En pleno verano y con la mitad del país en las playas, continúa la remodelación del Gobierno de Esperanza Aguirre iniciada tras la crisis del PP de Madrid abierta en el Congreso de Valencia -donde Esperanza Aguirre salió derrotada-. Sin embargo, esta última remodelación podría ser incluso más escandalosa que la anterior debido a la situación procesal de los interesados.

El anterior viceconsejero de Empleo y Mujer, David Pérez García, ha sido sustituido recientemente de su cargo por el diputado regional José Ignacio Fernández Rubio. Pérez García se convertirá ahora en el nuevo portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Lo más destacable de este nombramiento es que el designado por Aguirre para ocupar la Viceconsejería de Empleo y Mujer, el diputado regional del PP y ex alcalde del PP de Guadarrama, José Ignacio Fernández Rubio, está actualmente procesado y pendiente del juicio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al ostentar la condición de aforado.

El caso por el que Fernández Rubio será juzgado en el futuro es por prevaricación, al haber concedido en el año 2.000 a su concejal de urbanismo, Miguel Ángel Bonilla, una licencia para abrir un restaurante.

Además, Miguel Ángel Bonilla, concejal de Urbanismo del PP de Guadarrama, se convertirá en el nuevo alcalde de esta localidad madrileña. Este concejal también está procesado por el "Caso El Molino del Rey", conocido restaurante instalado en un molino del Siglo XVIII, cuya autorización otorgada por el ahora Viceconsejero en el año 2.000 fue presuntamente ilegal.

(www.elplural.com, 05/08/08)

Después de pasar cinco años en el ojo del huracán por haber cometido diversas irregularidades al frente de la empresa pública Campo de las Naciones, Jorge Barbadillo, concejal del PP entre 1991 y 1999 y consejero delegado de la compañía pública de 1999 a 2003, deberá pasar por caja. El Tribunal de Cuentas le condenó la semana pasada a devolver a su antigua compañía (ahora llamada Madrid Espacios y Congresos) 104.280 euros, aunque la sentencia no es firme, por lo que el ex responsable de la empresa puede recurrirla. Además, todavía tiene que seguir pasando por los juzgados debido a una querella criminal que interpuso el PSOE en 2004 y que está admitida por la Audiencia Provincial.

Las sospechas sobre su gestión irregular acompañaron a Barbadillo durante los cuatro años que fue consejero delegado. Realizó viajes, se alojó en hoteles e hizo cargos en tarjetas de crédito, entre otras muchas actuaciones, que no justificó. Las cuentas de Campo de las Naciones no cuadraban y el PSOE municipal decidió tomar cartas en el asunto en 2003. Tras solicitar en dos ocasiones, ambas en balde, que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, abriera una comisión de investigación, presentó una querella criminal contra el ex consejero. Los socialistas le acusaban de un delito continuado de malversación de fondos públicos por valor de 135.600 euros.

El Ayuntamiento envió un informe al Tribunal de Cuentas a finales de 2003 y dejó en manos de este organismo la decisión de determinar si existían responsabilidades en la gestión de Barbadillo. El Consistorio le reclamaba más de 443.200 euros por gastos sin aportar factura abonados con las dos tarjetas de crédito que tenía a cuenta de la empresa, partidas adjudicadas a viajes por todo el mundo que no siempre tenían un fin laboral, gratificaciones a trabajadores y algunas obras que incrementaron sospechosamente su presupuesto, según El Mundo.

El Tribunal de Cuentas ordena ahora a Barbadillo devolver 104.280 euros a Madrid Espacio y Congresos. Se añaden a los 35.000 que ya debió reintegrar antes de dejar el puesto.

(www.elpais.com, 08/08/08)

Se sabía, o más bien se intuía, que los tres nuevos hospitales prometidos por Esperanza Aguirre para esta legislatura serían de gestión privada. Pero la Consejería de Sanidad se resistía a anunciar oficialmente el modelo que iba a aplicar. Finalmente, ha decidido que sea el mismo que ya funciona en el hospital de Valdemoro: una empresa construirá y explotará los nuevos hospitales de Torrejón de Ardoz, Móstoles y Collado Villalba. Y gestionará tanto los servicios no sanitarios (personal administrativo y de mantenimiento, técnicos, y servicios como la restauración o la limpieza) como la asistencia médica.

A cambio, la Comunidad pagará un importe fijo por cada habitante de la zona que tiene asignada el hospital y un canon anual por los servicios no sanitarios, según detallan los anteproyectos de explotación y obra. El plazo para presentar alegaciones comenzó el pasado 11 de agosto y finaliza el 13 de septiembre. Una de las novedades con respecto al hospital de Valdemoro es que el anteproyecto del de Torrejón incluye, además, la privatización del centro de especialidades de la localidad. La empresa adjudicataria, señala el documento, deberá reformar el centro, donde "se desarrollarán las actividades de hospital de día y consultas psiquiátricas, se seguirán manteniendo las actividades de radiodiagnóstico y rehabilitación actualmente existentes, además de las consultas de especialidades que determine la entidad gestora".

Es este punto el que mayores críticas ha generado en el sindicato UGT. "Ese centro de especialidades ya está construido y en él trabajan profesionales estatutarios [funcionarios] a los que obligarán a renunciar a esa condición si quieren seguir allí", explica la secretaria de Políticas Sectoriales, Carmen López. El anteproyecto asegura que la empresa "deberá gestionar tanto el personal propio como el perteneciente a la Consejería de Sanidad que voluntariamente decida incorporarse, bajo el marco del nuevo contrato".

El sindicato lleva sus críticas más allá. Asegura que el Gobierno ha tomado la decisión de privatizar los nuevos hospitales en agosto para "rehuir todo debate público". La consejería, afirma, no cuenta ni con las organizaciones sindicales ni con el tejido social. Además, UGT le achaca "incompetencia" en la gestión de la sanidad pública, por lo que exige a la Comunidad que devuelva las transferencias sanitarias al Estado. "Cuando se concedieron, se hizo para hacer más cercana la gestión a la ciudadanía, no para ponerla en manos del sector privado. Si Esperanza Aguirre no es capaz de administrar las competencias, que las devuelva", señala López.

Los tres nuevos hospitales abrirán sus puertas, según el compromiso de la presidenta, antes de que acabe esta legislatura, es decir, en 2011. El anteproyecto detalla que tendrán asignadas casi 415.000 tarjetas sanitarias. Sólo el de Móstoles dará cobertura a 170.000 personas de 18 municipios, que tendrán que cambiar su centro habitual por el nuevo. En total, hay 31 localidades afectadas.

Cuando Aguirre llegó a la presidencia, hace casi cinco años, todos los hospitales de la Consejería de Sanidad eran de gestión pública. Hoy ya hay casi un millón y medio de madrileños que tienen confiada su salud a hospitales privados o con un modelo de gestión mixto público y privado. El proceso de privatización empezó pronto. Ya en la campaña de 2003, Aguirre anunció que construiría ocho hospitales, en los que enseguida entró el capital privado. Seis de ellos (Infanta Leonor, en Vallecas; Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes; Henares, en Coslada; Infanta Cristina, en Parla; Sureste, en Arganda, y Tajo, en Aranjuez) son de gestión mixta pública y privada. Las empresas construyen los edificios y gestionan todos los servicios menos el personal sanitario, que sigue dependiendo de Sanidad. El séptimo, el de Valdemoro, va más allá, ya que está todo gestionado (también personal médico y enfermería) por la empresa Capio.

Ése es el modelo de los nuevos hospitales. Queda pendiente el del distrito de Carabanchel, en los terrenos de la antigua cárcel. La presidenta Aguirre aprovechó la firma del convenio de cesión de terrenos con los alcaldes de Móstoles y Torrejón, el 5 de agosto, para recordar al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que tiene que cederle una parcela del penal.

A la empresa que gestione el nuevo hospital de Collado Villalba se le cederán 109.625 tarjetas sanitarias. El anteproyecto detalla que, para 2011, contará con 150 camas de hospitalización y 10 más en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La ratio de camas por 1.000 habitantes resultante es de 1,46. La media de la Comunidad de Madrid está en 3,4. Ahora, los pacientes de la zona tienen que desplazarse al hospital de El Escorial o al Puerta de Hierro. La cartera de servicios para las especialidades quirúrgicas es "de complejidad media", por lo que los procesos más especializados seguirán derivándose al Puerta de Hierro, que en septiembre se traslada definitivamente a Majadahonda.

Móstoles tendrá un segundo hospital que descongestionará el que el mes pasado cumplió 25 años. Atenderá a 171.478 personas y dispondrá, también en 2011, de 260 camas, más otras 16 en la UCI. La ratio es de 1,61 camas por 1.000 habitantes. La cartera de servicios para especialidades quirúrgicas es de "complejidad media". Igual que en el de Torrejón, que dará cobertura a 133.144 habitantes. Tendrá 198 camas, más 16 en la UCI, lo que equivale a una ratio de 1,61.

La cartera de servicios en las especialidades médicas varía entre hospitales. En Móstoles, por ejemplo, no hay consulta de rehabilitación ni de fisioterapia. Tampoco hay hospitalización de geriatría o psiquiatría, entre otras. En Torrejón sí hay consulta de rehabilitación, pero no hay hospitalización de geriatría, salud mental o reumatología. Finalmente, en Villalba también falta la hospitalización de geriatría y psiquiatría. Además, no hay consultas de fisioterapia.

El sindicato UGT critica que no estén "todas las prestaciones sanitarias". Además, denuncia que el centro de especialidades de Torrejón de Ardoz pertenece a la Tesorería de la Seguridad Social, por lo que no debería cederse "a la explotación mercantil del sector empresarial privado".

El anteproyecto de explotación de los hospitales asegura, en el apartado Rentabilidad, que, en las cooperaciones público- privadas y bajo el modelo planteado en la Comunidad de Madrid, "es necesario que los riesgos inherentes al proyecto estén transferidos adecuadamente al sector privado". Y añade que "la iniciativa privada debe obtener una rentabilidad adecuada y acorde al mercado, que compense la inversión realizada, el coste de financiación de la inversión y los riesgos asumidos por el contenido de la oferta". El documento deja libertad a la empresa adjudicataria para que explote "las zonas complementarias y espacios comerciales autorizados".

El anteproyecto señala, ya en la introducción, que la cooperación con el sector privado es "la fórmula más adecuada para asegurar una atención sanitaria con elevados niveles de calidad". Algo que también afea a la Consejería de Sanidad el sindicato UGT. "No han presentado ningún informe económico que pruebe que es cierto", denuncia Carmen López. El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Madrid, Fernando Sánchez, añade que esas manifestaciones son un ejemplo más "del desprecio continuo a los profesionales de los hospitales tradicionales".

(www.elpais.com, 23/08/08)

Antonio Beteta, consejero de Economía y Hacienda, no es un político cualquiera. Ha sido la voz de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en la Asamblea de Madrid durante la pasada legislatura. El látigo del PP madrileño contra el Gobierno nacional. Y un duro azote contra la oposición socialista en la región. Hace un mes, Aguirre le dio las riendas de la economía madrileña. Y , se lanzó en tromba contra el ministro de Economía, Pedro Solbes. Acusó a su departamento de retrasar un pago de un anticipo de 418 millones de euros.

El Estado entrega a las regiones este adelanto de la financiación (vinculado al gasto sanitario) desde 2005. Desde entonces, cada mes de julio el ministerio remite, a petición de las comunidades, "un documento en el que reconoce la cantidad del anticipo", aseguran desde la consejería. Pero este año este documento no ha llegado. Y eso ha dado argumentos a Beteta para cargar contra el Gobierno nacional. "Si Economía decide no entregar los anticipos debería comunicar cuáles son los hospitales o centros de salud que no deben seguir prestando servicios", proclamó.

El consejero esperó hasta el último día para reclamar el anticipo, el 30 de julio. Al día siguiente recibió la respuesta del ministerio: "Estamos a la espera de disponer de los datos de recaudación del primer semestre", decía la misiva. Sin embargo, Beteta se guardó la carta durante 10 días. Hasta , cuando amenazó al Ejecutivo: "Si no paga esas cantidades, llevará a las regiones al déficit o a cortar algunos servicios". Ocho comunidades han pedido el anticipo. El ministerio negó las acusaciones. La recaudación estatal hasta junio ya es pública, un 4,8% menos. Pero en el ministerio explicaron que aún está por concretar cuánto dinero se ha ingresado por impuestos (IRPF, IVA e impuestos especiales) en cada comunidad. El desplome de estos ingresos provoca que la entrega a cuenta no esté asegurada. "No es automática", recuerdan desde el ministerio. Depende de que la recaudación real evolucione mejor que la presupuestada. Y eso no ocurre: la crisis está mermando los ingresos.

Una portavoz del ministerio sostuvo que lo habitual en años anteriores era recibir las peticiones en julio, evaluarlas en agosto e ingresar el adelanto en septiembre. Y ése es el proceso que se sigue en esta ocasión. Un portavoz regional indicó que "es difícil creer que el Gobierno aún no haya calculado la recaudación para determinar cuánto le toca en el reparto a Madrid". Y agregó: "La economía va mal y el Ejecutivo nacional no lo quiere reconocer".

(www.elpais.com, 12/08/08)

"¡Es que son ya seis meses!", exclamaba Antonio Delgado el viernes pasado mientras daba cuenta, uno por uno, con la minuciosidad del jubilado, de todos los trámites por los que ha pasado desde principios de año. Para nada. Porque esas hernias en las ingles que le dificultaban caminar y le tenían a base de nolotiles seguían en su sitio. Jorobando, doliendo. Haciéndole la vida un poco más complicada a sus 78 años.

"Adquirimos el compromiso", dice el papelito que acreditaba que había entrado en lista de espera, de "intervenirle en el menor tiempo posible". Eso fue el 21 de febrero. El pasado viernes, Antonio estaba en su casa de Ascao, sentado en su sofá. Con las hernias donde siempre. Y con los nolotiles a mano. Ese mismo día este periódico llamó a la Consejería de Sanidad para preguntar a qué se debía el medio año de espera para la operación. Mano de santo. Unas horas más tarde sonaba el teléfono de Antonio. Era de su hospital, el Ramón y Cajal. Que si podía ir esa misma tarde. No podía, pero eso no iba a suponer ningún problema. Algo inaudito: los médicos le verían en el fin de semana. El hematólogo, el sábado. El cirujano, el domingo. Antonio no daba crédito.

Y así fue. Este martes, Antonio entró por fin al quirófano. "Ha ido todo muy bien. Ha estado muy bien atendido", decía su esposa, Mercedes Díaz de Tudanca. El marido, al teléfono desde su habitación, lo corroboraba. "El personal ha estado maravilloso, pero no me olvido de los meses que he estado sufriendo". Se ha solucionado su problema, pero no su enfado: "No tienen vergüenza. He tenido que acudir a un medio de comunicación para que me hagan caso".

El peregrinaje de Antonio empezó hace justo un año en el ambulatorio de San Blas. El urólogo le mandó al cirujano del centro de salud y éste, al del hospital Ramón y Cajal. En febrero entró en lista de espera. Esa que, a tenor del compromiso de la presidenta regional, dura un máximo de 30 días. Antes de que se cumpliera ese plazo, la sanidad pública ofreció al paciente operarle en otro centro público, el Carlos III.

Él lo rechazó y siguió aguardando porque quería ir a su hospital de siempre. "Pero yo creía que era una cosa normal, uno o dos meses". En mayo volvió a preguntar por lo suyo. "Les dije que me mandaran donde quisieran, porque no podía soportar el dolor". Finalmente le llamaron y le citaron el 25 de junio con los especialistas que le operarían en el hospital Santa Cristina, también público.

Y allí, la sorpresa. El anestesista le informó -y lo dejó por escrito- de que no le podían operar en el centro, porque no tenían ni UCI ni cardiología. Porque resulta que Antonio, además de las hernias, padece una cardiopatía que le obliga a llevar marcapasos y a medicarse con sintrón (fármaco anticoagulante). Un detalle que aparece, machacón, en todos los partes de interconsulta e informes y del que nadie pareció darse cuenta al derivarlo al Santa Cristina. "El anestesista me dijo que es una operación simple, pero que, en mi caso, puede tener riesgos".

Vuelta al Ramón y Cajal. "Llevé los papeles otra vez a la lista de espera. Y hasta hoy", contaba Antonio en su casa, el pasado viernes. Mostraba el parte de un último pase por urgencias, el 4 de julio. Le prescribieron el consabido nolotil, volver a urgencias si empeoraba y "acudir a atención al paciente para gestionar la resolución de la espera de cirugía".

"Estoy peor, porque se va haciendo la pelota más grande. En cuanto me levanto empieza a salirse y a doler. A rabiar", detallaba Antonio antes de la operación. La página web de Sanidad donde los pacientes pueden consultar la marcha de la lista de espera no daba pistas entonces sobre cuándo le operarían. No había fechas; sólo un comentario críptico: "Situación de transitoriamente no programable desde 25/6/2008 hasta 30/6/2008 por demora médica". ¿Y eso qué quiere decir?, se preguntaba Antonio.

Para más inri, la propia web constataba que el plazo del preoperatorio había expirado el 5 de agosto. Y Antonio, con sus nolotiles. Paseando lo justo y dejando de ir a por los recados de la casa. "Le llevaba las cosas de peso a mi mujer. Ahora ando por ahí con miedo. Algún día me he tenido que echar en un banco del dolor", se lamentaba el viernes.

La respuesta de la Consejería de Sanidad a la pregunta de este periódico fue lacónica: "El paciente rechazó la primera opción. Con esa oferta la Consejería cumple con el compromiso". Durante la semana pasada, tanto la presidenta Esperanza Aguirre como el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, repitieron que ningún enfermo espera más de 30 días para ser intervenido. Fue también una de las promesas estrella de Aguirre en la campaña electoral de 2003, cuando se comprometió a dimitir si "algún madrileño espera más de 30 días para ser operado".

Antonio dice que se pone malo cuando escucha lo de los famosos 30 días. "De 30 días, nada. Que me lo digan a mí, que llevaba más de seis meses esperando".

(www.elpais.com, 14/08/08)

Faltan tres semanas para que más de un millón de escolares de primaria y secundaria regresen a las aulas. De ellos, 10.000 estrenarán los 26 centros construidos en la Comunidad de Madrid (17 públicos y 9 concertados); otros 700 lo harán en 29 salas prefabricadas, a las que la Consejería de Educación llama "aulas transitorias". Otros cuatro colegios tienen las obras aún por terminar, por lo que sus alumnos iniciarán el curso en otros centros (algunos, en aulas prefabricadas), y sólo en el segundo trimestre del curso estrenarán nuevas instalaciones.

"El número de barracones es el más bajo de los últimos años, pero la consejería ha conseguido reducirlo a costa de elevar las ratios de alumnos por clase por encima de lo que indica la ley", dice José Luis Pazos, portavoz de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Giner de los Ríos. Pazos recuerda que la Ley Orgánica de Educación establece un máximo de 25 alumnos por clase en primaria y 30 en secundaria al iniciarse el curso. Asegura que las ratios se incumplen, porque hay hasta 30 alumnos en algunas clases de primaria y 35 en secundaria.

Por su parte, la Consejería de Educación afirma que la ratio está en 21,5 y 25,2, respectivamente.

En cuanto a los barracones, la consejería asegura que cuentan con todas las condiciones necesarias. Tienen "aire acondicionado, calefacción, servicios sanitarios y aislamiento acústico y térmico", según un portavoz.

Pero, para Pazos, "los barracones son algo a erradicar". "El alumno se siente escolarizado en un habitáculo. Las condiciones de cada barracón son lo de menos. Los niños se sienten distintos porque no estudian en un lugar como el resto de sus amigos".

Los 17 nuevos centros públicos que entran en funcionamiento en septiembre (12 colegios, 4 institutos y un centro de formación profesional) ofertan 5.865 plazas. La inversión de la Comunidad ha sido de 43 millones de euros. Los nueve colegios concertados que abren sus puertas por primera vez ofrecen 4.521 plazas. En el segundo trimestre se inaugurarán tres nuevos centros públicos, dos en Madrid capital y uno en Leganés. También un instituto público en Torrejón de la Calzada. Entre los cuatro van a crear 2.040 nuevas plazas para acoger a los alumnos repartidos en otros centros.

(www.elpais.com, 26/08/08)

La consejera de Educación, Lucía Figar, aseguró que la cifra de 29 aulas prefabricadas que acogerán a 700 alumnos cuando comience el nuevo curso escolar es "un récord a la baja", y la comparó con las de otras comunidades autónomas. Figar realizó estas declaraciones durante la inauguración de una oficina de atención al ciudadano para temas relacionados con la educación en la Gran Vía, donde también habló de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

La consejería asegura que el número de barracones, a los que llama "aulas transitorias", se ha reducido progresivamente durante los últimos años (164 aulas en 2004, 82 en 2005, 36 en 2006 y 31 en 2007). "Aspiramos a que no haya ninguna", indicó Figar. La consejera comparó el número de barracones de Madrid, 29 para el curso que empieza, con el de otras comunidades como Cataluña, 800, o Castilla-La Mancha, 400, según sus datos. "Es mal negocio decir que las hay peores cuando afirmas ser líder en educación de calidad", contestó Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, a estos datos. "El único récord que reconozco a este Gobierno es el privatizador", continuó García, refiriéndose a un informe elaborado por el sindicato con datos del Ministerio de Educación, según el cual, 8 de cada 10 nuevos alumnos escolarizados en la Comunidad acuden a centros privados o concertados.

La oposición tampoco confía en las palabras de la consejera y lamenta que una comunidad autónoma como Madrid tenga que usar este tipo de instalaciones. Para Fátima Peinado, portavoz socialista de Educación en la Asamblea de Madrid, "la consejería habla de aulas transitorias, pero no de la precaria situación de las infraestructuras educativas". El PSOE denuncia que se está ampliando la capacidad de algunos centros a costa de quitar espacio a patios, gimnasios o bibliotecas, donde ahora se imparten clases normales. De ahí, según los socialistas, vendría la reducción del número de barracones.

Por otra parte, la Comunidad comenzará a impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en septiembre, pero con "respeto a los derechos" de las familias objetoras, declaró Figar. Esto significa que los alumnos objetores no asistirán a clase, y todavía "no hay nada definido" para que ocupen ese espacio de tiempo, lo cual, según el Gobierno central, es ilegal, ya que la asignatura es obligatoria para todos los alumnos. El Tribunal Supremo debe pronunciarse en los próximos meses sobre algunos recursos presentados por padres de alumnos en Andalucía y La Rioja.

(www.elpais.com, 27-08-2008) 

El juez que instruye el caso de la agresión sufrida por el profesor Jesús Neira cuando intentaba defender a una mujer de la agresión de su pareja sentimental ha rechazado que la Comunidad de Madrid se presente como acusación popular porque "supondría un conflicto de intereses entre el Gobierno regional y sus médicos". El magistrado entiende que los facultativos que atendieron a Neira pudieron cometer un delito. También especifica que la Comunidad podría ser responsable civil subsidiaria de las lesiones que sufre el afectado. Neira está en coma desde el pasado día 6. continuaba "en situación estacionaria dentro de la gravedad", según el último parte médico del hospital Puerta de Hierro. El portavoz de la familia, Javier Castro, aseguró que el profesor "sigue muy mal".

Los servicios jurídicos del Gobierno autónomo están estudiando recurrir la decisión del juez. Entienden que el magistrado no es competente para determinar la responsabilidad de los médicos que atendieron a Jesús Neira. La Comunidad de Madrid se ha personado como acusación, tanto en el caso de la agresión a Neira como en el proceso que está abierto en los juzgados de Aranjuez por los presuntos malos tratos que Antonio Puerta -el presunto agresor del profesor- propinó a su pareja.

(www.elpais.com, 18/08/08)

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, habló sobre el caso Neira. Dijo que la relación con la familia del profesor agredido es "muy buena", que se le concederá la medalla al Mérito Ciudadano por su gesto de defender a una mujer que estaba siendo agredida y que el Gobierno regional está dispuesto a colaborar. Pero este puñado de buenas palabras no contentó a la familia de Neira. "Esperamos que la Comunidad haga menos declaraciones de apoyo y que asuma su responsabilidad en este caso, que la tiene, y mucha", señaló el portavoz familiar, Javier Castro.

Esa responsabilidad es, según Castro, la que se deriva de una supuesta negligencia de los médicos que atendieron a Neira tras la agresión del 2 de agosto (tres de ellos están imputados por negligencia). El profesor, golpeado al defender a una mujer maltratada, entró en coma en su domicilio tras varias visitas a los facultativos. Por ahora, el juez ha imputado a tres médicos de la sanidad pública, uno del hospital de Móstoles y dos del Puerta del Hierro. Javier Castro comentó a este periódico que en los próximos días solicitarán al juez de Majadahonda que cite como imputado por su responsabilidad en los hechos a un cuarto facultativo, perteneciente al Puerta de Hierro, que atendió a Neira el lunes 4 de agosto.

El enfrentamiento entre la Comunidad y la familia se debe a la insistencia del Gobierno regional por personarse como acusación popular en el caso de la agresión, es decir, por ser parte en un proceso en el que sus médicos están imputados. El profesor permanece en coma desde el pasado 6 de agosto en el hospital Puerta de Hierro, cuatro días después de sufrir la agresión.

Así, los abogados de Neira presentaron alegaciones en el juzgado de Majadahonda que lleva el caso contra el recurso interpuesto el martes por la Comunidad para ser acusación popular. El juez ya había rechazado esa pretensión del Ejecutivo anteriormente. "La Comunidad sigue insistiendo en su voluntad de personarse porque tiene intereses directos en ese procedimiento", señaló Castro.

"Ellos lo plantean así porque piensan que la agresión y la negligencia son dos casos distintos. Pero para nosotros la conexión es evidente: la situación de Jesús es consecuencia de ambas cosas, de la agresión y de que no recibió la atención facultativa adecuada", aseguró Castro a este diario. El portavoz de la familia señaló, además, que el recurso del Gobierno regional también cuestiona la competencia del magistrado para juzgar la responsabilidad penal de los médicos que atendieron a Neira. "Cualquier dilación en el proceso va en contra del proceso", concluyó Castro.

El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio González, aseguró que la Comunidad mantiene su intención de personarse en el caso para lograr que "se aplique todo el peso la ley". "Lo que hay abierto es un proceso por una denuncia de las agresiones salvajes al señor Neira, que es lo que ha provocado el estado en que se encuentra, y en el que nosotros queremos ser parte porque nos parece un hecho brutal de agresión que tiene que ser condenado", añadió.

Sobre las actuaciones sanitarias en los hospitales Puerta de Hierro y de Móstoles, González, indicó que actuarán en lo que les "corresponda", sin profundizar más en el tema ni determinar en qué punto se encuentra el expediente que la Consejería de Sanidad abrió para determinar si se atendió correctamente a Neira en su periplo hospitalario, desde que sufrió las agresiones el 2 de agosto hasta que ingresó en el Puerta de Hierro en coma por un derrame cerebral.

El estado del profesor empeoró en la noche del pasado miércoles, debido a una segunda infección hospitalaria, causada por una bacteria distinta de la que le había provocado una neumonía en días pasados. La infección que sufre Jesús Neira le afecta a los pulmones e impide que la sangre se oxigene. El paciente ha precisado una transfusión de sangre. Ahora los médicos tratan de combatir la bacteria."Los médicos nos han dicho que puede haber un desenlace en cualquier momento, pero que hay alguna esperanza y tenemos que agarrarnos a ella", señaló el portavoz familiar. Según el parte médico del hospital, Neira permanece en situación grave y con pronóstico reservado.

(www.elpais.com, 29/08/08)

En mayo de 2007, en plena campaña electoral, Esperanza Aguirre se comprometió con los votantes a entregar en la presente legislatura 150.000 pisos de alquiler con opción a compra. Según datos de la propia Comunidad de Madrid, en el primer semestre de 2008 sólo se han entregado 1.563 de estos pisos, es decir el 1%, e iniciado la construcción de casi 13.000, lo que a juicio de muchos observadores hace prácticamente imposible que Aguirre cumpla lo prometido hasta 2011.

Precisamente, el portavoz socialista de Vivienda, el diputado Antonio Fernández Gordillo, recordó que "apenas han comenzado a construir las 45.000 viviendas del parque público de alquiler prometidas para este periodo por la presidenta regional". El parlamentario socialista indica que la creación de un parque público de alquiler "es la gran asignatura pendiente en la Comunidad" para equipararse a las regiones europeas de nuestro entorno, en las que este tipo de vivienda roza el 18% y el 20% frente al 1% en nuestra región. En este sentido, Gordillo recuerda que los socialistas presentaron una serie de enmiendas parciales a los presupuestos de 2008 -que el PP rechazó-, para invertir este año 241 millones de euros y así crear un parque público de vivienda en alquiler, para aumentar en 10 millones las ayudas a la vivienda y para incrementar el dinero destinado al IVIMA para la promoción de vivienda protegida en 23,5 millones de euros.

"La actual situación del mercado de la vivienda en la Comunidad de Madrid obliga a que el Gobierno regional revise su política de vivienda como la ha estado practicando hasta el momento", explica Fernández Gordillo. El socialista afirma que "hay que invertir desde la Comunidad en la construcción de más vivienda pública, tanto de alquiler como con opción de compra. Esto revitalizaría el sector en nuestra región y permitiría el acceso a una casa a miles de madrileños para los que una vivienda en el mercado libre sigue estando fuera de su alcance".

Finalmente, Gordillo recordó "la necesidad de consensuar entre la administración regional, las fuerzas políticas y los agentes sociales, una política pública de vivienda que actúe como instrumento anticíclo del sector inmobiliario, consenso al que, sin embargo, Esperanza Aguirre se ha negado repetidamente y el PP ha rechazado en la Asamblea", concluyó el diputado.

(www.madriddigital.info, 27/08/08)

La secretaria de Empleo de CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira (foto), afirmó que los datos de paro del mes de julio, junto a los reflejados en segundo trimestre de la EPA, ponen de manifiesto que "los efectos de la crisis económica están afectando especialmente a los trabajadores madrileños y de forma más intensa que al resto del Estado, sin que desde el Gobierno regional se establezcan medidas especiales para frenar el desempleo, ni ayudas a los desempleados".

El sindicato sigue insistiendo un mes más en la necesidad de "reforzar los servicios públicos de empleo para atender la demanda creciente de las personas desempleadas en la búsqueda de empleo, así como en el aumento de las prestaciones, asegurando así mismo la calidad del empleo que se genera".

El número de parados registrados en las Oficinas de Empleo del INEM en Madrid subió en julio pasado en 1.199 personas, con lo que el número de desempleados se situó al término del pasado mes en 268.135.

El aumento del desempleo en Madrid en términos porcentuales fue del 0,45%, mientras que en el conjunto de España subió un 1,53%, tras aumentar en 36.492 personas, según los datos facilitados lunes por el Ministerio de Trabajo.

Esta subida de la tasa de desempleo en la región es la cuarta consecutiva y multiplica por ocho el ascenso registrado en julio de 2007. Respecto a ese mes, el paro registrado en Madrid subió en 51.846 personas, un 23,97 por ciento, mientras que en el conjunto del país se incrementó en 456.578, un 23,17 por ciento.

A finales del mes pasado había en Madrid 123.994 hombres y 144.141 mujeres registrados en las oficinas del INEM.

El 17,26% de los parados madrileños, 46.303, son extranjeros con permiso de trabajo, más de la mitad de ellos adscritos al sector servicios, 25.918, y aproximadamente un tercio a la construcción, 15.253. El pasado mes de julio el paro de los inmigrantes bajó en 425 personas, un 0,91 por ciento, aunque en los últimos doce meses subió en 19.077, un 70,07 por ciento.

Del total de parados de Madrid, 28.330 son menores de 25 años, y de ellos 16.804 son hombres y 11.526 mujeres.

Por sectores, el paro registrado varió en las siguientes magnitudes: en Agricultura bajó en 12 personas y se sitúa en 1.545; en Industria se redujo en 156 con un total de 20.212; en Construcción volvió a aumentar, aunque sólo en 393, y queda en 38.331; en Servicios se incrementó en 1.340 y es ahora de 196.890 y en el colectivo sin empleo anterior descendió en 366 y alcanza las 11.157 personas

(www.madriddigital.info, 05/08/08)

En relación con los datos de siniestralidad laboral correspondientes al mes de julio en la Comunidad de Madrid, y a pesar del descenso registrado, CCOO califica las mismas como "inasumibles", ya que actualmente se produce un accidente mortal cada tres días laborables, hasta un total de 84 fallecidos en 2008. El sindicato denuncia que en el lo que va de año han aumentado los accidentes graves, que se elevan hasta 459 y que podrían verse incrementados, ya que muchos siniestros son calificados como leves para evitar su investigación por parte de la Inspección de Trabajo. Asimismo, el sector servicios sigue incrementado los datos de siniestralidad, situándose el total en 46.157 de los 86.362 accidentes laborales registrados en nuestra región.

CCOO de Madrid considera que en un asunto como éste que afecta a la seguridad y salud de los trabajadores el Gobierno regional debería actuar con la máxima diligencia, "no demorando un día más" la puesta en marcha de las medidas recogidas en el III Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales.

El sindicato cree también que hay una falta de compromiso con los acuerdos firmados con los agentes sociales y, por otra parte, considera necesario que se haga cumplir la Ley a los empresarios infractores, "de forma que su vulneración tenga las máximas consecuencias civiles y penales".

Por último, la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid está estudiando presentarse como acusación popular en el accidente de trabajo mortal que el pasado 30 de julio costó la vida a la jinete de la Brigada de Caballería del Cuerpo Nacional de Policía por incumplimiento grave del RD 2/2006, normativa especifica en prevención de riesgos laborales para estos funcionarios.

Se trata de la primera mujer que fallece por accidente de trabajo en la Comunidad de Madrid en lo que va de año.

(www.madriddigital.info, 12/08/08)

El metro no extenderá su horario durante el fin de semana, lo pida quien lo pida. Ni aunque la demanda venga recogida en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011, del Ministerio de Industria, aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros. Dicho plan propone la extensión de los horarios del suburbano durante el fin de semana y la cobertura total telefónica para incentivar su uso. De esta forma, dice Industria, se conseguiría ahorrar energía.

Pero el Gobierno de la región no lo ve igual. "Abrir el metro por la noche no es una medida de ahorro energético. Al contrario, supone el gasto de mucha energía", aseguró un portavoz de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, responsable máxima del suburbano. "Ya sólo las escaleras mecánicas consumen mucha energía", añadió. En las madrugadas de fin de semana y vísperas de festivos existen los buhometros, una "excelente forma de ahorro", según esa fuente. Se trata de autobuses que hacen el recorrido de cada línea de metro desde las 0.45 hasta las 5.45. A ellos se suman los búhos, autobuses que funcionan todas las noches de la semana.

Sobre la cobertura telefónica en la red del metro, la consejería quiere que el mes que viene se pueda hablar por el móvil en todas los recorridos por el perímetro interior de la M-30. Hasta el momento hay cobertura en 34 de las 243 estaciones. El desarrollo de las infraestructuras necesarias está en manos de la empresa Metrocall, que depende de la Comunidad de Madrid. "En cuanto tengamos los repetidores preparados para dar servicio en toda la red del metro, estaremos encantados de hacerlo", explicó un portavoz de Telefónica.

(www.elpais.com, 06/08/08)

La M-501 (carretera de los pantanos) vuelve a causar polémica, incluso después de haberse inaugurado hace un mes. En esta ocasión, el elemento de la discordia es una planta provisional de asfaltado que la Comunidad de Madrid autorizó instalar en marzo cerca de Chapinería y que debía terminar la obra de la vía. El Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el partido independiente, suspendió la actividad de la planta el 17 de julio, un día antes de que el consejero de Transportes e Infraestructuras, José Ignacio Echeverría, abriera al tráfico el nuevo tramo de carretera.

Los encargados de dar la voz de alarma fueron Ecologistas en Acción y Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible. Enviaron una queja al Ayuntamiento de Chapinería, a las consejerías de Medio Ambiente y Sanidad, y a la Unión Europea. En el escrito denunciaban que la planta asfáltica que se instaló a unos dos kilómetros de Chapinería y Navas del Rey se encontraba sobre suelo no urbanizable protegido, que prohíbe la construcción de este tipo de instalaciones, según Concha Velasco, miembro de Ecologistas en Acción. La planta estaba situada a apenas a 500 metros de dos arroyos y a 150 metros de la conducción que transporta el agua desde el embalse de Picadas a Valmayor, y que abastece a la capital.

La Comunidad de Madrid no ha respondido todavía a dicho documento. La única respuesta llegó de manos del Ayuntamiento de Chapinería. La contestación se produjo un día antes de que se inaugurara la carretera de los pantanos. El alcalde de la localidad, Ángel Luis Fernández Robles, confirmó que la planta que instaló una unión temporal de empresas (con la aprobación de la Comunidad de Madrid) para producir asfalto y terminar la M-501 no tenía la correspondiente licencia municipal. Este periódico intento, sin éxito, conocer la versión del Gobierno regional a través de algún responsable.

"La Comunidad de Madrid no ha querido cumplir la normativa medioambiental", denuncia Velasco. La planta se instaló sin pasar ningún informe ambiental ni sanitario, según Ecologistas en Acción. La construcción también incumplió el Plan de Prevención de riesgos forestales de 2006. "Esta norma no permite la utilización de combustible cerca de zonas verdes, y en la planta trabajaban con cisternas que contenían ese material", afirman en la asociación verde.

La planta se desmontó hace unas semanas. La zona sobre la que se levantaba se ha cubierto con toneladas de tierra, según Velasco. Por ello, la mayor preocupación de los ecologistas reside en conocer dónde están los residuos que se han producido durante los meses en los que la instalación ha estado en funcionamiento. Estas organizaciones han solicitado al Ayuntamiento de Chapinería que investigue estos hechos.

La Comunidad de Madrid quiere ampliar el tramo de autovía de la M-501 hasta el kilómetro 71, límite de la región (ahora llega al 40). Ya ha adjudicado las obras y está a la espera del estudio de impacto ambiental para iniciar la reforma.

(www.elpais.com, 20/08/2008)

A Pilar Ambite, de 80 años, se le ha complicado la vida. El Ayuntamiento acaba de dejarle sin el servicio de ayuda a domicilio. La trabajadora auxiliar ya no viene un par de horas por semana para ayudar en la limpieza. Como Ambite, decenas de mayores se han quedado sin la ayuda municipal en los distritos de Carabanchel y Moratalaz. El Consistorio asegura que se trata de casos puntuales y que los trabajadores sociales son los responsables de ampliar o recortar las horas de ayuda.

"Me llamaron por teléfono el 1 de agosto para decirme que suspendían el servicio y que no sabían si se restablecería en septiembre", asegura la mujer. La llamada era de Mapfre Quavitae, la empresa adjudicataria del servicio de atención a domicilio en cinco distritos. "Hemos llamado a usuarios para suspenderles la asistencia por orden del Ayuntamiento", reconocen desde la empresa. Este periódico intentó, reiteradamente y sin éxito, obtener la versión de algún portavoz de la compañía.

El servicio de ayuda a domicilio se divide en dos prestaciones: atención personal (representa el 70% de total de beneficiarios) y limpieza del hogar. Los mayores pagan por este servicio una cantidad proporcional (hasta 7,20 euros la hora) a la pensión que reciben. Hay 400 trabajadores sociales que evalúan cada seis meses a los cerca de 40.000 usuarios de esta ayuda, según Florencio Martín, director general de Mayores del Ayuntamiento.

Un informe del 12 de agosto firmado por la consejera técnica del distrito de Carabanchel, Beatriz Simón López, indica que "la suspensión de este servicio" se ha llevado a cabo para atender a "aquellas personas que durante el mes de agosto presenten necesidades urgentes o perentorias (por ejemplo, en hospitalizaciones de larga duración es habitual dar el alta temporal durante el mes de agosto)".

Ambite vive con su hija Esther, de 25 años, que tiene una minusvalía del 65% y sufre anorexia. "Es una preocupación más porque tengo que ducharla y estar pendiente de ella. Mis tareas se multiplican sin la ayuda de la auxiliar". Su hijo, David Prieto, solicitó el servicio a domicilio para su madre hace un año, cuando murió su padre. Enfadado por la suspensión, David acudió al centro de atención a mayores de la calle de Zaida, en Carabanchel, donde le citaron con la asistente social para el 28 de agosto. "Es inadmisible que no avisen de la suspensión con 15 días de antelación. Tratan a los mayores como súbditos, y no como ciudadanos", denuncia.

"El hecho de que se hayan suspendido 40 o 50 casos no es significativo. El recorte sólo afecta a las personas que reciben dos horas semanales de ayuda", afirma Florencio Martín. Los ancianos que necesitan un apoyo mayor por su delicado estado de salud seguirán recibiendo el servicio como hasta ahora, afirma.

María Olmedo Díaz-Hellín, de 87 años, vive sola en una casa de Carabanchel. El 4 de agosto le comunicaron que la auxiliar que la atendía una vez a la semana no volvería a ayudarla por un periodo indefinido. "Es un fastidio enorme, porque tengo que hacerle todo. No puede salir de casa y, como mucho, pasa un trapito por la mesa del salón para quitar el polvo", relata su hija Margarita, de 60 años, que tiene una invalidez del 65%. María se puso muy nerviosa al conocer la noticia, según cuenta su hija. Preocupada por el estado de su madre, Margarita consiguió reunirse la semana pasada, acompañada por Ángeles Álvarez, portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, con la responsable de servicios sociales en la Junta de Carabanchel, Natividad Romero, y la jefa del servicio, Amparo Comas, para mostrarles su queja. En esta charla, Romero aseguró que había tomado esa decisión por falta de presupuesto y de personal, según Álvarez. Este periódico no pudo contrastar esta versión con la de Romero y Comas, a las que intentó localizar sin éxito. "Únicamente la Concejalía de Servicios Sociales puede suspender la atención doméstica", afirma un portavoz del Ayuntamiento.

Después de la queja de Margarita, una nueva auxiliar fue al domicilio de su madre el pasado miércoles y, tras limpiar la casa, le dijo que se encargaría de ella durante este mes. , sin embargo, no recibió la asistencia. Extrañada, su hija llamó a la Junta de Carabanchel. La respuesta fue tajante. "La auxiliar no debió decirle eso. El servicio está suspendido".

La oposición está indignada. "Las personas mayores que tienen unas capacidades limitadas para desenvolverse están abandonadas desde el 1 de agosto", denuncia Ángeles Álvarez.

El Ayuntamiento mantiene una versión diferente del asunto. "Se están revisando los casos para dar cobertura a quien realmente lo necesita, y en absoluto es por falta de presupuesto o de personal", afirma Florencio Martín. "Es posible que algunos trabajadores sociales no hayan comunicado de forma correcta la suspensión, pero eso ha sucedido con pocas personas".

Rosario Rojas, de 46 años, también está preocupada por la decisión del Ayuntamiento de Madrid. Su madre, de 84 años, y su tía, de 81, viven juntas en la calle de Marqués de Vadillo. Ambas llevan cerca de ocho años recibiendo la ayuda a domicilio. La mayor tiene una minusvalía del 34%, mientras que a su hermana le han diagnosticado Alzheimer.

Rosario llamó la semana pasada a la trabajadora social que está a cargo de sus dos familiares. "Me dijo que nadie le había comunicado la noticia y que se estaba enterando de la noticia por las llamadas de los usuarios".

El problema se extiende más allá de Carabanchel. Es el caso de la madre de Juana. Tiene 79 años y vive en Moratalaz. La anciana se quedó viuda hace 11 meses y solicitó la ayuda a domicilio. Sufre un principio de demencia senil y, hasta el último jueves de julio, recibía la asistencia de la auxiliar una vez a la semana.

Mapfre Quavitae informó a la familia de la mujer de la suspensión del servicio la semana pasada. Una de sus hermanas fue a poner una queja a la Junta de Distrito de Moratalaz y vio a muchas personas que también protestaban por la suspensión. "No me parece lógico que se deje de prestar un servicio que los ancianos necesitan", se lamenta Juana.

(www.elpais.com, 14/08/08)

Un único policía ha estado de servicio este fin de semana durante la noche en Villaviciosa de Odón (30.000 habitantes). Varias bajas por enfermedad y por problemas personales de los que tenían que cubrir el servicio han motivado que éste estuviera bajo mínimos, según explicaron fuentes municipales.

El agente de noche estaba reforzado, en caso de necesidad, por un sargento que estaba pendiente de los hechos que iban sucediendo durante la jornada.

Esta situación de falta de funcionarios no es la primera vez que se da en la policía de Villaviciosa. Durante las pasadas navidades, se quedó sin agentes durante tres días. Y eso que la plantilla consta de 72 efectivos, lo que supone más de dos funcionarios por cada 1.000 habitantes.

La situación por la mañana no era mejor. Siete agentes (tres patrullas y media) se encargaron de vigilar el municipio. Villaviciosa se caracteriza por tener muchas urbanizaciones de chalés, es decir, una gran extensión de calles que deben ser controladas por la policía.

Fuentes municipales restaron importancia a que sólo hubiera un policía municipal de noche. Aseguraron que el cuartel de la Guardia Civil de Villaviciosa reforzó su presencia para evitar robos y altercados. De hecho, en las últimas semanas ha aumentado la plantilla del instituto armado con la incorporación de alumnos en prácticas.

Los sindicatos Unión de Policía Municipal (UPM) y CSI-CSIF han pedido varias veces la dimisión del concejal de Seguridad, José María Bravo.

(www.elpais.com, 18/08/2008)

Ecologistas en Acción califica de "preocupantes artimañas" las maneras que viene utilizando el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para construir sobre una finca situada frente al conjunto histórico-artístico del Monasterio (foto), que cuenta con un alto grado de protección. La organización ha presentado alegaciones y ha pedido la desestimación de la actuación.

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial está tramitando tres modificaciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, para construir en la finca propiedad de la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad de Verduna situada en la calle Leandro Rubio, frente al Monasterio.

Actualmente, la finca cuenta con una superficie total de 7.300 m² y alberga un convento y las instalaciones de un colegio privado. Además, la finca cuenta con un jardín imponente con árboles centenarios que, según denuncian los ecologistas, "tendrían que ser eliminados de la parcela donde se pretende construir".

Mediante las modificaciones propuestas, el Ayuntamiento, pretende dividir la finca en dos partes, una de 4.030 metros cuadrados, sobre la que se construiría hasta 40 viviendas con algún tipo de protección. La otra parcela de 3.279 metros cuadrados permanecería en poder de las monjas y el Ayuntamiento está tramitando un cambio de uso para pasar de equipamiento escolar a residencia comunitaria. Además, la Congregación recibiría un millón de euros.

"Sin embargo –argumenta Ecologistas en Acción-, de acuerdo al grado de protección con que cuenta la finca, esta actuación resulta inviable". La finca está dentro del ámbito del Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico-Artístico del Monasterio. Además las Normas Subsidiarias de San Lorenzo, incluyen la finca de las Hermanas Carmelitas en lo que denominan Conjuntos Homogéneos, con el grado de protección nivel 1º.

"Todo ello, significa que la finca ni puede ser dividida, ni se puede eliminar el frondoso arbolado con el cuenta, ni se pueden cambiar las alineaciones (distancia de las construcciones con la vía pública y otros linderos) ni cerramientos, etc.", aseguran los ambientalistas.

De acuerdo a la denuncia, "el Ayuntamiento no ha mencionado, en ningún caso, el grado de protección con que cuenta la finca. Los informes municipales omiten cualquier referencia a la protección de la finca. Parece evidente que la razón podría ser ocultar la existencia de esta protección para no encontrar obstáculos en la propuesta de nueva construcción. El Ayuntamiento, tampoco ha hecho público el acuerdo de compra firmado con la congregación religiosa".

Ecologistas en Acción califica de "preocupantes artimañas, las maneras que viene utilizando este Ayuntamiento para seguir construyendo como sea y donde sea". La excusa de construir viviendas de protección "no puede ser válida para burlar la legalidad urbanística y atentar contra el valioso patrimonio histórico, cultural y natural del municipio", subraya el colectivo.

Esta organización recuerda que el Ayuntamiento, ya utilizó una táctica similar para duplicar la densidad de viviendas en la UE-12 Unamuno, al pie del monte Abantos.

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a las modificaciones, donde pone de manifiesto "las graves irregularidades en las que ha incurrido el Ayuntamiento". Igualmente solicita la desestimación de la propuesta y la redacción de un plan de vivienda de protección "que permita buscar soluciones sin necesidad de arramplar con el patrimonio natural y cultural del municipio".

(www.madriddigital.info, 06/08/08)

Más vale despacho en mano, aunque tenga cinco metros cuadrados, que trabajar en la calle o desde casa. Eso piensan los ocho concejales del PSOE, IU y el Partido Independiente de Alpedrete después de que el Ayuntamiento de la localidad (13.800 habitantes) les obligase a ceder su despacho al nuevo recaudador municipal, que el lunes se instalará en la dependencia.

"A partir del miércoles vamos a montar unas mesas en la puerta del Ayuntamiento para trabajar", asegura Fernando Jiménez, portavoz de IU. "La oposición sabía desde enero que debía abandonar ese espacio y nunca se había quejado", asegura el concejal Tomás Carrión, portavoz del gobierno municipal, en manos del PP.

El problema de fondo son las reducidas dimensiones de la casa consistorial. "Ni siquiera los concejales tenemos un despacho propio. Nos reunimos en el de la alcaldesa para poner en común los temas", subraya Carrión. Está previsto que la Comunidad de Madrid inicie las obras de ampliación de la sede municipal este mismo año.

Los grupos de la oposición (ocho concejales frente a nueve del PP) compartían despacho desde 2004 y han trabajado en unas condiciones precarias, según denuncia el edil socialista Francisco Castillo. "No tenemos ordenador, a pesar de haberlo solicitado varias veces. Hemos pegado el teléfono con cinta adhesiva para que funcione", plantea, mientras muestra el auricular remendado.

"Por si fuera poco, la alcaldesa nos ha colocado un tablón de anuncios tapando la ventana del despacho para impedir que los vecinos vean nuestros comunicados", añade Juan Antonio Aragoneses, también edil socialista de Alpedrete. "Era el único espacio libre que quedaba en el Ayuntamiento y, además, está a la vista de los vecinos", justifica la portavoz municipal, Laura de Dios.

El problema de los despachos también llega a Alcorcón, pero sus protagonistas tienen los colores inversos a los de Alpedrete. El gobierno municipal, que dirigen PSOE e IU, ha reducido el espacio del que disponen los 12 concejales de la oposición, del PP, informa Javier S. del Moral. Será en septiembre cuando, debido a las obras en las dependencias que ahora ocupan, los populares deberán trasladarse a otro edificio. Estarán más lejos de la casa consistorial y perderán tres de los cinco despachos que tienen.

(www.elpais.com, 08/08/08)

Este municipio con 652 habitantes, prevé multiplicar por seis su población, construir un campo de golf y reclasificar 1.150.000 metros cuadrados. Por su parte, el municipio de Villa del Prado, con 5.807 habitantes, planea la construcción de viviendas para albergar hasta 15.000 vecinos, y además reserva suelos para construir un macrocomplejo deportivo.

Al respecto, Ecologistas en Acción dio conocer un documento de prensa en el que "lamenta la hipocresía de los alcaldes que, mientras negaban en Estrasburgo los intereses urbanísticos de la autovía M-501, en Madrid iniciaban los trámites de sus nuevos planes generales".

"Los alcaldes de la M-501 son ajenos a la crisis inmobiliaria, planifican sus nuevos desarrollos como si siguiéramos en la época del boom inmobiliario", afirman los ecologistas. Citan como ejemplos a Villamantilla (foto) y Villa del Prado, dos municipios de la zona sur de la autovía. En 2007, finalizaron los documentos preliminares y recientemente los presentaron en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Los números hablan por sí mismos: Villamantilla un municipio de 652 habitantes prevé la reclasificación de 1.150.000 metros cuadrados, una superficie similar a la del parque de El Retiro. Prevé la construcción de entre 1.000 y 1.500 nuevas viviendas y un campo de golf de nueve hoyos. Esto le permitiría pasar de los 652 habitantes actuales a unos 4.000, lo que supone multiplicar por seis la población.

Para dar acceso a los nuevos desarrollos, la Consejería de Transportes e Infraestructuras ha presentado la memoria-resumen de la variante a las carreteras M-523 y M-530, al este del casco urbano, junto a los nuevos crecimientos. Esta variante se construye dejando a salvo los nuevos terrenos urbanizables y permitiendo accesos rodados a las nuevas viviendas. "Hay que tener en cuenta que de esta forma la Comunidad de Madrid regala a los futuros promotores unos accesos y viarios que deberían correr a su cargo", observa Ecologistas en Acción.

Por su parte, en Villa del Prado, el nuevo planeamiento se remitió a la Consejería de Medio Ambiente en mayo de 2008. En este caso se plantea la reclasificación de 1.000.000 de metros cuadrados y se pretende triplicar la población, pasando de 5.807 habitantes a 15.000. Todo ello a pesar de que el crecimiento de la población en los últimos quince años ha sido de 2.500 personas. "Con este ritmo de crecimiento real, no se justifica la propuesta planteada", dicen los ambientalistas.

En Villa del Prado, además se propone la construcción de un macrocomplejo deportivo, en la finca La Granja. Este complejo incluiría campos de golf, pistas de paddle, tenis, centro de equitación, hospedería, etc. Tal y como se indica en la memoria, la intención es construir un complejo al estilo del Natur Alcalá que la Comunidad de Madrid construye en la finca El Encín, en Alcalá de Henares.

"Ninguno de estos desarrollos sería viable si no se hubiera desdoblado la carretera M-501", subraya Ecologistas en Acción. "Como salta a la vista, el crecimiento natural de la población actual no requiere el número de viviendas que se plantea. Las nuevas viviendas buscan compradores e inversores de fuera. Para eso se torna esencial la autovía, sin autovía no se reducen los tiempos de acceso desde la capital y no se venden las nuevas promociones", destacan los ambientalistas.

(www.madriddigital.info, 07/08/08)