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La alcaldesa de Quijorna tiene un problema

 

El Ayuntamiento de Quijorna (PP) autorizó construir más de 120 viviendas de forma ilegal

La Consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid parece haber dejado en evidencia las actuaciones urbanísticas del gobierno Popular de Quijorna, al reconocer, en un informe de la Dirección General de Urbanismo, la ilegalidad de una ordenanza municipal aprobada por el Partido Popular, que incumple las Normas Urbanísticas del citado municipio. Según una nota de prensa publicada por el Grupo Independiente en el municipio madrileño, en dicho informe de la Dirección General de Urbanismo, de fecha 21 de noviembre de 2007, el Servicio de Inspección Urbanística declara la ilegalidad de dicha normativa, en virtud de la cual se han construido y se siguen construyendo más de 120 viviendas, pertenecientes a 6 promociones en el casco urbano del municipio.

Licencias por decreto
La ilegalidad de esta ordenanza, aprobada por el PP, fue denunciada por el Grupo Independiente de Quijorna (GIQ) inicialmente ante la Alcaldesa, Mercedes García Rodríguez, quien concedió las licencias por decreto. Ahora, la máxima autoridad urbanística de la Comunidad de Madrid avala con su informe la denuncia de los independientes.

“Paralización inmediata”
“Vamos a solicitar la paralización inmediata de las promociones, así como la demolición de las obras ejecutadas ilegalmente, iniciando de inmediato acciones judiciales contra los responsables políticos”, manifestó Florentino Serrano, Portavoz del GIQ.

Edificios ya habitados
Pero, según la misma nota de prensa, la situación urbanística generada por la concesión de estas licencias ilegales es todavía, si cabe, de mayor gravedad, pues dos de las promociones están completamente terminadas, y una de ellas, habitada.
Interesantes conexiones
La misma fuente relata que, curiosamente, 19 chalets ya habitados, cuya licencia la Comunidad de Madrid declara ilegal, fueron proyectados por el actual arquitecto municipal, José Núñez, propietario anterior del terreno y ex Secretario General del Partido Popular.

Responsabilidad patrimonial
“Han construido 19 chalets donde sólo se pueden hacer 6. La responsabilidad patrimonial, únicamente en esta promoción, puede superar los 5 millones de euros”, concluyó el concejal portavoz del GIQ.

www.elplural.com 14.12.07

 

La corrupción urbanística de Quijorna pasa a investigación judicial

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció que, tras abrir “diligencias de investigación” contra la alcaldesa del municipio madrileño de Quijorna, la popular Mercedes García Rodríguez, y otros cuatro concejales del ayuntamiento por corrupción urbanística, trasladará la investigación al juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles para dar continuidad al proceso judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido no archivar la denuncia que el Grupo Independiente de Quijorna interpuso contra la alcaldesa (PP) y cuatro concejales por la firma presuntamente irregular de un convenio que reducía drásticamente la construcción de viviendas de protección oficial en terrenos del ayuntamiento. Con este paso se inician las diligencias judiciales contra los imputados en un juzgado de Instrucción, al que se han remitido tanto las diligencias previas como las diligencias de investigación que realizó el TSJM.

Reducción de la vivienda protegida
La denuncia contra el equipo de Gobierno de Quijorna se interpuso tras la firma de un total de 37 acuerdos para construir viviendas. Estos acuerdos
redujeron del 50 al 10 por ciento el número de viviendas de protección oficial, en contra de lo estipulado en la Ley del Suelo madrileña.

Con el apoyo de PP y PSOE
Estos convenios salieron adelante en agosto de 2006 con el apoyo de la acaldesa, y dos concejales del PP, junto a los votos favorables de dos concejales socialistas. Estos últimos
fueron inmediatamente expedientados y está previsto que sean expulsados próximamente del PSM.

La alcaldesa, acusada también de malversación
La alcaldesa del municipio, por su parte, tiene abierto
otro proceso judicial por haber pagado para su defensa en este caso a abogados del bufete del polémico ex juez Gómez de Liaño con fondos municipales, algo que no permite la ley. www.elplural.com 21.03.07
 

La alcaldesa de Quijorna, del PP, pagó 30.000 € a Gómez de Liaño con fondos públicos

Mercedes García Rodríguez, la alcaldesa popular del municipio madrileño de Quijorna, está acusada de un “presunto delito de prevaricación en concurrencia con el de malversación de caudales públicos” por haber pagado con fondos públicos del Ayuntamiento al despacho de abogados Gómez de Liaño S.L. para su defensa personal. La alcaldesa habría tomado unos 30.000 euros del erario público para pagar los servicios jurídicos de defensa en otra querella, en la que se le acusaba de escándalos urbanísticos.

El grupo político municipal Grupo Independiente de Quijorna (GIQ) se querelló contra la alcaldesa del municipio, a la que acusan de haber contratado para su defensa particular al gabinete de abogados regentado por el polémico ex juez Gómez de Liaño, sobre quien pesa una condena por prevaricación, y cuyo bufete ha defendido a personajes tan polémicos como Isabel García Marcos, imputada en la trama de corrupción urbanística de Marbella. 

Mercedes García está acusada de pagar a Gómez de Liaño con los fondos municipales incurriendo, según los querellantes, en un presunto delito de malversación de caudales públicos y en otro de prevaricación.

Los pagos a Gómez de Liaño
En agosto de 2006 la alcaldesa se vio envuelta en un caso de especulación inmobiliaria por la aprobación de unos convenios municipales que reducían en un 40 por ciento el número de viviendas protegidas de área. En diciembre del mismo año el Ayuntamiento aprobó una factura por importe de 29.696 euros al gabinete Gómez de Liaño S.L. para la “defensa jurídica de la Sra. Alcaldesa en asunto penal” en una presunta actuación irregular ya que, según se informa en el documento, el presupuesto se aprobó “al margen de todo procedimiento administrativo y careciendo de competencia”.

El Ayuntamiento no paga la defensa de sus concejales
Según la denuncia, “con cargo al presupuesto del Ayuntamiento no puede contratarse la defensa y representación de uno de sus concejales”. El texto matiza además que “los hechos son mucho más graves porque la contratación del letrado, el reconocimiento del gasto y el pago de su importe lo ha hecho la alcaldesa al margen de todo procedimiento y vulnerando su deber de abstención” (al votar el presupuesto y elaborar la factura, Gacía Rodríguez debía haberse abstenido de participar, puesto que el tema le tocaba directamente).

Prevaricación…
Los querellantes encuentran un delito de prevaricación en la actuación de la alcaldesa porque cometió una “injusticia sustancial” al “aprovechar la mayoría municipal para adoptar un acuerdo que de modo flagrante pretende utilizar fondos públicos en beneficio directo del os propios concejales que adoptan el acuerdo”. Además, los acusados “participaron en la deliberación y votación y adoptaron un acuerdo manifiestamente injusto” pese a ser conscientes de que sin su voto “que legalmente no podían emitir, el acuerdo que les beneficiaba no sería adoptado”.

… y malversación de caudales
Además, el documento apunta también a un delito de malversación de caudales públicos por “cargar al presupuesto municipal los honorarios del abogado por un asunto en el que no defiende al Ayuntamiento”, algo que, a juicio de los demandantes, “evidencia en la alcaldesa un ánimo de lucro patente”.
www.elplural.com 02.03.07

Un juez llama a declarar a la regidora de Quijorna por favorecer a un asesor  

El Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles ha llamado a declarar como imputados a la alcaldesa de Quijorna, María de las Mercedes García (PP), y a José Núñez Oller, arquitecto y asesor personal de García. La citación se produce después de que los cuatro concejales del Grupo Independiente de Quijorna (GIC) interpusieran una querella criminal contra García y Núñez por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, usurpación de funciones y tráfico de influencias. Los querellantes denuncian que la alcaldesa ha aprobado una segregación ilegal de una finca, que permite construir 19 chalés en una zona donde sólo se podían edificar seis. García se niega a responder a las acusaciones.

La finca en cuestión está situada en la calle de Pérez Galdós, número 2, de Quijorna, con una superficie de 19.231 metros cuadrados. José Núñez Oller es asesor técnico de la alcaldesa, nombrado por decreto de ésta, y ostenta el cargo de "arquitecto honorífico del municipio" (aunque no cobra por su labor).

El PP gobierna en Quijorna (2.325 habitantes) con el apoyo de los dos ediles del PSOE. Los concejales independientes explican en la querella (en fase de diligencias previas) que el 15 de julio de 2003 se presentó ante el Ayuntamiento una solicitud de licencia de segregación para dividir la parcela, propiedad de José Núñez Oller y sus hermanos. En la finca se podían edificar 16 chalés. Sin embargo, la propuesta de segregación admitía 27 casas.

La alcaldesa aprobó finalmente por decreto otorgar licencia para la parcelación de una zona de la finca, que permite edificar 19 viviendas, donde, según los cálculos de los independientes, sólo se podían construir seis chalés. Además, los querellantes denuncian que García no respetó dos documentos de técnicos municipales que se oponían a la segregación. El arquitecto municipal emitió el cinco de junio de 2003 un informe que decía que la parcela P-4 constituía una única unidad registral y que no se podía subdividir en otras parcelas. El secretario del Ayuntamiento también informó desfavorablemente la licencia de segregación el 21 de julio de 2003.

"Los documentos en contra no hicieron mella en la alcaldesa, que aprobó por decreto el 28 de agosto de 2003 la parcelación", dice Florentino Serrano, portavoz del GIC. "Pero antes de firmarlo envió el borrador a Núñez, que rectificó un párrafo para adaptarlo a sus necesidades", recalca. "Es como si quisieran evitar la intervención de los servicios técnicos".

Los independientes aseguran que el documento final firmado por la alcaldesa introduce las modificaciones realizadas a mano por Núñez. Y adjuntan como prueba en la denuncia la copia de un correo electrónico que una empleada del Ayuntamiento envió a otra, en el que dice: "Os mando el decreto de segregación de Pepe [José Núñez], pero falta la liquidación tributaria y los linderos de las parcelas (...) Que Mercedes [la alcaldesa] lo vea y Pepe también, por si consideran necesario cambiar alguna cosa".

Para el portavoz del grupo independiente esta actuación demuestra que estaban elaborando un documento adaptado a las necesidades del arquitecto. "Desaparecen las frases del párrafo 5º donde se hace mención a que los servicios técnicos municipales tienen que intervenir en fijar varias alineaciones", explican.

Por otra parte, los ediles del GIC denuncian que la alcaldesa no puede conceder licencias, porque ella misma delegó esta competencia a la Comisión de Gobierno el 27 de junio de 2003. Además, mantienen que la alcaldesa debería haberse abstenido en el procedimiento porque el querellado es asesor personal y, por lo tanto, persona de confianza. "En la actualidad, Núñez, aprovechando su cargo honorífico, está llevando a cabo más de 20 proyectos particulares en el municipio. Esto es totalmente ilegal, porque es juez y parte", asegura Florentino Serrano.

"Estoy harta"

La regidora declara que está "harta de todas las denuncias que interpone Serrano". "No voy a estar todo el día respondiendo a sus denuncias. Yo me dedico a trabajar para mis vecinos", dice. En cuanto a la segregación aprobada por García sostiene que "es una parcelación como otra cualquiera".

El grupo independiente de Quijorna también ha denunciado ante la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos y contra la Corrupción las recalificaciones y ventas de fincas llevadas a cabo por la alcaldesa y los dos concejales del PSOE, Juan José Cerrato y Fernando Díaz-Guerra, a Sanedi (empresa del grupo San Román, vinculado a la Operación Malaya). El PP gobierna con el apoyo de los dos ediles del PSOE. El Partido Socialista de Madrid (PSM) abrió un expediente a sus dos concejales a finales de septiembre, por votar a favor de unos planes parciales que reducen el número de vivienda protegida en varias zonas.

Los independientes explican en su denuncia que el borrador del Plan General, que prevé convertir Quijona en una ciudad de 60.000 habitantes, pretende recalificar terrenos rústicos de especial protección pertenecientes a los cargos y familiares directos del equipo de gobierno municipal. La empresa Plarquin (de la que era socio el ex director general de Urbanismo, Enrique Porto) redactó el avance del Plan General www.elpais.es 02.11.06

LA ALCALDESA DE QUIJORNA VENDIÓ UNA ALAMEDA PROTEGIDA A UN CONSTRUCTOR Y LUEGO LA RECALIFICÓ   (29/09/06)

La alcaldesa de Quijorna, Mercedes García, del PP, ha vendido a Sanedi, una empresa del grupo San Román, una alameda de 3.750 m2 calificada por el actual ordenamiento del municipio (aprobado hace cuatro años) como zona protegida por su valor ambiental. Pero en el nuevo avance del plan general, la finca se recalifica y adquiere edificabilidad. La regidora asegura que no ha aprovechado su cargo político para beneficiarse con esta venta y que diferentes personas del pueblo, adscritas a otros grupos políticos, también poseen propiedades que se tratan de la misma forma. El Ayuntamiento adjudicó la redacción del avance del plan a Plarquin, empresa de la que era socio Enrique Porto, director general de Urbanismo.

El sabor a pueblo todavía permanece intacto en Quijorna, una localidad de 2.325 habitantes, sita a unos 35 kilómetros de Madrid, rodeada de montes preservados y de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio. El municipio también está próximo a localidades ya desarrolladas urbanísticamente como Majadahonda o Villanueva de la Cañada.

Pero el aspecto de pequeña localidad no le durará mucho. Los planes del actual equipo de gobierno pasan por una enorme expansión urbanística del pueblo. El nuevo avance del plan, todavía en tramitación, pretende llevar al municipio a 60.000 habitantes y declarar urbanizable todo el suelo, excepto las zonas intocables de la ZEPA y los montes preservados. El planeamiento contempla recalificar 1.067 hectáreas, el 40% del término municipal. "Pero en un espacio de entre 20 y 25 años", aclara la alcaldesa de la localidad.

Estos planes multiplican por 11 el suelo declarado urbanizable actualmente, cuyas normas fueron aprobadas hace sólo cuatro años. Dentro de las zonas protegidas que pasarán a computar como suelo edificable, se encuentran varias fincas situadas en medio de una alameda. Están calificadas como espacios singulares, carrizales y espacios catalogados de especial protección de cauces y riberas.

Una de ellas, la parcela número 286, situada en el polígono 3, pertenecía a la actual alcaldesa y a su marido, hasta que decidieron venderla a la promotora Sanedi (perteneciente al grupo de Fidel San Román, vinculado a la Operación Malaya) por 270.455 euros, cuatro veces más de lo que se paga habitualmente en el municipio por un espacio como éste, en el que no se puede construir.

El cuñado de la alcaldesa, Enrique Serrano Pedrazuela, también vendió a la misma empresa tres fincas (dos de ellas con protección ambiental). Según información de la oposición, Sanedi se ha hecho con alrededor de un millón de m2 en el municipio.

¿Qué interés puede tener una empresa constructora en adquirir terrenos en los que no se puede edificar? La respuesta llega con el avance del plan general, donde estos suelos se transforman en redes públicas de zonas verdes y espacios libres. Es decir, los suelos que antes carecían de edificabilidad por su protección ambiental adquieren derechos para construir viviendas. No en la zona de la alameda, que continuará siendo verde, sino en otro lugar del municipio.

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