El magistrado de Marbella suspendido compró una casa a una inmobiliaria del 'caso Malaya'

El hallazgo de una escritura de una vivienda del juez de Marbella Francisco Javier de Urquía en los archivos de Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la trama de corrupción en dicho municipio, es uno de los indicios que le han supuesto su suspensión cautelar y su investigación penal y disciplinaria. En el registro inmobiliario, Urquía aparece como dueño de una sola vivienda: la compró en abril de 2006 a la inmobiliaria Azalea Beach, cuyo dueño fue detenido meses después en la Operación Malaya por regalarle una casa y blanquearle las comisiones al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz.

El 29 de marzo de 2006 estalla en forma de detenciones la Operación Malaya contra la corrupción marbellí. La operación llevaba gestándose en la sombra mediante investigaciones y escuchas desde noviembre de 2005. En noviembre de 2006, es detenido en la tercera fase el empresario José Miguel Villaroya Villar, dueño de Azalea Beach.

El juez Miguel Ángel Torres, instructor de la operación, le acusaba de haber vendido a Julián Muñoz una vivienda de la promoción de Azalea Beach, conocida como La Pepina, sin que el ex regidor le abonara un solo euro. Favor con favor se paga. Era el propio Muñoz quien le había dado la licencia de obras para dicha promoción y para otras entre 1997 y 1999. Villaroya vendió también a la ex esposa de Muñoz, Mayte Zaldívar, las acciones de su firma Senior Servicios Generales Madrid, que era propietaria de un piso, dos garajes y un trastero en la zona de Ricardo Soriano en Marbella.

Con esa operación, Muñoz se hacía hecho dueño de unas propiedades inmobiliarias valoradas en 132.000 euros por la compra de unas acciones que le habían costado apenas 3.000 euros.

A cambio, el Ayuntamiento marbellí, durante el mandato de Muñoz le encargó las obras del Mercado Divina Pastora, contrato que estuvo plagado de irregularidades denunciadas por el Tribunal de Cuentas.

Por otro lado, el Ayuntamiento le adjudicó un contrato para la tasación de los bienes de titularidad municipal, a pesar de que la sociedad beneficiaria, Value, carecía de personal especializado para ello. No obstante, cobró 1,6 millones de euros por una tasación que nunca realizó. Igualmente, dicha sociedad fue utilizada para desviar dinero público a una sociedad fantasma, Fincas y Contabilidad, mediante falsas subcontrataciones. Por esta vía hizo desaparecer 1,1 millones de euros en favor de dicha entidad, controlada por personas afines a Juan Antonio Roca, el ex hombre fuerte del urbanismo marbellí y presunto cerebro de la trama de corrupción municipal.

Pocos meses antes de la detención de Villaroya, el 7 de abril de 2006, se registró la venta de una vivienda de 173 metros construidos y un terreno de 94 metros cuadrados en Azalea Beach Tercera Fase al juez Francisco Javier de Urquía Peña. Ni el dueño de la inmobiliaria vendedora, ni el comprador, titular del juzgado de instrucción número dos de Marbella, sabían que su operación acabaría puesta bajo la lupa de la sospecha de otro juez, Miguel Ángel Torres.

Favores judiciales

La compra de esta casa no sería un elemento baladí en el abanico de actuaciones de Urquía que le valdrían una investigación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Poder Judicial. Una de las sospechas que han dado pie a tal investigación es la presunta recepción de sobornos por parte de De Urquía a cambio de favores -léase prevaricación- en favor de Roca. Entre otros actos del juez, se investiga su decisión de suspender un programa de una televisión local que pretendía desvelar las corruptelas de Roca en vísperas de la Operación Malaya.

Las sospechas de las connivencias inmobiliarias del juez con el presunto cerebro de la corrupción marbellí se acrecentaron tras descubrirse una escritura de una vivienda en una de las dependencias clandestinas de Roca y detectarse que en sus conversaciones con sus secuaces se invocaba el nombre del titular del juzgado número dos de Marbella.

La investigación patrimonial a que se verá sujeto con seguridad De Urquía en el transcurso de la instrucción penal de su causa por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía intentará despejar si es compatible su sueldo con el valor de su patrimonio personal. Por lo pronto, el registro de la propiedad brinda a fecha de hoy noticia de una sola inversión inmobiliaria del juez. Por lo demás, notable para sus ingresos oficiales, según juristas consultados y conocedores de sus ingresos oficiales.

Con su sueldo de 3.500 euros netos mensuales, De Urquía se embarcó en abril de 2006 en la compra de una vivienda que tiene un precio de subasta de 612.000 euros. Cada una de las 360 mensualidades de la hipoteca que suscribió tendría un coste de unos 1.700 euros.www.elpais.es 09.07.07

El Tribunal Superior andaluz mantiene imputado al juez suspendido por prevaricación y cohecho

El juez de Marbella Francisco Javier de Urquía, suspendido de funciones por el Consejo General del Poder Judicial esta semana, declaró ayer como imputado por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación en el caso Malaya ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El instructor, Miguel Pasquau, no tomó ninguna medida cautelar contra De Urquía, pero resolvió mantener ambas acusaciones. El juez imputado declaró durante dos horas y media. Luego se limitó a afirmar que se siente "muy tranquilo" pese a los graves cargos que pesan en su contra.

El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, suspendido tras conocerse la causa penal abierta a la que se enfrenta, evitó hacer declaraciones a su salida del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, al mediodía de ayer. De Urquía alegó que las actuaciones han sido declaradas secretas. La Fiscalía no solicitó ninguna medida cautelar contra el magistrado, por lo que su situación procesal no cambió tras su comparecencia.

De Urquía acudió al alto tribunal andaluz con el gesto muy serio, pero aparentemente tranquilo. Su abogado, Antonio González Cuéllar, conocido ex vocal del Consejo General del Poder Judicial y ex fiscal, subrayó que la sala no había adoptado ninguna medida contra su cliente: "El juez no ha puesto ninguna medida cautelar. Estamos muy tranquilos".

La investigación continúa

La toma de declaración al magistrado De Urquía la presidió el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal Miguel Pasquau, instructor en esta causa, acompañado por el fiscal jefe del TSJA, Jesús María García Calderón, el abogado González Cuéllar y una secretaria judicial. El edificio del alto tribunal andaluz abrió sus puertas ayer sólo para acoger la esperada declaración del magistrado imputado. A las puertas del edificio, junto a los cuerpos de seguridad, aguardaron la comparecencia una decena de periodistas

La investigación alrededor del juez continuará los próximos días para delimitar su difusa relación con el presunto cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí, Juan Antonio Roca, y no se descarta que De Urquía pueda volver a declarar en los próximos días si lo estima procedente el juez instructor, según confirmaron ayer fuentes del TSJA.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado jueves por unanimidad la suspensión cautelar del magistrado como titular del juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, al estar involucrado en el caso Malaya y conocerse su doble imputación en la causa penal abierta por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho.

El juez Miguel Ángel Torres, que instruye el caso Malaya e investiga los tentáculos de la red de corrupción instalada en el Ayuntamiento de Marbella, fue quien destapó la supuesta conducta irregular de su compañero de destino, el juez De Urquía.

Entre las conclusiones que ahora se espera determine el juez instructor Pasquau, está averiguar dónde terminaba la labor como juez de Francisco Javier de Urquía y dónde empezaba su presunta labor ilegal de ocasional asesor legal de Roca a cambio de sobornos.

La relación con Roca

La sospecha judicial también debe dilucidar el alcance de la aparición de una escritura de compra de una vivienda propiedad del juez De Urquía, encontrada en uno de los registros realizados en las distintas dependencias y oficinas clandestinas de Roca. Además, en las escuchas policiales de la trama de corrupción municipal, el nombre del juez aparecía invocado en varias ocasiones.

De Urquía prestó presuntamente ocasionales labores de asesoramiento a miembros de la trama de corrupción municipal marbellí, aunque no están directamente relacionadas con el sumario abierto por el juez Miguel Ángel Torres contra dicha red.

El juez suspendido ha instruido numerosas causas por delitos contra la ordenación del territorio en las que estaban imputados ex alcaldes y ex concejales de la anterior corporación municipal de Marbella.

Pero el protagonismo no le llegó a De Urquía hasta esta pasada primavera, cuando llevó el caso Hidalgo, la tercera causa en relevancia de las instruidas en los juzgados marbellíes tras el caso Malaya y Ballena Blanca, y que investiga el presunto blanqueo de capitales en torno al despacho de abogados Cruz-Conde, procedimiento en el que hay 24 imputados, entre notarios, abogados y supuestos clientes de dicho bufete www.elpais.es 09.07.07

LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA CORRUPTA DE MARBELLA DESTAPA LA IMPLICACIÓN DE UN JUEZ

Corrupción en los juzgados de Marbella que más han combatido la corrupción en los últimos años. El juez Francisco Javier de Urquía, titular del Juzgado número dos de la localidad malagueña, ha sido suspendido de funciones por el Consejo General del Poder Judicial como consecuencia de la causa penal abierta contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho.

El juez De Urquía ha tenido, según la investigación abierta sobre su trabajo, una difusa y extraña relación profesional con el presunto cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí, Juan Antonio Roca.

El juez Miguel Ángel Torres, que ha investigado la corrupción masiva en el Ayuntamiento de Marbella y desarticulado la trama existente de concejales y empresarios corruptos, ha destapado la supuesta conducta irregular de su compañero de juzgado, el juez De Urquía.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tendrá que determinar dónde terminaba la labor como juez de Francisco Javier de Urquía y dónde empezaba su presunta labor ilegal de ocasional asesor legal de Roca a cambio de sobornos.

La noticia sorprendió ayer al juez en la sala de vistas, donde tenía que dirigir una veintena de juicios de faltas, muchos de los cuales debieron suspenderse. Alrededor de las 12.30, De Urquía abandonaba la sede judicial por la puerta principal en mangas de camisa y sin corbata, y con el gesto muy serio pero aparentemente tranquilo. Detrás de él, una decena de funcionarios judiciales salieron del edificio para despedirle.

Francisco Javier de Urquía, en conversación telefónica posterior, aseguró estar "bien" y "tranquilo", pero declinó hacer declaraciones sobre su caso amparándose en el secreto que se ha decretado sobre la causa. "Declararé en los órganos en los que me tenga que defender", afirmó el juez suspendido, que ingresó en la carrera judicial en 1999.La sospecha judicial sobre la conducta del juez se cimenta en diversos aspectos:

- Escritura en manos de Roca. En uno de los registros realizados sobre las distintas dependencias y oficinas clandestinas de Juan Antonio Roca se localizó una escritura de compra de una vivienda propiedad del juez De Urquía. Este hilo permitió establecer a posteriori una conexión con imputados en esta trama de corrupción. A esto se uniría que en las escuchas policiales de la trama de Roca, el nombre del juez aparecía invocado en varias ocasiones. Todo empezó a cuadrar en torno a la identidad de un personaje que inicialmente era un misterio para los investigadores. Presuntamente, según las fuentes consultadas, este juez prestó ocasionales labores de asesoramiento a miembros de dicha trama de corrupción municipal que encabezaba Roca, si bien no directamente relacionadas con el sumario abierto por el juez Miguel Ángel Torres contra dicha red. La investigación sostiene que el juez cobró sus asesoramientos en forma de cohecho, según el informe elevado por Torres. Se da por hecho que se le realizará una exhaustiva inspección patrimonial para cotejar ingresos y gastos con el fin de evidenciar flujos o bienes que pudieran proceder de pagos ilegales.

Dos meses antes de que estallara la Operación Malaya contra la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, aunque ya estaba en marcha y había toda suerte de escuchas policiales en pleno funcionamiento por orden del juez Torres, De Urquía sugirió a una acusación particular que en lugar de diseminar tanta denuncia contra Roca, que presentase una sola, pero en su propio juzgado, y pudiese darle base para atacar desde su despacho a fondo la corrupción del jefe del urbanismo marbellí.

Por entonces, Roca ya era consciente de la investigación judicial/policial a que lo estaba sometiendo Torres. De Urquía, para justificar su pretensión, lo plasmó así ante dicha acusación particular: "Como no sabemos por dónde va a salir la Fiscalía Anticorrupción porque son contrarios a una causa general, tu denuncia serviría como soporte legal para abrir una investigación contra Roca, María Castañón y Raquel Escobar [asesoras de Roca] y así nos follamos para siempre a este Ayuntamiento con base en la declaración que ha hecho Jorge González", según el testimonio de la persona a la que le planteó esta oferta. De hacer cuajado la pretensión de Urquía, ambas investigaciones sobre Roca habrían chocado entre sí y tendría que haberse dirimido quién era el competente. Torres podría haber perdido la batalla. Y Roca podría haber visto neutralizado al único juez marbellí que ha sabido pararle los pies.

Paralelamente, mientras De Urquía se jactaba en privado de que quería dar con los huesos de Roca en prisión, ordenó la paralización de un programa de una televisión local marbellí a resultas de una denuncia del todopoderoso asesor municipal, que entendía que el programa atentaba contra su honor y su imagen. El juez le dio la razón legal a Roca y prohibió la emisión del programa sobre la corrupción marbellí.

Con el informe favorable del fiscal del Supremo Juan José Martín Casallo, se convocó de forma extraordinaria la comisión permanente que decidió por unanimidad separarlo del juzgado, El portavoz del Poder Judicial, Enrique López, señaló: "Lo que sí puedo anunciar es que los hechos están relacionados con la investigación de lo que se denomina Operación Malaya". Fuentes judiciales aseguraron que el instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, se encontró por casualidad con el nombre del juez en los informes de la instrucción de ese caso y que, al ser su compañero aforado, puso los hechos en conocimiento del TSJA, que decidió abrir la investigación. Esas mismas fuentes aseguran que los indicios de criminalidad imputados al juez son lo suficientemente consistentes como para justificar la suspensión que ayer se acordó.

La suspensión no llevará aparejada, por el momento, la apertura de un expediente disciplinario, según fuentes del CGPJ, ya que las diligencias han sido declaradas secretas. Francisco Javier de Urquía declarará en los próximos días ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA en una comparecencia que podría celebrase hoy mismo. El Consejo decidirá en los próximos días el envío de una visita del servicio de Inspección al Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella para recabar más información sobre su titular.

EL HIJO DE UN PRESIDENTE DE AUDIENCIA CON REPUTACIÓN DE NOCTÁMBULOEL HIJO DE UN PRESIDENTE DE AUDIENCIA CON REPUTACIÓN DE NOCTÁMBULO

Francisco de Urquía, de 38 años, ha llevado siempre su papel de juez con normalidad. Hijo de un reconocido magistrado de Alicante, ya jubilado, se habituó a diligencias, fiscales y abogados desde muy pequeño. Su padre, Faustino de Urquía, fue presidente de la Audiencia Provincial de Alicante y es profesor de Derecho Penal. "Es su referente, ha cogido las formas de su padre", comentaba sobre él un abogado antes de conocerse su implicación en el caso Malaya. Sus compañeros de trabajo mantienen que De Urquía es un magistrado "abiertamente progresista" y destacan que tiene "un trato muy humano con los justiciables".

De Urquía está casado y tiene una niña de pocos meses. Sus amistades destacan su sencillez y accesibilidad. "No se lo tiene nada creído, puedes hablar con él con total normalidad", mantiene una amiga que además destaca su gran formación y cultura. Es un ávido lector y cinéfilo.

Comenzó en la carrera judicial en el año 1999. Su primer destino fue Vélez-Málaga, donde en 2001 compartió piso con el juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, que hacía prácticas en los juzgados de esa ciudad. Cuando ascendió a magistrado le destinaron a Talavera de la Reina (Toledo). En los tres años que lleva como titular del juzgado número 2 de Marbella se ha hecho popular. Suele asistir a fiestas y es habitual de algunos bares. En ocasiones se le ha visto tomando una copa con el juez Torres, el mismo que ha acabado por denunciarle.

Su bautismo mediático llegó con el caso Hidalgo, la última gran trama de blanqueo de capitales descubierta en la Costa del Sol. Le tocó la instrucción de este complicado caso, que ya suma 23 detenidos, y aguantó los flashes y las preguntas de los periodistas con profesionalidad, pero sin comentarios. Se le vio en los registros y en los descansos de las maratonianas declaraciones fumando o hablando por el móvil. Sin embargo, no era habitual que estuviera en los juzgados hasta tarde, al contrario que el juez Torres: "A este juez no se le caen los juzgados encima, cuando llega la hora, cierra y hasta mañana".

Por el caso Hidalgo, recibió varias llamadas amenazantes, sobre las que un fiscal ha abierto diligencias. La fama de noctámbulo de Urquía creó resquemor entre los investigadores. En uno de los seguimientos, los policías se sorprendieron al ver cómo uno de los sospechosos -finalmente detenido- le abordaba en un restaurante para saludarle con grandes abrazos. www.elpais.es 06/07/2007

UNA LETRADA RELATA AL TRIBUNAL LAS INJERENCIAS DEL JUEZ SUSPENDIDO EN EL 'CASO MARBELLA'

La abogada Inmaculada Galván informó ayer al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de las maniobras del juez de Marbella Francisco de Urquía un mes antes de que estallara la Operación Malaya, que dirigía su colega Miguel Ángel Torres. De Urquía pidió a la letrada que retirara la imputación que había solicitado a Torres contra Juan Antonio Roca, cerebro de la trama corrupta marbellí, y se la trasladará a él. El juez aseguró a la letrada que la Fiscalía Anticorrupción no había abierto diligencias -falso- y que se lo denunciara a él con entrega de copia de un testimonio clave.

Francisco de Urquía, suspendido por el Consejo General del Poder Judicial como titular del Juzgado número 2 de Marbella tras abrirse una causa penal contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) bajo sospecha de cohecho y prevaricación, llevaba años en el puesto cuando, a un mes de que empezaran las detenciones de la Operación Malaya contra la corrupción local, decidió que era su momento para investigar a fondo al presunto responsable de la trama, Juan Antonio Roca. Y eso, a pesar de saber que otro juez, Miguel Ángel Torres, ya estaba encima del cerebro de la corrupción marbellí. Torres, titular del Juzgado número 5 de Marbella, investigó a la trama y halló por casualidad las presuntas irregularidades de Urquía, que elevó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Según el escrito presentado por Galván, habitual denunciante de las irregularidades urbanísticas marbellíes, a fines de febrero o principios de marzo de 2006 le llamó a su teléfono móvil el juez De Urquía invitándola a su despacho. Sólo faltaba un mes para el estallido de la Operación Malaya. En el juzgado, De Urquía le hizo el siguiente planteamiento, según su informe:

-Que tenía conocimiento de que desde mi despacho se había solicitado en algunas diligencias penales la ampliación de la imputación a Juan Antonio Roca, María Castañón, y Raquel Escobar con base a la declaración que como testigo había prestado Jorge González en las diligencias 3021/2003 seguidas en el Juzgado número 5 de Marbella [el del juez Torres] el 13 de octubre de 2005 en el caso conocido como hotel Guadalpín.

-Que la imputación en cada una de las diligencias penales supondrían un retraso en aquéllas por estar la instrucción casi terminada e impedirían abrir una causa con base a dicha declaración en la que se investigara realmente la intervención de dichas personas en las irregularidades del Ayuntamiento de Marbella.

Si ya era llamativo que Urquía se interesase un año después por la declaración de un testigo de un sumario de un colega y vaticinara su inutilidad, más extraño resultó su oferta de quedarse, en pro de una mayor eficacia, con la investigación de su denuncia presentada ante el juez Torres. Urquía lo argumentó así, según la letrada:

-Que la mejor forma de de proceder era retirar la solicitud de imputación que se había solicitado en otras diligencias penales y formular una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 2 [el suyo] con copia de la declaración de Jorge González para realizar una investigación a fondo de la intervención de dichas personas.

La abogada, que creía en la buena voluntad de De Urquía, le puso una traba lógica:

-En el transcurso de esa conversación se le expuso al juez Urquía que quizás Torres podría haber incoado diligencias mediante testimonio o la fiscalía iniciado diligencias informativas, dado que durante la declaración del testigo, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 había llamado para que acudiera Juan Carlos López Caballero [fiscal anticorrupción] ante la gravedad de los hechos relatados por el jefe de los servicios jurídicos administrativos del Ayuntamiento de Marbella.

-A ese comentario contestó que no creía que la fiscalía hubiera iniciado ninguna diligencia por la trayectoria que venía planteando en este asunto, sobre todo en los delitos urbanísticos, y que mi denuncia podría servir como soporte legal ante la negativa de la fiscalía a investigar de forma general la actuación presuntamente delictiva de los responsables municipales.

Para acabar de convencer a la abogada de dicha pasividad en el sumario que instruía Torres, De Urquía hizo el siguiente movimiento:

-Realizó una llamada en ese momento a algún responsable de la policía judicial para comprobar si había en marcha alguna investigación.

No consta el resultado de tal llamada. Pero lo cierto es que desde un año antes, tras la declaración del citado funcionario, el juez Torres junto con el fiscal anticorrupción y un grupo selecto de policías venía investigando justo aquello que De Urquía aseguraba que estaba embarrancado en el juzgado vecino.

Galván consideró "extraño" el proceder del juez, pero, por si acaso, le presentó denuncia y solicitó la retirada de la imputación de Roca en algunas causas. Cuando comentó su iniciativa a Torres, este juez "se extrañó de lo que le estaba relatando". Urquía, tras estallar la Operación Malaya, le dijo a Galván que no sabía si archivar su denuncia o derivarla a Torres, que "había tenido muchos cojones de hacerlo solo". Galván nunca tuvo rastro del movimiento de la denuncia que le requirió Urquía. www.elpais.es 07/07/2007

LOS IMPUTADOS DEL 'CASO HIDALGO' NO UTILIZARÁN PARA SU DEFENSA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL INSTRUCTOR

La investigación que pesa sobre el magistrado Francisco de Urquía por presuntos delitos de prevaricación y cohecho en el marco del caso Malaya ha arrojado una sombra de interrogantes sobre la instrucción del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales en la Costa del Sol, que dirigía el juez ahora suspendido.

Las defensas de los principales implicados en esta causa aseguraron ayer que no se plantean utilizar la imputación del juez instructor para recurrir o solicitar la nulidad de la investigación por la que el pasado abril fueron detenidas 24 personas vinculadas al despacho de abogados marbellí Cruz-Conde. "No vamos a utilizar la imputación del magistrado para la defensa de nuestros clientes, porque el señor de Urquía está siendo investigado en una causa distinta del caso Hidalgo. Además, desconocemos el fondo de la cuestión y creemos en la presunción de inocencia del magistrado", aseguró ayer un letrado.

Uno de los imputados en esta causa, en la que la policía ha intervenido 92 millones de euros, 553 inmuebles en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol y 60 automóviles de lujo, aseguraba ayer no estar sorprendido por la imputación de Urquía, aunque reconoció que el trato que le dio el magistrado suspendido en su interrogatorio fue "muy correcto".

El que hasta el pasado jueves fue titular del juzgado de instrucción número 2 de Marbella será sustituido provisionalmente por uno de sus compañeros de juzgado, como es habitual cuando un magistrado es suspendido de sus funciones.

Está previsto que el juez comparezca mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que será el que se encargue de su caso, al estar aforado por su condición de magistrado. www.elpais.es 07/07/2007

El juez Francisco Javier de Urquía, suspendido cautelarmente de sus funciones al ser investigado en el 'caso Malaya' por supuestos delitos de prevaricación y cohecho, ha declarado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el procedimiento penal abierto. Francisco Javier de Urquía tiene abierto un procedimiento penal al juez por los delitos de cohecho y prevaricación.

A su llegada a la sede del TSJA en Granada, acompañado de su abogado, Francisco Javier de Urquía únicamente ha dicho a los periodistas que no podía hacer declaraciones "porque las actuaciones están declaradas secretas".

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado jueves por unanimidad la suspensión cautelar de Francisco Javier de Urquía como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella al ser investigado en el 'caso Malaya' por supuestos delitos de prevaricación y cohecho.

El juez suspendido ha instruido numerosas causas, entre ellas el "caso Hidalgo", que investiga el presunto blanqueo de capitales en torno al despacho de abogados marbellí Cruz-Conde, procedimiento en el que hay 24 imputados, entre notarios, abogados y supuestos clientes de dicho bufete.

La abogada Inmaculada Galván informó ayer al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de las maniobras de Francisco de Urquía un mes antes de que estallara la Operación Malaya, que dirigía su colega Miguel Ángel Torres. De Urquía pidió a la letrada que retirara la imputación que había solicitado a Torres contra Juan Antonio Roca, cerebro de la trama corrupta marbellí, y se la trasladará a él. El juez aseguró a la letrada que la Fiscalía Anticorrupción no había abierto diligencias -falso- y que se lo denunciara a él con entrega de copia de un testimonio clave.