CRISTINA CIFUENTES CUENCAS : YO, MI, ME, CONMIGO
LAS
NOTICIAS
SOBRE TRASPAPELO CASO LEZO
EL PSOE NO DEVOLVERÁ LOS PAPELES RECIBIDOS EN LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN
PSOE Y PODEMOS PIDEN EXPLICACIONES AL JUEZ SOBRE EL AUTO DEL QUE PRESUME
CIFUENTES
LOS DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN DECIDEN APLAZAR LA COMPARECENCIA DE
CIFUENTES
EL JUEZ DEL CASO LEZO RECHAZA DAR
DOCUMENTOS DEL SUMARIO A LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID
LA JUSTICIA DA AHORA LA RAZÓN A CIFUENTES E IMPIDE LA ENTREGA DE ACTAS DEL CANAL
A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
CIFUENTES COMPARECERÁ EN LA COMISIÓN DE LA CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA
CIFUENTES PIDE UN INFORME JURÍDICO PARA ELUDIR LA COMISIÓN SOBRE CORRUPCIÓN
LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN CITA A CRISTINA CIFUENTES EL 2 DE FEBRERO
EL PP DE CIFUENTES VUELVE AHORA A LA COMISIÓN SOBRE CORRUPCIÓN QUE DESPRECIABA
HACE DOS SEMANAS
CIUDADANOS SALVA A CIFUENTES: NO TENDRÁ QUE EXPLICAR POR QUÉ OCULTÓ INFORMACIÓN
DEL CANAL
CIFUENTES TENDRÁ QUE VOLVER A
COMPARECER EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA ASAMBLEA
EL MISTERIOSO FAX DE LAS ACTAS DEL CASO LEZO Y LOS CAPRICHOS DEL DESTINO
LOS DOCUMENTOS DE CIFUENTES LLEGAN A LA COMISIÓN DE LA CORRUPCIÓN TARDE Y MAL
LOS OTROS DOCUMENTOS "TRASPAPELADOS" POR EL GOBIERNO DE CIFUENTES: DE PÚNICA AL
CAMPUS DE LA JUSTICIA
PODEMOS ESTUDIA UNA QUERELLA POR LA VÍA PENAL CONTRA CIFUENTES POR MENTIR
LA COMUNIDAD CESA A SUBDIRECTOR POR UN ERROR EN ENTREGA DOCUMENTOS CASO LEZO
LOS DOCUMENTOS QUE HA OCULTADO CIFUENTES: DE LAS OPERACIONES DE GONZÁLEZ Y
GALLARDÓN A LOS PAGOS AL TESTAFERRO DE LEZO
CIFUENTES SE EXCUSA: LA RESPUESTA DEL JUEZ DE LA LEZO SE TRASPAPELÓ
CIFUENTES VETÓ A LA OPOSICIÓN INFORMACIÓN DEL CANAL QUE NO ESTABA BAJO
SECRETO DE SUMARIO
CIFUENTES TENÍA DESDE AGOSTO AUTORIZACIÓN DEL JUEZ PARA DAR LAS ACTAS DEL CANAL
A LA OPOSICIÓN Y LAS SIGUIÓ NEGANDO
LO QUE CRISTINA CIFUENTES NO QUIERE QUE SEPAS DEL CASO LEZO
DOS COLEGIOS CONCERTADOS DE MADRID RECOMIENDAN A LAS PROFESORAS VESTIR CON
“RECATO” Y “MODESTIA”
CRISTINA CIFUENTES: "NO ME VAN A IMPUTAR. ESO NO VA A OCURRIR"
LA JUSTICIA DA DIEZ DÍAS A CIFUENTES PARA QUE EXPLIQUE POR QUÉ NEGÓ A LA
OPOSICIÓN DOCUMENTACIÓN DEL CANAL
El Tribunal Superior de
Justicia de Madrid comunica al Gobierno que ya ha transcurrido el plazo para que
envíe el expediente que apoya su postura Podemos recurrió a esta vía tras varias
negativas del Ejecutivo a facilitar a la oposición información relacionada con
el caso Lezo El caso de las actas lleva meses enfrentando al Gobierno con la
oposición: que el juez dé la razón a una de las partes será una victoria también
política
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da diez días al Gobierno de Cristina
Cifuentes para que explique por qué negó a la oposición durante meses
documentación del Canal de Isabel II relacionada con el caso Lezo. Según la
notificación remitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo con fecha 14
de febrero, la Comunidad de Madrid ha dejado pasar el plazo ordinario para
facilitar un "expediente administrativo" con esta información, lo que ha
obligado a la justicia a reclamárselo de nuevo.
Fuentes del Gobierno regional aseguran que "se está preparando la documentación
y se remitirá en los próximos días". De ello se ha encargado, según las mismas
fuentes, la Dirección General de Relaciones con la Asamblea de Madrid.
El reclamo del TSJM responde a un recurso presentado por Podemos en noviembre y
que versa sobre la negativa del Gobierno regional a facilitar a la oposición las
actas del Canal y otros documentos. Sin que la Comunidad de Madrid aporte la
información que se le pide, Podemos no puede avanzar en esta vía. Dos meses
después de abrirse, el Gobierno empezó a entregar la documentación una vez que
un juez resolvió que no tenía nada que decir en ese proceso, pese a que estaba
dentro del caso Lezo.
A finales de enero hubo un nuevo pronunciamiento judicial de la Audiencia
Nacional –en respuesta a una consulta del Gobierno– que resolvía que el Poder
Judicial no está facultado para entregar a esta información a la oposición. El
Ejecutivo interpretó el auto del juez del caso Lezo comocomo victoria política
que respaldaba su postura e incluso pidió a los diputados que devolvieran los
documentos. El propio hermano de Pablo González esgrimió ese escrito en la
comisión que investiga la corrupción para no contestar a las preguntas de los
grupos. Fuentes del Gobierno regional concretan que este auto forma del glosario
de documentos que va a remitir al TSJM.
La oposición abrió en noviembre la vía administrativa porque contaba con algunos
precedentes favorables. En Valencia, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó
en un caso similar que el secreto de sumario afecta a "documentos que forman
parte del propio sumario y sólo de él", y en ningún caso puede aplicarse sobre
documentación que ya existía antes de iniciar la investigación y cuya
"naturaleza pública es previa".
El Supremo validó esta conclusión al asegurar que el secreto de sumario "no es
razón que justifique la negativa a facilitar datos de unos contratos
administrativos que nada dicen del proceso penal pues son previos a él y,
ciertamente, no tienen por sí mismos carácter secreto, sino todo lo contrario".
Para el alto tribunal la existencia de un proceso penal no es "obstáculo para
que las asambleas legislativas controlen la acción del Gobierno".
Con esas sentencias en la mano, Podemos busca que el TSJM les de la razón. Tanto
ellos como el PSOE quieren también que la Audiencia Nacional se pronuncie a su
favor, en lo que supone más una victoria política porque la oposición recibió la
mayoría de los documentos del Canal cuando eldiario.es desveló que la Comunidad
de Madrid tenía desde agosto autorización judicial para entregarlas. No lo hizo
hasta enero.
Podemos ha presentado un recurso de reforma para que el juez aclare el auto en
el que decía que él no podía entregar las actas, y el PSOE pidió al magistrado
algo más de tiempo para recabar argumentos antes de recurrir. Al igual que en la
vía administrativa abierta en el TSJM, la resolución supondrá una victoria
política para quien consiga que la justicia le de la razón en un caso que lleva
meses enfrentando a Cifuentes con la oposición.
http://www.eldiario.es/madrid/justicia-Cifuentes-oposicion-documentacion-Canal_0_742276643.html
EL PSOE NO DEVOLVERÁ LOS PAPELES RECIBIDOS EN LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN
La portavoz del PSOE en la comisión de corrupción política, Encarnación Moya, no
está dispuesta a devolver la documentación que ya les había enviado el Gobierno
regional sobre el Canal de Isabel II. Tampoco renuncian al resto de la
documentación solicitada, y anuncia que la mesa de la comisión (su órgano de
dirección) va a pedir el amparo a la mesa de la Asamblea para que les sea
remitido. La socialista responde así al portavoz del Gobierno regional, Ángel
Garrido, que ha asegurado esta mañana que dirigirá un documento a la Asamblea de
Madrid para retirar los documentos originales que habían remitido a los
diputados, para que "no hagan uso" de ellos.
La polémica se ha producido debido al auto del titular del Juzgado Central de
Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, conocido
ayer, que determina que "no ha lugar la entrega de la documentación requerida
por la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid" por
estar en fase de instrucción.
"Nosotros hemos recibido esos papeles de forma totalmente legal, porque
previamente lo había autorizado un juez, así que no sé que tiene que decir
Garrido al respecto", ha declarado a EL PAÍS Moya. La parlamentaria se refiere a
que la documentación les llegó, tras meses pidiéndola, tras una resolución
judicial del juez Fernando Andreu, que estaba temporalmente al frente del
Juzgado de Instrucción 6, dictada en agosto de 2017. Esta providencia daba vía
libre a la entrega de los papeles sobre el Canal de Isabel II a la comisión. Sin
embargo, Cifuentes no los entregó en agosto porque, según el Gobierno regional,
la providencia se había traspapelado. La oposición la acusó entonces de mentir.
Moya ha manifestado, además, que la Administración no puede ir en contra de sus
propios actos. "Nadie nos ha comunicado oficialmente a esta Asamblea la
existencia del auto y el juez no ha dado ninguna instrucción a la comisión", ha
añadido. Por otra parte, "Garrido no es juez, por lo tanto, que no se columpie
con sus declaraciones". Moya ha anunciado que la mesa de la comisión (el órgano
de dirección) va a pedir el amparo a la mesa de la Asamblea para que les sea
remitida el resto de los papeles.
Los diputados realizaron unas 76 peticiones de información al Ejecutivo de
Cifuentes, de las que les habían remitido 40. "Todo mezclado, cada documento en
un un formato diferente, como un puzle", explica Moya.
https://elpais.com/ccaa/2018/01/31/madrid/1517419080_158739.html
PSOE Y PODEMOS PIDEN EXPLICACIONES AL
JUEZ SOBRE EL AUTO DEL QUE PRESUME CIFUENTES
ADADE reclama que se suspenda el plazo para recurrir hasta estudiar, entre
otros, la consulta del consejero Garrido al presidente del Supremo
Nueva vuelta a la negativa de Cristina Cifuentes a facilitar documentos
relacionados con los contratos de la administración con empresas investigadas
por la justicia en el caso Lezo y otras causas. Si este miércoles desde el
Gobierno de la Comunidad de Madrid y el PP difundía a bombo y platillo que el
juez les había dado “la razón” para no entregar estos documentos a la oposición,
PSOE y Podemos no lo tenían tan claro, como recogió El Plural.
Ahora, ambos partidos representados por la Asociación de Abogados Demócratas por
Europa (ADADE) han presentado un recurso al juzgado de instrucción nº6 de Madrid
en el que reclaman todos los documentos que llevaron a afirmar al juez Manuel
García Castellón a afirmar que “no ha lugar a la entrega de la documentación
requerida por la Comisión de Investigación de corrupción política de la Asamblea
de Madrid relativa a este procedimiento judicial”.
En los escritos de ADADE a los que ha tenido acceso este periódico se reclama el
escrito presentado por el Consejero de Presidencia de Cifuentes, Ángel García
Garrido, el pasado 3 de enero, por el que se consultaba al Poder Judicial si se
podían o no entregar estos documentos. También se requiere el escrito presentado
por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,
Carlos Lesmes, con el cual dio traslado de la cuestión al juez que lleva el
caso.
Y, por último, el informe redactado al efecto por el Fiscal Anticorrupción, el
cual también consideraba improcedente la entrega de los documentos solicitados.
Plazo para estudiarlos
Además de la documentación, PSOE y Podemos piden suspender el plazo de tres días
dado por el juez García Castellón para recurrir su decisión para así tener
tiempo de prepararla “dado que esta parte no dispone de los precedentes que
están en el origen de este Auto” y ahora ha requerido.
Dudas en la argumentación del juez
La solicitud de Garrido se refería sólo a documentos que tenían que ver con una
parte muy concreta del caso Lezo, que es la compra por parte del Canal de Isabel
II de empresas en Sudamérica. O lo que es lo mismo, los documentos que
clarifican la participación de Alberto Ruiz Gallardón y la propia Cristina
Cifuentes, que formó parte del Consejo de Administración del Canal, en estas
operaciones.
Por su parte, desde el PSOE defienden que la actuación de Garrido sólo buscaba
una coartada para no entregar los documentos ya que ellos “nunca hemos pedido
nada al juzgado sino al Gobierno de la Comunidad de Madrid y se trata en
cualquier caso de documentos administrativos”.
https://www.elplural.com/politica/2018/02/01/psoe-y-podemos-piden-explicaciones-al-juez-sobre-el-auto-del-que-presume
LOS DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN DECIDEN APLAZAR LA COMPARECENCIA DE
CIFUENTES
La Mesa de la comisión que investiga la corrupción ha acordado sacar la
comparecencia del orden del día de este viernes La oposición toma la decisión un
día después de que el juez del caso Lezo haya rechazado dar documentos del
sumario a la comisión Justifican que necesitan tiempo para "valorar el auto"
mientras el Ejecutivo les exige que pidan "perdón" por acusar a Cifuentes de
"ocultación"
La Mesa de la comisión de corrupción de investigación sobre corrupción política
ha acordado aplazar la comparecencia de la presidenta de la Comunidad, Cristina
Cifuentes, prevista para este viernes en la citada comisión después de que el
juez del caso Lezo dictara en un auto hace dos días que "no ha lugar a la
entrega de la documentación requerida" por los diputados de la Asamblea de
Madrid.
Los portavoces de PSOE, Podemos y Ciudadanos en la comisión (el PP ya no está
porque la abandonó) han decidido cancelar la comparecencia del orden del día del
viernes y fiar las explicaciones a otra fecha en el futuro. Justifican que
necesitan tiempo para "valorar el auto" del martes, explica el diputado de
Podemos Miguel Ongil. El portavoz de la formación en la comisión asegura que les
"faltan documentos" y no tienen "una imagen completa" de lo sucedido. A su
juicio, es intolerable el movimiento de ocultación que está haciendo el Gobierno
de Cifuentes". "Ha tenido cierto éxito en meter al poder Judicial en lo que
solamente es un conflicto entre el poder Legislativo y el poder Ejecutivo.
Tenemos todo el derecho a tener esta información", ha apostillado.
"Al final parece que Cifuentes se sale con la suya. Una vez que tengamos claro
todo el asunto. Cuando tengamos todo claro, podremos poner una fecha. El letrado
de la Mesa ha dicho que hay puntos que no se ven claro", ha valorado el portavoz
de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, a la salida de la reunión de la Mesa,
que ha dicho que para el PP "cualquier excusa, jurídica o política, es válida
para no dar las explicaciones que tienen que dar".
Desde el PSOE, la portavoz en la comisión, Encarnación Moya, ha sostenido que
han tomado esta decisión "por prudencia y respeto" al auto del juez, pese a no
tener aún conocimiento del oficial del mismo. "El auto hay que estudiarlo
detenidamente y ver las repercusiones que tiene a corto plazo o de manera
inmediata en las sesiones de la comisión, la primera era este viernes y por ello
hay que aplazarla", ha argumentado la diputada regional.
Moya ha insistido en que desde su grupo siguen manteniendo que pedirán a la Mesa
de la Asamblea la reconsideración de la comparecencia de Cifuentes y de diez
personas más por la pérdida de la providencia en el mes de agosto.
La presidenta regional había sido citada para dar explicaciones sobre su etapa
en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II en una comparecencia que
se pidió a raíz de que eldiario.es publicara que el Gobierno tenía desde agosto
una providencia judicial que le daba vía libre para entregar documentación del
Canal de Isabel II relacionada con el caso Lezo a la oposición.
Tras cambiar Ciudadanos su sentido del voto, decayeron las solicitudes ad hoc de
PSOE y Podemos para que Cifuentes hablara concretamente de la providencia
"traspapelada" y en su lugar salió adelante una petición genérica de los de
Aguado, registrada en abril, que ahora se ha cancelado. En todo caso, Cifuentes
no habría tenido que dar explicaciones sobre las acusaciones de "ocultación" de
documentación a la oposición porque no era el objeto de su comparecencia.
El pronunciamiento del magistrado Manuel García Castellón señala que un juzgado
no puede ceder "a terceros" documentos como intervenciones telefónicas,
registros o datos tributarios. Es una respuesta a una consulta del consejero de
Presidencia Ángel Garrido remitida al juzgado vía Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), como figura en el auto, y anunciada por el Gobierno tras el
levantamiento del secreto de sumario del caso Lezo en diciembre.
Entonces, el Ejecutivo llevaba seis meses negando actas públicas de los consejos
de administración del Canal de Isabel II a la oposición. En la consulta, Garrido
hace referencia a 52 documentos que incluyen actas públicas del Canal de Isabel
II y otros documentos privados.
El Gobierno asume que el juez le respalda
Sobre estos papeles, el magistrado afirma que no está facultado para hacer
entrega de documentación a la Asamblea "sobre procedimientos que se están
conociendo por los jueces y tribunales". "La facultad de recabar información y
documentación que se concede a los integrantes de cualquier comisión de
investigación que se constituya en la Asamblea de Madrid se circunscribe a la
que precise del Gobierno y de la Administración, sin que en ningún momento se
les faculte para recabar información o documentación al Poder Judicial",
sostiene.
Una parte de esos documentos ya está en manos de los diputados y el consejero de
Presidencia ha pedido que se devuelvan. Los grupos han coincidido en que no
tienen notificación oficial de que deban devolverlas y que será al tener la
información pertinente cuando decidirán.
El Gobierno de Cifuentes interpreta que este auto les da la razón, una posición
que no tiene clara la oposición, y confirma el criterio de los informes de la
Abogacía de la Comunidad de Madrid, que justificaba que era necesario consultar
al juez habida cuenta de que los documentos estaban incorporados a una causa en
fase de instrucción. Con este argumento, consideran que la oposición debe "pedir
perdón" por acusar al Ejecutivo de "ocultar" la información.
"Nosotros obedecemos siempre las decisiones judiciales. No las comentamos. Hubo
una primera providencia y lo que ha habido después es un auto, que tiene un
rango superior y que está emitido por el juez titular que instruye la causa
Lezo. Y lo que nos dice es con toda claridad que lo que tenemos que hacer es no
entregar esa documentación", ha señalado el portavoz y consejero Ángel Garrido.
El número dos de Cifuentes explicado que ese auto "abunda" en explicaciones
"sobre lo que no debe ser" una comisión de investigación, indicando que "no debe
convertirse en un juicio paralelo", "ni provocar indefensión de los acusados".
http://www.eldiario.es/madrid/diputados-comision-corrupcion-comparecencia-Cifuentes_0_735277006.html
EL JUEZ DEL CASO LEZO RECHAZA DAR DOCUMENTOS DEL SUMARIO A LA COMISIÓN DE
CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID
El auto firmado por Manuel García Castellón resuelve que el Poder Judicial no
está facultado para entregar esta información a la comisión de corrupción
El magistrado no hace referencia explícita a si los documentos sobre los que se
pronuncia son las actas del Canal de Isabel II
El juez pone como ejemplo los datos fiscales de un investigado, pero añade que
los parlamentarios se los pueden requerir a la Agencia Tributaria
El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha dictado en un auto con fecha
29 de enero de 2018 que "no ha lugar a la entrega de la documentación requerida
por la comisión de investigación sobre la corrupción política" relativa a la
operación que instruye, según ha adelantado El País. Señala que un juzgado no
puede ceder "a terceros" documentos como intervenciones telefónicas, registros o
datos tributarios.
El pronunciamiento del magistrado, al que ha tenido acceso eldiario.es, es una
respuesta a una consulta del consejero de Presidencia remitida al juzgado vía
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como figura en el auto, y anunciada
por el Gobierno tras el levantamiento del secreto de sumario del caso Lezo en
diciembre. Entonces, el Ejecutivo llevaba seis meses negando actas públicas de
los consejos de administración del Canal de Isabel II a la oposición. No
obstante, en el auto no se recoge el contenido de dicha consulta ni los
documentos concretos sobre los que versa.
El magistrado afirma que no está facultado para hacer entrega de documentación a
la Asamblea "sobre procedimientos que se están conociendo por los jueces y
tribunales". "La facultad de recabar información y documentación que se concede
a los integrantes de cualquier comisión de investigación que se constituya en la
Asamblea de Madrid se circunscribe a la que precise del Gobierno y de la
Administración, sin que en ningún momento se les faculte para recabar
información o documentación al Poder Judicial", sostiene.
Una parte importante de esos documentos que el juzgado se niega a entregar ya
están en manos de los diputados de la Asamblea. El Ejecutivo de Cifuentes los
empezó a pasar hace unas semanas, después de publicar eldiario.es que una
providencia procedente del mismo juzgado pero firmada por el magistrado Andreu
(sustituto de García Castellón en vacaciones) resolvía que la justicia no puede
"dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar sobre la conveniencia o no de
proporcionarla" porque la petición de información "se rige por disposiciones
administrativas".
Los diputados no pidieron documentos al juez
En este caso concreto, los diputados no se han dirigido al juez a solicitarle
información, sino que han acudido únicamente a la administración a solicitar
unos documentos que son de libre acceso para los parlamentarios.
Es un caso distinto al de la Comisión del Congreso que investiga la financiación
del PP, donde los jueces de Gürtel también se han negado a entregar documentos,
en este caso informes policiales que solo consta en el sumario. Los diputados sí
que hicieron la petición específica al Poder Judicial, que la rechazó.
"La consecuencia de lo anteriormente expuesto no puede ser otra que la de
entender que no procede la entrega de documentación de causas que se encuentren
en la fase de instrucción", añade el juez del caso Lezo, que apoya su decisión
en el "derecho a la presunción de inocencia de los acusados".
El juez pone ejemplos de algunos documentos que se incorporan a un sumario a
medida que se desarrolla una investigación: entradas y registros, intervenciones
telefónicas, comisiones rogatorias o información tributaria. En este punto,
señala que los datos fiscales, por ejemplo, "no pueden ser cedidos por el órgano
judicial a terceros, lo que no obsta a que la propia Comisión de Investigación
solicite a la AEAT -Agencia Tributaria- los que precise en el marco legalmente
establecido".
La primera providencia del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia
Nacional, "traspapelada" por el Ejecutivo, respondía a una primera consulta de
la Comunidad de Madrid sobre si podía o no entregar la información a la
oposición, pese a que las actas son públicas y los diputados tienen derecho a
conocerlas. Entonces, Andreu le dio vía libre para hacerlo. El segundo auto,
firmado por García Castellón, es la respuesta a una segunda consulta emitida a
principios de enero.
http://www.eldiario.es/madrid/Lezo-niega-documentacion-Asamblea-Madrid_0_734927521.html
LA JUSTICIA DA AHORA LA RAZÓN A CIFUENTES E IMPIDE LA ENTREGA DE ACTAS DEL CANAL
A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
El auto del titular del Juzgado de Instrucción número 6 contradice a la
providencia emitida por el juez Fernando Andreu, que el pasado mes de agosto
autorizaba la entrega de documentación después de que el viceconsejero de
Presidencia de la Comunidad de entonces, Enrique Ruiz Escudero, se dirigiera al
juzgado planteando la misma cuestión.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ha
dictado un auto en el que concluye que la Comunidad de Madrid no puede entregar
a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid las actas del Canal de
Isabel II, en el marco del caso Lezo, que le solicitaba la oposición, dando así
la razón al Gobierno de Cristina Cifuentes, que había pedido permiso al
magistrado para hacer entrega de las mismas y que había explicado que no las
daría hasta que la justicia se pronunciara al respecto.
En el auto, fechado a 29 de enero y al que ha tenido acceso Europa Press, el
juez dice que "no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la
comisión de investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid
relativa a este procedimiento judicial", en referencia al caso Lezo. Cabe
recurso de reforma en el plazo de tres días.
Esta decisión da respuesta al escrito remitido el pasado 3 de enero por parte
del consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel
Garrido, al presidente del Consejo General del Poder Judicial para que se
informara si el Ejecutivo madrileño podía entregar dichas actas.
En este caso, el juez dio traslado de este escrito a la Fiscalía Anticorrupción,
que emitió un informe "considerando que no resulta procedente entregar la
documentación solicitada" y, además, acude al reglamento de la comisión de
investigación para "comprobar si, entre sus facultades, se encuentra la de
recabar de los juzgados y tribunales documentos obrantes en procedimientos sub
iúdice".
Y todo ello "sin que en ningún momento se les faculte para recabar información o
documentación al Poder judicial sobre procedimientos que, como ocurre en estas
diligencias previas, se están conociendo por los jueces y tribunales".
De hecho, añade que esta es la referencia que la normativa contempla para poder
trasvasar información al Ministerio Fiscal, "de carácter unidireccional", pues
"únicamente ampara la posibilidad de remitir la información recabada por la
comisión y plasmada en sus conclusiones al Ministerio Fiscal para el ejercicio
de las acciones que correspondan".
En la misma línea, el juez abunda en la Ley de Enjuiciamiento criminal para
señalar que aunque haya juicio oral y "sean públicos todos los actos del
proceso", esto no implica la publicidad y entrega de documentos de dicho
proceso. Además, añade que las actuaciones judiciales "no son documentos" y que
"basta para ello comprobar su regulación en las leyes procesales sobre el lugar
de celebración, plazos, tiempos...".
Otra de las razones por la que el juez impide la entrega de documentos en
procedimientos sub iúdice deriva del derecho a la presunción de inocencia y
teniendo en cuenta que hasta que no hay una sentencia definitiva, el juez "puede
anular, por vulneración de derechos fundamentales, elementos probatorios que de
estar documentados, su entrega a terceros, en este caso, a la comisión, podrían
conducir a valoraciones y juicios paralelos contrarios a la decisión judicial y
a la presunción de inocencia de los acusados.
Contrario a la providencia de agosto
El juez se pronuncia de manera distinta a la providencia emitida por el juez
Fernando Andreu, que el pasado mes de agosto autorizaba la entrega de
documentación después de que el viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de
entonces, Enrique Ruiz Escudero, se dirigiera al juzgado planteando la misma
cuestión.
En dicha providencia, fechada el 18 de agosto de 2017, el magistrado que se
encontraba en ese momento de forma temporal en el juzgado, indicó que "la
petición de documentos que realiza la Comisión Anticorrupción de la Comunidad no
están incluidos en el sumario y su entrega se rige por disposiciones
administrativas sin que el juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni
mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación".
Precisamente, la polémica surgió hace unas semanas a raíz de conocerse dicha
providencia, que llegó a la Comunidad de Madrid el 21 de agosto y que, según
explicó el Gobierno regional, se traspapeló y no se tuvo conocimiento de su
existencia hasta el pasado 12 de enero. Entonces, el Ejecutivo de Cifuentes cesó
a un director y empezó a enviar la documentación a la Asamblea.
Hasta el momento, el Gobierno de la Comunidad se había escudado en unos informes
de la Abogacía General, en los que se argumentaba la improcedencia del envío de
documentos sobre asuntos que se estaban investigando por la vía penal.
Esta demora de cinco meses en la entrega de documentación provocó las críticas
de toda la oposición, que quería que fuera la propia Cifuentes la que explicara
en la comisión de investigación el motivo del retraso en la entrega, donde el PP
ha dejado de estar oficialmente desde este pasado lunes.
De hecho, tras varias semanas con vaivenes en las peticiones con la Mesa, tanto
de la comisión como de la Diputación Permanente, este viernes comparecerá pero
no se le podrá preguntar por esta cuestión porque el motivo de la petición de
comparecencia es el papel que tuvo la presidenta madrileña como consejera del
Canal durante unos años y para hablar del caso Lezo en términos generales.
http://www.publico.es/politica/caso-lezo-justicia-da-razon-cifuentes-e-impide-entrega-actas-canal-comision-investigacion.html
CIFUENTES COMPARECERÁ EN LA COMISIÓN DE LA CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA
Un informe jurídico de la Asamblea sostiene que no se le podrá preguntar sobre
la "ocultación de información" sobre el Canal
El PP no ha conseguido parar la comparecencia de la presidenta regional,
Cristina Cifuentes, ante la comisión de la corrupción de la Asamblea de Madrid
el próximo 2 de febrero para declarar sobre el caso Lezo, en su época de vocal
en el consejo de administración del Canal de Isabel II entre los años 2012 y
2014. Así lo ha decidido esta mañana la Mesa y Junta de Portavoces de la
comisión después de estudiar el informe de los servicios jurídicos de la Cámara,
que encargó el PP al respecto al no estar de acuerdo con la petición de
comparecencia de su líder.
"Han pasado olímpicamente de las recomendaciones del informe jurídico", ha
manifestado a la salida de la reunión el portavoz del PP en la comisión, Alfonso
Serrano. "Prima más tratar de dañar a Cristina Cifuentes que respetar el
reglamento", ha añadido. En el caso de Podemos "es algo lógico" pero el PP
esperaba que "PSOE y Ciudadanos fueran consecuentes".
En cuanto a qué preguntas, tendrá que responder la presidenta, el informe de los
letrados (que no es vinculante) considera que solo se la podrá interrogar sobre
el "objeto de la comisión". "No sería asumible de ninguna manera" que se
introdujeran otras cuestiones, puntualizan. Por lo tanto, el informe excluye las
preguntas sobre la razón que llevó al Gobierno regional a retrasar durante meses
el envío de la documentación solicitada par la comisión sobre el Canal de Isabel
II. El Ejecutivo aseguró que la respuesta del juez, que les permitía ofrecer esa
información a los diputados, se les traspapeló. Tampoco se podría volver al "subtema
Canal-Latinoamérica Emissao". Para ello, sería necesario una "especial
motivación que justificara la excepcionalidad", concreta el informe.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra, ha indicado a la salida
de la reunión que su grupo entiende "las recomendaciones del letrado" y que no
ve en ellas "ningún problema para continuar con la comparecencia". En cuanto a
las limitaciones en las preguntas que se le hagan a la presidenta, Zafra ha
manifestado que "hablará de su participación en el caso Lezo en el momento en
que ella era vocal del consejo de administración del Canal". Ha asegurado, que
van a ser "justos, ecuánimes y serios", porque Ciudadanos "no monta
espectáculos". El PP ha acusado a los grupos de la oposición de convertir las
sesiones de la comisión en un espectáculo de "linchamiento" al PP, por ese
motivo anunciaron que la abandonaban. En su opinión, la vía para que se hable de
las actas del Canal se debe abrir en la Mesa de Asamblea. "Es ahí donde se debe
decidir cómo se formula la petición, no en la comisión anticorrupción", ha
puntualizado.
Encarnación Moya, portavoz socialista en la comisión, ha explicado que su grupo
ha votado a favor, porque nunca se van a oponer a la petición de un grupo para
que comparezca cualquier persona en la comisión de investigación. Aún así, tiene
claro que la declaración de Cifuentes no aclarará ecalcado, la comparecencia de
Cifuentes no va a aclarar nada sobre la razón por la que se ha estado reteniendo
información sobre el caso Lezo, que es lo que "realmente nos interesa conocer".
Ese ocultamiento ha afectado "directamente a los trabajos de la comisión", ha
señalado Moya.
A Miguel Óngil le resulta "sorprendente" escuchar a la presidenta de la
comisión, del grupo Ciudadanos, explicar que "tendrá que intervenir para cortar
preguntas sobre las actas", y a la vez al portavoz del mismo grupo insinuar que
"vamos a poder hacerlo". Óngil les pide que dejen de "marear a la gente", porque
estos vaivenes solo benefician a la señora Cifuentes.
https://elpais.com/ccaa/2018/01/26/madrid/1516967859_714371.html
EL JUEZ DEL CASO LEZO RECHAZA DAR DOCUMENTOS DEL SUMARIO A LA COMISIÓN DE
CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID
El auto firmado por Manuel García Castellón resuelve que el Poder
Judicial no está facultado para entregar esta información a la comisión de
corrupción
El magistrado no hace referencia explícita a si los documentos sobre los que se
pronuncia son las actas del Canal de Isabel II
El juez pone como ejemplo los datos fiscales de un investigado, pero añade que
los parlamentarios se los pueden requerir a la Agencia Tributaria
El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha dictado en un auto con fecha
29 de enero de 2018 que "no ha lugar a la entrega de la documentación requerida
por la comisión de investigación sobre la corrupción política" relativa a la
operación que instruye, según ha adelantado El País. Señala que un juzgado no
puede ceder "a terceros" documentos como intervenciones telefónicas, registros o
datos tributarios.
El pronunciamiento del magistrado, al que ha tenido acceso eldiario.es, es una
respuesta a una consulta del consejero de Presidencia remitida al juzgado vía
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como figura en el auto, y anunciada
por el Gobierno tras el levantamiento del secreto de sumario del caso Lezo en
diciembre. Entonces, el Ejecutivo llevaba seis meses negando actas públicas de
los consejos de administración del Canal de Isabel II a la oposición. No
obstante, en el auto no se recoge el contenido de dicha consulta ni los
documentos concretos sobre los que versa.
El magistrado afirma que no está facultado para hacer entrega de documentación a
la Asamblea "sobre procedimientos que se están conociendo por los jueces y
tribunales". "La facultad de recabar información y documentación que se concede
a los integrantes de cualquier comisión de investigación que se constituya en la
Asamblea de Madrid se circunscribe a la que precise del Gobierno y de la
Administración, sin que en ningún momento se les faculte para recabar
información o documentación al Poder Judicial", sostiene.
Una parte importante de esos documentos que el juzgado se niega a entregar ya
están en manos de los diputados de la Asamblea. El Ejecutivo de Cifuentes los
empezó a pasar hace unas semanas, después de publicar eldiario.es que una
providencia procedente del mismo juzgado pero firmada por el magistrado Andreu
(sustituto de García Castellón en vacaciones) resolvía que la justicia no puede
"dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar sobre la conveniencia o no de
proporcionarla" porque la petición de información "se rige por disposiciones
administrativas".
Los diputados no pidieron documentos al juez
En este caso concreto, los diputados no se han dirigido al juez a solicitarle
información, sino que han acudido únicamente a la administración a solicitar
unos documentos que son de libre acceso para los parlamentarios.
Es un caso distinto al de la Comisión del Congreso que investiga la financiación
del PP, donde los jueces de Gürtel también se han negado a entregar documentos,
en este caso informes policiales que solo consta en el sumario. Los diputados sí
que hicieron la petición específica al Poder Judicial, que la rechazó.
"La consecuencia de lo anteriormente expuesto no puede ser otra que la de
entender que no procede la entrega de documentación de causas que se encuentren
en la fase de instrucción", añade el juez del caso Lezo, que apoya su decisión
en el "derecho a la presunción de inocencia de los acusados".
El juez pone ejemplos de algunos documentos que se incorporan a un sumario a
medida que se desarrolla una investigación: entradas y registros, intervenciones
telefónicas, comisiones rogatorias o información tributaria. En este punto,
señala que los datos fiscales, por ejemplo, "no pueden ser cedidos por el órgano
judicial a terceros, lo que no obsta a que la propia Comisión de Investigación
solicite a la AEAT -Agencia Tributaria- los que precise en el marco legalmente
establecido".
La primera providencia del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia
Nacional, "traspapelada" por el Ejecutivo, respondía a una primera consulta de
la Comunidad de Madrid sobre si podía o no entregar la información a la
oposición, pese a que las actas son públicas y los diputados tienen derecho a
conocerlas. Entonces, Andreu le dio vía libre para hacerlo. El segundo auto,
firmado por García Castellón, es la respuesta a una segunda consulta emitida a
principios de enero.
http://www.eldiario.es/madrid/Lezo-niega-documentacion-Asamblea-Madrid_0_734927521.html
LA JUSTICIA DA AHORA LA RAZÓN A
CIFUENTES E IMPIDE LA ENTREGA DE ACTAS DEL CANAL A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
El auto del titular del Juzgado de Instrucción número 6 contradice a la
providencia emitida por el juez Fernando Andreu, que el pasado mes de agosto
autorizaba la entrega de documentación después de que el viceconsejero de
Presidencia de la Comunidad de entonces, Enrique Ruiz Escudero, se dirigiera al
juzgado planteando la misma cuestión.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ha
dictado un auto en el que concluye que la Comunidad de Madrid no puede entregar
a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid las actas del Canal de
Isabel II, en el marco del caso Lezo, que le solicitaba la oposición, dando así
la razón al Gobierno de Cristina Cifuentes, que había pedido permiso al
magistrado para hacer entrega de las mismas y que había explicado que no las
daría hasta que la justicia se pronunciara al respecto.
En el auto, fechado a 29 de enero y al que ha tenido acceso Europa Press, el
juez dice que "no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la
comisión de investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid
relativa a este procedimiento judicial", en referencia al caso Lezo. Cabe
recurso de reforma en el plazo de tres días.
Esta decisión da respuesta al escrito remitido el pasado 3 de enero por parte
del consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel
Garrido, al presidente del Consejo General del Poder Judicial para que se
informara si el Ejecutivo madrileño podía entregar dichas actas.
En este caso, el juez dio traslado de este escrito a la Fiscalía Anticorrupción,
que emitió un informe "considerando que no resulta procedente entregar la
documentación solicitada" y, además, acude al reglamento de la comisión de
investigación para "comprobar si, entre sus facultades, se encuentra la de
recabar de los juzgados y tribunales documentos obrantes en procedimientos sub
iúdice".
Y todo ello "sin que en ningún momento se les faculte para recabar información o
documentación al Poder judicial sobre procedimientos que, como ocurre en estas
diligencias previas, se están conociendo por los jueces y tribunales".
De hecho, añade que esta es la referencia que la normativa contempla para poder
trasvasar información al Ministerio Fiscal, "de carácter unidireccional", pues
"únicamente ampara la posibilidad de remitir la información recabada por la
comisión y plasmada en sus conclusiones al Ministerio Fiscal para el ejercicio
de las acciones que correspondan".
En la misma línea, el juez abunda en la Ley de Enjuiciamiento criminal para
señalar que aunque haya juicio oral y "sean públicos todos los actos del
proceso", esto no implica la publicidad y entrega de documentos de dicho
proceso. Además, añade que las actuaciones judiciales "no son documentos" y que
"basta para ello comprobar su regulación en las leyes procesales sobre el lugar
de celebración, plazos, tiempos...".
Otra de las razones por la que el juez impide la entrega de documentos en
procedimientos sub iúdice deriva del derecho a la presunción de inocencia y
teniendo en cuenta que hasta que no hay una sentencia definitiva, el juez "puede
anular, por vulneración de derechos fundamentales, elementos probatorios que de
estar documentados, su entrega a terceros, en este caso, a la comisión, podrían
conducir a valoraciones y juicios paralelos contrarios a la decisión judicial y
a la presunción de inocencia de los acusados.
Contrario a la providencia de agosto
El juez se pronuncia de manera distinta a la providencia emitida por el juez
Fernando Andreu, que el pasado mes de agosto autorizaba la entrega de
documentación después de que el viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de
entonces, Enrique Ruiz Escudero, se dirigiera al juzgado planteando la misma
cuestión.
En dicha providencia, fechada el 18 de agosto de 2017, el magistrado que se
encontraba en ese momento de forma temporal en el juzgado, indicó que "la
petición de documentos que realiza la Comisión Anticorrupción de la Comunidad no
están incluidos en el sumario y su entrega se rige por disposiciones
administrativas sin que el juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni
mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación".
Precisamente, la polémica surgió hace unas semanas a raíz de conocerse dicha
providencia, que llegó a la Comunidad de Madrid el 21 de agosto y que, según
explicó el Gobierno regional, se traspapeló y no se tuvo conocimiento de su
existencia hasta el pasado 12 de enero. Entonces, el Ejecutivo de Cifuentes cesó
a un director y empezó a enviar la documentación a la Asamblea.
Hasta el momento, el Gobierno de la Comunidad se había escudado en unos informes
de la Abogacía General, en los que se argumentaba la improcedencia del envío de
documentos sobre asuntos que se estaban investigando por la vía penal.
Esta demora de cinco meses en la entrega de documentación provocó las críticas
de toda la oposición, que quería que fuera la propia Cifuentes la que explicara
en la comisión de investigación el motivo del retraso en la entrega, donde el PP
ha dejado de estar oficialmente desde este pasado lunes.
De hecho, tras varias semanas con vaivenes en las peticiones con la Mesa, tanto
de la comisión como de la Diputación Permanente, este viernes comparecerá pero
no se le podrá preguntar por esta cuestión porque el motivo de la petición de
comparecencia es el papel que tuvo la presidenta madrileña como consejera del
Canal durante unos años y para hablar del caso Lezo en términos generales.
http://www.publico.es/politica/caso-lezo-justicia-da-razon-cifuentes-e-impide-entrega-actas-canal-comision-investigacion.html
CIFUENTES COMPARECERÁ EN LA COMISIÓN DE LA CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA
Un informe jurídico de la Asamblea sostiene que no se le podrá preguntar sobre
la "ocultación de información" sobre el Canal
El PP no ha conseguido parar la comparecencia de la presidenta regional,
Cristina Cifuentes, ante la comisión de la corrupción de la Asamblea de Madrid
el próximo 2 de febrero para declarar sobre el caso Lezo, en su época de vocal
en el consejo de administración del Canal de Isabel II entre los años 2012 y
2014. Así lo ha decidido esta mañana la Mesa y Junta de Portavoces de la
comisión después de estudiar el informe de los servicios jurídicos de la Cámara,
que encargó el PP al respecto al no estar de acuerdo con la petición de
comparecencia de su líder.
"Han pasado olímpicamente de las recomendaciones del informe jurídico", ha
manifestado a la salida de la reunión el portavoz del PP en la comisión, Alfonso
Serrano. "Prima más tratar de dañar a Cristina Cifuentes que respetar el
reglamento", ha añadido. En el caso de Podemos "es algo lógico" pero el PP
esperaba que "PSOE y Ciudadanos fueran consecuentes".
En cuanto a qué preguntas, tendrá que responder la presidenta, el informe de los
letrados (que no es vinculante) considera que solo se la podrá interrogar sobre
el "objeto de la comisión". "No sería asumible de ninguna manera" que se
introdujeran otras cuestiones, puntualizan. Por lo tanto, el informe excluye las
preguntas sobre la razón que llevó al Gobierno regional a retrasar durante meses
el envío de la documentación solicitada par la comisión sobre el Canal de Isabel
II. El Ejecutivo aseguró que la respuesta del juez, que les permitía ofrecer esa
información a los diputados, se les traspapeló. Tampoco se podría volver al "subtema
Canal-Latinoamérica Emissao". Para ello, sería necesario una "especial
motivación que justificara la excepcionalidad", concreta el informe.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra, ha indicado a la salida
de la reunión que su grupo entiende "las recomendaciones del letrado" y que no
ve en ellas "ningún problema para continuar con la comparecencia". En cuanto a
las limitaciones en las preguntas que se le hagan a la presidenta, Zafra ha
manifestado que "hablará de su participación en el caso Lezo en el momento en
que ella era vocal del consejo de administración del Canal". Ha asegurado, que
van a ser "justos, ecuánimes y serios", porque Ciudadanos "no monta
espectáculos". El PP ha acusado a los grupos de la oposición de convertir las
sesiones de la comisión en un espectáculo de "linchamiento" al PP, por ese
motivo anunciaron que la abandonaban. En su opinión, la vía para que se hable de
las actas del Canal se debe abrir en la Mesa de Asamblea. "Es ahí donde se debe
decidir cómo se formula la petición, no en la comisión anticorrupción", ha
puntualizado.
Encarnación Moya, portavoz socialista en la comisión, ha explicado que su grupo
ha votado a favor, porque nunca se van a oponer a la petición de un grupo para
que comparezca cualquier persona en la comisión de investigación. Aún así, tiene
claro que la declaración de Cifuentes no aclarará ecalcado, la comparecencia de
Cifuentes no va a aclarar nada sobre la razón por la que se ha estado reteniendo
información sobre el caso Lezo, que es lo que "realmente nos interesa conocer".
Ese ocultamiento ha afectado "directamente a los trabajos de la comisión", ha
señalado Moya.
A Miguel Óngil le resulta "sorprendente" escuchar a la presidenta de la
comisión, del grupo Ciudadanos, explicar que "tendrá que intervenir para cortar
preguntas sobre las actas", y a la vez al portavoz del mismo grupo insinuar que
"vamos a poder hacerlo". Óngil les pide que dejen de "marear a la gente", porque
estos vaivenes solo benefician a la señora Cifuentes.
https://elpais.com/ccaa/2018/01/26/madrid/1516967859_714371.html
CIFUENTES PIDE UN INFORME JURÍDICO PARA ELUDIR LA COMISIÓN SOBRE CORRUPCIÓN
El PP está intentando por todos los medios evitar que Cristina Cifuentes
comparezca ante la comisión de investigación de la corrupción, porque consideran
que la oposición está "retorciendo" el reglamento de la Cámara para conseguirlo.
Sería la segunda ocasión en la que acudiría. Sin embargo, hoy no ha logrado
parar la declaración de la presidenta regional prevista para el próximo 2 de
febrero. La Mesa de la comisión ha dado el visto bueno a la comparecencia,
aunque están a la espera de conocer el resultado del informe que ha pedido el PP
a los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid. El diputado de Ciudadanos y
portavoz en la comisión, César Zafra, ha reprochado hoy al PP que haya asistido
a la reunión de la mesa dado el 9 de enero anunciaron que abandonaban la
comisión de investigación.
Ciudadanos ha solicitado la comparecencia de la presidenta regional como
consejera del Canal de Isabel II entre 2012 y 2014 para informar sobre el caso
Lezo. Podemos se ha sumado a la petición, con el objetivo de que aclara las
compras y adquisiciones del Canal de Isabel II en Latinoamérica en su época de
vocal del consejo de administración de la entidad en 2013.
El portavoz del grupo parlamentario del PP, Enrique Ossorio, ha asegurado al
finalizar la reunión de la Mesa que Ciudadanos es un "partido oportunista que
miente". A la vista del resultado, Ossorio ha indicado que es una "comisión de
linchamiento, de inquisición" e incluso ha comentado que lo que se celebra en
las sesiones de los viernes son "aquelarres que no sirven para nada". Ha
comentado, además, lo absurdo" de llamar a Cifuentes para declarar sobre la
adquisición de Emissao, teniendo en cuenta que "fue ella quien lo puso en
conocimiento de la fiscalía".
También ha manifestado que es muy grave que los grupos se hayan apartado del
criterio del letrado que "les ha aconsejado por el prestigio de la comisión y su
seguridad jurídica que no tuviera lugar esa comparecencia". "Les ha dicho que se
rompía el principio de jerarquía cuando hay 15 o 20 miembros del consejo que
podrían comparecer", ha añadido.
Zafra ha manifestado al término de la reunión que respetarán lo que diga el
informe jurídico. Pero les sorprende "esa actitud de miedo a dar explicaciones".
En cuanto a lo que se preguntará a Cifuentes (uno de los argumentos del PP para
parar la comisión porque considera que se excede su objeto), "vamos a hablar de
todo lo que podamos y si es necesario que venga más veces pues la volveremos a
llamar". Finalmente, ha advertido al PP que las elecciones dejaron un
"parlamento nuevo, y pueden hacer todo el filibusterismo que quieran y pedir
todos los informes que quieran, pero la realidad es la que es".
El portavoz de Podemos en la comisión de corrupción, Miguel Ongil, ha indicado
que el letrado ha desaconsejado que se llame a la presidenta regional, por lo
que ha pedido a Ciudadanos que deje de "esconder decisiones políticas detrás de
opiniones jurídicas". Recordó que Cifuentes lleva ocho meses "ocultando"
información a la oposición sobre el Canal de IsabelII, pero el día 2 no se podrá
preguntar a la presidenta regional sobre ello.
La portavoz socialista en la comisión de corrupción, Encarnación Moya, se ha
referido a la aparición por sorpresa del PP. Moya tiene la impresión de que
“existe un acuerdo entre el PP y Ciudadanos para convertir esta comisión en un
auténtico circo y un esperpento porque cada cinco minutos esto está cambiando y
suceden cosas nuevas"
https://elpais.com/ccaa/2018/01/24/madrid/1516811111_517521.html
LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN CITA A CRISTINA CIFUENTES EL 2 DE FEBRERO
La comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid ha citado
hoy a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, el próximo 2 de febrero para
informar sobre el caso Lezo cuando era consejera del Canal de Isabel II entre
2012 y 2014, en contra del criterio del letrado.
Los grupos de la oposición, PSOE-M, Podemos y Ciudadanos, han aprobado esta
propuesta por la formación naranja en la reunión de la mesa y junta de
portavoces de la comisión de corrupción, que se volverá a reunir el próximo
viernes para analizar un informe jurídico sobre esta comparecencia solicitado
por el PP.
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha acusado a los
dirigentes de Ciudadanos Albert Rivera, Ignacio Aguado y César Zafra de "mentir"
por afirmar que era "legal" que la presidenta madrileña compareciera en la
Asamblea para hablar del retraso en el envío de documentación a la oposición
sobre el Canal de Isabel II, pero ha quedado demostrado que eso es "falso".
Ciudadanos, según Ossorio, no ha podido plantear que este asunto se llevara a la
comisión de corrupción del 2 de febrero porque la mesa les ha dicho que es
"ilícito".
El portavoz del PP ha subrayado que Cristina Cifuentes "no tiene nada que
ocultar" sobre el asunto de Emissao porque fue ella quien lo puso en
conocimiento de la fiscalía, por lo que ha considerado que llamarla a esta
comisión de investigación es "una burla".
La formación naranja solamente quiere "una foto" de la presidenta regional en la
comisión de "linchamiento" e "inquisición" para "desprestigiarla" porque es "un
referente en materia de regeneración", ha asegurado.
Ossorio ha señalado que los grupos de la oposición se han apartado del criterio
del letrado, que les ha desaconsejado por el prestigio de la comisión y por la
seguridad jurídica que esta comparecencia tuviera lugar.
El letrado ha expuesto que se rompía el principio de jerarquía, llamando a la
presidenta regional cuando hay quince o veinte miembros del consejo de
administración que también podrían comparecer y que es "muy forzado" que esta
vez solamente comparezca una persona, ha detallado.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la comisión de corrupción, César
Zafra, ha explicado que Cifuentes acudirá a la Asamblea el 2 de febrero para
hablar sobre la operación Lezo, como ha propuesto Ciudadanos, con el apoyo de
PSOE-M y Podemos.
El PP ha vuelto a la comisión de investigación para intentar "pararla", en este
caso, pidiendo un informe jurídico al letrado, según Zafra, quien ha estimado
que el PP tiene miedo de dar explicaciones.
"El viernes día 2 se pueden escuchar muchas preguntas. El caso Lezo es muy
grande. Yo preguntaré lo que crea conveniente y la señora Cifuentes tendrá que
responder. Si no quiere responder a algo es un derecho que tienen todos los
comparecientes y que yo siempre he respetado", ha apuntado.
El portavoz de Podemos en la comisión de corrupción, Miguel Ongil, ha indicado
que el letrado ha dicho literalmente que desaconseja que se haga la
comparecencia de la presidenta regional, por lo que ha pedido a Ciudadanos que
deje de "esconder decisiones políticas detrás de opiniones jurídicas".
Ha recordado que se ha llegado hasta aquí porque Cifuentes lleva ocho meses
"ocultando" información a la oposición sobre el Canal de Isabel II, pero el día
2 no le podrá preguntar a la presidenta regional sobre este asunto, sino sobre
el caso Emissao.
El diputado de Podemos ha estimado que el Gobierno regional tiene que rendir
cuentas por las actas perdidas del Canal de Isabel II y por las "mentiras" de la
presidenta madrileña en este tema, pero ha reconocido que Cifuentes se está
librando de dar explicaciones por "la obstrucción del PP" y por "la postura de
Ciudadanos".
La portavoz socialista en la comisión de corrupción, Encarnación Moya, ha
precisado que, en principio, se ha aprobado el orden del día de la comisión del
2 de febrero, "condicionado" a que el viernes se emita un informe jurídico por
escrito.
Moya ha destacado la aparición del grupo popular por sorpresa en la mesa y junta
de portavoces, cuando hace unos días había presentado un papel diciendo que se
retiraba de la comisión de investigación.
En la reunión, el PP solicitó un informe jurídico y Ciudadanos "presionó" para
que se aprobara su solicitud de comparecencia, ha apuntado la diputada
socialista.
Ha mostrado su impresión de que "hay un acuerdo entre el PP y Ciudadanos para
convertir esta comisión en un auténtico circo y un esperpento porque cada cinco
minutos esto está cambiando y suceden cosas nuevas".
http://www.lavanguardia.com/politica/20180124/44259434227/la-comision-de-corrupcion-cita-a-cristina-cifuentes-el-2-de-febrero.html
EL PP DE CIFUENTES VUELVE AHORA A LA COMISIÓN SOBRE CORRUPCIÓN QUE DESPRECIABA
HACE DOS SEMANAS
Primero pusieron trabas a la Comisión de Investigación sobre la Corrupción;
luego mostraron su desprecio por este espacio y lo abandonaron, y este miércoles
han vuelto a personarse en una de sus reuniones. El PP de Cristina Cifuentes ha
asistido hoy a la reunión de la Mesa de la Comisión de Investigación sobre
Corrupción Política de la Asamblea de Madrid, la misma que abandonó hace algo
más de dos semanas -y a la que no consta que tengan previsto volver-.
Desde el grupo parlamentario de Podemos en la cámara autonómica explican que el
Partido Popular se ha personado en la reunión amparándose en que su renuncia a
participar en la misma no se ha calificado todavía. "El PP, que se ha salido de
la #ComisiónCorrupción, se quiere meter hoy a la reunión de mesa para
reventarla", denunciaba en Twitter Miguel Ongil, diputado morado en la comisión.
El PP, que se ha salido de la #ComisiónCorrupción, se quiere meter hoy a la
reunión de mesa para reventarla.
— Miguel Ongil (@Migs_Bru) 4:01 - 24 ene. 2018
Al término de esta reunión, en declaraciones a Público, Ongil ha denunciado que
entre el PP -"que ha venido a reventar la reunión"- y Ciudadanos -con su
"actitud"- "han conseguido que Cifuentes siga sin tener obligación de rendir
cuentas y sin dar explicaciones sobre sus mentiras a la oposición", en
referencia a las actas del Canal Isabel II que la presidenta regional no ha
entregado al resto de grupos -aunque se comprometió a hacerlo-.
Así, el PP da un giro de 180 grados con respecto a un espacio que hace dos
semanas suponía una "falta de respeto" a la institución. En una rueda de prensa
convocada de manera urgente, el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio,
afirmaba incluso que su partido y algunos de los comparecientes sufrieron
”El respeto es esencial en la democracia y en esta comisión de investigación se
ha faltado el respeto a esta institución, a los miembros del PP y algunos de los
intervinientes. Este acoso y derribo nunca ha defendido la presunción de
inocencia”, dijo Ossorio.
La comparecencia de Cifuentes, en el aire
Este miércoles, tras abandonar la reunión de la Mesa, el diputado del PP Alfonso
Serrano ha incidido en que la renuncia del PP no será oficial hasta el lunes,
para después acusar al resto de grupos de "retorcer" el reglamento e incurrir en
un "fraude" para lograr que la presidenta del Gobierno regional comparezca en
esa comisión.
Después de que Ciudadanos volviese a girar y se posicionase en contra de la
comparecencia de Cifuentes por las actas del canal que no entregó a la
oposición, queda en el aire si la presidenta regional comparecerá finalmente, y
si podrán preguntarle por estos documentos, y no únicamente por su actuación
como consejera del Canal.
De hecho, Serrano ha querido curarse en salud y ha avisado de que no podrán
preguntarle por otros asuntos: "Si la presidenta comparece para hablar sobre
Emissao y los grupos pretenden que hable de un tema que no puede abordar,
evidentemente lo que están buscando es un circo mediático, la estigmatización y
el linchamiento político de la presidenta", ha afirmado en declaraciones
recogidas por la agencia EFE.
http://www.publico.es/politica/pp-cifuentes-girar-y-vuelve-comision-corrupcion-despreciaba-semanas.html
CIUDADANOS SALVA A CIFUENTES: NO TENDRÁ QUE EXPLICAR POR QUÉ OCULTÓ INFORMACIÓN
DEL CANAL
Cifuentes habría amenazado a Albert Rivera con romper el pacto de gobierno en la
Comunidad de Madrid si su formación no retiraba la petición
Aunque en un principio aseguraron que votarían a favor de la comparecencia de
Cristina Cifuentes, finalmente y tras posibles presiones, Ciudadanos se ha unido
al PP para evitar que Cifuentes tenga que volver a comparecer en la comisión de
la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción.
La presidenta de la Comunidad de Madrid tendría que haber explicado por qué le
ocultó información del Canal de Isabel II a la oposición para el desarrollo de
esta comisión de investigación. Se tarta de documentos sobre la compra de
Inassa.
Mientras que desde Ciudadanos aseguran y se escudan en que "ha habido un error
de formulación" en la petición por la que PSOE y Podemos exigieron la
comparecencia de Cifuentes para el próximo día 2 de febrero y que por eso "no se
ha podido admitir a trámite"; fuentes cercanas hablan de presiones directas.
Cifuentes habría amenazado a Albert Rivera con romper el pacto de gobierno en la
Comunidad de Madrid si su formación no se retiraba de la petición.
"Votar a favor supondría violar el criterio de los letrados del Parlamento
regional, tal y como han hecho los independentistas en el Parlament de
Cataluña", han explicado desde Ciudadanos para intentar aclarar su cambio de
postura.
PSOE y Podemos solicitaron la presencia de Cifuentes con la intención de que
explicara, el próximo 2 de febrero, por qué se negó a dar información sobre el
Canal de Isabel II en relación a la Caso Lezo.
Cifuentes ha mantenido que para poder dar esos documentos primero debía pedir
permiso al juez instructor del caso. Así lo hizo, pero, según explica, no se
enteró a tiempo de que el juez le había dado su beneplácito para que la
información llegara a la oposición. Por eso Cifuentes no facilitó dichos
documentos.
Para Cifuentes, que se “traspapelara” la providencia judicial con la que le
daban el “ok” a la entrega no fue más que un “fallo humano”.
https://www.elplural.com/politica/2018/01/22/ciudadanos-salva-cifuentes-no-tendra-que-explicar-por-que-oculto-informacion-del
CIFUENTES TENDRÁ QUE VOLVER A COMPARECER EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA
ASAMBLEA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tendrá que volver a
comparecer en la comisión de investigación sobre la corrupción política de la
Asamblea regional a instancias del PSOE y de Podemos. Así lo ha acordado este
jueves la Mesa de Portavoces de este organismo, del que el PP dejó de formar
parte la semana pasada. Según han confirmado fuentes parlamentarias a este
periódico, la jefa del Ejecutivo madrileño tendrá que dar explicaciones en la
sesión del próximo 2 de febrero sobre por qué se negó a dar información sobre el
Canal de Isabel II vinculada a la 'operación Lezo' cuando tenía permiso para
hacerlo del magistrado que instruye la causa desde el pasado mes de agosto.
El Gobierno regional ha atribuido a un "error humano" el hecho de que se
"traspapelara" la providencia judicial. Junto a Cifuentes, tendrá que comparecer
también con carácter obligatorio Sebastián Sánchez, ex subdirector general de
Régimen Jurídico y Desarrollo que fue cesado precisamente por el asunto del
papel extraviado. Además, han sido citados por el mismo asunto Carlos Moro,
abogado general de la Comunidad, y Fernando Luque, subdirector general de lo
Consultivo y Asuntos Constitucionales. La confirmación de la nueva comparecencia
de la presidenta regional se ha producido el mismo día en el que su partido ha
oficializado en la Asamblea las bajas de sus seis diputados que formaban parte
de la comisión de investigación. Según argumenta el PP, su grupo ha sufrido
"continuos insultos" por parte de la oposición y considera asimismo que ha
"quedado demostrada la completa ausencia de voluntad de los otros grupos
políticos de analizar los hechos de una manera objetiva en busca de la verdad".
Cifuentes fue la primera presidenta regional en activo en tener que declarar en
un organismo fiscalizador de este tipo en la Asamblea.
En aquella ocasión, el pasado mes de junio, tuvo que explicar cómo se
adjudicaron en 2009 y 2011 los contratos para la explotación de la cafetería del
Parlamento autonómico a la empresa de Arturo Fernández, un hecho que la UCO
investigó por presuntas irregularidades en el marco de la 'operación Púnica'.
http://www.elmundo.es/madrid/2018/01/18/5a60f52aca474116658b45b7.html
EL MISTERIOSO FAX DE LAS ACTAS DEL CASO LEZO Y LOS CAPRICHOS DEL DESTINO
La Comunidad de Madrid recibió en agosto, el mismo día, casi misma hora y en el
mismo fax, dos notificaciones del juez Andreu: una en la que aceptó su
personación en el caso Lezo y otra en la que aclaró que los documentos vetados a
la oposición nunca estuvieron bajo secreto de sumario. Pero, en agosto, el
Gobierno de Cifuentes solo comunicó la primera
El 18 de diciembre se levantó el secreto del sumario del caso Lezo. Desde ese
día, los abogados de la Comunidad podrían haber encontrado en el tomo 48 la
providencia del juez, donde les daba vía libre para entregar los documentos
reclamados por la Comisión de Investigación de la corrupción
En diciembre, solo 7 días después, los propios abogados de la Comunidad
realizaron un nuevo informe para justificar ese veto, pese a que desde agosto
esos mismo letrados tenían el escrito de la Audiencia Nacional en su poder
La fecha clave fue el viernes 18 de agosto. Ese día, los letrados la Comunidad
de Madrid recibieron por Fax, a las 13’55 y 13’57 horas dos notificaciones de la
Audiencia Nacional.
Primero, el auto del juez de Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia
Nacional, Fernando Andreu en el que aceptaba la personación de la Comunidad como
acusación particular en el caso Lezo. El segundo, la providencia en la que
Andreu aclara al Gobierno de Cifuentes que ninguno de los documento del Canal de
Isabel II que vetó a la oposición “están bajo secreto de sumario”.
De esos dos documentos, que llegaron al mismo fax con un intervalo de solo dos
minutos, solo trascendió uno de ellos, y fue el propio Gobierno madrileño quien
se encargó de difundirlo. El 22 de agosto, es decir, cuatro días después de la
doble notificación por fax del Juzgado de Instrucción Número 6, fuentes del
Gobierno regional comunicaron que el juez del caso Lezo había aceptado la
personación de la Comunidad de Madrid. Pero, inexplicablemente, en ningún
momento, hicieron mención alguna de la providencia del Juez de la Audiencia
Nacional sobre las actas del Canal que, recordemos, llegó al mismo fax. Ese
documento fue descubierto por el Gobierno madrileño cinco meses después de que
lo hubiesen recibido los letrados de la Comunidad de Madrid, tal y como adelantó
eldiario.es.
La Comunidad dio el número de fax al juez
El Secretario del Juez, teóricamente, entregó en mano la providencia a los
abogados de la Comunidad de Madrid, de hecho, así lo pone por escrito, “en
presencia del Letrado de la Comunidad de Madrid le notifico mediante lectura
íntegra y entrega de copia literal de la resolución de la providencia”. Sin
embargo, en esa notificación no consta la firma del letrado, solo un número de
Fax. Fuentes de la Consejería de Presidencia aclaran a la SER que su abogado
nunca estuvo presente, por eso se aportó un número de fax para que les
remitiesen las notificaciones.
La Comunidad dio el 91 580 42 69. La SER ha comprobado que ese número de fax,
ubicado en la misma Puerta del Sol, lo comparten cuatro equipos de abogados de
la Comunidad, entre ellos, la letrada que tiene asignado el departamento del
Consejero de Presidencia, Ángel Garrido. Se trata del Servicio Jurídico en la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, un equipo de
abogados "independiente" del Gobierno, según aclaran desde la propia Consejería
de Ángel Garrido. Ese número de fax, también lo utiliza la Subdirección General
de lo Contencioso y Secretaría General, la Subdirección General de lo Consultivo
y Asuntos Constitucionales y la Unidad de Apoyo al Abogado General.
La Cadena SER ha intentado sin éxito conocer cuál de estas cuatro unidades
recibió el 18 de agosto esa providencia por Fax, y quién fue la primera persona
que lo recogió.
Apertura del secreto del sumario
Hasta el 12 de enero de 2018, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tuvo
conocimiento de la existencia de ese documento del juez Andreu, "traspapelaron
el documento durante esos cinco meses", según su versión. Sin embargo, los
propios abogados de la Comunidad de Madrid podrían haber tenido acceso a ese
escrito en el sumario, porque tal y como reconoce por escrito el Gobierno
madrileño en una respuesta parlamentaria: "El pasado 18 de diciembre se levantó
el secreto del sumario" de la trama Lezo. Es decir, desde ese día las partes
personadas en la causa podrían tener acceso. Como se apuntado anteriormente, la
Comunidad de Madrid lo es desde el 18 de agosto. Conclusión, los letrados de la
Comunidad de Madrid podrían haber encontrado en uno de los tomos públicos no
solo la providencia del juez Fernando Andreu – que el Gobierno de Cifuentes
supuestamente “traspapeló” durante cinco meses-, sino también el informe del
Fiscal, Carlos Yáñez.
Lejos de encontrar ese escrito en el sumario. Esos mismos letrados de la
Comunidad, el 26 de diciembre, culminaron un nuevo informe a petición del
Gobierno, que avalaba de nuevo la tesis de la Ejecutivo madrileño para no
remitir esa información a la oposición. Esos abogados, hicieron ese informe
teniendo en su poder el escrito del juez de la Audiencia Nacional, que apuntaba
en otra dirección, porque, recordemos, Fernando Andreu fue categórico: "La
petición de documentos que realiza la Comisión Anticorrupción de la Comunidad de
Madrid no están incluidos en el sumario y su entrega se rige por disposiciones
administrativas".
http://cadenaser.com/emisora/2018/01/17/radio_madrid/1516204710_340547.html
LOS DOCUMENTOS DE CIFUENTES LLEGAN A LA
COMISIÓN DE LA CORRUPCIÓN TARDE Y MAL
Todavía no están todos y algunos de los que han llegado en realidad no están,
con la excusa de que los tienen que reclamar a otros organismos
La información que el Gobierno de Cristina Cifuentes ha estado ocultando durante
meses a la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid
está llegando por tandas e incompleta. La primera remesa llegó el mismo lunes,
en total 36 documentos aunque la mitad de ellos, en realidad no estaban. La
Comunidad de Madrid lo que responde es que tienen que solicitar dicha
información a sus filiales en Latinoamérica –Inassa fundamentalmente- en 17
casos. En otro más, argumenta que la información solicitada afecta a una empresa
privada con la que tiene cláusula de confidencialidad y tienen que pedir
autorización a la misma.
Este miércoles han llegado más documentos que a la oposición todavía no ha dado
tiempo a examinar pero, según ha podido saber El Plural, presentan el mismo
problema.
Encarnación Moya, portavoz socialista en la comisión de investigación, valora
que necesitarán días para poder examinarlo todo. Las Peticiones de Información
no sólo afectan al caso Inassa sino también a los cursos de formación (caso
Aneri) o la construcción del campo de entrenamiento de golf en el barrio de
Chamberí, en terrenos que eran propiedad del Canal de Isabel II.
Por si fuera poco, para dificultar su tarea, parte de la información les está
llegando a través de CD’s, que no pueden leer en los ordenadores portátiles que
la Asamblea de Madrid entrega a cada diputado porque no disponen de disquetera
de CD’s.
“No sé si se buscaba ralentizar o dificultar el trabajo de la comisión pero sí
demuestra una gran torpeza hacer así las cosas”, asegura la portavoz socialista
a preguntas de este periódico. Donde sí ve una “labor obstructiva reiterada por
parte del gobierno regional” es en la actitud que ha mantenido Cristina
Cifuentes durante todos estos meses negando de forma sistemática las peticiones
de información de la comisión apelando a que los documentos solicitados formaban
parte de la instrucción del caso Lezo y estaban afectados por el secreto del
sumario. La presidenta regional continuó defendiendo este argumento durante
meses apelando a que había hecho una petición al juez instructor para que la
autorizase a facilitar dichos papeles. La respondió el 18 de agosto diciendo que
los documentos NO formaban parte del sumario y que él no era quién para darle
permiso. Sin embargo, Cifuentes dice que no se ha enterado hasta ahora porque la
respuesta se traspapeló.
“Siendo muy bondadosos, suponiendo que no lo sabían, les interesaba que no
llegara la respuesta del juez porque se la imaginaban”, interpreta Moya,
convencida de que alguien en el ejecutivo regional ha “confundido
intencionadamente” las peticiones de la comisión. “Lo que nosotros pedíamos eran
documentos administrativos, no un informa de la investigación judicial”, aclara.
Los trabajos de la comisión deberían terminar en diciembre de este año. Ahora
teme que esta nueva carga de trabajo que supone examinar una documentación tan
exahustiva que posiblemente suponga más peticiones de comparecencias pueda
alargar ese tiempo. “No se trata de alargar nada porque sí, la comisión es la
primera interesada en que esto se resuelva cuanto antes, pero la situación y los
casos de corrupción que han saltado en la comunidad de Madrid son de tal calibre
que hacen necesarios esos plazos”.
https://www.elplural.com/politica/2018/01/17/los-documentos-de-cifuentes-llegan-la-comision-de-la-corrupcion-tarde-y-mal
LOS OTROS DOCUMENTOS "TRASPAPELADOS" POR
EL GOBIERNO DE CIFUENTES: DE PÚNICA AL CAMPUS DE LA JUSTICIA
El caso de la providencia de la Audiencia Nacional sobre las actas del Canal se
suma a otros problemas con documentación judicial
El Ejecutivo regional ha enviado varios escritos al juez de Púnica asegurando
que no encontraba expedientes de adjudicaciones a empresas investigadas
El Gobierno de Cifuentes también tardó meses en encontrar las cuentas del Campus
de la Justicia y no localizó todos los contratos
Las grandes investigaciones sobre corrupción en Madrid han obligado a la
Audiencia Nacional a reclamar cientos de documentos al Gobierno de Cristina
Cifuentes. Los investigadores de los casos Púnica y Lezo se han encontrado en
varias ocasiones con que el Ejecutivo regional no era capaz de encontrar la
información que buscaban. Desde libros de cuentas hasta adjudicaciones a
empresas investigadas, la última providencia "traspapelada" es un capítulo más
de los problemas del Gobierno de la Comunidad de Madrid con la documentación
judicial.
"Nadie puede pensar que estamos intentando ocultar algo", ha asegurado Cifuentes
este lunes, en su primera referencia a la información publicada por eldiario.es,
en la que se explica que su Gobierno tenía permiso desde agosto para entregar a
la oposición las actas del Canal de Isabel II y varios informes sobre los
pelotazos en Latinoamérica investigados en el caso Lezo. El Ejecutivo ha
destituido a un subdirector general, al que acusa de haber "traspapelado" la
providencia de la Audiencia Nacional. Esta explicación resulta "poco verosímil"
a la oposición, y PSOE y Podemos han pedido que comparezca en la Asamblea para
esclarecer lo ocurrido.
Durante los meses en los que ese papel dormía en un cajón, la Comunidad de
Madrid respondía a quien le preguntase que estaban esperando el permiso del juez
para entregar la documentación. Es más, aclaraban que interpretaban la falta de
respuesta como una negativa a facilitar a la oposición esa información.
El argumento es que la documentación sobre las compras de Emissao e Inassa por
parte de la empresa pública se había enviado al juez de Lezo, y por tanto se
encontraba protegida por el secreto de sumario. El Juzgado ha contestado que no
es así, y que no puede oponerse a que se facilite a los diputados de la Asamblea
de Madrid, que la tendrán por completo de forma "inminente", según el Ejecutivo.
Además, en un auto reciente, el juez Manuel García Castellón ha reclamado nueva
documentación sobre la compra de Inassa bajo la presidencia regional de Alberto
Ruiz Gallardón, porque el envío de la Comunidad de Madrid no contenía toda la
información sobre esa adquisición. Fuentes de la Comunidad de Madrid indicaron a
eldiario.es que ya se han enviado esos papeles; sin embargo, los jueces que
investigan la corrupción del PP en Madrid no siempre se han encontrado con la
misma diligencia en atender sus peticiones.
Papeles perdidos y destruidos en Púnica
Una de las ramas de la investigación de Púnica indaga en los delitos cometidos a
través de Arpegio, la empresa que gestionaba el suelo público de la Comunidad de
Madrid. Hubo adjudicaciones irregulares, enchufes de políticos del PP y pagos
sin justificación a cargos del partido. Un diputado nacional del PP, por
ejemplo, se llevó 12.000 euros por redactar un informe que no sobrepasaba las 30
páginas.
Los investigadores no han podido encontrar alguna de la documentación sobre
contratos bajo sospecha. Arpegio reconoció en un escrito enviado a la Audiencia
Nacional que no había localizado algunos documentos, después de que los agentes
se personasen hasta en dos ocasiones en la sede de la empresa para reclamarlos.
No hay causa conocida para esa desaparición, dijo la empresa pública dependiente
de la Comunidad de Madrid. En el escrito enviado a la Audiencia Nacional
aseguraron que estaban intentando localizarnos y que desconocía si no están en
su sitio por "causa voluntaria o involuntaria".
Esos documentos siguen perdidos, pero de otros se sabe que fueron destruidos.
Según publicó El Mundo, la Comunidad de Madrid había eliminado documentos
relacionados con una adjudicación investigada en Púnica, y que afectaba a Jaime
González Taboada, exconsejero de Cifuentes. Los papeles se hallaban en un
armario de la Dirección General de Administración Local y fueron destruidos,
aseguró la Comunidad de Madrid, como parte de la habitual eliminación de
documentos antiguos.
Documentos extraviados sobre la financiación ilegal
Entre los documentos que la Comunidad de Madrid ha traspapelado se encuentran
algunos relativos a su financiación ilegal, investigada en otra rama del caso
Púnica. La Consejería de Economía aseguró a la UCO que no disponía "físicamente"
de un expediente de adjudicación a una empresa de Daniel Mercado, el empresario
que reconoció ante el juez que había financiado ilegalmente al PP de Madrid.
Según el escrito, se debía a un problema con las empresas que debían custodiar
la documentación. La Consejería tenía los datos del contrato, pero no el
contrato en sí. Por tanto, no hay rastro de la adjudicación por un total de dos
millones de euros para que la empresa Over Marketing promocionara el programa de
autónomos de la Comunidad de Madrid, y que la Audiencia Nacional investiga si se
trató de una maniobra para pagar al empresario a cambio de sus trabajos en
campaña.
El Gobierno regional tampoco ha logrado encontrar otros contratos relacionados
con Over Marketing, en este caso relativos a las adjudicaciones del Campus de la
Justicia, el frustrado macroproyecto que pretendía aunar en un solo lugar todas
las sedes judiciales de la Comunidad.
En un escrito enviado a la Audiencia Nacional, el Ejecutivo de Cifuentes aseguró
que no había localizado "ninguno de los contratos" con empresas como Over
Marketing, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Link América, todas
relacionadas con Mercado. El empresario ingresó al menos 360.000 euros por
promocionar el proyecto.
Esa información sale del libro de cuentas del Campus de la Justicia, otro
documento extraviado que al Gobierno regional le costó meses encontrar. Llegaron
a darlo por perdido, para anunciar a los pocos días que lo habían encontrado.
Las cuentas, además de ser una radiografía del despilfarro de dinero público,
contenía referencias a los pagos a las empresas de Daniel Mercado.
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-Cifuentes-traspapelado-Punica-Lezo_0_729677188.html
PODEMOS ESTUDIA UNA QUERELLA POR LA VÍA
PENAL CONTRA CIFUENTES POR MENTIR
La presidenta madrileña ya tiene una demanda ante el Tribunal Superior de
Justicia por negar a la oposición documentos del Canal de Isabel II y el caso
Lezo
“No es la primera vez que Cristina Cifuentes miente, pero sí la primera que
tenemos pruebas para demostrarlo”. Así de contundente se ha mostrado en
declaraciones a El Plural Miguel Ongil, portavoz de Podemos en la comisión de
investigación de la Asamblea de Madrid, tras saber que la presidenta madrileña
se ha estado escudando durante meses en el secreto de sumario para evitar
entregarles documentos sobre la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel
II.
Podemos se plantea incluso la posibilidad de interponer una querella por la vía
penal. Y es que no terminan de creerse la versión de la presidenta, que lleva
casi un año amparándose en el secreto sumarial para negar a Podemos información
relacionada con las actuaciones de la trama Lezo a través del Canal de Isabel
II.
El gobierno regional rechazó el pasado mes de abril dar respuesta a una Petición
de Información hecha por el diputado Eduardo Gutiérrez apoyándose en un informe
previo de la abogada jefe de la Consejería de Economía, que sostenía que no se
podía facilitar la información solicitada porque tenía carácter reservado al
estar afectada por el secreto de sumario.
Podemos solicitó amparo a la Mesa y amplió su petición de información a otras
cuestiones relacionadas con supuestas operaciones de la trama Lezo de las que
pudo tener conocimiento la Comunidad de Madrid. El Gobierno vuelve a contestar a
la comisión de la corrupción de la misma manera, esta vez adjuntando un informe
de la Abogacía General, de fecha de 23 de mayo, en el que amplía los argumentos
del informe previo. En total, la formación morada ha reclamado casi 80
documentos que han sido vetados de forma sistemática por el ejecutivo regional.
Entre otras cosas, han reclamado las actas de las reuniones del Consejo de
Administración del Canal de Isabel II y las deliberaciones del consejo de
gobierno que dieron luz verde a las operaciones en Sudamérica y el contrato de
compra de la sociedad colombiana Inassa, hecha a través de una empresa pantalla
radicada en Panamá.
En todos los casos el gobierno de Cifuentes ha justificado su cerrojazo a la
información apelando al carácter reservado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(LECrim) otorga a la fase de instrucción de un proceso penal.
“En tanto no se decrete la apertura del juicio oral en los procedimientos
abiertos en la actualidad, no procede el envío a la Asamblea de informaciones
que consten en la fase de instrucción en atención al carácter reservado que a la
misma atribuye la LECrim en los términos previstos en el presente Dictamen”.
En paralelo, el Gobierno de Cristina Cifuentes se cubre las espaldas enviando el
1 de julio de 2017 al juez instructor del caso Lezo, Fernando Andreu, una
petición para que “recabar su autorización” y “solicitar su pronunciamiento
sobre la conveniencia o no” de facilitar la documentación a la Asamblea.
Tal y como explicó El Plural, el juez Andreu respondió el 18 de agosto con
claridad meridiana. Los documentos de los que hablaba Cifuentes NO forman parte
del sumario y, por tanto, él no podía “dictaminar, aconsejar ni mucho menos
ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación”.
Pese a ello, Cifuentes continuó argumentando por escrito que estaba pendiente de
la decisión del juez. Lo hizo el 22 de noviembre de 2017 asegurando que “hasta
la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Juzgado de Instrucción número
6 a la carta enviada por el Gobierno”. Dos días más tarde el 24 de noviembre
volvía a insistir en el carácter reservado de estas informaciones, apelando al
criterio de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
Todo esto lo decía meses después de haber recibido la respuesta del juez Andreu.
Ahora argumenta que se traspapeló y culpa al subdirector general de Régimen
Jurídico, Sebastián Sánchez, a quien ya ha cesado. La argumentación de Cifuentes
ha dejado perplejos a Podemos y PSOE. Coinciden en considerarlo inverosímil.
¿Acaso nadie se molestó en mirar la documentación antes de contestar por escrito
con tal contundencia? Ambas formaciones ya han pedido su comparecencia en la
Asamblea y, en el caso de la formación morada, lo extienden también a la
comisión de investigación de la corrupción.
Demanda ante el TSJ
A falta de saber si finalmente interponen una querella penal, el Gobierno
regional sí tendrá que responder ante el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid por la demanda puesta por Podemos por este asunto y que fue
admitida a trámite el 4 de diciembre de 2017. El diputado Miguel Ongil, en
nombre de su Grupo Parlamentario, interpuso el recurso por la vía contenciosa
administrativa al entender que se estaban vulnerando los derechos fundamentales
de los diputados negándoles la información solicitada.
El procedimiento elegido es el mismo que siguió en Valencia Compromís cuando el
gobierno del PP se negó a facilitar contratos de la empresa pública Feria de
Valencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana falló en
contra del Consell y obligó a la administración a facilitar la documentación
solicitada. La formación valenciana acumula ya 14 sentencias del TSJ en este
sentido.
El Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid de Podemos está dispuesto a ir
hasta el final de este asunto y convencido de que la Justicia les dará la razón.
https://www.elplural.com/politica/2018/01/15/caso-lezo-podemos-querella-penal-cifuentes-mentir
LA COMUNIDAD CESA A SUBDIRECTOR POR UN
ERROR EN ENTREGA DOCUMENTOS CASO LEZO
El Gobierno regional ha cesado al subdirector general de Régimen Jurídico,
Sebastián Sánchez, que depende de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, por "un error grave" que afecta a la entrega de documentación
relacionada con el caso Lezo a la oposición.
Según eldiario.es, el Ejecutivo madrileño recibió el pasado mes de agosto una
providencia del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo que le
daba vía libre para entregarle a la oposición las actas del Canal de Isabel II
relacionadas con el caso Lezo.
En declaraciones a Efe, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del
Gobierno regional, Ángel Garrido, ha recordado que el pasado 1 de agosto el
viceconsejero de Presidencia pidió por carta al juez del caso Lezo autorización
para entregar a la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de
Madrid 35 documentos que había solicitado la oposición.
El Gobierno regional no entregó estos documentos a la oposición porque un
informe de la Abogacía General decía que mientras estuvieran incluidos en un
proceso judicial tenían "un carácter reservado", ha apuntado Garrido.
El 18 de agosto el juez firmó una providencia que no se envió al viceconsejero,
sino a una Subdirección General de lo Contencioso, que está en Abogacía General;
y desde allí se envió el 21 de agosto a otra Subdirección General de Régimen
Jurídico, que depende de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Presidencia.
"Aquí está el problema", ha señalado Garrido, ya que en ese momento, el
subdirector general de Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez, no vio el correo
electrónico con la providencia "por un fallo humano", ya que era "pleno mes de
agosto" y "se encontraba en periodo vacacional".
De esta forma, el secretario general técnico del Departamento de Presidencia no
sabía que esta providencia había llegado y no pudo dar la orden de que se
enviara la documentación a la oposición.
"Ni el secretario general técnico, ni yo, ni la presidenta tenemos conocimiento
de los escritos que llegan a las subdirecciones general si no nos lo elevan y no
lo hicieron", ha subrayado Garrido.
El pasado 3 de enero, el Gobierno regional envió otro escrito al presidente del
Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para solicitarle autorización
sobre la entrega a la oposición de 69 documentos (los 35 primeros y otros 34
más).
Garrido ha recordado que él mismo como presidente del Canal de Isabel II
denunció ante la Fiscalía el caso Lezo.
Además, ha subrayado que el Ejecutivo madrileño ha entregado a la oposición 720
peticiones de información relativas al Canal Isabel II y rehusó entregar 69 por
estar incluidas en un sumario, aunque, tras la autorización del juez del caso
Lezo, se remitirán a la oposición en la Asamblea de Madrid el próximo lunes.
También se ha referido a la petición de Podemos de comparecencia de la
presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, en el Pleno y en la comisión de
corrupción de la Asamblea de Madrid por "ocultar" información y "mentir" a la
oposición en relación con el caso Lezo.
"Podemos no puede dar lecciones en asuntos de transparencia y corrupción porque
tiene dos imputados en el Ayuntamiento de Madrid y a otros cuatro en Alcalá de
Henares", ha señalado Garrido.
Ha argumentado que la presidenta de la Comunidad de Madrid no puede conocer los
escritos que llegan a las subdirecciones generales de la Comunidad de Madrid y
ha obrado "de buena fe" desconociendo la providencia del Juzgado.
http://www.lavanguardia.com/politica/20180113/434281599535/la-comunidad-cesa-a-subdirector-por-un-error-en-entrega-documentos-caso-lezo.html
LOS DOCUMENTOS QUE HA OCULTADO
CIFUENTES: DE LAS OPERACIONES DE GONZÁLEZ Y GALLARDÓN A LOS PAGOS AL TESTAFERRO
DE LEZO
La presidenta regional se ha negado a entregarlos a la oposición a pesar de que
tiene permiso del juez para hacerlo
Los documentos, que el Ejecutivo dice que facilitará de inmediato, versan sobre
el pelotazo en Brasil de González o la compra de Inassa de Gallardón
Entre los documentos hay un acta que prueba la participación activa de Cifuentes
en los plenos del Consejo de Administración del Canal
Son decenas de documentos relacionados con el caso Lezo, la investigación que
afecta a Alberto Ruiz Gallardón, que llevó a prisión provisional a Ignacio
González y que provocó la dimisión de Esperanza Aguirre. Los documentos del
Canal que Cristina Cifuentes niega a la oposición, aunque tiene autorización del
juez para entregárselas, recorren todas las irregularidades de la empresa
pública que han afectado a tres de los cuatro últimos presidentes de la
Comunidad de Madrid.
La oposición las ha pedido en repetidas ocasiones, pero la respuesta de la
Comunidad siempre ha sido que estaban protegidas por el secreto de sumario, y
que era el juez de Lezo quien tenía que dar autorización. Sin embargo, la
Audiencia Nacional dio autorización el pasado mes de agosto porque, argumentó,
esas actas no estaban sujetas al secreto de sumario. A pesar de ello, la
Comunidad ha seguido negándolas alegando que el juez no había contestado.
El Ejecutivo regional argumenta ahora que la providencia del juez se traspapeló
y ha cesado a la subdirectora general de régimen jurídico que la recibió. El
Gobierno de Cifuentes se compromete ahora a entregar esa información de
"inmediato", cinco meses después de que el juez le contestase que podía hacerlo.
Entre los documentos que reclaman los diputados de la Asamblea -en el marco de
la comisión que investiga la corrupción en Madrid- se encuentran los informes
sobre la compra de Emissao, el pelotazo en el que se acusa a González de haberse
llevado comisiones, o los detalles de la adquisición de Inassa, la operación que
que se realizó bajo la presidencia de Gallardón, y que ahora investiga la
Audiencia Nacional.
Pero también se reclaman documentos sobre los pagos abonados a Edmundo
Rodríguez, así como el respaldo documental de su ascenso a presidente de Inassa.
Entre las actas que Cifuentes ocultó se encuentra también una relativa a la
creación de Canal Isabel II Gestión, en un Consejo de Administración en el que
la propia presidenta regional intervino activamente para avalar el proceso y
zanjar las criticas de quienes tenían dudas.
El pelotazo de González en Brasil
En el listado de documentos que el juez autorizó a entregar aparece
repetidamente el nombre de la empresa Emissao. Los diputados reclaman, por
ejemplo, los informes internos en los que se basó la compra, la due diligente
sobre la operación o las actas de las reuniones en las que se aprobó que para el
proceso se utilizase una sociedad vehículo con sede en Paraguay. Se reclama
también la documentación relativa a pago que se hizo al dueño de Emissao,
Sabastiao Cristovam, así como todos los detalles de las transferencias para
cerrar la compra.
Esa operación está en el inicio del caso Lezo. El juez sostiene que se produjo
un sobreprecio en la compra de esta empresa brasileña que fue a parar a los
bolsillos de los principales implicados. Un arrepentido confesó que Ignacio
González se llevó 1,8 millones de euros, mientras que otros cuatro presuntos
implicados se llevaron 900.000 cada uno.
Entre ellos estaba Edmundo Rodríguez, testaferro de González, y la persona que
falseó datos ante el Consejo de Administración del Canal para justificar la
compra de Emissao. Entre otras cosas, omitió informes en los que se apuntaba que
la empresa brasileña conseguía contratos a cambio de sobornos. Además, articuló
la operación, preparada con cinco años de antelación, para que se cruzasen
empresas pantalla de sus socios y el dinero acabase en bancos suizos.
La expansión con Gallardón
La oposición también reclama documentos relativos a Inassa, la sociedad
colombiana que compró el Canal en 2001 por 73 millones de dólares, cuando
Gallardón era presidente regional. La operación, según Anticorrupción y el juez,
estuvo plagada de irregularidades pudo darse un sobreprecio, al igual que con la
compra de Emissao.
La adquisición de Inassa supuso el inicio de la expansión del Canal por América
Latina. Según Anticorrupción, Arturo Canalda, el gerente de la empresa pública,
preparó la compra meses antes de tener autorización del Consejo de Gobierno.
Además, esa autorización no incluía que Inassa se comprase a través de una
sociedad vehículo con sede fiscal en Panamá.
Todos los consejeros del Canal que votaron a favor están imputados. Algunos han
reconocido que manejaron valoraciones de Inassa muy por debajo de lo que se pagó
finalmente, y han dicho no saber nada de la sociedad Panameña. Para ahondar en
este asuntos, los diputados piden el acta de constitución de Canal Extensia, la
sociedad que luego compró Inassa, y la documentación completa que manejaron los
consejeros. Algunos han declarado que apenas tenían detalles y que se fiaron de
los informes de Canalda.
Los pagos a Edmundo Rodríguez
El Canal compró Inassa, y en ella acabó de presidente Edmundo Rodríguez Sobrino.
Se convirtió en el hombre de González para los negocios en latinoamérica y fue
quien comandó el pelotazo de Emissao. Ahora, arrepentido, ha confesado que
ingresó en Suiza la comisión que tanto él como el expresidente se llevaron de la
compra de Emissao.
Por esa razón, los diputados han reclamado documentación relativa a su ascenso a
la presidencia del Canal en 2006, ya con González en la vicepresidencia de la
Comunidad de Madrid. Además, Rodríguez Sobrino fue la persona que se vio con
José Manuel Serra Peris para tratar de averiguar si había una investigación
contra él y González.
Mientras gestaba las operaciones del Canal de las que luego se llevaba una
parte, Rodríguez Sobrino tenía un sueldo de 30.000 euros al mes, recibió pagos
de la empresa pública a su bufete de abogados, y pretendía llevarse 700.000
euros cuando le despidieron. La oposición ha reclamado toda la documentación
relativa a esos acuerdos económicos.
El apoyo de Cifuentes a Canal Isabel II Gestión
Los parlamentarios de la oposición han reclamado todas las actas del Canal entre
2007 y 2015. Hay una que afecta directamente a Cifuentes, porque intervino en un
Consejo de Administración como delegada del Gobierno, en la reunión que trató la
creación de Canal Isabel II Gestión, una sociedad proyectada en 2008 por
Esperanza Aguirre e ideada para atraer el capital privado a la empresa pública
de la gestión del agua.
El Consejo estuvo presidido por el entonces presidente regional, Ignacio
González, ahora en prisión provisional por presuntos delitos cometidos a través
del Canal. La batuta de la reunión la llevó el director gerente de la empresa,
Adrián Martín, y el consejero José Manuel Serra Peris, ambos imputados en Lezo.
Algunos consejeros protestaron porque la ingente documentación que tenían que
analizar la habían recibido tan solo un día antes del Consejo. Cifuentes
intervino para defender la transparencia del proceso: “En este Consejo ninguna
información se ha ocultado”. Volvió a intervenir ya al término de la reunión,
cuando tomó la palabra para reiterar su apoyo a la creación de esa nueva
sociedad.
http://www.eldiario.es/politica/Cifuentes-operaciones-Gonzalez-Gallardon-Lezo_0_728278044.html
CIFUENTES SE EXCUSA: LA RESPUESTA DEL
JUEZ DE LA LEZO SE TRASPAPELÓ
PSOE y Podemos han pedido su comparecencia en la Asamblea de Madrid para que
explique por qué negó a la oposición los documentos sobre la compra de Inassa
apelando al secreto de sumario
El pasado mes de agosto el juez instructor del caso Lezo respondió de forma
taxativa a la consulta de la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina
Cifuentes sobre si podía entregar los papeles de la compra de Inassa a la
comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid. Durante
meses ha estado negando a la oposición estos documentos apelando a que formaban
parte del secreto de sumario. Sin embargo el juez le dijo muy claramente que no
tal y como reveló en primicia el pasado 28 de diciembre El Plural.
El juez Fernando Andreu, en una providencia con fecha del 18 de agosto dejó
claro que estos documentos "no están incluidos en el sumario”. “Su entrega se
rige por disposiciones administrativas sin que el Juez de Instrucción pueda
dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de
entregar esta documentación”, concluyó.
Sin embargo, la presidenta continuó negándolos a la Asamblea. Ahora dice que la
respuesta del juez se traspapeló y echa las culpas al subdirector general de
Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez, que se encontraba de vacaciones. El hombre
ha sido cesado por una "negligencia administrativa grave", ha comunicado la
presidenta en un desayuno informativo organizado por Europa Press. "Hasta el
pasado viernes el Gobierno no tuvo conocimiento de que el juez había dado la
autorización", ha insistido Cifuentes [elplural.com lo publicó el 28 de
diciembre], que ha asegurado que "hoy mismo" se van a mandar los documentos a la
Asamblea para que puedan consultarlos los grupos de la oposición.
Cifuentes ha insistido en que actúa con total "transparencia" y que su Gobierno
está colaborando con la Justicia, "mandando la documentación de manera
permanente". "Pero entiendo que quieran agarrarse a cualquier cosa para
desgastar a mi Gobierno o a mí".
Ha afirmado que no tiene "problema" en ir a la Asamblea "o a donde sea" a dar
las explicaciones oportunas. Por el momento, el PSOE ya ha registrado una
petición de comparecencia de Cifuentes, entre otras acciones.
Podemos también ha registrado esta mañana también una petición para que Cristina
Cifuentes comparezca en el Pleno de la Asamblea y la comisión de Investigación
de la Corrupción Política. A esta última, también Podemos ha demandado que acuda
Ángel Garrido, consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
https://www.elplural.com/politica/2018/01/15/cifuentes-caso-lezo-respuesta-juez-traspapelada
CIFUENTES VETÓ A LA OPOSICIÓN
INFORMACIÓN DEL CANAL QUE NO ESTABA BAJO SECRETO DE SUMARIO
El Gobierno de la Comunidad de Madrid no quiso remitir documentos a la
oposición, pese a que durante cinco meses tuvo vía libre por parte de la
Audiencia Nacional para entregar esa información
La Comunidad niega "mala fe", asegura que tardaron cinco meses en percatarse de
la existencia de la comunicación del juez. No lo vieron antes "por un error
humano" cometido por un subdirector general que ha sido cesado por la gravedad
de los hechos
El Gobierno de Cifuentes tenía luz verde de la Audiencia Nacional para dar a la
oposición los 35 documentos sobre el Canal de Isabel II desde agosto; es decir,
durante cinco meses estuvo reteniendo, sin motivos, toda la información que la
Comunidad de Madrid ha denegado sistemáticamente a PSOE, Podemos y Cs.
Desde que la Comisión de Investigación de la Corrupción comenzase a tratar las
irregularidades que sobrevuelan a la empresa pública que gestiona el agua de
todos los madrileños, la oposición siempre se ha estrellado contra un muro. Lo
han intentado por todo tipo de vías, pero ninguno de los tres grupos de la
oposición, ni PSOE, ni Podemos ni Ciudadanos han conseguido que el Gobierno de
Cifuentes les remitiese, por ejemplo ni las actas del Consejo del Canal entre
2007 y 2015, ni las actas del nombramiento de Edmundo Rodríguez Sobrino, ni el
Informe de Due Diligence Financiero de KPMG sobre la ruinosa compra de Emissao,
ni las escrituras de la constitución de Canal Extensia.
El Gobierno de Cristina Cifuentes ha alegado siempre para no remitir esa
información que esos documentos estaban bajo secreto de sumario. Pero nunca
estuvo bajo la protección del secreto de sumario del Caso Lezo, según ha
adelantado eldiario.es. "La petición de documentos que realiza la Comisión
Anticorrupción de la Comunidad de Madrid no están incluidos en el sumario y su
entrega se rige por disposiciones administrativas sin que el Juez de Instrucción
pueda dictaminar, aconsejar, ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no
de entregar esta docuementación".
Esa es la contundente respuesta que dio el juez Fernando Andreu al Gobierno de
Madrid a través de en una providencia a la que ha tenido acceso la SER.
Ese escrito del juez llegó al Gobierno de Cifuentes el día 22 de agosto, pero
sorprendentemente no fue hasta el pasado viernes, es decir, cinco meses después,
cuando se percataron de la existencia de ese papel. Casualmente, la Cadena SER
consultó el pasado martes a la Consejería de Presidencia si el juez de la
Audiencia Nacional había respondido a la consulta que le hicieron en el mes de
julio, la respuesta fue un "no", de forma tajante.
En la Puerta del Sol niegan que se haya actuado "de mala fe", aseguran que todo
se trata de un "error humano" y señalan al subdirector general del Régimen
Jurídico de la Secretaría General Técnica de la Comunidad de Madrid "que fue
quien traspapeló la respuesta del juez". Ese alto cargo ha sido cesado, según
han confirmado a la SER desde el Gobierno madrileño, "ante la gravedad del error
cometido".
En el mes de octubre, Podemos decidió presentar un denuncia en el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la Comunidad de Madrid por su
cerrojazo informativo, Ciudadanos también amagó con hacer lo mismo. Todos los
grupos han criticado la opacidad de la Comunidad de Madrid y la falta de
colaboración a la hora de remitir esos documentos.
La decisión de negar parte de esa información a la oposición la ratificó el
pasado de 2 agosto, el viceconsejero de Presidencia, el ahora consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, amparándose un informe de la Abogacía General de
la Comunidad de Madrid, al que tuvo acceso la SER. Días antes, el 1 de julio, el
propio Ruiz Escudero envió una carta al juez del caso Lezo, Manuel
García-Castellón en la que le pedía autorización para que pudiesen dar respuesta
a todas las peticiones de información que habían recibido. En esa carta, la
Comunidad de Madrid aporta el informe de la Abogacía General contrario a que se
diese esa información.
http://cadenaser.com/emisora/2018/01/13/radio_madrid/1515861321_849513.html
CIFUENTES TENÍA DESDE AGOSTO
AUTORIZACIÓN DEL JUEZ PARA DAR LAS ACTAS DEL CANAL A LA OPOSICIÓN Y LAS SIGUIÓ
NEGANDO
La presidenta se ha excusado en que necesitaba un permiso del juez cuando éste
dictó hace cinco meses una providencia asegurando que no es así
La Comunidad de Madrid justifica que ha tenido conocimiento de la resolución
este viernes porque se "traspapeló" y cesa al subdirector general que la recibió
El Ejecutivo ha negado peticiones de información desde entonces con el argumento
de que no les había llegado y ahora asegura que enviará la documentación "de
inmediato" a la Asamblea de Madrid
El Gobierno de Cristina Cifuentes se ha quedado sin excusas para demorar la
entrega a la oposición de la documentación del Canal de Isabel II relacionada
con el caso Lezo. El Ejecutivo tenía desde agosto una resolución de la Audiencia
Nacional, a la que ha tenido acceso eldiario.es, que le daba vía libre para
hacerlo pero ha seguido negando la información a los diputados. Solo tras
preguntar este medio por dicha providencia, la Comunidad de Madrid confirma que
la notificación llegó pero se traspapeló y hasta este viernes no había tenido
conocimiento de ella, según su versión de los hechos.
La información, negada durante meses a la comisión parlamentaria que investiga
la corrupción, se hará llegar de "inmediato" a la Asamblea de Madrid, aseguran
fuentes de la Comunidad de Madrid. Entre los documentos se encuentran los
informes sobre la compra de Emissao, el pelotazo del Canal en Brasil en el que
un arrepentido declaró que el expresidente Ignacio González se llevó 1,8
millones de euros, o los detalles de la adquisición de Inassa, la operación que
se realizó bajo la presidencia de Gallardón a través de un paraíso fiscal. La
Audiencia Nacional la investiga porque ha visto en el proceso un "cúmulo de
irregularidades".
En la batería de documentos hay informes sobre los pagos a Edmundo Rodríguez,
testaferro de González, así como los documentos de cuando se aprobó su ascenso a
presidente de Inassa. Y también, entre las actas solicitadas, una relativa a la
creación de Canal Isabel II Gestión, en un Consejo de Administración en el que
la propia presidenta regional intervino activamente para avalar el proceso y
zanjar las criticas de quienes tenían dudas.
La consulta no tenía "base legal"
La providencia firmada por el juez Fernando Andreu, de guardia en agosto en el
Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, deja claro que la entrega
de documentos a los diputados de la oposición "se rige por disposiciones
administrativas sin que el juez pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos
ordenar sobre la conveniencia o no" de proporcionarla. Y añade que la consulta
del Ejecutivo regional "no tiene base legal en la medida en que es ajena a las
competencias que la LOPJ y la LECrim atribuyen al juez instructor de un
procedimiento".
Desde que la resolución se notificó a la Comunidad de Madrid, el Gobierno de
Cifuentes ha negado hasta en tres ocasiones que dispusiera de esa respuesta y ha
continuado ocultando la documentación a los diputados.
La primera, el pasado 2 de noviembre en sede parlamentaria ante una pregunta en
el pleno de la diputada de Podemos Lorena Ruiz-Huerta; la segunda, en una
contestación el 24 de noviembre a una petición de información acordada por la
Mesa de la comisión de investigación, esta vez por escrito. Además, fuentes de
la Comunidad de Madrid aseguraron a eldiario.es el 23 de noviembre que el
magistrado no había respondido y esa circunstancia se había interpretado como
una negativa a autorizar el envío de las actas.
Un "error humano", según la Comunidad de Madrid
Fuentes de la Comunidad de Madrid justifican que la providencia no se envío a la
persona que emitió la consulta del Ejecutivo al juzgado que instruye el caso
Lezo, en este caso Enrique Ruiz Escudero, entonces vicepresidente de la
Consejería de Presidencia y actual consejero de Sanidad. "Llegó por fax a una
subdirección general de la Abogacía en agosto, que lo remite al subdirector
general de régimen jurídico, que estaba de vacaciones. Y a la vuelta no la vio.
Como no tuvo conocimiento, no dio traslado a sus superiores. Todo se debe a un
error humano, no ha habido mala fe", explican las mismas fuentes. Este
"negligencia" se ha llevado por delante a este alto cargo, según ha podido saber
eldiario.es. La Comunidad de Madrid no ha querido aportar más información a
eldiario.es más información sobre el cese.
En la diligencia de notificación, a la que ha accedido este medio, el juez alude
a la presidencia del "letrado de la Comunidad de Madrid", extremo que no aclaran
las fuentes del Ejecutivo regional consultadas, que aseguran que solo llegó vía
fax.
En los últimos meses, el Gobierno de Cifuentes se había apoyado en un informe de
la Abogacía de la Comunidad de Madrid que ahora desmonta la resolución del juez.
El documento de los letrados, fechado en 23 de mayo, concluye que es ineludible
consultar al magistrado del caso Lezo, Manuel García Castellón, para entregar
los documentos del Canal de Isabel II a la oposición debido al carácter secreto
de la investigación. La premisa queda sin validez una vez conocido el escrito
del juez Andreu porque, además, el conjunto de papeles solicitados "no están
incluidos en el sumario", afirma el magistrado.
El juez hace suyos los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, que en un
escrito apuntó que el juez solo puede decidir sobre los documentos de un sumario
"a los que solo pueden tener acceso las partes personadas". Es el mismo criterio
que el expresado por los expertos consultados por eldiario.es, que apuntaron que
el secreto de sumario no puede afectar a documentos cuyo acceso es público.
En noviembre, la Mesa de la comisión de investigación sobre la corrupción
solicitó expresamente al Gobierno la copia de la respuesta del juzgado de
instrucción –que le había llegado en agosto– y obtuvo por respuesta que "hasta
la fecha" no se había "recibido respuesta a la carta enviada por el Gobierno",
según la contestación firmada por la directora general Blanca Pinedo Texidor, a
la que ha tenido acceso eldiario.es. El día 2 del mismo mes, la presidenta
Cristina Cifuentes reiteró en el pleno de la Asamblea de Madrid que había hecho
una consulta al juez instructor y que su gobierno haría "exactamente lo que nos
diga".
El Ejecutivo regional se parapeta para no dar información a la oposición en el
criterio de dos informes de la Abogacía de la Comunidad de Madrid. El primero,
fechado en 23 de mayo, repasa la doctrina del Tribunal Constitucional para
concluir que los diputados tienen derecho a reclamar esa información, pero
recuerda que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las diligencias de
investigación "serán reservadas y no tendrán carácter público hasta la fase de
juicio oral".
El segundo se solicitó a los letrados después de levantamiento del secreto de
sumario del caso para saber , según argumenta la Comunidad de Madrid, si esta
nueva circunstancia "afecta al deber del Consejo de Gobierno de facilitar la
información solicitada". El Ejecutivo lo pidió a los letrados pese a que el
juzgado ya se había pronunciado cuatro meses sobre que tenía vía libre para
hacerlo. El documento, al que ha accedido este medio, redunda en los argumentos
del primero y concluye que "la remisión de documentación obrante en un sumario
sometido a la reserva prevista en el artículo 301 de la LECrim queda
condicionada a la previa ponderación del órgano jurisdiccional que instruye la
causa".
El informe de la Abogacía aparece adjunto a la respuesta fechada en 26 de
diciembre a una nueva petición acordada por la comisión de investigación que
incluye más expedientes, informes y actas relacionadas con el Canal de Isabel
II. Esta fue la última vez que se negó información a la oposición.
Solo dos semanas después, el PP ha anunciado que sus diputados no seguirán
participando en la comisión parlamentaria que ha sentado en los dos últimos años
frente a los diputados de la Asamblea de Madrid a los cuatro presidentes que ha
tenido el PP en la Comunidad de Madrid: Ignacio González, Alberto
Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
La "huída" del PP, calificada así por la oposición, se produce en un momento
crítico para sus causas judiciales: todos los expresidentes aparecen en
investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y el futuro judicial de los tres
últimos va a depender de los próximos informes de esta fiscalía para el juez de
los casos Púnica y Lezo.
La oposición ha denunciado en varias ocasiones que el Gobierno de Cifuentes ha
puesto trabas a la investigación en la comisión ocultando los documentos que
pedían, extremo que siempre ha negado el Gobierno regional.
http://www.eldiario.es/madrid/Cifuentes-autorizacion-entregar-oposicion-Canal_0_728277358.html
LO QUE CRISTINA CIFUENTES NO QUIERE QUE
SEPAS DEL CASO LEZO
Aprovecha la personación de la Comunidad de Madrid en el proceso para defenderse
como presidenta del PP
La Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, está personada en el
caso Lezo y, por tanto, goza de información en tiempo real sobre la instrucción.
Además, hay dos empresas públicas, también controladas por la administración
popular, que gozan de información privilegiada sobre los casos de corrupción en
los que se ha visto envuelto el PP madrileño. Es el caso del Canal de Isabel II
(personado en Lezo) y Arpegio (reconvertida en Nuevo Arpegio), en la Púnica.
Uno de los ejemplos de cómo está manejando la defensa de los intereses de su
partido utilizando el privilegio que le da esa personación es su negativa a
facilitar documentos sobre la compra de Inassa a la comisión de investigación de
la corrupción de la Asamblea de Madrid. Podemos hizo la solicitud y la
presidenta contestó con un rotundo no alegando que las actas solicitadas forman
parte de las diligencias del caso Lezo y que hasta que no se decrete la apertura
del juicio oral gozan de “carácter reservado”.
Sin embargo, su apelación a la ley de Enjuiciamiento Criminal es falaz y ella lo
sabe. Al menos desde el pasado 18 de agosto cuando un auto del juez Fernando
Andreu responde a una consulta de la propia Comunidad de Madrid en relación a si
debe entregar o no los documentos sobre la compra de Inassa y Emissao a la
comisión anticorrupción de la Asamblea.
Respuesta contundente del juez
El magistrado hace suyo el pronunciamiento del fiscal y deja en evidencia los
argumentos esgrimidos por Cifuentes. Aclara que su petición no tiene base legal
y que no le corresponde pronunciarse porque los documentos solicitados “no están
incluidos en el sumario”. “Su entrega se rige por disposiciones administrativas
sin que el Juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos
ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación”, concluye.
La presidenta madrileña optó por ignorar la postura del juez y ha seguido
manteniendo los documentos sólo a la vista de los que la interesaban. Se los
facilitó al propio Alberto Ruiz-Gallardón para preparar su comparecencia ante la
comisión, pero no a Podemos y el resto de grupos parlamentarios.
Podemos lleva ante la Justicia a Cifuentes
El partido de Pablo Iglesias, harto del boicot de Cifuentes, puso el pasado mes
de octubre un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
de Justicia de la Comunidad de Madrid por su negativa a facilitar los
documentos.
No sólo ha ignorado la orden del juez, sino que ha faltado a la verdad. Cuando
Íñigo Errejón le recriminó el pasado 23 de octubre su actitud, no dudó en
responder, a través de la cuenta oficial del PP de Madrid, que ella denunció la
trama Lezo y “somos los primeros interesados en conocer la verdad”. Para
demostrarlo se escuda en que han respondido a “más de 600 peticiones de
información de la Asamblea sobre el Canal”. Todo ello dos meses después de haber
recibido la respuesta del juez.
No solo el PP madrileño, también la Comunidad de Madrid mintió sobre este asunto
o, al menos, no contó toda la verdad. Ese mismo 23 de octubre varios medios
difundieron la explicación de que Cifuentes había consultado con el juez del
caso, Manuel García Castellón (a quien sustituyó Fernando Andreu por las
vacaciones de verano) la pertinencia de facilitar los documentos y que todavía
no había contestado. “El juez todavía no ha dado permiso”, explicaron
textualmente.
El juez también le pide los papeles
Pero el cerco a Cifuentes por el caso Lezo no queda ahí. El juez ha imputado
oficialmente a su protegido Arturo Canalda, hasta ahora presidente de la Cámara
de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que se ha visto obligado a dimitir.
Durante meses, y a pesar de las elevadas sospechas que pesaban sobre él,
Cristina Cifuentes lo mantuvo en su puesto. Entre otras cosas, tal y como reveló
El Plural, su papel en la compra de Inassa, una de la operaciones fraudulentas
que se investiga en la trama, no fue tan irrelevante como él se ha empeñado en
contar.
En el auto de imputación de Canalda y la cúpula de Alberto Ruiz-Gallardón el
magistrado reclama a la Comunidad los papeles que lleva meses negando a la
oposición. Los polémicos papeles los había reclamado la Fiscalía y ahora, el
juez requiere de "forma urgente" y en un plazo no superior a 10 días aporte las
actas del Consejo de Gobierno de la Comunidad del 29 de noviebre de 2001 que dio
el visto bueno a la compra de Inassa y toda la documentación que se trasladó al
consejo para autorizarla, entre otros papeles. Alberto Ruiz Gallardón presidió
ese consejo y el juez condiciona la petición de la Fiscalía de que se le cite
como investigado al examen de los mismos.
https://www.elplural.com/politica/2017/12/28/lo-que-cristina-cifuentes-no-quiere-que-sepas-del-caso-lezo
DOS COLEGIOS CONCERTADOS DE MADRID
RECOMIENDAN A LAS PROFESORAS VESTIR CON “RECATO” Y “MODESTIA”
Una circular interna a los centros aconseja a las docentes evitar "escotes
pronunciados" o ropas "excesivamente ajustadas"
Un documento interno de los colegios concertados Juan Pablo II de Alcorcón y
Guadarrama (Madrid) pide que las docentes contemplen el "recato" y la "modestia"
en su atuendo y eviten "transparencias", "escotes pronunciados" o "hombros al
aire". La circular establece una serie de indicaciones de vestimenta para la
uniformidad de los alumnos que estudian en los centros y las características de
la ropa que tienen que llevar los docentes.
La nota, adelantada este martes por el eldiario.es, subraya que "no es
conveniente el uso de pantalones vaqueros, mallas o pantalones muy ajustados" y
agrega que es "preferible" evitar "camisetas de tiras o ropas excesivamente
ajustadas". También pone énfasis en cuidar los detalles "en cuanto a higiene y
estética". Se desaconsejan colores "chillones" y se pide "por favor" que se
eviten piercing y estridencias.
La circular sostiene que "la feminidad es una cualidad destacada en la mujer" y
que hay que potenciarla. El apartado dirigido a las profesoras asegura que el
"modo de ir vestidas importa mucho" y que es importante ir "cómodas, elegantes y
sencillas". El texto expone que al optar por el vestido o la falda es
conveniente que "como mínimo" la prenda baje hasta la rodilla, al igual que se
exige al alumnado femenino.
Con respecto a los docentes varones, la circular indica que deben utilizar traje
y corbata. En los meses de verano estará permitido llevar una camisa de manga
corta. Se requiere que los profesores eviten pelo largo, pendientes y piercing.
La Comunidad de Madrid indaga si el documento tiene algún tipo de repercusión
sobre la concesión de los conciertos, según fuentes de la Consejería de
Educación. El Gobierno regional no tiene competencia para intervenir en materia
de relaciones laborales entre los empleados y los centros, ya que estos son
privados, añaden las mismas fuentes.
Los dos colegios madrileños son gestionados por la Fundación Educatio Servanda,
que también administra otro centro en la capital, tres en Cádiz y uno en
Almería. Todos son concertados y por lo tanto reciben dinero de la
administración pública. Este periódico ha intentado sin éxito hablar con
responsables de la fundación y de los colegios de Alcorcón y Guadarrama.
Un centro educativo que generó polémicas
El colegio Juan Pablo II de Alcorcón se vio salpicado en 2016 por las polémicas
a raíz de una carta del director del centro que comparaba la Ley contra la
LGTBfobia de la Comunidad de Madrid con el "fanatismo terrorista", escrito que
le supuso una multa de unos 1.000 euros por parte del Gobierno regional.
En abril 2017 la cadena Ser informó de que en el mismo centro se impartían
talleres extraescolares diferentes para niños y para niñas. A ellos se les
ofrecían excursiones al estadio Santiago Bernabéu y a ellas cursos de ganchillo,
según denunciaba ese medio. El colegió se defendió asegurando que los talleres
eran abiertos a todos.
La Comunidad de Madrid abrió una investigación. Los inspectores instaron al
centro a que corrigiera aspectos formales, como los plazos en los que se
comunica a la administración pública qué actividades extraescolares se imparten
y que estas no coincidan con horarios de materias obligatorias, según la
Consejería de Educación. Las mismas fuentes afirman que no se concluyó que los
talleres se ofrecían según criterios sexistas.
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/10/actualidad/1515587672_966261.html
CRISTINA CIFUENTES: "NO ME VAN A
IMPUTAR. ESO NO VA A OCURRIR"
La presidenta de la Comunidad de Madrid descarta que pueda ser citada como
investigada por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea. Cifuentes admite
que los casos de corrupción han dificultado su acción de gobierno y admite
abiertamente que quiere ser candidata del PP a la Comunidad en 2019
Cristina Cifuentes no teme que la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de
Madrid al empresario Arturo Fernández, cuando la actual presidenta era
vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, pueda terminar en imputación.
Cifuentes, en la tradicional entrevista de Año Nuevo en la SER ha sido tajante:
"Todo se hizo conforme a la legalidad en todo momento. Todas las adjudicaciones
se hicieron conforme a los informes técnicos y con la unanimidad de todos los
grupos políticos. Eso (la imputación) no va a ocurrir. Eso no puede ocurrir. Es
una hipótesis que yo ni me planteo".
Cifuentes ha remarcado otra vez que sus responsabilidades empiezan y acaban en
su acción de gobierno. "Yo nunca he participado en ningún gobierno ni de
Esperanza Aguirre, ni de Ignacio González ni de Gallardón. Cada uno se tiene que
responsabilizar de las cosas que hace". La presidenta reconoce que la corrupción
ha afectado a su acción de gobierno durante esta legislatura y evita, durante la
entrevista, pronunciarse sobre las dos operaciones del Canal de Isabel II que
investiga la justicia. Preguntada por si la operación de Inassa (el desembarco
de la empresa pública madrileña en Latinoamérica cuando Gallardón ocupaba la
presidencia de la Comunidad y por la que la justicia ha imputado a la cúpula de
la empresa pública) es similar a la compra de Emissao por parte de González,
Cifuentes evita decantarse por uno u otro y deja ese trabajo en manos de la
justicia. "La justicia hará lo que tenga que hacer".
Tanto el PP como el gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaron un código ético
que obliga a cualquier diputado o miembro del ejecutivo a abandonar su cargo en
caso de imputación. Cifuentes presume de su aprobación pero cuestiona si es una
medida justa en todos los casos en los que finalmente se demuestra que el cargo
investigado no cometió ningún delito. "Hay que hacer una reflexión conjunta a
nivel nacional en el Congreso y debería ser el Congreso de los Diputados el que
establezca las lineas rojas. A veces la mera sospecha acaba con la carrera de
una persona y eso es muy injusto".
Esperanza no me lo puso fácil
Cifuentes quiere ser la candidata del PP en las autonómicas de 2019. Se ve
preparada y con conocimiento sobrado de la gestión de la Comunidad. Entiende que
esos comicios serían un examen para su gestión durante estos años. "Cuando me
presenté la otra vez fue todo muy rápido. Esperanza Aguirre no me lo puso fácil
(en aquella campaña) y aprendimos que es posible hacer campañas con pocos
medios".
Preguntada por si teme que el vuelco de Ciudadanos en Cataluña se pudiera
producir en Madrid en las elecciones, Cifuentes cree que las situaciones no son
comparables y que en Madrid, el voto útil del centro-derecha lo representa el
Partido Popular.
Cuestión de Estado
La presidenta de la Comunidad de Madrid evita calificar de acertada o equivocada
la estrategia de Rajoy en Cataluña. Considera que Rajoy siguió la estrategia que
necesitaba España "y esta no era la estrategia que favorecía al Partido Popular.
Y eso tiene un coste electoral y para el Partido Popular lo ha tenido. Mariano
Rajoy hizo lo que tenía que hacer
Cifuentes espera seguir trabajando en 2018 para mejorar la calidad del empleo.
Destaca que Madrid ya ha recuperado todos los puestos que se destruyeron durante
la crisis pero que su gestión seguirá dirigida en los próximos meses a mejorar
la situación de los desempleados y fomentar las políticas sociales en la
Comunidad de Madrid.
http://cadenaser.com/emisora/2017/12/30/radio_madrid/1514637091_630827.html
