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ACTA NOTARIAL PATRIMONIO DE LA CONDESA CONSORTE
2003
La familia de la nueva inquilina de
la sede de la Puerta del Sol no es, definitivamente, una fiel representante de
la estirpe del españolito medio. Con un potente patrimonio inmobiliario en
varios puntos de España, algunas empresas que lo gestionan y adquieren nuevas
propiedades y apellidos de abolengo que van más allá del conocido de su marido,
Fernando Ramírez de Haro, conde de Murillo con Grandeza de España, no es de
extrañar que empresarios y constructores hayan sonreído con la reciente llegada
de
Esperanza Aguirre a la
Presidencia de Madrid. “Es de las nuestras”, pensarían. Y con razón.
Por Ana Pardo
de Vera
El
dinero no otorga la felicidad, pero se da buena facilidad para imitarla. Y,
desde luego, la familia de la nueva presidenta de la Comunidad Autónoma de
Madrid (CAM) es, por lo que reza el dicho, aparentemente feliz. Aparte de un
patrimonio personal más que considerable, pues procede de una familia muy bien
acomodada, Esperanza Aguirre está respaldada en su entorno más inmediato por dos
sectores muy fructíferos económicamente: el inmobiliario, pues, aparte de sus
pequeñas incursiones en el sector, uno de sus ocho hermanos, Santiago, es
presidente de Aguirre Newman, una gran empresa consultora que se declara capaz
de resolver “todas las necesidades inmobiliarias”, y el de la alta nobleza
terrateniente.
El marido de la
sustituta de Alberto Ruiz-Gallardón, Fernando Ramírez de Haro Valdés, no
pertenece, precisamente, al gremio de los viejos hidalgos arruinados. Es conde
de Murillo y Grande de España, descendiente directo de Felipe El Hermoso, y
posee una inmensa fortuna personal, que junto a la más discreta pero no por ello
desdeñable de su esposa, convierte al matrimonio y a sus dos hijos, Fernando y
Álvaro, en lo que comúnmente se llama una familia rica, muy rica.
Pero la
presidenta de la Comunidad de Madrid no ha querido desvelar su patrimonio, a
pesar del minucioso despliegue que hizo del propio su rival durante la campaña
de las pasadas elecciones, el socialista Rafael Simancas, hoy líder la oposición
en la Asamblea madrileña. Tal vez, la nueva jefa del Gobierno regional madrileño
lo hizo por pudor, pues los madrileños podrían pensar que una persona con tanto
dinero, aunque insista continuamente en que se compra la ropa en Zara, tendría
más dificultad para ver los problemas de un buen porcentaje de ciudadanos que no
llegan a fin de mes por culpa de la hipoteca.
Sin embargo, el
cacareado patrimonio de los Aguirre va saliendo a la luz poco a poco y
confirmado el refrán de que dinero llama a dinero. Por ejemplo, nada más lejos
de este popular razonamiento que las informaciones publicadas por la revista
Interviú sobre el paso del AVE Madrid-Lleida por los terrenos que la familia del
marido de la presidenta madrileña posee en Guadalajara, concretamente en la
pequeña localidad de Yebes, que contará con su propia estación.
La
revalorización de estas tierras de Fernando Ramírez de Haro, sus hermanos, su
madre y su tía ha sido abrumadora con el paso del tren de Alta Velocidad, y
podría serlo aún más según se consolide el uso de la línea de ferrocarril. La
expropiación, que lleva haciendo el Ministerio de Fomento desde 1997, beneficia
sobre todo a la tía del conde Murillo, Teresa Micaela Valdés, por más que el
titular del ramo, Francisco Álvarez-Cascos, se empeñe en decir que los
expropiados son los perjudicados de la historia. La hermana de la suegra de
Esperanza Aguirre ha optado por construir una macro urbanización en Yebes,
llamada Valdeluz, Avelandia para los paisanos. Al fin y al cabo, gracias al AVE,
Madrid estará a 15 minutos de Guadalajara, así que esta zona residencial de lujo
(tendrá campo de golf, colegios, zonas comerciales, hoteles, centro
sanitario,...), con unos cinco millones de metros cuadrados y más de 9.000
viviendas, supondrá un alivio para quienes deseen escapar del caos de la
capital, pero trabajen en ella.
Según el citado
semanario, los principales beneficiados de la decisión no explicada de Fomento
de ubicar la estación del AVE en Yebes son la tía y los primos de Fernando
Ramírez de Haro, aunque el hermano de la jefa del Ejecutivo madrileño se ha
llevado la parte de consultoría del negocio, pues es Aguirre Newman la encargada
de recomendar una casa en Valdeluz.
El
conde de Murillo es un rico heredero, terrateniente y ganadero, como lo es su
progenitora. Beatriz Valdés, madre de siete hijos, reúne en la zona de
influencia del AVE en Guadalajara cerca de 1.400.000 metros cuadrados de
terreno. Y no es necesario ser un experto inmobiliario para saber que todos esos
terrenos dispararán su revalorización con el paso de los años y del ferrocarril
más rápido de España.
Los Aguirre
pueden, pues, dormir tranquilos sin que el futuro les resulte incierto. Ni el
presente, porque tan sólo el matrimonio Aguirre-Ramírez de Haro acumula en la
actualidad un patrimonio de más de seis millones de euros sólo en propiedades.
Éstas se distribuyen por Salamanca –unas 500 hectáreas valoradas en cerca de
tres millones de euros–, Ávila –una finca de cerca de mil hectáreas con un valor
de más de cinco millones de euros–, Madrid y la citada Guadalajara.
Las propiedades
del matrimonio Aguirre en Madrid son, teniendo en cuenta el alto precio de la
vivienda allí, la niña bonita de su patrimonio. La presidenta de Madrid y su
familia viven en un palacete situado en pleno centro de la capital, del que ya
dio cuenta
El Siglo en su día (ver la portada del núm. 563: Casa rica, casa
pobre). Sólo la construcción está valorada por los expertos inmobiliarios,
como mínimo, en cuatro millones de euros. Tres plantas con diez balcones,
sótano, un patio central empleado como garaje,... el palacete es una auténtica
joya arquitectónica, por construcción y, sobre todo, por ubicación.
La casa de
los Aguirre, de casi 1.000 metros cuadrados, está a nombre de Beatriz Valdés,
suegra de la presidenta de Madrid, y del primogénito de la presidenta de la
Comunidad de Madrid y el conde de Murillo, Fernando, que goza de su
correspondiente título nobiliario, marqués de Villanueva del Duero, con Grandeza
de España como su padre.
Por herencia
también corresponde a la ex presidenta de la Cámara Alta una finca de alto valor
ecológico e histórico –casa solariega incluida– en El Escorial, a donde la
familia Aguirre acude a descansar de vez en cuando. Cuando iba a tener lugar la
boda de Ana Aznar y Alejandro Agag, se nombró La Granjilla como posible sitio de
celebración, aunque Esperanza Aguirre negó esa posibilidad.
Para gestionar,
al menos, una parte de su patrimonio que, según la presidenta madrileña, “no es
para tanto”, ella y su marido constituyeron la sociedad Savial, de la que el
conde de Murillo figura como administrador único.
Además,
Esperanza Aguirre comparte con sus hermanos y su madre, Piedad Gil de Biedma
Vega de Seoane, hermana del malogrado poeta Jaime Gil de Biedma, la propiedad de
un piso de 350 metros cuadrados en el madrileño distrito de Chamartín, uno de
los más caros de la capital, valorado en más de dos millones de euros. La madre
de la presidenta de la Comunidad de Madrid es viuda desde 2002 de José Luis
Aguirre Borrell, prestigioso abogado de la alta burguesía madrileña, que dejó a
su primogénita casi 100.000 euros de herencia, según confesó la ex presidenta
del Senado.
De sus padres
debió heredar Santiago Aguirre la vocación inmobiliaria, pues Piedad Gil de
Biedma y José Luis Aguirre fundaron en 2000 la sociedad Valdivia Inversiones,
volcada en todo tipo de explotación de fincas, de la que en la actualidad es
administradora única la madre de Esperanza Aguirre, mientras que el presidente
de Aguirre Newman figura como apoderado. Valdivia Inversiones tiene propiedades
en Sotogrande, la lujosa urbanización de la localidad gaditana de San Roque, y
en Madrid.
Este verano, el
hermano de la presidenta madrileña se vio implicado en la crisis de la Asamblea,
cuando los socialistas pidieron su comparecencia en la comisión de investigación
del caso Tamayo por haber colaborado como asesor inmobiliario en la adquisición
del edificio María Zayas por parte de la sociedad Box Foro Inmobiliaria S.L.,
propiedad del ex líder de la corriente socialista Renovadores por la Base, José
Luis Balbás. Los populares impidieron que Santiago Aguirre se presentase a la
polémica comisión alegando que ser pariente de la entonces frustrada presidenta
regional no era un motivo para hacerle acudir.
Hubo, sin
embargo, otra conexión entre Santiago Aguirre y la lamentable crisis madrileña.
La sociedad Valdivia Inversiones, propiedad de Piedad Gil de Biedma y con su
hijo de apoderado compró la inmobiliaria AFI Inmuebles S.A., cuyo consejero
delegado, Francisco Javier Agurruza comparte negocios con Alejandro Sáez, socio,
a su vez, de los hermanos Fernando y Juan Carlos Sánchez Lázaro, los dos
constructores que emplearon como asesor en una empresa de fotocopias a Ricardo
Romero de Tejada, secretario general del PP de Madrid y nexo de unión de la
mayor parte de los capítulos de la crisis de la Asamblea madrileña.
Una buena
referencia para empresarios y constructores.
Con semejante baile familiar en torno a empresas, consultoras, propiedades
inmobiliarias, fincas o expropiaciones casuales altamente rentables no es de
extrañar que los constructores madrileños viesen en Esperanza Aguirre a su
presidenta por excelencia, lo mismo que ella vio en los empresarios –y así se lo
hizo saber– a la que sería su niña mimada si alcanzaba el Gobierno de Madrid.
Las primeras reivindicaciones no se han hecho, pues, esperar.
No
hacía dos días que la jefa del Ejecutivo madrileño lo era y el presidente de la
Asociación de Promotores y Constructores de la Comunidad de Madrid, Manuel
Martí, le lanzaba un consejo, cuando menos, discutible. Según Martí, Esperanza
Aguirre debería cambiar la Ley del Suelo para suprimir la reserva de terreno
destinada a la construcción de viviendas de protección oficial. Para el
presidente de la asociación de Promotores y Constructores madrileña, que
considera ese aspecto de la Ley del Suelo “una verdadera monstruosidad
económica”, lo ideal es que ese tipo de vivienda salga de la liberalización. Y
así se permitió recomendárselo a la nueva jefa del Gobierno regional madrileño.
Esperanza
Aguirre (Madrid, 1952) pertenece a lo que tópicamente se conoce como alta
sociedad madrileña. Lo hace en la forma tradicional, al estar casada con un
noble con Grandeza de España, y en la forma económica, con una considerable red
empresarial, fruto del patrimonio familiar, que como en el caso del AVE trae
incontables beneficios.
Es indudable
que la ex presidenta del Senado, la mayor de ocho hermanos, ha tenido una vida
acomodada. Sus padres, pertenecientes a la alta burguesía madrileña, vivieron
cerca de la Embajada de EE UU, en una privilegiada zona verde del Barrio de
Salamanca madrileño –tal vez por ello se hizo famosa en la concejalía de Medio
Ambiente de la Alcaldía de Madrid por querer llenar lugares estratégicos de la
ciudad de plantas y flores–. Piedad Gil de Biedma sigue habitando ese piso, muy
grande y decorado de forma tradicional con gran profusión de retratos de
antepasados.
Esperanza
Aguirre recibió una esmerada educación en el Instituto Británico y el Colegio de
la Asunción, lo que le permite hablar bien inglés y francés. Su imagen se ha
asociado siempre con el prototipo de niña bien del barrio de Salamanca.
La nueva
presidenta madrileña, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y
número tres de la promoción de opositores del Cuerpo de Técnicos Superiores de
Información y Turismo en 1976, asegura que no utiliza jamás ropa prestada por
diseñadores famosos y que viste generalmente de Zara, salvo para la noche, que
escoge los trajes de Dolores y Teresa, y para el calzado, de tacón alto, que
recurre a Pilar Burgos. Su peluquería habitual es Peque, quien le realizó un
cambio de corte de pelo para las elecciones, y le encantan las gargantillas, los
pendientes de bisutería –las joyas de herencia familiar sólo las utiliza en
ocasiones especiales– y los complementos –bolsos grandes por el día y pequeños
por la noche, cinturones anchos y pañuelos de Hermès–. Es una amante del golf,
del que aseguran que alcanza un buen nivel, de la novela latinoamericana y del
ensayo político.
De sus
hermanas, Esperanza Aguirre es la que luce la imagen más tradicional. Dos de
ellas, Piedad –esposa del marqués de Portugalete, Francisco Javier Cavero de
Carondelet y Christou, con el que tiene dos hijos, Borja y Beltrán– y Rocío
Aguirre, fueron incluso conocidas empresarias de la noche cuando abrieron, en
diciembre de 1991, la mítica Sala Caracol junto a Juan Sobrino y María Dolores,
Mariola, Orellana, la mujer del cantante de Ketama, Antonio Carmona. Las
hermanas de la ex ministra de Educación y Cultura y sus socios compraron una
vieja nave industrial de interior destartalado y la convirtieron, con la
imprescindible colaboración del promotor artístico Benamargo, en el templo del
flamenco de la época.
La copropiedad
de las hermanas Aguirre, que vendieron en 1996, no estuvo exenta de polémica. En
2001 una orden del Ayuntamiento de Madrid, encabezado por José María Álvarez del
Manzano, precintaba la Sala Caracol por “incumplir sistemáticamente las
ordenanzas municipales”, lo que montó un enorme revuelo ante la Casa de la
Villa, a donde acudían a manifestarse grupos de artistas exigiendo la apertura
del local.
Sin embargo,
según denunciaron entonces la oposición municipal de PSOE e IU y los nuevos
dueños de la sala de conciertos, el expediente para cerrar Caracol se empezó a
tramitar exactamente cuando Piedad y Rocío Aguirre dejaron de ser sus
propietarias. Mientras tanto, aun reuniendo las mismas condiciones que en 2001,
el alcalde y su equipo de Gobierno, entre los que se encontraba Esperanza
Aguirre, entonces primera teniente alcalde del Ayuntamiento de la capital, no
tomaron ninguna medida para precintarla.
Finalmente, la
Sala Caracol se abrió más de un año después, en mayo de 2002, tras ser
acondicionado el local y aceptar algunas restricciones horarias.
¿Gozaron de un
trato privilegiado las hermanas de Esperanza Aguirre y sus socios? Tal vez, como
pudo haberle ocurrido al segundo hijo de la presidenta de la Comunidad de
Madrid. Álvaro Ramírez de Haro Aguirre, de 23 años y perceptor de ayudas
oficiales para la ganadería que los Aguirre tienen en las fincas de Salamanca,
según Interviú, recibió una de las ocho matrículas de honor que el decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, José Iturmendi,
concedió en la asignatura de Derecho Natural en el curso 1998-1999.
Las otras
siete, según hizo saber El Siglo en su núm. 512 (ver, Los chanchullos de Iturmendi), fueron distribuidas entre otros hijos y familiares de altos cargos
del PP y de amigos del propio decano. Y es que José Iturmendi Morales, en el
citado año académico dio clases de Derecho Natural en primer curso de la carrera
al Grupo A, es decir, al grupo de alumnos cuyos apellidos comenzasen por las
letras A o B, un total de 127 personas. Sin embargo, el decano, que bien es
verdad que tiene la facultad de ordenar cambios de grupo, añadió a su clase a
otros alumnos que, por una lógica cuestión de listas, correspondían a otros
profesores.
Entre
estos agregados figuran: el hijo menor de la hoy presidenta de la Comunidad de
Madrid; otro retoño de la ex ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino; una
familiar del actual alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, entonces en el
cargo de Aguirre, una nieta del que fuera presidente de las Cortes, del Consejo
General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Antonio Hernández-Gil.
Curiosamente, a todos ellos, además de al hijo de la vicerrectora de Alumnos de
la Complutense, María Teresa Fernández-Pacheco y a otros vástagos de
catedráticos y profesores amigos suyos, Iturmendi, en los exámenes finales de
junio les otorgó la máxima calificación, la matrícula de honor. Fueron los
únicos ocho que la recibieron de 176 alumnos, según extrajo El Siglo de la hoja
oficial de calificaciones.
José Iturmendi
encabezó la representación más conservadora en las elecciones al Rectorado de la
Universidad Complutense, que tuvieron lugar antes de las vacaciones y en las que
finalmente, obtuvo el puesto el catedrático de Economía Aplicada, Carlos Berzosa
03.11.03
CASA RICA, CASA POBRE
Cuando explotó el escándalo en la Asamblea, Simancas,
secundado por su mano derecha, Ruth Porta, decidió dar a conocer
públicamente los bienes de su familia y emplazó a hacer lo mismo a su
adversaria. Aguirre, sin embargo, creyó suficiente con presentar ante
notario un documento con la relación de su patrimonio, sin mencionar el de
su familia, y remitir al registro de bienes de Altos Cargos, en donde estaba
todo lo demás, correspondiente a sus 16 años en política. Sin embargo, este
registro no es público, ni mucho menos, por lo que la cuestión sobre si los
ciudadanos tienen o no derecho a saberlo todo sobre la riqueza o la pobreza
de quien les gobierna ya está sobre la mesa.
Rafael Simancas está convencido de que los diputados
autonómicos deben presentar una declaración pública de bienes cuando se
presenten a las elecciones y otra al concluir su mandato, y así se lo ha
transmitido al PP y a IU en la Asamblea de Madrid, pidiéndoles un pacto que
permita llevar a buen puerto esa iniciativa, independientemente de quien
gobierne la Comunidad de Madrid.
Y es que el escándalo de la Comunidad de Madrid, en donde
beneficios inmobiliarios e intereses políticos se confunden sospechosamente,
ha abierto, más allá de las fronteras regionales, un vehemente debate sobre
la necesidad de que los dirigentes locales, autonómicos y nacionales se
desnuden ante los ciudadanos. Rafael Simancas ha hecho públicos sus
bienes y los de su esposa, incluida la cacareada Play Station estropeada de
su hijo Daniel. Esperanza Aguirre respondió con una declaración notarial de
sus bienes, recogida por distintos medios de comunicación, que se traduce en
un documento que incluye las distintas declaraciones que ha venido
presentando ante las instituciones oficiales desde 1987, fecha en la que
entró en política.
Como novedad, en su cargo de diputada portavoz del PP en
la Asamblea de Madrid, Aguirre declaró "la compra del 50% de una casa", "450
acciones de una entidad cuyo objeto es la administración de fincas
rústicas", "deudas por créditos" y "99.408 euros", heredados de su padre,
José Luis Aguirre Borrell, fallecido el pasado mes de enero, cita La
Razón del documento presentado ante notario por la presidenciable
popular.
La diferencia entre el destape de Simancas y el de
Aguirre es, sin embargo, abismal. Mientras uno entregó en rueda de prensa
toda la documentación referida a los ingresos y bienes inmobiliarios suyos y
de su esposa, la otra se limitó a aclarar que la declaración de sus recursos
correspondientes a la etapa anterior a la de candidata a la Presidencia de
la Comunidad de Madrid está en los registros pertenecientes a sus distintas
etapas políticas, esto es, el registro municipal de Madrid, como concejala;
el Ministerio de Administraciones Públicas, como ministra, y el Senado, como
presidenta de la Cámara Alta. A eso, añadió las cuestiones puntuales
novedosas citadas anteriormente.
El candidato socialista ha puesto a la popular en un
brete, pero ésta se resiste a dar más datos sobre las posesiones de su
familia, o, al menos, sobre aquéllos que le pondrían al mismo nivel que
Simancas; o sea, sobre su residencia, su(s) coche(s) o la nómina de su
marido, Fernando Ramírez de Haro, conde de Murillo con Grandeza de España y
dueño de una considerable fortuna personal. El debate queda abierto, pues
vieja es la convicción ciudadana de que si una persona accede a la política,
ha de ser absolutamente transparente, y si le molesta, que no se dedique a
la actividad pública. No es tan sencillo. Una legislación muy estricta, la
que regula los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales
de los Altos Cargos, además de la Ley Orgánica de Protección de Datos, sólo
permite un acceso extremadamente restringido a la documentación patrimonial
de cada uno de estos Altos Cargos.
De momento, los ciudadanos saben ya dónde vive Rafael
Simancas, en el pueblo madrileño de Arroyomolinos. Además, conocen que tuvo
un apartamento en Fuenlabrada, el cual vendió para comprarse una casa en
Boadilla del Monte, proyecto que no fructificó y del que Simancas y su mujer
esperan la próxima devolución del depósito que hicieron. Al respecto, los
portavoces del candidato rechazan de forma contundente las últimas
informaciones aparecidas, que aventuran que el candidato socialista podría
quedarse el chalet de Boadilla. La prueba es, aseguran desde la FSM, que
Rafael Simancas habló de esta operación interrumpida antes de que surgiesen
"estas informaciones sin ninguna credibilidad y que sólo dan hipótesis
contrarias a la versión del candidato, por tanto, falsas".
Finalmente, el matrimonio Simancas se decantó por el
adosado en Arroyomolinos, una vivienda de alrededor de 200 metros cuadrados
y que compraron por cerca de 200.000 euros y en el que habitan en la
actualidad. Además –el líder socialista madrileño puso a disposición de la
prensa todos los documentos, hasta el mínimo detalle–, se hicieron públicos
la nómina de María José Sánchez, esposa del candidato de la FSM; los
ingresos de éste, su declaración de la renta conjunta de 2002, los dos
coches que poseen, una libreta de ahorros con 31.000 euros y, por supuesto,
la inutilizada Play Station.
Una día después de conocerse los bienes de Rafael
Simancas, y para presionar aún más a Esperanza Aguirre, la portavoz adjunta
del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, Ruth Porta, también decidió
hacer pública los suyos. Así, se presentó ante los medios con un dossier de
documentación sobre su patrimonio y el de su marido, Enrique Benedicto,
director ejecutivo en la Fundación del Hogar del Empleado y lanzado a la
polémica del caso Tamayo-Sáez por presuntos intereses inmobiliarios.
Porta informó a los periodistas sobre la vivienda
familiar que tienen en el pueblo madrileño de Pozuelo de Alarcón y sobre la
herencia de sus padres, de la que procede todo su patrimonio, esto es, 13
viviendas en Palma de Mallorca, en donde nació; una finca rústica también
allí, dos fincas en Sancelles (Mallorca), acciones ordinarias y
fundacionales de Agrupación Médica Balear, S.A., acciones de Imeco S.A. de
Seguros, una pinacoteca y un ajuar doméstico. Además, añadió la compra de un
coche Volkswagen Polo y la suscripción de una hipoteca con Caja Madrid de
39.075,79 euros.
De su marido, informó sobre sus ingresos en la Fundación
del Hogar del Empleado, el patrimonio compartido de la vivienda de Pozuelo,
la compra de un Volvo 480, acciones de la sociedad disuelta Campderic S.R.L
y de la productora cinematográfica Metrojavier S.A.
Sin embargo, ¿qué se sabe de Esperanza Aguirre?
Por el momento, la candidata del PP a presidir Madrid no ha dicho dónde
reside, aunque El Siglo ha podido saber que lo hace en un palacete de tres
plantas y sótano, situado en pleno centro de Madrid. Fuentes inmobiliarias
consultadas por esta revista le dan un valor medio a esta residencia, de
unos 500 metros cuadrados por planta, de más de cuatro millones de euros.
Según consta en el Registro de la Propiedad, el palacete tiene la propiedad
dividida entre Beatriz Valdés, suegra de Esperanza Aguirre, y Fernando
Ramírez de Haro, marqués de Villanueva del Duero, también con Grandeza de
España, y primogénito del matrimonio Ramírez de Haro-Aguirre. Además,
Aguirre y su marido pasan muchos fines de semana en las extensas propiedades
que el conde de Murillo tiene en la finca Cuarto de Abajo, en Pozos de
Hinojo (Salamanca).
Las comparaciones son odiosas, pero en este caso, también
inevitables. Entre el patrimonio familiar conocido de uno y otro candidato
media un abismo y parece que la candidata popular no está por la labor de
dar a conocer la riqueza que le rodea, ni tiene por qué hacerlo. Será porque
el coordinador de Comunicación del PP, Rafael Hernando, ha arremetido contra
el "pequeño burgués" –a su entender, Rafael Simancas–, porque, con el chalet
de Arroyomolinos, se ha demostrado que no es un "pobre progre", al parecer y
según se desprende de las palabras del portavoz popular, circunstancia en la
que se debiera hallar para ser candidato socialista.
La renta de los políticos, coinciden todos ellos, no es
muy alta. Los cargos institucionales más importantes, presidente del
Gobierno, vicepresidente y ministro, suponen, respectivamente, 81.661,44,
76.753,56 y 72.048,96 euros. Sin embargo, y al parecer, el hecho de ser
vos quien sois les repara considerables beneficios a la hora de obtener,
por ejemplo, créditos hipotecarios.
Y es que al precio que está la vivienda, sobre todo en
Madrid, es privilegio de muy pocos comprarse una sin solicitar un préstamo.
Recientemente, se supo por distintos periódicos que lo hicieron en
condiciones muy ventajosas el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, y el
líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero.
El primero, según una información de El Levante,
adquirió un piso de 532 metros cuadrados útiles en el madrileño paseo de La
Castellana, que le supuso una inversión de 1.622.732,68 euros. Para
adquirirlo, el matrimonio Zaplana pidió un crédito a la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM) "en condiciones muy ventajosas" del Euribor más 0,40,
según el periódico. Que lo fueron aún más para que el líder de la oposición,
esta vez conforme al diario La Razón, que cita datos del Registro de
la Propiedad, comprase la casa de Las Rozas, en Madrid, cuando accedió a la
Secretaría General del PSOE. El periódico publicó la semana pasada que
"Zapatero consiguió un crédito privilegiado para comprar su casa con un
interés del Euribor más 0,25".
También Rodrigo Rato estuvo en el punto de mira por las
condiciones ventajosas de sus créditos, además, en pleno caso Gescartera.
Entonces, se publicó que la familia del ministro de Economía había obtenido
préstamos para sus empresas en condiciones más favorables que la media de la
ciudadanía. La polémica rebrotó no hace mucho cuando se supo que Rato
figuraba en la lista de clientes especiales del HSBC, el banco del gurú de
Gescartera, Antonio Camacho.
El Siglo. Nº 563 - 7 de julio 2003
OTROS DATOS DE INTERÉSPor su parte, María
Valdés,la suegra de la presidenta Esperanza Aguirre,
ha recibido 30,4 millones desde 1996 por cultivar
herbáceos en una finca de 806 hectáreas de
Guadalajara y criar 599 ovejas. El propio marido de
Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, es titular
asimismo de 1.877 hectáreas dedicadas a cereales y
forrajes en Castilla y León y propietario de 947
ovejas y 227 vacas.EL PAIS | España - 29-07-1999
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