ENRIQUE LÓPEZ Y LÓPEZ : UN SÚPER JUEZ
SÚPER GENOVÉS DE PURA
CEPA
BIOGRAFÍA NO OFICIAL DEL SUSODICHO.
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Nace en 1963 en el Bierzo (León). En 1985 finalizó sus estudios
de Derecho en la Universidad de Oviedo. En 1989 obtiene el título de juez y en
1990 el de magistrado especialista en los órdenes jurisdiccionales civil y
penal. Desde junio de 1989 hasta mayo de 1998 trabajó en juzgados de primera
instancia e instrucción: Arzua y Betanzos (A Coruña), Valladolid y León. Fue
miembro de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, momento de sumo interés para
Súper López y López que se cruza en
el camino con Juan José Lucas un genovés entonces de postín y hoy
en la reserva activa. Fue letrado del CGPJ del 11 de mayo del 98 al 3 de julio
del 2001siendo Jefe de Sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela
Judicial, cargo que dejo para ocupar el de Jefe de Sección del Gabinete Técnico.
A partir de ese verano del 2001 y por poco tiempo, se incorporó al Juzgado de
Instrucción número 10 de León. El 8 de noviembre del 2001, a propuesta del PP le
nombran Vocal del Consejo General del Poder Judicial siendo
Portavoz de dicho órgano hasta el 2005 que le nombran Magistrado de la Sala de
lo Penal en la Audiencia Nacional de Madrid, cargo del cual toma posesión en el
año 2008 y que ocupa en la actualidad.
En la Audiencia Nacional, aunque dicen sus retractores que no se mata
trabajando, ya sea por pura casualidad casual o vaya usted a saber por qué, el
caso es que acaba buscando y encontrando su participación en el denominado
Caso Faisán en el que sin complejos intenta que de una manera u otra,
atajos incluidos, este asunto forme parte de la orquesta que en el ámbito
mediático dirige su amigo Pedro J. Ramírez y en el genovés su otro
no menos amigo Federico Trillo. Desde entonces y no
necesariamente hay que relacionar una cosa con la otra es el eterno candidato
genovés al Tribunal Constitucional a pesar que ni por curriculum ni por
requisitos de antigüedad puede ser miembro del mismo. Al menos es lo que piensan
los autores del Dictamen que para la ocasión elaboraron los letrados del Senado
y que llegaron la conclusión que Súper López y López no era apto para el puesto.
Pero López es mucho más que un magistrado genovés inquieto por su
futuro laboral. Tiene familiares y amigos debajo de las piedras. Por ejemplo, es
cuñado de Miguel Manovel García, número dos del holding
empresarial que encabeza
José Luis Ulibarri, imputado en el
caso Gürtel y que tiene como abogado al ex
fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, el que
presentó la querella contra Baltasar Garzón por las escuchas, en
septiembre de 2009. En este cúmulo de amistades encadenadas de las que puede
presumir Súper López y López , el tal Ulibarri es consejero de
Soriana de Ediciones y Burgos Publicaciones, empresas con las que comparte con
El Mundo la edición del Diario de Soria y el Correo de Burgos,
respectivamente. De hecho, el pasado 9 de marzo, el Diario de Soria
organizó una fiesta para celebrar el quinto aniversario de la unión. Acudió el
imputado Ulibarri y se emitió un discurso del inmoral de
PJ. Ramírez.
Como el mundo es mucho más pequeño de lo dicen se da la circunstancia que 2 ex
consejeros de Unidad Editorial también están imputados en el caso
Gürtel: Manuel Delgado Solís y Plácido Vázquez Diéguez.
Pero la agenda de amistades de Súper López y López donde se hace
un hueco relevante es el mundillo de los genoveses originales y genuinos. Por
ejemplo, mantiene un amistad intima con el exministro de Justicia del PP
José María Michavila que siendo titular de Justicia fue
cuando Súper López y López se convirtió en portavoz y hombre
fuerte del CGPJ. Cuenta las crónicas con razón que su peso era mayor del
que sugiere su puesto y que el que fuera, el entonces presidente del CGPJ y hoy
a propuesta genovesa Magistrado del Tribunal Constitucional ,
Francisco José Hernando, no abría la
boca sin consultar antes con Súper López y López. También como ya
se ha señalado mantiene fuertes lazos ideológicos y personales con el marrullero
portavoz genovés en Justicia
Federico Trillo. Presume aunque ya no
tanto de tener amigos imputados como Enrique Arnaldo,
vocal como el del CGPJ hasta 2001, también muy próximo a Michavila
y que con el tiempo ha acabado como imputado en el caso
Palma Arena.
Pero si por algo se caracteriza nuestro Súper López y López es por
tener tiempo y ganas de apuntarse a un bombardeo al margen de su trabajo
remunerado en la Audiencia Nacional. Lo mismo te le encuentras cual estrella
mediática dando tumbos en las cadenas de la ultraderecha de radio y televisión
dando su opinión sobre asuntos humanos y divinos ya sea manifestándose a favor
de la pena de muerte revisable o en contra de los controles de velocidad por
carretera que en el mismo día está inaugurando cursos y seminarios, etc.
Por si esto fuera poco, Súper López y López es
conferenciante habitual, escribe libros o los prologa y con frecuencia firma
artículos en periódicos genoveses de referencia tipo La Razón. Su
especialidad, retribuida o no, es colaborar con la FAES, el centro de
operaciones ideológico que preside José María Aznar. Se pasa un
día si y otro también trabajando como ponente para esta Fundación genovesa.
Según se ha publicado solo entre el año 2003 y el año 2008 Súper
López y López ha participado en un mínimo de 53 seminarios a puerta
cerrada. Sobre lo que allí ha dicho te lo puedes imaginar.
Y para rematar su trepidante actividad también es patrón muy activo de la
Fundación Wolters Kluwer, que en febrero de 2010 invitó a unas jornadas
en Quintanilla de Onésimo al juez del Tribunal Supremo
Manuel Marchena, recién nombrado
instructor del caso Santander contra Garzón. En aquel
momento, ya estaban en marcha las tres causas del Supremo que, a falta aún de
juicio, forzaron la salida de Garzón de la Audiencia. Las jornadas de
Quintanilla de Onésimo las codirigieron
Michavila
y el propio Súper López y López, que sólo 15 días después firmó su
auto del caso Faisán que afeaba a Garzón y hablaba de la gravedad "sin
precedentes". El patronato de la Fundación Wolters Kluwer, empresa
que tiene varios acuerdos de colaboración permanente con la editora de El
Mundo, incluía entonces al propio Michavila, a Jaume Matas, ya imputado
en el Palma
Arena. y Enrique Arnaldo, el mentor de
Súper López y López en el CGPJ y también imputado en el caso Palma Arena
que llegó a presidir la fundación.
NOTICIAS VARIOPINTAS SOBRE
Súper López
y López
El juez clave del caso 'Faisán' ha
participado en 53 seminarios de FAES
Enrique López no se ha abstenido
para evitar sospechas de 'contaminación' pese a que el PP está personado como
acusación popular P
Enrique López.El magistrado Enrique López, que ha desempeñado un papel clave
para mantener vivo el caso Faisán en la Audiencia Nacional, participó entre 2003
y 2008 en un mínimo de 53 seminarios a puerta cerrada organizados por la
Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculada al Partido
Popular (PP) y presidida por José María Aznar. El PP está personado en el caso
Faisán como acusación popular y el promotor de la personación, Federico Trillo,
coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, es vocal del patronato de
FAES al menos desde 2003, el año en que el partido convirtió la entidad en su
macrofundación.
Pese a ello, López no sólo no se ha inhibido nunca en el caso, sino que en
febrero de 2010, apenas tres meses después de que se aceptara la personación del
PP, firmó un auto como miembro de la sala que aborda los recursos a la
instrucción del juez Baltasar Garzón, primero, y Pablo Ruz, ahora en el que
consideró que los hechos investigados "adquieren una gravedad sin precedentes en
la historia de la lucha contra el terrorismo en España", en línea con las tesis
defendidas por FAES y el Partido Popular. El auto también abogaba por una
investigación "más allá de lo normal" y con un "especial celo".
La fundación del PP y el magistrado declinan detallar las retribuciones
En abril de 2011, a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas,
López no se integró en el tribunal que debía resolver otro recurso, pero varias
fuentes jurídicas subrayan que mantuvo una actividad frenética entre bambalinas
para lograr que el caso, elegido por el PP como una de sus banderas de campaña
contra el PSOE y Alfredo Pérez Rubalcaba, se mantuviera en la Audiencia
Nacional, como sucedió. El auto resultante, del que fue ponente Julio de Diego,
muy próximo a López, abrió las puertas al posterior procesamiento "por
colaboración con ETA" de dos agentes con larga trayectoria en la lucha
antiterrorista Enrique Pamiés y José María Ballesteros y del exdirector general
de la Policía Víctor García Hidalgo.
Pleno decisivo
Y esta semana, a sólo dos meses de unas elecciones generales en las que el caso
Faisán tiene un peso aún mayor en el argumentario de campaña del PP porque el
candidato socialista es Rubalcaba, exministro del Interior; López es uno de los
magistrados que integrará el pleno de la Sala de lo Penal, que se reunirá a
partir de mañana convocado por su presidente, Javier Gómez Bermúdez, para
decidir si puede mantenerse o no la imputación por "colaboración con banda
armada". Si se mantiene, el dossier seguiría en la Audiencia. En caso contrario,
se trasladaría al juzgado de Irún y ya sin esta explosiva imputación.
Los seminarios de FAES han criticado virulentamente el diálogo con ETA
Un portavoz de FAES rehusó detallar la retribución percibida por López por su
participación en los 53 seminarios de la fundación esgrimiendo que lo impide la
Ley de Protección de Datos. El magistrado también ha declinado contestar a las
preguntas planteadas por Público.
En la reciente declaración pública de bienes y rentas en el Congreso, algunos
parlamentarios del PP han citado su participación retribuida en seminarios de
FAES, aunque los emolumentos concretos se agrupan en partidas más amplias.
La estrecha colaboración de López con FAES no se limitó a la asistencia en
seminarios, sino que también ejerció en ocasiones de coordinador de seminario y
de ponente. Y en 2005, el magistrado fue uno de los expertos que participaron en
unas jornadas intensivas de tres días que se celebraron en Sevilla.
Propuesto por el PP, su nombre mantiene bloqueada la renovación del TC
"Generar ideas"
Los seminarios son uno de los elementos centrales en el proceso de "generar
ideas" para la fundación del PP. En palabras de la entidad: "FAES organiza
seminarios donde participan un reducido número de personas, ya sean expertos,
profesores, empresarios o políticos. Los seminarios se celebran a puerta
cerrada. Un ponente somete un asunto a debate entre los asistentes. Sus
conclusiones quedan a disposición de la fundación, en ocasiones para su
publicación física o electrónica".
Por los debates a puerta cerrada de FAES han pasado puntualmente expertos que no
son cercanos al PP. Pero López se convirtió en un fijo desde 2003 hasta 2008,
mientras fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), adonde
llegó aupado también por la derecha
A finales de 2008, el magistrado se incorporó a su plaza de la Audiencia
Nacional, que había logrado en 2005 siendo portavoz del órgano de gobierno de
los jueces. Y desde entonces el PP lo viene postulando candidato al Tribunal
Constitucional. A pesar de que el Senado ha dictaminado que no cumple los
requisitos técnicos para acceder al Alto Tribunal, el PP ha mantenido su
candidatura como condición sine qua non para su renovación, lo que explica en
parte el bloqueo de la institución.
La última memoria editada por FAES es la de 2009. Y la última asistencia de
López en seminarios de la fundación, según las memorias de la entidad hasta ese
año, se remonta a junio de 2008, coincidiendo con el fin de su etapa en el CGPJ.
Crítica al diálogo con ETA
La participación más activa del magistrado en seminarios de FAES fue en los años
2005 y 2007, siendo ya juez de la Audiencia Nacional en servicios especiales en
el CGPJ, a un ritmo de uno por mes. Y su actividad se centró sobre todo en el
área de Constitución e Instituciones. Las conclusiones de FAES, tras los
seminarios organizados, fueron de crítica virulenta al proceso de diálogo con
ETA impulsado por el Gobierno del PSOE mientras duró la tregua.
En 2007, por ejemplo, López participó en cuatro seminarios dedicados al modelo
de Estado con el título conjunto de Un proyecto de ruptura en ejecución,
celebrados entre el 1 y el 20 de marzo. Y entre las conclusiones de los trabajos
de ese año que FAES incluyó en su memoria, la fundación insistió en que "las
políticas antiterroristas siguen siendo una prioridad" del área que contó
durante cinco años con el magistrado como colaborador habitual.
El texto del área de Constitución e Instituciones publicado en la memoria de
2007 concluye así: "ETA capitaliza una estrategia partidista del Gobierno basada
en la ruptura del consenso de Estado en la política antiterrorista y el
desmantelamiento de hecho del conjunto de medidas políticas y legales que
anunciaban la derrota de ETA y la inviabilidad radical de sus pretensiones,
incluida la de legitimar su trayectoria criminal".
Fuentes jurídicas le sitúan detrás del auto de procesamiento del caso 'Faisán'
La presión política sobre el caso Faisán fue precisamente la base del histórico
voto particular que el magistrado progresista José Ricardo de Prada redactó ante
el auto del pasado abril, que mantuvo el caso en la Audiencia Nacional. De Prada
alertó de la "instrumentalización política del caso" y del intento, a su juicio,
de criminalizar el diálogo con ETA.
"Llena de sorpresa a este magistrado, y no encuentra explicación jurídica
convincente alguna, que sea esta la primera causa penal en la historia de España
que por hechos de esta naturaleza se incoe", escribió De Prada. Y también: "Se
refiere a un asunto fuertemente politizado en el que de una manera manifiesta se
está tratando de cuestionar políticamente un proceso de paz".
La Fiscalía, partidaria de trasladar el caso a Irún al descartar la colaboración
con banda armada, también emitió en abril una nota sin precedentes, respaldada
por unanimidad por la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional, en la que
denunció el sesgo político de la campaña del Faisán y la judicialización del
diálogo del Gobierno del PSOE con ETA.
Ofensiva del PP
El PP no se ha limitado a personarse como acusación popular, sino que ha
considerado el caso una prioridad política también en el Congreso, especialmente
desde que, en octubre de 2010, Rubalcaba ascendió a vicepresidente y aspirante
in péctore a suceder a José Luis Rodríguez Zapatero como rival de Mariano Rajoy,
presidente del PP y vocal del patronato de FAES. El registro de actividad del
Congreso revela hasta qué punto el PP ha considerado prioritario el caso Faisán:
ha presentado más de 300 preguntas parlamentarias al respecto y ha interrogado
más de 40 veces en pleno, la mayoría a Rubalcaba.
La ofensiva ha sido también intensa en el terreno de las declaraciones, con la
participación activa de miembros muy destacados del patronato de FAES, con el
punto de mira siempre sobre el candidato socialista.
El propio Aznar, presidente de FAES, ha comparado el caso Faisán con el GAL. Y
la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha declarado que "el
chivatazo a ETA supone una alta traición que debería invalidar a Rubalcaba como
candidato". "Rubalcaba está inhabilitado para cualquier cargo público y para
pedir la confianza de los españoles", ha agregado la portavoz parlamentaria,
Soraya Sáenz de Santamaría. "El Faisán va a asar a fuego lento a Rubalcaba", ha
insistido Jaime Ignacio del Burgo. Todos son patronos de FAES.
"No se me ocurre nadie más que él [Rubalcaba] para dar órdenes como las que se
han dado en el tema del chivatazo", ha afirmado Federico Trillo, cerebro de la
estrategia judicial que llevó al PP a personarse en el caso Faisán. Y también a
recusar con éxito al magistrado del Constitucional Pablo Pérez Tremps en la
sentencia del Estatut porque el jurista había elaborado un estudio académico
para la Generalitat en la época de Jordi Pujol. Tras presentar esa recusación,
en agosto de 2006, Enrique López, el magistrado que iba a ser la clave del caso
Faisán, ya había participado en 34 seminarios de FAES. Y aún lo haría en otras
19 ocasiones antes de redactar su auto considerando el caso "de una gravedad sin
precedentes".
Una operación contra el aparato de extorsión
Joseba Elosua, dueño del bar Faisán y colaborador de ETA, recibió el 4 de mayo
de 2006 la visita en su establecimiento de una persona que le pasó un móvil. La
banda había declarado una tregua el 24 de marzo. Una voz al otro lado de la
línea le comunicó que iba a producirse una operación contra el aparato de
extorsión de ETA si, tal y como tenía previsto Elosua, se reunía en Irún con un
etarra. La operación se frustró. Según la investigación del juez Grande-Marlaska,
había tres implicados: el inspector José María Ballesteros que entró
supuestamente en el Faisán y pasó el móvil a Elosua; el jefe superior de Policía
del País Vasco, Enrique Pamiés la persona que presuntamente estaba al otro lado
del móvil; y el director general de la Policía, Víctor Hidalgo. Un mes y medio
después se puso en marcha de nuevo la operación, impulsada por el juez Fernando
Grande-Marlaska y la magistrada francesa Laurence Le Vert, los mismos que la
habían dirigido semanas antes, que culminó con 12 detenciones
www.publico.es 19.09.11
Participación de López en seminarios
de la fundación del PP (2003-2008)PÚBLICO 19/09/2011 12:45 Actualizado:
19/09/2011 12:45
2003
9 de junio Justicia y economía: ¿qué maximizan los jueces?
29 de diciembre La ejecución en los procesos judiciales
2004
3 de mayo La justicia en la VIII legislatura
31 de mayo Los nuevos juzgados de lo mercantil
30 de junio Proyecto de Ley de medidas en relación con la violencia contra las
mujeres
18 de octubre Presupuestos para Justicia. Un nuevo fiasco
28 de octubre Nuevos sujetos para derechos nuevos y viejos
4 de noviembre Familia
11 de noviembre El nuevo derecho penal y penitenciario
2 de diciembre Derecho a la salud, a la vivienda y al trabajo
9 de diciembre Compromiso con los derechos humanos en un mundo global
2005
24 de enero ¿Qué hacer ahora con el Plan Ibarretxe?
9 de febrero Función casacional del Supremo ante las propuestas de
desnaturalización
27 de abril El carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo
20 de mayo La futura ley reguladora de los españoles en el Exterior
21 de junio Función casacional del Supremo y la unificación de la jurisprudencia
28-30 de septiembre La sociedad española del 2005: ¿más unida o más dividida?
28-30 de septiembre Medidas antiterroristas, derechos civiles y minorías
islámicas
28-30 de septiembre Identidad europea y valores occidentales
28-30 de septiembre El necesario fortalecimiento de las instituciones en España
28-30 de septiembre Educación: ¿de qué estamos hablando?
28-30 de septiembre Construir una mayoría: la experiencia norteamericana
28-30 de septiembre Energía y crecimiento económico en la España de 2005
3 de octubre La propuesta de reforma del Estatuto Valenciano
4 de octubre El futuro de la organización de Justicia en las reformas
estatutarias
4 de octubre Justicia de proximidad. Incardinación de una instancia parapolítica
27 de octubre Municipios, seguridad y civismo
24 de noviembre La reforma de la Ley del Tribunal Constitucional
1 de diciembre La Ley del Suelo en la Comunidad de Madrid
2006
6 de febrero Justicia de proximidad y consejos autonómicos
6 de marzo Los derechos políticos y sociales de los españoles en el exterior
6 de abril Borrador del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
20 de junio Ley Integral contra la Violencia de Género: evaluación
19 de octubre Ley de Partidos Políticos
2007
22 de febrero Diligencias del fiscal
1 de marzo Un proyecto de ruptura en ejecución
6 de marzo Un proyecto de ruptura en ejecución (II)
15 de marzo Un proyecto de ruptura en ejecución (III)
20 de marzo Un proyecto de ruptura en ejecución (IV)
25 de abril Reforma en las aulas: reformas legislativas
8 de mayo La prescripción penal
17 de mayo La prisión provisional: la necesidad de actualizar la reforma
12 de junio El Ministerio Fiscal
12 de septiembre El Ministerio Fiscal (II)
23 de octubre Inmigración legal / inmigración irregular
11 de diciembre Seguridad vial
2008
21 de enero Código Penal (I)
18 de febrero Seguridad vial (II)
2 de abril Derecho Penal y defensa del ordenamiento constitucional
7 de abril Los juicios rápidos
7 de mayo El Estatuto de la víctima
12 de junio Ejecución de penas
17 de junio Penas y medidas de seguridad
www.publico.es 19.09.11
Tres jueces ya se han
abstenido para no quedar 'contaminados'
El pleno de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional, con las posturas muy
divididas, decidirá a partir de mañana martes el destino del 'caso
Faisán'
El pleno de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional, con las posturas muy
divididas, decidirá a partir de mañana martes el destino del
caso Faisán. Un tribunal formado por 15 magistrados verá
ese día los recursos contra el auto en el que el juez Pablo Ruz
procesó por colaboración terrorista o encubrimiento y revelación
de secretos al ex director general de la Policía Víctor García
Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique
Pamiés, y al inspector de la Brigada de Información de Álava
José María Ballesteros.
Aunque el presidente
de la Sala de Lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, convocó
"a la totalidad" de los
miembros de la Sala, tres de los cuatro magistrados de la
sección tercera han anunciado que no participarán en el pleno.
Se trata de Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz-Polanco y Clara
Bayarri, quienes en caso de que se decidiera que la causa debe
permanecer en la Audiencia Nacional formarían el tribunal
encargado de enjuiciar los hechos y por tanto quedarían
contaminados si resuelven ahora.
Colaboración o
revelación
Los abogados de
García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros sostendrán que sus
representados no tienen relación con los hechos investigados y
pedirán el archivo del caso, mientras que la Fiscalía dirá que
sólo aprecia un delito de revelación de secretos que debe ser
enjuiciado en Irún (Guipúzcoa),
donde se produjo el chivatazo, y no en la Audiencia
Nacional. Por su parte, las acusaciones mantendrán que los
procesados cometieron un delito de carácter terrorista, el de
colaboración con ETA, por lo que el caso debe permanecer en este
tribunal
www.publico.es
19.09.11
Varapalo del Supremo a una sentencia
de Enrique López
Vota Resultado 0 votos . .El Tribunal Supremo ha reducido a dos años de prisión
la condena de siete años y medio a cuatro borrokas que quemaron un cajero
automático en Barakaldo en el marco de una acción de terrorismo urbano. La
sentencia de la Audiencia Nacional, que el Supremo corrige con severidad, fue
redactada en julio del pasado año por el magistrado Enrique López, al que el PP
quiere promover al Constitucional. El Supremo estima tres de los cuatro motivos
de casación que planteó la defensa de los condenados, al apreciar error en la
aplicación del delito y error en la aplicación de la pena.
El Supremo sí considera probado que Asier Gómez de Salazar, Sendoa Aratz Jurado,
Unai Frías de la Red y Jon Villanueva Patin arrojaron un cóctel molotov a un
cajero automático, provocando un incendio que calcinó varios elementos del
mobiliario, si bien el fuego se extinguió rápidamente sin que se produjera
riesgo para la vida o la integridad física. El cajero se encontraba en un
inmueble de siete alturas, cuyas viviendas estaban ocupadas por sus moradores en
el momento de los hechos.
El Supremo rectifica la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia
Nacional, que aplicó el delito de incendio del artículo 571 del Código Penal,
que es el que comete el integrante o colaborador de una banda armada, y que se
castiga más gravemente. Según el Supremo, debió de aplicarse el artículo 577,
que sanciona al que actúa "de manera ocasional y en concretos actos delictivos",
aunque se comulgue con la "patógena ideología terrorista".
Inadmisible
La Audiencia castigó "el claro fin terrorista existente en el delito de incendio
ocasionado", pero según el Supremo, "tal razonamiento, ni es admisible ni
coherente con la propia argumentación de la sentencia", que rechazó el delito de
integración, pertenencia o colaboración con banda armada. Para el Supremo, el
modus operandi es el que se conoce como kale borroka, pero responde a la
"colaboración excepcional de quien no está integrado en una banda armada".
La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Joaquín
Giménez, corrige también la tipificación del delito que hace la Audiencia
Nacional como delito de incendio terrorista y lo sanciona con la pena prevista
para el delito de daños, dado que la propia sentencia de instancia "excluyó
claramente la nota del riesgo para las personas".
www.elpais.es 17.06.11
EL PP MANIOBRA PARA RENOVAR YA EL CONSTITUCIONAL SIN RETIRAR SU ESCOLLO
Trillo mantiene a López y cree que solucionará la crisis con Rubalcaba en 15
días
No es la primera vez que PSOE y PP intentan renovar el Tribunal Constitucional.
Es la séptima. Y no es la primera vez que prometen que esta es la buena. Por
eso, el escepticismo en los pasillos del Congreso era ayer total. Pero la
presión también es mayor que otras veces, por la dimisión -no aceptada- de los
tres miembros del tribunal (un vicepresidente y dos magistrados) que cumplieron
mandato hace más de seis meses.
El escepticismo es total, pero la presión para el pacto es más fuerte que nunca
Duras críticas a los partidos de las cuatro asociaciones judiciales
El escollo parece seguir en el mismo punto que ha bloqueado otros intentos de
negociación: el nombre de Enrique López, un juez de la Audiencia Nacional con
mucho perfil político que se convirtió en un ariete contra el PSOE cuando fue
portavoz del Poder Judicial. El PP no parece de momento dispuesto a retirar ese
nombre. "No aceptamos vetos ni condiciones previas", sentenció ayer Federico
Trillo. Y el PSOE tampoco parece dispuesto a aceptarlo. Pero la negociación se
ha puesto en marcha y, de nuevo, con un final incierto.
Trillo va a mantener a López, con quien el PP ha establecido un compromiso muy
firme. En ese caso la única salida sería que el Gobierno aceptara a este
candidato. Los populares insisten en que los problemas de López, esto es, que no
había cumplido los 15 años de ejercicio de la profesión, ya están resueltos (el
pasado diciembre cumplió ese requisito). Pero el conflicto con López no era
técnico, sino político: el PSOE no quiere asumir que vaya al Constitucional
alguien a quien ve como un agente político del PP -donde se le trata como un
dirigente más, con posibilidades de entrar en política si ganan los populares- y
sin el suficiente bagaje jurídico.
Menos probable parece la otra solución; esto es, que el PP aceptara retirarlo.
En cualquier caso, ambos partidos, después del órdago de los tres jueces, han
puesto al mando de las negociaciones a dos de las personas con más poder en sus
formaciones y habituales interlocutores en las negociaciones PSOE-PP.
Por un lado, Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente y ministro del Interior.
Por otro, el propio Trillo, el hombre del PP en el mundo de la justicia, que ha
controlado durante los últimos 20 años decenas de nombramientos y operaciones
políticas en el Poder Judicial.
La negociación que antes llevaban los portavoces, Soraya Sáenz de Santamaría y
José Antonio Alonso, ha cambiado así de interlocutores. La primera, que ayer
insistió en la "sincera voluntad de acuerdo del PP", queda desplazada, y el
segundo se recupera de una fuerte cefalea, por la que ha estado varios días en
un hospital. Rubalcaba y Trillo hablaron el lunes, después de que estallara la
crisis en el Constitucional. Antes, según fuentes del PP, Mariano Rajoy le había
dado la orden a Trillo de que llamara al vicepresidente para intentar un
acuerdo. El entorno del líder insiste en que quiere un pacto, pero él siempre
deja en manos de Trillo la negociación y hasta ahora no ha fructificado, de
manera que buena parte del PP piensa que el ex ministro de Defensa prefiere
dejar pasar el tiempo hasta las elecciones para poder negociar mejor con una
nueva mayoría.
Trillo lo niega. Y asegura que su voluntad de acuerdo es firme. Eso sí, sin
renunciar a López. Por eso llamó a Rubalcaba, aunque la conversación no entró en
el nivel de negociación, sino de toma de contacto, según fuentes de los dos
partidos. Se han citado estos días. El presidente del Congreso, José Bono,
también tomó cartas en el asunto y puso un plazo máximo: hasta el 30 de junio.
El PP recuerda que, aunque parecía imposible, ambos grupos pactaron -con tres
años de retraso- la renovación de los cuatro jueces que corresponden al Senado.
Eso llegó después de una conversación entre Rajoy y Zapatero. Claro que el PP
aceptó retirar a López. Lo sacó del Senado para colocarlo en la cuota del
Congreso. Y ahí sigue.
Pero mientras se producen contactos en privado y ambos partidos admiten que la
presión es tan grande que el pacto es posible -aunque el escepticismo es total-,
sus portavoces jugaron ayer una partida de póquer en la que todo parecía
encaminado a dos objetivos: presionar al rival para que acepte sus condiciones y
tratar de no quedar ante la opinión pública como los responsables de la ruptura.
Rubalcaba dijo: "Dos no pactan si uno no quiere". Francisco Caamaño culpó al PP
por mantener a López: "La estrategia del PP ha sido: o lo que yo quiero o la
nada". Ramón Jáuregui señaló que el PP espera "otra mayoría" para renovar,
mientras Eduardo Madina insistía en que está "en la mano del PP" resolver el
conflicto.
Mientras, los grupos pequeños, en especial PNV, IU y ERC, animaban a PSOE y PP a
ponerse de acuerdo y el mundo judicial aumentaba la presión. Los portavoces de
cuatro asociaciones profesionales -APM, Jueces para la Democracia, Francisco de
Vitoria y Foro Judicial Independiente- exigieron la renovación con duras
críticas a todos los políticos.
www.elpais.es 15.06.11
EL EMPEÑO DEL
PP EN PROPONER A ENRIQUE LÓPEZ BLOQUEA LA RENOVACIÓN
Trillo espera
que las elecciones cambien la mayoría para tener más facilidades
Las enormes dificultades
para renovar el Constitucional son una prueba más de la situación de bloqueo que
vive la política española en algunas de sus esferas. Y después de la crisis
abierta ayer por la renuncia de tres magistrados, nada parece indicar que las
cosas vayan a cambiar. La renovación quedó bloqueada en noviembre de 2010, y ahí
sigue.
El escollo es uno solo, y
siempre el mismo: el empeño del PP en mantener como candidato a Enrique López,
un juez de la Audiencia Nacional muy polémico por su faceta política, sobre todo
cuando fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial.
El PSOE mantiene su veto a
López, y el PP insiste con ese nombre, muy vinculado a Federico Trillo,
principal negociador de los populares en asuntos relacionados con la justicia.
El PP juega con una gran ventaja. Mientras pasa el tiempo, se acercan las
elecciones generales, que previsiblemente cambiarán la mayoría en el Congreso y
podrían incluso permitir que los populares lograran, en vez del actual 2-2 en la
elección de los magistrados por la Cámara, un 3-1 a su favor. Entonces sería el
PSOE quien podría bloquear la renovación, pero para los populares es cuestión de
esperar, en algún momento ganarían la partida.
El Constitucional es clave
en la estrategia del PP, ya que en la mesa del alto tribunal están asuntos de
gran calado para su electorado, como el matrimonio homosexual, la nueva ley del
aborto o la legalización de Sortu.
El entorno de Mariano Rajoy
asegura que él quiere renovar. Sin embargo, el líder siempre deja este asunto en
manos de Trillo, motivo por el cual ayer en el PP daban por hecho que no habrá
renovación antes de las elecciones.
Ambos partidos culpan al de
enfrente de que no haya acuerdo. La número dos del PP, María Dolores de Cospedal,
achacó ayer la crisis actual al "caos" en que se mueve el Gobierno de Zapatero,
que va, dijo, "a la deriva". Los socialistas interpretan que las tres renuncias
son un mensaje al PP para que facilite la renovación.
López no oculta su amistad
con Trillo ni su cercanía al PP, tanto que suele aparecer en actos políticos del
partido. En los foros del PP se le trata como a un dirigente más, siempre con
aspiraciones de entrar en política cuando Rajoy llegue al Gobierno.
El juez se convirtió en uno
de los arietes contra el Ejecutivo del PSOE cuando era portavoz del Poder
Judicial. El PP bloqueó durante dos años la renovación de ese órgano, tanto que
López fue portavoz del CGPJ durante toda la primera legislatura de José Luis
Rodríguez Zapatero y no cesó hasta finales de 2008. El PSOE vivió así casi cinco
años con un Poder Judicial a la contra.
Las polémicas declaraciones
de López sobre todas las cuestiones políticas del momento —llegó a plantear la
necesidad de abrir un debate sobre la cadena perpetua— hicieron que la minoría
progresista del CGPJ pidiera en dos ocasiones que le destituyeran como portavoz.
Después de largos años de
bloqueo, siempre por López, Rajoy y Zapatero pactaron la renovación de los
cuatro miembros del Constitucional elegidos por el Senado. El PP aceptó sacar a
López de allí para evitar el bloqueo, pero lo metió en su cuota del Congreso. Y
esos son los cuatro que siguen bloqueados.
El compromiso de Trillo y
Rajoy con López por su trayectoria pasada parece firme, y la voluntad del PSOE
de mantener el veto también, por lo que, salvo sorpresas por la presión que
supondrá la crisis de ayer, no parece que nada vaya a cambiar hasta después de
las elecciones de 2012.
www.elpais.es 14.06.11
EL MAGISTRADO
MÁS AFÍN AL PP DIRIGE LA ESTOCADA DEL 'CASO FAISÁN'
Enrique López,
el juez que compara los procedimientos con las corridas de toros, ha sido clave
para mantener la instrucción en la Audiencia Nacional
Si a algún
magistrado se le ocurriera alguna vez comparar la Justicia con las corridas de
toros, todo el mundo coincidiría en quién sería el matador y quién el candidato
al descabello.
En realidad,
este magistrado ya existe: Enrique López, juez de la Audiencia Nacional muy
próximo al PP, publicó el pasado junio en La Razón el artículo "La
justicia de los toros", en el que trataba de demostrar que "las corridas de
toros tienen unas fases muy similares a las de un procedimiento" y confesaba que
en ocasiones se siente "ante la misma soledad que ese arrostrado torero
frente a un enfurecido morlaco".
Según coinciden
varias fuentes jurídicas, ha sido también López el elemento clave que ha situado
a los tres imputados del caso Faisán ante lo que, según su particular
metáfora, podría ser el equivalente al último tercio de la fiesta: nada
menos que un ex director general de la Policía y dos agentes con lustros de la
lucha antiterrorista a un paso del procesamiento por un delito de "colaboración
con ETA".
El auto,
fechado el 4 de abril, provocó un voto particular del magistrado José Ricardo de
Prada, un grito a medio camino entre el Yo acuso, de Émile Zola ,y el
¡Indignaos!, de Stephane Hessel, que denunciaba en términos
descarnados la "instrumentalización política" del caso y lamentaba que sus
compañeros "no hayan hecho el esfuerzo de deslindar lo político de lo jurídico o
no hayan sabido hacerlo".
Objetivo:
Rubalcaba
En el voto
particular no hay nombres ni apellidos asociados a la "instrumentalización
política". Pero son innecesarios: tras el nombramiento de Alfredo Pérez
Rubalcaba como vicepresidente, el pasado octubre, el PP ha concentrado sus
banderillas, varas y muletas sobre el supuesto delfín de José Luis Rodríguez
Zapatero hasta el punto de que ha presentado 295 preguntas por escrito sobre el
caso Faisán y ha interrogado 38 veces en pleno, 31 de ellas a Rubalcaba.
"No es
colaboración con ETA, pero no es el momento de ir a Irún", sostuvo
En el manual de
campaña del PP ante el 22-M, el caso Faisán ocupa un lugar muy destacado.
Y lo que la semana pasada decidió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
es que se mantenga en esta instancia tan mediática en lugar de trasladarse al
más discreto juzgado de instrucción de Irún, el lugar donde se produjo el
chivatazo que aplazó un mes la detención de 12 presuntos miembros de una red
de extorsión de ETA. Pero para que siguiera en la Audiencia, había que
mantener abierta la imputación por "colaboración con ETA" contra los dos agentes
Enrique Pamiés y José María Ballesteros y el ex director general de la Policía
Víctor García Hidalgo, autor del recurso sobre el que acaba de pronunciarse la
Audiencia.
"Por la calle
de Génova circularon corrientes intensísimas", sostienen fuentes jurídicas que
han seguido de cerca el caso, en referencia a la proximidad entre la sede
nacional del PP y la Audiencia Nacional, separadas por apenas 150 metros. Varias
fuentes consultadas coinciden en que el magistrado Enrique López, a quien el PP
postula contra viento y marea desde hace más de dos años como candidato al
Tribunal Constitucional pese a no cumplir, según la Mesa del Senado, los
requisitos legales para ello, ha sido clave en conseguir que la próxima
campaña electoral se abra con el caso Faisán en la Audiencia.
"Sin
precedentes"
El juez ya fue
determinante el año pasado en mantener vivo el caso en el tribunal al firmar él
mismo como ponente un auto, de febrero de 2010, en el que introdujo dos frases
muy polémicas: de un lado, sostuvo que los hechos investigados "adquieren una
gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en
España". Del otro, defendía una investigación "más allá de lo normal" y con
un "especial celo".
El auto causó
mucho revuelo porque estos polémicos añadidos superaban con mucho el terreno
que, según fuentes jurídicas, habían consensuado los cinco magistrados de la
Sala antes de que los tres miembros del tribunal iniciaran las deliberaciones.
"De aquellos polvos, estos lodos", subraya un jurista muy bien conectado con la
Audiencia.
Fuentes
próximas al magistrado niegan cualquier influencia en el auto
En el último
auto, López buscó un perfil más discreto y ni siquiera se integró formalmente en
el tribunal. Pese a ello, fuentes jurídicas aseguran que en el inicio de las
deliberaciones dejó clara su implicación en el caso hasta el punto de que
trasladó a varias personas el siguiente razonamiento: "No es colaboración [con
ETA], pero no es el momento de enviar a Irún el caso".
Su actividad en
este sentido fue tan frenética que incluso recibió un toque de atención para que
fuera más discreto, añaden las fuentes citadas. López ha declinado hablar con
Público, pero fuentes de su entorno subrayan que no ha tenido ninguna
participación con el auto conocido el martes.
Pese a que el
tribunal lo integran únicamente tres magistrados en este caso, Fernando García
Nicolás, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, los cinco miembros de la Sala
participaron en las conversaciones informales que a veces se realizan para
definir el terreno de juego antes de constituir el tribunal. Y en estas
tomas de contacto informal, López también expresó lo mismo que dijo luego a
otras personas: no es el momento de que la Audiencia Nacional traslade el caso
al juzgado de Irún.
Deliberaciones
Este fue
precisamente el mensaje que, cuando en la semana del 21 de marzo se iniciaron
las deliberaciones, asumió el ponente, Julio de Diego, un magistrado considerado
muy próximo a Enrique López y al que sectores de la Audiencia han colgado el
mote de Torrente. En el otro polo se colocó José Ricardo de
Prada: consideraba que había que retirar cuanto antes la imputación por
colaboración con ETA de un ex director general de la Policía y dos agentes
curtidos en la lucha antiterrorista.
López no estuvo
en el tribunal, pero desplegó una actividad frenética
Fuentes
jurídicas explican que el presidente del tribunal García Nicolás se decantó
inicialmente por retirar dicha calificación y que incluso se había consensuado
una solución técnica en la que todos lograban algo: se retiraba la imputación
por colaboración con ETA y se mandaba el expediente a Irún, pero en el ínterin
que podría espaciarse incluso hasta después del 22-M el juez Pablo Ruz podía
seguir la instrucción.
Sin embargo, al
final de la segunda semana de deliberaciones, García Nicolás viró hacia la
posición final, que cumplió todos los objetivos que había explicitado López y
que dejaba al borde del procesamiento por colaboración con ETA a los tres
imputados. Fue este viraje abrupto en el último segundo lo que motivó el
grito de José Ricardo de Prada en el voto particular, que según algunas fuentes
fue suavizado en la versión final.
Varias fuentes
jurídicas subrayan la extrema debilidad profesional en que se encuentra García
Nicolás tras varios reveses encadenados desde 2009. El CGPJ, del que Enrique
López fue portavoz hasta 2008, abrió sendos expedientes por falta grave al
dictar una sentencia por un delito de enaltecimiento del terrorismo tres años y
medio después del juicio y por haber tardado un año y medio en otra por
terrorismo callejero.
El pasado
septiembre, el CGPJ le impuso una multa de 500 euros por este último caso.
También en 2010, en junio, el Supremo anuló otra sentencia con su firma, dictada
igualmente con gran retraso (27 meses después del juicio) por su "desoladora"
motivación y sus "graves defectos estructurales". El resultado fue la
absolución de cinco jóvenes que habían sido condenados a cinco años de cárcel
por un delito de colaboración con ETA.
El presidente
del tribunal está en situación precaria tras varios reveses
Coincidiendo
con las deliberaciones del tribunal, y con García Nicolás aún partidario del
traslado a Irún, El Mundo arrancó el serial de las "actas" de ETA, justo
antes de que el juez Ruz levantara el secreto de sumario .
El director de
El Mundo, Pedro J. Ramírez, incluso alardeó en Twitter de haber influido
en el giro del tribunal con la publicación del serial: "Las actas de ETA han
sido clave. La Audiencia mantiene la colaboración con ETA a los imputados del
Faisán", contó Ramírez.
Relación con
Ulibarri
La conexión
entre Ramírez, el director que publicó las informaciones "clave", y López, el
magistrado clave del auto, va más allá de compartir palco en el Santiago
Bernabéu. También de su amistad con el exministro de Justicia del PP José María
Michavila y el portavoz de Justicia del partido, Federico Trillo.
Hay otro nudo:
Miguel Hernán Manovel, cuñado de Enrique López, es el número dos del holding
empresarial que encabeza José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel,
y como tal es consejero de Soriana de Ediciones y Burgos Publicaciones, las
empresas con las que Ulibarri comparte con El Mundo la edición del
Diario de Soria y el Correo de Burgos, respectivamente.
El cuñado de
López es directivo de Ulibarri, imputado en la ‘Gürtel’
El pasado 9 de
marzo, el Diario de Soria organizó una fiesta para celebrar el quinto
aniversario de la unión. Acudió Ulibarri y se emitió un discurso ex profeso de
Ramírez. Dos exconsejeros de Unidad Editorial también están imputados en el
caso Gürtel: Manuel Delgado Solís y Plácido Vázquez Diéguez.
Es precisamente
el abogado de Ulibarri en el caso Gürtel, Ignacio Peláez, el que
presentó la querella contra Baltasar Garzón por las escuchas, en septiembre
de 2009. Y es en febrero de 2010 cuando López, que se jacta de su amistad con
Ulibarri desde los tiempos en que fue juez en León y Valladolid, firma el auto
que considera de una gravedad sin precedentes el caso Faisán.
En aquel
momento, el morlaco al que se enfrentan el PP y el juez que este partido
insiste en sentar en el Constitucional cueste lo que cueste no era sólo
Rubalcaba, sino también Garzón, que en febrero de 2009 había empezado a instruir
el caso Gürtel y que en aquel momento asumía la investigación del caso
Faisán.
Ascenso al CGPJ
La
investigación de la Gürtel señaló desde el principio una pista en
Castilla y León: con Ulibarri y otros empresarios, pero también con el
supuesto pago de comisiones en la época presidida por Juan José Lucas, cuya
influencia fue decisiva para que, en 2001, el PP propusiera a López como vocal
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Su padrino en
el CGPJ fue Arnaldo, imputado en el ‘caso Palma Arena’
En 2001, Lucas
era ministro de la Presidencia de José María Aznar, y López inició entonces la
carrera como vocal del Consejo que le llevaría a convertirse en el aguerrido
portavoz de la institución hasta 2008 con postulados calcados a los del PP.
Había llegado a la casa en 1998, como letrado, y su otro mentor, además de
Lucas, fue Enrique Arnaldo, vocal hasta 2001 muy próximo a Michavila y al PP,
hoy imputado en el caso Palma Arena.
Fue con
Michavila al frente de Justicia cuando López se convirtió en portavoz y
hombre fuerte del CGPJ. Su peso era mayor del que sugiere su puesto:
exvocales explican que ante cualquier petición, por nimia que fuera, el entonces
presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, pedía consultar con López antes de
responder.
Invitación a
Marchena
López es
también patrón muy activo de la Fundación Wolters Kluwer, que en febrero de 2010
invitó a unas jornadas en Quintanilla de Onésimo al juez del Tribunal Supremo
Manuel Marchena, recién nombrado instructor del caso Santander contra
Garzón.
López es
también patrón muy activo de la Fundación Wolters Kluwer
En aquel
momento, ya estaban en marcha las tres causas del Supremo que, a falta aún de
juicio, forzaron la salida de Garzón de la Audiencia. Las jornadas de
Quintanilla de Onésimo las codirigieron Michavila y el propio López, que sólo 15
días después firmó su auto del caso Faisán que afeaba a Garzón y hablaba
de la gravedad "sin precedentes". Ni la fundación ni Marchena han querido
desvelar los emolumentos del acto.
El patronato de
la Fundación Wolters Kluwer, empresa que tiene varios acuerdos de colaboración
permanente con la editora de El Mundo, incluía entonces al propio
Michavila y a Jaume Matas, ya imputado en el Palma Arena. Enrique
Arnaldo, el mentor de López en el CGPJ también imputado en el caso Palma
Arena, llegó a presidir la fundación.
Cualquier
taurino sabe que cuanto más difícil es la faena, más posibilidades hay de ganar
las dos orejas. Pero hay que matar bien. Y en la metáfora taurino-judicial, ello
sólo podría hacerse de una forma: sin ser visto.
www.publico.es
10.04.11
EL PP MANTIENE A LÓPEZ PARA EL CONSTITUCIONAL Y
VUELVE A PARARSE LA RENOVACIÓN
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González
Pons, insistió ayer en que su partido ha decidido mantener a sus candidatos para
la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que le
corresponden al Congreso y ha afirmado que no hay avance en las negociaciones
con el PSOE. "Sobre el Tribunal Constitucional no hay novedad, el PP mantiene
sus candidaturas", reiteró.
Enrique López sigue siendo en el Congreso el principal escollo
para el consenso, imprescindible entre socialistas y populares para sacar
adelante los nombramientos, como ya lo fue en el Senado, donde la renovación se
retrasó tres años.
Ante la falta de acuerdo, la Cámara baja acordó alargar hasta
esta semana el plazo para proponer candidatos, lo que supone que el proceso ya
no se podrá culminar al menos hasta el 25 de enero, fecha en que está prevista
la próxima sesión plenaria.
EL EMPEÑO DEL PP EN APOYAR A LÓPEZ SIGUE
BLOQUEANDO EL CONSTITUCIONAL
El plazo para la renovación impuesto por el
Congreso termina mañana
Muchos meses después, el escollo para que el Tribunal
Constitucional recobre la normalidad y sea renovado sigue siendo
el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique
López. Mañana termina el plazo que la Junta de Portavoces del
Congreso dio para que el PSOE y el PP lleguen a un acuerdo sobre
los cuatro magistrados que deben renovar. Si no hubiera acuerdo
antes de ese día, la renovación quedará para después de las
vacaciones de Navidad, lo que afectará, entre otras cosas, a la
elección del nuevo presidente del máximo intérprete de la
Constitución.
Por eso es inminente una conversación entre el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la
oposición, Mariano Rajoy, para culminar el complicado proceso
que se inició hace ya más de tres años. Esa conversación sería
una prolongación de la que ya mantuvieron de forma discreta
Zapatero y Rajoy el pasado octubre y que permitió desbloquear
parcialmente la renovación y elegir a cuatro magistrados en el
Senado.
Tras esa conversación, el PP aceptó retirar del Senado la
candidatura de López, pero anunció que lo mantendría si era
avalado por el propio Constitucional. Pero el tribunal rechazó
por motivos de forma los recursos del PP, a través de los
Parlamentos de Madrid y La Rioja, contra la decisión de la Mesa
del Senado de excluir a López por no cumplir los requisitos
legales (15 años de experiencia en la judicatura). El problema
es que después del pulso en el Senado, de varios recursos ante
el Tribunal Constitucional y múltiples conversaciones entre los
dos grandes partidos, el PP sigue sin apearse del nombre de
Enrique López. Y el PSOE no lo acepta de ninguna manera, por
entender que no es asumible la designación del ex portavoz del
Consejo General del Poder Judicial y ahora magistrado de la
Audiencia Nacional.
El Gobierno y el PSOE han hecho llegar al PP que los
designados por el Congreso deben ser catedráticos de universidad
o magistrados del Tribunal Supremo y que López carece de
idoneidad para el cargo.
El retraso tiene un efecto colateral notable, porque mantiene
bloqueada la renovación en el Senado de cuatro magistrados, que
está pendiente desde 2007. La Cámara alta aprobó en el pleno del
pasado 2 de diciembre el nombramiento de los magistrados
Francisco José Hernando, Adela Asúa, Luis Ignacio Ortega y
Francisco Pérez. "Gracias, señorías, por fin lo hemos
conseguido", proclamó solemne el presidente del Senado, Javier
Rojo, cuando acabó la votación, pero ni siquiera en ese momento
acabó el proceso.
De hecho, el Senado mantiene bloqueada la publicación en el
Boletín Oficial del Estado del nombramiento de los
cuatro citados magistrados hasta que se elijan los candidatos
por parte del Congreso. Tampoco pueden, por tanto, tomar
posesión de sus cargos y sustituir a los actuales magistrados
del Constitucional que tienen caducado su mandato desde hace más
de tres años.
Todo porque una de las que hay que sustituir es la propia
presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, y su
relevo provocaría la inmediata elección del presidente del
tribunal. Esa elección debería ratificarse o modificarse poco
después, cuando se incorporaran los cuatro magistrados que debe
elegir el Congreso.
Los candidatos a esa presidencia son Pascual Sala y Manuel
Aragón. Este último, miembro del sector progresista, fue quien
inclinó la mayoría en el tribunal a favor de la tesis de podar
el Estatuto de Cataluña y, por tanto, no es visto con buenos
ojos por los partidos nacionalistas, especialmente por CiU.
Los nacionalistas catalanes están molestos, además, porque el
PSOE declinó proponer en el Senado como candidata a Encarnación
Roca, nombre aportado por el Parlamento catalán. En octubre, el
Gobierno trasladó a CiU y ERC su intención de proponer en el
Congreso a Eliseo Aja, catedrático y actual presidente Consejo
de Garantías Estatutarias de Cataluña, pero ahora la propuesta
de ese nombre no es tampoco segura.
El PSOE barajó también el de Paloma Biglino, presidenta del
Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, pero fuentes
socialistas cuestionan también este nombre. En todo caso,
admiten que intentarán buscar una cierta paridad en su
propuesta. En su momento se especuló también para el
Constitucional con el nombre de Cándido Conde- Pumpido, actual
fiscal general del Estado.
El nuevo Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa los
recursos contra leyes emblemáticas de los Gobiernos de Zapatero,
como la de matrimonios homosexuales y la del aborto, y
cuestiones técnicas de las que dependen casos muy llamativos
como los procedimientos penales contra el ex juez de la
Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Por otra parte, también está pendiente desde junio el
nombramiento del Defensor del Pueblo, tras el final del mandato
de Enrique Múgica. Este nombramiento depende también de que
Zapatero haga una propuesta al líder del PP, Mariano Rajoy.
www.elpais.es 20.12.10
El PP vuelve a bloquear la renovación
del Constitucional en su empeño con
Enrique López
La renovación del Tribunal
Constitucional sigue estancada, ahora en
el Congreso, por la persistencia del PP
de seguir apostando por la candidatura
del ultraconservador Enrique López,
después de que el PSOE rechazara esa
propuesta por no cumplir este magistrado
los 15 años de ejercicio profesional,
como establece la ley.
Ya en octubre
de 2008, ELPLURAL.COM reveló
que Enrique López, ex portavoz del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
no cumplía entonces con ese
requisito, porque el tiempo de
ejercicio profesional acumulado
entonces por el magistrado era de 12
años, 4 meses y 17 días. Es decir,
inferior a los 15 años que tanto la
Constitución Española (artículo
159.2), como el artículo 18 de la
Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, exigen para ser
miembro de dicho órgano judicial.
López cumpliría los requisitos a
mediados de mayo,
con lo que la
estrategia del PP pasaría por
dilatar el proceso hasta esa fecha.
En septiembre, el PP retiró
la candidatura
En septiembre pasado, el PP
desbloqueó la renovación del
Tribunal Constitucional, al retirar
la candidatura de Enrique López, por
no cumplir los requisitos
necesarios, pero anunció que lo
intentaría por la vía del Congreso.
La renovación de diciembre
Según publica hoy La
Razón, el PSOE persiste en su
rechazo al nombramiento de López,
después de que el pasado 1 de
diciembre el Pleno de la Cámara Alta
aprobara con casi tres años de
retraso el nombramiento de los
cuatro magistrados que le
correspondía renovar, entre ellos
uno de los jueces propuestos por el
PP, Francisco Pérez de los Cobos .
Las vacantes pendientes
El Tribunal Constitucional
(TC) sigue por el momento sin poder
cubrir las vacantes de Roberto
García Calvo, fallecido el 18 de
mayo de 2008, así como las de los
magistrados Javier Delgado Barrio,
Eugeni Gay Montalvo y Elisa Pérez
Vera.
Prórroga de una semana
El desacuerdo entre PP y
PSOE ha llevado al presidente del
Congreso, José Bono, a tener que
prorrogar una semana el plazo de
presentación de candidatos, ya que
el acuerdo entre ambos partidos es
imprescindible para los
nombramientos.
www.elplural.com
15.12.10
UN INFORME
DEL SENADO
DESTROZA LA
DEFENSA DEL PP A
ENRIQUE LÓPEZ
Todos los
intentos del PP
de mantener la
candidatura de
Enrique López a
magistrado del
Tribunal
Constitucional
(TC) se han
desmoronado.
Ayer martes
volvió a
suceder. Los
letrados del
Senado emitieron
un informe de 19
páginas, al que
tuvo acceso
Público, en el
que ratifican
que el proceso
de renovación
del TC se ha
seguido “al
margen de
interpretaciones
políticas y sin
lesionar
derechos
subjetivos”, sin
que se haya
producido
ninguna
"vulneración".
La Secretaría
General de la
Cámara Alta
desmonta uno a
uno los
argumentos del
PP, contenidos
en el recurso
presentado la
semana pasada
contra la
decisión que la
Mesa del Senado
tomó el 1 de
junio, cuando
excluyó como
aspirantes al TC
a López y a Juan
Carlos Campo,
propuesto por el
PSOE. Los
letrados
insisten en que
“se ha
fundamentado
jurídicamente”
que López no
reúne los 15
años de
ejercicio
profesional en
activo exigidos
por el artículo
159. 2 de la
Constitución y
el artículo 18
de la Ley
Orgánica del
Tribunal
Constitucional.
Los casi siete
años que López
ejerció de
vocal-portavoz
del Consejo
General del
Poder Judicial (CGPJ),
de noviembre de
2001 a
septiembre de
2008, no pueden
computarse, ya
que “es
evidente” que la
función que
desempeñan los
miembros del
CGPJ es
gubernativa,
administrativa,
y “no es
asimilable, en
absoluto, a la
función
jurisdiccional
ejercida en
exclusiva por
jueces y
magistrados”.
El texto se
detiene en este
punto. Señala
que la expresión
"en activo" que
consigna la ley
"es una
referencia
unívoca, que no
induce a error",
y que implica
que "el
funcionario, o
fiscal, o
magistrado
ejerce la
función propia
de su condición
en plenitud". Es
decir, que
fiscaliza o
juzga. Y es una
situación
totalmente
distinta a la de
servicios
especiales (como
cuando un juez
es nombrado
vocal del CGPJ),
que no es más
que una "ficción
jurídica" que
sirve para
contar los años
sólo "a efectos
de reserva de la
plaza,
antigüedad y
ascensos". Por
si fuera poco,
el letrado mayor
del Senado
recuerda que ni
el TC ni el CGPJ
son un "destino
de la carrera
judicial". Por
tanto, colige el
documento, "la
Mesa del Senado
ha hecho una
interpretación
adecuada de la
Constitución, de
la Ley Orgánica
del Tribunal
Constitucional y
del Reglamento
del Senado" a la
hora de rechazar
la candidatura
de López por no
cumplir esos 15
años de
ejercicio
activo.
Esta vez, la
Cámara no
utiliza un
argumento que
aparecía en un
informe de 2008:
que en 1994 el
Tribunal Supremo
anuló el
nombramiento de
Eligio Hernández
como fiscal
general del
Estado por no
cumplir el
requisito de los
15 años.
También se
explica por qué
el CGPJ no es un
órgano
jurisdiccional,
sino
gubernativo: lo
prescriben así
la Constitución
y la Ley
Orgánica del
Poder Judicial.
Y da ejemplos
que evidencian
la separación:
no se puede
invocar la
tutela judicial
efectiva frente
a actos del CGPJ,
y estos a su vez
son recurribles
ante la
jurisdicción
contencioso-administrativa,
"lo que permite
atribuirles una
naturaleza
materialmente
administrativa,
nunca
jurisdiccional".
Además, los
vocales del
Poder Judicial
no pueden ser
removidos ni
promovidos en
sus cargos
durante su
mandato. Por
último, pueden
formar parte del
CGPJ abogados o
juristas, no
jueces,
precisamente
porque nunca
podrían ejercer
esa función de
impartir
justicia.
El PP lamentaba
en su recurso la
"demora
excesiva" en el
proceso de
renovación del
TC, que se
inició (y se
paralizó) en el
otoño de 2008,
lo que
invalidaría los
pasos dados este
año. Los
letrados pisan
casi con
desprecio los
argumentos del
PP. "El mero
transcurso del
tiempo" no puede
anular todo el
procedimiento,
ni justifica que
se deba
reiniciar desde
cero, como
exigían los
conservadores.
"No existe
ninguna norma
que prevea algún
supuesto de
caducidad de las
candidaturas ni
de pérdida en
sentido alguno
de su vigencia
y, por lo tanto,
en este sentido,
no existe
ninguna norma
que ampare la
posibilidad de
interrumpir o
alterar el
procedimiento",
subraya el
dossier. Por
todas esas
razones, no es
posible
consultar a los
parlamentos de
País Vasco y
Galicia si
mantienen a sus
aspirantes, por
mucho que hayan
cambiado las
mayorías
políticas en las
respectivas
elecciones
autonómicas de
2009. Un
argumento que
los letrados ya
reflejaron en
otro informe, el
del 31 de mayo,
cuando se activó
el relevo de los
magistrados del
TC.
El recurso
presentado por
el portavoz del
PP, Pío
García-Escudero,
también argüía
que el
procedimientode
renovación de
magistrados es
de naturaleza
"política", por
lo que la
Cámara,
igualmente
"política",
podía disponer
cómo ordenar el
proceso cuando
así lo exigiesen
las
circunstancias
"políticas". La
Secretaría
General del
Senado rechaza
ese argumento:
"En un Estado
constitucional
de Derecho todos
sus órganos
están sometidos
a la
Constitución y a
las leyes", de
tal modo que "no
hay espacios de
ejercicio del
poder político
que estén
exentos de la
citada
vinculación".
Hay un último
razonamiento de
los letrados que
estruja aún más
la impugnación
del PP: ponen en
duda que incluso
el Grupo
Parlamentario
Popular esté
facultado para
presentar un
recurso, porque
son los cinco
parlamentos que
eligieron a
López –Madrid,
La Rioja,
Cantabria,
Extremadura y
Castilla y León–
los "afectados
directamente"
por el acuerdo
de la Mesa del 1
de junio. Sólo
si se entiende
"en un sentido
muy amplio el
concepto de
afectación
directa podría
entenderse
legitimado" el
PP para
interponer un
escrito ante el
órgano rector
del Senado.
Los
conservadores,
visto el porte
del documento
redactado por la
Secretaría
General de la
Cámara Alta,
tendrán mucho
más complicado
defender que el
proceso ha sido
"arbitrario" y
la exclusión de
López, no
válida. Ni los
grupos
parlamentarios
ni los juristas
les dan ya la
razón. El PP, no
obstante, ya
anunció qué
haría si se
rechaza su
escrito: acudir
en amparo al
Tribunal
Constitucional.
La Mesa del
Senado estudiará
en su próxima
reunión, el
martes 6 de
julio, el
informe de los
letrados de la
Cámara,
entregado a los
grupos ayer. Y,
previsiblemente,
basándose en él,
desestimará por
mayoría la
impugnación del
PP.
Una vez
rechazado el
recurso, el
presidente del
Senado, Javier
Rojo, podrá
convocar la
Comisión de
Nombramientos.
En la reunión de
la Mesa de ayer
no pudo hacerlo,
porque hasta la
medianoche no
expiraba el
plazo que tenían
los parlamentos
autonómicos que
propusieron a
Enrique López y
Juan Carlos
Campo para
presentar
alternativas.
Madrid, La Rioja
y Castilla y
León ya han
comunicado que
su candidato
sigue siendo
López. En
Extremadura, el
PSOE, con su
mayoría
absoluta, ha
impedido que se
eleve el nombre
del ex portavoz
del CGPJ. En
Cantabria los
socialistas lo
han logrado con
el apoyo del
PRC, con el que
gobiernan.
Andalucía, que
propuso a Campo,
ha designado
como sustituto a
Augusto Méndez
de Lugo, que en
julio deja la
presidencia del
Tribunal
Superior de
Justicia de esa
comunidad.
La Comisión de
Nombramientos,
presidida por
Rojo e integrada
por los
portavoces de
los grupos
parlamentarios,
examinará a los
21 candidatos
avalados (22, si
se confirma a
Méndez de Lugo)
y elevará cuatro
nombres al pleno
del Senado, que
previsiblemente
se convocará en
la tercera
semana de
julio.
Ayer ninguno de
los portavoces
quiso hacer
ningún
comentario, ni
siquiera sobre
el
fallo
del Estatut,
conocido el
lunes. El PP
tampoco adelantó
públicamente su
estrategia sobre
la renovación
del TC,
ahora que ya hay
sentencia.
(www.publico.es,
30/06/10)
EL PP RECHAZA
SUSTITUIR A SU
CANDIDATO NO
APTO PARA EL
CONSTITUCIONAL
El grupo del
Partido Popular
en la Asamblea
de Extremadura
rechazó ayer por
escrito proponer
a otro candidato
que no sea el
juez Enrique
López para que
el Senado lo
nombre
magistrado del
Tribunal
Constitucional.
Este aspirante,
junto con otro
propuesto por el
PSOE en
Andalucía, fue
rechazado
oficialmente por
la Mesa del
Senado el pasado
1 de junio por
no cumplir los
requisitos
legales para
ingresar en el
alto tribunal.
La Cámara alta
dio de plazo a
los Parlamentos
que habían
propuesto esos
dos nombres
(Extremadura, La
Rioja, Castilla
y León, Madrid y
Andalucía) hasta
el 29 de junio
para
sustituirlos.
El PP extremeño
dice en su
escrito que "no
procede efectuar
una designación
distinta" porque
el acuerdo de la
Mesa del Senado
ha sido
recurrido. Se
trata de un
argumento
sorprendente ya
que, aunque el
PP ha anunciado
que presentará
un recurso
contra esta
decisión, aún no
lo ha hecho.
López era uno de
los dos únicos
nombres que los
populares
apoyaban para
integrar los
cuatro
magistrados del
Constitucional
que el Senado
tiene pendiente
de nombrar desde
diciembre de
2007. El PP se
niega a
facilitar la
renovación (sus
votos son
imprescindibles)
si no es con
estos nombres,
pero López ya no
es oficialmente
candidato.
De las demás
comunidades
autónomas
tampoco había
hasta ayer
novedades sobre
un posible
sustituto de
López. En
Madrid, fuentes
del PP indicaban
que la posición
"no ha
cambiado", pero
se pronunciarán
públicamente
hoy. En
Cantabria, La
Rioja y Castilla
y León, los
respectivos
Parlamentos no
ha dado aún
ningún paso para
esta
sustitución.
Sólo en Galicia,
a la que el
Senado no ha
preguntado, el
PP ha solicitado
presentar nuevos
candidatos.
Mientras, en el
Parlamento de
Andalucía el
PSOE propuso
ayer como nuevo
aspirante al
Constitucional a
Augusto Méndez
de Lugo, de 65
años. Este
magistrado ha
sido 15 años
presidente del
Tribunal
Superior de
Andalucía (es el
único elegido
tres veces para
ese cargo en
toda España) y
cesará en
julio.
(www.elpais.com,
15/06/10)
El PP recurre la
decisión del
Senado de
excluir a
Enrique López
para la
renovación del
TC
El PP ha
inscrito este
martes en el
Senado su
recurso contra
la decisión de
la Mesa de la
Cámara de
considerar “no
idóneo” al
candidato
propuesto por
sus comunidades
autónomas,
Enrique López,
para optar a un
puesto en el
Tribunal
Constitucional.
El portavoz del
PP en el Senado,
Pío García
Escudero,
encargado de
firmar el
recurso, explicó
que el argumento
esgrimido por la
Mesa para
descartar la
candidatura de
López mencionaba
el artículo
158.2 de la
Constitución, en
lugar del 159.2,
que es el que se
refiere al
funcionamiento
del
Constitucional,
por lo que este
error impide que
su decisión sea
válida.
El PP ha
apelado a un
error formal
para
presentar su
recurso en
el Senado
contra la
decisión de
la Mesa de
excluir al
ex vocal
conservador
del CGPJ
Enrique
López de los
candidatos
para la
renovación
del Tribunal
Constitucional:
según consta
en el
recurso, el
Senado se
equivocó al
relacionar
el
artículo
158.2
de la
Constitución
con el
requisito de
tener más de
quince años
en el
ejercicio
judicial
para poder
entrar a
formar parte
del TC. Este
requisito se
recoge en el
artículo
159.2,
ya que el
anterior
habla del
Fondo de
Compensación
de las
comunidades
autónomas.
Error "grave
por la
importancia
del asunto"
En base a
este error,
que el PP
considera
“grave por
la
importancia
del asunto”,
es
“imposible
sustentar
jurídicamente
y con
fundamentos
de derecho
cualquier
recurso”,
por lo que
el partido
reclama que
se anule el
acuerdo
adoptado por
la Mesa el
pasado 1 de
junio y se
tome otro
nuevo
“correctamente
motivado”.
García
Escudero
El firmante
del recurso,
el portavoz
del PP en el
Senado, Pío
García
Escudero,
subrayó que
el artículo
enarbolado
por el
Senado para
descartar a
su candidato
“nada tiene
que ver” con
el argumento
de que López
no cumple
con el
requisito de
antigüedad,
por lo que
debe
redactarse
un nuevo
acuerdo. La
Mesa del
Senado
estudiará
este recurso
de los
populares
la próxima
semana, y
comprobará
si los
argumentos
aportados
son o no
adecuados.
El PP se
mueve "en la
insumisión"
Antes de la
inscripción
del recurso,
la portavoz
socialista
en la Cámara
Alta,
Carmela
Silva,
lamentó la
insistencia
del PP en
recurrir la
decisión del
Órgano de
Gobierno del
Senado, y
apuntó que
los
conservadores
se estarían
moviendo en
el campo de
la
“insumisión”:
“Espero que
no se muevan
en la
insumisión,
que cumplan
las normas,
hagan
propuestas
alternativas
y no
presenten al
mismo
candidato”,
subrayó.
Confía en el
acuerdo
Además,
Silva confió
en la
posibilidad
de lograr un
acuerdo con
los
populares
para renovar
el alto
tribunal, y
aseguró que
el próximo
29 de junio
(plazo
fijado por
el Senado
para la
presentación
de
candidatos
alternativos
a López por
las
comunidades
que lo
propusieron)
“hayan
llegado o
no” las
nuevas
propuestas
del PP, su
grupo pedirá
la
convocatoria
“inmediata”
de la
Comisión de
Nombramientos
del Senado
para que
siga
adelante la
renovación.
El PSOE hace
"lo que hay
que hacer"
“Espero que
haya un
acuerdo. Si
no, el PP
tendrá que
dar muchas
explicaciones”,
destacó, y
consideró
que el PSOE
sí está
“haciendo lo
que hay que
hacer para
devolver el
prestigio”
al
Constitucional.
Con ello,
dijo, los
socialistas
demuestran
su apoyo a
la petición
que hizo el
presidente
de la
Generalitat,
José
Montilla, en
la Cámara
Alta, donde
compareción
para exigir
que se
acelerase el
proceso de
renovación y
se
desbloqueara
la sentencia
sobre el
Estatuto de
Cataluña.
www.elplural.com
08.06.10
TRILLO TACHA DE "TROPELÍA" EL RECHAZO
A SU CANDIDATO AL CONSTITUCIONAL
El PP ha convertido a Enrique López en
su vaca sagrada. Ayer miércoles, un día
después de que la Mesa del Senado vetara
al ex portavoz del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) como candidato a
magistrado del Tribunal Constitucional
(TC), los conservadores elevaron aún más
la muralla de protección que habían
construido en torno a él. Federico
Trillo-Figueroa, coordinador de Justicia
del PP, tachó de "tropelía doble de
fondo y de procedimiento" la decisión
del órgano rector de la Cámara, que se
asienta en un informe redactado por los
letrados.
El martes, cuando se conoció que la Mesa
excluía a López, el aspirante del que
abomina el PSOE por su oposición radical
a las reformas sociales de la primera
legislatura de José Luis Rodríguez
Zapatero y del Estatut, Trillo tildó la
situación de "inaceptable". Ayer amplió
esa crítica en una entrevista en Onda
Cero, recogida por Europa Press. El
Senado, arguyó, "está diciendo que no
tiene los 15 años de servicio como juez
necesarios para ser magistrado del TC",
cuando cuenta casi 22 en la carrera
judicial. La Mesa, siguió, "no puede
decir ahora" que López no luce
currículum cuando ha sido aceptado "por
siete parlamentos autonómicos". Recalcó
que deben computársele sus "seis años en
el CGPJ".
Por último,
censuró la "confusión" alentada por el
PSOE, al comparar el descarte de López
con el de
Juan Carlos Campo Moreno,
elegido por el Parlamento andaluz a
propuesta de los socialistas. El
dirigente conservador vio "obvio" que
Campo haya sido rechazado por la Mesa,
porque en febrero de 2009 el Gobierno lo
nombró secretario de Estado de Justicia,
lo que probaría que su designación para
el TC, unos meses antes, era "sesgada y
parcial".
Las palabras de Trillo estaban preñadas
de imprecisiones. López accedió a la
plaza de juez en 1989, por lo que en
2008, cuando arrancó el proceso de
renovación de las cuatro vacantes del
TC, y la fecha que ahora se sigue
tomando de referencia, llevaba a sus
espaldas 19 años de carrera. De ellos
hay que restar los casi siete años -y no
seis- que permaneció en el CGPJ como
vocal-portavoz, desde noviembre de 2001
a septiembre de 2008, un tiempo que se
considera en comisión de servicios.
Por tanto, hace
dos años y medio, López había culminado
12 años como juez en activo, y no más de
15 de ejercicio profesional, como exigen
el artículo
159. 2 de la Constitución
y el
18 de la Ley Orgánica del TC (LOTC).
Campo, vocal en ese mismo CGPJ, tampoco
cumplía ese requisito, y por esa misma
razón se le vetó.
El Senado no tomó la decisión por
mayoría de forma arbitraria. Se basó en
el informe que los letrados de la Cámara
habían preparado en 2008. El texto
concluía que una "interpretación
estricta" de la tramitación
parlamentaria de la LOTC, de la doctrina
académica y de la sentencia de 1994 por
la que el Supremo declaró ilegal el
nombramiento de Eligio Hernández como
fiscal general del Estado conducía a que
no se tuviesen en cuenta los años en
servicios especiales.
La Mesa dio por
buenos tales argumentos. Tenía, no
obstante, otra opción: "La Mesa podría
llegar a una conclusión diferente si se
considerase que una sola sentencia del
Tribunal Supremo no crea, por sí sola,
jurisprudencia, y que el tiempo
transcurrido desde la aprobación de la
LOTC puede abonar una interpretación que
difiera de la que se deduce del iter
parlamentario de la ley", razona el
documento. En aquel texto, de
13 de octubre de 2008,
se decía que si la Mesa optaba por el
criterio estricto, hacía falta consultar
a las CCAA proponentes de los candidatos
para que dieran más detalles de los
currículos dudosos. Los miembros del
órgano rector ya entonces se curaron en
salud, reclamaron los datos y los
incorporaron al expediente el 4 de
noviembre de 2008.
López, siguiendo las tesis del PP, juzgó
ayer "inaudito" que se entienda que sus
siete años en el CGPJ queden ajenos al
Poder Judicial, informa Europa Press.
Reiteró, como hizo el martes, que si
hubiera creído en 2008 que no tenía la
experiencia sufiente, no habría
"aceptado" la candidatura del partido de
Mariano Rajoy.
Los conservadores, oficialmente, no han
revelado qué harán en las cinco
autonomías (no siete, como decía Trillo)
que en 2008 promovieron a López y que
ahora deberían designar sustituto, si
quieren, y antes del 29 de junio. En
Extremadura y Cantabria el PP no
gobierna, y le será imposible colar al
ex portavoz del CGPJ. Pero podría
repetir la treta en Madrid, La Rioja y
Castilla y León, aun con el rechazo del
PSOE.
Ayer sugirió en Logroño esa opción el
presidente riojano, Pedro Sanz: "En esta
juerga que están montando, no sabemos lo
que hacer: si mandarlos a tomar viento
[al PSOE], nombrar al mismo [López] o
buscar otro candidato, aunque esta
decisión es la más difícil", señaló.
El PP pretende recurrir la decisión de
la Mesa, aunque "está evaluando la
fórmula", apuntan a Público fuentes de
la dirección del Grupo Popular.
(www.publico.es,
04/06/10)
EL SENADO RECHAZA AL CANDIDATO MÁS
INCÓMODO DEL PP PARA EL CONSTITUCIONAL
El nombramiento de cuatro nuevos
magistrados del Tribunal Constitucional
por parte del Senado estaba paralizado
desde octubre de 2008 porque el PP
intentó imponer que dos de ellos fueran
Francisco José Hernando y Enrique López,
inaceptables para los socialistas por
razones políticas. La situación dio un
vuelco ayer cuando la Mesa del Senado,
el gobierno de la Cámara, decidió que la
candidatura de López no es admisible
legalmente. El PP se opuso a la
decisión, obligó a votarla y perdió
frente a socialistas y CiU. Después
anunció que recurrirá la decisión.
Formalmente, lo que hizo ayer la Mesa
fue dar trámite a las 23 candidaturas
presentadas por 15 Parlamentos
autónomos. Admitió 21 y rechazó dos, la
de López (propuesto por el PP en Madrid,
Extremadura, Castilla y León, Cantabria
y La Rioja) y la del actual secretario
de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo
(propuesto por el PSOE en Andalucía). La
razón es que, de acuerdo con una
sentencia del Tribunal Supremo, los
siete años que ambos pasaron como
vocales del Consejo General del Poder
Judicial no cuentan como ejercicio
profesional activo. Si no se cuenta ese
periodo, no alcanzan los 15 años que
exige el cargo.
Las candidaturas de López y Campo -y las
de los demás- fueron presentadas hace 20
meses. El informe jurídico que advertía
de esas dudas sobre su currículo estuvo
en poder de la Mesa del Senado poco
después. Pero la decisión del descarte
se tomó ayer.
La falta de novedades objetivas,
jurídicas y políticas hace muy difícil
explicar esta decisión. Los candidatos
son los mismos, la falta de acuerdo es
la misma, y las posibilidades de fracaso
las mismas que en octubre de 2008.
La situación cambia a raíz de esta
decisión. Hace apenas una semana, el PP
insistía en que López y Hernando
(anteriores portavoz y presidente del
Consejo del Poder Judicial) eran sus
candidatos y no pensaba cambiarlos. Pero
López ya no lo es. Al menos no en el
Senado. El Congreso, el Gobierno y el
CGPJ tienen también poder para nombrar
magistrados, y algún día López, que
actualmente ejerce como juez en la
Audiencia Nacional, ya tendrá los años
de experiencia necesarios.
La decisión tomada ayer abre un camino
muy incierto. Lo primero que va a
suceder es que el Senado pedirá a las
seis comunidades a las que se les ha
anulado algún candidato que, si quieren,
lo sustituyan por otro antes del 29 de
junio. Después se examinará si cumple
los requisitos, probablemente en una
semana. A partir del 8 de junio, el
presidente del Senado puede convocar la
Comisión de Nombramientos, donde deben
ser llamados todos los candidatos para
hacerles preguntas y estudiar su
idoneidad. En el supuesto de que pueda
conformarse una candidatura de cuatro
nombres (no deben ser menos ni más), se
puede someter a pleno en el mes de
julio, que es hábil. Esta renovación,
pendiente desde diciembre de 2007, entró
en un callejón sin salida cuando el PP
impuso en todos los Parlamentos
autónomos las candidaturas de López y
Hernando, pese a que la ley le permitía
al menos uno por comunidad (el PSOE
propuso a 14 candidatos para negociar).
Hace solo una semana, el PSOE insistía
en que ambos seguían siendo
inaceptables. Pero también reconocía, en
privado, que en último caso podrían
admitir a Hernando con el argumento de
que todos los presidentes del Tribunal
Supremo han acabado su carrera en el
Constitucional. Hernando, que
actualmente está jubilado y espera la
decisión en su casa, cumple el viernes
74 años.
(www.elpais.com,
02/06/10)
EL CRITERIO PARA TUMBAR A LÓPEZ LO
DISEÑÓ EL PP HACE 18 AÑOS
El coordinador de Justicia del PP,
Federico Trillo, hizo público ayer un
comunicado en el que calificaba de
"inaceptable" el criterio del Senado
para descartar a Enrique López como
posible magistrado del Tribunal
Constitucional. "Enrique López no solo
lleva 15 años de servicios sino 21 años
para 22 desde su ingreso en la carrera
judicial", escribió Trillo. Enrique
López obtuvo el título de juez en 1989,
hace 21 años. El Senado considera que no
suma 15 años de ejercicio profesional
porque no cuenta los casi siete años que
pasó como vocal del Consejo del Poder
Judicial.
La decisión se basa en una sentencia del
Tribunal Supremo de 1994 que consideró
ilegal el nombramiento de Eligio
Hernández como fiscal general del
Estado. El Supremo dio la razón a la
impugnación del nombramiento de
Hernández, que realizaron las
conservadoras Asociación Profesional de
la Magistratura (APM), Unión Judicial
Independiente y Asociación de Fiscales,
una campaña contra el alto cargo
socialista orquestada por el PP, con
Federico Trillo a la cabeza. Aquel
recurso supuso una gran victoria del ex
ministro y de la derecha judicial, que
se cobraron la cabeza del fiscal general
del Estado. El recurso se basaba en que
los años que Hernández había estado en
situación de servicios especiales y no
como juez en activo no contaban para el
cómputo de 15 años. Lo único que hizo
ayer el Senado fue dar por bueno este
precedente.
Ayer, el portavoz de la APM, Antonio
García, dijo que esta forma de computar
los años en ejercicio, defendida por su
asociación en 1992, es "totalmente
desafortunada e incomprensible en
términos jurídicos". López pertenece a
la APM.
(www.elpais.com,
02/06/10)
Portazo definitivo del Senado a la
candidatura del ultraconservador López
para el Constitucional
La Mesa del Senado ha rechazado hoy
definitivamente al candidato del PP para
formar parte del Tribunal
Constitucional, Enrique López, después
de que los representantes socialistas y
los de CiU votaran en contra de la
propuesta. Como advirtió El Plural,
López no cumplía con los 15 años de
ejercicio judicial que se exigen para
ingresar en el TC, lo que ha llevado a
su rechazo. Un criterio que también deja
fuera al candidato propuesto por el
PSOE, Juan Carlos Campo.
El máximo
órgano del Senado ha reconocido en
una votación esta mañana que López
no cumple con el requisito de tener
15 años de experiencia en la
judicatura tal y como exige la
Constitución, aunque el PP ha votado
en contra. Los tres socialistas en
la Mesa, que han contado también con
el voto del representante de CiU,
han adoptado esta postura aún
conscientes de que el criterio de
los 15 años de experiencia exigibles
deja también fuera a su candidato,
Juan Carlos Campo, actual secretario
de Estado de Justicia.
Confirmación de la
advertencia de El Plural
El pasado 3 de
octubre
El Plural fue el primer medio en
advertir de que López no contaba con
los 15 años de ejercicio judicial
exigidos para entrar en el TC, como
se ha confirmado ahora meses después
con esta decisión del Senado.
www.elplural.com 01.06.10
EL NOMBRAMIENTO
DEL ULTRACONSERVADOR ENRIQUE LÓPEZ EN EL CONSTITUCIONAL PODRÍA
INCUMPLIR LA LEY
El nombramiento de
Enrique López como Magistrado del Tribunal Constitucional
(TC) podría ser impugnable debido a que, según establece el
artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC):
“los miembros del TC deberán ser nombrados entre juristas de
reconocida competencia con más de quince años de ejercicio
profesional o en activo en la respectiva función”. El pasado 24
de septiembre, fecha en la que el nuevo Consejo se constituyó,
el tiempo de ejercicio profesional acumulado por Enrique López
era de 12 años, 4 meses y 17 días. Es decir, inferior a los 15
años que tanto la Constitución Española (artículo 159.2), como
el artículo 18 de la LOTC, exigen con meridiana claridad para
ser miembro de dicho órgano judicial.
Enrique López suma de antigüedad
en la carrera judicial (a fecha del
24 de septiembre de 2008)
19 años, 3 meses y cuatro días de ejercicio. Sin embargo, los 6
años, 10 meses y 17 días en los que López fue vocal del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) no computan para el período de
15 años de ejercicio efectivo de la función de juez que la ley
exige para ser Magistrado del Tribunal Constitucional.
En servicios
especiales
Así, los cerca
de siete años que Enrique López ha estado de Vocal en el CGPJ
son computables como servicios especiales, pero no como
ejercicio efectivo de la función judicial. Enrique López pasó a
la situación de servicios especiales el 7 de noviembre de 2001,
por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial el 13 de
noviembre de ese mismo año,
(BOE 16-11-2001, página 41973).
Confirmación
La Sentencia del Tribunal Supremo del
28 de junio de 1994 (RJ-1994/5050),
deja claro que a aquellos juristas que se hallen en situación de
servicios especiales, se les computará el tiempo que han
permanecido en tal situación a efectos de ascensos, trienios y
derechos pasivos, pero no a determinados efectos propios de
servicio activo como el que nos ocupa.
Impugnación de
Hernández
Esta sentencia, que
recalca que estar en servicios especiales es una situación
administrativa diferente al ejercicio efectivo de la profesión
de juez, resolvió la impugnación del nombramiento como Fiscal
General del Estado de Eligio Hernández. Como curiosidad, cabe
resaltar que el recurso contra Hernández fue interpuesto, entre
otras, por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM),
colectivo al que pertenece Enrique López.
Candidato del PP
Pese a que
Enrique López no ha ejercido durante más de 15 años la carrera
judicial, todas las comunidades gobernadas por el Partido
Popular
decidieron presentarle como uno de sus
candidatos para renovar el
Tribunal Constitucional. Fuentes judiciales han asegurado a El
Plural que de producirse, dicho nombramiento podría ser
impugnado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Estatut, matrimonio
y Mari Luz
En los últimos
años, López declaró abiertamente su oposición al
Estatut catalán y al matrimonio
homosexual, que llegó a
comparar con la zoofilia o los tríos sexuales. Especialmente
polémicas también fueron sus declaraciones sobre la sanción al
juez Rafael Tirado, culpable de que el presunto asesino de Mari
Luz Cortés siguiera libre a pesar de existir una sentencia que
dictaminaba lo contrario. López quitó hierro al asunto indicando
que se estaba cometiendo
“el error” de pedir al “juez que pague
por todo este problema”.
(www.elplural.com,
03/10/08)
LÓPEZ METE EN SU
CURRÍCULO UN ACTO DE CAMPAÑA DEL PP
Si los portavoces
del Senado eligen a los nuevos magistrados del Constitucional
por el peso del currículo, van a tener difícil rechazar a
Enrique López. Con 45 años, su currículo ocupa 20 folios, el
doble que el del presidente del Tribunal Supremo. Es uno de los
más voluminosos enviados al Senado por los parlamentos
autónomos, acompañando a sus candidatos para formar parte del
Tribunal Constitucional.
López era juez de
instrucción en León hasta que entró en el Consejo del Poder
Judicial. En 2005 fue nombrado magistrado de lo Penal de la
Audiencia Nacional, aunque nunca ha ejercido. Su formación y
experiencia ocupan dos folios, mientras que todos los demás son
cursos, charlas, mesas redondas. La mayoría, curiosamente, a
partir de su entrada en el Consejo en 2001.
Bajo el título
"experiencia docente no universitaria", López incluye todos los
cursos de seis horas, de 12 horas y seminarios de un día en los
que ha participado. En total, ha estado presente como docente en
248 cursos. Ahí están, uno por uno. Entre ellos aparece
directamente un acto de partido, una mesa redonda en la
Conferencia Política del PP, el 1 de diciembre de 2006.
Además, López pone
en su currículo que una vez escribió un artículo en Diario de
León y "varios" en Abc y La Razón. También destaca dos
conferencias para el periódico El Mundo. Todas las comunidades
autónomas que han propuesto a López han enviado exactamente el
mismo documento de currículo que, por cierto, omite los datos
personales del candidato o cualquier información de contacto.
En contraste, el
currículo de Hernando, ex presidente del Tribunal Supremo,
elaborado con un tamaño de letra mayor que el de López, sólo
ocupa nueve folios. Por supuesto, incluye su información
personal.
Hernando hace un
relato preciso y riguroso de sus méritos desde que en 1960 entró
en el Colegio de Abogados de Madrid. Como presidente del
Supremo, cargo que ejerció desde noviembre de 2001 hasta este
mes, destaca en la segunda página de su currículo que ha
presidido el tribunal que anuló candidaturas abertzales en las
municipales de 2007. "En el día de la fecha se ha producido la
comunicación a las partes de la ilegalización de ANV", añade,
con lo que actualiza su currículo hasta la semana pasada.
(www.elpais.com,
01/10/08)
El PP
propone para
el
Constitucional
a jueces que
no pueden
votar el
Estatuto
En
los
momentos
difíciles,
cuando
el
partido
que
los
propuso
para
el
Consejo
General
del
Poder
Judicial
pasó
a la
oposición,
ellos
decidieron
aprovechar
su
mayoría
en
el
gobierno
de
los
jueces
y
enfrentarlo
al
Ejecutivo
socialista.
Los
dos
miembros
de
ese
órgano
que
más
se
han
significado
en
esa
labor
durante
el
mandato
que
está
a
punto
de
acabar,
el
presidente,
Francisco
José
Hernando,
y su
portavoz,
Enrique
López,
ambos
del
sector
conservador,
han
sido
premiados
por
el
PP
con
sendas
candidaturas
a
magistrado
del
Tribunal
Constitucional.
A
Hernando
lo
proponen
las
Cortes
de
Aragón.
A
López,
las
de
Castilla
y
León
y la
Asamblea
de
Madrid.
El
hecho
de
que
el
PSOE
haya
vetado
ya a
Hernando
para
el
alto
tribunal
en
respuesta
a la
negativa
del
PP
de
aceptar
a
Cándido
Conde-Pumpido
como
nuevo
presidente
del
Poder
Judicial
resta
posibilidades
al
todavía
presidente
del
Supremo.
López,
sin
embargo,
se
encuentra
mucho
mejor
situado,
según
fuentes
del
PP,
y
tiene
más
posibilidades
de
hacerse
con
un
puesto
en
la
próxima
renovación
parcial
del
órgano.
Los
nombramientos
debe
hacerlos
el
Senado
de
entre
las
propuestas
de
los
parlamentos
autónomos.
Cada
uno
de
ellos
puede
proponer
a
dos
candidatos
de
entre
los
que
la
Cámara
alta
elegirá
cuatro.
Sin
embargo,
su
designación
podría
volverse
en
contra
del
propio
PP.
En
caso
de
que
cualquiera
de
los
dos
fuera
finalmente
nombrado
magistrado
del
Constitucional
tendrían
que
abstenerse,
o
podrían
ser
recusados,
en
el
estudio
de
varios
recursos
de
inconstitucionalidad
presentados
por
este
partido,
entre
ellos
el
del
Estatuto
de
Cataluña
o la
ley
que
autorizó
el
matrimonio
homosexual,
según
fuentes
jurídicas.
Ambos
aprobaron
con
sus
votos
un
informe
que
nadie
les
pidió
y
que
encontró
19
motivos
de
inconstitucionalidad
en
el
proyecto
de
Estatut
y
otro
contra
las
bodas
entre
personas
del
mismo
sexo.
Este
último
documento
comparaba
estas
uniones
con
la
zoofilia
o
los
tríos,
aunque
las
referencias
a
esas
prácticas
se
eliminaron
de
su
versión
definitiva.
El
magistrado
del
Constitucional
Pablo
Pérez
Tremps
fue
apartado
de
la
deliberación
del
Estatuto
por
hacer
un
trabajo
académico
sobre
las
relaciones
exteriores
de
la
Generalitat
cuando
todavía
gobernaba
Cataluña
Jordi
Pujol
(CiU)
y no
había
ni
siquiera
un
proyecto
de
ley
sobre
la
mesa.
Aparte
de
su
actividad
en
el
Consejo,
Enrique
López
ha
escrito
decenas
de
artículos
de
opinión
en
diarios
nacionales
de
los
que
ha
sido
colaborador
habitual,
utilizando
su
título
de
portavoz
del
Consejo.
Desde
detrás
de
ese
rótulo
se
ha
pronunciado
en
programas
y
tertulias
de
televisión
y
radio
a
favor,
por
ejemplo,
de
la
cadena
perpetua
para
terroristas
no
arrepentidos
o
pederastas
o en
contra
de
temas
tan
lejanos
a la
Justicia
como
la
asignatura
de
Educación
para
la
Ciudadanía,
una
cuestión
que
también
podría
llegar
al
Constitucional
cuando
el
Supremo
se
pronuncie.
Hernando,
por
su
parte,
en
medio
del
debate
político
sobre
el
Estatuto
catalán,
llegó
a
comparar
la
lengua
catalana
con
las
sevillanas.
Delante
de
varios
micrófonos
señaló
además
que
esa
norma
"no
se
podía
reformar
a
espalda
de
10
millones
de
españoles"
-calcando
uno
de
los
argumentos
de
Mariano
Rajoy
por
esos
días-,
y
avaló
públicamente
la
decisión
del
PP
de
pedir
firmas
contra
la
reforma
estatutaria.
Entre
los
candidatos
del
PSOE
que
se
conocen
hasta
ahora
están
el
catedrático
de
Derecho
del
Trabajo
de
la
Universidad
Complutense
Fernando
Valdés
Dal-Re;
el
de
Derecho
Civil
de
la
Universidad
de
Zaragoza
Jesús
Delgado;
y la
de
Derecho
Penal
de
la
UPV
Adela
Asúa
Batarrita.
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20.09.08
