CIFUENTES SE
LANZA PARA
SUCEDER A
AGUIRRE AL
FRENTE DEL
PP REGIONAL
La
presidenta
intensifica
sus
contactos
con alcaldes
y
agrupaciones
con un
mensaje
integrador.
Sectores
aguirristas
dan por
hecho que
optará a
liderar el
partido en
Madrid
La
presidenta
de Madrid,
Cristina
Cifuentes,
ha
desplegado
una campaña
para
posicionarse
como líder
del PP
regional en
el futuro
congreso
(aún sin
fecha) que
elegirá al
sucesor de
Esperanza
Aguirre,
quien ya ha
dicho que no
opta a la
reelección.
Durante las
últimas
semanas,
Cifuentes ha
visitado a
decenas de
alcaldes y
acercado
posiciones
con
dirigentes,
algunos
reconocidos
aguirristas,
lanzando un
mensaje de
integración.
Cuando se le
pregunta, la
presidenta
cita a Julio
César ante
el Rubicón:
“Cuando
lleguemos al
río
cruzaremos
el puente”.
Partidarios
y enemigos
coinciden en
que está
decidida.
La frase es
de un
reconocido
aguirrista
sin
demasiadas
simpatías
hacia la
presidenta
de la
Comunidad,
Cristina
Cifuentes:
“La verdad
es que se
está
currando el
partido”.
Desde que
tomó
posesión en
Sol el
pasado 25 de
junio,
Cifuentes ha
recibido a
alcaldes,
diputados
—el grupo
parlamentario
del PP en la
Asamblea
tiene
todavía una
mayoría de
afines a
Aguirre, la
presidenta
que
confeccionó
las listas a
su medida
antes de las
autonómicas
de mayo— y
cargos
intermedios,
desplegando
una campaña
diplomática
que nadie en
el partido
cree casual
y que la
mayoría
atribuye a
su decisión
de ser la
próxima
presidenta
regional
para
acaparar
todo el
poder en el
PP
madrileño.
Aunque para
el congreso
regional no
hay fecha y
algunos
dirigentes
apuntan al
próximo
otoño —antes
debe
celebrarse
uno del PP
nacional y
este depende
de lo que
pase con el
Gobierno
central y
esa amenaza
latente de
unas nuevas
elecciones—
Cifuentes ya
está
preparando
el terreno.
Su equipo
más cercano
no suelta
prenda y se
remite a las
entrevistas
concedidas
por
Cifuentes en
las que, día
sí y día
también, se
le pregunta
por la
presidencia
regional.
Ella no
niega que
tenga
aspiraciones
y durante
sus
comparecencias
públicas las
declaraciones
de Cifuentes
con sus
silencios y
hasta sus
sonrisas
están
milimétricamente
calculadas.
El pasado 24
de diciembre
durante la
protocolaria
visita de
cada
Nochebuena
para
felicitar
las fiestas
al personal
de
emergencias
de Madrid,
la
presidenta
regional
despejó la
pregunta
sobre el
futuro
congreso
regional,
alegando que
no toca y
menos ahora
que su
partido está
pendiente de
la formación
de Gobierno,
pero dejó un
aviso a la
actual
dirección
regional:
“El PP de
Madrid
también
tiene que
renovarse,
necesita
recuperar la
ilusión, las
ganas y la
fuerza de
las bases”.
Esas
declaraciones
medidas
replican la
estrategia
seguida por
Cifuentes
durante el
año pasado
cuando
estaba al
frente de la
delegación
del Gobierno
de Madrid y
los
periodistas
le
preguntaban
si se veía
como cartel
del PP a la
alcaldía (a
última hora
fue el
presidente
Mariano
Rajoy quien
decidió que
sustituiría
a Ignacio
González
como
candidata en
la
Comunidad).
Cifuentes
siempre se
dejó querer
sin decir
esta boca es
mía hasta
que fue
ungida con
el dedo de
Rajoy.
Ahora, con
el poder que
los alcaldes
confieren a
alguien que
maneja un
presupuesto
de casi
18.000
millones de
euros
anuales, un
miembro de
la dirección
del PP
regional la
ve lanzada:
“No ha
dejado un
pueblo sin
visitar, no
tiene mal
cartel entre
los alcaldes
y el
aguirrismo
no sabe a
qué atenerse
porque
dirigentes
que podían
jugar a
delfines
como Ignacio
Gonzalez o
Lucía Figar
están
desactivados”.
Y en el
partido
cunde la
idea de que
mantiene
todo el
apoyo de
Mariano
Rajoy, entre
otras cosas
porque
Cifuentes
fue una de
las pocas
buenas
noticias que
el líder del
PP recibió
en las
elecciones
autonómicas
y
municipales
de mayo.
Aquella
noche,
Aguirre,
tras perder
la alcaldía,
ni siquiera
esperó al
recuento de
los votos en
la Comunidad
de Madrid
dando por
sentado que
Ángel
Gabilondo
sería
presidente.
Esa
madrugada,
que vivió
Cifuentes
recluida en
el despacho
en la
tercera
planta de
Génova 13
junto a sus
colaboradores
más cercanos
y sin
mezclarse
con el
aguirrismo,
empezó a
recibir ya
adhesiones
inesperadas.
Es lo que un
sector del
partido
llama
“posibilistas”,
cargos
intermedios
que se
arriman al
poder.
Desde las
generales
del 20 de
diciembre,
el equipo de
la
presidenta
repite que
si el PP en
Madrid subió
en 153.000
votos
respecto a
los comicios
de mayo fue
por los
nuevos aires
que llegaron
a Sol tras
el cambio de
Gobierno. Lo
aseguró la
propia
Cifuentes en
una
entrevista
en Onda Cero
el pasado 23
de
diciembre:
“Uno de cada
cuatro
votantes de
Podemos ha
cambiado de
opinión
[aludía a la
candidatura
de Ahora
Madrid que
hizo
alcaldesa a
Manuela
Carmena
frente a
Aguirre] y
yo creo que
eso se debe
a a la
política que
estamos
llevando a
cabo en
estos seis
meses”.
Cuando el
periodista
Carlos
Alsina le
repreguntó
si en esa
mejoría
influyó la
labor de
Aguirre
desde la
oposición
municipal,
Cifuentes,
lanzó otro
de sus
dardos: “De
cara al
ciudadano,
quizás la
labor de
oposición
tiene menos
trascendencia.
Los
ciudadanos
perciben más
las medidas
que se toman
desde el
Gobierno y
hemos
demostrado
que somos
fiables y
damos
confianza”.
En su primer
semestre de
mandato, la
presidenta
de Madrid no
ha dejado de
marcar
distancias
con sus
antecesores:
sus balances
presumen de
“reducir
altos
cargos”
respecto al
Gobierno de
González y
prometen
“tolerancia
cero frente
a cualquier
caso de
corrupción”.
Es su forma
de decir que
han llegado
nuevos
tiempos
también al
PP de
Madrid.
La primera
en una
carrera de
la que se
descolgó
Aguirre
Un par de
alcaldes que
han
compartido
mesa con
Cifuentes en
las últimas
semanas
aseguran que
la
presidenta
no lo dice
abiertamente
pero deja
ver que está
dispuesta.
El pasado
martes, la
presidenta
merendó con
una veintena
de regidores
del partido
en la
localidad de
Villarejo de
Salvanés, en
esa campaña
de
relaciones
que
desarrolla
en los
últimos
meses. Las
pasadas
semanas ha
acudido a
cuantas
copas de
navidad ha
podido en
las
agrupaciones
del PP.
Enfrente hoy
no se
vislumbra un
rival aunque
empiezan a
sonar
nombres de
jóvenes
valores como
el del
alcalde de
Alcorcón,
David Pérez.
Dirigentes
del sector
aguirrista
apuntan que
son valores
prometedores
pero que
ninguno está
hoy en
condiciones
de
disputarle a
Cifuentes la
presidencia
del PP. Las
mismas
fuentes
admiten que
pueden
surgir otros
rivales como
Pablo
Casado, cada
día con más
protagonismo
en el PP.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/30/madrid/1451497431_810386.html
EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA
DE CIFUENTES
SOLO TIENE
10
PETICIONES
POR SUS
FALLOS
La web ha
sufrido
fallos
técnicos y
obliga a
hacer
trámites
presenciales
a los
solicitantes
El recién
estrenado
portal de
transparencia
de la
Comunidad de
Madrid,
presidida
por Cristina
Cifuentes
(PP), apenas
ha recibido
12
solicitudes
de
información
de
ciudadanos
en su primer
mes de
funcionamiento.
Entre el 17
de noviembre
y el 13 de
diciembre se
presentaron
10
peticiones,
que han
generado 12
expedientes,
sobre todo
acerca de
altos cargos
regionales,
subvenciones
y convenios
firmados por
la
Administración,
según datos
de la
Consejería
de
Presidencia.
El sistema
para pedir
información
no solo es
farragoso y
requiere de
trámites
presenciales
en horario
laboral;
además, la
web desde la
que se hacen
las
peticiones
ha tenido
problemas
técnicos y
no se ha
podido usar
durante
días.
Madrid dejó
de ocupar el
último lugar
entre las
autonomías
en materia
de
transparencia
en
noviembre,
cuando
Cifuentes
presentó la
puesta en
marcha de
una nueva
web desde la
que
centralizar
la
información
a los
ciudadanos.
Hasta
entonces,
Madrid era
la única
autonomía
que aún
carecía de
un portal de
transparencia,
y apuraba el
límite de la
normativa
nacional,
que marcaba
el 10 de
diciembre
como tope
para que
autonomías y
Ayuntamientos
se adaptaran
a la Ley de
Transparencia.
La nueva web
permite
consultar
mucha
información
—contratos,
datos de los
altos
cargos,
estadísticas—,
pero a la
inmensa
mayoría ya
se podía
acceder
desde otras
páginas de
la Comunidad
o desde el
Boletín
Oficial, por
lo que su
ventaja es
que
centraliza
y, por
tanto,
simplifica
las
consultas.
El problema
llega cuando
los
ciudadanos
quieren
solicitar
información
que no
figura en el
portal. Los
requisitos
para enviar
una pregunta
dificultan
el acceso.
El sistema
no permite
preguntar
por correo
electrónico.
La única
posibilidad
es mandar un
formulario
en la web. Y
para hacerlo
se necesita
un DNI
electrónico
o instalar
un
certificado
digital.
Según el
Instituto
Nacional de
Estadística,
el 48% de
los
ciudadanos
tiene el
eDNI, pero
solo el 15%
de ellos lo
ha usado
alguna vez
para
relacionarse
con la
Administración.
Además, es
necesario
instalar un
lector de
tarjetas en
el ordenador
para usarlo.
Conseguir un
certificado
digital
tampoco es
sencillo, y
además no
garantiza
nada.
Primero hay
que hacer
una
“presolicitud”
por
Internet.
Luego,
esperar el
envío de un
correo
electrónico
de
confirmación.
Posteriormente
hay que ir
en persona
con el DNI a
un registro
de la
Comunidad de
Madrid. Otro
correo
electrónico
valida el
trámite.
Finalmente,
es necesario
descargarlo
e instalarlo
en el
ordenador,
un proceso
que puede
entrañar
dificultades
para un
usuario con
conocimientos
básicos de
informática.
Incluso
siguiendo
estos pasos
correctamente,
el sistema
da errores,
tal y como
ha
comprobado
EL PAÍS, que
durante una
semana
intentó
enviar una
petición de
información.
La
Consejería
de
Presidencia
reconoció
entonces que
el sistema
fallaba,
pero asegura
que ya se ha
solucionado.
“La página
ha tenido
problemas
técnicos
desde el
principio”,
afirma
Miguel Ongil,
diputado
regional de
Podemos;
añade que
expertos en
derecho a la
transparencia
y datos
abiertos no
han podido
enviar sus
peticiones
de
información.
“No hay
razón
objetiva
para
restringir
el acceso de
esta manera,
con un DNI
electrónico
o un
certificado,
a
información
que debería
ser
pública”,
asegura. Su
crítica va
más allá de
los
problemas de
acceso: “No
es un portal
de
transparencia,
es un
redireccionador
de webs que
ya existen”.
Ciudadanos y
el PSOE
piden una
nueva ley
La web tiene
el color
corporativo
del PP,
publicita
políticas de
Cifuentes
como el
abono
transporte
para
desempleados
a 10 euros,
e informa
del grado de
cumplimiento
de sus
promesas
electorales.
Pero sin
datos
objetivos,
denuncia
Ongil. Como
en sanidad:
“Apostaremos
por una
sanidad
madrileña
pública,
universal,
gratuita y
de la máxima
calidad”,
reza una de
las
“actuaciones”.
Tanto
Podemos como
el PSOE
critican que
el portal no
vaya
acompañado
de una ley
que regule
el acceso de
los
ciudadanos a
la
información
y que
obligue a la
Administración
a dar la
respuesta
más
adecuada.
Por ejemplo,
dictando el
plazo máximo
para
responder a
una
solicitud o
el tipo de
preguntas
que no puede
negarse a
contestar.
Por ahora,
el portal
madrileño se
rige por la
Ley de
Transparencia
nacional,
que, aún con
lagunas, al
ciudadano le
garantiza
por ley una
respuesta en
un mes, con
una serie de
excepciones
que permiten
denegarla.
“Vamos a
presentar,
en días o
semanas, una
ley que
regule la
transparencia
en Madrid”,
anuncia José
Manuel
Franco,
diputado
regional
socialista.
En su
opinión,
actualmente
“un
ciudadano
tiene que
ser un
auténtico
especialista
para
acceder,
cuando lo
que hay que
hacer es
fomentar la
participación”.
Franco
lamenta la
opacidad del
Gobierno:
“En lo que
va de
legislatura,
hemos tenido
que pedir en
99 ocasiones
el amparo de
la mesa para
que nos dé
información
solicitada
reglamentariamente”,
asegura.
Ciudadanos
también ha
instado al
Gobierno a
redactar una
ley: “La
nacional no
es
suficiente,
debemos ser
más
ambiciosos”,
dice la
diputada
regional
Dolores
González,
que coincide
con Franco
en una queja
muy habitual
en la
Asamblea: el
Gobierno
entrega los
datos en
papel o en
PDF, lo que
dificulta
trabajar con
ellos. Una
barrera más
al ya
complicado
sistema de
identificación
del
solicitante:
“Si lo que
se pide es
relevante,
lo de menos
es quién lo
pide”,
subraya
González.
¿Qué puede
hacer un
ciudadano al
que se le
deniega
información?
El Portal de
Transparencia
contesta a
esta
pregunta
asegurando
que puede
presentar
una
reclamación
ante el
Consejo
Consultivo
de la
Comunidad de
Madrid. El
problema es
que este
órgano —que
según el
Gobierno
regional
costaba 2,3
millones de
euros
anuales— ha
sido
suprimido.
La Asamblea
de Madrid
votó el
pasado 23 de
diciembre la
ley que lo
extingue.
Por tanto, y
ante la
inexistencia
del “órgano
independiente
encargado de
velar por el
efectivo
cumplimiento
del derecho
de acceso a
la
información
pública”
—así sigue
figurando en
la web de
Transparencia—,
las
reclamaciones
“las asume
por defecto
el Consejo
de la
Transparencia
nacional”,
explica
Dolores
González,
diputada
regional de
Ciudadanos.
Según
González, el
PP intentó
proponer
como árbitro
alternativo
al Tribunal
Administrativo
de
Contratación
Pública.
“Sus
miembros son
propuestos
por la
Consejería
de Economía
y nombrados
por el
Gobierno”,
es decir, a
dedo,
recuerda,
por lo que
Ciudadanos
votó para
suprimir el
artículo de
la Ley de
Acompañamiento
de los
Presupuestos
que le daba
las nuevas
competencias.
“Queremos
cambiar el
modo de
selección
para que los
miembros del
tribunal de
transparencia
pasen un
concurso
objetivo de
méritos”,
concluye.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/27/madrid/1451243723_839086.html
CIFUENTES,
COMO RAJOY,
TAMPOCO SE
SABE LA
CONSTITUCIÓN:
"EL
PRESIDENTE
DEL GOBIERNO
TIENE QUE
SER
DIPUTADO"
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid
también se
lía con la
Carta Magna
en una
entrevista
con Alsina y
dice que es
impropio de
democracias
proponer a
un candidato
que no ha
concurrido a
las
elecciones.
Se le
recordó
entonces que
lo había
hecho
Italia.
Sólo le
faltó decir
"¿Y la
europea?".
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
ha emulado
hoy a
Mariano
Rajoy al
liarse con
la
Constitución
y afirmar
que un
candidato
independiente
no puede ser
presidente
del
Gobierno.
Una vez más,
fue el
periodista
de Onda Cero
Carlos
Alsina quien
puso a la
conservadora
en un
aprieto.
Ella
intentaba
arremeter
contra la
propuesta de
Podemos, que
deja la
puerta
abierta a
que sea una
persona
ajena a los
partidos
políticos
quien dirija
el Ejecutivo
en esta
etapa
post-20D.
"Es una
frivolidad",
dijo
Cifuentes.
"Esto ocurre
en los
países donde
no hay
democracia,
donde
alguien
decide de
manera
digital
quién está
al frente
del
Gobierno",
sentenció.
Alsina le
recordó
entonces que
esa era
justamente
la situación
de Italia.
"Es una
situación de
intervención
política en
nuestro
sistema.
Nuestra
Constitución
dice que el
presidente
del Gobierno
tiene que
ser
diputado",
espetó
igualmente
la
presidenta
de Madrid.
El
periodista,
de nuevo, la
rectificó.
Ella asumió
pronto su
error: "Sí,
es verdad,
tiene razón.
En las
autonomías,
(el
presidente)
sí tiene que
ser
diputado".
Y, aun así,
siguió
defendiendo
su postura:
"En todo
caso, no
tiene
sentido.
Rajoy es el
candidato
más votado
de manera
mayoritaria.
Sería una
falta de
respeto al
electorado",
concluyó
http://m.publico.es/politica/1944089/cifuentes-como-rajoy-tampoco-se-sabe-la-constitucion-el-presidente-del-gobierno-tiene-que-ser-diputado
LA ASAMBLEA
APRUEBA LA
NUEVA LEY DE
TELEMADRID
El director
general será
aprobado por
dos tercios
del
parlamento y
su mandato
será de seis
años
Ciudadanos y
PP pactan en
solitario la
ley de
Telemadrid
El pleno de
la Asamblea
de Madrid ha
aprobado hoy
el proyecto
de ley que
reforma la
Ley de Radio
Televisión
Madrid
(Telemadrid)
con los
votos a
favor del PP
y Ciudadanos
y el rechazo
de PSOE-M y
Podemos, que
han alertado
de la
"politización"
que, a su
juicio,
sufrirá el
antiguo ente
público.
Entre los
cambios,
destaca la
composición
del consejo
de
administración,
que pasará
de siete a
nueve
miembros:
cinco de
ellos serán
elegidos por
organizaciones
profesionales
y sociales y
los cuatro
restantes
por los
grupos de la
Asamblea.
En todos los
casos,
deberán ser
nombrados
por una
mayoría del
Parlamento
de dos
tercios.
El mandato
de los
consejeros
será de seis
años, al
igual que el
del director
general, que
será
nombrado por
mayoría de
dos tercios
de la
Asamblea a
propuesta
del consejo
de
administración
"entre
personas de
reconocida
cualificación
y
experiencia
profesional
seleccionadas
en
convocatoria
pública".
El texto
también
contempla la
creación de
un consejo
de redacción
compuesto
por cinco
miembros que
serán
elegidos de
forma
aleatoria
por el
consejo de
administración,
así como de
un consejo
asesor
formado por
17 miembros
de distintos
ámbitos de
la sociedad
y una
oficina de
participación
del
espectador y
radioyente.
El ente
público y
las dos
sociedades
anónimas se
disuelven
para dar
paso a una
sola
sociedad
cuya junta
general de
accionistas
estará
constituida
por el
Consejo de
Gobierno de
la Comunidad
de Madrid.
Además,
determina
que en la
convocatoria
de los
procesos de
selección de
personal se
podrán
incluir como
méritos a
valorar
haber
prestado
servicio
previamente
en Radio
Televisión
Madrid.
Esta reforma
ha sido
aprobada
tras un
debate muy
bronco que
ha
enfrentado
con dos
versiones
contradictorias
a los grupos
parlamentarios
de PP y
Ciudadanos,
por un lado,
y PSOE-M y
Podemos, por
otro.
La portavoz
del PP en la
comisión de
control de
Telemadrid
en la
Asamblea,
Isabel Díaz
Ayuso, ha
defendido
con fervor
una ley que
cree que
será un
referente
para otros
medios
públicos en
España al
suponer el
fin del
"partidismo".
"Les da
miedo porque
no lo pueden
controlar,
pero tienen
que estar
tranquilos
porque
nosotros
tampoco", ha
dicho
dirigiéndose
a los
diputados de
PSOE-M y de
Podemos en
referencia a
la
composición
del consejo
de
administración.
Además, ha
echado en
cara a
Podemos que
sus modelos
sean la
televisión
"venezolana,
la iraní y
(el
programa) La
Tuerka,
donde tienen
a la gente
contratada
en B".
El portavoz
de
Ciudadanos,
Ricardo
Megías, ha
defendido
que esta
reforma
establece un
modelo
"despolitizado"
que atenderá
"los
intereses de
los
madrileños y
no los
creados por
los
gobiernos de
turno" y ha
asegurado
que "recoge
en mayor o
menor medida
todas las
ideas"
planteadas
por los
grupos
parlamentarios.
"Algunos
siguen
empeñados en
hablar de
una ley a
dos (...)
permítanme
que hable de
la realidad
paralela que
ustedes
viven y que
hace que, en
lugar de
debatir
sobre una
cuestión tan
importante
como ésta,
se hayan
dedicado a
intoxicar y
crear ruido
y
confusión",
ha dicho.
El portavoz
de Podemos,
Pablo
Padilla, ha
calificado
esta ley de
"chapuza",
ya que cree
que se ha
hecho con
"prisa" y no
ha habido
consenso ni
diálogo.
En su
opinión, con
esta reforma
Telemadrid
estará más "gubernamentalizada"
porque el
Gobierno
regional,
como máximo
accionista,
podrá
"cerrar,
fusionar o
extinguir"
este medio
de manera
"unilateral",
y más
"privatizada"
al
desaparecer
el ente
público.
"Vamos a
firmar el
acta de
defunción de
lo que
podría ser
una buena
televisión
pública para
los
madrileños",
ha añadido.
En la misma
línea, la
portavoz del
PSOE, Isaura
Leal, ha
acusado a PP
y Ciudadanos
de
"pretender
cambiarlo
todo para
que todo
siga igual"
y ha
incidido en
la
"politización"
de un modelo
que "no
garantiza la
sostenibilidad".
Entre otros
aspectos, ha
criticado el
espíritu
"antisindical"
de la ley,
al no
mencionar a
los
representantes
de los
trabajadores,
y el hecho
de que los
miembros del
consejo de
redacción
sean
elegidos por
el consejo
de
administración
en lugar de
por los
propios
empleados.
"Tendrá muy
complicada
la tarea de
velar por la
independencia",
ha apuntado.
El rifirrafe
a cuenta de
este
proyecto
legislativo
(iniciado en
las
ponencias
previas en
comisión) ha
estado
presente
hasta el
último
momento en
el Pleno,
que se ha
interrumpido
alrededor de
media hora
para que la
Mesa de la
Asamblea
decidiera si
aceptaba
someter a
votación
tres
enmiendas
técnicas
presentadas
por PP y
Ciudadanos.
La
presidenta
del
Parlamento
autonómico,
Paloma
Adrados, ha
tenido que
llamar al
orden a los
miembros del
comité de
empresa de
Telemadrid
que han
seguido el
Pleno desde
la tribuna
de invitados
y que han
denunciado
en
declaraciones
posteriores
a los medios
que este
reforma
supone "un
paso atrás".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/23/madrid/1450883385_208442.html
CIFUENTES NO
PRESUPUESTA
EN 2016 SU
PLAN DE
CINCO AÑOS
CONTRA EL
MALTRATO
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, presentó el lunes su Estrategia Integral de Acción contra la Violencia de Género. Un plan ambicioso, con una dotación de 270 millones para cinco años (2016-2021), lo que en principio supondría presupuestar 54 millones para el próximo curso. Sin embargo, si se analizan las cuentas al detalle, se observa que el Gobierno autónomo gastará realmente 22 millones. Eso significa solo un 3% más que en 2015. Aún más: pese al incremento, el presupuesto de la Dirección de la Mujer es ocho millones menor que el de hace un lustro, en plena crisis.
Como el presupuesto para la Dirección General de la Mujer para 2016 sube solo 500.000 euros respecto a 2015 —hasta alcanzar los 22,04 millones—, para cumplir el plan contra el maltrato la Comunidad de Madrid tendría casi que cuatriplicar la inversión en 2017 (86 millones).
El proyecto integral ha tenido una gran visibilidad mediática. El lunes la presidenta regional, Cristina Cifuentes, visitó el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (CIMASCAM) y anunció la implantación de un plan con 160 medidas y una inversión en cinco años de 270 millones. Y el miércoles, Día contra la Violencia de Género, asistió a un acto institucional junto al presidente, Mariano Rajoy, en el Museo de El Prado.
Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales argumentan que al tratarse de una estrategia transversal, los 54 millones se reparten entre diferentes departamentos: “No es solo lo que se hace desde la Dirección General de la Mujer. Hace mucho, por ejemplo, Presidencia con los juzgados de violencia de género con un coste de 20 millones o el teléfono 012. O Empleo, con sus políticas para víctimas; o Educación, con talleres de prevención”. Justifican también el gasto en que “cada uno de los profesionales sanitarios que atienden a una maltratada han recibido una formación previa”. Estos servicios ya existían.
Sin embargo, si uno examina los presupuestos de Educación, solo contemplan un proyecto de sensibilización para la igualdad entre hombres y mujeres en las escuelas de adultos, y la elaboración de documentación orientada a la prevención, detección, corrección y sanción de la violencia de género en los adolescentes. No ofrecen cifras. El presupuesto de la Dirección General de la Mujer es calcado del de 2015 hasta el céntimo de euro en casi todos los capítulos. A gastos de personal se destinan 3,2 millones y los gastos corrientes suben 500.000 euros en el apartado “gestión de centros” hasta alcanzar los 4,7 millones. Ciudadanos, que tiene en su mano la aprobación de los presupuestos el próximo 17 de diciembre, exige en una de sus enmiendas parciales aumentar en 500.000 euros el total.
Hasta 2012 los presupuestos de la Dirección General de la Mujer se dividían en dos: promoción e igualdad de la mujer y acciones contra la violencia de género. Pero en 2013, tras recortarse 4,5 millones, se fusionaron.
Ángel Gabilondo, el líder de los socialistas en la Asamblea, lamentó esta semana que no se hubiese contado con el resto de partidos para este plan integral tras haberse acordado una declaración conjunta contra la violencia de género. Gabilondo echó en falta la asignación de los 54 millones. “Nosotros no vemos, al menos en el presupuesto en su estado actual, esa cantidad”. También Comisiones Obreras se planteó la pregunta durante la presentación de su informe anual de violencia de género. El sindicato recuerda que las mujeres maltratadas en la región llenarían dos veces el estadio Santiago Bernabéu.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/28/madrid/1448745958_167224.htm
EL 30% DE LOS MADRILEÑOS NO PUEDE IRSE UNA SEMANA DE VACACIONES
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza afirma que 334.000 madrileños sobreviven con menos de 332 euros mensuales
El 30% de los madrileños no puede permitirse una semana de vacaciones al año y el 37% no puede afrontar gastos imprevistos. Son datos que ha proporcionado el quinto informe de la EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social), de la que forman parte las principales ONG españolas. El 19,2% de la población de la región (1.239.000 personas) está en riesgo de pobreza, lo que supone 10 puntos menos que la media española. Pero no hay que olvidar que el coste de la vida es en esta región un 14% mayor que el promedio, según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra.
Cuando el pasado 3 de agosto se derrumbó de madrugada un edificio en Carabanchel, solo tres de las 20 familias estaban fuera de Madrid. En un barrio obrero como el suyo, son muy pocos los que se pueden costear un hotel. Trece de cada 100 madrileños no están al día en los pagos de la letra de la casa o el alquiler, y siete en las facturas de agua y luz. Ocho no pueden calentar bien su vivienda. Y es que, según el informe de EAPN —de la que forman parte Cruz Roja y Cáritas—, 334.000 personas sobreviven con ingresos inferiores a 332 euros mensuales, lo que se considera “pobreza severa”.
Gabriela Jorqueras, coordinadora de EAPN Madrid, explica que “es muy complicado comparar, porque en las grandes ciudades y las zonas turísticas el precio de la vida es más alto”. Según un estudio de EAPN Europa, relata, “una persona en Madrid capital necesita 174 euros mensuales para comer, 647 euros si se trata de dos adultos y dos menores. Es decir, que las necesidades básicas son aquí mucho más caras”.
De cada 100 contratos que se firman en Madrid, 87 son temporales. Y en 212.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Con estos mimbres es complicado que el riesgo de exclusión baje. Aroa, de 29 años, su marido y sus dos hijos, de 6 años y año y medio, hacen virguerías para sobrevivir con 200 euros. Cuentan con una renta mínima de 600, y destinan 400 a su piso en Leganés. “Mi madre y mi suegra nos dan lo que pueden”, cuenta Aroa, que trabajó en una empresa de artes gráficas. “Me despidieron cuando tuve a mi hijo. Pensaban que no iba a poder cuidarlo. Les tenía que haber denunciado, pero no lo hice”, se lamenta.
Tener trabajo ya no garantiza una situación saneada. “Muchos trabajadores han accedido a infraempleos y otros han visto cómo se degradaban fuertemente las condiciones laborales en sus empresas. Hay la amenaza de o lo tomas o lo dejas”, reflexiona Ana Sánchez de la Coba, secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid.
El marido de Aroa montaba ascensores, en un sector, el del ladrillo, de los más castigados por la crisis. Ella trabaja cuando le sale algo “en la cocina o de camarera”. Dejó de estudiar con 16 años y tiene claro que sus hijos no deben abandonar la escuela para progresar. “No tengo para mandar a mi niño a una academia”, cuenta, pero lo suple con el apoyo en los deberes y las actividades extraescolares que le proporciona Save the Children Leganés.
Ha impedido que suba más la tasa de pobreza el que desde 2010 más de 200.000 inmigrantes se han vuelto a sus países o migrado a otros Estados. “Es un colectivo con mucha vulnerabilidad. Su riesgo de pobreza es el doble que el de los españoles”, sostiene Jorqueras. “Vinieron a ocupar trabajos precarios —muchos en la construcción— que se destruyeron y no han sido capaces de reintegrarse en el mercado laboral”.
En contra de lo que podría pensarse, la tercera edad se ha visto menos vapuleada por la crisis que los jóvenes. “Se han jubilado muchas mujeres que han cotizado y las pensiones se han mantenido mientras bajaban los salarios de la población”, explica Jorqueras.
La Asamblea dedicó recientemente un pleno a la pobreza. En él se aprobaron varias resoluciones: más becas, salud bucodental gratuita para los niños, escuela infantil para todos los menores... El consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, negó entonces la existencia de tanto riesgo de exclusión, aludiendo al hecho de que solo 600 niños de los 5.000 previstos se apuntaron a los comedores escolares que a última hora abrieron en la región. También a la tercera mejor renta del país (12.597 euros, un 7% menos que hace seis años) o el peso de Madrid en el PIB. Para la oposición el problema es que la riqueza no está bien distribuida.
“Los niños son pesimistas sobre su futuro”
Los menores de 15 años son el colectivo que más está sufriendo la crisis. Así lo manifiesta el INE. Uno de cada cuatro niños está en riesgo de pobreza y el 11% (129.000 menores) es víctima de pobreza extrema. Andrés Conde, el director general de Save the Children, habla de “un impacto multisectorial”. En la cesta de la compra muchos productos son prohibitivos y los niños no comen bien. Ha habido un recorte de becas que afecta a su acceso a libros de texto o al material escolar y se han rebajado los programas de refuerzo. Además, no se puede mantener una buena temperatura en casa, ni acceder a una excursión del colegio o a tratamientos médicos que no cubre la Seguridad Social.
En este contexto, Save the Children proporciona gafas, tratamientos dentales o audífonos. También provee de material higiénico e incluso alimentos. Mil menores madrileños asisten a sus talleres de refuerzo escolar y trabajan su estado emocional. “Muchos tienen muy baja la autoestima. Tienen una visión muy pesimista de su futuro. Hay que hacerles ver que no son menos que otros niños y que son capaces de conseguir sus metas”, subraya Conde. “La única estrategia para que salgan de la exclusión es la educación. Si abandonan la escuela hay muchas posibilidades de que repitan la vida de sus padres”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/11/madrid/1447271773_456586.html
UN DIPUTADO PIDE EL AMPARO DE LA ASAMBLEA PORQUE CIFUENTES LE DA INFORMACIÓN "ILEGIBLE"
Rafael Gómez Montoya, del PSOE, recibe datos sobre 350 contratos sobre Arpegio comprimidos en seis folios y con la letra borrosa. Repetir los trámites demora de nuevo la entrega de la información
Vuelta a empezar. El diputado socialista Rafael Gómez Montoya ha tenido que solicitar el amparo de la Mesa de la Asamblea de Madrid (el órgano de Gobierno de la Cámara autonómica) porque el Ejecutivo regional le ha remitido información ilegible que le hace imposible preparar su comparecencia en la comisión de corrupción. La Mesa ha decidido concederle el amparo y "reitera al Gobierno la remisión legible de la documentación solicitada". Este trámite retrasará aún más la disponibilidad de unos datos que el parlamentario solicitó el 6 de octubre y que con toda probabilidad no tendrá hasta 2016, y eso que el reglamento de la Asamblea estipula que el Ejecutivo no debe tardar más de 30 días en "facilitar los datos, informes o documentos solicitados".
Gómez Montoya solicitó el 6 de octubre "la relación de empresas adjudicatarias de los concursos hechos hasta la fecha con relación al programa Prisma 2008-2011, prorrogado hasta 2015, con indicación de nombre de la obra, presupuesto, municipio donde se realiza la obra y periodo de ejecución". El plan Prisma (un programa de inversiones en municipios financiado por la Comunidad) está gestionado por la empresa pública Arpegio. Y Arpegio es uno de los temas que se tratarán en la sesiones de la comisión, ya en 2016, por su relación con la trama Púnica.
"Arpegio seguramente necesitará más que las dos sesiones que se están dando a otros temas. Y la documentación a analizar es ingente. Es de coña que la Comunidad te facilite los datos de esta manera", señala el diputado. El Gobierno regional ha remitido la información de 350 adjudicaciones comprimidas en seis folios y medio, con un tamaño de letra muy pequeño y borrosa. Sobre todo es ilegible el nombre del adjudicatario y el coste. "No me puedo creer que no se den cuenta que cuando me van a enviar esto no se lee".
Pedir el amparo de la Asamblea y volver a solicitar la información de forma adecuada retrasará ya hasta 2016 la recepción de la documentación
Gómez Montoya decidió entonces pedir el amparo de la Mesa de la Asamblea. Esta, "a la vista de la documentación recibida, acuerda otorgar el amparo y reiterar al Gobierno la remisión legible de la documentación solicitada". La Mesa reconoce que los datos son ilegibles. Lo hizo el 10 de noviembre y la petición salió de la Asamblea el día 17. Una vez que la reciba la Comunidad, tiene 30 días como mucho para responder, según regulan los artículos 17 y 70 del Reglamento de la Asamblea. Con las vacaciones de Navidad de por medio, el diputado cree que hasta enero no tendrá nada.
Venga usted a ver la documentación
Lo que pidió Gómez Montoya es un resumen de los principales datos de las adjudicaciones del Prisma. El diputado socialista también ha solicitado los expedientes completos de cada adjudicación. La Comunidad, en este caso, no se los ha entregado ya que "el volumen de los documentos solicitados en la iniciativa impide el envío normal de los mismos". Por eso el parlamentario deberá acudir a la sede de Arpegio para consultar esos datos. "Más retrasos", señala Gómez Montoya. El reglamento de la Asamblea permite esta posibilidad.
Los diputados están teniendo problemas para consultar documentación. Una delegación de todos los grupos parlamentarios acude este viernes a la Consejería de Justicia para poder consultar el archivo del Campus de la Justicia, el fallido proyecto de Esperanza Aguirre de reubicar todas las sedes judiciales en un solo complejo. El Campus se ha tratado en otra comisión, la de deuda, y aunque ya está prácticamente finalizada los diputados aún no han podido mirar toda la información que han solicitado, porque lo que han decidido es personarse en el archivo.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2015-11-28/un-diputado-pide-el-amparo-de-la-asamblea-porque-cifuentes-le-da-informacion-ilegible_1107948/
UN ASESOR DE CIFUENTES ESTUVO IMPUTADO POR BENEFICIAR A FLORES EN EL MADRID ARENA
Uno de los asesores que trabaja en el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, es Jorge Rodrigo, que estuvo imputado durante la instrucción del caso Madrid Arena por su papel al frente de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec).
Al formar su gabinete como presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes fichó como asesor a Jorge Rodrigo, quien era el “número dos” la empresa municipal propietaria del Madrid Arena cuando se produjo la muerte de cinco chicas en la fiesta de Halloween de 2012. Rodrigo estuvo imputado por este caso y fue destituido por Ana Botella por no informarle sobre un contrato preferente con la compañía Diviertt de Miguel Ángel Flores para el uso del recinto situado en el recinto ferial de la Casa de Campo.
En la actualidad, Jorge Rodrigo ejerce funciones de asesor de la presidencia de la Comunidad de Madrid, estando adscrito orgánicamente a la Consejería de Presidencia y Justicia del gobierno regional. En el momento de la tragedia del Madrid Arena era el director gerente de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), empresa pública propietaria del pabellón donde murieron las cinco jóvenes y cuyo consejero delegado era José Ángel Rivero.
El 9 de enero de 2013 el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, imputa a ambos responsables de Madridec. En una de sus declaraciones ante el juez, Rodrigo culpó de la tragedia a tres de sus subordinados por no parar la fiesta.
Finalmente, el 29 de agosto de 2014 el juez aprobó el sobreseimiento provisional de las actuaciones sobre varios investigados, entre ellos Rodrigo y Rivero, después de que la Fiscalía lo pidiera. De esta manera, ambos dejaron de estar imputados.
Aunque la tragedia no tuvo consecuencias penales para Rodrigo y Rivero, sí las tuvo de tipo político. El 21 de noviembre de 2012, tres semanas después del fallecimiento de las cinco jóvenes, Ana Botella les destituyó por ocultar la existencia de un contrato muy favorable de Madriec con Diviertt. Ambos responsables de la empresa municipal negaron que hubieran ocultado dicho contrato a la entonces alcaldesa de la capital de España y que se había producido un error por el que ella no había visto el documento.
El contrato, firmado en septiembre de 2011, garantizaba a Diviertt que ningún competidor suyo podría alquilar el Madrid Arena un mes antes o un mes después de un evento organizado por la empresa de Flores. De esta manera, y espaciando sus fiestas de forma adecuada, Diviertt se garantizaba el uso en exclusiva del pabellón. Además, Diviertt obtenía un descuento del 5% en el caso de organizar más de cinco eventos anuales, y del 10% por más de 10.
http://okdiario.com/espana/madrid/un-asesor-de-cristina-cifuentes-estuvo-imputado-por-la-tragedia-del-madrid-arena-29391
LA JUEZ DEL
‘CASO ANERI’
INVESTIGA A
LOS
GOBIERNOS DE
AGUIRRE Y
GONZÁLEZ
La
instructora
del sumario
solicita
identificar
a todo el
equipo
directivo de
la
consejería
de Empleo
entre 2010 y
2014
La titular
del juzgado
de
Instrucción
número 9 de
Madrid, que
investiga el
fraude de
los cursos
de
formación,
el llamado
caso Aneri,
ha ordenado
identificar
a la cúpula
política de
las
consejerías
de Empleo en
los
Gobiernos de
Esperanza
Aguirre y de
Ignacio
González
entre 2010 y
2014. En un
auto firmado
el pasado 11
de
noviembre,
al que ha
tenido
acceso EL
PAÍS, la
magistrada
Esperanza
Collazos
Chamorro
accede a la
petición del
fiscal y
reclama a la
actual
Consejería
de Economía
—que preside
Engracia
Hidalgo y
que engloba
Empleo— que
le
certifique
los nombres
de todas las
personas que
ocuparon
cargos
públicos en
esa cartera
en ese
periodo.
El auto
judicial
pide “la
identidad,
fechas de
toma de
posesión, y
en su caso
cese de los
respectivos
cargos de
las personas
que ocuparon
la
Consejería
de Empleo,
la
viceconsejería,
la dirección
general de
Formación,
la
Subdirección
General de
Formación
Continua y
Emprendedores,
la dirección
general de
Estrategia y
Fomento de
Empleo, la
subdirección
general de
Estrategia y
Fomento de
Empleo, y
los jefes de
área de la
dirección
general de
Estrategia y
Fomento de
Empleo”.
Todos los
que tuvieron
algún papel
en la
concesión de
ayudas para
formación,
el objeto
del fraude,
que
inicialmente
se estimó en
4,4 millones
de euros.
La lupa se
pone ahora
sobre los
equipos
directivos
de Paloma
Adrados,
consejera de
Empleo entre
2007 y 2011,
Lucía Figar,
consejera de
Educación y
Empleo entre
2011 y
septiembre
de 2012, y
Ana Isabel
Mariño, que
asumió
Empleo
cuando
Ignacio
González
sucedió a
Esperanza
Aguirre en
septiembre
de 2012. La
magistrada
sigue la
petición del
fiscal del
caso, Miguel
Serrano
Solís, que
reclamó la
certificación
oficial de
los cargos
públicos
para seguir
adelante con
la
investigación
iniciada en
febrero de
2013.
La decisión
anticipa un
giro en las
pesquisas,
que hasta
ahora se han
centrado en
la red
creada por
Aneri y sus
socios para
captar
fondos
autonómicos
de formación
y en la
treintena de
asociaciones
beneficiadas
por las
ayudas a
cambio de
cursos que,
en muchos
casos, no se
efectuaron.
Pese a que
algunas
entidades
defendieron
en el
juzgado que
llevaron a
cabo las
acciones
formativas y
denunciaron
la falta de
control de
la Comunidad
en la
fiscalización
de las
ayudas e
incluso
supuestas
complicidades
políticas
con la
trama, hasta
el momento
ningún cargo
público ha
tenido que
sentarse
ante la
juez.
El sumario
está repleto
de
evidencias
sobre un
fraude
continuado
en las
ayudas
públicas
durante el
último
lustro. En
el supuesto
fraude,
llamado caso
Aneri por
uno de los
cabecillas
de la trama,
se investiga
el destino
de más de 15
millones de
euros de
subvenciones
destinadas a
la formación
por
Internet.
Entre los
imputados
hay altos
cargos de la
patronal
madrileña
CEIM.
Los socios
de Aneri
Uno de los
implicados
en la trama
es su
antiguo
socio,
Alfonso
Tezanos,
detenido en
marzo de
2014 e
imputado por
este caso.
Tezanos fue
alto cargo
de CEIM,
presidente
de la
comisión de
Formación de
la Cámara de
Comercio y
dirigente de
varias
organizaciones
empresariales,
entre ellas
Fedecam, que
también
recibía
subvenciones
de la
formación y
utilizaba un
sistema
similar al
de Aneri. De
hecho, fue
Tezanos, un
hombre
fuerte del
expresidente
de la
patronal,
Arturo
Fernández,
quien trajo
al
empresario
cordobés a
Madrid.
La Policía
Judicial ha
aportado en
el juzgado
decenas de
declaraciones
de alumnos
apuntados
como
receptores
de los
cursillos en
la
documentación
que obra en
poder de la
Comunidad y
que
manifestaron
no haber
recibido
esas clases.
De falsos
tutores que
supervisaban
el supuesto
aprendizaje.
Y de
testaferros
y facturas
simuladas
que ayudaban
a camuflar
una estafa
que solo vio
la luz
cuando Aneri
perdió el
control de
su vida
sumido en
una espiral
de juergas,
lujo,
prostitución
y cocaína.
Entre las
cargos
públicos que
la juez
pretende
tener
identificados
está también
el que era
jefe del
área de
formación
continua en
la
Consejería,
Vicente
Ferreras,
autor de un
informe que
señalaba
directamente
a Aneri como
responsable
de la
estafa. En
ese
documento,
fechado el
28 de
octubre de
2013,
concluía: “A
lo que se ha
dedicado
este señor
desde
principios
de año es a
crear una
barrera
entre el
área de
formación
continua y
las
entidades,
alargando un
posible
desenlace en
los
problemas
que se
plantean en
la
justificación”.
La juez y el
fiscal piden
identificar
también a
quien fue la
primera
víctima
política del
escándalo,
Joaquín
Velázquez,
subdirector
general de
Formación
Continua y
Emprendedores
que fue
destituido
por la
consejera
Ana Isabel
Mariño, por
el caso
Aneri.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/19/madrid/1447964127_475715.html
LA CAM
ADJUDICA A
UN PROCESADO
POR BLANQUEO
DOS
CONTRATOS DE
75.000 EUROS
La
Consejería
de Economía,
Empleo y
Hacienda
paga a
Leopoldo
Arnaiz por
un visor
para auditar
el suelo de
polígonos
industriales.
Ciudadanos
ha pedido
explicaciones
en la
Asamblea de
Madrid
La
Consejería
de Economía,
Empleo y
Hacienda,
que dirige
Engracia
Hidalgo, ha
adjudicado
dos
contratos
que suman
75.000 euros
(IVA no
incluido) a
una empresa
de Leopoldo
Arnaiz,
arquitecto y
urbanista
procesado en
el juzgado
número 35 de
Madrid por
blanqueo de
capitales e
imputado en
el juzgado
número 8 por
estafa. Uno
de esos
contratos
fue
denunciado
este viernes
por
Ciudadanos
en la
Comisión de
Hacienda y
Presupuestos
que se
celebró en
la Asamblea
de Madrid.
La diputada
Susana Solís
pidió
explicaciones
por este
contrato,
"teniendo en
cuenta los
antecedentes
del
contratista".
Arnaiz tiene
varios
frentes
judiciales
abiertos. Un
tercer
juzgado, el
número 6 de
Móstoles,
también ha
abierto
diligencias
contra él
tras varias
informaciones
destapadas
por El
Confidencial.
Además, su
nombre ya
aparece en
la pieza
separada de
Boadilla del
Monte que la
Audiencia
Nacional
investiga
dentro del
caso Gürtel.
La empresa
de Arnaiz ha
elaborado un
visor
tecnológico
para mejorar
el
inventario
de polígonos
industriales
de los
municipios
incluidos en
el Plan
Activa de la
Comunidad de
Madrid, un
plan puesto
en marcha
por la
empresa
pública
Madrid
Activa,
dependiente
de la
consejería
de Hidalgo.
El objetivo
de este
visor es que
se puedan
consultar el
estado, la
situación,
los precios
y las
características
del suelo
que está
libre en los
polígonos
industriales,
una
herramienta
muy útil
para que se
emprendan
nuevos
negocios.
La
consejería
sacó a
concurso
tres
contratos:
uno para la
zona del
Henares,
otro para la
zona Sur y
el tercero
para la zona
Sureste. La
empresa
Arnaiz
Urbimática
ganó el
contrato de
Henares
(40.000
euros) y de
Sureste
(35.000
euros) en
marzo y
octubre de
este año.
Ciudadanos
va a seguir
pidiendo
explicaciones
sobre estos
contratos.
Un portavoz
de la
consejería
asegura que
los tres
concursos
cumplieron
todos los
requisitos
legales de
transparencia,
publicidad y
concurrencia.
"Si no hay
condena
mediante
sentencia
firme, no se
puede
excluir a
una empresa
que ha
ganado un
concurso
transparentemente".
El visor
para los
polígonos
industriales
del Corredor
del Henares
ya está
terminado y
entregado.
Falta el del
Sureste.
"Madrid
Activa no ha
abonado
ningún
importe a
Arnaiz
Urbimática,
SL en
relación con
el contrato
del Henares,
estando a la
espera de
comprobar la
correcta
prestación
de los
servicios",
señala el
mismo
portavoz.
La
consejería
asegura que
se han
adjudicado
los tres
contratos
"con unas
garantías
mayores y un
procedimiento
más estricto
que el
establecido
por ley".
Con los
contratos
inferiores a
90.000
euros, la
ley regula
que vale con
que la
Administración
invite a
tres
empresas,
sin
necesidad de
publicitar
la
adjudicación.
"Sin
embargo,
Madrid
Activa
publicó las
tres
convocatorias
en su perfil
del
contratante,
de forma que
las mismas
pudieron ser
consultadas
libremente
por
cualquier
persona
interesada,
lo que
incrementó
la
publicidad y
la
concurrencia,
por encima
de lo
exigido por
ley".
El juzgado
número 35 ha
dictado auto
de apertura
de juicio
oral contra
Arnaiz y dos
de sus
testaferros
por una
operación de
blanqueo y
fraude
fiscal. Las
acusaciones
particulares
(hay tres)
han pedido
contra todos
ellos tres
años de
prisión. La
Abogacía del
Estado pide
también
prisión y
multa de
900.000
euros para
los dos
testaferros.
Arnaiz solo
está acusado
de blanqueo,
mientras que
sus 'hombres
de paja' lo
están por
blanqueo y
fraude
fiscal. El
caso pasa
ahora a la
Audiencia
Provincial
de Madrid.
Una de las
acusaciones
es
precisamente
una
Administración
del PP, el
Ayuntamiento
de Boadilla
del Monte.
ALTOS CARGOS
DEL PP DE
MADRID:
“ESTO ES
OTRA
DESLEALTAD Y
OTRA
TRAICIÓN DE
CIFUENTES”
Aguirre se
enteró que
le retiraban
la escolta
por la
prensa pese
a haber
recibido
amenazas de
muerte hace
sólo dos
semanas.
Curiosamente,
Manuela
Carmena ha
asignado,
como a otros
miembros de
la
corporación,
un escolta
para
protección
personal a
la
presidenta
del PP de
Madrid.
El entorno
del PP
madrileño
está seguro
que la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes, y
su equipo
son los
responsables
de filtrar a
la prensa
las facturas
de la luz de
la
presidenta
regional
Esperanza
Aguirre. El
malestar
entre ambas
lideresas se
nota en el
ambiente de
sus
respectivas
sedes y la
‘guerra’
parece que
no ha hecho
más que
comenzar.
Fuentes del
PP madrileño
aseguran que
Aguirre está
molesta con
la decisión
de Cifuentes
de retirarle
los
escoltas.
“No hay
precedente
de que se
haya quitado
la
protección a
nadie y se
haya hecho
público“,
aseguran las
mismas
fuentes
quienes han
calificado
los hechos
como “otra
deslealtad y
otra
traición de
Cifuentes”.
La lideresa
ha expresado
cierto
malestar,
este
miércoles en
rueda de
prensa, al
reiterar que
se enteró
del asunto
por la
prensa y que
a ella nadie
le comentó
nada
oficialmente.
Aguirre ha
explicado
que desde
1996 cuando
fue ministra
de
Educación,
el
Ministerio
del Interior
decidió
ponerle un
equipo de 11
guardias
civiles que
vigilasen su
vivienda por
las
continuas
amenazas de
la banda
terrorista
ETA, e
“incluso
después de
la etapa más
sangrienta
de la
banda”,
contestan.
Actualmente,
la Comunidad
de Madrid ha
decidido
retirar la
protección y
también el
complemento
salarial que
pagaba a los
escoltas que
vigilaban
edificios,
porque el
sueldo de
los agentes
se lo paga
siempre
Interior.
“Está en su
derecho de
hacerlo lo
que no
parece bien
es que un
tema tan
delicado se
haga
público,
especialmente
cuando, hace
tan sólo dos
semanas,
Mariano
Rajoy y ella
han recibido
amenazas de
muerte”,
afirman
fuentes del
PP
madrileño.
Aguirre ha
lanzado el
guante tras
asegurar que
la alcaldesa
de Madrid,
Manuela
Carmena, le
puso un
escolta
recientemente.
“Como al
resto de la
corporación,
pero sólo
como
protección
personal no
permanentemente
en su casa”,
indican.
La guerra se
recrudece
conforme
avanzan las
elecciones.
Hay que
pensar que
sobre marzo
o abril se
producirá el
cónclave
popular que
revalide
todos los
puestos del
partido y
ambas
lideresas
saben que
serán
rivales por
un puesto de
poder en
Madrid. Por
supuesto,
este diario
se puso en
contacto con
Cristina
Cifuentes
quien negó
todas las
afirmaciones.
http://okdiario.com/espana/fuentes-del-pp-de-madrid-esto-es-otra-deslealtad-y-otra-traicion-de-cifuentes-21105
EL GOBIERNO
DE CIFUENTES
CONFIRMA QUE
LOS
MADRILEÑOS
HAN PAGADO
DURANTE UNA
DÉCADA LA
FACTURA DE
LA LUZ DE
AGUIRRE
El consejero
de
Presidencia
también
adelanta que
dejarán de
sufragar la
escolta que
custodia el
palacete de
la
expresidenta
El Gobierno
de la
Comunidad de
Madrid que
preside
Cristina
Cifuentes
acaba de
confirmar
todas las
sospechas:
los
madrileños
han estado
desde 2003
pagándole a
Esperanza
Aguirre el
recibo de la
luz. Durante
varios días,
Vozpopuli
lleva
informando
sobre cómo
Aguirre
lleva años
remitiendo
su factura
de la luz a
la Comunidad
de Madrid,
desde que
accedió al
cargo de
Presidenta.
Un recibo
que de media
ha costado
cada mes
unos 300
euros y que
se ha
destapado
después de
que
Cifuentes se
haya negado
a pagar los
5.000 euros
que tiene de
deuda con
Gas Natural
Fenosa por
culpa del
palacete que
tiene
Aguirre en
Malasaña.
La tradición
de pagar el
recibo de la
luz se cortó
en 2012, por
decisión de
Ignacio
González.
Sin embargo,
Aguirre
siguió
mandando la
factura a la
Comunidad
aun cuando
ya no era
presidenta,
lo que ha
generado una
deuda de
5.000 euros
que Gas
Natural
Fenosa ha
reclamado al
gobierno
regional y
que
Cifuentes se
ha negado a
pagar.
Aguirre, a
través de su
equipo, ha
defendido
estos días
que el
recibo de la
luz
corresponde
a la garita
que hay
junto a la
puerta de
carruajes y
donde se
cobijan los
agentes de
la Guardia
Civil que
custodian su
palacete.
Sin embargo,
los números
no cuadran,
porque las
facturas
remitidas
tienen
contratada
una potencia
de 6,6
kilovatios,
lo que según
los expertos
equivale a
un inmueble
de 150
metros
cuadrados.
Además, el
gasto que
durante
estos años
han
sufragado
todos los
madrileños
ronda entre
los 21.000 y
los 32.000
euros.
El consejero
de
Presidencia
de la
Comunidad de
Madrid,
Ángel
Garrido, ha
confirmado
en rueda de
prensa que
han estado
pagando las
facturas de
Aguirre
hasta 2012 y
que en la
actualidad
existe una
deuda de
5.000 euros
que no van a
pagar. Sin
embargo, no
se ha
atrevido a
señalar si
las facturas
corresponden
a la casa o
a la garita.
Ha sido en
la misma
comparecencia
donde
Garrido ha
anunciado
que a partir
del 1 de
diciembre
también
dejarán de
pagar la
escolta a
Aguirre, que
todavía
disfruta de
protección
de la
Guardia
Civil con
cargo a la
Comunidad de
Madrid. A
partir de
esa fecha
será el
Ministerio
de Interior
quien decida
si Aguirre
sigue
disfrutando
de medidas
de seguridad
extraordinarias.
Otra muestra
más del
desapego
existente
entre
Cifuentes y
Aguirre, que
se hizo
palmario
durante la
campaña
electoral de
las
municipales,
con muchos
gestos feos
de la
lideresa a
su sucesora,
quien ahora
parece estar
cobrándoselo
en forma de
facturas.
http://www.elplural.com/2015/11/10/el-gobierno-de-cifuentes-confirma-que-los-madrilenos-han-pagado-durante-una-decada-la-factura-de-la-luz-de-aguirre/
LOS JUECES:
“A LA
COMUNIDAD LE
INTERESA
POCO LA
JUSTICIA”
Dos
asociaciones
de jueces
piden
aprovechar
la
reorganización
en la
consejería
para dar un
impulso
político que
desatasque
los juzgados
Dos
asociaciones
profesionales,
Jueces para
la
Democracia y
la
Asociación
de Jueces y
Magistrados
Francisco de
Victoria,
firmaron
ayer un
comunicado
muy crítico
con la
Comunidad de
Madrid y
reclamaron
que se
aproveche la
marcha del
director
general de
Justicia,
Ricardo Ruiz
de la Serna,
para hacer
una apuesta
política
firme que
desatas que
los
juzgados.
“La falta de
inversión en
este
servicio
público
provoca que
estemos ante
una justicia
colapsada
con la mitad
de los
órganos
judiciales
sobrecargados.
Preocupante
es la
situación de
emergencia
en los
Juzgados de
lo Social y
de Primera
Instancia”,
denuncian
las dos
asociaciones.
Ambos
colectivos
profesionales
lamentan que
tras la
salida del
alto cargo,
la
consejería
haya
fusionado
las
direcciones
generales de
Justicia y
Seguridad
“demostrando
escaso
interés en
la
Justicia”,
Exigen una
persona “con
peso
político”
que esté
“dedicada
prioritariamente”
a la
Justicia,
tal y como
pedía la
memoria 2014
de la
Audiencia de
Madrid.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/04/madrid/1446657575_624257.html
LA OPOSICIÓN
PIDE
EXPLICACIONES
POR LA FUGA
DE ALTOS
CARGOS DE
CIFUENTES
La
viceconsejera
de Economía
es la cuarta
responsable
en marcharse
en apenas
100 días
La ‘número
dos’ de
Economía
dimite una
semana
después de
presentar
los
presupuestos
El portavoz
de
Ciudadanos
en la
Asamblea de
Madrid,
Ignacio
Aguado, ha
dicho este
jueves que
la dimisión
—adelantada
por EL PAÍS—
de la
viceconsejera
de Economía
e
Innovación,
Rocío Albert
López-Ibort,
pone de
manifiesto
que
"demasiada
gente se
está bajando
del barco"
del Gobierno
regional
liderado por
Cristina
Cifuentes
(PP).
López-Ibort
dimitió de
su puesto
como número
dos de
Engracia
Hidalgo, la
consejera
responsable
de elaborar
los
presupuestos
de 2016. Su
renuncia, “a
petición
propia”
—según un
responsable
de la
Consejería
de Economía
y Hacienda—,
se produjo
menos de una
semana
después de
la
presentación
de las
cuentas del
Gobierno de
Cifuentes
para el
próximo
ejercicio.
Para el
líder
autonómico
de
Ciudadanos
la marcha de
la
viceconsejera
"pone de
manifiesto
que en tres
meses hay
demasiada
gente que
está
decidiendo
irse del
Gobierno".
López-Ibort
todavía no
ha explicado
los motivos
por los que
decidió
abandonar su
cargo,
aunque la
agencia EFE
ha informado
de que
dimitió a
petición
propia para
regresar al
ámbito
universitario
como decana
de la
Facultad de
Ciencias
Sociales y
de la
Comunicación
de la
Universidad
Europea.
La marcha de
López-Ibort
es la de
mayor rango
en el
organigrama
de
Cifuentes.
El cese
coincide con
la salida de
Ricardo Ruiz
de la Serna
como
director
general de
Justicia,
cuando
apenas se
han cumplido
los 100 días
de vida del
Ejecutivo.
La dimisión
de López-Ibor
trascendió
el miércoles
tras su
publicación
en el
Boletín
Oficial de
la Comunidad
de Madrid (BOCM).
La portavoz
adjunta del
PSOE en la
Asamblea de
Madrid,
Pilar
Sánchez
Acera, se ha
mostrado
sorprendida
por la
marcha de
López-Ibort
tan solo una
semana
después de
la
presentación
de los
presupuestos:
"También nos
sorprende
que no haya
una
explicación
un poco más
intensa y
más
específica
de lo que ha
pasado". La
socialista
ha dicho que
le llama la
atención que
las
dimisiones
parecen la
tónica
general en
el Gobierno
autonómico.
Además de la
salida de de
la Serna, a
mediados de
octubre ya
se
produjeron
los ceses de
Américo
Puente
Berenguer
como
director
general del
Servicio
Público de
Empleo y de
Mar Alarcón
Castellanos
como
directora
general de
Trabajo.
"Ahora
tenemos el
cese de toda
una
viceconsejera
de un tema
tan
importante
como el de
los
presupuestos.
Estamos
preocupados
por este
problema de
gestión y de
coordinación",
ha señalado
Sánchez
Acera.
El portavoz
regional de
Podemos,
José Manuel
López, ha
dicho en el
pleno de
este jueves
que su
partido está
esperando
las
declaraciones
de la
viceconsejera:
"Parece que
el Gobierno
autonómico
no sabe de
movilidad
regional,
pero
empiezan a
ser expertos
en movilidad
laboral".
López
también ha
adelantado
que quieren
preguntarle
a López-Ibort
si ha
dimitido por
un tema
personal:
"Ese es el
motivo que
esgrime el
Gobierno
autonómico
cada vez que
alguien se
marcha. El
otro día la
Comunidad
dijo que la
dimisión de
de la Serna
era un tema
personal,
pero él lo
negó. Vamos
a cuestionar
por qué ha
dimitido a
través de
una pregunta
parlamentaria".
El líder
autonómico
de Podemos
también ha
apuntado que
la
viceconsejera
"tenía que
firmar el
acuerdo de
trasvase de
un millón de
euros de la
Cámara a la
Confederación
Empresarial
de Madrid (CEIM)
en el caso
Aneri".
El PP
lamenta su
marcha
El portavoz
popular,
Enrique
Ossorio, ha
considerado
que la
salida de
Albert es
una pena
para la
administración:
"He
trabajado
con ella
desde 2007 y
es muy
inteligente,
preparada y
se esfuerza
mucho en su
trabajo. Por
motivos
personales
ha decidido
abandonar la
política con
gran
disgusto
porque le
encantaba".
Ossorio ha
defendido
que en todos
los
gobiernos
puede haber
cambios:
"Veo al
Gobierno muy
fuerte, con
altos cargos
muy
preparados y
no veo
ningún
problema en
estos
cambios".
Fuentes de
la
Consejería
de Economía
insistieron
el martes a
este diario
en que la
exviceconsejera
renuncia al
puesto para
centrarse en
su perfil
académico.
Es profesora
de Economía
y Hacienda
en la
Universidad
Complutense
y en el
Colegio
Universitario
Cardenal
Cisneros, y
profesora
invitada en
distintas
Universidades
europeas y
americanas,
según consta
en su perfil
en la página
web de la
Comunidad.
También es
doctora por
el
Departamento
de Economía
Aplicada IV
por la
Universidad
Complutense
de Madrid
(UCM), y
tiene un
Máster
Europeo en
Derecho y
Económicas
por la
Universidad
de Hamburgo,
entre otros
estudios.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/05/madrid/1446738561_946052.html
CIFUENTES SE
NIEGA A
PAGAR A
FENOSA LA
DEUDA DE
5.000 € DE
LA CASA DE
AGUIRRE
El Ejecutivo
de Cristina
Cifuentes ha
mandado una
carta
oficial a
Gas Natural
Fenosa
informándole
de que no se
hará cargo
de los 5.000
euros que le
reclama la
eléctrica
catalana y
que
corresponden
a la
vivienda
donde vive
Esperanza
Aguirre.
Afirma que
las facturas
que siguen
llegando a
la Puerta
del Sol son
de un
inmueble que
no está
adscrito a
la
Comunidad.
El equipo de
la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
ha enviado
una carta
oficial a
Gas Natural
Fenosa (GNF)
en la que
informa a la
compañía
eléctrica
catalana de
que no
costeará el
impago que
pesa sobre
la vivienda
de Esperanza
Aguirre,
ubicada en
la calle
Jesús del
Valle, en
pleno barrio
de Malasaña.
Esta
vivienda
adeuda más
de 5.000
euros a su
suministrador
eléctrico,
que a
principios
de verano
reclamó a la
Comunidad de
Madrid el
pago de
todas las
facturas
pendientes.
Pero el
Ejecutivo
regional
alega en su
misiva que
ese inmueble
no está
adscrito a
la
Comunidad,
pese a que
las facturas
siguen
llegando a
las
dependencias
de la Puerta
del Sol,
sede del
Gobierno
regional.
Así que
tendrán que
ser los
dueños de
este
palacete los
que salden
la deuda con
GNF, según
se deduce de
la carta
mandada hace
unas
semanas. Las
facturas de
esta
vivienda se
cursan a la
Comunidad
desde que
Aguirre fue
nombrada
presidenta,
allá por
noviembre de
2003.
El Ejecutivo
regional
estuvo
pagando la
factura de
la luz de
Aguirre
durante los
9 años que
duró su
mandato,
pero su
sustituto,
Ignacio
González,
meses
después de
llegar al
cargo,
decidió
suspender el
abono de
estos
recibos con
los fondos
públicos de
la
Comunidad.
La eléctrica
catalana ha
ido
acumulando
las facturas
impagadas
desde
principios
de 2013 y
hasta
comienzos de
verano no
dio la voz
de alarma
Desde
principios
de 2013
hasta hoy,
Gas Natural
Fenosa ha
ido
acumulando
las facturas
sin pagar
del
domicilio de
la actual
portavoz del
grupo
municipal
del PP en el
Ayuntamiento
de Madrid.
Según las
fuentes
consultadas,
ni Esperanza
Aguirre
asumió el
pago de los
recibos una
vez que la
Comunidad
dejó de
pagarlos ni
la compañía
eléctrica
había
reclamado
los impagos.
Hasta que a
principios
del verano,
la compañía
con sede en
Barcelona,
que mes tras
mes enviaba
religiosamente
sus facturas
a la sede de
la
Comunidad,
contactó con
el Ejecutivo
de Cifuentes
para exigir
el pago de
las mismas,
dado que la
deuda
acumulada ya
superaba los
5.000 euros.
En las
facturas
enviadas a
la CAM no
figuran ni
Aguirre ni
su marido
como
titulares,
pero sí la
dirección de
su domicilio
privado
El
Gobierno
regional,
tras
comprobar
que las
facturas del
domicilio
privado de
Aguirre
seguían
llegando a
Presidencia,
ha
respondido a
través de
carta
oficial a la
eléctrica
controlada
por La Caixa
y Repsol,
para que
solvente el
impago con
los dueños
del
domicilio.
Se da la
circunstancia
de que en
esas
facturas
figura la
dirección
del
domicilio de
Aguirre,
pero ni ella
ni su
esposo, el
ex conde
Fernando
Ramírez de
Haro y
Valdés,
aparecen
como
titulares.
El PP
madrileño
envió ayer
dos facturas
a Vozpópuli
con el
intento de
demostrar
que Aguirre
y su marido
han pagado
algunos
recibos. Las
facturas de
enero y mayo
de 2014, dos
de las
reclamadas
por Gas
Natural y
que
Cifuentes se
niega a
pagar,
aparecen
sorprendentemente
a nombre de
dos
titulares.
En la misma
factura
aparecen los
nombres del
ex conde (a
la
izquierda) y
de su esposa
(a la
derecha).
Las facturas
que han
llegado a la
CAM en los
últimos años
y que no han
sido pagadas
van a nombre
de la propia
Comunidad,
sin persona
física
alguna como
titular, y
adjuntan la
dirección
del
domicilio
privado de
la ex
presidenta.
Vozpópuli
informa este
viernes de
que
Esperanza
Aguirre no
ha pagado el
recibo de la
luz de su
vivienda
privada
desde que
llegó al
cargo de
Presidenta
de la
Comunidad,
en noviembre
de 2003.
Durante los
nueve años
que duró su
mandato, el
Ejecutivo
madrileño
desembolsó
entre 21.000
y 34.000
euros para
el pago de
las
facturas,
que
oscilaban
entre los
200 y los
300 euros al
mes.
Cuando la
Comunidad
dejó de
pagarlas,
comenzaron a
producirse
los impagos
del recibo,
hasta que la
compañía
eléctrica se
quejó al
actual
Gobierno
regional de
que no eran
abonados por
el antiguo
pagador.
Ahora, Gas
Natural
tendrá que
reclamar ese
monto a la
ex
presidenta
regional.
http://vozpopuli.com/actualidad/71110-cifuentes-se-niega-a-pagar-a-fenosa-la-deuda-de-5-000-de-la-casa-de-aguirre
EL PP
CONTROLARÁ
TELEMADRID,
PESE A QUE
NO HABRÁ
DIRECTIVOS
"CON CARNÉ
DE PARTIDO"
El Partido
Popular ha
cedido ante
la petición
de
Ciudadanos
de que los
consejeros
de
Telemadrid
sean
designados
por las
asociaciones
profesionales
de
periodistas.
En concreto,
así se hará
con 5 de los
7 miembros
que formarán
parte de ese
órgano. Eso
sí,
Cifuentes
conservará
la potestad
de decir la
última
palabra
sobre los
asuntos más
importantes
que afecten
a la cadena,
puesto que
la
transformará
en una
sociedad
anónima que
controlará
por completo
el Gobierno
autonómico.
Cristina
Cifuentes no
perderá el
control de
Telemadrid,
a pesar de
las
presiones de
Ciudadanos
para
despolitizar
la cadena.
La
presidenta
de esta
comunidad
autónoma
evitó el
pasado
verano que
el PSOE y
Podemos le
arrebataran
la mayoría
en el
Consejo de
Administración
de esta
televisión,
pese a que
los
resultados
de las
elecciones
del 24-M les
facultaban
para
dominarlo
durante los
próximos
cuatro años.
Para ello,
se sacó de
la manga una
reforma de
la ley
audiovisual
madrileña
que
modificará
varios
puntos del
reglamento
de este
órgano e
impedirá que
la izquierda
lo dirija.
Es cierto
que los
partidos
políticos no
nombrarán
directamente
a los
consejeros,
pues cinco
de los siete
que jurarán
su cargo en
las próximas
semanas
serán
designados
por las
asociaciones
profesionales
de
periodistas.
Pero la
presidenta
transformará
Telemadrid
en una
sociedad
anónima, lo
que le
permitirá
conservar la
capacidad de
decisión
sobre las
grandes
cuestiones
que afecten
a la cadena.
La
negociación
entre los
cuatro
partidos con
representación
en la
Asamblea de
Madrid sobre
el futuro de
la
televisión
autonómica
sigue
abierta.
Pero el
Partido
Popular y
Ciudadanos
han cerrado
recientemente
un acuerdo
sobre el
principal
asunto que
les
distanciaba:
el modo de
elección de
los miembros
del Consejo
de
Administración
de la
televisión.
"Nosotros al
principio
planteamos
la opción
única de que
fueran las
asociaciones
profesionales
las que
designaran a
todo el
Consejo,
pero hemos
avanzado en
la idea de
crear un
modelo
mixto". De
este modo,
agrupaciones
como la
Academia de
la
Televisión
elegirán a
cinco de sus
componentes,
mientras que
la Asamblea
de Madrid
propondrá a
los otros
dos. El
tamaño de
este órgano
se reducirá
en dos
personas,
con respecto
a la pasada
legislatura,
han
precisado a
Vozpópuli
fuentes de
la formación
dirigida por
Albert
Rivera.
Las
asociaciones
profesionales
elegirán a
cinco de los
siete
consejeros
de
Telemadrid
El que
Cristina
Cifuentes
haya cedido
ante la
exigencia de
Ciudadanos
de que los
nuevos
directivos
no sean
elegidos "a
dedo" por
los grupos
políticos le
permitirá
obtener el
apoyo del
partido
naranja en
la
tramitación
parlamentaria
de "su ley
audiovisual",
que regulará
a partir de
ahora el
funcionamiento
de
Telemadrid.
Y Ciudadanos
no se
opondrá,
salvo
sorpresa, a
la
iniciativa
del PP de
transformar
el ente
público en
una sociedad
anónima,
rechazada
por la
izquierda y
por los
sindicatos
al
considerarla
como un paso
hacia su
privatización.
Este cambio
permitirá al
Ejecutivo
autonómico
controlar el
100% de las
participaciones
de la
empresa, a
pesar de no
tener
mayoría
absoluta en
la Asamblea.
También
conllevará
que este
medio de
comunicación
tenga que
someterse a
la
legislación
mercantil lo
que, en
principio,
pondrá coto
a su
déficit,
explican
otras
fuentes de
la
negociación.
El sistema
de
nombramiento
de los otros
dos
consejeros
La intención
del PP y
Ciudadanos
es que los
dos
directivos
que no
elegirán las
asociaciones
profesionales
sean
designados
tras obtener
el apoyo de
una "amplia
mayoría" del
Pleno
autonómico.
"Cada grupo
propondrá a
2 ó 3
personas y,
posteriormente,
se debatirá
su idoneidad
para
desempeñar
su puesto en
una comisión
parlamentaria.
Los
candidatos
que sean
propuestos
en esas
reuniones
tendrán que
obtener
posteriormente
el respaldo
de la
Asamblea",
explican
desde la
formación
naranja,
desde donde
no aclaran
si los otros
cinco
consejeros
también
tendrán que
someterse a
un examen de
la Asamblea.
Tanto el
PSOE como
Podemos han
expresado su
desacuerdo,
durante la
negociación,
con el
sistema de
selección de
los miembros
de la nueva
cúpula de
Telemadrid
que
pretenden
implantar PP
y C's. De
hecho, los
dos partidos
de izquierda
presentaron
hace unas
semanas una
enmienda a
la totalidad
al proyecto
de ley de
Cifuentes.
No obstante,
las cuatro
formaciones
coinciden en
la necesidad
de
despolitizar
los
informativos
la cadena,
por lo que
se da por
supuesto que
la nueva
normativa
obligará a
crear un
órgano de
control que
vele porque
en los
noticiarios
de esta
televisión
no se
dispense un
trato de
favor al
Gobierno
autonómico.
Lo que en
los
despachos de
la
televisión
autonómica
se tiene
claro es
que, sea
cual sea la
forma de la
nueva ley,
los hombres
colocados en
los puestos
de decisión
de la casa
por el
Gobierno de
Esperanza
Aguirre (e
Ignacio
González)
serán
destituidos
en las
próximas
semanas.
Incluido,
por
supuesto, el
director
general,
Ángel Martín
Vizcaíno.
"En los
pasillos de
la
televisión
se percibe
nerviosismo
y da la
sensación de
que quienes
han tomado
las
decisiones
durante las
últimas
horas están
buscando la
mejor salida
posible",
describen
fuentes de
la cadena.
De momento,
este jueves
se ha hecho
oficial la
dimisión de
su cargo de
presidente
del Consejo
de
Administración
de Arturo
Moreno, que
será
sustituido
por la
periodista
Covadonga
Fernández.
Éste será el
primero de
los muchos
cambios que
se esperan
en la casa
en las
próximas
semanas.
Todos ellos
estaban
previsto que
sucedieran
en verano,
pero
Cifuentes,
con el
cambio de
ley que ideó
después del
24-M, ha
conseguido
aplazarlos
hasta
después de
las
elecciones
generales.
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/71028-el-pp-controlara-telemadrid-pese-a-que-no-habra-directivos-con-carne-de-partido
DIMITE EL
PRESIDENTE
DE
TELEMADRID
EN VÍSPERAS
DE LA
REFORMA DE
LA CADENA
Fuentes
regionales
niegan
motivos
políticos en
su cese y lo
atribuyen a
una oferta
laboral
Ciudadanos
rechaza que
los partidos
designen al
Consejo de
Telemadrid
El
presidente
del Consejo
de
Administración
del Ente
Público
Radio
Televisión
Madrid,
Arturo
Moreno
Garcerán, ha
presentado
esta la
tarde su
dimisión. Le
sustituirá
en el cargo
Covadonga
Fernández,
consejera de
Telemadrid
desde julio
de 2011 y
representante
del PP en
este
organismo.
Fuentes
regionales
han
explicado
que el cese
de Moreno
Garcerán se
produce a
consecuencia
de que ha
recibido una
oferta
laboral
“interesante”
y que en
breve está
previsto la
aprobación
por parte de
la Asamblea
de Madrid de
la nueva ley
del Ente
Público.
Esta norma
reducirá de
nueve a
siete el
número de
integrantes,
de los que
saldrá el
director
general y
presidente
del consejo.
Entre las
incompatibilidades
está que no
podrán
ocupar estos
puestos
cargos de
elección o
designación
política,
organizaciones
sindicales o
empresariales.
La elección
del nuevo
director
general y de
consejeros
deberá
realizarse
en el plazo
máximo de
tres meses
desde la
entrada en
vigor de la
nueva ley y
hasta su
toma de
posesión, el
actual
Consejo de
Administración
del Ente
Público y su
director
general
continuarán
en el
ejercicio de
sus
funciones.
Esta es la
quinta
dimisión de
un alto
cargo de la
Comunidad
desde que la
preside
Cristina
Cifuentes.
Además de
Moreno
Garcerán,
también
pidieron ser
relevados de
sus puestos
el director
general de
Justicia,
Ricardo Ruiz
de la Serna,
y la
viceconsejera
de Economía
e
Innovación,
Rocío Albert
López-Ibor.
Asimismo,
han cesado
el director
general del
Servicio
Público de
Empleo y la
directora
general de
Trabajo.
La sustituta
de Moreno ha
recibido
cuatro votos
(los del
PP),
mientras que
la
vicepresidenta
del consejo
y
representante
del PSOE en
el mismo,
Silvia
Gómez, ha
tenido dos
votos (los
de su
partido).
Covadonga
Fernández es
licencia en
Periodismo
por la
Universidad
Complutense.
Trabaja en
la
actualidad
en la
subdirección
de
investigación,
desarrollo e
innovación
en Canal de
Isabel II
Gestión.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/05/madrid/1446749437_954415.html
CIFUENTES
PIDE A
CARMENA POR
BUROFAX QUE
RETIRE DE
LOS
AUTOBUSES
CARTELES QUE
LE ACUSAN DE
CONGELAR EL
PRESUPUESTO
DE LA EMT
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid ha
enviado una
carta y un
burofax a la
alcaldesa de
Madrid
reclamándole
que retire
carteles de
marquesinas
y autobuses
en los que
se critica
que haya
"congelado
la
asignación a
los
autobuses de
la EMT"
La alcaldesa
de Madrid ha
afirmado que
se iban a
retirar:
"Como
quitamos
todos los
demás
papeles:
busco
trabajo,
reparo
ordenadores,
etc",
explican
fuentes
municipales-
Comunidad y
Ayuntamiento
están
enfrentados
por la
negativa del
Gobierno
regional a
participar
en la compra
de autobuses
de la EMT y
a no
contribuir
al 50% en
los gastos
de
mantenimiento
del servicio
Por carta y
burofax. Así
ha pedido la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes, a
la alcaldesa
de Madrid,
Manuela
Carmena, la
retirada de
autobuses y
marquesinas
de carteles
que
criticaban
la decisión
del Gobierno
regional de
no
participar
en la compra
de autobuses
de la EMT y
a no
contribuir
al 50% en
los gastos
de
mantenimiento
del
servicio.
.@ccifuentes
utiliza su
mayoría en
el Consorcio
para ahogar
a la EMT con
un
presupuesto
de ruina. #CifuentesMataEMT
— Sufridores
del Metro (@SufridoresMetro)
6:44 PM - 4
Nov 2015
La alcaldesa
de Madrid ha
afirmado que
se iban a
retirar:
"Como
quitamos
todos los
demás
papeles:
busco
trabajo,
reparo
ordenadores,
etc",
explican
fuentes
municipales,
"y se han
retirado".
En su carta,
fechada el 3
de
noviembre,
Cifuentes
afirma: "La
Comunidad de
Madrid ha
tenido
conocimiento
de la
colocación
de carteles
en autobuses
y
marquesindas
de la EMT
donde se
realizan
afirmaciones
[...] que no
se ajustan a
la realidad.
[...] Me veo
obligada a
instar a su
inmediata
retirada.
[...] Sin
perjuicio,
en todo
caso, de que
por parte de
la Comunidad
de Madrid se
proceda al
estudio de
las medidas
oportunas,
conforme a
derecho".
El Consorcio
de
Transportes,
en el que el
Gobierno
regional
tiene
mayoría,
aprobó hace
una semana
sus
presupuestos
para 2016,
que incluyen
un aumento
para todos
los modos de
transporte
salvo para
los
autobuses de
la capital,
que gestiona
el
Ayuntamiento.
Los recursos
para el
Metro, que
depende de
la Comunidad
de Madrid,
aumentan en
un 9% (70
millones
más). Los de
los
autobuses
interurbanos
y las líneas
ferroviarias
se
incrementan
respectivamente
en un 2,8% y
un 1,3%,
según datos
proporcionados
por el
Consistorio.
Sin embargo,
los de la
EMT (Empresa
Municipal de
Transportes,
que gestiona
los
autobuses de
la capital)
quedan
congelados.
Según ha
explicado el
equipo de
Manuela
Carmena en
un
comunicado,
la decisión
se aprobó
con 9 votos
a favor: los
de los
representantes
del Gobierno
regional, el
Estado y
asociaciones
de
empresarios.
En contra
hubo 6
votos: los
correspondientes
al
Ayuntamiento,
los
sindicatos
CCOO y UGT y
uno de los
representantes
del resto de
municipios
de la
región.
"Para el
Ayuntamiento
de Madrid,
el
presupuesto
es
inadmisible
y pone en
riesgo no
solo la
viabilidad
de la EMT
como
empresa,
sino la
cobertura de
sus
principales
servicios",
ha lamentado
la concejala
de
Movilidad,
Inés Sabanés.
Ha añadido
que "estos
presupuestos
suponen un
ataque
frontal al
transporte
público". Su
equipo acusa
al Consorcio
y a la
Comunidad de
tener una
"intencionalidad
premeditada
de llevar a
la EMT a la
quiebra y
obligar al
Ayuntamiento
a hacerse
cargo de las
inversiones
necesarias".
Fuentes del
Gobierno
regional han
explicado a
eldiario.es
que el
aumento
presupuestario
para el
Metro está
justificado
por las
mejoras que
tienen
previstas
para el
servicio,
como la
contratación
de 360
nuevos
conductores,
"que
permitirá
recuperar
las
frecuencias
de paso
previas a la
crisis".
Según estas
fuentes, el
Ayuntamiento
no ha
planteado
mejoras de
ese tipo
para el
servicio de
autobuses
urbanos, por
lo que no
hay motivos
para un
incremento
presupuestario.
El equipo de
Cristina
Cifuentes ha
defendido en
un
comunicado
que su
aportación
al Consorcio
de
Transportes
se
incrementa
en un 19%
(176
millones
más),
mientras que
la del
Ayuntamiento
solo crece
un 4% (4
millones
adicionales).
Se queja de
que el
Consistorio
"pretende
que con la
mayor
aportación
del Gobierno
regional se
financien
sus
propuestas".
El equipo
municipal ha
afirmado que
estas
cuentas
obligarán a
"empeorar la
frecuencia
de líneas de
la EMT y
disminuir
líneas de
autobuses, a
pesar que el
propio
Consorcio
reconoce una
previsión de
aumento de
la demanda
del 3%".
También ha
lamentado
que no se
destine
ningún
presupuesto
a la compra
de
autobuses,
algo que ya
ocurrió en
los tres
últimos
años.
Según cifras
aportadas
por la
Comunidad,
esta aporta
el 78% del
presupuesto
administrativo
del
Consorcio de
Transportes,
mientras que
el
Ayuntamiento
pone el 10%.
El Estado
contribuye
con el 11% y
el resto de
corporaciones
locales y
comunidades
autónomas,
con el 1%.
http://www.eldiario.es/madrid/Cifuentes-Carmena-autobuses-carteles-critican_0_449005300.html
LA ‘NÚMERO
DOS’ DE
ECONOMÍA
CESA DÍAS
DESPUÉS DE
PRESENTAR
LAS CUENTAS
Es la
segunda
dimisión en
el Gobierno
de Cifuentes
en menos de
una semana
La
viceconsejera
de Economía
e
Innovación,
Rocío Albert
López-Ibor,
ha dimitido
de su puesto
como número
dos de
Engracia
Hidalgo, la
consejera
responsable
de elaborar
los
presupuestos
de 2016. Su
renuncia se
produce
menos de una
semana
después de
la
presentación
de las
cuentas del
Gobierno de
Cristina
Cifuentes
(PP) para el
próximo
ejercicio.
La marcha de
López-Ibor
es la de
mayor rango
en el
organigrama
de
Cifuentes.
El cese
coincide con
la salida de
Ricardo Ruiz
de la Serna
como
director
general de
Justicia,
cuando
apenas se
han cumplido
los 100 días
de vida del
Ejecutivo.
La dimisión
de López-Ibor,
“a petición
propia”,
trascendió
ayer tras su
publicación
en el
Boletín
Oficial de
la Comunidad
de Madrid (BOCM).
La decisión,
aprobada por
decreto el
martes en la
reunión
semanal del
Consejo de
Gobierno, no
aparece en
los acuerdos
del
organismo.
Sí figura,
en cambio,
el decreto
por el que
se nombra
directora
general de
Justicia y
Seguridad a
María
Cristina
Díaz
Márquez, que
hasta ahora
solo
desempeñaba
la segunda
cartera.
Para que
asuma ambas
funciones,
consecuencia
de la marcha
de Ruiz de
la Serna,
muy crítico
con el
consejero de
Presidencia
y Justicia y
número dos
de
Cifuentes,
Ángel
Garrido, la
Comunidad
aprobó la
fusión de la
Dirección
General de
Justicia y
la Dirección
General de
Seguridad
mediante
otro decreto
que suscitó
la protesta
de dos
asociaciones
de jueces
Un
responsable
de la
Consejería
de Economía
y Hacienda
defendió que
la dimisión
de López-Ibor
se ha
producido
por “razones
personales”.
La
explicación
choca con el
interés que
la
exviceconsejera
mostró en
los asuntos
de la
consejería
de Economía
y Hacienda
el jueves
pasado,
cuando se
presentaron
los
presupuestos
de 2016.
Entonces no
había
indicios de
que fuera a
presentar su
renuncia en
menos de una
semana.
Publicidad
La versión
de Economía
y Hacienda
difiere
también de
la de
miembros del
PP regional
y de cargos
de
legislaturas
anteriores.
Esas fuentes
achacan el
adiós de
López-Ibor a
sus
diferencias
con la
estrategia
del
Ejecutivo de
Cifuentes,
muy crítica
con la
gestión de
los
Gobiernos de
Esperanza
Aguirre e
Ignacio
González,
que ostentan
en la
actualidad
los cargos
de
presidenta
del PP de
Madrid y
secretario
general del
partido en
la región.
El trasfondo
de las
discrepancias
estaría en
las posturas
diferentes
que el
Gobierno
autonómico
ha adoptado
respecto a
cuestiones
como sumarse
o no al
Fondo de
Liquidez
Autonómico (FLA)
o el
incumplimiento
del déficit:
Madrid
reconoció la
semana
pasada que
incumplirá
el de este
año, fijado
en el 0,7%.
López-Ibor
fue una
excepción en
la
transición
entre los
Gobiernos de
González y
Cifuentes,
que junto a
Aguirre
representan
a los dos
sectores que
pugnan por
el control
del PP
regional.
Viceconsejera
de
Innovación,
Industria,
Comercio y
Consumo la
legislatura
pasada, con
Enrique
Ossorio como
consejero
—Cifuentes
lo nombró
portavoz del
PP en la
Asamblea de
Madrid—, la
mayoría de
cargos del
gabinete
anterior no
renovaron.
Mientras,
López-Ibor
fue
ratificada
en su
puesto.
Fuentes de
la
Consejería
de Economía
insisten en
que la
exviceconsejera
renuncia al
puesto para
centrarse en
su perfil
académico.
Es profesora
de Economía
y Hacienda
en la
Universidad
Complutense
y en el
Colegio
Universitario
Cardenal
Cisneros, y
profesora
invitada en
distintas
Universidades
europeas y
americanas,
según consta
en su perfil
en la página
web de la
Comunidad.
También es
doctora por
el
Departamento
de Economía
Aplicada IV
por la
Universidad
Complutense
de Madrid
(UCM), y
tiene un
Máster
Europeo en
Derecho y
Económicas
por la
Universidad
de Hamburgo,
entre otros
estudios de
su amplio
currículo.
El cese de
López-Ibor
coincide en
el tiempo
con la
marcha de
Ricardo Ruiz
de la Serna
como
director
general de
Justicia
tres meses
después de
su
nombramiento.
La Comunidad
la justificó
por su
ausencia en
una reunión
con los
sindicatos
el miércoles
pasado.
Tampoco
estuvo en la
visita de
diputados y
periodistas
del jueves
al Instituto
de Medicina
Legal, único
edificio
construido
de los 15
con que iba
a contar el
proyecto del
Campus de la
Justicia. La
“guinda”,
según
responsables
del
Ejecutivo,
fue el
encuentro
sorpresa con
actores que
estaban
grabando una
película en
uno de los
túneles
excavados
del
complejo.
Ruiz de la
Serna no
informó del
evento, pese
a que lo
había
autorizado
en agosto,
reprocha el
Gobierno.
Por su
parte, Ruiz
de la Serna
sostiene que
no fue
destituido,
sino que
dimitió por
“coherencia”,
debido a la
“falta
liderazgo
político” en
la
consejería
de
Presidencia,
donde según
su versión
“todo se
improvisa”.
A mediados
de octubre
ya se
produjeron
los ceses de
Américo
Puente
Berenguer
como
director
general del
Servicio
Público de
Empleo y de
Mar Alarcón
Castellanos
como
directora
general de
Trabajo.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/04/madrid/1446671345_070065.html
Es la segunda dimisión en el Gobierno de Cifuentes en menos de una semana
La viceconsejera de Economía e Innovación, Rocío Albert López-Ibor, ha dimitido de su puesto como número dos de Engracia Hidalgo, la consejera responsable de elaborar los presupuestos de 2016. Su renuncia se produce menos de una semana después de la presentación de las cuentas del Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) para el próximo ejercicio. La marcha de López-Ibor es la de mayor rango en el organigrama de Cifuentes. El cese coincide con la salida de Ricardo Ruiz de la Serna como director general de Justicia, cuando apenas se han cumplido los 100 días de vida del Ejecutivo.
La dimisión de López-Ibor, “a petición propia”, trascendió ayer tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). La decisión, aprobada por decreto el martes en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, no aparece en los acuerdos del organismo. Sí figura, en cambio, el decreto por el que se nombra directora general de Justicia y Seguridad a María Cristina Díaz Márquez, que hasta ahora solo desempeñaba la segunda cartera. Para que asuma ambas funciones, consecuencia de la marcha de Ruiz de la Serna, muy crítico con el consejero de Presidencia y Justicia y número dos de Cifuentes, Ángel Garrido, la Comunidad aprobó la fusión de la Dirección General de Justicia y la Dirección General de Seguridad mediante otro decreto que suscitó la protesta de dos asociaciones de jueces
Un responsable de la Consejería de Economía y Hacienda defendió que la dimisión de López-Ibor se ha producido por “razones personales”. La explicación choca con el interés que la exviceconsejera mostró en los asuntos de la consejería de Economía y Hacienda el jueves pasado, cuando se presentaron los presupuestos de 2016. Entonces no había indicios de que fuera a presentar su renuncia en menos de una semana.
La versión de Economía y Hacienda difiere también de la de miembros del PP regional y de cargos de legislaturas anteriores. Esas fuentes achacan el adiós de López-Ibor a sus diferencias con la estrategia del Ejecutivo de Cifuentes, muy crítica con la gestión de los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, que ostentan en la actualidad los cargos de presidenta del PP de Madrid y secretario general del partido en la región. El trasfondo de las discrepancias estaría en las posturas diferentes que el Gobierno autonómico ha adoptado respecto a cuestiones como sumarse o no al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o el incumplimiento del déficit: Madrid reconoció la semana pasada que incumplirá el de este año, fijado en el 0,7%.
López-Ibor fue una excepción en la transición entre los Gobiernos de González y Cifuentes, que junto a Aguirre representan a los dos sectores que pugnan por el control del PP regional. Viceconsejera de Innovación, Industria, Comercio y Consumo la legislatura pasada, con Enrique Ossorio como consejero —Cifuentes lo nombró portavoz del PP en la Asamblea de Madrid—, la mayoría de cargos del gabinete anterior no renovaron. Mientras, López-Ibor fue ratificada en su puesto.
Fuentes de la Consejería de Economía insisten en que la exviceconsejera renuncia al puesto para centrarse en su perfil académico. Es profesora de Economía y Hacienda en la Universidad Complutense y en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros, y profesora invitada en distintas Universidades europeas y americanas, según consta en su perfil en la página web de la Comunidad. También es doctora por el Departamento de Economía Aplicada IV por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y tiene un Máster Europeo en Derecho y Económicas por la Universidad de Hamburgo, entre otros estudios de su amplio currículo.
El cese de López-Ibor coincide en el tiempo con la marcha de Ricardo Ruiz de la Serna como director general de Justicia tres meses después de su nombramiento. La Comunidad la justificó por su ausencia en una reunión con los sindicatos el miércoles pasado. Tampoco estuvo en la visita de diputados y periodistas del jueves al Instituto de Medicina Legal, único edificio construido de los 15 con que iba a contar el proyecto del Campus de la Justicia. La “guinda”, según responsables del Ejecutivo, fue el encuentro sorpresa con actores que estaban grabando una película en uno de los túneles excavados del complejo. Ruiz de la Serna no informó del evento, pese a que lo había autorizado en agosto, reprocha el Gobierno. Por su parte, Ruiz de la Serna sostiene que no fue destituido, sino que dimitió por “coherencia”, debido a la “falta liderazgo político” en la consejería de Presidencia, donde según su versión “todo se improvisa”.
A mediados de octubre ya se produjeron los ceses de Américo Puente Berenguer como director general del Servicio Público de Empleo y de Mar Alarcón Castellanos como directora general de Trabajo.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/04/madrid/1446671345_070065.html
EXDIRECTOR
DE JUSTICIA
DE MADRID:
“LOS
ESCÁNDALOS
MARCAN EL
RITMO”
Ricardo Ruiz
de la Serna
sostiene que
no fue
destituido,
sino que
dimitió por
"coherencia"
Ricardo Ruiz
de la Serna,
director
general de
Justicia
hasta el
pasado
viernes,
sostiene que
no fue
destituido
de su cargo
a los 98
días de ser
nombrado por
la
presidenta
regional,
Cristina
Cifuentes,
sino que él
presentó la
dimisión por
“principios
de
coherencia”.
El ex alto
cargo de la
Consejería
de Justicia
considera
que hay
“falta
liderazgo
político” en
la
institución
que dirigía.
“Todo se
improvisa.
No se
analiza
nada”,
sostiene.
Ruiz de la
Serna afirma
que fue la
jefa de
gabinete del
consejero de
Justicia
quien le
indicó que
“no hacía
falta” que
asistiera al
Campus de la
Justicia
para estar
con la
comisión
parlamentaria
que lo
visitó el
pasado
jueves. Una
de las
causas que
provocaron
su
destitución,
según las
fuentes
jurídicas
consultadas,
fue su
inasistencia
a este acto,
al igual que
a otra
reunión con
los
sindicatos
del sector.
“Ese día
tenía otras
citas: con
el decano
del colegio
de
procuradores,
con la
secretaria
general
técnica y
con los
sindicatos.
A la
comisión no
estaba
citado”,
explica.
“Falta
voluntad
política”,
insiste Ruiz
de la Serna,
que menciona
como
ejemplos la
carencia de
"dotaciones
en los
presupuestos
para
seguridad o
incendios”.
“Nunca voy a
hacer algo
que me
obligue a
apartarme de
la ley, ni
de mi
conciencia”.
Con respecto
al Campus de
la Justicia,
el
exdirector
se pregunta:
“¿Por qué se
invirtió en
un proyecto
de inversión
inmobiliaria
antes que un
proyecto
estratégico
de
inversiones?
Van a
asfixiar a
la Justicia
poco a poco.
Estamos en
ese momento.
Es necesario
un impulso
político que
no veo”. “La
primera
obligación
es ser a uno
mismo. No
quiero ser
motivo de
escándalo,
pero solo
digo lo que
pasa”.
Ruiz de la
Serna lleva
15 años
ejerciendo
la abogacía.
Está
especializado
en Derecho
Administrativo
y Procesal
Contencioso-Administrativo.
También ha
trabajado
durante 13
años como
profesor
colaborador
en la
Universidad
CEU-San
Pablo. Entre
las
asignaturas
que ha
impartido
están
Derecho de
la
Información,
en la
titulación
de
Periodismo;
y
Legislación
y
Legislación
Aplicada, en
los grados
bilingües de
Publicidad y
Relaciones
Públicas,
Comunicación
Audiovisual
y
Periodismo.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/03/madrid/1446551474_748816.html
CIFUENTES
DESTITUYE AL
DIRECTOR DE
JUSTICIA POR
SU “MALA
GESTIÓN”
Ricardo Ruiz
de la Serna
no acudió a
sendas citas
con
sindicatos y
parlamentarios
Ricardo Ruiz
de la Serna
ha
presentado
su renuncia
como
director
general de
Justicia de
la Comunidad
de Madrid
tres meses
después de
su
nombramiento
ante el
malestar que
su gestión
ha causado
dentro del
Ejecutivo
madrileño
que encabeza
Cristina
Cifuentes
(PP), según
ha sabido EL
PAÍS. El
viernes ya
se rumoreaba
sobre su
posible
destitución.
Hoy está
previsto que
la
presidenta
regional
formalice su
despido en
la reunión
semanal que
el Consejo
de Gobierno
mantiene
todos los
martes. El
detonante de
la salida de
Ruiz de la
Serna han
sido los dos
errores que
protagonizó
la semana
pasada: no
acudió a una
cita con los
sindicatos
que el mismo
había
convocado y
no acompañó
a la
comisión
parlamentaria
que visitó
el jueves la
polémica
Ciudad de la
Justicia.
El pasado
miércoles
Ruiz de la
Serna no
acudió a la
mesa de
negociación
con los
sindicatos
de Justicia
pese a que
él había
convocado el
encuentro.
Como
consecuencia,
los
representantes
de UGT, CC
OO, CSIF y
STAJ
abandonaron
la mesa. “La
ausencia del
director
general, que
convocó la
reunión,
evidencia el
poco interés
que tienen
los nuevos
responsables
para
solucionar
los
problemas”,
criticó en
un
comunicado
el sindicato
CSIF. “Los
acontecimientos
nos están
demostrando
que nada ha
cambiado, y
mucho nos
tememos que
el actual
Gobierno
seguirá los
pasos de los
anteriores”,
señaló Juan
José Carral,
de CSIF. Los
sindicatos
reclaman una
mejora de la
Administración
de Justicia
tras años de
recortes.
Además, lo
ocurrido en
la visita de
diputados
regionales
—la mayoría
de la
oposición— y
periodistas
el jueves
pasado al
Campus de la
Justicia
sentenció a
Ruiz de la
Serna. Como
la víspera,
el ex
director
general
tampoco
acudió a la
cita, de la
que era el
teórico
responsable.
Pese a su
ausencia,
ningún alto
cargo de la
Consejería
de
Presidencia
y Justicia
lo
sustituyó.
En su lugar
fueron dos
funcionarios,
un
arquitecto y
el
subdirector
general, que
ejercieron
de
anfitriones.
La comitiva
accedió al
Instituto de
Medicina
Legal, el
único
edificio
construido
de los 15
con que iba
a contar el
Campus, que
costó 21,4
millones de
euros y que
desde 2010
se ha
devaluado un
20%. La
Comisión de
Estudio
sobre la
Auditoría
del
Endeudamiento
y la Gestión
Pública que
se
desarrolla
en el
Parlamento
regional
investiga en
qué se
gastaron los
Gobiernos de
Esperanza
Aguirre e
Ignacio
González 105
millones.
Este
pretendía
concentrar,
en una
superficie
de 200.000
metros
cuadrados en
la zona de
Valdebebas,
al norte de
la capital,
las 19 sedes
judiciales
repartidas
por Madrid.
El “colmo”,
según
señalan
distintas
fuentes de
la Justicia
regional,
fue que ni
los
organizadores
de la
comitiva, y
aún menos
los
visitantes,
sabían que
se estaba
rodando una
película en
uno de los
túneles del
complejo.
Ruiz de la
Serna había
autorizado
la grabación
de la
comedia
titulada Los
del túnel, y
en la que
participan
Arturo Valls
y Raúl
Cimas, pero
no informó
de ella. La
sorpresa del
Gobierno
regional,
que justo
ese día
presentaba
los
presupuestos
para 2016,
fue
mayúscula.
Ruiz de la
Serna
sustituyó en
julio a
Agustín
Carretero,
que durante
un año
desempeñó el
cargo de
director
general de
Relaciones
con la
Administración
de Justicia.
Previamente
había sido
instructor
del caso
Ciempozuelos
(supuesta
corrupción
de dos
exalcaldes)
y que
terminó con
la
absolución
de todos por
errores
policiales y
de
instrucción.
La ficha
biográfica
de Ruiz en
el Gobierno
regional
recoge que
ha ejercido
la abogacía
durante más
de 15 años.
A partir de
2008 se
especializó
en Derecho
Administrativo
y Procesal
Contencioso-Administrativo.
También ha
trabajado
durante 13
años como
profesor
colaborador
en la
Universidad
CEU-San
Pablo. Entre
las
asignaturas
que ha
impartido
están
Derecho de
la
Información,
en la
titulación
de
Periodismo;
y
Legislación
y
Legislación
Aplicada, en
los grados
bilingües de
Publicidad y
Relaciones
Públicas,
Comunicación
Audiovisual
y
Periodismo.
También ha
sido
tertuliano
en
diferentes
medios.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/02/madrid/1446483313_600329.html
MENOS DINERO
PARA LA
PRIMARIA Y
LA
SECUNDARIA
El desglose
de los
presupuestos
del próximo
año muestra
un recorte
en la
Educación
pública,
aunque los
centros de
Primaria de
gestión
privada
mantienen su
inversión
Cristina
Cifuentes
destacó
varias
partidas
dedicadas a
la Educación
en la
presentación
de los
Presupuestos
del próximo
año. Una
subida en
las becas o
una mayor
inversión en
el modelo
bilingüe
fueron
algunos de
los puntos
subrayados
por la
presidenta
regional
que, sin
embargo, no
dio detalles
de otros
tramos
educativos.
El desglose
de esas
cuentas pone
de
manifiesto
reducciones
importantes
en Primaria,
Secundaria o
Formación
Profesional.
La Educación
Infantil,
Primaria y
Especial
tendrá 8
millones de
euros menos
que el
pasado año,
un recorte
centrado
sobre todo
en menos
gasto para
personal.
Sin embargo,
el importe
destinado a
los centros
específicos
de Educación
Infantil de
titularidad
de la
Comunidad de
Madrid, pero
gestionados
a través de
empresas
privadas se
mantiene en
la misma
cifra que el
pasado año:
14.850.000
euros.
Se dedican
14 millones
de euros
menos a la
Secundaria y
pierden
también
medio millón
de euros los
centros
específicos
de Formación
Profesional.
La partida
destinada a
la
construcción
y ampliación
de centros
no
universitarios
también
sufre un
recorte de
15 millones
de euros. Y
se reduce a
la mitad la
partida
destinada a
la compra de
equipos
informáticos,
mobiliario o
cocinas para
los
colegios.
En estos
presupuestos
salen
ganando las
universidades,
que sí
contarán con
73 millones
de euros
más. Se
incrementan
las cuantías
de becas y
ayudas, así
como el
dinero
destinado a
la
investigación.
Y se salvan
de la quema
las
enseñanzas
especiales,
como la de
idiomas,
cuyo
presupuesto
se
incrementará
en total en
2 millones
de euros. El
transporte y
los
comedores
escolares
tendrán las
mismas
cuantías que
el pasado
año (19 y 5
millones de
euros,
respectivamente)
Fuera del
ámbito
educativo,
la
Consejería
de
Educación,
Cultura y
Deporte
gestiona
también, por
ejemplo,
determinadas
infraestructuras
deportivas
que sufrirán
un
tijeretazo
de 20
millones de
euros.
http://cadenaser.com/emisora/2015/10/30/radio_madrid/1446214726_728548.html
CIUDADANOS
OBLIGA A
CIFUENTES A
PUBLICAR
TODOS LOS
DOCUMENTOS
DEL GOBIERNO
El partido
exige que se
eliminen
antes de
febrero las
trabas para
acceder a
“toda
información
elaborada
con
presupuestos
públicos” y
que se
detalle el
contenido de
la agenda y
las
reuniones
del
Gobierno,
incluida la
de la
presidencia
regional
Ciudadanos
considera
“imprescindible”
que la
Comunidad de
Madrid ponga
en marcha
antes de
febrero de
2016 un
anteproyecto
de ley de
transparencia
en la que se
eliminen las
trabas
generalizadas
que
dificultan
el acceso a
“toda
información
elaborada
con
presupuestos
públicos”.
El líder
autonómico
de
Ciudadanos,
Ignacio
Aguado,
exige además
que se
detalle el
contenido de
la agenda y
las
reuniones
del
Gobierno,
empezando
por quien
presida la
región.
Cristina
Cifuentes
(PP) fue
investida
presidenta
de Madrid
gracias al
respaldo de
Ciudadanos y
necesita su
apoyo para
aprobar los
presupuestos
de 2016.
Uno de los
parlamentos
más opacos
de España
La opacidad
ha
caracterizado
la gestión
de la
Comunidad en
las últimas
legislaturas.
La Asamblea
figura entre
los
parlamentos
menos
transparentes
de España,
con una
puntuación
de 51,3
sobre 100
posibles
según
Transparencia
Internacional.
El hemiciclo
madrileño
solo queda
por delante
de Murcia
(42),
Canarias
(42,3) y
Baleares
(45). Los
Parlamentos
menos opacos
son los de
Cantabria
(98,8) y
Navarra
(87,2).
Uno de los
casos más
extremos de
la
legislatura
pasada
fueron las
trabas
reiteradas
del Gobierno
regional a
contestar
las 3.000
preguntas
que Teresa
González
Ausín,
diputada
socialista,
presentó
entre agosto
y octubre de
2013 sobre
los 32
programas
del Sermas
(lavandería
central,
listas de
espera,
etcétera).
Muchas
trataban de
partidas que
inicialmente
no contaban
con una
dotación
presupuestaria.
El Gobierno
no respondió
a ninguna de
las
cuestiones.
Su argumento
fue que una
partida
presupuestaria
que
inicialmente
no está
dotada de
fondos no
existe y,
por tanto,
no cabe
pregunta.
El partido
de Albert
Rivera
considera
“imprescindible”
el
desarrollo
autonómico
de la Ley de
Transparencia
nacional,
“mejorándola
incluso”,
para acabar
con la fama
de opacidad
de la
Comunidad.
Para
convertir a
Madrid en
una de las
autonomías
“a la
vanguardia”
en este
campo
Ciudadanos
propone ir
“más allá de
los mínimos
legales”.
Por ejemplo,
asociaciones
civiles
“expertas e
independientes”
serían las
encargadas
de
establecer
indicadores
y realizar
auditorías
que
permitieran
medir y
evaluar el
grado de
transparencia
de cada
organismo
público.
También se
crearían
equipos que
velaran por
la
transparencia
en cada
organismo
del
Ejecutivo
madrileño.
“La idea es
que haya uno
en cada
consejería
del
Gobierno”,
observa
Aguado. La
responsabilidad
política
para
garantizar
la
transparencia
de la
Administración
sería “al
más alto
nivel”,
añade. Y,
por
extensión,
se tendría
que idear un
régimen
efectivo de
sanciones
jurídicas en
caso de que
incumplirse
la ley.
Igualmente
sería
público el
contenido de
las agendas
y de las
reuniones
que celebren
los altos
cargos del
Ejecutivo
autonómico,
desde la
presidencia
regional a
los
consejeros,
viceconsejeros
y directores
generales,
así como los
nombres de
los
asistentes y
su objeto.
“La
transparencia
no radica
solo en
cuánto cobra
el
consejero,
el
viceconsejero
o un
director
general. Es
mucho más
importante
conocer con
quién se
reúne y a
qué acuerdos
llegan”,
recoge la
propuesta de
transparencia
elaborada
por
Ciudadanos.
El personal
nombrado a
dedo en la
Comunidad se
desconoce,
de ahí que
junto al
organigrama
de cada
consejería,
se
publicaría
la relación
de asesores
y cargos de
confianza
adscritos a
cada alto
cargo. “La
opacidad es
brutal en
este
sentido, que
un cargo sea
de confianza
no significa
que no se
informe al
respecto”,
se muestra
rotundo
Aguado.
La
pretensión
de
Ciudadanos
de que la
función
pública se
ejerza con
“transparencia
total”
tendría
contadas
excepciones.
El derecho
de acceso a
la
información
podrá ser
restringido
total o
parcialmente
y con
carácter
excepcional
en caso de
que suponga
un perjuicio
a la
seguridad
pública; la
prevención,
investigación
y sanción de
los ilícitos
penales; las
funciones
administrativas
de
vigilancia,
inspección y
control; y
el secreto
profesional
y la
propiedad
intelectual
e
industrial.
Los límites
serían
"justificados
y
proporcionados",
puntualiza
Aguado. En
el caso de
la agenda
del
Gobierno,
las
excepciones
serían las
vinculadas a
la seguridad
nacional o
pusieran en
peligro la
vida de los
implicados.
Más control
de los
contratos
públicos
La Comunidad
informaría
de forma
trimestral
de las
razones de
los posibles
desvíos
presupuestarios,
muy
habituales
los últimos
años.
El Gobierno
tendría que
dar
publicidad a
los
contratos
mediante
procedimientos
negociados,
aun cuando
la ley no lo
exija.
El Ejecutivo
daría cada
mes la
documentación
de los
contratos
registrados
a mes
vencido a la
mesa de la
Comisión de
Vigilancia
de las
Contrataciones
del
Parlamento.
El reparto
de la
publicidad
institucional
por
cabeceras
sería
público, así
como los
criterios
tenidos en
cuenta a la
hora de
establecer
la
distribución
final de los
anuncios. La
distribución
de la
publicidad
institucional
se basaría
en criterios
de
eficiencia.
Un ejemplo
sintomático
del
oscurantismo
con que ha
actuado el
Gobierno
regional es
que Ignacio
González
(PP) se
comprometiera
en una fecha
tan tardía
como el año
2012 a que
se
fiscalizaran
las cuentas
del Servicio
Madrileño de
Salud (Sermas),
al que se
destina casi
la mitad
—más de
7.000
millones
anuales— del
presupuesto
regional y
donde los
desvíos
millonarios
entre lo
presupuestado
y lo
ejecutado
son ya una
tradición.
El
presupuesto
de Sanidad
entró a
formar parte
de la Cuenta
General en
2013, lo que
en la
práctica
significó
que la
información
llegaría,
por primera
vez, a la
oposición.
Antes, solo
estaba
disponible
el
presupuesto
inicial,
pero no la
liquidación.
EL PAÍS
publicó la
semana
pasada cómo
se
presupuestó
al Sermas
500 millones
menos de los
que gastó en
2014.
Presupuesto
ejecutado
Ciudadanos
exige que se
publique la
ejecución
presupuestaria
“en formatos
reutilizables
al mismo
nivel de
detalle y
misma
estructura”
que los
presupuestos
regionales.
“En Madrid
son
palpables
los
problemas de
acceso a la
información
presupuestaria.
Cuando el
Gobierno te
responde con
un documento
escaneado,
en el que ni
siquiera
puedes
realizar
búsquedas,
lo que está
haciendo es
dificultar
la labor de
control en
la
Asamblea”,
razona
Aguado. “Se
podrá
acceder a
cualquier
información
con
independencia
del formato
en el que
esté
almacenada,
y
preferentemente,
se
facilitará
el acceso
electrónico
a la misma,
en formato
abierto”,
pretende
Ciudadanos.
Además, los
límites de
acceso
“serán
siempre
entendidos
de forma
excepcional”.
Para Aguado
también es
“prioritario”
reforzar los
límites a la
puerta
giratoria,
haciendo
explícita la
incompatibilidad
de los
miembros del
Gobierno de
pertenecer a
los consejos
de
administración
de las
empresas, o
sus
filiales,
que hayan
firmado con
la Comunidad
contratos
relacionados
con el
ejercicio
del cargo
político.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/28/madrid/1446063230_603789.html
CRISTINA
CIFUENTES
DEJA CAER A
IGNACIO
GONZÁLEZ
La
presidenta
de la
Comunidad,
Cristina
Cifuentes,
con su
antecesor,
Ignacio
González en
primer
plano.
No recurrirá
el archivo
de la
denuncia que
puso
González
contra un
policía por
investigar
supuestamente
de forma
ilegal su
ático
La
presidenta
de la
Comunidad
apela a la
"transparencia
para llegar
al final de
donde se
tenga que
llegar"
«Nuestro
compromiso
es actuar
con la
máxima
transparencia
en la
Comisión de
Investigación
de la
Corrupción
para que se
llegue hasta
el final de
donde se
tenga que
llegar». La
presidenta
de la
Comunidad lo
tiene claro,
que cada
palo aguante
su vela.
Cristina
Cifuentes se
sacude la
presión del
'Aguirrismo'
en el
conflicto
abierto en
el PP de
Madrid
apelando a
aquello de
luz y
taquígrafos.
Por lo
pronto, los
servicios
jurídicos de
la Comunidad
no
recurrirán
el archivo
de la
denuncia
interpuesta
por Ignacio
González
contra el
comisario de
Marbella
Agapito
Hermés de
Dios por una
supuesta
investigación
ilegal de su
ático en
Estepona.
«Nuestros
servicios
jurídicos no
han
encontrado
base
jurídica»,
aseguraba
ayer un
portavoz
regional.
Hoy acababa
el plazo
dado por el
juez Adolfo
Carretero,
titular del
Juzgado de
Instrucción
número 47 de
Madrid, para
recurrir el
archivo.
Esta
decisión
puede tener
unas
consecuencias
incalculables
en el frágil
equilibrio
del PP
regional y
añade más
leña en la
disputa
interna a
cuenta de
las
lealtades y
deslealtades
a los
dirigentes
salientes y
a los
entrantes.
Y eso que su
objetivo
ayer era
ponerle
sordina al
conflicto y
que la
polémica
sobre si
está
protegiendo
o no a
González y
Aguirre en
la Comisión
de
Investigación
sobre la
Corrupción
desaparezca
de los
medios.
Cifuentes
confirmaba
en la rueda
de prensa
posterior al
Consejo de
Gobierno que
había
hablado en
las últimas
fechas con
González
pero no
quiso
desvelar el
contenido.
«Ha sido una
conversación
que se ha
desarrollado
con absoluta
normalidad
porque ha
sido
presidente
de la
Comunidad y
yo soy su
sucesora. No
es la
primera vez,
ni la
segunda ni
la tercera y
no va a ser
la última
que hable
con él.
Lo raro
sería que no
hablase con
mis
predecesores»,
dijo.
Respecto a
la polémica
desatada
tras
conocerse
que González
se reunió
con el
portavoz
socialista,
Ángel
Gabilondo,
para pedirle
ayuda
política en
la comisión
de la
Asamblea, la
presidenta
echó balones
fuera.
«Desconozco
el contenido
de esta
conversión y
tampoco
tiene
demasiada
importancia
para mí.
Entiendo que
formará
parte de una
serie de
contactos
que quiere
tener el ex
presidente
con líderes
políticos
madrileños.
Además, él
es el
secretario
general del
PP de
Madrid. Yo
me dedico a
gobernar, a
cumplir mi
programa
electoral y
el acuerdo
electoral
firmado con
Ciudadanos.
Creo que lo
estamos
haciendo de
manera
satisfactoria.
Y lo demás
se lo dejo a
otros»,
dijo.
Acto
seguido,
restó
importancia
al malestar
que ha
surgido en
el grupo
parlamentario,
incluso negó
la mayor y
llegó a
decir que no
le constaba.
«Es que no
existe un
malestar más
allá de
comentarios.
Somos un
grupo unido.
Estamos
todos en la
misma
estrategia
de cumplir
el programa
de Gobierno
y los
acuerdos con
Ciudadanos y
actuar con
la máxima
transparencia
en la
Comisión de
Investigación
de la
Corrupción
para que se
llegue hasta
el final de
donde se
tenga que
llegar.
Si hay un
diputado con
una opinión
diferente lo
puede
expresar, no
somos una
secta»,
precisó en
referencia a
las críticas
vertidas por
el ex
portavoz en
esa
comisión,
Jesús
Gómez.«Se le
ha
sustituido
por que no
puede tomar
decisiones
que afectan
a todo el
grupo sin
consultarlo
con la
Dirección
del grupo.
Jesús Gómez
es muy
valioso para
el grupo
parlamentario.
Su relevo
fue como el
que podría
haber sido
con otro
portavoz»,
sentenció.
Asimismo,
negó que el
líder
regional de
Ciudadanos,
Ignacio
Aguado, le
hubiese
pedido el
cese de
Gómez por
haber
insinuado
que llamaría
a declarar a
Eva Bórox,
la número 3
en Madrid de
los de
Albert
Rivera. De
igual forma,
denunció que
«en esta
comisión no
se están
siguiendo
las reglas
de juego, se
está
queriendo
abrir un
juicio
universal
contra el PP
en periodo
preelectoral.
No se hace
lo mismo que
en
Andalucía.
La
estrategia
del PP es
permanecer
en esa
comisión»,
insistió.
Ciudadanos
quiere
"presupuestos
reales"
El portavoz
de
Ciudadanos,
Ignacio
Aguado, aún
no ha dado
el 'sí,
quiero' a
los
presupuestos
de Cristina
Cifuentes.
El problema
es el ajuste
de los
gastos,
según han
precisado
fuentes del
grupo
parlamentario.
«Hemos
mantenido
tres
encuentros y
le
explicamos a
Engracia
Hidalgo
-consejera
de Economía
y Hacienda-
que tenía
que
presentarnos
un proyecto
de
presupuestos
reales,
sobre todo,
en lo que se
refiere a
los
ingresos»,
aclaran las
fuentes
informantes.
Ciudadanos
entiende que
los
presupuestos
de la
Comunidad de
Madrid para
el próximo
año
arrastran un
problema que
viene
heredado del
Gobierno
central. «El
80% del
dinero que
ingresamos
procede de
la
financiación
estatal. El
resto llega
a través del
Impuesto de
Transmisiones
Patrimoniales
y un
concepto
-cajón de
sastre- de
enajenación
de recursos
-básicamente,
venta de
suelos e
inmuebles.
En
ejercicios
anteriores
el desfase
entre lo que
se puso en
estos
conceptos y
los ingresos
reales son
escandalosos.
Si por
ejemplo, se
dijo que por
enajenaciones
se iba a
ingresar 600
millones, en
este
ejercicio no
han llegado
ni a diez»,
sentencian.
Insisten en
que dieron a
Cifuentes un
apoyo de
investidura
«no un
cheque en
blanco. Si
las cuentas
que nos
convencen no
las
apoyaremos.
No
contribuiremos
a aumentar
la deuda. Se
trata de un
problema de
gestión»,
precisan.
Ciudadanos
esta
convencido
de que no se
cumplirán ni
el objetivo
de déficit
previsto
para este
año del 0,7%
-y que según
sus cálculos
sobrepasará
el 1%- ni el
de 2016,
fijado por
el Gobierno
en el 0,3%
del PIB.
http://www.elmundo.es/madrid/2015/10/27/562fd85fe2704e18658b4594.html
EL PP DE
MADRID
AHONDA SU
DIVISIÓN A
MENOS DE DOS
MESES DE LAS
GENERALES
La
destitución
de Jesús
Gómez como
portavoz del
PP en la
comisión de
investigación
evidenció la
ruptura,
cada día
mayor y peor
disimulada,
en la
bancada
popular
Las críticas
del
Ejecutivo de
Cristina
Cifuentes a
la gestión
de los
Gobiernos de
Esperanza
Aguirre e
Ignacio
González y
el arranque
de la
comisión de
investigación
sobre
corrupción
—que
comienza la
semana que
viene en la
Asamblea de
Madrid y en
la que
podrían
comparecer
los últimos
dos
expresidentes
autonómicos—
han ahondado
la fractura
entre los
partidarios
de la actual
gobernante y
el sector
que se
mantiene
fiel a la
presidenta y
el
secretario
general del
PP de
Madrid. El
pulso entre
los dos
sectores se
ha agudizado
a menos de
dos meses
para las
elecciones
generales de
diciembre y
se produce
antes de que
Cifuentes
presente los
presupuestos
de 2016,
para cuya
aprobación
necesitará
el apoyo en
la Asamblea
de
Ciudadanos.
La
destitución
de Jesús
Gómez como
portavoz del
PP en la
comisión de
investigación
—tras su
desplante
abandonando
una reunión
con los
representantes
de los demás
grupos—
enardeció
los ánimos y
evidenció la
división,
cada día
mayor y peor
disimulada,
en la
bancada
popular en
la Asamblea.
En ella, los
leales a
Cifuentes
son minoría.
De los 48
diputados
del PP —en
2011 eran 72
de los 129
del
hemiciclo—,
tan solo una
docena
respalda de
manera
indudable a
la
presidenta
regional. El
resto le
deben
mayoritariamente
el escaño a
Aguirre. “La
mayoría de
diputados se
han quedado
huérfanos.
Entre ellos,
hay algunos
que
mantienen lo
que se diría
una
neutralidad
hostil o
abierta”,
resume un
dirigente
regional del
partido.
La elección
de Alfonso
Serrano como
nuevo
portavoz en
lugar del
exalcalde de
Leganés —aguirrista
confeso,
pese a sus
diferencias
con la
presidenta
del PP desde
2004 por no
dejarle
presentarse
como
candidato
municipal en
las
elecciones
de mayo— es
una muestra
más de cómo
Cifuentes
trata de
situar en
puestos
estratégicos
a políticos
de su
confianza.
Serrano
entra dentro
de esos
baremos,
pues
pertenece a
la dirección
nacional del
PP (es
responsable
del
departamento
electoral).
Esto es, es
uno de los
enlaces de
Cifuentes
con el
presidente
del partido
y del
Gobierno,
Mariano
Rajoy.
La
confección
de la lista
autonómica
es uno de
los
principales
quebraderos
para
Cifuentes.
El pesar de
la
presidenta
del Gobierno
de la
Comunidad
trascendió a
mediados de
abril,
cuando
todavía
quedaba más
de un mes
para las
elecciones
autonómicas.
“La lista no
la he hecho
yo, la lista
la ha hecho
el PP de
Madrid”,
expresó
Cifuentes su
descontento.
Seis meses
después, la
confección
de las
listas ha
trasladado
la ruptura
en el PP de
Madrid al
Parlamento
regional.
Tan solo una
docena de
diputados
respalda de
manera
indudable a
la
presidenta
regional
La sensación
en el
entorno de
Aguirre y
González es
que
Cifuentes
“va a por
ellos para
reforzar su
posición”. Y
la
responsabilizan
de la
comisión de
investigación
sobre la
corrupción,
que
Ciudadanos
no ha sacado
adelante en
Andalucía,
donde
gobierna
Susana Díaz
(PSOE), pero
sí en
Madrid. La
reunión la
semana
pasada de
González con
el portavoz
socialista
en la
Asamblea,
Ángel
Gabilondo,
en relación
con la
comisión de
investigación
de la
corrupción y
en la que el
secretario
general del
PP de Madrid
criticó a
Cifuentes,
según
fuentes
socialistas,
es otra
demostración
de la crisis
que sacude
al partido.
“Hay crisis
porque hemos
perdido
poder”,
resumen en
el grupo
parlamentario.
Después de
20 años de
mayorías
absolutas en
la región,
el PP
gobierna en
minoría tras
el acuerdo
de
investidura
de
Ciudadanos.
La pérdida
de poder
municipal
también se
ha vivido
como una
hecatombe en
la
formación:
si en 2011
gobernaba en
141 de los
179
municipios
madrileños,
el PP lo
hace ahora
en poco más
de 80, tras
alcanzar
solo en 62
la mayoría
absoluta.
El trasfondo
del
conflicto
que divide
al PP de
Madrid está
en el
ascendente,
en clave
nacional, de
Cifuentes en
el partido.
La dirigente
es la
favorita
para suceder
a Aguirre al
frente del
PP de
Madrid,
donde manda
desde 2004.
Su política
de derechos
sociales
(ley del
aborto,
matrimonio
homosexual)
contrasta
con la
versión más
conservadora
que existe
en el PP.
Además,
Cifuentes
también se
ha forjado
una imagen
—muy
considerada
dentro del
partido—
como
potencial
ejemplo a
seguir, de
ser capaz de
gobernar en
minoría y
llegar a
acuerdos con
otras
formaciones
en un
partido
acostumbrado
a gobernar
en solitario
las últimas
dos décadas.
En contra de
Cifuentes
pesa que,
por más que
el Gobierno
regional la
ha dotado de
poder
institucional,
resulta
insuficiente
ante el
desplome
municipal
del PP y el
legado de
Aguirre.
El resultado
de las
generales
marcará el
futuro del
PP de
Madrid. La
continuidad
de Rajoy en
el Gobierno
beneficiaría
a Cifuentes,
ya que la
reforzaría
ante el
congreso del
PP
autonómico,
que se
celebrará a
más tardar a
finales de
abril. Por
el
contrario,
el candidato
que presente
Aguirre
ganaría
puntos si
Rajoy pierde
el Gobierno.
González,
teórico
sustituto de
Aguirre, ya
ha dejado
claro su
desinterés
en relevar a
la todavía
presidenta
del PP
madrileño,
que en junio
anunció que
no se
presentaría
a la
reelección.
Una comisión
de
investigación
ágil y con
repreguntas
PSOE,
Podemos y
Ciudadanos
han
solicitado
de urgencia
la
modificación
de las
reglas
básicas para
la
composición,
organización
y
funcionamiento
de la
comisión de
investigación
sobre
corrupción
política que
comienza la
próxima
semana. La
reclamación
principal de
la oposición
es que los
comparecientes
y los grupos
parlamentarios
alternen
preguntas y
respuestas.
“Queremos
que el
formato sea
de pregunta
y respuesta,
con
repreguntas,
para que sea
más ágil y
nos permita
a todos
sacar unas
mejores
conclusiones”,
explica un
diputado
socialista,
que pone de
ejemplo la
comisión que
se creó a
raíz del
tamayazo en
2003, cuando
dos
diputados de
su partido
impidieron
un Gobierno
de
izquierdas
liderado por
Rafael
Simancas
(PSOE). El
PP no es
partidario
de un
formato con
repreguntas.
Los tres
partidos de
la oposición
también son
favorables a
que se pueda
solicitar
“más de una
vez” la
comparecencia
de una misma
persona o
autoridad en
el mismo
periodo de
sesiones,
“siempre que
resulte
estrictamente
imprescindible”
para las
labores de
información
de la
comisión.
La duración
de cada
sesión
solicitada
por la
oposición es
que sea de
un máximo de
cinco horas.
La
documentación
aportada en
la comisión
se
digitalizaría
y debería
ser
accesible en
la web de la
Asamblea, en
un espacio
reservado a
la Mesa del
Parlamento y
los
portavoces
de la
comisión.
PSOE,
Podemos y
Ciudadanos
también
quieren que,
en el caso
de que “se
dedujeran
indicios
racionales
de
criminalidad
para alguna
persona”, el
Parlamento
regional “lo
ponga en
conocimiento”
del
ministerio
fiscal.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/26/madrid/1445892640_714631.html
OSSORIO PIDE
SANCIONAR AL
MIEMBRO DEL
PP QUE
FILTRÓ SU
MENSAJE DE
WHATSAPP
Para el
portavoz
popular es
"lamentable"
que alguien
de
"confianza"
difunda
información
El portavoz
del PP en la
Asamblea de
Madrid,
Enrique
Ossorio, ha
asegurado
este jueves
que
considera
"lamentable"
difundir
información
interna y ha
pedido
sancionar al
"colaborador"
popular que
filtró un
mensaje de
WhatsApp
sobre el
último
comité de
dirección.
La polémica
comenzó el
pasado
viernes
cuando
Ossorio
intentó
informar a
la
presidenta
regional,
Cristina
Cifuentes,
sobre lo
ocurrido en
una reunión
que presidía
su
predecesor,
Ignacio
González. El
portavoz
envió un
mensaje a un
grupo de
WhatsApp
llamado
'Diputados
PP' en el
que
participan
diputados,
consejeros y
miembros de
la
dirección:
"Colaboradores
míos y de
confianza",
ha reiterado
Ossorio en
un desayuno
informativo
de Estrella
Digital..
En el texto,
el que fue
Consejero de
Economía y
Hacienda en
el Ejecutivo
de González
(2012 -
2015),
contaba que
habían
"salido
vivos de la
reunión de
Génova" y
que González
se había
mostrado
"muy duro"
con ellos
"por no
tener
estrategia"
para la
comisión
sobre
corrupción
que comienza
en
noviembre.
Además,
Ossorio
hacía
alusión a no
dar más
información
de la debida
en ese
comité y a
no hacer "ni
caso,
nosotros a
lo nuestro"
respecto a
la críticas
del
expresidente
regional,
según
adelantó El
Español.
El mensaje
ha sido
recibido con
acritud
dentro de
las filas
populares y
Esperanza
Aguirre,
líder del PP
madrileño,
pide desde
el viernes
el cese del
portavoz.
Cifuentes se
ha negado a
destituirle:
“Enrique
Ossorio va a
seguir
siendo el
portavoz y
nadie ha
cuestionado
su trabajo,
estoy muy
satisfecha
de su
labor”. Por
si quedaban
dudas,la
presidenta
subrayó que
“está
realizando
un trabajo
estupendo y
que no ha
tenido "ni
una sola
queja" de su
labor.
Ossorio no
se ha
querido
pronunciar
sobre la
petición de
Aguirre,
pero sí ha
reiterado
que a la
única
persona que
hay que
"buscar y
sancionar"
es a la que
filtró la
información:
"Yo desde
luego la
estoy
buscando".
El portavoz
ha asegurado
que él mandó
el mensaje
al salir del
comité
porque "ahí
se va para
trabajar" y
su forma de
proceder
"siempre ha
sido poner
en
conocimiento
de mis
compañeros
lo ocurrido
en las
reuniones".
El detonante
de la crisis
abierta en
el PP de
Madrid a
menos de dos
meses de las
elecciones
generales
fue la
destitución
de Jesús
Gómez,
exalcalde de
Leganés y
aguirrista
confeso,
como
portavoz de
la comisión
de
investigación
de
corrupción,
por haberla
abandonado
"por su
cuenta y
riesgo",
según
justificó
Cifuentes.
Ossorio se
ha
apresurado a
aclarar que
nadie ha
pensado
"jamás" en
sancionar a
Gómez porque
"es una
persona muy
valiosa y
muy
importante
en el grupo
[popular]".
Además, el
portavoz
parlamentario
ha negado
que haya una
brecha en el
PP de
Madrid, sino
"diversas
opiniones":
"No somos un
partido
monolítico
ni
sectario".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/29/madrid/1446116985_419022.html
CIFUENTES SE
NIEGA A
DESTITUIR A
SU PORTAVOZ
COMO LE
EXIGE
AGUIRRE
La
presidenta
regional ve
“sobredimensionada”
la crisis
abierta en
el PP de
Madrid a
menos de dos
meses para
las
generales
La guerra en
el PP se
recrudece.
Esperanza
Aguirre
lleva desde
el viernes
pidiendo sin
éxito el
cese de
Enrique
Ossorio como
portavoz
parlamentario.
La
presidenta
del partido
exige a
Cristina
Cifuentes
que lo
destituya
porque este
dio a
conocer a un
grupo de
diputados
que Ignacio
González,
anterior
presidente
regional,
estaba
molesto con
la actitud
de parte del
grupo
parlamentario.
González
cree que el
PP de la
Asamblea no
es capaz de
controlar la
comisión
sobre la
corrupción
que comienza
en noviembre
que ha
citado a
numerosos
excargos del
partido.
Sin embargo,
Cifuentes no
se plantea
destituir a
Ossorio, que
fue
consejero de
Economía y
Hacienda en
el Ejecutivo
de González
(2012-2015),
y al que
ella hizo
portavoz
parlamentario.
“Va a seguir
siendo el
portavoz y
nadie ha
cuestionado
su trabajo,
estoy muy
satisfecha
de su
labor”,
afirmó ayer
en rueda de
prensa. Por
si quedaban
dudas,
Cifuentes
subrayó que
“está
realizando
un trabajo
estupendo,
valorado por
mí y por el
resto de sus
compañeros”.
“No he
tenido ni
una sola
queja de la
labor de
Enrique
Ossorio.
Ningún
diputado ha
pedido el
cese”,
apostilló.
Ossorio, que
el viernes
intentaba
informar a
Cifuentes de
las quejas
de Ignacio
González en
el comité de
dirección,
se equivocó
de grupo de
WhatsApp,
según
adelantó El
Español, y
envió los
mensajes a
un grupo de
diputados,
entre los
que había
aguirristas.
“Ni caso.
Nosotros a
lo nuestro”,
decían los
mensajes del
portavoz del
Parlamento
regional
respecto a
las críticas
del
expresidente
regional.
Cifuentes,
que forma
parte del
principal
órgano de
mando del PP
madrileño,
no ha
acudido al
comité de
dirección en
el último
mes, según
reconocen en
su entorno.
Responsables
del PP
explican que
en su lugar
acuden
personas de
su
confianza,
como el
propio
Ossorio.
González,
secretario
general del
PP
autonómico
más poderoso
del país,
también se
ha ausentado
en las
últimas
reuniones
del comité.
El detonante
de la crisis
abierta en
el PP de
Madrid a
menos de dos
meses de las
elecciones
generales
fue la
destitución
de Jesús
Gómez,
exalcalde de
Leganés y
aguirrista
confeso, que
el miércoles
abandonaba
la comisión
de
investigación
de
corrupción,
de la que
era
portavoz.
“Un portavoz
no puede
tomar
decisiones
sin tomar en
consideración
al grupo
parlamentario.
Un portavoz
no puede
tener una
estrategia
propia,
diferente
del grupo y
marcharse
por su
cuenta y
riesgo de
una
comisión.
Los
diputados no
pueden tener
decisiones
individuales
y su relevo
se ha hecho
como el de
cualquier
portavoz en
otra
comisión”,
justificó
Cifuentes.
El sustituto
de Gómez es
Alfonso
Serrano, que
pertenece a
la dirección
nacional del
partido.
Diputados a
la contra
Un sector
mayoritario
del grupo
parlamentario
popular, con
la excepción
de una
docena de
diputados
próximos a
Cifuentes,
responsabilizan
a esta de lo
que pueda
pasar en la
comisión
sobre la
corrupción.
En concreto,
varios
parlamentarios
que ocuparon
puestos
relevantes
en los
Ejecutivos
de Aguirre y
González
están
inquietos
por su
potencial
comparecencia.
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid, para
intentar
calmar los
ánimos,
afirmó que
la oposición
pretende
“abrir un
juicio
universal
contra el
PP” y
destacó la
“diferencia
de trato”
con lo que
ocurre en
Andalucía,
donde
Ciudadanos
no se ha
mostrado tan
exigente con
el Gobierno
de Susana
Díaz (PSOE).
Cifuentes
pasó también
de puntillas
sobre la
reunión que
mantuvieron
González y
el portavoz
del PSOE en
el
Parlamento
regional,
Ángel
Gabilondo, a
raíz de la
citada
comisión.
“Desconozco
el contenido
de esa
conversación
y no tiene
demasiada
importancia
para mí.
Entiendo que
formara de
una serie de
contactos
que quiera
tener con
los líderes
políticos en
su condición
de
secretario
general del
PP de
Madrid”,
afirmó. “Yo
me dedico a
gobernar y
lo demás se
lo dejo al
resto”,
concluyó la
presidenta
de Madrid.
“Él no me
pidió nada
ni yo le
pedí nada a
él (...) Ni
había el
ambiente ni
las
circunstancias
para que
esto fuera
así”,
observó ayer
Gabilondo.
El portavoz
socialista
justificó
que la
reunión se
produjo por
la
“solicitud
reiterada
[de
González].
Tenía
voluntad de
hablar
conmigo”.
Fuentes
próximas a
Gabilondo
afirman que
fue una
“reunión
institucional”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/27/madrid/1445951442_135957.html
UN WHATSAPP
REVELA CÓMO
IGNACIO
GONZÁLEZ
ARREMETE
CONTRA
CRISTINA
CIFUENTES
Tensión en
el último
Comité de
Dirección
del PP de
Madrid por
la comisión
de
investigación
puesta en
marcha en el
seno del
Parlamento
regional
para
determinar
las
responsabilidades
políticas de
los
gobernantes
del PP en
los casos
Gürtel y
Púnica.
Ignacio
González,
que sigue
siendo
secretario
general del
partido
regional,
estuvo "muy
tenso" en la
reunión que
la cúpula
-donde no
está
Cristina
Cifuentes-
mantuvo a
puerta
cerrada el
viernes por
la mañana en
la primera
planta de
Génova. PSOE
y Ciudadanos
votaron el
jueves a
favor de que
el
expresidente
de la
Comunidad
acuda a la
sede del
Parlamento
para dar las
explicaciones
que sean
necesarias
sobre su
implicación
o no en
alguna de
las tramas.
González
culpó un día
después en
la sede del
Partido
Popular al
Grupo
Parlamentario
que dirige
la actual
presidenta
de la región
de "no tener
una
estrategia"
para salvar
los muebles
en la
comisión de
investigación.
El rifirrafe
lo detalló
Enrique
Ossorio,
portavoz del
Grupo
Parlamentario
Popular en
la Asamblea,
nada más
terminar la
reunión en
un grupo de
WhatsApp que
comparten
miembros de
la dirección
del Grupo y
algunos
diputados
del partido
en Madrid.
En ese
mensaje, el
diputado
confesaba a
sus
compañeros
que le había
"caído un
chaparrón"
de Ignacio
González que
capeó
"explicando
lo que hemos
hecho, lo
que vamos a
hacer y cómo
nuestra
estrategia,
que estaba
funcionando,
se estropeó
por la
metedura de
pata de
Jesús
Gómez".
El exalcalde
de Leganés,
del núcleo
duro de
Esperanza
Aguirre, era
el portavoz
de la
polémica
comisión de
investigación
hasta el
viernes,
cuando
Cifuentes lo
apartó por
levantarse
de la Mesa
en la que se
debatía el
reglamento
que regirán
las sesiones
y anunciar
que iba a
impugnar los
acuerdos sin
consultar a
la dirección
del grupo.
En la sede
del partido,
Aguirre
planteó
crear una
comisión
interna
propia para
diseñar la
estrategia
con la que
el partido
afrontará la
investigación
interna
puesta en
marcha en la
Asamblea de
Madrid. Para
dirigir esa
comisión
propuso el
nombre de
Ignacio
González,
aunque la
idea
finalmente
no prosperó.
"Por
supuesto, ni
caso.
Nosotros a
lo nuestro",
explicó
Ossorio a
sus
compañeros
más cercanos
en el
mensaje de
la polémica.
En la
reunión de
partido se
pensó
también en
la
posibilidad
de enviar un
escrito a la
Junta
Electoral
para
preguntar si
las
comparecencias
pueden tener
lugar en
período
electoral.
El objetivo
es evitar a
toda costa
que Ignacio
González o
Esperanza
Aguirre
declaren
sobre
asuntos de
corrupción
en la
campaña
electoral
más difícil
para el PP.
No obstante,
el
expresidente
González
pidió al
representante
del Grupo
Parlamentario
Popular en
la Asamblea
"información
sobre la
comisión
para
preparar su
defensa".
Otros
miembros
presentes en
la reunión
de grupo
aseguran a
este diario
que lo que
González
mantuvo en
todo momento
es que
pretenden
hacer una
causa
general
contra el
PP, y que el
Partido
Popular
debería
tener una
estrategia
conjunta, ya
que "esto no
va a salvar
al nuevo PP
como algunos
pretenden
creer, sino
que irá
contra todo
el partido.
También
contra los
que ahora
tienen
responsabilidades.
Si no se
está para
defender al
partido,
solo los
intereses de
algunos, nos
cargamos el
partido en
el que todos
estamos".
Jesús Gómez
responde
Ossorio
reconoce
haber
enviado ese
inoportuno
mensaje a un
grupo
reducido de
personas con
el que
entendía
"que hay
confianza y
lealtad"
para
comentar
informalmente
una reunión.
Además, el
diputado,
que fue
consejero de
Economía con
el propio
Ignacio
González,
pidió que
esa
información
se tratase
con
"absoluta
confidencialidad
y
discreción".
El texto,
lejos de ser
guardado en
el teléfono
de sus
receptores,
corrió como
la pólvora
entre los
compañeros
que no
estaban
incluidos en
el chat. La
propia
Esperanza
Aguirre e
Ignacio
González
llamaron al
remitente
para afearle
su conducta
y, acto
seguido,
hablaron con
Cifuentes
para "pedir
la cabeza de
Ossorio",
según han
confirmado a
EL ESPAÑOL
fuentes
cercanas al
conflicto.
Uno de los
aludidos,
Jesús Gómez,
contestó a
través del
mismo
sistema de
mensajería
instantánea
a las
acusaciones
de su
compañero.
"¿Cuál era
la
estrategia?
A mí nadie
me ha
comunicado
nada. ¿Y
quiénes son
nosotros?".
El exalcalde
de Leganés
deja
entrever que
el grupo
popular de
la Asamblea
que dirige
Cifuentes
tiene una
estrategia
paralela
para
defenderse
en la
comisión de
la polémica,
que salpica
de lleno a
Aguirre y
González.
"¿Qué
información
ocultaron a
la
presidenta y
al
secretario
general?
¿Por qué? A
mí me parece
que eso es
muy grave y
que alguien
debería dar
una
explicación
inmediatamente.
No me gusta
ser
conejillo de
indias ni
payaso de
las
bofetadas.
La próxima
la
devolveré,
en edición
corregida y
aumentada".
http://www.elmundo.es/madrid/2015/10/23/562a81ab268e3e23458b45dc.html
LA ASAMBLEA
DE MADRID
'DESNUDA'
PÚBLICAMENTE
A SUS
DIPUTADOS
La esperada
declaración
pública de
bienes de
los 129
diputados
regionales
ya ha
llegado. La
Asamblea de
Madrid las
hizo
públicas
ayer por
primera vez.
Así, la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
declaró
haber ganado
el pasado
año
87.767,42
euros. Pagó
29.807,88
euros de
IRPF y tiene
26.392,05
euros en su
cuenta
corriente, a
9 de junio
de 2015. La
conclusión
es que 20
diputados
ganaron más
que la Jefa
del
Ejecutivo
autonómico
que hasta su
victoria
electoral de
mayo había
sido
delegada del
Gobierno en
Madrid. De
los 47
diputados
del PP, 16
superaron a
Cifuentes en
emolumentos,
la mayor
parte con
sueldos por
ser cargo
público.
Los que la
superan con
holgura son
el ex
consejero de
Hacienda,
actual
portavoz del
PP en la
Cámara
autonómica,
Enrique
Ossorio, con
104.128
euros de
sueldo
-similar a
la ex
consejera de
Medio
Ambiente,
Ana Isabel
Mariño- y
José Ignacio
Echeverría,
ex
presidente
del
Parlamento
regional,
con
107.248,58
euros. La
presidenta
de la
Asamblea,
Paloma
Adrados,
percibió
82.657,22
euros como
alcaldesa de
Pozuelo.
Entre los
que
superaron el
sueldo de la
entonces
delegada del
Gobierno
están, sobre
todo, ex
concejales
del
Ayuntamiento
de Madrid
(con sueldos
de entre
89.000 y
95.000
euros);
alcaldes y
ex
consejeros
del Gobierno
regional,
todos ellos
por encima
de los
90.000
euros.
Llama la
atención el
caso del que
fuera en su
momento
consejero de
Educación,
Luis Peral,
senador en
la pasada
legislatura.
Hombre con
una dilatada
carrera
política en
Madrid desde
1979. A su
sueldo de
senador
(66.212,58
euros) sumó
los
17.105,62
como
diputado
regional.
SUELDOS
De los 129
diputados
regionales,
20 superaron
en 2014 los
87.700 euros
de sueldo de
Cifuentes.
El diputado
con más
bienes
declarados
es Luis
Peral (PP).
A esa cifra
incorporó
112.082,67
euros de
dividendos
en
sociedades
cotizadas en
bolsa;
69.277,55 de
intereses de
títulos de
renta fija y
otros
29.397,55
euros de
arrendamientos
de vivienda.
Tiene
acciones en
43
sociedades
cotizadas en
bolsa por
valor de
3.260.813,65
euros;
obligaciones
en 12
sociedades y
deuda por
valor de
1.054.972,62
euros.
Finalmente,
declara
acciones y
participaciones
en
diferentes
sociedades
por más de
un millón de
euros. Estos
datos
contrastan
con los
21.691,26
euros que
tiene en sus
cuentas
corrientes.
También es
llamativo el
caso del
diputado del
PP Jacobo
Beltrán, que
dice
percibir
como
ingresos
57.830 euros
y que tiene
una hipoteca
en Abanca
(50% de
gananciales)
de 625.000
euros. En la
declaración
de bienes de
los
diputados
Álvaro
Moraga y
Alfonso
Serrano se
computan
como
ingresos
algo más de
22.000 euros
en concepto
de «Partido
Popular,
gastos de
representación»
y Bartolomé
González,
11.060 euros
como «Grupo
Popular
Asamblea».
Todos ellos
se añaden
como
complemento
a su sueldo,
claro. La
diputada del
PP que menos
renta
percibió fue
Lucila
Toledo: unos
16.800 euros
del
Ayuntamiento
de Villar
del Olmo y
24.200 de la
Asamblea de
Madrid.
http://www.elmundo.es/madrid/2015/10/23/562a81ab268e3e23458b45dc.html
También 'olvidaron' mencionar que Gabilondo es el político regional mejor valorado y que el Gobierno en solitario del PP es el que menos gusta a los madrileños
33 segundos pueden dar para mucho en algunos aspectos de la vida, pero no siempre. Por ejemplo, no son suficientes para analizar la última encuesta del CIS y en Telemadrid lo saben. Así que decidieron darle tan poco tiempo en el Telenoticias 2 del pasado miércoles, con lo que no hubo tiempo de señalar aspectos tan relevantes como que Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes son las políticas peor valoradas por los madrileños.
Y aún así, con tan poco tiempo, si hubo oportunidad de repetir hasta en tres ocasiones que los sondeos del CIS se habían realizado “justo después de las elecciones”. Para así poder subrayar que Manuela Carmena “era” la política mejor valorada.
La noticia sobre el CIS puede verse a partir del minuto 19:30
Porque el informativo de Telemadrid del miércoles se prodigó en contar los males que azotan a la capital ahora que Carmena es alcaldesa: okupas que vuelven a tomar edificios, “oleadas” de robos… Pero a la hora de contar con datos cómo valoran los madrileños a sus políticos, hablaron de pasada el 5,99 de nota que obtiene Carmena. Y olvidaron que Ángel Gabilondo es el político regional mejor valorado mientras que Cifuentes es la que obtiene peor nota, o que Aguirre se queda en el 2,96.
Y sobre la visión que tienen los madrileños del Gobierno regional, sí señalaron que la mayoría se inclina por una coalición PSOE-Podemos (29,5%), aunque contrastaron el dato con el obtenido por una coalición PP-Ciudadanos (20,1%). Eso sí, pasaron por alto que la opción actual, la de un gobierno del PP en solitario, solo es respaldada por el 10,5%.
Semejante tratamiento ha sido denunciado por el sindicato UGT de Telemadrid: “‘Pecata minuta’ pensará el todavía director de informativos Agustín de Grado (que lleva 11 años en el cargo) empeñado en su cruzada contra Manuel Carmena (su gestión sólo es en Telemadrid basura, ratas, atascos , concejales que insultan en tuiter a las víctima de ETA , apoyo a okupas radicales como los del Patio Maravillas y oleada de robos) frente al lado luminoso de la gestión de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid que trae bilingüismo a la FP, rebaja el abono joven y da tratamientos de fertilidad a todas las mujeres con independencia de su identidad sexual”.
“No busquen en Telemadrid ninguna noticia negativa de la gestión del PP en la Comunidad de Madrid o turbios asuntos de gurteles, púnicas, áticos o espías. Y aquí seguimos. Esperando ese cambio que ahora nos prometen en Radio Televisión Madrid y que no termina de llegar”, añaden los representantes de los trabajadores.
LOS MADRILEÑOS DAN UN SUSPENSO ALTO A CIFUENTES Y UN APROBADO LARGO A CARMENA
Los madrileños otorgan un suspenso alto de 4,73 puntos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; y dan un aprobado largo, de 5,99 puntos, a la alcaldesa Manuela Carmena, según el barómetro realizado por el CIS entre el 27 de mayo y el 23 de junio, cuando la primera aún no era presidenta.
El Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado hoy las encuestas postelectorales de los comicios autonómicos y municipales del pasado mes de mayo, con la opinión de los ciudadanos sobre los gobiernos regionales y locales constituidos tras esas elecciones.
Los datos del estudio exponen que el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid Ángel Gabilondo y la alcaldesa de Madrid son los mejor valorados por los madrileños a nivel autonómico y local, respectivamente, mientras que Cifuentes y la portavoz del PP en la ciudad de Madrid Esperanza Aguirre son las más conocidas.
Según la encuesta, Gabilondo -con una media de 5,83 y conocido por el 75,5 % de los encuestados- es el político autonómico más apreciado por los madrileños.
Los madrileños aprueban también a José Manuel López, portavoz de Podemos en la Asamblea (5,31) y a Ignacio Aguado, su homólogo en Ciudadanos (5,23), a los que, no obstante, solo conocen un 22,9 y 17,8 % de encuestados, respectivamente.
En el Ayuntamiento de Madrid, la más valorada por los ciudadanos es la alcaldesa Manuela Carmena, con 5,99 de media y conocida por el 74,4 %; por delante del socialista Antonio Miguel Carmona (4,91 y conocido por el 71,5 %), de la portavoz de Ciudadanos Begoña Villacís (4,85 y 37,4 %) y de la portavoz del PP Esperanza Aguirre, que recibe un 2,96 y conocen un 92,3 % de los encuestados.
El estudio demoscópico -1.000 entrevistas, 507 en la ciudad y 493 en el resto de la región- apunta además que un Gobierno de coalición de PSOE y Podemos es la opción preferida por los madrileños, en función de los resultados electorales, para gestionar la Comunidad de Madrid.
De acuerdo con los resultados, las opciones preferidas de Gobierno de los madrileños serían, por orden de mayor a menor preferencia, un gobierno de coalición PSOE-Podemos (29,5 %); un gobierno de coalición PP-Ciudadanos (20,1 %); un gobierno del PP en solitario (10,5 %); una coalición PSOE-Ciudadanos-Podemos (12 %) u otra alternativa (12,2 %).
Las cifras parecen mostrar la existencia de un voto oculto para el PP porque, a pesar de haber sido el partido más votado en los comicios, es solo el tercero más nombrado por los ciudadanos cuando se les pregunta a qué formación votaron en mayo.
Según las respuestas de los ciudadanos, Podemos fue el más votado el 24-M (22,3 %), por delante de PSOE (21,2 %), PP (20,2 %) y Ciudadanos (10,8 %).
Sobre las elecciones, el barómetro del CIS apunta que más de la mitad de los madrileños no dudaron su voto -56,6 %-, frente a un 21,7 % que lo hicieron entre varios partidos, un 10,1 % que había decidido abstenerse y un 4,6 % que dudó entre votar o ir a la abstención.
Entre los que dudaron entre varios partidos, las mayores dicotomías se dieron entre PSOE y Podemos -19,9 %- y entre PP y Ciudadanos -16,2 %-.
De entre los votantes que decidieron no acudir a votar, la mayoría lo hicieron principalmente por no existir ninguna alternativa de su satisfacción (28,3 %), por no existir candidatos de su confianza (19,5 %), o por estar hartos de la política (12,4 %).
En general, los madrileños consideran que la situación económica y política en la Comunidad de Madrid es mejor que la del conjunto de España.
Los ciudadanos se muestran críticos en cuanto a la gestión del Gobierno autonómico anterior, que califican de regular el 27,6 % de los encuestados, por delante de los que la tachan de mala (27,3 %), muy mala (25,2 %), buena (17,6 %) y muy buena (1,1 %).
También en los ámbitos de educación, sanidad, vivienda y creación de empleo, epígrafes en los que la respuesta 'muy mala' ha sido la más elegida.
El plató de ‘La Sexta Noche’ recibió anoche la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Sin embargo, y a diferencia de lo que suele ocurrir, el comienzo fue algo distinto porque la principal invitada no llegó a la hora prevista. Así lo comentó el presentador, Iñaki López, y la propia invitada reconoció cuando por fin se sentó ante los periodistas, que un atasco le había impedido llegar a tiempo.
Esta circunstancia fue aprovechada por Eduardo Inda para responsabilizar a Manuela Carmena del mismo, eso sí, sin preguntarse los motivos por los que la responsable del Gobierno autonómico de Madrid no es capaz de prever que en la capital, cuando caen tres gotas o 300, el caos de tráfico es monumental.
¿Orgullosa del PP de verdad?
Al margen de la anécdota, Cristina Cifuentes analizó la actualidad de su partido y sorprendió al afirmar que “llevo más de 30 años militando en el partido y nunca me he sentido avergonzada”, en referencia a las palabras de Montoro esta semana en una entrevista. Sin duda una aseveración esperada, siguiendo el guion, pero que no deja de sorprender si viene de quien ahora mismo gobierna una Comunidad Autónoma salpicada por diferentes escándalos relacionados con su partido: Gürtel, Púnica, espías, etc.
Sin embargo, Cifuentes, quiso recurrir a todo un clásico, las conspiraciones judeo-masónicas. Por ello, en la estrategia que probablemente que sigan a pies juntillas sus compañeros a partir de ahora, aseguró que “se quiere abrir una especie de causa general para zumbar al PP ante la cercanía de las elecciones”, reconociendo que todo esto ocurre en un momento complicado “porque la gente se pone nerviosa ante la cercanía de la cita” electoral.
CIFUENTES PIDE EL RESCATE FINANCIERO
La Comunidad pasa a estar intervenida por el Estado ante la necesidad urgente de liquidez
Finalmente, el Gobierno de Cristina Cifuentes ha decidido acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) creado por el Gobierno central para rescatar a las Comunidades Autónomas con sus cuentas quebradas e incapaces de pagar sus deudas. La situación financiera de la Comunidad de Madrid no es como la pintaron los antecesores de Cifuentes, Esperanza Aguirre e Ignacio González, ambos decidieron bajar los impuestos (tramo autonómico de IRPF) cuando Montoro perpetró la mayor subida de impuestos de la Democracia, ambos lo fiaron todo a los recortes y a las privatizaciones y Cifuentes tiene que cumplir las promesas electorales. Con estos mimbres no hay dinero en la caja para pagar a acreedores, por lo que finalmente la Comunidad de Madrid ha pedido el ‘rescate’.
Cuentas intervenidas
La elaboración de los presupuestos madrileños para 2016 puso negro sobre blanco que la Comunidad de Madrid, de la que el PP presume como modelo de gestión, no tiene liquidez. La consejera de Hacienda de la CAM, Engracia Hidalgo, ya ha remitido la carta al ministerio de Hacienda para acogerse a partir de 2016 al fondo de rescate, conocido como FLA que, salvo contadas excepciones, tiene bajo su paraguas al grueso de las CCAA.
Esta decisión evidencia la grave situación por la que atraviesa la comunidad, que tuvo un precedente el pasado mes de julio, cuando Cifuentes solicitó el Fondo de Facilidad Financiera (FFF) para acelerar el pago a más de 2.000 proveedores. En aquel entonces, la presidenta aseguró que no estaba “pidiendo ayuda al Estado”, que solo se trataba de “hacer uso de un mecanismo que está a disposición de las comunidades autónomas” y que “una cosa es el FLA y otra, este fondo”.
La Comunidad de Madrid quedará intervenida por Montoro, o por quien sea ministro de Hacienda, a partir del próximo año. Madrid ya no se puede acoger al Fondo de Facilidad Financiera (FFF), que es para las comunidades cumplidoras, mientras que el FLA es para las incumplidoras.
La mentira de Espe sobre el déficit
Poner orden en las cuentas de Madrid llevará su tiempo porque Esperanza Aguirre mintió al Gobierno Zapatero con el déficit de 2011. Comunicó que el déficit de Madrid había sido del 1,5% cuando fue de casi el doble, un 2,2%. La mentira de Madrid y de la Comunidad Valenciana obligó al Gobierno central a comunicar a Bruselas de 2012 que el déficit real de España era del 8,9%. La Comunidad Valenciana ha sido la primera de ser sancionada por Bruselas por falsear sus cuentas durante años pero el Gobierno de Rajoy, en vez de abroncar a los falseadores de cuentas, culpó -como siempre- a Zapatero.
Pero no todo puede achacarse a la herencia del pasado. La presidenta de la Comunidad anuncia cada día una medida ‘electoralista’ como el abono joven ‘low cost’ de transporte, tratamiento gratuito de reproducción asistida a todas las mujeres, o apertura de comedores sociales en competencia con el Ayuntamiento.
http://www.elplural.com/2015/10/13/cifuentes-pide-el-rescate-financiero/
ANULADAS DOS MULTAS A MANIFESTANTES DE LA PUERTA DEL SOL POR “DESPROPORCIONADAS”
Un juzgado anula sendas multas de 300 euros impuestas a dos personas que se manifestaron en Sol en 2012 por entender que la Delegación no justificó la imposición del importe máximo
El juzgado número 30 de lo contencioso-administrativo de Madrid ha decidido anular dos multas de 300 euros que la Delegación de Gobierno de la capital impuso a dos manifestantes que se negaron a abandonar la Puerta del Sol en abril y mayo de 2012 respectivamente cuando se lo ordenaron los agentes de Policía: según el juez Marcos Ramos Valles, la Delegación - entonces dirigida por Cristina Cifuentes - no justificó la imposición del importe máximo posible de la sanción, y eso lo convierte en una medida "desproporcionada".
Se trata de dos sanciones idénticas impuestas a dos manifestantes "por su negativa a abandonar el lugar donde se había concentrado junto con un gran número de personas", una el 27 de abril de 2012 y otra un mes después, ambas en la Puerta del Sol.
Las sentencias, ganadas por el equipo de abogados de LegalSol, explican que el máximo legal señalado para esta infracción leve era entonces de 300,51 euros, y que la Delegación impuso el límite superior sin justificarlo: "La resolución guardia absoluto silencio sobre este extremo y no hace mención alguna respecto de las circunstancias que se han tenido en cuenta para imponer la multa económica en su límite superior", explica en ambas sentencias.
El magistrado explica que las multas impuestas por la vía administrativa deben justificar su cuantía: "Deben ser impuestas en cada caso atendiendo a las circunstancias de graduación establecidas en la normativa aplicable, y deben expresarse las circunstancias que se han tenido en cuenta al respecto" para hacer efectivo el derecho de defensa de las personas sancionadas.
http://cadenaser.com/emisora/2015/10/12/radio_madrid/1444641396_653092.html
SANIDAD GASTÓ UN 7% MÁS EN TRATAR PACIENTES EN LA PRIVADA Y CONCERTADA
La Comunidad destinó 84 millones de euros más en 2014 a conciertos mientras la asignación para todos los hospitales públicos cayó
El Gobierno regional aumentó en 2014 el presupuesto destinado a atender a los pacientes madrileños en centros privados y concertados casi un 7%. La Consejería de Sanidad destinó 84 millones de euros más que el año anterior a pagar los conciertos con estas clínicas (ese año se abrió el hospital de Collado-Villalba), mientras el gasto sanitario total subió por debajo del 2%. Pese a que el intento de privatización de la gestión de seis hospitales se frenó en 2014, en parte debido a la presión de la marea blanca, el peso de la privada en el gasto público siguió aumentando, como demuestran estos datos presupuestarios, correspondientes al gasto real.
La Comunidad presupuestó inicialmente 720 millones de euros para pagar derivaciones de consultas y operaciones de pacientes madrileños a centros sanitarios privados y concertados (gestionados por empresas pero dentro de la red pública) durante 2014. Al final, el gasto real superó los 824 millones de euros, según recoge la memoria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que se aprobó la semana pasada en el consejo de administración —con varios meses de retraso respecto a la fecha habitual— y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El peso de la colaboración con el sector privado asciende al 11,2% del presupuesto total destinado a Sanidad en 2014.
Los datos sobre gestión económica que recoge este documento muestran también cómo mientras la colaboración con la sanidad privada y concertada crecía un 7%, el presupuesto de todos los grandes hospitales de gestión enteramente pública de la región disminuyó con respecto al año anterior. El hospital de La Paz, el segundo más grande de Madrid, con 1.300 camas instaladas, tuvo que funcionar con 33 millones de euros menos: en 2014 perdió el 6,2% de su presupuesto, que se quedó en 504 millones de euros. El Clínico San Carlos, hospital de referencia nacional para esclerosis múltiple y otras patologías, perdió el 5,2% de su asignación.
“Mantenemos el deseo de seguir con la externalización”, manifestó el entonces consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, cuando a finales de 2013, con el plan para privatizar la gestión de seis hospitales de la región y de 10 de los centros de salud paralizado por los tribunales de justicia, presentó las cuentas sanitarias de 2014. Finalmente no pudo hacerlo: en enero de ese año, el presidente, Ignacio González, anunció que el mayor plan de privatización de la gestión de la sanidad pública jamás diseñado en España quedaba desactivado. En esa rueda de prensa Lasquetty comunicó que abandonaba el cargo por el fracaso del proyecto. Le sustituyó Francisco Javier Rodríguez, que fue destituido apenas un año después por su gestión de la crisis del ébola.
El plan del Gobierno regional incluía el paso a manos privadas de seis hospitales públicos inaugurados en 2008 por Esperanza Aguirre (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo), afectaba a unos 5.000 trabajadores sanitarios y cambiaba la gestión de la salud de 1,2 millones de madrileños. El intento le costó al Gobierno regional una huelga sanitaria como no se recordaba en años y manifestaciones con decenas de miles de ciudadanos protestando en las calles, la llamada marea blanca. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendió cautelarmente el plan en septiembre de 2013.
El gasto sanitario real durante el año 2014 era una incógnita, puesto que la Cámara de Cuentas aún no ha publicado el informe de fiscalización correspondiente a ese año. La memoria del Sermas permite comprobar que el presupuesto inicial, de 6.840,4 millones de euros, pasó a 7.340,7 millones de euros de gasto real. Los gastos en actividad concertada, señala la memoria, que se publicará en breve, “se incrementan como consecuencia de la puesta en funcionamiento del Hospital de Collado Villalba, el incremento en el Convenio con Instituciones del Estado y la mayor actividad con la Fundación Jiménez Díaz”.
Pese a que la memoria recoge con detalle la actividad concertada en hospitales privados (clínica SEAR, Hospital San Rafael, Hospital Beata María Ana de Jesús, Fundación Instituto San José...), los convenios de salud mental y las pruebas diagnósticas, no es posible saber cuánto mayor fue la actividad concertada con la Fundación Jiménez Díaz, hospital privado propiedad del fondo de capital riesgo CVC que atiende a los vecinos del centro de Madrid. El texto únicamente precisa que los “procedimientos en centros de gestión indirecta” —los hospitales de gestión privada que forman parte de la red pública Jiménez Díaz, Torrejón, Rey Juan Carlos de Móstoles, Infanta Elena de Valdemoro, el hospital del Ministerio de Defensa Gómez Ulla— aumentaron un 37,8%.
El hospital de gestión privada de Collado Villalba, pero que forma parte de la red pública, abrió sus puertas en octubre de 2014, después de llevar casi dos años terminado y cerrado. Durante ese tiempo, la Comunidad pagó por él 900.000 euros al mes en concepto de mantenimiento.
Los madrileños pagan casi el doble que hace tres años por sus medicamento
El porcentaje del coste de los medicamentos que pagan los madrileños cuando los compran en la farmacia se ha casi duplicado en apenas tres años. Si en 2011 la aportación de los usuarios era del 6,1%, en 2014 ha subido hasta el 10,1%, según recoge la memoria correspondiente al año pasado del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Este aumento se debe principalmente a la reforma sanitaria que emprendió el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 y que, entre otras cosas, estableció por primera vez la obligatoriedad de que los pensionistas pagaran por sus medicinas.
Desde 2012, cuando se aprobó el real decreto que también dejó fuera de la asistencia sanitaria normalizada a los inmigrantes en situación irregular, por primera vez más de 7,5 millones de pensionistas españoles pagan por sus medicamentos. Jubilados, perceptores de pensiones de viudedad y de invalidez (quedaron exentos quienes reciben una pensión no contributiva) empezaron a abonar un 10% del precio de los medicamentos, con un tope mensual de entre 8 y 60 euros, según la cuantía de la pensión. Con la reforma del copago farmacéutico, el Ejecutivo esperaba ahorrar hasta 165 millones de euros.
Durante el primer año, Madrid cobró a los pensionistas las medicinas aunque superaran el límite, para devolverles el exceso en tres o seis meses, pero después se sumó a otras comunidades y adoptó un sistema que permite que la farmacia sepa cuándo el jubilado ha llegado a su tope mensual y deja de cobrarle. El Sermas realizó entre septiembre de 2013 y el mismo mes del año pasado 292.910 pagos, por importe de 796.554 euros, como reembolso de los excesos de aportación farmacéutica.
El gasto en medicamentos en 2014 fue de 1.873 millones de euros, más de una cuarta parte del presupuesto sanitario y el 11% del presupuesto total de la Comunidad. Aumentó un 4% con respecto al año anterior. El 52% de todos los envases dispensados en farmacia en el año 2014 fueron genéricos, destaca la memoria, un porcentaje que no deja de crecer desde 2003.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/12/madrid/1444677173_923217.html
Las
ciudadanos
no apoyan
los
gobiernos
del PP en
Madrid y
Murcia
Los ciudadanos no apoyan los gobiernos del PP en Madrid y Murcia, según el barómetro del CIS, realizado entre el 27 de mayo y el 23 de junio. Frente al 10,5% que prefiere el gobierno en solitario de los populares en la primera Comunidad, un 20% de los encuestados querría que Ciudadanos se sumara al Gobierno y un 29,5% que este lo formaran PSOE y Podemos. En la segunda Autonomía ocurre lo mismo. El gobierno en solitario del PP solo es la preferencia del 20,5% de los ciudadanos, que querrían que a ese Ejecutivo se sumara el partido de Albert Rivera (21%) y sobre todo un tripartito entre PSOE, Podemos y Ciudadanos (27,7%), que ya se pusieron de acuerdo para cambiar la ley electoral regional. Las coaliciones de izquierdas del resto de Comunidades, sin embargo, cuentan con el apoyo de los votantes, salvo en Asturias.
Los resultados de las 13 elecciones autonómicas y municipales del 24-M han marcado la irrupción de Podemos y Ciudadanos en los Parlamentos autonómicos y la firma de pactos para permitir la investidura de presidentes de PP y PSOE. El partido de Pablo Iglesias apoyó a los socialistas en Baleares (con Mes), Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha. Además, en la Comunidad Valenciana se sumó al acuerdo entre el PSPV y Compromís. La formación fue clave también para que Uxue Barkos (Geroa Bai) gobierne en Navarra. Además, el PSOE gobierna en Asturias con el apoyo de IU y dio sus votos para que Miguel Ángel Revilla (PRC) formara Gobierno en Cantabria y para que Coalición Canaria lo hiciera en Canarias.
Todos esos pactos siguen estando entre las preferencias de los encuestados con la excepción de Asturias, donde el 22,6% querría un Gobierno del PSOE en solitario, frente al 12,8% que apoya el actual pacto de los socialistas con IU.
El partido de Albert Rivera, por su parte, permitió que los populares gobiernen en Madrid, La Rioja, Murcia y Castilla y León, permaneciendo en la oposición. Al mismo tiempo, Ciudadanos permitió el Gobierno de la socialista Susana Díaz en Andalucía, Comunidad por la que no ha preguntado el CIS al haber sido sus elecciones en una fecha distinta a la del resto (22 de marzo).
Los votantes solo aprueban a cuatro presidentes autonómicos
De los trece presidentes autonómicos que salieron de las urnas en las elecciones del pasado mes de mayo solo aprueban cuatro. Son los de Navarra, Uxue Barkos, que es la mejor valorada, con una nota de 6,20 sobre 10; Extremadura, Guillermo Fernández Vara (5,47); Cantabria, Miguel Ángel Revilla (5,39), y Canarias, Fernando Clavijo (5,03).
Todos los representantes autonómicos de Ciudadanos y Podemos son suspendidos por los votantes, salvo los de Madrid, donde José Manuel López logra un 5,31 e Ignacio Aguado suma un 5,23. Además, también aprueban Monica Oltra, de Compromís (5,85) y Biel Barceló, de Mes Mallorca (5,52).
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/07/actualidad/1444204986_793262.html
MENOS DEL 1%
DE LOS
PARADOS
PODRÁN
BENEFICIARSE
DEL ABONO DE
CIFUENTES
El consejero
de
Transportes,
Pedro Rollán,
asegura en
la SER que
estas
personas,
inscritas en
el Programa
de
Activación
de Empleo,
solo podrán
acceder al
abono
reducido
durante los
seis meses
que dura el
plan. Rollán
espera que
el abono
anime a más
parados a
entrar en el
programa
Hablamos de
un total de
4.132
personas en
toda la
región
porque son
las que
según el
gobierno de
Cristina
Cifuentes
están
acogidas al
Programa de
Activación
de Empleo
del
Ministerio
de Empleo y
Seguridad
Social. Esa
es la única
condición
que exige la
Comunidad
para poder
adquirir el
abono
subvencionado;
el problema
es que para
poder
acceder a
este
programa hay
que cumplir
hasta seis
requisitos
diferentes,
algo que, al
menos por
ahora, han
conseguido
menos del 1%
de los
parados
madrileños.
Ólgher
Santodomingo
lleva tres
años sin
trabajo:
"una de esas
condiciones
no la cumplo
porque mi
mujer
trabaja y,
al hacer la
división de
su sueldo
entre los
tres
miembros de
la familia,
en total da
498 euros,
de tal forma
que
sobrepaso en
15 euros los
483 que
están
definidos
como máximo
para poder
inscribirse
en el
programa del
ministerio".
Santodomingo
forma parte
de la
Asamblea de
Desempleados
de Lucero y
de los casi
medio millón
de
madrileños
sin trabajo
que no
podrán
beneficiarse
de la
tarjeta
transporte
de 10 euros
que empezará
a funcionar
en
noviembre.
Publicidad
El consejero
de
transportes
asegura en
la SER que
estas
personas,
inscritas en
el Programa
de
Activación
de Empleo,
solo podrán
acceder al
abono
reducido
durante los
seis meses
que dura el
plan. Pedro
Rollán
espera que
este abono
reducido
anime a más
parados a
entrar en el
programa.
http://cadenaser.com/emisora/2015/10/08/radio_madrid/1444296786_619193.html
¿VIAJA
CIFUENTES EN
METRO?
El título de
transportes
con el que
la
presidenta
regional
posó es de
prueba.
La popular
afeó a la
alcaldesa
Carmena
viajar en
Metro con un
fotógrafo
El abono
transporte
de Cristina
Cifuentes
está en
pruebas. Eso
dice la
página
oficial en
la que se
puede
consultar el
saldo y los
movimientos
de la
tarjeta.
Ayer, la
presidenta
regional
exhibió
orgullosa su
título de
transportes
para viajar
por Madrid.
Además, ha
dicho en
varias
ocasiones
que ella
utiliza el
Metro
regularmente.
Hace tiempo
matizó que a
diferencia
de la
alcaldesa
Carmena,
fotografiada
en el
suburbano en
multitud de
ocasiones,
no llevaba
fotógrafo
oficial. Al
parecer,
tampoco
tarjeta. O
por lo menos
no con la
que posó:
“Cifuentes
usa
tantísimo el
transporte
público que
por eso en
su abono
tiene
cargado el
habitual
Título de
Pruebas”,
escribía en
su cuenta de
Twitter @Trenfe,
cuenta donde
se ha
revelado el
asunto.
Todo ha
comenzado a
raíz de una
foto de la
presidenta
regional con
su abono
transporte.
La imagen
tenía tan
alta
resolución
que el
número de
abonado se
lee
perfectamente.
Con esa
identificación,
desde El
Blog de
Trenfe,
decidieron
consultar el
saldo y la
última
recarga de
la tarjeta.
Al hacerlo
descubrieron
que el
título de
Cifuentes
está en
pruebas.
“Debe de ser
un tipo de
abono
interno como
las tarjetas
que se usan
para probar
los tornos”,
cuenta un
experto en
movilidad
que prefiere
no dar su
nombre.
“Tiene toda
la pinta de
que es como
el Metrobús
que le daban
a Espe para
las
inauguraciones”,
añade.
Nada más
descubrirlo,
los
artífices de
El Blog de
Trenfe, que
prefieren el
anonimato,
han colgado
en la Red la
imagen de
Cifuentes
junto a la
comprobación
del estado
de su abono.
En pocas
horas, las
fotos han
comenzado a
dar vueltas
por las
redes
sociales y
ha generado
cierto
revuelo.
Publicidad
Al ser
cuestionada
al respecto,
desde la
Comunidad de
Madrid han
explicado
que ese día
Cifuentes
olvidó su
tarjeta
personal por
lo que le
hicieron una
temporal
para la
foto, pero
que ella
posee un
abono
transporte
de la zona A
como todos
los
empleados
públicos.
Los
trabajadores
de la
Comunidad
tienen
derecho a
disfrutar de
un abono
gratuito que
llega hasta
la zona C2,
el que da
cobertura a
toda la
región y no
solo a la
capital.
Desde la
Comunidad
han añadido
que la
presidenta
utiliza
regularmente
el
transporte
público. Con
la tarjeta
con la que
posó
sonriente,
imposible.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/02/madrid/1443800774_912817.html#bloque_comentarios
RIVERA
CONTESTA A
CIFUENTES
QUE “BUSQUE
OTRO SOCIO”
SI NO LE
GUSTA EL
APOYO DE
CIUDADANOS A
SU
INVESTIDURA
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid había
dicho que
"no tenía
sentido" que
Ciudadanos
votase en
contra de
sus
propuestas
Albert
Rivera le
responde
diciendo que
"los
partidos que
se llaman
grandes cada
vez son más
pequeños" y
recomienda
al PP que
sea "más
generoso"
El
presidente
de
Ciudadanos (C's),
Albert
Rivera,
contestó a
las
declaraciones
de la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
que si "no
le gusta"
que el
portavoz de
Ciudadanos
en la
Asamblea de
Madrid,
Ignacio
Aguado,
apoye su
investidura,
que "busque
otros
socios".
Rivera
contestó así
a unas
declaraciones
de Cifuentes
en las que
criticaba
que "no
tenía
sentido" que
Ciudadanos
apoyase su
investidura
para después
votar en
contra a sus
propuestas.
"Que busque
otro socio,
Podemos si
quiere o el
PSOE",
añadió.
"Es gracioso
ver que un
Gobierno que
ha perdido
el 30% de
votos, que
está en
minoría
salga a
reñir a la
oposición
responsable
que apoya a
la
investidura
para que
esto
funcione",
dijo Rivera
añadiendo
que debería
de ser "al
revés" y se
debería
"reñir a
quien no
quiere que
esto
funcione".
En una
entrevista
en Los
Desayunos de
TVE recogida
por Europa
Press,
Rivera
sentenció
que no
entrará "en
el y tú más"
y que las
declaraciones
de la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid son
fruto de
"nervios
preelectorales
o
postelectorales
de Cataluña"
de ella y
del PP.
"Los
partidos que
se llaman
grandes cada
vez son más
pequeños, en
las urnas y
en la forma
de ver a
España",
dijo Rivera
refiriéndose
al PP y
añadiendo
que "hay que
ser más
grandes y
más
generosos".
El
presidente
de
Ciudadanos
concluyó que
su partido
no pueden
ser
considerados
"los malos
de la
película"
por apoyar
una
investidura
y un
Gobierno en
minoría: "Lo
que no puede
ser es que
encima de
que apoyamos
y nos
mojamos,
permitimos
que
gobiernen en
minoría,
seamos los
malos de la
película".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/10/01/rivera_contesta_cifuentes_que_quot_busque_otro_socio_quot_gusta_apoyo_ciudadanos_investidura_38573_1012.html
GRIETAS EN
LA ALIANZA
PP-C'S DE
MADRID TRAS
LA DEBACLE
DE RAJOY EN
CATALUNYA
Cifuentes
carga contra
Aguado por
pactar
sistemáticamente
contra sus
medidas con
el resto de
la
oposición.
Los dos
partidos,
que
alcanzaron
un pacto de
investidura
para dar el
Gobierno
autonómico
al PP, se
enfrentan
públicamente
en las redes
sociales.
La clamorosa
derrota del
PP en
Catalunya,
que perdió 8
escaños
desde 2012 y
se quedó
como quinta
fuerza en el
Parlament, y
el
contundente
ascenso de
Ciutadans,
que casi
triplicó los
suyos
pasando de 9
a 25 y
convirtiendo
a Inés
Arrimadas en
líder de la
oposición en
el Parlament,
empieza a
notar los
primeros
efectos
secundarios
en Madrid,
en cuya
comunidad
Cristina
Cifuentes es
presidenta
gracias al
pacto de
investidura
alcanzado
con la
formación
naranja que
encabeza
Ignacio
Aguado.
Hace tiempo
que una
serie de
cuentas en
Twitter
lanzan
críticas
afiladas a
las
políticas de
C's (@Gracias_Cs,
por ejemplo,
es una de
las más
activas),
sus
compromisos,
su presunta
vinculación
con el Ibex
35, su
condición de
marca blanca
del PP o su
supuesta
ideología de
derechas, en
la que
Albert
Rivera nunca
se ha
incluido,
pero a la
que se le
asocia,
sobre todo,
por un
programa
económico de
corte
liberal.
Varios de
esos tuits
han sido
recogidos en
esta
información.
Los tuits de
estas
cuentas, a
los que
nadie había
dado
categoría
alguna en
Ciudadanos,
comenzaron a
cobrarla
cuando
fueron
retuiteados
por
dirigentes
del PP,
además,
coincidiendo
con que la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
criticara
muy
duramente a
la formación
de Ignacio
Aguado por
haber
decidido
"hacer una
oposición en
bloque" con
el resto de
las
formaciones
parlamentarias.
Durante un
desayuno-coloquio,
la jefa del
Ejecutivo
madrileño
-que
gobierna
gracias a
Ciudadanos-
explicó que
Aguado y sus
concejales
apoyaron al
PP "en un
discurso de
investidura
muy completo
(...).
Ciudadanos
no es el PP
pero están
votando
sistemáticamente
en contra",
denunció
Cifuentes,
mostrando
asimismo su
preocupación
por si el
proyecto de
presupuestos
no saliera
tampoco
adelante.
La jefa del
Ejecutivo
madrileño
interpreta
en clave de
elecciones
generales
las
resistencias
de C's-Madrid
a apoyar sus
propuestas;
sin embargo,
desde
Ciudadanos,
se preguntan
a qué se
refiere con
lo de votar
"en bloque",
puesto que
"el PP no ha
presentado
ninguna
iniciativa
en la
Asamblea
como para
que
pudiéramos
haber votado
en contra de
ellos",
asegura
Aguado.
El líder de
Ciudadanos
en Madrid
apunta a
"una campaña
que el PP ha
lanzado en
las redes en
contra de
Ciudadanos".
"Han sacado
los tanques
de guerra
porque están
atacados de
los nervios
desde que
obtuvimos
éxito en
Catalunya y
ellos no",
sostiene
Aguado en
declaraciones
a Público.
"Están
nerviosos
por las
catalanas y
porque están
viendo las
orejas al
lobo a nivel
nacional
también",
señala al
otro lado
del
teléfono.
Y, aunque
asegura que
su primer
impulso fue
responder en
Twitter al
ataque en la
Red,
finalmente
optó por
tomárselo
con sentido
del humor.
Hasta que
captó a los
responsables,
según
Aguado. "Al
principio
creíamos que
eran unos
trolls, pero
cuando ya
contribuyeron
a la campaña
desde Nuevas
Generaciones
y la propia
Isabel
[Díaz] Ayuso
[diputada
del PP en la
Asamblea de
Madrid],
tuve que
actuar",
explica. "En
cualquier
caso, no
vamos a
entrar ya
más al
trapo",
concluyó
Aguado
respecto a
las
polémicas
bromas
distribuidas
por los
conservadores
en las redes
sociales.
Díaz Ayuso,
por su
parte, se
defiende de
las
acusaciones
de Aguado
con aparente
sorpresa:
"Desconozco
de dónde
vienen esas
imágenes y
no sé por
qué me veo
involucrada
en esto;
cualquiera
puede
diseñar una
imagen y
difundirla",
sostiene en
declaraciones
a Público.
La diputada
madrileña,
uno de los
rostros con
más futuro
del PP que
viene, tal y
como informó
este
periódico,
cree que
Ciudadanos
ha
sobredimensionado
este asunto.
"No hay
ninguna
trama ni
nada por el
estilo; yo
veo simple
humor de
Twitter",
explica
quitando
hierro a la
parodia
sobre
Ciudadanos
en la red.
Con todo,
Díaz Ayuso
admite con
contundencia
que de lo
que ella sí
es
responsable
es de la
difusión de
un vídeo con
el que
recuerda a
Ciudadanos
que la
ampliación
del abono
joven de 20
euros de 23
a 26 años
aprobado por
la Comunidad
de Madrid no
es fruto del
pacto de
investidura
con Aguado
-como éste
garantiza-,
sino que iba
en el
programa
electoral de
Cristina
Cifuentes.
Desde que
Cifuentes
fue
investida
presidenta
gracias a
Ciudadanos,
los cien
primeros
días de
legislatura
no han sido
fáciles en
la Asamblea
madrileña.
La ley de
Telemadrid o
la que
regulará qué
hacer con
los
expresidentes
que antes se
recolocaban
en el
Consejo
Consultivo
fueron
algunos de
los
obstáculos a
salvar,
aunque en el
caso del
Consejo, PP
y Ciudadanos
parecen
haber
conseguido
un
acercamiento
y, ahora,
sería la
Radio
Televisión
pública el
problema a
solucionar.
"Anunciaron
un
anteproyecto
hace tres
semanas que
ha llegado a
nuestras
manos hace
poco y
mientras,
nosotros nos
reunimos
para valorar
el texto
alternativo
de PSOE y
Podemos. Si
ahora no
llegamos a
un acuerdo
con el
proyecto del
Gobierno
para poder
enmendarlo y
que incluya
las
propuestas
de
Ciudadanos,
lo
intentaremos
con el texto
alternativo
de la
oposición",
advierte
Aguado,
recodando
que su pacto
con
Cifuentes
fue "de
investidura,
no de
gobierno".
En cualquier
caso, añade,
"todo esto
suena al
discurso de
los bandos
de la vieja
política y
nosotros
estamos en
otra liga",
presume.
http://m.publico.es/politica/1934306/grietas-en-la-alianza-pp-cs-de-madrid-tras-la-debacle-de-rajoy-en-catalunya
CIFUENTES
ELUDE POR
DECRETO DAR
EXPLICACIONES
SOBRE
CULTURA
La
presidenta
de Madrid
delega en
Garrido, su
'número
dos', las
intervenciones
parlamentarias
en la
Asamblea de
Madrid
relacionadas
con la
gestión
cultural y
el turismo
El Gobierno
regional
aprobó la
semana
pasada un
decreto que
modificaba
otros dos
anteriores,
de julio y
agosto, para
limitar la
exposición
de Cristina
Cifuentes en
la Asamblea
de Madrid.
La
presidenta
autonómica
delegó a
primeros de
septiembre,
también por
decreto, las
intervenciones
parlamentarias
en materia
de cultura y
turismo en
el hemiciclo
en Ángel
Garrido, su
número dos y
titular,
entre otros
cargos, de
la
Consejería
de
Presidencia
y Justicia.
Cifuentes
suprimió la
Consejería
de Cultura
para asumir,
en teoría,
sus
competencias
y las de
turismo al
tratarse,
según dijo,
de dos
“sectores
fundamentales
para el
desarrollo
económico de
la región” y
requerir
“una acción
coordinada y
prioritaria”
del
Ejecutivo.
Cifuentes
anunció en
su discurso
de
investidura
como
presidenta
de Madrid,
en junio
pasado, la
creación de
la Oficina
de Cultura y
Turismo de
la
Comunidad.
Su función
sería
“coordinar
las
actuaciones
en ambas
materias”.
“Buena
prueba de la
importancia
que va a
tener
Cultura en
esta nueva
etapa es que
dependerá
directamente
de la
Presidencia
del Gobierno
de la
Comunidad,
con el
objetivo de
integrarla
transversalmente
en la acción
del
Gobierno,
desarrollando
toda su
dimensión”,
se
comprometió
la dirigente
del Partido
Popular.
La
oposición:
recuperar la
Consejería
de Cultura
El PSOE y
Podemos
reclaman a
la Comunidad
de Madrid
que recupere
la
Consejería
de Cultura,
eliminada en
la última
reestructuración
del
Ejecutivo
autónomo.
“Es
necesaria
una
Consejería
de Cultura,
porque la
cultura en
Madrid debe
tener una
visibilidad
extraordinaria”,
ha
manifestado
Ángel
Gabilondo,
portavoz
socialista
en el
Parlamento
regional.
El Ejecutivo
estableció
mediante
decreto, el
4 de agosto,
la
estructura
orgánica de
la
Consejería
de
Presidencia
y Justicia,
detallando
la creación
de la citada
Oficina de
Cultura y
Turismo
regional,
con rango de
viceconsejería
y “bajo la
dependencia
funcional de
la
Presidencia
del Gobierno
y orgánica”
de la
consejería
en cuestión.
Su objetivo
sería el
“impulso,
coordinación,
apoyo y
supervisión”
de las
actividades
que competen
a la
Consejería
“en materia
de
ordenación,
promoción,
planificación
e
información
del turismo,
de las artes
escénicas,
de las
bellas
artes, del
libro, de
archivos, de
música y
audiovisual
y del
patrimonio
histórico”.
El Registro
Territorial
de la
Propiedad
Intelectual
de la
Comunidad
también
quedó
adscrito a
la Oficina
de Cultura y
Turismo.
En
consonancia
con la
declaración
de
intenciones
del
Gobierno,
con
Cifuentes al
mando de la
cultura y el
turismo
regional, la
diputada Ana
García
D’Atri
(PSOE)
registró el
30 de julio
una
solicitud de
comparecencia
de Cifuentes
en el
Parlamento
regional
para que
informara de
la política
cultural que
tenía
prevista
para la
legislatura.
La reacción
del Gobierno
fue delegar
en Garrido
las
intervenciones
sobre
cultura y
turismo en
el
hemiciclo.
El
vicepresidente
segundo de
la Mesa de
la Asamblea
—órgano que
califica las
propuestas
de los
grupos
políticos
representados
en el
hemiciclo y
que el PP ya
no controla
tras 20 años
de mayorías
absolutas—,
el
socialista
Modesto
Nolla,
advirtió en
las últimas
reuniones
del órgano
que el
reglamento
de la Cámara
“no prevé la
posibilidad
de
delegación”
planteada
por
Cifuentes a
primeros de
mes. “El
decreto no
está muy
finamente
preparado y
constituye
una tapadera
de la
negativa de
la
presidenta
del Gobierno
a
comparecer”,
afirmó Nolla.
El
responsable
del PSOE
recalcó que
Cifuentes
podía
“delegar sus
competencias,
no sus
obligaciones”.
El Ejecutivo
autónomo
estableció
por decreto
el pasado
día 22 “la
dependencia
funcional”
de la
Oficina de
Cultura y
Turismo del
consejero de
Presidencia
y Justicia,
“con el fin
de alcanzar
una mayor
eficiencia y
coordinación
interna en
el ejercicio
de dichas
competencias”.
De esta
forma, la
Oficina de
Cultura y
Turismo pasó
a depender
“orgánica y
funcionalmente”
de Garrido,
aunque “sin
perjuicio”
de las
decisiones
tomadas por
Cifuentes.
La
presidenta
de Madrid
quedó así
liberada de
las
comparecencias
en el
Parlamento
regional,
más allá de
las
preguntas de
los
portavoces
de la
oposición.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/29/madrid/1443557465_819986.html
CIFUENTES
FUSIONARÁ LA
POLÉMICA
ARPEGIO Y SE
CARGA DE
PASO AL
'CONSUEGRO'
DE AGUIRRE
La empresa
pública
manchada por
la Púnica se
fusionará
con Arproma.
No solo
saldrá de
Arpegio un
familiar
político de
Aguirre,
también el
marido de la
actual
delegada del
Gobierno,
Concha
Dancausa
La
presidenta
madrileña,
Cristina
Cifuentes,
tiene
previsto
fusionar dos
de los entes
públicos que
más
patrimonio
manejan
dentro de la
estructura
de la
Comunidad de
Madrid:
Nuevo
Arpegio, que
gestiona
suelo
público en
toda la
región y
financia
muchas de
las obras
que se hacen
en los
municipios,
y Arproma,
que gestiona
los
edificios
que dependen
del Gobierno
regional.
Aunque el
objetivo
principal de
esta medida
es ahorrar,
Cifuentes
quiere
colocar al
frente del
ente
resultante
de la fusión
a una
persona de
su máxima
confianza
que haga
borrón y
cuenta nueva
en Arpegio,
situada en
el centro de
la polémica
por su
posible
relación con
la trama
Púnica. Este
lavado de
cara,
además,
supondrá la
salida de
Arpegio de
varios
veteranos
directivos,
como el
consejero
delegado,
Francisco
Labayen,
familiar
político de
Esperanza
Aguirre, y
Juan Ramón
Oñate,
esposo de la
actual
delegada del
Gobierno en
Madrid,
Concepción
Dancausa.
De las dos
empresas
públicas,
Arpegio es
la que más
peso y más
empleados
tiene, y la
que más se
ha visto
salpicada
por la
polémica. La
Guardia
Civil
investiga
ocho
contratos
por valor de
11,7
millones de
euros que
tanto
Arpegio como
su fundación
firmaron con
tres
empresas de
la trama. Se
trata de
Waiter
Music, la
constructora
DICO y
Aranan
Gestión
Patrimonio
Inmobiliario,
estas dos
últimas
vinculadas
el
empresario
David
Marjaliza,
uno de los
cabecillas
de la red.
Los
investigadores
están muy
interesados
en el
periodo en
el que
Francisco
Granados, el
principal
exdirigente
del PP
implicado en
el caso, fue
presidente
de Arpegio:
entre abril
de 2005 y
diciembre de
2007.
Durante ese
periodo, en
febrero de
2006,
Arpegio
firmó con la
Comunidad de
Madrid un
convenio
para que el
ente público
gestionara
el plan de
inversiones
Prisma, que
tiene por
objeto la
ejecución de
obras en
apoyo de los
municipios.
Marjaliza ha
implicado
ante el juez
al consejero
de Medio
Ambiente,
Jaime
González
Taboada,
número tres
de Cifuentes
y entonces
director
general de
Cooperación
con la
Administración
Local,
dirección de
la que
dependía la
gestión del
plan Prisma,
que movió
580 millones
de euros.
Además,
hasta el 8
de
septiembre
de 2015, uno
de los
vocales del
consejo de
administración
de Arpegio
era Borja
Sarasola
Jáudenes,
investigado
también
dentro del
caso.
El nuevo
ente
dependerá de
González
Taboada
Arpegio
tiene entre
sus
funciones
comprar
suelo en
toda la
Comunidad de
Madrid y
gestionar
los
consorcios
urbanísticos
en los
distintos
municipios
que
promueven
nuevos
barrios.
También
financia
obras de
distinta
índole en
localidades
madrileñas.
Arproma, por
su parte,
gestiona,
alquila y
vende
edificios
oficiales de
la Comunidad
de Madrid.
Los dos
dependen
ahora de la
Consejería
de Medio
Ambiente, es
decir, de
González
Taboada.
Desde enero
de 2012
hasta
febrero de
este año,
antes de que
Cifuentes se
hiciera con
la
presidencia,
el Gobierno
regional
suprimió 30
entes
públicos
(318
empleos), lo
que ha
supuesto un
ahorro de
862 millones
de euros en
los últimos
cuatro años.
La fusión
supondrá la
marcha de
varios
directivos
de Arpegio,
"vacas
sagradas" de
la empresa
pública con
vinculaciones
familiares
con
importantes
dirigentes
del PP. De
momento, el
consejero
delegado
sigue siendo
Franscisco
Labayen
Latorre,
familiar
político de
Esperanza
Aguirre al
que apodan
el
'consuegro'
dentro de
Arpegio. En
realidad es
el hermano
de la
consuegra de
Aguirre. La
sobrina de
Labayen,
Astrid, está
casada con
el hijo
menor de la
actual
concejala
del PP. El
gerente de
Arpegio es
Juan Ramón
Oñate
García,
marido de la
actual
delegada del
Gobierno,
Concepción
Dancausa.
Oñate ya fue
cesado como
vocal del
consejo de
administración
el pasado 7
de
septiembre,
pero sigue
en la
gerencia. La
fusión de
Arpegio
supondrá la
marcha de
los dos,
aunque
fuentes de
la
Consejería
de Medio
Ambiente
señalan que
Labayen, que
entró en
Arpegio en
2012, ha
pedido irse.
No obstante,
antes de su
marcha, es
posible que
alguno de
los dos,
consejero
delegado o
gerente,
tengan que
acudir a la
comisión de
corrupción
que se va a
poner en
marcha en la
Asamblea de
Madrid para
auditar la
gestión de
los
gobiernos
del PP en
las dos
últimas
legislaturas.
Como ya
adelantó El
Confidencial,
el Partido
Socialista
de Madrid
quiere
llevar los
contratos de
Arpegio con
la Púnica a
esa
comisión,
que empezará
en octubre.
De momento,
no se sabe
el nombre
del ente
público que
surgirá de
la fusión,
aunque
Cifuentes ya
tiene
bastante
decido el
nombre de la
persona que
pilotará
esta nueva
empresa.
Saldrá de la
actual terna
de vocales
del consejo
de Arpegio,
elegidos
hace unos
días:
Fernando
Moya
Lorente,
José Tortosa
de la
Iglesia y
Susana Magro
Andrade.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2015-09-30/cifuentes-se-carga-la-polemica-arpegio-y-de-paso-al-consuegro-de-esperanza-aguirre_1040775/
LAS
'OPERACIONES
PÚNICAS' DEL
CONSEJERO DE
CIFUENTES,
JAIME
GONZÁLEZ
TABOADA
Obsesión por
aprobar una
adjudicación
a una
empresa
relacionada
con la
Púnica.
Jaime
González
Taboada,
consejero de
la Comunidad
de Madrid
con Cristina
Cifuentes,
se implicó y
mucho en
esta
operación,
según la
versión de
un concejal
del Partido
Popular. Lo
publica 'El
Español'.
Las extrañas
maniobras
del
consejero de
Cristina
Cifuentes.
Centramos la
historia.
Todo ocurre
en Hoyo de
Manzanares,
una
localidad
madrileña
donde el PP
tenía
mayoría
absoluta la
legislatura
pasada.
En uno de
sus plenos
se vota en
contra de la
clasificación
que daba
como
ganadora de
una
adjudicación
a Dalkia,
una empresa
vinculada a
Cofely,
considerada
como la gran
compañía de
la trama
Púnica.
Y detrás de
todo esto
hay un
nombre
propio. El
concejal
popular
Álvaro
González del
Castillo.
Fue su voto
el que echa
para atrás
la
adjudicación.
¿Por qué?
Muy
sencillo.
Advierte más
de una
irregularidad
en la forma
en la que se
quería
adjudicar
ese
contrato.
Un
megacontrato
más bien, de
4,7 millones
de euros
para 15
años. ¿Cuál
es entonces
el papel de
Taboada?
Poco después
de que se
celebrase
ese pleno,
el alcalde
de Hoyo
convoca un
comité
ejecutivo
para
analizar ese
voto en
contra y
allí se
presenta
Taboada,
entonces
director
general de
cooperación
con la
Administración
Local, con
la intención
de
convencerles
de lo bueno
del
contrato, de
que la
eficiencia
energética
es buena
para el
pueblo.
Coincidencias
con la trama
Púnica.
Según el
alcalde,
Taboada se
comprometió
en el comité
a "encargar
una encuesta
política y
de intención
de voto en
el
municipio".
Algo que
hacía Cofely
para lograr
adjudicaciones,
según el
juez.
El concejal
que votó en
contra de
ese contrato
describe a
'El Español'
las enormes
coincidencias
que encontró
cuando se
destapo la
trama púnica
y el
contrato que
se quería
aprobar en
el pleno.
http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/operaciones-punicas-consejero-cifuentes-jaime-gonzalez-taboada_2015080400167.html
EL NÚMERO
TRES DE
CIFUENTES
RECHAZA
JUSTIFICAR
GASTOS DE
16,5
MILLONES
La
Intervención
pidió a
Jaime
González
Taboada que
conformara
gastos de
16,5
millones de
Arpegio que
incluyen
importantes
pagos en
propagada y
primeras
piedras
Jaime
González
Taboada,
número 3 del
Gobierno de
Cristina
Cifuentes,
rechaza
“conformar”
la factura
de 16,5
millones que
la filial
pública
Arpegio,
investigada
por el juez
dentro de la
trama
Púnica, le
elevó por
gastos
internos del
Plan de
Inversiones
de Madrid
(el Prisma
2006/2007).
Esta
polémica
factura, que
lleva años
guardada en
un cajón,
incluye
pagos de 3,3
millones en
primeras
piedras de
obras y un
costosísimo
despliegue
mediático en
el que
llegaron a
pagarse
852.000
euros por
varios
vídeos
propagandísticos.
Los
interventores
pidieron a
Taboada que
conformase y
justificase
esos gastos.
Él entiende
que no le
corresponde.
Taboada,
actual
consejero de
Medio
Ambiente de
Madrid y
durante los
últimos 12
años, en los
Gobiernos de
Esperanza
Aguirre e
Ignacio
González,
director
general de
Administración
Local, ha
rechazado
justificar
esa factura
alegando
que, entre
sus
competencias,
no estaba la
de conformar
gastos de
Arpegio, y
menos aún,
por un
“importe de
esa
envergadura”,
explicó un
portavoz de
su
consejería.
En todo
caso, según
este
portavoz,
quien debió
conformarla
era el
anterior
consejero de
Presidencia
y Justicia,
Salvador
Victoria.
Taboada es,
como
director
general de
Administración
Local, quien
ha
gestionado,
a través de
Arpegio, el
Plan Prisma
2006/2007,
en contacto
con los
alcaldes de
los
municipios
en los que
se han
acometido
obras de
inversión.
Desde 2006,
la Comunidad
ha destinado
a este plan
582
millones.
Esta
polémica
factura ha
estado cinco
años
guardada en
un cajón y
contiene
gastos
internos de
Arpegio
(propaganda,
comidas,
asesoramientos...)
de los años
2006 y 2007,
época en que
era
consejero y
responsable
político de
Arpegio
Francisco
Granados,
implicado en
la Púnica y
jefe de
Taboada.
En un
informe al
que ha
tenido
acceso EL
PAÍS, la
intervención
delegada de
la
Consejería
de
Presidencia,
Justicia y
Portavocía
del Gobierno
se ha
opuesto a
hacer “un
asiento
directo” de
ese dinero
en la
contabilidad
oficial, tal
como en mayo
y diciembre
de 2013
pidieron
tanto
Victoria
como Taboada.
Aseguran los
interventores
que esos
16,5
millones son
gastos
internos de
Arpegio y
que, en todo
caso, debe
abrirse un
expediente
para ver por
qué se
desvió esa
cantidad de
los 582
millones del
Prisma
2006/2007. A
lo sumo,
según los
interventores,
cabe imputar
la factura
dentro de
los gastos
“en bienes
corrientes y
servicios de
los
presupuestos
generales de
la Comunidad
de Madrid”,
si bien para
ello debe
conformarla/justificarla
el “centro
gestor”; es
decir, la
dirección
general de
la que era
responsable
Taboada.
Pero este se
niega, y
sostiene que
eso debió
hacerlo el
anterior
consejero
responsable
de Arpegio,
Salvador
Victoria,
según el
citado
portavoz de
la
Comunidad.
Se da la
circunstancia
de que
Taboada es
ahora,
además, el
consejero
que manda en
Arpegio, que
depende de
la
Consejería
de Medio
Ambiente.
Arpegio se
descontó los
16,5
millones y
no los ha
devuelto a
la Comunidad
porque
entiende que
el convenio
que
suscribió
para el
desarrollo
del Prisma
se lo
permite, de
lo que,
ahora,
discrepa
Taboada,
quien
entiende que
tales gastos
debe
asumirlos
Arpegio ya
que en el
convenio,
señala, se
indica que
los mismos
"son
gratuitos".
En realidad,
el convenio
sí permite a
Arpegio que
la Comunidad
le abone los
gastos que
tenga "como
consecuencia
directa de
los encargos
o mandatos
ejecutados"
del plan
Prisma.
Victoria y
Taboada se
han visto
salpicados
en la trama
Púnica. El
primero está
imputado de
cuatro
delitos y el
segundo ha
sido
implicado en
una
confesión
voluntaria
prestada
ante el juez
por David
Marjaliza,
cerebro de
la red y
socio de
Granados,
jefe de
Taboada en
la época en
que se
gastaron
esos 16,5
millones. La
factura
incluye
desembolsos
de hasta
35.000 euros
por colocar
la primera
piedra de,
por ejemplo,
una obra en
Serranillos
del Valle, y
el pago de
850.000
euros por
varios
vídeos de
propaganda,
entre otros
pagos que
fuentes del
Gobierno de
Cifuentes
consideran
“desproporcionados”.
El juez del
caso Púnica
Eloy Velasco
tiene bajo
lupa a
Arpegio, que
además de
ayudar con
subvenciones
públicas
(salidas de
los 582
millones) a
los
ayuntamientos
de Madrid
para sus
obras,
compra
terrenos y
luego los
vende
mediante
concurso. El
juez ha
descubierto,
entre otras
presuntas
irregularidades,
pelotazos en
recalificaciones
de terrenos.
Una de las
doce piezas
separadas en
que ha
troceado las
diligencias
de Púnica se
corresponde
con el
epígrafe
“Granados y
colaboradores”,
entre ellos,
Taboada. El
juez no se
ha dirigido
aún hacia él
porque se
trata de un
aforado.
La factura
de 16,5
millones la
elevó a
Taboada, en
2010, el
anterior
director
general de
Arpegio,
Miguel Ángel
Ruiz, que
ahora es su
mano derecha
y lo ha
elegido
viceconsejero.
En parte por
el lío de la
factura y en
parte porque
la
presidenta
Cristina
Cifuentes
quiere
“personas de
su
confianza”
en los
principales
organismos
públicos, la
Comunidad
acaba de
relevar a
Francisco
Labayen como
director
general de
Arpegio. Ha
sido
sustituido
por Susana
Magro, que
también ha
sido
nombrada
vocal del
Consejo de
Administración
de Arpegio.
De esta
firma 100%
pública
procede
también,
como vocal
de su
Consejo de
Administración,
Fernando
Moya
Lorente, al
que también
ha aupado
Taboada como
secretario
general
técnico de
su
consejería.
Es decir, ha
colocado
como altos
cargos a
algunos de
sus hombres
de confianza
en Arpegio.
Taboada
mantuvo ante
este
periódico
que él no
tenía nada
que ver con
la gestión
económica de
Arpegio; si
embargo, ha
cortado,
junto a
alcaldes,
decenas de
cintas de
nuevas obras
en los
ayuntamientos
de la
región.
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/24/actualidad/1443127666_292228.html
ARPEGIO
GASTÓ 3,3
MILLONES EN
PRIMERAS
PIEDRAS Y
PROPAGANDA
EL PAÍS
accede a la
contabilidad
interna de
esta empresa
de la
Comunidad de
Madrid,
investigada
por el juez
Velasco en
el marco de
la trama
Púnica
Colocar la
primera
piedra de la
comisaría de
policía de
Alcalá de
Henares (una
carpa con un
monolito del
evento y un
cóctel)
costó 28.232
euros; la de
la
residencia
de mayores
de Navas del
Rey (lo
mismo, pero
con una
degustación
de
pinchitos)
29.000
euros; y los
10.000
paraguas y
bolígrafos
traídos
urgentemente
desde China
en avión,
otros
28.072. Sólo
en
relaciones
públicas,
publicidad y
primeras
piedras,
Arpegio, la
firma 100%
pública de
Madrid que
investiga el
juez Eloy
Velasco
dentro de la
red Púnica,
gastó 3,3
millones con
cargo al
plan Prisma
de
inversiones
2006/2007.
EL PAÍS ha
tenido
acceso a los
gastos
internos
(referidos a
consultorías,
comidas,
teléfono,
relaciones
públicas,
primeras
piedras,
folletos...)
que tuvo la
filial
pública
Arpegio
durante el
desarrollo
del Plan
Regional de
Inversiones
de Madrid
(Prisma,
2006/2007).
El objetivo
de este
plan, puesto
en marcha
por el
Gobierno de
Esperanza
Aguirre, era
ayudar a los
municipios a
sufragar las
obras que
necesiten.
El Prisma
2006/2007 ha
dispuesto
hasta ahora
de 582
millones de
euros.
Arpegio es
la sociedad
pública a la
que se
encomendó el
desarrollo
de este
plan. Para
llevarlo a
cabo realizó
gastos “muy
disparatados
e
innecesarios”
(al margen
del
presupuesto
de 582
millones),
según
fuentes
cercanas a
este
organismo.
Todos estos
gastos
internos
figuran en
una factura
por importe
total de
16,5
millones que
ha sido
elevada por
Arpegio a la
Comunidad de
Madrid para
que le sea
abonada en
su cuenta.
Pero la
Comunidad
está
poniendo
pegas y la
factura se
ha
convertido
en un
verdadero
quebradero
de cabeza
para el
Gobierno de
Cristina
Cifuentes.
Y, en
concreto,
para su
número tres
y consejero
de Medio
Ambiente,
Jaime
González
Taboada,
quien
durante los
últimos 12
años ha sido
director
general de
relaciones
con la
administración
local y, por
tanto, la
persona que
gestionó con
alcaldes y
ayuntamientos
las
inversiones
del Prisma.
La factura
ha estado
guardada
desde 2009
en un cajón
y su destino
final sigue
coleando.
González
Taboada
aseguró a
este
periódico
que él no
tiene nada
que ver con
la gestión
de Arpegio,
puesto que
se trata de
una sociedad
que tiene su
propio
consejo de
administración.
Si no hubo
recato
económico en
la
colocación
de primeras
piedras (que
suman
782.000
euros), el
coste del
despliegue
propagandístico
y
publicitario
de estas
obras no se
quedó a la
zaga.
Arpegio
contrató,
por ejemplo,
un plan de
comunicación
de sus obras
por 2,5
millones.
Por la
elaboración
de un “vídeo
estereoscópico
en tres
dimensiones”
y la
presentación
de “vídeos
zonales” de
obras del
Prisma,
Arpegio
pagó, en
concreto,
852.000
euros. Y
otros
500.000 por
la creación
y
mantenimiento
de una
página web.
Más otros
660.000 por
“consultorías
y asistencia
técnica para
la gestión
integral,
técnica,
jurídica y
económica"
de las obras
del Prisma
2006/2007.
5,9 millones
en
consultoría
y sueldos
Si
impresiona
el
despliegue
propagandístico
que Arpegio
dio a las
obras del
Prisma
2006/2007,
en la
factura de
16,5
millones que
este
organismo
público
pretende
ahora que le
abone la
Comunidad de
Madrid hay
otras
anotaciones
que también
llaman la
atención. En
concreto,
5,9 de los
16,5
millones que
conforman
esa factura
se han
gastado “en
consultorías
y
asistencias
para la
tramitación
de
licitaciones”,
según reza
la factura
sobre ese
gasto en
concreto.
Este dinero
es al margen
de los 582
millones
invertidos
por la
Comunidad en
las obras
del Prisma
2006/2007.
Fuentes
cercanas a
la firma
Arpegio
señalan que
esos 5,9
millones se
corresponden,
además de
con
consultorías,
con el pago
de salarios
a los
trabajadores,
una
veintena,
que hubo que
contratar
para el
desarrollo
del plan de
inversiones.
La más cara
y suntuosa
de las
primeras
piedras
importó
35.000 euros
y fue para
una obra del
Prisma en
Serranillos
del Valle,
municipio de
apenas 4.000
habitantes.
Otra costosa
primera
piedra fue
la que se
puso con
motivo del
inicio de
las obras de
la comisaría
conjunta de
Policía
Nacional y
Local de
Alcalá de
Henares, 28.
232 euros.
El acto se
limitó a la
instalación
de una carpa
con su
respectivo
atril y un
monolito
símbolo del
inició de
las obras.
Lo presidió
Aguirre,
aunque
también
asistieron
los
exconsejeros
Alfredo
Prada y
Granados.
Entre los
gastos que
Arpegio
quiere que
la Comunidad
le abone (y
que forman
parte de la
citada
factura de
16.5
millones)
figuran
también
289.000
euros por
las plazas
de garaje
para
empleados y
arrendamiento
de la
oficinas que
tuvo Arpegio
en la Torre
II de la
plaza de
Colón; otros
96.027 euros
se gastaron
“en
supermercado,
suministros
higiénicos,
farmacia,
consumibles
informáticos
y bebidas
(agua y
café)”;
mientras que
en “ticket
de comida
para
empleados”
hay anotados
otros
48.286”
euros.
La partida
de
publicidad y
propaganda
es de las
más
elevadas. “E
innecesarias”,
señalan
fuentes
cercanas a
Arpegio. En
total 2,5
millones.
Según se
indica en un
anexo de la
citada
factura de
16,5
millones,
los 2,5
millones se
gastaron en
lo
siguiente:
“Realización
de una
campaña
publicitaria
institucional,
con
elaboración
de
audivisuales
y folletos
para
presentar
los
proyectos
regionales,
así como
elaboración
del logotipo
Prisma y
relaciones
con los
medios de
comunicación”.
Asimismo,
para el
“mantenimiento
de sistemas
informáticos,
aplicaciones,
web, equipos
y en
licencias de
programas
informáticos
de
renovación
anual,
constan
pagos por
importe de
351.000
euros”, sin
contar otros
78.000
empleados en
“útiles y
herramientas
de
escritorio”.
Fuentes del
actual
Gobierno de
Cristina
Cifuentes
admiten que
ciertamente
se produjo
un derroche
de dinero en
publicidad y
propaganda
en el marco
del Prisma
2006/2007.
Un
periodista
de EL PAÍS
analizó los
cientos de
pagos de la
citada
facturas de
16,5
millones y
observó que,
además,
Arpegio
contrató
actos con la
firma de la
red Púnica
Waiter
Music. Con
posterioridad
la Comunidad
ha rechazado
tales
contrataciones.
Waiter Music
es una de la
empresa de
las que se
sirvió el
exconsejero
Francisco
Granados
para amasar
su ilícita
fortuna.
Arpegio se
dedica a
desarrollar
el programa
Prisma y
también a
realizar
operaciones
relacionadas
con el
suelo. Es
decir,
compra
terrenos,
insta la
recalificación,
los urbaniza
y los saca a
concurso
para su
venta. Su
finalidad es
atraer
inversiones
para la
Comunidad.
El juez
Velasco está
investigando
presuntos
pelotazos en
recalificaciones
de terrenos
en las que
habría
intervenido
Arpegio y de
las que se
habrían
beneficiado
Granados y
otros
implicados.
El cerebro
de la trama
Púnica,
David
Marjaliza,
ha pactado
con la
Fiscalía
Anticorrupción
confesar
todos sus
chanchullos
a cambio de
una rebaja
de pena. En
su
declaración
ha implicado
a González
Taboada,
antiguo
subordinado
de Granados.
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/22/actualidad/1442944647_565337.html
LA ASAMBLEA
PIDE A
CIFUENTES
GESTIÓN
PÚBLICA PARA
EL HOSPITAL
DE VILLALBA
La propuesta
del PSOE,
que no es de
obligado
cumplimiento
para el
Gobierno,
obtiene el
respaldo de
Podemos, la
abstención
de
Ciudadanos y
el voto en
contra del
PP
El Gobierno
regional de
Cristina
Cifuentes
(PP) ha
encajado un
nuevo revés
político en
la Asamblea
de Madrid
tras la
aprobación
de una
proposición
no de ley
del PSOE que
insta a
revertir el
modelo de
gestión 100%
privada del
hospital de
Collado
Villalba,
cuya
concesión es
a 30 años y
por un
importe de
1.817
millones de
euros. La
propuesta no
es
vinculante,
esto es, no
es de
obligado
cumplimiento,
pero
evidencia la
situación de
minoría con
que el
Partido
Popular
gobierna
Madrid,
donde los
últimos 20
años se
acostumbró a
enlazar
mayorías
absolutas.
Los 27
diputados de
Podemos
también han
respaldado
la
iniciativa
socialista
(37),
mientras que
Ciudadanos
se ha
abstenido
(17). El PP,
con 48
parlamentarios,
es el único
partido que
ha votado en
contra.
Cifuentes
fue nombrada
presidenta
regional en
junio tras
un pacto de
investidura
con
Ciudadanos,
que rechazó
extender el
acuerdo a la
legislatura.
Por segundo
pleno
consecutivo,
el PP ha
perdido las
cuatro
votaciones
que se
realizaron
de
proposiciones
no
legislativas.
El complejo
hospitalario
de Villalba,
abierto en
octubre del
año pasado
con tres
años de
retraso,
funciona
bajo la
fórmula del
modelo
Alzira, que
el PP
implantó en
la Comunidad
Valenciana:
la
titularidad
es pública y
el servicio
es gratuito,
pero el
personal
sanitario
depende de
la
adjudicataria,
en este caso
Quirón Salud
(fruto de la
fusión del
Grupo Quirón
y de IDC
Salud). Este
modelo se
aplica
también en
los
hospitales
de
Valdemoro,
Torrejón de
Ardoz y
Móstoles.
Madrid
cuenta con
siete
modelos de
gestión
diferentes
para sus 36
hospitales
de
titularidad
pública.
"Queremos
saber que
pasa en
todos estos
hospitales
donde se ha
introducido
el lucro.
Queremos
saber si por
ejemplo [en
ellos] se
subcontrata
el servicio
de
anestesia”,
ha incidido
Mónica
García,
(Podemos).
El PSOE
proponía
como
alternativa
al modelo de
gestión de
Villalba un
“sistema
multihospital
público”
para el
noroeste de
Madrid,
coordinando
Villalba con
los
hospitales
de
Majadahonda
(centro de
referencia
para 451.558
personas a
31 de
diciembre de
2013) y El
Escorial
(130.521).
El PSOE
denuncia que
“no existe
documentación
técnica que
enmarque con
racionalidad”
su gestión
privada “en
el sistema
sanitario de
su entorno”.
Jacobo
Beltrán
Pereira (PP)
ha recordado
que el
hospital de
Villalba “es
fruto de un
convenio de
un alcalde
del PSOE con
la Comunidad
de Madrid, y
esto es un
dato a tener
en cuenta”.
Ciudadanos
se ha
abstenido
tras
presentar
una enmienda
que el PSOE
no ha
aceptado. El
partido de
Albert
Rivera pedía
modificar el
contenido de
la
propuesta,
para
"analizar
las
implicaciones
jurídicas y
económicas"
que tendría
el rescate
de la
concesión.
También
abogaba por
informar al
hemiciclo,
en el plazo
de un mes,
del importe
de la
compensación
que habría
que entregar
a la
adjudicataria
en caso de
procederse
al rescate
del hospital
de Villalba.
“Es un
contrato que
está mal
hecho,
además de
que, salvo
en Valencia,
en ningún
país
desarrollado
existe este
modelo.
Ciudadanos
propone una
enmienda que
si
hubiéramos
planteado la
habríamos
aceptado,
pero es que
no
planteamos
el rescate
de la
concesión.
Planteamos
renegociar
el contrato,
porque la
Administración
está cargada
por unos 615
millones de
razones [el
importe
anual de los
convenios de
la empresa
adjudicataria
con la
Comunidad]
para sentar
a negociar
con la
concesionaria”,
ha señalado
José Manuel
Freire,
portavoz de
Sanidad del
PSOE.
Al igual que
los
representantes
del PSOE y
Podemos,
Daniel
Álvarez Cabo
(Ciudadanos),
también ha
sido muy
crítico. “En
lugar de
usar
eficientemente
los recursos
públicos, se
prefirió
este modelo,
en ausencia
de estudios
fiables que
avalen o
contradigan
la gestión
mejor de una
entidad
privada.
Faltan datos
rigurosos.
Es un fallo
de la
Administración
pública”.
“El de
Villalba fue
el último de
los
hospitales
que se
licitó, en
2010. Desde
septiembre
de 2008
funcionaba
el de Puerta
de Hierro...
Este
hospital se
hizo con
mayor
dotación de
estructura y
medios, y
existía
además un
hospital
comarcal, el
de El
Escorial,
con un
posible plan
de
ampliación.
Si embargo,
se optó por
licitar el
hospital de
Villalba con
140 camas y
servicios
como
neurocirugía,
etc. ¿Por
qué, estando
Puerta de
Hierro a 15
kilómetros?”,
ha
remachado.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/17/madrid/1442509610_310709.html
EL PP QUIERE
EVITAR QUE
LA ASAMBLEA
DE MADRID
INVESTIGUE
LA PÚNICA Y
GÜRTEL
Los
conservadores
se han
opuesto a la
creación de
la Comisión
de
Investigación
sobre
Corrupción
Política al
considerar
que pretende
"abrir una
causa
general"
contra su
partido
Tanto el
PSOE como
Ciudadanos,
que pactaron
con Podemos
la petición,
creen que no
se pueden
dejar fuera
asuntos que
estén
judicializados
Esa comisión
trabajará
independientemente
de la otra
sobre
Endeudamiento
y Gestión
Pública,
impulsada
por Podemos,
en la que se
va a auditar
la actuación
de los
gobiernos de
Aguirre y
González
Cristina
Cifuentes va
a tener que
enfrentarse
a partir del
mes de
octubre en
la Asamblea
de Madrid a
dos de los
casos de
corrupción
que afectan
de lleno al
PP de Madrid
y de los que
ella está
intentando
apartarse a
toda costa:
la trama
Gürtel y la
Púnica. Ese
mes
comenzarán
los trabajos
de las dos
comisiones
impulsadas
por los
grupos de la
oposición en
las que se
va a
investigar
las
actuaciones
de los
gobiernos
del PP que
le
precedieron,
el de
Esperanza
Aguirre, y
el de
Ignacio
González. El
PP se ha
opuesto.
Los
populares
acusan al
PSOE,
Podemos y
Ciudadanos
de querer
"abrir una
causa
generalizada"
contra su
partido y
tratarán de
evitar que
ambos casos
sean
incluidos en
los trabajos
de la
Comisión
sobre
corrupción
con la
excusa de
que están "judicializados".
Pero el PP
ya no cuenta
con mayoría
absoluta en
la Asamblea
de Madrid y
tendrá que
amoldarse a
lo que
decidan los
demás
grupos.
Además,
Cifuentes
siempre ha
defendido la
"tolerancia
cero contra
la
corrupción"
por lo que
le será
difícil
oponerse a
que se
hurgue en
ambos casos.
La primera
Comisión que
comenzará a
trabajar
será la de
Estudio
sobre
Endeudamiento,
impulsada
por Podemos,
que tiene
fijada su
primera
reunión para
el próximo 6
de octubre.
Paralelamente,
aunque sin
fecha aún
predeterminada,
también
echará a
andar la
Comision
sobre la
Corrupción
Política,
que pactó
Ciudadanos
con el PSOE
y Podemos, y
a la que se
ha opuesto
el PP. Con
todo, lo que
más ha
enfadado a
Cifuentes es
que los
promotores
de esta
iniciativa
hayan sido
los de
Ciudadanos,
partido con
el que cerró
un Pacto de
Investidura
en el que no
figuraba
este asunto.
Solo la
realización
de una
auditoría
económica
externa de
los últimos
ocho años de
los
gobiernos
regionales.
Sin embargo,
el portavoz
de la
formación de
Albert
Rivera,
Ignacio
Aguado,
justifica
esta vuelta
de tuerca de
control
político al
PP porque
"son dos
cosas
distintas".
"Una cosa es
el acuerdo
de
investidura
que hicimos
con el PP
para que el
Ejecutivo
funcione, y
otra cosa es
que nosotros
podamos
pactar con
las demás
fuerzas
politicas
comisiones
como ésta.
Esa es la
suerte y la
fuerza que
tenemos en
la Asamblea
de Madrid,
poder
aprobar
leyes e
iniciativas
con unos o
con otros".
El portavoz
de
Ciudadanos
recuerda que
el PP,
sistemáticamente,
gracias a la
mayoría
absoluta que
antes tenían
en la
Asamblea de
Madrid, ha
bloqueado
enmiendas,
peticiones
de
comparecencias
o de
comisiones
de
investigación
sobre la
corrupción,
por lo que
considera
que "ya es
hora de
poner luz y
taquígrafos
a estos
temas que
han azotado
a la
Comunidad de
Madrid".
Pero niega
que lo que
pretenden
sea "abrir
una causa
generalizada"
contra el
partido de
Cifuentes,
como ellos
sostienen.
"Lo único
que queremos
saber es qué
ha pasado y
cómo se ha
gestionado
en estos
años la
Comunidad de
Madrid,
porque ha
habido mucha
opacidad",
añade
Aguado.
José Manuel
Franco,
portavoz del
PSOE,
también cree
que el PP va
a poner
todos los
obstáculos
posibles
para impedir
que la
Púnica y
Gürtel
lleguen a la
Comisión.
"Es su línea
de
actuación.
Nosotros lo
que queremos
es que haya
una mayor
transparencia
y que los
ciudadanos
sepan a
dónde han
ido a parar
sus
impuestos".
La
oposición,
en mayoría
Sin embargo,
esta vez el
PP no cuenta
con mayoría
absoluta y
las
decisiones
de la
Comisión
-que estará
compuesta
por 18
diputados-,
se tomarán
por voto
ponderado,
sistema que
beneficia a
los grupos
de la
oposición,
que tendrá
mayoría.
"Además
-añade
Aguado-
cuenta con
la novedad
de que, a
diferencia
de las que
se han
abierto en
otros
parlamentos,
la nuestra
permite
llevar temas
que puedan
perjudicar
al Gobierno
de turno.
Porque hasta
ahora todas
han estado
encabezadas
por miembros
de los
gobiernos
que están en
ese momento
en el poder
y eso impide
que haya
conclusiones
notorias".
Ambos
portavoces
explican a
eldiario.es
que el
objetivo de
las
investigaciones
es
determinar
"las
responsabilidades
políticas"
que puedan
derivarse de
los casos de
corrupción o
de las
irregularidades
que se
pudieran
haber
cometido en
años
anteriores
"sin
interferir
en la acción
judicial".
En el
escrito
registrado
en la
Asamblea,
publicado en
el BOAM,
este extremo
se deja
claro: "La
Comisión de
Investigación
acometerá
todos los
trabajos que
se
consideren
necesarios,
sin
perjuicio de
los procesos
judiciales
pasados, en
curso o que
puedan
abrirse
durante la
duración de
los trabajos
de esta
comisión".
Posible
exigencia de
responsabilidades
a Cifuentes
Aguado
asegura que
su grupo
"todavía no
ha
analizado"
si pedirán
responsabilidades
políticas a
la propia
Cifuentes si
de los
trabajos de
la Comisión
se derivara
que conocía
el entramado
de
corrupción
del PP de
Madrid. "La
Comisión ni
siquiera
está
definida.
Tendremos
que marcar
un plan de
actuación y
decidir a
quién
llamamos".
Lo que sí se
sabe es que
estará
presidida
por un
diputado de
su grupo
mientras que
la de
Endeudamiento
y Gestión
Pública la
presidirá un
parlamentario
de Podemos.
Esta primera
Comisión
servirá a
los grupos
para
entender
cómo se ha
gestionado
la Comunidad
de Madrid en
los últimos
años, los
procesos de
contratación
que se han
llevado a
cabo, o los
informes
económicos
que había
detrás de
las
decisiones
que tomaron
los Gobierno
anteriores.
"Si en esta
Comisión se
detectaran
irregularidades,
esos casos
pasarían
también a la
Comisión
sobre
Corrupción,
aunque ésta
funcionará
independientemente,
sin tener
que esperar
a lo que
ocurra en la
otra",
adelanta
José Manuel
Franco.
http://www.eldiario.es/politica/PP-Asamblea-Madrid-Punica-Gurtel_0_431507473.html
LA VIRTUAL
LICENCIATURA
DEL ‘NÚMERO
TRES’ DE
CRISTINA
CIFUENTES
González
figuró como
licenciado
en la web de
la Asamblea
de Madrid
sin tener el
título
El actual
consejero de
Medio
Ambiente y
número tres
de la
Comunidad de
Madrid,
Jaime
González
Taboada, fue
durante días
un virtual
licenciado
en Derecho
por la
Universidad
Autónoma de
Madrid
(UAM). Pese
a carecer de
estudios
superiores,
la web del
parlamento
regional
presentó a
este
político del
PP como
titulado
universitario.
La ficha con
el dato
académico
falso
permaneció
activa hasta
días después
del
desembarcó
del
dirigente en
la
Consejería
de Medio
Ambiente,
Administración
Local y
Ordenación
del
Territorio,
el pasado el
26 de junio.
La reseña
que mostraba
a González
Taboada como
licenciado
en Derecho
por la
Autónoma de
Madrid se
pudo
consultar
hasta julio
en la web de
la Asamblea
regional.
Después,
desapareció
de Internet.
El portal sí
permitió
durante ese
periodo el
acceso a las
biografías
del resto de
diputados,
pero no a la
suya.
El
Parlamento
regional
incluyó en
su web un
nuevo perfil
biográfico
del
mandatario
el pasado
jueves 13 de
agosto. Una
versión que
ya omitía el
título
universitario
y resumía la
trayectoria
del político
en su
pertenencia
al Grupo
Parlamentario
Popular. La
ficha
engordó
horas
después al
recoger el
paso de
González
Taboada por
las
alcaldías de
los
municipios
madrileños
de Berzosa
de Lozoya y
Estremera,
así como su
cargo de
teniente
alcalde de
Pozuelo de
Alarcón
(1999-2003)
y su puesto
como
director
regional de
Cooperación
con la
Administración
Local desde
2003. Pero
la alusión a
la
licenciatura
en Derecho
se había
esfumado, al
igual que la
mención a un
master que
también se
le atribuía.
Un hombre de
partido
desde los 11
años
Este
periódico
cotejó y
comprobó en
la web
oficial de
la Cámara
regional la
mención del
citado
título
universitario.
Lo hizo tras
recibir
varias
llamadas de
parlamentarios
de la
oposición en
la Asamblea
de Madrid
que
mostraban su
sorpresa de
que el
consejero se
presentase
en la web
con estudios
superiores
cuando,
decían,
"carece de
ellos". La
desaparición
del perfil
original y
el borrado
total del de
esa web en
Internet “se
hizo de
forma
intencionada”,
según dos
expertos
informáticos
consultados.
Tras la
desaparición
del falso
título de la
web, EL PAÍS
ha intentado
sin éxito
contactar
con González
Taboada. No
obstante,
una portavoz
de la
presidenta
de Madrid,
Cristina
Cifuentes,
facilitó a
este
periódico la
supuesta
ficha
biográfica
que el
político
habría
remitido a
la Asamblea
madrileña.
El escrito
consta
compulsado
por la
Asamblea con
fecha 14 de
agosto, pero
no acredita
el día de su
entrega o
remisión a
este
organismo.
En ella, el
consejero
indica que
es gemólogo
(experto en
piedras
preciosas).
En una
antigua
entrevista
en EL PAÍS
avanzó que
realizaba
estudios de
informática.
La citada
portavoz de
la Comunidad
de Madrid
atribuye la
polémica a
un posible
“error de
los
servicios de
la Cámara”,
reconoce que
González
Taboada
carece de
titulación
universitaria
y le
califica de
“hombre
hecho a sí
mismo”, al
tiempo que
destaca que
“hizo algún
curso de
informática
de gestión”.
También
añade que el
error ("si
es que
existió")
pudo
producirse
al
transcribir
un
funcionario
de la
Asamblea el
currículo en
la web y
confundirlo
con el de
otra
diputada de
su partido
que sí es
licenciada
en Derecho
por la
Universidad
Autónoma.
"Casualmente",
señalan
fuentes de
la Asamblea,
"el error de
transcripción
se produce
en la
casilla del
único
consejero
sin estudios
universitarios".
El pacto
entre PP y
Ciudadanos
obliga a
dejar el
cargo a
quien
falsifique
el
currículum
Como todos
los
candidatos
del PP al
Parlamento
madrileño,
González
Taboada
firmó un
decálogo
ético que le
comprometía
a renunciar
al escaño si
traspasaba
líneas rojas
como
"incurrir en
una falta
grave de
ejemplaridad
frente a la
ciudadanía".
Además, el
pacto de
gobierno
entre PP y
Ciudadanos a
la Asamblea
de Madrid,
gracias al
cual es
presidenta
Cifuentes
con un único
diputado de
margen
respecto a
la
oposición,
contempla
“separar a
cualquier
cargo
público que
haya
falsificado
o engañado
en relación
con su
currículum,
cualificación
profesional
o
académica”.
El nombre de
González
Taboada se
vinculó en
julio con la
trama
Púnica. El
constructor
y
conseguidor
de la red
corrupta,
David
Marjaliza,
le ha
atribuido
ante el juez
su
participación
en el amaño
de
contratas.
Esperanza
Aguirre
respaldó a
González
Taboada en
julio para
el comité de
dirección
del PP. Y la
propia
Cifuentes le
ha avalado
ahora como
nuevo
miembro del
Consejo de
Administración
del Canal de
Isabel II.
Taboada es
desde hace
13 años el
político que
ha
gestionado,
a través de
la firma
pública
Arpegio, las
inversiones
del Gobierno
de Madrid en
los 179
municipios
de la
Comunidad.
Durante
muchos años
fue
subordinado,
como
director
general de
Administración
local, de
Francisco
Granados,
quien ahora
se halla en
la cárcel
por su
implicación
en la red
corrupta
Púnica.
Los orígenes
políticos de
Jaime
González
Taboada
conducen a
su niñez. El
consejero
declaraba a
este
periódico en
1991 que
comenzó a
militar en
el PP con 11
años. La
edad mínima
para
afiliarse a
Nuevas
Generaciones
era de 16,
según
confirman en
la
formación.
Con 22,
aterrizó en
la alcaldía
de la
localidad
madrileña de
Berzosa de
Lozoya.
Obtuvo 22
votos de un
censo de 73
vecinos.
Entonces, se
presentaba
como un
estudiante
de
informática.
Y encaraba
las críticas
que le
afeaban su
nula
vinculación
con el
pueblo. El
popular
nació en el
barrio de
Salamanca.
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/20/actualidad/1440089450_405147.html
PRIMER BACHE
CULTURAL DE
JAIME DE LOS
SANTOS Y
CRISTINA
CIFUENTES
CON MADRID
EN DANZA
Varias salas
y compañías
previstas
para el
mayor
festival de
danza de la
Comunidad de
Madrid
denuncian
que aún no
esta lista
la
programación
y que
incluso les
han
comunicado
la
cancelación
de algunos
espectáculos
El pasado
mes de junio
fue
destituida
su directora
artística,
Ana Cabo,
después del
cambio de
Gobierno y
todavía no
hay nadie en
su puesto,
ni se ha
anunciado un
concurso
público
La llegada
de Jaime de
los Santos a
la Dirección
de Promoción
Cultural de
la Comunidad
de Madrid
levantó una
enorme
polvareda a
finales de
julio.
Colocado por
la nueva
presidenta,
Cristina
Cifuentes,
quien asumió
las
competencias
de la
política
cultural de
la región,
pronto se
señaló que
De los
Santos nunca
había
ejercido
como gestor
cultural.
Eso sí, a
sus 35 años
estaba muy
ligado a la
vicepresidenta,
Soraya Saénz
de
Santamaría,
tras
trabajar
durante tres
años como
consejero
técnico en
Presidencia
del
Gobierno.
Con esta
inexperiencia,
sólo mes y
medio
después del
nombramiento,
De los
Santos
vuelve a
estar en el
ojo del
huracán: la
gestión del
festival
Madrid en
Danza que
este mes de
noviembre
debería
celebrar su
30 edición.
Según ha
podido saber
eldiario.es,
a falta de
dos meses la
programación
aún no está
cerrada, y
lo que es
peor, hay
compañías a
las que se
les ha
comunicado
que no
participarán
después de
haberse
apalabrado
su
participación.
La polémica
viene de
lejos. El
mundo de la
danza, tal y
como han
comentado
desde salas
y compañías
a este
diario,
lleva todo
el verano
viviendo con
preocupación
el asunto. Y
también con
miedo, ya
que
prácticamente
nadie ha
querido ser
citado en
este
artículo.
Destitución
de la
directora
artística
Todo comenzó
el pasado 27
de junio
cuando la
hasta ahora
directora
artística
del
festival,
Ana Cabo,
que llevaba
doce años en
el cargo,
fue cesada
tras el
cambio del
equipo de
Gobierno.
“Mi puesto
en la
Consejería
era un
nombramiento,
por lo que
nosotros
cesamos en
cuanto cesa
el
consejero. A
mí no me
renovaron”,
comenta a
eldiario.es.
Después de
otras
elecciones
sí había
contado con
el respaldo
de la
dirección
cultural
madrileña,
pero esta
vez no fue
así. Tampoco
hubo ningún
tipo de
llamada.
“No, nadie
me dijo
nada. Yo
creo que es
legítimo que
el nuevo
responsable
cambie el
equipo, pero
tiene que
decirlo”,
señala. Ni
Jaime de los
Santos, ni
Ruperto
Merino,
subdirector
de
programación
cultural de
la Comunidad
de Madrid
–que sí
renovó en el
cargo- se
pusieron en
contacto con
ella.
Hasta la
fecha, Cabo
había
continuado
con su
trabajo
elaborando
la nueva
edición del
festival,
que cuenta
con un
presupuesto
de en torno
a 600.000
euros.
“Empezamos
en enero y
febrero y
estamos todo
el año, ya
que tienes
que contar
con la
disponibilidad
de las
compañías,
sobre todo
las
internacionales”,
explica la
ex
directora.
De hecho,
según
confirma, en
junio “había
dejado una
programación
hecha que no
estaba
contratada
porque
quiero
entender que
no procedía
avanzar en
temas
administrativos”.
Pero dicha
programación
había
llegado a
estar
incluso
anunciada en
los Teatros
del Canal y
“con las
salas
estaban
comprometidas
las fechas y
estaban
pactadas
distintas
programaciones”,
ratifica.
Ahora,
cuando aún
se desconoce
quién
ocupara su
puesto –otro
asunto poco
claro cuando
el festival
está tan
cerca- ella
no sabe si
se respetará
su trabajo
aunque
confiesa que
espera que
así sea.
La
programadora
Laura Kumin,
directora
del Certamen
Coreográfico
de Madrid,
confirma que
había
pactado una
plataforma
para
compañías
emergentes,
si bien “no
se había
cerrado la
aportación
económica”.
Ahora sabe
que es muy
plausible
que no se
haga –nadie
le ha
comunicado
nada- y está
molesta:
“Hay que
pensar en la
viabilidad
de la
actividad
cultural que
se está
haciendo,
este es un
evento
grande.
Estamos en
septiembre y
de una parte
de la
programación
apalabrada
no sabemos
nada”.
Lo mismo
ocurre con
algunas
salas que se
han quejado
a este
diario de no
saber qué va
a pasar con
las fechas
que ya
tenían
reservadas.
Manejos
desde la
subdirección
de
programación
Sin embargo,
hay
compañías
que sí
saben. El
pasado 9 de
septiembre,
varias de
ellas
recibieron
comunicaciones
desde la
Subdirección
general de
programación
cultural
informándoles
de su no
inclusión en
el programa
del
festival,
pese a tener
comprometidas
las fechas,
avanzadas
las
producciones
y reservadas
las salas. A
las horas el
asunto se
recondujo,
pero de la
manera más
inesperada.
Nadie quiere
hablar
directamente
del
subdirector
de
programación,
Ruperto
Merino,
aunque son
muchas las
voces que
indican que
detrás de
este
movimiento
está su
persona.
Lo que sí se
quiere
destacar
desde el
mundo de la
danza, el
principal
afectado por
estos
vaivenes de
última hora,
es la
vulnerabilidad
de la
gestión
cultural
frente a la
política.
Como recalca
una manager
con muchos
años de
experiencia
en el
sector, “lo
interesante
en este
asunto son
las malas
prácticas
cuando hay
elecciones.
El poco
respeto por
el que ha
estado
trabajando
hasta la
semana
anterior.
Aquí el que
entra
revienta
todo lo que
se había
hecho
anteriormente”.
Luego,
incide, hay
que sumar
los 22.000
euros de una
subvención
de la
Comunidad de
Madrid que
podría
perder si no
se
representa
su
espectáculo.
“Y yo hasta
que no esté
confirmada
la nueva
dirección
del festival
no me fío de
nadie”,
añade.
Laura Kumin
también se
siente
“desilusionada”
con lo que
está
ocurriendo.
“No me
siento
engañada,
pero con
todos estos
cambios,
¿dónde está
el respeto
por la
cultura?”,
apostilla.
A esta
situación
hay que
añadir que
ninguno de
los cargos
fue asumido
tras un
concurso
público. No
lo fue el de
Jaime de los
Santos, ni
Ruperto
Merino, ni
siquiera Ana
Cabo. Y para
la próxima
dirección
artística de
Madrid en
Danza
tampoco se
ha anunciado
ninguno. Los
problemas
surgidos con
este
festival
demuestran
la
inexperiencia
de De los
Santos o
bien que en
Cultura todo
sigue igual.
http://www.eldiario.es/cultura/politicas_culturales/Madrid-Danza-Santos-Cristina-Cifuentes_0_431157337.html
CIFUENTES
IGNORA LAS
SOSPECHAS
SOBRE SU
'NÚMERO 3' Y
LE DA UN
CARGO EN LA
EMPRESA
INVESTIGADA
EN PÚNICA
La
presidenta
de Madrid
firma el
decreto por
el que Jaime
González
Taboada,
salpicado
por la
declaración
de uno de
los
cabecillas
de la trama,
pasa a ser
vocal de
Arpegio, el
ente público
investigado
precisamente
por el juez
Eloy Velasco
por
irregularidades
en sus
adjudicaciones.
La
presidenta
de Madrid,
Cristina
Cifuentes,
vuelve a
poner la
mano en el
fuego por su
'número 3',
el consejero
de Medio
Ambiente,
Jaime
González
Taboada,
salpicado
por algunas
declaraciones
en el 'caso
Púnica'. Y,
en esta
ocasión, lo
hace con el
Boletín
Oficial de
la Comunidad
(BOCM) como
testigo. El
Consejo de
Gobierno que
ella preside
acordó el
pasado 8 de
septiembre
nombrar al
político
vocal de
Nuevo
Arpegio SA,
la empresa
pública de
gestión del
suelo
investigada
por el juez
Eloy Velasco
precisamente
por
supuestas
irregularidades
en
adjudicaciones
a miembros
de la trama
de
corrupción.
El
nombramiento
fue
oficializado
dos días
después en
el BOCM en
un acuerdo
que firman
Cifuentes y
el propio
Taboada,
como titular
de la
Consejería
de la que
depende este
ente de la
Administración
autonómica.
Según
fuentes del
Ejecutivo
regional,
este es el
paso previo
al
nombramiento
del 'número
3' como
presidente
de la
cuestionada
empresa
pública.
El acuerdo
para
nombrarle
vocal de
Arpegio se
produjo el 8
de
septiembre,
un día
después de
que el juez
Velasco
ordenada
nuevas
diligencias
sobre esta
empresa
pública
El acuerdo,
que se
publicó el
pasado
jueves en el
BOCM, hace
público el
cese de los
seis vocales
que hasta
ahora
ejercían
dicho cargo
en el
Consejo de
Administración
de la
empresa
pública en
nombre de la
Comunidad y
propone el
nombramiento
de los cinco
que los
sustituían.
El primero,
el propio
González
Taboada, de
cuya
consejería
depende
Nuevo
Arpegio
desde que un
decreto del
4 de agosto
pasado
incluyó a
esta empresa
en la
estructura
orgánica de
su
departamento.
Cristina
Cifuentes no
ha dudado
hasta ahora
en respaldar
públicamente
a su 'número
3' desde que
comenzaran a
salir a la
luz las
sospechas de
su
implicación
en la trama
Púnica. Y
ello, según
fuentes del
propio PP,
pese a las
voces que
desde dentro
del partido
le
recomendaban
prescindir
de uno de
sus hombres
de máxima
confianza
para no
poner en
peligro el
pacto con
Ciudadanos
que le dio
la
Presidencia
de la
Comunidad.
Sin embargo,
el
nombramiento
se produce
sólo un día
después de
que el
pasado
martes 7 de
septiembre
el titular
del Juzgado
Central de
Instrucción
número 6
dictase un
auto en el
que ordenaba
a la Agencia
Tributaria
elaborar un
informe
sobre las
adjudicaciones
recibidas
por un
empresario
de la
construcción,
Carlos G.R.,
con la
Comunidad de
Madrid "con
especial
hincapié" en
las logradas
con Arpegio
Áreas de
Promoción
Empresarial
SA, la
antecesora
de Nuevo
Arpegio. En
concreto, el
magistrado
quiere saber
qué
contratos
recibió
entre 2004 y
2011,
periodo que
coincide con
la etapa en
la que el
ahora
encarcelado
"Francisco
Granados
ocupó cargos
de
relevancia
en la
Comunidad de
Madrid" y en
el que
también
González
Taboada, en
su condición
entonces de
director
general de
Cooperación
con la
Administración
Local del
Ejecutivo
autonómico,
gestionaba
PRISMA, el
plan de
inversiones
en obra
pública en
los
municipios
madrileños
que era
materializado
desde
Arpegio. El
contenido de
dicha orden
judicial fue
desvelado
este lunes
en exclusiva
por
Vozpópuli.
La confesión
de Marjaliza
De este
modo, el
juez Velasco
mostraba su
clara
intención de
centrar
parte de las
pesquisas
del 'caso
Púnica' en
una línea de
investigación
que llevaba
tiempo
abierta,
pero que
recibió un
importante
impulso el
pasado mes
de junio.
Entonces, el
constructor
David
Marjaliza,
socio y
amigo de
Granados,
acudió tres
días a la
Audiencia
Nacional
para, tras
llegar a un
acuerdo con
la Fiscalía
Anticorrupción,
confesar
durante
cerca de
once horas
las
corruptelas
en las que
había
participado.
Aunque el
contenido de
dicho
testimonio
aún
permanece
secreto, sí
ha
transcendido
que el socio
de Granados
habló de
supuestas
irregularidades
en las
recalificaciones
de terrenos
en las que
tuvo
participación
la firma
pública
Arpegio y de
adjudicaciones
de obras
presuntamente
amañadas en
el Plan
PRISMA.
Además,
según
confirman a
este diario
fuentes
cercanas a
la
investigación,
citó
expresamente
al actual
consejero de
Medio
Ambiente de
la
Comunidad.
Taboada es
citado por
varios
imputados en
las
conversaciones
telefónicas
intervenidas
por la
Guardia
Civil y es
citado por
Marjaliza en
su confesión
ante el juez
Para
entonces,
sin embargo,
el nombre
del 'número
3' de
Cifuentes ya
había salido
en el
sumario.
Así, fue
citado por
el anterior
alcalde de
Valdemoro,
José Carlos
Boza
Lechuga, en
una
conversación
con
Marjaliza
intervenida
por orden
judicial en
la que se
deja
constancia
de la
ascendencia
que
supuestamente
tenía sobre
Taboada el
que fuera
secretario
regional del
PP. "Le he
pedido una
cita a Jaime
González
Taboada
también para
ver si me
hace lo de
las obras
del PRISMA.
Entonces le
he invitado
a comer para
ver cómo le
cojo el
pulso a
éste, porque
Jaime
conmigo
nunca ha
sido hostil,
pero ahora
me hace
menos caso y
ya no está
Paco [en
referencia a
Francisco
Granados] y
ya no le
manda, pues
ya pasa",
llega a
asegurar el
regidor que
pretende que
la empresa
pública le
sufrague
varias obras
en su
localidad
por un total
de "millón y
pico". En
otra
conversación
telefónica
de Boza por
este tema,
en este caso
con el
propio
Granados, es
éste quien
asegura que
se lleva
"fenomenal
con Jaime".
El nombre de
González
Taboada
volvió a
salir en
febrero de
2015, y en
este caso en
las
preguntas de
la Guardia
Civil a un
testigo. En
concreto, en
el
interrogatorio
a Francisco
Esquivias,
actual
secretario
general de
Nuevo
Arpegio, la
empresa que
sustituyó en
diciembre de
2010 a la
antigua
Arpegio tras
su fusión
con otro
ente de la
Comunidad,
Tres Cantos
SA. Los
agentes de
la UCO le
interrogaron
en
profundidad
sobre el
mecanismo de
actuación de
dicha
empresa
entre abril
de 2005 y
diciembre de
2007, el
periodo en
el que
Granados,
por su
condición de
'número 3'
del
Ejecutivo de
Esperanza
Aguirre, fue
presidente
de Arpegio.
Fue en esta
etapa en el
que esta
entidad
comenzó a
gestionar
las
inversiones
de PRISMA,
que
dependían
directamente
de González
Taboada en
su condición
de director
general de
Cooperación
con la
Administración
Local. Por
ello, los
agentes
preguntaron
expresamente
a Esquivias
por el papel
del actual
consejero de
Medio
Ambiente en
la gestión
de aquellas
ayudas a los
consistorios.
En el acta
de aquella
declaración
figuran, de
hecho, cinco
contratos de
este plan
por un total
de 1,5
millones de
euros
adjudicados
en aquellos
años a la
constructora
DICO, una de
las
intervenidas
en la
'Operación
Púnica'.
http://vozpopuli.com/actualidad/68256-cifuentes-ignora-las-sospechas-sobre-su-numero-3-y-le-da-un-cargo-en-la-empresa-investigada-en-punica
EL JUEZ DE
PÚNICA
ENCARGA A
HACIENDA UN
INFORME QUE
ESTRECHA EL
CERCO SOBRE
EL 'NÚMERO
3' DE
CIFUENTES
El
magistrado
pide a la
Agencia
Tributaria
un análisis
sobre un
empresario y
sus
contratos
con la
Comunidad de
Madrid, "con
especial
hincapié" en
la sociedad
Arpegio, en
cuyas
inversiones
tuvo
responsabilidades
Jaime
González
Taboada.
El titular
del Juzgado
Central de
Instrucción
número 6,
Eloy
Velasco, ha
decidido
centrar una
parte de la
investigación
del 'caso
Púnica' en
la empresa
pública de
la Comunidad
de Madrid
Arpegio
Áreas de
Promoción
Empresarial
SA y, con
ello, en el
actual
consejero de
Medio
Ambiente,
Jaime
González
Taboada,
'número 3'
del Gobierno
de Cristina
Cifuentes.
Así se
refleja en
un reciente
auto al que
ha tenido
acceso
Vozpópuli
con el que
el
magistrado
requiere a
la Agencia
Tributaria
(AEAT) un
nuevo
informe
sobre las
contrataciones
de este
organismo en
el que
González
Taboada
tenía
capacidad de
decisión en
su condición
de director
general de
Cooperación
con la
Administración
Local en la
anterior
Legislatura.
El
consejero,
que siempre
ha negado
cualquier
relación con
la trama de
corrupción y
ha recibido
el respaldo
público de
la
presidenta
madrileña,
ha sido
implicado
por David
Marjaliza,
el socio de
Francisco
Granados y
cabecilla de
la trama que
el pasado
mes de junio
decidió
'tirar de la
manta'. Su
condición de
aforado
obligaría a
la Audiencia
Nacional a
inhibirse en
el Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid si el
juez decide
acusarle.
El
magistrado
quiere
conocer los
contratos
que entre
2004 y 2011
se
adjudicaron
a un
constructor
bajo
sospecha
desde
Arpegio, la
empresa
pública en
la que tuvo
responsabilidades
González
Taboada
La nueva
petición del
juez Velasco
es
continuación
de otra que
hizo el 24
de junio
pasado. En
aquella
ocasión,
reclamó a
Hacienda un
estudio en
profundidad
de la
Declaración
Tributaria
347 del año
2006 que
hizo el
empresario
de la
construcción
Carlos G.R.
y "su
entorno
societario".
Entonces, el
magistrado
quería saber
si aquel año
en concreto,
esta persona
"ha sido
beneficiario
de algún
tipo de
adjudicación
o contrato
por parte de
la Comunidad
de Madrid y
en sus
entres
públicos
asociados
[...] con
especial
hincapié en
la empresa
pública
Arpegio".
Tras recibir
ese primer
informe, la
Unidad
Central
Operativa
(UCO) de la
Guardia
Civil envió
a la
Audiencia
Nacional un
oficio para
pedir que
dichas
pesquisas se
ampliaran a
un periodo
mayor de
tiempo. En
concreto, el
que va entre
2004 y 2011,
"durante el
cual
Francisco
Granados
ocupó cargos
de
relevancia
en la
Comunidad de
Madrid".
Aquellos
años
coinciden
también con
la etapa en
la que
González
Taboada, en
su condición
de director
general,
gestionaba
PRISMA, el
plan de
inversiones
en obra
pública en
los
municipios
madrileño
que era
materializado
desde
Arpegio. El
instructor
ha dado luz
verde a la
petición de
los agentes.
De este
modo, el
juez Velasco
centra parte
de las
pesquisas
del 'caso
Púnica' en
una línea de
investigación
que llevaba
tiempo
abierta,
pero que
recibió un
importante
impulso el
pasado mes
de junio.
Entonces,
David
Marjaliza
acudió tres
días a la
Audiencia
Nacional
para, tras
llegar a un
acuerdo con
la Fiscalía
Anticorrupción,
confesar
durante
cerca de
once horas
las
corruptelas
en las que
había
participado.
Aunque el
contenido de
dicho
testimonio
aún
permanece
secreto, sí
ha
transcendido
que el socio
de Granados
habló de
irregulares
recalificaciones
de terrenos
en
municipios
en las que
tuvo
participación
la firma
pública
Arpegio y de
obras
supuestamente
amañadas del
Plan PRISMA.
Además,
según
confirman a
este diario
fuentes
cercanas a
la
investigación,
citó
expresamente
al actual
consejero de
Medio
Ambiente de
la
Comunidad.
De hecho, la
primera
petición de
información
a la Agencia
Tributaria
la hizo el
magistrado
entre la
segunda y la
tercera
jornada de
las
declaraciones
de
Marjaliza.
"Me llevo
fenomenal
con Jaime"
Para
entonces,
sin embargo,
el nombre
del 'número
3' de
Cifuentes ya
había salido
en el
sumario. Su
nombre fue
citado por
el anterior
alcalde de
Valdemoro,
José Carlos
Boza
Lechuga, en
una
conversación
con
Marjaliza
intervenida
por orden
judicial en
la que se
deja
constancia
de la
ascendencia
que
supuestamente
tenía sobre
él Francisco
Granados.
"Le he
pedido una
cita a Jaime
González
Taboada
también para
ver si me
hace lo de
las obras
del PRISMA.
Entonces le
he invitado
a comer para
ver cómo le
cojo el
pulso a
éste, porque
Jaime
conmigo
nunca ha
sido hostil,
pero ahora
me hace
menos caso y
ya no está
Paco [en
referencia
al
exdirigente
regional del
PP] y ya no
le manda,
pues ya
pasa", llega
a asegurar
el regidor
que pretende
que la
empresa
pública le
sufrague
varias obras
en su
localidad
por un total
de "millón y
pico". En
otra
conversación
telefónica
de Boza por
este tema,
en este caso
con el
propio
Granados, es
éste quien
asegura que
se lleva
"fenomenal
con Jaime".
Granados,
Marjaliza y
el que fuera
alcalde de
Valdemoro
Boza Lechuga
hablaban en
sus
conversaciones
telefónicas
del actual
consejero.
"Me llevo
fenomenal
con Jaime",
llega a
afirmar el
primero
El nombre de
González
Taboada
volvió a
salir en
febrero de
2015, y en
este caso en
las
preguntas de
la Guardia
Civil a un
testigo. En
concreto, en
el
interrogatorio
a Francisco
Esquivias,
actual
secretario
general de
Nuevo
Arpegio, la
empresa que
sustituyó en
diciembre de
2010 a la
antigua
Arpegio tras
su fusión
con otro
ente de la
Comunidad,
Tres Cantos
SA. Los
agentes de
la UCO le
interrogaron
en
profundidad
sobre el
mecanismo de
actuación de
dicha
empresa
entre abril
de 2005 y
diciembre de
2007, el
periodo en
el que
Granados,
por su
condición de
'número 3'
del
Ejecutivo de
Esperanza
Aguirre, fue
presidente
de Arpegio.
Fue en esta
etapa en el
que esta
entidad
comenzó a
gestionar
las
inversiones
de PRISMA,
que
dependían
directamente
de González
Taboada en
su condición
de director
general de
Cooperación
con la
Administración
Local. Por
ello, los
agentes
preguntaron
a Esquivias
por el papel
del actual
consejero de
Medio
Ambiente en
la gestión
de aquellas
ayudas a los
consistorios.
En el acta
de aquella
declaración
figuran, de
hecho, cinco
contratos de
este plan
por un total
de 1,5
millones de
euros
adjudicados
en aquellos
años a la
constructora
DICO, una de
las
intervenidas
en la
'Operación
Púnica'.
Unos
funcionarios
de la
Comunidad de
Madrid, bajo
el nombre de
'Grupo
Pontejos',
repartieron
recientemente
un informe
contra
González
Taboada en
el que le
acusan de
supuestas
irregularidades
durante su
gestión
cuando era
director
general de
Cooperación.
El documento
no ha sido
elaborado en
la
actualidad,
corresponde
a los años
en los que
González
Taboada
ocupaba
dicho cargo
(hasta mayo
de 2015),
pero las
recientes
declaraciones
de David
Marjaliza
'tirando de
la manta' y
señalándole,
ha hecho que
vuelva a
ponerse en
circulación.
El inicio
del mismo es
contundente:
"LAS
ACUSACIONES
DEL 'GRUPO
PONTEJOS'
Los
profesionales
de la
Administración,
y muchos
representantes
del ámbito
municipal
madrileño,
no
comprenden
cómo un
perfil como
el de Jaime
González
Taboada, sin
ningún tipo
de
titulación
ni jurídica,
ni técnica,
ni
económica,
un auténtico
semianalfabeto,
está
desempeñando
un cargo de
la
complejidad
y amplitud
de
conocimientos
de la
Dirección
General que
ocupa".
Estos
funcionarios
acusan al
actual
consejero de
Medio
Ambiente de
haber
utilizado
"abusivamente"
a los
profesionales
de la
Administración
y, una vez
que ha
cumplido con
sus deseos,
proceder a
su expulsión
o
marginación.
"Se da la
circunstancia
increíble
–añaden- de
que ha
ocupado la
Dirección
General
durante tres
legislaturas
seguidas.
Sobre todo
durante la
segunda
actuó como
mandado de
Francisco
Granados
para todo
tipo de
asuntos poco
claros". En
otro de los
párrafos
añaden que
sus años de
gestión
"están
plagados de
arbitrariedades
e
irregularidades,
convirtiéndose
en un
vividor de
la política
que utiliza
su puesto en
beneficio
propio".
http://vozpopuli.com/actualidad/68115-el-juez-de-punica-encarga-a-hacienda-un-informe-que-estrecha-el-cerco-sobre-el-numero-3-de-cifuentes
CIFUENTES
DEBERÁ
'TRAGAR' CON
'PÚNICA',
CIUDAD DE LA
JUSTICIA,
CANAL,
CURSOS DE
FORMACIÓN...
Ciudadanos y
PSOE ya han
perfilados
los asuntos
que quieren
llevar a la
comisión de
investigación
que comienza
en octubre,
y avisan de
que las
conclusiones
pueden
acabar en la
Fiscalía
Anticorrupción
Los grupos
de la
oposición
empiezan a
fijar el
tiro en la
diana. Tanto
Ciudadanos
como el
Partido
Socialista
de Madrid y
Podemos ya
han decidido
qué temas
quieren
llevar a la
comisión de
investigación
que se
pondrá en
marcha
previsiblemente
en octubre
en la
Asamblea de
Madrid para
auditar la
gestión de
los
Gobiernos
regionales
del PP en
las dos
últimas
legislaturas.
El 'caso
Púnica', la
Ciudad de la
Justicia, el
Canal de
Isabel II,
los cursos
de
formación,
los
contratos de
Arpegio (la
empresa
pública del
suelo) e ICM
(la Agencia
de
Informática
y
Comunicaciones),
e incluso
algunas
obras del
Metro de
Madrid y el
hospital de
Vallecas
serán
algunos de
los temas
que se
pondrán
sobre la
mesa de esta
comisión.
Una comisión
que no va a
ser de
estudio,
como la que
analizará la
deuda
regional,
sino que
obligará a
los
comparecientes
que sean
citados a
acudir y
cuyas
conclusiones,
avisan
algunos de
los partidos
de la
oposición,
pueden
acabar en
los juzgados
o en la
Fiscalía
Anticorrupción.
La comisión
de
corrupción
estará
compuesta
por 18
miembros (6
del PP, 5
del PSOE, 4
de Podemos y
3 de
Ciudadanos),
y será
presidida
por la
formación de
Albert
Rivera. “No
es una causa
penal ni un
juicio
paralelo. Lo
único que
queremos
analizar es
si se han
hecho mal
las cosas y
en ese caso
exigir
responsabilidades
políticas y
penales, si
las hay”,
explica
Ignacio
Aguado,
líder de
Ciudadanos
en Madrid.
La comisión
empezará en
octubre y
sus miembros
se verán
cada 15
días. Antes
de empezar,
los grupos
decidirán
que temas se
tratarán,
aunque no
hay que
olvidar que
PSOE,
Podemos y
Ciudadanos
tienen 12 de
los 18
votos, por
lo que el
PP, salvo
sorpresa,
deberá
"tragar" con
los temas
que le
impongan,
teniendo en
cuenta que
lo que se va
a analizar
es la
gestión de
Gobiernos
populares.
Ciudadanos,
por su
parte, ha
seleccionado
tres temas
que
considera
vitales y
que cree que
deben estar
en la
comisión. El
primero es
el 'caso
Púnica', que
por su
dimensión ha
golpeado a
varios
organismos
autonómicos.
Aguado
quiere que
la comisión
se centre en
el Sermas,
en el
Servicio
Madrileño de
Salud (Sermas),
que entre
2006 y 2009
pagó casi 11
millones de
euros a una
constructora
del
principal
imputado,
David
Marjaliza.
Esta
empresa,
Obrum
Urbanismo y
Construcciones,
levantó dos
centros de
salud en
Alcorcón y
Aranjuez,
este último
con un
fuerte
sobrecoste.
El segundo
tema es el
de La Ciudad
de la
Justicia,
una
faraónico
proyecto de
Esperanza
Aguirre que
no ha visto
la luz y que
Cristina
Cifuentes ha
decidido
paralizar,
suspendiendo
el concurso
de
adjudicación.
La Comunidad
inyectó 150
millones de
euros en
este
proyecto,
aunque el
patrimonio
neto actual
es de 25
millones,
según
adelantó El
País, por lo
que hay 105
millones que
no han sido
invertidos
en este gran
complejo de
la Justicia
y cuyo gasto
habrá ahora
que auditar
y averiguar
donde ha
terminado.
Opacidad del
Canal de
Isabel II
El tercer
tema que
Ciudadanos
quiere
llevar es la
gestión del
Canal de
Isabel II,
“una gestión
muy opaca en
estos años”,
señala
Aguado, que
pone como
ejemplo el
contrato de
adjudicación
del servicio
de “call
center” para
la atención
de “averías
y riesgos”,
un servicio
que se iba a
llevar desde
Perú, no
desde
España, y
que provocó
críticas
entre
sindicatos y
trabajadores.
El Partido
Socialista
de Madrid,
por su
parte,
quiere sumar
nuevos temas
a la
comisión.
Dentro del
'caso
Púnica' cree
clave
indagar el
papel que ha
tenido
Arpegio (la
empresa
pública del
suelo) y la
Fundación
Arpegio en
algunos
contratos
adjudicados
a la trama.
Como ya
publicó El
Confidencial,
la UCO de la
Guardia
Civil
investiga la
relación del
'número 3'
de
Cifuentes,
el consejero
Jaime
González
Taboada, con
ocho
contratos
que Arpegio
y su
fundación
concedieron
a tres
empresas de
la trama.
Los
socialistas
también
quieren
incluir a la
Agencia de
Informática
y
Comunicaciones
(ICM),
implicada
también en
el caso. El
director
general de
ICM, José
Martínez
Nicolás,
está
imputado en
el caso.
El PSOE
también
propondrá
que la
comisión
también
investigue
los cursos
de formación
de la
Comunidad,
más conocido
como 'caso
Aneri', un
fraude de
unos 15
millones de
euros. El
Juzgado de
instrucción
número 9 de
Madrid
investiga el
dinero de
este fondo,
subvenciones
para cursos
destinados a
la formación
por Internet
que nunca se
dieron. Por
último, los
socialistas
estudiarán
llevar
algunas de
las obras de
Metro a la
comisión.
“Me temo que
de la
comisión
saldrán
muchas
sospechas
pero pocas
certezas.
Será un
trabajo duro
en el que
habrá que
analizar
mucho
documento,
si
finalmente
aparecen
todos”,
ironiza el
diputado
socialista
José Manuel
Franco, que
también
lamenta la
falta de
medios y
técnicos
especializados
con los que
contarán los
partidos de
la oposición
para
analizar
toda la
información.
La primera
comisión
desde 'el
tamayazo'
Podemos, por
su parte,
también ha
fijado una
serie de
temas
prioritarios
para llevar
a la
comisión.
"Nos
gustaría que
fueran temas
que aún no
están en
sede
judicial y
que
necesitan
ser
investigados",
señala
Eduardo
Gutiérrez,
portavoz en
temas de
corrupción
de Podemos.
"Salvo el
'caso Aneri',
el de los
cursos de
formación,
que aunque
sí está
judicializado
creemos que
es un tema
capital".
Podemos
también
quiere
hablar de La
Ciudad de la
Justicia y
del Cana de
Isabel II,
pero también
quiere sumar
el hospital
de Vallecas,
una obra que
consideran
sospechosa.
Luego en una
segunda
etapa de la
comisión
Podemos
quiere meter
en el debate
en tren a
Navalcarnero
(que no se
ha terminado
y está
paralizado)
y las
contratas
del servicio
de incendios
de la
Comunidad a
empresas
privadas.
Todos
coinciden,
no obstante,
en señalar
que la
comisión
puede acabar
en
reprobaciones
políticas,
peticiones
de dimisión
e incluso en
la exigencia
de
responsabilidades
en los
tribunales.
“Es la
primera
comisión
sobre
corrupción
que hay en
Madrid desde
la del
'tamayazo'
en 2003 y no
va a estar
controlada
por el
partido del
Gobierno. Es
una buena
oportunidad”,
concluye
Aguado.
Paralelamente
a la de
corrupción,
la Asamblea
también ha
puesto en
marcha la de
endeudamiento,
o estudio
como la
llaman
algunos
diputados,
para
analizar las
causas de la
desorbitada
deuda que
acumula la
Comunidad de
Madrid, en
torno a
26.400
millones. En
principio
ambas
comisiones
se van a
celebrar de
forma
paralelara,
aunque al
PSOE le
hubiera
gustado que
primero se
hubiera
celebrado la
de deuda
porque de
ella habrían
podido salir
cuestiones a
tratar en la
de
corrupción.
“Bueno,
también
puede
ocurrir que
algún tema
que se trate
en la de
endeudamiento
derive por
su
importancia
a la de
corrupción",
sentencia
Aguado. "Si
tenemos
indicios
suficientes
de delitos,
irá a
Fiscalía",
señala
Gutiérrez.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2015-09-10/cifuentes-debera-tragar-con-punica-ciudad-de-la-justicia-canal-metro-telemadrid_1008349/
LA NUEVA LEY
DEL SUELO
DESBLOQUEARÁ
LAS
OPERACIONES
CALDERÓN Y
CHAMARTÍN
Cifuentes se
propone
eliminar la
medida de
Aguirre que
desde 2007
limita los
nuevos
edificios,
salvo
excepciones,
a un máximo
de cuatro
alturas
La
presidenta
de la
Comunidad,
Cristina
Cifuentes
(PP), quiere
eliminar la
prohibición
de construir
edificios de
cuatro
alturas
(tres
plantas más
ático) que
Esperanza
Aguirre
aprobó en
julio de
2007, en la
segunda de
sus tres
legislaturas
al frente de
Madrid. La
limitación,
que afecta a
los planes
urbanísticos
aprobados a
partir de la
entrada en
vigor de la
ley, bloqueó
los
principales
desarrollos
urbanísticos
de la
región: la
Operación
Calderón y
la Operación
Chamartín,
ambas en la
capital y
empantanadas
en los
tribunales
por las
complicaciones
legales que
presentan.
El Ejecutivo
autonómico
pretende
“actualizar
y adaptar”
la ley a “la
situación
actual”.
Para ello,
espera
contar con
“un texto
acordado” de
la futura
legislación
con la
oposición a
principios
de 2016.
En teoría,
de esta
forma se
podrían
seguir
erigiendo
edificios
que
rebasaran el
tope de
cuatro
alturas. La
Asociación
de
Promotores
Inmobiliarios
de Madrid,
se quejó de
que la
normativa
regional no
especificaba
de qué
singularidades
se trataba.
La ley solo
indica que,
en el caso
de que el
permiso
especial
obligase a
la
modificación
del
planeamiento
urbanístico
vigente,
sería
preciso el
informe
previo y
favorable de
la Comisión
de Urbanismo
de Madrid.
La intención
del Gobierno
de Aguirre
de “impulsar
un modelo de
ciudad más
humano”,
apostando
por un
concepto de
ciudad con
desarrollos
urbanos
menos
poblados y
con más
zonas verdes
—y por tanto
más
dispersos y
difíciles de
aplicar en
las grandes
ciudades de
la región,
entre ellas
Madrid— ha
terminado
condicionando
el urbanismo
de la
región. En
especial, el
crecimiento
de la
capital por
el norte
(Operación
Chamartín) y
el sur
(Calderón).
“Tenemos que
garantizar
que en la
Comunidad de
Madrid pueda
haber
desarrollo,
y que sea un
desarrollo
sostenible”,
indican en
el gabinete
de
Cifuentes.
Aunque el
Ejecutivo de
Aguirre
trasladó el
mensaje de
que el
límite de
alturas
apenas
tendría
consecuencias
en Madrid,
debido a la
planificación
finalizada
del Plan
General de
Ordenación
Urbana de
1997, los
grandes
desarrollos
urbanísticos
penden de la
interpretación
que los
juzgados
hacen de la
legislación
vigente. “Es
el momento
de hacer una
revisión de
la ley del
suelo porque
hay algunas
sentencias
que obligan,
de facto, a
su
modificación.
Sentencias
que de
alguna forma
se han
podido ir
aplicando,
actualizando
mediante
modificaciones
parciales”,
explican en
el Ejecutivo
madrileño.
Un año
después de
que
aprobarse la
ley del
suelo de
Aguirre, el
Ayuntamiento
de Madrid
firmó en
2008, con
Alberto
Ruiz-Gallardón
(PP) de
alcalde, un
convenio con
el Atlético
para que el
club se
trasladara
al estadio
de La
Peineta, en
el distrito
de San Blas-Canillejas.
El conjunto
rojiblanco
obtendría
con este
acuerdo un
campo nuevo
con un aforo
para 73.000
personas,
20.000 más
de las que
tiene ahora
el Vicente
Calderón. De
su
construcción
se
encargaría
Fomento de
Construcciones
y Contratas
(FCC).
La operación
incluía la
demolición
del Calderón
(inaugurado
en 1966) y
de la
antigua
fábrica de
cerveza
Mahou. En su
lugar FCC
levantaría
unas 2.000
viviendas,
con 160.000
metros
cuadrados de
zonas
verdes. La
constructora
también
soterraría
el último
tramo de la
M-30,
culminando
así el
trazado del
paseo
ribereño de
Madrid Río.
FCC
costearía
las obras,
incluidas
las de La
Peineta, con
la venta de
las
viviendas
(el gasto
previsto era
de 218
millones,
más otros 41
millones por
la parcela).
El
Ayuntamiento
de Madrid no
aceptó la
propuesta
original del
Atlético, de
levantar
2.200 pisos,
con dos
torres de 30
plantas,
otras tres
de 19 y la
desaparición
de un
instituto.
La versión
original se
rebajó a
unas 1.600
viviendas,
con torres
de 17 pisos,
muy por
encima del
máximo legal
de la ley
regional.
El Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid (TSJM)
se ha
pronunciado
varias veces
contra el
proyecto
urbanístico
del
Manzanares.
El TSJM
detuvo la
operación
del Calderón
en enero de
2012, pero
el Tribunal
Supremo
anuló la
sentencia en
octubre de
2014 y
obligó a
repetir el
proceso. El
TSJM tomó en
cuenta el
pasado abril
las
disposiciones
del Supremo
y examinó,
además, el
cambio
legislativo
aprobado por
el Gobierno
regional en
2013 para
intentar
salvar el
plan.
La
conclusión a
la que llegó
fue que el
cambio legal
podría no
ser
suficiente
(de ahí la
intención de
Cifuentes de
formular una
nueva ley).
El Ejecutivo
de Ignacio
González
(PP)
introdujo en
abril de
2013 una
modificación
en el
proyecto de
Ley de
Patrimonio
Histórico
con la que
buscaba
desbloquear
la principal
operación
inmobiliaria
en la
almendra
central de
la capital y
otras, como
la
ampliación
hacia el
norte del
paseo de la
Castellana.
No tuvo
éxito.
El TSJM
tumbó el
pasado abril
el proyecto
de 2009 del
Ayuntamiento
y sembró
muchas dudas
sobre el
plan
municipal de
julio de
2014 —una
revisión de
los
proyectos
anteriores—
de derribar
el Calderón
y hacer dos
rascacielos
gemelos de
36 pisos y
ocho bloques
de hasta 22.
De nuevo, al
entender que
era
incompatible
con la ley
del suelo
regional.
El pasado
enero se
anunció el
desbloqueo
de la
Operación
Chamartín,
diseñada por
el BBVA para
soterrar las
vías de la
estación del
mismo
nombre,
prolongar el
paseo de la
Castellana
3,7
kilómetros y
construir
17.000
pisos, cuya
venta
sufragará
las obras.
La inversión
sería de
6.000
millones. El
primer plan
urbanístico
de para
Chamartín
fue aprobado
en 2011 por
el
Ayuntamiento.
Un estudio
de
arquitectos
lo recurrió
ante la
justicia.
Como en el
caso del
Calderón, el
TSJM lo
anuló en
2013 porque,
entre otras
razones,
proyectaba
edificios
muy por
encima de
las cuatro
alturas
fijadas en
la ley del
suelo de
Aguirre. Los
promotores
elaboraron
un nuevo
plan
solventando
a su
entender los
obstáculos
judiciales.
El
inconveniente
que se
encontraron
es que Ana
Botella (PP)
no lo dejó
aprobado en
la anterior
legislatura.
La actual
regidora,
Manuela
Carmena
(Ahora
Madrid),
solo se ha
comprometido
a “estudiar”
el plan para
Chamartín.
De “atentado
contra el
medio
ambiente” a
“colmenas”
del PSOE
El Ejecutivo
de Esperanza
Aguirre
defendió el
tope de
cuatro
alturas para
“acabar con
un urbanismo
que ya no se
corresponde
con el
desarrollo y
con las
aspiraciones
de calidad
de vida
actual de la
sociedad
madrileña”.
Su
aprobación
abrió un
nuevo frente
con el
Gobierno de
José Luis
Rodríguez
Zapatero
(PSOE).
Carme
Chacón,
entonces
ministra de
Vivienda,
calificó la
limitación
de “atentado
contra el
medio
ambiente y
la calidad
de vida de
los
madrileños”.
Antonio Beteta, actual secretario de Estado de Administraciones Públicas y en aquel momento portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, defendió el cambio en la ley argumentando que su partido era contrario a “las colmenas que tanto gustan al PSOE” y que así “todos los ciudadanos de Madrid podrán vivir en casas como la que tiene el señor Caldera [exministro de Trabajo] en Las Rozas, o como la de Solbes [exministro de Economía] en Majadahonda”.
El PP aprobó
en solitario
la
limitación
de alturas
en verano de
2007,
afectando a
cualquier
desarrollo
de la
Comunidad de
Madrid que
no tuviera
aprobada su
planificación
urbanística
previamente.
Es decir,
que todos
los
proyectos
que ya
contaran con
el visto
bueno
municipal,
aunque fuera
provisional,
quedaban
exentos.
Además,
Aguirre
incluyó la
siguiente
excepción:
que los
Ayuntamientos
pudiesen
“autorizar”
la
construcción
de
“edificios
singulares
cuando
concurran
circunstancias
especiales
debidamente
apreciadas y
motivadas”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/06/madrid/1441568235_031727.html
EL CURSO
ESCOLAR
ARRANCA EN
LA PÚBLICA
CON 2.600
DOCENTES
MENOS QUE EN
2010
La Comunidad
se gastará
un 15% más
en becas,
pero la
mayor parte
se destina
al pago de
las
prácticas de
FP Superior
Las
universidades
de la
comunidad
pierden
1.243
profesores
en tres años
El consejero
de
Educación,
Rafael van
Grieken,
anunció ayer
que este
curso habrá
525 docentes
más en la
enseñanza
pública que
el año
anterior,
pero el
sistema
arrastra un
déficit de
2.600 plazas
que se han
perdido en
los últimos
cinco años.
Se ha pasado
de 50.938
maestros y
profesores
en el curso
2009-2010 a
48.344 en el
2015-2016.
Mientras, el
sector
privado,
ahogado en
la crisis, y
el
concertado,
sufragado
con fondos
públicos,
han
aumentado su
plantilla en
1.660
profesores
en un
lustro.
Según los
cálculos de
Van Grieken,
se van a
convocar
5.000 plazas
de
profesorado
en cuatro
años. Este
incremento,
explica, se
debe a que
la nueva ley
educativa
oferta
nuevas
asignaturas
como
Programación.
El consejero
no cita a
Ciudadanos,
que obligó
en su
acuerdo de
Gobierno a
que hubiese
500
profesores
más al
terminar la
legislatura.
Isabel
Galvín,
secretaria
de Enseñanza
de CC OO de
Madrid,
estima que
la cifra
anunciada
por Van
Grieken es
“muy
insuficiente”,
pues según
sus cálculos
en cuatro
años se
jubilarán
7.000
profesores,
suponiendo
una gran
merma para
“una
plantilla
muy
envejecida”.
Galvín
reclama
14.000
plazas
nuevas.
La
plantilla,
con más
alumnos por
clase, se ha
visto
lastrada por
la tasa de
reposición
del
Ministerio
de Hacienda,
que desde
2012
permitió
remplazar
solo a uno
de cada 10
jubilados.
En 2015 se
está
sustituyendo
al 50% y en
2016 serán
todos. Y el
recorte en
presupuestos
provocó que
se cerrasen
clases de
refuerzo y
de
integración
o que
desapareciese
el desdoble
de los
grupos en
idiomas.
El Gobierno
va a gastar
en becas y
ayudas al
estudio 91,5
millones de
euros, 11,9
millones más
(15%) que en
2014. La
mayor parte
de la subida
se la llevan
las becas de
prácticas de
FP Superior
(que se
duplican
hasta los 22
millones)
como prevé
la ley. Se
mantienen
igual las
ayudas de
guardería
(34
millones) y
de comedor
(27
millones). Y
sube un 34%
el programa
de préstamo
de libros
(hasta 8,2
millones) y
ayudas al
transporte
(272.000).
Los seis
campus
públicos
perdieron
también
1.243
profesores
en tres
años. Ayer
sus
rectores, en
compañía de
la
presidenta
regional
Cristina
Cifuentes,
inauguraron
el curso
universitario.
Cifuentes se
comprometió
a diseñar un
plan
presupuestario
plurianual
para los
campus.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/07/madrid/1441651720_794938.html
CIFUENTES
PONE A SU
‘NÚMERO DOS’
AL FRENTE
DEL CANAL
Otros tres
consejeros
regionales
acompañarán
a Garrido en
el Consejo
de
Administración
de la
empresa
pública
encargada
del
suministro
de agua en
la región
El consejo
de
administración
de Canal de
Isabel II
Gestión,
sociedad
anónima
creada en
junio de
2012 y
encargada
del
suministro
de agua en
la región,
nombró ayer
presidente
de la
compañía a
Ángel
Garrido,
consejero de
Presidencia,
Justicia y
portavoz del
Gobierno
regional de
Cristina
Cifuentes
(PP).
La junta
general
extraordinaria
de
accionistas
aprobó, con
el voto en
contra de
los
representantes
del PSOE, el
nombramiento
por seis
años de los
nueve
miembros del
Consejo de
Administración
-antes eran
seis-, entre
los que
figuran
otros tres
consejeros
del
Ejecutivo:
Engracia
Hidalgo
(Economía,
Empleo y
Hacienda),
Pedro Rollán
(Transportes,
Vivienda e
Infraestructuras)
y Jaime
González
Taboada
(Medio
Ambiente,
Administración
Local y
Ordenación
del
Territorio).
También
entraron en
el Consejo
José Antonio
Díaz
Lázaro-Carrasco,
coordinador
general de
Medio
Ambiente del
Ayuntamiento
de Madrid
(Ahora
Madrid);
David Pérez
(PP),
alcalde de
Alcorcón y
presidente
de la
Federación
Madrileña de
Municipios;
y tres
independientes.
Garrido
releva a
Salvador
Victoria,
número dos
del anterior
presidente
regional,
Ignacio
González.
Reiteró el
compromiso
electoral de
Cifuentes de
mantener la
titularidad
pública del
100% del
Canal. La
dirigente de
Madrid
renunció de
forma
expresa en
su pacto de
investidura
con
Ciudadanos a
la
privatización
que
pretendían
sus
predecesores.
El Gobierno
regional se
propuso la
privatización
parcial del
Canal (49%)
en 2008, con
Esperanza
Aguirre como
presidenta
de Madrid
(2003-2012).
El objetivo
era sacar a
Bolsa casi
la mitad del
accionariado
de una de
las empresas
públicas más
rentables en
febrero de
2012 y
lograr unos
ingresos de
más de 1.050
millones. La
crisis
truncó el
plan.
El Canal de
Isabel II
Gestión está
participado
en un 82,4%
por el ente
público
Canal de
Isabel II y
el 17,6%
restante por
111 de los
179
municipios
que hay en
Madrid. En
2014 tuvo
unos
beneficios
de 225,6
millones de
euros, 26
millones más
(11,5%) que
en 2013
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/09/madrid/1441828703_168719.html
EL CONSEJO
CONSULTIVO
SE CIERRA
POR “UNA
CUESTIÓN DE
OPORTUNIDAD
POLÍTICA”
El Gobierno
regional
calcula que
la supresión
de la
institución
supondrá un
ahorro de
3,6 millones
de euros
Cifuentes
pretende
reemplazarlo
por la
Comisión
Jurídica
Asesora, un
organismo de
nueva
creación
formado por
letrados
funcionarios
con 10 años
de
antigüedad
La Abogacía
General de
la Comunidad
de Madrid
reconoce que
el cierre
del Consejo
Consultivo,
cuya función
es emitir
dictámenes
para el
Ejecutivo
autónomo y
donde los
expresidentes
autonómicos
tienen
garantizado
un puesto
vitalicio
remunerado
con 5.500
euros netos
mensuales,
se debe a
“una
cuestión de
oportunidad
política”.
El Gobierno
de Cristina
Cifuentes
(PP)
justifica la
supresión
del Consejo,
que supondrá
un ahorro de
3,6 millones
de euros,
aludiendo al
“marco de
austeridad y
contención
del gasto
público”.
PSOE,
Podemos y
Ciudadanos
también
coinciden en
eliminar el
Consejo.
El Gobierno
regional
remitió ayer
a la
Asamblea de
Madrid el
proyecto de
ley para
suprimir el
consejo. El
documento no
hace la
mínima
mención a
los
expresidentes
regionales
Joaquín
Leguina
(PSOE),
Alberto
Ruiz-Gallardón
e Ignacio
González,
ambos del
PP.
Esperanza
Aguirre, que
creó el
consejo en
2007, es la
única
exdirigente
de Madrid
que rechazó
ocupar un
asiento en
el
organismo.
El sueldo de
los 11
miembros del
consejo
—nueve
vinculados
al PP y el
resto al
PSOE— es de
8.500 euros
brutos
mensuales
(5.500
netos),
coche
oficial y un
asistente.
Lo corriente
es que se
reúnan una
vez por
semana
—suele ser
los
miércoles—
en su sede
de la Gran
Vía, cuyo
alquiler
concluye en
2016.
El informe
de la
Abogacía
General de
la Comunidad
de Madrid,
del pasado
31 de
agosto,
respalda la
intención
del
Ejecutivo de
Cifuentes de
suprimir el
consejo, ya
que la
Comunidad de
Madrid goza
de “la
potestad de
autoorganización
(...), sin
que quepa
hacer
reproche
jurídico
alguno”.
La intención
de Cifuentes
es
reemplazarlo
por un
organismo de
nueva
creación, la
Comisión
Jurídica
Asesora de
la Comunidad
de Madrid,
dentro de la
Abogacía
General
autonómica.
La futura
institución
ejercería
sus
funciones
con
“autonomía
jerárquica,
orgánica y
funcional”.
Estaría
compuesta
por entre
seis y diez
miembros.
El Gobierno
regional
nombraría
por decreto
a los
vocales a
propuesta
del
consejero de
Presidencia
y Justicia y
número dos
de
Cifuentes,
Ángel
Garrido
—también es
el portavoz
del Gobierno
y presidente
del Canal—,
entre
letrados de
la Comunidad
de Madrid
que sean
funcionarios
de carrera
con más de
10 años de
antigüedad.
Deberán
estar
adscritos a
la Abogacía
General
madrileña.
El
presidente
de la
Comisión
Jurídica
Asesora
sería
nombrado por
decreto,
tras ser
elegido de
entre los
vocales y a
propuesta de
estos. Los
vocales
desempeñarían
su función
por periodos
de seis
años, y
podrían
volver a ser
nombrados
por periodos
sucesivos de
la misma
duración.
También
podrían ser
cesados.
La creación
de la
Comisión
Jurídica
Asesora no
implica un
incremento
de los
puestos de
trabajo ni
de la
plantilla
del personal
de la
Comunidad:
sus
funciones
las
asumirían
los
funcionarios
del cuerpo
de letrados
de Madrid,
que se
adscriben a
la Abogacía
General. Y
tampoco
supondría un
aumento del
gasto
público
porque los
vocales de
la comisión
“no
percibirán
indemnizaciones
ni dietas”
por la
asistencia a
las sesiones
del órgano.
El
Parlamento
abordará la
supresión
del Consejo
Consultivo
en octubre,
ya que no
dará tiempo
a tratarlo
en el pleno
de la semana
que viene,
el único
previsto
este mes. La
oposición no
podrá
presentar
enmiendas a
la propuesta
del PP, de
lectura
única y con
artículo
único.
Cifuentes
gobierna en
minoría con
48 de los
129
diputados de
la Cámara,
gracias al
pacto de
investidura
con
Ciudadanos
(17
escaños). El
PSOE cuenta
con 37
parlamentarios
y Podemos
con 27, lo
que les deja
a un escaño
de la
mayoría
absoluta,
que el PP sí
alcanza con
el apoyo del
partido de
Albert
Rivera.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/07/madrid/1441655653_870847.html
CIFUENTES
VUELVE A
PONER LA
‘BOCA
PEQUEÑA’
CUANDO LE
PREGUNTAN
POR SUS
ASPIRACIONES
POLÍTICAS
Responde con
un
"rotundamente
no" a si
aspira a la
Presidencia
del
Gobierno,
como antes
negó que
'soñara' con
la Alcaldía
o el
Gobierno
regional
Cristina
Cifuentes ha
respondido
con un
“rotundamente
no, bajo
ningún
concepto” a
la pregunta
de si aspira
a ser una
futura
candidata a
la
Presidencia
del Gobierno
de la
nación, en
una
entrevista,
este domingo
en El País,
en la que ha
negado que
con sus
actuaciones
pretenda
“retar” a
Mariano
Rajoy. Sin
embargo, la
actual
presidenta
madrileña
negó en el
pasado que
aspirara a
la Alcaldía
o al
Gobierno
regional,
por lo que
no habrá que
dar nada por
sentado.
“Si no estoy
de acuerdo,
lo voy a
decir”
Cifuentes ha
asegurado
que “ni ha
retado” a
Mariano
Rajoy ni
aspira a
retar “a
nadie”. Eso
sí, ha
añadido que
“puede haber
puntos
concretos en
los que si
no estoy de
acuerdo lo
voy a decir
y puede
haber
cuestiones
también en
las que,
aunque el
Gobierno de
la nación
sea del PP,
yo voy a ser
reivindicativa,
como por
ejemplo, en
la demanda
de una mejor
financiación
para
Madrid”.
Su rebelión
con la
sanidad para
los sin
papeles
Sobre su
decisión de
devolver la
sanidad a
los
inmigrantes
sin papeles,
desobedeciendo
al Gobierno,
Cifuentes ha
insistido en
que no se
trató de
“ningún
reto”. ” Lo
que dije era
bastante
parecido a
lo que dijo
el ministro
Alonso, a lo
que hacen
sin decirlo
en Galicia,
gobernada
por el PP, a
lo que de
facto se
estaba
haciendo en
muchos casos
en Madrid”,
justifica.
También negó
que aspirara
a los
gobiernos de
Madrid
Cristina
Cifuentes ha
asegurado
que prefiere
“que no le
le
pregunten”
si aspira a
ser a
presidenta
del
Gobierno, y
que, aunque
el partido
se lo
pidiese, “no
contempla
esa
posibilidad”.
“Tengo ahora
una
responsabilidad
abrumadora.
Dedico mi
vida a esto,
vivo aquí…
No me
planteo otra
cosa”, ha
añadido. En
varias
ocasiones,
como en esta
entrevista
en Antena 3
con Susana
Griso, negó
que
“estuviera”
en las
quinielas
para la
Alcaldía o
la Comunidad
de Madrid.
“No me lo
planteo”,
dijo
entonces.
http://www.elplural.com/2015/09/06/cifuentes-vuelve-a-poner-la-boca-pequena-cuando-le-preguntan-por-sus-aspiraciones-politicas/
LA LISTA DE
CIFUENTES:
LOS QUE
TENDRÁN QUE
DESFILAR POR
LA COMISIÓN
DE
INVESTIGACIÓN
De la
presidenta
del
Parlamento a
consejeros y
otros altos
cargos... el
PP de Madrid
que tendrá
que pasar la
prueba del
algodón en
la Asamblea
El PP de
Madrid está
en el centro
de todas las
tramas
corruptas
que han
salido a la
superficie
desde hace
años. Lo
estuvo en la
Gürtel.
Ahora lo
está en la
Púnica. Pero
a esos
‘macro
casos’ hay
que añadir
casos
específicos
de
corruptelas
de la
Comunidad y
el propio
‘saqueo’ que
han sufrido
las arcas
públicas en
proyectos
nebulosos
que han
provocado su
vaciado.
Cuando
Cifuentes
negoció con
Ciudadanos
el acuerdo
de
legislatura,
se
comprometió
a ‘limpiar’
las
instituciones
de los
miembros de
su partido
que pudieran
estar
implicados
en estos
temas (en
una
entrevista
en un diario
nacional,
este domingo
insistía en
su
predisposición
a facilitar
todo tipo de
investigaciones
parlamentarias).
Sin embargo,
el listado
de altos
cargos y
diputados
autonómicos
activos que
con mucha
probabilidad
serán
llamados a
las
comisiones
de
investigación
que ha
aprobado
abrir la
Asamblea, si
Ciudadanos
cumple sus
exigencias
con el PP
para apoyar
el Gobierno,
va a dejar
en evidencia
que ‘la
limpieza’
con la que
se
comprometió
la
presidenta
de Madrid no
ha tenido
lugar en
absoluto..,
o ha sido
más un
maquillaje
superficial
que otra
cosa.
La comisión,
por el
acuerdo de
los Grupos
Parlamentarios,
se centraría
en las dos
últimas
legislaturas.
Los últimos
8 años. Los
de Esperanza
Aguirre e
Ignacio
González en
la
presidencia
del
Gobierno…
Pero
también, y
aquí el
problema
para
Cifuentes si
Ciudadanos
cumpliera a
rajatabla su
política de
exigencia de
manos
limpias, los
años en los
que ella
presidía el
Comité de
Garantías y
de Derechos
del PP
madrileño .
Es decir,
era la mujer
que hubiera
debido
‘conocer’ lo
que pasaba
en su
partido, y
actuar ante
ello.
Para
empezar, su
Gobierno
Quizás los
casos más
problemáticos
para
Cifuentes
sean los de
Engracia
Hidalgo, la
Consejera de
Economía y
Hacienda, y
sobre todo,
el de Jaime
González
Taboada,
consejero de
Medio
Ambiente,
Administración
Local y
Ordenación
del
Territorio y
número tres
del
Ejecutivo.
Hidalgo
tendrá que
dar
explicaciones
por los
gastos de la
Comunidad en
sus años
como
Consejera de
Hacienda.
Pero
también,
según se ha
visto en el
sumario de
la trama
Púnica, y
apuntó
Infolibre.es,
porque
durante sus
años como
Consejera de
Familia y
Asuntos
Sociales, se
hicieron
concesiones
a una de las
empresas
relacionadas
con David
Marjaliza,
Aser, que
pasaron de
ser poco más
de 480.000
euros en
2007 a más
de 11
millones de
media en los
años
siguientes.
González
Taboada está
igualmente
involucrado
en la trama
Púnica. La
UCO
investiga, y
esto ya era
conocido
cuando tomó
posesión de
su actual
cargo como
consejero,
los
contratos de
la empresa
pública
Arpegio,
encargada de
gestionar el
suelo
público de
la
Comunidad,
con Waiter
Music, la
constructora
DICO y
Aranan
Gestión
Patrimonio
Inmobiliario.
Tres
empresas del
grupo
Marjaliza,
que implicó
a González
Taboada en
las
adjudicaciones
que
favorecieron
a sus
empresas.
No son los
únicos.
Carmen
González,
actual
Viceconsejera
de
Educación,
fue antes de
Cultura y
Turismo. Y
más allá de
sus
comentarios
disparatados,
como el de
“derecho a
la
ignorancia”
de los
gitanos, o
que, por su
mentalidad,
“un chaval
marroquí de
15 años” que
viene a
España no
puede ser
escolarizado
“porque él
ha venido a
trabajar”,
se vio
envuelta en
‘el caso
Aneri’, el
de los
cursos de
formación.
Los
diputados
que tendrán
que declarar
El mismo
caso Aneri
debiera
llevar ante
la Comisión
de
Investigación
a la propia
presidenta
de la
Asamblea,
Paloma
Adrados.
Mujer que
reúne en su
persona ser
una de las
grandes
amigas de
Cristina
Cifuentes en
el PP
madrileño,
pero que
como
exalcaldesa
de Pozuelo,
y, aún más,
como
decimos, por
el caso
Aneri, ya
que fue la
consejera de
Empleo y
Mujer en el
Gobierno de
Aguirre
entre 2007 y
2011, deberá
ser
convocada
por la
comisión de
investigación.
Y tras ella,
llama la
atención la
figura del
jefe del
Grupo
Parlamentario
del PP,
Enrique
Ossorio. Un
veteranísimo
que tendría
dar
explicaciones
ante la
comisión de
la
disparatada
deuda de la
Comunidad,
ya que, como
decía a
ELPLURAL.COM
otro
veterano del
partido, “es
quien como
Consejero de
Economía ha
controlado
durante años
todo el
dinero que
se movía en
Madrid..,
era quien
hacía y
deshacía en
los
presupuestos..,
realmente
tenía todo
el poder”.
Un capítulo
aparte para
Elena
González
Moñux,
portavoz
adjunta de
Ossorio,
también
podría verse
incluida en
la lista de
políticos
convocados.
Última
consejera de
Justicia,
antes como
viceconsejera,
(más allá
del oscuro
asunto de la
desaparición
de un cuadro
que estaba
en su
despacho en
la Junta
Municipal de
Fuencarral)
el
despilfarro
de la Ciudad
de la
Justicia
merecería
que se
explicara…
Pero entre
los
diputados de
‘a pie’
también hay
otros
cuantos
casos. Un
ejemplo,
Anabel
Mariño, la
que era
Consejera de
Empleo
cuando
estalló en
caso Aneri.
Ignacio
García de
Vinuesa,
alcalde de
Alcobendas,
cuyo
ayuntamiento
aparece
entre los
contaminados
por la
Púnica.
Antonio
González
Terol, edil
de Boadilla,
que tendrá
que explicar
contratos de
su
ayuntamiento
en con
empresas de
Marjaliza. Y
aún
Bartolomé
González, el
alcalde de
Alcalá de
Henares,
envuelto en
contratos
con Cofeli,
o sea,
operación
Púnica.
O Regina
Plañiol, la
mujer que
sustituyó a
Francisco
Granados
como
Consejera de
Presidencia,
Jusitica e
Interior,
que tendría
que explicar
la
continuidad
de algunos
proyectos
como la de
la
construcción
de la Ciudad
de la
Justicia, o
el plan
Prisma, el
Programa
Regional de
Inversiones
y Servicios
de Madrid. O
José Ignacio
Echeverría,
que fue el
anterior
presidente
de la
Asamblea,
pero antes
Consejero de
Transportes,
y como tal
responsable
de algunos
proyectos
que han
vaciado las
arcas
madrileñas
en gastos
más que
dudosos,
como el
Metro ligero
de Pozuelo.
En fin,
incluso
Cristina
Cifuentes
podría ser
citada para
explicar su
aparición en
el sumario
de la
Púnica, y
también su
no muy
claramente
explicada
relación en
Twitter con
uno de los
cabecillas
de la trama,
Alejandro de
Pedro .
http://www.elplural.com/2015/09/06/la-lista-de-cifuentes-los-que-tendran-que-desfilar-por-la-comision-de-investigacion/
CIFUENTES:
“NO HE
RETADO A
RAJOY PERO
SI NO ESTOY
DE ACUERDO
VOY A SER
REIVINDICATIVA”
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid
contesta con
un "no,
rotundamente
no" a la
posibilidad
de optar en
el futuro
como
candidata
del PP a La
Moncloa
Cristina
Cifuentes
(Madrid,
1964)
acababa de
ver el
jueves
pasado la
camilla de
urgencias
del hospital
de La Paz en
la que en
agosto de
2013 le
salvaron la
vida tras un
accidente de
moto. Desde
entonces
vive “ligera
de
equipaje”,
más libre.
Ahora es la
presidenta
de Madrid
con apoyo de
Ciudadanos.
No se
considera el
nuevo PP,
dice
“rotundamente
no” a ser
una futura
candidata a
la
presidencia
del Gobierno
de la nación
y niega que
haya retado
con sus
políticas a
Mariano
Rajoy, pero
sí que no va
a dejar de
ser
reivindicativa.
Pregunta.
¿Se
considera
usted el
nuevo PP?
Respuesta.
¿El nuevo
PP? Yo
milito aquí
desde que
éramos
Alianza
Popular. Sí
creo que
todos en el
PP y en la
política en
general
tenemos que
tener una
actitud un
poco
diferente
respecto a
la política,
el ciudadano
y cuál debe
ser nuestra
función.
P. Pero en
un futuro
escenario
nacional sin
mayorías y
usted ya ha
hecho ‘el
ensayo
general’ de
un pacto con
un aliado
natural...
R. En Madrid
estamos
demostrando
que el PP
puede
pactar,
llegar a
acuerdos y
gobernar en
minoría con
apoyo de
otro
partido.
Hasta ahora
el PP estaba
acostumbrado,
sobre todo
en
comunidades
y
Ayuntamientos,
a gobernar
en mayoría o
no gobernar.
P. ¿Tiene
las manos
atadas, se
siente
obligada por
Ciudadanos?
R. Para
nada. Yo
estoy
obligada,
porque lo
asumí en su
momento, a
cumplir mi
programa y
el pacto con
Ciudadanos,
pero en el
día a día no
estoy
obligada a
nada.
P. Pero
tiene que
deshacer
leyes de
Gobiernos de
su partido.
R. Eso no es
problema,
porque
asumí,
incluso
antes de ser
elegida, que
la herencia
en términos
generales es
muy buena.
Pero también
que había
cosas que
quería hacer
de manera
diferente,
que quería
cambiar y
cosas que
hay que
mejorar. Me
han elegido
para eso, no
para
conformarme.
P. ¿Está
usted
planteando
desafíos a
políticas de
Mariano
Rajoy?
R. Ni lo he
retado a él
ni voy a
retar a
nadie. Pero
puede haber
puntos
concretos en
los que si
no estoy de
acuerdo lo
voy a decir
y puede
haber
cuestiones
también en
las que,
aunque el
Gobierno de
la nación
sea del PP,
yo voy a ser
reivindicativa,
como por
ejemplo, en
la demanda
de una mejor
financiación
para Madrid.
P. ¿Y al
adelantarse
al devolver
la sanidad a
los sin
papeles?
R. No fue
ningún reto.
Lo que dije
era bastante
parecido a
lo que dijo
el ministro
[Alfonso]
Alonso, a lo
que hacen
sin decirlo
en Galicia,
gobernada
por el PP, a
lo que de
facto se
estaba
haciendo en
muchos casos
en Madrid.
“No descarto
que Aguirre
opte a
presidir el
PP en
Madrid”
P. ¿No se ve
usted en las
antípodas
del
candidato
para
Cataluña,
Xavier
García
Albiol?
R. Somos un
partido de
centro
derecha y
nuestro
electorado
es
amplísimo.
En algunas
cosas
tenemos
diferencias
de
opiniones.
Todos
tenemos que
sentirnos
cómodos
dentro del
PP y yo me
siento
comodísima.
No es un
problema.
P. ¿Y está
de acuerdo
con la
reforma del
Tribunal
Constitucional
que aborda
su partido?
R. Es
interesante
y lógico que
se dote de
mecanismos
al
Constitucional
para que sus
sentencias
se cumplan.
Se ha
criticado la
forma. Es
discutible.
Lo que se
está
haciendo es
abrir el
debate.
P. ¿Irá la
campaña
catalana?
R. Por
supuesto que
sí.
P. ¿Ve
alguna vía
para salir
del desafío
catalán?
R. Yo no
concibo a
España sin
Cataluña. No
traería nada
bueno. Pero
echo en
falta que en
esta
precampaña
no se habla
de los
problemas de
los
catalanes.
Hay muchos
catalanes a
los que les
preocupa la
independencia,
pero no creo
que sea la
mayoría.
Calculo que
a menos de
un 20%, y,
sin embargo,
parece que
están
queriendo
decidir por
el resto.
Por eso creo
que hace
falta un
alta
participación
y que la
gente vote
buscando un
modelo de
Gobierno y
un modelo de
gestión.
P. Se ve
como
candidata al
Gobierno de
la nación.
R.
Rotundamente
no, no y no,
bajo ningún
concepto…
P. Se lo
preguntaban
a la
vicepresidenta
del Gobierno
el otro
día...
R.
Fenomenal,
que se lo
pregunten a
la
vicepresidenta,
al
presidente
de
Galicia…Yo
prefiero que
no me lo
pregunten.
P. Y si el
partido se
lo pide...
R. No
contemplo
esa
posibilidad.
Tengo ahora
una
responsabilidad
abrumadora.
Dedico mi
vida a esto,
vivo aquí...
No me
planteo otra
cosa.
P. ¿Ha
sentido
incomodidad
en el pacto
con
Ciudadanos?
¿Ha tenido
que recurrir
a Albert
Rivera? ¿Le
han dado un
toque desde
la plana
mayor del
PP?
R. A las
tres
respondo no.
Albert
Rivera es
amigo mío
desde hace
años y con
él hablo,
pero nunca
de eso. Y
nunca nadie
del PP me
llamó para
decirme ‘por
aquí sí o
por aquí no
o estás
pasando esta
línea’ . Y
nunca me he
sentido
incómoda,
pero sí que
es verdad
que aquí se
han pedido
cosas que en
Andalucía
no. Por
ejemplo, se
ha pedido
una
auditoría de
la gestión
de los
últimos ocho
años, y en
Andalucía,
con lo que
tienen de
los ERES,
no.
P. ¿Está
Madrid
preparada
para acoger
a refugiados
sirios?
R. Por
supuesto,
pero creo
que desde
los
Gobiernos
populistas
de Podemos
en Barcelona
y Madrid se
está
haciendo
mucha
demagogia.
Madrid va a
ejercer la
solidaridad
como lo ha
hecho
siempre,
pero dentro
de una
política de
Estado
fijada por
el Gobierno
dentro de un
marco
europeo.
Cualquier
otra cosa es
pura
demagogia,
la
palabrería
habitual.
Cristina
Cifuentes es
una
excepción en
el PP.
Preside la
Comunidad
pero el
partido
sigue en
manos de
Esperanza
Aguirre.
Pregunta.
¿La
presidenta
de la
Comunidad
debe ser la
presidenta
del partido
en Madrid?
Respuesta.
Con carácter
general, en
el 99% de
los casos
suele
coincidir.
Madrid es
una
excepción.
Más allá de
quién va a
ser
presidente
del partido,
me preocupa
que hay que
revitalizar
el partido
en Madrid.
P. ¿No lo
tiene más
complicado
para
controlar el
partido?
R. No tengo
intención de
controlar
nada. Lo que
quiero es
que las
estructuras
del partido
se sientan
fortalecidas,
ir todos en
la misma
dirección.
P. ¿Optará a
la
presidencia
del partido
en Madrid?
R.
Sinceramente,
no lo sé. No
lo descarto
pero no lo
he decidido.
Lo que
parece, y
digo parece
porque ella
lo ha dicho,
es que
Esperanza
Aguirre no
se volverá a
presentar.
Si no lo
hace
entonces ya
veremos
P. Usted no
descarta que
se vaya a
presentar
Aguirre
R. No lo
descarto.
P. ¿Hay una
causa
general
contra los
Gobiernos de
Aguirre e
Ignacio
González?
R.
Absolutamente.
Voy a
colaborar
con
cualquier
comisión de
estudio o
investigación
que plantee
la Asamblea
de Madrid, a
cumplir sus
mandatos.
Pero eso no
quita que yo
piense que
se ha
abierto una
causa
general por
los tres
grupos de la
oposición
contra los
gobiernos
del PP y eso
es muy
negativo.
P. ¿Se
resiste a
perder el
control de
Telemadrid?
R. ¡Perder
el control
de
Telemadrid!
No pierdo el
control de
Telemadrid,
porque nunca
la he
controlado
ni quiero
hacerlo.
P. ¿Le ha
llamado
alguno de
los
expresidentes
de la
Comunidad
que
trabajaban
en el
Consejo
Consultivo y
que usted ha
cerrado?
R. Bueno, sí
he hablado
con alguno.
Claro,
alguno se ha
quejado. Y
me parece
bien.
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/05/actualidad/1441405501_549529.html
CIFUENTES
ARREMETE
CONTRA LA
“CAUSA
GENERAL” DE
LA ASAMBLEA
SOBRE
AGUIRRE Y
GONZÁLEZ
La
presidenta
regional
cree que hay
un interés
de la
oposición de
desprestigiar
al PP con
vistas a las
elecciones
generales
La
presidenta
regional,
Cristina
Cifuentes,
ha cambiado
el tono de
juego limpio
que había
mantenido
desde que la
oposición
registrara
la creación
de una
comisión de
investigación
en la
Asamblea de
Madrid. Ayer
acusó a los
tres
partidos
(Ciudadanos,
Podemos y
PSOE) de
unirse para
“deteriorar
la imagen
del PP en
las
elecciones
generales”
que se
celebrarán a
finales de
año.
Recriminó a
esas
formaciones
que estén
intentando
hacer un
juicio
paralelo a
la
instrucción
que están
llevando a
cabo los
jueces en
algunos
casos de
corrupción.
La comisión
de
investigación,
presidida
por
Ciudadanos,
comenzará a
funcionar en
octubre,
tras la
elección de
sus
miembros. El
grupo del
que es
portavoz
Ignacio
Aguado
quiere
analizar
casos como
Gürtel, la
trama
Púnica, los
contratos
del servicio
de atención
telefónica
del Canal de
Isabel II y
la Ciudad de
la Justicia,
entre otros.
El portavoz
del
Ejecutivo y
consejero de
Presidencia
y Justicia,
Ángel
Garrido,
mantuvo el
pasado lunes
que desde el
Gobierno
regional se
veía bien la
comisión de
investigación
y que una de
las apuestas
que había
defendido
Cifuentes
desde su
llegada al
cargo era la
de
“transparencia
total”. De
hecho,
expresó que
ellos eran
los primeros
interesados
en que se
conocieran
los posibles
casos de
corrupción y
de
despilfarro
del dinero
público.
Pero algo ha
pasado desde
el lunes
hasta ayer,
porque la
presidenta
regional
endureció su
discurso.
Empezó su
intervención
diciendo que
su grupo
político, el
PP, aceptaba
la comisión
de
investigación
y que, si se
lo pedían,
comparecerían
en ella.
Pero
conforme iba
hablando su
talante se
fue haciendo
más
beligerante.
Acusó a la
oposición de
abrir “una
causa
general”
contra el PP
cuando
muchos de
los casos
que está
planteando
la oposición
están bajo
instrucción
judicial.
“Es la
justicia la
que tiene
que actuar y
solo pido
que lo haga
de una vez,
porque en
algunos
casos, como
en la
Gürtel,
llevan unos
10 años. No
me gustan
los juicios
paralelos”,
recalcó
Cifuentes
con tono
severo.
La parte más
crítica de
su
intervención
llegó justo
a renglón
seguido,
cuando acusó
a los tres
partidos de
intentar
dañar la
imagen del
PP con
vistas a las
elecciones
generales. Y
dedicó
especial
atención al
grupo de
Podemos:
“Estos ya
anticiparon
incluso los
resultados
cuando
registraron
la propuesta
de creación
de la
comisión.
Están
prejuzgando
el resultado
antes de que
se
produzca”.
“Lo que
vamos a
hacer es
dedicarnos a
tomar
medidas y
buscar
soluciones
para los
problemas
que tienen
los
madrileños,
que es para
lo que nos
han
elegido”,
afirmó
Cifuentes, y
mantuvo que
seguirá con
“la
transparencia
que ha
caracterizado”
a su
Gobierno.
Recordó que
uno de los
puntos del
pacto de
gobernabilidad
firmado con
Ciudadanos
incluye la
elaboración
de una
auditoría
para conocer
el estado de
la Comunidad
de Madrid.
La
presidenta
adelantó que
ha encargado
un informe a
los
servicios
jurídicos
regionales
para que
estudien
cuál es la
fórmula para
realizar
este
análisis y
si es
posible que
lo realice
una empresa
externa o
deben ser
los propios
servicios
oficiales.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/08/28/madrid/1440793031_464561.html
LA ASAMBLEA
ABRE UNA
CAUSA
GENERAL
CONTRA LA
ETAPA DE
AGUIRRE Y
GONZÁLEZ
Ciudadanos,
PSOE y
Podemos
ultiman la
composición
de las
comisiones
de
endeudamiento
y gestión
pública y de
corrupción
política
Los tres
grupos de la
oposición en
la Asamblea
de Madrid
iniciarán el
curso
político con
una ofensiva
contra la
corrupción y
el
despilfarro
injustificado
de los
Gobiernos de
Esperanza
Aguirre y de
Ignacio
González.
Ciudadanos,
PSOE y
Podemos
ultiman en
estas fechas
la
composición
de las
comisiones
de
endeudamiento
y gestión
pública y de
corrupción
política.
Casos como
el fraude en
los cursos
de formación
(el llamado
caso Aneri),
Gürtel,
Operación
Púnica y la
Ciudad de la
Justicia
serán
estudiados
en breve en
el
Parlamento
regional.
Las dos
comisiones
avanzarán de
manera
paralela,
aunque la
primera que
empezará a
trabajar,
previsiblemente,
será la de
endeudamiento
y gestión
pública. La
presidirá
Podemos y se
encargará de
ver qué
obras se han
acometido en
los últimos
12 años y la
justificación
de las
mismas. El
portavoz del
grupo de
Podemos,
José Manuel
López, pone
un ejemplo
de lo que se
disponen a
investigar:
el metro
ligero a
Pozuelo de
Alarcón y
Boadilla del
Monte, que
tuvo un
coste de 600
millones de
euros para
los
madrileños.
“Es el que
tiene el
nivel más
bajo de
usuarios de
toda España.
Se realizó
sin ningún
informe
técnico que
dijera que
era
necesario
ese tipo de
transporte
para ambas
localidades”,
explica.
La comisión
estudiará
todo el
proceso que
se siguió
hasta la
puesta en
funcionamiento.
Eso supone
que se
analizará
quién lo
decidió,
quién lo
licitó,
quién
ejecutó la
obra y quién
tiene la
concesión o
la
explotación
del
servicio.
Esta
comisión
abre con
unos planes
de trabajo
especialmente
amplios.
Piensa
abordar
todas y cada
una de las
grandes
obras o
concesiones
que hayan
hecho los
Gobiernos de
Aguirre y de
González.
Pero su
trabajo no
se va a
circunscribir
solo a
ellas. López
tiene en su
punto de
mira otros
sectores,
como
Informática
de la
Comunidad de
Madrid y
todos los
contratos
que ha
firmado esta
empresa
dependiente
de la
Consejería
de
Presidencia
y Justicia.
Plazo
ampliable
La comisión
que ha
impulsado
Ciudadanos,
con su
portavoz,
Ignacio
Aguado, a la
cabeza, es
la de
corrupción
política. Se
espera que
empiece a
funcionar a
mediados o
finales de
octubre. En
principio,
nace con un
año de
duración,
pero el
propio
Aguado no
descarta
ampliarlo si
surgen más
casos. Y su
previsión es
que vayan
saliendo
muchos y
variados
temas.
Aguado ya
está
barajando
temas que
antes o
después
tienen que
salir en
esta
comisión.
Destaca la
Operación
Púnica, el
mayor caso
de
corrupción
de
Ayuntamientos
de la
región, en
su mayoría
del PP.
“Tenemos a
dos personas
leyendo todo
el sumario y
escuchando
las
grabaciones
y hay mucho
material
para
analizar. No
queremos
hacer un
juicio
paralelo,
pero sí que
se depuren
las
responsabilidades
políticas de
todos los
que estén
detrás de
este caso,
sobre todo
de los que
sigan
ocupando un
cargo en la
Administración”,
destaca el
portavoz de
Ciudadanos.
“Igual
ocurre con
el caso
Gürtel,
sobre el que
no podemos
más que
investigar y
ver qué
perjuicios
ha causado a
la Comunidad
de Madrid”,
añade.
Otro caso
que el
partido de
Albert
Ribera
quiere
estudiar a
fondo es el
de los
cursos de
formación,
el llamado
caso Aneri.
El portavoz
cree que es
“un
auténtico
escándalo”
que nadie
haya
investigado
esa trama y
que “se haya
pasado de
puntillas”
en “un
escándalo de
tal
magnitud”.
Aguado no
descarta que
la comisión
que su grupo
presidirá
llame a
declarar a
los
expresidentes
y
exconsejeros
para que
expliquen su
actuación
política.
En este
reparto de
papeles
estarán
también muy
activos los
parlamentarios
del grupo
socialista,
con su
portavoz,
Ángel
Gabilondo,
al frente.
Fue él
precisamente,
recuerdan
fuentes
socialistas,
quien unió
las
propuestas
de Podemos y
de
Ciudadanos
para
presentar a
principios
de julio la
creación de
ambas
comisiones.
“Buscamos el
consenso y
que con
nuestras
aportaciones
se llegue a
una
iniciativa
coordinada”,
destacan
fuentes
socialistas.
El PSOE ha
adelantado
que los
temas que
más le
interesan en
estos
momentos son
el caso
Gürtel y la
Operación
Púnica. Eso,
con
independencia
de “todo lo
que vaya
surgiendo”.
“Estamos muy
interesados
en los
servicios
públicos y
en la
gestión que
se ha hecho
de ellos, en
especial de
la educación
y de la
sanidad.
Queremos ver
cómo se ha
llegado a
algunas
situaciones”,
afirman las
fuentes.
Ciudad de la
Justicia
López y
Aguado
tienen claro
que ambas
comisiones
trabajarán
de la mano.
De hecho,
todos los
procedimientos
sospechosos
que detecte
la primera
(la de
endeudamiento
y gestión
pública) los
pasará a la
de
corrupción
política
para que
profundice
en ellos.
“Hay casos
muy
sangrantes y
que
necesitan
ser
analizados
muy al
detalle,
como el
despilfarro
que se ha
generado con
la Ciudad de
la Justicia.
Ahí se han
gastado
millones sin
llegar nunca
a nada
claro.
Queremos
saber qué ha
pasado con
ese dinero,
con esos
proyectos, y
si alguien
se ha
quedado con
algo”,
afirma
Aguado.
El portavoz
de
Ciudadanos
también está
pendiente de
todos los
contratos
del Canal de
Isabel II,
la empresa
pública más
importante
de la
Comunidad de
Madrid. “Ya
estamos
detrás del
contrato que
quería
trasladar el
servicio de
atención al
cliente a
Perú. Suena
muy raro que
se haga por
un volumen
tan alto
unos meses
antes de que
acabe la
legislatura
y de que se
abra ante el
pliego de
condiciones
técnicas
antes que el
económico”,
afirma.
Aguado
también
tiene sobre
la mesa
otros casos
que son
“bastante
sangrantes”,
como el
hospital de
Collado
Villalba,
que estuvo
cerrado dos
años, o el
parque de
bomberos de
Valdemoro,
que está
recepcionado
por la
Comunidad de
Madrid desde
hace años.
El portavoz
del Gobierno
regional y
consejero de
Presidencia
y Justicia,
Ángel
Garrido,
explicó a EL
PAÍS que por
parte del
Ejecutivo
que preside
Cristina
Cifuentes no
hay “ningún
inconveniente”
en aportar
toda la
información
que
soliciten
sendas
comisiones.
“Es una
máxima de
Cifuentes,
que tiene
asumida todo
el Gobierno,
de máxima
transparencia.
Además, el
punto quinto
del pacto de
gobernabilidad
firmado con
Ciudadanos
recoge la
realización
de una
auditoría
externa
donde se
analice
todo”,
recordó
Garrido. “Si
hay alguien
especialmente
interesado
en que se
conozca la
verdad y se
persiga
cualquier
irregularidad,
es este
Gobierno
regional, al
que no le va
a temblar la
mano”,
añadió el
portavoz,
que también
mostró su
preocupación
por el uso
mediático de
las
comisiones
que se pueda
hacer en
periodo
electoral.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/08/24/madrid/1440450995_092999.html
CIFUENTES
RECUPERA A
UN HOMBRE
FUERTE DE
RUIZ-GALLARDÓN
PARA DIRIGIR
EL METRO DE
MADRID
Juan Bravo,
el que fuera
concejal de
Hacienda y
hombre
fuerte de
Alberto
Ruiz-Gallardón
en el
Ayuntamiento
de Madrid,
será
nombrado
consejero
delegado del
Metro.
El consejero
de
Transportes
de la
Comunidad de
Madrid,
Pedro Rollán,
que es el
presidente
de Metro de
Madrid,
presidirá el
próximo
martes día 1
de
septiembre
el consejo
de
administración
de la
empresa en
el que se
nombrará
consejero
delegado a
Juan Bravo,
el que fuera
edil del
Ayuntamiento
de Madrid.
La carrera
política de
Bravo ha
estado
ligada a la
del
exministro
Alberto
Ruiz-Gallardón,
con quién
fue
consejero de
Hacienda de
la Comunidad
de Madrid,
además de
subsecretario
de Justicia.
A su favor
está que
reordenó la
Hacienda
municipal,
pero por
contra
protagonizó
una subida
del IBI que
los
madrileños
tardarán
muchos años
en digerir.
También dejó
la deuda del
Ayuntamiento
en cifras
récord
debido a las
obras de la
M-30 que
dispararon
el
presupuesto
y la deuda
del
municipio
hasta cifras
no conocidas
nunca en la
historia de
la ciudad.
La carrera
de Bravo ha
estado
ligada a la
de
Gallardón,
con quién
fue
consejero de
Hacienda de
la
Comunidad,
además de
subsecretario
de Justicia
Sus broncas
con Manuel
Melis, el
ingeniero
cerebro de
la nueva
M-30, eran,
según dicen
en el
Ayuntamiento,
monumentales,
pues el
presupuesto
de la obra
se disparaba
constantemente.
El ingeniero
amenazaba
con
‘chivarse’
al alcalde
de que su
concejal
ponía trabas
a la
remodelación
de esa
carretera.
Licenciado
en Derecho,
y
funcionario
de la
Comunidad de
Madrid,
conoce el
Metro, pues
fue
consejero
durante una
de las
anteriores
legislaturas.
Además, fue
uno de los
bastiones de
Gallardón
cuando las
relaciones
entre el
Gobierno de
la Comunidad
de Madrid y
el del
Ayuntamiento
eran
explosivas y
ambos
eligieron
esta empresa
para
pelearse. En
un consejo
de
administración
Juan Bravo
llegó a
proponer que
se votaran
decisiones
que hasta la
fecha eran
competencia
del
consejero
delegado y
del gerente
de la
empresa. Por
entonces, el
alcalde
quería más
poder en el
Metro, pero
no tenía la
mayoría en
el consejo.
A
consecuencia
de esto, el
enfrentamiento
llegó al
ridículo
cuando el
entonces
concejal de
Hacienda
protestó por
el hecho de
que la
bandera de
la Comunidad
de Madrid
fuera más
grande que
el logotipo
del Metro.
La dimisión
de Alberto
Ruiz-Gallardón
como
ministro de
Justicia
dejó fuera
del Gobierno
en el que
entonces era
subsecretario
del
departamento.
Y es que
Bravo fue el
único
concejal que
abandonó el
Ayuntamiento
para irse
con
Gallardón
cuando el
alcalde de
Madrid fue
elegido
ministro por
Mariano
Rajoy.
Menos
viajeros,
más
problemas
El Metro ha
tenido en
los últimos
años una
importante
reducción de
viajeros, a
la vez que
ha aumentado
sus gastos
debido a la
ampliación
de la red
que quedó
frenada a
consecuencia
de la crisis
económica. Y
es que hace
algunos años
se hizo un
ERE que
afectó a
cerca de
setecientos
trabajadores.
La OCU
publicó
recientemente
en su página
web un
estudio que
señalaba que
los
ciudadanos
de Madrid ya
no estaban
tan
satisfechos
de su
transporte
como hace
años. Le
daban 58
puntos
(sobre 100)
frente a los
66 logrados
en el año
2010.
El nuevo
consejero
delegado
tendrá,
entre otras
misiones,
priorizar
las
inversiones
y proceder a
la
contratación
de
conductores
Estos
ciudadanos
se quejaban
de la
insuficiente
frecuencia
de paso de
trenes en
horas punta
y
especialmente
en horas
valle (donde
la
valoración
se queda en
un 40 sobre
100). Pero
además
criticaban
otros
aspectos
como la
puntualidad
o el confort
en los
vagones eran
aprobados
por los
pelos.
Frente a las
críticas,
los usuarios
valoraban
positivamente
la cobertura
de la red y
la
seguridad.
El nuevo
consejero
delegado
tendrá,
entre otras
misiones,
priorizar
las
inversiones
y proceder a
la
contratación
de
conductores,
ya que tras
el ERE la
empresa
tiene
dificultades
en organizar
los turnos
en este
puesto de
trabajo.
Debido a
esta
situación,
la
presidenta
de la
Comunidad,
Cristina
Cifuentes,
afirmó la
pasada
semana, tras
visitar el
Centro de
Control de
Seguridad de
Metro, que
se
compromete a
trabajar
para mejorar
las
frecuencias
en el
próximo
verano. Por
otra parte,
la
presidenta
explicó que
la empresa
prepara una
inversión de
200 millones
de euros que
servirán,
además de
para
aumentar la
seguridad,
para renovar
las
comunicaciones
y mejorar la
red.
http://vozpopuli.com/actualidad/67435-cifuentes-recupera-a-un-hombre-fuerte-de-ruiz-gallardon-para-dirigir-el-metro-de-madrid
CIFUENTES
ACUSA A
GONZÁLEZ DE
USAR TODA LA
“CAPACIDAD
DE
ENDEUDAMIENTO”
EN EL PRIMER
SEMESTRE
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
reconoció
este viernes
que haber
encontrado
"tensiones
de
tesorería"
en el
presupuesto
actual,
aprobado el
pasado
diciembre,
"como
consecuencia
del
incumplimiento
de los
objetivos
fijados del
déficit
público,
derivado del
hecho de que
toda la
capacidad de
endeudamiento
fue gastada
en los
primeros
seis meses
del año".
"Para
solventar
esas
tensiones de
tesorería y
que no
provocaran
demora en el
pago a
proveedores,
nos hemos
acogido a un
fondo
adicional de
1.000
millones de
euros del
Estado a un
interés
cero, que
nos ha
permitido
pagar a más
de 2.000
proveedores,
la mayor
parte de
ellos de
servicios
sanitarios.
Y que, por
tanto,
pueden
recibir los
pagos en el
menor tiempo
posible,
creando
empleos y
puestos de
trabajo en
las pymes.
No es fácil,
como no lo
es en toda
España",
recordó.
Así
respondió en
el mediodía
de este
viernes a la
pregunta de
si había
descubierto
algunos
'agujeros'
en las
cuentas
regionales
heredadas
del antiguo
Gobierno,
tal y como
están
denunciando
otros
Ejecutivos
autonómicos.
No obstante,
la titular
del Gobierno
autonómico
indicó que
Madrid es
una
comunidad
"potente,
que genera
confianza, y
que está a
la cabeza
del empleo y
de la
creación de
empresas y
de menor
endeudamiento
de toda
España". De
hecho,
apuntó que
la situación
financiera
de la
Comunidad
"es mucho
mejor que la
del resto",
lo que no
quita que
"algunos
aspectos
pueda haber
disfunciones
en un
momento
determinado".
Auditoría a
sus
predecesores
Por otro
lado, la
presidenta
informó de
que ya ha
encargado un
informe
jurídico a
la Abogacía
de la
Comunidad de
Madrid para
que elabore
un documento
que
determine la
forma y el
inicio de la
auditoría de
la gestión
de los dos
últimos
gobiernos
regionales,
presididos
por sus
compañeros
del PP
Ignacio
González y
Esperanza
Aguirre.
Cifuentes
recordó que
firmó un
compromiso
de
investidura
con
Ciudadanos
para
realizar una
auditoría de
los últimos
ocho años
del
Ejecutivo
autonómico.
"Lo lógico
sería que se
realizara la
auditoría y
si del
resultado de
la misma se
determinara
una mala o
irregular
utilización
de fondos
públicos se
deba abrir
una comisión
de
investigación
de temas
concretos,
sin
prejuzgar
los
resultados",
dijo.
En ese
punto, la
titular del
Gobierno
regional
criticó que
el Grupo
Parlamentario
de Podemos
"ya
anticipara
los
resultados"
de la
comisión de
investigación
sobre el
endeudamiento
y la gestión
de la región
creada en la
Asamblea de
Madrid con
los votos de
PSOE,
Podemos y
Ciudadanos y
en contra
del PP.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/08/29/cifuentes_acusa_gonzalez_gastar_toda_capacidad_endeudamiento_primer_semestre_37060_1012.html
CRISTINA
CIFUENTES:
'AGUIRRE ES
MÁS NOBLE
QUE YO, PARA
ESO ES
MARQUESA'
Esperanza
Aguirre
tenía un
perro y ella
se hizo con
dos felinos.
Así está la
fauna de
Génova,
donde el
Rajoyceronte
tiene a
todos los
predadores
de los
nervios. Es
gata-gata,
el mito de
las siete
vidas, unas
uñas
afiladas:
prístina
Cifuentes.
¿Me va a
decir la
verdad, toda
la verdad y
nada más que
la verdad?
Yo siempre.
A lo mejor
toda no.
¿La
regeneración
en el PP
empieza con
la marcha de
Rajoy?
No. La
regeneración
no es
cuestión de
edad. Yo no
creo que
todo lo que
viene de
antes sea
malo ni que
ahora haya
que partir
de cero.
¿Peloteando
ya a la
segunda
pregunta?
No le hago
la pelota a
Rajoy porque
no lo
necesito.
Odio a los
pelotas.
Siempre me
han puesto
muy
nerviosa. Se
les nota. Si
a partir de
los 50 no
has
distinguido
a un pelota
es que
tienes un
problema.
Aguirre es
condesa y
usted
baronesa.
¿Quién es
más noble de
los dos?
No soy
baronesa...
El apelativo
me
horroriza.
Soy una
persona
normal que
ha tenido la
suerte de
ser elegida
por sus
conciudadanos
para
gobernarles...
Pero ella es
más noble
que yo, que
es marquesa,
¿no?
¿Qué tiene
su coleta
que no tenga
la de él?
La mía es
más rubia...
Podemos
representa
un modelo
que no
quiero para
mi país. Son
lobitos con
piel de
cordero. Uno
no pasa de
ser
comunista a
ser
socialdemócrata
en año y
medio...
¿Y es malo
ser
comunista?
No, no. Para
nada. Yo
tengo
grandísimo
respeto por
los
comunistas.
Y amigos que
lo son. Pero
no me creo
esa
evolución
tan rápida.
¿Cómo de
peligrosa le
parece una
alcaldesa
llamada
Carmena?
No me parece
peligrosa
ella. Sino
la ideología
que está
detrás del
equipo que
la sustenta.
¿Cómo de
inofensiva
le parece
una plaza
llamada del
Generalísimo?
[Silencio]
Yo, desde
luego,
condeno la
dictadura
franquista.
Ahora,
también creo
que se le da
demasiada
importancia
a
determinadas
cosas.
Franco es
parte de la
Historia. No
digo yo que
haya que
elogiarle,
pero tampoco
hay que
olvidarle.
¿Le perdona
a Hergé que
fuera
colaboracionista
nazi y no a
Zapata?
Bueno, esa
faceta de
Hergé yo no
la conozco.
Me quedo con
su parte
artística.
Me gusta
Tintín. Y
Milú [Se
levanta, va
a por un
retrato
suyo, nos lo
enseña]. Es
misógino,
curioso,
pero
representa
otras
culturas en
un momento
en el que en
España
estábamos
carentes de
eso.
¿Tiene la
lengua roja
sólo de
comer
regaliz?
Me gusta más
el rojo.
Blandito.
Los helados.
Si tengo 10
helados en
casa me como
los 10. Con
todo he
aprendido a
controlarme,
pero con los
helados no.
Me encantan
esos de
hielo, que
decían que
se hacían
con agua de
wáter. Los
mejores, los
de horchata
de
Mercadona.
Elija una
frase para
tatuarse:
"Habría que
matar a
todos los
arquitectos".
"Luis, sé
fuerte".
"Estamos
trabajando
en ello".
Qué horror.
Te digo
otra. De
Borges: "Yo
no entiendo
de venganzas
ni perdones.
El olvido es
la única
venganza y
el único
perdón".
¿Es liberal
una mordaza?
Las mordazas
no tienen
nada de
liberal.
Pero si me
hablas de la
ley, no
restringe
derechos...
Pero en un
Estado de
Derecho, ¿es
normal que
un
antidisturbios
no lleve
placa
visible?
Tiene que
llevarla
obligatoria.
Muchos no
van con
ella.
Pues está
mal. Tienen
que hacerlo.
Usted es
agnóstica y
marca la
casilla de
la Iglesia.
¿Alguna
incongruencia
más?
No es
incongruencia
para nada.
La Iglesia
hace una
labor
magnífica. Y
yo quiero
que sigan
haciendo esa
labor.
La troika
quiere
hombres en
Grecia o
quiere
hambres.
No sé lo que
quiere. Pero
lo que
España
quiere es
que se
solucione
cuanto
antes.
Porque si
no, lo vamos
a pagar.
¿Qué le da
más
vergüenza?
¿La Púnica?
¿La Gürtel?
¿O este
silencio?
La Púnica y
la Gürtel me
dan
muchísima
vergüenza.
El silencio
tiene que
ver con no
saber
gestionar
bien esa
vergüenza
que todos
sentimos en
el PP. Que
no seamos
capaces de
comunicar
bien es un
problema. Es
evidente que
ha sido así
durante
mucho
tiempo.
¿Quiere un
ático como
el de
Ignacio
González?
[Silencio
incómodo] ¿A
quién no le
gustaría
tener
propiedades
en la playa?
Pero no como
el de
Ignacio
González.
Usted fue
asambleísta
de Caja
Madrid.
¿Siente
vergüenza
para Rato?
Yo fui
miembro de
la Asamblea
General de
Caja Madrid.
Y sí. Me dan
vergüenza
las
preferentes,
las tarjetas
black... Yo
era miembro
de la
Asamblea,
nos veíamos
dos veces al
año, éramos
más de 500.
No tenía ni
siquiera
información.
Y en
absoluto me
siento
corresponsable
de esas
cosas que se
han hecho.
Hay una
delicia de
Sergi Pàmies
que
comienza:
"Me tuve que
morir para
saber si me
querían".
Yo me
preparé para
morir... El
dolor es
horrible,
pero el
miedo es
todavía
peor. Llegó
un momento
en que
quería
morirme. Mis
hijos eran
mayores, yo
ya no podía
seguir
luchando...
Tú te tienes
que ir en
paz,
entonces
tienes que
perdonarte a
ti misma,
perdonar al
resto. Y eso
no es tan
fácil... A
veces veo a
la gente de
mala baba en
el trabajo.
Yo les digo:
"Imaginad
que es el
último día
de vuestra
vida. ¿De
verdad
queréis que
lo pasemos
así?"... Hay
que intentar
dejar el
menor número
de cadáveres
en tu
camino. Si
le tienes
que decir
algo
agradable a
alguien,
díselo hoy.
Porque, a lo
peor, mañana
ya no
puedes.
http://www.elmundo.es/cultura/2015/08/27/55de193e268e3ecc608b458d.html
LA GRAN
MAYORÍA DE
EMPLEADOS
DEL COMPLEJO
JUDICIAL DE
MADRID ERAN
JEFES
Había
nóminas de
hasta
106.000
euros y casi
todos los
operarios
llegaron por
enchufe
Diecisiete
de los 20
operarios
del Campus
de la
Justicia de
Madrid, la
sociedad
100% pública
encargada de
crear la que
iba a ser la
mayor ciudad
judicial del
mundo (que
ha supuesto
un
despilfarro
para las
arcas
públicas de
105
millones),
fueron
contratados
como jefes
sin
subordinados,
según
documentación
a la que ha
tenido
acceso EL
PAÍS. Había
nóminas de
hasta
106.000
euros. Y
casi todos
llegaron al
Campus por
elección
arbitraria o
relación de
parentesco.
Al renunciar
la Comunidad
de Madrid a
levantar la
megaciudad
judicial a
finales de
2008,
coincidiendo
con la
irrupción de
la crisis
económica,
muchos de
los
operarios
continuaron
en nómina
pese a que
apenas había
trabajo que
realizar.
Los tres
últimos
fueron
despedidos
finalmente a
mediados de
2012, cuando
se decidió
extinguir el
Campus por
inviable.
Pero bien
pudo
finiquitarse
tres años
antes. A
varios
trabajadores
hubo que
indemnizarles
con hasta
36.000 euros
por el
despido.
Todos ellos
fueron
contratados
a dedo. Y,
según
fuentes del
Campus, “por
ser amigos
de algún
alto cargo”.
El Campus
permitía la
contratación
a dedo ya
que, aunque
su capital
era público,
se creó como
sociedad
mercantil
sujeta al
derecho
privado.
Entre los
empleados
del Campus
estuvo un
hijo del
exministro y
actual
eurodiputado
Miguel Arias
Cañete.
También
sirvió el
Campus para
pagar
supuestos
favores.
Fueron
contratados
varios
agentes que
se vieron
salpicados
en el
escándalo
del
espionaje de
de Madrid.
El sueldo
medio de los
operarios
rondó los
62.000
euros, según
la
documentación
a la que ha
tenido
acceso EL
PAÍS. Y en
esos años se
beneficiaron
de fuertes
subidas
salariales
aun cuando
la sociedad
ya estaba
abocada al
cierre por
ruina.
La sociedad
fue
extinguida
en julio del
año pasado
tras nueve
años de
funcionamiento.
EL PAÍS
destapó ayer
que el
Campus de la
Justicia,
ideado y
pregonado
por la
expresidenta
Esperanza
Aguirre, ha
desperdiciado
105 de los
130 millones
de euros que
le inyectó
desde 2005
el Gobierno
de Madrid. A
estas
alturas el
patrimonio
neto de la
firma se
ciñe a un
secarral de
400.000
metros
cuadrados
situado
entre el
aeropuerto
de Barajas y
el recinto
ferial del
IFEMA, sobre
él emerge un
único
edificio, el
que iba a
ser el
Instituto de
Medicina
Legal, cuyas
obras
costaron 22
millones,
que hoy está
tasado en
17,5 y cuyo
deterioro es
tal que
necesitaría
al menos
otro cinco
para
funcionar.
Contratos
indefinidos
El dinero
público
despilfarrado
(la
megaciudad
judicial no
se ha
levantado)
se ha ido
por todos
lados. Desde
fastuosas
presentaciones
millonarias
de
colocación
de primeras
y segundas
piedras o
proyectos de
cientos de
miles de
euros que
nunca vieron
la luz,
hasta
maquetas que
costaron
cada una
casi un
millón de
euros y que
ahora ven
pasar el
tiempo en un
sótano de la
Consejería
de Justicia
de Madrid.
Campus de la
Justicia fue
constituida
ex profeso
en 2005 para
gestionar la
construcción
de una
Ciudad
Judicial que
iba a ser la
mayor del
mundo. El
fallido
proyecto
consistía en
aglutinar en
Valdebebas
todos los
juzgados de
la capital,
que aún
siguen
dispersos en
casi una
veintena de
sedes (el
Gobierno
regional
paga 39,8
millones de
euros
anuales en
alquileres).
Uno de los
capítulos
que han
contribuido
al
despilfarro
del dinero
público del
Campus fue
el de los
empleados.
Bajo el
mando de
sucesivos
consejos de
administración
que
presidieron,
por este
orden, los
consejeros
Alfredo
Prada,
Francisco
Granados y
Salvador
Victoria,
llegaron a
sumar hasta
20 nóminas.
“Apenas
había
curritos,
casi todos
eran jefes
sin tropa a
la que
mandar, pero
con sueldo
de jefe”,
señalan
fuentes
cercanas al
extinto
Campus, que
recuerdan
los viajes
por medio
planeta que
organizó el
Campus por
orden de la
Comunidad
para
presentar
“un proyecto
que ha sido
una ruina
para todos”.
Hasta llegó
a anunciarse
el proyecto
en el
Washington
Post con un
coste de
12.000
euros.
Sólo había
un
administrativo
y un
recepcionista.
También
había una
secretaria,
pero esta lo
era del
Consejo de
Administración,
integrado
por altos
cargos
políticos
del Gobierno
regional. A
todos se les
hicieron
contratos
indefinidos.
El Campus
colocó su
primera
oficina en
un lujoso
edificio
alquilado de
la calle
Miguel
Ángel. “El
despliegue
de comilonas
y plazas de
garaje
gratis era
tremendo, y
todo había
que
pagarlo",
señalan
fuentes del
Campus.
Luego, los
operarios,
cada vez
menos porque
no había
ninguna
actividad,
se
trasladaron
a otro
edificio de
la calle
Ribera del
Loira.
Finalmente,
acabó en la
sede de la
Consejería
de Justicia.
Un ejemplo
de que los
operarios
del Campus
no
escatimaban
recursos es,
por ejemplo,
que
disponían de
una gestoría
que cobraba
un dineral
por cada
gestión,
cuyo tiempo
cronometraba
en minutos.
Por el hecho
de recibir
un fax del
Campus, o
una llamada
telefónica,
o revisar un
papel,
percibía
entre 33 y
90 euros.
Por asistir
a una
reunión del
Campus, 500
euros. Y por
una mera
consulta,
algo más de
90.
Amigos,
hijos de...
y espías
Entre los
operarios
del Campus
de la
Justicia
figuran
contratados
dos agentes
policiales
que
resultaron
salpicados
en el
llamado caso
de los
espías de
Madrid
(altos
cargos del
PP que
supuestamente
utilizaron a
agentes a
sus órdenes
para espiar
a otros
políticos
del mismo
partido,
entre ellos
al ex
vicealcalde
de Madrid
Manuel Cobo
o al ex
consejero de
Justicia
Alfredo
Prada).
También hubo apellidos ilustres. Por ejemplo, un hijo del ex ministro de Rajoy y actual comisario europeo Miguel Arias Cañete. Junto a su hijo fue contratada C. M., hija de un exsocio del despacho que tuvo Cañete. Ella era secretaria del Consejo de Administración del Campus y él, jefe del área financiera.
La expresidenta Aguirre también tuvo a personas de su confianza y de jugar al golf. A Miguel Giménez de Córdoba, que fue director gerente del Campus, con un salario bruto mensual de 8.519,47 euros.
Prada, que
hoy es
presidente
de la
Comisión de
Justicia del
PP en el
Congreso,
era el
consejero de
Justicia
cuando nació
el Campus.
Seis de los
empleados
eran
personas
vinculadas a
él. El
Campus podía
contratar
sin
necesidad de
hacer
exámenes.
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/20/actualidad/1440092982_538586.html
EL GOBIERNO
DE AGUIRRE
DILAPIDÓ 105
MILLONES EN
LA FALLIDA
CIUDAD
JUDICIAL
La sociedad
pública
Campus de la
Justicia ha
cerrado sus
cuentas, en
las que se
inyectaron
130
millones,
con un
patrimonio
neto de 25
millones
El Gobierno
de la ex
presidenta
Esperanza
Aguirre
despilfarró
105 millones
de euros en
la que iba a
ser la
ciudad
judicial más
grande del
mundo, tal
como ella la
pregonó en
2007 al
poner la
primera
piedra.
Campus de la
Justicia,
una firma
100% del
Gobierno
regional y
creada para
levantar esa
megaciudad,
fue
finiquitada
en julio de
2014 sin
cumplir
ninguno de
sus
objetivos,
tras nueve
años de
funcionamiento.
A su cierre,
esta
sociedad
pública ha
dejado un
patrimonio
neto de
25.082.339
euros, del
total de 130
millones que
le inyectó
la Comunidad
de Madrid,
según
documentación
en poder de
EL PAÍS.
Los 24
millones de
la Audiencia
En
Valdebebas
estaba
previsto
aglutinar
todos los
edificios
judiciales
de Madrid,
dispersos
ahora en una
veintena de
sedes (La
Comunidad
gasta al año
39,9
millones en
alquileres
de sedes
judiciales).
La ciudad
también
había
buscado
hueco para
cobijar la
sede de
Audiencia
Nacional.
El Gobierno
central,
dueño de la
Audiencia
Nacional,
aportó al
proyecto 10
millones. Se
pactaron 13,
en pagos
fraccionados,
pero al
Campus se le
olvidó pedir
uno de ellos
de 3,3
millones.
Tras el
fiasco de la
megaciudad,
el Gobierno,
que quiere
recuperar
sus 10
millones, ha
optado por
dejar la
Audiencia en
el mismo
sitio, pero
reformándola:
le ha
costado
otros 14
millones (24
en total).
Los 105
millones
gastados
inútilmente
en este
faraónico
proyecto (la
diferencia
entre lo
salido de
las arcas
públicas
madrileñas y
el
patrimonio
neto actual
del Campus)
han ido a
parar a un
saco roto
sin fondo ni
provecho.
Según se
desprende de
la citada
documentación,
el dinero se
ha gastado
en
auditorías y
más
auditorias
(70.000
euros); en
abogados, en
gestorías
que cobraban
por minuto
de trabajo
cuando solo
quedaban dos
trabajadores,
a razón de
33 euros la
media hora).
Y también en
resarcir
diseños de
proyectos
arquitectónicos
no
consumados
(por
ejemplo, el
del
británico
Norman
Foster, al
que ha
habido que
abonar 10.6
millones del
total de 13
millones que
reclamó por
proyectar
dos idílicos
edificios
judiciales
de los doce
ideados). A
Foster se le
ha pagado
esa cantidad
pese a que
el Campus no
encuentra el
contrato que
en su día
firmó
Aguirre con
él.
Otros
millones se
han ido en
pagar a
constructoras
que habían
suscrito
contratos
para (salvo
una)
acometer
obras no
realizadas,
27.327.413
euros. En
esta
cantidad se
incluyen,
además, 6,4
millones de
indemnizaciones
a
proveedores
decretadas
por jueces
tras pleitos
con la
Comunidad;
otros 11.4
millones por
rescisiones
anticipadas
de
contratos;
dos por pago
de intereses
y al menos
otros cuatro
por lucro
cesante. Los
únicos
pagos, del
total de 130
millones en
gastos, por
obras sí
realizadas
ascienden a
17.3
millones.
En esta
ciudad,
Aguirre
quería crear
12 edificios
con la
rúbrica de
algunas de
las primeras
figuras de
la
arquitectura
mundial
(además de
Foster,
también
concurrió la
iraquí Zaha
Hadid, cuyo
proyecto
también
costaba 13
millones,
aunque esta
solo ha
cobrado poco
más de
50.000 euros
porque no
llegó a
firmar
ningún
contrato).
Y, además,
Aguirre
pretendía
acabar con
la veintena
de sedes
judiciales
dispersas
por la
capital.
Los 130
millones
inyectados
al Campus
salen de la
venta de dos
edificios
judiciales
públicos
(por 76
millones),
de tres
inyecciones
de ocho
millones
cada una
aprobada por
el Gobierno
regional, de
otros 20 más
pedidos al
Ejecutivo
central en
el marco del
dinero que
libró el
Estado para
que los
organismos
públicos
pagasen a
sus
proveedores.
Y,
finalmente,
otros 10 que
aportó el
Gobierno
central. Los
tres años de
más gasto en
el Campus
fueron 2007,
2008 y 2009
(94
millones).
Los 25
millones de
patrimonio
neto que han
quedado del
Campus son
la suma de
los 7,3 de
tesorería
con que
cerró sus
cuentas y
los 17,5 en
que ha sido
tasado el
único de los
12 edificios
judiciales
que existen
en los casi
400.000
metros
cuadrados
sobre los
que se
proyectó
esta
megaciudad.
Todo ello es
hoy un
secarral
enclavado en
el paraje de
Valdebebas,
entre el
aeropuerto
de Barajas y
el recinto
ferial del
IFEMA de
Madrid. De
forma
ovalada
(visto desde
arriba
parece un
donuts),
estaba
destinado a
convertirse
en el nuevo
Instituto
Anatómico
Forense de
Madrid. En
los últimos
años ha
tenido que
ser
desconejado
varias
veces. Y
para ponerlo
en
funcionamiento
harían falta
como mínimo
otros cinco
millones de
euros. Su
costosa
maquinaria
lleva el
frío a las
cámaras de
los difuntos
está próxima
a la ruina.
Su volumen
(14.000
metros
cuadrados)
triplica con
holgura el
del actual
Anatómico.
“Los nichos
que tiene,
195,
permitirían
acoger sin
problemas de
espacio
atentados
como el del
11-M: todo
un disparate
de
megalomanía”,
ironizan
fuentes
conocedoras
del
multimillonario
fiasco en
que se ha
convertido
esta
fantasmal
Ciudad de la
Justicia. El
Gobierno de
Madrid
decidió
paralizar el
proyecto
definitivamente
a fines de
2008,
coincidiendo
con la
crisis
económica.
Había sido
presupuestada
en unos 500
millones y
decidió
frenarlo
todo con el
argumento de
no malvender
los seis
edificios
judiciales
públicos con
los que
pretendía
sufragar la
inversión.
Los dos que
vendió le
reportaron
76 millones.
Y trasladó
los juzgados
a otros
edificios;
ahora
pagando un
costoso
alquiler.
Otro de los
muchos
gastos
inútiles que
ha soportado
el Campus es
el relativo
a las
nóminas de
los
empleados.
Una
veintena.
Tras el
parón del
proyecto, la
plantilla se
fue
reduciendo,
pero el
Campus
siguió
pagando
nóminas, con
los
trabajadores
casi
cruzados de
brazos,
hasta
mediados de
2012.
Al ver el
secarral y
el deterioro
de su único
edificio,
Ignacio
González,
vicepresidente
y delfín de
Aguirre (y
en
septiembre
de 2012 su
sucesor),
decidió
liquidar en
julio de
2014 el
Campus. Dos
años antes,
en un
intento
desesperado
por aminorar
el dinero
perdido,
González
inició los
trámites
para hacer
en el mismo
sitio una
Ciudad
Judicial,
pero mucho
menos
ambiciosa.
La idea,
pagar a una
empresa
cerca de 60
millones
anuales
durante “30
años” y que
la
adjudicataria
levante
varios
edificios
judiciales,
pero sin
lujos. La
vigilancia
del único
edificio
testigo del
secarral de
Valdebebas
cuesta todos
los meses
12.000 euros
a los
madrileños.
El 31 de
enero de
2007,
durante la
colocación
de la
primera
piedra, y
delante de
la cúpula de
la
judicatura,
Aguirre
glosó y se
congratuló
del "museo
judicial
arquitectónico"
que iba a
construir en
Madrid, y
adelantó: “Y
todo ello,
además, sin
coste alguno
para los
ciudadanos”.
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/20/actualidad/1440089771_904549.html
CIFUENTES
EXIGE
MAYORÍA
CUALIFICADA
PARA LOS
CARGOS DE
TELEMADRID
El
anteproyecto
propone un
Consejo de
Administración
con siete
miembros, en
vez de
nueve, lo
que daría la
mayoría al
PP y
Ciudadanos.
PSOE y
Podemos
perderían un
consejero
Los
directivos
de
Telemadrid
deberán ser
nombrados
por mayoría
cualificada
(tres
quintos de
la Asamblea)
y su mandato
—seis años—
superará el
periodo de
una
legislatura,
según el
anteproyecto
de ley que
presentará
mañana la
presidenta
de la
Comunidad,
Cristina
Cifuentes,
en el
Consejo de
Gobierno y
al que ha
tenido
acceso EL
PAÍS.
Además, el
texto
propone que
el consejo
de
administración
pase de
nueve
miembros a
siete. Con
este
reparto,
PSOE y
Podemos
perderían un
consejero
cada uno, lo
que daría la
mayoría a PP
y
Ciudadanos.
La elección
del director
general y
del Consejo
de
Administración
de
Telemadrid
tendrá una
vigencia de
seis años,
un periodo
superior a
una
legislatura,
con el
objetivo de
“blindar el
cargo de los
cambios de
signo
político que
se
produzcan”.
Además,
todos los
directivos
deberán ser
nombrados y
destituidos
por una
mayoría
cualificada
de la
Asamblea de
Madrid, tres
quintas
partes de
los 129
escaños
(77). Así lo
ha
establecido
el Gobierno
de Cristina
Cifuentes en
el
anteproyecto
de ley para
una nueva
televisión
pública que
presentará
el miércoles
en el
Consejo de
Gobierno.
En el
documento
también se
adelanta la
nueva
composición
del Consejo
de
Administración,
que pasa a
tener siete
miembros, en
vez de nueve
como hasta
ahora. Este
reparto
daría la
mayoría al
PP (3
consejeros)
y Ciudadanos
(1), frente
al PSOE (2)
y Podemos
(1), ya que
las dos
fuerzas de
izquierda
perderían un
consejero
cada una con
respecto a
la anterior
distribución,
mientras los
dos primeros
mantendrían
su número.
Esta
reducción
del Consejo
constaba en
el borrador
de
Ciudadanos
para la
nueva
televisión
pública y al
PP le ha
parecido
“una buena
idea”, ya
que el
objetivo
último es
“reducir al
mínimo
imprescindible
el número de
consejeros”,
aseguraron
fuentes del
grupo
popular.
Sobre la
pérdida de
peso del
PSOE y
Podemos en
la elección
de los
miembros del
consejo, los
populares
argumentan
que el
anteproyecto
todavía no
está cerrado
y que buscan
el consenso
de todas las
fuerzas
políticas.
“Queremos
que todos
los grupos
estén
contentos,
porque si se
sienten
agraviados
no vamos a
conseguir el
cambio que
queremos
para
Telemadrid”,
afirmaron.
Tras tomar
posesión
como
presidenta,
el pasado 24
de junio,
Cifuentes
anunció,
junto a
Ciudadanos,
la intención
de modificar
la ley de
televisión
pública. La
promesa de
esa nueva
legislación
ha
paralizado
la formación
del nuevo
Consejo de
Administración
en base a
los
resultados
electorales
del 24M.
Así,
mientras
debería
estar ya
formado por
tres
consejeros
del PP, tres
del PSOE,
dos de
Podemos y
uno de
Ciudadanos,
se mantiene
la anterior
distribución
con cinco
del PP, tres
del PSOE y
uno de
Izquierda
Unida —que
dimitió en
julio—,
originada en
los
resultados
electorales
de 2011.
Críticas
socialistas
Este retraso
en la toma
de control
del ente ha
sido muy
criticado
desde
ámbitos
socialistas,
que han
considerado
la ley de
despolitización
“una excusa”
del PP para
mantener el
control de
Telemadrid
con “la
mayoría
absoluta de
la anterior
legislatura”.
El Partido
Popular
explicó que
la demora en
la
presentación
se debe a
que ha
estado
trabajando
en ella
desde la
formación
del
Gobierno.
La polémica
sobre el
mando de
Telemadrid
se debe a
que la
izquierda se
comprometió
a
“despolitizarla
y readmitir
a los 861
despedidos
del ERE”,
mientras que
la
presidenta
Cifuentes
planteó
cerrar el
canal “si
las cuentas
no dejan
otra
opción”. Sin
embargo,
fuentes
populares
dijeron ayer
que su
principal
intención es
“crear un
modelo de
televisión
pública
plural y
despolitizada”.
Para ello,
el
anteproyecto
de ley
propone
crear un
mandato-marco
con
objetivos
generales
durante
nueve años,
marcar un
régimen “muy
duro de
incompatibilidades
políticas”
para los
consejeros y
requerir una
cualificación
profesional
para estos
puestos.
Asimismo, el
director
general será
un miembro
del propio
Consejo de
Administración
y no será
nombrado por
el Consejo
de Gobierno,
como hasta
ahora.
“El reto es
recuperar
los índices
de audiencia
que tenía
Telemadrid
en sus
orígenes”,
explicaron
fuentes de
la
Comunidad.
Para el PP,
la
competitividad
es el
principal
problema al
que se
enfrenta el
canal, ya
que la ley
por la que
se rige es
del año
1984, cuando
todavía no
estaban
implantados
los canales
privados, ni
existía la
TDT.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/08/24/madrid/1440450569_601033.html
La empresa pasó de facturar al Gobierno de Aguirre 482.359 euros en 2007 a recibir una media anual de 11,2 millones los cinco años siguientes
La mayor parte de las adjudicaciones las realizó el departamento que dirigía Engracia Hidalgo, ahora titular de la cartera de Economía y Hacienda en el Ejecutivo de Cifuentes
La empresa Atención Social y Estancias Residenciales (Grupo Aser) facturó 482.359 euros en 2007. En los cinco años siguientes, tras asociarse a David Marjaliza y obtener cuatro adjudicaciones del Gobierno de Aguirre para gestionar residencias de mayores, su facturación total fue de 56.389.868 euros. Ello supone unos ingresos medios anuales para el periodo 2008-2012 de 11.277.973 euros. En otras palabras: sus ingresos se multiplicaron por más de 23 tras asociarse con Marjaliza, hombre clave de la trama Púnica junto al ex número dos del PP de Madrid Francisco Granados. Tanto Marjaliza como Granados permanecen en prisión desde el pasado 27 de octubre. Estos datos constan en un informe de la Agencia Tributaria, aportado al sumario judicial, al que ha tenido acceso infoLibre.
Este dato se conoce después de que este periódico adelantara este martes que seis empresas que la Guardia Civil vincula con la trama Púnica se embolsaron entre 2001 y 2011 al menos 222,8 millones de euros por la construcción de 12 colegios concertados y uno totalmente privado, según consta en un informe de la Agencia Tributaria, que también especifica que la red se hizo con otros 19 millones mediante el cobro a las cooperativas de profesores que gestionan los colegios.
"Se da además la circunstancia de que a partir de la vinculación con David Marjaliza, la empresa Atención Social y Estancias Residenciales obtiene cuatro contratos con la Comunidad de Madrid", especifican los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe en el que analizan los negocios de la trama con los centros de mayores. Ante estas conclusiones, la Fiscalía Anticorrupción anuncia al juez Velasco su intención de revisar "las concesiones".
Todas estas cantidades se reflejan en un informe de 19 de mayo de 2014 de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción, que ha servido de base para que el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, impute a los propietarios del Grupo Aser, Elena Moreno Pascual y Juan José Amor Moreno, los delitos de cohecho y fraude. Tanto Elena Moreno Pascual como su hijo, Juan José Amor Moreno, se negaron a declarar ante el magistrado en marzo pasado, tal y como consta en las grabaciones a las que ha tenido acceso infoLibre.
Cuatro contratos de la Comunidad
El documento de Hacienda aporta los cuatro contratos. El primero de ellos, de noviembre de 2007, supuso un ingreso inicial para el Grupo Aser de 17.808.850 euros por la gestión del centro de personas mayores en el distrito madrileño de Villaverde. El 10 de noviembre de 2011, la firma implicada en Púnica obtuvo una prórroga de dos años por 2.458.170 euros. En esa fecha, la consejera de Familia y Asuntos Sociales era Gádor Ongil.
Los otros tres centros de mayores los adjudicó la consejera Engracia Hidalgo, ahora titular de la cartera de Economía y Hacienda del Ejecutivo de Cristina Cifuentes. El 29 de septiembre de 2008, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales otorgó al Grupo Aser la gestión de los centros de mayores de Puente de Vallecas (9.866.845 euros), Villa del Prado (8.333.021 euros) y Usera (11.663.058 euros).
Al igual que en el caso del centro de mayores del distrito madrileño de Villaverde, en los otros tres la Comunidad de Madrid también prorrogó los contratos iniciales con un desembolso añadido de 6.643.647 euros. En total, los más de 56 millones de euros que se reflejan en el informe de Hacienda enviado al juez Eloy Velasco.
Una residencia en Valdemoro
Los agentes de la UCO se remontan al año 2006 para mostrar la vinculación entre Marjaliza y los propietarios de la empresa Atención Social y Estancias Residenciales. En ese año, el Ayuntamiento de Valdemoro, considerado el epicentro de la red corrupta dirigida por Francisco Granados, adjudicó a Obrum Urbanismo y Construcciones, empresa de Marjaliza, la edificación de un centro de mayores. Esta firma ingresó casi 20 millones de euros. La sociedad que gestionó el mencionado centro geriátrico se denomina Atención Social y Residencial Valdemoro. Y en la misma eran socios Marjaliza y Elena Moreno Pascual, del Grupo Aser.
Precisamente, un auto firmado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el 27 de octubre de 2014 pone de manifiesto la importancia de la firma Atención Social y Estancias Residenciales (Grupo Aser) en la trama. El juez, accediendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, acordó el embargo de todos los bienes de la empresas de la trama, entre las que se encuentra la sociedad beneficiada por las adjudicaciones de la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre.
En la resolución, Velasco explica que la decisión de embargar los bienes se produce por considerar que los mismos proceden de un delito de blanqueo de capitales. Hacienda especifica que la empresa Atención Social y Estancias Residenciales consta como "contribuyente en proceso concursal".
Otros 10,7 millones de Sanidad
Pero, además de las Consejerías de Familia y Educación, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, pagó en 2006, 2007 y 2009 un total de 10,7 millones de euros a la empresa Obrum Urbanismo y Construcciones, tal y como adelantó este diario.
infoLibre ha comprobado que en junio de 2014 la Comunidad abonó otros 1,3 millones a la constructora que pertenece a David Marjaliza, el principal socio de Granados. En total, la empresa habría percibido del Servicio Madrileño de Salud más de 12 millones de euros.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/08/21/una_empresa_residencias_multiplico_por_sus_ingresos_procedentes_del_gobierno_aguirre_tras_asociarse_con_punica_36761_1012.html
CIFUENTES
DECLARA SER
LA MÁS POBRE
DE SU
GOBIERNO
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid y sus
siete
consejeros
han hecho
públicas sus
declaraciones
de bienes
La
responsable
de Economía
declara casi
medio millón
de euros
entre
ahorros,
acciones y
planes de
pensiones,
mientras que
el consejero
de Medio
Ambiente es
copropietario
de 64 fincas
Ni pisos, ni
acciones, ni
tan siquiera
un vehículo.
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
sólo posee
26.392 euros
en una
cuenta
corriente,
según la
declaración
de bienes
que hicieron
pública hace
unos días
tanto ella
como sus
consejeros,
con lo que
se sitúa
como el alto
cargo menos
adinerado de
su Gobierno.
En el lado
opuesto, la
más
acaudalada
es la
consejera de
Economía,
Empleo y
Hacienda,
Engracia
Hidalgo, con
un
patrimonio
de casi
medio millón
de euros
sólo en
ahorros,
acciones y
planes de
pensiones
(es decir,
sin contar
con bienes
inmuebles).
El Gobierno
de la
Comunidad de
Madrid
publicó las
declaraciones
de bienes de
Cifuentes y
sus siete
consejeros,
así como la
última
declaración
de la renta
de cada uno
de ellos y
el sueldo
que
percibirán
por el
desempeño de
sus nuevos
puestos. El
gasto
salarial de
los ocho
altos cargos
ascenderá a
832.513
euros, y
ninguno de
los
dirigentes
cobrará
menos de
100.000,
aunque las
diferencias
entre ellos
no son muy
pronunciadas.
El sueldo
más alto no
es el de
Cifuentes,
que ganará
107.316
euros
anuales,
sino el de
su consejero
de Sanidad,
Jesús
Sánchez: el
dirigente
tendrá una
nómina 185
euros más
alta que la
de su jefa,
y es quien
más
beneficiado
sale con
respecto a
sus ingresos
en 2014, que
en su caso
fueron de
60.238
euros.
Mientras
tanto, los
salarios más
bajos
–100.566
euros– son
los de Jaime
González
–que según
el cabecilla
de la trama
Púnica
estaría
implicado en
la red de
corrupción,
algo que él
niega–,
Ángel
Garrido y
Pedro Rollán,
consejeros
de Medio
Ambiente,
Presidencia
y
Transporte,
respectivamente.
Patrimonios
muy dispares
Pero si las
retribuciones
son
similares,
no puede
decirse lo
mismo del
patrimonio
de Cifuentes
y su equipo,
ya que en
ese aspecto
hay
lógicamente
diferencias
palpables.
Si no se
cuentan los
bienes
inmuebles,
la consejera
más
acaudalada
es Engracia
Hidalgo, ex
secretaria
de Estado de
Empleo, que
entre
ahorros,
acciones y
planes de
pensiones
suma un
total de
492.757
euros:
320.063
distribuidos
en seis
cuentas
bancarias,
otros 84.158
invertidos
en fondos y
participaciones,
y un plan de
pensiones
por valor de
88.536
euros.
Por contra,
el consejero
que menos
dinero tiene
en sus
cuentas es
Jesús
Sánchez, que
cuenta con
tan sólo
5.115 euros
de ahorros y
además debe
casi 120.000
euros por un
préstamo
hipotecario
para su casa
de Oropesa
del Mar
(Castellón).
Una deuda,
en cualquier
caso, que se
queda
pequeña al
lado de la
de Carlos
Izquierdo,
consejero de
Políticas
Sociales y
Familia y
hasta este
año número
dos del
mismo
departamento,
que debe
466.861
euros por
dos
hipotecas y
tiene 9.195
euros en sus
cuenta
corriente y
las de sus
tres hijos,
en las que
es titular
autorizado.
En un punto
intermedio
se sitúan el
consejero de
Educación,
Rafael Van
Grieken,
Pedro Rollán
y la propia
Cristina
Cifuentes.
Los dos
primeros
suman 61.338
y 60.480
euros entre
ahorros,
acciones y
planes de
pensiones,
mientras que
la
presidenta
sólo declara
26.392 euros
en una
cuenta, pese
a que su
sueldo como
delegada del
Gobierno en
Madrid –el
cargo que
ocupó hasta
el pasado
mes de
abril– tan
sólo el año
pasado
ascendió a
89.839
euros.
Hidalgo
posee
también
cuatro
inmuebles,
entre los
que se
cuentan una
vivienda y
una plaza de
garaje en
Madrid –en
su
declaración
se apunta
que la
consejera
posee una
"participación"
de los
mismos, si
bien no se
especifica a
qué
porcentaje
asciende–,
otra parte
de una casa
en Huelva y
unas
"tierras de
secano" en
Badajoz.
Pero en esta
categoría,
quien supera
con creces
el
patrimonio
de todos los
demás es
Jaime
González,
consejero de
Medio
Ambiente: su
declaración
de bienes
recoge que
tiene
participación
en la
propiedad de
nada menos
que 64
fincas,
aunque
algunas de
ellas son
porcentajes
mínimos.
Decenas de
propiedades
en Segovia
González
tiene el 50%
de tres
propiedades:
dos
viviendas y
una plaza de
garaje,
todas ellas
ubicadas en
Castellón y
adquiridas
por medio de
una
compraventa.
El resto de
sus bienes
inmuebles
proviene de
herencias, y
entre ellos
se incluyen
el 10% de
una vivienda
y tres
plazas de
aparcamiento
en Madrid,
así como el
5% de seis
viviendas,
14 fincas y
un solar en
Segovia. El
consejero de
Medio
Ambiente
participa en
la propiedad
de otras 29
fincas en la
misma ciudad
–de 27 de
ellas tiene
el 2,5% y de
otras dos
tan sólo del
1,79%–, y
además posee
el 5% de
siete
terrenos más
en Ávila.
Junto a
esto,
González
suma casi
93.000 euros
de
patrimonio
–la mayor
parte,
82.595,
invertidos
en un plan
de
pensiones–,
aunque tiene
una deuda de
135.859
euros
procedente
de dos
préstamos
hipotecarios.
Y casi los
mismos
ahorros
posee Ángel
Garrido, que
no obstante
mantiene sus
87.649 euros
distribuidos
en dos
cuentas
corrientes,
un depósito,
un fondo y
un plan de
pensiones.
Garrido
tiene además
el 50% de
una vivienda
en Madrid y
el 33% de
otra en
Ávila.
También
destaca el
patrimonio
inmobiliario
de Pedro
Rollán, que
suma 60.480
euros entre
ahorros,
acciones y
un plan de
pensiones.
Rollán es
titular de
cinco
propiedades
al 50%: una
vivienda,
una plaza de
garaje, dos
parecelas
urbanas y
una parcela
rústica, si
bien el
consejero de
Transporte
es poco
concreto y
simplemente
detalla que
todos sus
inmuebles se
encuentran
en la
Comunidad de
Madrid sin
especificar
la
localidad,
menos la
parcela
rústica,
ubicada en
Salamanca.
Cifuentes y
sus siete
consejeros
también
hicieron
públicas sus
declaraciones
de la renta
relativas a
2014. A seis
de ellos les
salió a
devolver,
incluida la
presidenta
regional, a
quien
Hacienda
tuvo que
devolver 737
euros,
aunque la
más
beneficiada
fue Engracia
Hidalgo, que
recibió
6.709 euros
de la
Agencia
Tributaria.
Por contra,
quienes
tuvieron que
pagar fueron
los
consejeros
de Educación
y Sanidad,
Rafael Van
Grieken y
Jesús
Sánchez: el
primero tuvo
que abonar
342 euros,
mientras que
al segundo
Hacienda le
reclamó 779
euros.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/08/18/cifuentes_declara_ser_mas_pobre_gobierno_36635_1012.html
CIFUENTES VE
"RIDÍCULO"
QUE DIGAN
QUE CONOCE A
DE PEDRO CON
EL QUE
APARECE EN
UNA FOTO E
INTERCAMBIÓ
TUITS
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid
intercambió
mensajes
públicos y
una imagen
con el
'conseguidor'
de la trama
Púnica en
2011, aunque
subraya que
también hay
imágenes
suyas con
Cristiano
Ronaldo y no
lo conoce.
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
ha tildado
de
"ridículo"
el tratar de
montar una
polémica
para
intentar
relacionarla
con la trama
Púnica
utilizando
para ello
una foto en
la que
aparece con
el presunto
'conseguidor'
de la red,
el
empresario
Alejandro de
Pedro, y un
tuit que
publicó en
2011 (cuando
era diputada
en la
Asamblea)
dirigido al
imputado
donde
transmite
que pueden
tomarse un
café si
tienen
tiempo.
Así lo ha
indicado en
la mañana
del jueves a
los medios
de
comunicación
tras la
entrega de
llaves de
una vivienda
de la
Comunidad en
alquiler muy
reducido
para una
familia en
situación de
especial
necesidad y
en
referencia
al
mencionado
tuit y a una
foto en la
que aparece
con De
Pedro. "Yo
no conozco a
ese señor,
lo voy a
decir una y
mil veces, y
el hecho que
tenga una
foto con él
no significa
que le
conozca y
que tenga
ningún tipo
de relación
con él, que
no la
tengo", ha
aseverado la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid.
"¿De verdad
alguien se
puede creer
que si yo
tengo que
mensajearme
con el señor
De Pedro o
con
cualquier
otra persona
lo hago en
abierto en
Twitter? Lo
lógico sería
que le
mandara un
mensaje al
móvil, que
me lo
mandara él a
mí o a
través de un
mensaje
privado en
Twitter", ha
insistido.
Cifuentes ha
indicado que
cualquier
persona
conoce la
forma en la
que se ha
relacionado
e
interactuado
durante años
en la red
social
Twitter y ha
insistido en
que ella no
seguía a De
Pedro y que
el hecho de
que tenga
una foto con
él no
significa
que le
conociera,
pues se hace
instantáneas
con muchas
personas de
manera
habitual.
No pasa
"nada" por
conocerlos
A modo de
anécdota, ha
señalado que
hace poco
publicó en
la red
social una
foto con el
jugador del
Real Madrid
Cristiano
Ronaldo y
que ella
sabe quien
es por su
profesión
pero no le
conoce ni
tiene
relación con
él. "Me
parece un
tema
absolutamente
ridículo",
ha insistido
la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
quien ha
añadido que
si conociera
a De Pedro o
al
empresario
David
Marjaliza
tampoco
"pasaría
absolutamente
nada". "Pero
da la
casualidad
de que no
les
conozco", ha
apostillado.
Cifuentes ha
insistido en
que no
pasaría nada
tampoco si
conociera a
ambos,
aspecto que
no ocurre, y
ha añadido
que "ojalá
no conociera
a ningún
imputado"
pero que
"desgraciadamente"
sí conoce a
algunos
imputados
que han sido
miembros de
su partido.
"Que esto se
aproveche
torticeramente
por parte de
algunos,
como se está
tratando de
hacer, para
dar a
entender que
tiene que
ver algo con
la Púnica,
me parece
que en
política no
vale todo",
ha
insistido.
http://www.publico.es/politica/cifuentes-ve-ridiculo-digan-conoce.html
MÁS ‘PÚNICA’
PARA
CIFUENTES:
¿POR QUÉ EL
JUEZ ESTÁ
PREGUNTANDO
POR LA
PORTAVOZ
ADJUNTA DEL
PP EN LA
ASAMBLEA DE
MADRID?
Isabel Díaz
Ayuso,
número dos
del Grupo
Popular, era
responsable
de las redes
sociales del
partido
mientras el
'conseguidor
púnico'
Alejandro de
Pedro se
hacía con
contratos
Se escucha
en las
grabaciones
de las
declaraciones
de la
Audiencia
Nacional. El
juez Eloy
Velasco le
preguntó a
Lucía Figar,
la imputada
exconsejera
del Gobierno
de la
Comunidad de
Madrid, cómo
había
conocido a
Alejandro de
Pedro. Y la
exconsejera
respondió
que a través
de Isabel
Díaz Ayuso.
También
puede
escuchar
cómo el
magistrado
pregunta a
otros
imputados,
por ejemplo
a la
directora de
Comunicación
de Esperanza
Aguirre, por
si conocían
a Isabel
Díaz Ayuso.
¿En qué se
basa el
interés del
magistrado
que está
dirigiendo
el sumario
de la trama
Púnica en
Isabel Díaz
Ayuso? Según
fuentes
cercanas a
la
investigación
con las que
ha hablado
ELPLURAL.COM,
el interés
del juez
proviene de
un hecho: en
el momento
en el que
Alejandro de
Pedro (que
ha pasado a
ser conocido
como ‘el
conseguidor’
de la trama
y una de sus
cabezas
junto a
Francisco
Granados y
el
empresario
David
Marjaliza)
se mostraba
más activo
buscando
hacerse con
los
contratos de
imagen de
diferentes
gobiernos y
dirigentes
del PP,
Isabel Díaz
Ayuso era la
responsable
del control
de las redes
sociales
‘populares’.
Además, en
concreto, de
llevar
personalmente
la cuenta de
Esperanza
Aguirre,
presidenta
del partido
en Madrid.
Momento en
el que se
produjo, por
ejemplo,
este
intercambio
de mensajes
entre
Alejandro de
Pedro y
quien
‘firma’
Esperanza
Aguirre,
pero que,
nos aseguran
fuentes
populares,
escribió
quien
llevaba la
cuenta:
Posteriormente,
cuando
Cristina
Cifuentes
presentó su
candidatura
a la
presidencia,
dio el paso
de
responsabilizarse
de las
cuentas en
redes de la
ahora
presidenta
de Madrid.
Un trabajo
que debió
realizar lo
suficientemente
bien al
gusto de
Cifuentes
como para
que, a pesar
de ir en el
número 23 de
la lista del
PP para la
Asamblea, en
estos
momentos sea
la número
dos,
portavoz
adjunta, del
Grupo
Popular.
Desde ese
puesto, en
su cuenta de
Twitter,
Isabel Díaz
Ayuso,
aunque sin
citar en
ningún
momento a
Alejandro de
Pedro ni las
características
de su
relación con
él, no ha
tenido
reparos en
mostrarse
activa sobre
este asunto
alabando
tanto al PP
de Madrid…
…como
aireando las
‘explicaciones’
de la
presidenta
de la
Comunidad,
su jefa,
Cristina
Cifuentes,
sobre su
amistoso
intercambio
de tuits con
el propio
Alejandro de
Pedro, del
que les
hemos
informado en
ELPLURAL.COM.
http://www.elplural.com/2015/08/14/mas-punica-para-cifuentes-por-que-el-juez-esta-preguntando-por-la-portavoz-adjunta-del-pp-en-la-asamblea-de-madrid/
CIFUENTES
REDACTA UN
DECÁLOGO
PARA
DEFENDERSE
EN TWITTER
POR ‘SU
RELACIÓN’
CON ‘EL
PÚNICO’ DE
PEDRO
La
presidenta
de Madrid
publica ocho
tuits con
los que
intenta
justificar
sus
intercambios
de mensajes
con el
'conseguidor'
Alejandro de
Pedro... por
la reacción
en las
redes, no
convence
Cristina
Cifuentes ha
decidido
huir hacia
delante en
el problema
que tiene
por ‘su
relación’
con
Alejandro de
Pedro, el
conocido
como
‘conseguidor
de la
Púnica’. En
el sumario
aparecía que
de Pedro
había
decidido
contactarla
para
ofrecerse a
llevarle su
imagen en
las redes, y
que iba a
hacerlo a
través de su
directora de
comunicación.
Desde el
primer
momento
Cifuentes
nos negó a
nosotros y a
otros medios
que el
contacto se
produjera,
sin embargo,
unos tuits
encontrados
por usuarios
en la propia
cuenta de la
presidenta
de Madrid
venían a
mostrar que
su relación
había sido
más próxima
de lo que
había
reconocido.
Cifuentes,
utilizando
su cuenta de
Twitter ha
decidido ni
rectificar,
ni negar, ni
explicar,
sino
descalificar
sus propios
tuits con de
Pedro, y lo
ha hecho a
través de
ocho tuits,
una especie
de ‘tabla de
la ley’ de
Cifuentes,
con los que,
conforme a
su lógica,
viene a
explicar su
uso de las
redes.
Es más, como
si se
tratara del
decálogo
bíblico,
Cifuentes ha
publicado un
último tuit
intentando
‘cerrar’ el
asunto con
su lógica:
Cifuentes
Ronaldo
El problema
para la
presidenta
de Madrid es
que sus ocho
puntos de la
verdad más
estrambote
no han
cerrado el
asunto. Al
contrario,
los usuarios
de la red
han
comenzado a
contestarla.
Entre los
primeros, el
dirigente de
Podemos,
Pablo
Echenique.
http://www.elplural.com/2015/08/13/cifuentes-redacta-un-decalogo-para-defenderse-en-twitter-por-su-relacion-con-el-punico-de-pedro-2/
CIFUENTES,
SOBRE EL
CONSEGUIDOR
DE LA
PÚNICA: "NO
CONOZCO A
ESE SEÑOR,
LO REITERO Y
LO VOY A
DECIR UNA Y
MIL VECES"
La
presidenta
de Madrid
asegura que
las
conversaciones
en Twitter
con
Alejandro de
Pedro y la
fotografía
juntos que
ambos
difundieron
no significa
que ambos se
conozcan
"No pasaría
absolutamente
nada si le
conociera y
me hubiera
tomado con
él un café o
25", apunta
Cifuentes
que lamenta
conocer a
algunos
imputados
del Partido
Popular
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
insiste en
que no
conoce a
Alejandro de
Pedro, uno
de los
principales
cabecillas
de la
operación
Púnica, pese
a aparecer
junto a él
en una
fotografía
que ella
misma
compartió en
Twitter y
pese a las
conversaciones
que ambos
mantuvieron
en esta red
social. Para
Cifuentes,
aparecer en
una
instantánea
con una
persona y
compartirla
en su cuenta
personal no
significa
nada. "Yo no
conozco a
ese señor,
lo reitero y
lo voy a
decir una y
mil veces",
ha dicho
este jueves
durante la
entrega de
las llaves
de una
vivienda
social en el
barrio de
Tetuán a una
familia con
riesgo de
exclusión.
"Yo no
conozco a
ese señor.
Tengo fotos
con él como
tengo con
muchísimas
más
personas. Yo
me hago
fotos con
cualquiera
que me lo
pida", ha
aclarado.
Cifuentes ha
asegurado
además que
"no pasaría
nada si le
conociera" o
si se
hubiera
tomado con
él "un café
o 25". La
presidenta
madrileña ha
calificado
de
"torticero"
que algunos
medios la
intenten
relacionar
con la
Operación
Púnica y ha
dicho que en
política "no
debería
valer todo".
"Me parece
que en
política no
vale todo.
Ni para los
que me
trollean en
Twitter ni
para algunos
medios de
comunicación
tampoco", ha
apuntado.
"Hace un
rato he
publicado
una foto que
me he
encontrado
con
Cristiano
Ronaldo y
alguien
puede pensar
que el señor
Cristiano
Ronaldo y yo
nos
conocemos y
no es así.
Vamos yo
creo que no
me conoce,
yo a él sí
le conozco",
ha
argumentado
Cifuentes.
La
presidenta
madrileña ya
había negado
tajantemente
conocer a
Alejandro de
Pedro. Sin
embargo,
Cifuentes
mantuvo
conversaciones
públicas vía
Twitter con
el imputado
en las que
comentaban
cuándo tomar
un café o
que la
presidenta
era "más
guapa en
persona".
Cifuentes
dice en uno
de los tuits
que está
encantada de
haber "desvirtualizado"
al
informático
envuelto en
la trama
corrupta.
Por otro
lado, en el
sumario de
la Operación
Púnica,
Alejandro de
Pedro dice
telefónicamente
que va a
pedir una
cita con
Cifuentes
"pues le
conoce". De
Pedro
confirma que
va a llamar
a Marisa que
era la
directora de
Comunicación
de
Cifuentes.
http://www.eldiario.es/politica/Cifuentes-Pedro-conozco-reitero-decir_0_419608328.html
CIFUENTES,
PILLADA EN
TWITTER DE
CHARLA CON
EL
CONSEGUIDOR
DE LA
PÚNICA: “SI
TENGO UN
MOMENTO TE
INVITO A UN
CAFÉ”
ELPLURAL.COM
ya destapó
los intentos
de Alejandro
de Pedro por
acercarse a
ella y el
entorno de
la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid
siempre ha
negado que
hubiese
contactos
Los
portavoces
de Cristina
Cifuentes
mienten, o
dicen la
verdad a
medias. Tras
la
revelación
por parte de
ELPLURAL.COM
de que la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid
aparecía en
el sumario
de la Púnica
como una
potencial
cliente de
la trama, el
entorno de
Cifuentes se
empeñó en
señalar que
el
conseguidor
de la trama
no había
contactado
con ella,
aunque en
realidad
parece que
fue
Cifuentes
quien
contactó con
él, según un
tuit de 2011
descubierto
en su
cuenta.
En dicho
mensaje, es
Cifuentes la
que le dice
a De Pedro
“Si tengo un
momento
durante el
Pleno te
invito a un
café :-) ”
El emoticono
iba incluido
y ni
siquiera se
trata de un
mensaje
privado,
intervenido
por la
Policía,
sino un tuit
a plena luz
que muestra
su confianza
con el que
hoy en día
es
considerado
uno de los
cerebros de
la trama y
que ha sido
destapado
por los
usuarios de
la red
social.
En el
sumario,
como destapó
ELPLURAL.COM,
Alejandro de
Pedro exhibe
sus
conocimientos
en las
alturas del
PP y le dice
a su
‘socio’,
según se
recoge en la
nota de la
Guardia
Civil “que
va a pedir
una cita con
CIFUENTES
pues le
conoce.
ALEJANDRO
dice que va
a llamar a
MARISA que
es la
DIRECTORA DE
COMUNICACIÓN
de CIFUENTES
además de
GALLARDÓN y
le conoce
muy bien”.
El asunto
les parece
un negocio
importante,
y, concluye
la nota
policial,
“JOSE
ANTONIO dice
que se ponga
las pilas
con ese
asunto”.
La
presidenta
de la
Comunidad ya
se ha
apresurado a
asegurar
también en
Twitter que
nunca llegó
a tomarse
café “ni
otra cosa”
con De Pedro
y ha
presumido de
que se
diferencia
de otros
políticos
como Ramón
Espinar, de
Podemos, que
“han borrado
todo su
historial en
Twitter para
que nadie
sepa qué ha
dicho/hecho”.
En
ELPLURAL.COM
ya les
contamos
cómo
precisamente
por la
existencia
de contratos
con la trama
para ‘la
mejora de su
imagen’, el
juez llamó a
declarar
como
imputadosal
exvicepresidente
de la
Comunidad de
Madrid,
Salvador
Victoria, a
la consejera
Lucía Figar
y también a
la directora
de
Comunicación
de Esperanza
Aguirre y de
Ignacio
González,
Isabel
Gallego.
Incluso,
como también
les
contamos,
hasta un
dirigente
del PP ya
fuera de la
primera
línea, como
Eduardo
Zaplana,
reconoció a
nuestro
periódico
que le había
contactado
Alejandro de
Pedro.
http://www.elplural.com/2015/08/12/cifuentes-pillada-en-twitter-de-charla-con-el-conseguidor-de-la-punica-si-tengo-un-momento-te-invito-a-un-cafe/
LAS
CONVERSACIONES
Y LA FOTO DE
CIFUENTES
CON UN
CABECILLA DE
LA PÚNICA AL
QUE NIEGA
CONOCER
La
Presidenta
de la
Comunidad de
Madrid
Cristina
Cifuentes ha
negado
tajantemente
conocer a
Alejandro de
Pedro, uno
de los
cabecillas
de la trama
Púnica: "No
conozco al
señor De
Pedro, ni
conozco a
ninguna de
estas
personas,
más allá de
conocerles a
través de
los medios
de
comunicación".
Rastreando
el twitter
de Cifuentes
hemos
encontrado
que con De
Pedro tenía
conversaciones
distendidas.
No podemos
saber qué
contestaba
Alejandro de
Pedro porque
su twitter
no está
disponible,
pero sí
sabemos que
Cristina
Cifuentes,
en noviembre
de 2010, le
echaba en
cara a uno
de los
cabecillas
de la trama
Púnica que
no le
hubiera
saludado.
Pero hay
más. Unos
meses más
tarde, en en
Congreso
Nacional del
PP que se
celebró en
Sevilla en
enero de
2011, se
conocieron
personalmente.
Alejandro de
Pedro llegó
a piropear a
Cifuentes
después del
encuentro. Y
ésta se lo
agradeció.
Un mes
después,
seguían en
contacto por
Twitter. En
febrero de
2011,
durante
varios días,
Cristina
Cifuentes se
escribió con
Alejandro de
Pedro desde
el Pleno de
la Asamblea
de Madrid
con
intención de
verle e
invitarle a
un café.
Además,
Alejandro De
Pedro
reconoce en
una
conversación
telefónica,
incluida en
el sumario
de la
Púnica, que
él conoce a
Cifuentes y
a su jefa de
prensa "Marisa".
Sumario
Púnica
Si ese café
tuvo
finalmente
lugar, y si
se lo
tomaron
dentro de la
Asamblea de
Madrid
porque
alguien l