El
gobierno municipal de Majadahonda (60.000 habitantes) está roto. El
alcalde, Guillermo Ortega Alonso, del PP, está a punto de presentar su
dimisión ante la dirección del partido. Fuentes del PP dan por hecha su
salida en los próximos días (es "inminente", dicen). El equipo de
gobierno -15 concejales, contra siete del PSOE, dos del CDS y uno de IU-
se ha dividido en dos: de un lado, tres ediles en torno a Guillermo
Ortega Alonso; del otro, 10 ediles agrupados por Narciso de Foxá, ex
concejal de Urbanismo, ex primer teniente de alcalde y actual presidente
de la sociedad municipal Pammasa.
El grupo
municipal socialista cree que la división se ha producido precisamente
por la gestión de esta empresa que, según el PSOE, ha provocado pérdidas
al Ayuntamiento por valor de 108 millones y la quiebra financiera del
Consistorio. Un informe elaborado por ediles próximos a Ortega avalan
esta cifra.
Los
socialistas hablan de "trama financiera" para referirse a la gestión de
la empresa pública Pammasa. Ésta es una sociedad creada en 1992 por el
entonces alcalde
Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del PP-Madrid.
Su objeto social abarca toda la actividad urbanística, desde la gestión
y urbanización del suelo hasta la edificación de viviendas. A pesar de
tener un 100% de capital municipal, no la controla el actual alcalde,
sino su presidente, Narciso de Foxá.
Según los
socialistas, la empresa ha descapitalizado en los últimos años al
Ayuntamiento, llevándole a la quiebra. ¿Y cómo lo ha hecho? El
Ayuntamiento cedía a Pammasa parcelas municipales de uso libre para que
sobre ellas se levantasen viviendas de protección oficial. Pammasa, a su
vez, vendía a las promotoras los derechos de construcción de estas
viviendas libres a cambio de una compensación económica: 30.000 euros
por cada piso protegido no construido. El Ayuntamiento se veía obligado
así a asumir la obligación de levantar las casas protegidas que no
hacían los privados. Los socialistas llaman a esta operación "el permutazo".
Ortega,
según ediles del PP, al descubrir el entramado, paró una operación en
2004, la referente a la parcela RN1 con 261 posibles casas, y sacó a
concurso el suelo para vivienda libre. Sin embargo, Foxá, que defiende
la gestión de Pammasa, afirma que las irregularidades se producen al
intentar Ortega vender las parcelas en concurso libre. Ortega quería
vender a 1.600 euros el metro, pero Foxá dice que vale, por lo menos,
2.700.
Un dossier elaborado por concejales del equipo del gobierno cifra en
1.285 viviendas las operaciones que Pammasa realizó con privados entre
los años 2000 y 2002. Y ponen como ejemplo que en la parcela RN9 (un
solar de 16.000 metros cuadrados y donde podían ser edificadas 132
viviendas libres), "el Ayuntamiento ha sufrido un quebranto económico de
2.753 millones de pesetas [unos 16 millones de euros]".
El
informe de los ediles del PP asegura que con el agujero económico
ocasionado al Ayuntamiento se podrían haber levantado 3.755 pisos
protegidos. Majadahoda ha edificado sólo 1.000 pisos con algún tipo de
protección desde 2000.
En un
carta que Foxá dirigió a las promotoras en junio de 2000 se lee: "Es
intención de Pammasa ceder derechos para edificar viviendas libres, por
un monto total de 377, asumiendo la obligación que tienen otros
promotores de edificar viviendas sujetas a algún tipo de protección, a
cambio de una contraprestación económica. Las ofertas deberán superar el
precio mínimo de 30.000 pesetas el metro cuadrado, con un mínimo de tres
millones de pesetas por vivienda".
El citado
dossier del equipo municipal asegura que en 2004, Ortega descubrió la operación y paralizó otra nueva cesión a Pammasa: la
parcela RN-1, con 261 viviendas libres. La parcela fue valorada por el
arquitecto municipal, ajustándose a la ley y virtud de que el
Ayuntamiento la consideraba destinada a vivienda protegida, en 1.515
millones de pesetas, cuando su valor de mercado era de 9.272 millones de
pesetas (precio que habría obtenido el Consistorio si la hubiera vendido
en subasta). El alcalde frenó la venta y la sacó a concurso por los
citados 9.272 millones. Se presentaron 11 empresas.
Narciso
de Foxá explica que el procedimiento de venta de derechos por parte de
Pammasa para edificar vivienda libre es transparente. "Se adjudicaron
por subasta, y al precio que dijo el arquitecto municipal. Además todos
los grupos políticos del Ayuntamiento lo aprobaron por unanimidad,
incluido el PSOE".
Fuentes
del grupo de ediles contrarios a Ortega aseguran, por su parte, que
donde se han producido las irregularidades es en el concurso para vender
dos parcelas municipales de vivienda libre, la 2D y la RN-1. "No
podíamos permitir que se nos obligara a aceptar la venta de suelo
municipal a 1.600 euros el metro cuadrado como quería Ortega, cuando en
Pozuelo se están vendiendo a 3.280; en Las Rozas a 2.900; y en Boadilla
a 2.700. Con esta actuación el municipio va a perder unos 50 millones de
euros", explican. "Es un escándalo", mantienen.
El
secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, reconoció hace
unos días que Majadahonda vive "momentos delicados" derivados de la
remodelación de su gobierno local, pero asegura que "nunca" se ha
cuestionado la gestión del actual alcalde. "Está siendo un excelente
alcalde y ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta. Es, desde
luego, una ciudad que es un modelo dentro de la Comunidad y lo va a
seguir siendo", afirmó.
Como
máximo responsable de estos asuntos dentro de su partido, Granados
explicó: "Desde el PP lo que debemos hacer es lo que estamos haciendo:
recoger los datos de lo que está sucediendo allí, que yo no calificaría
de crisis, sino de momento delicado".
El
perjuicio que se ha producido al pueblo de Majadahonda con la venta de
derechos de edificación de vivienda libre a precios ridículos es inmenso
y alguien tendrá que responder por ello", sostiene Ricardo Núñez,
portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Majadahonda.
Núñez no
se opone a la venta de los derechos, "pero a precio de mercado", aclara.
Lo que es inexplicable a juicio de los socialistas es que una empresa
municipal convierta suelo protegido en libre a un señor "de la noche a
la mañana por cuatro duros". Según Núñez, la dimisión del actual
alcalde, Guillermo Ortega, no va a resolver la situación en la que se
encuentra el Ayuntamiento. "Puede acabar con la crisis política del PP,
pero estas actuaciones se iniciaron en tiempos de Ricardo Romero de
Tejada, y alguien tiene que responder del perjuicio económico que se ha
ocasionado al pueblo".
El
portavoz socialista indica que la actuación de Pammasa puede responder a
incompetencia en la gestión, a que alguien se haya llevado el dinero o a
una financiación ilegal de algún partido.
Al mismo
tiempo recuerda que Hacienda puede reclamar al Consistorio una deuda por
IVA de seis millones de euros. "Porque a Hacienda le da igual que el
arquitecto valore los derechos como si estuvieran en suelo protegido. La
realidad es que se trata de parcelas para edificar vivienda libre".
El grupo
socialista denunció el 22 de octubre de 2003 ante la Fiscalía de
Urbanismo y Medio Ambiente el procedimiento seguido por Pammasa para la
venta de los derechos. El
País.02.02.05
Un concejal del PP denuncia una
trama urbanística de su partido en Madrid
El
concejal de Urbanismo del
Majadahonda, el
popular José Luis Peñas insiste - en contra de lo que afirma el PP de
Madrid- en que él mismo, junto al anterior alcalde del municipio,
Guillermo Ortega, entregaron en Génova un dossier y abundante
documentación sobre lo que califican de "trama urbanística organizada
por políticos populares".
Fue en
una reunión celebrada el pasado 24 de enero, en la que, según Peñas, la
Directiva Regional del PP tuvo constancia del agujero millonario en las
arcas del municipio por la venta de suelo por debajo de precio de
mercado. A dicha reunión, asistió
Esperanza Aguirre,
presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en esta región.
Este
dossier -que según el concejal popular fue entregado en esa reunión- y
al que ha tenido acceso la Cadena SER, habla de trama inmobiliaria
organizada por
Romero de Tejada-
quien fue alcalde del municipio y secretario general del PP en Madrid -
y perpetrada por el recientemente nombrado primer edil de Majadahonda,
Narciso de Foxá.
Este
último, según el texto, vendió a promotores privados suelo calificado
para vivienda libre a precio de suelo para vivienda de protección
oficial . Todo esto cuando el hoy alcalde, Narciso Foxá, estaba al
frente de la Empresa Municipal de Suelo.Cadena
Ser.07.02.05
Una grabación destapa que el
PP de Madrid forzó la caída del alcalde de Majadahonda
Según una
grabación en poder de la Cadena SER, tanto el nuevo alcalde, Narciso de
Foxá como el anterior regidor, Guillermo Ortega, ambos del PP,
admitieron en una tensa reunión interna del partido celebrada en el
Ayuntamiento el 24 de enero que la decisión de paralizar la adjudicación
de estas parcelas la tomó la presidenta de la Comunidad y del PP
regional, Esperanza Aguirre, con el conocimiento del ex secretario
general, Romero de Tejada. El caso ha sido debatido hoy en el pleno de
la Asamblea de Madrid. Las grabaciones en poder de la SER donde se
escucha el contenido de esa tensa reunión han avivado la polémica.
Ni uno ni
otro dieron detalles sobre los motivos que alegaba Esperanza Aguirre
para paralizar la adjudicación pero en la grabación destapada por la
Cadena SER, Foxá llega a decir que no los desvelaba para, textualmente,
no "enrarecer más la reunión".
El ex
alcalde Guillermo Ortega advirtió en ese encuentro que no estaba
dispuesto a vivir "bajo el chantaje" que se le estaba haciendo y acusó
al arquitecto municipal de cambiar su informe para impedir que las
parcelas fueran adjudicadas a la empresa que ganó el concurso publico y,
en cambio, fueran a parar a la constructora AFAR 4. Esta empresa es la
gran beneficiada de las adjudicaciones en Majadahonda y su propietario
es íntimo amigo de Romero de Tejada.
"Mamoneos"
y mensajes amenazantes
En esa
reunión, Guillermo Ortega llegó a hablar textualmente de “mamoneos” de
los servicios técnicos y de informes del arquitecto que, según sus
palabras, "no son para el juzgado sino para fusilarle”. El ex alcalde
desveló además el mensaje que Romero de Tejada le había hecho llegar a
través de un constructor: "Date dos meses de baja, retira lo de las
parcelas y te salvarás, seguirás de alcalde". Pese a todo, Ortega
reivindicó su derecho a no cambiar la adjudicación amparándose en la
autonomía municipal.
Sin
embargo, ocho días después, Ortega presentó su dimisión alegando
oficialmente motivos de salud y Narciso de Foxá fue elegido nuevo
alcalde. Foxá era hasta entonces presidente de la empresa municipal de
suelo que ha realizado en los últimos años numerosas adjudicaciones a la
empresa Afar 4 y ha sido acusado por el PSOE de dejar un agujero en las
cuentas municipales de 108 millones de euros.
La
intervención de Esperanza Aguirre en este caso resulta llamativa porque,
según contó el ex alcalde, se reunió con ella en el aeropuerto de
Barajas el día, minutos antes de partir hacia China. En ese encuentro,
Aguirre le insistió en que el único problema era el de las parcelas. El
nuevo alcalde, Narciso de Foxá ha anulado el concurso convocado por su
predecesor y ha anunciado un nuevo proceso para adjudicar las parcelas.
El
silencio de los protagonistas
La
presidenta regional, de momento, no ha querido pronunciarse. Guillermo
Ortega ha escuchado las preguntas sin contestar. Quien sí ha hablado ha
sido el ex secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de
Tejada, que ha admitido haber dado instrucciones para que esas parcelas
no se adjudicasen.
Romero de
Tejada ha reconocido además su relación de amistad con el propietario de
Afar 4, Antonio Cubo. Tanto el actual alcalde de Majadahonda, Narciso de
Foxá, como su predecesor en el cargo no han querido tampoco responder a
las preguntas de la Cadena SER.
También
el responsable de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, ha
hablado en el programa "El Foro" de Radio Madrid. Al escuchar las
conversaciones grabadas de esa reunión, ha asegurado que no sabe si las
voces se corresponden con sus protagonistas y que Guillermo Ortega,
deberá "dar explicaciones sobre el contexto" en el que hace sus
acusaciones.
El PP da por cierta la
grabación en la que se destapan maniobras en Majadahonda para adjudicar
suelo
El
Partido Popular de Esperanza Aguirre en Madrid ha reconocido esta mañana
que es verdadera la grabación que obra en poder de la SER, en la que se
desvela que el cambio de alcalde en esta localidad fue provocado por la
adjudicación de unas parcelas. Sin embargo, ha asegurado que todo es un
“proceso de tergiversación" del PSOE.
El
secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, ha hablado de
un proceso de tergiversación auspiciado por el Partido socialista que es
quien, según Granados, debe aportar pruebas de que en Majadahonda existe
una trama urbanística.
Granados
ha admitido que hubo discrepancias en torno a la adjudicación de una
parcela y que la ejecutiva regional intentó buscar consenso pero nunca
interferir. La investigación ahora se llevará acabo pero se centrará en
encontrar al autor de las grabaciones emitidas por la SER. “Tengo mucho
interés en saber quién usa esos métodos torticeros para introducirse en
la vida privada de los ciudadanos”, ha asegurado.
El
anterior alcalde Guillermo Ortega ha insistido en que las razones que le
llevaron a dimitir fueron las relacionadas con su salud. Ortega dice no
recordar haber hablado de chantaje ni de cambios de informes técnicos
para beneficiar a la empresa Afar 4. Tampoco dice recordar las presiones
de Ricardo Romero de Tejada para que paralizase la venta de suelo.
Por su
parte el actual alcalde Narciso de Foxá, ha admitido haber tratado con
la ejecutiva regional y en especial con Esperanza Aguirre el tema de las
parcelas aunque no ha querido calificarlas de órdenes directas. “Quizá
exageré”, ha dicho
Aguirre apoyó en un
principio la venta de suelo del ex alcalde de Majadahonda
La
Comunidad de Madrid dio el visto bueno al proyecto de adjudicación de
parcelas del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, que terminó
saliendo de la alcaldía por discrepancias posteriores en relación a este
mismo concurso, discrepancias éstas con la misma Esperanza Aguirre,
presidenta de la comunidad. Ignacio González, vicepresidente de la
misma, validó las adjudicaciones de Ortega en verano de 2004, según la
documentación a la que ha tenido acceso la SER. Seis meses después,
Aguirre ordenó al alcalde paralizar el concurso
Las razones apuntadas desde
la Comunidad para justificar su interferencia en este concurso han sido
las relacionadas con el precio al que se iban a adjudicar estos
terrenos: unos 83 millones de euros. Ése fue el precio en el que los
servicios técnicos municipales de Majadahonda valoraban las dos parcelas
que serían sacadas a concurso. Esto fue en abril de 2004. Dos meses
después, el proyecto de adjudicación llegó a la comunidad de Madrid para
su aprobacion.
Según la documentación a
la que ha tenido acceso la cadena SER, la Dirección General de Suelo
emitió un informe favorable y coincidió en su valoración de las parcelas
con los técnicos municipales. Su estimación del valor del suelo resultó
idéntica a la realizada por el Ayuntamiento de Majadahonda: esos mismos
83 millones de euros.
El 25 de junio de 2004,
Ignacio Gonzalez dio el paso definitivo firmando el documento que
autorizaba el concurso en los términos planteados por Guillermo Ortega y
también firmó la notificación en el Ayuntamiento de Majadahonda, por la
que se daba luz verde a la licitación del concurso. Esa licitación se
produjo en septiembre de ese mismo año. Más de 40 empresas retiraron los
pliegos de condiciones, 20 se presentaron y cuando la mesa de
contratación se decantó por una de ellas, en diciembre de 2004, la
presidenta de la comunidad dio orden de paralizar todo el proceso.
Las razones que se han
alegado desde la comunidad han sido relativas al procedimiento y precio
de adjudicación, que sin embargo habían sido validados meses antes por
el propio vicepresidente Ignacio González.
El
PSOE pide la intervención de la fiscalía en la crisis de Majadahonda
El PSOE
pedirá a la fiscalía de Madrid y al Defensor del Pueblo que intervengan
en relación con las presuntas irregularidades urbanísticas detectadas en
varios municipios del noroeste de la Comunidad, especialmente en
Majadahonda. El secretario general de los socialistas madrileños, Rafael
Simancas, anunció que su formación llevará a la fiscalía diversa
documentación que "prueba las irregularidades cometidas" supuestamente
en la gestión urbanística de ayuntamientos gobernados por el PP como
Majadahonda, Brunete, Boadilla del Monte y Las Rozas.
El PSOE
pedirá al Defensor del Pueblo que "tome cartas en este asunto". Según
Simancas, esta institución tiene mucho que decir sobre si en estas
localidades se está velando por el derecho constitucional de sus
habitantes a una vivienda digna y por la persecución de la especulación.
El
dirigente socialista pidió a la presidenta del Gobierno regional,
Esperanza Aguirre, que dé explicaciones urgentes sobre la crisis
urbanística de Majadahonda, porque él considera que tiene una
"implicación directa en la trama de especulaciones". Simancas hace así
referencia a la conversación grabada el pasado 24 de enero entre el
alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y su antecesor en el cargo,
Guillermo Ortega, en la que el primero afirma que Aguirre le pidió parar
el concurso para la adjudicación de una enorme parcela municipal que
Ortega quería sacar a la venta. (Véase EL PAÍS de ayer).
El líder
socialista pide a la presidenta regional que explique "por qué ha
participado en la adjudicación irregular de suelo público" y "su grado
de implicación" en una "trama" en la que "dos facciones del PP llevan
meses combatiendo duramente para repartirse el botín de la
especulación".El PP de Madrid mantiene que ni la presidenta Esperanza
Aguirre ni el partido han intervenido en el procedimiento de
adjudicación de parcelas municipales en Majadahonda. El secretario
regional de esta formación política, Francisco Granados, afirmó ayer que
abrirá una investigación para averiguar quién grabó las conversaciones
difundidas, aunque no investigará su contenido.
En la
conversación, difundida parcialmente el pasado jueves por la cadena SER,
De Foxá involucraba a Aguirre en la paralización del concurso para
enajenar dichos terrenos. Sin embargo, el alcalde majariego matizó ayer:
"Posiblemente estaría exagerando y sería una forma de reforzar mi
tesis".
Por su
parte, el anterior alcalde, Guillermo Ortega -que dimitió hace dos
semanas y traspasó su bastón de mando a De Foxá- declaró ayer, en una
rueda de prensa conjunta con Granados y el regidor, que no recordaba
nada sobre el contenido de sus palabras durante la reunión grabada el
pasado 24 de enero, en la que intervinieron los 15 ediles populares de
Majadahonda. "En absoluto me acuerdo", sostuvo.
Tensa charla
En la conversación, Ortega aseguraba, entre otras cuestiones, que
Ricardo Romero de Tejada (ex alcalde de Majadahonda y ex secretario
general del PP) le había aconsejado, a través de un amigo constructor,
que se tomase dos meses de baja por cuestiones de salud y que no sacase
las parcelas si quería continuar como regidor.
De Foxá
mantenía en esa tensa charla que la decisión de paralizar la
adjudicación de las parcelas la tomó Aguirre. El alcalde no reveló las
razones que la presidenta del PP de Madrid esgrimió supuestamente para
intervenir en esta decisión del Ayuntamiento. En la cinta sostiene que
no era más explícito "para no enrarecer más la reunión". Ayer, sin
embargo, tampoco desveló más detalles, porque, aunque no lo recuerda con
exactitud, sostiene que la frase está sacada de contexto y que la
pronunció para dar más fuerza a sus argumentos.
Granados
indicó: "Sobre conversaciones privadas no tengo nada que opinar". Sin
embargo, el dirigente popular aseguró tener interés en "saber quién
utiliza ese tipo de métodos torticeros, que no tienen cabida en el PP, y
que yo creo que es parte de la vida privada de los ciudadanos".
Según De
Foxá, "fue una reunión de los 15 concejales, de dos horas y media, que
no se puede resumir en algunas frases como se ha hecho".
El
secretario regional del PP de Madrid reconoció que el partido había
hablado con dirigentes de Majadahonda sobre si era el mejor momento para
adjudicar las parcelas, debido a la inminente salida del anterior
regidor, y sobre el precio de adjudicación (1.600 euros el metro
cuadrado). "Al final de esas conversaciones, tanto Ortega como Foxá
llegaron al acuerdo de que quedara desierto el concurso relativo a esa
parcela. Era lo mejor para Majadahonda; de esta manera, el precio
ofertado por los interesados sería uno de los elementos que más se
valorara en la adjudicación".
Según De
Foxá, él contactó con el partido antes de que Ortega dejara su puesto.
"He hablado con Esperanza sobre las parcelas y de otros temas de la
política de Majadahonda. También tuve muchas reuniones con el PP, pero
el partido no me dio ninguna instrucción ni ninguna orden para
interferir en las decisiones municipales".
Además,
comentó: "Estaría bueno que un miembro del partido no pudiera comentar
temas municipales con la central del partido. Pero nunca hemos discutido
si se adjudicaba a una u otra empresa". De Foxá admitió que había tenido
conversaciones con Romero de Tejada, pero "como amigo".
'Caso Majadahonda': Nuevas
grabaciones desvelan la implicación del secretario general del PP en
Madrid
escucha a uno de los
presuntos implicados
Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda- "El
partido no nos da soluciones, sino problemas"
En las conversaciones a cuya
grabación ha tenido acceso la Cadena SER, se cita una reunión que tuvo
lugar en Génova entre diez concejales y el secretario general del PP en
Madrid, Francisco Granados. Según el concejal de Comercio de
Majadahonda, Luis Gimeno, Granados tuvo entonces conocimiento de la
venta de las parcelas prevista por el anterior alcalde, Guillermo
Ortega, y la consideró inaceptable. Según el concejal, a partir de la
reunión con Granados, Esperanza Aguirre se mostró contraria al proyecto
y de dio orden de frenar la venta de las parcelas.
Estas
grabaciones completan las ya difundidas por la Cadena SER, en las que el
antiguo y el actual equipos de Gobierno de Majadahonda reconocen que fue
el PP de Madrid quien forzó la salida de Guillermo Ortega de la
Alcaldía, porque éste se negó a aceptar las órdenes del partido en
relación con la adjudicación de unas parcelas de precio multimillonario.
En
aquéllas conversaciones, el antiguo alcalde, Guillermo Ortega, denunció
haber sufrido un chantaje y se negó “a aceptar que el arquitecto
municipal cambie su informe para que las parcelas se las lleve AFAR 4”.
Esta empresa pertenece a un íntimo amigo de Romero de Tejada,
En las
nuevas grabaciones difundidas por la SER, Gimeno dice : "Hemos pedido
hablar con Génova (…) hemos hablado con Paco Granados. Paco Granados fue
prudente, pero sí fue bastante claro en que esto era inaceptable y que
le preocupaba. A raíz de ese momento, se originó toda esta situación de
que esperanza Aguirre no lo valorase como positivo, y que se frenase lo
de las parcelas".
En las
grabaciones a las que ha tenido acceso la SER, varios miembros del
equipo de gobierno, incluido el propio alcalde, Guillermo Ortega,
manifiestan la existencia de un importante agujero económico en el
Ayuntamiento. Además, ante las discrepancias surgidas en torno a la
venta de las parcelas en el equipo de gobierno de Majadahonda, el actual
alcalde, Narciso de Foxá, lanza a Ortega un ultimátum: Foxá quiere
constituir un nuevo grupo municipal en ese mismo momento y, ante la
negativa del alcalde, Foxá abandona la reunión.
Responde
Ortega : "que el agujero económico es responsabilidad de todos (…) que
los presupuestos municipales los tendrán que modificar, para intentar
quitar ese agujero económico y que el partido no les da soluciones si no
problemas". Las alusiones a ese agujero económico son frecuentes en la
reunión. Algunos concejales admiten incluso que peligran las nóminas
municipales.
EL
PSOE, al Defensor del Pueblo
Por este
asunto, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas,
acusó hoy a la presidenta regional y al alcalde de la capital de haber
convertido la región en "el paraíso de los especuladores", en el que "la
mafia ladrillera campa a sus anchas, haciendo negocios millonarios a
costa de que cientos de madrileños que no puedan acceder a una vivienda
digna en condiciones razonables".
El
dirigente socialista aseguró que a la denuncia que su partido presentó
ayer ante la Fiscalía General del Estado se sumará el próximo jueves la
presentación de una petición ante el Defensor del Pueblo, Enrique
Múgica, para que "interceda y haga cumplir" el artículo 47 de la
Constitución, que "garantiza a los ciudadanos el acceso a una vivienda
digna y obliga a las administraciones públicas a combatir la
especulación".
Anticorrupción investigará
la presunta trama urbanística de Majadahonda
La Fiscalía General del
Estado ha remitido un oficio a la Fiscalía Anticorrupción para que
investigue la comisión de posibles hechos delictivos en la presunta
trama urbanística de la localidad madrileña de Majadahonda, desvelada
por la Cadena SER a través de la denuncia del ex alcalde de la
localidad, el ‘popular’ Guillermo Ortega.
Según
consta en un decreto emitido por el Fiscal General, Cándido Conde-Pumpido,
se decide atribuir a la Fiscalía Especial para la Represión de los
Delitos Económicos relacionados con la Corrupción la competencia de
investigar tales denuncias, que vinculaban al PP con las presiones al
consistorio majariego.
Con su
decisión, Conde-Pumpido valora la "trascendencia y complejidad" de este
asunto, relacionado con la presunta paralización del proceso de
adjudicación de dos parcelas del municipio. Según consta en un decreto
del fiscal general del Estado, "el interés público afectado por la
enajenación de viviendas, el volumen económico de la operación
proyectada, la intervención en la misma de un alto número de empresas,
entre las que se encuentran algunas de las principales del ramo de la
construcción, y la afirmación realizada en la denuncia de que la
presidenta de la Comunidad de Madrid (Esperanza Aguirre) y regidor del
Ayuntamiento afectado (Narciso de Foxá) estuvieron relacionados con los
hechos cuya investigación se solicita son razones más que sobradas para
afirmar su trascendencia y complejidad".
Esta
misma semana, el PSOE en Madrid presentó una denuncia ante las Fiscalía
por lo que denominaba una trama político urbanística en el municipio
madrileño. El PSOE considera que tras está trama están altos cargos del
PP madrileño, como Esperanza Aguirre y Francisco Granados.
El
anterior alcalde de la localidad madrileña de Majadahonda, del Partido
Popular, denunció el "chantaje" al que se vio sometido en la
adjudicación de unas parcelas de precio multimillonario. Guillermo
Ortega acusó además de "manipulación" a los servicios técnicos
municipales y denunció las ordenes directas de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con la intención de beneficiar a
la empresa Afar 4, cuyo propietario es íntimo amigo de Romero de Tejada.
Un
dossier entregado por el concejal de urbanismo del PP de Majadahonda en
la sede del PP de Génova el pasado 24 de enero hablaba de una trama
inmobiliaria organizada por Romero de Tejada- quien fue alcalde del
municipio y secretario general del PP en Madrid - y perpetrada por el
recientemente nombrado primer edil de Majadahonda, Narciso de Foxá.
Este
último, según el texto, vendió a promotores privados suelo calificado
para vivienda libre a precio de suelo para vivienda de protección
oficial ( Cadena SER.25.02.05 )
El actual alcalde de
Majadahonda, vinculado con la empresa mencionada en las grabaciones
El
alcalde de Majadahonda, el popular Narciso de Foxá es socio de una
empresa dedicada a la construcción y a la actividad inmobiliaria, según
consta en el registro mercantil. En esta empresa figura también Ignacio
Sánchez Junco, el anterior concejal de urbanismo de Majadahonda y que,
como arquitecto, ha trabajado para la constructora Afar 4, la empresa a
la que se señala en las grabaciones emitidas por la ser como una de las
grandes beneficiadas en la expansión urbanística de este municipio
En esta
empresa figura también Ignacio Sánchez Junco, el anterior concejal de
urbanismo de Majadahonda y que, como arquitecto, ha trabajado para la
constructora Afar 4, la empresa a la que se señala en las grabaciones
emitidas por la ser como una de las grandes beneficiadas en la expansión
urbanística de este municipio.
Marbleworks, que así se llama la empresa del alcalde, declara en su
escritura de constitución que su objeto social es "la inversión en todo
tipo de entidades (...) especialmente en temas dedicados directa o
indirectamente con el sector inmobiliario y de la construcción".
Esta
empresa comienza a operar en julio del 2003, y el actual alcalde se
incorpora como socio con poderes dos meses después, en septiembre. En
ese momento Narciso de Foxá era primer teniente de alcalde y concejal de
urbanismo del ayuntamiento de Majadahonda.
La cadena
ser se ha puesto en contacto con Narciso de Foxá , quien reconoce que es
accionista de esa empresa junto a un grupo de "viejos amigos". Y precisa
que nunca han trabajado en el sector inmobiliario de Majadahonda, porque
su actividad se limita a la explotación de una cantera de mármol y
piedra natural en la provincia de alicante.
El
alcalde de Majadahonda no está sin embargo en condiciones de asegurar
que entre los clientes de su empresa no se encuentren las constructoras
que han trabajado en su municipio. Foxá se limita a decir que no le
consta.
También
hemos recabado la versión de Ignacio Sánchez Junco. No le consta tampoco
que la empresa en la que es socio del alcalde haya trabajado en
Majadahonda o venda material a las constructoras que sí lo hacen.
Sostiene por otra parte que sus trabajos como arquitecto para Afar 4 no
son incompatibles con su actividad como concejal de urbanismo de
Majadahonda durante casi una década (Cadena SER.25.02.05)
El
fiscal del Estado ordena a Anticorrupción investigar la presunta trama
de Majadahonda
El fiscal
general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha ordenado a la Fiscalía
Anticorrupción que investigue la denuncia de dos concejales socialistas
sobre presuntas presiones para la adjudicación a la empresa Afar-4 de
dos parcelas municipales en Majadahonda para edificación de viviendas.
Conde-Pumpido ha ordenado la investigación dado el "interés público" que
tiene la venta de suelo público destinado a viviendas, y la afirmación
de los denunciantes de que la presidenta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, y el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, están
relacionados con los hechos.
Fuentes
de la Fiscalía General precisaron que el decreto del fiscal del Estado
no significa que se vaya a investigar a la presidenta Esperanza Aguirre
ni al alcalde de Majadahonda, sino que se van a investigar los hechos
denunciados sin prejuzgar responsabilidades. Sin embargo, el hecho de
que la Fiscalía del Estado no haya archivado la denuncia y la haya
trasladado a Anticorrupción quiere decir que al menos los hechos
denunciados presentan una apariencia de delito y deben ser esclarecidos.
Según el
decreto de Conde-Pumpido, la denuncia presentada el pasado día 21 en la
Fiscalía General por los concejales socialistas Ricardo Núñez Montero y
Manuel Fort Hernández reviste las notas de "trascendencia y complejidad"
que definen la competencia de la Fiscalía Anticorrupción e impiden que
se atribuya a la de Madrid.
El fiscal
general justifica su decisión en "el interés público" que afecta a la
enajenación de suelo público destinado a la edificación de viviendas, el
volumen económico de la operación y la intervención de una docena de
empresas, entre las que se cuentan algunas de las principales del ramo
de la construcción. Además, la afirmación de los denunciantes de que la
presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y el regidor del
Ayuntamiento estuvieron relacionados con los hechos, "son razones más
que sobradas para afirmar la trascendencia y complejidad".
La
denuncia, acompañada por dos carpetas de documentación, fue presentada
en la Fiscalía General del Estado el pasado día 21 por los concejales
del PSOE Ricardo Núñez y Manuel Fort. Según el escrito, en fechas
posteriores al 2 de noviembre de 2004 miembros del PP del ámbito
municipal de Majadahonda, de ámbito regional y constructores privados
presionaron al entonces alcalde de la localidad, Guillermo Ortega, para
evitar que dos parcelas de propiedad municipal fueran adjudicadas a
Proinsa, una de las 12 sociedades que tomaba parte en la licitación.
Según los
denunciantes, el arquitecto municipal modificó un informe técnico
emitido el 13 de diciembre de 2004 sobre calidad de diseño y adecuación
medioambiental y emitió uno nuevo, fechado el 20 de diciembre, a
consecuencia del cual Afar-4 recibía la mejor calificación global.
El valor
de ambas parcelas asciende a 48 y 35,2 millones de euros,
respectivamente. Según los denunciantes, la consecuencia de los
comportamiento descritos será la finalización del concurso declarándolo
desierto, a pesar de la presentación de doce propuestas dentro de los
criterios exigidos.
El
escrito afirma que los hechos pueden ser constitutivos de un delito
continuado de tráfico de influencias y un delito de prevaricación.
Aunque no se atribuye directamente a ninguna persona responsabilidad
penal por los hechos, los denunciantes afirman que en ellos
intervinieron la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y
Narciso de Foxá, actual alcalde de Majadahonda.
Los
delitos de prevaricación y tráfico de influencias son de la competencia
de Anticorrupción cuando revisten la especial trascendencia de que
pueden atribuirse a altos cargos. ( El País. 26.02.05 )
Los
negocios del regidor
El actual
regidor de Majadahonda, Narciso de Foxá, ocupa este puesto por decisión
de la dirección regional del PP, que resolvió hace algo más de un mes
proponerle para sustituir a Guillermo Ortega, que dimitió. Los
dirigentes regionales del PP han atribuido la dimisión a dolencias
cardiacas de Ortega, al que han buscado acomodo como gerente de la
empresa autonómica Mercado Puerta de Toledo.
Foxá, que
antes de ser alcalde presidió la empresa municipal de venta de suelo de
Majadahonda, forma parte desde julio de 2003 de una empresa inmobiliaria
que no opera en Majadahonda. Su socio es Ignacio Sánchez Junco, concejal
de Urbanismo hasta 1999, según informó ayer la cadena SER. Sánchez Junco
es arquitecto y ha trabajado para la promotora Afar-4, una de las
principales propietarias de suelo de Majadahonda y participante en el
concurso de dos parcelas que ha desencadenado la crisis en el gobierno
municipal y la dimisión del anterior alcalde, Guillermo Ortega.
Con estas
vinculaciones empresariales, el actual alcalde, Narciso de Foxá, deberá
resolver un concurso al que se ha presentado la promotora inmobiliaria
para la que ha trabajado el actual socio del regidor y ex concejal de
Urbanismo de Majadahonda, Ignacio Sánchez Junco El País. 26.02.05 )
Nuevas pruebas demuestran el trato
de favor del ayuntamiento de Majadahonda a AFAR 4
Las actas que hablan por si mismas...
La Cadena SER ha tenido
acceso a las actas de adjudicación de la empresa municipal del suelo de
Majadahonda, que en septiembre de 2003 convirtió a AFAR 4, de la cuál es
socio el anterior concejal de Urbanismo de la localidad gobernada por el
PP, en la constructora más beneficiada. AFAR 4 nunca pagó más de 50.000
pesetas por el metro cuadrado, cuando el precio de mercado ronda, según
el propio alcalde de la localidad, en medio millón
Los
suelos que esta constructora ha conseguido han sido siempre en las
mejores zonas de Majadahonda, la conocida como "Área de oportunidad" o
la "Granja del Conde". Allí AFAR 4 ha construido cerca de 300 viviendas
entre el año 2000 y 2003. La Cadena SER ha tenido acceso a las actas de
adjudicación de terrenos públicos realizados por la empresa municipal de
suelo durante los últimos cuatro años (que pueden ser consultados en
esta página). En ellas, la empresa AFAR 4 resulta la más beneficiada en
todas las subastas.
En total,
entre el 2000 y el 2003, AFAR 4 ha conseguido 33.700 metros cuadrados de
terreno urbanizable adjudicado por el ayuntamiento. Esta empresa nunca
pagó más de 50.000 pesetas el metro cuadrado. Todo cuando, según ha
declarado el propio Narciso de Foxá, alcalde de la localidad y
presidente de la empresa municipal del suelo, el precio de mercado de
cada metro cuadrado edificable en Majadahonda ronda el medio millón de
pesetas.
"El
dinero que ingresa no tiene apellidos"
En una de
las actas del Consejo de Administración de la empresa publica en el año
2003, uno de los consejeros planteó que el precio al que se estaban
vendiendo los terrenos era "bajo". Otro de los asistentes opinó que el
producto de esa venta debería destinarse a hacer vivienda protegida.
La
respuesta del presidente Narciso de Foxá, fue literalmente, “que la
empresa de suelo debe asegurar su viabilidad económica y que el dinero
que ingresa no tiene apellido”.
PP:
"Zapatero trata de axfisiar a Madrid"
Aunque la
presunta trama inmobiliaria está ya en manos de la Fiscalía
Anticorrupción, por orden del Fiscal General del Estado a raíz de una
denuncia del Partido Socialista, desde el Partido Popular todavía no se
ha tomado ninguna decisión sobre el futuro del actual edil de
Majadahonda, Narciso de Foxá, porque nada de lo ocurrido “arroja dudas
sobre la gestión”, según el secretario general de esta formación en
Madrid, Francisco Granados.
Granados
ha vuelto a culpar hoy al Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, un
presidente que según el ‘popular’ “odia Madrid, desprecia Madrid por el
simple hecho de que los madrileños no le han apoyado mayoritariamente en
las últimas elecciones generales. Y buena prueba de ello es su intento
reiterado y sistemático de asfixiar la capital, utilizando para ello
todos los medios que tiene a su alcance”.Publicado
en la Cadena SER.27.02.05
AFAR
4 percibe cerca de un millón de € por el alquiler de un edificio al
Ayuntamiento de Majadahonda
La empresa AFAR 4, con la
que está vinculado el actual alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, ha
recibido del Ayuntamiento cerca de 200 millones de pesetas en concepto
de alquiler de inmuebles en los dos últimos años . Fue Narciso de Foxá,
como presidente de la Empresa Municipal de Suelo, quien eligió los
inmuebles de la constructora para ser la sede de dependencias judiciales
y sanitarias
El
Ayuntamiento de Majadahonda alquiló en el año 2003 un gran edificio de AFAR
4 para que se instalasen en el mismo, de manera provisional, unos juzgados y
un centro de salud de la Comunidad de Madrid. La elección de los edificios
fue encomendada a la Empresa Municipal de Suelo que preside el actual
alcalde, Narciso de Foxá.
No se realizó
concurso publico, sino que se trató de una adjudicación directa, y ese mismo
año el Ayuntamiento pagó 500.000 euros por el alquiler a la empresa AFAR 4.
En 2004, el pago superó los 600.000 euros. En total, cerca de 200 millones
de pesetas.
En la
actualidad, y hasta que la Comunidad construya los edificios en los que se
instalen definitivamente los juzgados y el centro de salud, el Ayuntamiento
sigue pagando un alquiler mensual a esta empresa. Mientras, las obras, que
debían concluir en 2005, ni siquiera han comenzado.
Como desveló
la Cadena SER, el popular Narciso de Foxá es socio de una empresa
inmobiliaria, en la que figura también Ignacio Sánchez Junco, el anterior
concejal de urbanismo de Majadahonda, que como arquitecto ha trabajado para
la constructora AFAR 4.Publicado
en la Cadena SER.01.03.05
El socio del alcalde de
Majadahonda estuvo relacionado con el 'Caso Sóller'
El socio del
alcalde de Majadahonda, el popular Narciso de Foxá, estuvo relacionado con
el 'Caso Sóller, el caso de corrupción por el que tuvo que dimitir el
presidente de Baleares, Gabriel Cañellas.
Camilo
Pereira Pérez, el socio del alcalde, es un viejo conocido. En Majadahonda,
como socio de Narciso de Foxá en la empresa inmobiliaria Marbelworks. Pero
además, en el pasado, por su relación con uno de los primeros casos de
corrupción en los que se vieron implicados altos dirigentes del PP, el
llamado 'Caso Sóller'.
El actual
socio del alcalde de Majadahonda era entonces vocal de la Compañía
Concesionaria del Túnel de Sóller, la empresa de la que salieron los 50
millones de pesetas hacia la cuenta del ex presidente Cañellas y de algunas
organizaciones cercanas al PP.
La sentencia
consideró probado que el ex presidente balear del PP había cometido un
delito de cohecho al recibir dinero de esta empresa, pero le tuvo que
absolver porque el delito había prescrito al haber pasado más de cinco años.
Sin embargo, José Mª Aznar forzó su dimisión.
Este
empresario opera ahora en la zona de Majadahonda, con cargos hasta en 16
sociedades mercantiles. Entre ellas, Fronda que ha obtenido contratos del
ayuntamiento del municipio por más de 351.000 euros entre 2002 y 2004. Publicado
en la Cadena SER.02.03.05
La Fiscalía General dice que la
denuncia del PP "perturba" el funcionamiento del Estado de Derecho
La Fiscalía
respondió así a la denuncia interpuesta por el PP de Madrid ante la Sala de
lo Penal del Tribunal Supremo contra el fiscal general por supuestos delitos
de revelación de secretos y prevaricación en relación con el 'caso
Majadahonda' de Madrid. En un comunicado, la Fiscalía lamentó que los
denunciados, "en lugar de colaborar con la fiscalía competente para aclarar
los hechos", respondan "arremetiendo penalmente, con una preocupante
desmesura, contra el órgano del Estado que tiene encomendada la promoción de
la acción de la justicia en el ámbito penal".
Este
organismo recordó que su misión constitucional "consiste precisamente en
promover la acción de la justicia en relación con los hechos delictivos
puestos en su conocimiento". Asimismo, sugirió que el objetivo de la
denuncia interpuesta por el PP pueda ser impedir que dichos hechos se
investiguen. "No se alcanza a comprender si con esta denuncia se pretende
impedir que los hechos denunciados puedan ser objeto de investigación o
conseguir que la Fiscalía General se sienta coaccionada para la
investigación de otras futuras denuncias", apuntó el comunicado. En este
sentido, subrayó como un "muy mal ejemplo para los ciudadanos intentar
coaccionar el trabajo del Ministerio Fiscal". "En todo el territorio
nacional las distintas fiscalías incoan continuamente diligencias para
investigar la veracidad de las denuncias que recibe, cumpliendo su deber
constitucional, sin que estas decisiones encuentren resistencias tan
enconadas por parte de las personas investigadas".
El Ministerio
Fiscal tachó de "insólita" la acusación de revelar secretos, al considerar
que "se ha limitado a informar a la opinión pública de la apertura de una
investigación que no está sometida a secreto alguno". Además, recordó que,
en virtud de su Estatuto Orgánico, está obligado a informar a la opinión
pública de los acontecimientos de relieve de su actuación.
Publicado
en la Cadena SER.05.03.05
Majadahonda vendió terrenos sin ninguna valoración técnica
El suelo
municipal de Majadahonda -que el Ayuntamiento ha estado permutando
durante años con promotores privados para que levanten vivienda libre en
suelo público- tiene un precio. Y ese precio no lo establecieron
profundos y procelosos estudios municipales, sino los servicios técnicos
de la localidad mediante conversaciones con promotores privados. Un
informe municipal reconoce que ese valor se estableció en base a "un
conocimiento a nivel verbal de diversos acuerdos alcanzados por
particulares [promotoras] en el Valle de la Oliva", barrio de
Majadahonda.
Es decir,
el Ayuntamiento de Majadahonda entregaba a los promotoras su suelo a
cambio de una compensación económica por piso, y esa compensación la
determinaron otros promotores privados del Valle de la Oliva.
En 2000,
el Ayuntamiento estableció que el precio del metro cuadrado que los
promotores tenían que abonar al Consistorio para levantar casas libres
en suelo municipal era de 180 euros. Sin embargo, dos años después, en
pleno boom innmobiliario, el arquitecto municipal y redactor del
informe mantuvo los mismos precios de compensación, porque, según él, el
mercado inmobiliario no había fluctuado.
¿Y por
qué los servicios técnicos dieron un precio tan bajo para una casa?
Según el informe, porque "no encontramos en Majadahonda índices
establecidos para vivienda sujeta a protección, por lo que hemos de
hacer una indagación de valor en el mercado".En la última subasta de
suelo público de Majadahonda, que se celebró en septiembre de 2003, se
vendieron a promotores privados 249 derechos para edificar vivienda
libre (cada derecho corresponde a una vivienda). Pammasa, la empresa
municipal que gestionaba estas operaciones, volvió a solicitar un
informe a los servicios técnicos para fijar el precio de salida.
En un
documento, fechado el 22 de julio de 2002, el arquitecto municipal
entendió que en los dos años transcurridos, desde la anterior subasta,
"las circunstancias del mercado inmobiliario no han sufrido una
variación tan importante" como para revisar el precio.
Como
consecuencia de este informe, la subasta se adjudicó en 330 euros el
metro cuadrado. Es decir, los constructores cambiaron una vivienda
protegida -que estaban obligados a construir por ley en otra parte del
pueblo- por una libre de 90 metros cuadrados al precio de 30.000 euros
por casa. Una vivienda de precio libre de 90 metros cuadrados en
Majadahonda no vale menos de 420.000 euros.
El
alcalde, Narciso de Foxá, presidente de Pammasa, mantiene que él no es
quién para decir si el informe de los servicios técnicos municipales
está mejor o peor elaborado. "Yo tengo obligación de pedir a los
servicios técnicos una valoración. A Pammasa llega ese documento y se
parte de él". El regidor aclara que las decisiones de Pammasa las toma
el consejo de administración, no él. "Y en ese órgano están
representados todos los partidos políticos, incluido el PSOE", dice.
Por su
parte, Ricardo Núnez, portavoz del PSOE, considera que todas las
valoraciones realizadas por el Ayuntamiento son "erróneas". "Todo esto
es un auténtico despropósito que cada día nos sorprende más", añade.
Publicado
en la Cadena SER.10.03.05
Una
empresa apoderada por una hija de Romero de Tejada ha actuado en Majadahonda
Afar 4, la
empresa más favorecida en octubre de 2003 en la subasta municipal de
Majadahonda en la zona de Roza-Martín para permutar derechos de construcción
de vivienda protegida por privada, contrató después a Virtón, empresa que
hasta hace 15 días tenía como apoderada a María Mercedes Romero de Tejada,
hija de Ricardo Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda. Esta empresa
también realizó la urbanización de otra zona donde Afar 4 copó igualmente
los derechos de construcción privada en una subasta celebrada en 2000, bajo
mandato de Romero.
El 18 de
septiembre de 2003, la Empresa Municipal de la Vivienda de Majadahonda
(Pammasa), bajo mandato del alcalde popular Guillermo Ortega, subastó sus
derechos para construir 243 viviendas libres en la zona de Roza-Martín entre
una serie de propietarios o promotores. A cambio de este pago, traspasaban
al Ayuntamiento su deber legal de construir viviendas protegidas en dicha
zona. El resultado fue un regalo de casi setenta millones de euros a
los promotores -rentabilidad obtenida de construir viviendas libres en lugar
de viviendas protegidas, mucho más baratas-, según cálculos del PSOE, que
denunció entonces la operación ante la Fiscalía de Medio Ambiente y
Urbanismo de Madrid.
La empresa
más favorecida fue Afar 4 -obtuvo 163 derechos de construcción sobre los 243
subastados-, al igual que en otra subasta idéntica producida en 2000 bajo
mandato del alcalde Ricardo Romero de Tejada. En aquella ocasión, Afar 4
cosechó 124 derechos de edificación de vivienda libre sobre 377 en la
denominada área de oportunidad de Majadahonda. El presidente de la junta de
compensación era Francico Javier Segurado, que presidía varias de las
promotoras -incluida alguna que como Incoda ha tenido como socio al alcalde
madrileño José María Álvarez del Manzano-, quien contrató a Virton para las
obras de urbanización.
Tras la
segunda subasta de derechos de construcción de vivienda libre de Pammasa, en
octubre de 2003, Afar 4, en tanto que propietaria mayoritaria y presidenta
de la junta de compensación, seleccionó a varias empresas para urbanizar la
zona de Roza-Martín. Y escogió también a la empresa Virton, que desde mayo
de 2001 tenía como miembro de su consejo de administración, en calidad de
apoderada, a María Romero de Tejada Esteve, hija del ex alcalde de
Majadahonda Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del partido
popular en la Comunidad de Madrid.
El monto de
la factura, con fecha de julio pasado, se eleva a 12,5 millones de euros,
que, con el IVA, suma 14,5. Esta abogada perdió su condición de apoderada
sólo hace 15 días, según el administrador de Virton, Manuel Barrios, quien
matiza que desde octubre de 2003 ya no prestaba sus servicios en la empresa
por razón de su tercera maternidad. Barrios asegura que su empresa, Virton,
era la oferta más barata y que, en contra de lo que se ha sugerido
habitualmente, nunca, ni en época de Guillermo Ortega, ni en la de su
antecesor, Romero de Tejada, esta empresa recibió ningún contrato del
Ayuntamiento de Majadahonda, sino que toda su actividad en dicho municipio
está vinculada a la iniciativa privada, básicamente labores de urbanización
promovidas por juntas de compensación.
Afar 4 está
citada no sólo en la denuncia presentada por el PSOE contra la subasta de
derechos de construcción de viviendas libres de octubre de 2003, sino en la
cursada ante el fiscal general del Estado por la enajenación directa de
suelo municipal gestada en abril de 2004 por dicho Ayuntamiento
En dicho
escrito, al margen del baile de informes técnicos para supuestamente primar
a Afar 4, se dice: "Es muy llamativo el dato de que mientras Narciso de
Foxá, actual alcalde, ha sido presidente de Pammasa, esta empresa ha
realizado negocios urbanísticos con Afar 4, a través del mecanismo de la
transferencia de aprovechamientos, consistente en que Pammasa permuta sus
derechos a edificar vivienda libre".
Esta empresa
fue citada de la siguiente manera por el ex alcalde de Majadahonda Guillermo
Ortega en una conversación, grabada, mantenida con su grupo municipal y que
consta en la denuncia ante la fiscalía: "No voy a aceptar que el arquitecto
municipal cambie su informe de la parcela para que se la lleve Afar 4. Lo
siento en el alma, pero no lo voy a aceptar".
Ricardo
Romero de Tejada negó ante la comisión parlamentaria que investigó el
caso Tamayo que tuviera con Antonio Cubo, propietario de Afar 4, otra
relación que no fuera la profesional. Dijo conocer a Cubo porque "acudía a
todas las subastas de suelo de Majadahonda". Afar 4 posee, según sus últimas
cuentas, un inmovilizado material (terrenos, construcciones, etcétera)
valorado en casi seis millones de euros. Y participa en la urbanización de
diversos terrenos. Publicado
en El País.11.03.05
Amigos de Agag están vinculados con
empresas de Majadahonda
El
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), que ha cobrado relevancia
estos días por un escándalo urbanístico que ha dividido al PP madrileño,
pagó en 2003 un total de 900.000 euros en diversos conceptos a sociedades
vinculadas a un grupo de empresarios que tienen en común lazos con el PP y,
en algunos casos, con el yerno de Aznar, Alejandro Agag, según publica esta
semana la revista Interviú..
La empresa central en el entramado de firmas que se han nutrido de las arcas
consistoriales es Special Events, fundada por María del Carmen Rodríguez
Quijano, esposa de Francisco Correa Sánchez y jefa del gabinete del que
fuera alcalde de la localidad madrileña Guillermo Ortega. Correa es amigo
íntimo del exalcalde y también de Alejandro Agag, del que fue testigo en su
boda con Ana Aznar.
Special Events es la firma que ha utilizado el PP madrileño para organizar
sus eventos electorales, campañas y congresos. Durante el 2003, último año
del que se tienen datos sobre las cuentas del Ayuntamiento de Majadahonda,
la empresa emitió periódicamente numerosas facturas al Ayuntamiento sin
detalle del concepto, con frases como "importe copias fotografías" o
"importe fotocopias color". La empresa está ahora en manos de Pablo Crespo
Sabarís, exsecretario de organización del PP en Pontevedra y ahora en el
ámbito de influencia de la presidenta Esperanza Aguirre.Publicado
en El Periódico de Cataluña.14.03.05
Majadahonda cedió
a seis promotoras tres solares por un tercio de su valor
El
Ayuntamiento de Majadahonda, del PP, a través de la empresa pública Pammasa,
cedió a promotores privados en 2003 derechos de edificabilidad de tres
parcelas a bastante menos de un tercio de su valor, lo que causó un
quebranto patrimonial al Consistorio cifrado en casi 33 millones de euros
(5.487 millones de las antiguas pesetas). Así lo indica el PSOE en una
ampliación de denuncia que interpuso ayer ante el Juzgado de Instrucción 3
de esta localidad, que es el que investiga, junto con la Fiscalía de Medio
Ambiente, otra denuncia anterior del PSOE sobre casos de supuesta corrupción
urbanística.
Los derechos
municipales de edificabilidad sobre esas tres parcelas (la RO-11, RO-13 y RO-14,
que en total ocupan 30.035 metros cuadrados) fueron enajenados a través de
una subasta en la que ninguna de las seis ofertas que concurrieron superó
los 330,48 euros por metro cuadrado de suelo. Y ello pese a que existe un
informe del arquitecto municipal de Majadahonda -relativo a una parcela
cercana y con igual calificación urbanística que las tres citadas- que tasa
en 1.600 euros el valor de cada metro cuadrado. El PSOE majariego, cuyo
portavoz es Ricardo Núñez, tiene previsto remitir este supuesto quebranto
económico a la Fiscalía Anticorrupción."En la enajenación [cesión] de estos
derechos, el Ayuntamiento ha regalado a constructores privados 1.000 euros
en cada metro cuadrado", señalan fuentes de la investigación.
¿Cómo se
produjo este supuesto quebranto económico? Majadahonda gestiona todo su
suelo y planes urbanísticos a través de Pammasa, empresa municipal al ciento
por ciento. El planeamiento urbanístico de Majadahonda estipula que en un
50% del suelo edificable han de levantarse viviendas de protección pública y
con un precio limitado de venta. Quien compre suelo sin desarrollar en el
municipio tiene obligación de levantar viviendas públicas en un 50% de ese
suelo, y libres en el otro 50%.
En las
citadas tres parcelas, el Ayuntamiento tenía un derecho para levantar
viviendas de precio libre. Lo que hace Pammasa es sacar a concurso su
derecho de edificación de casas de precio libre en los 30.035 metros
cuadrados de esas parcelas. Para ello, convoca una subasta e invita a seis
empresas privadas a participar en ella. Cuatro de las seis empresas
ofrecieron idéntico precio por metro cuadro de suelo, 330,48 euros. Las
otras dos ofertas fueron aún más bajas, 312,53 euros y 291,03 euros. Los
derechos de edificabilidad sobre ese suelo permitían levantar 243 casas de
precio libre.
Dos empresas
del grupo Afar-4, cuyo dueño es Antonio Cubo, amigo personal del ex alcalde
de Majadahonda y ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de
Tejada, obtuvieron en la subasta derechos para levantar 163 viviendas de
precio libre, que se pueden vender mucho más caras que las casas de
protección oficial.
Según el
PSOE, los derechos de edificabilidad sobre cada uno de esos metros cuadrados
debieron venderse "al menos a 1.338,28 euros" y no, como finalmente se hizo,
a 330 en el mejor de los casos. Así, el Ayuntamiento vendió por menos de un
tercio de su valor el derecho a levantar casas de precio libre y asumió, por
ese mismo precio, la obligación de los constructores privados de hacer casas
de protección oficial. Es lo que los socialistas llaman el "permutazo".
Para la
cesión de estas parcelas, el Ayuntamiento, a través de Pammasa, usó el
mecanismo "de la permuta de derechos" y, según explica el PSOE en la
denuncia, "absorbió las obligaciones de diferentes promotores privados de
construir viviendas protegidas, a cambio de que aquellos compensasen a
Pammasa con la diferencia del valor entre el derecho a construir vivienda
libre que Pammasa le transmitía, y el derecho a edificar vivienda protegida
que la citada sociedad municipal adquiría": los 1.338,28 euros citados.
El PSOE añade
en su denuncia: "La cantidad total que el Ayuntamiento, a través de Pammasa,
obtuvo de la subasta referente a las parcelas RO-11, RO-13 y RO-14 fue de
7,2 millones de euros. (...) Ahora bien, dado que la edificabilidad total de
esas tres parcelas ascendía a 30.035 metros cuadrados y la diferencia real
de valores entre los aprovechamientos permutados asciende, según informes
del arquitecto municipal, a 1.338,28 euros por cada metro cuadrado, el
Ayuntamiento tenía que haber obtenido, al menos, y para compensar la pérdida
de valor económico que sus solares sufrieron merced a la permuta, una
cantidad igual o superior a 40.195.230 euros".
El PSOE
señala que "las consecuencias" de la conducta del Ayuntamiento en la gestión
del suelo "es de una gravedad extrema" para las arcas municipales, ya que
"el patrimonio municipal ha perdido con esta compensación nada menos que
32.978.868,50 euros".
A ello hay
que sumar que la subasta de parcelas se hizo, siempre según los socialistas,
"sin ninguna garantía para la publicidad y concurrencia y mediante un
sistema de invitación previa a determinados propietarios". Sostiene el PSOE
que el quebranto económico a las arcas municipales "no puede deberse a un
descuido de los responsables de Pammasa", ni tampoco cabe justificar el bajo
precio de la permuta "en un supuesto beneficio social, ya que [en esa época]
no se construían más viviendas protegidas". El PSOE reprueba la conducta de
los gestores del Ayuntamiento al asumir "las cargas que, por obligación del
planeamiento urbanístico general, correspondían a los promotores privados [a
los constructores]".
Por tanto, en
la denuncia pide al juzgado que requiera a Pammasa para que remita al
juzgado "copia sellada y compulsada del libro de registro de transferencias
de aprovechamientos del Ayuntamiento" y "toda la documentación relacionada
con las operaciones de transferencia de aprovechamientos en las que haya
participado Pammasa".
El País.29.03.05
Caso Majadahonda: Romero de
Tejada regaló 188 millones de pesetas a AFAR-
Según se desprende de un informe
de la Intervención municipal, Ricardo Romero de Tejada regaló, en el año
2000, 188 millones de pesetas a la constructora AFAR-4. El documento del
interventor insta a exigir responsabilidades a los entonces dirigentes del
Consistorio por el perjuicio económico causado a las arcas del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid).
El
interventor municipal denuncia en su informe que, durante el mandato de
Romero de Tejada como alcalde de Majadohanda, el Ayuntamiento adjudicó una
parcela de 30.000 metros cuadrados a la constructora AFAR-4, permitiendo que
ésta pagase su precio ( 1.700 millones de pesetas ) en cómodos plazos,
durante tres años y sin intereses.
El
interventor municipal valora el “perjuicio económico causado” a las arcas
consistoriales en 188 millones de pesetas, que ha tenido que asumir el
Ayuntamiento de Majadahonda. En el informe del interventor municipal, se
señala textualmente que “habría que exigir las responsabilidades, en todo
orden, en que pudieran haber incurrido autoridades, funcionarios, empresas
públicas o privadas por sus actuaciones en aquel expediente”
Los actuales
resonsables del ayuntamiento explican que pemritieron a AFAR-4 el pago
fraccionado sin intereses porque fue una manera de compensar a la empresa
porque por irregularidades del terreno durante unos meses no se iba a poder
edificar en ese suelo.
Finalmente,
AFAR-4 no construyó en la parcela adjudicada por el Ayuntamiento, sino que,
en 2004, la revendió a un precio superior a la empresa MAPFRE, que había
quedado la segunda, después de AFAR-4, en el concurso de adjudicación.
Hay que
recordar que AFAR-4 fue la empresa que provocó la crisis del Partido Popular
en Majadahonda, y a ella está vinculado el actual alcalde, Narciso de Foxá,
y que esta consctructora se la ha beneficiado durante años desde los
sucesivos gobiernos populares del consistorio, según varios miembros del PP. El País.19.05.05
La fiscalía
encuentra contradicciones en el 'caso Majadahonda'
La Fiscalía
Anticorrupción encargó a funcionarios del cuerpo de la Intervención General
del Estado el estudio de toda la documentación sobre la tramitación en 2003
de la subasta de tres parcelas municipales en Majadahonda bajo mandato del
anterior alcalde, Guillermo Ortega (PP). El informe, ya concluido, no
determina irregularidades, pero sí flagrantes contradicciones entre los
sucesivos informes del arquitecto municipal, que se intentan esclarecer.
La
complejidad del caso Majadahonda aconsejó a la Fiscalía
Anticorrupción, cuyo responsable es Antonio Salinas, recabar, antes de
meterse en mayores indagaciones, un asesoramiento del cuerpo especializado
en garantizar la pureza de los contratos públicos: los miembros de la
Intervención General del Estado. De hecho, cuenta con un equipo de dicho
cuerpo adscrito, al igual que otro de la Agencia Tributaria. Esta última
unidad suele usarse más para seguir los tráficos monetarios de las empresas
o personas investigadas. Sin embargo, en el arranque de esta investigación,
lo que interesaba era filtrar la ingente documentación del caso a través de
los interventores para que, como en cualquier contrato que fiscaliza,
analizaran todos los pasos que se dieron en la venta de las parcelas
municipales de Majadahonda y si cumplieron las cautelas legales.
Debían
examinar documentalmente toda la cronología de la venta de las parcelas:
cómo se tomaron las decisiones, qué informes aportaron los técnicos
municipales sobre dichas enajenaciones, cómo se recibieron y tramitaron las
ofertas, cómo fueron valoradas, etcétera. El informe, ya concluido, no
revela irregularidades manifiestas, pero sí flagrantes contradicciones sobre
los informes emitidos por determinados técnicos municipales. Las
contradicciones, susceptibles de derivar en irregularidades, se centran
sobre todo en el arquitecto, que emitió dos informes sobre valoración de los
licitadores en los que rectificó sus iniciales criterios. Sólo tras
determinarse si hubo irregularidades claras en estas ventas municipales, que
el PSOE denunció como un grave quebranto patrimonial, la Fiscalía
Anticorrupción entraría a ver quiénes favorecieron las opciones ganadoras y
qué intereses les movieron.
Por ello,
según fuentes de la investigación, por el momento no se plantean recabar el
testimonio de los concejales rebeldes del PP en Majadahonda -José
Luis Peñas y Juan José Moreno- que han denunciado en El Mundo que el
actual alcalde, Narciso de Foxá, les ofreció un millón de euros si dejaban
de oponerse a vender por siete millones de euros parcelas que ellos juzgaban
que valían 48 millones de euros.
Denuncia socialista
Hasta el momento, la fiscalía sólo dispone del relato de irregularidades que
hizo el propio PSOE en su denuncia ante el Fiscal General del Estado:
"Pammasa (sociedad municipal) recibió del Ayuntamiento tres parcelas con una
edificabilidad global de 30.035 metros cuadrados destinadas a uso
residencial (no protegido). Como la encomienda aceptada por Pammasa al
recibir las parcelas consistía en edificar en ellas vivienda protegida, pero
el suelo permitía ejecutar vivienda libre, el Consejo de Administración
decidió emplear el mecanismo de permuta de derechos para absorber las
obligaciones de construir vivienda protegida de diferentes promotores
privados, a cambio de que éstos compensasen a Pammasa con la diferencia de
valor entre el derecho a construir vivienda libre que Pammasa les
transmitía, y el derecho a edificar vivienda protegida que la sociedad
municipal adquiría".
Y esto dañó a
las arcas municipales, a tenor de la denuncia: "La cantidad total que el
Ayuntamiento, a través de Pammasa, obtuvo de la subasta referente a las
parcelas fue de 7.216.317 euros. Ahora bien, puesto que la edificabilidad
total de estas tres parcelas ascendía a 30.035 metros cuadrados, y la
diferencia real de valores entre los aprovechamientos permutados, según los
informes del arquitecto municipal, asciende a 1.338 euros por metro
cuadrado, el Ayuntamiento, a través de Pammasa, tenía que haber obtenido al
menos para compensar la pérdida de valor económico que sus solares sufrieron
merced a la permuta, una cantidad igual o superior a 40.195.239 euros".
El escrito
socialista proseguía: "Esta cantidad se obtiene de multiplicar los metros
cuadrados de edificabilidad que fueron objeto de transformación a través de
la permuta por la diferencia real de valor entre cada metro cuadrado de
aprovechamiento". El corolario era simple: "Las consecuencias de las
conductas que en su día denunciamos han sido por tanto de una gravedad
extrema para el Ayuntamiento: el patrimonio municipal ha perdido con esta
operación nada menos que 32.978.868 euros, es decir, 5.487 millones de las
antiguas pesetas." Todo ello, acusaba el PSOE, merced a una subasta que se
realizó "sin ninguna garantía para la publicidad y la concurrencia, mediante
un sistema de invitación previa a determinados propietarios, y en la que
cuatro de los seis participantes ofrecieron la misma cifra como oferta:
330,48 euros por metro cuadrado".
Por contra,
el PP ha defendido la legalidad de su gestión y ha arremetido sin éxito a
través de los tribunales contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Ante esa situación, la portavoz adjunta del PSM en la Asamblea de Madrid,
Ruth Porta, afirmó ayer que, "cada vez que alguna instancia judicial
investiga a miembros del Partido Popular, Esperanza Aguirre da la orden de
arremeter contra la Administración de Justicia".
La Fiscalía
Anticorrupción tomará hoy declaración a dos funcionarios que tuvieron un
papel clave en el proceso de venta de las parcelas municipales bajo
sospecha: el arquitecto y el ingeniero del Ayuntamiento de Majadahonda.
"El
arquitecto, Pedro José Sánchez Sánchez, emitió dos informes de valoración,
uno de cada parcela, en los cuales daba a cada una un valor de 1.600 euros
por metro cuadrado de edificabilidad. Los valores resultantes eran de
35.255.766 euros la parcela D2 (casi 5.900 millones de pesetas) y de
48.040.000 euros la RN-1 (casi 8.000 millones de las antiguas pesetas). Esto
da idea de la importancia económica de la enajenación en curso. Estas
valoraciones fueron confirmadas por los informes de la Comunidad de Madrid,
que obran en el expediente", reza la denuncia presentada por el portavoz
socialista en Majadahonda, Ricardo Núñez.
Por otro
lado, desde hace meses el PSOE investiga cuáles han sido las actividades
privadas del arquitecto municipal, tanto en sus proyectos privados en la
capital como en sus supuestos contratos vinculados a ayuntamientos
madrileños, para determinar si se ajustan a lo que establece el régimen de
incompatibilidades al que está sujeto en su calidad de funcionario
municipal. No menos importante es el papel del ingeniero jefe de
infraestructuras del Ayuntamiento, Guillermo Malé. Este funcionario
municipal elaboró el pliego de prescripciones técnicas que determinó los
criterios de puntuación que decidirían el concurso. El arquitecto municipal
comparece en calidad de imputado, dado que su labor ofrece interrogantes de
mayor calado, y el ingeniero, como testigo. Publicado en El País.
02.06.05
Anticorrupción cita a dos ediles del PP que
denunciaron el 'caso Majadahonda'
