"Habrá que esperar a que la justicia
se pronuncie. Pero su suerte en términos políticos está unida a la
decisión judicial. Si se confirma que hubo falsedad, usted mintió en un
asunto de capital importancia y tendrá que asumir las responsabilidades
políticas consecuentes"
(Dixit el tal Del Burgo refiriéndose ya no sabe muy bien a
quien.30.09.06)
El juez Juan
del Olmo, instructor del sumario sobre los atentados del 11-M, la fiscal del
caso, Olga Sánchez, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido,
realizaron ayer diversos escritos en los que criticaron la labor del diputado
del PP
Jaime Ignacio del Burgo por considerar que ha interferido o perturbado
las investigaciones. Este parlamentario realizó una entrevista con el imputado
en la causa Rafá Zouhier, cuya comparecencia en la comisión de investigación
del 11-M había sido rechazada.
Del Burgo
filtró después la entrevista a un medio de comunicación y, una vez publicada,
remitió el documento al juez y al fiscal, señalando que "contiene
informaciones que podrían ser relevantes para la instrucción de la causa" del
11-M.
El juez Del
Olmo dictó una providencia en la que acusaba recibo del envío de los
documentos por parte de Del Burgo, pero señalaba que el escrito y su
documentación adjunta "no se ajusta a la previsión normativa en relación con
la actuación de las comisiones de investigación".
"Se trata",
añade el magistrado, "de una actuación a título individual" de Del Burgo que
refleja "una actividad ajena a las previsiones legales, (...) que se ha
realizado supuestamente sin ajustarse a la exigencia constitucional y legal de
garantizar los derechos que como persona imputada tiene cualquier ciudadano".
El juez agrega
que en el documento se pueden verter "expresiones o manifestaciones, a
instancia de tercero, relativas a actividades presuntamente criminales
atribuidas a quien hace esas manifestaciones para que tengan eficacia jurídica
en un procedimiento penal". Por ello, el magistrado ordenó que quedara en
custodia la documentación hasta tanto la fiscal le informase sobre el asunto.
La fiscal Olga
Sánchez respondió ayer que lo procedente es devolver la documentación al
diputado, sin adjuntarla a la causa abierta por los atentados del 11-M,
porque, en primer lugar, Jaime Ignacio Del Burgo no está personado en la causa
y, en segundo lugar, porque los documentos no pueden tener validez jurídica
alguna.
La fiscal
Sánchez expuso que Del Burgo no solicitó los permisos preceptivos para
interrogar a Rafá Zouhier y que la entrevista no puede tener valor legal
puesto que está realizada sin que se hayan respetado los derechos del
imputado.
Todo ello,
según la fiscal, al margen del derecho que Zouhier tiene, como cualquier
imputado en el proceso, de declarar formalmente en la causa, pero siempre
cumpliendo con las exigencias previstas en el artículo 24 de la Constitución y
en el 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El artículo 24
recoge el derecho a la defensa, a la asistencia de letrado y a un proceso con
todas las garantías, entre las que figura el derecho a no declarar contra sí
mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. El 118 de la
Ley de Enjuiciamiento establece los derechos de toda persona a la que se
impute un acto punible.
Rafá Zouhier ha
declarado ya en cuatro ocasiones ante el juez Del Olmo: el 24 de marzo, el 21
de mayo, el 17 de junio y el 26 de agosto pasado. Está actualmente imputado
por un delito de colaboración con organización terrorista, pero su actuación
se considera muy importante, ya que fue él quien puso en contacto a los
integrantes de la célula de Morata de Tajuña, presuntos autores
materiales de los atentados, con la trama de los asturianos que les
proporcionaron los explosivos y detonadores utilizados el 11-M. Hasta el 17 de
marzo no informó a la Guardia Civil sobre El Chino.
El fiscal
general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dirigió ayer un escrito al
presidente del Congreso, Manuel Marín, en el que protesta por las injerencias
del diputado Jaime Ignacio del Burgo en las investigaciones penales sobre los
atentados del 11-M. El texto del escrito dice entre otras cosas lo siguiente:
"Como Fiscal General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 124 de la Constitución Española, tengo la misión de velar por la
independencia de los Tribunales, en consecuencia, transmitiéndole mi pleno
respeto a la actuación de la Comisión de Investigación Parlamentaria, intereso
de V. E. que en el futuro se procure evitar cualquier acto individual que
realizado al margen de las decisiones legalmente adoptadas por los órganos
competentes de la Comisión Parlamentaria, interfiera o perturbe el normal
desenvolvimiento de procedimientos judiciales en curso, especialmente si en
los mismos se ha declarado el secreto de las actuaciones".
Del Burgo
declaró a Europa Press que no consultó con la dirección del Grupo Popular su
decisión de enviar el cuestionario a Zouhier, que fue una "iniciativa
personal", y que no dio a conocer sus gestiones hasta que tuvo en su poder las
respuestas del confidente encarcelado.
Los
comisionados del 11-M censuran a un diputado del PP por entrevistar a Zouhier
Los
parlamentarios de la comisión del 11-M a excepción de los del PP acusaron ayer
de "deslealtad" al diputado popular Jaime
Ignacio del Burgo por entrar en contacto con el confidente Rafá
Zouhier, imputado y encarcelado por el atentado terrorista de Madrid, y
remitirle un cuestionario que ya ha contestado. La comisión había aprobado por
mayoría descartar cualquier contacto con los confidentes. El PSOE acusa a Del
Burgo de "contribuir a la defensa de un imputado por una matanza de 192
ciudadanos". Pero el aludido piensa que se le debe agradecer su servicio a la
investigación.
El presidente
de la comisión del 11-M, Paulino Rivero, anunció ayer, tras cerrar un acuerdo
con los grupos, que el ex presidente del Gobierno José María Aznar comparecerá
el 22 de noviembre, y el actual jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez
Zapatero, el 29. El ex secretario de Estado de Seguridad Ignacio Astarloa ha
sido citado para el 17 de noviembre, el comisario europeo de Justicia e
Interior, Antonio Vitorino, para el 25 del mismo mes, y la presidenta de la
asociación de Afectados por el 11-M, Clara Escribano, cerrará las
comparecencias el 1 de diciembre.
El diputado del
PP Jaime
Ignacio del Burgo, miembro de la comisión del 11-M, entregó ayer en el
registro del Congreso la treintena de folios que le hizo llegar el pasado
lunes por la noche desde la prisión de Aranjuez Rafá Zouhier, imputado por la
matanza. Del Burgo le había formulado 70 preguntas y recibió las respuestas
cinco días después de llegar a manos del preso. Pero ayer por la mañana los
diputados pudieron leer en el diario El Mundo un resumen de las
respuestas de Zouhier con un artículo del propio diputado en el que anunciaba
que también iba a entregar las respuestas al juez y al fiscal encargados del
caso.
Desde el
presidente de la comisión, Paulino Rivero, hasta los diputados del PSOE,
Izquierda Unida, CiU, PNV, y Grupo Mixto lanzaron contra Del Burgo duros
reproches por haber actuado de "manera desleal" con la comisión. El portavoz
parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, se desvinculó de esa iniciativa y el
propio Del Burgo reconoció a este periódico que actuó "a título personal" y
sólo informó a su portavoz cuando ya tenía en su poder las respuestas.
El juicio más
severo lo formuló el diputado socialista y portavoz de esa comisión, Álvaro
Cuesta. "Nosotros estamos con las víctimas, con el dolor, y el PP con sus
actitudes contribuye a la estrategia defensiva de un imputado por terrorismo;
alguien no está a la altura de la dignidad del Parlamento", señaló Cuesta.
Este diputado se hace algunas preguntas con carga de crítica. "¿Desde cuando
conoce el PP al señor Zouhier?". Cuesta reitera que antes, durante el atentado
y hasta el 16 de abril las autoridades eran del PP.
Informe de los letrados
Tanto este diputado como el líder de IU, Gaspar Llamazares; el portavoz de CiU,
Jordi Jané; del PNV, Emilio Olabarria; de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, y de la
Chunta Aragonesista, José Antonio Labordeta, recordaron los avatares de la
comisión hasta votar por última vez el pasado martes la negativa a contactar
con los confidentes.
Entonces Del
Burgo ya tenía las respuestas de Zouhier. El presidente de la comisión había
pedido un informe a los letrados de la Cámara en el que se reflejaban todas
las implicaciones que tiene la presencia en la Cámara de un imputado y
encarcelado. "En caso de que el imputado mienta desaparece el delito porque
cede al mejor Derecho que es el de no declarar contra sí mismo; es decir sólo
está obligado a venir pero puede mentir", recordó Cuesta.
Este
parlamentario recordó que Zouhier fue el presunto intermediario necesario en
la adquisición de los explosivos empleados en el atentado. Esta misma
apreciación la recordó Labordeta para tachar de "desvergüenza" la actitud de
Del Burgo. Cuesta y Labordeta coincidieron en preguntarse de parte de quién
está el PP: "¿Del imputado por terrorismo o de la Guardia Civil?".
Pero el hecho
de que Del Burgo se las ingeniara para llegar al preso "y actuar al margen de
la comisión, no contribuye en nada a la serenidad, la prudencia y la
responsabilidad", dijo su presidente, Paulino Rivero. La comisión aprobó por
mayoría "no llamar a los confidentes de la policía y de la Guardia Civil por
lo que debería dejarse de enredar y confundir a los ciudadanos", pidió Rivero.
En el relato
que Del Burgo hizo de su comportamiento incluyó una réplica "con afecto y
respeto" al presidente. "Ya sé que se ha dicho que no se llamara a los
confidentes pero yo he hecho uso de mi libérrima voluntad para establecer
contacto con una persona [Rafá Zouhier] que me ha respondido un cuestionario y
lo he entregado a la comisión por lo que deberíamos de felicitarnos por tener
ese documento ya que aporta información relevante", opinó Del Burgo. De
inmediato precisó: "No pienso dar explicaciones a la comisión por prestar un
servicio y obtener información relevante".
Por su parte,
Instituciones Penitenciarias informó ayer de que el diputado Del Burgo no ha
seguido "los cauces reglamentarios" para hacerle llegar el cuestionario al
preso. "En vez de censurarme deberían insistir en que siga la investigación;
mi grito es que se investigue todo", insistió Del Burgo.
Jaime Ignacio del Burgo acusa a
Garzón de utilizar su función de juez para "secundar al Gobierno"
El diputado del Partido Popular y
uno de los mayores defensores de la teoría conspirativa del 11-M, Jaime Ignacio
del Burgo, ha cargado de nuevo contra el juez Garzón, al que ha acusado de
utilizar su función de magistrado para "secundar la política del Gobierno".
Sobre el amparo solicitado al Poder Judicial, su presidente, Francisco José
Hernando, ha señalado que el juez "tiene suficiente entidad" para no dejarse
intimidar por las críticas.El diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo ha acusado
al magistrado de "menoscabar su independencia" con sus declaraciones, y entiende
que "tiene derecho a pensar que no está utilizando su función jurisdiccional
para aplicar la ley", sino para "secundar la política del Gobierno". Además,
sobre el recurso de amparo solicitado por el magistrado ante el CGPJ por las
críticas recibidas desde el diario ‘El Mundo’, la emisora de la Conferencia
Episcopal, el PP, y el vocal del CGPJ, José Luis Requero, Del Burgo le ha
recomendado a Garzón que "debería pedir amparo de sí mismo", ya que está
haciendo actuaciones "insólitas". Sobre esta petición de amparo también se ha
pronunciado el presidente del Poder Judicial, Francisco José Hernando, para
quien Baltasar Garzón "tiene suficiente entidad y ha llevado casos tan
importantes y trascendentes" como para que las críticas recibidas no le
intimiden, pero añadió que estudiarán su petición de amparo.
www.cadenaser.es 05.20.06
"NO HEMOS
DICHO NUNCA QUE ETA ESTUVIERA EN EL 11-M"
Jaime Ignacio del
Burgo, diputado del PP, desmintió ayer en el Congreso que su partido comparta la
teoría de la conspiración respecto del 11-M y aseguro: "Tampoco hemos dicho
nunca que ETA estuviera en el 11-M", afirmación que despertó fuertes rumores en
los escaños socialistas del Congreso, antes de que el diputado prosiguiera:
"Sólo hemos denunciado posibles conexiones entre etarras e islamistas que, a
nuestro juicio, no se han investigado con el rigor que se merecen".
Hace sólo unos días,
Del Burgo escribió: "Pues bien, ahora resulta que ETA también estaba allí, en el
11-M. Así se desprende al menos de las declaraciones efectuadas por Emilio
Suárez Trashorras a ese magistral periodista de investigación que es Fernando
Múgica y que acaba de publicar el diario El Mundo".
Del Burgo preguntó
ayer al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, si seguía manteniendo
que no ha existido ninguna falsificación de informes desde abril del 2004, y
recurrió a algunas expresiones muy de la calle para decir: "Olvídese de ese
rollo de la teoría de la conspiración que dice que sustentamos; todavía no nos
han hecho perder el juicio tanto como para sostener que el 11-M fue fruto de una
conspiración de islamistas, etarras, policías, guardias civiles, miembros del
CNI, servicios secretos extranjeros, más los proscritos del felipismo, esos que
anduvieron en las cloacas del Estado".
Del Burgo pidió al
ministro que conteste a sus preguntas y que les abra "las puertas de su
ministerio". "Permítanos hablar con los funcionarios, examinar papeles y pedir
explicaciones acerca del modo en que se ha realizado la investigación".
Rubalcaba fue
extraordinariamente parco en su respuesta. Comenzó por recordar al diputado del
PP que contesta "todas sus preguntas", las orales y las escritas, y que le van a
enviar "varias decenas de miles de páginas" de informes de los que dijo el
ministro que "todos están en el sumario" al que el diputado tiene acceso "como
todos los funcionarios". Rubalcaba concluyó: "Y en todas ellas le dirán una y
otra vez lo mismo: no existe ninguna relación o, al menos, ninguna evidencia de
que ETA haya participado en el 11-M".www.elpais.es 05.10.06
«No se puede decir que ETA no tiene nada que
ver, eso no es lo que dice la sentencia»
Jaime Ignacio
del Burgo fue vocal del Grupo Popular en la comisión
parlamentaria que investigó el 11-M y ha defendido la
relación de ETA con el atentado. Por ejemplo, en un artículo
que publicó en El Mundo bajo un título que no dejaba lugar a
dudas: “ETA también estuvo allí”.
¿Algunos
compañeros del PP creen que es hora de pasar página sobre el
11-M?
Evidentemente no
podemos hacer del 11-M el centro de la vida política. Desde
ahora tiene que ser materia de juristas e historiadores y
si, eventualmente, se descubre algo nuevo por los
investigadores, volvería a ser materia judicial.
¿Aclara
la sentencia la ausencia de conexión con ETA?
No se puede
decir que ETA no tiene nada que ver. Eso no es lo que dice
la sentencia. Dice que una acusación particular presentó una
hipótesis alternativa, pero que no aportó pruebas y ningún
informe policial la avalaba, pero en ningún caso la
descarta. El tribunal no ha juzgado a ETA.
Entonces, ¿sigue defendiendo el trabajo que realizó en la
comisión parlamentaria?
Yo lo único que
hice en la comisión es pedir que se investigaran todas las
hipótesis, también la conexión entre los islamistas y ETA.
Cuando era portavoz de Exteriores del PSOE en 2002, el
diputado socialista Rafael Estrella citó informes que
alertaban de esta conexión. Yo me limité a preguntar por el
contenido, donde se hablaba de comandos etarras entrenados
en Afganistán. Yo no me inventé nada, todo estaba en los
informes.
Usted ha
escrito un libro sobre el 11-M donde se habla de la
participación de ETA.
En mi libro no
defiendo ninguna hipótesis, me limito a plantear las
preguntas que la comisión dejó sin respuesta. Cuando pueda
me dedicaré a ver cuántas resuelve la sentencia.
¿Pero
mantiene que hay contactos entre diferentes etarras e
islamistas?
Ahora sabemos
que en las cárceles hay contacto entre islamistas y etarras,
cosa que se negaba, y aunque en la sentencia se dice que ese
contacto no tuvo ninguna consecuencia operativa en los
atentados, hay que estar vigilante de cara al futuro.
¿Cree
que la posición del PP respecto a la sentencia es la
correcta?
Suscribo
totalmente las palabras de Mariano Rajoy. Acatamos la
sentencia pero no se debe renunciar a futuras
investigaciones, ya que los supuestos autores intelectuales
han sido absueltos. Está claro que el PSOE va a seguir
intentando sacar partido de la sentencia. Y lo que no
podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados si nos acusan,
de mentirosos por ejemplo.
Hay
sindicatos y asociaciones, el SUP por ejemplo, dispuestos a
denunciar a quienes defendieron la teoría de la
conspiración.
Lo último es que
el SUP quiera denunciarme por hacer preguntas en sede
parlamentaria. Es insólito. Si ponen la querella dará pie a
averiguar cuál fue el comportamiento de los mandos
policiales.
http://www.publico.es/espana/013092/no/decir/eta/ver/dice/sentencia
Del
franquismo de su familia, a la derecha extrema
Jaime
Ignacio del Burgo es un hombre polémico, perteneciente a
una familia con fuertes vinculaciones franquistas, que
desde sus inicios se ha visto involucrado en escándalos.
Sus intereses empresariales han chocado en numerosas
ocasiones con sus responsabilidades públicas. En 1980,
siendo presidente de la Diputación Foral de Navarra fue
acusado por sus propios compañeros de malversación de
fondos. Unos años más tarde, durante la Comisión de
Investigación del 11-M fue el juez Juan del Olmo le
recriminó por interferir en la investigación judicial.
Del Burgo remitió a uno de los imputados, Rafa Zohuier,
que se encontraba encarcelado, un cuestionario que
después filtró al diario El Mundo.
El diputado popular Jaime
Ignacio del Burgo fue uno de los
miembros de la Comisión de
Investigación sobre el 11-M. Las
supuestas incógnitas que ahora
denuncia en su libro 11-M:
Demasiadas preguntas sin
responder, ya las insinuaba
durante las primeras sesiones de
la Comisión.
A vueltas con la mochila
El jueves 8 de julio de 2004,
por ejemplo, Del Burgo ya
incidía en el tema de la mochila
de Vallecas. Durante la
comparecencia del Jefe Superior
de la Policía, Fernández
Rancaño, el diputado ya
intentaba sembrar dudas sobre la
mochila: “¿Cómo aparece la
mochila en la comisaría de
Vallecas? ¿Sabe usted algo de
eso?”, preguntaba entonces.
Entrevista a Zohuier
Sin duda, una de las actuaciones
más polémica de este diputado
del Partido Popular durante el
desarrollo de esta Comisión fue
la filtración al diario de Pedro
J. Ramírez, de un cuestionario
realizado a uno de los imputados
en la causa, y confidente de la
policía, Rafa Zohuier.
Del Burgo le remitió a la cárcel
de Aranjuez un cuestionario con
70 preguntas que Zohuier
contestó en una treintena de
folios. El diputado filtró
después la entrevista a El
Mundo y, una vez publicada,
remitió el documento al juez y
al fiscal, señalando que
"contiene informaciones que
podrían ser relevantes para la
instrucción de la causa" del
11-M.
Acusado de interferir en
la investigación
Esta actuación supuso la
reprobación del juez del Olmo y
de la fiscal Olga Sánchez que lo
acusaron de haber interferido y
perturbado las investigaciones.
Malversación de fondos
Sin embargo, los escándalos
protagonizados por Jaime Ignacio
Del Burgo no son nuevos. Al poco
de comenzar su carrera política,
cuando todavía militaba en la
UCD, fue elegido presidente de
la Diputación Foral. Fue
entonces, en 1980, cuando sus
propios compañeros de
corporación le acusaron de
malversación de fondos -81
millones de pesetas- de la
Administración foral.
Se negó a dimitir
El Parlamento Foral acordó el 14
de abril de 1980 exigir su
dimisión, pero Del Burgo no
aceptó, y el 28 de abril del
mismo año, la Diputación acordó
su destitución. Del Burgo
recurrió ante la Audiencia
Territorial de Pamplona, falló a
favor de la Diputación. Recurrió
entonces ante el Tribunal
Supremo, que en noviembre de
1983 revocó el fallo de la
Audiencia y dio la razón al
propio Del Burgo.
Lo público y lo privado
Este episodio es consecuencia de
las habituales conexiones entre
los asuntos públicos y privados
de Jaime Ignacio del Burgo. Su
familia siempre ha estado
vinculada a empresas del sector
tecnológico o hidroeléctrico. Y
aunque hoy en día son sus hijos
los que llevan las riendas de
los negocios familiares,
incluido un importante despacho
de abogados en Pamplona, según
ha podido saber elplural.com, la sombra
del padre está siempre presente.
Los hijos, también
Tampoco sus hijos se han visto
libres de escándalos. Uno de
ellos, Jaime Arturo del Burgo,
propietario de la empresa
Hormimeco, dejó deudas de más de
24 millones de euros al
suspender pagos en 2002. Además
los directivos fueron
denunciados por catorce
trabajadores por un delito de
estafa. Esta aventura
empresarial del hijo del
diputado contaba con el aval y
el 25% del capital inicial de la
Comunidad de Madrid, entonces
presidida por Alberto Ruiz
Gallardón.
Derecha extrema
Jaime Ignacio del Burgo se sitúa
dentro del PP entre lo que
podríamos calificar como derecha extrema. Sus
posiciones, muy conservadoras,
siempre se han ubicado frente a
todo tipo de nacionalismos. De
casta le viene al galgo, ya que
el padre de este diputado, Jaime
del Burgo Torres, escritor y
periodista fallecido a finales
del año pasado, estuvo ligado a
las conspiraciones que
prepararon en Navarra el golpe
militar del 19 de julio de 1936
y a las instituciones del
posterior régimen franquista.
El padre, conspirador
Del Burgo Torres aparece
involucrado, desde los primeros
momentos del período
republicano, en acciones
ilegales y de carácter
militarista. Mientras en sus
artículos de prensa acusaba de
despotismo y opresión al régimen
republicano, compraba partidas
de armas y dirigía
entrenamientos militares con
fuego real en las sierra de
Urbasa y Andía.
Sangre y venganza
En sus escritos continuamente
hablaba de guerra, sangre, y
venganza. Una de sus frases,
publicada en 1934, sería
preludio de la tragedia que se
desataría dos años después:
“Seamos hombres y sepamos vengar
al caído; aunque sea haciendo
poner para todo un año a los
socialistas crespones de luto en
sus centros. Porque contra estos
cualquier procedimiento que se
utilice es bueno: la bomba, el
puñal y el incendio”, escribía.
Cargos durante la
dictadura
Tras la guerra, desempeñó
diversos cargos en la dictadura.
Fue Delegado de Información y
Turismo; Consejero Nacional del
Movimiento; Procurador en Cortes
españolas; y también ocupó altos
cargos en la Diputación Foral.
Respaldado por altas
instituciones del Estado
En 2001 su hijo, el diputado del
PP, impulsó una campaña
mediática para lograr que su
padre obtuviera un
reconocimiento a su trayectoria.
Su intención, lograr que fuera
candidato al premio Príncipe de
Viana de la Cultura. Un
manifiesto de apoyo a su padre
se publicaba esos días en los
periódicos, entre los firmantes:
Esperanza Aguirre, entonces
presidenta del Senado; Mariano
Rajoy, a la sazón vicepresidente
1º del Gobierno y Manuel Fraga,
en aquel momento presidente de
la Xunta de Galicia.
Publicado en
www.elplural.com
.16.03.06
Volver
