www.losgenoveses.net : Francisco Granados

"La revalorización es consecuencia de los seis años que transcurrieron entre la compra y la venta, como ocurre en muchísimas zonas de España, por no decir en todas, y desde luego en la Comunidad de Madrid, y no solo con el suelo, sino también con los pisos o los chalés. Las plusvalías que se generan en el suelo se producen fundamentalmente durante las recalificaciones, cuando pasa de rústico a urbanizable, y aquí se compró cuando ya era urbanizable", explicó Granados. Desde que era urbanizable hasta que se pudo construir, como consecuencia de la gestión de Porto, el tío de Aguirre consiguió multiplicar por 10 su valor. Granados se preguntó si existe "algún madrileño que se haga responsable y conozca todas las actividades de sus tíos, sobrinos o primos, porque eso es algo que no está al alcance de ningún mortal".
( Sobre pelotazo urbanístico de los familiares de Esperanza Aguirre )

Nace en Valdemoro (Madrid) el 23 de enero de 1964. Está casado y tiene dos hijas. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, es analista financiero de la Bolsa de Madrid, especializado en el sector eléctrico. Ha sido director de Análisis Financiero en Interdealers, S.V.B y en la Socièté Gènérale; director de Banca de Inversiones en esta última sociedad, donde además fue miembro del Comité de Inversión Internacional. Entre 1999 y 2003 fue consejero de la eléctrica francesa SNET, en representación de ENDESA; asesor de ésta en Chile y consejero de Caja Madrid e Ibercaja.

Presidente del PP de Valdemoro desde 1998, cargo que en noviembre de 2000 consiguió por tercera vez consecutiva tras hacerse con el cien por cien de los votos en las elecciones de la agrupación local, se incorporó como miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid en el XII Congreso (septiembre 2002), cuando fue reelegido presidente Pío García Escudero, que le nombró como uno de los cinco vocales de libre designación del presidente.

En el XIII Congreso del PP de Madrid (27 noviembre 2004), en el que Esperanza Aguirre fue elegida presidenta del partido, fue designado secretario general de la formación. En el XIV congreso de los populares madrileños (septiembre 2008) fue nombrado de nuevo para el mismo cargo.

En las elecciones municipales de junio de 1999 Granados fue elegido alcalde de Valdemoro (tomó posesión el 3 de julio) y reelegido en las locales del 25 de mayo de 2003. Concurrió a las elecciones a la Asamblea de Madrid como número ocho de la candidatura que encabezó Esperanza Aguirre, en la convocatoria del 25 de mayo de 2003, en la que resultó elegido diputado.

El 20 de diciembre de 2004, Esperanza Aguirre remodeló su gobierno autonómico con el nombramiento de Dolores de Cospedal como nueva consejera de Transportes e Infraestructuras en sustitución de Francisco Granados, que pasó a ocupar la Consejería de Presidencia del Gobierno regional.

En las elecciones del 27 de mayo de 2007, renovó su escaño autonómico por el PP, en cuya lista figuró como número tres. Granados continuó al frente de la Consejería de Presidencia y asumió también las competencias de Interior. Desde el 26 de junio de 2008, con motivo de una remodelación del Gobierno autonómico, Granados sumó Justicia a sus responsabilidades en Presidencia e Interior.

Le gustan las motos sin casco. Está casado con María de las Nieves Alarcón Castellanos. Siente predilección por ubicar a sus cuñado. Una es Directora general del Gobierno de la Condesa gacela y otro concejal de juventud en Valdemoro.

EL PSM DENUNCIA A GRANADOS POR PAGAR FOLLETOS ELECTORALES CON DINERO PÚBLICO

Los socialistas madrileños anunciaron ayer que acudirán a la Fiscalía Anticorrupción para pedirle que investigue la "supuesta financiación irregular" de la campaña electoral de 2003 del PP en Valdemoro, que revalidó a Francisco Granados, hoy consejero de Presidencia, Interior y Justicia, en la alcaldía.

El secretario de Economía de los socialistas, Antonio Carmona, y la portavoz socialista en Valdemoro, Margarita Peña, acusaron en rueda de prensa a Granados de haber sufragado los folletos electorales con dinero del Ayuntamiento. Para ello, entregaron un albarán fechado el 14 de mayo de 2003 en el que consta que en el Consistorio se entregaron 50 cajas con 100 ejemplares cada una de los folletos de campaña. "En el albarán figura el NIF del Ayuntamiento de Valdemoro", recalcó Carmona.

Granados negó ayer que el Ayuntamiento hubiera costeado los folletos y exigió a los socialistas que presentaran las facturas, en lugar de albaranes. La diferencia entre estos documento es que el segundo es únicamente un registro de entrega de mercancia, que no demuestra que el receptor lo haya pagado.

"Los folletos se entregaron en el Ayuntamiento porque mi jefe de Gabinete lo pidió, pero es mentira que desde el Ayuntamiento se hayan pagado las facturas del PP porque es imposible", explicó. "El interventor municipal nunca paga una factura por un concepto que es un folleto electoral". Además, el ex alcalde recordó que las cuentas electorales del PP de Valdemoro han sido "auditadas y fiscalizadas por la Cámara de Cuentas". Y anunció que se querellará contra Carmona. Los socialistas también vincularon otro albarán, en este caso por la compra de 5.000 litros de aceite a la empresa Aceites del sur, en Dos Hermanas (Sevilla), a nombre de la empresa Distribución y Servicios Cid, SL. Carmona vinculó este albarán con las botellas de aceite, con el lema 100% Valdemoro, que Granados regaló en campaña. No ofreció ninguna prueba que explicara que se trata del mismo aceite.

Según Carmona, el dueño de la empresa "es un constructor que ha hecho obras en Valdemoro y, por tanto, ha disfrutado de trato de favor".

Granados afirmó que el aceite que él regaló "se compró en Valdemoro y ni mucho menos en esas cantidades" y retó a Carmona a "probar" lo contrario.

- Los socialistas mostraron ayer dos documentos. El primero (a la izquierda) es el albarán donde queda constancia de la entrega en el Ayuntamiento de los folletos de campaña. El segundo es el albarán a nombre de Distribuciones y Servicios Cid, que habría comprado 5.000 litros de aceite.

El consejero de Justicia de Madrid y secretario general del PP en la Comunidad, Francisco Granados, dejó este jueves sin respuesta la pregunta de la oposición sobre por qué habló del caso Gürtel con el juez Francisco Javier Vieira en el almuerzo secreto que ambos compartieron un día antes de que el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) asumiera la instrucción y del que informó Público. Vieira, presidente del TSJM, será quien previsiblemente dirija la vista oral si el caso llega a juicio. En la rama madrileña de la presunta trama corrupta aparecen implicados tres aforados por su condición de diputados autonómicos, otros tantos alcaldes que dimitieron tras su imputación y un cuarto ex regidor.

"¿En su condición de qué le interesaba a usted el tema del caso Gürtel?", preguntó en la tercera pregunta sobre el asunto la diputada socialista Encarnación Moya. Lo hizo en referencia al doble cargo, público y partidario, del consejero de Presidencia y Justicia, a quien, con sorna, inquirió a renglón seguido sobre si, para acudir a esa cita, "se quitó el manto de secretario general y entró puro, virgen, sin contaminar, como consejero de Justicia".

Recién llegado de su segunda comida con Vieira -esta en la sede del TSJM, con otros comensales y de carácter abiertamente oficial- Granados ni se dio por aludido. Tanto la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, como el parlamentario de IU Miguel Ángel Reneses diagnosticaron luego que el almuerzo de ayer se programó para el mismo día del pleno con el objetivo de dar "apariencia de normalidad" a la celebrada el 30 de marzo en el restaurante Solchaga.

El consejero no cambió el guión: fue una "comida de trabajo" entre el consejero de Justicia y el máximo responsable judicial en Madrid , nada que ver con la cacería de Bermejo y Garzón. Lo remachó en una sesión que había arrancado con una tormenta estentórea desatada literalmente por un vaso de agua: el que Esperanza Aguirre introdujo, con aplomo y botella adicional, en el pleno pese a que su partido había vetado en junta de portavoces que los diputados puedan beber en el salón. Oficialmente, el veto buscaba prevenir averías eléctricas.

El episodio del agua le costó a la portavoz socialista, Maru Menéndez, que el PP le descontara un minuto de su intervención: justo el que había dedicado a protestar airadamente por lo que consideró un paradigma de la doble vara de medir de Aguirre. El agua estaba prohibida hasta que la presidenta tuvo sed.

La imagen de esa doble vara sobrevoló la Asamblea de Madrid durante el debate sobre la cita de Granados y Vieira -la que a Aguirre le parece "extraordinariamente bien"- en un restaurante y fuera de su agenda pública. La presidenta de Madrid atacó al PSOE por su flanco débil: las declaraciones del nuevo titular de Justicia, quien, en relación a ese almuerzo, pidió que no se hagan "conjeturas". Caamaño, espetó Aguirre a Menéndez clavando la puya, "no comparte en absoluto su opinión". Esa comida, enfatizó, en nada se asemeja a la cena de cacería protagonizada por "el juez socialista y el ministro furtivo".

"Lo equivalente sería -dijo mirando a Menéndez- que usted se reuniera con el nuevo instructor, Pedreira, a quien, por cierto, ya recusamos en una ocasión". ¿Subyacía en esa frase una amenaza? Aguirre la dejó caer antes de regresar a lo que ya se ha convertido en estribillo: que Vieira -y también lo repitió Granados- "ni instruye, ni mete a nadie en la cárcel ni juzga". Eso último no se ajusta a la realidad, salvo que el Supremo termine reclamando el caso o el presidente del TSJM deba inhibirse porque resuelva algún recurso en la fase de instrucción.

"La doctrina Bermejo ya no vale", reprochó Reneses desde los bancos de IU agitando una imaginaria doble vara de medir. Por la noche,el PSOE pidió sin éxito la reprobación de Granados. A esa hora, una botella de agua hacía de parapeto en cada escaño.

Los diputados del Partido Popular tumbaron hoy (64 votos en contra, frente a 52 a favor) la moción de reprobación presentada por el grupo parlamentario socialista contra el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.

¿Los motivos? Su gestión y su actuación política por el "caos organizativo y estructural de los servicios de seguridad" de la región, su incapacidad para negociar la Ley de Policía Local y por el incumplimiento de los convenios de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) con los ayuntamientos.

La diputada socialista, Encarnación Moya Nieto, que presentó en la Asamblea esta reprobación, acusó a Granados no sólo de realizar una gestión ineficaz sino además de ser incapaz de responder a las necesidades de los ciudadanos de la región. Además, dijo que su actuación política en los últimos meses "está afectando seriamente a la salud democrática" de la Comunidad, por lo que debe abandonar su puesto en el Gobierno de la Comunidad.

A su juicio, el consejero sólo ha conseguido dos logros: poner en pie de guerra a los colectivos del mundo de la seguridad y estar bajo la sospecha de llevar a cabo seguimientos ilícitos de personas de esta Comunidad.

Granados, dijo la socialista, "jamás acepta la más mínima crítica o error", al tiempo que le acusó de falta de transparencia sobre su patrimonio personal y de falta de coherencia por no haber dimitido ante el escándalo de los espías y de su comida "semiclandestina" con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier Vieira, el día antes de que el tribunal asumiera la investigación del caso Gürtel. "Porque en democracia no vale con estar, hay que ser. Y en esto usted falla estrepitosamente", le lanzó.

El portavoz de Izquierda Unida, Miguel Reneses, reclamó a Granados "que dimita, que se marche porque pensamos que a los madrileños les parecerá una gran noticia". "Ni por acción ni por omisión ha sido capaz de impulsar ninguna medida con algún grado de éxito", consideró, al tiempo que destacó que no le gusta la reprobación de ningún consejero, pero en esta ocasión su grupo la respaldará porque "reprueba las políticas de este reducto neoliberal en España" y para evitar "que esta comunidad no se convierta en el estercolero de este país".

Ante estas acusaciones, el portavoz del grupo PP, Pablo Casado, rechazó la moción por "indigna e injustificada en la forma y en el fondo" pues se trata de una "reprobación que intenta deslucir una trayectoria política intachable" como la del consejero de Interior.

A su juicio, lo que está en el fondo de la estrategia de la izquierda es intentar "tapar con espionaje la crisis económica que se está dejando 250.000 parados todos los meses". Son, dijo, "mamparas traslúcidas para tapar la incompetencia del Gobierno del país que está desangrando la economía".

El actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y número dos del PP madrileño, Francisco Granados, fue reelegido a la alcaldía de Valdemoro en 2003 después de una intensa campaña en la que no faltaron los regalos promocionales a los vecinos. Además de los típicos mecheros o gorras, la campaña con el eslogan Francisco Granados 100% Valdemoro incluyó como punto fuerte la distribución de 20.000 botellas de aceite de oliva, una por cada habitante del municipio. La revista Interviú ha desvelado que el albarán de entrega del aceite se facturó a una de las empresas de Ramiro Cid Sicluna, un constructor de la localidad estrechamente vinculado a Granados. La Ley de Partidos limita a 6.000 euros el máximo que una empresa o un particular pueden donar a una formación, un valor ampliamente excedido por el coste de ese pedido. Desde el entorno de Granados alegan que el empresario pudo comprar el aceite “para él”, pero no tienen las facturas que acrediten que pagaron aquel pedido. Además, miles de folletos del PP figuran como pagados por el Ayuntamiento, y no por el partido.

El PP regaló en la campaña electoral de Valdemoro 5.000 litros de aceite de oliva virgen La Española distribuidas en 20.000 botellas de cuarto de litro. La compañía aceitera dueña de la marca, Aceites del Sur, que cuenta con una sede logística en Valdemoro, entregó un pedido de 5.000 litros durante la campaña a Distribuciones y Servicios Cid, una de las empresas de Ramiro Cid Sicluna, según figura en el albarán de entrega al que ha tenido acceso Interviú.

Desde el entorno de Granados aseguran que ese aceite puede no ser el mismo que el PP repartió y que quizá el empresario lo pidió “para él”, pero no muestran la factura que acredita el pago por parte del partido de aquel aceite regalado en campaña. Además, el albarán de entrega a la empresa de Cid está firmado por un miembro del equipo electoral de Granados.

También en la campaña de 2003 y según ha comprobado Interviú, el Ayuntamiento de Valdemoro del PP figura en un albarán como el cliente que recibió 5.000 folletos de promoción de Granados por parte de la imprenta Monterreina. La portavoz de Granados asegura que los gastos de campaña los sufragó el PP y no el Ayuntamiento, pero no mostró tampoco las facturas de esos 5.000 folletos.

La líder del PSOE en Valdemoro, Margarita Peña, considera que Granados “tendrá que dar explicaciones” y que “si el Ayuntamiento y un empresario pagaron gastos de la campaña del PP estaríamos ante un grave delito de financiación irregular”.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, almorzó fuera de su agenda pública el pasado lunes en el reservado de un restaurante madrileño con el consejero madrileño de Presidencia y Justicia y secretario general del PP en la Comunidad, Francisco Granados. Ambos compartieron mesa, mantel y conversación un día antes de que, en un auto cuyo ponente fue el propio Vieira, el TSJM acordara asumir la investigación del caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción vinculado al PP y en el que aparecen implicados tres diputados autonómicos y otros tantos alcaldes. Si el caso, abierto por el magistrado Baltasar Garzón, llega a juicio como parece previsible, Vieira presidirá el tribunal juzgador.

A diferencia de la cacería de febrero en la que coincidieron el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el juez Garzón, la cita a solas de Vieira y Granados se desarrolló en un escenario netamente urbano: el céntrico restaurante Solchaga de Madrid.

Aquella montería de Jaén, en la que participaron decenas de cazadores, acabó costándole el puesto a Bermejo y una persecución implacable al juez Baltasar Garzón desde las filas del PP. Ayer, en cambio, los portavoces de ambos comensales remacharon que el almuerzo de Vieira y Granados se inscribe en la "normalidad de las relaciones institucionales". "No se habló del caso Gürtel", dicen en el TSJM. El portavoz de Granados aseguró carecer de información sobre ese extremo.

¿Ninguna de las dos partes se planteó posponer el encuentro, dado que el Tribunal Superior estaba a punto de decidir sobre un asunto crucial para el partido al que representa Granados? "Los intereses de la Justicia y los madrileños no pueden estar a expensas de que un tribunal asuma o no asuma" una investigación, adujo un portavoz de Granados, número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre. El TSJM se abonó a la tesis de que Vieira no se reunió con Granados "en calidad de secretario general del PP" sino de "consejero de Justicia".

Los dos cargos públicos avanzaron, según el TSJM, en el "diseño de la Oficina Judicial". Es decir, de la nueva estructura orgánica de los juzgados españoles, cuya implantación no se producirá en ningún caso antes del próximo año.

Sobre por qué, si la cita tenía un carácter estrictamente institucional, se concertó en un restaurante y no en un despacho oficial, el equipo de Granados aventuró la siguiente explicación: "En España, se hacen muchas reuniones en comidas de trabajo". Ni el gabinete del consejero ni el de Vieira habían difundido la celebración de ese almuerzo, que, según el TSJM, se enmarca en la ronda de toma de contacto del magistrado con "autoridades" como el presidente del Poder Judicial (CGPJ) o la delegada del Gobierno en Madrid.

Anterior presidente de la Audiencia Provincial madrileña y miembro de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Vieira tomó posesión como titular del TSJM el 13 de febrero. El magistrado obtuvo la nominación por parte del CGPJ tras una primera votación fallida. En la segunda, respaldaron su candidatura 14 de los 21 miembros del órgano de gobierno de los jueces.

En lo que respecta a Garzón, los rescoldos de la cruzada del PP, de una magnitud inédita en lo que va de década, aún no se han apagado, pese a su inhibición en el caso Gürtel. Los conservadores mantienen su querella contra el magistrado, y su batería de quejas y denuncias ante el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

Desde el primer momento, el Partido Popular se centró en lograr que el sumario quedara fuera del control de Garzón y terminase en manos de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. ¿El argumento? Que varios investigados gozan de aforamiento como parlamentarios autonómicos. Las pesquisas policiales apuntan a que tres diputados del PP madrileños aceptaron sobornos de la trama de Correa: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.

EL NUEVO JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' RECONOCE SU COMIDA "SIN ZONAS OCULTAS" CON GRANADOS

El presidente del tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha reconocido que habló el pasado lunes sobre la operación Gürtel con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.

Vieira sería el presidente de la Sala que juzgaría a los tres diputados conservadores implicados —Alberto López Viejo, Alfonso Bosh Tejedor y Benjamín Martín Vasco— en la Operación Gürtel, dirigida por Francisco Correa.

Vieira, quien se reunió con Granados en un restaurante de Madrid, ha asegurado que no hubo "ninguna zona oculta" en la conversación, que no fue secreta ni en ningún reservado.

"Se produjo un cambio de impresiones en el que se trataron cosas que afectan a la Justicia", ha explicado Vieira.

Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño ha opinado que "no es bueno" estar siempre "formulando imputaciones o conjeturas" respecto a las reuniones que los cargos públicos pueden mantener con políticos.

"Creo que no es bueno para la vida política de los españoles y muchísimo menos en ese lazo necesario con la Justicia, estar siempre formulando imputaciones o conjeturas que no tienen necesariamente por qué darse", ha afirmado Caamaño.

Por ello pidió no verter desde otros contextos "sospechas sobre personas que ejercen cargos públicos en el ejercicio de sus funciones".

Caamaño señaló que, aunque son Granados y Vieria quienes deben responder, él como ministro "confía siempre en la responsabilidad de los cargos públicos en el ejercicio de sus funciones".

¡... PERO VE NORMAL UNA REUNIÓN SECRETA ENTRE EL NÚMERO TRES DE AGUIRRE Y EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEL CASO GÜRTEL!

El consejero de Justicia y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, se reunió el lunes pasado en secreto y en privado con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, quien será, a la sazón, el máximo responsable del caso Gürtel si este finalmente no llega a la Supremo. La cita entre ambos tuvo lugar en un reservado del céntrico restaurante madrileño Solchaga y se produjo, además, un día antes de que el TSJM asumiera la investigación de la presunta trama corrupta vinculada al PP en un auto expuesto, por cierto, por el magistrado en cuestión, informa Público. La cita no aparecía en las agendas y se concertó fuera de los despachos oficiales. Por si fuera poco, esta mañana Vieira ha admitido que se abordó el tema Gürtel, desmintiendo las explicaciones dadas desde el órgano que preside. Cabe recordar que cuando el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo coincidió en una cacería con el juez Baltasar Garzón, el PP exigió inmediatamente su dimisión.

La Consejería y el TSJM habían intentado quitar hierro al asunto, enmarcándolo en la “normalidad de las relaciones institucionales”. “No se habló del caso Gürtel” sino del “diseño de la nueva Oficina Judicial” –una iniciativa que no estará en marcha hasta el próximo año- agregaron, en principio, desde el tribunal.

Hoy, sin embargo, el mismo Vieira ha admitido que sí se abordó el tema de la presunta red corrupta vinculada al PP, que en Madrid ha salpicado ya a tres diputados autonómicos –Alfonso Bosch, Alberto López Viejo, y Benjamín Martín- y a varios alcaldes, forzados a dimitir por el partido –Ginés López, Jesús Sepúlveda, Arturo González Panero-.

Tal como ha dicho el presidente del TSJM, el almuerzo no fue secreto ni en un reservado. Se trató, meramente, de “un cambio de impresiones en el que se trataron cosas que afectan a la Justicia” ¿Por qué entonces tuvo lugar fuera de dependencias institucional y no está registrado en las agendas de estos funcionarios? “En España se hacen muchas reuniones en comidas de trabajo”, justificaban ayer desde el gabinete de Granados.

¿Y por qué Granados no podía esperar a que el Tribunal decidiera sobre Gürtel para reunirse con el juez? “Los intereses de la Justicia no pueden estar a expensas de que un tribunal asuma o no asuma” han intentado justificar sus portavoces. Granados no acudió a la cita “en calidad de secretario de general del PP” sino de “consejero de Justicia”, corroboraron desde el TSJM.

El 31 de octubre de 2007, Francisco Granados, consejero de Presidencia e Interior, vendió cuatro de las cinco parcelas que poseía junto con su esposa en el sector R-2 Canto Negro de Valdemoro por 1.440.000 euros. Granados no entregó los terrenos a cualquiera. Lo hizo a un constructor afín: David Marjaliza, uno de los principales empresarios de Valdemoro, y amigo de la infancia del consejero, con el que ha mantenido negocios inmobiliarios. La empresa Servicios Logísticos Inmobiliarios, de Marjaliza, compró cuatro parcelas, con una edificabilidad de 839 metros cuadrados, pagando el precio mediante dos cheques. En cada parcela sólo se puede levantar un chalé. Los terrenos están en una cuña de terreno al noroeste del casco urbano de Valdemoro (58.000 habitantes), entre el polígono industrial Albresa y los terrenos de la Guardía Civil.

El negocio resultó provechoso para el consejero. Vendió las parcelas a 1.716 euros por metro cuadrado edificable. El precio de mercado en el área metropolitana en 2008 asciende a unos 1.080 euros por metro cuadrado construido, según datos de la consultora Grupo i. Un precio similar al que calcula el Ministerio de Vivienda. El consejero vendió el otro solar que poseía en el mismo sector a la familia de su mujer por 240.000 euros, a 1.100 euros el metro cuadrado edificable, más cerca del precio de mercado. Fuentes del PSOE aseguraron que "Granados obtiene un beneficio muy superior al que hubiera logrado un particular vendiendo las mismas parcelas".

Un portavoz del gabinete de Granados apuntó, sin embargo, que el negocio con Marjaliza se hizo a precios de mercado. "Son parcelas grandes, de unos 600 metros, que tienen una edificabilidad para construir chalés y queda un gran espacio para el jardín. No hay muchos solares como éstos en Valdemoro", explica el portavoz, quien añade: "Es difícil asegurar cuál era el precio de mercado en esa época para estas parcelas, en pleno boom inmobiliario".

El solar, de 2.981 metros cuadrados, fue recalificado como urbanizable en el plan general urbanístico aprobado por el PSOE en 1999.

Granados, que fue alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003, se abstuvo hasta en cuatro ocasiones durante la tramitación del plan parcial que ordenaba la zona "por tener intereses". Pero en julio de 2002 firmó el decreto que autorizaba el Proyecto de Compensación del plan parcial, el acuerdo donde se establecen los terrenos que se ceden a viarios o conducciones públicas. Según ese documento, Granados mantiene los mismos metros y no cede terreno. "Pero recibe parcelas con menos edificabilidad que el resto", explica un portavoz del consejero.

Fuentes del PSOE precisan que Granados "firmó el documento administrativo definitivo que establece los beneficios y cargas que tendrán los terrenos".

El consejero vendió cuatro de los solares a Marjaliza a un precio de 360.000 euros cada uno, según consta en el registro de la propiedad. El solar restante lo vendió a la hermana de su mujer por un precio menor, 240.000 euros. En la escritura registral no figura el precio de ésta. Las cinco parcelas tienen una extensión similar, de unos 600 metros cuadrados de media. En total, Granados ganó 1.680.000 euros con la venta de las parcelas en Canto Negro.

Francisco Granados, número tres del Gobierno de Esperanza Aguirre, intentó ayer sin éxito desactivar el escándalo de la mansión que una promotora inmobiliaria construye en Valdemoro (Madrid) siguiendo un proyecto encargado por el consejero y su mujer, pese a lo cual el inmueble no figura a su nombre.

Horas después de que el PSOE exigiera en la Asamblea de Madrid que el titular de Presidencia, Justicia e Interior remita en 48 horas su declaración oficial de bienes, Granados reaccionó enviando a la oposición dos folios en los que refleja su patrimonio inmobiliario y obvia que su mujer es consejera en una filial de Caja Madrid. El documento no alude a la casa de lujo de 1.000 metros cuadrados, ya casi acabada, y que su esposa visita asiduamente para supervisar las obras. Su maniobra en absoluto convenció al PSOE, que sigue reclamando los documentos oficiales del registro de bienes.

Los dos folios llegaron en mano a las portavoces de PSOE e IU, Maru Menéndez e Inés Sabanés, a primera hora de la tarde. Por la mañana, el socialista Adolfo Navarro había pedido cuentas al consejero por construirse “una fortaleza medieval, como si fuera el señor de un castillo feudal”. “Dice mucho de la ética y de la estética de Granados”, apuntaló el portavoz adjunto.

El PSOE no se cree que haya una promotora que opte por construir en Valdemoro –Granados fue su alcalde de 1999 a 2003–, y sin tener comprador asegurado, una casa de lujo sobre seis parcelas donde el planeamiento permitía levantar otros tantos chalés estándar. “Debería tener más vergüenza y explicarse. Si no tiene nada que ocultar y es rico de familia, que lo diga públicamente”, concluyó Navarro.

David Pérez, portavoz del PP en la Cámara, descartó todo vínculo de Granados con la mansión y acusó al PSOE de propalar “ignominias”. En el escrito a PSOE e IU, Granados cita a su mujer, Nieves Alarcón Castellanos. El consejero lo hace para informar que es “profesora de universidad”. Pero obvia un dato de máxima relevancia: desde el 17 de julio de 2008, Alarcón pertenece al consejo de administración de Caja de Madrid de Pensiones, SA, entidad gestora de fondos de pensiones.

Fuentes de la caja madrileña confirmaron ayer a Público que Alarcón representa en esa empresa a la Comunidad, es decir, a la institución donde su marido ocupa el tercer puesto en rango. Otras fuentes de la entidad aseguraron que Alarcón percibe al mes 1.803 euros brutos (1.175 netos) en dietas por asistencia al consejo. Este diario no logró que el Ejecutivo desvele qué criterios ha seguido para asignar uno de los 15 asientos del consejo de Caja Madrid de Pensiones a la esposa de Granados, profesora de Economía Política en el Centro Universitario Villanueva, de titularidad privada y adscrito a la Complutense.

Alarcón –cuya pertenencia al consejo de la citada sociedad desconocía la oposición– se suma así a la lista de miembros de confianza del PP a los que Aguirre ha acomodado en la órbita de Cibeles, la corporación que aglutina las participaciones financieras de la caja madrileña y a la que pertenece la gestora de pensiones. En esa nómina ya figuran el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela, el ex ministro del Interior Ángel Acebes y Carmen Cavero, cuñada del vicepresidente, Ignacio González.

En los dos folios remitidos a la oposición –a los que se une un tercero con su currículum–, Granados confiesa un patrimonio inmobiliario de 351.000 euros, correspondientes a un piso de 110 metros cuadrados y un dúplex de 164 metros, ambos en Valdemoro. Además, declara que en 2007 compró una vivienda adosada de 143 metros por 450.760 euros, de los que todavía debe 330.000 euros. “El resto de bienes corresponde a la herencia de mi padre”, apunta.

“Siempre hemos disfrutado de una buena situación económica”, sostiene el consejero. El jueves pasado, dijo a Público que antes de llegar a la política trabajaba en Bolsa y ganaba “bastante dinero”, más que ahora. “Todas mis adquisiciones, aunque modestas, se han realizado sin ningún trato de favor”, explicita en los folios.

Menéndez perseverará en su reclamación: “Le agradezco al consejero el documento, pero no nos vale. Pedimos declaración de bienes, que incluya sus cuentas corrientes. Y que explique por qué su mujer tutela las obras de una casa que no es suya”. En IU tampoco convencen esos dos folios, pero reiteran que ya han pedido el cese de Granados. El PSOE lo volvió a exigir ayer.

Hijo, primo, cuñado, tío, hermano, sobrino, esposa o madre. Esa es la relación de parentesco que hay entre ediles y ex ediles del PP en de Valdemoro (58.623 habitantes) y 19 trabajadores municipales a los que, según la Inspección de Trabajo, se otorgó contratos temporales incumpliendo las normas laborales. En algunos casos, los contratos se encadenaron hasta convertirse en indefinidos.

De los 20 contratos de familiares que denunció el PSOE ante la Inspección, nueve corresponden a la etapa de Granados como alcalde. Los restantes se suscribieron cuando José Miguel Moreno, hombre fuerte del hoy consejero, ya había accedido a la alcaldía, a finales de 2003.

En la lista figuran dos primos de la mujer de Granados, según el PSOE, cuya relación de contratos indica que se lleva la palma el anterior edil de Urbanismo, Juan Carlos Bravo-Burguillos: cinco parientes en el Ayuntamiento, entre ellos, su esposa. La cuñada del actual regidor, casada con un alto cargo de la Comunidad, también aparece. Los socialistas ya han planteado una moción en la que exigen responsabilidades políticas. La Inspección subraya que en la mayoría de los casos el Ayuntamiento “violó” el precepto del Estatuto de los Trabajadores que prohíbe la contratación temporal para tareas ordinarias. Una portavoz del Consistorio dijo ayer que no poseía datos suficientes sobre el asunto.

Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, mandó ayer su declaración de bienes al PSOE e IU. La oposición regional se la había exigido a raíz de una información del diario Público en la que se relataba que Obras y Vías, una promotora inmobiliaria con intereses en Valdemoro -localidad de la que Granados fue alcalde-, construye una mansión en dicho municipio por encargo del consejero.

Dicha firma es un grupo empresarial que, además, era la titular del coche Mini Cooper que en 2006 conducía Nieves Alarcón, la esposa de Granados. Según el propio consejero, la casa no la han comprado todavía, pero admite que el proyecto lo encargó su mujer. De hecho, ésta ha visitado las obras unas 8 o 10 veces.

Según el documento remitido por el consejero a Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE), Granados y su esposa poseen tres viviendas. Un piso de 110 metros cuadrados en Valdemoro, que costó 72.000 euros en 1993; un dúplex de 164 metros cuadrados, también en Valdemoro, por el que pagó 127.504 euros; y una tercera vivienda, la última que compró, un chalé de 143 metros cuadrados que costó 450.760 euros y por el que tiene una hipoteca pendiente de 330.000 euros.

El dinero total desembolsado hasta la fecha por el matrimonio Granados para la adquisición de todo su patrimonio, asegura el consejero, es de 351.000 euros. "Una cantidad muy razonable para un matrimonio después de 18 años de trabajo", dice Granados en el documento que ha remitido a la oposición.

GRANADOS RESPONDE QUE TIENE BIENES POR UN VALOR TOTAL DE 348.000 EUROS Y UNA HIPOTECA DE 450.000

Granados, según aclara, no tiene nada que ver con la mansión que según denunciaron ayer Público e Interviú, una constructora le está haciendo en Valdemoro. Por cierto la misma empresa que en 2006 tenía a su nombre el mini de su mujer. Entonces lo justificó porque no le había dado tiempo a resolver el papeleo. Poco después de que el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid le diera un ultimatum de 48 horas para que hicera público su patrimonio, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ha remitido a los portavoces de la oposición un informe en el que explica que tiene una hipoteca por un valor de 450.000 euros, de la que restan por pagar 330.000 euros, correspondiente a su domicilio en Valdemoro. El documento informa, además, del resto de sus bienes y cuándo los ha comprado, así como que todas las adquisiciones que ha realizado en los últimos 18 años tienen un valor total de 348.000 euros.

Con ello, Granados pretende demostrar que no tiene "nada que ocultar", según han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería.

El grupo socialista en la Asamblea de Madrid había pedido esta mañana la lista de sus bienes. De no hacerlo en 48 horas, había amenazado con hacer uso de su derecho reglamentario, a través de la Comisión del Estatuto del Diputado o por otras vías legales, para acceder a la copia de su declaración del IRPF y de bienes”.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Adolfo Navarro, exigió a Esperanza Aguirre el cese de Francisco Granados por estar políticamente incapacitado para seguir ejerciendo el cargo “por el aluvión de indicios sobre su implicación en la trama de espionaje y la trama corrupta fraguada en los aledaños o dentro del PP de Madrid”.

“Hemos tenido conocimiento de que el señor Granados, además de poseer un patrimonio inmobiliario importante, se está construyendo el equivalente a una fortaleza medieval. La impresión es que se está haciendo el castillo de un señor feudal que desde la colina mira a los súbditos de Valdemoro. Esto dice mucho de la ética de Francisco Granados”, concluyó el portavoz socialista.

Estos son los hechos: una promotora inmobiliaria construye desde 2006 en Valdemoro (58.623 habitantes) una casa de lujo de 1.000 metros sobre seis parcelas donde el Plan General permitía edificar otros tantos chalés de 261 metros. ¿Para quién se levanta una mansión de esas características, diseñada a medida y mucho más difícil de vender en el mercado libre que seis pareados, con o sin boom inmobiliario?

Oficialmente, es un misterio. Pero se sabe que Nieves Alarcón Castellanos, esposa de Francisco Granados, el número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre, "encargó" el proyecto con la idea de comprar la casa. Y se sabe que, tres años después y pese a que la compra nunca llegó a "materializarse", Nieves Alarcón visita asiduamente la obra porque la pareja sigue "interesada" en la vivienda, tanto que sus constructores le han dado incluso la opción de elegir "los suelos de mármol".

Los entrecomillados pertenecen a las declaraciones efectuadas el pasado jueves a Público por Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, secretario general del PP en la Comunidad y alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003. Y la inmobiliaria que en 2006 obtuvo la licencia de obras forma parte de Obras y Vías, el grupo empresarial con intereses urbanísticos en Valdemoro a cuyo nombre figuraba el coche Mini Cooper que en 2006 conducía Nieves Alarcón.

Granados ofrece una explicación insólita: el proyecto para la vivienda fue encargado por su mujer en torno al otoño de 2006 tras el incendio del citado Mini Cooper y sin que mediara título de compra al grupo Obras y Vías. Por ese motivo, Nieves Alarcón "puede aparecer" en el expediente de la licencia. ¿En calidad de qué?: "Como la que se va a hacer la casa", respondió el consejero. ¿Y por qué actúa como propietaria, dando indicaciones a los responsables de la obra? "Será la propietaria cuando la compremos [la casa], si la compramos", espeta.

"Nos hicieron unos bocetos e incluso se encargó un proyecto con lo que íbamos a construir pero luego, como dijimos que no queríamos la casa, pues se quedó Obras y Vías con él. Supongo que eso estará a nombre de Obras y Vías", explica.

Sin haber abonado un euro a la promotora inmobiliaria, Nieves Alarcón suele visitar el inmueble -"la citan los martes", dice su marido- para abordar la marcha de las obras, según fuentes conocedoras del proyecto. Granados rebaja esa afirmación aunque admite que su mujer ha acudido allí "ocho o diez veces" en seis meses. Y que los promotores siguen algunas de sus indicaciones por si, finalmente, el matrimonio se decide a comprar. "Una cosa es que uno pretenda comprar una cosa y que diga: pues a mí me gustaría que pusiera esto así y esto asao. Y otra cosa es dónde, por decirlo clarmaente, dónde está ahí la corrupción o el escándalo".

Pero la vivienda, remacha el también presidente local del PP en Valdemoro, no es suya. "Yo no me voy a ir a una casa que esté a nombre de otro, ni la constructora está por ser mi testaferro", argumenta.

Según Granados, en 2008 su mujer vio que la obra estaba "medio parada", se dijo "pues igual la venden", preguntó y comenzó a acudir los martes. Las fuentes consultadas por este periódico sostienen que, en efecto, las obras se ralentizaron, pero sólo por un error técnico: al alzar los tabiques no se dejó el hueco necesario para la compleja red de canalización eléctrica -es una casa domótica- y de climatización.

Granados, que ha visitado "un par de veces" el inmueble, niega saber si el sótano dispondrá no sólo de garaje -"para tres plazas", afirma- sino también de piscina, gimnasio, bodega, dos salones de juego, cuarto de servicio y lavadero. Un ascensor de cristal enlazará las tres plantas, cuentan quienes conocen el proyecto.

El dirigente conservador asegura que no llegó a comprar porque, en 2006, Obras y Vías le pidió un millón de euros por ejecutar el proyecto. La vivienda consta de dos pisos con terraza voladiza más sótano habitable a razón de unos 300 metros por planta, lo que significa que, en aquel momento de precios disparados, Granados habría tenido que pagar, según su versión, sólo 1.000 euros por metro cuadrado construido. El cuarto trimestre de 2006, el precio medio en España se situó en 1.958 euros por metro.

Proyectada sobre una superficie de 1.721 metros y abalconada sobre un parque público, la vivienda se construye en la calle Chequia con la licencia lograda en febrero de 2006 por la empresa Vicfidem Proyectos SL. Esa promotora es una de las múltiples filiales de Obras y Vías SA, que en 2007 facturó 79,1 millones de euros. Ambas sociedades tienen como presidente a Ramiro Cid Sicluna.

El Ayuntamiento de Valdemoro cuantificó el proyecto de ejecución en 559.105 euros, cifra que no incluye el precio del suelo. Y ese precio constituye otra incógnita: los responsables de Vicfidem no ha devuelto las llamadas de este periódico.

Aunque Granados reitera que se decidió finalmente a comprar un chalé adosado, aún quiere la mansión, dice. Si vende los dos pisos que la pareja posee y tiene ya "pagados", lo hará. Y si puede vender su tercera propiedad, el adosado "con hipoteca" donde ahora reside -"costó 80 millones [de pesetas] y me dan 50"- , también se desprenderá de él. "Antes de entrar en política -aduce el consejero-, yo trabajaba en Bolsa y gané bastante dinero". Su mujer es profesora.

A tenor de sus palabras, también la promotora está interesada en que los Granados formalicen la compra: "Alguna vez me han preguntado [la promotora]: oye, te damos facilidad y nos quedamos con los pisos. No, no, yo no quiero dar pisos de entrada a ninguna constructora, no quiero líos, yo si vendo los pisos doy una entrada… si tengo dinero".

Según Granados, el terreno cambió de manos antes de que comenzaran las obras. Y su actual propietaria es una constructora cuyo nombre ignora y al frente de la cual se sitúa un tal "Consuelo" cuyos apellidos también desconoce, pese a que su mujer se ha entrevistado con él en la obra "ocho o diez veces" . Y pese, también, a que, según Granados, les pide ahora 1,2 millones por la casa.

En realidad, la transacción fue parcial y se produjo en mayo del año pasado, cuando los trabajos ya estaban avanzados. Ese mes, las empresas Taller de Arquitectura y Gestión de Obra SL -cuyo administrador único es el aparejador Consuelo Astasio- y Conde Guedan SL adquirieron mancomunadamente cuatro de las seis parcelas. Vicfidem conservó las otras dos. Granados habló con Público dos días después de que, el martes pasado, Nieves Alarcón fuese fotografiada a su llegada a la mansión.

Granados sostiene que la primera conversación con Obras y Vías sobre la posibilidad de construir una casa en la calle Chequia cuando alguien prendió fuego al Mini Cooper en el garaje de la vivienda donde entonces residía la familia, en la calle Guardia Civil de Valdemoro. Pero ese incendio, nunca esclarecido y que destapó la verdadera identidad del titular del vehículo -Grandes Locales de Negocio, filial de Obras y Vías-, se produjo el 23 de octubre de 2006.

Pero en fecha, Vicfidem, filial de Obras y Vías, ya tenía la licencia de obras de la mansión. La junta de gobierno del ayuntamiento de Valdemoro la había otorgado el 16 de febrero. Y la solicitud se registró el 27 de diciembre de 2005.

Es más, según el arquitecto municipal de Valdemoro, el proyecto básico data del 14 de junio de 2005. Y el de ejecución, de noviembre de 2006. Llevan la firma del arquitecto Carlos de Rojas, con quien Público no ha logrado contactar.

Según Granados, fue el incendio lo que decidió a la pareja a buscar suelo para hacerse una casa. Eligieron El Caracol, una zona de expansión donde Obras y Vías poseía, dice el consejero, la mayor parte del terreno.

El viernes, el arquitecto municipal de Valdemoro, José Luis Navarro, mostró a este periódico varios documentos del expediente, pero no el proyecto básico ni el de ejecución, donde, teóricamente, debe constar no sólo quién pide la licencia sino por encargo de quién se promueve la obra. Navarro invocó la Ley de Protección de Datos.

Tanto él como la letrada de Urbanismo afirmaron que el nombre de Nieves Alarcón no consta en el expediente urbanístico de la casa de la calle Chequia. Fuentes conocedoras de ese expediente sostienen que, al menos en el verano de 2006, sí figuraba.

El arquitecto Navarro confirmó que desde febrero de 2006 no se ha notificado ningún cambio en la titularidad de la licencia, ni en el proyecto de obras, ni en la dirección facultativa. Cualquier cambio en la titularidad o en el proyecto, precisó el alto funcionario municipal, resulta de notificación obligatoria al ayuntamiento. El jueves, Granados había asegurado que el proyecto definitivo difiere del que encargó su mujer aunque "la estructura básica" coincide.

Respecto al vehículo quemado, el consejero mantiene que Tráfico no había tramitado la transferencia. En octubre de 2006, El País publicó que la transferencia no se había iniciado.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha tenido que salir al paso de nuevos dossiers que le involucran en negocios ilegales con constructores. Alguno de los informes incluye fotografías de sus propiedades. Granados quiere conocer al detalle el alcance del seguimiento del que ha sido objeto y sus autores para decidir si presenta una querella.

Los dossiers vuelven a tener origen desconocido, y el consejero se muestra tan inquieto como en su día lo estuvo el vicepresidente Ignacio González, que denunció en los juzgados el seguimiento del que fue objeto. González llegó a sugerir que esos dossiers (que le atribuían trato de favor a empresarios) podrían tener su origen en la propia Comunidad.

El primer dossier se refiere a la empresa DICO, que vendió a Granados la vivienda en la que reside en Valdemoro, municipio madrileño del que fue alcalde. El director financiero de la empresa, despedido del puesto, se hizo eco del dossier y denunció en Interviú la semana pasada que el consejero cobraba sobornos a cambio de dar trato de favor a DICO. Granados lo niega y ha formalizado un requerimiento notarial contra el directivo de DICO, que, según documentos a los que ha tenido acceso este periódico, se ha desdicho de lo denunciado en Interviú.

El otro asunto que ha dado lugar a un nuevo dossier tiene que ver con una historia antigua: la venta por parte de Granados de una vivienda que había empezado a comprar en Marbella. Se la vendió a un constructor de Valdemoro, David Marjaliza, ex edil del PP y amigo del consejero. Granados ya explicó los detalles de aquella operación de compraventa y mostró en su día los certificados de la transacción que supuestamente demostraban que no había ganado nada.

Por último, circula un tercer documento anónimo que vincula a Granados con el constructor Marjaliza en una adjudicación de suelo supuestamente amañada en otro municipio, Parla, gobernado por el socialista Tomás Gómez cuando ocurrieron los hechos. El dossier, que no ofrece pruebas, sugiere que la adjudicación benefició a Marjaliza y, de forma indirecta, al consejero Granados.

El PSOE denuncia que una cuñada de Granados haya obtenido un cargo

Madrid.- María del Mar Alarcón Castellanos es profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos.

El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha denunciado que en la última reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, celebrada el pasado jueves en ausencia de la presidenta Esperanza Aguirre, una cuñada del consejero Granados fue nombrada responsable del Servicio regional de Seguridad Social y Salud Laboral.

Se trata de María del Mar Alarcón Castellanos, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.

Gómez ha dicho que le "parece una tomadura de pelo, con la que está cayendo, que el jueves, en ese Consejo de Gobierno al que no acudió Aguirre, y después del cuál Granados e Ignacio González aparecieron juntos, se tomara el acuerdo de nombrar a la señora María del Mar Alarcón Castellanos, cuñada de Granados, responsable del Servicio de Seguridad Social y Salud Laboral de la Comunidad de Madrid".

"Éste no es el cortijo de nadie; ésta es la Comunidad líder en España y tiene que aspirar a liderar Europa", se ha quejado el dirigente socialista, que la víspera afirmó que Granados "no tiene autoridad moral para seguir siendo consejero".

El Gobierno de Aguirre acusa a Zapatero de financiar a los terroristas

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la comunidad de Madrid, Francisco Granados, volvió a usar el Pleno de la Asamblea para arremeter contra el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, acusándole de “financiar a 41 ayuntamientos gobernados por los terroristas” con su plan anticrisis (que pondrá a disposición de los consistorios un fondo de 8.000 millones de euros, 31,7 para localidadas gobernadas por ANV). Las reacciones fueron inmediatas: mientras la bancada popular rompió en aplausos, en las filas socialistas cundió la indignación y los pitidos. La portavoz socialista, Maru Menéndez, ya ha exigido una rectificación. “No vamos a tolerarle que haga semejantes afirmaciones ni semejantes acusaciones”, señaló, remarcando que “al PP la posición de Estado en la lucha terrorista le ha durado cuatro meses”.

“Ustedes (por los socialistas) con el plan van a financiar a 41 ayuntamientos gobernados por terroristas” dijo Granados, respondiendo a una pregunta del también popular Juan Van–Halen. Entre los pitidos de los socialistas y los aplausos de los suyos, el consejero prosiguió señalando que, no obstante, los ayuntamientos del PP optarán por solicitar dinero del fondo. “Vamos a recomendar que cojan el dinero, pero la medida es sumamente negativa” apuntó, criticando “la precipitación y falta de planificación” del Gobierno central que, por ejemplo, pide a los consistorios presentar los proyectos en un mes, recoge Europa Press.

“No vamos a tolerarlo”
La acusación contra Zapatero crispó a las filas socialistas. Maru Menéndez, la portavoz de este grupo en la Asamblea, exigió a Granados que rectificara sus palabras y que las retirara del diario de sesiones. De lo contrario, amenazó, adoptarán “todas las medidas precisas”. “Nosotros no vamos de ninguna manera a tolerar que se hagan semejantes acusaciones porque nos parecen gravísimas. Eso sí que nos parece realmente grave”, remarcó. “Al PP la posición de Estado en la lucha antiterrorista le ha durado cuatro meses” sentenció, y prosiguió calificando de “lamentable” empañar el Plan anticrisis municipal vinculándolo al terrorismo.

Contraataque popular
Por otra parte, su hómólogo popular, David Pérez, dijo no comprender por qué el Partido Socialista “sale con esa acusación”. “Probablemente sea porque el PSOE quiere tapar la vergüenza de que hoy todavía haya 40 ayuntamientos gobernados por ETA por culpa del señor Zapatero, que se niega a disolver esos ayuntamientos”, insistió el portavoz del PP.

A vueltas con Pedro Castro
Entrando en otras cuestiones, cabe destacar que Granados retomó la polémica de Pedro Castro, el alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que llamó “tontos de los cojones” a los votantes del PP, lamentando también que Tomás Gómez, secretario de los socialistas madrileños, les calificara de “indecentes”. Van-Halen, a su vez, entró en el juego con ironía, aseverando que para los populares no es fácil entender el Plan de Zapatero porque son “tontos de los cojones”. “Usted, 10 millones (de personas) y yo somos tontos de los cojones”, satirizó.

www.elplural.com 12/12/2008

FUNCIONARIOS DE MADRID INVESTIGAN A UN CONSEJERO DESTITUIDO POR AGUIRRE

La crisis en el Gobierno de la Comunidad de Madrid del pasado 25 de junio, que acabó con la destitución de los dos consejeros que se habían aproximado a Mariano Rajoy, Manuel Lamela y Alfredo Prada, tiene rescoldos imprevistos. Prada, miembro del Comité Ejecutivo del PP a propuesta de Rajoy, salió del Gobierno de Esperanza Aguirre dando un portazo y se negó a acudir a la toma de posesión de su sucesor, Francisco Granados, en la consejería de Justicia. Ahora ha montado en cólera al saber que un alto cargo dependiente de este último, el director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, encabezó el registro de un despacho del Campus de la Justicia, el proyecto estrella de Aguirre -300 millones de presupuesto-, y que dependía directamente del destituido Prada. Gamón puso vigilancia durante días en el despacho y, según varios testigos, se llevó documentos y un ordenador.

El jueves 26 de junio de 2008, a las 10.30, Gamón se presentó en la sede de la sociedad pública regional Campus de la Justicia con cuatro subordinados suyos de la consejería de Interior. El equipo de Gamón requisó diversos documentos de la mesa del director adjunto de Seguridad de esta entidad, Juan Carlos Fernández, que en esos momentos estaba en el funeral de un pariente, y, días más tarde, el ordenador.

Gamón pidió las llaves y cerró el despacho hasta el lunes. El directivo registrado no es un cargo cualquiera: fue director general de Seguridad de la Comunidad cuando Prada gestionaba la Consejería de Interior. El mismo Prada sustituyó a Fernández por Gamón a petición de Aguirre, según fuentes del Ejecutivo regional.

Granados admite que Prada le llamó enfadado al enterarse de lo que había pasado. Él sostiene, sin embargo, que "no hay ni una sola instrucción por parte del consejero para que nadie se desplace al Campus de la Justicia para nada que no sea el normal traspaso de poderes".

Gamón, según confirman varios funcionarios, dejó a uno de sus hombres como custodio durante días en ese despacho de la empresa del Campus de la Justicia a pesar de que, en teoría, no había nada precintado. Sin embargo, el despacho quedó cerrado la mañana del jueves hasta el lunes por orden de Gamón. El sábado por la mañana se retiró un ordenador que no ha sido devuelto, según los testigos consultados.

Granados admite sólo una parte. "Entiendo", dice el consejero, "que los papeles en los que se ha interesado Gamón eran los contratos de seguridad del Campus de la Justicia". Sin embargo, algunos de los funcionarios que efectuaron el registro comentaron que buscaban un supuesto informe patrimonial de un miembro del Gobierno de Aguirre.

"Prada me llamó y se quejó de que había una persona de seguridad custodiando ese despacho. Efectivamente, esa persona fue retirada inmediatamente tras la llamada, el jueves pasado. Hasta donde yo sé, parece que alguien se ha quejado de que había desaparecido un portátil, pero no me consta que se haya mirado ningún papel más que la copia de los contratos de seguridad, y no por orden mía", prosigue Granados. Otras fuentes apuntan que el viceconsejero de Justicia, Alfonso Cuenca, había informado a Granados del registro la mañana en que comenzó. La pasada semana, antes de la llamada de Prada a Granados, Aguirre habló por teléfono con Prada y le pidió disculpas por el incidente, del que se declaró completamente ajena. Prada, según distintas fuentes consultadas, trasladó ese mensaje, que dio por bueno, a sus enfurecidos ex subordinados, que le pidieron acudir a los tribunales.

"Nos han dejado a los pies de los caballos. Parece que tenemos algo que ocultar, y no tenemos nada que ocultar. Han cometido media docena de delitos con esta acción. Violación de la correspondencia, acoso laboral, coacciones, ataque a nuestro honor e imagen...", dijeron a Prada.

Hay un punto común en el análisis que hacen los hombres de Prada: "Si esto es una torpeza personal de Gamón, que lo destituyan, y si cumplía órdenes, que expliquen cuáles eran y quién se las dio". Porque hay algo que les parece evidente: "Si alguien sospecha de alguna información irregular en poder de dicho cargo de Justicia, que acudan a los tribunales y la requisen con orden judicial, y si se trataba de informarse para afrontar una nueva andadura política, éstas nunca debieron ser las formas". Esta invasión-custodia del despacho del jefe adjunto de seguridad de Campus de la Justicia ha tenido como testigos, al visitar la sede, entre otros, al viceconsejero de Francisco Granados, Alejandro Hallfter.

Los hombres de Prada creen que este incidente debería saldarse con la responsabilidad política de los superiores de Gamón, un hombre que ya fue jefe de la escolta personal de Aguirre en su etapa de presidenta del Senado. Este ex comisario niega a través de una portavoz que haya requisado documentación u ordenador alguno de Campus de la Justicia, pero declina hablar con este diario para rebatir lo que acreditan testigos y personas vinculadas con la consejería de Justicia.

(www.elpais.com, 07/07/08)

GUERRA ENTRE AGUIRRISTAS

El entorno de Esperanza Aguirre vive semanas convulsas. Aguirre está convencida, dicen los suyos, de que Mariano Rajoy quiere dividir a su gente y por eso está analizando más que nunca cuáles son sus verdaderos incondicionales. El congreso del PP demostró, según el análisis de los aguirristas, que tanto Manuel Lamela como Alfredo Prada no lo eran. ¿Por qué? Porque en el momento clave, cuando más claro era el choque entre Aguirre y Rajoy, ellos se acercaron al líder del PP.

Lamela ha ingresado en la Junta Directiva por decisión de Rajoy, una muestra clara de confianza. El caso de Prada, enfrentado con la mano derecha de Aguirre, Ignacio González, es mucho más complejo. La presidenta le había dado a Rajoy dos nombres que ella deseaba que entraran en el Comité Ejecutivo del PP: Ignacio González y Francisco Granados. En un gesto de hostilidad, el líder no colocó allí a ninguno de los dos, y sí a Prada. Cuando éste llamó a la presidenta para contárselo, ella no le autorizó. "Tú sabrás lo que haces", fue su respuesta. Sin embargo, él aceptó el puesto que le ofrecía Rajoy.

(www.elpais.com, 07/07/08)

EL AUTOR DEL REGISTRO A UNA OFICINA DE UN EX CONSEJERO DE AGUIRRE SERÁ DESTITUIDO

El consejero de Presidencia, Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, el popular Francisco Granados, planea prescindir de su actual director general de Seguridad, Sergio Gamón, autor del registro y requisa de material del despacho de un alto cargo de la Consejería de Justicia. La actuación se produjo al día siguiente del cese del anterior titular de Justicia, Alfredo Prada. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, prescindió de Prada tras ser fichado para el comité directivo del PP por Mariano Rajoy.

La medida, que planteará Granados en un próximo Consejo de Gobierno, ya ha sido consultada y confirmada con la presidenta regional, que tiene la última palabra. Gamón, sabedor desde el jueves pasado por Granados de su inminente destitución, ya ha celebrado una reunión con su equipo de confianza para relatarles estos pormenores y despedirse.

Gamón incluso les ha detallado presentó su dimisión a Granados, pero que éste la rechazó para que su salida se produzca dentro de la remodelación en sus consejerías que ha perfilado, y que verá la luz en un próximo Consejo de Gobierno. La explicación dada a Gamón sobre su relevo suma dos razones: "pérdida de confianza" y la comisión de una "torpeza" mayúscula. No en vano, según la tesis oficial que han defendido tanto Aguirre como el propio Granados, el jefe directo de Gamón, ninguno de ellos le ordenó tal registro del despacho de la cúpula de seguridad de la sociedad Campus de la Justicia, dependiente de la Consejería de Justicia.

Paradójicamente, la versión de Prada y su equipo -"nadie nos ha investigado porque no tienen nada que investigar, ya que no hemos cometido ninguna irregularidad"- coincide con la que ofrece el entorno de Granados: "No tenemos ninguna sospecha que nos moviera a investigar al equipo de Prada, pero, si la hubiera, el método nunca sería enviar una especie de pelotón de geos".

PSOE e IU han exigido que Granados explique en la Asamblea regional el "presunto espionaje" al ex consejero Prada. Entienden que es un episodio muy grave de la lucha interna del PP y una violación de la intimidad.

En el catálogo de "torpezas" acumuladas por Gamón al registrar el despacho de los jefes de la seguridad de Campus de la Justicia, la consejería de Granados tiene acreditadas, al menos, las siguientes: se retiraron las llaves del coche oficial al máximo responsable de seguridad, se dejó un vigilante en la puerta de la oficina y se requisaron documentos del citado departamento.

Los funcionarios de Justicia testigos de tal irrupción de tono policial añaden que además fue retirado el ordenador del director adjunto de Seguridad del Campus de la Justicia, intervenido cuanto papel había sobre su mesa y además se clausuró el despacho desde el jueves 26 de junio hasta el lunes 29 de junio.

Granados asegura que no tuvo conocimiento del registro en el Campus de la Justicia hasta el pasado martes 1 de julio. Ese día conoció las disculpas ofrecidas por la presidenta regional a Prada por una actuación que parecía echar sombras sobre la gestión de un área del citado ex consejero. Granados matiza que no supo de la gravedad del incidente generado por su director general de Seguridad hasta el jueves 3 de julio, día en que, tras hablar directamente con Prada, ordenó restituir el vehículo confiscado y retirar al vigilante dejado por Gamón desde una semana antes.

Este calendario choca con el hecho de que, según fuentes del equipo de Prada, Granados fue informado del registro en la mañana en que se produjo por boca del viceconsejero de Justicia, Alfonso Cuenca.

Prada se da por satisfecho con las disculpas de la presidenta regional, pero sus ex subordinados en el Campus de la Justicia exigen una restitución de su honor, que juzgan maltrecho por una actuación irregular de Gamón.

(www.elpais.com, 08/07/08)

GAMÓN: "ACTUÉ A LAS ÓRDENES DEL CONSEJERO, PERO NO ME LLEVÉ NADA"

Sergio Gamón, insiste en su inocencia total y asegura, en conversación telefónica con EL PAÍS, que en todo momento actuó a las órdenes del viceconsejero de Interior Alejandro Halffter, y del consejero, Francisco Granados.

Pregunta. ¿Por qué acudió a investigar los despachos de la Ciudad de la Justicia?

Respuesta. Yo no he entrado en ningún despacho, ni mis hombres tampoco. Ojalá haya cámaras que lo hayan grabado.

P. ¿Qué buscaban?

R. Porque el viceconsejero me ordenó que mirara cómo estaba el asunto de la seguridad en la Ciudad de la Justicia. Yo siempre he actuado a las órdenes del consejero o el viceconsejero, no hago nada por mi cuenta. Ni antes, cuando estaba a las órdenes de Prada, ni ahora con Granados. Sólo entré al despacho del director técnico, que se llama Isabelino, y me enseño los pliegos de seguridad, nada más. Y luego me estuvo enseñando las obras. Ni me he llevado ningún ordenador, ni nada.

P. ¿Por qué dejaron un hombre custodiando eso? ¿Qué temían?

R. Eso son dependencias de la Comunidad y allí no había ningún tipo de seguridad. Pero lo retiramos en cuanto nos lo pidieron. Yo siempre he obedecido órdenes del consejero. Pero tampoco he recibido ninguna orden con la que yo me sintiera molesto, algo que yo considere que no es correcto.

P. ¿Es normal irrumpir así en un despacho oficial?

R. Insisto en que no entré en ningún despacho. Por mi trabajo anterior [era policía] yo sé que en una situación así no debo tocar nada. Y no toqué nada, ni un armario, ni un papel. Me han metido en un fregado y no tengo ni fregona.

(www.elpais.com, 08/07/08)

GRANADOS: "DENTRO DE MI CONSEJERÍA SE PUEDE MIRAR ABSOLUTAMENTE TODO"

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, Francisco Granados, ha confirmado esta mañana que el responsable de seguridad regional fue enviado al Campus de la Justicia para "mirar unos contratos" dentro de una dependencia "adscrita" al departamento que dirige, donde "se puede mirar absolutamente todo". "Es como si alguien me acusa de mirar en el cajón de mi mesa", ha añadido. Granados, que acompañaba a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en la inauguración de una piscina en Algete, se ha referido así a su presunta implicación en un caso "de espionaje" al ex consejero Alfredo Prada, en la que habría intervenido el director general de Seguridad, Sergio Gamón, por orden suya.

Según se ha publicado, el director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, un alto cargo dependiente de Granados, encabezó el registro de un despacho del Campus de la Justicia relacionado con el ex consejero Prada, del que se supuestamente se llevó documentos y un ordenador Granados ha señalado que implicarle directamente a él en el presunto robo de documentación de su antecesor en el cargo es como si alguien le acusa "de mirar en el cajón" de su mesa, "qué es lo que hay o lo que no hay".

Respecto a la noticia de que el Gobierno regional ya ha dispuesto la destitución de Gamón, que publica hoy este diario, el consejero ha indicado que "no está en disposición de confirmar o desmentir" su futuro en la Administración regional y que éste depende de la reestructuración que se va a producir en breve en la Consejería que acaba de asumir. En este sentido ha indicado que en un próximo Consejo de Gobierno se procederá a los ceses y nombramientos a que dé lugar la restructuración de su área.

No obstante, lo que sí ha confirmado el consejero es que Gamón fue enviado a supervisar "unos contratos de seguridad el Campus de la Justicia" por el viceconsejero de Presidencia, Alejandro Halffter. "Eso es lo que se mira", ha hecho hincapié, para tildar a continuación las informaciones de este periódico de "periodismo creativo".

En conversación telefónica Sergio Gamón insiste en su inocencia total y asegura que en todo momento actuó a las órdenes de Halffter y de Granados. El todavía director general de Seguridad sostiene que no entró en ningún despacho y explica que acudió al Campus de la Justicia porque el viceconsejero le ordenó "que mirara cómo estaba el asunto de la seguridad" en el recinto.

"Yo siempre he actuado a las órdenes del consejero o el viceconsejero, no hago nada por mi cuenta. Ni antes, cuando estaba a las órdenes de Prada, ni ahora con Granados. Sólo entré al despacho del director técnico, que se llama Isabelino, y me enseño los pliegos de seguridad, nada más. Y luego me estuvo enseñando las obras. Ni me he llevado ningún ordenador, ni nada", subraya. "Me han metido en un fregado y no tengo ni fregona", se lamenta.

(www.elpais.com, 08/07/08)

Aguirre 'ficha' al juez de uno de los casos de corrupción socialista que más aireó el PP

La transferencia de las competencias sobre el aeropuerto de Barajas y los trenes de Cercanías, entre otras, ha sido el argumento utilizado por la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre (PP), para su continuo enfrentamiento con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En una medida que parece echar leña al fuego, Aguirre ha fichado ahora como director general de Política Interna y Relaciones con el Estado a Agustín Carretero, el juez del caso Ciempozuelos, que llevó a prisión a dos ex alcaldes socialistas por blanqueo de capital en Andorra.El Consejo de Gobierno que preside Aguirre anunció el pasado jueves el nombramiento de varios altos cargos. Entre ellos figuraba Agustín Carretero, de 41 años, titular del Juzgado número 2 de Valdemoro, y responsable de enviar a prisión a Pedro Torrejón cuando aún era alcalde de Ciempozuelos (ahora es concejal independiente), y a su antecesor en el cargo, Joaquín Tejeiro, ambos del PSOE.

Estaban acusados de haber obtenido por vía ilícita a través de una empresa constructora grandes cantidades dinero que luego blanqueaban en Andorra. Todas las resoluciones que adoptó el juez en el caso, que sigue abierto, han sido confirmadas después por la Audiencia Provincial de Madrid. el caso Ciemozuelos fue el arma que utilizó el PP contra la gestión socialista en los ayuntamientos en la pasada campaña electoral.

Carretero, que no quiso hacer declaraciones ayer porque hasta el lunes no tomará posesión del cargo, dejará su plaza en comisión especial, según fuentes judiciales de su entorno. Éstas aseguran que está "satisfecho de su nuevo cometido". La labor de Carretero será negociar las transferencias del Estado, autorizar los espectáculos públicos (los encierros taurinos o las macrofiestas de Nochevieja) y tendrá competencia sobre los colegios profesionales y las asociaciones. También, según la Consejería de Presidencia, a la que pertenece, la atención a las víctimas del terrorismo.

El nombre de Carretero no pasó inadvertido en la conferencia de prensa que ofreció el vicepresidente regional, Ignacio González. Sin embargo, éste negó que se tratara del juez del caso Ciempozuelos. Una portavoz del Gobierno regional lo atribuyó ayer a que el nombramiento fue una sorpresa para el equipo de Esperanza Aguirre porque la propuesta de Carretero, que es hijo, hermano y sobrino de jueces, lo puso sobre la mesa el que será su jefe, el consejero de Presidencia, Francisco Granados, secretario regional del PP. Según la portavoz, "entró en el último momento".

"Los nombramientos son del Consejo de Gobierno y sus deliberaciones secretas, por lo tanto, no voy a comentar nada sobre ellas", declaró Granados, que sí dijo que Carretero es de su "absoluta confianza y probada profesionalidad". El consejero también negó que el Gobierno regional haya colocado al juez del caso Ciempozuelos al frente de las relaciones con el Estado con ánimo beligerante. "Es cierto que queremos potenciar en esta legislatura la negociación de las transferencias del aeropuerto y los Cercanías, pero sin enfrentamientos", zanjó.

No es la impresión que ha dado en el entorno socialista. La gestora que dirige en funciones el Partido Socialista de Madrid no quiso comentar el nombramiento ya que el caso Ciempozuelos todavía está sub júdice. Sin embargo, otras fuentes socialistas recalcaron que el papel del juez en la instrucción "ha sido polémico, por su enfrentamiento manifiesto con el Ministerio Fiscal". Y agregaron que su trabajo se ha retrasado inexplicablemente, lo que ha perjudicado al PSOE: "Antes de las pasadas elecciones podía haber dictado un auto de archivo o de juicio abreviado".

Hasta ahora, el caso más sonado de la marcha de un juez a la Administración había sido la del juez estrella de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que fue delegado del Plan Nacional contra las Drogas, con rango de secretario de Estado con Felipe González. Al anunciarse su inclusión en la lista electoral, recibió en tromba las críticas del PP. El entonces portavoz del partido en el Congreso, Rodrigo Rato, llegó a lanzar sospechas sobre tratos de favor al PSOE en su etapa de juez: "Sería interesante saber desde cuándo Garzón piensa en clave socialista".

www.elpais.es 07.07.07

EL MAGISTRADO GARCÍA-CALVO, DE MONTERÍA CON SUS AMIGOS DEL PP MADRILEÑO

El controvertido magistrado del Tribunal Constitucional, Roberto García-Calvo se ha convertido en el principal azote de la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas a quien quiere apartar de su cargo, una maniobra muy relacionada con el recurso de anticonstitucionalidad del Estatut planteado por el PP. De él sabíamos su pasado franquista y que se ha convertido en una de las mejores bazas de de los populares en la lucha contra el la reforma catalana. Pues bien, el magistrado no sólo comparte con el partido conservador lo que parece una estrategia común, sino también su tiempo libre. Según ha podido saber El Plural, García-Calvo participó recientemente en una cacería junto a destacados miembros del Partido Popular madrileño en una finca exclusiva de Ciudad Real.

Entre los asistentes figuraban el actual secretario general del PP de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre, el consejero de Presidencia, Francisco Granados; el ex secretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada -que se vio envuelto por casualidad en el tamayazo-; los alcaldes de Las Rozas, Bonifacio de Santiago y de Majadahonda, Narciso de Foxá, ambos del PP; y el gerente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega Alonso.

Por todo lo alto

La montería se celebró en el Valle de Alcudia, una de las mejores zonas cinegéticas de España. García-Calvo eligió la finca Los Collados de San Benito para disfrutar de su afición a la caza en compañía de sus amigos populares. La montería en la que participó no baja de los 9.000 euros y destaca por su suntuosidad. Los cazadores llegan el viernes por la tarde y se pasan hasta el domingo cazando jabalíes o venados. Pero los participantes no sólo disfrutan de su deporte favorito, también aprovechan para degustar espléndidos manjares y mejores vinos. Según ha podido saber El Plural, se transporta expresamente marisco a la finca en un helicóptero.

Recusación pendiente

El magistrado podría convertirse en el primer miembro del Tribunal Constitucional, junto a su compañero también de las filas conservadoras, Jorge Rodríguez Zapata, en ser recusado por el Gobierno. La Abogacía General del Estado considera que el hecho de que ambos se hayan pronunciado ya públicamente en contra del Estatut catalán apoyando la postura del PP les inhabilita para participar en el recurso contra el mismo.

El cazador cazado

El pasado 7 de octubre el diario El País presentaba al magistrado como el artífice de la estrategia del PP ontra la presidenta del Constitucional. El periódico de Prisa recordaba que la fidelidad al PP del antiguo franquista le viene de lejos, desde que fue nombrado gobernador civil de Almería y jefe del Movimiento por Arias Navarro en 1976 cuando el partido conservador se llamaba AP. También explica que su inclusión por sorpresa en la lista de candidatos al Constitucional del PP en julio de 2001 provocó grandes controversias y que incluso los parlamentarios del PNV escribieron en su papeleta "No votaremos a García-Calvo porque es un facha". Sin embargo, al final salió adelante su nombramiento y se ha convertido en uno de los principales enemigos de María Emilia Casas, a quien quiere apartar de la presidencia.

(www.elplural.com, 15/10/07)

Villaviciosa de Odón : La militancia contra su candidata

Cuando se acercan las elecciones, lo habitual es que los candidatos de cada partido se preocupen de arañar votos entre quienes no son de los suyos. Se entiende que cuentan con los de simpatizantes y militantes. De Perogrullo, sí, salvo si la tesis se aplica en un municipio del noroeste llamado Villaviciosa de Odón, gobernado desde las primeras elecciones democráticas por el PP y, si la situación no varía, a cuatro meses de ver cómo este partido pierde por primera vez las elecciones.

Allí, la realidad demuestra que la entrega a la causa no siempre está garantizada por el carné de partido. Allí hay tal pitote político montado que los afiliados (1.100) advierten abiertamente de la movilización que viene y de que no cuenten con su voto si Génova no da marcha atrás y cambia a la candidata elegida para defender sus siglas en los comicios municipales. A saber, la actual alcaldesa, Nieves García, aspirante (de momento y con la bendición de Esperanza Aguirre) a intentar repetir en el cargo urnas mediante.

«No, nos gusta como candidata porque ha demostrado ser una inepta, tiene el pueblo completamente paralizado», protesta un militante. Y es muy fácil escuchar idéntica sentencia en boca de otros afiliados siempre que se acceda a no facilitar su identidad. «No es una buena alcaldesa, ya lo ha demostrado, el pueblo está abandonado y ella no sabe tratar a los vecinos».

Claro que podría interpretarse todo como opiniones aisladas, pero ocurre que el mismo Comité Ejecutivo del PP en este municipio se ha posicionado oficialmente en este sentido. Sus 21 miembros han votado en contra de la candidatura de Nieves García. Y eso que ella preside este Comité. Es más, en su reunión del pasado 20 de diciembre abordaron el asunto de las candidaturas: se propusieron tres nombres y ninguno era el de la alcaldesa.

«Ella seguía presente, sí, pero en ningún momento dijo que quería ser candidata, se calló y puso sobre la mesa uno suyo, el de Encarna Dávila. Esperó a que se votaran los tres y, al final, nos dijo que daba igual lo que hubiéramos votado, que ella iba a ser la candidata», revela uno de los asistentes.

El resultado de aquella votación, enviado al día siguiente al presidente del Comité Electoral Regional del PP, Ignacio González, dio el apoyo mayoritario a Juan Pedro Izquierdo, actual concejal de Seguridad y secretario general del partido en Villaviciosa (17 de los 21 votos). El tercer nombre propuesto fue el del ex concejal de Cultura, Agustín Reguera, quien ha recogido 600 firmas entre la militancia contra la alcaldesa.

Todo eso ha llegado a Génova. Las firmas y numerosas cartas denunciando la situación. Incluso hay una muy detallada remitida al mismo presidente del PP, Mariano Rajoy, para reclamar su intervención. La última llegada a la sede popular es la de los actuales concejales del Gobierno municipal, que solicitan la dimisión de la edil de Urbanismo, Silvia Fernández Vaquero, que antes de ocupar este cargo era ordenanza en la Casa de la Cultura.

No sería la primera en cesar. En las dos legislaturas durante las que Nieves García ha sido alcaldesa, ocho concejales han abandonado en Ayuntamiento antes de cumplir el tiempo de su mandato.

«Muchos militantes hemos ido a Génova a contar lo que pasaba, algunos hemos pedido reunirnos con la presidenta del PP en Madrid [Esperanza Aguirre], pero no nos recibe. Nos hemos reunido con Francisco Granados, secretario general, y con Cristina Cifuentes, secretaria territorial, para informarles, pero lo único que hemos conseguido es que Esperanza Aguirre llamara a Juan Pedro Izquierdo y le pidiera tiempo», cuenta un afiliado.

Ni Granados ni Cifuentes han querido hacer declaraciones sobre el asunto más allá de intentar explicar que «la política de Esperanza Aguirre es confirmar como candidatos a todos los alcaldes del PP salvo que exista alguna sospecha de irregularidades en su gestión, y no es el caso».

Pese a ello, no son tampoco pocos los políticos con despacho en Génova que no entienden el empeño de Aguirre por mantener a Nieves García como candidata «con el riesgo evidente que supone porque, si se mantiene, aquí se cuenta ya con perder Villaviciosa y sería el primer municipio de la zona oeste, donde desde hace muchas elecciones gana el PP, en el que tendríamos una derrota».

Oficialmente, la respuesta del PP de Madrid alega que la votación de Juan Pedro Izquierdo como candidato no es válida porque los estatutos regionales obligan a realizar un paso previo: constituirse en Comité Electoral Local. Esto es, si el Comité Ejecutivo hubiera votado antes que su candidato ese trámite, la posible argumentación del partido sería mucho más complicada.

«El resultado habría sido el mismo, habría ganado Juan Pedro», replican desde Villaviciosa, «y en Génova lo saben perfectamente». ¿Por qué creen los militantes que se apuesta entonces por Nieves García? «No lo sabemos, no creemos que no sea un apersona honesta, pero lo que ha demostrado ser es una pésima alcaldesa. Perderá y no entendemos que Aguirre se resigne a eso». «A no ser que le deba algo», apunta otro afiliado.

En voz baja, hay quien sugiere que la resistencia a designar a un candidato electoral distinto de la alcaldesa persigue evitar que el gesto vuelva a atraer la atención hacia este municipio, que tras las últimas elecciones se relacionó con el tamayazo (la fuga de Tamayo y Sáez que provocó la repetición de los comicios).

En esta localidad tienen despacho inmobiliario los empresarios Francisco Bravo y su tío, Francisco Vázquez, del que es abogado Tamayo. Siendo alcaldesa Nieves García, se afiliaron todos sus trabajadores al PP, antes de que votaran a la misma mujer como presidenta del partido en Villaviciosa. Fue también bajo su mandato cuando el Ayuntamiento adjudicó al constructor en subasta, a muy buen precio, una parcela en el polígono de Quitapesares. Bravo reservó, además, las habitaciones de Tamayo y Sáez para la noche de su espantada y en la tarde de aquel 10 de junio se reunió en Génova con Ricardo Romero de Tejada, entonces secretario general del PP de Madrid y valedor de la alcaldesa hoy cuestionada.

www.elmundo.es 22.01.07

El ex alcalde de Valdemoro vendió a un constructor del pueblo su chalé de Marbella

Francisco Granados, secretario regional del PP de Madrid, consejero de Presidencia de la Comunidad y ex alcalde de Valdemoro, y José Miguel Moreno Torres, actual regidor de esta localidad madrileña de 45.000 habitantes, también del PP, vendieron en marzo de 2003 sus contiguos chalés de Marbella a una inmobiliaria del constructor de esa misma población David Marjaliza, según explicó ayer a este periódico el propio consejero. Ambos dirigentes del PP habían adelantado 33.000 euros por una vivienda que valía 200.000 y decidieron subrogarse en el constructor y recuperar el dinero invertido.

El empresario David Marjaliza es uno de los principales constructores de Valdemoro y fue, hasta 1995, concejal del PP en este municipio. Marjaliza, Granados y Moreno son amigos desde su juventud.

Según la versión de Granados, José Miguel Moreno, Marjaliza y él mismo -"amigos desde que teníamos 20 años", aclara- decidieron comprar en junio de 2002 sendos chalés en la urbanización El Arenal, en Marbella, animados por el propio Marjaliza, que había adquirido una vivienda en el mismo lugar.

Granados entregó a la promotora de su chalé como entrada "unos cinco millones de pesetas". Pero pasados unos meses, la esposa de Granados, según su versión, cambió de opinión y decidió que el matrimonio vendiera el inmueble. "Lo mismo hizo Moreno", según el secretario regional del PP.

Marjaliza decidió entonces recomprar, a través de una de sus empresas, las casas de Granados y Moreno. "Como decidimos vender antes de que estuvieran acabados los chalés [20 de marzo de 2003], ni siquiera llegamos a formalizar las escrituras", dice Granados. "La inmobiliaria [de Marjaliza] se subrogó y nos devolvió el dinero que habíamos adelantado, sin obtener ningún beneficio".

Granados presentó ayer a este periódico los justificantes de ingreso en su cuenta corriente de la recompra hecha por Marjaliza. El importe era el mismo que el que abonó Granados en la compra de 2002.

Según la documentación en poder de este periódico, en agosto de 2003, unos grandes almacenes de Madrid vendieron el mismo día a nombre de Granados, Marjaliza y Moreno los electrodomésticos necesarios para las cocinas de los tres chalés de Marbella pese a que dos de esos chalés ya no eran propiedad ni de Granados ni de Moreno, sino de Marjaliza.

El importe de las tres facturas, realizada por el mismo vendedor, fue exactamente el mismo: 1.267 euros. Los tres documentos incluyen la dirección de los tres chalés y el nombre de los tres clientes: Granados, Moreno y Marjaliza.

"Está claro que Marjaliza amuebló las tres cocinas igual porque los tres chalés ya eran suyos y los iba a dedicar al alquiler. Yo ya lo había vendido. Mi nombre aparece en las facturas [de los grandes almacenes] porque aún no se había escriturado las viviendas", indicó ayer Granados, que mantiene que "hay una operación y persecución" hacia su persona. "Y no sé los motivos", señaló.

Este periódico no logró ayer la versión del alcalde de Valdemoro "porque no está localizable", según manifestó la portavoz del Ayuntamiento. Tampoco Marjaliza, con quien Granados ayer mantuvo una conversación sobre este asunto, se puso en contacto con este diario.

En 1995, David Marjaliza era el presidente de Nuevas Generaciones del PP en Valdemoro y concejal del partido. Presentó su dimisión como edil y solicitó la baja en el PP por incompatibilidad con la línea de oposición que sostenía el entonces portavoz popular y presidente de la formación. Otros 100 afiliados solicitaron la baja por "la inoperancia y poca transparencia con la que trabajan algunos representantes del partido como oposición al ayuntamiento".

Ahora, Marjaliza es presidente de Atalia Grupo Patrimonial, además de representante, socio único y consejero mancomunado de hasta 67 empresas relacionadas con el sector inmobiliario.

Granados asegura que sufre desde hace unos días una persecución que no se explica. Todo arrancó, según él, el pasado 22 de octubre, cuando uno de sus tres coches ardió en el garaje de su vivienda, situada en Valdemoro. El turismo, un Mini Cooper, estaba a nombre también de una constructora de la localidad, Grandes Locales de Negocios. Granados aseguró ese hecho se debía a un retraso en la tramitación del cambio del titular del vehículo.

El consejero se considera víctima de una persecución

Francisco Granados se considera víctima de una persecución que no entiende. Asegura que no tiene enemigos conocidos y, después de los últimos días, ha intentado buscar algún motivo que pudiera llevar a personas de su entorno a sembrar sospechas sobre su persona. Granados vive desde que nació en Valdemoro, municipio que gobernó entre 1999 y 2003 antes de ascender a consejero de la Comunidad de Madrid de la mano de Esperanza Aguirre. Cuando sucedió el incendio en el garaje del bloque de viviendas en el que vive y se conoció que el fuego se había iniciado en uno de sus coches, Granados fue de los pocos de su partido que no sembró sospechas sobre la implicación del PSOE en el incendio. Cuando los socialistas conocieron que el coche incendiado estaba a nombre de una constructora, pidieron una investigación respecto a la gestión de Granados. El consejero nunca ha tenido responsabilidad sobre la política urbanística. Primero fue consejero de Transportes y ahora lo es de Presidencia. www.elpais.es 01.11.06

Tráfico no tiene la documentación del coche de Granados

El incendio el pasado lunes del Mini Cooper de la esposa del consejero de Presidencia del Gobierno de Madrid, Francisco Granados, sigue deparando sorpresas. Si el coche sigue estando a nombre de la constructora Grandes Locales de Negocios no se debió a ningún retraso de la Dirección General de Tráfico (DGT), como insinuó el concesionario de coches de segunda mano que se lo vendió

(Car Valdemoro). En la DGT no hay constancia de que ese concesionario lo haya solicitado, pese a que cerró el contrato de venta el pasado julio. En cambio, sí se tomó la molestia, en septiembre pasado, de dar de baja temporalmente el coche que ella cedió a dicho concesionario -un escarabajo- como parte del pago por el Mini Cooper.

Pero este concesionario no realizó en Tráfico la obligada gestión paralela de dicha compraventa: dar de alta el Mini Cooper a nombre de Nieves Alarcón, esposa de Granados. El concesionario Car Valdemoro cuenta como uno sus dueños a Jesús Moreno Torres, hermano del actual alcalde de Valdemoro, José Miguel Torres (PP), cuya versión solicitó ayer este diario sin éxito,

La tercera sorpresa es que la inmobiliaria Grandes Locales de Negocios, tiene como único administrador a Ramiro Cid Sicluna, uno de los empresarios inmobiliarios con mayores desarrollos urbanísticos en Valdemoro, localidad de la que fue alcalde Granados hasta 2003. Dos empresas suyas tienen mucho que ver con la vivienda del consejero de Presidencia: una de ellas, Obras y Vías, construyó el edificio donde vive Granados, y la otra, la promotora Nuevo Parque de Valdemoro, se lo vendió en 1998 cuando aún era regidor.

Contratista municipal

Una filial de dicho grupo recibió una adjudicación de la empresa municipal de la vivienda en 2002 a través de la empresa pública Gesvival, en la que figura como consejero el hermano de la esposa de Granados, para realizar vivienda pública, tanto en propiedad como en alquiler.

Por último, según datos que han trascendido a raíz del incendio, el matrimonio Granados aparca en su plaza de garaje un BMW 530 (la matrícula no se facilita por razones de seguridad) que figura a nombre del mencionado concesionario, Car Valdemoro. Granados sólo explica: "No es de mi propiedad", refiriéndose al coche. Mientras se siente maltratado por una serie de conexiones derivadas de un suceso del que ha sido víctima, el PSOE afila sus uñas en torno a las ramificaciones empresariales que surgen del mismo. Y le pide que las explique

www.elpais.es 26.10.06

El alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres (PP), está citado a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad. Este juzgado ha admitido a trámite una querella criminal interpuesta por una vecina de Valdemoro y que acusa a Moreno de un delito de prevaricación y otro sobre el patrimonio histórico. Los hechos denunciados -el Ayuntamiento incumple desde hace seis años una sentencia que le obligaba a demoler unas obras realizadas en un edificio protegido- afectan también al ex alcalde y hoy secretario regional del PP, Francisco Granados, aunque éste ha quedado fuera de la querella. El Ayuntamiento replica que está a la espera de otra resolución judicial para demoler las obras.

Paloma de Diego, vecina de Valdemoro, lleva más de una década batallando contra su Ayuntamiento para que cumpla la ley. La vivienda de esta vecina, en la plaza de Autos, está justo al lado de otra conocida como la Casa de la Inquisición, un inmueble del siglo XVIII incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos de la Comunidad.

Esa catalogación convierte al edificio en prácticamente intocable: en él sólo pueden hacerse obras de conservación y restauración, no de ampliación. A pesar de ello, el dueño, Nicolás Sánchez, reformó el inmueble en 1994 para construir una planta más, y modificó la cubierta. El gobierno municipal, entonces del PSOE, le advirtió de la ilegalidad y le instó a demoler esa planta, pero Sánchez recurrió ante los jueces. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia llegó en 1999 (es firme desde 2000) y dio la razón al Ayuntamiento, obligando a derribar las obras realizadas.

Pasados seis años, esa sentencia no se ha cumplido. Desde 1999 Valdemoro está gobernado por el PP. Su alcalde durante cuatro años fue Francisco Granados, hoy secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia de la Comunidad, y a él le sucedió José Miguel Moreno, su anterior teniente de alcalde y concejal de Urbanismo. Paloma de Diego les pidió varias veces por escrito que ejecutaran la sentencia. Fue en vano. Así que, cansada de enviar cartas, recurrió a los tribunales. "La habitación que se construyó ese señor me dejó sin patio. Como no recibo respuesta del Ayuntamiento, he puesto el caso en manos de mis abogados", declaró a este periódico en septiembre de 2003.

Sus abogados acudieron primero a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, que archivó las diligencias. En mayo de 2005, los letrados presentaron una querella por "prevaricación y delito contra el patrimonio" ante el Juzgado número 1 de Valdemoro, que sí vio indicios para investigar el caso y lo admitió a trámite. El pasado 24 de marzo la fiscalía solicitó la declaración de los dos acusados -el alcalde y el autor de las obras ilegales, Nicolás Sánchez-, y el 6 de abril el juzgado dictó providencia citándolos a declarar el 30 de mayo, es decir, mañana.

Una responsable del departamento jurídico del Ayuntamiento de Valdemoro confirmó el pasado viernes a este periódico la citación judicial cursada al alcalde, pero aseguró que el gobierno municipal no ha hecho dejación de funciones. "El Ayuntamiento lleva años requiriendo al propietario del inmueble a que derribe las obras. En 2003 se le envió el último requerimiento, y después se inició un procedimiento de ejecución sustitutoria: es decir, que como el propietario no derriba esa construcción, tendrá que derribarla el Ayuntamiento", explicó esta responsable.

Para que eso ocurra tienen que suceder dos cosas: "Un juez debe autorizar la entrada de funcionarios municipales en el domicilio, y el Ayuntamiento tiene que dotarse de una partida presupuestaria para realizar la demolición". Lo primero, la autorización judicial, no ha llegado. "Lo segundo no lo sé", dice esta responsable, que añade: "El Ayuntamiento se ha demorado en ejecutar la sentencia, es cierto, pero nunca renunció a cumplirla". El alcalde José Miguel Moreno no quiso hacer declaraciones.

Hace tres años, cuando este periódico denunció por primera vez el incumplimiento de la sentencia de 2000, el aún teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Valdemoro afirmó: "Es un tema complicado porque hay que contratar a una empresa que se encargue de la demolición y para eso se necesita una partida presupuestaria. Nunca nos hemos opuesto al cumplimiento de la sentencia. El derribo se hará pronto". Pero el tiempo ha pasado.

Si el asunto acaba en juicio, los abogados de Paloma de Diego quieren llamar a declarar como testigo al consejero Granados. No lo han incluido en la querella "por el momento" porque, al ser Granados diputado regional y ser aforado, el caso habría pasado directamente al Tribunal Superior, cuya fiscalía desestimó la primera denuncia interpuesta

Publicado en www.elpais.es. 29.05.06

DOS EX EDILES DEL PP IMPLICAN A LA CÚPULA POPULAR EN EL 'CASO MAJADAHONDA'.

José Luis Peñas y Juan José Moreno, los ediles de Majadahonda expulsados del PP hace una semana, declararon ante la Fiscalía Anticorrupción en calidad de testigos, cada uno durante dos horas y media. La fiscalía investiga la denuncia del grupo municipal socialista majariego sobre las presuntas presiones que se produjeron en Majadahonda en el concurso de venta de dos parcelas municipales.

Los ediles mantuvieron ante el fiscal que Esperanza Aguirre, presidenta regional, es la responsable principal de la paralización de dicha venta. También implicaron al ex secretario regional del PP, Ricardo Romero de Tejada, y a su sucesor, Francisco Granados, en las presiones que sufrió el anterior alcalde, Guillermo Ortega, por medio de un constructor.

Al terminar su declaración, los ediles indicaron que habían ofrecido al fiscal un relato pormenorizado del procedimiento de enajenación de las parcelas RN-1 y D2 y de las presiones que sufrieron el anterior alcalde y ellos mismos por parte de Aguirre, Granados y Romero de Tejada, además de por el actual alcalde, Narciso de Foxá, para parar la venta de dichos terrenos. Presiones que, según cuentan los concejales, también soportaron los técnicos municipales para que sus informes apoyaran el dejar desierta la venta. "Era vox populi. Porque la decisión de paralizar la venta ya estaba tomada por el alcalde y la cúpula del PP. Los técnicos no tenían más remedio que avalar de alguna forma lo que los políticos habían decidido de antemano. Incluso se cambió un informe de fecha", dijo Peñas.

Según mantienen los ediles, el fiscal no les preguntó por la gestión del suelo público realizada desde Pammasa, empresa municipal del suelo, ni les pidió documentos. "Aunque he quedado en enviarle algunos", puntualizó Peñas. "Le hemos contado nuestro punto de vista porque hemos estado en el centro de la polémica. Ha quedado claro que, para nosotros, Esperanza Aguirre es la artífice principal de que todo el proceso legal de venta de dos parcelas se haya ido al traste".

Ambos ediles eran los hombres de confianza del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Peñas, concejal de Planificación, fue el encargado de elaborar los pliegos de condiciones que debían seguir las ofertas que se presentaran a la venta de dicho suelo municipal. "Hemos contado al fiscal cómo, al principio, todos los concejales del PP que formábamos el equipo de gobierno del Ayuntamiento estábamos de acuerdo con la enajenación.

Las discrepancias llegaron de repente, en noviembre de 2004. En ese momento, cuando ya se habían presentado 12 empresas y estaban las plicas abiertas, resulta que hay que parar la venta. Entonces empiezan a aparecer nombres como el de Esperanza Aguirre", explica Peñas.

Ante la fiscalía han señalado que las mayores presiones las sufrió Ortega hasta que aceptó presentar su dimisión el 3 de febrero "por motivos de salud". Ahora, y por decisión del Gobierno, ocupa el cargo de gerente del mercado Puerta de Toledo. Asimismo, explicaron al fiscal que en varias ocasiones los mensajeros que trasladaron las supuestas amenazas a Ortega fueron constructores.

Uno de ellos fue Julián Jiménez de los Galanes, presidente del Grupo Dico, dedicado a la construcción y promoción inmobiliaria, con una fuerte implantación en Majadahonda. Jiménez de los Galanes mantiene con Granados una fuerte amistad, según Peñas. "Esta constructora es muy importante en Valdemoro, de donde Granados fue alcalde la pasada legislatura. Además, hasta van a cazar juntos, y digo yo que para enviar un mensaje con él a Ortega debe existir un conocimiento íntimo entre ambos", afirmó Peñas.

Este edil se refiere a una presunta conversación que mantuvo el presidente de Dico con Ortega el pasado 15 de enero. Según el edil, Jiménez de los Galanes llamó de parte de Granados al ex alcalde y le dijo: "Te tienes que ir. El candidato oficial de la presidenta de la Comunidad y del PP regional, es Narciso de Foxá [el actual regidor]. Vete mirando qué puesto quieres en la Comunidad".

Granados lo desmiente. El secretario regional indica que, debido a su puesto, hablaba casi todos los días con Ortega, y que, en caso de tener que comunicarle algo así, lo habría hecho personalmente. En cuanto a la amistad que, según los ediles, le une con el presidente de Dico, no realizó ninguna declaración. Junio 2005

"A la calle contra la acción del Gobierno"

El Partido Popular movilizó el pasado 19 de enero a sus afiliados de Madrid para que acudieran a la manifestación convocada para el sábado siguiente por las víctimas del terrorismo mediante una circular en la que se culpaba al Gobierno socialista de que los "asesinos etarras" salieran de la cárcel. El secretario de área de distritos del PP-Madrid, Ángel Garrido, hombre de confianza de la presidenta del partido, Esperanza Aguirre, dirigió a los presidentes de las agrupaciones de distrito de la capital una carta en la que les informaba sobre la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo que discurriría entre la Plaza de Cibeles y Sol.

Garrido señalaba en su misiva que "el motivo" de la manifestación no era "otro que expresar la protesta de la ciudadanía por las excarcelaciones de asesinos etarras, gracias al Código Penal que el Gobierno socialista aprobó y a su incapacidad actual para evitar su salida de las cárceles".

La inminente excarcelación del etarra Juan Ignacio de Juana Chaos tras 18 años de estancia en prisión por una condena de más de 2.995 años de cárcel por 25 asesinatos provocó la inmediata reacción de la Audiencia Nacional, que evitó que el preso saliera de la cárcel imputándole un nuevo delito por dos cartas del terrorista publicadas en el diario Gara.

De Juana Chaos podía salir en libertad tras estar preso 18 de los 30 años máximos de cumplimiento porque se benefició de las redenciones de penas que contemplaba el Código Penal franquista de 1973. El Gobierno socialista eliminó esas redenciones de penas en el Código Penal que aprobó en 1995. El PP modificó la Ley en 2002 para ampliar el periodo máximo de cumplimiento de 30 a 40 años para delitos de terrorismo. Esa modificación legal sólo afectaba a los terroristas que hubieran cometido atentados a partir de 2002.

Garrido interpretó erróneamente los efectos del Código Penal de 1995. En su carta a las agrupaciones de distrito recordaba también la "petición unánime de la militancia" de su partido: "Salir a la calle para expresar nuestro rechazo a las acciones del Gobierno socialista". Garrido finalizaba su misiva con la siguiente explicación: "Es por esto por lo que, siguiendo las indicaciones de nuestro Secretario General, te pido movilices al mayor número de personas del distrito que presides para que acudan a este acto a las 17.00 y contribuyamos con nuestra presencia a evitar que estas actitudes complacientes del Gobierno socialista se sigan produciendo".

El secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados, declaró ayer: "Ni tenía conocimiento de la carta enviada por Garrido ni yo dí instrucciones en el sentido que él dice. Me limité a ordenar que se comunicase a los presidentes de PP en los distritos y en los municipios de la Comunidad que nuestro partido apoyaba la manifestación contra el terrorismo y en apoyo a las víctimas. Nada más". Este periódico intentó, sin éxito, conocer la opinión de Garrido.

El secretario general del PP-Madrid, Francisco Granado, tan sólo admitió que había ordenado movilizar a la militancia a través de mensajes telefónicos donde se les pedía que acudieran a la manifestación de las víctimas.

La manifestación del pasado sábado se caracterizó por un acoso de numerosos participantes en la marcha a los dirigentes socialistas que acudieron al acto, además de la agresión al ministro de Defensa, José Bono. Los gritos que más se oyeron pedían la dimisión de Gregorio Peces-Barba, comisionado del Gobierno para la ayuda a las víctimas del terrorismo; censuraban la ausencia del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y jaleaban al secretario general del PP, Ángel Acebes, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, del PP.

Aguirre aseguró ayer que "si algún militante del PP está involucrado en una agresión física o verbal al ministro, se encontrará con un expediente disciplinario". Después de ese anuncio, añadió: "Lo que no se puede hacer de ninguna manera es condenar a unos señores porque salen en una foto cerca del ministro cuando él mismo dijo que se introdujo entre la multitud para parecer un ciudadano más. En la foto estábamos todos, porque el PP dijo que iba a apoyar esta manifestación desde el primer momento".

La presidenta de la Comunidad, que también preside el PP de Madrid, reiteró su condena a los hechos ocurridos el sábado, pero señaló que le gustaría mucho que "hubiera una condena equivalente, o al menos algún tipo de condena, de las innumerables agresiones que han sufrido los miembros del PP por parte de relevantes izquierdistas, como diría el señor Pérez Rubalcaba, singularmente los señores Piqué y Rato, que no pudieron asistir a la manifestación del 12-M en Barcelona porque se lo impidieron las agresiones de los participantes".

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que también acudió a la manifestación de las víctimas aunque no fue jaleado como sus compañeros de partido Aguirre y Acebes, señaló ayer: "No hay ningún tipo de justificación, ni explicación para lo ocurrido. Ningún tipo de participación en una conducta de violencia es compatible con la militancia en el PP". "En esa manifestación que iba contra los violentos se practicó la violencia, y esa es una actitud y comportamiento que no admite pretextos ni disculpas y no identifica de ninguna de las formas la razón por la que estuvimos allí. El PP ha manifestado siempre su condena ante este tipo de actos, cuando la violencia ha castigado al PP o contra otros injustamente como ocurrió el sábado pasado contra el ministro Bono", concluyó

(*) Publicado en El País.26.01.05

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