ÍNDICE
1. AGUIRRE REAVIVA LA GUERRA DE LAS ESCUCHAS QUE
RAJOY APARCÓ
2. LA EMPRESA MATRIZ DE CORREA FUE EL ACREEDOR
PRINCIPAL DE FUNDESCAM
3. AGUIRRE VUELVE A ESCURRIR EL BULTO EN EL 'CASO
FUNDESCAM'
4. LA SOMBRA GÜRTEL AMENAZA A FUNDESCAM
5. LOS INGRESOS DE FUNDESCAM, A RITMO ELECTORAL
6. UNA FUNDACIÓN DEL PP PAGÓ 250.000 EUROS A LA
AGENCIA DE LA PRIMERA CAMPAÑA DE AGUIRRE
7. EL TRIBUNAL DE MADRID LEVANTARÁ EL SECRETO DE
SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL' A FINALES DE MES
8. CORREA SEGUIRÁ EN PRISIÓN AL SER SUS DELITOS
"CONTINUADOS"
9. UNA EMPRESA DE DETECTIVES ESPIÓ A IGNACIO
GONZÁLEZ EN COLOMBIA
10. UN CARGO DE AGUIRRE SE INVENTA UNA "PRUEBA"
DEL ESPIONAJE
11. GALLARDÓN RELANZA EL CASO DEL ESPIONAJE EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
12. AGUIRRE RECHAZA DESTITUIR A UN ASESOR
IMPUTADO POR EL ESPIONAJE
13. DUROS REPROCHES PARA MADRID 16
14. GALLARDÓN FÍA SU CRÉDITO POLÍTICO A LA
VICTORIA DE MADRID 16
15. "ME SORPRENDE QUE NO SE HAYA ADAPTADO LA LEY
ANTIDOPAJE"
16. UN TRIBUNAL POPULAR JUZGARÁ EL 'CASO
GUATEQUE'
17. VILLANUEVA DEL PARDILLO. UN AYUNTAMIENTO MUY
BIEN ACONSEJADO
1. AGUIRRE REAVIVA LA GUERRA DE LAS ESCUCHAS QUE
RAJOY APARCÓ
Lo ha intentado en los últimos días, pero el PP
no logra quitarse de encima el fantasma de las escuchas ilegales a
dirigentes de la oposición que, sin que aún haya aparecido ninguna
prueba, denunció la secretaria general, Dolores de Cospedal, al
inicio del verano. El propio Mariano Rajoy, después de respaldar a
su número dos, había aparcado este asunto en los últimos días para
concentrarse en denunciar el supuesto trato desigual que la policía
da a los detenidos del PP. Cospedal evitó las preguntas de los
periodistas en Toledo para no reavivar el asunto. Pero fue Esperanza
Aguirre quien recuperó con fuerza la polémica.
Primero dijo sobre las escuchas que "haberlas,
haylas", dando pábulo a la teoría de Cospedal. Aunque enseguida
introdujo matices que no aclaran si se refería a los supuestos
espionajes a dirigentes del PP o a conversaciones grabadas por orden
judicial que han publicado diversos medios de comunicación, en
especial, este diario. "Nos encontramos todos los días en los medios
de comunicación con transcripciones de conversaciones escuchadas
siempre en el mismo medio de comunicación", explicó Aguirre, "y esas
escuchas siempre se le hacen a miembros del PP o a personas afines
al PP. Eso son escuchas. ¿Que son legales y las ha mandado el juez?
Estarán en el sumario; ¿Que son legales, las ha mandado el juez,
están en el sumario y las han quitado del sumario? ¿Quién las ha
quitado y por qué? y si es así, ¿Quién las ha filtrado a los medios
de comunicación?", se preguntó.
Sin embargo, cuando le preguntaron quién habría
ordenado esas supuestas escuchas ilegales -no lo son si están
autorizadas por un juez- Aguirre fue incluso más lejos que Cospedal
al apuntar directamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba. "El que las ha hecho, claramente, es el Gobierno, el
señor Rubalcaba, con cumpleaños y sin él", sentenció. La presidenta
de Madrid se refería a que hace sólo un mes, ella misma le cantó al
ministro el "cumpleaños feliz" tras una reunión entre ambos que
acabó con todo tipo de parabienes, y en la que también se habló de
las filtraciones. Ese día, en un tono muy distinto al que utilizó
ayer, Aguirre aseguró que el ministro le había explicado que él no
tenía nada que ver con las informaciones periodísticas y ella creyó
la versión de Rubalcaba.
Mientras, el PP sigue trabajando en un informe
para demostrar el supuesto trato diferente y la "persecución" de la
fiscalía y la policía, ambas a las órdenes del Gobierno, contra los
populares. Soraya Sáenz de Santamaría, que también evitó cualquier
referencia a las escuchas ilegales, un asunto del que el PP ha
asumido que no tiene pruebas y por tanto debe abandonar cuanto
antes, explicó ayer en la Cope que ya tiene ultimado el informe que
concluye que el 90% de las detenciones espectaculares por corrupción
de cargos del PP en los últimos años "han acabado en nada".
El propio Mariano Rajoy, en un vídeo grabado por
el PP con el que despedía el verano paseando por una playa gallega,
insistía en que seguirá pidiendo explicaciones por este asunto.
Rajoy, que ha apurado sus vacaciones y las de su equipo, reúne hoy
de nuevo a su cúpula, el Comité de Dirección. Ya lo hizo en pleno
verano, y el asunto central fue la polémica abierta por Cospedal y
la necesidad de ofrecer un contrataque frente al goteo de decisiones
judiciales que incriminan a cargos populares, especialmente en
Baleares, en casos de corrupción.
Esta vez también se hablará previsiblemente de
eso, con el informe de Sáenz de Santamaría encima de la mesa. Pero
el líder del PP también tiene pensado, según fuentes de la
dirección, hablar de la estrategia de las próximas semanas para
intentar que en el mensaje del PP, absolutamente sepultado por el
caso Gürtel, comiencen a verse algunas propuestas, especialmente en
asuntos como la crisis. Los populares creen que la opción del
Gobierno por una subida de impuestos les deja ahora mucho margen
para hacer oposición y vender sus propuestas, con permiso de los
jueces.
(www.elpais.com,
01/09/09)
2. LA EMPRESA MATRIZ DE CORREA FUE EL ACREEDOR
PRINCIPAL DE FUNDESCAM
Special Events SL, empresa matriz de la
trama Gürtel, se
convirtió en 2004 en el principal acreedor de
Fundescam, la
fundación del PP madrileño que financió actos electorales de
Esperanza Aguirre. Así lo demuestran las cuentas de Fundescam,
entregadas a Público previo requerimiento notarial, donde la
fundación reconoce deber a
Special Events
70.644 euros, el 64% de la deuda acumulada por la fundación ese año,
que ascendió a 110.683 euros.
Como ha venido informando Público desde mayo,
Special Events endosó a Fundescam facturas por gastos de la campaña
del PP de las autonómicas de 2003 y de las generales de 2004.
Special Events también cargó a la fundación del PP madrileño los
gastos de la organización del congreso regional del partido de
noviembre de 2004: el cónclave que consagró a Esperanza Aguirre al
frente del PP de Madrid. En total, Special Events endilgó a esta
fundación facturas del PP por un importe global de 301.094 euros.
La memoria de Fundescam de 2004 apunta a Special
Events en la lista de acreedores a corto plazo. En el balance de
2005, la firma ya no aparece en esa relación, lo que, en teoría,
indica que la deuda fue liquidada. Sin embargo, Special Events
demandó al PP a finales de 2005 porque aún no había cobrado todas
las facturas pendientes por las campañas de Aguirre en 2003.
Antes del juicio, Pablo Crespo, socio de Correa y
ex secretario de organización del PP gallego, entregó a la dirección
del partido un comprometedor documento: un listado de facturas
emitidas por Special Events contra Fundescam y el PP entre 2002 y
2004 que distingue entre el "concepto real" (los gastos de la
campaña) y el "concepto factura", donde no se mencionan las
elecciones.
Según ese listado, Special Events cobró gastos
electorales de Fundescam, que después fueron maquillados en las
facturas bajo otros conceptos, como cursos o viajes. Después que de
que Crespo entregase ese documento, el PP aceptó pagar las facturas
pendientes y la demanda judicial se cerró de mutuo acuerdo.
La conexión del grupo de Correa con el PP
madrileño se vio reforzada con la llegada de Aguirre al poder. Las
propias cuentas de la fundación señalan en esa dirección: Special
Events ya aparecía en 2002 como acreedor de Fundescam, pero la deuda
(16.732 euros) era muy inferior a la reflejada en el balance de
2004.
Presidenta de la Comunidad tras las segundas
elecciones autonómicas de 2003 celebradas en octubre tras el
tamayazo, Aguirre tuvo como escudero electoral a quien luego habría
de erigirse en uno de los grandes adjudicadores de contratos a las
empresas de la trama Gürtel: Alberto López Viejo. El ahora imputado
fue director adjunto de su campaña de octubre, viceconsejero de
Presidencia entre 2004 y 2007 y después consejero de Deportes hasta
que se vio obligado a dimitir tras conocerse su relación con la red
Gürtel.
Entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005, López
Viejo adjudicó a dos sociedades de la red corrupta, Easy Concept y
Good and Better, 76 contratos a dedo por 576.000 euros. Pero las
adjudicaciones comenzaron antes incluso de que López Viejo accediera
a la viceconsejería de Presidencia. Ese dato desbarata la tesis,
insinuada por el equipo de Aguirre, según la cual la responsabilidad
de esas contrataciones comenzó y acabó en el todavía diputado del
PP.
No sólo la Comunidad de Madrid benefició a la
red. Como ya había hecho en 1999, la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), entonces presidida por Rita Barberá,
encomendó en 2003 a Special Events organizar la asamblea estatal de
la federación; sólo por ese encargo, la empresa cobró 570.000 euros.
En 1999, la FEMP ya había asignado a Special
Events la organización de su asamblea. La empresa facturó en aquella
ocasión 232.305 euros. Pese a que sólo esos dos contratos le
reportaron 802.000 euros, hubo más: bajo el mandato de Barberá, otra
empresa del holding de Correa, Pasadena Viajes, facturó a la FEMP
283.000 euros entre junio de 2000 y diciembre de 2003.
Al camuflar facturas de Special Events a través
de Fundescam, así como al presentar las donaciones (casi un millón
entre 2003 y 2004) como destinadas a cubrir actividades de la
fundación, los conservadores habrían logrado un objetivo clave:
esquivar los preceptos legales que, aun con lagunas, acotan la
financiación de partidos.
La Ley Electoral (Loreg), por ejemplo, no sólo
fija límites al gasto permitido a las candidaturas sino que les
prohíbe recibir aportaciones de una misma persona física o jurídica
cuyo importe supere los 6.000 euros. Y la Ley de Financiación de
Partidos vigente hasta 2007 vetaba la recepción directa o indirecta
de donaciones entregadas por contratistas de cualquier
Administración. Algunos donantes de Fundescam eran contratistas
públicos. Luego, lograron de Aguirre 300 millones de euros en
contratos.
(www.publico.es,
01/09/09)
3. AGUIRRE VUELVE A ESCURRIR EL BULTO EN EL 'CASO
FUNDESCAM'
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, sigue sin salirse ni un milímetro del
guión que
mantiene para 'defenderse' del caso Fundescam. Este martes, y tras
revelar este diario
que Special Events, que forma parte de la trama Gurtel, fue el
principal acreedor de Fundescam, la fundación del PP madrileño que
financió actos electorales del partido, ha insistido este martes en
que "no tiene ni idea" de los publicado.
Tras la reunión mantenidacon la ministra de
Sanidad, Trinidad Jiménez, Aguirre ha recordado que ella llegó a la
presidencia del Partido Popular de Madrid en noviembre de 2004,
cuando el PP madrileño estaba a las órdenes de Pío García-Escudero,
"y todas estas informaciones están en los años 2003 y 2003 y
principios de 2004".
Ayer, tras la noticia de este diario sobre cómo
Fundescam pagó 250.000
euros a la misma agencia de publicidad que hizo la campaña de
Aguirre para las autonómicas de mayo de 2003, la presidenta de
Madrid, líder regional del PP y actualmente máxima responsable de
Fundescam, escurrió el bulto. "Es una cosa del año 2002-2003
respondió . Yo ni presidía el partido ni tengo noticia de lo que
allí ocurría. Por lo tanto, yo creo que esa fundación tiene sus
cuentas en regla y si alguien cree que no están en regla pues que lo
denuncie donde proceda".
Hace tres meses, cuando Público difundió las
primeras informaciones sobre el caso, Aguirre ya echó balones fuera.
"Pregúntenle a Pío, Pío, Pío", dijo con pretensión jocosa en abierta
referencia a su precedesor como presidente del PP madrileño, Pío
García Escudero. Las fuentes consultadas por este diario remarcan
que, si bien García Escudero siguió presidiendo el partido hasta el
congreso regional de noviembre de 2004, fueron Aguirre y su equipo
quienes tomaron las riendas financieras de la campaña electoral.
Una fuente próxima a García Escudero, ahora
portavoz del PP en el Senado, reiteró ayer que nada hay que decir
ante las palabras de Aguirre. "Es lo mismo de la otra vez", adujo en
alusión a aquel "pregunten a Pío, Pío, Pío". García Escudero, añadió
la fuente, "está muy tranquilo".
Aguirre siempre ha negado que Fundescam pagara
gastos del PP. Ayer, la presidenta no explicó por qué y para qué una
fundación prácticamente desconocida como Fundescam destinó un cuarto
de millón de eurosa publicidad.
(www.publico.es,
01/09/09)
4. LA SOMBRA GÜRTEL AMENAZA A FUNDESCAM
La vena Gürtel de Fundescam, fundación que
presuntamente financió de forma irregular varias campañas del PP,
incluida la del tamayazo de 2003, sigue aflorando. Hoy ha salido a
la luz que el mayor acreedor de la organización en 2004 fue,
precisamente, Special Events SL, una de las terminales de la
supuesta red corrupta. Tal fue el volumen de los tratos entre ambas
entidades que al finalizar el ejercicio de ese año la entidad Gürtel
acaparaba el 64% de la deuda total de su cliente, al que facturó
70.644 euros. Si de por sí las sumas son llamativas, más asombrosos
son sus conceptos: gastos electorales o del PP entre los que se
encuentra la organización del Congreso que consagró a Esperanza
Aguirre como lideresa del PPM. Contando las campañas de Aguirre en
2003, la de Génova de 2004 y el cónclave en cuestión, Fundescam
reportó 301.094 euros a Special Events que, por cierto, fueron
facturados en un sistema de contabilidad doble que los maquillaba
bajo epígrafes como "viaje" o "curso".
El 64% de los 110.683 euros que Fundescam debía a
sus acreedores inmediatos al término de 2004 correspondía a Special
Events. Nunca se supo cómo se pagaron esos 70.644 euros ni cuándo:
la empresa Gürtel desapareció de los apuntes contables de la
fundación en el ejercicio siguiente, informa Público.
Ello haría pensar que la deuda fue liquidada
rápidamente, pero los presuntos cabecillas corruptos hicieron
movimientos en otra dirección. A finales de 2005 Pablo Crespo, ex
dirigente del PP gallego y directivo de la red demandó al PPM
–responsable de Fundescam- por el impago de las facturas pendientes
desde 2003 –varias correspondientes a la campaña del tamayazo-.
Crespo cerró la operación con una maniobra de presión que resultó
más eficaz que la medida legal: remitió a la cúpula del PPM un
listado de sus deudas, en el que se distinguía el "concepto real"
–gastos de campaña- del "concepto facturado" –actos mayormente
lúdico docentes-.
Sería la prueba de que Fundescam, cuyo objetivo
como fundación es estudiar el desarrollo económico de la Comunidad
de Madrid, pagó actos electorales del PP y los camufló con el
contubernio de empresas Gürtel. El partido, por consiguiente, acabó
llegando a un acuerdo antes del juicio y pagando las facturas a
Special Events.
La presunta red corrupta afianzó su influencia en
el PPM con la llegada al poder de Aguirre. Para constatarlo, basta
un dato: la facturación a Special Events pasó de 16.732 euros en
2003 a 70.644 al término de 2004. Ello lo propició, en gran medida,
quien hasta febrero pasado fue el protegido y hombre de confianza de
la lideresa, Alberto López Viejo, dimitido consejero de Deportes,
director adjunto de la campaña post-tamayazo -en 2003 se repitieron
las elecciones tras el golpe de los trásfugas- y ex viceconsejero de
Vicepresidencia. De su mano la red corrupta se embolsó 576.000 euros
por 76 contratos adjudicados a dedo. Pero las adjudicaciones habían
empezado antes de su desembarco en Presidencia, con lo cual la tesis
del PPM de que las contrataciones habían sido responsabilidad del
dimitido consejero y solo suya no tendría sentido.
Las evidencias apuntan además a que los populares
lograron esquivar las leyes de financiación electoral y de partidos
–que limitan y obligan a informar de las donaciones y gastos de
campaña- gracias a Fundescam. Además de sus tratos con Special
Events, en 2003 la
fundación pagó 250.561,43 a la agencia Starcom, encargada de
gestionar la publicidad electoral del PP en ese año. La Comisión de
Cuentas incluyó a Starcom y a otras cinco entidades en una lista
negra de empresas que incumplieron el deber de informar de sus
negocios con los conservadores tras los comicios. Precisamente, en
aquel catálogo también estaba Special Events.
A pesar de lo sorprendente que resulta ver a una
fundación sin repercusión mediática invertir tamañas cifras en
publicidad y organización de eventos, Fundescam tenía fondos de
sobra para operar gracias a las donaciones de destacados
empresarios, incluidos los presidentes de la patronal madrileña y
española, Arturo Fernández y Gerardo Díaz Ferrán. La organización
recaudó cerca de un millón de euros, pero sus mecenas vieron
recompensada tanta caridad. La administración Aguirre de la
Comunidad ha adjudicado contratos por más de 300 millones a los
donantes más generosos de la fundación que preside ella misma.
Por cierto, preguntada al respecto, la lideresa
remite a su antecesor frente al PPM, Pío García Escudero con un
fugaz "Pregunten a Pío, Pío, Pío". Ayer cuando las informaciones de
Starcom salieron a la luz, la dirigente amplió su repertorio
siguiendo, eso sí, con la mirada puesta en García Escudero. "Si
alguien cree que las cuentas no están en regla que lo denuncié",
zanjó tras explicar que ella no dirigía el PP en 2003. ¿Dirá también
que no sabía nada de los gastos de una campaña en la que ella era
cabeza de lista y sus hombres de confianza máximos responsables?
(www.elplural.com,
01/09/09)
5. LOS INGRESOS DE FUNDESCAM, A RITMO ELECTORAL
Una montaña rusa con subidas escarpadas y caídas
en picado, un Guadiana que aparece y desaparece según haya o no haya
elecciones. El PP madrileño ha sostenido que
Fundescam jamás
ha financiado al partido ni tampoco ha pagado facturas relacionadas
con las campañas electorales. Sin embargo, los ingresos y gastos de
la fundación que preside la propia Aguirre se han disparado
justamente en los tres años con urnas: 2003, cuando el PP venció en
las segundas elecciones autonómicas del año, forzadas por la
espantada de los entonces diputados socialista Eduardo Tamayo y
María Teresa Sáez; 2004, año de la primera victoria de Zapatero; y
2007, cuando Aguirre revalidó la Presidencia de Madrid en las
autonómicas de mayo.
El primer ejercicio en el que las cuentas de
Fundescam se multiplican a la vez que las urnas es 2003. En el año
del tamayazo, la fundación obtuvo el triple de ingresos que en el
ejercicio anterior y rozó el millón de euros: en cifras exactas,
logró 938.210 euros, según su memoria anual, frente a los 310.078 de
2002. 2003, año clave para Aguirre, marcó el récord de ingresos:
938.210 euros
La clave del vertiginoso crecimiento de los
ingresos de Fundescam en 2003 está en las donaciones, aportadas
supuestamente para el cumplimiento de los fines de la fundación, es
decir, no para entrar en la batalla de las urnas sino para editar
libros, realizar estudios y celebrar cursos, seminarios o
conferencias.
Aportadas por una docena de empresarios con
Gerardo Díaz Ferrán
, actual presidente de la patronal CEOE y entonces jefe de los
empresarios madrileños, en cabeza, las donaciones aparecen el año
del tamayazo y se esfuman en 2005, periodo de barbecho electoral.
Durante 2003, y en fechas próximas a las dos elecciones autonómicas
(mayo y octubre) Díaz Ferrán donó 192.200 euros a Fundescam; y otros
54.000 en marzo de 2004, el mes de las elecciones generales. Su
sucesor en la patronal madrileña,
Arturo Fernández,
donó 57.030 euros entre 2003 y 2004, también en vísperas
electorales.
Entre los donantes más generosos figura
igualmente Antonio Basagoiti, padre del líder del PP vasco y
entonces presidente de Unión Fenosa. Donó 120.000 euros dos días
antes de las autonómicas de mayo de 2003 y otros 36.000 diez días
antes de las generales de 2004.
Tras el bienio electoral, el salto hacia la sima
es nítido: Fundescam pasó de recaudar 941.574 euros por donaciones
entre 2003 y 2004 a apuntar desde 2005 un 0 en la casilla.
En 2007, Fundescam tampoco contabiliza donaciones
en su balance, pero el capítulo de patrocinios se dispara. Hasta ese
ejercicio, el grueso de ese apartado procedía de la ayuda que cada
año otorga a Fundescam Caja Madrid, como a las demás fundaciones
ligadas a partidos con representación parlamentaria en la Asamblea
regional. Y la cifra anotada en la casilla Patrocinadores,
colaboraciones y asistentes a cursos jamás había siquiera llegado a
los 200.000 euros.
En 2005 no hubo elecciones: el gasto cayó un
66,3% respecto a 2003
Pero en 2007, el año de las últimas autonómicas
madrileñas, la prodigalidad de los simpatizantes de Fundescam se
multiplicó: la fundación anotó 546.434 euros en patrocinios y
colaboraciones, sin mención alguna a ingresos por cursos. No se sabe
quiénes fueron los patrocinadores ni qué patrocinaron: las cuentas
sólo revelan la aportación de Caja Madrid (178.434 euros). El origen
de los otros 368.000 euros es desconocido.
En cuanto a los gastos, también oscilan a ritmo
electoral. El ejemplo más claro se ve al comparar los ejercicios de
2003 y 2005. En el primer año, cuando el PP echó el resto para
garantizarse que Aguirre, y no el socialista Rafael Simancas,
sucedería a Alberto Ruiz Gallardón al frente de la Comunidad de
Madrid, Fundescam gastó 967.794 euros. Dos años después, sin urnas a
la vista, la fundación desembolsó 326.700 euros, es decir, un 66,3%
menos.
Tras tomar oficialmente en noviembre de 2004 el
relevo de Pío García Escudero como líder del PP madrileño, Aguirre
pasó a presidir Fundescam. De 2005 a 2007, último año del que hay
datos, el patronato de la fundación ha congregado a notables del PP
como el consejero y secretario general del partido, Francisco
Granados; Ana Botella o el ex vicepresidente Alfredo Prada,
presuntamente espiado por la propia Comunidad.
Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid, líder
regional del PP y máxima responsable de Fundescam, reiteró ayer que
no tenía conocimiento de las actividades de la fundación, parte de
cuyos fondos nutrieron sus campañas electorales de 2003 y 2004. "No
tengo ni idea", afirmó tras su cita con la ministra de Sanidad.
"Llegué a la presidencia del PP en Madrid en
2004. Todas esas informaciones son de 2002 y 2003, y quizá de
principios de 2004". Ya en mayo, Aguirre desvió el tiro y apuntó a
su predecesor en el PP. "Pregunten a Pío, Pío, Pío", dijo entonces,
en referencia a Pío García Escudero.
6. UNA FUNDACIÓN DEL PP PAGÓ 250.000 EUROS A LA
AGENCIA DE LA PRIMERA CAMPAÑA DE AGUIRRE
Fundescam, la fundación con la que el PP de
Madrid recaudó fondos procedentes de empresarios poco antes de las
elecciones autonómicas de 2003, destinó 250.000 euros para pagar
facturas a Starcom. Según el diario Público, dicha firma es una
agencia de medios que realizó la contratación de parte de la
publicidad de la primera campaña electoral de Esperanza Aguirre en
las autonómicas de 2003.
La información está avalada por las cuentas de
Fundescam, depositadas en el Registro de Fundaciones, en las que
consta que se adeudaba a Starcom 250.264,43 euros. Pese a que no se
sabe en calidad de qué se le pagó ese dinero, la actividad de
Starcom es la contratación de publicidad (vallas, anuncios de
televisión...). Algo que realizó para la campaña electoral de
Aguirre.
Precisamente, la presidenta de la Comunidad, que
lo es a su vez de la citada fundación, dijo ayer que Fundescam
"tiene sus cuentas en regla", pero se desvinculó del asunto poniendo
tierra de por medio: "Yo ni presidía el partido, ni tengo noticia de
lo que allí ocurría, por lo tanto, yo creo que esa fundación tiene
sus cuentas en regla y si alguien cree que no están en regla, pues
que lo denuncie donde proceda", dijo en una entrevista en Telecinco.
En ese momento era Pío García Escudero quien estaba al frente del
partido a escala regional.
La oposición no ve tan claro el argumento y pide
explicaciones. El PSOE, denuncia que Aguirre ha mentido. "En primer
lugar lo hizo en junio cuando dijo que la fundación no tuvo
actividad de campaña electoral. Sin embargo, las cuentas de
Fundescam ponen de manifiesto que tiene como acreedor a una central
de medios que hizo la campaña del PP", denuncia la portavoz del PSM
en la Asamblea, Maru Menéndez. "Además, hay una vinculación entre
las empresas donantes y las adjudicatarias de contratos. Su
generosidad la hemos resarcido todos", insiste.
Para IU el caso debe ser investigado por la
Fiscalía Anticorrupción. "En un caso vinculado a la repetición de
unas elecciones autonómicas, cualquier información que siembra la
duda sobre una conexión entre adjudicatarias de contratos públicos y
esos comicios debe ir acompañada de la actuación de la Fiscalía
Anticorrupción", pide Tania Sánchez, portavoz de la presidencia de
IU en la región.
(www.elpais.com,
01/09/09)
7. EL TRIBUNAL DE MADRID LEVANTARÁ EL SECRETO DE
SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL' A FINALES DE MES
El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, levantará
el secreto del sumario que afecta a la causa previsiblemente en la
última semana de este mes, ya que aún hay varias diligencias de
investigación que deben ser practicadas. La decisión de levantar el
secreto de las actuaciones en los plazos indicados se entiende sin
perjuicio del respeto a la resolución que en este mismo sentido haga
efectiva el Tribunal Supremo.
Según ha informado el TSJM en un comunicado, el
magistrado "es consciente del extraordinario esfuerzo realizado por
la Fiscalía y la Policía durante el mes de agosto para conseguir
reproducir en soporte electrónico los 46 tomos de prueba principal y
los 73 tomos de piezas que constituyen hasta el momento la totalidad
del procedimiento que se instruye". Así, será a finales de mes
cuando se proceda a la entrega de los 119 tomos de prueba a cada una
de las partes, una vez se haya completado el proceso de copia y
reproducción.
A cada parte se le hará entrega de un DVD con el
contenido íntegro del proceso que se instruye en la Sala Civil y
Penal del TSJM en relación con una supuesta trama de corrupción
ligada a cargos del PP.
Pedreira prorrogó por un mes el secreto del
sumario de la investigación de la trama liderada por Francisco
Correa para garantizar el curso de la instrucción y esclarecer los
hechos punibles.
Entre otros, el magistrado ha imputado al
diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco, al parlamentario
autonómico Alfonso Bosch, al diputado autonómico y ex consejero de
Aguirre Alberto López Viejo, al ex concejal de Boadilla del Monte
José Galeote, al ex concejal del PP en Estepona Ricardo Galeote, al
ex alcalde de Arganda del Rey Ginés López Rodríguez y al ex alcalde
de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. El Tribunal de Madrid
atribuye a los aforados madrileños la percepción "de importantes
cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e
influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias
empresas relacionadas" con Correa. Durante sus comparecencias, los
parlamentarios.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (TSJM) denegó en un auto dictado el pasado
viernes la puesta en libertad de Francisco Correa, el supuesto
cerebro de la trama Gürtel, al entender que existe "un evidente"
riesgo de que pueda fugarse a Panamá o Colombia al haber intentado
tramitar la residencia legal en estos países antes de ser
encarcelado. En el auto, hecho público hoy, el TSJM asegura además
que el principal imputado en el caso intentó ocultar o destruir
pruebas cuando supo que se habían abierto diligencias para
esclarecer los hechos en los que está implicado.
El tribunal ha tenido en cuenta el "evidente
riesgo" de que Correa se dé a la fuga de ser puesto en libertad, ya
que "no sólo tiene contactos con el exterior", sino empresas,
inversiones y viviendas, "lo que le permitiría vivir sin necesidad
de suelo español". Según el TSJM, Correa no sólo "ha intentado
conseguir la residencia legal en Panamá y Colombia", sino que de las
escuchas telefónicas se desprende "que cada vez permanecía más
tiempo en el extranjero atendiendo sus empresas, por lo que parece
indudable la existencia de contactos y medios para sustraerse
fácilmente a la acción de la Justicia española".
La sala entiende también que "existe riesgo de
que se intente ocultar o destruir pruebas y ello no sólo por la
natural inclinación del que se sabe vigilado por la Justicia, sino
porque así se ha intentado una vez abiertas las diligencias
sumariales y durante el periodo en que el apelante permaneció en
libertad, como se puede comprobar en las grabaciones de las escuchas
telefónicas".
Añade además que el análisis del material ya
conocido "puede hacer preciso la búsqueda de nuevos documentos o
anotaciones contables". "Y es respecto a esos documentos o
anotaciones contables donde surge un peligro concreto de ocultación,
alteración y destrucción si personas que se encuentran en libertad
acceden a estos documentos o apuntes antes de que se produzca la
intervención judicial de los mismos", señala el auto.
(www.pais.com, 03/09/09)
8. CORREA SEGUIRÁ EN PRISIÓN AL SER SUS DELITOS
"CONTINUADOS"
Francisco Correa, jefe de la trama Gürtel, debe
seguir en prisión porque aún puede destruir pruebas, porque existe
riesgo de fuga y porque los delitos de los que se le acusa son
continuados y no puntuales. La sala de vacaciones (o de guardia) del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid utilizó estos tres
argumentos el pasado día 28 para rechazar la pretensión del letrado
de Correa de que saliera de la cárcel. El auto de confirmación de la
prisión fue divulgado ayer, al tiempo que el juez Antonio Pedreira,
instructor de la causa en Madrid, anunciaba que levantará el secreto
del sumario a finales de este mes.
La sala entiende que Correa tiene intereses,
dinero y casas en varias partes del mundo, e incluso sospecha que,
de haber quedado en libertad, habría huido a Panamá (donde había
intentado obtener la residencia, como también lo intentó en Senegal)
o Colombia. El principal acusado efectivamente había hecho negocios,
además de en esos territorios, en países como China, Azerbaiyán, EE
UU o Suiza, entre otros. El juez Baltasar Garzón lo encarceló
precisamente al entender que se iba a fugar de manera inmediata.
Los magistrados explican que los delitos que
supuestamente ha perpetrado -"blanqueo de capitales, fraude fiscal,
varios de falsedad, múltiples de cohecho, asociación ilícita y
diversos delitos de tráfico de influencia", escriben- "pueden tener
la consideración de delito continuado", por la que la pena que
podría recaer por ellos sería superior a los dos años que supone el
abogado del encarcelado, José Antonio Choclán. El hecho de que
pudieran ser delitos continuados, además, rompe la prescripción (de
10 años y la investigación parte de 1999), ya que comienza a
computarse desde el día en que se cometió la última infracción.
La causa en Madrid ya abarca 119 tomos, de los
que 46 son de prueba principal y los otros 73 son de piezas, que
constituyen hasta el momento la totalidad del procedimiento que se
instruye. Todos están siendo pasados a soporte informático, un
proceso que se espera que esté concluido en la última semana de
septiembre, cuando se entregarán a las partes. Entonces se levantará
el secreto del sumario, sin perjuicio del respeto a la resolución
que en este mismo sentido haga efectiva el Tribunal Supremo, explica
el TSJM.
(www.pais.com, 03/09/09)
9. UNA EMPRESA DE DETECTIVES ESPIÓ A IGNACIO
GONZÁLEZ EN COLOMBIA
Una importante agencia de detectives, con sede en
Madrid y en Barcelona, investigó al vicepresidente y portavoz de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, durante su viaje a Colombia
el año pasado, según reveló ayer Interviú. El magistrado titular del
Juzgado de Instrucción número 47, José Sierra, ya conoce el nombre
de la empresa, que recibió sendos pagos de 50.000 euros.
Además del seguimiento de González, la agencia de
detectives tenía encargado elaborar los informes con todos los
movimientos del vicepresidente regional. El informe que recoge este
hecho ha sido elaborado por un reducido grupo de agentes de la
Comisaría General de Policía Judicial. Está previsto que en las
próximas semanas, el juez Sierra cite a declarar a los detectives y
les pregunte por su cliente. Fuentes próximas al caso revelaron a
Interviú que los responsables de la agencia se escudarán en el
secreto profesional para no desvelar el nombre de la persona que les
contrató. La multa por no desvelar la identidad del cliente son
30.000 euros.
El vicepresidente regional, Ignacio González,
anunció ayer que pedirá al juez que "aclare quién está detrás" del
espionaje al que fue sometido él y su familia. También pedirá al
Ministerio del Interior que exija a la agencia de detectives que
hizo el encargo que digan quién les contrato, informa Efe.
"Espero que la colaboración de la Policía
Judicial, la celeridad de la justicia y la cooperación del
Ministerio del Interior sirvan para aclarar quién está detrás de
estas prácticas mafiosas que no se puede consentir en un estado de
derecho, porque son inadmisibles, aparte de delictivas", destacó
González. "De confirmarse esta información es de una extraordinaria
gravedad", añadió.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre,
también incidió en el tema. Confió en que el juez que instruye el
caso "haga que sus órdenes se obedezcan" de forma que la agencia de
detectives que investigó a Ignacio González diga "quién los ordenó".
"Lo que viene a decir esa noticia es que al
vicepresidente del Gobierno de la Comunidad se le lleva espiando
desde 2004 y que un particular paga 100.000 euros a una empresa de
detectives para espiar a alguien con una vulneración clarísima de
los derechos y libertades de los ciudadanos", afirmó Aguirre.
(www.elpais.com,
01/09/09)
10. UN CARGO DE AGUIRRE SE INVENTA UNA "PRUEBA"
DEL ESPIONAJE
El consejero de Sanidad de Madrid, hombre de
confianza de Esperanza Aguirre y portavoz del PP madrileño, Juan
José Güemes, puso ayer sobre la mesa en TVE una "prueba" del
espionaje al PP: la supuesta publicación "a cuatro columnas en un
periódico" de una conversación privada entre su colega Federico
Trillo y un abogado. Pero resulta que esa conversación -de la que
Güemes, requerido durante todo el día por este periódico, no dio más
datos- no ha sido publicada por nadie.
"Hemos visto cosas realmente sorprendentes. Como
esa conversación entre Federico Trillo y el letrado representante
del PP en algunos sumarios, reproducida en un periódico a cuatro
columnas. Como mínimo es llamativo", dijo Güemes en Los desayunos de
TVE, cuando la presentadora le preguntaba por el supuesto espionaje.
Y añadió: "Debería ser el Gobierno, la fiscalía, quien a iniciativa
propia investigase cómo es posible que una conversación privada se
vea vulnerada, y con ese aparataje de publicidad".
"¿Veremos algún día las pruebas del espionaje?",
insiste la periodista. Y Güemes insiste también: "Bueno, yo leí una
prueba a cuatro columnas en un periódico. Si usted y yo tenemos una
conversación telefónica y al día siguiente nos la encontramos en un
periódico, no es difícil llegar a la conclusión de que hemos sido
espiados".
El origen de este bulo es una información de la
cadena SER que decía que Trillo podía estar presionando a un juez
del caso Camps llamado Juan Montero. Trillo aseguró que el único
Montero con el que hablaba por teléfono era el abogado del PP Juan
Ramón Montero; dedujo, no obstante, que su móvil había sido
pinchado. En cualquier caso, ninguna conversación entre Trillo y un
Montero ha sido publicada en ningún sitio.
(www.elpais.com,
02/09/09)
11. GALLARDÓN RELANZA EL CASO DEL ESPIONAJE EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
Tocado pero no hundido. Es como está Alberto Ruiz
Gallardón, alcalde de Madrid, después de recibir ayer el varapalo
del COI a la candidatura olímpica de la capital. En sus horas bajas,
el regidor ha sacado fuerzas para abofetear a su eterna rival
política, Esperanza Aguirre. Gallardón ha pedido "certezas
judiciales" en el caso de los espionajes padecidos por su
vicealcalde Manuel Cobo, presuntamente a manos de personal de la
Comunidad de Madrid, opinando que no puede pedirle ciertos
comportamientos al PSOE sin hacer "lo mismo" al PP. Para el alcalde,
el espionaje a Cobo y a Alfredo Prada, responsable del PP en el
Exterior también supuestamente seguido, "no puede pasar inadvertido"
y debe tener el reproche del Estado de Derecho: la Justicia, ha
advertido, debe depurar responsabilidades.
"Confío plenamente en que la investigación
judicial que en estos momentos se está realizando depure todas y
cada una de las responsabilidades porque a mí el hecho de que se
haya seguido, ya no porque sean dirigentes del PP sino porque son
representantes de los ciudadanos, al vicealcalde de la ciudad de
Madrid y otros cargos de la Comunidad, me parece que no es de
ninguna de las formas una conducta que pueda pasar inadvertida", ha
dejado caer Gallardón en una entrevista concedida a la cadena SER.
Para el regidor, unos hechos tan grave como el
espionaje en la Comunidad "tiene que tener un análisis de sus
responsabilidades, de su autoría, y por lo tanto el reproche que en
un Estado de Derecho la Justicia tenga que hacer que es el lo que
está ocurriendo hoy en Madrid". De momento, el Juzgado que instruye
el caso ha imputado a tres altos cargos de Aguirre, quienes a su vez
han apuntado a dos hombres fuertes de la lideresa: su consejero de
Interior, Francisco Granados -a quien el mismo Cobo ha desafiado a
decur " lo que sabe, o lo que va diciendo que sabe"- y su ex
director de Seguridad, Sergio Gamón.
Tras estos zarpazos, el alcalde ha adoptado una
posición de partido en torno a las escuchas ilegales que
supuestamente han padecido miembros del PP. "Creo con sinceridad
que, ante las acusaciones del PP, el gobierno y el PSOE, desde su
responsabilidad, tendrían que haber tenido una respuesta distinta.
Una respuesta aclaratoria en el caso de que entiendan de que no ha
habido un trato desigual entre los dirigentes", ha remarcado. "Si a
mí un concejal socialista me denunciase que nuestra Policía
municipal le ha tratado de forma distinta a como trata un concejal
del PP, le puedo asegurar que lo primero que haría sería abrir una
investigación", ha continuado.
En la misma línea, Gallardón ha dado pábulo al
informe que presentará "en las próximas semanas" y que "acredita una
serie de situaciones" persecutorias. El jefe del Consistorio
madrileño se ha remitido al sumario para calificar de legales o
ilegales las escuchas. "Si alguna de las conversaciones que se han
publicado en distintos medios de comunicación no estuviese incluida
en el sumario, en ese caso, sí estaríamos ante un caso de revelación
de conversaciones no autorizado por el juez que lo estaba
instruyendo", ha apuntado. "Por lo tanto, cuando ese sumario se
levante, cosa que sucederá previsiblemente este mes de septiembre,
podremos dar cumplida respuesta a esa pregunta", dijo, tras ser
preguntado por el tema.
(www.elplural.com, 03/09/09)
12. AGUIRRE RECHAZA DESTITUIR A UN ASESOR
IMPUTADO POR EL ESPIONAJE
"Evidentemente, no". Así de contundente se mostró
la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tras ser
preguntada sobre si destituirá a su director del Área de Seguridad,
Sergio Gamón, una vez que éste ha sido imputado por el presunto
espionaje político en la Comunidad de Madrid. La juez que instruye
la causa, Carmen Valcarce, lo ha citado a declarar el próximo 22 de
septiembre como imputado por un delito de malversación de fondos.
La presidenta madrileña siempre había hecho gala
de su determinación a la hora de deshacerse de los altos cargos
implicados en casos de corrupción. Cuando estalló el caso Gürtel, la
trama de corrupción vinculada a administraciones del PP, y la
investigación alcanzó a los alcaldes populares de Boadilla, Pozuelo
y Arganda, Aguirre no dudó en forzarlos a dimitir de sus cargos. Es
la presidenta del PP madrileño y dictó la orden.
También fue relevado de forma fulminante el ex
consejero de Deportes, Alberto López-Viejo, cuando su nombre se
relacionó con la misma trama corrupta. Y eso que López Viejo formaba
parte de la guardia pretoriana de Aguirre.
Gamón es el presunto responsable de ordenar los
seguimientos al ex vicepresidente regional Alfredo Prada, según la
declaración que realizaron ante el juez tres empleados de la
Comunidad de Madrid, ex guardias civiles, que también están
imputados. "Nos encargó una especie de vigilancia sobre las medidas
de seguridad que, de por sí, ya tenía Prada", testificaron los
agentes imputados, aunque rechazaron que eso fuera espionaje.
En su testimonio, estos agentes también
implicaron a tres ex policías nacionales como miembros del operativo
de seguimiento. Los ex policías fueron fichados por Sergio Gamón, y
los ex guardias civiles habían sido llamados por el consejero de
Interior, Francisco Granados.
Gamón ya fue destituido como director general de
Seguridad -era el cargo que ocupaba cuando se produjeron los
seguimientos- al ser considerado sospechoso del robo de un ordenador
de la Consejería de Justicia. Pocas semanas después, la Comunidad de
Madrid lo recolocó como director del Área de Seguridad con un jugoso
sueldo. La semana pasada, antes de conocer la imputación de Gamón,
Aguirre indicó: "El caso está en los tribunales; cuando haya
novedades, veremos".
(www.elpais.com,
04/09/09)
13. DUROS REPROCHES PARA MADRID 16
Enganchados a la pantalla del ordenador en cuatro
continentes distintos, las aspirantes a organizar los Juegos de 2016
(Tokio, Madrid, Chicago y Río de Janeiro) supieron ayer que la
carrera está todavía más ajustada. El esperadísimo informe que la
comisión de evaluación del COI colgó en su web presenta una
ambigüedad y un equilibrio de elogios y críticas tan grande, que no
se puede decir que a un mes del veredicto final haya una favorita.
Sin embargo, la condescendencia y el tono optimista con el que Río
de Janeiro recibe hasta cinco importantes varapalos en cuestiones
estructurales hace pensar en una especial ilusión porque los Juegos
recaigan en la ciudad carioca. Un temor muy extendido. Pero Madrid
resiste.
La candidata española recibió cuatro duros
golpes, pero como remarcan en la candidatura, relativos a cuestiones
formales subsanables. Y esa es la baza ahora. Hay tiempo. Porque no
hubo reproches en el apartado de transportes, ni en la seguridad, ni
en el medio ambiente... Ni siquiera en la capacidad hotelera, como
en la anterior intentona. Todo fueron parabienes en cuestiones tan
fundamentales como ésas. Los apartados criticados, insisten en la
organización, se puede modificar en un mes. Todavía se les puede
convencer. Pero escocieron los palos. Y el tono. Todas las
candidaturas recibieron elogios sobre sus presentaciones y la
documentación entregada a la comisión en su visita de mayo. Excepto
Madrid, que precisamente fio parte de su éxito en lo que creían que
habían sido unas exposiciones del proyecto espectaculares. En vez
del "alta calidad" de Tokio o Río, Madrid se llevó un "calidad
variable".
El COI reprocha a la candidatura española que no
quede claro "que la legislación española cumpla las exigencias de la
agencia mundial antidopaje". Un problema que el secretario de Estado
para el Deporte, Jaime Lissavetzky, despachó ayer con las garantías
que se ofrecen en la ley española de que en caso de colisión,
prevalezcan las leyes del COI y las internacionales.
A Madrid también se le han hecho observaciones
que señalan problemas en la futura estructura organizativa de los
Juegos y que pueden derivar en problemas financieros. El párrafo no
da pie a concesiones del tipo "será un desafío", como utiliza a
menudo con Río cuando le detecta un fallo. También considera un
riesgo financiero que las sedes de remo y el estadio olímpico no
estén construidas. Una observación un poco extraña, teniendo en
cuenta que la Peineta tendrá que pagarla el Atlético de Madrid en
virtud del convenio suscrito hace un año.El resumen del contenido
del informe es que la carrera se ajusta mucho. Porque Tokio, pese a
que se da a entender que mintió en relación con las infraestructuras
terminadas, recibe grandes elogios. Y Chicago, que iba un poco por
delante, es la que pierde enteros. La lucha se decidirá en un palmo
de terreno.
Las primeras noticias las recibieron los miembros
del patronato de Madrid '16 durante la comida que celebraron.
Enganchados a sus teléfonos y degustando los espárragos con salmón
del primer plato, las primeras informaciones que llegaban no eran
muy buenas. A primera vista parecía que Madrid era la peor parada de
las cuatro. Poco a poco se fue analizando el contenido del informe.
Y no era tan malo.
"No hay que quedarse en la epidermis. Desde una
lectura detallada, tenemos que decir que Madrid sale fortalecida",
proclamó Gallardón en la rueda de prensa de la tarde. Pero, por
algún motivo, se le veía un poco más serio de lo que correspondería
a esa presunta victoria. "Somos la ciudad que menos críticas ha
recibido, y la que más elogios obtiene", insistía para convencer a
un auditorio un tanto pesimista.
Al final del acto con la prensa, Gallardón elogió
a su equipo y concedió una frase para la épica de la carrera.
Incluso, por primera vez en esta maratón del sueño olímpico que ha
emprendido por segunda vez, para un posible fracaso en Copenhague.
"Si las cosas no salieran bien, toda la responsabilidad sería mía".
(www.pais.com, 03/09/09)
14. GALLARDÓN FÍA SU CRÉDITO POLÍTICO A LA
VICTORIA DE MADRID 16
Ha viajado por todo el mundo, ha aprendido
idiomas, se ha puesto chaquetas y corbatas con la manita olímpica
estampada, pins con aros... Ha conseguido 34 millones de euros, 11
de los cuales proceden del presupuesto municipal y los ha gastado
durante tres años en hacer lucir el sueño olímpico. Su programa
político y la mayoría de su energía los ha destinado a eso, a
conseguir el 2 de octubre que Madrid organice los Juegos de 2016.
Ahora, el mal sabor que ha dejado el informe de evaluación del COI
ha acelerado la incógnita casi silogística surgida en boca de todos:
¿seguirá siendo alcalde de Madrid si no logra su objetivo?
Y Alberto Ruiz-Gallardón, como acostumbra,
contestó a esa cuestión con circunloquios que no hicieron más que
animar esa perenne sensación, a veces materializada, de que una gran
decepción puede llevarle a abandonar su cargo. Y por una vez, la
primera, aceptó especular sobre un escenario sin Juegos. "No oculto
que uno en la vida se tiene que marcar prioridades, y yo desde luego
se la marqué a mi Gobierno y a mí: conseguir los Juegos. Y pensé que
es lo que más beneficiaría a los ciudadanos. Si no lo
consiguiéramos, yo tendría que ser muy consciente de que lo que
había considerado prioritario no habría sido capaz de alcanzarlo",
dijo por la mañana en la cadena SER sin contestar a si seguiría o no
siendo alcalde.
Más tarde, en rueda de prensa, matizó un poco y
habló de sus compromisos adquiridos con el líder de su partido,
Mariano Rajoy, a propósito "de su propuesta de encabezar la
candidatura para el año 2011". Así que, a su críptica manera,
eludiendo un claro sí o no, zanjó el asunto y dio a entender que
seguirá.
En el entorno del alcalde nadie cree que vaya a
abandonar. Sin embargo, es evidente que el proyecto que diseñó para
sus años en la alcaldía tenía una duración de ocho años. Y si no
llegan los Juegos a Madrid, tendrá que hacer un esfuerzo creativo
para construir un programa electoral para una legislatura con todas
las grandes obras terminadas y sin un duro en las arcas municipales.
Tampoco creen la mayoría de miembros de la
dirección nacional del PP que tenga otra alternativa que permanecer
en su puesto y optar a la reelección. La mejor opción, y en la que
se trabaja, es que Mariano Rajoy gane las elecciones de 2012 y en el
mejor de los casos se lleve a Gallardón a su Gobierno. Quién sabe si
como vicepresidente.
Pero en lo que le ocupa ahora, el alcalde lucía
ayer corbata olímpica, quizá por las prisas, un poco mal anudada. Y
la decepción por el resultado era palpable. Caras largas y pocas
ganas de cháchara con la prensa. Pero el esfuerzo por remontar y
convencer de lo que en el fondo es cierto, que el informe no es tan
malo, encomiable.
"Es posible que no supiéramos explicar todo lo
bueno que tenemos. La comunicación que trasladamos pudo ser
mejorable", concedió Gallardón. Pero sobre los tres aspectos que el
COI lanzó sus dardos (la estructura organizativa, la confusión sobre
la ley antidopaje y la financiación de dos de las sedes que quedan
por construir), siguió con la misma tesis. Son observaciones
corregibles y se mandarán las alegaciones correspondientes en el
plazo de los próximos cinco días.
Más complicado puede ser modificar en un mes el
estilo de las presentaciones que tan mal le han parecido al COI.
Madrid se ha llevado la peor nota en el apartado de comunicación de
su proyecto, de explicar por segunda vez en ocho años porque es
capaz de organizar unos Juegos. Y Gallardón dice que llevan
trabajando desde agosto en el guión de esa exposición. Y que "no se
buscará la sorpresa de última hora porque los miembros del COI no
son sensibles ni propicios" a eso. "Si no hay contenido, estamos
hablando de fuegos artificiales", dijo, quizá pensando en la
espectacular y seductora presentación que hizo la defectuosa
candidatura de Río de Janeiro.
Sin embargo, asusta pensar que si el guión se
trabaja desde agosto, cuando no se conocía la pésima nota obtenida
en ese apartado, la personalidad y la autoría pueden ser las mismas
que en mayo. Pero no contestó el alcalde sobre la posibilidad de
contratar a algún especialista externo a la candidatura.
La presentación de Copenhague, sin embargo,
cuenta con el añadido de que los 100 miembros del COI (hay 107, pero
siete tienen relación directa con las candidatas y no pueden
intervenir) están autorizados para realizar preguntas sobre la
intervención. Un examen muy duro, teniendo en cuenta que la última
vez, el príncipe Alberto de Mónaco inquirió a la candidatura
madrileña por los problemas de terrorismo y el último atentado de
ETA en las inmediaciones del futuro estadio olímpico.
Para que no haya dudas, ayer el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, telefoneó al alcalde para
mostrar su "apoyo pleno" y anunciarle que "redoblarán los esfuerzos"
para superar el examen.
Por si acaso, ya se habla de que aspirar a los
Juegos ya ha sido un beneficio para Madrid. Económico y de
promoción. Pero sobre todo, para la unidad de un país que tiende a
"correr por caminos distintos", según Gallardón. Una unidad en la
que la presidenta Esperanza Aguirre plantó ayer una pequeña grieta.
(www.elpais.com,
04/09/09)
15. "ME SORPRENDE QUE NO SE HAYA ADAPTADO LA LEY
ANTIDOPAJE"
Si hubiera un termómetro para medir el apoyo
institucional a la candidatura olímpica de Madrid seguro que ayer no
marcaba máximos en la puerta del Sol, sede del Gobierno regional. La
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, recibió con
cierta tibieza los reproches que el COI lanzó sobre la candidatura
de Madrid para albergar los Juegos Olímpicos de 2016. El organismo
internacional señaló en el informe de evaluación que presentó el
miércoles que tenía dudas sobre si "la legislación española cumple
las exigencias de la agencia mundial antidopaje".
La presidenta madrileña señaló sobre este asunto:
"Me parece sorprendente que no se haya adaptado todavía nuestra
legislación antidopaje a la legislación internacional, pero estoy
segura de que hay tiempo para hacerlo y se hará antes del día 2 de
octubre". No obstante, la presidenta precisó que "parece que esta
cuestión está en vías de solución".
Las palabras de la dirigente popular fueron
consideradas como "insolidarias" por los socialistas madrileños. El
secretario general del PSM, Tomás Gómez, aseguró mediante un
comunicado que Aguirre "demuestra, una vez más, que le importa más
su protagonismo que preservar la lealtad que han demostrado todas
las instituciones".
La presidenta madrileña, sin embargo, manifestó
que se siente "muy satisfecha por la excelente valoración que el COI
hace del transporte madrileño". Y recordó: "El propio alcalde ha
dicho con toda claridad que opina que el informe refuerza la
candidatura de Madrid". La presidenta evitó hurgar en la herida
abierta tras los duros reproches del organismo olímpico.
"Creo que el informe no es vinculante; la prueba
es que la vez pasada Londres estaba peor colocado que Moscú, Madrid
y París y sin embargo resultó ser la ciudad encargada de albergar
los Juegos de 2012". Y concluyó: "Madrid no ha perdido ninguna de
sus oportunidades. Estoy convencida de que el 2 de octubre Madrid
será nominada".
(www.elpais.com,
04/09/09)
16. UN TRIBUNAL POPULAR JUZGARÁ EL 'CASO
GUATEQUE'
El caso Guateque, el mayor caso de corrupción
conocido en el Ayuntamiento de Madrid relacionado con el tráfico
ilegal de licencias urbanísticas, será juzgado por un tribunal
popular, según explicó ayer un portavoz del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM).
El juez que instruye el caso, Santiago Torres, ha
decidido modificar la instrucción y acogerse a la Ley del Jurado
Popular. El juez se basa en una sentencia dictada por el Tribunal
Supremo para instruir la causa "con la interpretación más actual" de
la doctrina. El pasado 26 de junio el alto tribunal revocó una
sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenaba a un
hombre de 83 años acusado de violar y asesinar a dos Guardias
Civiles en Bellvitge. El Supremo consideró que el delito más
importante juzgado entonces, el de asesinato, obligaba a resolver el
resto de imputaciones también con jurado. Esta decisión del alto
tribunal ha supuesto una novedad y ha provocado un aumento de los
casos vistos por jurados populares.
En vista de esta decisión, el magistrado del caso
Guateque precisa en un auto dictado el pasado 27 de agosto que todos
los delitos que se investigan en la causa -infidelidad en la
custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias y
negociaciones prohibidas a funcionarios- están entre los delitos que
puede juzgar el jurado. La excepción son los delitos de falsedad
documental y el delito contra el urbanismo. Pero éstos mantienen "la
unidad con los anteriores".
El juez Torres acordó mantener las diligencias de
investigación previstas. Para seguir el procedimiento de la Ley del
Jurado Popular el magistrado ha establecido la celebración de una
audiencia donde las acusaciones, fundamentalmente la fiscalía,
deberán concretar la identidad de las personas contra las que
pretendan dirigir la causa y los delitos que se le imputan a cada
uno de ellos.
El caso Guateque comenzó en noviembre de 2007
cuando la policía se presentó en la Gerencia de Urbanismo, la
Concejalía de Medio Ambiente y varias juntas municipales de distrito
después de investigar durante más de seis meses a varios
funcionarios. La operación se saldó inicialmente con 16 detenidos,
pero el caso se convirtió en una avalancha de implicados. Fuentes
judiciales elevan el número de imputados a "más de 120 funcionarios
y altos cargos del Ayuntamiento de Madrid".
(www.pais.com, 03/09/09)
17. VILLANUEVA DEL PARDILLO. UN AYUNTAMIENTO MUY
BIEN ACONSEJADO
¿Qué hace el despacho de abogados Eius, donde
colabora el ex ministro José María Michavila, en el Ayuntamiento
donde su hermana es teniente de alcalde? La oposición de Villanueva
del Pardillo se hace esta pregunta cuando comprueba que el bufete ha
cobrado cada año 30.000 euros de las arcas municipales en concepto
de consultoría. Las mismas arcas que, además, pagan una nómina de
58.000 euros anuales a un abogado por su asesoría y de las que salen
otros 61.000 en gastos "jurídicos", según la liquidación de los
últimos presupuestos del Consistorio gobernado por el PP.
Eius ha trabajado desde 2006 para el Ayuntamiento
de Villanueva del Pardillo. La contratación del bufete y sus dos
renovaciones anuales contaron con el voto a favor de la primera
teniente de alcalde, María del Carmen Michavila, hermana del
dirigente popular. Pero ni ella "va a modificar su agenda de
trabajo" para atender a este periódico y explicar las circunstancias
de esas adjudicaciones ni el Ayuntamiento ha respondido cuál es la
labor de Eius. "Todos los contratos son públicos y legales", se
limita a decir una portavoz municipal.
Eduardo Fernández, portavoz del grupo socialista,
principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de esta
localidad de 14.763 habitantes, también espera esas explicaciones:
"Tras la publicación en EL PAÍS de la relación contractual con Eius
hemos pedido una reunión urgente para que los ciudadanos del
municipio sepan qué se está haciendo con su dinero. De momento hemos
recibido la callada por respuesta". Fernández cree que puede haber
prevaricación y su grupo no descarta acciones jurídicas o políticas
para esclarecerlo. "Pero antes esperaremos a que la teniente de
alcalde nos dé audiencia y nos explique por qué se ha contratado al
despacho de su hermano y qué hace exactamente", añade el líder
socialista del Pardillo. Algo parecido piensa Francisco Javier Cobo,
de IU: "Al margen de que pueda ser o no legal, éticamente no parece
muy presentable".
A los grupos de la oposición no les sorprende que
de momento no haya ninguna contestación del Ayuntamiento ni de
Michavila. Según explican, el Consistorio invierte dinero extra en
solucionar distintos pleitos además de los 140.000 euros anuales de
la asesoría de Eius, el abogado con contrato y los "gastos
jurídicos". Hace cuatro meses, el PSOE preguntó en un pleno
municipal cuál era el montante total y todavía están esperando la
respuesta. Tanto IU como los socialistas explican que "a todo eso
hay que añadir la consultoría jurídica de la empresa de la Sociedad
Urbanística Municipal", presidida precisamente por María del Carmen
Michavila.
Todos estos gastos se producen cuando las cuentas
del Ayuntamiento no parecen pasar por su mejor momento. La pasada
primavera, el pleno aprobó un plan de saneamiento para superar lo
que el propio documento calificaba como una "situación delicada".
Así, plantea "concertar una operación especial de endeudamiento de
6,8 millones de euros", que es el remanente negativo de tesorería de
2008 y las obligaciones pendientes de pago. El Ayuntamiento, con un
presupuesto de algo más de 21 millones de euros, tiene un déficit de
11.
La oposición achaca esta necesidad de
endeudamiento al abuso del ladrillo. "Este municipio venía
financiándose con la explosión inmobiliaria y Michavila, que además
de teniente de alcalde es la concejal delegada de Hacienda, no ve
otra forma de solucionar los problemas financieros que pidiendo
créditos para tapar los agujeros que ha hecho y gravando a los
ciudadanos. Somos la única localidad de la zona que paga impuesto de
basuras además del IBI", asegura Fernández, que denuncia la subida
de tasas a los comerciantes. Según ha podido comprobar este
periódico, algunos han pagado este año hasta un 728% más que el
anterior.
(www.pais.com, 03/09/09)
