CASO GÜRTEL $ CASO GUATEQUE

López Viejo presenta como aval para el pago de su fianza un chalet de super-lujo en Madrid

El matrimonio López-Viejo desembolsó ante el notario el 22 de Febrero de 2008 un millón doscientos mil euros a través de un cheque de Bankinter

Tan solo un año antes de que estallara la 'operación Gürtel', Alberto López Viejo que entonces era consejero de Aguirre y su esposa adquieren en el lujoso barrio de Arturo Soria una chalet de casi 400 metros cuadrados. A la vivienda no le falta de nada: cuatro plantas, seis amplias habitaciones, cuartos cuartos de baño, dos salones, patio interior, piscina, garaje para tres coches y por supuesto ascensor que comunique toda la casa. De esta manera, es más relajado dejar el vehículo en el garaje y no tener que subir los escalones de todas las plantas.

Pero llegó 'la Gürtel' y el sueño de vivir en un palacio se desvaneció. Por eso el control de la propiedad lo tiene ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras haber fijado una fianza económica para López Viejo de unos 800.000 euros. Esta vivienda avala esa cifra. Sin embargo, la escritura de compra-venta aporta otros datos de muchísimo interés judicial: la forma de pago. El matrimonio López-Viejo desembolsó ante el notario el 22 de Febrero de 2008 un millón doscientos mil euros a través de un cheque de Bankinter. Pero quedaba medio millón suscrito por la promotora para edificar la vivienda. Pues bien, ese medio millón fue cancelado de manera automática por el propio López Viejo.

En total, casi dos millones de euros incluyendo impuestos es el precio final de este domicilio. Mucho dinero para el sueldo que cobraba el 2008 el que fuera Consejero de Deportes del Gobierno regional, unos 6.000 euros al mes.

www.cadenaser.com 19.04.10

EL 'CASO GÜRTEL' LLEGA AL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE LA MANO DE LÓPEZ VIEJO

Un año después de que estallase el caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada al PP que acumula ya un centenar de imputados, entre ellos ex alcaldes, diputados y senadores de esta formación política, la investigación llega por primera vez al Ayuntamiento de Madrid, que hasta ahora había permanecido al margen del escándalo.

El juez que instruye el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, envió la semana pasada a la policía judicial a requisar contratos relacionados con la adjudicación de obras publicas a los Ayuntamientos de Madrid, Alcalá de Henares y Majadahonda, todos ellos gobernados por el Partido Popular. Los contratos estarían supuestamente relacionados con las empresas de la trama corrupta o con sociedades que pagaron comisiones ilegales.

La orden judicial aclaraba que los contratos presuntamente irregulares objeto de la investigación se encontraban en la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, que ahora dirige la edil Ana Botella, esposa del ex presidente José María Aznar, con el que el cerebro de la trama, Francisco Correa, inició su aventura empresarial vinculada al PP.

Sin embargo, estos expedientes no tienen que ver con la gestión de Botella, sino con adjudicaciones de servicios aprobadas en la época en que el concejal de Limpieza de Madrid era Alberto López Viejo. Estas concesiones se aprobaron antes de la llegada al gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón y su equipo, en el que se integró Ana Botella.

López Viejo es ahora diputado autonómico y fue consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre hasta que estalló el escándalo del caso Gürtel. Durante su etapa en el Ayuntamiento de Madrid (de 1999 a 2003) su gestión como concejal de Limpieza estuvo repleta de sombras.

Los grupos municipales de la oposición (PSOE e IU) denunciaron en repetidas ocasiones que durante su mandato se autorizaron gastos por más de 18 millones de euros, sin que estuvieran suficientemente acreditados, para que las empresas de limpieza hicieran frente a imprevistos. Cuando Ruiz-Gallardón llegó a la alcaldía de la capital modificó varios de los contratos adjudicados por el imputado, pero rechazó investigar su gestión.

Pese a estas sombras de sospechas, Esperanza Aguirre llevó a López Viejo en sus listas electorales de número seis, le hizo viceconsejero de Presidencia y, posteriormente, consejero de Deportes. Además, le dejó manos libres para encargarse de la organización de todos los actos institucionales donde participaba la presidencia autonómica, que adjudicó a dedo a distintas empresas de la trama corrupta.

El sumario del caso Gürtel sostiene que el ex consejero cobró comisiones ilegales por su trato de favor a las empresas de la trama corrupta, a las que llegó adjudicar actos institucionales de la presidencia por casi tres millones de euros mediante el troceado de los contratos para evitar convocar un concurso público.

Además de la investigación abierta en el Ayuntamiento de Madrid, el juez Pedreira también se ha interesado por distintas adjudicaciones de obras públicas de los Ayuntamientos de Alcalá de Henares y Majadahonda, además de recabar documentación de la empresa de Patrimonio Municipal de Majadahonda.

Fuentes de este Ayuntamiento reconocieron a EL PAÍS que agentes de la Policía Judicial se personaron en las dependencias municipales durante la pasada semana para reclamar nuevos expedientes de obras públicas. Según las mismas fuentes, todos los contratos investigados por el juez Pedreira eran anteriores a 2005, cuando gobernaba Guillermo Ortega (PP), otro de los implicados en el proceso judicial al que Esperanza Aguirre sacó de la alcaldía por un escándalo urbanístico y re-colocó, con más sueldo, en la dirección general del Mercado de Toledo, una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid.

Es la tercera ocasión que la Policía Judicial acude al Ayuntamiento de Majadahonda para requisar documentación relacionada con el caso Gürtel. Anteriormente ya se llevaron para su análisis los expedientes relacionados con la construcción de 16 viviendas de lujo adjudicados en 2004. El juez también llegó a interesarse por el contrato de limpieza viaria que el entonces alcalde Guillermo Ortega firmó en 2002 y que fue encareciéndose durante años hasta llegar a duplicarse.

Además, Pedreira ha reclamado a Majadahonda documentación sobre la empresa de Patrimonio Municipal (Pammasa). Esta sociedad pública fue objeto de una investigación judicial porque dos ex ediles del municipio aseguraron que la sociedad recibía comisiones por permutar derechos de edificación que permitían a los empresarios liberarse de construir vivienda pública y, por tanto, obtener mayores beneficios. El actual alcalde del municipio, Narciso de Foxá, dirigía la empresa cuando se produjo la investigación judicial y llegó a declarar como imputado en el proceso.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares también ha recibido otro requerimiento judicial sobre diversa documentación, que ya ha facilitado. Fuentes del Gobierno de esta localidad reconocieron a EL PAÍS que durante la semana pasada recibieron la petición del juez Pedreira reclamando los archivos sobre dos contratos adjudicados a Constructora Hispánica, una de las empresas implicadas en la trama, que según las mismas fuentes ya habían sido entregados antes y entre los que se incluyen 19 documentos relativos al expediente de contratación del servicio para la realización de las obras de conservación y reforma de pavimentos en el municipio. Las mismas fuentes aseguran que ya habían remitido todos los documentos, a excepción de un modificado de obra que no forma parte del primer expediente y una certificación de la intervención municipal del parque de bomberos.

El Consistorio también remitió al juzgado otros documentos referidos a la obra del parque de bomberos del polígono industrial de La Garena, ubicado en la localidad alcalaína. A finales del año pasado, un funcionario del Ayuntamiento de Alcalá acudió voluntariamente ante el juez para denunciar que el concejal de Obras del municipio le ordenó "adjudicar una obra a Constructora Hispánica". Fuentes del Ayuntamiento recuerdan que este funcionario tiene varias causas pendientes contra los responsables municipales.

(www.elpais.com, 22/03/10)

EL PSOE MADRILEÑO DENUNCIA QUE GALLARDÓN NO ORDENÓ INVESTIGAR A LÓPEZ VIEJO

El PSOE madrileño ha respondido hoy a la denuncia de la posible relación del ex concejal de Medio Ambiente de Madrid, Alberto López Viejo, con el caso Gürtel. David Lucas, portavoz socialista en el Ayuntamiento, ha recordado que su formación ya había denunciado este hecho. En un comunicado, López afirma: "desde el PSOE hemos denunciado en reiteradas ocasiones que había alrededor de 18 millones de euros presumiblemente no justificados entre los gastos de la delegación de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid mientras fue concejal Alberto López Viejo".

El portavoz socialista ha recordado que ya habían pedido explicaciones sobre esto al alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz Gallardón, pero, según él, éste no lo investigó cuando se hizo cargo de la alcaldía. "Gallardón sólo modifico los contratos de López Viejo, lo que atestigua que se sabía que su gestión no había sido todo lo transparente que requiere".

(www.elpais.com, 22/03/10)

LÓPEZ VIEJO COBRÓ SIN BASE LEGAL DOS SUELDOS COMO VICECONSEJERO

El ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel, fue el primer viceconsejero de la era Aguirre en cobrar dos sueldos: el de su cargo y el que recibía como diputado de la Asamblea. Y lo hizo durante los tres años que fue viceconsejero de Presidencia sin ninguna base legal, según fuentes de la Mesa de la Asamblea. La Comunidad de Madrid niega que se incumpliera la ley.

Hasta que López Viejo comienza a cobrar, se aplicaba el régimen de incompatibilidades de los altos cargos que instauró en 2000 el anterior presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, y que impedía a los viceconsejeros, y también a todos los altos cargos del Gobierno regional, tener doble retribución pública, sin excepciones.

Esperanza Aguirre nombra viceconsejero a López Viejo el 23 de mayo de 2003, pese a que estaba acusado de supuestas contrataciones irregulares durante su etapa como edil en el último mandato del alcalde José María Álvarez del Manzano. Cinco años después, López Viejo tuvo que dejar su puesto de consejero de Deportes el pasado 9 de febrero, al ser imputado por la contratación irregular de las empresas de Francisco Correa, cabecilla del caso Gürtel.

A su llegada al Gobierno regional, López Viejo mantiene el escaño y, según fuentes de la Mesa de la Asamblea, comienza a cobrar como diputado con "dedicación parcial". Las mismas fuentes explican que no existía ninguna "cobertura legal" para que López Viejo cobrara este dinero, porque no se produjo ninguna modificación de la ley de Gallardón, ni hubo un acuerdo de la Mesa de la Asamblea, que tiene la competencia sobre las retribuciones de los diputados, para permitirlo. La Ley de Incompatibilidades equipara los sueldos de los altos cargos regionales a los de la Administración General del Estado y establece: "Sin que pueda generarse otra retribución por cualquier otro concepto".

Juan Bravo, concejal de Hacienda del Ayuntamiento y que fue consejero de Hacienda con Gallardón, explicó que la ley sólo admitía excepciones para las retribuciones por dar conferencias o por escribir un libro. "A partir de esa ley, la entonces viceconsejera de Presidencia, Paloma García Romero, no cobró ningún concepto por su condición de diputada", explicó Bravo. Aunque reconoció que, antes de la Ley de Incompatibilidades, la anterior viceconsejera de Presidencia, Carmen Álvarez Arenas, sí cobró en la primera legislatura de Gallardón como presidente.

Pero ninguna disposición posterior derogó la regulación de Gallardón. Tras las autonómicas de 2007, López Viejo pasa a ser consejero de Deportes. Dos meses después, Aguirre lleva a la Asamblea la Ley de Modernización de la Administración, que modificó varias normas a la vez con el rechazo de PSM e IU. En ella se extiende la doble retribución a todos los viceconsejeros con acta de diputado. Eso les permite cobrar, a día de hoy, unos 8.000 euros mensuales, más que algunos consejeros o la presidenta de la Asamblea.

Sin embargo, el Gobierno regional niega que no hubiera cobertura legal para que López Viejo cobrase. "No se ha vulnerado ninguna norma", afirmó un portavoz que remite a la misma ley de Gallardón para justificar que los viceconsejeros de Presidencia, el enlace entre el Gobierno regional y la Asamblea, cobraran dos salarios. "La Ley de Medidas de 2007 introduce que todos los consejeros pudieran cobrar para equipararlos", agregó.

(www.elpais.com, 08/07/09)

LA ESPOSA DE LÓPEZ VIEJO LOGRÓ UNA LICENCIA EN SÓLO 20 DÍAS

Dos inspectores de la Sección de Disciplina Urbanística del distrito de Retiro explicaron ayer que la licencia solicitada por la mujer del ex consejero de Deportes Alberto López Viejo para unas obras en un restaurante de su propiedad se tramitó "en 20 días". Hicieron estas manifestaciones antes de declarar ante el juez instructor del caso Guateque (la mayor trama de corrupción descubierta en el Ayuntamiento de Madrid).

En el expediente de licencia del restaurante La Hacienda Argentina, regentado por Teresa Gabarra Balcells, esposa del ex consejero de Deportes, no figuraban unas obras de reforma realizadas en el local, por lo que uno de los inspectores, citado ayer como testigo, presentó una denuncia en febrero de 2006.

A raíz de aquella denuncia, los propietarios de este restaurante, situado en la calle de Ibiza de Madrid, presentaron un nuevo proyecto, en el que sí se incluían dichas obras y que se aprobó "en 20 días", según manifestó el inspector a los periodistas.

El pasado diciembre, Gabarra negó ante el juez que investiga una supuesta red de cobro de comisiones para agilizar licencias de actividad de locales en Madrid haber recibido un trato preferente por parte del Ayuntamiento de Madrid, pese a que el expediente contenía una anotación para que se tramitara de forma "urgente".

También comparecieron ayer ante el juez tres propietarios de locales imputados en el caso Guateque, así como dos testigos. Las declaraciones continuarán el miércoles con la comparecencia, entre otros, de la funcionaria de Medio Ambiente Esther del Olmo, que será interrogada por las prioridades en la tramitación de informes.

(www.elpais.com, 02/06/09)

AL EX CONSEJERO MADRILEÑO LÓPEZ VIEJO SE LE COMPLICA EL FRENTE GUATEQUE

Alberto López Viejo, dimitido consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid imputado en la trama Gürtel, podría tener complicaciones en el otro frente que tiene abierto, el caso Guateque. Y es que ayer dos inspectores aseguraron que su esposa -ex esposa según la Ser-, Teresa Gabarra, obtuvo una licencia de obras en apenas "veinte días" -un tiempo meteórico en estos trámites- para su restaurante, La Hacienda Argentina. Los dos inspectores de la Sección de Disciplina Urbanística de Retiro llamados a declarar ante el juez instructor del caso Guateque, Santiago Torres, ofrecieron ese testimonio antes de entrar al tribunal. En febrero de 2006, uno de ellos denunció al establecimiento en cuestión por la realización de obras sin permiso. El problema se resolvió meteóricamente gracias a la solicitud presentada por Gabarra y rubricada con el cartel de “urgente”.

Gabarra, quien fue llamada a declarar como imputada en diciembre pasado, negó cualquier trato de favor para su restaurante, situado en la madrileña calle de Ibiza. Lo cierto es que, tras la denuncia del inspector, su local obtuvo el permiso en tiempo récord. El expediente solicitando las licencias contenía una anotación para que se tramitara de forma “urgente”.

López y el Guateque

En medio del huracán Gürtel, a López Viejo se le abrió este otro frente el pasado 23 de abril. Tal como informó la cadena Ser, ese día el juez Torres dictó una providencia reclamando información al registro mercantil sobre cuatro sociedades en las que figuran como otorgantes el propio López Viejo y también Gabarra. El tribunal pidió a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid que le envíe todas las declaraciones registradas de actividades, bienes y derechos patrimoniales del destituido consejero de Deportes.

El amigo de Agag

Además, estas últimas declaraciones de los inspectores tuvieron lugar el mismo día en que el diario El Mundo acusó a López Viejo de colocar a Tito Pajares San Román, un empresario amigo de Alejandro Agag y miembro del clan de Becerril, como sustituto de Francisco Correa en el montaje de los actos de la presidenta regional Esperanza Aguirre, un asunto del que se ocupaba el ex consejero hasta febrero pasado, cuando se le vinculó con Gürtel.

Imputación y fianza

López Viejo dimitió hace tres meses, tras saberse que adjudicó a dedo y a empresas de la presunta trama corrupta 76 contratos por un valor total de 562.000 euros. El pasado 7 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le impuso una fianza de 750.000 euros, acusándole de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Antes de ser consejero y protegido de Aguirre, fue concejal de Limpieza en el Ayuntamiento madrileño.

(www.elplural.com, 02/06/09)

UNA SENTENCIA ANULA LA GESTIÓN PRIVADA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE TORREJÓN

Cuando el PP llegó al poder en Torrejón de Ardoz (116.455 habitantes), en 2007, una de las primeras cosas que hizo fue crear la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Redactó los estatutos y sacó a concurso la gestión de la misma. El partido socialista se opuso y denunció el pliego de condiciones de la gestión de la empresa ante los tribunales. Una sentencia del Tribunal Contencioso-administrativo número 23 de Madrid le da ahora la razón.

La sentencia dice que no está justificada la contratación de una empresa que gestione la EMVS. Y va punto por punto. Primero, dice, "no hay ni un solo documento" que explique debidamente "la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con los que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a través del contrato". Y hace hincapié en que no existe ese documento, "pese a la importancia del objeto del contrato", que es la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda.

En segundo lugar, critica el sistema de retribución a la gestora. "No existe un precio ni cierto ni referencial", asegura la sentencia. En el pliego de condiciones de la adjudicación, en la cláusula tercera, dice que "el adjudicatario percibirá una cantidad equivalente al 6% del coste total o del precio máximo de venta". Eso, según la sentencia, no vale, primero porque la gestora hace algo más que vender viviendas. Se encarga también de administrar acuerdos, de gestionar el patrimonio del Ayuntamiento y de asesorar a los ciudadanos en materia de vivienda, entre otras. "Nada de esto forma parte del precio o por lo menos no hay forma de determinarlo", dice la sentencia. Y eso es "motivo de nulidad", según la misma.

En tercer lugar, se refiere a la "inexistencia de criterios para la adjudicación" (precio, fórmula de revisión, plazo de ejecución, etcétera). "El pliego no fija tales criterios", dice la sentencia. Y añade: "Esta forma de articular la adjudicación [...] no puede considerarse ni de lejos que cumpla las determinaciones de la Ley de Contratos". Y sigue: "En todo caso, es incompatible con el propio funcionamiento de una Administración objetiva, imparcial y al servicio del interés general". Por todo eso, la sentencia anula el "contrato de asistencia técnica y gestión" de la EMVS.

"Estamos estudiando recurrir la sentencia, pero lo primero que queremos dejar claro es que a los torrejoneros no les afecta nada", aseguró ayer el portavoz municipal y concejal de Urbanismo, José Luis Navarro. "Si hay alguna deficiencia, la estudiaremos e intentaremos subsanarla. Queremos salvar la EMVS por la creación de las miles de viviendas", añadió. Y tildó al PSOE de "irresponsable" por llevar la gestión de la EMVS a los tribunales.

(www.elpais.com, 02/06/09)

EL JUEZ DEL 'GUATEQUE' PIDE INFORMACIÓN SOBRE LÓPEZ VIEJO

A Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y ex concejal del Ayuntamiento de Madrid, le crecen los enanos. A la imputación por el caso Gürtel a la que tiene que hacer frente por su presunta vinculación con la trama corrupta liderada por el empresario Francisco Correa ahora se le suma el interés del juez Santiago Torres, que ha pedido información sobres sus bienes por la imputación de su esposa, Teresa Gabarra, en otro escándalo de corrupción: el caso Guateque. Un juez de instrucción no puede imputar a un aforado, como es el caso de López Viejo, diputado de la Asamblea de Madrid. En caso de que encuentre indicios, tiene que elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que solicite al parlamento autonómico el correspondiente suplicatorio para proceder contra él.

El magistrado, en una providencia fechada el 27 de marzo, reclama a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid las declaraciones de López Viejo que figuren tanto en el Registro de Actividades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid como en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos del Gobierno regional. Dicho interés proviene de la imputación de la esposa de López Viejo.La esposa del consejero, Teresa Gabarra, está imputada en la concesión de licencias por un supuesto trato de favor: la obtención de permisos para un restaurante de su propiedad en la calle de Ibiza. Uno de los expedientes solicitados por el juez, el relativo al local de la mujer de López Viejo, contenía una anotación con la palabra: "Urgente". Gabarra Balsells negó este extremo ante el juez el pasado mes de diciembre.

Además, en la providencia, el juez reclama también al registro mercantil información sobre cuatro sociedades en las que figuran la imputada Teresa Gabarra y presuntamente también el propio López Viejo; entre ellas, se encuentra la empresa Marvel. Gabarra figura como apoderada en dos: de La Pampa Hostelera SL y Loga Siglo XXI SL, sociedades de las que fue vicepresidenta hasta agosto de 2008.

De la misma manera, el juez solicita información al registro civil sobre el régimen económico matrimonial de esta pareja por si se hubieran acogido a separación de bienes.

López Viejo, de 41 años, está imputado y fue investigado por el juez Baltasar Garzón por el presunto cobro de comisiones y regalos a cambio de adjudicar contratos a la trama corrupta liderada por Francisco Correa. Fraccionó contratos para adjudicarlos a la trama mafiosa y recibió sobornos por 563.000 euros, según consta en el sumario. Su causa ha pasado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que deberá continuar con el proceso.

La trama tenía presuntamente su contacto en López Viejo, primero como viceconsejero de Presidencia, y más tarde como consejero de Deportes. El hombre de confianza de Esperanza Aguirre, quien conoce a la presidenta desde su etapa en el Ayuntamiento (fue concejal de Limpieza entre 1999 y 2003), les facilitó la entrada en la Comunidad de Madrid, como relató Isabel Jordán, otra de las imputadas, al juez: "Una vez que ganamos el primer concurso, los técnicos de Presidencia ya nos llamaban a todos y nos preguntaban si nos íbamos a presentar. Luego, había actos que no estaban, que surgían. De repente, viene Axa a presentar aquí no sé qué. Pues venga. Yo recuerdo un acto porque ganó el Real Madrid la copa o algo así".

Cuando López Viejo era concejal en el Ayuntamiento fue señalado por el interventor del Consistorio por irregularidades en las contrataciones, con adjudicaciones a dedo y superposición de contratos. También fue acusado de imponer a los proveedores la compra de vehículos de una marca para favorecer a un concesionario y de forzar la adquisición de muebles en la tienda de su padre, Fernando López Paredes.

(www.elpais.com, 24/04/09)

EL JUEZ INVESTIGA UNA POSIBLE VINCULACIÓN DE LÓPEZ VIEJO CON EL CASO GUATEQUE

El juez instructor de caso Guateque, la supuesta trama de corrupción ligada al Ayuntamiento de Madrid y relacionad con al concesión irregular de licencias a locales de ocio, ha pedido a la Comunidad de Madrid información sobre el patrimonio económico del ex consejero de Deportes de la región, Alberto López Viejo, quien se vio obligado a dimitir de su cargo al conocerse su implicación en otra trama de corrupción, la relacionada con las empresas de Francisco Correa.

El tribunal que investiga el caso de la operación Guateque, una presunta trama de corrupción vinculada a la concesión por parte del Ayuntamiento de Madrid de licencias de manera irregular a centros y locales de ocio, ha solicitado a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid que le envíe todas las declaraciones que haya en los registros sobre actividades, bienes y derechos patrimoniales de altos cargos de la región en relación al destituido consejero de Deportes, Alberto López Viejo.

Información del registro mercantil

Según informó la Cadena SER, el juez Santiago Torres estaría investigando una posible vinculación de López Viejo, que abandonó su cargo al aparecer implicado en la trama de corrupción de la <i>Operación Gürtel</i>, con este otro caso de corrupción. Para ello ha dictado una providencia en la que reclama además información al registro mercantil sobre cuatro sociedades en las que figuran como otorgantes el propio López Viejo y también su ex mujer, Teresa Gabarra, que ya está imputada en la operación Guateque.

Su ex mujer, imputada

De hecho, esta providencia habría partido de la imputación de Gabarra, a quien se le atribuyen supuestas anomalías en el expediente de licencia del restaurante que regenta en el madrileño barrio de Retiro. El local forma parte de los establecimientos que supuestamente pagaron diversas sumas de dinero a cambio de acelerar el proceso de obtención de su licencia.

Gabarra niega los hechos

Gabarra, que declaró ante el juez el pasado mes de diciembre, negó que hubiese tenido ningún tipo de “trato preferente” por ser esposa del ex consejero, y aseguró que no había pagado ninguna suma para obtener su licencia. No obstante, el juez sospecha que sí fue así, ya que su expediente de tramitación llevaba una anotación en la que se podía leer “urgente”.

Régimen económico matrimonial

El magistrado ha solicitado también información al registro civil para saber si el matrimonio de esta pareja se basaba en un régimen económico de bienes gananciales o si, por el contrario, se habían acogido a la separación de bienes, para determinar hasta que punto podría llegar la responsabilidad del ex consejero.

(www.elplural.com, 23/04/09)

López Viejo recibía sobornos por dar contratos a Correa

En 2007 recibió tres pagos de 24.000, 6.000 y 8.000 euros, según apuntes de Pablo Crespo en los que consta «entregado a ALV». Otro documento refleja pagos por importe de 200.000 euros. «Veréis como ahora nos da más contratos», comentó Crespo a sus empleados. El consejero destituido otorgó a Correa en un año contratos por casi 600.000 euros fraccionados en 76 facturas de menos de 12.000

El ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo recibió un mínimo de 238.000 euros en sobornos a cambio de dar contratos a las empresas de Francisco Correa, el principal imputado en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón.

Así lo acreditan varios documentos en poder del magistrado, cuyo contenido ha conocido EL MUNDO. En uno de ellos constan unos apuntes internos realizados en 2007, incluidos en un documento sin membrete. En el mismo se puede leer: «Pablo Crespo. Entregado a ALV» (siglas de Alberto López Viejo), seguido de una cantidad de dinero.

En esos documentos se detallan tres entregas diferentes por una cuantía de 24.000, 6.000 y 8.000 euros. Lo que no aparece es en concepto de qué se pagan esas cantidades, aunque las palabras de los imputados dan una pista de ello.

En una ocasión, como ha podido saber este diario, Pablo Crespo Sabaris, administrador de Easy Concept, S. L., y número dos de Correa, aseguró a sus empleados: «Veréis cómo ahora nos da más contratos. Ya le he dado lo que me pedía y se ha quedado contento».

El magistrado de la Audiencia Nacional también dispone de otro documento sin membrete elaborado por Crespo que lleva la cuenta de las cantidades entregadas en efectivo y personalmente a López Viejo: unos 200.000 euros (más de 33 millones de pesetas).

Además, Francisco Correa describe en las grabaciones con las que cuenta el juez que el ex consejero «se lleva una parte de cada acto que se hacía. Aquí un kilo, aquí medio...».

Todos estos indicios apuntan al ahora diputado autonómico Alberto López Viejo para que sea uno de los próximos imputados en la causa. En cuanto Garzón considere que es necesaria su imputación, tendrá que enviar el material relativo al aforado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el órgano facultado para investigar a los diputados de la Asamblea de Madrid, previo permiso de la Cámara.

La imagen de López Viejo no es precisamente muy buena dentro del Gobierno de Madrid. Muchos de sus compañeros coinciden en describirle como soberbio, prepotente y despótico. Casi todos tienen noticia de su carácter agrio. Pero también de la gran confianza que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, siempre depositó en él para que organizara todos sus actos, primeras piedras, presentaciones, inauguraciones... En total, millones de euros a lo largo de los cinco últimos años. Precisamente por esa confianza directa de la presidenta, nadie en la Comunidad discutía sus métodos expeditivos y su costumbre de contratar casi siempre con las mismas empresas.

El ya ex consejero de Deportes, que fue destituido el pasado lunes, organizaba todos los actos de la jefa del Ejecutivo. En total, entre 10 y 15 eventos al mes durante cinco años, superando el centenar anual. Como confirmaron a este diario en distintos departamentos, López Viejo obligaba a las consejerías a organizar sus actos importantes con las sociedades que él imponía. Cuando recibía peticiones de las consejerías para hacer actos con Aguirre, respondía taxativo: «O haces el acto con esta empresa o no se hace». Y era él quien decidía, pues llevaba la agenda de la presidenta.

Una vez obtenido el visto bueno, él mismo revisaba personalmente cómo se organizaba el evento: el sonido, la luz, las carpas (en actos al aire libre), las sillas, las azafatas... Acompañaba a los profesionales contratados y actuaba como el director de la puesta en escena.

Esta función la desempeñó como viceconsejero de Presidencia (desde junio de 2004), pero también lo hizo durante los primeros meses de la primera legislatura, aunque era un diputado autonómico raso y no estaba en nómina de la Comunidad.

En los primeros años (desde finales de 2003 a mediados de 2005), dos empresas de la red de Correa, Easy Concept Comunicación, S. L. y Good and Better, S. L., fueron las sociedades más beneficiadas.Sus administradores eran Pablo Crespo -encarcelado por Garzón- e Isabel Jordán.

De hecho, y según consta en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo de Aguirre, las dos sociedades obtuvieron 76 contratos entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 por un valor total de 562.183 euros. Y todos los contratos eran inferiores a 12.000 euros, porque ésa es la cantidad que la Ley de Contratos señalaba como tope máximo para adjudicar a dedo, sin concurso público.

Por ello, López Viejo troceaba las adjudicaciones para no superar esa cantidad. Un buen ejemplo de este procedimiento es el homenaje celebrado el 25 de marzo de 2004 a los que se volcaron con las víctimas de los atentados del 11-M. Easy Concept cobró 140.000 euros, pero extendió hasta 15 facturas diferentes. Así, Presidencia no tuvo que realizar ningún concurso y pudo contratar directamente a la empresa elegida. Algunas de las facturas se acercaban mucho a los 12.000 euros, pero nunca los superaban: el sonido costó 11.954,39 euros, y la iluminación 11.524,36.

En otros casos, no hacía falta hacer esa operación. Algunos de los grandes actos de las consejerías de Transportes o Sanidad eran abonados por las grandes constructoras adjudicatarias. Entonces, la ley ya no obliga a hacer concursos porque no se trata de dinero público. Eso sí, quien decidía a quién y por cuánto se contrataba no era la constructora, sino otra vez Alberto López Viejo.

La mala fama de López Viejo viene de lejos. En 2003, cuando Alberto Ruiz-Gallardón es designado por José María Aznar candidato a la Alcaldía y Esperanza Aguirre a la Comunidad, el primero prescinde del hasta entonces concejal de José María Alvarez del Manzano.Pero Aguirre le ficha en un estelar número seis de su lista.

Sin embargo, los escándalos que afloran entonces sobre su etapa como concejal de Limpieza le mantuvieron fuera del Gobierno durante los primeros meses.

Por aquel entonces fue acusado de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por varios contratos irregulares que fueron denunciados incluso por la propia Intervención del Ayuntamiento.

Cuando pareció amainar el temporal, Aguirre le premió y le nombró viceconsejero de Presidencia, en junio de 2004. Durante ese periodo se vio implicado en otro presunto escándalo de corrupción a través de su mujer, Teresa Gabarra Balseéis, imputada en el caso Guateque, donde se investiga la presunta concesión ilegal de licencias por parte del Ayuntamiento. En el expediente de un restaurante del que es dueña aparece una anotación para que la licencia se tramite de forma «urgente».

López Viejo siguió contratando decenas de actos de Aguirre con Easy Concept (antes llamada Down Town, heredera a su vez de Special Events), al menos hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2007.

En la segunda legislatura, cuando es nombrado consejero de Deportes, López Viejo empezó a tener más cuidado y, por orden suya, se pasó a contratar con empresas tapadera, según explican ahora desde la Comunidad de Madrid. Entre ellas aparece MQM (Marketing Quality Management), que no tiene relación conocida con la red de Correa, pero que podría trabajar como sociedad pantalla de Easy Concept, según está investigando Garzón. Con esta otra empresa, los métodos de López Viejo y su exigencia de contratación seguían siendo los mismos.

A día de hoy, como confirman desde dentro de la Comunidad de Madrid, quedan facturas por abonar pendientes desde 2008 porque los servicios se contrataron sin respaldo presupuestario.

Desde sus tiempos de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, López Viejo trabaja con un asesor, Pedro Rodríguez Pendás, que es a todos sus efectos su número dos, por encima de los funcionarios de la Consejería.

El papel de López Viejo ha despertado una gran preocupación en el Gobierno de Madrid. Por eso, la propia Aguirre decidió destituirle fulminantemente el lunes, antes de que aparecieran los primeros indicios que le podrían inculpar.

1999-2003

Alberto López Viejo fue un muy polémico concejal de Limpieza con José María Alvarez del Manzano. La Intervención del Ayuntamiento le acusó de irregularidades y el PSOE denunció que incurrió incluso en malversación de fondos.

Finales 2003

Esperanza Aguirre le ficha como 'número seis' de su lista mientras se destapan sus presuntas irregularidades consecuencia de su etapa como concejal. En noviembre, tuvo que salir al paso de todas las acusaciones y las calificó de falsas.

Mayo 2004

Aguirre le nombra viceconsejero de Presidencia, pero ya desde antes, cuando ni siquiera ocupaba un cargo en el Gobierno, comienza a ocuparse de contratar todos los actos públicos de la presidenta.Muchos, con empresas de la trama de Correa.

Junio 2007

La presidenta asciende a López Viejo y le nombra consejero de Deportes. Aun desde su nuevo puesto, sigue organizando las presentaciones y actos de importancia en los que participa Esperanza Aguirre.

Toyotas, muebles y flores de boda

De su etapa como concejal de Limpieza (1999-2003), López Viejo atesora 'perlas' que adornan su gestión, aunque él siempre ha negado irregularidades. En aquel tiempo, los contratistas le llamaban 'El Toyota' porque obligó a varias empresas a adquirir vehículos de esa marca y a hacerlo en un concesionario concreto.Además y como adelantó en su día este diario, impuso a la sociedad Cespa -que gestionaba la limpieza de varios distritos- a que comprara sus muebles de oficina en la tienda de su padre. El primer gasto de 3,5 millones de pesetas no le pareció suficiente, y la empresa tuvo que gastar otros 8,5 millones en muebles que no sabía dónde meter y que acabaron amontonados. La misma sociedad pagó las flores de su propia boda, en el año 2000, según informó EL MUNDO.

Febrero de 2009: la destitución

Tras destaparse la presunta trama de corrupción que podría afectar al PP, el pasado lunes, Esperanza Aguirre decidió destituirle, aunque oficialmente se dijo que fue él quien dimitió. Su pecado oficial: contratar con empresas bajo sospecha. El pasado jueves acudió a la Asamblea de Madrid (en la imagen) con rostro demudado y como diputado raso. Si fuera imputado, el caso tendría que trasladarse al Tribunal Superior de Madrid

www.elmundo.es 15.02.09

Garzón implica en la trama a López Viejo, ex consejero de Aguirre, y a un alto cargo de Camps, dos aforados del PP

El juez Baltasar Garzón ha sido tajante: Hay “serios indicios” que indican que cargos aforados del PP “podrían tener responsabilidad” en la causa abierta por la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa. Según informa El País, ateniéndose a fuentes de la investigación, uno de los responsables populares que aparece en el sumario es Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid hasta hace una semana. Otro sería un alto cargo del Gobierno valenciano de Camps, aunque su identidad se mantiene todavía en secreto.

Así, se han cumplido las peores previsiones que manejaban en Génova 13. Aunque el magistrado no ha dado nombres, ha dejado claro que algunos de estos políticos populares podrían tener la condición de aforados -esta condición la tienen el presidente y los miembros del Gobierno, los presidentes y miembros de los Ejecutivos regionales, y los diputados y senadores-.

Aforados confirmados
De acuerdo a las informaciones ofrecidas ayer por la Cadena Ser, cuatro aforados se encuentran en el punto de mira: López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch y Luis Bárcenas. A la confirmación, según El País, de López Viejo, habría que añadir la aparición en el sumario de un alto cargo del Gobierno valenciano de Francisco Camps, cuya identidad permanece oculta todavía.

López Viejo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le cesó al frente de la consejería de Deportes. No obstante, López Viejo continúa en su puesto de parlamentario madrileño. Está acusado de adjudicación irregular de contratos. En una de las grabaciones de la investigación a las que tuvo acceso El Plural, Francisco Correa reconocía que López Viejo recibía comisiones de cada acto que organizaba para el Partido Popular. “Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio”, afirma literalmente el jefe de la trama en estas grabaciones.

Benjamín Martín
Fue el elegido por Esperanza Aguirre para presidir la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre la trama de espionaje. Elección que seguramente Aguirre lamentó al leer en El Plural que su elegido obtuvo presuntamente casi dos millones y medio de euros a cambio de guardar silencio en relación con la trama de corrupción vinculada al PP. Al menos es lo que se desprende de una de las grabaciones que obran en poder del juez Baltasar Garzón, cuando una de las imputadas explica cómo Martín Vasco les había vendido su silencio para “no reventar el tinglado”.

Alfonso Bosch
Fue integrante del equipo de confianza de presidencia del Gobierno durante los mandatos de Aznar. En la actualidad, compatibiliza su cargo de gerente de Vivienda y Suelo de Boadilla con el de diputado en la Asamblea regional. Es, además, secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre. Uno de los imputados por Garzón lo define concretamente como "uno de ellos y uno de los malos, de los que hacen cosas mandados por ellos (en relación a los cerebros de la trama)".

Luis Bárcenas
Es senador por Cantabria y tesorero nacional del PP. Aparece en algunas grabaciones y en el sumario que instruye el juez Baltasar Garzón. Hace unos días El Mundo publicó que Bárcenas (mano derecha y sucesor de Álvaro Lapuerta como tesorero del PP y "en el corazón de las finanzas del PP desde la presidencia de Manuel Fraga"), presionó al gobierno de Aguirre para conseguir contratos públicos de seguridad.

www.elplural.com 14.02.09

López Viejo y un cargo valenciano, aforados investigados por Garzón

El juez rechaza la personación del PP en el proceso por corrupción

El juez Baltasar Garzón rechazó ayer la personación del PP como acusación en la causa por la supuesta trama de corrupción que afecta a concejales y otros cargos pertenecientes al citado partido al considerar que no se puede ser al mismo tiempo presunto responsable de un delito y su víctima. En su auto, el magistrado confirma, además, que entre los investigados se encuentran parlamentarios o cargos aforados del partido por lo que anuncia que tendrá que inhibirse en favor de otros tribunales para perseguir sus actividades delictivas.

Fuentes de la investigación indicaron que los aforados a los que se refiere Garzón son Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, que fue destituido la pasada semana aunque continúa como parlamentario madrileño, y un alto cargo de la Comunidad Valenciana, cuya identidad se mantiene secreta. No obstante, en los registros efectuados en los últimos días se ha intervenido abundante documentación, ordenadores y memorias portátiles, y a la policía judicial aún no le ha dado tiempo a seguir las pistas a las que apuntan. Por ello, estas fuentes aseguran que el número de aforados podría aumentar en los próximos días.

En su resolución, el juez explica que el PP no puede personarse como acusación porque "existen serios indicios" de que algunos integrantes de ese partido o personas vinculadas a él "podrían tener responsabilidad penal en esta causa".

Garzón se dirigió el pasado jueves a la Fiscalía para que le indique qué pretende que se haga con los casos de los aforados, si debe inhibirse de inmediato al tribunal que corresponda en cada caso o si, como indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe esperar a completar la investigación.

El auto anuncia que, en el momento oportuno, el juez cederá la competencia sobre los aforados al tribunal competente. Los miembros del Gobierno central, diputados y senadores responden ante el Supremo, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los parlamentarios autonómicos y miembros de los ejecutivos regionales lo hacen ante los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad. Garzón lo tiene claro, puesto que afirma que la inhibición "se producirá una vez que concluya el análisis policial y pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente".

Como el PP fue rechazado como parte -aunque ha anunciado recurso-, la Comunidad de Madrid intentó ayer personarse en la causa, aunque es obvio que el camino será el mismo que el seguido por el PP, puesto que en un futuro puede ser considerada responsable civil de las actuaciones de sus aforados. El juez tomó ayer declaración a una persona detenida desde el miércoles pasado, presuntamente el empleado de Correa que habitaba el piso de seguridad de la trama en Madrid. El juez le dejó libre con comparecencias semanales.

www.elpais.es 14.02.09

UN ACTO INSTITUCIONAL DE 65.000 EUROS

El 12 de febrero de 2007, Esperanza Aguirre impuso la medalla de oro de la Comunidad de Madrid a los príncipes de Asturias en el edificio de la Presidencia del Gobierno, en la Puerta del Sol. La Comunidad pagó 65.000 euros por el estrado enmoquetado y unas sillas forradas de tela más algunos adornos florales.

www.elpais.es 14.02.09

Empresas tapadera para contratar en Madrid

El Gobierno de Aguirre tiene múltiples deudas con la red de Correa - El jefe de la trama facturaba con sociedades ajenas a petición del ex consejero López Viejo

La Comunidad de Madrid adeuda varios millones de euros a empresas tapadera con las que la red corrupta que dirigía Francisco Correa prestaba servicios al Gobierno de Esperanza Aguirre hasta hace sólo unos meses, pese a que la dirección nacional del PP había ordenado desde 2004 no contratar con ese grupo. De hecho, en las grabaciones aportadas al sumario Correa se refiere, en diciembre de 2007, a la deuda de la Comunidad de Madrid con sus empresas. Los contratos, muchos sin respaldo presupuestario y sin la tramitación legal necesaria, se hacían a través del que era hasta el pasado martes consejero de Deportes, Alberto López Viejo.

López Viejo sugería fraccionar los contratos para evitar filtros administrativos Easy Concept inflaba los costes para ganar un 40% por cada transacción

La documentación en poder de EL PAÍS correspondiente a Easy Concept -una de las sociedades con las que operaba la red corrupta vinculada al PP que dirigía Correa- revela cómo supuestamente esa empresa inflaba los costes para ganar un 40% por contrato, los presentaban al pago a la Comunidad de Madrid bajo una sociedad blanca o sin sospecha y luego los fraccionaba irregularmente. Y todo ello bajo la aparente dirección del ex consejero de Deportes Alberto López Viejo y de su amigo Pedro Rodríguez Pendás. Ambos se vieron implicados en facturaciones irregulares cuando eran concejal de Limpiezas del Ayuntamiento de Madrid y asesor, respectivamente.

La citada documentación corrobora lo que Correa reconocía en las grabaciones: López Viejo le sugería fraccionar los contratos y presentarlos a través de terceras empresas para evitar los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su grupo. No en vano Correa era un apestado tanto para el PP nacional, tras exigir contratos en nombre del partido, como para la opinión pública, tras ser denunciados sus apoyos y adjudicaciones irregulares.

Los papeles apuntan que el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias por Esperanza Aguirre, el 12 de septiembre de 2007, en la sede de la presidencia regional de la Puerta del Sol, lo montó supuestamente Easy Concept, bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality Management). Un informe interno de Easy Concept revela cómo se fraguó dicho servicio al Gobierno de Aguirre:

"A día de hoy, 15 de febrero de 2008, el informe de factura es el siguiente. Importe total a facturar a la CAM [Comunidad Autónoma de Madrid] por los Premios Príncipes de Asturias es:

- Importe a facturar: 64.475 euros con IVA.

- Facturado por MQM hasta el momento. 9.224 euros más IVA.

Pendiente de facturar: 56.250 más IVA (hasta el momento)".

El montaje del acto lo pidieron expresamente Alberto López Viejo y Pedro Rodríguez Pendas. A este último le fue enviado el presupuesto inicial a través de un correo electrónico en el que se precisaba que el acto no entraba en el contrato de servicios número 03-at-6.6/2007 que tenía con la Comunidad de Madrid la empresa MQM, nota que se añadió a dicho presupuesto adjunto por petición expresa de Pedro Rodríguez. "Una vez finalizado el acto hemos preguntado por activa y pasiva cómo se factura y a quién; en un primer momento, nos dijo Pedro Rodríguez Pendás que todo el importe sería facturado por MQM, incluidos los extras del acto, pero luego nos comunicaron de Intervención que sólo se hiciera una factura por MQM por importe inferior a 12.000 euros y que el resto hasta el día de hoy nadie de Presidencia, ni de Intervención ni por supuesto Pedro Rodríguez dicen nada al respecto". Por tanto, el escrito detalla cómo presuntamente los contratos y facturas eran encargados y presentados a la carta, de forma absolutamente irregular, por altos cargos del Gobierno de Aguirre. Todo se resolvía a golpe de correo electrónico, no mediante concursos ni ante una mesa de contratación.

Pero si es llamativo que Easy Concept se oculte para prestar servicios a la Comunidad de Madrid a través de una sociedad como MQM, cuya versión de estos hechos fue solicitada ayer sin éxito -nadie coge el teléfono en su sede, que comparte con tres empresas-, más inquietante resulta advertir cómo se hinchan los precios de coste hasta un 40% a cargo del presupuesto de la Comunidad de Madrid, según el desglose al que ha tenido acceso este diario. Así, si el material le costó 39.143 euros, lo facturaron al Gobierno regional por un monto de 65.475 euros, un beneficio de 26.331 euros. El informe interno de Easy Concept está avalado por el presupuesto oficial de la firma pantalla, MQM, que, aparentemente, prestó el servicio a la Comunidad. "Presupuesto total (IVA incluido) 67.992 euros. Nota: este acto ha sido solicitado desde Presidencia por Pedro Rodríguez [Pendás] y está considerado fuera del contrato referente al concurso número 03-at-6.6/2007". Calcaba el documento de Easy Concept.

El corolario es triple: Easy Concept camuflaba su presencia como contratista a través de distintas empresas, inflaba los precios y lo hacía teledirigida desde el Gobierno de Aguirre, a tenor de los referidos escritos internos. En el presupuesto de Easy Concept aparece una comisión de un 5% para MQM, supuestamente por usar su nombre. Este diario solicitó ayer sin éxito la versión del Gobierno de Aguirre sobre estos contratos y los que dejó pendientes López Viejo. MQM aparece citada en las grabaciones sumariales como receptora de contratos de la trama.

www.elpais.es 14.02.09

GARZÓN PONE BAJO SOSPECHA AL PP DE MADRID Y VALENCIA

La red organizada por Francisco Correa sobornó a funcionarios y autoridades de Madrid y Valencia para que concedieran contratos a sus empresas. Esa es una de las acusaciones vertidas ayer por el juez Baltasar Garzón en el auto con el que, en la madrugada del jueves, envió a prisión al propio Correa y a sus dos colaboradores principales, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Según el magistrado, que no concreta casos de cohecho o tráfico de influencias, «los imputados establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades». En la mayoría de los casos, las más de 20 empresas investigadas actuaban en municipios populares.

El juez de la Audiencia Nacional explica que, para obtener los contratos, utilizaban «como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas [...] a la vez que entregaron regalos, presentes, cantidades de dinero, para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado, y así obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas».

Según el auto, Correa era el jefe de la trama, mientras que Crespo se encargaba de gestionar las, al menos, 23 empresas investigadas.Antoine Sánchez figuraba como titular de muchas de ellas, ocultando así la figura de Correa. Los fondos obtenidos por la trama -que ha estado en marcha, al menos, durante los últimos 10 años- circulaban por una red de sociedades que acababan en paraísos fiscales y que fue tejida por alguno de los abogados que también se encuentran imputados.

El conjunto de la actuación se traduce así en el Código Penal: «múltiples» delitos de cohecho, «diversos» delitos de tráfico de influencias, así como blanqueo de capitales, defraudación fiscal, asociación ilícita y varios delitos de falsedad.

En cuanto a las identidades de los funcionarios y autoridades tocados por la red, el juez dice que «se está investigando, al objeto de tomar las decisiones que correspondan en Derecho».Garzón no especifica ningún caso concreto de cohecho o tráfico de influencias, ni menciona expresamente a ningún partido. En parte, explica, porque los hechos los relata «sucintamente» para no perjudicar las investigaciones que se están practicando. Sin embargo, cruzando los presuntos sobornos cometidos con la lista de imputados surgen los nombres de los ex alcaldes populares de Boadilla del Monte Arturo González Panero, y de Majadahonda Guillermo Ortega, ambos en Madrid. En cuanto a las actividades en Valencia, el juez dejó ayer en libertad con comparecencias semanales a Alvaro Pérez Alonso, conocido como El bigotes, responsable de Orange Market, filial en la ciudad de Special Events, una de las sociedades de Correa que más contratos obtuvo del PP.

La larga lista de casi 40 imputados no incluye a ningún aforado, pese a que en la investigación ha surgido el nombre del diputado autonómico popular Alberto López Viejo. La competencia para imputarle y seguir con la investigación recaería sobre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que el juez debería remitir el asunto cuando encontrase indicios que justificasen esa imputación. Lo mismo sucedería en el caso del también diputado madrileño Alfonso Bosch Tejedor, quien, según la cadena Ser, también ha aparecido en la investigación por hechos durante su etapa como concejal de Boadilla.

EL JEFE

El juez deja claro que todo el entramado se dirige a incrementar el patrimonio de Correa, que es quien «da instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirige o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio».

Mientras dejaba a Crespo al frente de sus empresas, él se dedicaba a «la valoración de posibles negocios en distintos sectores, fundamentalmente el inmobiliario», aunque la crisis del sector le puso a buscar «nuevas opciones en cualquier lugar del mundo».«Su actuación consiste en negociar de forma directa un proyecto de negocio y en supervisar su ejecución, en países tales como China [y] Azerbaiyán». De ese modo, ha llegado a acumular un amplio patrimonio inmobiliario en España y en el extranjero, con propiedades en Las Rozas, Sotogrande, Ibiza, Tarifa, Miami y Cartagena de Indias.

EL GESTOR

En la jerarquía de la trama, quien seguía inmediatamente a Correa era Pablo Crespo, que daba órdenes al resto de la organización.Según el magistrado, «lleva la dirección y el control del funcionamiento de las empresas de eventos, [...] es el consejero delegado de las empresas; recibe las ofertas de proyectos económicos, concierta las reuniones preparatorias y organiza las reuniones de otros miembros del grupo y supervisa la gestión financiera». En definitiva, Crespo «es el responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa».

Cumpliendo con las directrices de éste, «imparte instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especie, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos».

LA MASCARA

El primo de Correa es una «pieza clave» en la estrategia de ocultar al verdadero jefe de la trama, que le hacía figurar como titular de las empresas. Que Sánchez era una fachada lo demuestra que Correa pagase «todos los gastos» que generaba: teléfonos, viajes, manutención, regalos... Pese a todo, su relevancia en la trama es menor, lo que se traduce que sólo le imputa blanqueo de dinero y falsedad.

(www.elmundo.es, 13/02/09)

EL JUEZ INVESTIGA LA IMPLICACIÓN DE CUATRO AFORADOS AUTONÓMICOS DEL PP

Al menos cuatro aforados autonómicos de Madrid y la Comunidad Valenciana estarían implicados en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón y que por el momento se ha saldado con tres personas en prisión de los 37 imputados, entre ellos dos ex alcaldes del PP. Fuentes del caso confirmaron a La Vanguardia, que además hay más miembros del principal partido de la oposición que ocupan cargos públicos en municipios madrileños cuyos nombres aparecen de una u otra forma en el sumario.

Fuentes conocedoras del sumario judicial aseguran que habría material suficiente para probar que varios cargos públicos del PP habrían recibido costosos regalos, invitaciones a lujosos viajes y, en algunos casos, incluso dinero de parte de alguna de las empresas que controlaba Francisco Correa, jefe de la presunta trama de corrupción que, según el auto de prisión de Garzón, se dedicaba a la compra de voluntades de políticos. A cambio, los cargos públicos habrían ayudado a que las empresas vinculadas a Correa obtuviesen contratos con las administraciones en condiciones ventajosas, logrando así sustanciosos beneficios.

Todo hace pensar que el caso sufrirá un salto cualitativo importante cuando los nombres y entidad de los aforados salgan a la luz y el juez Garzón se vea obligado a trasladar el sumario al tribunal al que le corresponda.

Fuentes de la investigación apuntan como una de las claves económicas del caso al imputado José Ramón Blanco Balín, un asesor fiscal que llegó a ser vicepresidente de Repsol en los tiempos en que presidía la compañía Alfonso Cortina. Hace sólo unos meses la policía judicial de la Guardia Civil relacionó a Blanco Balín como uno de los participantes de un caso de evasión de capitales a través del paraíso fiscal de Liechtenstein.

Fuentes de esa investigación, que también dirigió la fiscalía Anticorrupción e instruye otro juzgado de la Audiencia Nacional, indicaron a este diario que Blanco Balín está acusado de utilizar una fundación en el principado alpino para desviar dinero a bancos suizos, donde permanecía a salvo de la Hacienda española. La Guardia Civil continúa todavía trabajando en la averiguación de más identidades ante la sospecha de que la trama, a través de su compleja red de empresas, oculta el dinero negro de algunos políticos españoles.

A modo de anécdota, Blanco tiene su despacho profesional en la misma calle de Madrid donde se encuentra la dirección general de la Guardia Civil.

En el seno del PP ya es vox pópuli que la denuncia partió de uno de sus cargos públicos en un municipio madrileño. El autor de la denuncia dedicó varios meses a grabar sus conversaciones con Correa y a acumular documentación que pudiese ser de utilidad en la averiguación de los posibles delitos cometidos por ahora considerado cerebro de la trama. Cuando tuvo el material suficiente elaboró un amplio dossier que hizo llegar a la policía y a la fiscalía Anticorrupción. Un trabajo que sirvió de base a los investigadores, aunque no puede ser considerado una prueba.

(www.lavanguardia.es, 13/02/09)

CORREA AFIRMA QUE LÓPEZ VIEJO CARGA A LA COMUNIDAD DE MADRID GASTOS DEL PP

Francisco Correa -cabecilla de la trama empresarial que supuestamente se beneficiaba de sus relaciones con altos dirigentes del PP para conseguir contratos públicos o recalificaciones urbanísticas- se ufanó en una de las conversaciones con sus socios, grabadas y aportadas al sumario, de que un consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, cobraba comisiones por distintos favores y, además, obligaba a las consejerías a pagar con dinero público actos del PP que montaba el propio Correa.

En una de las afirmaciones más explosivas grabadas al jefe de la red de corrupción vinculada al PP, Francisco Correa, recibe una llamada de Álvaro Pérez, gestor de una filial de grupo afincada en la Comundad Valenciana, y le expone lo siguiente: "Alberto [López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid] se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio kilo".

A continuación, Francisco Correa, tras hablar de una promoción inmobiliaria en Las Rozas de un constructor implicado en la operación Malaya y que es muy amigo de un ex concejal de Vivienda del PP en Madrid, vuelve a detallar la operativa que ha tenido su trama para contratar con la consejería que dirige López Viejo. Es en este contexto cuando Correa comenta la deuda que la Comunidad de Madrid tiene con su grupo empresarial. Aclara que se trata de deudas por actos del Partido Popular que, supuestamente y según su relato, pagan directamente las Consejerías con el presupuesto de la Comunidad de Madrid. Lo hace fraccionando los pagos, siguiendo indicaciones del consejero que, según cuenta Correa, incluso les ha obligado a crear empresas para poder contratar con los distintos departamentos de la administración. Hace varios días, este periódico preguntó a López Viejo si su consejería había contratado los servicios de alguna de las empresas de Correa y lo negó tajantemente a través de un portavoz.

Aguirre destituyó el lunes a López Viejo que, durante los últimos años, se ha ocupado de los actos públicos de la presidenta de la Comunidad de Madrid y también de los actos del PP en la región. Su jefe directo, cuando hacía estas funciones y ocupaba el cargo de viceconsejero de Presidencia, era el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González.

(www.elpais.com, 11/02/09)

LÓPEZ VIEJO ORGANIZÓ ACTOS OFICIALES SIN ESTAR EN EL GOBIERNO DE MADRID

El equipo de Aguirre sostuvo ayer que el recién dimitido consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, organizó actos oficiales de la Comunidad antes de tener un cargo en el Gobierno de Esperanza Aguirre como viceconsejero de Presidencia. La explicación, ofrecida por fuentes del PP madrileño, implica admitir una irregularidad pero protege con un cortafuegos a quien fue titular de Presidencia entre noviembre de 2003 y diciembre de 2004, el vicepresidente Ignacio González.

Las citadas fuentes esgrimieron la versión antes citada cuando se les preguntó quién había contratado a Easy Concept (antes denominada Down Town Consulting), una de las empresas de la trama de Boadilla, para organizar el homenaje a los miembros de los operativos que intervinieron en el 11-M. Ese acto se celebró el 25 de marzo de 2004 y, hasta exactamente dos meses después, el 25 de mayo,López Viejo no fue designado viceconsejero de Presidencia. Según el PP de Madrid, González no participó en la adjudicación de ese contrato a Easy Concept ni en los posteriores.

Antes de ser viceconsejero y desde su escaño de diputado autonómico, López Viejo operaba a modo de asesor extraoficial como encargado de gestionar "todos los actos de la presidenta", tarea que conservó una vez incorporado al Ejecutivo.

Como informó Público el pasado domingo, Easy Concept cobró 140.000 euros por organizar el homenaje del 11-M. El importe total se dividió en 15 contratos, todos ellos por cuantía inferior a 12.000 euros, cifra que la ley señalaba hasta 2007 como tope máximo para hacer adjudicaciones a dedo: es decir, sin concurso o procedimiento negociado, figuras todas ellas que obligan a tramitar un expediente documentado. "No daba tiempo", alegan ayer en el PP de Madrid. Y el interventor de Presidencia remachan "no puso ningún reparo" ni vio "atisbos de ilegalidad". La ley prohíbe fraccionar contratos para disminuir su cuantía y asegurar así la adjudicación directa.

En total, Easy Concept y Good and Better, otra de las sociedades del entramado societario que manejaban los presuntos sobornadores y traficantes de influencias, facturaron 562.000 euros a la Comunidad de Madrid entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005. Ambas firmas lograron 76 contratos directos, buena parte de los cuales procedían de adjudicaciones fraccionadas. El entorno de Aguirre aduce que, en el caso del 11-M, los contratos se trocearon por la urgencia de la tarea. En 2006, el Gobierno de Aguirre defendió en sede parlamentaria las adjudicaciones a ambas sociedades.

"Reticencias" de González

Al organizador López Viejo "se tardó tiempo en encontrarle hueco por las reticencias de Ignacio González", deslizaron las fuentes consultadas sin precisar qué causó esa desconfianza, pero poniendo el énfasis en que el vicepresidente no quería contar con él. De manera implícita, Aguirre ya endosó el lunes a su hasta entonces consejero de Deportes la responsabilidad exclusiva de que Easy Concept y Good and Better se hubieran colado en el engranaje de adjudicaciones.

(www.publico.es, 11/02/09)

UNA DE LAS EMPRESAS INVESTIGADAS OBTUVO 340.000 EUROS DE CULTURA

Una de las empresas de la red investigada por el juez Baltasar Garzón en la Operación Gürtel consiguió dos contratos de la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid por valor de 339.570 euros. La firma Servimadrid Integral, SL, obtuvo en 2005 y 2006 los contratos para la organización y celebración de la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

En ambas fechas, el responsable de la Consejería de Cultura y Deportes era Santiago Fisas, actual consejero de Cultura, que ahora volverá a hacerse cargo de ambas carteras tras la marcha de Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes), quien dimitió el lunes después de que se conociera su relación con la trama de empresarios investigados, que encabeza Francisco Correa. Fisas declinó ayer pronunciarse sobre este asunto a través de un portavoz.

Según las pesquisas abiertas por Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para darlos supuestamente a empresas vinculadas a Correa. López Viejo adjudicó a estas firmas al menos nueve contratos por 75.338 euros entre 2004 y 2005. El importe de todos era inferior a 12.000 euros, lo que evitaba que fueran sacados a concurso y publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

En la primera convocatoria se celebró un concurso abierto, al que se presentaron tres empresas, según un portavoz de la Comunidad de Madrid. En octubre de 2005, con un presupuesto de licitación de 180.000 euros, Servimadrid Integral, SL, obtuvo la adjudicación por 18.000 euros menos y la oferta más barata de las tres aspirantes. Al año siguiente, la misma contratista mejoró la oferta de salida en 12.430 euros, pero esta vez optó al proceso en solitario.

El presupuesto del contrato, según la Comunidad de Madrid, contempla distintas actuaciones, como el montaje y desmontaje del escenario, invitaciones para 3.000 asistentes, servicio de catering, personal para atender a los invitados, decorados y medios técnicos para el acto, guión y documentación de la gala, siete estatuillas y una medalla cuyo diseño decide la Comunidad de Madrid. También están incluidos en esa partida la contratación de los presentadores de la gala, la proyección de un vídeo institucional y otra grabación homenaje para cada uno de los premiados.

Servimadrid Integral volvió a optar al concurso para organizar la gala de la cultura durante los dos años siguientes, en los que no resultó elegida. Desde 2007, se encarga de organizar el evento otra firma, Impulsa Iniciativas y Medios, SL, que en los últimos dos años ha obtenido el contrato por 151.850 euros (25.650 menos de lo que ofreció Servimadrid en una de las convocatorias anteriores) y 153.500. La Comunidad no ofreció ayer ninguna explicación de por qué resultó más cara la gala durante los años que la organizó Servimadrid. Enrique Conde, responsable de Impulsa Iniciativas y Medios, aseguró que el presupuesto que presentó su empresa y por el que organizaron el acto, les dejó un margen de beneficios "razonable".

La Medalla Internacional de las Artes se otorga desde el año 2000 para fomentar la cultura dentro de la Comunidad de Madrid. A lo largo de estos años han resultado galardonados, entre otros, el escritor Mario Vargas Llosa, la cantante de ópera Teresa Berganza y el tenor Plácido Domingo.

Las investigaciones sobre Servimadrid llevaron el pasado viernes a que funcionarios de la Policía Judicial requirieran documentos en los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda para investigar su relación con esta empresa, con Easy Concept y con Pasadena Viajes, vinculadas a la presunta trama de corrupción.

El alcalde de Boadilla, el popular Arturo González Panero -uno de los imputados en la trama- presentó ayer su dimisión como primer edil y anunció que se mantendrá de concejal en su municipio. El ex alcalde de Majadahonda, el también cargo popular Guillermo Ortega, dimitió como gerente del Mercado Puerta de Toledo el lunes y también ha resultado imputado en la trama que investiga Garzón.

(www.elpais.com, 11/02/09)

AGUIRRE SACRIFICA A DOS CARGOS DE MADRID ANTE EL ALUD DE SOSPECHAS

Apenas han hecho falta tres días desde que trascendió la investigación sobre cohecho relacionado con el PP para que dos de sus cargos en la Comunidad de Madrid hayan "presentado su dimisión". Aunque se presentara como una decisión voluntaria, la encargada de anunciarlo fue la propia presidenta, Esperanza Aguirre, quien calificó las dimisiones como necesarias y generosas para evitar que la causa judicial se relacione con la actividad de la Comunidad de Madrid. Alberto López Viejo, hasta ayer consejero de Deportes, y Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y hasta ayer gerente del Mercado Puerta de Toledo de Madrid, se convirtieron ayer en los dos primeros sacos de arena que pone el PP en su trinchera ante la ofensiva judicial que se avecina contra el partido.

Aguirre exculpó contundentemente a López Viejo, pero no lo hizo con Ortega. "Desconozco las razones que tiene para dimitir", dijo. Lo relacionó con un caso de corrupción denunciado en 2005 en torno a unas adjudicaciones municipales denunciadas por dos concejales del PP.

Según la investigación del juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, Alberto López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a Down Town Consulting, una de las empresas vinculadas al cabecilla de la trama, Francisco Correa. Esta firma pasó a llamarse Easy Concept Comunicación. López Viejo adjudicó a las empresas de la trama al menos nueve contratos por 75.338 euros entre 2004 y 2005. Todos, por importe inferior a 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso y entre ellos, un "acto para la recepción de deportistas paralímpicos" (10.747 euros) o una "lona para la Ciudad Olímpica" (3.176 euros).

Guillermo Ortega, en su etapa de alcalde de Majadahonda (entre 2001 y 2005), contó como jefa de gabinete con Carmen Rodríguez, esposa de Correa, otra de las investigadas. Ortega aprobó contratos con Special Events, la principal empresa de la trama de corrupción por más de 125.000 euros.

"Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid", declaró Aguirre. La presidenta insistió varias veces: "López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular". "Ha organizado los actos de la Comunidad", que definió como "poner sillas y luces", y algunos de los contratos han ido a parar a "empresas que son las que se están investigando". Esas contrataciones se hicieron con el único criterio de "la confianza que esas empresas daban a los técnicos de López Viejo".

"No teníamos ni idea", es el resumen exculpatorio de Aguirre. La presidenta aseguró que ella hizo indagaciones en 2005 para ver si se había contratado con Special Events, la empresa de Francisco Correa que por entonces ya era investigada y que la cúpula del PP con Rajoy había vetado en las contrataciones. "Pero resulta que las empresas mutan", sostuvo gráficamente Aguirre, es decir, cambian de nombre.

La presidenta de Madrid aseguró con contundencia, sin embargo, que, desde que ella preside el partido en Madrid (2004) "ni esta empresa ni ninguna de las otras ha organizado actos del PP". La Consejería de Deportes se integrará en la de Cultura y Turismo.

(www.elpais.com, 10/02/09)

EL TIRA Y AFLOJA EN GÉNOVA

- 10.00. "Tienes que dimitir". Francisco Granados cita en su despacho de Génova a Arturo González, alcalde de Boadilla (Madrid). "Tienes que dimitir por el bien del partido", le dice Granados. Se resiste pero cede, y pactan que González lo anunciará.

- 12.00. Aguirre habla con Rajoy. Granados llama a Aguirre para confirmarle que González ha cedido. Ésta habla con Rajoy y le da la noticia, que ya difunden algunos medios.

- 13.00: Rajoy: "Ya no es alcalde, ha presentado su dimisión". El líder del PP es tajante ante los periodistas: "Ya ha dejado de ser alcalde, ya no es alcalde. Ha puesto el cargo a disposición del partido y el PP de Madrid le ha aceptado su dimisión".

- 13.15: "Yo no he puesto mi cargo a disposición del partido". González, a menos de 200 metros de donde está hablando Rajoy, le desmiente. "No he puesto mi cargo a disposición", asegura a la salida de la Audiencia Nacional.

- 13.30: "Esto no tiene marcha atrás". Granados, enfurecido, llama a González y le dice: "Esto no tiene marcha atrás, tienes que dimitir, ya lo ha anunciado el presidente del partido".

- 15.00: "Es absurdo que dimita". Ya en Boadilla, el alcalde se siente más fuerte, comparece con 14 de los 16 concejales del PP y dice: "No dimitiré mientras no haya ninguna imputación".

- 19.00: Ya dimite. Granados convoca a todos los concejales en Génova y asegura que González dimitirá hoy. El alcalde acepta a cambio de que también se vaya la número dos de la lista, María Jesús Díaz, a la que estaba enfrentado.

- 19.20. Cese de un consejero madrileño. Aguirre anuncia en la Puerta del Sol la dimisión del consejero López Viejo y del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, gerente del Mercado Puerta de Toledo.

BAJO SOSPECHA DESDE HACE VARIOS AÑOS

Una veterana ex concejal del PP de un municipio de Madrid lo resume así: "A partir de 2000, cuando Aznar logra la segunda mayoría absoluta, todo cambia en el partido. Compañeros que habían estado en Nuevas Generaciones se hacen con el poder. No hay obstáculos para ellos".

Y así comienza el historial de relaciones entre políticos del PP madrileño con la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. En esa época Arturo González Panero y Guillermo Ortega ocupan la alcaldía de Boadilla y Majadahonda. Comienzan a tener relación con Francisco Correa, supuesto cabecilla de la red de empresas investigadas por el juez. En 2001, Special Events, la principal sociedad de la trama, se adjudica un contrato para la realización de un vídeo promocional en Majadahonda por 28.571 euros. Carmen Rodríguez, esposa de Correa y una de las investigadas por Garzón, era la jefa de gabinete del alcalde. Tan sólo unos meses antes había cesado como administradora de la empresa.

En abril de 2002, el alcalde de Boadilla viaja a Miami con Correa y otros dos concejales. Van a comprar propiedades inmobiliarias, según reconoce uno de los que estuvieron allí. Para entonces Panero ya había contratado varios viajes de hermanamientos entre municipios con la empresa Pasadena, firma que también está vinculada a Correa.

Para entonces Alberto López Viejo ya acumulaba sospechas por su gestión al frente de la Concejalía de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. A pesar de ellos, fue nombrado viceconsejero de Presidencia en mayo de 2004. Justo un mes antes este departamento adjudica 15 contratos a Easy Concept Comunicación, otra de las empresas de la trama, para organizar el homenaje del 11-M, por unos 130.000 euros en contratos separados menores de 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso público.

Pero Aguirre se deshizo en elogios hacia él. La presidenta regional, sin embargo, renunció a defender a Guillermo Ortega. "Desconozco las razones de su dimisión", dijo. Pero la dirigente aclaró que conocía el caso que acabó con Guillermo Ortega al frente del Ayuntamiento de Majadahonda. Aquel en el que "hubo dos tránsfugas", dos concejales del PP que denunciaron la venta irregular de una parcela y la adjudicación de la oficina de atención al ciudadano de Majadahonda a la compañía TCM (Tecnology Consulting Management). En ambos casos los beneficiarios eran empresas de la trama.

Aguirre no sólo dejó a los pies de los caballos a Ortega, a quien recolocó ella como gerente del Mercado Puerta de Toledo, sino que recordó que el actual alcalde de Majadahonda, su amigo Narciso de Foxá (PP), paralizó esos dos contratos en cuanto llegó al cargo. La diferencia de consideración que Aguirre mostró ayer entre López Viejo y Ortega fue sorprendente. La presidenta asumió toda la responsabilidad por la sonora discordancia entre Rajoy y el alcalde de Boadilla. Panero negó ayer haber cesado, pese a que Rajoy lo había anunciado poco antes. Finalmente, Francisco Granados, anunció que el alcalde dimitiría hoy.

(www.elpais.com, 10/02/09)

EL CONSEJERO DE DEPORTES ESCENÓGRAFO ELECTORAL DE AGUIRRE

Alberto López Viejo, de 41 años, miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP, que cesó ayer, es considerado un hombre estrechamente vinculado a Esperanza Aguirre. Fue responsable en 2003 de sus escenografías electorales, que montaba la compañía Special Events, regida por Francisco Correa, detenido por el juez Garzón. Como concejal de Limpieza entre 1999 y 2003, creó un servicio urgente criticado como superfluo y con cometidos duplicados por la oposición socialista, que trató de vincularle con un presunto trato de favor a varias contratas.

En mitad del mitin que realizaba José María Aznar en febrero de 2003, un joven de 17 años se levantó y gritó "¡No a la guerra!". Estuvo a punto de ser linchado. López Viejo se ocupó personalmente de desalojarlo de la sala. Del acto que él había organizado. Porque eso, ocuparse de los eventos, "del sonido, de la seguridad, incluso de llevar pinganillo", según algunos conocidos, es lo que le gustaba. "Era el que se encargaba de llenar los autobuses con militantes para que aplaudieran a Aguirre en las inauguraciones del metro", explica una compañera. Y así, Alberto López Viejo, de 41 años, se ganó la confianza de los de dentro del partido y conoció a otros, como Francisco Correa, que se dedicaban, también con dinero público, a algo parecido a lo que a él tanto le gustaba, la escenografía electoral.

Criado en Nuevas Generaciones en la época en que la organización estaba presidida por el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, el dimisionario consejero de Deportes entró en el Ayuntamiento de Madrid en 1995, de la mano de José María Álvarez del Manzano. Le pusieron al mando de los distritos de Carabanchel y de Usera. "Era joven, y tenía ganas. Era de los pocos que tenían un cargo a esa edad", recuerda un compañero suyo de la época de Nuevas Generaciones.

Ambicioso, deseoso de destacar y de que hablaran de él, no perdía ocasión para pedir la palabra en los plenos. A los pocos años, le llegó un regalo envenenado: concejal de Limpieza. Por fin dejaba atrás su etapa poco agradecida de concejal de distrito de las afueras y se hacía con un área. Pero, por lo general, si se habla mucho del concejal de Limpieza... mal asunto. Esto quiere decir que la ciudad está sucia, que la gestión no es buena.... Lo mejor es la discreción. Pero eso no cuadraba con el nuevo concejal, que estaba dispuesto a (y consiguió) que se hablara de él.

Se dio cuenta de que uno de los servicios más apreciados por los madrileños (y por el alcalde Manzano) era el Samur. Y se inventó uno para su área: el Selur, Servicio de limpieza urgente. Un equipo de barrenderos vestidos con uniformes brillantes que acudía a eventos particulares y desplegaba una eficacia y una rapidez encomiable: en la Puerta del Sol el 31 de diciembre, en procesiones, desfiles militares, en la cabalgata de Reyes... Siempre aparecían los empleados del Selur, con camiones modernos con destellos naranjas. Tanto, que se le acusó de ordenar a su flamante ejército limpiar con ahínco la acera de la discoteca Gabana, donde iban a celebrar la fiesta de boda la pareja Agag-Aznar. En otra ocasión, su tropa de limpiadores se encargó de barrer a los empleados de Sintel acampados varios días en la Castellana para protestar por sus despidos.

La presentación de este servicio (y la de muchas máquinas nuevas de limpieza) constituyó todo un símbolo del carácter de este edil que pensaba que el cargo le venía pequeño: una carpa, música y presentador, como si en vez de un equipo de limpieza se presentara una banda de rock. Alguno se echó las manos a la cabeza. Le acusaron de despilfarrador y de hortera. Pero López Viejo, un edil que había llegado al Ayuntamiento para que se hablara de él, estaba encantado. Pero las acusaciones pasaron de hortera, a presumible corrupto, y la oposición trató de vincularlo una y otra vez con presuntos delitos de doble contabilidad. Salió indemne. Pero cuando Gallardón llegó al Ayuntamiento no le quiso. Él captó la indirecta y se fue a los brazos de Aguirre, que lo colocó encantada como número seis de su lista y director adjunto de la campaña. Lo que él sabía hacer mejor. "Hoy es esperancista. Mataría por ella. Supongo que por eso, si es que ella se lo ha pedido, no ha dudado ni un momento en dimitir", cuenta un miembro del Comité Ejecutivo del PP madrileño que señala que "quien no puede ni verle es el vicepresidente, Ignacio González".

En un principio Aguirre fue reticente en incluirlo en su gobierno por las sospechas y permanente críticas que despertaba en la oposición, pero al cabo de pocos meses le nombró vicepresidente segundo de Presidencia, y luego consejero de Deportes y Juventud. Si se demuestra algo, dijo la presidenta, "tendrá que dimitir". Ayer todo se precipitó.

(www.elpais.com, 10/02/09)

AGUIRRE CORTA TRES CABEZAS POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región, Esperanza Aguirre, forzó ayer la dimisión de tres altos cargos de su partido por estar presuntamente relacionados con algunas de las empresas investigadas por el juez Baltasar Garzón en la supuesta trama de corrupción que podría afectar a este partido.El primero es un consejero de su Gobierno, Alberto López Viejo, responsable de Deportes, a quien Aguirre destituyó ayer, pero al que también defendió de forma absoluta porque «no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular».

Alberto López Viejo se ha dedicado desde siempre -primero como viceconsejero de Presidencia y luego como titular de Deportes- a contratar los actos de la presidenta y de gran parte de las consejerías. Muchos de esos contratos se hicieron con la sociedad Easy Concept.

Los otros dos dirigentes que dejan sus cargos son Guillermo Ortega, gerente de la sociedad Mercado Puerta de Toledo y ex regidor de Majadahonda, y Arturo González Panero, que se resistió hasta última hora de la noche a dejar su puesto de alcalde de Boadilla del Monte.

En un día de perros para el PP, lleno de confusiones por la resistencia del alcalde de Boadilla a dimitir, Aguirre decidió cortar por lo sano y forzar la salida de estas tres personas, aunque no le consta, según fuentes próximas a la presidenta, que alguno haya cometido los delitos que está investigando Garzón.

La clave es que los tres tienen algún tipo de relación con las sociedades de Francisco Correa, el conseguidor que, según la investigación, alardeaba de contar con el apoyo del PP para lograr contratos.

El más importante de los políticos que dejan su puesto es Alberto López Viejo, consejero de Deportes de Aguirre y persona de la máxima confianza de la presidenta, hasta ayer. El ex miembro del Gobierno de Madrid contrató durante años con sociedades vinculadas a Correa para hacer presentaciones y actos públicos de la presidenta y de multitud de consejerías. De hecho, Aguirre le preguntó en 2005 si estaba contratando con Special Events, una de las sociedades ahora investigadas, ya que se publicaron presuntas irregularidades en prensa. López Viejo le dijo que no. Lo que le ocultó es que lo estaba haciendo con otras sociedades controladas por los mismos empresarios, como Easy Concept.

Según Aguirre, que dio una rueda de prensa a las 19.15 horas para anunciar la destitución, «López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal» y dijo que dimite porque «no quiere que se mezcle la trama de investigación de Garzón con actos de la Comunidad de Madrid» y «evitar así fomentar una campaña de desprestigio orquestada contra el PP».

Aguirre también anunció la destitución de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y actual gerente del Mercado Puerta de Toledo. En su etapa como regidor, presuntamente contrató a sociedades de la trama de Correa. Su entonces jefa de Gabinete, María del Carmen Rodríguez, es esposa de Correa y el viernes fue detenida por Garzón, aunque después fue puesta en libertad.

El que se resistió como pudo y hasta el último momento fue el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. Aguirre habló en la noche del domingo con su número dos en el PP, Francisco Granados.Y decidió que Panero debía dejar su puesto ya que durante la investigación de Garzón se han conocido cintas presuntamente comprometedoras para él: «Si doy la cinta que tengo del Albondiguilla [el mote que usa Correa], se caga; pero yo también voy al trullo», aseguraba el empresario.

Granados le citó a las 10.00 de la mañana y le exigió que dejara la Alcaldía. Panero aceptó, pero le pidió que antes le dejara hablar con el juez Garzón para anunciarlo él posteriormente.Mientras el regidor visitaba al magistrado, Aguirre le comunicó la dimisión al presidente del PP, Mariano Rajoy, y éste anunció en rueda de prensa que González Panero «dejará de ser alcalde de esa localidad».

Tras ese anuncio, la confusión fue mayúscula porque a la vez y a escasos 200 metros (la sede del PP está frente a la Audiencia Nacional), el regidor decía a los periodistas que no estaba imputado y que no pensaba dimitir.

Por la tarde, Granados convocó a Panero y a todos sus concejales y forzó su salida. Pero tuvo que aceptar una condición: la concejala María Jesús Díaz -enfrentada políticamente al alcalde- abandonará también el Consistorio. Díaz se enfrentó al regidor en el congreso local del PP y obtuvo un 43% de los apoyos. Desde entonces, las relaciones de los dos se rompieron definitivamente.

Las empresas de Correa no han trabajado sólo para la Comunidad de Madrid, sino también para el PP de la región. De hecho, el congreso regional que ganó Aguirre en diciembre de 2004 fue organizado por Special Events. Sin embargo, no fue su equipo el que lo organizó, sino el entonces presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero, ahora portavoz en el Senado.

(www.elmundo.es, 10/02/09)

LA TRAMA DE MADRID SE COBRA LAS CUATRO PRIMERAS CABEZAS EN EL PP

La trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón deja otra herida de guerra en el PP. Las relaciones de los empresarios implicados en este caso con algunos cargos populares hacen daño, y mucho, a la imagen del partido. Y en busca de algún tratamiento de choque, ayer se tomó la decisión de cortar cuatro cabezas políticas: las del consejero de Deportes en Madrid, Alberto López Viejo; el actual gerente del madrileño Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega --exalcalde del municipio de Majadahonda--; el actual alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y su número dos, María Jesús Díaz.

Pero esto es un resumen de una larga jornada que se vivió ayer en el PP y que, en algunos momentos, adquirió tintes de sainete. Valga como ejemplo el momento en el que Mariano Rajoy anunciaba en su sede que el alcalde de Boadilla dimitía y, casi a la vez, el aludido lo negaba en las puertas de la Audiencia Nacional. El final de esta pieza lo puso Esperanza Aguirre, que decidió entrar en escena a media tarde para poner orden.Este nuevo lunes negro de Rajoy (ya acumula varios en su biografía política) comenzó temprano, con la reunión de su comité de dirección. Allí se habló principalmente de corrupción. En su entorno había tomado fuerza la idea de que esta vez era el líder y no segundos espadas quien debía dar la cara y, de paso, exhibir autoridad.

Rajoy aceptó la sugerencia. Apareció en la sala de prensa del partido a las 12.45 horas, con sus vicesecretarios --su número dos, María Dolores de Cospedal, no estaba--; su jefe de gabinete y su responsable de justicia. Arrancó su discurso: admitió que algunos empresarios que investiga Garzón han sido "proveedores" de servicios al PP, pese a que el sumario que se está instruyendo es secreto y él, matizó, lo desconoce.

El líder del PP anunció otra investigación interna "a nivel nacional y regional" (en Madrid y Valencia) y cargó contra las "filtraciones" a los medios ya que, según apuntó, "hacen daño al PP en su conjunto". Y señaló que pediría amparo en la Audiencia Nacional y en el Consejo General del Poder Judicial, además de personarse en la causa. Eso sí, restó importancia al hecho de que hayan sido exediles del PP los que hayan favorecido que este caso salga a la luz.

"Todas las contrataciones que ha hecho esta casa se han hecho en el marco de la legalidad", garantizó Rajoy, que añadió que tampoco ha recibido donaciones de los detenidos. "Si algún militante hubiera hecho algo ilegal, o que no se ajuste a los comportamientos que cualquier dirigente político debe mantener en el ejercicio de su cargo, el PP actuará con toda contundencia", agregó.

Asimismo, reconoció que, cuando supo en el 2003 que empresas como Special Events trataban de conseguir contratos usando fraudulentamente el nombre de su partido, cortó relaciones con ellas. Y si se enteró, ¿por qué no lo denunció entonces?, se le preguntó. "No me pareció que aquello fuera una actividad delictiva", respondió.

A continuación, comunicó que el alcalde de Boadilla había puesto su cargo a disposición del PP, pese a declararse inocente. Aceptaba el gesto por el bien de la imagen del partido. ¿Y quién se lo había dicho a Rajoy? Pues la propia Esperanza Aguirre, que, según especificó, le autorizó a contarlo. Pero mientras, el afectado desautorizaba al líder sin pudor y negaba su dimisión.

Nadie entendía nada de lo que ocurría en el PP. ¿Quién decía la verdad? ¿Quién dimitía? En medio del caos, el PP de Madrid trató de arreglar el entuerto. Así, su secretario general, Francisco Granados, aclaró que se había reunido a las diez de la mañana con el alcalde de Boadilla y que había obtenido su compromiso de dimisión. Granados se lo dijo a Aguirre, y esta, a Rajoy. Y Rajoy, a los periodistas. Al mismo tiempo, el regidor de Boadilla se veía con el juez Baltasar Garzón. No estaba imputado. De momento, pese a las revelaciones sobre sus supuestas y sospechosas posesiones en Miami. El alcalde reculó y decidió que no se iba.

Granados telefoneó a González Panero y le avisó de que o se marchaba o le echaban. Ninguno cedía. Se convocó una reunión con los ediles de Boadilla. Siete y media de la tarde. Aguirre convocó con urgencia a la prensa. A saber: anunció la dimisión de su consejero Alberto López Viejo --por contratar servicios con esas empresas--, así como la del exalcalde de Majadahonda, que hasta ayer dirigía una sede comercial madrileña.

Aguirre sostuvo que el PP de Madrid, desde que ella lo preside, no tiene relación con los investigados y que la reunión de Granados con el equipo de Boadilla daba frutos: hoy se irán el alcalde y su número dos. En total, cuatro cabezas en la cuenta de Aguirre, que insistió en la presunción de inocencia. Igual que con el espionaje, aunque ahí no dimite nadie. Es evidente que el PP tiene distintas varas de medir. Como en Valencia, donde ser imputado --como Carlos Fabra-- no implica, siquiera, perder la militancia en el partido.

(www.elperiodico.com, 10/02/09)

López Viejo y un cargo valenciano, aforados investigados por Garzón

El juez rechaza la personación del PP en el proceso por corrupción

UN ACTO INSTITUCIONAL DE 65.000 EUROS

Empresas tapadera para contratar en Madrid

El Gobierno de Aguirre tiene múltiples deudas con la red de Correa - El jefe de la trama facturaba con sociedades ajenas a petición del ex consejero López Viejo

Actos de la presidenta

Al estar ‘troceados’, los contratos no tuvieron que ser otorgados por concurso

Un solo homenaje, el del 11-M, dio lugar a 15 adjudicaciones

HABLA LA PRESIDENTA : "Ningún detenido es afiliado del PP"