www.losgenoveses.net : Carmen Valcarce

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en la carrera judicial en 1988. Desde 2005 es titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid.

RESUMEN Caso espionaje Comunidad de Madrid

En enero de 2009, el diario El País destapa una supuesta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid Tras numerosas denuncias, el Gobierno de Esperanza Aguirre se ve envuelto en acusaciones de espionaje realizado por empleados de seguridad de la Comunidad hacia miembros del mismo gobierno, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el ex vicepresidente y ex consejero regional Alfredo Prada, por lo que Manuel Moix, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), investiga los hechos. Además, el titular del Juzgado número 47 de Madrid, José Sierra, abrió una causa por supuesto espionaje al vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González González. Las causas se fueron concentrando en el juzgado número cinco del que es titular Carmen Valcarce. En junio de 2010, la juez vuelve a citar al supuesto 'espía' de Esperanza Aguirre. En julio e 2010, la jueza archiva el caso de los espías al no poder cuantificar el dinero público que se malversó. En Marzo del 2011 la Audiencia provincial obliga a la jueza a reabrir el caso y hacer nuevas pruebas. En Febrero del 2012 la jueza decide por segunda vez archivarlo.

La juez que instruye el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid pagado con fondos públicos ha archivado este martes por segunda vez el caso. La Audiencia Provincial de Madrid había ordenado en marzo de 2011 reabrir la causa de los seguimientos a rivales políticos de la presidenta Esperanza Aguirre dentro de su propio partido. Durante dos meses (abril y mayo de 2008), tres ex guardias civiles y un ex policía nacional siguieron al vicepresidente, Alfredo Prada, al que Aguirre destituyó solo unos meses después de esos seguimientos; y al entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

Las llamadas telefónicas de los tres ex guardias civiles y del ex policía probaron que desde primera hora de la mañana hasta última de la tarde seguían a Prada a todos lados. Además, unos partes mecanografiados con anotaciones manuscritas obra de un empleado de la dirección general de Seguridad, según un peritaje de la propia policía, apuntalaba que se había producido espionaje político pagado con fondos públicos.

La juez que instruyó este caso entendió que no había quedado suficientemente probado que los espías autonómicos, todos ellos fichados a dedo por los dirigentes del PP con un sueldo que doblaba el de los trabajadores de la dirección general de Seguridad, destinaran bienes públicos (teléfonos, coches, gasolinas, sus propios salarios) “de forma principal a actividades ajenas a la función pública”, ni que se hubieran lucrado con ello. Y además, añadía la juez en el auto donde archivaba el caso tras más de un año de instrucción, era “imposible determinar la cuantía que se habría destinado indebidamente”. La Audiencia Provincial, tras estudiar la causa, entendió que “a título indiciario se habían utilizado varios funcionarios a los que se estaba pagando una nómina a fines ajenos a la causa pública. Esos funcionarios habrían destinado jornadas enteras durante muchos días al mes, los especificados en los partes, y al menos durante tres meses a fines ajenos a la función encomendada estatutariamente”. La Audiencia Provincial afeó también a la juez que dijera en su auto que no era posible fijar el importe de lo defraudado. “Con los datos que venimos adelantando”, señalaron los tres magistrados que firmaron la resolución, “no es en absoluto descartable el grave perjuicio para la causa pública, como tampoco es descartable hacer evaluación del perjuicio a través de las nóminas abonadas en los días acreditados de los seguimientos, los vehículos usados en esos días, el combustible reportado, los consumos de móviles con sus correspondientes facturas”. “La complejidad”, concluyó la Audiencia Provincial, “no puede ser sinónimo de impunidad. Además, el bien jurídico de estos delitos no tiene solo un contenido puramente económico, sino que incluye la garantía de la confianza que se deposita en el recto actuar de la Administración pública y en la legalidad de su actuación”.

La juez reabrió el caso, pidió los datos sobre coches (los cuatro espías usaron tres vehículos propiedad de la Comunidad), teléfonos, gasolina y otros gastos de los espías autonómicos, pero volvió a archivar con la excusa de que, pese a tener los datos de lo supuestamente malversado, “no era posible concluir que los vehículos o teléfonos relacionados hayan sido utilizados en los presuntos seguimientos objeto de las actuaciones, ni por tanto consumos telefónicos o de combustible puedan estar vinculados con los hechos imputados, ni como consecuencia de lo anterior se haya producido un destino de los mismos ajeno a la función pública. Tampoco la prueba practicada ha permitido concretar el importe de la defraudación y, por ella, si ha existido”. La juez mantiene los mismos argumentos que ya fueron tumbados por tres jueces de la Audiencia Provincial.

En la instrucción del caso, los propios agentes autonómicos reconocieron en los interrogatorios que habían estado varios meses siguiendo a todos los sitios al entonces vicepresidente Alfredo Prada, aunque alegaron que lo hacían para prestarle un servicio de contravigilancia para el que carecían de competencias.

La juez ha desestimado la petición del PSOE, que ejerce de acusación popular en el caso, para que se identifiquen algunas de las llamadas hechas por el supuesto jefe de los espías, Sergio Gamón, ex director general de Seguridad al que fichó Esperanza Aguirre.

El Partido Socialista de Madrid (PSM) recurrirá la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid de archivar el caso de los espías, según anunció este martes la diputada regional socialista, Maru Menéndez, nueva vocal de la ejecutiva federal del PSOE. “El auto no dice nada nuevo y lo vamos a recurrir”, explicó la parlamentaria, que recordó que el caso “tiene su origen en los miembros del PP madrileño. Tanto el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo como el exvicepresidente regional Alfredo Prada llegaron a plantear que habían temido por la seguridad de sus familias. No es algo inventado por los socialistas”, aseguró ayer Menéndez. Asimismo, recordó que la investigación iniciada en la Asamblea madrileña fue “cerrada en falso” tras conocerse que el primer presidente de la misma, el exdiputado del PP Benjamín Martín Vasco, hombre de confianza de Aguirre, había sido imputado por su presunta implicación en el caso Gürtel.

Fuentes socialistas indicaron que el recurso podría ser presentado directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid, saltándose de esta forma la apelación ante la magistrada Carmen Valcarce. Esta decisión, considerada poco habitual, sería una muestra del malestar generado en las filas socialistas tras el auto de la magistrada.

Por su parte, la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol, manifestó este martes que el sobreseimiento del caso “ratifica que ese montaje de los espías ha sido absolutamente inexistente”.

Plañiol recalcó que “de nuevo” la Justicia ha sobreseído el caso. “Por lo tanto, esto demuestra una vez más que ese montaje de los espías que supuestamente algunos quisieron ver, no ha existido jamás”, aseveró.

En similares términos se expresó el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna: “Siempre hemos defendido que no había caso y al final los tribunales nos han dado la razón”, indicó el parlamentario, que continuó: “Nos congratulamos y siempre respetamos las resoluciones judiciales, nos sean favorables o no”.

LA AUDIENCIA DE MADRID REABRE EL CASO DEL ESPIONAJE DEL GOBIERNO DE AGUIRRE A SUS ADVERSARIOS EN EL PP

La sala ve "suficientes indicios" de malversación y pide a la juez que evalúe los gastos de los cinco agentes que siguieron a Cobo y Prada

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el caso del supuesto espionaje político perpetrado por ex guardias civiles y expolicías, contratados por el Gobierno de Esperanza Aguirre, a los dirigentes del PP, Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y Alfredo Prada, exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, ambos adversarios de la presidenta en la pugna por el liderazgo del partido ante el congreso en el que Mariano Rajoy revalidó su cargo. La Audiencia estima un recurso presentado por el PSOE contra el archivo del caso. Prada y Cobo, que también tenían intención de recurrir el archivo, recibieron una llamada de Rajoy para que renunciaran a hacerlo y acataron esa orden.

El presunto espionaje político se centró, a lo largo de los meses de abril y mayo de 2008, en dirigentes del PP contrarios a la línea de Aguirre dentro de su propio partido, que se alineaban con Mariano Rajoy ante el vital congreso que iba a celebrar el partido tras la derrota electoral de marzo de ese año.

La sección 16 de la Audiencia Provincial entiende que existen pruebas suficientes de ese espionaje político a los adversarios de Aguirre: "Los informes policiales han llegado a determinar la autoría, a nivel indiciario de los partes de seguimiento. A dicha conclusión se ha llegado tras una laboriosa tarea de investigación y cruce de datos, entre los datos suministrados por la compañía telefónica Movistar de los teléfonos de los tres asesores de seguridad de la Comunidad de Madrid, José Luis Caro, Antonio Coronado y José Oreja, sus posicionamientos y el texto de cada uno de los partes. (...) De dicho trabajo se ha conseguido establecer la correlación de posicionamientos de los tres asesores con el contenido de los seguimientos reflejados en los partes. Los posicionamientos son coincidentes en todos y cada uno de los días, incluidos aquellos en los que las personas objeto de seguimiento se han ausentado de Madrid, visitando poblaciones cercanas". Los agentes Caro, Coronado y Oreja fueron contratados a dedo por el consejero de Interior de la Comunidad y secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados.

La Audiencia Provincial hace un análisis del testimonio de estos tres agentes que supuestamente espiaron a Cobo y a Prada a lo largo del tiempo: "Las declaraciones de los tres asesores imputados en la causa por su imprecisión, vaguedad y ausencia de credibilidad juegan como indicio en su contra. Así, lo tres asesores negaron rotundamente cualquier relación con los hechos investigados en su declaración en sede policial. Una vez identificados sus teléfonos y sus posicionamientos coincidentes con los partes del seguimiento, pasaron a tratar de justificar su presencia casual en dichos lugares. Así, alegaron su presencia en los alrededores de Cibeles por la existencia de varias consejerías, dato que, obviamente, no explicaría ni su presencia sistemática en la zona, ni, mucho menos, cuando se trata de localidades de fuera de Madrid".

En Cibeles tenía su despacho el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Todas las anotaciones de los partes de seguimiento relacionadas con Cobo coinciden con la presencia de los agentes en los alrededores de su despacho que certifican los posicionamientos de sus teléfonos móviles.

Los tres magistrados de la Audiencia Provincial desmontan las coartadas de los supuestos espías: "En los seguimientos a localidades de Madrid, explicados tras la inicial negativa como reforzamiento de la seguridad de esas personalidades o esos actos, son incompatibles con que dichos movimientos permanecieran ocultos a la seguridad de los mismos y, sobre todo, son incompatibles con el hecho de que en numerosos partes relatan haber perdido al objetivo en determinado punto, así pues, no sabían adónde se dirigían. Es más, en algunos de los partes, se manifiesta que han perdido el objetivo por parte de medios, pues solo tenían cubiertas dos calles de las tres posibles, por ejemplo. Lo cual se aparta de cualquier idea de reforzamiento de la seguridad ordinaria".

La Audiencia Provincial también señala que otro agente, José Manuel Pinto, empleado de la Comunidad de Madrid, hizo anotaciones en los partes de seguimiento. Pinto fue identificado por una doble pericial caligráfica encargada por este periódico y por una tercera pericial que la juez ordenó realizar a la policía: "Los indicios existentes contra José Manuel Pinto", señala la Audiencia Provincial, "son igualmente contundentes, existe una pericial caligráfica que le considera autor de las anotaciones manuscritas que aparecen sobre algunos de los partes de seguimiento. A la causa se ha aportado pericial contradictoria que niega su autoría en dichas anotaciones. Esta sala no debe pronunciarse sobre la credibilidad de una u otra pericial. Ese es un tema propio de enjuiciamiento, cuando los peritos sean sometidos a contradicción y evaluada su pericia con el resto de las pruebas y pueda llegarse a una conclusión. Pero en este momento la prueba pericial del gabinete de la policía es indicio suficiente".

¿Y sobre Sergio Gamón, ex director general de Seguridad y que continuó en su puesto, protegido por Esperanza Aguirre, hasta que la exesposa de Gamón y exsecretaria de la propia Aguirre relató a este diario que su exmarido era el jefe del equipo de espionaje a las órdenes del vicepresidente Ignacio González? La juez nunca citó a esa testigo, que fue despedida de Telemadrid tras ser durante años persona de confianza de cargos del PP. El tribunal también ve suficientes indicios de delito contra Gamón en la causa. "Los indicios existentes contra Sergio vienen de las propias declaraciones de los asesores que reciben de él las instrucciones, así como de su dependencia orgánica del mismo, son sus subordinados directos".

La Audiencia Provincial entiende que "las cinco personas imputadas tienen carácter de funcionarios", algunos como asesores del consejero de Interior y otros como empleados en ese departamento. "Y en virtud de esa condición tenían la disponibilidad sobre sus teléfonos móviles, vehículos, combustible y demás efectos necesarios para su labor como funcionarios. (...) Así pues, los indicios existen y son suficientes para la continuación de las diligencia".

La defensa de los imputados, que ejerce el letrado Enrique Molina, reclamó durante el procedimiento que el periodista de este diario que destapó los seguimientos debería revelar sus fuentes en el sumario para probar su veracidad. El tribunal considera que el trabajo periodístico está harto probado y no debe revelar fuente alguna. "Su testimonio ha servido como nottia criminis, que se ha visto refrendado por la profusión de diligencias que han ido confirmando la credibilidad de su testimonio. El derecho al secreto de sus fuentes es un derecho constitucional necesario al derecho de información y al derecho de la opinión pública a tener una información veraz, artículo 20 de la Constitución, es una garantía de la democracia". Y, por añadidura, "no es es el único indicio, no estamos en fase de juicio, ni de dictar una sentencia con ese único testimonio, ni es ilegítima la no revelación de la fuente por el periodista".

La Audiencia Provincial pide a la juez que recabe datos sobre los gastos de los supuestos espías para poder cuantificar la malversación de caudales públicos antes de abrir el juicio contra los mismos.

El vicealcalde de la capital, uno de los altos cargos que denunció haber sido víctima de seguimientos por parte de empleados a sueldo de la Comunidad de Madrid, el llamado caso de los espías, ha recurrido la decisión de la jueza de archivar la causa al no encontrar indicios de delito. Según ha podido saber Público de fuentes jurídicas, Manuel Cobo, mano derecha del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, presentó su recurso el martes.

De esta forma, la suya se une a las impugnaciones presentadas por el PSM y por el diputado del PP Alfredo Prada, uno de los principales colaboradores de Mariano Rajoy en su condición de director del PP en el exterior.

La jueza Carmen Valcarce acordó el archivo del caso al entender que no podía acreditarse que ninguno de los imputados destinaran fondos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "a actividades ajenas a la función pública". Igualmente, el auto señalaba que no habían aparecido "indicios de la presencia de ánimo de lucro, imprescindible en los tipos penales de malversación".

Manuel Cobo denunció haber sido víctima de espionaje los meses de abril y mayo de 2008. También lo hizo Alfredo Prada. En sus declaraciones ante el juez, el vicealcalde confirmó que los partes de seguimiento de los espías a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre coincidían con su agenda de actividades.

El recurso presentado por el vicealcalde madrileño llega días después de que el Partido Socialista de Madrid (PSM) anunciara un recurso al archivo de esta misma causa. La principal queja de los socialistas estriba en que la jueza no ha tenido en cuenta su demanda de citar como testigo a la ex mujer del ex director del Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón. En declaraciones a El País, Yolanda Laviana, que trabajó como secretaria de Esperanza Aguirre en su etapa en el Senado, reconoció que Gamón investigaba a Prada desde 2006. Y que reportaba a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Además, los socialistas madrileños consideran que el auto no ofrece ningún tipo de duda acerca de que se han producido los seguimientos. Con este punto de partida, sostienen que sí se ha hecho uso de dinero público para el espionaje a estos cargos conservadores. A diferencia del recurso de los socialistas, que se presenta ante la propia jueza instructora, el presentado por el vicealcalde de Madrid es de apelación ante la Audiencia.

Hoy, en rueda de prensa, Ruiz-Gallardón evitó echar más leña al fuego de este último elemento de fricción con la Comunidad de Madrid. "Cuando se produzca una resolución definitiva por parte de los tribunales de Justicia, todos tendremos que estar a lo que diga esa resolución, pero mientras tanto no seré yo el que introduzca elementos de debate político en un asunto que está sometido a consideración judicial", dijo.

Frente a ese criterio, la comunidad mostró otro. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, Francisco Granados, admitió que Cobo, a quien la semana pasada exigió que pidiera perdón, "está en su derecho de recurrir" el archivo, pero cargó contra el fiscal provincial de Madrid, Eduardo Esteban.

Tras el acto de toma de posesión del nuevo secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el consejero de Justicia acusó a Esteban de tener "un largo historial en persecuciones y decisiones contrarias al PP, y favorables al PSOE".

A su juicio, las declaraciones en las que Esteban explicó la forma de funcionar de la fiscalía, consistente en que, aunque la junta de fiscales de Madrid haya decidido no recurrir, el fiscal podía adherirse a los recursos presentados por las partes, son "sorprendentes e inadecuadas".

"Es curioso que diga que no se han podido acreditar los indicios de delito, pero que aun así haya que investigar más. Esto es absolutamente contrario a un Estado de Derecho", aseguró Granados. El PP madrileño tiene previsto presentar una queja contra el fiscal provincial de Madrid ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior madrileña.

Sergio Gamón, ex director general de Seguridad del Gobierno de Aguirre, ha reingresado en el Cuerpo Nacional de Policía y le ha sido asignada la vigilancia del Museo del Prado. Su regreso a la actividad policial se produce después de que la juez que investigaba el caso del espionaje por parte de agentes del Gobierno regional a sus órdenes decretara el archivo provisional de la causa.

Semanas antes, su ex esposa, Yolanda Laviana, le había acusado de espiar, desde que fue nombrado director general de Seguridad en 2006 por el Gobierno madrileño, al entonces vicepresidente segundo de la región, Alfredo Prada, de cuyo seguimiento informaba continuamente al vicepresidente primero, Ignacio González. Esta grave acusación fue el detonante para que Aguirre, tras un año y medio de escándalo por el espionaje, forzara su cese como asesor con rango de director.La grave acusación de su ex esposa fue el detonante para que Aguirre, tras un año y medio de escándalo por el espionaje, forzara su cese como asesor con rango de director. Su salario con el Gobierno de Aguirre superaba los 90.000 euros anuales por una labor que el PSOE nunca logró que fuera esclarecida, y ahora, al reincorporarse como inspector al Cuerpo Nacional de Policía, quedará en unos 36.000 euros brutos anuales.

Fuentes policiales explicaron que Gamón tendrá la categoría de jefe de grupo del dispositivo que vigila la pinacoteca nacional. Por encima tendrá un jefe de brigada y un jefe de sección. Las mismas fuentes explicaron que su readmisión era obligada y automática a un puesto en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, en la que tuvo como último destino la protección de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Fuentes policiales explican que aunque se reabriera la investigación por la que fue imputado por un supuesto delito de malversación, por dar cobertura con fondos públicos al espionaje sufrido por Prada y el vicealcalde Manuel Cobo, Gamón podría seguir en dicho puesto en tanto no exista una condena firme. En medios sindicales ha causado cierto estupor el puesto por considerarlo un destino privilegiado.

Entretanto, desde el pasado lunes ya han presentado recursos contra el archivo judicial del caso del espionaje el PSOE, Manuel Cobo y Alfredo Prada. Esto permitirá entrar en una segunda fase. La fiscalía podrá estudiar su contenido para evaluar si se adhiere o no al contenido de los mismos, lo que permitiría ejercer indirectamente su derecho a recurrir a la decisión de la juez. Juristas consultados estiman que, en caso de rechazo por la juez, la jurisprudencia suele marcar que los recursos sean fallados en la instancia superior a favor de los recurrentes, siempre y cuando sea evidente que se dejaron de practicar pruebas.

El viceconsejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alejandro Halffter, aseguró ayer que estaba "muy tranquilo" tras el recurso presentado por el PSM a la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid de archivar el caso del presunto espionaje a políticos.

El viceconsejero expresó su respeto por la decisión del PSM de presentar ese recurso, que tiene como objetivo que prosiga la investigación del eventual espionaje a políticos de la región, según informa Efe.

SIETE DE LAS 10 PRUEBAS VETADAS POR LA JUEZ DEL 'CASO ESPÍAS' LAS PIDIÓ EL FISCAL EN 2009

El auto de archivo del caso de espionaje en el Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre dictado por la juez Carmen Valcarce se enfrenta a una cascada de recursos, tanto del PSOE como de las víctimas en el PP de los seguimientos: el ex vicepresidente regional Alfredo Prada y el vicealcalde, Manuel Cobo. Aún no los han presentado.

El argumento en todos ellos es, a falta de conocer algunos detalles, que la investigación dista de estar concluida. El recurso del PSOE sostiene que el auto supone "la obstrucción y vulneración del derecho a la defensa", y recuerda las diez pruebas solicitadas reiteradamente a la juez y que esta nunca atendió, sin motivar siquiera su rechazo. Entre otras, el testimonio de Yolanda Laviana, ex esposa de uno de los implicados, Sergio Gamón.

Afirma el PSOE que el veto de la juez es lo que le ha impedido cuantificar la malversación, motivo aducido por esta precisamente para archivar el caso. "En modo alguno resulta imposible, hubiera bastado con practicar la prueba solicitada y se habría podido obtener. Pero no se ha practicado, ignoramos por qué razón". La Fiscalía, tras estudiar los recursos, decidirá si se adhiere a los mismos. Pero se da la circunstancia de que siete de esas diez pruebas rechazadas fueron solicitadas el 20 de marzo de 2009 por el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.

Exigió el fiscal al Gobierno regional el listado de vehículos oficiales (marca, modelo y matrícula) asignados a la Dirección de Seguridad -en manos de Gamón- y al grupo de asesores sospechosos de espionaje entre marzo a mayo de 2008; los justificantes de reportaje; los datos de las tarjetas Solred correspondientes; y los teléfonos móviles que usaron, junto con los detalles de sus facturas.

No obtuvo respuesta. Distintos letrados volvieron a pedir a la juez los mismos datos, también sin éxito. "Ni siquiera ha habido resoluciones de la inadmisión de las mismas, sino más bien las solicitudes han sido aparcadas, sin que ni siquiera se diera traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que se pronunciara sobre la validez de las mismas", afirma el PSOE.

Los socialistas volvieron a insistir el pasado 23 de junio; el 13 de julio la juez se dio por enterada y quedó pendiente de "resolver lo que proceda". Dos días después de notificada esa providencia, decretó el archivo provisional. El PSOE considera que lo hizo "de forma precipitada e intempestiva", y concluye que "repele al derecho y al más mínimo sentido común que una conducta de ese tipo y gravedad resulte impune". Denuncia además la equiparación que hace la juez de la prueba caligráfica oficial -que identifica a José Manuel Pinto, empleado de la Consejería de Interior, como autor de las anotaciones de matrículas en los partes del espionaje- y de la privada, que en su opinión "ni se encuentra en autos ni se ha practicado con las debidas garantías procesales".

El PSOE ve chocante que "el fundamento jurídico que se da al archivo sea la imposibilidad de cuantificar lo utilizado y la dificultad de encaje en el tipo penal, aunque se da por hecho que dichos usos se produjeron".

Porque la juez admite "coincidencias" de los partes de los espías con los posicionamientos de los hombres de Gamón durante los seguimientos a Cobo y Prada, revelada por sus teléfonos móviles. Y "lo importante no es lo que hacían sino que lo que hacían está totalmente alejado de los fines públicos y que alguien los utilizaba para fines privados", añade el PSOE.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no se mojó ayer a la hora de asegurar si, al igual que su consejero Francisco Granados, considera que Alfredo Prada y Carmen Rodríguez Flores deben dejar su escaño en la Asamblea regional una vez que el caso de los espías ha sido archivado. "No tengo más que añadir. Fue una reflexión suya", añadió Aguirre al ser preguntada por su opinión. Además del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, Prada, responsable del PP en el Exterior y la diputada autonómica Rodríguez Flores denunciaron haber sido víctimas de los seguimientos.

Aguirre quiso matizar que cuando Granados solicitó a Prada y Rodríguez Flores que dejaran su escaño si les quedaba "dignidad" y empezaran a vivir "de otra cosa", lo hizo de forma personal, no como secretario general del PP de Madrid ni en calidad de consejero de Presidencia, Justicia e Interior.

No obstante, la presidenta madrileña manifestó que el archivo de este caso demuestra que su Gobierno ha actuado "con la máxima transparencia" y que "no ha ordenado ni ha tenido conocimiento" de los presuntos seguimientos a miembros de su partido por personal de la consejería de Interior. "En España, las acusaciones mediáticas no son prueba, por mucho que hayan merecido cien portadas", recalcó.

Mientras, en la dirección nacional del PP rechazaron ayer entrar a valorar la petición del cese de Prada por parte de Granados. González Pons zanjó la cuestión asegurando que el partido ya abrió una investigación interna sobre este caso.

Por otra parte, preguntado sobre la posibilidad de que el ex ministro Francisco Álvarez-Cascos sea candidato a la presidencia de Asturias pese a la oposición de la formación regional, González Pons hizo una llamada a la calma. Dijo que el PP designará a sus candidatos cuando más convenga a sus intereses electorales.

La juez Carmen Valcarce ha archivado provisionalmente su investigación sobre el presunto espionaje cometido por agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre contra dirigentes de su partido desafectos a ella, como el vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, y el ex vicepresidente segundo de su Gobierno Alfredo Prada. Todos ellos del PP. La razón principal de dicho sobreseimiento es que la magistrada se declara incapaz de cuantificar la cuantía del dinero público que costaron tales seguimientos, cuya existencia ni confirma ni desmiente. El auto de la juez, que sigue el mismo hilo argumental del escrito del abogado de los acusados, puede resumirse así: aunque hayan existido seguimientos por agentes públicos a cargos del PP no habría delito porque no se puede concretar lo malversado.

Y, además, la juez teoriza que "el hecho de seguir a una persona no constituye infracción penal alguna, salvo que la información obtenida por este medio se utilice con otros fines que en si constituyen delitos: coaccionar, chantajear, amenazar, secuestrar, etcétera".

La magistrada pone así fin a sus pesquisas antes de que pudiera comparecer como testigo Yolanda Laviana -prueba requerida días atrás por el PSOE-, la ex esposa del presunto jefe de los espías de Aguirre, Sergio Gamón. Esta mujer, ex secretaria en el Senado de Aguirre, aseguró que su ex marido siempre informaba al vicepresidente primero Ignacio González sobre el espionaje a Prada. "La prueba propuesta por un lado solo amplía el campo de investigación, intentando efectuar una causa general que afecta sin base a derechos fundamentales de numerosas personas", afirma la juez. Hay muchas más pruebas que no ha atendido antes de dar carpetazo al sumario.

La juez da por supuesto, en varios pasajes de su auto, que los seguimientos pudieron haberse producido, pero rebaja su categoría: "Se produjeron coincidencias de lugar de determinados teléfonos de los señores Oreja, Caro Vinagre y Coronado Martínez [tres ex guardias civiles asesores del consejero de Interior, Francisco Granados] con el contenido de los citados partes [del espionaje]; sin embargo, la generalidad de los contenidos de estos, unido a la no fiabilidad absoluta de los posicionamientos, sobre todo aquellos que se producen en el centro de la ciudad, hace difícil determinar con claridad suficiente la realidad de esos seguimientos".

La policía, sin embargo, solo reflejó los posicionamientos de los móviles de los agentes que juzgó indudables -tan fiables que la juez les imputó por tales informes- y desechó los discutibles.

Por tanto, los restantes posicionamientos, incluidos los seguimientos de Cobo y Prada cuando acudían a la sede del PP o a sus despachos, fueron considerados precisos y válidos. Y los propios tres ex guardias civiles asesores de Granados confesaron a la juez que siguieron semanas a Prada incluso a localidades ajenas a la ciudad de Madrid, como Chinchón o Brea de Tajo, y corroboraron su marcaje en puntos del centro madrileño. Ahí no había confusión alguna.

Y la juez proclama que un empleado de Granados, José Manuel Pinto, es nada menos que el autor de las notas manuscritas en los partes del espionaje, algo que este le negó reiteradamente. Pero la juez considera que ese dato no conduce a ningún lugar porque no puede establecer una relación de su trabajo con el resto de los imputados.

Casualmente, tanto los tres ex guardias imputados como Pinto estaban a las órdenes de Gamón como liberados, así como los cuatro ex policías (José María Rodríguez, Belén Espartero, Roberto Casielles y Miguel Castaño) a los que no ha llegado siquiera a tomar declaración, al igual que José Palomo.

Los tres ex guardias confesaron a la juez que recibían órdenes de Gamón para hacer sus seguimientos; y Gamón fichó a sus ex compañeros de su época en La Moncloa como asesores.

El cerrojazo judicial se produce justo cuando Yolanda Laviana, la ex mujer de Sergio Gamón, había vinculado a la cúpula del Gobierno de Esperanza Aguirre con la trama del espionaje. Y cuando pedía testificar sobre cómo el entonces director de seguridad de Aguirre usaba en beneficio propio coches y motos de la Consejería de Interior y repostaba con la tarjeta pública para sus coches privados. Ahí había un hilo para investigar una posible malversación. Y había otro filón para escudriñar en lo que le solicitó el abogado de Alfredo Prada: qué coches usó Gamón y su equipo, cuánto gastó en teléfonos y en gasolina... No hubo respuesta y ahora la juez afirma que es difícil cuantificar lo malversado en los seguimientos.

El PSOE lo cifró en dos millones. Las defensas de las víctimas y la propia fiscalía comparten un criterio: si un funcionario dedica su jornada a labores ajenas a su función, está malversando. Bastaría saber su salario para saber cuánto malversa al día, al mes...

La juez emplea argumentos que, en definitiva, benefician a los agentes imputados y asume que tienen unas funciones cargadas de "laxitud e inconcreción". Sin embargo, Gamón y los abogados de sus víctimas del espionaje, paradójicamente, le explicaron a la juez cuáles no podían ser nunca, por ilegales, las funciones de los agentes que trabajaban para Aguirre en la Comunidad: no podían realizar escoltas ni contravigilancias porque no tienen esa competencia. Por tanto, no había ninguna razón legal para que durante un solo segundo fueran la sombra de Cobo o Prada, y, sin embargo, lo fueron durante horas, semanas o meses. Los posicionamientos de los agentes imputados durante abril y mayo de 2008 lo delatan; los partes del espionaje también, y lo corroboraron en su confesión ante la juez sobre Prada. Y tales descubrimientos sobre su labor paralela han sido desvelados por la policía solo cotejando algunos de los teléfonos que usaron los presuntos espías porque Laviana había declarado que dispusieron de más de un teléfono móvil, y ha confirmado este diario. ¿Qué posicionamientos darían el segundo o el tercer teléfono que usaban? Tal vía está ahora cegada.

Y la juez tampoco ha concedido una prueba clave: el listado de llamadas -imprescindible para ver si reportaba a González- y posicionamientos del móvil de Gamón en los meses del espionaje. La propia Laviana oyó a su ex marido que los agentes habían perdido a alguien en las mismas fechas en que los partes anotaban que los espías habían perdido la pista de Cobo o Prada. Pero la juez no ha dado pie a un careo o contradicción sobre tal versión. Ha cercenado la posibilidad de que se oyera a la primera testigo de este proceso dispuesta a ratificar la existencia del espionaje. El caso no se archiva tras agotar la investigación, sino cuando quedaban decenas de pruebas sin atender. Entre ellas, el interrogatorio del resto del equipo de presuntos espías de Gamón: cuatro ex policías y el agente José Palomo.

La juez ha dado por buena una pericial caligráfica privada al agente Pinto, "hecha de espaldas" al proceso judicial, según la defensa de Prada, ya que no se hizo ante un testigo del juzgado, sino ante dos cargos de Aguirre. El auto podría sentar así un grave precedente: seguimientos ejecutados por agentes que cobran de fondos públicos puede salir gratis penalmente.

ESPERANZA AGUIRRE DEJA CAER AL JEFE DE LOS ESPÍAS TRAS SER ACUSADO POR SU EX ESPOSA

Esperanza Aguirre aceptó ayer la dimisión del jefe de la trama de espionaje político de Madrid, Sergio Gamón, ya imputado en esta causa por la juez. La presidenta regional ha tomado esta decisión 16 meses después de que EL PAÍS destapara el escándalo del espionaje por parte de agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid a los adversarios de Aguirre dentro del PP, el ex vicepresidente regional Alfredo Prada y el vicealcalde de Madrid Manuel Cobo.

La dimisión se produce sólo 48 horas despúes de que Yolanda Laviana -ex esposa de Gamón y ex secretaria de Aguirre cuando presidió el Senado- detallara que su ex marido había espiado a Alfredo Prada, ex vicepresidente autonómico, desde que fue nombrado director general de Seguridad, en mayo de 2006. Laviana precisó en EL PAÍS que el receptor de los informes de Gamón sobre Prada era Ignacio González, vicepresidente y mano derecha de Aguirre.

El pasado lunes, Aguirre no quiso entrar en el fondo de las declaraciones de Laviana porque aseguró que ella -hasta ayer secretaria del presidente de Telemadrid- vivía un "divorcio difícil". Y aunque aseguró que daba fe de que Laviana era una "persona muy respetable", matizó que eso no le daba presunción de credibilidad en lo que denunciaba. Pese a ello, tras ironizar que a veces de los divorcios salen escándalos como el de Juan Guerra -hermano del ex vicepresidente socialista implicado en presuntos tratos de favor-, afirmó que lo investigaría y que se producirían ceses si hallaba irregularidades.

No consta si Aguirre ha hecho una investigación interna. Pero el pasado martes por la tarde recibió a Gamón en su despacho durante una hora. No trascendió el diálogo. Gamón salió con cara de pocos amigos. Al día siguiente, ayer miércoles, Gamón comunicaba su dimisión, horas después de que la Presidencia de Telemadrid despidiera a su ex esposa tras haberlo acusado de espiar al ex vicepresidente segundo Alfredo Prada en favor del vicepresidente primero.

Aguirre no había reaccionado hasta ahora, a pesar de la acumulación de pruebas que señalaban la existencia de la trama de espionaje. Entre ellas, dos informes telefónicos delatando la presencia continua de varios agentes de Granados siguiendo a Prada o al vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, en abril y mayo de 2008. O la confesión de los ex guardias, que admitieron haber seguido a Prada por orden de Gamón noche y día durante semanas. O los partes del espionaje difundidos por este diario, que detallaban datos reservados de imposible obtención sin mediar los seguimientos, y que coincidían al milímetro con los informes telefónicos y las agendas de Cobo y Prada. O la prueba pericial caligráfica que concluyó que un empleado de la consejería de Interior, José Manuel Pinto, era el autor de las anotaciones manuscritas en los partes, lo mismo que aseveró una doble pericial contratada por este diario.

Ninguna de esas pruebas movió a la presidenta a actuar. Pero ahora, tras las declaraciones de la ex mujer de Gamón, Aguirre ha admitido el cese del presunto jefe del equipo de espías anclado en su Gobierno. Aunque no ha explicado las razones que la han llevado a dar ese paso.

Sergio Gamón es el hombre al que ella confió su seguridad cuando era ministra de Cultura, presidenta del Senado y luego presidenta del Gobierno de Madrid. Aguirre sabe desde hace años lo difícil que era el divorcio de Laviana, pero sólo ha despedido a ambos cuando su ex secretaria ha denunciando las actividades ilegales de Gamón que ella presenció durante años.

El PSOE no está dispuesto a que Aguirre presente el caso como un conflicto familiar, advierte la portavoz socialista, Maru Menéndez. "Es un caso muy grave. Y lo que importa es el espionaje que ella denuncia". Por esta razón, el PSOE ha pedido que testifique Laviana ante la juez que investiga el espionaje. Un testimonio clave en este caso.

TELEMADRID DESPIDE A YOLANDA LAVIANA TRAS DENUNCIAR QUE SU EX MARIDO ESPIÓ A PRADA

Yolanda Laviana fue despedida ayer fulminantemente como secretaria del presidente de Telemadrid, Manuel Soriano, el mismo alto cargo a favor del que testificó cuando fue acusado de acoso sexual.

Ángel Martín Vizcaíno, subdirector de Telemadrid, le comunicó el despido. A falta de una versión de dicha cadena, solicitada ayer sin éxito, Laviana explica que dicho cargo le invitó a tomar un café por la mañana y le reprochó que hubiera concedido una entrevista a EL PAÍS que detallaba las actividades ilegales de su ex esposo, Sergio Gamón. Laviana replicó que acudió a EL PAÍS porque nadie de los que conocían en el Gobierno de Aguirre los atropellos de Gamón que sufría, incluido el presidente de Telemadrid y miembros del Gobierno, le habían querido escuchar.

Martín Vizcaíno le preguntó qué pruebas tenía de las acusaciones que había vertido contra Ignacio González, vicepresidente de Aguirre, al que Laviana había descrito como el inductor y receptor de las investigaciones que hizo desde el principio Gamón contra el ex vicepresidente Alfredo Prada, a pesar de que era su jefe orgánico.

Laviana le dejó con la duda a Martín Vizcaíno. Solo le indicó que todas las pruebas que tenía estaban en poder de su abogado. Acto seguido, este subdirector de Telemadrid anunció que iba a despedirla porque su trabajo se había vuelto inviable en el canal tras sus declaraciones. Vizcaíno le ofreció firmar un despido improcedente con una indemnización de 25.000 euros. Laviana rechazó tal acuerdo. Porque no ve razones para ser despedida tras haber sido una secretaria leal a su jefe, como anteriormente lo fue a Esperanza Aguirre y a Juan José Lucas cuando fueron presidentes del Senado.

Curiosamente, el pasado lunes, la propia Aguirre tildaba de "persona muy respetable" a Laviana, al tiempo que se jactaba de ponerse siempre en favor de la mujer en estos casos, y precisó que ella estaba viviendo un "divorcio difícil". Dos días después, la presidenta consintió que se despidiera a la primera persona a sueldo del aparato de la Comunidad de Madrid que es capaz de confirmar que ha existido una trama de espionaje que fue amparada y alimentada por Ignacio González y Francisco Granados, consejero de Interior, que lideraba su ex esposo, Sergio Gamón, y que contaba para sus labores de un equipo de ex policías y ex guardias civiles.

En suma, el mismo relato que la investigación judicial ha acreditado tras destapar EL PAÍS el escándalo hace más de 16 meses.

Laviana no ha acusado a personajes de menor rango del Gobierno de Aguirre sino que ha señalado con su dedo a subordinados de Granados que ya estaban imputados por el espionaje. Y solo ha añadido el detalle, gran detalle, de a quién informaba y daba cuenta Gamón de sus pesquisas ilegales sobre Prada y demás objetivos.

GAMÓN ESPIÓ A LA SECRETARIA QUE DENUNCIÓ AL JEFE DE TELEMADRID, SEGÚN LAVIANA

El 9 de junio de 2005, Noelia del Val, secretaria del director de Telemadrid, Manuel Soriano, le denuncia por acoso sexual. Dos investigaciones se ponen en marcha. Una es transparente y legal, la dirigen un juez y un fiscal que da la razón a la querellante. La otra, clandestina e ilegal, la dirige un inspector de policía, Sergio Gamón, que no está al servicio del juzgado, sino del Gobierno de Aguirre, aunque entonces ejerce de jefe de la escolta de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Su ex esposa, Yolanda Laviana, no solo confirma su intervención en tales pesquisas ilegales -"hay que acercarse a ella y a su entorno y grabarle, le decía mi marido a Ignacio González"-, sino que asegura que Aguirre le nombró director general de seguridad por los servicios prestados en aquel escándalo. La denuncia fue archivada por la Audiencia Provincial. Laviana, que ayer fue despedida como secretaria de Soriano, hoy presidente de Telemadrid, por sus acusaciones en este diario contra Gamón, está dispuesta a testificar en el juzgado sobre el espionaje, y el PSOE ha solicitado ya su interrogatorio.

Laviana explica así el nombramiento de Gamón como director general de seguridad de la Comunidad de Madrid en mayo de 2006. "Hoy creo que le fichó por el tema de Noelia del Val [secretaria que denunció por acoso sexual a Manuel Soriano, entonces director de Telemadrid].

Pensé que era un compromiso que ella tenía para recuperarlo como hombre de confianza. Hoy creo que en el momento que se hizo fue porque lo necesitaba conmigo para el tema de apoyo que necesitaba Soriano de investigación". Laviana fue precisamente testigo ante el juez del caso, y apoyó durante su interrogatorio la tesis de Soriano de que nunca sometió a acoso sexual a Noelia del Val.

"Hoy diría lo mismo que dije entonces. Que no hubo acoso sexual". Asegura Laviana que siempre vio que entre ambos hubo una relación muy cordial, nunca tensa, ni de acoso. Pero tal convicción suya no excluye la brutal maniobra que presenció en primera persona del aparato de Aguirre en contra de la denunciante del director de Telemadrid.

¿Cuál fue el papel jugado por Gamón en ese escándalo? "Sé que a él lo llamaron para pedirle información de cómo estaba yo y cómo veía yo el tema, y él me acompañó en una cita que tuve con un ex policía, que decía que estaba investigando para ayudar en el tema de Noelia del Val, para ayudar a Soriano entiendo, y requerían de mí información sobre su vida personal y profesional. Yo de la vida personal de Noelia sólo le contaba detalles al juez, pero es cierto que a mi marido cuando me interrogaba, yo le contestaba. Yo, sobre la vida privada de Noelia, sólo le hablaba a él y al juez".

¿Qué datos exigía Gamón? "Quería saber de su relación con M.F., un directivo de Telemadrid, la relación de desequilibrio o tormentosa con su pareja, un camionero, y cómo ella decía que había sufrido violencia de una de sus parejas". Laviana corrobora que Del Val fue espiada por el equipo que lideraba Gamón. "De Noelia llegó a saberse todo. Desconozco si es legal o no, o si es lo normal cuando se recopila información sobre quien denuncia. Pero lo sabían todo". ¿Qué es todo? "Pues cuántas veces había ido a hospitales, o si había partes médicos. Una vez escuché que le indicaba a Ignacio González que deberían pegarse a ella gente joven en discotecas o con su entorno, hacerlo camuflados, y grabarles, y preguntar a su hermano en el bar".

Laviana precisa aún más detalles: "En el tema de la denuncia de acoso sexual a Manuel Soriano, Sergio Gamón, estando con la vicepresidenta del Gobierno, es requerido por la presidenta y Nacho González [el vicepresidente primero] para ayudar a Soriano".

Y añade sobre la labor de su ex marido: "Le llamaban de Sol [sede de la presidencia regional] y se reunían con él para saber de mí y conocer mi opinión sobre el tema y valorar la situación, pero jamás hablaron conmigo de ello, era mi marido el encargado de interrogarme y de solicitarme información sobre Soriano, Noelia y la situación en Telemadrid. Hoy con todos los datos que tengo creo que hábilmente me utilizaron para tener información. Es en esas fechas y en esta ocasión cuando le ofrecen a Gamón lo que realmente quiere, ser director general de seguridad, y él sabe que cuenta con el beneplácito de Ignacio González y con las reservas de Alfredo Prada [entonces consejero de Interior y su teórico jefe}, pues le era impuesto. Por lo tanto, y desde el principio Sergio trabajaba a las órdenes de Nacho González y para Nacho González, aunque su jefe inmediato fuera Prada, Sergio sabía que era impuesto y estaba encantado con esta situación. esto le endiosaba".

Laviana da más datos de los movimientos de la ofensiva contra Noelia del Val: "El subdirector [de Telemadrid] Vizcaíno me pide que me reúna con un policía retirado que trabaja para el PP y que va a ayudar recabando información sobre el tema de Noelia. Me reuno en una cafetería de Pozuelo, en Kinépolis, y me pide que lleve o escriba todo lo que recuerde de ella personal o profesionalmente, que estuviera tranquila, que era un policía retirado que trabajaba para el PP y estaba en el Canal de Isabel II.

Cuando nos volvemos a ver, Sergio viene conmigo, porque él ya ha hablado con la presidenta y me acompaña, pero yo no le doy a esta persona ninguna información sobre la vida personal de Noelia, nada más la comento con Sergio y luego con el juez. A este señor lo vuelvo a ver en el único acto al que acompaño a Sergio en tres años, su toma de posesión".

"Durante ese tiempo", añade Laviana, "vi cómo hablaban sobre todos los pormenores de la vida de Noelia y de sus amigos. En los interrogatorios que me hacía Sergio (eran eso más que conversaciones) contaba algunas de las confidencias que Noelia hacía a su entorno de trabajo, como que se casaba a fines de año con M.F.".

El testimonio que brinda Laviana, y que obra en poder de su abogado, coincide con la percepción que tuvo entonces Noelia del Val, la secretaria que denunció por acoso a Manuel Soriano: "Que fui espiada, es verdad, que fui seguida, es verdad. Me siguieron cuatro sujetos. Uno de ellos era alto y calvo. Una vez me encaré con uno. Le dije que me dejara de seguir. Y se dio la vuelta. No puedo decir quiénes eran, pero tengo mis sospechas, que me reservo. Usaban dos coches, uno rojo y otro negro. Vigilaban mis citas con mi abogada y con mi psicóloga. Mi teléfono de casa estuvo pinchado. Había interferencias cuando hablaba y me robaron el móvil de mi despacho en Telemadrid cuando lo tenía en mi bolso. Y se inventaron que había sufrido malos tratos de mi ex pareja".

Sergio Gamón llegó a la Comunidad de Madrid en 2006, dos años después de que Esperanza Aguirre ganase las elecciones y formase Gobierno. La presidenta madrileña eligió entonces como consejero de Interior a Alfredo Prada, al que hizo además vicepresidente. Aguirre, que es capaz de imponer hasta a la última secretaria de una consejería, impuso a Prada un director general de Seguridad: Sergio Gamón. Prada no tenía ninguna confianza en Gamón, que ya había trabajado como jefe de Seguridad con Aguirre años antes durante su etapa en el Senado y el Ministerio de Cultura.

La rivalidad entre Gamón y Prada floreció en poco tiempo. Prada llegó a declarar al fiscal que Sergio Gamón le ninguneaba, le puenteaba y que actuaba por libre. La ex esposa de Gamón asegura que su ex marido respiró cuando Aguirre quitó a Prada de Interior. A partir de ese momento trabajó con las manos libres.

Francisco Granados, su nuevo jefe, llegó a la Consejería de Interior en 2007, pero no cambió a Gamón porque era el director general de la presidenta. Cuando por fin le destituyó en 2008 por el escabroso robo de un ordenador, Aguirre exigió a Granados que le volviese a contratar. Lo hizo, aunque le apartó de funciones, y le siguió pagando más de 90.000 euros.

Yolanda Laviana lleva 11 años como secretaria de confianza de altos cargos del PP. Primero estuvo con Esperanza Aguirre, que no solo la colocó en el despacho de la Presidencia del Senado en 1999 sino que nombró a su marido, Sergio Gamón, director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 2006 e hizo a su hija concejal del PP en Fuenlabrada.

Aguirre siguió protegiéndola mucho después. En 2005, Laviana pasó a Telemadrid como secretaria del director general, Manuel Soriano, ex jefe de prensa de Aguirre. Hasta ayer, Laviana continuaba como secretaria de Soriano, pero ya en la presidencia de Telemadrid.

Aguirre siempre ha respetado a Yolanda Laviana y ha confiado en ella. Hasta el punto de que su testimonio resultó clave en el proceso judicial abierto a Soriano por supuesto acoso sexual a una secretaria. Laviana, que trabajaba junto a la denunciante, declaró a favor de Soriano. Y Aguirre reconoció el valor de ese testimonio y pidió expresamente que se cuidara a la familia Laviana / Gamón.

Pero ahora, cuando otro testimonio de Laviana, en pleno proceso de divorcio con Gamón, ha puesto bajo sospecha a su vicepresidente Ignacio González, e indirectamente a ella misma, Aguirre ha optado por despedir de Telemadrid a la mujer en la que tanto confiaba. Un despido improcedente, según el documento que facilitaron ayer a Laviana para ponerla de patitas en la calle.

Laviana ha declarado a EL PAÍS que su ex marido espió al que entonces era vicepresidente regional, Alfredo Prada, e informó de todo a Ignacio González, supuesto jefe de la trama de espionaje. Laviana salva a Granados, el consejero de Interior bajo cuyo mandato se produjeron los espionajes conocidos a Prada y Cobo. Aunque no del todo, pues lo considera el instrumento útil, el cómplice necesario de su marido que le dejó hacer sin preguntarle nada. Las respuestas había que dárselas a González.

Gamón, por otra parte, debía su puesto a una sola persona: Esperanza Aguirre. La investigación determinará si espiaba para ella.

El director del Área de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, supuesto cerebro del espionaje a cargos madrileños del PP, ha presentado su dimisión, según fuentes de la comunidad. Gamón ha motivado su cese, presentado ante el consejero de Interior, Francisco Granados, argumentando que quiere preservar su intimidad y separar su vida personal de su vida profesional.

La dimisión de Gamón coincide con la destitución de su ex esposa Yolanda Laviana de la dirección de Telemadrid tras haber denunciado en EL PAIS que su ex marido espió al vicepresidente regional Alfredo Prada desde que tomó posesión del cargo en mayo de 2006.

El caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid comenzó después de que este diario revelara la existencia de partes de seguimientos supuestamente realizados por funcionarios de la Consejería de Interior de Esperanza Aguirre al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo (mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, rival de Aguirre), y el ya ex consejero Alfredo Prada. Los partes detallaban datos muy precisos sobre los desplazamientos de ambos por Madrid capital y localidades limítrofes, reuniones privadas, cenas.

Cobo y Prada denunciaron el supuesto espionaje ante la justicia, que ha recabado pruebas de que empleados de la Francisco Granados, consejero de Interior, a las órdenes de Sergio Gamón habían estado muy cerca de los espiados en las mismas fechas que se relataban en los partes. La justicia investiga si se utilizaron fondos públicos para estos cometidos, lo que podría traducirse en un caso de malversación, además de en un escándalo político en la antesala del despacho de Esperanza Aguirre.

Entre abril y mayo de 2008 está acreditado judicialmente que miembros del grupo que dirigía Sergio Gamón (tres ex policías y tres ex guardias civiles) fueron la sombra de Cobo y Prada. Sus posiciones en varios puntos de la ciudad, conocidas gracias a los partes de las compañías telefónicas sobre la situación de sus teléfonos móviles, coinciden al milímetro con las ubicaciones en esos momentos de ambos políticos y con los partes que publicó este diario.

La situación dio un giro esta misma semana después de que Laviana declarase a este diario que los informes supuestamente elaborados por Gamón sobre Alfredo Prada fueron entregados a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y uno de los hombres fuertes del Gobierno de Esperanza Aguirre. "Sergio empezó a investigar a Prada casi desde su nombramiento en 2006. No tenía infraestructura pero estaba espiando desde el principio. Ignacio González recibía anónimos y como había entre enfrentamiento entre González y Prada... desde el principio empezó a investigar a Prada".

La carrera del inspector Manuel Sergio Gamón Serrano estuvo siempre centrada en la escolta de personalidades hasta que Esperanza Aguirre lo fichó como director general de Seguridad.

- Ministerio de Educación y Cultura. Esperanza Aguirre se lo lleva de jefe de su escolta como ministra en 1996.

- Presidencia del Senado. Va con Aguirre al Senado en 1999 hasta finales de 2000, cuando se va a hacer el curso para inspector.

- Coordinador de escoltas. Desde mediados de 2003, fue el coordinador de las escoltas del ex director general de la Policía Carlos Conde Duque; la ex ministra de Administraciones Públicas Julia García-Valdecasas; el ex secretario de Estado José Luis Méndez Romeu; la ex comisaria europea, Loyola de Palacio; el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado; el ex ministro Jordi Sevilla y del ex secretario de Estado Rafael Vera.

- Vicepresidenta del Gobierno. Entre diciembre de 2004 y mayo 2006 fue la sombra de María Teresa Fernández de la Vega.

AGUIRRE DESPIDE A LA SECRETARIA DEL PRESIDENTE DE TELEMADRID TRAS DENUNCIAR EL ESPIONAJE

La dirección de Telemadrid ha despedido hoy a Yolanda Laviana, ex esposa del director general de Seguridad de Madrid, Sergió Gamón, tras haber denunciado en EL PAIS que su ex marido espió al vicepresidente regional Alfredo Prada desde que tomó posesión del cargo en mayo de 2006. El subdirector general que le ha comunicado el cese, Ángel Martín Vizcaíno, le ha explicado que su trabajo era inviable tras haber acudido a este diario.

Con ello, Aguirre se cobra el primer cese por el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid: mantiene en nómina a los cuatro imputados por perpetrarlo, Gamón y tres ex guardias civiles, pero despide a la mujer que se había ofrecido a testificar en dicha causa.

Tras la publicación de la entravista, la propia Aguirre enmarcó las declaraciones en el proceso de divorcio que siguen Laviana y Gamón. Laviana fue durante varios años secretaria de Aguirre cuando era presidenta del Senado. Actualmente, era secretaria del presidente de Telemadrid, Manuel Soriano.

AGUIRRE DESPIDE A LA SECRETARIA DEL PRESIDENTE DE TELEMADRID TRAS DENUNCIAR EL ESPIONAJE

El diario El País publica en su diario digital que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha despedido a la que hasta ahora fue secretaria del presidente de Telemadrid, Yolanda Laviana, por declarra a este diario que su marigo, Sergio Gamón, espió al vicepresidente regional Alfredo Prada

Laviana había declarado que su ex marido, Sergio Gamón, director general de Seguridad de Madrid, espió a Alfredo Prada, l vicepresidente regional, desde que tomó posesión del cargo en mayo de 2006.

El encargado de comunicarle su cese en la televisión autonómica fue el subdirector, Vizcaíno, quien le expresó que su trabajo era inviable tras sus declaraciones en el citado diario, según recoje el diario El País

Aguirre se ha cobrado a su primera víctima tras el sonado caso del espionaje en la Comunidad de Madrid . Durante varios años, Laviana fue secretaria de la actual presidenta madrileña cuando era presidenta del Senado.

EL PSOE PEDIRÁ QUE TESTIFIQUE LA EX ESPOSA DEL JEFE DE LOS ESPÍAS DE AGUIRRE

Wilfredo Jurado, letrado que defiende la acusación particular en nombre del PSOE en el caso del espionaje presuntamente perpetrado por agentes de la Comunidad de Madrid contra el vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, y el ex vicepresidente regional segundo, Alfredo Prada, anunció ayer que pedirá la comparecencia como testigo de Yolanda Laviana, ex esposa de Sergio Gamón, ex director general de Seguridad del Gobierno de Esperanza Aguirre imputado en esta causa.

Su solicitud se produce a raíz de que Laviana manifestara a este diario que Gamón empezó a realizar investigaciones sobre Prada prácticamente desde su nombramiento, en mayo de 2006, como director de seguridad, y que informó siempre de sus pesquisas extraoficiales al vicepresidente primero Ignacio González. Jurado también pedirá que se interrogue a Miguel Castaño, ex jefe de escolta del ex ministro del Interior del PP Jaime Mayor Oreja, al que Gamón fichó como su número dos en la Comunidad de Madrid.

A tenor del relato de Laviana, al principio, todas las pesquisas ajenas a su labor oficial las realizó Gamón con Castaño. Posteriormente, según la ex esposa de Gamón, cuando Francisco Granados asumió la Consejería de Interior, su ex esposo tuvo total "carta blanca" para adquirir los medios y el personal de confianza que necesitaba para su labor de obtener información sobre los objetivos que se marcaba.

Por otro lado, Jurado reiterará a la juez la necesidad de que solicite las llamadas y las posiciones del teléfono móvil de Gamón en los meses críticos del espionaje, abril y mayo de 2008.

Pero Laviana ha puesto en evidencia que los informes telefónicos sobre los agentes sospechosos pueden ser incompletos. Porque el grupo -tres ex policías y tres ex guardias civiles contratados como asesores- que lideraba Gamón dispuso de más de un móvil por agente. Y Gamón, en todo caso, llegó a manejar tres teléfonos móviles.

De conocerse qué otros móviles usaron los agentes investigados, podrían ser ubicados en lugares donde hasta ahora no se había hallado su rastro.

Aguirre evitó ayer entrar en el fondo de las declaraciones de Laviana. Afirmó que su ex secretaria en el Senado estaba viviendo un "divorcio muy conflictivo", sin explicar qué información poseía al respecto para definirlo así. Agregó que ella solía ponerse de parte de la mujer en estos casos y calificó de "muy respetable" a la ex esposa de Gamón, para añadir que, sin embargo, todo ello no "le da presunción de credibilidad". Laviana, sin embargo, no habló nunca de su vida conyugal.

Solo reflejó su conocimiento directo de la labor real de Gamón desde su puesto de director general de Seguridad que, por lo que ella presenció, no se limitó a sus competencias legales: control de edificios y del juego. Por el contrario, según Laviana, investigó corruptelas del Ayuntamiento de Madrid, pidió datos sobre Juan José Lucas, ex presidente del Senado; e hizo pesquisas sobre Prada. El PSOE pedirá que comparezcan en la Asamblea Aguirre, González y Granados.

José Manuel Pinto, empleado de Granados, negó ayer ante la juez ser el autor de las anotaciones manuscritas en los partes, aunque una pericial policial así lo acredita. Pinto acudió con una pericial privada realizada en la sede de la Consejería de Interior que afirma lo contrario.

Yolanda Laviana ha sido persona de confianza de varios altos cargos del PP en los últimos 11 años. Hoy trabaja como secretaria del presidente de Telemadrid, Manuel Soriano, pero ya ocupó idéntico puesto con Esperanza Aguirre y Juan José Lucas cuando estos presidieron el Senado, entre 1999 y 2004. Laviana estuvo casada hasta 2009 con Sergio Gamón, ex director general de Seguridad del Gobierno de Aguirre, e imputado por el espionaje al ex vicepresidente regional Alfredo Prada y al vicealcalde madrileño, Manuel Cobo.

Gamón fue destituido de su cargo en agosto de 2008 por el supuesto robo de un ordenador, y contratado solo una semana después como director del Área de Seguridad de la Comunidad de Madrid, puesto en el que continúa. Laviana mantiene con Gamón un litigio en los tribunales que incluye graves acusaciones contra el director de Seguridad. "Atrévete a contarlo y verás lo que te pasa", asegura que le ha dicho Gamón.

Y ella, en presencia de un abogado al que ha aportado un minucioso relato escrito y pruebas de cuantas actuaciones irregulares conoce del presunto jefe del espionaje, se lo ha relatado a EL PAÍS. Laviana cree que contar la verdad la blindará ante nuevas extorsiones de su ex marido.

Igual que testificó en favor de Soriano por una acusación de acoso sexual que fue archivada, Laviana está dispuesta a ratificar su relato ante la juez del caso del espionaje. "Es la verdad. Es lo que he vivido. Lo que me han obligado a vivir", asegura.

"Sergio", explica Laviana, "empezó a investigar a Prada casi desde su nombramiento, en 2006. No tenía la infraestructura, pero estaba espiando desde el principio. Ignacio González [vicepresidente de la Comunidad y mano derecha de Aguirre] recibía anónimos, y como había enfrentamiento entre González y Prada... desde el principio empezó a investigar a Prada.

En diciembre de 2006 cesaron a Belén Carratolá como directora de las Bescam [Brigadas de Seguridad de Madrid]; en esas fechas hay muchas conversaciones entre Sergio y Belén con relación a que Prada la había destituido por un tema de facturas; Gamón le decía a ella que a Prada se lo iban a cargar porque lo estaban investigando y acabaría dejando de ser consejero". En 2006, según relata la ex mujer de Gamón, hacía ese trabajo solo con Miguel Castaño, al que fichó como subdirector: "Siempre han estado trabajando en paralelo él y Castaño".

Laviana presenció, asegura, cómo el principal receptor de sus informes sobre Prada fue González: "Ignacio González era con quien hablaba mi ex marido de sus averiguaciones sobre Prada. Y le decía que [él y su grupo] tenían que cambiar de tarjeta [de móvil] cada 15 días, que necesitaban un segundo teléfono porque podían escuchar sus conversaciones. También le decía que tenía que infiltrarlo en el PP para conseguir más información".

El nombramiento de Francisco Granados en 2007 como consejero de Interior, en sustitución de Prada, supuso un respiro para Gamón. "Cuando nombran a Granados, él está muy contento porque lo había pasado muy mal para adquirir información para González cuando estaba Prada. Cuando lo nombraron me dijo que para él era tener carta blanca.

Que no iba a tener ningún problema con Granados. No iba a ser ningún impedimento para su trabajo". Y le exigió crear un equipo (tres ex policías y tres ex guardias). "Le dijo a Granados: ya le podéis explicar a la jefa [Aguirre] que este trabajo no lo hago si no es con los hombres de mi confianza. Y si no, dimito".

Entre abril y mayo de 2008 está acreditado judicialmente que miembros del grupo que dirigía Sergio Gamón (tres ex policías y tres ex guardias civiles) fueron la sombra de Manuel Cobo y de Alfredo Prada. Sus posiciones, a tenor de las señales de sus teléfonos móviles, coinciden al milímetro con las ubicaciones de dichos dirigentes del PP y con los partes del espionaje que publicó este periódico. En dichos escritos, los espías a veces relatan que han perdido o no hallan a Cobo o Prada. Y anotan matrículas -manuscritas por un empleado de la Consejería de Interior, según una prueba pericial judicial- de las personas que se reunían con Prada.

¿A quién informaban tales espías? Yolanda Laviana, ex mujer de Gamón, escuchó en esos meses repetidas charlas de su ex marido con los asesores de Granados a su mando: "Hablaban de calles y de matrículas; les decía: pues os vais allí, lo habéis perdido, pues volvéis allí.

Le decían todo lo que hacían. Cuando le decían que lo habían perdido, le preguntaban qué hacían y él les daba las órdenes de volver o ir a tal sitio. Le daban matrículas y las anotaba en cualquier papel. Y él llamaba a alguien y le miraban esa matrícula. Hacían eso, pero no solo en 2008, en 2007, pero más intensamente desde que noto ese despliegue de infraestructura, desde que está Granados. Tiene carta blanca, lo noto en casa. Hay motos y coches. Un poder distinto al que había antes".

"¿Dónde estáis? ¡Joder, ya lo habéis vuelto a perder! Volved a no sé dónde...", repetía Gamón. "Les echaba la bronca y le daban el parte de lo que estaban haciendo, y luego hablaba con Castaño: 'Estos lo han vuelto a perder".

Antes de esos hechos, cuando el consejero de Interior era aún Alfredo Prada, Gamón pidió a su mujer una cámara oculta, según cuenta esta. "Le dije que en Telemadrid no teníamos, que yo supiera, pero luego por mediación de una amiga que tenía relación con otra televisión la conseguí. Gamón escogió una que era como un bolso en bandolera, y les expliqué a él y a Miguel Castaño su manejo. Luego me pidió una cámara de fotos que necesitaba para trabajar".

AUTO JUEZA VALCARCE ARCHIVANDO POR SEGUNDA VEZ EL CASO 07.02.12
AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID REABRIENDO EL CASO.30.03.11
Auto juez ARCHIVANDO CASO espías.15.07.10.pdf
Transcripción interrogatorios de la juez Carmen Valcarce
RECURSO DE APELACIÓN FRUSTRADO DE MANUEL COBO.
auto juez ESPÍAS 24.07.09.
Cabezón investigado
CNI madrileño.
Cobo investigado.
Amigo investigado.
Gamón investigado.
Gordo investigado
Informe espías CAM.240709.
manuscritos de autoria conocida.
manuscrito de los ESPÍAS.
informe primer perito.
informe segundo perito

RESUMEN Caso espionaje Comunidad de Madrid

El Gobierno de Aguirre gastó más de 60.000 euros en los espías

La Audiencia reclama nóminas, gastos de combustible y facturas de teléfono para evaluar la malversación de fondos públicos- La Comunidad compró motos potentes que aparecen en los partes de seguimiento

La justicia da un espaldarazo a la investigación periodística

El PP estudia recusar a la ponente del auto de reapertura del 'caso del espionaje' en la Comunidad de Madrid

Los populares quieren impedir que la juez intervenga en el incidente de nulidad que plantean interponer contra la resolución de la Audiencia de Madrid

El Gobierno de Madrid cuestiona "la rapidez" con la que se ha reabierto el caso del espionaje

Gallardón: "Son los tribunales los que deben pronunciarse sobre el espionaje".- El TSJM aclara que el Poder Judicial acordó la prórroga de Luz Almeida como juez para todo este año judicial