ROBERTO GARCÍA-CALVO Y MONTIEL

Será por jurar...........

Nació en La Bañeza, León, el 14 de junio de 1942. Licenciado en Derecho y Fiscal.El 23 de julio de 1968, ingresó en la carrera fiscal. Cuando era Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial de Almería, fue designado, en 1971, presidente del Tribunal Provincial de Amparo de dicha ciudad.

El 10 de abril de 1976 fue nombrado gobernador por Arias Navarro Civil de Almería, cargo en el que permaneció hasta que a mediados de 1977 presentó su dimisión para reincorporarse a la carrera judicial como magistrado de Trabajo en Guadalajara. En 1979 fue destinado a la magistratura de Trabajo número 8 de Madrid, y en 1986 nombrado magistrado del Tribunal Central de Trabajo.

El 7 de marzo de 1989 fue elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargo que ocupó hasta 1990. Roberto García-Calvo, que concurría como único candidato a la vacante del CGPJ, fue elegido por el Senado a propuesta de Alianza Popular (AP) y obtuvo 154 votos a favor de los 152 necesarios para ser ratificado por la Cámara. En dos ocasiones anteriores, en marzo y en abril de 1988, el Congreso había votado en contra de su candidatura, al no contar ésta con el apoyo del Grupo Socialista.

En el CGPJ formó parte de las comisiones de Estudios, Informes y Disciplinaria. En octubre de 1990, al finalizar el mandato de los vocales del CGPJ elegidos en su mayoría en 1985, García-Calvo, que había sido nombrado en 1989, recurrió en amparo al Tribunal Constitucional por considerar que debía permanecer en el cargo hasta cumplir sus cinco años de mandato. El 30 de octubre del mismo año el Constitucional decidió, por unanimidad de los tres magistrados que formaron sala, no admitir a trámite el recurso interpuesto por Roberto García-Calvo.

Después ejerció como fiscal del Tribunal Supremo hasta el 25 de octubre de 1995, fecha en la que fue elegido magistrado de la Sala Segunda de dicho Tribunal, en sustitución de Marino Barbero. En esa votación García-Calvo obtuvo diez votos frente a siete del catedrático Santiago Mir Puig.

En mayo de 1998 abogó por conseguir "la máxima aproximación de la carrera judicial a la carrera fiscal", ya que este modelo otorgaría al Ministerio Fiscal "más independencia del poder político".

También tuvo relación con el denominado Caso Liaño .El 21 de marzo de 2001, el Supremo rechazó, por 10 votos a uno ,el de Roberto García Calvo, el conflicto de jurisdicción instado por el Ministerio de Justicia contra la Sala de lo Penal del alto tribunal. El Supremo manifestó que dicho conflicto podía resultar 'constitucionalmente improcedente' porque el Tribunal de Conflictos no puede revisar o anular resoluciones firmes del Supremo.

En julio de 2001 fue propuesto por el Partido Popular como candidato a una de las cuatro vacantes de magistrado del Tribunal Constitucional. El 30 de octubre de 2001, Gay Montalvo es elegido magistrado del Tribunal Constitucional por el Congreso de los Diputados, junto a Javier Delgado Barrio, ex presidente del CGPJ y del Supremo, Roberto García Calvo y Elisa Pérez Vera para un mandato de nueve años. Los cuatro nuevos magistrados tomaron posesión de su cargo el 12 de noviembre, en el pleno del TC que también juraron sus cargos el nuevo presidente, Jiménez de Parga, y el vicepresidente, Tomás Vives. García-Calvo es miembro de la Asociación de Fiscales (AF) 

La sombra del franquismo sigue en el Constitucional

Zapatero se juega la legislatura en el Tribunal Constitucional. El Estatuto de Cataluña, los matrimonios gays, la ley de dependencia... dependen de la decisión de los doce magistrados. Y un solo voto puede inclinar la balanza. Roberto García-Calvo (La Bañeza, León, 1942) es uno de los juristas que tendrán en su mano la decisión.
Antiguo gobernador civil en la etapa de Arias Navarro, en Almería su recuerdo se asocia a las actitudes más ultra conservadoras del régimen franquista.

El historiador Rafael Quirosa recuerda que muchos altos cargos aprovecharon los nuevos aires para abrazar el cambio político que se intuía. No fue su caso. Entre sus competencias estaba la de mantener la seguridad y no tuvo concesiones con la oposición política. Estuvo en el cargo menos de un año, entre abril de 1976 y marzo de 1977 pero le bastó para dejar varias huelgas reprimidas sin miramientos y un homicidio sin resolver.

Según el informe oficial, a Javier Verdejo le mató un accidente a los 19 años. La madrugada del 14 de agosto de 1976 el disparo de un guardia civil le abatió entre la playa y la ciudad, mientras pintaba un lema político armado de un espray. Cuando le dieron el aviso, García-Calvo estaba de cena en Cabo de Gata y allí permaneció. Los críticos con la gestión del hoy magistrado mantienen que se limitó a tomar otra copa.

Su reacción pública llegó al día siguiente. La noticia de la muerte del joven había puesto patas arriba a la ciudad, que entonces contaba con 121.000 habitantes. Almería se vuelca en el entierro. Ocurre lo nunca visto aquí desde 1939. Miles de personas acompañan el féretro en un cortejo que desborda el dispositivo de seguridad establecido: las consignas de la izquierda resuenan en los tres kilómetros que separan la iglesia de San Pedro del cementerio.

Vuelan los claveles rojos desde los balcones sobre el ataúd. El Gobierno Civil intenta parar las protestas. Funcionarios cercanos a García-Calvo transmiten su inquietud a la oposición clandestina. Amalia, hija del entonces líder socialista en la provincia, José Tesoro, ya fallecido, cuenta que en el funeral su padre recibe un mensaje claro del Gobierno Civil: "A nadie le gusta lo que ha ocurrido, pero ya está hecho. El presidente Suárez está en la provincia y se va a imponer la calma. Lo mejor es que los líderes controlen a los militantes más jóvenes. Así que tonterías las justas", recuerda Amalia.

Horas más tarde se difunde una nota por la radio. La manifestación convocada para el día siguiente es ilegal y se aconseja no pasear cerca del lugar. El Gobierno Civil no duda en amenazar con el uso de la fuerza y la utiliza cuando la gente empieza a reunirse. Se detuvo a diez personas, cuatro de ellos menores de edad.Ante la rabia de muchos, García-Calvo ordenó una investigación por la muerte del joven, y la causa recayó en el juzgado militar de la plaza. Nunca más se supo del final de este proceso.

El mutismo fue completo y el guardia civil fue apartado. Martirio Tesoro, otra de las hijas del dirigente del PSOE, recuerda que ante la convocatoria de una manifestación de la izquierda, el gobernador llamó a su padre "para advertirle seriamente del riesgo que supondría acusar a un guardia civil sin pruebas ya que en las octavillas se hablaba de asesinato".

En julio de ese mismo año Almería había vivido una durísima huelga de pescadores, una pequeña guerra en el deprimido barrio de La Chanca. En este dédalo de callejas de origen andalusí, pervivía una pobreza descarnada. La prensa de la época recogió en múltiples ocasiones los deseos de García-Calvo de "mejorar las condiciones de vida de la provincia", propósito en el que aquí fracasó.

La policía había cercado una de las asambleas del gremio de pescadores, de los más reivindicativos de la ciudad. Cuando el primer asistente cogió el micro intervinieron los agentes. Francisco Mayor, un marinero ahora patrón mayor de la Cofradía, recuerda que fueron especialmente duros con las mujeres. "Había algunas inertes en el suelo y la policía seguía golpeando con las porras", cuenta.

Entonces, la violencia explotó. Cuando los pescadores se atrincheraron en el barrio, la Policía cargó con toda su fuerza. Sindicalistas presosAún más dura fue la reacción durante la segunda huelga de pescadores, entre diciembre de 1976 y enero del siguiente año. García-Calvo reprimió el movimiento atacando a los cabecillas. Javier Ayestarán, hoy líder de CC.OO. y entonces perteneciente a la Organización de la Izquierda Comunista, fue encerrado.

Poco después llegaron también a los calabozos Francisco Mayor y otros dos líderes sindicales. Se les acusó de sedición y a los pocos días estaban en la cárcel. Por las calles y el puerto empezó a correr el rumor de que la libertad de los cuatro detenidos dependía del final de las movilizaciones. "Un antiguo fiscal utilizó al Poder Judicial para acabar con una huelga, sin importar los hechos en sí. Todos los estamentos del Estado funcionaban al capricho de García-Calvo", asegura Ayestarán. Aunque en ningún momento fueron sometidos a golpes, en la celda el líder comunista fueencañonado por un agente mientras le amenazaba: "Que sepas que aún quedan policías franquistas".

Así, el sindicalista no duda en calificar a García-Calvo de "represor". "Lo digo claro porque lo he sufrido en mis carnes", zanja. Rafael Quirosa, profesor de Historia en la Universidad de Almería y uno de los que más ha estudiado la transición en Almería, es más suave en su valoración. "El gobernador civil era un hombre gris, un funcionario que no supo cambiar la inercia de los tiempos antiguos", cuenta, mientras que el patrón de la Cofradía, recuerda "los malos modos, la chulería" con la que se conducía García-Calvo. El gobernador "más que negociar, amenazaba", según asegura Mayor.

Los tiempos cambian

Cuando García-Calvo deja el sillón en 1977, vuelve a ejercer distintos puestos en la judicatura. El fiscal de carrera presenta su dimisión, que fue aceptada. Los opositores del momento afirman que la acumulación de crisis en un mandato tan corto fue la causa de su caída. Él, sin embargo, decía en 2001 ante en el Congreso que no fue cesado ni destituido por ninguna razón, "porque mantenía unas excelentes relaciones con el presidente del Gobierno de entonces, Adolfo Suárez". García Calvo abandona Almería para tomar posesión de una plaza como magistrado de Trabajo en Guadalajara.

El Franquismo va quedando lejos y cambian las actitudes. García-Calvo se adapta y deja de presidir procesiones al Valle de Los Caídos. Igual que había jurado los Principios Fundamentales del Movimiento, jura la Constitución. Cuando fue elegido magistrado del TC, y en el trámite parlamentario previo, su paso por el Gobierno Civil de Almería era para él un "episodio anecdótico". www.publico.es 30.09.07

NOTICIAS DE INTERÉS SOBRE EL SUSODICHO

Fallece el magistrado del Constitucional Roberto García-Calvo

Ha fallecido a los 65 años. Fue recusado por el Gobierno para intervenir en el recurso del PP a la ley orgánica del Tribunal Constitucional

El magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo ha fallecido hoy a los 65 años, han informado fuentes del alto tribunal.

García-Calvo y Montiel, magistrado del Tribunal Constitucional desde octubre de 2001, fue designado magistrado del alto tribunal por el Congreso de los Diputados a propuesta del PP, el 30 de octubre de 2001, por un periodo de nueve años.Fue uno de los magistrados que expresó su oposición a la aprobación del Estatuto de Cataluña y el pasado mes de marzo, junto con el también magistrado del TC Jorge Rodríguez-Zapatero, fue apartado del recurso del PP contra la Ley Orgánica de este órgano (LOTC) por una recusación presentada por el Gobierno.Nacido en La Bañeza (León) el 14 de junio de 1942, García-Calvo había sido magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo entre 1995 y 2001, y gobernador civil de Almería.

Número uno de su promoción 

Licenciado en Derecho, fue número uno de la XVII promoción de la Escuela Judicial y en julio de 1968 ingresó en la carrera fiscal; tres años más tarde fue designado presidente del Tribunal Provincial de Amparo de Almería, donde hasta ese momento era teniente fiscal de la Audiencia Provincial.

El 10 de abril de 1976 fue nombrado gobernador civil de Almería, cargo en el que permaneció hasta que a mediados de 1977 presentó su dimisión para reincorporarse a la carrera judicial como magistrado de Trabajo en Guadalajara, desde donde, en 1979, se trasladó a Madrid. En 1986 fue nombrado magistrado del Tribunal Central de Trabajo.

El 7 de marzo de 1989 fue elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargo que ocupó hasta 1990; Roberto García-Calvo, que concurría como único candidato a la vacante del CGPJ, fue elegido por el Senado a propuesta de Alianza Popular (AP).En dos ocasiones anteriores -en marzo y en abril de 1988- el Congreso había votado en contra de su candidatura, al no contar con el apoyo del Grupo Socialista.

En el CGPJ formó parte de las comisiones de Estudios, Informes y Disciplinaria; en octubre de 1990, al finalizar el mandato de los vocales del CGPJ elegidos en su mayoría en 1985, García-Calvo, que había sido nombrado en 1989, recurrió en amparo al Tribunal Constitucional por considerar que debía permanecer en el cargo hasta cumplir sus cinco años de mandato.

En julio de 2001 fue propuesto por el PP como candidato a una de las cuatro vacantes de magistrado del Tribunal Constitucional

El 30 de octubre del mismo año el Constitucional decidió, por unanimidad de los tres magistrados que formaron sala, no admitir a trámite el recurso interpuesto por Roberto García-Calvo.

A continuación ejerció como fiscal del Tribunal Supremo hasta el 25 de octubre de 1995, fecha en la que fue elegido magistrado de la Sala Segunda de dicho Tribunal, en sustitución de Marino Barbero. En esa votación García-Calvo obtuvo diez votos frente a siete del catedrático Santiago Mir Puig.

En mayo de 1998 abogó por conseguir "la máxima aproximación de la carrera judicial a la carrera fiscal", ya que este modelo otorgaría al Ministerio Fiscal "más independencia del poder político".

En julio de 2001 fue propuesto por el Partido Popular como candidato a una de las cuatro vacantes de magistrado del Tribunal Constitucional, plaza que ocupó el 30 de octubre junto a Gay Montalvo, Javier Delgado Barrio y Elisa Pérez Vera, cargos de los que tomaron posesión el 12 de noviembre de ese mismo año.

"Falta de imparcialidad" 

Uno de los episodios más polémicos de su etapa en el TC fue la recusación que contra él presentó, en octubre de 2006, la Generalitat de Cataluña, por "falta de imparcialidad" en relación con los recursos presentados contra el Estatuto de Cataluña, por el Partido Popular.

Un año más tarde, el 19 de octubre de 2007, el Gobierno decidió recusarle junto con el también magistrado del TC Jorge Rodríguez-Zapata, para que no intervinieran en el recurso del PP contra la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por considerarlos "contaminados" en el proceso.

Ambos magistrados expresaron en junio de 2007, a través de un escrito, su "más profunda discrepancia" con la reforma aprobada de la LOTC y concretamente con el artículo que establece que se amplíe automáticamente el mandato de la presidenta del TC, María Emilia Casas.

El 12 de marzo de este año el pleno del Alto Tribunal estimó por mayoría la recusación de ambos magistrados, que quedaron excluidos del recurso.

www.publico.es 18.05.08

El Supremo archiva el caso contra el juez García-Calvo

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha archivado las diligencias abiertas al magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo, a quien un joven acusó de haber sacado una pistola durante una discusión de tráfico.El Supremo explica que cuando el denunciante, Vicente Garcerán Martínez, prestó declaración en el Supremo, no ratificó la denuncia y se limitó a decir que se trató de una discusión "sin especial agresividad" y que en un momento determinado "el denunciado sacó un objeto del vehículo sin que pueda determinar qué fue".Los hechos, según Garcerán, "tuvieron una corta duración y escasa intensidad". A la vista de esta declaración, el Supremo, de acuerdo con el fiscal, ha sobreseído las actuaciones. www.elpais.es 16.04.08

El denunciante del juez García-Calvo alega desmemoria ante el Supremo

Vicente Garcerán declinó ayer ratificar en el Tribunal Supremo la denuncia que presentó el pasado 14 de junio contra un conductor, luego identificado como el magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo, al que acusó de haberle amenazado con una pistola por una discusión de tráfico. Hace sólo unos días no sólo barajaba ratificar la denuncia, sino también apoyarse en el testimonio de su esposa, presente cuando se produjo el incidente. García-Calvo reconoció la discusión con él, y también que poseía armas, pero negó haberle encañonado. Garcerán aseguró ayer que no se acordaba de lo sucedido dado que han pasado más de siete meses. "No tengo nada en contra de ese hombre", explicó a este diario. Reconoció que había estado muy nervioso en la comparecencia ante el juez y el fiscal, y que no pudo responder a las preguntas que le formularon. Negó haber sido presionado. La actitud de Garcerán de no querer mantener en pie la denuncia presentada en su día aboca este caso a su archivo. www.elpais.es  21.02.08

El Supremo recibe la denuncia contra el juez García-Calvo

La denuncia de un conductor contra el magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo por haberle amenazado supuestamente con una pistola durante un incidente de tráfico tuvo entrada ayer en el registro del Tribunal Supremo, al que llegaron las actuaciones practicadas por la juez de instrucción número 5 de Móstoles (Madrid).

La titular del Juzgado, Susana González de la Barga, remitió la denuncia al Tribunal Supremo nada más tener conocimiento de que el titular del Toyota Land Cruiser con matrícula reservada que constaba como denunciado era el magistrado del Constitucional Roberto García-Calvo, que es aforado.

De entre los 15 magistrados de la Sala Penal del Supremo, actualmente integran la denominada Sala de Admisión el presidente, Juan Saavedra y los magistrados Julián Sánchez Melgar y Juan Ramón Berdugo, que deberán pronunciarse sobre la admisión a trámite y si se practican diligencias de investigación.

Las actuaciones, de las que se hará cargo la Secretaría de Causas Especiales, se remitirán al Ministerio Fiscal para que emita un informe sobre si la Sala Penal es competente y si existe materia susceptible de ser investigada o si por el contrario el caso debe archivarse. A la vista del informe, lo previsible es que la Sala se declare competente y nombre un instructor -un magistrado de la Sala Penal, de un turno preestablecido- que inicie las averiguaciones.

Matrícula reservada

El incidente tuvo lugar en la carretera de Boadilla del Monte (Madrid) el 13 de julio. Según el conductor denunciante, Vicente Garcerán, el conductor de un Toyota Land Cruiser con el que tuvo un incidente tras un adelantamiento sacó una pistola del portaequipajes y le encañonó mientras le advertía de que "era juez" y le iba a "dar un tiro".

Garcerán denunció los hechos y facilitó el modelo y la matrícula del Toyota. La matrícula no apareció en la base de datos de Tráfico, pero finalmente se informó al juzgado que correspondía a una matrícula reservada y asignada al magistrado Roberto García-Calvo. Éste admitió a este periódico el incidente pero aseguró que, aunque tiene licencia de armas y posee una pistola, no la llevaba en el momento de los hechos. www.elpais.es 28.12.07

EL SUPREMO INVESTIGARÁ SI EL JUEZ GARCÍA-CALVO ENCAÑONÓ A UN CONDUCTOR 

La Sala Penal del Tribunal Supremo investigará si el magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo encañonó con una pistola a un conductor con el que tuvo un incidente de tráfico, según denunció éste en comisaría. El magistrado ha reconocido que tuvo un incidente de tráfico pero niega que exhibiera su condición de juez y empuñara una pistola. La titular del Juzgado número 5 de Móstoles (Madrid), Susana González de la Barga, se inhibió el pasado lunes en favor del Tribunal Supremo al conocer la identidad del denunciado, que está aforado. En el Supremo no tenían ayer constancia de la inhibición. 

Las fuentes consultadas por este periódico consideraron que la juez de Móstoles se ha precipitado al inhibirse ya que ni siquiera ha llamado al denunciante para que ratifique su denuncia. No obstante, fuentes del alto tribunal indicaron que el asunto no tiene una investigación tan complicada como para hacer una exposición razonada, por lo que seguramente el Supremo no la devolverá al juzgado. En principio, la denuncia seguirá la tramitación de una causa especial, con el nombramiento de un instructor y la petición de informe al fiscal sobre competencia y fondo. García-Calvo pertenece a la plantilla de la Sala Penal del Supremo que debe investigarle y a la que volverá cuando concluya su periodo como magistrado del Constitucional. 

Dado el carácter de la denuncia, lo previsible es que la Sala Penal haga algunas diligencias y recabe, al menos, la versión de los implicados en el incidente. El denunciante es un cerrajero madrileño, Vicente Garcerán, quien relató en su declaración que el conductor con el que tuvo el percance le amenazó mientras le encañonaba: "No sabes quién soy. Soy juez. Te voy a dar un tiro". 

El incidente ocurrió el 13 de julio pasado, sobre las 21.45, en el municipio de Boadilla del Monte. Garcerán presentó denuncia al día siguiente en la comisaría de Carabanchel (Madrid). En ella aportó la matrícula y la marca del vehículo, un Toyota Land Cruiser así como una descripción del conductor que le amenazó. La policía consultó el archivo informático pero no pudo identificar inicialmente al propietario del vehículo, ya que en la base de datos no constaba la matrícula de su coche. Luego, se comprobó que era una matrícula blindada por razones de seguridad, dado que Roberto García-Calvo, además de ser magistrado del Supremo, apareció en una lista de 18 jueces que eran objetivo de ETA. 

Por su parte, el magistrado reconoció el lunes a este periódico que el incidente existió, aunque puntualizó que lo provocó el otro conductor, que circulaba a gran velocidad en un BMW de gama alta, y que paró delante de él, salió del vehículo y se le encaró. García-Calvo manifestó que en ningún momento bajó de su vehículo y tampoco exhibió una pistola. El magistrado dispone de licencias de armas cortas y posee una pistola Beretta, que él asegura que no portaba en el momento del incidente. 

(www.elpais.com, 19/12/07)

Denunciado un juez del Constitucional por amenazar con una pistola

Un juzgado de Móstoles investiga la denuncia contra Roberto García-Calvo - El enfrentamiento se desencadenó por un incidente de tráfico en Boadilla

Vicente Garcerán Martínez, de 24 años, vecino de Carabanchel (Madrid) y cerrajero de profesión, sufrió el pasado 13 de julio un incidente de tráfico a las 21.45 horas con el magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo, de 65, en una carretera del término municipal de Boadilla del Monte, que desembocó, según narraron a EL PAÍS los dos implicados, en un enfrentamiento. Los hechos están siendo investigados por un juzgado de Móstoles.

  • "Te meto un tiro. No sabes quién soy", asegura Garcerán que le dijo García-Calvo

Garcerán asegura que el conductor con el que se enfrentó sacó una pistola en plena discusión y le apuntó, al tiempo que le amenazaba: "No sabes con quién te metes; soy juez". Así reza en la denuncia que presentó al día siguiente en la comisaría de la Policía Nacional de Carabanchel. García Calvo, sin embargo, sostuvo ayer en conversación con este periódico que la versión de Garcerán es falsa. El magistrado del Constitucional sostiene que en ningún momento se bajó del coche y que nunca sacó pistola alguna. García -Calvo ignoraba que el caso hubiera sido denunciado y que un juzgado de Móstoles lo estuviera investigando.

García-Calvo explicó que, efectivamente, posee varias armas, entre ellas una pistola Beretta, además de rifles, que utiliza para una de sus grandes aficiones, la caza. Sin embargo, aseguró que nunca lleva la pistola encima: "De eso se encargan mis escoltas".

Garcerán, que tiene antecedentes policiales por el robo de un vehículo hace varios años, hecho que está pendiente de juicio, denunció los hechos en la comisaría de policía de su barrio y aportó la matrícula del vehículo que conducía García Calvo, un Toyota Land Cruiser de color verde oscuro, así como la descripción física de la persona que, supuestamente, le apuntó con la pistola. "60 años, 1,72 metros de estatura, pelo canoso y una verruga encima de la boca", según el testimonio que ofreció a los agentes.

En el escrito de denuncia la policía hace constar que, consultado el servicio informático de la Dirección General, no pudo identificar inicialmente al propietario del vehículo, ya que no constaba en su base de datos la matrícula del mismo. La placa no aparece en el registro de la Dirección General de Tráfico por razones de seguridad, al tratarse de un magistrado de la más alta instancia judicial de España.

Garcerán ignoraba que estaba denunciando por amenazas al magistrado Roberto García-Calvo y Montiel, perteneciente al sector conservador del Constitucional y elegido para ese cargo a propuesta del PP.

Fue la investigación abierta en el juzgado de Móstoles a raíz de la denuncia presentada la que ha permitido conocer la identidad del propietario del vehículo todoterreno. Garcerán conoció ayer, a través de EL PAÍS, la identidad de la persona con la que había tenido el incidente.

El denunciante, que trabaja en la empresa de cerrajería de su padre, explicó ayer a EL PAÍS que no sabe nada de la investigación judicial y policial en curso ya que todavía no ha sido llamado a declarar ni ha recibido notificación judicial alguna.

Copas en Boadilla

El denunciante ofreció ayer un pormenorizado relato de los hechos, siempre según su versión: "Yo iba con mi mujer a tomar algo a Boadilla [municipio próximo a Carabanchel, donde reside] aquella noche en el coche de mi padre, un BMW 530. Y, de pronto, un coche, un Toyota Land Cruiser de color verde oscuro, se nos echó encima. Tuve que frenar y echarme para un lado para esquivarlo, porque nos echaba de la carretera. El hombre que lo conducía parecía que estaba hablando por teléfono o mirando papeles, y se cruzó de carril y casi nos dio un golpe. Entonces, yo me puse con el coche a su altura y le dije: 'Estás loco. Casi me das'. Y él se puso a chillarme como un energúmeno. No sé si el hombre estaría enfadado o qué. Y, a continuación, ese hombre me adelantó y me frenó. Me puso el coche delante y me hizo frenar bruscamente. Entonces, más adelante yo se lo hice igual. Paró el hombre y le dije: 'Casi me matas'. Entonces se bajó él. Y me sacó un carné como de juez de no sé qué y me dijo: 'No sabes con quién te estás metiendo'. Y acto seguido se fue al maletero y sacó una pistola".

Y añade: "Me apuntó. Y me dijo: 'Te pegó un tiro'. Me apuntó décimas de segundo. Y yo le dije: 'No tienes cojones'. La tuvo un rato en la mano, y luego la guardó. Era una pistola pequeña. Yo presenté denuncia en la comisaría. Era muy delgado. Muy poquita cosa, pero con muy mala leche". Garcerán ofrece en su denuncia detalles sobre la vestimenta del juez: "Tendría unos 60 años, mucho pelo blanco, una verruga encima de la boca, y vestía un pantalón de pinza y un polo de igual color (marrón claro)".

La Ley del Tribunal Constitucional

Artículo 23.Uno. Los magistrados del Tribunal Constitucional cesan por alguna de las causas siguientes: Séptimo: Por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave.- Artículo 24.Los magistrados del Constitucional podrán ser suspendidos por el tribunal, como medida previa, en caso de procesamiento o por el tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia de alguna de las causas de cese establecidas en el artículo anterior.Artículo 26.La responsabilidad criminal de los magistrados del Tribunal Constitucional sólo será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

García-Calvo: "El incidente lo causó él, yo no saqué ningún arma"

El magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo reconoció anoche a este periódico que el incidente de tráfico existió, pero puntualizó que lo provocó el conductor del BMW y negó tajantemente que él hubiese exhibido una pistola.

En conversación telefónica anoche con este diario, García-Calvo relató que él iba solo en el vehículo en dirección a Villaviciosa y que fue el BMW, con un joven de veintitantos años acompañado de una chica, quien le adelantó a gran velocidad: "Iría a 180 por hora", dijo. A resultas del adelantamiento, los coches dieron algunos bandazos y el BMW paró delante del Toyota Land Cruiser que conducía el magistrado. "Se me paró delante, se vino hacia mí y me dijo: 'Casi me matas'. Yo le respondí: 'Eso no se puede hacer', a lo que él me respondió: 'Voy con mi chica y hago lo que me sale de los cojones'. Le dije que vale, que siguiera, y no le di más importancia".

García-Calvo negó que él se hubiese bajado del coche, que se hubiese identificado como juez, o que hubiese exhibido una pistola. "La pistola la llevan mis escoltas, no yo. Además, yo no tengo ninguna pistola pequeña. Tengo una pistola, una Beretta del 7,65, que precisamente pequeña no es".

"No saqué ningún arma, no llevo normalmente armas, aunque es cierto que cuando voy de caza llevo mis escopetas y mis rifles", añadió. A preguntas de este periódico, García-Calvo aseguró que tiene todo tipo de licencias de armas, también de armas cortas, y que hasta anoche no había vuelto a tener ninguna noticia sobre el incidente. También afirmó que el juzgado de Móstoles que tramita el caso no se había puesto en contacto con él.

www.elpais.es 18.12.07

Recusado por el Gobierno

El intento del juez García-Calvo de 'cazar' a la presidenta del Constitucional le ha dejado al borde de la recusación

La afición a la caza de Roberto García-Calvo es bien conocida en medios judiciales, que en alguna ocasión han precisado que es más aficionado a la montería que a la perdiz o al conejo. También en el terreno profesional, García-Calvo ha optado por la caza mayor y desde hace un año ha prodigado sus dotes cinegéticas en cobrarse la cabeza de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. Aunque a tenor de los resultados, García-Calvo ha marrado la pieza y ahora pende sobre él una recusación que tiene todas las papeletas para prosperar y dejar el Pleno reducido a cinco magistrados progresistas y tres conservadores que avalaría la prórroga de la presidenta en su cargo.

Pidió la imputación de Felipe González y el indulto de Gómez de Liaño

García-Calvo llegó al Constitucional dejando tras de sí un reguero de polémica que se remonta a 1976, durante su mandato como gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Almería, etapa en que se produjo la muerte a tiros del joven Javier Verdejo por disparos de la policía cuando realizaba una pintada.

Magistrado de lo Social, consiguió acceder al Consejo del Poder Judicial a propuesta de Alianza Popular en 1989, después de que el año anterior se quedase a las puertas por un pacto con el PSOE que no se cumplió por la ausencia de 32 de los 68 diputados con que contaba AP. Durante su etapa como consejero, un comandante de la Guardia Civil perturbado accedió al Consejo y les mantuvo encañonados a él y a otros consejeros, entre los que se encontraba la hoy vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. García-Calvo y De la Vega obtuvieron permiso para salir a buscar el expediente del comandante, que poco después fue reducido por los policías de escolta que esperaban detrás de la puerta.

También envuelto en polémica, en 1995 accedió al Supremo con los únicos 10 votos del sector conservador del Consejo. Como magistrado de lo Penal, alineado con las posiciones de la derecha más dura, votó a favor de la inculpación de Felipe González en el caso GAL y a favor del indulto del juez Javier Gómez de Liaño, expulsado de la judicatura por prevaricación.

Le costó más acceder al Constitucional, aunque finalmente el PSOE también accedió a cambio de un nombramiento en el Tribunal de Cuentas. En el último año, García-Calvo ha encabezado la cacería contra la presidenta Casas, pero una maniobra en falso, al exigir su dimisión en una carta en la expresó su más "profunda discrepancia" con la prórroga de la presidenta provocó que todos sus compañeros del sector conservador les dejaran solos a Rodríguez Zapata y a él. Las recusaciones del PP contra tres magistrados del bloque progresista, para contestar a las del Gobierno contra García-Calvo y Rodríguez Zapata exasperaron a todo el Tribunal y les han llevado al borde la expulsión del Pleno que juzgará la reforma. www.elpais.es 18.12.07

Cuatro jueces del Constitucional están desde hoy en funciones

Cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional están en funciones desde hoy, al cumplirse sus mandatos de nueve años sin que el Senado, el órgano que los eligió, pueda elegir a los nuevos. El boicot del PP impide reunir los votos necesarios para realizar los nuevos nombramientos. Se trata de la presidenta, María Emilia Casas: el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde Martín de Hijas y Jorge Rodríguez-Zapata, los tres últimos del sector conservador.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, lamentó ayer la "falta de respeto absoluta" por parte del PP hacia el Tribunal Constitucional y confió en que los ciudadanos "tomen buena nota" sobre este comportamiento de cara a las elecciones del próximo marzo.

Según Bermejo, "inevitablemente" esos magistrados seguirán en funciones hasta su renovación, después de que el PP se haya negado "reiteradamente" a la misma. "Espero y deseo que en marzo los ciudadanos tomen buena nota de a quién deben dirigir su confianza", añadió. www.elpais.es 18.12.07

EL MAGISTRADO GARCÍA-CALVO, DE MONTERÍA CON SUS AMIGOS DEL PP MADRILEÑO 

El controvertido magistrado del Tribunal Constitucional, Roberto García-Calvo se ha convertido en el principal azote de la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas a quien quiere apartar de su cargo, una maniobra muy relacionada con el recurso de anticonstitucionalidad del Estatut planteado por el PP. De él sabíamos su pasado franquista y que se ha convertido en una de las mejores bazas de de los populares en la lucha contra el la reforma catalana. Pues bien, el magistrado no sólo comparte con el partido conservador lo que parece una estrategia común, sino también su tiempo libre. Según ha podido saber El Plural, García-Calvo participó recientemente en una cacería junto a destacados miembros del Partido Popular madrileño en una finca exclusiva de Ciudad Real.

Entre los asistentes figuraban el actual secretario general del PP de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre, el consejero de Presidencia, Francisco Granados; el ex secretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada -que se vio envuelto por casualidad en el tamayazo-; los alcaldes de Las Rozas, Bonifacio de Santiago y de Majadahonda, Narciso de Foxá, ambos del PP; y el gerente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega Alonso.

Por todo lo alto

La montería se celebró en el Valle de Alcudia, una de las mejores zonas cinegéticas de España. García-Calvo eligió la finca Los Collados de San Benito para disfrutar de su afición a la caza en compañía de sus amigos populares. La montería en la que participó no baja de los 9.000 euros y destaca por su suntuosidad. Los cazadores llegan el viernes por la tarde y se pasan hasta el domingo cazando jabalíes o venados. Pero los participantes no sólo disfrutan de su deporte favorito, también aprovechan para degustar espléndidos manjares y mejores vinos. Según ha podido saber El Plural, se transporta expresamente marisco a la finca en un helicóptero.

Recusación pendiente

El magistrado podría convertirse en el primer miembro del Tribunal Constitucional, junto a su compañero también de las filas conservadoras, Jorge Rodríguez Zapata, en ser recusado por el Gobierno. La Abogacía General del Estado considera que el hecho de que ambos se hayan pronunciado ya públicamente en contra del Estatut catalán apoyando la postura del PP les inhabilita para participar en el recurso contra el mismo.

El cazador cazado

El pasado 7 de octubre el diario El País presentaba al magistrado como el artífice de la estrategia del PP ontra la presidenta del Constitucional. El periódico de Prisa recordaba que la fidelidad al PP del antiguo franquista le viene de lejos, desde que fue nombrado gobernador civil de Almería y jefe del Movimiento por Arias Navarro en 1976 cuando el partido conservador se llamaba AP. También explica que su inclusión por sorpresa en la lista de candidatos al Constitucional del PP en julio de 2001 provocó grandes controversias y que incluso los parlamentarios del PNV escribieron en su papeleta "No votaremos a García-Calvo porque es un facha". Sin embargo, al final salió adelante su nombramiento y se ha convertido en uno de los principales enemigos de María Emilia Casas, a quien quiere apartar de la presidencia. 

(www.elplural.com, 15/10/07)

Las maniobras de un juez ultra en el Constitucional

El magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo fue uno de los principales defensores de las dos recusaciones presentadas por el PP contra su compañero Pablo Pérez Tremps para apartarle del debate del Estatuto de Cataluña. Fueron necesarios dos intentos para conseguirlo.

El pasado 5 de febrero, el Pleno del alto tribunal estimó la segunda impugnación presentada contra Pérez Tremps y quedó apartado de la resolución del recurso del PP contra la norma autonómica. Esta decisión supuso que los magistrados que se presumen del sector conservador del alto tribunal sean mayoría a la hora al resolver este recurso, aunque las fuerzas están igualadas entre los dos bloques en los otros seis presentados contra el Estatut.

A pesar de tener desde el principio claro que Pérez Tremps estaba contaminado y debía ser apartado del recurso contra el Estatuto catalán, García-Calvo no ha considerado necesario abstenerse de la impugnación que presentó el Grupo Popular contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a pesar de que según expertos constitucionalistas su actuación en este caso permite interponer contra él una recusación "de libro".

El motivo es la carta que envió el pasado mes de junio a la presidenta, María Emilia Casas, en la que, junto con Jorge Rodríguez-Zapata, pedía su dimisión. La misiva adelanta la posición de ambos en la resolución del recurso del PP contra la ley reguladora del alto tribunal, ya que dejaba constancia de su "más profunda discrepancia" con "la reforma en el punto relativo a la prórroga del mandato actual como presidenta y vicepresidente del tribunal".

Al no abstenerse, como sí hicieron Casas y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, el Gobierno queda obligado a recusar a García-Calvo y Rodríguez-Zapata, si quiere salvar la ley y con ella la prórroga del mandato de la actual presidenta hasta que deje de ser magistrada, lo que está previsto que ocurra en diciembre.

Tras aceptar el Pleno la abstención de Casas y Jiménez, el sector conservador ha inclinado la balanza a su favor, al reemplazar en el recurso contra la reforma de la ley a una presidenta progresista por un conservador, Vicente Conde, que utilizó el voto de calidad en su primera actuación.

De juez a magistrado

García-Calvo siempre ha sido calificado de ultraconservador. Por eso dedicó parte de su intervención en la comisión de nombramientos del Congreso en 2001 para salir al paso de tales acusaciones. "He puesto un énfasis especial en preservar la figura de juez en lo que a su formación técnica, rigurosa selección y definida responsabilidad se refiere. Admito que por ello se me califique de juez conservador, mas lo que rechazo terminantemente es que se me tache de ultra o contrario a los valores constitucionales", destacó.

Roberto García-Calvo y Montiel, nacido en La Bañeza (León). Licenciado en Derecho y Fiscal como número uno de su promoción, fue teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Almería. En 1971 presidió el Tribunal Provincial de Amparo en la misma ciudad, y en 1976 fue nombrado gobernador civil de la provincia, puesto en el que permaneció diez meses y desde el que se reincorporó en la Carrera Judicial.

En 1989, un año antes de que el Consejo General del Poder Judicial fuera renovado, se le nombró vocal, por lo que trató de que el Tribunal Constitucional le reconociera su derecho a cumplir los cinco años de mandato, pero el recurso fue inadmitido.

Después fue fiscal del Tribunal Supremo hasta octubre de 1995 cuando fue designado magistrado de la Sala Segunda de este alto tribunal, puesto desde el que votó a favor de imputar al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, por los GAL y se mostró partidario de aplicar el indulto del Ejecutivo de José María Aznar al ex juez Javier Gómez de Liaño. Fue ponente de la sentencia que condenó a la Mesa Nacional de HB. En el Congreso afimó que era su única resolución que había sido revocada por el Constitucional, y explicó que no fue porque vulnerara derechos fundamentales, sino por el principio de desproporcionalidad de la pena atribuible a la legislación vigente.

Junto a sus compañeros de la Sala de lo Penal también condenó a la cúpula socialista de Interior por el secuestro de Segundo Marey.

Su propuesta como magistrado del Tribunal Constitucional estuvo a punto de dar al traste con las negociaciones mantenidas entre PP y PSOE para renovar el alto tribunal y el anterior Consejo General del Poder Judicial. Al final pasó el filtro con el voto de castigo de los diputados socialistas. En la comisión de nombramientos, previa a su designación como magistrado del Constitucional, quiso "desmitificar" las afirmaciones que le situaban como "una especie de gobernador franquista", y atribuyó su "biografía preconstitucional" a algo debido a su edad. Cumplió 65 años el pasado mes de junio.

Aseguró que dimitió y no fue cesado como gobernador civil, periodo que definió como "anecdótico paréntesis que algunos, con no muy buena intención, han intentado elevar a la condición de categoría". Como prueba de que no fue obligado a abandonar el puesto, aseguró que sus relaciones con el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y el ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, eran "excelentes".

Insistió en que en sus resoluciones, "que es donde se conoce lo que hace un juez o magistrado", asumió desde el principio de su carrera profesional "los valores constitucionales que se imponen a partir de nuestra Carta Magna de 1978". www.publico.es 30.09.07

EL MAGISTRADO GARCÍA CALVO DEFIENDE PARA LOS TERRORISTAS EL CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE PENAS. EL CANDIDATO DEL PARTIDO AL CONSTITUCIONAL CALIFICA DE 'ANÉCDOTA' SUS CARGOS ANTES DE LA DEMOCRACIA

El magistrado conservador Roberto García Calvo, propuesto por el PP para ocupar una vacante del Tribunal Constitucional, afirma en el Congreso que él no defiende la cadena perpetua "pero sí, para determinados delitos, que es perfectamente posible el cumplimiento íntegro de las condenas", en alusión a la violencia terrorista. El magistrado, que catalogó de "anécdota" haber compatibilizado unos meses, entre 1975 y 1976, su cargo de gobernador civil y de jefe del tribunal sindical de amparo, admitió que en un artículo suyo vino "prácticamente a sostener la cadena perpetua" para algunos delitos de terrorismo. "Hoy yo no sostengo la cadena perpetua pero sí, para determinados delitos, entiendo que es perfectamente posible el cumplimiento íntegro de las condenas". García Calvo no ocultó que en su trayectoria existía "un anecdótico paréntesis que algunos, con no muy buena intención, han intentado elevar a la condición de categoría". En ese momento no quiso ser muy preciso sobre cuál fue su destino exacto. Dijo que durante nueve meses, entre 1975 y 1976, ocupó a solicitud de un amigo, ahora secretario de Estado de Defensa, el cargo de inspector general de servicios del Ministerio de Educación. El juez remachó que en abril de 1976 fue nombrado gobernador civil de Almería por el Rey, y que permaneció en ese cometido diez meses. Detalló que luego renunció y no fue destituido, porque mantenía "excelentes relaciones" tanto con el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, como con el ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa. El magistrado señaló que narraba ese "episodio anecdótico" para "desmitificar" las calificaciones que soporta "como una especie de gobernador franquista o ultraconservador". García Calvo se defendió de esas etiquetas apelando a las miles de resoluciones y sentencias dictadas en el ejercicio de su profesión. Roberto García Calvo negó tajantemente que se le pueda tachar de "ultracontrario a los valores constitucionales" y sólo aceptó ser "polémico" porque a la hora de defender sus posiciones siempre le gusta hacerlo "con palabras claras, sin medias tintas". "Y, si me permiten la expresión, a calzón quitado".

Sobre el indulto del Gobierno al juez prevaricador Javier Gómez de Liaño, en el que García Calvo fue el único miembro de la Sala que votó en contra de la posición de ese tribunal contra la actuación del Ejecutivo, el magistrado reiteró que no discute la competencia de esa Sala de lo Penal para decidir sobre la legalidad de esa actuación sino sobre su pretensión "de dejar sin contenido la medida de gracia constitucionalmente reconocida para el jefe del Estado".

El juez asumió su "biografía preconstitucional" como algo lógico por haber nacido en esa época, y puso como ejemplo de esa normalidad a algunos diputados presentes en la sala, entre ellos el popular Gabriel Cisneros.El magistrado se definió a si mismo como un legalista. Así, se manifestó contrario a la pena de muerte, a favor de los supuestos aprobados de aborto -nunca sin la autorización de un facultativo-, partidario de la España de las autonomías y "abierto" a aplicar o autorizar sin "ningún sonrojo" las relaciones familiares "que diga el legislador".Sobre la cadena perpetua, el magistrado Roberto García Calvo se remitió a su artículo Terrorismo y tipificación penal, en el que sostuvo la validez del cumplimiento íntegro de las penas para los delitos de terrorismo, aunque él mismo considera que "es difícil conciliar" esa opinión con la previsión constitucional sobre la reinserción social.(Octubre 2001)

20 diputados del PSOE votan en contra de la candidatura de García Calvo para el TC

Los temores expresados ayer por algunos diputados del PP de que el PSOE pudiese "castigar" en la votación en el Congreso la candidatura del magistrado Roberto García Calvo para ocupar una de las vacantes del Tribunal Constitucional se han confirmado.Veinte diputados socialistas han votado en contra de la candidatura, propuesta por el PP, del ex Gobernador Civil de Almería. Pese a ello, los cuatro nombres consensuados por los dos principales partidos han sido respaldados por más de tres quintos de la Cámara, requisito necesario para su elección.

En la votación, el hasta ahora presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Javier Delgado Barrio, obtuvo el apoyo de 299 diputados; mientras que la presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, Elisa Pérez Vera fue respaldada por 297, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Eugenio Gay Montalvo, por 295, y el magistrado Roberto García Calvo, por 279.Precisamente, el "perfil conservador" de este último magistrado fue uno de los argumentos que esgrimieron los socialistas el pasado mes de julio para romper el principio de acuerdo para renovar los tres órganos que en esa fecha habían alcanzado los dos partidos.En el examen previo en la Comisión Consultiva de Nombramientos, el portavoz socialista, Diego López Garrido, preguntó al magistrado sobre los principios de la Constitución y, entre otras cosas, García Calvo se definió como contrario al jurado, partidario del cumplimiento íntegro de las penas para determinados delitos y "legalista" en cuanto a la legislación sobre el aborto.La elección de los candidatos requería el apoyo de al menos 210 diputados, con lo que el PP precisaba sumar un mínino de 30 diputados de otros grupos, que deberían salir principalmente del PSOE dadas las reticencias mostradas por formaciones como PNV, IU, Grupo Mixto y, en el caso concreto del TC, incluso por CiU.De los 328 votos emitidos, 18 fueron en blanco y 12 nulos, según ha anunciado la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, al término del recuento manual de las papeletas.Los diputados de CiU votaron en blanco en protesta por la no inclusión de ningún candidato avalado por esta formación, según han informado fuentes de este grupo parlamentario, mientras que Izquierda Unida ha apoyado las candidaturas pactadas por el PP y el PSOE, según fuentes de la coalición.

Una vez aprobada la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, la Cámara Baja procede a la elección, con el mismo sistema de elección directa mediante papeletas, de seis de los 36 vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por los jueces y magistrados.

Tras oponerse reiteradamente los socialistas a que formara parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el PP logró, en marzo de 1988, que el Senado le eligiera por dos votos de margen y con gran malestar del PSOE por su pasado franquista. Fue gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Almería en 1976, con el Gobierno de Carlos Arias Navarro. En octubre de 1995, al dimitir Marino Barbero como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el sector del CGPJ del que formó parte Mariscal de Gante logró que se designara a García Calvo, y no, al candidato progresista Santiaga Mir, prestigioso catedrático de Derecho Penal, como Barbero.www.elpais.es 17.01.07

CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 346

La señora PRESIDENTA: Iniciamos la segunda comparecencia de las previstas en esta mañana. Comparece ante SS.SS. don Roberto García Calvo como candidato a miembro del Tribunal Constitucional.Quiero recordar al señor García Calvo, al igual que esta presidencia lo ha hecho con el anterior compareciente, que el sistema seguido es el de una primera intervención por su parte, si lo desea, de unos cinco minutos; a continuación, una intervención de los representantes de los grupos parlamentarios de menor a mayor, también por cinco minutos cada uno de ellos; las respuestas de las cuestiones que planteen los grupos por parte del compareciente. Hasta ahí se produciría su comparecencia.Además de darle la bienvenida a esta casa y a esta Comisión Consultiva de Nombramientos, señor García Calvo tiene la palabra.

El señor GARCÍA CALVO: Muchas gracias, excelentísima señora presidenta del Congreso de los Diputados, por las palabras de bienvenida y de atención que tiene para conmigo, no sólo usted sino también todos los componentes y miembros de la Comisión Consultiva de Nombramientos de esta Cámara.
Cumplimentando la citación de que he sido objeto, comparezco ante SS.SS. como candidato propuesto para cubrir una de las vacantes que han de producirse en el Tribunal Constitucional en su preceptiva y parcial renovación. Desde luego, las primeras palabras que tengo que decir es que es para mi un honor concurrir a este trámite en cuanto que, además de ponerme a su plena y respetuosa disposición como representantes que son de la soberanía popular, se me ofrece una oportunidad única de someter a su consideración mi trayectoria profesional, en la medida en que entiendo que es ésta y no otra la razón determinante y esencial de mi inclusión en dicha propuesta de renovación. Para ello solicito licencia de SS.SS., asegurándoles que intentaré sintetizar al máximo el tiempo de que dispongo para mi intervención.
Durante 33 años -el día 1 de octubre de este año hice el trienio undécimo-, en que ingresé en la carrera judicial con el número uno de la 17 promoción de la Escuela Judicial, vengo prestando mis servicios a la Administración de justicia en ambas carreras, en la judicial y en la fiscal. En ambas he desempeñado mis funciones en todo tipo de órganos, desde los órganos unipersonales a los órganos colegiados; primero, en la Fiscalía de Bilbao, después, pasé a la Fiscalía de Almería y, por último, en la Fiscalía del Tribunal Supremo adscrito a la Sala Segunda de lo Penal. En la carrera judicial he trabajado en la instancia como magistrado unipersonal y en órganos colegiados. Fui magistrado de Trabajo en Guadalajara y Madrid durante diez años, llevando prórrogas de jurisdicción además en provincias como Cáceres, Oviedo, Santander, Soria y alguna otra, y pasé después al Tribunal Central de Trabajo hasta su extinción. Por último, en 1995 fui designado por el Consejo General del Poder Judicial magistrado de la Sala segunda del Tribunal Supremo, en la que en la actualidad presto mis servicios.
Estos 33 años de dedicación profesional a la jurisdicción sólo han tenido un anecdótico paréntesis que algunos, con no muy buena intención, han intentado elevar a la condición de categoría. Como se expone en mi currículum, durante nueve meses en los años 1975 y 1976 ocupé, a solicitud de una persona, gran amiga y compañero de oposición, que hoy es actual secretario de Estado de Defensa, el cargo de inspector general de servicios del Ministerio de Educación; y lo hice con un cometido único, que fue el que tuvo la duración de mi estancia en el Ministerio: hacer una inspección a la Junta de construcciones y equipo escolar, porque en el ministerio se deseaba investigar unos presuntos elementos de corrupción que existían entonces; hice mi informe y me reincorporé a mi carrera. A partir de abril de 1976, fui nombrado
gobernador civil por Su Majestad el Rey, cargo en el que permanecí apenas diez meses desde abril de 1976 y, a pesar de las informaciones que también se han vertido al respecto, del que dimití; no fui cesado ni destituido por ninguna razón, porque mantenía unas excelentes relaciones con el presidente del Gobierno entonces, Adolfo Suárez, y con el entonces ministro del Interior o de Gobernación, don Rodolfo Martín Villa. Tengo a disposición de SS.SS.la carta de acuse de recibo de mi renuncia firmada por el jefe de gabinete del entonces presidente del Gobierno, con la fecha, que tienen a su disposición si la quieren ver.
Cuando narro este episodio anecdótico en una larga trayectoria profesional, lo hago para desmitificar algunas descalificaciones que durante largos años vengo soportando como una especie de
gobernador franquista cuyo único título a la hora de ejercer la jurisdicción es éste, o una especie de ultraconservador, que no tiene reflejo en absoluto ni en mi trayectoria profesional ni en mis resoluciones, que son las que creo que manifiestan la competencia de un jurista a la hora de intentar acceder a un puesto de tanta relevancia como para el que he sido propuesto. Mis criterios sobre la aplicación de la ley están plasmados, por tanto, en miles de informes y sentencias, y me aprecio de haber contado durante ese largo ejercicio profesional con numerosos amigos en el mundo de la abogacía, especialmente en el ámbito laboral y penal, que conforman mi especialidad, pese a que no siempre, como es obvio, les di la razón en sus pretensiones.
Mi paso como vocal por el Consejo General del Poder Judicial, para el que fui elegido por el Senado en 1989, me impulsó a hacer una reflexión más amplia sobre el papel constitucional que correspondería al Poder Judicial al abrírseme, desde ese órgano de gobierno de los jueces y magistrados, perspectivas hasta entonces alejadas de mi realidad cotidiana profesional; y me atreví entonces a plasmar algunas de esas reflexiones de forma muy esquemática en un opúsculo que se tituló La justicia en crisis; expresión ésta con la que venimos refiriéndonos desde hace muchos años al necesario proceso de adaptación y modernización en todos los órdenes que demanda la justicia como institución del Estado. Probablemente, en el ámbito de la justicia, su configuración y funcionamiento, más que en algunos otros, nunca llueve a gusto de todos. Tanto en el diagnóstico como en las soluciones, hay y habrá opiniones diferentes y contrapuestas para cada uno de los problemas que la acucian, aun cuando -no todos, pero sí la mayoría- persigamos un objetivo común: del normal desarrollo de la genuina función que, como pilar fundamental del Estado de derecho, tiene la administración de justicia.
Puedo asegurarles que, en todo caso, siempre he demostrado mi preocupación sobre la forma de definir la relación entre el juez y la ley -que sólo concibo en términos de sujeción estricta- en un escenario en que, en no pocas ocasiones, se defendía el acomodo de la ley al caso concreto, incluso por encima de la voluntad del legislador. Ese camino, en mi opinión, es fuente de inseguridad jurídica y al final de arbitrariedad. Con esta finalidad de sujeción estricta a la ley, aparecen en mis reflexiones, intervenciones públicas, organizativas y estructurales consideraciones destinadas en esencia a mejorar el servicio que la Administración de justicia debe prestar a los ciudadanos. De lo que siempre he huido es de un concepto reduccionista de la Administración de justicia como mero servicio público. He puesto un énfasis especial en preservar la figura del juez en lo que a su formación técnica, rigurosa selección y definida responsabilidad se refiere. Admito que por ello se me califique de juez conservador, mas lo que rechazo terminantemente es que se me tache de ultra o contrario a los valores constitucionales.
Tales descalificaciones no sólo las considero injustificadas, sino insultantes. En mis resoluciones -que es donde se conoce lo que hace un juez o un magistrado- es donde está plasmada la asunción por mi parte, sin discusión alguna y desde el primer momento de mi ejercicio profesional, de los valores constitucionales que se imponen a partir de nuestra Carta Magna de 1978. Lo que ocurre es que al defender mis posiciones, lo he hecho siempre, como lo estoy haciendo ahora, con palabras claras, sin medias tintas y, si me permiten la expresión, a calzón quitado, pues creo que en las cuestiones públicas sólo un debate abierto y vigoroso propicia la búsqueda y obtención de las soluciones más correctas.
Con mis propuestas se podrá estar de acuerdo o no y, quizá por mi forma de expresarlas, he generado más de una polémica. Soy consciente de ello, pero, en todo caso, siempre he pretendido que se me valore por lo que soy y digo y no por lo que dicen que soy y he hecho. Aese objetivo se dirige también esta intervención.
Obvio resulta que, para cualquier jurista y profesional del derecho, la máxima aspiración es ser magistrado del Tribunal Constitucional de tu nación. Tras mi paso por el Tribunal Supremo, este es el más alto honor al que puedo aspirar. Por ello, sin pretender dar por cerrado -es uno de mis proyectos, de lo que puedo ver como función dentro del Tribunal Constitucional- el círculo exegético de la Constitución ni proclamar a ultranza su inmutabilidad, mi satisfacción es , si sus señorías homologan mi candidatura, formar parte de un Tribunal Constitucional que debe concentrar todo el esfuerzo en su genuina labor de órgano de control de la ley y máximo garante de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. Sé que no es una tarea fácil sino un reto personal y profesional imponente que me anima y me ilusiona. A superarlo me ayudarán, sin duda alguna, quienes como candidatos me acompañan hoy en esta comparecencia, insignes juristas, como lo son quienes allí trabajan como magistrados desde hace años. Con todos ellos pretendo desarrollar un debate jurídico franco, abierto y sin apriorismos y, ante todo, presidido por la honradez intelectual.Sólo he de añadir que mi experiencia como magistrado de un órgano jurisdiccional colegiado me ha dotado de la dosis de humildad necesaria para defender mis convicciones y a la vez me ha enseñado a escuchar y a aprender. Con ese ánimo me enfrento al reto que se me ofrece si es que, repito, sus señorías consideran oportuna mi designación.
Nada más y muchas gracias.
 

En mi propia biografía tengo momentos preconstitucionales; si no significaría que había nacido en años posteriores. No es necesario exigir que manifieste mis convicciones constitucionalistas porque también lo voy a hacer; creo que están plasmadas más que suficientemente, vuelvo a repetir, en miles de resoluciones y de informes que no han sido nunca revocados por el Tribunal Constitucional salvo en un caso, en el de la sentencia de Herri Batasuna, que condenó a su mesa nacional a siete años de prisión, de la cual fui ponente, que fue revocada por el Tribunal Constitucional pero no por ninguna violencia o vulneración constitucional sino por un principio de desproporcionalidad en la pena atribuible a la norma vigente o a la legislación en vigor.En definitiva, esa preconstitucionalidad la tenían también los padres de la Constitución, uno de ellos está aquí, el señor Cisneros, el señor Fraga, que fue el que me nombró, al igual que don Adolfo Suárez, que era entonces ministro secretario general del Movimiento, y también el señor Mardones fue gobernador Civil y jefe provincial del Movimiento, que era una condición aneja a los gobernadores, que en la época de la transición y en la etapa de extinción de la Secretaría General del Movimiento teníamos todos. Imputar a esa situación, violenta de alguna manera, mis creencias constitucionalistas o la asunción de la Constitución, me parece, desde luego, una exageración. A lo único que me remito es a que se me impute o se me exhiba cualquier resolución que no acate la Constitución, que mi actitud personal vulnere esos principios constitucionales, que creo que he plasmado en todas las resoluciones que han sido homologadas por el Tribunal Constitucional. A lo que no puedo renunciar es a mi propio historial personal, a mi biografía, que ahí está, como la de tantos españoles que en un momento determinado de la transición tenían vivencias anteriores, pero que asumieron perfectamente la democracia y sus principios constitucionales.
Si le sirve de ejemplo, le puedo decir que el último acto político que yo realicé como
gobernador de la provincia de Almería, fue la visita a toda la provincia para promover la votación de la Ley de reforma política, que fue la que abrió paso a la transición. Puedo asegurarle que aquella labor generó que la provincia de Almería fuera la que obtuvo la mayor votación de España a la Ley de reforma política, el 98 por ciento; la provincia en la que más votos obtuvo aquella pretensión renovadora de cancelar un viejo régimen y pasar a un régimen democrático y constitucionalista. Por tanto, no creo que se me pueda tachar de persona que no haya asumido con rigor, con plenitud, los valores constitucionales.
Me ha preguntado usted por una serie de cuestiones que he apuntado y no quisiera que se me olvidara ninguna. Me ha preguntado usted sobre el amparo, a efectos de mi idea de lo que yo puedo llevar al Tribunal Constitucional. Creo que el Tribunal Constitucional, por falta precisamente de una tradición democrática en España, asienta definitivamente sus bases como tal a partir de una etapa determinada.
Hay unos momentos en que existe una inflación de reclamaciones que, por vía de tribunal de amparo, agobian al Tribunal Constitucional. Yo soy de los que pienso que la genuina labor del Tribunal Constitucional, como intérprete máximo de la Constitución y garante de las libertades y de los derechos fundamentales públicos, tiene que establecer algún mecanismo para regular la admisión del amparo y no que cualquier cuestión, por nimia que sea, pueda llegar al Tribunal Constitucional.
No sólo lo digo por razón de funcionalidad sino también por razón de esencialidad de la función que le corresponde al Tribunal Constitucional como garante de libertades y máximo intérprete de la Constitución. Además creo, por el conocimiento que tengo de la cuestión, que ya se han establecido filtros en el propio Tribunal Constitucional para de alguna forma rechazar aquellos amparos improcedentes o que no alcanzan el nivel de amparo exigible por la propia Ley del Tribunal Constitucional. Desde luego, soy de los que pienso que el Tribunal Constitucional, a diferencia de otros tribunales constitucionales que además de supremo son constitucionales, como usted bien sabe, como catedrático de derecho constitucional, debe reducir su función al máximo a lo que es el propio diseño constitucional del Tribunal Constitucional, que es garante de las libertades públicas y de los derechos fundamentales y sobre todo intérprete máximo de la Constitución.
Se ha puesto el ejemplo, creo que lo puso mi predecesor en el uso de la palabra, el señor Delgado Barrio, del Tribunal Supremo norteamericano. Yo también conocí el Tribunal Supremo norteamericano y la función que allí se desempeña casi es una elección anual del tema a tratar, del tema que verdaderamente preocupa a la sociedad a la cual van dirigidas las resoluciones del tribunal; esa tarea se realiza con mesura, con método y con dedicación. Oigo hablar a muchísimos letrados y magistrados del Tribunal Constitucional de la premura con que tienen que resolver resoluciones que a veces exigen tiempo, meses de meditación y reposo para poder decidir sin problema cuestiones sustanciales.
De manera que, en cuanto al amparo, yo sería muy riguroso en la admisión del amparo, lo cual no significa merma alguna de los derechos individuales. Es necesario es establecer un filtro claro que determine qué cuestiones realmente exigen el amparo por existir una vulneración de derechos constitucionales, pero no que el Tribunal Constitucional tenga que estar viendo el problema suscitado por una multa de tráfico o un desahucio de un piso por parte de un arrendador, si realmente no existe esa vulneración y la cuestión se puede resolver en sede de legalidad ordinaria.
Segundo, me pregunta usted sobre las relaciones del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Es otro problema de falta de cultura democrática e institucional, diría yo. En otros países esto no se produce porque el Tribunal Constitucional tiene una misión tan estricta, tan concreta y tan precisa que tiene un pronunciamiento reducidísimo a lo largo de un año. Un tribunal alemán o un tribunal norteamericano produce al año 40 ó 50 sentencias de temas puntuales y sustanciales que afectan a la generalidad de la nación o de la sociedad. El Tribunal Supremo no opera así porque, por la mayoría de sus salas, tiene unos alcances en números y en asuntos que turban de alguna manera su propio funcionamiento; no quiero hablar, por ejemplo, de la sala III del Tribunal Supremo en temas de lo contencioso, donde del atasco gigantesco, pero sí puedo hablar de la sala II, que es donde estoy, y de lo que puede generar de conflicto con el Tribunal Constitucional.
Creo que no hace falta avanzar mucho para definir perfectamente cuáles son las competencias de uno y de otro y eliminar todo tipo de conflictos. ¿Por qué no puede el Tribunal Constitucional dejar sin efecto una sentencia por vulneración de derechos constitucionales y ordenar que se reponga al lugar en que deben estar los derechos de la persona afectada, además de rebajar la pena si hace falta, reducirla si es necesario, adecuar la situación sin necesidad de volver a una inejecución real de la pena que se produce cuando un tribunal constitucional únicamente declara la invalidez de una sentencia, la nulidad de una sentencia de la jurisdicción ordinaria? Se genera artificialmente un conflicto porque los magistrados, los jueces, los miembros del máximo órgano jurisdiccional ordinario de la nación son muy remisos a dejar competencias en manos de quien sea por muy Tribunal Constitucional que lo imponga. De ahí viene el conflicto que está suscitado con la sala I en una sentencia periodísticamente divulgada y de algunas otras.
Creo que es un problema de definición de competencias y, si hace falta, de reforma de la Ley Orgánica del propio Tribunal Constitucional o de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin merma alguna de jurisdicción de ninguno de los tribunales, puede perfectamente establecerse la diferenciación y, en la fase de ejecución de esa sentencia, establecer quién tiene que ejecutarla, si la jurisdicción ordinaria, que es lo que está previsto inicialmente, o si la sentencia anulada por el Tribunal Constitucional debe tener una ejecución, si es una anulación parcial, por parte del mismo tribunal. Creo que si se quiere no existe conflicto entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Desde luego, el conflicto está planteado en este momento y el malestar que existe en el seno del Tribunal Supremo con determinadas resoluciones del Tribunal Constitucional debe ser resuelto, creo yo, normativa o legislativamente.
Me pregunta usted sobre la pena de muerte. Soy contrario a la pena de muerte. No creo que nadie tenga en su poder ningún escrito que afirme lo contrario. Soy contrario a la pena de muerte, porque además hace muchos años que leí un libro que se llama El arte de matar, de Daniel Sueiro, donde se explican perfectamente todos los modos y formas de ejecutar a los reos. Insisto en que soy contrario a la pena de muerte. Creo que no es una medida coercitiva y mucho menos, desde el punto de vista constitucional, de reinserción o de reeducación social, como es obvio, y por tanto soy contrario a la pena de muerte.
Creo que no sirve como medida preventiva ni como medida represiva, y así lo demuestran las estadísticas de los países que lo tienen establecido.
Tampoco renuncio a contestar a otra cuestión íntima o que podría ser de tipo ideológico: Qué pienso del aborto. En cuanto al aborto soy legalista, lo que diga la Ley. Si están establecidos en la Ley cuatro supuestos de aborto, cuatro supuestos de aborto que aplicaré como magistrado de cualquier tribunal del que forme parte; si son cinco, serán cinco. No haré cuestión de ese tema. Lo que no admitiré, y no lo he admitido en el momento en que ha tocado en mi sala un tema relativo al aborto, es, por mor de una demanda social, pero sin estar modificada la legislación y con violencia del principio de legalidad, homologar una resolución en la que, a pesar de lo que dice la ley, la autorizante del aborto a realizar no era un facultativo distinto del que tiene que realizar el aborto, sino una licenciada en filosofía y letras; eso nunca lo voy a tolerar, porque eso violenta el principio de legalidad, por mucha demanda social que exista para que se legalice el cuarto, el quinto o el sexto supuesto del aborto. Eso es lo que nunca haré: violentar el principio de legalidad. Si las Cortes Generales tienen a bien hacer la reforma, yo me someto; he dicho que mi tarea, toda mi vida, ha sido la sujeción del juez a la ley en su sentido más estricto, y no la permisión del uso alternativo del derecho que posibilita el hacer lo que le he dicho que ha ocurrido recientemente en la Sala segunda, donde, procedente de Andalucía precisamente, se había condenado por la Audiencia de Córdoba a dos facultativos que tenían una clínica abortista y, antes la demanda de la señora, se homologó la decisión de que necesitaba abortar nada menos le digo que de una licenciada en filosofía y letras, experta en psicología no clínica, sino simplemente experta en psicología, y eso es violentar el principio de legalidad. De manera que yo, lo que diga la ley, lo cumpliré, sean los supuestos que sean, si es que se admite el supuesto que demanda la sociedad. Hace unos años era impensable oir hablar a un juez de la tolerancia del aborto, pero hoy se habla con toda naturalidad en el mundo judicial. Yo lo digo delante de ustedes que, insisto, si la voluntad legislativa, que es la voluntad que representa a la soberanía popular, decide modificar los supuestos que existen del aborto, entiendo que no somos los jueces los que debemos hacer esa labor anticipativa, que además invade competencias normativas o legislativas que corresponden a estas Cámaras.
Nacionalidades y regiones. Señoría, está definido en la Constitución el alcance de la constitución territorial del Estado, y creo que, hasta el momento, hay una jurisprudencia constitucional más que suficiente, y suficientemente consolidada, para resolver todas las cuestiones que se susciten entre las comunidades autónomas y el Estado. Yo he dicho en mi intervención que no entiendo cerrado el círculo exegético de la Constitución ni sostengo a ultranza su inalterabilidad, pero, ahora mismo, con la Constitución en la mano y la jurisprudencia actual del Tribunal Constitucional, entiendo que está consolidada y definida perfectamente esa organización territorial del Estado, y no tengo en este momento más que añadir, porque sería una petulancia por mi parte pretender que voy a ser un innovador que llega a imponer una nueva doctrina respecto a la organización del Estado a mis compañeros, si es que lo son en su día, del Tribunal Constitucional, que creo que tienen muy definido exactamente lo que es la organización territorial del Estado de acuerdo con las previsiones constitucionales.

En cuanto a las relaciones familiares, nuevamente le tengo que decir que estoy abierto a lo que diga el legislador. Si el legislador o la norma regula las parejas de hecho, yo tendré que cumplir como juez, que no tengo que hacer otra cosa, porque lo curioso de siempre es que la sociedad demanda de los jueces una actitud que no se da cuenta que, a veces, es imposible de ejecutar. Nosotros somos, por inmediación, los más próximos al justiciable; al final, somos los que ponemos en la calle o encerramos a la gente; al final, somos los que decidimos si la pareja de hecho es homologable o no, pero para eso tenemos que tener la norma y, si la norma, en un momento determinado, autoriza las parejas de hecho, yo no tengo ningún sonrojo en aplicar esa norma y que los homosexuales se casen o convivan y tengan sus derechos. Por tanto, en eso, creo que son tan liberal o tan progresista como aquél que se atribuye ese título desde que se levanta por la mañana.Tribunal del jurado. Siempre me manifesté antijuradista. He dicho que yo digo las cosas tal como las pienso. Siempre me manifesté antijuradista y la experiencia del jurado en España creo que no es verdaderamente positiva. Si lo prevé la Constitución y existe un mandato constitucional, soy de los que he demandado durante doce años que se cumpliera el mandato constitucional, porque si la Constitución preveía el jurado, no se podía dejar trascurrir más tiempo sin instaurar el jurado en España. Otra cosa es que el experimento no haya producido el resultado apetecido, y hoy las estadísticas nos dicen que la mayoría de la gente no quiere formar parte de un tribunal de esa naturaleza de legos; acaso la solución sería, para tener cumplido el mandato constitucional, la instauración de un jurado mixto, en el que al lado de legos hubiera profesionales del derecho, no sólo la presencia del presidente del tribunal del jurado.

Tenga usted en consideración que también nos falta la cultura del jurado en España. Es una instauración recientísima y a lo mejor, dentro de unos años, esa propia cultura jurídica, popular y de los propios profesionales del derecho, instaura el jurado y produce un efecto beneficioso para la sociedad. Hoy creo que produce un efecto no querido por muchas personas de la sociedad, que manifiestan públicamente que prefieren ser juzgados por un juez profesional que por un jurado compuesto por legos. Pienso que la solución, y se cumple así el mandato constitucional, acaso sea la reforma de la Ley del Jurado:
establecer un jurado mixto en que la capacidad técnica de los que tienen esa cualificación decidiera e impidiera la cantidad de nulidades que tenemos que decidir en la Sala segunda del Tribunal Supremo o en la apelación, que se resuelve en el tribunal superior, en las Salas de lo
civil y de lo penal de los tribunales superiores, precisamente por esa falta de competencia técnica que tiene el jurado lego y, muchas veces incluso, el propio magistrado que preside las deliberaciones.Me pregunta, señoría, sobre la cadena perpetua e incluso dice que tengo escrito un artículo, que se llama «Terrorismo y tipificación penal» en el que, prácticamente, vengo a sostener la cadena perpetua.Yo no sostengo la cadena perpetua pero, para determinados delitos, entiendo que es perfectamente posible el cumplimiento íntegro de las penas. Es difícil conciliar una previsión normativa de rango constitucional que habla de la reinserción social, pero también es difícil conciliar intereses en juego que tienen el mismo contenido democrático y el mismo valor constitucional. Frente a determinados ataques que sufre la sociedad moderna, y hoy es un paradigma lo que está pasando en el mundo, ninguna sociedad democrática se escandaliza de dar cumplimiento íntegro a las penas y no por ello son menos democráticas esas sociedades. Hay determinadas actividades que incluso, salvo la violencia, son permitidas por la Constitución y la democracia, (de ahí la grandeza de la democracia y de la Constitución, que ideológicamente se puede sostener incluso lo contrario a lo que dice la Constitución), siempre que no sea por métodos violentos, pero ante las que las sociedades democráticas tienen que defenderse. Para mí, el problema del castigo de determinado tipo de delitos, como puede ser el delito de terrorismo, no reside tanto en la modificación del Código Penal, puesto que creo que las penas que impone el Código Penal son más que suficientes, porque, a partir de los 20 años de una prisión en un régimen penitenciario verdaderamente serio, la persona prácticamente queda incapacitada para continuar siendo persona como tal, creo que basta la reforma del reglamento penitenciario, sin hacer discriminación alguna. Yo creo, que en un caso concreto, un Tribunal Constitucional homologaría una decisión de ésas, porque también están en juego, a la vez que principios constitucionales, como la reinserción social, la seguridad y la libertad de los demás ciudadanos que son del mismo valor. En el juego de estas cuestiones, los tribunales constitucionales tienen que buscar el equilibrio entre valores constitucionales en juego, y es cierto que el valor constitucional, proclamado en nuestra Carta Magna, de que las penas tienen una función esencial de reinserción social, tiene el mismo rango que el valor de la seguridad y la libertad de los demás ciudadanos que ven atacados por el terrorista sus derechos fundamentales, y esa decisión sería perfectamente homologable por el Tribunal Constitucional, sin merma alguna de su caracterización democrática.

Conflicto de competencias. Gómez de Liaño. Es cierto que yo fui el único de los magistrados de la Sala que votó en contra de la manifestación que hacía la Sala. Voy a hacer dos precisiones. Yo no afirmo en mi resolución, y si usted lo afirma le puedo decir que no está acertado, que la Sala de lo Penal no fuera competente para revocar la decisión del Gobierno o anular la decisión del Gobierno; al revés. Yo digo que no se puede discutir la competencia de la Sala de lo Penalpara decidir sobre la legalidad de un indulto. Lo único que afirmo, y razono sobre ello, es que lo que tampoco puede, por mucha Sala de lo Penal que sea, dejar sin contenido una medida de gracia que es constitucionalmente reconocida y está prevista para el jefe del Estado, refrendada por el Gobierno. De manera que cuando yo planteo mi voto particular en ese asunto entiendo dos cosas. Una, que me remití a no escribirla para no aumentar la dosis de conflictividad que generaba la situación, y es que los derechos del justiciable estaban violentados constitucionalmente porque estaba siendo juzgado no sólo por la sala sentenciadora sino por otras dos salas nuevas, una, híbrida, desconocida para mí en la ley orgánica, que era la Sala Primera que decide con un carácter general, deliberante y no vinculante (no existe en la ley orgánica esa sala general salvo la que se monta para unificar criterios doctrinales y este no es el caso) y la otra, una sala en pleno con carácter jurisdiccional. Quien tenía que haber decidido exclusivamente era la sala que juzgó -esa es la que ejecuta la pena-, formada por tres magistrados. Todo lo demás, en mi opinión, estaba mal hecho y así lo dije en mi voto particular, pero desde luego no le negué la competencia a la Sala de lo Penal, que la tiene atribuida por ley y por ley de indulto, para verificar la legalidad de la medida de gracia. En todo caso, lo que ocurrió fue que la sala se atribuyó una competencia que no tenía y vacía de contenido el derecho de gracia ejercitado.He de decir también que en un primer momento manifesté -de ahí puede venir que alguien haya comentado que por mi ideología soy contrario a postulados constitucionales- que como a todos los juristas, y más los juristas que ejercemos jurisdicción, el indulto no nos gusta. El indulto es una medida que deja sin efecto una resolución justa que ha sido dictada con arreglo a derecho, pero constitucionalmente está prevista, reconocida y regulada y por tanto, me guste o no me guste, no puedo anteponer a mis criterios lo que la norma y sobre todo la norma suprema me dice. Esa manifestación la hice en el momento de la deliberación en que formulé mi voto particular proclamando, desde luego, la competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para examinar la legalidad de la medida. Sí señalé que había dos momentos en esta medida de gracia. Uno, el examen de legalidad de la medida y el alcance de la misma, y otro el de su ejecución, que era el problema competencial que se suscitaba y esa segunda parte correspondía al Consejo General del Poder Judicial. Es decir, del indultado, si no hay vulneración flagrante de la medida de gracia adoptada por el Ejecutivo y firmada por el jefe del Estado, la Sala no puede más que acusar recibo y cúmplase, pero resulta que aquí vivimos en un régimen democrático en el que existe un órgano de gobierno de los jueces y ese es el que administrativa y orgánicamente tiene que verificar la posibilidad de ejecución de la medida y, ante la decisión de ese órgano, el justiciable afectado por la misma podrá reclamar en la vía correspondiente que es la contencioso- administrativa. De manera que el asunto tenía una cierta complejidad pero en mi opinión debía resolverse, como así fue. Creo que mi voto, aunque tuvo un carácter de contenido, voto contenido en el sentido de no explayar todo lo que para mí significaba y hoy le estoy diciendo a ustedes, es el que propicia de alguna manera la solución del conflicto de competencia. Obviamente, esto no es bien visto por mucha gente que entiende que el juez Gómez de Liaño es un prevaricador, que está condenado como tal, pero al que se le ha aplicado una medida de gracia constitucionalmente prevista. Por tanto, entiendo justificado ese criterio en ese momento y, desde luego, rechazo la imputación que se me hace de que niego la competencia de la sala. La sala es perfectamente competente.

Por último, en cuanto al entendimiento del consenso, en el momento en que yo hacía manifestaciones respecto de la preocupación o alarma que me producían determinadas corrientes que operaban en el seno de la magistratura, el consenso constitucional bien entendido no genera ningún otro problema más que resolver el que existe entre posiciones ideológicas enfrentadas en un momento pero un consenso mal entendido podía dar lugar a antinomias constitucionales o a preceptos que podían ser interpretados de muy diversas maneras. Esa es la llamada de atención que yo hago, pero no cuestiono en absoluto el consenso como fórmula que solventó los problemas de una transición dificilísima y del paso de un régimen dictatorial a un régimen democrático. De manera que me remitiría literalmente al contenido del opúsculo al que me he referido antes para que se pudieran entender mis palabras. Entendía o me alarmaba que un consenso mal entendido propiciara el empleo de instrumentaciones judiciales que pudieran tener hasta invasiones normativas. Ese principio que yo sostengo a ultranza del juez sometido al imperio de la ley y sujeción estricta a la ley me parecía que en algunos momentos, discutiéndose o planteándose en la Constitución en uno de sus preceptos la justicia como valor y en otra la justicia como instrumento, podía generar problemas de instrumentación de la justicia en beneficio de posiciones ideológicas que en mi opinión no deben empañar ni impregnar en absoluto la labor judicial. Creo que contesto así definitiva y un poco largamente -y perdonen por la extensión- a todas las cuestiones que me ha planteado.

En cuanto a las preguntas que me ha planteado el representante del Partido Popular, él dice que mi propia experiencia en la jurisdicción laboral me lleva a conocer los temas de la igualdad. Este es un principio a mantener en el ámbito de las resoluciones judiciales y que no suscita ya tampoco el problema que antes suscitaba la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional, porque se ha entendido el principio de igualdad como es en su raíz casuística, no en una generalización abstracta que impediría el ejercer justicia.Las situaciones son distintas y, cuando hay una reclamación por principio de igualdad en el cual por el mismo hecho la pena no resulta la misma, las salas motivan perfectamente y justifican cuál es la razón de por qué circunstancia personal, reincidencia o cualquier otra o agravación de la pena por razón de las circunstancias del hecho, se impone una pena más grave. De manera que con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional perfectamente consolidada en este punto está agotado el tema y, desde luego, el principio de igualdad consolidado, proclamado e instaurado de manera definitiva tanto en la jurisprudencia del Constitucional como en la de los tribunales ordinarios, donde escasamente ya se plantean cuestiones del principio de igualdad o de vulneración de dicho principio. Quiero poner de relieve que no nos ha costado nada a ninguno de los magistrados que formamos parte del Tribunal Supremo asumir los principios de la doctrina jurisprudencial que emana del Tribunal Constitucional, que están perfectamente asumidos porque es el máximo intérprete de la Constitución. Lo que ha generado algún conflicto es la ejecutividad de las resoluciones finales que se dictan como consecuencia de la anulación de esa sentencia. Pero a ello ya me he referido cuando he dicho que es un problema normativo que a lo mejor exige una rectificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o la determinación o alcance de la competencia que tiene el Tribunal Supremo.
Nada más, señora presidenta.

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