Especial Indultos Santos
TEXTO ÍNTEGRO DEL INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO DENEGANDO EL INDULTO
TRIBUNAL SUPREMO
SALA SEGUNDA
PRESIDENCIA
Excmo. Sr.:
- I -
El condenado D. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ DE LIAÑO Y BOTELLA solicitó con fecha 18 de octubre de 1999 el indulto total de la pena que le fue impuesta en la sentencia del Tribunal Supremo de 15 del mismo mes y año, recaída en la causa especial Nº 2940/97. Con fecha 14 de marzo de 2000 la Excma. Señora Ministra de Justicia solicitó de esta Sala el informe preceptivo respecto a la procedencia de la medida así como la ejecución del resto de los trámites previstos en la Ley de 18 de junio de 1870. En cumplimiento de lo allí establecido esta Sala tiene el honor de elevar el siguiente informe.
- II -
El solicitante del indulto sostiene que realiza esta petición movido por "algo más que la historia de unos hechos que la sentencia recoge". En este sentido dice admitir que sus "resoluciones calificadas por la sentencia corno prevaricadoras pudieron ser erróneas, lo mismo que pudieron serlo otra". Afirma asimismo, que la sentencia fue acompañada de un voto particular y de un informe del Fiscal que "no sólo no ven ilicitud en mi actuación sino que postulan mi completa inocencia". De todos modos entiende que los hechos de la sentencia constituyen "un trozo de historia, una parte minúscula -sostiene- de mi historia de juez". Tal es la razón por la que solicita que "en este expediente de indulto" se le haga un juicio "diferente al oral y público que precedió a la condena". Por todo ello, dice, "ruego que se examine mi hoja de servicios, mis antecedentes profesionales". Concluye, por último, manifestando su deseo de seguir "siendo juez y servir a la justicia española de la manera que mejor sé y puedo".
- III-
La Acusación
Particular manifestó su oposición al indulto solicitado, sosteniendo, como
presupuesto de sus peticiones, que la pena de inhabilitación impuesta en la
sentencia ya ha sido cumplida, una vez producida la separación del condenado de
la carrera judicial, y que, por ello, no cabe su indulto. Idéntica razón
reitera para oponerse al indulto de la pena de multa. Respecto de la pena de
inhabilitación especial temporal que resta por cumplir afirma la Acusación
Particular que no concurren los motivos de "justicia, equidad o utilidad pública"
que requiere la ley de indulto. Tampoco cree procedente un indulto parcial de
esta pena, pues, a su juicio, lo impide el tenor del art. 6 de la misma ley.
Sostiene, además, que no cabe, según los arts. 303, 379 y 380 LOPJ, que un
Magistrado condenado por prevaricación dolosa pueda volver a desempeñar ningún
cargo jurisdiccional. Concluye afirmando que el art. 25 de la Ley de Indulto
condiciona el otorgamiento de la gracia a "las pruebas o indicios" de
arrepentimiento del condenado, cosa que no se da en el peticionario del indulto,
como surge, entiende la Acusación Particular, de los libros publicados con su
firma bajo los títulos "Pasos perdidos" y "Desde el
banquillo", oportunamente agregados a la causa y al expediente de indulto
respectivamente.
IV -
El
Ministerio Fiscal,
en su
escrito de 6 de febrero de 2000, con el que contestó el traslado que se le
concedió por providencia de esta Sala del 29 de marzo del mismo año, apoyó el
indulto total de la pena impuesta, aunque manteniendo una inhabilitación, al
parecer perpetua, de ejercer como juez en la Audiencia Nacional. El Fiscal
sostiene que "teniendo en cuenta el relato de hechos y fundamentos de la
sentencia condenatoria, sin poder olvidar el contenido del voto particular que a
la misma acompaña, y la notoria trayectoria profesional del solicitante, aunque
no se ha aportado informe de conducta, así como el tiempo ya cumplido de
inhabilitación, entiende que concurren razones de equidad que aconsejan la
concesión del indulto solicitado, a las que hay que añadir el clamor popular
favorable al mismo puesto de manifiesto en los escritos y telegramas antes
mencionados que podrían contemplarse desde el vago concepto de utilidad pública,
igualmente previsto en el art. 11 de la Ley". El Fiscal, por otra parte,
considera que la cuestión referente a si el efecto de la inhabilitación
especial, consistente en la pérdida de la condición de Magistrado, puede o no
ser objeto de indulto, se superpone con la interpretación del art. 4 de la Ley
de indulto. Al respecto entiende que el art. 8 de la ley debe ser tenido en
cuenta, pues en él se expresa la posibilidad de excepción respecto de la pena
pecuniaria, así como que si el cumplimiento de la pena fuera irreparable se
llegaría al absurdo de que tampoco una sentencia del Tribunal Constitucional
podría reparar su ejecución. En el mismo orden de ideas sostiene el Fiscal que
este punto de vista habría sido implícitamente admitido por esta Sala en el
auto de 28 de octubre de 1999, por el que se denegó la suspensión de la
ejecución. Con relación a la pena de multa ya cumplida, el Fiscal no aconseja
hacer uso de las facultades que brinda el art. 8 de la Ley. Por último, en lo
concerniente al arrepentimiento, el Fiscal estima que se debe considerar
"la peculiaridad de los hechos" y que el condenado ha "mantenido
en todo momento su buena fe", que obró creyendo actuar legalmente, razón
por la cual, concluye, "o es exigible el que muestre su
arrepentimiento", dado que, por otra parte, "lo que realiza no es
petición de justicia, sino de gracia, con «solicitud de magnanimidad»".
-V-
La primera cuestión
planteada se refiere a la posibilidad jurídica de indultar la parte ya cumplida
de la pena de inhabilitación especial impuesta. De acuerdo con el art. 4 de la
Ley de 18 de junio de 1870 sólo cabe el indulto, sea total o parcial, de penas
"que todavía no hubiese cumplido el delincuente". A su vez el art. 42
CP establece dos aspectos que caracterizan la pena de inhabilitación especial:
1º) Ia privación definitiva del empleo o cargo sobre el que
recayere" y 2º) "la incapacidad para obtener el mismo u otros
análogos durante el tiempo de la condena". Por auto de esta Sala de 24 de
noviembre de 1999 se dispuso, una vez recibidos los informes del CGPJ
comunicando la separación definitiva de su cargo, "tener por ejecutada la
pena de inhabilitación en lo concerniente a la privación definitiva del cargo
y la consiguiente pérdida de la condición de Magistrado del condenado".
Es decir, la privación definitiva del empleo o cargo ya ha sido
ejecutada y la resolución que lo dispuso no fue en ningún momento recurrida
por ninguna de las partes. Por lo tanto, es evidente que el primero de los
aspectos de la pena de inhabilitación especial impuesta ya ha sido cumplido
y que al respecto no cabe indulto, de acuerdo con el art. 4 de la Ley de
indulto.
No obstante, el
Fiscal ha sostenlido que el indulto podría dejar sin efecto también la privación
definitiva del empleo o cargo. Pero sus argumentos contradicen tanto el texto
del art. 42 CP como el del citado art. 4 de la Ley de 1870. Para eludir este
obstáculo se propone interpretar el alcance del art. 4 de dicha Ley en relación
con el art. 8 de la misma que sólo se refiere a las penas pecuniarias. La Sala
no puede compartir este punto de vista por las siguientes razones.
Ante todo es
conveniente respetar el texto del art. 8 de la Ley de indulto, que no dice lo
que el Fiscal entiende que significa. El art. 8 dice que el indulto de pena
pecuniaria "eximirá al indultado del pago de la cantidad que aún no
hubiese satisfecho", es decir que, en primera línea, reitera que sólo
puede ser objeto de indulto una pena todavía no cumplida.
En lo concerniente
a la posibilidad, de carácter excepcional, de devolución de la suma ya pagada,
prevista en el mismo art. 8 de la Ley de Indulto, es claro que el legislador sólo
se ha referido a la pena
pecuniaria con
exclusión de otras penas que hubiera podido, de haberlo querido, mencionar Si
la voluntad del legislador hubiera sido permitir, de manera general, la
restitución del derecho afectado por la condena, lo hubiera dicho directamente.
De ello se deduce que esta enunciación específica demuestra que el art. 8 de
la ley, en realidad, sólo contiene una excepción exclusiva para la pena
pecuniaria y que su extensión a otras especies de pena carece de fundamento
legal. En este sentido, es evidente que el legislador, al hacer mención
exclusivamente a la pena pecuniaria, ha tenido en cuenta que ésta es la única
que, por su naturaleza, permite una restitución del objeto del que se
privó al condenado. Por el contrario, no es posible devolver la libertad de la
que el condenado ha sido privado, ni los derechos que ya no se tienen y
que sólo pueden ser adquiridos mediante un procedimiento legalmente
establecido. Es evidente que en este último caso no se trataría de una
restitución sino de la creación de una excepción al régimen de adquisición
de determinados derechos, que sólo se podría llevar a cabo por una ley del
Parlamento.
Asimismo, la regla
del art. 8 de la Ley tiene un fundamento político criminal: el legislador es
consciente de que la restitución del importe de la pena pecuniaria indultada no
genera una situación intolerable para el orden jurídico como sería la de
restituir a un juez condenado por prevaricación dolosa a su posición
institucional. Y lo que se dice de un juez se puede decir también de un
funcionario condenado por un delito doloso contra la administración pública, o
de un profesional condenado por un delito cometido dolosamente en el desempeño
de su profesión.
De todo ello surge
que el art. 4 de la ley no puede ser relativizado por medio del art. 8 de la
misma.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala discrepa de la tesis sostenida por el Fiscal, además, porque implica una identificación de las penas de inhabilitación especial y de suspensión, que no es compatible con el derecho vigente. La ley penal es la que establece los efectos de las penas y en este sentido, distingue claramente, como dos diversas especies de penas privativas de derechos, la pena de inhabilitación especial, prevista en el art. 42 CP, que comporta, en primer lugar, la privación definitiva del empleo o cargo, y la de suspensión, regulada en el art. 43, que sólo priva al penado del ejercicio del empleo o cargo durante el tiempo de la condena. Por lo tanto, la diferencia específica entre la inhabilitación especial y la suspensión radica precisamente en que la primera contiene una pérdida definitiva del derecho afectado, que no puede ser recuperado sino por los procedimientos legalmente previstos para su adquisición, mientras la segunda no.
El punto de vista
que acabarnos de fundamentar, por lo demás, no es sino la expresión de una consolidada
jurisprudencia en dos Salas del Tribunal Supremo respecto de la
imposibilidad de rectificación de las penas curnplidas, inclusive cuando
pudiera corresponder la aplicación de una ley posterior más favorable. En este
sentido, la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha
sostenido al decidir un recurso de casación, interpuesto por uno de los jefes
de un delito de rebelión militar que "la pérdida de empleo y separación
del servicio, de naturaleza permanente una vez impuestas y cumplimentados los trárnites
correspondientes ( ... ), han de entenderse definitivamente ejecutadas y, por
lo tanto, no son susceptibles de rectificación por aplicación retroactiva de
la ley penal más benigna, de las que sólo puede rehabilitarse en virtud de una
ley" (STS 1069/88, de 25-4-88). El mismo criterio ha sido mantenido con
palabras prácticamente idénticas por la Sala de lo Militar en los AATS de
27-9-88 y 27-10-88 con respecto a las mismas cuestiones, y ha sido recientemente
ratificado por la STS 944/2000 (Sala de lo Penal) que remite a los precedentes
anteriormente señalados.
Para apoyar la
tesis de un indulto ampliado contra legem a la parte de la pena de
inhabilitación ya cumplida, se ha alegado un segundo argumento, que esta Sala
tampoco puede compartir. Es erróneo suponer que, de no aceptarse la restitución
del derecho cuya privación ha sido ya ejecutada, tampoco una sentencia del
Tribunal Constitucional podría remediar la situación creada por la ejecución
de una sentencia constitucionalmente nula. El Fiscal piensa que, de no ser
posible el indulto de la privación definitiva del empleo o cargo, se llegaría
al absurdo de equiparar, en sus efectos, la pena de inhabilitación especial con
la de muerte. La Sala tampoco puede compartir este punto de vista, pues confunde
los efectos de una decisión del Tribunal Constitucional, que determina la
nulidad de la sentencia, con los del indulto, que en nada puede afectar a la validez
de la condena. Por otra parte, es indudable que el paralelismo con la pena
de muerte trazado por el Ministerio Fiscal es totalmente improcedente, pues se
basa en una confusión de planos. En efecto, una cosa es que no haya posibilidad
de una restitución material o natural -como en el caso de la pena de
muerte y otra, que corresponde a otro plano, es que no haya reparación jurídica:
la reparación jurídica es sin duda también posible en el caso de la pena de
muerte ejecutada; el único elemento diferencial será que la consecuencia jurídica
de la reparación no puede consistir en la restitución de la vida, pero no por
razones jurídicas, sino naturales. Por estas razones no puede ofrecer la menor
duda que, si el Tribunal Constitucional anulara la sentencia, es decir, el título
que justifica la privación del derecho, no se trataría de una restitución,
sino del reconocimiento de la inexistencia jurídica del título para
privar al condenado del derecho afectado por el fallo de la sentencia. Por lo
tanto, como se ve, también el intento de defensa de la propuesta de indulto
argumentando a través de la reducción al absurdo no resulta convincente.
En otro orden de
ideas es de advertir que en el auto de 28 de octubre de 1999 (dictado en la
Ejecutoria 2/99, Causa especial 2940/97), esta Sala no ha admitido implícitamente
el criterio del Ministerio Fiscal sobre el indulto de penas ejecutadas. En
primer lugar porque allí la cuestión no constituía la materia de la decisión.
Pero, además, porque en dicho auto la Sala únicamente se ha pronunciado sobre
la posibilidad del indulto, pero sólo en tanto y en cuanto éste fuera
procedente. Las frases del auto citadas por el Fiscal, por otra parte, sólo
constituyen un obiter dictum del mismo, que no tienen, en consecuencia,
el significado que se pretende atribuirles.
Por el contrario,
ha sido el mismo Ministerio Fiscal quien, en su dictamen de 22 de octubre de
1999, a propósito de la suspensión de la ejecución de la pena solicitada por
el condenado, sólo se refirió en especial a la duración de la pena, es decir,
a la posibilidad de indulto del aspecto de la pena de inhabilitación especial
de ejecución temporalmente dilatada. Incluso no hizo la menor referencia a la
pena de multa. Ello demuestra que la ratio decisionis del auto
carecía de toda relación con la cuestión que ahora plantea el Fiscal.
Por último, es de
tener en cuenta que la iniposibilidad de un indulto con el alcance postulado por
el Fiscal no puede ser soslayada mediante la conmutación de la pena impuesta
por otra de menor gravedad (arts.4.III, y 12 y stes. de la Ley de Indulto), pues
la conmutación no es sino una forma de indulto y está sometida, por lo tanto,
a sus mismas condiciones. Nuevamente se debe señalar que el texto del tercer párrafo
del art. 4 de la Ley de 1870 es claro: "Se reputará también indulto
parcial la conmutación de la pena o penas impuestas al delincuente en otras
menos graves".
En conclusión: el
indulto sólo puede referirse a la pena y por tal razón sólo puede impedir o
modificar su ejecución, siempre que ésta no haya sido cumplida. Indultar una
pena cumplida sería tanto como "indultar el delito", es decir,
amnistiar a su autor.
- VI -
Aclarado que la
privación definitiva del empleo o cargo, ya ejecutada, no puede ser objeto de
indulto, corresponde ahora considerar los presupuestos generales legalmente
establecidos para el otorgamiento del indulto en la Ley de 18 de junio de 1870,
en relación exclusivamente a la incapacidad para obtener el mismo u otro
empleo o cargo análogo, única pena que todavía no ha sido íntegramente
cumplida y respecto
de la cual, por lo tanto, cabe plantear la Posibilidad de un indulto parcial,
El art. 11 de la
Ley de Indulto, de 18 de junio de 1870, prevé como condición para el
otorgamiento de un indulto total, que el Tribunal sentenciador haya comprobado
la existencia de razones de "Justicia, equidad o utilidad pública".
Del texto surge con claridad que sin este informe favorable del Tribunal que
dictó sentencia queda excluida la posibilidad de indulto total. En este
sentido, esta Sala entiende que en el presente caso no concurre ninguna de las
razones previstas en la ley. Por otra parte, las razones de justicia, equidad o
de utilidad pública constituyen un presupuesto de la legitimidad del indulto en
general, no sólo del indulto total.
A)
Razones de justicia y de equidad para otorgar el indulto.
Es indudable que las razones de justicia y las razones de equidad son, en principio, idénticas, dado que por equidad se entiende la justicia natural y por justicia se entiende derecho, razón, equidad. Lamentablemente ni el Fiscal ni la Acusación Particular han expuesto las razones de justicia y equidad a las que se refieren para apoyar sus respectivos puntos de vista.
2.- Las razones de justicia o equidad que justificarían renunciar a la ejecución no son un fundamento para que el Poder Ejecutivo pueda modificar discrecionalmente las sentencias del Poder Judicial, sino para eliminar una cierta incompatibilidad entre la rigurosa aplicación de la ley y la valoración ético-social que merece el hecho objeto de la condena. A Juicio de este Tribunal Supremo tal disonancia no se da en el presente caso. El propio Consejo General del Poder Judicial ha considerado, a propósito del proceso que dio lugar a la condena cuyo indulto se solicita, que el delito de prevaricación es el más grave que se puede imputar a un Juez. Por lo tanto, cuando un Juez ha prevaricado el indulto carecerá completamente de razones de justicia o equidad, precisamente porque la reprobación del orden jurídico coincide con la desaprobación ética de la sociedad.
Dicho esto es ante todo necesario corregir un equívoco, tanto del condenado como del Fiscal. Se trata de una cuestión que debemos considerar con relación a la justicia de la condena impuesta al peticionario de indulto. No es verdad que el voto particular que emitió uno de los Magistrados del Tribunal que enjuició el caso haya postulado la total inocencia del condenado. El voto particular reconoció el carácter delictivo del comportamiento del condenado, sólo que el Magistrado discrepante consideró que en lugar de un delito de prevaricación, el condenado había cometido un delito de desobediencia previsto en el art. 410.1 CP, un delito también penado con la pena de inhabilitación especial, aunque de menor duración. En este sentido dice el voto particular con respecto a uno de los hechos: "Ahora bien, tal anómala actuación no puede generar la tipicidad del art. 446,3 del Código Penal, ni otro alguno, ni en su aspecto objetivo, ni en el subjetivo de la conducta y se hace remisión por ello a lo antes expuesto sobre tal figura delictiva que se da por reproducido para evitar reiteraciones. No desconoce esta argumentación que dicha conducta del acusado desobedeció más o menos totalmente la orden de un Tribunal superior en vía de recurso y pudiera prima facie incardinarse en el art, 410.1 del texto penal vigente como genuina desobediencia, pues en la denominación de autoridades y funcionarios entran indudablemente las judiciales. Mas sin entrar en detalles sobre la referida típicidad es lo cierto, que el procesado no ha sido acusado por nadie de tal delito y su estimación en este trámite y momento supondría una clara vulneración del principio acusatorio". Termina diciendo más adelante el voto particular: "Rechazada la posibilidad de condenar por tal delito, que es el único que aflora del relato de hechos probados, entiende este voto particular que tal desobediencia no genera per se prevaricación judicial".
De estos pasajes del voto particular se deduce con toda claridad que en la Sala que dictó la sentencia hubo unanimidad sobre el carácter delictivo del comportamiento del peticionario del indulto en la tramitación de la causa que motivó el proceso. En el voto particular, en consecuencia, no se sostuvo la inocencia del Juez de Instrucción, sino que, no obstante el reconocimiento de la ilicitud de su acción, se propuso la absolución, sólo porque aquél no había sido acusado por el delito de desobediencia. Como se ve, es necesario no confundir inocencia con absolución, pues en este caso, como en muchos otros, no significan lo mismo. Desde una óptica puramente orientada por la equidad es evidente que no estamos ante un caso en el que el indulto podría ser justificado en atención a que los componentes del Tribunal que juzgó el caso tuvieron opiniones divididas sobre la inocencia del acusado. Por el contrario, tenemos ante nosotros un caso en el que todos los integrantes del Tribunal que dictó la sentencia condenatoria, aunque por diversas razones jurídicas, estuvieron convencidos de que el Juez había delinquido.
También desde el punto de vista de la justicia y la equidad de la condena es preciso tener en cuenta la afirmación del Fiscal respecto de la existencia de un "clamor popular" favorable al indulto. Esta Sala no necesita subrayar aquí el respeto que le inspira el art. 125 CE cuando reconoce la posibilidad de que los ciudadanos participen en la Administración de Justicia. Pero la Constitución, cuando toma en cuenta la opinión de los ciudadanos, se refiere a personas que opinan y deciden sobre una causa penal de la que ellos han tenido conocimiento directo. La Constitución no ha querido remitimos al sano sentimiento del pueblo, porque, como lo dice el art. lº de la misma es la Constitución de un Estado democrático de derecho. A la luz de esta declaración inicial del constituyente es evidente que las reacciones emocionales no pueden ser tenidas por la medida misma de la justicia y la equidad.
Los ciudadanos que
se han dirigido al Gobierno solicitando el indulto del condenado, como es obvio,
no han podido hacer un juicio serio sobre el caso, pues carecen de toda
información directa sobre las circunstancias de la causa. Sus puntos de vista sólo
aparecen como muestras de simpatía por el entonces Juez y de antipatía por sus
oponentes procesales. Basta, a estos efectos, con la simple lectura de las
cartas y telegramas enviados, muchos de ellos sin firma y, por lo tanto, sin un
remitente conocido, algunos repetidos por el mismo remitente.
Pero, sin perjuicio
de lo anteriormente dicho, lo cierto es que si se pretendiera reducir la
justicia a meras comprobaciones estadísticas, no es posible ocultar que, estadísticamente,
no parece posible considerar las manifestaciones de un número no significativo
de la población adulta de España como si fueran el clamor de un pueblo. En las
circunstancias en la que se produjeron los apoyos de un grupo de ciudadanos al
peticionario de indulto, lo verdaderamente llamativo es que el número de
ciudadanos que "clama" sea tan absolutamente minoritario. Antes bien,
lo que resulta verdaderamente sorprendente en estas circunstancias es la inmensa
"mayoría silenciosa" que nada ha tenido que decir contra la
sentencia. Por lo tanto, salvo que se quiera otorgar a los poco más de mil
firmantes de las cartas y los telegramas un voto especialmente cualificado
respecto de una causa judicial de la que desconocen su contenido, es evidente
que dichas peticiones carecen de todo valor estadístico y jurídico.
No queremos tampoco
dejar fuera de consideración una cuestión que se relaciona con la justificación
del indulto por razones de justicia. Aunque no lo menciona en el escrito en el
que se solicita el indulto, el condenado ha sostenido en diferentes
publicaciones y entrevistas que no fue juzgado por un Tribunal imparcial. Al
respecto es preciso señalar dos puntos de significación.
En primer lugar,
que su pretensión de hacer valer en esta causa la sentencia del TEDH del caso
"Castillo Algar", que la Sala que dictó la sentencia condenatoria rechazó
por unanimidad de acuerdo con el Fiscal, de la misma manera que lo hizo la
Sala Especial del art. 61 LOPJ, ha resultado también desautorizada por el
propio TEDH, quien en el caso "Garrido Guerrero c/ España", en
su resolución de 2 de marzo de 2000, ha reiterado que "el simple hecho de
que un juez ya haya tomado decisiones antes del proceso no puede, por sí mismo,
justificar reservas en cuanto a su imparcialidad", al tiempo que inadmitió
a trámite -dando la razón a la tesis sostenida por el Gobierno español- la
demanda de un ciudadano español contra la sentencia dictada por un Tribunal
integrado por un juez que había confirmado el auto de procesamiento. En segundo
lugar, se debe señalar que la cuestión de la imparcialidad de los Jueces del
Tribunal requiere ahora, luego de realizado el juicio oral y una vez dictada la
sentencia, ser considerada desde una óptica diferente a la del momento en el
que se produjo la recusación. En efecto, luego de dictada la sentencia, la
parcialidad de un Magistrado o de un Tribunal sólo podrá admitirse en la
medida en la que la parcialidad se ponga de manifiesto en la sentencia dictada.
El peticionario del
indulto no ha señalado hasta ahora, ni en su escrito de petición del indulto,
ni en sus múltiples entrevistas y publicaciones en las que, como es público y
notorio, se ha referido a la cuestión, una sola circunstancia técnico-juridica
de la sentencia que otorgue un fundamento jurídico a su queja de parcialidad.
Es evidente que si la sentencia contiene una decisión ajustada a derecho -como
lo reconoció el Fiscal General del Estado, a pesar de no compartirla- el
peticionario de indulto no fue juzgado por un Tribunal parcial en su contra. Una
sentencia adecuada a derecho puede no ser compartida, pero en ningún caso será
la consecuencia de una toma de posición hostil de los Jueces que la dictaron
contra el acusado. Dicho con otras palabras: un Tribunal que dictó una
sentencia ajustada a derecho no puede ser considerado parcial, pues ha dictado
una sentencia como la hubiera dictado cualquier Tribunal imparcial.
Finalmente, y
siempre dentro del marco de las consideraciones de justicia y equidad que impone
el art. 11 de la Ley de 18 de junio de 1870, resulta claro que la pena
impuesta no es desproporcionada. No sólo porque es la pena mínima
establecida en la ley, sino porque, como lo ha subrayado el CGPJ en su
resolución de 19 de junio de 1998, al disponer la suspensión cautelar en sus
funciones del ahora condenado, y lo ha recogido luego el Fiscal textualmente en
su informe de 22 de octubre de 1999 en la Ejecutoria de la causa especial
2949/97, "el delito de prevaricación es la conducta más grave que se
puede imputar a un Juez en el ejercicio de sus funciones" y, por esta razón
no se puede "permitir que un Juez procesado por prevaricación continúe en
el ejercicio de sus funciones". Argumentando a minore ad maius la
conclusión es categórica: si un Juez procesado por prevaricación no
puede continuar en el ejercicio de sus funciones, con mayor razón aún no podrá
ejercer como Juez quien haya sido condenado por prevaricación.
B) Razones de utilidad pública
Aunque el Fiscal en su dictamen considera que el concepto de utilidad pública es vago, lo cierto es que en el derecho penal existe, desde hace largo tiempo, un difundido consenso respecto al significado que tienen dichas expresiones. En el derecho penal la utilidad pública se mide en términos de prevención del delito: prevención especial o individual y prevención general. Conviene tratar ambas cuestiones separadamente.
1.- Consideraciones preyentívo-especíales
En este punto deben
ser tratadas las cuestiones referentes al pronóstico de conducta del condenado
en relación con la prevención de futuros delitos. La sentencia condenatoria
omitió la expresión de toda consideración sobre la personalidad del
condenado, que no fuera necesaria para determinar su culpabilidad. El juicio
sobre la utilidad pública, sin embargo, requiere referirse a otros aspectos de
la personalidad más amplios que los relacionados con la determinación de la
culpabilidad. En este sentido, debemos tener en cuenta que tanto el Magistrado
que suscribió el voto particular como el Ministerio Fiscal han formulado
juicios sobre la personalidad del condenado que en este momento, al
considerar las posibilidades de repetición de su conducta, adquieren
significación. Esta Sala se limitará a tales juicios, sin formular nuevas
consideraciones al respecto.
El Fiscal sostuvo
reiteradamente que la conducta del condenado era explicable por su "empecinamiento".
Dado que en ningún caso el Fiscal patrocinó una absolución basada en un
error de derecho, es claro que se trataba de un empecinamiento consciente. El
comportamiento posterior al proceso, por lo demás, viene a confirmar los
juicios sobre la personalidad del condenado emitidos en el voto particular, en
el que se lo calificó de "iluminado", de "vehemente en su
cometido " y de "carente de la necesaria autocrítica '>.
Es evidente que una personalidad de estas características, aunque, como se dice en el voto particular, sea "honesto en el auténtico sentido anglosajón de la palabra", carece de la templanza y el equilibrio necesarios para el desempeño de una función tan delicada como la judicial. El propio Fiscal lo reconoce implícitamente al proponer que su reincorporación a la carrera judicial sea acompañada de la inhabilitación para ser Juez de la Audiencia Nacional, pues teme, evidentemente, la repetición de hechos como los que motivaron la condena.
Qué duda cabe que
quien no está capacitado para ejercer como juez en un medio calificado por el
Fiscal como difícil por los "enfrentamientos, enemistades y
amistades", carece del equilibrio que requiere un juez, que, por definición,
debe ser una persona capaz de resolver un conflicto sin introducirse como parte
en el mismo. Nadie podría garantizar que lo que se quiere evitar excluyendo al
condenado de la Audiencia Nacional no se repetiría en la jurisdicción de otros
Tribunales o en otros procesos en los que su empecinamiento le aconsejara
imponer su voluntad inclusive contra la de la ley, precisamente porque -para
decirlo una vez más con las palabras del voto particular se trata de quien está
"convencido de estar en posesión de la verdad" y es "carente
de la necesaria autocrítica". Esta Sala alberga serias dudas respecto
de la capacidad de una persona de estas características personales para desempeñar
el cargo de Juez.
Por otra parte, es
evidente que, como surge de las actuaciones, el condenado, probablemente como
consecuencia de ese carácter "iluminado", dicho con los términos del
voto particular, ha demostrado su incapacidad de acatar las resoluciones de los
Tribunales que puedan no coincidir con sus particulares convicciones. Una
muestra documentada de ello es su actitud ante la decisión de su superior por
la que se revocó uno de los autos dictados en la causa que generó el proceso
en el que fue condenado. No sólo desconoció la decisión recurriendo a
argumentos meramente aparentes, sino que además pretendió inculpar a los
jueces que componían el Tribunal de alzada, mediante un procedimiento fuera de
lugar y carente de toda justificación, que él mismo se vio obligado a
abandonar. Tal comportamiento le valió un expediente disciplinario en el que
fue sancionado por el CGPJ con una multa de 350.000 Ptas., por una falta grave
(ver el Legajo personal incorporado a estas actuaciones a petición del
condenado).
También es expresión
de la incapacidad para aceptar las decisiones de un Tribunal, la conducta del
Sr. Gómez de Liaño posterior al proceso en el que fue condenado. En este
sentido, se debe señalar que, lejos de intentar una defensa jurídica de sus
pretensiones y de sus puntos de vista el condenado ha repetido, de una manera
todavía más grave, la misma conducta que le reportó en su momento la
mencionada sanción disciplinaria.
Esta conducta
posterior al proceso, que no es, como se vio, más que la expresión del carácter
del condenado puesto de manifiesto anteriormente resta toda credibilidad a la
actitud recatada que se percibe en el escrito en el que formalizó la petición
de indulto, pocos días después de conocer la condena. Resulta claro que su carácter
no le permitió mantener el propósito de enmienda que trató de mostrar en
dicho escrito.
Todas estas
consideraciones demuestran que la utilidad pública del indulto tampoco puede
ser apoyada en razones preventivo-especiales.
2.
- Consideraciones preventivo-generales
Desde el punto de
vista de la prevención general la concesión del indulto de la pena impuesta al
Sr. Gómez de Liaño carece de toda justificación. Se trata -recordemos una vez
más las palabras del CGPJ- del delito "más grave que se puede imputar al
juez en el cumplimiento de sus funciones". La gravedad del delito es
consecuencia del ataque frontal que la prevaricación representa para el Estado
de Derecho en el que los jueces y todas las autoridades públicas están
vinculadas al imperio de la ley. Probablemente por ello, no se tiene
conocimiento de que en alguno de los pocos casos de condena por prevaricación
judicial de la historia de los Tribunales españoles se haya indultado a un juez
prevaricador.
El Fiscal, en su
escrito de 22 de octubre de 1999, en la Ejecutoria de la condena que motiva la
petición de este indulto, sostuvo -citando precedentes del Tribunal
Constitucional- que la suspensión de la ejecución de la pena impuesta no era
procedente, dada la necesidad de "satisfacer la función de prevención
general, disuasoria y ejemplificadora, inherente (a la pena) junto a la
retributiva". Nuevamente resulta claro que lo que no permitía la suspensión
de la pena, no puede ahora, cuando una parte de la pena ya ha sido ejecutada,
ser el fundamento de la utilidad pública del 'indulto del resto de la misma.
Esta Sala considera
seriamente perjudicial para la función preventivo general de la pena que la
pena por un delito tan grave sea indultada. Esta función preventivo- general de
la pena se vería seriamente dañada adoptando en el caso un pronunciamiento sin
precedentes, que quitaría toda autoridad a la norma que prohibe a los jueces
ejercer sus facultades arbitrariamente.
En los múltiples
informes sobre la procedencia de un indulto que esta Sala ha emitido y emite,
por regla general, sólo se recomienda el indulto en el supuesto del transcurso
de un tiempo muy considerable entre la fecha de la comisión del delito y el
momento del inicio de la ejecución de una pena privativa de la libertad,
siempre bajo la condición de una demostrada reinserción social del condenado.
En realidad, éstos son prácticamente los únicos casos que no afectan la
prevención general de una manera difícil de reparar.
3.-
Sobre el arrepentimiento
La cuestión del
arrepentimiento está íntimamente ligada a la de la prevención general y a sus
exigencias respecto de la conducta del condenado. En el presente informe ya
hemos aludido a la conducta del condenado posterior a la condena. Es indudable
que esta misma conducta es la que nos priva de las pruebas e indicios del
arrepentimiento de que habla el art. 25 de la ley de Indulto. El carácter público
y notorio de la falta de arrepentimiento exime de toda consideración al
respecto.
Esta Sala, por lo
demás, no puede compartir el criterio del Ministerio Fiscal respecto de la no
exigibilidad del arrepentimiento como presupuesto de la concesión del indulto.
Es evidente que el arrepentimiento es uno de los elementos que se debe
considerar desde el punto de vista de la prevención general, puesto que el
deterioro de esta función de la pena sería intolerable si se indultara a
personas que se niegan a reconocer la vigencia de la norma que han violado
conscientemente
- VII -
Por todo lo expuesto la Sala considera que NO SE DAN LAS CONDICIONES que justifiquen el indulto del condenado.
Dado en Madrid, a catorce de junio de 2000.
Gregorio García Ancos Enrique Bacigalupo Zapater José Antonio Martín Pallín
EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.
