¿Por qué Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, impulsó o consintió, o no hizo nada para impedirlo, que la demolición parcial y consolidación como hotel del edificio catalogado de la calle San Mateo, 25 c/v a la calle Mejía Lequerica -actuación urbanística solicitada por Montserrat Corulla, representante de la sociedad mercantil “Palacio de Villagonzalo SL”- se llevara a cabo prescindiendo del requisito exigido por la ley de un Plan Especial?
Ese Plan Especial fue
obviado por el
Ayuntamiento en la
tramitación de este
asunto, a pesar de ser
un requisito obligado,
según las normas
urbanísticas del Plan
General de Ordenación
Urbana de la ciudad de
Madrid.
Hoy elplural.com
narra este hecho -de
extraordinaria
importancia- que
favoreció, sin duda, las
pretensiones de Corulla,
experta en cuestiones
inmobiliarias y de
urbanismo, pues no en
vano esta abogada habría
sido pieza clave, según
criterio judicial, en la
trama de corrupción
generalizada que, por
desgracia y durante
años, contribuyó a
manchar gravemente la
imagen de Marbella.
El caso Corulla
hace tiempo que circula
por los mentideros de la
Villa y Corte, ha
emergido mediáticamente
-aunque con escasa
intensidad,
circunstancia como
mínimo curiosa- y fue
puesto de relieve en el
debate, en TVE, de los
tres candidatos a la
Alcaldía madrileña.
Curiosamente también, la
factura la acabó pagando
Miguel Sebastián en las
urnas. Bajó varios
puntos que hicieron -en
términos políticos-
insoportable su derrota.
Acerca de Corulla ha
habido otras derivadas
que este periódico
digital no ha franqueado
ni franqueará jamás, aun
disponiendo de esta
información
particular desde el
inicio del affaire.
Pero, eso sí, dejamos
bien claro -a raíz del
mencionado debate
televisivo- nuestro
punto de vista,
contrario al de la
hipocresía colectiva.
Por ello no arremetimos
contra Sebastián, que
fue golpeado con bajeza
y villanía miserables.
La vida privada de los
políticos –volviendo a
Gallardón- no ha de ser
utilizada para su
descrédito, pero tampoco
la han de emplear ellos,
o sus palmeros,
como patente de corso.
La privacidad de los
políticos no debe
eximirles de
responsabilidades de
interés público, si es
que las tienen,
naturalmente. En todo
caso, lo que contamos
hoy y ampliaremos mañana
no vulnera ni un
milímetro el derecho a
la vida privada del
alcalde de Madrid.
¿Ha habido, sin embargo,
otro género de
vulneraciones que sí
afectan la gestión del
alcalde? Creemos -con
datos y no con meras
opiniones subjetivas-
que sí. Instamos a
Gallardón a que, de una
vez, contribuya a
esclarecer de forma
objetiva y creíble un
episodio tan poco
transparente como el
vinculado a la presunta
testaferro del
cerebro de la
corrupción marbellí.
La victoria electoral de
Gallardón ha sido
indiscutible y
memorable. Pero los
triunfos en las urnas no
exoneran a nadie de sus
responsabilidades como
las aludidas. Gallardón
debe a la opinión
pública una explicación
convincente. Los grupos
de la oposición –tanto
el PSOE como IU- no
pueden mirar hacia otro
lado. La historia de los
malayos en Madrid no
puede archivarse sin
más. Quien es alcalde de
Madrid y aspira
legítimamente a la
Presidencia del Gobierno
no puede estar bajo
sospecha. Bajo ninguna
sospecha. Y menos aún
bajo la sospecha
malaya.