FAMILIARES DE
ESPERANZA AGUIRRE DIERON UN 'PELOTAZO' TRAS UNA GESTIÓN DE PORTO
Alminar Villas, una
sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre, presidenta de la
Comunidad de Madrid, ganó 2,1 millones de euros en la compraventa de unos
terrenos en Villanueva de la Cañada (Madrid), cuyo plan de urbanización
desbloqueó en 2004 Enrique Porto, el dimitido director general de Urbanismo, que
también tenía propiedades en la misma zona. Dicha firma vendió en 2006 -al 50%
con otra inmobiliaria- por 4,6 millones de euros un total de 24.326 metros
cuadrados del sector desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 euros.
La presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a través de su portavoz, ha declinado
opinar sobre la gestión de su ex director general de Urbanismo en relación con
el sector 1 de Villanueva de la Cañada, donde tanto Porto como familiares de la
jefa del Ejecutivo regional tenían unos terrenos que vendieron en 2006 tras
desbloquear urbanísticamente esa zona en 2004 el citado alto cargo regional.
Gil de Biedma es uno
de los operadores inmobiliarios de la Comunidad de Madrid, donde se dedica,
entre otras cosas, a la compraventa de suelo en distintos municipios, en algunos
casos en pleno proceso de modificación de sus planes generales (aquellos que
definen dónde y cómo se puede edificar). Tanto Porto, ex director de Urbanismo
de Madrid, como Alminar Villas (inmobiliaria que preside José Gil de Biedma y
Vega de Seoane y comparte con otros tíos y primos maternos de Aguirre) vendieron
en enero de 2006 sus parcelas en el sector 1 de Villanueva de la Cañada.
Hasta que Porto fue
nombrado director general de Urbanismo, la urbanización de ese sector estaba
bloqueada, pues los técnicos habían planteado distintas objeciones al plan.
Porto, desoyendo a sus técnicos, desbloqueó la aprobación del citado plan
parcial -redactado por un socio suyo, José María Fernández del Río, ex consejero
de Cajamadrid por el PP- en septiembre de 2004. Las ventas de esos terrenos, en
los que ya se podía edificar, se hicieron en enero de 2006 sin que Porto, que
poseía una parte, ni los familiares de Esperanza Aguirre, también dueños de
terrenos en la zona, invirtieran un solo euro en urbanizarlos.
- Revalorización. La
revalorización de los terrenos de Villanueva de la Cañada tuvo su primer hito en
la recalificación del sector aprobada en 1999 por el Ayuntamiento, presidido por
Luis Partida (PP). Partida encargó a Porto el diseño del crecimiento del
municipio. Pese a la recalificación de los terrenos, el Gobierno regional,
entonces presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, bloqueó en mayo de 2003 la
urbanización del plan parcial que desarrollaba el sector 1 (denominado Los
Pocillos, con 1,4 millones de metros cuadrados), entre cuyos propietarios
figuraban ya Porto y los familiares de Esperanza Aguirre. Cuando Porto, con el
cambio de Gobierno regional, llegó a la Dirección General de Urbanismo -tomó
posesión en enero de 2004-, desbloqueó nueve meses después los problemas que
bloqueaban el plan de urbanización de dicho sector, donde los familiares de
Esperanza Aguirre y él mismo tenían terrenos.
La finca que
compraron los familiares de Esperanza Aguirre se valoraba en 24.040 euros en
noviembre de 1999 -nueve meses después de su recalificación- por su dueño,
Benito Nieto García (6.000 euros más de lo que le costó en 1995). Cuando la
vende, un año más tarde, en mayo de 2000, ya pide y recibe 419.975 euros de
Alminar de Villas (la empresa de los Gil de Biedma) y Construcciones Ureta.
Ambas sociedades la venden en enero de 2006 por 4,6 millones de euros a la
inmobiliaria Terinza 26, que a su vez le da un valor de subasta de seis millones
de euros.
- Intervención
decisiva. La intervención de Porto como director general de Urbanismo fue
decisiva para su negocio y para el de la familia de Aguirre en Villanueva de la
Cañada. Porto rechazó el informe de sus técnicos, que arrojaba una terrible losa
sobre sus intereses y los de los Gil de Biedma. Sus responsables técnico y
jurídico le exigieron en un escrito de nueve folios -que Porto evitó incorporar
al expediente administrativo- mantener la suspensión urbanística que pesaba
sobre este sector de Villanueva de la Cañada desde mayo de 2003 por entender que
persistían dos de las seis deficiencias que denunciaron entonces, y alguna
anomalía más, como la falta de informe de evaluación ambiental.
Los expertos
consultados por este periódico ven otro supuesto trato favor de Porto a ese plan
parcial: fue devuelto al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada en mayo de 2003
para su corrección antes de seis meses. Sin embargo, fue vuelto a presentar en
Urbanismo en agosto de 2004, 15 meses después, por lo que Porto debió darlo por
caducado. Sin embargo, lo bendijo y aprobó al mes siguiente. De haberlo
rechazado, habría sido redactado como nuevo y conforme a la ley 9/2001 del Suelo
de la Comunidad de Madrid, que forzaría a los dueños a ceder 104.000 metros
cuadrados de suelo urbanizable a la Comunidad de Madrid (un tercio sería para
viviendas protegidas, unas 300).
Funcionarios de
Urbanismo afirman que ninguna de las objeciones que plantearon al plan eran
insalvables. Pero admiten que sus pegas, de haber sido atendidas, habrían
retrasado el plan, lo que podría haber complicado los planes de venta de los
dueños y el calendario de construcción de los promotores.
TRES
DEFICIENCIAS QUE NUNCA FUERON SUBSANADAS
Enrique Porto, ex
director general de Urbanismo de Madrid, autorizó el plan del Sector 1 de
Villanueva de la Cañada, donde los familiares de Esperanza Aguirre y él mismo
tenían terrenos, sin subsanar las tres deficiencias siguientes que denunciaron
sus técnicos:
- Monte preservado.
Los técnicos denunciaron que se inflaba ilegalmente el volumen de edificabilidad
del sector al computarse como suelo urbanizable el monte preservado: "No pueden
computarse dichos suelos a efectos del cálculo de la edificabilidad, del
aprovechamiento urbanístico o del número máximo de viviendas en el ámbito del
sector". Tal párrafo de los técnicos, se mutó en lo siguiente al bendecirlo
Porto: "La consideración tanto por el plan parcial como por el plan general de
estos terrenos como sistema general de espacios libres no es incompatible con su
calificación como suelo no urbanizable protegido". Y así ocurriría en la
práctica: el monte se computó y aumentó la edificabilidad del sector, según los
expertos.
- Paralización por
la M-503. La segunda deficiencia que orilló Porto y denunciaban sus técnicos
rezaba así: "En relación con la carretera M-503, colindante con el Plan Parcial,
se reitera la necesidad de subsanar las deficiencias que motivaron el
aplazamiento de la aprobación definitiva del Plan General que afecta a una banda
de 200 metros a ambos márgenes de dicha carretera, tramitación previa a la
aprobación definitiva del presente plan parcial".
Más allá de si esta
paralización afectaba directamente a fincas de Porto, como sugieren expertos
consultados, lo que sí admiten funcionarios de Urbanismo es que el desbloqueo de
este veto zonal derivado del Plan General, originaría unos trámites que
retrasaría todo el plan parcial del sector donde tenían intereses Porto y los
tíos y primos de Aguirre. Y al afectar al Plan General, su desbloqueo debía
autorizarlo el Gobierno de Aguirre, según los expertos. Pero Porto eliminó de un
plumazo el veto derivado de la M-503: "Se resuelve mediante una glorieta, cuyo
trazado se ajusta al proyecto".
- Sin informe
ambiental. Porto obvió una tercera anomalía que denunciaron sus técnicos: "Es
necesario hacer mención del informe de la dirección general de Calidad y
Evaluación Ambiental de octubre de 2003, en lo relativo a la obligatoriedad o no
de someter el proyecto de plan parcial a alguno de los procedimientos
ambientales. Entendemos necesario una aclaración a dicho informe, al existir un
vacío en los procedimientos a realizar o realizados respecto a la protección,
puesto que el plan general no efectuó evaluación ambiental como hubiera sido
exigible, ni análisis ambiental".
El `pelotazo´ de los parientes de la
presidenta :
MÁS DE OCHO
MILLONES DE PLUSVALÍA EN TRES CANTOS
En la localidad madrileña de Tres Cantos, cuatro tíos maternos y cinco primos
carnales de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad Madrid, adquirieron
176.000 metros cuadrados de terreno rústico que a los pocos días se recalificó,
según denuncia el empresario que les vendió las fincas, aumentando su valor.El
empresario Mariano Illera Sanz, madrileño de 65 años, se siente engañado. Pero
en enero de 2001 estaba entusiasmado. Fue cuando aparecieron unos compradores
para sus 23 fincas rústicas en el municipio madrileño de Tres Cantos.
Llevaba tiempo queriendo venderlas y no había manera. Le ofrecieron 4.800.000
euros. Un socio y él las habían comprado en 1988 por doce millones de pesetas
(72.000 euros). Así que le pareció un negocio magnífico.Y en seguida las dos
partes firmaron un contrato de arras (documento por el que se compromete la
compra y venta mediante una señal, que en este caso fue del 15 por ciento del
precio total). A los tres meses se materializó la venta y se firmaron las
escrituras públicas. Mariano Illera creyó que ese había sido uno de los mejores
negocios de su vida. Pero se equivocaba.
Asegura Illera que en el momento de la venta “desconocía que esos terrenos iban
a recalificarse. No soy tonto; si lo hubiera sabido los hubiera vendido más
caros”, dice el empresario.
El 13 de febrero de 2001, poco después de que Illera hubiera firmado (según
asegura) el contrato de arras, el pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos,
gobernado por una coalición entre el PP y el partido independiente Tres Cantos
Unido, aprobó el Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que
afectaba a 17 de esas 23 fincas. “Nadie me lo comunicó, ni el Ayuntamiento de
Tres Cantos ni los compradores”, asegura el empresario.
Los nuevos dueños de los terrenos no vendieron inmediatamente, sino a los tres
años, por once millones y medio de euros. Compró las tierras la constructora
Urbalia, que hoy está a punto de comenzar a edificar en estas parcelas de Tres
Cantos, una de las localidades más jóvenes de la Comunidad de Madrid, al norte,
con una población de unos 40.000 habitantes y regada de urbanizaciones de
chalés.
Mariano Illera no conoció la identidad de todos los compradores hasta la firma
de las escrituras públicas de compra-venta, el 22 de mayo de 2001. El contrato
de reserva lo firmó con tres personas. Una de ellas era Ángel Luis Pérez,
alcalde del PSOE, hasta 1995, de Arroyomolinos, una de las zonas de expansión de
la Comunidad de Madrid. Desde que dejó la política, Pérez se dedica al negocio
inmobiliario. “Me llevé una sorpresa –dice Illera– cuando encontré en la notaría
a bastantes personas, que no conocía, y me enteré de que eran de la familia Gil
de Biedma. Yo los relacioné con el poeta Jaime Gil de Biedma, no con Esperanza
Aguirre”, explica el empresario.
Efectivamente, aquellas personas eran primos del autor, ya fallecido. Y también
tíos maternos y primos carnales de Esperanza Aguirre Gil de Biedma, presidenta
de la Comunidad de Madrid por el PP: Santiago, José Antonio y Javier Gil de
Biedma y Vega de Seoane. El último de ellos es el conde de Sepúlveda. Los
hermanos Gil de Biedma son socios de la correduría AON Gil y Carvajal, la
primera en volumen de negocio de España. Los primos de la política del PP que
intervinieron en la operación Tres Cantos son Marta Gil de Biedma y Rodríguez
Salmones, hija de Santiago Gil de Biedma; Isabel Victoria Gil de Biedma y
Zulueta, hija de José Antonio Gil de Biedma; e Ignacio, Teresa y Javier Gil de
Biedma Villalonga (éste último es el vizconde de la Nava de Asunción), hijos de
Javier Gil de Biedma. María Luisa Gil de Biedma y Vega de Seoane, tía de la
presidenta de la región, también participó en el negocio, aunque no fue
compradora inicial. En total, en la operación urbanística de Tres Cantos han
participado 22 particulares y empresas suyas, que han obtenido casi siete
millones de euros de beneficio. Pese a la insistencia de esta revista, la
familia Gil de Biedma no ha querido hacer declaraciones sobre este negocio.
Terrenos sin salida
Mariano Illera, ya jubilado, se ha dedicado buena parte de su vida al negocio
del vidrio. Es propietario de empresas del sector, como Cristalería Ibérica y
Llilop Promociones Ibérica, de cierto peso en el mundo de la cristalería. Las 23
fincas rústicas que compró con un socio en 1988 en Tres Cantos –con una
superficie de 173.000 metros cuadrados– pertenecían a los familiares de José
Banús, magnate del franquismo. Las tierras fueron integradas en la empresa de
Illera Eland Construcciones. “Compramos aquellas tierras por hacer un favor a
una persona –comenta Illera–. Le presentamos al Ayuntamiento de Tres Cantos
hasta siete propuestas para hacer en esas fincas algún centro para menores u
otros colectivos, y siempre lo rechazaron. Parecía que no tenían salida”. Por
eso cuando apareció un comprador, Illera vio “el cielo abierto”: “No somos
especuladores y el precio nos pareció razonable. Pero, claro, ahí el que se ha
beneficiado es Ángel Luis Pérez, que estaba muy metido en toda la gestión
inmobiliaria del PSOE y sabía lo que compraba cuando en Tres Cantos no se había
recalificado nada”.
El empresario denuncia la existencia de información privilegiada: “El ex alcalde
ha utilizado su influencia política. ¿Quién iba a saber que un mes después de
firmar con él un contrato privado de compra-venta iban a recalificar esos
terrenos que llevaban doce años olvidados? ¿Quién podía tener esa información
privilegiada?” –se pregunta el empresario–. Pues la única persona que estaba
metida en política, el ex alcalde socialista”.
Ángel Luis Pérez está desvinculado del mundo político, oficialmente, desde que
dejó de ser alcalde. “Pero soy socialista de corazón”, asegura. No es la primera
vez que Pérez se alía con el otro bando ideológico. Compareció en la Comisión de
Investigación de la Asamblea de Madrid por el escándalo de los tránsfugas
Eduardo Tamayo y María Teresa Sáenz, en julio de 2003. Fue requerido por el PP
al haber sido socio de los constructores Francisco Vázquez y Francisco Bravo,
militantes del PP e implicados en el caso. “Illera y un socio nos vendieron los
terrenos sabiendo que se iban a recalificar –asegura Pérez–. Si no, hubiéramos
pagado mucho menos dinero. Unas tierras rústicas no valen 800 millones de
pesetas (4.800.000 euros)”, argumenta Pérez. Los 176.000 metros cuadrados que
poseía Illera representan más del cinco por ciento del sector afectado por el
PGOU.
Miguel Aguado, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Tres Cantos, considera
que “alguien debería dar explicaciones de cómo se fraguó esa operación. No puedo
creer que, sin tener información previa y directa del equipo de gobierno, se
pueda saber por dónde va a desarrollarse un PGOU”.
No fueron los socialistas, sino la coalición del PP y el partido independiente
Tres Cantos Unido, que gobierna en el municipio desde 2000, la que recalificó
los terrenos. El PP también gobernaba en la Comunidad de Madrid, responsable, en
última instancia, de la autorización de los planes de urbanismo de las
localidades de la región.
Cuando se produjo la venta de los terrenos, Esperanza Aguirre no era todavía
presidenta de la Comunidad de Madrid, sino del Senado. Pero su familia materna
tenía relaciones con la Comunidad de Madrid.
Este negocio del ladrillo ha unido a socios de lo más dispares. “A mí me propuso
participar José Pérez Fernández, al que conozco desde hace 15 años, y que
trabajaba por entonces con los Gil de Biedma”, explica el ex alcalde socialista.
José Pérez era apoderado, en 2001, de la empresa constructora Alminar de Villas,
SL, que ha edificado en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón y que por
entonces pertenecía a Santiago, Javier y José Antonio Gil de Biedma. “A José
Pérez le propuso la operación de Tres Cantos Enrique Jiménez Torregrosa, que es
un comisionista (un intermediario inmobiliario). Los comisionistas son
imprescindible en cualquier negocio inmobiliario y suelen llevarse un cinco por
ciento del valor de la operación”, dice el ex político. José Pérez y Enrique
Jiménez son las otras dos personas que negociaron inicialmente, junto al ex
político del PSOE, con el empresario del vidrio Mariano Illera.
Socios con suerte
En cuanto a la financiación de la operación, parece que también los nuevos
socios tuvieron suerte. “Si llego a saber que el banco, el BBVA, iba a financiar
el 60 por ciento de la operación, hubiera invertido más”, explica Ángel Luis. El
ex alcalde era el propietario individual mayoritario de las tierras. Pero la
familia de Aguirre, en conjunto, representaba algo más del 50 por ciento de las
propiedades.
Mariano Illera descarta que los parientes de Aguirre estuvieran detrás de la
operación desde el principio, y considera que fueron los tres negociadores
iniciales los que, una vez firmado el contrato de arras, buscaron inversores. “Y
encontraron a los Gil de Biedma”, dice. Por el contrario, Ángel Luis Pérez
asegura que los parientes de la presidenta de la región fueron los que le
propusieron el negocio a través de su apoderado, José Pérez.
La familia Gil de Biedma Vega de Seoane sigue siendo propietaria, junto con el
ex alcalde socialista, de seis fincas rústicas en Tres Cantos (unos 53.000
metros cuadros), pegadas al ámbito de actuación del PGOU. Su valor se disparará
en cuanto sean recalificadas. Otro negocio más.
Mientras, el PSOE de Tres Cantos estudia con sus asesores jurídicos emprender
algún tipo de actuaciones para “dilucidar cómo se gestó la operación. Al margen
de la presunta información privilegiada que pueda haber existido –explica Miguel
Aguado, portavoz socialista en el consistorio tricantino–, considero indigno que
se especule de esta manera con el valor del suelo. Luego, las viviendas que se
construyan en esas tierras tendrán precios disparados por esa especulación, que,
encima, han llevado a cabo familiares de la presidenta regional”. Publicado en
Interviu.29.05.06
El Gobierno regional justifica el
'pelotazo' del tío de Esperanza Aguirre
El Gobierno de la
Comunidad de Madrid, del PP, no encontró ayer nada anormal en el hecho de que un
tío de Esperanza Aguirre, presidenta regional, lograse una plusvalía de 2,1
millones de euros al vender unos terrenos de su propiedad cuya urbanización
desbloqueó el ex director general de Urbanismo, Enrique Porto, contra el
criterio de sus técnicos. Porto tramitó ese plan urbanístico incumpliendo la Ley
de Altos Cargos de la Comunidad, pues pese a que tenía terrenos de su propiedad
en esa misma zona no se inhibió en la tramitación del expediente. Porto dimitió
después de conocerse esta operación.
Esperanza Aguirre
no quiso ayer pronunciarse públicamente sobre el pelotazo de su tío, que
consiguió vender unos terrenos que compró en el año 2000 por un precio 10 veces
superior en enero de 2006. En una carta remitida a este diario, Aguirre aseguró:
"En el ejercicio de mis responsabilidades de Gobierno jamás he tomado ninguna
decisión que estuviera motivada por el deseo de favorecer a algún particular y
mucho menos a un pariente mío, por lejano que sea" (véase Cartas al Director).
El consejero de Presidencia del Gobierno de Aguirre, Francisco Granados,
declaró: "La revalorización es consecuencia de los seis años que transcurrieron
entre la compra y la venta, como ocurre en muchísimas zonas de España, por no
decir en todas, y desde luego en la Comunidad de Madrid, y no solo con el suelo,
sino también con los pisos o los chalés. Las plusvalías que se generan en el
suelo se producen fundamentalmente durante las recalificaciones, cuando pasa de
rústico a urbanizable, y aquí se compró cuando ya era urbanizable", explicó
Granados. Desde que era urbanizable hasta que se pudo construir, como
consecuencia de la gestión de Porto, el tío de Aguirre consiguió multiplicar por
10 su valor. Granados se preguntó si existe "algún madrileño que se haga
responsable y conozca todas las actividades de sus tíos, sobrinos o primos,
porque eso es algo que no está al alcance de ningún mortal".
El portavoz
socialista de la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, pidió ayer a Aguirre una
"revisión de su política urbanística" y que ofrezca a los madrileños "una
explicación" sobre la operación que engordó las arcas de su tío carnal.
Simancas acudió
ayer a la sede bruselense del Parlamento Europeo, donde hoy presentará las
quejas de miles de ciudadanos madrileños, que consideran que el desarrollo
urbanístico del norte y del noroeste de la Comunidad de Madrid viola la
legislación comunitaria y perjudica gravemente el medio ambiente.
"Ya sabíamos que
en Villanueva de la Cañada se practica un urbanismo corrupto y depredador y que
el señor Porto y su familia han obtenido beneficios espurios, también los
familiares del actual alcalde Luis Partida y los socios del señor Porto en la
empresa Plarquin. Hoy nos hemos enterado que también se enriquecieron familiares
de Esperanza Aguirre", explicó Simancas, quien exigió explicaciones a la
presidenta y al PP. "Lo menos que debe Esperanza Aguirre a los madrileños es una
explicación", estimó el dirigente socialista. "A ver si tienen agallas,
principios y convicciones éticas para actuar con eficacia", añadió el portavoz
socialista. www.elpais.es 18.10.06
SIMANCAS PIDE A
AGUIRRE EXPLICACIONES POR EL "PELOTAZO URBANÍSTICO" DE SU FAMILIA
El portavoz del PSOE
en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, ha exigio hoy "explicaciones" a la
presidenta Esperanza Aguirre sobre su "participación personal en el hecho
probado de que su familia se benefició directamente de una operación urbanística
especulativa e irregular en Villanueva de la Cañada". El PP ha respondido a las
revelaciones que publica hoy EL PAÍS preguntando si existe "algún madrileño que
conozca todas las actividades de sus tíos" porque "no está al alcance de ningún
mortal".
En declaraciones a
los periodistas antes de iniciar un viaje detrabajo a Bruselas, Simancas se
refería así a una información publicada hoy este periódico según la cual una
sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre, ganó
2,1 millones de euros en una compraventa de terrenos en esta localidad de
Madrid, cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto, el dimitido
director general de Urbanismo, que también tenía propiedades en la misma zona.
Dicha firma vendió en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por 4,6 millones de
euros un total de 24.326 metros cuadrados del sector desbloqueado que compró en
2000 por 419.975 euros.
El secretario
general del PSM-PSOE ha reclamado a Aguirre que dé "explicaciones urgentes y
claras a la sociedad madrileña" y ha asegurado que, tal y como se "temían" los
socialistas madrileños, el dimitido director general de Urbanismo "no era un
verso suelto y la trama urbanística alcanza a la cúspide del Gobierno de
Esperanza Aguirre". "Los beneficiarios en la trama urbanística de Villanueva de
la Cañada al parecer ya no son sólo los familiares de Porto, sus socios en
Plarquin, Fernández del Río y compañía, Luis Partida y su familia, sino que se
descubre que también han sido beneficiarios los propios familiares de la
presidenta", ha resumido Simancas, que ha considerado este asunto
"extraordinariamente grave".
El encargado de dar
explicaciones en nombre de Aguirre ha sido el Consejero de Presidencia,
Francisco Granados, qye ha dicho que el terreno que adquirió José Gil de Viedma
siempre fue urbanizable y se revalorizó porque entre la compra y la venta
pasaron seis años. Según el consejero de Presidencia y secretario general del PP
de Madrid, el terreno que compró el tío de la presidenta y su revalorización es
consecuencia de los seis años que transcurrieron entre la compra y la venta,
como ocurre "en muchísimas zonas de España, por no decir en todas, y desde luego
en la Comunidad de Madrid y no solo con el suelo, sino también con los pisos o
los chalés".
"Las plusvalías que
se generan en el suelo se producen durante las recalificaciones, cuando pasa de
rústico a urbanizable", cosa que, según según Granados, no sucedió en este caso.
Para el PP, lo lógico es que en seus años se haya avanzado en la "tramitación
administrativa normal de un expediente" como este, lo que, en todo caso, no
implica el aumento del valor del suelo, como pasa con una recalificación. El
secretario general del PP madrileño ha comentado irónicamente que "parece de
broma que alguien vaya a saber en 2000 que tres años después a una sobrina suya
la van a hacer presidenta de la Comunidad y que otros tres años más tarde, va a
hacer director general de Urbanismo a un señor que, a su vez, va a aprobar un
plan parcial en el que está una persona cercana a la presidenta".
Asimismo, ha
preguntado si existe "algún madrileño que se haga responsable y conozca todas
las actividades de sus tíos, sobrinos o primos" porque "eso es algo que no está
al alcance de ningún mortal". Granados ha cuestionado si este caso es uno de los
que Simancas califica de "urbanismo decente o indecente", según se produzcan en
municipios gobernados por el PSOE o por el PP. Los grupos parlamentarios del
PSOE e IU en la Asamblea de Madrid, a través de Matilde Fernández y Fernando
Marín, han exigido hoy a Aguirre que en materia de Urbanismo "deje de jugar al
calamar" y haga frente a todos los casos de corrupción, "denunciando e
investigando las irregularidades y marginando a los que las cometan".
Publicado
en www.elpais.es 17.10.06
DENUNCIAN UN SUPUESTO TRATO DE FAVOR A LA FAMILIA DE ESPERANZA AGUIRRE. SEGÚN
LA FISCALÍA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE DE MADRID
La fiscalía de Urbanismo y Medio
Ambiente de Madrid ha denunciado un supuesto trato de favor a la familia de la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en los juzgados. La fiscalía denuncia que el ex
consejero de Economía desclasificó una vía pecuaria de gran valor ambiental,
histórico y cultural que atraviesa una finca propiedad de la familia de la
actual presidenta madrileña. El 21 de enero del pasado año, el
entonces consejero de Economía, Luis Blázquez, firmó la orden con la que se
desclasificó como vía pecuaria un camino que atraviesa la finca "La Granjilla".
Esta finca es propiedad por herencia de todos los hermanos de Esperanza Aguirre,
ella incluida, y de sus tíos. A partir de la firma de la orden, la vereda del
Camino Real de Madrid, ve totalmente reducidas las medidas de protección que
antes tenía.
La vía pecuaria tiene un valor histórico-cultural y medioambiental incalculable,
no sólo por los restos arqueológicos que todavía existen en la zona, sino
también por la riqueza y variedad de su flora y fauna. Según la denuncia de la
sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la fiscalía, esta decisión supone que
un bien de dominio público se pone en manos de la iniciativa privada. En la
denuncia de la fiscalía además se asegura que los hechos podrían ser
constitutivos de un delito de prevaricación por funcionario público y llama la
atención sobre el hecho de que aquel 21 de enero de 2003, el consejero Blázquez
mantuvo la clasificación y protección de otros 14 caminos y veredas en la zona
de El Escorial. Solamente se modificó y desprotegió
la vía pecuaria que pasa por la finca de la familia Aguirre, en la que están
comenzando los trámites para levantar un negocio de celebración de bodas y
congresos.
(29/06/04)
