www.losgenoveses.net : Un juez mata a su esposa y no entra en prisión.Jose Bono.Diciembre 1997

“UN JUEZ MATA A SU ESPOSA Y NO ENTRA EN PRISIÓN "

José Bono, El País, 26/12/97

I. Dramas de hoy han avivado mis recuerdos. Ocurrió durante la Nochebuena de 1989 en Castilla-La Mancha. Un hombre mató a su esposa. La sentencia que le condenó decía así: "En casa de sus suegros, y en presencia de ellos, de su esposa y de su hija de cinco años, (...) sin atender a razones y requerimientos de que dejase la Nochebuena en paz, (...) se atrevió a golpear a su mujer...", y añadía que estos hechos "tal vez sólo se producen en sectores de la marginalidad más aherrojada...".

¿Quién era el procesado? Precisamente un magistrado de la misma audiencia que le juzgó.

¿Qué fue del procesado? Se le condenó por imprudencia temeraria con resultado de muerte y malos tratos a una pena de prisión menor y 15 días de arresto mayor. Es decir, se le impuso la pena mínima y no tuvo que entrar en prisión.

Para entender mejor este caso es necesario recordar la segunda parte de aquella triste historia. La esposa fue enterrada como si hubiera fallecido de muerte natural. Pero 15 días más tarde su padre dio un hachazo en la cabeza al magistrado, causándole lesiones. Éste fue el desencadenante de la exhumación del cadáver y de los procesos posteriores. El padre de la esposa y suegro del magistrado también fue juzgado y condenado, por la misma sala, en sentencia de la que viene al caso la siguiente cita: ”... y ya sólo nos queda rogar y desear a todas estas personas el mensaje contenido en aquellas palabras pronunciadas con ocasión de una magna tragedia nacional: paz, piedad y perdón”.

¿Qué hizo el magistrado parricida? Siguió el ruego de ¿paz, piedad y perdón? Por una parte, recurrió las dos sentencias y el Tribunal Supremo desestimó sus dos recursos, aunque se encontró una baza inusual a su favor: el fiscal del Tribunal Supremo defendió su inocencia en la muerte de su mujer. Por otra parte, el magistrado parricida se negó radicalmente a que sus dos hijas -dos niñas pequeñas- pudieran ver a sus abuelos. Éstos obtuvieron una sentencia favorable, pero siguieron sin poder ver a sus nietas porque el magistrado recurrió ante la Audiencia Provincial donde él mismo estaba ocupando plaza, y consiguió su propósito.

Así pues, ya conocen ustedes la respuesta a la pregunta: ¿Qué hace aquel magistrado que dio muerte a su mujer?. ¡Sigue dictando sentencias! Podríamos hacernos otras preguntas, como, por ejemplo, esta: ¿Habrá enjuiciado delitos de violencia sobre las mujeres?

Llegados a este punto, volvamos a la sentencia en la que se decía que aquella repudiable acción de golpear a la propia mujer se producía quizá sólo en sectores marginales. ¡Qué errada apreciación del tribunal!

Hombres violentos, y quienes los justifican, no habitan sólo en la marginalidad. Si así fuera, hace tiempo que todo el peso de la ley hubiera caído sobre ellos. Éste es un problema social muy grave en el que aún hemos avanzado poco y en el que, lamentablemente, corremos el riesgo de retroceder por causas estrictamente políticas.

En efecto, el vicepresidente Cascos, que en otra ocasión politizó la justicia (Si la sentencia de los GAL no se corresponde con el veredicto de los ciudadanos (...) va a salir perdiendo la justicia). (¿Recuerdan?), ha dado pie ahora, con unas declaraciones sobre el asesinato de Ana Orantes, a que se judicialice la política. Su referencia a la enajenación mental del asesino ha sido recibida como una especie de atenuación al gravísimo hecho de que en 1997 se han tramitado 19.000 denuncias por malos tratos a mujeres, y más de 50 han perdido la vida a causa de esos malos tratos. Lamentablemente, alguien ha podido interpretar que el señor Cascos olvida el enorme problema social de la violencia que padecen las mujeres y que no se trata de "hechos aislados".

Diputadas de todos los partidos proponen diversas reformas legales. Y bien está. Pero como ha declarado Ana María Pérez del Campo, responsable de Centros de Atención a Mujeres Maltratadas, de nada valen las reformas legales si no hay un cambio de mentalidad de quien aplica la ley.

II. El problema social de la violencia contra las mujeres no lo resolverán sólo los jueces y magistrados, pero algunos -quizá pocos- tendrán que democratizarse para conseguir el objetivo. Me atrevo a afirmar que la opinión pública democrática está preocupada por la actuación y por la mentalidad de algunos jueces, y que esa intranquilidad no es algo excepcional.

Mal haríamos los políticos si contribuyésemos al descrédito y al desprestigio generalizado de los que han de administrar justicia. Pero mal harían éstos si no vieran que las causas de su descrédito son también, fundamentalmente, suyas y que algunos de ellos no deberían vestir toga.

Ante el dato de una encuesta de que el 51% de los españoles piensa que los jueces no son imparciales ni independientes, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Martínez-Vares, ha escrito (EL PAÍS, 10 de noviembre de 1997) que “una sociedad que no cree en la honradez, independencia e imparcialidad de sus jueces, o está agonizante o se le está equivocando, manipulando su opinión”. Desde esta posición defensiva no podrá ver en qué han contribuido algunos jueces a esa agonía, ni podrá contribuir a remediar sus "enfermedades".

Hay que acostumbrarse al hecho de que una sociedad democrática exige mucho al poder. A los políticos. También ahora a los jueces, que cada día logran más poder, más fuerza, y es lógico que así sea en una sociedad moderna que quiere más democracia.

4Quienes quieran usar de ese mayor poder para su propio provecho corporativo querrán hacer creer que todos los males de la justicia proceden de una politización que tiende a reducir o identificar con el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial sea elegido por los representantes del pueblo. Son los que propugnan que el Consejo sea elegido por los propios jueces. Debajo de esta idea está la percepción de que la política contamina, cuando lo que de verdad contamina son las ideas fanáticas, las concepciones fascistas, el machismo y el sectarismo que, por ejemplo, mantuvo en el Consejo General del Poder Judicial al juez Estéril con los votos de los vocales "profesionales" y de los conservadores, entre los que formaba prieta fila la actual ministra de Justicia, señora Mariscal de Gante.

Los jueces no tienen la legitimación que dan las elecciones (y que quita y pone a los políticos en el Gobierno, en la oposición, o en la calle), sino la que se deriva de que se sometan al imperio de la ley. Pero es que además son constitucionalmente inamovibles. De ahí la importancia de que su órgano de gobierno, el Consejo, sancione con justicia a quienes cometen infracciones. Los datos que hay al respecto son reveladores de un corporativismo complaciente y hasta hipócrita, como lo hubo en la "clase política" ante sus propias corrupciones.

El magistrado del que he hablado sin nombrarlo en este artículo debía tener los cascos bien puestos para no atender al ruego de "paz, piedad, perdón" de sus compañeros que lo sancionaron con levedad. Sólo fue suspendido provisionalmente mientras fue juzgado, y recibió después destino en Madrid, para muchos un ascenso. Agua pasada no mueve molino. Pero no vale engañarse: aún bajan por el torrente demasiadas aguas sucias.

No hay crisis constitucional. Pero sí hay un desprestigio que afecta no sólo a la política, sino también al poder judicial. La lucha por la democracia exige echar luz sobre la oscuridad. Pues bien, entre quienes amparan la violencia doméstica, entre quienes explican como hechos aislados y entre algunos jueces hay demasiadas zonas de penumbra democrática.

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