

JAVIER
PÉREZ ROYO
La compraventa de
Madrid
¿Puede operar un
sistema democrático si, una vez conocidos unos resultados electorales, hay
personas con enormes medios económicos que deciden invertir la cantidad
que sea necesaria en corregirlos y si todos los partidos no rechazan esa
inversión como inaceptable?
Este es el
interrogante al que la sociedad española en su conjunto tiene que dar respuesta.
La responsabilidad del PSOE es obvia y sin una reacción ejemplar por parte de su
dirección, por muy dolorosa que sea, no va a poder dirigirse a los ciudadanos
con credibilidad. Pero el problema que tiene la dirección socialista no debe de
hacernos perder de vista el problema general, que es mucho más importante.
¿Es admisible que
se pueda comprar el Gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Es admisible que
algún partido pueda dar por buena, por acción u omisión, esa compra? ¿Es
admisible que se les diga a los ciudadanos que, puesto que no han votado bien el
25 de mayo, tienen que volver a hacerlo en otoño? Repetir las elecciones, ¿no es
una manera de dar por buena la compra?
Esto es lo que
está en juego. El ataque que supone al sistema político español la compra de los
dos diputados autonómicos socialistas es el peor de los que puedan imaginarse.
Mucho peor que el terrorismo. Si esta compra acaba siendo dada por buena, no
habrá forma de evitar la repetición o la amenaza de repetición, que
políticamente es lo mismo, de prácticas de este tipo en el futuro. Montesquieu
decía que la libertad es la sensación que cada uno tiene de su propia
seguridad. No la seguridad, sino la sensación de seguridad. Pues lo mismo ocurre
con la democracia. La sensación del ciudadano de que es mediante su voto como se
constituye el Gobierno es lo que hace que la democracia sea posible. Si los
ciudadanos no tenemos esa sensación, el fundamento del sistema democrático se
viene abajo.
Y es así, porque
se trata de una amenaza frente a la cual ninguna sociedad puede defenderse, si
no es con la actuación solidaria de todos los partidos políticos. Es imposible
hacer listas de miles de personas completamente incorruptibles. Únicamente si se
deja claro que ninguna operación de esa naturaleza será aceptada por ningún
partido y que, en consecuencia, no podrá surtir efectos en ningún caso podremos
cortar de raíz el problema. Si así no se hace, el problema podrá reaparecer en
cualquier momento y reaparecerá cuando la ocasión lo requiera.
Si la
inversión de la compra de los dos diputados autonómicos socialistas es
rentable, ¿qué es lo que podrá impedir que se vuelva a repetir cuando sea
necesario; esto es, cuando el volumen del negocio sea lo suficientemente
atractivo?
Un desafío de
esta naturaleza al Estado democrático exige una respuesta única e inequívoca por
el conjunto de los partidos políticos. Es un problema que ha surgido en el seno
del Partido Socialista, pero no es un problema del Partido Socialista. Es
un problema para el Partido Socialista, pero no exclusivamente suyo. Nos
afecta a todos. El PSOE pagará sin duda muy caro el error cometido. Pero si los
dos parlamentarios autonómicos siguen manteniéndose en sus escaños, lo
acabaremos pagando todos.
La competición en
todos los sistemas políticos democráticos es muy fuerte y el juego no siempre es
todo lo limpio que debería ser. Pero hay límites. No se puede aceptar una
conducta que ponga en cuestión el sentido de pertenencia de todos los partidos
al mismo sistema político. Sin dicho sentido de pertenencia ninguna democracia
puede operar de manera estable. Esto es lo que la compra de Madrid pone en
cuestión. Darla por buena supone romper la solidaridad invisible pero
indispensable para que una democracia funcione.
(*) Publicado en El País.13.06.03
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