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"¿Es que hay jueces sin creencias?"
El polémico magistrado Fernando Ferrín se siente discriminado
A Fernando Ferrín Calamita no le gustan las familias homosexuales. No le parecen "normales". Por eso ha otorgado la custodia de unas niñas a su padre argumentando que la madre es lesbiana y por eso también está intentando impedir que una mujer adopte a la hija de su esposa. En ambos casos ha sido recusado. Los abogados intentan apartarlo de estos procedimientos porque entienden que deja de aplicar la ley movido por sus creencias religiosas -es católico y lector habitual del fundador del Opus Dei- . Pero él se siente discriminado. Asegura en uno de sus escritos que recusarlo es "sectario y discriminatorio" e incluso inconstitucional. Y califica de "pueril" el motivo aducido.
"Yo me pregunto, ¿hay algún juez que no tenga sus ideas o creencias propias? Ninguno ¿Es que profesar determinadas ideas o creencias inhabilita a un juez para ejercer su profesión? ¿Es que no puede un juez español ser budista, musulmán, protestante, católico, etcétera?" indica Ferrín en su providencia, relativa a la recusación por el caso de la custodia. Y él mismo se responde: "El juez sólo está sujeto al imperio de la ley, y eso llevo haciendo desde hace ya bastante tiempo. Yo soy totalmente imparcial". Pero los que lo han recusado lo único que piden es, precisamente, que se apliquen las leyes.
El escrito del magistrado -actualmente de baja- denota una absoluta indignación. Arremete contra el abogado de la madre y califica la recusación como de "maniobra torticera y aberrante" y "falta de toda ética y escrúpulo". Termina diciendo que si le apartan del asunto, por él "mejor", ya que le provocaría "menos quebraderos de cabeza". Pero, si no lo hacen, dice que la mujer tendrá que designar un nuevo letrado, a pesar de que no existe ley alguna que estipule que si una recusación no sale adelante el abogado tenga que renunciar. Otra interpretación legal sui generis del magistrado.
El juez Ferrín está enfadado. No entiende la recusación y ha paralizado varios procedimientos en los que interviene el abogado que la ha presentado. Se quiere abstener por "enemistad manifiesta" con el letrado e insiste en sus argumentos de defensa. "¿Mis creencias me impiden ejercer mi profesión? En absoluto. Al contrario. ¿Dónde está el derecho constitucional de igualdad ante la ley sin discriminación por razón de creencias?", se pregunta Ferrín. Parece tener muy presente el artículo 14 de la Constitución, que consagra el principio de igualdad ante la ley, pero no tanto la parte que prohíbe la discriminación por razón de la orientación sexual. www.elpais.es 28.07.07
El juez de familia de Murcia Ferrín Calamita ha suscitado 19 quejas ante el Poder Judicial
- La comisión disciplinaria le abrió un expediente que puede implicar una multa - El magistrado podrá seguir celebrando juicios a pesar de sus cuestionadas resoluciones
Se han presentado al menos 19 quejas contra el juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita, que otorgó la custodia de los hijos al padre en un divorcio alegando que la madre era lesbiana. Las reclamaciones, presentadas ante la Unidad de Atención al Ciudadano del Poder Judicial, detallan trato "desconsiderado" y fuertes presiones para que las parejas que se quieren separar no lleguen a juicio. La comisión disciplinaria del Poder Judicial abrió ayer un expediente contra el juez por el caso de la custodia, pero la falta que le reprochan sólo acarrea sanción de multa. El magistrado, en principio, seguirá juzgando.
Son numerosas las quejas de los ciudadanos por el comportamiento del juez Fernando Ferrín Calamita. La Unidad de atención al Ciudadano del Poder Judicial ha recibido al menos 19 reclamaciones. A la comisión disciplinaria han llegado ocho: cinco han sido archivadas, otras dos se están investigando y por una de ellas -el caso de la custodia- se le abrió ayer al juez un expediente sancionador. La decisión la tomaron por unanimidad los cinco vocales de la comisión disciplinaria.
La falta por la que se le podría castigar consiste en utilizar "expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico" y sólo acarrea una sanción de multa, de 300 a 3.000 euros. Una de las vocales ha propuesto que se acumulen todas las quejas y se investiguen con detenimiento las resoluciones y actuaciones del magistrado -actualmente de baja-, para ver qué medidas se deben adoptar. La fiscalía podría investigar si ha cometido algún delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas).
Familia normal
Uno de los otros dos casos que la comisión disciplinaria está investigando es el de Vanesa de las Heras, a quien Ferrín no permite adoptar a la hija de su esposa a pesar de que la ley lo autoriza. En este proceso, Ferrín, después de asegurar que una familia formada por dos mujeres no es "normal" y que un niño necesita un padre y una madre, pidió la opinión de todos los psicólogos de la Dirección General de Familia de Murcia. Ahora ha cambiado de táctica y ha anunciado que va a suspender el procedimiento y presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo del Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. El abogado de la pareja va a recusar al juez.
El otro caso que investiga la comisión disciplinaria del Poder Judicial es el de un médico, Juan Mario Pérez Abad, que se separó recientemente y que refiere distintas quejas. Éste asegura que el juez Ferrín le presionó en distintas ocasiones para alcanzar un acuerdo con su esposa, diciendo que, si iba a juicio, se "atendría a las consecuencias". Señala también que, después de fijar la pensión, le embargó el sueldo directamente, sin darle "siquiera la oportunidad de no haber pagado", según refiere en su escrito. Pérez Abad solicita también que se compruebe la capacidad del juez para el ejercicio de su trabajo, "para evitar males mayores en su contra". Afirma que durante las dos sesiones del juicio a las que asistió apreció que "presentaba un temblor muy característico denominado extrapiramidalismo que se presenta como efecto secundario en el tratamiento de la psicosis".
Otras de las quejas -que han sido archivadas-, coinciden con la de Pérez Abad en la obsesión del magistrado porque las parejas no lleguen a juicio -algunas personas afirman haberse visto obligadas por el juez a firmar acuerdos inaceptables- y en que es frecuente que decrete embargos antes de dar la oportunidad de pagar a quien debe hacerlo. En las resoluciones de separación y divorcio se fijan pensiones de alimentos para los hijos. La sentencia indica la cuantía y, en caso de impago, se puede pedir al juez que embargue al deudor. Según estas quejas, Ferrín decretaba directamente el embargo en las sentencias de separación o divorcio e incluso en los autos de medidas provisionales.
El magistrado, en las alegaciones que formula ante algunas de estas quejas, defiende su labor "conciliadora" y califica la actitud de una abogada que deseaba que se celebrara directamente el juicio como de "muy vehemente y descarada". La comisión disciplinaria archivó estas quejas en ocasiones porque no había más pruebas que las versiones contradictorias del juez y del ciudadano. Otras veces, porque se entendía que su comportamiento había sido correcto y otras, porque lo que se estaba discutiendo era el fondo de las decisiones del magistrado, y la comisión disciplinaria entiende que son los tribunales superiores los que deben resolver estas cuestiones.
Los peculiares métodos del magistrado
Para el juez Fernando Ferrín Calamita, una familia se compone de un padre y una madre casados, con sus hijos biológicos. Todo lo que se salga de este esquema parece no gustarle, según una decena de fuentes vinculadas al entorno judicial de Murcia. La gran mayoría de estos testimonios coinciden en que los divorcios con él son complicados, los acuerdos casi forzados y que, incluso las adopciones acarrean trámites interminables, sean o no homosexuales los padres adoptivos.
En la capital de Murcia hay dos juzgados de familia. El número 3 funciona de una forma "normal", según explican estas fuentes. El contiguo, el 9, es el de Ferrín, cuyos métodos de trabajo les resultan cuando menos peculiares a numerosos letrados. Señalan que cuando uno de sus casos cae en manos de Ferrín, "se tiene un arma de doble filo, puede perjudicar o beneficiar mucho". Estos abogados, que prefieren no desvelar sus nombres "para no perjudicar a los clientes", coinciden en que el magistrado trata por todos los medios de evitar el juicio y de propiciar un acuerdo previo. Una letrada asegura que en los años que lleva ejerciendo su profesión ninguno de sus procesos ha llegado a la sala de este juez. Y han sido decenas.
Llegar a acuerdos sin recurrir al juicio no parece, en principio, malo. Así lo argumentan quienes defienden la actuación del juez. "Es la obligación del magistrado propiciar un entendimiento", explica la abogada María Loreto Blázquez, una de las pocas consultadas que no pone peros a la forma de actuar de Ferrín. "Es estricto, pero hasta el momento no se había enjuiciado su actitud". El problema para muchos colegas de Blázquez es que en su ansia por evitar el juicio fuerza acuerdos que muchas veces se hacen imposibles de cumplir. "En un principio evitaba dictar sentencias de divorcio porque está en contra de su ideología", asegura un letrado. "Ahora lo que hace es coaccionar a las partes para que se pongan de acuerdo". Esta palabra, "coacción", se repite en las bocas de varios abogados. Sucede en la primera fase del proceso, cuando ambas partes exponen al juez sus motivaciones y peticiones. Si no hay acuerdo, se llega al juicio oral. Sin embargo, estas fuentes explican que la sentencia está prefijada en la cabeza de Ferrín desde el primer momento. "Si una parte rechaza su propuesta amenaza con que ésa será la sentencia tras la vista y que, además, a esto se pueden añadir los costos del proceso", aseguran varios letrados. En el caso de la mujer supuestamente lesbiana privada de la custodia de sus dos hijas sí hubo vista. En el proceso, la afectada nunca reconoció ser homosexual y siempre negó la relación con su presunta amante. Según fuentes cercanas al caso, el juez se basó únicamente en el testimonio del marido, que dijo haber visto a las dos mujeres manteniendo relaciones sexuales. Una vez que el magistrado creyó que la mujer era homosexual, dictó la controvertida sentencia, cuya ejecución está a la espera de que se resuelva la recusación de Ferrín. El juez se encuentra de baja médica desde hace alrededor de tres semanas, por lo que este periódico no ha podido contactar con él. 26.07.07
Un juez de Murcia retira la custodia de sus hijas a una madre por ser lesbiana
Fernando Calamita ya impidió que una homosexual adoptara a la hija de su pareja
Un juez de Familia de Murcia ha dispuesto retirar la custodia de dos niñas a una madre lesbiana, y otorgársela a su padre biológico. El juez de Familia Fernando Ferrín Calamita señala, en su auto (fechado el 6 de junio pasado), que la orientación sexual de la madre "influye negativamente" en la educación y crecimiento armónico de sus dos hijas, motivo por el cual, dice, se ve obligado a atribuir la custodia de las dos niñas al padre.
Éstos son los argumentos del juez, recogidos en el auto al que ha tenido acceso ELPAIS.com:
"¿Por qué la condición homosexual perjudica a los hijos?. Pues, en definitiva, y como decía el demandado, porque los hijos tiene derecho a un padre y a una madre, no a dos madres o a dos padres. Los más prestigiosos especialistas así lo determinan. No hace falta siquiera para ello ser especialista: el sentido común (que a veces es el menos común de los sentidos) así lo dice. El hombre y la mujer son complementarios entre sí. Dos mujeres o dos hombres, no"."Es el ambiente homosexual el que perjudica a los menores y que aumenta sensiblemente el riesgo de que éstos también lo sean", añade.
El magistrado, que saltó a la fama en la década de los ochenta por detener a dos mujeres que hacían top less en la playa de Chiclana (Cádiz), añade que la madre tendrá que elegir entre sus hijas y su nueva pareja. Este mismo juez puso trabas el pasado mes de abril a que una lesbiana adoptara a la hija de su esposa, por lo que el El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha abierto una investigación.
"Los prestigiosos especialistas"
Este nuevo auto ha sido dado a conocer por la Federación de Mujeres Progresistas y la Federacion de Gays y Lesbianas. Desde las agrupaciones se manifiestan escandalizados por la decisión de Ferrín Calamita, ya que la consideran inconstitucional y discriminatoria, pues vulnera el artículo catorce que prohíbe la discriminación por orientación sexual.Las asociaciones han pedido hoy al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a las asociaciones de jueces que tomen cartas en el asunto y actúen contra el Ferrín Calamita, www.elpais.es 23.07.07
A este juez no le gusta el 'top less' ni que los gays adopten
No es la primera vez. El juez de Murcia que frena la adopción de una niña a una pareja de lesbianas ya tuvo problemas en otra ocasión para elegir entre su conciencia y la ley. También en ese momento optó, ante la duda, por aplicar su propia moral. Hace 20 años, en su primer destino como juez en Chiclana (Cádiz), Fernando Ferrín Calamita mandó detener en la playa a una chica en top less y a otra desnuda porque se sintió "faltado al respeto" al verlas. Era 1987 y él tenía 29 años. El gobernador civil había autorizado el top less dos años antes, pero eso no fue un obstáculo para que él, al ver en la playa a las desvergonzadas sin ropa, llamara a la policía municipal.
Primero las conminó a que cubrieran sus vergüenzas, como ciudadano y como juez -en chándal en ese momento- pero ellas se resistieron. Podían hacer top less si les daba la gana, según las normas. Pero su señoría no lo veía así. Cuando la Policía Municipal y la Guardia Civil llegaron a la zona de dunas en la que discutían sobre la desnudez, ordenó la detención. Las dos mujeres fueron después absueltas de una falta de escándalo público por otro magistrado. Pero aquellas chicas, que no habían hecho nada ilegal, pasaron tres días en un calabozo porque un juez religioso que leía por la noche la Biblia y el Camino, de José María Escrivá de Balaguer, se había escandalizado. Ahora, 20 años más tarde, Candela, una pequeña de 15 meses, no puede tener dos progenitores. Quizá el juez se ha vuelto a escandalizar.
En este caso, la norma que le da quebraderos de cabeza es la que equipara los matrimonios heterosexuales con los homosexuales, de julio de 2005. La equiparación de derechos vale también para las adopciones, pero el matrimonio formado por Vanesa de las Heras y Susana Meseguer lleva esperando más de un año a que Ferrín autorice la adopción de la hija de Susana -nacida por inseminación artificial- por parte de Vanesa. Sin éxito hasta el momento.
El juez, que escribe en cursiva las palabras "matrimonio" y "cónyuge" cuando se refiere a esta pareja, ha puesto multitud de trabas. Ha designado a la Dirección General de Familia de Murcia como defensora judicial de la niña -porque entiende que la madre es "parte interesada" en la adopción y no vela por los derechos de su hija- y exige que "todos" los psicólogos de la entidad opinen sobre la conveniencia de que la pequeña tenga dos madres. Si no le responden, amenaza con llamarlos a declarar. Si el matrimonio fuera heterosexual, el nombramiento de un defensor judicial sería insólito.
"¿No es un derecho del menor el de ser insertado en una familia "normal", compuesta por dos personas de distinto sexo y que, por ello, son complementarias entre sí, lo que no ocurre en el caso contrario?", se pregunta el magistrado al más puro estilo Aquilino Polaino, el catedrático que sostiene que la homosexualidad es una psicopatología y que las parejas de gays no deben criar niños. "¿Es irrelevante, desde el punto de vista de la supremacía del interés del menor, que los progenitores, biológico o adoptivo, con quienes aquél diariamente convive, sean o no del mismo sexo? ¿No es alta la probabilidad, por ejemplo, de que sea homosexual imitando el patrón que ha vivido en casa en sus años fundamentales para la formación de su personalidad?", continúa Ferrín.
Mientras tanto, entre trámite y trámite, el tiempo pasa y la pequeña Candela legalmente sólo tiene una madre. Si algo le pasara a ésta, la niña se quedaría desprotegida y sin familia oficial a pesar de que desde su nacimiento ha sido querida y cuidada por dos personas.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia va a investigar lo sucedido. Su presidente, Juan Martínez Moya, anunció ayer la apertura de un expediente para "verificar los hechos, por si pudieran constituir algún ilícito disciplinario". Este periódico no logró ayer localizar a Fernando Ferrín, que no parece estar de acuerdo con Montesquieu en que los jueces deben limitarse a ser la boca que pronuncia las palabras de la ley.
www.elpais.es 01.07.07
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