La batalla política sacude el Constitucional
"Nos vemos en el Constitucional"
La imposición del PP para que Hernando y López entren en el alto tribunal ha envenenado una renovación en teoría pactada
Por primera vez desde 2001, el pasado lunes se presentaba un Consejo General del Poder Judicial que no estaba presidido por Francisco José Hernando. A pesar de las críticas, el ambiente en la apertura del año judicial era de alivio, después de dos años de bloqueo en la renovación (tenía que haber cesado en 2006). Hernando, que desde su cargo ha hostigado al Gobierno socialista en sus principales iniciativas, asistió a la ceremonia. Al finalizar ésta, se acercó a Encarnación Roca, magistrada del Tribunal Supremo. Un alto cargo de la Justicia asegura que Hernando le dijo a la magistrada, en tono de complicidad: "Nos vemos en el Tribunal Constitucional". La mera posibilidad de que eso suceda bloquea ahora la renovación del Constitucional.
Roca ha sido propuesta por el Parlamento de Cataluña, a instancias del PSC, para ser magistrada del Tribunal Constitucional. Los corrillos parlamentarios le dan muchas papeletas. Hernando es uno de los dos únicos nombres que el PP ha propuesto en los parlamentos autónomos. En total hay 23 candidatos, y el Senado debe elegir sólo a cuatro. La candidatura de Hernando y la del ex portavoz del Consejo, Enrique López, provocan un rechazo sin paliativos en el PSOE.
Para que sean elegidos los cuatro nuevos magistrados, hacen falta los votos de PP y PSOE en el Senado. El PSOE asegura con la boca pequeña que no votará a estos dos nombres, y el PP no votaría a nadie si ellos no están. Aunque el PSOE aún no ha confirmado públicamente que los vetará en el Senado, fuentes del Gobierno aseguran que, salvo cambio de última hora, ésa es su posición. Afirman que la decisión de que ningún miembro del último Consejo del Poder Judicial fuera al Constitucional salió de una reunión del pasado mes de julio, de las llamadas de maitines, que se celebran los lunes por la mañana en La Moncloa.
El problema es que el PSOE pactó con el PP que no hubiera vetos a los nombres propuestos por ambos. Ese pacto se respetó escrupulosamente en la renovación del Consejo.
La revelación de que el nombramiento de Carlos Dívar como presidente del Consejo la pactaron Zapatero y Rajoy en secreto, y se ocultó incluso a sus negociadores, hace que los socialistas ya no se fíen del alcance del pacto por la justicia. Cada vez que, en privado, rechazan categóricamente a López y Hernando, añaden la coletilla de "a no ser que haya un pacto por las alturas".
Pero fuentes del Gobierno aseguran que, además de la trayectoria de estos dos jueces en los últimos seis años y de la ausencia de idoneidad, una de las causas sobrevenidas para argumentar ese rechazo es la participación de ambos magistrados en la leve sanción al juez Tirado por el llamado caso Mari Luz. Hernando y López encabezaron la mayoría del Consejo que sancionó con sólo 1.500 euros a Tirado, decisión que ha provocado alarma social. Si el caso, por recursos del juez, llegara al Constitucional, Hernando y López tendrían que ver dentro de unos años el recurso a su propia decisión.
Pero, además, ambos estarían atados para intervenir en multitud de casos sobre los que han fijado posición en el Consejo, con informes o con declaraciones públicas. En el último pleno del anterior Consejo, participaron activamente para anular la multa de 305 euros que la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces impuso el año pasado a la magistrada de Dénia Laura Alabau por criticar al Gobierno y a la Fiscalía de Alicante al sentirse "perseguida" tras negarse a celebrar bodas entre homosexuales.
El PSOE considera que en esa trayectoria de Hernando que le alejaría del Constitucional debe destacarse sus tres negativas a comparecer en el Congreso cuando fue requerido por la mayoría de la Cámara. Su imparcialidad quedaría afectada por sus decisiones contra el Gobierno de Zapatero que, en el caso de López, han tenido continuidad en artículos de prensa sobre cualquier asunto de actualidad. No se han privado de opinar sobre ningún tema polémico. Por ejemplo, López criticó abiertamente la actuación del Gobierno en el llamado proceso de paz. "No cabe duda de que la decisión de llevar la negociación con ETA al Parlamento Europeo no fue una de las mejores medidas", dijo en diciembre de 2007.
Los dos, que aspiran ahora a ser los máximos intérpretes de la Constitución, se han pronunciado abiertamente a favor de la cadena perpetua.
Siete años de polémicas
Como presidente del Consejo, Hernando se ha significado en decenas de temas:
- Abril 2002. Hernando encarga un informe que concluye que el juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación, puede reingresar en la carrera.
- Abril 2003. Promueve expedientar a Garzón por criticar la guerra de Irak.
- Junio 2004. El Consejo rechaza la Ley contra la Violencia de Género.
- Octubre de 2004. Hernando, en contra de que se despenalice convocar consultas como la de Ibarretxe.
- Enero de 2005. El Consejo compara las relaciones homosexuales con "la unión entre hombre y animal".
- Julio de 2005. Hernando justifica la orden de la policía británica de "tirar a matar", cuando un inocente es tiroteado en Londres.
- Octubre de 2005. Sin ser requerido para ello, el Consejo emite un informe en el que ve inconstitucional el Estatuto catalán.
- Diciembre de 2005. Hernando se enfrenta en el Congreso a todos los grupos menos el PP y se niega a comparecer.
- Enero de 2006. Hernando compara aprender catalán con bailar sevillanas.
- Marzo de 2008. El Consejo pone una multa de 1.500 euros al juez Tirado.
www.elpais.es 05.10.08
EL NOMBRAMIENTO DEL ULTRACONSERVADOR ENRIQUE LÓPEZ EN EL CONSTITUCIONAL PODRÍA INCUMPLIR LA LEY
El nombramiento de Enrique López como Magistrado del Tribunal Constitucional (TC) podría ser impugnable debido a que, según establece el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC): “los miembros del TC deberán ser nombrados entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función”. El pasado 24 de septiembre, fecha en la que el nuevo Consejo se constituyó, el tiempo de ejercicio profesional acumulado por Enrique López era de 12 años, 4 meses y 17 días. Es decir, inferior a los 15 años que tanto la Constitución Española (artículo 159.2), como el artículo 18 de la LOTC, exigen con meridiana claridad para ser miembro de dicho órgano judicial.
Enrique López suma de antigüedad en la carrera judicial (a fecha del 24 de septiembre de 2008) 19 años, 3 meses y cuatro días de ejercicio. Sin embargo, los 6 años, 10 meses y 17 días en los que López fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no computan para el período de 15 años de ejercicio efectivo de la función de juez que la ley exige para ser Magistrado del Tribunal Constitucional.
En servicios especiales
Así, los cerca de siete años que Enrique López ha estado de Vocal en el CGPJ son computables como servicios especiales, pero no como ejercicio efectivo de la función judicial. Enrique López pasó a la situación de servicios especiales el 7 de noviembre de 2001, por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial el 13 de noviembre de ese mismo año, (BOE 16-11-2001, página 41973).
ConfirmaciónLa Sentencia del Tribunal Supremo del 28 de junio de 1994 (RJ-1994/5050), deja claro que a aquellos juristas que se hallen en situación de servicios especiales, se les computará el tiempo que han permanecido en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos, pero no a determinados efectos propios de servicio activo como el que nos ocupa.
Impugnación de Hernández
Esta sentencia, que recalca que estar en servicios especiales es una situación administrativa diferente al ejercicio efectivo de la profesión de juez, resolvió la impugnación del nombramiento como Fiscal General del Estado de Eligio Hernández. Como curiosidad, cabe resaltar que el recurso contra Hernández fue interpuesto, entre otras, por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), colectivo al que pertenece Enrique López.
Candidato del PP
Pese a que Enrique López no ha ejercido durante más de 15 años la carrera judicial, todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular decidieron presentarle como uno de sus candidatos para renovar el Tribunal Constitucional. Fuentes judiciales han asegurado a El Plural que de producirse, dicho nombramiento podría ser impugnado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Estatut, matrimonio y Mari Luz
En los últimos años, López declaró abiertamente su oposición al Estatut catalán y al matrimonio homosexual, que llegó a comparar con la zoofilia o los tríos sexuales. Especialmente polémicas también fueron sus declaraciones sobre la sanción al juez Rafael Tirado, culpable de que el presunto asesino de Mari Luz Cortés siguiera libre a pesar de existir una sentencia que dictaminaba lo contrario. López quitó hierro al asunto indicando que se estaba cometiendo “el error” de pedir al “juez que pague por todo este problema”.
(www.elplural.com, 03/10/08)
LÓPEZ METE EN SU CURRÍCULO UN ACTO DE CAMPAÑA DEL PP
Si los portavoces del Senado eligen a los nuevos magistrados del Constitucional por el peso del currículo, van a tener difícil rechazar a Enrique López. Con 45 años, su currículo ocupa 20 folios, el doble que el del presidente del Tribunal Supremo. Es uno de los más voluminosos enviados al Senado por los parlamentos autónomos, acompañando a sus candidatos para formar parte del Tribunal Constitucional.
López era juez de instrucción en León hasta que entró en el Consejo del Poder Judicial. En 2005 fue nombrado magistrado de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque nunca ha ejercido. Su formación y experiencia ocupan dos folios, mientras que todos los demás son cursos, charlas, mesas redondas. La mayoría, curiosamente, a partir de su entrada en el Consejo en 2001.
Bajo el título "experiencia docente no universitaria", López incluye todos los cursos de seis horas, de 12 horas y seminarios de un día en los que ha participado. En total, ha estado presente como docente en 248 cursos. Ahí están, uno por uno. Entre ellos aparece directamente un acto de partido, una mesa redonda en la Conferencia Política del PP, el 1 de diciembre de 2006.
Además, López pone en su currículo que una vez escribió un artículo en Diario de León y "varios" en Abc y La Razón. También destaca dos conferencias para el periódico El Mundo. Todas las comunidades autónomas que han propuesto a López han enviado exactamente el mismo documento de currículo que, por cierto, omite los datos personales del candidato o cualquier información de contacto.
En contraste, el currículo de Hernando, ex presidente del Tribunal Supremo, elaborado con un tamaño de letra mayor que el de López, sólo ocupa nueve folios. Por supuesto, incluye su información personal.
Hernando hace un relato preciso y riguroso de sus méritos desde que en 1960 entró en el Colegio de Abogados de Madrid. Como presidente del Supremo, cargo que ejerció desde noviembre de 2001 hasta este mes, destaca en la segunda página de su currículo que ha presidido el tribunal que anuló candidaturas abertzales en las municipales de 2007. "En el día de la fecha se ha producido la comunicación a las partes de la ilegalización de ANV", añade, con lo que actualiza su currículo hasta la semana pasada.
(www.elpais.com, 01/10/08)
El PP propone para el Constitucional a jueces que no pueden votar el Estatuto
Hernando y López se opusieron a la norma catalana desde el Poder Judicial
En los momentos difíciles, cuando el partido que los propuso para el Consejo General del Poder Judicial pasó a la oposición, ellos decidieron aprovechar su mayoría en el gobierno de los jueces y enfrentarlo al Ejecutivo socialista. Los dos miembros de ese órgano que más se han significado en esa labor durante el mandato que está a punto de acabar, el presidente, Francisco José Hernando, y su portavoz, Enrique López, ambos del sector conservador, han sido premiados por el PP con sendas candidaturas a magistrado del Tribunal Constitucional. A Hernando lo proponen las Cortes de Aragón. A López, las de Castilla y León y la Asamblea de Madrid.
El hecho de que el PSOE haya vetado ya a Hernando para el alto tribunal en respuesta a la negativa del PP de aceptar a Cándido Conde-Pumpido como nuevo presidente del Poder Judicial resta posibilidades al todavía presidente del Supremo. López, sin embargo, se encuentra mucho mejor situado, según fuentes del PP, y tiene más posibilidades de hacerse con un puesto en la próxima renovación parcial del órgano. Los nombramientos debe hacerlos el Senado de entre las propuestas de los parlamentos autónomos. Cada uno de ellos puede proponer a dos candidatos de entre los que la Cámara alta elegirá cuatro.
Sin embargo, su designación podría volverse en contra del propio PP. En caso de que cualquiera de los dos fuera finalmente nombrado magistrado del Constitucional tendrían que abstenerse, o podrían ser recusados, en el estudio de varios recursos de inconstitucionalidad presentados por este partido, entre ellos el del Estatuto de Cataluña o la ley que autorizó el matrimonio homosexual, según fuentes jurídicas.
Ambos aprobaron con sus votos un informe que nadie les pidió y que encontró 19 motivos de inconstitucionalidad en el proyecto de Estatut y otro contra las bodas entre personas del mismo sexo. Este último documento comparaba estas uniones con la zoofilia o los tríos, aunque las referencias a esas prácticas se eliminaron de su versión definitiva.
El magistrado del Constitucional Pablo Pérez Tremps fue apartado de la deliberación del Estatuto por hacer un trabajo académico sobre las relaciones exteriores de la Generalitat cuando todavía gobernaba Cataluña Jordi Pujol (CiU) y no había ni siquiera un proyecto de ley sobre la mesa.
Aparte de su actividad en el Consejo, Enrique López ha escrito decenas de artículos de opinión en diarios nacionales de los que ha sido colaborador habitual, utilizando su título de portavoz del Consejo. Desde detrás de ese rótulo se ha pronunciado en programas y tertulias de televisión y radio a favor, por ejemplo, de la cadena perpetua para terroristas no arrepentidos o pederastas o en contra de temas tan lejanos a la Justicia como la asignatura de Educación para la Ciudadanía, una cuestión que también podría llegar al Constitucional cuando el Supremo se pronuncie.
Hernando, por su parte, en medio del debate político sobre el Estatuto catalán, llegó a comparar la lengua catalana con las sevillanas. Delante de varios micrófonos señaló además que esa norma "no se podía reformar a espalda de 10 millones de españoles" -calcando uno de los argumentos de Mariano Rajoy por esos días-, y avaló públicamente la decisión del PP de pedir firmas contra la reforma estatutaria.
Entre los candidatos del PSOE que se conocen hasta ahora están el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense Fernando Valdés Dal-Re; el de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza Jesús Delgado; y la de Derecho Penal de la UPV Adela Asúa Batarrita.
www.elpais.es 20.09.08
El Constitucional aparta a los dos jueces recusados por el Gobierno
Un pleno de mayoría progresista juzgará la reforma de la ley del alto tribunal
El Pleno del Tribunal Constitucional decidió ayer, por seis votos a favor y dos en contra, estimar la recusación presentada por el Gobierno contra los magistrados del sector conservador Roberto García-Calvo y Montiel y Jorge Rodríguez-Zapata, que desde ahora quedan apartados del enjuiciamiento del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. La decisión pone fin a la guerra de las recusaciones, que ha bloqueado el recurso del PP durante casi nueve meses, y ha afectado a las deliberaciones de la sentencia del Estatuto de Cataluña.
El Tribunal tiene ahora como tarea prioritaria la resolución del recurso del PP, puesto que afecta a su propia composición. Tras las abstenciones aceptadas de la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y las recusaciones de García-Calvo y Rodríguez Zapata, el recurso del PP será resuelto por un pleno compuesto por cinco magistrados progresistas y tres conservadores.
El pleno que ayer examinó las recusaciones estuvo presidido por el magistrado más antiguo, Vicente Conde-Martín de Hijas, del sector conservador, que votó a favor de las recusaciones. Los otros votos favorables fueron de los cinco magistrados progresistas. Votaron en contra los también conservadores Javier Delgado Barrio y Ramón Rodríguez Arribas, que anunciaron un voto particular que, junto al texto de la resolución, se conocerá en los próximos días.
Víctimas de su maniobra
García-Calvo y Rodríguez-Zapata, los dos magistrados más significados del sector conservador, se convierten así en víctimas de su propia maniobra, ya que el desencadenante de la situación fue la carta que ambos dirigieron en junio de 2007 a la presidenta exigiéndole su dimisión. En ella expresaban su más "profunda discrepancia" con la reforma de la ley orgánica, por cuanto prorrogaba el mandato de la presidenta y el vicepresidente hasta su renovación. Además, pidieron la convocatoria de un pleno para debatir sobre esa prórroga partiendo de que la reforma no daba cobertura a María Emilia Casas para seguir al frente del Constitucional.
Sus demás compañeros del sector conservador se desmarcaron de la iniciativa y decidieron "no tomar en consideración" el escrito de García-Calvo y Rodríguez-Zapata para no contaminarse en el caso previsible de que el PP presentase un recurso de inconstitucionalidad. Aunque el pleno reclamado por García-Calvo y Rodríguez-Zapata se saldó con un contundente 10 a 2 en contra de su iniciativa, los magistrados siguieron porfiando en su idea en votos particulares contra lo resuelto en el pleno.
El escrito dio pie para que el Gobierno recusase a los dos magistrados, lo que abrió una guerra de recusaciones que se saldó con la reprobación pública del Constitucional al PP por "fraude de ley" y "abuso de derecho" tras recusar este partido a tres magistrados progresistas sobre la base de una información falsa publicada por El Mundo. Las recusaciones del PP fueron rechazadas de plano.
El auto votado ayer sobre un borrador del magistrado progresista Manuel Aragón, fue debatido con calma y los ocho magistrados del pleno alcanzaron el acuerdo a primeras horas de la tarde.
El recurso se le pone al PP muy cuesta arriba
Con un Pleno integrado por cinco magistrados progresistas y tres del sector conservador, el recurso de inconstitucionalidad contra ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) se le ha puesto al PP un tanto cuesta arriba. Y sin embargo, la prórroga del mandato de la presidenta ha sido una cuestión que hasta los propios recusados aseguran que habrían votado si no se hubiese impuesto a última hora por los socialistas en la reforma.
Pero en mayo de 2007, cuando se reforma la ley, las secuelas de la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps para participar en el pleno del Estatuto de Cataluña estaban a flor de piel. Aquella primera recusación en la historia del Tribunal hizo temer entonces un más que probable asalto del sector conservador a la presidencia, lo que, unido al bloqueo de la renovación -éste nada virtual, pues el tribunal debía haber sido renovado en diciembre- hubiese dejado toda la legislatura de Zapatero al alcance de los magistrados conservadores.
En cambio, el resultado de las elecciones del pasado día 9 deja mucho más despejado el horizonte, y no sólo en cuanto al recurso del PP sobre la ley del Tribunal.
Además de la prórroga de la presidenta y el vicepresidente, los populares impugnaron el artículo 16.1 de la ley del Tribunal, que estableció por primera vez la participación de las comunidades autónomas en la elección de magistrados del Constitucional. Es decir, en vez de elegir el Senado directamente a los cuatro magistrados constitucionales que le corresponden, los elegirá entre los candidatos propuestos por los parlamentos autónomos.
El PP recurrió la inconstitucionalidad de este precepto porque, en su opinión, "pervierte de raíz el modelo constitucional y abre perspectivas insólitas para la progresiva sustitución de los poderes del Estado por las instituciones autonómicas". Y eso a pesar de que el presidente fundador del partido, Manuel Fraga, defendió en 2002 la participación autonómica en el Tribunal, precisamente con esta fórmula.
Entre las reacciones a la expulsión del pleno de la LOTC de ambos magistrados, la asociación centrista Francisco de Vitoria la consideró "razonable", dado que, según su portavoz, el magistrado Lorenzo del Río, "desde el momento en que esos magistrados habían expresado una determinada opinión, parece que era inevitable aceptar la recusación".
También Jueces para la Democracia, de tendencia progresista, entendió, según su portavoz, Jaime Tapia, que la doble recusación responde "a la doctrina que el propio Tribunal había elaborado".
El portavoz parlamentario el PSOE, Diego López Garrido, opinó que la decisión del Tribunal, unida a la anterior reprobación por "fraude de ley" y "abuso de derecho", "completa un panorama donde aparece el fracaso del intento de manipulación de las instituciones por parte del PP".
www.elpais.es 13.03.08
Jueces del Constitucional intentaron convencer al PP de que no recusara
Rajoy impuso la decisión, que provocó un severo reproche del tribunal
La dirección del PP tomó la decisión de recusar a tres jueces del Tribunal Constitucional a pesar de que varios magistrados conservadores de este organismo trataron de convencerles de que no lo hicieran, según confirman fuentes parlamentarias y de la dirección del PP. La decisión ha supuesto un grave revés para el PP, ya que ha sido rechazada con un auto sin precedentes en el que el tribunal calificaba la actitud del principal partido de la oposición como un "intento de abuso de derecho o fraude procesal". El PP basaba su recurso en una información de prensa publicada en el diario El Mundo y desmentida por completo.
Zaplana anunció la recusación a la prensa y puso muy difícil rectificar
La decisión se tomó antes de publicarse el artículo en el que se basaba
El 24 de octubre, Mariano Rajoy convocó a una comida en el restaurante Paradis, al lado del Congreso, a algunos de sus colaboradores más directos. Estaban Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, números dos y tres del partido, Carlos Aragonés, miembro de maitines, y Jorge Fernández Díaz, número dos del Grupo Parlamentario. La posible recusación de tres jueces progresistas del Constitucional, en respuesta a la que el Gobierno había presentado contra dos conservadores, monopolizó rápidamente la conversación.
Ninguno de los presentes se mostró entusiasmado con la idea de recurrir. Pero Rajoy parecía ya decidido, a decir de dos comensales. El equipo jurídico, liderado por Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría, le había trasladado la posibilidad de utilizar una reunión en la que tres magistrados progresistas habrían mostrado su apoyo a la Ley del Constitucional, el recurso que debían juzgar.
Uno tras otro, los dirigentes expresaron sus dudas. Sobre todo argumentales. El PP había puesto el grito en el cielo cuando el Gobierno recurrió, y era difícil justificar por qué hacían lo mismo. Se impuso el criterio de Rajoy: "Hay que hacer algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante una ofensiva como la del Gobierno, que le permite controlar el Constitucional cuando se va a juzgar el Estatuto de Cataluña. Lo explicamos diciendo que el Gobierno no nos ha dejado otra opción".
La decisión estaba pues, tomada. Y se puso en marcha rápidamente. Aprovechando que todos los diputados estaban en el Congreso -había una votación de los Presupuestos y la movilización fue total- se habilitó la salita contigua al despacho de Rajoy para que 62 de ellos firmaran el recurso. No lo hicieron Rajoy ni Zaplana, uno de los que más dudas había expresado.
La otra parte de la operación consistía en que El Mundo publicara la información para que el PP pudiera argumentar que tenía datos nuevos para la recusación. Y así sucedió. Al día siguiente apareció una información sin firmar narrando una reunión del 12 de junio en la que tres magistrados del sector progresista habrían mostrado su apoyo a la ley. Todos los presentes en esa reunión -seis magistrados- han desmentido después esa información.
Al día siguiente, Eduardo Zaplana, con la noticia encima de la mesa, confirmó en rueda de prensa, al mediodía, que se iba a presentar el recurso. No había consultado con Génova, como hace habitualmente, pero pensó que esta vez no hacía falta. Sin embargo, en la dirección del PP hubo muchos nervios esa tarde.
Los populares admiten que entre los magistrados conservadores hay dos bloques. En uno están Jorge Rodríguez Zapata (amigo de Trillo) y Roberto García-Calvo. En el otro todos los demás. Varios magistrados de este último grupo llamaron, según diversas fuentes parlamentarias y de Génova, a dirigentes del PP, entre ellos Ignacio Astarloa, responsable de Justicia y con serias dudas sobre el asunto, para convencer a la dirección de que con pruebas tan endebles sería muy difícil sacar adelante ninguna recusación.
La tarde fue larga en Génova, con una reunión de crisis de Rajoy, Acebes, Trillo, Astarloa y Sáenz de Santamaría. El equipo de prensa se negó hasta última hora a confirmar la noticia que había adelantado Zaplana. El propio portavoz, uno de los más reacios a la recusación, había puesto más difícil la marcha atrás con su rueda de prensa.
Al final se impuso la primera decisión de Rajoy. Los que se habían opuesto mantuvieron la disciplina de partido. Uno de los que más apoyaron la iniciativa se queja de que ahora internamente todos se quieran desvincular y culpen a Trillo. "Claro, cuando un recurso sale bien, tiene muchos padres, pero cuando sale mal, como este, nadie quiere hacerse responsable. En un partido hay que estar a las duras y a las maduras", sentencia.
www.elpais.es 24.12.07
EL CONSTITUCIONAL ACUSA AL PP: "INTENTO DE ABUSO DE DERECHO Y FRAUDE PROCESAL"
La maniobra del PP para recusar a tres magistrados progresistas del Constitucional y conducir al bloqueo a este organismo basándose en una información falsa de El Mundo fue calificada ayer por el propio tribunal como un "intento de abuso de derecho o fraude procesal".
La maniobra del PP para recusar a tres magistrados progresistas del Constitucional y conducir al bloqueo a este organismo basándose en una información falsa de El Mundo fue calificada ayer por el propio tribunal como un "intento de abuso de derecho o fraude procesal". Así se establece en el auto que el Constitucional hizo público con los argumentos jurídicos que fundamentan el rechazo a limine (de plano) de la triple recusación de los populares. El Tribunal tiene "fundadas sospechas" de que las recusaciones se formularon "para alterar la composición del Pleno". Además, el Constitucional admitió a trámite la recusación de dos magistrados presentada por el Gobierno.
El auto, redactado por el presidente en funciones, el conservador Vicente Conde Martín de Hijas, destapa la supuesta "táctica procesal" del PP consistente en "unificar las recusaciones formuladas por ellos con las del Gobierno", aunque, dice el auto, "se trata de hechos distintos". Por eso, la petición de acumulación de recusaciones que hizo el PP "carece de cobertura legal" y supone "un uso desviado de las normas del proceso". El rechazo a esa pretensión del PP se justifica, además, porque "no existe norma legal que obligue al Tribunal a un pronunciamiento previo" sobre la acumulación.
Los reproches del Constitucional se endurecen al examinar lo que el PP calificó como "irregularidades en la preconstitución de prueba". Se trata de la carta firmada por seis magistrados en la que desmintieron la información de El Mundo relativa a que Sala, Aragón y Tremps se habrían mostrado a favor de la prórroga legal del mandato de la presidenta del Tribunal. El Constitucional considera "difícilmente repetible" que se recuse a unos magistrados "por conversaciones de los mismos acaecidas en el seno interno del Tribunal" de los que "sólo ellos son los primarios conocedores y sólo a través de ellos pueden ser conocidas por sus compañeros". Pero en todo caso, considera procesalmente válido "que los protagonistas del hecho comuniquen la falsedad del mismo al resto de los miembros del Tribunal".
Para el Constitucional, si de lo que trata es de "reaccionar frente a los intentos de alterar la composición del Tribunal", sería contrario a ese objetivo "que a los magistrados pueda imponérseles el silencio" y se tramitasen unas recusaciones "sin otra base que una información de un periódico sin firma de autor ni de fuente".
Sobre la información publicada por El Mundo, agrega que "ha sido rotunda y tajantemente desmentida" por todos los magistrados que han participado en la reunión, "privándola totalmente de la necesaria e imprescindible fundamentación fáctica". Por tanto, la no aportación de un principio de prueba "ha de determinar en este momento su inadmisión a limine". En todo caso, agrega, "las conversaciones de magistrados "no son datos de hecho suficientes para basar una recusación".
El Tribunal dedica un apartado final al comisionado del PP, Ignacio Astarloa, al que reprocha haber proclamado en diversos pasajes de las alegaciones del PP que las recusaciones eran una "reacción" frente a las formuladas por el Gobierno contra los conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata.
Para el Tribunal, estas afirmaciones son un "uso indebido de un instituto tan importante como es la recusación" y una "instrumentalización" que persigue el reequilibrio del pleno. El Tribunal exige taxativamente a Astarloa que "guarde el respeto que institucionalmente le es debido al Tribunal". El pleno que dirimirá ese recurso tiene mayoría progresista (cinco magistrados frente a tres).
(www.elpais.com, 04/12/07)
El Pleno examinará la "profunda discrepancia" legal de Calvo y Zapata
El Pleno Tribunal Constitucional dictó ayer una providencia en la que da cuenta de la admisión a trámite de las recusaciones del Gobierno contra los jueces conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, que expresaron por escrito, en una carta a la presidenta de la institución, María Emilia Casas, su más "profunda discrepancia" con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
La magistrada Elisa Pérez Vera será la encargada de instruir las recusaciones y el ponente será el magistrado Manuel Aragón, ambos del sector progresista.
El recurso sobre la Ley Orgánica del Tribunal ha quedado en suspenso hasta que se resuelva el incidente. En la única recusación admitida hasta ahora, la del magistrado Pablo Pérez Tremps, desde la admisión hasta la resolución transcurrieron tres meses.
La decisión fue adoptada por unanimidad de los ocho magistrados que integraron el Pleno, aunque los magistrados Eugeni Gay y Ramón Rodríguez Arribas discreparon de que a la reunión plenaria no fuesen convocados los recusados Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata.
www.elpais.es 04.12.07
El Constitucional admite a trámite la recusación de dos jueces planteada por el Gobierno
El máximo órgano de la justicia aprueba con dos votos particulares la medida contra los magistrados conservadores.- El Alto Tribunal acusa al PP de faltarle al respeto
El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite la recusación de los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata planteada por el Gobierno en el recurso del PP a la Ley Orgánica de este tribunal (LOTC). La decisión del máximo órgano de la justicia ha sido aprobada con dos votos particulares, los de los magistrados Eugenio Gay y Ramón Rodríguez-Arribas, quienes están de acuerdo con la admisión del incidente, pero discrepan en lo referido a la composición del Pleno.
La decisión ha sido adoptada por ocho magistrados, puesto que el presidente del Pleno, el conservador Vicente Conde, decidió el pasado jueves no convocar a los dos recusados. Este ha sido el motivo por el que Gay y Rodríguez Arribas han formulado sendos votos particulares en los que consideran que también García-Calvo y Rodríguez-Zapata debían haber formado parte del Pleno.
La admisión a trámite de estas dos recusaciones, planteadas después de que ambos magistrados mostraran en una carta su "más profunda discrepancia" sobre la reforma de la LOTC, supone la suspensión del recurso del PP hasta que sean resueltas. En su escrito de recusación, el Gobierno consideraba que la actitud de los dos jueces había sido contraria a la "necesaria imparcialidad" exigible a un magistrado y que revelaba un "prejuicio" sobre el asunto acerca del que debían deliberar.
Falta de respeto
El pasado martes, el Constitucional rechazó tramitar las recusaciones de tres magistrados progresistas interpuestas por el PP en esta misma causa. En esa ocasión, el Pleno rechazó por ocho votos a dos las recusaciones contra los jueces Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, a quienes los populares acusaban de haber manifestado su apoyo a la reforma de la LOCT.
En el auto de recusación, hecho público este lunes, el Tribunal COnstitucional acusa al PP de no observar "el respeto que institucionalmente le es debido al Tribunal y a sus miembros" al plantear la recusación. El Alto Tribunal añade que el PP hizo un "uso indebido" y "desviado" de las recusaciones al cuestionar la imparcialidad de tres magistrados progresistas con el único objetivo de "contrarrestar" las planteadas por el Gobierno contra dos jueces conservadores.
En su resolución, los magistrados "constatan" lo que llaman "el uso indebido que por la parte actora (el PP) se ha hecho de un instituto tan importante como es el de la recusación", previsto para salvaguardar la imparcialidad y objetividad de los tribunales. Para el Constitucional, el PP confundió "la legítima oposición a una recusación que, a su juicio, carece de fundamento", en alusión a la planteada por el Gobierno, "con la instrumentalización del instituto de la recusación para una finalidad distinta de la que está prevista para ella".
Esa finalidad no es otra, según el auto, que "contrarrestar las posibles consecuencias que en la composición de este Tribunal pudieran derivarse de la hipotética estimación" de las recusaciones planteadas por el Gobierno, que dejaría el control del pleno en manos de los progresistas.
Por escrito
García Calvo y Rodríguez Zapata, los dos jueces recusados por el Gobierno, habían expresado por escrito su discrepancia con la reforma de la ley orgánica. Por el contrario, las recusaciones propuestas por el PP se basaban en una información publicada en El Mundo, en la que supuestamente Aragón y Pérez Tremps se habrían mostrado "favorables" a la reforma de la LOCT en una reunión celebrada en junio en el despacho de la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas. Pero los seis magistrados que estuvieron en la cita enviaron una carta al presidente del pleno, Vicente Conde, para negar esa información.
El Constitucional formará ahora la correspondiente pieza separada de recusación. La instructora de este incidente procesal será la magistrada progresista Elisa Pérez Vera. El ponente de la recusación será el magistrado Manuel Aragón, perteneciente a la misma tendencia. En el Pleno de hoy no pudieron estar presentes los propios recusados ni la presidenta y el vicepresidente del tribunal, Maria Emilia Casas y Guillermo Jiménez, respectivamente, quienes en su día se abstuvieron por considerar que la reforma de la LOTC les afectaba directamente al permitir la prolongación de sus mandatos mientras se mantuvieran como magistrados.
www.elpais.es 03.12.07
El Constitucional rechaza de plano la recusación de tres jueces progresistas por el PP
El Tribunal se opone por ocho votos a dos a la admisión a trámite de la recusación contra los magistrados Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps
El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado de plano, por ocho votos a dos, la admisión a trámite de las recusaciones del Partido Popular contra los magistrados progresistas Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, a los que acusaba de haberse mostrado favorables a la reforma de la ley orgánica del Tribunal.Los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata han anunciado sendos votos particulares discrepantes de la decisión de la mayoría. El magistrado conservador Ramón Rodríguez Arribas ha anunciado la posibilidad de un voto particular concurrente, es decir, coincidente con el parecer de la mayoría pero haciendo constar determinadas precisiones.
El pleno del Constitucional, tras reunirse el lunes por la mañana y el martes por la tarde, ha rechazado de forma fulminante tramitar las recusaciones de los tres magistrados progresistas, por no considerarles contaminados, pese a la maniobra del PP de acusarles de falta de parcialidad sobre la base de una información sin firma publicada en el diario El Mundo el 25 de octubre.
La información de El Mundo hacía referencia a una reunión celebrada el 12 de junio en el despacho de la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, en la que Sala, Aragón y Pérez Tremps se habrían "mostrado favorables" a la reforma de la ley orgánica. La información sirvió de gancho al PP para, al día siguiente de su publicación, impugnar la presencia de los magistrados señalados por El Mundo para tratar de apartarles del pleno que debe juzgar la reforma legal.
Sin embargo, los seis magistrados aludidos por El Mundo dirigieron una carta al presidente del pleno, Vicente Conde Martín de Hijas, para poner en su conocimiento, "a los efectos que puedan resultar oportunos, que lo hablado por cada uno de nosotros en la reunión celebrada el 12 de junio (...) no se corresponde en ningún extremo con lo que se indica en la información recogida en el diario El Mundo".
El tajante desmentido a El Mundo no arredró al PP que, lejos de retirar las recusaciones, organizó una febril campaña de acoso a los magistrados del Constitucional, en particular a uno de los firmantes del desmentido, el magistrado conservador Ramón Rodríguez Arribas. Éste, sin embargo, pese a criticar al presidente en funciones por haber incorporado el desmentido a las actuaciones, mantuvo el desmentido en lo sustancial: contra lo publicado por El Mundo, "en aquella reunión no se habló de la constitucionalidad de la ley reformadora de la ley orgánica del Tribunal Constitucional".
La carta de Rodríguez Arribas redobló los esfuerzos del PP y sus dos magistrados más afines, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Arribas, articularon una batería de votos discrepantes, petición de trámites de audiencia y actuaciones obstruccionistas en un último intento para agotar todas las posibilidades de expulsar del pleno a tres jueces del sector progresista.
En paralelo, el PP intentó que se acumularan sus tres recusaciones a las presentadas por el Gobierno contra García Calvo y Rodríguez Zapata, que, éstos sí, habían expresado por escrito su "más profunda discrepancia" con la reforma de la ley del Tribunal. A su entender, la nueva ley no daba cobertura a la prórroga del mandato de la presidenta María Emilia Casas.
Dada la falta de parangón entre el escrito firmado por García-Calvo y Rodríguez-Zapata y las recusaciones del PP, articuladas sobre una información periodística sin firma y desmentida por seis magistrados, el PP intentó que se vieran todas juntas para intentar que se rechazaran todas y poder mantener en el pleno a los dos recusados por el gobierno. Rozando el disparate, el PP incluso exigió la toma de declaración, en "confesión jurada" de la presidenta del tribunal y de los tres magistrados recusados. Todo inútil: al final el pleno ha rechazado de plano las recusaciones. www.elpais.es 27.11.07
El PP añade otro recurso a la batalla por el control del Tribunal Constitucional
Más ruido para el Tribunal Constitucional. El PP anunció dos nuevos recursos de inconstitucionalidad. El primero, contra el nuevo artículo 184 del Reglamento del Senado que da entrada a los parlamentos autonómicos en la propuesta de candidatos a magistrado del Constitucional, aprobado anoche con el PP en contra; y otro contra una formalidad de tramitación parlamentaria, la negativa de la Mesa de la Cámara de no seguir ampliando el plazo de enmiendas al citado reglamento.
Fraga se ausentó del pleno media hora antes de la votación
Con estas dos nuevas acciones, el PP habrá interpuesto nada menos que 20 recursos de inconstitucionalidad contra normas de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.
Lo que el Senado aprobó anoche fue reformar su Reglamento para adaptarse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que establece un nuevo sistema de designación de los cuatro magistrados que corresponden a la Cámara alta para que las comunidades autónomas participen en el proceso proponiendo candidatos. Como el PP tiene recurrido este sistema de designación en el propio Constitucional, "por coherencia", recurrirá también el Reglamento del Senado que lo desarrolla, según anunció ayer la senadora Rosa Vindel. El PP considera que, mientras el tribunal no se pronuncie sobre este último recurso (algo que, con todas las recusaciones de magistrados que ha habido puede durar meses) no debe desarrollarse el Reglamento.
El nuevo recurso que anunció ayer el PP se basa en lo que este partido considera la ruptura de una tradición parlamentaria. Esta es la primera vez que el Reglamento se reforma sin la aprobación de uno de los grupos mayoritarios. Cuando se presentó la propuesta de reforma, el PP pidió dos plazos de enmiendas que alargaron el proceso 15 días. Al tercero, la Mesa del Senado decidió no aceptar más dilaciones, al entender los demás grupos que el PP sólo quería retrasar un proceso que, para cumplir la ley, ya va con retraso. Se debía reformar el Reglamento, pedir candidatos a las autonomías, estudiar las candidaturas, elegir a cuatro y votarlos en el Pleno. Todo antes del 17 de diciembre, cuando cesan los cuatro magistrados que el Senado eligió en la anterior ocasión.
La portavoz socialista, Ruth Porta, denunció que el verdadero propósito del PP es "bloquear la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional". Si el Senado logra llevar a cabo los nombramientos, aplicando la proporcionalidad parlamentaria, cambiará la mayoría en el tribunal a favor de los magistrados progresistas. El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, autor de la fórmula del Reglamento que se aprobó ayer, destacó que lo que rechazó el PP había sido propuesto casi con exactitud por Manuel Fraga, fundador de ese partido, en 2002. Fraga se ausentó de la Cámara a las nueve de la noche, media hora antes de la votación, que perdió el PP por tres votos.
Por su parte, el Gobierno, a través del Abogado General del Estado, ha pedido al Tribunal Constitucional que adopte "cuantas medidas sean necesarias" para repeler cualquier "ataque" que provenga de "algún poder público ajeno al Tribunal".
Además de la clara alusión al Partido Popular como poder atacante, el Gobierno reclama del Tribunal que rechace de plano las recusaciones del PP contra tres magistrados progresistas por ser éstas "intempestivas" y apoyarse en "hechos ficticios e inverazmente relatados" en una noticia periodística del diario El Mundo, desmentida por los seis jueces a los que alude. El PP sostiene que estos magistrados se manifestaron en una reunión interna a favor de la Ley recurrida y eso les invalida para deliberar sobre el recurso de los populares.
En línea con las alegaciones del Abogado del Estado, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, pidió ayer al PP que reflexione sobre la utilización que está haciendo del Tribunal y consideró "muy grave" que los populares estén utilizando para plantear recusaciones "documentación que no es real", en alusión a la noticia de El Mundo, desmentida por los magistrados aludidos.
Frente a la situación de bloqueo propiciada por la triple recusación del PP, que impediría alcanzar el quórum mínimo para que el Tribunal funcione, el Abogado del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, admite la solución de que los magistrados recusados puedan tomar parte de la deliberación.
En cuanto a la exigencia del PP de que se tramiten primero las recusaciones del Gobierno, el Abogado del Estado dice que no ha encontrado ninguna regla en la Constitución ni en la ley del tribunal "que obligue a tramitar las recusaciones por orden cronológico". Por contra, dice, es el presidente a quien corresponde convocar al Pleno y decidir qué se tramita antes. Y en este caso, son las recusaciones del PP "las que realmente ponen en peligro" la función del tribunal, ya que impiden reunir el quórum.
Sobre el escrito de los seis magistrados, dos de ellos conservadores, que desmintieron la información de El Mundo, el representante del Gobierno dice que tal escrito "exige la inadmisión" fulminante de las recusaciones de los populares.
El Abogado del Estado niega que el escrito sea "falso" al constituir "una prueba preconstituida", como mantiene el PP. "Por el contrario, es el desmentido rotundo a una información periodística que contiene hechos inexactos alusivos a los seis firmantes". "Y no puede entenderse" añade, "que el desmentido de una noticia vaya a cambiar de naturaleza por el hecho de que los seis afectados hayan decidido no debatir con un medio de comunicación".
El PP ha exigido que se tome "declaración por separado, en confesión jurada" a la presidenta, María Emilia Casas y a Pascual Sala, Manuel Aragón Pablo Pérez Tremps y Ramón Rodríguez Arribas sobre el contenido de la reunión.
www.elpais.es 22.11.07
Confabulación para la toma del poder en el Constitucional
El PP no ha dudado en utilizar informaciones falsas de un medio afín para controlar el alto tribunal
La recusación del PP contra tres magistrados progresistas del Constitucional, basada en una información de El Mundo, no ha resistido la prueba de la verdad. Los magistrados conservadores, que ocupan sus puestos gracias al PP, han sido esta vez los encargados de dar la puntilla a la falsedad. El ejercicio de la política basado en los bulos se ha vuelto a topar con la Justicia.
La batalla por el control del Constitucional empezó hace más de un año, cuando el PP se embarcó en la operación derribo de la mayoría progresista del alto tribunal al recusar a uno de sus miembros para la deliberación del Estatuto de Cataluña. Es sólo uno de los puntos de fricción que el PP mantiene en el Constitucional, organismo en el que ha presentado, a través de media docena de recursos, una moción de censura a toda la legislatura de Zapatero.
El magistrado progresista Pablo Pérez Tremps fue apartado del recurso sobre el Estatuto porque cobró de la Generalitat de Cataluña por un estudio que le encargaron mucho antes de que se decidiera redactar un nuevo texto estatutario. Con Pérez Tremps expulsado, el pleno que decidiría el futuro de Cataluña quedaba con mayoría conservadora (seis frente a cinco).
Aquella maniobra sobresaltó al Gobierno socialista, que forzó una reforma legal de urgencia aprobada gracias a una enmienda urgente de IU a la ley.
La reforma prorrogaba automáticamente el mandato de Maria Emilia Casas, la presidenta, progresista, del Constitucional. El Gobierno se garantizaba así que, aunque los conservadores hubieran tomado el control mediante la recusación de Pérez Tremps en el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña, en el resto de asuntos (Ley del matrimonio de homosexuales, Ley de Igualdad, Ley de Reforma del Constitucional...) los magistrados progresistas seguirían teniendo ventaja pues en caso de empate decidiría el voto de calidad de la presidenta Casas.
La nueva ley entró en vigor a finales de mayo y el PP, que votó en contra, esperó.
Algunos magistrados, nombrados en su día a propuesta del PP, no aceptaron las nuevas reglas de juego. Los conservadores Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo se reunieron con Casas el 12 de junio, la exigieron que dimitiera y se manifestaron en contra de la Ley del Gobierno. Lo hicieron, además, redactando una nota por escrito que entregaron a la presidenta.
Un mes y medio después, 62 diputados del PP, entre los que no se encontraba Mariano Rajoy, presentaron el recurso contra la reforma que prorrogaba el mandato de Casas. El Gobierno pasó a la acción para neutralizar el ataque del PP y recusó a los magistrados García-Calvo y Rodríguez-Zapata en octubre pasado. El argumento jurídico del abogado del Estado fue el escrito firmado por los dos magistrados conservadores oponiéndose a la Ley del Gobierno y exigiendo la dimisión de Casas.
Esta recusación dejaba fuera de juego a dos de los magistrados conservadores con lo que el sector progresista volvía a ser mayoría.
El PP esperó a la publicación de una información que se ha demostrado falsa para responder. Apareció el 25 de octubre de 2007 en el periódico que ha servido a los populares para hacer oposición al Gobierno tomando como base noticias sin base real.
El Mundo publicó el 25 de octubre de 2007 un artículo titulado Tres jueces del Tribunal Constitucional anticiparon su acuerdo con la enmienda Casas. La información, sin firma y basada en fuentes, daba cuenta de una reunión del 12 de junio en la que los magistrados progresistas Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala "se mostraron partidarios de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional". La noticia aseguraba que en la reunión también estaban los conservadores Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas, junto a la presidenta, María Emilia Casas. "En el transcurso de la conversación, Aragón llegó a proponer incluso que se difundiera una nota de prensa para dar a conocer el parecer favorable de lo que entendía era la mayoría del Tribunal (...) Rodríguez Arribas, sin embargo, no quiso manifestar su opinión, remitiéndose al pleno del Tribunal".
El PP fotocopió el recorte de prensa y, sólo un día después de publicada la información, la endosó en el escrito de recusación contra los tres magistrados progresistas. La mañana de la publicación, el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, dio por hecho que se llevaría a cabo la recusación. Sin embargo, por la tarde, nadie quería confirmarlo en el PP. A la formación de Mariano Rajoy le entraron muchas dudas, según varios dirigentes de este partido, sobre todo porque algunos magistrados conservadores se pusieron en contacto con ellos para destacar que con una prueba tan endeble -una versión de una reunión que ellos mismos no avalaban- no se podía intentar una recusación. La división entre los propios magistrados conservadores hizo dudar al PP, pero al final se optó por seguir adelante, como estaba previsto. De hecho, el día anterior ya habían desfilado 50 diputados del PP por el despacho de Mariano Rajoy en el Congreso para firmar el recurso.
La Justicia hizo su trabajo y todos los magistrados presentes en la reunión de la que daba cuenta El Mundo desmintieron en un escrito los hechos en los que el PP basaba la recusación. Uno de ellos, entregó su propia versión firmada el pasado jueves durante la celebración del pleno que deliberaba sobre la cuestión: "Contra lo expuesto en la noticia del periódico [El Mundo], en aquella reunión no se habló de la constitucionalidad de la ley reformadora del Tribunal Constitucional, que nadie propuso la celebración de una conferencia de prensa y que tampoco yo dije que me reservaba las opiniones para el pleno".
El tribunal decidió remitir este escrito y el documento firmado por los seis magistrados a las partes. El PP puede comprobar así que la base de su recusación carece de fundamento. Los dirigentes populares rechazan, de momento, retirar la recusación pese a que ya conocen que está basada en un bulo.
www.elpais.es 17.11.07
La recusación del PP rompe en dos el bloque conservador del Constitucional
Los magistrados Calvo y Zapata intentan ocultar el escrito que destapa el bulo
El bloque conservador del Tribunal Constitucional se resquebraja. Las recusaciones por parte del PP de tres magistrados progresistas, basadas en una información de El Mundo desmentida por escrito y sin paliativos por magistrados de los dos sectores, está poniendo en serias dificultades a los conservadores, que se han visto forzados a frenar la actitud obstruccionista de sus compañeros más activos, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata. La tensión en el pleno del pasado jueves alcanzó niveles casi de enfrentamiento.
La decisión del presidente en funciones, Vicente Conde, de convocar un pleno de 10 magistrados para examinar las recusaciones de cinco de ellos (dos del Gobierno y tres del PP) fue respaldada por todo el bloque progresista, pero también por los conservadores Javier Delgado Barrio y el propio Vicente Conde, como única solución para salir del atolladero.
A esta primera grieta en el monolitismo conservador, siguió la postura del magistrado del mismo sector Ramón Rodríguez Arribas. Este juez, procedente del Tribunal Supremo, es uno de los de mayor peso específico en el Constitucional por haber sido muchos años presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial. Hasta ahora, había venido manteniendo una posición ambigua en el conflicto: disintió de la convocatoria del pleno de 10 magistrados para examinar las recusaciones, pero su firma en la carta de desmentido a la información de El Mundo, junto a la del vicepresidente conservador Guillermo Jiménez, fue determinante para empezar a encauzar el conflicto.
Un nuevo escrito de este magistrado conocido anteayer insistió en la falsedad de la información sobre la que se sustentan las recusaciones del PP. Rodríguez Arribas insistió por segunda vez en que en una reunión celebrada el 12 de junio en el despacho de la presidenta, María Emilia Casas, "no se habló de la constitucionalidad de la ley del Tribunal". Este desmentido, individual y tajante, unido al desmentido colectivo de seis magistrados constitucionales, deja en franquicia las recusaciones del PP para ser rechazadas de plano en el caso de que no sean retiradas en el trámite de audiencia abierto a las partes.
Los dos escritos desmintiendo el tenor de la reunión del 12 de junio han abierto la caja de los truenos y elevado aún más el nivel de enfrentamiento. Pero al tiempo, están dejando cada vez más aislados a los dos magistrados más extremistas de la derecha, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, los dos recusados por el Gobierno.
Gacía-Calvo y Rodríguez-Zapata intentaron, sin éxito, que el Pleno excluyese del procedimiento la carta en la que seis de sus compañeros -incluidos dos conservadores- desmienten la información periodística en la que el PP se basó para recusar a tres de ellos. Al no conseguirlo firmaron los dos únicos votos discrepantes de un Pleno que ha decidido, por ocho a dos incorporar el desmentido colectivo a las actuaciones.
Para Rodríguez-Zapata, ese desmentido colectivo "no puede ser incorporado al proceso, ni ser tomado en consideración, ni producir efecto alguno". Este magistrado sostiene que las manifestaciones de jueces, llamadas telefónicas, correos electrónicos, notas, o escritos relativos a conversaciones con la presidenta no pueden ser de conocimiento público.
García-Calvo va más allá y califica de "irregular" todo lo actuado y afirma que Rodríguez Arribas en conversaciones con él y otros magistrados se posicionó sobre la ley y el desmentido a El Mundo "no se corresponde con lo que en realidad ocurrió el 12 de junio".
El PP mantiene su iniciativa pese a saber que se basa en datos falsos
Pese a los desmentidos de los magistrados del Tribunal Constitucional, incluso de los conservadores, el PP sigue adelante en su empeño de recusar a tres de ellos. El secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del partido, Ignacio Astarloa, insistió ayer en que las recusaciones son "procedentes y, evidentemente, se mantienen".Preguntado sobre el hecho de que los populares presentarán sus recusaciones a partir de noticias de prensa que han sido desmentidas por los afectados, Astarloa insistió en que su partido "es muy riguroso" y en que "los pleitos" no los plantea en base a lo que publican los periódicos, "sino sobre los documentos jurídicos que se trasladan al PP".Por eso, argumentó, esperará a recibir la documentación que le remita el Tribunal Constitucional, la "estudiará a fondo" y sólo después presentará "alegaciones para convencerle" de que está fundada su pretensión de apartar a tres magistrados del debate sobre el recurso del PP contra la ley que prorroga el mandato de la actual presidenta.
Elisa Pérez Vera
- Progresista: "Concurren razones de necesidad. Considero adecuado que se convoque un pleno en el que se integrarán todos los magistrados recusados".
Vicente Conde
- Conservador: El presidente accidental propuso que en el pleno sobre las recusaciones estuvieran también los magistrados recusados. Y pidió opinión al resto.
Roberto García-Calvo
- Conservador: "Dictar un acuerdo aplazando el trámite hasta la próxima renovacióndel Constitucional o el rechazo liminar de todas las recusaciones formalizadas".
Eugenio Gay Montalvo
- Progresista: "Como el tribunal no puede dejar de ejercer su jurisdicción me parece oportuno reuniral pleno con los cinco magistrados recusados".
Jorge Rodríguez-Zapata
- Conservador: No contestó al requerimiento del presidente. Le planteó en distintos escritos objeciones a la consulta respecto al procedimiento seguido por el presidente.
R. Rodríguez Arribas
- Conservador: "La convocatoria de un pleno incluyendo a los recusados me parece difícilmente sostenible desde el punto de vista procesal".
Pascual Sala
- Progresista: "Estoy de acuerdo con la solución de convocar un pleno del que formarían parte los magistrados recusados. Hay base legal para hacerlo".
Manuel Aragón Reyes
- Progresista: "Expreso mi conformidad de convocar un pleno de 10 magistrados(...) El tribunal tiene el deber de preservar su jurisdicción y está obligado a arbitrar".
Pablo Pérez Tremps
- Progresista: "En principio, resultaría más adecuado convocar un pleno con la participación de todos los magistrados recusados para resolver las recusaciones".
Javier Delgado
- Conservador: "Debe haber juez que resuelva y respetarse el quórum. Procede convocar el pleno incluyendo a los cinco respecto de los cuales se ha formulado recusación"
www.elpais.es 17.11.07
EL PP NO RETIRARÁ SU RECUSACIÓN PESE AL DESMENTIDO DE SEIS JUECES DEL CONSTITUCIONAL
El PP no tiene ninguna intención de retirar la recusación que presentó contra tres magistrados del Tribunal Constitucional a pesar de que seis miembros de ese órgano han desmentido la información de El Mundo en la que se basaban los populares.
La recusación, que se votará el miércoles, se suma a la que el Gobierno ha planteado contra otros dos magistrados, de manera que la aceptación de ambas bloquearía el máximo órgano de la Justicia española, que se quedaría con cinco de sus 12 miembros (dos ya se han abstenido).
