Francisco José Hernando de Santiago

El susodicho en el centro. En los laterales cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia........

Nació el 4 de junio de 1936. Licenciado en Derecho, Hernando de Santiago ingresó en la carrera judicial en marzo de 1986, poco antes de cumplir 50 años, por el turno de juristas de reconocido prestigio. Ocupó la plaza de magistrado de la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo, donde permaneció tres años. En febrero de 1989, pasó como magistrado del Supremo a la Sala Tercera, la de lo Contencioso Administrativo, donde ocupó la presidencia de su Sección Sexta.

De marzo de 1994 a julio de 1997, Francisco José Hernando de Santiago fue uno de los ocho magistrados del Tribunal Supremo designados por el CGPJ que formaron parte de la Junta Electoral Central, y uno de los siete magistrados del Supremo que, el 26 de abril de 1988, decidieron por unanimidad desestimar el recurso interpuesto por la asociación Acción Familiar contra el Real Decreto del Gobierno -aprobado en noviembre de 1986- que flexibilizó la práctica del aborto.

El 7 de noviembre de 2001, fue elegido presidente del CGPJ, por unanimidad de los nuevos veinte vocales del Consejo, y presidente del Tribunal Supremo, en sustitución de Javier Delgado, que pasó como magistrado al Tribunal Constitucional. Al día siguiente juró, junto a los nuevos vocales del CGPJ, su cargo ante los Reyes, en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela y, el día 12 de ese mismo mes, tomó posesión de dichos cargos.

El 7 de marzo de 2006 estaba previsto que compareciera ante la comisión de Justicia del Congreso, tal y como había solicitado el grupo socialista para que como presidente del CGPJ informe de "la aplicación de la Ley en el cumplimiento de penas por delitos de terrorismo", conforme al Código penal de 1973.
Sin embargo, Hernando no asistió y en un comunicado afirmó que "su deber constitucional de defensa de la independencia judicial, plasmado en la Norma Suprema, le impide finalmente, fuera cual fuese su deseo personal, comparecer ante la Cámara".

Cuatro días antes, el 3 de marzo, Hernando ya había enviado una carta al presidente de la Cámara, Manuel Marín, en la que pedía que se reconsiderase su comparecencia, ya que su condición de presidente del TS le impide comentar cuestiones que "pudieran -añadía- merecer un posterior pronunciamiento jurisdiccional por mi parte".

Algunas de sus últimas declaraciones públicas han suscitado cierta polémica. En enero de 2006, el conseller catalán de Relaciones Institucionales, Joan Saura, pidió su dimisión, por mostrarse contrario a que conocer el catalán sea requisito para ejercer de juez en Cataluña. Afirmaciones que respondían a las realizadas por Hernando, quien dijo que si trabajase en Cataluña aprendería la lengua catalana, pero "como un enriquecimiento personal, como cuando voy a Andalucía me gustaría bailar sevillanas".


NOTICIAS DEL SUSODICHO

"Nos vemos en el Constitucional"

La imposición del PP para que Hernando y López entren en el alto tribunal ha envenenado una renovación en teoría pactada

Por primera vez desde 2001, el pasado lunes se presentaba un Consejo General del Poder Judicial que no estaba presidido por Francisco José Hernando. A pesar de las críticas, el ambiente en la apertura del año judicial era de alivio, después de dos años de bloqueo en la renovación (tenía que haber cesado en 2006). Hernando, que desde su cargo ha hostigado al Gobierno socialista en sus principales iniciativas, asistió a la ceremonia. Al finalizar ésta, se acercó a Encarnación Roca, magistrada del Tribunal Supremo. Un alto cargo de la Justicia asegura que Hernando le dijo a la magistrada, en tono de complicidad: "Nos vemos en el Tribunal Constitucional". La mera posibilidad de que eso suceda bloquea ahora la renovación del Constitucional.

Roca ha sido propuesta por el Parlamento de Cataluña, a instancias del PSC, para ser magistrada del Tribunal Constitucional. Los corrillos parlamentarios le dan muchas papeletas. Hernando es uno de los dos únicos nombres que el PP ha propuesto en los parlamentos autónomos. En total hay 23 candidatos, y el Senado debe elegir sólo a cuatro. La candidatura de Hernando y la del ex portavoz del Consejo, Enrique López, provocan un rechazo sin paliativos en el PSOE.

Para que sean elegidos los cuatro nuevos magistrados, hacen falta los votos de PP y PSOE en el Senado. El PSOE asegura con la boca pequeña que no votará a estos dos nombres, y el PP no votaría a nadie si ellos no están. Aunque el PSOE aún no ha confirmado públicamente que los vetará en el Senado, fuentes del Gobierno aseguran que, salvo cambio de última hora, ésa es su posición. Afirman que la decisión de que ningún miembro del último Consejo del Poder Judicial fuera al Constitucional salió de una reunión del pasado mes de julio, de las llamadas de maitines, que se celebran los lunes por la mañana en La Moncloa.

El problema es que el PSOE pactó con el PP que no hubiera vetos a los nombres propuestos por ambos. Ese pacto se respetó escrupulosamente en la renovación del Consejo.

La revelación de que el nombramiento de Carlos Dívar como presidente del Consejo la pactaron Zapatero y Rajoy en secreto, y se ocultó incluso a sus negociadores, hace que los socialistas ya no se fíen del alcance del pacto por la justicia. Cada vez que, en privado, rechazan categóricamente a López y Hernando, añaden la coletilla de "a no ser que haya un pacto por las alturas".

Pero fuentes del Gobierno aseguran que, además de la trayectoria de estos dos jueces en los últimos seis años y de la ausencia de idoneidad, una de las causas sobrevenidas para argumentar ese rechazo es la participación de ambos magistrados en la leve sanción al juez Tirado por el llamado caso Mari Luz. Hernando y López encabezaron la mayoría del Consejo que sancionó con sólo 1.500 euros a Tirado, decisión que ha provocado alarma social. Si el caso, por recursos del juez, llegara al Constitucional, Hernando y López tendrían que ver dentro de unos años el recurso a su propia decisión.

Pero, además, ambos estarían atados para intervenir en multitud de casos sobre los que han fijado posición en el Consejo, con informes o con declaraciones públicas. En el último pleno del anterior Consejo, participaron activamente para anular la multa de 305 euros que la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces impuso el año pasado a la magistrada de Dénia Laura Alabau por criticar al Gobierno y a la Fiscalía de Alicante al sentirse "perseguida" tras negarse a celebrar bodas entre homosexuales.

El PSOE considera que en esa trayectoria de Hernando que le alejaría del Constitucional debe destacarse sus tres negativas a comparecer en el Congreso cuando fue requerido por la mayoría de la Cámara. Su imparcialidad quedaría afectada por sus decisiones contra el Gobierno de Zapatero que, en el caso de López, han tenido continuidad en artículos de prensa sobre cualquier asunto de actualidad. No se han privado de opinar sobre ningún tema polémico. Por ejemplo, López criticó abiertamente la actuación del Gobierno en el llamado proceso de paz. "No cabe duda de que la decisión de llevar la negociación con ETA al Parlamento Europeo no fue una de las mejores medidas", dijo en diciembre de 2007.

Los dos, que aspiran ahora a ser los máximos intérpretes de la Constitución, se han pronunciado abiertamente a favor de la cadena perpetua.

Siete años de polémicas

Como presidente del Consejo, Hernando se ha significado en decenas de temas:

- Abril 2002. Hernando encarga un informe que concluye que el juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación, puede reingresar en la carrera.

- Abril 2003. Promueve expedientar a Garzón por criticar la guerra de Irak.

- Junio 2004. El Consejo rechaza la Ley contra la Violencia de Género.

- Octubre de 2004. Hernando, en contra de que se despenalice convocar consultas como la de Ibarretxe.

- Enero de 2005. El Consejo compara las relaciones homosexuales con "la unión entre hombre y animal".

- Julio de 2005. Hernando justifica la orden de la policía británica de "tirar a matar", cuando un inocente es tiroteado en Londres.

- Octubre de 2005. Sin ser requerido para ello, el Consejo emite un informe en el que ve inconstitucional el Estatuto catalán.

- Diciembre de 2005. Hernando se enfrenta en el Congreso a todos los grupos menos el PP y se niega a comparecer.

- Enero de 2006. Hernando compara aprender catalán con bailar sevillanas.

- Marzo de 2008. El Consejo pone una multa de 1.500 euros al juez Tirado.

www.elpais.es 05.10.08

El PP propone para el Constitucional a jueces que no pueden votar el Estatuto

Hernando y López se opusieron a la norma catalana desde el Poder Judicial

En los momentos difíciles, cuando el partido que los propuso para el Consejo General del Poder Judicial pasó a la oposición, ellos decidieron aprovechar su mayoría en el gobierno de los jueces y enfrentarlo al Ejecutivo socialista. Los dos miembros de ese órgano que más se han significado en esa labor durante el mandato que está a punto de acabar, el presidente, Francisco José Hernando, y su portavoz, Enrique López, ambos del sector conservador, han sido premiados por el PP con sendas candidaturas a magistrado del Tribunal Constitucional. A Hernando lo proponen las Cortes de Aragón. A López, las de Castilla y León y la Asamblea de Madrid.

El hecho de que el PSOE haya vetado ya a Hernando para el alto tribunal en respuesta a la negativa del PP de aceptar a Cándido Conde-Pumpido como nuevo presidente del Poder Judicial resta posibilidades al todavía presidente del Supremo. López, sin embargo, se encuentra mucho mejor situado, según fuentes del PP, y tiene más posibilidades de hacerse con un puesto en la próxima renovación parcial del órgano. Los nombramientos debe hacerlos el Senado de entre las propuestas de los parlamentos autónomos. Cada uno de ellos puede proponer a dos candidatos de entre los que la Cámara alta elegirá cuatro.

Sin embargo, su designación podría volverse en contra del propio PP. En caso de que cualquiera de los dos fuera finalmente nombrado magistrado del Constitucional tendrían que abstenerse, o podrían ser recusados, en el estudio de varios recursos de inconstitucionalidad presentados por este partido, entre ellos el del Estatuto de Cataluña o la ley que autorizó el matrimonio homosexual, según fuentes jurídicas.

Ambos aprobaron con sus votos un informe que nadie les pidió y que encontró 19 motivos de inconstitucionalidad en el proyecto de Estatut y otro contra las bodas entre personas del mismo sexo. Este último documento comparaba estas uniones con la zoofilia o los tríos, aunque las referencias a esas prácticas se eliminaron de su versión definitiva.

El magistrado del Constitucional Pablo Pérez Tremps fue apartado de la deliberación del Estatuto por hacer un trabajo académico sobre las relaciones exteriores de la Generalitat cuando todavía gobernaba Cataluña Jordi Pujol (CiU) y no había ni siquiera un proyecto de ley sobre la mesa.

Aparte de su actividad en el Consejo, Enrique López ha escrito decenas de artículos de opinión en diarios nacionales de los que ha sido colaborador habitual, utilizando su título de portavoz del Consejo. Desde detrás de ese rótulo se ha pronunciado en programas y tertulias de televisión y radio a favor, por ejemplo, de la cadena perpetua para terroristas no arrepentidos o pederastas o en contra de temas tan lejanos a la Justicia como la asignatura de Educación para la Ciudadanía, una cuestión que también podría llegar al Constitucional cuando el Supremo se pronuncie.

Hernando, por su parte, en medio del debate político sobre el Estatuto catalán, llegó a comparar la lengua catalana con las sevillanas. Delante de varios micrófonos señaló además que esa norma "no se podía reformar a espalda de 10 millones de españoles" -calcando uno de los argumentos de Mariano Rajoy por esos días-, y avaló públicamente la decisión del PP de pedir firmas contra la reforma estatutaria.

Entre los candidatos del PSOE que se conocen hasta ahora están el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense Fernando Valdés Dal-Re; el de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza Jesús Delgado; y la de Derecho Penal de la UPV Adela Asúa Batarrita.

www.elpais.es 20.09.08

Siete vocales proponen reprobar al presidente del CGPJ por mentir

El vicepresidente del Poder Judicial (CGPJ) y seis vocales progresistas someterán al próximo pleno la reprobación del presidente, Francisco Hernando, por "faltar a la verdad". Hernando aseguró el pasado viernes en declaraciones públicas que el retraso en el nombramiento de cargos judiciales se debe a que "en pleno partido se cambiaron las reglas del juego", en referencia a la reforma legal impulsada por los socialistas que elevó a tres quintos de vocales el quórum para elegir a los principales cargos. "Antes se nombraba de común acuerdo", añadió el presidente.Los progresistas consideran que Hernando y los vocales conservadores "pretenden imponer sus candidatos a los demás". De los 20 cargos nombrados antes de la reforma, 14 fueron propuestos por los conservadores, mientras que en los otros 20 nombrados después, su cuota descendió a 10. De los otros 10, ocho fueron propuestos por los progresistas y dos se nombraron por consenso. "La cuarta autoridad del Estado culpa al Gobierno, a las Cortes y a los progresistas; eso es cuando menos desleal", afirmó el vocal a propuesta del PSOE Juan Carlos Campo.Los progresistas solicitan también a las Cortes que nombre a los nuevos vocales ya que el Consejo cumplió su mandato el pasado 7 de noviembre y desde entonces se encuentra en funciones. www.elpais.es 26.06.07

El Poder Judicial corrige la composición de la Sala del Supremo que aplica la Ley de Partidos

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido hoy corregir la composición de la Sala Especial del Tribunal Supremo (Sala del 61) al aprobar por unanimidad la propuesta de dos magistrados de revisar el escalafón de la carrera judicial, lo que supone en la práctica el acceso a la Sala del 61 de la progresista Encarnación Roca y la salida del conservador Antonio Salas. La Sala del 61 es la que ilegalizó Batasuna y la que podría determinar en los próximos días si la nueva formación presentada por la izquierda abertzale, Abertzale Sozialisten Batasuna, cumple con los requisitos de la Ley de Partidos.

El CGPJ ha dado el visto bueno al escrito presentado de forma conjunta por los magistrados Antonio Salas -miembro de la Sala del 61- y José Antonio Seijas, que consideraban que habían sido colocados de forma incorrecta en el escalafón general de la carrera judicial publicado el pasado 5 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así, el pleno ha acordado que "procede la modificación del escalafón de la carrera judicial en lo que afecta a los magistrados del Tribunal Supremo Vicente Montés Penadés, Encarnación Roca Trías, José Antonio Seijas Quintana y Antonio Salas Carceller". De tal modo, el escalafón debe figurar "con arreglo al orden siguiente": José Antonio Seijas, Antonio Salas, Vicente Montés y Encarnación Roca. Esto supone que a quien realmente le corresponde estar en la Sala del 61 es a Encarnación Roca, lo que obliga a Antonio Salas (considerado hasta ahora el magistrado más moderno) a abandonar este órgano, al que correspondió la ilegalización de Batasuna y que en última instancia deberá ilegalizar cualquier otra formación que vulnere la Ley de Partidos.

La Sala del 61 está formada por el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y el más reciente de cada una de ellas. En junio de 2005, dos jueces de carrera -José Antonio Seijas y Antonio Salas- y dos juristas de reconocido prestigio -Vicente Luis Montés y Encarnación Roca- fueron nombrados al mismo tiempo magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y tomaron posesión el mismo día. Sin embargo, Hernando ordenó retrasar el envío al BOE de los reales decretos de nombramiento de los jueces de carrera, que no querían incorporarse de inmediato a su nuevo destino, de modo que uno de ellos, Antonio Salas, fue considerado el magistrado más moderno.

El Ministerio de Justicia ha mostrado su satisfacción por la decisión del pleno del Consejo General del Poder Judicial. En una nota de prensa, el Ministerio que dirige Mariano Fernández Bermejo se felicita "de que un órgano de la importancia de la Sala Especial del Tribunal Supremo esté correctamente constituido". La Abogacía del Estado advirtió la semana pasada en un informe de las "graves consecuencias" que para el proceso de ilegalización de Batasuna o de las candidaturas que pretendan sucederle en el futuro podía tener lo que consideraba una composición "defectuosa" de la Sala del 61.www.elpais.es  29.03.07

El presidente del Supremo ordenó la maniobra que alteró la sala que juzga a Batasuna

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, ordenó a los servicios técnicos del órgano de gobierno de los jueces retrasar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dos de los cuatro nombramientos de la Sala de lo Civil del alto tribunal aprobados el 20 de abril de 2005, según el secretario general del Consejo, Celso Rodríguez Padrón. Con esa maniobra se alteró la composición de la Sala Especial que ilegalizó a Batasuna y que actualmente liquida su patrimonio (Sala del 61), dando entrada en ella al conservador Antonio Salas, en lugar de a Encarnación Roca, de sensibilidad catalanista y progresista.Los vocales progresistas del Poder Judicial pidieron el pasado 23 de febrero explicaciones al presidente por esta maniobra. En un escrito enviado al pleno, solicitaron que se explicara por qué se enviaron dos designaciones para su publicación en primer lugar y otros dos una semana después. Hernando, que no asumió ninguna responsabilidad en lo sucedido, echó las culpas a los servicios técnicos del Consejo y encargó un informe a su principal responsable, el secretario general del órgano, Celso Rodríguez Padrón, que ahora asegura que fue el propio Hernando quien le ordenó actuar de ese modo.El retraso en la publicación de los nombramientos tuvo especial incidencia en la composición de la Sala del 61, formada por el presidente del alto tribunal, los presidentes de cada una de sus cinco salas y el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas.

Apoyada por los progresistas

Si las designaciones de los cuatro magistrados nombrados el 20 de abril de 2005 se hubieran enviado al BOE al mismo tiempo para su publicación, Encarnación Roca -catedrática de Derecho Civil apoyada por el vocal a propuesta de CiU, Alfons López Tena; y por Montserrat Comas, propuesta por el PSOE- hubiera pasado a integrar la Sala del 61 como magistrada más joven de la Sala Civil, en aplicación del artículo 347 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de un acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de 1992.

Pero Hernando propuso al secretario general que se iniciaran los trámites para la publicación de dos designaciones, retrasando las otras dos, lo que provocó que los reales decretos por los que se oficializaron las primeras (entre ellos el de Roca) fueran una semana anteriores. "El presidente me comentó que resultaría posible realizar dos actos de toma de posesión y, por tanto, para que pudiesen incorporarse a la Sala Primera lo antes posible al menos dos magistrados, podía iniciarse ya el trámite de publicación de los reales decretos de los nuevos magistrados procedentes del turno de juristas", dice el secretario en el informe que ha enviado al pleno del Consejo.

Una semana después de que se enviaran esos nombramientos, el presidente, según el secretario, "indicó que había reconsiderado su decisión inicial de celebrar dos tomas de posesión distintas" y que, "por necesidades de la Sala debían tomar posesión los cuatro nuevos magistrados juntos", por lo que las otras dos designaciones se enviaron siete días más tarde.

Como resultado, en lugar de Roca, fue Antonio Salas Carceller, juez de carrera apoyado por los vocales propuestos por el PP y perteneciente a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el que pasó a formar parte de la Sala, cuya composición está claramente inclinada hacia los magistrados propuestos por el sector conservador.

La Sala del 61 puede adquirir gran importancia en los próximos meses. La izquierda abertzale ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones municipales del próximo 27 de mayo. Si sus líderes forman un nuevo partido y el fiscal decide impugnarlo, será esa sala la que decida si cumple con los requisitos legales para ser inscrito en el registro de partidos del Ministerio del Interior. Fuentes del alto tribunal aseguran que sus miembros podrían actuar también sin la intervención del fiscal durante la ejecución de la sentencia que ilegalizó a Batasuna, aún en trámite. www.elpais.es 14.03.07

El presidente del CGPJ no aclara quién alteró la sala de Batasuna

El presidente del Poder Judicial, el conservador Francisco Hernando, negó ayer que hubiera ordenado retrasar la notificación al Gobierno de dos nombramientos, lo que provocó la alteración de la composición de la sala del Supremo que juzga a Batasuna, dando entrada a un magistrado conservador en lugar de a una progresista. Hernando, que no aclaró el incidente, descargó las culpas en los técnicos del Consejo y pidió informe a su jefe.

Los vocales de la minoría progresista pidieron explicaciones a Hernando ayer sobre el retraso en el envío al Ejecutivo para su publicación en el BOE de las designaciones de dos de los cuatro magistrados del Supremo nombrados por el CGPJ el 20 de abril de 2005, que provocó que un magistrado propuesto por los conservadores, Antonio Salas, pasara a integrar la Sala Especial que ilegalizó a Batasuna. Si las cuatro designaciones se hubieran mandado al mismo tiempo, ese puesto en la Sala del 61 lo hubiera ocupado la magistrada Encarnación Roca, propuesta por los progresistas.

Hernando envió ayer un informe al pleno en el que explica que, como criterio general, los nombramientos de magistrados del Supremo se debaten en el órgano de gobierno de los jueces conforme se producen las vacantes y que su toma de posesión se produce según el orden de los reales decretos con los que el Gobierno oficializa sus designaciones. Lo que no aclaró el presidente en ese documento es por qué el Consejo retrasó el envío de dos de las designaciones del 20 de abril de 2005, como le pedía la minoría progresista.

Y no lo hizo porque, según redacta en ese mismo escrito, eso es responsabilidad de los servicios administrativos del Consejo. "El presidente (...) carece de competencia alguna en la materia, teniendo su llevanza, por tanto, carácter administrativo o, si se quiere, burocrático", afirma Hernando. "Las atribuciones para dicha llevanza corresponden, pues, con carácter exclusivo, a los órganos administrativos y técnicos del Consejo", continúa.

De acuerdo con ese criterio de que son los técnicos y el personal administrativo del órgano y no el presidente quienes se encargan de notificar al Gobierno los nombramientos, Hernando concluye su documento solicitando un informe escrito a su máximo responsable, el magistrado Celso Rodríguez Padrón, secretario general del Consejo, para que "dé cumplida satisfacción a cuantas explicaciones se exigen a esta presidencia", es decir, los criterios para determinar la antigüedad de los magistrados que inciden en la composición de la sala que juzga a Batasuna.

El vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas (propuesto por el PSOE), y los vocales progresistas Félix Pantoja, Luis Aguiar, Juan Carlos Campo, Montserrat Comas, Javier Martínez Lázaro y María Ángeles García, formularon un escrito discrepante con el de Hernando en el que aseguraban que el del presidente no explicaba "quién ordenó que se remitieran en fechas separadas en el tiempo al BOE" los nombramientos acordados el mismo día.

El pleno rechazó, gracias al voto de los vocales propuestos por el PP, la petición de los progresistas de pedir al Gobierno la suspensión de la publicación de los dos últimos nombramientos de magistrados de la Sala de lo Penal del alto tribunal, el magistrado progresista Luciano Varela y el fiscal conservador Manuel Marchena. El sector minoritario consideraba conveniente que esas designaciones se paralizaran en tanto no se les dieran las explicaciones que reclamaban.
www.elpais.es  01.03.07

El presidente del CGPJ propone crear un juzgado en el pueblo donde veranea

¿ Juzgados a la Carta ?

El Consejo General del Poder Judicial propondrá la creación de 383 juzgados en toda España, entre ellos un juzgado de primera instancia e instrucción en Sacedón, un municipio de Guadalajara de apenas 1.500 habitantes, a pesar de que no hay constancia de que haya sobrecarga de trabajo ni ha sido reclamado como necesario por los tribunales superiores de justicia de esa provincia.

Según las fuentes jurídicas consultadas, el único argumento que parece justificar la designación de este juzgado es que el presidente del Poder Judicial, Francisco José Hernando, tiene una segunda residencia en esa localidad y una gran vinculación con el municipio, al que visita con frecuencia para practicar la caza y pasar sus vacaciones de verano.

No existe, en cambio, ningún argumento técnico o informe favorable que justifique la creación de dicho juzgado. Esta propuesta del jefe del servicio de inspección, que depende directamente del presidente del Consejo, iba a ser aprobada el pasado 1 de diciembre, pero los vocales del sector progresista pidieron un nuevo informe de ampliación que concrete las necesidades reales y los motivos para la creación de éste y otros juzgados similares.

Según las fuentes consultadas, parece que nos encontramos ante una ‘cacicada’ que cuenta con la connivencia del jefe de la inspección del Consejo porque, si se aprobara, Sacedón le quitaría un juzgado a Guadalajara, capital que sí ha solicitado la ampliación de los suyos para atender a sus casi 70.000 habitantes. Además, Sacedón cuenta con 1.500 habitantes, con lo que cada vecino tendría que dar origen a dos asuntos penales al año para que se pudiera llegar a la media nacional de cualquier juzgado tipo

(*) Publicado en La Cadena SER.07.12.04

Marín pide a Hernando que no entre en el debate político si no quiere someterse a su crítica  

aqui tienes la carta de marin al cazador ausente en pdf

El presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, ha intervenido hoy para evitar un tercer plante a la Cámara del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando. Y lo ha hecho enviando una carta al presidente del Supremo, en la que le pide que no intervenga en el debate político si no desea someterse a la crítica y el reproche. El presidente del Congreso confía en que la comparecencia de Hernando en la Cámara se produzca próximamente, ya que los argumentos que ha dado éste para no acudir supondrían una subordinación de las Cortes al Poder Judicial.

El presidente del Congreso garantiza que mantendrá la misma "línea de moderación pública evitando las declaraciones públicas", y muestra su confianza en que Hernando haga lo propio. "Espero verle pronto en el Congreso de los Diputados y deseo que la virtud de la prudentia sea nuestra guía en el futuro", finaliza la carta.

El presidente del Congreso ha rechazado los argumentos empleados por Hernando para justificar su plante al Congreso. Según explica, de ser cierto lo que afirma el presidente del Supremo, esa lógica "llevaría a subordinar las Cortes Generales al CGPJ, lo que supondría ignorar nuestra condición de representantes directos del pueblo español en quien reside la soberanía nacional y, lo que es igualmente grave, desconocer la función del Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución".

A pesar de que todavía no se ha concretado la fecha, Francisco José Hernando está citado de nuevo en la Comisión de Justicia. En la petición, se ha pretendido rebajar el tono de crispación, aunque no todos los grupos se han manifestado partidarios de esta cambio de tono. La portavoz del PNV, Margarita Uría, ha asegurado que le habría gustado "una mayor dureza". "Si él forma parte del Poder Judicial, nosotros formamos parte del Legislativo y nosotros tenemos constitucionalmente reconocida la garantía de inmunidad e inviolabilidad. Nosotros somos absolutamente libres en nuestros escaños", ha sentenciado.

El País.16.03.06

El Congreso cita de nuevo a Hernando y le recuerda su "obligación" de acudir  

La Mesa y los Portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso han acordado este mediodía, con la oposición del PP, citar de nuevo al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, por sus cinco comparecencias incumplidas, tanto la relativa al cumplimiento de penas por delitos de terrorismo como las que hacen referencia a sus declaraciones contra la reforma del Estatuto de Cataluña. Eso sí, lejos de plantear su reprobación, los grupos han dejado claro que "rebajarán el tono" de sus críticas para "facilitar que venga sin ningún temor" y cumpla con su "obligación" de acudir.

Los representantes de PSOE, CiU, ERC y PNV han adoptado este acuerdo después de que esta misma mañana Hernando plantara a la Cámara Baja por segunda vez en ocho días argumentando que detrás de estas citaciones hay una "finalidad de control político". El presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Alvaro Cuesta, ha explicado que, además de volverle a citar, se ha acordado por mayoría trasladar al presidente de la Cámara, Manuel Marín, los motivos por los que rechazan los motivos esgrimidos por Hernando para no comparecer, recalcando su "obligación" de hacerlo y dejando claro que los grupos no pretenden "fiscalizar" su actuación.

Asimismo, estas formaciones coinciden en que la incomparecencia de Hernando no tiene precedentes y "genera indefensión" de los parlamentarios, que pueden ver menoscabado el ejercicio de sus funciones. Estos grupos alegan también que la comparecencia de Hernando podría serles "muy útil" para controlar al Gobierno y para desarrollar su función legislativa. Añaden que las opiniones que emitan en público autoridades del Estado no tienen "por qué sustraerse a la información del Parlamento", ya que en ese caso "quedaría en situación de inferioridad". Por todo, Cuesta ha reiterado que se cita de nuevo a Hernando a "efectos meramente informativos".

En la misma línea, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Julio Villarrubia, ha explicado que, con el fin de facilitar su presencia, el presidente de comisión y del Congreso negociarán con Hernando la fecha que "mejor le pueda venir" e incluso el formato de la comparecencia. Ha hecho hincapié en la necesidad de "recuperar la normalidad institucional", que no debería "haberse roto en ningún momento". Con este propósito, ha destacado el "gesto" de ERC, que ha brindado la posibilidad de retirar su solicitud de comparecencia de Hernando -aquella en la que equiparó el catalán con las sevillanas- si puede ayudar a que acuda a la Cámara Baja.

En este sentido, Villarrubia señaló que los portavoces rebajarán el tono en sus intervenciones, intentando "no remarcar demasiado" los "errores". "Rebajaremos el tono todo lo que podamos en esta ocasión para facilitar que la comparecencia se produzca", ha enfatizado, para añadir que "la recuperación de la normalidad institucional creo que está por encima de cualquier recriminación puntual". Asimismo, el diputado socialista ha recalcado que en esta reunión de la Mesa y Portavoces, no se había planteado la reprobación a Hernando.

"No está prevista y de ocurrir alguna vez, sería en un formato que, espero y deseo que no tenga que llegar a producirse porque el presidente del Consejo acuda cada vez que sea requerido por esta Cámara", ha asegurado. Al ser preguntado por la posibilidad de que el presidente del Supremo vuelva a negarse a comparecer, Villarrubia ha dicho que lo no contempla. "Hablaríamos entonces en otros términos democráticos. Prefiero pensar que no se va a producir si hay de verdad un diálogo", ha manifestado, para añadir que tampoco en este contexto hay que hablar "de vencedores o vencidos", sino de "buscar una solución que mantenga la dignidad" del Consejo y del Congreso

Publicado en El País.15.03.06

El presidente del Supremo no comparecerá ante el Congreso para explicar las penas a etarras  

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, no comparecerá esta tarde ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, a la que había sido citado para informar de la aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por delitos de terrorismo.

En un comunicado leído por el portavoz del Poder Judicial, Hernando asegura que su "deber constitucional de defensa de la independencia judicial, plasmado en la Constitución, le impide finalmente, fuera cual fuera su deseo personal, comparecer ante la Cámara".

La negativa de Hernando a acudir a la Comisión de Justicia ha tenido la respuesta inmediata de la minoría conservadora del Poder Judicial, que a través de otro comunicado leído por el vocal Juan Carlos Campo ha tildado de "lamentable" la decisión de Hernando de no acudir al Congreso. En opinión de este vocal, la actitud de Hernando supone un "flagrante incumplimiento del deber constitucional que impone a cualesquiera autoridad" la obligación de comparecer en el Congreso. "Es un día triste para la democracia", ha comunicado Campo a los periodistas.

En cambio, Hernando entiende que el artículo 109 de la Constitución "no establece un deber de comparecencia parlamentaria de las autoridades que en él se citan", mientras que el 110 señala que ese deber es en exclusiva para los miembros del Gobierno, "como consecuencia lógica del control parlamentario inherente al principio constitucional del Gobierno responsable".

Asimismo, considera que "no existe cauce alguno en el ordenamiento jurídico español para exigir la comparecencia" de un presidente del Tribunal Supremo y del Consejo ante el Congreso de los Diputados, "fuera de la periódica presentación de la Memoria Anual". En cuanto al Reglamento del Congreso, la nota enviada por Hernando indica que la ampliación de los deberes de comparecencia que este texto contiene "debe ser interpretado con subordinación al principio de la división de poderes y a la independencia judicial". En su opinión, la aclaración efectuada por la Comisión de Justicia del motivo por el que ha sido citado "en modo alguno altera las consideraciones formuladas en su anterior escrito, ya que el objeto de la comparecencia permanece inalterado".

Una comparecencia a medida

El presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Álvaro Cuesta, había convocado esta mañana la reunión de la Mesa para decidir si mantenía o no la citación después de que Hernando remitiera una carta el pasado viernes al presidente del Congreso, Manuel Marín, explicando sus motivos para no comparecer. El presidente del Supremo expresaba su reparo ya que su intervención en la Cámara iba a afectar a "cuestiones jurisdiccionales". Atendiendo a estas objeciones, la Mesa de la Comisión de Justicia garantizó que Hernando no tendría que informar de tales extremos. Por ello, Cuesta ha reiterado hoy que la comparecencia de Hernando debía de celebrarse dentro del “marco institucional de la colaboración de poderes”.

Pero Hernando no lo cree así. En la carta que envió a Marín, el presidente del CGPJ explica sus razones para no comparecer: porque puede afectar a su “imparcialidad” como juez, porque el Supremo cree que no debe hacerlo, y porque en su opinión ya no tiene sentido. En primer lugar, cree Hernando que su posición le impide comentar cuestiones sobre las que luego pudiera tener que pronunciarse como juez. En segundo, la Sala de Gobierno del Supremo consideró el viernes por unanimidad “improcedente” que Hernando informe al Congreso sobre “decisiones jurisdiccionales”. Por último, opina que, después de que el Supremo adoptara un nuevo sistema de redención de penas a raíz del caso Parot, la solicitud de comparecencia del Congreso “ha perdido objeto”.

Así las cosas la sesión de hoy en la Comisión de Justicia del Congreso ha sido corta. Su presidente, Álvaro Cuesta, ha explicado la situación y ha leído las cartas y notificaciones que se han intercambiado Hernando y el Congreso, para luego levantar la sesión. El único grupo que ha expresado su respaldo a Hernando ha sido el PP. Su portavoz de Justicia, Ignacio Astarloa, ha asegurado que la comparecencia de éste hubiera sido "una perversión grave" porque el único objeto era "controlar políticamente" a las instituciones que preside.

En el ámbito de la magistratura también ha habido disparidad de opiniones. Edmundo Rodríguez, portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia, de talante progresista, ha recordado que Hernando tenía la obligación constitucional de comparecer ante el Parlamento y se ha mostrado sorprendido de que haya abandonado su habitual "locuacidad" justo cuando le convoca el Parlamento. Una opinión muy distinta tiene la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, que ha defendido la postura del presidente del Supremo. El portavoz de la asociación, Juan Pedro Quintana, ha dicho, parafraseando a Hernando, que su comparecencia constituiría "una vulneración del principio de independencia judicial y de separación de poderes".

Encontronazos de Hernando con el Parlamento

Dirige el tribunal más importante de España y preside el Consejo General del Poder Judicial. Esa posición institucional no ha impedido que Francisco José Hernando y la mayoría de vocales conservadores del Consejo mantengan abierto un conflicto con los partidos que apoyan al Gobierno en el Congreso. Éstos son algunos de sus capítulos más sonados.

- Homosexualidad y zoofilia. En diciembre de 2005, sin que el Gobierno ni el Congreso lo pidieran, la Comisión de Estudios del CGPJ aprobó un informe que criticaba el proyecto de ley sobre el matrimonio homosexual en los siguientes términos: "Llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo es como llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o a la unión entre un hombre y un animal". Esta comparación entre homosexualidad y zoofilia se eliminó en el texto que aprobó el pleno.

- Sevillanas y catalán. La voz del Consejo y la del presidente del Supremo también se han escuchado con nitidez en el debate sobre el Estatuto catalán, a pesar de que el Congreso se negó a pedirles opinión. Días después de que la Cámara rechazara una propuesta del PP para pedir un informe al CGPJ, su Comisión de Estudios, con los únicos votos de los vocales propuestos por ese partido, aprobó otro texto que encontraba 19 motivos de inconstitucionalidad en el proyecto aprobado por el Parlamento de Cataluña. Los vocales conservadores no llevaron el documento al pleno hasta que Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas, pactaron las enmiendas al Estatuto. El Consejo se pronunció en contra de un texto que ya no existía en una votación en la que el sufragio de Hernando fue determinante. Entre la aprobación en comisión y la definitiva en el pleno, el presidente se pronunció públicamente al menos tres veces en contra de la reforma que tramita el Congreso. En una de ellas llegó a comparar el aprendizaje del catalán entre los jueces con el del baile de sevillanas.

- Resoluciones y conflictos. El Congreso reaccionó en diciembre con tres resoluciones en las que instaba al CGPJ a que dejara "de realizar estudios, informes o dictámenes en relación a materias y actividades de otros órganos constitucionales". Los votos de los vocales propuestos por el PP bastaron de nuevo para responder a la Cámara y retarla a presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional si consideraban que el consejo se extralimitaba.

Publicado en www.elpais.es  07.03.06

El presidente del CGPJ propone recortar derechos a los inmigrantes  

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, manifestó ayer que el Derecho Administrativo de extranjería o el de reagrupación familiar, recogidos en la ley, deberían ser "repensados a la luz de las nuevas expresiones del fenómeno terrorista".

Hernando hizo estas afirmaciones en la inauguración en la sede del CGPJ del seminario sobre Inteligencia, cooperación policial y auxilio judicial internacional, organizado conjuntamente por el Consejo y la Universidad de Nueva York en el marco de la Conferencia Internacional sobre Terrorismo y Seguridad.

En él participan jueces, fiscales y mandos policiales de varios países, además de altos responsables de Naciones Unidas y la OEA. El seminario fue inaugurado por Hernando, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y por el juez Baltasar Garzón, uno de sus directores junto a la profesora estadounidense Karen Greenberg.

"El Derecho Administrativo de extranjería, con su concreción práctica en las autorizaciones de estancia y residencia, el mismo derecho de reagrupación familiar, o también las medidas personales individualizadas sobre algunos inmigrantes, pudieran tener que ser repensados a la luz de las nuevas expresiones del fenómeno terrorista", afirmó el presidente del Consejo.

Hernando señaló que los distintos países de la comunidad internacional están explorando nuevas vías de acción en sus respectivas administraciones "sobre aquellos caldos de cultivo que el terrorismo necesita para desarrollarse, y también pensando sobre las mejores maneras de conciliar algunos derechos fundamentales esenciales de la persona, como determinadas expresiones externas de libertad religiosa, con la seguridad de los demás".

Pruebas de espionaje

Otra sugerencia de Hernando fue "reflexionar sobre los cauces legales y la conveniencia de incrementar el valor procesal, como medios de prueba, de las investigaciones de los servicios de inteligencia".

El presidente del CGPJ recordó que España conoce desde hace décadas "el azote de la sinrazón terrorista" y añadió que el terrorismo "es una manifestación de delincuencia organizada contra la que debemos reaccionar con eficacia y coordinación a través de la ley y el derecho".

Tras afirmar que "nadie puede beneficiarse de la democracia para lesionar los derechos fundamentales de los demás", Hernando destacó la "importante experiencia judicial" en la lucha contra el terrorismo.

En la misma jornada, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, manifestó que "contra el terrorismo no existen fórmulas mágicas" y sólo puede ser combatida desde la estricta aplicación de la legalidad. "La actuación fuera de la legalidad es contraproducente", dijo. "La legalidad de los medios se utiliza como justificación por los terroristas y provoca el efecto perverso de fomentar el terrorismo que se quería combatir", añadió.

Publicado en www.elpais.es  25.02.06

LA INSPECCIÓN DEL PODER JUDICIAL PROPONE EXPEDIENTAR A GARZÓN POR CENSURAR A AZNAR 

Fernando Ruiz Piñero, jefe de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bajo la superior dirección del presidente Francisco José Hernando Santiago, ha propuesto a la Comisión Disciplinaria del Consejo abrir expediente disciplinario al juez central de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por las críticas realizadas al presidente del Gobierno, José María Aznar, en el artículo publicado el 4 de marzo último en EL PAÍS, titulado Señor presidente, en torno a la actitud gubernamental en la crisis de Irak. La posible falta grave consiste en dirigir a los poderes "censuras por sus actos". Enrique López, portavoz del CGPJ, informó que el Servicio de Inspección tramitó la denuncia presentada contra el juez Garzón por la organización Manos Limpias, el autodenominado "sindicato de ámbito nacional independiente", cuyo secretario general es el ultraderechista Miguel Bernard Remón. Manos Limpias denunció a Garzón por emitir sus críticas contra Aznar como juez. Marzo 2003

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