LOS JUECES SEMI ESTRELLA : JOSÉ SIERRA MARTÍNEZ

El Poder Judicial elige inspector al juez que imputó a médicos por hacer abortos

Malestar entre los progresistas del Consejo por el nuevo mercadeo de votos

Sigue el mercadeo en los nombramientos de altos cargos del Consejo General del Poder Judicial. El pleno del Consejo nombró el pasado jueves como miembro de sus servicios de inspección a José Sierra, el juez de Madrid a quien la Audiencia Provincial censuró por haber abierto una causa general contra la clínica madrileña Isadora y tres de sus médicos por realizar supuestos abortos ilegales. Sierra, ex titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, se encargará ahora de inspeccionar juzgados de sus colegas. Según fuentes del Consejo, Sierra es un caso más de los nombramientos que está haciendo el Poder Judicial merced al pasteleo en la elección de altos cargos que mantienen los vocales conservadores del Consejo con una facción díscola del grupo progresista que capitanea Margarita Robles.

El aval de Sierra ha sido la vocal del sector conservador Gemma Gallego (la juez de Madrid que trató de ligar los atentados del 11-M con ETA a través del hallazgo de ácido bórico en la vivienda de un detenido por los atentados). Gallego y Sierra han coincidido como jueces de instrucción en los juzgados de la plaza de Castilla. Ambos pertenecen a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). En la entrevista que hizo como candidato a la inspección ante vocales del Consejo, Sierra confesó que aspiraba a ese puesto porque "estaba cansado de poner sentencias", según asistentes a la misma.

Para nombrar a Sierra bastaban 11 votos de vocales (mayoría simple), pero logró 12 (nueve vocales, la mayoría progresistas, se abstuvieron). Aunque la votación fue secreta, fuentes del Poder Judicial dan por hecho que Sierra contó con el apoyo de vocales progresistas, o afines a éstos, que, una vez más, rompieron la disciplina de grupo y auparon a un puesto de esta importancia a un juez considerado muy conservador.

En este momento, los vocales progresistas y conservadores se reparten 18 de los 21 votos del Consejo. Pero eso es en teoría, ya que el grupo progresista está muy dividido y se ha creado una facción liderada por Robles, que está pactando con los vocales conservadores nombramientos de personas de su entorno.

Los otros tres votos restantes hasta conformar los 21 son los del presidente, Carlos Dívar -quien habitualmente une su voto al del sector conservador-, el de la vocal afín al PNV, Margarita Uría, y el de Ramon Camp, nombrado a propuesta de CiU. A cambio del nombramiento de Sierra, el Consejo General del Poder Judicial nombró también inspector el jueves al ex presidente de la Audiencia de Lleida, Andreu Enfedaque, adscrito a Jueces para la Democracia. "Es otra persona del entorno del grupo de Robles que tampoco ha sido consensuada con el grupo", lamentan fuentes del sector progresista

El juez Sierra y el 'caso Isadora'

La Audiencia Provincial de Madrid dio un duro varapalo al juez Sierra por la tramitación del caso contra la clínica de abortos Isadora. Un primer magistrado se había negado a abrir la instrucción por falta de indicios de delito, pero Sierra inició con posterioridad un procedimiento sin tener competencia para ello, según la Audiencia. El tribunal afirmó que el juez imputó a tres medicos por abortos ilegales "sin concretar qué intervenciones son las sospechosas, ni cuál es el motivo de ilicitud ni, en fin, la intervención que cada uno de los imputados ha tenido en la interrupción ilícita de los embarazos". "Es más, en reiteradas ocasiones, desde que fueron citados a declarar, los imputados han solicitado que se les informe con detalle del contenido de la imputación sin conseguirlo", señalaron los magistrados.

La Audiencia rechazó también la participación en el proceso de dos grupos antiabortistas: la organización Unidos por la Familia y el partido ultraderechista Alternativa Española, esta última aceptada por Sierra. Los magistrados de la Audiencia señalaron que no cabía la acusación popular en un procedimiento en el que ni siquiera estaban claros los hechos delictivos y que, además, se debía garantizar el derecho a la intimidad de las mujeres que habían abortado, garantía que Sierra había "obviado".

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¿Cubre las espaldas a Aguirre el juez que investiga el espionaje?

El juez José Sierra, instructor del caso del espionaje en la Comunidad de Madrid, ha negado que en la red estén implicados funcionarios públicos, a pesar de que existen informes grafológicos que atribuyen la autoría de los seguimientos a personal de la Consejería de Interior. El titular del Juzgado de Instrucción número 47 también ha descartado que hubiera malversación de fondos públicos: a su juicio, solo existe un delito de revelación de secretos cometido por particulares contra el vicepresidente regional, Ignacio González –que presentó la denuncia el 20 de enero- y contra el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel. Sierra ha dejado constancia de ambas cuestiones en el auto emitido ayer para rechazar la personación del PSOE e IU como acusación particular. El magistrado, acostumbrado a la polémica tras llevar el caso de la clínica de abortos Isadora, promete seguir dando de que hablar.

El juez, que inició diligencias previas el 26 de enero tras hallar “indicios de delito”, ha rechazado las solicitudes de personación presentadas a principios de febrero por PSOE e IU. Así consta en su auto de ayer en el que además se aclara que pudo haber descubrimiento y revelación de secretos, pero no hay pruebas ni de malversación de caudales públicos ni de participación de funcionarios de la Comunidad.

Ni malversación, ni funcionarios…
“Las referencias sobre un posible delito de malversación carecen de fundamento”, ha explicado. De las declaraciones de Francisco Mercado y los periodistas que sacaron a la luz la trama, “no pueden desprenderse indicios de que los hechos sean imputables a una autoridad o funcionario público”, prosigue. La investigación, por tanto, se refiere a “los secretos, datos o intimidad de dos personas físicas” que son las únicas que pueden ejercer de acusación.

…ni estudios grafológicos
Ni una referencia, sin embargo,
a los informes grafológicos encargados por el diario El País que achacaban a personal de la Consejería de Interior la autoría de varios dossieres. El juez tampoco ha tenido en cuenta las referencias explícitas a la dirección de Seguridad, con anotaciones como “Llega nuestro Director, Sergio (Gamón)”. Para Sierra, debe descartarse que “los posibles delitos afecten a los intereses generales o a una pluralidad de personas” y, por tanto, no pueden personarse PSOE e IU.

Recurso a la Audiencia
El Ministerio Fiscal había dado el visto bueno al requerimiento de ambos grupos para ejercer de acusación particular, pero el magistrado parece haberse decantado por la solicitud de González y De Miguel, que habían rechazados estas personaciones. La oposición madrileña, por su parte, ha anunciado que recurrirá la decisión ante la Audiencia Provincial.

El Caso Isadora
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ya cosechó muchas críticas instruyendo el caso de la clínica abortista Isadora. El proceso, abierto en 2007, estuvo salpicado por las denuncias de “irregularidades”, pero el clímax del escándalo llegó cuando
Sierra permitió que se personara en la causa el partido ultra derechista Alternativa Española –aceptarles como acusación permite que accedan a los historiales y datos de las pacientes-. También esa decisión fue recurrida por la Fiscalía y la Clínica, que siguen a la espera de la respuesta en la Audiencia Provincial.

www.elplural.com 04.03.09

Un partido 'ultra' podrá sentar en el banquillo a médicos de Isadora

El juez permite que este grupo conozca la identidad de mujeres que abortaron

El juez José Sierra, titular del juzgado número 47 de Madrid, lleva más de un año instruyendo el caso contra la clínica de abortos Isadora. Tres de sus médicos están imputados. No se sabe cuáles son los hechos de los que se les acusa -sólo se habla, en genérico, de abortos ilegales- y esta fase del procedimiento, iniciado por la acción de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, está a punto de concluir. Si el fiscal no presentaba acusación, se iba a cerrar. Pero el juez, en contra del criterio del Ministerio Público, ha aceptado a un partido político autodenominado de "defensa de la familia" como parte en el procedimiento en un auto dictado el pasado 3 de junio. Y no cabe duda de que el partido -que en sus escritos falta a la verdad sobre aspectos como la edad gestacional de los fetos-, presentará la acusación. En definitiva, el juez va a dejar en manos de un grupo político de ultraderecha católica -que tendrá derecho a ver todas las diligencias, incluyendo las historias clínicas de las mujeres- la decisión de que estos médicos se sienten en el banquillo de los acusados. Los abogados de Isadora van a apelar la decisión ante la Audiencia Provincial.

No hay imputación por hechos concretos contra el personal de la clínica de abortos

No es la primera vez que un grupo antiabortista intenta ser parte en este procedimiento como acusación popular. Ya lo quisieron antes, sin éxito, el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro y el Partido Social Europeo. El magistrado les denegó la petición. Pero en esta ocasión, próxima al fin de la instrucción, el juez ha cambiado de criterio. Alternativa Española es un partido fundado en 2004 cuyos objetivos son, según consta en su página web (www.alternativaespañola.es) dar "una oportunidad a la Vida y a la Familia, asegurar el derecho de los padres a decidir el modelo educativo y garantizar la continuidad de España", entre otros. Sobre el aborto, dicen que "AES aspira a conseguir, y no cejará en su empeño, la derogación de la criminal normativa". Y continúan: "Mientras no se consiga la derogación de la ley recurriremos a los tribunales cuantas veces sea necesario". En las últimas elecciones generales el partido obtuvo 7.300 votos. Su secretario general, y cabeza de lista por Madrid, es un abogado de 48 años llamado Rafael López-Diéguez.

Alternativa Española presentó una querella contra los tres médicos imputados y contra la directora del centro, Marisa Castro. La querella, que ha servido de base al juez para admitirlos como personados, refiere algunos datos falsos aparecidos en la prensa. Entre otros, que Isadora "tiraba a la basura ordinaria" fetos de gran tamaño y que había fetos de más de 22 semanas. Los análisis del Instituto Anatómico Forense han determinado que no había fetos de más de 22 semanas. Y la Agencia de Protección de Datos ha señalado, dentro del marco de una investigación sobre estos hechos, que los residuos no estaban en la basura ordinaria sino en contenedores cerrados herméticamente que iban a ser trasladados para su incineración a una empresa de gestión de residuos. Estos hechos son los que sirven de base a los querellantes para deducir que se ha producido un delito de "abortos ilegales".

El caso Isadora empezó el 16 de febrero de 2007. Los agentes del Seprona acudieron a la clínica para hacer una inspección. Allí encontraron varios contenedores que iban a ser recogidos por la empresa de gestión de residuos. Los inmovilizaron y acudieron al juez de guardia de Madrid. Querían abrirlos. El juez no les dio permiso y archivo el caso, conminando a los agentes a que se abstuvieran de seguir "elucubrando sobre abortos ilegales". Los agentes acudieron entonces a la Comunidad de Madrid hablando de mala gestión de residuos. Con un técnico sanitario de la Comunidad se llevaron los contenedores a un tanatorio de Alcobendas y los abrieron. Sin autorización judicial. Llamaron por teléfono a la juez de guardia de Alcobendas, pero ésta les remitió a los juzgados de Madrid.

En los contenedores se habían encontrado restos de fetos. Los agentes del Seprona dijeron al nuevo juez de Madrid que eran muy grandes y pidieron que se abriera una investigación. El juez les hizo caso. Más de un año después, el caso se sigue instruyendo. Aún no ha habido una imputación de hechos concretos a ninguna persona, sino que sólo hay una causa general por abortos. www.elpais.es 07.06.08

La persecución del aborto lleva a 25 mujeres ante el juez DE INSTRUCCIÓN Nº 47 JOSÉ SIERRA MARTÍNEZ

Ocho de la tarde del jueves pasado. Una mujer de 31 años está bañando a sus hijos en su casa. Suena el timbre y aparecen dos agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza dependiente de la Guardia Civil). Han ido a entregarle, en mano, una citación para que declare al día siguiente en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid). "Usted practicó un aborto en febrero de 2007", le dicen. Le explican que tienen un expediente suyo de la clínica de interrupción de embarazos Isadora, en Madrid, y que se están investigando unos supuestos abortos ilegales. "Tiene que entender que hay una gran alarma social por este tema", le dice uno de los agentes. "Nos dicen que hay fetos de ocho meses". La llamaban para que declarara como testigo, pero no se limitaron a entregarle la citación. Le hablaron del aborto y le enseñaron algunos expedientes de otras mujeres. "Me hicieron sentir mal, como si hubiera hecho algo horrible", explica la mujer.

Poco se podía imaginar que un año después de practicado el aborto irían a buscarla a su propio domicilio, por la noche, con sus hijos delante, y sin tener en consideración que quizá su familia desconocía su decisión. Las citaciones para declarar como testigo se pueden mandar por medios como el correo o telegrama. No es necesario que se entreguen en mano.

Como ella, unas 25 mujeres que abortaron el año pasado han sido llamadas a declarar ante la Guardia Civil por un juez de Madrid. Las citaciones han coincidido con la resaca de la concentración organizada por los obispos a favor "de la familia cristiana" el pasado 30 de diciembre; con la huelga de las clínicas de abortos por la persecución a la que, según su parecer, están siendo objeto; con la promesa electoral de Mariano Rajoy de crear un Ministerio de la Familia; con un intenso debate el pasado jueves en el Congreso de los Diputados sobre las relaciones Iglesia-Estado; con el anuncio del PSOE de que no incluirá una reforma del aborto en su programa electoral para aprobar una ley de plazos -como en la mayoría de los países europeos-; y con las discusiones y divisiones internas que tal decisión ha planteado en el seno del partido gobernante.

La investigación contra la clínica Isadora tuvo como inicio la denuncia de La Vida Importa, una plataforma que se define como "iniciativa de diferentes personas y asociaciones que han trabajado para disponer de información, documentos y pruebas sobre prácticas ilegales dentro de los establecimientos de abortos en España". El presidente es Juan Sánchez, fundador de los Astilleros Astraea, en Sevilla. Dentro de la plataforma se integran asociaciones como HayAlternativas.org (HazteOir.org), muy activa contra las bodas gays, la ley de educación y la asignatura Educación para la Ciudadanía, y la Federación Internacional de Médicos Cristianos.

"Todo son infundios", explica una portavoz de la clínica, Marisa Castro. "Nuestra praxis es absolutamente legal, la Comunidad de Madrid hace numerosas inspecciones y no encuentra nada. Pero si las autoridades no acaban con esta situación, las clínicas estamos dispuestas a crear un problema y a cerrar las unidades de aborto. Es necesaria una ley de plazos". El 98% de las interrupciones voluntarias de embarazo que se practican en España las llevan a cabo clínicas privadas, aunque la sanidad pública lo subvencione en algunos casos.

"No es de recibo es que ahora persigan a las mujeres en sus casas", añade Empar Pineda, de Isadora. "Es una forma de coacción inaudita". La mujer a la que el Seprona citó el jueves declaró ayer ante la Guardia Civil. Sólo le hicieron preguntas sobre la clínica. Ningún trabajador de la misma ha sido llamado a testificar.

Clínicas de abortos y partidos de izquierda denuncian una "caza de brujas"

La asociación de centros de interrupción del embarazo anuncia acciones legales contra el juez que ha llamado a declarar a pacientes

El coordinador de IU, Gaspar Llamazares, se ha referido hoy a las "persecuciones y caza de brujas" tanto de las clínicas abortivas como de las mujeres que ejercen su derecho a la libre maternidad; persecuciones de las que ha culpado a los "sectores ultraconservadores de los teocon después de la reciente movilización o asonada clerical". Llamazares ha instado al Gobierno a que "promueva" una Ley de plazos que dé garantías plenas en las catorce primeras semanas de embarazo.

Las palabras del líder de Izquierda Unidad llegan después de que ayer en se diera a conocer que un juez de Madrid ha llamado a declarar a una treintena de mujeres que se han sometido a abortos en la clínica Isadora . "Más que una investigación judicial, esto parece una persecución en la que se están vulnerando derechos fundamentales de las mujeres", dijo Sabanés, según una nota de prensa.

"Nos parece escandaloso que la Guardia Civil se presente en el domicilio de mujeres que han abortado con una citación judicial. Es una forma de actuar totalmente intimidatoria que vulnera derechos fundamentales de las mujeres", ha manifestado por su parte la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés.

El ex presidente del Gobierno socialista Felipe González afirmó hoy en la Cadena SER que cualquier ley del aborto está sujeta a "fallos reales " y "posibles ilegalidades" debido a que siempre tiene que tener un "protocolo de aplicación", lo que implica que será "susceptible de interpretaciones". Con respecto a la posibilidad de reformar la ley, González declaró que quizás sería conveniente "una ley de plazos", y agregó que hay que "reaccionar frente a esta campaña de denuncias forzadas porque puede haber delitos de prevaricación".

Medidas contra el juez

Además, un portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha anunciado que están estudiando emprender medidas legales contra el juez que está llamando a declarar a las mujeres, así como nuevos actos de protesta por lo que ha su juicio es una operación concertada contra las clínicas de abortos.

Asimismo, el ultraconservador Centro Jurídico Tomás Moro ha acusado hoy a la Clínica Isadora de albergar en sus contenedores los restos de más de cien fetos mezclados con información confidencial sobre las pacientes, además de instrumentación para la práctica de abortos tardíos. El centro, que habla en nombre de la plataforma ultracatólica La Vida Importa, señala en un comunicado que los inspectores de la Dirección General de Salud Pública y Alimentación encontraron residuos biosanitarios humanos durante una inspección, realizada en febrero de 2007, a instancias del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

¿De qué se acusa al centro Isadora?

Una asociación llamada La Vida Importa interpuso una denuncia contra varias clínicas madrileñas por cómo gestionaban los residuos clínicos y orgánicos. Era 2006. En febrero de 2007, el Seprona fue a hacer una inspección a Isadora, en Madrid. Allí había varios contenedores que iban a ser retirados por la empresa contratada por la clínica para eliminar los residuos. Los agentes impidieron que se los llevaran y volvieron al cabo de días para recogerlos -rompiéndose así la cadena de frío necesaria para la conservación de estos restos-.El 16 de febrero, el Seprona pidió al juzgado de Instrucción de guardia de Madrid (el número 6 ese día) que mandara analizar los contenedores. Alegaban una presunta "eliminación ilegal de estos humanos". El juez lo denegó por una "total carencia del más mínimo fundamento jurídico".Cuatro días después, el 21, el Seprona volvió a los juzgados y alegó que habían encontrado "restos humanos de entidad importante procedentes de los abortos". Esta vez el tema recayó en el juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que sí abrió diligencias. Pidió que se analizaran los restos. El Instituto Anatómico Forense determinó, según señala el abogado de Isadora, Javier Martínez, que los nueve fetos que estudió -los que a la Guardia Civil le habían parecido de "entidad importante"- no excedían de las 22 semanas, plazo para el que la clínica tiene autorización para practicar abortos.Pero el juez, José Sierra Fernández, sigue investigando. Pidió a la clínica todos los historiales médicos de las mujeres que habían abortado allí durante los días en los que se guardaron los residuos que fueron incautados por el Seprona. Ahora las está llamando a declarar a todas. Son unas 25 mujeres. A la casa de una ellas fue la propia Guardia Civil a citarla.El juez ha decretado el secreto de sumario de las actuaciones. Ninguna persona de la clínica Isadora ha sido llamada a declarar y no hay imputados.

Mes y medio de crisis en las clínicas

  • 27-11-2007. Seis personas son detenidas por practicar supuestos abortos ilegales en la Clínica CM, de Barcelona, dirigida por el doctor Morín. Tres de ellos acabaron en prisión

  • 13-12-2007. La Comunidad de Madrid cierra dos clínicas en cuatro días, una de ellas, filial de la clínica intervenida en Barcelona.-

  • 26-12-2007. Unos encapuchados atacan una clínica de abortos madrileña.-

  • 07-1-2008. Paro histórico de los centros de aborto. Aseguran que sufren "presiones" y "ataques".

Las clínicas de Morín fueron el detonante

La regulación del aborto y su aplicación saltó a la luz pública el pasado mes de octubre. Entonces se conoció la existencia de un reportaje de una televisión danesa en el que una periodista consultaba si podía someterse un aborto a pesar de estar de 26 semanas de gestación (la ley española lo permite si se acredita daño físico o psicológico para la madre).

Desde entonces, Carlos Morín, dueño de varias clínicas dedicadas a la interrupción del embarazo en Barcelona, está bajo sospecha. Una investigación posterior terminó con su detención lo llevaba, junto a cinco de sus colaboradores.

Ayer un nuevo escándalo salpicó a Morín. Una comisión de la justicia holandesa se desplazó a Barcelona para interrogarle por otro caso. La causa es la detención por la policía de ese país, en el pasado mes de noviembre en Brabante (Holanda), de una joven de 24 años que se había sometido, presuntamente, a un aborto ilegal en una de las clínicas que dirigía Morín.

Su embarazo superaba -siempre según las fuentes de la investigación- el límite de 24 semanas, tiempo máximo que fija la legislación de ese país para permitir la interrupción voluntaria del embarazo. Esta mujer se enfrenta ahora a una posible acusación por asesinato o por infanticidio.

Cinco implicados

La comisión de la justicia holandesa tiene previsto interrogar a los cinco implicados en este caso, entre ellos a Carlos Morín. Éste se encuentra en prisión junto a su esposa y tres colaboradores, dos de ellos psiquiatras que firmaron informes en blanco. Se les imputan los delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental.

Sin embargo, el caso de la mujer detenida en Holanda no está vinculado con los arrestos realizados hace un mes en Barcelona. Se trata de otra mujer que no tiene nada que ver con la que dio origen a la investigación y posterior clausura de las clínicas de Morín.

Después de la emisión del reportaje danés, los centros de abortos fueron investigados por una querella presentada por la asociación cristiana e-cristians. A raíz de esta investigación se empezaron a conocer supuestos abortos ilegales, especialmente en extranjeras que se encontraban en avanzado estado de gestación.

Los obispos desempolvan la batalla del aborto

El debate resurge a sólo dos meses de las elecciones

El debate sobre el aborto ha revivido con virulencia en España el último mes después de que una investigación judicial llevara a prisión a varios profesionales de clínicas que practican la interrupción del embarazo en Cataluña, pero sobre todo, de la batalla de los obispos y sectores de la derecha contra el Gobierno. En un acto multitudinario convocado el 30 de diciembre por los obispos en defensa de la "familia", casi 200.000 personas corearon consignas contra aborto, divorcio exprés o matrimonio homosexual como parte de una política peligrosa que hace tambalear, en palabras del cardenal García Gasco, la propia democracia.

  • Rajoy: "No tengo pensado hacer cambios en el divorcio y el aborto"

  • En el programa electoral del PSOE figuraba la ley de plazos

Pero ¿quiénes son los obispos para hablar de democracia y dar lecciones, en nombre de una institución que no permite la igualdad de géneros ni otros valores básicos de la misma? El Gobierno reaccionó duramente contra la Iglesia y la acusó de participar en un acto de campaña, en connivencia con el PP, a sólo dos meses de las elecciones.

Algunos miembros del PP participaron en la exhibición de fuerza de la Iglesia, y fuentes defensoras del derecho al aborto consideran a la derecha como instigadora de las investigaciones que se están llevando a cabo en Madrid y en Barcelona. Pero la realidad es que el PP, en plena contradicción con lo que defiende la Iglesia, se ha negado a hacer suyos esos postulados y, públicamente, trata de pasar lo más desapercibido posible.

El miércoles, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se declaró contrario a cualquier cambio: "No tengo pensado hacer cambios importantes en la Ley del Divorcio y tampoco en la Ley del Aborto", aseguró. "Lo que tiene que hacer el Gobierno es garantizar que se cumpla la ley, porque tengo la sensación de que no se cumple".

La vulnerabilidad de las mujeres que han llevado a cabo abortos en las clínicas investigadas, sin embargo, ha llevado a la izquierda a recuperar un debate que parecía superado en España. Y dentro del PSOE, las críticas también han arreciado.

El partido había incluido una propuesta para ampliar la ley del aborto en el programa de 2004. Una asignatura pendiente desde 1985 y que permitiría reconocer el derecho a la mujer a abortar los tres primeros meses sin tener que suscribirse a los tres supuestos recogidos en la ley: el daño físico o psíquico para la madre, malformaciones del feto o violación. Si eso se hubiera producido, si se hubiera aprobado la llamada ley de plazos, nadie podría poner en cuestión la justificación de los abortos realizados.

Tras las detenciones en Barcelona, la mayoría de los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE vivió un espejismo porque creyó entender de su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, que podría producirse una revisión de la ley del aborto para ampliarlo. No fue así y Zapatero, tras las interpretaciones dadas de sus palabras, zanjó el asunto para dejar las cosas como están.

Durante la ejecutiva, varios ponentes opinaron ante Zapatero que había llegado el momento de revisar una ley que tras muchos años de aplicación se demostraba que tenía lagunas e imperfecciones. El debate lo abrió la secretaria de Igualdad, Maribel Montaño, y le siguieron Pedro Zerolo, Diego López Garrido, Álvaro Cuesta, Elena Valenciano, Carmen Hermosín, y Leire Pajín, entre otras.

El debate tuvo dos vertientes. Por un lado, la necesidad de defender el derecho al aborto frente a cierto "arrugamiento" ante la ofensiva de los sectores que, con la Iglesia a la cabeza, están en contra del mismo. En efecto, el PSOE guardaba silencio. Después, todos se enteraron que con la actual legislación se puede abortar sin límite temporal si las mujeres se acogen al supuesto de daño para la salud psíquica. Según los asistentes a esa reunión de la ejecutiva federal, Zapatero señaló que las reflexiones tendrían "reflejo" en el programa electoral. La mayoría quiso ver en esas palabras un cambio en la actual legislación. No será así. Aunque todavía no se ha hecho la redacción de esa materia todo apunta a que sólo figurará una llamada a la "reflexión" sobre qué aspectos podrían cambiar para mejorar, pero sin compromiso alguno.

Parecía superado pero, 22 años después, el aborto vuelve al debate, y las mujeres tienen miedo.

www.elpais.es 12.01.08

El juez desestima la querella presentada por Maragall contra la COPE y César Vidal

El juzgado de instrucción número 47 de Madrid ha desestimado la querella presentada por el  presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, contra la cadena COPE y el director de La Linterna, César Vidal, por una sátira de Fray Josepho. El juez considera que "en el contenido se aprecia la carencia de un ánimo de injuriar y por el contrario sí se aprecia un ánimo jocoso, burlón, satírico o de crítica mordaz" y subraya que esas expresiones "son numerosas y reiteradas en otros medios de comunicación, radio, prensa, televisión".

El pasado 4 de julio en una de sus habituales sátiras en La Linterna, Fray Josepho se declaraba ávido bebedor y establecía un paralelismo entre él y Pasqual Maragall. El presidente de la Generalidad presentó una querella criminal argumentado que esos comentarios eran constitutivos de injurias hacia su persona. Este viernes el titular del juzgado número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha desestimado la admisión a trámite de la querella. El juez argumenta que  "en el contenido se aprecia la carencia de un ánimo de injuriar y por el contrario sí se aprecia un ánimo jocoso, burlón, satírico o de crítica mordaz que en todo caso le resta la relevancia penal a las expresiones". Y añade el juez que "expresiones que además son numerosas y reiteradas en otros medios de comunicación, radio, prensa, televisión, los programas, series, o artículos periodísticos ofensivo que utilizan expresiones incluso de mayor contenido formal ofensivo contra personas incluso de mayor rango o similar o equiparable cargo político que el querellante". Sobre las opiniones en la tertulia del programa con respecto al apoyo de Maragall a la candidatura olímpica de Nueva York aparecidas en la página web de la candidatura y que también se incluían en la querella, el juez señala que "la opinión de las personas invitadas al programa, y la información de indudable relevancia, han sido manifestadas en ejercicio de los derechos constitucionales que se han expresado", en referencia al "derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones" y al "derecho a comunicar o recibir libremente información veraz". El juez aclara que la "utilización de calificativos y juicios de valor negativos" fueron "siempre referidos a un hecho veraz y real cual fue la aparición en una página web el apoyo del querellante a la candidatura olímpica de Nueva York".Por todo ello, el juez José Sierra Fernández desestima la querella y procede al archivo de las actuaciones. Maragall tiene un plazo de tres días para presentar un apelación.

http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276265779

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