el TRIBUNAL Constitucional Y EL FUEGO CRUZADO.

 

 

 

 

 EL MATRIMONIO GAY ES CONSTITUCIONAL

El Tribunal avala la Ley aprobada por el Gobierno de Zapatero y recurrida por el PP de Rajoy. Ocho magistrados, uno de ellos conservador, respaldan la norma. Más de 22.000 parejas se han casado desde su entrada en vigor

La Ley aprobada en 2005 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que permite el matrimonio entre homosexuales es plenamente constitucional, según ha resuelto esta tarde el pleno del Tribunal, reunido para resolver el recurso contra esta norma que presentó hace siete años el PP de Mariano Rajoy.

La decisión ha sido adoptada por ocho magistrados (siete progresistas y un conservador, Francisco Pérez de los Cobos) frente a tres, todos ellos elegidos a propuesta del PP, que han emitido cada uno de ellos un voto particular. Así, una mayoría absoluta del pleno, compuesto por 11 de los 12 magistrados que integran el Tribunal Constitucional, avaló la norma. Francisco Hernando, elegido a propuesta del PP, se ha abstenido de intervenir por haber tomado decisiones sobre esa Ley en su anterior cargo de presidente del Consejo General del Poder Judicial.

La sentencia consolida y blinda una Ley que ha permitido hasta ahora a más de 22.000 parejas contraer matrimonio. Doce países del mundo tienen reconocido este derecho; España fue uno de los primeros en recogerlo en su legislación básica.

"Que sea legal lo que ya es normal"

Muchos dirigentes del Partido Popular expresaron ayer su satisfacción al saber que el Tribunal Constitucional avalaban la Ley que permite el matrimonio entre homosexuales. Hace sólo cinco años, el PP torpedeó esa Ley y la recurrió por entender que suponía una clara vulneración de la Constitución.

El alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto, valoró la sentencia antes de conocerla: “Por fin será normal en la Ley lo que ya es normal en la calle y, además, con todas las garantías”.

El PSOE, impulsor de la reforma legal que ha permitido el matrimonio entre homosexuales, exigió ayer al PP que pida disculpas por “las cosas que dijeron en su día cuando recurrieron al Constitucional”. La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez pidió expresamente a Rajoy que se disculpe “por haberlo presentado y no haberlo retirado en siete años”.

Izquierda Unida entendía que la sentencia del Constitucional supondrá uno de los varapalos más importantes que recibirá el PP: “Esta sentencia demuestra que el ministro Gallardón no va a tener fácil su ofensiva antidemocrática en contra de los derechos y las libertades de los ciudadanos. El PP podía haber retirado ese recurso y haberse ahorrado la vergüenza de tener que escuchar y leer la sentencia”.

Mucho antes de ser ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón se declaró partidario de mantener la Ley que permitía el matrimonio entre homosexuales si el Constitucional la avalaba, aunque el PP con su mayoría absoluta pudiera cambiarla. De hecho, fue uno de los primeros alcaldes que casó a homosexuales y opinó, ya como ministro de Justicia, que la Ley del matrimonio homosexual era constitucional.

El actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prefería una ley “como en Alemania, Francia y Reino Unido”, que no permiten el matrimonio entre homosexuales, lo que evitaría “líos y, además, lo aceptaría todo el mundo”.

Ahora, el Gobierno ha sugerido que mantendrá la Ley como está tras el aval otorgado a la misma por el pleno del Tribunal Constitucional.

El Partido Popular, a través del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dado a entender que pese a haber recurrido la Ley por entender que es inconstitucional no la modificará ahora pese a contar con mayoría absoluta en el Congreso para hacerlo. El partido que gobierna en España aceptaría así una situación de la que se han beneficiado muchos militantes y simpatizantes del PP y que ha motivado que algunos dirigentes significativos de esta formación política censurarán en público el hecho de la presentación del recurso de inconstitucionalidad.

El PP entendía en 2005 que la Ley socialista, que situaba a España en la vanguardia legislativa de todo el mundo en esa materia, modificaba “la concepción secular, constitucional y legal del matrimonio como unión de un hombre y una mujer”. “Con toda seguridad”, señalaba el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, “se trata de una de las modificaciones legislativas de más honda trascendencia y repercusiones para la sociedad española”.

Los dirigentes populares que redactaron el recurso consideraban que el legislador socialista modificaba de raíz la idea del matrimonio y con ello “todo un conjunto normativo que partía de la consideración del matrimonio como unión de hombre y mujer”. El Gobierno socialista había introducido un párrafo en el artículo 44 del Código Civil donde señalaba que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

El PP defendió que la nueva Ley daba a la palabra “matrimonio” un significado distinto “al que ha tenido siempre”. “El legislador está alterando con dos líneas de una ley ordinaria no sólo los elementos definitorios básicos de una institución fundamental en nuestra estructura social, sino todo el conjunto normativo construido durante siglos alrededor de la misma. Conjunto normativo que tiene hoy además su cabecera en el artículo 32 de la Constitución [que señala “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”], destacaba el recurso del PP. Los populares pedían que la Ley se declarase inconstitucional al considerar que vulneraba ese artículo 32 de la Constitución “por no respetar la definición constitucional del matrimonio como unión de un hombre y una mujer y no respetar la garantía institucional del matrimonio reconocida por la Constitución”.

El PP prefería amparar legalmente la unión de parejas homosexuales sin darle el nombre de matrimonio para “no generar confrontación social”. Pero la única confrontación social conocida hasta ahora, la única protesta masiva que ha habido en la calle desde la aprobación de la Ley por el Gobierno socialista en 2005 ha sido la de miles de ciudadanos que protestaron contra el recurso del PP y exigieron a Rajoy que lo retirara.

El abogado del Estado entendió, a diferencia de lo que argumentaba el PP, que la Constitución “no contiene un concepto de matrimonio” sino “que se limita a reconocer el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica, con la evidente finalidad de consagrar la plena igualdad de la mujer en el matrimonio, rompiendo así con una tradición secular”. El abogado del Estado interpretaba que el artículo 32 de la Constitución “no prohíbe el matrimonio entre personas del mixmo sexo, simplemente no se refiere a él”.

Algunos jueces conservadores iniciaron a finales de 2005 una campaña contra la Ley presentando cuestiones de inconstitucional y bloqueando en el registro civil los expedientes de parejas homosexuales que intentaban contraer matrimonio. Por ocho votos a cuatro, el Constitucional desestimó las cuestiones planteadas por entender que los jueces encargados del registro civil no tenían potestad para cuestionar la ley de las bodas entre homosexuales.

http://politica.elpais.com/politica/2012/11/06/actualidad/1352222651_734714.html

EL EMPEÑO DEL PP EN APOYAR A LÓPEZ SIGUE BLOQUEANDO EL CONSTITUCIONAL

El plazo para la renovación impuesto por el Congreso termina mañana

Muchos meses después, el escollo para que el Tribunal Constitucional recobre la normalidad y sea renovado sigue siendo el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López. Mañana termina el plazo que la Junta de Portavoces del Congreso dio para que el PSOE y el PP lleguen a un acuerdo sobre los cuatro magistrados que deben renovar. Si no hubiera acuerdo antes de ese día, la renovación quedará para después de las vacaciones de Navidad, lo que afectará, entre otras cosas, a la elección del nuevo presidente del máximo intérprete de la Constitución.

Por eso es inminente una conversación entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, para culminar el complicado proceso que se inició hace ya más de tres años. Esa conversación sería una prolongación de la que ya mantuvieron de forma discreta Zapatero y Rajoy el pasado octubre y que permitió desbloquear parcialmente la renovación y elegir a cuatro magistrados en el Senado.

Tras esa conversación, el PP aceptó retirar del Senado la candidatura de López, pero anunció que lo mantendría si era avalado por el propio Constitucional. Pero el tribunal rechazó por motivos de forma los recursos del PP, a través de los Parlamentos de Madrid y La Rioja, contra la decisión de la Mesa del Senado de excluir a López por no cumplir los requisitos legales (15 años de experiencia en la judicatura). El problema es que después del pulso en el Senado, de varios recursos ante el Tribunal Constitucional y múltiples conversaciones entre los dos grandes partidos, el PP sigue sin apearse del nombre de Enrique López. Y el PSOE no lo acepta de ninguna manera, por entender que no es asumible la designación del ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial y ahora magistrado de la Audiencia Nacional.

El Gobierno y el PSOE han hecho llegar al PP que los designados por el Congreso deben ser catedráticos de universidad o magistrados del Tribunal Supremo y que López carece de idoneidad para el cargo.

El retraso tiene un efecto colateral notable, porque mantiene bloqueada la renovación en el Senado de cuatro magistrados, que está pendiente desde 2007. La Cámara alta aprobó en el pleno del pasado 2 de diciembre el nombramiento de los magistrados Francisco José Hernando, Adela Asúa, Luis Ignacio Ortega y Francisco Pérez. "Gracias, señorías, por fin lo hemos conseguido", proclamó solemne el presidente del Senado, Javier Rojo, cuando acabó la votación, pero ni siquiera en ese momento acabó el proceso.

De hecho, el Senado mantiene bloqueada la publicación en el Boletín Oficial del Estado del nombramiento de los cuatro citados magistrados hasta que se elijan los candidatos por parte del Congreso. Tampoco pueden, por tanto, tomar posesión de sus cargos y sustituir a los actuales magistrados del Constitucional que tienen caducado su mandato desde hace más de tres años.

Todo porque una de las que hay que sustituir es la propia presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, y su relevo provocaría la inmediata elección del presidente del tribunal. Esa elección debería ratificarse o modificarse poco después, cuando se incorporaran los cuatro magistrados que debe elegir el Congreso.

Los candidatos a esa presidencia son Pascual Sala y Manuel Aragón. Este último, miembro del sector progresista, fue quien inclinó la mayoría en el tribunal a favor de la tesis de podar el Estatuto de Cataluña y, por tanto, no es visto con buenos ojos por los partidos nacionalistas, especialmente por CiU.

Los nacionalistas catalanes están molestos, además, porque el PSOE declinó proponer en el Senado como candidata a Encarnación Roca, nombre aportado por el Parlamento catalán. En octubre, el Gobierno trasladó a CiU y ERC su intención de proponer en el Congreso a Eliseo Aja, catedrático y actual presidente Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, pero ahora la propuesta de ese nombre no es tampoco segura.

El PSOE barajó también el de Paloma Biglino, presidenta del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, pero fuentes socialistas cuestionan también este nombre. En todo caso, admiten que intentarán buscar una cierta paridad en su propuesta. En su momento se especuló también para el Constitucional con el nombre de Cándido Conde- Pumpido, actual fiscal general del Estado.

El nuevo Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa los recursos contra leyes emblemáticas de los Gobiernos de Zapatero, como la de matrimonios homosexuales y la del aborto, y cuestiones técnicas de las que dependen casos muy llamativos como los procedimientos penales contra el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Por otra parte, también está pendiente desde junio el nombramiento del Defensor del Pueblo, tras el final del mandato de Enrique Múgica. Este nombramiento depende también de que Zapatero haga una propuesta al líder del PP, Mariano Rajoy.

www.elpais.es 20.12.10

El PP vuelve a bloquear la renovación del Constitucional en su empeño con Enrique López

La renovación del Tribunal Constitucional sigue estancada, ahora en el Congreso, por la persistencia del PP de seguir apostando por la candidatura del ultraconservador Enrique López, después de que el PSOE rechazara esa propuesta por no cumplir este magistrado los 15 años de ejercicio profesional, como establece la ley.

Ya en octubre de 2008, ELPLURAL.COM reveló que Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no cumplía entonces con ese requisito, porque el tiempo de ejercicio profesional acumulado entonces por el magistrado era de 12 años, 4 meses y 17 días. Es decir, inferior a los 15 años que tanto la Constitución Española (artículo 159.2), como el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, exigen para ser miembro de dicho órgano judicial.  López cumpliría los requisitos a mediados de mayo, con lo que la estrategia del PP pasaría por dilatar el proceso hasta esa fecha.

En septiembre, el PP retiró la candidatura
En septiembre pasado, el PP desbloqueó la renovación del Tribunal Constitucional, al retirar la candidatura de Enrique López, por no cumplir los requisitos necesarios, pero anunció que lo intentaría por la vía del Congreso.

La renovación de diciembre
Según publica hoy La Razón, el PSOE persiste en su rechazo al nombramiento de López, después de que el pasado 1 de diciembre el Pleno de la Cámara Alta aprobara con casi tres años de retraso el nombramiento de los cuatro magistrados que le correspondía renovar, entre ellos uno de los jueces propuestos por el PP, Francisco Pérez de los Cobos .

Las vacantes pendientes
El Tribunal Constitucional (TC) sigue por el momento sin poder cubrir las vacantes de Roberto García Calvo, fallecido el 18 de mayo de 2008, así como las de los magistrados Javier Delgado Barrio, Eugeni Gay Montalvo y Elisa Pérez Vera.

Prórroga de una semana
El desacuerdo entre PP y PSOE ha llevado al presidente del Congreso, José Bono, a tener que prorrogar una semana el plazo de presentación de candidatos, ya que el acuerdo entre ambos partidos es imprescindible para los nombramientos.

www.elplural.com 15.12.10

Portazo definitivo del Senado a la candidatura del ultraconservador López para el Constitucional

La Mesa del Senado ha rechazado hoy definitivamente al candidato del PP para formar parte del Tribunal Constitucional, Enrique López, después de que los representantes socialistas y los de CiU votaran en contra de la propuesta. Como advirtió El Plural, López no cumplía con los 15 años de ejercicio judicial que se exigen para ingresar en el TC, lo que ha llevado a su rechazo. Un criterio que también deja fuera al candidato propuesto por el PSOE, Juan Carlos Campo.

El máximo órgano del Senado ha reconocido en una votación esta mañana que López no cumple con el requisito de tener 15 años de experiencia en la judicatura tal y como exige la Constitución, aunque el PP ha votado en contra. Los tres socialistas en la Mesa, que han contado también con el voto del representante de CiU, han adoptado esta postura aún conscientes de que el criterio de los 15 años de experiencia exigibles deja también fuera a su candidato, Juan Carlos Campo, actual secretario de Estado de Justicia.

Confirmación de la advertencia de El Plural
El pasado 3 de octubre El Plural fue el primer medio en advertir de que López no contaba con los 15 años de ejercicio judicial exigidos para entrar en el TC, como se ha confirmado ahora meses después con esta decisión del Senado.

www.elplural.com 01.06.10

RAJOY DESCARTA RENOVAR AHORA EL TC Y LE APREMIA A DICTAR EL FALLO  

Cuanto antes decida el Tribunal Constitucional sobre el Estatut, antes se habrán calmado las aguas políticas y sociales que, a buen seguro, se removerán en Catalunya si hay una sentencia que conlleve recortes. Por lo tanto, más tiempo habrá para intentar reconducir la situación y apaciguar ánimos en busca de alianzas poselectorales. Esa es la conclusión a la que llegó ayer el comité de dirección del PP y la razón por la que, en rueda de prensa, la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, enfatizó que ahora no toca renovar el alto tribunal, sino exigir una pronta respuesta a los que recurrieron el Estatut. 

«No hay que alargar más el proceso. El PP entiende que no es momento para quitar legitimidad ni para desacreditar lo que lleva haciendo el tribunal tres años y medio. Es momento de que emita una sentencia y actúe como tenga que actuar», subrayó Cospedal. 

Así, los conservadores quisieron lanzar un nuevo aviso al Gobierno, por si tuviera la tentación de utilizar la próxima reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy (en diciembre) para agitar el fantasma de la renovación del TC. En este contexto, el PP insiste en que Zapatero y Rajoy acordaron al comienzo de la legislatura impulsar cambios en el Constitucional, esto es, sustituir a los cuatro magistrados cuyo mandato estaba a punto de expirar. Pero el PP aprovechó entonces la ocasión para tender una trampa que los socialistas no supieron esquivar: logró que sus comunidades propusieran, de forma unánime, a Francisco José Hernando y a Enrique López como candidatos. El PSOE se negó a avalarlos, dado el perfil extremadamente conservador de ambos juristas. El PP, por su parte, se cerró en banda y no ofreció otra alternativa. La renovación, pues, quedó bloqueada, hasta el punto de que tampoco hubo acuerdo para buscar sustituto al magistrado fallecido, el conservador Roberto García-Calvo. 

Con ese caldo de cultivo y otro magistrado recusado por el PP, el progresista Pablo Pérez Tremps, ha venido trabajando el Constitucional sobre el Estatut. Y los populares creen que en ese mismo caldo ha de cocerse la esperada sentencia, pese a que piden que no se haga a fuego lento. «Si la presidenta del tribunal se tiene que mojar, que se moje», añadió un alto dirigente del partido. 

Poco más dijeron ayer los populares sobre el Estatut, salvo que no se arrepienten de haberlo recurrido «por coherencia», o que merece ser estudiado «sin presiones», ni del Gobierno de Zapatero ni del de José Montilla. De hecho, Cospedal instó ayer al presidente catalán a dejar de lanzar mensajes «contrarios a la ley» y a reflexionar sobre su propia responsabilidad en la crisis estatutaria.  

(www.elperiodico.com, 01/12/09) 

EL PP MANTIENE EL RECURSO Y EXIGE LA SENTENCIA SIN RENOVAR EL TRIBUNAL 

Ni retirada del recurso, ni renovación del Tribunal Constitucional, ni gran pacto político. El PP no tiene intenciones de facilitar una salida alternativa a la situación de bloqueo que vive el Constitucional con el Estatuto catalán. 

Tras tres años de deliberaciones, los magistrados -uno recusado, otro fallecido y cuatro con el mandato cumplido- no se ponen de acuerdo en una sentencia. Pero los populares creen que ellos, y sólo ellos, y en especial la presidenta, María Emilia Casas, tiene la responsabilidad de impulsar una decisión. 

Por eso, Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, esquivó ayer la propuesta lanzada el viernes por la vicepresidenta primera, María Teresa de la Vega, para buscar un pacto entre los dos grandes partidos y renovar inmediatamente los cuatro magistrados del Constitucional ya fuera de plazo. No es que el PP no quiera renovarlo, explicó -Rajoy ya le dijo al presidente Zapatero hace un año cuáles son sus candidatos, Francisco José Hernando y Enrique López-, es que piensa que éste no es el momento, que eso no resuelve el problema del Estatuto. "Es el momento de dictar sentencia, hay que dejar trabajar al alto tribunal y no dilatar más el proceso", sentenció la número dos del PP al ser preguntada por la renovación. 

Cospedal tampoco se plantea la retirada del recurso: "Es muy cínico lo que piden tanto Montilla como Chacón. Porque también hay recursos de Aragón o Baleares, donde gobierna el PSOE, o el Defensor del Pueblo. Parece que hay dirigentes que prefieren que [el Estatuto] esté fuera de la ley y de la Constitución". 

(www.elpais.com, 01/12/09)

"Nos vemos en el Constitucional"

La imposición del PP para que Hernando y López entren en el alto tribunal ha envenenado una renovación en teoría pactada

Por primera vez desde 2001, el pasado lunes se presentaba un Consejo General del Poder Judicial que no estaba presidido por Francisco José Hernando. A pesar de las críticas, el ambiente en la apertura del año judicial era de alivio, después de dos años de bloqueo en la renovación (tenía que haber cesado en 2006). Hernando, que desde su cargo ha hostigado al Gobierno socialista en sus principales iniciativas, asistió a la ceremonia. Al finalizar ésta, se acercó a Encarnación Roca, magistrada del Tribunal Supremo. Un alto cargo de la Justicia asegura que Hernando le dijo a la magistrada, en tono de complicidad: "Nos vemos en el Tribunal Constitucional". La mera posibilidad de que eso suceda bloquea ahora la renovación del Constitucional.

Roca ha sido propuesta por el Parlamento de Cataluña, a instancias del PSC, para ser magistrada del Tribunal Constitucional. Los corrillos parlamentarios le dan muchas papeletas. Hernando es uno de los dos únicos nombres que el PP ha propuesto en los parlamentos autónomos. En total hay 23 candidatos, y el Senado debe elegir sólo a cuatro. La candidatura de Hernando y la del ex portavoz del Consejo, Enrique López, provocan un rechazo sin paliativos en el PSOE.

Para que sean elegidos los cuatro nuevos magistrados, hacen falta los votos de PP y PSOE en el Senado. El PSOE asegura con la boca pequeña que no votará a estos dos nombres, y el PP no votaría a nadie si ellos no están. Aunque el PSOE aún no ha confirmado públicamente que los vetará en el Senado, fuentes del Gobierno aseguran que, salvo cambio de última hora, ésa es su posición. Afirman que la decisión de que ningún miembro del último Consejo del Poder Judicial fuera al Constitucional salió de una reunión del pasado mes de julio, de las llamadas de maitines, que se celebran los lunes por la mañana en La Moncloa.

El problema es que el PSOE pactó con el PP que no hubiera vetos a los nombres propuestos por ambos. Ese pacto se respetó escrupulosamente en la renovación del Consejo.

La revelación de que el nombramiento de Carlos Dívar como presidente del Consejo la pactaron Zapatero y Rajoy en secreto, y se ocultó incluso a sus negociadores, hace que los socialistas ya no se fíen del alcance del pacto por la justicia. Cada vez que, en privado, rechazan categóricamente a López y Hernando, añaden la coletilla de "a no ser que haya un pacto por las alturas".

Pero fuentes del Gobierno aseguran que, además de la trayectoria de estos dos jueces en los últimos seis años y de la ausencia de idoneidad, una de las causas sobrevenidas para argumentar ese rechazo es la participación de ambos magistrados en la leve sanción al juez Tirado por el llamado caso Mari Luz. Hernando y López encabezaron la mayoría del Consejo que sancionó con sólo 1.500 euros a Tirado, decisión que ha provocado alarma social. Si el caso, por recursos del juez, llegara al Constitucional, Hernando y López tendrían que ver dentro de unos años el recurso a su propia decisión.

Pero, además, ambos estarían atados para intervenir en multitud de casos sobre los que han fijado posición en el Consejo, con informes o con declaraciones públicas. En el último pleno del anterior Consejo, participaron activamente para anular la multa de 305 euros que la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces impuso el año pasado a la magistrada de Dénia Laura Alabau por criticar al Gobierno y a la Fiscalía de Alicante al sentirse "perseguida" tras negarse a celebrar bodas entre homosexuales.

El PSOE considera que en esa trayectoria de Hernando que le alejaría del Constitucional debe destacarse sus tres negativas a comparecer en el Congreso cuando fue requerido por la mayoría de la Cámara. Su imparcialidad quedaría afectada por sus decisiones contra el Gobierno de Zapatero que, en el caso de López, han tenido continuidad en artículos de prensa sobre cualquier asunto de actualidad. No se han privado de opinar sobre ningún tema polémico. Por ejemplo, López criticó abiertamente la actuación del Gobierno en el llamado proceso de paz. "No cabe duda de que la decisión de llevar la negociación con ETA al Parlamento Europeo no fue una de las mejores medidas", dijo en diciembre de 2007.

Los dos, que aspiran ahora a ser los máximos intérpretes de la Constitución, se han pronunciado abiertamente a favor de la cadena perpetua.

Siete años de polémicas

Como presidente del Consejo, Hernando se ha significado en decenas de temas:

- Abril 2002. Hernando encarga un informe que concluye que el juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación, puede reingresar en la carrera.

- Abril 2003. Promueve expedientar a Garzón por criticar la guerra de Irak.

- Junio 2004. El Consejo rechaza la Ley contra la Violencia de Género.

- Octubre de 2004. Hernando, en contra de que se despenalice convocar consultas como la de Ibarretxe.

- Enero de 2005. El Consejo compara las relaciones homosexuales con "la unión entre hombre y animal".

- Julio de 2005. Hernando justifica la orden de la policía británica de "tirar a matar", cuando un inocente es tiroteado en Londres.

- Octubre de 2005. Sin ser requerido para ello, el Consejo emite un informe en el que ve inconstitucional el Estatuto catalán.

- Diciembre de 2005. Hernando se enfrenta en el Congreso a todos los grupos menos el PP y se niega a comparecer.

- Enero de 2006. Hernando compara aprender catalán con bailar sevillanas.

- Marzo de 2008. El Consejo pone una multa de

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