NOTICIAS DEL SUSODICHO QUE CAUSAN ASOMBRO
LOS
ESPÍAS AMIGOS LE TIENEN FRITO Y ALGO MÁS
EL JUEZ
INICIA LA INVESTIGACIÓN POR EL ESPIONAJE AL
'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE
El
titular del juzgado número 47 de Madrid, José
Sierra, ya ha iniciado su instrucción sobre el
espionaje sufrido por el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP),
número dos de Esperanza Aguirre. Sierra
investigará los dossiers que destapó EL PAÍS el
20 de enero -el seguimiento con cámara oculta a
González durante un viaje a Colombia en 2008 y
otro de un viaje a Johanesburgo ese mismo año
donde se hace referencia a adjudicaciones
sospechosas- y un tercer dossier, publicado
posteriormente por Público, también sobre
adjudicaciones del vicepresidente. "La apertura
de diligencias supone que hoy se ha producido la
judicialización de este presunto caso de
espionaje", explicó un portavoz del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Los
autores de los dossiers -desconocidos hasta el
momento- podrían haber incurrido, según la
denuncia que presentó en su día el
vicepresidente, en el delito de descubrimiento y
revelación de secretos, penado con hasta cuatro
años de cárcel.Además del espionaje al número
dos de Aguirre, EL PAÍS ha revelado la
existencia de otros seguimientos a dirigentes
del PP -éstos enfrentados políticamente a
Aguirre-: el vicealcalde Manuel Cobo y el ex
consejero madrileño de Justicia Alfredo Prada.
Pero ambos han denunciado ante la Fiscalía de
Madrid, no ante el juez, así que su caso depende
de que el fiscal decida inhibirse y remitirlo al
juzgado. O de que, en una fase más avanzada del
proceso, el juez concluya que todo tiene que ver
con una única trama delictiva y reclame la
investigación.
En
paralelo al proceso judicial prosigue el avatar
político. Ayer habló la secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal, para repetir lo
que el pasado lunes ya subrayó tres veces: que
la investigación interna iniciada por el partido
sobre el espionaje político en Madrid no está
cerrada, sino "suspendida" durante el tiempo que
dure la comisión de investigación en el
Parlamento regional. Lo dijo durante una visita
a la sede del PP en París, y el protocolo hizo
que en ese acto estuviera también el espiado
Alfredo Prada en su actual condición de director
del PP en el Exterior. Prada se mostró dispuesto
a acudir a la comisión parlamentaria si es
citado, aunque recalcó que la investigación que
le interesa es la judicial.
En
nombre de los más fieles a Esperanza Aguirre, el
consejero de Sanidad y portavoz del PP de
Madrid, Juan Jesús Güemes, volvió a cargar sus
palabras con ironías contra el propio PP.
"Pregúntenle al señor Rajoy. Yo no tengo la
información que tiene Rajoy. Yo, desde luego, no
he visto ningún dossier", afirmó. La víspera,
Rajoy había admitido que el escándalo del
espionaje no es "un rumor" sino que está apoyado
en "muchos documentos". Sobre la comisión de
investigación, Güemes avisó de que el PP no
permitirá que se convierta "en un circo".
Por
otro lado, el alcalde de Getafe (Madrid) y
presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), el socialista
Pedro Castro, anunció que emprenderá "acciones
legales" tras leer en la revista Interviú que
también él fue espiado en 2007. Una portavoz
municipal precisó después que acudirán a la
fiscalía.
Castro dijo estar "indignado, dolorido y
rabioso" al saberse víctima de "tan oscuras
prácticas", y añadió que en los últimos años
había confesado a colaboradores y familiares que
tenía "la sensación" de sentirse espiado. "Era
una percepción de que alguien me observaba",
aseguró. Nunca llegó a denunciarlo. El
presidente de la FEMP exigió a la Comunidad que
llegue "hasta las últimas consecuencias" y,
aunque dejó claro que no puede "acusar a nadie",
aprovechó para deslizar un mensaje: "Pensé que
este tipo de prácticas, que están más cercanas
al pasado más triste y oscuro de este país,
habían sido erradicadas de las administraciones
que gobiernan a los ciudadanos".
(www.elpais.com,
05/02/09)
UNA
FIRMA BENEFICIADA POR GONZÁLEZ TIENE DE SOCIO A
SU HERMANO
El
vicepresidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, adjudicó en diciembre de 2006
la explotación de un campo de golf en el centro
de Madrid a un consorcio integrado por tres
sociedades, una de ellas denominada Tecnoconcret.
Pues bien, el 10 de noviembre de 2008, uno de
los hermanos de González compró más del 30% de
las acciones de dicha empresa. Y un porcentaje
idéntico adquirió José Juan Caballero, uno de
los cuñados del número dos de Esperanza Aguirre.
Los datos a los que ha
tenido acceso Público figuran en el Registro
Mercantil de Madrid y, lógicamente, no están
incluidos enel
dossier sobre González
manejado por la cúpula del PP, ya que dicho
informe fue escrito a finales de 2006 o
principios de 2007.
El
Canal de Isabel II, empresa pública que preside
Ignacio González, adjudicó el campo de golf de
Chamberí a un consorcio formado por las empresas
Iridium, Soto Once y Tecnoconcret. La concesión
se produjo el 27 de diciembre de 2006, por un
periodo de cinco años, prorrogable a otros cinco
en caso de que ambas partes se muestren de
acuerdo. Las tres sociedades tenían la
obligación de formar una nueva compañía para
explotar las instalaciones deportivas, y así lo
hicieron el 15 de febrero de 2007, al constituir
Green Canal Golf.
La
decisión de construir un campo de golf y ocho
pistas de pádel sobre los antiguos depósitos de
agua del Canal de Isabel II contó con una fuerte
oposición de los vecinos, que reclamaban que los
120.000 metros cuadrados se convirtiran en un
espacio público.
En
abril de 2007, la revista Tiempo publicó que
Tecnoconcret era propiedad de un socio del
hermano y del cuñado de González. Efectivamente,
en aquel momento, en el Registro Mercantil
figuraban oficialmente como únicos socios de la
empresa un ingeniero llamado José Antonio
Clemente y su esposa.
Clemente era socio de Pablo González y José Juan
Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente
madrileño, en otra compañía denominada Tamanaco
07 Consulting. Esta empresa se había constituido
el 21 de junio de 2006, seis semanas antes de
que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
publicase el concurso para adjudicar el campo de
golf. Curiosamente, el objeto social de Tamanaco
07 Consulting era la “explotación de
instalaciones deportivas”.
Al
hacerse públicos estos datos, el vicepresidente
González compareció ante los medios de
comunicación, el 27 de abril de 2007.
Visiblemente nervioso, en tres ocasiones rehuyó
aclarar si sabía que había adjudicado el campo
de golf a un socio de sus familiares directos. Y
como principal argumento de defensa utilizó el
siguiente: “La adjudicación se ha hecho a una
UTE donde no figuran familiares míos”.
González no se abstuvo en la votación del
consejo de administración del Canal de Isabel II
y tampoco advirtió a los demás consejeros de la
relación que existía entre su familia y una de
las empresas adjudicatarias.
Todo
el entramado empresarial resultaba altamente
sospechoso. Lo lógico era pensar que Clemente
actuaba en Tecnoconcret como testaferro de los
familiares de González, que evidentemente no
podían aparecer en el accionariado de la
sociedad adjudicataria del campo de golf. Pero
no había documentos que probasen esa sospecha.
Aunque los partidos de la oposición consideraron
que ya era suficientemente escandaloso que el
beneficiario fuese un socio del hermano y del
cuñado de González, la presidenta Aguirre
respaldó entonces a su número dos y no adoptó
ninguna medida. Un mes después, el PP amplió su
mayoría absoluta en las elecciones autonómicas.
Cuando casi todo el mundo había olvidado la
polémica concesión, Tecnoconcret realizó una
ampliación de capital de 100.000 euros, acordada
el 10 de noviembre de 2008. José Antonio
Clemente, Pablo González y José Juan Caballero
–a través de su empresa Proyectos Ecosistemas–
suscribieron cada uno el 31,6% de las nuevas
acciones. Entre el hermano y el cuñado de
González controlan, por tanto, la mayoría
absoluta del capital.
De
esta forma, el accionariado de Tecnoconcret pasó
a ser prácticamente idéntico al de Tamanaco 07
Consulting. Y se confirma, así, la relación
entre los familiares de González y la empresa
que recibió la adjudicación del polémico campo
de golf de Chamberí.
Fuentes del Canal de Isabel II aseguraron ayer a
este diario que, “hace aproximadamente un año”,
Iridium le compró sus acciones a las otras dos
empresas que recibieron la adjudicación para
explotar el campo de golf; es decir, a Soto Once
y a Tecnoconcret. Según esta versión oficial,
por tanto, los familiares de González ya no
formarían parte de Green Canal Golf.
(www.publico.es,
05/02/09)
Contratos millonarios para el compañero de viaje de
González
La
empresa de Enrique Sánchez obtuvo por 59 millones la
seguridad del Canal y de Metro - El suburbano
rescindió el acuerdo por incumplimiento
La empresa de seguridad Segurisa (Servicios
Integrales de Seguridad, SA) ha sido
adjudicataria de dos contratos de la
Comunidad de Madrid que suman 59,3 millones
de euros. Su presidente, Enrique Sánchez
González, viajó a Johanesburgo en marzo de
2008 con el número 2 del Gobierno de
Esperanza Aguirre y presidente del Canal de
Isabel II, Ignacio González. Fue un viaje
privado que aparece en el informe de un
seguimiento parapolicial a González.
La empresa dejó sin cubrir "hasta el
50%" de los servicios, según Metro
La presunta acusación del dossier
(cuya existencia fue revelada por EL PAÍS)
era que el viaje suponía un regalo a Ignacio
González por la adjudicación de contratos
públicos millonarios a Segurisa. El informe
incluye una fotocopia de los pasajes de
vuelo de González y de su esposa a Suráfrica.
El vicepresidente de la Comunidad señaló a
este periódico que había pagado su pasaje
"en metálico" y que estuvo en Johanesburgo
para visitar al embajador de Suráfrica que
es amigo suyo.
Respecto al presidente de Segurisa, Ignacio
González fue tajante: "No es amigo mío, ni
le adjudiqué nada". Pero la empresa de
seguridad resultó adjudicataria de dos
contratos para prestar servicios de
vigilancia entre 2005 y 2006. Uno en el
Canal de Isabel II, por dos años
prorrogables a cuatro, y otro en Metro, que
fue rescindido antes de tiempo por
incumplimiento de contrato, según confirmó
ayer a EL PAÍS la empresa que gestiona el
suburbano.
El primer contrato a Segurisa data de
octubre de 2005. La empresa resulta
adjudicataria de los servicios de seguridad
y vigilancia en las oficinas centrales y
otras dependencias del Canal de Isabel II,
del que ya era presidente Ignacio González.
El periodo propuesto en el pliego del
concurso convocado por la vicepresidencia
era de dos años prorrogables a dos más a
razón de 19.423.665 euros anuales. El
procedimiento era restringido, una figura
incluida en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas que supone que el
adjudicador invita al concurso a un número
determinado de empresas.
Segurisa obtuvo la concesión por 33.489.078
euros, cinco millones menos que el
presupuesto de salida (38.847.330 euros). Y
actualmente sigue al frente de la seguridad
en el Canal, según confirman trabajadores de
la empresa.
En el segundo contrato público, firmado seis
meses después, Segurisa aparece entre las
adjudicatarias de la vigilancia de Metro de
Madrid.
El servicio de seguridad en el suburbano se
divide por líneas y tramos que se
repartieron en cinco contratos a los que
optaron nueve empresas diferentes en 2006.
El plazo era de dos años prorrogables a
cinco. A Segurisa le correspondieron 25,9
millones de euros -la cuantía más baja de
las cinco adjudicaciones- por prestar
servicio en la línea 3 y en un tramo de la
línea 4. Pero no llegó a cumplir ni siquiera
los dos primeros años. Metro le rescindió el
contrato en enero de 2007, nueve meses
después de la adjudicación, por
"incumplimiento" de la empresa, según un
portavoz del suburbano. Ese incumplimiento
supone que Segurisa dejó sin cubrir "hasta
el 50% de los servicios" a los que se había
comprometido, según Metro, al no aportar el
número necesario de trabajadores a sus
tramos de la red. El portavoz de la empresa
pública del suburbano asegura que Segurisa
sólo ha cobrado "la parte proporcional del
dinero" por el servicio prestado durante el
tiempo que el contrato estuvo en vigor. No
especificó la cantidad. Segurisa, creada en
1988 y con sede principal en Madrid, dispone
de 1.326 empleados.
Las líneas de metro que gestionaba Segurisa
fueron repartidas entre otras tres empresas.
Antes de la rescisión, fue una de las
adjudicatarias que se vieron envueltas en el
escándalo de las agresiones de los
vigilantes de Metro a viajeros. En uno de
los vídeos difundidos por EL PAÍS, un
trabajador de seguridad de la línea 3 con
uniforme golpeaba a un pasajero junto a la
puerta de salida de una estación.
Este periódico intentó recabar ayer sin
éxito los testimonios de Enrique Sánchez
González y de Ignacio González sobre las
adjudicaciones de ambos contratos públicos.
Ignacio González denunció a la Fiscalía de
Madrid los seguimientos durante dos viajes a
Colombia y a Suráfrica recogidos en dos
informes. El titular del Juzgado número 47
de Madrid ordenó el pasado 26 de enero
incoar diligencias al hallar indicios de
delito en la denuncia del vicepresidente del
Gobierno regional.
En el dossier de la visita de
González a Johanesburgo aparece una
fotocopia de los billetes de avión del
vicepresidente y de su esposa. La presunta
acusación del informe era que el viaje era
un regalo de Enrique Sánchez González como
supuesto pago por la adjudicación de
contratos públicos millonarios. El documento
refleja que Ignacio González pagó su viaje y
el de su mujer (unos 8.000 euros) en
metálico. González aseguró a EL PAÍS que los
abonó así porque le venía bien. El número 2
del Gobierno de Aguirre negó entonces que
fuera amigo del presidente de Segurisa y que
le hubiera adjudicado nada.
www.elpais.es
31.01.09
El ex cargo del PP obtuvo la
recalificación en Collado
Villalba
Pedro
Antonio Martín Marín,
uno de los hombres del
vicepresidente Ignacio
González y ex alto cargo
del PP -secretario de
Estado de Deportes, de
Comunicación y
presidente del Consejo
Superior de Deportes con
los Gobiernos de José
María Aznar-, consiguió
la recalificación de
11,9 hectáreas de suelo
protegido en Collado
Villalba, de las que él
poseía una parte.
Incluso con la
prohibición de la
fiscalía, que dijo en
1997 que no se podía
construir en esos
terrenos porque tenían
una "especial protección
ecológica". Martín
recurrió supuestamente
al arquitecto Pedro
Ortiz, entonces director
general de Urbanismo en
el Gobierno regional de
Alberto Ruiz-Gallardón.
"Me pidió que
recalificara sus
terrenos", denunció el
jueves Ortiz en la
cadena SER. Él se negó
porque "era ilegal". Fue
entre 1995 y 1996.
Finalmente, logró la
recalificación en 2001,
con Ortiz ya fuera de
Urbanismo. Martín es
amigo de González y le
acompañaba en el viaje a
Johanesburgo, donde fue
espiado. Es presidente
de Madrid Deportes y
Espectáculos, que
gestiona el Palacio de
Deportes.
-
En 1997
el Gobierno
regional
anunció que
paraba el
cambio de
uso
-
La zona
hoy está
edificada,
con casas
que lindan
con un
terreno
protegido
González se desvinculó
ayer de la petición
ilegal de recalificación
de Martín a Ortiz. "Es
evidente que yo conozco
a Pedro Antonio Martín
Marín pero en 1995 y
1996 yo no conocía a
este señor. Le conocí
cuando llegamos al
gobierno en el 96",
subrayó. "Si alguien
quiere insinuar que aquí
hay algún tipo de
connivencia para una
recalificación de hace
14 años es claramente
una tergiversación",
añadió ayer, en la firma
de un convenio entre el
Canal de Isabel II y
Collado-Villalba.
Martín inició la gestión
de recalificación de las
11,9 hectáreas en 1995.
Junto a los otros cuatro
propietarios de la zona
Arroyo Arriba -entre
ellos, una concejal del
PP del municipio,
Esperanza Seoane- pidió
al Ayuntamiento que
cambiara el uso de la
finca. Los terrenos,
pegados al Parque
Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares,
estaban protegidos,
igual que la cuenca del
río, puesto que la norma
subsidiaria de 1986 que
ordenaba el territorio
(a falta de un plan
general) sólo distinguía
entre suelo protegido y
urbanizable.
El
Gobierno municipal del
PP consideró que como el
terreno linda por el sur
con una urbanización,
podía recalificarse, y
que además eso convenía
a las necesidades de
crecimiento del
municipio. En
consecuencia, el PP, con
el apoyo del PSOE,
aprobó en octubre de
1995 un proyecto que
permitía la construcción
de 613 viviendas de tipo
multifamiliar (pisos de
hasta tres plantas) en
la zona.
En
esa primera gestión, y
en todas las posteriores
el PP y el PSOE se
aliaron para aprobar la
recalificación y se
encontraron de frente
tanto a IU como a
Ecologistas en Acción.
El proyecto se discutió
en cuatro ocasiones en
pleno entre 1995 y 1997,
y acabó en 144
viviendas, en lugar de
las 613 previstas
inicialmente.
En
ese intervalo, Martín
acudió supuestamente a
Ortiz y le pidió que
autorizara la
recalificación, que
necesitaba la aprobación
de la Comisión de
Urbanismo regional.
Ortiz, según lo
declarado a la cadena
SER, se negó. En 1997 se
discutió por última vez
en pleno el cambio de
uso del suelo. La
recalificación estaba
casi acabada. Pero entró
en juego la fiscalía.
Tras examinar las
denuncias de IU y de
Ecologistas en Acción,
dijo que el Ayuntamiento
había ocultado a la
Comunidad que la finca
que pretendía hacer
urbanizable tenía una
catalogación de
"especial protección
ecológica". El alcalde
de entonces, José Luis
Peñalvo (PP) lo negó. Y
replicó que un informe
de Medioambiente
aseguraba que "los
valores ecológicos de
Arroyo Arriba" estaban
"notablemente
deteriorados". El que
era consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y
Transportes, Luis
Eduardo Cortés, aseguró
que después de la
revelación de la
fiscalía, la
recalificación estaba
denegada.
Pero
no fue así porque esos
terrenos son hoy de uso
residencial urbanizable.
Tienen varias casas
construidas y otras
muchas en construcción.
El alcalde socialista,
José Pablo González,
aprobó en 2001 el Plan
General de Ordenación
Urbana que recogió el
cambio de uso. La
Comunidad no se
pronunció sobre la
recalificación, y dio
luz verde al Plan
General. Hoy las
viviendas de Arroyo
Arriba tienen una vista
privilegiada de la
cuenca del Manzanares,
con la que linda.
El
actual alcalde de
Collado-Villalba insinuó
ayer que quizá Ortiz se
confundió en sus
declaraciones y se
refería a un solar de
Galapagar, también
propiedad de Martín (con
el que este periódico
trató de contactar, sin
éxito). Ortiz lo negó:
el suelo que Martín
quería recalificar y al
final se recalificó es
el de Collado-Villalba.
www.elpais.es
31.01.09
El Gobierno de Aguirre ha adjudicado contratos
millonarios a la socia de la mujer de Ignacio González
Carmen Cafranga
es consejera de Caja Madrid y accionista de la empresa que
preside la mujer de González. Posee varias empresas que han
recibido contratos y subvenciones de la Comunidad de Madrid que
ascienden a 2 340.000 euros
Carmen Cafranga Cavestany, es consejera de Caja
Madrid y accionista de la empresa que preside la
mujer de González. Amiga personal de Ana
Botella, Cafranga posee además varias
empresas y una fundación que han recibido en los
últimos tres años contratos y subvenciones de la
Comunidad de Madrid que ascienden a 2 340.000
euros.
La esposa del vicepresidente de la Comunidad
de Madrid Lourdes Cavero comparte con Carmen
Cafranga la dirección de "Subastas Segre";
una rentable firma de arte de la que ambas
son accionistas y en la que ocupan los
cargos de presidenta y secretaria general
respectivamente. La empresa obtuvo en 2007
unos beneficios de más de medio millón de
euros.
Cafranga, socia de la familia
González-Cavero en esta empresa de subastas,
posee además varias empresas y una fundación
mediante las cuales ha conseguido hacerse
con numerosas adjudicaciones y subvenciones
de la Comunidad. Sólo entre 2006 y 2008
la cifra percibida por esta consejera de
Caja Madrid asciende a 2.340.000 euros.
La consejería de empleo y mujer le ha
adjudicado la gestión de tres importantes
centros ocupacionales; Una gestión que
Cafranga realiza a través de distintas
sociedades (de empresas SL) .La conserjería
de asuntos sociales le ha concedido la
gestión de varios centros de día. Así mismo
Carmen Cafranga ha recibido en los tres
últimos años subvenciones por valor de
800.000 euros para proyectos de su fundación
en el exterior.
Cafranga Cavestany y la crisis de Caja
Madrid
La socia del matrimonio González, es miembro
de la comisión de control de Caja Madrid. Un
órgano determinante para el desarrollo de la
elección de los nuevos consejeros de la
asamblea general que decidirán en septiembre
al próximo presidente de la caja de ahorros
www.cadenaser.com
30.01.09
concesiones sospechosas de Ignacio González
1. Concesiones a Enrique Sánchez
Ignacio González y su esposa viajaron en marzo de 2008 a Johannesburgo
(Suráfrica) en compañía del empresario Enrique Sánchez y del ex secretario de
Estado de Comunicación Pedro Antonio Martín Marín. Los autores de uno de los
informes sobre González aseguran que los billetes de avión en primera clase,
cuyo importe ascendió a 8.356 euros, fueron abonados por el empresario como
supuesto pago por contratos públicos recibidos. El vicepresidente aseguró que
los billetes los había abonado él "en metálico", porque le "venía bien", y
añadió que nunca había adjudicado "nada" a Enrique Sánchez.
El pasado 22 de enero, Público desveló que el Canal de Isabel II -que preside
González- le había adjudicado en 2005 un contrato de 33 millones de euros a
Segurisa, una compañía de seguridad cuyo principal accionista es Enrique
Sánchez. El Canal tenía contratadas antes de esa fecha 150.000 horas anuales de
vigilancia, que pagaba a 13 euros, mientras que a Segurisa se le concedieron
953.000 horas, a un precio cercano a 20 euros.
La Comunidad argumenta que el considerable incremento en el número de horas
contratadas se prudujo por las lagunas de seguridad detectadas tras los
atentados islamistas del 11-M, mientras que el importe de las mismas "está
regulado por el convenio del sector".
Pero el contrato con Segurisa no es el único. Según consta en los documentos a
los que ha tenido acceso este diario, el Canal de Isabel II firmó un segundo
contrato con otra empresa de Enrique Sánchez. Se trata de Saneamiento y
Mantenimiento Integral (Saminsa), que el 12 de enero de 2005 se quedó con la
limpieza de edificios del Canal, por dos años y un importe de 2,6 millones (sin
incluir el IVA).
2. Obras en carreteras autonómicas
Álvaro Lapuerta, que fue tesorero del PP hasta el año pasado, tuvo una
tensa conversación con Ignacio González relacionada con la adjudicación de obras
en carreteras controladas por la Comunidad. Lapuerta entendía que el proceso no
estaba siendo limpio, circunstancia que negó el vicepresidente.
Las carreteras autonómicas dependen de la Consejería de Transportes. Este
departamento es, precisamente, el que otorgó otro contrato multimillonario a
Segurisa, la empresa del empresario con el que González viajó a Suráfrica. Se
trata de una adjudicación para vigilar el Metro de Madrid, por importe de 25,9
millones de euros, aprobada en julio de 2006.
3. El campo de golf de Chamberí
El Canal de Isabel II otorgó, el 27 de diciembre de 2006, la gestión y
explotación de un campo de golf y varias pistas de pádel, construidas sobre los
antiguos depósitos de agua en el céntrico barrio madrileño de Chamberí, a un
consorcio formado por las empresas Tecnoconcret, Soto Once e Iridium. La primera
de dichas sociedades fue constituida por José Antonio Clemente, que resultó ser
socio de un hermano y de un cuñado de González en otra sociedad llamada Tamanaco
07 Consulting, cuyo objeto social es precisamente "la promoción, instalación y
explotación de instalaciones deportivas".
Tecnoconcret era una empresa que no tenía experiencia previa en el sector y cuya
actividad era mínima cuando recibió la adjudicación del campo de golf. El
importe de la concesión prácticamente dobló el previsto en el pliego de
condiciones. González no se inhibió a la hora de votar en el Consejo de
Administración del Canal ni avisó al resto de consejeros sobre cuál era su
relación con el propietario de Tecnoconcret.
Los datos de esta adjudicación fueron publicados por la revista Tiempo en abril
de 2007. González se defendió entonces argumentando que la empresa adjudicataria
"no era de un familiar suyo". Era del socio de su hermano.
4. La plaza de toros de Las Ventas
En el dossier de 69 páginas elaborado sobre el patrimonio y las actividades
profesionales de González, se dedica una especial atención a la concesión para
explotar la plaza de toros de Las Ventas. La facturación en esta plaza supera
los 20 millones de euros al año y aproximadamente la mitad quedan de beneficios.
El coso lo explotaba el empresario Simón Casas, pero en 2004 un polémico
concurso le dejó sin la concesión, que pasó a manos de la empresa Taurodelta.
Según se indica en el informe, "Simón Casas manifiesta públicamente que sabe
(aunque no puede probar) que Nacho González obtuvo 50 millones de pesetas por
esta concesión".
Taurodelta y otros dos empresarios crearon en 2005 la sociedad Taurovent, que
pasó a explotar Las Ventas. Uno de esos empresarios era Fidel San Román,
detenido en la Operación Malaya, que desarticuló una trama de corrupción en
Marbella liderada por Juan Antonio Roca. En el dossier se recuerda que San Román
admitió "haber pagado en distintas ocasiones a Roca".
5. Las televisiones digitales de Madrid
La Comunidad de Madrid adjudicó en agosto de 2005 las televisiones digitales
locales, en un proceso controlado en todo momento por el vicepresidente. En la
demarcación de Madrid capital, recibieron la concesión siete empresas,
controladas por Cadena Cope, Libertad Digital, Intereconomía, El Mundo, Onda
Cero, Kiss FM y el productor Enrique Cerezo.
Estos siete medios de comunicación crearon, en diciembre de 2005, la empresa
Teledifusión Madrid, cuyo objeto social es la gestión de las señales de las
nuevas televisiones. Cada uno de ellos suscribió el 10% del capital y el 30%
restante quedó en manos de una sociedad desconocida: Centanor Spain.
Esta empresa se había constituido justo un mes antes y su administrador único es
Fernando Ruano, cuñado de Ildefonso de Miguel, el gerente del Canal de Isabel II
y el más estrecho colaborador de González.
Pero el negocio no terminó ahí. Teledifusión Madrid contrató a la empresa
Secuenzia Pixels para que pusiera en marcha y gestionara la red de las nuevas
televisiones digitales. Y resulta que Secuenzia Pixels había sido fundada en
2003 por el propio Ildefonso de Miguel, quien, cuando pasó a trabajar en la
Comunidad, dejó a la compañía en manos de su cuñado Fernando Ruano.
(www.publico.es,
29/01/09)
GONZÁLEZ OTORGÓ UN CONTRATO MILLONARIO AL
EMPRESARIO CON EL QUE VIAJÓ A SURÁFRICA
Una
empresa pública que dirige el vicepresidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
adjudicó un contrato por importe de 33,4
millones de euros a la empresa Segurisa, cuyo
propietario invitó presuntamente a González a un
viaje a Suráfrica. El número dos de Esperanza
Aguirre reconoce que el viaje se produjo en
marzo de 2007, pero asegura que lo pagó "en
metálico" de su bolsillo.
Segurisa es una compañía de seguridad fundada en
1988. El socio mayoritario es Enrique Sánchez
González, que posee algo más del 60% de las
acciones, de acuerdo con los datos que figuran
en el Registro Mercantil. En un dossier sobre el
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que
desveló esta semana El País, se asegura que
Enrique Sánchez invitó a Ignacio González y a su
esposa a un viaje a Suráfrica cuyo coste
aproximado es de 8.000 euros. La invitación
sería un supuesto pago por adjudicaciones
recibidas por Segurisa. En declaraciones a dicho
diario, Ignacio González aseguró lo siguiente:
"El empresario era amigo de la persona que me
organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le
adjudiqué nada".
El
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
desmiente la última afirmación de González. En
su edición del 9 de marzo de 2006, figura una
adjudicación del Canal de Isabel II a la empresa
Segurisa, por importe de 33.489.078 euros.
El
Canal de Isabel II es la empresa encargada de
gestionar el agua en la Comunidad de Madrid y
está presidida por Ignacio González.
El
objeto del contrato recibido por Segurisa es la
prestación de "servicios de vigilancia y
seguridad en las oficinas centrales y otras
dependencias del Canal de Isabel II". La
adjudicación es por un periodo de dos años a
razón de 16,7 millones de euros al año y se
realizó por "procedimiento restringido". Este
sistema impide concursar a todas las empresas de
seguridad que lo consideren oportuno y limita el
proceso a unas pocas compañías seleccionadas por
el organismo que realiza la adjudicación.
Un
portavoz oficial del vicepresidente González
explicó a este diario que Segurisa ya se
encargaba de la vigilancia de las intalaciones
del Canal desde 2001 (cuando gobernaba en la
Comunidad el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón).
Entonces se contrataron con dicha empresa
150.000 horas anuales, por las que se pagaron
dos millones de euros.
Tras
los atentados del 11-M, diversos informes de la
Guardia Civil recomendaron incrementar de forma
significativa la seguridad de las instalaciones
del Canal. Por ese motivo, la Comunidad convocó
un nuevo concurso en 2005. Razones de
"confidencialidad" llevaron a utilizar el
procedimiento restringido, explicó dicho
portavoz.
En
el concurso participaron diez empresas y la
adjudicación a Segurisa se produjo "por
unanimidad del Consejo de Administración" del
Canal. Esta vez se contrataron 953.000 horas por
un importe de 33,4 millones de euros.
(www.publico.es,
22/01/09)
"MADRID NO TIENE NADA QUE VER CON EL
ESPIONAJE"
Esperanza Aguirre -en la
imagen, con el vicealcalde
de Madrid, Manuel Cobo, el
pasado septiembre- insistió
ayer en que su Gobierno no
está relacionado con el
espionaje, aunque añadió, en
relación con los
seguimientos a su número
dos, Ignacio González, que
debían "aclararse cuanto
antes", porque "si se están
elaborando informes, se está
delinquiendo".
El 'número dos' de Aguirre pide al
fiscal que investigue quién le espió
"Los autores han debido de estar muy
cerca de mí", dice González en la
denuncia
El vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González, número dos del
Gobierno de Esperanza
Aguirre (PP), presentó ayer
una denuncia ante la
Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia
pidiendo que se investigue
el espionaje del que
supuestamente fue objeto
durante dos viajes al
extranjero, uno público y
otro privado, realizados el
año pasado. Esos
"seguimientos parapoliciales",
destapados por este
periódico, no tienen autoría
conocida, pero González
sospecha que sus
responsables pueden estar
"muy cerca" de él. La
Comunidad presentó anoche
otra denuncia idéntica ante
el juez de guardia.
"Llama la atención que, para
realizar el seguimiento a mi
persona, los autores de los
hechos que se denuncian han
debido utilizar información
reservada, que en todo caso
no es posible obtener de
ningún medio o registro
accesible al público y con
antelación a mis
desplazamientos, para
organizar la grabación o las
fotografías, y estar muy
cerca de mí", afirma el
vicepresidente madrileño en
la denuncia presentada ante
el fiscal. Los hechos
-"desconociendo si su
autoría ha de atribuirse a
particulares, funcionarios o
profesionales"- serían,
según González,
constitutivos de un delito
de "descubrimiento y
revelación de secretos",
penado con hasta cinco años
de cárcel.
La fiscalía no ve delito
La propia Aguirre había
anunciado por la mañana que
su Gobierno presentaría las
denuncias para aclarar el
supuesto espionaje, porque,
"si se están elaborando
dossiers, se está
delinquiendo". Aguirre
aseguró que la Comunidad de
Madrid "no tiene nada que
ver" con esos seguimientos y
los desvinculó de otro caso
denunciado la víspera por EL
PAÍS: la existencia de un
supuesto servicio secreto de
vigilancia en el seno de la
Consejería de Presidencia,
Justicia e Interior que
dirige Francisco Granados.
"Se intenta mezclar
interesadamente", protestó.
El fiscal jefe del Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid, Manuel Moix, que
ayer por la tarde no había
recibido aún la denuncia, ya
ha adelantado, sin embargo,
que él no ve delito. "Lo que
se ha producido es un
seguimiento a un personaje
que es un personaje público,
porque es el vicepresidente
de la Comunidad de Madrid. Y
eso, así, sin más, no es
ningún tipo de delito [...]
a menos que se vulneren
derechos fundamentales como
el derecho a la propia
imagen o se intercepten sus
comunicaciones", afirmó.
Tanto Moix como el teniente
fiscal, Carlos Ruiz de
Alegría, y el fiscal jefe de
la Audiencia Provincial,
Eduardo Esteban, comentaron
también la información de
este diario sobre el
supuesto servicio de
vigilancia montado en la
consejería de Granados y
concluyeron que su asesor
Marcos Peña, presunto jefe
de la red, ha sido
contratado "con publicidad"
y que otras personas forman
parte del organigrama como
"asesores", por lo que no se
atisba tampoco ninguna
ilicitud.
El fiscal jefe de la
Audiencia Provincial,
Eduardo Esteban, abundó en
declaraciones a Europa Press
en que "hoy por hoy no hay
nada. Podrá ser correcto o
no, pero no es delito".
www.elpais.es 21.01.09
El vicepresidente de Esperanza Aguirre
fue espiado en sus viajes al extranjero
Altos cargos sospechan que los
seguimientos contaron con complicidades
internas
El vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González, el hombre con más
poder después de la presidenta
Esperanza Aguirre, ha sido
objeto de distintos seguimientos
parapoliciales en los últimos
ocho meses durante sus viajes
públicos y privados al
extranjero. Gracias a ese
espionaje, realizado en algún
caso con cámaras ocultas, se han
elaborado dos informes donde se
aportan fotografías y documentos
privados del vicepresidente de
la Comunidad de Madrid y se le
intentan atribuir conductas
delictivas o irregulares.
González afirma que no
es amigo de los
empresarios citados en
los informes
El seguimiento al
dirigente regional en
Colombia se hizo con
cámara oculta
Altos cargos de la Comunidad de
Madrid han asegurado a EL PAÍS
que están "muy preocupados" ante
estos seguimientos y que tienen
"sospechas" de que los
documentos y las imágenes que se
incluyen en tales informes han
precisado "la complicidad" de
personal vinculado a la
seguridad de la Comunidad de
Madrid, ya que evidencian
conocer muy al detalle su agenda
personal.
Los altos cargos autonómicos
manifiestan esta preocupación
después de conocer que ex
policías y ex guardias civiles
al servicio del consejero de
Interior, Francisco Granados,
elaboraban informes sobre tramas
de corrupción que afectaban a
ayuntamientos madrileños
dirigidos por socialistas.
Sin información interna de la
propia Comunidad, resultaría
casi imposible espiar, como ha
ocurrido, al vicepresidente
madrileño en Cartagena de Indias
(Colombia), según fuentes
autonómicas. Este desplazamiento
oficial del vicepresidente, -lo
hizo como responsable del Canal
de Isabel II-, es vinculado, en
uno de los dos informes, a
distintas operaciones
irregulares. Y evidencia que
partieron de una información
privilegiada para poder cazarlo
fotográficamente cuando pisara
suelo colombiano. Las personas
que realizaron el seguimiento y
grabación de Ignacio González
conocían el día de llegada, el
vuelo, el hotel en el que se iba
a alojar, la habitación, y el
programa de actos y visitas del
vicepresidente madrileño. Sin
esos datos, los supuestos espías
nunca habrían estado justo en el
instante en que González llegó a
Colombia, y a escasos metros de
él, pisándole continuamente los
talones hasta la propia
habitación del hotel donde se
alojó.
Tan cerca, a tenor de las
fotografías, como para formar
parte del séquito o no inquietar
con su presencia, según
interpretan altos cargos de la
Comunidad de Madrid consultados
por este periódico.
El viaje de Ignacio González a
Cartagena de Indias data de
finales de agosto de 2008. En
concreto, como apunta el
informe, el 28 de agosto llegó a
Cartagena de Indias en el vuelo
AV8548, en clase business. El
informe detalla que mantuvo una
entrevista con el presidente
colombiano Álvaro Uribe y luego
desarrolla una teoría respecto a
la connivencia del
vicepresidente regional con una
de las personas que se
incorporaron a la comitiva, un
constructor, J.B., que
supuestamente tenía parentesco
con el jefe de una trama
delictiva.
Para agravar el guión, el
informe incluye fotografías
tomadas con cámara oculta que
son explicadas así:
"Acompañantes de Ignacio
González acudiendo y entrando en
el inmueble ubicado en...,
acceden al inmueble con las
bolsas blancas que se pueden
apreciar y abandonando a los
diez minutos el inmueble sin las
citadas bolsas. González
acompaña a estas personas que
han viajado con él desde
Madrid". El vicepresidente
madrileño aseguró a este
periódico: "A ese constructor
del que habla el dossier no lo
conozco de nada".
El segundo informe, fruto del
otro seguimiento, es más simple:
los espías consiguieron una
fotocopia de los billetes de
avión de Ignacio González y su
esposa en viaje privado a
Johanesburgo en vuelo de Iberia
el pasado 16 de marzo. Aquí, la
presunta acusación era que el
viaje (unos 8.000 euros de
coste) se lo regaló Enrique
Sánchez González, propietario de
las empresas Sagital y Segurisa,
entre otras, y contratista de la
Comunidad de Madrid, como
supuesto pago por la
adjudicación de contratos
públicos multimillonarios. Todos
los billetes de avión se pagaron
en metálico. El contratista le
acompañó, con su esposa, en tal
viaje y pagó también en
efectivo. González rechazó las
acusaciones del informe: "Mi
viaje me lo pagué yo en metálico
porque me venía bien, y tengo
factura de ello. El viaje me lo
organizó un amigo que también
vino. Fuimos a visitar al
embajador de Suráfrica que es
amigo nuestro y estaba a punto
de ser relevado. El empresario
era amigo de la persona que me
organizó el viaje. Pero no es
amigo mío, ni le adjudiqué
nada", explicó.
El Gobierno regional está ahora
preocupado por conocer si los
seguimientos tienen relación con
la contratación por la
consejería de Interior de la
Comunidad de Madrid del ex
policía, Marcos Peña, que dirige
a un equipo de tres ex guardias
civiles para tareas "de
contravigilancia", según el
consejero Francisco Granados. El
propio Peña aclaró a EL PAÍS que
entre sus trabajos figuran
investigaciones sobre tramas de
corrupción que afectan a
dirigentes socialistas o sobre
escándalos en el sector de las
discotecas de la capital de
España. Peña aseguró que en
ningún caso había hecho
seguimientos personales a
políticos.
La Consejería de Interior
asegura que nunca se ha ordenado
la elaboración de informes
relacionados con tramas de
corrupción. Entre las
competencias legales de la
consejería de Interior no
figuran tareas de espionaje por
parte de los asesores, ni
siquiera la recopilación de
información sobre tramas de
corrupción que están siendo
investigadas por la
administración de Justicia.
Granados contrató al ex policía
Marcos Peña en el verano de
2008. Con anterioridad, la
Comunidad vivió otro supuesto
caso de espionaje que acabó con
la destitución del director
general de Seguridad, Sergio
Gamón, por registrar unas
oficinas de la Consejería de
Justicia y requisar un ordenador
donde, supuestamente había un
dossier contra el propio
Granados, según explican
dirigentes autonómicos.
El vicepresidente Ignacio
González no es el único
dirigente madrileño que se ha
sentido espiado en los últimos
meses. Otros tienen noticias de
haber sufrido seguimientos. No
faltan los anónimos que han
llegado a hogares de destacados
políticos populares, según han
confirmado sus destinatarios.
UN VIAJE A CARTAGENA
DE INDIAS GRABADO
CON CÁMARA OCULTA
Ignacio
González,
vicepresidente
de la
Comunidad de
Madrid, se
trasladó en
viaje
oficial a
Cartagena de
Indias a
finales de
agosto de
2008.
Durante su
estancia en
la ciudad
colombiana
fue objeto
de
seguimientos
con cámara
oculta. Las
imágenes que
se captaron,
algunas de
las cuales
se
reproducen
arriba,
fueron
incorporadas
a un dossier
donde se
insinuaban
prácticas
irregulares
por parte
del
vicepresidente
autonómico
www.elpais.es
20.01.09
La Comunidad de Madrid denuncia
en los tribunales el espionaje a
Ignacio González
El afectado presenta otra a
título personal ante la fiscalía
.- El consejero de Presidencia,
Francisco Granados, califica de
"delictivo" el seguimiento y
pide comparecer en la Asamblea
para explicarse
La Comunidad de Madrid
ha interpuesto en la
tarde de este martes una
denuncia ante el juzgado
de guardia para que
investigue el espionaje
y seguimiento al
vicepresidente del
Gobierno regional,
Ignacio González, que ha
su vez lo ha hecho
también ante la fiscalía
a título personal.
Ignacio
González,
vicepresidente
de la
Comunidad
de
Madrid,
se
trasladó
en viaje
oficial
a
Cartagena
de
Indias a
finales
de
agosto
de 2008.
Durante
su
estancia
en la
ciudad
colombiana
fue
objeto
de
seguimientos
con
cámara
oculta-
Ambas denuncias se
producen como
consecuencia del
artículo publicado este
martes por EL PAÍS que
señala que
González ha sido objeto
de seguimientos
parapoliciales
en los últimos ocho
meses durante sus viajes
públicos y personales al
extranjero. En la
edición del lunes,
además, este mismo
periódico informaba de
que ex policías y ex
guardias civiles
realizaron
trabajos de inteligencia
e información para el
consejero de Interior y
Justicia,
Francisco Granados.
Previamente, el fiscal
jefe de Madrid, Manuel
Moix, había declarado
que la fiscalía no iba a
actuar de oficio al no
apreciar indicios de
delito, aunque adelantó
que abriría una
investigación si recibía
una denuncia al
respecto, lo que
finalmente ha sucedido.
"Lo que se ha producido
es un seguimiento a un
personaje, que es un
personaje público porque
es el vicepresidente de
la Comunidad de Madrid,
y eso, así sin más, no
es ningún tipo de
delito", explicó, antes
de añadir que "si hay
otros datos nuevos,
otros datos distintos,
otro tipo de
actuaciones, se puede
valorar otra vez".
En la denuncia de la
Comunidad se destaca
que, para poder realizar
el seguimiento al
vicepresidente, los
autores de los hechos
que se denuncian
tuvieron que utilizar
forzosamente información
reservada, que no es
posible obtener de
ningún medio o registro
accesible al público,
con la suficiente
antelación para
organizar la grabación y
las fotografías
publicadas por EL PAÍS.
Los servicios jurídicos
regionales consideran
que "se han producido,
sin duda, y como mínimo,
controles y grabaciones
visuales clandestinas,
revelación a terceros de
imágenes y documentos
personales, abusos
informáticos sobre datos
personales automatizados
y apoderamiento de
documentos". Y añaden
que los hechos expuestos
son "enormemente
graves", por lo que
creen necesario que se
efectúen investigaciones
por el órgano judicial
competente sobre quiénes
son los autores, y
podrían ser
constitutivos de
"delitos de
descubrimiento y
revelación de secretos"
tipificados en los
artículos 197 a 201 del
Código Penal.
La presidenta madrileña,
Esperanza Aguirre, ha
precisado que la
denuncia "no va dirigida
contra nadie", y ha
insistido en que lo que
se pretende con esta
acción es esclarecer "si
es cierto que alguien
está haciendo
seguimientos,
grabaciones o espionajes
nada menos que al
vicepresidente de la
Comunidad de Madrid".
Aguirre ha manifestado
que el Ejecutivo
regional es una
institución que no tiene
nada que ver con nada
relacionado con el
espionaje, y cree que si
se están elaborando
informes se está
"delinquiendo".
Ignacio González ha
calificado de
"gravísimo" el
seguimiento al que ha
sido sometido en dos
viajes, uno de carácter
oficial y otro privado,
y ha considerado que
estos hechos incurren en
un "grave delito" que
atenta contra su
persona. González ha
confesado sentirse
"absolutamente
sorprendido" por las
"investigaciones
ilícitas" de las que ha
podido ser objeto
durante los últimos ocho
meses. Gracias a ese
espionaje, realizado en
algún caso con cámaras
ocultas, se han
elaborado dos informes
donde se aportan
fotografías y documentos
privados del
vicepresidente de la
Comunidad de Madrid y se
le intentan atribuir
conductas delictivas o
irregulares.
Comparecencia
Por su parte, el
vicepresidente del
Ejecutivo regional,
Francisco Granados, ha
enviado un escrito a la
Asamblea regional en el
que solicita comparecer
en la correspondiente
Comisión parlamentaria
de Presidencia, Justicia
e Interior,
como le habían pedido
PSOE e IU.
Granados ha dicho que
confía en que la
actuación judicial
permita conocer "quien
está detrás de estos
seguimentos ilícitos
para que recaiga todo el
peso de la ley", pues la
fiscalía y la policía
deben investigar "quién
puede" montar un
servicio de espionaje
como el mostrado, "con
tantos medios como para
realizar seguimientos en
sitios tan alejados como
Colombia o
Johannesburgo".
En
una entrevista emitida
este martes en
Telemadrid, Granados
subrayó que la
información de EL PAÍS
sobre el seguimiento a
González no está
relacionada con
la
noticia que este mismo
diario publicó el lunes
sobre la existencia de
una red de espionaje a
su servicio.
El
consejero de Presidencia
reconoció entonces que
el responsable de este
servicio, Marcos Peña,
trabajaba para él como
"asesor de seguridad",
pero aclaró que la
Comunidad de Madrid
ejercía las competencias
de seguridad dentro de
la ley. Por su parte,
Aguirre
se
limitó a cargar contra
EL PAÍS
por publicar tal
información.
"Con nada
relacionado con
inteligencia"
El comisario
jefe de la
Unidad de
Drogas y
Crimen
Organizado (UDYCO)
de Madrid,
José Luis
Conde, no ha
querido
hacer
declaraciones
sobre la
noticia y se
ha limitado
a afirmar
que su
departamento
"siempre
trabaja los
asuntos
previa
judicialización,
es decir,
que todas la
autorizaciones
están dadas
por juez y
con el
conocimiento
del fiscal".
Conde ha
incidido en
que su
departamento
no trabaja
"con nada
relacionado
con
inteligencia,
ni nada de
esos temas".
www.elpais.es
20.01.09
EL GOBIERNO DE AGUIRRE SOPESÓ CREAR UN 'CNI'
LEGAL AL SENTIRSE ESPIADO DESDE DENTRO
El
vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González (PP), sopesó en junio
de 2008 la creación de un servicio secreto legal
al servicio de la Comunidad de Madrid. En
realidad, más allá del deseo de poseer un
servicio de información o inteligencia como
pudieran tener Euskadi y Cataluña para combatir
amenazas terroristas o delictivas, se trataba de
neutralizar un temor: la creciente sensación de
que altos cargos de la Comunidad de Madrid
estaban siendo espiados desde dentro de la
institución para intentar campañas de
desprestigio mediante dossiers. El propio
González se sentía víctima especial de ataques a
su intimidad y a su imagen. Aún hoy siente la
misma sensación, a tenor del contenido de su
denuncia, donde alude a la cercanía de los
cómplices que hicieron posible el espionaje
sufrido durante su viaje a Cartagena de Indias
en agosto de 2008 y en su viaje a Johanesburgo
en marzo de 2008.
Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en
Ceuta entre 1998 y 2004, durante el mandato de
José María Aznar, trató con el vicepresidente
madrileño la necesidad de crear el servicio
secreto. Moro era amigo personal de Ignacio
González. Ambos habían coincidido durante la
etapa en que González era secretario de Estado
de Inmigración del Ministerio del Interior y
Moro combatía la inmigración irregular desde su
puesto de Delegado del Gobierno en Ceuta.
Moro veía claro el problema que tenía el
Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando
contactó con su amigo: "González y otros altos
cargos estaban siendo objeto de vigilancia",
seguimientos que conducían a la elaboración de
dossiers contra él. "Necesitaba un servicio de
información para protegerlo".
Moro explica así sus gestiones. "Hablamos de la
posibilidad de algún servicio con el amparo y
legitimación que tienen los del País Vasco y
Cataluña. Era un servicio para proteger
informativamente a los altos cargos de la
Comunidad autónoma".
Moro
reveló a EL PAÍS que por aquella época, los
altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban
preocupados porque temían que estuvieran siendo
espiados desde dentro.
Ignacio González recibió el borrador de
servicio secreto y lo aparcó. "No lo vi
conveniente y, además, era un tema competencia
de [Francisco] Granados [consejero de Interior
de la Comunidad de Madrid]", explicó a EL PAÍS.
González enmarcó la propuesta de su amigo en un
intento de anular o neutralizar los dossiers que
se lanzaban contra él en aquellos tiempos.
Ahora, al recordarlo, no le concede mayor
trascendencia, si bien reconoce el hartazgo que
sobre él pesaba de ser objeto de oscuras
maniobras cuando surgió la iniciativa. Pero
evita detallar qué o quién bloqueó tal proyecto
dentro del Gobierno regional.
Cuando Moro y González hablaban de crear un CNI
madrileño legal, por más que entrañara una dura
batalla competencial conseguirlo, el consejero
de Interior, Francisco Granados, estaba fichando
al ex inspector de policía Marcos Peña, que
asumió la dirección de un equipo de ex guardias
civiles. Peña aseguró a este periódico que su
grupo realizaba los informes que le pedía su
jefe, Granados, que versaban sobre escándalos o
corrupciones que afectaban fundamentalmente a
municipios socialistas como Coslada,
Ciempozuelos...
El
propio Francisco Granados les atribuye unas
funciones de contravigilancia, que Peña
desmiente y que, según los expertos, la ley les
impide ejecutar por carecer la Comunidad de
Madrid de competencias para ello. Esta unidad,
al igual que otra que dirige el ex director
general de Seguridad, Sergio Gamón, con varios
ex policías a sus órdenes, dependen del
consejero Granados. No están bajo la estructura
orgánica al mando del actual director de
Seguridad que ni los tiene, ni los ha querido
tener, bajo sus órdenes.
Su
labor escapa así al común de los integrantes de
la seguridad de la Consejería de Interior. Las
labores definidas por Peña perfilan un auténtico
servicio de información. Granados lo niega. En
este contexto de creación de unidades
"descontroladas" de la estructura ordinaria y
jerárquica -sólo responden al consejero, según
fuentes de su departamento-, se bloqueó y se
vetó la creación de un servicio secreto legal y
transparente al servicio de la Comunidad de
Madrid, tal y como planteaba Moro. "Vamos a
aplicarle a esto legalidad y legitimidad y así
os quitáis de sombras y oscuranteces", ofreció
Moro a González. No fue atendido. "Y ahora esto
que está lloviendo es tremendo", ironiza.
Moro conocía ya entonces la existencia de un
servicio secreto clandestino al servicio de la
Comunidad de Madrid. "Tenía alguna información
de mis amigos, pero de amigos que no tienen que
ver con la Comunidad autónoma. Empezaba a estar
acreditado [la existencia de tal servicio
secreto ilegal de la Comunidad] entre los medios
de la seguridad. Naturalmente, legales. No la
mierda que se ha montado ahí. Las noticias que
circulaban era que algunos altos cargos,
especialmente Ignacio González, estaban siendo
objeto de vigilancias por un aparato indeseado
de áreas de la Comunidad de Madrid".
El
plan de montar un servicio secreto fue redactado
por Moro junto a ex agentes del servicio de
inteligencia español, con los que conversó EL
PAÍS. Aseguran que su proyecto quería servir
para captar información y compartirla con los
servicios de información legales. Y querían
evitar fichar a ex guardias o ex policías.
"Porque se convierten en espías al servicio de
sus cuerpos de origen". El Proyecto SEDE
(Sociedad de Estudios y Desarrollos
Estratégicos) respondía, según el borrador
entregado a Ignacio González, a "una necesidad
específica de seguridad e inteligencia emergente
en el Estado de las Autonomías". En dos folios,
Moro resumía las virtudes de la nueva Sociedad:
-
Solución afinada y eficaz. "Es una solución más
afinada y eficaz ante la necesidad señalada,
creciente en el actual contexto sociopolítico
(...) acorde con otras experiencias más
flexibles y acertadas impuestas en países de
nuestro entorno occidental (por ejemplo, las
Unidades de Inteligencia de ámbito departamental
existentes en Francia", explicaba el texto.
-
Recursos externos debidamente filtrados. El
servicio secreto autonómico podría utilizar "de
forma eventual medios o recursos externos
debidamente filtrados y controlados". De hecho,
en el organigrama de SEDE contemplaba un
departamento de relaciones externas dedicado a
la "adquisición de información".
-
Capitalizar las Brigadas de Policías
Municipales.
Los
impulsores de este CNI autonómico defendían la
necesidad de un servicio de este tipo en la
Comunidad de Madrid ante las amenazas
terroristas y para "reorientar y capitalizar de
forma adecuada las BESCAM (Brigadas Especiales
de Seguridad de la Comunidad de Madrid). Aguirre
intentó crear su propia policía autonómica pero
ante la imposibilidad legal de hacerlo, decidió
subvencionar la contratación de policías
municipales en los ayuntamientos madrileños y
englobar a ese grupo de agentes bajo la
denominación de BESCAM.
Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS
aseguran que la Comunidad de Madrid no tiene
competencias para crear su propio servicio
secreto: "El Estatuto de Autonomía de Madrid
establece que las competencias de la Comunidad
se circunscriben a la 'vigilancia y protección
de sus edificios'. Ámbito que, como reitera a
renglón seguido el Estatuto, se ejercerá
'respetando, en todo caso, los dispuesto en la
Constitución Española'. En este marco
competencial es obvio, y nada discutible, que la
creación de un Centro de Inteligencia
autonómico, que, por definición, exige todo un
conjunto de actividades, eminentemente de
carácter policial, para la recogida,
almacenamiento, tratamiento y análisis de un
amplio espectro de informaciones relevantes para
la protección de los derechos y libertades de
los ciudadanos y la seguridad de las
instituciones, no está amparado en el marco
competencial que la Constitución, el Estatuto y
el resto del ordenamiento reconocen a la
Comunidad de Madrid".
(www.elpais.com,
23/01/09)
ENTREVISTA: LUIS VICENTE MORO, Ex
delegado del Gobierno del PP en Ceuta :
"LES DIJE 'APLIQUEMOS A ESTO LEGALIDAD Y ASÍ
OS QUITÁIS DE OSCURANTECES"
Luis Vicente Moro fue nombrado delegado del
Gobierno en Ceuta en 1998 por el Ejecutivo
de José María Aznar. Durante aquella etapa,
que duró hasta 2004, cuando el PP perdió las
elecciones generales, Moro gestionó
información sobre seguridad muy delicada en
un enclave conflictivo por los problemas de
inmigración irregular y de mafias que
traficaban con seres humanos.
Durante su etapa como delegado del Gobierno
en Ceuta, Moro hizo amistad con Ignacio
González, que trabajó en el Ministerio del
Interior como secretario de Estado de
Inmigración a las órdenes de Ángel Acebes en
los últimos años de la segunda legislatura
del PP, con José María Aznar como
presidente.
Moro y González mantuvieron una relación de
amistad e incluso siguieron colaborando en
asuntos de seguridad. En junio de 2008, Luis
Vicente Moro entregó a Ignacio González el
borrador de un proyecto de servicio secreto
autonómico, una especie de CNI (Centro
Nacional de Inteligencia), ante la
preocupación extendida en el Gobierno de
Esperanza Aguirre, que se sentía espiado y
quería protegerse.
Sólo unos meses antes de aquellos contactos
entre Moro y González, ex agentes al
servicio de la Consejería de Interior de la
Comunidad de Madrid estaban haciendo, sin
amparo legal alguno y con dinero público,
seguimiento a distintos altos cargos del PP,
según se deduce de los partes diarios que
elaboraron entonces. Tanto Manuel Cobo,
vicealcalde de Madrid, como Alfredo Prada,
ex consejero de Justicia de la Comunidad de
Madrid y hoy alto cargo de la dirección
nacional del Partido Popular, han denunciado
ante la fiscalía los seguimientos de que
fueron objeto durante los meses previos al
último congreso nacional del PP, en el que
Mariano Rajoy salió reelegido tras varios
meses de tensos enfrentamientos con la
presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre.
El proyecto de CNI autonómico que le
presentó en junio pasado el ex delegado del
Gobierno en Ceuta al vicepresidente de la
Comunidad de Madrid no cuajó. Luis Vicente
Moro lo explica en la entrevista que ha
mantenido con EL PAÍS.
Pregunta. Hubo un proyecto de servicio
secreto legal para la Comunidad de Madrid en
2008 y que al final no salió. ¿Cómo fueron
las gestiones?
Respuesta. Yo soy amigo personal de Ignacio
González y coincidí con él en la época
anterior. Hablamos de la posibilidad de
crear algún servicio, con el amparo y la
legitimidad que tienen los servicios en el
País Vasco y en Cataluña. Era un servicio
para proteger a los altos cargos de la
Comunidad de Madrid, pero nada más que eso.
P. ¿Pero proteger informativamente?
R. Informativamente, porque yo creo que por
aquella época estaban preocupados, o alguien
estaba preocupado.
P. ¿Y por qué rechaza finalmente Ignacio
González montar ese servicio? ¿Hasta dónde
se llegó después de presentar el borrador?
R. El borrador... y no hubo nada más. No sé
por qué lo rechazó... No lo rechazó, son
esas cosas que se dejan encima de la mesa
diciendo 'esto es interesante'. Y [González]
no vería la necesidad en aquel momento,
porque lo que está lloviendo ahora es
tremendo.
P. ¿No lo rechazarían porque ya existía uno
que no era legal y transparente?
R. Yo no lo sé. Allí parecía que había un
aparato. Y lo que hacemos un amigo y yo es
decir, 'vamos a aplicarle a esto legalidad y
legitimidad y así os quitáis de sombras y
oscuranteces'. Nada más que eso.
P. ¿Quién le dijo que existía un servicio
secreto no transparente?
R. Tengo alguna información de mis amigos,
que no tienen que ver con la Comunidad de
Madrid. Empezaba a hacerse popular en los
medios que están acreditados como grandes
expertos en el sector de la seguridad,
naturalmente todos ellos legales, no esa
mierda que se ha montado ahí...
P. ¿Y qué noticias circulaban?
R. Las noticias que circulaban es que
algunos altos cargos de la Comunidad de
Madrid, especialmente Ignacio González,
estaban siendo objeto de vigilancias por un
aparato indeseado de áreas de la Comunidad
de Madrid. No sé si esto es lo que está
pasando ahora.
P. ¿Por qué pensaban que eran objeto de
vigilancia?
R. Yo creo que Ignacio González tenía datos.
En esta situación, a alguien de la Comunidad
le molestaba Ignacio. Él pisó algunos
callos. Un servicio secreto, si no nace con
las condiciones de seguridad jurídica que
nosotros planteamos modestamente, no puede
estar en la Comunidad de Madrid. Y si no
aparece en el organigrama, es un disparate
absoluto. Yo no me preocupé más porque
cuando nuestro papel durmió el sueño de los
justos, yo me dediqué a mis cosas. Sé que
Ignacio González es un currante que puede
hacer daño a personas muy, muy, muy
sinvergüenzas.
(www.elpais.com,
23/01/09)
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