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 LA OPERACIÓN MALAYA EN MADRID

Gallardón y la sospecha malaya

¿Por qué Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, impulsó o consintió, o no hizo nada para impedirlo, que la demolición parcial y consolidación como hotel del edificio catalogado de la calle San Mateo, 25 c/v a la calle Mejía Lequerica -actuación urbanística solicitada por Montserrat Corulla, representante de la sociedad mercantil “Palacio de Villagonzalo SL”- se llevara a cabo prescindiendo del requisito exigido por la ley de un Plan Especial?

Ese Plan Especial fue obviado por el Ayuntamiento en la tramitación de este asunto, a pesar de ser un requisito obligado, según las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Madrid.

Hoy elplural.com narra este hecho -de extraordinaria importancia- que favoreció, sin duda, las pretensiones de Corulla, experta en cuestiones inmobiliarias y de urbanismo, pues no en vano esta abogada habría sido pieza clave, según criterio judicial, en la trama de corrupción generalizada que, por desgracia y durante años, contribuyó a manchar gravemente la imagen de Marbella.

El caso Corulla hace tiempo que circula por los mentideros de la Villa y Corte, ha emergido mediáticamente -aunque con escasa intensidad, circunstancia como mínimo curiosa- y fue puesto de relieve en el debate, en TVE, de los tres candidatos a la Alcaldía madrileña. Curiosamente también, la factura la acabó pagando Miguel Sebastián en las urnas. Bajó varios puntos que hicieron -en términos políticos- insoportable su derrota.

Acerca de Corulla ha habido otras derivadas que este periódico digital no ha franqueado ni franqueará jamás, aun disponiendo de esta información particular desde el inicio del affaire. Pero, eso sí, dejamos bien claro -a raíz del mencionado debate televisivo- nuestro punto de vista, contrario al de la hipocresía colectiva. Por ello no arremetimos contra Sebastián, que fue golpeado con bajeza y villanía miserables.

La vida privada de los políticos –volviendo a Gallardón- no ha de ser utilizada para su descrédito, pero tampoco la han de emplear ellos, o sus palmeros, como patente de corso. La privacidad de los políticos no debe eximirles de responsabilidades de interés público, si es que las tienen, naturalmente. En todo caso, lo que contamos hoy y ampliaremos mañana no vulnera ni un milímetro el derecho a la vida privada del alcalde de Madrid.

¿Ha habido, sin embargo, otro género de vulneraciones que sí afectan la gestión del alcalde? Creemos -con datos y no con meras opiniones subjetivas- que sí. Instamos a Gallardón a que, de una vez, contribuya a esclarecer de forma objetiva y creíble un episodio tan poco transparente como el vinculado a la presunta testaferro del cerebro de la corrupción marbellí.

La victoria electoral de Gallardón ha sido indiscutible y memorable. Pero los triunfos en las urnas no exoneran a nadie de sus responsabilidades como las aludidas. Gallardón debe a la opinión pública una explicación convincente. Los grupos de la oposición –tanto el PSOE como IU- no pueden mirar hacia otro lado. La historia de los malayos en Madrid no puede archivarse sin más. Quien es alcalde de Madrid y aspira legítimamente a la Presidencia del Gobierno no puede estar bajo sospecha. Bajo ninguna sospecha. Y menos aún bajo la sospecha malaya.
 

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