_otros_intereses_del_imputado_lamela_sanidad_privada_10200_1012.html

EL JUEZ MANTIENE LA IMPUTACIÓN A GÜEMES Y LAMELA POR COHECHO Y PREVARICACIÓN

El juez legitima la querella de los sanitarios de Afem: “El interés del colectivo médico está sobradamente acreditado”

El titular del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha desestimado el recurso que el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes presentó el verano pasado contra el auto de admisión de la querella por prevaricación, cohecho y malversación de la asociación de médicos Afem. En un auto de 29 de octubre, pero adelantado por El Mundo hoy, el juez no solo desestima la petición de Güemes y de dos de las empresas supuestamente beneficiadas por la privatización sanitaria en Madrid (Asisa y Unilabs) sino que defiende la necesidad de investigar los hechos presuntamente delictivos que relata Afem. Además, el auto concreta un poco más qué delitos corresponderían a cada uno de los nueve imputados en el proceso. En el caso de los exconsejeros Güemes y Manuel Lamela, cohecho y prevaricación.

Al admitir a trámite la querella, Sexmero decidió en junio pasado investigar el proceso de privatización de la gestión hospitalaria que inició el Gobierno regional en 2003. En el auto de admisión solicitó una extensa lista de información de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa. También imputó a la cúpula de la sanidad madrileña: dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos actuales, y cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas.

Poco después de conocer su imputación, Güemes presentó un recurso en el que alegó la falta de legitimación de Afem y la inconcreción de su imputación. El fiscal del caso, Salvador Ortolá, envió varios escritos en agosto en los que se adhería a los recursos de Güemes y el resto de imputados y pedía cerrar las diligencias. Ahora Sexmero reconoce que “el escrito de querella debería haber sido más claro en el relato de los hechos e imputaciones”, pero afirma que “no puede decirse que del relato no puedan deducirse de manera explícita los hechos que pudieran ser constitutivos de delito y las personas a las que se imputa estos hechos”. El juez está decidido a continuar investigando: “Resulta indispensable la práctica de las diligencias de investigación necesarias tendentes a esclarecer los hechos relatados en la querella incluso aunque pudieran ser confusos”.

En septiembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 suspendió el interrogatorio de la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, y del director general de Hospitales, Antonio Burgueño, que estaban llamados a acudir al juzgado como imputados en el marco de la querella por presuntas irregularidades cometidas en la primera fase de la privatización hospitalaria en Madrid. El juez no había recibido la información solicitada a la Consejería de Sanidad madrileña. Todas las comparecencias se suspendieron y aún no se han retomado.

El juez acredita la legitimación de Afem: “El interés del colectivo médico y en consecuencia de la asociación querellante, que se ve afectado o puede serlo en sus condiciones de trabajo y económicas, así como en la prestación del servicio de salud, por las irregularidades denunciadas, está sobradamente acreditado”.

Sexmero resume brevemente los hechos que describió con mayor precisión en el auto de admisión a trámite de la querella: “Del mismo modo se imputa el delito de prevaricación, y cohecho a los querellados que han intervenido en las adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco incumpliendo alguno de los requisitos previstos en la ley como la no exigencia del canon y que se han beneficiado de dichos acuerdos para después contratar los servicios de anteriores consejeros de Sanidad como el Sr Güemes y el Sr Lamela, responsables políticos de la adjudicación a los que imputa en unión de Capio, Ribera Salud y Unilabs, habiéndose contratado incluso en la Consejería de Sanidad a cargos de estas empresas como el propio Burgüeño Carbonell que participó en su dia en la creación del “modelo Alcira” en la Comunidad Valenciana o Jose A. Azofra , director medico del hospital Infanta Elena de Valdemoro y a la vez coordinador de M.I de la Fundación Jiménez Diaz(Capio) a donde se derivan pacientes desde centros públicos de manera interesada según la querella y ajena al interés público y al servicio de salud”.

Las personas que fueron imputadas en junio son los dos exconsejeros de Sanidad, Manuel Lamela y Juan José Güemes, y dos altos cargos, Patricia Flores (actualmente número dos de la consejería) y Antonio Burgueño, director general de Hospitales. El juez también citó con abogado al gerente de la Fundación Jiménez Díaz (centro privado concertado) y a los responsables de Capio (que recientemente cambió su denominación comercial a IDC Salud), Ribera Salud, Unilabs y Asisa.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/31/madrid/1383219051_072068.html

UN JUZGADO PONE BAJO LA LUPA LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA DE MADRID

Imputados dos exconsejeros al admitirse a trámite una querella por malversación y prevaricación

El magistrado pide exhaustiva información mercantil y económica

El juzgado de Instrucción número 4 de Madrid investigará el proceso de privatización de la gestión hospitalaria que inició el Gobierno regional tras la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia en 2003. Y, a juzgar por la extensa lista de información de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa que solicita el juez, lo hará de manera exhaustiva. El magistrado Marcelino Sexmero ha admitido a trámite la querella presentada por la asociación de médicos Afem, una de las organizaciones más activas en la marea blanca de protesta contra la privatización sanitaria, por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros. Además, ha citado a declarar como imputadas a nueve personas: dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos, y cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas.

La querella —un texto de 86 páginas más 70 anexos de documentación elaborado por un bufete de abogados cuyos gastos se pagan gracias a una colecta masiva entre los sanitarios madrileños— señala las posibles irregularidades cometidas durante la primera oleada de privatizaciones, que dio como resultado la apertura de los hospitales gestionados enteramente por empresas de Valdemoro, Torrejón de Ardoz y Móstoles (entre 2007 y 2011). Los querellados son los dos exconsejeros de Sanidad de ese periodo, Manuel Lamela y Juan José Güemes, y dos altos cargos, Patricia Flores (actualmente número dos de la consejería) y Antonio Burgueño, director general de Hospitales. El juez también cita con abogado al gerente de la Fundación Jiménez Díaz (centro privado concertado) y a los responsables de Capio (que recientemente cambió su denominación comercial a IDC Salud), Ribera Salud, Unilabs y Asisa.

“Se trata de una maniobra política más del Partido Socialista y de su sindicato afín”, afirmó este viernes el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty en unas declaraciones grabadas y difundidas por su Gabinete. “Es un acto puramente de trámite”, añadió. Capio y Ribera Salud declinaron comentar las imputaciones.

El auto judicial llama a declarar a cuatro testigos, también altos cargos de Sanidad pero de perfil más técnico, y requiere información detallada. Pide, por ejemplo, al Registro Mercantil que identifique a los accionistas o socios de empresas relacionadas con Capio (ahora IDC Salud), la empresa líder en gestión privada de sanidad pública en Madrid: Capio Sanidad S. L., Desarrollos Empresariales Piera, S. L. y Poitiers Develops, S. L. También dirige una comisión rogatoria a Luxemburgo para que sus autoridades informen de los accionistas, socios y apoderados de HC Investments BV, la empresa con la que termina el rastro de compañías accionistas de Capio en el Registro Mercantil español.

Los denunciantes destacan las vinculaciones entre cargos políticos y las empresas que se han beneficiado del proceso

La querella presentada por los médicos insiste en los aspectos económicos, en concreto en “la negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros”. Según los contratos, los hospitales de gestión privada son penalizados si los pacientes que tienen asignados acuden a tratarse a otros centros de la red pública. Los médicos aseguran que la Consejería de Sanidad no disponía hasta el pasado mes de abril de mecanismos de control de esa facturación intercentros, por lo que dudan de que la Administración pública estuviera realmente cobrando esas asistencias a las empresas.

El magistrado requiere a los gerentes de 13 hospitales, de gestión pública y privada, la facturación intercentros detallada de los años 2010, 2011 y 2012. Se trata de información que los partidos de la oposición en el Parlamento regional han solicitado a la Consejería de Sanidad, pero que esta no ha divulgado o no lo ha hecho de forma desglosada. Ese detalle es el que ahora requiere el juez. A los centros de gestión privada (Fundación Jiménez Díaz, Valdemoro, Móstoles y Torrejón), por ejemplo, se les pide “la relación circunstanciada de pacientes asignados a sus áreas” atendidos en otros centros.

Estos datos son muy relevantes para los múltiples recursos que se acumulan en los juzgados contra el proceso privatizador actual de seis hospitales inaugurados en 2008. Tanto Afem como los partidos de la oposición aseguran que la cápita (dinero que paga la Administración a la empresa por paciente y año) que ha establecido el concurso es superior al coste real que suponen ahora estos centros para el erario público, por lo que no existiría ningún ahorro, más bien al contrario, en su paso a manos privadas. La facturación intercentros es básica para conocer el presupuesto real que manejan estos hospitales. Afem también denuncia “el trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes” hacia clínicas concertadas mediante engaño a través del sistema centralizado de citas de Sanidad.

El PP destaca que los hospitales externalizados logran un 95% de satisfacción de sus pacientes

La querella se detiene asimismo en los casos de puerta giratoria en la sanidad madrileña. Los dos exconsejeros de Sanidad tienen o han tenido intereses en la sanidad privada tras abandonar sus cargos. Güemes renunció en enero pasado a su puesto en la empresa Unilabs tras conocerse que esta poseía los laboratorios de análisis clínicos que se privatizaron durante su mandato. Lamela acumula cargos en empresas y fundaciones dedicadas a la sanidad como negocio. Antonio Burgueño, nombrado por Güemes en 2008, trabajó durante años para empresas del sector. Por ejemplo, asesoró a Capio en la apertura del primer hospital que copiaba en Madrid el controvertido modelo Alzira, en 2007.

Patricia Flores fue directora general de Atención Primaria con el exconsejero Juan José Güemes. Fue nombrada viceconsejera de Asistencia Sanitaria en sustitución de Ana Sánchez, que dejó el cargo cuatro meses después de la llegada de Lasquetty. Actualmente es la segunda persona con más poder en la Consejería de Sanidad madrileña. El año pasado una frase suya sobre la atención a los pacientes crónicos motivó una gran controversia en la Asamblea de Madrid. Antonio Burgueño es director general de Hospitales desde 2008. Unos días después de que lo nombrara Juan José Güemes dejó su acta de concejal por el PP en un pueblo de Toledo. Es un profesional muy conocido en el ámbito de la sanidad privada porque trabajó para la aseguradora Adeslas y puso el marcha en hospital de Alzira, en Valencia, el centro que inauguró el modelo sanitario de gestión privada que ahora está impulsando la Comunidad de Madrid.

Uno de los múltiples aspectos presuntamente delictivos que menciona la extensa querella de Afem son las vinculaciones entre cargos políticos y empresas privadas que se han beneficiado con el proceso de privatización. Los dos últimos exconsejeros de Sanidad madrileños, Manuel Lamela y Juan José Güemes, tienen o han tenido intereses en la sanidad privada. Manuel Lamela estuvo en el cargo entre 2003 y 2007, cuando le salpicó el escándalo del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2010 creó la mercantil Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones. Ahora preside la Fundación Lafer y acumula puestos en fundaciones y sociedades mercantiles dedicadas a la sanidad como negocio. Forma parte, entre otras cosas, del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona todos los servicios de gestión privada del hospital del Tajo en Aranjuez, que se licitó mediante una concesión de la Comunidad de Madrid por 270 millones de euros a 30 años. El propio Lamela inauguró el hospital que ahora gestiona la empresa en la que trabaja.

En enero pasado, Juan José Güemes —en el cargo entre 2008 y 2010— renunció a su puesto en la empresa de análisis clínicos Unilabs después de que se conociera que esta firma compró en noviembre pasado el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) que realiza los análisis clínicos de seis hospitales públicos. Se da la circunstancia de que Güemes formaba parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa, que suponía la privatización de los laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes. La Consejería de Sanidad decidió en 2008 que las pruebas analíticas las gestionara una empresa, y sacó un concurso para adjudicar el servicio durante ocho años, con posibilidad de prórroga hasta 10. Ofreció 173 millones de euros. Se trataba de centralizar los análisis de los seis hospitales recién inaugurados en la región, los mismos cuya gestión ha aprobado ahora privatizar el Gobierno regional. Finalmente, la UTE liderada por Ribera Salud ganó el concurso al ofrecer 125 millones, un precio que la Asociación de Profesionales de Laboratorios Públicos (Aprolap) consideró “temerario” por ser excesivamente barato. Un año después la Consejería de Sanidad cerró tres laboratorios públicos para ceder las pruebas analíticas que realizaban a la UTE ganadora.

Juan José Güemes ha asegurado este mediodía a EL PAÍS que no ha recibido ninguna notificación oficial y que prefiere no hacer declaraciones hasta que pueda leer el auto judicial.

Los médicos denuncian que hospitales de gestión privada "atraen pacientes de otras áreas de protección, a través del denominado Call Center fundamentalmente de hospitales públicos de gestión directa por el SERMAS, viniendo obligados estos últimos a pagar la prestación sanitaria realizada. La elección del centro en ocasiones ha sido voluntaria por parte del paciente, pero en otras se ha producido coacciones o engaños", según recoge el auto del juez. Este diario relató en enero pasado cómo médicos, administrativos del sistema público y pacientes denuncian el sistema de derivaciones a clínicas privadas de la Consejería de Sanidad. Aseguran que ofrece información engañosa con la que se “presiona” a los usuarios para que acepten operarse en privadas a las que la Administración paga por esos procedimientos.

Para Fernández-Lasquetty, la admisión de la querella no significa "ningún tipo de decisión", sino simplemente que el juez "lo va a examinar; es un acto puramente de trámite". Recordó que se trata de "hospitales públicos que llevan ya años atendiendo a miles de madrileños", en Torrejón, Valdemoro y Móstoles, y lo están haciendo con "un extraordinario nivel de calidad y una satisfacción de más del 95%" de los usuarios. "Por tanto son hospitales que están cumpliendo muy bien su labor al servicio de sanidad pública madrileña", subrayó, antes de añadir que en el "momento en que fueron licitados y sometidos a concurso para su construcción, se hizo con arreglo a los principios de la ley, con toda transparencia y toda legitimidad".

El auto del magistrado Sexmero admite la personación de cuatro diputados del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid que ejecutarán la "acción popular". En cambio, el juez rechaza la medida cautelar que le pedía Afem en la querella: la suspensión y paralización general del proceso de privatización.

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha instado este viernes a la Comunidad de Madrid a que paralice el proceso de "privatización y desmantelamiento" de la sanidad pública tras la admisión de una querella sobre posibles irregularidades en la externalización de servicios sanitarios desde 2004. El diputado de IU de la Asamblea de Madrid Rubén Bejarano ha pedido al presidente regional, Ignacio González, "paralizar de forma urgente el proceso de privatización de los seis hospitales madrileños a la vista de que el Juzgado Número 4 ha admitido a trámite la querella contra la cúpula que inició la privatización de la sanidad en el año 2003".

Un vuelco en 10 años

La sanidad pública madrileña dio un vuelco con la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno regional, en 2003. Encontró una veintena de hospitales de gestión enteramente pública y hoy casi uno de cada tres es de gestión privada, total o parcialmente.

2007. Aguirre inaugura el hospital Infanta Elena, en Valdemoro, el primer centro que copiaba en Madrid el modelo Alzira de concesión administrativa, la fórmula usada en las autopistas.

2008. Se inauguran siete hospitales de gestión mixta público-privada: Henares (Coslada), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Sureste (Arganda del Rey), Del Tajo (Aranjuez), Infanta Leonor (Vallecas) y Puerta de Hierro (Majadahonda).

2011. Abre el hospital de Torrejón de Ardoz, de gestión enteramente privada.

2012. Se inaugura el hospital Rey Juan Carlos, de Móstoles, también de gestión privada.

Previsto para 2011, el hospital de Collado Villalba está terminado y cerrado. Cuesta 900.000 euros al mes.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/21/madrid/1371816992_972840.html

ADMITIDA LA QUERELLA CONTRA LAMELA Y GÜEMES POR LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA

La Comunidad está "segura" de que todo se hizo correctamente y lo considera una "maniobra política del PSM y su sindicato médico"

El juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha admitido a trámite una querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra nueve personas, entre ellas los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).

La querella también se dirige contra la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa.

En un auto fechado ayer, el magistrado acuerda admitir a trámite la querella presentada el pasado 29 de mayo por la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales públicos. La acusación popular la representan varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid.

Lamela y Güemes declararán el próximo 2 de octubre
Tras incoar el pasado 3 de junio las diligencias de investigación, el juez cita en su auto a los querellados a partir del próximo 13 de septiembre. Las declaraciones concluirán el próximo 2 de octubre con las comparecencias de Lamela y Güemes. El juez indica en el auto que todos ellos deberán ir acompañados de un abogado, ya que declararán como imputados. Tras ello, dictará una nueva providencia para citar a varios testigos, entre ellos el director de continuidad asistencial del Hospital de La Paz, Miguel Amengual, o el director médico del Hospital Infanta Elena, Juan Antonio Azofra.

En la resolución, el juez expone que la querella denuncia supuestas irregularidades del SERMAS en "el concierto para asistencia sanitaria suscrito con la UTE-FJD (Grupo Capio), en la vinculación de excargos y cargos políticos con empresas privadas concesionarias o participes en la gestión sanitaria, en la negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros, la derivación del paciente a través del denominado Call Center y la vulneración de los derechos de los pacientes protegidos por la Ley 6/2009 de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Ley 41/02 reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones".

Añade que los hechos "se resumen en el contexto de la actuación de la Administración autonómica en la Gestión de la Sanidad Pública, en la que según los querellantes se ha producido dentro de una gran opacidad y falta de información un incremento en el gasto la asistencia sanitaria con medios ajenos a la vez que un progresivo descenso en el gasto en la cartera sanitaria pública".

La Comunidad, "segura" de que todo se hizo correctamente

La Comunidad de Madrid, por su parte, ha explicado que las querellas son siempre admitidas cuando no tienen defectos de forma y se muestra "segura de que se actuó correctamente" durante la primera externalización, pues se desarrolló con "todos los procedimientos legalmente establecidos". Por tanto, entiende que esta querella es una "maniobra política del PSM y de su sindicato médico" ya que estos primeros hospitales con gestión "externalizada" no sólo "cumplen con un umbral de satisfacción muy alto", sino que con un 92% de ratio superan incluso a la media de hospitales de la región, que también cuentan con una satisfacción muy alta entre los pacientes.

El juez investigará el trasvase de pacientes de la sanidad pública a la privada
En relación con Lamela, la querella habla de su vinculación con la empresa Assignia Infraestructuras, una empresa que "participa en la unión temporal de empresas (UTE) que gestiona servicios del hospital del Tajo, licitados y adjudicados en la etapa en la que Lamela era consejero de Sanidad y que inauguró el hospital que ahora gestiona la sociedad en la que trabaja".

De igual modo, señala que Güemes, ex consejero de Sanidad entre 2007 y 2010, está vinculado a Unilabs, "una filial española de la mutliancional suiza del mismo nombre y que anunció el pasado noviembre la compra del 55% de la UTE, compuesta por Grupo Balaqué y Ribera Salud", la adjudicataria. "La operación se ha efectuado por valor de cinco millones de euros y su domicilio está en la Fundación Jiménez Díaz Después de cerrar el Laboratorio Central de Análisis, y cerrar los laboratorios de los hospitales, se otorgó la concesión a Unilabs en la que se integró Güemes", agrega el auto.

Güemes es miembro del consejo de administración de Unilabs. Esta empresa adquirió el pasado noviembre Balaguer, la empresa a la que originariamente la Comunidad, con Güemes de consejero de Sanidad, adjudicó los análisis clínicos de seis hospitales en 2009 en un concurso que, además, Unilabs perdió.

Gestión sanitaria de hospitales
En la querella se detalla cómo entre 2004 y 2007 se licitan y aborda la construcción de ocho nuevos hospitales en la Comunidad de Madrid, planteándose su construcción entre 2007 y 2011 de los hospitales de Torrejón, Móstoles, Collado Villalba y Carabanchel. Prosigue explicando que para los hospitales construidos posteriormente, Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles, Torrejón y Collado Villalba, se formalizan contratos de gestión del servicio público que incluyen también los servicios clínicos. El plazo de duración de los contratos es también de treinta años. Estos hospitales son conocidos como hospitales con colaboración público-privada (CPP) en régimen de concesión administrativa.

En este modelo de gestión, la empresa privada recibe de la administración pública un canon anual que se paga por adelantado mensualmente, por cada persona de su área de protección, a cambio de atender las necesidades asistenciales de su población.

Averiguaciones
Sexmero recalca en el auto que el objeto de esta investigación está encaminado a "la averiguación de la realidad de las conductas irregulares denunciadas sólo en la medida que tengan trascendencia penal respecto del trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes de la sanidad pública a la privada bajo intimidación o engaño". Asimismo, a investigar "la denunciada ausencia de control del precio por la adjudicación de los centros de Pontones y Quintana y la no reclamación de 1.5 millones de euros a Capio en la medida que pueda haber perjudicado a la Hacienda Publica".

También se investigará "la denunciada falsedad o no de la facturación intercentros, las irregularidades de algunos de los convenios o concesiones al sector privado y en concreto a sociedades con accionistas opacos, la contratación de exconsejeros de Sanidad por las empresas concesionarias y beneficiarias de la gestión de aquellos y la supuesta negligencia y descontrol en el gasto público en la gestión de los servicios, sin perjuicio de las que pudieran derivarse de éstas".

Sexmero es el juez que archivó la denuncia del marido de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por el escrache que sufrió en su casa.

http://www.publico.es/457619/admitida-la-querella-contra-lamela-y-guemes-por-la-privatizacion-sanitaria

IMPUTADOS LOS PROMOTORES DE LA PRIMERA PRIVATIZACIÓN DE HOSPITALES

Admitida a trámite la querella de Afem por los hospitales de Valdemoro, Móstoles y Torrejón

Los exconsejeros de Sanidad Güemes y Lamela, citados a declarar

El Juzgado de Instrucción número 4 de la capital ha admitido a trámite la querella presentada a principios de mes por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), una de las organizaciones más activas en la marea blanca de protesta contra el proceso de privatización de la gestión sanitaria que Esperanza Aguirre emprendió en 2003. La querella se presenta por posibles irregularidades en la gestión del Servicio Madrileño de Salud desde el año 2004 contra varios cargos y excargos, como los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, y contra las empresas que recibieron adjudicaciones sanitarias, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación en adjudicaciones sanitarias.

En su querella, Afem denunciaba supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación y gestión de los primeros tres hospitales que el Gobierno regional puso en manos de empresas: los de Valdemoro, Móstoles y Torrejón de Ardoz, inaugurados entre 2007 y 2012. Además, denunciaba "el trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes" de la sanidad pública hacia clínicas concertadas mediante engaño a través del sistema centralizado de citas, el llamado 'call center' sanitario. Otra de las alegaciones de Afem es "la ausencia de control en la facturación intercentros y la no reclamación a Capio de 1,5 millones de euros", lo que supondría un perjuicio a la Hacienda pública.

Afem se querelló contra todos los implicados en el proceso privatizador: Patricia Flores Cerdán, viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud; Antonio Burgueño Carbonell, director general de Hospitales; Juan Antonio Álvaro de la Parra, representante de Fundación Jiménez Díaz U.T.E.; Grupo Ribera Salud; Capio Sanidad; Manuel Lamela Fernández; exconsejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes Barrios, también exrresponsable de esta cartera, Unilabs y Asisa. Todos los cargos políticos están citados a declarar y deberán acudir con su abogado.

Patricia Flores fue directora general de Atención Primaria con el exconsejero Juan José Güemes. Fue nombrada viceconsejera de Asistencia Sanitaria en sustitución de Ana Sánchez, que dejó el cargo cuatro meses después de la llegada de Lasquetty. Actualmente es la segunda persona con más poder en la Consejería de Sanidad madrileña. El año pasado una frase suya sobre la atención a los pacientes crónicos motivó una gran controversia en la Asamblea de Madrid. Antonio Burgueño es director general de Hospitales desde 2008. Unos días después de que lo nombrara Juan José Güemes dejó su acta de concejal por el PP en un pueblo de Toledo. Es un profesional muy conocido en el ámbito de la sanidad privada porque trabajó para la aseguradora Adeslas y puso el marcha en hospital de Alzira, en Valencia, el centro que inauguró el modelo sanitario de gestión privada que ahora está impulsando la Comunidad de Madrid.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/21/madrid/1371816992_972840.html

GONZÁLEZ Y LASQUETTY DIERON CONTRATOS A ASSIGNIA TRAS EL FICHAJE DE LAMELA

Desde la entrada del exconsejero, la empresa ha logrado cuatro millones en adjudicaciones

Luis Vicente Moro, amigo del presidente regional, también asesora a la compañía

La empresa Assignia Infraestructuras, que gestiona los servicios privatizados del hospital de Aranjuez por adjudicación del entonces consejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela, se ha hecho, tras el fichaje de este en su consejo de administración, con dos lucrativos contratos con el Gobierno madrileño. Desde la entrada de Lamela en octubre de 2010, esta empresa y sus filiales han logrado casi cuatro millones de euros en adjudicaciones, según informa la cadena SER.

La Consejería de Sanidad, que ahora dirige Javier Fernández-Lasquetty, concedió a Assignia un contrato de asistencia técnica del hospital de la Princesa, en un procedimiento negociado sin publicidad, así como el mantenimiento de varios centros de atención primaria.

La empresa también consiguió el mantenimiento de las dependencias e instalaciones del complejo de la Presidencia, de los edificios adscritos a la Vicepresidencia, a la Consejería de Cultura y Deporte y a la Portavocía del Gobierno hasta 2014, en una adjudicación concedida por el presidente madrileño, Ignacio Gonzalez, en marzo del pasado año, cuando todavía era número dos de Esperanza Aguirre. En el consejo de administración de Assignia figura, además de Lamela, Luis Vicente Moro, amigo personal de González.

Moro, consejero de Assignia desde 2011, fue delegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, durante el mandato de José María Aznar. Coincidió en esa etapa con González, que entonces era secretario de Estado de Inmigración. Moro asesoró en 2008 al vicepresidente madrileño cuando sopesó crear un servicio secreto legal al servicio de la Comunidad durante la crisis del espionaje político en Madrid, aunque finalmente no prosperó.

Ayer, el consejero de Sanidad de Madrid desvinculó al Gobierno regional de la presencia de Lamela en el consejo de administración de Assignia Infraestructuras, informa José Marcos. “El señor Lamela en ningún momento ha realizado ninguna gestión con la Consejería de Sanidad valiéndose de su cargo anterior, ni en relación con el hospital de Tajo ni con cualquier otra cuestión", dijo Fernández-Lasquetty.

"No forma parte del Consejo de Administración de la sociedad que gestiona la parte no sanitaria del hospital de Aranjuez. Forma parte del consejo de administración de una de las empresas que tiene una parte del capital de la sociedad que gestiona el hospital de Aranjuez. Y además no existe obligación legal de que se nos comunique cuáles son los integrantes del consejo de administración por parte de las sociedades propietarias de la entidad que gestiona el hospital, y que es con la que la Comunidad tiene trato”, justificó.

 “Insisto, ni conmigo ni con ninguno de los altos cargos de la Consejería de Sanidad ni con los gerentes que ha tenido los últimos años ese hospital el señor Lamela ha realizado ninguna gestión ni ninguna llamada relacionada con nada y mucho menos con el hospital del Tajo”, reiteró  Lasquetty.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/03/madrid/1364971658_060650.html

UN MAESTRO DE LA PUERTA GIRATORIA

Manuel Lamela acumula puestos en fundaciones y sociedades mercantiles dedicadas a la sanidad como negocio

“Yo hablo de sanidad sin apellidos”, contestó Manuel Lamela en julio de 2011 cuando los periodistas le preguntaron si no suponía un conflicto de interés su salto de la pública a la privada: de consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007 a empresario del sector. Aquel día presentaba lo que parecía un proyecto de éxito. Nacía Madrid Centro Médico, una “asociación sin ánimo de lucro” que iba a “potenciar el turismo sanitario de primer nivel” hacia las clínicas privadas madrileñas. Entre ellas, Capio, MD Anderson, La Luz... Muchos de sus representantes estaban aquel día en una sede oficial cedida por el Ayuntamiento de Madrid arropando a Lamela. También dos consejeros del Gobierno de Esperanza Aguirre y dos concejales del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón. Una y otra administración le habían facilitado créditos y subvenciones.

El exconsejero habló de cifras de negocio futuro y adelantó que tenía apalabrada una gran feria de la salud en Ifema para el año siguiente. Hoy no queda nada de todo aquello. La página web de Madrid Centro Médico no tiene contenido, la feria nunca se celebró y el único rastro que queda de aquel proyecto es la sociedad mercantil Madrid Medical Destination, esta sí, con ánimo de lucro y que, según el Registro Mercantil, tiene el mismo objeto social que la “asociación”.

Un año antes, Lamela, abogado del Estado nacido en Burgos en 1962, había hecho otro anuncio: la construcción de un complejo sanitario privado —recuperaba un proyecto de Mutua Madrileña desechado en 2008 por los riesgos de la costosa operación— a través de la sociedad Madrid Ciudad de la Salud, S. A. Una vez más, de aquello solo permanece una inscripción en el registro. Apenas habían pasado dos años de la salida de Lamela del Gobierno de Aguirre, que lo colocó en la Consejería de Transportes tras apearlo de Sanidad después del escándalo de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. Y más o menos por esas fechas (noviembre de 2010) fue cuando la consultora Assignia, actual gestora del hospital del Tajo que él inauguró, le fichó como consejero.

Hoy la actividad de Lamela se ramifica, al menos sobre el papel, en decenas de sociedades mercantiles. Algunas son accionistas únicas de las otras; la mayoría están dedicadas al ámbito sanitario. Varias comparten domicilio con la Fundación Lafer, “institución privada e independiente sin ánimo de lucro” de la que el exconsejero de Sanidad es presidente. Se trata de la principal actividad de Lamela o, al menos, la que en los últimos dos años ha tenido alguna repercusión pública. A finales del año pasado se vio al exconsejero en un encuentro sobre “oportunidades de negocio en Uruguay”. La fundación se dedica, entre otras cosas, a impartir dos másteres, uno de ellos de “comunicación en salud”, que cuesta unos 6.000 euros.

A través de un portavoz de la fundación, el exconsejero declinó ayer “hacer ningún tipo de declaración, dado que en la actualidad desarrolla su actividad profesional en el ámbito privado”. Su última aventura empresarial se llama Farmapartners, se creó hace menos de 15 días y está dedicada a asesorar a las oficinas de farmacia. Nace justo cuando el Gobierno se plantea liberalizar el sector. Con dos proyectos fallidos a sus espaldas, ¿será este el negocio definitivo?

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/02/actualidad/1364932904_154403.html

Una empresa a la que aconseja Lamela gestiona un hospital que él adjudicó

El exconsejero de Sanidad forma parte del consejo de Assignia Infraestructuras

Gestiona todos los servicios privatizados del hospital de Aranjuez por 270 millones de euros

El exconsejero madrileño de Sanidad Manuel Lamela forma parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona todos los servicios privatizados del hospital del Tajo en Aranjuez por una concesión de la Comunidad de Madrid por 270 millones de euros a 30 años, según ha avanzado esta mañana la cadena SER. El propio Lamela inauguró el hospital que ahora gestiona la empresa en la que trabaja. El centro, ahora semiprivado, es uno de los seis hospitales madrileños que la Comunidad cuya gestión pretende privatizar completamente en los próximos meses.

"Sabemos que el dinero de los contribuyentes como mejor se usa es invirtiéndolo en sanidad", dijo Esperanza Aguirre durante la inauguración del hospital el 7 de abril de 2007 con falsas enfermeras que lucían el vestuario de estas profesionales. La entonces presidenta de Madrid hacía estas declaraciones flanqueada por el que en aquel momento era su consejero de Sanidad, que había licitado y adjudicado la construcción y explotación del centro en 2005. El hospital del Tajo, con 120 camas y que presta servicio a 80.000 pacientes, fue uno de los primeros de naturaleza semipública construidos en Madrid. Es decir, los médicos y las camas son públicas y el resto de servicios, privados. Un símbolo del entonces nuevo sistema sanitario de Aguirre, que implantó en la comunidad el llamado modelo Alzira.

La constructora madrileña Hispánica, junto con otras tres firmas —Sando, Instalaciones Inabensa y Construcciones Sánchez Domínguez—, consiguió la adjudicación del hospital del Tajo en 2005. El contrato, firmado por Lamela, concedía a Hispánica y sus socios la construcción del edificio y el mantenimiento y gestión de todas las áreas no asistenciales (12 servicios entre los que se encuentran limpieza, mantenimiento, seguridad, transporte interno, restauración, aparcamiento y cafetería) a cambio de un canon anual de nueve millones de euros durante los próximos 30 años. Una suma total de 270 millones. En 2009, el dueño de Hispánica, imputado por pago de comisiones en la trama Gürtel, vendió su empresa para hacer frente a los pagos con Hacienda. La compró el grupo Essentium y le cambió la denominación social: ahora se llama Assignia Infraestructuras y mantiene el 40% del accionariado.

Essentium, especializada en obra civil, decidió entonces incorporar a un gestor sanitario para su recién creada división hospitalaria: Manuel Lamela. Según la SER, el nombramiento como miembro del consejo de administración de Assignia Infraestructuras se inscribió en el registro mercantil en 2010, solo seis meses después de la compra de Hispánica. La presidenta de Assignia, Susana Monje, en conversación con la SER, ha asegurado que Lamela es un profesional de reconocido prestigio, con un profundo conocimiento del mundo sanitario y que asesora a la compañía principalmente en materia internacional. "Apenas hemos hablado de negocios en la Comunidad de Madrid", afirma Monje que insiste en que no existe incompatibilidad en el nombramiento dado que Lamela dejó la Consejería de Sanidad en 2007 y el Gobierno madrileño en 2008.

No es el primer caso de puerta giratoria entre lo público y lo privado en el que se señala a Manuel Lamela. El exconsejero estuvo en el cargo entre 2003 y 2007 —tras su paso por Sanidad estuvo un año al frente de Transportes antes de dejar la política—, cuando le salpicó el escándalo del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2010 creó la mercantil Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. Presentó su proyecto en 2011, flanqueado por dos consejeros del Gobierno de Aguirre, dos concejales del Ayuntamiento de Ruiz-Gallardón y el presidente de la patronal. Entre sus clientes, Capio Sanidad, MD Anderson o Clínica La Luz. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones.

Ya en 2001 se preguntó a Lamela por las posibles incompatibilidades de pasar de la sanidad pública a la privada. "Siempre he intentado ser coherente conmigo mismo. Y lo voy a seguir siendo. Yo siempre he hablado de una sanidad sin apellidos. Lo he considerado siempre como una suma de lo privado y lo público, no hay otro futuro posible", respondió el exconsejero.

El caso se conoce dos meses después de que otro exconsejero de Sanidad de Madrid Juan José Güemes, se viera forzado a presentar su dimisión como miembro del consejo de la empresa suiza de análisis clínicos Unilabs, tras la polémica suscitada al conocerse que esta compañía se hizo con un servicio que él mismo privatizó. Güemes dejó el cargo defendiendo no obstante su fichaje desde el punto de vista legal, ético y hasta estético, al tiempo que justificaba su renuncia en que había perdido libertad para defender "la colaboración público-privada".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/02/madrid/1364886171_776792.html

MATO Y LASQUETTY SALEN EN DEFENSA DE LAMELA

“No ha realizado ninguna gestión valiéndose de su cargo anterior", dice el Gobierno de Madrid

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública lo considera "escandaloso"

IU ironiza: "Los únicos que encuentran trabajo son los miembros de los gobiernos del PP"

El PP ha respaldado al exconsejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, que ocupó la cartera entre 2003 y 2007, tras conocerse que desde 2010 forma parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona todos los servicios privatizados del hospital del Tajo en Aranjuez por una concesión de la Comunidad de Madrid por 270 millones de euros a 30 años. Por su parte, los partidos de la oposición y las asociaciones de defensa de la sanidad han reprobado su fichaje desde el punto de vista "ético y moral" y han criticado este nuevo caso de puerta giratoria entre la Administración pública y una empresa privada en el sector sanitario. Estas son las principales reacciones:

» Ana Mato. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha mostrado "segura" de que el exconsejero madrileño de Sanidad Manuel Lamela, que "lleva ya muchos años" en el sector privado, "cumple todas las normas de compatibilidad". "Él ya dará las correspondientes explicaciones", ha señalado Ana Mato tras presidir la entrega de un premio de discapacidad.

» Javier Fernández-Lasquetty. El actual consejero de Sanidad de Madrid ha desvinculado al Gobierno regional de la presencia de uno de sus antecesores en el consejo de administración de Assignia Infraestructuras. “El señor Lamela en ningún momento ha realizado ninguna gestión con la Consejería de Sanidad valiéndose de su cargo anterior, ni en relación con el hospital de Tajo ni con cualquier otra cuestión", ha intercedido Javier Fernández-Lasquetty.

"No forma parte del Consejo de Administración de la sociedad que gestiona la parte no sanitaria del hospital de Aranjuez. Forma parte del consejo de administración de una de las empresas que tiene una parte del capital de la sociedad que gestiona el hospital de Aranjuez. Y además no existe obligación legal de que se nos comunique cuáles son los integrantes del consejo de administración por parte de las sociedades propietarias de la entidad que gestiona el hospital, y que es con la que la Comunidad tiene trato”, ha justificado.

“Insisto, ni conmigo ni con ninguno de los altos cargos de la Consejería de Sanidad ni con los gerentes que ha tenido los últimos años ese hospital el señor Lamela ha realizado ninguna gestión ni ninguna llamada relacionada con nada y mucho menos con el hospital del Tajo”, ha reiterado Lasquetty.

» PSM

“No puede ser que la sanidad sea un negocio, del que encima se aprovechen exaltos cargos como el señor Lamela o como se dio el caso con Juan José Güemes”, ha lamentado el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. El portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ha opinado que "es un caso de caballo de Troya".

» IU

El líder de IU-Comunidad de Madrid, Eddy Sánchez, ha vuelto a reclamar, como ya hiciera con el caso Güemes, "un endurecimiento de la Ley de Incompatibilidades" y una "auditoría pública de todas las privatizaciones que se han realizado en la región". En un comunicado, considera que "empiezan a ser demasiado frecuentes los casos de puertas giratorias" entre la función pública y la gestión empresarial privada en la región.

"En esta comunidad, los únicos que encuentran trabajo son aquellos que han sido miembros de alguno de los gobiernos regionales del PP", ha señalado Sánchez, quien ha considerado que la noticia es "aún más bochornosa" después de que se hayan conocido que el número de parados registrados en la región subió en 1.712 personas en marzo.

Su portavoz en la Asamblea, Gregorio Gordo, ha calificado el caso Lamela como "otro escándalo" subrayando que “los consejeros de Ignacio González en servicios públicos son las zorras dentro del gallinero".

» UPyD

“Una cosa es lo legal y otra la ética. No solo hay que ser honrado, sino parecerlo, y más en estos tiempos”, ha observado Luis de Velasco, portavoz del partido magenta.

» PP

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha expresado su convencimiento de que Lamela está cumpliendo las normas sobre incompatibilidades de exaltos cargos en sus actividades privadas, en referencia al tiempo transcurrido desde que abandonó su cometido.

» Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

Considera "escandaloso" que Lamela asesore a una empresa que gestiona servicios que él licitó. A su juicio, políticos como el exconsejero de Sanidad madrileño "solo quieren favorecer los negocios personales y privados a costa de los fondos públicos". En un comunicado, apunta que "se trata de otro escándalo de utilización de las privatizaciones para favorecer a costa de los fondos públicos a los negocios personales y privados" y recuerda que son ya dos exmiembros del Ejecutivo regional los que se "han beneficiado personalmente" del "modelo de privatizaciones", en referencia a Juan José Güemes, que dimitió tras conocerse que pertenecía al consejo de la empresa suiza de análisis clínicos Unilabs, que se hizo con un servicio que él mismo privatizó. "Mucho nos tememos que no sera el último", subraya.

El colectivo afirma que el paso del sector público al privado por parte de políticos explica las pretensiones de "privatizar" centros sanitarios a pesar de los "sobrecostes elevadísimos". Al respecto, apunta que el hospital del Tajo costó 58 millones y se van a pagar más de 300. La asociación critica además el trabajo de Lamela al frente de la sanidad madrileña porque, a su juicio, "carecía de experiencia y conocimientos en el área sanitaria" y "su desastrosa contribución solo sirvió para desprestigiar la sanidad pública y facilitar su privatización".

» Afem

Pedro González, presidente de la asociación de médicos promotora de la marea blanca contra la privatización, ha declarado a la SER que "el modelo se repite una y otra vez". Se pregunta "dónde va a terminar el consejero actual" y reitera sus sospechas sobre los verdaderos motivos de la privatización de los hospitales madrileños.

» Doctor Luis Montes

El doctor principal acusado del caso de las sedaciones irregulares en Leganés, que la justicia archivó sin una sola prueba, ha declarado a la SER: ''Siempre dijimos que era una cortina de humo para tapar la privatización de hospitales''

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/02/madrid/1364902498_831217.html?rel=rosEP
 

LA PUERTA GIRATORIA ENTRE LA SANIDAD PÚBLICA Y LA PRIVADA

Manuel Lamela ya creó la mercantil Madrid Medical Destination tras abandonar el cargo de consejero de Sanidad de Madrid

El conflicto sanitario desatado en Madrid tras la decisión del Gobierno regional de privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud ya en funcionamiento y con personal público trabajando en ellos ha puesto el foco en el tránsito del sector público al privado de políticos que han tenido responsabilidades en la gestión de la sanidad. Y también en el otro sentido de la puerta giratoria: el de directivos de las empresas que pasan a la Administración, lo que se ha bautizado como “caballo de Troya”. Ejemplo de lo segundo es Antonio Burgueño, actual director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid, que antes trabajó para empresas de la sanidad privada. Él es uno de los padres del modelo Alzira, el sistema de concesión sanitaria que Madrid ha estado ensayando y por el que ahora apuesta con seis hospitales a la vez.

Los dos últimos exconsejeros de Sanidad madrileños, Manuel Lamela y Juan José Güemes, tienen intereses en la sanidad privada. Manuel Lamela estuvo en el cargo entre 2003 y 2007, cuando le salpicó el escándalo del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2010 creó la mercantil Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. Presentó su proyecto en 2011, flanqueado por dos consejeros del Gobierno de Esperanza Aguirre, dos concejales del Ayuntamiento de Ruiz-Gallardón y el presidente de la patronal. Entre sus clientes, Capio Sanidad, MD Anderson o Clínica La Luz. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones.

También en Valencia se han dado casos llamativos de puerta giratoria. Manuel Marín Ferrer fue entre 2000 y 2007 el hombre de la Generalitat valenciana en el departamento de Salud de la comarca de La Ribera, de gestión privada. Era el comisionado, es decir, el encargado de supervisar desde la Administración a la empresa privada adjudicataria de la atención sanitaria: Ribera Salud UTE. En septiembre de 2007 esa misma operadora sanitaria le fichó para ocupar el cargo de mayor responsabilidad: la dirección del departamento de Salud.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/12/madrid/1357981624_795106.html

CAPIO, EL GRAN GESTOR PRIVADO DE LA SANIDAD PÚBLICA

La compañía obtiene más del 70% de sus beneficios de las cuentas de las comunidades autónomas

Está a la espera de las nuevas privatizaciones de servicios para ampliar su volumen de negocio

Capio Sanidad es el primer operador privado de la salud pública española. Ingresa unos 500 millones de euros al año y gana más de 100. Tres cuartas partes de ese dinero es público ya que gestiona al menos tres hospitales en Madrid de la red pública y da servicios a la sanidad de Cataluña y Castilla La Mancha en sus centros. De hecho, el hospital Sagrat Cor catalán es el que más factura a la Generalitat por atender pacientes.

Capio Sanidad pertenece a un fondo de inversión llamado CVC que busca rendimiento para fondos de pensiones e inversores privados.

Esperanza Aguirre coloca la primera piedra del hospital de Valdemoro

En Capio Sanidad, de manera irónica se autodenominan a veces “la bestia” porque están concentrando la mala imagen y protestas contra las medidas privatizadoras de la sanidad, ahora encabezadas por la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Ignacio González (PP) prevé sacar a concurso seis hospitales. Los presupuestos que rubricarán este proyecto llegan esta semana al Parlamento madrileño.

Capio dirige hospitales de la sanidad pública desde hace tiempo. La Fundación Jiménez Díaz (en la capital madrileña) pertenece a esta sociedad y renovó su convenio hace un par de años. Además, recibió una población de referencia al trasladarse otro centro, el Puerta de Hierro, a la localidad de Majadahonda. Como añadidura, Capio consiguió la cesión de dos centros de especialidades (los llamados ambulatorios) como fueron los de Pontones y Quintana en Madrid. Estos centros son la vía de entrada de la atención especializada ya que los médicos de familia derivan a los  ambulatorios si creen que se precisa la intervención de un traumatólogo, un dermatólogo, un urólogo…

Hace dos años, Capio se hizo con el concurso del Hospital Rey Juan Carlos en Móstoles (una ciudad de 200.000 habitantes de la región), inaugurado en marzo pasado. En 2006 ganó la primera administración completa de un centro de la red pública madrileña en Valdemoro. En otro municipio madrileño, Collado Villalba, la Consejería de Sanidad madrileña encargó un hospital cuya gestión ha recaído también en Capio. El centro ya está preparado pero el consejero, Javier Fernández-Lasquetty, informó de que no se pondría en marcha hasta finales de 2013 para ahorrar la partida que supone la puesta en funcionamiento.

Compraventa de hospitales

A principios de este año, Capio estuvo en negociaciones para hacerse con Ribera Salud, el otro gran contratista de la sanidad pública española, centrado sobre todo en la Comunidad Valenciana. La negociaciones no llegaron a buen puerto. Ribera Salud manejaba entonces el hospital Madrileño de Torrejón de Ardoz, cinco más en Valencia así como departamentos sanitarios valencianos. Al final, Ribera Salud (que pertenece a Bankia y Sabadell-CAM) vendió a Sanitas parte de sus negocios con la sanidad pública madrileña y valenciana.

Ahora, Capio está en una situación de preeminencia para aspirar a parte del negocio que se ha abierto con la decisión de la Comunidad de Madrid de externalizar servicio hospitalario. Están en plena fase de evaluación de las posibilidades que los concursos traerán consigo: rentabilidad de inversiones, servicios que habrá que ofertar, población asignada, cuotas de cobro a la Administración. En virtud de los cálculos irán optando por uno u otro hospital. Incluso deslizan que, a lo mejor, no les resulta interesante ninguna de las opciones. La historia demuestra que en todos los procesos abiertos en Madrid, siempre han accedido a algún proyecto. Además, en Castilla-La Mancha, otros cuatro centros están en el mismo proceso de cesión privada.

La decisión de políticos como Ignacio González o María Dolores de Cospedal  de privatizar la gestión médica de hospitales les ha colocado en la línea de salida de un negocio que puede superar los 400 millones de euros anuales de ingresos (en términos lineales). El único peaje que, de momento, están obligados a pagar es soportar la deriva de deterioro de imagen que les cuesta estar en el ojo de las protestas ciudadanas.

http://www.eldiario.es/sociedad/Capio-gestor-privado-sanidad-publica_0_75592535.html

LOS GIGANTES DE LA SANIDAD PRIVADA

Dos grandes grupos, Capio y Ribera Salud, se reparten los procesos de privatización del sistema público sanitario

Un modelo rescatado y desigual

El grupo Capio Sanidad facturó en 2011 algo más de 673 millones de euros. En torno al 75% de esa cifra salió de las arcas públicas. Más 500 millones procedentes de conciertos, concesiones y convenios con las administraciones, lo que le convierte en el principal proveedor privado de servicios sanitarios públicos en España. Un gestor cuyo margen de beneficio operativo suele andar entre el 15% y el 20%. Ribera Salud, por su parte, facturó el mismo año 385 millones. Todos los ingresos proceden de contratos con las comunidades de Madrid y Valencia, donde, de momento, concentra su negocio.

 Por su experiencia, estas dos empresas son las mejor situadas para competir por las nuevas oportunidades de negocio relacionadas con la gestión privada de servicios sanitarios públicos. Castilla-La Mancha y Madrid tienen la intención de sacar a concurso en breve cuatro y seis hospitales, respectivamente. Asimismo, la ola privatizadora está llamando a la puerta de otras regiones.

Pero hay más compañías que observan como una oportunidad los pasos que se están dando hacia la privatización. Como Sanitas, que participa en dos hospitales de gestión privada, uno en Manises (Valencia) y otro en Torrejón de Ardoz (Madrid). También de Hospitales de Madrid (HM), que ha manifestado su interés ante la salida al mercado de estas nuevas concesiones. O de USP-Quirón, otro gigante de la sanidad privada tras su reciente fusión y que en 2012 facturó en conjunto unos 650 millones (son datos provisionales). Una operación que refleja los movimientos de un sector que toma posiciones para situarse de cara al nuevo escenario de la sanidad público-privada.

Capio, que gestiona ya dos hospitales públicos, es propiedad de CVC, un potente fondo extranjero de capital riesgo

El germen de Capio, la referencia en el negocio de colaboración con la sanidad pública, es diminuto. Se encuentra a mediados de los noventa en Castilla-La Mancha. En una clínica gestionada por un matrimonio de médicos (un neurocirujano y una radióloga), el Centro de Diagnóstico Recoletas. Ninguno de ellos continúa hoy en el accionariado del grupo; pero aquella clínica nació ya con vocación de cubrir “una ineficiencia del sistema público”, según una de las personas que participó en esos orígenes y prefiere guardar el anonimato. “Se pensó que había un hueco: las listas de espera”. Nada demasiado diferente de lo que ocurre hoy. A ese equipo médico se le unió pronto un cardiólogo, Fernando Largo, exmilitante socialista. Un experto en conciertos públicos que había ejercido durante seis años como director provincial del Insalud de Toledo y que acababa de ser destituido, por orden de Alberto Núñez Feijóo, de su puesto en el Ministerio de Sanidad, donde fue subdirector general de Conciertos en la última legislatura de Felipe González. Enseguida comenzaron a operar a un millar de pacientes de listas de espera en el centro de Albacete. En 1998, cuatro años después del nacimiento de Recoletas, la empresa contaba ya con cuatro hospitales en Castilla-La Mancha y unos 700 trabajadores. Decidieron sacar la cabeza al mercado. Buscar comprador. Y empezaron a hablar entre los socios de la creación de “un gran grupo sanitario”.

Para ayudar en este proceso, contactaron con Víctor Madera, un médico asturiano treintañero que gestionaba centros de la Cruz Roja, y que estaba especializado en medicina deportiva. Formado en Estados Unidos, fue alumno de la primera promoción del master en Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias, impartido en la Escuela Nacional de Sanidad (ENS), una institución pública cuyo origen se remonta a principios del siglo XX. Entre sus mentores se encuentran Fernando Lamata, exconsejero de Salud de Castilla-La Mancha y profesor en el master de la ENS en 1989, a quien considera “casi como un padre”. Fue él quien le habló de un puesto en la Cruz Roja.

Hoy, con 51 años, Víctor Madera es el presidente del grupo Capio Sanidad; el único directivo que estuvo en el origen manchego y que permanece al frente de la compañía. Desde su llegada, han transcurrido 14 años y cinco propietarios. Su figura convenció al fondo de capital riesgo CVC, pilotado por el financiero Javier de Jaime. Fue la inversión inicial de una de las primeras firmas de private equity extranjera instalada en España. Aunque no fueron los únicos que soñaron con construir un gran grupo privado de sanidad con posibilidad de crecer en un sector atomizado — “sin consolidar”, en la jerga financiera—, plagado de pequeñas clínicas familiares. En palabras de Gabriel Masfurroll, fundador de la cadena de hospitales privados USP: “Capio nace copiando nuestro modelo, solo que nueve meses después”. A la nueva empresa la llamaron Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, IDC.

La sede española de CVC, uno de los fondos más potentes del mundo, propietaria de los derechos de Capio, se encuentra en una primera planta luminosa que vierte sobre la llamada Milla de Oro de Madrid. La mayoría de compañías de capital riesgo se apelotonan, como esta, en torno a los mejores números de la calle de Serrano. Y la mayoría han estudiado el sector, con especial interés desde 2010. Como se puede leer en un informe interno elaborado ese año por una competidora de CVC, entre los puntos fuertes del sector sanitario privado se encuentran “los ajustados presupuestos del Gobierno, que darán lugar a considerables oportunidades de subcontratación para los proveedores ya establecidos”. Los recortes. El Plan de Estabilidad remitido a la UE en abril pasado establece una reducción del gasto sanitario público de 7.200 millones de euros entre 2012 y 2013. “Las empresas privadas saben que va a seguir creciendo el gasto total en sanidad. Y ven que el músculo financiero del Estado no es suficiente. Si se hunde el sector público, hay una oportunidad de negocio”, según un profesor de Universidad de Economía de la Salud y asesor en materia sanitaria. El banquete ya ha comenzado a convocar a comensales en Castilla-La Mancha, donde se adjudicarán presumiblemente en 2013 la gestión de cuatro hospitales públicos a empresas privadas, y en Madrid, donde se privatizará la gestión de otros seis hospitales y 27 centros de salud.

Si se hunde el sector público, hay oportunidad de negocio”,admite un profesor universitario y asesor sanitario

De entre las paredes inmensas, blancas y sobriamente decoradas de la sede de CVC surge su director gerente, Javier de Jaime, ya sin chaqueta y corbata a media tarde. Habla en susurros. Con tono de confidencia. A los ocho años, este fondo británico vendió IDC por 330 millones a Capio, empresa cotizada de origen sueco. Una operación “aceptable, no más”, en palabras de De Jaime. En ese tiempo, la compañía española había dado dos golpes en la mesa que habían logrado colocarla en el mapa sanitario: la adjudicación en 2001 del Hospital General de Cataluña, que arrastraba una deuda millonaria; y la entrada el año siguiente en la Fundación Jiménez Díaz, prácticamente en quiebra. Se la quedaron a cambio de asumir la deuda. Hoy es su mayor fuente de ingresos, con un acuerdo con la Comunidad de Madrid para atender a una población superior a las 400.000 personas; un hospital al que derivan un tercio de los pacientes que no pueden atender en el resto de concesiones del Servicio Madrileño de Salud, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el Infanta Elena de Valdemoro. Cuando se produjo la venta a Capio, la empresa ya empezaba a postularse para la concesión de este último hospital, primer ejemplo de prestación público-privada en Madrid. Desde entonces, ha ganado tres de los cuatro concursos abiertos para gestionar hospitales públicos en esta comunidad. Al cuarto no se presentó.

En 2006, dos nuevos fondos de capital riesgo, Apax y Nordic Capital, compraron Capio en la Bolsa de Estocolmo. “Entraron en un momento muy bonito, cuando las estructuras financieras permitían pagar un precio muy alto”, según De Jaime. “Pero al final se demostró que no había tantas sinergias entre países como se pensaba. La filial española decidió romper el nexo, aunque no del todo, con los de arriba”. En 2010, cuando se empezó a saber en el sector financiero que la filial española de Capio quería escindirse de su matriz sueca, llamaron a la puerta “por lo menos cuatro fondos” de capital riesgo, según un consejero de la compañía. CVC volvió a entrar en Capio, en una operación valorada en 900 millones, quedándose con el 60% de la compañía (el otro 40% pertenece a Víctor Madera y el resto del equipo directivo, según CVC).

La venta se produjo a principios de 2011. Más o menos al mismo tiempo que otro fondo de private equity extranjero, Doughty Hanson, comenzaba a estudiar seriamente la compra de USP, una compañía sin timonel desde que otro fondo de inversión, Cinven, huyera y la dejara en manos de sus acreedores, Royal Bank of Scotland y Barclays. Doughty Hanson la compró en febrero de 2012 por 355 millones. Pocos meses después, el grupo USP se fusionaba con Quirón, propiedad de la familia del desaparecido Publio Cordón (empresario secuestrado por los GRAPO en 1995 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado), formando así la mayor empresa de salud privada de España.

En otro despacho de la calle de Serrano, este con vistas a la plaza de Colón, habla Francisco Gutiérrez Churtichaga, director de Doughty Hanson. “Nuestro negocio es el de la gente que paga una póliza”, dice. El sector privado puro. Pero “evidentemente”, añade, mirarán las nuevas concesiones para gestionar hospitales públicos “con muchas ganas”. Un portavoz de Quirón, el otro socio, insiste en esta idea: “Estamos inicialmente dispuestos a evaluar cualquier propuesta que se haga en este sentido”.

Poco a poco, han ido colocándose nuevos competidores: ahí está el grupo Vithas, de recentísima creación. O Sanitas, sacando pecho después de la compra a Ribera Salud de su participación en el Hospital de Manises (Valencia) y en el de Torrejón (Madrid). Propiedad del grupo British United Provident Association (BUPA), una multinacional británica de sanidad, Sanitas facturó en España el año pasado 1.515 millones, en su mayoría (1.114) vinculados al negocio de seguros sanitarios, según recoge su informe de cuentas. Sanidad privada estricta.

Sanitas compró a Ribera Salud su participación en los centros públicos de Manises (Valencia) y Torrejón (Madrid)

En 2011, la facturación ligada a la gestión privada de centros públicos (a través del 60% que poseía del hospital de Manises) supuso un 5% de las cifras globales. Tras la apuesta de la compañía de consolidar posiciones en el segmento de la gestión privada de servicios, las cuentas de este año reflejarán mayor peso de la facturación ligada al sector público-privado. Unos números que podrían crecer los próximos años.

El caso del grupo Ribera Salud es otro: siempre ha estado ligado a la sanidad pública. Nació en 1997, casi de casualidad. La Generalitat lo concibió como una herramienta: dar respaldo financiero al proyecto que se convertiría en el estandarte sanitario del PP valenciano: el hospital de Alzira. Han pasado 16 años y la compañía (ahora participada al 50% por Bankia y Banco Sabadell), se ha consolidado como el primer operador de hospitales públicos por concesión.

Como hiciera con otras iniciativas (el parque de atracciones Terra Mítica de Benidorm o los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz, en Alicante) el Gobierno de Eduardo Zaplana, que accedió al Palau de la Generalitat en 1995, echó mano de las cajas de ahorros para impulsar sus planes. Y una de las medidas en las que el Ejecutivo puso un empeño especial fue la puesta en marcha en 1999 del primer hospital público gestionado de forma privada con una concesión administrativa, el que se conocería como modelo Alzira. De forma parecida a las autopistas, donde se permite a una empresa el cobro del peaje a cambio de construir la infraestructura, el Consell recurrió a la fórmula de otorgar a una unión de empresas la construcción y explotación de un hospital a cambio de una cantidad (ahora 639 euros por la atención sanitaria integral) por cada uno de los 250.000 habitantes de la comarca de La Ribera y potenciales usuarios. Era la primera vez que algo así se hacía en España.

El hospital de Aliza cobra 639 euros a la Generalitat valenciana por cada uno de sus posibles pacientes

La gestión recayó en Ribera Salud UTE, una compañía creada para la ocasión. La única candidata que se presentó al concurso. El accionista mayoritario (51%) y responsable de aportar el conocimiento sanitario fue Adeslas. Las constructoras Lubasa (2%) y Dragados (2%) se ocuparon de las obras. Pero hacía falta músculo financiero. De ello se encargaron Bancaja, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Caixa Carlet, con un 15% de las acciones cada una. Caixa Carlet quebró en 2001 y las otras dos entidades acabaron por repartirse el 45% del paquete de las cajas. Este fue el origen de Ribera Salud Grupo (no confundir con Ribera Salud UTE, concesionaria de Alzira, de la que forma parte).

Con este modelo, las desaparecidas Bancaja (ahora Bankia) y CAM (adquirida por el Sabadell), unidas al 50% bajo la marca Ribera Salud Grupo, han participado, con distintos compañeros de viaje, en todas las adjudicaciones de la gestión de hospitales públicos y sus correspondientes departamentos de salud que ha sacado a concurso la Generalitat. En Torrevieja (inaugurado en 2006), Ribera Salud está presente en la empresa que gestiona la asistencia sanitaria con un 65% de las acciones, junto a Asisa (35%). En Dénia (2009) participa, con un 35%, con DKV (65%). En Elche, abierto en 2010, Ribera Salud cuenta con un peso del 60% y está presente también con Asisa (40%). La compañía también participaba en Manises (2009), el quinto departamento de salud gestionado de forma privada en la Comunidad Valenciana. Pero hace un mes vendió sus acciones (el 40%) a Sanitas, que actualmente posee el control accionarial total.

Esta expansión vino acompañada por un cambio estratégico. Ribera Salud dejó de ser una simple comparsa financiera. Ya no sería solo una herramienta al servicio de la Administración. Se transformó en un operador sanitario más, abierto a competir en cualquier oportunidad de negocio en la gestión de la sanidad pública. El cambio de rumbo tuvo lugar en 2007 y está ligado a la llegada de Alberto de Rosa como responsable del grupo, que hasta entonces era gerente del hospital de Alzira. De Rosa es una persona con experiencia en la gestión sanitaria, buen conocedor del sector y con estrechos lazos con el PP. Su hermano, Fernando de Rosa, fue consejero de Justicia del Gobierno de Francisco Camps antes de acceder a la vicepresidencia del Consejo General del Poder Judicial, cargo que actualmente ocupa, designado por el PP.

El PP concibió Ribera Salud para dar respaldo financiero al proyecto de gestión privada de los centros públicos

Es en la etapa en la que Alberto de Rosa se pone al frente de Ribera Salud cuando la compañía amplía sus horizontes. Lo hace a la sombra de dos autonomías gobernadas por el PP, la Comunidad Valenciana y la madrileña, con el respaldo de las cajas y el visto bueno de la Generalitat. Las entidades financieras consideraron que era una buena idea explorar el mercado relacionado con la gestión de parcelas de la sanidad pública. Era una forma de diversificar riesgos y buscar vías de escape ante la excesiva dependencia que las entidades de ahorro valencianas concentraban en el ladrillo.

La compañía ya no tenía problema en entrar en la gestión de departamentos de salud como socio mayoritario, relegando a las aseguradoras sanitarias a un segundo plano. Además, dejó de limitarse al negocio de los hospitales. Entró en la gestión del diagnóstico por resonancia magnética en la red sanitaria pública valenciana. También creció en Madrid. Primero asumiendo los análisis clínicos de seis hospitales públicos y sus áreas de influencia. Más adelante, con la gestión del hospital de Torrejón, de donde acaba de salir al vender a Sanitas su parte.

Eran los tiempos en los que Ribera Salud miraba abiertamente hacia Brasil o Portugal para ampliar su negocio, sin dejar de lado España. Pero llegó la crisis. Y el estallido de la burbuja inmobiliaria se llevó por delante a las cajas que apostaron de forma más irresponsable por el sector de la construcción, entre las que estaban Bancaja y la CAM.

Bancaja se unió a Caja Madrid y otras cinco entidades para crear Bankia. La CAM fue intervenida por el Banco de España. Las dificultades financieras por las que atravesaban ambas aconsejaron desinvertir en Ribera Salud, que salió a la venta en 2011. Y la empresa que más interés mostró por hacerse con Ribera Salud fue su principal competidora: Capio. Su compra hubiera dado como resultado un escenario inédito. De la situación cercana al oligopolio, en la que Capio y Ribera Salud prácticamente se reparten el mercado actual de gestión privada de hospitales y departamentos de salud públicos, se hubiera pasado a otra casi monopolística. Ello hubiera podido derivar en uno de los peligros que entraña este modelo de gestión, que recientemente recordó la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Un exceso de concentración otorga un fuerte poder de negociación. Hasta el punto de llegar al fenómeno de captura del regulador, que sucede cuando la influencia de las empresas es tal que es capaz de someter a la Administración y anular su papel supervisor.

El presidente de Capio se define como progresista y defensor de lo público, pero “generando beneficios para el accionista”

Si la fusión se hubiera formalizado, los nueve hospitales públicos (cinco valencianos y cuatro madrileños) de gestión privada integral habrían pasado a estar total o parcialmente controlados por Capio. O lo que es lo mismo, por su propietario, el fondo de capital británico CVC. En la Comunidad Valenciana, dado que las concesiones no se limitan a la gestión de un hospital, sino a la asistencia sanitaria integral de los habitantes adscritos al centro hospitalario, el resultado hubiera sido que el 20% de los valencianos (un millón), cuya atención sanitaria pública está totalmente privatizada, hubiera dependido de una empresa participada por el fondo británico de capital riesgo.

Capio y Ribera Salud mantuvieron un largo tira y afloja sobre el precio de venta. Finalmente, no hubo acuerdo, aunque sí un vuelco en el panorama accionarial de la compañía valenciana. La CAM fue adjudicada al Banco Sabadell, que decidió que no quería desprenderse de este activo. Poco después de tomar el control de la antigua caja alicantina, mostró interés por su 50% de Ribera Salud e incluso no descarta la compra de la mitad en manos de Bankia. “El principal valor de Ribera Salud es que es el único grupo que se dedica al modelo público-privado en sanidad de forma exclusiva, y esto da garantías, ya que no se producen interferencias entre intereses privados y públicos que pueden romper la equidad del modelo, como puede ocurrir con otras compañías”, explica Alberto de Rosa, gerente de la empresa. “Hemos nacido y crecido a la vez que un modelo sanitario que ha marcado un precedente en la gestión sanitaria”, añade en referencia al modelo Alzira. Además de estar atentos a los movimientos que se están produciendo en España, De Rosa apunta que el reto de Ribera Salud consiste en ver su modelo “en proyectos internacionales, por lo que vamos a planificar ordenadamente nuestra presencia fuera de España”.

Pese a los pasos dados por Ribera Salud, la mayoría de expertos consultados ven a Capio como el grupo más potente. Por tamaño, por experiencia, porque cuenta con personas a las que se les suele abrir las puertas, como Javier Gómez-Navarro, político socialista, exministro de Comercio y expresidente del Consejo Superior de Cámaras; y Mauricio Casals, presidente de La Razón y hombre de confianza de José Manuel Lara, presidente de Planeta. La empresa nació con vocación de hacer beneficio vía conciertos, aminorando las listas de espera. Y en palabras de Javier de Jaime: “Lo que Madera quería, su visión del negocio, es más o menos lo que hoy es Capio”.

"Estos fondos son lo peor que nos puede pasar. Un expolio para vender después”, señala un catedrático de Economía

Es difícil desentrañar esta visión. Según uno de los asesores de la compañía, Madera es “un defensor a muerte del sistema público. De ideología progresista. Siempre dice que no le interesa el sector privado. Defiende lo público; pero generando beneficios razonables al accionista”. El exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, el socialista Fernando Lamata, hoy retirado de la política y reincorporado en su plaza de funcionario, le añade matices: “Madera no está por desmontar o desvalorizar la sanidad pública. Cuando yo le he planteado que el núcleo duro de la sanidad es público, él no lo ha cuestionado. Creo que su estrategia es la de ponerse a disposición de la Administración, dejando que sea esta la que fije las condiciones. Defiende la colaboración con la pública. No pretende sustituirla por centros privados. Aunque lo cierto es que las concesiones [de gestión de hospitales públicos] sí que empiezan a ser una sustitución”.

Madera no suele aparecer en los medios. Es un tipo de rostro ancho y pómulos elevados, que rememora los grandes hitos de la compañía que dirige en función del nacimiento de sus hijos. Hace tres semanas, con la marea blanca en su apogeo por las calles de Madrid, se colocó al teléfono desde el extranjero. Y dijo: “No puedo renegar de mis orígenes. Soy un defensor de la sanidad pública. En todo menos en la provisión. Porque es más eficiente la privada. El modelo capitativo [como el de la concesión que la compañía tiene para gestionar tres hospitales en Madrid] es un modelo inteligente. Los resultados de calidad son iguales o mejores que en la gestión pública directa”.

Un exdirectivo de Capio explica un poco más en qué consiste este tipo de acuerdos, patentado en Alzira y trasladado a Madrid por la expresidenta Esperanza Aguirre: “La ventaja para la Administración es que paga una cantidad fija [una suma por cabeza, la cápita, al gestor privado]. Que la empresa gane dinero depende de cómo manejes a los enfermos”. También del precio por habitante pagado. Y añade: “El sector privado tiene una ventaja enorme, el sistema público no tiene herramientas de prima, incentivo y castigo al empleado. Eso es fundamental en una empresa donde la gente se gana la vida. La productividad es más alta, de un 20% o 30%. El absentismo es más bajo, sin comparación. Puedes contratar a los mejores médicos, pagarles 300.000 o 400.000 euros. Y echar a un empleado si no trabaja. Existe un recorrido profesional. Instrumentos que no tiene el sector público”. Un poco después abunda en las similitudes de un hospital con el negocio de la hostelería. “Si de verdad quieres recortar, empiezas por los servicios hosteleros, no por los servicios médicos. Siguiendo el modelo de Ikea o Ryanair y otras empresas del low cost. Igual la comida la tienes que pagar. Y la tele. Esto del análisis del valor cada vez va a ir a más”.

Igual la comida y la tele las tienes que pagar. El análisis del valor cada vez va a más”, sostiene un exdirectivo de Capio

“¿La rentabilidad para estas empresas de dónde puede venir? De que se vaya a este modelo de bajo coste”, avanza un catedrático de Economía y experto en sanidad pública cuyos consejos suelen escucharse en las altas instancias económicas de España. “Es algo que las compañías sanitarias ya hablan abiertamente. Lo que en el Reino Unido se llama topping up. Un poco como ocurre con el cine: el verdadero negocio no está en la entrada, sino en las palomitas. Al gobernante eso le permite reducir el gasto. Entrega la gestión por una tarifa plana. Le va fenomenal. Y el que quiera, que se rasque el bolsillo. Cuanto más bajo es el low cost, más se puede añadir”. Por ejemplo, un tratamiento que queda fuera de los mínimos cubiertos por la sanidad pública; ese dinero no iría a la Administración, como ocurriría con el copago o una tasa. Se le escapa al Estado al igual que los beneficios de estas empresas tampoco revierten sobre los contribuyentes de forma directa. En todo caso, como argumentan desde CVC, favorece al ciudadano “por el ahorro en la gestión que le supone”.

Capio reinvierte la mayor parte de su beneficio bruto en el crecimiento de la compañía; más de 225 millones de euros en 2011, según datos de CVC. Así, el margen de beneficio neto de la empresa no alcanzó ese año el 2%. Igualmente, es discutible si esa reinversión beneficia realmente al contribuyente o al inversor del fondo de capital riesgo. El objetivo de un private equity es la plusvalía en la venta final; no paga dividendos anuales a sus inversores anónimos. Compra y vende en un horizonte de unos cinco años de media. El catedrático ve riesgos en ello: “Estos fondos son la antítesis de lo que tiene que ser la gestión sanitaria. Es lo peor que nos puede pasar. Un expolio para vender después. No sabes quién está detrás. Se apropian del excedente. Luego revenden y pueden dejarte la concesión patas arriba. Es lo que ha pasado en Valencia”.

No es el único con esta tesis. Lamata contaba este verano en una conferencia: “El sector sanitario puede generar beneficios a los especuladores haciendo que crezca la expectativa de ganancia y vendiendo una empresa a mejor precio que cuando la compró. Esto ocurre en cualquier sector de la economía, pero en el sanitario puede hacer más daño, al debilitar una estructura de provisión de servicios que cuesta mucho crear, pero que es fácil destruir”. Aquel pupilo suyo del curso de 1989, Víctor Madera, prefiere decir que él está “en esto para desarrollar un proyecto de vida”. El financiero Javier de Jaime añade: “¿Será buen negocio? Lo veremos. Desde luego, no es obvio”.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/03/actualidad/1357233012_416495.html

DE LA PÚBLICA A LA PRIVADA Y AL REVÉS

Manuel Marín Ferrer fue entre 2000 y 2007 el hombre de la Generalitat valenciana en el departamento de Salud de la comarca de La Ribera, de gestión privada. Durante este tiempo ocupó el cargo de comisionado. Su trabajo consistía en supervisar desde la Administración a la empresa privada adjudicataria de la atención sanitaria: Ribera Salud UTE. En septiembre de 2007 esa misma operadora sanitaria le fichó para ocupar el cargo de mayor responsabilidad: la dirección del departamento de Salud. Y pasó, sin etapas intermedias, de vigilar a la empresa desde su puesto de la Administración pública sanitaria a estar en nómina de la compañía.

La prensa británica se ha hecho eco recientemente de casos que los anglosajones denominan gráficamente “puerta giratoria (revolving door)”: el tránsito del sector público al privado de directivos que pasan de vigilar a las empresas a trabajar para ellas. The Guardian publicaba el pasado 23 de noviembre que un exasesor de salud del Gobierno de Cameron acaba de ser fichado por un lobby de la sanidad privada.

En España también existen casos similares, como muestra el caso de Marín Ferrer. Tanto de personas que ponen al servicio de las firmas privadas todo el conocimiento adquirido en la sanidad pública como al contrario, cargos que desde la Administración impulsan iniciativas privatizadoras que benefician a las empresas del sector sanitario y que algunos han bautizado como “la estrategia del caballo de Troya”.

Esto sucede en un momento muy convulso para la sanidad pública, azotada por los recortes de gasto y con la mayor apuesta privatizadora registrada hasta ahora. La gestión de 10 hospitales en Madrid y Castilla-La Mancha está a punto de cambiar de manos: de las públicas a las privadas. El rechazo a estas políticas ha sacado a la calle en bloque al sector sanitario madrileño.

Valencia y Madrid destacan por la ida y vuelta de sus ejecutivos sanitarios

El debate no es solo ideológico. También obedece a la falta de evidencia de que la privatización permite controlar el gasto, de transparencia respecto a los intereses del sector y de control sobre las empresas que intervienen en la sanidad pública. Los Gobiernos que han apostado por el modelo se han convertido frecuentemente en sus máximos defensores, como lo son las propias compañías que prestan el servicio y sacan réditos de él. No es extraño el trasiego de altos cargos que cruzan de un lado a otro los ámbitos público y privado.

El caso de Marín Ferrer se produjo precisamente en la cuna de la gestión sanitaria privada de hospitales públicos, la localidad valenciana de Alzira. En 1999, el Gobierno del PP dirigido por Eduardo Zaplana lanzó el que ha acabado por conocerse como modelo Alzira, una fórmula que se ha consolidado en la Comunidad Valenciana: la cobertura sanitaria pública del 20% de sus habitantes depende en estos momentos de una empresa. Marín pasó a la compañía que antes debía vigilar. Entre sus funciones en la Administración estuvo la de fiscalizar a Ribera Salud UTE (participada mayoritariamente por Adeslas y Ribera Salud), que se ocupa de la atención sanitaria de los 250.000 vecinos de la comarca de La Ribera. Sus atribuciones incluían comprobar que se ajustaba a las cláusulas del contrato y que se cumplía los criterios de calidad asistencial pactados.

Marín Ferrer, en una respuesta por escrito a este diario, no considera que esté incurriendo en un posible conflicto de intereses al haber pasado al otro lado. “La Administración y la empresa concesionaria actúan en todo momento como aliados (...) para garantizar una asistencia pública y de calidad, como demuestran las encuestas, a los pacientes y a nuestros profesionales, por lo que no se produce ninguna incompatibilidad”.

No existe ninguna regulación acerca de los conflictos de intereses en que pueda caer la figura del comisionado en los departamentos de gestión privada. No hay normas que impidan, de un día para otro, sentarse al otro lado de la mesa y pasar de servir al interés general a poner sus conocimientos al servicio de la empresa que supervisaba.

El debate incluye las dudas sobre el ahorro que supone privatizar

Tampoco existe una normativa capaz de preservar con garantías el interés público en las nuevas fórmulas de gestión sanitaria ante su creciente expansión e implantación. La consultora PriceWaterhouse Coopers llama la atención sobre ello en el informe Diez temas candentes de la sanidad española para 2012. “Con el objetivo de resolver algunos de los aspectos más controvertidos de estas fórmulas de colaboración [público privadas, en general], sería razonable iniciar el debate sobre la conveniencia de diseñar un marco regulatorio que asiente las bases de los intereses públicos a preservar, junto con el tipo de relación deseable con la empresa o empresas privadas implicadas”, recoge en el capítulo titulado Es el momento de relanzar la colaboración público-privada.

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), de la que forman parte 12 sociedades científicas, es más explícita. Primero, destaca la falta de información sobre el resultado de las experiencias privatizadoras: “Contrariamente a lo que publicitan sus defensores, en la práctica no se han demostrado ventajas que aconsejen su adopción”. Esta información tan limitada “solo ha permitido alertar del riesgo verosímil que la excesiva proximidad entre autoridades y concesionarios puede suponer al reducir la eficacia de la supervisión sobre los servicios prestados”, añade. Y aún va más lejos al avisar del “enorme riesgo de captura del regulador”, fenómeno que se da cuando la influencia de las empresas [en este caso el sector privado sanitario] es tal que tiene la capacidad de someter a la Administración, anular su función inspectora y convertir al regulador “en casos extremos en defensor de los intereses de la empresa dominante”, en lugar del interés general.

"No se produce ninguna incompatibilidad", dice un afectado

“Puede tener sentido separar el proveedor de los servicios [privado] del financiador [público], pero siempre que exista un control estricto del segundo respecto del primero”, añade Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud (de ámbito estatal, tiene unos 900 socios, médicos o economistas, y forma parte de SESPAS). “El problema de fondo es que faltan normas de buen gobierno” respecto a este modelo, añade. En especial cuando pocos operadores sanitarios copan el mercado y, gracias a ello, adquieren gran capacidad de influencia sobre las Administraciones que contratan sus servicios, como sucede en España con el peso de Ribera Salud y Capio, los dos principales grupos que gestionan hospitales públicos.

Un ejemplo de presunto “caballo de Troya” es Antonio Burgueño, director general de Hospitales de la Consejería de Sanidad madrileña desde 2008, ideólogo del plan sanitario madrileño para 2013 (privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud), que pasó más de 20 años trabajando para empresas del sector. En su época como director asistencial en Adeslas puso en marcha el hospital de Alzira. Después asesoró a Capio en la construcción del hospital de Valdemoro —traslación del modelo Alzira a Madrid—, inaugurado en 2007. Su hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja para Ribera Salud, a la que asesoró en el proyecto del hospital de Torrejón (recién comprado por Sanitas), que la Consejería de Sanidad adjudicó cuando Burgueño padre estaba en el cargo.

Los expertos alertan de la "excesiva proximidad" de firmas y autoridades

En Madrid el trasvase funciona en las dos direcciones. Los dos últimos consejeros de Sanidad tienen intereses en la sanidad privada. Manuel Lamela estuvo en el cargo entre 2003 y 2007, cuando le salpicó el escándalo del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2010 creó la sociedad mercantil Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. Los periodistas aún recuerdan la presentación de su nuevo proyecto en julio de 2011. Apareció flanqueado por dos consejeros del Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre, dos concejales del Ayuntamiento de Ruiz-Gallardón y el presidente de la patronal. Presentó una “asociación sin ánimo de lucro”, llamada Madrid Centro Médico (MCM), que nacía con el objetivo de “potenciar el turismo sanitario de primer nivel” a las clínicas privadas madrileñas. Entre sus clientes, Capio Sanidad, MD Anderson o Clínica La Luz.

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital ayudaron el despegue de MCM. La primera, a través del organismo Madrid Network, le concedió un crédito de 1,3 millones de euros. Dinero que procedía de una partida de 80 millones del Ministerio de Ciencia e Innovación destinada a inversión en proyectos innovadores. El Ayuntamiento concedió una subvención de 5.900 euros a cambio de incluir el logo de la ciudad en la página web. Año y medio después, la web no tiene ningún contenido. El director de MCM, Mario Esteban, explica que le han cambiado el nombre por Ibersalud y que la mercantil ya no existe. Lamela tampoco ha realizado el “gran evento del sector de la salud” que aseguró haber firmado con Ifema para 2012 y que iba a llamarse Madrid Medical Meeting. “Está suspendido sin fecha”, confirman en Ifema. Este diario ha intentado, sin éxito, contactar con Lamela.

Un sector en expansión

El negocio de la gestión privada de hospitales públicos en España es, básicamente, cosa de dos empresas: Capio, controlada por el fondo de capital riesgo CVC Partners, y Ribera Salud, propiedad a partes iguales de las antiguas cajas de ahorros valencianas Bancaixa (Bankia) y CAM (Sabadell). El sector, en ebullición, estuvo a punto de dar un vuelco a principios de este año, cuando Capio intentó comprar Ribera Salud.

La firma valenciana tuvo un origen instrumental. Se creó para poder llevar adelante el proyecto del PP regional de ceder al sector privado la construcción y gestión de un hospital público que se materializó en Alzira en 1999. Adeslas aportó el conocimiento sanitario. Dragados y Lubasa se encargaron de la obra. Pero faltaba músculo financiero. Para ello, el Gobierno valenciano impulsó la creación de Ribera Salud, participada por Bancaixa y CAM.

Ribera Salud creció, se emancipó y se convirtió en un operador sanitario independiente, hasta el punto de liderar proyectos. Sin embargo, el colapso de sus dos accionistas (Bancaixa absorbida por Bankia, a su vez, intervenida) y CAM (intervenida y vendida al Sabadell por un euro) puso a la empresa en una situación delicada y salió a la venta. Fue entonces cuando Capio estuvo muy cerca de adquirirla. Al final no hubo acuerdo económico entre las partes. Ahora es Sabadell CAM quien está tratando de negociar con Bankia adquirir el 50% que no posee de la firma, según fuentes de la empresa.

El fondo británico CVC, capitaneado en España por el financiero Javier de Jaime, es el accionista mayoritario de Capio. Se trata del mismo grupo que dio origen e hizo crecer a la compañía en 1998 (entonces Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, IDC). La acabó vendiendo en 2005 al grupo sueco Capio por 331 millones de euros. Un año después, otros dos fondos de inversión, Apax y Nordic Capital, compraron la compañía sueca y entraron en el Consejo de Administración de la filial española. En 2011, sin embargo, la empresa radicada en España pactó escindirse de la matriz. Buscó comprador y tras recibir distintas ofertas, se acabó cerrando la operación con CVC, viejos conocidos, por 900 millones de euros.

Junto con Capio y Ribera Salud, aseguradoras sanitarias como Sanitas (propiedad del Grupo BUPA, multinacional británica de sanidad), compañías como la recién constituida Quirón-USP (fusión participada por la familia Cordón y el fondo de capital riesgo Doughty Hanson) y Hospitales de Madrid siguen con atención el anuncio de la inminente salida al mercado de concesiones administrativas de hospitales públicos en Madrid y Castilla-La Mancha para tomar posiciones en el terreno de juego cada vez más abierto de la sanidad público-privada.

Juan José Güemes es otro ejemplo de revolving door en Madrid. Dejó su puesto de consejero de Sanidad en 2010 y fichó por la escuela de negocios IE, pero alguna de sus actividades están relacionadas con el puesto que desempeñó en el ámbito público. La empresa suiza Unilabs, de análisis clínicos, lo fichó en junio pasado como consejero. Unilabs gestiona el laboratorio del hospital Fundación Jiménez Díaz, propiedad de Capio. Este diario trató, sin éxito, de contactar con este exconsejero madrileño.

“Hay que distinguir entre incompatibilidad legal e incompatibilidad ética y política”, señala el profesor del IESE José Ramón Pin. “El trasvase de directivos es bastante natural en Estados Unidos, pero lo resuelven con transparencia. Un secretario de Estado, por ejemplo, pasa antes por una comisión parlamentaria. En España sería bueno tener más transparencia, un organismo que juzgara posibles conflictos de intereses”. Pin considera que restringir excesivamente ese trasvase es negativo porque “se pierde talento”: “Lo relevante no es el paso al sector privado, sino que haya mecanismos para descubrir si alguien ha pasado como una devolución de favores o solo porque es buen profesional”.

En Capio, la transferencia desde el sector público se encuentra en el mismo origen de la compañía en España. Uno de sus socios fundadores es Fernando Largo (abandonó la compañía en 2005). Antiguo militante del PSOE, este cardiólogo ocupó el cargo de director provincial del Instituto Nacional de Salud en Toledo a principios de los años noventa del pasado siglo, y fue subdirector general de conciertos del Insalud entre 1993 y 1996. Dos años después de abandonar el cargo público, colgó la chaqueta de médico y se convirtió en socio de una clínica en Castilla-La Mancha llamada Recoletas. Ese fue el germen de Capio. Casi 15 años después, el 67% de los ingresos de esta empresa provienen de las concesiones y conciertos con las Administraciones.

Entre los empleados de Capio se encuentra Teresa Echániz, hermana de José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad en Madrid cuando la empresa se hizo con el control de la Fundación Jiménez Díaz (da cobertura sanitaria a más de 400.000 madrileños), y actual consejero de salud de Castilla-La Mancha, donde se ha anunciado la privatización de la gestión de cuatro hospitales. “La contratamos cuando su hermano no tenía ningún cargo sanitario. Ella es farmacéutica y conoce el sector”, afirma Víctor Madera, el presidente del grupo. Pese a los intentos de este periódico, Capio no le facilitó hablar con la aludida, que tiene un cargo intermedio.

Entre los 10.000 trabajadores de la compañía también aparece Elena Arias, que abandonó en 2007 su puesto como directora de Recursos Humanos en Capio para asumir la gerencia del servicio de Salud del Principado de Asturias. Regresó a la empresa en 2011. Sin paradas ni descansos entremedias.

El año pasado, cuando la empresa Capio salió al mercado en busca de un nuevo comprador, llamaron a su puerta “cuatro o cinco” fondos de capital riesgo, según un consejero de la compañía. Se dice que la sanidad pública no es rentable, pero sí parece un negocio desde el punto de vista de la privada. “La prueba es que todos los fondos de inversión mundiales quieren invertir en la sanidad privada”, añade. Y eso porque en tiempos de recortes públicos, aumenta la demanda de atención privada y, además, la posibilidad de estas empresas de ganar dinero con las privatizaciones públicas. La salud puede ser un negocio en doble dirección.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/01/actualidad/1354393366_194247.html

¿QUÉ FUE DE MANUEL LAMELA?

De consejero de Sanidad (e inquisidor mayor del reino) a empresario de Sanidad

El presidente de Madrid Medical Destination S.L. y de Madrid Ciudad de la Salud S. A., Manuel Lamela, a la sazón exconsejero de Sanidad del Gobierno de Madrid, exjefe de gabinete de Rodrigo Rato cuando era vicepresidente económico y consejero de Caja Madrid Cibeles (Grupo Bankia), puso en marcha recientemente estas dos sociedades, auspiciadas también desde las administraciones públicas de la capital de España, para impulsar actividades y negocios diversos en el ámbito de la sanidad privada.

En Madrid Medical Destination participa como asociado Capio Sanidad, el grupo con sede social en Madrid y que Bankia ha elegido para venderle la firma valenciana Ribera Salud, gestora de varios hospitales públicos en la Comunidad y controlada a partes iguales por el banco que preside Rato y la CAM. (sigue en el desplegable)

Fuente: La venta de Ribera Salud a Capio beneficiará a un alto cargo de Bankia. Información.es  

Lamela es un hombre de la máxima confianza de Rato y desde que abandonó la política en 2008 ha pasado de ser un gestor de la sanidad pública a un empresario privado del mismo sector.

Madrid Medical Destination, de la que es máximo dirigente, es un proyecto emblemático que presentó este pasado verano el exconsejero de Esperanza Aguirre para dar participación a varios asociados del sector como Capio Sanidad, que es líder en España con más de una veintena de centros en cuatro autonomías y que aumentaría sustancialmente su cuota de mercado con la compra de Ribera Salud, que dispone de una decena de hospitales entre la Comunidad Valenciana y Madrid.

El negocio empresarial de Lamela se generará a partir de la facturación que Madrid Medical Destination realice a Madrid Centro Médico, asociación vinculada a la firma que ha puesto en marcha el exconsejero de Sanidad y también de Transportes de la comunidad autónoma de Madrid.

Además de Capio Sanidad, Madrid Medical Destination tiene como socios al Instituto Valenciano de la Infertilidad (IVI), Clínica La Luz, Hospital de Madrid, Clínica Cemtro, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Clínica López Ibor, Cambra Clinic, Vissum o el Instituto de Oftalmología Avanzada.

http://recuperarmadrid.blogspot.com.es/2011/12/que-fue-de-manuel-lamela.html

LA VENTA DE RIBERA SALUD A CAPIO BENEFICIARÁ A UN ALTO CARGO DE BANKIA

El exconsejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela es socio estratégico del grupo elegido por Rodrigo Rato

El presidente de Madrid Medical Destination S.L. y de Madrid Ciudad de la Salud S. A., Manuel Lamela, a la sazón exconsejero de Sanidad del Gobierno de Madrid, exjefe de gabinete de Rodrigo Rato cuando era vicepresidente económico y consejero de Caja Madrid Cibeles (Grupo Bankia), puso en marcha recientemente estas dos sociedades, auspiciadas también desde las administraciones públicas de la capital de España, para impulsar actividades y negocios diversos en el ámbito de la sanidad privada. En Madrid Medical Destination participa como asociado Capio Sanidad, el grupo con sede social en Madrid y que Bankia ha elegido para venderle la firma valenciana Ribera Salud, gestora de varios hospitales públicos en la Comunidad y controlada a partes iguales por el banco que preside Rato y la CAM.

Lamela es un hombre de la máxima confianza de Rato y desde que abandonó la política en 2008 ha pasado de ser un gestor de la sanidad pública a un empresario privado del mismo sector. Madrid Medical Destination, de la que es máximo dirigente, es un proyecto emblemático que presentó este pasado verano el exconsejero de Esperanza Aguirre para dar participación a varios asociados del sector como Capio Sanidad, que es líder en España con más de una veintena de centros en cuatro autonomías y que aumentaría sustancialmente su cuota de mercado con la compra de Ribera Salud, que dispone de una decena de hospitales entre la Comunidad Valenciana y Madrid.

El negocio empresarial de Lamela se generará a partir de la facturación que Madrid Medical Destination realice a Madrid Centro Médico, asociación vinculada a la firma que ha puesto en marcha el exconsejero de Sanidad y también de Transportes de la comunidad autónoma de Madrid. Además de Capio Sanidad, Madrid Medical Destination tiene como socios al Instituto Valenciano de la Infertilidad (IVI), Clínica La Luz, Hospital de Madrid, Clínica Cemtro, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Clínica López Ibor, Cambra Clinic, Vissum o el Instituto de Oftalmología Avanzada.

http://www.diarioinformacion.com/economia/2011/11/17/venta-ribera-salud-capio-beneficiara-alto-cargo-bankia/1191665.html

Nace Madrid Centro Médico para posicionar la región como referencia mundial en turismo sanitario privado

En un gran acto multitudinario en el Área de Gobierno de Economía madrileña se presentó Madrid Centro Médico (MCM), una asociación sin ánimo de lucro constituida por los principales grandes centros sanitarios privados de la Comunidad de Madrid e impulsada principalmente por Madrid Network.

La presentación de la asociación corrió a cargo del Presidente y ex consejero de Sanidad, Manuel Lamela. Seguidamente, intervendrían Arturo Fernández, Consejero Ejecutivo y Presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) y de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Percival Manglano, Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, quien señaló que “en la grave crisis que atraviesa la economía son las iniciativas innovadoras como ésta las que promocionan el crecimiento económico y el empleo, y por último, Miguel Ángel Villanueva, Consejero Delegado de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.

El acto contó con el aval y presencia de autoridades y representantes del sector, como el Consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty y el delegado de Hacienda, Juan Bravo y la Viceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Eva Piera, el Presidente de Madrid Network, Aurelio García de Sola, los Presidentes de la Organización Médica Colegial y del Colegio de Madrid, Juan Jose Rodriguez Sendín y Miguel García Alarilla, el Presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo Gonzalez Jurado, el Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Alberto Garcia, y de empresarios como José Mª Sanchez de la Peña, Presidente de la Clínica la Luz, Alfonso Monfort Alcalá, Presidente de Diaga Farma ex de Sanofi-Aventis, entre otros.

El proyecto nace “fruto del apoyo especial de Madrid Network y de su Cluster de Salud, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento”, señaló Lamela. Servirá para dinamizar la economía madrileña al potenciar el turismo sanitario de primer nivel, que sólo en 2009 generó 60.000 millones de dólares en todo el mundo. Durante su primer año está previsto que el impacto de MCM en el tejido económico alcance los 5 millones de euros y que atraiga a unos 3.400 pacientes. De cara al periodo 2012-2016, las previsiones son ampliar esa cifra a 12.000 pacientes, que supondrán al sector sanitario un volumen de negocio de unos 18 millones de euros. Madrid Centro Médico funcionará como intermediario entre proveedores y pacientes. El modelo de negocio está basado en la comercialización de la oferta médico sanitaria privada con las necesidades que presentan el mercado de pacientes, tanto nacional como extranjero.

Situación privilegiada de Madrid

Aparte de la asistencia sanitaria, el proyecto se apoya en la oferta turística y de servicios de Madrid, reforzado por una situación geográfica privilegiada y unas infraestructuras de calidad, así como el impulso a otros negocios complementarios gracias al flujo de pacientes que generan riqueza y desarrollo económico. El impacto en estos sectores puede significar de 20 a 30 millones de euros adicionales a la economía madrileña. “Se trata de ofrecerles no solo una intervención quirúrgica, sino también organizarles todo el viaje, desde el transporte hasta opciones de ocio (restaurantes, visitas...)”, explicó el Presidente de la asociación. La puesta en marcha de Madrid Centro Médico incluye una primera fase nacional -ya en funcionamiento- que resaltará las ventajas de Madrid frente a otros destinos nacionales como Barcelona, Pamplona o Valencia. En una segunda fase internacional en Europa -prevista para el último trimestre de 2011- los esfuerzos se centrarán en atraer flujos de pacientes que ya vienen a España a tratarse, pero no a la Comunidad de Madrid. MCM estudia las áreas sanitarias y los países de procedencia de los pacientes, así por ejemplo se ofertará estética y oftalmología en los países árabes, cardiología en Rusia, infertilidad en Italia, Francia y Alemania o cataratas y oncología en Inglaterra. A su vez se intentará captar nuevos pacientes en otros países europeos. Entre las clínicas que forman parte de MCM están Capio Sanidad, MD Anderson, Instituto Valenciano de Infertilidad, Clínica La Luz, Vissum, Instituto de Oftalmología Avanzada, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Hospital de Madrid y Clínica CEMTRO. Además, según señaló Lamela “hay otros socio0s de primer nivel en vías de incorporarse”.

Impulsores del proyecto

La institución Madrid Network, que ya cuenta con más de 700 socios, es el principal impulsor del proyecto gracias al convenio firmado entre el gobierno regional madrileño y Madrid Network, por el cual esta asociación gestionará los fondos del programa INNTEGRA, firmado entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Comunidad de Madrid. “Desde Madrid Network lo que hacemos es crear el marco necesario para que proyectos innovadores como este puedan prosperar en la región”, señaló García de Sola. Además de Madrid Network, MCM cuenta con las aportaciones de sus socios -empresas del sector sanitario - que aseguran la viabilidad financiera del proyecto. Este proyecto se ha venido gestando desde hace dos años con la implicación de otras instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, CEIM, Cámara de Comercio, así como de importantes empresas de tecnología sanitaria, laboratorios, operadores turísticos y hoteleros, entre otros.

Madrid Medical Meeting

Por otro lado, para terminar, el Presidente de MCM anunció la reciente firma de un acuerdo con IFEMA para con el apoyo de todas las instituciones generar el próximo año un gran evento del sector de la salud en la Comunidad de Madrid que podría denominarse Madrid Medical Meeting.

http://www.madridnetwork.org/red/salud/noticias/detalle/Madrid-Centro-Medico-convertira-Madrid-en-una-referencia-sanitaria-de-prestigio-internacional

MADRID, DESTINO DEL TURISMO SANITARIO PRIVADO

Aguirre da un crédito a una asociación que representa a las clínicas de la capital y que preside el exconsejero Lamela

Rodeado de dos consejeros del Gobierno de Esperanza Aguirre, dos concejales de Alberto Ruiz-Gallardón y el presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Lamela presentó ayer la "asociación sin ánimo de lucro" que preside y que se dedica a potenciar el turismo sanitario "de calidad" en la Comunidad de Madrid. Lamela, cuyo paso por la Consejería de Sanidad estuvo marcado por la polémica del caso Leganés -instigó a raíz de una denuncia anónima las investigaciones sobre sedaciones ilegales en el hospital Severo Ochoa, que después se demostraron falsas en los tribunales-, está ahora al frente de Madrid Centro Médico (MCM). Así se llama la asociación que actuará de intermediaria entre las clínicas privadas que la constituyen y los pacientes-turistas.

La organización, "sin ánimo de lucro", intermedia entre paciente y centros

La Comunidad y el Ayuntamiento apoyan el proyecto no solo con la presencia en el acto de ayer de sus responsables, sino también mediante créditos y subvenciones. La Comunidad de Madrid, a través de Madrid Network (organismo integrado en la Consejería de Economía), ha concedido un crédito a 15 años de 1,3 millones de euros a la asociación presidida por Lamela. El dinero procede de una partida de 80 millones del Ministerio de Ciencia y Tecnología destinada a inversión en proyectos innovadores. El Ayuntamiento, por su parte, ha concedido una subvención de 6.000 euros a MCM a cambio de que incluya el logo de la ciudad en su página web.

El objetivo de MCM, según explicó ayer Lamela, es atraer a pacientes extranjeros a las clínicas madrileñas. Se trata de ofrecerles no solo una intervención quirúrgica, sino también organizarles todo el viaje, desde el transporte hasta opciones de ocio (restaurantes, visitas...). Madrid tiene buenas conexiones aéreas con casi todo el mundo y las tarifas sanitarias son más bajas que en otros países, argumenta el presidente de MCM, por lo que merece ser un punto de referencia del turismo sanitario mundial.

Según datos de MCM, el turismo médico generó en 2009 60.000 millones de dólares en todo el mundo. En el primer año la asociación tiene previsto atraer a unos 3.400 pacientes y, en cuatro años, conseguir unos ingresos de entre 18 y 22 millones de euros. La oferta se centrará en tratamientos de infertilidad (dirigidos sobre todo a pacientes de Italia, Alemania y Francia), cardiología (Rusia), cataratas y oncología (Reino Unido) y oftalmología y estética (países árabes), según informa la asociación, que en el ámbito internacional se llamará Madrid Medical Destination. Entre las clínicas que forman parte de MCM están Capio Sanidad, MD Anderson, Instituto Valenciano de Infertilidad, Clínica La Luz, Vissum, Instituto de Oftalmología Avanzada, Hospital de Madrid y Clínica CEMTRO

http://elpais.com/diario/2011/07/16/madrid/1310815464_850215.html

MANUEL LAMELA, EX RESPONSABLE DE LA SANIDAD MADRILEÑA, LIDERA UN PROYECTO DE TURISMO MÉDICO

Un lobby de 18 millones para el ex consejero

Manuel Lamela, el controvertido ex consejero de Sanidad de Madrid, vuelve a la escena pública como líder de un lobby sanitario que quiere mover 18 millones de euros anuales con el turismo médico.

“La sanidad es un sector que conozco, tengo buenas relaciones con los profesionales y han confiado en mí”. Así explica Manuel Lamela, ex consejero de Sanidad de Madrid entre los años 2003 y 2007, su vuelta a la escena pública como líder de Madrid Centro Médico, una iniciativa privada que pretende atraer turistas a la capital para ser atendidos en una docena de prestigiosas clínicas.

A través de la mercantil Madrid Medical Destination, que constituyó en 2010, Lamela se ocupará de gestionar el negocio que muevan las clínicas asociadas a Madrid Centro Médico. Todo ello con el apoyo de la Comunidad de Madrid para la que trabajó.

El ex consejero, aclara que el negocio será para los centros hospitalarios, no para su sociedad, y que su papel será de mediador. Prevé que, en su tercer año de funcionamiento, se mueva un volumen de negocio de 18 millones de euros anuales. A los futuros pacientes, además de asistencia médica, se les ofrecerán paquetes turísticos para que disfruten de la ciudad.

Recordado por su sonoro enfrentamiento con los defensores de la sanidad pública madrileña a raíz del conocido como “caso Leganés” de supuestas sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa de esta ciudad, Manuel Lamela también planea, a largo plazo, la construcción de un complejo sociosanitario que ha bautizado como Madrid Ciudad de la Salud

http://www.interviu.es/reportajes/articulos/un-lobby-de-18-millones-para-el-ex-consejero

MANUEL LAMELA, DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO

Manuel Lamela, que entre 2003 y 2007 ocupó la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, presentó el viernes pasado la asociación "sin ánimo de lucro" Madrid Centro Médico. Compuesta por los principales hospitales privados presentes en la capital, y auspiciada por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, la asociación público privada tratará de "potenciar el turismo sanitario de primer nivel" resaltando "las ventajas de Madrid frente a otros destinos nacionales como Barcelona, Pamplona o Valencia".

El objetivo es atraer a la sanidad privada madrileña enfermos extranjeros con altos recursos y facilitarles tanto a ellos como a sus familias la estancia en Madrid. Según las previsiones de la asociación su labor permitirá que entre 2012 y 2016 la ciudad reciba 12.000 pacientes "que supondrán al sector sanitario de 18 a 22 millones de euros".

La iniciativa de Lamela, que abandonó la política en 2008 tras pasar un año en la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, es un caso extremo del paso de un político de lo público a lo privado. Es algo más que el fichaje de un expolítico por parte de una compañía privada. El exconsejero de Esperanza Aguirre va a defender los intereses de la sanidad privada tras representar a la pública; y tratará de lograr negocio facturando a la asociación a través de una sociedad limitada de su propiedad.

"Soy coherente conmigo mismo", dijo Lamela el viernes cuando se le preguntó si no suponía un conflicto de interés el hecho de pasar de representar como consejero a la sanidad pública madrileña a presidir, en poco tiempo, una asociación que impulsa la sanidad privada. "Yo hablo de Sanidad sin apellidos", añadió.

Sobre las relaciones societarias entre la asociación público privada y su compañía privada, Lamela insistió el viernes en que los beneficiarios de la iniciativa serán la ciudad de Madrid y los socios de la asociación (los hospitales privados).

El 28 de octubre de 2010 Manuel Lamela constituyó la sociedad limitada Madrid Medical Destination, que tiene el mismo objeto social que la asociación Madrid Centro Médico. En la documentación entregada a la prensa el viernes se indica que Madrid Medical Destination es la denominación de la asociación para el mercado internacional.

El negocio de la empresa privada de Manuel Lamela dependerá de lo que logre facturar a Madrid Centro Médico. Según avanzó el viernes, la nueva firma cuenta ya, incluso, con un acuerdo con Ifema para organizar una especie de feria del sector hospitalario privado, Madrid Medical Meeting.

Cuando se preguntó el viernes al exconsejero de Sanidad sobre las estimaciones de ingresos para su compañía privada, este aseguró que no existía previsión alguna y que de momento ni siquiera tiene asignado un salario como presidente de Madrid Centro Médico y de Madrid Medical Destination.

Un colaborador suyo precisó que Madrid Medical Destination, la sociedad privada de Lamela, ingresará una comisión del 8% sobre la facturación total que generará la iniciativa público privada anualmente, aproximadamente 1,8 millones de euros, y que esa cantidad servirá "para mantener la estructura de la sociedad".

También el año pasado, el 9 de junio, Manuel Lamela creó la compañía Madrid Ciudad de la Salud, que tiene como objeto social la promoción de un complejo sanitario privado en la capital española. El exconsejero de Aguirre aseguró que la empresa no tiene relación con la asociación presentada y que, de momento, Madrid Ciudad de la Salud no es más que una sociedad registrada, sin actividad.

El exconsejero de Sanidad y de Transportes de la Comunidad de Madrid denunció en 2005 casos de sedaciones irregulares en enfermos terminales supuestamente sucedidos en un hospital público madrileño -denuncia que quedó archivada pero que extendió un siniestro velo de desconfianza sobre la sanidad pública de Madrid-. El caso desgastó la carrera política de Lamela, pero motivó el inicio de una prometedora carrera en el campo de la sanidad privada

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/manuel-lamela-publico-privado/20110719cdscdiemp_11/

Lamela, ex consejero de Aguirre, refuerza su asesoría con la sustituta de Correa

El ex consejero de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela abandonó el Ejecutivo regional muy desgastado por sus acusaciones contra el doctor Montes y el servicio de urgencias del hospital Severo Ochoa, denuncias desmentidas por los tribunales. Pero no le está yendo nada mal en el sector privado aprovechando sus contactos como lobista para terceros, por ejemplo a través de su empresa de asesoría, Bussiness Assesment Plans&Proyects (BAPP). Esta compañía se ha reforzado con la entrada en su consejo de Administración de alguien que cuenta también con buenos contactos, la ex mujer de Juan Costa, quien a través de la compañía de eventos Free Handicap se ha encargado de organizar algunas de las principales citas del PP, buena parte de las cuales recaían antes en el Special Events de Francisco Correa.

Fue consejero de Transportes y de Sanidad de Aguirre, pero tras abandonar el Ejecutivo regional sigue vinculado a empresas muy próximas al poder público, como es el caso de Cibeles, la sociedad de inversiones de Caja Madrid y de la que forma parte del consejo. También es socio del bufete de abogados de Cremades, con intereses en medios de comunicación y el apoyo de la iglesia católica, y cuenta con la consultora BAPP.

La titular de Free Handicap
Lamela es socio en BAPP de Germán Rasilla, ex concejal del Ayuntamiento de Madrid y ex director de marketing de Metro. Ahora, según asegura
elconfidencial, la asesoría se refuerza con el nombramiento como consejera de Elena Sánchez, ex mujer de Juan Costa. Sánchez ha sido la encargada de organizar a través de la empresa de eventos Free Handicap algunas de las citas claves del PP, buena parte de las cuales recaían antes en el Special Events de Francisco Correa. Por ejemplo, Free Handicap organizó el Congreso de Valencia en el que Mariano Rajoy fue reelegido como presidente de los populares.

Buenas relaciones con El Albondiguilla
Free Handicap también mantenía buena relación con González Panero, el ex alcalde popular de Boadilla del Monte, el epicentro de la Gürtel. Esta empresa consiguió suelo público en Boadilla
para organizar el festival de música Summercase ahorrándose, según denunció la oposición municipal en el Ayuntamiento, hasta 400.000 euros.

www.elplural.com 20.02.10

 

MANUEL LAMELA NOMBRA CONSEJERA DE SU CONSULTORA A ELENA SÁNCHEZ, EX MUJER DE JUAN COSTA

Manuel Lamela está decidido a convertirse en uno de los lobistas más poderosos del país. Además de ser socio del bufete de abogados de Cremades, que en los últimos tiempos ha ganado una influencia considerable con intereses en medios de comunicación, el apoyo de la iglesia católica y las incursiones legalistas en el mercado de valores, Lamela cuenta con un puesto en el consejo de Cibeles, la corporación de Caja Madrid, y ahora ha acelerado el desarrollo de su propia consultora con el nombramiento como consejera de Elena Sánchez Álvarez, ex mujer de Juan Costa, el antiguo secretario de Hacienda y ex ministro de Comercio en el Gobierno de Aznar. Aunque Sánchez lleva tiempo trabajando con Lamela, su nuevo cargo refuerza su compromiso con la firma.

El abogado del Estado Manuel Lamela, con un abultado currículo en la Administración y la empresa pública, creó poco después de abandonar en 2008 su cargo como consejero de Transportes de Madrid, la consultora Business Assesment Plans&Proyects (BAPP),  de la que es presidente y consejero delegado, con el objetivo de “intermediar” en negocios y “asesorar tanto a personas físicas como jurídicas en la explotación de mercados de España y el extranjero”.

Lamela comparte sociedad con Germán Rasilla, concejal del Ayuntamiento de Madrid hasta hace unos meses y ex director de marketing de Metro. Rasilla ha asegurado a El Confidencial que la principal tarea de la firma es la ayuda a empresas e instituciones para establecer contactos y abrir mercados, especialmente en Iberoamérica, donde cuentan con el knowhow de la fundación Lacer, presidida también por Lamela, y que gestiona la secretaría general en España de los proyectos corporativos adscritos a la Cumbre Iberoamericana.

Desgaste político

Elena Sánchez saltó al ruedo mediático después de saberse que una de sus empresas era una de las encargadas de la organización del congreso del Partido Popular en Valencia, y que participaba de algunos contratos institucionales en la Comunidad Valenciana. Su ex marido, Juan Costa, es uno de los candidatos a convertirse en la mano derecha de Rato al frente de Caja Madrid.

Lamela trata en estos tiempos de reponerse del desgaste político sufrido tras la denuncia que encabezó (siendo consejero de Sanidad del Gobierno de Esperanza Aguirre) de las prácticas médicas en el servicio de Urgencias del Hospital de Leganés llevadas a cabo por el doctor Montes. Y a la que le siguió una imputación por delito de falsedad promovida por el propio Montes.

Para esta aventura Lamela se ha rodeado de amigos y ex colaboradores, como Jorge Fernández Ordás, secretario de la firma y vocal asesor de la Dirección General del Tesoro.

Nota de la redacción: Por error, se ha publicado originalmente que Elena Sánchez Álvarez es la actual mujer de Juan Costa. Sin embargo, ambos están separados.

http://www.elconfidencial.com/mercados/manuel-lamela-fichaje-elena-sanchez-20100219.html

La empresa que gestiona los ordenadores de Sanidad tendrá acceso a las historias clínicas

La empresa Stacks, que gestiona el nuevo sistema informático de los 400 centros de salud de la región, podrá acceder a los datos personales y médicos de los seis millones de madrileños con tarjeta sanitaria. Así se desprende del pliego de condiciones del concurso público que ganó Stacks, lo que desmiente a la Consejería de Sanidad y al PP, que en los dos últimos días han asegurado que Stacks no tendría acceso a los datos. Esta empresa es propiedad de una multinacional francesa que se dedica a almacenar, elaborar y vender todo tipo de información médica a la industria farmacéutica.

El nuevo sistema informático de la red de centros de salud, que pretende unificar en una única base de datos toda la información personal (nombre, dirección, teléfono...) y las historias clínicas (enfermedades, tratamientos...) de los madrileños, ha causado controversia en los últimos días por dos motivos. El primero es que Sanidad convocara y adjudicara por 6,3 millones un concurso público cuando ya había recibido el sistema informático que pretendía licitar. El segundo es que la empresa que lo lleva a cabo, Stacks, haya sido comprada recientemente por Cedegim, una multinacional francesa dedicada a vender datos médicos a la industria farmacéutica.

Este hecho, según ha denunciado el PSOE, pone en peligro la "confidencialidad de los datos más íntimos de los ciudadanos, sus enfermedades". Los socialistas también han alertado sobre el posible uso comercial de esta información.

Sanidad se ha defendido de las supuestas irregularidades en el concurso, documentadas con informes internos de la consejería, insistiendo en que ha "cumplido la legislación vigente" y ha actuado con "máxima transparencia y rigor". Sobre los peligros de uso comercial de las historias clínicas, Sanidad y el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid los han rechazado con dos argumentos en sendos comunicados. El primero es que "es la Comunidad, y no la empresa, la dueña de los datos, a cuyo contenido no accede la empresa". El segundo es que "Stacks ha suscrito una cláusula de confidencialidad cuyo incumplimiento generaría responsabilidades penales".

El contrato firmado entre Sanidad y Stacks confirma lo segundo, pero desmiente lo primero. La empresa sí tendrá acceso a los historiales clínicos en al menos un momento durante los próximos cuatro años, tiempo previsto para el desarrollo del nuevo sistema informático. Este momento será el de la "migración", es decir, el trasvase de los datos desde los 400 servidores actuales, uno en cada centro de salud o consultorio local, al nuevo gran servido centralizado.

El contrato establece que el proceso de migración deberá ser realizado por la empresa Stacks con personal propio y detalla con lenguaje técnico todos los pasos a seguir. Algunos son la "validación del sistema", la "migración de datos", el "paso a entorno de producción", la "carga de datos correspondientes a cada centro", "evaluación de la implantación" o "auditoría de seguridad del sistema implantado", entre otras actuaciones.

Fuentes informáticas de la Comunidad de Madrid interpretan estos pasos: "Todo esto significa que hay que poner a punto todos los datos contenidos en los 400 servidores de los centros de salud para su trasvase al nuevo gran servidor. El inicio de este proceso, la vigilancia de todo vaya bien y la comprobación de que los datos han llegado bien al nuevo servidor central estarán totalmente en manos del personal de Stacks porque es un trabajo muy técnico que sólo puede desarrollar la empresa creadora", precisan estas fuentes, que concluyen que "es indiscutible que Stacks tendrá a mano toda la información contenida en los ordenadores de la consejería".

La empresa, además, deberá poner a disposición de Sanidad un mínimo de dos personas durante hasta la finalización del contrato en 2010. Durante este tiempo, estas personas trabajarán en la sede de la Sanidad y velarán por el buen funcionamiento del sistema.

El proceso de migración acumula ya un mínimo de cuatro meses de retraso, lo que llevó ayer al PSOE a pedir a Sanidad que renuncie a seguir adelante con el proyecto, según afirmaron el candidato a la Comunidad, Rafael Simancas, y el diputado regional Eduardo Sánchez Gatell.

Según el contrato firmado entre Sanidad y Stacks, en octubre tendrían que haber empezado las migraciones de los primeros centros de salud y a final de año estar ya completada la mitad de los 400 de la región. En estos momentos no se ha realizado ninguno y Stacks ni siquiera ha podido empezar el plan piloto previsto en un centro de salud.

Este retraso se debe a los problemas de desarrollo del proyecto, que no han satisfecho nada a los médicos que lo han probado. Así se lo han hecho saber a Sanidad las cuatro sociedades médicas de atención primaria -Sociedad Española de Medicina General, Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Sociedad Española de Médicos de Atención primaria y Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria-."El nuevo sistema no funciona, al menos por ahora. No vamos a permitir que sea aplicado hasta que se solucionen los problemas que lo hacen mucho peor que el actual", manifestaron portavoces de las asociaciones. www.elpais.es 22.02.07

Sanidad convocó un concurso para un sistema informático que ya había recibido

La Consejería de Sanidad convocó y adjudicó un concurso público por 6,3 millones de euros cuando había recibido meses antes el producto informático (para centralizar los datos médicos de los seis millones de madrileños en los centros de salud) que aparentaba comprar. Así se desprende de documentos e informes de Sanidad que demuestran que la empresa Stacks, ganadora del concurso en julio de 2006, ya había entregado las primeras versiones del sistema en marzo. Además, técnicos de Stacks y Sanidad trabajaban codo con codo para desarrollar el sistema desde 2005.

El objeto del concurso tenía que servir para la "Dotación de software a medida, implantación y puesta en marcha del sistema de información centralizado para atención primaria de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid", según sus bases. El proyecto quería unificar las bases de datos de los 400 centros de salud de la región, que hasta ahora no están conectados.

Él precio de licitación era de 8,5 millones de euros, aunque finalmente Stacks se lo adjudicó por 6,3 y derrotó a una segunda empresa. La convocatoria del concurso fue hecha el 7 de abril y la adjudicación el 21 de julio, aunque no fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hasta 20 días más tarde. Stacks es una compañía posteriormente absorbida por una multinacional francesa que vende datos clínicos al sector farmacéutico.

Pero mientras Sanidad aparentaba cumplir todos los requisitos formales que exige la ley de adjudicación de contratos públicos -que establece que todas las empresas deben estar en igualdad de condiciones al aspirar a los contratos públicos-, trabajaba con Stacks en el desarrollo del sistema y realizaba pruebas sobre las primeras versiones.

Un documento interno, denominado Informe de Dirección y Aseguramiento de la Calidad, fechado el 3 de abril (cuatro días antes de la convocatoria del concurso) habla del sistema como entregado y cita "las pruebas unitarias y del sistema que se han llevado a cabo durante el proceso de desarrollo del sistema". Además, Sanidad exige a la empresa que entregue "la versión 0 del sistema totalmente operativa a finales del mes de mayo", es decir, mientras el concurso aún está abierto y dos meses antes de que el BOCM publicara su adjudicación.

Otros documentos, sin embargo, demuestran que la colaboración entre Stacks y Sanidad había empezado mucho antes. Uno fechado en febrero, por ejemplo, muestra como un técnico de Sanidad pide a Stacks que confirme "que los datos correctamente cargados son los que hay a continuación", y adjunta una tabla con datos de pacientes a cumplimentar como nombre, apellidos y la fecha de la última visita.

Promoción para Stacks

En aquellas fechas -el 26 y 27 de abril- el director general de Informática de Sanidad, Fernando Bezares, participó en Santander en unas jornadas organizadas por Stacks para promocionarse. "La gente se quedó alucinada", explica un asistente. "Era difícil entender que el director general de Informática de la Comunidad promocionara a una empresa que iba a aspirar a un concurso público que él mismo ha convocado".

Sanidad afirmó ayer que "es rotundamente falso que se haya producido ninguna irregularidad". Argumenta que el nuevo sistema era "una evolución" del anterior, por lo que "se trabajó inicialmente en un procedimiento negociado sin publicidad con la empresa Stacks".

Posteriormente el Consejo de Gobierno decidió sacar el contrato a concurso por su importante cuantía económica. Sanidad sostiene que entonces convocó el concurso cumpliendo estrictamente la normativa. "El hecho de que Stacks conociera algún contenido de los pliegos no está vinculado, en ningún caso, con el concurso convocado, sino con el procedimiento negociado llevado a cabo inicialmente".

Tres fuentes de Sanidad desmintieron ayer esta versión. "Sanidad recibe de Stacks las primeras versiones del sistema antes de convocar el concurso. La empresa y la consejería trabajan juntos en la evolución de estas versiones y cuando el Consejo de Gobierno detiene la adjudicación directa, Sanidad ralentiza el desarrollo mientras se cumplen los plazos formales. Luego vuelve a trabajar a partir del punto en el que se había dejado el proyecto", explican estas fuentes. "No es verdad que Stacks 'conociera algunos pliegos del concurso' como dice ahora Sanidad. Stacks era parte protagonista del sistema porque lo estaba desarrollando. Sin Stacks detrás, este concurso no se podría haber convocado simplemente porque ella era la que lo estaba desarrollando".

El PSOE exige una investigación

El PSOE exigió ayer una triple "investigación en institucional, judicial y política" que aclare si Sanidad adjudicó irregularmente un contrato a la empresa Stacks y si la compra de esta empresa por una multinacional francesa (Cegedim) dedicada a la venta de datos médicos pone en peligro la intimidad -enfermedades, tratamientos, antecedentes familiares...- de seis millones de madrileños.

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, alertó del "posible tráfico de datos de todos los madrileños al sector farmacéutico". El diputado socialista Eduardo Sánchez Gatell argumentó "es una enorme irresponsabilidad que Sanidad adjudique irregularmente un concurso público y lo haga a una empresa que inmediatamente es comprada por un gigante europeo de la venta de datos médicos. Esto demuestra lo apetitosa que ahora es Stacks gracias a Manuel Lamela", el consejero de Sanidad.

La consejería respondió a la declaraciones de Simancas y le exigió una "rectificación inmediata", en un comunicado en el que aseguró que la adjudicación se "ha llevado a cabo con la máxima transparencia y rigor". Sanidad añadió que Stacks no tendrá acceso a los datos confidenciales y que, aunque lo tuviera, no podrá venderlos porque incurriría en un delito. Sanidad, además, mostro su "extrañeza" porque el PSOE critique el caso en Madrid cuando Stacks también trabaja con otras siete comunidades autónomas.

El PSOE replicó que "Stacks no hace lo mismo en Madrid que en el resto de comunidades". "Aquí será el único lugar donde los datos quedarán centralizados en una única base de datos gestionada por la empresa".

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública calificó de "inaceptable" la actuación de Sanidad y la acusó de "tener mas interés en favorecer los negocios privados que la salud de la población".

Cegedim, por su parte, aseguró que "cumple toda la legalidad" y que la "división de actividades" de las empresas de su grupo impide "todo pirateo de expedientes médicos con fines comerciales", informa Europa Press.

www.elpais.es 21.02.07

La salud de los madrileños llega a París

El sistema informático de los 400 centros de salud y consultorios locales de la Consejería de Sanidad -que contiene los datos personales de seis millones de madrileños, sus enfermedades, los medicamentos que toman y los médicos que se los han recetado- estará bajo control hasta 2010 de una multinacional francesa especializada en almacenar, elaborar y vender este tipo de datos a la industria farmacéutica.

Esta es la situación a la que se ha llegado tras la compra por esta multinacional -llamada Cegedim- de la empresa española Stacks, que ganó por 6,3 millones de euros el concurso de gestión del sistema informático de sus centros de salud convocado por Sanidad. El nuevo sistema está a punto de entrar en funcionamiento y su desarrollo se prolongará durante cuatro años. Entre las novedades que aporta está la creación de una base de datos única para toda la red de atención primaria (hasta ahora cada centro de salud tiene la suya independiente) y nuevas herramientas como la receta electrónica.

La adjudicación del contrato a Stacks, según fuentes técnicas de la Comunidad, tampoco está exenta de polémica: según documentos internos de Sanidad, la consejería y Stacks trabajaron codo a codo desde marzo de 2005 en el desarrollo del sistema informático y elaboraron conjuntamente el pliego de prescripciones técnicas del concurso público, convocado en abril de 2006, que acabó ganando Stacks.

Una de las principales áreas de negocio de Cegedim, según su página web corporativa, es prestar servicios especializados a las empresas farmacéuticas para mejorar sus acciones de mercadotecnia y estrategias comerciales. "Para una empresa de este tipo, el sistema informático de un sistema sanitario público de seis millones de personas es oro puro", explica un técnico informático cercano a la adjudicación del contrato.

"Las multinacionales farmacéuticas gastan miles de millones de euros en campañas de promoción. Les interesa saber qué fármacos prescriben los médicos de la sanidad pública, en qué áreas son más fuertes sus productos y en cuáles deben reforzar sus fuerzas de ventas. Manejar el sistema informático público revaloriza a Cedegim de forma muy importante ante sus potenciales clientes", añade este técnico.

Fernando Bezares. director general de Informática de Sanidad, admite que "esto puede haber despertado el interés de Cedegim por Stacks". "Pero eso son razones de mercado en las que no podemos entrar. Nosotros debemos velar para que no haya ninguna fuga de información y eso lo garantiza el sistema. Además, Stacks incurriría en un delito si usara con fines comerciales los datos". Francesc Orri, directivo de Stacks, asegura que su empresa "ha vendido a Sanidad un sistema informático de calidad". "Nosotros les vendemos el entorno informático en el que se almacenan y procesan los datos, pero no accedemos al contenido".

Sobre la adjudicación del contrato a Stacks, Bezares admite que Sanidad quería otorgárselo de forma directa y sin concurso público: "Así iniciamos el trámite y superó todos los pasos internos hasta que el Consejo de Gobierno decidió pararlo por ser un contrato importante",

Tras el rechazo del Consejo de Gobierno, Sanidad reinició todo el proceso como si se tratara de un concurso público, en el que todas las empresas aspirantes deberían acceder en igualdad de condiciones. "Es cierto que Stacks tenía una ventaja enorme, porque ya conocía el proyecto. Pero también lo es que su proyecto era el que queríamos, el que más nos interesaba y el que más avanzado estaba", añade Bezares.

Preguntado sobre si esta situación de privilegio no vulneraba la normativa que regula los concursos públicos, el director general de Informática respondió: "Todo el proceso ha sido distinto de lo habitual porque ya de entrada sabíamos lo que queríamos y quién nos lo podía ofrecer".

Sobre los documentos internos, que muestran que Sanidad y Stacks prácticamente diseñaron juntos el concurso público que benefició a la empresa, Bezares informó de que "podrían estar manipulados". "Hace seis meses sufrimos un robo de la información contenida en un ordenador, que denunciamos ante la Unidad de Delitos Informáticos. No nos podemos hacer responsable de lo que dicen esos documentos ni si son originales o no", añadió.

Cinco empresas se interesaron por el concurso público en sus primeras fases, pero tres se retiraron posteriormente. Sólo Isoft se mantuvo hasta el final. Antonio Castillo, responsable de los contratos públicos de la compañía, afirmó ayer que "nos sorprendió mucho cómo se desarrolló el concurso". "Buena parte de las prescripciones técnicas, en lugar de estar incluidas en el pliego de condiciones, había que solicitarlas en un CD a Stacks, que se suponía que era otras aspirantes como nosotros. Hicimos lo que pudimos, pero estaba claro este no era nuestro concurso", concluyó sin entrar en más detalles.

El mayor contrato, en los tribunales

No tiene suerte la Consejería de Sanidad en los contratos públicos que convoca para la compra de material y programas informáticos. El mayor contrato que ha convocado esta legislatura, el de compra de ordenadores para siete nuevos hospitales, dotado con 44,6 millones de euros, se encuentra recurrido ante los tribunales por la empresa Hewlett-Packard (HP).

Su oferta fue seleccionada como la mejor de las presentadas en la primera fase del concurso, pero quedó luego excluida del concurso porque un certificado que había presentado estaba caducado. Siemens, la segunda mejor oferta, fue la beneficiada de la exclusión de HP.

HP y Siemens habían presentado dos ofertas económicas casi idénticas -les separaban menos de 500 euros-, pero la de HP fue considerada la mejor técnicamente.

Cuando ya sólo quedaba la firma de la adjudicación, a finales del mes de mayo de 2005, surgió un problema formal que le salió muy caro a HP. Los técnicos de Sanidad se dieron cuenta de que la Clasificación como contratista de servicios de HP, un certificado del Ministerio de Economía, había caducado cuatro semanas antes, el 27 abril.

"Es un documento que las empresas deben presentar en los concursos públicos. Lo expide Economía y sirve para demostrar que la empresa es solvente", explicó entonces un portavoz de HP. "Es un simple documento burocrático, que estaba en regla al presentar nuestra oferta, pero que, como el proceso de valoración técnica se alargó mucho, acabó caducándonos".

Sanidad fue tajante al aplicar la normativa, y ahora deberá ser el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid el que resuelva el entuerto.

De momento, el TSJ ha desestimado la petición de HP de suspender cautelarmente la adjudicación del concurso, y Siemens sigue trabajando en la dotación de los nuevos hospitales, cuya apertura está prevista a lo largo de este año.

www.elpais.es 20.02.07

Médicos privados reconocerán a los niños en los colegios públicos 

Las consejerías de Sanidad y Educación ultiman un convenio para que los niños de tres, seis y 12 años que estudian en los colegios públicos de la región sean sometidos a reconocimientos médicos. La medida ha topado con el rechazo de las sociedades médicas, que lo califican de "inútil" y "un despilfarro de dinero", porque la Comunidad ha decidido que sean médicos privados y no de la sanidad pública los que hagan las revisiones. Además, éstas no serán hechas por pediatras sino por médicos de familia. Sanidad sacará a concurso el proyecto por cinco millones de euros, según las sociedades médicas. Pero no ha confirmado este dato a la espera de la publicación del concurso. 

"Es un despilfarro que no servirá de nada. ¿Qué podrán ver estos chequeos que no vean los médicos de los niños en su centro de salud?", se pregunta Fernando Sánchez Perales, de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primara. Francisco José Sáez, de la Sociedad Española de Medicina General, añade que "la iniciativa supondrá resucitar" los chequeos que se hacían en España en las escuelas en los años cincuenta y sesenta, cuando no había una red de Atención Primaria como la que hay ahora. Sáez criticó que no se cuente con los médicos de la sanidad pública y considera que es "un dinero público que se va a malgastar". 

Sanidad defiende la medida como una forma de reforzar la asistencia sanitaria a los niños y que permita detectar precozmente algunas dolencias. Los exámenes serán voluntarios y gratuitos y se llevarán a cabo a partir de abril. La plataforma 10 Minutos de Madrid, formada por médicos y pediatras de atención primaria, reclamó ayer a la Consejería de Sanidad que incremente, "de manera inmediata", el presupuesto para atención primaria. La plataforma cifró el alza en un 20% anual, para duplicarlo en cinco años. Además, se muestra a favor de establecer un límite máximo de 25 consultas al día con una media de 10 minutos por consulta y un máximo de dos visitas domiciliarias como media.  (El País, 22/02/07)

Sanidad tiene ya más pacientes a la espera de anestesista que de entrar en quirófano

“El tema de las listas de espera quirúrgicas es muy preocupante. A mí me preocupa tanto que comprometo mi palabra en ello: tengo decidido que, si en dos años, algún madrileño tiene que esperar más de 30 días para ser operado, yo dimito de la presidencia del Gobierno"


( Aguirre en TeleMadrid.09.05.03 )

 

A la espera de entrar en las listas de espera. Según los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, correspondientes al pasado 31 de diciembre, 37.880 pacientes están aguardando a ser intervenidos en la sanidad pública regional. La presidenta Esperanza Aguirre prometió en 2003 operarlos en un máximo de 30 días o dimitir si fracasaba en el intento. Hoy, Sanidad dice que ha cumplido la promesa, aunque sus datos revelan que sólo 12.040 de estos pacientes (un 31,8%) están incluidos en la lista de espera oficial, la de los 30 días. Ésta no incluye a otras 13.777 personas porque aún no les ha visto el anestesista, y a 12.063 más porque han optado por no ser operados en clínicas privadas concertadas.

De los tres grupos en los que Sanidad divide a los pacientes -los incluidos en la lista de espera oficial, los excluidos por estar a la espera del anestesista y los que lo son por preferir operarse en su hospital público a hacerlo en una clínica privada-, es precisamente el oficial el más pequeño.

Hace dos años y medio -antes de que el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, creara un nuevo sistema de contabilidad de las listas para cumplir la promesa de Aguirre-, el 84,3% de los enfermos que esperaba cita en el quirófano estaba incluido en la lista oficial. Desde entonces, este porcentaje ha caído vertiginosamente hasta el 31,8% actual.

La segunda categoría, los excluidos (aunque por un plazo máximo de otros 30 días) por estar a la espera del anestesista, también ha cambiado mucho, pero en sentido inverso: hace dos años y medio eran el 5,9% del total; hoy son mayoría: un 36,4%. La misma tendencia han seguido quienes prefieren ser operados en su hospital público y por eso quedan fuera de la lista: en junio de 2004 eran un 9,8%; hoy son más del triple: un 31,8%.

Desde que Lamela instauró su sistema para elaborar las listas de espera, las críticas han sido constantes por parte de los partidos de la oposición, PSOE e IU, y los sindicatos CC OO y UGT. Todos ellos acusan al consejero de "jugar al tocomocho" y de "manipular y mentir con la salud de los ciudadanos".

El sistema Lamela de contabilidad de las listas de espera también ha sido censurado por el Consejo Interterritorial de Sanidad -órgano en el que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas coordinan sus políticas-, que ha expulsado a la Comunidad de Madrid del cómputo nacional por considerar que incumple la normativa estatal.

La Consejería de Sanidad, por su parte, contesta a las críticas asegurando que "el Gobierno regional cumple escrupulosamente la normativa [estatal] vigente" y que su prioridad en la gestión de las listas es la eficiencia y "transparencia".Sanidad añade, en un comunicado, que se siente "tremendamente satisfecha por los buenos resultados que ha supuesto la implantación del Plan de Reducción de la Lista de Espera Quirúrgica" -el sistema Lamela-.Respecto a la evolución de las listas en el último trimestre, la consejería admite un ligero aumento de las personas y los plazos. Los pacientes han pasado de 34.664 a 37.880 (un 9,3% más). Por especialidades, las que más han aumentado son Traumatología y Oftalmología (ver cuadro).

La demora media aumenta a 50 días

Las muchas condiciones y matices que el sistema Lamela ha impuesto a la gestión de las listas de espera han convertido la llamada "demora media prospectiva" en el único dato fiable para hacerse una idea de la espera real de los madrileños para entrar a los quirófanos de la sanidad pública regional.La demora media prospectiva es un concepto de gestión que calcula cuántos días serían necesarios con los recursos actuales (hospitales públicos y clínicas privadas concertadas) para operar a todos los pacientes que en un día determinado esperan para ser intervenidos.Como los hospitales y clínicas son siempre los mismos, el dato se acerca bastante a la realidad, según las fuentes consultadas. El pasado 31 de diciembre la demora media prospectiva era de 50 días, tres más que en el trimestre anterior, según Sanidad. Esta cifra contrasta con los 14 días de espera media oficial.Quienes más esperan son los enfermos de traumatología (74 días) y cirugía vascular (70, véase cuadro).www.elpais.es 08.02.07

Colapso en las urgencias de los hospitales

Un hombre de 77 años, enfermo de cáncer, padece diarrea por la quimioterapia a la que se somete. Ingresa en el servicio de urgencias de La Paz el lunes por la noche, pero hasta la mañana siguiente no le asignan una cama: se pasó toda la noche sentado en un sillón esperando al diagnóstico. Al mediodía de ayer, 30 pacientes esperaban tumbados en camas a lo largo de los pasillos y siete lo hacían en sillones. CC OO y UGT denuncian que esta situación se ha convertido en habitual en los hospitales de la región. La Consejería de Sanidad dice que es un caso excepcional debido a picos de demanda.

Trabajar en las urgencias de La Paz parecía ayer un eslalon. Para hacer su trabajo, los sanitarios tenían que sortear las seis o siete camas que había en cada pasillo. Juani, de 76 años, lleva tres días tumbada en una de esas camas desperdigadas con su pancreatitis aguda a cuestas y con la revista Pronto como único entretenimiento. Su compañera de pasillo, la que está detrás en la fila, no para de sufrir convulsiones.

La médica que le atiende dice que éste es, más o menos, el panorama de todos los días. "Hay pacientes que pasan tres, cuatro días a la espera de un diagnóstico definitivo; otros que, una vez diagnosticados, pueden estar hasta una semana sin que se les asigne una habitación", añade.

Lo de ayer era lo de todos los días... pero un poco más. Los 111 pacientes que registraron las urgencias del hospital por la mañana suponían un récord, porque la capacidad del servicio es de 58 plazas. Así que 35 eran atendidos en los pasillos y ocho esperaban en los sillones. Los trabajadores dijeron basta y propusieron concentrarse todos los días frente a la puerta de la subdirección de enfermería. El gerente bajó, les prometió que ampliaría la plantilla de enfermeros y la protesta se quedó en nada.

Pero, según los médicos y los sindicatos consultados, el problema no es de falta de personal. O al menos, no sólo de falta de personal. Todos señalan el número insuficiente de camas de hospitalización con las que cuenta la sanidad madrileña. Jaime Cedrún, de CC OO, apunta que desde 2002 la ratio de plazas por 1.000 habitantes ha disminuido de 2,6 a 2,0. "La región cuenta hoy con 12.000 camas, las mismas que tenía hace cinco años, y en Madrid hay un millón más de personas", asegura Cedrún.

Un médico de La Paz -que prefiere no dar su nombre- culpa de la situación en la que trabajan a la "pésima" planificación de la Consejería de Sanidad. "Están primando la lista de espera quirúrgica porque Esperanza Aguirre se comprometió a reducirla, a costa de relegar a las urgencias. He visto cómo se daba prioridad a una operación de juanetes frente a un paciente que llevaba tres días en urgencias", dice este médico cubierto por su bata verde.

En CC OO y UGT confirman esta versión, que la consejería y la dirección de La Paz desmienten rotundamente: "Es absolutamente incierto. La lista quirúrgica está programada y las urgencias, por su propia naturaleza, se cubren según las necesidades", explica una portavoz de Sanidad.

El tercero de los sindicatos mayoritarios, CesmSatse, la unión de enfermeros y médicos, arguye que el problema fundamental es educativo. Su secretario general, José María Porras, dice que entre el 50% y el 60% de los pacientes que frecuentan las urgencias estaría bien atendido en la red primaria. Por eso, Porras califica de "encomiable" las campañas publicitarias de Sanidad para que los madrileños vayan a sus médicos de cabecera y no colapsen las urgencias de los hospitales.

En UGT ven un problema a este planteamiento. "Hace dos años, el médico de cabecera te daba cita para el mismo día. Hoy, ya es habitual que te la dé para dentro de dos o tres. ¡A ver qué padre con un hijo que tenga 39 grados de fiebre va a esperar por la cita y no lo va a llevar a urgencias!", exclama la secretaria de Política Sectorial de este sindicato, Carmen López.

La explicación de La Paz a la saturación vivida es que el lunes fue el día que registró una mayor afluencia de pacientes en todo el año: 425 atendidos. Pero con este argumento no convence a muchos de sus trabajadores.

Cuatro de ellos explicaban el cúmulo de problemas que suponía trabajar en una zona de urgencias abarrotada, sin las instalaciones necesarias. "Las botellas de suero las colgamos en los pasillos con esparadrapo; al mover las camas, muchas veces arrancamos las sondas a los pacientes; tenemos a decenas de enfermos en la sala de diagnóstico durante varios días, en una sala que no tiene ventilación y en la que no se podría estar más de un día...", cuenta una enfermera, mientras es interrumpida por un hombre que grita que lleva ahí 60 horas, que ya está harto y que exige que alguien le lleve a una habitación.

LA ATENCIÓN, EN LOS PASILLOS

-12 de Octubre: 19 camas en el pasillo. El hospital reconoce que ha sufrido una afluencia superior a la habitual en el servicio de urgencias. Algunos pacientes han sido trasladados a otros centros

- Gregorio Marañón: 26 pacientes en los pasillos y 36 en sillones. El centro cree que es una situación normal para la época del año y asegura que tiene capacidad de sobra para absorberla

- La Princesa: habitaciones con capacidad para dos pacientes están ocupadas por tres personas. Según el hospital, no sufren aglomeración y tienen camas libres

- Ramón y Cajal: 35 camas en los pasillos y 45 pacientes pendientes de ingreso. En el centro no dan cifras y dicen que viven una situación normal

- Hospital de Móstoles: 43 camas en los pasillos. Fuentes del centro niegan esta cifra y aseguran que, si bien en estas fechas hay más afluencia, tienen capacidad para afrontarla

Cifras de la mañana de ayer ofrecidas por las secciones sindicales de Comisiones Obreras (CC OO) de los hospitales citados.

www.elpais.es 07.02.07

La OMS cuestiona los hospitales de Aguirre

El modelo con el que la Comunidad construye los nuevos ocho hospitales de gestión privada, o mixta pública y privada, no gusta a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dejar en manos del sector privado la sanidad pública alerta una revisión de estudios de la organización, acaba siendo "más costoso", "prohibitivamente complejo" y su desarrollo "se logra a menudo a expensas de la calidad". El artículo, publicado en el último boletín de la OMS, analiza modelos aplicados en España -en el hospital valenciano de Alzira- Reino Unido y Australia y reconoce el interés de los Gobiernos en aplicarlos para no aumentar su deuda. El resultado no es satisfactorio: "La colaboración público-privada complica aún más la ya de por sí difícil tarea de construir y dirigir un hospital", concluye.

El estudio resume decenas de investigaciones realizadas en varios países sobre la entrada del sector privado en la gestión de la sanidad pública. Pese a admitir que la colaboración entre el sector privado y el público ha tenido éxito en el desarrollo de infraestructuras como carreteras, destaca los problemas en los intentos de trasladar el modelo a la gestión de la sanidad pública.

La OMS presta especial atención al Reino Unido y Australia, pioneros desde hace 15 años en desarrollar el modelo de gestión mixta pública y privada -PFI, en sus siglas en inglés- que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha elegido en siete hospitales: Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda, Vallecas, Aranjuez y Majadahonda. En este modelo, una empresa privada construye y gestiona el hospital mientras Sanidad aporta el personal médico y de enfermería y paga a la empresa un alquiler por el uso del centro. Sanidad promueve la construcción de un octavo hospital en Valdemoro, pero éste será enteramente privado y Sanidad le pagará por la asistencia que preste a 100.000 personas.

El boletín de la OMS tiene como objetivo "difundir información sobre salud pública científicamente rigurosa de transcendencia internacional para permitir que gestores, investigadores y facultativos sean más efectivos". El estudio, firmado por Martin McKee, del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas Sanitarios, y otros dos investigadores británicos, analiza tres claves para evaluar estas experiencias: coste, calidad y viabilidad de los proyectos.

- Coste. A largo plazo, "los nuevos servicios han sido en general más costosos que si se hubieran empleado los métodos tradicionales" de gestión pública, concluye el trabajo. Y da tres razones. La primera, los altos costes financieros que soportan los hospitales privados, ya que los créditos que deben pagar las empresas son más caros que la deuda pública. La segunda son los beneficios que obtienen los accionistas de las empresas que gestionan los centros sanitarios. El tercero es el "enorme coste" que deben asumir los Gobiernos si algún proyecto quiebra. El estudio destaca que en estos casos, los Gobiernos no pueden dejar de prestar la atención sanitaria y se ven obligados a intervenir. asumir las deudas e invertir más dinero. La OMS incide en que todos estos costes, aunque los Gobiernos afirmen que son las empresas las que asumen las pérdidas en caso de mala gestión, acaban siendo pagados por los presupuestos públicos. El estudio alerta también de la "falta de transparencia" de los proyectos PFI, ya que pese a estar sustentados con dinero público, Gobiernos y empresas se niegan a detallar el destino de las partidas económicas alegando que es información "comercial confidencial".

- Calidad. El modelo PFI ata a las empresas en el plazo de entrega por el interés del Gobierno implicado de inaugurarlo en una fecha concreta -por ejemplo, antes de las próximas elecciones-. El coste inicial de la obra civil -no la gestión del proyecto a medio y largo plazo- también está limitado. "En el Reino Unido, el 76% de los proyectos PFI fueron entregados en fecha y el 79% se adaptaron al presupuesto inicial, comparado von el 30% y el 27%, respectivamente, del sistema tradicional" de gestión pública, detalla el trabajo. "Pero teniendo coste y tiempo fijos" en la primera fase de desarrollo del modelo PFI, "los problemas surgen con la calidad de los proyectos, con muchos hospitales sufriendo significativos inconvenientes".

- Viabilidad. El estudio destaca la incapacidad del modelo para adaptarse a "un entorno de gestión sanitaria que cambia muy rápidamente" debido a los contratos a 30 años en los que está basado. "La falta de flexibilidad" para adaptarse a los cambios de población o a las nuevas técnicas médicas "ha hecho que algunos hospitales estén obsoletos cuando acaban de ser inaugurados", afirma el estudio.

Y también señala la enorme complejidad que adquiere un hospital que debe prestar un servicio público -alguno de ellos, como el nuevo Puerta de Hierro de Majadahonda, no sólo asistencial, sino también de formación a médicos residentes- pero que está gestionado por una o varias empresas privadas que, a su vez, pueden subcontratar la restauración, limpieza, mantenimiento, administración u otras funciones. "La dificultad de alcanzar un acuerdo entre tantos actores, junto los elevados costes de los proyectos, ha llevado a la quiebra de un gran hospital universitario, el Paddington Health Campus", en Londres, ejemplifica el estudio..www.elpais.es 16.12.96

Lamela tiene la solución

El sector privado gestiona mejor que el público los recursos. Este es uno de los pilares del pensamiento político de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, como ha repetido una y otra vez en la Asamblea de Madrid y a quien se lo ha preguntado. El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, comparte la opinión de la presidenta. La OMS, no.

Así se desprende del estudio publicado en su boletín - www.who.int/bulletin/downloads/en/index.html que analiza estudios realizados en otros países. "Una investigación en Australia demuestra que los hospitales públicos son más eficientes que los operados por el sector privado", recoge la OMS. "El resultado de 149 comparaciones realizadas en Estados Unidos entre entidades sociosanitarias con ánimo y sin ánimo de lucro concluye que, en 88 casos, los centros sin ánimo de lucro funcionaban mejor, 43 no encontraron diferencias y otras 18 se inclinaban por las entidades con ánimo de lucro", añade el trabajo.

La confianza de Aguirre y Lamela en el sector privado, sin embargo, no decae ante las críticas recibidas por los hospitales PFI en otros países.

"El sistema es más económico y eficiente", afirmó Lamela el pasado miércoles. "Si en el Reino Unido el sistema ha funcionado mal", dijo Lamela, "no es culpa del modelo, sino porque la gestión se ha hecho mal", añadió.Así las cosas, el consejero madrileño cree haber encontrado la solución a los 15 años de problemas que arrastra el modelo en el Reino Unido. "Hemos mejorado el modelo británico", aseguró. "Los responsables del NHS [sanidad pública britá-nica] se han interesado por la gestión que se está realizando en Madrid para incorporar nuestras mejoras a su sistema", añadió.www.elpais.es 16.12.96

La espera para el médico de familia llega a los siete días


La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha hecho balance de cómo el Gobierno regional ha gestionado en los últimos cinco años, desde que asumió las competencias, la salud de los madrileños. La Comunidad de Madrid -especialmente el actual Ejecutivo autónomco- no sale muy bien parada. El informe, presentado ayer por la mañana en la Asamblea de Madrid por el líder de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, arroja datos sorprendentes. "La escasez de profesionales influye de manera directa en el aumento de los tiempos para obtener cita. Hace años era casi inexistente la espera en atención primaria; hoy hay lista de espera de entre uno y siete días, según el centro de salud y según el área sanitaria de que se trate".

Esta asociación entiende que la atención primaria está en "crisis y colapsada". Su origen está, según su análisis, tanto en la organización y planificación, como en la falta de medios que se han destinado. El que no se hayan reforzado las plantillas ha provocado un incremento de las cargas de trabajo en los profesionales, lo que a su vez les ha ocasionado "frustración".

La conclusión general de las 25 páginas de este documento está muy lejos de ser conciliadora con el Gobierno regional. "En la Comunidad de Madrid se está viviendo un intenso proceso de privatización de los servicios sanitarios públicos, ofreciendo al sector privado una cada vez mayor participación en los servicios sanitarios. Este proceso, que responde a una estrategia general del PP, en confluencia con la ideología neoliberal, pretende convertir la salud en una mercancía abandonando su carácter de derecho básico y cuestionando la integralidad e integración de la Sanidad Pública madrileña". Respecto a las listas de espera, denuncia que "no existe un verdadero interés por su reducción real". Finalmente, sentencia: "No se han reducido desde las transferencias".www.elpais.es 16.12.96

La segunda jornada de huelga, marcada por la guerra de cifras de su seguimiento

La segunda jornada de la huelga de 48 horas convocada por CC OO y UGT en la red sanitaria madrileña en defensa de la sanidad pública transcurrió entre una guerra de cifras en cuanto a su seguimiento, que los sindicatos cifraron en el 80% u 83% y la Comunidad de Madrid rebajó hasta el 5,5%. Alrededor de 67.000 profesionales sanitarios estaban llamados a secundar esta huelga que, como ocurrió en la jornada del jueves, fue dispar según la fuente informante.

La Consejería de Sanidad dijo que el seguimiento de la huelga fue "escaso, al igual que el del pasado jueves".

CC OO y UGT de Madrid destacaron la ausencia total de incidentes en los servicios públicos sanitarios y opinaron que la huelga no supuso "demasiados trastornos para los ciudadanos" porque se aplazaron muchas citas previas y consultas programadas para estos dos días.

Los secretarios de Sanidad de UGT-Madrid y de CC OO-Madrid, Alfonso Merino y Manuel Rodríguez, respectivamente, declararon que la manifestación que recorrió el jueves las calles del centro de la ciudad en defensa de la sanidad pública tuvo un "efecto llamada" entre el personal sanitario de la región para secundar la segunda jornada de paros.www.elpais.es 16.12.96

Fallos de diseño y la crisis de Alzira

Si las empresas no pueden, o quieren, gastar más tiempo o dinero en construir un hospital, la solución es ahorrar en la calidad de los proyectos. Así lo alerta el estudio de la OMS, que concluye que la obligación de finalizar los proyectos en una fecha concreta o de ajustarse a un presupuesto fijo "se logra a menudo a expensas de la calidad".La OMS pone varios ejemplos del Reino Unido, como el de Cumberland Infirmary. Allí, el "uso de materiales baratos" aumentó "los costes de mantenimiento previstos en un 50%". El hospital de Durham. el laboratorio de Patología "se inundó tres veces en los primeros 18 meses" por problemas de diseño, además de sufrir graves "fallos de ventilación y filtraciones". En Hereford, el centro se abrió "sin planta de tratamiento de aguas" y tres ascensores fueron retirados durante el primer año por riesgo de desplome.

El estudio también señala los proyectos que, pese a todo, acabaron en quiebra o tuvieron que ser rescatados. Un caso es el de Alzira, en la Comunidad Valenciana, cuyo modelo difiere del de Madrid. Allí, el Gobierno ha cedido la gestión médica completa -hospital y centros de salud- a una empresa, a la que paga por atender a 200.000 personas. La OMS destaca que, tras ser abierto en 1999, la Comunidad Valenciana tuvo que salir en socorro del hospital sólo tres años después ante la crisis económica que sufría.En Londres, el hospital universitario Paddington quebró tras haber pasado de un presupuesto inicial de 391 millones de euros a otro de 1.135 millones. Las arcas públicas perdieron 20 millones.www.elpais.es 16.12.96

Aguirre: " Debería erigirle una estatua a Lamela "

A la presidenta regional, Esperanza Aguirre, le parece que los méritos al frente de la sanidad madrileña del consejero, Manuel Lamela, se merecen una estatua. "Creo que usted debería erigirle una estatua al señor Lamela en vez de utilizar políticamente la sanidad", le espetó ayer al portavoz socialista, Rafael Simancas.El grupo socialista aprovechó la primera de las dos jornadas de huelga para llevar al Parlamento regional hasta cinco preguntas, interpelaciones y comparecencias. En ellas cuestiona el funcionamiento de la sanidad, que, según Simancas, tiene "déficit de financiación". Éste afirmó que la Comunidad es "la que menos porcentaje dedica a sanidad en relación a su producto interior bruto (PIB), el 3,79%". Y agregó que la media de las otras comunidades es del 5,40%. Eso, concluyó, "tiene sus consecuencias en el deterioro de la calidad del servicio y en el cómputo de las listas de espera, las de verdad". Según él, la contabilidad de enfermos que esperan ser operados es "tramposa", y recordó que hay 23.390 enfermos que esperan más de 30 días a ser operados. www.elpais.es 15.12.06

La Comunidad reduce un 20% las nuevas inversiones en los centros sanitarios

El aumento de inversiones de la Consejería de Sanidad al sector privado empieza a pasar factura a las infraestructuras públicas, según reflejan los presupuestos de 2007. La Comunidad de Madrid invertirá el año que viene 156,7 millones de euros en la construcción y reforma de centros sanitarios públicos, un 19,7% menos que los 193,8 millones que ha invertido este año. La disminución de 37,1 millones en las infraestructuras contrasta con el incremento de 47,2 millones destinados a conciertos con el sector privado. La empresa propietaria de la Fundación Jiménez Díaz pasará de embolsarse 140,2 millones este año a 187,3 en 2007.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, llegará a las próximas elecciones con una sanidad pública muy distinta de la que encontró cuando llegó al cargo. En 2003, la salud de la práctica totalidad de los cerca de 5,8 millones de madrileños que vivían entonces, en 2003, en la región dependía de hospitales públicos. Los 200.000 pacientes que eran atendidos por la Fundación Jiménez Díaz (propiedad de una multinacional sueca que ha sido comprada por un fondo de capital riesgo) eran entonces la excepción.

Tras las decisiones tomadas en los últimos tres años, la salud de un millón y medio de madrileños estará a partir del próximo año al cuidado de hospitales enteramente privados o con un modelo de gestión mixto público y privado. En este modelo (PFI, en sus siglas en inglés), empresas privadas construyen y gestionan los hospitales y sus servicios no médicos -mantenimiento, administración, archivo de historias clínicas, limpieza, restauración...-, mientras Sanidad aporta el personal médico y de enfermería y paga a la empresa un alquiler anual por el uso del centro.

La apuesta de Aguirre y su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, por la entrada de capital privado en la sanidad pública se deja notar en los presupuestos del Gobierno regional para el próximo año.

En los presupuestos existe cada año una partida, la 728, destinada a "Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios". Esta partida, según las cuentas públicas, recoge todos los programas de "construcción de nuevos centros de atención primaria y especializada", como los hospitales. También las "obras de reforma o ampliación" y la "elaboración de planes de mejora de las infraestructuras".

En los Presupuestos de 2006, la partida 728 (Infraestructuras) ascendía a 193,8 millones destinados a la construcción de 36 centros de salud, 10 consultorios locales, tres centros de especialidades y la reforma de cuatro ambulatorios y 13 hospitales.

Todas estas cifras se reducen en los Presupuestos regionales de 2007. El montante de dinero cae hasta los 156,7 millones de euros, que servirán para construir 31 centros de salud (cinco menos), tres consultorios locales (siete menos) y dos centros de especialidades (uno menos). En cuanto a las obras de ampliación o mejora, Sanidad sólo tiene previsto reformar un centro de salud (tres menos que este año) y cuatro hospitales (nueve menos).

Los 37,1 millones de euros en que disminuye la inversión pública en nuevas infraestructuras cubren buena parte del aumento de dinero que el Gobierno regional destinará a los dos mayores contratos por conciertos privados que mantiene la sanidad pública.

El mayor contrato es el que recibe la Fundación Jiménez Díaz, que crece el año que viene un 24% al pasar de 140,1 a 170,1 millones de euros. Este aumento se debe a la mayor importancia que la Fundación asumirá a partir del año que viene en la sanidad pública regional.

Aguirre y Lamela anunciaron el pasado mes de julio que la Fundación pasará a ser hospital de referencia (hasta ahora lo era de apoyo al Clínico y al 12 de Octubre) para una población de entre 250.000 y 400.000 personas.

Un portavoz de Sanidad declinó ayer informar sobre la población asignada que recibirá este hospital privado, que pertenece a Apax, un fondo de capital riesgo norteamericano que hace cuatro meses compró a la multinacional sueca Capio que controlaba la Fundación.

La misma empresa recibirá otros 13,2 millones de euros por el concierto del nuevo hospital de Valdemoro. Este centro, el único enteramente privado de los ocho nuevos que ha promovido Sanidad esta legislatura, atenderá a una población de unas 100.000 personas del sureste de la región.

Los Presupuestos 2007, en cambio, destinan el mismo dinero al concierto con clínicas privadas para la reducción de la lista de espera.www.elpais.es 15.12.06

"Espero seis meses para el especialista"

Cerca de 10.000 sindicalistas, políticos, sanitarios y usuarios de los hospitales y ambulatorios madrileños, según los cálculos de este periódico, desfilaron ayer por el paseo del Prado y la calle de Alcalá para decirle a la presidenta Esperanza Aguirre y a su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, que hasta aquí hemos llegado; que están en contra de la privatización de la gestión de los hospitales; y que el sistema sanitario madrileño ha sufrido un deterioro paulatino en los últimos años.Aparte del baile de cifras habitual -los sindicatos convocantes, UGT y CC OO vieron 40.000 almas, mientras que la policía no contó más que 3.000-, los que se manifestaron desde Neptuno hasta Sevilla coincidían en todo lo demás. Miles de personas con chalecos rojos, que llevaban los de CC OO, y verdes, los de UGT, portando un mar de pancartas rojas criticaban la política de Lamela. Una voz rasgada megáfono en ristre aseguraba que lo público es de todos y preguntaba de quién es lo privado. "De Aguirre", respondían.En la cabecera, los nombres más conocidos de los partidos de la oposición y los sindicatos: el secretario general de los socialistas, Rafael Simancas, y su portavoz en la capital, Óscar Iglesias, y Fernando Marín, coordinador de IU, llevaban la pancarta central al lado de los líderes sindicales. Un chico vestido de carta en la que se leía: "Lista de Espe-ra" bailaba al ritmo de un grupo de percusionista que amenizaba la protesta.Detrás de los prebostes, los ciudadanos anónimos. Rosa, trabajadora social en dos centros de Leganés, decía que padece el deterioro de la calidad de los centros sanitarios. "En mi ambulatorio interesa ahora que los números estén bien, que atendamos a muchas personas; pero no que esa atención sea de calidad". Manuel, que como paciente lo ve desde el otro lado, está de acuerdo: "Antes, cualquier especialista te daba cita en dos meses; ahora tengo que esperar más de seis".www.elpais.es 15.12.06

El sistema de gestión de hospitales previsto por Aguirre, cuestionado en Reino Unido

La Comunidad ha elegido un modelo de gestión mixto (mezcla de privado y público) para los nuevos hospitales que está construyendo. Este modelo ya ha sido duramente cuestionado en Reino Unido, el país que introdujo el sistema en Europa hace 10 años. Al menos, una decena de grandes centros británicos gestionados de esta manera se encuentran al borde de la quiebra, mientras que en otros el Gobierno ha obligado a las empresas concesionarias a subsanar las deficiencias. El PSOE cree que el PP ha cometido un gran error, mientras que el Gobierno regional sostiene que los hospitales estarán mejor gestionados.

El periódico inglés The Guardian abrió su edición del pasado lunes con la noticia de que 13 grandes hospitales de aquel país están "técnicamente en quiebra". El problema que les ha llevado a esta situación es "el contrato de financiación privada, que encarece cada año en nueve millones de libras [13,3 millones de euros] sus costes en comparación con un hospital público", afirma el diario, que basa su información en datos oficiales del Gobierno.

El contrato de financiación privada (PFI, en sus siglas en inglés) es el que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha elegido para la construcción de siete nuevos hospitales en la región: Majadahonda, Vallecas, Aranjuez, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda y Parla.

En este sistema, una empresa privada construye y gestiona el hospital, mientras la Consejería de Sanidad aporta los médicos y enfermeros y paga durante 30 años un alquiler a la empresa por el uso del edificio y servicios auxiliares (mantenimiento, administración, cocina, limpieza, archivo de historias clínicas...).

"Es un modelo que ha recibido muchas críticas porque ha demostrado ser más caro y muchas veces menos eficaz que el público", afirma José Martín Martín, director del Máster en Economía de la Salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública. "La Comunidad de Madrid inaugurará el año que viene siete hospitales nuevos sin haber pagado un céntimo. Eso le viene bien al Gobierno, porque llegará a las elecciones con unos resultados visibles", comenta Martín.

"Pero la factura que quedará por pagar durante 30 años es enorme. La empresa avanza el dinero para construir el hospital, pero luego se lo cobra a Sanidad y le suma el interés que a ella le cobra el banco y el beneficio que la propia empresa quiere sacar. El PFI es pan para hoy y hambre para mañana", concluye Martín.

Javier Cabo, director del Máster de Gestión Sanitaria del Centro de Estudios Financieros, considera en cambio que los PFI "aportan una clara ventaja en un escenario económico como el español, con el objetivo del déficit cero que obliga a todas las administraciones". "Sin la flexibilidad que aportan los PFI, serían hospitales que no se podrían poner en marcha. Y eso es un activo que la sociedad debe valorar", concluye.

Vicente Ortún, director del Centro de Investigación de Economía y Salud de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, considera que el PFI tiene "a priori una ventaja, que es la mayor flexibilidad en la contratación, y un inconveniente, que son los mayores costes financieros". "Pero esto se puede decir a priori, pero luego hay que demostrarlo, estudiar los proyectos y ser muy transparentes con los datos. La experiencia inglesa, sin embargo, es más bien negativa en cuanto a costes y resultados de gestión. Quizá su única ventaja es que no aumentan el déficit", afirma Ortún.

Martín también alerta sobre "el peligro que supone para el sistema sanitario madrileño apostar por un modelo tan controvertido como el PFI, del que no hay experiencias previas en España y al que la Comunidad se ha atado durante los próximos 30 años".

Comida seca, virus sin presión y otras deficiencias

La implantación del modelo de gestión mixto público y privado en la construcción de hospitales ha sido polémica en el Reino Unido, pionero en desarrollarlos en Europa. Las desviaciones presupuestarias, los problemas de calidad de los edificios y las quejas de los pacientes han copado páginas en periódicos y revistas científicas. Estas son tres muestras de proyectos cuestionados según un artículo publicado por la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid:

- Hospital de Edimburgo. La empresa constructora tuvo que cambiar el sistema de luces en los quirófanos tras inaugurar el hospital porque éste era más económico y de peor calidad que el acordado. La empresa concesionaria transportaba los alimentos para pacientes desde Gales, a 500 kilómetros para ahorrar costes. Los pacientes se quejaban de que sabía mal y estaba seca.

- Hospital de Norwich and Norfolk.

Los laboratorios destinados a virus y bacterias estaban diseñados para tener un sistema de presión negativa (inferior a la del exterior) para evitar fugas. Se detectaron fallos en dos espacios destinados a virus letales. Una enfermera levantó las placas del techo y descubrió que el sistema nunca había sido conectado por problemas de construcción. La dirección conocía el caso desde dos años antes.

- University College London. La concesionaria no respetó la planificación que había realizado el gobierno y desarrolló un proyecto con demasiadas habitaciones sin ventanas que constituía una mezcla desordenada de bloques. En agosto de 2004, el alcalde de Londres, Ken Livingstone, vetó el proyecto.

El PSOE dice que las empresas se embolsarán 2.000 millones

El Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid considera que el modelo de gestión elegido por Aguirre es un "un error monumental que pagarán las futuras generaciones, encadenadas a contratos a 30 años sin margen para adaptarse a las nuevas necesidades de los madrileños", afirma el portavoz socialista de Sanidad, Lucas Fernández.

El PSOE dice que las empresas se embolsarán 2.000 millones

"El método elegido como financiación de los nuevos hospitales, el PFI, encarece las obras entre un 10% y un 25%, lo que unido a los costes financieros durante 30 años eleva los beneficios de las concesionarias a 2.000 millones de euros. Además, la rapidez en la entrega de la obra dificulta la calidad hasta tal punto que la ministra británica de Sanidad actual ha tenido que paralizar varios proyectos", añade.

Según datos de la Consejería de Sanidad, la Comunidad de Madrid deberá pagar en los próximos 30 años 3.500 millones de euros por el alquiler de los hospitales y los servicios auxiliares que ofrecerán las empresas concesionarias (mantenimiento, administración, archivo de historias clínicas, limpieza, restauración...). El PSOE eleva esta cifra hasta los 3.750 millones.

"Todo es más caro con el PFI", afirma Fernández. "El pago aplazado a 30 años multiplica los costes financieros, pero las obras ya salen más caras desde el primer momento por el sobrecoste que cargan las empresas para obtener sus beneficios. El Hospital General de Asturias, por ejemplo, con más de 1.000 camas, costó 205 millones de euros en presupuesto de inversión, mientras que la empresa que construye el nuevo Puerta de Hierro en Majadahonda, que tiene 200 camas menos, le pasará una factura a Sanidad de 21 millones más".

La Consejería de Hacienda, en cambio, sostiene que la forma de financiación y gestión de los nuevos centros "no supondrá de ninguna manera un mayor coste para los madrileños". "Por el contrario, el modelo elegido genera ahorros con una gestión más transparente y eficiente de los recursos públicos", sostiene en un estudio.

Esta consejería cree que, al contrario de "la construcción tradicional financiado con cargo al presupuesto, el modelo PFI crea sinergias de las que se deriva un ahorro de costes".

Hacienda recuerda que las empresas concesionarias estarán sujetas a un control estricto por parte de la Consejería de Sanidad, que tendrá un delegado en cada hospital. "Si la concesionaria ofrece un servicio deficiente, se le descontará de los pagos, lo que la obligará a remediar la situación".

El Gobierno regional también está convencido de que con los contratos que ha firmado está blindado ante "cualquier desviación presupuestaria, que deberá ser asumida por la empresa". "Este ahorro de costes no es una predicción teórica, por el contrario, es una realidad contrastada con la experiencia", sostiene Hacienda, que añade que "en el Reino Unido el 89% de los proyectos se entregaron en el plazo acordado". Hacienda, sin embargo, admite que en uno de cada cuatro casos fue el Gobierno británico el que tuvo que asumir los sobrecostes surgidos durante la fase de construcción o explotación de los centros. Por último, Hacienda considera que el PSOE se equivoca al comparar los costes de construcción e ignorar los de mantenimiento y gestión de los servicios auxiliares, que serán asumidos por las concesionarias.Como ejemplo, el Gobierno regional pone el hospital de Vallecas, cuyos costes de construcción, mantenimiento y gestión durante 30 años hubieran ascendido con el sistema tradicional de financiación pública a 440 millones. Con la concesión PFI, Hacienda estima que se ahorrará tres millones de euros.

"Los hospitales fueron construidos con materiales baratos"

Los Gobiernos de toda Europa tienen desde hace 40 años una valiosa fuente de lecciones en la sanidad pública británica (NHS, en sus siglas en inglés). Durante los años sesenta y setenta, el Reino Unido era un modelo reconocido por su sanidad pública universal y gratuita. En los ochenta, Europa observó con atención al Reino Unido para no repetir los errores "de las políticas liberales de Margaret Thatcher, que arruinaron el NHS". "A los hospitales británicos, que sólo 10 años antes eran eficientes y acogedores, se les caían los azulejos de las paredes. La política de privatizaciones fue brutal", asegura Peter Fisher, presidente de la NHS Consultants Association, una organización de trabajadores de la sanidad pública.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha vuelto a mirar ahora al NHS para importar un modelo de gestión mixta pública y privada (PFI, en sus siglas en inglés) en la construcción de los nuevos hospitales.

Pregunta. ¿Qué balance puede hacerse en el Reino Unido de las PFI?

Respuesta. No es bueno. Ha sido una fuente de problemas para el Gobierno y de quejas para los trabajadores y pacientes.

P. ¿Por qué?

R. Los PFI los introduce el Gobierno conservador de John Major en los noventa. Tras los años de Thatcher, la red pública de hospitales estaba muy envejecida y necesitaba inversiones. Major dijo que las PFI eran la solución.

P. ¿Con qué argumentos?

R. Se dijo que la iniciativa privada gestiona de forma más eficaz, construye los hospitales en menos tiempo y lo hace más barato.

P. Éstos son los mismos argumentos utilizados por la Comunidad. ¿Qué conclusiones pueden extraerse de la experiencia británica?

R. Hoy hay 58 hospitales y residencias sociosanitarias PFI y otros 30 están en proyecto. El balance es que casi nada de lo que se dijo es verdad. Los hospitales no han sido más baratos ni funcionan mejor que los públicos. Lo único que sí han cumplido a veces es que se han construido más rápido, pero ha sido a un coste enorme.

P. ¿Por qué no son más baratos?

R. Haga la prueba. Vaya a un banco y pida un crédito. Todos se lo darán a una tasa de interés mucho más alta que al Gobierno. A usted y a cualquier empresa constructora. El Estado es el mejor cliente para un banco, porque siempre devolverá el crédito. Sume a ese mayor coste financiero los beneficios que se llevan los accionistas, un 18% de media aquí en el Reino Unido, y tendrá la respuesta. Además, muchas empresas presentaron ofertas muy ajustadas para ganar el concurso y luego han sufrido grandes sobrecostes que han necesitado mayores contribuciones públicas.

P. ¿Y qué dice el Gobierno?

R. En el Parlamento han admitido que el contribuyente ha debido pagar 8.000 millones de libras. Pero ya no se puede echar atrás. Tiene firmados decenas de contratos a 30 años vista que le atan de manos. Además, los intereses y lazos entre Gobierno y constructoras son muy fuertes.

P. ¿Y tampoco están mejor gestionados?

R. En muchos casos no, pero es lo lógico. ¿Quién tenía 20 ó 30 años de experiencia? ¿Las constructoras o el NHS? Es obvio que todo es mejorable, incluso la gestión pública, pero ha sido un enorme derroche no utilizar toda esa experiencia acumulada.

P. ¿Los pacientes han notado una pérdida de calidad asistencial?

R. En muchos casos sí. Se han abierto hospitales con materiales baratos, que han tenido que ser cambiados a los dos años. Otros, sin los equipos técnicos que debían. Y en la mayoría, la calidad de los servicios no médicos, los que ponen las empresas y que más debían mejorar con el PFI, dejan mucho que desear. En el hospital de Edimburgo, la comida era muy mala y los pacientes se quejaron. Al final, se supo que era porque la comida no se hacía en el hospital. Tampoco en Edimburgo ni en Escocia. Se hacía en Gales, ¡a más de 500 kilómetros! Es que a la empresa le salía más barato así.

P. ¿No puede ser que una vez superados los problemas iniciales los PFI funcionen mejor?

R. No parece. Los problemas en el Reino Unido no disminuyen, aumentan. Los PFI deben cerrar el año con beneficios. Ése es su fin. Se ha cambiado la lógica de la salud de los pacientes por la del beneficio empresarial.

P. ¿No es optimista?

R. Cuesta serlo. Tenemos un Gobierno que ha perdido gran parte de su capacidad de maniobra en favor del interés público. Tiene contratos a 30 años vista que está obligado a cumplir, aunque no sepa cuáles serán las necesidades futuras. ¿Qué pasa si en una zona se necesitan menos camas en 15 años? ¿O si las nuevas técnicas médicas reducen a la mitad los días de ingreso tras una operación? Nos podemos encontrar con hospitales demasiado grandes, o demasiado pequeños, pero el Gobierno será rehén de los contratos que ha firmado.

www.elpais.es 13.12.96

Lamela admite que la lista de espera es de 42 días, 12 más de la promesa de Aguirre

La contabilidad de la lista de espera quirúrgica en Madrid es tan compleja y tiene tantos matices que ayer su creador, el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, fue víctima de sus propios números. Lamela admitió, quizá en un desliz, que "la espera media" en Madrid para ser operado es de 42 días, desmintiendo así el mensaje repetido por el Gobierno regional durante toda la legislatura: "que nadie espera más de 30 días para ser operado en la sanidad pública". La presidenta Esperanza Aguirre ganó las elecciones prometiendo que dimitiría si no reducía la lista de espera a un mes.

Aguirre afirmó en la campaña electoral en un debate en Telemadrid que iba a reducir la espera máxima para ser operado en la sanidad pública a 30 días. "Y miren si estoy segura de lo que digo que me comprometo a dimitir si no lo cumplo", afirmó entonces la candidata.

Aguirre hizo su promesa con una normativa vigente: el Real Decreto 605/2003, de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas y que establece una contabilidad común para las listas de espera de toda España.

Tras ganar las elecciones, sin embargo, Lamela y Aguirre aprobaron para Madrid una nueva norma -la Orden 602/2004- que cambiaba las reglas del juego. A su favor, claro. La Orden modifica el sistema de contar a los pacientes, lo que les permite reducir los días de espera oficiales.

El decreto estatal dice que un paciente será incluido en la lista de espera cuando su médico le prescribe la operación. Y que sólo será excluido de la lista si el anestesista, al hacerle las pruebas preoperatorias, concluye que la salud del enfermo podría ponerse en riesgo en caso de entrar en quirófano. En este caso el enfermo será considerado como "transitoriamente no programable" y volverá a la lista cuando su salud le permita afrontar una intervención quirúrgica con garantías de éxito.

Aguirre y Lamela, en cambio, hacen lo contrario: consideran a todos los pacientes como "transitoriamente no programable" y los mantienen fuera de la lista de espera oficial hasta que el anestesista no da luz verde a la operación.

Las ventajas para Aguirre y Lamela son evidentes. Con las cuentas del Consejo Interterritorial, sólo un 7,8% de los pacientes constan como "transitoriamente no programables" y por lo tanto están fuera de la lista oficial. Con las que hacen Lamela y Aguirre, la cifra es cinco veces mayor: un 39,2%. La Ministra de Sanidad ilustró con otro dato los trucos de Lamela y Aguirre al señalar que la espera en el conjunto de España es de 72 días, pero que "sería de 20 días" simplemente con aplicar las cuentas de Lamela.

Entonces el consejero madrileño quiso replicar a la ministra conn sus datos. Dijo que, según la contabilidad de Madrid, la espera en la región es de 9 días. Pero añadió que en caso de utilizar el sistema estatal, la espera sería de 42 días.

"El problema para Aguirre y Lamela es que el 'sistema estatal' es el que estaba vigente cuando Aguirre hizo su promesa. Y sigue estándolo, por lo que parece que no han cumplido su promesa", ironizó una fuente del Consejo Interterritorial. "Lo del sistema de contar a pacientes que se han inventado luego es como apostarte una cena al fútbol y luego, cuando ves que perderás, cambias las reglas y dices que no hay fueras de juego y que tus goles valen triple", añadió esta fuente.

El Consejo Interterritorial expulsó hace un año a Madrid del cómputo nacional de las listas de espera. Sus datos, dice el Consejo, no cumplen la normativa estatal y, por tanto, no son comparables con las del resto de comunidades. Ninguna otra comunidad, ni las gobernadas por el PP como Baleares, Valencia o Murcia, ha tenido que pasar el trago de verse expulsada.

Un portavoz de Sanidad matizó por la tarde la afirmación de Lamela. "El consejero se refería a la demora media prospectiva", un concepto de gestión que mide el tiempo necesario para operar a todos los pacientes incluidos en la lista de espera. Como Aguirre en la última campaña electoral, Lamela habló ayer con matices. www.elpais.es 12.12.06

CC OO y UGT llaman a la huelga en la sanidad los días 14 y 15

El final de legislatura podría ser revuelto en la sanidad pública regional debido a los conflictos laborales. Los sindicatos CC OO y UGT convocaron ayer a los más de 65.000 trabajadores de la Consejería de Sanidad a secundar una huelga de 48 horas los días 14 y 15 de diciembre, dando así "por rota la paz social" firmada en mayo de 2004 con el consejero Manuel Lamela. CC OO y UGT anunciaron ayer el paro y una manifestación que recorrerá el centro de la capital el próximo 14 de diciembre

Los sindicatos médicos, por su parte, ultiman para esta semana otra jornada de huelga que, salvo acuerdo de última hora con Sanidad, será anunciada hoy en rueda de prensa.Estas huelgas serían las primeras convocadas contra las políticas de Lamela en la legislatura. Hace un año tuvo lugar una protesta de técnicos sanitarios, pero en este caso iba dirigida contra el Gobierno central. La última gran huelga por cuestiones políticas regionales tuvo lugar en diciembre de 2001 y estuvo convocada, también por CC OO y UGT, en contra de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM) del entonces consejero José Ignacio Echániz.El responsable de la Federación de Sanidad de CC OO de Madrid, Manuel Rodríguez, justificó la huelga por el "incumplimiento" de algunas medidas laborales recogidas en el acuerdo que selló la "paz social" con el departamento de Lamela y para las que el presupuesto del año próximo "no reserva partidas específicas". Entre las iniciativas pendientes de ejecutar citó la implantación de la carrera profesional, las bolsas de contratación, el decreto de selección y previsión, la homologación de los médicos residentes, y el Plan de Urgencias y Emergencias, que está "parado". "Esta huelga no es un capricho nuestro. O estas cuestiones se recogen en los Presupuestos para 2007 o se acaba la legislatura y no hemos cumplido ni el 40% del acuerdo de 2004", argumentó Rodríguez.

Otro motivo de fondo, denunciado por Fernando Sánchez, de UGT, es el "cambio de gestión" de la sanidad pública, que avanza, según advirtió, hacia una progresiva "privatización de la sanidad pública de todos los ciudadanos". Sánchez añadió la calidad asistencial y la situación laboral del personal están "en quiebra" debido a la "sutil pero penetrante" entrada de mecanismos de gestión privada."Tenemos razones y motivos suficientes para ir a la huelga", aseveró Sánchez, insistiendo en que la creación de empresas públicas para gestionar los nuevos hospitales es un paso "grave" que permitirá la existencia de "un modelo múltiple" que hará "muy difícil" la gestión hospitalaria. Si un acuerdo no lo remedia, la huelga empezaría el miércoles 13 de diciembre a las diez de la noche y terminaría el sábado 16 a las ocho de la mañana. www.elpais.es  28.11.06

El protegido de Aguirre multiplica en 11 años por 2.000 el capital de su empresa

La apretada agenda de Manuel Lamela, ex de Sanidad de la Comunidad de Madrid y en la actualidad de Transportes también deja un espacio para la actividad empresarial

El versátil político es propietario, junto a su padre y su madre, de una empresa dedicada a la lucrativa actividad inmobiliaria. Inversiones Lamela Campos, S.L., nombre de la compañía, iniciaba su andadura en 1992 con un capital social de 500.000 pesetas. El negocio no ha ido nada mal, y hoy cuenta con un capital social que excede los seis millones de euros, o lo que es lo mismo, 1.013 millones de las antiguas pesetas.

En junio de 1992 se registraba la sociedad Inversiones Lamela Campos, S.L., con un capital social de 500.000 pesetas, suscrito por el actual consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela Fernández, y sus padres, Manuel Lamela López y Carolina Fernández Blay, en la que el mandatario madrileño figuraba como administrador único. Su objeto social consistía en “operaciones inmobiliarias de cualquier naturaleza, consistentes tanto en la explotación económica de inmuebles, en régimen de alquiler o a través de cualquier otro sistema o título jurídico que procure su aprovechamiento económico, como en la actividad de adquisición y transmisión de los repetidos inmuebles para realizar su valor de cambio por medio de cualquier título jurídico”, aunque también reservaban parte de su función al “asesoramiento jurídico, contable y financiero, en orden a la promoción y constitución de empresas”. Cuatro años después, coincidiendo con su nombramiento como subsecretario en la Administración de la primera legislatura de Gobierno, Lamela dejaba el “puesto” a su madre.

Ampliación de capital

El negocio no podía marchar mejor, porque en marzo de 2002, su empresa inmobiliaria realizaba una espectacular ampliación de capital, multiplicando el inicial medio millón por 1.700. Entonces se emitieron acciones por valor de 5.186.734 euros, es decir, 863 millones de las antiguas pesetas, suscritos en su totalidad por los tres miembros de la familia. Debían ser buenos tiempos, porque, apenas un año después, en abril de 2003, una nueva ampliación redondeaba el valor de Inversiones Lamela Campos. En esa ocasión, padre, madre e hijo desembolsaban otros 899.997 euros –casi 150 millones de pesetas más- para ser titulares de una compañía valorada en 6.089.632 euros, ó 1.013 millones de pesetas.

Director del Gabinete de Rodrigo Rato

Ya nos encontrábamos en plena segunda legislatura del Gobierno del Partido Popular, y el consejero Lamela ejercía entonces como jefe del Gabinete del ministro de Economía, Rodrigo Rato, y con un fulgurante futuro político por delante. La gran ampliación de capital era suscrita nominalmente, de modo muy mayoritario por sus padres. Manuel Lamela López suscribía 473.360.000 pesetas de la operación. La madre, Carolina Fernández Blay figuraba con otras 374.540.000 pesetas, mientras que el actual consejero de Sanidad madrileño, asumía a su nombre algo más de 15 millones de pesetas.

Un consejero permanentemente cuestionado

Lamela no es conocido por el gran público por sus lucrativas actividades privadas, sino por radicalizadas decisiones al frente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En su departamento, desoyendo los informes elaborados en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, se hicieron eco de unas denuncias anónimas sobre sedaciones que, supuestamente hubieran ocasionado el fallecimiento de varios pacientes. La Consejería envió inspectores y en marzo de 2005 difundía la “noticia” de que podrían haberse producido 400 muertes por sedación. Se destituyó al jefe del Servicio, el doctor Montes y al gerente y al director médico del hospital. Lamela decidió instalar cámaras en los pasillos para evitar las reuniones y concentraciones de los trabajadores del Severo Ochoa, a los que se amenazó con expedientes en caso de proseguir con las protestas. La oposición presentaba una moción de reprobación contra Lamela. Paralelamente, la Fiscalía de Madrid daba a conocer el informe de la clínica fornse, que establecía que no existía relación entre los fallecimientos y las sedaciones en los 13 casos más controvertidos. No es su única actuación polémica. La Comunidad de Madrid ha sido excluida del registro del Sistema Nacional de Salud, por la falta de homogeneidad de su contabilidad con el resto de las comunidades autónomas. La cuestión de fondo de este asunto está en las listas de espera. Fueron uno de los principales argumentos electorales en la campaña de Esperanza Aguirre. La presidenta vinculaba su propia permanencia en el cargo a la consecución de la disminución de los tiempos de espera a un máximo de 30 días. Pewse a que los trabajadores de la sanidad pública denuncian que se excede con mucho estos tiempos, laq “ingeniería contable” aplicada por la Consejría de Sanidad, maquilla las cifras reales con sospechosas exclusiones de las listas.

Cargo público, negocios privados

Pese a tratarse de dos actividades profesionales tan dispares, la inmobiliaria y la sanidad, y desarrollarse en ámbitos distintos, el privado y el público, el consejero Lamela se ha empleado con igual desenvoltura en ambas, aunque sus preferencias parecen decantarse por el modelo privado de gestión, como ha demostrado en diversas ocasiones, como , por ejemplo, con el nombramiento de Juan José Bestard Perelló, ex consejero delegado de la quebrada empresa Actualidad Sanitaria, S.A., como gerente de la Fundación Hospital de Alcorcón –hasta noviembre de 2005-. El modelo de “fundaciones”, adoptado en 1997, permite una gestión privada de centros sanitarios públicos, aspecto muy contestado por los profesionales sanitarios y toda la oposición madrileña.

 WWW.ELPLURAL.COM 22.03.06

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