BRILLANTE GESTIÓN DEL EMPRESARIO TORERO SA.  

LA RENTA AGRARIA CAERÁ UN 10% POR EL ALZA DEL GASÓLEO

La renta de los agricultores españoles caerá un 10% el próximo año como consecuencia del aumento "desmesurado" de los precios del gasóleo, que ha provocado unas pérdidas en el sector de más de 100.000 millones de pesetas. Como se recordará, el precio del gasóleo B ha pasado de las 46,3 pesetas por litro en enero del pasado año a las 85 pesetas por litro en la actualidad, lo que significa que el Gobierno ha conseguido una recaudación extra vía IVA como consecuencia del incremento del precio del gasóleo agrícola de 26.629 millones de pesetas. Al alza de los precios del gasóleo hay que sumar, además, el fuerte descenso en el volumen productivo debido a la sequía, especialmente en los sectores de cereales y aceite de oliva, y al descenso en el precio de los productos agrarios. Durante 1999, en el que el número de ocupados en la agricultura bajó en 47.000 personas, la pérdida del poder adquisitivo llegó al 5%  (Noviembre 2000). 

EL INGENIOSO MINISTRO DE AGRICULTURA DECLARA QUE A "LOS REGADÍOS HAY QUE MANEJARLOS COMO A LAS MUJERES"

En el Foro Jaén de Opinión y Debate y en el transcurso de su intervención dijo: "El regadío hay que utilizarlo como a las mujeres, con mucho cuidado, que le pueden perder a uno". Esta frase machista la utilizó mientras defendía la tesis de que España no podía desarrollar tantos regadíos como se solicitan, porque ello llevaría a una sobreproducción en los cultivos. No fue ésta la única alusión que ha levantado protestas. Arias Cañete también hizo referencia a la "gran amistad" que le une al consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Paulino Plata, al que dijo que llamaba tantas veces por teléfono que le está saliendo "como una novia cara". Por su parte, la secretaria general del PP de Jaén, Inmaculada Solar, presente en el debate con resignación declaró:. "No es la más afortunada de las expresiones, pero yo estaba allí, soy mujer, y no me sentí aludida ni ofendida". Sí se sonrió al escuchar la comparación del regadío con la mujer, y reconoce que pensó: "Anda, lo que ha soltado el ministro". Inmaculada Solar cree que fue "el ambiente relajado" el que hizo que Arias Cañete se expresase "de forma campechana", por lo que considera que sus palabras "se han sacado de contexto" (Noviembre 2000). 

EL LOCUAZ MINISTRO DE AGRICULTURA NO PARA : ESTA VEZ SOBRE EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL VISTO DESDE  EL CONSEJO DE MINISTROS 

"No, salir, sale por cojones....Porque el  Plan Hidrológico o sale en esta  legislatura o no sale nunca. Porque pasan dos cosas: que tenemos mayoría y hemos perdido en Aragón. Yo se lo digo ahora que va a ser así. Esta vez sale por narices...En diciembre sale de las Cortes y entra a tramitarse la ley, que va a ser un paseo militar..Tenga usted la seguridad que el presidente ha dicho en el Consejo de Ministros.-.-estando yo- que esto salía por huevos." ( DIXIT CAÑETE   EN LA POBLACIÓN MURCIANA DE JUMILLA ) (Noviembre 2000). 

IMÁGENES DEL EVENTO

 

 MILES DE PERSONAS EXIGEN EN BARBATE UN ACUERDO DE PESCA CON MARRUECOS

Más de 4.000 personas se manifiestan por las calles de Barbate (Cádiz) para exigir un acuerdo de pesca con Marruecos. Con esta protesta, los vecinos de la localidad gaditana, una de las más afectadas por el retraso en la firma del tratado con Rabat, recordaron que llevan un año con la flota amarrada. Los marineros encabezaron una marcha que contó con el respaldo de todos los partidos políticos y de los vecinos de Barbate, un pueblo de 22.000 habitantes dependiente de la pesca. Tras casi dos horas de protesta, apoyada por los comerciantes con el cierre de sus establecimientos, los manifestantes se concentraron ante las naves de la lonja para dar lectura a un manifiesto en el que rechazaron el anuncio del ministro de Pesca, Miguel Arias Cañete, sobre la reconversión de la flota si el 31 de diciembre no hay acuerdo. El alcalde de Barbate, Juan Manuel de Jesús (PP), afirmó: "La reconversión supone destrucción de puestos de trabajo y aquí no hay alternativas". El presidente de la Asociación de Armadores de Barbate, Ramón Rivera afirmó que el Gobierno "tiene que aceptar que hay un problema" (Diciembre 2000).

CASO LINO & LOYOLA : EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN DETECTA UN "FRAUDE GENERALIZADO" EN LAS SUBVENCIONES AL LINO

La Fiscalía Anticorrupción notifica a la Oficina Europea de Lucha Antifraude "la existencia de un fraude generalizado" en la aplicación en España de las ayudas comunitarias al sector del lino textil en las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León. La Fiscalía explica que el fraude se produjo en los casos en los que el agricultor percibía toda la subvención comunitaria tras haber contratado la transformación de la varilla de lino con una empresa especializada. Anticorrupción ha anunciado que va a ejercitar las acciones penales que correspondan. Como se recordará,  el escándalo se saldó con las dimisiones del presidente del fondo Español de Garantía Agraria, Nicolás López de Coca y el director financiero de la empresa pública Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz, cuyos negocios privados estaban relacionados con el lino (uno lo cultivaba y otro lo transformaba). Entonces el Gobierno rechazó la existencia de irregularidades en las subvenciones del lino. La entonces ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, tan sólo admitió que existía "un problema de estética" en el cobro de subvenciones por empresas en las que participaban algunos de sus altos cargos. Lo demás, señaló De Palacio, era "un montaje electoral del PSOE".

Por su parte, el diputado del Grupo Popular Jaime Ignacio del Burgo, que defendió cuando estalló el escándalo la inocencia de los cultivadores del lino, acusa a la Fiscalía Anticorrupción de "clara y manifiesta arbitrariedad", y de conculcar derechos fundamentales al poner "a ojos de los españoles a todos los agricultores que cultivaron lino como presuntos delincuentes". "Me siento sorprendido y abochornado por la nota del fiscal al decir que hay un fraude generalizado. Si durante dos años la fiscalía dice haber estado investigando y sus conclusiones son las que figuran en la nota hecha pública, verdaderamente habría que suspenderle el sueldo, porque eso es un fraude a los contribuyentes españoles, que no pagan sus impuestos para que se produzca un resultado tan lamentable", remachó Del Burgo (Diciembre 2000).

 CASO LINO: LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN PRESENTARÁ SIETE QUERELLAS CONTRA LAS REDES DE 'CAZAPRIMAS' 

La Fiscalía Anticorrupción presentará siete querellas contra otros tantos grupos de cultivadores y transformadores de lino que, supuestamente, cometieron fraude en el cobro de subvenciones de fondos europeos al falsear las firmas de producción. Los supuestos defraudadores contra los que actuará la Fiscalía se localizan en Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Las querellas se ceñirán a aquellos casos en los que ha podido comprobar documentalmente el delito. Entre los implicados destacan  la industria Colino, propiedad del ex director de la empresa pública Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz. Entre  sus clientes  figuraron dos cargos del PP: Carlos Moro, ex delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha; y Nicolás López de Coca, presidente del Fondo Español de Garantía Agraria cuando estalló el escándalo.

Por otro lado, el jefe de la fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, replica al diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, que tachó de "arbitraria" esta investigación. Jiménez Villarejo defendió el rigor de las pesquisas y acusó a este parlamentario de sentir "nostalgia" de la fiscalía de la etapa franquista, y de defender más su "interés personal" como diputado que a los ciudadanos. Del Burgo replicó que "el que se comporta como un fiscal franquista es quien no acepta la crítica" y calificó su actuación de "chapucera" y de "gravemente perjudicial para España" (Diciembre 2000).

LAS COSAS DE LOYOLA DE PALACIO : DENUNCIA ANTE LA AUDIENCIA EL FRAUDE DEL LINO QUE REVENTÓ EN SU MANDATO

En un pintoresco y radical cambio de actitud, la ex ministra de Agricultura y actual vicepresidenta de la Comisión Europea presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional para que investigue el fraude del lino en España, que reventó durante los tres años (de mayo de 1996 a abril de 1999) en que ella dirigió Agricultura. La ex ministra siempre mantuvo que se trató de "un montaje electoral del PSOE". Ahora admite que pudo haber "un fraude generalizado", pero por la falta de control de los Gobiernos autónomos. El cambio de actitud de la ex ministra se produce precisamente sólo unos días antes de que se difunda el informe definitivo de la Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF), que ya adelantó a finales del año pasado sus sospechas de la existencia de un amplio fraude en el sector del lino en España. Además, la Fiscalía Anticorrupción mantiene que se produjo "un fraude generalizado" y prepara siete querellas contra cazaprimas del lino que pueden afectar a algunos ex colaboradores de De Palacio (Enero 2001). 

CASO LINO: EL PP AMENAZA EN LA COMISIÓN EUROPEA

"Si tocan un pelo a Loyola de Palacio, haré todo lo posible para que caiga la Comisión Europea [CE]". El mensaje, repetido  por Gerardo Galeote, lo expresó el líder de los eurodiputados del PP en una reunión que mantuvo en Estrasburgo con varios comisarios europeos. Galeote comentó  esa reunión tras saber que los socialistas españoles han presentado en la Eurocámara una pregunta para que el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, diga qué piensa hacer "en relación con las responsabilidades" que se derivan del escándalo del lino en España, registrado cuando De Palacio era ministra de Agricultura (Enero 2001).
 

CASO LOYOLA & LINO: EL FISCAL PIDE QUE SE CITE A UN EX ALTO CARGO DEL GOBIERNO Y A 41 AGRICULTORES POR EL FRAUDE DEL LINO

El fiscal anticorrupción David Martínez Madero pide al juez Baltasar Garzón que admita la competencia para investigar la denuncia presentada por la comisaria europea y ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio y que cite a declarar, en calidad de imputados, a Gonzalo Ruiz Paz, ex director financiero de la empresa pública Mercasa, y a 41 agricultores y transformadores por supuesto delito de fraude en las subvenciones de la Unión Europea al sector del lino.El informe del fiscal se refiere a un delito contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en las subvenciones otorgadas por la Unión Europea tipificado en el artículo 309 del Código Penal. El fiscal Martínez Madero pide al juez que cite a declarar en calidad de imputados a 42 personas, entre ellos Gonzalo Ruiz Paz, que en 1999 tuvo que dimitir de su cargo de director financiero de la empresa pública Mercasa debido a que su familia era propietaria de Colino SL (Compañía Linera del Centro), empresa transformadora de lino radicada en Castilla-La Mancha (Febrero 2001).

 

 CASO LOYOLA $ LINO: UN EURODIPUTADO VE COMPLICIDAD EN AGRICULTURA POR EL FRAUDE DEL LINO

El eurodiputado austriaco Herbert Bösch, socialdemócrata, encargado de redactar un informe sobre la lucha contra el fraude registrado en 1999, señala en el proyecto de su trabajo que en España debió haber "cómplices" en el Ministerio de Agricultura para que se produjeran irregularidades en las subvenciones comunitarias al cultivo del lino. "Hay razones para suponer que los sospechosos debieron contar con cómplices en altos puestos del Ministerio español de Agricultura o bien éstos hicieron la vista gorda de la forma más despreocupada", asegura Bösch en su propuesta preliminar. El eurodiputado austriaco recuerda al presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, que se marcó como una de las principales exigencias de su Ejecutivo "una política de tolerancia cero en la lucha contra el fraude y la corrupción". Pese a ello, hasta el momento se han conocido ya tres casos de fraudes: en Italia, las irregularidades afectan a la distribución de mantequilla adulterada; en Estocolmo, las anomalías financieras se encuentran en la oficina de la Comisión; y en España, en el fraude del lino. El juez Baltasor Garzón, que instruye la denuncia de la ex ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, calcula que el fraude del lino oscila entre los 2.000 y los 10.000 millones de pesetas (Febrero 2001). 

CASO LOYOLA $ LINO: LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DESTAPA LA EXISTENCIA DE REDES HISPANOPORTUGUESAS DE 'CAZAPRIMAS “

Agricultores españoles han empezado a utilizar certificados de transformación del lino en fibra textil de industrias portuguesas para eludir los severos controles implantados en España tras estallar el escándalo del fraude en el cobro de subvenciones europeas. Con este sistema, las autonomías españolas han de limitarse a abonar el importe de las ayudas comunitarias por un lino cuya transformación no han podido verificar, ya que la operación se ha hecho en Portugal. La Fiscalía Anticorrupción, Gobiernos autónomos y diversos cultivadores mantienen que no es rentable transformar lino español en Portugal, a unos 500 kilómetros de donde se cultiva, por lo que consideran este fenómeno una nueva vía de fraude, donde el lino sólo existe sobre el papel.

El fiscal del caso, David Martínez Madero, ha solicitado al juez Garzón que ofrezca a la Comisión Europea que se persone en la causa como parte perjudicada. El fiscal propone además que se personen el Estado español y a la comunidades implicadas, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Los gobiernos autonómicos ya habían expresado su intención de hacerlo (Febrero 2001).

LA OFICINA ANTIFRAUDE DE LA UE CULPA A EMPRESAS DE FAMILIARES DE EX ALTOS CARGOS DE AGRICULTURA

La Oficina Antifraude de la UE (OLAF) ya ha apuntado las principales responsabilidades del fraude del lino registrado en España: las empresas transformadoras, en las que había familiares de altos cargos del Ministerio de Agricultura, y las comunidades autónomas, que ejercieron un 'débil' control sobre las ayudas europeas al sector. El informe de la OLAF destaca que en la campaña 1998-1999 las transformadoras de lino declararon haber tratado 84 millones de kilos de ese producto, cuando su capacidad real era de un 35% de esa cantidad. La mayor parte del informe consiste en la reproducción de la amplia documentación aportada a la OLAF por las comunidades autónomas afectadas, y especialmente por Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha. Es la primera de esas comunidades, según el informe, la que más lino produjo, la que tenía mayor número de empresas transformadoras y la que recibió mayores cantidades de subvenciones. De la lectura del informe se desprende que el principal origen del fraude se produjo en las empresas transformadoras (Marzo 2001).

 EL MINISTERIO DE AGRICULTURA SUPO QUE BRUSELAS INVESTIGABA EL FRAUDE DEL LINO UN AÑO ANTES DE QUE ESTALLARA EL ESCÁNDALO

El Ministerio de Agricultura conoció en julio de 1998, un año antes de que estallara el escándalo, que la UE investigaba la existencia de un fraude masivo del lino en España. En esa fecha, una misión de la UE inspeccionó el cultivo de ese producto en España y halló indicios de fraude, recogidos en un informe posterior. Participaron en dicha misión funcionarios de Agricultura y del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), que dirigía Nicolás López de Coca, quien dimitió en 1999 tras conocerse que cultivaban lino familiares suyos.

Las conclusiones de los investigadores comunitarios -miembros de la división de Agricultura y de la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF)- fueron demoledoras:

- Clima inadecuado: 'España, salvo Cataluña, no tiene condiciones climáticas adecuadas para cultivar el lino; incluso aumentando los sistemas de cultivo o las dosis de semillas por hectárea el rendimiento y la calidad de la fibra seguirán siendo pobres'.

- Falta de estructuras industriales. 'El aspecto climatológico/agronómico, así como la falta de estructuras industriales para la producción de fibra de lino, y el interesante monto de la ayuda son elementos bastante evidentes que nos hacen concluir que la explosión de las superficies de lino que han solicitado ayuda en España se debe principalmente al fenómeno bien conocido bajo el nombre de cazaprimas'.

- Sin control. 'En lo que concierne a los controles sobre la importación de semillas de lino no destinadas a la siembra, sean a nivel del FEGA o de las autonomías, se constata que ningún control se ha realizado hasta la fecha sobre su destino final'.

Tan contundente como las conclusiones de la misión de la UE de julio de 1998 es la evidencia de que en ella participaron funcionarios de Agricultura y del FEGA. Así, mientras familiares del entonces presidente del FEGA cosechaban ayudas por el cultivo del lino, subordinados de López de Coca colaboraban en la misión de los inspectores comunitarios que descubrió la existencia de cazaprimas en España (Julio 2001).

UNA FUNCIONARIA DECLARA QUE UN SUPERIOR QUISO ORIENTAR SU TESTIMONIO SOBRE EL LINO: La declaración de una funcionaria del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) en el sumario del lino aporta dos cargas de profundidad. La primera, que días atrás un superior le sugirió contactar con los abogados de Colisur (empresa de la que son socios dos hijos del ex director de dicho organismo, Nicolás López de Coca, e imputados en esta causa) para que le 'orientaran' en su declaración. La segunda: admitió que elevó hasta cinco informes sobre el fraude del lino meses antes de que lo denunciara la Fiscalía Anticorrupción. Inmaculada Méndez, una funcionaria del FEGA que acompañó a las misiones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) para investigar el fraude del lino, prendió ayer una mecha en el sumario sobre este herbáceo que puede afectar a responsables y ex responsables de este organismo, según fuentes jurídicas. A preguntas del fiscal, David Martínez Madero, esta funcionaria declaró ante el juez que instruye este caso, Baltasar Garzón, que antes de comparecer en la Audiencia recibió un singular recado de un superior, Juan Antoñanzas, quien le pidió supuestamente que se pusiera en contacto con los abogados de Colisur para que le 'orientaran' en su declaración. La funcionaria admitió que tal consejo le causó estupor, y lo puso en conocimiento de la directora del FEGA, Elena de Mingo. Garzón impidió a todos los presentes que salieran del despacho para evitar que Antoñanzas pudiera ser alertado sobre la declaración de su subordinada. Antoñanzas, a poco de sentarse ante el juez, fue preguntado por el recado. Reconoció que sí había hablado con ella sobre su declaración, pero alegó que la funcionaria le había malinterpretado. Fuentes de la investigación consideraron este hecho muy grave ante la sospecha de que se haya intentado aleccionar a una testigo clave. Precisamente esta semana los abogados de Colisur, presentes en dicho interrogatorio, acompañaran a sus clientes ante el juez Garzón por esta misma causa. Dos de los socios de Colisur son hijos de López de Coca. La funcionaria Inmaculada Méndez ofreció más sorpresas. El fiscal le preguntó si cuando acompañó a las misiones de la Olaf que investigaban el fraude del lino elevó informes a sus superiores. La funcionaria no sólo lo reconoció, sino que aportó sus cinco informes. Su documentación permitió comprobar que cuando la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2000 denunció 'el fraude generalizado' en las ayudas al lino, y el Gobierno y el PP mostraron sorpresa e indignación, el ministerio de Agricultura poseía al menos cinco informes elaborados por esta funcionaria que detallaban, paso a paso, las fisuras del sistema, según informaron ayer fuentes jurídicas próximas al caso. El último informe, de 19 de diciembre de 2000, el mismo día que la Fiscalía emitía su denuncia a la Olaf, esta funcionaria realizaba el siguiente diagnóstico: 'Objetivamente, tal y como se pudo observar a lo largo de cada una de las visitas realizadas, ha existido fraude en el sector del lino textil en relación al cobro de las ayudas por parte de los productores bajo la superior organización del mismo por una o varias de las principales transformadoras' (Julio 2001).

EL CONGRESO NIEGA A GARZÓN LOS PAPELES SOBRE EL FRAUDE DEL LINO:  El PP impuso su mayoría en la Mesa del Congreso para denegar (junto a CiU) la entrega de los papeles de la comisión parlamentaria que investigó el fraude del lino al juez Baltasar Garzón, que los había solicitado porque instruye un sumario sobre este caso. El PP sólo aceptó aportar dicha documentación a la fiscalía, quien no la había pedido, por entender que es a dicha institución a la única a la que se podía facilitar esa información. Francisco Camps, diputado del PP y vicepresidente primero de la Cámara, asegura que "al final, el juez tendrá toda la documentación, aunque sea a través de la Fiscalía" (Julio 2001).

LA UE RECLAMA A ESPAÑA QUE DEVUELVA LOS 21.000 MILLONES DE AYUDAS: La Comisión Europea ha optado por un castigo sin precedentes contra España por el llamado escándalo del lino. El Ejecutivo comunitario ha enviado una carta al Ministerio de Agricultura en la que le comunica que Bruselas quiere que España devuelva la totalidad de las ayudas concedidas al lino durante las campañas 1996-97, 1997-98 y 1998-99. En total, unos 21.000 millones de pesetas. En esos años, la ministra de Agricultura era Loyola de Palacio, hoy vicepresidenta de la Comisión Europea. Cabe la posibilidad de que la misma medida se aplique a la temporada 1999-2000.

Habitualmente, la Comisión suele proponer en este tipo de casos que el país que haya cometido una infracción devuelva las supuestas cantidades defraudadas, pero nunca que devuelva todas las ayudas. Ahora, en cambio, los técnicos de los servicios de Agricultura de la Comisión interpretan que se trata de un caso 'muy grave', por lo que hay que tomar una medida sin precedentes. La carta de Bruselas  es el resultado de una reunión que mantuvieron el pasado día 3 técnicos de Bruselas y del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria). A lo largo de la misma se puso de relieve la gravedad de los hechos incluidos en el informe de la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF).Este organismo concluyó la pasada primavera que las empresas transformadoras de lino habían aumentado de forma artificial la cantidad de producto tratado. En la campaña 1998-99, las 13 empresas transformadoras tenían una capacidad máxima de transformación de 29 millones de kilos, pero declararon que habían transformado 84 millones de kilos y recibieron las ayudas europeas correspondientes a esta última cifra, como señala la OLAF.En dos de esas empresas presuntas defraudadoras tenían intereses directos familiares de Nicolás López de Coca, entonces presidente del FEGA y subsecretario del Ministerio de Agricultura, y Gonzalo Ruiz Paz, entonces director financiero de la empresa pública Mercasa. Este último era socio de Colino, la empresa que en la citada temporada declaró haber transformado 15 millones de kilos, cuando, a la vista del consumo eléctrico y de la mano de obra disponible, no pudo transformar más de 2,2 millones,s iempre según la OLAF. Familiares directos de López de Coca eran socios de Colisur, otra transformadora que declaró haber transformado el doble de su capacidad real.

La posición de Loyola de Palacio durante la investigación de este escándalo ha sido realmente muy delicada. En 1999, durante la campaña de las elecciones europeas (ella encabezó la lista del PP), afirmó que el escándalo del lino era 'un montaje electoral del PSOE'. Las evidencias le obligaron a cambiar radicalmente de actitud y, en enero de este año, pocas semanas antes de difundirse el informe de la OLAF, presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional, en Madrid, al entender que en ese caso de había producido 'un fraude generalizado'. El caso cayó en manos del juez Baltasar Garzón.Cuando en agosto de 1999 fue sometida a examen antes de acceder al cargo de comisaria europea, Loyola de Palacio respondió a una de las preguntas: 'Si se produjera una situación similar a la que se ha producido en la comisión saliente, dimitiríamos. Si yo me viera en una situación semejante, por supuesto que dimitiría. Así de claro lo digo. Por supuesto que dimitiría' (Octubre 2001).

LOS POPULARES IMPIDEN UN DEBATE EN LA EUROCÁMARA SOBRE DE PALACIO Y SUS RESPONSABILIDADES: Los representantes del Partido Popular Europeo y del Grupo Liberal impiden en la Conferencia de presidentes de la Eurocámara, formada por los líderes de los grupos, que se acepte una pregunta de los socialistas a la Comisión Europea sobre la situación de Loyola de Palacio tras el escándalo del lino en España. Los socialistas preguntaban si la comisaria de Transportes se considera aún 'exenta de cualquier responsabilidad política en este asunto', pese a que el fraude se cometió cuando ella era ministra de Agricultura. En el texto de la pregunta, los socialistas recordaban que Loyola de Palacio afirmó antes de acceder a su actual cargo de comisaría europea de Transportes que dimitiría si se veía envuelta en algún caso de corrupción. De otro lado, el Parlamento Europeo rechazó con los votos populares un proyecto elaborado por una de sus eurodiputadas, la austriaca Marialiese Fleming, porque en él había sido incluida una enmienda en la que se criticaba el Plan Hidrológico Nacional (PHN). La enmienda indicaba que el Plan Hidrológico 'no aborda el uso sostenible del agua con mecanismos de tarificación y otras medidas de conservación', a la vez que destacaba el excesivo número de presas previstas y de obras para riego (Noviembre 2001).

CAÑETE AMENAZA A BONO CON COBRARLE TODA LA MULTA DE BRUSELAS POR EL FRAUDE DEL LINO: El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, amenaza al presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, con pasarle íntegra la factura que Bruselas exija a España en concepto de devolución de las ayudas del lino. Su argumento fue el siguiente: Bruselas no acusa a España de 'fraude generalizado' en el cobro de ayudas comunitarias del lino, sino de 'pagos indebidos'; la 'gestión' de esas ayudas es 'competencia exclusiva' de las comunidades autónomas; de las tres afectadas, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha, las dos primeras rechazan el dictamen de Bruselas mientras que la presidida por José Bono lo acepta plenamente. Así, pues, Cañete espera que Bono, 'al sufrir las consecuencias económicas de sus actuaciones', vigile mejor el lino en el futuro. El Gobierno de Bono replicó que eso no se lo cree Arias Cañete 'ni harto de vino' (Noviembre 2001).

CINCO LÍDERES DE LA EUROCÁMARA ADVIERTEN DE QUE ESTE ASUNTO  PUEDE ABRIR UNA 'CRISIS INSTITUCIONAL' EN LA UE: Cinco líderes de grupos políticos del Parlamento Europeo han dirigido una dura carta al presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, en la que le apremian a reaccionar cuanto antes ante el escándalo del lino en España, con el fin de evitar 'una nueva crisis interinstitucional' en la UE como la que se produjo en 1999 y que concluyó con la dimisión en bloque del Ejecutivo comunitario. Los firmantes consideran que cualquier intervención de Loyola de Palacio en el problema será considerado 'un caso claro de conflicto de intereses'. Los firmantes de la carta, que representan a 287 eurodiputados sobre un total de 626, recuerdan a Prodi que la Comisión tendrá que tratar en breve la propuesta de los técnicos de Agricultura del Ejecutivo comunitario según la cual España tendría que devolver los 21.000 millones que recibió como ayudas al lino entre 1996 y 1999. Es la Comisión la que tiene la última palabra al respecto, pero De Palacio, hoy vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, era ministra de Agricultura en esos años y, como tal, entienden los autores de la carta, tiene 'al menos una responsabilidad política en este asunto'. Por eso, señalan que es 'prioritario y urgente' que la Comisión determine cuanto antes cómo abordará el problema 'y si su vicepresidenta, De Palacio, va a participar en la decisión', porque, de ser así, se trataría de un caso claro 'de conflicto de intereses'. Los líderes firmantes señalan que Prodi debe aclarar cuanto antes cómo actuará en este asunto precisamente 'para proteger a la Comisión'.

La carta ha sido escrita una vez que los líderes del Partido Popular Europeo, del Grupo Liberal y del Grupo por la Europa de las Naciones (306 votos en total) rechazaran que en el próximo pleno de la Eurocámara hubiera un debate sobre el caso del lino a raíz de una pregunta oral de los socialistas. Quienes fracasaron en su intento de plantear la pregunta son quienes ahora han enviado la carta a Prodi: el francés Francis Wurtz como presidente del Grupo Confederal de la Izquierda Unida (45 eurdodiputados); el belga Paul Paul Lannoye y la finlandesa Heidi Hautala, como presidentes de Los Verdes-Alianza Libre Europea (43); el danés Jens Peter Bonde, presidente del Grupo por la Europa de las Democracias (18), y el español Enrique Barón, presidente del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos (181).Al no poder plantear la pregunta en el pleno, estos líderes exigen a Prodi en la carta que les responda a las cuestiones que le planteaban. Los socialistas preguntaban si De Palacio se considera aún 'exenta de cualquier responsabilidad política en este asunto' del lino y qué procedimientos prevé aplicar la Comisión a la hora de tratar la propuesta de multa a España. En el texto de la pregunta, los socialistas recordaban que De Palacio dijo antes de acceder a su actual cargo que dimitiría si se veía envuelta en algún caso de corrupción (Noviembre 2001).

EL PP AMENAZA AL PARLAMENTO EUROPEO CON UN CONFLICTO SI INVESTIGA A LA COMISARIA DE PALACIO: La dirección del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados amenaza con un conflicto de competencias sin precedentes al Parlamento Europeo (PE) si finalmente accede a investigar las posibles responsabilidades políticas de Loyola de Palacio, ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, en el caso del lino cuando fue ministra de Agricultura de España. El PP instó incluso a la presidenta de la Cámara, Luisa Fernanda Rudi, de ese partido, a remitir institucionalmente y cuanto antes a Bruselas la transcripción literal de la comisión de investigación que se montó sobre el lino para demostrar que fue eximida de culpa por 172 votos frente a 150 (Noviembre 2001).

El PP CONTINÚA CON SUS AMENAZAS: El Parlamento Europeo vuelve  a ser el marco de un duro rifirrafe a cuenta del caso lino. Una leve referencia a ese escándalo por parte del presidente del Grupo de los Socialistas Europeos, Enrique Barón, fue respondida con un violento comunicado por parte del dirigente del PP Gerardo Galeote, quien aseguró que el líder socialista debe evitar 'que estalle una crisis que puede desembocar en un escenario similar al que provocó en 1999 la caída del Ejecutivo que presidía Jacques Santer'. El origen de la trifulca ha sido en esta ocasión una resolución aprobada por todos los grupos mayoritarios de la Eurocámara en la que se critica al presidente de la Comisión, Romano Prodi, por no haber remitido de forma adecuada al Parlamento su programa legislativo para 2002, que llegó por e-mail la noche anterior, cuando debía haberlo presentado en otoño. En presencia de Prodi, Barón tomó la palabra en el pleno y aprovechó para recordarle que aún no ha respondido a una carta suscrita por cinco líderes europarlamentarios en la que le exigían que aclarase cómo actuará la Comisión en el caso lino, ya que el Ejecutivo comunitario debe tomar una decisión final sobre la devolución española de ayudas y su vicepresidenta es Loyola de Palacio, ministra de Agricultura cuando surgió el escándalo. Para Barón, además, el Ejecutivo comunitario ha tardado demasiado en personarse en la causa abierta en la Audiencia Nacional. Casualmente, la respuesta a esa carta también fue conocida por Barón tras el debate. En la carta, Prodi señala que en estos momentos los servicios de la Comisión están en contacto con el Gobierno español antes de tomar una decisión definitiva. Esos servicios de la Comisión han propuesto que España devuelva todas las ayudas concedidas al cultivo español de lino entre los años 1996 y 1999 (21.000 millones de pesetas), pero el Ejecutivo español quiere a toda costa rebajar la sanción. Fue esa mera mención a lino la que desató la violenta respuesta de Gerardo Galeote, quien, de entrada, aseguró que los populares, que cuentan con mayoría en la Eurocámara, modificarán la resolución de crítica a Prodi pese a haberla suscrito inicialmente.

Para el dirigente del PP, la resolución puede interpretarse como una auténtica 'censura' a la Comisión Europea y puede provocar una crisis institucional en la UE 'bien por torpeza, bien por voluntad política de Barón'. Pero agrega que, 'haciendo mención de nuevo al caso del lino' (en la resolución no se cita nada al respecto), el líder socialista busca que la Eurocámara apoye 'la reprobación de la Comisión'.

En la Eurocámara, son los eurodiputados del Partido Popular Europeo (PP) los que cuentan con mayoría, pero en la Comisión hay más representantes de origen socialista que popular. De ahí, la amenaza del PP de que, en el caso de abrirse esa supuesta crisis institucional, serían los comisarios socialistas los primeros perjudicados y, por tanto, los primeros interesados en evitarlo (Diciembre 2001).

ANTICORRUPCIÓN PIDE IMPUTAR AL EX DIRECTOR DEL FEGA: El fiscal Anticorrupción David Martínez Madero ha solicitado al juez Baltasar Garzón que tome declaración 'en calidad de imputado' en el caso del lino a Nicolás López de Coca y Fernández Valencia, ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), 'a los efectos de determinar el alcance de su eventual responsabilidad y participación en un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos'. En un escrito dirigido al juzgado, el fiscal David Martínez explica que el FEGA constituye en España el órgano con funciones de información y coordinación con la Comisión de la Unión Europea, según la normativa comunitaria. Añade que las afirmaciones de López de Coca el 20 de julio de 1999 ante la Comisión de Investigación del Congreso para analizar la política de ayudas comunitarias al cultivo del lino 'podrían resultar penalmente relevantes al ser puestas en relación con determinados documentos y posteriores declaraciones recibidas en el juzgado'. Según el fiscal, el análisis de los más de 15.000 documentos generados por la Comisión de Investigación 'corrobora la exigencia de que el señor López de Coca sea citado en calidad de imputado, en garantía de sus derechos constitucionales' (Diciembre 2001).

CASO LINO: GARZÓN CITA COMO IMPUTADO A LÓPEZ DE COCA: El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha citado para el día 12 de febrero como imputado al ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Nicolás López de Coca, en la causa en la que investiga el fraude cometido en las subvenciones al lino, un escándalo por el que tuvo que dimitir. La declaración de López de Coca en calidad de imputado fue instada por el fiscal anticorrupción David Martínez Madero, en diciembre, 'a los efectos de determinar el alcance de su eventual responsabilidad y participación en un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos'. En su auto Garzón explica que la ley de Enjuiciamiento Criminal impone el llamamiento de personas que aparezcan vinculadas a hechos que revisten caracteres de delito y el fiscal Martínez Madero argumentó 'profusa, extensamente y con solidez' las razones que avalan su petición, así como los documentos, testimonios y otros elementos en que se apoya. Ese mismo día también declararán como imputados los administradores de la cooperativa Los Linares, Victoriano Blanco y Tomás Llamas, y José Celedonio Martín Cabreros, que ya declaró en la causa (Febrero 2002).

EL EX PRESIDENTE DEL FEGA DICE QUE DESCONOCÍA QUE SUS HIJOS CULTIVABAN LINO: Nicolás López de Coca, ex presidente del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), declara en calidad de imputado en el proceso que el juez Baltasar Garzón instruye sobre el fraude del lino. López de Coca afirmó que no se enteró hasta abril de 1999, cuando estalló el escándalo por el fraude en las subvenciones europeas por cultivo de lino, de que dos de sus hijos se dedicaban a esos cultivos desde 1993 y 1996, respectivamente. Por su parte, el fiscal David Martínez Madero precisó que López de Coca, como presidente del FEGA, tenía un nivel funcionarial lo suficientemente elevado como para conocer los mecanismos de las subvenciones y que está implicado, como mínimo, en un conflicto de intereses y está imputado por delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. López de Coca, a la salida del juzgado, declaró que los controles sobre el cultivo del lino lo tenían las comunidades autónomas y no el FEGA, que era un órgano de coordinación, pero no de abastos. Agregó que él no tenía posibilidad de influir en el expediente, y que ahora se le investiga no por el fraude en las subvenciones del lino sino por 'conversaciones públicas de su competencia', es decir, hablar con sus hijos (Febrero 2002). 

CONFLICTO PESQUERO CON MARRUECOS

LOS PESCADORES DE BARBATE SE ENCIERRAN Y PIDEN A AZNAR SOLUCIONES: Transcurridos 16 meses desde que la flota de Barbate amarró a puerto, los pescadores deciden iniciar las primeras movilizaciones encerrándose en el Ayuntamiento de la localidad, donde piensan permanecer hasta obtener soluciones a su problema. Los pescadores pidieron que sea el propio presidente del Ejecutivo José María Aznar, el que 'dé un paso al frente' y se implique directamente en el conflicto. Unos 300 pescadores se han instalado en las casas consistoriales barbateñas.  La flota de Barbate se considera 'la gran pagana' del fracaso negociador. La tesis de los pescadores es que su tipo de pesquería -el boquerón-, su número de barcos y su propia configuración permitía seguir faenando en aguas marroquíes (Abril 2001).

CONFLICTO PESQUERO CON MARRUECOS: PESCADORES DE BARBATE CORTAN EL PASO A CAMIONES  Y EN MARIN SE MANIFIESTAN: Unos 300 pescadores de Barbate (Cádiz) cortaron la carretera Nacional 340 durante dos horas para impedir la entrada de camiones cargados con pescado marroquí procedente de Algeciras. Las barricadas interrumpieron la circulación en los términos de Vejer y Barbate. También el sector pesquero gallego afronta la enésima crisis de los últimos años tras la ruptura de las negociaciones entre la UE y Marruecos. Un millar de pescadores en Marín (Pontevedra) se manifiesta para denunciar que no reciben del Gobierno el mismo trato compensatorio que los armadores (Abril 2001).

LOS PESCADORES ANDALUCES PARARÁN DOS DÍAS ANTE LA FALTA DE ACUERDO: Los marineros de Barbate (Cádiz), que cumplen más de dos semanas encerrados en el Ayuntamiento en protesta por la falta de un acuerdo de pesca con Marruecos, han convocado paros para los días 23 y 24 de la flota artesanal y una manifestación en Sevilla.  Por su parte, los pescadores de Almería han convocado  una manifestación para protestar por la falta de acuerdo entre la UE y Marruecos. Esta es una de las principales conclusiones de la reunión que mantuvieron en Almería armadores y pescadores, según informó el presidente de la Asociación de Empresarios Pesqueros almerienses, Juan José Quero.Por su parte, el Congreso de los Diputados vota la reprobación del ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete.  Los votos emitidos fueron 292. De ellos, a favor de la reprobación fueron 119, en contra 170 y tres abstenciones. PP, CiU y CC votaron a favor del ministro. Como se recordará, es la segunda reprobación que afronta el titular de Agricultura: a principios de año el Congreso votó su reprobación por su gestión de la crisis de las vacas locas (Abril 2001).

CONFLICTO PESQUERO CON MARRUECOS: UNAS 5.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN BARBATE PARA EXIGIR UN ACUERDO PESQUERO: Unas 5.000 personas se manifiestan por las calles de Barbate (Cádiz) durante dos horas, en un acto convocado por la plataforma en defensa del sector pesquero de la localidad, de 22.000 habitantes. La plataforma va a combinar la reivindicación con el bloqueo de los productos marroquíes (Abril 2001).  

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA SE QUEDA SIN RECURSOS POR LAS AYUDAS A LAS 'VACAS LOCAS' Y AL GASÓLEO 

El Ministerio de Agricultura ha agotado su presupuesto anual tras las ayudas que realizó para compensar la subida de los precios del gasóleo y las aportaciones realizadas como consecuencia de la enfermedad de las vacas locas. Esta situación de falta de fondos le podría impedir realizar la cofinanciación que exige Bruselas para una serie de acciones pendientes, como el desarrollo rural, medio ambiente y las que espera el sector vinícola. La política de cofinanciación supone para el ministerio aportar una media del 12,5% de las ayudas totales previstas para un determinado programa. El otro 12,5% lo aportarían las comunidades autónomas para acceder a una ayuda similar a la española procedente de Bruselas. El presupuesto de este año para el ministerio ascendía a 1.184 millones de pesetas, un 5,3% más que en el ejercicio anterior. Las medidas de ayuda para el gasóleo supusieron 35.000 millones de créditos a bajo interés y una compensación por aumento del IVA cercana a los 50.000 millones de pesetas. Por su parte, consecuencia de la enfermedad de las vacas locas, se concederán 50.000 millones de pesetas en créditos blandos, unos 14.000 millones de pesetas directamente a los ganaderos y unos 40.000 millones de pesetas para otras actuaciones, como eliminación de despojos y compensación a las cementeras. Aunque una parte es financiada por Bruselas, ha sido un esfuerzo que no se contemplaba en los presupuestos del departamento. Esta falta de recursos en el Ministerio de Agricultura se ha traducido también en los últimos meses en la no concesión de ayudas nacionales para cofinanciar la retirada de vino para la destilación, que asciende a 2,6 millones de hectolitros. Según los planes aprobados en su día por Bruselas, el programa de desarrollo rural y las medidas de acompañamiento hasta el año 2006 suponían para España unas inversiones de 2,35 billones de pesetas, de los que 1,5 billones serán ayudas comunitarias. En ese periodo se contemplaban, entre otros objetivos, el cese anticipado de 12.040 agricultores con un gasto público de 316 millones de euros. Para zonas desfavorecidas, el número de beneficiarios estimado era de 154.000 personas cada año, con un coste de 586 millones de euros. Para la forestación de tierras agrícolas, el número de beneficiarios previsto es de 14.732, con un coste público de 440 millones de euros. Agricultura ha señalado a las comunidades autónomas que es necesario ajustar al máximo los programas previstos por falta de fondos (Junio 2001). 

MILES DE AGRICULTORES PIDEN EN MADRID AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE FRUTOS SECOS

La campaña de protestas de los agricultores españoles en defensa de los frutos secos llegó a Madrid, donde miles de manifestantes, se echaron a la calle para exigir el mantenimiento de las ayudas de la Unión Europea. Los manifestantes, que corearon lemas como 'Cañete, ten cuidado que Fischler te la mete' y 'Salvemos los frutos secos', también reclamaron que el sector tenga una regulación propia en la Unión Europea, en lugar de enmarcarse en la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas.La principal preocupación del sector se resume en el temor de que se consolide el actual casi monopolio de los frutos secos, y principalmente la avellana, procedentes de Turquía, y también de Estados Unidos, por causa de los problemas presupuestarios de la UE. 'En nuestra lucha es necesario el apoyo de la Comisión Europea', subrayó ayer el portavoz de ASAJA, Antonio Lasheras.Los manifestantes consideran esenciales las ayudas de Bruselas (que en el caso de España superan 21.000 millones de pesetas) para evitar la desaparición de cultivos, concentrados en Cataluña, Aragón, Valencia, Andalucía y Murcia (Junio 2001). 

LOS NEGOCIOS DEL MINISTRO CAÑETE OTRA VEZ SON  NOTICIAS

Según un semanario nacional, Miguel Arias Cañete no sólo ocultó sus negocios privados y administró empresas montadas en  paraísos fiscales. Además, el actual ministro de Agricultura estuvo relacionado con uno de los mayores fraudes fiscales descubiertos en España durante las últimas décadas. Se trata del llamado caso de los DNI falsos, que supuso el blanqueo de más de 2.000 millones de dinero negro generado por industrias del sector agropecuario, dedicadas a la fabricación de piensos para animales y a la comercialización de pollos.

La historia arranca a finales de los años ochenta y en su origen se encuentran tres abogados de Jerez de la Frontera: el propio Arias Cañete, que entonces era eurodiputado; Antonio Morenés Giles, amigo íntimo de Cañete, con quien compartió primero clases en la Facultad y luego un bufete; y José Luis Coveñas Tamayo, conocido como Pepón, concejal de AP en el Ayuntamiento de Jerez y persona de confianza tanto de Cañete como de la familia Morenés.

Arias Cañete y Pepón Coveñas desarrollaron diversas actividades en Sogdal, una empresa utilizada como fachada para. blanquear 2.000 millones del industrial catalán Bertrán de Caralt. Antonio Morenés era corredor de bolsa en su propia agencia de valores, Usera y Morenés, implicada en el fraude de la colocación de acciones de Repsol llevada a cabo en mayo de 1989. En ambos casos, los fraudes se realizaron utilizando DNI falsos. Y fue la imprudencia de utilizar el mismo DNI de un pescador de Huelva en las dos operaciones lo que permitió descubrir los escándalos.

 La empresa Sogdal se constituyó el 29 de mayo de 1987, con un capital social de 15.000 pesetas y domicilio en la calle Sevilla, 4143, de Jerez. En dicho edificio tienen sus despachos de abogado tanto Arias Cañete como Pepón Coveñas. Como socios fundadores de Sogdal constan tres personas: el citado Coveñas Tamayo, Timoteo Ramírez Cuesta y Jaime Parera Ambros. Los dos últimos estaban ligados al grupo empresarial agropecuario de Bertrán de Caralt: Timoteo Ramírez como encargado de la gestión financiera y Parera como su ayudante.

 En enero de 1988, Timoteo Ramírez, que figuraba como empleado de Sogdal, inició las operaciones para ocultar a Hacienda parte del patrimonio de Bertrán de Caralt. El blanqueo de dinero se realizaba a través de inversiones en Letras del Tesoro, utilizando identidades falsas, para lo que se usaban fotocopias del DNI de personas que nada tenían que ver con las operaciones.

Poco después, en mayo de 1988, se producen dos cambios en Sogdal: la sede se traslada a Barcelona y Miguel Morenés Giles sustituye a Pepón Coveñas como administrador único de la empresa. Miguel Morenés es yerno de Bertrán de Caralt y hermano de Antonio, el ya mencionado corredor de bolsa. Durante el resto de 1988 y todo el año 1989, Timoteo Ramírez continúa con sus operaciones fraudulentas en Letras del Tesoro, hasta sumar inversiones por importe de 2.045 millones de pesetas.

Paralelamente, la agencia de valores Usera y Morenés también recurre al método de los DNI falsos para realizar una operación fraudulenta con una colocación de acciones de Repsol. De las 484 peticiones de suscripción de acciones realizadas por dicha firma, 162 supuestos peticionarios negaron haber dado orden alguna de suscripción y otros 161 no pudieron ser localizados en los domicilios que figuraban en la lista elaborada por Usera y Morenés. Entre las peticiones irregulares figuraba una a nombre de Manuel Díaz Pérez, un pescador de Cartaya (Huelva) totalmente ajeno a la operación.

El 14 de diciembre de 1989, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acordó la apertura de un expediente sancionador a Usera y Morenés por prácticas irregulares. Antonio Morenés fue finalmente inhabilitado durante dos años como agente de cambio y bolsa.

La apertura del expediente de la CNMV no sólo desató las alar­mas en la firma de Antonio Morenés, sino también en Sogdal, administrada por su hermano Miguel. De hecho, en enero de 1990, Timoteo Ramírez realizó la última operación en Letras del Tesoro utilizando DNI falsos. Pero ya era demasiado tarde.

 El Banc Catalá de Crédit había comunicado a Manuel Díaz Pérez, de profesión pescador y residente en Cartaya, el rendimiento generado por una inversión de 30 millones de pesetas en Letras del Tesoro. Manuel Díaz, asombrado se puso en contacto con el banco catalán.

Al conocer las gestiones del pescador onubense, Bertrán de Caralt le indicó al consejero delegado del Banc Catalá de Credit que era necesario presentar la operación fraudulenta como un error.

Sogdal, además, estaba dispuesta a compensar económicamente a Manuel Díaz por el error.

 En la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Barcelona sobre el caso de los DNI falso: se indica textualmente lo siguiente:

“ Al Sr Díaz se le abonan 250.000 pesetas por D. Miguel Arias Cañete, abogado con el mismo domicilio que la empresa Sogdal para que trabaja Timoteo Ramírez en la fecha de los hechos y de la que fue administrador único el propio Sr Arias después de que lo fuera el Sr Morenés ".

Manuel Díaz ingresó el talón de Arias Cañete en un banco y ello permitió a los jueces seguir la pista del dinero. La declaración que realizó en su día ante los tribunales fue confirmada la semana pasada por el pescador de Cartaya en declaraciones a interviú: "Me llamó un abogado de Jerez y me dijo que me había enviado un talón de 250.000 pesetas por el error cometido y que no me preocupase porque estaba todo resuelto. Yo le creí, pero a las pocas semanas llegaron más papeles con inversiones y entonces lo denuncié a Hacienda".

La intervención de Arias Cañete en los asuntos de Sogdal no era algo inusual. "Siempre que había algún problema de dinero, Arias Cañete venía al despacho y se reunía con Miguel Morenés y con Timoteo Ramírez. En otras ocasiones, llamaba desde Bruselas", explica una persona que en aquella época trabajaba para las empresas de Bertrán de Caralt. 

Aunque Timoteo Ramírez ya no realizase operaciones fraudulentas con las Letras del Tesoro, la mera existencia de Sogdal era un elemento comprometedor y se decidió liquidar la empresa. La tarea fue asumida personalmente por Miguel Arias Cañete y por una persona de su máxima confianza, Bernardo Villar de Lanuza, que trabajó como asesor del eurodiputado y era concejal del PP en Jerez desde 1987. En la actualidad, Villar de Lanuza es portavoz municipal en el Ayuntamiento jerezano y preside el PP local.

El 15 de julio de 1991, Arias Cañete sustituyó a Miguel Morenés como administrador de Sogdal. Y sólo cinco meses después, en una asamblea celebrada el 31 de diciembre de 1991 y presidida por Cañete, se decidió disolverla compañía y nombrar liquidador al entonces eurodiputado. En ese momento, los dos únicos accionistas de la empresa eran Cañete y Villar de Lanuza. Sogdal tenía un haber líquido de 2,4 millones, de los que se entregaron 2,1 a Cañete y el resto a Villar. Para entonces, tanto Hacienda como los tribunales de justicia ya seguían la pista de las operaciones fraudulentas, a raíz de la denuncia presentada por Manuel Díaz.

Ni el pago de 250.000 pesetas al pescador onubense ni la liquidación de Sogdal impidieron que la justicia alcanzase a las dos cabezas visibles del entramado: Bertrán de Caralt, dueño del dinero negro generado por su grupo agropecuario, y Timoteo Ramírez, encargado de la gestión financiera y responsable de diseñar el plan para blanquear el patrimonio. El 3 de marzo de 1993 fue detenido Timoteo Ramírez y el 8 de junio entró en la cárcel Bertrán de Caralt. Ambos salieron de prisión a principios de julio del mismo año.

El 5 de abril de 1994, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Bertrán de Caralt y a Timoteo Ramírez, por un delito continuado contra la Hacienda Pública, a seis años de prisión menor y 591 millones de multa. Además, Timoteo Ramírez fue sentenciado a otros dos años de cárcel por un delito de falsedad en documento mercantil.

En el fallo judicial, se indica que Sogdal "resulta ser una simple fachada al servicio de otras sociedades dentro del sector agropecuario ". Y el tribunal añade que se trata "de una sociedad a través de la cual se sirven los intereses de las demás pertenecientes a Bertrán de Caralt".

El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada en mayo de 1996, confirmó todos los hechos descritos por la Audiencia Provincial de Barcelona y acordó una pena de cinco años de cárcel para Timoteo Ramírez y de cuatro años para Bertrán de Caralt. Además, mantuvo las multas impuestas por la Audiencia. Sin embargo, el Gobierno de Aznar acudió en socorro de ambos al aprobar su indulto en un Consejo de Ministros celebrado agosto de 1997 (Julio 2001). 

AZNAR,  EL ACEITE DE ORUJO Y LAS NORMAS INEXISTENTES

José María Aznar  señala a los productores de aceite de orujo que “ no cumplen las normas “ como los responsables de la crisis que ha sufrido el sector en las últimas semanas. En un foro organizado por empresarios sevillanos, Aznar defendió la decisión del Ministerio de Sanidad de inmovilizar este producto tras hallar benzopireno, un agente cancerígeno, en algunas partidas. Sin embargo, cuando Sanidad decidió inmovilizar el aceite de orujo no existía una normativa específica sobre el límite de benzopireno.

'Si se le ha producido algún daño al sector, han sido los productores que no cumplen las normas', afirmó Aznar, en respuesta a una pregunta del presidente de Asaja-Sevilla, Ricardo Serra, acerca de si el Gobierno tenía prevista alguna campaña para defender el aceite de orujo. Previamente, Aznar había advertido de que su respuesta iba a disgustar. Y así fue. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Extractoras de Orujo, Manuel Hurtado, acusó al presidente de 'mentir' porque no se puede incumplir, añadió, una reglamentación que no existe. 'Es más, ahora el Gobierno, queriendo hacer una reglamentación, lo que hace es una aberración jurídica', dijo.

Aznar subrayó que la responsabilidad de la Administración era impedir que el producto llegase a la 'cadena alimentaria' y pidió a los productores que 'midan las consecuencias de algunas actitudes que no benefician a la producción española'. El vicepresidente de la asociación de extractoras tildó a Aznar de 'irresponsable' por avalar las tesis de la ministra de Sanidad, Celia Villalobos. 'Que Aznar cierre las fronteras en los Pirineos y que impida la libre circulación de mercancías, pero que no nos achaque responsabilidades que no tenemos', dijo Hurtado, quien también criticó que España vaya a reglamentar el benzopireno para un solo producto (Julio 2001). 

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA SE QUEDA SIN PRESUPUESTO PARA POSIBLES CASOS DE 'VACAS LOCAS' EN 2002

El Ministerio de Agricultura no tiene asignada ninguna partida para resolver cualquier problema que se pueda plantear con la crisis de las vacas locas u otras situaciones excepcionales en 2002, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto remitido al Congreso. El departamento sólo dispone de un colchón de 1.500 millones de pesetas en el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), después de haber acabado con todo el dinero que tenía a su disposición. La única alternativa ha sido la implantación del seguro ganadero por la enfermedad de las vacas locas donde la subvención llega al 80% del importe total. A diferencia de la política seguida en el ejercicio actual, en el caso de la enfermedad de las vacas locas, el ministerio dejará de aportar fondos para actuaciones como la retirada de animales o destrucción de residuos para su transformación en harinas. Con vistas al sector agrario, la alternativa ha sido la implantación del seguro ganadero por la enfermedad de las vacas locas donde la subvención llega al 80% y para el que se aportan unos 4.000 millones de pesetas. Los actuales costes de transformación de residuos y elaboración de harinas se estima que deberán ser asumidos por los mataderos y los industriales, aunque no se repercutirán en los productores de vacuno bajando los precios. Caso de producirse un rebrote en la enfermedad de las vacas locas o cualquier otra situación excepcional que afectara a la política de este departamento, Agricultura llevaría a cabo alguna actuación similar a la acometida en los últimos meses, como el pago de esos gastos extraordinarios con fondos aportados conjuntamente por varios ministerios. De acuerdo con los datos manejados por la Administración  la enfermedad de las vacas locas en España había supuesto un coste total para el Ministerio de Agricultura, contando también las subvenciones previstas pero no recibidas aún de la Unión Europea, de 108.000 millones de pesetas. A esa cifra se suman otros 15.000 millones de Medio Ambiente y 300 millones de Sanidad. De esa cifra, la financiación del Ministerio de Agricultura y el Fega fue de 62.000 millones de pesetas (Noviembre 2001). 

CARMEN FRAGA, HIJA DEL PRESIDENTE GALLEGO, SERÁ LA NUEVA DIRECTORA DE PESCA

Carmen Fraga, hija de Manuel Fraga, será nombrada en las próximas semanas, coincidiendo con el inicio de la presidencia española, nueva secretaria general de Pesca Marítima en el Ministerio de Agricultura. Carmen Fraga es actualmente europarlamentaria por el Partido Popular y en los últimos años ha mantenido una posición dura en defensa de los intereses de la flota pesquera española ante la Unión Europea. Sus posturas han sido especialmente duras en la defensa de unas pesquerías responsables por parte de todos los países miembros, donde destaca la supresión de las volantas en la pesquería del bonito, que deben desaparecer a partir del próximo 1 de enero. De Carmen Fraga, soltera, sus colaboradores destacan su carácter fuerte y su gran capacidad de trabajo, así como su preparación (Diciembre 2001). 

CAÑETE: LOS  CITRICULTORES  PIDEN  SU DIMISIÓN 

Las declaraciones realizadas por el Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en las que asumía que la aparición de larvas de mosca del Mediterráneo en clementinas enviadas a EE UU se debía a un fallo del sistema de frío han hecho que el sector citrícola en bloque pida su dimisión. Las organizaciones agrarias, primero, y la interprofesional Intercitrus, después, pidieron la renuncia de Arias Cañete al cargo. Mientras, el Gobierno de Zaplanal cerró filas alrededor del ministro y valoró su actuación en la crisis. AVA y La Unió pidieron el boicot a los productos norteamericanos. El sector citrícola se siente indefenso por lo que por una parte considera una campaña orquestada desde Estados Unidos contra la entrada de las clementinas españolas y por otra por la falta de una defensa clara de sus intereses por parte del máximo responsable agrario español. Los distintos pilares del sector repiten que no hay pruebas técnicas sobre el incumplimiento del protocolo de comercio que España y Estados Unidos firmaron en 1984 para exportar naranjas y mandarinas. También insisten en que el sector cumple de forma estricta el acuerdo. Los citricultores, además, recuerdan que si alguna vez ha existido 'alguna disfunción' provocada por fallo técnico o humano, se ha corregido y solucionado con la repetición del proceso. Según defiende Intercitrus en una carta remitida al ministro Arias Cañete, en la que pide su dimisión, 'nunca' las inspecciones oficiales norteamericanas 'han encontrado larvas de Ceratitis vivas. Ahora tampoco por más que las hayan buscado' (Diciembre 2001). 

LA AUDIENCIA NACIONAL ADMITE UNA DENUNCIA DE LOS GANADEROS POR LA FALTA DE CONTROLES EN LA CALIDAD DE LA LECHE

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Federación de Empresarios Productores de Lácteos (FEPLAC) sobre la ausencia de controles de calidad de la leche. En el escrito de la denuncia, presentada en octubre del pasado año, se explica que se ha detectado la utilización de 'permeados y lactosas' en el proceso de fabricación industrial de la leche líquida y productos lácteos. Esta práctica es considerada como 'un atentado contra la salud pública de los consumidores, así como un fraude económico evidente'. La denuncia se dirige contra 'la persona o personas responsables de los hechos denunciados', a quienes se les considera autores de un delito contra la salud pública, tipificado en el Código Penal.

La Federación de Productores Lácteos (Feplac) agrupa a más del 25% de la producción láctea española. La lucha de esta federación contra lo que consideran un grave fraude alimentario se inició en noviembre del año 1999. En esa fecha, la Comisión Europea admitió su denuncia sobre comercialización de leche ilegal en España y la compra de subproductos lácteos procedentes de Francia, Alemania y fábricas de queso españolas. Esta materia es utilizada en la fabricación de leche líquida y es vendida al consumidor como pura leche de vaca. Los ganaderos aseguran que se han entrevistado con el Ministerio de Agricultura y el de Sanidad 'sin que nos hagan caso'. Según Manuel Carlón, secretario general de la federación, estos subproductos, como los permeados y lactosas, 'no son controlados ni en su procedencia ni en su utilización, ni en su destino, mientras que la leche que nosotros vendemos está sometida a multitud de controles sanitarios'. En Agricultura afirman que sus competencias se hallan en la producción de leche española desde que entra en la cisterna de la industria. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad y Consumo considera que sus competencias incluyen el control del producto y cree que debería ser Agricultura el responsable de controlar la calidad de esa materia prima. Para la Feplac, la situación pone de manifiesto el grave vacío de competencias que existe en los procesos de fabricación. Los ganaderos consideran que debería ser el Ministerio de Sanidad el responsable de inspeccionar de manera habitual la ideoneidad de los sistemas de fabricación de productos lácteos, de la misma forma que se hace en mataderos, mercados, etcéra. En concreto, piden que se vigile que realmente se utilizan leches de vaca, oveja o cabra y no subproductos procedentes de Francia o Alemania, así como de fábricas de quesos españolas. Con la denuncia presentada, los ganaderos aseguran que intentan evitar casos como el que recientemente afectó a la carne de vaca (Enero 2002). 

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, MOLESTA CON LA ACTITUD DE AZNAR

La industria alimentaria vive con 'malestar' la actitud del presidente del Gobierno, José María Aznar, a la hora de defender ante sus homólogos comunitarios la candidatura de Barcelona como sede de la Agencia Alimentaria Europea. Califican de 'incoherente' que, en la reciente cumbre de Laeken, y visto el atrincheramiento de otros aspirantes como Finlandia, Francia e Italia, Aznar dejara caer la disputada sede sin apenas batirse, para coger el guante de la agencia europea de nuevas tecnologías, cuyo contenido está aún por definir. Barcelona perdió hace casi una década otra batalla, la de la Agencia Europea del Medicamento (Enero 2002). 

LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS COAG Y UPA SE MOVILIZAN CONTRA LA POLÍTICA DEL GOBIERNO

Dos de las tres organizaciones agrarias existentes en el sector (COAG y UPA) han puesto en marcha una campaña de movilizaciones y protestas contra la política agraria del Ministerio de Agricultura, dirigido por Miguel Arias Cañete. Ambas organizaciones coinciden en destacar la caída de las rentas del campo, sobre todo en sectores como el del vino, el aceite y la leche. Además, las organizaciones han puesto sobre la mesa el debate sobre la distribución de las ayudas y cuotas comunitarias en defensa de profesionales, pequeños y medianos agricultores y ganaderos.

Según estas organizaciones, el sector agrario se halla inmerso en un proceso de deterioro de rentas que afecta muy especialmente a los pequeños y medianos productores y a quienes se hallan en las zonas menos favorecidas. Los problemas más graves se centran en las producciones de vino, leche y aceite de oliva, que afectan en conjunto a la casi totalidad de los profesionales del sector. En vino se mantiene una crisis de bajos precios desde hace dos años. No han sido suficientes los mecanismos comunitarios para eliminar excedentes mediante su quema para la obtención de alcohol. Además, la Administración tampoco ha dado luz verde al plan redactado en los últimos meses junto con el sector productor y la industria con medidas concretas de apoyo. En el sector de la leche, los ganaderos soportan una bajada de los precios en origen de una media de tres céntimos de euro por litro.

Respecto al aceite de oliva, la gran producción de esta campaña se está traduciendo en precios en origen cercanos a las 300 pesetas (1,80 euros) por kilo. A estas cotizaciones a la baja se suman las fuertes penalizaciones por superar las cuotas comunitarias, que afectan más gravemente a las explotaciones de bajos rendimientos. También existe el riesgo de los problemas que pudiera causar la sequía y la falta de agua embalsada para algunas producciones, aunque las organizaciones agrarias consideran que todavía es pronto para hacer balances. En todo caso, un problema para el sector es la imposibilidad de contar ya con el girasol como cultivo refugio en casos de sequía ante la rebaja de ayudas y reducción de rendimientos que ha impuesto la Unión Europea a este cultivo básico para España en estas situaciones. La ayuda por tonelada ha pasado de 94 a 63 euros y los rendimientos son los asignados a otros cultivos (Marzo 2002). 

MILES DE AGRICULTORES SE MOVILIZAN EN MADRID PARA EXIGIR AL GOBIERNO UN CAMBIO EN LA POLÍTICA DEL SECTOR

Miles de agricultores se manifiestan  en Madrid en reclamo de un cambio en la política agraria del Gobierno. Los agricultores protestan, en líneas generales, por la situación de varios mercados con precios por los suelos, en demanda de una política de modulación en el pago de las ayudas comunitarias y los derechos de producción para evitar penalizaciones. La manifestación, precedida por varios tractores, se inició en la Puerta del Sol para continuar hasta el Ministerio de Agricultura, donde se entregaron más de 250.000 firmas en defensa de una política de modulación más justa.

Para el secretario general de la UPA, Fernando Moraleda, el sector está atravesando una profunda situación de crisis a la que no se está dando una respuesta desde la Administración por la inexistencia de una voluntad política para hacer frente a la misma. Entre los problemas más importantes, el responsable de la UPA destacó los siguientes:

ü       Precios ruinosos en el sector del vino durante los últimos dos años

ü       Bajos precios del aceite de oliva a causa de la alta producción y la reducción drástica en las ayudas comunitarias por la falta de cuota.

ü       Pacto de la industria láctea para bajar los precios a los ganaderos desde el pasado mes de enero

ü       Bajos precios para los terneros en las explotaciones familiares de vacas nodrizas

ü       Ayudas para los frutos secos

ü       Mantenimiento y mejora del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social

ü       Insuficiencia de cuotas de producción para el aceite de oliva, algodón, arroz, maíz y trigo duro.

Ante esta situación, la UPA reclama a la Administración una política agraria con recursos suficientes para superar las crisis actuales, así como una modulación de ayudas en beneficio de los pequeños productores. Las reivindicaciones más importantes se deberían resolver, según la UPA, con el desarrollo del Estatuto del Agricultor. Según datos de Agricultura, el 0,6% de los perceptores de ayudas reciben el 20% de las mismas, mientras el 49% sólo perciben el 5%. Moraleda reclamó la necesidad de reinventar un sistema para que las ayudas lleguen fundamentalmente a los pequeños productores y a quienes realmente vivan en el medio rural (Marzo 2002). 

ARIAS CAÑETE SE EXCUSA

Las supuestas presiones ejercidas sobre la Comisión Europea desde el Gobierno de Aznar, entre otros, para boicotear el proyecto de reforma de la política pesquera comunitaria originan una auténtica marejada entre Bruselas, Madrid y Copenhague. Según el presidente de la Comisión, Romano Prodi, el ministro  de Agricultura, Miguel Arias Cañete, 'ha pedido disculpas' por asegurar que sí hubo tales presiones desde España. Por su parte, la Comisaria  Del Palacio afirma que 'no ha recibido presiones ni instrucciones de ningún Gobierno'.

Como se recordará, el origen de la polémica se remonta hace unos días, cuando Arias Cañete declaró a TVE: 'Los Estados miembros que formamos ese grupo hemos instruido a nuestros comisarios respectivos para que trataran de parar la reforma'. 'Es cierto', agregó, 'que se han ofrecido presiones'.

Tras estas declaraciones, desde Bruselas se acusó al Gobierno de Aznar de no respetar el Tratado de la Comunidad Europea que, en su artículo 213 dice textualmente: 'En el cumplimiento de sus funciones, no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo (...) Cada Estado miembro se compromete a respetar este principio y a no intentar influir en los miembros de la Comisión en el desempeño de sus funciones' (Abril-Mayo2002). 

ARIAS CAÑETE Y  EL SINDICATO ASAJA

Las organizaciones agrarias COAG y UPA han criticado la presencia del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en un acto organizado por Asaja, que se ha celebrado en Valladolid, por considerarlo como un apoyo a las listas electorales del colectivo de jóvenes agricultores en los próximos comicios a cámaras agrarias. Arias Cañete asistió a la II Conferencia Agraria Un siglo por delante, organizada por Asaja, que coincide con el inicio de la campaña de las elecciones del 26 de mayo. Según COAG, la presencia en los actos de responsables de instituciones gobernadas por el PP es 'un pago' a los acuerdos que Asaja ha suscrito con el Gobierno, como el referente al gasóleo para agricultores (Mayo 2002).  

DIRIGENTES DEL PP GESTIONARÁN EL 84% DE LAS AYUDAS AL DESARROLLO RURAL EN CASTILLA Y LEÓN. 32 DE LOS 38 PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE EN ESTA REGIÓN ESTÁN ENCABEZADOS POR POPULARES

Los proyectos para desarrollo rural en Castilla y León propuestos por colectivos encabezados por cargos públicos del PP han obtenido el 84,2% de los 222 millones de euros (37.000 millones de pesetas) aportados a esa región por la UE a través de los fondos Proder y Leader Plus para el periodo 2002-2008. De los 38 planes que han recibido apoyo, 32 han sido presentados por colectivos encabezados por miembros del PP, entre ellos once alcaldes, cinco vicepresidentes de diputación, cuatro concejales y un senador.

El consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, José Valín, no negó estos datos, si bien descartó que haya habido favoritismo en la selección de los proyectos y añadió que fueron promovidos 'con total y absoluta libertad'. Valín afirmó que los 17 grupos a los que se ha concedido en Castilla y León un fondo Leader Plus y los 21 que han obtenido ayudas Proder son 'organizaciones libres'. La consejera de Economía, Isabel Carrasco, negó asimismo las acusaciones de la oposición y defendió que en el reparto de los fondos comunitarios para desarrollo rural 'no hay nada sospechoso, puesto que el 80% de los municipios de Castilla y León están gobernados por el Partido Popular'.

Los fondos Proder son solicitados por los denominados grupos de acción local, que son asociaciones en su mayoría privadas, integradas por empresarios, sociedades mercantiles, asociaciones y entes públicos locales, que proponen programas para el desarrollo económico y cultural de una determinada comarca rural. Los órganos comunitarios que adjudican las ayudas tienen en cuenta, entre otros factores, la contribución al fomento de las inversiones en agroturismo y el estímulo para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el sector servicios y en la explotación agraria y forestal.

De los 44 planes de desarrollo promovidos en Castilla y León, 32 están presididos por cargos públicos populares, uno por un representante del PSOE, dos por independientes y otros tres por personas sin militancia política.

Entre los miembros del PP que gestionarán el 84,2% de los fondos Proder y Leader Plus asignados a comarcas castellano-leonesas, y que se duplicarán gracias a las ayudas que también aportarán la Administración central y la autonómica, figuran el senador y alcalde de Medina de Pomar, Jesús Fernández López, el ex senador zamorano y presidente de Asaja José Emilio Aguirre Gutiérrez, así como cinco vicepresidentes de diputación, once alcaldes, cuatro concejales, siete diputados provinciales, el procurador regional por León Demetrio Espadas y los presidentes comarcales del Partido Popular en la Ribera del Arlanza (Burgos), y en Teleno (León), Rufino Serrano y Ramiro Arredondas, respectivamente.

Estos datos forman parte de un informe enviado por Ángel de Prado, presidente de la asociación Huebra, a la Comisión Europea para cuestionar la 'falta de transparencia' en la selección de los grupos que van a recibir fondos Proder y Leader Plus. La asociación Huebra está formada por varios grupos que presentaron solicitudes para obtener esas ayudas comunitarias. El nuevo reparto de estos fondos en Castilla y León ha dejado fuera a cuatro grupos, de Zamora, Palencia, Valladolid y Ávila, que llevaban más de una década trabajando con estos fondos (Mayo 2002). 

EL VOTO DEL CAMPO EN LAS CÁMARAS AGRARIAS SE ALEJA DEL PARTIDO POPULAR 

El voto de los agricultores y ganaderos se aleja del Partido Popular, de acuerdo con los datos de las elecciones a cámaras agrarias celebradas hasta la fecha. Frente a una representatividad del 40% lograda por la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha conseguido otro 40% y un 20% la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Ello supone que el 60% de los votos del campo ha ido a siglas fuera de la órbita del PP, incluso en zonas donde, en las elecciones regionales y nacionales, los populares tienen consolidada una mayoría. De acuerdo con esos datos, agricultores y ganaderos ubicados en regiones donde el PP tiene amplia mayoría en las elecciones generales han dado sus votos a siglas que en los últimos tiempos han protestado contra la Administración popular.

Aunque sobre el papel las organizaciones agrarias están al margen de cualquier partido político, la realidad es que Asaja se halla por diferentes razones en la estela de los populares; COAG está en el entorno de las organizaciones de izquierda, junto con independientes, y UPA forma parte de UGT.

En las elecciones celebradas hasta la fecha, sobre un total de 155.856 votantes en 11 comunidades autónomas, Asaja y COAG se hallan en los mismos niveles, con casi 60.000 votos cada organización, seguidas de UPA con 30.000, en una clara posición ascendente.

En las últimas fechas se celebraron elecciones a cámaras agrarias en dos comunidades autónomas, Castilla y León y Galicia, donde hay una clara posición de dominio de los populares las administraciones. Si el sector agrario ha constituido tradicionalmente una fuente de votos para la derecha, esas dos comunidades han sido en los últimos años un granero para los populares. Sin embargo, los resultados de las últimas elecciones han arrojado dudas sobre la tradicional intención de voto de los agricultores y ganaderos. Aunque Asaja, más cercana a los populares, ha logrado mayoría en Galicia y el segundo lugar en Castilla y León, lo destacable ha sido la diversificación del voto y el claro aumento de las posiciones de UPA y COAG.

En Galicia, frente a unas expectativas de lograr más del 60% de los votos, Asaja logró solamente el 48%, con mayoría absoluta sólo en 81 de los 178 municipios de esa comunidad. Esta organización agraria sólo logró la Cámara de Ourense, mientras UPA consiguió la de Pontevedra. Gracias al pacto con los nacionalistas del Sindicato Labrego, UPA presidirá tambien la Cámara Agraria de A Coruña y el Sindicato Labrego logra la de Lugo con el apoyo de UPA.

En el caso de Castilla y León, COAG dio la sorpresa al adelantar en más de un millar de votos a Asaja. La Coodinadora se hizo con las Cámaras Agrarias de Ávila, Zamora, Segovia, Burgos y Salamanca, donde desbancó el poder histórico de Asaja. Por su parte, Asaja se quedó con el triunfo en Burgos, Palencia, León y Soria con menos votos de los esperados (Junio 2002). 

LOS EXCEDENTES Y LA FALTA DE CONTROL DEL GOBIERNO HUNDEN AL SECTOR LECHERO

La estrategia del Ministerio de Agricultura para ordenar el sector de la leche de vaca no ha dado, de momento, los resultados esperados. Frente a una cuota de 6,2 millones de toneladas y una demanda superior a los siete millones de toneladas, el sector se halla sumido, sin embargo, en una profunda crisis. Los elevados excedentes del campo han provocado una importante caída de los precios.

El sector no atraviesa un buen momento. Las empresas no dan abasto en la transformación de leche en polvo y algunas se plantean abandonar algunas recogidas ante la imposibilidad de dar salida al producto, limitado por las cuotas comunitarias. El sector, que emplea a 9.000 personas, está formado por unas 176 empresas y mueve 2.300 millones de euros al año. Para la Federación de Empresarios Productores Lácteos (Feplac), es urgente poner orden en la producción del sector y promover un mayor compromiso de las comunidades autónomas para acabar con el fraude. Las cifras de Feplac indican que existe un fuerte excedente de leche. Hay unas 15.000 toneladas de mantequilla en la intervención y existen colas para transformar leche en polvo con ofertas para la entrega de 2.500 toneladas. El Gobierno del PP puso en marcha en 1997 un plan para ajustar la producción a las cuotas sin lograr sus objetivos. Actualmente, se estima que la cuota se ha superado en 700.000 toneladas (Junio 2002). 

LA COMISION EUROPEA  APLICA DURAS PENALIZACIONES A ESPAÑA POR SUPERAR LAS CUOTAS DE PRODUCCIÓN

La Comisión de la Unión Europea impuso en la última campaña 2001-2002, ya cerrada a falta del sector lácteo, graves penalizaciones a España por superar las cuotas de producción asignadas. Según los datos manejados por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), esos recortes en los ingresos ascendieron a unos 1.378 millones de euros, unos 230.000 millones de pesetas. Los mayores recortes se han producido en aceite de oliva, algodón, arroz, maíz, trigo duro, forrajes desecados y bovino de carne. Se espera que también haya penalización en leche de vaca.

En 2001, el montante de los pagos comunitarios en el marco de la Política Agrícola Común(PAC) dedicados a España ascendieron a 6.170 millones de euros. Aunque en los últimos años España ha incrementado la recepción de fondos comunitarios más que otros Estados miembros, hasta colocarse en el segundo lugar por detrás de Francia, la realidad es que sigue siendo uno de los países que perciben menos ayuda por hectárea, así como por agricultor.

La razón de esa situación se halla en la entrada de España en la Unión Europea en 1986 con unas cuotas muy alejadas de sus posibilidades de producción y por tener asignados unos rendimientos inferiores a los reales. Las penalizaciones se concretan en las producciones siguientes:

- Aceite de oliva. Frente a una cuota de sólo 760.027 toneladas, la producción a efectos de ayuda entre aceite de oliva, aceituna de mesa y orujo es de 1.580.000 toneladas, lo que supone rebajar la subvención por kilo de aceite de 1,32 a solamente 0,64 euros. En el caso del aceite de oliva, el sector tiene asignada una ayuda fija de unos 1.000 millones de euros, razón por la cual en medios de la Administración se estima que no hay penalizaciones al percibirse la ayuda plena asignada. El recorte en los ingresos, al no estar ajustada la cuota a la producción real, se cifra en unos 1.085 millones de euros.

- Algodón. La cuota de producción es de 249.000 toneladas, para las que se garantiza un precio mínimo de 100,9 euros por cada 100 kilos. Con una producción real en la última campaña de 337.000 toneladas, el precio mínimo ha bajado a 82,17 euros por 100 kilos, lo que supone un recorte en los ingresos de unos 63,4 millones de euros.

- Maíz. La cuota de producción es de 403.000 hectáreas y la superficie de cultivo fue de 507.000 hectáreas ante la falta de alternativas en regadío. Ello supuso recortar las ayudas en 53 millones de euros.

- Arroz. La superficie de cultivo fue de 113.000 hectáreas frente a una cuota de 104.972 hectáreas. La reducción de la ayuda fue de unos 16,8 millones de euros.

- Trigo duro. En la última campaña se sembraron 867.000 hectáreas mientras la cuota es de 598.000 hectáreas. Ello ha supuesto una penalización de unos 91,8 millones de euros.

-          Vacuno. En vacuno macho se ha recortado la ayuda un 31% ante la demanda de subvenciones para 1.023.000 cabezas frente a una cuota de 713.999. El recorte de ingresos, muy criticado por el sector, se cifra en 68,2 millones de euros (Junio 2002).

MILES DE VITICULTORES SE MANIFIESTAN EN MADRID PARA PEDIR MÁS APOYO AL SECTOR

Varios miles de viticultores procedentes fundamentalmente de Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Valencia se manifestaron en Madrid ante el Ministerio de Agricultura convocados por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en demanda de soluciones para evitar una nueva campaña de crisis en el sector del vino de mesa. Como consecuencia de la caída y estancamiento de los precios hasta 1,80 euros hectogrado (menos de 40 pesetas por litro), muchos viticultores sólo han recibido en sus cooperativas un adelanto de pago por las uvas de la campaña pasada de 0,6 euros por kilo (10 pesetas). Los manifestantes entregaron un escrito con sus peticiones en la sede del ministerio, donde, por decisión de su titular, Miguel Arias Cañete, no se hallaba ningún alto cargo para recibir sus propuestas.

Los productores de vino ubicados en zonas excedentarias plantean a la Administración, en primer lugar, la necesidad de llevar a cabo unos mayores controles en la producción para eliminar los viñedos ilegales, así como los abusos en el riego para aumentar la producción. En la misma línea, el secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, Antonio Castellano, reclama que la uva se pague por calidad y no por volumen. Los viticultores reclaman también medidas para reducir excedentes, como un mayor destino de vino para mosto (se quiere pasar de dos a cinco millones de hectolitros) (Julio 2002). 

LA CE RECLAMA A ESPAÑA 99 MILLONES DE EUROS POR EL FRAUDE DEL LINO

Las investigaciones sobre el fraude generalizado del lino en España van llegando a su fin y la proporción de la sanción se multiplica. A los 126,21 millones de euros que la Comisión Europea estimó hace un año que debe recuperar de las campañas 1996-1999, y que aún está analizando, se suma ahora la petición de otros 99,2 millones de euros, que suponen el 100% de las ayudas al lino percibidas en España desde marzo de 1999 hasta ahora. Ésta reclamación se ha hecho mediante una carta al Ministerio de Agricultura

En la carta, la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea basa su reclamación en la demostrada falta de control de las ayudas, en la gravedad de los hechos y en la mala gestión de los subsidios. 'Las autoridades españolas', se dice en la carta, 'sea por lo que fuere, se abstuvieron de implantar el sistema de control que era necesario'. De ahí que se reclame el 100% de las ayudas otorgadas.

Esta sanción apenas tiene precedentes en la Unión Europea y deriva de un duro informe de la OLAF, la oficina antifraude europea. La OLAF concluyó en marzo que en España ha habido 'un débil nivel de los controles puestos en marcha por el Estado miembro afectado' respecto a las ayudas del lino y que, por tanto, España no protegió los intereses financieros de la UE.

España tiene un mes para decidir sobre esta nueva reclamación. 'Estamos analizando si recurrir a un órgano de conciliación o incluso acudir al Tribunal Europeo de Justicia', informó anoche el Ministerio de Agricultura, que va a recabar más información en las comunidades autónomas para hacer 'las observaciones oportunas'.

La recuperación de las ayudas se resolvería en el futuro restando a España esa cantidad de dinero reclamada de las entregas previstas por otros conceptos (Octubre 2002). 

ENCIERRO DE 200 ALCALDES Y SINDICALISTAS EXTREMEÑOS CONTRA LA SUPRESIÓN DEL PER

Las voces de los 200 alcaldes y sindicalistas encerrados en las diputaciones de Cáceres y Badajoz para reclamar al Gobierno de Aznar la restitución del subsidio agrario para los jornaleros mezclan tanto una reivindicación salarial 'justa' como la propia supervivencia de los pueblos. 'La gente no puede vivir sin el PER', dijo Arsenio Gómez, alcalde de Santa Cruz de Paniagua, para subrayar el drama que se cierne sobre esta pequeña población. 'En mi pueblo hay poco para vivir. Sin subsidio, los jóvenes se largarán. La aceituna da poco de sí', se lamentaba un joven sindicalista, consciente del futuro que se avecina en un medio rural sin PER.

Hay toda una economía doméstica sustentada con el subsidio al fondo. Juan Francisco Moreno, alcalde de Torrecilla de la Tiesa, conoce bien que el subsidio agrario no es sólo fuente de ingreso para los jornaleros, sino también para el sector servicios. 'Repercute en los bolsillos de los comercios, que dependen del PER'.

En Badajoz se dieron cita los secretarios regionales de UGT y CC OO, Miguel Bernal y Valentín García, que desde hace meses recuerdan que el subsidio no es sino una contraprestación moral para un medio rural esquilmado (Octubre 2002). 

GARZÓN RECHAZA POR TERCERA VEZ RETIRAR LA IMPUTACIÓN DE LÓPEZ DE COCA EN EL CASO DEL LINO 

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón mantiene la imputación contra el ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, el que fuera numero dos de Loyola de Palacio, Nicolás López de Coca, en el sumario que instruye por el fraude del lino. En el mismo auto el magistrado desestima el sobreseimiento para otras diez personas. Garzón desestima de este modo la petición de López de coca para que retire la imputación, al considerar que los indicios que se apreciaron en el momento en que se fijó esta calificación procesal siguen vigentes en la actualidad. El ex presidente del Fondo Español de garantía Agraria ha pedido que se retire la imputación hasta en tres ocasiones. La última solicitud fue presentada el 14 de octubre. Sus hijos y su cuñada, para los que el magistrado también desestima el sobreseimiento, solicitaban ayudas europeas a través de la empresa Colisur 2000, de Ciudad Real. En cinco años han recibido algo más de un millón de euros (Noviembre 2002). 

EL GOBIERNO RECONOCE QUE LA RENTA AGRARIA BAJARÁ ESTE AÑO   

Agricultores y ganaderos experimentarán este año una importante caída de rentas, según los datos manejados por el Ministerio de Agricultura y el sector. La Administración y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) coinciden en señalar que parte muy importante de ese recorte se ha debido a las crisis en la casi totalidad de las producciones ganaderas y muy especialmente por la caída del sector porcino.

Para UPA, la caída de los ingresos en el sector agrario, sin contar la inflación, sería del 5,87%, según datos provisionales. Esta caída de precios en origen y de rentas coincide una vez más con la subida de precios de los productos alimentarios al consumo. El Ministerio debe comunicar a Bruselas antes del 31 de diciembre los datos macroeconómicos provisionales sobre el comportamiento del sector agrario para la elaboración de las correspondientes estadísticas comunitarias.

El subsecretario del departamento, Manuel Lamela, ha reconocido inicialmente esa bajada en las rentas como consecuencia de un recorte del 11% en el sector del porcino así como en otras producciones ganaderas como pollo, ovino, leche o conejos.

Por su parte, para UPA, la caída de los ingresos netos en el sector agrario en 2002 será del 5,87% sin contar la inflación. La organización agraria da por hecho que desde la Administración se tratarán de maquillar esas cifras fundamentalmente al calcular la renta por ocupado ante el galopante descenso de la población activa en el campo. El pasado año, aplicanto la reducción de agricultores y ganaderos, la renta por ocupado subió el 4,6%. Este año se estima que ni siquiera habrá subida de rentas por ocupado (Diciembre 2002).  

LOS CASOS DE 'VACAS LOCAS' AUMENTARON UN 48% EL AÑO PASADO   

España seguirá pagando durante varios años las negligencias cometidas en la alimentación del ganado vacuno. Lejos de remitir, los casos de vacas locas aumentaron un 48% en 2002 respecto al año anterior (de 82 a 121 positivos). Es lo esperable, puesto que las harinas cárnicas ilegales se siguieron usando hasta el año 2000, y la enfermedad tarda unos cinco años en incubarse.

Las reses positivas que han ido apareciendo en 2002 dibujan una tendencia ascendente sostenida y es posible que ese aumento se mantenga hasta alcanzar un máximo en 2004 o 2005, para empezar a descender después. Esa curva de subida y bajada fue exactamente la que se observó en el Reino Unido después de que se hiciera efectiva la prohibición de las harinas cárnicas, los componentes del pienso que transmiten la encefalopatía espongiforme bovina (Enero 2003).  

LA LEY DE MONTES RECIBE UNA LLUVIA DE CRÍTICAS, SALVO DEL SECTOR PAPELERO   

A pesar del plazo extremadamente corto que el Ministerio de Medio Ambiente ha concedido para presentar alegaciones al proyecto de Ley de Montes, el sector forestal, las comunidades autónomas y los ayuntamientos se han entregado a fondo en sus respuestas. La lluvia de alegaciones, también desde autonomías del Partido Popular, es mayoritariamente contraria al proyecto y no siempre por los mismos motivos.

El País Vasco, Cataluña y Baleares ya han expresado su disconformidad por invadir competencias propias. El Ejecutivo vasco recuerda que las diputaciones forales tienen plenas competencias fiscales y que, por ejemplo ante los incentivos que ofrecen las normas fiscales, presentarán recurso ante el Tribunal Constitucional.

Al margen de las disputas competenciales (ocho autonomías cuentan con ley propia), la crítica mayoritaria al proyecto de ley que volverá a reiterarse en el Consejo rechaza el concepto "productivista" que destila su texto, reflejo de una cultura forestal caducada. Prueba de ello es que sólo el sector papelero (Aspapel) celebra el texto, aunque lamenta que no recoja la función económica y productiva que ejerce el monte (Febrero 2003).  

LA UE RECLAMA A ESPAÑA LA DEVOLUCIÓN DE 138 MILLONES POR EL FRAUDE EN LAS AYUDAS AL LINO &nbs