MERCEDES ALAYA : UNA JUEZA con sincronizador  Y CON COMPROMISOS

MATERIAL DE LECTURA

Escrito Fiscalia Tribunal Supremo en relacion exposicion razonada caso ERE.05.11.14.
Junta Andalucía recurre competencia Alaya ERES. Octubre 2014
Junta Andalucía recurre competencia Alaya. Cursos Formación. Octubre 2014
Auto Audiencia Provincial Sevilla. Confirma imputacion Magdalena Alvarez.06.05.14
Escritos Fiscales solicitando eleve aforados al T.S.31.03.14.
Comunicado Magdalena Alvarez.12.03.14
Auto Alaya sobre fianza Magdalena Álvarez. 11.03.14
Auto Alaya. Vuelve a preimputar aforados.18.12.13
Audiencia Provincial Sevilla anula auto Alaya Imputacion de aforados.13.12.13
Recurso Fiscalia contra auto Alaya.13.09.13
auto sincronizado alaya. 10.09.13
cronología caso ere
Mercedes Alaya : Una juez con temporizador postelectoral. 24.04.12
PUBLIRREPORTAJE DE EL PAÍS SOBRE LA SUSODICHA.. 31.03.12
Mercedes Alaya : Un jueza con palabra. 21.03.12
Los genoveses y la casualidad más casual. 10.03.12
Mercedes Alaya progresa adecuadamente. 15.11.11
Mercedes Alaya : ¿ Un juez con temporizador ? - 29.06.11

LAS NOTICIAS

LAYA SOBREVUELA LAS URNAS

LA JUNTA ACUSA A LA JUEZ ALAYA DE INSTRUIR UNA “CAUSA GENERAL”

EL PODER JUDICIAL INVESTIGA A ALAYA POR SU ACTUACIÓN EN EL ‘CASO BETIS’

EL FISCAL INSTA AL SUPREMO A QUE INVESTIGUE A CHAVES Y GRIÑÁN

LA JUEZ ALAYA SALE EN DEFENSA DE SU MARIDO EN UN AUTO DEL ‘CASO BETIS’

EL TESTIGO CLAVE PONE EN JAQUE LAS PESQUISAS DE ALAYA SOBRE LA FORMACIÓN

LA JUEZ ALAYA CONTRA TODOS

LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE SEVILLA CRITICA QUE ALAYA PROHÍBA A LOS MEDIOS PUBLICAR IMÁGENES DE MONTES

ALAYA REPUDIA A LA POLICÍA EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN

ALAYA RECLAMA A LA JUNTA LAS ACTAS DE 12 AÑOS DE REUNIONES DEL GOBIERNO

ALAYA MANIOBRA PARA CONSERVAR LA MACROCAUSA DE LA FORMACIÓN

ANULADA LA FIANZA DE 29 MILLONES QUE ALAYA IMPUSO A MAGDALENA ÁLVAREZ

La juez Alaya deja el futuro de Chaves y Griñán en manos del Supremo

Las tres “putaditas involuntarias” de la juez Alaya

ALAYA ELUDE A UN EXCONSEJERO AFORADO EN SU NUEVA CAUSA SOBRE LA FORMACIÓN

ALAYA ELUDE A UN EXCONSEJERO AFORADO EN SU NUEVA CAUSA SOBRE LA FORMACIÓN

AUTOS DE ALAYA MUY ANTERIORES AL INFORME DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO CONTIENEN PÁRRAFOS LITERALES DEL MISMO

LA AUDIENCIA AVISA A ALAYA DE QUE PUEDE HABER CONCULCADO EL DERECHO DE DEFENSA

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO VATICINA QUE EL ‘CASO ERE’ SE DISOLVERÁ COMO UN AZUCARILLO

ALAYA, LA JUEZ INDOMABLE

CRONOLOGÍA POLÍTICA DEL ‘CASO ERE’

ALAYA SORTEA A LOS AFORADOS EN LA IMPUTACIÓN DE LA CÚPULA DE IDEA

LA AUDIENCIA RESPALDA A ALAYA Y MANTIENE LA IMPUTACIÓN DE MAGDALENA ÁLVAREZ

LA FISCALÍA PRESIONA A ALAYA PARA QUE ENVÍE YA EL ‘CASO ERE’ AL SUPREMO

ALAYA EMBARGA A MAGDALENA ÁLVAREZ SEIS INMUEBLES Y CINCO CUENTAS BANCARIAS

LA AUDIENCIA ANULA LA IMPUTACIÓN DE DOS EX CARGOS DE LA JUNTA EN LOS ERE

LOS VARAPALOS DEL TRIBUNAL PROVINCIAL EN LOS TRES AÑOS DE INVESTIGACIÓN DE LA JUEZ

LAS CORTES RECHAZAN UN AUTO DE ALAYA POR ESQUIVAR AL SUPREMO

EL PARLAMENTO SE QUEJA ANTE EL PODER JUDICIAL POR LA INVESTIGACIÓN DE ALAYA

LA JUEZ ALAYA DESOYE AL FISCAL Y RETIENE EL CASO DE LOS ERE

LAS CLAVES DEL ESCRITO DE LOS FISCALES

ANTICORRUPCIÓN PIDE A ALAYA QUE ELEVE EL CASO DE LOS ERE AL SUPREMO

ANTICORRUPCIÓN EXIGE A ALAYA QUE ACLARE EL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS ERE

MAGDALENA ÁLVAREZ ACUSA A ALAYA DE BASAR SU IMPUTACIÓN EN “PREJUICIOS”

‘CASO ERES’, LAS DIEZ SOMBRAS DE UNA INSTRUCCIÓN ERRÁTICA Y POLITIZADA
ALAYA Y LA TEORÍA DE LA CONFABULACIÓN
DE LA SOSPECHA A LA ACUSACIÓN: ASÍ ACTÚAN LOS JUECES CON LOS AFORADOS
ALAYA IMPONE UNA FIANZA DE 29,5 MILLONES A LA EXMINISTRA MAGDALENA ÁLVAREZ
LA BODA DE LA JUEZA Y LOS NUEVOS RETRASOS
ALAYA PINCHÓ EL MÓVIL DEL EX CONSEJERO DELEGADO DEL BETIS
ALAYA SEÑALA OTRA VEZ A CHAVES Y GRIÑÁN
LA AUDIENCIA DE SEVILLA LEVANTA LA IMPUTACIÓN DE CHAVES Y GRIÑÁN EN EL CASO DE LOS ERE
GUERRA ABIERTA ENTRE ALAYA Y LA FISCALÍA POR EL CASO MERCASEVILLA
ALAYA ARCHIVA EL CASO DE LOS HERMANOS DE LA MINISTRA BÁÑEZ EN MERCASEVILLA
LA FISCALÍA DICE BASTA
LA FISCALÍA DE SEVILLA PIDE ARCHIVAR LAS ACUSACIONES CONTRA LOS HERMANOS DE BÁÑEZ EN EL ‘CASO MERCASEVILLA’
ANTICORRUPCIÓN RECURRIRÁ EL AUTO QUE PLANTEA LA IMPUTACIÓN DE GRIÑÁN Y CHAVES
DUDAS JURÍDICAS Y CONTRADICCIONES EN EL AUTO DE LA JUEZA ALAYA
LA FISCALÍA ESTUDIA SI RECURRE EL AUTO DE LA JUEZ POR IMPUTAR A AFORADOS
LA JUEZ ALAYA PLANTEA LA IMPUTACIÓN DE GRIÑÁN Y CHAVES POR LOS ERE
EL PSOE ACUSA A LA JUEZ ALAYA DE BUSCAR UNA “IMPUTACIÓN MEDIÁTICA”
MARTÍN PALLÍN: “EL AUTO ME PARECE DESCONCERTANTE Y PREOCUPANTE”
MERCEDES ALAYA: EL MITO DE LA JUEZ DE HIERRO SE DESMORONA
EL PRESIDENTE DEL SUPREMO TAMBIÉN CUESTIONA LOS RETRASOS DE LA JUEZ ALAYA
EL TSJA DA OTRO AVISO A LA JUEZ ALAYA POR EL RETRASO DE LAS INVESTIGACIONES
MERCEDES ALAYA REGRESA AL JUZGADO DEL CASO DE LOS ERE TRAS SEIS MESES DE BAJA
“COLABORE.... DE UNA PUÑETERA VEZ”
LA JUNTA CARGA CONTRA EL AUTO DE ALAYA EN EL QUE SEÑALA A GRIÑÁN
LA JUEZ DE LOS ERE ATIENDE LA PETICIÓN DEL PP E INDAGA LA GESTIÓN DE GRIÑÁN
GUERRA MATIZA QUE SOLO APUNTÓ UNA "RELACIÓN JUDICIAL" ENTRE ALAYA Y ZOIDO
EL CGPJ IRRUMPE EN LA CAMPAÑA AL CENSURAR A ALFONSO GUERRA
GUERRA VINCULA LA ACCIÓN DE LA JUEZ QUE INVESTIGA LOS ERE A LA CAMPAÑA ELECTORAL
EL MARIDO DE LA JUEZ ALAYA FUE EL AUDITOR DE MERCASEVILLA HASTA 2002


ALAYA SOBREVUELA LAS URNAS

La juez que investiga el fraude de los ERE y de los cursos de formación ha irrumpido con polémicas decisiones en las cuatro últimas campañas electorales

Juan Manuel Moreno Bonilla, líder del PP en Andalucía desde hace 11 meses y futuro candidato a la Junta, es el destinatario de la pregunta. Coge un vaso de agua y bebe, mientras se oye algún carraspeo. Aguanta el aprieto con buena cara: “La juez Alaya no hace oposición, cumple con su misión y su misión es investigar (…) Ella no hace oposición. La oposición política la hace el PP”.

La escena se produjo el pasado 28 de enero en Madrid, en un desayuno informativo al que acudió la plana mayor del PP para presentar en sociedad a su aspirante a la Junta de Andalucía. Junto a Moreno está el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no mueve un músculo.

La pregunta, desde luego, no era ni gratuita ni baladí. Desde hace cuatro años, la magistrada tiene bajo la lupa al PSOE andaluz en las distintas macrocausas que tiene abiertas por el fraude con fondos públicos en la Junta de Andalucía y en el Ayuntamiento de Sevilla. Además de Alaya, solo Javier Arenas, omnipotente líder del PP andaluz durante dos décadas, puede presumir de haber puesto contra las cuerdas a los socialistas andaluces en los 33 años que llevan gobernando esta comunidad.

Arenas, tras fracasar en su cuarto intento de gobernar Andalucía, arrojó la toalla. Y Alaya ha pedido el traslado a la Audiencia de Sevilla, pero también más tiempo en su juzgado para avanzar en los grandes procedimientos: fundamentalmente, el caso ERE y el de los cursos de formación subvencionados por la Junta.

Tras la convocatoria de elecciones anticipadas en Andalucía para el próximo 22 de marzo, en el PSOE ya se trabaja con el factor Alaya. Los socialistas están seguros de que la magistrada dejará su impronta en las próximas semanas, como ha hecho en los cuatro comicios celebrados desde 2011. La primera alarma saltó el martes. Ese día coincidieron una operación policial sobre los cursos de formación y un auto de Alaya sobre el caso ERE en el que ordenaba la imputación masiva más importante realizada hasta la fecha (34 empresarios). Además, citaba a los interventores del Estado en su juzgado el próximo 19 de febrero para que ratifiquen el informe clave contra la cúpula de la Junta de Andalucía.

En los últimos años, Alaya ha hecho oídos sordos a la ley no escrita según la cual los jueces aparcan los procesos judiciales con tinte político cuando están cerca procesos electorales. Es cierto que es una norma que causa división de opiniones en la judicatura, pero que cumplido de forma casi rutinaria. Fuentes del Tribunal Supremo dan por hecho que el instructor de los ERE, Alberto Jorge Barreiro, no tomará decisiones de calado en las próximas semanas. Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ya ha asegurado que este órgano “intentará importunar lo menos posible” durante la campaña. El TSJA tiene que decidir sobre los cuatro aforados autonómicos en los ERE.

José Joaquín Gallardo, decano del Colegio de Abogados de Sevilla, sostiene que esta ley sobre la neutralidad judicial no tiene sentido ahora. “Ya no hay razón, luego nos lamentamos de la demora en la justicia. Este año hay varias elecciones, no se puede ralentizar”, afirma Gallardo, quien se muestra convencido de que la corrupción apenas tiene impacto en los resultados electorales.

Susana Corzo, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Granada, discrepa y afirma que “en el voto indeciso, cualquier factor puede ser determinante, más aún cuando uno de los motivos que más están incidiendo en la desafección son los casos de corrupción”. Corzo añade que “los jueces deben evitar intervenir en los procesos electorales, y hacer públicas partes del proceso de instrucción de un caso es intervenir en política”.

Uno de los más críticos con Alaya es José María Mohedano, abogado del expresidente de la Junta José Antonio Griñán en el caso ERE. “Cuando llegan campañas electorales en Andalucía, Alaya no es que pare, es que pisa el acelerador y siempre en la misma dirección”, afirma el abogado, quien añade con algo de ironía: “La solución sería que el PP la propusiera como candidata en las elecciones”. La opinión más divergente ha sido la del candidato del PP, Juan Manuel Moreno, quien espera que sean precisamente los procesos electorales los que “no distorsionen la marcha de los procedimientos judiciales”.

Los abogados defensores en algunas de las macrocausas que instruye la magistrada están convencidos de que antes del 22-M habrá lo que denominan “alayazo”. De momento, ha citado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández para el 3 de marzo, tres días antes del inicio de la campaña electoral, para ampliar su imputación. “El chicle de los ERE está ya masticado”, afirma un abogado, que intuye que las novedades vendrán por los cursos de formación.

Alaya decretó el 20 de enero el secreto de parte de la causa de los cursos durante un mes y ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigase nuevas “bolsas de fraude”. El plazo se cumple en una semana. Después...

Decisiones de Alaya en las campañas electorales

Elecciones municipales del 22 de mayo de 2011.Alaya dicta un auto a cinco días de las elecciones en el que tilda de “inaudita” la tramitación de los ERE. A tres días de los comicios locales cita como imputado al candidato de IU a la alcaldía de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos.
Elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. A cinco días de las elecciones, la juez dicta un auto en el que señala por primera vez en los ERE al presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Advierte de que está ya en “el último escalón de la pirámide” del fraude.

Elecciones autonómicas del 25 de marzo de 2012. La juez encarcela al principal implicado entonces en el caso, el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, el 9 de marzo, la noche que empieza la campaña electoral. Guerrero estuvo dos días declarando ante la juez. El 16 de marzo le impone una fianza de responsabilidad civil de 686 millones de euros. A cinco días de las elecciones, cita a declarar al chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, que confirma que parte del dinero de los ERE se lo gastó en fiestas y cocaína. También fue a prisión.

Elecciones europeas del 25 de mayo de 2014. El 13 de mayo, ordena el embargo de la exministra Magdalena Álvarez. El 14, imputa a la cúpula de la agencia pública Idea (16 personas), la pagadora de los ERE. Entre ellos, el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/14/andalucia/1423910013_255487.html

EL FISCAL INSTA AL SUPREMO A QUE INVESTIGUE A CHAVES Y GRIÑÁN

El ministerio público elude pronunciarse sobre la clave del ‘caso ERE’

Susana Díaz: “Cualquiera que sea imputado deberá dejar su escaño”

La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que debe investigarse la intervención “directa o indirecta” de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el diseño del fondo de los ERE. El ministerio público insta al Supremo a abrir procedimiento para determinar “el real alcance” de la participación de los expresidentes y tres exconsejeros andaluces —todos ellos cargos aforados como diputados a Cortes y senadores— en el “procedimiento ideado” para otorgar subvenciones sociolaborales por 855 millones durante una década (2000-2010).

A pesar de dar vía libre al Supremo para investigar previsiblemente a los aforados, en su informe los fiscales eluden la cuestión clave del caso: valorar si los cargos aforados cometieron delito.

El ministerio público se limita a ratificar la competencia del alto tribunal para investigar la causa y elude pronunciarse sobre la exposición razonada que remitió al Supremo la juez Mercedes Alaya, que considera delictivo el procedimiento de pago del fondo a través de las transferencias de financiación.

La fiscalía cree que cuatro años después del inicio del caso, la instrucción judicial debe ahora dividirse en tres piezas separadas y que al alto tribunal le corresponde asumir solo la investigación sobre los cinco aforados nacionales: Chaves, Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno. “Las diligencias se encaminan hacia los 100.000 folios de extensión y superan el número de 200 imputados. Estas cifras hacen inviable cualquier posibilidad de enjuiciamiento conjunto”, sostienen los fiscales para dotar a la causa de celeridad y oponerse así al argumento de Alaya de que la causa es “inescindible”.

Si el Supremo asume la postura de la fiscalía, la causa quedará dividida en tres partes: una que se instruirá en Madrid sobre los aforados nacionales; otra que implicará a los cuatro aforados que son parlamentarios autonómicos (los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Antonio Ávila y Francisco Vallejo), instruida en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA); y una tercera que seguirá en manos de Alaya con los 229 intrusos (personas beneficiadas ajenas a las empresas), empresarios y ex altos cargos de la Junta imputados desde 2011.

Los fiscales separan la posible actuación delictiva de los aforados por el diseño del fondo, de la concesión y el “manejo arbitrario” de las ayudas por parte de la Consejería de Empleo. Es decir, la fiscalía estima que la investigación judicial a los cargos aforados tiene “actuación, entidad y autonomía propia”, tal y como subrayó la Audiencia de Sevilla en una reciente resolución. A continuación, el informe subraya la conveniencia de dividir la causa sobre el grueso del fondo —que regresaría a manos de Alaya— en piezas separadas por cada uno de los ERE y ayudas directas, tal y como defiende Anticorrupción. En este sentido, los fiscales llaman la atención sobre que la separación en piezas separadas no supone un riesgo de prescripción.

“No puede aceptarse la tesis de la magistrada que afirma que la realidad jurídica de los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos quedaría sin contenido en el caso de que se hiciera el enjuiciamiento por separado”, argumenta el informe. Los fiscales matizan varias consideraciones de Alaya sobre el procedimiento, pero sin entrar al fondo del asunto.

La división del caso en tres procedimientos en paralelo podría producir dos pronunciamientos enfrentados sobre la misma rama político-financiera desde el Supremo y el TSJA. Sin embargo, esta posibilidad puede desactivarse en caso de que la causa avance de manera rápida en las próximas semanas y el alto tribunal andaluz pueda seguir de este modo la senda abierta por el Supremo.

Ahora la Sala de Admisión del Supremo dará vía libre previsiblemente al asunto. En tal caso, los aforados podrán valerse del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal —utilizado por Alaya de manera inédita al señalarles— para acudir al Supremo y avanzar sus argumentos de defensa ante el juez instructor del caso sin estar imputados.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/05/andalucia/1415186825_469698.html

LA JUNTA ACUSA A LA JUEZ ALAYA DE INSTRUIR UNA “CAUSA GENERAL”

El Gobierno andaluz recurre dos autos de la magistrada

La Junta de Andalucía acusa a la juez Mercedes Alaya de instruir en el caso de los ERE una “causa general” que analiza toda su acción de gobierno a modo de “investigación prospectiva”, que prohíbe la ley. El Ejecutivo autónomo carga contra la magistrada en su último recurso presentado esta semana ante la Audiencia de Sevilla, después de que Alaya decidiera el 23 de diciembre investigar las principales empresas públicas de la Junta.

No es la primera vez que el Gobierno andaluz tilda la actuación de Alaya de “causa general” en su guerra abierta con la juez. Hasta ahora la Audiencia de Sevilla ha respaldado la mayoría de actuaciones de la magistrada. En su auto, Alaya requería informes de las empresas públicas para estudiar la “elusión de la fiscalización previa”. Ahora la Junta alerta en su recurso de que “no existe la conexidad delictiva” que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para así ampliar el caso de los ERE a las grandes empresas públicas de la Junta, además de todas las consejerías que ya investiga Alaya.

Además, los abogados del Ejecutivo plantean que el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla ya investiga las principales empresas de la Junta, por las que abrió nueve piezas separadas. Por último, el Gobierno argumenta que al afectar la pretendida investigación de Alaya a decisiones tomadas por el Consejo de Gobierno de la Junta, la competencia de la instrucción atañe al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero nunca a la juez Alaya.

Por otra parte, la Junta ha recurrido un segundo auto de Alaya en el que esta censuraba las ayudas millonarias concedidas por el Ejecutivo a extrabajadores tras el cierre en 2007 de la multinacional Delphi en Cádiz. En su resolución, Alaya se dirigía al Ministerio de Empleo para que informara sobre la “norma estatal” que debía aplicarse para determinar las ayudas de Delphi, después de recibir desde el propio departamento de Empleo un informe muy crítico con el Gobierno andaluz.

Ahora la Junta recurre dicho auto porque estima que la juez presupone que el Gobierno andaluz ha vulnerado “competencias propias” del Estado en materia de legislación laboral. En su escrito, la Junta acusa a Alaya de “autoatribuirse” competencias propias del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo se defiende y afirma que “los peritos [del Estado] están mutando la competencia autonómica para otorgar ayudas, contraviniendo de modo palmario, sin rubor alguno, una norma con rango de ley aprobada por el Parlamento de Andalucía”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/30/andalucia/1419944380_152788.html

EL PODER JUDICIAL INVESTIGA A ALAYA POR SU ACTUACIÓN EN EL ‘CASO BETIS’

El administrador del club nombrado por la magistrada fue abogado del marido y ambos comparten despacho profesional en Sevilla

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una investigación a la juez Mercedes Alaya a raíz de una queja presentada por el ex consejero delegado del Betis Manuel Ruiz de Lopera que salpica al marido de la magistrada, el auditor Jorge Castro. La queja cuestiona la discrecionalidad en la designación de los administradores judiciales del Betis, club, que lleva intervenido por Alaya desde 2010.

Ese año, Alaya embargó de forma cautelar a Lopera las acciones que tenía en el Betis (el paquete mayoritario) al entender que se había beneficiado de la gestión del equipo. Desde entonces, la juez ha designado a cinco administradores judiciales para controlar el patrimonio del club. El anterior, el abogado José Antonio Bosch, dimitió por irregularidades en su gestión y el actual es Francisco Estepa, donde se concentra la queja de Lopera, que entiende que hay un trato de favor de la magistrada a una persona próxima a su marido. El Poder Judicial ha abierto una información previa y ha pedido a la juez un informe para que aclare el nombramiento, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Estepa, que es abogado, y el marido de Alaya, máximo responsable en Andalucía de la empresa auditora BDO, son administradores concursales y coincidieron en el concurso de acreedores de Laboratorios Pérez Giménez, empresa asentada en Córdoba. En varios recursos, la defensa de Lopera planteó dudas sobre la designación de Estepa como administrador judicial del Betis por sus vínculos con Jorge Castro, sin obtener respuesta de la juez. Finalmente, esta respondió en un auto el pasado 23 de octubre. En esa resolución, la magistrada sostenía que la relación entre su marido y el administrador judicial del Betis estaba basada en “bulos periodísticos”. Y añadía que la única relación era la “normal coincidencia” de que ambos “desarrollan su actividad profesional como administradores concursales, como otros miles de profesionales”.


Sin embargo, esta relación va más allá de la mera coincidencia en una de las pocas profesiones que ha ido al alza en los últimos años por la multiplicación de los concursos de acreedores como consecuencia de la crisis. Estepa y Castro, además de coincidir como administradores concursales en Laboratorios Pérez Giménez, tuvieron una relación de abogado-cliente tras una querella que se presentó contra ellos por la gestión que hicieron en la empresa cordobesa. Estepa se defendió a sí mismo y fue el abogado de Castro en el procedimiento que se abrió por esta querella, que finalmente fue archivada.

En su queja ante el Poder Judicial, Lopera subraya que la defensa de Castro por Estepa desmiente el auto de la juez. El exmandatario bético sostiene que las afirmaciones que Alaya hizo en esa resolución son “falsas” y ponen manifiesto el “anormal funcionamiento” de su juzgado.

Además de esa relación de abogado-cliente, hay otro dato que corrobora este vínculo: Castro y Estepa comparten despacho profesional en Sevilla. Según consta en el Boletín Oficial del Estado del pasado 25 de junio, Estepa (abogado de Córdoba) tiene su despacho en Sevilla en la sede de BDO dirigida por Castro. De hecho, comparten el número de fax, aunque el teléfono que facilita Estepa como contacto es de Córdoba. “Eso es lo más común entre los administradores concursales cuando estás en todas las provincias”, alega Estepa sobre el hecho de compartir oficina con Castro mientras Alaya le designaba administrador judicial. “Mi única relación con Jorge Castro es a través de Pérez Giménez. No sé dónde vive ni me interesa. No lo considero amigo, tenemos una relación profesional”, añade. Castro coincide en señalar que prestar sus oficinas al letrado “es una práctica habitual entre abogados a efectos de notificaciones”. El auditor admite que departe con él cada 15 días sobre Pérez Giménez: “Hablo con Paco cada dos semanas, muy poquito. Y del Betis cero, porque sabe que soy bético y a mí me duele el Betis”.

Además de en el club sevillano, Alaya también nombró a Estepa administrador judicial de la firma Fitonovo, epicentro del caso Madeja, sobre el pago de comisiones a políticos y funcionarios a cambio de contratos públicos.

El anterior administrador judicial del Betis nombrado por Alaya, el abogado José Antonio Bosch, dimitió por irregularidades en su gestión.Tras llegar al cargo, el bufete de Bosch hizo negocios con proveedores del club. Mientras, un juez investiga a dos de los tres administradores concursales del Betis por fraude fiscal al facturar sus honorarios a través de una sociedad cuando debían haber tributado como personas físicas.

Fuentes del Consejo del Poder Judicial señalaron que el promotor de la acción disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha solicitado a Alaya un informe sobre la designación de Estepa. Tras recibir el informe, el instructor decidirá si archiva la información previa o abre expediente, que sería elevado a la comisión disciplinaria del Poder Judicial.

El próspero negocio del auditor

Mercedes Alaya y su marido Jorge Castro protagonizan por segunda vez un incidente en el que confluyen sus carreras como magistrada y auditor. En 2010 la juez fue recusada porque su marido había auditado las cuentas de la empresa municipal Mercasevilla (origen del caso ERE) hasta 2002, y ello podía viciar la imparcialidad que debe regir la actuación de todo juez. A la recusación planteada por una defensa se le unió la fiscalía, que vio un “evidente conflicto” y consideraba “innegable” la relación del marido de la magistrada con la investigación iniciada por delito societario por Alaya, que remontó la investigación justo hasta 2003, un año antes de que su marido dejara de ser auditor de Mercasevilla. La Audiencia de Sevilla, sin embargo, consideró que no había conflicto de intereses.

Castro es el principal responsable de la multinacional BDO en Andalucía desde 2010. En 2012 se alzó con la administración concursal más jugosa concedida en Andalucía: el grupo de empresas del constructor Luis Portillo. Fuentes del sector estiman que los honorarios por este concurso superan los dos millones de euros, aunque Castro rebaja la cifra a 1,5 millones después de que finalice la actual fase de liquidación. El juez de lo Mercantil 1, Eduardo Gómez, escogió a BDO como administradora concursal de este complejo concurso.

Castro auditó Mercasevilla durante siete años (1995-2002), y tras su experiencia en la firma KPMG, abandonó la multinacional junto a su exsocio José María Silva, para crear juntos Engloba Auditores. Desde entonces, ambos ganaron numerosos concursos para auditorías externas de la Junta de Andalucía, la misma Administración que su esposa ha situado en la diana de sus investigaciones de manera recurrente, hasta llegar a investigar a todas las consejerías del Ejecutivo autónomo.

Castro puso fin a su etapa en Engloba Auditores al fichar por BDO, quinta auditora en Andalucía por facturación y que gestiona 40 concursos en diferentes provincias andaluzas.


http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/18/andalucia/1418928941_817210.html
 

LA JUEZ ALAYA SALE EN DEFENSA DE SU MARIDO EN UN AUTO DEL ‘CASO BETIS’

La magistrada rechaza que el auditor Jorge Castro tenga vínculos con el administrador judicial del club. Francisco Estepa fue abogado del esposo de la instructora

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso Betis, ha rechazado que su marido, el auditor Jorge Castro, tenga relación con el administrador judicial del club de fútbol sevillano, Francisco Estepa, designado por ella misma. Tanto Castro como Estepa son administradores concursales de la empresa laboratorios Pérez Giménez. Pese a negar esta relación, Estepa fue abogado de Castro en una causa judicial relacionada con esta empresa en la que ambos resultaron imputados y que finalmente se archivó.

En respuesta a una petición del ex consejero delegado del Betis Manuel Ruiz de Lopera sobre las relaciones de su marido con el administrador judicial del club, la juez Alaya afirma en un auto que se trata de una “coincidencia” ya que los dos “desarrollan una parte de su actividad profesional como administradores concursales, como otros miles de profesionales”, según ha adelantado la cadena SER.

Lopera, imputado por Alaya y apartado de la gestión del club por la magistrada, interpuso un recurso ante la juez para que esta aclarara los vínculos entre Estepa y Castro tras conocer que el primero actuó como abogado del segundo en la causa en la que fueron imputados.

Alaya rechaza de manera tajante que exista un vínculo entre su esposo y el administrador del Betis: “Sobre la imaginada relación del actual administrador judicial con el entorno familiar cercano de esta proveyente, basada nuevamente en bulos periodísticos (...)”, subraya la juez para desestimar el recurso de Lopera. A continuación, añade para censurar el recurso de Lopera: “La insistencia sobre tan inconsistente prueba, únicamente causa incredulidad a esta instructora”. La instrucción del caso Betis está terminada y la juez ha procesado a Lopera por un delito societario y otro de apropiación indebida.

Estepa negó ayer que sea amigo de Castro, subrayó que su relación es meramente profesional y se limita a la administración concursal de los laboratorios Pérez Giménez. Estepa explica que fue designado administrador concursal y abogado de los laboratorios por el juez mercantil, y ante las denuncias del ex administrador único de la sociedad, Sergio Martínez, defendió a los cuatro administradores concursales dentro de sus funciones atribuidas por el juez y sin percibir honorarios extra.

Hace dos años Estepa y Castro fueron imputados por la querella interpuesta por Martínez, que más tarde resultó archivada. Antes Martínez había interpuesto dos recursos en la jurisdicción mercantil y Estepa defendió a Castro en los tres hitos procesales. Meses después, el pasado enero, Alaya designó a Estepa como administrador del club de fútbol. “No sé dónde vive Jorge Castro ni me interesa”, afirmó Estepa. Castro rechazó opinar al respecto y se limitó a decir que el tema “es cansino”.

Lopera presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque consideraba que Alaya había incurrido en supuestas irregularidades en la forma y el fondo de la instrucción. “Como los cuatro anteriores [administradores concursales], sin sujeción a procedimiento legal alguno, informe sobre sus relaciones con el más cercano entorno familiar de la titular del juzgado, por haber sido públicamente vinculado al mismo”, alegó Lopera en un recurso ante la instructora. La respuesta de Alaya fue entonces “la negativa a solicitar esa información” en su auto del pasado 1 de septiembre, y solo ha llegado ahora dos meses después de la primera resolución.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/03/andalucia/1415047068_602134.html

EL TESTIGO CLAVE PONE EN JAQUE LAS PESQUISAS DE ALAYA SOBRE LA FORMACIÓN

El funcionario admite que en el juzgado le dijeron dónde presentar la denuncia

La declaración del principal testigo de la macrocausa que la juez Mercedes Alaya abrió sobre los cursos de formación de Andalucía ha puesto en jaque las pesquisas de la magistrada sevillana. El funcionario de la Junta de Andalucía Teodoro Montes sostuvo este viernes, en el quinto día de declaración, que fue en el juzgado de Alaya donde le dijeron que acudiera a la Guardia Civil a denunciar las supuestas irregularidades que conocía sobre los cursos. Esta declaración puede ser capital para resolver si la juez, instructora del fraude de los ERE, es competente para seguir con esta nueva macrocausa.

La magistrada sostiene que la investigación sobre los cursos de formación es una derivada del caso de los ERE, lo que sí le daría competencia para investigar este caso. Sin embargo, el testimonio de Montes pone en duda esta versión. Según declaró este viernes el funcionario, el año pasado, en una fecha sin precisar, acudió al juzgado de Alaya a presentar una denuncia sobre las irregularidades en los cursos de formación tras varios años sin que nadie le hiciera caso.

Teodoro Montes está imputado en otra causa por falsedad en un curso

Montes relató que en el juzgado de Alaya una persona que no precisó le indicó que acudiera a la Guardia Civil, que es el cuerpo que investiga el fraude de los ERE después de que la magistrada desplazara a la policía. Lo normal es que una vez presentada una denuncia esta vaya a reparto, sin que se sepa inicialmente qué juez la va a investigar.

Tras la indicación en el juzgado de Alaya, Montes prestó declaración ante la Guardia Civil el 22 de agosto de 2013 y allí denunció varias de las irregularidades que conocía como responsable del departamento de gestión de formación profesional ocupacional de la Junta de Andalucía. En esa declaración, el funcionario estableció un nexo entre el caso de los ERE y el fraude de los cursos de formación, del que luego se ha desdicho en su declaración judicial de esta semana.

Siete meses después de esta declaración de Montes ante la Guardia Civil, en marzo de 2014, la magistrada sevillana abrió el sumario sobre los cursos de formación. La magistrada afirma en el primer folio de la causa que esta nueva investigación se deriva de la caso de los ERE, pero lo cierto es que el segundo folio ya es la declaración que prestó Teodoro Montes ante la Guardia Civil. Es más, casi todo el inicio de la causa es información incorporada por Montes.

Esta declaración se produce cuándo aún hay dudas sobre quién es el juez natural para investigar el fraude de los cursos de formación en Andalucía. Una docena de juzgados andaluces está investigando irregularidades en los cursos y es previsible que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tenga que resolver finalmente.

Alaya ha reclamado las investigaciones de los otros juzgados y uno de Málaga ya se ha negado a enviarle sus pesquisas. Además, el exconsejero andaluz Ángel Ojeda, imputado por Alaya, ha recurrido a la Audiencia de Cádiz después de que un juzgado de esta provincia se inhibiera en favor de la magistrada sevillana.

Sugiere trato de favor de una magistrada a la Junta de Andalucía

La declaración de Montes supone una confesión de que fue en el juzgado de Alaya donde se le señaló qué camino debía seguir para iniciar las pesquisas sobre los cursos de formación y pondría en cuestión los pasos que la juez ha dado para intentar quedarse con esta nueva investigación destinada a remover los cimientos de la Administración autonómica. De hecho, la juez ha calculado que la información que ya ha requerido a la Junta de Andalucía sumará más de dos millones de folios.

En contra de la idea de Alaya de asumir la macrocausa se han situado los fiscales andaluces, que la semana pasada tuvieron una reunión en la que acordaron que eran preferibles investigaciones en los juzgados provinciales para hacerlas más operativas.

El funcionario reconoció este viernes que está imputado por un delito de falsedad por un juzgado de Coria del Río por irregularidades en un curso de formación. Se trata de una investigación en la que se intenta aclarar la implicación de Montes en un curso en el que se falsearon datos de los alumnos y se suplantó la personalidad de algunos. Además, Montes sugirió trato de favor de la titular del juzgado de lo Contencioso-administrativo 6 de Sevilla a la Junta por rechazar el recurso que puso por considerar que la Administración no le había reintegrado en su puesto de trabajo tras una demanda que ganó.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/17/andalucia/1413570034_778035.html

LA JUEZ ALAYA CONTRA TODOS

La instructora se ha enfrentado al Congreso, al Parlamento andaluz, a Interior, a magistrados y a fiscales

El Congreso de los Diputados, el Parlamento de Andalucía, el Ministerio del Interior, magistrados, fiscales… El listado de instituciones a las que se ha enfrentado la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, sigue al alza. Es una espiral que viene de lejos, pero esta semana la instructora puede haber cruzado una línea invisible de difícil retorno. En solo dos breves autos, la juez ha logrado ponerse en contra a los casi 80.000 agentes de la policía, a 34 magistrados y fiscales andaluces, además de los medios de comunicación, a los que ha amenazado con incurrir en un delito de desobediencia si difunden imágenes de su testigo estrella en la causa de los cursos de formación, Teodoro Montes.

“Parece obvio que este no es el procedimiento, la juez ha utilizado un canal erróneo”, censuró el presidente del Congreso, Jesús Posada, cuando Alaya envió a la Guardia Civil al Congreso para entregar unas cartas de notificaciones para los congresistas señalados en el caso ERE, misivas que fueron devueltas sin abrir. El Senado reaccionó de igual forma cuando recibió la extemporánea comunicación. “La juez no respeta el principio de separación de poderes y la inviolabilidad de la Cámara”, se quejó el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que Alaya señalara a los diputados de la Comisión de Hacienda al cuestionar la legalidad del procedimiento empleado en los ERE. Son solo dos críticas suaves ante las resoluciones de Alaya, a la que los sindicatos policiales han acusado de vulnerar la ley, lo que constituiría una prevaricación judicial por su parte.

La precipitación ha llevado en numerosas ocasiones a la juez a rectificar sus decisiones. Y junto al Congreso, el Senado, el Parlamento andaluz, esta semana se han sumado a las críticas los sindicatos policiales y la Asociación de la Prensa de Sevilla, que calificó de “ineficaz” la prohibición de difundir las imágenes de Montes cuando ya llevaban “dos semanas en las pantallas de la televisión”. La juez pidió incluso pixelar las imágenes de Montes. “La solución no es cortarle alas a la prensa”, censuró. Al margen del criterio jurídico que justifican sus imputaciones, las quejas de los acusados por la instrucción de Alaya atañen también a partidos políticos (PSOE e IU), sindicatos, la patronal andaluza, y asociaciones de abogados. Y el listado sigue al alza.

Pero al margen de las polémicas anteriores, esta semana la juez ha despreciado de un plumazo a todos sus compañeros magistrados que investigan las causas de formación en Andalucía —al menos 17 jueces en las ocho provincias—, así como los fiscales adscritos a dichos juzgados, al exigir a la policía que cese en sus investigaciones. Como juez instructora, Alaya posee una soberanía que se considera sagrada, pero que ha entrado en directa colisión con la de otros jueces instructores, algunos de los cuales llevan meses investigando estas causas. La magistrada se ha dirigido directamente a la policía para exigirle que se aparte de todas las investigaciones que mantiene abiertas, y acusa al Cuerpo de “invadir ilegítimamente parcelas de investigación que le son ajenas”.

“Parece obvio que ha utilizado un canal erróneo”, dijo Jesús Posada

Esta acusación, directa y sin rodeos, cuestiona la competencia de la policía en defensa de la Guardia Civil, pero además de comprometer al Gobierno de Mariano Rajoy, afecta de lleno a todos los magistrados y fiscales que comparten las diligencias abiertas, cuyo trabajo ha ignorado de manera clara. Incluidos los magistrados de la Audiencia de Cádiz, que aún deben resolver un recurso del exconsejero de la Junta Ángel Ojeda sobre la competencia de la juez para investigar las ayudas de Ojeda. Alaya se adelanta a la decisión de los jueces —considerados superiores de la instructora en el escalafón judicial— y exige a la policía que se aparte, cuando los magistrados aún no se han pronunciado al respecto. “Mientras que la Audiencia de Cádiz no resuelva (...) no quedará definitivamente resuelto el órgano instructor competente para investigar las subvenciones (...) y qué Cuerpo Policial concreto, todos de la misma consideración y distinción, será el finalmente competente”, recuerda Juan Carlos Alférez, letrado de Ojeda. Y es que la petición de Alaya al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, pone a este en un aprieto legal, dado que los agentes no pueden apartarse de las investigaciones por una decisión suya, ya que de otro modo estarían desobedeciendo las órdenes de los jueces andaluces que investigan las causas. Los agentes de la UDEF actúan en funciones de policía judicial desde el momento en que una causa se judicializa.

Para los alayólogos —denominación de los expertos jurídicos que analizan cada decisión de la juez— su último movimiento denota un error táctico. Estas semanas son decisivas para la juez porque la Fiscalía del Tribunal Supremo decide si apoya su exposición razonada sobre los indicios de los altos cargos aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Y esta polémica, que revela cierta suficiencia ante otros órganos judiciales y policiales, además del Gobierno central, a cuya policía acusa de invadir competencias, no ayuda a crear buena prensa para Alaya. En ámbitos judiciales y políticos, toda decisión influye. Y tras la fiscalía, será el Supremo el que decida si la exposición razonada tiene base.

“No respeta la inviolabilidad de la Cámara”, aseguró Manuel Gracia

En el pasado, las decisiones de Alaya han provocado una concentración de letrados de la Junta ante la imputación de un compañero que consideraban injusta, así como las repetidas quejas de los sindicatos, la patronal y la Junta, que llegó a acusarle incluso de poner en peligro la democracia. Por ahora, el apoyo más sólido de Alaya —y solo de puertas hacia fuera— es el Partido Popular. Ello a pesar de que la juez acaba de reclamar la documentación de las ayudas del Gobierno central sobre las pólizas de la Faja Pirítica que contribuyó a pagar junto a la Junta. Y entonces el delegado del Gobierno en Andalucía era el alcalde de Sevilla y exjuez Juan Ignacio Zoido.

Alaya ha entrado en colisión con la soberanía de otros jueces instructores

Estos días son fundamentales dado que la Dirección General de la Policía aún debe pronunciarse ante la acusación de Alaya, y si opta por la crítica directa o la discrepancia suave. Pero la patata caliente también afecta a la Fiscalía Anticorrupción, que apoyará o recurrirá estos dos últimos autos. Y entonces se verá si el listado sigue al alza.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/25/andalucia/1414250962_061412.html

LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE SEVILLA CRITICA QUE ALAYA PROHÍBA A LOS MEDIOS PUBLICAR IMÁGENES DE MONTES

Entiende que la magistrada "amenaza" a la prensa con medidas legales por delito de desobediencia

La magistrada ha dictado un auto que ordena a los medios de comunicación que no reproduzcan imággenes de Teodoro Montes, bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia, una medida que desde la APS consideran "extemporáneo e ineficaz" y que coarta la libertad de prensa, un derecho que recoge la Constitución española. Desde la APS hacen "un llamamiento a la moderación y pide que la batalla judicial se circunscriba a los tribunales y no se traslade a los medios de comunicación".

En el comunicado, la Asociación de la Prensa de Sevilla señala que el auto "amenaza a los medios de comunicación que contravengan esa orden con iniciar medidas penales por delito de desobediencia a la Justicia".

Explica que la juez se apoya en su auto en que varias entidades han anunciado querellas contra el citado testigo por considerar que las declaraciones de éste ponen en entredicho su honorabilidad, y que esas entidades utilizan a la prensa para presionar al testigo y conseguir influir en su ánimo para "adolecer su serenidad e infundirle temor, coartando su libertad personal de forma ostensible, lo cual podría afectar sin duda al testimonio ofrecido y a futuras declaraciones. Por ello, se ampara en la ley orgánica de 1994 de protección de testigos para impedir la publicación de imágenes del citado testigo."

Con "el más absoluto respeto por las decisiones de la juez Mercedes Alaya", la Asociación de la Prensa de Sevilla " quiere hacer pública su crítica y disconformidad con esta medida porque coarta la libertad de prensa recogida en la norma de rango máximo que es la Constitución española".

"El auto llega, además, cuando las imágenes del Sr. Montes llevan dos semanas en las pantallas de la televisión y en las páginas de todos los diarios, impresos y digitales". Cuando todos los datos personales del testigo figuran en todos los documentos de las declaraciones testificales que la propia juez ha entregado a las partes dentro del procedimiento de diligencias previas que instruye. "Y cuando las supuestas presiones, de haberlas habido, ya no tienen vuelta atrás. Nos parece, por tanto, extemporáneo e ineficaz".

"En cualquier caso, los profesionales de la comunicación rechazamos que se nos instrumentalice tanto para ejercer supuestamente presiones sobre un testigo, como para limitar el derecho a la defensa de aquellas personas que consideren vulnerada su integridad moral por unas declaraciones testificales. En ningún caso, la solución nos parece que deba ser cortarle las alas a la prensa. El mensajero no puede ser siempre el culpable".

Y concluye que "la Asociación de la Prensa de Sevilla no puede compartir que se pretenda usar a los medios de comunicación, como ocurre con demasiada frecuencia, como arma para presionar en uno u otro sentido y recuerda a las partes incursas en este litigio que es la sociedad la única depositaria del supremo derecho a la información. Los periodistas somos el medio del que se sirve la sociedad para hacer efectivo su derecho a recibir información veraz. Es a ella a la única que nos debemos".

Desde la APS hacen "un llamamiento a la moderación y pide que la batalla judicial se circunscriba a los tribunales y no se traslade a los medios de comunicación".

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/asociacion-prensa-sevilla-critica-alaya-prohiba-medios-publicar-imagenes-montes/csrcsrpor/20141025csrcsrnac_1/Tes

ALAYA REPUDIA A LA POLICÍA EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN

La magistrada quiere acaparar las causas de otros 17 juzgados

Policía y Guardia Civil pugnan por investigar los cursos de formación

La juez Mercedes Alaya ha dado un paso más en su intento de acaparar la investigación sobre las supuestas irregularidades en los cursos de formación de Andalucía. La magistrada ha dictado un auto en el que exige a la policía que deje de investigar este caso para que sea la Guardia Civil la que lleve en solitario las pesquisas. Esta decisión compromete al Ministerio del Interior, ya que la juez sostiene que la policía “pone en peligro” su instrucción al “invadir ilegítimamente parcelas de la investigación que le son ajenas”. Alaya toma esta decisión cuando aún está entredicho si es competente para seguir con la macrocausa de la formación. 18 juzgados andaluces, incluido el de Alaya, están investigando irregularidades en los cursos y la policía lleva la mayoría de las pesquisas.

La forma de instruir de Alaya siempre ha estado rodeada de polémica, sobre todo en el caso de los ERE, donde ha tenido fuertes enfrentamientos con las defensas y con los fiscales anticorrupción, pero en las últimas semanas el ruido en torno a su actuación se ha intensificado.

El testigo estrella de la instructora, el funcionario de la Junta Teodoro Montes, declaró hace ocho días que el año pasado acudió al juzgado de Alaya a presentar la denuncia sobre los cursos de formación y que allí le dijeron que fuera a la Guardia Civil, cuerpo de confianza de la magistrada y ante el que testificó en agosto de 2013. Posteriormente, la Guardia Civil remitió la denuncia de Montes a la juez, que abrió diligencias sobre los cursos en marzo de este año. Estos hechos podrían quebrar el principio de juez natural porque la denuncia del funcionario debería haber ido a reparto de los juzgados de Sevilla.

Alaya vinculó esta denuncia de Montes con el caso de los ERE, algo que no tenía encaje, por lo que esta semana maniobró y dijo que esta conexión había sido un “error” y que la macrocausa de la formación estaba derivada en realidad de otra pieza separada del fraude de los expedientes de regulación de empleo que sí estaba relacionada con los cursos de formación.

La juez dice que la UDEF invade “ilegítimamente” su investigación

Alaya, que ya apartó a la policía del caso de los ERE por desconfiar de su investigación y entregó las pesquisas a la Guardia Civil, ha pedido al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que la Unidad de Delincuencia y Fiscal (UDEF) el cese “de inmediato” en su actividad y que le entregue todas las actuaciones que ha realizado hasta el momento. La policía está tomando declaración desde hace semanas a centenares de testigos, la mayoría alumnos y profesores de cursos de formación, en todas las provincias de Andalucía. Alaya ya había reclamado las causas abiertas a los demás juzgados de la comunidad que investigan los cursos. Dos juzgados de Cádiz se inhibieron ante la reclamación de la juez, aunque la Audiencia de esta provincia está analizando un recurso contra esta decisión. Pero otro juzgado de Málaga se negó a enviarle a Alaya sus investigaciones sobre las irregularidades en esta provincia. La idea de la juez es hacer otra macrocausa similar a la de los ERE, iniciativa a la que se oponen los fiscales andaluces.

Para justificar su decisión de apartar a la policía, la juez argumenta que la Guardia Civil le ha manifestado su “gran inquietud” por el éxito de la investigación. Y para ello esgrime la detención en agosto del exconsejero andaluz y empresario Ángel Ojeda que efectuó la policía. La UDEF llevaba meses investigando a Ojeda por las ayudas millonarias que recibieron sus empresas de la Junta y el Gobierno central, y lo detuvo en su domicilio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), aunque posteriormente quedó en libertad con cargos. Alaya aduce que esta detención tuvo “consecuencias indeseables de pérdida de oportunidad, de dispersión de documentación y de actuación inadecuada difícilmente recuperable”.

Fuentes de la fiscalía dudaron de la legalidad de la actuación de Alaya. “La descalificación genérica de la policía no tiene ningún sentido. Máxime cuando la policía, al iniciar las pesquisas hace casi dos años, no interfirió en su investigación porque esta no existía”. Ante el desprecio a la policía, los sindicatos mostraron su indignación. “Si retiramos a la UDEF es tiempo e investigación que se pierde, pero sobre todo eficacia, al ser el primer cuerpo policial que comenzó el trabajo. En segundo lugar, la juez se está saltando la ley que establece la distribución de competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Alaya no es quien para distribuir las competencias policiales, sino la ley. Y esta dispone que la policía investiga en territorio urbano”, lamenta el portavoz nacional del sindicato UFP, Serafín Giraldo.

La instructora pretende que solo la Guardia Civil lleve las pesquisas

Además, la juez dictó otro polémico auto en el que amenaza con actuar contra los medios de comunicación por un delito de desobediencia a la autoridad judicial si siguen publicando fotografías de Teodoro Montes, el funcionario de la Junta de Andalucía que denunció las supuestas irregularidades con los cursos y al que la magistrada ha otorgado la condición de testigo protegido.

Montes ha declarado siete días ante Alaya y ha incurrido en contradicciones (aseguró que la patronal andaluza cobraba comisiones aunque luego se desdijo), ha reconocido que ha firmado cursos de formación con irregularidades y ha imputado delitos a sus superiores en la Junta y otras entidades. La juez ordena a la Guardia Civil que impida que se tomen más imágenes o fotografías de Montes, “debiéndose proceder a retirar el material fotográfico, cinematográfico, videográfico o de cualquier otro tipo quien contraviniere esta prohibición”.

En este sentido, la Asociación de la Prensa de Sevilla ha mostrado este viernes su "crítica y disconformidad" con la decisión de Alaya. "La medida coarta la libertad de prensa recogida en la norma de rango máximo que es la Constitución Española", ha señalado. El colectivo también considera que la medida de la juez llega tarde y es "ineficaz" ya que todos los datos personales de Montes figuran en todos los documentos de sus declaraciones que la propia juez ha entregado a las partes. "Los profesionales de la comunicación rechazamos que se nos instrumentalice tanto para ejercer supuestamente presiones sobre un testigo, como para limitar el derecho a la defensa de aquellas personas que consideren vulnerada su integridad moral por unas declaraciones testificales. En ningún caso, la solución nos parece que deba ser cortarle las alas a la prensa. El mensajero no puede ser siempre el culpable", critica la asociación en un comunicado de prensa.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/24/andalucia/1414158119_711989.html

ALAYA RECLAMA A LA JUNTA LAS ACTAS DE 12 AÑOS DE REUNIONES DEL GOBIERNO

La juez pide los documentos de los 'consejillos', los encuentros de los viceconsejeros

La juez Mercedes Alaya maniobra para conservar la causa de los cursos de Formación

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha reclamado a la Junta de Andalucía que aporte en un plazo de 10 días las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros —los denominados consejillos, un órgano presidido por el consejero de la Presidencia— desde el 2001 hasta el 18 de octubre de 2012, así como las convocatorias internas y orden del día que hubiera. La fecha límite marcada por la magistrada no es casual. El 16 de octubre de ese año, el Gobierno andaluz aprobó un decreto por el que regulaba definitivamente los ERE.

En un auto, la magistrada pide dichas actas con el objetivo de determinar el "conocimiento generalizado" que del supuesto fraude podrían tener "las más altas instancias de la Junta" así como de la "indiciaria vulneración de la competencia del Estado en la concesión de tales subvenciones de naturaleza laboral". Entre otros asuntos, Alaya quiere saber cuántas cuestiones eran analizadas en dicho órgano sobre el procedimiento administrativo con el que se daban las ayudas (las llamadas transferencias de financiación), que la juez considera ilegal y que la Junta defiende. Sobre este asunto deberá pronunciarse el Tribunal Supremo, al que Alaya remitió el caso en agosto ante la supuesta implicación en el fraude de nueve aforados, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Asimismo, con dicha documentación, la magistrada quiere averiguar si los miembros del consejillo conocían asuntos como "la falta de fiscalización previa" de las ayudas, "el importante déficit presupuestario generado por la Consejería de Empleo" o "las modificaciones presupuestarias para incrementar" el fondo de los ERE. Con esta solicitud, la instructora atiende la petición realizada por la exasesora de Empleo e imputada María José Rofa. 

Este último paso de la juez recuerda al inicio de su instrucción del caso. En marzo de 2011, la juez reclamó a la Junta las actas del Consejo de Gobierno de la última década, una petición que generó una gran polémica entre la magistrada y la Administración andaluza y que, finalmente, resolvió el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que permitió a la magistrada consultar dicha documentación.

En este mismo auto del día 22, la magistrada también atiende una petición de la Junta y pide al Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) que requiera a la aseguradora Generali y al denominado entonces Ministerio de Trabajo, encabezado por Eduardo Zaplana, la documentación relativa a la formalización y pago de las pólizas de Faja Pirítica de Huelva a las que se había comprometido la Administración General del Estado, a tenor del acuerdo del 11 de septiembre de 2002.

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/24/actualidad/1414139690_894306.html

ALAYA MANIOBRA PARA CONSERVAR LA MACROCAUSA DE LA FORMACIÓN

La juez afirma ahora que la investigación no tiene su origen en el ‘caso ERE’

La juez Mercedes Alaya rectificó ayer el origen de la macrocausa sobre los cursos de formación para retener esta investigación. La instructora emitió una diligencia a través de la secretaria de su juzgado para resaltar que “por error se menciona” que las diligencias sobre la formación surgieron del caso de los ERE. Alaya sostiene ahora que la macrocausa ha sido desglosada de una investigación en torno a los cursos de formación impartidos por empresas vinculadas al conseguidor Juan Lanzas.

De este modo, Alaya intenta desactivar el debate abierto sobre si es competente para seguir con la macrocausa. La cuestión es determinante, dado que Alaya busca acaparar las causas judiciales abiertas en Andalucía sobre los cursos de formación —al menos 18— y la juez ya ha avanzado que podría alcanzar los dos millones de folios.

El folio 1 de la macrocausa de la formación aclara que “la documentación que precede ha sido desglosada de las diligencias previas 174/11 [caso ERE]”. Ahora Alaya sostiene que su investigación sobre la formación está amparada por el vínculo con las diligencias iniciadas por las empresas de Lanzas, una causa desconocida para las partes porque la mayoría de estas pesquisas se derivaron a la causa contra el sindicato UGT. Es decir, Alaya justifica su investigación a todos los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía por la pieza que tiene abierta a Juan Lanzas. 

Las dudas comenzaron el pasado viernes cuando el testigo clave de la causa, Teodoro Montes, reconoció que acudió directamente al juzgado de Alaya para denunciar irregularidades en la formación y de ahí le derivaron a la Guardia Civil. A continuación, los agentes enviaron la declaración del testigo a Alaya y esta inició la nueva macrocausa, tal y como expuso la propia juez en un auto del pasado 7 de mayo: “Las diligencias se iniciaron en agosto de 2013, con ocasión de la declaración policial de Teodoro Montes”. Esta secuencia, podría haber quebrado el principio del juez natural, ya que la denuncia de Montes ante la Guardia Civil debía haber sido derivada al juzgado de guardia para su reparto. En paralelo, la Guardia Civil remarcó en un oficio policial del 13 de septiembre que la declaración de Montes surgió “a raíz de los hechos” investigados en el caso de los ERE.

El viraje de la juez coincidió con el capote del fiscal, que estima que “no existen motivos” para plantear una cuestión de competencia, informa Europa Press.

Mientras, la juez advirtió ayer que actuará contra CC OO y la fundación de la Junta Faisem si finalmente se querellan contra su testigo Teodoro Montes por acusarles de cobrar comisiones ilegales y dañar a personas minusválidas, tal y como han anunciado. En una sorprendente declaración, la juez avanzó: “No voy a consentir ningún tipo de presión o coacción hacia este testigo, pudiendo constituir los hechos que se relatan (...) delitos contra la Administración de Justicia, que de tener conocimiento este juzgado deducirá el oportuno testimonio para que se ventilen en las pertinentes diligencias”. La gruesa amenaza puede atentar contra el derecho a la tutela judicial efectiva. “¿Qué nos impide ejercer acciones contra un señor por falsedad? Claro que seguiremos adelante”, avanzaron fuentes del sindicato.

Tras la advertencia de Alaya a CC OO y a la fundación, la fiscalía “mostró su conformidad” y solicitó a la juez que pusiera en marcha el programa de protección de testigos para asegurar la integridad de Montes y su familia. Previamente, la juez ordenó incluir en el sumario la información de este diario sobre que Montes validó un curso en el que fue incluida su hija a pesar de incumplir los requisitos de selección.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/22/andalucia/1414005162_008747.html

ANULADA LA FIANZA DE 29 MILLONES QUE ALAYA IMPUSO A MAGDALENA ÁLVAREZ

La Audiencia de Sevilla ha dictado este viernes un auto en el que anula la fianza civil de 29.568.129 euros que la juez Mercedes Alaya impuso en marzo de 2014 a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, imputada en el caso de los ERE de Andalucía.

La Audiencia de Sevilla ha dictado este viernes un auto en el que anula la fianza civil de 29.568.129 euros que la juez Mercedes Alaya impuso en marzo de 2014 a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, imputada en el caso de los ERE de Andalucía.

Álvarez, que dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por su imputación en el caso, recurrió la fianza, que Alaya impuso por considerarla una de las artífices de un sistema ilegal de ayudas que perduró más de una década.

En un auto de la sección séptima de la Audiencia, al que ha tenido acceso Efe, se justifica la revocación de la fianza porque "no cabe decir que la instrucción haya avanzado lo suficiente como para entender necesaria y exigible" la medida adoptada por la juez.

La Fiscalía se adhirió a la petición de la defensa de la exministra y la Audiencia señala que no cabe recurso alguno contra la decisión adoptada respecto a la fianza ahora revocada. En su auto, la Audiencia deja sin efecto las medidas que para cumplir la fianza haya podido adoptar el juzgado de Alaya, entre ellas el embargo en mayo de seis inmuebles y cinco cuentas bancarias de la exconsejera.

La Audiencia también subraya que "la compleja instrucción" sobre el caso "no solo apenas ha comenzado, sino que, además, se ha cortado o interrumpido (al menos, en cuanto a ese concreto objeto fáctico) al trasladarse a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por razón de aforamiento de varios supuestos partícipes". Añade la Audiencia que "prácticamente está por practicar una muy importante parte, al menos, de las diligencias instructoras de naturaleza personal".

El auto recuerda que el Supremo es "el órgano máximo de la cúspide jurisdiccional ordinaria, a quien obviamente no le puede resultar ajena una medida cautelar real" como la fianza que Alaya impuso a Álvarez, y que, si asume la competencia del caso, será el que tendría que adoptarla.

La juez impuso la fianza a la exministra tras calcular esa cifra "grosso modo" teniendo en cuenta las ayudas concedidas hasta el 31 de diciembre de 2003 y puesto que Álvarez ocupó el cargo de consejera de Economía de la Junta de Andalucía desde 1994 hasta febrero de 2004.

Alaya la considera artífice, "en connivencia con otros", de un "procedimiento ilegal de concesión de subvenciones" que se prolongó entre 2000 y 2011, y señala que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.

La fianza tenía como finalidad, según la juez, la devolución "en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta".

http://vozpopuli.com/actualidad/50872-anulada-la-fianza-de-29-millones-que-alaya-impuso-a-magdalena-alvarez

La juez Alaya deja el futuro de Chaves y Griñán en manos del Supremo

La magistrada remite parte del 'caso ERE' al alto tribunal por la presencia de siete aforados

En sus últimos autos, la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, advertía a las partes de que el final de la instrucción estaba cerca. Pero, pese a anunciarlo en repetidas ocasiones, el esperado desenlace se ha estirado en el tiempo. Hasta este martes. Tras más de tres años y medio de instrucción, la magistrada ha remitido al Tribunal Supremo parte del sumario del caso ERE al encontrar indicios que supuestamente incriminan en el fraude a siete aforados; entre ellos, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Según fuentes del alto tribunal, junto a la exposición razonada para inhibirse, la juez ha enviado al Supremo 20 de los 80 tomos que conforman la causa con más imputados (201) de la historia judicial española. Esta voluminosa documentación ha ido acompañada de material digitalizado y audiovisual. Ahora, el Supremo decidirá si existen indicios penales contra los políticos señalados por Alaya y, en tal caso, si asume toda la causa o solo la parte político-financiera.

Según fuentes cercanas a la investigación, Alaya ha enviado al alto tribunal solo una selección del sumario, una especie de resumen sobre su instrucción. “Una vez que el Supremo tome una decisión, la juez mandará o no el resto de la documentación”, precisan dichas fuentes.

Alaya señala a la anterior cúpula del Gobierno andaluz porque considera que diseñó el fondo para conceder ayudas sociolaborales en los ERE y subvenciones directas a empresarios de manera arbitraria, gracias al fondo que dotó con 721 millones de euros entre 2001 y 2010. Junto a Chaves y a Griñán —a quienes señaló en septiembre del año pasado—, la magistrada señala a los exconsejeros José Antonio Viera (diputado a Cortes), Antonio Ávila, Manuel Recio, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo (diputados andaluces). En dicho auto, Alaya les comunicaba que los consideraba partícipes o conocedores del diseño del fondo, concebido para burlar la ley, según defiende la juez.

El argumento principal de la juez contra el fondo es el uso como instrumento de pago de las llamadas transferencias de financiación. Esto permitía dar el dinero de las subvenciones directas para empresas y extrabajadores afectados por los ERE de forma ágil, pero sorteaba los controles de la Intervención de la Junta. El Gobierno andaluz y las defensas del caso responden que la partida era legal y se aprobaba cada año por el Parlamento al estar incluida en la Ley de Presupuestos. Para sustentar los posibles delitos, Alaya se ha apoyado tanto en los dictámenes de la Cámara de Cuentas autonómica, cuyos auditores ya censuraron el fondo, como de la Intervención General del Estado, que corroboraron el grueso de las tesis de la juez en un informe entregado en diciembre.

Pero la decisión del Supremo se hará esperar. Según fuentes del alto tribunal, y debido al periodo vacacional, ahora solo hay una sala en funcionamiento que está destinada a casos de urgencia. Previsiblemente, los magistrados no analizarán la documentación remitida por la magistrada hasta septiembre. Será entonces cuando decidan si asumen toda la causa, como defiende la instructora, o solo la parte que afecta a los aforados, como considera la Fiscalía Anticorrupción.

Esta discrepancia entre la magistrada y los fiscales ha marcado los últimos meses de instrucción. Desde un primer momento, Alaya ha defendido que elevaría al Supremo el caso al completo ya que es “inescindible” debido a la conexión que existe entre las diferentes líneas de investigación abiertas y para “evitar en el futuro hipotéticas sentencias contradictorias”. Por su parte, los fiscales han reclamado en varias ocasiones a la magistrada que troceara la causa —“para concluir en un plazo razonable la instrucción”— y que solo elevara al alto tribunal la parte referida a los aforados. Pese a estas peticiones, Alaya se ha mantenido firme en su decisión, que fue respaldada por la Audiencia Provincial de Sevilla a finales del mes pasado al considerar que la división podría “generar un riesgo de desorden procesal”. Esta pugna con el ministerio público se ha unido a las críticas políticas que acusaban a Alaya de retener artificialmente el caso, un argumento que han utilizado la mayoría de los imputados para acogerse a su derecho a no declarar ante la juez.

La rama político-financiera se inició en junio de 2013, cuando Alaya imputó a 20 altos cargos de la Junta, entre ellos la exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra Magdalena Álvarez. Posteriormente, la juez dictó el auto en el que señaló a los siete cargos aforados y sumó a la causa la imputación de otros 15 altos cargos de la Junta.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/30/andalucia/1406715817_345778.html

Las tres “putaditas involuntarias” de la juez Alaya

La fecha inhábil elegida para enviar al TS las 'preimputaciones', la filtración a EFE del documento y el 'fichaje' último de Zarrías y Mar Moreno

Satisfacción
Comenzamos por la última. La satisfacción comedida se debe a que para los “señalados”, “preimputados” y nunca imputados, ven como una instrucción en la que no han confiado jamás, a la que califican de política y de la que censuran actuaciones mediáticas dañinas coincidentes con sucesos positivos para su partido, va acabar por fin en Tribunal Supremo. Piensan los socialistas andaluces que en esa alta magistratura sus responsables analizarán con mayor profesionalidad, con menos contaminación política, con más elementos del Derecho y menos imaginación conspiratoria la causa en la que se hallan. Están seguros que la teorías de la “gran conspiración” de dirigentes y presidentes para repartir un botín de dinero público, de paso sin enriquecerse ellos, caerá como suelen caer las acusaciones sin fundamento.

Reducido el ámbito de los imputados se baja el nivel político
En el Partido Socialista se muestran esperanzados en que si ese fuera el curso de los acontecimientos judiciales, descartados entonces los ex presidentes y consejeros del señalamiento judicial, el acento de la juez, de los medios y de la oposición solo podrá dirigirse hacia los auténticos muñidores y protagonistas de las irregularidades: Un conseguidor, un ex director general, unos cuantos “intrusos”, aseguradoras y varios abogados comisionistas. Y fin de la teoría conspiratoria de política en las alturas.

El gran cabreo por las “tres putaditas”
Pero como decíamos al inicio de la crónica el envío de la exposición elevada al Tribunal Supremo por la juez Mercedes Alaya también ha generado un monumental enfado en la sede socialista de ‘San Vicente’ y en la propia Junta de Andalucía. Es lo que un veterano dirigente de provincia ha definido como “las tres putaditas últimas”.

Primera putadita: Un agosto en el que “encender” el caso
Se critica que sabiendo como se sabe que Alaya tenía prácticamente ultimado el documento que ha enviado al TS desde hace dos meses y llevando como lleva casi cuatro años con la causa, haya elegido precisamente principios de agosto para su remisión ¿por qué no lo hizo a finales de junio o ha esperado a septiembre si agosto es inhábil para el Supremo? Esa es la pregunta que se hacen y la respuesta malévola que se autodictan es que de esa manera durante todo este mes en curso e inicios de septiembre, la documentación dormirá el sueño de los justos en el TS, se hablará como ya se está haciendo, solo de que los dos expresidentes, Griñán y Chaves, están imputados y pendientes de condena del Alto Tribunal. Por tanto la causa durante mes y medio más apuntará directamente a la diana del PSOE andaluz.

Segunda putadita: Una filtración que hace mucho daño
Y para corroborar la primera “putadita” viene la segunda: Sospechan los socialistas, y así lo han dicho públicamente, que la filtración lisa y llana, total y absoluta a la agencia de noticias del Estado, la Agencia EFE, de la documentación enviada por la juez al TS proviene del mismo juzgado. De esa documentación se está extrayendo y refiltrando pasajes, datos y elementos solo inculpatorios para los señalados. Es una especie de condena anunciada por mucho que después el Supremo lo anule. Mientras tanto en ese recorrido según esta fuentes, la causa habrá seguido dañando a la cúpula socialista. La pregunta es cómo se ha podido filtrar, quien lo ha hecho y de qué manera. Desde ‘San Vicente’ apuntan al propio juzgado de Alaya y el hecho de que haya sido EFE la escogida da que hablar en supuestos asesoramientos de estrategia informativa. Los “preimputados” alegan que esto provoca una “nueva situación de indefensión y la creación de un ambiente de falsa culpabilidad” además anuncian que van a solicitar una investigación al suponer una “vulneración del derecho de defensa de los afectados que provoca un daño irreparable a las personas concernidas y no informadas”.

Y tercera putadita: Los “fichajes” a última hora de Zarrias y Mar Moreno
Este elemento, la imputación casi a la hora del cierre de los ex consejeros de Presidencia, Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno, ha “sentado como un tiro” a los socialistas -y si nos referimos a los de Jaén, ni lo imaginamos-. Creen que en todo el sumario se ha jugado cruelmente con la persona y el nombre de Zarrías. Se le nombraba pero no se le imputaba; se le ubicaba en reuniones pero nunca se le “preimputó”. Hablan de un juego deliberado de tortura judicial. Por eso ha sido sorpresivo su señalamiento a última hora. Y lo de “Mar Moreno no tiene nombre”, dice atribulado y megacabreado el dirigente veterano. Y es que es cierto que Moreno ha sido “preimputada” en la prórroga del partido, cuando el chico de Seur se iba con la valija de Sevilla al Supremo. La jiennense nunca, ni por asomo, sonó en el sumario. Como en el mercado de invierno de los futbolistas, por sorpresa, a última hora y sin saberlo nadie, Zarrías y especialmente María del Mar Moreno fueron “fichados” por Alaya.

Unos de vacaciones otros a quemarse en el duro agosto
Unos se van de vacaciones tras las putaditas, otros en cambio, se quedan padeciendo el más que caliente agosto que algunos medios de la caverna se encargarán de encender mucho más y aumentar los grados de la caldera. Tres putaditas tres.

http://www.elplural.com/2014/08/15/las-tres-putaditas-involuntarias-de-la-juez-alaya/

ALAYA ELUDE A UN EXCONSEJERO AFORADO EN SU NUEVA CAUSA SOBRE LA FORMACIÓN

La juez ultima el envío del ‘caso ERE’ al Supremo y pregunta al fiscal al respecto

La juez Mercedes Alaya ha sorteado la imputación del diputado aforado y exconsejero de Empleo andaluz Manuel Recio en su nueva causa sobre los fondos de la formación para desempleados, por la que acusa a la Junta de Andalucía de otorgar 950 millones en subvenciones entre 2008 y 2011 que permanecen “sin justificar”. En su último auto, la magistrada ha imputado al exconsejero Antonio Fernández por malversación y prevaricación continuados, como máximo responsable de las exoneraciones que permitieron a las empresas e instituciones no justificar el gasto de las subvenciones para la formación durante cuatro años (2008-2011).

Sin embargo, Fernández abandonó el Ejecutivo en marzo de 2010, por lo que las dos últimas resoluciones de exoneración correspondieron a su sucesor en el cargo, el diputado socialista Manuel Recio. Este ex alto cargo es aforado y Alaya no podría investigarle, ya que las pesquisas corresponderían al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Alaya achaca a Fernández haber contravenido la Ley de Subvenciones para permitir que los receptores siguieran recibiendo subvenciones desde la Junta. La juez menciona expresamente los ejercicios 2010 y 2011, pero elude citar al titular de la Consejería de Empleo en esos años. Desde entonces, el Gobierno andaluz no ha vuelto a conceder ayudas para cursos de formación.

Hace dos meses Alaya imputó a 25 ex altos cargos miembros del consejo rector de la agencia pública Idea entre 2001 y 2008, y evitó imputar a cuatro cargos aforados: los dos expresidentes de Idea José Antonio Viera y Francisco Vallejo y los antiguos vocales del consejo Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo, diputados en el Congreso y el Parlamento andaluz.

Mientras, Alaya incluye entre sus “hechos indiciarios” la concesión de una subvención a la fundación pública Faffe para la formación de los 1.800 parados que dejó el cierre de la empresa de automoción Delphi en 2007. Fernández está imputado por haber permitido dicha subvención, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta en 2008 y con el visto bueno de la Intervención General. En su auto, la juez evita mencionar esta decisión política, de la que participaron varios miembros del Gobierno que hoy son diputados aforados, incluidos los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

El fondo de la nueva causa sobre la formación reside en estas exoneraciones de la Junta, que eximieron a los entes receptores de las subvenciones de la obligación de justificarlas por la falta de funcionarios para supervisar el gasto. Mientras que la juez interpreta que los responsables incurrieron en malversación y prevaricación tras recibir un informe de la Guardia Civil, la Junta defiende estas resoluciones. La presidenta, Susana Díaz, dijo en Telecinco que Alaya “no habla de fraude”, sino de exoneración, una práctica que su Gobierno eliminó el año pasado. “Nada exime a los receptores de justificarlas a partir de ahora. Hubo un atasco de trámites administrativos y no puedes perjudicar al administrado”, precisaron fuentes del Ejecutivo autónomo para justificar estas resoluciones.

Por otra parte, la juez ha culminado la investigación sobre la rama político-financiera del caso ERE, que afecta a siete cargos aforados —los expresidentes Chaves y Griñan y cinco exconsejeros—, y la semana que viene remitirá esta instrucción sobre el diseño del fondo al Tribunal Supremo. Alaya pidió a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre el tribunal competente que debe instruir esta rama, y el ministerio público señalará previsiblemente al Supremo, dado que hay señalados dos diputados a Cortes. De este modo, Alaya se inhibirá la próxima semana tras un año de análisis de la parte político-financiera y remitirá la exposición razonada al tribunal, cuando la causa acumula ya 201 imputados.

La magistrada acusa, mientras el fiscal reclama prudencia

El examen a las ayudas públicas a los cursos de formación para desempleados desde la Junta andaluza ha generado cinco investigaciones judiciales en cuatro provincias (Sevilla, Málaga, Granada y Almería), incluida la causa de las facturas falsas sobre el sindicato UGT. Mercedes Alaya analiza el procedimiento desarrollado por la Consejería de Empleo, y ha imputado al exconsejero Antonio Fernández por malversación y prevaricación.

La Cámara de Cuentas subrayó en enero irregularidades administrativas y la Fiscalía Superior andaluza apuntó a la posible comisión de delitos, sin concretarlos. Eso sí, destacó el “manifiesto desorden” en la concesión de las ayudas y el incumplimiento de las recomendaciones que la Cámara de Cuentas hizo ya en 2004. La clave ahora es si los responsables de Empleo prevaricaron o malversaron fondos públicos cuando convirtieron la excepcionalidad en norma y eximieron a cientos de empresas e instituciones de la obligación de justificar las ayudas. La ley subraya que para la exoneración deben concurrir “circunstancias de especial interés social”.

Ayer fuentes de la Fiscalía Superior mostraron cautela: “Las exoneraciones pueden generar responsabilidades contables, penales o administrativas, pero requiere un análisis sosegado”. Las ayudas se concedieron por importe de 950 millones y aún no han sido justificadas, pero la dimensión de cuánto dinero fue defraudado está aún por determinar. Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid, estima “excesivo” ver una prevaricación continuada. “No digo que no la haya, digo que no está reflejado en el auto”. Mientras que Alaya sostiene que las exoneraciones vulneraron la ley estatal de Subvenciones, la Junta esgrime que están amparadas por la ley andaluza de la Hacienda Pública.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/25/andalucia/1406317050_794708.html

AUTOS DE ALAYA MUY ANTERIORES AL INFORME DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO CONTIENEN PÁRRAFOS LITERALES DEL MISMO

Hay una llamativa y reiterada coincidencia de argumentos de fondo, referencias jurídicas muy técnicas y párrafos literales entre distintos autos de la juez Mercedes Alaya y el Informe de la Intervención General del Estado sobre el caso de los ERE. Es la conclusión más reveladora del análisis comparativo del informe pericial y de los autos judiciales llevado a cabo por las defensas de algunos de los imputados en la macrocausa de los ERE y al cual ha tenido acceso este periódico.

El rastreo textual realizado por las defensas aporta numerosos indicios de que la instructora habría ocultado a las partes durante semanas y tal vez meses ese crucial informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), fechado el 12 de diciembre de 2013 y cuya tesis central coincidía casi al milímetro con la que venía defendiendo Alaya en su instrucción: que la Administración andaluza hizo un uso improcedente de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales que debieron tramitarse y pagarse como subvenciones excepcionales, cuya fiscalización es previa al pago y sería mucho más rigurosa.

Fue ese 12 de diciembre o al día siguiente cuando las partes tuvieron acceso al mismo, pero en autos dictados por la juez y en interrogatorios realizados semanas y hasta meses antes de esa fecha la instructora incluía párrafos textuales del informe de la IGAE o formulaba a los imputados preguntas muy técnicas que parecían inspiradas en el dossier pericial de los interventores del Estado. Ese dossier lo habría tenido en su poder Alaya, pero no los imputados, que lo desconocían en el momento de someterse al interrogatorio de la juez, lo que a su vez habría limitado gravemente su derecho de defensa.

No sería ésta, en todo caso, la primera vez que la juez habría sucumbido a la tentación de no entregar a su debido tiempo a las partes documentos, investigaciones o declaraciones cruciales para la defensa de los imputados. Las acusaciones a la juez de ocultar información relevante se han repetido en los últimos meses, hasta el punto de haber merecido esa actitud un fuerte reproche de la Audiencia de Sevilla.

VERBOS Y ADJETIVOS BAJO SOSPECHA

He aquí algunas de las coincidencias literales entre los autos judiciales y el informe de la IGAE. En el segundo auto de imputación de la exconsejera Magdalena Álvarez, de fecha 31 de octubre de 2013, escribe Alaya: “La elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto (…) constituye un minucioso y dilatado procedimiento…” (folio 53.306 del sumario). A su vez, en la página 201 del informe de la Intervención, de fecha 12 de diciembre de 2014, se dice: “La elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto anual constituye un dilatado y minucioso proceso…”.

En otro momento de ese auto, recogido en la página 53.313 del sumario, la magistrada escribe: “Si el Ejecutivo andaluz pretendía realizar una política de subvenciones sociolaborales y para las empresas en crisis, las normas presupuestarias exigían y exigen que ello quedara sin lugar a dudas contemplado en los estados de gastos del Proyecto de Presupuesto de la Consejería de Empleo…”. A su vez, en la página 39 del informe de la IGAE se escribe textualmente: “Por tanto, si el Ejecutivo andaluz pretendía realizar una política de concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis, las normas presupuestarias exigían, y exigen, que así lo reflejara…”.

Igualmente, en la transcripción del interrogatorio y declaración de Magdalena Álvarez del 8 de octubre de 2013 puede leerse (página 50.875 del sumario): “Sólo era necesario comprobar la existencia de crédito suficiente y adecuado”, mientras que en la página 45 del informe de la Intervención, fechado dos meses y cuatro días después, puede leerse: “Sólo requiere la existencia de crédito adecuado y suficiente”. De nuevo lo único que cambia es el orden de los adjetivos.

En una fecha todavía anterior como el 19 de septiembre de 2013, en que declaró ante la juez el exdirector general de Presupuestos Antonio Lozano, también se aprecian indicios de que ya la jueza –pero aún no las partes- tendría en su poder el informe de la IGAE. En el auto que recoge la declaración y cargos a Lozano (página 49.525 del sumario) puede leerse: “Con ello se evitaba que en el presupuesto de explotación del IFA aparecieran altos beneficios haciendo imposible teóricamente el uso de transferencias de financiación”. En la página 58 del informe de la IGAE lo que se dice es esto: “…si IFA-IDEA no hubiera aumentado indebidamente sus gastos previstos, su presupuesto de explotación hubiera arrojado un elevado beneficio, lo que hubiera impedido a la Consejería de Empleo reflejar la transferencia de financiación…”.

UN PERITAJE PUESTO EN CUESTIÓN

El contenido del informe de la IGAE fue adelantado por el redactor de Diario de Sevilla Jorge Muñoz el 14 de diciembre. Un día antes la juez sufría un fuerte varapalo de la Audiencia de Sevilla, que anulaba su primer y controvertido auto de preimputación de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El PSOE cuestionó entonces con acritud que la jueza encargara a la Intervención General del Estado el peritaje sobre la concesión de las ayudas sociolaborales.

“Uno puede pensar que es extraño que se encargue el peritaje a la Administración del Estado, y que el informe salga un día después de la anulación por la Audiencia de Sevilla del auto de la juez en el que preimputó a dos expresidentes y cinco exconsejeros”, declaró en aquellas fechas el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo. “Se pide [un peritaje] a una administración que en sus procedimientos y su forma de actuar no tiene nada que ver con otra administración, que es la Junta, y existiendo organismos e instituciones andaluzas que sí son conocedoras de todos los procedimientos y del funcionamiento de la Administración de la Junta”, recalcó el número dos socialista.

Hasta ahora ha habido al menos tres situaciones en las que las defensas han acusado a la jueza de ocultarles información relevante. El pasado 27 de junio la Audiencia de Sevilla advertía a Alaya en un auto de las consecuencias de no haber facilitado a las defensas determinadas declaraciones de ex altos cargos ante la Guardia Civil. El auto de la Sección Séptima instaba a la instructora a incorporar “de forma inmediata” al sumario 13 declaraciones que seguían en poder de la Guardia Civil. La advertencia de la Audiencia era contundente: “No solo incumple el principio de la publicidad de la instrucción para las partes al no estar declaradas secretas las actuaciones, sino que también puede conculcar el derecho de defensa de los imputados”.

OTRAS ACUSACIONES DE OCULTACIÓN

Y el viernes pasado, 18 de julio, tres exdirectores generales de Trabajo, que se acogieron a su derecho a no declarar, volvían a denunciar “la ocultación dilatada, y quizás deliberada” de “importante” material de la investigación. Los abogados se quejaban de que faltaban en la causa los atestados realizados por la Guardia Civil sobre la investigación de las dos empresas por las cuales sus defendidos habían sido llamados a declarar. El escrito de queja de la defensa del exdirector general de Empleo Daniel Rivera no se andaba con cortesías procesales y calificaba de “violación de los derechos constitucionales” esa ocultación, mientras que el defensor de su antecesor y principal imputado del caso, Francisco Javier Guerrero, hablaba de “una especie de secreto sumarial encubierto” que les hacía “sentirse indefensos”.

En noviembre pasado ya hubo otro incidente procesal parecido. El letrado José María Mohedano, defensor de los exdirectores generales de Presupuestos Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, desvelaba en un escrito que Alaya había mantenido en secreto durante 14 meses un informe técnico aportado a la Guardia Civil por el interventor de la Consejería de Empleo, Juan Luque, el 5 de julio de 2012, fecha en que fue llamado a declarar como testigo por el instituto armado.

Mohedano sostenía en su escrito ante la jueza, en el que solicitaba la nulidad de las actuaciones, que ese informe de julio de 2012 -elaborado por Luque y tres interventores más- fue incorporado a la causa el 30 de septiembre de 2013 y que las partes no lo conocieron hasta que les fue notificado por la juez en un auto del 15 de octubre. El núcleo argumental de dicho informe era un torpedo en la línea de flotación de la tesis central de Alaya al sostener que se hizo, sí, un uso impropio pero en ningún caso ilegal de las transferencias de financiación al pagar con ellas las ayudas sociolaborales.

http://www.andalucesdiario.es/politica/autos-de-alaya-muy-anteriores-al-informe-de-la-intervencion-del-estado-contienen-parrafos-del-mismo/

LA AUDIENCIA AVISA A ALAYA DE QUE PUEDE HABER CONCULCADO EL DERECHO DE DEFENSA

Los jueces exigen a la instructora del 'caso ERE' que incluya de forma "inmediata" 13 declaraciones en el sumario

La Audiencia de Sevilla ha advertido a la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, de que puede haber conculcado el derecho de defensa de varios imputados al negarles acceso a unas declaraciones clave incluidas en la causa. Los jueces exigen a Alaya en un auto que incorpore al sumario “de forma inmediata” 13 declaraciones de ex altos cargos de la agencia pública Idea y funcionarios de la Junta que posee la Guardia Civil. “No solo incumple el principio de la publicidad de la instrucción para las partes al no estar declaradas secretas las actuaciones, sino que también puede conculcar el derecho de defensa de los imputados”, reza el auto.

El contenido de esas declaraciones prestadas en sede judicial pudieran ser “de sumo interés para las defensas de los imputados” ya que tras conocer su contenido podrían solicitar nuevas diligencias “para contrarrestar los posibles indicios (...) que pudieran pesar sobre los ya imputados”, se lee.

El tribunal cree que se incumple el principio de publicidad
Los jueces de la Sección Séptima de la Audiencia muestran además su extrañeza por lo que consideran “la contradicción en la que ha incurrido” la juez puesto que en un auto de noviembre de 2013 ordenaba que se remitiese a la Guardia Civil las declaraciones que tuviera, mientras que en este auto recurrido de febrero de 2014 justifica la remisión de dos de las 15 declaraciones realizadas “bajo el argumento de que su incorporación no es necesaria hasta que se culmine el atestado que la Guardia Civil está confeccionando desde 2012”.

El tribunal ha estimado en este auto un recurso presentado por las defensas de los ex directores generales de Presupuesto imputados en el caso Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, que se negaron a declarar el pasado mayo después de haber sido imputados en dos ocasiones por cuestionar la competencia de Alaya, que les achaca un papel destacado en el diseño presupuestario de los ERE con un procedimiento que la magistrada considera ilegal. A este recurso se sumaron también los ex altos cargos Pablo Millán y Juan Vela.

Uno de los abogados que han presentado el texto, José María Mohedano, consideró este viernes que este auto cambia transversalmente toda la instrucción. “Le dije a la juez hace 15 días que estaba ocultando información y este auto responde a mi consideración. En esta instrucción está habiendo dos juicios paralelos, el de la juez y el de la Guardia Civil y en numerosas ocasiones no todos tenemos la misma información que maneja ella”, reclama el abogado. “La instrucción puede caer en vicio de nulidad porque se está instruyendo de esta manera desde el principio hasta el final”, considera Mohedado.

El tribunal recuerda en el texto cómo debe proceder la Policía Judicial en las actuaciones. “En las funciones de investigación penal, la Policía Judicial actuará bajo la dirección de los juzgados y tribunales y del ministerio fiscal” y “en ningún caso, salvo el de fuerza mayor, los funcionarios de la Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de 24 horas sin dar conocimiento a la Autoridad Judicial o al ministerio fiscal de las diligencias que hubieren practicado”, se lee en el texto.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/27/andalucia/1403876300_605921.html

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO VATICINA QUE EL ‘CASO ERE’ SE DISOLVERÁ COMO UN AZUCARILLO

El Catedrático de Derecho Constitucional convencido de que el caso "va a desmembrarse" cuando llegue al Supremo o al TSJA

Tras el toque de atención de la Audiencia de Sevilla a la juez Alaya por no poner a disposición de las defensas de los imputados determinadas declaraciones, lo que podría provocar indefensión según el órgano colegiado de los jueces, ahora es el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, quien más que pegarle un tirón de orejas a la instrucción de la magistrada, desarma totalmente sus tesis y vaticina que fracasará en su intento de imputar a buena parte de los responsables políticos.

El caso “se disolverá como un azucarillo”

Con una claridad meridiana el Catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Consultivo de Andalucía ha dejado claro que tiene la “intuición” de que cuando el caso de los ERE fraudulentos vaya al Tribunal Supremo y al TSJA “se disolverá como un azucarillo”, y ha rechazado la teoría del “contubernio” por parte de los aforados. En una entrevista con Efe, Cano Bueso ha cuestionado la “dilación” en la instrucción de este caso por parte de la juez Mercedes Alaya y se ha mostrado convencido de que el caso “va a desmembrarse” cuando llegue a las instancias superiores.

Debería de haber ido hace tiempo al Supremo

“Tengo la intuición de que cuando el procedimiento vaya a donde debía de haber ido hace tiempo (en referencia al Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) se va disolver como un azucarillo, se va a quedar en mucho menos de lo que parece”, ha manifestado.

“No se podrá acreditar la comisión de ningún delito”

Cano Bueso, que preside el Consejo Consultivo desde 2002, ha explicado que conoce a la mayoría de los políticos implicados, lo que le ha llevado a sostener: “Estoy absolutamente convencido de que jamás se le hubiera pasado por la cabeza, ni se les pasará, hacer un contubernio para delinquir”. Cree que ese dolo es difícil de acreditar en el caso de los políticos y en consecuencia “no se podrá acreditar la comisión de ningún delito”.

Intrusos y los que se han llevado dinero “son otra cosa”

En lo que se refiere a los aforados, como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, o los distintos exconsejeros, “esto puede quedar en comportamientos administrativos irregulares en la mayoría de ellos”, según Cano Bueso. Otra cosa, ha dicho, será el destino de los que “han metido la mano, de los que se han llevado el dinero o los intrusos en los ERE, que son comportamientos penales”.

Se quedará en Guerrero y en algún diputado
Aún así, ha insistido en que el “armazón que ha hecho famosa esta causa, que es la imputación o preimputación de dos expresidentes y algunos diputados, quedara en muchísimo menos”. “Podría quedarse en el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y a lo mejor en algún diputado, pero no los expresidentes ni los exconsejeros, y de ninguna manera los exdirectores generales de presupuestos”, ha señalado.

Causa general
Sobre la instrucción del procedimiento, cree que la “lentitud” está justificada por la exhaustividad de las investigaciones, pero ha afirmado también que “no es una dilación absolutamente justificada” y ha añadido que la “frontera entre la irregularidad administrativa y el ilícito penal en este procedimiento se está saltando con mucha rapidez” “Creo que para subsumir una conducta en el Código Penal hay que acreditar una actitud dolosa”, ha apostillado. De hecho, Cano Bueso ha indicado que la instrucción responde a “una especie de causa general para examinarlo todo y ver si buscando se encuentra”.

Instrucción, “ejemplo paradigmático de lentitud”
Sobre la forma de instruir de la juez Mercedes Alaya ha interpretado que es un “ejemplo paradigmático de lentitud”, para recordar a continuación que “cuando la justicia es lenta al final las resoluciones no son justas porque no se adecúan a las situaciones que se examinan”.

http://www.elplural.com/2014/06/28/el-presidente-del-consultivo-intuye-que-el-caso-ere-se-disolvera-como-un-azucarillo/

ALAYA, LA JUEZ INDOMABLE

Dirige desde hace tres años la instrucción del caso de los ERE en Andalucía. Una macrocausa que ha despertado las críticas de abogados, fiscales y de la Audiencia Provincial de Sevilla. Frente a ellos, el silencio de la juez Mercedes Alaya no ha hecho más que alimentar su leyenda. EVA LAMARCA habla por primera vez con su círculo más íntimo y descubre las dos caras de la magistrada: la que manda con mano dura en la sala y la que necesita la seguridad y el refugio de su marido. Desvelamos la vida, marcada por la tragedia, de esta mujer de clase alta que no ha dudado en imputar a sus amigos y piensa a menudo en tirar la toalla.

Desde que la juez de instrucción Mercedes Alaya (Sevilla, 1963) se hiciera cargo, hace tres años, de los casos Betis, Mercasevilla y ERE, que investiga la posible malversación millonaria de fondos públicos desde la Junta de Andalucía a empresarios, sindicatos, antiguos cargos del PSOE, bufetes de abogados y consultoras, la magistrada se ha convertido en el punto de mira de la prensa. Su silencio ha servido para alimentar su leyenda.

Por primera vez sus amigos más íntimos han hablado para trazar el perfil de la magistrada. También lo han hecho sus enemigos.

Descubrimos así que Mercedes Alaya era una niña estudiosa y perfeccionista que, embarazada de su primera hija, logró aprobar en nueve meses las oposiciones a juez: “Es sin duda la alumna con mejor memoria que he tenido en mi vida —nos relata su preparador, el exfiscal Antonio Ocaña—. Una chica con una vocación extraordinaria. Provenía de una familia rica, podría haber elegido cualquier otra profesión más tranquila. Sin embargo, tenía claro que quería ser juez".

De familia adinerada, la vida de Alaya está marcada por la tragedia. Su padre murió cuando ella tenía 15 años y su único hermano falleció con 34. Aquello lo revolucionó todo. Nunca había querido más niños, pero se sintió tan sola, aseguran, que decidió tener una familia numerosa: nacieron otros dos. Y estaba a punto de viajar a China para adoptar una niña, cuando llegó su cuarto hijo.

Los amigos de Alaya nos descubren las dos caras de esta juez firme que manda contundente en la sala (“Me está usted mintiendo descaradamente”; “Colabore... de una puñetera vez”; “Deje de hacer teatro”) y la que no va a ningún acto social sin su esposo. “En casa quien manda soy yo”, explica Jorge Castro, su marido. “Yo no podría estar al lado de una mujer que me dominara”, dice. Cuentan que, aunque él le anima a no hacerlo, “ha pensado varias veces en tirar la toalla. Abandonar la magistratura. Quizá lo haga cuando termine este proceso”. Las presiones son muchas.

Con este cóctel que estructura su biografía, la juez se enfrenta hoy al caso más importante de corrupción que ha vivido Andalucía. Los fiscales y abogados están en pie de guerra contra Alaya. Incluso se han reunido porque quieren adoptar alguna medida conjunta para frenar lo que consideran es “un abuso de poder excesivo”. Desde su punto de vista, la juez fuerza los límites de su función instructora. En el entorno de Alaya reconocen que las reprobaciones de sus compañeros son lo que peor lleva. “Con lo que estoy trabajando, ¿por qué tengo también que luchar contra ellos?”.

“Tiene un sentido de la instrucción preconstitucional e inquisitorial, donde no se respetan las garantías de la defensa de los investigados. Alaya padece garzónpatía; un síndrome de la instrucción; no quiere soltar el proceso, porque favorece su protagonismo público”, explica uno de los letrados del caso. “En 30 años de profesión jamás he asistido a un trato tan insólito por parte de un juez. Es despectiva y prepotente”, dice Juan Pedro Cosano, otro de ellos.

Frente a las críticas que tanto el PSOE e IU mantienen de que existe una coincidencia entre sus autos y los procesos electorales, sus amigos responden: Sus íntimos contraatacan al unísono: “Mercedes ha votado a todo: PSOE, PP, incluso UPyD, pero desde que investiga temas políticos, no vota. Dice que con lo que sabe, no puede votar. Es apolítica”. Y añaden: “¿No le parece una muestra de su independencia que haya imputado a amigos y conocidos suyos y de su marido?”.

http://www.revistavanityfair.es/articulos/anne-hidalgo-la-alcaldesa-espanola-de-paris/19143

CRONOLOGÍA POLÍTICA DEL ‘CASO ERE’

La imputación de la cúpula de IDEA reaviva entre los partidos la hipótesis de que existe “una coincidencia” entre los autos de la magistrada y las elecciones

La vida política andaluza ha ido de la mano en los últimos tres años del caso de los ERE. Desde 2011, no sólo las decisiones tomadas en el palacio de San Telmo han marcado la actualidad, sino también las del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Incluso, eclipsando las primeras. En este periodo, la actuación de Mercedes Alaya no ha estado exenta de críticas, entre ellas, a ese particular paralelismo entre su instrucción y la vida política. Un debate que esta semana ha vuelto a cobrar fuerza. La imputación de la cúpula de la Agencia IDEA, en plena campaña de las elecciones europeas, ha reavivado la hipótesis del PSOE e IU de que existe “una coincidencia” entre los autos de Alaya y los procesos electorales. “Es una evidencia, cojan las hemerotecas y verán la coincidencia a partir de 2011 con las elecciones municipales”, mantiene el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo.

Estos más de tres años de instrucción han convivido con un calendario político apretado. La comunidad ha vivido cuatro convocatorias electorales (municipales, generales, autonómicas y el que finaliza el 25 de mayo) y el relevo en el Gobierno tras la dimisión de José Antonio Griñán. Y según mantienen IU y el PSOE —este último más cauto tras las directrices de Susana Díaz de intentar mantenerse al margen de la instrucción—, la sombra de la juez ha estado “muy presente” en ellos. “Alaya es experta en marcar los tiempos políticos”, defiende el coordinador general de IU, Antonio Maíllo. “Tiene un cierto olfato de oportunidad”, agrega el portavoz de IU en el Congreso, José Luis Centella. El PP, por su parte, se limita a mostrar su respeto a la Justicia. “No respetar la separación de poderes es no entender y no respetar democracia”, afirma la secretaria general del PP, Dolores López Gabarro. Para entender la polémica, la siguiente cronología detalla las principales actuaciones de Alaya enmarcadas en el calendario político.

Mayo de 2011 (Elecciones municipales). A tan solo cinco días de los comicios, la juez emite un auto en el que señala que los ERE se tramitaron de forma “inaudita e impropia” y exige a la Junta una copia de los documentos “auténticos”. Dos días después, cita al entonces candidato de IU a la alcaldía de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, para declarar como imputado en el caso Mercasevilla. También llama al exgerente de Urbanismo Manuel Marchena, 15 meses después de imputarle.

Octubre de 2011. Alaya pregunta a la Junta si el método para las ayudas a empresas fue seguido por otras tres consejerías.

Noviembre de 2011 (Elecciones generales). Tras avisar que la investigación va por el “último escalón de la pirámide”, la magistrada señala por primera vez al presidente José Antonio Griñán. Alaya pide información sobre las operaciones de endeudamiento de más de 1,2 millones autorizadas por Griñán durante su etapa al frente de la Consejería de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009. La juez reclama a la Administración los documentos íntegros de los ERE.

Enero de 2012. La magistrada imputa al primer alto cargo de la Junta: el director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera. También acusa a su antecesor, Juan Márquez.

Febrero de 2012. La juez acusa a la Junta de alterar 480 actas de los Consejos de Gobierno entre 2001 y 2010.

Marzo de 2012 (Elecciones autonómicas). La declaración del ex director general de Trabajo y principal imputado en el caso, Javier Guerrero, marca el inicio de la campaña de las elecciones andaluzas, las primeras para el entonces presidente de la Junta José Antonio Griñán —quien llegó al cargo tras la marcha de Manuel Chaves—. La declaración de Guerrero se esperaba con expectación. Y no defraudó. El imputado aseguró ante Alaya que la cúpula del Gobierno andaluz conocía “perfectamente” el sistema de ayudas que la magistrada considera ilegal. La juez ordena el ingreso en prisión de Guerrero por el riesgo de fuga y le impone una fianza civil de 686 millones de euros. Cinco días antes de las elecciones, declara ante Alaya el exchófer de Guerrero. Además de dar nuevos nombres, Juan Francisco Trujillo desvela que parte del dinero de las ayudas se gastaba en fiestas y cocaína.

Abril de 2012. La magistrada ordena el ingreso en prisión sin fianza del exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Marzo de 2013. La Operación Heracles de la Guardia Civil, a las órdenes de Alaya, suma al caso 20 nuevos detenidos, entre ellos Javier Guerrero; nueve citaciones judiciales de imputados y 13 registros. Días después, Alaya acusa a CC OO y UGT de haber cobrado 4,2 millones en “sobrecomisiones”.

Julio de 2013 (Primarias socialistas). Solo cuatro horas antes de que el comité director del PSOE aprobara la convocatoria para las elecciones primarias, Alaya imputa a la exconsejera andaluza y exministra Magdalena Álvarez, así como a 19 ex altos cargos de la Administración andaluza —entre ellos, el ex interventor general Manuel Gómez—. La juez justifica este paso en que “ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas” —los responsables políticos que permitieron “el uso indebido” de fondos públicos—.

Septiembre de 2013 (Nuevo Gobierno en la Junta). Alaya dicta un auto en el que señala a los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a cinco exconsejeros, todos ellos aforados. La juez crea así un nuevo término: la preimputación. El auto se difunde el mismo día en el que el Gobierno de Susana Díaz toma posesión. La noticia eclipsa el acto. La juez reconoce que “no puede realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputación o inculpación” y que con su decisión se limita a comunicarles “la existencia” del procedimiento judicial “a fin de que puedan personarse en la causa si ese fuera su interés”. Alaya cree que podrían haber incurrido en los delitos de “prevaricación y malversación entre otros”, sin precisar más.

Octubre de 2013. La magistrada cerca a los sindicatos en otra redada por los ERE. La segunda fase de la Operación Heracles se salda con una decena de detenidos.

Noviembre de 2013. Alaya amplía la investigación a todas las consejerías de la Junta.

Marzo de 2014. La juez da un paso más en el caso y pone el foco en el Parlamento andaluz. La magistrada busca aclarar si los diputados que formaron la Comisión de Economía y Hacienda debatieron sobre el fondo de los ERE, ya que año tras año la partida fue incluida en los Presupuestos del Ejecutivo

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/17/andalucia/1400326115_416046.html

ALAYA SORTEA A LOS AFORADOS EN LA IMPUTACIÓN DE LA CÚPULA DE IDEA

La instructora del caso de los ERE evita acusar a Viera, Ávila, Martínez Aguayo y Vallejo

La magistrada alega que necesita más información

Mercedes Alaya, instructora del fraude de los ERE de Andalucía, ha vuelto a realizar un viaje al pasado zigzagueante para dejar al margen a los aforados, un regate que le permite mantener en sus manos todo el caso. En un auto fechado el martes, imputa a los miembros del consejo rector de Idea entre 2001 y 2008. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) es el ente de la Junta a través del que se concedían las ayudas a empresas que la magistrada considera ilegales. En total, Alaya ha imputado a 25 personas, contando también a los directores financieros de Idea. Figuran, entre otros, el presidente de Unicaja, Braulio Medel, y el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón. A todos los señalados les imputa los delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial por aprobar la concesión de ayudas a empresas y por el “falseamiento” de las cuentas de esta agencia pública.

Pero en el exhaustivo recorrido que la juez hace por las 32 actas de las reuniones del consejo de la agencia entre 2001 y 2008, Alaya evita imputar a cuatro relevantes miembros de este órgano durante esa etapa. Todos son diputados —ya sea del Congreso o del Parlamento andaluz— y, por lo tanto, aforados a los que no podría investigar. Son los dos expresidentes de Idea José Antonio Viera y Francisco Vallejo y los antiguos vocales del consejo Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo, estos últimos también exconsejeros de la Junta.

Consciente de que está sorteando a los miembros del consejo que gozan de fuero, Alaya da algunas explicaciones en su auto, que firmó el 13 de mayo. Según interpreta, las declaraciones de los nuevos imputados —previstas todas para la próxima semana— podrán servir para “concretar la participación de determinados aforados que pertenecían al consejo rector”. Añade que para poder determinar su responsabilidad es “indispensable” el informe que la Guardia Civil realiza “en la actualidad” sobre el funcionamiento de Idea y de la Consejería de Innovación, de la que dependía este ente. En otro apartado de su escrito, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla abunda en la misma línea argumental: sostiene que se necesitan practicar “diligencias indispensables” para “profundizar en la investigación sobre el funcionamiento del consejo rector, las cuales indudablemente también estarían encaminadas a determinar e individualizar la conducta concreta y el grado de responsabilidad de algunos de los aforados señalados en el auto de fecha 18 de diciembre de 2013”. Alaya se refiere al escrito en el que preimputó a Viera, Vallejo, Ávila y Martínez Aguayo. También señaló a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves en el mismo auto.

La magistrada acusa a los cargos políticos, todos miembros del PSOE, de conocer y participar en la elaboración del sistema de ayudas sociolaborales entre 2000 y 2010 que considera ilegal. Alaya entiende que tras el modelo de reparto de fondos —a través de transferencias de financiación— había una decisión política, de ahí que señale a la cúpula de la Junta.

Pero la magistrada da ahora un paso más al imputar también al consejo rector de Idea, la agencia a través de la que se pagaban esas ayudas a empresas. Ya no solo figuran en el listado de sospechosos los representantes políticos, también miembros del sector financiero, como Medel y Bueno Lidón. Aparecen, además, ejecutivos de empresas, como José Domínguez Abascal, antiguo secretario general de Universidades de la Junta y que hoy trabaja para Abengoa. También están imputados Joaquín Moya-Angeler Cabrera, presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, y Felipe Romera Lubias, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía.

El caso de Medel, presidente de Unicaja desde 1991, es llamativo. Alaya reconoce que, en siete años, solo asistió a tres reuniones en las que se aprobaron ayudas a empresas. En el resto de ocasiones delegó su voto. Pero estas ausencias no implican para la magistrada una rebaja en la culpa. “Cabe inferir que su actuación por delegación sería cómoda y buscada a propósito”, opina la juez.

El resto de miembros del consejo rector de Idea imputados son o han sido altos cargos de distintas consejerías del Ejecutivo andaluz. Representantes de los “centros neurálgicos de poder de la Junta”, así los llama la magistrada en su auto. Entre estos últimos destaca el director del Gabinete Jurídico del Gobierno autónomo, Francisco del Río Muñoz.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/15/andalucia/1400179868_903780.html?rel=rosEP

LA AUDIENCIA RESPALDA A ALAYA Y MANTIENE LA IMPUTACIÓN DE MAGDALENA ÁLVAREZ

Los jueces apoyan que hay indicios de delitos de malversación y prevaricación

La Audiencia de Sevilla ha respaldado la imputación de la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra Magdalena Álvarez decretada por la juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE el pasado 31 de octubre. De este modo, los jueces apoyan los indicios de delitos de malversación y prevaricación argumentados por Alaya contra la que fue consejera de Hacienda andaluza, y que ha resultado imputada junto a otros 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía y otros siete cargos aforados que han sido preimputados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La decisión de la Audiencia supone un paso decisivo en la instrucción, ya que apoya sin apenas fisuras la investigación de Alaya, que cuestiona la actuación de la Junta de Andalucía durante una década. El auto de hoy da un respiro fundamental a la juez, que ha pedido tiempo para concretar sus tesis incriminatorias antes de elevar el caso al Tribunal Supremo, dado que ha señalado a siete cargos aforados. Ello a pesar de que la propia Audiencia apremió a Alaya a que se desprendiera del caso por considerar la investigación financiero-política había alcanzado el "límite máximo".

Los jueces responden así al recurso presentado por Álvarez después de su segunda imputación. En un principio, la exministra resultó imputada en junio, y posteriormente la Audiencia rectificó la decisión de la juez al pedirle que concretara sus indicios. Solo seis días después Alaya argumentó de manera más detallada la imputación de Álvarez, y ahora los jueces consideran que en el momento procesal actual los indicios son suficientes para mantenerle la imputación. Mientras la Audiencia se pronunciaba, la exministra acudió dos veces a declarar como imputada ante Alaya el pasado otoño.

“Ha actuado correctamente la magistrada huyendo de generalizaciones al detallar de forma precisa los hechos que atribuye a la sra. Álvarez”, subrayan los magistrados en su resolución. El auto destaca que “es innegable” el hecho de que la instrucción ha permitido detectar que “el uso desviado, por ilegal, de los fondos públicos quedó facilitado, y con ello desmesuradamente incrementado, merced a la instauración de las transferencias de financiación como método para dotar de dinero las partidas arbitrariamente administradas” por la Consejería de Empleo

Sobre el fondo de la batalla jurídica en el caso, en el que Alaya ve ilegales el método de pago de los ERE y la Junta defiende su legalidad al estar incluido en la Ley de Presupuestos año tras año, la Audiencia se pronuncia y admite como “razonable” el argumento de la Junta. Sin embargo, el respaldo a la tesis incriminatoria de Alaya es bastante rotundo: “No es irracional o arbitraria la hipótesis de entender que la técnica [método de pago con las transferencias de financiación] fuera introducida para propiciar lo que finalmente ocurrió”. Y a continuación añaden la pregunta: “¿Cómo puede entender si no que, pese a las alertas dadas [de la Intervención General] pudiera prolongarse sin control alguno durante unos 10 años un sistema tan peculiar provocador de una presunta malversación millonaria?”.

El auto subraya la “solidez” de “tan fundada sospecha” [la de Alaya] “suficiente para actuar”, ante la técnica de las transferencias de financiación para abandonar el “procedimiento adecuado” hasta que Álvarez instauró este nuevo sistema de pago cuestionado por Alaya. La Audiencia subraya la “especial gravedad de la presunta malversación” que achaca Alaya a Álvarez, un supuesto delito que prescribe a los 15 años, por lo que aún puede ser perseguible por la justicia. Los jueces sostienen que Alaya ha actuado de forma correcta al imputar a la exministra, en vez de citarla como testigo sobre los hechos investigados.

La Audiencia aún debe resolver el recurso de Álvarez contra la fianza de 29,5 millones impuesta por Alaya. Anticorrupción se adhirió al recurso de la exministra porque estimaba que no era posible detallar la cantidad de dinero que supuestamente se malversó durante su mandato como consejera de Hacienda.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/06/andalucia/1399377189_551144.html

LA FISCALÍA PRESIONA A ALAYA PARA QUE ENVÍE YA EL ‘CASO ERE’ AL SUPREMO

Anticorrupción apremia a la juez por segunda vez en solo 15 días

La Fiscalía Anticorrupción ha urgido de nuevo a la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, a que envíe al Tribunal Supremo la parte del sumario que afecta a los siete cargos aforados, los dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y cinco exconsejeros. Es la segunda petición que Anticorrupción presenta sobre el caso en menos de 15 días, motivada porque el próximo martes la juez tiene previsto tomar declaración a dos empresarios de la Sierra Norte sevillana cuyas ayudas la investigación vincula al diputado socialista a Cortes José Antonio Viera. Y los fiscales piden su suspensión y alertan de que antes la instructora debe responder a su petición para remitir la causa al alto tribunal.

“Esta fiscalía entendía y entiende ya agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero”, resalta Anticorrupción. Los fiscales piden a Alaya que “a la mayor brevedad” se desprenda de esta investigación, ya que no es competente. Además, la toma de declaraciones de los empresarios y exconcejales socialistas vinculados por indicios penales a Viera “causa un efecto dilatorio” negativo para la instrucción. Es decir, los empresarios y exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago, cuya declaración está prevista el martes, podrían tener que comparecer de nuevo ante el Supremo, lo cual retrasaría la instrucción de manera innecesaria.

Los fiscales recuerdan a Alaya dos escritos suyos anteriores (del 28 de marzo y 4 de abril) y le piden que en caso de ignorar su petición de elevar el caso al Supremo, al menos suspenda las declaraciones previstas la semana que viene porque han recurrido ante la Audiencia y las comparecencias podrían entrar en colisión con la decisión de los jueces si enviara el caso al Supremo.

El enfrentamiento entre la fiscalía y Alaya viene de lejos, pero se ha recrudecido en los últimos meses, especialmente desde que el pasado octubre la juez insistió en retener la causa después de que la Audiencia dictaminara que había alcanzado “el límite máximo” en su instrucción. La magistrada ignoró esta petición de sus superiores al alegar que la mayor parte del caso era “inescindible”. Y poco después confirmó la preimputación de los siete aforados tras los reparos de la Audiencia.

El último ejemplo sobre indicios de aforados provino hace tres semanas desde la Guardia Civil, que señaló a tres históricos diputados del PSOE andaluz en su atestado sobre la Sierra Norte sevillana: Viera (consejero de Empleo entre 2000 y 2004) y los diputados autonómicos José Caballos y Francisco Vallejo, cuya hipotética imputación debería ser remitida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En su último atestado, los investigadores resaltaban que Viera concedió ayudas públicas por 32 millones al grupo Matadero Sierra Morena para el que trabajó su hija Sonia Viera. En su informe, los agentes acusaban al diputado socialista de tener “relaciones e intereses, de ámbito personal quizás también por afinidades políticas” para concentrar el 61% de las subvenciones directas a empresas para toda Andalucía en la Sierra Norte de Sevilla, una pequeña comarca de 30.000 habitantes.

La petición de la fiscalía llega en unos días clave, cuando la Audiencia delibera sobre el recurso interpuesto por la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra Magdalena Álvarez, pero especialmente sobre si existen razones de peso para que Alaya mantenga la competencia del caso en la rama político-financiera que afecta a la anterior cúpula del Gobierno andaluz y sus cargos aforados.

En su recurso ante la Audiencia, la fiscalía estimaba idónea la división de la causa en más de 200 piezas separadas y tres bloques, uno para los ERE, otro para las sobrecomisiones y un tercero para analizar el procedimiento utilizado en el fondo de los ERE. A este recurso se ha unido hace 10 días la defensa de los exdirectores de Presupuestos de la Junta Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, que censura con dureza la decisión de Alaya. El abogado de los ex altos cargos, José María Mohedano, incide en que la juez ha incurrido en “incongruencia omisiva” al no haber contestado la petición del fiscal para remitir esa parte del sumario al Supremo en el auto correspondiente. “Lo que en los diplomáticos es signo de perspicacia (eludir respuestas incómodas) en el caso de los órganos judiciales es un vicio procesal”, ilustra el recurso. El letrado incide en que al evitar responder a la fiscalía, Alaya “frustra el derecho de la parte, integrado en la tutela judicial efectiva, a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión planteada”.

Mientras, la decisión está en manos de los tres jueces de la Audiencia que decidirán en breve al respecto.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/24/andalucia/1398339314_892470.html

ALAYA EMBARGA A MAGDALENA ÁLVAREZ SEIS INMUEBLES Y CINCO CUENTAS BANCARIAS

El juzgado de los ERE bloquea sus bienes para cubrir la fianza de 29,5 millones de euros

Seis días ha tardado el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en decretar el embargo de bienes contra Magdalena Álvarez, exministra, exconsejera andaluza y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La Audiencia Provincial resolvió el 6 de mayo que la imputación de Álvarez en el caso de los ERE decretada por la juez Mercedes Alaya era pertinente. Y la magistrada decidió este lunes ordenar el embargo contra la exministra para cubrir la fianza civil de 29,5 millones de euros que le había impuesto en marzo de este año.

Alaya embarga seis inmuebles. En cinco de los casos la exministra es propietaria del 50%. En total, se trata de cuatro viviendas (en Málaga, Benalmádena, Madrid y Sevilla), un local comercial en la capital de España y un sótano en Estepona. Además, a la vicepresidenta del BEI se le bloquean cinco cuentas bancarias, abiertas en el Banco Sabadell, La Caixa, Caja Laboral y en una entidad de Luxemburgo. La magistrada sevillana entiende que hay indicios de delitos de malversación y prevaricación en su actuación como consejera de Hacienda, entre 1994 y 2004.

Por otro lado, la juez ha ordenado investigar dos presuntas facturas falsas de las que se habría beneficiado el conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas. En un auto fechado el 9 de mayo, la juez ordena a la entidad Unicaja que le aporte la información sobre la persona que cobró un cheque de 57.000 euros emitido en 2008 por Mercasevilla. Según explica la magistrada en su escrito, las indagaciones de la Guardia Civil apuntan a que Lanzas habría creado un entramado para blanquear las comisiones a través de una gestoría, que habría empleado “la documentación y los datos fiscales de sus propios clientes, sin el conocimiento de estos”, para la “elaboración de facturación ficticia”. En esa hipótesis enmarca la juez la petición de información sobre el cheque emitido por Mercasevilla. Además, cita otro más, por valor de 40.000 euros, también firmado por el mercado sevillano.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/13/andalucia/1399979061_098852.html

LA AUDIENCIA ANULA LA IMPUTACIÓN DE DOS EXCARGOS DE LA JUNTA EN LOS ERE

Los jueces reclaman a Mercedes Alaya que concrete sus graves acusaciones

La Sección Séptima también revoca una fianza de 46,6 millones a uno de los implicados

La Audiencia de Sevilla ha anulado la imputación que impuso la juez Mercedes Alaya a los dos ex directores generales de Presupuestos de la Junta de Andalucía Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano en el caso ERE. Los superiores de la magistrada le piden que exponga con “mayor precisión” los hechos que atribuye a ambos, acusados en la rama política-financiera del caso desde el pasado junio. Es la segunda vez que la Audiencia reclama mayor concreción a Alaya, después de que anulara la primera imputación de la exministra Magdalena Álvarez pidiéndole a la magistrada indicios penales de más peso.

Esta parte de la investigación se refiere al sistema de pagos de los ERE, las transferencias de financiación por las que la Junta concedió subvenciones con cargo a una partida presupuestaria que, según la magistrada, carecía de control y favorecía la discrecionalidad. Alaya ha imputado en esta rama a Álvarez y a otros 19 altos cargos del Gobierno andaluz, además de señalar a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros, todos ellos cargos aforados.

La Audiencia puntualiza en su auto que la acusación de Alaya contra los dos exresponsables de las cuentas públicas andaluzas “se desprendería tan solo del dato objetivo de haber ostentado sucesivamente el cargo de director general de Presupuestos”. Ante esta falta de detalles, los jueces estiman que la imputación incumple la tutela judicial efectiva y de defensa, por lo que exigen a Alaya mayor concreción. “Falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación”, puntualiza la resolución de la Audiencia.

Los magistrados dan margen a la instructora para que se explique en un nuevo auto, pero alertan de que una decisión tan grave como la imputación de ambos ex altos cargos, que ha devenido en un embargo de bienes para Lozano tras una fianza civil de 46 millones, debe ser argumentada. Al igual que la imputación de ambos ex altos cargos, la Audiencia anula esta fianza civil “por coherencia procesal”.

El abogado de ambos exdirigentes socialistas, José María Mohedano, reclamó ante la Audiencia por sufrir “indefensión por la manifiesta falta de concreción de hechos y delitos”, y esta ha atendido su recurso. Eso sí, después del recurso de Álvarez contra Alaya por basarse en “sospechas infundadas y errores sustantivos”, la juez concretó sus tesis y ahora la Audiencia debe entrar al fondo del asunto para decidir si la rama político-financiera tiene el sustento penal necesario para mantener la imputación de los 20 cargos y siete aforados como supuestos responsables.

Mientras, tras la imputación del número dos de Industria de CC OO, José Luis Montesinos, al que Alaya acusa de haber incluido a una persona como intrusa, la central ha contestado que este caso “nada tiene que ver” con ningún ERE o empresa. Comisiones Obreras argumenta que la imputación se basa en una póliza de 12.000 euros como complemento a una pensión de viudedad de la esposa de un trabajador fallecido de Fiteqa, la federación que lideró anteriormente Montesinos. El sindicato ha criticado que la juez se “extralimita” en su actuación. Asimismo, UGT ha lamentado “las imprecisiones y errores” de Alaya, dado que la central cesó al sindicalista también imputado Manuel Morales en 2006, y la juez lo situó al frente actualmente de la federación del Metal en Jaén.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/22/andalucia/1398155889_642932.html

LOS VARAPALOS DEL TRIBUNAL PROVINCIAL EN LOS TRES AÑOS DE INVESTIGACIÓN DE LA JUEZ

Hasta en cinco ocasiones las resoluciones de Mercedes Alaya han quedado sin efecto

La Audiencia Provincial de Sevilla anuló ayer la imputación en el caso ERE de dos ex altos cargos de la Junta al no ajustarse a “las exigencias que el derecho a una tutela judicial efectiva y de defensa harían deseables en la llamada al proceso”. En estos tres años de investigación, este no ha sido el único varapalo que el tribunal provincial le ha dado a la instructora Mercedes Alaya.

» Diciembre de 2013. El tribunal deja sin efecto la resolución dictada por Alaya en septiembre, en la que preimputaba a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a cinco exconsejeros de la Junta. La Audiencia insta a la magistrada a redactar un nuevo escrito en el que concrete qué implicación les atribuye en el fraude. A la semana, Alaya difundía un nuevo auto.

» Octubre de 2013. La Audiencia anula la imputación de la exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Hacienda Magdalena Álvarez, al considerar que la acusación no está suficientemente argumentada. En su escrito, además, la Audiencia sugiere a la magistrada que se inhiba al considerar que ha agotado la instrucción.

» Abril de 2013. La Audiencia Provincial de Sevilla anula “por falta de motivación” el auto en el que Alaya ordenaba el bloqueo de una veintena de cuentas del conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT, Juan Lanzas, y de su cuñado Ismael Sierra. En julio, la juez vuelve a bloquear dichas cuentas.

» Julio de 2012. El tribunal decreta libertad bajo fianza de 450.000 euros para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien permanecía en prisión preventiva por orden de Alaya.

» Julio de 2011. La Audiencia ordena a la juez que devuelva al Ejecutivo andaluz todas las actas del Consejo de Gobierno que había reclamado para evitar que pudieran ser manipuladas. El tribunal considera que la medida no era “necesaria ni proporcional”, así como que tampoco estaba motivada.

http://politica.elpais.com/politica/2014/04/22/actualidad/1398196242_341087.html

LAS CORTES RECHAZAN UN AUTO DE ALAYA POR ESQUIVAR AL SUPREMO

La juez del caso ERE envía a la Guardia Civil al Congreso y al Senado

Desde que comenzó hace más de tres años, la instrucción del fraude de los ERE adquiere periódicamente tintes polémicos. La peculiar instrucción de la juez Mercedes Alaya le ha llevado a estar enfrentada con la Fiscalía Anticorrupción y con la mayoría de las defensas. Enfrentamientos que se han extendido a otras instituciones como el Ejecutivo autónomo y el Parlamento andaluz, que recientemente ha elevado una queja al Consejo General del Poder Judicial contra la magistrada después de que ordenase investigar qué conocimiento tenían los diputados de la Comisión de Hacienda del fondo de los ERE. Ahora el conflicto lo ha abierto Alaya con el Congreso de los Diputados y al Senado. La juez ordenó este lunes a agentes de la Guardia Civil que se personasen en las dos cámaras para que entregasen una resolución destinada a tres aforados del PSOE que están señalados en el caso. Se trata de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y del exconsejero José Antonio Viera.

Según fuentes parlamentarias, los agentes se personaron vestidos de paisano, aunque armados. En el caso del Congreso de los Diputados les recibió una letrada de la secretaría general, que custodia desde este lunes el sobre cerrado en el que está el auto de Alaya. Estas mismas fuentes precisaron que tanto el presidente del Congreso, Jesús Posada, como el del Senado, Pío García Escudero, ambos del Partido Popular, tienen previsto comunicar a la juez que cualquier notificación de este tipo solo puede realizarse a través del Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional que trata los casos de aforados en Cortes.

Estas fuentes precisaron que el asunto se debatirá este martes en la Mesa de la Cámara, pero que, en cualquier caso, la idea es atajar cualquier intento de la juez de dirigirse directamente a las Cortes.

Las fuentes consultadas no supieron precisar qué resolución pretendía notificar Alaya a los aforados al estar en un sobre cerrado que en ningún momento se abrió ni se va a abrir. Lo más probable es que la juez pretenda notificar a Chaves, Griñán y Viera el auto en el que les señaló en la causa de los ERE, que inicialmente fue tumbado por la Audiencia de Sevilla, pero que luego reformó para justificar su preimputación de los tres ex altos cargos de la Junta. En el auto inicial, la juez invitaba a los aforados señalados a personarse en la causa si querían ejercer su derecho a la defensa. Ninguno de los siete señalados por Alaya (los dos expresidentes y cinco exconsejeros) recogió el guante de la juez, que se resiste a enviar el caso al Supremo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/07/andalucia/1396901722_114387.htm

EL PARLAMENTO SE QUEJA ANTE EL PODER JUDICIAL POR LA INVESTIGACIÓN DE ALAYA

Los servicios jurídicos de la Cámara plantean denunciar a la juez ante el fiscal

A la instrucción de Mercedes Alaya le brotan las críticas. La Fiscalía Anticorrupción, al igual que la Audiencia Provincial de Sevilla, ha reclamado a la juez que envíe al Tribunal Supremo la parte del caso de los ERE fraudulentos que afecta a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos aforados y preimputados por Alaya. También se le ha solicitado que divida en piezas separadas su enorme instrucción. Una de las ramificaciones del caso (la legalidad del procedimiento con el que se daban las ayudas) apunta al Parlamento de Andalucía, en concreto, a la Comisión de Hacienda. Y el presidente de esta institución, Manuel Gracia, ha enviado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entender que la juez no respeta “el principio de separación de poderes” y la “inviolabilidad” de la Cámara.

Los servicios jurídicos del Parlamento han respaldado la queja de Gracia. Según ha avanzado la cadena SER, el informe elaborado por José Antonio Víboras, letrado mayor de la Cámara, sostiene que cabría "poner los hechos denunciados en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".

Desde el principio, Alaya cree que la Junta diseñó una estrategia para repartir el dinero sin control. De ahí que en sucesivos autos haya apuntado a la supuesta responsabilidad de distintos excargos del Gobierno autónomo. Dentro de esa línea de investigación se encuadrarían los dos autos de marzo de este año que han motivado la queja de Gracia. En dos escritos, uno del día 3 y otro del 13, la magistrada pedía a la Intervención General del Estado que investigara “qué pudo conocer” el Parlamento “sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales”.

En el último de esos autos, la juez matizó que “ni siquiera como hipótesis” se había planteado la existencia de responsabilidad del Parlamento, y acotaba las investigaciones a la Comisión de Hacienda. Gracia cree que con esa aclaración Alaya intentaba “salvar las evidentes dudas legales” de su anterior resolución.

El auto de 3 de marzo fue recurrido por la fiscalía, que argumentó que los diputados cuentan con un fuero especial, fijado por el Estatuto, que impide a la Intervención General del Estado investigar sus debates. En esta línea, el presidente de la Cámara ha indicado este miércoles que “un juez no puede investigar el trabajo del Parlamento en el marco de un procedimiento penal”. Lo que podría hacer, según Gracia, es consultar las resoluciones, leyes, mociones y documentos que pasan por la Cámara.

Gracia recuerda también que el Estatuto establece que “el Parlamento de Andalucía es inviolable”, es decir, que este tipo de instituciones no pueden ser “interferidas” ni “coaccionadas”. El presidente ha hecho suyas las conclusiones de Víboras y afirma que Alaya arroja “inconscientemente una sombra de sospecha sobre las instituciones”. Algo que, “en un momento de crisis política”, no puede “aceptarse que jueces y tribunales que deben estar al servicio de la legalidad la pongan en cuestión”. La queja ha llegado este miércoles al CGPJ. El magistrado Antonio Fonseca se encargará del caso.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/02/andalucia/1396448838_332811.html?rel=rosEP

LA JUEZ ALAYA DESOYE AL FISCAL Y RETIENE EL CASO DE LOS ERE

La magistrada argumenta que aún quedan pruebas relevantes por llegar a su juzgado

La juez Mercedes Alaya se opone a dividir el caso de los ERE y remitir la parte que salpica a los aforados al Tribunal Supremo. En un auto conocido ayer, la magistrada justifica su decisión de retener la causa en que quedan pruebas relevantes por llegar y en que la investigación es ahora inescindible por la conexión que hay entre las diferentes vías de investigación.

Alaya da así un portazo a la petición que hizo la pasada semana Anticorrupción, una medida con la que pretendía ordenar la macrocausa. La propuesta de los fiscales pasaba por dividir la causa en tres partes bien diferenciadas. Una, relativa al procedimiento administrativo con el que se daban las ayudas, que debía ser enviada al Tribunal Supremo por afectar a aforados como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros. Una segunda parte destinada a analizar las sobrecomisiones que se pagaron por los ERE. Y en tercer lugar, sugerían hacer una pieza separada por cada expediente que se hizo para dar ayudas a empresas (lo que daría lugar a decenas de piezas).

Alaya rechaza esta propuesta de los fiscales, que ve extemporánea, por razones procesales y porque faltan informes por llegar a sus manos. La juez subraya la conexión que hay entre las diferentes líneas de investigación abiertas y aboga por mantener la unidad de la causa para evitar en el futuro hipotéticas sentencias contradictorias.

La negativa de la magistrada supone un nuevo choque con los fiscales Anticorrupción, que a lo largo de la investigación han dejado entrever en varias ocasiones su malestar con la forma de instruir de Alaya. Los fiscales tuvieron la semana pasada el respaldo del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien subrayó que “ha llegado la hora” de que el caso de los ERE se parcele para poder avanzar en una investigación que supera ya los tres años y acumula unos 150 imputados.

Entre la documentación pendiente, Alaya cita el atestado de la Guardia Civil sobre las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, que ya está en el juzgado; atestados sobre la agencia Idea (a través de la cual se pagaban las ayudas de los ERE) y la Consejería de Innovación sobre el procedimiento de pago las ayudas; informes de la Intervención del Estado sobre la Comisión de Hacienda del Parlamento y un documento sobre las sobrecomisiones de la Dirección General de Seguros.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/07/andalucia/1396868049_049840.html?rel=rosEP

LAS CLAVES DEL ESCRITO DE LOS FISCALES

El texto resume el caso de los ERE para argumentar la necesidad de separarlo y elevarlo

La Fiscalía Anticorrupción resume en su escrito el caso de los ERE desde su origen para argumentar su petición.

• Intrusos. El origen del caso fue la detección de beneficiarios de pólizas sin vinculación laboral con la empresa ayudada con fondos públicos.

• Procedimiento. Un nuevo avance en la instrucción puso de manifiesto que la utilización para la concesión de ayudas de “procedimiento específico” en manos de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y que pagaba el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, posteriormente IDEA) sin “fiscalización previa de la Intervención”. Los fondos públicos consignados en los Presupuestos —partidas 22 E, 31L— se ponían “a disposición del IFA/IDEA a través de las transferencias de financiación, un instrumento previsto en la normativa con un régimen de intervención y aprobación propio”.

• Responsabilidad. La Dirección General de Trabajo alteraba el destino acordado por el IFA/IDEA dando instrucciones directas a compañías de seguros, mediadoras y otras sociedades para que pagase compromisos de la Dirección General.

• Hechos con apariencia delictiva:

—Los denominados intrusos.

—La propia ayuda socio laboral sin sujeción al procedimiento legalmente establecido que, paralelamente, permitió el "enriquecimiento" de empresas beneficiadas mediante el ahorro en plantilla, venta de participaciones, suelo y otras fórmulas.

—Las ayudas a empresas con diferentes finalidad, beneficiarios y zonas geográficas, pero todas "con el más absoluto desconocimiento del procedimiento legalmente establecido, la arbitrariedad en su concesión y pago y permitiendo en algunos casos que los fondos públicos terminasen, indiciariamente, a disposición de los cargos públicos que lo gestionaban o en círculos próximos a los mismos"

—El enriquecimiento presuntamente ilícito de las empresas, despachos, mediadores y agentes que han intervenido en la gestión de las ayudas a través de las denominadas sobrecomisiones.

• Alcance. Según la Fiscalización de la Cámara de Cuentas:

—Ayudas sociolaborales para prejubilación: 126 expedientes, 582.189.272 euros pagados

—Ayudas a empresas y otros: 275 expedientes, 127.761.211 euros.

• Calificación. Los hechos pudiesen ser constitutivos de delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad.

• Propuesta.

—Formación de piezas separadas para el enjuiciamiento, de acuerdo a al artículo 762 6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y dados el elevado número de expedientes , la extensión y complejidad de los mismos, el importante número de imputaciones que se deriven y la necesidad de recuperar los fondos públicos:

Pieza con cada expediente de ayuda sociolaboral o de ayuda directa a empresa

Pieza con los casos de sobrecomisiones.

Pieza sobre el “procedimiento específico”.

—“Esta Fiscalía entiende ya agotada la investigación en esta sede judicial contra las personas que gozan de fuero (…) se debe de proceder a elevar el conocimiento de la pieza “al órgano superior competente”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/31/andalucia/1396275481_759542.html

ANTICORRUPCIÓN PIDE A ALAYA QUE ELEVE EL CASO DE LOS ERE AL SUPREMO

La fiscalía sostiene que la investigación que afecta a los aforados está “agotada”

Plantea a la juez dividir la causa para avanzar en la instrucción

La Fiscalía Anticorrupción se ha unido a la Audiencia de Sevilla y ha pedido a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, que envíe al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros, todos ellos políticos aforados a los que Alaya ha señalado en la causa como preimputados.

Los fiscales estiman que la investigación sobre el diseño del fondo de los ERE está “agotada” y que la magistrada debe desprenderse de las pesquisas sobre la anterior cúpula del Gobierno andaluz. Hace solo cinco meses la Audiencia de Sevilla ya urgió a Alaya para que enviara esta instrucción al alto tribunal porque había alcanzado “[...]el límite máximo”. Y la respuesta de la juez fue desoír a sus superiores y retener la causa bajo la excusa de que la mayor parte era “inescindible”, una réplica que podría repetir ahora dado que el escenario no ha variado tanto desde entonces.

[...] “Se debe proceder a elevar el conocimiento de la pieza relativa al procedimiento” con el que se pagaban las ayudas “al órgano superior competente atendiendo a la calidad del fuero de las personas reseñadas”, defiende la fiscalía en su escrito remitido al juzgado. El ministerio público pide enviar al Supremo “la instrucción de aquellos hechos concretos de los que existen indicios sólidos”, para así evitar un “mayor retraso en la investigación” de otros hechos sin relación con el diseño y ejecución del procedimiento.

Hace solo dos meses Alaya insistió en la posible responsabilidad penal de “los diferentes cargos políticos y técnicos de la Junta de Andalucía, que en estructura piramidal serían los promotores de un sistema ilegal de subvenciones públicas”. Y en la cúspide de la pirámide Alaya sitúa a los expresidentes y exconsejeros como responsables de haber implantado el sistema, que considera ilegal, durante una década.

[...] En noviembre la juez alegó para retener las pesquisas que aún estaba pendiente de recibir dos atestados y varios informes sobre empresas de la Guardia Civil, el informe pericial de la Intervención General del Estado y el de la Dirección General de Seguros sobre las sobrecomisiones pagadas en los ERE. Y avanzaba que el final de la instrucción “no está lejos”, aunque sin aclarar fechas. [...] Ahora Anticorrupción disiente y considera que para dar carpetazo a esta instrucción parcial, solo era necesario el informe de la Intervención, entregado el pasado diciembre, y que respaldaba las tesis de Alaya sobre el fondo y censuraba el papel de los responsables de la Junta.

El escrito tiene su peso y los fiscales hacen balance de la causa, antes de subrayar cierto punto de inflexión tres años después del inicio de las pesquisas. Si el fondo consistió en 126 ERE (que costaron 582 millones) y 275 ayudas directas a empresas (por 127 millones), los supuestos delitos de cohecho, malversación, prevaricación y falsedad atañen ya a 144 imputados, al margen de los siete aforados preimputados. Esto es, una causa “extensa y compleja”, recalcan los fiscales.

Ante este panorama, Anticorrupción da un paso decisivo y pide escindir la investigación en diferentes piezas separadas para poder manejar y gobernar tantas derivadas. Los argumentos de los fiscales inciden en la dificultad para vislumbrar el final de la instrucción: “No solo ya la extensión y complejidad, sino lo incierto del horizonte temporal de la instrucción y enjuiciamiento de esta causa”.

La clave del escrito está en que pide la formación de piezas separadas “para enjuiciamiento”. Es decir, avanza que su modelo ideal para instruir este dinosaurio judicial consiste en piezas separadas dentro un solo procedimiento, que serán enjuiciadas de manera separada. Esto significa que tan pronto esté concluido la investigación de un ERE o una ayuda directa, esta podrá ser calificada por el fiscal y enviada a juicio para su vista oral.

¿Qué significa esto para la causa? Nada menos que desgajar el caso en decenas de juicios y evitar una gran vista oral que englobe los 10 años y entienda las conductas delictivas como un todo continuado en el tiempo. “El elevado número de imputaciones (...) la necesidad de recuperar los fondos públicos presuntamente malversados, justifican la simplificación y activación del procedimiento”, esgrime Anticorrupción, porque entiende que existe “conexidad necesaria”. La intención es que la decena de atestados ya depurados por la Guardia Civil no deban esperar años a que los agentes le hinquen el diente al resto de expedientes pendientes.

Pero claro, según este modelo, imputados como el exdirector de Trabajo Javier Guerrero podrían pasar varios años acudiendo a juicios de manera intermitente. “El fiscal debía definir qué personas está en qué piezas, y si no lo debe aclarar ahora. Nos estamos jugando cuántos años pedirán para los imputados”, exigían fuentes del caso que pidieron el anonimato.

En el relato de la causa, la fiscalía resume la existencia de intrusos (ajenos a las empresas beneficiadas), las ayudas directas a empresas que beneficiaron a “cargos públicos” o “círculos próximos” a estos, el enriquecimiento de las empresas, despachos y mediadores gracias a las sobrecomisiones... Y destaca una faceta hasta ahora pasada por alto durante la instrucción de los expedientes. “El presunto ilícito enriquecimiento” de los empresarios con los ERE subvencionados por la Junta, que permitió un “ahorro” al adelgazar gratis sus plantillas y generar un negocio a partir de las empresas de suelo liberadas.

Tras el escrito del fiscal, Alaya y las partes se pronunciarán sobre el próximo devenir de esta causa tan compleja y relevante.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/31/andalucia/1396259085_185369.html?rel=rosEP

ANTICORRUPCIÓN EXIGE A ALAYA QUE ACLARE EL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS ERE

La fiscalía reclama que la Guardia Civil establezca los informes pendientes

La Fiscalía Anticorrupción quiere situarse en el caso ERE. Busca el mapa que evalúe el pulso de una causa muy compleja y con numerosas vías de investigación, que cada semana se amplían como un árbol de mil ramas. En cualquier otro caso esto no ocurriría nunca, ya que la fiscalía está al tanto de cada paso que se da porque su función, entre otras, es velar por que todas las actuaciones respetan la ley, en un refuerzo necesario al juez de instrucción. Pero el caso ERE no es un caso cualquiera, y la juez Mercedes Alaya ha marginado desde el principio de la instrucción a los dos fiscales de la causa, que cada cierto tiempo presentan escritos de queja por esta manera de instruir tan personalista de la magistrada.

La fiscalía presentó ayer un escrito ante Alaya para que la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Seguros fijen el mapa del caso a través de las tres investigaciones que en paralelo desarrollan estos organismos en auxilio del juzgado y como expertos. La fiscalía pide a Alaya que ordene a la Guardia Civil que le remita un informe con las entradas y registros practicados desde el inicio de la causa, y la “documentación pendiente de analizar”. Para situarse, los fiscales reclaman un listado de las declaraciones tomadas a testigos e imputados pendientes de incorporar a los informes de seguimiento, además de un calendario con las fechas de ejecución y entrega de los informes de seguimiento relativos a las ayudas sociolaborales (para los ERE subvencionados por la Junta) y ayudas directas a empresas. Es decir, saber en qué punto se encuentra la causa, qué subvenciones se han revisado, cuáles se van a acometer en breve y cuáles se pospondrán para futuras fechas.

La estimación de la temperatura del caso es que los agentes de la Unidad Central Operativa ni siquiera han analizado el 10% del total de los expedientes pendientes de revisar. Los investigadores deben revisar uno a uno todos los expedientes subvencionados por la Junta entre 2000 y 2010. Y entre ayudas directas y ERE, la Consejería de Empleo subvencionó 290 expedientes.

En este punto los fiscales piden que los informes de seguimiento de las empresas aclaren en un apartado específico, si cuando recibieron las ayudas “procedieron a realizar negocios de transmisión de acciones/participaciones o de bienes de propiedad” de estas firmas. Así, los agentes aclararán si se ha producido una transmisión de títulos o bienes “que puedan haber generado un beneficio favorecido por el mero hecho de la disminución o supresión de la plantilla” de estas empresas.

Esta semana la fiscalía ha pedido también a Alaya que impute a otras dos personas en la instrucción, que ya eleva los acusados a 144 personas. Se trata de Francisco Jardón, presidente de la patronal Aselip, que aglutina a las empresas de la limpieza pública, porque considera que participó en la negociación que afectó a la empresa Cespa, y que derivó en la subvención de unas pólizas para solucionar el conflicto de la limpieza en Granada.

Tanto Cespa como FCC Medio Ambiente recibieron 452.000 euros de la Junta para que dicha huelga de limpieza concluyera. Según determinó Alaya, ambas firmas “serían indiciariamente conocedoras de su ilegalidad y no objetaron nada a la irregular forma en que fueron receptoras de las cantidades [del erario público]”.

El ex director de Trabajo Javier Guerrero, principal imputado en la causa, propuso que la Junta asumiera el pago de los trabajadores durante los años de duración del convenio a través de dos pólizas para estas empresas. A Jardón la fiscalía suma Juana Mancilla, “persona que participó activamente en facilitar los pagos realizados por la Junta a las sociedades del sector de limpieza de Granada Cespa y FCC”. Asimismo, el fiscal exige que el imputado Álvaro Mollinedo, de FCC, sea declarado responsable civil por esta parte de la causa.

Por otra parte, Anticorrupción ha pedido a Alaya que reclame las diligencias sobre el uso de las transferencias de financiación, herramienta de pago para los ERE, que posee el juez del caso Invercaria, Juan Gutiérrez, que estudia las inversiones de Invercaria y otras nueve empresas públicas relevantes como RTVA o Egmasa mediante este mecanismo. Entre otros anexos, el magistrado Gutiérrez cuenta con la memoria de control financiero permanente de la Intervención General que podría ser relevante para el caso ERE. Asimismo, los fiscales solicitan que se incorpore documentación remitida por la Cámara de Cuentas al Juzgado de Instrucción 16. Fuentes de este organismo puntualizaron ayer que la documentación (unos 105.000 folios) sobre los ERE reclamada por la Intervención General del Estado, que lamentó no contar con ella en un escrito, fue entregada en el juzgado de Alaya el pasado 5 de marzo.

En el caso ERE la Audiencia ha anulado la responsabilidad civil de 628.000 euros fijada por Alaya para una administrativa de la consultora Vitalia, Gemma Fátima Rodríguez, por “desigualdad de trato”, ya que su hermana desempeñó las mismas funciones y no ha sufrido la imposición de fianza alguna. “Carece de justificación objetiva y razonable (...) en idénticas circunstancias concurrentes en dicha imputada se encuentra su hermana”, censuran los jueces de la Audiencia sobre la actuación de Alaya.

Mientras, la juez ha decretado libertad bajo fianza de 250.000 euros para el empresario de Fitonovo José Antonio González, encarcelado hace tres meses en la Operación Madeja derivada del caso Mercasevilla.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/19/andalucia/1395240933_331959.html

MAGDALENA ÁLVAREZ ACUSA A ALAYA DE BASAR SU IMPUTACIÓN EN “PREJUICIOS”

La exministra recurre su fianza de 29 millones por denotar un fin “punitivo”

La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, acusa a la juez Mercedes Alaya de basar su fianza civil de 29 millones y su imputación por malversación en un “prejuicio” sobre la supuesta responsabilidad penal como exconsejera de Hacienda, que daña su presunción de inocencia en el caso ERE,actualmente en fase de instrucción. La exministra censura que la instructora se haya arrogado funciones de enjuiciamiento que no le corresponden y que despiertan “serias dudas” sobre su “imparcialidad” en la instrucción del caso, ya que ha emitido un “juicio anticipado de culpabilidad”.

Álvarez ha presentado ante la Audiencia de Sevilla un extenso recurso contra la fianza civil que le impuso Alaya, para así intentar desactivarla. Ello a pesar de que aún está pendiente de resolverse el recurso que ya presentó en su día contra la segunda imputación de Alaya, y que la Audiencia prevé resolver en abril. “Supone un desbordamiento manifiesto del papel que el sistema jurídico impone al juez instructor”. La exministra censura que Alaya base sus acusaciones en “sospechas infundadas, errores sustantivos, generalizaciones indebidas y en una inasumible exégesis de la legalidad”.

La juez ha imputado a la exconsejera por malversación y prevaricación al considerarla promotora del sistema que puso en marcha las transferencias de financiación para pagar los ERE. Alaya estima que el fondo se diseñó para evitar los controles de la Intervención General. Álvarez fue consejera andaluza de Economía desde 1994 hasta 2004, pero su responsabilidad se limitaría a solo tres años.

En su recurso, la exministra desarrolla el concepto de “prejuicio” y considera que Alaya le ha impuesto una “abusiva” fianza presidida por un fin “estigmatizador y punitivo; un fin coherente con el juicio anticipado de culpabilidad”. Estas acusaciones tan duras responden al paso inédito de Alaya, que en su reciente auto para justificar la alta fianza expresó la “probabilidad cierta de que pudieran ser condenados en un futuro”, en referencia a Álvarez y dos de sus subordinados, también imputados.

El abogado de Álvarez cuestiona que la magistrada impusiera esta medida cautelar después de que las acusaciones personadas en la causa lo pidiera en su primera declaración [anulada por la Audiencia], pero no en la segunda declaración.

En su recurso, la defensa de la exconsejera pide la anulación de la resolución impugnada “al haber sido dictada prescindiendo de las reglas esenciales del procedimiento y con vulneración de derechos fundamentales”. Álvarez acusa a Alaya de partir de una “falaz dicotomía” para exponer las bondades del control previo (fiscalización del gasto por parte de la Intervención General) o que el control posterior “es equivalente a la ausencia de control”.

En otro pasaje, la exministra resalta su labor a favor de la fiscalización, ya que “reforzó las facultades de la Intervención para supervisar las cuentas y ejecución presupuestaria de tales empresas”. Sobre la mala gestión de las ayudas desde la Dirección General de Trabajo, la imputada defiende que “ni conocí ni pude conocer tal situación” al desconocer los informes de la Intervención General que llegaron a su departamento después de su salida en febrero de 2004. Sobre la acusación de haber participado en el sistema “dirigido a agilizar el proceso de concesión de ayudas sociolaborales”, Álvarez concluye: “La sinrazón jurídica nutre la inercia expansiva de esta causa penal”.

En su argumentación, destaca asimismo la crítica al cálculo realizado por la juez Alaya de los 29 millones, en función de las ayudas concedidas por la Junta mientras Álvarez fue consejera. “Ese cálculo es desproporcionado, y por ende, arbitrario, es el error de haber tomado en cuenta como constitutivas de malversación las cantidades con que se han sufragado las ayudas sociolaborales, las cuales, sin lugar a dudas, han sido destinadas a fines públicos”.

Mientras, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, opinó ayer que Álvarez debería abandonar la vicepresidencia del BEI en caso de que se confirmara su imputación en el caso. Guindos matizó que el código de conducta de la institución es muy claro. “Vamos a esperar”, apuntó el ministro. De este modo, la permanencia de Álvarez en su puesto de alta responsabilidad está en manos de los jueces de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.

Nuevo informe clave en el caso

El informe que la Dirección General de Seguros ha entregado a Alaya revela unas comisiones de 2,4 millones en el ERE de la empresa Dhul de Nueva Rumasa “que encarecieron significativamente el costo”, y por el que han resultado imputado el empresario José María Ruiz-Mateos y tres de sus hijos.

Entre otros, el ERE tuvo un “recargo injustificado” de 79.340 euros y se incluyeron cinco intrusos, con un coste total de sus primas de 665.612 euros. Tres de los cinco intrusos fueron dos cuñados del conseguidor Juan Lanzas y la esposa de un sindicalista de la empresa Hijos de Andrés Molina, conocido de Lanzas.

Según el informe de la Dirección General de Seguros, el pago a estos tres intrusos “fue en realidad un instrumento de transferencia de fondos al que se dio apariencia de seguro” para pagar presuntamente las comisiones a Lanzas.

Mientras, el empresario Ruiz-Mateos será reconocido por un médico forense “para que informe si el mismo puede comparecer” en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, y así cerciorarse de que los informes médicos que esgrime el empresario sobre una supuesta enfermedad son ciertos.

Por otra parte, Alaya ha vuelto a suspender la declaración prevista de los peritos de la Intervención General del Estado, que debían comparecer el próximo 1 de abril. La suspensión llega después de que el jefe de los peritos explicara en un escrito al juzgado que aún no ha recibido la documentación que le debe mandar la Cámara de Cuentas y que los datos ya recibidos desde la Intervención General de la Junta suman los 105.000 folios, que requieren un análisis sesudo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/18/andalucia/1395167992_227501.html

‘CASO ERES’, LAS DIEZ SOMBRAS DE UNA INSTRUCCIÓN ERRÁTICA Y POLITIZADA

Las incertidumbre de este sumario y su forma de desarrollarlo crece por días.

La justicia debe tener sus plazos para ser justa, en eso coinciden todos. Pero también, cuando esa misma justicia se vuelve lenta, se eterniza con incorporaciones a los sumarios de periódicas y nuevas investigaciones, se paraliza por bajas y con operaciones de detenciones masivas o en el peor de los casos se aparcan imputaciones de aforados para que las causas no lleguen al Tribunal Supremo, estaríamos ante un hecho judicial grave, una instrucción errática y un resultado incierto que puede terminar en prescripciones de delitos o en la pérdida del rastro de dinero obtenido irregularmente.

Algunas similitudes con la instrucción del sumario del caso EREs pueden asociarse al anterior párrafo y algunos temores de los que se expresan bien podrían ser compartidos. Tres años de instrucción, con altas y bajas, con detenciones masivas, con autos judiciales muy impactantes desde el punto de vista mediático y con curiosas casualidades

1) La teoría de la conspiración
 

La primera gran sombra que ofrece esta peculiar instrucción es la tesis en la que parece ampararse la jueza, toda una conspiración. Como salida de una fantasía onírica y en un supuesto más político que judicial, viene a decir Mercedes Alaya que el Gobierno andaluz (con Chaves y con Griñán de presidentes) se reunieron, organizaron y pusieron en marcha entre 2000 y 2011 una organización piramidal que año tras año se convirtió en un sistema para delinquir, para repartir dinero indiscriminadamente, comprar voluntades, favorecer a amigos y militantes y ganar en paz social. Este aspecto y otros fueron analizados por ELPLURAL.COM con anterioridad en el análisis “Alaya, el mito que se desmorona”.

Fuentes regionales socialistas consultadas por ELPLURAL.COM afirman que quien conozca algo, solo algo, la personalidad de los dos ex presidentes, saben de la integridad moral de ambos y que “ni remotamente podrían haber ideado ni de lejos tan siniestro plan”. Y dan por descontado que los miembros del Consejo de Gobierno fueran conscientes del uso irregular de una parte de esos fondos que por cierto, aprobaba el Parlamento. Esta teoría la mantiene Alaya en el auto de imposición de fianza a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez. Escribe la magistrada y da por hecho la connivencia “con otros”, la forma “opaca” del procedimiento y la “absoluta discrecionalidad” en la concesión de las ayudas. Curiosamente, con más de 140 imputados, centenares de declaraciones, decenas detenidos y miles y miles de folio en el sumario, no existe ni una sola declaración ni tan siquiera un documento que abone esta teoría. Ni uno solo.

2) La trama de funcionarios, políticos y el Parlamento
 

Pero la conspiración iría más lejos y parece un guión sacado de una película de espías, la CÍA en contubernio con miembros de la Casa Blanca. Según esta tesis la organización piramidal de los EREs irregulares era conocida por funcionarios e interventores de la Junta, abogados de la administración autonómica, la Cámara de Cuentas hasta llegar a la mismísimo Parlamento de Andalucía porque si su ayuda no se hubieran aprobado los presupuestos que incluían estas partidas.

3) Nuevas figuras legales: del preimputado al precondenado pasando por el señalado
 

Especialistas en Derecho consultados por ELPLURAL.COM se echan literalmente las manos a la cabeza al constatar como a la lo largo de la polémica instrucción han aparecido figuras legales increíbles tales como los señalados, los preimputados (caso del propio expresidente Griñán y algunos aforados) o en el último caso de Magdalena Álvarez los precondenados ahora y posibles condenados en “un futuro”.

4) “Alaya augura más que concluye”: la “probabilidad cierta” de condena
 

Muchos ven en estas figuras jurídicas abonadas con estas originales tesis un ejercicio de adivinación y es que “Alaya augura más que concluye”, dicen a ELPLURAL.COM. Y ponen como ejemplo casi escandalizante su frase en el último auto dictado ayer en relación a Magdalena Álvarez lo de la “probabilidad cierta” de condena a la ex ministra Si es probabilidad ¿por qué la da por cierta? ¿y si es cierto por qué lo ve como probable?

5) Tempus políticos y acciones judiciales
 

Las críticas más directas del PSOE hacia la forma de instruir el sumario se basan en el curioso cronograma que mantiene. Ven un extraño paralelismo entre los autos demoledores, las detenciones y las actuaciones mediáticas de la juez con la agenda del partido y con un consecuente deterioro para la formación así como para sus intereses electorales. Actuaciones coincidentes con la campaña electoral de las generales, “imputaciones masivas” al mismo tiempo que las primarias del PSOE-A. Recuerdan los socialistas como teniendo otras fechas en el calendario ordenó la detención del ex director general de Empleo, Javier Guerrero, justo el primer día de la campaña de las disputadas elecciones autonómicas y como su conductor, el de la cocaína, declaró cinco días antes de la celebración de esos comicios, con un PP al que las encuestas le daban como claro ganador por mayoría. Como afirmaba el director de este periódico, Enric Sopena, Alaya se ha convertido en el “icono de la derecha”.

6) “Tirones de orejas” a la jueza de sus superiores
 

Lo que desde muchos sectores, no solo políticos sino también del ámbito del derecho y de la justicia no se entiende, es el retraso en la instrucción a pesar de las diferentes llamadas al orden y tirones de orejas recibidos por la instructora. Alaya, Desde el propio Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía quien tras reunirse con ella le conminó a acelerar el proceso. Y le recordó el número de imputados que no habían tomado aun declaración que en algunos casos llevaban esperando más de tres años y medio. También el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ también le dio un tirón de orejas afirmar en Mayo que “si se seguía demorando, tomaríamos medidas que podrían llevar a la apertura de un expediente disciplinario” a la magistrada o a una inspección desde el Consejo General del Poder Judicial. El propio consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, fiscal de carrera, llegó a afirmar de Alaya que “si sigue retrasando las cosas así y no acepta ayuda de nadie, le podrán decir que es una prepotente, porque sola no puede”.

7) Imputados que no declaran en tres años y medio y miedo a las prescripciones
 

Donde más se ha incidido desde el punto de vista estrictamente profesional de la existencia de imputados en las distintas de las macrocausas de Alaya que llevaban hasta tres años y medio pendientes de declarar, los que los sitúa y sigue situándolos en una eterna indefensión. Ello además trae como consecuencia que puedan prescribir delitos como sucedió con los hermanos de la ministra Fátima Bañez en el “caso MercaSevilla”, origen del “caso EREs”.

8) Rechaza jueces de apoyo y dividir la causa
 

Chocante es que con este panorama de retrasos, dilaciones y parones la jueza se haya negado a dividir causas con jueces de apoyo. “Es incomprensible”, dicen nuestra fuentes que con lo complejo de este caso y de las macrocausas que lleva se haya “permitido el lujo de prescindir de los jueces de apoyo que se le ofreció para acelerar el proceso. ¿Razones? “El todo para mí”, argumentan.

9) Reveses y el “caso UGT
 

Como consecuencia de ese deseo de llevarlo todo las instancias judiciales superiores decidieron la semana pasada quitarle el caso de la UGT; semanas atrás recibió un “toque” en el sentido de que no era competente para implicar a la Cámara de Cuentas en el caso y por último, se le advirtió de que investigar al Parlamento andaluz no era lógico ni admisible. Como dijo el ex magistrado del Supremo, José Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Supremo, la juez “se ha metido en un charco de invasión de competencias muy peligroso”.

10) ¿Por qué no imputa ya a personas aforadas?
 

Donde también la juez aparece muy cuestionada es en el hecho singular además de muy llamativo de que se detenga a la hora de imputar a aforados. Por las mismas causas que ha imputado a otras personas podría haberlo hecho con otros con rango de aforados. La claves es que si imputa a un solo aforado pierde la causa pues ésta iría al TSJA o al Supremo. Al final, nos dicen, “no tendrá más remedio que remitirlo al Supremo” ¿”pero cuándo?” se preguntan “¿Qué recorrido y que daño político se podrá haber hecho?”. Ssegún fuentes profesionales consultadas en su momento por ELPLURAL.COM , la jueza se ha metido en este sentido en un “charco peligroso” si al final se demuestra que aparcó con intención la imputación a aforados. Hablan incluso de un posible delito de prevaricación.

¿Cuándo terminará el sumario?
 

Las incertidumbre de este sumario y su forma de desarrollarlo crecen por días. Las críticas por su retraso y por su cronología política también. El auto de Magdalena Alvarez y su fianza millonaria podría conllevar el cese del BEI, una entidad financiera pública y europea. Ello en ciernes de una campaña de elecciones precisamente europeas da mucho que pensar a algunos. Algunos como el propio Manuel Chaves se temen lo pero y piensan que con un calendario electoral de europeas y municipales y autonómicas próximas, este auto dará paso a otro. Auguran que van a ocurrir más hechos desde el Juzgado de Alaya que podrñian perjudicar al PSOE y des luego, beneficiar al PP.

http://www.elplural.com/2014/03/13/caso-eres-las-diez-sombras-de-una-instruccion-erratica-y-politizada/

ALAYA Y LA TEORÍA DE LA CONFABULACIÓN

La juez cree que la partida de los ERE se creó de forma ilegal y con el exclusivo fin de burlar los controles de la Intervención

Sostiene la juez Mercedes Alaya que el Gobierno andaluz (bajo la presidencia de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán) se confabuló entre 2000 y 2011, año tras año, Presupuesto tras Presupuesto, para crear una partida, el fondo de los ERE, con el fin de repartir dinero público a su antojo, una decisión que considera delictiva. No se trata de una teoría improvisada de un día para otro. A lo largo de más de tres años de instrucción, la juez ha buscado argumentos para apuntalar su tesis de que el caso de los ERE responde a una pirámide corrupta (es una metáfora suya) en cuya cúspide están los dos expresidentes autonómicos, en niveles inferiores los consejeros, en el siguiente los viceconsejeros y los directores generales… Así, hasta llegar a los intrusos, el origen de la investigación y nivel más bajo de la pirámide. En medio, la Cámara de Cuentas, los sindicatos UGT y CC OO, bufetes de abogados, Ayuntamientos, consultoras, empresas…

Alaya no cree que algunos responsables de la Consejería de Empleo de Andalucía hicieran un uso corrupto de una partida presupuestaria (como parece evidente), sino que la partida de los ERE se creó de forma ilegal y con el exclusivo fin de burlar los controles de la Intervención para favorecer a determinadas empresas y personas. Es decir, se creó para delinquir (las imputaciones a los implicados en la rama política del caso son por prevaricación y malversación).

El problema de esta teoría es que tras más de tres años de instrucción no hay ni un testimonio (hay más de 140 imputados) ni un solo documento en la causa que evidencien que hubo una decisión concertada del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para cometer delito mediante la puesta en marcha del fondo y el pago de las ayudas a través de las transferencias de financiación (un procedimiento de ejecución presupuestaria que utiliza la mayoría de Administraciones). Si lo hubiera, el caso debería estar ya en el Tribunal Supremo.

La tesis de Alaya en esta parte de la causa exige una confabulación en la que a lo largo de una década estarían implicadas, por acción u omisión, varios centenares de personas. Porque no solo el Gobierno y los altos cargos de la Administración andaluza conocían el uso de las transferencias de financiación. Lo conocían, o lo debían conocer, los interventores de la Junta, los servicios jurídicos, la Cámara de Cuentas y... el Parlamento de Andalucía, que es el que finalmente aprueba la Ley de Presupuestos (y, por tanto, el fondo y su procedimiento de pago).

En su polémica instrucción (sus choques con la Fiscalía Anticorrupción son cotidianos), Alaya investiga, señala, imputa, preimputa (a los aforados) y en el auto de este miércoles, por primera vez, precondena (apunta la “probabilidad cierta” de que Magdalena Álvarez sea condenada “en un futuro”). Pero si es coherente con las tesis que ha mantenido a lo largo de la instrucción, la juez debería implicar a ¡todo! el Parlamento andaluz (109 diputados) de tres legislaturas (de 2001 a 2011) en el fraude, lo que supondría un mayúsculo escándalo que de momento rehúye.

En el auto sobre la fianza de responsabilidad civil de la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, Alaya afirma: “Para la inclusión de la partida fraudulenta en la Ley de Presupuestos, se aprovecharía la complejidad del lenguaje presupuestario, pues la clasificación económica del gasto por artículos y subconceptos solo es accesible a expertos”. Con este argumento, la ignorancia del lenguaje presupuestario, Alaya prepara el terreno para exculpar a decenas de diputados autonómicos de PSOE, PP e IU. Pone así límite a una confabulación que, por excesiva, se aproxima a una fabulación.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/12/andalucia/1394656253_409245.html?rel=rosEP

DE LA SOSPECHA A LA ACUSACIÓN: ASÍ ACTÚAN LOS JUECES CON LOS AFORADOS

La juez Mercedes Alaya sigue firme en su estrategia: evita por todos los medios concretar acusaciones contra las personas implicadas con condición de aforados para no verse en la obligación de desgajar la investigación y remitirla a tribunales superiores. Lo hace desoyendo a la Fiscalía Anticorrupción, que ha cuestionado abiertamente la instrucción; a la Audiencia de Sevilla y hasta arriesgándose a ser acusada de vulneración del derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva. En circunstancias similares, otros jueces han recibido durísimas críticas por retener otras causas apenas un par de meses. Alaya lleva ya tres años con el caso.

Caso Gürtel. Solo un mes después de que estallase la operación, el 5 de marzo de 2009, el juez Baltasar Garzón se inhibe de la trama valenciana del caso Gürtel en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) al encontrar indicios de responsabilidad penal en el entonces presidente de la comunidad, Francisco Camps, y en el diputado Ricardo Costa. Garzón hará lo mismo con los diputados autonómicos de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosch.

Caso Gürtel (II). El 29 de noviembre de 2010, el juez Antonio Pedreira dicta un auto en el que se inhibe de la tercera rama del caso que salpica al Gobierno autonómico de Castilla y León por indicios de la implicación del presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago. Habían pasado solo siete días desde que el juez recibiese el informe de la Intervención del Estado que corroboraba las sospechas.

Caso Campeón. La investigación de la juez de Lugo, Estela San José, destapó en mayo de 2011 una supuesta red de corrupción entre cargos de la Xunta gallega y las empresas de Jorge Dorribo, beneficiadas con millonarias ayudas. En agosto unas declaraciones del empresario implican al entonces ministro de Fomento y diputado socialista, José Blanco. Los juzgados remiten el 3 de noviembre, dos meses después, la causa al Tribunal Supremo.

Caso Nóos. El 29 de mayo de 2013, el juez José Castro dictó un auto en el que pide al Tribunal Superior de Valencia que impute a Camps y a Rita Barberá, entonces aforados, en el caso Nóos. Siete días antes, el exsocio de Urdangarín Diego Torres detallaba a Castro la reunión de ambos para negociar el Valencia Summit.

http://politica.elpais.com/politica/2014/03/12/actualidad/1394655707_434381.html

ALAYA IMPONE UNA FIANZA DE 29,5 MILLONES A LA EXMINISTRA MAGDALENA ÁLVAREZ

La juez de los ERE responsabiliza a la exconsejera de las ayudas irregulares hasta 2003

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, responsabiliza a Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía, exministra y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por las ayudas concedidas entre 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2003 con cargo a la partida de la Junta de Andalucía investigada por la magistrada y que considera origen de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo. Por esta razón ha impuesto a Álvarez una fianza civil de 29.568.129 euros, nueve meses después de su imputación en el caso. También fija la responsabilidad de su exviceconsejero José Salgueiro en 22 millones y la del secretario general y coordinador de presupuestos Antonio Estepa en ocho millones.

La dureza de este auto de Alaya no tiene precedentes en los tres años de investigación, ya que incluye una frase que avanza una supuesta condena para reforzar la carga incriminatoria que le achaca a Álvarez y sus dos antiguos subordinados, un paso inédito en la prosa de la juez. "Cabe deducir la probabilidad cierta de que pudieran ser condenados en un futuro por los hechos que hoy se investigan", reza el auto de ayer.

GRÁFICO
La exministra socialista recuerda que ha recurrido a la Audiencia de Sevilla el último auto por el que resultó imputada, y que podría anular las acusaciones de la magistrada. "Estoy a la espera del auto de la Audiencia y recurriré la fianza", avanzó desde Luxemburgo.

Con la fianza civil, Alaya estima que Magdalena Álvarez es responsable del sistema de ayudas, que la juez considera ilegal y creado para evitar los controles de la Intervención General. Álvarez fue consejera andaluza de Economía desde 1994 hasta 2004, pero su responsabilidad se limitaría a tres de los 11 años que investiga la magistrada (2000-2010) y durante los que se concedieron ayudas.

La juez imputa a Álvarez por malversación y prevaricación, cargos que la exministra ya negó el pasado 8 de octubre a la magistrada, ante quien defendió que no conoció los “reparos” de la Intervención General de la Junta andaluza sobre el procedimiento de concesión de ayudas.

Días antes, la Audiencia de Sevilla había anulado la primera imputación de la exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Hacienda, Magdalena Álvarez, al considerar que la acusación no estaba suficientemente argumentada.

La petición de fianza de Alaya se produce pese a que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta de Andalucía pidieron medidas reales contra ella. La acusación ejercida por el PP dejó que la juez determine la fianza real y la organización Manos Limpias pidió 125 millones más el tercio legal por responsabilidad civil.

Alaya considera a la exministra “una de las promotoras, en connivencia con otros” del sistema de pagos de los ERE: las transferencias de financiación, un procedimiento de concesión de ayudas con cargo a una partida presupuestaria que, según la magistrada, carecía de control y favorecía su entrega discrecional. Esta partida llegó a sumar 721 millones, de los que la investigación considera que se defraudaron fondos públicos por unos 136 millones.

Empleo era responsable del uso del fondo, por lo que también están imputados los exconsejeros Antonio Fernández y su antecesor y diputado José Antonio Viera. No obstante, la juez atribuye a Álvarez haber eludido “los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización” establecidos para las subvenciones “puesta de acuerdo con otros (...) y a sabiendas de su absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca”. Del mismo modo, también atribuye a la exministra haber autorizado siete modificaciones presupuestarias por importe de 93 millones y otras cinco por 32 millones.

En la rama política-financiera del caso, la juez ha señalado en sus autos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a cinco exconsejeros, todos ellos aforados, como responsables del diseño del fondo de los ERE. Alaya debe enviar esta parte de la causa al Tribunal Supremo, pero a pesar de los reparos de la Audiencia, la juez maneja sus tiempos y sigue tomando declaración a los 20 ex altos cargos de la Junta imputados para afinar sus tesis incriminatorias antes del envío parcial del caso al alto tribunal.

La exministra, aunque defendió que debería haberse usado la figura administrativa de la encomienda de gestión para las ayudas, defendió las transferencias de financiación -“pueden destinarse a financiar operaciones con un fin concreto y específico como son las subvenciones”, argumentó- y se desvinculó de las ayudas que otorgó Empleo y que consideró mal gestionadas. "Desconocía que, por parte de la Junta, se financiaran pagos de pólizas. En ningún momento tuve información de los hechos que se están investigando porque no tuve acceso desde el punto de vista temporal. Es evidente porque me marché en 2004 [de la Consejería de Hacienda]. Yo no aprobaba los presupuestos sino que los aprobaba el Parlamento”, declaró ante la juez en octubre.

Sin embargo, Alaya insiste en que la consejera pudo haber “dado instrucciones” o “conocer, al menos” que se alteraba el presupuesto para modificar la partida de la que salían las ayudas, algo que la exministra negó.

Los efectos de una medida económica y cautelar gravosa

Los jueces imponen en un proceso penal las fianzas de responsabilidad civil en consonancia con los delitos que se imputan a los acusados, como garantía de que, si son condenados, podrán responder a las obligaciones pecuniarias que se les impongan. Los dos delitos que Mercedes Alaya imputa a Magdalena Álvarez (la prevaricación, recogida en el artículo 404 del Código Penal, y la malversación del 432) no implican penas de multa. Por ello, la juez fija la fianza sobre la base supuestamente malversada (177 millones), que calcula “grosso modo” tal como señala en el auto. Después aplica a esa cifra el porcentaje del que es responsable Álvarez (22 millones). Y a ello le suma un tercio, que es lo que marca la ley.

La fijación de una fianza es una medida cautelar para evitar que, durante el tiempo que dure la instrucción, los acusados puedan vender sus bienes o lograr beneficios con ellos. Por eso la juez señala un plazo de un día para que se deposite y, de no hacerlo, reclama a los imputados un listado de propiedades embargables. Si son inmuebles, estos han de tener el doble de valor de la fianza requerida. Si son valores, han de sumar una cuarta más del metálico reclamado.

De no contar con bienes suficientes, el juez procede al embargo de las cuentas, que conlleva también el del sueldo.
2.500 euros en fianzas

Las fianzas civiles más altas impuestas por la juez Mercedes Alaya para los responsables políticos del fondo y los dueños de las consultoras que pagaron los ERE, ascienden ya a más de 2.500 millones. Hasta ahora, la más alta ha sido la impuesta al exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, al que reclamó 807 millones. A la de Fernández se sumaron las fianzas del exdirector de Trabajo Javier Guerrero (686 millones) y el exviceconsejero Agustín Barberá (490 millones). Los tres responsables de la consultora Vitalia (Eduardo Pascual, María Vaqué y Antonio Albarracín) sumaron fianzas por 111 millones cada uno, mientras que el dueño de la consultora Uniter, José González Mata, afrontó una fianza de 99 millones. Por último, uno de los supuestos cerebros de la trama que permitió la inclusión de los intrusos en los expedientes, Juan Lanzas, soporta una fianza de 38 millones.

Por ahora, el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha embargado a Fernández tres viviendas, sus cuentas bancarias y un garaje con trastero, además de una indemnización por despido de 31.400 euros. Asimismo, Alaya ha localizado cuatro inmuebles de Guerrero, y 32 casas entre Lanzas y Albarracín.


http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/12/andalucia/1394616972_521380.html

LA BODA DE LA JUEZA Y LOS NUEVOS RETRASOS

El 17 de septiembre del pasado año, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, afirmaba: “Yo creo que la propia juez es consciente de que en un tiempo ya cercano tiene que ir delimitando esta instrucción, cerrándola, para que se pueda ir llevando [la causa] a los tribunales de instrucción que correspondan, dado que el proceso ha entrado en unos tiempos delicados”. Pues bien, cuatro meses después las noticias que se filtran desde el Prado de San Sebastián, sede del Juzgado de Instrucción número 6 que preside Mercedes Alaya, no son muy halagüeñas con ese resultado, y apuntan a nuevos retrasos en la causa.

Según publicó el diario Abc, la jueza Alaya se casará por segunda vez en la Basílica del Gran Poder de Sevilla el próximo 15 de marzo con su actual marido, Jorge Castro, con el que lleva casada 30 años, por lo que la ceremonia, al parecer, consistirá en una renovación de votos del matrimonio. Para ello, la magistrada ha solicitado permiso oficial en el Juzgado desde el día 7 de marzo al 25 del citado mes.

Habida cuenta de que el calendario programado de declaraciones en el caso de los ERE finaliza el próximo 25 de febrero con la comparecencia de los peritos de la Administración del Estado, que deberán ratificar una pericial realizada por encargo de la magistrada, el caso quedará de nuevo en suspenso, hasta el regreso de las vacaciones nupciales de la magistrada. Eso, salvo que entre el 26 de febrero y el 6 de marzo, la magistrada decida elevar la causa al Supremo por entender que en la causa están implicadas personas aforadas, cosa poco probable.

Entre otros asuntos, porque existen en la Audiencia de Sevilla varios recursos contra decisiones de Alaya presentados por varios de los más de 140 imputados en la causa. Además, la jueza ha ampliado diligencias en su investigación de las comisiones cobradas por los sindicatos UGT y CCOO por su intervención en los ERE, con peticiones de información al País Vasco. Asimismo, la jueza ha pedido ampliar la investigación de las cuentas bancarias del exdelegado en Sevilla de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, imputado hace ahora casi tres años, que se negó a declarar el pasado viernes. Se da la circunstancia que esta investigación pedida ahora por la jueza Alaya fue requerida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en un atestado del pasado 13 de noviembre de 2013.

http://www.andalucesdiario.es/politica/la-boda-de-la-jueza-y-los-nuevos-retrasos/

ALAYA PINCHÓ EL MÓVIL DEL EX CONSEJERO DELEGADO DEL BETIS

La Guardia Civil admitió un error al intervenir las conversaciones

La juez alegó dificultades para localizar a Oliver y que pretendía “ahondar en la investigación”

La juez Mercedes Alaya intervino el teléfono móvil del empresario y ex consejero delegado del Betis Luis Oliver con el argumento de que debía localizarle y la Guardia Civil tenía dificultades para ello. La magistrada adoptó bajo secreto esta medida excepcional en octubre de 2011, al alegar que necesitaba “ahondar en la investigación” y que era una persona de “difícil localización”. Para justificar el pinchazo, la Unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil adujo que Oliver se encontraba en paradero desconocido y estaba en busca y captura de un juzgado de Santander. Sin embargo, dicha orden había caducado hacía meses y este error que fundamentaba la drástica medida se produjo “en la base de datos de la Guardia Civil”, según sostuvo el teniente que llevó a cabo las escuchas. Pero las intervenciones del móvil continuaron y el juzgado las prorrogó.

Alaya ratificó las escuchas en un auto dos semanas después de pinchar el teléfono del empresario porque este era “una persona de difícil localización por sus continuos viajes al extranjero y en el interior del país”. Y el teniente ilustra la dificultad para localizar a Oliver al explicar que estuvo el 11 de octubre en Zaragoza, el 12 en Madrid y el 13 en Bilbao, pero elude explicar por qué si conocía su paradero no pudo comunicarse con él para requerir su presencia en el juzgado. Además, las Fuerzas de Seguridad del Estado pueden localizar a alguien gracias a la posición del terminal por GPS, sin necesidad de escuchar las llamadas. Alaya conocía asimismo la identidad de su abogado, ya que este había presentado escritos en su juzgado para intentar su personación. Pero el letrado no fue contactado para localizar a su cliente.

La transcripción de las escuchas fue incorporada con varios meses de retraso a la causa que instruyó Alaya contra Oliver por supuesto delito societario y apropiación indebida, y que ahora dirige el juez sustituto Álvaro Martín. Alaya inició esta causa tras la compra de acciones de Oliver al anterior máximo accionista Manuel Ruiz de Lopera, y su investigación se ha centrado en los traspasos de futbolistas supuestamente irregulares y por forzar al Betis a contratar servicios externos con empresas vinculadas a él mismo para que así le reportaran beneficios. Sin embargo, hoy está previsto que acudan tanto Oliver como Lopera al juzgado, pero para declarar ante Alaya en la causa troncal del Betis que investiga la gestión del segundo.

La intervención telefónica propició una nueva línea de investigación a la UCO sobre el pago de comisiones en operaciones de compra-venta de futbolistas. El pinchazo incluía instrucciones de Oliver para silenciar ciertas declaraciones judiciales de testigos y evitar que le perjudiquen, junto a conversaciones cotidianas y de negocios del empresario con familiares, conocidos y socios. Y también 10 diálogos con su abogado, al que expone de manera repetida su convencimiento de que tiene el teléfono intervenido. A pesar de ello, el empresario carga contra la juez con insultos y gruesos términos. “Es una prevaricadora, menos torturar a la gente, de todo (…) Le va a pasar como al juez Garzón, que le metieron una querella y le cayeron cuatro. La UCO (Unidad Central Operativa) no está para muchas tonterías, con lo de Marta Domínguez”.

Seis meses antes, el empresario había cargado contra la juez, captado por un micro abierto en una televisión. “Ni los nazis hacían lo que hace esta loca”, esgrimió Oliver contra Alaya, insultos por los que una juez le condenó posteriormente a una multa de 4.500 euros.

La fiscalía fue informada del pinchazo con 19 días de retraso, a pesar de que estas medidas bajo secreto suelen ser comunicadas de manera inmediata al ministerio público. Cuando tuvo conocimiento de la intervención, la fiscalía recurrió la medida, pero al día siguiente Alaya desestimó el recurso y una semana después la juez interrumpió las escuchas.

La defensa de Oliver solicitó la nulidad de las escuchas telefónicas porque dañaban sus derechos constitucionales a la buena defensa y al estar incluidas las comunicaciones del empresario con su abogado, y haberse decretado las intervenciones al margen de la fiscalía. El abogado del empresario presentó un incidente de nulidad ante Alaya, que esta tumbó, para luego elevar el recurso de apelación ante la Audiencia. Y la pasada primavera, los jueces desestimaron el recurso de apelación que interpuso Oliver, pero sin valorar si la actuación de Alaya era o no ajustada a derecho. Mientras, el fiscal Emilio Llera, hoy consejero de Justicia, había respaldado a la juez al considerar conveniente el pinchazo, “incluso tratándose de las conversaciones que un imputado pueda mantener con su abogado”. “No podrán utilizarse como fuente de prueba de cargo”, precisó Llera.

“El recurso de apelación resulta inadmisible y así debió declararse por el juzgado de instrucción, dado que contra la resolución que resuelve el incidente de nulidad no cabe recurso alguno”, zanjaron los magistrados de la Sección Primera. Eso sí, Oliver podrá esgrimir la posible nulidad de la intervención telefónica durante el acto del juicio, si este se llega a celebrar.

El problema fundamental del pinchazo de Alaya es que todas las medidas judiciales deben ser proporcionadas y una intervención telefónica es una medida excepcional. El artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal explica qué razones pueden justificar un pinchazo telefónico. “El juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa”. La duda recae sobre esos indicios previos, y las fuentes consultadas discrepan sobre la justificación de la drástica medida cuando muchos de los viajes de Oliver eran relatados por la prensa sevillana. “La juez está justificando las intervenciones en una finalidad no prevista por la ley. Además, los delitos económicos [por los que se investiga a Oliver] dejan huella siempre a través de documentos. Hay una finalidad oculta y espuria al margen de la localización. Es una investigación genérica a ver si cae algo”, censuran fuentes jurídicas. Otras fuentes consultadas discrepan: “El auto es bueno y si las comunicaciones con su abogado no se van a utilizar, no le veo problema y estaría conforme a Derecho. Además, la Audiencia ya se ha pronunciado y ha dicho que es correcta la intervención”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/22/andalucia/1387734973_790560.html

ALAYA SEÑALA OTRA VEZ A CHAVES Y GRIÑÁN

La juez concreta las imputaciones contra los expresidentes y cinco exconsejeros en el caso de los ERE. Sostiene que el procedimiento del pago era ilegal

Del despacho de la juez Mercedes Alaya han salido hoy las tres noticias protagonistas de la actualidad andaluza: tras enviar a prisión de madrugada a tres de los cinco detenidos en la Operación Madeja acusados de sobornos, la Guardia Civil acordonó y registró la sede del sindicato UGT bajo su supervisión y difundió un auto en el que señala de nuevo a la anterior cúpula del Gobierno andaluz. Todo en 24 horas frenéticas.

La magistrada ha vuelto a señalar a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a cinco exconsejeros socialistas, por su supuesta participación en el fraude de los ERE. Hace una semana la Audiencia de Sevilla tumbó por falta de motivación el primer auto en el que Alaya comunicó a estos siete cargos aforados que tenía indicios de delito contra ellos, en una especie de “preimputación”, según definió la Audiencia. Alaya ha respondido a los jueces en un auto de 28 páginas para precisar en qué consisten sus sospechas, al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que como instructora no puede imputar a cargos aforados.

Alaya considera que la cúpula del Ejecutivo autónomo conoció y participó en la elaboración del sistema de ayudas sociolaborales que mantuvo la Junta entre 2000 y 2010 y que considera ilegal, un proceso que tilda de “inidóneo”. Alaya afirma que las transferencias de financiación, el instrumento presupuestario para pagar el fondo de los ERE, que ascendió a 700 millones en una década, no se podían utilizar para abonar las ayudas a extrabajadores y empresas. Esta figura permitía dar el dinero de las ayudas de forma ágil, pero sorteaba los controles de la Intervención de la Junta.

Alaya considera que el procedimiento instaurado fue fruto de una decisión política de la que eran conocedores los expresidentes Griñán, Chaves y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo, aforados en Cortes o en el Parlamento andaluz. Y la juez subraya que explica su tesis “a modo de descripción, sin efectuar el menor juicio de inferencia (...) De forma absolutamente descriptiva y aséptica”.

La magistrada se remonta al inicio del sistema por el que en 2000 el Ejecutivo autónomo sustituyó las subvenciones excepcionales por las ayudas sociolaborales. Y se apoya en el informe de los auditores de la Cámara de Cuentas que cuestionaba el “uso inadecuado” de las transferencias de financiación por contravenir la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía y la Ley General de Subvenciones. Además, Alaya recuerda asimismo las críticas de la Intervención General de la Junta que censuró sin vetar el fondo. Frente a sus tesis incriminatorias, la Junta ha defendido la legalidad del procedimiento, ya que, entre otras cuestiones, fue aprobado año tras año por el Parlamento al estar integrado en la Ley de Presupuestos.

La juez imputa al expresidente Manuel Chaves haber aprobado como presidente del Consejo de Gobierno, formado asimismo por el resto de consejeros, modificaciones presupuestarias por 93 millones solo entre 2000 y 2001 para aumentar el fondo de los ERE. El auto hace un recorrido por diferentes declaraciones de técnicos de la Consejería de Hacienda, de la Intervención General y de los exconsejeros Antonio Fernández y Magdalena Álvarez, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, para sostener su genérica imputación.

La juez recuerda la declaración judicial de Fernández sobre el conocimiento del sistema de ayudas que tenían Chaves y el resto de los miembros del Consejo de Gobierno. “Un consejero nunca actúa en contra de lo que decide o indica el Gobierno de la Junta”, incidió Fernández.

Sobre el papel de Griñán durante su etapa como consejero de Hacienda, el ex interventor general Manuel Gómez puntualizó: “Es impensable que el Consejero no conociera que se había generado un déficit de 93 millones y posteriormente de 95 millones, provocado por uno solo, el director general de Trabajo [Javier Guerrero]; era absolutamente notorio, sobre todo para el responsable de los fondos de la Junta”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/19/andalucia/1387459094_472175.html

LA AUDIENCIA DE SEVILLA LEVANTA LA IMPUTACIÓN DE CHAVES Y GRIÑÁN EN EL CASO DE LOS ERE

Estima, de acuerdo con la Fiscalía, que la jueza Alaya no ha concretado los motivos de su supuesta implicación en los hechos, por lo que anula su auto y le ordena repetirlo

La Audiencia Provincial de Sevilla ha anulado el auto en el que la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares 'preimputó' a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a cinco exconsejeros. Así, entiende que "no se ajusta a las exigencias que el derecho a una tutela judicial efectiva y de defensa harían deseables en la llamada al proceso de las personas aforadas que menciona al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

En un auto notificado este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima estima de este modo el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción por falta de motivación -la Sala en ningún momento ataca la aplicación del citado artículo- contra el auto dictado el pasado mes de septiembre por la magistrada Mercedes Alaya y deja sin efecto éste para que la juez dicte una nueva resolución donde se concreten y motiven mejor los hechos que atribuye a los aforados mencionados.

En un auto dictado el pasado 10 de septiembre, la magistrada comunicó la existencia del procedimiento "en calidad de imputados" y a tenor del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a Chaves, Griñán y a los exconsejeros de la Junta José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, lo que fue recurrido por la Fiscalía.

Así, Anticorrupción solicitó la nulidad de la resolución y el dictado de un nuevo auto en la que la instructora concrete los hechos "por los que cada uno de los aforados puede ser objeto de investigación", pues al no hacerlo "genera la misma indefensión que pretende evitar", todo ello en un recurso donde dejó claro que al instructor "le está vedado imputar o siquiera investigar de manera directa a una persona aforada, pues el conocimiento de estas causas corresponde a la Sala de lo Penal del Supremo".

La Sala, que deja claro en primer lugar que la Fiscalía "está plenamente legitimada para solicitar la nulidad de dicho auto por falta de motivación por ser garante de la pureza del proceso en materia penal", pone de manifiesto que, en el caso ERE, "la imputación previa o preimputación, en palabras de la doctrina y la jurisprudencia, de este artículo 118 bis, ha sido acordada por propia iniciativa por la juez de Instrucción en el auto que se recurre por el Ministerio Público, puesto que ninguna de las acusaciones ha solicitado la imputación de las personas aforadas" aludidas.

A continuación, la Sección Séptima recuerda su propia resolución en la que anuló parcialmente el auto de 28 de junio en lo referente a la imputación de la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, solicitando a la juez que dictara una nueva resolución en relación a la exministra en la que "concretara" y "precisara" los hechos que le atribuye.

Al hilo de ello, entiende que el auto donde la juez 'preimputó' a Chaves, Griñán y los cinco exconsejeros "ha de ser considerado como un complemento del dictado el 28 de junio pasado, no recurrido por el fiscal, en el que se ampliaba la instrucción" a un total de 20 cargos o exaltos cargos.

"Especial complejidad"
"Y decimos complemento porque en el auto recurrido se dice expresamente que se han utilizado 'modificaciones presupuestarias que permitieron, en términos indiciarios, desde abril de 2000, ese uso ilícito de fondos públicos a través de la utilización palmariamente irregular de las transferencias'", añade.

En el auto referente a Magdalena Álvarez "ya destacábamos la necesidad de una motivación reforzada" cuando, "como vuelve a ser el caso, se plantearía la posibilidad de un actuar ilegal por parte de poderes propios de la comunidad autónoma de Andalucía".

"Dicho de otro modo, cuando, como es el caso, la eventual extensión del proceso a terceras personas se basa en una decisión propia del juez instructor con base en el resultado de lo investigado, en un asunto además de tan especial complejidad, es más que razonable esperar que se explicite, de un lado, en qué se fundamenta el nuevo giro dado al proceso, y, de otra parte, qué concretas conductas penales relevantes --si quiera mínimamente esbozadas-- atribuye a cada una de las personas a las que se refiere la nueva orientación de la causa", asevera.

"Construcción sugerente" del auto de Alaya
La Sala vuelve a insistir en que el auto de la juez "está basado en una construcción sugerente, que no explícita, de la ilicitud penal de la actuación de sucesivos gobiernos autonómicos a lo largo de, al menos, una década", lo cual "refuerza las exigencias de una máxima precisión en la descripción de los supuestos hechos punibles, y, dada la excepcionalidad del caso, una --mínima siquiera-- exposición, como en otros autos similares ha hecho, de los indicios derivados de lo instruido".

En este punto, la Audiencia insiste en que, en su auto, la juez "no razona qué participación pudiera tener cada uno de los aforados en dichas modificaciones presupuestarias, para el caso de que esa sea la razón de la preimputación, pues tampoco se puede descartar, dada la generalidad de los hechos descritos, que quiera decir que alguno o todos los aforados hayan podido participar en la concesión de sobrecomisiones a las aseguradoras que han actuado como mediadoras en las pólizas colectivas con las que se afrontaba el pago a los trabajadores afectados por los ERE, que igualmente son objeto de investigación en esta prolija, compleja y voluminosa causa".

"Como se infiere de la propia lectura del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se remite al contenido del artículo 118 de la misma ley, por lo que a la comunicación de imputación a los aforados se ha de exigir los mismos mimbres que a la imputación del artículo citado en último lugar", sostiene la Sala.

El papel de Manuel Recio
La Audiencia agrega que los aforados han sido 'preimputados' por los delitos de prevaricación y malversación "por hechos que se dice en el auto acontecieron desde el año 1999 al 2010", no obstante lo cual la juez Alaya "no explica en el auto recurrido ni siquiera someramente qué hechos concretos haya podido cometer cada uno de los aforados que pudieran ser constitutivos de delito".

De este modo, "tan solo en cuanto" a Manuel Recio "se dice que durante su mandato como consejero de Empleo suscribió orden de 27 de abril de 2010 por la que se formalizó la encomienda de gestión de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía a la que, con carácter general, corresponde la promoción y desarrollo de la actividad económica en Andalucía y, en concreto, entre sus competencias se encuentra la de ejecutar actuaciones singulares en el apoyo a empresas que atraviesan dificultades coyunturales".

"Con esta única concreción parece que se excluye su posible participación delictiva durante los años en los que fue secretario general de Economía en la Junta, frente a la preimputación que parece se dirige por ostentar este último cargo al aforado Antonio Ávila, sin que se pueda descartar, dada la generalidad de la preimputación, que se pretenda que también haya cometido este último aforado algún hecho con apariencia delictiva durante el desempeño de los cargos de consejero de la Presidencia o consejero de Economía, Ciencia e Innovación", dice.

A ello se suma que el auto de la juez "tampoco razona si a todos los aforados se les preimputa tanto el delito de malversación como el de prevaricación, o tan solo alguno de ellos, ni si esos delitos han sido cometidos presuntamente y en su caso por acción u omisión".

Como anécdota, la Audiencia rechaza la adhesión al recurso del fiscal de la expresidenta del consejo de administración de Acyco Encarnación Poto, ya que además de que no cabe adhesión, no está legitimada para ello, pues el auto de Alaya "se limita a la preimputación de personas aforadas con las que no tiene relación alguna".

http://www.publico.es/489034/la-audiencia-de-sevilla-levanta-la-imputacion-de-chaves-y-grinan-en-el-caso-de-los-ere

Guerra abierta entre Alaya y la Fiscalía por el caso Mercasevilla

La jueza acusa a los fiscales de "retrasar" el proceso de los suelos de Mercasevilla, mientras la Fiscal Jefe de Sevilla, María José Segarra, considera estas declaraciones como "absolutamente ajenas al debate procesal".

La fiscal jefe de Sevilla, , ha expresado este martes su sorpresa por el hecho de que la juez Mercedes Alaya haya vertido “expresiones gratuitas” sobre el fiscal en el auto por el que archiva la causa contra seis empresarios que pujaron por los suelos de Mercasevilla.

En este sentido, la fiscal jefe considera estas expresiones “absolutamente ajenas al debate procesal y a la argumentación jurídica que debe presidir una resolución judicial”.

“No considero oportuno perderse en consideraciones o incluso reproches que no conducen a nada, pues lo importante es que la investigación llegue a un buen fin con la contundencia que el reproche social a las conductas fraudulentas merece”, ha indicado.

LAS REACCIONES

El primero en salir a la palestrar para expresar su malestar ante el último auto de la jueza Mercedes Alaya ha sido el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Francisco Alvarez de la Chica. El antiguo consejero de Educación ha asegurado este martes que la prescripción de delitos, tanto en el ‘caso Mercasevilla’ como en cualquier otro, es “responsabilidad inequívoca” de la acción de la Justicia y algo que “nunca debería ocurrir”.

En rueda de prensa, el dirigente socialista se ha pronunciado así después de que la juez Mercedes Alaya ha archivado la causa abierta contra los siete empresarios imputados en la causa donde se investigan las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, al entender que han prescrito los tres delitos que se les imputaban.

De la Chica, que ha dicho desconocer si este hecho es responsabilidad directa de la Fiscalía o de la juez que llega el caso, ha insistido en que “ningún ciudadano de bien podrá estar satisfecho por la prescripción de presuntos delitos”. También ha lamentado que haya gente de dicho procedimiento “que queden fuera por la prescripción y que otros sigan dentro”.

Tras apuntar que la Justicia “es más justa cuando llega a tiempo”, el portavoz parlamentario del PSOE-A ha dicho que a su formación le gustaría que “nadie” pueda escapar de la acción de la Justicia “ni en este caso ni en ningún otro porque haya prescripción de delitos”.

Otra de las personalidades que también han comentado la última decisión judicial por el caso Merca ha sido el alcalde Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Éste ha apostado por acatar la decisión judicial de la juez Mercedes Alaya como “respeto al estado de derecho”, en referencia al archivo de la causa abierta contra seis empresarios que fueron imputados tras pujar por los suelos de Mercasevilla, entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, al entender que han prescrito los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales que se les imputaban y que no se les puede aplicar el delito de prevaricación.

Tras inaugurar el centro deportivo Viding La Rosaleda, Zoido ha asegurado que “no valora las decisiones judiciales” porque “no tiene ningún sentido”. “La independencia judicial está en acatar las decisiones judiciales y es el mejor respeto que podemos tener al estado de derecho y de libertades que nos dimos en 1978″, concluye.

Este archivo hacer referencia al procedimiento impulsado para enajenar los suelos del mercado central de abastos de Mercasevilla, que fue fallado en favor de la propuesta elevada por el grupo promotor ‘Sanma Desarrollos Urbanísticos’, filial de la constructora Sando, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga.

En un auto dictado el pasado 8 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla declara extinguida, por tanto, la responsabilidad penal contra estos empresarios, a los que tomó declaración el pasado mes de junio.

Entre los empresarios se encuentran Eduardo Báñez García, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, y Juan Nicolás Báñez García, consejero delegado solidario de esta empresa, ambos hermanos de la ministra de Empleo, así como Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness.

Asimismo, también archiva la causa respecto a Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar –empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007–, y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.

http://elcorreoweb.es/2013/10/15/la-fiscalia-expresa-sorpresa-por-las-expresiones-gratuitas-de-alaya-sobre-el-fiscal/

Alaya archiva el caso de los hermanos de la ministra Báñez en Mercasevilla

Otros cuatro constructores se benefician del carpetazo, inédito por parte de la juez

Primer archivo de una causa por parte de la juez Mercedes Alaya en cuatro años. Desde que inició la investigación del caso Mercasevilla en 2009, la magistrada ha abierto una pieza tras otra en un esfuerzo tan ingente que estas causas han sufrido retrasos, dada su amplitud. La semana pasada la juez cambió de rumbo momentáneamente y decretó el archivo de la causa abierta contra Nicolás y eduardo Báñez, hermanos de la ministra de Empleo y responsables de la empresa onubense Construcciones Juan de Robles.

El carpetazo beneficia asimismo a otros cuatro constructores a los que Alaya acusó de amañar el concurso público de suelos y presentar ofertas ficticias para que finalmente lo ganara la constructora malagueña Sando. “Concurrieron al concurso con la presunta aviesa intención de fijar artificialmente un precio favorable a esta última [Sando] a fin de que se adjudicara el referido concurso”, expone Alaya en su auto del pasado 8 de octubre.

El archivo responde a que ni PP ni PSOE seguieron con el caso como acusación
El motivo del archivo es paradójico, ya que las acusaciones, entre ellas el PP y el PSOE, tenían en su mano intentar proseguir con la causa. Pero ninguna de las partes hizo uso de sus competencias tras estimar la Fiscalía Anticorrupción que los delitos de esta pieza habían prescrito.

La causa se abrió el pasado abril. Después de la declaración de los empresarios, la Fiscalía Anticorrupción alertó en julio de las prescripciones de los delitos de maquinación, fraude y exacciones ilegales por parte de los empresarios que pujaron en el concurso. La juez admitió la prescripción de estos dos delitos, pero preguntó al fiscal si también consideraba que la prevaricación había prescrito. Después de la respuesta afirmativa del ministerio público la semana pasada respecto a la prevaricación, la juez preguntó a las acusaciones.

La magistrada carga con dureza contra el fiscal y le achaca el cierre

Y ninguna de ellas vio motivo para acusar a los seis empresarios. El PP (en representación de su presidente, Juan Ignacio Zoido) no se pronunció al respecto, pero tampoco el PSOE, ni el Partido Andalucista ni la Asociación de Mayoristas de Mercasevilla vieron que los delitos podían ser perseguidos. A estas acusaciones populares se sumaba la acusación particular ejercida por la empresa municipal Mercasevilla (dependiente del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP), que tampoco presentó escrito alguno. Por tanto, la juez ha archivado la causa ya que esta se ha quedado huérfana de acusaciones y está obligada por ley a dar carpetazo al asunto.

En solo tres páginas de auto, Alaya carga con dureza contra el fiscal, en un paso más de su enfrentamiento soterrado. Una semana después de que Anticorrupción criticara que la instrucción le ocultara datos, la juez ha respondido con aspereza.

La instructora recuerda que la fiscalía solicitó la imputación de los empresarios en abril, para después pedir su archivo durante el verano por prescripción. “Ha debido tratarse sin duda de un error de cómputo por parte del Ministerio Fiscal (pues tales ilícitos estaban prescritos desde el inicio de las actuaciones), justificado seguramente por la asistencia por su parte a varias macrocausas”. Pero a continuación, le ha hace un agrio reproche: el “error” ha provocado “cierto retraso” en las actuaciones; “un esfuerzo inútil” ya que se le tomó declaración a seis imputados; y finalmente “un incidente que no es de agrado en una instrucción judicial tan medida y cuidada como ésta, encaminada a la incoación de sumario”. A esta última razón, la juez añade otra píldora: “Como bien sabe el Ministerio Fiscal, cada posible imputado nuevo se valoraba extremadamente y a todo lo anterior hay que añadirle las molestias propias de quien va a declarar implicado en un tema que encima posee repercusión mediática”.

Junto a los hermanos Báñez, el archivo beneficia a los constructores Eugenio Sánchez, Bárbara Gutiérrez, Ignacio Bayón y Antonio Vicente Sánchez. Alaya declara extinguida su responsabilidad criminal y cabe deducir que incluye en la lista de imputados beneficiados por el archivo al empresario José Romero de Prasa, ya que le pregunta por si se desiste del recurso que interpuso. La única excepción es el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet ya que Alaya estima que pudo haber prevaricado al considerarle funcionario.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/14/andalucia/1381764594_946053.html

LA FISCALÍA DICE BASTA

Anticorrupción censura la instrucción de la juez Alaya por sus formas y prioridades

La disparidad de criterio aumenta mientras el peligro de la prescripción de delitos late de fondo
Es una espiral silenciosa, pero imparable. Silenciosa porque se refleja por escrito, pero ascendente y sin freno a la vista. La Fiscalía Anticorrupción critica cada vez de manera más clara la investigación de la juez Mercedes Alaya en el caso ERE. Sus escritos son más heterodoxos a medida que la instrucción avanza, dada la pulcritud que impera en la prosa jurídica. Esta semana las críticas se han agudizado en un escrito donde los fiscales repiten la sucesión de peticiones ignoradas con un fondo de severa discrepancia.

¿Qué significan estas críticas? No siempre el fiscal y el instructor van de la mano, pero las diferencias entre los órganos investigadores en este caso con 116 imputados se acentúan cada vez más. Esta disensión pone de manifiesto la complejidad de una investigación con frentes muy numerosos, pero sobre todo la controvertida manera que imprime Alaya a sus casos. Su protagonismo es total y entre sus fieles colaboradores no se encuentra la fiscalía, a la que desdeña una vez tras otra.

El cruce de escritos entre la juez y Anticorrupción siempre ha sido tenso y preñado de cierta retranca, pero ahora el tono de reproches ha subido. Este antagonismo pone de manifiesto diferentes visiones para priorizar tantas derivadas de investigación. Las defensas han criticado desde el principio la instrucción y las maneras de la instructora por manejar a su antojo los tiempos y retrasar la entrega de información sensible. Eso sí, siempre sottovoce.

Y los ejemplos de retrasos clamorosos al entregar información fechada tiempo atrás son diversos en la instrucción, pero las quejas han venido desde la fiscalía, y los abogados se han quejado de manera muy tibia, salvo excepciones. "Es evidente que la juez oculta información a las partes", revela una de las acusaciones del caso. Otro letrado matiza: "Ella sigue en su línea pero la fiscalía le está pegando muy fuerte por los retrasos".

Dos fuertes caracteres frente a frente

Irá al juzgado y declarará. Pocas veces se verá un duelo de personalidades tan fuertes frente a frente en el caso ERE. Este martes la exministra y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, comparece como imputada frente a la juez Mercedes Alaya. Ambas mujeres son conocidas por sus méritos profesionales y dilatadas carreras, pero también por su fuerte carácter. El interrogatorio estará previsiblemente preñado de preguntas incisivas (como la juez acostumbra) y respuestas punzantes (como es habitual en la exministra). En definitiva, un diálogo (o discusión) plagado de picos tensos.

La mayoría de los 20 altos cargos y funcionarios de la Junta imputados el pasado junio han avanzado que se acogerán a su derecho a no declarar para evitar que su testimonio perjudique su defensa. Hasta ahora solo el ex interventor general del Gobierno autónomo Manuel Gómez se ha sometido al interrogatorio de la magistrada, mientras que los ex directores generales de Presupuestos Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera y el exviceconsejero de Economía y Hacienda José Salgueiro se han negado a declarar por diferentes razones.

Sin embargo, Magdalena Álvarez, consejera de Hacienda entre 1994 y 2004 ha decidido ofrecer su versión de los hechos que se le imputan y responder a las preguntas de Alaya. “Como siempre, intentaremos responder y colaborar con la justicia (…) Aclararemos esta historia porque tiene su explicación”, resume su letrado, Horacio Oliva.

La estrategia defensiva de Álvarez pasa por intentar que la declaración transcurra con la mayor normalidad posible, siempre que sus derechos sean respetados y, sobre todo, el acta refleje exactamente lo declarado por la imputada, uno de los puntos de fricción en las declaraciones anteriores. Oliva avanza que Álvarez declarará a las respuestas de la juez, la fiscalía y la Junta, aunque está por ver si también responderá a las acusaciones, entre las que figuran el PP y la organización Manos Limpias.

La juez acusa a la exministra de ser la persona “que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación” mediante una orden dictada en 2003. La Fiscalía Anticorrupción ha avalado la imputación de la extitular de Hacienda.

Desde que la juez se incorporó el pasado marzo tras su baja por enfermedad, las críticas se han multiplicado. Y si los letrados han combatido de manera más cruda la investigación de la magistrada con calificativos como "corruptela procesal" y acusaciones por desear la "muerte civil" de los acusados, la fiscalía ha pisado el acelerador con un tono que destila hastío ante los continuos desprecios de la juez, que demuestra una confianza nula en los dos fiscales del caso.

Alaya retrasa la entrega de información procedente de la Guardia Civil o escritos aportados por algunos implicados que podrían ayudar a desentrañar claves ocultas. Y los fiscales solo pueden recordar, escrito tras escrito, estos desdenes que por sistema ignoran sus peticiones.

"Inexplicablemente han pasado más de 14 meses hasta que la magistrada ha tomado una decisión (...) Resulta extraña tal dilación". Es un ejemplo de esta semana de la última crítica de los fiscales al retraso que arrastra Alaya: la juez no ha decidido hasta ahora sobre la fianza real para la técnica María José Rofa, que declaró como imputada en el verano de 2012 y hasta ahora no ha resuelto fianza. Además, la instructora ha valorado su "colaboración" con la justicia, una ayuda que los fiscales califican de nula puesto que se negó a declarar en el juzgado.

Las críticas han ido en aumento, especialmente con una sucesión de escritos que este verano han pedido un "calendario razonable" para que los imputados acudan al juzgado. Si Anticorrupción pedía que no cayeran en el olvido las declaraciones de empresarios beneficiados por ayudas directas, la juez contempla algunas de ellas, pero ha primado las comparecencias sobre la financiación de los ERE, incluida la de la exministra Magdalena Álvarez el próximo martes.

Y es que el riesgo de prescripciones de delitos, ocurrido ya en el caso Mercasevilla, es una sombra que muchas voces ven como un peligro real ante el aluvión incesante de nuevas imputaciones. "Es un peligro latente, sobre todo en ayudas directas de 2004 y 2005 concedidas a empresarios por la Junta", relata otra de las acusaciones del caso.

Fuentes del ministerio público quitan hierro a la escalada de críticas hacia Alaya. "No hay un antes y un después del auto de esta semana. Ni cambio de estrategia. Siempre hemos dicho lo mismo y nuestra tarea es impulsar el procedimiento". A continuación, añaden: "La labor de la fiscalía siempre es controlar a la instructora, y las decisiones se toman decisión a decisión", subrayan antes de recordar que los fiscales del caso han apoyado a Alaya en cientos de recursos presentados por las defensas y apenas han recurrido cinco autos de la magistrada. Un letrado veterano matiza: "La fiscalía estaba ya muy harta y se han puesto firmes. Y eso le ha dado alas al resto de partes".

Este proceso no es un caso cualquiera. La propia juez ha subrayado esta semana que si se grabaran las declaraciones de los imputados, propiciaría que aparecieran en los medios de comunicación "como si se tratara de cualquier vídeo de sobremesa, contribuyendo a una morbosidad innecesaria (...)". Hay que "evitar las actuaciones teatrales o alegatos políticos que pudieran pretenderse", matiza la instructora.

El agotamiento de los fiscales

La Fiscalía Anticorrupción ha elevado el tono de sus críticas hacia Mercedes Alaya. Le achacan ignorar por sistema sus peticiones de diligencias y tomar decisiones arbitrarias y carentes de lógica procesal. Los casos de imputados que llevan dos y tres años sin declarar aumentan, y los calendarios para testificar son muy espaciados en el tiempo y retrasan la causa. El protagonismo de Alaya acapara cada causa y pese a que las discrepancias con Anticorrupción son contadas, las diferencias han sido cada vez más evidentes. Esta semana, los fiscales censuraron el retraso en fijar la fianza real de una técnica de la Consejería de Empleo imputada que declaró durante el verano de 2012. “Inexplicablemente han pasado más de 14 meses hasta que la magistrada ha tomado una decisión (...) Resulta extraña tal dilación”, subrayan.

Mientras que Alaya ha imputado a 20 altos cargos y funcionarios de la Junta y ha señalado a siete cargos aforados por la financiación de los ERE, la fiscalía ha recurrido solo el auto que apuntaba al segundo grupo de aforados que incluye los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El motivo fue la nula motivación para acusar a los cargos aforados. •Te podrá parecer más o menos justificada, pero la motivación para los 20 cargos, existía•, puntualizan fuentes de la fiscalía sobre el diferente criterio aplicado a los dos autos más polémicos del caso este año.

El criterio sobre el ex director general de Trabajo Javier Guerrero es un ejemplo de la evolución de la causa: si en el pasado Alaya destacó el desvío de fondos públicos "para su lucro personal" al demostrar una "absoluta falta de diligencia" y permitir "el enriquecimiento de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos andaluces", ahora la visión es otra. El último auto de la juez le asemeja a un brazo ejecutor de un sistema "diseñado por sus superiores y responsables de mayor escala, un sistema que respondería a una decisión política".

En tres años, la fiscalía y la juez han discrepado en diversas ocasiones. Hace dos años y medio, la juez se impuso a la Junta en la polémica de las actas de los Consejos de Gobierno. Pero antes la fiscalía se había opuesto a que la juez accediera a las actas. Y las críticas desde la barrera política arreciaron como en otras ocasiones. El entonces presidente del PP andaluz, Javier Arenas, acusó a la fiscalía de estar "al servicio del Ejecutivo autónomo" en vez de "al servicio de la investigación, de la legalidad y la transparencia".

Hay voces que recuerdan lo mal que la juez encajó el apoyo de la fiscaía a la recusación planteada contra ella en el caso Mercasevilla porque su marido auditó la empresa municipal poco antes del periodo que ella luego investigó. En cualquier juzgado se viven tensiones por los tiempos y prioridades necesarias para que la investigación avance. El problema del caso ERE es que al ser su tamaño tan descomunal, priorizar una vía supone enterrar otras y arriesgarse a las prescripciones de los delitos. Y esto supone eximir de pena a ciertas personas.

Las causas de Alaya crecen en número y tamaño

Los casos que investiga la juez Mercedes Alaya no dejan de aumentar. En número y en grosor. Aunque desde hace un año se mantiene alejada de los asuntos diarios del juzgado y se han podido centrar en las grandes causas que instruye, estas investigaciones se han multiplicado: la última en incorporarse ha sido la pieza separada para indagar el uso supuestamente irregular de facturas por parte del sindicato UGT. Esta investigación se suma al caso ERE; las dos piezas del caso Mercasevilla por delito societario y el concurso para la venta de suelos: el caso Madeja sobre las relaciones entre políticos y dos constructoras; el caso Betis; y la pieza secreta cuyo contenido se desconoce de momento. En total, siete causas cuyas cifras de imputados van aumentando.

“Las normas de reparto son las normas de reparto. Son objetivas. Interpretables, pero es lo que hay”, asegura, tajante, el decano de los jueces sevillanos, Francisco Guerrero, sobre su decisión de conceder la instrucción de las facturas de UGT a Alaya porque existían nexos entre las denuncias presentadas y el contenido de sus indagaciones sobre la financiación de los sindicatos UGT y CC OO. El aumento de causas supone una tremenda multiplicación de recursos para garantizar los derechos de los acusados. Un grupo de técnicos y funcionarios muy numeroso ya ayuda a Alaya (incluido un magistrado de refuerzo). Pero parece inevitable que serán necesarias más manos en el Juzgado de Instrucción 6.

Los retrasos que ya acumula el juzgado suponen el peligro del desborde, pero el decanato asegura que los medios estarán disponibles para no llegar a situaciones críticas. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han sumado a las críticas sobre la acumulación de causas y el rechazo de Alaya a contar con ayuda de otros jueces para preservar su autonomía y control sobre las investigaciones.

La juez sufrió fuertes cefaleas que la mantuvieron alejada del juzgado seis meses. En las comparecencias de acusados, la juez no ha dado muestras de que la enfermedad haya vuelto. Y sin embargo, todos los protagonistas del caso albergan un temor muy concreto: que la capacidad de trabajo de la magistrada encuentre un tope. Y como consecuencia, que los retrasos consiguientes afecten a los derechos de los acusados en las diferentes causas. Más aún, que estas dilaciones en el tiempo provoquen las prescripciones de delitos que ya ha sufrido el caso Mercasevilla. Y es que los papeles de estas siete causas llevan un ritmo frenético muy difícil de seguir, incluso para las partes implicadas, supuestos conocedores de los miles de folios que acumulan.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/05/andalucia/1380993250_604505.html

LA FISCALÍA DE SEVILLA PIDE ARCHIVAR LAS ACUSACIONES CONTRA LOS HERMANOS DE BÁÑEZ EN EL ‘CASO MERCASEVILLA’

Anticorrupción censura la "extraña" demora del proceso y el PSOE apunta a que se intenta beneficiar a los hermanos de la ministra

La Fiscalía ha pedido que se archive la causa por prevaricación contra dos hermanos de la ministra Fátima Báñez y otros cinco empresarios que concursaron para comprar los terrenos de Mercasevilla, lo que puede suponer su salida definitiva de la causa al estar prescrito el delito de fraude y maquinación.

Críticas a las formas y tiempos de la juez

Recientemente, Anticorrupción hizo pública su críticas a la imposibilidad de comprobar la implicación de otros imputados por falta de la información necesaria. Anticorrupción censura la imposibilidad de comprobar la implicación de otros imputados por falta de la información necesaria porque existen “diligencias de instrucción acordadas y no practicadas”. También censuró la forma y los tiempos de la juez en dicha instrucción.

El delito de prevaricación no está prescrito

La Fiscalía de Sevilla, en un escrito, manifiesta que aunque el delito de prevaricación no está prescrito, “no ve indicios suficientes para imputar ese delito a los empresarios” que concursaron y que declararon como imputados el pasado 14 de junio.

Juez Alaya

Este escrito se produce después de que la juez instructora del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, declarase, el pasado 30 de septiembre, que habían prescrito los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales, pero no el de prevaricación, que imputó a los empresarios.

Imputados

La jueza había imputado a los empresarios José Romero González, presidente de PRASA; a los hermanos Juan Nicolás y Eduardo Báñez como responsables de la empresa Juan de Robles; a Ignacio Bayón, de Realia; a Bárbara Gutiérrez-Maturana, presidenta de Azucarera Larios; y a Martín Sánchez-Ramade y su hijo, de EDAMAR.

Sin indicios suficientes

Estos siete empresarios elevaron a 24 las personas acusadas en este sumario, uno de los cuatro en que se desgajó el caso Mercasevilla, entre las cuales figura el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU). La jueza investiga lo que ha denominado “adjudicación fraudulenta” del concurso de venta de los terrenos a la inmobiliaria Sanma, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga. Ahora, la Fiscalía afirma que “no hay indicios suficientes, a día de hoy, para considerar acreditada mínimamente la participación de los imputados” en el delito de prevaricación.

Críticas del PSOE

Los socialistas se han quejado de esta situación. Mario Jiménez afirmó que se producen “una serie de acontecimientos y circunstancias, como la prescripción de delitos societarios, que terminan beneficiando a los hermanos de la ministra”, ha señalado en referencia a la responsable de la cartera de Trabajo, Fátima Báñez.

Anticorrupción censura la instrucción de la juez Alaya

Estos hechos provocaron también la durísima queja de la Fiscalía Anticorrupción. La censura se produjo tanto por las formas como por los tiempos de la juez y se formularon pocos días después de que se hiciera pública que los dos de los tres delitos que se imputaban a los dos hermanos de la ministra de Empleo Fátima Báñez hubieran prescrito. En su escrito la Fiscalía mencionaba una “extraña” dilación en la actuación de la juez así como que se le esté ocultando información y de que no se hayan practicado diligencia “acordadas” sobre el seguimiento de los expedientes fraudulentos.

http://www.elplural.com/2013/10/05/fiscalia-de-sevilla-pide-el-archivo-definitivo-respecto-a-hermanos-banez-en-mercasevilla/

Anticorrupción recurrirá el auto que plantea la imputación de Griñán y Chaves

El ministerio público entiende "que no está fundamentado y que puede generar indefensión"

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido finalmente recurrir el auto en el que la juez Mercedes Alaya plantea la imputación de los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves y cinco exconsejeros en la causa en la que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos tramitados por la Junta.

Según fuentes judiciales, el ministerio público ya ha presentado el recurso contra el auto al entender "que no está fundamentado y que puede generar indefensión", por lo que pedirá a la magistrada que "lo motive". Al ser aforados, la juez instructora de los ERE no puede investigar ni imputar a estos ex altos cargos, pero la magistrada recurre en el auto hecho público el pasado martes al artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a los aforados sobre los que haya indicios de delito personarse en una causa, acceder a las diligencias, proponer pruebas, participar en los interrogatorios o declarar voluntariamente ante el juez instructor.

Junto a Griñán y Chaves, el auto dictado por la juez abre el proceso para imputar a cinco exconsejeros de la Junta Carmen Martínez-Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo, todos ellos aforados. Alaya sostiene que los siete tienen "cierta carga incriminatoria" en la causa que investiga, pero no detalla cuál.

El recurso de la fiscalía plantea que la juez debe concretar la implicación en la causa de cada uno de los aforados para que conozcan qué delitos les atribuye. Lo contrario, según el fiscal, genera "indefensión" en los señalados.

Desde que se conoció el auto de Alaya, difundido por el PP durante la toma de posesión del Gobierno de Susana Díaz, los juristas han discrepado sobre la legalidad de la resolución. “La imputación es una, no hay categorías intermedias. Si entiende que cabe imputar unos hechos con apariencia de delito, debe exponerlos razonadamente al Tribunal Supremo para que la Sala Segunda haga su trabajo. Podría, claramente, hablarse de nulidad del auto”, explicó a este periódico la catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla, Isabel González Cano. El también catedrático José Martín Ostos, por su parte, cree que el escrito se ajusta a derecho y busca "preservar los derechos fundamentales de estas personas”.

Torres-Dulce apoya el recurso por falta de motivación del auto

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha apoyado esta tarde el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción por "falta de concreción y motivación en algunos extremos".

"Se trata de que las garantías procesales queden suficientemente motivadas", ha dicho Torres-Dulce a los periodistas tras asistir a la toma de posesión del nuevo fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez Cuesta.

También ha asegurado que las decisiones de la fiscalía se toman "de forma autónoma", si bien él ha sido informado sobre la decisión de recurrir dicho auto y ha mostrado su apoyo.

"Estoy de acuerdo con la decisión", ha dicho Torres-Dulce, quien ha añadido que este recurso se basa "exclusivamente en desbrozar aquellos aspectos del auto que, desde nuestro punto de vista, tienen falta de concreción y motivación en algunos extremos". "La decisión está hecha desde el respeto a la instructora", ha añadido.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/13/andalucia/1379073467_890546.html

DUDAS JURÍDICAS Y CONTRADICCIONES EN EL AUTO DE LA JUEZA ALAYA

Según fuentes del Tribunal Supremo el auto de imputación de Alaya "bordea la prevaricación"

La Fiscalía Anticorrupción estudia si el auto se ajusta a derecho

La jueza reconoce en su auto que no tiene competencia para imputar a aforados y sin embargo lo hace

La jueza Alaya acaba de dictar un auto en el que imputa a los dos últimos presidentes de la junta de Andalucía sin competencia para ello. Independientemente de la gravedad de los hechos investigados por Alaya, causa evidente de la renuncia de Griñán a la presidencia, el paso al frente de la magistrada sitúa su decisión "al borde de la prevaricación", según fuentes del Tribunal Supremo.

Según las fuentes consultadas en el alto tribunal en el momento en el que la jueza apreciase indicios claros de delito su obligación procesal es elevar una exposición razonada al Supremo en la que explique todos aquellos detalles indiciarios que pesan sobre aforados. Sin embargo, Alaya no ha redactado una exposición razonada sino un auto de imputación en toda regla y en él incluye a dos diputados en el Congreso (sometidos al aforamiento del TS). En ese sentido, la Fiscalía Anticorrupción está estudiando ya el auto para comprobar si es conforme a la jurisprudencia del Supremo para decidir si lo recurre, según la Agencia Efe.

En su escrito, la magistrada se contradice a sí misma al afirmar que "esta proveyente como juez de Instrucción no puede realizar un juicio formal de imputación o inculpación" y pocas páginas más adelante señalar que "procede comunicar la existencia del presente procedimiento en calidad de imputados a Manuel Chaves, José Antonio Griñán..."

"Alaya no puede imputarles ni decirles que se personen en un procedimiento para el que ella no es competente", señala un magistrado del Tribunal Supremo en conversación con esta redacción. La decisión del juzgado de Alaya de hacer pública la noticia de las "presuntas" imputaciones justo en el momento de la toma de posesión el nuevo gobierno andaluz ha generado estupor en círculos jurídicos y políticos.

La decisión de la magistrada ha caido como un jarro de agua fría en la reunión del grupo parlamentario socialista en el Congreso. Del encuentro, presidido por Rubalcaba, se han salido Manuel Chaves y Gaspar Zarrías. A ambos políticos andaluces se les ha podido ver conversando preocupados en los pasillos del Congreso antes de abandonar el edificio.

http://www.eldiario.es/politica/Dudas-juridicas-contradicciones-juez-Alaya_0_173932928.html

LA FISCALÍA ESTUDIA SI RECURRE EL AUTO DE LA JUEZ POR IMPUTAR A AFORADOS

La instructora defiende que la Ley le obligaba a comunicar la inculpación a Chaves y Griñán aunque multiplique los perjuicios mediáticos para ellos

El auto dictado este miércoles por la juez Mercedes Alaya puede abrir una seria batalla jurídica de procedimiento, al otorgar la condición de imputados a personas aforadas, como Manuel Chaves, cuyo enjuiciamiento corresponde a tribunales superiores, algo que reconoce la propia instructora.

La Fiscalía Anticorrupción ha informado que estudia si la resolución se ajusta a derecho y si es conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo a efecto de decidir si lo recurre o no. El auto puede apelarse ante la Audiencia Provincial de Sevilla. La propia juez critica en la resolución el artículo de la Ley en el que se ha basado para comunicar ya las imputaciones a los aforados, pero se justifica diciendo que su cumplimiento es obligado.

El estudio del auto por parte de la Fiscalía Anticorrupción se debe precisamente a que la juez ha comunicado la imputación a varias personas aforadas, pero sin remitir la instrucción a los órganos judiciales que deberían ser competentes para instruir la causa sobre esas personas concretas. Manuel Chaves y el exconsejero José Antonio Viera son actualmente diputados nacionales, por lo que están aforados ante el Tribunal Supremo.

La juez dispone en el auto, de un lado, comunicar la existencia del procedimiento de los ERE "en calidad de imputados" a José Antonio Griñán, Manuel Chaves y otras personas aforadas, y por otro lado reconoce que "no puede realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputación".

La juez comunica la imputación a los efectos del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que cuando se impute un acto punible contra un diputado o senador, se procederá como con el resto de personas: poniendo inmediatamente en su conocimiento la actuación procesal. La instructora les achaca presunta colaboración para un "uso ilegal y continuado de fondos públicos".

En el auto, la juez hace un análisis de las consecuencias de la imputación de personas aforadas y reconoce que se trata de un proceso con "consecuencias procesales extrañas" y que les deja en "una condición harto peculiar". Explica que como juez de instrucción "no puede realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputación" pero "sí puede y debe hacer dos cosas: la primera, darles traslado de las actuaciones para que se personen si lo desean" y la segunda, "tras agotar las diligencias de investigación que en su caso pudieran determinar cierto grado de responsabilidad de los aforados, remitir testimonio de la causa al tribunal superior competente".

Sin embargo, la propia juez se muestra muy crítica con el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha aplicado. Primero, porque da un estatus de "imputado provisional" a diputados o senadores, que les permite desvincularse de la causa hasta que no haya autorización parlamentaria para inculparles, lo que considera "anómalo".

Además, destaca que tampoco ha conseguido reducir la presión mediática sobre estas personas, que afirma que era el propósito del propio artículo. Al contrario, produce "un efecto multiplicador de la expectación e influencia negativa de los medios sobre dichas personas", lo que la juez dice lamentar. En ese sentido, expone que primero pueden verse señalados por la juez de instrucción como imputados, posteriormente en la exposición razonada con el resumen de indicios delictivos que pueda elevarse al tribunal superior, y finalmente en la resolución que realice éste estableciendo la inculpación formal.

Tal como hizo la Audiencia de Sevilla en un auto de julio pasado que respaldó la actuación de Alaya, los aforados que hasta ahora hayan tenido un "conocimiento mediático de la causa" pueden personarse e incluso "solicitar su declaración voluntaria ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo sin esperar al suplicatorio de dicho tribunal ante las Cámaras a las que hubieren pertenecido".

Fuentes del Tribunal Supremo han explicado hoy que si la juez remite una exposición razonada con indicios delictivos contra algún aforado, se encargará de ella la sala de causas especiales, que antes de admitirla o no a trámite pediría opinión a la Fiscalía.

http://www.publico.es/467339/la-fiscalia-estudia-si-recurre-el-auto-de-la-juez-por-imputar-a-aforados

LA JUEZ ALAYA PLANTEA LA IMPUTACIÓN DE GRIÑÁN Y CHAVES POR LOS ERE

La magistrada retoma la instrucción con un auto en el que apunta a los expresidentes andaluces

La juez incluye a cinco exconsejeros como posibles implicados
Rubalcaba afirma que no opinará hasta haber leído el auto y rechaza contestar a la prensa

La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE, el supuesto fraude con ayudas públicas a empresas y empleados, ha planteado la imputación de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera, Manuel Recio y Antonio Ávila, todos aforados.

Griñán, que siempre ha negado que le advirtieran del fraude, había dejado la presidencia de la Junta para evitar que esta situación perjudicara a la Administración andaluza y tan solo horas después de que su sustituta, Susana Díaz, tomara posesión del cargo, Alaya ha abierto el proceso para imputarle en el fraude.

En el auto, difundido en el momento que el nuevo Gobierno de Díaz procedía al relevo formal, la juez considera que hay "elementos precisos" que apuntan a la "concesión de subvenciones al margen del procedimiento legalmente establecido" y que van, en opinión de Alaya, desde el cobro de comisiones por encima de lo habitual permitido por la Junta de Andalucía y el establecimiento de un sistema que, de acuerdo al texto del auto, pretendía "eludir el cumplimiento de la Ley de Subvenciones, que sujetaba el procedimiento a estrictos trámites y los controles de la Intervención, provocando además millonarios desfases presupuestarios cada año durante una década".

La juez añade que, en función de la investigación y el seguimiento de informes y atestados, así como las declaraciones, "resulta conveniente de manera muy somera y con el horizonte de la investigación anteriormente dibujado, abordar la cuestión del aforamiento de determinadas personas designadas en el procedimiento y presuntamente relacionadas con los hechos que se investigan".

En este caso se encuentran los siete exresponsables de la Junta mencionados, a los que Alaya achaca, de forma indiciaria, los delitos de prevaricación y malversación, "entre otros". Lo que ha hecho la juez es comunicar a los siete aforados la existencia de la causa y que en ella ve indicios de delitos contra ellos. Formalmente, la juez no puede imputarlos debido a que están aforados, y acude al artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal para comunicarles que existe "cierta carga incriminatoria" contra los siete. El efecto real de la resolución es que los dirigentes mencionados podrán personarse en la causa y sus abogados proponer pruebas, recurrir o participar en los interrogatorios.

Alaya reclama a los aforados que se "personen si lo desean" y entiendan el auto firmado como una resolución "asimilable a trámite de denuncia o querella", lo que permite comunicar a los aludidos que pueden ser imputados de acuerdo a su interpretación del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, la misma juez admite que "no constituye un acto de imputación judicial, pero permite al querellado defenderse en el proceso por los hechos que pudieran incriminarle".

En este sentido se pronunció la Audiencia de Sevilla el pasado mes de agosto, cuando resolvió que "nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigación judicial salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar (...) el juez puede recibir declaración al aforado si voluntariamente se presta a ello”.

Abogados personados en la causa han dicho a Efe que, al notificar hoy "la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados" a Chaves, Griñán y cinco exconsejeros de la Junta, la juez cumple "estrictamente" lo que le ordenó la Audiencia de Sevilla el pasado 8 de agosto, cuando dijo que antes de elevar el caso al Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) debía "apurar y depurar" la investigación.

La Audiencia le dijo entonces que también debía notificar la existencia del proceso a los aforados para que puedan "salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar".

Según los citados abogados, el auto dictado hoy "permite a la juez retrasar durante un tiempo prudencial la elevación al Tribunal Supremo del informe razonado, que tendría como consecuencia la inculpación formal de los aforados, previa petición de suplicatorio a las Cámaras legislativas correspondientes".

De esta manera, según las fuentes, los imputados pueden personarse en la causa, participar en la instrucción y ejercer su derecho de defensa, "excluyendo de este modo cualquier atisbo de nulidad de la causa por indefensión".

La juez concluye el auto afirmando que su resolución puede ser recurrida. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción han explicado a Efe que estudian el contenido del auto y si es conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo a efecto de decidir si lo recurre o no. El estudio del auto por parte de la Fiscalía Anticorrupción se debe a que la juez ha comunicado la imputación a varias personas aforadas, pero sin remitir la instrucción a los órganos judiciales que deberían ser competentes para instruir la causa sobre esas personas concretas.

El artículo que esgrime Alaya

TÍTULO V

Del derecho de defensa y de la asistencia jurídica gratuita en los juicios criminales

Artículo 118

Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho.

La admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente inculpados.
Para ejercitar el derecho concedido en el párrafo primero, las personas interesadas deberán ser representadas por Procurador y defendidas por Letrado, designándoseles de oficio o cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren, y en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para verificarlo.
Si no hubiesen designado Procurador o Letrado, se les requerirá para que lo verifiquen o se les nombre de oficio, si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se necesite el consejo de aquéllos o haya de intentar algún recurso que hiciese indispensable su actuación.

Artículo 118 redactado por Ley 53/1978, 4 diciembre («B.O.E.» 8 diciembre), por la que se modifican determinados artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se deroga el artículo 316 de la misma.

Artículo 118 bis

Del mismo modo que en el artículo anterior se procederá cuando se impute un acto punible contra un Diputado o Senador, los cuales podrán ejercitar su derecho de defensa en los términos previstos en el artículo anterior, y todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71.2 y 3 de la Constitución española.

Artículo 118 bis introducido por el artículo único de la L.O. 7/2002, de 5 de julio, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal («B.O.E.» 6 julio). Vigencia: 26 julio 2002

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/10/andalucia/1378811795_430252.html

EL PSOE ACUSA A LA JUEZ ALAYA DE BUSCAR UNA “IMPUTACIÓN MEDIÁTICA”

Soraya Rodríguez subraya que los expresidentesGriñán y Chaves "no han sido imputados"

El proceso de designación del presidente del partido como senador continuará
“Se ha producido una imputación mediática pero no judicial; los señores José Antonio Griñán, Manuel Chaves y las otras tres personas citadas por el auto no están imputadas”. Esta es la declaración oficial del PSOE expresada por la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, tras leer el auto de la juez Mercedes Alaya. “Este auto ni siquiera inicia el procedimiento que pudiera dar lugar a la imputación porque para ello debería haber elevado un escrito que no ha hecho”.

Tanto la dirección socialista como su equipo de juristas han leído el auto para concluir de manera tajante y reiterada que no hay imputación alguna. “SI no hay auto de imputación y si no hay inicio del procedimiento se puede preguntar qué persigue el auto: Comunica la existencia del procedimiento por si los señalados quieren personarse e iniciar su defensa, pero ¿ sobre qué se van a defender si no hay imputación”?. Este ha sido el relato de Rodríguez que el derecho de defensa ya lo tienen de antemano porque así lo señala el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ni una palabra en contra de la juez Alaya se ha escuchado de la portavoz socialista que ha medido mucho sus términos para dejar claro el respeto “a la independencia judicial”.

En este contexto se celebrará a primera hora de mañana la sesión de control al Gobierno en la que el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, va a preguntar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por su relación con el extesorero Luis Bárcenas al estimar que “mintió” el 1 de agosto al señalar que este no trabajaba en el partido cuando él llegó a la presidencia del gobierno en diciembre de 2011. Pero las declaraciones judiciales de la secretaria general del PP, Dolores Cospedal sitúan la relación laboral hasta enero de 2013 y, además, pactada con el propio Rajoy.

Tanto Rubalcaba como después Soraya Rodríguez, en su pregunta a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, sobre “las responsabilidades políticas” en el PP se van a encontrar con estas imputaciones como respuesta, toda vez que la propia vicepresidenta ya ha aludido a ellas. “No están imputados al día de hoy”, insisten en el PSOE

http://politica.elpais.com/politica/2013/09/10/actualidad/1378836739_479616.html

MARTÍN PALLÍN: “EL AUTO ME PARECE DESCONCERTANTE Y PREOCUPANTE”

El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha criticado con dureza el auto dictado ayer por la jueza Mercedes Alaya, que ha calificado como “desconcertante y preocupante”. En declaraciones al programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, el jurista ha asegurado que el texto de Alaya es nulo porque no recoge los delitos que se imputan a los acusados: ”La Constitución exige como garantía procesal que no se puede saltar decirle a la persona imputada de qué es acusado”.

Pallín denuncia que Alaya ha iniciado un “lío fundamental y se ha metido en un charco de invasión de competencias muy peligroso”. En caso de que Ayala imputase por un delito de prevaricación a los acusados, ha explicado, la jueza tendría que, “siguiendo ese salto cualitativo, ir a por las parlamentarios que han votado en esa norma”. En esa línea, el magistrado ha hecho referencia a la no imputación de aforados, actitud que ha calificado como “sospechosa”. Según ha recordado, desde el momento en el que hay indicios de la implicación de un aforado, el juez encargado del caso debe suspender la investigación elevarla al órgano competente -en caso de Griñán, sería el Tribunal Supremo-, hecho que no se ha producido en el último auto de Ayala.

Por todo ello, ha instando a Ayala a “no enredar más en un asunto gravísimo en el que por un lado están las responsabilidades políticas y por otro las jurídicas” y le ha recomendado que “no meta a la justicia en estos charcos”

http://www.andalucesdiario.es/politica/el-auto-me-parece-desconcertante-y-preocupante/

MERCEDES ALAYA: EL MITO DE LA JUEZ DE HIERRO SE DESMORONA

Alaya debido al retraso en su instrucción fue llamada al orden por los presidentes del Tribunal Supremo y de Superior de Justicia

La instrucción del “caso ERE” por parte de la juez Mercedes Alaya no para de generar polémicas en cuanto a los modos, formas y coincidencias cronológicas que caracterizan al sumario. Esta actuación de la jueza siempre ha recibido críticas, hasta hace poco menores y ahora de gran dimensión, por parte de los socialistas que han visto detrás del sumario un curioso paralelismo que solapaba la agenda del partido o perjudicaba sus intereses electorales. Lo cierto es que los autos demoledores de la juez han beneficiado notablemente y en cada momento a los intereses y estrategia del Partido Popular, un partido que preside Juan Ignacio Zoido, magistrado en excedencia que fue Juez Decano de Sevilla mientras Alaya estaba al frente de otro juzgado.

Estrategia del PP andaluz y cronología del sumario

Los momentos de más tensión en este sentido fueron cuando en campaña electoral de las generales, Alfonso Guerra llegó a afirmar en un acto público que existía una “relación incluso fuerte, personal” entre la juez y el actual alcalde de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido así como hizo alusión a un indeterminado expediente judicial. Un periodista tan veterano y solvente como Román Orozco llegó a escribir que la derrota de Arenas se debió a que éste cayó en el error de “confundir su programa con los autos de la juez de los ERE.

Cuestionamiento de la instrucción

Tras el “auto de imputación masiva” dictado esta semana, coincidiendo con la convocatoria de primarias socialistas, han surgido numerosas críticas desde distintos ámbitos, incluso de profesionales de la judicatura, cuestionando que dicho auto se ajuste a Derecho. Lo cierto es quien comenzó convirtiéndose en una juez estrella a golpe de auto y decisiones muy mediáticas comienza a ver desmoronada su figura de rectitud y carácter férreo.

Decálogo de dudas, preguntas y casualidades

1) Nunca se entendió como teniendo otras fechas en el calendario ordenó la detención del ex director general de Empleo, Javier Guerrero, el primer día de la campaña de las elecciones autonómicas y a su conductor, el de la cocaína, declaró apenas cinco días antes de la celebración de las elecciones autonómicas, con gran gozo del PP al que se daba como ganador por mayoría absoluta en todas las encuestas.

2) Alaya debido al retraso en su instrucción fue llamada al orden por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía quien tras reunirse con ella le conminó a acelerar el proceso. El presidente del TSJA tuvo que recordarle a Alaya el “número” de imputados a los que la juez no ha bía tomado aun declaración que en algunos casos llevaban esperando más de tres años.

3) Posteriormente el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ también le dio un tirón de orejas. Gonzalo Moliner llegó a afirmar en Mayo que “si se seguía demorando, tomaríamos medidas que podrían llevar a la apertura de un expediente disciplinario” a la magistrada o a una inspección desde CGPJ.

4) El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, es también muy crítico con la instrucción. De Llera, ex fiscal, ha dicho de Alaya que “ni uno es Supermán, ni ella es Superwoman. Si sigue retrasando las cosas así y no acepta ayuda de nadie, le podrán decir que es una prepotente, porque sola no puede”.

5) La opinión pública tuvo conocimiento a partir de estas “regañinas” de que hay imputados en distintas de las macrocausas que instruye que llevan tres años y medio pendientes de declarar anclados en una eterna indefensión.

6) Nadie comprende como con los atascos que sufre su juzgado en los casos que dirige, Alaya renunció a dividir causas con jueces de apoyo y permitió prescindir de ellos.

7) Tras el auto de esta semana las críticas afectan a la médula de la instrucción y no proceden solo del campo político sino del ámbito de su profesión. José Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Supremo y hombre de Izquierda Abierta y por tanto no sospechoso de favorecer al PSOE, afirmó ayer que ve “nulo” este último auto porque no aclara que delitos imputa. Para el ex magistrado la juez “se ha metido en un charco de invasión de competencias muy peligroso”.

8) Otra “casualidad” en la que coinciden De Llera y el propio Pallín es que la jueza se pare a la hora de imputar en los aforados. Por las mismas razones que ha imputado a otras personas podría haberlo hecho con otros con rango de aforados. Y es que ahí reside el meollo de la cuestión. Si imputa a un solo aforado, pierde la causa pues ésta iría al TSJA o al Supremo. Este es el argumento más demoledor que contra la juez se utiliza porque además el recorrido es corto y demostrable.

8) Si el punto anterior se demostrase, siempre en el terreno de las hipótesis, y Alaya estuviera demorando la imputación de algún aforado, la responsabilidad en la que puede incurrir sería muy grave, llegando incluso según fuentes profesionales consultadas hasta la prevaricación.

9) Se da la circunstancia de que uno de los delitos más graves en los que puede incurrir un juez sería el dilatar un caso de manera injustificada, anulando la defensa de futuros imputados y alargando un proceso público de escarnio a futuros inocentes imputados actualmente.

10) La pregunta que hoy muchos se hacen es la siguiente: Si lo que se imputa a 20 cargos y ex cargos públicos socialistas en el último auto son datos de conocimiento de la juez desde hace mucho tiempo, ¿Por qué la jueza decide imputarlos ahora?

Al paso que va ¿Cuándo terminará el sumario?

Casualidad o no, lo cierto es que las críticas que Alaya recibía solo desde las filas socialistas, poco a poco se van extendiendo a otros sectores. La imagen de la juez de hierro comienza a desmoronarse. Las dudas sobre la corrección del sumario se suman a las censuras por su cada vez más amplio retraso y por su peculiar cronología política. Al paso que va ¿cuándo terminará el sumario? ¿Coincidirá en tempus preelectoral o electoral? Y si al final decide imputar a un aforado y lo pierde en pos del Supremo o el TSJA ¿Cuánto más tiempo habrá que esperar a que los culpables cumplan su pena y los inocentes acaben desimputados pero con un daño personal, político y moral inhumano? Curioso es que desde las filas del PP se pidan responsabilidades de todo tipo para los socialistas pero en ningún caso se exija premura y celeridad al sumario.

http://www.elplural.com/2013/07/04/mercedes-alaya-el-mito-de-la-juez-de-hierro-se-desmorona/

EL PRESIDENTE DEL SUPREMO TAMBIÉN CUESTIONA LOS RETRASOS DE LA JUEZ ALAYA

Gonzalo Moliner no ve “normal ni aceptable” la demora en las investigaciones

El presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, no ve “normal ni aceptable” que algunos imputados del caso Mercasevilla, instruido por la juez Mercedes Alaya, tarden tres años y medio en prestar declaración para defenderse. La crítica del máximo mandatario de los jueces hacia la magistrada de los ERE se suma al segundo aviso por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) a Alaya, debido a los retrasos que acumulan sus causas.

La censura de Moliner ha llegado acompañada de paños calientes en los que alababa la dedicación de la juez al trabajo, pero el aviso ha sido transparente: “Si se siguen demorando, tomaríamos medidas que podrían llevar a la apertura de un expediente disciplinario” a la magistrada o a una inspección desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para estudiar y solucionar el atasco.

El también presidente del CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, ha resaltado durante una visita a Sevilla el “agobio de trabajo” que soporta Alaya, pero ha dicho que no les consta que “lo esté haciendo mal”. Antes los dos avisos del TSJA, Moliner descartó la apertura de un expediente a la instructora: “De momento, ni se nos ha ocurrido abrir un expediente porque buscamos solucionar el problema y no crear otro”.

“Las cosas son como son y a lo mejor hay que tener en cuenta que esta señora [por Alaya]ha estado enferma y no ha podido tomar las medidas que ella misma hubiera querido (...) Estamos tomando cartas en el asunto para que funcione adecuadamente”, ha reiterado el presidente del Supremo sobre la baja por enfermedad de seis meses que culminó en marzo.

Ante la negativa de Alaya, que rechazó la mano tendida de dos jueces de refuerzo y solo aceptó uno de ellos y para los asuntos ordinarios del juzgado, Moliner recordó la soberanía del juez titular y dijo que no pueden “obligarle” a aceptar los refuerzos, ya que prevalece el principio del juez natural y predeterminado por la ley. Sobre los refuerzos, ha insistido: “Si hace falta se pondrán más”.

A las críticas de Moliner se ha sumado el consejero de Justicia, Emilio Llera, pero con un tono más ácido: “Ni uno es Supermán, ni ella es Superwoman (...) Si sigue retrasando las cosas así y no acepta ayuda de nadie, le podrán decir que es una prepotente, porque sola no puede”, ha comentado vinculando la enfermedad de Alaya con su rechazo al juez de refuerzo. Llera opinó que la apreciación del presidente del Supremo, “no debe alarmarla [a Alaya], porque eso ella lo sabe desde el primer momento”, ha informado Efe.

Por otra parte, el Juzgado de lo Penal 15 de Sevilla ha condenado al anterior máximo accionista del Betis Luis Oliver a pagar una multa de 4.500 euros por llamar “nazi” y “loca” a Alaya, que investiga la gestión del club de fútbol. Frente a las cámaras de la televisión sevillana Onda Giralda, Oliver dijo: “Tengo 50 guardias civiles investigándome y ni los nazis hacían lo que hace esta loca”, en referencia a Alaya. La juez considera “injurias graves” y un “claro ataque al derecho al honor de Alaya” las acusaciones de Oliver, aunque rebaja a la mitad la petición de multa de la fiscalía, que fue de 9.000 euros.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/23/andalucia/1369310105_886506.html

EL TSJA DA OTRO AVISO A LA JUEZ ALAYA POR EL RETRASO DE LAS INVESTIGACIONES

El alto tribunal le apremia para que acepte la ayuda del magistrado de refuerzo Rogelio Reyes

Y van dos. El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) dio este martes otro aviso a la juez Mercedes Alaya por el retraso que acumulan sus investigaciones. A pesar de que la soberanía de un juez en su juzgado es sagrada, hay excepciones cuando se altera el funcionamiento normal de la justicia. Y el alto tribunal ha cruzado ese límite invisible, con diplomacia, pero por segunda vez respecto a la actuación de la magistrada. El TSJA considera que la importancia de las instrucciones que dirige Alaya es tal que no puede pasar por alto que sufran serios retrasos con ejemplos llamativos, como que un imputado tarde tres años y medio en acudir a declarar al juzgado para defenderse de las acusaciones.

Este martes, la sala de gobierno del TSJA exhortó a la juez a que permita la colaboración del juez de refuerzo Rogelio Reyes en las grandes causas, una ayuda que la instructora rechazó hace dos meses porque la consideraba innecesaria. El alto tribunal discrepa de Alaya y le reprocha “la prolongación temporal de algunas macrocausas, la preocupación por el calendario” y el número de imputados pendientes de declarar en estos casos que instruye la magistrada. Y para resolver estas anomalías, los jueces le piden que considere incorporar a Reyes a cualquiera de las cuatro grandes causas que tramita. Eso sí, los jueces del TSJA explican su tirón de orejas a Alaya con el lenguaje alambicado que acostumbran: “Aconseja que se valore la importancia de la sustitución interna y apoyo del juez de refuerzo en estas macrocausas”.

El TSJA alaba el informe del juez de refuerzo, no así el remitido por Alaya

De momento, las investigaciones son un coto privado de la juez, que ha impuesto su fuerte personalidad en diferentes batallas jurídicas con la Junta y varios letrados.

Tras su prolongada baja de seis meses por enfermedad que acabó en marzo, el TSJA ofreció a Alaya trabajar con los dos magistrados de refuerzo destinados en su órgano, Rogelio Reyes y Ana Rosa Curra, un hecho insólito para quitar de un plumazo el gran retraso que arrastran las causas. Entonces Alaya rechazó la mano tendida, y solo aceptó al juez Rogelio Reyes, pero para llevar los casos que entran a diario en el juzgado, por lo que ella instruiría las cuatro grandes causas (el caso de los ERE, la venta de suelos y el delito societario en Mercasevilla y el caso Betis).

Cuando Alaya rechazó el refuerzo de la magistrada Ana Rosa Curra, la Sala de Gobierno del TSJA aceptó su propuesta, pero urgió a Alaya a que acelerara la investigación de sus causas. Los jueces destacaron su “extraordinaria dedicación” a las investigaciones, pero a continuación le recordaron que el proceso penal debe “ajustarse a pautas temporales razonables y asegurar que la acción de la justicia cumpla su función constitucional con la máxima eficacia”.

Porque ahí reside la pregunta clave: ¿Puede una sola juez instruir y resolver recursos de más de 90 imputados entre cuatro causas tan diversas y complejas? El TSJA estima que no, pero Alaya discrepa y de momento se resiste a ceder cualquier parcela de sus investigaciones a otro magistrado. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha dejado claro que la autonomía de Alaya es irrenunciable y que su órgano no tiene potestad para relevarla de ninguna de sus causas. Ahora bien, la preocupación por el atasco es patente.

El tribunal requirió “pautas temporables razonables” hace dos meses

La semana pasada Alaya y Reyes enviaron sendos informes sobre el estado de las causas que instruyen, y este martes la Sala de Gobierno del TSJA valoró “positivamente” la actuación de Reyes, pero su opinión sobre Alaya fue bien distinta. Al contrario que con Reyes, los jueces subrayaron el retraso de las causas de Alaya (los exdirectivos de la empresa Mercasevilla declararán en octubre, tres años y medio después de su imputación por el delito societario) e instaron a la juez a cambiar de postura respecto a la posibilidad de que reciba ayuda.

La semana pasada Del Río avanzó con buenas palabras las intenciones de Alaya para ponerse al día: “Todas las causas se están moviendo y se están poniendo fechas para las declaraciones de todas”, dijo. Sin embargo, el tono del comunicado emitido ahora por el alto tribunal es muy distinto.

Uno de los ocho magistrados explicó este martes que el nuevo aviso del TSJA a Alaya “no es una injerencia”. “Es estrictamente gubernativo y en atención a la carga de trabajo, sobre si procede o no un apoyo que ahora tiene la juez”, puntualizó. “Tenemos una juez titular y hay que respetarlo”, incidió. La autonomía de Alaya para decidir e instruir sus investigaciones está fuera de toda duda y quedó claro durante las deliberaciones de los magistrados. Ahora bien, dado que el informe enviado por Alaya sobre las causas no daba plazos concretos para finalizar las causas, sino que dibujaba el panorama “genérico” sobre lo instruido y lo pendiente de instruir, la preocupación del TSJA por que se agilice la causa es obvia.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/21/andalucia/1369140325_242984.html

MERCEDES ALAYA REGRESA AL JUZGADO DEL CASO DE LOS ERE TRAS SEIS MESES DE BAJA

Tres magistrados instruyen ahora las cuatro “macrocausas” por corrupción

Se acabaron los rumores. La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, ha regresado a su juzgado como titular después de casi seis meses de baja e incontables anuncios fallidos sobre su incorporación laboral. De este modo, el mayor caso de corrupción que se investiga en Andalucía, con más de 60 imputados, pisará el acelerador procesal ya que el Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla cuenta desde ahora con tres magistrados. Las quejas de la Fiscalía Anticorrupción y las defensas de los cuatro causas instruidas en el juzgado han sido constantes este invierno por los retrasos acumulados.

Alaya ha regresado tras sufrir desde el pasado septiembre neuralgia del trigémino, una dolorosa enfermedad que le ha provocado graves cefaleas. En su primera toma de contacto con el juzgado, la magistrada presentaba un aspecto más delgado y un tono de piel más claro del habitual. A su salida, a las 15.35, la Guardia Civil escoltó su salida hasta que un taxi la recogió.

“Ha vuelto muy fuerte, con muchas ganas de retomar los asuntos. Ella asumirá los casos importantes”, han pronosticado fuentes judiciales. El pasado otoño la juez renovó las bajas cada mes, luego cada 20 días, y recientemente cada 15 días a medida que mejoraba su estado de salud. Su regreso supone el principal refuerzo para aliviar el atasco que sufrían los casos después de los nombramientos de una nueva secretaria y varios funcionarios en el juzgado. De momento, todos los refuerzos (de jueces, secretarios y funcionarios) se mantendrán “hasta que el juzgado se normalice”, aclararon dichas fuentes.

La incógnita que queda por despejar es el reparto de casos. No es una cuestión baladí. Alaya comparte juzgado con su sustituta Ana Rosa Curra, que ahora instruye el caso de los ERE, y el juez de refuerzo Rogelio Reyes, que instruye el caso por la anterior gestión del Betis. Ahora bien, la causa de los ERE no es una instrucción cualquiera. Y Alaya, dado su conocimiento de los casos y su fuerte personalidad, decidirá en gran medida aunque con el acuerdo de los otros dos magistrados, de qué modo se reparten los asuntos y así elevar una propuesta a la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJA).

Si Curra se incorporó como juez sustituta a principios de año, Reyes se sumó al juzgado a finales de enero. Ambos están adscritos al juzgado por un periodo inicial de seis meses. Su futuro está en manos del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que verá cómo evoluciona la instrucción de las cuatro “macrocausas delicadas y amplias”, según sus palabras, para decidir si sobran magistrados o no para paliar los retrasos acumulados. La instrucción de los ERE ha avanzado durante la baja de Alaya, pero a un ritmo muy leve, ya que la complejidad de esta causa, que acumula 26.000 páginas de sumario y otros 200.000 folios de anexos, es muy alta.

Mientras se producía el atasco judicial, la investigación policial avanzaba con paso seguro. Especialmente en la rama que busca identificar a los “verdaderos beneficiarios” del fondo para empresas en crisis. Esta vertiente está bajo secreto de sumario desde el pasado noviembre, pero ayer la juez Ana Rosa Curra volvió a prorrogar dicho secreto con un matiz importante: la magistrada pidió a la Guardia Civil que concluya esta parte de la investigación “con la máxima celeridad posible”, ha informado Europa Press. La única excepción al sigilo de estas pesquisas fue la detención del supuesto testaferro Juan Francisco Algarín, que desde entonces permanece en prisión provisional.

Con la vuelta de Alaya, el impulso de los tres magistrados puede ofrecer respuestas inmediatas a unas causas cuyos retrasos han corroborado las quejas sobre la lentitud de la justicia. Por un lado la investigación sobre la gestión de Manuel Ruiz de Lopera del Betis está próxima a concluir tras cuatro años de instrucción en los que el paquete mayoritario de acciones ha sido gestionado por la administración judicial del club. El caso que investiga la venta de suelos de Mercasevilla tiene pendiente resolver sus últimas declaraciones judiciales. La causa por delito fiscal está más empantanada.

Sin embargo, la dimensión del caso de los ERE, que atañe a la gestión de cinco consejerías del Gobierno andaluz durante una década, tiene tantas variables que representa un esfuerzo titánico y que se puede eternizar. “Si no lo rematamos nosotros, lo harán nuestros hijos”, confiaban fuentes de la investigación.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/05/andalucia/1362483863_619924.html


“COLABORE.... DE UNA PUÑETERA VEZ”
 

La juez Mercedes Alaya insta al exchófer de Guerrero a que deje de engañarla 

“Más le vale colaborar, yo se lo recomiendo (…) De una puñetera vez”, se le escapó a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, durante el interrogatorio. La magistrada estuvo ayer tensa, pero sobre todo muy enfadada. El contraste era obvio con Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer y hombre de confianza de Francisco Javier Guerrero, el principal acusado en el caso. “Temblando, ojeroso y muy bajo de ánimo”, le definió uno de los letrados presentes. 

Las medias verdades y mentiras de Trujillo fueron brotando durante toda la declaración, y a medida que las facturas falsas se multiplicaban, aumentaba el enfado de la juez al constatar que el imputado le engañaba. Tras diversos avisos de que debía colaborar con la justicia, y con el fantasma de la prisión provisional de Guerrero sobrevolando la sala, Trujillo dejó de estar esquivo y, poco a poco, fue recuperando la memoria. 

La juez llegó a golpear la mesa con un bolígrafo pese a su habitual templanza. Mientras, los abogados asistían estupefactos ante la eterna ristra de hechos delictivos que describía el acusado. “¿Y usted qué titulación tiene para realizar informes como si fuera asesor legal?”, le inquirió la juez. El conductor creó tres empresas de asesoría legal y producción avícola —sin actividad— por consejo de Guerrero, según aseguró, y las utilizó para supuestamente pagarse una espiral de vicios durante tres años. 

El imputado emitió cinco cheques consecutivos de 2.900 euros para pagar las antigüedades que adquirió supuestamente para su exjefe. Disparó contra multitud de personas en el entorno de Guerrero, entre ellos el ex integrante de UGT e intermediario Juan Lanzas, pero el ex director general acaparó sus ataques. Antes de que fuera despedido, a Trujillo le dio tiempo de adquirir dos fincas y un piso, aunque parte de estas propiedades las perdió acuciado por las deudas con los bancos. De vez en cuando premiaba con regalos y antojos a su exjefe, al que dio entre 60.000 y 80.000 euros en metálico, dijo. “La única motivación era la cocaína”, llegó a contar a la juez sobre su adicción. 

Cuando se le interrogó sobre las cantidades de droga que adquirió, Trujillo aclaró que entre cinco y 10 gramos al día. La juez repreguntó y el chófer puntualizó: "Bueno, al menos consumíamos cinco gramos cada uno". Cuando la juez le preguntó con quién compartían tanta droga, Trujillo no dio nombres. 

Tras el almuerzo, el director general y su chófer acudían a los pubs. La rutina era trufar el trabajo con copas y drogas. Trujillo afirmó que Guerrero presumía de su poder al conceder subvenciones, y pasaba las tardes en un bar de copas mientras despachaba asuntos con diferentes personas. Estas pasaban por su despacho oficial en los días siguientes a sus encuentros en el pub. 

www.elpais.es 20.03.12 

LA JUNTA CARGA CONTRA EL AUTO DE ALAYA EN EL QUE SEÑALA A GRIÑÁN 

El Gobierno regional entiende que la magistrada comete errores “de bulto” 

La Junta de Andalucía se ha salido hoy del guión que tenía escrito en el caso de las irregularidades detectadas en Expedientes de Regulación de Empleo y que investiga la magistrada Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Hasta ahora, el Gobierno regional intentaba no criticar la instrucción que realiza Alaya del caso, en el que están imputados un exconsejero de Empleo y un exdirector general de Trabajo. Sin embargo, el último auto dictado por la juez, conocido en plena campaña electoral y en el que pregunta por la implicación del actual presidente de la Junta en el reparto irregular de ayudas, ha llevado a la consejera de la Presidencia a cargar contra Alaya. 

Mar Moreno ha acusado a la juez de cometer “un error de bulto” al darle trámite, como había pedido el PP, a una petición de información sobre la actuación de Griñán en su etapa de consejero de Economía. En su auto, Alaya reclama información sobre las operaciones de endeudamiento de más de 1,2 millones autorizadas por “el titular de la Consejería de Economía”, cargo que ostentó Griñán, tal y como subraya la magistrada en el escrito. 

Moreno ha anunciado que la Junta recurrirá este último auto de la juez al considerar que la magistrada se ha equivocado a la hora de concluir que Griñán debía autorizar estas ayudas, algo que niega el Gobierno regional. “Ni se produjo [la autorización], ni se tenía que producirse”, ha señalado la consejera, quien niega que la normativa obligue al consejero de Economía de turno a dar el visto bueno a la ayudas que concedía la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). 

Guerra vincula la acción de la juez de los ERE a la campaña El CGPJ irrumpe en la campaña al censurar a Guerra La juez extiende las pesquisas a más consejerías La Junta denuncia una trama de 18 empresas implicada en el fraude del ERE La Junta ha expresado su “malestar” y “disconformidad” con la petición de Alaya. Fundamentalmente, por que Moreno entiende que la juez ha dado tramitación a la petición del PP sin realizar bien su trabajo, es decir, sin comprobar si legislación exigía una autorización del consejero de Economía de turno: “Un juzgado debe hacer comprobaciones y conocer la normativa”. Y ha añadido: “Las resoluciones tienen que ser más cuidadosas (…) No hay fundamento jurídico alguno que sustente la decisión del juzgado”. 

Moreno tampoco ha ocultado el malestar de la Junta por la repercusión política y social que ha tenido este auto de Alaya, que se notificó a la partes ayer, a cinco días de las elecciones generales. Según la portavoz de la Junta, “los jueces tienen que ser conscientes del daño político” que pueden provocar sus decisiones. Y, en opinión de la consejera de la Presidencia, aunque sean de forma involuntaria errores como los cometidos por Alaya “conducen a que el PP consiga su objetivo político”. “Le pedimos al juzgados cautela, mesura”, ha insistido Moreno. 

Respecto a que el auto se haya hecho público en la recta final de la campaña, Moreno no ha querido “hacer juicios de valor”. Sin embargo, ha aclarado que “no es la fecha lo que produce el recurso [de la Junta contra el auto], sino la inexistencia de fundamento jurídico”. 

El escrito fue firmado por la magistrada hace una semana, justo el día después de que Alfonso Guerra, candidato socialista al Congreso en las elecciones, criticara a la magistrada por su relación con el actual alcalde popular de Sevilla y exdecano de la Audiencia Provincial, Juan Ignacio Zoido. Guerra consideró como “un dato objetivo” la coincidencia entre las actuaciones judiciales con la campaña electoral. 

www.elpais.es 16.11.11 

La juez de los ERE atiende la petición del PP e indaga la gestión de Griñán

La Junta niega la participación del presidente andaluz en las ayudas públicas

A solo tres días del cierre de la campaña electoral, la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, disparó ayer su dinamita procesal para situar el foco del escándalo que investiga sobre el presidente de la Junta andaluza, José Antonio Griñán. Después de que la semana pasada el candidato socialista al Congreso Alfonso Guerra arremetiera contra la magistrada y tras protagonizar un sonado enfrentamiento con la Junta por las actas de los Consejos de Gobierno que dilucidó el Supremo a su favor, ayer Alaya fue de nuevo el centro de la polémica política, no judicial.

El PP, personado en la causa, había pedido numerosas diligencias en un escrito. Y el pasado jueves, al día siguiente de las críticas de Guerra, Alaya dio respuesta a las peticiones del PP con un auto, conocido ayer, que analiza "la concesión ilícita de ayudas públicas durante más de una década". La juez exige a la Junta andaluza que le informe de las operaciones de endeudamiento de más de 1,2 millones autorizadas por "el titular de la Consejería de Economía", cargo que ostentó Griñán, tal y como subraya Alaya.

Esta era una petición expresa del PP, que ha situado a Griñán en el centro del caso, pese a que el epicentro del escándalo estaba en la Consejería de Empleo. La cercanía de las elecciones autonómicas andaluzas, que se celebrarán en marzo de 2012, ha intensificado la estrategia del PP de cercar al rival de Javier Arenas en las urnas.

Sin embargo, en el auto de ayer, la magistrada cometió un error "de bulto", según fuentes jurídicas, ya que la supuesta autorización que reclamaba el PP y que la juez ha ordenado investigar, no existe. En un comunicado de respuesta al auto de Alaya, el Gobierno autónomo asegura que Economía y Hacienda no daba el visto bueno "a la concesión de subvenciones" superiores a 1,2 millones de euros. A partir de esa cantidad, la aprobación corresponde al Consejo de Gobierno. Lo que sí debe autorizar la consejería que dirigía Griñán eran las operaciones de endeudamiento (obtención de ingresos) de la Agencia IDEA. Fuentes del Gobierno indicaron que durante la etapa de Griñán no hubo autorización de endeudamiento.

"La prescripción legal que se menciona no afecta a los casos investigados, no afecta a la concesión de subvenciones sino a operaciones de endeudamiento de la Agencia IDEA (...) El Gobierno deplora la confusión deliberada, provocada por el PP, al remitirse a obligaciones legales inexistentes", subrayó el Ejecutivo en un comunicado. Además, la Junta recordó a la magistrada que "puede comprobar en las actas" de los Consejos de Gobierno que le entregó por orden del Supremo, cómo "no existe ratificación por parte del Consejo de Gobierno de los acuerdos del IFA o IDEA".

No es la primera vez que Alaya vincula a Griñán con el escándalo de los ERE. En un auto de la pasada primavera, la magistrada expresó su convencimiento de que Griñán, en su etapa como consejero de Economía, conoció los informes de la Intervención General, que consideraron inadecuado el procedimiento administrativo empleado para el fondo con el que se han pagado los ERE y ayudado a empresas en crisis, dotado con 647 millones.

Mientras, en el auto de ayer llama la atención una petición concreta: "Procede reclamar la vida laboral de la empresa Matsa" y las subvenciones que recibió de la Junta andaluza. Con este requerimiento, la magistrada reabre el caso Matsa, que tiene su origen en una subvención de 10 millones que el Ejecutivo andaluz concedió a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), donde trabaja como apoderada Paula Chaves, hija del vicepresidente del Gobierno y expresidente del Ejecutivo andaluz Manuel Chaves. Este participó en la aprobación de la subvención, pero el Supremo y el TSJA han dado por cerrado este caso, tanto en la vía penal como en la contencioso-administrativa.

Además, Alaya reclama en su auto información del ERE en las minas de la Faja Pirítica de Huelva que afectó a 796 trabajadores. La juez sospecha que numerosas pólizas fueron cobradas ilegalmente. Para averiguarlo, solicita copia del Plan Único que diseñó el Gobierno central para la reconversión de la Faja Pirítica en 2002. Pero en lugar de pedírselo al Ejecutivo central, la juez se dirige al PP por el simple hecho de que los populares están personados en la causa y entonces están al frente del Gobierno central. El PP pidió a la juez que corrija el "error" en que ha incurrido. Alaya también le solicita el plan a la Junta para contar con este "a la mayor brevedad".

La instructora imputa en la causa al exdelegado de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés y extiende sus sospechas de un "presunto uso abusivo de fondos públicos" a la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía.

Mientras, hace tres semanas la Junta presentó a la juez un extenso informe en el que denuncia la existencia de una trama integrada por 18 empresas que habrían percibido de manera irregular unos 20 millones. En el informe enviado a la instructora se cita a siete personas -entre las que figura el exconcejal socialista y empresario José Enrique Rosendo Ríos- que ostentaban u ostentan los cargos de administración de esas sociedades.

http://www.elpais.com/articulo/espana/juez/ERE/atiende/peticion/PP/indaga/gestion/Grinan/elpepinac/20111116elpepinac_24/Tes

GUERRA MATIZA QUE SOLO APUNTÓ UNA "RELACIÓN JUDICIAL" ENTRE ALAYA Y ZOIDO 

El PP aprovecha la polémica para meter el caso de los ERE en campaña  

La caja de las declaraciones enigmáticas es como la de Pandora, una vez que se abre a las interpretaciones, los truenos empiezan a explotar en cadena y nunca se sabe quién se va a achicharrar. El cabeza de lista del PSOE en Sevilla, Alfonso Guerra, comentó el miércoles en un coloquio que la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, acompasa sus actuaciones a la campaña electoral y que "tiene una relación personal, incluso fuerte" con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. "Eran compañeros y algún expediente en común parece que tuvieron y alguna cuestión curiosa, dicen". 

Arenas dice que Griñán es "la mano que mece la cuna" de los ERE

Micaela Navarro censura las palabras del exvicepresidente

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) leyó en estas palabras "insinuaciones claramente vejatorias por la condición de mujer" de Alaya y censuró a Guerra, al considerar que "no resulta de recibo" invadir la "esfera personal mediante descalificaciones". En una entrevista en Radio Betis, Guerra replicó ayer: "No sé qué tienen los señores de la comisión permanente del CGPJ dentro de su cerebro, que interpretan otro tipo de relación porque hablan de vejación de la condición de la mujer". Según el vicepresidente del Gobierno, él se refirió a una "relación" en materia judicial porque, según tiene entendido, "compartieron un expediente judicial concreto" que afectaba a la juez cuando Zoido, actualmente magistrado en excedencia, era juez decano de Sevilla. 

Alfonso Guerra insistió en el espacio radiofónico que él habló de relación porque compartieron un expediente judicial concreto. Y se dirigió figuradamente a los miembros de la comisión permanente de CGPJ: "¿De qué está usted hablando?, si yo estaba hablando de compartir un expediente. ¿Usted de qué está hablando de compartir?". 

El socialista se apoyó en los vocales del órgano de gobierno de los jueces que han discrepado de la nota que envió la comisión permanente, cuando la juez ni siquiera había solicitado amparo. Fuentes judiciales afirmaron que con nota el CGPJ había ido mucho más allá de lo dicho por Guerra, adentrándose en "una interpretación de índole sentimental cuando caben muchas interpretaciones, como la que de hayan formado una sala juntos". 

Mientras que la mayoría de los socialistas no han querido entrar a descifrar el contenido de las declaraciones sobre la relación de Alaya y Zoido -sí han apoyado que es un hecho la coincidencia de la campaña con las actuaciones de la juez-, la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, rechazó lo dicho por su compañero de filas. "No estoy de acuerdo en absoluto con este tipo de manifestaciones. Yo no estaba presente en el momento en que lo dijo y no sé si fue un lapsus o no, pero no comparto esa expresión porque, para mí, las cosas están bien o mal en función de qué se ha dicho, no de quien lo diga y, con mi respeto a cómo lo dijera, lo que se ha traducido no lo comparto", dijo. 

La oposición, fundamentalmente el PP, aprovechó el segundo día de polémica para remover el caso de los ERE, como ocurrió en la campaña de las municipales de mayo pasado, y atacar a la Junta y su presidente, José Antonio Griñán. El rival directo de Guerra, el cabeza de lista del PP por Sevilla, Cristóbal Montoro, atribuyó a este el mero afán de tapar con retruécanos las investigación de los ERE y a los miembros de su partido que están implicados en el caso. 

Javier Arenas, el líder del PP, siguió con la línea de responsabilizar a José Antonio Griñán de todo y recurrió al título de una película de suspense de los años noventa. "Es la mano que mece la cuna del caso de los ERE y el acoso a la juez que está instruyendo este asunto y buscando la verdad". 

En un acto en Huelva, Arenas sostuvo que Griñán y Manuel Chaves. "Saben que son la X de los ERE, ellos tienen tanto miedo y tanto pánico que acosan todos los días a la juez de los ERE porque saben cuánto han despilfarrado y qué fraude ha supuesto el asunto", dijo. Su teoría es que para el Gobierno andaluz tiene que ser difícil hacer una campaña "sabiendo que uno se ha gastado en los amigos del poder el dinero de los parados de Andalucía, por eso dice Griñán que no habla de esos asuntos". 

También terció Antonio Sanz, secretario general del PP andaluz, quien acusó a los socialistas de "amenazar" a los jueces. "El PSOE no tiene un problema con un determinado juzgado, sino con el hecho de que la mancha de corrupción se extienda, de ahí que no le extrañe que el nerviosismo de estos dirigentes socialistas les lleve a amenazar a los jueces". 

Diego Valderas, coordinador de IU, coincidió con Montoro en que Guerra habla de la juez Alaya para "tapar" esta cuestiones, aunque en este caso lo que, según Valderas, Guerra pretende ocultar es el desempleo. 

www.elpais.es 12.11.11

EL CGPJ IRRUMPE EN LA CAMPAÑA AL CENSURAR A ALFONSO GUERRA

El candidato socialista resaltó la relación de Zoido con la juez de los ERE

"Con esto de los jueces hay que andar con mucho cuidado". Alfonso Guerra, cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, comenzó así de cauteloso su respuesta a una pregunta tras pronunciar una conferencia el pasado miércoles en Sevilla. Y tenía razón, con lo de andar con cuidado. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) irrumpió ayer en la campaña electoral para censurar unas manifestaciones del exvicepresidente socialista alusivas a la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya.

El Consejo califica las declaraciones de "vejatorias por su condición de mujer"

Guerra estableció un vínculo entre los tiempos de la investigación judicial con la campaña electoral y contó algo que está muy extendido en muchos ámbitos de Sevilla al asegurar que hay una "relación incluso fuerte, personal" entre la juez y el actual alcalde de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido. "Eran compañeros y algún expediente en común parece que tuvieron y alguna cuestión curiosa, dicen".

De manera sorpresiva, el CGPJ se reunió ayer de manera urgente, sin que mediara ninguna petición de amparo de Alaya, y censuró a Guerra por unas declaraciones que "no resultan de recibo" al invadir la "espera personal mediante descalificaciones" y con "insinuaciones claramente vejatorias por la condición de mujer" de la juez.La nota hecha pública por el CGPJ no se refiere en ningún momento por sus nombres ni a Mercedes Alaya, a la que alude como "una magistrada de Sevilla", ni a Alfonso Guerra, "un candidato al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones".

La irrupción del CGPJ en la campaña sorprendió en medios políticos y judiciales. Muchos vocales del consejo, de los sectores progresistas y conservador, mostraron su disconformidad con esta decisión, según las fuentes consultadas por este periódico. De hecho, la vocal progresista Almudena Lastra emitió un voto particular en contra del pronunciamiento del Consejo. "Existe un pacto de neutralidad histórico que siempre se ha respetado en campaña electoral", recordaron estas fuentes, que aseguraron que el Consejo "no ha dado amparo a Alaya, sino reprobado a Guerra".

La frase de Guerra no habría tenido mayor recorrido que el del chascarrillo o la anécdota, aunque ahora el CGPJ la ha elevado a gran asunto. El abogado de Francisco Javier Guerrero, el principal alto cargo de la Junta imputado en el caso de los ERE, aseguró ayer a Europa Press que si lo que dijo Guerra era cierto, la juez Alaya "se habría abstenido" de instruir el caso.

El actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, del PP, presume de ser el que denunció en el juzgado el caso Mercasevilla, origen de la investigación de los ERE. Zoido es magistrado en excedencia y cuando fue juez decano de Sevilla conoció, según Guerra, un expediente que afectaba a la juez Alaya, del que nadie dice públicamente su contenido. Al considerar "vejatorias por su condición de mujer", el CGPJ va más allá de lo afirmado por el socialista y se adentra en una "interpretación de índole sentimental, cuando caben muchas interpretaciones como la de que hayan formado una sala juntos", afirmaron fuentes judiciales.

Los miembros de la comisión permanente del CGPJ actuaron de oficio, motu proprio y en una reunión extraordinaria decidieron dar un amparo a la juez Alaya que esta ni siquiera había pedido. La reunión, convocada sin avisar al resto de vocales, causó malestar en el órgano de gobierno de los jueces.

La decisión partió de la vocal a propuesta del PSOE Margarita Robles y de Manuel Almenar, consejero a propuesta del PP. Las quejas que circulan entre el resto de vocales no solo se basan en el secretismo con el que se organizó, sino en que el amparo se otorgó sin que lo hubiera solicitado la magistrada Alaya. El artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial". Fuentes del Consejo señalan que este órgano no está para "proteger el honor de los jueces sino su independencia".

El apoyo a la juez fue otorgado por los dos vocales que organizaron la reunión -Robles y Almenar- con el apoyo del presidente del Consejo, Carlos Dívar. La única que se opuso fue la vocal progresista Almudena Lastra, que firmó un voto particular. En él, Lastra critica que la permanente valore el contenido o intención de unas declaraciones vertidas por un candidato durante una campaña electoral y recuerda que Alaya no ha solicitado el amparo, como establece la ley para estos casos.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no se pronunció ayer sobre este episodio y se mantuvo en sus trece de no hacer "jamás" un pronunciamiento sobre la juez del caso de los ERE. No obstante, aprovechó para arremeter contra el PP por estar "instruyendo un juicio paralelo, declarando inocencias y culpabilidades".

El vicepresidente segundo del Gobierno y candidato del PSOE por Cádiz, Manuel Chaves, coincidió ayer con Guerra en el "dato objetivo" de que la magistrada de los ERE está llevando actuaciones judiciales "en plena campaña electoral", informa Cándido Romaguera.

Lo que dijo Guerra

- "No me querría yo complicar mucho la vida porque con esto de los jueces hay que andar con mucho cuidado. Yo he tenido diputados de mi propio partido que eran jueces, alguno famosísimo, y yo delante de ellos nunca he dicho una palabra, porque todo puede ser utilizado en contra de uno. Entonces... Yo no conozco a la señora juez o jueza que ha mencionado la persona que pregunta pero, hombre, la impresión de la dosificación, la cronología, el calendario no es que la tenga yo es que es un dato objetivo. Parece además que hay una relación incluso fuerte, personal, entre la propia jueza y el actual alcalde de Sevilla porque eran compañeros y algún expediente en común parece que tuvieron y alguna cuestión curiosa dicen. (Se producen murmullos y algunas risas). Veo que se sonríen mucho... Parece que saben más que yo del asunto. Entonces, hombre... Y el caso de Blanco bueno está cantado. Crean la imagen de que va a ganar el PP, que luego va a venir un congreso del PSOE y que hay que quitar una piedra del camino".

www.elpais.es 11.11.11

GUERRA VINCULA LA ACCIÓN DE LA JUEZ QUE INVESTIGA LOS ERE A LA CAMPAÑA ELECTORAL 

El candidato resalta la relación de Zoido, alcalde de Sevilla y exdecano de los juzgados de la ciudad, con Mercedes Alaya 

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, Alfonso Guerra, ha mostrado hoy sus dos perfiles. El de hombre de Estado y observador perplejo por la falta de liderazgo europeo para afrontar la crisis económica; y el de agitador de la campaña electoral. Guerra ofreció una conferencia en Sevilla, organizada por Fórum Europa, donde aparcó las cuestiones del rifirrafe electoral para centrarse en “el cambio paradigmático” que se está produciendo en la sociedad mundial y que ha cogido a Europa a contrapié. Y también explotó su registro como candidato y dirigente socialista durante el turno de preguntas. 

En este segundo papel, Guerra respondió afirmativamente a una pregunta de si hay coincidencia entre las acciones de los jueces y la campaña electoral. Aludía a las actuaciones de las jueces Mercedes Alaya, que investiga el caso de los presuntos ERE fraudulentos, y de Estela San José, que instruye la Operación Campeón, en la que aprecia indicios de criminalidad contra el ministro de Fomento, José Blanco. “La impresión de la dosificación y el calendario no es que lo diga yo, es que es un dato objetivo”, respondió Guerra, quien a continuación añadió: “Parece que hay una relación fuerte personal de la juez y del alcalde de Sevilla; eran compañeros y dicen que tuvieron algún expediente en común; parece que alguna cuestión curiosa tuvieron”, aseguró el exvicepresidente del Gobierno provocando murmullos en la sala y algunas risas. “Si se ríen es que saben más que yo”, contestó. Pero hasta ahí llegó Guerra en sus insinuaciones. El alcalde de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido, es juez en excedencia y fue juez decano de Sevilla, es decir, superior de Alaya. 

Respecto a la actuación de la juez de Lugo sobre el vicesecretario general del PSOE, Guerra también lo ligó a la campaña electoral. “Lo de Blanco está cantado. Crean la imagen de que va a ganar el PP, que luego va a venir un congreso del PSOE y que hay que quitar una piedra del camino”. Como número dos socialista, Blanco tendría la responsabilidad de organizar el congreso en el que se elegirá a un nuevo secretario general. 

Como en el mitin del pasado sábado en Dos Hermanas, el candidato se lamentó del “cero protagonismo” que el fin de ETA está teniendo en la campaña electoral. “El PP y sus acólitos han decido que esto no salga. Si hubiera ocurrido con Aznar, imagínense la de cohetería que hubiéramos oído”. Guerra también consideró un “disparate” y “una operación casi delincuencial” la intención del PP de integrar a la agencia Efe en RTVE. 

www.elpais.es 09.11.11 

El marido de la juez Alaya fue el auditor de Mercasevilla hasta 2002

La empresa prescindió de Jorge Castro tras un informe negativo de su labor - Un abogado pregunta a la magistrada sobre su imparcialidad en la causa

Jorge Castro, marido de la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso Mercasevilla, fue varios años auditor de la empresa municipal que investiga la magistrada. Castro fue el responsable de la auditoría hasta que Mercasevilla decidió prescindir de sus servicios en junio de 2002. En la actualidad, la juez Alaya mantiene tres causas abiertas por irregularidades en la gestión de la empresa. El principal acusado en estas investigaciones, el ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, participó en el consejo de administración que prescindió de los servicios de KPMG, la consultora donde Castro trabajaba como gerente.

"Yo era el responsable del trabajo de campo, pero era una época muy diferente a esta. Entiendo que el periodo que está analizando mi mujer es posterior. No tiene absolutamente nada que ver", afirmó Castro cuando fue preguntado por este periódico.

La juez alertó de que su marido tenía una empresa auditora en el 'caso Betis'

La última investigación que ha abierto Alaya, por malversación y delito societario, se remonta hasta septiembre de 2002, solo tres meses después de que su marido dejara de auditar Mercasevilla y cuando Mellet fue nombrado director. A pesar de que ambos trabajaron al mismo tiempo para la empresa, Castro y Mellet no se conocieron.

El hecho de que el marido de la juez Alaya trabajó para Mercasevilla venía circulando en los juzgados desde hace semanas y ha servido de base para que un abogado haya presentado esta semana un escrito ante la juez para que esta aclare la "presunta lógica animadversión" entre su marido y Mellet y si ella ha recibido "asesoramiento técnico extraprocesal" que pudiera haberle hecho perder su imparcialidad como instructora de la causa. Alaya rehusó hacer declaraciones para esta informacion.

A las partes del caso no les consta que la juez avisara en su momento de que su marido fue auditor de Mercasevilla. Sí alertó, sin embargo, de una posible incompatibilidad con la actividad de su marido en un caso bien distinto pero de no menos impacto, la investigación que realiza al Betis y a su máximo accionista, Manuel Ruiz de Lopera. En 2008, Alaya solicitó que una empresa privada de auditoría se encargara de desatascar la investigación contable que afectaba al Betis y que no avanzaba. En su petición avisó a la Consejería de Justicia de que su marido era dueño de la auditoría Engloba Auditores, según fuentes de la Administración. Respecto a este caso, Castro declaró: "Soy muy bético, pero una cosa es eso y otra la profesión de mi mujer".

El trabajo de Castro en Mercasevilla no resultó demasiado eficaz, a tenor de un informe de control interno que la empresa encargó al Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas de España en 2002. El documento, firmado por la auditora María Ángeles Fernández Luna en mayo de 2002, sirvió para que Mercasevilla prescindiera de los servicios de KPMG. "La empresa mantiene numerosos clientes que vienen presentando impagos de manera sistemática. La política contable seguida es la de traspasar sus saldos de antigüedad superior a un año a cuentas de dudoso cobro", subrayó Fernández.

"Ellos llevaban varios años auditando y lo debían saber", destaca ahora Fernández sobre KPMG. Y el caos en la gestión financiera solo fue denunciado en mayo de 2002, al saberse que a clientes morosos con impagos "de dudoso cobro", Mercasevilla aún le vendía mercancía, trasladando esos impagos a otras cuentas

www.elpais.es 14.10.10

© Copyright. 1998 - 2015 www.losgenoveses.net. Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 9 o superior  a 1024 x 768 píxeles )