FISCALES GENERALES DE RAJOY

EDUARDO TORRES DULCE LIFANTE :  ¿ UNO DE LOS NUESTROS? 

 

"El sumario del 11-M declaró unos hechos probados y esos hechos probados son incontestables; por tanto, ni la Fiscalía General ni nadie va a reabrir el caso del 11-M. Otra cosa es que se produzca algún tipo de denuncia que merece ser investigada, [lo] que no significa en modo alguno reabrir el caso, sino investigar los términos estrictos de esa denuncia y, si los hechos están ya judicializados o no merecen ningún otro tipo de reproche, pues archivarlo; no hay absolutamente nada más. No se trata en modo alguno de reabrir el sumario del 11-M sino de investigar unas afirmaciones inscritas en una denuncia concretamente; no puedo pronunciarme sobre si el hecho es constitutivo de delito. Siempre que se abren unas diligencias de investigación se abren ante la posibilidad de la concurrencia de ese o de otros delitos. Es un poco una apertura ‘in genere’, un poco en términos generales, por tanto no podemos hablar ni siquiera de prescripción ni siquiera de calificación delictiva, sino simplemente de un proceso de preinvestigación para confirmar la existencia o no de esos restos ferroviarios y ver la significación que tienen, post, [en] el proceso concretamente en relación, pero en modo alguno eso supone reabrir, insisto, algo que para el fiscal general del Estado y para cualquier autoridad significa que los hechos están ya probados en superior instancia".

 ( Torres Dulce en un momento de confusión mental generalizada y se supone que transitoria.12.03.12 )

ESTO ES LO QUE POR EL MOMENTO

DE LA MAZA, JOSE MANUEL
Madrigal, Consuelo
Comunicado de Eduardo Torres Dulce dimitiendo.18.12.14
Manual para cargarse el propio prestigio. JOSÉ YOLDI. 12.03.12
Torres Dulce y Libertad Digital
COMPARECENCIA COMISIÓN DE JUSTICIA. 25.01.12

Nace en Madrid allá por el año 1950. Proviene de una familia conservadora e integrada por varios juristas. Su padre, fallecido en 1997 fue Magistrado del Tribunal Supremo. Un tío suyo  fue Presidente del Tribunal de Orden Público durante la dictadura franquista , uno de sus hermanos Miguel Ángel es sacerdote próximo al Opus Dei y se encuentra en excedencia como Fiscal y su tío paterno Aurelio, también es sacerdote perteneciente al Opus Dei.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha estado destinado en Sevilla, Guadalajara y Madrid. En 1996 fue ascendido a la categoría de Fiscal de Sala y ha sido, desde entonces, entre otros cargos, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo , Jefe de la Sección de lo Penal, Vocal del Consejo Fiscal y Fiscal de Sala en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

Durante el mandato de Jesús Cardenal como Fiscal General del Estado en los gobiernos de Aznar ejerció de segundo en calidad de Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Durante su mandato se opuso a que los tribunales españoles investigarán a las dictaduras militares de Chile y Argentina.

Miembro cualificado de conservadora Asociación de Fiscales. Es conocida su afición por el cine y ejerce como crítico en el programa radiofónico Cowboys de medianoche (esRadio) perteneciente al Grupo mediático de ultraderecha Libertad Digital. También escribe en el periódico Expansión perteneciente al Grupo editorial italiano Rizzoli-Corriere della Sera (RCS), que controla Unidad Editorial en el que está integrado El Mundo,

En los  meses que ejerce de Fiscal General del Estado ha tomado las siguientes decisiones:

En primer lugar oponerse a que la Fiscalía se sume a la petición de nulidad de la sentencia que condena a Baltasar Garzón a 11 de años de inhabilitación por las escuchas de la trama Gürtel.  

En segundo lugar,  no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia no condenatoria de un Jurado a Francisco Camps y Ricardo Costa por el Caso Gürtel, pieza de los trajes. 

En tercer lugar,  respecto al Caso Urdangarín ha reiterado un día si y otro también que no ve motivo alguno para imputar ni llamar a declarar a su mujer, la infanta Elena de Borbón. Dicho esto la Fiscalía recurre la decisión de imputar a la Infanta Cristina 

En cuarto lugar, anunciar en un desayuno patrocinado por Nueva Economía Forum que se han abierto diligencias en la fiscalía de Madrid para que se investiguen los restos ferroviarios de los atentados del 11-M, encontrados en una empresa de Madrid. Admite que su decisión se basa en una información periodística, a partir de lo que él pidió al fiscal de Madrid que investigara el hallazgo para determinar si esos restos ya forman parte de algún proceso judicial. Y, si no, para que compruebe si son constitutivos de algún delito. El fiscal, que ha asegurado que ha tomado la decisión sin pedir informes policiales, ha apuntado que en caso de haber delito puede ser el de "obstrucción a la justicia". La información periodística que sustenta la investigación, según su explicación, es un reportaje de Libertad Digital.

En quinto lugar, forzando todo lo forzable, da instrucciones a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que cambie de criterio y acuse de colaboración con ETA al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y al inspector José María Ballesteros en relación con el caso Faisán. Para ello  ha impuesto su jerarquía estatutaria contra el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se inclinaba por imputar a los dos agentes únicamente un delito de revelación de secretos..

NOTICIAS SOBRE LOS SUSODICHOS

EL NUEVO FISCAL GENERAL NO CONVENCE A PSOE Y PODEMOS

Maza comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso antes de su nombramiento

PSOE y Podemos han cuestionado el nombramiento de José Manuel Maza como nuevo fiscal general del Estado. El hasta ahora magistrado del Tribunal Supremo ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Justicia del Congreso para cumplir con el trámite de examen no vinculante. No hay votación pese a la petición de Unidos Podemos-En Comú Podem, pero el portavoz socialista Juan Carlos Campo ha asegurado que su grupo “recela del nombramiento”. Jaume Moya, diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem , ha explicado que cuestionan “la idoneidad de Maza”.

José Manuel Maza será nombrado este viernes fiscal general del Estado por el Consejo de Ministros. Este miércoles compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde ninguno de los portavoces ha rebatido que reúne los méritos objetivos para el cargo, pero sí han puesto en cuestión su idoneidad. Jaume Moya, portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem, ha cuestionado a Maza por su “actividad frenética y muy bien remunerada”, al margen de su trabajo como magistrado del Tribunal Supremo. Según ha explicado, el que será nuevo fiscal general del Estado en sustitución de Consuelo Madrigal, ha colaborado intensamente en cursos, master y actividad vinculada a despachos y consultorías. En 2012 fue denunciado por un grupo de juristas y el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo censuró entonces esa actividad. “Soy culpable de enorme vocación docente”, ha respondido Maza.

El socialista Juan Carlos Campo ha explicado que la trayectoria de Maza no es suficiente para ocupar el cargo y “solo discrepancias de última hora sobre renovaciones de la cúpula fiscal" han apartado del cargo a Madrigal.

Maza fue preguntado por la actuación de la fiscalía respecto al proceso independentista en Cataluña, la aplicación de la ley mordaza, la memoria histórica, el caso Nóos o la prisión permanente revisable, entre otras cuestiones. A ninguna ha dado respuesta. Especialmente ha eludido valorar o anticipar la actuación contra responsables de la Generalitat de Cataluña, después de que querellas de la Fiscalía lleven camino del banquillo al expresidente Artur Mas y al diputado Francesc Homs, entre otros. Se ha limitado a decir: “El ámbito es el cumplimiento de la ley y tendré un Código Penal que cumplir”.

Sí ha sido claro al pronunciarse a favor de una nueva ley de enjuiciamiento criminal en la que el fiscal asuma la dirección de la investigación. Así, Maza ha pedido a los diputados que “de manera inaplazable aborden un nuevo procedimiento penal porque da vergüenza cuando uno sale fuera de España, porque somos los únicos con este sistema”. Se ha comprometido a hacer “los menos cambios posibles” en los cargos de la Fiscalía.

http://politica.elpais.com/politica/2016/11/23/actualidad/1479915319_698155.html

EL FISCAL GENERAL DEFIENDE SU PASO POR UN MÁSTER VINCULADO A LA MANO DERECHA DEL COMISARIO VILLAREJO

Un grupo de juristas denunció en 2012 que magistrados del Supremo coincidieran en Schola Iuris con abogados de imputados en Gürtel

La escuela es propiedad de un psicólogo forense socio de Rafael Redondo, quien comparte negocios con el comisario y participó con él en la Operación Cataluña

José Manuel Maza dice desconocer las relaciones del dueño de la escuela y que desde hace una década no se imparte el máster, por el que cobró "poquísimo"

El próximo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, defiende haber impartido clases en la escuela jurídica Schola Iuris como consecuencia de su “enorme vocación docente”. Este elitista instituto pertenece al psicólogo forense Ángel Benseny Pellicer, quien es socio de una empresa del conglomerado del comisario implicado en la Operación Cataluña José Manuel Villarejo. Maza ha respondido así a la cuestión planteada en la comisión de Justicia del Congreso por el portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Jaume Moya.

Schola Iuris mantiene su web y en ella ofrece un máster de Derecho Penal que costaría a los alumnos 14.000 euros. Dentro del claustro de profesores, junto a Maza, aparecen el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, o el exfiscal jefe de Madrid Manuel Moix. El próximo fiscal general, sin embargo, ha asegurado este miércoles ante la comisión de Justicia que la escuela dejó de impartir clases hace una década. “Ha desaparecido. Hace 10 años que acabó su historia y esto acabó”, ha dicho respecto a su colaboración con Schola Iuris.

Fuentes próximas a Maza han asegurado a eldiario.es que el magistrado del Supremo en excedencia desconocía las participaciones societarias de Benseny en otras empresas y, por tanto, sus posibles vínculos con el comisario Villarejo y terceras personas. Las mismas fuentes han añadido que Maza cobraba una cantidad pequeña por aquellas colaboraciones, que superaba en poco a lo que suelen retribuirle las universidades públicas con las que ha colaborado hasta ahora. Añaden que el fiscal va a solicitar al dueño de Schola Iuris que retire su nombre de la oferta para realizar el máster que aún consta en la página web.

En su intervención ante los diputados, Maza ha dicho: “Toda la vida he sido muy claro, me confieso ante todos ustedes culpable de algo, tengo una enorme vocación docente. Es frenética, es verdad”. El diputado Moya había sacado a colación el artículo de eldiario.es en el que el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo recuperó en 2014 una queja de dos años antes, formulada por un grupo de juristas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la misma, los juristas exponían los vínculos de magistrados del Tribunal Supremo, a través de esos cursos y otras actividades, con abogados de imputados en importantes casos de corrupción, como el caso Gürtel, o con denunciantes del juez Baltasar Garzón, condenado a la postre por el Alto Tribunal.

José Manuel Maza ha defendido este jueves que los magistrados “se aproximen a dar clase y a impartir algo de ciencia, de experiencia práctica”, al tiempo que ha recordado que es legal y “compatible”. En este sentido, ha añadido que la mayoría de sus colaboraciones no están vinculadas a la “docencia privada y costosa” sino a los colegios profesionales, principalmente de Madrid, pero también de Barcelona, San Sebastián o Almería. “En las privadas se cobra poquísimo”, ha recalcado.

El instituto jurídico Schola Iuris conserva su página web activa aunque dejó de presentar cuentas de su actividad en 2005. Su dueño, Ángel Benseny, es psicólogo forense en los juzgados de Madrid y se sienta desde 2011 en el consejo de administración de Cenyt Argo, que preside el abogado Rafael Redondo. Este letrado es socio de Villarejo en varios negocios y uno de sus máximos colaboradores.

El abogado de la Operación Cataluña

Redondo es la persona que fue a recoger a la estación de Atocha a Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, cuando ésta viajó a Madrid para denunciar en la Audiencia Nacional los presuntos delitos en los que habría participado el hijo mayor del expresidente de la Generalitat. Así consta en la declaración que realizó Álvarez ante el juez Pablo Ruz. Posteriormente, otro hijo de Pujol declaró en sede judicial que el comisario Villarejo les había ofrecido tumbar la causa que afecta a la familia si intercedían para detener la ofensiva soberanista.

Según la denuncia de Jiménez Villarejo y otros juristas ante el CGPJ, el dueño de Schola Iuris y José Manuel Maza viajaron en noviembre de 2004 a México para firmar un preacuerdo con las universidades de Guadalajara y Chihuahua, que permitiera que licenciados en derecho mexicanos cursar en Madrid el máster en Derecho Penal Práctico de la escuela. La web de becas MBA se refería a este viaje exponiendo que "el preacuerdo se adoptó aprovechando la presencia de Don Ángel Benseny en Méjico con motivo de Primer Congreso Mundial de Procuración, Impartición de Justicia y Ciencias Forenses, celebrado en el Estado de Chihuahua. En dicho evento estuvo también presente D. José Manuel Maza, Magistrado del Tribunal Supremo de nuestro país y profesor de Schola Iuris (…)".

El comisario Villarejo es dueño de un patrimonio millonario, según desveló El País en 2015. En la actualidad se encuentra imputado por participar en la presunta grabación ilegal a otros miembros de la Policía y dos agentes del CNI durante una reunión de la investigación al Pequeño Nicolás. El fiscal del caso se ha opuesto a la imputación del comisario jubilado el pasado verano.

http://m.eldiario.es/politica/general-defiende-vinculada-comisario-Villarejo_0_583392833.html

REBELIÓN DE LOS FISCALES CONTRA LA NORMA QUE RECORTA EL TIEMPO DE INVESTIGACIÓN

La Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales están recogiendo firmas para evitar que la ley que entre en vigor y quieren apoyar el informe emitido por sus consejeros, para se mantenga en el próximo Consejo Fiscal del día 20 de octubre.

Los fiscales anuncian "que se va a solicitar en el mismo, la suspensión de la entrada en vigor del referido artículo en tanto no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos, que posibiliten el cumplimiento de la norma".

La Ley 41/201 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, publicada en el BOE el pasado día 6 de octubre, introduce plazos concretos para la finalización de la instrucción lo que , según los fiscales, provoca consecuencias procesales que pueden "dar al traste con las investigaciones más complejas o incluso con los caso más sencillos que quedarán impunes".

Estos plazos son de seis y dieciocho meses, “según se trate de un asunto sencillo o complejo”, pero los fiscales aseguran que les colocan " en una irresoluble tesitura, al resultar de imposible cumplimiento el mandato legal con los medios personales y materiales con que se cuenta, puesto que, además, la obtención de datos que pueda realizar el Fiscal depende exclusivamente de la información que quiera facilitarle el Juzgado, sin que pueda asegurarse la bondad de los mismos"

Por tanto, concluyen los fiscales "hasta que no se produzca la necesaria reforma del proceso penal español tal medida de limitación temporal sujeta a control carece de sentido, de utilidad y resulta de difícil aplicación práctica por lo que el Consejo Fiscal solicita su supresión".

Carta al ministro Catalá

"Con esta carta queremos trasmitir la profunda inquietud que nos provoca la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada a través de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, -en vigor el próximo 6 de diciembre- en la que se impone al Ministerio Fiscal la responsabilidad del cumplimiento de los plazos que la propia ley establece para la instrucción de las causas penales, incluidas aquéllas incoadas con anterioridad a la entrada en vigor de la propia norma.

Si bien como fiscales no podemos negarnos a cumplir norma alguna en cuanto garantes de la legalidad fruto del mandato constitucional, entendemos que la reciente reforma procesal -duramente criticada por el Consejo Fiscal durante su tramitación como anteproyecto de ley- tendrá inevitablemente efectos indeseados en la administración de la justicia. Así las cosas, consideramos que la orden contenida en el reciente oficio enviado por la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado resulta de imposible cumplimiento con los medios personales y los recursos materiales con que contamos en la actualidad. Por ello, solicitamos al Consejo Fiscal, con el apoyo y aval de nuestra Fiscal General, que de manera explícita se traslade al Ministro de Justicia la solicitud de la carrera fiscal de que la citada norma (nuevo artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) no entre en vigor en el plazo de dos meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado -previsto en la Disposición final cuarta de la Ley 41/2015, de 5 de octubre-.

Nuestra petición consiste, en definitiva, en la suspensión de la entrada en vigor de la norma precitada durante el plazo que resulte indispensable para la necesaria dotación al Ministerio Fiscal de medios materiales y personales que hagan viable su debida ejecución, pudiendo cumplir así el mandato recibido del legislador".

http://cadenaser.com/ser/2015/10/13/tribunales/1444772266_156381.html

LOS FISCALES ACUSAN AL GOBIERNO DE DIFICULTAR LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La asociación conservadora arremete contra las leyes del Gobierno del PP

Los fiscales conservadores consideran que las leyes aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy provocan “graves dificultades en la investigación de las formas más graves de delincuencia, en especial de los delitos relacionados con la corrupción”. Esa es una de las duras conclusiones del congreso de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera y la más próxima ideológicamente al PP.

Se da la circunstancia de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, participó en la clausura del congreso celebrado en Zamora, pero rechazó quedarse en la cena posterior. También estaba presente la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, a la que la AF le reprocha no haber mantenido la posición crítica del Consejo Fiscal a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Las conclusiones de la AF extiende las críticas a las leyes del Gobierno a la reforma del Código Penal que entro en vigor el pasado mes de junio. Aseguran que la asociación “lamenta la aprobación de la Ley Orgánica de reforma del Código Penal, ya que evidencia la falta de una visión acertada y completa del derecho penal y la administración de Justicia en nuestro país”. Añade que “la Asociación de Fiscales considera inadecuada e innecesaria la reforma en los términos en que se ha producido, así como la premura de su entrada en vigor desde su publicación en el BOE”.

“Dislate” legislativo
Las conclusiones hacen un repaso a la actividad legislativa del Gobierno de Mariano Rajoy sobre Justicia y prácticamente rechaza todas las normas aprobadas.

Es especialmente dura con la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que entrará en vigor el 7 de diciembre y que, según explican, al limitar los plazos de instrucción dificulta la lucha contra la corrupción. Según explican, “refleja un absoluto desconocimiento del funcionamiento interno de cada Fiscalía e implanta una carga de trabajo irracional en relación a los medios materiales disponibles”.

“La exclusión del control judicial de oficio de la duración de la instrucción y sus prorrogas es un dislate pues es la oficina judicial quien tiene el dominio efectivo del procedimiento y por tanto quien puede cumplir la finalidad pretendida”, aseguran los fiscales. Sobre este asunto, la Asociación de Fiscales “lamenta la inflexible postura del Ministerio de Justicia precipitando la entrada en vigor de la reforma en periodo electoral y pide a la Fiscal General del Estado un pronunciamiento expreso de apoyo a la postura mayoritaria de la Carrera Fiscal en este tema”.

Critica también que el Gobierno haya renunciado a su intención inicial de dar a los fiscales la instrucción.

La Asociación de Fiscales, además, incluye en sus conclusiones duros reproches al Gobierno por no haber dotado al ministerio fiscal de medios suficientes para asumir sus funciones, ni haber ampliado la plantilla en los últimos años.

“El debido funcionamiento de la justicia exige que la justicia profesional sea desarrollada por un número suficiente de fiscales, con una progresiva reducción de la desproporción entre ciudadanos por cada fiscal, en paralelo a lo que sucede en el resto de Europa. Para tal fin, resulta imprescindible contar con las herramientas que permitan determinar la carga de trabajo de cada fiscal", asegura.

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/25/actualidad/1445795711_715265.html

FISCALES INDEPENDIENTES CRITICAN QUE TORRES-DULCE FICHE POR UN BUFETE SIN ESPERAR DOS AÑOS TRAS SU CESE

El Gobierno autoriza al ex fiscal general de Estado a incorporarse a la firma Garrigues

No se cumplen los dos años de incompatibilidad que fija la ley para los altos cargos.

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha criticado este martes mediante un comunicado la decisión del Gobierno de autorizar al ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce para incorporarse al bufete de abogados Garrigues sin respetar el plazo de dos años de incompatibilidad que contempla la Ley tras el cese de altos cargos.

Según APIF, parece "enormemente preocupante" la decisión de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Gobierno, de permitir la incorporación del anterior fiscal general del Estado a un despacho de abogados.

"Es curiosa en primer lugar la fecha en que se adopta, idónea para disminuir el impacto público de la noticia al conocerse en mitad de agosto", considera esta asociación de fiscales, tras recordar que trata de un fiscal general que ahora mismo no habría agotado el plazo legalmente establecido de permanencia en el cargo "como garantía de independencia en su función".

Añade APIF que, "después de su inexplicada dimisión", Torres-Dulce "obtiene un beneficio gubernamental de gran importancia" que no consideran justificado.

"Creemos que el fiscal general del Estado es la figura clave para garantizar la aplicación de la ley, decisivo en las estrategias de la Fiscalía en la lucha contra el terrorismo, la corrupción, en las luchas contra los fraudes financieros -que han afectado estos años a importantísimas entidades bancarias-, y además de ser quien decide nombramientos claves en la Fiscalía", añaden los fiscales independientes.

'Depositario de secretos'

Por otra parte, APIF recuerda que Torres-Dulce "es depositario de secretos, de aspectos fácticos de las investigaciones que no deben ser conocidos y que son inherentes a su cargo, conoce de las opiniones que se vierten en las juntas de Fiscalía, de los pareceres de todos los fiscales a quienes quiere consultar".

Por ello, subrayan que desde el Gobierno se considere "que no hay inconveniente en no respetar el plazo de dos años de incompatibilidad después del cese para trabajar en un despacho de abogados obliga a reflexionar sobre las causas de su cese en el cargo, los silencios sobre las mismas y pone de manifiesto la necesidad de instaurar un código ético en la Fiscalía".

Todo ello, concluyen, no beneficia nada la imagen de la Fiscalía y la necesaria autonomía respecto del Gobierno, y por ello la esta asociación lamenta profundamente la decisión adoptada.

Torres-Dulce cesó el pasado 19 de diciembre, antes de que concluyera su mandato. Alegó motivos personales, si bien desde diferentes ámbitos se apuntó a su falta de sintonía con el Gobierno como causa esencial de su decisión.

http://www.elmundo.es/espana/2015/08/11/55ca160f46163f332b8b4583.html

EL PASO PREMATURO DE TORRES-DULCE A LA ABOGACÍA MOLESTA A LOS FISCALES

El Gobierno permite al ex fiscal general del Estado no cumplir los dos años de incompatibilidad tras su cese

La decisión del Gobierno de autorizar al anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, incorporarse al despacho de abogados Garrigues sin haber cumplido el plazo de dos años de incompatibilidad tras su cese ha irritado a un sector del ministerio público. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), no mayoritaria, calificó este martes de “enormemente preocupante” la decisión de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ejecutivo, de dar luz verde a Torres-Dulce a su paso a la abogacía tras no agotar el plazo de permanencia en el cargo “como garantía de independencia en su función”.

Torres-Dulce dimitió el pasado 19 de diciembre, antes de terminar su mandato. Aunque el adujo “motivos personales” en su salida, su mandato estuvo marcado por la falta de sintonía con el Gobierno. El máximo responsable del ministerio público tuvo que hacer frente a fuertes presiones desde el ministerio de Justicia en asuntos como los casos de corrupción que afectan al PP, o la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y tres consejeros de su gobierno por el simulacro de consulta independentista del 9 de noviembre.

Álvaro García, presidente de la Asociación Progresista de Fiscales (UPF), tras mostrar su aprecio personal por Torres-Dulce, calificó de “chocante” la autorización otorgada por el Gobierno para ejercer la abogacía de forma prematura a lo establecido en normativa de incompatibilidades de altos cargos.

“El puesto de fiscal general del Estado es muy sensible por el caudal de conocimientos que tiene sobre investigaciones y sobre la estructura y las instituciones del Estado. En cierto sentido, es equiparable al de un ministro del Interior. Que todo ese caudal se ponga ahora al servicio de defender a quien nosotros acusamos debería hacernos reflexionar”, afirma García.

Por su parte, la APIF, en un comunicado, calificó de “curiosa” la fecha elegida para dar la autorización, “idónea para disminuir el impacto público de la noticia”. La asociación independiente, al igual que la UPF, recordó que Torres-Dulce “es depositario de secretos, de aspectos fácticos de las investigaciones que no deben ser conocidos, y conoce de las opiniones que se vierten en las juntas de Fiscalía”, por lo que lamentó “profundamente” la decisión adoptada por el Gobierno.

http://politica.elpais.com/politica/2015/08/11/actualidad/1439312222_205208.html

EL GOBIERNO ELIGE A CONSUELO MADRIGAL COMO FISCAL GENERAL DEL ESTADO

La fiscal, actualmente al frente de la Fiscalía de Menores, sustituirá a Torres-Dulce

Será la primera mujer en ese puesto

El Gobierno ha optado por una mujer, conservadora y de marcado perfil profesional para sustituir al dimitido Eduardo Torres-Dulce al frente de la Fiscalía General del Estado. Consuelo Madrigal, hasta ahora fiscal coordinadora de menores, será desde el 10 de enero la fiscal general del Estado, según ha anunciado el Ejecutivo. Será la primera mujer en ocupar este cargo en la historia española. Antes tendrá que emitir informe el Consejo General del Poder Judicial y someterse el 8 de enero al examen en la Comisión de Justicia del Congreso. El nombre de Madrigal fue sugerido, entre otros, por los dos últimos fiscales generales, Torres-Dulce y Cándido Conde-Pumpido, y asumido por el Ejecutivo.

Su perfil es estrictamente profesional para salir de la crisis política creada por la dimisión de Torres-Dulce, después de una larga cadena de desencuentros con el Gobierno. Al ruido político generado por la renuncia al frente de una de las instituciones clave del Estado, respondió con la propuesta técnica el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Para bajar también la temperatura política por la renuncia, la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, se aferró, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a dos argumentos de los que no se movió: la dimisión solo obedece a motivos personales y, además, la futura Fiscal General del Estado tiene un largo currículo profesional.

“Su trayectoria es absolutamente irreprochable”, dijo la número dos del Gobierno, al tiempo que insistió en que Torres-Dulce dimitió “en el ejercicio de la autonomía que caracteriza el propio funcionamiento de la fiscalía en nuestro país”. Además, negó presiones a la institución.

Madrigal no pertenece a ninguna asociación de fiscales, pero es considerada como una persona conservadora. Recientemente optó al cargo de teniente fiscal pero, finalmente, fue Luis Navajas quien logró el apoyo de la mayoría del Consejo Fiscal para el cargo. El mandato del Fiscal General termina al tiempo que el del Gobierno, por lo que, en principio, deberá cesar dentro de un año, tras las elecciones generales. No obstante, si el PP volviera a ganar las elecciones tendría la posibilidad de renovarla en el cargo.

La Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) consideraron acertada la designación. El portavoz de la conservadora y mayoritaria AF, Emilio Frías, destacó su “trayectoria intachable tras muchos años en el Tribunal Supremo y como fiscal de Sala” y el hecho de ser una gran conocedora del Derecho Penal. Y el presidente de la progresista UPF, Álvaro García Ortiz, destacó que se trata de una fiscal de contrastada trayectoria que será bien recibida por la Carrera.

Militante antiaborto

En 2004, Cándido Conde-Pumpido era magistrado del Tribunal Supremo y le tocó participar como tal en la revisión de la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga sobre la privatización de la empresa textil Intelhorce. Escuchó a una fiscal defender brillantemente el recurso en el alto tribunal hasta conseguir que se elevaran las penas y se condenaran a alguno de los absueltos antes, incluyendo a alguno de los cargos públicos inicialmente procesados. Se quedó con el nombre de Consuelo Madrigal Martínez-Pereda por su capacidad técnica y cuando fue designado fiscal general del Estado la designó fiscal coordinadora de menores.

Desde entonces, Madrigal (Segovia, 1956) coordina a más de 200 fiscales y, además, su especialidad es la única que instruye los procesos, lo que exige mayor capacidad técnica.

Casada con un magistrado y familia de juristas, la próxima fiscal general se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1978 con calificación de sobresaliente. Sus compañeros la definen como sensata, con sentido común, reflexiva y buena jurista. Es de perfil conservador. En 2008 firmó un manifiesto de “Mujeres contra el aborto”, en el que se expresaba la “indignación por los hechos que suceden en las clínicas acreditadas en España para la práctica del aborto, cuya difusión nos ha conmocionado, y proponer una serie de medidas que permitan superar esa forma de violencia contra la mujer que es el aborto incontrolado que existe de hecho en nuestro país”.

Añadía que “la percepción errónea del aborto como un derecho garantizado por los poderes públicos (y no como un ilícito penal), el fraude generalizado en su práctica y la falta de información sobre riesgos y alternativas, hace que el número de abortos crezca año tras año”.

Lleva en la carrera fiscal desde 1980 con el número tres de su promoción. Su primer destino fue en la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, donde ejerció de enero de 1981 a noviembre de 1982; pasó a teniente fiscal de Palencia hasta mayo de 1984; y en la Fiscalía de Madrid hasta 1990. Hasta 1993, estuvo en el Tribunal de Cuentas, de donde pasó a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/19/actualidad/1418975204_842324.html

DIMITE TORRES-DULCE, FISCAL DEL ESTADO, POR DESAVENENCIAS CON EL GOBIERNO

El jefe de los fiscales pone fin a casi tres años de mandato

Eduardo Torres-Dulce ha presentado su dimisión como Fiscal General del Estado. Oficialmente, argumentó “razones personales”, pero desde hace tiempo sus relaciones con el Gobierno eran malas. Ya había amenazado con dimitir en varias ocasiones al anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y recientemente al actual, Rafael Catalá. Eran notables las tensiones y la ausencia de sintonía con el Gobierno que, legalmente, no podía destituirle, pero sí esperar a que él formalizara su dimisión y, como ha hecho ahora, no mover ni un dedo para mantenerle en el cargo.

Con esta dimisión son cuatro las renuncias que, por distintos motivos, ha tenido que afrontar el Gobierno de Mariano Rajoy en los últimos tres meses en puestos clave: los ministros de Justicia y Sanidad, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, respectivamente; el director general de RTVE, Leopoldo González Echenique, y ahora el fiscal general. Todos ellos, salvo Mato, por diferencias de criterio o falta de respaldo del Gobierno. El propio Mariano Rajoy subrayó ayer “la dedicación y esfuerzo” de Torres-Dulce, al tiempo que insistió en que se marcha por “motivos personales”.

Torres-Dulce llamó hoy a primera hora a Catalá para comunicarle su decisión, explicarle que no desea ningún cargo y que su intención es volver a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Precisamente, la jefatura de esa Fiscalía está vacante por decisión expresa de Torres-Dulce, que aplazó el miércoles ese nombramiento en el Consejo Fiscal.

Sucesión de desencuentros

Leyes. El Gobierno del PP pasó de pretender dar la instrucción penal a los fiscales a una reforma mínima de la Ley de Enjuiciamiento sin contar con la Fiscalía. De hecho, el Consejo Fiscal ha hecho duros informes de casi todas las leyes de Rajoy.

Cataluña. El Gobierno intentó una actuación más rápida y contundente tras el 9-N, aunque hubo querella como quería el Ejecutivo.

Corrupción. El PP reprocha a Torres-Dulce falta de autoridad en sumarios que le afectan, sobre todo, en Gürtel.

Nombramientos. El Ejecutivo designó magistrado del Tribunal Constitucional a Antonio Narváez, teniente fiscal del Supremo, sin consultarle. Justicia puso al frente de Eurojust —organismo europeo de coordinación judicial— a la fiscal Teresa Gálvez a sus espaldas. El PP pactó la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin incluir, por primera vez desde 1978, a ningún fiscal.

Otras decisiones. Gallardón no avaló y abortó el proyecto de fiscal europeo en el que trabajaba la Fiscalía y se han desoído las peticiones de aumento de plazas de fiscales.

En octubre de 2013, Torres-Dulce hizo un primer amago de dimisión ante Gallardón. Se quejaba de decisiones y nombramientos que afectaban a la carrera fiscal y sobre los que no fue consultado. Se sentía ninguneado. Tampoco se pidió su opinión cuando se puso en marcha el borrador de Código Procesal Penal, que daba la instrucción a los fiscales. Ni lo ha sido ahora, cuando ese texto ha quedado reducido a una reforma muy parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que da marcha atrás y elimina ese papel instructor de los fiscales.

El pasado mes de abril lanzó en el Congreso un duro alegato contra la falta de medios legales, materiales y humanos para afrontar los grandes casos, sin obtener respuesta favorable del Gobierno.

Su falta de peso político en el Gobierno le dejaba al margen de esas decisiones y, a su vez, el Ejecutivo y el PP le achacaban falta de acción e influencia en los grandes casos de corrupción, así como escasa autoridad para dirigir un cuerpo autónomo, pero jerarquizado. Por ejemplo, dirigentes del PP no entendieron nunca que la fiscalía fuera la que provocara el ingreso en prisión de Luis Bárcenas, cuando la acusación popular pedía prisión eludible con fianza, es decir, menos que el ministerio público. Con esa notable excepción, no hay decisión trascendente de Torres-Dulce que discrepe de la posición del Gobierno. Por ejemplo, en la excarcelación de etarras, en las querellas sobre Bankia y preferentes y en el caso Faisán, entre otras.

Ni siquiera hubo diferencia de fondo al final sobre la querella contra responsables de la Generalitat de Cataluña sobre el 9-N, aunque sí hubo tensiones graves esos días con el Gobierno por el ritmo y la forma en la que Torres-Dulce gestionó la crisis, así como por el alcance de la acción penal. La conclusión es que la Fiscalía presentó la querella contra Artur Mas y varios de sus consejeros como pretendía desde el primer día el Gobierno. Y hubo coincidencia en los días previos para no intervenir y no frenar la consulta para evitar males mayores.

La dimisión se produce pocos días antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decida el lunes sobre la admisión a trámite de la querella. Fuentes jurídicas hablan de dudas notables sobre el futuro de la controvertida e inusual acción penal contra el Gobierno catalán. En principio, el Gobierno pretende anunciar hoy el nombre del sustituto. Se inclina por un miembro de la carrera fiscal. Una vez anunciado el nombre deberá someterse al dictamen del Consejo General del Poder Judicial y volver al Consejo de Ministros. El aspirante deberá someterse a examen en la Comisión de Nombramientos del Congreso y, si es aprobado, ser definitivamente nombrado por el Gobierno. El nombramiento presenta una dificultad, que es que su mandato acaba cuando cesa el Gobierno. Es decir, el elegido estaría solo un año en el cargo, salvo que vuelva a ganar el PP y vuelva a proponerle. O que introduzca un cambio legal en los próximos meses para prorrogar ese mandato.

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/13/actualidad/1415869681_611980.html

UN CONSEJO FISCAL DIVIDIDO APRUEBA EL INFORME DE LA LEY DEL ABORTO

Con 8 votos a favor y 4 en contra el Consejo Fiscal da el visto bueno a un informe que propone multar a las mujeres que aborten fuera de la ley

El Consejo Fiscal ha dado luz verde, con 8 votos a favor y 4 en contra, al informe sobre la ley del aborto que propone al Ministro Gallardón multar a las mujeres que interrumpan su embarazo fuera de los supuestos permitidos en el anteproyecto. El sector progresista del Consejo ha anunciado que emitirá votos particulares, por entender que la reforma de Gallardón se ajusta a la Constitución pero que es "innecesaria".

Con 8 votos a favor y 4 en contra, un Consejo Fiscal dividido ha aprobado su informe definitivo sobre la reforma propuesta por Gallardón para la ley del aborto: un texto que refleja la opinión oficial de los fiscales y que pide al Ministro de Justicia que imponga sanciones económicas a aquellas mujeres que aborten fuera de los supuestos permitidos por el anteproyecto. "Consideramos procedente mantener la previsión de una sanción a la mujer que se causa su propio aborto o consiente que otro se lo cause, al margen de los supuestos previstos", dice el texto aprobado, al que ha tenido acceso la SER. Fuentes fiscales interpretan que si una mujer no paga esta multa podría ir a prisión un día por cada dos de multa que haya dejado de pagar, en este caso un máximo de un año de prisión.

Se trata de una redacción final del informe preceptivo que ha tenido que ser suavizado desde que llegara a la mesa del Consejo Fiscal. Fuentes del Consejo han confirmado a la Cadena SER que el sector progresista formulará votos particulares contra este informe, por entender que la reforma de Gallardón es constitucional pero que en todo caso es "innecesaria". Un informe preceptivo que enviará el Consejo Fiscal al Gobierno en los últimos compases de la tramitación parlamentaria del proyecto de reforma de la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón, avalando el grueso de los artículos del proyecto y aplaudiendo que la vida del nasciturus sea equiparada en protección jurídica a la de la mujer en la mayoría de los supuestos: señalan que el aborto no es un derecho de la mujer, y que la vida del nasciturus no es "un bien a su libre disposición".

Proteger a las personas con discapacidad

El informe aprobado esta semana ve con buenos ojos que se elimine la posibilidad del aborto eugenésico (la interrupción del embarazo por malformación en el feto que no afecte a su seguridad o la de la madre), alegando que así la ley cumplirá con los tratados internacionales sobre la protección de personas con discapacidad firmados por España. Pero también pide cambios a Gallardón, como por ejemplo proponiendo que el daño psicológico de la mujer no sea un criterio vinculante a la hora de permitir un aborto por malformación del feto. A este respecto los fiscales también ven más razonable que sea un único médico el que redacte el informe facultativo, y no dos como propone Gallardón ya que podrían contradecirse entre sí, y no hay ningún mecanismo previsto para esta situación.

De la misma manera exige que todos los centros médicos garanticen que haya profesionales que no apelen a la objeción de conciencia para evitar interrumpir un embarazo en los casos permitidos: lo contrario, aseguran, condenaría a la mujer a un "peregrinaje indeseable". El Consejo avala el artículo que permite a un fiscal asumir la representación de los intereses de una mujer que quiere abortar, aunque su opinión sea distinta a la de la afectada.

Falta el informe del Poder Judicial

Este informe del Consejo Fiscal es uno de los análisis preceptivos que el Gobierno debe estudiar, aunque no tiene que asumir, para completar su anteproyecto de reforma de la ley del aborto. Otro de los informes principales que espera el ejecutivo es el del Consejo General del Poder Judicial, que será debatido en un pleno extraordinario del próximo 13 de junio. Los dos borradores que estudiará el CGPJ proponen cambios profundos a Gallardón.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/consejo-fiscal-dividido-aprueba-informe-ley-aborto/csrcsrpor/20140609csrcsrnac_6/Tes

TORRES-DULCE NO DEJA DEBATIR SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA

El fiscal ordena retirar un recurso en el Constitucional para sentar doctrina sobre el franquismo

La memoria histórica vuelve a los tribunales españoles

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no quiere que el Tribunal Constitucional siente jurisprudencia sobre las desapariciones de represaliados durante y tras la Guerra Civil; ni que debata sobre los efectos de la Ley de Amnistía de 1977; ni que se dé respuesta a las observaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU que, en 2008, manifestó su preocupación por “los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas”.

La decisión de Torres-Dulce culmina un proceso que se inició con la petición de amparo de una mujer, Purificación Lapeña, por la desaparición de su abuelo y tío abuelo, enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos. El tribunal decidió en noviembre no admitir a trámite la petición, por lo que ni siquiera entró en el fondo del asunto. Sin embargo, por sorpresa y en un trámite inusual, el fiscal del Constitucional Manuel Miranda recurrió esa decisión el 23 de diciembre con un escrito en el que argumenta que la petición reúne las condiciones para ser admitido a trámite, lo que permitiría que se entrara en el fondo del caso. El asunto estaba pendiente de que la sección Tercera de la Sala Segunda respondiera al escrito del fiscal. Pero no será posible. Torres-Dulce ha ordenado que se retire, según fuentes de la fiscalía.

Los argumentos que esgrimía el fiscal del Constitucional para pedir que se debatiera sobre las desapariciones del franquismo eran claros: “Este tribunal no ha tenido la oportunidad de abordar los efectos que una Ley de Amnistía puede tener sobre el deber de investigación judicial eficaz de hechos delictivos y su conexión con el derecho a la tutela efectiva”, señalaba. Además, destacaba “las diferentes interpretaciones que se vienen sosteniendo por los tribunales ordinarios” y apelaba a la existencia de “respuestas jurídicas, con argumentaciones no pocas veces contradictorias y sin ajustarse a unos mismos parámetros interpretativos” que se hacen para rechazar, una y otra vez, la investigación sobre desaparecidos. Es decir, a la ausencia de doctrina constitucional sobre este asunto.

La Sección Tercera de la Sala Segunda del alto tribunal decidió no debatir sobre el asunto al entender que la petición no incluía la justificación de la trascendencia constitucional que se requiere. Después de que el fiscal la justificara, no podrá hacerse porque Torres-Dulce no quiere.

http://politica.elpais.com/politica/2014/01/19/actualidad/1390165773_833126.html
 

LA FISCALÍA TAMBIÉN PROTEGE A GALLARDÓN: SE OPONE A QUE DECLARE EN EL 'CASO NÓOS'

Horrach rechaza la petición del exsocio de Urdangarin. La última palabra sobre la comparecencia como testigo del ministro la tiene el juez Castro, que hace unos meses desestimó llamarle como imputado

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sea citado como testigo en el marco del caso Nóos, tal y como solicitaba el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, quien solicitó su comparecencia para esclarecer cómo se negoció el convenio por el que una entidad sucesora de Nóos percibió 144.000 euros públicos para preparar la candidatura olímpica de Madrid 2016, sin que en la actualidad haya constancia de los trabajos realizados.

El Ministerio Público ha presentado este jueves un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma para mostrar su oposición, después de que el juez José Castro diese un plazo de diez días a las partes para que que se pronunciasen sobre la petición efectuada por Torres.

Y es que, según el fiscal Pedro Horrach, "nada nuevo" aportan los últimos correos electrónicos y documentos aportados por Torres que "alteren o modifiquen" las conclusiones de Castro, quien el pasado mes de septiembre ya desestimó abrir una pieza separada dirigida a investigar el papel que jugó Gallardón en el convenio por el que la Fundación pública Madrid 16 abonó unos 144.000 euros de forma presuntamente irregular a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS).

Según el Ministerio Público, esta diligencia "devendría necesaria" si los documentos aportados "tuvieran relación con lo que es objeto de investigación, y revelaran que alguna de las personas que cita en su escrito tuviese conocimiento de hechos" objeto de investigación. "Lo único que revelan dichos documentos es la intervención de don Alberto Ruiz-Gallardón y otros en actos institucionales ajenos al presente procedimiento", remarca el fiscal.

Junto al ministro, la defensa de Torres también solicitaba la citación del exministro de Industria José Montilla y del exsecretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky, entre otros, para que aclaren su intervención en las negociaciones del convenio investigado.

En su escrito, Horrach alude en concreto a la carta fechada el 11 de febrero de 2005 que aportó Torres y en la que Gallardón agradecía a Urdangarín su participación en la organización de la candidatura olímpica de Madrid para el año 2012, cuando, subraya, el hecho objeto de investigación en el caso Nóos es el convenio suscrito en octubre de 2007 entre la Fundación Madrid 16 y la FDCIS para la cantidatura de 2016.

"Y lo mismo puede predicarse del correo electrónico de fecha 17 de mayo de 2004 aportado por la defensa, del que se desprende la invitación a una serie de autoridades para asistir a una cena", añade el fiscal, abundando en que los correos relativos a la participación del entonces alcalde de Madrid en el libro editado por el Instituto Noos, 'El patrocinio visto por sus principales protagonistas', y en el acto de presentación del mismo, "ponen de manifiesto unos hechos no discutidos y objetivos que no necesitan de diligencias de prueba complementarias para apoyar su realidad".

Tal y como recalca Horrach, se trata de unas consideraciones que también pueden predicarse respecto de Montilla, Solbes y Lissavetzky, entre otros, cuya testifical "versarían sobre circunstancias ajenas a los hechos objeto de investigación".

Cabe recordar que también el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, ha solicitado la declaración de Gallardón al sostener que la "estrecha" relación y colaboración entre el ministro y el Duque de Palma "culminó" con la concesión de los 144.000 euros.

Por su parte, el juez, tras rechazar la apertura de una investigación en torno al papel de Gallardón, justificaba que hasta entonces no había aparecido en la causa dato alguno "revelador" de que el entonces alcalde de Madrid mantuviera reuniones, directa o mediante alguna persona interpuesta, con Urdangarin o cualquier otro responsable de la FDCIS, u otras actuaciones "tendentes a apartar de los cauces obligados o habituales la concertación del convenio que entre ambas fundaciones acabó suscribiéndose".

Sin embargo, el abogado de Torres apunta en su escrito que "es evidente que existía una relación entre Urdangarin y el actual ministro de Justicia, que venía de tiempo atrás". Una relación que, afirma, se centraba en aspectos "meramente deportivos ajenos a Nóos", como el vinculado a la colaboración del Duque de Palma en la candidatura olímpica de Madrid, mientras que en otras "los contactos sí tenían que ver de modo más directo con Nóos y los proyectos que malintencionadamente se ponen en tela de juicio".

http://www.publico.es/politica/498894/la-fiscalia-tambien-protege-a-gallardon-se-opone-a-que-declare-en-el-caso-noos

LA FISCALÍA SE ‘ALÍA’ CON LAS DEFENSAS EN ALGUNOS DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN MÁS IMPORTANTES

El representante del ministerio público se opuso a que Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid, ingrese de nuevo en prisión por el gran arraigo que tiene

Frente a la tópica imagen del fiscal que acusa en defensa del interés público, aunque no tenga por norma que adoptar siempre ese papel, los últimos y más relevantes casos de corrupción han contado con representantes del ministerio público que se han opuesto a las resoluciones del juez instructor y compartido argumentos con las defensas para intentar revocar las decisiones de los magistrados. Sus argumentos pueden estar tan fundamentados como cuando acusan, pero sus decisiones suscitan recelos en una opinión pública que asiste indignada a la frecuente inculpación de políticos, banqueros y empresarios.

El último caso lo protagonizó ayer el fiscal del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que se opuso con vehemencia a que Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, volviera a ingresar en prisión, como decretó el juez Elpidio José Silva tras una citación urgente. El banquero fue encarcelado el pasado 16 de mayo en la prisión de Soto del Real acusado de varios delitos societarios por supuestas irregularidades cometidas en la compra del City Nacional Bank de Florida, una operación que habría ocasionado pérdidas multimillonarias a la caja.

Entonces pasó un solo día entre rejas, el tiempo que tardó en depositar los 2,5 millones de euros que el juez le había impuesto como fianza. En esta ocasión el juez le ha negado esa posibilidad al decretar su prisión incondicional. En la ‘vistilla’ celebrada en la tarde de ayer en los juzgados de la Plaza de Castilla (Madrid), la representación de Manos Limpias, que ejercita la acusación popular, reclamó nuevas medidas cautelares para evitar que Blesa concierte con otros imputados una versión idéntica sobre los hechos de que está acusado.

El fiscal no lo vio tan claro y defendió que el ingreso en prisión es una medida excepcional que en este caso no está justificada por el gran arraigo social del expresidente de Caja Madrid y la certeza de que no va a eludir la acción de la justicia. No lo consiguió y ahora tendrá que ser la Audiencia Provincial de Madrid la que resuelva el recurso que la defensa del banquero presentará en las próximas horas. Un trámite que se puede prolongar hasta dos semanas, las que al menos tendrá que pasar Blesa en una celda.

También recientemente, Pedro Horrach, fiscal del ‘caso Nóos’, en el que está imputado Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina, se opuso a José Castro, el juez instructor, citara a la hija del Rey como imputada para que aclarase el conocimiento que tenía de los negocios de su marido. En esta ocasión se impuso el criterio del ministerio público, que recurrió el auto de su compañero ante la Audiencia Provincial de Palma y protagonizó, de paso, un hecho inédito: que el fiscal se oponga a una citación judicial que no presupone culpabilidad alguna. Castro no se ha dado por vencido, y está a la espera de varios informes de la Agencia Tributaria para decidir si vuelve a recorrer el mismo camino.

Por la calle Prim no han dejado de desfilar durante los últimos meses numerosos imputados con ‘pedigrí’ del ‘caso Gürtel’, los últimos ocho empresarios que presuntamente hicieron donaciones al PP a cambio de la adjudicación de obras públicas por parte de administraciones controladas por los populares. Conocidos hombres de negocios (Villar Mir, Luis del Rivero…) que se negaron a responder a las preguntas de las acusaciones, no así a las de sus letrados, el juez instructor, Pablo Ruz, y el fiscal anticorrupción, que hubo días que, para sorpresa de los presentes, no hizo ni una sola pregunta durante su turno de interrogatorio. En lo que si estuvo de acuerdo con el magistrado fue en retirar al PP de la causa, en la que pese estar personado como acusación su actuación se asemejaba más a la de la defensa de su extesorero, Luis Bárcenas.

Carlos Bautista, fiscal del ‘caso Faisán’, que está pendiente de que la Sala fije una fecha para celebrar la vista oral, ha pasado también por varios ‘estados’ a lo largo de la instrucción. Comenzó por pedir el archivo de la causa, contra la opinión de Baltasar Garzón, primero, Fernando Grande Marlaska después, y por último Pablo Ruz. Sin embargo, avanzada ya investigación cambió de opinión y coincidió con el magistrado en acusar a dos mandos policiales de haber alertado a ETA en 2006 de una operación policial en marcha. Sus conclusiones definitivas sostienen que los dos procesados incurrieron en un delito de revelación de secreto, pero no de colaboración con banda armada, como considera el juez.

http://www.eldiario.es/politica/fiscalia-defensas-casos-corrupcion-importantes_0_139986849.html

EL FISCAL ORDENA ACUSAR DE COLABORACIÓN CON ETA A LOS DOS ACUSADOS DEL CHIVATAZO

La Fiscalía de la Audiencia se inclinaba por imputarles únicamente revelación de secretos

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha ordenado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusar de colaboración con ETA al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y al inspector José María Ballesteros en relación con el caso Faisán, el supuesto chivatazo que permitió la huida del aparato de extorsión de la banda terrorista en mayo de 2006. Torres-Dulce ha impuesto su jerarquía estatutaria contra el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se inclinaba por imputar a los dos agentes únicamente un delito de revelación de secretos.

El artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal establece que “el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones”. Estas órdenes pueden tener, según la ley, “tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos”. Este ha sido el artículo es el que ha permitido a Torres-Dulce forzar al fiscal de la Audiencia Carlos Bautista a incluir en su escrito de calificación la colaboración con ETA como “alternativa” a la revelación de secretos. En el escrito, el fiscal de la Audiencia Nacional afirma que “la calificación jurídica alternativa se formula en virtud de lo dispuesto por el artículo 25” del Estatuto del ministerio público.

Por el delito de revelación de secretos, el fiscal solicita para el procesado Pamiés una pena de dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación para la profesión de policía, mientras que para Ballesteros, ascendido a comisario, pide un año y medio de cárcel y tres años de inhabilitación. Por la calificación alternativa de colaboración con ETA, impuesta por Torres-Dulce, las penas solicitadas son de cinco años de prisión y once años de inhabilitación absoluta tanto para Pamiés como para Ballesteros.

Los hechos del caso Faisán se remontan al 3 de mayo de 2006. Ese día, Joseba Elosua Urbieta, dueño del bar Faisán de Irún, centro neurálgico de la red de extorsión de ETA, situado en la antigua frontera con Francia, se reunió en una sidrería de Oiartzun (Gipuzkoa) con el colaborador etarra Ramón Sagarzazu y el fallecido dirigente del PNV Gorka Otxoa. La policía, que tenía intervenidas las comunicaciones de Elosua, sospechaba que en ese encuentro se iba a realizar la entrega de “nueve millones de pesetas” (54.000 euros), a las que los interlocutores se habían referido como “nueve botellas de vino”. Dicho dinero se entregaría al día siguiente en el bar Faisán al enlace etarra Cau Aldanur, residente en Francia y que siempre pasaba al lado español cuando Elosua le llamaba para hacerle entregas de dinero en el establecimiento.

Las fuerzas de seguridad españolas y francesas organizaron operativo policial para detener a los sospechosos de financiar a ETA y desmantelar su estructura el día 4 de mayo por la mañana. El acuerdo entre ambas policías consistía en dejar que Cau Aldanur se reuniera con Elosua en el Faisán, y una vez de vuelta en la frontera, se le detuviera y se constatara que portaba el dinero anunciado.

Según la Fiscalía, con el fin de “impedir la detención de Gorka Aguirre”, el dirigente peneuvista y supuesto proveedor del dinero, el jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamiés, contactó con el inspector de la comisaría de Vitoria José María Ballesteros y le encargó que esa mañana entrara en el bar Faisán para avisar a Elosúa de que Cau no entrara en España porque sería detenido inmediatamente. Según la fiscalía, Pamies buscaba una persona que no perteneciera a la plantilla de San Sebastián y no pudiera ser reconocida por los agentes encargados de la operación. Ballesteros, destinado en la Brigada de Información de Vitoria, investigaba el terrorismo yihadista.

El escrito recoge que Ballesteros recibió varias llamadas de Pamiés esa mañana del 4 de mayo de 2006. Sobre las 11:20 el inspector entró en el bar Faisán, y tras preguntar por Joseba Elosua, le pasó el teléfono móvil. Según la fiscalía, en la conversación, de ocho minutos, Pamiés le dio a Elosúa datos de la operación para hacerla creíble y evitar que Cau cruzara la frontera. Tras la conversación, el dueño del bar, acompañado por su yerno, pasaron a Francia, y según la conversación grabada en el coche, y pese a que Pamiés le dio instrucciones para que no hablara de ello, conversaron sobre el supuesto chivatazo.

Finalmente, el 22 de junio, todos los integrantes de la red de extorsión etarra fueron detenidos. Sin embargo, en ninguno de los registros se hallaron ni los 54.000 euros ni las cartas de impuesto revolucionario y los sellos de ETA que la Policía pensaba que Elosua ocultaba en una lonja de su propiedad a 200 metros del bar Faisán.

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/19/actualidad/1366372630_343953.html

TORRES-DULCE MOVILIZA A LOS FISCALES CONTRA LOS ESCRACHES A LOS POLÍTICOS

El fiscal general dicta una circular para que se vigile e informe de estos actos

“La fiscalía va a realizar el análisis de la relevancia penal y la respuesta”

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha movilizado al ministerio público contra los llamados escraches o protestas contra cargos políticos en su entorno privado. Les ha pedido información sobre estos actos, y además admite que está estudiando la aplicación de la ley sobre este tipo de movilizaciones.

El pasado 4 de abril, el teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General, José Miguel de la Rosa, les remitió sobre este asunto un oficio al que ha tenido acceso EL PAÍS. El escrito se dirige a los fiscales superiores que, a su vez, lo han hecho llegar a todos los miembros de la carrera. La Fiscalía empieza por asegurar que “en la actualidad se están produciendo situaciones de acoso al entorno personal de diferentes representantes parlamentarios y otros cargos institucionales, promovidos por afectados por procedimientos hipotecarios y otros colectivos similares”.

Añade que “la Fiscalía General del Estado va a realizar el correspondiente análisis sobre la relevancia jurídico-penal de cada una de estas situaciones, así como el estudio de la respuesta que, en cumplimiento de las funciones que tiene legalmente encomendadas, le corresponde adoptar al Ministerio Fiscal en relación con tales hechos”.

Hasta ahora, las asociaciones de jueces han asegurado que, al margen de la consideración que merezcan estos actos de protesta, no aprecian delito de quienes los convocan o quienes participan en ellos. De hecho, en algunos escraches significativos como el que se produjo en casa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no se produjeron detenciones, ni por tanto les serán exigidas responsabilidades penales a los participantes.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía, envió hace dos semanas a las comisarías una instrucción en la que se ordenaba identificar y detener a quienes participen en actos de señalamiento a políticos o escraches.

El escrito de la Fiscalía General del Estado da a entender que la posibilidad de que se actúe penalmente está aún pendiente de ese “análisis sobre la relevancia penal” de los escraches que suele convocar la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El oficio de la Fiscalía termina pidiendo a los fiscales que se informe de todos los actos de este tipo que se produzcan en su demarcación. “A los expresados efectos y sin perjuicio de las actuaciones que estime procedentes realizar en cada supuesto concreto, ruego informe a esta Secretaría Técnica de todos los acaecimientos de dicha índole que se produzcan en el territorio de su Fiscalía”, asegura.

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/08/actualidad/1365450452_930115.html

EL FISCAL DICE QUE EL JUEZ DEFORMA LA VERDAD AL IMPUTAR A LA INFANTA

Anticorrupción considera “discriminatorio” citar a la hija del Rey por meras “suposiciones”

La infanta Cristina, imputada por supuesta corrupción desde el pasado 3 de abril, no deberá acudir, de momento, a declarar ante el juez José Castro, en Palma. El instructor del caso Nóos, de supuesta malversación de seis millones de euros públicos por parte del esposo de la infanta, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, suspendió ayer el interrogatorio —previsto para el próximo día 27— hasta que la Audiencia de Palma no se pronuncie sobre la petición del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, de que se revoque el auto del juez y se levante la imputación de la esposa de Urdangarin.

José Castro atendió en menos de una hora la solicitud de Pedro Horrach de aplazar la comparecencia de Cristina de Borbón aunque resaltó en su providencia que no estaba obligado porque estos recursos “no suspenden el curso del procedimiento”. El juez se acogió a la lógica, como anticipó al saber que contaría con la oposición del fiscal, para evitar la posibilidad de que el recurso de apelación sea “ineficaz” y que exista “un hecho consumado”: que la Audiencia de Palma anule la imputación de doña Cristina una vez que él ya la haya interrogado.

 “La imputación a una persona de hechos que a priori no presentan rasgos delictivos es cuanto menos un trato discriminatorio”, asegura en su escrito, de 20 folios, el fiscal Horrach. El representante del ministerio público intenta deshacer, punto por punto, el auto del juez Castro, de idéntica extensión. Horrach refuta que sea demostrable que la Infanta, por el mero hecho de figurar en un folleto o por recibir información de Nóos, fuera cómplice o ejerciera influencia ilegal en los negocios de Urdangarin con las administraciones.

Horrach busca desactivar los 14 indicios apuntados por Castro para encausar a la hija del Rey. Y para ello utiliza incluso los argumentos que utilizó el propio magistrado en en marzo de 2012 cuando se opuso —de acuerdo con el fiscal— a la imputación de la Infanta Cristina solicitada por Manos Limpias. En aquella ocasion, la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, la misma que tendrá que resolver el recurso interpuesto ayer por Horrach, desestimó la pretensión del pseudosindicato ultraderechista.

En 2012, el juez Castro, para justificar la no imputación de doña Cristina dijo que “carece de sentido convocar a alguien como imputado a sabiendas de que, salvo que admitiera su responsabilidad se debería acto seguido sobreseer la causa”. El instructor ha cambiado de criterio porque disecciona nuevos correos electrónicos que explican negocios y relaciones del yerno del Rey y analiza documentos y testimonios que en 2012 desconocía.

El fiscal rechaza la validez penal de los nuevos indicios, y entabla un diálogo retórico. “¿Qué hecho, dato, circunstancia, documento, testifical o cualquier otro elemento incriminatorio ha sobrevenido que altere sustancialmente las consideraciones penales utilizadas para desestimar anteriormente la imputación?”, se pregunta. Y a renglón seguido, se contesta: “Absolutamente ninguno”.

Pedro Horrach no ve en los 41.000 folios de la causa “elemento ni indicio probatorio alguno”, ni hechos, que impliquen que la Infanta tuviera “un mínimo conocimiento de la presunta actividad delictiva de su marido”. Además, refuta que con la comunicación, o no, del criterio del Rey a la Infanta contra los negocios de su yerno se pueda hilvanar una acusación.

El representante de la Fiscalía Anticorrupción, en unos comentarios de pasillo a los periodistas, rechazó haber recibido presiones políticas o órdenes de la cúpula del ministerio público para actuar contra la imputación. No ve densidad penal en los correos entre los duques de Palma, ni en la cuenta corriente compartida, ni en el hecho de que la infanta participara en la sociedad Aizóon, desde la que supuestamente Urdangarin cometió los delitos fiscales de los que viene siendo acusado.

El fiscal formula una tesis exculpatoria de la hija del Rey porque entiende que no hay “absolutamente ningún indicio” que permita proceder penalmente contra la hija de los Reyes. Y reprocha al juez que en vez de ir a la búsqueda de la verdad material, “la ajusta a expectativas o sospechas personales, deformándola”. El fiscal reitera que el juez Castro “otorga valor de indicios a suposiciones”.

 “Lo único que está claro”, según el fiscal, es que la infanta figuraba como vocal del Instituto Nóos, que presidía Urdangarin, y que su nombre aparecía en el folleto publicitario. De manera “solapada”, afirma Horrach, el juez Castro plantea un posible delito de tráfico de influencias. “La mera aparición de un nombre en los folletos de Nóos, no es en sí mismo suficiente para para la comisión de la citada figura delictiva”, rebate el fiscal.

Fiscal y juez asumen con naturalidad este primer choque en dos años de investigación conjunta del caso Noos. Para Pedro Horrach se trata de una mera “discrepancia jurídica”, no un "distanciamiento”. Para José Castro, la divergencia “enriquece” la causa y no fractura la relación. Ayer mismo, el fiscal acudió al juzgado para registrar su apelación ante la Audiencia y se reunió con el juez durante 20 minutos.

El instructor imputó a la infanta contra el criterio del fiscal, pero, al mismo tiempo, adoptó cautelas. Dijo que “deviene inevitable” que doña Cristina declare como imputada con el fin de despejar cualquier duda y no dejar sombras ni incógnitas. Se basó en la cita del Rey en el discurso de Navidad de 2011 de que “la justicia es igual para todos”, y advirtió a la esposa de Urdangarin que su imputación puede quedar en nada.

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/05/actualidad/1365192125_764348.html

EL FISCAL CREE QUE LA DECISIÓN DE RUZ ES “LO MEJOR” PARA ACELERAR EL ‘CASO BÁRCENAS’

El fiscal general del Estado acepta la renuncia del fiscal superior de Cataluña

Al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, le parece “la mejor decisión posible” que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz haya abierto una pieza separada para investigar los papeles de Bárcenas en el marco del caso Gürtel. Durante un acto celebrado este viernes en Huelva, el fiscal general señaló que la investigación de ambos casos en el mismo juzgado es “lo mejor” que podría ocurrir para “no dilatar” las pesquisas de los llamados papeles secretos de Bárcenas, donde se investiga si hubo sobresueldos a altos cargos del PP que no fueron declarados al fisco. Estas manifestaciones se producen después de que el juez Ruz haya emitido un auto en el que entiende que existe una conexión entre el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas. El caso Gürtel acumula más de 700.000 folios de diligencias, lleva cuatro años de instrucción y aún no está claro cuando acabará esta.

El caso de los papeles lo estaba investigando, de oficio, el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral. Llevaba algo más de un mes con él y había pedido abundante información contable tanto al PP como a la Agencia Tributaria y al Tribunal de Cuentas. Al asumir también Ruz este asunto, el fiscal tiene que abstenerse de seguir investigándolo y remitirle toda la documentación recabada. Torres-Dulce elogió este viernes la actuación desarrollada durante este tiempo por Anticorrupción. Señaló que el papel de la fiscalía estaba siendo “muy activo” y tenía un objetivo “muy concreto y determinado”, pero que, “una vez que se judicializa un asunto, lógicamente la existencia de un proceso en un juzgado obliga a la fiscalía a cerrar las investigaciones”. El trabajo desarrollado durante las últimas semanas por Anticorrupción tendrá su continuidad a partir de ahora en el juzgado de Ruz. Con independencia de que algunas de las pruebas que ya había implementado la fiscalía, dado que el asunto se ha judicializado, tengan que reproducirse ante el juez Ruz.

La decisión del juez de asumir este asunto se produce después de que varios juzgados, entre ellos el Central 3 de la Audiencia Nacional, hubieran recibido querellas de distintas asociaciones para que se investigasen los papeles de Bárcenas.

Bárcenas al juez: “Fui al notario, harto del runrún sobre mi fortuna”

El PP justifica su demanda porque “la información debe tener límites”

Ruz ha llegado a la conclusión de que existe conexión entre el caso Gürtel y el de los papeles del extesorero del PP tras analizar un informe de la policía que detecta coincidencias entre ambos asuntos.

Una de esas coincidencias tiene que ver, por ejemplo, con Pablo Crespo, imputado en Gürtel como miembro de la red que dirigía Francisco Correa. Crespo fue secretario de organización del PP de Galicia. En un registro, la policía halló una supuesta doble facturación de los actos electorales del PP gallego correspondiente a las elecciones municipales y autonómica de 1997 y 1999. En esas cuentas aparece una entrega, sin recibo, a la “sede nacional” de 21 millones de pesetas (126.000 euros) correspondiente a 2009. Finalmente, en los papeles de Bárcenas consta una entrega al PP de una persona que se corresponde con el nombre de “P. Crespo” por la misma cantidad.

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BARBERÁ APELA AL FISCAL GENERAL PARA EVITAR ESPECULACIONES SOBRE NÓOS

Torres-Dulce afirma que no le ha sido planteada la imputación de la alcaldesa ni Francisco Camps

“El único que ha hablado, con nombre y apellidos, es el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ha dicho que nadie le ha planteado la imputación del señor Camps y la señora Barberá”, declaró este viernes la alcaldesa de Valencia, saliendo al paso de informaciones que la sitúan al borde de la imputación por el caso Nóos.

La regidora habló de la polémica antes incluso de que le preguntaran los periodistas. “No hay nada nuevo al respecto”, dijo. “La justicia se manifiesta con resoluciones razonadas a través de autos, sentencias o providencias. Y aquí”, añadió, “no se ha producido nada de todo eso”, zanjó la regidora, que atribuyó las informaciones publicadas a “meras especulaciones o deseos mal disimulados”.

En opinión de Barberá, el fiscal general “desautorizó todas las especulaciones que han trascendido”. Poco antes, Torres-Dulce decía exactamente esto: “Que yo tenga noticia, todavía no se ha planteado esa posibilidad, cuando se plantee bien por el juez instructor del caso o alguna de las partes, los fiscales adscritos a ese caso me lo comunicaran, y yo tomaré la decisión correspondiente. Pero hasta este momento no se me ha planteado de modo alguno algún tipo de decisión en este sentido”, manifestó el fiscal general sobre la posible imputación de Barberá y Camps.

De esta forma, Torres Dulce se refirió a las informaciones sobre que la Fiscalía Anticorrupción ha apreciado indicios de un posible delito de prevaricación en los dos políticos valencianos en relación con los contratos firmados por el Instituto Nóos entre 2004 y 2006, por los que la fundación dirigida por Iñaki Urdangarin y Diego Torres recibió de las Administraciones valencianas cerca de cuatro millones de euros.

La fiscalía quiere que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana investigue los contratos firmados por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia con Nóos por tres ediciones de la Valencia Summit y unos Juegos Europeos que nunca se celebraron

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Pilar Manjón: “Lo que tiene que hacer es protegernos, como obliga el Código Penal”

La presidenta de la asociación mayoritaria de víctimas del 11-M pide al fiscal que la reciba

El domingo conmemoró el octavo aniversario de los atentados que se llevaron por delante la vida de su hijo. Cuando después de los actos miró su correo electrónico, se encontró con decenas de mensajes en los que, dice, se le proferían insultos. Una protección contra esas agresiones es lo que reclama Pilar Manjón, la presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el terrorismo (la mayoritaria) del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en lugar de alentar bulos conspiranoicos. Y no porque le sea moralmente exigible, sino porque la ley le obliga a ello. El artículo 578 del Código Penal, recuerda Manjón, castiga con hasta dos años de cárcel al que menosprecie o humille a las víctimas del terrorismo. Y no cabe duda de que ella lo es.

“Que deje en paz el 11-M y que me proteja cuando me insulten”, exigió ayer Manjón tras conocer que Torres-Dulce consideraba la sentencia de los atentados “la verdad jurídica” y sus hechos probados “incontestables”. Lo hizo diez días después de encargar una investigación basada en las teorías de la conspiración.

“No debió estar allí”, dijo la presidenta de la asociación sobre la presencia del fiscal general en el acto organizado por la AVT en el bosque de los ausentes del Retiro. Torres-Dulce, sin embargo, no acudió al acto que su asociación, la que más víctimas del 11-M agrupa, había convocado en la estación de Atocha horas antes.

Todas estas cosas son las que Manjón diría al fiscal general en ese encuentro que ahora él le ofrece. Ella solo espera que Torres-Dulce la llame. “Que me convoque”, zanja.

www.elpais.es 12.03.12

TORRES-DULCE DICE AHORA QUE EL 11-M ES “CASO CERRADO” Y EL FALLO,“INCONTESTABLE” 

El fiscal general asegura que Pilar Manjón "tiene las puertas de su despacho abiertas" 

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado esta mañana que la sentencia del 11-M “es incontestable”. Así lo ha indicado a la entrada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para asistir a la presentación del libro Economía de la Administración de Justicia. Preguntado por los periodistas, el fiscal general ha señalado, respecto a los atentados de los trenes de Atocha, que “hay una verdad jurídica” que es la sentencia. Ha matizado que él no ha ordenado la reapertura del sumario del 11-M, sino que simplemente se ha limitado a poner de manifiesto que se mire si los restos de uno de los vagones aparecidos ya habían sido analizados y valorados por los tribunales. 

También ha añadido que en ningún momento ha indicado que se esté investigando un delito en relación con los restos descubiertos sobre uno de los vagones que estallaron en el atentado del 11-M. Respecto a las declaraciones de Pilar Manjón, presidenta de una de las asociaciones de afectados del 11-M, que pidió a los “conspiranoicos" que dejen en paz a los muertos, el fiscal general ha expresado hoy su “máximo respeto” ante sus declaraciones y comentó que su despacho está abierto para cuando ella quiera entrevistarse con él y hablar sobre este tema. 

La insistencia de algunos medios en la teoría de la conspiración ha llevado a las víctimas de los peores atentados cometidos en España a acudir en el octavo aniversario de los ataques divididas. Tras recordar al fiscal general que el caso está juzgado y que hay tres sentencias que así lo confirman, Manjón sostuvo que la decisión emana de "la conspiración repugnante de unos fanáticos que no asumen que los atentados fueron cometidos por yihadistas". 

En el parque del Retiro de Madrid, Ángeles Pedraza afirmó que "el 11-M es un caso abierto y ahora más que nunca", al tiempo que ha pedido a todos los que tienen responsabilidades públicas que actúen "con decisión y valentía" para lograr el esclarecimiento total del peor atentado de la historia de España. 

La Fiscalía de Madrid ordenó a la Guardia Civil el precinto y custodia de los restos ferroviarios hallados en un almacén del distrito de Villaverde, en Madrid, que podrían corresponder con parte de los trenes que sufrieron los atentados del 11-M y si su hallazgo pudiera suponer "un delito de obstrucción a la Administración de Justicia". 

La orden fue dada por el fiscal provincial de Madrid, Eduardo Esteban, una semana después de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, hiciera público que había ordenado investigar la aparición de estos restos, cuyo hallazgo fue conocido por informaciones periodísticas. 

Fuentes de la Fiscalía General del Estado confirmaron que el precinto era consecuencia directa de la comunicación realizada por Torres-Dulce a la Fiscalía Provincial de Madrid y descartaron que, por el momento, se hubieran adoptado otras medidas como la recogida de muestras. 

Durante un desayuno informativo celebrado el pasado 2 de marzo, Torres-Dulce manifestó que si el hallazgo de los restos se estuviera investigando en un proceso el Ministerio Público archivaría sus diligencias de investigación y actuaría en la causa que ya estuviera abierta. "De no ser así, agotaríamos las diligencias de investigación con el objetivo que estamos precisando y a continuación solicitaríamos la inmediata judicialización", explicó. 

El fiscal se mete en un jardín 

La declaración del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en la que ha subrayado que el 11-M es un caso cerrado, a pesar de que ha ordenado investigar un tren hallado donde siempre se dijo que estaba, merece una lectura atenta. Lo alambicado de sus palabras tiene todas las trazas de lo que coloquialmente se denomina meterse en un jardín para salir de otro.  

Esta es la transcripción: 

"El sumario del 11-M declaró unos hechos probados y esos hechos probados son incontestables; por tanto, ni la Fiscalía General ni nadie va a reabrir el caso del 11-M. Otra cosa es que se produzca algún tipo de denuncia que merece ser investigada, [lo] que no significa en modo alguno reabrir el caso, sino investigar los términos estrictos de esa denuncia y, si los hechos están ya judicializados o no merecen ningún otro tipo de reproche, pues archivarlo; no hay absolutamente nada más. No se trata en modo alguno de reabrir el sumario del 11-M sino de investigar unas afirmaciones inscritas en una denuncia concretamente; no puedo pronunciarme sobre si el hecho es constitutivo de delito. Siempre que se abren unas diligencias de investigación se abren ante la posibilidad de la concurrencia de ese o de otros delitos. Es un poco una apertura ‘in genere’, un poco en términos generales, por tanto no podemos hablar ni siquiera de prescripción ni siquiera de calificación delictiva, sino simplemente de un proceso de preinvestigación para confirmar la existencia o no de esos restos ferroviarios y ver la significación que tienen, post, [en] el proceso concretamente en relación, pero en modo alguno eso supone reabrir, insisto, algo que para el fiscal general del Estado y para cualquier autoridad significa que los hechos están ya probados en superior instancia". 

www.elpais.es 12.03.12 

Manual para cargarse el propio prestigio

Torres-Dulce rectifica la extraña apertura de la investigación sobre los trenes del 11-M mediante un fárrago jurídico

Fue más El Deseado que Fernando VII, que fue rey de España dos meses, antes de la invasión napoleónica, y otros 20 años, después, a partir de 1813.

Como él, nadie gozó de tanto prestigio, popularidad y confianza cuando fue nombrado. Eduardo Torres-Dulce, uno de los más afamados miembros del generalato de la carrera fiscal, fue el hombre del “por fin”. “Por fin un fiscal profesional”, “por fin el fiscal que merece la carrera”, “por fin un fiscal que nos respeta, con conocimientos y aparente independencia”, decía la inmensa mayoría de sus compañeros y de los jueces.

Y de repente, sin que nadie se lo pidiera, decidió probar la profundidad del río con los dos pies a la vez. Con solo una supuesta noticia periodística de la aparición de una chatarra procedente de los trenes desguazados del 11-M, por propia iniciativa ordenó abrir una investigación. Unos restos que ya se sabía que estaban allí desde septiembre de 2004 y de los que no ha habido cadena de custodia alguna. A preguntas de los periodistas, avanzó que el delito que se investigaba era obstrucción a la justicia. Él, tremendos conocimientos, debería saber que ese delito prescribe a los cinco años y, por tanto, hace tiempo que ha excedido el plazo de prescripción.

Ayer rectificó —lo que es de sabios—, pero lo hizo fatal. Dijo que era una investigación genérica y que no sabía si había delito. O sea, que se trata de una investigación penal prospectiva, que está expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico español, como seguro que sabe.

Carnaza para los conspiranoicos convertida en un manual acelerado de desprestigio. Como siga así podemos entrar en la Década ominosa y puede ocurrirle como a Fernando VII, que de El Deseado pasó a ser conocido como El Rey Felón.

www.elpais.es 12.03.12

RENFE INFORMÓ EN 2007 AL TRIBUNAL DEL DESTINO DE TODOS LOS TRENES DEL 11-M 

El fiscal general investiga ahora extremos que ya resolvió la sentencia

Fuentes de la Audiencia Nacional considera la investigación “un brindis al sol” 

El director corporativo de Protección Civil, Seguridad y Prevención de Riesgos de Renfe, Manuel Rodríguez Simons, informó el 30 de julio de 2007 al tribunal encargado de juzgar el caso del 11-M del proceso de desguace y destrucción de los trenes y vagones que resultaron afectados por las explosiones del 11 de marzo de 2004. 

Rodríguez Simons adjuntaba un cuadro elaborado el 9 de septiembre de 2004 por la Dirección General de Cercanías y Media Distancia de Renfe en el que se pormenorizaba el destino de cada una de las unidades y sus vagones correspondientes, es decir, los que habían sido reparados y puestos de nuevo en circulación y los que habían sido desguazados. En ese informe, que figura encabezando este artículo, se puede apreciar que el valor neto, a 31 de diciembre de 2003, de los vehículos desguazados, se elevaba a 3.782.343,28 euros. 

 ampliar foto Igualmente puede apreciarse que en aquella fecha ya se sabía que de los trenes considerados irrecuperables por Renfe, únicamente el vagón numerado como CR011, correspondiente al tren 446-011, no había sido desguazado y figuraba como “sobrante” en el Taller Central de Reparación (TCR), de Villaverde Bajo, a disposición del Mantenimiento Integral de Trenes (MIT), es decir, el equipo de reparaciones de la propia compañía ferroviaria. 

Como también se aprecia en el cuadro, solo uno de los vagones en los que estallaron las bombas fue reparado. Precisamente fue el CM 190, el que hizo explosión en la estación de Santa Eugenia, que en el cuadro figura como “reparación de mayor cuantía”. El equipo del MIT sustituyó las partes afectadas por otras nuevas y los restos quedaron como chatarra, lo mismo que los vagones que fueron desguazados. 

La información fue remitida por Renfe a la Audiencia Nacional, porque el presidente del tribunal encargado de juzgar los atentados del 11-M, Javier Gómez Bermúdez, había reclamado a la propietaria de los convoyes que, con motivo de la celebración del juicio, remitiera por escrito la información sobre el destino de los trenes. El informe remitido por Rodríguez Simons tiene sello de salida de Renfe el 30 de julio de 2007 y de entrada en la Audiencia Nacional el 3 de agosto de ese año. 

El dictamen fue incorporado al tomo número 33 del rollo de Sala del 11-M, con el folio 11.317. 

Fuentes de la Audiencia Nacional han señalado que en todo momento se ha sabido el destino de los trenes y que el supuesto descubrimiento de unos restos de los vagones no es tal, porque ya se sabía donde estaban y, en cualquier caso, no puede tener ninguna eficacia jurídica. 

Fuentes fiscales recordaban con ironía el ruido que montaron los que insistían en que ETA estaba detrás de los atentados con la cadena de custodia de la llamada mochila de Vallecas. Y eso que una serie de policías perfectamente identificados habían trasladado las bolsas en las que se habían guardado los objetos encontrados en la estación de El Pozo para ser inventariados posteriormente. ¿Qué cadena de custodia habría en unos restos que llevan años en un almacén sin que ninguna autoridad tuviera dominio sobre ellos?, se preguntan. 

Por otro lado, fuentes de la Audiencia Nacional critican la “falta de finezza” del fiscal general del Estado al haber presumido que sus diligencias informativas se habrían incoado sobre la base de un delito de obstrucción a la justicia. Estas fuentes consideran que Eduardo Torres-Dulce es un fino jurista que no ha podido pasar por alto que el delito de obstrucción a la justicia tiene un plazo de prescripción de cinco años y, en caso de que se hubiera producido, que no es el caso, el plazo se hubiera rebasado con creces. 

Por otro lado, la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 11-M ya tuvo en cuenta la destrucción de los trenes. Recordó que el fiscal ya había destacado que “los trenes y su estado fueron objeto de pericial y la inspección ocular sobre los mismos fue objeto de grabación”. 

A pesar de ello, destacaba la sentencia, “puede resultar sorprendente una tan apresurada destrucción, que impidió un estudio posterior más reposado y en profundidad, e incluso su reiteración de haber sido necesaria, de aspectos que pudieran haber resultado de interés para la investigación. Pero lo cierto es que en el momento del juicio oral era materialmente imposible la práctica de la prueba, lo que justifica que el tribunal acordara la continuación del juicio y prescindiera de ella”. 

La decisión de Torres-Dulce de abrir una investigación ha sido muy criticada porque solo sirve para alentar a los conspiranoicos y se ha producido después de que la Audiencia Provincial de Madrid archivase la causa que la juez Coro Cillán tenía abierta sobre supuestas destrucciones de pruebas de los focos de las explosiones del 11-M por parte del comisario Juan Jesús Sánchez Manzano. 

www.elpais.es 10.03.12

LA GUARDIA CIVIL PRECINTA Y CUSTODIA LOS RESTOS DEL TREN DEL 11-M

El instituto armado cumple una orden de la Fiscalía de Madrid

El fiscal de Madrid rehusó investigar los trenes del 11-M  

La Fiscalía de Madrid ha ordenado a la Guardia Civil el precinto y custodia de los restos ferroviarios hallados en un almacén del distrito de Villaverde, en Madrid, que podrían corresponder con parte de los trenes que sufrieron los atentados del 11-M y si su hallazgo pudiera suponer "un delito de obstrucción a la Administración de Justicia". 

La orden ha sido dada por el fiscal provincial de Madrid, Eduardo Esteban, una semana después de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, hiciera público que había ordenado investigar la aparición de estos restos, cuyo hallazgo fue conocido por informaciones periodísticas. 

Fuentes de la Fiscalía General del Estado han confirmado a Europa Press que el precinto es consecuencia directa de la comunicación realizada por Torres-Dulce a la Fiscalía Provincial de Madrid y descartaron que, por el momento, se hayan adoptado otras medidas como la recogida de muestras. 

Durante un desayuno informativo celebrado el pasado 2 de marzo, Torres-Dulce manifestó que si el hallazgo de los restos se estuviera investigando en un proceso el Ministerio Público archivaría sus diligencias de investigación y actuaría en la causa que ya estuviera abierta. "De no ser así, agotaríamos las diligencias de investigación con el objetivo que estamos precisando y a continuación solicitaríamos la inmediata judicialización", explicó. 

Tras indicar que "no hay por parte del Ministerio Fiscal a la hora de investigar nada que no sea revocar los hechos probados de la sentencia, que están ahí concretamente", el fiscal general del Estado defendió en dicha ocasión la necesidad de "indagar cualquier otro término que pudiera suponer un delito de obstrucción a la Administración de justicia". 

"El Ministerio Fiscal no tiene solamente ningún inconveniente sino que tiene la obligación de llegar hasta el fin en esas investigaciones", señaló el fiscal general del Estado antes de añadir que, aunque el 11-M es "un proceso cerrado", "cualquier otra circunstancia que merezca ser investigada será investigada". 

www.elpais.es 08.03.12

EL FISCAL DE MADRID RECHAZÓ INVESTIGAR LOS TRENES DEL 11-M HACE SOLO DOS MESES 

El sindicato ultraderechista Manos Limpias, que se personó como acusación popular en la causa abierta contra el exjefe de los Tedax Jesús Sánchez Manzano por una supuesta ocultación de pruebas en relación con el atentado del 11-M, reclamó hace tres meses en un escrito dirigido a la juez Coro Cillán, que instruía el caso, que se investigara el destino dado a los trenes donde explotaron las diez bombas. 

La juez, a la que la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado ahora la causa por tratarse de cosa juzgada, aceptó la petición de Manos Limpias y ordenó distintas diligencias para conocer qué había pasado con los vagones, llegando incluso a citar a Miguel Corsini, que era presidente de Renfe cuando ocurrió el atentado, y a otros directivos de la compañía pública. La teoría de los que fomentan distintos bulos sobre el 11-M para atribuir la masacre a policías, guardias civiles, servicios de espionaje extranjeros y también al CNI, considera que se ordenó un rápido desguace de los trenes donde explotaron las bombas para eliminar pruebas que acreditasen sus teorías conspirativas. Algo que ahora se ha acreditado como falso. 

Antes de ordenar esas diligencias para conocer el destino de los vagones donde explotaron las bombas, la juez Coro Cillán pidió opinión a la fiscalía, que rechazó en un escrito fechado el pasado 27 de diciembre de 2011 que se investigase el destino de los trenes del 11-M. 

Ahora, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, con la excusa de que la web Libertad Digital ha encontrado uno de los vagones donde hubo explosiones, olvidado en un cobertizo, ha ordenado abrir diligencias de investigación por si se hubiera cometido un delito de “obstrucción de la justicia”, aunque sin aclarar quién podría haberlo cometido. 

El fiscal de Madrid, Conrado Alberto Saiz, que apoyó distintas diligencias practicadas por la juez Coro Cillán e incluso que siguiera investigándose el caso en el juzgado, rechazó en un escrito nuevas diligencias relacionadas con el destino de los trenes. “Admitir como objeto de este procedimiento el interés que dichos vagones podían tener para la investigación de la Audiencia Nacional no deja de ser una revisión de la instrucción judicial que, por otro lado, ya fue objeto de enjuiciamiento y sentencia firme”, escribió el fiscal, oponiéndose a las diligencias que solicitaba Manos Limpias. También citaba el fiscal el auto del Supremo de fecha 1 de diciembre de 2006 que desestimaba la querella criminal que la misma Manos Limpias formuló contra el juez Del Olmo y la fiscal Sánchez por la posible comisión de varios delitos contra la administración de justicia en relación con la destrucción de los vagones explosionados.

14 jueces ya han rechazado el bulo de los trenes Aarchivado el 'bulo' del 11-M contra el jefe de los Tedax Lee el informe del tomo 145 del sumario La insidia inacabable de los atentados del 11-M El Supremo señalaba: “A lo largo de las actuaciones obran los distintos y pormenorizados dictámenes periciales sobre los objetos encontrados en los restos de los vagones afectados por las explosiones, y sobre estos mismos, a fin de determinar la etiología, forma y características de las explosiones sufridas. En el tomo 145 del sumario obra un completísimo informe conjunto de expertos de Tedax y Guardia Civil sobre los restos de los vagones, planteándose incluso la posibilidad de reproducir la deflagración, lo que se desestima por cuestiones técnicas. La conservación y destino de los vagones en cuestión, una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias, corresponde a su legítimo propietario (Renfe), que además cuenta con lugares apropiados para ello”. 

El fiscal de Madrid, Conrado Alberto Saiz, concluye: “De esta forma, se trata de una cuestión que ya ha sido resuelta, con más o menos acierto, por el Alto Tribunal admitiendo que fueron destruidos por la propiedad, esto es, por Renfe, una vez terminados los informes periciales”. 

Toda esa argumentación jurídica de la fiscalía ha quedado enterrada ahora por una noticia de Libertad Digital, donde se señala que uno de los vagones donde estallaron las bombas no fue desguazado, sino que sigue abandonado en un cobertizo. 

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en una de sus primeras decisiones al frente de esa institución, ha creído necesario ahora investigar si es cierto que ese vagón está almacenado en el cobertizo y pertenece a uno de los trenes que sufrió el ataque de los terroristas islámicos. 

Cuando lo descubra, sabrá que sobre ese vagón, si es el mismo donde explotó la bomba, ya se hicieron por parte de dos policías y dos guardias civiles los estudios periciales “pormenorizados”, que forman parte del sumario del 11-M (véase infografía) y que fue valorado por los jueces de la Audiencia y del Supremo en la instrucción del caso. 

Además podrá saber que las empresas fabricantes de los trenes CAF, Alshtom y Fainsa, fabricantes de los trenes y sus componentes, hicieron informes sobre resistencia de materiales a las explosiones una vez que los vagones fueron entregados a Renfe. Esos informes fueron remitidos a la Comisión de Investigación sobre el 11-M que se montó en el Congreso de los Diputados. Esos informes se hicieron cuando, según los teóricos de la conspiración, los trenes estaban ya destruidos. Y se elaboraron en el mismo lugar donde ahora se han encontrado los trenes. 

www.elpais.es 05.03.12

EL FISCAL GENERAL REABRE EL BULO DEL 11-M QUE YA RECHAZARON 14 JUECES 

Torres-Dulce indaga en la chatarra de los trenes por si pudo haber ocultación de pruebas

Ordena que la fiscalía de Madrid investigue basándose solo en una información periodística 

Ni el exjuez de Instrucción de la Audiencia Nacional Juan del Olmo. Ni los magistrados de ese tribunal Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás. Tampoco los magistrados del Tribunal Supremo Juan Saavedra, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela. O los jueces Pablo Ruz y Eloy Velasco hasta en tres ocasiones. Ni tres magistrados de la Sección 17 de la Audiencia de Madrid. Ninguna de las resoluciones de hasta 14 jueces negando la reapertura de la investigación sobre los atentados del 11-M tiene más valor que una noticia periodística. 

El nuevo fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, considera que la noticia del diario Libertad Digital titulada Hallado uno de los focos de explosión del 11-M, es una “notitia criminis” que merece ser investigada por el ministerio público para su inmediata remisión al juez que corresponda. Torres-Dulce reveló este viernes que, sin recibir ningún informe policial que lo avale, ha ordenado a la Fiscalía de Madrid indagar sobre la existencia de restos de los trenes en que se produjeron las explosiones. 

El fiscal quiere saber, además, si existe algún proceso que investigue esos restos, a pesar de que el único en el que se planteó, abierto por la titular del Juzgado de Instrucción 43 de Madrid, Coro Cillán, fue archivado el 7 de febrero. El nuevo jefe de la fiscalía hasta se aventuró con el delito que se podría haber cometido: obstrucción a la justicia. 

La información que sirve para reabrir el caso da cuenta del hallazgo en el taller de Tafesa —la empresa que se encargó de la reparación de los trenes— de chatarra procedente de uno de los convoyes, el que explotó en la estación de Santa Eugenia. Sus autores insinúan que la policía o el propio juez Del Olmo (el que investigó los atentados) habrían ordenado mantener esos restos allí. “Llama la atención que no se hiciera ningún estudio de los mismos o, en caso de que se hiciera, que se haya mantenido oculto”, sostienen los autores que, como siempre, apuntan a nuevas pruebas sobre los restos de explosivo que puedan contener con la intención de señalar a otros autores que no son los condenados. Son los mismos autores que durante años han sostenido que los trenes se habían destruido. 

Hasta ahora, los defensores de la teoría de la conspiración mantenían que los que trataron de ocultar pruebas fueron los que ordenaron desguazar los vagones, a pesar de que, antes de hacerlo, se tomaron de ellos todas las pruebas para analizar el explosivo utilizado (el informe pericial se puede consultar en la web de EL PAÍS). Ahora, sin embargo, sus suspicacias —y las del fiscal general— se refieren a restos de estos que no han sido destruidos. 

El fiscal impulsa una causa fijándose en los restos de un furgón ya analizado 

Hasta hace solo dos meses, la Fiscalía de Madrid se oponía a reabrir el asunto. Sostenía que hacerlo suponía “una revisión de la instrucción” de los atentados realizada por la Audiencia Nacional, instrucción “que ya fue objeto de enjuiciamiento y sentencia firme”, la que condenó a los implicados. Tras la orden de Torres-Dulce, lo primero que hará es averiguar dónde está esa chatarra y si se trata de uno de los focos de las explosiones. Hecho esto, la intención es encargar un informe a la policía para que indague cómo llegaron hasta allí, según fuentes cercanas a esa fiscalía. 

Tras la sentencia del 11-M, los colectivos que apoyan la conspiración, como el seudosindicato Manos Limpias, la AVT y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, patrocinada por Esperanza Aguirre, han peleado durante años para repetir el análisis de los restos de explosivos hallados en los trenes, aunque sin éxito. En 2006, Manos Limpias presentó una querella en el Supremo contra el juez Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez —los que investigaron el caso— por ordenar la destrucción de los vagones. Los magistrados la rechazaron de plano al recordar los “pormenorizados dictámenes periciales” sobre los explosivos, así como “un completísimo informe conjunto de expertos de Tedax y Guardia Civil” que se hicieron previamente. 

El siguiente en poner en duda esos informes fue Emilio Suárez Trashorras, condenado a miles de años por suministrar la dinamita a la célula islamista que cometió los atentados, en su recurso de casación ante el Supremo. Pero la sentencia recalcó lo que ya había dicho la Audiencia. Que toda o gran parte de la dinamita era del tipo Goma 2 ECO, que procedía de Mina Conchita y que los restos de otras marcas de dinamita también podrían proceder de ese mismo lugar. 

Torres-Dulce ignora el archivo de la causa contra el exjefe de los Tedax 

El nuevo intento surge de la AVT que, en 2008, presenta un escrito al juez Pablo Ruz en el que solicita que la policía haga estallar distintos tipos de dinamita en vagones similares a los de los atentados para determinar el que se utilizó en los ataques. Ruz consideró sus peticiones “inútiles, dilatorias y perjudiciales para la instrucción”, así como “manifiestamente impertinentes”. Los hechos, dijo, ya estaban juzgados. 

Manos Limpias y la Asociación de Ayuda a las Víctimas volvieron a la carga en 2009 con el juez Eloy Velasco que, como su compañero, recordó que el caso era “cosa juzgada”. “No se puede practicar siempre la misma prueba hasta llegar (…) a que por fin satisfagan los intereses de algunas de las partes personadas (…) por mucha que sea la insatisfacción que el resultado (…) suscite en alguna de las partes procesales”, respondió Velasco. “No supone el análisis de ningún extremo novedoso en la causa”, zanjó. La petición fue reiterada al año siguiente y también rechazada. 

En paralelo, el partido Alternativa Española presentó una querella en los juzgados de Madrid contra el exjefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y otra agente de ese grupo de desactivación de explosivos por ocultar pruebas. El juez de Instrucción 6, Ramiro García de Dios, al que correspondió el caso, lo archivó al no apreciar ningún delito. 

Ante el nuevo fracaso, la Asociación de Ayuda a las Víctimas presentó una querella por los mismos hechos. Recayó en la juez Coro Cillán —sancionada en varias ocasiones por el Poder Judicial por desatención y ahora investigada por usar su cargo para favorecer a un amigo—, que abrió diligencias e imputó a Sánchez Manzano. Cillán mantuvo abierto el caso dos años, hasta que decidió tramitar el recurso a la Audiencia de Madrid del comisario que, desde el primer momento, pedía el archivo. La Sección 17 de la Audiencia de Madrid le dio la razón al entender que el caso ya había sido juzgado por el juez García de Dios. Que Cillán no podía investigar los mismos hechos. Los hechos sobre los que ahora se empeña en arrojar luz el fiscal general. 

www.elpais.es  02.03.12 

TORRES-DULCE ABRE DILIGENCIAS SOBRE LOS TRENES DEL 11-M QUE EL SUPREMO ARCHIVÓ 

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha anunciado durante un desayuno informativo que se han abierto diligencias en la fiscalía de Madrid para que se investiguen los restos ferroviarios de los atentados del 11-M, encontrados en una empresa de Madrid. El fiscal ha puntualizado que todo surge a partir de una información periodística, a partir de lo que él pidió al fiscal de Madrid que investigara el hallazgo para determinar si esos restos ya forman parte de algún proceso judicial. Y, si no, para que compruebe si son constitutivos de algún delito.  

El fiscal, que ha asegurado que ha tomado la decisión sin pedir informes policiales, ha apuntado que en caso de haber delito puede ser el de "obstrucción a la justicia". La información periodística que sustenta la investigación, según su explicación, es un reportaje de Libertad Digital. En él se cuestiona que los restos de parte del convoy que sufrió el atentado en la estación de Cercanías de Santa Eugenia hayan permanecido todos estos años en una empresa de reparación ferroviaria, a la que Renfe contrató para que recuperara en lo posible los vagones. 

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha recibido también un recurso presentado por el seudosindicato Manos Limpias, en el que reclama a la juez Coro Cillán, entre otras pesquisas relacionadas con los diferentes bulos que han surgido en torno a los atentados, que reclame a Renfe que aporte al juzgado toda la documentación sobre el vagón del que hablaba la información de Libertad Digital.  

El caso del desguace de los trenes donde explotaron las bombas el 11-M ha sido motivo durante los últimos siete años de todo tipo de teorías conspirativas y de bulos que intentaban atribuir a los responsables de ordenar el desguace de los trenes alguna responsabilidad en la supuesta ocultación de pruebas. El Tribunal Supremo lo resolvió en una sentencia donde rechazaba un recurso con relación a este caso: “A lo largo de las actuaciones obran los distintos autos y pormenorizados dictámenes periciales sobre los objetos encontrados en los restos de los vagones afectados por las explosiones, y sobre estos mismos, a fin de determinar la etiología, forma y características de las explosiones sufridas. Hay un informe completísimo conjunto de expertos de Tedax y Guardia Civil, sobre los restos de los vagones, planteándose incluso la posibilidad de reproducir la deflagración, lo que se desestima por razones técnicas. La conservación y destino de los vagones en cuestión, una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias, corresponde a su legítimo propietario (Renfe), que además cuenta con lugares apropiados para ello”. 

Durante su intervención en el desayuno, Torres Dulce también ha asegurado que no comparte el argumento utilizado por la Audiencia Provincial de Madrid para archivar la causa que se seguía contra el excomisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y una perito de su unidad por posibles irregularidades en la recogida y custodia de muestras del 11-M. "Creemos con todo el respeto que no había cosa juzgada porque tanto la identidad de los sujetos como el objeto eran por completo diferentes", ha señalado y ha agregado que la fiscalía del Supremo anunció que el auto era "irrecurrible". 

www.elpais.es 02.03.12 

LA FISCALÍA SE OPONE A QUE SE ANULE LA SENTENCIA QUE INHABILITA A GARZÓN

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado esta mañana que la fiscalía del Tribunal Supremo se opondrá a la petición de nulidad de la sentencia que condena a Baltasar Garzón a 11 de años de inhabilitación por las escuchas de la trama Gürtel. El fiscal ha asegurado, que según le ha transmitido la fiscalía del alto tribunal, "no se pueden compartir los criterios expresados" por la defensa del exjuez. 

Torres-Dulce ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y celebrado en el Hotel Ritz de Madrid. Preguntado acerca de si se han vulnerado los derechos constitucionales de Garzón durante el proceso judicial de las escuchas, ha respondido que respeta pero no comparte la postura del exjuez, que considera que sí. 

Hace dos semanas, el fiscal general dijo estar a la espera de que la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo le notificase su posición sobre si se debía recurrir la sentencia y, “en caso afirmativo”, añadió, “no habrá ninguna pega”. Torres-Dulce ya explicó entonces que el único recurso que podría intentarse era el de nulidad de actuaciones, en el que se tuvieran en cuenta los derechos fundamentales vulnerados, porque la otra vía apuntada por la defensa de intentar un recurso a la Sala Especial del artículo 61 no estaba prevista. 

La presentación del incidente de nulidad, que en la inmensa mayoría de los casos es rechazado por el Supremo, es un requisito obligatorio para poder interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

Sobre si apartará a las fiscales del caso Gürtel, tal y como ha solicitado la defensa del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, el fiscal general ha subrayado que no existen motivos para ello y así lo expondrá la fiscalía "de forma clara y tajante". 

www.elpais.es 02.03.12 

LA FISCALÍA "NO TIENE PREVISTO" SOLICITAR LA IMPUTACIÓN DE LA INFANTA CRISTINA

El nuevo Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha ofrecido una rueda de prensa después de la primera reunión del Consejo Fiscal, bajo su mandato. Torres Dulce ha hablado de todos los asuntos que están en la agenda de los medios de comunicación. Sobre la investigación abierta a Iñaki Urdangarin por las subvenciones recibidas por el Instituto Noós, ha señalado que el Ministerio Público no tiene previsto llamar a declarar en calidad de imputada a la Infanta Cristina. 

Eduardo Torres Dulce no ha esquivado ninguna pregunta de los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo Fiscal bajo su mandato. El Fiscal General del Estado ha hablado de la investigación abierta al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, y de la presunta implicación de su mujer, la Infanta Cristina. Torres Dulce ha señalado que no hay ninguna previsión para llamarla a declarar en calidad de imputada y que en este asunto hay que ser "prudentes".

El Ministerio Público se ha mostrado "satisfecho" por el archivo de la causa abierta en el Supremo contra el juez Baltasar Garzón por los cursos en la Universidad de Nueva York, apoyada únicamente en la acusación popular. Una figura que Eduardo Torres Dulce no quiere erradicar pero sí "revisar para evitar que persiga fines espurios".

El Fiscal General del Estado ha felicitado públicamente a las fiscales encargadas de llevar la acusación contra Francisco Camps por la causa de los trajes en la trama Gürtel y ha anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo la sentencia por el asesinato de Marta del Castillo que absolvió a tres de los cuatro acusados.

www.cadenaser.com 14.02.12 

"UNA CLARA MUESTRA DE FALTA DE INDEPENDENCIA", DICE EL PSPV DEL FISCAL 

El PSPV-PSOE ha denunciado la "falta de independencia de la Fiscalía" por no recurrir la sentencia absolutoria del expresdent de la Generalitat Francisco Camps y del ex secretario regional del PP Ricardo en el "juicio de los trajes" del caso GÜRTEL, recurso que interpondrán el lunes los socialistas. 

En declaraciones a EFE, el diputado socialista Angel Luna, uno de los firmantes de la querella contra Camps y Costa, ha considerado que la decisión del Ministerio Fiscal supone "una clara muestra de falta de independencia" del nuevo fiscal general del Estado. 

El PSPV, que ha ejercido la acusación popular en el denominado "juicio de los trajes" del caso Grtel, presentará el próximo lunes ante el Tribunal Supremo el recurso contra la sentencia absolutoria de Francisco Camps y Ricardo Costa por un delito de cohecho pasivo. 

Por el contrario, la Fiscalía Anticorrupción no presentará recurso por no haber hallado "base jurídica suficiente para ello". 

Al respecto, el vicepresidente de la Mesa de Les Corts Valencianes y diputado socialista, Angel Luna, ha calificado de "incomprensible" el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción "nombrada en los años de Aznar cambie de posición respecto a la acusación y la gravedad de los hechos conocidos hasta el día de hoy". 

A su juicio, "no ha habido ningún cambio en las razones y en los abundantes argumentos que han sostenido la acusación hasta el momento", de modo que el único cambio ha sido un nuevo fiscal general del Estado, según ha aseverado. 

Luna ha mostrado su interés por conocer "cuáles son las auténticas razones que han llevado a este cambio de criterio" a una Fiscalía que hasta ahora "había actuado con independencia de cuál fuera el partido afectado por la investigación". 

Asimismo, se ha preguntado si "este cambio de criterio augura una legislatura en la que el Ministerio Público se dedicará a proteger y ocultar los negocios turbios del PP". 

Por último, ha recalcado que los socialistas valencianos "mantienen el recurso porque les parece bochornoso el veredicto del jurado, como han reconocido la mayor parte de los medios jurídicos del país". 

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís en las Corts Valencianes, Mónica Oltra, ha tildado de "escándalo" la decisión de la Fiscalía Anticorrupción. En un comunicado, ha señalado que "la decisión de no recurrir, que se ha tomado a instancia del nuevo fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, recientemente nombrado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, constata que con el Partido Popular en el Gobierno central ha vuelto el uso partidista de la Fiscalía General del Estado". 

Compromís considera "un escándalo" el hecho de que no se recurra una sentencia "que se da con un resultado del jurado muy ajustado, con pruebas contundentes sobre el cohecho impropio y contra el criterio sostenido durante años por la Fiscalía Anticorrupción". 

www.elpais.es 03.02.12 

POLÍTICOS, JUECES Y FISCALES ARROPAN AL NUEVO FISCAL DEL ESTADO 

El nuevo fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha tomado posesión de su cargo esta mañana, en una ceremonia celebrada en el Palacio del Tribunal Supremo a la que ha asistido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y una nutrida representación del mundo de la política, la justicia y el ministerio fiscal. 

Torres-Dulce, tomó posesión apadrinado por el actual Teniente Fiscal del Supremo, Juan José Martín Casallo, y el magistrado de la Sala Penal y ex fiscal del Estado Carlos Granados. 

Al acto asistieron el presidente del Congreso, Jesús Posada; los ministros de Agricultura, Miguel Arias Cañete y de Educación, José Ignacio Wert; la presienta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. 

Por parte de la Judicatura, han asistido el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, y los expresidentes María Emilia Casas, y Manuel Jiménez de Parga, así como gran número de magistrados del Tribunal Supremo, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana Ferrer. 

También asistieron los fiscales de Sala del Supremo y los ex fiscales generales Cándido Conde-Pumpido, Jesús Cardenal, Eligio Hernández y Leopoldo Torres Boursault, y los familiares de los fiscales asesinados por ETA, Luis Portero y Carmen Tagle. 

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, deseó al nuevo fiscal general que “Dios guíe el acierto de sus pasos en todo” y evocó la figura del fiscal como defensor de toda la sociedad y que disfruta con la Justicia, frente al estereotipo de fiscal que disfruta con la condena". 

Previamente a la ceremonia, el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, hizo entrega al presidente del supremo, Carlos Dívar, del “Gran Collar de la Justicia”, joya que utiliza el Rey en la apertura del año judicial y que ha sido custodiado durante los últimos 73 años en el ministerio. Según Gallardón, con la entrega del collar quería simbolizar que no habría interferencias del Ejecutivo en el Poder Judicial y defender el principio de separación de poderes. 

www.elpais.es 30.01.12 

EDUARDO TORRES-DULCE, NUEVO FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

El fiscal Eduardo Torres-Dulce (Madrid, 1950), actualmente fiscal de sala en el Tribunal Constitucional y miembro de la mayoritaria y de talante conservador Asociación de Fiscales, ha sido nombrado por el Consejo de Ministros nuevo fiscal general del Estado en sustitución del progresista Cándido Conde-Pumpido —que se ha mantenido ocho años en el cargo—, con quien se ha enfrentado durante los últimos años en varias ocasiones por los nombramientos dentro de la carrera. 

Torres-Dulce lleva en la carrera fiscal desde 1976. Tras pasar por múltiples destinos, en octubre de 1996 fue nombrado fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Cuatro años después fue designado fiscal de sala del Tribunal Supremo y en 2005 pasó al Tribunal Constitucional, también como fiscal de sala. 

Torres-Dulce obtuvo un resultado histórico en las elecciones de 2009 al Consejo Fiscal, órgano consultivo del fiscal general del Estado, entre cuyos cometidos está informar las propuestas de nombramientos de cargos de la carrera. La Asociación de Fiscales (AF) obtuvo seis de los nueve vocales y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), los tres restantes. Uno de los elegidos por parte de la Asociación de Fiscales fue precisamente el próximo fiscal general del Estado, que logró 808 votos. Fue el más votado entre sus compañeros en un resultado que su asociación interpretó como un castigo a la política de nombramientos del entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. 

La Asociación de Fiscales se quejaba en ese momento de que Torres-Dulce no había logrado el nombramiento en cargos para los que contaba con el apoyo del Consejo Fiscal —la renovación como fiscal jefe de una de las secciones del Tribunal Supremo en 2005 y la designación como fiscal jefe ante el Constitucional en 2009— y que en su lugar Conde-Pumpido había optado por miembros de la Unión Progresista de Fiscales. 

Cinéfilo empedernido, es autor de varios libros sobre el género western como Jinetes en el cielo, Armas, mujeres y relojes suizos o El héroe del western: América vista por sí misma. Torres-Dulce es conocido también por su participación en los programas del director de cine José Luis Garci, como Qué grande es el cine o Cine en blanco y negro, en el que participa comentando los clásicos que se emiten previamente. 

www.elpais.es  27 ENE 2012  

LA ASOCIACIÓN DE FISCALES GANA LAS ELECCIONES AL CONSEJO FISCAL 

La Asociación de Fiscales, mayoritaria y de talante conservador, arrasó el pasado jueves en las elecciones al Consejo Fiscal, órgano consultivo del Fiscal General del Estado, entre cuyos cometidos está informar las propuestas de nombramientos de cargos de la carrera. La Asociación de Fiscales (AF) obtuvo seis de los nueve vocales y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), los tres restantes. 

Por parte de la AF resultaron elegidos Eduardo Torres- Dulce, con un resultado histórico de 808 votos; Pedro Javier Ariche, Ana Cristina Sanz, Guillermo García-Panasco, Marta Valcarce y María Esther Fernández. Por la UPF irán al Consejo Fiscal Raquel Amado Pico, con 379 votos, Manuel Martín-Granizo y Pilar Fernández Pérez. 

La Asociación de Fiscales interpretó el resultado como "un castigo a la política de nombramientos del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido", al haber sido Eduardo Torres-Dulce el más votado por sus compañeros tras ser "preterido por dos veces" [según la AF, al no ser renovado como fiscal jefe de la Sala Penal y al no ser nombrado fiscal jefe ante el Constitucional]. 

www.elpais.es  19 DIC 2009   

EL PSOE Y LOS FISCALES PROGRESISTAS DEFIENDEN EL CAMBIO DEL JEFE DE LO PENAL DEL SUPREMO 

La UPF afirma que Conde-Pumpido ha hecho "una decidida apuesta por el pluralismo" 

La Unión Progresista de Fiscales rechazó ayer "la burda maniobra" que supone, a su juicio, intentar equiparar la propuesta de nombramiento de Juan Ignacio Campos para la Sala Penal del Supremo con "los precedentes" ocurridos en la etapa de Jesús Cardenal como fiscal general del Estado, a quien acusó de haber realizado "una depuración" de significados fiscales "de preclaro compromiso democrático" por "puras razones ideológicas" y en un contexto de "sistemática represión de posiciones progresistas". 

La asociación de fiscales progresistas cargó contra la conservadora principalmente por haber presentado la no renovación de Torres-Dulce como un cese del "fiscal encargado de los procedimientos contra aforados". Según la UPF, todos esos procedimientos fueron derivados al Teniente Fiscal del Supremo, José María Luzón -miembro de la AF y recientemente renovado en su cargo por el fiscal general-, "por lo que queda claro la no intencionalidad política a la que se refiere la AF." 

"Sólo desde posiciones victimistas y reaccionarias puede sostenerse que la propuesta de nombramiento hecha por el fiscal general pueda obedecer a algún inconfesable motivo de represalia respecto del fiscal que no ha sido renovado", agrega la UPF. 

En otro punto de su comunicado, los fiscales progresistas señalan que el puesto de jefe de la Sala Penal del Tribunal Supremo es un cargo que exige una dedicación exclusiva y es "de total confianza del fiscal general del Estado", tal como sucedió en su momento "con el nombramiento para dicho puesto del fiscal Torres-Dulce por parte del anterior fiscal general del Estado". 

La Unión Progresista de Fiscales expresó su compromiso de "apostar de forma incondicional" por que los criterios de mérito y capacidad -que considera que "no son patrimonio exclusivo de un solo sector de la carrera"-, no sean arrollados por la mayoría conservadora del Consejo Fiscal, "que sólo parece atender a los intereses de sus propias élites". 

A su vez, el secretario general del Grupo Socialista y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Diego López Garrido, consideró "adecuada" la sustitución de Eduardo Torres-Dulce como fiscal jefe de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y achacó las críticas del PP a un intento de "politizar" la Justicia. 

El diputado socialista explicó que el relevo de Torres-Dulce viene determinado por una reforma aprobada por el Gobierno del PP para revisar los cargos de la carrera fiscal que cumplan cinco años en el puesto y considera que renovarlo significaría que continúa quien le nombró. 

"Lo que el PP querría"

"Si hubiera que nombrar automáticamente de nuevo a personas que nombró Cardenal, quien dirigiría la Fiscalía sería Cardenal, y no el nuevo fiscal general", apuntó el diputado socialista, quien opinó que quizá eso es "lo que el PP querría". 

A su juicio, no hay por tanto un "cese" del fiscal, sino "la expiración de su mandato", y en ese contexto cree que el actual fiscal general del estado, Cándido Conde-Pumpido, "tiene todo el derecho y potestad" de nombrar a otra persona. 

Para López Garrido, el candidato de Conde-Pumpido, Juan Ignacio Campo tiene un "amplio currículo", con 27 años en la carrera fiscal, y "lleva más tiempo en el Supremo que el propio Torres-Dulce". "Es un magnífico profesional, que va a hacerlo muy bien y que ha sido nombrado en base a criterios profesionales y de confianza", explica López-Garrido. 

Desde el otro extremo, el portavoz del PP en el área de Justicia, Ignacio Astarloa, declaró a Europa Press que su grupo va a plantear en el Congreso la reprobación del Fiscal General del Estado por haber impuesto "una limpieza ideológica" en los últimos nombramientos. Astarloa añadió que, además de su comparecencia en la Cámara, demandarán también su "cese" por haber "desacreditado" a la Fiscalía con sus últimas actuaciones. 

Según el dirigente popular, la petición de cese no será únicamente por haber relevado a Eduardo Torres-Dulce, "una de las personas de mayor prestigio en la carrera y con un cargo importantísimo". "Nuestra petición responde a una trayectoria incalificable de sectarismo, parcialidad y sometimiento al Gobierno y al PSOE", aseveró. 

www.elpais.es 09.06. 2005 

CONDE-PUMPIDO RELEVA AL FISCAL DEL SUPREMO QUE LLEVA CASOS DE AFORADOS 

El fiscal general sustituye a Eduardo Torres- Dulce con el voto en contra del Consejo 

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, decidió ayer relevar al fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Eduardo Torres-Dulce, y su sustitución por Juan Ignacio Campos Campos. Conde-Pumpido justificó esta decisión por la "pérdida de confianza" en la gestión de Torres-Dulce, que dirige la Sala del Supremo encargada de las causas contra aforados (presidente del Gobierno, ministros, diputados y senadores). 

El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, exigió ayer la inmediata comparecencia de Conde-Pumpido en el Congreso de los Diputados para que explique esta medida, adoptada contra el criterio expresado por el Consejo Fiscal, que había votado a favor de la continuidad de Torres-Dulce, muy influyente en la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales. 

El relevo se produce en aplicación del nuevo Estatuto Fiscal, aprobado durante el mandato del PP con la oposición del PSOE y que sirvió para el relevo sólo unos meses después del fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y del fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, ambos progresistas, cuando investigaban supuestas tramas delictivas que podían afectar a diversos dirigentes del Partido Popular. 

El PSOE consideró entonces aquellos relevos "intolerables", amenazó con romper el Pacto por la Justicia suscrito con el Gobierno de José María Aznar y prometió una reforma legal del Estatuto Fiscal que, 14 meses después de alcanzar el poder, todavía no ha iniciado. 

Juan Ignacio Campos, el nuevo fiscal jefe de la Sala Penal del Supremo, ingresó en la carrera hace 27 años. Ha estado destinado en Barcelona y Madrid. Desde 1996 se encuentra adscrito al Tribunal Supremo. 

www.elpais.es 8 JUN 2005   

CARDENAL REHÚYE DE NUEVO COMPROMETERSE A QUE SE INICIE UNA INVESTIGACIÓN 

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, afirmó ayer que pensará si se investiga la trama de Madrid si se lo pide el nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas. Cardenal hizo ese comentario, sin adquirir ningún compromiso al respecto, tras la jura de los cinco nuevos fiscales jefe de Sala del Tribunal Supremo, entre los que figura Salinas. 

Cardenal aseguró que todavía no ha decidido nada sobre la realización de una posible investigación sobre lo ocurrido en la Asamblea de Madrid, tal y como le había pedido el anterior fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. El fiscal del Estado afirmó que tendría que tratar ese asunto con el nuevo fiscal jefe de Anticorrupción. "Vamos a dejarle tomar tierra, y cuando haya tomado tierra y hablemos pues ya veremos lo que hacemos", dijo Cardenal. Éste añadió: "Si no me lo pide, a lo mejor se lo pido yo a él, y a lo mejor me lo pide y yo le digo que no". 

El supuesto 'jefe' de los tránsfugas afirma que es una víctima por su labor de mediación Salinas, de 57 años, tras el acto de la jura, en la que fue apadrinado por el teniente fiscal José María Luzón, declaró estar contento, pero declinó hacer manifestaciones sobre la posible investigación. 

Filesa y Piqué

El nuevo fiscal jefe Anticorrupción es fiscal del Tribunal Supremo desde 1989. Entre los asuntos que le han correspondido ante ese órgano destaca el caso Filesa, sobre financiación irregular del PSOE. Ocho de los doce acusados fueron condenados en 1997 a penas de prisión entre seis meses y 11 años por constituir una trama ilegal de empresas pantalla para financiar ilegalmente al PSOE, a través de la cual recaudaron unos mil millones de pesetas (seis millones de euros). 

Salinas fue también uno de los dos fiscales que votó en contra de que se pidiera la citación como imputado del ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, en el caso Ertoil. 

Entre los otros fiscales jefes que también juraron sus cargos destaca Pilar Fernández Valcárcel, primera mujer que accede a la cúpula de la carrera fiscal, y que estuvo apadrinada por José Aranda. Fernández Valcárcel, que accede a un cargo de nueva creación como fiscal jefe de Sala del Supremo, fue también la primera mujer que accedió a la Fiscalía del Tribunal Supremo, en 1993. 

Luis Navajas, que hasta ahora era fiscal jefe en San Sebastián y fue autor del informe Navajas sobre corrupción y narcotráfico en el País Vasco, también ha accedido a un cargo de nueva creación de fiscal jefe de Sala del alto tribunal. Su padrino en el acto de la jura fue Eduardo Torres Dulce. 

También juraron ayer sus cargos el nuevo jefe de la Inspección fiscal, Rafael Valero, apadrinado por Jesús Bernal, y el nuevo jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía del Supremo, Manuel Marchena, cuyo padrino fue Fernando Herrero Tejedor. 

www.elpais.es 30.07.2003 

TORRES-DULCE, NUEVO FISCAL DE LA SALA DE LO PENAL DEL SUPREMO 

El Consejo Fiscal propuso hoy al jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para nuevo fiscal de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en sustitución de José María Luzón, recientemente designado teniente fiscal del alto tribunal. Torres-Dulce, que fue elegido recientemente miembro del Consejo Fiscal frente a su oponente, el fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, consiguió ayer seis votos frente a los cinco del fiscal del Tribunal Supremo Antonio Salinas, destinado en la propia Sala de lo Penal y que actuó como fiscal del caso Filesa. 

Por su parte, el fiscal jefe de Ciudad Real, Olayo González Soler, obtuvo seis votos para cubrir la vacante de teniente fiscal del Tribunal Constitucional, frente a los cinco del fiscal del ese tribunal José Ramón Noreña. El fiscal general, Jesús Cardenal, se abstuvo. 

Cardenal decidirá hoy el nombramiento ya que en el caso de que vote a González Soler éste ganará por 7 a 5, y si vota a Noreña el empate le dará la plaza a éste por el voto de calidad de Cardenal. La reunión fue la primera del nuevo Consejo Fiscal. 

www.elpais.es  1 MAR 2000   

EL FISCAL GENERAL INFORMÓ A GORDILLO DE QUE NO HABÍA DELITO EN SOGECABLE 

El jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró ante el tribunal que juzga al magistrado Javier Gómez de Liaño que el fiscal del caso Sogecable, Ignacio Gordillo, recibió instrucciones precisas del anterior fiscal general, Juan Ortiz Úrculo, de consultarle cualquier incidencia de la causa y de oponerse a las medidas cautelares que pudiesen reclamar las otras acusaciones contra los directivos de Sogecable. Sin embargo, Gordillo propuso, sin consultarle, medidas cautelares contra un acusado. 

El fiscal del caso defiende durante la vista la versión del acusado 

A preguntas del abogado de Sogecable, Antonio González-Cuéllar, el número tres de la Fiscalía del Estado, Eduardo Torres-Dulce, desveló las circunstancias en que se redactó un informe del que se concluía la improbabilidad de que existiesen delitos por parte de los responsables de la sociedad.Según el testigo, al tratarse de un asunto "de especial relevancia", el entonces fiscal general, Juan Ortiz Úrculo, pidió al fiscal del caso, Ignacio Gordillo, que le remitiese la querella contra los directivos de Sogecable y los documentos anejos para que la Secretaría Técnica elaborase un informe sobre la viabilidad que pudiera tener la querella. Entretanto, el 7 de marzo remitió un oficio a Gordillo indicándole que no realizase ninguna actuación que no fuese "de mero trámite". 

El juez Liaño no contesta a las preguntas de la acusación en su primer día en el banquillo El portal de Belén "El fiscal general había urgido para que le entregáramos el informe, por lo que convoqué a todos los fiscales de la Técnica para que en un fin de semana estudiáramos entre todos el asunto. Al final, el documento que ofrecimos al fiscal del Estado fue aprobado por unanimidad de los fiscales de la Secretaría Técnica", explicó Torres-Dulce. 

El fiscal general Ortiz Úrculo estudió el informe y convocó una reunión a la que debían asistir los fiscales de la Audiencia Nacional y los de la Técnica. No pudieron acudir ni el entonces fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ni Torres-Dulce, pero estuvieron presentes Ortiz Úrculo, Gordillo y tres fiscales de la Secretaría Técnica. Ortiz Úrculo le hizo saber a Gordillo "que estaba de acuerdo con el informe". Gordillo, por tanto, tuvo puntual conocimiento del informe aunque, según Torres-Dulce, "no se le entregó copia". 

A primeros de mayo hubo una llamada del fiscal general a Gordillo porque éste pidió, sin consultarle, medidas cautelares contra uno de los imputados, José Antonio Rodríguez-Gil: "Recuerdo que el día 9 el Consejo de Ministros cesó al fiscal general, que ese día había citado a Gordillo para darle instrucciones por escrito. Las notas que yo tengo eran darle órdenes más concretas y detalladas de no pedir ninguna medida cautelar y oponerse a las que solicitasen las otras partes", declaró Torres-Dulce. El 14 de mayo, a Gordillo se le ratificaron esas órdenes por escrito, previa consulta del fiscal cesante, Ortiz Úrculo, con el su sucesor, Jesús Cardenal, que aún no había tomado posesión. Torres Dulce lo relató así: "Se me pidió que bajara al despacho del fiscal general para estar presente. Entregué a Cardenal todos los datos obrantes en este asunto. Delante de mí, Ortiz Úrculo dijo que si no tenía nada en contra, iba a cursar esa orden. Después no he vuelto a tener ningún conocimiento del caso". 

En su declaración como testigo, el fiscal del caso Sogecable, Ignacio Gordillo, defendió las decisiones del juez Gómez de Liaño. Gordillo, que declaró antes que Torres-Dulce, afirmó que su postura de apoyo a las tres resoluciones presuntamente prevaricadoras de Liaño no fue a título particular, sino que era compartida y respaldada por su fiscal jefe, Eduardo Fungairiño, y por la Fiscalía General, tanto cuando estaba Ortiz Úrculo como su actual titular, Jesús Cardenal. 

En su declaración, Gordillo se refirió a lo que denominó "utilización por Canal Plus de los depósitos de sus abonados" y llegó a afirmar: "No llegamos a saber realmente si había delito porque la Audiencia Nacional archivó el asunto". 

Defensa de Liaño

El fiscal defendió la legalidad de la actuación de Gómez de Liaño en las tres resoluciones concretas por las que se le juzga por otros tantos delitos de prevaricación. Sobre el secreto del sumario, Gordillo indicó que con éste se defendían "los intereses" de los directivos de Sogecable, para que no se filtraran datos sobre ellos.También justificó que Liaño declarase nuevamente el secreto del sumario, que la Audiencia había ordenado levantar, en que lo habían pedido los policías de la Brigada de Delincuencia Económica que investigaban el asunto porque habían descubierto "aspectos nuevos". Pero acto seguido dijo desconocer qué se investigaba. 

El presidente del Tribunal, Gregorio García Ancos, que intervino en numerosas ocasiones para centrar el debate o declarar preguntas improcedentes por tratarse de juicios de valor, tuvo una intervención relevante en el interrogatorio de Gordillo. 

Presidente: "Entre el levantamiento del secreto ordenado por el tribunal y la declaración del nuevo secreto, dos días después, dice usted que hay hechos nuevos. ¿Cuáles son?". 

Gordillo no supo qué hechos nuevos se habían producido que merecían el secreto de la causa, salvo que la policía había mandado un fax donde lo pedía. García Ancos se sorprendió públicamente cuando Gordillo insistió en que se retrasó la declaración de Polanco para no causarle indefensión. Y le hizo ver que ello no es posible. 

En cuanto a la fianza de 200 millones que decretó el juez Liaño para Jesús de Polanco, el fiscal aseguró que "gracias a la posición de la Fiscalía, el señor Polanco no fue a la cárcel" el día en que se le tomó declaración. También discrepó Gordillo sobre que el juez prohibiera a los imputados salir del país: en su opinión, el instructor se limitó a ordenar que pidieran autorización para viajar al extranjero, por lo que "no se trataba de una medida cautelar". 

www.elpais.es 15 SEP 1999   

CARDENAL QUIERE ARCHIVAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA Y CONTINUAR LA DE CHILE 

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, asumió ayer el informe de la secretaría técnica de su Fiscalía en el que se entiende que los tribunales, españoles no son competentes para investigar los casos de desaparecidos en Argentina. Dicho informe señala, por contra, que sí hay bases para defender dicha competencia sobre los delitos de terrorismo cometidos en Chile a partir de 1985. El escrito enfatiza que la cuestión de competencia jurisdiccional deberá resolverla en todo caso a sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Cardenal ha cambiado su posición tras resaldar el polémico informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, quien propuso dar carpetazo a ambos procedimientos considerándolos idénticos. 

El fiscal general asume el informe técnico y echa atrás parcialmente el dictamen de Fungairiño 

En una breve nota, Jesús Cardenal anunció ayer su apoyo al informe y, al mismo tiempo, autorizó su difusión completa. El fiscal anuncia que ya ha dado las instrucciones oportunas al fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Según había anticipado este diario ayer, martes, la secretaría técnica estima que la jurisdicción española no es competente para investigar los casos de desaparecidos, asesinatos y torturas en Argentina, entre ellos los de unos 260 ciudadanos españoles, mientras que apoya esa jurisdicción para investigar delitos de terrorismo en el caso de Chile a partir de 1985. "Creemos que existe una diferencia que permite defender esa investigación en las citadas condiciones: delitos de terrorismo partir de l985", dijo ayer a este diario Eduardo Torres-Dulce, fiscal jefe de la secretaría técnica.Torres-Dulce ya había apoyado la competencia en el caso chileno durante la reunión de la junta de fiscales de sala del pasado 10 de diciembre, cuando se debatió el informe presentado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. El texto elaborado por su secretaría técnica resume la posición de dicho organismo sobre los casos de desaparecidos en Argentina que ya se recogió en un informe elaborado en la época del ex fiscal general Carlos Granados, en abril de 1996. 

Investigación de Garzón

El informe de la secretaría técnica apoya claramente el archivo de las diligencias iniciadas por Garzón en el caso de Argentina: "No cabe afirmar que un hecho ya sucedido no era punible por la ley penal española de 1984 pero que sí empieza a serlo en 1985 por virtud de una ley nueva y posterior al hecho". Ello significaría una aplicación retroactiva de una ley de eficacia penal y no de una mera competencia. Además, el dictamen cuestiona, en línea con las posiciones asumidas anteriormente, que se hayan producido delitos de genocidio: "La nacionalidad de las víctimas es un dato que no interesa para nada a nuestra vigente legislación para afirmar la competencia judicial internacional". 

En su segundo punto, dedicado a Chile, el informe dice: "En cuanto a los crímenes perpetrados en Chile las cosas cambian y hay más base para afirmar la competencia de la jurisdicción española para conocer los hechos sucedidos después de julio de 1985 (fecha de entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial) que constituyen delitos de terrorismo; sólo esos. No los hechos anteriores ni los hechos conexos". Añade que en Chile "la inexistencia de leyes de anmistía o indulto o asimilables es otro elemento diferenciador, aunque ese dato no se ha tomado en cuenta para negar la competencia respecto de los hechos de Argentina". 

El informe recoge el sentir de una mayoría de fiscales de sala en el caso de Chile, que volvió a expresarse el pasado 10 de diciembre con ocasión del dictamen de Fungairiño. En dicho dictamen se sostenía que, como en Argentina, fueron "los militares chilenos quienes permitieron el advenimiento de un régimen democrático controlado tan sólo tras obtener una legislación de inmunidad". El nuevo informe destaca, pues, la diferencia en lugar de defender la unidad como lo hacía Fungairiño, quien además obtuvo el apoyo explícito del fiscal general del Estado. 

Decidirá la Sala de lo Penal

Los técnicos de la Fiscalía General del Estado proponen, en todo caso, que sea la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien resuelva sobre la competencia jurisdiccional. "Resultaría absurda una larga investigación", señala el informe, "e incluso la celebración de juicio para que finalmente el órgano judicial competente en definitiva afirmase que los tribunales españoles carecen de competencia. Y en sentido inverso, también sería enormemente negativo que el fiscal se mantuviese pasivo en la investigación por mantener la ausencia de jurisdicción, para que finalmente, ésta fuera afirmada".Las resoluciones de la Audiencia Nacional deberán marcar el criterio y, si la decisión es favorable a la competencia de la jurisdicción española, el fiscal deberá coadyuvar a la investigación. 

Según el dictamen, es difícil hablar de terrorismo cuando "se trata de una organización nacida en el seno del propio Estado y que utiliza la estructura del Ejército, aunque vulgarmente se habla de terrorismo de Estado". Recuerda que terrorismo para la ley española es la subversión del orden constitucional español. No puede hablarse, subraya, de que "los militares chilenos alterasen el orden constitucional español". 

www.elpais.es 14 ENE 1998 

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