PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ Y EL CASO PASARELAS

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PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ SE SENTARÁ EN EL BANQUILLO POR EL 'CASO PASARELAS'

PROCESAN AL EXPRESIDENTE DE MURCIA POR PREVARICACIÓN Y FALSEDAD

LA AUDIENCIA REABRE EL 'CASO PASARELAS', QUE APUNTA A QUE SÁNCHEZ FRACCIONÓ CONTRATOS


PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ SE SENTARÁ EN EL BANQUILLO POR EL 'CASO PASARELAS'

El instructor decreta la apertura de juicio oral contra el exjefe del Ejecutivo regional por la posible comisión de los delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude en la contratación

El expresidente regional Pedro Antonio Sánchez se sentará finalmente en el banquillo de los acusados por el 'caso Pasarelas', según informaron este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, Antonio Morente, ha decretado así la apertura de juicio oral -y se tiene por formulada la acusación- contra el exjefe del Ejecutivo regional y contra el arquitecto Martín Lejárraga Azcarreta por la posible comisión de los delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude en la contratación.

Cabe recordar que en esta causa se investiga y se juzgará la contratación del arquitecto por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras -durante el periodo en que Sánchez fue alcalde- para la elaboración de la documentación técnica para una subvención de obra pública en el entorno de la rambla Nogalte.

Según se desprende del auto, se declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa a la Audiencia Provincial de Murcia. Y acuerda citar a Sánchez y Lejárraga a fin de que comparezcan en la sede de este Juzgado el 18 de mayo a las 9.30 horas para notificarles personalmente la presente resolución y los escritos de acusación.

Por último, señala que contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado, en que cabe recurso de reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Por estos hechos, el fiscal pide para Sánchez una pena de 9 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo cargo público por la comisión de un delito de prevaricación administrativa; una pena de 3 años y 6 meses de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de 25 euros y 3 años y 6 meses de inhabilitación especial de sufragio pasivo y activo, así como la incapacidad para obtener durante el plazo de la condena cualquier cargo o empleo público, sea o no electivo, en el ámbito municipal, autonómico y estatal, por un delito de falsedad documental.

Para Lejárraga solicita una pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

Calificación provisional de Podemos
Justo esta semana la formación política Podemos anunció que solicitará tres años de prisión y cuatro de inhabilitación especial por supuesta falsificación de documentos para el expresidente regional. A esa petición de penas se sumará otra de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, esta vez por un supuesto delito de prevaricación continuada, dentro de las mismas diligencias.

En su escrito de calificación provisional de los hechos, el letrado Ginés Ruiz Maciá, que ejerce la acusación en nombre de Podemos, sostiene que a finales de 2005 el entonces alcalde de Puerto Lumbreras y años más tarde jefe del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, efectuó un encargo verbal al arquitecto Martín Lejarraga para que redactara la documentación necesaria para solicitar una subvención a la Administración regional. Todo ello con el objetivo de remodelar el área de la rambla de Nogalte, reformando los puentes y pasarelas y embelleciendo el entorno. La petición al arquitecto se habría realizado sin iniciarse expediente alguno de contratación y sin informe técnico o jurídico que ofreciera respaldo formal al encargo.

En marzo de 2006, un informe técnico de la Consejería de Obras Públicas rechazaba incluir en la subvención el importe de la redacción del proyecto y de la dirección de obra, que Lejarraga habría presupuestado en algo más de 52.000 euros.

El 3 de julio, la Consejería remitió al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras el borrador del convenio sobre la subvención, que ascendía a unos 860.000 euros, y al día siguiente Sánchez le remitió una solicitud ya modificada, en la que no se incluían los honorarios del arquitecto.

El 13 de julio de 2006, el Pleno municipal aprobó la firma del convenio con la Administración regional para recibir esa subvención.

Lo que habría hecho Sánchez, con el fin de abonar los trabajos de Lejarraga, sería «afirmar falsariamente que el Ayuntamiento pensaba acometer un proyecto de acondicionamiento (de la rambla de Nogalte) y que para ello se precisaba encargar la redacción de unos estudios previos al proyecto, y que el arquitecto había hecho una oferta al Consistorio para encargarse de esos trabajos».

Según la acusación particular, ni era cierto lo de los estudios previos, ya que la mayor parte del trabajo técnico estaba realizado con antelación, ni existía oferta de Lejarraga al Ayuntamiento para presentarle sus ideas.

A partir de ahí, Sánchez habría acordado con Lejarraga que este presentara varias facturas, todas ellas por menos de 12.020 euros para evitar sacar el contrato a concurso, hasta completar los honorarios de cerca de 50.000 euros por los trabajos ya realizados en fecha anterior.

Así, el arquitecto habría presentado una factura por 'Estudios previos', por 9.200 euros; otra de 'Anteproyecto (9.200 euros); y otras tres por 'Proyecto Básico', 'Proyecto de Ejecución' y 'Dirección de Obras', cada una de ellas por 12.000 euros. La suma ascendió a 54.400 euros.

El letrado de Podemos califica los hechos de prevaricación continuada y falsedad y, además de las penas ya reseñadas para Sánchez, pide 9 años de inhabilitación para Lejarraga.

http://www.laverdad.es/murcia/pedro-antonio-sanchez-20180509150725-nt.html

PROCESAN AL EXPRESIDENTE DE MURCIA POR PREVARICACIÓN Y FALSEDAD

Se investiga si cuando Pedro Antonio Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras se fraccionaron los costes de unas obras para evitar el concurso público

El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha sido procesado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental por el juez instructor del caso Pasarelas por la supuesta contratación ilegal de las obras de construcción de dos pasarelas en Puerto Lumbreras en la etapa en la que era alcalde de la población.

En un auto notificado este miércoles a las partes, el juez de Lorca considera acabada la instrucción y acuerda el procesamiento del exmandatario regional y del arquitecto director del proyecto, Martín Lejarraga. El juez acuerda continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado, lo que supone que, previsiblemente, ambos acabarán siendo sometidos a juicio.

La resolución indica que a partir de ahora el fiscal y las dos acusaciones populares, representadas por Podemos y un exconcejal socialista, junto con las defensas, disponen de diez días para presentar sus escritos de acusación o defensa. Indica también el auto que de las diligencias practicas se desprenden indicios de la presunta participación de Sánchez y Lejarraga en ilícitos penales por la contratación del arquitecto.

Y añade que esa contratación, efectuada hace ahora once años, cuando Pedro Antonio Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras, pudo ser irregular porque, presuntamente, se fraccionó el presupuesto de las obras elaborado para la rehabilitación de dos puentes sobre la Rambla de Nogalte para escapar de la convocatoria pública y la libre concurrencia.

Según el juez instructor, los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación y falsedad. El caso Pasarelas fue reabierto por decisión de la Audiencia Provincial de Murcia el pasado enero después de que el Juzgado acordara el archivo del mismo al presentar el fiscal la solicitud de declaración de la causa como compleja fuera de plazo, según entendió el juez. Reabierta la investigación, aquel tomó declaración como investigado a Sánchez y Lejárraga el pasado 23 de marzo.

El auto dado a conocer este miércoles señala que el mismo puede ser recurrido en reforma ante el propio Juzgado que lo ha dictado y en apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.

https://www.elplural.com/sociedad/2018/04/05/expresidente-murcia-procesado-prevaricacion-falsedad

LA AUDIENCIA REABRE EL 'CASO PASARELAS', QUE APUNTA A QUE SÁNCHEZ FRACCIONÓ CONTRATOS

Tras el embate de los huracanes 'Púnica' y 'Auditorio' llega 'Pasarelas' en forma de tormenta. La Audiencia Provincial ha ordenado la reapertura de la investigación sobre la rehabilitación de unos puentes de la rambla de Nogalte, en Puerto Lumbreras, en cuyo horizonte se encuentra el exalcalde, exdiputado del PP y expresidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez. Estas diligencias fueron archivadas el pasado enero por el Juzgado de Instrucción número 3 de Lorca, alegando que al Ministerio Público se le había pasado el plazo legal para pedir la declaración de causa compleja. Esta era la única noticia positiva que Sánchez había obtenido de la Administración de Justicia en los últimos tiempos, pero ahora ha sido revocada por la Audiencia y se transforma así en un nuevo motivo de preocupación para el expolítico popular.

El denominado 'caso Pasarelas' surgió como una escisión del 'caso Auditorio' y se centraba en establecer si desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, y más concretamente quien era su alcalde en aquellos tiempos, Pedro Antonio Sánchez, pudieron cometer algún tipo de ilegalidad en 2007 con la adjudicación del proyecto de rehabilitación y embellecimiento de un puente y una pasarela en la rambla de Nogalte.

La instructora del 'caso Auditorio', Consuelo Andreo, apreció indicios de delito en la «existencia de una forma de contratación pública llevada a cabo por el Consistorio que podría haberse apartado de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia». En concreto, señalaba que se apreciaba «la tramitación de diferentes expedientes de contratación con infracción de la Ley de Contratos, fraccionándose el objeto del contrato en la prestación de varios servicios, siempre de cuantía inferior a 12.020 euros, que es el límite máximo para considerarlo un contrato menor».

El expresidente ya no está protegido por fuero alguno, por lo que podría ser citado sin impedimentos

Con cinco facturas
En concreto, recordaba que los proyectos de reforma de los puentes habían sido adjudicados de forma directa al arquitecto Martín Lejarraga y que presuntamente los 54.400 euros se le habían abonado en cinco partes, con pagos que iban de los 9.200 euros a los 12.000. Ese método habría sido amparado por el propio alcalde, Pedro Antonio Sánchez.

En base a tales datos, la juez Andreo ordenó deducir testimonio y remitir toda la documentación sobre tales hechos al Juzgado Decano de Lorca, con el fin de que lo repartiera al juzgado que correspondiera. La causa fue a caer en el Juzgado de Instrucción número 3, a cuyo frente se encontraba el juez Antonio Morente. El titular procedió a incoar diligencias previas a través de un auto dictado el 14 de julio de 2016. Sin embargo, no ordenó que se practicara diligencias alguna, como podría haber sido la toma de declaración al arquitecto, o haber requerido al Consistorio para que remitiera toda la documentación existente. Lo que se hizo fue enviar las actuaciones al Ministerio Fiscal, con el fin de que propusiera pruebas.

La respuesta de la Fiscalía llegó el 16 de enero, para reclamar que se declarara la complejidad de la investigación, lo cual habría permitido ampliar el plazo de instrucción hasta 18 meses.

El juez echó cuentas y cayó en que se había superado en dos días el plazo legal para formular esa petición, lo que le llevó a ordenar el archivo de la causa.

La decisión fue recurrida por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares que ejercitan Podemos y un exconcejal del PSOE y la Audiencia Provincial acaba de darles la razón. Señala la Sala, constituida en esta ocasión singular por seis magistrados, que la fijación del plazo de seis meses solo es orientativa y que la ley ya deja bien claro que «en ningún caso el mero transcurso de los plazos máximos dará lugar al archivo de las actuaciones, si no concurren las circunstancias previstas en los artículos 637 o 641 (cuando no existan indicios de delito o los hechos no revistan ese carácter)».

La Audiencia Provincial advierte de que tomarse ese plazo de forma taxativa supondría «una vulneración flagrante del derecho a la tutela judicial efectiva y una contravención del principio de legalidad penal».

De esta forma, el tribunal revoca la decisión de sobreseer el procedimiento, ordena reabrir la investigación sobre el contrato para la rehabilitación de las pasarelas y establece que la causa debe ser declarada compleja, lo que otorga al juez un plazo de 18 meses para instruirla.

El juzgado deberá ahora obedecer a la Audiencia Provincial y recabar las pruebas que estime oportunas para establecer si los hechos revisten apariencia delictiva. Entre las diligencias que podría ordenar de forma más inmediata figuran la de recabar la documentación de que disponga el Consistorio y tomar declaración a los supuestos intervinientes. Si así lo decidiera, llamar a Sánchez en calidad de investigado -imputado- ya no supondría complicación alguna, por cuanto ya no disfruta de aforamiento alguno.

http://www.laverdad.es/murcia/audiencia-reabre-pasarelas-20171128014129-ntvo.html

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