ÍNDICE
1. CORREA FACTURÓ ACTOS PARA AGUIRRE TRAS RETIRAR
UNA DENUNCIA
2. VERDADES Y MENTIRAS DEL ENTRAMADO
3. AGUIRRE SUELTA LASTRE CON DOS ALCALDES
4. …Y CONSULTABAN A AGUIRRE DATOS COMO EL COLOR
DE LOS ESCENARIOS, PARA QUE FUERA VESTIDA EN CONSONANCIA
5. EL EX ALCALDE DE POZUELO DICE AHORA QUE PAGÓ
EL JAGUAR CON UN BMW USADO
6. UN TODOTERRENO, UNA 'TELE' DE PLASMA Y
SOBORNOS POR 422.000 EUROS
7. GINÉS LÓPEZ RODRÍGUEZ EX ALCALDE. EL JEFE DE
UNA GENERACIÓN CON MUCHAS AMBICIONES
8. UNO DE LOS IMPUTADOS FUE ASESOR DE MICHAVILA
9. "EL PP ES UN PARTIDO HONRADO"
10. PRIMERO SE ADJUDICA, LUEGO SE COBRA
11. ARGANDA DEL REY. EL GAFITAS DEJA PASO A EL
MORDAZAS
12. BOADILLA CEDE SUELO A UNA FIRMA QUE OFRECIÓ
13 MILLONES MENOS QUE OTRA
13. EL ALCALDE DE BOADILLA ANUNCIA EL CESE DE DOS
IMPLICADOS POR GARZÓN
14. LOS AGENTES ESPIARON LA CITA DE PRADA CON UN
EX PRESIDENTE DE TELEMADRID
15. EL PP OCULTA DOCUMENTACIÓN CLAVE PARA SABER
QUIÉN ESPIÓ
16. AGUIRRE CIERRA LA COMISIÓN SIN ESCUCHAR A LAS
VÍCTIMAS
17. AGUIRRE PRESENTA UNA DEMANDA CONTRA EL PAÍS
18. PRADA SE LLEVÓ DOS ORDENADORES DE LA
COMUNIDAD QUE AÚN NO HA PAGADO
19. GRANADOS NIEGA EL ESPIONAJE Y ACUSA A DOS
POPULARES DE MENTIR
20. LOS ESPIADOS SE REVUELVEN CONTRA AGUIRRE
21. REPORTAJE: EL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE
MADRID LAS MENTIRAS DEL CONSEJERO Y SU CLAC DEL PP
22. AGUIRRE PRESIONA A RAJOY PARA QUE NO REABRA
LA INVESTIGACIÓN
23. GALLARDÓN LLEVA A LOS TRIBUNALES EL INTENTO
DE AGUIRRE DE HACERSE CON CAJA MADRID
24. VECINOS DE VALLECAS ACUSAN A BOTELLA DE
LIMPIAR SUS CALLES SÓLO CUANDO VA DE VISITA
25. UNA EDIL DEL PP DE GETAFE CARGA 32.000 EUROS
EN UNA TARJETA DEL AYUNTAMIENTO
1. CORREA FACTURÓ ACTOS PARA AGUIRRE TRAS RETIRAR
UNA DENUNCIA
La red corrupta que dirigía Francisco Correa
mantuvo estrechas relaciones con el Gobierno de Esperanza Aguirre
con posterioridad a 2004, cuando supuestamente fue vetada por la
presidenta regional por órdenes del PP nacional. Pablo Crespo, uno
de los jefes de la red, exigió en 2006 a un alto cargo del Gobierno
madrileño el pago de deudas electorales del PP de Madrid. Incluso
presentó una denuncia por impago contra Francisco Granados,
secretario general del PP en la región, y que acabó retirando por
temor a perder contratos de la Comunidad de Madrid.
Aguirre nunca explicó públicamente el cese de su
consejero de Deportes, Alberto López Viejo -acusado después por
Garzón de cobro de sobornos-, pero filtró que había seguido
contratando a la trama a sus espaldas desde 2004, cuando se
destaparon irregularidades sobre Correa. A juzgar por los datos
aportados a Garzón, López Viejo le ocultó que facturó al grupo del
empresario investigado por el juez 3,2 millones de euros, más cinco
millones de contrataciones irregulares que dejó pendientes de pago,
y que en parte recaerían en empresas tapadera de la red.
Pero hay varios hechos que impiden creer que
Aguirre ignoraba que su Gobierno seguía contratando con la trama de
Correa con posterioridad a 2004. Cargos de su gabinete y de su
protocolo siguieron llamando con posterioridad a 2004 a Easy Concept
con ocasión de cada acto institucional que les contrató López Viejo,
fuera cual fuera la empresa escogida para facturarlo, según
confirman testigos de dichas gestiones. Tales llamadas de miembros
del equipo de Aguirre tenían un sencillo fin: la presidenta quería
saber de primera mano el color escogido para el fondo del escenario
del acto institucional para adecuar su vestimenta con un tono que
combinara bien. Las llamadas se sucedieron de 2004 a 2007.
Además, la presidenta madrileña tenía más vías
para saber que su Gobierno seguía contratando a Correa tras su
supuesto veto. Por ejemplo, antes de cerrar cada acto institucional
que organizaba la trama, el jefe de gabinete de la consejería
responsable del evento contactaba con la empresa de Correa
concernida, según testigos. Debatían lemas, logos y otros detalles
del acto. Y, además, Pedro Rodríguez Pendas, adscrito a Presidencia,
coordinaba todo lo relativo al acto con la consejería pertinente, la
empresa de Correa y, de haberlo, con el patrocinador. Por tanto,
existían múltiples vías para que Aguirre supiera la reiterada
contratación de las mismas empresas que forman parte de la red
corrupta, la repetición de las mismas directivas de Correa para
negociar los actos y la coincidencia de direcciones y teléfonos para
ultimar detalles.
Hay otro elemento que prueba que Aguirre distaba
de haber cortado sus relaciones con la trama después de 2004. Según
una grabación que obra en poder de este diario, en mayo de 2006,
Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego e imputado como
uno de los jefes de la trama, relata en una reunión celebrada en su
oficina de la madrileña calle de Serrano que tiene dos frentes
abiertos para cobrar una deuda que rondaba los 48.000 euros por
actos electorales realizados para el PP de Madrid. Por un lado,
había presentado una denuncia contra Francisco Granados, secretario
general del partido en Madrid, por dicho presunto impago. Y, por
otro, informaba a sus empleados de que "el otro día" llamó a
Salvador Victoria, secretario del Gobierno de la Comunidad de
Madrid. Explicó que le detalló que le habían pagado ya parte de la
deuda, unos 20.000 euros, pero que aún quedaba pendiente una suma
similar. Días más tarde, Crespo llamó a sus subordinados de la trama
y les informó de que el resto del dinero se había pagado ya.
El juicio contra el PP por la deuda electoral con
Correa nunca se celebró. Y la trama, aparentemente, cobró. Hubo
personas dentro de la red que criticaron la demanda judicial por
entender que perjudicaría futuras adjudicaciones del Gobierno de
Aguirre. "Nos va a traer problemas. Hay que retirar la demanda. Hay
que ceder para poder seguir", proclaman en las reuniones grabadas
varios miembros de la red encargados de captar contratos del
Gobierno madrileño.
Del reparto de pagos para actos institucionales
en favor de la trama no se libró ni siquiera la Consejería de
Presidencia. Sólo entre 2004 y 2007, dicho departamento facturó a la
trama casi 220.000 euros, según documentación en poder de este
diario. El informe elevado a Garzón supera tal cifra. Entre los
múltiples actos abonados por dicha consejería figura uno de 2004 de
homenaje a las víctimas del 11-M, adjudicado a Easy Concept.
Fue troceado en nueve contratos en favor de la
misma empresa y por un mismo acto para burlar la ley de contratos de
administraciones públicas. Ninguno de los nueve contratos alcanzaba
los 12.000 euros, lo que habría exigido su adjudicación por
concurso. Los contratos alcanzaban montos de hasta 11.999 euros. Por
un euro no era ilegal su adjudicación a dedo.
Pero cuando se ve al completo el trabajo
facturado y difuminado, se hace evidente el truco: por un lado, se
abonan los elementos del sonido; por otro, la iluminación de la
tarima y la toma de vídeo; en tercer lugar, las escaleras del
escenario; luego, el escenario del coro; una factura más para la
lona con el rótulo "gracias a todos" y así sucesivamente se emiten
facturas distintas por el nombre de los afectados, el vídeo
conmemorativo, las flores y la moqueta y, por último, las sillas. Un
solo acto, una misma empresa, nueve contratos. El coste total superó
los 95.000 euros.
(www.elperiodico.com,
10/032/09)
2. VERDADES Y MENTIRAS DEL ENTRAMADO
Los autos del juez Garzón han destapado la
relación de destacados miembros del PP con la trama de corrupción
vinculada al partido. Los documentos han desmentido rotundas
afirmaciones de dirigentes y varios imputados.
ESPERANZA AGUIRRE "Sin relación con la actividad
de la Comunidad"
"Los que están impulsando la campaña de
desprestigio contra el PP no pueden relacionar la investigación con
la actividad de la Comunidad de Madrid". (...) "López Viejo no ha
realizado ningún acto ilegal ni irregular".
Estas declaraciones de la presidenta Esperanza
Aguirre son desmentidas en varios pasajes del auto, que incluso
detalla entregas de dinero con el entrecomillado: "Pago Comunidad de
Madrid". El juez señala: "El Sr. López Viejo [diputado autonómico,
ex consejero de Deportes y ex viceconsejero de Presidencia] estaría
vinculado con la organización investigada a la que habría
beneficiado desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid".
Servimadrid Integral, una de las compañías de
Correa "trabajaba con la Comunidad de Madrid, concretamente con las
consejerías de Cultura, Deportes y Educación, Mujer, Presidencia, y
otras con las que hacían eventos sueltos", explica el auto.
ALBERTO LÓPEZ VIEJO "Rotundamente falso que haya
recibido dinero"
"Es rotundamente falso que haya recibido dinero
alguno de los investigados", declaró el ex consejero Alberto López
Viejo. El juez considera que tres de los aforados implicados en la
trama -el propio López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch-
podrían haber cometido los delitos de cohecho, tráfico de
influencias, blanqueo, falsedad y asociación ilícita, al haber
cobrado presuntamente 1,2 millones en sobornos. Según la resolución
judicial, "en la contabilidad B que se llevaba por el Sr. [José
Luis] Izquierdo, siguiendo las instrucciones de Correa y Pablo
Crespo [uno de los cabecillas de la trama], aparecen anotaciones que
explican movimientos concretados en entregas de dinero como
incentivo y pagos en favor de ALV (Alberto López Viejo) y a
[Alberto] Bosch". El escrito del juez añade que "Pablo Crespo se
habría reunido en diferentes ocasiones con López Viejo para darle
sobres con dinero".
BENJAMÍN MARTÍN VASCO "Ninguna actuación
irregular"
"No he tenido conocimiento de ninguna actuación
irregular en Arganda. He decidido iniciar acciones judiciales contra
Isabel Jordán, persona que, según informaciones periodísticas, me ha
acusado de acordar un pacto de silencio ante actividades
irregulares", explicó el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco.
El parlamentario cobró presuntamente 437.000
euros por favorecer los intereses de Correa. El auto explica que
mientras Martín Vasco estuvo al frente de la empresa pública Fomento
y Desarrollo de Arganda "se produjo la entrada de las empresas de
Correa mediante la adjudicación de contratos públicos a la empresa
Easy Concept". En la cuenta B de la trama figuran, entre otras,
anotaciones "por billetes de avión, estancia en hoteles, alquiler de
coches, organización de la boda, viaje de novios, compras en joyería
Suárez y tres entregas en efectivo de 30.000, 50.000 y 150.000 euros
(230.000 euros), ascendiendo el montante total a 345.166" euros.
MARIANO RAJOY "Indefensión"
"El juez quiere convertir el sumario en una causa
general contra un partido, se filtran un sinfín de informaciones
sobre personas a las que se les deja en la indefensión". El PP
anunció que suspende de militancia a todos los implicados, salvo a
Camps, Costa y los tres diputados madrileños.
(www.elpais.com,
07/03/09)
3. AGUIRRE SUELTA LASTRE CON DOS ALCALDES
Uno de ellos, Ginés López, cesó como alcalde de
Arganda del Rey a las 11 de la mañana de . Y también como concejal,
militante del PP y, por tanto, como presidente del partido en el
municipio del sureste. El otro, Jesús Sepúlveda, escenificó dos
horas más tarde su renuncia como regidor de Pozuelo de Alarcón,
además del de militante y cabeza del partido. Pero no entregó su
acta de concejal.
El lapso horario pudo tener que ver con las
conversaciones de la presidenta Esperanza Aguirre con ambos. Según
fuentes del PP regional, había telefoneado antes a López (el jueves
por la noche, cuando el juez Baltasar Garzón había imputado a cinco
nuevos altos cargos de Madrid en el caso Gürtel) que a Sepúlveda (
por la mañana). Los dos aseguraron que no tenían nada que ver en la
trama. Pero el resultado, de gran "contundencia y rapidez en la toma
de decisiones", según las mismas fuentes, fue casi el mismo.
El caso de Sepúlveda fue más alambicado. Durante
toda la mañana estuvo reunido con sus concejales. Según su servicio
de prensa, no estaba en el Ayuntamiento. Era mentira. Estaba
encerrado en su despacho. "Ha costado más que dimitiera", explicaron
fuentes del partido. "Ha dicho que primero quería hablar con su
equipo. Pero es que no podía ser que Ginés hubiera dimitido y él
no", añadieron. Algunos empezaron a temer un caso parecido al del
alcalde de Boadilla, Arturo López Panero, que se negó a cesar tras
haber sido imputado por el mismo asunto y haberlo anunciado Aguirre.
Pasada la una, sin dar la cara y mediante
comunicado, Sepúlveda anunció su dimisión. Lo hizo exculpándose de
los cargos que le imputa el juez (presuntamente recibió sobornos por
valor de 422.000 euros, un coche y una televisión de plasma) y
arremetiendo contra Garzón.
Pasada una hora, el alcalde se escabulló por el
parking en el vehículo de un compañero. Y pese a "la contundencia y
la rapidez", él sigue siendo el que manda en Pozuelo. Porque no ha
entregado el acta de concejal y porque hasta que la semana que viene
no se celebre el próximo pleno, no se formalizará la renuncia.
(www.elpais.com,
07/03/09)
4. …Y CONSULTABAN A AGUIRRE DATOS COMO EL COLOR
DE LOS ESCENARIOS, PARA QUE FUERA VESTIDA EN CONSONANCIA
Aunque en 2004 la dirección nacional del PP dio
orden de no continuar firmando contratos con la red de empresas de
Francisco Correa, el principal imputado en la Operación Gürtel, la
Comunidad de Madrid continuó haciendo adjudicaciones al empresario,
que incluso llegó a poner una denuncia para que el Ejecutivo de
Esperanza Aguirre pagase sus deudas con las sociedades. Aunque
Aguirre destituyó a su ex consejero de Deportes, Alberto López
Viejo, y aseguró desconocer que la Comunidad había seguido
contratando con Correa, diversos datos hacen difícil creer que la
lideresa ignorase estos contratos. Su propio gabinete, por ejemplo,
se ponía en contacto directo con las empresas adjudicatarias para
informar a la presidenta regional de detalles concretos, como el
colorido de los escenarios.
En 2006, Pablo Crespo, uno de los principales
imputados en la Operación Gürtel y ex secretario general del PP
gallego, exigió a un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre el
pago de deudas por actos electorales encargados a las empresas
vinculadas a la trama de Francisco Correa, según informa hoy el
diario El País. Estos contratos se habrían seguido firmando pese a
que en 2004 supuestamente la dirección nacional del PP había
ordenado no seguir haciendo contrataciones con las empresas de
Correa.
Sin embargo, los contratos habrían seguido, hasta
tal punto que Crespo llegó a interponer una demanda contra el
secretario general del partido en Madrid y consejero de Presidencia
e Interior Francisco Granados para reclamar el cobro de las
facturas, aunque, según el diario de Prisa, acabó retirándola por
miedo a perder futuros contratos con la Comunidad. Por este tipo de
contratos destituyó Aguirre al que fuera consejero de Deportes de la
región, Alberto López Viejo, que habría seguido contratando con
Correa después de 2004 supuestamente a espaldas de la presidenta
regional, dejando deudas millonarias.
Sin embargo, numerosos datos hacen difícil de
concebir que Aguirre desconociese estos contratos, ya que cargos de
su propio gabinete y de su protocolo llamaron después de 2004 a Easy
Concept y el resto de las empresas implicadas con ocasión de cada
acto institucional que contrataba López Viejo. Normalmente, el
motivo de la llamada era bien simple: Aguirre quería conocer de
primera mano los colores elegidos para los escenarios de cada acto
para poder adecuar a ellos el traje que luciría ese día.
Además, antes de cerrar cada contrato, el jefe de
gabinete de la consejería correspondiente contactaba con la empresa
de Correa contratada para debatir sobre los logotipos y los lemas.
Entre tanto, Pedro Rodríguez Pendás, adscrito a Presidencia,
coordinaba los actos entre las consejerías pertinentes, las empresas
implicadas y, en su caso, los patrocinadores.
En numerosas ocasiones, los actos adjudicados a
Correa superaban con creces los 12.000 euros, coste que la ley fija
para obligar a sacar dicha adjudicación a concurso público. En esos
casos, la Comunidad troceaba los contratos para no superar ese
límite y poder adjudicar a dedo la organización de los actos. Así,
por ejemplo, cuando en 2004 se celebraron los actos de homenaje por
los atentados del 11-M, Easy Concept facturó un total de 95.656
euros por sus trabajos, pero la cantidad se dividió en nueve
contratos, todos por valor inferior a 12.000 euros. La empresa de
Correa cobró por un lado los elementos de sonido, por otro la
iluminación, e incluso dividió los contratos de los diferentes
escenarios y escaleras, así como la colocación de lonas, la
decoración floral o el alquiler de las sillas.
(www.elplural.com,
10/032/09)
5. EL EX ALCALDE DE POZUELO DICE AHORA QUE PAGÓ
EL JAGUAR CON UN BMW USADO
Tardó 22 horas pero, finalmente, Jesús Sepúlveda
recuperó la memoria y recordó cómo había adquirido su coche, un
Jaguar. El ex alcalde de Pozuelo y ex secretario nacional del Area
Electoral del Partido Popular fue requerido el miércoles por este
periódico para que explicara si era cierto que Francisco Correa le
había regalado el vehículo y se limitó a pedir tiempo para
aclararlo., hizo pública una nota en la que niega la mayor. En sus
explicaciones, el ex marido de Ana Mato ofrece una versión algo
sorprendente: Correa se empeñó en adquirir su coche usado y él se lo
cedió a cambio del Jaguar nuevo; aunque, según sostiene, pagando la
diferencia entre ambos.
Sepúlveda califica de "incierto y falso" que el
cabecilla de la trama del caso Gürtel comprase el citado coche -por
el que Correa pagó 8,6 millones de pesetas en diciembre de 1999- y
que se lo diese gratis total. "Nadie me ha regalado ningún coche",
afirma tajante en su nota; "el señor Correa se mostró interesado en
el vehículo de mi propiedad, un BMW modelo 523 i, que yo pretendía
entregar como parte del precio del coche referido en su publicación,
proponiéndome llevar a cabo aquella adquisición a través de una
sociedad suya, por interés suyo, abonando yo la diferencia entre el
valor de ambos vehículos, lo que puntualmente hice", prosigue el
comunicado.
Jesús Sepúlveda no informa de si existe o no
algún documento que pruebe ese pago en metálico que equilibraría el
cambio y se limita a asegurar que su "voluntad e interés" es aclarar
todos los extremos "una vez se determine qué organo judicial es el
competente y se garantice el derecho de defensa". Además, no
descarta emprender "las acciones que correspondan" como consecuencia
de las informaciones publicadas.
El ex secretario del Area Electoral popular, en
su proclamada intención aclaratoria, no se refiere únicamente al
asunto del Jaguar, sino que se extiende a "los hechos recogidos en
el auto" por el que se le ha llamado a declarar como imputado.
Sostiene que las acusaciones formuladas por el juez Baltasar Garzón
son "falsas y de enorme gravedad" y asegura que serán "puntualmente
esclarecidas", no ante los medios de comunicación, sino "en el
procedimiento".
La información publicada -y que todavía no ha
sido incorporada a las diligencias previas emprendidas por Garzón-
mantiene que Francisco Correa y su empresa Travel Group pagaron en
diciembre de 1999 a la sociedad Auto Capital 8.666.700 pesetas por
un Jaguar. Ese vehículo, con idéntico número de chasis, fue
matriculado 5 días después por un ciudadano con el mismo DNI que el
ex senador y ex alcalde de Pozuelo.
El juez Garzón hace referencia en su auto
judicial a otro vehículo que Sepúlveda utiliza desde abril de 2004 y
que también le habría sido regalado por Correa. El magistrado
sostiene que su nombre está en la contabilidad B -en las cuentas
llamadas de "seguridad"- de la trama de corrupción y que, al menos
desde 2002, ha venido cobrando diversas cantidades en conceptos no
especificados -únicamente se precisan los relativos al pago de
viajes- hasta alcanzar un total de 422.992 euros.
(www.elmundo.es,
13/03/09)
6. UN TODOTERRENO, UNA 'TELE' DE PLASMA Y
SOBORNOS POR 422.000 EUROS
Jesús Sepúlveda será ex alcalde de Pozuelo la
semana que viene, cuando se celebre el próximo pleno. Hasta entonces
manda él. Porque pese a presentar la dimisión, no ha renunciado al
acta de concejal. Y tiene que irse - le costó varias horas tomar la
decisión que le exigía el partido- porque el juez Baltasar Garzón le
imputa varios cobros de sobornos y cohechos por parte de Francisco
Correa, el jefe de la trama de corrupción que salpica al PP.
Concretamente, le acusa de haber cobrado comisiones por valor de
422.992 euros.
El último auto del magistrado detalla fechas y
cantidades entregadas al alcalde de Pozuelo, que en las notas
contables de Correa aparece como "J. S.". Según el juez, "una vez
que Sepúlveda ganó las elecciones, el grupo empresarial investigado
empezó a hacer eventos para este municipio y les compró el proyecto
de la Oficina de Atención al Ciudadano". Según el mismo auto,
Sepúlveda, presuntamente, recibió de su amigo Correa un Range Rover
y una pantalla de plasma.
El alcalde de Pozuelo aparece en la contabilidad
B del grupo de Correa. Los primeros pagos, según el auto del juez,
se efectuaron el 4 de junio de 2003. Fueron dos; cada uno de 12.000
euros. El mes de octubre de 2004, Francisco Correa, según el auto,
abonó una factura de Pasadena Viajes de 8.972 que iba a cargo de
Sepúlveda.
El Ayuntamiento y su todavía alcalde se negaron a
hacer ninguna declaración. Se remitieron al comunicado que
elaboraron por la mañana. En él, Sepúlveda proclama su inocencia y
carga contra Garzón. "Es evidente que nos encontramos ante un nuevo
episodio Garzón, caracterizado, como ha reconocido la Fiscalía
Anticorrupción, por su arbitrariedad, que está perjudicando
gravemente al Partido Popular". Según Sepúlveda, "todas las
imputaciones son radicalmente falsas [...] y se refieren a indicios
falsos".
Y así lo creían todos los miembros de su equipo,
que se abrazaban e incluso sollozaban por los pasillos como en un
funeral. Algo parecido se respiraba en la calle. "A mí me parece un
buen hombre. No creo que haya hecho nada", decía una vecina en la
puerta del Consistorio.
Además, el alcalde de Pozuelo contrató en varias
ocasiones al despacho de abogados del diputado del PP José María
Michavila. Eius Abogados realizó, al menos, tres trabajos para el
Ayuntamiento. En 2006 se firmó un contrato para realizar dos
dictámenes y un asesoramiento jurídico por un importe de 27.000
euros en un procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, sin
concurso. A este procedimiento optaron otras dos empresas que
ofertaron 30.000 euros y que fueron rechazadas. Ofertar por encima
del precio de licitación no parece la mejor manera de obtener un
contrato.
(www.elpais.com,
07/03/09)
7. GINÉS LÓPEZ RODRÍGUEZ EX ALCALDE. EL JEFE DE
UNA GENERACIÓN CON MUCHAS AMBICIONES
Ginés López Rodríguez, madrileño de 44 años,
forma parte de una singular generación de políticos del PP criados
en Nuevas Generaciones de Madrid a principios de los noventa. Muchos
de ellos ocupan actualmente cargos de responsabilidad en municipios
de la región. El ex alcalde de Arganda presidió en Madrid el ala
juvenil del PP entre 1991 y 1994. En esa época coincidió con otros
cachorros prometedores: Arturo González Panero, ex alcalde de
Boadilla, y Guillermo Ortega, ex regidor de Majadahonda. También con
Benjamín Martín Vasco, diputado regional y ex edil de Arganda. Todos
ellos están salpicados ahora por el caso Gürtel.
López procede de una familia acomodada con
negocios en Arganda. Su padre tiene una finca cerca de la ciudad, en
la carretera de Chinchón, pegada al río. Allí, López se construyó
una casa, donde reside con su mujer y sus hijas. No es un hombre
ostentoso. "Más bien apocado", precisan fuentes municipales. Algunos
colaboradores lo definen como poco estridente, nada soberbio. Por
eso entre los vecinos del municipio ha sorprendido que se vea
envuelto en la presunta trama de corrupción encabezada por Francisco
Correa.
Ginés López no desayunó en el bar Portofino,
donde acostumbra. Pasó la mañana ocupado en presentar su dimisión
como alcalde y entregar el acta de concejal. Tampoco tomó las cañas
en El Gato, un bar junto a la sede del Ayuntamiento. "Allí coincidía
con mucha gente", explican fuentes municipales. No es un hombre
carismático, pero si era muy conocido en Arganda. Fue alcalde entre
1995 y 1999. Perdió las municipales de ese año, pero regresó en
2003. Entretanto ocupó varios cargos en el Gobierno regional. Entre
ellos, la dirección general de Administración Local o la de Juego.
Hasta hace dos años tenía un estrecho colaborador
con el que se repartía el gobierno de la ciudad: Benjamín Martín
Vasco. Pero en diciembre de 2006, lo cesó. Según cuentan varias
fuentes municipales, días antes de producirse la ruptura "hubo
gritos que se oyeron en todo el pueblo".
(www.elpais.com,
07/03/09)
8. UNO DE LOS IMPUTADOS FUE ASESOR DE MICHAVILA
Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de
Inmigración en el Gobierno de Esperanza Aguirre hasta octubre de
2008 y uno de los imputados por el juez Garzón el pasado jueves, fue
asesor de José María Michavila durante su etapa como ministro de
Justicia entre 2002 y 2003. La relación con Michavila, cuyo bufete
-Eius- trabajó para los ayuntamientos de Boadilla y el de Pozuelo,
ambos presuntamente implicados en la trama de corrupción, no se ha
interrumpido: Clemente Aguado cesó a petición propia como
viceconsejero precisamente para asumir la dirección general de una
fundación benéfica latinoamericana donde Michavila ocupa el cargo de
secretario. Como ya se informó, dos de los directores de Eius son
letrados del Congreso, que ha abierto una investigación para dirimir
si los abogados han incurrido en incompatiblidad.
Ex diputado autonómico por el PP, Clemente fue
director de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado
entre 2003 y 2005. Según el auto de Garzón donde le imputa junto con
otros cargos del PP madrileño, Clemente cobró de la trama 16.000
euros mediante dos pagos. Uno de ellos, de 10.000 euros, aparece
registrado en la llamada "Caja B actual", uno de los compartimentos
contables con los que que el grupo capitaneado por Francisco Correa
consignaba la sucesión de cobro y pago de comisiones.
Este periódico no logró contactar con Carlos
Clemente ni con ningún directivo de la fundación a la que se ha
vinculado. Un cargo medio de esa institución aseguró por la tarde
desde Panamá que hasta ese momento ignoraba por completo que
Clemente estuviera involucrado en un caso de corrupción.
Tanto el auto de Garzón donde se notifica la
imputación de Clemente como aquel donde se inhibe respecto a los
aforados de Madrid incluyen la referencia a un asiento contables
cuyo significado se está investigando. La resolución del juez se
refiere a él en estos términos: "Archivo box V51. Clave "bruja", en
Caja de seguridad en Velásquez, 96 con número de 51".
En ella consta una entrada de 900.000 euros y
constan tres retiradas el 25 de mayo de 2007 con el concepto entrega
Tomás Martín en oficina le conoce porque le ha visto con Pablo
Crespo desconociendo a qué se dedica, y en el campo observaciones
Santo Albondiguilla América por importes de 150.000, 210.000 y
300.000 euros". De los tres términos de esa ecuación cifrada, dos
resultan fáciles de descifrar: Albondiguilla es el apodo con que la
trama designaba al ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero.
La alusión a América apunta, sin duda, a los negocios de Correa en
el continente. El misterio reside en la mención a Santo, nombre o
apellido que no se corresponde con el de ninguno de los imputados ni
con el de los empresarios que, según Garzón, pagaron comisiones a la
red corrupta de Correa.
El jefe de la trama, cuyo apellido dio nombre a
la operación lanzada por Garzón -Gürtel, correa en alemán- tenía
negocios en Miami y pretendía abrirse camino empresarial en Panamá,
país al que pretendía huir y cuya laxitud en materia de sociedades
lo convierte en uno de los paraísos fiscales usualmente transitados
por la delincuencia internacional. El presunto capo de la red
también había adquirido propiedades inmobiliarias en Cartagena de
Indias (Colombia). En Bogotá, la capital de ese país, reside
actualmente Carlos Clemente con su familia.
(www.publico.es,
07/03/09)
9. "EL PP ES UN PARTIDO HONRADO"
Quince autocares uno detrás de otro. Llegaban de
Chamartín, de Moncloa, de Chamberí... Iban cargados de mujeres que
llenaron el teatro de Alcobendas para celebrar con las líderes del
PP el Día Internacional de la Mujer. La más esperada, claro,
Esperanza Aguirre. "¡Guapa!", la interrumpieron nada más empezar a
hablar. "¡Muchas gracias!", contestó ella, toda sonrisas. Parecía
decidida a mostrar optimismo.
Criticó al Gobierno por la futura ley del aborto,
felicitó a sus compañeros de Galicia y País Vasco por los resultados
electorales y, finalmente, entró en materia: "El PP es un partido
honrado". Y matizó: "Que podrá haber gente que ha actuado mal".
Pausa escénica. Los banderines dejan de ondear por momentos. "Y ésos
inmediatamente se irán fuera cuando se pruebe. Si es que se prueba,
porque nosotros defendemos la presunción de inocencia". Sonrisa.
Aplausos. Si a alguien se le había ocurrido pensar que el caso
Gürtel podía perjudicar al PP, se equivoca, vino a decir Aguirre.
Todo lo contrario: le dará votos. El "montaje de los espionajes" y
"las filtraciones" se han "vuelto en contra" de los "adversarios".
Tan en contra, proclamó, que son "un estímulo" para el votante del
PP.
(www.elpais.com,
08/03/09)
10. PRIMERO SE ADJUDICA, LUEGO SE COBRA
Tomás Martín Morales tiene una larga carrera de
cometidos municipales a sus espaldas (asesor en Arganda, concejal en
Getafe, cargo de confianza en Boadilla...). Y una abultada cantidad
de dinero en su cuenta corriente, según el auto del juez Garzón. El
ex vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de
Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte intermedió "para
obtener la adjudicación del proyecto de construcción de la ciudad
deportiva" del municipio "a la empresa Hispánica", según consta en
el escrito del juez. Se trata de la inversión más importante
realizada por el Ayuntamiento de Boadilla, con un presupuesto
próximo a los 30 millones de euros, explica Pablo Nieto, portavoz
del PSOE local.
El 10 de mayo de 2007 la mesa de contratación
municipal adjudicó el contrato de las obras del "Parque del Deporte
y la Salud de Boadilla del Monte" a la constructora Hispánica.
Apenas 15 días después, en la caja de dinero negro hallada en la
sede de una de las empresas del entramado de corrupción aparecen
varios movimientos de dinero. Entre ellos, "tres apuntes de fecha 25
de mayo de 2007 constatando entregas a Tomás Martín en oficina por
importes de 150.000, 210.000 y 300.000 euros (660.000 euros),
figurando en el primero la referencia Santo y en los otros dos la
referencia albondiguilla América y albondiguilla", recoge el auto.
El proceso de adjudicación fue controvertido. El
Ayuntamiento encargó dos informes para valorar las propuestas de las
empresas. El resultado fue dispar. El realizado por funcionarios
municipales para la concejalía de Urbanismo concluyó que la mejor
oferta era la de Sacyr (48,8 puntos). Le daba cinco puntos más que a
Hispánica (43,81). Pero el otro informe, elaborado por un cargo de
confianza del ex alcalde, Arturo González Panero (imputado por el
caso Gürtel), para el área de Deportes escogió a Hispánica. La
valoró con el doble de puntos que a Sacyr (42 frente a 21,15) e
inclinó la balanza en la suma final.
"Un cargo de confianza del ex alcalde firmaba el
informe que resultaba definitivo en la adjudicación a la empresa
preferida y otro cobraba la comisión dos semanas después", afirma
Nieto. "Que cargos de confianza y por tanto absolutamente
dependientes del alcalde firmaran informes era una práctica
habitual. Lo denunciamos en muchas ocasiones, no sólo por ilegal,
sino porque eliminaba el único control que existe sobre estas
contrataciones, el informe de un funcionario independiente",
concluye el portavoz socialista. Un portavoz del Ayuntamiento
aseguró que "el consistorio aprobó que determinados cargos de
confianza pudieran equipararse al rango funcionarial para emitir
informes vinculantes".
La implicación de cuatro altos cargos en el caso
Gürtel no alteraba lo más mínimo la partida de cartas de la
sobremesa en el bar frente al Ayuntamiento de Boadilla. "Soy
apolítico", mascullaba un parroquiano sin quitar ojo a las cartas.
Indiferencia absoluta. Acodada en la barra, la encargada, Emi,
defendía al ex alcalde: "Yo creo que es inocente". Le conoce hace 20
años. "Viene aquí a desayunar. [por el viernes] también vino". No lo
tenía tan claro Fernando, que esperaba a un amigo en la calle de
José Antonio: "Se veía venir. Mucha obra y mucha rotonda para un
pueblo tan pequeño...". Juan y José se desternillaban recordando el
apodo del pueblo: Boadilla de las fuentes, porque cada rotonda la
coronaba un surtidor. "Y lo peor es que las hacían y meses después
las desmontaban para que pasara el tren ligero, como si no supieran
el trazado de antes."
(www.elpais.com,
08/03/09)
11. ARGANDA DEL REY. EL GAFITAS DEJA PASO A EL
MORDAZAS
Sorpresa. Es el adjetivo más repetido en Arganda
del Rey, 50.000 habitantes, tras el cese el viernes del alcalde,
Ginés López Rodríguez, imputado por el juez Garzón en el caso
Gürtel. Los vecinos de este municipio (50.000 habitantes) a 30
kilómetros al sureste de Madrid han visto estos días cómo el
alcalde, un ex concejal y otros dos trabajadores municipales han
sido salpicados por la trama de corrupción. Las investigaciones
judiciales revelan que cobraron comisiones millonarias.
"La gente se ha quedado sorprendida", resume
Jesús Valverde, un empresario que vive en el barrio de los Villares.
Muchos vecinos viven ajenos al escándalo político que se ha desatado
en el Ayuntamiento, pero los que están al tanto lo tienen claro: "Si
dimite será por algo", zanja Valverde. "La gente está alucinada. Que
saliera lo de Benjamín [Martín Vasco, diputado regional implicado
también por Garzón] era normal. Pero lo del alcalde no se lo
esperaba la gente", apuntaba el pasado viernes una trabajadora
municipal junto al edificio en obras que hace las funciones de
Ayuntamiento.
Ginés López y Martín Vasco trabajaron codo a codo
durante un par de años al frente de la gestión municipal. Pero en
diciembre de 2006 el ex alcalde lo destituyó. Nunca revelaron el
motivo, pero desde entonces se distanciaron.
La polvareda levantada por la imputación del
regidor ha trastocado el orden municipal. El hueco que ha dejado
Ginés López, conocido como El Gafitas en la organización, lo ha
cubierto, en funciones, y a la espera que el PP regional lo
confirme, el primer teniente de alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero.
Un hombre del sector más conservador del PP local, según fuentes
municipales, que lo definen como "un tipo educado y asequible".
Pero, matizan, es conocido por El Mordazas porque en febrero de 2003
tapó la boca a un joven, llamado Ángel, cuando éste gritaba "No a la
guerra" en un mitin de Aznar en Arganda.
Rodríguez Sardinero tendrá que pilotar el
Consistorio durante dos semanas, hasta que el PP regional decida
quién sustituirá a Ginés López. La número 2 de la lista electoral y
a la que en principio le correspondería la alcaldía es María Pino de
Juana. Pero parece que no cuenta con la plena confianza del equipo
de gobierno. Hace un par de semanas fue relevada como responsable de
Hacienda. Ahora ocupa la Concejalía de Atención al Ciudadano, con
menos responsabilidad, según fuentes del Ayuntamiento. Ginés López
dejó el acta de concejal que recogerá el popular Tomás Fernández
Leganés.
(www.elpais.com,
08/03/09)
12. BOADILLA CEDE SUELO A UNA FIRMA QUE OFRECIÓ
13 MILLONES MENOS QUE OTRA
Boadilla del Monte (42.000 habitantes) no es
famosa por su pujante industria. Más bien lo contrario. Su entorno
agreste, rodeado de bosques de encinas, la convierte en una ciudad
residencial y tranquila. En este escenario, el ex alcalde, el
imputado en la trama de corrupción Gürtel Arturo González Panero
(PP), reservó suelo municipal para la industria local. La idea era
construir naves en el polígono Prado del Espino, junto al campo de
golf de la Ciudad Financiera del Banco Santander.
Para ello decidió convocar un concurso para
levantar estos locales y llevar su gestión. Sólo se presentaron dos
empresas: Inmoconfidence y Cip Dealer. Tras valorar las propuestas,
el equipo de gobierno adjudicó en noviembre de 2008 a Cip Dealer la
edificación de los locales industriales y la gestión de los mismos a
cambio de un canon anual de 358.500 euros. Esta oferta es 126.755
euros inferior a la presentada por la otra competidora. Como el
plazo de adjudicación es de 99 años, el Ayuntamiento de Boadilla
deja de ganar 12,6 millones de euros en ese periodo.
En la evaluación de las propuestas económicas,
Cip Dealer no recibe ninguna puntuación por ser la oferta más baja.
Ganó el concurso por aspectos técnicos tales como "apoyo a la
publicidad que se instala en el complejo; instalación de un tótem de
información municipal; ubicación de un monolito informativo del
complejo o creación de una página web...". Otros criterios de
valoración son el plazo de construcción de las naves o su calidad
arquitectónica. Aunque hay poca diferencia entre una propuesta y
otra, todos los puntos van a favor de Cip Dealer.
El objeto social de esta empresa es el comercio
al por mayor de productos duraderos. Su administrador, Mariano
Pascual Guevara, es representante de un entramado de más de 25
empresas.
El ex regidor de Boadilla, suspendido
cautelarmente de militancia del PP desde hace cinco días, aunque
está imputado por su presunta participación en la trama de
corrupción en administraciones gobernadas por el PP que investiga el
juez Baltasar Garzón, ha mostrado, según fuentes de su corporación,
su deseo de seguir controlando los asuntos relativos a obras del
municipio. Los grupos de la oposición (Alternativa por Boadilla y
PSOE) han denunciado el concurso ante los tribunales al considerar
que fue irregular.
Fuentes del equipo de gobierno del Ayuntamiento
de Boadilla del Monte anunciaron que los servicios jurídicos
municipales estudian este contrato. "Puede ser resuelto en los
próximos días", desvelaron. Las mismas fuentes explican que la
empresa tenía la obligación de depositar un aval en un plazo de 15
días desde la adjudicación y no lo ha realizado. "Se está revisando
el contrato", dicen.
El portavoz del partido independiente Alternativa
por Boadilla (APB), Ángel Galindo, considera que se trata de "otra
adjudicación claramente lesiva para los intereses públicos y otro
ejemplo más en que el PP de Boadilla adjudica a la empresa que menos
ofrece. El municipio deja de ingresar más de 12 millones de euros".
(www.elpais.com,
09/03/09)
13. EL ALCALDE DE BOADILLA ANUNCIA EL CESE DE DOS
IMPLICADOS POR GARZÓN
Boadilla del Monte (Madrid) ha padecido los
excesos de la supuesta trama de corrupción que investiga el juez
Garzón. El nuevo alcalde del municipio, Juan Siguero, anunció que
destituirá al diputado regional Alfonso Bosch y al ex concejal José
Galeote de sus cargos al frente de la Empresa municipal de Suelo y
Vivienda de Boadilla (EMSV). Ambos están implicados en la Operación
Gürtel. Un portavoz municipal confirmó que el regidor adoptará la
decisión "a lo largo de la semana. Previsiblemente, el jueves o el
viernes", precisó.
Bosch "tuvo un papel destacado en las operaciones
inmobiliarias que Francisco Correa [supuesto cabecilla de la trama
corrupta] ha realizado en dicho municipio", según el auto de
inhibición de Garzón a favor del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, que tendrá que decidir sobre la imputación de Bosch por ser
diputado regional. Además, es gerente de la EMSV de Boadilla desde
1995. Durante este periodo adjudicó a la empresa Easy Concept (una
de las de Correa) la gestión de la Oficina municipal de Atención al
Ciudadano por un importe de 506.000 euros anuales en un contrato por
14 años.
El auto explica cómo Bosch se autoinculpó:
"Reconoce en las intervenciones telefónicas que él se encuentra
detrás de todo el tinglado de Boadilla, refiriéndose a las
actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios de
comunicación". El diputado regional intermedió para lograr la
adjudicación a Constructora Hispánica de la construcción de la
ciudad deportiva de Boadilla por 29,6 millones.
Por su parte, Galeote, consejero de la EMSV,
recibió 612.506 euros en comisiones mientras fue concejal
(1995-2003), según la investigación judicial. Galeote fue hombre de
confianza del ex alcalde, Arturo González Panero, también imputado,
y primer cargo público en dimitir tras conocerse su implicación en
la trama.
Cuando se formalice la destitución de Bosch y
Galeote serán cuatro los cargos políticos que hayan abandonado sus
puestos en el Ayuntamiento de Boadilla. El pasado viernes dimitió el
vicepresidente de la EMSV, Tomás Martín Morales, quien recibió tres
entregas de dinero por un total de 660.000 euros en una cuenta de
dinero negro hallada en la sede de una de las empresas del caso
Gürtel. La Policía Judicial acudió al consistorio para recabar
contratos de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda.
(www.elperiodico.com,
10/032/09)
14. LOS AGENTES ESPIARON LA CITA DE PRADA CON UN
EX PRESIDENTE DE TELEMADRID
Agentes del Gobierno de Madrid espiaron al ex
presidente de Telemadrid y ex diputado regional del PP Álvaro
Renedo, otro dirigente caído en desgracia ante Esperanza Aguirre.
Renedo fue fotografiado por los espías, según el parte de éstos,
tras entrevistarse en un hotel con Alfredo Prada, ex consejero de
Justicia. Ambos espiados confirman su encuentro.
Los 33 partes originales que recogen los
seguimientos por agentes de la Consejería de Interior de Madrid en
2008 a políticos del PP contrarios a Aguirre como el vicealcalde de
Madrid, Manuel Cobo, o el ex consejero Prada no sólo coinciden con
sus agendas oficiales, sino con las privadas.
Y quienes tuvieron encuentros con ellos también
fueron investigados o fotografiados. Este diario ha identificado a
dos víctimas colaterales del espionaje negado por el consejero de
Interior, Francisco Granados, pero que nutren un listado que incluye
al ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta y a la diputada regional
Carmen Rodríguez.
La primera víctima colateral del espionaje es
Álvaro Renedo, presidente de Telemadrid entre 2003 y 2007 por
nombramiento de Aguirre y diputado regional en la anterior
legislatura. La segunda es Clara Reynolds, presidenta de una
fundación. Renedo fue espiado el 20 de mayo de 2008. Los espías de
la Consejería de Interior lo describieron y fotografiaron tras
entrevistarse con Prada en el hotel Hesperia de Madrid: "Se reúne en
el interior de hotel con un hombre de edad avanzada, calvo, con
gafas y de una estatura similar a la de P". "Ese hombre de edad
avanzada, calvo y con gafas que se entrevistó en el hotel Hesperia
con Prada soy yo", confirmó Renedo.
Pero evitó opinar sobre tal espionaje y aclarar
si presentaría acciones legales. Renedo había caído ya en desgracia
en mayo de 2008 ante Aguirre. Había sido su amigo personal y
compañero de oposición, pero ella no dudó en apearlo de la
presidencia de Telemadrid. Y, por si fuera poco, Renedo, cuando fue
espiado, se entrevistaba con otro disidente, Alfredo Prada, al que
Aguirre destituyó tras ser fichado por Mariano Rajoy para su
ejecutiva.
Renedo fue espiado en su encuentro con Prada tras
haber mantenido sólo unas horas antes una entrevista con Granados en
la cafetería Riofrío, junto a la sede del PP. No ha querido detallar
su entrevista con Granados, que estaba entonces inquieto por ciertos
ataques periodísticos contra él. La entrevista entre Renedo y
Granados no fue espiada.
Renedo sólo fue objeto de espionaje indirecto
cuando contactó con Prada, objetivo continuado del seguimiento desde
la Consejería de Interior. No en vano, el 20 de mayo de 2008, Prada,
consejero de Justicia y vicepresidente segundo del Gobierno de
Aguirre, fue seguido minuto a minuto por los espías de la Consejería
de Interior.
De su marcaje salen dos datos sobresalientes: uno
figura en la agenda de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre,
su cita con Prada en Sol. Pero los agentes sólo anotan que Prada
entra a las 16.45 en la sede de la presidencia madrileña y que sale
a las 17.40. No detallan quién lo recibe. Ignoran un dato que
deberían conocer si manejaran agendas.
Y poseen otros que no podrían extraer de ellas,
salvo por el espionaje que describen: "A las 20.45 sale P de su
lugar de trabajo, se dirige caminando hasta el hotel Hesperia, el
cual se encuentra a unos 300 metros de su puesto de trabajo (le
siguen a una cierta distancia los dos hombres del dispositivo más
próximos a él)". Y luego describen y fotografían a Renedo. "Alguien
debe tener mis fotos", clama Renedo. Unas fotos que no figuran en
agendas.
(www.elpais.com,
09/03/09)
15. EL PP OCULTA DOCUMENTACIÓN CLAVE PARA SABER
QUIÉN ESPIÓ
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, no
ha tenido reparo en facilitar a un medio de comunicación los
documentos sobre gastos del escolta de Alfredo Prada, el ex
consejero de Justicia espiado supuestamente por agentes autonómicos,
cuando se trasladó a León. Pero ha negado durante las últimas
semanas documentación crucial para poder investigar quién de entre
los agentes de la Consejería de Interior hizo los seguimientos a
cargos del PP contrarios a la línea marcada por la presidenta
regional, Esperanza Aguirre.
El PP ha impuesto su mayoría absoluta en la
comisión de investigación para no facilitar, entre otros, los
expedientes del personal de seguridad de la Consejería de Interior:
partes de los servicios realizados por éstos, facturas de material
fotográfico, información sobre los viajes al extranjero del
vicepresidente Ignacio González y datos sobre adjudicaciones
supuestamente irregulares realizadas por la Comunidad.
Los populares han rechazado más de la mitad de
las peticiones de documentación del PSOE e IU. Además, han puesto
todo tipo de vetos a las comparecencias que la oposición solicitó y
que podían esclarecer lo ocurrido durante los últimos años en la
Consejería de Interior.
El propio consejero, Francisco Granados, se negó
a solicitar un dictamen pericial caligráfico sobre todos los agentes
de la consejería y se limitó a pedir el cotejo de la firma de uno de
los supuestos espías. Lo hizo evitando utilizar documentos
originales y aportando fotocopias del diario EL PAÍS. El diario
encargó un informe a dos peritos calígrafos que señalaron al agente
José Manuel Pinto como autor de los partes.
(www.elpais.com,
09/03/09)
16. AGUIRRE CIERRA LA COMISIÓN SIN ESCUCHAR A LAS
VÍCTIMAS
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, dará cerrojazo a la comisión de investigación de
la trama de espionaje político destapada por EL PAÍS sin escuchar
los principales testimonios, los de las víctimas de los espías. La
Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid ha decidido esta
mañana, gracias a la mayoría absoluta que detenta el PP, fijar para
el próximo 18 de marzo la aprobación del dictamen de la comisión, lo
que en la práctica implica que mañana será el último día de vida
útil del organismo. El final de las pesquisas, que estaba previsto
que duraran hasta el 31 de marzo, se adelanta 13 días tras apenas
cuatro sesiones. Francisco Granados, máximo responsable de la
Consejería de Interior, de la que dependen los presuntos
responsables de la red, cerrará mañana las comparecencias.
Así lo ha decidido la mayoría del PP en la Junta
de Portavoces, a propuesta de la presidenta de la Cámara, Elvira
Rodríguez, con los votos en contra del PSOE e IU. Maru Menéndez e
Inés Sabanés, portavoces de PSOE e IU en la Asamblea de Madrid, han
comparecido juntas en rueda de prensa para denunciar la maniobra del
PP, que han calificado de "atropello democrático". Ambos partidos
han advertido de que agotarán todas las vías "parlamentarias",
"jurídicas" e "institucionales" para seguir investigando la supuesta
trama. Entre otras medidas, PSOE e IU estudian llevar al Tribunal
Constitucional lo que consideran la vulneración de los "derechos de
los grupos parlamentarios". Además, Menéndez ha anunciado que los
socialistas "no asistirán a actos instituciones organizados por
Esperanza Aguirre" en señal de protesta.
De este modo, el PP da carpetazo a los trabajos
de la comisión, tal y como han venido denunciando PSM e IU desde el
día en el que se aprobó el orden de comparecientes, sin que por ella
hayan pasado sus protagonistas. Al menos tres altos cargos populares
fueron vigilados, según ha publicado este periódico: el ex consejero
de Justicia Alfredo Prada, el ex presidente de Telemadrid y ex
diputado autonómico, Álvaro Renedo, y el vicealcalde de Madrid,
Manuel Cobo. Así las cosas, desfilarán por la comisión apenas diez
de los 29 comparecientes previstos.
Entre ellos, Marcos Peña, asesor de seguridad de
Granados, y Miguel Castaño, subdirector general de Seguridad. Los
dos negaron haber participado o tenido conocimiento de ningún
espionaje o seguimiento a cargos públicos. También han pasado por la
comisión un ex consejero socialista del Gobierno de Joaquín Leguina,
Virgilio Cano, y dos consejeros del PP en la etapa de Alberto
Ruiz-Gallardón, Carlos Mayor Oreja y Pedro Calvo, que ahora es
concejal en el Ayuntamiento. Todos negaron que en sus etapas se
realizaran labores de contravigilancia. Estas comparecencias fueron
tildadas de "despropósito" por Alberto Ruiz-Gallardón y por Pedro
Calvo, que acusó a su propio partido de querer desviar la atención.
La comisión elaborará su dictamen de conclusiones
después de la comparecencia mañana miércoles de Francisco Granados,
a pesar de que la comisión tenía tiempo para trabajar hasta el 31 de
marzo. En la comisión se someterá a votación antes de pasar a pleno.
En el hemiciclo, en el que el PP tiene mayoría absoluta, también
pasará la votación.
A pesar de alardear de ella a posteriori, Aguirre
dio luz verde a la comisión a regañadientes y presionada por la
dirección del PP, que encargó a María Dolores de Cospedal una
investigación interna en vista de la postura de la presidenta, que
negaba la existencia de la trama y se negaba a mover un dedo para
esclarecer los hechos. Sin embargo, el PP le ha puesto piedras en
las ruedas desde el principio. La comisión se constituyó el 6 de
febrero pero tardó casi un mes en arrancar de hecho por la tardanza
del PP en detallar su lista de comparecientes.
(www.elpais.com,
10/032/09)
17. AGUIRRE PRESENTA UNA DEMANDA CONTRA EL PAÍS
El secretario de Comunicación del PP de Madrid,
Juan José Güemes, ha anunciado hoy que todos los miembros del
Gobierno regional presentaron hace 10 días, a título individual, una
demanda de conciliación contra el director de EL PAÍS, por las
informaciones sobre la supuesta trama de espionaje que calificó de
"falsas". Güemes ha aclarado, en declaraciones a los medios de
comunicación, que esta demanda de conciliación, es "el paso previo,
si no se rectifica en sede judicial, a la presentación de una
querella criminal". Una acto de conciliación prevé un arreglo de la
controversia en un Juzgado de Primera Instancia o de Paz con la
asistencia de la parte demandada y demandante. Este tipo de demanda
pretende evitar el juicio.
Respecto a la continuidad de la comisión de
Investigación en el Parlamento madrileño, el secretario de
Comunicación del PP de Madrid ha indicado que es ya es tiempo de que
la Asamblea de Madrid se dedique a "cuestiones más cercanas a las
necesidades de la gente y no a dar pábulo a una enorme falsedad".
Así, se preguntó si el parlamento regional "debe seguir derrochando
energías y recursos en una comisión que responde exclusivamente a un
enorme bulo y a una gran mentira".
(www.elpais.com,
10/032/09)
18. PRADA SE LLEVÓ DOS ORDENADORES DE LA
COMUNIDAD QUE AÚN NO HA PAGADO
La sesión en la Asamblea se tensó especialmente
con el informe de la secretaria técnica de la Consejería de
Interior, Mar Pérez Merino, sobre su investigación interna. Del
mismo se deduce que no hubo gastos extras por "espionaje" y que
Prada se llevó dos ordenadores que aún no ha abonado. Él ha
preguntado (recientemente por burofax) el precio de los mismos. Son
unos 4.100 euros, según las facturas. La Comunidad quiere que los
devuelva. Él, de momento, ni los ha entregado ni ha pagado.
El director del área de Seguridad de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de
Madrid, Sergio Gamón, calificó de "panfletos" los partes de
seguimientos a políticos de la región publicados en los medios de
comunicación, y negó que tuviese relación con ellos. Esta actitud le
costó una fuerte reprimenda de los portavoces de la oposición, Inés
Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE), que tacharon de "frívola" y
poco responsable para un alto cargo de la administración pública.
"Yo nunca he visto esos panfletos, ni me han ordenado ningún
seguimiento a políticos", dijo Gamón en el marco de la comisión de
investigación sobre el presunto espionaje en la Comunidad de Madrid
que se desarrolla en la Asamblea regional.
Se mostró sorprendido por el hecho de que hayan
relacionado su cese, en junio de 2008, con el supuesto robo de un
ordenador de un colaborador del ex consejero Alfredo Prada en el
Campus de la Justicia pues, según aseguró, él mismo llevaba pidiendo
al consejero de Presidencia, Francisco Granados, desde abril su cese
"por cuestiones personales".
En una comparecencia en la que criticó
abiertamente a la oposición, rectificó la declaración del
subdirector de Seguridad, Miguel Castaño, sobre quiénes fueron las
personas que fueron al Campus de la Justicia, concretamente, al
despacho de Juan Carlos Fernández.
"Quiero corregir una de las cosas que he
contrastado. Dijo que habían ido dos personas, pues no, ninguna de
las dos, es un error de él... Entiendan que acordarse de no sé qué
fecha en el mes de julio... no tiene la menor importancia, ninguno
de los dos me acompañó", dijo Gamón, que aclaró que salió de allí
con las manos vacías. De hecho, destacó que tampoco tiene nada que
ver con el borrado de las cámaras de seguridad que grabaron esa
polémica visita, pues la seguridad de ese edificio no está
controlada por la Comunidad.
Gamón resaltó que ha tenido múltiples
responsabilidades durante su vida con importantes cargos (Jordi
Sevilla, Rafael Vera, Casa Real...) y sólo se ha interesado por los
servicios de protección, no de sus actividades, al tiempo que dijo
no tener ninguna relación con la presidenta Esperanza Aguirre
diferente a sus cometidos laborales. Destacó que incluso la
vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, le
concedió la Cruz al mérito civil.
"Mi relación con Aguirre [...] es única y
exclusivamente laboral, fui su jefe de escoltas", manifestó, y
añadió: "Mi relación con Aguirre es trabajo, trabajo, trabajo, lo
que hace ella". "Nunca he recibido ninguna instrucción de Granados
ni de ningún otro miembro del Gobierno", manifestó.
(www.lavanguardia.es,
10/032/09)
19. GRANADOS NIEGA EL ESPIONAJE Y ACUSA A DOS
POPULARES DE MENTIR
El consejero de Interior de Madrid, Francisco
Granados, compareció en la comisión de investigación sobre
espionaje. Y se encargó de cerrarla ya que, su jefa, Esperanza
Aguirre, ha decidido que ya no hay nada que investigar. Su consejero
resumió la tesis oficial en una frase: "no existen ni espías ni
espiados". A su entender, dicha tesis ha quedado acreditada por los
trabajos de la comisión, durante la cual también se han destapado,
dijo, "mentiras" de algunos compañeros de su partido, aludiendo a
Pedro Calvo, concejal de Seguridad de Alberto Ruiz-Gallardón, y el
exconsejero Alfredo Prada.
Granados se ensañó especialmente con Prada, que
fue cesado por Aguirre tras respaldar la candidatura de Mariano
Rajoy a liderar el PP. Precisamente Prada fue uno de los políticos
que fue objeto de un supuesto espionaje, ya que El País ha publicado
partes de seguimiento a él y a su familia durante el año pasado. No
obstante, El Mundo ha cotejado algunos de esos partes con las
agendas de Prada y ha concluido que el mismo día que los espías le
situaban en un restaurante él estaba volando a Tailandia. ¿Quién
tiene razón?. Granados aseveró que no quería entrar en polémicas
mediáticas, aunque acusó a Prada de mentir cuando confirmó que su
parte de seguimiento coincidía "punto por punto" con su agenda.
"Es evidente que alguien ha mentido y que alguien
mintió a un periódico cuando le dijo que su agenda coincidía, punto
por punto, con los partes de seguimiento. Alguien miente, y no soy
yo", sentenció Granados.
También tuvo tiempo para rebatir a Calvo, el edil
del Ayuntamiento de Madrid que hace años fue responsable de Interior
en la Comunidad bajo el mando de Gallardón. Calvo aseguró en la
comisión que en su época "nunca" se realizaron labores de
contravigilancia. "Como mucho, de apoyo en actos concretos; por
ejemplo, los que se celebraban en la sede de la Presidencia",
apostilló el concejal. Granados se presentó en la Asamblea con 15
documentos para tratar de demostrar que el Gobierno de Gallardón sí
tenía servicio de escoltas propios y vigilancia. "Si alguien mintió
en esta comisión... ustedes sabrán", espetó a las portavoces de PSOE
e IU, que han amenazado con llevar a los tribunales los testimonios
contradictorios que se produjeran en el órgano de investigación.
Además, el responsable de Interior negó que tenga
estructuras parapoliciales o de espionaje en su consejería. Y
explicó que había realizado varias pruebas caligráficas para
comprobar que entre los exguardias civiles que colaboran con él no
había caligrafías coincidentes con la que se observa en los partes
de seguimiento publicados. Dicho todo eso, se cebó con la oposición.
Reprochó al PSM que haya intentado "desprestigiar y acabar" con el
Gobierno de Aguirre. Sobre su portavoz, Maru Menéndez, dijo que
hacía el ridículo y que no tenía nivel para ser parlamentaria, por
sentirse más cómoda "en el lodazal". A la diputada de IU Inés
Sabanés le afeó que se sumase a una estrategia de "derribo".
(www.elperiodico.com,
12/032/09)
20. LOS ESPIADOS SE REVUELVEN CONTRA AGUIRRE
Que Esperanza Aguirre haya cerrado con cajas
destempladas la comisión del supuesto espionaje en la Comunidad de
Madrid no significa que la ley del silencio funcione. lo pudo
comprobar la presidenta. Dos de los presuntos espiados del PP,
Manuel Cobo y Alfredo Prada, a los que ha impedido comparecer, se
rebelaron. Levantaron el dedo. Y dijeron que sí, que padecieron
seguimientos. La fractura en el PP volvió a asomar. Por el espionaje
y por la guerra en Caja Madrid.
Primero terció Cobo, vicealcalde de Madrid: "No
cambio nada de lo dije cuando se supieron los seguimientos, que creo
que, efectivamente, se han realizado. Se me ha seguido". El número
dos de Alberto Ruiz-Gallardón, durante 45 minutos, buscó liberarse
del fardo, rechazar las acusaciones de "mentir" que los aguirristas
habían arrojado al equipo del alcalde; la última vez, el miércoles,
por boca del consejero de Interior, Francisco Granados. Explicó con
detalle cómo los movimientos que describen los partes, en abril de
2008, "coinciden" con su agenda pública y privada.
No hay más vía que ésta, repitió Cobo: "Conocer
quién lo hizo, por qué, quién lo ordenó y con qué fines". Por eso él
mismo interpuso una denuncia ante la Fiscalía y otra en el juzgado
de guardia, cuando El País señaló a un técnico de seguridad, gracias
a exámenes grafológicos, como posible autor de las notas. "Granados
querrá saberlo", escurrió. "Y si hay falsedad documental [como alega
Aguirre], mi partido en Madrid querrá saberlo".
El vicealcalde insistió, y no por casualidad, en
el doble rasero de la Comunidad, al equiparar el seguimiento que él
asegura haber sufrido, y que Aguirre ha despreciado, con el que
afecta al número dos de la presidenta, Ignacio González, "igual de
infame y de mafioso". Así que, en su caso y en el del
vicepresidente, "se debe llegar a las últimas consecuencias",
subrayó.
Cobo eludió censurar el cierre de la comisión ya
finiquitada en la Asamblea de Madrid, aunque precisó que habría
estado "encantado" de comparecer si le hubieran citado. Se cuidó
asimismo de elevar responsabilidades a la cúpula nacional del PP.
Tiró a dar a Aguirre. Por un lado, refrendó lo que los ex consejeros
de Gallardón dijeron en la comisión, que la Comunidad no tiene
competencia para tareas de vigilancia o contravigilancia. Y por
otro, deslizó la sospecha: "Nada tiene que ver la estructura de un
cuerpo con que se mande hacer a alguien algo legal o ilegal".
Prada, ex consejero de Aguirre y hoy escudero de
Mariano Rajoy, convergió con Cobo. , en declaraciones a Europa
Press, se etiquetó como "víctima" de espionaje y se ratificó en que
"nunca" había mentido cuando dio credibilidad a los partes.
Confiaba, añadió, en que le dejaran explicarse en la Asamblea. La
Justicia dirá y si exculpa a la Comunidad, le satisfaría mucho,
sostuvo.
La otra grieta se llama Caja Madrid. Cobo anunció
que el Ayuntamiento de la capital interpondrá dos recursos contra la
Comunidad por "imponer" los nuevos estatutos de la entidad, que
menguan la representación del Consistorio en los órganos de
gobierno, porque se consideran "lesivos" para los intereses de los
madrileños. CCOO también prepara un recurso similar, informa
Virginia Zafra. El sindicato estudia acudir incluso al Defensor del
Pueblo: juzga inconstitucional la Ley de Cajas de Aguirre, aprobada
a toda prisa en diciembre de 2008.
González respondió seco. Cree "incongruente" que
Gallardón recurra ahora los estatutos de la caja, que tendrá que
aprobar la asamblea de la entidad el día 23 y, si no es así, los
impondrá el Gobierno regional. Sobre Cobo, nada: "Se ha dejado en
evidencia que no ha habido espionaje".
(www.publico.es,
13/03/09)
21. REPORTAJE: EL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE
MADRID LAS MENTIRAS DEL CONSEJERO Y SU CLAC DEL PP
El Gobierno de Esperanza Aguirre y el Grupo
Parlamentario Popular han deslizado múltiples mentiras durante las
cuatro sesiones de la comisión de investigación sobre el espionaje a
altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid. Lo que sigue sólo es
una muestra de las recurrentes falsedades, o errores, con los que
los dirigentes populares han intentado machacar a la oposición en el
Parlamento regional.
- "Muchos partes no se corresponden con la
agenda. Es incompatible estar en Chinchón y en León a la vez". El
consejero de Interior, Francisco Granados, descalificó alguno de los
33 partes de seguimiento porque supuestamente no coincidían con las
agendas de los espiados. Para ello, se apoyó en el diario El Mundo y
su resbalón -basado en un error de este periódico- respecto a una
fecha. Granados aseguró que mientras los espías situaban al ex
consejero Alfredo Prada en Chinchón, estaba en León. Pero, en
realidad, el parte de seguimiento no ofrece dudas: el 13 de mayo
cuentan los espías que Prada estaba en Chinchón. EL PAÍS publicó
incluso una fotografía de aquel día que acreditaba que Prada estuvo
allí. El propio Prada lo confirmó, aunque Granados no se dio por
enterado para mantener su mentira.
- "El diario EL PAÍS ya ha dicho que nunca ha
mantenido que el Gobierno de Esperanza Aguirre haya espiado". Los
partes de seguimiento y los informes de los peritos calígrafos
encargados por EL PAÍS acreditan que el espionaje se hizo desde el
Gobierno regional a través de agentes de la Dirección General de
Seguridad y así lo ha mantenido este periódico en todo momento. EL
PAÍS informa a través de lo que se publica en sus páginas. Granados
usó torticeramente unas declaraciones a la prensa de un periodista
de este diario sacadas de contexto.
- "Casualmente el parte falso (del 15 de marzo)
es el que tiene las anotaciones manuscritas". El consejero Granados
intentó colar en la comisión que las letras manuscritas aparecidas
en los partes correspondían a un solo día que, supuestamente, se ha
demostrado erróneo en su fecha aunque acertado en los hechos que
describe. Pero hay al menos otros dos partes donde aparecen textos
manuscritos con nombres y números.
- "Es ilegal tener los partes".
Granados se enfadó mucho cuando la oposición le
habló de los 33 partes de seguimientos a cargos públicos del PP que
obran en poder de la Fiscalía. Aseguró, en tono amenazante, que la
oposición no podía tener los partes porque sería ilegal. EL PAÍS
puso a disposición de la Justicia una documentación que ha venido
publicando desde hace semanas. Cualquier grupo parlamentario que la
hubiera solicitado a este periódico habría tenido una copia. Y no
hubiera cometido ninguna ilegalidad. Ninguna autoridad judicial ha
decretado el secreto de sumario ni ha ordenado que no se hagan
públicos los partes de seguimiento a los cargos del PP.
- "Alguien ha mentido a EL PAÍS cuando dice que
la agenda coincidía punto por punto con esos partes". El consejero
Granados acusó a su ex compañero de Gobierno Alfredo Prada, ex
consejero de Justicia, de mentiroso por responder a EL PAÍS que los
hechos relatados por los espías correspondían "punto por punto" a
sus actividades públicas y privadas.
En su última entrevista concedida a este
periódico, el pasado domingo, Prada lo dejó claro: "De mi vida
pública y de mi vida privada se han publicado una serie de hechos
que en su mayor parte coinciden con la realidad". Prada y personas
que almorzaron o se vieron con él durante los dos meses que, al
menos, duró el espionaje, han declarado que los seguimientos son
veraces porque los hechos relatados ocurrieron realmente.
- "Las agendas públicas y privadas están a
disposición de los escoltas, por supuesto". Para intentar justificar
de dónde pueden proceder los datos aparecidos en los partes de
seguimiento, algunos pertenecientes a la vida privada de los
espiados, el consejero de Interior aseguró que todos los escoltas
manejan esa información.
El subdirector general de Seguridad de la
Comunidad de Madrid, Miguel Castaño, llegó a decir ante los
diputados, sin mostrar síntomas de alarma, que esa documentación
delicada y confidencial aparecía tirada al día siguiente en los
coches de los escoltas. Distintos cargos públicos aseguraron a EL
PAÍS que sus agendas privadas no están a disposición de los
escoltas. "Por supuesto que no", señalaron.
- "La piedra angular de esta acusación eran los
supuestos partes, que a día de hoy no se sostienen". El portavoz del
PP, David Pérez, que cargó de falsedades su discurso en las
distintas sesiones de la comisión, llegó a asegurar que los partes
eran falsos, aunque el PP admitió que no los conocen en su totalidad
y que tenerlos sería una "ilegalidad" porque están a disposición de
la Fiscalía. De la veracidad de los partes han dado cuenta Alfredo
Prada, ex consejero de Justicia y diputado del PP; Manuel Cobo,
vicealcalde de Madrid; Álvaro Renedo, ex diputado del PP y ex
presidente de Telemadrid; y Carmen Rodríguez Flores, diputada del
PP.
- "Han tenido todos los medios a su alcance para
investigar". Probablemente sea la mentira más gruesa de cuantas ha
pronunciado el grupo popular. La dijo David Pérez. El PP, con su
mayoría absoluta, ha impedido que comparezcan 18 de las personas que
se admitieron en un principio en el seno de la comisión, entre
ellos, las espiadas, y ha vetado numerosa documentación clave para
investigar. Incluso la documentación que han remitido llegó cuando
estaba compareciendo la persona que había elaborado la misma, con lo
que se tuvo que hacer un receso para que los diputados la
estudiaran.
- "Los presuntos espiados no existen". Lo dijo
otra vez David Pérez. Pero existen. Se llaman Manuel Cobo, Alfredo
Prada, Álvaro Renedo, Carmen Rodríguez Flores, Juan Carlos
Fernández...
(www.elpais.com,
12/032/09)
22. AGUIRRE PRESIONA A RAJOY PARA QUE NO REABRA
LA INVESTIGACIÓN
Vistos los pasos de los últimos días, al PP de
Madrid, y a su líder, Esperanza Aguirre, ya sólo le restaba rematar.
Diligentemente, lo hizo. Utilizando a la presidenta de la Asamblea
de Madrid, Elvira Rodríguez, impuso el día de clausura definitiva de
la investigación del presunto espionaje en la Comunidad. El
miércoles 18 de marzo, el pleno de la Cámara discutirá –y aprobará–
el dictamen de conclusiones. Éstas se basarán en el relato de sólo
11 comparecientes y cuatro días de trabajos.
Una vez que la comisión de los espías cierre a
cal y canto, habrá que comprobar si Mariano Rajoy queda satisfecho y
si se atreve a encargar a su secretaria general, María Dolores de
Cospedal, que reabra las pesquisas internas. El PP de Madrid ya le
previno. Le presionó. "En este momento, la demostración de que no ha
habido espionaje a partir de la falsedad de los partes es tan
manifiesta, es tan clara y tan meridiana que, en mi opinión, nadie
se plantearía una investigación, porque la investigación se ha
producido ya en el seno de la Asamblea, con luz y taquígrafos". Eso
dijo en rueda de prensa, de forma alambicada, el hombre de Aguirre
en la Cámara, David Pérez.
Después, un alto cargo del Gobierno regional y
miembro de la cúpula del PP madrileño, aclaró a Público la posición
de su partido: "No tendría sentido", dijo, que De Cospedal reabriese
la investigación interna que suspendió el 2 de febrero, en cuanto
Aguirre accedió a crear la comisión en la Asamblea. "Es una
hipótesis que el PP de Madrid no contempla. No tendría ni pies ni
cabeza".
La consigna en Génova, la dirección nacional, es
nítida: Rajoy no quiere pronunciarse sobre el cierre de la comisión
del espionaje hasta que haya dictamen. Entonces, decidirá si reabre
la investigación interna. No obstante, De Cospedal, en conversación
informal con los periodistas, apuntó que "personalmente" no le
disgustaba que se dieran por liquidados los trabajos. "No me
disgusta, personalmente no me disgusta", destacó. Y matizó: "A mí,
ni me tiene que gustar ni me tiene que disgustar".
Para Maru Menéndez e Inés Sabanés, las portavoces
de PSOE e IU en la Asamblea, no caben las vacilaciones de Génova.
Ambas sostuvieron que "en coherencia" con lo que dijo De Cospedal en
su día, el PP debería reabrir el proceso interno. "Espero que Rajoy
no avale el golpe de mano de Aguirre", apuntó Sabanés. Las dos
portavoces comparecieron juntas tras encontrarse con una decisión
precocinada: Rodríguez planteó a la Junta de Portavoces que el 18 se
hiciese un hueco en el pleno para votar el dictamen. Casaba con la
estrategia desplegada por el PP, que se aferró a la información que
El Mundo publicó el domingo, dando por "falsos" los partes de
seguimiento al ex consejero de Aguirre Alfredo Prada.
Menéndez y Sabanés denunciaron el "atropello" del
PP, y le acusaron de instalar la "excepcionalidad democrática" en
Madrid. "No ha tenido ninguna voluntad de transparencia. Aguirre
tiene mucho que ocultar". Fue la sentencia de la socialista, que
rubricó Sabanés: "Esto no va a acabar así. Es el principio del fin
de la impunidad de la presidenta".
Pérez insistió en que la "comisión ha perdido su
base" pues las acusaciones de espionaje "son falsas". Atacó a PSOE e
IU por su "fingido agravio", fruto del "monumental fiasco" que les
produjo descubrir "la verdad". Amenaza final: "Exigiremos
responsabilidades políticas de este montaje".
(www.publico.es,
11/032/09)
23. GALLARDÓN LLEVA A LOS TRIBUNALES EL INTENTO
DE AGUIRRE DE HACERSE CON CAJA MADRID
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid
ha autorizado este jueves la presentación de un
recurso contra el
Proyecto de Estatutos y Reglamento Electoral de Caja Madrid aprobado
por la Comunidad de Madrid que reduce su representación en los
órganos de gobierno de la entidad financiera. Según ha dicho el
vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, en la rueda de prensa posterior
a la Junta de Gobierno, el Ayuntamiento considera "lesivo" para los
intereses de los madrileños y "contrario al artículo 2.3 de la Ley
de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro" la nueva representación de
las corporaciones locales en los nuevos estatutos.
Cobo ha afirmado que Madrid pasaría de 70 a 24
representantes y ha asegurado que detrás de este recurso "no hay
ninguna otra cuestión ni enfado" contra la Comunidad de Madrid, sino
sólo "la defensa de los intereses de los madrileños". El
vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, tildó de
"bastante incongruente" el recurso anunciado por el Ayuntamiento de
Madrid.
En primer lugar, reveló que le "sorprende" este
anuncio "porque los Estatutos no se han aprobado" todavía, por lo
que "será (un anuncio) a futuro". "Como todo esto es bastante
incongruente, no quiero pensar que esto sea un intento de amedrentar
e intentar orientar a los miembros de la asamblea general, que se
tienen que pronunciar dentro de unos días en relación a estos
estatutos, lo cual no tendría mucho sentido". "Creo que eso no es
razonable, creo que no es lo que se pretende", agregó.
"Lo que parece claro es que si el consejo de
administración de Caja Madrid ha dado su visto bueno por unanimidad
a los Estatutos, como no podría ser de otra manera, porque son unos
estatutos que lo único que hacen es adaptarse a la Ley en vigor, lo
razonable y normal es que la asamblea general, que es el órgano
máximo de la caja, pero que, a su vez, es la que ha designado a sus
representntes en el consejo de administración, y éste le propone
unos estatutos, lo lógico es que también vote a favor", consideró el
número dos de Esperanza Aguirre.
Además, destacó que "los representantes
supuestamente del Ayuntamiento en el consejo de administración de
Caja Madrid han votado a favor de estos Estatutos en el Consejo de
Administración que se celebró hace unos días".
"Por lo tanto, sería bueno que alguien explicase
por qué los representantes del Ayuntamiento en el consejo, que son
los que tienen capacidad de decidir y de proponer estos Estatutos,
votan favorablemente, y sin embargo, el Ayuntamiento hace un anuncio
de recurso", agregó.
(www.publico.es,
12/032/09)
24. VECINOS DE VALLECAS ACUSAN A BOTELLA DE
LIMPIAR SUS CALLES SÓLO CUANDO VA DE VISITA
Varios grupos de vecinos de Puente de Vallecas,
alrededor de una cincuentena, increparon a Ana Botella, delegada de
Medio Ambiente del Ayuntamiento, por la falta habitual de limpieza
en las calles de su distrito. También acusaron a la dirigente
popular de que las vías sólo se arreglan cuando va ella de visita.
Desde el Consistorio aseguraron que ya se han
realizado cuatro actuaciones de limpieza en el Puente de Vallecas,
con una duración de una semana y la intervención de 92 operarios
ayudados por 60 máquinas de limpieza.
Botella, también teniente de alcalde, fue al
barrio para comprobar las labores de limpieza que se están
realizando esta semana en cumplimiento del Plan de Limpieza General
2009, con el que, según explicaron desde Medio Ambiente, se pretende
llevar a cabo una "puesta a punto" de diferentes zonas de la
capital. Pero, durante su visita, varios vecinos de la Colonia Sandi
(en el distrito de Puente de Vallecas) se quejaron a Botella del
estado de abandono en el que se encuentran las calles habitualmente
y explicaron que sólo se limpia el distrito "cuando viene ella".
Uno de los vecinos, Eugenio Delgado, subrayó que
"sólo se están limpiando dos calles en el barrio" y explicó que
lleva 34 años viviendo allí y, hasta , "nunca se han visto dos
camiones de limpieza juntos". Botella le replicó que, según sus
datos, "el cien por cien de los vecinos y comerciantes encuestados
consideraron que la limpieza integral que el Ayuntamiento está
haciendo en todos los distritos es una actuación buena o muy buena".
Asimismo, la delegada pidió la colaboración de
los vecinos y afirmó: "El éxito de este plan depende de lo que
ocurra al día siguiente de la limpieza". "Queremos que los
madrileños se comprometan con la limpieza de su barrio, porque está
en manos de todos conseguir que se mantenga limpio el máximo tiempo
posible".
Desde el Ayuntamiento indicaron que el Plan en
Puente de Vallecas afectará a 84 calles distribuidas en 12 zonas en
torno a las calles de León Felipe, Rafael Fernández Hijicos, Luis
Marín, Carlos Solé, Montánchez, Felipe de Diego, Venta del Pájaro,
Río de San Lorenzo, Tierruca, la zona de Ruidera y la Colonia Sandi.
En estas zonas, los servicios de limpieza de la
capital, dicen desde el Ayuntamiento, llevarán a cabo una labor
"intensiva" de recogida de muebles y enseres, limpieza y recambio de
papeleras y contenedores, limpieza de los graffitis de las fachadas,
recogida de los residuos caninos en el pavimento y el baldeo y
barrido a fondo de calles y plazas.El año pasado se realizaron en
Puente de Vallecas 23 actuaciones que abarcaron 265 calles.
(www.elpais.com,
11/03/09)
25. UNA EDIL DEL PP DE GETAFE CARGA 32.000 EUROS
EN UNA TARJETA DEL AYUNTAMIENTO
Todo fue cosa de su hija de 14 años. Fue ella
quien en sólo cuatro meses se gastó casi 33.000 euros descargando en
Internet capítulos de sus series favoritas, entre ellas Perdidos.
Eso dijo la concejal del PP de Getafe, Blanca Rosa Alcántara, para
justificar la factura que ha pagado el Ayuntamiento por el uso de la
tarjeta de acceso a Internet que tenía asignada como herramienta de
trabajo. En todo el año pasado la cuenta superó los 40.000 euros.
Al borde del llanto y acompañada del portavoz
adjunto de los populares en el Consistorio getafense, José Luis
Vicente, Alcántara anunció que devolverá hasta el último euro
consumido con los intereses "que sean necesarios". Lo hizo después
de que, el pasado viernes, el gobierno local advirtiese a su partido
sobre la existencia de este gasto y abriese un expediente
informativo.
La edil popular dio su versión: su hija cogió sin
permiso la tarjeta municipal y se dedicó a descargar de Internet
series de televisión, especialmente una de sus preferidas, Perdidos.
Pese a que era habitual que su hija utilizase el ordenador portátil,
Alcántara, según dijo, nunca sospechó, ya que dispone en su casa de
un servicio inalámbrico de acceso a Internet. "Lo pagará ella
personalmente", precisaron fuentes del grupo popular.
Mientras, el equipo de gobierno cargó con dureza
contra el PP local, al que acusó de "irresponsable y negligente" y
de hacer "un mal uso de fondos públicos", señaló la portavoz
municipal, Sara Hernández. Dicha portavoz evitó pedir la dimisión o
el cese de la concejal, si bien calificó de "vergonzosa" la excusa
dada para justificar el gasto.
(www.elpais.com,
10/032/09)
