30.07.11
4) EL JUEZ LE DA 15 DÍAS A AGUIRRE PARA CUMPLIR
LA SENTENCIA DE LA M-501
El Tribunal Superior obliga a la Comunidad a
deshacer las obras realizadas y a dejar la carretera como estaba por
considerar la zona de protección ambiental
Las máquinas podrían volver a la carretera de los
pantanos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) concede
15 días a la Comunidad de Madrid para que cumpla una sentencia
dictada por este mismo tribunal en 2008, que obligaba al Ejecutivo
regional a paralizar las obras de desdoblamiento de la M-501 y
contemplaba la restitución de la zona protegida a su estado
original.
Hace cinco meses el Supremo declaró ilegal la
ampliación realizada en la vía
El proyecto regional fue declarado como ilegal
hace cinco meses por el Supremo, por incumplir los trámites
administrativos. La ampliación de la carretera de los pantanos,
M-501, acumula un largo historial de procesos judiciales. Fue un
proyecto personal de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. En
2005 defendió el desdoblamiento entre Quijorna y Navas del Rey
debido al "interés general, por razones imperiosas de seguridad
vial".
La presidenta obvió los informes en contra del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) -suscrito en
2006 por más de 150 científicos-. Aguirre emprendió las obras en
medio de una zona de alta protección ambiental, el parque regional
del río Guadarrama. Y desoyó las recomendaciones de los expertos que
proponían medidas para reducir los accidentes menos agresivos para
el entorno.
Enseguida las asociaciones ecologistas comenzaron
la batalla para frenar el proyecto. En febrero de 2008, el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la organización
ecologista y ordenó la paralización de las obras, que costó unos 100
millones. La sentencia ordenaba "reiniciar el proceso administrativo
y, en su caso, restituir a su estado anterior la zona afectada".
La Comunidad de Madrid se resistió a cumplir la
sentencia y buscó todos los resquicios jurídicos para justificar su
decisión. Recurrió la decisión del tribunal. Elaboró una declaración
de impacto ambiental (DIA) sobre el proyecto. Este documento
obligatorio, que el Gobierno regional evitó entregar hasta el final,
recoge las afecciones ambientales en la zona y sus posibles
soluciones.
Mientras tanto, la Consejería de Transportes
terminó la obra de desdoblamiento de la veintena de kilómetros e
inauguró el tramo por todo lo alto.
Al ver que la Comunidad de Madrid eludía el
cumplimiento de la sentencia del TSJM, Ecologistas en Acción reclamó
ante los tribunales la ejecución del mismo. La semana pasada, el
TSJM dictó un auto en el que obligaba a la Comunidad de Madrid a
cumplir la sentencia anterior. Desde Ecologistas en Acción, María
Ángeles Nieto señala que la orden del TSJM "deja en evidencia la
falsedad de los responsables regionales que han negado
reiteradamente la obligación de cumplir con la sentencia". La
Consejería de Transportes emitió una nota en la que aseguraban que
presentarán las alegaciones pertinentes.
www.elpais.es 28.07.11
5) EL PP RECORTA EL TIEMPO DE LAS INTERVENCIONES
DE LA OPOSICIÓN EN LOS PLENOS
La entrada de UPyD en la Asamblea de Madrid está
sirviendo de excusa al grupo popular, que hace valer su amplía
mayoría absoluta, para modificar algunos aspectos de la vida
parlamentaria que afecta a los partidos minoritarios. La secretaría
general del Parlamento regional propuso a los portavoces de los
grupos una modificación de "las líneas generales de actuación de la
Asamblea de Madrid". Traducido: propone limitar las intervenciones
de los grupos minoritarios durante los plenos.
La secretaría general pretende reducir las
mociones -el trámite que tiene la oposición para expresar su
descontento con una interpelación de un miembro del Gobierno
regional-. Pretende que las mociones computen como una iniciativa
parlamentaria. Hasta ahora no eran excluyentes. Por eso, IU y PSM
han expresado su malestar porque consideran que esta iniciativa
recorta su labor de control al Gobierno. Tras la "reordenación del
funcionamiento del pleno", el PP podrá hacer cinco preguntas y cinco
iniciativas para cada sesión; el PSOE, cuatro preguntas y tres
iniciativas; IU, una pregunta y una propuesta, y UPyD, una de cada
una.
Dos plenos
"No hay ninguna reducción de iniciativas para la
oposición. Es una redistribución del total de iniciativas que se
pueden tramitar debido a que hay un grupo parlamentario más", señaló
el portavoz adjunto del PP, Pedro Muñoz Abrines. La iniciativa
aprobada por el PP podría alargar los plenos hasta más allá de la
medianoche.
Por su parte, Tomás Gómez, portavoz socialista,
criticó ayer el "recorte de iniciativas de la oposición. Cada vez
tiene un trabajo parlamentario más limitado". Se lamentó de que
"cada vez hay menos control al Gobierno y menos posibilidad de
iniciativas de la oposición". Los socialistas han propuesto en
varias ocasiones que se celebren dos plenos parlamentarios: uno de
control al Gobierno y otro para presentar iniciativas
parlamentarias. El PP alega que el trabajo parlamentario se hace,
también, en las comisiones parlamentarias.
Desde IU, la diputada Eulalia Vaquero estima que
la medida "reduce las posibilidades de iniciativas de la oposición".
Vaquero se queja de que el PP ha bloqueado "cualquier posibilidad de
debate. Ha sido cercenado, cortado de raíz", indicó. "La oposición
no debe confundir cantidad y calidad a la hora de ejercer su labor",
concluyó el portavoz adjunto del PP, Muñoz Abrines.
www.elpais.es 28.07.11
6) GALLARDÓN REBAJA EL PRECIO DEL ALQUILER DE LA
OFICINA PARA LA VISITA PAPAL
De "chollo" calificó ayer Izquierda Unida el
contrato firmado entre Madrid Espacios y Congresos -empresa
municipal que gestiona, entre otros, el Palacio Municipal de
Congresos y la Caja Mágica- y el Arzobispado de Madrid por el que el
Ayuntamiento alquila la oficina que usa la organización de la
Jornada Mundial de la Juventud. El Arzobispado está pagando 13.800
euros al mes por una oficina de 2.300 metros cuadrados en la cuarta
planta del edificio APOT, en Campo de las Naciones. Un precio, seis
euros por metro cuadrado, que es una tercera parte del precio de
mercado.
"Alguien tendrá que explicar por qué se renuncia
alegremente a ingresar 150.000 euros más mientras los proveedores
siguen sin cobrar del Ayuntamiento", aseguró el portavoz del grupo
municipal de IU, Ángel Pérez. Los cálculos de la organización se
basan en el contrato de alquiler, firmado el 1 de abril pasado.
Madrid Espacios y Congreso alquila la oficina al Arzobispado del 1
de abril al 15 de septiembre, lo que supone un pago de 76.100 euros.
"Un particular tendría que haber pagado en torno a 230.000 euros por
ese alquiler", asegura IU.
18 euros el metro
En el mismo edificio, la inmobiliaria Aguirre
Newman alquila oficinas por 18 euros el metro cuadrado, es decir, el
triple de lo que paga el Arzobispado. Un chequeo por el entorno de
esta zona realizado por el grupo de IU muestra que los alquileres
rondan esa tarifa. Pérez se preguntó ayer "quien va a restituir el
dinero que pierde una empresa municipal, en unos tiempos que tanta
falta hace, por esa generosa oferta al inquilino y qué razones hay
para dar ese trato cuando ni siquiera se paga a los proveedores por
falta de dinero mientras se renuncia alegremente a estos ingresos".
El Ayuntamiento de Madrid rehusó comentar la
denuncia de IU. El Consistorio cede también para la visita de
Benedicto XVI el uso de 206 colegios de Infantil y Primaria, de seis
de Educación Especial y del albergue juvenil de Mejía Lecquerica
para acoger algunas de las actividades de la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ). El gasto de agua y luz de estas instalaciones irá a
cargo de las arcas municipales, según aseguró la coordinadora
general de Apoyo a la Familia, Alicia Domínguez, en la comisión
municipal de Servicios Sociales de junio pasado.
www.elpais.es 27.07.11
7) EL PP IMPIDE UNA AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE
MINTRA
Mintra ya tiene certificado de defunción. La
Asamblea de Madrid, con la mayoría del PP, ratificó ayer la
supresión de la empresa pública responsable de la ampliación de
metro, como había previsto el Gobierno regional. El grupo popular ha
evitado una auditoría independiente de Mintra antes de que se
cierre, como había reclamado socialistas y UPyD. Sin embargo, el PP
ha accedido a que sea la la Intervención General de la Comunidad de
Madrid quien revise las cuentas de la empresa pública.
El Gobierno regional, que dirige Esperanza
Aguirre, decidió cerrar Mintra como parte de un plan de ajuste. El
consejero de Transportes, Antonio Beteta, aseguró el jueves que la
supresión del ente público supondría un ahorro de 1,4 millones, la
mayor parte derivado del recorte de personal. Transportes absorberá
las competencias y los trabajadores de Mintra.
La oposición defendió la idea de revisar las
cuentas del ente público por auditores independientes. UPyD propuso
que sea la Intervención General del Estado, quien fiscalice las
cuentas.
El diputado del PSM, Antonio Fernández Gordillo,
se refirió durante la comisión al caso de las retribuciones de Metro
que salpica a Mintra. "Se quiere tirar no sólo el agua sucia, sino
el agua sucia con el niño dentro", manifestó el parlamentario
socialista.
El vicepresidente regional, Ignacio González,
negó que exista relación entre la disolución de Mintra y las
supuestas adjudicaciones de obras a cambio de comisiones.
Transportes expedientó a, al menos, cuatro funcionarios después de
presentar una denuncia ante los juzgados.
www.elpais.es 23.07.11
8) EL JUEZ INVESTIGA LA VENTA DE UN TERRENO A
MATO
Pedreira pide a la Comunidad de Madrid la
liquidación de impuestos de un solar que le transmitió su exmarido,
imputado en la trama corrupta
El instructor del caso Gürtel, el
magistrado Antonio Pedreira, ha solicitado a la Consejería de
Hacienda de la Comunidad de Madrid el documento original de
autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
relativo a un solar vendido por el imputado Jesús Sepúlveda a su
exmujer, Ana Mato. El pasado 25 de abril, el magistrado rechazó
imputar por cohecho a la vicesecretaria de Organización del PP en
este escándalo al considerar que en un "hipotético supuesto de que
concurriesen indicios delictivos", estos ya habrían prescrito.
Un informe policial del pasado enero destapó que
la red corrupta había pagado 28.000 euros en viajes al matrimonio, a
sus hijos y otros familiares, entre 2003 y 2004. Sepúlveda está
imputado en la causa desde febrero de 2009, cuando abandonó la
Alcaldía de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Sostiene que los datos son necesarios para
continuar con las diligencias
Según la Policía, estos desplazamientos eran
"pagos en especie" por supuestos favores a la trama liderada por
Francisco Correa.
En el auto, fechado el pasado 4 de julio,
Pedreira estima parcialmente un recurso de reforma formulado por la
Fiscalía Anticorrupción una vez que se rechazó imputar a la
dirigente conservadora. Y se acuerda solicitar a la Consejería de
Hacienda de la Comunidad de Madrid el citado documento, fechado el 4
de abril de 2005. Sólo de este modo se podrán practicar las
diligencias de investigación que ya acordó el juez respecto a
Sepúlveda.
Ya el 19 de mayo, la Oficina Nacional de
Investigación del Fraude (ONIF) había emitido un informe en el que
advertía al juez de que no podía satisfacer las demandas de
información al no disponer del documento de liquidación del
impuesto. Argumentaba que, al haberse cedido el rendimiento de esta
tasa a las comunidades autónomas, es a ellas a las que hay que
solicitar los datos.
El pasado abril, el magistrado rechazó imputar a
la dirigente del PP
Continuar las pesquisas
Una vez que la Comunidad entregue al magistrado
la documentación citada, Pedreira podrá seguir avanzando en las
pesquisas. El delito fiscal está castigado penalmente cuando la
cuota defraudada supera los 120.000 euros. Extremo que tendrá que
ser comprobado por Pedreira en el caso de Sepúlveda.
El juez había rechazado practicar una prueba
relativa a la liquidación del mencionado impuesto al entender que
"la misma afectaba o podía afectar a Ana Mato Adrover" que, según se
recalca en el auto, "no se encuentra imputada en esta causa". Al
estimar parcialmente el recurso, Pedreira recuerda que ello implica
"que el nombre y demás datos de ambas personas (comprador y
vendedor) aparezcan en las actuaciones".
Documentos de la trama
La número tres del PP, ahora divorciada del
exalcalde de Pozuelo, ha sostenido en varias ocasiones que
desconocía la relación que Sepúlveda pudiera tener con los
cabecillas de la trama corrupta. Pero su nombre figura en los
documentos contables y bancarios de la Gürtel.
De hecho, la red tenía en su poder un archivo
informático de Excel denominado "Extracto servicios sres.
Sepúlveda/Mato".
Entre los viajes regalados a la familia por la
trama, figura uno realizado por Mato y una de sus hijas a Suiza en
junio de 2004. El coste rondó los 2.500 euros. Sobre este
desplazamiento, la dirigente conservadora ha mantenido siempre que
lo pagó de su bolsillo. Aunque el cotejo de los documentos
incautados a la trama indican que ese dinero salió de su caja B.
En el equipo de Mato sostienen que la transmisión
del solar podría deberse a parte de la liquidación de gananciales
tras el divorcio.
www.publico.es 07.07.11
9) EL DUEÑO DE MARTINSA NO CONVENCE AL JUEZ
PEDREIRA
El 14 de julio de 2008 Fernando Martín, máximo
accionista de Martinsa y expresidente del Real Madrid, vio cómo la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendía la
cotización de su promotora. Esta decisión se convirtió en el
preludio del concurso de acreedores de Martinsa, una de las
constructoras con mayor volumen de negocio de España. Ayer, justo
tres años después de ese 14 de julio fatídico, Fernando Martín
abandonaba a las once de la mañana la sede del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) como imputado en el caso Gürtel. El
magistrado que instruye el caso en Madrid, Antonio Pedreira, le
atribuye la presunta autoría de los delitos de cohecho, contra la
Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
El magistrado mantiene la imputación para el
empresario
La investigación de la policía judicial resalta
que Martín pudo haber pagado una comisión ilegal de 12,8 millones al
presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa. De
confirmarse este soborno, se trataría del mayor pelotazo de Correa.
La policía relaciona esta comisión con otra de 12 millones -los
investigadores aún desconocen el objetivo de este pago-, por lo que
la mordida total superaría los 24 millones. El principal accionista
de Martinsa se negó a declarar ante el juez, pero a la salida
defendió ante los medios de comunicación su actuación en Arganda del
Rey. "La adjudicación de Arganda se hizo con la más estricta
legalidad, con transparencia", afirmó, y añadió que sobre ese tema
ya hay sentencias judiciales que acreditan que todo se hizo
correctamente.
Martín fue citado para que explicara si había
pagado 12,8 millones desde una cuenta en Suiza a Francisco Correa a
cambio de que este intermediara en la adjudicación de una parcela
por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Entonces el alcalde
era Ginés López, que dimitió tras su imputación en la causa. El
terreno estaba valorado, como ayer recordó la portavoz del PSM en
Arganda, Victoria Moreno, en 98 millones. Pero Martinsa se lo llevó
por 77 millones, 21 millones menos. La policía considera que la
valoración del terreno fue muy baja. Apenas dos años después de
resultar adjudicatarios de las parcelas, en las que estaba prevista
la construcción de unas 2.000 viviendas, Martinsa vendió solo un
tercio de los terrenos adquiridos por 73 millones.
A través de un comunicado, Martín aseguró que se
acogió a su derecho a no declarar por entender que el TSJM no es
competente para la instrucción del caso. En la nota reitera que "ni
él ni la compañía tienen relación alguna con los hechos que se
relatan en el informe de la policía, que no tiene nada que ocultar y
que las pruebas demostrarán que se actuó correctamente", a lo que
añade que la adjudicación en Arganda se hizo con transparencia.
Tras el paso de Martín por el tribunal, fue el
turno de otro empresario: Amando Mayo. Según el sumario del Gürtel
participó en el pago de 12 millones a Correa, y también en la
comisión presuntamente pagada por Martín.
En su declaración reconoció haber transferido dos
millones de euros a Martín aunque para una inversión diferente,
según precisaron fuentes del caso. Mayo aseguró que el dueño de
Martinsa le debe dos millones. Además, tiene una deuda de cuatro
millones con otro de los imputados, el empresario Manuel Salinas. El
juez ha mantenido la imputación a Mayo como presunto autor de los
delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de
capitales.
El exalcalde de Boadilla Arturo González Panero,
que también estaba citado, se negó a declarar como imputado por el
delito contra la Hacienda Pública. Por ello Pedreira le sigue
atribuyendo este delito, a los que hay que sumar los de blanqueo,
falsedad en documento público, malversación, prevaricación y
cohecho.
El último en acudir fue el empresario José Luis
Ulibarri. Su abogado señaló que su defendido pagó a Hacienda los
impuestos derivados de la venta de una finca en El Escorial a
Correa, a pesar de que el juez no tiene constancia de ello.
www.elpais.es 15.07.11
10) LOS EXALCALDES DE BOADILLA SE CULPAN
MUTUAMENTE DE NEGOCIAR CON CORREA
Siguero reconoce que tuvo contacto con empresas
de la trama corrupta
La decisión de poner en marcha la Oficina de
Atención Ciudadana (OAC) en Boadilla del Monte, una de las
adjudicaciones millonarias investigadas en el caso Gürtel,
fue del exalcalde del municipio Arturo González Panero. Así se
expresó en su declaración ante el magistrado del caso, Antonio
Pedreira, el exregidor Juan Siguero, imputado en la causa y
sustituto de Panero cuando este fue imputado por su participación en
la trama: "El anterior alcalde, González Panero, me comunicó que
interesaba la oficina y nos desplazamos a Majadahonda en el coche
del Ayuntamiento para ver las instalaciones", dijo Siguero al juez.
Pese a acudir a Majadahonda no se entrevistaron con ningún cargo de
este Consistorio: "No recuerdo bien con quién nos reunimos. Imagino
que con las personas que estuvieran ahí: Isabel Jordán y otras",
testificó.
De esta forma, Juan Siguero contradice las
declaraciones realizadas por su predecesor en el cargo de alcalde de
Boadilla, quien en declaraciones a EL PAÍS le acusó de contratar con
el Gürtel: "Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de
contratación. Todo lo presidió él. Toda la documentación la hizo
personalmente, con su propio ordenador. Yo no intervine. El juez
tendría que investigarle a él antes que a mí".
No obstante, Siguero reconoce como verídica parte
de la denuncia realizada por González Panero contra él. Así, dijo
que envió a un empleado de Correa los pliegos del concurso por
correo electrónico, e incluso que solicitó a Isabel Jordán [otra
asalariada de Correa] un trabajo para su mujer. Pero lo hizo después
de que Panero se lo encargara: "Se me encomienda, por parte del
alcalde, realizar el pliego de condiciones para poder licitar el
concurso". Y fue entonces, relató Siguero, cuando tomó contacto con
los empleados del presunto cerebro de la trama corrupta, Francisco
Correa, a quien negó conocer: "Hago consultas a Javier Nombela
[empleado de Correa e imputado en el Gürtel] sobre el coste del
servicio y cuántas personas pueden hacer falta".
Preguntado por la fiscal sobre de qué conocía a
Nombela, Siguero contestó tras la insistencia de la responsable del
Ministerio Público: "Le conocía de antes, imagino que me lo presentó
el anterior alcalde de Boadilla [González Panero], pero no recuerdo
bien...". Y justificó también que enviara a la empresa de Correa
todos los pliegos y que incluso les pidiera que le comunicaran el
presupuesto de la OAC antes de la adjudicación: "No todos los
técnicos tienen la capacidad de conocer todas las materias. A veces
hay que consultar con las empresas locales". También reconoció ser
el autor de otro correo electrónico a Nombela en el que este le
debía confirmar la cantidad económica a pagar.
La Oficina de Atención Ciudadana (OAC) fue
adjudicada finalmente a la empresa Easy Concept por más de 600.000
euros anuales durante un periodo de 14 años. "Tras iniciarse el
servicio, la encargada de gestionarlo fue la concejal de
Participación Ciudadana, Isabel Fernández Guzmán", dijo Siguero.
Nada más estallar la operación policial, Siguero la cerró.
En su declaración ante Pedreira del 24 de
febrero, que se alargó durante más de hora y media, Siguero también
aborda otras presuntas adjudicaciones irregulares del Consistorio.
- Recogida de basuras. Las empresas Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC) y Sufi pagaron el 2% del
presupuesto a Correa, según el sumario. Siguero reconoció haber
elaborado "junto con los técnicos" los pliegos que sirvieron para la
adjudicación a las empresas FCC y Sufi, que según el sumario pagaron
varios actos del PP en el municipio. Entre otros, uno presidido por
la entonces candidata Esperanza Aguirre en el que presentó el metro
ligero. En este sentido, dijo, a preguntas de la fiscal, que era
"normal" en Boadilla que las empresas pagaran el 2% para publicitar
la gestión, y que estas cláusulas aparecieran en los pliegos. No
obstante, aseguró desconocer si siempre ese 2% iba a parar a las
empresas de Correa, tal y como asegura la investigación realizada
por la policía judicial, con lo que de esta forma se estaría
enmascarando la comisión del presunto cerebro de la trama corrupta.
- Parcela de José Luis Ulibarri. Siguero dijo no
recordar bien su participación en la adjudicación de unas parcelas
municipales por las que el empresario José Luis Ulibarri ofreció 35
millones de euros, un precio muy inferior al que realmente valían
esos terrenos. Además, incumplió los plazos de ejecución para la
construcción de viviendas: "Si fui miembro de la mesa de
contratación... probablemente. No lo recuerdo, no recuerdo haber
elaborado ningún informe técnico". No obstante, a preguntas de la
abogada de Arturo González Panero recordó que el responsable de
hacer los pliegos de esta parcela era el concejal Francisco Sánchez
Arranz. En su declaración ante el magistrado Siguero, al igual que
Ulibarri y Arturo González Panero, recordó que una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras una querella del edil
de Alternativa por Boadilla (APB) Ángel Galindo, reconocía que "todo
estaba perfectamente en regla". En ese momento de la declaración
Pedreira preguntó si era la sala de lo Contencioso-administrativo,
algo que confirmó Siguero. Precisamente Pedreira había formado parte
del tribunal, también formado por los magistrados Emilio Fernández
Castro y Javier Casas Estévez, que avaló la adjudicación de Panero.
Pero al no estar de acuerdo, Pedreira emitió un voto particular en
el que solicitaba la admisión a trámite de la querella de Galindo y
la declaración como imputado del exalcalde de Boadilla del Monte.
- Locales comerciales Siglo XXI. Estas
superficies fueron adjudicadas por la Empresa Municipal del Suelo y
de la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte a Rústicas MBS, SL, de
Ramón Blanco Balín, en 2005, y posteriormente cedidas a la sociedad
Artas Consultores, del mismo empresario. El sumario Gürtel pone de
manifiesto que en realidad el auténtico propietario de ambas firmas
es el cerebro de la trama, Francisco Correa, por lo que está
intervenida judicialmente. Siguero reconoció haber sido el autor de
la cesión de la parcela desde el Ayuntamiento a la EMSV, presidida
entonces por el que fuera concejal del PP del municipio Alfonso
Bosch: "Yo, como concejal de Hacienda, lo único que hago es una
cesión de terrenos del Ayuntamiento a la empresa del suelo. Y ahí
termina mi competencia porque en ese momento yo no era miembro de la
EMSV".
www.elpais.es 14.07.11
11)UN IMPUTADO REPITE COMO CARGO EN ARGANDA
El PP de Arganda del Rey, que el pasado 22 de
mayo renovó su mayoría absoluta en las urnas, ha vuelto a nombrar a
Juan Fernández Caballero, imputado como presunto autor de los
delitos de tráfico de influencias y prevaricación en el caso
Gürtel, consejero de la sociedad de Fomento municipal, que desde
el pasado miércoles se llama Empresa de Servicios Municipales de
Arganda S.A. (Esmar). Fernández Caballero, como consejero de esta
sociedad, seguirá llevando la gestión deportiva, cultural, la
limpieza y mantenimiento del municipio y los principales proyectos
urbanísticos.
Un informe de la Policía Judicial destaca que
durante el periodo en el que Fernández Caballero ocupó varios cargos
en esta empresa las empresas del presunto cerebro de la trama
Gürtel, Francisco Correa, resultaron adjudicatarias de diversos
contratos. Entre estos destaca el acordado en diciembre de 2004 a
Martinsa, que fue la empresa adjudicataria del concurso presentado
por la Sociedad Fomento y Desarrollo Municipal S.A. de Arganda del
Rey, por un importe de 77 millones de euros, en la que estaba
prevista la construcción de 2.676 viviendas. Además, esta empresa
municipal adjudicó contratos a sociedades presuntamente implicadas
en la trama, como son los casos del Grupo Rafael, Teconsa, y
Constructora Hispánica.
Viaje a Hawai
Dicho informe policial asegura también que Correa
organizó con su empresa Pasadena Viajes el viaje de "luna de miel"
de un hijo de Fernández Caballero y su mujer a un resort de
lujo en las islas Hawai, por un valor de 13.700 euros. Hasta el
momento, en Arganda, municipio en el que Correa cobró la mayor
comisión por intermediar (de más de 24 millones de euros) permanecen
imputados en el caso cuatro exaltos cargos, entre ellos el exregidor
Ginés López.
El PSOE de Arganda ha emitido una nota en la que
critica la actitud de los populares, con mayoría en el Consejo de
Administración de la Sociedad de Fomento de Arganda, de mantener en
el cargo de consejero-delegado a Juan Fernández.
En el último consejo de administración de la
empresa, celebrado el pasado miércoles, la mayoría de los
representantes ratificó al frente de la entidad al imputado. La
portavoz socialista, Victoria Moreno, indicó que este comportamiento
pone de manifiesto "el respeto de los populares por la justicia".
Sobre el cambio de nombre de la empresa, la edil del PSM indicó que
"por mucho que intenten cambiar el nombre", los populares "han
manchado el nombre de Arganda para siempre".
www.elpais.es 10.07.11
12) JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ SERÁ EL NUEVO DIRECTOR
GENERAL DE TELEMADRID
El Consejo de Gobierno nombrará hoy a quien
estuvo al frente de RTVE con Aznar
José Antonio Sánchez vuelve, con 58 años, a la
televisión. El que fuera director general de RTVE durante el
Gobierno de José María Aznar ocupará a partir de hoy el máximo cargo
ejecutivo de Telemadrid. El Gobierno de la Comunidad tiene previsto
aprobar a lo largo del día la designación de Sánchez como nuevo
director general de la cadena pública madrileña. José Antonio
Sánchez es licenciado en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense.
Los consejeros del PP en el ente público votaron
a favor; el PSM e IU, en contra
El hasta ahora director de coordinación
institucional de Telefónica en Latinoamérica sustituye en el cargo a
Isabel Linares Liébana, que llevaba en el puesto desde 2007. Sánchez
asumirá la gestión de la televisión autonómica madrileña en uno de
sus peores momentos, tanto en términos económicos como de audiencia
(ronda el 6% de cuota de pantalla, muy por debajo de la media de las
autonómicas).
José Antonio Sánchez ha trabajado en la Agencia
Efe, en el diario Abc y ha colaborado como columnista en
La Razón. Fue propuesto por el Gobierno del Partido Popular en
2000 como director general de RTVE hasta que abandonó el puesto en
2004, tras las elecciones. Entonces fue sustituido por Carmen
Caffarel, actual directora del Instituto Cervantes.
El Consejo de Administración de Telemadrid eligió
ayer a Sánchez por mayoría absoluta, con los votos a favor del PP
(10 consejeros) y la oposición de PSOE (5) e Izquierda Unida (2). En
un comunicado, la cadena pública de Madrid destacó su "alta
cualificación y dilatada actividad profesional en medios de
comunicación social, incluidos cargos directivos en el sector
audiovisual y de las telecomunicaciones, considerando que reúne las
características adecuadas parta desempeñar el cargo de director
general de RTVM". Los consejeros de IU explicaron en un comunicado
que no habían apoyado la propuesta de José Antonio Sánchez porque
esta decisión "ni se consulta, ni se comparte, ni se consensúa". La
coalición de izquierdas madrileña ha precisado además que "aunque la
persona propuesta merece como todo el mundo un periodo de gracia, su
trayectoria no invita al optimismo".
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha expresado en varias ocasiones su intención de
privatizar Telemadrid. Esta opción no es viable, de momento, ya que
lo impide la Ley General Audiovisual. El Partido Popular ya ha
anunciado su intención de modificar esta norma para poder ceder a la
empresa privada la hasta ahora televisión pública. El Gobierno de
Aguirre, a diferencia de otras autonomías como Cataluña o Andalucía,
sigue designando al director general a dedo. Así ha ocurrido en la
elección de José Antonio Sánchez.
www.elpais.es 21.07.11
13) EL FIASCO DE LA ULTRA CADENA IBÉRICA O EL 11M
EN LA TVE DE AZNAR, ENTRE LOS ‘HITOS’ DEL DIRECTOR DE TELEMADRID
La sección sindical de UGT en Telemadrid, a pesar
de conceder el "beneficio de la duda" al nuevo director del ente,
José Antonio Sánchez, advierte de que "su trayectoria no augura nada
bueno" y lo justifica con los precedentes de su currículum. Entre
otras cosas Sánchez, un hombre que creció profesionalmente al calor
de Luis María Anson, ya ha sido avalado por nombres como Miguel
Ángel Rodríguez, y durante su paso por la dirección de RTVE se
produjeron algunos momentos especialmente tristes para el periodismo
como "el deletreo de Urdaci o la cobertura del 11-M". Su perfil es
tan político y vinculado a los de Rajoy que hasta Jiménez Losantos
presenta a su compañero como "comisario político del PP".
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A través del boletín interno de La Parabólica
y de la plataforma Salvemos Telemadrid, UGT analiza al nuevo
Director General de Radiotelevisión Madrid, José Antonio Sánchez,
criticando en primer lugar el proceso de selección:
A diferencia de lo que ocurre en RTVE, TV3 o
Canal Sur, este cargo se elige a dedo directamente desde la
presidencia de la Comunidad. La comunicación del nombramiento al
Consejo de Administración fue calificada por el PSOE de "esperpento
y trágala", ya que "como si se tratara de un premio cinematográfico,
se abrió un sobre y se leyó su currículo".
A continuación, el sindicato recuerda el
currículum que precede a Sánchez y los nombres que le avalan, como
MAR, el exportavoz del Gobierno de Aznar, recientemente condenado
por injurias.
A pesar de que habrá que concederle el beneficio
de la duda, su trayectoria no augura nada bueno. El inefable Miguel
Ángel Rodríguez, que había jurado no volver a Telemadrid hasta que
no hubiera aquí "alguien con cabeza", no ocultaba su entusiasmo
después de conocer tan "buen fichaje".
Protegido y tutelado por Anson en EFE, ‘ABC’ y
‘La Razón’, Sánchez fue su hombre de paja en el fiasco de la Cadena
Ibérica (intento de hacer una radio ultraderechista que compitiera
con la COPE y cuya "estrella" era Antonio Jiménez, el presentador de
"El gato al agua"). Tras arruinarla y vender a precio de saldo sus
emisoras a Onda Cero (ya controlada por Aznar a través de
Villalonga) fue acogido en Admira, otra filial de Telefónica, hasta
que el Partido consiguió auparle hasta la mismísima Dirección de
RTVE sustituyendo a Javier González Ferrari, que pasó a dirigir Onda
Cero y así todos contentos.
UGT recuerda algunos momentos especialmente
tristes para el periodismo dentro del período de Sánchez como
director de RTVE:
Allí fue responsable Sánchez de una de las etapas
más oscuras de la televisión pública nacional, dando lugar a
momentos gloriosos como el deletreo de Urdaci o la cobertura del
11M. De alto perfil político, el mismísimo Jiménez Losantos le ha
calificado de "comisario político del PP".
Además de estos precedentes, el sindicato subraya
que la situación de la cadena que encontrará Sánchez no puede ser
más desalentadora con "más de 300 puestos de trabajo destruidos
mientras se contrataba a una plaga de directivos ociosos",
continuados récord de mínimos históricos en audiencia y "unos
informativos manipulados y sin credibilidad entre los madrileños".
Lamentan la impunidad con la que se actúan los responsables de
Telemadrid, cuando en otros países se paga cuando se saltan los
límites:
Y mientras vemos con envidia cómo en Inglaterra
se investigan las actuaciones irregulares de los grupos
periodísticos de Murdoch (el actual modelo de storytelling de
Telemadrid es una pálida copia de la ultraconservadora Fox News)
acabará esta legislatura sin que se haya constituido el Consejo
Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) al que obliga esa misma Ley
Audiovisual, un órgano regulador homólogo a los de Francia (Conseil
Superieur de l’Audiovisuel), Estados Unidos (Federal Communications
Comision) o Reino Unido (Office of Communications) que acabaría con
las deleznables prácticas de nuestras televisiones.
27.07.11
14) TELEMADRID INDIGNA A LOS HISTORIADORES CON
UNA SERIE QUE REDUCE EL INICIO DE LA GUERRA CIVIL AL ASESINATO DE
CALVO SOTELO
En la noche del pasado martes, Telemadrid estrenó
por todo lo alto el documental "El asesinato de Calvo Sotelo", un
adelanto de una serie más amplia que con motivo del 75º aniversario
del inicio de la Guerra Civil emitirá la pública madrileña en los
próximos meses. Este primer capítulo ya ha provocado la reacción
airada del historiador Santos Juliá, quien denuncia desde 'El País'
que se trata de una "lamentable manipulación" destinada a presentar
la Guerra Civil como "la inevitable consecuencia del asesinato" del
diputado de derechas "por parte de los socialistas". El enfoque del
documental está lejos de ser casual, pues el encargado de dirigirlo
recayó en Alfonso Bullón de Mendoza, un historiador de la San Pablo
CEU, la universidad de los propagandistas católicos, de la que fue
rector y que organiza anualmente un congreso para reivindicar "la
otra memoria", la de los "crímenes del PSOE y del PC" cometidos en
la zona republicana. El documental también recurría a testimonios de
"expertos" como Juan Velarde, economista de la FAES de pasado
falangista. La producción sí ha recibido elogios de medios
conservadores como 'ABC' o Intereconomía.
El capítulo, aplaudido por la 'caverna', fue
dirigido por un investigador del CEU que cuenta con una larga
trayectoria en reivindicar la memoria 'nacional'
‘El asesinato de Calvo Sotelo’ fue estrenado por
Telemadrid el pasado martes con un amplio despliegue, dentro de una
edición especial de su programa de debate ‘Madrid Opina’. La cadena
público difundió que el autor del documental era Alfonso Bullón de
Mendoza, "autor de una extensa biografía" sobre el diputado
asesinado, y subrayaba que "cuenta con un análisis de varios
historiadores especialistas en el tema, material audiovisual inédito
y reconstrucciones históricas de calidad".
Testimonios emotivos de exfalangistas
El diario ABC también daba cuenta del
estreno destacando aspectos como que se ofrecían "entrevistas con
especialistas como Juan Velarde, quien ‘habla incluso de sus
recuerdos de infancia, de cómo llegó la noticia a su casa y cuáles
fueron las reacciones’. Lo que el diario de Vocento no advertía es
que quizá el emotivo testimonio de Velarde podría no ser imparcial,
y es que este economista, uno de los actuales pilares de la FAES del
PP, militó en Falange tras la Guerra Civil.
La elección de Telemadrid
Bullón de Mendoza defendía desde el ABC su
documental diciendo que pretende "acercar al público la historia con
un nivel científico, dado que los artículos y los libros no llegan
igual que los medios audiovisuales" y loando algunos de sus
recursos, como el uso de dibujos en la escena del disparo: "para no
contar de forma truculenta cómo le vuelan la tapa de los sesos".
Pero la elección de este historiador por parte de Telemadrid no
parece casual. Historiador de la San Pablo CEU, de la que fue
rector, dirige también el Instituto de Estudios Históricos de la
universidad de los propagandistas católicos, que dominan buena parte
de la estrategia de comunicación de la Iglesia española.
Un historiador que reivindica la memoria
‘nacional’
Este historiador del CEU organiza anualmente el
congreso "La otra memoria", donde recupera episodios de crímenes en
la zona republicana cometidos por "socialistas y comunistas", como
explicaba en un programa en Libertad Digital, la televisión
de Losantos, en una entrevista en la que cargó contra la Ley de
Memoria Histórica: "El PSOE o el PC no pueden promover una Ley de
Memoria Histórica objetiva porque son parte. [En cambio] el PP que
nace en la Transición no quieso asumir el legado de ningún partido
de la II República". El historiador se defendía de las críticas
sobre el escaso interés de organizar un congreso sobre hechos
ampliamente investigados por la historiografía oficial del
franquismo, y ya advertía que "hay jóvenes que no tienen ni idea y
pueden pensar que es como les venden desde el poder". Entre los
ponentes de sus congresos figuran nombres como el de Juan Van Halen,
senador del PP por Madrid y que se encargó de defender el Valle de
los Caídos desde esa cámara.
Santos Juliá: "Una lamentable manipulación"
Tras su estreno, el documental ha sido duramente
críticado por el historiador Santos Juliá desde El País,
advirtiendo de que se trata de "una lamentable manipulación". Juliá
explica que la serie de Telemadrid deja a un lado el contexto del
conflicto "y va derecha a su objetivo: mostrar que la Guerra Civil
fue la inevitable consecuencia del asesinato de Calvo Sotelo por los
socialistas". "La Guerra Civil, según Alfonso Bullón de Mendoza,
director y guionista de la película, comienza la noche en que unos
agentes de la autoridad, estrechamente vinculados al PSOE,
secuestran en su domicilio al diputado Calvo Sotelo y lo matan de
dos disparos en una camioneta de la sección de Asalto de la Policía
Gubernativa: ahí están las imágenes de la dramatización del
secuestro seguidas de imágenes de documentales de la guerra para
demostrarlo; una cosa sigue a la otra sin solución de continuidad",
insiste.
Silencios significativos
Así, "se silencia que entre el crimen y la guerra
medió una rebelión militar" y que el diputado asesinado estaba de
acuerdo con esa acción y en contacto con los golpistas. En cualquier
caso, Juliá aclara que el crimen fue un error y que la tibia
reacción del Gobierno complicó la situación, pero que en ningún caso
el golpe fue desencadenado por la muerte del político de derechas.
Elogios de la ‘caverna’
La producción sí ha recibido elogios de medios
conservadores como ABC o Intereconomía. La COPE aludía a
Bullón de Mendoza en una noticia sobre el aniversario del asesinato
que según la cadena episcopal "desencadenó el golpe militar y el
comienzo de la Guerra Civil". Luego la cadena episcopal matizaba en
el texto interior que la muerte del diputado "precipita" el golpe "y
permite justificarlo" pero este "ya estaba en marcha y él tenía
conocimiento de ello".
www.elplural.com 14.07.11
15) AGUIRRE ELIMINA EL SERVICIO REGIONAL DE
EMPLEO SIN PREVIO AVISO
Las competencias del organismo, con 460 millones
de presupuesto, pasan a la Consejería, quedando así excluidos de la
gestión sindicatos y empresarios- "No se pierde ninguna de las
funciones" del órgano, asegura la Consejería
A Esperanza Aguirre, presidenta regional, no le
gustó la fotografía que Tomás Gómez (PSM), su principal rival
político, le mostró durante el debate televisivo celebrado durante
las pasadas elecciones. Era una imagen de una oficina del Servicio
Regional de Empleo, dependiente de la Comunidad de Madrid. El
dirigente socialista le reprochaba que solo se gastaba la mitad del
dinero que el Estado le entregaba para este organismo regional que
se encarga de las políticas activas de empleo. Ahora la presidenta
madrileña elimina sin previo aviso este ente y traspasa sus
competencias a la Consejería de Educación y Empleo. El organismo
cuenta con un presupuesto de 460 millones de euros, que ahora
gestionará la consejería de forma más opaca porque ya no
participarán los agentes sociales en su administración.
"Se rompe una vía de participación de los agentes
sociales", dice Menéndez
La medida ha cogido por sorpresa a sindicatos
(UGT y CC OO) y partidos de la oposición. La Comunidad de Madrid
aprobó casi en secreto la supresión del Servicio Regional de Empleo
el pasado jueves. No lo anunció junto al resto de medidas. Y ayer
por la tarde lo publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (BOCM). "Nos ha pillado de sopetón. Nos hemos enterado
por el boletín. Ni siquiera han guardado las formas. Soy miembro del
Consejo de Administración y no me han avisado", protesta Nuria
Albert, la representante de UGT en el Consejo del Servicio Regional
de Empleo, quien prosigue: "Ni siquiera han tenido la decencia de
avisarnos. Creemos que ha sido una torpeza". Su homólogo en CC OO,
José Manuel Feito, afirma: "Creemos que el objetivo de esta decisión
es privatizarlo". El Servicio Regional de Empleo cuenta con unos 800
trabajadores que se encargan de gestionar las 48 oficinas de empleo
y formación de la región.
Este organismo regional fue creado en 2001 como
consecuencia de una ley aprobada por unanimidad de todos los grupos
políticos en la Asamblea de Madrid. De esta forma, la región asumía
las competencias sobre las políticas activas de empleo del antiguo
Inem estatal.
El artículo 5 de la Ley 5/2001 de Creación del
Servicio Regional de Empleo establece que para la extinción del
órgano será necesario que lo apruebe el Consejo de Administración y
que lo apruebe la Asamblea de Madrid. Ninguno de estos requisitos se
ha cumplido. Los representantes de UGT y CC OO tienen dudas de que
la Comunidad de Madrid haya actuado correctamente porque lo aprueba
mediante decreto.
Un portavoz de la Consejería de Educación y
Empleo, donde han sido transferidas las competencias del organismo
autónomo, asegura que el Consejo de Gobierno de Madrid tiene
competencias para tomar esta decisión. "No se pierde ninguna de las
funciones", insiste. "Solo se traspasa a dos direcciones generales
-la de Empleo y la de Formación- dependientes de la consejería",
zanja.
Los sindicatos alertan de que el problema es que
desaparece el principal órgano de política regional en el que
intervienen los agentes sociales, ya que estaban representados en el
consejo de administración del Servicio Regional de Empleo. "En
principio deberían seguir desarrollando las políticas de empleo
porque la Comunidad recibe fondos del Estado para ello", precisa
Albert.
"Este órgano fue creado mediante un acuerdo de
los agentes sociales. Fue fruto del diálogo social y contó con el
visto bueno de todos los grupos políticos. Ahora Aguirre se lo carga
de un plumazo", critica la portavoz adjunta del grupo socialista en
la cámara regional, Maru Menéndez. "El Servicio Regional de Empleo
tiene un Consejo de Administración en el que están representados
sindicatos y empresarios. Ahora se rompe la participación social",
añade Menéndez. "Es una grave irresponsabilidad que pone de
manifiesto la actitud del PP. Esta decisión muestra que el PP tiene
un programa oculto. No han hablado de esto durante la campaña
electoral que acaba de terminar", agrega la dirigente socialista.
El representante de Comisiones Obreras en el
consejo señala que han troceado el Servicio Regional de Empleo. "Han
repartido sus competencias en varias direcciones generales
dependientes de la consejería de Educación. No han fusionado Empleo,
la han absorbido", se lamenta José Manuel Feito. "Es muy importante,
en Madrid tenemos más de medio millón de desempleados que necesitan
los servicios de este organismo", apunta. "Es un objetivo
primordial, pero parece que no les importa", zanja.
www.elpais.es 09.07.11
16) LA PRESIDENTA NOMBRA DIRECTOR GENERAL A UN
EXALCALDE IMPUTADO POR EL 'CASO CÁRCAVAS'
El Consejo de Gobierno aprobó el jueves pasado
cuatro decretos que reestructuran otras tantas consejerías y que,
entre otras cosas, incluyen el nombramiento de nuevos altos cargos.
Uno de ellos, el director general de Infraestructuras y Servicios de
la Consejería de Educación y Empleo es Gonzalo Aguado Aguirre,
exalcalde de Pozuelo de Alarcón y actualmente imputado por el caso
del parque del Arroyo de las Cárcavas. El Juzgado de Instrucción
número 3 de Pozuelo investiga la presunta corrupción que en 2008
denunció el PSOE con relación a las obras del parque, y mantiene
imputados, entre otros exediles del municipio, a Aguado.
El proyecto de las Cárcavas se adjudicó (a un
grupo empresarial del que formaba parte Alfonso García-Pozuelo
Asíns, imputado en el caso Gürtel) en marzo de 2006 por 4,5
millones de euros, pero meses después el coste de la obra se disparó
hasta los 11 millones por añadidos y modificaciones al proyecto
original. El secretario municipal elaboró un informe en el que
señaló irregularidades y manifestó: "La dirección facultativa ha
incumplido su obligación de pedir autorización previa para firmar un
acta de suspensión de las obras". Esa suspensión fue definitiva para
elevar el presupuesto final.
Cuando, en febrero pasado, Aguado, entonces
todavía alcalde, fue a declarar por el caso, lamentó ante el juez
los efectos políticos de su presunta implicación ya que, según dijo,
el PP no iba a presentar a candidatos que estuvieran imputados. De
hecho, solo unos días antes el partido había presentado a la
alcaldía de Pozuelo a Paloma Adrados, hasta entonces consejera de
Empleo, Inmigración y Mujer en el Gobierno de Aguirre. La situación
procesal de Aguado no ha cambiado. A preguntas de EL PAÍS, la
Consejería de Educación aseguró que "pide respeto a la presunción de
inocencia" de Aguado. Añadió que espera que su imputación "sea
retirada en los próximos días" y que "es por un acto administrativo
y no existe ninguna acusación ni sospecha de enriquecimiento
personal sobre el nuevo director general de Infraestructuras".
www.elpais.es 09.07.11
17) AGUIRRE Y GALLARDÓN: EL DUELO QUE NO CESA POR
EL EJE PRADO-RECOLETOS
El alcalde quiere sacar los coches de la zona y
la presidenta facilitarles el tránsitoLa reforma del eje
Prado-Recoletos es el conflicto más prolongado - Las posturas son
por ahora irreconciliables
Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre llevan
casi una década a sopapos. Si hay un asunto que simboliza como pocos
la diferencia entre ambos políticos del PP es el contencioso que
mantienen desde 2006 a cuenta de la reforma del eje Prado-Recoletos.
Es la lucha más duradera que han mantenido: la disputa interminable.
Sus posturas son irreconciliables. Gallardón quiere sacar los coches
del centro, reducir carriles y dar más espacio al peatón; Aguirre
quiere un túnel que absorba todo el tráfico. Considera que los
ciudadanos deben poder conducir por donde quieran.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
presenta el nuevo proyecto que, a diferencia del anterior, no supone
la tala de árboles.
Son dos formas opuestas de entender la movilidad
en el centro de la capital, y no parece que ni uno ni otra vayan a
recular. Las pasadas elecciones, no obstante, calmaron los ánimos.
Aguirre y Gallardón coquetearon políticamente durante las semanas
previas a la cita electoral. Se retrataron sonrientes en un parque
durante la precampaña. Y en abril, cuando el Gobierno regional debía
contestar al Ayuntamiento sobre su propuesta para reformar el paseo,
optó por callar. No fue un olvido; fue premeditado. Los comicios
estaban demasiado cerca para avivar los rescoldos de una guerra
inacabada. Pasadas las elecciones, el hacha se desentierra.
La Comunidad de Madrid asegura que no permite a
Gallardón llevar a cabo su plan. Aguirre afirma en público que el
paseo del Prado "está bien como está". No es que la presidenta
madrileña haya renunciado al túnel con el que quería perforar una de
las zonas de más valor histórico de la capital: es que no hay dinero
para hacerlo. Aguirre esgrime la bandera de la austeridad y trata de
evitar cualquier gasto. Así se interpretó el supuesto desliz que
cometió el pasado jueves cuando le dijo al alcalde con un micrófono
abierto: "No tenemos ni un puto duro". Fue un mensaje de reproche.
Pero Gallardón es obstinado. Hace seis años se propuso reformar la
céntrica vía madrileña. Su solución para el eje Prado-Recoletos
incluye la ampliación de aceras y pequeños cambios en los carriles
de circulación, es decir, que resultaría relativamente barata.
En realidad la idea de reformar el histórico eje
partió del anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano (PP). Ya
en el primer diseño del Plan General de Madrid en 1995 introdujo la
remodelación del paseo del Prado. Cuatro años después, convocó un
concurso de ideas para el eje donde se concentran los principales
museos de España: el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía. Se
presentaron ocho proyectos que incluían desde un tranvía a un túnel
o un paseo escultórico... Al final fue el proyecto elaborado por el
arquitecto portugués Álvaro de Siza, con Juan Miguel Hernández León,
el que logró el encargo, aunque su plan no incluía ningún túnel como
prefería Álvarez del Manzano. El diseño del equipo encabezado por
Siza, conocido como Trajineros, ha sufrido numerosas modificaciones:
el proyecto final incluye las alegaciones de los vecinos
(presentaron 1.400), el cambio para evitar talar los árboles frente
al Thyssen, y un ensanchamiento de las aceras frente a esta misma
pinacoteca.
La disputa entre Administraciones procede, en
realidad, de su concepción radicalmente distinta de cómo debe ser la
movilidad en esta zona. El Ayuntamiento no está dispuesto a hacer
ningún túnel, ni bajo el paseo del Prado ni bajo Alfonso XII, que
son las dos opciones barajadas hasta el momento. El alcalde quiere
limitar el uso privado del coche en el centro y, más en concreto, en
esta vía que alberga la mayor concentración de museos de talla
internacional del mundo. Este va a ser el mandato de la
peatonalización, de los carriles bici, de la penalización a través
de los parquímetros a los que quieran aparcar en el centro... Un
túnel, arguyen desde el Consistorio (y los ecologistas están de
acuerdo), equivale a una invitación a entrar hasta el cogollo de la
ciudad en vehículo privado. Un pasen, que hay sitio que no
cuadra con la filosofía de ciudad en la que parece haberse volcado
ahora Gallardón.
El Gobierno regional no tiene competencias sobre
movilidad en la capital. En principio, no podría decir ni pío sobre
la reforma que persigue el alcalde. Pero sí las tiene en materia
medioambiental. El paseo del Prado fue declarado Bien de Interés
Cultural en 1999, con miras a una posible declaración de la vía como
patrimonio de la humanidad. El decreto lo firma Alberto
Ruiz-Gallardón, que en esa época era el presidente regional. Su
propósito, en aquel entonces, era poder tener la última palabra en
cualquier remodelación que partiera del Consistorio. La jugada, como
pudo comprobar años más tarde, se le volvió en contra. Aquel decreto
obligaba a someter a declaración de impacto ambiental la obra en la
zona. Y a él se aferró Aguirre en 2008 para paralizar el proyecto de
Gallardón. Hasta hoy.
La Comunidad de Madrid insiste en imponer un
túnel con el argumento de que al reducir el tráfico en el eje
Prado-Recoletos, este se incrementaría en las calles aledañas como,
por ejemplo, Alfonso XII, lo que a su vez acarrearía problemas de
contaminación justo en el límite con el parque del Retiro. Llegó a
realizar un estudio ad hoc que concluyó que el plan de
Gallardón aumentaría el tráfico en Alfonso XII un 30%. Pero el
alcalde, por orden de Aguirre, estudió la opción del túnel: sus
estudios técnicos lo rechazaron. El proyecto que presentó en octubre
del año pasado a Medio Ambiente analizaba seis actuaciones. La cero
dejaba el paseo como está. De la uno a la cuatro, estudiaban la
reforma solo en superficie. La cinco y la seis, el túnel con dos
trazados. El estudio concluye que los túneles (con sus rampas de
acceso y sus salidas de ventilación) supondrían una "mayor afección"
a los árboles y las infraestructuras y servicios existentes.
Gallardón trató de esquivar las imposiciones de
la presidenta regional. Troceó el plan y acometió los trabajos (con
dinero del Plan E) en los tramos no protegidos. Pensaba que así
ganaba tiempo para la aprobación del proyecto general. Pero Aguirre
no parece dispuesta a ceder. Y el Prado-Recoletos podría quedarse
como está indefinidamente: con 100.000 coches diarios, la
contaminación que expulsan y un paseo con las baldosas agrietadas.
El penúltimo pulso: los Juegos
Caja Madrid, la calle de Serrano, el control de
Metro, la privatización del Canal de Isabel II... Qué sería de los
políticos si no tuvieran los medios de comunicación para arrearse en
público. Sus rencillas, sus acusaciones, se quedarían en los
despachos o en los reservados de los restaurantes, y no podrían
bandear a la opinión pública hacia un lado u otro, generalmente el
suyo. La presidenta regional y el alcalde de Madrid han librado
muchas batallas en abierto, con testigos. Si la de Prado-Recoletos
es la más larga, la de la candidatura a los Juegos Olímpicos puede
ser la más cruenta. Esperanza Aguirre se ha metido tanto en su papel
de austera, que atizará a Alberto Ruiz-Gallardón en todo lo que
huela a derroche. Y organizar unos Juegos sale caro, o eso puede
percibir la opinión pública. Madrid tiene más del 70% de las
infraestructuras construidas.
Gallardón aún no ha dicho que vaya a por Madrid
2020. Pero eso no ha impedido al PP empezar a calentar el debate
bajo los focos de las televisiones. "Dos veces son suficientes. No
me metería otra vez en ese jardín", dijo Francisco Granados,
secretario general del PP madrileño. "Esta candidatura cuesta mucho
dinero", deslizó en una entrevista radiofónica. Cada vez que le
preguntan, entra al trapo fijando la postura dictada por Aguirre:
"Creo que hoy la situación económica hace aconsejable que no
acometamos un gasto tan importante como supone la promoción
nuevamente de la candidatura a los Juegos".
El número dos de Aguirre, Ignacio
González, más moderado, afirmó que había que "evaluar muy bien" la
candidatura, puesto que "exige un gran esfuerzo" en "un momento
complicado".
www.elpais.es 11-07-11
18) LA JUSTICIA DESESTIMA LA DEMANDA DE TERTSCH
CONTRA WYOMING
Hizo de su agresión una cuestión de Estado, pero
la justicia no le ha dado la razón. El periodista Hermann Tertsch
demandó en diciembre de 2009 a la cadena de televisión La Sexta por
"intromisión ilegítima" en su derecho al honor a través, según él,
de un vídeomontaje emitido el 2 y el 7 de diciembre en el programa
de humor El Intermedio.
Es precisamente la esencia cómica del espacio
televisivo el argumento en el que se ha basado el juzgado de Primera
Instancia que ha llevado el caso, al considerar que el programa
conducido por Wyoming "es de actualidad pero no informativo" y por
tanto, la libertad de expresión contempla las manifestaciones que en
él se hagan, según explica la sentencia a la que ha tenido acceso
Público.es.
"Nos encontramos ante un programa de humor que,
partiendo de noticias de actualidad, satiriza la noticia, donde se
lleva hasta el extremo de la extravagancia y la ridiculización
cualquier tema de actualidad", subraya la sentencia del juzgado
número 4 de Madrid.
La magistrada del caso apunta hacia la capacidad del espectador de
apreciar qué es y qué no un programa de humor: "Cuando el espectador
se sienta ante su televisor para ver El intermedio y al Gran Wyoming
lo hace para reírse, para escuchar sus chistes y para ver los
montajes de los vídeos que se proyectan, que cualquier telespectador
medio es consciente de que estamos ante montajes realizados para
entretener. No los confunde nunca con la realidad".
Tertsch llegó a pedir 210.000 euros por daños en su "patrimonio
moral"
La sentencia desestima de forma íntegra la
demanda de Tertsch, quien arguyó haber padecido daños "en su
patrimonio moral y su proyección profesional y social" —consecuencia
de la vulneración del derecho al honor—. El columnista y colaborador
deberá pagar las costas del proceso.
El texto de la magistrada-juez también ha tenido en cuenta la
condición de "personaje público" del demandante y, por tanto, sujeto
a crítica.
Tertsch, que llegó a reclamar una indemnización
de 210.000 euros, magnificó la denuncia después de ser víctima de
una agresión a la salida de un bar, días después de la emisión del
vídeomontaje. Aunque después se desdijo —tras la detención del autor
de la paliza—, llegó a relacionar el ataque con la broma de El
Intermedio, consideración a la que llegó también la propia
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
El periodista conservador, que en el momento de
los hechos presentaba y dirigía el informativo Diario de la noche,
en Telemadrid, responsabilizó del "clima de odio" del país a la
cadena de televisión, a su juicio, orquestada por el presidente del
Gobierno. Estas declaraciones las hizo desde la cama del hospital
donde se recuperaba de las consecuencias de la agresión. Wyoming se
defendió en su momento argumentado que se habían hecho
"interpretaciones perversas" del contenido del vídeomontaje y
sacadas de contexto.
Público.es ha tratado de ponerse en contacto con
Hermann Tertsch y, pese a su queja en Twitter, en la que lamenta que
ningún medio le ha llamado con motivo de la sentencia, el
comunicador se ha negado a realizar declaraciones arguyendo que es
un medio "que lo tergiversa todo".
http://www.publico.es/televisionygente/388299/la-justicia-desestima-la-demanda-de-tertsch-contra-wyoming
22.07.11
19) UN ALCALDE DEL PP SUPRIME EL SUELDO DE TODA
LA OPOSICIÓN
José Luis Fernández Quejo, regidor de San Lorenzo
de El Escorial (18.000 habitantes), cobra 71.800 euros
En tiempos de crisis económica, la austeridad
aparece siempre en un lugar destacado dentro de los programas
electorales de la mayoría de partidos políticos. Hay quien, tras ser
elegido en las últimas elecciones, se ha rebajado el sueldo como
apuesta por un modelo más ahorrador, aunque todavía los hay que, más
allá de las promesas de austeridad, incrementan significativamente
sus salarios.
Además de estos dos modelos de actuación, existe
quien se inventa una nueva forma de ahorrar sin ver muy trastocados
sus planes de cobro mensual. Es el caso de José Luis Fernández Quejo
del Pozo, alcalde por el PP de San Lorenzo de El Escorial (Madrid),
que en última toma de posesión —lleva 16 años en el puesto— presumió
de que aliviará las arcas municipales ahorrando 165.000 euros
anuales. ¿Cómo? Dejando a la oposición sin sueldo, tal y como
denuncia Franciso De Gregorio Cubos, número uno del PSOE en la
localidad madrileña, que da más detalles acerca de las actuaciones
de Fernández Quejo.
Hasta las últimas elecciones, el PP disponía en
San Lorenzo de mayoría absoluta habiendo conseguido diez de los 17
ediles que conforman el consistorio. En las últimas votaciones y
"por tres votos", según comenta De Gregorio, perdió el décimo
concejal en beneficio del PSOE, que ahora tiene cinco concejales —IU
dos y Alternativa Municipal Española otro—. La realidad, sin
embargo, es que el PP no ha asumido la pérdida de ese último
concejal —en la web de la formación lo mantienen como tal—.
El número 10 en las listas de los conservadores
era Manuel Batres Pérez, hasta entonces concejal de Servicios,
Transporte, Tráfico y Medio Ambiente Urbano. Y el alcalde no iba a
dejar que se quedase sin ese puesto. Aunque en su programa electoral
presumía de poseer un ayuntamiento "sin cargos de confianza", la
primera medida de José Luis Fernández Quejo en esta nueva
legislatura fue la creación de un "puesto de trabajo de personal
eventual de confianza" para Manuel Batres, que recibirá una
retribución anual de 34.272 euros ejerciendo un trabajo en el
consistorio con dedicación parcial.
Según comenta De Gregorio, para poder hacer
frente a ese salario, "ha decidido quitarle el sueldo a todos los
concejales de la oposición", aunque Fernández Quejo prefiere hablar
de "cambio del modelo de retribuciones". Lo curioso es que, aunque
solo el alcalde tenga dedicación exclusiva, todos los concejales del
PP, excepto uno que cobra jubilación, percibirá un sueldo mensual:
cinco de ellos cobrarán 42.602 euros anuales por su condición de
tenientes alcalde y otros dos 38.668 euros al ocupar puestos de
concejales delegados. José Luis Fernández Quejo cobrará, incluso con
el sueldo rebajado "en 200 euros mensuales", según defiende, 71.798
euros, siendo San Lorenzo de El Escorial un municipio de tan solo
18.000 habitantes. Los concejales de los demás grupos —hasta ahora
cobraban 28.000 euros anuales el portavoz y 17.000 los demás—,
cobrarán por asistencia a plenos (500 euros) y comisiones (100
euros).
Para el número uno del PSOE, "el problema es el
puesto de confianza". "El alcalde se pilló un cabreo monumental al
haber perdido a ese concejal así que lo metió y luego nos amenazó
con retirarnos el sueldo si no apoyábamos la creación de ese puesto
eventual, algo a lo que nos negamos". De Gregorio se queja además de
los altos sueldos de los concejales del PP, la mayoría con
dedicación parcial dentro del consistorio.
"No les voy a pagar por no trabajar. Si quieren
cobrar, que pasen tres o cuatro horas en el ayuntamiento"
El número uno de IU, José Luis Escario Bajo,
defiende por su parte que la cuestión no es que les haya quitado el
sueldo. "Nosotros incluso podíamos haberlo aceptado, pero el
problema es cómo lo ha hecho y como nos lo ha impuesto", afirma.
Antes de las elecciones, según Escario, el alcalde ya había
amenazado con retirarles el sueldo, aunque pasada una semana y ya
reelegido, "recondujo el tema uniendo la posibilidad de cobrar a que
la oposición aceptase un puesto de confianza que obviamente
rechazamos por tratarse de cosas distintas". "Es un fraude absoluto:
¿por qué mantiene a unos concejales en una condición y a otros no?".
"No les voy a pagar por no trabajar"
¿Y en qué se excusa el alcalde? En que "los
concejales de la oposición no van al ayuntamiento más que a los
plenos o a las comisiones". "No les voy a pagar por no trabajar. Si
quieren cobrar, que pasen tres o cuatro horas en el ayuntamiento,
entonces les pagaré", ha declarado Fernández Quejo a Público.es.
El regidor se ha quejado además de que los ediles de la oposición
hayan cobrado las tres primeras comisiones. "Han cobrado 1.600 euros
por asistir a tres comisiones que tan solo duraron 10 o 20 minutos.
Hay que tener cara".
En relación al nombramiento de Batres, Fernández
Quejo ha manifestado saber "perfectamente" lo que hace. "Es la
persona idónea para el puesto", ha defendido.
Otra de las primeras medidas polémicas del
alcalde es la concesión de la Medalla de Honor de San Lorenzo al
papa Benedicto XVI, que visitará el municipio en agosto, lo que el
PP ve como "un gran acontecimiento para nuestro municipio, una
ocasión excepcional".
No es la primera vez
La polémica decisión de Fernández Quejo no es la
primera vez que se toma en un ayuntamiento. Este mismo año, el
alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), también suprimió
el sueldo de toda la oposición (PSOE y CIE) alegando los problemas
existentes en las arcas municipales. Lo mismo hizo Sonia Castedo
(PP), alcaldesa de Alicante, que obligó a los ediles José Joaquín
Ripoll y Juan Zaragoza a prescindir de su salario mensual.
www.publico.es 16.07.11
20) AGUIRRE SE SINCERA ANTE GALLARDÓN: "NO
TENEMOS NI UN PUTO DURO"
El alcalde de Madrid responde a la presidenta
regional: "Y nosotros tampoco"
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha vuelto a quedar expuesta ante un micrófono.
"He visto que te vas a gastar 25 o 35 millones de euros... Viene en
el periódico. Menos mal que tenéis dinero, qué suerte tenéis.
Nosotros no tenemos ni un puto duro", le reprochó ayer al alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en la inauguración de un Centro de
Innovación del BBVA.
"Y nosotros tampoco", fue la respuesta de su
compañero de partido. La cifra a la que se refería la presidenta
regional proviene de un plan de subvenciones para emprendedores
anunciado ayer por el concejal de Economía y Empleo de Madrid,
Miguel Ángel Villanueva, que tiene un presupuesto de 10 millones de
euros, que Aguirre convirtió en 30 millones.
Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento
de la capital viven tiempos de estrecheces. El Consistorio tiene una
deuda de 7.200 millones y la Comunidad de 14.100 millones, lo que
les ha llevado a reducir drásticamente las inversiones para la
presente legislatura.
El desliz de Aguirre no se oyó en la sala pero
quedó registrado en una grabadora de la cadena SER, conectada
directamente a los micrófonos. Más tarde, la presidenta madrileña
trató de justificar sus palabras diciendo que habían sido sacadas de
contexto. "Es que siempre me interpretan mal", explicó antes de
asistir a la presentación de un libro de María San Gil. "Hablaba
sobre Miguel Ángel Villanueva para una cosa del emprendimiento",
precisó Aguirre.
No es la primera vez que los micrófonos dejan a
Aguirre al descubierto. Solo en 2010 protagonizó tres episodios.
Hace justo un año, la jefa del Ejecutivo madrileño comentaba a
micrófono abierto con su número dos, Ignacio González, el
reparto de cargos en el consejo de Caja Madrid: "Hemos tenido suerte
de darle un puesto a IU y quitárselo al hijoputa". Entonces se
interpretó que se refería al alcalde de la capital.
Gallardón y Aguirre mantienen una relación
políticamente desgastada. La paralización por parte del Gobierno
regional del proyecto impulsado por Gallardón que pretende reformar
el eje Prado-Recoletos, es solo el último ejemplo de los enésimos
enfrentamientos que mantienen desde que Aguirre preside el Gobierno
regional.
La presidenta considera que al céntrico eje
cultural no le hacen falta reformas. "El eje Prado-Recoletos o Paseo
del Arte, como se quiera llamar, es el lugar más bonito y más
emblemático no solo de Madrid, sino de todas las ciudades europeas
tal y como está ahora", afirmó.
Unos días antes de ese incidente que provocó un
revuelo en las filas populares, Aguirre se confesaba, también a
micrófono abierto, con el presidente de su partido, Mariano Rajoy:
"Esta mañana he dicho barbaridades", en referencia a una conferencia
sobre política económica en la que había participado.
Otras Indiscreciones con los micrófonos abiertos
- El 1 de junio de 2010, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le comenta a Mariano Rajoy
sus reflexiones sobre la política económica del Gobierno y le
confiesa: "Esta mañana he dicho barbaridades".
- El 28 de junio de 2010, Aguirre habla con su
vicepresidente, Ignacio González, sobre el nuevo consejo de Caja
Madrid y le dice en referencia a un colaborador del alcalde Alberto
Ruiz-Gallardón: "Hemos tenido suerte de darle un puesto a IU y
quitárselo al hijoputa".
www.elpais.es 08.07.11
21) PANERO SE ENFRENTA A UNA PENA DE SEIS AÑOS DE
CÁRCEL POR MALVERSACIÓN
Una juez también ve indicios de delito por parte
de un exconcejal de Hacienda
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de
Móstoles, Luisa María Prieto Ramírez, ha decretado la apertura de
juicio oral contra el exalcalde del PP de Boadilla del Monte Arturo
González Panero y contra el exconcejal de Hacienda José María de la
Mata Arranz, como presuntos autores de los delitos de prevaricación
continuada y malversación de fondos públicos. La fiscalía considera
que González Panero y el exedil de Hacienda de Boadilla pagaron con
fondos municipales las facturas por los servicios prestados por un
letrado en trabajos que no estaban relacionados con el ejercicio de
sus funciones políticas. Según el ministerio público, entre los años
2000 y 2002, González Panero y De la Mata Arranz pagaban a sus
letrados, en sus ya numerosos litigios, con dinero del Ayuntamiento,
sin respetar los procedimientos legales exigidos.
La acusación solicita el ingreso en prisión de
los dos acusados
El fiscal considera que utilizaron fondos
públicos de forma ilegal
De esta forma, y según la acusación, cada vez que
algún concejal de la oposición, ya fuera del PSOE o el independiente
Ángel Galindo Torres, les denunciaba por cualquier delito, los
procesados contrataban a un abogado que acababa pagando el
Consistorio. Y dicho cobro de honorarios se efectuaba, explica la
acusación, "sin cumplir ningún otro trámite necesario de aprobación
conforme a la ley". Las designaciones del letrado y el pago de sus
honorarios con cargo a fondos públicos, "de manera presuntamente
ilegal, se efectúan por actuación dolosa, directa y continuada en el
tiempo de los acusados, en relación a procesos" particulares. Tanto
es así que hasta en ocho procedimientos judiciales los acusados
llegan a reclamar el cobro de indemnizaciones, que en algunas
ocasiones llegaron a cobrar.
González Panero y su edil de Hacienda también
presentaron denuncias contra sus adversarios políticos. Al contrario
que los acusados, los ediles de la oposición sí tenían que pagar
ellos mismos los gastos relacionados con los procesos judiciales
iniciados por González Panero y De la Mata Arranz.
El auto de la juez del 14 de junio, que es previo
al inicio del juicio, hace suya la acusación de la fiscalía, que
asegura que ambos políticos del PP actuaron "de común acuerdo" y "a
sabiendas de su manifiesta ilegalidad" abonando "con fondos públicos
municipales las facturas del abogado".
La magistrada incluye también la denuncia de la
acusación particular, que considera que el abogado, "designado
contra la ley, cobra honorarios con cargo a los fondos públicos tras
su nombramiento, lo cual puede ser ya presuntamente ilegal". La juez
indica en el auto que la acusación por el delito continuado de
prevaricación se produce a instancias del ministerio público, al
constatar que el Consistorio de Boadilla del Monte, dirigido
entonces por González Panero, conocido por el presunto jefe de la
red Gürtel, Francisco Correa, como El Albondiguilla, pagó más
de 6.000 euros por el trabajo de los abogados en varios
procedimientos judiciales, en los que habían sido acusados del
delito de prevaricación por los representantes municipales del PSOE
y los exediles independientes Antonio Samos y Ángel Galindo Torres.
Este último es padre del abogado del mismo nombre, que denunció el
caso Gürtel junto con el exconcejal del PP de Majadahonda
José Luis Peñas.
El procesamiento de González Panero y De la Mata
Arranz incluye también la petición planteada por la acusación
particular, que sostiene que ambos pudieron incurrir en un delito de
malversación de fondos por una cantidad superior a los 72.000 euros.
Y justifican esta denuncia porque la contratación del abogado se
produjo sin un acuerdo del pleno, y sin el dictamen del secretario
municipal.
Esta acusación amplía las presuntas
irregularidades de los procesados al constatar que el equipo de
gobierno del PP no había previsto el crédito suficiente en sus
presupuestos para atender los gastos de dichas contrataciones, que
consideran "nulas de pleno derecho".
Ante este relato de los hechos, la acusación
ejercida por el independiente Ángel Galindo solicita el ingreso en
prisión de ambos procesados por un plazo de seis años por el delito
de prevaricación, y 10 años de inhabilitación. La magistrada Luisa
María Prieto Ramírez decreta, además, la obligación de los acusados
de informar al juzgado de un posible cambio de domicilio, porque de
lo contrario podría acordar la prisión provisional.
Asimismo, González Panero y De la Mata deberán
abonar de forma conjunta una fianza de 20.000 euros para asegurar
las responsabilidades pecuniarias que se decidan en el juicio. En el
caso de no hacer este depósito, la magistrada apunta a la
posibilidad de que se les embarguen sus bienes "en cantidad
suficiente".
El juicio contra los dos excargos del PP en el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte deberá celebrarse en la Audiencia
Provincial de Madrid, al incluir la denuncia el delito de
malversación, cuyas penas de cárcel van desde los tres a los seis
años.
Cita con el 'caso Gürtel' el 14 de julio
El exalcalde de Boadilla del Monte Arturo
González Panero afronta un verano complicado por su declaración el
próximo 14 de julio como imputado como presunto autor de un presunto
delito fiscal por una cantidad de 365.000 euros. Esta nueva
acusación se añade a las existentes de tráfico de influencias y
cohecho.
Tanto González Panero como su exmujer Elena
Villarroya abrieron una cuenta en una entidad financiera en Suiza
utilizando la empresa Longgridge Internacional. Según la información
remitida por las autoridades helvéticas, la exmujer de González
Panero era la apoderada de esta firma, siendo El Albondiguilla el
gestor de la misma, algo que rechaza el antiguo regidor de Boadilla.
La investigación ha puesto de manifiesto que el matrimonio, que se
divorció en junio de 2010, era propietario de una vivienda en Murcia
y de otra propiedad en Marruecos.
Según el magistrado que instruye el caso
Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, González Panero recibió
regalos y sumas de dinero por un valor de 600.000 euros. Ese es el
motivo por el cual el juez le exigió una fianza de 1,8 millones de
euros, una de las más cuantiosas del Gürtel, la mayor trama de
corrupción de la democracia ligada a un partido político: el Partido
Popular.
La participación de El Albondiguilla en el
sumario resulta capital, especialmente tras conocerse el contenido
de un informe de la Policía Judicial, que muestra cómo una de las
empresas que gestionan el servicio de la recogida de basuras pagaron
los 20.000 euros que costó un acto electoral del PP en Boadilla, que
fue protagonizado por la entonces candidata a la presidencia
regional, Esperanza Aguirre.
www.elpais.es 05.07.11
22) LA COMUNIDAD NO PAGA A LAS CLÍNICAS PRIVADAS
A LAS QUE DERIVA LOS ABORTOS
Sanidad debe 2,5 millones a los centros que
realizan el 99% de las intervenciones. Las clínicas tardan en cobrar
entre tres meses y dos años - Algunos hospitales no han pagado
ninguna factura - Los centros se plantean hacer un paro en
septiembre
"Estamos desesperados; no podemos seguir así",
asegura Sergio Muñoz, portavoz de la clínica El Bosque, una de las
siete acreditadas por la Comunidad de Madrid para practicar
interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). Este centro recibe
todos los días a mujeres derivadas desde la Consejería de Sanidad
para que se les practique un aborto cuyo coste va a cargo del erario
público. Llegan con una carta de pago autorizada por la Comunidad de
Madrid y la clínica después pasa la factura al hospital de
referencia de las mujeres. El problema es que estos no pagan esas
deudas o lo hacen muy tarde. La clínica El Bosque cifra en medio
millón de euros lo que le adeuda la Comunidad. En la clínica Dator,
una de las históricas de la capital, las facturas impagadas
ascienden a más de un millón. Entre los siete centros acreditados,
el agujero llega a los 2,5 millones de euros, según sus cálculos.
Cada uno de los casi 20 hospitales de la red
pública que deriva a las mujeres a las clínicas privadas paga cuando
quiere, o cuando puede. La demora oscila entre los tres meses y los
dos años. "No se puede hablar de gratuidad cuando las que asumimos
el coste somos las clínicas", asegura Empar Pineda, de la Asociación
de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo
(Acai), con una treintena de centros en España, y extrabajadora de
la clínica Isadora, a la que la Comunidad debe otro medio millón de
euros, según sus datos. Los nuevos hospitales, de gestión
semiprivada, son los que peor están pagando, coinciden todas las
clínicas consultadas. O los que, directamente, no pagan. "El
hospital de Arganda, por ejemplo, no ha abonado una sola factura",
afirma Pineda.
La Consejería de Sanidad, que dirige Javier
Fernández-Lasquetty, ni confirmó ni desmintió ayer estas cifras. La
portavoz del departamento no contestó a ninguna de las preguntas que
le formuló EL PAÍS. Lo único que reconoció el consejero, tras una
visita al hospital de La Paz, es que acumula un retraso de unos 300
días en el pago a proveedores.
Las clínicas, mientras tanto, aseguran estar con
el agua al cuello. "La situación es insostenible", avisa Luisa
Torres, portavoz de la clínica Dator, uno de los centros más grandes
y el que más interrupciones voluntarias del embarazo realiza. Casi
el 70% de los abortos que practican las clínicas se hace con cargo a
la sanidad pública. De ahí que las cuentas no salgan. Sin apenas
ingresos, los trabajadores de estos centros empiezan a temer por sus
empleos. Antes de que se aprobara la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva -de la que ahora se cumple su primer aniversario-, el
porcentaje de intervenciones procedentes del sistema público era
mucho menor, de entre un 20% y un 30%. La gran mayoría las pagaban
las mujeres de su bolsillo. La nueva legislación consagró el derecho
a la prestación gratuita y muchas más pacientes empezaron a
solicitar a sus comunidades autónomas que les financiaran la
intervención.
"El ahogo económico ha llegado a unos niveles
alarmantes y la situación nos preocupa mucho. Creemos que el no
pagar es una estrategia de la Comunidad de Madrid para acabar con
las clínicas y entorpecer su labor. No creen en la ley del aborto,
en que tenga que ser una prestación de la sanidad pública y así, a
través de estas fórmulas que dificultan el trabajo de los centros,
lo están demostrando", critica Torres, que se plantea qué ocurriría
si clínicas privadas como la suya no existieran. "Estamos aliviando
al sistema de una importante presión asistencial. Además, las
mujeres no tienen alternativa en la pública", dice.
No le falta razón. La Comunidad de Madrid
prácticamente no realiza abortos en sus hospitales públicos. Según
los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad (de 2009),
solo cinco de las 20.191 intervenciones se hicieron en la pública.
El resto fueron derivadas a las siete clínicas autorizadas. Javier
Martínez Salmeán, jefe de servicio de Ginecología del hospital
Severo Ochoa de Leganés, y uno de los expertos que participó en la
elaboración de la nueva ley del aborto -que marca un plazo de aborto
libre de 14 semanas, durante las cuales la mujer no tiene que dar
explicaciones-, confirma que la nueva norma apenas ha variado la
situación. Algunos hospitales públicos han empezado a realizar la
prestación, pero solo en casos contados. "La mayoría de las veces
para diagnósticos graves de malformación", explica.
Mientras, los centros privados se ven incapaces
de seguir trabajando si la situación se perpetúa. La Comunidad de
Madrid no salda sus deudas, y ello a pesar de que gracias a un
sistema de precios fijos la cantidad que paga por cada intervención
es, por regla general, un 25% más baja que cuando la mujer afronta
el coste de su bolsillo.
Los representantes de los centros han avisado por
escrito a la Consejería de Sanidad de la situación hasta en tres
ocasiones. En la primera carta, de marzo pasado, le pidieron una
reunión urgente a la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia
Flores, que, según denuncian, ni siquiera les ha contestado. En el
escrito recuerdan a la Comunidad que las tarifas siguen igual que
hace una década, pese a que el IPC ha subido un 28%. Antes de la
nueva ley, explican, "el perjuicio de la falta de actualización de
las tarifas era tolerable, y asumido como parte de nuestro
compromiso social, dado que el porcentaje de pacientes bajo la
cobertura de la Comunidad de Madrid no suponía ni el 20% del total
de nuestra actividad".
Al aumento de esa actividad hasta el 70% se suma
que los hospitales "vienen incurriendo en unos retrasos que nos
generan un importante déficit de tesorería que ya no encuentra
cobertura bancaria". Un mes después, las clínicas volvieron a
manifestar su "alarma" por la situación, y avisaban de que si los
hospitales no pagan eso significará "la inviabilidad de la citada
prestación para las mujeres bajo la cobertura de la Comunidad de
Madrid". Aún hubo una tercera carta, del 18 de mayo.
Ante la falta de diálogo, las clínicas se
plantean ahora dar un ultimátum a la Comunidad. Si para el 15 de
septiembre siguen sin cobrar, dejarán de realizar las intervenciones
a las mujeres que lleguen derivadas de la sanidad pública. "Nosotros
hacemos interrupciones de embarazo de alto riesgo a muchas mujeres
que llegan de otras autonomías. Si tenemos que parar, el conflicto
afectará a toda España", predice Muñoz. "No sabemos qué hacer para
que las mujeres no salgan perjudicadas", añade. Un argumento
parecido es el que utiliza Luisa Torres, de Dator, a quien le
preocupa que la inacción de la Comunidad de Madrid y su falta de
compromiso perjudique "aún más" a las mujeres. Una posible solución
para paliar las consecuencias del eventual paro sería, según Empar
Pineda, practicar los abortos solo a las mujeres con embarazos muy
avanzados, de 21 o 22 semanas. "Por respeto a ellas, para que no
sean las que paguen por esta situación".
www.elpais.es 06.0
