1. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO
OCHOA: EL TSJM CONFIRMA EL ARCHIVO DEL CASO DE LAS SEDACIONES
EN EL HOSPITAL DE LEGANÉS
La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado
en un auto el sobreseimiento y archivo del caso de las presuntas
sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés y
ordena además que se suprima toda referencia a la posible mala
práctica de los médicos denunciados. Según un portavoz de los
médicos afectados en su día por la denuncia de la Consejería de
Sanidad de Madrid, el auto de la Audiencia Provincial que ratifica
el archivo decidido en junio pasado por el Juzgado de Instrucción
número 7 de Leganés tiene fecha de 21 de enero y ha sido comunicado
hoy a las partes.
Ahora, el doctor Luis Montes y otros médicos
denunciados, así como la Asociación para la Defensa del Hospital
Severo Ochoa, "estudian formular querellas personales por denuncia
falsa contra los que, engañando a jueces y fiscales, denunciaron 400
asesinatos por eutanasia activa en el Hospital Severo Ochoa", ha
indicado la misma fuente. Además, el colectivo de sanitarios del
Severo Ochoa preguntará a la presidenta regional, Esperanza Aguirre,
"cómo, cuándo y por parte de quién se va a reparar el enorme daño
producido a los denunciados y al Hospital Severo Ochoa".
El 22 de junio de 2007, el Juzgado de Instrucción
número 7 de Leganés dictó auto de sobreseimiento del caso de las
presuntas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa, en una
resolución que consideraba que se produjo mala praxis médica pero
que no se podía acreditar la conexión entre ésta y las muertes, lo
que es imprescindible en materia penal para apreciar la existencia
de delito.
Según el auto, "una vez escuchados (los médicos)
sobre su manera de obrar, la instrucción parece agotada y no debe ir
más allá, ya que, por más que pudiéramos profundizar y proseguir, no
se llegaría en ningún caso a encontrar elementos bastantes para, por
dolo eventual o por culpa, responsabilizar criminalmente a los
imputados por las muertes de sus pacientes tras las sedaciones".
El Tribunal recordaba que la responsabilidad que
se les pedía, por vía penal, "no deja de ser la última a la que
acudir, pues es la que sanciona las conductas más graves y que, por
ello, exige de una certeza más allá de las presunciones".
El 19 de octubre, la Fiscalía de Madrid hizo
público un informe en el que consideraba, como finalmente ha
establecido la Audiencia Provincial, que se debía retirar del auto
de archivo "cualquier referencia a mala práctica médica aplicable a
la conducta profesional de los médicos imputados".
(www.publico.es, 28/01/08)
2. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO
OCHOA: COMUNIDAD DE MADRID: LA JUSTICIA TUMBA EL BULO DE AGUIRRE
SOBRE LAS SEDACIONES DE LEGANÉS
Les llamaron asesinos, fueron represaliados, la
Comunidad de Madrid, que preside la popular Esperanza Aguirre, se
escudó en un anónimo para denunciarles por matar a 400 pacientes
terminales y la Cope y El Mundo los crucificaron. Nada. No queda
nada.
La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado
definitivamente el bulo de las sedaciones en Leganés y ordena
restituir el nombre de Luis Montes, ex coordinador de Urgencias del
Hospital Severo Ochoa de Leganés, y retirar cualquier alusión a mala
práctica médica. No sólo no hubo causa penal, ni siquiera mala
práctica. Y eso, tras mirar con lupa 339 historias de los muertos en
la urgencia de Leganés durante tres años.
En 22 de junio pasado, el juez de Leganés que
desde hacía dos años investigaba las supuestas sedaciones
irregulares en Leganés archivó el caso. Montes había ganado. Pero no
del todo. El titular del juzgado, Rafael Rosel, daba satisfacción al
ex consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, del PP, al afirmar
en su resolución: "Varios pacientes han muerto tras mala práctica
médica a la hora de sedarles".
Ese archivo parecía el último capítulo de un caso
que comenzó el 11 de marzo de 2005, cuando Lamela dio pábulo a una
denuncia anónima sobre más de 400 homicidios en Leganés. Dar crédito
a ese escrito suponía pensar que un servicio completo de un hospital
(decenas de médicos y enfermeras) llevaba años matando a su antojo a
los pacientes que por allí pasaban. Pese a ello, y a que una
investigación de la consejería dos años antes no había encontrado
nada, Lamela relevó a Montes y denunció el caso.
Montes y su segundo, Miguel Ángel López Varas,
(que han dado la cara por los 14 médicos imputados) pudieron aceptar
el archivo. Ya no podían ser condenados. Pero recurrieron a la
Audiencia de Madrid para que el juez eliminara la alusión a la mala
práctica médica.
En un auto fechado del pasado 21 de enero, la
sección decimoséptima de la Audiencia accede a la petición de los
médicos y ordena "tener por suprimida toda mención realizada en el
auto recurrido a la mala praxis médica". La sala considera que "ha
sido un exceso" del juez esa mención, ya que no ha investigado los
suficiente para concluir eso.
Además de esa reparación, la Audiencia arremete
contra la comisión de expertos que designó a dedo Lamela y que
detectó 73 casos de sedaciones excesivas, contra el informe del
Colegio de Médicos que, a instancias del juez, halló 34 sedaciones
irregulares.
La Audiencia demuestra que cometieron errores de
bulto en los análisis. El auto afirma que las conclusiones del
Colegio de Médicos son "sumamente controvertidas" y pone ejemplos de
lo mal que analizaron las sedaciones. "Se ha puesto de manifiesto
errores en la valoración de las historias clínicas de los pacientes
fallecidos, casos en los que se decía que no se había tratado la
enfermedad de base y que estando en coma hipoglucémico fue sedada,
cuando parece que la glucemia fue revertida y el coma se produjo por
un shock séptico con paro multiorgánico, momento en el que fue
sedada". También resalta otro cas en el que el informe "dice que el
paciente estuvo 12 horas sin tratamiento base y al que directamente
se aplicó la sedación, cuando en realidad se produjo un error en la
lectura de entrada al hospital, tomando el perito las 23 horas por
las 11 de la mañana". Ese perito criticó que la mujer falleciera a
los minutos de recibir la sedación cuando estuvo más de 12 horas con
el tratamiento antes de fallecer.
La Audiencia apoya la tesis de la Sociedad
Española de Epidemiología que, en un informe remitido al juzgado en
noviembre de 2005, desmontó las conclusiones de la comisión Lamela.
La sala critica que el informe no tenga en cuenta el peso y la talla
del paciente para considerar excesiva una dosis, algo básico, según
la Sociedad de Epidemiología.
Además, discrepa de los expertos de Lamela cuando
dicen que no se puede sedar a un paciente en coma y dice que "es un
tema discutido". Aunque la comisión Lamela dictó que estaban mal
sedados, la Sociedad de Cuidados Paliativos la considera aceptable.
La sedación terminal es aquella que se aplica al paciente terminal
para calmarlo aunque pueda acelerar la muerte. Está aceptada por la
Iglesia católica.
La denuncia afirmó que los familiares de los
sedados nunca dieron su consentimiento, algo que queda también
desmentido. Pero el auto confirma que si en las historias clínicas
faltaban los consentimientos escritos, era porque los custodiaba
Montes y los aportó al juzgado. Tras una denuncia previa, Montes
estableció una hoja de consentimiento informado que guardaba en su
despacho. En los casos que carecían de este escrito, prosigue el
auto, "en las hojas de enfermería se hace mención de consentimientos
prestados de forma oral, siendo también discutido si es necesario en
momentos críticos recabar el consentimiento por escrito, motivo por
el cual habría casos en los que no existiese la hoja de dicho
consentimiento". Contra el auto no cabe recurso.
Los médicos del Severo Ochoa y la oposición
pidieron la dimisión de Lamela y excusas de Aguirre. No obtuvieron
ni una ni otra. Lamela no apareció y Aguirre intentó desmarcarse de
la denuncia. Afirmó que la Comunidad de Madrid "no es parte del
proceso" judicial y que "nunca ha acusado a nadie". Eso no es
cierto: fue la consejería la que el 27 de mayo de 2005 denunció el
caso al juzgado cuando vio que el fiscal iba a archivar la denuncia
que le había remitido Lamela. Las asociaciones de pacientes Adepa y
Avinesa, apoyaron al denuncia aunque sólo una de las familias de los
339 fallecidos denunció pro su cuenta en el juzgado y fue archivado.
La presidenta del Colegio de Médicos de Madrid,
Juliana Fariña, cuyo comité ha quedado desprestigiado, tampoco se
dio por aludida y "se congratula" por el archivo. Montes tiene ya se
ha querellado contra a los principales locutores de la Cope y
estudiamás denuncias. Nadie se hace responsable del calvario de 14
médicos ni de los pacientes que desde entonces han muerto con dolor.
(www.elpais.com, 29/01/08)
3. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO
OCHOA: LA FISCALÍA CARGA CONTRA LAMELA Y SUS EXPERTOS POR SER
PARCIALES EN EL 'CASO LEGANÉS'
La fiscalía ha cargado en un duro escrito contra
la actuación de la Comunidad de Madrid y la comisión de expertos que
designó a dedo por su actuación parcial en el caso Leganés, la
denuncia archivada por el supuesto abuso de sedaciones en el
hospital Severo Ochoa de Leganés. El fiscal apoya así el recurso de
Luis Montes para que el juez del caso retire del auto de archivo la
expresión que señala que cometió mala práctica. Pese a tener el caso
archivado, Montes pretende así limpiar su nombre.
El 11 de marzo de 2005, el coordinador de
urgencias de Leganés, Luis Montes, y su equipo comenzaron un
calvario que aún colea. La Comunidad de Madrid dio crédito a una
denuncia anónima que relataba 400 homicidios en urgencias durante
años. Al consejero, Manuel Lamela, del PP y hoy responsable
autonómico de Obras Públicas, no le importó que su departamento
hubiese archivado dos denuncias previas tras investigar
exhaustivamente el servicio: relevó a Montes y tramitó la denuncia.
Los dos fiscales del caso Leganés han roto su
silencio y, en escrito de 39 folios, han dejado claro que la
instrucción del caso y la denuncia de la Comunidad les parece sin
fundamento. Tras repasar los precedentes del caso -detalla las
inspecciones previas-, el fiscal califica de "sorprendente" que la
Comunidad presentara una denuncia por este caso.
La Comunidad envió a sus inspectores, que no
hallaron relación entre las sedaciones y la muerte y destacaron que
los pacientes sedados eran terminales (la sedación terminal es una
práctica médica admitida para aliviar la agonía incluso si acorta la
vida). Pese a ello, la Consejería designó una comisión de expertos
-la comisión Lamela- para reevaluar las historias. Esta comisión,
que no entrevistó a los médicos, halló 73 "sedaciones irregulares".
Con este informe, Lamela denunció el caso en el juzgado y cerró la
investigación del fiscal. "No hay razón aparente que justifique el
extraño proceder de la Consejería", sostiene el fiscal.
Sobre ese informe, el fiscal afirma: "Las
conclusiones carecen de apoyo científico que las soporten o bien
aportan datos intrascendentes. No aportan indicio alguno de mala
praxis médica pese a que se afirme con toda rotundidad en las
conclusiones. Señala que en 73 casos la sedación se ha realizado
fuera de la lex artis ad hoc pero no define cuál sería el
tratamiento acorde". El fiscal acusa al comité de "falta de
imparcialidad" por su gestación y su composición (contrarias a la
sedación y próximas a la Consejería) y señala que con "la
inconsistencia y falta de rigor técnico del informe", no se puede
extraer "indicio de actuación delictiva de los médicos".
El juez archivó el caso el pasado junio, aunque
afirmó: "Se ha practicado mal la medicina, pero no consta que las
muertes sean consecuencia de ello". Montes ha recurrido para que se
quiten esas afirmaciones del auto de archivo y el fiscal le apoya.
(www.elpais.com, 28/01/08)
4. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO
OCHOA: AGUIRRE: "ME ALEGRO DE QUE NO HAYA HABIDO MALA PRAXIS"
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, se ha alegrado hoy de que finalmente no haya
habido mala praxis médica en el hospital Severo Ochoa de Leganés,
después de que el caso haya sido archivado.
Tras asistir como presidenta del PP de Madrid a
una reunión para preparar la estrategia electoral de las próximas
elecciones generales, Aguirre ha comparecido en rueda de prensa, en
la que ha sido preguntada por el auto de la Audiencia Provincial de
Madrid que dicta el sobreseimiento y archivo del caso de las
presuntas sedaciones irregulares en el citado hospital.
"No podemos sino alegrarnos que no haya habido
mala praxis", ha subrayado Aguirre, quien ha precisado que no tiene
nada personal contra ninguno de los inculpados en su momento.
Ha explicado, además, que cuando se puso en tela
de juicio el asunto de la mala praxis o no del hospital, lo pusieron
en manos de la Justicia.
Los cargos de confianza fueron en ese momento
relevados y, después del sobreseimiento del caso, ha dicho, "se hará
lo que corresponda y lo que se tenga que hacer".
(www.publico.es, 28/01/08)
5. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO
OCHOA: AGUIRRE, EN 2005: "UNA EQUIVOCACIÓN ES REVERSIBLE"
Es lo que tienen las hemerotecas. Ponen a cada
uno en su justo lugar y resucitan declaraciones del pasado que hoy
pueden resultar incómodas. En abril de 2005, cuando comenzó el
calvario de los médicos del hospital Severo Ochoa de Leganés, la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lanzó un
mensaje para los profesionales afectados. "El consejero de Sanidad
[Manuel Lamela] se puede haber equivocado y yo misma también me
puedo haber equivocado", tranquilizó la presidenta. Ante ese riesgo
de haber metido la pata con unos médicos que fueron destituidos de
sus puestos, Aguirre capeó el temporal: "Pero esa equivocación es
reversible. En cuanto esto se aclare, se vuelve a reponer a esas
personas".
Las afirmaciones de Aguirre entonces ya no suenan
tan tajantes tres años más tarde. "Nunca dije que Lamela se había
equivocado", afirmó cuando se le preguntó si se readmitiría a los
médicos expulsados. "Los cargos de confianza que no se han ganado
por oposición, que fueron nombrados por un determinado Gobierno,
fueron relevados en ese momento", se excusó.
Hace tres años, la presidenta de la Comunidad de
Madrid justificó que su Gobierno creyera las acusaciones de un
particular: "Es cierto que no lleva firma, pero tiene los nombres y
dos apellidos de los pacientes y una serie de datos sobre las
historias clínicas. No tengo más remedio que dar traslado al
fiscal". A pesar del perjuicio causado, Aguirre insistió en que hizo
lo correcto: "Se había puesto en tela de juicio la actuación de
estos médicos". Y añadió, muy tranquila, que no tenía "nada personal
contra esta gente", informa Carlos E. Cué. Aguirre, que se excusó
dos veces en que aún no había leído el auto de la Audiencia Nacional
para esquivar las preguntas, sólo concedió: "Me alegro de que no
hubiera mala praxis". La presidenta regional no quiso comprometerse
a reincorporar a los médicos. "No quiero aventurar nada. Se hará lo
que corresponda", señaló.
El que no se contradijo fue el ex consejero de
Sanidad, Manuel Lamela. Simplemente porque se negó a decir una
palabra. Así no tuvo que enfrentarse a su contundente declaración de
2005, cuando aseguró: "Las acusaciones recibidas indican que se han
producido sedaciones irregulares con resultado de muerte". Lamela
evitó responder también a la pregunta más evidente: ¿Dimitirá usted?
Sobre este asunto él dijo en 2005: "La dimisión se plantea cuando
uno está cansado o cuando uno se equivoca. De momento creo que es
evidente que yo no me he equivocado". Mariano Rajoy, presidente del
PP, tampoco dijo nada , aunque sí respaldó a Lamela en 2005: "El
consejero Lamela es uno de los políticos más importantes de nuestro
partido. Él no es el prototipo de persona que toma sus decisiones
sin saber por qué las toma o sin conocimiento de causa".
Quien sí opinó fue el ministro de Sanidad, Bernat
Soria, que exigió a Aguirre y a sus consejeros "que acusaron a los
profesionales" del Severo Ochoa de "mala praxis" que pidan "perdón
públicamente". Soria dijo que "una acusación sin base causa daño a
las personas, ciudadanos, profesionales y también al Sistema
Nacional de Salud".
El actual consejero madrileño de Sanidad, Juan
José Güemes, le respondió. "Es ridículo", dijo. "El ministro no se
ha enterado de que nosotros no acusamos a nadie". Güemes, además,
dio la puntilla y reconoció que Montes no será repuesto en sus
antiguas responsabilidades como jefe de Urgencias: "Fue cesado
porque se perdió la confianza en él y en su manera de gestionar. El
servicio ha mejorado notablemente desde que fue asumido por otros
profesionales".
(www.elpais.com, 29/01/08)
6. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO
OCHOA: AGUIRRE SE NIEGA A PEDIR DISCULPAS Y READMITIR A LOS MÉDICOS
DE LEGANÉS
El Gobierno de Esperanza Aguirre no prevé ni
pedir disculpas ni reponer en sus puestos a los 15 médicos de
Leganés (Madrid) absueltos por la Audiencia de Madrid de la
acusación de haber practicado 400 eutanasias activas en las
urgencias del Hospital Severo Ochoa. "¿Pedir perdón, por qué? La
Comunidad no ha tenido nada que ver con este caso", aseguró altivo
el consejero de Sanidad, Juan José Güemes.
El consejero trató de no desautorizar a su
antecesor, Manuel Lamela, autor de la denuncia contra los
facultativos que han desmontado los tribunales. Orgulloso de lo que
hicieron, Güemes argumentó que la decisión de apartar a Luis Montes
de la coordinación de las urgencias fue la correcta: "Fue destituido
por razones organizativas y, con la información que teníamos
entonces, la decisión estuvo bien tomada".
El responsable de la sanidad madrileña aseguró
que, tras la destitución de Montes, las urgencias funcionan mucho
mejor en Leganés e insistió en que la Comunidad de Madrid no fue ni
juez ni parte en el proceso porque no se personó como acusación.
Los médicos lo desmienten mientras preparan una
querella de responsabilidades penales y contencioso administrativas
contra Manuel Lamela, actual consejero de Transportes, y su anterior
equipo. Se basarán en que la viceconsejería de Sanidad encendió la
mecha en mayo del 2005 al presentar una denuncia sobre lo que
supuestamente ocurría en el hospital, con nombres y apellidos, al
ver que la fiscalía iba a archivar la causa. También subrayan que
Lamela, mudo y de vacaciones, no habló de eutanasia pero sí de
"sedaciones irregulares e indebidas con resultado muerte".
Montes reiteró que no confía en que la Comunidad
de Madrid rectifique, dada la "soberbia" de quienes la gobiernan.
"Yo no aceptaría una reposición. Para mí han perdido toda la
confianza", sentenció.
(www.elperiodico.com, 30/01/08)
7. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO
OCHOA:LAMELA EN EL HOTEL DE BAQUEIRA: "YA NO SOY CONSEJERO DE
SANIDAD"
Ya no soy consejero de Sanidad. Estoy con mi
familia de vacaciones. Y las vacaciones son sagradas. Así despachó
ayer Manuel Lamela a los periodistas de EL PAÍS y la Cadena SER que
le encontraron en la estación de esquí de Baqueira Beret (Lleida).
Lamela se remitió a las declaraciones realizadas los últimos cuatro
días en el PP. Y prometió que opinará el sábado, en la "inauguración
de unas cocheras", sobre el auto que exculpa al Doctor Luis Montes y
su equipo de las falsas sedaciones irregulares de las que él y la
Consejería que dirigió hicieron bandera política.
Desde el lunes, la portavoz de Lamela en la
Consejería de Transportes, que ahora encabeza, aseguró que su jefe
estaba de viaje de trabajo. Pero en realidad pasaba el día esquiando
en Baqueira con su familia. Anoche, alrededor de las nueve, Manuel
Lamela, ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y
principal impulsor del falso caso de las sedaciones del hospital
Severo Ochoa, fue fotografiado al salir del hotel de cinco estrellas
en el que se hospeda, junto a su mujer y sus tres hijos. Subió a un
Mercedes gris. También fue fotografiado al regresar al hotel, a las
once de la noche.
El actual consejero de Transportes, desaparecido
en la montaña, pasó ayer de estar de "viaje de trabajo" a
encontrarse de "vacaciones familiares programadas desde hace
tiempo". Ignacio González, vicepresidente regional y mano derecha de
Esperanza Aguirre, le delató para justificar la ausencia del alto
cargo en el Consejo de Gobierno.
El inmediato subordinado de Lamela en Sanidad y
hoy Defensor del Menor, Arturo Canalda, aseguró a este periódico,
que tiene la conciencia "tranquila". La batalla política del caso
Leganés ya se libra en el terreno nacional.La resolución del caso
Leganés ha desatado una batalla política en Madrid que cada día
eleva más el tono de la discusión entre la izquierda y la derecha.
Los primeros, PSOE e IU, acusan al gobierno regional de mentir y
piden dimisiones. El PP lo rechaza y asegura que actuó correctamente
retirando a los médicos de las Urgencias del Severo Ochoa en 2005.
La batalla política ha dado un salto a la escena
nacional. En el PP hay varias consignas. Niegan que la Comunidad de
Madrid denunciase el caso ante los tribunales y aseguran que el auto
no reconoce que no hubiera mala praxis, sino que no se ha podido
demostrar que la hubiera. Ambas son falsas. Dicen que no pedirán
perdón por el daño moral y profesional a los médicos del Severo
Ochoa. Ni les devolverán el puesto que les quitaron, aunque lo
prometiera Aguirre hace tres años cuando dijo: "Todo es reversible".
Ahora dicen que los ceses se produjeron "por falta de confianza".
Con ese guión, el portavoz del PP en el Congreso,
Eduardo Zaplana, dijo: "Los tribunales han fallado de una forma pero
no dicen si hacían mal las sedaciones, sino que no se puede
acreditar cómo se hacían". Su homólogo en el PSOE, Diego López
Garrido, mostró su perplejidad: "La sanidad pública sufrió un ataque
furibundo. Y han tenido que ser los tribunales los que censuren la
política sanitaria". Gaspar Llamazares, coordinador general de IU,
calificó la actitud del PP de "desacato" por negarse a devolver a
Montes el puesto que se le quitó por algo que era mentira.
Llamazares pidió al ministro de Sanidad, Bernat Soria, que acuda a
la Abogacía del Estado para "defender" a los médicos. Precisamente,
Soria exigió al gobierno de Aguirre que deje "de negar la evidencia
y el Estado de Derecho".
En el ámbito regional, Tomás Gómez, secretario
general de los socialistas, solicitó la comparecencia de Esperanza
Aguirre en la Asamblea. Y exigió dos dimisiones. La de Lamela y
también la del actual consejero de Sanidad, Juan José Güemes.
Antonio Beteta, portavoz popular en la Asamblea, las rechazó.
Fuera de la política, la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública se unió a la
petición de la oposición. "Deben depurarse responsabilidades por el
ataque y desprestigio a la sanidad", aseguró su presidenta, Carmen
Ortiz.
(www.elpais.com, 01/02/08)
8. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO
OCHOA:EL ARGUMENTARIO DE LOS POPULARES MIENTE SOBRE EL ORIGEN DEL
CASO
El PP envía cada día un breve documento, que
llama Argumentos para ganar, comentando los asuntos de actualidad.
Se trata de que los diputados, senadores y cargos públicos den el
mismo mensaje en sus intervenciones en los medios. El que distribuyó
ayer se detenía en el caso del Severo Ochoa para exculpar al
Gobierno de Esperanza Aguirre.
"Conviene recordar que la Comunidad de Madrid no
ha sido parte en este juicio y en nada le afecta la sentencia sobre
el caso de las sedaciones en el Hospital de Leganés. La Comunidad
recibió una denuncia e hizo lo mismo que el Ministerio de Sanidad;
esto es, la puso en conocimiento del Fiscal; ambas Administraciones
cumplieron su obligación para garantizar la salud de los pacientes".
"Los informes de los peritos independientes
concluyeron que se habían producido irregularidades en las
sedaciones; también el informe de los forenses puso en duda algunos
aspectos. El auto de la Audiencia se limita a señalar la
irrelevancia jurídico-penal de la existencia o no de mala praxis y,
en consecuencia, ha ordenado eliminar cualquier referencia a la
misma", señala el texto del PP.
El argumentario está plagado de inexactitudes. La
Comunidad de Madrid sí es parte del proceso, porque el entonces
viceconsejero de Sanidad, Arturo Canalda, interpuso la denuncia el
24 de mayo de 2005.
Medidas cautelares
El escrito al juez decía: "Teniendo en cuenta la
presunta trascendencia de los hechos dictaminados por la comisión de
expertos y la posible concreción de indicios de presuntas
irresponsabilidades en determinados facultativos, se interesa del
órgano jurisdiccional competente que previos los trámites que
pudiera estimar oportunos dictamine, sobre la eventual adopción de
medidas que por parte del propio órgano judicial, de la
administración autonómica o colegio profesional debieran adoptarse,
en su caso, de manera cautelar".
La Comunidad llevó el caso al juzgado cuando la
fiscalía iba a archivar el caso. Así, desactivó la investigación del
fiscal jefe de Madrid, ya que cuando un juez entra en un caso lidera
la investigación y el fiscal se aparta.
La denuncia de la Comunidad de Madrid recayó en
el juzgado 7 de Leganés, que archivó el caso, aunque admitió que
hubo "mala práctica médica". La Audiencia ordenó eliminar cualquier
referencia a la práctica médica y archivó el caso.
(www.elpais.com, 01/02/08)
9. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO
OCHOA: GÜEMES SE REAFIRMA EN LA DESTITUCIÓN DE MONTES POR "PÉRDIDA
DE CONFIANZA"
Juan José Güemes, consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, ha declarado respetar la decisión de la
Audiencia Provincial de confirmar el sobreseimiento del caso de las
presuntas sedaciones irregulares denunciadas en el Hospital Severo
Ochoa de Leganés. Sin embargo, se ha reafirmado en la corrección del
cese del médico Luis Montes como coordinador de urgencias del centro
sanitario.
"El cese de Montes se produce como consecuencia
de la pérdida de confianza en él", ha declarado. "La Justicia, en
sentencia firme, ha reconocido que la separación del doctor de ese
puesto de confianza se ajustó plenamente a derecho".
Juan José Güemes es el sucesor como titular de
Sanidad de Manuel Lamela, que fue quien decidió separar a Montes de
su puesto, pero ha decidido mantener la misma postura que su
antecesor. Lamela ocupa actualmente la cartera de Transportes e
Infraestructuras en la Comunidad de Madrid. Tanto él como la
presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, no han realizado
declaraciones al respecto de momento.
(www.elpais.com, 28/01/08)
10. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO
OCHOA: EL PP SE NIEGA A ASUMIR LA MÁS MÍNIMA RESPONSABILIDAD POR EL
'CASO LEGANÉS'
En tiempos de varapalos judiciales, el PP
prefiere hacer mutis por el Foro. Ni Rajoy, ni Esperanza Aguirre ni
el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes,
han querido asumir la más mínima responsabilidad tras el archivo de
la denuncia de la Comunidad de Madrid en el caso de las sedaciones
del Hospital Severo Ochoa de Leganés.
De hecho, Rajoy ha optado por hacerse el
despistado al asegurar no conoce "bien el asunto", según ha
confesado en una entrevista en Antena 3. Y poco más salvo
vaguedades: "Hay que estar a lo que digan los jueces porque son los
que tienen la última palabra (...). Creo que aquí lo que hubo fue
una denuncia, y las denuncias no se tiene por qué ganarlas siempre,
a veces, como en la vida, te dan la razón, y a veces no".
Una destitución acertada
Juan José Güemes ha preferido no rectificar un
ápice lo ya hecho y negarse a pedir excusas. Así, considera que fue
"acertado" destituir al doctor Montes del Hospital Severo Ochoa de
Madrid ante las sospechas de que se estaban produciendo sedaciones
irregulares en el servicio de Urgencias de dicho centro.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid
ha asegurado que no se restituirá al médico porque el motivo de su
destitución no fue la sanción disciplinaria, sino la falta de
confianza de la Consejería en Montes para ocupar el puesto de
gerente de Urgencias. Güemes subrayó asimismo que desde que se
produjo dicho cese los datos de funcionamiento del servicio muestran
una "clara mejora".
A la salida de la inauguración de un simposio
internacional sobre envejecimiento en la Fundación Ramón Areces, la
presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha eludido responder
a los periodistas sobre este asunto.
(www.publico.es, 29/01/08)
11. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO
OCHOA:EL PP RECHAZA LAS DIMISIONES DE LOS CONSEJEROS LAMELA Y GÜEMES
POR EL 'CASO SEVERO OCHOA'
El portavoz del PP en la Asamblea, Antonio
Beteta, ha rechazado hoy la dimisión del actual consejero de
Sanidad, Juan José Güemes, y del consejero de Transportes e
Infraestructuras y ex titular de Sanidad, Manuel Lamela, por el caso
de las sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de
Leganés, archivado el lunes. Además, ha asegurado que la
interpretación del reglamento que la Mesa de la Asamblea lleva
haciendo desde 2001 impide la comparecencia de la presidenta
autonómica en el pleno. El PSM había hecho poco antes estas tres
peticiones, mientras que IU ha pedido a Sanidad que recurra a los
tribunales para obligar a Esperanza Aguirre a devolver a los médicos
a los puestos de los que fueron apartados.
En rueda de prensa en el Parlamento regional,
Beteta ha afirmado que la Comunidad "siempre actuó correctamente" en
el caso del Severo Ochoa y que "siempre ha tomado las medidas para
defender la sanidad pública y para ofrecer el mejor servicio a los
pacientes". En su opinión, "se obró conforme a derecho" en el cese
del ex coordinador de Urgencias del Severo Ochoa, Luis Montes, y que
"siempre se ha actuado legal y correctamente". Beteta ha sostenido
además que el Gobierno de Aguirre "nunca ha formado parte en el
proceso sino que se limitó a poner en conocimiento de la Fiscalía
los hechos". En consecuencia, rechaza cualquier petición de cese de
Lamela y Güemes, al entender que "siempre han actuado lealmente con
los ciudadanos y correctamente con los médicos y con los pacientes
madrileños".
Por último, ha asegurado que "tal
antirreglamentaria petición" sólo responde a la desesperación de los
socialistas por la apertura de los siete nuevos hospitales en el mes
de febrero. En opinión de Beteta, "Tomás Gómez y el PSM tiemblan con
la entrada en funcionamiento de los hospitales" y sostiene que ésta
es la razón por la que atacan a Lamela, "que además fue el promotor
de la reducción de la espera quirúrgica, que es la más eficiente de
España". Beteta respondía así a la exigencia hecha poco antes en
rueda de prensa por el líder de los socialistas madrileños, que ha
exigido a Aguirre que "no siga con el autismo" y dé explicaciones en
la Asamblea. También le ha pedido que "asuma sus responsabilidades"
tras la resolución judicial que niega la mala praxis en el Severo
Ochoa y cese a Güemes y Lamela.
(www.elpais.com, 31/01/08)
12. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO
OCHOA:LA EXCUSA DEL PP PARA PRIVATIZAR LOS CENTROS MADRILEÑOS
"El caso de Leganés no sólo hizo un daño ingente
a la moral médica sino que fue un desprestigio de la Sanidad
pública". Así opina el portavoz socialista de Sanidad en la Asamblea
de Madrid, Lucas Fernández, quien cree que fue una de las excusas de
la Consejería de Sanidad para poner en marcha el modelo sanitario
actual en la Comunidad, que tendrá en los próximos meses ocho nuevos
hospitales, construidos con dinero público pero gestionados por
empresa privadas.
El caso al que se dio carpetazo sirvió como
justificación. Fue una cortina de humo para desviar la atención. Así
lo cree la presidenta de la Federación de Asociaciones por Defensa
de la Sanidad Pública y radióloga del Severo Ochoa, Carmen Ortiz.
Asegura que la denuncia, la destitución de Luis Montes y el juicio
fueron "un montaje para desprestigiar a la sanidad pública". El
objetivo era crear incertidumbre para justificar lo privado, dice.
En los últimos cuatro años, los conciertos en la
sanidad madrileña han crecido un 76,27%, según un informe de UGT
basado en los presupuestos regionales. En 2004, se destinaron 531
millones de euros a la asistencia sanitaria gratuita en centros
privados (conciertos). Para este año, la cantidad asciende a 936
millones.
¿Llegó a los usuarios el mensaje? En UGT creen
que así fue, a la vista de los que adquirieron un seguro privado en
2005, cuando se hizo público el caso: el número de asegurados subió
un 21,6%, según la Unión Española de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras. En 2006, ya lo tenía el 29,5% de los madrileños.
Otra de las excusas de que se sirve el Gobierno
de Esperanza Aguirre para menguar los recursos a la sanidad pública
es el compromiso que adquirió en 2003: reduciría a 30 días las
listas de espera. Pretendió conseguirlo estableciendo conciertos
económicos con clínicas privadas, para despejar la espera en los
centros públicos.
El número creciente de pacientes que se han
negado a ser atendidos en hospitales privados refleja el cambio de
tendencia. En septiembre de 2004 fueron 4.700; en el mismo mes del
año pasado, 13.303. Dispuesta a cumplir su promesa sin tener por qué
seguir las reglas del juego del resto de comunidades, Aguirre
estableció un sistema propio de cómputo de enfermos, lo que llevó al
Ministerio a excluir a Madrid del sistema nacional de información
sobre listas de espera.
(www.publico.es, 29/01/08)
13. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO
OCHOA: EL ATASCO EN URGENCIAS DE LEGANÉS SUBIÓ UN 55% TRAS LA MARCHA
DE MONTES
La Comunidad de Madrid volvió a usar datos falsos
contra Luis Montes y los médicos del hospital Severo Ochoa de
Leganés, exculpados por la Audiencia Provincial de practicar
sedaciones irregulares. Por un lado, negó que el Gobierno regional
denunciase el caso al juzgado -lo hizo el 27 de mayo de 2005- y, por
otro, manipuló la mortalidad en urgencias para sostener que el
servicio ahora es mejor. La realidad es que el atasco de 2007 es un
55% superior al que tuvo con Montes en 2004.
El consejero de Sanidad, Juan José Güemes,
sostuvo por la mañana que el relevo de Montes fue una decisión "bien
tomada", y que "la situación en urgencias ha mejorado mucho" desde
que no está el médico (2005). Para justificar a Güemes, Sanidad dio
horas después el dato de fallecidos en urgencias, que ha bajado de
203 en 2004 a 99 en 2007. Las muertes en el hospital se redujeron en
ese tiempo un 12%, según una portavoz, que no supo dar las cifras
precisas.
En realidad, Sanidad hace una interpretación
torticera, ya que en la última mitad de 2004 abrió el hospital de
Fuenlabrada y la población atendida en el Severo Ochoa bajó en más
de 180.000 personas. Así que es lógico que muera menos gente en el
hospital. El descenso en urgencias se explica en que tras la salida
de Montes, si un paciente estaba a punto de morir lo subían a planta
por orden de la consejería. Según fuentes del centro, uno llegó a
fallecer en el ascensor.
Contando con el efecto de la población, la
mortalidad en el Severo Ochoa subió: de 262 muertes por cada 100.000
pacientes atendidos en 2004 a 319 en 2005, según datos del hospital
aportados por el Comité de Empresa y Comisiones Obreras. Esto
tampoco significa que la atención fuera peor. La población de
Fuenlabrada es mucho más joven que la de Leganés y al irse, el
porcentaje de fallecidos subió.
Lo que sí empeoró con la marcha de Montes fue la
estancia de los pacientes en urgencias. En 2004 (en el periodo de
enero a septiembre, el único que CC OO pudo comparar antes de que la
dirección retirase el acceso del personal a los datos), sólo el
6,99% de los que acudían a urgencias pasaba allí más de 24 horas. En
2007, ese porcentaje subió un 55,3%. El porcentaje de los pacientes
que permanecieron más de 12 horas subió el 42,1% y los de más de
seis horas, un 16,9%. El atasco ha ido a más. Pese a ello, Güemes
sostuvo que la destitución no se debió a "causas disciplinarias"
sino a "razones organizativas" y negó que Montes pueda volver, en
contra de lo que dijo Aguirre en 2005.Lo más sorprendente del atasco
es que el número de pacientes atendidos en urgencias en los primeros
meses de 2004 fue de 62.774 y en el mismo periodo de 2007 bajó a
48.112, un descenso del 23%, achacable a la apertura del hospital de
Fuenlabrada. El número de médicos creció de 15 a 24 en este tiempo.
Conclusión: con más médicos y menos pacientes, el atasco creció con
la marcha de Montes y su equipo.
Los trabajadores del hospital tienen su
explicación. Tres enfermeras con más de treinta años de experiencia
así lo manifiestan. "Montes estaba en el hospital a las 7.30.
Preparaba todo para que a las ocho el equipo lo tuviera todo listo.
Organizaba las derivaciones a otros hospitales, los ingresos...",
relataba una. Las otras dos lo confirmaban. Una de ellas añadía: "Es
muy importante tener a un coordinador que moviera bien la urgencia,
como hizo Montes". En la nueva etapa, coinciden todas, "al
coordinador ni se le veía".
Una decena de trabajadores del hospital
consultados afirmaban que tras la destitución de Montes, aumentó la
plantilla, las pruebas se eternizaban y el nuevo jefe (Teodoro Grau)
apenas peleaba por subir los pacientes a planta como suelen hacer
los jefes de urgencias. Grau dejó el cargo hace unos días.
Fernando Pérez Iglesias, pediatra en el Severo
Ochoa, ha sido hasta hace poco y durante 16 años el jefe de los
médicos residentes. Según cuenta, Montes tenía "muy bien organizada
y supervisada" su área. "Con Grau fue un desastre", recuerda. "Con
Montes ha sido la única etapa en la que nunca hubo una denuncia
contra un médico residente. Porque organizó muy bien los turnos. Los
residentes siempre estuvieron bien supervisados", explica. Ahora,
dice, "sobre todo por las noches y los fines de semana" haría falta
más personal.
El portavoz popular en la Asamblea, Antonio
Beteta, y el propio Güemes reiteraron que la Comunidad no denunció a
los médicos, algo falso, ya que el 27 de mayo de 2005 la consejería
de Sanidad denunció a sus médicos en el juzgado. Beteta sostuvo: "La
Comunidad no demandó a Montes, sino que puso en conocimiento del
fiscal" un anónimo que había llegado a sus manos. Cuando llegó la
denuncia, el ex consejero de Sanidad, Manuel Lamela (desaparecido
tras el archivo del caso) pidió una inspección, relevó a Montes y
denunció el caso a la fiscalía. Ésta pidió un informe a la Clínica
Médico Forense, que dijo que la causa de las 400 muertes no se podía
atribuir a las sedaciones. Cuando Lamela vio que la fiscalía iba a
archivar el caso, denunció a sus médicos. Los responsables del PP
parecen querer olvidarlo ahora. www.elpais.es 30.01.08
14. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO
OCHOA:UNA MALA PRAXIS PERIODÍSTICA
La ultraderecha mediática resuelve con pretendido
humor lo que antes revolvía con inquina. Un día después de que la
Justicia diera la razón a los profesionales del hospital Severo
Ochoa de Leganés, acusados de sedar de manera irregular a pacientes
terminales, los focos del supuesto escándalo se apagaron en la Cope.
Uno de sus locutores estrella, César Vidal,
resolvía su única valoración con ligereza, al sentenciar el pasado
martes que "lo peor" que le puede pasar a un hospital en España es
"tener de director a Bernat Soria y a Luis Montes de adjunto". Tres
años antes, Vidal había descargado sobre el mismo asunto artillería
de mayor calibre tan grosera como intencionada. El locutor
contratado por los obispos llamaba Terminator al doctor Montes ante
el micrófono en el que otras voces, igual de viscerales, lo tachaban
de asesino, homicida o nazi.
En la misma estrategia se unieron las voces del
director de El Mundo y de herramientas de la derecha en la Red como
Libertad Digital o la plataforma de agitación virtual HazteOir.org.
Una vez que la Justicia ha echado por tierra los argumentos de la
Comunidad de Madrid, todos han puesto sordina al caso.
La querella criminal que el doctor Luis Montes
presentó contra la Cope y sus tres voces estrella han enmudecido la
acidez volcada en antena tres años antes por los locutores Federico
Jiménez Losantos, Cristina López Schlichting y César Vidal.
Luis Montes les pide 300.000 euros por dos
delitos continuados de injurias y calumnias en la demanda que
presentó el pasado 15 de marzo de 2006. La transcripción de sus
insidias, que reproducimos a continuación, es la principal prueba de
cargo.
(www.publico.es, 31/01/08)
15. LEY DE DEPENDENCIA: 11.500 PERSONAS
DEPENDIENTES 'SE PIERDEN' POR EL CAMINO
La guerra entre la Comunidad de Madrid y el
Gobierno central con la Ley de Dependencia como arma tiene un nuevo
capítulo. Tras el acuerdo alcanzado el 21 de diciembre, meses
después de disputas por la puesta en marcha de la citada norma
(aprobada en el Congreso hace ya un año), las contradicciones
provienen ahora de los números. Así, mientras en el ministerio
consta que desde la Comunidad de Madrid sólo se han elevado 977
casos de grandes dependientes desde que se aprobó la ley -tal y como
denunció la semana pasada el edil socialista Pedro Zerolo-, en la
Consejería de Asuntos Sociales aseguran que ya han valorado y
enviado al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (concretamente
al Imserso) 12.604 casos. Estos números corresponden a personas que
requieren una atención urgente por sus imposibilidades físicas, las
más graves.
En la Comunidad aseguran que han tenido que
enviar los datos en cuatro discos compactos porque "el sistema
informático del Imserso no funciona". Una cuestión que desmiente el
ministerio, aunque reconoce que no todas las comunidades integran
los datos igual: "La mayoría lo hacen por un sistema informático
común, salvo algunas como Cantabria, Navarra o el País Vasco, que lo
hacen a través de un web-service y, por ejemplo, Madrid y Castilla y
León, que lo mandan en disco compacto porque lo prefieren".
En la Consejería de Asuntos Sociales aseguran que
no es una cuestión de preferencia, sino que se ven "obligados a
utilizar el rudimentario sistema de enviar un compacto y una copia
en papel porque el web-service no funciona y ellos mismos [los
responsables del Imserso] nos recomendaron que lo hiciéramos de esa
forma". Según la documentación aportada a este periódico por la
Consejería de Asuntos Sociales, enviaron 977 casos, en un primer
disco, el 26 de noviembre; 670 casos, en el segundo disco, el 21 de
diciembre; 983 el 28 de diciembre y, por último, 9.974 casos el 28
de diciembre, "porque se había firmado el convenio [entre la
Comunidad y el ministerio] justo una semana antes", dicen fuentes de
la consejería para explicar el incremento de esta remesa.
En el ministerio insisten en que, "a 20 de enero,
constan 977 grandes dependientes" por los que la Comunidad de Madrid
estará cobrando ya las cantidades estipuladas, entre 250 y 800 euros
por persona aparte de la ayuda de 23 millones de euros, que ya
recibió la región tras la firma del convenio antes de Navidad, para
dar los servicios necesarios a los 25.000 grandes dependientes que
se calcula que hay en la región.
Los CD con los datos de los dependientes quedan,
por tanto, en manos del Imserso, tal y como aparece en el registro
de entrada de los documentos a los que tuvo acceso este periódico, y
es allí donde los funcionarios tienen que hacer el volcado de datos.
La cuestión que se plantea entonces es si desde
el Imserso podrían estar dosificando el volcado de los datos de los
grandes dependientes que llegan vía CD y con qué intención. Fuentes
del ministerio aseguran que "los datos se vuelcan cuando llegan" (a
pesar de que la fecha de entrada de los discos de la Comunidad son
de diciembre); y que "son las comunidades autónomas las que tienen
que dar los datos"; y que "si dicen 12.000, aceptamos 12.000",
aunque en su sistema sólo consten 977, que son las personas por las
que el Gobierno le está pagando a la Comunidad de Madrid, para que
cubran el servicio de atención que se les haya asignado.
Para recibir las ayudas, los dependientes deben
solicitar la evaluación en los servicios sociales de la Comunidad de
Madrid, que es quien recibirá el dinero para transformarlo en el
servicio correspondiente. A los dependientes severos les
corresponden entre 328 y 450 euros mensuales para sus cuidados. La
prestación económica para los que necesiten ayuda de profesionales
privados asciende a 450 euros. Para los que hayan optado por el
apoyo al entorno familiar, se destinarán 328 euros. Y a esa ayuda
familiar se añaden otros 154 para que la persona encargada del
enfermo cotice a la Seguridad Social y pueda recibir información.
Para grandes dependientes, la cifra sube. Entre 811 y 608 euros para
privados y de 405 a 506 euros para el entorno familiar, con los
153,9 euros antes citados.
El último episodio del desencuentro entre el
Gobierno central y el regional tiene una base informática con una
consecuencia demasiado humana. Mientras se vuelca o no el contenido
de esos CD que entraron durante diciembre en el Imserso, 11.627
personas, que están ya valoradas y pendientes de recibir la atención
que les corresponde, no reciben su ayuda.
(www.elpais.com, 29/01/08)
16. CRISIS EN EL PP: NUEVO INCIDENTE ENTRE
AGUIRRE Y GALLARDÓN EN LA ENTREGA DE UN PREMIO
En plena refriega electoral, Mariano Rajoy tiene
un problema. Los dos altos cargos del PP que manejan más presupuesto
público en España, Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, y
Esperanza Aguirre, presidenta autonómica, siguen enzarzados en una
bronca interna que la noche del pasado martes motivó un incidente en
una sala atestada de empresarios.
El último desencuentro dejó atónitos a decenas de
jóvenes empresarios madrileños que habían acudido a su fiesta anual
en la sala Florida Park, a la que habían sido invitados Aguirre y
Ruiz-Gallardón. Ambos se han convertido en adversarios
irreconciliables dentro del mismo partido tras el último episodio de
las listas electorales que les llevó al despacho de Mariano Rajoy
para reclamar un lugar en la candidatura que ninguno de ellos
logró.. Aguirre y Ruiz-Gallardón desencadenaron allí una escena de
máxima tensión.
Se trataba de la entrega de premios de la
Federación Madrileña de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, cuya
presidencia recae en María Zurita, sobrina del Rey. Aguirre había
anunciado su presencia en la primera parte del acto, donde
intervendría con unas breves palabras en la presentación. No se
quedaría a la entrega de premios, con la que se cerraría la fiesta,
porque tenía otra cita. El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, también invitado, había decidido incorporarse a la
fiesta una vez comenzado. La cena transcurría sin problemas hasta
que la entrada de Ruiz-Gallardón provocó un encendido aplauso, con
algunos vítores, de los jóvenes empresarios allí reunidos.
La ovación encendió a Esperanza Aguirre, que
cambió de cara, según algunos asistentes, y estrechó la mano al
alcalde en un saludo frío y distante, acorde a sus actuales
relaciones. La presidenta, según algunos empresarios presentes en el
acto, intentó recuperar el protagonismo y se olvidó de sus prisas.
Decidió quedarse -"para no hacer un feo al alcalde", explicó una
portavoz autonómica-, y entonces decidió buscar su hueco estelar en
lo que quedaba de la celebración, según fuentes de la organización
del acto.
Aguirre se empeñó en entregar el principal
galardón al Joven Empresario del Año, Javier Goyeneche, algo que los
organizadores habían reservado al alcalde de Madrid porque así lo
había pedido el premiado, amigo personal de Ruiz-Gallardón, según
varios empresarios.
La portavoz autonómica ofrece otra versión:
"Fueron los organizadores los que nos ofrecieron que la presidenta
entregara un premio, ya que se había quedado a la cena. Nos
propusieron uno de los galardones, pero la presidenta consideró que
era absurdo, pues ya había anunciado que no se iba a quedar a la
entrega". Durante esos minutos de máxima tensión, Ruiz-Gallardón y
Aguirre se mantenían sentados, frente a frente, sin dirigirse la
palabra ni la mirada.
La presidenta autonómica se sintió desairada por
los jóvenes empresarios que le negaron el último momento de gloria
en la entrega de premios, según varios empresarios, y salió de la
cena sin despedirse de muchos de los comensales que le acompañaban
en la mesa. Tras ella salieron otros altos cargos autonómicos
presentes en el Florida Park. Sólo se quedó Paloma Adrados,
consejera de Empleo. Sin Aguirre en la sala de fiestas, intervino el
alcalde para clausurar el acto y cosechó una nueva ovación.
(www.elpais.com, 30/01/08)
17. CRISIS EN EL PP: EL ALCALDE DE MADRID
MANTIENE SU INTENCIÓN DE DIMITIR
Alberto Ruiz-Gallardón continúa en sus trece en
lo que respecta a su dimisión tras las elecciones generales del
próximo 9 de marzo, después de que Esperanza Aguirre dinamitara sus
posibilidades de ser incluido en las listas electorales por Madrid,
pudiendo así acceder al Congreso de los Diputados y optar a la
sucesión de Mariano Rajoy si éste perdiera la carrera a La Moncloa.
Así lo asegura ABC, el diario más gallardonista,
en su edición de hoy, aportando múltiples declaraciones de miembros
del Partido Popular para avalar la información. El periódico asegura
en su artículo que la determinación de Gallardón "esta vez va en
serio", aunque su abandono de la política sería de manera temporal,
tomándose un paréntesis a la espera de tiempos mejores. "Un proceso
de reflexión" sobre su futuro.
Alberto Ruiz-Gallardón sigue sintiéndose
"humillado y derrotado" por la decisión que tomó el pasado día 15
Mariano Rajoy. Su relación con el presidente del partido, que
anteriormente eran "fluidas", parece haberse roto definitivamente.
Las fuentes consultadas por el periódico aseguran que el alcalde no
mantenido "ni una sola conversación con Mariano". Más de lo mismo
pasa entre él y Ángel Acebes, por no hablar del trato con la
lideresa Aguirre, que definen como "por completo irrecuperable".
El malestar de Gallardón ha ido en aumento en los
últimos días. Por si no fue suficiente el rechazo de Mariano Rajoy a
sus inquietudes nacionales, la elección de quienes acompañarán al
candidato en su lista madrileña ha venido a reafirmar la derrota del
alcalde. La concejal de Puente de Vallecas, Eva Durán, subordinada
de Gallardón pero cercana al entorno de Aguirre, sí que irá en la
lista por Madrid. Además, por encima de ésta, en el puesto número 9,
han incluido a Cayetana Álvarez de Toledo, que, aparte de ser jefa
de Gabinete de Acebes, utilizó su condición de tertuliana y
columnista para convertirse en ariete anti Gallardón desde los
medios.
En cierto sentido, el abandono de Gallardón puede
ser considerado un sacrificio del alcalde a favor de los madrileños.
La guerra abierta que le ha declarado Esperanza Aguirre pone en
peligro los proyectos de la alcaldía, ya que muchos de ellos
necesitan del aprobación de la Comunidad de Madrid. Uno de ellos es
el famoso eje Prado-Recoletos, que de ser Gallardón sustituido por
Ana Botella "Aguirre no los obstaculizaría". Desde el propio
Ayuntamiento acusan a la presidenta de la Comunidad de ser la
inspiradora de "los numeritos" de Tita Cervera contra el proyecto.
El temor de que Esperanza Aguirre pueda bloquear los proyectos del
alcalde se acrecienta cuando se echa la vista a su grupo municipal,
compuesto por varios concejales de obediencia esperancista. Así
pues, los cercanos a Gallardón expresan su preocupación ante la
posibilidad de que Doña Esperanza reparta instrucciones para
cancelar los avances en la ciudad, como el futuro proyecto de
reforma del centro de Madrid.
La última esperanza, el último cartucho, lo han
depositado los partidarios del alcalde, en un futuro congreso si
Rajoy pierde las elecciones. Aseguran que Gallardón es querido en
muchos sitios y que "el partido es muy grande", por lo que ante una
votación, sin "designación digital de por medio", el regidor
madrileño podría alzarse victorioso. Pero toda esta estrategia está
basada en que Gallardón no deje su actual puesto, por "si el alcalde
no sigue, recuperarle no sería nada fácil".
(www.elplural.com, 27/01/08)
18. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 'CASO GUATEQUE': LA
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN LA PRESIDIRÁ EL PP
La expectación creada en torno a la comisión que
investigará el caso Guateque no tuvo , sin embargo, una respuesta
equiparable. Los representantes de los grupos políticos del
Ayuntamiento -Manuel Cobo (PP), David Lucas (PSOE) y Ángel Pérez
(IU)- se reunieron en Junta de Portavoces para decidir cuáles serían
las reglas del juego de esa investigación sobre la supuesta red de
cobros ilegales por la concesión de licencias municipales, el caso
de corrupción más importante de la historia del Ayuntamiento de
Madrid.
Tras unos escasos 45 minutos de reunión, el
resultado fue el siguiente: la comisión la formarán siete conejales
(cuatro del PP, dos del PSOE y uno de IU), y paralizará sus trabajos
durante la campaña electoral para las elecciones generales del 9-M.
Fue lo único en lo que se pusieron de acuerdo. Pero, nada más salir
de la Junta, el vicealcalde, Manuel Cobo, ya anunciaba que la
comisión de investigación la presidirá un popular (sin dar un
nombre) y que la portavocía de su grupo la llevaría Miguel Ángel
Villanueva, el concejal de Economía y Empleo.
Las críticas de la oposición no se hicieron
esperar. El portavoz del grupo socialista, David Lucas, aseguro que
el hecho de que la Junta de Portavoces no hubiera acordado ningún
otro aspecto de la Comisión, salvo la composición de la misma, y
que, antes de conocer otros detalles, el vicealcalde Manuel Cobo
avanzara que el presidente será un popular era "un muy mal
precedente porque me temo que el PP pretende ejercer el rodillo para
decidir quiénes van a comparecer y cómo van a ser las sesiones".
Lucas esperaba que la Junta sirviera para determinar los mecanismos
de funcionamiento, "pero el PP se ha negado a hablar de ello", dijo.
Desde IU también se criticó la decisión
unilateral del PP sobre el presidente de la comisión, aunque su
portavoz, Ángel Pérez, se mostró satisfecho de que fueran siete sus
miembros "por una cuestión de agilidad y eficacia".
Y, del mismo modo que el PP se negó a dar el
nombre de quién será el presidente, en el PSOE decidieron mantener
en secreto hasta la semana que viene quiénes serán sus dos
concejales. El único caso claro era el de IU que, con un sólo
miembro en la comisión, será el propio Pérez el que acuda a las
sesiones, que se convocarán, en principio, dos veces por semana
pudiéndose producir relevos entre los concejales de cada grupo.
La semana que viene, serán los grupos quienes
comuniquen al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, los designados, para
mantener una reunión con él en la que precisamente lo primero que se
decidirá es quién será el presidente de la comisión. Todos los
grupos estuvieron de acuerdo en empezar cuanto antes.
(www.elpais.com, 26/01/08)
19. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 'CASO GUATEQUE': EL
JUEZ ORDENA UNA AUDITORÍA EN EL AYUNTAMIENTO
Los ánimos se calientan horas antes de que se
constituya la comisión de investigación que llevará al Ayuntamiento
el caso Guateque, el mayor asunto de corrupción en la concesión de
licencias conocido en el consistorio madrileño. el PSOE anunciaba
que el Juez Torres, que instruye el caso desde el juzgado de
instrucción número 32, había ordenado el pasado 27 de enero una
auditoria interna para averiguar qué es lo que no había funcionado
bien en la Concejalía de Medio Ambiente (una de las implicadas en la
trama) para que se produjeran los supuestos sobornos que ayudaban a
agilizar la concesión de licencias mediante la elaboración rápida de
los informes medioambientales. La auditoría correrá a cargo de la
empresa pública Tragsatec, que ya colaboró con dicha concejalía en
los informes de impacto ambiental.
Fuentes del gobierno municipal, matizaron que no
se auditarán los 187 expedientes del sumario, sino unos pocos. Según
la providencia dictada por el juez, "se acuerda encomendar al grupo
de empresas TRAGSA la práctica de una pericia consistente en que se
realice una auditoría de gestión sobre la tramitación de los
expedientes administrativos [referidos al folio 6604 y siguientes,
relativos a las agendas de los imputados Eduardo Agustino Carrasco y
Julián Rubén López Martínez; y los referidos al folio 7777 y 7778,
sobre las actuaciones de la Guardia Civil] relacionados con la
causa, a fin de informar sobre las causas de aceleraciones o
enlentecimientos en la tramitación de tales expedientes".
El PSOE volvió a sacar a la palestra un nombre,
el de Tomás Serrano, uno de los cuatro miembros del PP en la
comisión de investigación e histórico concejal en la Junta de
distrito de Barajas, que preside por tercera legislatura
consecutiva. Pero, más allá de que presida o no la comisión de
investigación (los socialistas lo aseguran y los populares lo
desmienten), los socialistas se preocuparon por rescatar del sumario
del juez Torres cuatro expedientes que corresponden a su distrito y
que habrían sido agilizados gracias a la intervención de su mano
derecha en Barajas: su gerente, Francisco Javier Colino Gil.
Este periódico tuvo acceso a los cuatro
expedientes (9135, 9625, 9638 y 9656), que forman parte del sumario.
En dos aparece como técnico el cabecilla de la trama y funcionario
del área de Medio Ambiente, Victoriano Ceballos. Y todos aparecen
reclamados como "prioridad" por el gerente de Serrano: una
cafetería, una clínica veterinaria, un taller de reparación y un
restaurante.
Los socialistas ponían el grito en el cielo
porque el presidente de la comisión "no puede ser, a la vez, juez y
parte", ya que la mano derecha de Serrano era su gerente, quien
supuestamente agilizó expedientes del sumario. Según los populares
"esos expedientes no forman parte de los 187 del sumario, sino de su
base de datos" e insistieron en que "ni el concejal de Barajas ni su
gerente, fueron citados ni como acusados o imputados, ni como
testigos".
En este clima, el alcalde tiene hoy una cita con
los comisionados de los grupos: Miguel Ángel Villanueva, edil de
Economía y Empleo y portavoz del PP en la comisión, Tomás Serrano,
edil de Barajas, Carmen González, de San Blas y Patricia Lázaro,
secretaria del grupo; de los socialistas estarán su portavoz, David
Lucas, y el responsable de urbanismo, Pedro Sánchez; y, de IU, Ángel
Pérez. Tras esa reunión, quedará constituida oficialmente la
comisión de investigación.
(www.elpais.com, 30/01/08)
20. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 'CASO GUATEQUE': EL
CONCEJAL DE UN DISTRITO INVESTIGADO PRESIDE LA COMISIÓN
La comisión de investigación por el caso Guateque ha quedado
constituida a última hora de esta tarde con los votos del PP y con
la oposición de PSOE e IU por "salud política". La presidencia ha
recaído, como ya había adelantado horas antes el delegado de
Economía y portavoz del PP en la comisión, Miguel Ángel Villanueva,
en Tomás Serrano, concejal del PP y presidente de la Junta de
distrito de Barajas, una de las investigadas en la trama de
corrupción en torno a las licencias municipales.
La de hoy ha sido la primera reunión de este
grupo de trabajo -compuesto por cuatro miembros del PP, dos del PSOE
y uno de IU-, que nace con polémica porque PSOE e IU querían que
fuera un socialista el presidente. El portavoz municipal socialista
y también en la comisión, David Lucas, ha reclamado en la cita la
presidencia para la oposición "porque no se puede fiscalizar al
Gobierno municipal si el presidente es el Gobierno municipal". En
este sentido, ha recordado que la comisión del caso IMEFE, un
escándalo sobre el uso de ayudas europeas en el mandato de José
María Álvarez del Manzano, estuvo presidida por el PSOE.
Villanueva ha contraatacado con otros ejemplos en
los que el Gobierno municipal presidió una comisión de
investigación, como es el caso Kelvinator, analizado en el
Ayuntamiento de Getafe en el 2003. Esta comisión "investigó
presuntas adjudicaciones irregulares y fue presidida por el concejal
de Urbanismo del PSOE", ha dicho Villanueva. Serrano es el histórico
concejal en Barajas, una junta que preside por tercera legislatura
consecutiva. , los socialistas ya se barruntaban que iba a ser el
presidente, a pesar de que los populares lo desmentían.
El PSOE recuerda que cuatro expedientes del
sumario del juez que instruye el caso, Santiago Torres, corresponden
a su distrito. Las licencias en cuestión habrían sido agilizados
gracias a la intervención de la mano derecha de Serrano en Barajas:
su gerente, Francisco Javier Colino Gil.
"No se puede ser juez y parte"
Se tuvo acceso a los cuatro expedientes (9135,
9625, 9638 y 9656), que forman parte del sumario. En dos aparece
como técnico el cabecilla de la trama y funcionario del área de
Medio Ambiente, Victoriano Ceballos. Y todos aparecen reclamados
como "prioridad" por el gerente de Serrano: una cafetería, una
clínica veterinaria, un taller de reparación y un restaurante. Los
socialistas ponían el grito en el cielo. "No es compatible ser
investigado y aparecer como referencia en el sumario, formar parte
de la comisión de investigación y mucho menos ser presidente de la
sesión de constitución", opina Lucas.
Según los populares "esos expedientes no forman
parte de los 187 del sumario, sino de su base de datos" e
insistieron en que "ni el concejal de Barajas ni su gerente fueron
citados ni como acusados o imputados, ni como testigos".
Villanueva negaba esta mañana que Barajas esté
siendo investigado. El delegado de Economía ha contestado a las
criticas del PSOE matizando que ningún expediente de esta Junta se
encuentra dentro del sumario de la operación Guateque. También
durante el pleno, Lucas le ha contestado que "no puede ser juez y
parte" presidiendo la comisión de investigación, como propone el PP,
mientras que su Junta está siendo investigada por el Juzgado número
32.
Lucas critica también la presencia en la comisión
de investigación de la concejala de San Blas, Carmen González,
porque el sumario del caso incluye otro expediente en el que se
detalla la agilización de una licencia por parte de la edil o del
personal de confianza a su cargo. Por parte del PP, además de
Villanueva y Serrano y González, está en la comisión Patricia
Lázaro, secretaria del grupo. De los socialistas irá, junto a Lucas,
el responsable de urbanismo, Pedro Sánchez; y, de IU, Ángel Pérez.
(www.elpais.com, 31/01/08)
21. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 'CASO GUATEQUE':
CEBALLOS Y SU JEFE SE ENFRENTARÁN ANTE EL JUEZ
Será el próximo lunes 4 de febrero, en los
juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Dos de los principales
actores del caso Guateque tendrán que enfrentarse en duelo judicial.
Victoriano Ceballos y Joaquín Fernández de Castro, dos nombres que
empiezan a ser ya familiares dentro de la presunta trama de sobornos
a cambio de agilizar licencias municipales, se enfrentarán a un
careo para aclarar las posibles contradicciones en sus declaraciones
ante Santiago Torres, el juez que lleva el caso. Ceballos era
subordinado de Fernández de Castro en el Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid. También eran, además, y siempre según el
abogado de Ceballos, "buenos amigos".
Sin embargo, la supuesta relación de amistad
entre ambos ya no existe. "Ni se hablan", asegura José Luis Prada,
letrado de Ceballos. El abogado de Fernández de Castro prefiere
callar. En una conversación telefónica bastante acalorada, Prada
defiende una y otra vez la inocencia de su cliente y confirma el
conflicto entre uno y otro: "¿Cómo quieres que se sienta [Ceballos]?
Estaba en la cárcel y su compañero en la celda de al lado estaba
mintiendo a los periódicos".
Prada se refería a la carta que redactó Fernández
de Castro a finales de diciembre. En la misiva, el imputado acusaba
a Ceballos, supuesto cabecilla de la trama, de ser "el único
chorizo". Y añadía: "Llevo dos años y medio en el departamento y lo
que me encontré cuando llegué era lo más parecido a una situación
caótica".
Desde que Fernández de Castro escribió esto,
asegura Prada, "no le ha vuelto a dirigir la palabra. Como mucho le
decía buenos días o buenas tardes cuando se cruzaba con él en la
cárcel [de Alcalá Meco]".
Esa tirantez se escenificó precisamente en el
exterior de la prisión el pasado miércoles 23 de enero, cuando los
familiares de uno y otro, además de los de Santiago Castillo, un
tercer imputado (del total de diez que había encarcelados),
esperaban a sus seres queridos. El juez había decretado fianzas de
entre 60.000 y 100.000 euros para ellos. Junto a la garita de
entrada a prisión las familias de Ceballos y Fernández de Castro
compartieron espera de más de cuatro horas. Ni se miraron.
En ese contexto de animadversión personal es en
el que hay que entender que el careo entre los dos imputados, el
próximo lunes 4 de febrero será un cruce de acusaciones y de falta
de entendimiento entre ambos. El juez tendrá que decidir quién tiene
razón.
El abogado de Ceballos, José Luis Prada, negó que
él hubiera pedido ningún careo entre su cliente y Fernández de
Castro, tal y como se dijo hace unos días. "Lo que dije fue que me
planteo pedir careos en general, pero nunca aludí a Fernández de
Castro", afirmó. Prada aprovechó para dibujar a un Ceballos muy
distinto del que, según él, han mostrado los medios de comunicación.
"Mi cliente se excedió en hacer el bien. Le preocupaba que la gente
tuviera soluciones y ahora resulta que él es el malo de la
película", señaló.
Prada cargó contra todo el mundo, no sólo contra
la prensa. Según dijo, el caso Guateque es "un montaje de la Guardia
Civil". "No hay nada. Si hay alguien que fue sobornado por mi
cliente, que salga y lo demuestre", retó. En cuanto a la
instrucción, que dirige el juez Torres, el letrado la calificó como
"una mierda". Aunque Prada reconoce que su cliente no es "ningún
santo", asegura que "nunca jamás pidió dinero a nadie". En cuanto a
las conversaciones telefónicas intervenidas a su defendido, Prada
asegura que "serían en broma". Son conversaciones en las que
Ceballos y los intermediarios hablaban abiertamente del dinero a
dividir. "Me tienes que dar 3.000 euros para repartir con mi jefa si
quieres que adelante el expediente", revela una de las
conversaciones interceptadas a Ceballos por la Guardia Civil.
Antes del careo del 4 de febrero entre Ceballos y
Fernández de Castro, el juez tomará declaración el próximo viernes
día 1 a los empresarios José Luis Moreno, Fernando de la Torre y
Valentín Álvarez, según informó Europa Press. Los tres están
imputados por un delito de cohecho por acceder supuestamente a los
pagos exigidos para obtener trato de favor en la tramitación de los
expedientes de sus establecimientos.
(www.elpais.com, 29/01/08)
22. AYUNTAMIENTO DE MADRID: LAS FRASES DE LA
ALCALDESA ‘IN PECTORE’, ANUSKA BOTELLA
Ya hay nueva frase emblemática de Ana Botella,
concejala del Ayuntamiento de Madrid y esposa de José María Aznar. A
algunos de sus dichos más conocidos hay que añadir uno: la culpa de
la contaminación madrileña la tiene el "polvo africano". La cita no
ha tardado en saltar a la red y el blog Los Genoveses la ha
incorporado al catálogo de frases célebres de la ahora alcaldable de
Madrid. Que la polución sea producida por el "polvo africano" no es
la única frase que sirve para "despejarnos cualquier duda sobre su
nivel intelectual", tal y como señala el autor del citado blog. En
ocasiones anteriores, Ana Botella se ha dirigido a los medios de
comunicación para manifestarse sobre problemas de actualidad,
respondiendo con frases que han quedado reseñadas en la Red.
Así, el Recodo Inquieto recoge cómo ante el
Prestige Ana Botella decía: "En la catástrofe del Prestige sólo hay
un culpable, el barco". Pero sin duda una de las más famosas es la
que pronunció al hacer unas declaraciones sobre el matrimonio entre
personas del mismo sexo. "Las manzanas no son peras, y una manzana y
una pera no son dos manzanas, son dos peras".
En la misma línea, Ana Botella manifestaba en
2004 que "un hombre y una mujer es una cosa, dos hombres es otra
cosa y dos mujeres es otra cosa, como supongo que un trío será otra
cosa". Y es que el tema del matrimonio homosexual parece haber sido
una buena plataforma que Botella ha aprovechado para lanzar alguna
de sus frases más conocidas. Otro ejemplo tiene que ver con la
adopción de niños por parte de parejas homosexuales: "Para mí la
adopción de hijos por homosexuales no es una cuestión moral, sino
científica. En lo que todos estamos de acuerdo es que hay que
proteger al menor y, de momento, nadie en el mundo ha dicho que los
niños tengan las mismas condiciones dependiendo de quién los adopte.
Ahí tienen la palabra los científicos".
Las frases de Ana Botella suelen estar cargadas
de polémica. Como ocurrió por ejemplo con una pronunciada en 2001:
"La Cenicienta es un ejemplo para nuestra vida por los valores que
representa. Recibe los malos tratos sin rechistar, busca consuelo en
el recuerdo de su madre". Por este tipo de declaraciones y su
actitud, el blog Los Genoveses teme el que Ana Botella pueda llegar
a sentarse en el puesto de "alcaldesa de la capital. Nadie, ni
siquiera sus votantes, se merecen semejante castigo".
Y por si fuera poco, el pasado viernes, se sumó a
la demagogia de algunos grupos extremistas que, para expresar su
oposición al aborto, dibujan una apocalíptica realidad. Así la mujer
de Aznar describió "escenas realmente espeluznantes de niños de
siete meses de gestación en las trituradoras" para oponerse a una
ley que ya se aplicaba durante el mandato de su marido.
(www.elplural.com, 29/01/08)
23. AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL CONSEJO DE LA
MUJER SE QUEDA SIN SUBVENCIONES
El Consejo de la Mujer, el órgano que vigila la
igualdad en la vida política, económica y social de la capital, se
quedó ayer sin las ayudas que venía recibiendo del Ayuntamiento por
decisión del pleno municipal. O más bien, porque así lo impuso el
PP, que tiene la mayoría.
La razón es que existía un conflicto entre las
normas que lo regulan y el reglamento de Participación Ciudadana.
Las primeras otorgaban al Consejo un presupuesto a través del
Consistorio. El segundo pone impedimentos a su financiación
municipal.
Nada pudieron hacer las advertencias de la
oposición para que se buscara una solución. La concejal de IU
Milagros Hernández trató de hacer ver que había un "vicio jurídico"
en la modificación porque se ha prescindido del trámite de
información pública. Y la edil socialista Ángeles Álvarez acusó a la
anterior responsable de Asuntos Sociales, Ana Botella, de haber
ocultado un informe de la intervención general que ya avisaba en
2005 de que el Consejo de la Mujer no podía recibir ayudas
municipales.
"Botella ha actuado de manera ilegal porque
habría estado librando fondos de manera irregular", afirmó Álvarez.
Por eso, instó a la actual concejal, Concepción Dancausa, a explicar
si se ha incumplido la ley desde 2005. Pero ésta se limitó a decir
que "de irregularidades, nada".
(www.elpais.com, 01/02/08)
24. AYUNTAMIENTO DE MADRID. MEDIO AMBIENTE
APERCIBE A MADRID POR NO TOMAR MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona,
amonestó ayer al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid por no
tomar medidas para reducir los "altos niveles" de contaminación que
vive la ciudad hace casi dos semanas. El Ayuntamiento aprobó en 2006
la Estrategia Local de Calidad del Aire, pero planes como el de
prohibir la entrada a los coches más contaminantes todavía no se han
puesto en marcha. "No entiendo por qué no se activan esas medidas,
porque ya están diseñadas", aseguró ayer Narbona en declaraciones a
este periódico.
La ministra manifestó su "preocupación por la
falta de respuesta del Ayuntamiento" y criticó el hecho de que
atribuya la contaminación únicamente a la intrusión de masas de aire
africano. "Se está ocultando una parte de la motivación de esta
contaminación", aseguró. Sobre la alerta que desaconseja a los
ciudadanos practicar deporte al aire libre, afirmó que "debe
hacerse, pero no es suficiente, porque hay una obligación de reducir
la contaminación y no sólo de advertir".
El ministerio aprobó el pasado mes de octubre la
Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que obliga a
los municipios de más de 100.000 habitantes a elaborar planes para
luchar contra la polución. Sin embargo, son los propios
ayuntamientos los que deciden qué medidas aplican. La competencia en
materia de tráfico está en manos de los municipios.
La boina de contaminación que cubre Madrid podría
despejarse a partir de hoy mismo. Las previsiones del Instituto
Nacional de Meteorología (INM) apuntan a la llegada de diversos
frentes durante el fin de semana, todos poco importantes, excepto el
del domingo, que dejará lluvias. El buen tiempo que ha hecho estos
días, sin precipitaciones ni viento, ha agravado la contaminación,
ya que el aire de las capas bajas de la atmósfera no se ha renovado.
Entre el lunes y el martes volverá a formarse el anticiclón. "El fin
de semana será sólo un respiro", explicó ayer Ángel Rivera,
meteorólogo del INM.
(www.elpais.com, 01/02/08)
25. AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES: EL ALCALDE DEL
PP, MANDA A LA POLICÍA A VIGILAR A LA OPOSICIÓN
Resulta difícil de creer que en pleno siglo XXI y
en una democracia como la de nuestro país las fuerzas de seguridad
puedan levantar un acta contra varias personas que se reúnen en un
bar. Sin embargo es lo que ha ocurrido en el municipio madrileño de
Torrelodones, donde se interrogó a un grupo de militantes del
partido Vecinos de Torrelodones, encabezado por el cineasta Mariano
Barroso. El alcalde popular había ordenado que se les vigilase.
Dos policías entraron en un bar y, alegando
"órdenes de arriba", procedieron a interrogar a varias personas allí
reunidas por la naturaleza de su encuentro, para después levantar un
acta acusándoles de impartir "algún tipo de clase teórica sin tener
licencia para ello" y advirtiéndoles de que podrían emprenderse
acciones legales contra ellos.
Los reunidos eran miembros del partido Vecinos
por Torrelodones, la segunda fuerza política de este municipio
madrileño, que integra a personalidades del mundo del cine y la
cultura como Barroso, el actor Toni Cantó o el humorista de
Gomaespuma Juan Luis Cano. Barroso, estupefacto, aseguró que se
trata de una "práctica caciquil", ya que la famosa reunión no era
más que "un acto cultural privado" que está "absolutamente amparado
en la Constitución y la Ley de Financiación de Partidos Políticos".
Según informó el diario Público, el alcalde del
municipio, Carlos Galbeño, del PP, cuenta con mayoría absoluta. Sus
portavoces aseguraron que el grupo de Vecinos por Torrelodones
estaba impartiendo en la cafetería una clase de cultura sin tener
autorización alguna.
Barroso aseguró que esta vigilancia policial es
una "práctica intimidatoria" inmersa en una "persecución" que el
alcalde popular lleva desarrollando desde las pasadas elecciones
municipales. "No podemos dejar nuestra revista en lugares públicos;
no podemos colgar carteles de nuestros despachos en el ayuntamiento;
recibimos ataques continuos de la prensa local", denunció Barroso.
(www.elplural.com, 01/02/08)
26. AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA EL ALCALDE PEPERO
SIGUE GOBERNANDO CON EL APOYO DE DOS TRÁNSFUGAS
El pasado 17 de diciembre, la comisión de
seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, presidida por la ministra
de Administraciones Públicas, Elena Salgado, declaró que en
Villalbilla (7.761 habitantes) hay dos concejales tránsfugas, Ester
Ruiz y Jesús Soto, ex miembros del PSOE y que ahora apoyan al PP,
cuyo cabeza de lista y actual alcalde, Iván Borrego, se mantiene en
el cargo gracias a ese apoyo. Tras las elecciones de mayo, la
Plataforma Independiente Municipal de Villalbilla (PIM) obtuvo la
mayoría, con un escaño más que el PP. Fue en la ceremonia de
investidura cuando, desatendiendo la orden del PSOE regional, los
socialistas Ester Ruiz y Jesús Soto votaron a favor de Iván Borrego
como nuevo alcalde. Días después, ella obtuvo una tenencia de
alcaldía y la concejalía de Medio Ambiente, Consumo y Empleo. Jesús
Soto se convirtió en concejal de Obras y Servicios. El PSOE los
expulsó de sus filas en junio.
El dictamen de la comisión antitransfuguismo
muestra que Borrego no podría gobernar en mayoría sin el apoyo de
los tránsfugas. El PSM ha reclamado al PP regional el cumplimiento
del pacto en Villalbilla, seis semanas después de conocerse la
decisión de la comisión de seguimiento. El PP no ha respondido. El
respeto al Pacto Antitransfuguismo también supondría que los dos
ediles expulsados del PSOE no podrían tener responsabilidad de
Gobierno ni remuneración por su cargo. Las actas son personales, por
lo que, para cumplir el pacto, tendrían que renunciar a su cargo o
ser cesados.
El ex alcalde y líder del PIM, Antonio Barahona,
ha solicitado el cese de Ruiz y Soto. "También exigimos las
dimisiones del alcalde y su Gobierno, porque son beneficiarios de la
actitud de transfuguismo", explica Barahona.
(www.elpais.com, 29/01/08)