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EL PSOE EXIGE QUE GALLARDÓN RELEVE A ÁLVAREZ DEL MANZANO

El caso Imefe dio un nuevo giro. El PSOE exigió a Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, que destituya al ex regidor José María Álvarez del Manzano de su cargo de presidente del Ifema (Institución Ferial de Madrid) y, además, que el Ayuntamiento actúe como acusación particular en el proceso judicial que pueda iniciarse tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Esta denuncia afecta a dos ex responsables del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) y a dos directivos de empresas adjudicatarias de cursos de formación. El periodo investigado va de 1994 a 1999.

El edil Óscar Iglesias, portavoz adjunto del grupo socialista, considera que ha llegado el momento de que Álvarez del Manzano deje la presidencia del Ifema por el "escándalo" de los cursos del Imefe, que su partido denunció hace cuatro años. "Vamos a llevar al próximo pleno del Ayuntamiento una propuesta para que el Consistorio se persone como acusación particular", señaló Iglesias. "Además, pedimos la destitución de Álvarez del Manzano como responsable de lo sucedido, ya que en el momento de los hechos ocupaba la alcaldía y, por tanto, dependían de él estos cursos", añadió. Según Iglesias, el ex alcalde fue el "máximo responsable político del fraude social más grave de la historia del Ayuntamiento".

El vicealcalde y portavoz del PP, Manuel Cobo, anunció que su formación política votará en contra de esta petición de destitución presentada por el PSOE.

Las peticiones del grupo socialista llegan una semana después de que la Fiscalía Anticorrupción pusiera una denuncia contra dos ex responsables del Imefe. Se trata de José Luis Solana y Ricardo Peydró Blázquez, actual teniente de alcalde de Las Rozas, a quienes relaciona con supuestos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad y estafa en la adjudicación de cursos de formación a desempleados.

La gestión investigada por Anticorrupción, se ciñe al periodo 1994-1999, pero los hechos delictivos parten de 1996. El entramado que describe la denuncia es el siguiente: las empresas Incof, Ifomar, Defoco y Prevecón se constituyen por los empresarios Fernando Cisneros y José María Ariza "por indicación de Solana y Peydró", por lo que los primeros "conocen de antemano sobre qué temas va a girar la programación anual del Imefe y elaboran los programas formativos en consecuencia". "Esto les coloca en una posición más ventajosa que la del resto de las empresas con las que compiten. En resumen, el juego no es limpio, las adjudicaciones están pactadas de antemano", señala Anticorrupción.

El texto define que ambos ex altos cargos incurrieron en supuesta prevaricación, ya que las adjudicaciones de concursos estuvieron "viciadas desde su origen", pues respondían al "previo pago de dinero en metálico o regalos" (cohecho) y fueron dictadas "a sabiendas", con el "ánimo de favorecer" a las citadas sociedades. La fiscalía plantea que la empresas abonaron comisiones del 3% del importe del curso, ya que sabían desde el principio que había que "pagar para ser adjudicatarios del Imefe".

Las empresas de los denunciados recibieron 134 cursos y al menos siete de ellos "no se ejecutaron". Incluso se ha comprobado que se falsificaron las firmas de los alumnos para simular su asistencia. Anticorrupción calcula en 154.532 € el perjuicio patrimonial ocasionado.

Solana incurrió supuestamente en un delito de falsedad y estafa, ya que no visitaba "a propósito", salvo en contadas ocasiones, los cursos. "Para evitar ser descubierto y que saliera a la luz el trato de favor recibido por estas adjudicatarias, prefería no inspeccionar ninguna", señala el escrito fiscal. Sobre Peydró se afirma en la denuncia que "también recibía regalos por favorecer las adjudicaciones y cerrar los ojos sobre lo que estaba sucediendo, y con su proceder favoreció la comisión de los delitos de falsedad y estafa al no adoptar ninguna medida para evitarlas".

Isabel Villalonga, concejal socialista y en su día presidenta de la comisión de investigación del caso Imefe, anunció que el PSOE ampliará la denuncia a las 19 empresas que considera involucradas en el fraude, y no sólo a las nueve que pide Anticorrupción.

Los socialistas sostienen que no puede quedar "impune" un fraude de 7,8 millones que debía haber tenido como principales beneficiarios a los desempleados madrileños. De esta cantidad, 3,54 millones los aportó el Fondo Social Europeo, que, según el PSOE, ha exigido al Ayuntamiento su devolución, y 4,33 millones de las arcas municipales.

El caso Imefe arrastra una historia de cuatro años de denuncias e investigaciones sobre el cobro de dinero por "una serie de empresas cuyos responsables en el 99% de los casos son militantes del PP", subraya el PSOE, por la prestación de cursos de formación que no llegaron a realizarse o bien fueron impartidos en condiciones de "absoluto descontrol". La consecuencia económica más patente, según el PSOE, es que la UE ha reducido en un 50% el dinero concedido al Ayuntamiento para cursos.

El grupo socialista propondrá a la Agencia de Empleo, dirigida por la edil Ana Botella, que también se persone como acusación particular. Esta agencia es heredera del antiguo Imefe. "Hemos pedido una reunión urgente del consejo rector de este organismo para tratar el asunto", anunció Rafael Merino, representante socialista en la agencia. Merino denunció asimismo el "deficiente funcionamiento" de la agencia y su "incapacidad" para afrontar el desempleo. "De los 100.000 parados que hay en la ciudad, la agencia no ha sido capaz de colocar a más de 50", señaló.Julio 2005

 Anticorrupción ve delito en la gestión del Imefe de 1996 a 1999  

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a dos ex responsables del Imefe (Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial) de Madrid en la etapa del anterior alcalde popular, José María Álvarez del Manzano, por cohecho, prevaricación y estafa. Los denunciados son el ex gerente del Imefe, Ricardo Peydró Blázquez, el ex director de servicios de formación ocupacional, José Luis Solana, y dos empresarios, Fernando Cisneros Manrique y José María Ariza, a quienes achaca iguales delitos, excepto el de prevaricación.

La gestión investigada por Anticorrupción, a partir de una denuncia socialista basada en informaciones de EL PAÍS, se ciñe al periodo 1994 a 1999, pero los hechos delictivos parten de 1996. El entramado que describe la denuncia es la siguiente: las empresas Incof, Ifomar, Defoco y Prevecón se constituyen por Cisneros y Ariza "por indicación de Solana y Peydró", por lo que los primeros "conocen de antemano sobre qué temas va a girar la programación anual del Imefe y elaboran los programas formativos en consecuencia". "Esto les coloca en una posición más ventajosa que la del resto de las empresas con las que compiten. En resumen, el juego no es limpio, las adjudicaciones están pactadas de antemano", señala Anticorrupción.

El texto define que ambos ex altos cargos incurrieron en prevaricación, ya que las adjudicaciones de concursos estuvieron "viciadas desde su origen", pues respondían al "previo pago de dinero en metálico o regalos" (cohecho) y fueron dictadas "a sabiendas", con el "ánimo de favorecer" a las citadas sociedades. El texto plantea que la empresas abonaron comisiones del 3% del importe del curso, ya que sabían desde el principio que "hay que pagar para ser adjudicatarios del Imefe".

Las empresas de los denunciados recibieron 134 cursos y al menos siete de ellos "no se ejecutaron". Incluso se ha comprobado que se falsificaron las firmas de los alumnos para simular su asistencia. Anticorrupción calcula en 154.532 euros el perjuicio patrimonial ocasionado.

Solana incurrió en un delito de falsedad y estafa, ya que no visitaba "a propósito", salvo en contadas ocasiones, los cursos. "Para evitar ser descubierto y que saliera a la luz el trato de favor recibido por estas adjudicatarias, prefería no inspeccionar ninguna", señala el escrito.

Sobre Peydró se afirma en la denuncia que "también recibía regalos por favorecer las adjudicaciones y cerrar los ojos sobre lo que estaba sucediendo, y con su proceder favoreció la comisión de los delitos de falsedad y estafa al no adoptar ninguna medida para evitarlas". Isabel Vilallonga, la concejal socialista que indagó esta trama, se felicitó ayer: "La denuncia nos ha dado la razón".Publicado en la edición digital El País. 09.07.05

UN INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS DESVELA 'GRAVES IRREGULARIDADES' EN EL IMEFE

Un informe realizado por la Cámara de Cuentas sobre la gestión del Instituto Madrileño para la Formación y el Empleo (Imefe) en el año 2000 señala que ese organismo cometió graves irregularidades que podrían implicar responsabilidades penales. La actuación del Imefe está en entredicho desde que en enero pasado la oposición denunció la contratación de cursos de formación que no se realizaron. El informe llega apenas dos semanas después de que se conociera que la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo reclama al gobierno municipal, del Partido, seis millones de euros ( 1.000 millones de pesetas ) por irregularidades contables. Tanto las conclusiones de esa auditoria como el informe de la Cámara de Cuentas se contradicen con los resultados de la comisión de investigación creada por el Ayuntamiento para aclarar la verosimilitud de las denuncias sobre los falsos cursos del Imefe. Según la Cámara de Cuentas, durante el año 2000 -ese organismo no puede juzgar ejercicios anteriores a su creación- se realizaron cursos por los que se adeudan a algunas empresas más de tres millones de pesetas, pero éstas no acuden cuando son requeridas a cobrar la deuda y justificar el motivo de la misma. Asimismo, en 15 de los 34 cursos estudiados, los alumnos no cumplieron los requisitos exigidos y se desconoce el valor de los bienes inmuebles del instituto, ya que no se inventariaron los bienes adquiridos por leasing y renting (Febrero 2002).

HACIENDA VE INJUSTIFICADOS GASTOS DEL IMEFE POR 1.200 MILLONES ACOGIDOS A SUBVENCIONES DE LA UE

En enero estalló el escándalo del instituto de formación profesional madrileño (Imefe): redes empresariales de afiliados del Partido copaban 1.400 millones para formar parados, decenas de cursos inexistentes y otras anomalías que costaron el cese al gerente, Ricardo Peydró. Ahora, la Intervención del Estado da la razón a la edil socialista Isabel Vilallonga, que destapó el caso. Su informe considera improcedentes gastos del Imefe por más de 1.200 millones acogidos a subvenciones de la UE por no estar justificados con facturas o por derivar de costes propios del Imefe (edificios o personal), y anota 'coincidencias' en los beneficiarios. La Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en una investigación abierta antes del escándalo, ha hallado numerosas deficiencias en el uso de los fondos comunitarios por el Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) de 1994 a 1997. La auditoría, cerrada en mayo pasado, establece que 'no se consideran elegibles (subvencionables) los gastos calculados a tanto alzado, ya que los gastos certificados por la realización de las acciones subvencionadas deben corresponder a pagos efectuados y justificados por el beneficiario'. Esta partida se refiere a los 'costes indirectos' que el Imefe asegura que le han costado los cursos pero de los que 'no ha aportado la justificación de dicha imputación', y parecen ser un mero porcentaje sobre los costes directos. El informe recuerda que ya en 1998, la unidad administradora del Fondo Social Europeo, en escrito al director del Imefe, realizó una severa advertencia sobre el hecho de que tales gastos no justificables supusieran un 12% sobre los costes directos. Tales gastos indirectos (sin justificar) sumaron 82 millones en 1994; 127 millones en 1995; 113 en 1996 y 130 en 1997. Sólo por este concepto Hacienda considera que el Imefe no puede presentar como gastos un total de 452 millones, que al carecer de factura no pueden ser subvencionables, y, por consiguiente, se impondría su devolución a la UE. Hacienda señala un segundo bloque de gastos indebidamente presentado como subvencionable: las inversiones imputadas como gastos de las acciones, ya que de acuerdo con el reglamento del Fondo Social Europeo sólo pueden ser subvencionadas las amortizaciones de los inmuebles y de material, no las inversiones. Así, en 1994, imputó indebidamente inversiones por 3,9 millones de pesetas; en 1995, unos seis millones, que se imputan dos veces (como compra y como amortización).

Tampoco se considera aceptable por la Intervención que el Imefe imputase en 1995, 1996 y 1997 el 50% de la dotación anual de la amortización como gastos de las acciones cofinanciadas. El monto de tales amortizaciones en el periodo auditado supera los 300 millones. Y el criterio es claro: 'Las amortizaciones son un gasto elegible, siempre que puedan considerarse como gastos de funcionamiento o costes operativos que guarden relación con las acciones cofinanciadas. El equipo de control entiende que el Imefe no ha justificado la amortización como un gasto relacionado con aquéllas, ya que se limitó a imputar la amortización indiscriminada de todos los elementos del inmovilizado'. Incluso se presenta como amortización compras de mobiliario del personal directivo y las obras del aparcamiento. No menos grave es otra acusación que formula Hacienda: 'El procedimiento de justificación de los gastos correspondientes a los cursos adjudicados a las empresas e instituciones de formación no garantiza que los gastos facturados correspondan a gastos efectivamente realizados y vinculados a las acciones, ya que aquéllas se limitan a justificar sus gastos a través de facturas que se ajustan al precio de adjudicación de los contratos'. Otro varapalo: 'La imputación aleatoria del 50% de los sueldos del personal del instituto no puede considerarse elegible en cuanto no establece su relación con las acciones del programa operativo, y sí, por el contrario, corresponden a la gestión propia del Imefe. Los gastos de las administraciones públicas, incluidos los sueldos de los funcionarios, como regla general, no son elegibles en cuanto que no se establece claramente la vinculación de esos gastos con la realización de los cursos financiados por el Fondo Social Europeo'. Este capítulo de gasto presentado para su subvención supone cerca de 500 millones en los años auditados. El informe también critica que 'en la contratación de personal docente y en los expedientes de adquisición de material no inventariable, de servicios y de suministros, no se establece claramente la vinculación de estos gastos con la realización de los cursos financiados por el FSE'. El Imefe, según la auditoría, ha imputado gastos de esta naturaleza que no ha justificado, ya que 'no se aportaron algunos de los contratos de personal docente, ni se facilitaron al equipo de control los expedientes del gasto de los cursos internos del año 1994. En suma, 'las conclusiones anteriores y la inexistencia de una contabilidad específica para los distintos proyectos subvencionados ponen de manifiesto la deficiencias que presentan los procedimientos de gestión del Imefe en la materia objeto de control' (Octubre 2001).

REDES EMPRESARIALES DE AFILIADOS DEL PARTIDO LOGRAN 1.400 MILLONES PARA FORMAR A PARADOS

Los datos: Redes empresariales con escasa o nula plantilla docente e infraestructura participadas por militantes del Partido copan desde 1996 los primeros puestos en adjudicación de cursos para formar parados del Instituto Municipal de Empleo (Imefe) de Madrid. Los cursos tienen financiación europea. Estas sociedades han facturado desde 1996 al Imefe unos 1.400 millones de pesetas, lo que supone casi un 25% del total de la cantidad adjudicada en ese periodo. Consiguen más cursos que firmas como IBM y academias de prestigio. Ricardo Peydró, dirigente del Partido y gerente del Imefe, niega todo trato de favor a las academias participadas por afiliados de su partido, aunque admite que ha descubierto anomalías en cinco de ellas. Recibieron muchos cursos a dedo debido a que su cuantía era inferior a los dos millones de pesetas. Pero también ganaron concursos con cero empleados. De un modo u otro, han copado los primeros puestos de facturación. En las adjudicaciones desde 1996, los primeros beneficiados han sido el grupo Manesfields y Técnicas de Formación Avanzada. Suman unos ingresos del Imefe de casi 654 millones, según la edil socialista Isabel Vilallonga. Peydró admite que copan el 9,2% del total adjudicado, aunque rebaja la cifra a 581 millones. Cobran como entidades distintas, pero comparten sede y dos consejeros. Por su parte, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, no tiene constancia de 28 de los 42 cursos de formación de parados que, según el Ayuntamiento de Madrid, se impartieron en las cárceles madrileñas entre 1997 y 1999. El Ministerio del Interior sólo reconoce como efectivamente realizados 15 cursos, pero hay otros 27 que sólo existen en las cuentas del Imefe. En la relación de Instituciones Penitenciarias de cursos impartidos en prisiones madrileñas por Ifomar durante 1997 no figuran cuatro supuestamente celebrados en Carabanchel (dos de técnico en restauración de documento, uno de instalador electricista y otro de técnico en recuperación de residuos). En 1998, el desfase es mayor. Prisiones sólo tiene constancia de siete cursos de Ifomar en prisiones mientras el Imefe da por facturados e impartidos el doble. Según el Imefe, todos los cursos se dieron ese año en la prisión de Carabanchel. Pero según Prisiones, en 1998 Ifomar no dio ningún curso en Carabanchel, sino en la prisión de Alcalá II. No son sólo discrepancias geográficas sino de contenido. Ni en la prisión de Carabanchel ni la de Alcalá II, ni en ninguna otra, se impartieron en 1998 los ocho cursos que Imefe avala haber dado ese año (de gasolinero; de técnico en restauración de documento gráfico; de desratización; y de monitor de educación física). El Imefe detalla inicios de cursos en Carabanchel en octubre y diciembre de 1998, pero esta prisión fue clausurada en noviembre de ese año, y los cursos exigían dos meses. En 1999, la diferencia es mayor: Prisiones acredita un curso; el Imefe, 16. A la dirección de Instituciones Penitenciarias, sólo le consta un curso de desratización de Ifomar realizado en Madrid I (Mujeres). Sin embargo, el Imefe, que no registra tal curso, cita otros 16 inexistentes para la dirección de Prisiones (Febrero 2001).

Las primeras reacciones: El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, no ve anómalo que empresas de militantes de su partido copen el 25% de la facturación de cursos del Imefe. El regidor lo considera "un tema viejo del que ya hizo un informe la presidenta del Imefe al que se acude con demagogia". El gerente del Imefe, Ricardo Peydró, tiene una explicación para tal hecho. "En la ciudad de Madrid, el Partido cuenta con 67.989 afiliados. Que cuatro ciudadanos anónimos (lo que supone el 0,005% del total de militantes del partido) militen en uno u otro partido sólo cobra relevancia por el hecho de aparecer en un titular". Por su parte, eL secretario general del Partido, Javier Arenas, se limitó a comentar que la financiación de su partido "es transparente" (Febrero 2001).

Las siguientes: Destituido un dirigente municipal por la adjudicación de cursos para desempleados. María Antonia Suárez, concejal del Partido que preside el Imefe, cesaa uno de sus subordinados en este organismo: José Luis Solana. Explicó Suárez que lo destituía porque tenía una relación de amistad con Rafael Oriol Rodríguez, militante del Partido y socio del grupo empresarial que supuestamente ha simulado cursos a presos nunca impartidos para cobrar subvenciones. Este grupo lo integran las empresas Iformar, autora de la supuesta simulación, Incof, Defoco y Prevecón. El alto cargo del Imefe despedido era responsable del servicio de formación del Imefe entre 1996 y 1999. El gerente del Imefe, Ricardo Peydró, admitió hace una semana que conocía tal vínculo de su subordinado pero no le dio importancia (Febrero2001).

La Comisión Europea se interesa por el tema: ha pedido a la unidad administradora del Fondo Social Europeo (FSE) en España, mediante un escrito, que lleve a cabo "las actuaciones necesarias para aclarar" la gestión de los fondos adjudicados al Instituto Municipal de Empleo de Madrid para cursos en prisiones. Bruselas no descarta que puedan haberse producido actuaciones irregulares similares a la del caso Pallerols (uso indebido de 1.000 millones en cursos adjudicados a academias vinculadas con dirigentes de Unió) y podría llegar a bloquear las ayudas de las que se beneficia Madrid a través del FSE si se confirma la estafa. La Comisión Europea no duda en advertir en la carta enviada el martes a las autoridades responsables de la gestión y el control del FSE en España de que el problema detectado en Madrid "pueden tener un impacto importante a nivel social por su similitud con el caso Pallerols". "Con el fin de que los servicios de la Comisión puedan disponer de informaciones fiables en el plazo más breve posible, le ruego que lleve a cabo las actuaciones necesarias para aclarar este asunto", afirma la carta, que también fue enviada al Organismo de Lucha Contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF). Las autoridades españolas tienen ahora cuatro semanas para responder a la petición de información (Febrero 2001).

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