Página Principal
La Presidenta, S.A.
Ruíz Gallardón
Los Genoveses
Los Asuntillos
Espe & Alberto
Las noticias del día
Las noticias de la semana
Las noticias del año
Telemadrid me mata
Con Humor
Estos son sus poderes
Imagen Y sonido
Los Desafectos
Ocurrencias
Compromisos a la carta
Los incunables
Amiga de sus Amigos
La E.T.T. más PPopular
 
Suscríbete Tu opinión aquí El Foro Quienes Somos Los Genoveses.net

LA SUMA DE TODOS LOS ASUNTILLOS DE ESPE Y ALREDEDORES

"Madrid, emblema de la España del PP"
(Mariano Rajoy dixit.14.01.07)

"  He hablado con Esperanza sobre las parcelas "

  RESUMEN MUY RESUMIDO  

Tres X UnoTres X Uno

¿Los presuntos implicados?

¿Las pruebas del delito ? : escucha y míralas (Capitulo 1)

¿ Las pruebas del delito ? : escucha y míralas (Capitulo 2)

Un 'agujero' de 108 millones provoca una grave crisis municipal en Majadahonda  

El gobierno municipal de Majadahonda (60.000 habitantes) está roto. El alcalde, Guillermo Ortega Alonso, del PP, está a punto de presentar su dimisión ante la dirección del partido. Fuentes del PP dan por hecha su salida en los próximos días (es "inminente", dicen). El equipo de gobierno -15 concejales, contra siete del PSOE, dos del CDS y uno de IU- se ha dividido en dos: de un lado, tres ediles en torno a Guillermo Ortega Alonso; del otro, 10 ediles agrupados por Narciso de Foxá, ex concejal de Urbanismo, ex primer teniente de alcalde y actual presidente de la sociedad municipal Pammasa.

El grupo municipal socialista cree que la división se ha producido precisamente por la gestión de esta empresa que, según el PSOE, ha provocado pérdidas al Ayuntamiento por valor de 108 millones y la quiebra financiera del Consistorio. Un informe elaborado por ediles próximos a Ortega avalan esta cifra.

Los socialistas hablan de "trama financiera" para referirse a la gestión de la empresa pública Pammasa. Ésta es una sociedad creada en 1992 por el entonces alcalde Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del PP-Madrid. Su objeto social abarca toda la actividad urbanística, desde la gestión y urbanización del suelo hasta la edificación de viviendas. A pesar de tener un 100% de capital municipal, no la controla el actual alcalde, sino su presidente, Narciso de Foxá.

Según los socialistas, la empresa ha descapitalizado en los últimos años al Ayuntamiento, llevándole a la quiebra. ¿Y cómo lo ha hecho? El Ayuntamiento cedía a Pammasa parcelas municipales de uso libre para que sobre ellas se levantasen viviendas de protección oficial. Pammasa, a su vez, vendía a las promotoras los derechos de construcción de estas viviendas libres a cambio de una compensación económica: 30.000 euros por cada piso protegido no construido. El Ayuntamiento se veía obligado así a asumir la obligación de levantar las casas protegidas que no hacían los privados. Los socialistas llaman a esta operación "el permutazo".

Ortega, según ediles del PP, al descubrir el entramado, paró una operación en 2004, la referente a la parcela RN1 con 261 posibles casas, y sacó a concurso el suelo para vivienda libre. Sin embargo, Foxá, que defiende la gestión de Pammasa, afirma que las irregularidades se producen al intentar Ortega vender las parcelas en concurso libre. Ortega quería vender a 1.600 euros el metro, pero Foxá dice que vale, por lo menos, 2.700.

Un dossier elaborado por concejales del equipo del gobierno cifra en 1.285 viviendas las operaciones que Pammasa realizó con privados entre los años 2000 y 2002. Y ponen como ejemplo que en la parcela RN9 (un solar de 16.000 metros cuadrados y donde podían ser edificadas 132 viviendas libres), "el Ayuntamiento ha sufrido un quebranto económico de 2.753 millones de pesetas [unos 16 millones de euros]".

El informe de los ediles del PP asegura que con el agujero económico ocasionado al Ayuntamiento se podrían haber levantado 3.755 pisos protegidos. Majadahoda ha edificado sólo 1.000 pisos con algún tipo de protección desde 2000.

En un carta que Foxá dirigió a las promotoras en junio de 2000 se lee: "Es intención de Pammasa ceder derechos para edificar viviendas libres, por un monto total de 377, asumiendo la obligación que tienen otros promotores de edificar viviendas sujetas a algún tipo de protección, a cambio de una contraprestación económica. Las ofertas deberán superar el precio mínimo de 30.000 pesetas el metro cuadrado, con un mínimo de tres millones de pesetas por vivienda".

El citado dossier del equipo municipal asegura que en 2004, Ortega descubrió la operación y paralizó otra nueva cesión a Pammasa: la parcela RN-1, con 261 viviendas libres. La parcela fue valorada por el arquitecto municipal, ajustándose a la ley y virtud de que el Ayuntamiento la consideraba destinada a vivienda protegida, en 1.515 millones de pesetas, cuando su valor de mercado era de 9.272 millones de pesetas (precio que habría obtenido el Consistorio si la hubiera vendido en subasta). El alcalde frenó la venta y la sacó a concurso por los citados 9.272 millones. Se presentaron 11 empresas.

Narciso de Foxá explica que el procedimiento de venta de derechos por parte de Pammasa para edificar vivienda libre es transparente. "Se adjudicaron por subasta, y al precio que dijo el arquitecto municipal. Además todos los grupos políticos del Ayuntamiento lo aprobaron por unanimidad, incluido el PSOE".

Fuentes del grupo de ediles contrarios a Ortega aseguran, por su parte, que donde se han producido las irregularidades es en el concurso para vender dos parcelas municipales de vivienda libre, la 2D y la RN-1. "No podíamos permitir que se nos obligara a aceptar la venta de suelo municipal a 1.600 euros el metro cuadrado como quería Ortega, cuando en Pozuelo se están vendiendo a 3.280; en Las Rozas a 2.900; y en Boadilla a 2.700. Con esta actuación el municipio va a perder unos 50 millones de euros", explican. "Es un escándalo", mantienen.

El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, reconoció hace unos días que Majadahonda vive "momentos delicados" derivados de la remodelación de su gobierno local, pero asegura que "nunca" se ha cuestionado la gestión del actual alcalde. "Está siendo un excelente alcalde y ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta. Es, desde luego, una ciudad que es un modelo dentro de la Comunidad y lo va a seguir siendo", afirmó.

Como máximo responsable de estos asuntos dentro de su partido, Granados explicó: "Desde el PP lo que debemos hacer es lo que estamos haciendo: recoger los datos de lo que está sucediendo allí, que yo no calificaría de crisis, sino de momento delicado".

El perjuicio que se ha producido al pueblo de Majadahonda con la venta de derechos de edificación de vivienda libre a precios ridículos es inmenso y alguien tendrá que responder por ello", sostiene Ricardo Núñez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Majadahonda.

Núñez no se opone a la venta de los derechos, "pero a precio de mercado", aclara. Lo que es inexplicable a juicio de los socialistas es que una empresa municipal convierta suelo protegido en libre a un señor "de la noche a la mañana por cuatro duros". Según Núñez, la dimisión del actual alcalde, Guillermo Ortega, no va a resolver la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento. "Puede acabar con la crisis política del PP, pero estas actuaciones se iniciaron en tiempos de Ricardo Romero de Tejada, y alguien tiene que responder del perjuicio económico que se ha ocasionado al pueblo".

El portavoz socialista indica que la actuación de Pammasa puede responder a incompetencia en la gestión, a que alguien se haya llevado el dinero o a una financiación ilegal de algún partido.

Al mismo tiempo recuerda que Hacienda puede reclamar al Consistorio una deuda por IVA de seis millones de euros. "Porque a Hacienda le da igual que el arquitecto valore los derechos como si estuvieran en suelo protegido. La realidad es que se trata de parcelas para edificar vivienda libre".

El grupo socialista denunció el 22 de octubre de 2003 ante la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente el procedimiento seguido por Pammasa para la venta de los derechos. El País.02.02.05

Un concejal del PP denuncia una trama urbanística de su partido en Madrid

El concejal de Urbanismo del Majadahonda, el popular José Luis Peñas insiste - en contra de lo que afirma el PP de Madrid- en que él mismo, junto al anterior alcalde del municipio, Guillermo Ortega, entregaron en Génova un dossier y abundante documentación sobre lo que califican de "trama urbanística organizada por políticos populares".

Fue en una reunión celebrada el pasado 24 de enero, en la que, según Peñas, la Directiva Regional del PP tuvo constancia del agujero millonario en las arcas del municipio por la venta de suelo por debajo de precio de mercado. A dicha reunión, asistió Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en esta región.

Este dossier -que según el concejal popular fue entregado en esa reunión- y al que ha tenido acceso la Cadena SER, habla de trama inmobiliaria organizada por Romero de Tejada- quien fue alcalde del municipio y secretario general del PP en Madrid - y perpetrada por el recientemente nombrado primer edil de Majadahonda, Narciso de Foxá.

Este último, según el texto, vendió a promotores privados suelo calificado para vivienda libre a precio de suelo para vivienda de protección oficial . Todo esto cuando el hoy alcalde, Narciso Foxá, estaba al frente de la Empresa Municipal de Suelo.Cadena Ser.07.02.05

Una grabación destapa que el PP de Madrid forzó la caída del alcalde de Majadahonda

Según una grabación en poder de la Cadena SER, tanto el nuevo alcalde, Narciso de Foxá como el anterior regidor, Guillermo Ortega, ambos del PP, admitieron en una tensa reunión interna del partido celebrada en el Ayuntamiento el 24 de enero que la decisión de paralizar la adjudicación de estas parcelas la tomó la presidenta de la Comunidad y del PP regional, Esperanza Aguirre, con el conocimiento del ex secretario general, Romero de Tejada. El caso ha sido debatido hoy en el pleno de la Asamblea de Madrid. Las grabaciones en poder de la SER donde se escucha el contenido de esa tensa reunión han avivado la polémica.

Ni uno ni otro dieron detalles sobre los motivos que alegaba Esperanza Aguirre para paralizar la adjudicación pero en la grabación destapada por la Cadena SER, Foxá llega a decir que no los desvelaba para, textualmente, no "enrarecer más la reunión".

El ex alcalde Guillermo Ortega advirtió en ese encuentro que no estaba dispuesto a vivir "bajo el chantaje" que se le estaba haciendo y acusó al arquitecto municipal de cambiar su informe para impedir que las parcelas fueran adjudicadas a la empresa que ganó el concurso publico y, en cambio, fueran a parar a la constructora AFAR 4. Esta empresa es la gran beneficiada de las adjudicaciones en Majadahonda y su propietario es íntimo amigo de Romero de Tejada.

"Mamoneos" y mensajes amenazantes

En esa reunión, Guillermo Ortega llegó a hablar textualmente de “mamoneos” de los servicios técnicos y de informes del arquitecto que, según sus palabras, "no son para el juzgado sino para fusilarle”. El ex alcalde desveló además el mensaje que Romero de Tejada le había hecho llegar a través de un constructor: "Date dos meses de baja, retira lo de las parcelas y te salvarás, seguirás de alcalde". Pese a todo, Ortega reivindicó su derecho a no cambiar la adjudicación amparándose en la autonomía municipal.

Sin embargo, ocho días después, Ortega presentó su dimisión alegando oficialmente motivos de salud y Narciso de Foxá fue elegido nuevo alcalde. Foxá era hasta entonces presidente de la empresa municipal de suelo que ha realizado en los últimos años numerosas adjudicaciones a la empresa Afar 4 y ha sido acusado por el PSOE de dejar un agujero en las cuentas municipales de 108 millones de euros.

La intervención de Esperanza Aguirre en este caso resulta llamativa porque, según contó el ex alcalde, se reunió con ella en el aeropuerto de Barajas el día, minutos antes de partir hacia China. En ese encuentro, Aguirre le insistió en que el único problema era el de las parcelas. El nuevo alcalde, Narciso de Foxá ha anulado el concurso convocado por su predecesor y ha anunciado un nuevo proceso para adjudicar las parcelas.

El silencio de los protagonistas

La presidenta regional, de momento, no ha querido pronunciarse. Guillermo Ortega ha escuchado las preguntas sin contestar. Quien sí ha hablado ha sido el ex secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, que ha admitido haber dado instrucciones para que esas parcelas no se adjudicasen.

Romero de Tejada ha reconocido además su relación de amistad con el propietario de Afar 4, Antonio Cubo. Tanto el actual alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, como su predecesor en el cargo no han querido tampoco responder a las preguntas de la Cadena SER.

También el responsable de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, ha hablado en el programa "El Foro" de Radio Madrid. Al escuchar las conversaciones grabadas de esa reunión, ha asegurado que no sabe si las voces se corresponden con sus protagonistas y que Guillermo Ortega, deberá "dar explicaciones sobre el contexto" en el que hace sus acusaciones.

El PP da por cierta la grabación en la que se destapan maniobras en Majadahonda para adjudicar suelo

El Partido Popular de Esperanza Aguirre en Madrid ha reconocido esta mañana que es verdadera la grabación que obra en poder de la SER, en la que se desvela que el cambio de alcalde en esta localidad fue provocado por la adjudicación de unas parcelas. Sin embargo, ha asegurado que todo es un “proceso de tergiversación" del PSOE.

El secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, ha hablado de un proceso de tergiversación auspiciado por el Partido socialista que es quien, según Granados, debe aportar pruebas de que en Majadahonda existe una trama urbanística.

Granados ha admitido que hubo discrepancias en torno a la adjudicación de una parcela y que la ejecutiva regional intentó buscar consenso pero nunca interferir. La investigación ahora se llevará acabo pero se centrará en encontrar al autor de las grabaciones emitidas por la SER. “Tengo mucho interés en saber quién usa esos métodos torticeros para introducirse en la vida privada de los ciudadanos”, ha asegurado.

El anterior alcalde Guillermo Ortega ha insistido en que las razones que le llevaron a dimitir fueron las relacionadas con su salud. Ortega dice no recordar haber hablado de chantaje ni de cambios de informes técnicos para beneficiar a la empresa Afar 4. Tampoco dice recordar las presiones de Ricardo Romero de Tejada para que paralizase la venta de suelo.

Por su parte el actual alcalde Narciso de Foxá, ha admitido haber tratado con la ejecutiva regional y en especial con Esperanza Aguirre el tema de las parcelas aunque no ha querido calificarlas de órdenes directas. “Quizá exageré”, ha dicho

Aguirre apoyó en un principio la venta de suelo del ex alcalde de Majadahonda

La Comunidad de Madrid dio el visto bueno al proyecto de adjudicación de parcelas del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, que terminó saliendo de la alcaldía por discrepancias posteriores en relación a este mismo concurso, discrepancias éstas con la misma Esperanza Aguirre, presidenta de la comunidad. Ignacio González, vicepresidente de la misma, validó las adjudicaciones de Ortega en verano de 2004, según la documentación a la que ha tenido acceso la SER. Seis meses después, Aguirre ordenó al alcalde paralizar el concurso

Las razones apuntadas desde la Comunidad para justificar su interferencia en este concurso han sido las relacionadas con el precio al que se iban a adjudicar estos terrenos: unos 83 millones de euros. Ése fue el precio en el que los servicios técnicos municipales de Majadahonda valoraban las dos parcelas que serían sacadas a concurso. Esto fue en abril de 2004. Dos meses después, el proyecto de adjudicación llegó a la comunidad de Madrid para su aprobacion.

Según la documentación a la que ha tenido acceso la cadena SER, la Dirección General de Suelo emitió un informe favorable y coincidió en su valoración de las parcelas con los técnicos municipales. Su estimación del valor del suelo resultó idéntica a la realizada por el Ayuntamiento de Majadahonda: esos mismos 83 millones de euros.

El 25 de junio de 2004, Ignacio Gonzalez dio el paso definitivo firmando el documento que autorizaba el concurso en los términos planteados por Guillermo Ortega y también firmó la notificación en el Ayuntamiento de Majadahonda, por la que se daba luz verde a la licitación del concurso. Esa licitación se produjo en septiembre de ese mismo año. Más de 40 empresas retiraron los pliegos de condiciones, 20 se presentaron y cuando la mesa de contratación se decantó por una de ellas, en diciembre de 2004, la presidenta de la comunidad dio orden de paralizar todo el proceso.

Las razones que se han alegado desde la comunidad han sido relativas al procedimiento y precio de adjudicación, que sin embargo habían sido validados meses antes por el propio vicepresidente Ignacio González.

El PSOE pide la intervención de la fiscalía en la crisis de Majadahonda  

El PSOE pedirá a la fiscalía de Madrid y al Defensor del Pueblo que intervengan en relación con las presuntas irregularidades urbanísticas detectadas en varios municipios del noroeste de la Comunidad, especialmente en Majadahonda. El secretario general de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, anunció que su formación llevará a la fiscalía diversa documentación que "prueba las irregularidades cometidas" supuestamente en la gestión urbanística de ayuntamientos gobernados por el PP como Majadahonda, Brunete, Boadilla del Monte y Las Rozas.

El PSOE pedirá al Defensor del Pueblo que "tome cartas en este asunto". Según Simancas, esta institución tiene mucho que decir sobre si en estas localidades se está velando por el derecho constitucional de sus habitantes a una vivienda digna y por la persecución de la especulación.

El dirigente socialista pidió a la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, que dé explicaciones urgentes sobre la crisis urbanística de Majadahonda, porque él considera que tiene una "implicación directa en la trama de especulaciones". Simancas hace así referencia a la conversación grabada el pasado 24 de enero entre el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y su antecesor en el cargo, Guillermo Ortega, en la que el primero afirma que Aguirre le pidió parar el concurso para la adjudicación de una enorme parcela municipal que Ortega quería sacar a la venta. (Véase EL PAÍS de ayer).

El líder socialista pide a la presidenta regional que explique "por qué ha participado en la adjudicación irregular de suelo público" y "su grado de implicación" en una "trama" en la que "dos facciones del PP llevan meses combatiendo duramente para repartirse el botín de la especulación".El PP de Madrid mantiene que ni la presidenta Esperanza Aguirre ni el partido han intervenido en el procedimiento de adjudicación de parcelas municipales en Majadahonda. El secretario regional de esta formación política, Francisco Granados, afirmó ayer que abrirá una investigación para averiguar quién grabó las conversaciones difundidas, aunque no investigará su contenido.

En la conversación, difundida parcialmente el pasado jueves por la cadena SER, De Foxá involucraba a Aguirre en la paralización del concurso para enajenar dichos terrenos. Sin embargo, el alcalde majariego matizó ayer: "Posiblemente estaría exagerando y sería una forma de reforzar mi tesis".

Por su parte, el anterior alcalde, Guillermo Ortega -que dimitió hace dos semanas y traspasó su bastón de mando a De Foxá- declaró ayer, en una rueda de prensa conjunta con Granados y el regidor, que no recordaba nada sobre el contenido de sus palabras durante la reunión grabada el pasado 24 de enero, en la que intervinieron los 15 ediles populares de Majadahonda. "En absoluto me acuerdo", sostuvo.

Tensa charla
En la conversación, Ortega aseguraba, entre otras cuestiones, que Ricardo Romero de Tejada (ex alcalde de Majadahonda y ex secretario general del PP) le había aconsejado, a través de un amigo constructor, que se tomase dos meses de baja por cuestiones de salud y que no sacase las parcelas si quería continuar como regidor.

De Foxá mantenía en esa tensa charla que la decisión de paralizar la adjudicación de las parcelas la tomó Aguirre. El alcalde no reveló las razones que la presidenta del PP de Madrid esgrimió supuestamente para intervenir en esta decisión del Ayuntamiento. En la cinta sostiene que no era más explícito "para no enrarecer más la reunión". Ayer, sin embargo, tampoco desveló más detalles, porque, aunque no lo recuerda con exactitud, sostiene que la frase está sacada de contexto y que la pronunció para dar más fuerza a sus argumentos.

Granados indicó: "Sobre conversaciones privadas no tengo nada que opinar". Sin embargo, el dirigente popular aseguró tener interés en "saber quién utiliza ese tipo de métodos torticeros, que no tienen cabida en el PP, y que yo creo que es parte de la vida privada de los ciudadanos".

Según De Foxá, "fue una reunión de los 15 concejales, de dos horas y media, que no se puede resumir en algunas frases como se ha hecho".

El secretario regional del PP de Madrid reconoció que el partido había hablado con dirigentes de Majadahonda sobre si era el mejor momento para adjudicar las parcelas, debido a la inminente salida del anterior regidor, y sobre el precio de adjudicación (1.600 euros el metro cuadrado). "Al final de esas conversaciones, tanto Ortega como Foxá llegaron al acuerdo de que quedara desierto el concurso relativo a esa parcela. Era lo mejor para Majadahonda; de esta manera, el precio ofertado por los interesados sería uno de los elementos que más se valorara en la adjudicación".

Según De Foxá, él contactó con el partido antes de que Ortega dejara su puesto. "He hablado con Esperanza sobre las parcelas y de otros temas de la política de Majadahonda. También tuve muchas reuniones con el PP, pero el partido no me dio ninguna instrucción ni ninguna orden para interferir en las decisiones municipales".

Además, comentó: "Estaría bueno que un miembro del partido no pudiera comentar temas municipales con la central del partido. Pero nunca hemos discutido si se adjudicaba a una u otra empresa". De Foxá admitió que había tenido conversaciones con Romero de Tejada, pero "como amigo".

'Caso Majadahonda': Nuevas grabaciones desvelan la implicación del secretario general del PP en Madrid

escucha a uno de los presuntos implicados

Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda- "El partido no nos da soluciones, sino problemas"

En las conversaciones a cuya grabación ha tenido acceso la Cadena SER, se cita una reunión que tuvo lugar en Génova entre diez concejales y el secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados. Según el concejal de Comercio de Majadahonda, Luis Gimeno, Granados tuvo entonces conocimiento de la venta de las parcelas prevista por el anterior alcalde, Guillermo Ortega, y la consideró inaceptable. Según el concejal, a partir de la reunión con Granados, Esperanza Aguirre se mostró contraria al proyecto y de dio orden de frenar la venta de las parcelas.

Estas grabaciones completan las ya difundidas por la Cadena SER, en las que el antiguo y el actual equipos de Gobierno de Majadahonda reconocen que fue el PP de Madrid quien forzó la salida de Guillermo Ortega de la Alcaldía, porque éste se negó a aceptar las órdenes del partido en relación con la adjudicación de unas parcelas de precio multimillonario.

En aquéllas conversaciones, el antiguo alcalde, Guillermo Ortega, denunció haber sufrido un chantaje y se negó “a aceptar que el arquitecto municipal cambie su informe para que las parcelas se las lleve AFAR 4”. Esta empresa pertenece a un íntimo amigo de Romero de Tejada,

En las nuevas grabaciones difundidas por la SER, Gimeno dice : "Hemos pedido hablar con Génova (…) hemos hablado con Paco Granados. Paco Granados fue prudente, pero sí fue bastante claro en que esto era inaceptable y que le preocupaba. A raíz de ese momento, se originó toda esta situación de que esperanza Aguirre no lo valorase como positivo, y que se frenase lo de las parcelas".

En las grabaciones a las que ha tenido acceso la SER, varios miembros del equipo de gobierno, incluido el propio alcalde, Guillermo Ortega, manifiestan la existencia de un importante agujero económico en el Ayuntamiento. Además, ante las discrepancias surgidas en torno a la venta de las parcelas en el equipo de gobierno de Majadahonda, el actual alcalde, Narciso de Foxá, lanza a Ortega un ultimátum: Foxá quiere constituir un nuevo grupo municipal en ese mismo momento y, ante la negativa del alcalde, Foxá abandona la reunión.

Responde Ortega : "que el agujero económico es responsabilidad de todos (…) que los presupuestos municipales los tendrán que modificar, para intentar quitar ese agujero económico y que el partido no les da soluciones si no problemas". Las alusiones a ese agujero económico son frecuentes en la reunión. Algunos concejales admiten incluso que peligran las nóminas municipales.

EL PSOE, al Defensor del Pueblo

Por este asunto, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, acusó hoy a la presidenta regional y al alcalde de la capital de haber convertido la región en "el paraíso de los especuladores", en el que "la mafia ladrillera campa a sus anchas, haciendo negocios millonarios a costa de que cientos de madrileños que no puedan acceder a una vivienda digna en condiciones razonables".

El dirigente socialista aseguró que a la denuncia que su partido presentó ayer ante la Fiscalía General del Estado se sumará el próximo jueves la presentación de una petición ante el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, para que "interceda y haga cumplir" el artículo 47 de la Constitución, que "garantiza a los ciudadanos el acceso a una vivienda digna y obliga a las administraciones públicas a combatir la especulación".

Anticorrupción investigará la presunta trama urbanística de Majadahonda

La Fiscalía General del Estado ha remitido un oficio a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue la comisión de posibles hechos delictivos en la presunta trama urbanística de la localidad madrileña de Majadahonda, desvelada por la Cadena SER a través de la denuncia del ex alcalde de la localidad, el ‘popular’ Guillermo Ortega.

Según consta en un decreto emitido por el Fiscal General, Cándido Conde-Pumpido, se decide atribuir a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción la competencia de investigar tales denuncias, que vinculaban al PP con las presiones al consistorio majariego.

Con su decisión, Conde-Pumpido valora la "trascendencia y complejidad" de este asunto, relacionado con la presunta paralización del proceso de adjudicación de dos parcelas del municipio. Según consta en un decreto del fiscal general del Estado, "el interés público afectado por la enajenación de viviendas, el volumen económico de la operación proyectada, la intervención en la misma de un alto número de empresas, entre las que se encuentran algunas de las principales del ramo de la construcción, y la afirmación realizada en la denuncia de que la presidenta de la Comunidad de Madrid (Esperanza Aguirre) y regidor del Ayuntamiento afectado (Narciso de Foxá) estuvieron relacionados con los hechos cuya investigación se solicita son razones más que sobradas para afirmar su trascendencia y complejidad".

Esta misma semana, el PSOE en Madrid presentó una denuncia ante las Fiscalía por lo que denominaba una trama político urbanística en el municipio madrileño. El PSOE considera que tras está trama están altos cargos del PP madrileño, como Esperanza Aguirre y Francisco Granados.

El anterior alcalde de la localidad madrileña de Majadahonda, del Partido Popular, denunció el "chantaje" al que se vio sometido en la adjudicación de unas parcelas de precio multimillonario. Guillermo Ortega acusó además de "manipulación" a los servicios técnicos municipales y denunció las ordenes directas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con la intención de beneficiar a la empresa Afar 4, cuyo propietario es íntimo amigo de Romero de Tejada.

Un dossier entregado por el concejal de urbanismo del PP de Majadahonda en la sede del PP de Génova el pasado 24 de enero hablaba de una trama inmobiliaria organizada por Romero de Tejada- quien fue alcalde del municipio y secretario general del PP en Madrid - y perpetrada por el recientemente nombrado primer edil de Majadahonda, Narciso de Foxá.

Este último, según el texto, vendió a promotores privados suelo calificado para vivienda libre a precio de suelo para vivienda de protección oficial ( Cadena SER.25.02.05 )

El actual alcalde de Majadahonda, vinculado con la empresa mencionada en las grabaciones

El alcalde de Majadahonda, el popular Narciso de Foxá es socio de una empresa dedicada a la construcción y a la actividad inmobiliaria, según consta en el registro mercantil. En esta empresa figura también Ignacio Sánchez Junco, el anterior concejal de urbanismo de Majadahonda y que, como arquitecto, ha trabajado para la constructora Afar 4, la empresa a la que se señala en las grabaciones emitidas por la ser como una de las grandes beneficiadas en la expansión urbanística de este municipio

En esta empresa figura también Ignacio Sánchez Junco, el anterior concejal de urbanismo de Majadahonda y que, como arquitecto, ha trabajado para la constructora Afar 4, la empresa a la que se señala en las grabaciones emitidas por la ser como una de las grandes beneficiadas en la expansión urbanística de este municipio.

Marbleworks, que así se llama la empresa del alcalde, declara en su escritura de constitución que su objeto social es "la inversión en todo tipo de entidades (...) especialmente en temas dedicados directa o indirectamente con el sector inmobiliario y de la construcción".

Esta empresa comienza a operar en julio del 2003, y el actual alcalde se incorpora como socio con poderes dos meses después, en septiembre. En ese momento Narciso de Foxá era primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo del ayuntamiento de Majadahonda.

La cadena ser se ha puesto en contacto con Narciso de Foxá , quien reconoce que es accionista de esa empresa junto a un grupo de "viejos amigos". Y precisa que nunca han trabajado en el sector inmobiliario de Majadahonda, porque su actividad se limita a la explotación de una cantera de mármol y piedra natural en la provincia de alicante.

El alcalde de Majadahonda no está sin embargo en condiciones de asegurar que entre los clientes de su empresa no se encuentren las constructoras que han trabajado en su municipio. Foxá se limita a decir que no le consta.

También hemos recabado la versión de Ignacio Sánchez Junco. No le consta tampoco que la empresa en la que es socio del alcalde haya trabajado en Majadahonda o venda material a las constructoras que sí lo hacen. Sostiene por otra parte que sus trabajos como arquitecto para Afar 4 no son incompatibles con su actividad como concejal de urbanismo de Majadahonda durante casi una década (Cadena SER.25.02.05)

El fiscal del Estado ordena a Anticorrupción investigar la presunta trama de Majadahonda  

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha ordenado a la Fiscalía Anticorrupción que investigue la denuncia de dos concejales socialistas sobre presuntas presiones para la adjudicación a la empresa Afar-4 de dos parcelas municipales en Majadahonda para edificación de viviendas. Conde-Pumpido ha ordenado la investigación dado el "interés público" que tiene la venta de suelo público destinado a viviendas, y la afirmación de los denunciantes de que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, están relacionados con los hechos.

Fuentes de la Fiscalía General precisaron que el decreto del fiscal del Estado no significa que se vaya a investigar a la presidenta Esperanza Aguirre ni al alcalde de Majadahonda, sino que se van a investigar los hechos denunciados sin prejuzgar responsabilidades. Sin embargo, el hecho de que la Fiscalía del Estado no haya archivado la denuncia y la haya trasladado a Anticorrupción quiere decir que al menos los hechos denunciados presentan una apariencia de delito y deben ser esclarecidos.

Según el decreto de Conde-Pumpido, la denuncia presentada el pasado día 21 en la Fiscalía General por los concejales socialistas Ricardo Núñez Montero y Manuel Fort Hernández reviste las notas de "trascendencia y complejidad" que definen la competencia de la Fiscalía Anticorrupción e impiden que se atribuya a la de Madrid.

El fiscal general justifica su decisión en "el interés público" que afecta a la enajenación de suelo público destinado a la edificación de viviendas, el volumen económico de la operación y la intervención de una docena de empresas, entre las que se cuentan algunas de las principales del ramo de la construcción. Además, la afirmación de los denunciantes de que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y el regidor del Ayuntamiento estuvieron relacionados con los hechos, "son razones más que sobradas para afirmar la trascendencia y complejidad".

La denuncia, acompañada por dos carpetas de documentación, fue presentada en la Fiscalía General del Estado el pasado día 21 por los concejales del PSOE Ricardo Núñez y Manuel Fort. Según el escrito, en fechas posteriores al 2 de noviembre de 2004 miembros del PP del ámbito municipal de Majadahonda, de ámbito regional y constructores privados presionaron al entonces alcalde de la localidad, Guillermo Ortega, para evitar que dos parcelas de propiedad municipal fueran adjudicadas a Proinsa, una de las 12 sociedades que tomaba parte en la licitación.

Según los denunciantes, el arquitecto municipal modificó un informe técnico emitido el 13 de diciembre de 2004 sobre calidad de diseño y adecuación medioambiental y emitió uno nuevo, fechado el 20 de diciembre, a consecuencia del cual Afar-4 recibía la mejor calificación global.

El valor de ambas parcelas asciende a 48 y 35,2 millones de euros, respectivamente. Según los denunciantes, la consecuencia de los comportamiento descritos será la finalización del concurso declarándolo desierto, a pesar de la presentación de doce propuestas dentro de los criterios exigidos.

El escrito afirma que los hechos pueden ser constitutivos de un delito continuado de tráfico de influencias y un delito de prevaricación. Aunque no se atribuye directamente a ninguna persona responsabilidad penal por los hechos, los denunciantes afirman que en ellos intervinieron la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y Narciso de Foxá, actual alcalde de Majadahonda.

Los delitos de prevaricación y tráfico de influencias son de la competencia de Anticorrupción cuando revisten la especial trascendencia de que pueden atribuirse a altos cargos. ( El País. 26.02.05 )

Los negocios del regidor  

El actual regidor de Majadahonda, Narciso de Foxá, ocupa este puesto por decisión de la dirección regional del PP, que resolvió hace algo más de un mes proponerle para sustituir a Guillermo Ortega, que dimitió. Los dirigentes regionales del PP han atribuido la dimisión a dolencias cardiacas de Ortega, al que han buscado acomodo como gerente de la empresa autonómica Mercado Puerta de Toledo.

Foxá, que antes de ser alcalde presidió la empresa municipal de venta de suelo de Majadahonda, forma parte desde julio de 2003 de una empresa inmobiliaria que no opera en Majadahonda. Su socio es Ignacio Sánchez Junco, concejal de Urbanismo hasta 1999, según informó ayer la cadena SER. Sánchez Junco es arquitecto y ha trabajado para la promotora Afar-4, una de las principales propietarias de suelo de Majadahonda y participante en el concurso de dos parcelas que ha desencadenado la crisis en el gobierno municipal y la dimisión del anterior alcalde, Guillermo Ortega.

Con estas vinculaciones empresariales, el actual alcalde, Narciso de Foxá, deberá resolver un concurso al que se ha presentado la promotora inmobiliaria para la que ha trabajado el actual socio del regidor y ex concejal de Urbanismo de Majadahonda, Ignacio Sánchez Junco  El País. 26.02.05 )

Nuevas pruebas demuestran el trato de favor del ayuntamiento de Majadahonda a AFAR 4


Las actas que hablan por si mismas...

La Cadena SER ha tenido acceso a las actas de adjudicación de la empresa municipal del suelo de Majadahonda, que en septiembre de 2003 convirtió a AFAR 4, de la cuál es socio el anterior concejal de Urbanismo de la localidad gobernada por el PP, en la constructora más beneficiada. AFAR 4 nunca pagó más de 50.000 pesetas por el metro cuadrado, cuando el precio de mercado ronda, según el propio alcalde de la localidad, en medio millón

Los suelos que esta constructora ha conseguido han sido siempre en las mejores zonas de Majadahonda, la conocida como "Área de oportunidad" o la "Granja del Conde". Allí AFAR 4 ha construido cerca de 300 viviendas entre el año 2000 y 2003. La Cadena SER ha tenido acceso a las actas de adjudicación de terrenos públicos realizados por la empresa municipal de suelo durante los últimos cuatro años (que pueden ser consultados en esta página). En ellas, la empresa AFAR 4 resulta la más beneficiada en todas las subastas.

En total, entre el 2000 y el 2003, AFAR 4 ha conseguido 33.700 metros cuadrados de terreno urbanizable adjudicado por el ayuntamiento. Esta empresa nunca pagó más de 50.000 pesetas el metro cuadrado. Todo cuando, según ha declarado el propio Narciso de Foxá, alcalde de la localidad y presidente de la empresa municipal del suelo, el precio de mercado de cada metro cuadrado edificable en Majadahonda ronda el medio millón de pesetas.

"El dinero que ingresa no tiene apellidos"

En una de las actas del Consejo de Administración de la empresa publica en el año 2003, uno de los consejeros planteó que el precio al que se estaban vendiendo los terrenos era "bajo". Otro de los asistentes opinó que el producto de esa venta debería destinarse a hacer vivienda protegida.

La respuesta del presidente Narciso de Foxá, fue literalmente, “que la empresa de suelo debe asegurar su viabilidad económica y que el dinero que ingresa no tiene apellido”.

PP: "Zapatero trata de axfisiar a Madrid"

Aunque la presunta trama inmobiliaria está ya en manos de la Fiscalía Anticorrupción, por orden del Fiscal General del Estado a raíz de una denuncia del Partido Socialista, desde el Partido Popular todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro del actual edil de Majadahonda, Narciso de Foxá, porque nada de lo ocurrido “arroja dudas sobre la gestión”, según el secretario general de esta formación en Madrid, Francisco Granados.

Granados ha vuelto a culpar hoy al Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, un presidente que según el ‘popular’ “odia Madrid, desprecia Madrid por el simple hecho de que los madrileños no le han apoyado mayoritariamente en las últimas elecciones generales. Y buena prueba de ello es su intento reiterado y sistemático de asfixiar la capital, utilizando para ello todos los medios que tiene a su alcance”.Publicado en la Cadena SER.27.02.05

AFAR 4 percibe cerca de un millón de € por el alquiler de un edificio al Ayuntamiento de Majadahonda

La empresa AFAR 4, con la que está vinculado el actual alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, ha recibido del Ayuntamiento cerca de 200 millones de pesetas en concepto de alquiler de inmuebles en los dos últimos años . Fue Narciso de Foxá, como presidente de la Empresa Municipal de Suelo, quien eligió los inmuebles de la constructora para ser la sede de dependencias judiciales y sanitarias

El Ayuntamiento de Majadahonda alquiló en el año 2003 un gran edificio de AFAR 4 para que se instalasen en el mismo, de manera provisional, unos juzgados y un centro de salud de la Comunidad de Madrid. La elección de los edificios fue encomendada a la Empresa Municipal de Suelo que preside el actual alcalde, Narciso de Foxá.

No se realizó concurso publico, sino que se trató de una adjudicación directa, y ese mismo año el Ayuntamiento pagó 500.000 euros por el alquiler a la empresa AFAR 4. En 2004, el pago superó los 600.000 euros. En total, cerca de 200 millones de pesetas.

En la actualidad, y hasta que la Comunidad construya los edificios en los que se instalen definitivamente los juzgados y el centro de salud, el Ayuntamiento sigue pagando un alquiler mensual a esta empresa. Mientras, las obras, que debían concluir en 2005, ni siquiera han comenzado.

Como desveló la Cadena SER, el popular Narciso de Foxá es socio de una empresa inmobiliaria, en la que figura también Ignacio Sánchez Junco, el anterior concejal de urbanismo de Majadahonda, que como arquitecto ha trabajado para la constructora AFAR 4.Publicado en la Cadena SER.01.03.05

El socio del alcalde de Majadahonda estuvo relacionado con el 'Caso Sóller'

El socio del alcalde de Majadahonda, el popular Narciso de Foxá, estuvo relacionado con el 'Caso Sóller, el caso de corrupción por el que tuvo que dimitir el presidente de Baleares, Gabriel Cañellas.

Camilo Pereira Pérez, el socio del alcalde, es un viejo conocido. En Majadahonda, como socio de Narciso de Foxá en la empresa inmobiliaria Marbelworks. Pero además, en el pasado, por su relación con uno de los primeros casos de corrupción en los que se vieron implicados altos dirigentes del PP, el llamado 'Caso Sóller'.

El actual socio del alcalde de Majadahonda era entonces vocal de la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller, la empresa de la que salieron los 50 millones de pesetas hacia la cuenta del ex presidente Cañellas y de algunas organizaciones cercanas al PP.

La sentencia consideró probado que el ex presidente balear del PP había cometido un delito de cohecho al recibir dinero de esta empresa, pero le tuvo que absolver porque el delito había prescrito al haber pasado más de cinco años. Sin embargo, José Mª Aznar forzó su dimisión.

Este empresario opera ahora en la zona de Majadahonda, con cargos hasta en 16 sociedades mercantiles. Entre ellas, Fronda que ha obtenido contratos del ayuntamiento del municipio por más de 351.000 euros entre 2002 y 2004. Publicado en la Cadena SER.02.03.05

La Fiscalía General dice que la denuncia del PP "perturba" el funcionamiento del Estado de Derecho

La Fiscalía respondió así a la denuncia interpuesta por el PP de Madrid ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el fiscal general por supuestos delitos de revelación de secretos y prevaricación en relación con el 'caso Majadahonda' de Madrid. En un comunicado, la Fiscalía lamentó que los denunciados, "en lugar de colaborar con la fiscalía competente para aclarar los hechos", respondan "arremetiendo penalmente, con una preocupante desmesura, contra el órgano del Estado que tiene encomendada la promoción de la acción de la justicia en el ámbito penal".

Este organismo recordó que su misión constitucional "consiste precisamente en promover la acción de la justicia en relación con los hechos delictivos puestos en su conocimiento". Asimismo, sugirió que el objetivo de la denuncia interpuesta por el PP pueda ser impedir que dichos hechos se investiguen. "No se alcanza a comprender si con esta denuncia se pretende impedir que los hechos denunciados puedan ser objeto de investigación o conseguir que la Fiscalía General se sienta coaccionada para la investigación de otras futuras denuncias", apuntó el comunicado. En este sentido, subrayó como un "muy mal ejemplo para los ciudadanos intentar coaccionar el trabajo del Ministerio Fiscal". "En todo el territorio nacional las distintas fiscalías incoan continuamente diligencias para investigar la veracidad de las denuncias que recibe, cumpliendo su deber constitucional, sin que estas decisiones encuentren resistencias tan enconadas por parte de las personas investigadas".

El Ministerio Fiscal tachó de "insólita" la acusación de revelar secretos, al considerar que "se ha limitado a informar a la opinión pública de la apertura de una investigación que no está sometida a secreto alguno". Además, recordó que, en virtud de su Estatuto Orgánico, está obligado a informar a la opinión pública de los acontecimientos de relieve de su actuación. Publicado en la Cadena SER.05.03.05

Majadahonda vendió terrenos sin ninguna valoración técnica  

El suelo municipal de Majadahonda -que el Ayuntamiento ha estado permutando durante años con promotores privados para que levanten vivienda libre en suelo público- tiene un precio. Y ese precio no lo establecieron profundos y procelosos estudios municipales, sino los servicios técnicos de la localidad mediante conversaciones con promotores privados. Un informe municipal reconoce que ese valor se estableció en base a "un conocimiento a nivel verbal de diversos acuerdos alcanzados por particulares [promotoras] en el Valle de la Oliva", barrio de Majadahonda.

Es decir, el Ayuntamiento de Majadahonda entregaba a los promotoras su suelo a cambio de una compensación económica por piso, y esa compensación la determinaron otros promotores privados del Valle de la Oliva.

En 2000, el Ayuntamiento estableció que el precio del metro cuadrado que los promotores tenían que abonar al Consistorio para levantar casas libres en suelo municipal era de 180 euros. Sin embargo, dos años después, en pleno boom innmobiliario, el arquitecto municipal y redactor del informe mantuvo los mismos precios de compensación, porque, según él, el mercado inmobiliario no había fluctuado.

¿Y por qué los servicios técnicos dieron un precio tan bajo para una casa? Según el informe, porque "no encontramos en Majadahonda índices establecidos para vivienda sujeta a protección, por lo que hemos de hacer una indagación de valor en el mercado".En la última subasta de suelo público de Majadahonda, que se celebró en septiembre de 2003, se vendieron a promotores privados 249 derechos para edificar vivienda libre (cada derecho corresponde a una vivienda). Pammasa, la empresa municipal que gestionaba estas operaciones, volvió a solicitar un informe a los servicios técnicos para fijar el precio de salida.

En un documento, fechado el 22 de julio de 2002, el arquitecto municipal entendió que en los dos años transcurridos, desde la anterior subasta, "las circunstancias del mercado inmobiliario no han sufrido una variación tan importante" como para revisar el precio.

Como consecuencia de este informe, la subasta se adjudicó en 330 euros el metro cuadrado. Es decir, los constructores cambiaron una vivienda protegida -que estaban obligados a construir por ley en otra parte del pueblo- por una libre de 90 metros cuadrados al precio de 30.000 euros por casa. Una vivienda de precio libre de 90 metros cuadrados en Majadahonda no vale menos de 420.000 euros.

El alcalde, Narciso de Foxá, presidente de Pammasa, mantiene que él no es quién para decir si el informe de los servicios técnicos municipales está mejor o peor elaborado. "Yo tengo obligación de pedir a los servicios técnicos una valoración. A Pammasa llega ese documento y se parte de él". El regidor aclara que las decisiones de Pammasa las toma el consejo de administración, no él. "Y en ese órgano están representados todos los partidos políticos, incluido el PSOE", dice.

Por su parte, Ricardo Núnez, portavoz del PSOE, considera que todas las valoraciones realizadas por el Ayuntamiento son "erróneas". "Todo esto es un auténtico despropósito que cada día nos sorprende más", añade. Publicado en la Cadena SER.10.03.05

Una empresa apoderada por una hija de Romero de Tejada ha actuado en Majadahonda  

Afar 4, la empresa más favorecida en octubre de 2003 en la subasta municipal de Majadahonda en la zona de Roza-Martín para permutar derechos de construcción de vivienda protegida por privada, contrató después a Virtón, empresa que hasta hace 15 días tenía como apoderada a María Mercedes Romero de Tejada, hija de Ricardo Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda. Esta empresa también realizó la urbanización de otra zona donde Afar 4 copó igualmente los derechos de construcción privada en una subasta celebrada en 2000, bajo mandato de Romero.

El 18 de septiembre de 2003, la Empresa Municipal de la Vivienda de Majadahonda (Pammasa), bajo mandato del alcalde popular Guillermo Ortega, subastó sus derechos para construir 243 viviendas libres en la zona de Roza-Martín entre una serie de propietarios o promotores. A cambio de este pago, traspasaban al Ayuntamiento su deber legal de construir viviendas protegidas en dicha zona. El resultado fue un regalo de casi setenta millones de euros a los promotores -rentabilidad obtenida de construir viviendas libres en lugar de viviendas protegidas, mucho más baratas-, según cálculos del PSOE, que denunció entonces la operación ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid.

La empresa más favorecida fue Afar 4 -obtuvo 163 derechos de construcción sobre los 243 subastados-, al igual que en otra subasta idéntica producida en 2000 bajo mandato del alcalde Ricardo Romero de Tejada. En aquella ocasión, Afar 4 cosechó 124 derechos de edificación de vivienda libre sobre 377 en la denominada área de oportunidad de Majadahonda. El presidente de la junta de compensación era Francico Javier Segurado, que presidía varias de las promotoras -incluida alguna que como Incoda ha tenido como socio al alcalde madrileño José María Álvarez del Manzano-, quien contrató a Virton para las obras de urbanización.

Tras la segunda subasta de derechos de construcción de vivienda libre de Pammasa, en octubre de 2003, Afar 4, en tanto que propietaria mayoritaria y presidenta de la junta de compensación, seleccionó a varias empresas para urbanizar la zona de Roza-Martín. Y escogió también a la empresa Virton, que desde mayo de 2001 tenía como miembro de su consejo de administración, en calidad de apoderada, a María Romero de Tejada Esteve, hija del ex alcalde de Majadahonda Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del partido popular en la Comunidad de Madrid.

El monto de la factura, con fecha de julio pasado, se eleva a 12,5 millones de euros, que, con el IVA, suma 14,5. Esta abogada perdió su condición de apoderada sólo hace 15 días, según el administrador de Virton, Manuel Barrios, quien matiza que desde octubre de 2003 ya no prestaba sus servicios en la empresa por razón de su tercera maternidad. Barrios asegura que su empresa, Virton, era la oferta más barata y que, en contra de lo que se ha sugerido habitualmente, nunca, ni en época de Guillermo Ortega, ni en la de su antecesor, Romero de Tejada, esta empresa recibió ningún contrato del Ayuntamiento de Majadahonda, sino que toda su actividad en dicho municipio está vinculada a la iniciativa privada, básicamente labores de urbanización promovidas por juntas de compensación.

Afar 4 está citada no sólo en la denuncia presentada por el PSOE contra la subasta de derechos de construcción de viviendas libres de octubre de 2003, sino en la cursada ante el fiscal general del Estado por la enajenación directa de suelo municipal gestada en abril de 2004 por dicho Ayuntamiento

En dicho escrito, al margen del baile de informes técnicos para supuestamente primar a Afar 4, se dice: "Es muy llamativo el dato de que mientras Narciso de Foxá, actual alcalde, ha sido presidente de Pammasa, esta empresa ha realizado negocios urbanísticos con Afar 4, a través del mecanismo de la transferencia de aprovechamientos, consistente en que Pammasa permuta sus derechos a edificar vivienda libre".

Esta empresa fue citada de la siguiente manera por el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega en una conversación, grabada, mantenida con su grupo municipal y que consta en la denuncia ante la fiscalía: "No voy a aceptar que el arquitecto municipal cambie su informe de la parcela para que se la lleve Afar 4. Lo siento en el alma, pero no lo voy a aceptar".

Ricardo Romero de Tejada negó ante la comisión parlamentaria que investigó el caso Tamayo que tuviera con Antonio Cubo, propietario de Afar 4, otra relación que no fuera la profesional. Dijo conocer a Cubo porque "acudía a todas las subastas de suelo de Majadahonda". Afar 4 posee, según sus últimas cuentas, un inmovilizado material (terrenos, construcciones, etcétera) valorado en casi seis millones de euros. Y participa en la urbanización de diversos terrenos. Publicado en El País.11.03.05

Amigos de Agag están vinculados con empresas de Majadahonda

El Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), que ha cobrado relevancia estos días por un escándalo urbanístico que ha dividido al PP madrileño, pagó en 2003 un total de 900.000 euros en diversos conceptos a sociedades vinculadas a un grupo de empresarios que tienen en común lazos con el PP y, en algunos casos, con el yerno de Aznar, Alejandro Agag, según publica esta semana la revista Interviú..

La empresa central en el entramado de firmas que se han nutrido de las arcas consistoriales es Special Events, fundada por María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa Sánchez y jefa del gabinete del que fuera alcalde de la localidad madrileña Guillermo Ortega. Correa es amigo íntimo del exalcalde y también de Alejandro Agag, del que fue testigo en su boda con Ana Aznar.

Special Events es la firma que ha utilizado el PP madrileño para organizar sus eventos electorales, campañas y congresos. Durante el 2003, último año del que se tienen datos sobre las cuentas del Ayuntamiento de Majadahonda, la empresa emitió periódicamente numerosas facturas al Ayuntamiento sin detalle del concepto, con frases como "importe copias fotografías" o "importe fotocopias color". La empresa está ahora en manos de Pablo Crespo Sabarís, exsecretario de organización del PP en Pontevedra y ahora en el ámbito de influencia de la presidenta Esperanza Aguirre.
Publicado en El  Periódico de Cataluña.14.03.05

Majadahonda cedió a seis promotoras tres solares por un tercio de su valor  

El Ayuntamiento de Majadahonda, del PP, a través de la empresa pública Pammasa, cedió a promotores privados en 2003 derechos de edificabilidad de tres parcelas a bastante menos de un tercio de su valor, lo que causó un quebranto patrimonial al Consistorio cifrado en casi 33 millones de euros (5.487 millones de las antiguas pesetas). Así lo indica el PSOE en una ampliación de denuncia que interpuso ayer ante el Juzgado de Instrucción 3 de esta localidad, que es el que investiga, junto con la Fiscalía de Medio Ambiente, otra denuncia anterior del PSOE sobre casos de supuesta corrupción urbanística.

Los derechos municipales de edificabilidad sobre esas tres parcelas (la RO-11, RO-13 y RO-14, que en total ocupan 30.035 metros cuadrados) fueron enajenados a través de una subasta en la que ninguna de las seis ofertas que concurrieron superó los 330,48 euros por metro cuadrado de suelo. Y ello pese a que existe un informe del arquitecto municipal de Majadahonda -relativo a una parcela cercana y con igual calificación urbanística que las tres citadas- que tasa en 1.600 euros el valor de cada metro cuadrado. El PSOE majariego, cuyo portavoz es Ricardo Núñez, tiene previsto remitir este supuesto quebranto económico a la Fiscalía Anticorrupción."En la enajenación [cesión] de estos derechos, el Ayuntamiento ha regalado a constructores privados 1.000 euros en cada metro cuadrado", señalan fuentes de la investigación.

¿Cómo se produjo este supuesto quebranto económico? Majadahonda gestiona todo su suelo y planes urbanísticos a través de Pammasa, empresa municipal al ciento por ciento. El planeamiento urbanístico de Majadahonda estipula que en un 50% del suelo edificable han de levantarse viviendas de protección pública y con un precio limitado de venta. Quien compre suelo sin desarrollar en el municipio tiene obligación de levantar viviendas públicas en un 50% de ese suelo, y libres en el otro 50%.

En las citadas tres parcelas, el Ayuntamiento tenía un derecho para levantar viviendas de precio libre. Lo que hace Pammasa es sacar a concurso su derecho de edificación de casas de precio libre en los 30.035 metros cuadrados de esas parcelas. Para ello, convoca una subasta e invita a seis empresas privadas a participar en ella. Cuatro de las seis empresas ofrecieron idéntico precio por metro cuadro de suelo, 330,48 euros. Las otras dos ofertas fueron aún más bajas, 312,53 euros y 291,03 euros. Los derechos de edificabilidad sobre ese suelo permitían levantar 243 casas de precio libre.

Dos empresas del grupo Afar-4, cuyo dueño es Antonio Cubo, amigo personal del ex alcalde de Majadahonda y ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, obtuvieron en la subasta derechos para levantar 163 viviendas de precio libre, que se pueden vender mucho más caras que las casas de protección oficial.

Según el PSOE, los derechos de edificabilidad sobre cada uno de esos metros cuadrados debieron venderse "al menos a 1.338,28 euros" y no, como finalmente se hizo, a 330 en el mejor de los casos. Así, el Ayuntamiento vendió por menos de un tercio de su valor el derecho a levantar casas de precio libre y asumió, por ese mismo precio, la obligación de los constructores privados de hacer casas de protección oficial. Es lo que los socialistas llaman el "permutazo".

Para la cesión de estas parcelas, el Ayuntamiento, a través de Pammasa, usó el mecanismo "de la permuta de derechos" y, según explica el PSOE en la denuncia, "absorbió las obligaciones de diferentes promotores privados de construir viviendas protegidas, a cambio de que aquellos compensasen a Pammasa con la diferencia del valor entre el derecho a construir vivienda libre que Pammasa le transmitía, y el derecho a edificar vivienda protegida que la citada sociedad municipal adquiría": los 1.338,28 euros citados.

El PSOE añade en su denuncia: "La cantidad total que el Ayuntamiento, a través de Pammasa, obtuvo de la subasta referente a las parcelas RO-11, RO-13 y RO-14 fue de 7,2 millones de euros. (...) Ahora bien, dado que la edificabilidad total de esas tres parcelas ascendía a 30.035 metros cuadrados y la diferencia real de valores entre los aprovechamientos permutados asciende, según informes del arquitecto municipal, a 1.338,28 euros por cada metro cuadrado, el Ayuntamiento tenía que haber obtenido, al menos, y para compensar la pérdida de valor económico que sus solares sufrieron merced a la permuta, una cantidad igual o superior a 40.195.230 euros".

El PSOE señala que "las consecuencias" de la conducta del Ayuntamiento en la gestión del suelo "es de una gravedad extrema" para las arcas municipales, ya que "el patrimonio municipal ha perdido con esta compensación nada menos que 32.978.868,50 euros".

A ello hay que sumar que la subasta de parcelas se hizo, siempre según los socialistas, "sin ninguna garantía para la publicidad y concurrencia y mediante un sistema de invitación previa a determinados propietarios". Sostiene el PSOE que el quebranto económico a las arcas municipales "no puede deberse a un descuido de los responsables de Pammasa", ni tampoco cabe justificar el bajo precio de la permuta "en un supuesto beneficio social, ya que [en esa época] no se construían más viviendas protegidas". El PSOE reprueba la conducta de los gestores del Ayuntamiento al asumir "las cargas que, por obligación del planeamiento urbanístico general, correspondían a los promotores privados [a los constructores]".

Por tanto, en la denuncia pide al juzgado que requiera a Pammasa para que remita al juzgado "copia sellada y compulsada del libro de registro de transferencias de aprovechamientos del Ayuntamiento" y "toda la documentación relacionada con las operaciones de transferencia de aprovechamientos en las que haya participado Pammasa". El País.29.03.05

Caso Majadahonda: Romero de Tejada regaló 188 millones de pesetas a AFAR-

Según se desprende de un informe de la Intervención municipal, Ricardo Romero de Tejada regaló, en el año 2000, 188 millones de pesetas a la constructora AFAR-4. El documento del interventor insta a exigir responsabilidades a los entonces dirigentes del Consistorio por el perjuicio económico causado a las arcas del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid).

El interventor municipal denuncia en su informe que, durante el mandato de Romero de Tejada como alcalde de Majadohanda, el Ayuntamiento adjudicó una parcela de 30.000 metros cuadrados a la constructora AFAR-4, permitiendo que ésta pagase su precio ( 1.700 millones de pesetas ) en cómodos plazos, durante tres años y sin intereses.

El interventor municipal valora el “perjuicio económico causado” a las arcas consistoriales en 188 millones de pesetas, que ha tenido que asumir el Ayuntamiento de Majadahonda. En el informe del interventor municipal, se señala textualmente que “habría que exigir las responsabilidades, en todo orden, en que pudieran haber incurrido autoridades, funcionarios, empresas públicas o privadas por sus actuaciones en aquel expediente”

Los actuales resonsables del ayuntamiento explican que pemritieron a AFAR-4 el pago fraccionado sin intereses porque fue una manera de compensar a la empresa porque por irregularidades del terreno durante unos meses no se iba a poder edificar en ese suelo.

Finalmente, AFAR-4 no construyó en la parcela adjudicada por el Ayuntamiento, sino que, en 2004, la revendió a un precio superior a la empresa MAPFRE, que había quedado la segunda, después de AFAR-4, en el concurso de adjudicación.

Hay que recordar que AFAR-4 fue la empresa que provocó la crisis del Partido Popular en Majadahonda, y a ella está vinculado el actual alcalde, Narciso de Foxá, y que esta consctructora se la ha beneficiado durante años desde los sucesivos gobiernos populares del consistorio, según varios miembros del PP.  El País.19.05.05

La fiscalía encuentra contradicciones en el 'caso Majadahonda'  

La Fiscalía Anticorrupción encargó a funcionarios del cuerpo de la Intervención General del Estado el estudio de toda la documentación sobre la tramitación en 2003 de la subasta de tres parcelas municipales en Majadahonda bajo mandato del anterior alcalde, Guillermo Ortega (PP). El informe, ya concluido, no determina irregularidades, pero sí flagrantes contradicciones entre los sucesivos informes del arquitecto municipal, que se intentan esclarecer.

La complejidad del caso Majadahonda aconsejó a la Fiscalía Anticorrupción, cuyo responsable es Antonio Salinas, recabar, antes de meterse en mayores indagaciones, un asesoramiento del cuerpo especializado en garantizar la pureza de los contratos públicos: los miembros de la Intervención General del Estado. De hecho, cuenta con un equipo de dicho cuerpo adscrito, al igual que otro de la Agencia Tributaria. Esta última unidad suele usarse más para seguir los tráficos monetarios de las empresas o personas investigadas. Sin embargo, en el arranque de esta investigación, lo que interesaba era filtrar la ingente documentación del caso a través de los interventores para que, como en cualquier contrato que fiscaliza, analizaran todos los pasos que se dieron en la venta de las parcelas municipales de Majadahonda y si cumplieron las cautelas legales.

Debían examinar documentalmente toda la cronología de la venta de las parcelas: cómo se tomaron las decisiones, qué informes aportaron los técnicos municipales sobre dichas enajenaciones, cómo se recibieron y tramitaron las ofertas, cómo fueron valoradas, etcétera. El informe, ya concluido, no revela irregularidades manifiestas, pero sí flagrantes contradicciones sobre los informes emitidos por determinados técnicos municipales. Las contradicciones, susceptibles de derivar en irregularidades, se centran sobre todo en el arquitecto, que emitió dos informes sobre valoración de los licitadores en los que rectificó sus iniciales criterios. Sólo tras determinarse si hubo irregularidades claras en estas ventas municipales, que el PSOE denunció como un grave quebranto patrimonial, la Fiscalía Anticorrupción entraría a ver quiénes favorecieron las opciones ganadoras y qué intereses les movieron.

Por ello, según fuentes de la investigación, por el momento no se plantean recabar el testimonio de los concejales rebeldes del PP en Majadahonda -José Luis Peñas y Juan José Moreno- que han denunciado en El Mundo que el actual alcalde, Narciso de Foxá, les ofreció un millón de euros si dejaban de oponerse a vender por siete millones de euros parcelas que ellos juzgaban que valían 48 millones de euros.

Denuncia socialista
Hasta el momento, la fiscalía sólo dispone del relato de irregularidades que hizo el propio PSOE en su denuncia ante el Fiscal General del Estado: "Pammasa (sociedad municipal) recibió del Ayuntamiento tres parcelas con una edificabilidad global de 30.035 metros cuadrados destinadas a uso residencial (no protegido). Como la encomienda aceptada por Pammasa al recibir las parcelas consistía en edificar en ellas vivienda protegida, pero el suelo permitía ejecutar vivienda libre, el Consejo de Administración decidió emplear el mecanismo de permuta de derechos para absorber las obligaciones de construir vivienda protegida de diferentes promotores privados, a cambio de que éstos compensasen a Pammasa con la diferencia de valor entre el derecho a construir vivienda libre que Pammasa les transmitía, y el derecho a edificar vivienda protegida que la sociedad municipal adquiría".

Y esto dañó a las arcas municipales, a tenor de la denuncia: "La cantidad total que el Ayuntamiento, a través de Pammasa, obtuvo de la subasta referente a las parcelas fue de 7.216.317 euros. Ahora bien, puesto que la edificabilidad total de estas tres parcelas ascendía a 30.035 metros cuadrados, y la diferencia real de valores entre los aprovechamientos permutados, según los informes del arquitecto municipal, asciende a 1.338 euros por metro cuadrado, el Ayuntamiento, a través de Pammasa, tenía que haber obtenido al menos para compensar la pérdida de valor económico que sus solares sufrieron merced a la permuta, una cantidad igual o superior a 40.195.239 euros".

El escrito socialista proseguía: "Esta cantidad se obtiene de multiplicar los metros cuadrados de edificabilidad que fueron objeto de transformación a través de la permuta por la diferencia real de valor entre cada metro cuadrado de aprovechamiento". El corolario era simple: "Las consecuencias de las conductas que en su día denunciamos han sido por tanto de una gravedad extrema para el Ayuntamiento: el patrimonio municipal ha perdido con esta operación nada menos que 32.978.868 euros, es decir, 5.487 millones de las antiguas pesetas." Todo ello, acusaba el PSOE, merced a una subasta que se realizó "sin ninguna garantía para la publicidad y la concurrencia, mediante un sistema de invitación previa a determinados propietarios, y en la que cuatro de los seis participantes ofrecieron la misma cifra como oferta: 330,48 euros por metro cuadrado".

Por contra, el PP ha defendido la legalidad de su gestión y ha arremetido sin éxito a través de los tribunales contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Ante esa situación, la portavoz adjunta del PSM en la Asamblea de Madrid, Ruth Porta, afirmó ayer que, "cada vez que alguna instancia judicial investiga a miembros del Partido Popular, Esperanza Aguirre da la orden de arremeter contra la Administración de Justicia".

La Fiscalía Anticorrupción tomará hoy declaración a dos funcionarios que tuvieron un papel clave en el proceso de venta de las parcelas municipales bajo sospecha: el arquitecto y el ingeniero del Ayuntamiento de Majadahonda.

"El arquitecto, Pedro José Sánchez Sánchez, emitió dos informes de valoración, uno de cada parcela, en los cuales daba a cada una un valor de 1.600 euros por metro cuadrado de edificabilidad. Los valores resultantes eran de 35.255.766 euros la parcela D2 (casi 5.900 millones de pesetas) y de 48.040.000 euros la RN-1 (casi 8.000 millones de las antiguas pesetas). Esto da idea de la importancia económica de la enajenación en curso. Estas valoraciones fueron confirmadas por los informes de la Comunidad de Madrid, que obran en el expediente", reza la denuncia presentada por el portavoz socialista en Majadahonda, Ricardo Núñez.

Por otro lado, desde hace meses el PSOE investiga cuáles han sido las actividades privadas del arquitecto municipal, tanto en sus proyectos privados en la capital como en sus supuestos contratos vinculados a ayuntamientos madrileños, para determinar si se ajustan a lo que establece el régimen de incompatibilidades al que está sujeto en su calidad de funcionario municipal. No menos importante es el papel del ingeniero jefe de infraestructuras del Ayuntamiento, Guillermo Malé. Este funcionario municipal elaboró el pliego de prescripciones técnicas que determinó los criterios de puntuación que decidirían el concurso. El arquitecto municipal comparece en calidad de imputado, dado que su labor ofrece interrogantes de mayor calado, y el ingeniero, como testigo. Publicado en El País. 02.06.05

Anticorrupción cita a dos ediles del PP que denunciaron el 'caso Majadahonda'

La Fiscalía Anticorrupción ha citado a declarar el próximo día 21 a José Luis Peñas y Juan José Moreno, los dos concejales díscolos del PP de Majadahonda. Ambos, que están expedientados por su partido, han formulado graves acusaciones contra sus compañeros, entre ellos el actual alcalde majariego, Narciso de Foxá, además de revelar presuntas irregularidades en la gestión urbanística del municipio. Peñas dijo anoche a EL PAÍS que tanto él como su compañero están dispuestos a ratificar ante la fiscalía "todo" lo que hasta ahora han ido contando en diversos medios de información. Peñas y Moreno, hasta hace unos meses responsables de las áreas de Urbanismo y Hacienda, respectivamente, en Majadahonda, son una pieza clave en el llamado caso Majadahonda. Fueron ellos quienes revelaron que en este Ayuntamiento, donde el PP gobierna desde hace más de 15 años, se habían cometido una serie de presuntas irregularidades urbanísticas que habían perjudicado gravemente a las arcas municipales en favor de determinadas constructoras privadas.

Una de sus acusaciones más graves es la que afecta al actual alcalde, Narciso de Foxá, también del PP, ya que declararon al diario El Mundo que el regidor intentó sobornarlos con un millón de euros cuando descubrieron el supuesto entramado. Éste consiste básicamente en permutar con constructoras privadas derechos de edificación de viviendas libres, propiedad del Ayuntamiento, por otras públicas. A cambio de esta permuta, el Ayuntamiento majariego recibe una compensación económica de las promotoras. Pero ésta es siempre muy inferior, en teoría, al auténtico valor del suelo. Ahí, dicen los concejales, se producía el negocio para las promotoras. Todo este entramado era realizado a través de la empresa municipal Pammasa.

Según estos ediles, siempre salían beneficiadas las mismas constructoras, en especial Afar-4, que es propiedad de un amigo de Ricardo Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda y ex secretario regional del PP. Además, se mezclan, según su versión, informes contradictorios de los técnicos municipales, que buscaban supuestamente beneficiar a determinadas constructoras.

Pero, además, en la comisión de investigación municipal que se organizó al efecto en Majadahonda, los dos ediles enviaron un documento con sus declaraciones. En este informe revelan que el anterior alcalde, Guillermo Ortega, del PP, les confesó que en una reunión mantenida en enero pasado con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en el aeropuerto de Barajas, minutos antes de que ésta volase a China, ella le dijo que si le demostraba "con un dossier la golfada de los derechos de Pammasa", ella misma echaría de inmediato a De Foxá.

Según ambos ediles, el informe se hizo y la presidenta ordenó destruirlo. En él daban cuenta de las actividades y presuntas irregularidades de la empresa municipal del suelo Pammasa.

Al margen de la investigación que lleva la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción número 3 de Majadahonda también investiga este asunto.

Peñas y Moreno (que en la actualidad han sido expedientados por el PP y están a punto de ser expulsados del partido) han declarado: "Un empresario dijo que a la empresa Pammasa se llevaban maletines llenos de dinero".

El PP, que mantiene que en Majadahonda no hay ninguna irregularidad, presentó una denuncia por supuesta prevaricación y revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. La denuncia estaba basada en el decreto que el fiscal general firmó el 25 de febrero por el que daba traslado a la Fiscalía Anticorrupción de la denuncia cursada por dos ediles del PSOE sobre tráfico de influencias en actuaciones urbanísticas en ese municipio. El Tribunal Supremo archivó en mayo pasado la denuncia interpuesta contra Conde-Pumpido. Publicado en El País. 09.06.05

Un constructor anunció al ex alcalde de Majadahonda que el PP iba a relevarlo  

Los dos ediles del PP de Majadahonda, a los que el partido expulsó ayer, José Luis Peñas y Juan José Moreno, aseguran que Esperanza Aguirre ya tenía decidido el 15 de enero -día en el que comenzó un viaje oficial a China- que el anterior alcalde majariego, Guillermo Ortega, abandonara el Ayuntamiento. El mensajero, según ambos ediles, fue Julián Jiménez de los Galanes, presidente del Grupo Dico, un holding dedicado a la construcción y promoción inmobiliaria que ha edificado varias promociones en Majadahonda.

Peñas relata que Jiménez de los Galanes llamó la mañana del pasado 15 de enero a Ortega y le dijo: "Te tienes que ir. El candidato oficial de la presidenta de la Comunidad [Esperanza Aguirre] y de Génova [sede del PP] es Narciso de Foxá [el actual regidor]. Vete mirando qué puesto quieres en la Comunidad". Ortega dimitió el 4 de febrero por "motivos de salud" y hoy es el gerente del Mercado Puerta de Toledo. El Grupo Dico rehusó ayer dar su versión.

"Fue el mismo día que se iba la presidenta a China", continúa Moreno. "Nos llamó Guillermo [Ortega] y nos lo contó. Decidió ir al aeropuerto y le llevamos en mi coche. Ahí es cuando la presidenta le dijo al alcalde que, si le demostraba todas las golfadas que le estaba contando, ella se encargaría de echarlos". Nada más dejar el aeropuerto, los dos ediles comenzaron la elaboración de un informe para documentar las supuestas "golfadas". En él se explicaba la mecánica seguida por la empresa municipal Pammasa para intercambiar derechos de edificación de vivienda pública por vivienda libre con promotores privados.

Peñas recuerda: "No sirvió de nada, porque cuando la presidenta volvió de China, el 24 de enero, llevamos copias del dossier a Génova. Las dejamos encima de la mesa de Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados, secretario regional del PP. La contestación de Aguirre fue que destruyéramos el documento".

La crisis municipal estalla por la venta de dos parcelas, una de las cuales había pertenecido a Pammasa. "Bueno, es el detonante. Se usa para acabar con Ortega y volver a la era de Ricardo Romero de Tejada [ex regidor y ex secretario regional del PP]", relata Peñas.

Los dos ediles se enteran de que hay una fuerte oposición dentro de su grupo para la venta de las parcelas en una reunión de concejales el 15 de diciembre. Peña aclara: "Yo le echo en cara a De Foxá que me lo dijera en ese momento, cuando ya se habían presentado las empresas, porque todo el equipo municipal votó a favor del pliego de condiciones en septiembre. Entonces nadie dijo nada".

El empeño de la dirección del PP y Aguirre por parar esta venta se debe, en opinión de Peñas, "a que hubo un pacto sobre una serie de temas con la gente de Rodrigo Rato [líder de una corriente del PP a la que pertenece Romero de Tejada] para que Aguirre saliera elegida presidenta y, posiblemente, uno de esos temas era Majadahonda". "Granados nos dijo claramente que el problema del anterior alcalde [Guillermo Ortega] había sido cortarle la mano a Romero de Tejada. Con eso, lo que nos quiere decir es que este señor [Romero de Tejada] sigue detrás de todo. Pero no sólo de las parcelas de Majadahonda, sino también de la [dirección] regional del PP".

Las presiones recibidas, dicen, fueron muchas, sobre todo tras declarar a El Mundo que De Foxá había intentado sobornar a Peñas. Pero éste afirma: "Yo no dije nunca eso. Mantuve una reunión con De Foxá en febrero de 2004 en su despacho. Fue una conversación muy larga, de dos o tres horas. De Foxá trataba de que yo me pasara a su bando, que es el de Rato. Me dijo: 'Con nosotros vas a ganar mucho más'. En un momento dado, me enseñó un papel y vi escrito un 1 seguido de seis ceros. No había símbolo de euros. Igual era una cantidad perfectamente legal... Porque cuando te pasas a un grupo fuerte, se abren horizontes enormes. Puedes ir a Bruselas, dar conferencias...".

Los ediles sospechan que, además de por las ventas de las parcelas, se crearon muchas enemistades debido al plan de saneamiento de las arcas municipales que querían aplicar. "Queríamos revisar todas las licencias de edificación que se habían dado en los últimos cinco años. Habíamos calculado unos ingresos de unos 24 millones para el Ayuntamiento". Además, pensaban renegociar el suelo del futuro hospital Puerta de Hierro, "porque Majadahonda cedió el suelo para un hospital público, no para una concesión", dicen.

Los concejales aseguran que ellos nunca habrían permitido presiones. "Queríamos cambiar las cosas radicalmente. Alejarnos de pleitesías a personas como Romero de Tejada".

Los pliegos de condiciones para la polémica venta de las parcelas se cambiaron en una ocasión, debido a que fueron sin IVA al pleno municipal para su aprobación. Cuando volvieron al pleno, en septiembre de 2004, las condiciones ya no eran las mismas. Había desaparecido la bonificación para las empresas que ofrecieran más dinero por las parcelas. El Ayuntamiento cerró el precio en 96 millones.

Este cambio suscitó la sospecha de que el concurso podría estar dirigido a alguna empresa amiga del anterior alcalde y de su grupo de confianza. "Guillermo Ortega quitó la bonificación por mejora en el precio de las parcelas", comenta Peñas. "En el primer pliego se permitía una subida tasada de 2,5 millones. Los primeros pliegos se retiraron el 6 de julio a causa de que faltaba el IVA. Guillermo dijo que el 3 de agosto [de 2004] habría una reunión con los técnicos. Ese día vino con unos pliegos diferentes".

"La razón de quitar la bonificación, según nos comentó Ortega", continúa el edil, "era que el suelo salía así más barato para las empresas constructoras, con lo cual los pisos resultarían más baratos para los compradores".

Peñas niega que él y Moreno fabricaran un pliego de condiciones para favorecer a una empresa determinada, y explica: "Cuando yo no estaba, siempre se presentaban a la venta de parcelas Afar-4 [propiedad de un amigo de Romero de Tejada] y alguna empresa más. Yo elaboro un pliego y se presentan las 12 mejores empresas del país. Si el concurso estaba tan dirigido, supongo que no habrían acudido a él. Sobre todo, porque los anteproyectos les costaron a las empresas concurrentes unos 240.000 euros". "Además", añade, "hay que tener en cuenta que los cambios de los informes del arquitecto municipal a quien beneficiaban es a Afar-4".

Lo que sí pueden demostrar los ediles, según aseguran, es el trato de favor que Pammasa dio a unos promotores inmobiliarios amparándose en la construcción de vivienda protegida. "Se les convertía el agua en vino. Era un amago de subasta porque Pammasa llamaba sólo a unos cuantos promotores que, a cambio de pagar 18.000 euros, se liberaban de hacer una vivienda protegida. Así podían vender la misma casa, pero en el mercado libre, a 480.000 euros, aunque se prescindía de otros propietarios a los que también les correspondía edificar parte de vivienda protegida", confirma Moreno.

A ambos concejales les cuesta pensar que detrás de la venta de derechos de construcción haya financiación ilegal del PP. "Pero", dice Peñas, "quizá todo este movimiento tan brutal contra dos personas normales y sencillas, como nosotros, me hace pensar en algo bastante más feo que una venta de derechos a bajo precio".

El anterior regidor, Guillermo Ortega, fue vicepresidente de Pammasa y, antes de ocupar la alcaldía de Majadahonda, se encargó de la Concejalía de Urbanismo. A pesar de ello, ni el anterior alcalde ni ellos denunciaron antes la gestión de la empresa municipal del suelo. "Supongo que Guillermo tendrá que responder algún día ante el juez que le llame a declarar si ha tenido algo que ver", afirman.

Peñas y Moreno se muestran dispuestos a contar en la Fiscalía Anticorrupción toda "su verdad". "Hemos vivido la historia muy intensamente desde el interior. Además, sabemos que desde el 3 de febrero pasado hasta que se dejó desierta la venta de parcelas ha habido presiones a los funcionarios municipales". "Por ejemplo, la propuesta de resolución del concurso de enajenación de los terrenos la firma un concejal, no el secretario general del Ayuntamiento, que es quien ofrece una base legal".

Los ediles mantienen que estas supuestas presiones se deben a que De Foxá estaba obligado a parar la venta como fuera. "Porque, de forma increíble, así lo habían decidido ya los políticos, no los técnicos municipales".

Moreno se refiere a una conferencia de prensa celebrada el 18 de febrero en la sede del PP regional en la que participaron el alcalde saliente, el actual y Francisco Granados, secretario regional del PP. "Allí se anunció que todos habían llegado a la conclusión de que lo mejor era que quedara desierto el concurso". Granados dijo después que "el precio ofertado por los interesados sería uno de los elementos que más se valorara en la adjudicación".

Moreno y Peñas comunicarán al fiscal el nombre de un promotor inmobiliario que, según dicen, les puso al corriente de que en Pammasa se manipulaba la subasta de derechos. "Cuando este señor presentó su oferta para participar en una subasta, era el número 11 de los que concurrían a ella, y el plazo de presentación de plicas se había cerrado. Pero cuando abrieron las plicas había 12. Si este señor lo ratifica, bien; ¿que no?, pues mala suerte...", concluye Peñas.

"Si yo hiciera una estrategia con los socialistas, al PP le quedan aquí dos días. Porque soy bastante mejor que el PSOE elaborando estrategias", amenaza Peñas.

El PP expulsó ayer a José Luis Peñas y a Juan José Moreno, los dos ediles populares enfrentados con el actual equipo de gobierno de Majadahonda, también del PP. Los concejales tienen ahora 15 días para interponer alegaciones.

El partido se basa en las declaraciones que ambos concejales realizaron por escrito en un documento que entregaron en el registro del Ayuntamiento el 21 de abril de 2005. Como consecuencia de las manifestaciones que los ediles vertían en dicho documento el Ayuntamiento interpuso una querella contra ellos.

Además, el PP alude a que los dos ediles votaron en blanco en la investidura del actual alcalde del municipio, Narciso de Foxá. Por otra parte, el PP también se basa en las declaraciones formuladas por ambos ediles en una entrevista en el diario El Mundo.

"Hemos recibido hoy la carta de expulsión", confirma Moreno. Aunque era una declaración anunciada, Peñas se queja: "En el fondo siempre mantienes la esperanza de que alguna persona hable contigo para escucharte". Peñas advierte de que, una vez se haga efectiva la expulsión, transcurrido el periodo de alegaciones, quizá emprenda acciones legales.

"Si me echan definitivamente puedo recurrir a los tribunales. Hay que tener en cuenta que es el PP el que nos llama a Juan José y a mí para formar parte del equipo de Majadahonda".

Peñas era oficial de edificios y dependencias del Ayuntamiento de Madrid y concejal en la oposición en Parla. Moreno trabajaba de administrativo también en el Consistorio madrileño.

A pesar del enfrentamiento con su partido, ambos ediles han mantenido siempre que se consideran miembros del Partido Popular.

En su opinión, ellos no están machacando a nadie porque el PP no es el secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, ni la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, "sino mucha gente". "Estamos haciendo daño a las personas que están haciendo daño al PP", afirman.

"La pena es que el PP, por el que hemos trabajado tantos años, esté en manos de quien está ahora en Madrid. Gente que no coge el toro por los cuernos, que no son capaces de solucionar un problema como el de Majadahonda", dicen.

Peñas y Moreno niegan que sean unos tránsfugas. "Aquí la barbaridad se ha hecho norma, pero un tránsfuga es el que abandona la disciplina del partido e ingresa en otro, y nosotros no hemos hecho nada parecido", sostiene Moreno. Publicado en El País. 11.06.05

La ex jefa de gabinete del ex alcalde de Majadahonda sigue representando al ayuntamiento en Caja Madrid

Carmen Rodríguez fue la administradora única de “Special Events”, la empresa que ha organizado congresos y actos de todo tipo para el PP y que, tal y como ha revelado la Cadena SER, es propiedad de sociedades radicadas en paraísos fiscales. Carmen Rodríguez llega al Ayuntamiento de Majadahonda en 2001 de la mano de Guillermo Ortega. En junio de 2003, según las actas de constitución de la corporación municipal, a las que ha tenido acceso la Cadena SER, se nombra a Carmen Rodríguez representante del Ayuntamiento de Majadahonda en Caja de Madrid. Además, el entonces alcalde crea el Gabinete de Alcaldía, un órgano formado por personal de confianza y con la misión de apoyar y asesorar al propio Guillermo Ortega. Se nombra directora del mismo a Carmen Rodríguez, a quien se asigna una retribución anual de once millones de las antiguas pesetas. A pesar de haber cesado de sus funciones municipales en Febrero de este año, debido a la prematura salida de la alcaldía de Majadahonda de Guillermo Ortega, Carmen Rodríguez continúa en la Asamblea General de Caja de Madrid en donde percibe un sueldo bruto anual de mil euros. Fuentes del equipo de gobierno municipal han asegurado a la SER que ese puesto es para toda la legislatura y que, por tanto, no se la puede cesar. La única opción, dicen, es que ella dimita. La Cadena SER ha intentado recabar la versión de Carmen Rodríguez. En su domicilio la respuesta que hemos recibido es que está de vacaciones fuera de Madrid y que no volverá hasta septiembre.
Publicado en la Cadena SER.04.07.05

La fiscalía quiere imputar a Romero de Tejada en el 'caso Majadahonda'  

La Fiscalía de Madrid ha pedido al juez que cite como imputado en la investigación sobre la supuesta trama urbanística de Majadahonda al ex alcalde y secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada. La fiscalía también quiere que se cite al arquitecto municipal de esta localidad, Pedro Sánchez, y a Antonio Cubo, principal responsable de la constructora Afar 4, una de las firmas supuestamente beneficiadas en las adjudicaciones de derechos sobre el suelo de Majadahonda.

Tras la declaración prestada el pasado martes en el juzgado por el actual alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, del PP, la fiscalía entiende que Romero de Tejada fue quien tomó la decisión de cambiar el antiguo método de las subastas públicas de suelo municipal por "un extraño sistema", señalan fuentes jurídicas, "consistente en que el Ayuntamiento asumía la obligación de hacer viviendas protegidas y cedía a terceros privados su derecho para hacer viviendas de precio libre".

Esa permuta de derechos la hizo el Ayuntamiento a través de la empresa Pammasa, de titularidad 100% municipal. A cambio de las permutas y de ceder derechos para hacer casas de precio libre, el Ayuntamiento recibía cantidades "ridículas" de dinero del sector privado, según las citadas fuentes de la investigación. La fiscalía sostiene que el gran beneficiado de estas permutas fue Antonio Cubo, responsable de Afar 4 y amigo personal del Romero de Tejada.La Fiscalía de Madrid pretende conocer la relación entre el alcalde de Majadahonda Narciso de Foxá y el principal responsable de la constructora Afar 4, Antonio Cubo. Su empresa se habría beneficiado, según la fiscalía, del dinero que dejó de ingresar el Ayuntamiento de Majadahonda al dejar de utilizar el sistema de subasta pública de suelo.

El alcalde De Foxá declaró ante el juez que todo los procedimientos utilizados para la cesión de derechos municipales sobre suelo se ajustaron a la legalidad. El regidor admitió que en una subasta celebrada en 2003 y relativa a los derechos sobre tres parcelas de suelo municipal concurrieron seis empresas, y que cuatro de ellas presentaron exactamente el mismo precio de puja.

También dijo que había tenido noticias de que una de las otras dos empresas restantes, del total de seis, había comprado luego a las adjudicatarias los derechos que éstas se habían adjudicado en la subasta. De Foxá señaló que creía que la empresa que había adquirido esos derechos era Afar 4, la firma de Antonio Cubo.

El PSOE, autor de la denuncia que ha dado lugar a esta investigación, señala que, en esa subasta de las tres parcelas, el Ayuntamiento salió claramente perjudicado, ya que perdió en torno a 30 millones de euros. Y que el beneficiario de gran parte de ese dinero fue Afar 4.

El alcalde señaló también, a preguntas del fiscal, Emilio Valerio, que las viviendas de precio libre en Majadahonda, de unos cien metros cuadrados, cuestan en torno "a los 70 millones de pesetas [420.708 euros], y que una de precio protegido ronda los 30 millones [180.303 euros]". No obstante, matizó que tales precios no son específicos de Majadahonda, sino que la situación es similar en otras muchas ciudades de España.

El denominado caso Majadahonda ha enfrentado al PP en la región con el PSOE, puesto que este último partido acusa a altos cargos regionales, entre ellos la propia presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, de estar implicados en la operación urbanística sobre las parcelas municipales de Majadahonda.

Según los socialistas, la empresa Pammasa, de titularidad municipal y a través de la cual Majadahonda canalizó sus operaciones urbanísticas durante años, vendió sus derechos para edificar vivienda libre a promotores privados.

Además, la difusión de una conversación grabada entre el anterior regidor, Guillermo Ortega, y su sucesor al frente de la alcaldía, Narciso de Foxá, desató el escándalo, porque el primero aseguró que había hablado con Aguirre, y que ésta le había dado instrucciones para que dos parcelas municipales fuesen cedidas a terceros través de Pammasa y no, como pretendía Ortega, mediante un acuerdo del pleno municipal. Además, relacionó a Romero de Tejada con dicha operación. Publicado en El País. 07.10.05

Más información

 

© Copyright.2008. www.esperanzaaguirre.net  Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 6 o superior  a 1024 x 768 píxeles )