Mònica Oltra incorporó el apellido de su padre cuando tenía 11 años

El insulto del vicepresidente Juan Cotino a la diputada de Compromís Mònica Oltra —le espetó que se avergonzaría de tener una hija así y después le vomitó que posiblemente no conoce a su padre—caló en las entrañas de la parlamentaria, que tardó minutos en llamar a Juan Oltra, su padre, para tranquilizarlo.

Las circunstancias de la cruda existencia del matrimonio Oltra-Jarque hicieron que la diputada no pudiera incorporar el apellido paterno hasta los 11 años. Ese dato consta en su partida de nacimiento, documento que figura en expedientes oficiales como el de adopción de sus hijos, gestionada en la Conselleria de Bienestar Social cuando Cotino era titular, una coincidencia que la propia Oltra confesó que le «asustaba». El temperamento de la diputada Mònica Oltra, una de las almas más enérgicas de las Corts, tiene pedigrí. «Soy hija de un exilio de amor». La proclama poética que lanza la parlamentaria se ajusta a las circunstancias que vivieron sus padres, Juan y Ángeles, cuando, en vísperas del mayo francés y de la Primavera de Praga, buscaron la suya propia, la de su relación imposible, en Alemania. Se instalaron en el pequeño Kaarst y dejaron atrás el corsé legal del nacionalcatolicismo.

La moralina con forma de Código Civil hacía imposible normalizar la relación entre un separado —el mecánico matricero— y una chica soltera de Santa Cruz de Moya, tierra de maquis. «Las grandes víctimas del franquismo fueron los fusilados, los represaliados políticos o los homosexuales, pero también los represaliados civiles como mi padre, que tuvieron que huir», explica Oltra a este diario. Aquella pareja contracorriente atesoraba méritos políticos para el exilio. Ambos militaban en el PCE. «A mi mujer la llamaban Pasionaria», dice el hombre. A los dos años de estancia alemana, nació Mònica Jarque Tortajada. Era el nombre que figuraba en la partida de nacimiento expedida en el Consulado de España en Düsseldorf. Su padre seguía casado, a efectos legales, con aquella mujer de la que se separó de hecho años antes. Mònica adoptó por ello los dos apellidos maternos. En 1981, con la ley Fernández Ordóñez, por el ministro que la parió, llegó el divorcio y la aplicación, vía Código Civil, del mandato constitucional del reconocimiento de derechos de los hijos engendrados sin matrimonio. Los primeros que se acogieron a la bendición democrática en el exilio alemán fueron Mònica y Juanín, que incorporaron el apellido Oltra.

El reconocimiento oficial de paternidad de quien siempre fue genética y afectivamente su padre figura como apunte en la partida de nacimiento de la diputada. Este papel oficial consta, por ejemplo, en el expediente de adopción de los dos hijos de Mònica, dos hermanitos que llegaron de Etiopía en 2008, tras 24 meses de espera y 24 años después de que la familia Oltra-Jarque regresó de Kaarts, la Nochevieja del 84. Durante la tramitación de la adopción, Juan Cotino dirigía Bienestar Social, departamento que gestionó el expediente.

www.levante-emv.com 26.02.10

“ME AVERGONZARÍA DE TENER UNA HIJA COMO USTED, PERO COMO POSIBLEMENTE NO CONOCE A SU PADRE..."

“Si fuera su padre, me avergonzaría de tener una hija como usted, pero como posiblemente no lo conoce…”. Esta frase, que más bien parece extraída de una discusión callejera, salió de la boca del mismísimo vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Agua, Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Cotino, que es además del Opus Dei. La destinataria de tamaña lindeza era Mónica Oltra, diputada de la coalición de izquierdas Compromís, que mantenía una acalorada discusión con el miembro más rico del Ejecutivo de Camps . Le había reprochado los múltimples intereses inmobiliarios de su familia de los que dijo que eran vergonzosos. Compromís prevé pedir la reprobación de Cotino, pero ahora éste niega la autoría de la frase tal como la recogió ayer literalmente la agencia Europa Press. La nueva versión del conseller elimina la alusión al padre desconocido y reduce su alocución a que se avegonzaría de tener una hija como Oltra.

Según los testimonios de los diputados, la frase de Cotino fue uno de los momentos más desagradables de un pleno que fue, de por sí, bastante tenso. Incluso varios diputados del PP habrían admitido en privado que el conseller perdió los papeles, recoge el diario provincial Levante.

Cotino, harto de que le llamen "corrupto"

Los había también que justificaban al vicepresidente tercero achacando su exceso verbal a la presión a la que está sometido por las constantes acusaciones de corrupción a él y a su familia. El famoso informe de la Brigada Policial de Blanqueo sobre la presunta financiación ilegal del PP cita a Sedesa, entidad de la familia de Cotino, como una de las empresas que habrían participado en la operación. Precisamente, ayer Oltra acusó a Sedesa de “llevarse cerca de 28.000 euros” en concepto de plusvalías de la sociedad Cabanyal 2010.

Bronca por el Cabanyal

“Cabanyal 2010 es un negocio que se han montado cuatro espabilados, entre ellos uno que se sienta en la primera fila”, dijo por la mañana la diputada de Compromís aludiendo a Cotino en el hosco pleno de la mañana. Su frase hizo que el parlamentario popular José María replicara aseverando que “jamás el PPCV se ha financiado de otra manera que no sea conforme a la ley, cosa que no pueden decir otros partidos”. Tras el altercado con el vicepresidente, Oltra salió del pleno bastante afectada. Los socialistas le han trasladado su solidaridad y le han hecho saber que secundarán sus medidas para reprobar a Cotino.

Camps y la cuneta

Las Cortes Valencianas han acogido ya algún que otro exceso verbal desde el estallido de la Gürtel. En noviembre del año pasado, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, dijo que al portavoz de los socialistas, Ángel Luna, "le encantaría coger una furgoneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta". Posteriormente, Camps pidió disculpas por si había “herido la sensibilidad de alguien”. ¿Seguirá su ejemplo Cotino? De momento, parece que el vicepresidente ha optado por la vía de la negación.

(www.elplural.com, 25/02/10)

COTINO CIERRA LA RED DE REFUGIOS Y RESTRINGE LOS CAMPAMENTOS JUVENILES

Los scouts, júniors y el resto de entidades juveniles se han quedado este año sin la principal red de campamentos de la Comunidad Valenciana para desarrollar encuentros y actividades al aire libre. En una decisión sin precedentes, según destacan desde el propio movimiento juvenil, la consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha tomado la decisión de cerrar al público su complejo de refugios y cabañas a lo largo de este año. De este cerrojazo total sólo se han librado los campamentos, aunque de forma muy limitada. Únicamente abrirán en Pascua y verano.

El aviso está colgado en la propia página web del departamento que dirige Juan Cotino. En una comunicación con fecha del pasado lunes 15, con efectos hasta el 31 de diciembre, la consejería anuncia el "cierre provisional" de todas estas instalaciones lúdicas a lo largo de 2010 "con la única excepción de los campamentos destinados a asociaciones de carácter educativo o escolar y exclusivamente durante dos periodos". Se trata de las vacaciones de Pascua (del 1 al 15 de abril) y verano (del 15 de julio al 15 de agosto). Los únicos recintos que permanecerán abiertos son las zonas de acampada individual, según se añade en el mismo aviso. En el mismo mensaje la Consejería apunta que al tratarse de una medida provisional "está sujeta a posibles modificaciones".

La decisión afecta a una veintena de instalaciones: 10 refugios, tres cabañas y 13 campamentos. Entre estos últimos, permanecerán cerrados los tres situados en Vistabella del Maestrat, los dos de Ayora y el de Buñol, Aras de los Olmos, Barracas, Domeño, Titaguas, Ademuz, Jalance y Enguera.Fuentes de la consejería de Medio Ambiente explican que se han cerrado estas instalaciones porque se están elaborando "estudios de viabilidad" de estos recintos. "Queremos estudiar el uso que se hace de estos recursos", indican. "Tenemos que analizar la afluencia de gente a estas instalaciones, no se pueden tener siempre abiertas", apuntó a este diario un portavoz de la consejería. "Hay lugares a los que durante determinados meses no va nadie".

Fuentes del movimiento juvenil de la Comunidad Valenciana que prefieren no ser identificadas aseguran que el motivo de cierre es la falta de fondos de Medio Ambiente. A finales de 2009, algunos representantes de asociaciones juveniles recibieron por conductos extraoficiales informaciones de que había problemas económicos en el departamento de Medio Ambiente que impedían mantener los campamentos, refugios y cabañas abiertos. Al tener conocimiento de estas intenciones, hubo presiones a la consejería por parte de algunos colectivos que, finalmente, lograron que los campamentos pudieran permanecer abiertos, al menos, durante las vacaciones de verano y Pascua. "La idea inicial era que permanecieran cerrados a lo largo de todo el año", insisten estas fuentes.

En todo caso, al margen de la notificación publicada en la página web de Medio Ambiente, no ha existido ninguna comunicación oficial a las asociaciones por parte de la consejería donde se les trasladara directamente el alcance de la medida y los motivos por los que se ha tomado.

Y ello a pesar de que la restricción de uso de este año supone un cambio que afecta sensiblemente al funcionamiento habitual de estas entidades, que tienen numerosos miembros. Sólo los juniors, por ejemplo, son 14.000 entre educadores (3.000) y chavales.

Lo normal es que, a lo largo de todo el año, estos recintos se puedan ocupar siempre que se comunique con tiempo y estén libres. Al margen de los campamentos de vacaciones, fuera de temporada suelen acoger convivencias o reuniones de trabajo donde los educadores preparan las actividades. "Somos entidades sin ánimo de lucro y estos centros nos vienen muy bien porque son más baratos que los privados", comentan desde una de estas asociaciones. "Esta medida nos provocará o a tener que desviar recursos a pagar estas actividades en espacios privados o a dejar de hacer otro tipo de actividades, lo que irá en perjuicio de nuestro trabajo", señalan.

Mientras los albergues privados cuestan entre 35 y 45 euros en pensión completa, los públicos que la consejería ha cerrado no pasaban de los 15 euros. El caso de los campamentos es más llamativo. Una actividad de dos semanas en una zona de acampada privada puede costar de 3.000 a 4.000 euros, mientras que ocupar las instalaciones de la Generalitat apenas cuesta 40 euros.

La federació d'Escoltisme Valencià aprobó el pasado sábado una resolución donde solicitan a la consejería que reabra las instalaciones durante todo el año.

(www.elpais.com, 22/02/10)

EL PSPV DICE QUE LOS CONTRATOS DE SEDESA SON TAN OPACOS COMO LOS DE GÜRTEL

El Grupo Socialista en las Cortes Valencianas situó ayer en el mismo nivel de opacidad los contratos de Sedesa -el grupo empresarial de la familia del vicepresidente Juan Cotino- y los de las empresas del caso Gürtel.

Francesc Signes, portavoz socialista de Infraestructuras en las Cortes, explicó ayer que el Consell no le ha suministrado la información solicitada sobre 47 adjudicaciones de la Generalitat al grupo Sedesa y que, en otros seis casos, se le ha remitido a cada una de las oficinas donde está depositado el expediente.

Signes explicó que las adjudicaciones sobre las que ha solicitado información suman un total de 830 millones de euros entre 1998 y 2009. "Es casi imposible encontrar un área de negocio donde Sedesa no estuviese inmersa", indicó el portavoz socialista, "y en 47 respuestas sobre las adjudicaciones no se aporta la documentación requerida". "Omiten ofertas, informes jurídicos previos, las actas de las mesas de contratación y los contratos entre Sedesa y la Generalitat, lo que impide estudiar los procesos de adjudicación", manifestó Signes. "¿Por qué la Generalitat esconde la documentación que hemos pedido?", prosiguió, "sitúan en el mismo nivel de ocultismo los contratos de Sedesa y de Orange Market [la empresa valenciana de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa]".

"De cada expediente se han sacado los documentos que no querían que se supiesen", insistió el diputado socialista, que manifestó que, en su opinión, "ha habido un criterio conjunto de coordinación [a la hora de facilitar las respuestas] por una instancia superior, una potestad que está muy acotada en el Consell". Signes también criticó la "actitud laxa y sectaria" de la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez. "Hay una presidenta al servicio del Consell", dijo Signes.

Para los socialistas, "la opacidad, el oscurantismo y la falta de limpieza preside la actitud del trío que componen [el presidente] Francisco Camps, [el vicepresidente] Juan Cotino y [el portavoz parlamentario y consejero] Rafael Blasco". "La estrategia de la transparencia ha quedado en papel mojado", continuó el parlamentario socialista, "porque el PP es el PP de siempre, el de la época de Gürtel".

Francesc Signes explicó que ha vuelto a solicitar la documentación sobre los expedientes de las adjudicaciones a Sedesa. "Camps tiene la obligación de poner luz y taquígrafos a 830 millones de euros de adjudicaciones", insistió el parlamentario, "Sedesa es de un familiar del vicepresidente tercero y queremos confirmar la legalidad de las adjudicaciones".

"Mientras no faciliten la documentación están poniendo al mismo nivel Orange Market y Sedesa", remachó Signes. "Pedimos copia completa de los expedientes de adjudicación. Si no pidiésemos esta documentación no estaríamos haciendo las funciones para las que los ciudadanos nos han elegido", insistió el portavoz socialista de Infraestructuras, que indicó que acudirá a ver los seis expedientes que le han invitado a ver.

(www.elpais.com, 16/02/10)

C. VALENCIANA : MÁS CONCIERTOS PARA LOS CENTROS DE MAYORES VINCULADOS A SEDESA

El paso por la Consejería de Bienestar Social del vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino (junio 2007-agosto de 2009) no solo dejó a la Comunidad Valenciana a la cola en la aplicación de la ley de la Dependencia en España. También se tradujo en un aumento del volumen de negocio de la red de residencias de la tercera edad vinculada a su familia. Esta empresa, Savia Centros Residenciales -nombre comercial de Gerocentros del Mediterráneo, SL, participada por Sedesa Concesiones, del Grupo Sedesa que dirige el sobrino del consejero, Vicente Cotino Escrivá- se vio favorecida por varias medidas adoptadas durante la etapa de Cotino en Bienestar Social. Un acuerdo del pleno del Consell de 2008 propició un aumento del 170% de las plazas subvencionadas por la Generalitat con esta firma a final de ese año respecto a las concertadas en 2006 al pasar de 716 a 1.938.

Buena parte de las plazas obtenidas por Savia y subvencionadas por la Generalitat (al menos 758) se beneficiaron de unas condiciones económicas diferentes que elevaban el precio máximo que podían cobrar por cada usuario un 25% respecto a la suma anterior, lo que supone 3,3 millones de euros más al año, calcula el PSPV.

La norma que estableció las reglas de juego iniciales en las plazas concertadas fue el contrato administrativo que puso en funcionamiento Bienestar Social en 2003 para que las empresas pusieran en el mercado 9.000 plazas residenciales destinadas a paliar el déficit existente, de las que un tercio serían subvencionadas por la Administración. El precio máximo de las plazas -finalmente fueron unas 2.000, ya que se construyeron algo más de 6.000 plazas- se fijó en 36 euros, que, según el contrato (de 15 años de duración y prorrogable a 25) se iría actualizando en función del IPC. Según este contrato, el precio máximo debería haber sido el año pasado de 46,04 euros y 46,4 este año.

Sin embargo, no fue así en al menos, otras 2.000 plazas concertadas. La consejería, a través de contratos negociados y sin publicidad, estableció precios distintos, notablemente más altos (58 euros en 2009, 60 en 2010), con diferentes grupos empresariales. Con Savia, por ejemplo, afectaba a 758 plazas el año pasado. De estos acuerdos participan también las firmas La Saleta o Novaire.

Este precio no es solo superior a los 46 euros del contrato anterior. También es notablemente más alto que otros precios máximos fijados por Bienestar Social referidos a otros tipos de plazas subvencionadas. Es el caso de las residencias sin ánimo de lucro, con un precio máximo por plaza diario de 50 euros para 2010. O de los centros de la modalidad bono-residencia que, en el caso de las personas con mayor discapacidad, cobran la plaza a 55,5 euros.

La cifra de los 58 euros por plaza de los nuevos contratos (negociados y sin publicidad) no figura en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, al contrario de los anteriores precios. Tampoco se ha hecho público por parte de la consejería. La cifra se incluye en el pliego de cláusulas del contrato, que solicitó el diputado socialista Antonio Torres y que no ha podido acceder a la totalidad del expediente. "Es poco ético que un consejero, como parte interesada, tome decisiones que implican a empresas de su familia", apunta Torres. "Y es igual de grave que, dadas las circunstancias, en lugar de tratar de aclarar las cosas y dar facilidades a la hora de transmitir información, la consejería haya optado por el oscurantismo". El diputado pone el ejemplo de los 10 meses que tuvo que esperar para recibir el contenido de un acuerdo del Consell de enero de 2008 en el que se impulsó el concierto de plazas residenciales. "Es un pelotazo de 3,3 millones de Cotino, el único beneficiado de la Dependencia en la Comunidad Valenciana", añadió.

(www.elpais.com, 08/02/10)

COTINO: “LOS DIPUTADOS PODRÍAN INDULTAR HOY A MUCHOS NIÑOS QUE A LO MEJOR LOS MATAN”

Juan Cotino, miembro del Opus Dei y vicepresidente tercero de la Comunidad Valenciana, ha hecho una vez más gala de su integrismo religioso y ha asegurado, aprovechando el inicio del debate de la reforma de la Ley del Aborto, que "posiblemente los señores diputados podrían indultar hoy a muchos niños que a lo mejor los matan”. Lo dijo en RNE, justo después de recordar que Barack Obama había indultado un pavo en el día de Acción de Gracias. Según él, es una “verdadera barbaridad” que los “"señores socialistas y algunos socios de viaje" apoyen este primer trámite parlamentario de la ley.

Con su discurso populista, recordó que para avanzar económicamente es necesario que nazcan más niños. “El índice de natalidad es de 1,4 por pareja", argumentó, para añadir que dentro de 25 años el sistema sería insostenible. "No sé quién nos va a pagar las pensiones", se preguntó. "Hasta económicamente lo que están haciendo los socialistas y algunos socios de viaje es una verdadera barbaridad", apostilló. Cotino añadió además que seguir discutiendo sobre el aborto “es un tema desfasado".

Mezcla Gürtel con SITEL

Cotino sostuvo que el PP ha sido espiado y reclamó que en la lucha contra la corrupción no se utilicen “atajos". Por ello reivindicó que el gobierno regule jurídicamente el sistema de comunicaciones SITEL. "Hay que luchar con toda la fuerza de la ley pero no hay que utilizar atajos para poder desprestigiar a algún adversario político", afirmó. En relación al caso Gürtel, Cotino denunció que "hay policías que se estaban dedicando a ser correa de transmisión del Gobierno" y que algunas escuchas autorizadas por los jueces "están entre comillas", en referencia a las filtraciones publicadas por los periódicos. “Si el presidente del Gobierno no toma decisiones para que todo eso se ataje, es que él lo está impulsando", aseveró.

(www.elplural.com, 26/11/09)

Juan Cotino: "seguiremos defendiendo a las familias"

No hubo referencias explícitas, pero el mensaje que lanzó ayer el vicepresidente social del Consell, Juan Cotino, estaba bastante claro. Días después de publicar una resolución en la que reconoce a los embriones los mismos derechos que a los ya nacidos en el acceso a ayudas de los planes de vivienda -tanto nacional como autonómico-, el también consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda declaró ayer su intención de "seguir defendiendo a las familias".

La política de vivienda de la Generalitat constituye "una política social con mayúsculas" que "conjuga el apoyo, por un lado a la economía productiva y el empleo, y por otro, a las familias y su derecho a disfrutar de una vivienda digna", señaló durante la clausura de una jornada sobre derecho concursal. Cotino confrontó la política de vivienda del Consell, que consiste en "aumentar las ventajas fiscales, especialmente a las familias con hijos y menores sin recursos", con la del Gobierno de "subir impuestos".

El anuncio de considerar un niño a un embrión a la hora de conceder ayudas a la vivienda plantea "serias dudas de legalidad", según el subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Luis Felipe Martínez, ya que la ley española concede a los concebidos no nacidos (nasciturus) una protección distinta que a los ciudadanos.

Por ello, el grupo parlamentario Compromís anunció ayer que ha enviado un escrito al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en el que le alerta de la "posible inconstitucionalidad" de la resolución impulsada por el vicepresidente social. Según declaró la diputada de Iniciativa y portavoz de Compromís, Mònica Oltra, "esta resolución, firmada por el consejero Cotino, quiebra la igualdad de las personas y lo hace con una clara motivación religiosa".

Por este motivo, solicitó la intervención del Defensor del Pueblo, "institución que tiene capacidad legal de presentar recursos de inconstitucionalidad". "En nuestro ordenamiento jurídico el embrión no tiene consideración de ciudadano, por lo que la resolución del Gobierno valenciano del PP vulnera los derechos de los ya nacidos. Esta norma es un verdadero despropósito que discrimina a los niños y niñas ya nacidos y a sus familias", lamentó Oltra.

Para la diputada, "con esta protección preferente a los embriones Cotino antepone, una vez más, sus creencias religiosas al interés general, llegando a saltarse incluso la legislación vigente".

www.elpais.es 31.10.09

Los Cotino piden 3,6 millones al ayuntamiento por una parcela valorada en 148.000 euros

El PSPV advierte de que el retraso en los pagos de las expropiaciones arruinará al ayuntamiento y Bellver replica que son procesos muy garantistas

Alquería Dolores, S. L., una mercantil de la familia del vicepresidente Juan Cotino, ha solicitado la retasación de una antigua parcela del Parque de Cabecera que le expropió el Ayuntamiento de Valencia en 1998. La sociedad pide ahora 3,6 millones de euros por el suelo, es decir, 24 veces lo que le pagó el ayuntamiento y cinco veces el valor del justiprecio.

La empresa se acoge al derecho a solicitar una nueva tasación porque ha transcurrido el plazo de dos años fijado por la ley para cobrar el justiprecio fijado por el Tribunal Provincial de Expropiaciones. Este organismo le reconoció en 2005 a la familia Cotino el derecho a recibir 687.000 euros por una parcela de 13.600 metros cuadrados del Parque de Cabecera, cuando el ayuntamiento la valoró en 148.000 euros. El consistorio acepta ahora la petición de retasación y ofrece pagar 255.000 euros a los demandantes. Dada la disparidad de valoraciones es previsible que la retasación acabe en el Jurado de Expropiaciones.

El PSPV alertó ayer del elevado precio que tendrá para el ayuntamiento por el retraso en los pagos de las expropiaciones. El de los Cotino es el tercer expediente de retasación que se presenta en pocos meses en el Parque de Cabecera. La familia Trénor también ha iniciado un proceso similar y reclama 24 millones por una parcela cuyo justiprecio en 2005 se fijó en 273.000 euros. De admitir el Jurado de Expropiaciones la retasación de los expropiados se tendría que retomar el proceso desde cero lo que teniendo en cuenta el valor actual del suelo, donde se ha construido un zoológico, un aparcamientos, locales de ocio y en un futuro un parque de atracciones, dispararía el coste.

El concejal socialista Vicente González Móstoles alertó ayer de las continuas subidas de precio en las expropiaciones de parcelas del Parque de Cabecera y expresó su preocupación por lo que pueda ocurrir en otros proyectos como el plan del Cabanyal. "Es demasiado frecuente que los justiprecios multipliquen las previsiones iniciales y las solicitudes de retasación piden todavía más". Por ello, el edil ha solicitado un informe al secretario de la Comisión de Urbanismo para conocer la situación global de las expropiaciones del parque de Cabecera.

El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, explicó que las expropiaciones son procesos "muy largos y garantistas". Destacó que el equipo de gobierno aprobó en su día las llamadas Áreas Homogéneas para resolver estos expedientes con el máximo de garantías. En cuanto al suelo del Cabanyal, Bellver recordó que en este barrio "aún no ha habido ni un solo palmo de suelo expropiado" y que "todos se han conseguido por acuerdos con los propietarios". El primer proceso expropiatorio abierto en el barrio es el del bulevar San Pedro, que está en fase de tramitación.

www.levante-emv.com 27.10.09

Cotino: ´No he beneficiado a conciencia a ninguna empresa´

El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha asegurado hoy que no ha "beneficiado, a conciencia, ni perjudicado a ninguna empresa" en el ejercicio de sus funciones en las diferentes Administraciones Públicas donde ha tenido algún tipo de responsabilidad.

Cotino ha respondido así en una sesión de control de Les Corts a la pregunta del PSPV-PSOE sobre las adjudicación de obras públicas por valor de 830 millones de euros a la empresa Sedesa, presidida por el hermano del conseller, entre 1998 y 2009.

Según ha aseverado el vicepresidente tercero del Consell, no está entre sus funciones "conocer las contrataciones de ninguna empresa de la Generalitat".

Tras esta breve respuesta, el socialista Francesc Signes ha advertido al conseller de que "le está pasando lo mismo que a sus compañeros", puesto que "nadie del PPCV conoce nada hasta que las investigaciones judiciales y los informes policiales nos dicen que lo conocía todo".

Según ha destacado, "a día de hoy resulta imposible conocer ningún área de negocio en la que no esté introducida la empresa Sedesa", que ha participado en los últimos once años en construcción de carreteras, depuradoras, operaciones urbanísticas, promoción de viviendas y gestión de residencias para ancianos, entre otras actividades.

Además, según ha recordado, Sedesa figura en el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales como una de las empresas que participaron en la supuesta financiación irregular del PPCV. Cotino ha insistido en los argumentos de su primera intervención y ha asegurado que, en el ejercicio de sus responsabilidades "actuales", ha delegado "todas las facultades de contratación" de su Consellería a empresas públicas como el IVVSA o Vaersa.

Además, ha reiterado que en el ejercicio de sus funciones públicas en las Administraciones local, autonómica y central, no ha beneficiado ni perjudicado a ninguna empresa "a conciencia".

Por otra parte, la diputada socialista Ana Noguera ha pedido a la consellera de Cultura y Deporte, Trinidad Miró, que aclare la relación de la Fundación de La Luz de las Imágenes con la empresa Orange Market.Según ha expuesto, existen dos facturas que a su juicio prueban esta relación, una vinculada a la promoción del Open de Tenis de Valencia y otra emitida por la muestra de la exposición "Paisajes Sagrados" durante la celebración de este torneo deportivo.La primera no guarda relación con el "objeto social" de la Fundación, y la segunda es "falsa" porque no se llevó a cabo la citada exposición, ha argumentado.La consellera ha reprochado a la diputada socialista que, "si entendiera un poco de gestión cultural", sabría que se destinan fondos para emprender actividades culturales y promocionales de la Fundación en lugares de "interés", algo que ha calificado de "lógico y normal"."Nada es irregular, todas las operaciones son de acceso público y han sido auditadas por organismos autonómicos", ha replicado Miró, quien ha pedido a Noguera de "deje de difamar y esconder la mano".

Por otra parte, la consellera de Turismo, Belén Juste, ha reiterado que la relación contractual entre su departamento y Orange Market "no existe" tras el incumplimiento de las condiciones estipuladas tras la celebración de la última edición de Fitur.Juste contestaba así a una pregunta de la diputada socialista Isabel Lloret sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Consellería de Turismo con las "millonarias" adjudicaciones a la empresa investigada de la trama "Gürtel".

Lloret ha denunciado que las consecuencias de este caso son tanto políticas como económicas, especialmente por el hecho de que Orange Market haya sido "el cliente estrella" de la Agencia Valenciana de Turismo desde 2005 pues este organismo generaba "más del 80 por ciento" de los ingresos de la empresa dirigida por Álvaro Pérez.

"Lamento que estas Navidades se quede sin reloj", ha ironizado la socialista en alusión a los supuestos regalos que los responsables de la trama habrían hecho a sus predecesoras en esta Consellería.

Por su parte, el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, se ha mostrado convencido de que el futuro hospital de Lliria estará listo para el segundo semestre de 2010 y ha achacado los retrasos que se han producido durante la ejecución de la obra en la necesidad de adaptar el proyecto a nuevos parámetros técnicos.

El diputado del PSPV Ignacio Subías le había preguntado por este proyecto, adjudicado a una mercantil propietaria del empresario José Luis Ulibarri, implicado en la investigación del caso "Gürtel", y que según el socialista tendría que estar terminado en 2008.

EL JEFE DE LA INMOBILIARIA DE LOS COTINO SE REUNIÓ CON EL BIGOTES Y CRESPO

La policía siguió los pasos de los principales dirigentes de la trama corrupta para saber con quién se reunían. Y en esos seguimientos, según consta en el sumario, hicieron unas fotografías que prueban un encuentro en Madrid entre los principales dirigentes de la red y uno de los empresarios que, según un informe policial que está estudiando el juez Antonio Pedreira, habrían financiado ilegalmente al Partido Popular pagando a Orange Market por servicios inexistentes con el fin de que ese dinero sufragara actos de ese partido. Se trata de Vicente Cotino, presidente de Sedesa y sobrino de Juan Cotino, hombre fuerte del Gobierno valenciano y consejero de Obras Públicas.

El pasado día 26 de enero, según las pruebas documentales de la policía, en el hotel Gran Fénix de Madrid, se reunieron Pablo Crespo, número dos de la trama dirigida por Francisco Correa; Pablo Collado, trabajador de la red, y Álvaro Pérez, El Bigotes, con Vicente Cotino. Según el parte policial, este último, al que se describe con gran precisión, entró en el hotel con un maletín y salió con el mismo maletín y una maleta, algo que los policías detallan con precisión como el hecho más relevante de la reunión, que duró casi una hora.

"Un minuto más tarde se observa la salida del hotel de los tres individuos antes referidos [Pablo Collado, Álvaro Pérez y Vicente Cotino] permaneciendo durante unos segundos hablando en la puerta. Momentos después, Vicente Cotino Escrivá se despide de los otros dos y abandona a pie el lugar en dirección a C/ Serrano, portando un maletín de mano, así como una maleta", señala el informe.

Vicente Cotino no recuerda exactamente si se reunió el 26 de enero en Madrid con Pablo Crespo, Pablo Collado y Álvaro Pérez, pero una portavoz de Sedesa explicó ayer a EL PAÍS que el señor Cotino "ha tenido reuniones con esos señores, tanto en Madrid como en Valencia, porque tenía relaciones comerciales con ellos", para cuestiones relativas al marketing de Sedesa.

Sedesa, una de las seis empresas valencianas que dio dinero a Orange Market y supuestamente financió ilegalmente al PP, algo que sus responsables niegan, fue fundada por el padre de Juan Cotino, director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar y actual consejero de Agua, Territorio, Medio Ambiente y Vivienda del Gobierno que preside Francisco Camps.

Sedesa, presidida por el sobrino de Cotino, es hoy una inmobiliaria con intereses en tratamiento de residuos, limpieza, inmobiliaria y depuración de aguas. Vicente Cotino Escrivá es además amigo del ex director general de Ràdio Televisió Valenciana Pedro García, que también recibió supuestamente ropa regalada por El Bigotes.

La investigación policial de la supuesta financiación ilegal del PP valenciano ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market recurrió en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al Partido Popular a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la Administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA).

En los pagos en dinero B por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".

(www.elpais.com, 08/10/09)

LA CONSTRUCTORA DE LOS COTINO FACTURA 825 MILLONES AL CONSELL CON SOCIOS O EN SOLITARIO

La constructora Sedesa Obras y Servicios, propiedad de la familia del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, no puede decir que no sea profeta en su tierra. La matriz del Grupo Sedesa, cuyo gerente es Vicente Cotino Escrivá (sobrino del conseller), ha recibido desde 2000 casi medio centenar de adjudicaciones de obra pública de la Generalitat por más de 825 millones de euros. En el caso de los proyectos de mayor dimensión, Sedesa ha sido beneficiaria de contratos en Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras firmas. Más de 25 veces, la empresa vinculada al vicepresidente ha sido elegida en solitario para ejecutar proyectos, por un montante superior a 90 millones de euros.

La obra de mayor envergadura con participación del grupo del que un día fue socio Juan Cotino es la construcción y explotación de la CV-50 entre Benaguasil y la A3, por un importe de casi 505 millones de euros. En esa UTE participan Sedesa y Dytras, de la que forman parte Dragados y Construcciones, Iridium y Concesiones de Infraestructuras SA. Esa autovía se adjudicó por el sistema de peaje en la sombra, consistente en que las constructoras adelantan el dinero para ejecutar la obra y recuperan la inversión cuando entra en funcionamiento, dado que cobran un canon por vehículo que utilice la infraestructura. Lubasa es uno de los socios más habituales de la empresa de Vicente Cotino en las concesiones otorgadas por la Generalitat. Se da la circunstancia de que estas dos firmas forman parte de la relación de media docena de constructoras señaladas en el informe de la Brigada de Blanqueo de la policía judicial como financiadoras del Partido Popular a través de la trama Gürtel.

Además de a la obra pública, el Grupo Sedesa se dedica al urbanismo, la promoción inmobiliaria, las energías renovables, los parques eólicos (con Endesa y Bancaja construye 018), al sector medioambiental o la gestión de residencias geriátricas, entre otros negocios. Gerocentros del Mediterráneo (del que Sedesa Concesiones posee un 38,7% del capital) explota, con la marca Savia Centros Residenciales, casi 2.000 plazas de mayores subvencionadas, por las que esa firma ingresó unos 46 millones entre 2007 y 2008, según el PSPV.

(www.levante-emv.com, 25/09/09)

Cotino triplicó las subvenciones a una empresa de su familia

El grupo Savia, una red de residencias de la tercera edad vinculada a la familia del vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, incrementó en un 170% su volumen de plazas concertadas cuando este dirigente llegó a la Consejería de Bienestar Social. En 2006 los Centros Residenciales Savia tenían 213 plazas subvencionadas; sin embargo, pocos meses después de que Cotino cambiara la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación por la de Bienestar Social la cifra se había triplicado hasta llegar, a finales de 2008, a 1.938.

La suerte de Savia creció paralelamente al poder de Cotino en el Consell valenciano. Concretamente, sus apoyos institucionales se triplicaron entre 2006 y 2008, recoge El País.

30 millones
Al parecer, el detonante de este cambio habría sido el nombramiento del actual vicepresidente tercero como consejero de Bienestar Social, un puesto al que llegó tras las elecciones de 2007. En enero de 2008, pocos meses después de ser nombrado, Cotino modificó las reglas de financiación de plazas concertadas en residencias privadas para la tercera edad. Uno de los principales beneficiarios de esta reforma fue Savia, que a finales del año pasado incrementó sus subvenciones en un 170% llegando a 1.938 conciertos. Estas cifras equivaldrían a 30 millones de euros de financiación pública, denuncia el diputado socialista Antonio Torres. El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) ha registrado en las Corts una serie de preguntas sobre este asunto cada vez más opaco: el año pasado la Consejería dejó de detallar las subvenciones.

Ramificaciones Gürtel
Savia es un nombre comercial de la Empresa Gerocentros del mediterráneo S.L, una empresa presidida por Sedesa Concesiones que, a su vez, es filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa). El Grupo Sedesa está íntimamente ligado a Cotino: su padre lo fundó y actualmente lo gestiona su sobrino, Vicente Cotino Escrivá. La otra accionista mayoritaria de la firma es Enrique Ortiz e Hijos. Tanto Sedesa como Enrique Ortiz han sido vinculadas a la ramificación valeriana de la trama Gürtel: un informe de la Brigada de Blanqueo rechazado por el TSJ Valenciano del “más que amigo” de Camps, Juan Carlos de la Rúa, les acusa de financiar ilegalmente al PP regional.

Escándalos Cotino
El vicepresidente Cotino, por su parte, ha lavado la cara a Sedesa asegurando que sus relaciones con la presunta red corrupta son “comerciales” . Lo cierto es que su sobrino participó en fiestas en Marrakech con Álvaro Pérez, El Bigotes, un evento en el que él mismo se ofreció a llevar al agasajado, al ex director de RTVV, Pedro García, dimitido precisamente tras desvelarse sus nexos con la Gürtel. Pero tantas amistades peligrosas no impidieron que saliese reforzado de la última crisis de Gobierno, cuando Camps le ratificó su confianza. Ni siquiera los escándalos por el uso excesivo de coches oficiales para recoger paellas o ir a misa han menoscabado la influencia de Cotino en la Generalitat.

www.elplural.com 25.09.09

MÁS NEGOCIO EN BIENESTAR SOCIAL PARA UNA FIRMA VINCULADA A COTINO

Entre los años 2006 y 2008, las plazas que la Generalitat concertó con el grupo Savia, una red de residencias de la tercera edad vinculada a la familia del vicepresidente del Consell, Juan Cotino, crecieron un 170%.

En 2006, los Centros Residenciales Savia, nombre comercial de la empresa Gerocentros del Mediterráneo, SL, tenían 213 plazas subvencionadas por la Consejería de Bienestar Social. Por entonces Cotino era consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tras las elecciones de 2007, este importante dirigente del PP valenciano recibió el encargo del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de asumir la supervisión de la política social como vicepresidente tercero y de ocuparse de la Consejería de Bienestar Social.

Meses más tarde, en enero de 2008, un acuerdo tomado en sesión plenaria del Consell modificó las reglas de juego de la financiación de plazas concertadas en centros privados de la tercera edad. A finales de ese año, las residencias de Savia-Gerocentros vieron incrementadas las plazas concertadas con la Administración valenciana hasta alcanzar el número de 1.938, según un listado de la consejería al que ha tendio acceso este periódico. Esta cifra representa casi tres veces más de las plazas subvencionadas en 2006 y una cifra cercana a los 30 millones de euros de financiación pública, según el diputado socialista Antonio Torres.

Gerocentros del Mediterráneo, SL, es una empresa presidida por Sedesa Concesiones -filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa)-, ligada a la familia de Juan Cotino a través de su sobrino, Vicente Cotino Escrivá, que es la persona que gestiona el Grupo Sedesa.

El control de la firma es compartido con la empresa Enrique Ortiz e Hijos, SL, la otra accionista mayoritaria. A esta promotora-constructora le corresponde ocupar el puesto de consejero delegado.El año clave en el aumento de plazas concertadas por parte de Sedesa es 2008. En 2006, según las respuestas parlamentarias remitidas por el Consell a preguntas del diputado socialista Antonio Torres, el número de personas alojadas en las residencias del Grupo Savia con subvención pública eran 716 (bajo el bono-residencia 213 y con la modalidad de accesibilidad social 503). En el año 2007, el mismo en que Cotino accedió a Bienestar Social, el número de plazas financiadas con fondos públicos, según la misma fuente, creció ligeramente hasta alcanzar las 928 (680 de accesibilidad social y 248 de bono).

Sin embargo, el gran impulso a la subvención pública de plazas del grupo Savia llega en el año 2008. A finales de diciembre de ese año, la cifra se dispara hasta las 1.938 (1.563 de accesibilidad social y 375 de bono). En este caso, la información no proviene de las respuestas parlamentarias a las preguntas formuladas por el PSPV, ya que, a partir del año pasado, la Consejería de Bienestar Social dejó de detallar las plazas subvencionadas que corresponden a cada centro. Los datos se han extraído de un listado elaborado por el propio departamento de Bienestar Social.

Este incremento del 170% de plazas se produjo meses después de un importante acuerdo del Consell, de enero de 2008, en el que se modificó el mapa de la atención residencial a la tercera edad diseñado por Rafael Blasco en 2001 cuando llegó a la Consejería de Bienestar Social. "Y no es ninguna casualidad la relación entre los dos hechos", como apunta el diputado socialista Antonio Torres. De hecho, este representante del PSPV sostiene que el acuerdo del Consell es la causa directa del aumento de plazas subvencionadas.

El llamado plan de las 9.000 plazas de Blasco pretendía que la iniciativa privada construyera y pusiera en el mercado 9.000 plazas residenciales para personas mayores a través de un concurso en el que la Generalitat elegía el lugar en el que debían construirse los centros.

A cambio, la Administración se comprometía a ocupar el 30% de estas estancias bajo la modalidad que se denominó accesibilidad social. Este programa no obtuvo el resultado esperado y, tras muchos problemas, siete años después se quedó a 1.500 plazas del objetivo.

Gerocentros del Mediterráneo (con una composición accionarial distinta a la de 2008) fue la principal adjudicataria del plan, al conseguir 20 de los 52 centros. Tras el acuerdo del Consell del año pasado, la Generalitat eliminó el tope del 30% a todos estos centros, que tenían dificultades para ocupar el 70% de las habitaciones restantes con clientes privados.

De esta forma, se abrió la posibilidad de concertar el resto de plazas, como así ha sucedido, "de lo que se benefició la firma vinculada a Cotino", apunta Torres. Según sus cálculos, el grupo Savia pasó de facturar en 2007 casi 16 millones a Bienestar Social a 30 millones el año pasado.

"No se ha beneficiado a ningún centro, sino a los usuarios que necesitaban plazas", señalaron ayer a este diario fuentes de Bienestar Social. "Había dependientes que necesitaban asistencia y había que dársela; como había plazas libres para atenderlos, se ha hecho lo posible para cubrir su atención". Además, fuentes de este departamento apuntan que se ha realizado una concertación global también con centros sin ánimo de lucro. "Esto no beneficia más a ellos [Savia] que a otros".

Una argumentación similar es la que recoge el acta del acuerdo del Consell de enero de 2008. Este documento alude a las necesidades que plantea a la ley de Dependencia y a la necesidad de "dotar de una mayor agilidad en los procesos de asignación de plazas residenciales para personas mayores dependientes". También sostiene que la medida introduce "mayor transparencia".

La visión de Torres -quien tuvo que esperar 10 meses a que el Consell le remitiera su acuerdo- es opuesta. "Lo que los ciudadanos quieren no son plazas en residencias sino servicios próximos, como ayuda a domicilio, teleasistencia o asistencia personal, que además son más baratos. Lo que ha hecho Cotino es potenciar los ingresos en residencias, unos servicios en los que tiene especial interés". Por ello el diputado socialista cree que el vicepresidente del Consell "ha prevaricado al primar la atención más cara sobre la más económica y la preferida por los usuarios".

(www.elpais.com, 24/09/09)

Un régimen de incompatibilidades más estricto

Tras la última remodelación del Consell, en agosto de este año, Juan Cotino ha mantenido su rango de vicepresidente social de la Generalitat, pero ha cambiado de cartera. De Bienestar Social ha pasado a hacerse cargo de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Si en su anterior destino Cotino se enfrentaba a un conflicto de intereses, en su nueva responsabilidad también los tiene.

Como titular de Bienestar Social y por lo tanto mayor responsable de la política social de la Generalitat, el conflicto surgía por su vinculación con el entramado empresarial de su familia -el Grupo Sedesa-, que cuenta con una participación mayoritaria en Gerocentros del Mediterráneo, una de las grandes firmas de las residencias de mayores que factura cientos de miles de euros a la Generalitat.

Y en su nuevo departamento, los intereses de Sedesa vuelven a encontrarse con el área de decisión de Cotino. El consejero es responsable de la gestión de agua y Sedesa tiene una empresa especializada en ejecución de depuradoras y encauzamiento de barrancos. Pero, además, gestiona Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, y Sedesa participa con empresas de explotación de canteras o parques eólicos, jardinería e incluso con una importante empresa inmobiliaria.

"Esto en un país serio no sucede", sostiene el diputado socialista Antonio Torres, "en un país democrático es inconcebible que la familia de un responsable político facture millones de euros al departamento dirigido por un familiar".

Mònica Oltra, diputada de Iniciativa, se sumó ayer a esta cuestión al adelantar que en el próximo debate de política general en las Cortes Valencianas, el grupo parlamentario de Compromís propondrá "un régimen de incompatibilidades más estricto que el actual que no permita a un alto cargo conceder contratos a empresas participadas o administradas por familiares y amigos". Oltra aludió directamente a Cotino y "las numerosas adjudicaciones recibidas por Sedesa por parte del Gobierno del PP".

(www.elpais.com, 24/09/09)

SEIS CONSTRUCTORAS FINANCIARON AL PP DE VALENCIA A TRAVÉS DE LA 'TRAMA GÜRTEL'

El PP valenciano, dirigido por Francisco Camps, presidente autonómico, y Ricardo Costa, secretario general del partido en esta comunidad desde 2007, financió una parte de sus actos políticos con dinero de constructoras, según un informe policial. Estas compañías pagaban a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, por servicios supuestamente no prestados, según la investigación. A su vez, Orange Market se encargaba de todos los actos del PP, algunos de ellos financiados con dinero procedente de constructoras. Entre las empresas que figuran dentro de esta trama están Lubasa, una de las principales adjudicatarias de obra pública en la Comunidad Valenciana, y Sedesa, empresa vinculada a Juan Cotino, consejero del Gobierno Camps. Orange Market, la intermediaria de estas prácticas, recibió de la Administración valenciana al menos 45 contratos, la mayoría a dedo, por casi ocho millones de euros.

La documentación que acredita estos hechos fue incautada a Orange Market, según fuentes próximas al Tribunal Superior de Justicia de Valencia conocedoras del informe elaborado por la Brigada Policial de Blanqueo.

Lubasa es la primera constructora de Castellón. Especializada originalmente en obras públicas, ha diversificado sus actividades en el sector inmobiliario. Un portavoz de Lubasa aseguró ayer que habían contratado con Orange Market "alguna cosa de merchandising", y aclaró: "Evidentemente, no hemos financiado ningún acto del PP, ni del PSOE ni de ningún otro partido".

Sedesa, otra de las empresas que dio dinero a Orange Market, fue fundada por el padre de Juan Cotino, ex director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar y actual consejero de Agua, Territorio, Medio Ambiente y Vivienda del Gobierno que preside Francisco Camps. Sedesa, presidida por un hermano de Cotino, es hoy una inmobiliaria con intereses en tratamiento de residuos, limpieza, inmobiliaria o depuración de aguas. Este periódico intentó, sin éxito, recabar la versión de Sedesa sobre la financiación del PP.

El informe policial que acredita estas prácticas tiene 89 folios y cinco anexos. Llegó el pasado 31 de julio al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero los magistrados de la Sala de lo Penal, que preside Juan Luis De la Rúa, amigo declarado del presidente Camps, decidieron no investigar estos hechos con la excusa de que no guardaban relación con la causa abierta a cuatro dirigentes del PP por cohecho impropio (haber recibido múltiples regalos de la trama corrupta).

En el auto que los magistrados firmaron el pasado 10 de septiembre, se quejaban de la forma en que recibieron el informe policial y contestaban: "El 31 de julio de 2009, y sin que existiera petición al respecto, ni por parte de esta sala ni por el Magistrado Instructor, tuvo entrada en la Sala un denominado Informe sobre Orange Market. Sistema de financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, remitido por el comisario Jefe de la Brigada de Blanqueo".

Los magistrados lo leyeron y, aunque no explican su contenido en el auto, simplemente señalan que "es la continuación de toda una serie de informes anteriores remitidos a las autoridades que la Comisaría estimaba competentes". Tras su reflexión, los magistrados recuerdan que las diligencias que ordenaron incoar contra los aforados "están archivadas (cerradas) por el auto de sobreseimiento, refiriéndose el contenido de dicho informe a un objeto diferente".

Es decir, la Sala de lo Penal presidida por De la Rúa considera un "objeto diferente" la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, cuyos principales dirigentes gobiernan en la Comunidad que adjudica a dedo múltiples contratos a Orange Market, la empresa que les regala trajes por más de 30.000 euros y que monta todos los actos del partido.

(www.elpais.com, 22/09/09)

INTERESES FAMILIARES EN LAS ÁREAS DE GESTIÓN DE COTINO

Juan Cotino, consejero de Agua, Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, ha sorteado durante años con fingida indignación la implicación del grupo empresarial de su familia con grandes adjudicaciones públicas desde departamentos más o menos próximos a sus sucesivas responsabilidades políticas. Pero en su cargo actual, la colisión de intereses se hace más patente que nunca.

Como consejero de Bienestar Social, Cotino no tuvo ningún empacho en priorizar el reconocimiento como ciudadanos dependientes a los que permanecían ingresados en residencias concertadas. El Grupo Sedesa controla una participación mayoritaria en Gerocentros del Mediterráneo, empresa que gestiona 22 residencias geriátricas concertadas. Cuando el socialista Antonio Torres le preguntó ante el pleno de las Cortes si las prioridades en la canalización de las ayudas a las personas dependientes tendría "algo que ver con el hecho de que su familia tenga una importante participación en 22 residencias de mayores", Cotino replicó indignado: "Nunca renunciaré a mi familia, y nunca implicaré a mi familia en mi responsabilidad individual".

Lo cierto es que el negocio familiar ha crecido al amparo de las adjudicaciones públicas desde sus orígenes. El padre de Juan Cotino era ganadero. Pero cuando se iniciaron las obras del denominado Plan Sur, el nuevo encauzamiento del Turia para liberar a Valencia de inundaciones como las que sufrió la ciudad en 1957, ofreció sus carros para transportar tierras. El Plan Sur fue en su día la más importante obra pública jamás adjudicada en España y el subcontratista amasó el suficiente capital como para fundar Sedesa, en origen una empresa dedicada a las excavaciones. Compró maquinaria especializada y puso en marcha un negocio que hoy gestiona su nieto, Vicente Cotino Escrivá, y cuyas áreas de negocio se extienden a muy diversos ámbitos.

El consejero responsable de la gestión del agua tiene en Sedesa una empresa especializada en ejecución de depuradoras y encauzamiento de barrancos.

El responsable de Territorio tiene en Sedesa una empresa especializada en minería, esencialmente la explotación de canteras, o con intereses en la explotación de parques eólicos.

El responsable de Medio Ambiente tiene en Sedesa una división especializada en jardinería y servicios medioambientales.

El responsable de Vivienda tiene en Sedesa una potente inmobiliaria implicada en la construcción de miles de viviendas.

Sedesa, por su parte, ya ha diseñado una división de concesiones que hasta la fecha se especializa en la gestión de aparcamientos.

El Grupo Sedesa ya tiene divisiones en Rumanía, Hungría y Marruecos. Y su responsable, Vicente Cotino, fue protagonista del último cumpleaños de Pedro García, director general de la Ràdio Televisió Valenciana hasta la semana pasada, cuando le condujo en su avión privado desde Valencia hasta Marrakech (Marruecos) para participar en una fiesta sorpresa en su honor entre cuyos invitados destaca Álvaro Pérez, El Bigotes.

¿Renunciará Cotino a su familia? Nunca, aseguró ante el pleno de las Cortes el pasado febrero. ¿Logrará no implicarla en su responsabilidad individual?

(www.elpais.com, 06/09/09)

La Generalitat Valenciana da un peligroso paso hacia la privatización de la Sanidad

Dos Consejeros sorprendentes y no menos sospechosos : Cotino y Castellano

La Generalitat Valenciana ha privatizado el servicio público de atención a domicilio, incumpliendo la Ley de Dependencia, que entró en vigor en 2007 y que respetan todas las Comunidades Autónomas. En este atisbo de privatización de la Sanidad, el Gobierno popular de Francisco Camps ha creado un registro, en la Conselleria de Bienestar Social, con 40 empresas a las que deberán acudir las personas que necesiten esta asistencia.

Tal vez la clave pueda estar en el hecho de que el conseller de Bienestar Social y vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, tiene dentro de su familia empresarios que son dueños de varias residencias en la Comunitat Valenciana y tal vez por ello ha llevado hasta las últimas consecuencias la medida. En el resto de Comunidades, como Aragón, Baleares, Canarias, Madrid, Murcia y Navarra estas prestaciones sólo se reciben en los servicios sociales municipales, que son las que las administran a sus usuarios, según denuncia Público.

Se inclumple la Ley
Con esta decisión, que plantea que el usuario recibirá un dinero para pagar el servicio, la Generalitat incumple la Ley de Dependencia, que entró en vigor en enero de 2007. Según esta norma, sólo "se incorporará la prestación económica de no ser posible la atención" en la red de servicios públicos y concertados, algo que no ocurre en esta Comunitat, como denuncian miembros de la propia Conselleria de Bienestar Social y grupos políticos.

"El negocio" de la Generalitat
El portavoz socialista de Bienestar Social en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, ha dicho que "el objetivo de la Conselleria es buscar el máximo negocio", y que pedirá en breve la comparecencia del conseller, Juan Cotino, para que explique "en qué se basa para ofertar esa ayuda, si esta ya existe en los ayuntamientos".

La calidad no podrá supervisarse
El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha denunciado que la calidad de los servicios privatizados no podrá ser ya supervisada. "No se puede dar un cheque para que la persona contrate un servicio y que luego este no se controle, porque se trata de un servicio público", critica. Mientras, la secretaria de Política Social de CC.OO en la Comunitat Valenciana, Eva Hernández, recrimina que no se aprovechen los servicios sociales municipales, que ya existen, para atender a las personas dependientes. "Han preferido dar ayudas económicas en lugar de prestar un servicio directo a los ciudadanos y como consecuencia, los servicios sociales municipales cada vez tienen menos recursos”, lamenta.

"Saldrá más caro" que la asistencia pública
Incluso los líderes sindicales han mostrado su temor de que el modelo de privatización "salga más caro" que la prestación que dan actualmente los servicios sociales de los ayuntamientos, desde antes de que entrara en vigor la Ley de Dependencia, apunta la secretaria de Políticas de Igualdad de UGT en la Comunitat Valenciana, Rosaura Pérez. El problema se agrava porque la Generalitat aún no ha adaptado a su normativa los requisitos para acreditar a los centros que prestan las ayudas a la dependencia, tal como acordaron las comunidades y el Ministerio en noviembre.

www.elplural.com 19.04.09

Cotino no aclara si se abstiene en asuntos que benefician a su familia

Gerocentros, participada por Sedesa, gestiona 20 residencias concertadas

Juan Cotino, vicepresidente tercero y consejero de Bienestar Social, defendió ayer "con la cara bien alta" la participación de su familia en 20 de las 52 residencias para mayores que tienen garantizada más de un tercio de su ocupación con plazas subvencionadas por la Generalitat. Cotino compareció ante la comisión de Política Social de las Cortes para informar sobre un acuerdo del Consell de enero de 2008 que modificaba las condiciones del Plan Gerontológico diseñado por Rafael Blasco, responsable de Bienestar Social en 2001. La empresa Sedesa, de la familia de Cotino, controla el 38,7% de Gerocentros, una empresa que explota 22 residencias en la Comunidad Valenciana, 20 de ellas, concertadas con la Generalitat.

El socialista Antonio Torres reiteró la pregunta clave: "¿Puede usted elevar al pleno del Consell un acuerdo que afecta a 20 residencias de su familia? ¿Modificó el contrato original?"

El acuerdo de enero de 2008 amplió los plazos de los conciertos con las residencias de cinco a 15 años y permitió que las plazas concertadas superaran un tercio de las disponibles.

Portavoces de la Consejería de Bienestar han esgrimido que ese acuerdo del Consell venía forzado por la ley de Dependencia y definía las plazas denominadas de accesibilidad social.

Cotino, ayer, no respondió y optó por indignarse. "Calumnia que algo queda. Está intrínsecamente en su cabeza. Yo no he adjudicado las residencias. No estaba en el Gobierno cuando se adjudicaron. Sólo hago que se cumplan los acuerdos".

El pliego original del plan gerontológico establecía que promotores privados construirían residencias para mayores sobre suelo cedido por los ayuntamientos interesados y disfrutarían de exclusividad en su zona de influencia. Las residencias en funcionamiento antes del final de 2004 tendrían garantizado un tercio de ocupación con plazas concertadas. El plazo se modificó hasta el final de 2005. Pero algunas residencias terminadas en 2006 y 2007 se han incorporado a los conciertos. "¿Con qué amparo jurídico?", quiso saber Torres.

Cotino concedió que "el calendario" previsto por el plan inicial se atrasó. "Las empresas debían haber construido antes y la Generalitat debería haber adjudicado las plazas antes". Zanjó la cuestión y se despidió con un alegato: "No tengo responsabilidad en la adjudicación, no he incurrido en ninguna ilegalidad. He firmado 8.109 plazas y lo he hecho con mucha honra y mucha tranquilidad. Yo voy con la cara bien alta toda la vida".

Juan Cotino: "seguiremos defendiendo a las familias"

Los Cotino piden 3,6 millones al ayuntamiento por una parcela valorada en 148.000 euros

Un régimen de incompatibilidades más estricto

Cotino no aclara si se abstiene en asuntos que benefician a su familia

Gerocentros, participada por Sedesa, gestiona 20 residencias concertadas

Cotino: "Nunca renunciaré a mi familia"

El PSPV acusa a Cotino de potenciar las residencias frente a la ayuda en casa

Cotino tomará el relevo de Bañuelos como segundo accionista de Afirma

Una firma participada por la familia de Cotino factura millones al Consell

En 2007 percibió 15,9 millones de euros por plazas en asilos subvencionados

Nueve meses de silencio